Pleno del Congreso n.º 107 · XIV legislatura

Jaume Asens Llodrà ECP-GUANYEM EL CANVI

Gracias, presidenta. Señorías, hoy que vamos a debatir sobre la libertad de expresión quiero empezar mi intervención con una reflexión de quien fue el fiscal general de Estados Unidos y juez de la Corte Suprema, Robert Jackson. Decía el juez en una sentencia de 1943 que la unificación obligatoria del pensamiento y de la opinión solo obtiene unanimidad en los cementerios, porque quienes comienzan por eliminar por la fuerza la discrepancia acaban eliminando a los discrepantes. Por eso, el poder público es el que debe ser controlado por la opinión de los ciudadanos y no al revés. Esta reflexión viene a cuento porque, como nos recuerda Amnistía Internacional, la libertad de expresión ha sufrido desde 2015 un retroceso en España a causa precisamente de la voluntad de los poderes públicos por controlar la opinión de los ciudadanos. El informe dice que reformas como la del Código Penal de Gallardón o la Ley mordaza son una amenaza a la democracia, porque inoculan el miedo en la ciudadanía, porque quieren quitar a la ciudadanía libertades y que acepte esos recortes, que los acepte con resignación, sin quejarse. El mensaje es claro: si te organizas para reclamar tus derechos, te pueden multar, golpear o llevarte a la comisaría. Y es un mensaje viejo: a menos Estado social, más Estado penal, más Estado policial. Es el paso del welfare state al war state. Si quitas derechos sociales a la gente, eso exige quitarle también después la libertad de expresarse para reclamar esos derechos. Para esa cruzada punitiva con el poder político no es suficiente, sino que exige el concurso de los jueces, y en España tenemos una cúpula judicial que está colonizada y secuestrada por la derecha y que utiliza la indeterminación de ciertos tipos penales para imponer una visión antigarantista de las libertades. Les pongo un ejemplo: ¿saben qué jueces están detrás de las condenas de cárcel de los raperos Hasél y Valtònyc? Los de esa bancada seguro que lo saben (dirigiéndose a la bancada del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso): Concepción Espejel y Enrique López. Les suenan, ¿no? Los dos jueces fueron recusados y apartados de la causa de la Gürtel por su cercanía con el Partido Popular. La primera —«querida Concha» la llamaba su amiga y ahora imputada Cospedal― es la que mandó a Hasél a prisión en contra del criterio de la propia Fiscalía. El segundo es más famoso. Todo el mundo recuerda que fue cazado conduciendo borracho y que luego tuvo que abandonar la magistratura, la judicatura, pero el Partido Popular lo rescató — quizás por los favores prestados— y ahora es portavoz de Justicia. Es precisamente uno de los responsables del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y también consejero de Ayuso. Pues, él es quien está detrás de la condena a cárcel de Valtònyc. Pero esos casos no son únicos, no son casos aislados. Detrás de las exposiciones, las revistas o los libros censurados, detrás de las performances feministas perseguidas o de los cómicos tratados como terroristas están siempre los mismos censores disfrazados de jueces que se sienten imbuidos de la sacrosanta misión de defender y mantener una determinada idea reaccionaria de España. ¿Se acuerdan de esos dos titiriteros que alguien mandó a la cárcel? ¿Saben quién fue? Pues, fue el juez Ismael Moreno, un expolicía franquista que seguramente no ha leído nunca a Montesquieu ni a Beccaria cuando recuerdan aquello de que el Estado de derecho debe minimizar el castigo y la violencia y maximizar la libertad. Según esas enseñanzas liberales y también republicanas, la libertad de expresión no es lo que dice la derecha: la libertad de tomarse unas cañas en medio de una pandemia. La libertad de expresión es la libertad de poder decir cosas que a veces molestan al poder y no por eso arriesgarse a perder la libertad, porque siempre será preferible ejercer la libertad de expresión para cuestionar instituciones y símbolos de poder a que sea el propio poder el que cuestione espacios irrenunciables en cualquier democracia. Por eso, nuestra propuesta tiene básicamente cuatro objetivos. Primero, blindar el ejercicio de derechos fundamentales ahora amenazados por delitos obsoletos, como el de ofensa a sentimientos religiosos o el de injurias a la Corona. Segundo, modernizar un Código Penal con rémoras franquistas. Tercero, cumplir con nuestro programa, con el acuerdo de Gobierno y también con el mandato de Europa, de sus instituciones y de sus jueces. Y cuarto, que nunca ningún rapero o artista acabe en la cárcel por decir lo que algunos no quieren oír o por decir lo que piensan muchos españoles, como, por ejemplo, que los Borbones son unos ladrones. Y lo digo hoy precisamente cuando sabemos que el rey emérito tiene otra cuenta no declarada, esta vez en Andorra. Los regímenes autoritarios determinan qué novelas escribir, qué películas filmar o qué canciones cantar, pero en una democracia cualquiera de esas expresiones artísticas debe juzgarse desde punto de vista estético, político o moral, pero nunca desde el punto de vista penal. En una democracia, la ficción no debería ser nunca delito y nadie debería ir a la cárcel por opinar. En una democracia silbar a un himno, a un político o incluso a un jefe del Estado es libertad de expresión. Con esta proposición de ley España va a dejar de liderar la lista de países con más artistas condenados. España no puede seguir siendo el único país de Europa que manda a la cárcel a dos titiriteros, como sucedió hace cuatro años; no puede ser el único país de Europa con un rapero en la cárcel y otro en Bélgica amparado por la justicia europea, como sucede ahora. ¿Cuántos tuiteros, humoristas, artistas, cantantes o disidentes perseguidos deberán ir hasta Estrasburgo para que algunos se tomen en serio las libertades fundamentales? ¿Cuántos varapalos o condenas deberá recibir España de Europa precisamente para acabar con reliquias del pasado como esos delitos obsoletos? ¿Cuántas veces el Consejo de Europa o el Comité de Derechos Humanos de la ONU deberán recordar que la Corona dispone de una protección irregular y excesiva? ¿Cuántas veces pasará esto para que la derecha tome conciencia de la necesidad de acabar con esa anomalía? La última advertencia llegó la semana pasada del Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Como en otras ocasiones, Europa nos recuerda la anomalía de que tengamos a los dirigentes independentistas en la cárcel. Sé que a muchos de ustedes lo que digan las instituciones o los jueces europeos les importa un bledo o, incluso, les indigna. Por eso, este domingo salieron a Colón a expresar su odio y su rabia, que en el fondo era un odio y una rabia contra esa Europa de los derechos humanos que es un espejo incómodo donde ven reflejado su nacionalismo impotente y herido. Señorías de la derecha, hay algo indiscutible que incluso ustedes deberían aceptar. Por mucho que sientan como propio un símbolo o una institución, como suya y solo suya, no pueden sustraer a esa institución o a ese símbolo de la crítica, porque la democracia, a pesar de lo que algunos de ustedes quizá creen, no emana ni de un rey ni de una bandera. La democracia emana del ejercicio de las libertades fundamentales. Las libertades son la auténtica institución que hay que preservar y proteger por encima de las otras y, por eso, la libertad de expresión también tutela la crítica que perturba u ofende, la que es ingrata e hiriente y no solo la crítica que es cómoda o complaciente con el poder de turno. Y eso no permite perseguir a quien, sin incurrir en violencia, cuestiona aspectos centrales del orden establecido. Ese es el precio que hay que pagar en democracia, esa es la grandeza de una democracia. Por eso, lo del 1 de octubre, que para ustedes y su brazo judicial es un delito gravísimo — incluso algunos siguen hablando de golpe de Estado, a pesar de lo que dijo el Supremo—, en Europa es libertad de expresión. Por eso, los líderes independentistas están aquí en la cárcel y en Europa están en libertad. Por eso, la quema de fotos del rey, que para ustedes y su brazo judicial es gravísimo y un delito de odio condenable, en Europa es libertad de expresión. Eso es lo que nos recuerda el Tribunal de Estrasburgo una y otra vez en múltiples condenas contra España. Eso es lo que nos recuerda también incluso la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando afirma que quemar la bandera americana es libertad de expresión, que no puede ser un delito porque precisamente la bandera simboliza la libertad. El contraste es fuerte. Cuando contrastamos esa realidad internacional con la española surgen algunas preguntas. ¿Qué simboliza la bandera española, que necesita esa coraza penal y perseguir a un humorista, como Dani Mateo, por reírse de ella? ¿Qué significa que pasear con una vagina de plástico en una manifestación sea delito? ¿Qué nos dice eso de la laicidad de nuestro Estado? ¿Qué significa, qué nos indica, que la Monarquía necesite afianzarse con represión penal para perseguir las críticas o las burlas, como las de la revista El Jueves? Para nosotros indica un signo de debilidad, indica que cuanto menor es la solidez y el prestigio democrático de una institución o de un símbolo, mayor es la necesidad de recurrir al derecho penal. Si quieren defender el prestigio de la Iglesia, por poner un ejemplo, quiten sus rosarios de los cuerpos de las mujeres; si quieren blindar el reconocimiento social de la Corona, acepten que no se puede situar por encima de la ley con privilegios y honores incompatibles con la democracia y dejen de utilizarla como si fuera suya y solo suya. Hoy es un día importante porque, igual que demostramos en su momento que se podía dar una respuesta económica diferente a la crisis — diferente a la que dio la derecha en 2008—, hoy vamos a demostrar que se puede dar una respuesta democrática también diferente. Es verdad que la crisis ha alterado la agenda y las prioridades de esta Cámara, pero, tras más de un año, las fuerzas progresistas que echamos al Partido Popular del Gobierno debemos volver a ponernos de acuerdo, como hoy lo haremos. Lo estamos haciendo ya. Primero derogamos el delito que permitía perseguir a los huelguistas, luego empezamos la demolición de la Ley mordaza — que está en fase de enmiendas— y hoy vamos a dar un paso decisivo con una ley que va a acabar con esas condenas que representan a una España en blanco y negro, la España de Colón que quiere volver a helarnos el corazón. Con esta ley — y termino— España se va a parecer más a Europa y va a ser más libre. Muchas gracias. .

Edurne Uriarte Bengoechea PP

Gracias, presidenta. Señorías de Unidas Podemos, ustedes no pretenden con esta proposición de ley garantizar o profundizar en la libertad de expresión, lo que ustedes pretenden conseguir es impunidad para todos aquellos que quieren atacar los símbolos nacionales, los símbolos de las comunidades autónomas y nuestras instituciones, para todos aquellos que quieren atacar los sentimientos religiosos de los españoles, para todos aquellos que quieren hacer apología del terrorismo. . ¡Esto es lo que busca su proposición de ley: impunidad para todo eso! Ustedes buscan la impunidad para los Pablo Hasél, para los Valtònyc, para los que queman la bandera nacional, para los que pitan al himno, para los que apoyan a ETA, al GRAPO… No manipulen, señorías de Unidas Podemos, no manipulen. La libertad de expresión está plenamente garantizada en España. De hecho, España figura año tras año en todas las clasificaciones internacionales de sistemas democráticos más avanzados y eso es así, entre otras cosas, porque la libertad de expresión está plenamente garantizada. Señorías, yo creo que deberíamos rebautizar esta proposición de ley y deberíamos llamarla la reforma Hasél, porque esta reforma lo que pretende es garantizar la posibilidad de que los Pablo Hasél de este país sigan actuando con total libertad. De hecho, ustedes presentaron esta proposición de ley precisamente cuando la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión de Pablo Hasél en enero de este año y cuando hubo numerosas manifestaciones violentas en varias ciudades de España alentadas por ustedes, alentadas porque ustedes llaman a lo de Pablo Hasél libertad de expresión. ¿En qué consiste? Les voy a recordar lo que es para ustedes libertad de expresión. Un ejemplo, cito a Hasél: «No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto». Otra: «Prefiero Grapos que guapos». Otra: «Mi hermano entra en la sede del PP gritando: ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, solo pienso en matarlos». Y otra célebremente triste y famosa en referencia a mi paisano Patxi López: «¡Merece que explote el coche de Patxi López!» Y usted, señor Asens, acaba de llamar a esto discrepancia. Ustedes dicen que condenar esto es criminalizar conductas por cantar rap y ustedes dicen que el enaltecimiento del terrorismo ―lo dicen ustedes en su proposición de ley― es una restricción alarmante de la libertad de expresión. Señorías, si ustedes tienen tanto entusiasmo por permitir en España el enaltecimiento del terrorismo, ¿qué les voy a decir del entusiasmo que tienen para que sea impune atacar a nuestras instituciones, para que sea impune atacar los símbolos nacionales, para que sea impune atacar los sentimientos religiosos de los españoles? Señor Asens, a usted le ha traicionado el subconsciente en su intervención anterior, porque, cuando ha hablado de ese artículo del Código Penal que ustedes quieren eliminar, se ha referido a los católicos. Le ha traicionado el subconsciente. ¿Por qué? Porque este artículo, como los demás, protege a todos; en este caso, a los creyentes de todas las religiones. De igual forma, los artículos referidos a los símbolos nacionales y a las instituciones protegen a todos y también los símbolos de las comunidades autónomas. En ese sentido, señorías de los partidos nacionalistas — por ejemplo, del PNV—, no manipulen tampoco a sus votantes. Supongo que están dispuestos a apoyar esto y no les dicen a sus votantes que esta proposición de ley de Unidas Podemos también va a dar impunidad para atacar los símbolos autonómicos. Señorías, señor Asens, no mientan a los españoles cuando dicen que estos artículos del Código Penal no son propios de una democracia avanzada, como usted acaba de decir. ¿O es que para ustedes Alemania no es una democracia avanzada? Probablemente no, porque para ustedes el modelo de democracia es la Cuba comunista o la Venezuela chavista; probablemente, Alemania no es un modelo de democracia avanzada. Pues, ¿saben ustedes que en el Código Penal de Alemania se castiga con hasta cinco años la apología del nazismo? ¿O es que eso les parece libertad de expresión? ¿Saben que se castiga con entre tres meses y cinco años las injurias al presidente federal? ¿O eso les parece libertad expresión? Hasta cinco años por injurias a las instituciones del Estado y de los länder, a la bandera y al himno; de tres a cinco años por injurias a los órganos constitucionales. ¿O es que, señor Asens y señorías de Unidas Podemos, ustedes llaman a esto rémora franquista? Porque acaban de llamar a nuestro Código Penal rémora franquista. ¿Les parece que lo de Alemania es una rémora franquista? ¿Ustedes les van a decir a los alemanes que su democracia no es avanzada? ¿Y a los franceses? Porque en el Código Penal de Francia, señorías, se incluye la apología del terrorismo, lo que ustedes quieren derogar en España, y desde 2003 el Código Penal de Francia ha introducido un nuevo delito, que es el ultraje a la bandera y al himno nacional, castigado con multa y hasta seis meses de prisión. Dicen ustedes que el Código Penal español proviene de la dictadura. ¿Qué pasa, que también Francia se ha inspirado en la dictadura franquista? Podríamos seguir toda la tarde, pero para recordarles lo que hacen otras democracias avanzadas solo les voy a dar otro ejemplo, el de Bélgica. ¿Saben que el Código Penal de Bélgica incluye un delito de negacionismo del nazismo? ¿O es que a Unidas Podemos el negacionismo del nazismo también le parece libertad de expresión? Señorías, ustedes tienen tantos problemas en la argumentación de esta proposición de ley porque ustedes no persiguen profundizar en la libertad de expresión, lo que ustedes persiguen es su objetivo ya expresado públicamente — y cito sus palabras— de acabar con el régimen del 78. Su líder en la sombra, Pablo Iglesias, ya lo dijo hace algún tiempo: Nuestro objetivo es iniciar un proceso constituyente para abrir el candado del 78 y poder discutirlo todo. En este contexto sitúan ustedes esta proposición de ley para cuestionar los fundamentos de lo que ustedes llaman régimen del 78. Y, como no persiguen la profundización en la libertad de expresión, ustedes caen en numerosas contradicciones. Ha hablado usted, señor Asens, de lo que llaman Ley mordaza; de hecho, en su exposición de motivos dedican algunos párrafos a la Ley mordaza. ¡Menos mal que no les gustaba, señor Asens! ¡Menos mal que no les gustaba! Yo perdí la cuenta cuando ya habían puesto más de un millón de multas con la Ley mordaza. Cruzada punitiva le acaba de llamar el señor Asens. Dicen ustedes que defienden la libertad de expresión, pero ustedes llevan meses cuestionando la libertad de los manifestantes que quieren protestar contra el Gobierno. De hecho, durante los estados de alarma ustedes prohibieron varias manifestaciones que luego fueron permitidas por los tribunales superiores de justicia de varias comunidades. Pero, es que usted, señor Asens, en su intervención, cuando se ha referido en concreto a unas manifestaciones — en este caso, a las de Colón—, las ha calificado como de odio y rabia. ¿Eso es para ustedes la libertad de expresión? ¿O solo les gusta la libertad de expresión para depende qué ideas? En cuanto a sus contradicciones, señorías de Unidas Podemos, mientras ustedes dicen que quieren despenalizar todos estos delitos del Código Penal, ustedes no asumen el supuesto espíritu de esta proposición de ley, y les doy uno de los muchos ejemplos. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo Iglesias, Irene Montero y Tania Sánchez pusieron una demanda — no sé exactamente quién la firmó, pero pusieron una demanda— por un lamentable poema de un juez que ustedes dijeron que atacaba el honor de estas personas? A este juez ustedes lo llamarían artista y, según sus palabras, señor Asens, esa demanda significaría perseguir a un artista por su obra de arte. Pues, ustedes pusieron una demanda porque, al parecer, no se aplican a sí mismos lo que ustedes dicen defender en la proposición de ley. Señorías de Unidas Podemos, no nos sorprende que ustedes presenten esta proposición de ley; está dentro de sus ideas y está dentro de sus objetivos políticos: el objetivo político de permitir la impunidad en España para los ataques a nuestras instituciones y a nuestros símbolos nacionales y el enaltecimiento del terrorismo. Lo que nos preocupa enormemente es que hoy el Grupo Parlamentario Socialista vaya a apoyar esta proposición de ley. Eso sí que nos preocupa. Ya lo hicieron ustedes. El Grupo Parlamentario Socialista apoyó la toma en consideración de una proposición de ley prácticamente igual que se presentó aquí mismo en octubre de 2018. Aquello decayó, pero nos traen nuevamente esta proposición de ley y, a tenor de lo que el propio Partido Socialista anunció en febrero, nosotros nos tememos que lo vuelvan a apoyar. Ya lo anunciaron en febrero cuando dijo el presidente del Gobierno que había que ampliar la libertad de expresión en España, y eso sí va a ser grave para nuestra democracia, que el principal partido de la izquierda y partido del Gobierno se disponga hoy aquí a apoyar una ley que va a permitir la impunidad en España para atacar a nuestras instituciones y a nuestros símbolos nacionales y para enaltecer el terrorismo. Gracias. .

Jaume Asens Llodrà ECP-GUANYEM EL CANVI

Presidenta, señorías, señora Uriarte, varias cosas. Primero, veo que usted — no sé si es jurista— no distingue entre la vía penal y la vía civil, pues habla de una demanda que se presentó en sede civil. No estamos hablando de esto, estamos hablando de delitos, de represión penal. No sé si se da cuenta de la diferencia. Sobre la apología del terrorismo, ¿usted cree que el Consejo de Europa hace apología del terrorismo? ¿Lo cree? Porque el Consejo de Europa nos está reclamando que modifiquemos ese delito. ¿O es que usted no lee lo que dice el Consejo de Europa? ¿O es que usted no lee lo que dice el Tribunal de Luxemburgo y de Estrasburgo, que ha condenado varias veces a España por vulneración de los derechos humanos en condenas por ese delito? . El problema es que a ustedes les molesta, les estorba esa Europa de los derechos humanos, y por eso hacen hoy aquí ese alegato. Tiene usted un ofensómetro o un concepto de las ofensas muy curioso, la verdad. Es un doble rasero llamativo el suyo. Que haya unos exmilitares golpistas que digan que quieren fusilar a veintiséis millones de españoles y que algunos en esta Cámara digan que son de los suyos sin que pase nada les parece normal. En cambio, se rasgan las vestiduras, y su brazo judicial considera que es un delito gravísimo, cuando alguien critica o insulta la bandera en una manifestación o diga en una iglesia aborto libre y gratuito. La verdad es que a nosotros nos ofende precisamente eso, que la justicia no sea igual para todo el mundo, que garantice la impunidad de torturadores, de criminales franquistas y persiga, en cambio, a personas como Cassandra que hace chistes sobre ellos. Usted me habla de Alemania. ¿Se imagina que eso pasara en Alemania, que los chistes de los nazis se persiguieran? ¿Se imagina que en Alemania hubiera una fundación que llevara el nombre de Adolfo Hitler? Pues eso pasa en España y, encima, el Consejo General del Poder Judicial, al que ustedes tienen secuestrado, se atreve a decir que eso debe de ser legal. A nosotros nos ofende eso. Nos ofende que mientras haya miles de republicanos en las cunetas, haya una fundación que lleve el nombre de su verdugo, exaltando ese genocidio, y que su brazo judicial, que ustedes secuestran, diga que eso es normal, que eso es legal. La verdad, como les digo, tienen un concepto muy peculiar, muy curioso de las ofensas. Creo que el problema que tienen ustedes es que no les gusta que ejerzan la libertad de expresión quienes creen que están en el lado equivocado de la historia. Lo vimos cuando ustedes gobernaban con ese ministro del Interior que emulaba al fundador de su partido, a Fraga Iribarne, cuando decía aquello de la calle es mía. Señora Uriarte, la diferencia entre ustedes y nosotros es que mientras a ustedes les gustaría que estuviéramos callados y resignados — por eso aprobaron todas esas medidas— a nosotros nos parece fantástico que ejerzan sus libertades y que estuvieran este domingo en Colón; nos parece fantástico, la verdad. La diferencia entre ustedes y nosotros es que mientras ustedes pretenden atrincherarse detrás del Código Penal, nosotros venimos hoy aquí a defender el derecho que tienen ustedes a criticarnos, también con odio y rabia, porque, señora Uriarte, los pensamientos, los deseos no delinquen — es otra lección de Derecho—. Usted ha dicho odio y rabia como si yo estuviera insinuando que eso es ilegal, y no, no es ilegal; ustedes lo expresaron este domingo, y están en su derecho de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque, como dijo Rosa Luxemburgo, la libertad es siempre la libertad de quien piensa diferente. Por eso les digo que ustedes no creen en la libertad de expresión si en verdad creen que a quien desprecian no tiene derecho a expresarse. Y hay otra cosa. Cuando usted ha hablado de la libertad de expresión creo que también la confundía con el derecho a mentir, y no es lo mismo. El derecho a mentir afecta al derecho a tener información veraz y, por tanto, al derecho de la gente a formarse una opinión y a expresarla; por tanto, afecta al derecho de expresión. Digo eso porque ustedes no paran de decir mentiras. Hoy han dicho un sinfín de mentiras en su intervención. También lo hemos visto estos días respecto a los indultos. Mienten cuando dicen que van a recurrir unos indultos, cuya motivación no conocen, y saben que no tienen legitimación activa para hacerlo. Mienten cuando dicen que el Gobierno no tiene derecho a conceder esos indultos, y saben que es una facultad del Gobierno, que nunca antes se había cuestionado. Mienten muchísimo estos días, y cuando uno no para de decir mentiras el concepto de verdad desaparece, y eso sí que es un peligro para la democracia. Muchas gracias. .

Edurne Uriarte Bengoechea PP

Gracias, presidenta. Señor Asens, la diferencia entre ustedes y nosotros, pero no solo nosotros, sino la inmensa mayoría de los españoles, es que nosotros respetamos nuestra Constitución, nuestro Estado de derecho y nuestro sistema legal. . Pero voy más allá de eso. Defendemos todas las ideas y todas las discrepancias Y más allá de esto. Cuando defendemos nuestro Código Penal lo hacemos para todos, para todos y en relación con todos, y no como ustedes, que quieren derogar algunos artículos del Código Penal pero para dar impunidad a quienes les apoyan y atacar a las instituciones desde esa impunidad que ustedes quieren. Señor Asens, usted ha vuelto a recordar, una y otra vez, al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero usted no ha recordado lo fundamental en esta proposición de ley y en la respuesta, los códigos penales y las constituciones del resto de países avanzados de Europa y del mundo. Usted sabe, como le acabo de recordar, que esos países tienen artículos muy semejantes al español, porque son democracias avanzadas, y en su respuesta no ha sido capaz de darme ningún argumento de los códigos penales y las constituciones de otros países, porque sabe que ustedes no pueden sostener esta proposición de ley en esa comparación. Señor Asens, usted habla de respeto a otras ideas y de la diferencia entre ustedes y nosotros, pero ¿sabe cuál es la diferencia en términos de respeto a las ideas y de apoyo a los sistemas democráticos y a nuestros principios fundamentales? Entre otras, que nosotros condenamos de la misma manera todas las dictaduras y todos los totalitarismos, como hemos hecho en esta Cámara, los fascistas, el nazi y los comunistas. ¿Y ustedes qué hacen una y otra vez? Justificar parte de esos totalitarismos, en este caso del comunismo, una y otra vez. . Ustedes hacen aquí apología del comunismo constantemente. Señor Asens, y en este caso también señorías de toda la bancada de la izquierda, les voy a recordar otras conductas que ustedes quieren que sean libertad de expresión y libertad total en España. La de Valtònyc, otro de los referentes que usted ha citado en su proposición de ley ¿Saben por qué frases fue condenado Valtònyc, otro artista, que diría usted? Entre otras cosas, ha escrito: Que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi. O ha dicho: Puta policía, puta monarquía. También ha dicho: Que explote un bus del Partido Popular con nitroglicerina cargada. Le cito una más de lo que usted llama libertad de expresión, discrepancia, etcétera: El rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley. Esto es lo que ustedes quieren defender con esta proposición de ley. Para acabar este turno de réplica, vuelvo a mostrar nuestra preocupación por lo que vaya a hacer el Partido Socialista, porque, ¿saben qué dijo el presidente Pedro Sánchez cuando Valtònyc fue condenado por estas y numerosas frases semejantes, por apología del terrorismo, injurias a la corona, etcétera? Pues dijo el presidente Sánchez lo siguiente: El mal gusto no puede estar castigado con la prisión. La libertad de expresión artística es un derecho que también nos ampara colectivamente. Y en la misma de lo que usted acaba de contarnos, señor Asens — están ustedes plenamente de acuerdo, el señor Sánchez y usted—, él dijo: Que un rapero entre en prisión es muy mal síntoma sobre el estado de nuestra democracia. Miren por dónde, ustedes y los socialistas unidos en la defensa de Pablo Hasél y de Valtònyc y unidos en la idea de que eso, todo eso que les acabo de leer, es discrepancia, es sano debate democrático y es libertad de expresión. ¡Tremendo, señorías! .

Carlos García Adanero NA+

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. La verdad es que más que cambiar el Código Penal daba la sensación de que lo que querían cambiar era a los jueces. Ustedes forman parte del Gobierno y no pueden salir aquí — sí pueden salir, porque lo han hecho— y poner en cuestión el sistema judicial en España y decir que los jueces están al servicio de un partido político. ¡Es que forman parte del Gobierno! Yo no sé si este Gobierno tiene ministro de Justicia, porque ya no sabemos lo que tiene, pero, evidentemente, no estaría de más que alguien del Gobierno defendiera la justicia en España. Al final, usted nos viene a decir: libertad de expresión. Yo puedo estar tranquilamente en una iglesia y a usted le parece fenomenal que venga alguien a violentar mis sentimientos religiosos. Pero, a su vez, a usted le parece muy mal que el tercer partido político de España pueda ir a una plaza a dar un mitin y piensa que hay que ir a agredirles por dar un mitin en una plaza pública. . Es decir, usted a mí me puede agredir los sentimientos religiosos pero, a su vez, pide que se pueda agredir a un partido político. ¡Hombre, por favor, que nos conocemos todos! Ustedes lo que tienen es una mentalidad comunista. Ha quedado claro, porque ponen de ejemplo a Estados Unidos, el de las libertades, y al resto de Europa, pero para esto no ponen de ejemplo a Venezuela y a Cuba, para esto se ha ido a la parte occidental, a las libertades. . ¡Qué poco ha hablado aquí de Venezuela y de Cuba para hablar de derechos individuales! Para eso mejor no hablar. Porque, claro, cuando se habla de banderas, de los sentimientos, los Estados tienen que defender sus símbolos, ¡claro que sí!, para que se respeten, ¡por supuesto! Estoy convencido de que si, en vez de ser la bandera que tenemos hoy en día, alguien quema la bandera republicana, que tanto le gusta a usted, ustedes lo mandan a galeras, porque ha quedado demostrado que nadie les puede decir lo contrario de lo que piensan. . La libertad de expresión es solo para ustedes y para lo que les conviene. ¿A ustedes les parece normal que se puedan reír de una persona a la que le han asesinado a un familiar, que le puedan seguir poniendo en la puerta gora ETA, que puedan seguir insultándola y que le digan que se lo ha merecido, que se lo ha ganado, etcétera? . ¿Les parece normal, y que la sociedad, como sociedad, no proteja a esa persona? Si no les protegemos como sociedad, se tendrá que proteger a sí misma, y los códigos penales están para proteger como sociedad a los que están en debilidad, y en este caso las víctimas del terrorismo desde luego están en debilidad, y más con un Gobierno como este. Muchas gracias. .

Albert Botran Pahissa CUP-PR

Gracias, presidenta. Con la de hoy, serán ciento veinte las noches que Pablo Hasél lleva en la cárcel. Valtònyc lleva más de tres años en el exilio, durante el cual se le murió su madre y ni tan siquiera pudo acudir a enterrarla. Nuestro compañero Pau Juvillà, diputado en el Parlament, se enfrenta una pena de inhabilitación por mantener unos lazos amarillos en un periodo electoral, de la misma forma que el president Quim Torra fue inhabilitado por mantener una pancarta de solidaridad con los presos. . La Mesa del Congreso nos ha llamado al orden en varias ocasiones por menciones a la corrupción de la Casa Real y, sin embargo, nunca ha llamado al orden a los diputados de la extrema derecha que, por ejemplo, desde aquí han intentado comparar la inmigración con los delitos sexuales o con la delincuencia en general. Mientras todo esto ocurre, la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial informó de que la apología del franquismo cabe dentro de la libertad de expresión. Es decir, decir que los Borbones son una organización criminal, decir que no hay botafumeiro que pueda tapar la podredumbre de la Casa Real o decir que la monarquía está corrupta hasta la médula te puede traer problemas con la justicia — estas son denuncias reales—, sin embargo promover la memoria de aquel que provocó una guerra, que bombardeó población civil, que amparó el robo de bebés, que promovió la eliminación física de los adversarios políticos y que era aliado del nazismo, todo esto cabe en el Estado español dentro de la libertad de expresión. Creo que con esto no hace falta decir nada más. O quizá sí, simplemente unas palabras de Valtònyc para que todo el mundo reflexione sobre la profundidad de estos delitos del Código Penal que se propone eliminar: «Se nos condena por incitar a la violencia y la única violencia que ha habido, por culpa de Pablo Hasél o Valtònyc, la ha provocado el Estado en su intento de encarcelarnos. Hasta que el Estado no nos ha encarcelado, no ha habido violencia. Lo mismo pasa con la Corona. Nos acusan de injurias a la Corona y la única que ha injuriado a la Corona ha sido la propia Corona. Y lo mismo pasa con el terrorismo. Nos condenan por humillar a las víctimas del terrorismo y no encuentro una humillación más grave a las víctimas del terrorismo que banalizar el terrorismo haciendo pasar a raperos por terroristas y diciendo que por hacer una canción puedes ser objeto de una orden de detención internacional por terrorismo». Eso es banalizar. Por tanto, llibertat Valtònyc y llibertat Pablo Hasél. Muchas gracias.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Arratsalde on. Muchas gracias, señora presidenta. No es una novedad que digamos que el sistema penal español es uno de los más severos de la Unión Europea ya lo hemos dicho en este atril. Y en todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, más de lo mismo. Me ha parecido curioso que la señora Uriarte haya hecho referencia aquí a los rankings, a que España sale muy bien parada en los rankings internacionales. Pues bien, en un ranking de Freemuse sobre artistas condenados, aquel que tiene el número uno en artistas condenados no es Irán, no es Arabia Saudí, no es Marruecos, es precisamente España, y eso debería hacernos pensar. Un Estado miembro de la Unión Europea que se tiene por una democracia de las más avanzadas del mundo es a la vez el que tiene el mayor número de artistas condenados. Puede ser que haya un problema. La señora Uriarte hacia una trampa, que es ir a los peores artículos de cada legislación europea y mentarlos aquí, pero podría haber elegido otros tantos. Por cierto, respecto a ese que recordaba de la apología del nazismo, recuérdele a su compañera de bancada, la que dio un diploma a los nazis españoles de la División Azul, que no se acerque por Alemania porque igual le caen cinco años de prisión. Por cierto, tampoco ha mencionado el totalitarismo de aquellos que fundaron su partido, el Partido Popular. Por cierto, ¿sabe a qué alcaldes ha premiado la Fundación Franco, de qué partido son? De su partido. ¿Eso qué le parece? ¿Le parece bien? Porque personalmente, por muy terrible que me pueda parecer, entiendo que diga usted lo que dice ahora o lo que decía hace cuarenta años cuando era una militante de izquierdas y abertzale. Si dijera en este momento lo mismo que decía entonces, igual un juez, por ser vasca, le aplicaría el artículo 578. Porque ahí está el problema, y no porque lo diga el señor Asens, que estoy de acuerdo con lo que dice, sino porque lo dice también la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que hay un problema, que se está coartando la libertad de expresión sobre la base de ese artículo, porque da tanta inseguridad jurídica que permite a un juez o a una jueza interpretar a su libre albedrío. Fíjense en otro ejemplo. Ayer escuchaba decir a un portavoz de su partido en Canal 24 horas, en la televisión, que nunca se había indultado a alguien que no se hubiera arrepentido. Yo recordaba al señor Rafael Vera, terrorista de Estado e indultado por su partido, que no se arrepintió. Es más, hizo enaltecimiento de lo que era actividad armada, actividad terrorista, asesinatos, asesinatos de Estado. No puso urnas, no llamó a la libertad, a la democracia y a votar; no. Asesinatos en nombre del Estado, y un juez determinó que ahí no había enaltecimiento del terrorismo. ¿Qué pasa? Que si llega a ser vasco, si llega a ser catalana, si llega a ser una persona de izquierdas, dependiendo de qué magistrado o qué magistrada tome ese caso, en esa inseguridad jurídica y en esa libre interpretación pudiera haber determinado que sí había delito. Decía al inicio que España tiene uno de los códigos penales más severos del ámbito europeo. Es que ya está previsto que la apología del terrorismo pueda ser condenada, ya está previsto en otro artículo también que el llamamiento o la amenaza para cometer delitos pueda ser condenado. El problema está precisamente en ese artículo 578. El problema que decíamos sobre la base de la libertad de expresión estriba en tres ejes. El primero de ellos, como decía bien el señor Asens, viene de artículos anacrónicos, arcaicos, que sí tienen un origen en el franquismo, los cuales protegen sobremanera a la Jefatura del Estado. En este caso, hablamos de una monarquía de carácter feudal, que ya está megaprotegida, que tiene ese refuerzo, y a la que además la ciudadanía no puede criticar. De igual forma, vemos ese artículo 578 de enaltecimiento, y no solamente porque lo digamos nosotros sino porque los organismos internacionales y el propio Consejo de Europa están llamando la atención sobre él. Y, por si fuera poco, tenemos la represión administrativa en todo lo que tiene que ver con la llamada Ley mordaza, que deja a disposición de agentes de la autoridad, a su libre albedrío, cuándo deben castigar ciertos comentarios o ciertas acciones, coartando la libertad de expresión y coartando la libertad de opinión, algo por lo cual, también, organizaciones internacionales y la propia Naciones Unidas han llamado a su derogación rápida. Por cierto, señores del PSOE y señores de Unidas Podemos, ya están tardando en derogarla. Miren, yo vengo de Euskal Herria y es cierto que en estos años hemos conocido, sobre la base de esas operaciones araña, cientos de tuiteros detenidos, la mayor parte de ellos de izquierdas, por esa doble vara de medir que decía antes. También hemos visto que numerosos artistas no solamente han sido detenidos, incluso condenados, sino que varios de ellos han tenido que irse al exilio. Dicen que lo equiparan al franquismo, pero lo preocupante es que en un Estado que se tiene por una democracia tenga que irse gente al exilio. Es mucho más grave que eso ocurra en lo que se llama una democracia a que ocurra en un régimen dictatorial, donde ça va de soi, donde está previsto que eso pueda ocurrir. Pero no solamente, como decíamos, titiriteros, raperos, sino incluso artistas gráficos. Recordarán el señor García Adanero y el señor Sayas el caso del señor Abel Azcona, que tuvo que irse al exilio para no ser detenido por sus obras. Acabo. Votaremos a favor, cómo no. Apoyaremos todo lo que vaya a dar más derechos y a que no pueda ser restringida ni perseguida la libertad de expresión. Además, en el proceso de enmiendas haremos aportaciones, porque también creemos que las injurias contra el Congreso deben salir de esa lista de delitos. En algunos casos estaba mejor redactada en la propuesta anterior, la del 2018. Por eso, como digo, apoyaremos la propuesta y haremos algunas enmiendas a título de aportación. Muchas gracias, señora presidenta. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. El pasado 11 de marzo, la comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, la señora Mijatovic, reclamó al Estado español la reforma del Código Penal para evitar condenas por el ejercicio de la libertad de expresión, para fortalecer las garantías existentes de este derecho y para facilitar la labor de los tribunales españoles en la toma de decisiones, en plena consonancia con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades. . Esta reclamación al Estado español cohonesta con la doctrina que preconiza el Consejo de Europa cuando demanda que la protección penal de las instituciones debe evitar, a toda costa, limitar la libertad crítica de la ciudadanía. En igual sentido se manifiesta el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando muestra su preocupación por la existencia de delitos que protegen banderas, símbolos e instituciones contra la crítica política e ideológica. Esta también es la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, recordamos, va acumulando condenas contra España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que, en una sociedad democrática, frente a la protección de la colectividad a través de sus instituciones la libertad de expresión debe ser prevalente, porque ayuda a conformar el debate político y la libre participación ciudadana. Esta prevalencia, señorías, protege a quien expresa ideas u opiniones contra las instituciones o creencias, incluso cuando esta crítica se produce de manera injusta, impropia, ofensiva u oprobiosa. Pues en una sociedad democrática — sigue diciendo— debe primar un espíritu de tolerancia, sobre todo cuando se trata de la crítica en materia política, incluso con expresiones simbólicas, como la quema de retratos o banderas. Pero, señorías, esta prevalencia de la libertad de expresión en modo alguno puede suponer protección alguna a quien incite de manera eficiente, directa o indirectamente, a la violencia. Es decir, lo que se ha llamado la doctrina del riesgo claro o inminente de causar un comportamiento materialmente violento y dañino. Pero incluso en estos supuestos de lícita represión, de estos comportamientos violentos y dañosos ha de exigirse una debida proporcionalidad tanto del tipo de sanción — no es lo mismo una multa que una privación de libertad o que impedir el ejercicio activo o pasivo de los derechos políticos— como de la cuantía de la sanción. Y prevalencia, señorías, de la libertad de expresión que también ha de ceder cuando, como señala el artículo 20 de la Constitución — además, es de sentido común—, se atente contra otros derechos fundamentales, especialmente contra el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Pues bien, señorías, la iniciativa legislativa del Grupo Confederal Podemos, cuya toma en consideración ahora debatimos, confronta la libertad de expresión con distintos tipos penales, proponiendo, según proceda, o bien la reforma o la supresión de estos. Todos ellos — hay que decirlo— tienen en común que se encuentran agrupados bajo un mismo bien jurídico protegido, cual es la defensa de la Constitución, del título XXI del libro II del Código Penal, que tutela bienes jurídicos colectivos. Es decir, no tanto a un individuo o persona concreta en su honor, sentimientos o imagen, sino al conjunto de la sociedad en sus bienes jurídicos colectivos, como la Corona, instituciones del Estado y las comunidades autónomas, evitar ofensas a España, terrorismo, apología del terrorismo, los cometidos por funcionarios contra las garantías constitucionales, etcétera. En definitiva — voy finalizando, presidente—, la iniciativa legislativa que se nos presenta afronta una de las cuestiones clave en un Estado democrático y no exenta de aristas. El Grupo Parlamentario Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, como ha hecho con ocasión de debates habidos en el pasado sobre esta misma cuestión, votará a favor de su toma en consideración con el ánimo de propiciar un debate sosegado y un examen técnico jurídico en profundidad tanto de las propuestas que se nos hacen como de otras que pudieran salir al hilo de la misma, sin que ello suponga que nos alineemos de plano con las propuestas y términos de la proposición. Asimismo, tal y como recientemente manifestó nuestro grupo en el Senado, consideramos que la toma en consideración de esta proposición no debiera suponer su tramitación inmediata, pues sería conveniente aguardar al proyecto de ley con todo su expediente que el Gobierno ha comprometido públicamente sobre esta misma cuestión para aunar ambas iniciativas en un debate con todos los elementos de juicio a la vista. Señorías, en el marco de estos condicionamientos expuestos, daremos nuestro apoyo a la iniciativa. Muchas gracias.

Guillermo Díaz Gómez Cs

Gracias, presidente. Votaríamos a favor de una propuesta que fomentase de verdad la libertad de expresión, pero no es esto lo que buscan ustedes y se lo voy a demostrar. El orden del día de hoy demuestra que existe una operación organizada para demoler la España del 78 y promover la España de los Hasél — por cierto, eso de que está en la cárcel por cantar… Un poco antes pegó y un poco antes coaccionó; este hombre canta en los ratos libres—. Bien, una España de otegis, de puigdemontes y otras criaturas del free show filototalitario que nos ronda. . Esto es gracias a una nefasta ola relativista que permite suprimir los hechos e imponer la propaganda, convertir los asesinatos de ETA en daños colaterales por una nación inventada que a ustedes, señores de Podemos, les tiene embelesados, y que la Transición hay que convertirla en un mal sueño y que debe ser superada. Coordinados con ustedes traerán los nacionalistas hoy una propuesta que viene a decir poco menos que el 23-F demuestra que España es franquista; pero luego iremos con esa propuesta, que les tengo alguna sorpresa también. Pero, claro, para lograr estos objetivos necesitan desprestigiar los frutos de la Transición, porque es en los órganos que propone la Constitución, que crea la Constitución, en los que ustedes ponen su punto de mira para injuriar, calumniar libremente tanto a los órganos como a sus miembros; y remarco el ustedes porque no sé dónde está el anhelo de los españoles en poder injuriar al ejército, a los jueces o al rey. Miren, la España de 1978 es un modelo de éxito que quiere ser derrocado por el revisionismo que sustituye el libro por el plató, la verdad por el relato y la libertad individual por el pensamiento tutelado, que es el proyecto que tienen ustedes. Ustedes, como su ideología se ha quedado vacía, tienen que fabricar hombres de paja contra los que pelearse, problemas artificiales, y este es uno de ellos. Veamos qué es lo que quieren hacer ustedes, qué verbos quieren implementar para personas, instituciones, funcionarios públicos. Ustedes quieren injuriar y, según la RAE, injuriar es imputar a alguien un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estima. Calumniar: imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. Les pongo dos ejemplos por si no está claro. Injuriar es llamar a una mujer policía ―abro comillas―: «eres cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo. No te quieren ni tus propios compañeros» ― cierro comillas―. Esto es injuriar. ¿Quién lo dijo? Isa Serra, de Podemos. Veamos un ejemplo de calumnia, que es la imputación de un delito. Pablo Echenique llamó violador a un hombre que había sido asesinado y que el Tribunal Supremo dijo que era inocente. La defensa de Echenique sostuvo que esto es libertad de expresión. Perdió el juicio. Yo no lo creo, esto no es libertad de expresión. En fin, que es normal que Podemos quiera cambiar la ley, pero yo les propongo un remedio casero; ustedes tienen problemas porque son unos faltones, lávense la boquita, no nos vengan aquí con propuestas para intentar controlar sus problemas internos. No obstante, quieren poder injuriar, pero ¿cómo le cae a Podemos cuando son ellos el objeto de las injurias? Porque ha dicho el señor Asens que ponen demandas civiles. Pablo Iglesias interpone una denuncia contra los supuestos policías de un chat por amenazas e injurias. ¿Una denuncia civil, señor Asens? Señor Asens, no me venga usted con rollos. . Ustedes no quieren libertad, ustedes quieren su libertad para suprimir la de los demás. Ustedes no piden libertad para la crítica, la crítica muchas veces durísima contra el rey, contra los jueces, contra el ejército, contra esta Cámara o contra los órganos que ustedes quieran, se puede encontrar permanentemente, se puede hacer y me parece muy bien que se haga, críticas durísimas; pero cuando alguien de la familia real delinque va a la cárcel, y, por cierto, no es indultado. Ustedes lo que quieren es otra cosa. Dicen que en España no se pueden criticar las religiones. ¿Ustedes han pisado un cine? ¿Han ido alguna vez a una librería? ¿Han visto cuántos libros críticos, cuántas obras y cuántos trabajos y obras de arte críticas hay con todo esto, y me parece bien? Es que ya se puede. Es mentira, están ustedes planteando un problema que no existe. Miren, cito ideas que me enseñó uno de los mejores diputados socialistas que se han sentado en esa bancada, José Andrés Torres Mora: la libertad no es que yo pueda hacer mi capricho, sino que nadie pueda someterme al suyo; la libertad no consiste en que alguien me pueda calumniar, injuriar o ultrajar cuando le venga en gana, sino en que nadie me pueda calumniar, injuriar o ultrajar cuando le venga en gana. Fin de la cita. Porque en su modelo la libertad de los calumniados e injuriados será arrollada para dejar paso a su libertinaje. Y por último, y lo más indignante de todo, afirman en su exposición de motivos que se puede eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo porque ETA ya no existe. Es decir, hay gente mutilada, huérfanos, mujeres y hombres que han enviudado, que tienen que ver cómo se hacen homenajes a los mutiladores, a quienes les han mutilado, a los asesinos de sus padres, a los asesinos de sus hijos, a los asesinos de sus maridos o de sus mujeres, porque a Podemos le apetece. Plantean ustedes que se puede quitar el delito de enaltecimiento del terrorismo con el argumento principal de que ETA ya no existe, pero al mismo tiempo se está tramitando aquí una proposición de ley que propone tipificar como delito el enaltecimiento del franquismo. O sea, se puede enaltecer a ETA porque ETA ya no existe, pero no se puede enaltecer a Franco porque... ¿Me he perdido algo, señores de Podemos? ¿Ustedes, cuando salen de aquí, del Congreso, creen ver a Franco de reojo? . ¿Ustedes, cuando ponen un círculo de estos de Podemos, ven a Franco entre el público? Es más, ahora que me dirijo a ustedes, ¿alguno escucha una voz que le dice al lado: ¡Podemita! ¡Rojo!? . Ustedes no necesitan una ley, ustedes lo que necesitan, si les pasa todo esto, es un exorcismo. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. El BNG considera absolutamente necesario avanzar en la garantía de ejercer, efectivamente, el derecho a la libertad de expresión y, por tanto, modificar un Código Penal que en diferentes artículos coarta su ejercicio con el objetivo, entre otros, de defender instituciones anacrónicas, como la Monarquía. Es absolutamente necesario, porque un Estado en el que existen personas en la cárcel por ejercer la libertad de expresión no puede ser considerado un Estado realmente democrático, como no puede serlo un régimen que mantiene presos políticos y exiliados por defender un derecho democrático básico de las naciones, como el derecho de autodeterminación, y por ejercerlo colocando urnas. Vaya desde aquí, por tanto, todo el apoyo del BNG a la reclamación de amnistía y libertad para todos los y las independentistas encarcelados y procesados. Está bien despenalizar las críticas a la Corona, nos parece un avance importante, pero no es menos cierto que este debate nos recuerda que lo realmente importante, lo que realmente corresponde hacer, es eliminar a los Borbones corruptos de la vida política, porque la monarquía es incompatible con un sistema verdaderamente democrático y porque avanzar en derechos y libertades exige procesos de ruptura que abran paso a nuevas repúblicas soberanas en nuestros pueblos. El BNG va a votar a favor de esta proposición de ley, pero también queremos recordar que sigue en vigor, a pesar del compromiso de su Gobierno de derogarla, la Ley mordaza, que es igualmente lesiva para la defensa de los derechos sociales. .

Íñigo Errejón Galván MÁS PAÍS-EQUO

Gracias, señor presidente. Señorías, comienzo con dos citas. La primera: «La censura no elimina la lucha entre la verdad y la mentira, tan solo convierte la lucha de principios en una lucha entre los principios sin poder y el poder sin principios». Esta es de Carlos Marx en La Gaceta renana de 1842. Una que les va a soliviantar menos por aquí, por la derecha: «La censura debe venir de la propia sociedad, nunca del poder». Esta es de un señor con el que se hicieron fotos el pasado domingo en Colón. Es de Mario Vargas Llosa, en el suplemento cultural del ABC, en 2018. Quienes adversan esta proposición de ley deberían apoyarla no porque estemos de acuerdo en los valores, no porque estemos de acuerdo en los contenidos, ni siquiera porque estemos de acuerdo en qué ideas son repugnantes o en qué ideas no son repugnantes, la deberían apoyar por un mínimo acuerdo que se base simplemente en la idea de que se pueda defender cualquier idea sin temor a ser perseguido por ello, por repugnantes que nos puedan parecer, simple y llanamente porque el pensamiento no delinque. Porque lo contrario nos coloca en un terreno muy peligroso, que es dónde fijamos el límite. ¿Dónde fijamos el límite? ¿En lo que le ofende a cada uno? Ese límite es peligrosísimo, es un tobogán que solo puede acabar mal y que nos aboca a situaciones muy absurdas y las que cito ninguna tiene que ver con las amenazas, ninguna tiene que ver con la incitación a la violencia. Tres ejemplos muy sencillos: 8 de marzo del año 2013, en Málaga, un grupo feminista es condenado por ofender los sentimientos religiosos por haber sacado en procesión la figura de una vagina. Año 2015, un ciudadano catalán es condenado por poner en Facebook un cartel con la pitada al himno y al rey de España en la final de la Copa del Rey. La pitada, por supuesto, sucede, pero este ciudadano es condenado por injurias a la Corona y ultrajes a España. Año 2016, la tuitera Cassandra, con veinte años, es condenada por trece tuits en los que hace bromas sobre Carrero Blanco y su muerte — Carrero Blanco, el presidente del Gobierno durante la dictadura franquista—. La condenan a un año de prisión, pero la Audiencia Nacional dice que entre sus tuits se revela una actitud irrespetuosa y que sus tuits suponen desprecio. Tuits como — espero no delinquir con esto— «Spiderman versus Carrero Blanco», en el año 2015. Señorías, yo creo que todos sabemos aquí que si estos tuits constituyen delito entonces la mitad de Twitter, en realidad, tiene que estar en la cárcel. Espero que estén de acuerdo conmigo en que esto no tiene ni pies ni cabeza. Las ideas — acabo ya— no son fuertes cuando están acorazadas por la prohibición, son fuertes cuando están acorazadas por los argumentos. A ustedes les repugnarán unas ideas, a mí me repugnan otras, en eso no nos vamos a poner de acuerdo, pongámonos simplemente de acuerdo en que las ideas se combaten exclusivamente con ideas. Muchas gracias. .

Josep Pagès i Massó JxCat-JUNTS (Junts)

Buenas tardes, presidente, señorías. Señor Díaz, le recuerdo que las boquitas de los policías que estaban amenazando al señor Iglesias no estaban ejerciendo la libertad de expresión, estaban amenazando. Tampoco es libertad de expresión impedir la libertad de los otros, como cuando ustedes — desde el partido Ciudadanos, desde el Partido Popular, desde toda la derecha y la extrema derecha— se ponen a arrancar lazos amarillos o banderas esteladas en nuestro país. Señorías, en el origen de toda sociedad democrática encontramos el primigenio derecho de protestar pacíficamente contra lo que no te gusta. Disentir, la disidencia es el germen de la libertad ideológica, de una opinión política libre. Según Roberto Gargarella, el derecho de protesta debe conllevar que los ciudadanos se expresen pacíficamente contra el poder público sin que este se lo tome como una amenaza, un desorden o un desafío con carácter delictivo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su doctrina clásica de los años noventa hasta ahora, afirma que el pluralismo político se encuentra fuertemente vinculado con el derecho a la libertad de expresión, del que son garantías el derecho de reunión y el de manifestación. Sin un debate público auténtico, sin poder criticar a los que detentan el poder, sea transitoriamente o los que lo pretenden detentar por los siglos de los siglos, ya sea la Iglesia, el rey o la Guardia Civil, no hay democracia. Estos derechos deben ser especialmente protegidos por el legislador; deben gozar de un amplio espacio exento de coacción, sin angostura. Esta era la tesis del Tribunal Constitucional en los años dos mil. Todo esto es doctrina constitucional de la buena, no de la que últimamente está haciendo el desprestigiado Tribunal Constitucional español. Nosotros creemos que estos deben ser los valores superiores del ordenamiento jurídico, no la unidad de España, según el señor Lesmes, ni otros principios que no vienen al caso. La inaceptable extensión de los delitos de difamación religiosa, los delitos de injurias, la aplicación indiscriminada de los delitos de odio y de enaltecimiento del terrorismo, la persecución de tuiteros, cineastas, actores, titiriteros y raperos ha llevado a que los reveses de Europa ya sean unos cuantos para España. Desde aquí, un abrazo al amigo Josep Arenas, Valtònyc, libre en Europa, perseguido en la autarquía judicial española. Uno de los reveses más importantes que se han recibido últimamente es la carta de la señora Dunja Mijatovic, enviada al señor Campo, ministro del Gobierno de España. En definitiva, este Estado, este país, necesita ponerse a la altura de la ordenación de los derechos humanos que le exige Europa, que le exigen los principios básicos de la democracia liberal. Solo esto, atender los principios básicos de la democracia, atender las demandas…

Carolina Telechea i Lozano ERC-S

Gràcies, president. Bona tarda diputades i diputats. Hace unos meses, en noviembre del año pasado, nuestro grupo trajo a esta Cámara una proposición de ley precisamente para despenalizar el delito de injurias a la Corona y ultrajes a España. Como recordarán, no obtuvo los apoyos suficientes y su toma en consideración fue rechazada con los votos de la extrema derecha, de la derecha extrema y del PSOE. Hoy, Unidas Podemos nos trae esta iniciativa a la que, evidentemente, daremos apoyo. Pero nos sorprende que un tema tan importante no venga de la mano del Gobierno en su conjunto. Esperamos que el Partido Socialista, en esta ocasión, la apoye, rectificando su voto en contra a nuestra proposición de ley que venía a decir básicamente lo mismo. En Europa y en todos los Estados de la Unión Europea el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, indispensable e inherente a toda sociedad democrática, recogido junto con el resto de los derechos esenciales a las personas. En el Estado español, el derecho a la libertad de expresión se encuentra recogido en el artículo 20.1 de la Constitución. Dicho derecho fundamental se define como el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Pero, como consecuencia del proceso de integración europea, la Constitución no está por encima de todo, no corona la pirámide normativa. La legislación europea y comunitaria, que goza de primacía respecto al ordenamiento jurídico de los Estados miembros, también del español, avala y reconoce como fundamental el derecho a la libertad de expresión, tanto en el artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos como en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, prohibiendo que sobre el mismo se efectúen injerencias que puedan desvirtuar su contenido. Como bien recoge el convenio europeo, ratificado por España en 1979, una democracia avanzada y moderna debe asegurar y garantizar a su ciudadanía el pleno ejercicio del derecho a la libertad expresión, pues se configura como uno de los pilares básicos del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, lo que, para nosotras, las republicanas, es esencial. La mismísima comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha pedido al Estado español que introduzca cambios legales sobre las injurias a la Corona y también la difamación y los insultos a los sentimientos religiosos al considerar que la represión por la vía penal de estas conductas no responde — en palabras del convenio— a medidas necesarias en una sociedad democrática porque generan un efecto disuasorio y obstaculizan el debate democrático que debe ser plural. No nos engañemos, los actuales delitos de injurias a la Corona y ultrajes a España tienen un único objetivo: la persecución de la disidencia política, la que cuestiona el régimen del 78 y pone en entredicho los privilegios de quienes los ostentan. El Estado español coarta derechos y libertades a golpe de Código Penal, aplicado de forma activa contra medios de comunicación, periodistas, tuiteros y personas que protestan. Esta es la realidad, el día a día en esta democracia low cost o de baja intensidad. Por ello España ya ha recibido varias condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, basta solo recordar en estos momentos la condena — que ya hemos recordado muchas veces— al Estado español de 2011 en el caso Otegi o en el año 2018 en el caso Stern Taulats y Roura Capellera. En la misma línea se ha pronunciado en repetidas ocasiones Amnistía Internacional, que considera que los jefes de Estado por el hecho de ser figuras públicas deben tolerar más críticas que la ciudadanía. En la lucha contra la discriminación racial, Amnistía Internacional también recuerda que está pendiente todavía dar una respuesta integral por parte de las autoridades, tal y como ha señalado el relator de Naciones Unidas. Según el relator, España tampoco cuenta con una sólida legislación antidiscriminación que recoja el compromiso de las obligaciones internacionales, y es que el derecho internacional exige expresamente a los Estados que prohíban la apología además del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, lo que se conoce como discurso del odio. Pese a ello, parece ser que el Estado español es ajeno a todo este derecho comunitario y lo es también respecto de los tratados internacionales, que, repito, son de obligado cumplimiento. Sin ir más lejos — y veo que nadie lo había puesto de manifiesto esta tarde en esta tribuna—, todas hemos tenido conocimiento de las más que reprochables declaraciones del pleno del Consejo General del Poder Judicial, que ha defendido el delito de exaltación de la dictadura franquista amparándose en la libertad de expresión, una perversión absoluta de la conceptualización de este derecho. Considera — y cito textualmente— que la apología del franquismo constituye la expresión de ideas, que, aunque contrarias a los valores constitucionales, están amparadas por la libertad expresión y que el derecho de manifestación no puede verse sometido a controles de oportunidad política ni a juicios. ¡Vaya por Dios! En el Estado español se puede incitar al odio, enaltecer el franquismo, pero no se pueden hacer manifestaciones reivindicando el derecho democrático como es el voto en un referéndum sobre el futuro de un país. . Señorías de Podemos, entiendo que no ven normal que en un Estado supuestamente democrático una persona como Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, esté condenado a nueve años de prisión precisamente por defender esa libertad de expresión y de manifestación. Esta iniciativa es un buen comienzo y esperamos que se tramite con celeridad, pero se queda a medio camino porque, como de costumbre, nada se dice, por ejemplo, de los delitos de rebelión y de sedición o de la Ley mordaza pese a que nos encontramos en una coyuntura política con más de 3000 represaliados por la causa general contra el independentismo a la que el Estado debe dar solución. Nuestra propuesta ya la saben: amnistia i autodeterminació. Moltes gràcies. .

Víctor Manuel Sánchez del Real VOX

Libertad de expresión; llevamos toda la tarde hablando de libertad de expresión. Mire, señor Asens, esto no tiene que ver con lo que ustedes dicen, esto tiene que ver con lo que ustedes hacen, con lo que dicen que van hacer y lo que luego ustedes hacen — ustedes y sus socios y amiguetes—. Ustedes, ahora mismo, lo que quieren es protegerse de sus barbaridades. No, perdón, en sus barbaridades, desmembrando el Código Penal. En primer lugar, si esto fuera un debate fruto de la tranquilidad, podríamos hablar del deseo de la libertad absoluta. Yo tengo el deseo de la libertad absoluta, por supuesto; incluso la suya. Pero podríamos confrontarlo con el hecho de que se producen verdaderas salvajadas en lo que se dice y en lo que se hace, que es lo importante. Pasaré de puntillas por la parte jurídica, que creo que la hemos hablado y tendremos tiempo aquí si sus socios aprueban el ir adelante con este proceso; el problema es que esto no es una propuesta jurídica, esto es una operación política para pasar de lo que dicen a la acción, a más acción. Al final, si yo tuviera un debate más tranquilo yo diría que esto es como el tráfico. ¿Tiene derecho todo el mundo a ir a cualquier sitio? Por supuesto. El problema es que hay kamikazes. Hay algunos que, en lugar de respetar a los demás, se ponen en dirección contraria y nos ponen en riesgo a todos, y eso es lo que ustedes hacen. Aquí hay kamikazes. . Ustedes no paran de mezclar lo que dicen con lo que hacen. Ustedes son los que acosan a personas por expresar en público su religión (muestra una foto). Claro, esto es muy fácil cuando ustedes saben que los otros tienen que poner la otra mejilla, precisamente por esa religión. Son ustedes los que entran en las capillas gritando: Arderéis como en el 36. Precisamente ustedes aquí reclaman ese régimen, que quemó iglesias y conventos. Luego hablaremos de eso. . Habitualmente son sus expresiones; esta es su libertad de expresión, en este caso de sus socios. Miren, señores independentistas (el orador muestra un recorte de periódico, que dice: Lanzan una cabeza de cerdo a una carpa informativa de VOX), la próxima vez que nos tiren uno de estos en Cataluña, por lo menos que sea de ibérico. Yo soy de Badajoz y les podría enseñar a hacer un buen pestorejo; de verdad, es una pena tirar la comida en tiempos de escasez. Por otro lado, ustedes, señores del PSOE, de Izquierda Unida, amigos locales, hacen estas cosas, salen ustedes con guillotinas a la calle (mostrando otra foto). A mí no me molesta la bandera republicana, tengan ustedes las banderas que quieran, pero me molesta que ustedes no solamente digan que esta es la aplicación de lo que hay que hacer a la Casa Real, sino que incluso las ahora ministras digan, por ejemplo: Vienen nuestros recortes y serán con guillotinas. O digan: Felipe, no serás rey y todos los Borbones a los tiburones. Esto es lo que ustedes no solo dicen, sino que hacen. Eso sí, cuando no lo borran todo, ¿verdad, Echenique? Ya nos contará por qué borra. . Miren ustedes, nosotros no quemamos ni una sola bandera oficial; no nos recreamos y emocionados cuando patean a un policía; no pateamos a policías, como hacen sus empleados, señores de Podemos, en las manifestaciones o en los encuentros de VOX, y, sobre todo, también tenemos que soportar que en esta sala haya algunos, disfrazados de diputados, pateadores de policías. Y también tenemos que soportar la presencia de aquellos que en su día, en aras de la libertad de expresión y escudándose diciendo que eran medios de comunicación, eran los que le hacían el trabajo sucio a la ETA señalando a los que iban a ser sus víctimas. . Veamos lo que ustedes quieren. Ustedes quieren poder ofender a la gente por su religión para señalarles; ustedes quieren ofender a la Corona para destruirla; ustedes quieren ofender a las instituciones para patearlas, y ustedes quieren quemar símbolos de España para quemar España. Lo tenemos claro. El problema es: ¿por qué necesitan esto ahora? ¿qué barbaridades tienen preparadas? Porque ya les he demostrado que ustedes hacían todo tipo de cosas antes de esta ‘liberación’. Esto es irónico porque ustedes además son los del lenguaje inclusivo, las cosas que no se pueden decir, ‘decer’ ‘dozor’ o ‘dazar’. Son ustedes los que nos dicen todo el día lo que no podemos decir. Y ahora van de paladines de, eso sí, lo que a ustedes les gustaría decir. Al final, este debate siempre es sobre ustedes porque son ustedes los que quieren decirnos a los demás lo que tenemos que decir o lo que no tenemos que decir. Son ustedes los que llevan las palabras a los hechos; las palabras a las piedras. Un cura me decía hace poco: podéis permitir que se blasfeme impunemente en esa reunión de cínicos en la que habéis convertido el Congreso, pero recordad que nuestro obrar tiene repercusión para la eternidad. Bueno, es su profesión, él es cura, está preocupado por la eternidad. A mí, como diputado, me preocupa no solo lo que dicen, sino lo que hacen ustedes en esta vida, lo que ustedes nos quieren decir y, sobre todo, lo que ustedes nos quieren hacer; sobre todo porque tienen ustedes socios muy acostumbrados a mandar gente a la vida eterna. Esto sería penoso si no fuera el final de esta serie de amor y lujo en la que ustedes están; ya saben, la última temporada siempre nos vamos al escándalo mayor, sobre todo cuando baja la audiencia, que es lo que les está pasando. Ustedes nos limitan a los demás, pero ustedes no se limitan. Ustedes siempre piden respeto a sus nuevos credos, a sus nuevas religiones, a sus nuevas banderas inventadas; los demás nos tenemos que callar. Lo más irónico es que en su propuesta ustedes dicen que el origen de toda esta regulación es franquista. Aquí tienen el Código Penal del año 1932 (mostrando un documento), firmado por un tal Alcalá-Zamora. Artículo 235: quien escarneciera públicamente alguno de los dogmas o ceremonias de cualquiera religión, profanare públicamente imágenes, vasos sagrados o cualesquiera otros objetos destinado al culto. Artículo 149: incurrirá en pena de prisión mayor quien injuriase o amenazase al jefe del Estado. ¡Menudos franquistas! Ustedes, en los años 1932, 1933 y 1934 hubieran ido a la cárcel por hacer lo que hacen. . Además, piden ustedes — esto es lo más terrible— castigar a los funcionarios modificando los artículos 536 bis y 538, mientras dejan ―eso sí— libres a sus censores privados, los de las camisetitas de La Sexta, de Newtral, esos que nos tienen que decir a nosotros lo que no podemos decir en redes. Ustedes pueden y dicen lo que quieren, y sobre todo pueden ponerlo en las piedras y lanzárnoslas, pero nosotros no podemos contestar. Yo podría contestar; yo podría irme aquí y, si estuviéramos ya en esa aplicación, coger esta bandera republicana (mostrando una foto) y sonarme los mocos, cosa que no voy a hacer porque nosotros no somos igual que ustedes. . Termino. Vuelvo al símil del tráfico: hay que garantizar que cada uno pueda circular para donde quiera, pero vamos a tener que poner — si esto fuera civilizado no nos haría falta, pero hay verdaderos kamikazes— unas líneas en el suelo o dejar las que ya están, que, por cierto, no nos golpean pero por lo menos nos recuerdan a todos dónde está la línea. Ya sabemos lo que quieren; ya sabemos lo que hacen; ya sabemos lo que dicen. Contrólense un poquito en lo que dicen, díganlo de otra manera, tengan un poquito más de gracia; pero, mientras no se controlen, ahí está el Código Penal. Y sobre todo recuerden que por mucho que quieran o digan algunas cosas… .

Odón Elorza González PSE-EE (PSOE)

Presidente, señorías, de entrada es cierto algo que se ha citado aquí, pero el Grupo Socialista y también el Gobierno quieren dejarlo patente: que existe un conjunto importante de recomendaciones — las últimas son de los años 2018, 2019 e incluso 2020―, tanto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como sentencias del Tribunal Constitucional… .

Odón Elorza González PSE-EE (PSOE)

…, lo digo por aportar datos objetivos, que invitan a España, en este caso a su Gobierno y a la Cámara legislativa, a revisar el Código Penal, a analizar aquellos aspectos del Código Penal, en este caso relacionados con la libertad de opinión, la libertad de expresión, que han quedado desfasados, que están tipificados de forma no acorde con los tiempos porque la realidad actual ha cambiado, ha cambiado el sentir de la opinión pública sobre determinadas infracciones y delitos. Por tanto, hay un requerimiento importante que debemos atender. No es una cuestión de antojo; no es una cuestión de plantearnos una revisión del Código Penal desde una actitud tremendista o inmovilista, ni tampoco olvidando que hablamos de cuestiones que requieren una especial sensibilidad, que requieren mucha prudencia, que requieren hacer caso a la doctrina jurídica, que requieren ampliar el consenso. Sería una barbaridad, de verdad — y hoy lo estamos demostrando—, afrontar una reforma del Código Penal desde posiciones exclusivamente tremendistas, ocurrentes o partidistas. Y esto es lo que aquí se está escuchando cuando de lo que se trata es de acomodar ese Código Penal a una realidad que ha cambiado, porque es cierto que en el Código Penal hay conceptos que no se corresponden con los tiempos, hay penas de privación de libertad que no deberían existir para delitos de opinión o de expresión; hay penas excesivas. Pero es verdad también que el Grupo Parlamentario Socialista no estaría ―y no lo está de hecho— de acuerdo con algunas de las derogaciones, modificaciones, digamos, muy sustanciales que plantea el proponente, Unidas Podemos, en esta proposición de ley orgánica; hablamos de discurso del odio, estamos hablando de enaltecimiento del terrorismo, humillación de las víctimas del terrorismo, injurias a la Corona y otras instituciones, escarnio a confesiones religiosas o ultraje a España y a los símbolos. Por tanto, una sensibilidad elemental, un sentido de la prudencia, una valoración de la doctrina jurídica son cuestiones importantes. ¿Y para qué tenemos que abordar esta revisión del Código Penal? Pues porque la Constitución misma nos lo pide. En el preámbulo hay una expresión muy acertada que nos recuerda que la voluntad de la Constitución debe ser la de establecer una sociedad democrática avanzada, y si estamos avanzando en derechos y queremos avanzar también en libertades, una de esas libertades, la libertad de opinión y de expresión, debe avanzar con nuevas formulaciones. Evidentemente, nos adelantamos a decir que no se trata de desproteger a nadie, que no se trata de conceder impunidad hacia nada, que las instituciones, las personas, el honor de las personas, los símbolos, tienen ya su marco general de defensa y, por tanto, no va a haber indefensión ni va a haber desprotección, lo que va a haber, y ya lo anunciaba de hecho el Gobierno hace unos meses cuando comunicó su voluntad de abordar una reforma del Código Penal, es una tipificación de los delitos con proporcionalidad, teniendo en cuenta la realidad del riesgo que determinados delitos de expresión puedan significar en lo que se refiere al enaltecimiento o, mejor dicho, al impulso, a la promoción de actos de violencia, en lo que puedan significar esas expresiones de ataque a la seguridad del Estado, o al orden público, o a la libre convivencia. En ese caso sí hay que medir esos riesgos reales, los riesgos que entrañen posible gravedad de actuaciones para que las penas — muchas de ellas tendrían que ser penas civiles, administrativas, de multa, no de cárcel en algunos casos— tengan ese carácter de proporcionalidad y consigan alcanzar un equilibrio entre la libertad y la seguridad del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a esta revisión del Código Penal, como el Gobierno, y por eso va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de Unidas Podemos haciendo aportaciones, bien desde el grupo, bien, en su caso — ojalá llegue a tiempo―, la propuesta de conjunto del Gobierno para, fundamentalmente, afrontar el debate de esta reforma del Código Penal desde tres premisas. En primer lugar, buscar el consenso. Tenemos que intentar, y hoy se lo pido al Partido Popular y a su portavoz, en este caso Edurne Uriarte, ir con otro talante más constructivo a participar en este debate para conseguir acuerdos, consensos para la reforma del Código Penal. Es muy importante que lidere la izquierda — somos una parte de la izquierda—, que lideren las fuerzas progresistas la reforma del Código Penal, pero lo es más aún que ese Código Penal concite un gran consenso de partidos democráticos en esta Cámara. En segundo lugar, que haya un diálogo con la sociedad. La modificación de un Código Penal de en torno a diez o doce artículos, como se pretende, de esta entidad, en estas materias, requiere un diálogo con la sociedad, un escuchar y hacer mucha pedagogía del resultado final de este debate parlamentario cuando se produzca. Y, en tercer lugar, como ya he dicho repetidamente, atender la jurisprudencia, la doctrina jurídica y las recomendaciones de los organismos internacionales. Esa es la disposición al diálogo y al consenso del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno, que en parte también representa. Esa es la voluntad de reforzar la democracia española y hacer que avance en derechos — ejemplos hay sobrados en esta Cámara de nuevos derechos aprobados aquí recientemente— y en libertades, como es la libertad de opinión y la libertad de expresión, que todos sabemos que necesita urgentemente un análisis y una revisión del Código Penal. A ello les invita con su mejor talante este Grupo Parlamentario Socialista. Gracias. .

Lídia Guinart Moreno PSC-PSOE

Gracias, presidente. No hay otra forma posible de iniciar esta intervención que no sea condenando con rotundidad la violencia machista que está azotando de manera cruel este país. . Mi compromiso y mi cariño en nombre del Grupo Socialista para las familias y amistades de las mujeres y las niñas asesinadas. Son 1097 las mujeres asesinadas desde 2007. Es Alicia, de 35 años, asesinada en Jaén; es Rocío Caíz, de 17, asesinada en Sevilla; es Katherine, de 58, asesinada en Madrid; es Alla, de 48, asesinada en Girona y son Olivia y Anna. ¡Beatriz, estamos contigo y con todos los familiares de las mujeres y menores asesinadas! . Te acompañamos en tu inmenso dolor de madre y nos comprometemos a no parar en esta lucha, que es la de este grupo parlamentario, es la de este Gobierno. . Es verdad que hemos hecho mucho como sociedad y como Poder Legislativo. La Ley Integral contra la Violencia de Género, de 2004, ha recibido numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional y tenemos un pacto de Estado alcanzado, no sin esfuerzo, gracias al empeño del movimiento feminista y también de este grupo, que trabajó para sumar y consiguió un elevado consenso. Lo dotamos y empezamos su desarrollo ya con Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno. Es un pacto político, institucional, social, que necesita ahora que empecemos a trabajar para su renovación; es absolutamente imprescindible hacerlo en este contexto de violencia. Como decía, es cierto que en este país hemos hecho mucho legislativamente para combatir la violencia de género, pero tenemos que hacer más, mucho más, como Legislativo y como sociedad. Todos y todas somos responsables en la medida de nuestras competencias ahí donde estemos; siempre podemos hacer algo más para combatir el machismo que está incrustado en nuestra sociedad, que es la esencia, que está en la raíz de los asesinatos que tenemos que lamentar. Es responsabilidad de todo el país parar los pies al machismo; es necesaria la complicidad de hombres y de mujeres, porque ninguna sociedad cambia si solo lo hacemos las mujeres. Nuestro país necesita que los hombres sean también agentes activos en la construcción de una sociedad más feminista. Necesitamos a esa inmensa mayoría de varones diciendo que ese modelo de masculinidad no les representa; es más, que les asquea. . Es absolutamente necesario y urgente. Y esta lucha es también responsabilidad de los medios de comunicación, que son altavoces privilegiados y crean opinión y tendencia. Son claves en la ruptura de estereotipos, de mitos y deben ser la ventana por la que llegue ese número de teléfono para pedir ayuda; tienen que ser aliados contra este terrorismo que mata una mujer cada cinco días. Esta lucha es responsabilidad también de la judicatura, que tiene la obligación de velar por los derechos de las víctimas, de protegerlas, de escucharlas. No nos cansaremos de decir que un maltratador nunca puede ser un buen padre. Es responsabilidad de las fuerzas de seguridad, que tienen obligación de protegerlas y que sabemos bien que están en ese desempeño mejorando cada día los mecanismos de atención y de protección. Y, por supuesto, es nuestra responsabilidad, de todas y cada una de las fuerzas representativas de la ciudadanía, de todos y cada uno de los que ocupamos un escaño en este hemiciclo. Desde esta tribuna se han dicho en demasiadas ocasiones barbaridades sin medida, absolutos disparates, que, aun siéndolo y precisamente por eso, fortalecen en sus convicciones a aquellos que no quieren ver que vivimos en una sociedad patriarcal basada en relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, aquellos que quieren mantener sus privilegios. Señorías, en España se denuncia una violación cada cinco horas, son casi cuatrocientas denuncias diarias por violencia de género; cuatrocientas diarias. Honestamente me pregunto: ustedes, señorías de VOX, que niegan la violencia de género ¿pueden dormir tranquilos y tranquilas? ¿Pueden dormir de verdad? . Es su machismo el que habla cuando en el Pleno del pasado jueves, sin ir más lejos, interrumpían a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y es su machismo el que habla también cuando interrumpen a cualquier mujer en cualquier espacio, pero especialmente en esta tribuna. Hoy defendemos una proposición de ley que nace de la voluntad y del trabajo de una asociación, Fundación Mujeres, cuya tarea es digna de toda admiración. Compareció su directora, Marisa Soleto, hace un mes en sede parlamentaria y recibió de manera totalmente injusta el vapuleo, las acusaciones de la derecha ultra, de aquellos que suelen acusar a los demás de lo que únicamente desde sus filas hacen gala. Por cierto, saludos a Marisa Soleto y al resto de representantes de Fundación Mujeres que nos están siguiendo en directo desde una sala del Congreso y gracias, muchas gracias, porque organizaciones como Fundación Mujeres hacen que este país sea cada día mejor. Gracias porque hacen más llevadera la difícil existencia de muchas mujeres que sufren violencia de género y la de sus hijos e hijas, muchos de los cuales han quedado huérfanos de la manera más cruel que nadie pueda imaginar. A ellos se dirige precisamente esta proposición de ley. El fondo de becas Soledad Cazorla, que gestiona Fundación Mujeres, es una de las expresiones de esa tarea encomiable. Lleva el nombre de la que fuera primera fiscal de Sala de violencia de género durante una década, fallecida de manera prematura. Su marido, Joaquín García Taboada, nos acompaña hoy y seguro que se siente, como su hijo Joaquín, muy orgulloso de su legado. Gracias por estar ahí y por la tarea que junto a la fundación y desde ella lleváis a cabo. . En 2019 aprobamos a iniciativa de este grupo parlamentario la Ley de Mejora de la Situación de Orfandad, que mejoraba la cuantía y las condiciones de acceso a las pensiones de los huérfanos y huérfanas de violencia de género. Sabemos que son mejorables algunos aspectos de esa ley, sobre todo por lo que se refiere a su implementación, y probablemente tendremos ocasión de ocuparnos de ellos durante la tramitación de esta proposición de ley. Hace dos años la aprobación de esa ley supuso un hito porque permitió dignificar las pensiones y porque vino a cumplir una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuyo eje en torno a la protección de los y las menores es uno de los esenciales. Hay un dato que es importante y del que no hablamos lo suficiente. Detrás de muchos de los asesinatos machistas hay un reguero de huérfanos y huérfanas, de niños y niñas a los que el asesino les arrebata a su madre de una manera traumática. Más de 500 personas, de ellas más de 300 menores de edad, se han enfrentado a esta difícil situación en los últimos ocho años desde 2013, fecha en que ya se están contabilizando, y muchos más por supuesto anteriormente a esa fecha. El espíritu que ampara la proposición de ley que hoy presentamos es el mismo que el de la ley de 2019: mejorar la vida de esos huérfanos en la medida de lo posible, procurar que su vida no sea más difícil de lo que ya es porque la compliquen trabas fiscales y de procedimientos respecto a unos trámites que desde el Legislativo, desde aquí, podemos facilitar, y lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer. El artículo 1 modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial; el artículo 2 modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, y hay en esta iniciativa también dos propuestas de reforma impositiva, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que conocemos como plusvalías, y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. Queremos, en resumen, eliminar las trabas que estas personas huérfanas encuentran para hacer valer sus derechos. Queremos evitar que se repitan casos como el de las hermanas Calderón Pérez, de Sevilla, hijas de María del Águila, asesinada por su marido. Estas jóvenes no han podido tomar aún posesión de los bienes que se les ceden en concepto de indemnización porque no pueden afrontar los impuestos a los que están sujetos. En cambio, las cantidades que se satisfacen en dinero si están exentas. Queremos evitar otros casos, como el de Joshua Alonso, que en 2017 tuvo que enfrentarse a una odisea burocrática terrible tras el asesinato de su madre, Sesé, en Redondela, Vigo. El Grupo Parlamentario Socialista está comprometido con la lucha contra la violencia de género. Es, de hecho, nuestra prioridad. Nos siguen matando desde el machismo más recalcitrante y lo hacen al eco de las consignas negacionistas de la derecha ultra. . Es urgente que hagamos una reflexión colectiva para terminar con esos discursos que manipulan a la opinión pública y ponen bajo sospecha a las mujeres que denuncian violencia. Son discursos que, como dice la jueza Lucía Avilés, manipulan, tergiversan, que usan conceptos erróneos a la par que oportunistas y — añado— desincentivan las denuncias y debilitan a las víctimas porque se ponen de parte de los maltratadores. Miren, lo de colocarse a varios metros de la pancarta que condena los asesinatos machistas, como hace el diputado Ortega Smith, no vale como apoyo a las víctimas; muy al contrario, escenifica esa tolerancia con los violentos que les anima a continuar. Sí, señores de VOX, frente a la violencia contra las mujeres no hay un falso punto medio en el que situarse. Si no se apoya a las víctimas, se está colaborando con el maltratador. . Por eso, pido a la Cámara, a toda la Cámara, el apoyo a esta iniciativa, a esta proposición de ley, que está, sin fisuras, al lado de los y las que padecen las consecuencias más terribles de la violencia de género. Gracias. .

Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

Muchas gracias, señor presidente. Esta proposición de ley orgánica aborda un asunto que atiende el inexcusable compromiso de la sociedad con los huérfanos, es decir, con los hijos e hijas que, de forma muy cruel y sobrevenida, entran de lleno en la espiral de lo vulnerable tras el asesinato de su madre o de su padre y precisan, tanto ellos como sus tutores, de auxilio frente al empobrecimiento, la exclusión y los riesgos que acompañan su gran tragedia familiar. Señorías, como la señora presidenta ha recordado emocionadamente al comienzo de esta sesión, España vive un periodo de consternación como secuela de los horrendos crímenes que se han producido en estas últimas fechas, uno de los cuales, el asesinato de la joven Rocío Caíz, precisamente ha dejado un huérfano de unos pocos meses de edad, el séptimo en lo que va de 2021. Ya se han citado diferentes cifras que reflejan estadísticamente la irracional crudeza de una violencia que desde el año 2003, cuando se empezaron a contabilizar oficialmente los datos, ha dejado del orden de trescientos huérfanos. Efectivamente, la crueldad derivada de estas situaciones nos obliga a mejorar los mecanismos de protección para los menores, que quedan en grave situación de vulnerabilidad y que, por lo tanto, precisan de la ayuda social y necesitan tal respaldo además de forma inmediata y continuada, tanto para cubrir su atención sanitaria como su dependencia económica y también para proporcionarles recursos educativos, formativos y universitarios, así como hacerlos beneficiarios — a ellos y a quienes asumen su patria potestad, la tutela o el acogimiento— incluyéndolos en el sector preferente para los planes de ayuda para acceder a una vivienda, tanto estatales como autonómicos. Hablamos de vidas rotas, que requieren una atención muy individualizada, no como integrantes de un colectivo de víctimas, sino como personas indefensas que no deberían ser tratadas como un pack, sino con medidas muy específicas y personalizadas. En este asunto vamos a remolque de unos acontecimientos que, por lo que una vez más hemos visto y oído estos últimos días y hace un momento, son utilizados políticamente. Es el caso del mismísimo presidente del Gobierno, con sus acusaciones veladas contra la oposición realizadas el pasado viernes sobre lo que hoy considera banalización de las leyes e instrumentos específicos para combatir la lacra de la violencia de género y su variable conocida como violencia vicaria. Yo, desde luego, rechazo tal acusación, pero que las medidas son insuficientes lo demuestran ciertas dificultades para acceder a las pensiones de orfandad contempladas en la Ley 3/2019, tal y como se ha señalado desde diferentes entidades y particulares. Asimismo, el desarrollo del eje 4 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y sus dieciséis medidas dirigidas a mejorar la asistencia, protección y acompañamiento de los hijos y las hijas de las víctimas, así como las medidas dirigidas a prevenir la violencia de género entre los jóvenes y adolescentes presentan un balance cuya imprescindible mejora depende de la agilidad en la actualización de nuestra legislación. Señoras y señores diputados, un Ejecutivo tan prolífico y creativo con la figura del real decreto-ley, incluso toreando la Constitución, no ha encontrado ocasión para ocuparse de este tema prioritario. De hecho, que estemos esta tarde aquí debatiendo a instancias del grupo mayoritario de la Cámara este paso para acometer nuevas modificaciones legislativas es la prueba más notoria de que en nuestra más reciente legislación habían quedado huecos en la garantía de protección. Por ejemplo, viene al caso recordar que en marzo de 2017 también fue el Grupo Socialista el promotor de una ampliación legislativa relacionada con las pensiones de orfandad por violencia de género, a partir de la cual introdujeron modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, todo ello por las carencias derivadas de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, ley integral aprobada en 2004. Otro ejemplo mucho más reciente, tras la entrada en vigor de la Ley 3/2019, fue percatarse de que el requisito de orfandad absoluta asimilable no se contemplaba en algunos supuestos, como es el caso de la no coincidencia del homicida con el padre del niño o niña. También se da el caso de que el progenitor no pueda asumir la manutención de los menores u otras circunstancias que por no poder atenderlas derivan en la desprotección del huérfano. Todo ello lo advirtió el pasado año muy acertadamente, y por unanimidad de todos los grupos políticos, el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Galicia, demandando del Gobierno del Estado una difusión activa de la asistencia de recursos y el acceso a la percepción de pensiones equiparables a las de orfandad en caso de asesinato de su madre, con independencia de que fuese o no cotizante. También el Defensor del Pueblo en su separata del informe anual de 2019, dedicada especialmente a los niños y a los adolescentes, se hacía eco de las denuncias realizadas por distintas asociaciones de padres de familia separados y ciudadanos particulares, que le expusieron el trato discriminatorio derivado de la nueva regulación, puesto que referirse solo a violencia de género no contemplaba prestaciones o ayudas en favor de los huérfanos en esta misma situación cuando es el padre el que fallece a manos de la madre del menor. ¿Y qué responde el Gobierno de Pedro Sánchez ante este tipo de justificadas advertencias institucionales o de reclamaciones desde otros ámbitos parlamentarios? Pues el Gobierno se parapeta en la burocracia, señorías, burocracia a palo seco para enmarañar la agilidad en la respuesta que necesitan los niños y niñas víctimas de la tragedia. Hoy el Gobierno exige medidas que precisan de la intervención de un bufete muy especializado de intérpretes para entender lo que quieren decir o para llegar a la puerta administrativa adecuada. No se entiende por quienes tienen cierta pericia en descifrar los circunloquios administrativos y menos aún lo entienden las familias cuya precariedad se pretende paliar, pero es que, además de la burocracia, el Gobierno también se parapeta en la irreverencia democrática. En esta proposición de ley, señores del Grupo Socialista, ustedes proponen añadidos a la Ley del Poder Judicial y modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas a la atribución de competencias respecto al procedimiento de liquidación, bien al Juzgado de Primera Instancia o bien a juzgados de Violencia sobre la Mujer. ¿Cómo se compagina todo esto con una ministra de Igualdad que pone en solfa a nuestro sistema de justicia y lo descalifica abiertamente? Por cierto, señora Guinart, la misma ministra cuyo grupo ―usted no lo ha dicho― se abstuvo aquí en la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La actual ministra era entonces firmante como portavoz de una enmienda a la totalidad que, afortunadamente, quedó en grado de tentativa. En todo caso, y a pesar del Gobierno, señor presidente, la proposición de ley es una oportunidad para dar más y mejores pasos a favor de los huérfanos y, por tanto, votaré favorablemente su toma en consideración. Muchas gracias.

Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

Gracias, señor presidente. Arratsalde on guztioi. Voy a compartir con ustedes algo que no es novedoso, que repetimos una y otra vez. Un total de 525 huérfanos en ocho años y medio ―300 jóvenes menores de edad y 215 mayores de dieciocho años― han quedado huérfanos como consecuencia de crímenes de violencia machista y muchísimos más han vivido las consecuencias directas e indirectas de esta violencia. La proposición de ley que se trata hoy en estos momentos está planteada desde parámetros de justicia y la consideramos aceptable y necesaria. Compartimos, como el movimiento feminista, que las hijas e hijos de las mujeres que sufren la violencia machista extrema son víctimas y que se les debe proporcionar herramientas jurídicas, económicas y sociales para que se haga justicia y reparación. No olvidaremos que el hecho de que hoy estemos refiriéndonos en este hemiciclo a ellas y a ellos como víctimas es gracias a la lucha titánica del movimiento feminista durante años y normativas internacionales estatales y autonómicas para que la infancia tuviera el lugar que le correspondía como víctima también de la violencia machista. Poco a poco se han ido poniendo en marcha medidas para mejorar la atención que precisan las mujeres víctimas de violencia. El hecho de incluir a los hijos e hijas de estas mujeres como víctimas directas de la violencia de género está siendo un camino mucho más lento y todavía no se han adaptado los procesos de atención para poder dar respuesta a todas las necesidades de estas y estos menores. Está claro que son necesarios otros avances y esta ley, al igual que la Ley de Infancia aprobada recientemente, va en esta línea. Teniendo en cuenta que la situación de la violencia de género repercute en el desarrollo integral de los niños y niñas, las administraciones deberían hacer cuanto esté en sus manos para proteger a la infancia que ha vivido estas situaciones y ofrecerles una atención específica tomando medidas positivas para apoyar la recuperación y evitando al mismo tiempo estigmatizarles por causa de la violencia de la que han sido víctimas. Todo lo que suponga mejora de cara a la infancia nuestro grupo lo apoyará, como en este caso favorecer el traspaso de la herencia a las hijas e hijos víctimas de la violencia machista. Pero queremos aprovechar esta ocasión para denunciar una vez más la situación de violencia machista extrema que estamos viviendo estas últimas semanas; agresiones y muertes escalofriantes, inaceptables sin peros y que nos ponen ante el preocupante espejo de todo lo que aún queda por hacer. Se ha confirmado lo que las expertas y expertos en el tema vaticinaban durante el estado de alarma. Si durante el confinamiento quedó a la sombra de lo privado esta cruda realidad y al existir un mayor control por parte de los hombres maltratadores hacia lo que consideraban sus mujeres ―la expresión no fue tan extrema, aunque sí sangrante―, tras abrirse las puertas y desaparecer ese control tan estricto, la posible vivencia de la libertad de las mujeres ha exacerbado la violencia de esos hombres maltratadores. Son diecinueve mujeres asesinadas en este Estado en lo que va de 2021, una muerte por violencia machista ―sí, machista― cada tres días desde el fin del estado de alarma y esta última semana casi una víctima cada día. Esto es insoportable. En lo que va de junio, cinco han sido las víctimas, a la espera de que se confirmen los casos de las dos jóvenes de 21 y 17 años presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas, y el asesinato de las dos niñas de Tenerife, un claro y terrible ejemplo de la utilización de los hijos e hijas como instrumento para hacer daño a la madre, sobre todo cuando esta toma el rumbo de su vida y decide finalizar la relación con quien ha sido su pareja. Señorías, esta situación, esta violencia machista cada vez más grave no es casual, es estructural, porque por mucho que algunos se empeñen en negar su existencia, llevamos años, décadas, por no decir milenios, viviendo subyugadas al modelo heteropatriarcal que nos minusvalora, nos discrimina y nos agrede. Porque sí, el machismo es el que nos mata. ¿Y qué se está haciendo frente a esto? Se dan pasos, pero totalmente insuficientes, porque una vez más la sociedad y la ola feminista dejan en evidencia la incapacidad de Gobiernos e instituciones y exigen que se haga más, mucho más. Por ello, consideramos que este proyecto de ley supone, como he reconocido anteriormente, un pequeño avance, pero no olvidemos que son necesarias medidas de mayor envergadura porque nuestro objetivo debe ser que ninguna criatura se quede huérfana por la violencia machista y, por tanto, no haya más asesinatos. Esta es nuestra prioridad, y para ello es necesario abordar también la prevención, implementando por ejemplo en los servicios sociales procedimientos para la detención de la violencia en menores, o protocolos de atención especializada para menores en riesgo por la violencia ejercida hacia sus madres; la incorporación de profesionales especialistas en menores y violencia de género en los equipos que trabajan con infancia y mujeres víctimas de violencia de género, o campañas contra la violencia de género que tengan en cuenta a las y los menores en riesgo por la violencia ejercida hacia sus madres, así como dirigidas hacia la sensibilización de la ciudadanía sobre menores que sufren violencia de género. También es necesaria la educación y formación en el respeto y los valores feministas ―sí, desde jóvenes, desde la escuela―, para que podamos construir una sociedad libre y respetuosa, para que podemos conseguir que el ser mujer no suponga sistemáticamente sufrir discriminación ni violencia contra nosotras. No queremos ser valientes, queremos ser libres. Mila esker.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Gracias, señor presidente. La proposición de ley que nos trae hoy el Partido Socialista constituye un complemento necesario y lógico de lo que dispone la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que ha sido objeto de varias modificaciones y adecuaciones en 2007, 2015 y 2018, y recientemente, en junio de 2021, mediante la Ley Orgánica 8/2021 del 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Decimos que es lógico y necesario desde una posición en parte crítica, en cuanto a la construcción jurídica de la misma, pero partimos de un criterio claro y conciso que aparece en la exposición de motivos de esta proposición de ley, y que a su vez repite lo establecido en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas contra la Violencia de Género. Y dice así: «Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud». Es por tanto este, y no otro, el origen y el destino de esta proposición de ley, porque partimos de la convicción social y política de la excepcionalidad y realidad propia de la violencia de género, y si no nos viéramos concernidos en su rechazo y condena más absoluta no tendría una específica razón de ser esta modificación. Por tanto, es un cambio legislativo expresamente planteado para que las personas huérfanas, directamente víctimas a su vez de la violencia de género ejercida contra sus madres, no se vean todavía más perjudicadas en todo el proceso posterior. Se trata en este sentido de completar la protección de los y las menores que quedan huérfanos por motivo del fallecimiento de sus madres, consecuencia de la violencia contra las mismas. Protección que en el caso de esta proposición de ley tiene un ámbito muy concreto, el cual es el de reformar el procedimiento de liquidación del régimen matrimonial de las madres fallecidas, facilitando el acceso a la herencia por parte de las y los huérfanos sin necesidad de acuerdo de los asesinos de aquellas. Entendemos que cualquier medida que remueva los obstáculos y problemas añadidos respecto a estas víctimas de la violencia de género es imprescindible y positiva. Todos nos hemos estremecido estas últimas semanas. No voy a repetir lo que ya se ha dicho reiteradamente, aunque no por decirlo muchas veces sobra, no voy a entrar tampoco en la violencia vicaria, porque es lo más inhumano y execrable que pueda partir de la mente de una persona, pero digo que no vamos a entrar tampoco en los casos de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas y exparejas porque ya se ha dicho mucho. Asesinatos que en más de una ocasión han dejado huérfanos de padre y madre, como se dice en el preámbulo de esta proposición de ley, porque pierden a la madre por asesinada y pierden al padre por asesino. Una verdadera tragedia que puede ser un drama si posteriormente no se toman medidas de apoyo, facilidad y desbrozamiento de obstáculos, muchas veces jurídicos y judiciales, que ni ayudan ni benefician a nadie, y menos aún a las víctimas. Consecuencia lógica de esta disminución de trabas es la atribución a los propios juzgados de violencia sobre la mujer de la competencia para llevar a cabo los procedimientos de liquidación del régimen económico matrimonial instados por las citadas víctimas, concentrando en el mismo órgano judicial que está conociendo el procedimiento penal este procedimiento civil. Sin duda alguna, esta medida puede ser discutible en el buen sentido de la palabra discutible. Es decir, se entiende perfectamente el razonamiento político y también jurídico que defiende la necesidad de trasladar estas causas, en principio económicas, a los juzgados de violencia, es decir, el argumentario de esta proposición. Ahora bien, seguramente también si los juzgados naturales en más de una ocasión funcionaran libres de trabas y con actitud positiva quizá no hubiera sido necesaria esta modificación. Pero tal y como se expresa en la exposición ―y también nos lo han hecho saber las diferentes asociaciones que trabajan en el ámbito de atención a mujeres y huérfanos― la realidad es bien distinta. Por último, se propone la exención del gravamen del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, de forma que también se eliminen cargas económicas que afecten a la consecución de la finalidad en la adquisición de los bienes, que no es otra que la garantía de las indemnizaciones reconocidas judicialmente. Entendemos que todo lo que sea no perjudicar a las víctimas es bienvenido. No hace falta hacer hincapié en lo que ya se ha dicho y sería asimismo de bastante mal gusto intentar buscar en esta modificación una especie de ánimo de lucro por parte de las personas beneficiarias. Nada más lejos. Creo que hay que tener el mayor de los rigores jurídicos y actuar con transparencia absoluta, haciendo actos de discriminación positiva ―sí, actos de discriminación positiva― y siguiendo el espíritu de la Ley contra la Violencia de Género, pero sin frivolizar. En cualquier caso, consideramos que hay que perfeccionar jurídicamente esta materia y, por ello, en la fase de tramitación haremos las aportaciones pertinentes y oportunas, que creemos que serán positivas incluso para la propia ley. Asimismo, aunque los territorios forales de Euskadi son competentes en materia fiscal, la modificación de estos impuestos no alcanza a los tributos aprobados por los territorios históricos que actúan en el marco de su potestad tributaria foral. Por último, una vez más, hay que señalar que vemos cómo materias de igualdad y de violencia de género se las autoadjudica el Grupo Socialista. ¿Por qué se trae una proposición de ley estando, como están ustedes, en el Gobierno? ¿Quién es la titular del ministerio? Ya sé que es legal y parlamentariamente correcto que traigan una proposición de ley, faltaría más, hasta eso ya llegamos, pero ¿creen ustedes que es lógico? Un capítulo más de sus líos internos. Votaremos a favor de esta toma en consideración. Muchas gracias.

Sara Giménez Giménez Cs

Gracias, presidente. Señorías, iniciaré diciendo que es duro abordar estos temas tras las noticias de los últimos días. Subo a la tribuna triste intentando comprender lo incomprensible. Así que lo primero que quiero hacer es mandar todo mi cariño, el cariño de mi partido, de Ciudadanos, a las víctimas de los últimos días. Todo nuestro cariño y apoyo a Beatriz, la madre de Anna y de Olivia; todo nuestro cariño y apoyo a la familia de la mujer asesinada en Sevilla, por su expareja, con solo diecisiete años; todo nuestro cariño y apoyo al padre de Yaiza, asesinada por su madre con cuatro años. Como les decía, subo rota, llena de impotencia, y eso lo que hace es reafirmarme en la convicción de que tenemos que seguir trabajando sin descanso para que estos casos no se vuelvan a repetir. Señorías, para estar en contra de todo tipo de violencia hay que reconocer la existencia de la violencia machista, hay que reconocer que existe, que es una lacra, y que para combatirla, debemos estar todos juntos y comprometidos. Debemos mandar un mensaje unánime a la sociedad, que ningún ciudadano encuentre la más mínima sombra cuando mire a sus representantes. Estamos en contra de todas las violencias, queremos acabar con ellas. Por ello, incidimos en la importancia de acabar con esta lacra que es la violencia machista. Señorías, para acabar con la violencia machista, también hay que dejar a un lado los sectarismos, porque desde mi partido, desde Ciudadanos, hemos presentado una proposición de ley para ejecutar adecuadamente el Pacto de Estado contra la violencia machista en el Senado. Hablábamos específicamente de la necesidad de abordar la violencia vicaria, y el sectarismo del Partido Socialista le llevó a votar no, y es votar no a un avance en la ejecución del pacto de Estado. Por tanto, también hago una llamada a la responsabilidad. Es intolerable que esto esté sucediendo. Tenemos que dejar el dolor y el sufrimiento fuera de la política, que ya hemos visto que hay partidos dentro del Gobierno deseosos de hacer política con causas dolorosas. La política se tiene que hacer aquí. Por eso, le vuelvo a decir al Partido Socialista que ustedes mismos cuestionan y menoscaban su propio discurso cuando aquí votan en contra siempre de cualquier iniciativa que suponga un avance para abordar la violencia machista y la protección de los menores únicamente por el color político que la presenta, que es Ciudadanos. La ley que estamos debatiendo ahora aborda medidas para proteger a las personas huérfanas que deja la violencia de género; una ley que articula una serie de medidas que creemos que van en la dirección correcta. Son medidas que agilizan los procedimientos para la determinación de la herencia, y que incluyen un abanico de exenciones fiscales que garantizan que el menor no vea menguado su patrimonio ni deba soportar cargas fiscales innecesarias. Y es que hoy, señorías, estos menores están sufriendo en primera persona las consecuencias de la lacra de la violencia machista, y las familias que les acogen deben afrontar una ingente cantidad de trabas burocráticas para poder acceder a los derechos que tienen reconocidos; trabas que, además, se ven incrementadas dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan. Como les decía, creemos que son medidas que van en la buena dirección, pero siguen quedando muchas en el camino. Tenemos que seguir trabajando para mejorar la situación de los menores que son víctimas de violencia de género. En particular, creemos que es urgente hacer extensiva la condición de víctima de violencia de género a los hijos de las mujeres asesinadas a los que estén sujetos bajo su guarda y custodia. Queremos que se amplíe el derecho de asistencia social integral a los menores, tal y como reconoce ese pacto de Estado. También creemos que hay que aumentar los recursos habitacionales a disposición de las mujeres con hijos para que puedan acceder de una manera inmediata a una vivienda o alojamiento cuando se vean obligadas a abandonar el domicilio que comparten con su agresor. Como les digo, señorías, estas medidas están previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En lo relativo a lo que es la protección de menores, creemos además que lo que hay que hacer es avanzar de una manera firme y tiene que ser una prioridad del Ministerio de Igualdad. Y digo que no es una prioridad en estos momentos porque no hemos visto una ley en este sentido, no hemos visto una mejora legislativa en este sentido. Ahora bien, pese a todas las discrepancias en otros asuntos que tenemos, señorías, lo que vamos a hacer es ser firmes a lo que es Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que protege la igualdad, que protege la libertad, que es consecuente de una manera útil con aquello en lo que cree y lo que creemos es que hay que dar un paso firme en la protección de las víctimas de la violencia machista y en la protección de los menores. Por eso claramente vamos a votar a favor de esta proposición, porque somos consecuentes con nuestro ideario y no somos sectarios, sino que apoyamos aquello que vemos útil y que vemos adecuado para mejorar nuestra sociedad. Los menores que son víctimas de violencia machista ven como se altera su entorno familiar de la noche a la mañana, con consecuencias nefastas tanto en el ámbito emocional como económico. Nosotros, como representantes públicos, no podemos mirar para otro lado y quedarnos insensibles ante este tipo de situación. Desde luego, Ciudadanos no lo va a hacer, vamos a apoyar esta proposición y trabajaremos en ella para mejorarla. Gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Tras unos días terribles en que la violencia machista en su forma de violencia de género, de violencia vicaria, golpeó de forma dramática, todas las actuaciones políticas o legales que vayan en la dirección de combatirla y de proteger a las víctimas son absolutamente necesarias, aunque consideremos que esas actuaciones pueden ser insuficientes o poco ambiciosas. Son necesarias también cuando como en este caso se trata de proteger a menores que, como acabamos de comprobar, brutalmente son víctimas directas o indirectas de la violencia machista. Por eso la reforma que se plantea nos parece oportuna porque, por un lado, facilita que los herederos y herederas puedan instar al procedimiento de liquidación de gananciales y además establece que también sean competentes los juzgados de Violencia sobre la Mujer, y por otro, aborda la cuestión de la tributación de indemnizaciones que perciben los hijos e hijas de mujeres asesinadas cuando se trata de bienes muebles o inmuebles lo que a todas luces no es justo. Sin embargo, lo vivido estos días también evidencia que son necesarios más esfuerzos y más medios para reforzar la lucha contra la violencia machista, y dado que en esta propuesta se les atribuyen nuevas funciones a los juzgados de Violencia sobre la Mujer quiero recordar que en Galicia solo existen dos, en Vigo y en A Coruña, y que en el acuerdo de investidura figura por propuesta del BNG la creación de los juzgados de Santiago, Lugo y Ourense. Cumplan ese compromiso porque es absolutamente necesario. Votaremos a favor. Grazas.

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Permítanme que empiece mi parlamento felicitando a los funcionarios públicos que han descubierto un nuevo pufo del rey emérito en Andorra. Mis sinceras felicitaciones. Una reflexión para los partidos del Gobierno en la línea expresada por el señor Agirretxea. Por supuesto que tienen toda la legitimidad para presentar lo que consideren oportuno, también las proposiciones de ley, pero hay un mecanismo más sencillo, más rápido para legislar, para mejorar la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género. Ese mecanismo se llama BOE. Real decreto-ley, BOE y automáticamente entra en vigor. Y así a lo mejor nos ahorraríamos las necedades y las maldades que probablemente escucharemos dentro de un rato. Es lo que hizo el Gobierno valenciano hace dos años y medio, en 2018, cuando en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat equiparó a las víctimas de la violencia de género con las víctimas de la violencia terrorista, en el marco del compromiso suscrito en el Pacto valenciano contra la violencia machista. 75 000 euros es lo que percibirán ahora, frente a los 6000 que percibían antes, ampliando además esa ayuda no solo a los hijos, si los hubiere, o a las personas tituladas u acogidas que dependieran, sino también a padres, madres u otros familiares. Piénsenlo, puede que estos plenos fueran más ágiles y probablemente podríamos…

Pilar Calvo Gómez JxCat-JUNTS (Junts)

En estos momentos, miles de mujeres viven el maltrato de sus parejas, alguna de ellas aterrorizada cada vez que las noticias informan, como una gota malaya sobre nuestras conciencias, de un nuevo asesinato machista. Al lado de estas mujeres habitan niños, niñas, jóvenes que sienten la impotencia de quien no puede cambiar las cosas, hasta que la violencia asesta el golpe que lo cambia todo de arriba abajo y les deja desamparados. Amparo viene de anteparare, parar delante. Eso es lo que hacemos instintivamente las madres cada vez que un peligro acecha a nuestros hijos, así que no se me ocurre mejor palabra para definir lo que está proposición ofrece a los huérfanos de violencia machista: amparo, pensando en esas madres que se saben en peligro y que merecen que un Estado que se llama de bienestar haga todo lo posible para mantenerlas vivas, pero también para apoyar a los que más quieren, sus hijos, en caso de fatalidad. Si nos preguntamos qué derecho tiene sobre los bienes de la esposa el cónyuge que se ha enviudado a sí mismo, diríamos que ninguno, una vez se ha dictado sentencia firme. Pero hasta entonces — incluso una vez ha sucedido esto— los huérfanos van a vivir una situación entre el desamparo legal y la burocracia imposible. Por eso, en Junts tomamos en consideración un texto que pretende establecer un protocolo claro en la violencia de género que empieza por hacer competente el Juzgado de Violencia contra la Mujer también en la liquidación de los bienes del matrimonio; por facilitar burocráticamente que los niños huérfanos cobren lo antes posible la liquidación de bienes o la indemnización determinada por responsabilidad civil; por conseguir que sean retribuciones exentas de impuestos para los huérfanos, que no sea la tributación la que les impida cobrar esa indemnización; por mantener la pensión de orfandad en los casos en los que los menores sean adoptados por una familia, especialmente, muy especialmente si esta no tiene recursos, porque, de lo contrario, se va a condenar a huérfanos y a adoptantes a la pobreza; por evitar el desamparo de aquellos niños y niñas de familia monomarental que no pueden acceder a la prestación completa de orfandad absoluta tras el asesinato de su madre cuando el agresor no ha sido el padre, sino otra pareja o expareja de la madre. Y seguro que en la fase de debate abordaremos otros puntos que abrirán otras vías beneficiosas para los huérfanos de violencia machista. Uno deriva de la situación legal que impide que los menores sean titulares de hipotecas. Al estar obligados a cancelar esas cargas sobre el bien heredado, el banco les aplica una penalización por el pago anticipado de la hipoteca. Sería bueno proponer que existieran protocolos de buenas prácticas bancarias que no penalicen en estos casos. Son, como ven, muchas y buenas las razones para que esta Cámara ampare, se pare delante; de lo contrario, seremos todos nosotros los huérfanos de justicia. Somos conscientes de que estamos hablando una y otra vez de huérfanos con perspectiva de género, así que será bueno acabar con una cita de la activista afroamericana Jane Galvin-Lewis: «No hace falta ser antihombre para ser promujer». Gracias.

Norma Pujol i Farré ERC-S

Gràcies, president. Diputats i diputades, bona tarda. Esta iniciativa tendrá un impacto limitado en Catalunya porque nuestras competencias ya regulan las propuestas de mejora que hoy nos presenta el Grupo Socialista. Sin embargo, como mujer, como madre, como feminista y como legisladora es mi deber procurar el bienestar de todos nuestros hijos e hijas. Velaremos por todos y todas ellas para que nunca dejen de sentir la protección de sus madres. Velaremos por ellos incluso cuando estas hayan sido asesinadas a manos de sus padres, a manos de una sociedad que debe afrontar una lacra: el machismo; un machismo que ha arrancado diecinueve vidas este 2021 y ha dejado a siete menores huérfanos. Ahora más que nunca, cuando la extrema derecha reabre debates franquistas, boicotea minutos de silencio, expande su misoginia y pone en peligro nuestra vida y la de nuestros hijos, necesitamos abordar el terrorismo machista que asola el Estado español. Señorías, en los últimos días hemos visto una vez más la cara más extrema de la violencia de género: la violencia vicaria. No hay dudas, un maltratador nunca será un buen padre. Esta premisa debe impregnar todos los poderes y administraciones del Estado. Facilitar los trámites derivados de la pérdida de una madre es sensato, asegurar el acceso a las herencias e indemnizaciones es necesario y legislar para afianzar una vida libre de violencia a nuestros hijos es incuestionable. Sabemos que la violencia se aprende, no es un hecho innato, y sabemos que los menores testigos de esta violencia tienen muchas posibilidades de perpetuar las conductas de los agresores. Es un círculo vicioso que es momento de romper, aunque ya vayamos tarde. No nos podemos permitir que las cifras de víctimas y huérfanos sigan creciendo; no basta con reparar, no es suficiente con paliar los daños. Señorías, hoy las madres no queremos ver una batalla partidista; hoy las madres queremos ver acuerdo, queremos ver asunción de responsabilidades, queremos ver apoyo institucional real; hoy las madres queremos soluciones; hoy las madres queremos que se proteja a nuestros hijos y nuestras hijas incluso cuando a nosotras se nos haya arrebatado todo, tanto como que incluso se nos haya arrebatado la vida. Muchas gracias. .

Sofía Fernández Castañón UP

Buenas tardes. Hay algunos nombres propios que ninguna de las 350 señorías de esta Cámara deberíamos olvidar ni perder de nuestra mente, algunos solo: Rocío, Ana, Olivia, Beatriz. Son solo algunos de los más recientes, pero hay muchísimos, muchísimos nombres más y también hay muchas otras víctimas de violencia machista de las que ni siquiera sabemos el nombre. Señorías, no se equivoquen, una de las causas que como representantes debería movernos sin excepción es la lucha contra las violencias machistas; estar fuera de esa convicción no cabe en democracia. Por eso, con esta profunda convicción democrática, vamos a apoyar la tramitación de esta ley que hoy trae el Grupo Socialista, que viene de la sociedad civil y que parte del V Informe Anual del Fondo de Becas Soledad Cazorla, una mujer feminista que fue la primera fiscal de sala especializada en violencia contra la mujer y que estaba muy preocupada por las víctimas infantiles de la violencia de género. Vemos adecuado y vemos necesario el contenido de esta proposición de ley que pretende complementar la normativa actual en materia de reparación de huérfanos y huérfanas por causa de la violencia contra las mujeres. Dicho esto, hay dos aspectos que desde Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común queremos destacar y exponer aquí. El primero tiene que ver con algo que siempre hemos dicho: las violencias machistas se manifiestan más allá del ámbito de pareja o expareja. Esta idea, mandatada internacionalmente, se ha dicho con fuerza en las calles y se ha corroborado también con fuerza en esta Cámara. Y las situaciones de orfandad a causa de las violencias machistas son, por tanto, más de las circunscritas a aquellas en las que el asesino era pareja o expareja, tal y como dice la Ley 1/2004. En la exposición de motivos se citan datos de personas huérfanas desde 2013, más de 300, pero estos datos son solo referidos a la violencia en el ámbito de pareja o expareja, quedan fuera de la foto muchas personas huérfanas a causa de violencia machista: los hijos o hijas de víctimas de feminicidio sexual, mujeres asesinadas tras ser agredidas sexualmente o en contextos de trata o prostitución, entre otras. En estos casos, también puede no existir otra figura parental que la de la madre asesinada, y todas esas víctimas se quedan fuera. Esto ya se inició con la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Esta ley ya la vimos en la XII legislatura. Debemos abrir toda mejora de la regulación en esta materia no solo a los casos enmarcados en la violencia de la Ley 1/2004, sino a las personas huérfanas por todas las formas de violencia contra las mujeres previstas en el Convenio de Estambul. En este sentido, el anteproyecto de la ley orgánica de garantía de la libertad sexual, la ley solo sí es sí, avanza en la equiparación efectiva de los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio sexual en el acceso a la prestación de orfandad y a la pensión. A Unidas Podemos y al Ministerio de Igualdad nos consta que ese es el camino para no estar respondiendo de manera diferenciada e injusta a las víctimas de violencias machistas. El segundo aspecto tiene que ver con la reparación. La reparación es sin duda uno de los objetos de esta proposición de ley, porque es algo que se mueve en lo patrimonial, en lo material y también en lo simbólico. Y verán, estas actuaciones funcionan en los dos sentidos, también a la inversa. Lo diré más claramente, hacer gestos de apoyo a quien la ley ha condenado como maltratador es incompatible con la reparación de las víctimas de violencia machista . . Ovacionar a los agresores machistas es incompatible con la reparación de las víctimas de violencias machistas. . Estigmatizar a las mujeres por el hecho de denunciar la violencia machista, la violencia vicaria es incompatible con la reparación de las víctimas de las violencias machistas. Frivolizar, bromear con las violencias machistas es incompatible con la reparación de las víctimas de violencias machistas. Negar la violencia contra las mujeres, negar el machismo, negar que el patriarcado sigue siendo un sistema que genera opresión a las mujeres es incompatible con la reparación de las víctimas de violencias machistas y es incompatible con la reparación social, porque debemos reparar a cada víctima de esas violencias machistas, de esas violencias contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Además, debemos repararnos como sociedad. Debemos comenzar a hablar de manera firme de la cultura de la reparación; reconocer a las supervivientes; reconocer las leyes que nos han hecho avanzar en democracia y hacia la igualdad; reconocer, saludar y aprobar las leyes que desde este Gobierno siguen defendiéndose para que alcancemos una ciudadanía de pleno derecho para todas las personas. Esto es lo que debemos pensar, trabajar y aprobar, para que esté en el Boletín Oficial del Estado y para que sea una realidad en cada pueblo y en cada barrio. Cultura de la reparación, porque así se trabaja desde la perspectiva de los derechos humanos; cultura de la reparación, porque así también se hace prevención, y cultura de la reparación, porque así iremos configurando una sociedad más justa. Muchas gracias. .

María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

Gracias, presidente. Señorías, todos aquí somos hijos y todos hemos sido los niños vulnerables y dependientes del amor y de los cuidados de nuestros padres. ¿Acaso podemos siquiera imaginar lo que hubiéramos sufrido si en medio de esa vulnerabilidad los hubiéramos perdido? ¿Acaso podemos siquiera imaginar el desamparo, la soledad, la incertidumbre, el miedo? ¿Acaso podemos siquiera imaginar el dolor inmenso que hubiéramos sentido si además los hubiéramos perdido de una forma violenta y repentina? ¿Se imaginan que hubiéramos tenido que pasar por el horror de perder a nuestra madre asesinada a manos de nuestro padre? ¿Acaso podríamos siquiera ponernos en la piel de las criaturas que han tenido que pasar por una experiencia tan terrible? Seguramente no, porque es de una crueldad inhumana, tan inhumana como tener que pasar por la experiencia de perder a tu padre a manos de tu propia madre, exactamente lo mismo. . Por eso nosotros, como legisladores, tenemos una responsabilidad tan enorme, tan enorme para con los niños que quedan huérfanos por cualquier circunstancia y, por supuesto, mucho más aún si la orfandad les sobreviene por circunstancias tan terribles. Por eso nos resulta tan difícil de entender que ustedes nos traigan una proposición de ley sobre un tema tan sensible y de tanta importancia planteada como una vulgar medida ideológica, una vulgar medida ideológica para luchar contra la violencia de género, que es como llaman ustedes a lo que no es más que la violencia ejercida vilmente por algunos salvajes que no merecen llamarse hombres contra sus mujeres. . Lamentablemente, ustedes no plantean esta proposición de ley como una ayuda para todos los niños que se quedan huérfanos. Ustedes solo utilizan esta ley para imponer su criterio, demostrando que en realidad los niños huérfanos les importan muy poco y que tan solo los utilizan para ponerlos al servicio de sus intereses ideológicos. Definitivamente, señorías, este sectarismo suyo les está convirtiendo en legisladores tremendamente injustos. Desde 2013, más de 300 menores se han quedado huérfanos como consecuencia de los crímenes violentos de sus padres contra sus madres, y es terrible, terrible e intolerable. Pero ¿acaso es menos doloroso que pierdan a su padre a manos de su madre? Señorías, 22 hombres fueron asesinados por sus mujeres entre 2016 y 2018 y 9 en 2019. Violencia doméstica íntima, lo llaman ustedes para diferenciarla de la violencia de género en un intento ridículo de hacerla parecer menos grave. . Pero estos padres también dejaron huérfanos, señorías. ¿De verdad creen ustedes que estos huérfanos merecen menos, que sufren menos, que no necesitan las mismas ayudas? ¿Merecen también menos los niños que se han quedado huérfanos por otras circunstancias? ¿No es también terrible que un niño pierda a sus progenitores en un accidente de tráfico o por una enfermedad o por un suicidio o por un acto violento de cualquier otra clase? Señorías, nosotros ni quitamos ni ponemos una sola coma a la forma en que ustedes describen en su proposición de ley lo que tienen que sufrir las víctimas más inocentes de esta barbarie, ni una coma, pero no entendemos por qué discriminan de esta forma tan injusta al resto de los huérfanos de este país, y nos preocupa mucho que no estén atentos a las dificultades a las que tienen que enfrentarse, sea cual sea la causa por la que adquieren esa condición. Claro que es un estigma horrible que tu padre sea un asesino, pero también lo es que lo sea tu madre, y aunque haya menos casos de mujeres que matan a sus parejas, hacer una diferencia respecto a sus hijos es tremendamente injusto, porque en todos los casos hay secuelas psicológicas, en todos los casos puede haber traumas, dificultades económicas, necesidad de atención psicológica; en todos los casos puede modificarse la forma de vida de estos niños y producirse desplazamientos a otros núcleos o a servicios sociales; en todos los casos, también en todos los casos de orfandad sobrevenida por otras causas. Señorías, nuestra obligación como legisladores es buscar el bien común, buscar la justicia. ¿Por qué solo legislan para unos? ¿En qué clase de justicia creen ustedes? Pero ¿saben lo que es verdaderamente triste y verdaderamente preocupante? Que en este empeño suyo por atender solo a las víctimas de la violencia contra las mujeres, en esa especie de enrocamiento sectario en el que han caído ustedes, no se dan cuenta de que están abandonando al resto de los niños y de que están condenando al ostracismo y al olvido de una forma cruel e injusta a los niños que mueren a manos de sus madres. Hoy hay una madre sufriendo un infierno por la muerte de sus pequeñas a manos de su padre, y todos estamos con ella en su dolor, absolutamente todos, consternados, horrorizados, en shock, incapaces de comprender tanta maldad, pero también hay un padre sufriendo exactamente el mismo infierno por lo mismo, por la muerte de su hija, asesinada por su madre, también por venganza. ¿Acaso creen ustedes que el sufrimiento de la madre de Ana y Olivia es mayor que el sufrimiento del padre de Yaiza? ¿Que ella las amaba más? ¿No son Ana, Olivia y Yaiza igual de víctimas de la maldad e igual de inocentes? . A mí me avergüenza que como sociedad no hayamos reaccionado de la misma forma ante un caso exactamente igual, me avergüenza que hayamos dejado solo en su dolor a este padre, me avergüenzan los medios de comunicación para los que este caso no ha merecido ni una reseña y los políticos para los que no ha merecido ni un minuto de silencio. Esta es, señorías, la aberración a la que ustedes nos llevan como sociedad con la imposición de su ideología de género. Si fueran justos y ecuánimes, ustedes tendrían en cuenta que solo un 20 % de los asesinatos de niños en nuestro país tiene que ver con la denomina violencia de género y se preocuparían también por el 80 % restante de los niños asesinados en España, niños asesinados fundamentalmente por sus madres. Sí, señorías, el 70 % de los filicidios de este país son cometidos por mujeres, el 95 % de los asesinatos a recién nacidos son cometidos por mujeres, y sin embargo ustedes siguen dedicando cientos de millones de euros a prevenir la violencia contra la mujer y dejan apenas unas migajas para prevenir la violencia contra la infancia. Por alguna razón siguen ustedes empeñados en hacernos creer que solo la criminalidad masculina es un problema social, en hacernos creer que los hombres son peores que las mujeres, cuando también hay mujeres malas, mujeres como Ana Julia Quezada, y cuando el síndrome de Medea, causante de estos dos horribles casos por los que hoy toda España llora, es mucho más habitual en las mujeres que en los hombres. Señorías, con esta proposición de ley solo van a perpetuar la injusticia y la discriminación entre huérfanos que ya iniciaron con la Ley de mejora de la situación de orfandad de las víctimas de violencia de género, porque nuevamente solo se aplicará a los huérfanos de violencia de género. Pero nosotros creemos que nuestra obligación como legisladores es la de paliar la situación de vulnerabilidad de todos los huérfanos. Nosotros creemos que nuestra obligación es proteger de la violencia a todas las víctimas sin hacer distinciones, y por eso, señorías, nosotros no nos vamos a oponer a esta ley, al contrario, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los huérfanos de las madres asesinadas por sus parejas vivan más seguros y más protegidos, pero también vamos a proponer cuantas enmiendas consideremos necesarias para que todos los niños huérfanos de este país sean tratados de la misma forma y para que ninguno sea discriminado o menospreciado sea cual sea la causa de su orfandad. Muchas gracias. .

Margarita Prohens Rigo PP

Gracias, señor presidente. Hoy el Partido Socialista nos presenta una proposición de ley de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de violencia de género. Hasta ahí, todo normal, si no fuera porque el Partido Socialista está en el Gobierno y podría haber acometido esta reforma hace dos años; si no fuera porque nos encontramos ante una iniciativa del Partido Socialista en solitario, que insta en un ámbito de violencia de género, competencia del Ministerio de Igualdad, en manos de Podemos. No nos extraña, porque de todos es conocida la lucha sin cuartel entre Podemos y PSOE en materia de igualdad. Y no es que esta lucha por ver quién de los dos socios del Gobierno llega antes o llega mejor les haya hecho redoblar su trabajo y sus esfuerzos en la materia, sino que les ha llevado a unos y a otros a la parálisis y a la inacción. Ni una sola ley en año y medio ha sido capaz de traer la ministra de Igualdad a este Congreso. Las que intenta traer, se las tumban antes de llegar; las que apoya, no salen adelante, y las que debería liderar ella, las trae, como vemos hoy, el Partido Socialista. Triste papel para lo que tenían que ser un ministerio y una ministra feminista. Por ello, en un momento en el que todos los expertos coinciden en el repunte al alza de la violencia de género y en unas semanas negras que nos tienen a todos consternados, el Ministerio de Igualdad ha recortado los fondos del pacto de Estado destinados a los municipios más grandes o se han negado a que puedan invertirse en el capítulo 1 y en el capítulo 6 como situación excepcional. ¿O qué pasa con las UFAM? A las mujeres, se las protege. Por ejemplo, en la UFAM de las Illes Balears hay ahora mismo un agente por cada ciento cincuenta mujeres a proteger. ¿Es esta una manera de proteger a las mujeres que no sin muchas dificultades acuden a poner una denuncia? Por ello, de las doscientas noventa medidas que contiene el pacto de Estado, en palabras de la propia ministra, se han cumplido setenta y cinco, un 25 %, en cuatro años; un pacto en el que la ministra no cree, por eso no lo firmó; un pacto que está intentando sustituir por otras estrategias. Pero el Partido Popular no va a permitir que se deje de ejecutar el pacto que nos dimos todos. Por eso, después de las últimas semanas, nos sorprende que la única iniciativa del ministerio haya sido convocar, hace tres semanas, a las portavoces parlamentarias y representantes del observatorio para ponerles trabajo, para pedirles que digan al ministerio lo que tiene que hacer. El trabajo está hecho, se llama pacto de Estado, y quien tiene que hacerlo y liderarlo es el ministerio. Si no quieren, si no saben o si no pueden, que lo dejen. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy una iniciativa, o, lo que es lo mismo, un toque de atención al Ministerio de Igualdad para que ejecute de una vez por todas el eje cuatro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Partido Popular ha demostrado con sus acciones y sus leyes su compromiso firme con los menores víctimas de violencia de género. De hecho, si hoy estos menores son considerados víctimas de violencia de género es gracias al Partido Popular. Desde 2013, año en el que, gracias al Partido Popular, se empiezan a contabilizar a estos menores, tenemos 311 menores huérfanos de violencia de género, siete en 2021. El convencimiento del Partido Popular de que esta forma de violencia en el hogar, precisamente donde más protegidos deberían estar, les convierte también víctimas ha llevado a la modificación de leyes para que así sea, y hay que avanzar. Por eso el Partido Popular presentó en el mes de marzo una PNL en cumplimiento del eje cuatro. La modificación realizada en la Ley 3/2019, de 1 de marzo, supuso incluir dentro de la Seguridad Social la prestación de orfandad para aquellos menores cuya madre ha fallecido como consecuencia de violencia de género, ya que el condenado por sentencia firme por homicidio no puede adquirir la condición de beneficiario. No obstante, se ha evidenciado cómo la ley deja fuera, por ejemplo, a los huérfanos cuyo padre no es el condenado por asesinato, sino otra pareja de la madre, no pudiendo acceder a la prestación completa por orfandad, o si su progenitor no se encuentra en situación de asumir el cuidado y protección de los menores, o en aquellos casos en los que una familia adopta al huérfano. La propia ley contemplaba en la disposición adicional segunda la obligación de evaluarla en el plazo de tres meses por si hacía falta algún ajuste. Al parecer, no se ha realizado. Según la propia Fundación Mujeres, existen problemas como el impago de atrasos, insuficientes mecanismos de información, desajustes en los procedimientos de cálculo y confusión en el reconocimiento de pensión y prestación. Es por eso que echamos en falta en esta proposición la corrección de estas situaciones que esperamos poder introducir en el trámite de enmiendas. De esta manera, se podrían incluir los casos expuestos anteriormente, así como la desprotección en la que se encuentran los huérfanos cuando su madre no era cotizante de la Seguridad Social o no cumplía los requisitos mínimos para acceder. Para finalizar, en cuanto al texto específico que nos propone el Partido Socialista, valoramos que, aun entendiendo que es una proposición de ley para víctimas de violencia de género, en lo que se refiere al acceso a herencias incluya a todos los herederos de la persona fallecida para que ningún huérfano quede desprotegido, independientemente de la causa que haya provocado su orfandad y de quién sea el progenitor fallecido. Por eso, propondremos también en el trámite de enmiendas ampliar las exenciones fiscales previstas en esta ley para las víctimas de violencia de género al resto de huérfanos menores en situación de desprotección. Conocemos las consecuencias específicas que tiene la violencia de género en los menores y por eso ningún huérfano de nuestro país debe quedar en situación de vulnerabilidad. Pondremos siempre, como ha demostrado el Partido Popular, el interés superior del menor, sean cuales sean las circunstancias, en el centro de nuestra acción política. Votaremos a favor de la toma en consideración y esperamos el diálogo y la generosidad en la aceptación de las enmiendas de mi grupo parlamentario, siguiendo el espíritu del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Con esto acabo, no sin lamentar el hecho de tener un Ministerio de Igualdad silente en los temas que preocupan a los ciudadanos, generador de ruido y polémicas, y que entre unos y otros, PSOE y Podemos, las políticas de igualdad y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se hayan quedado en el cajón de su discordia. Muchas gracias. .

Isabel Franco Carmona UP

Gracias, presidente. El actual Gobierno de coalición tiene un firme compromiso con la calidad del empleo y las condiciones de trabajo en España. Así lo está demostrando el Ministerio de Trabajo y nuestra vicepresidenta, Yolanda Díaz, incluso en los momentos más duros de la pandemia. Todos los sectores económicos con alta temporalidad tienen el mayor grado de precariedad, y digo todos sin excepción. La precariedad se ha convertido en un negocio de tal dimensión que hasta hay empresas que se lucran exclusivamente de esta forma de contratación, como las empresas de trabajo temporal. Por eso, la Inspección de Trabajo está haciendo un trabajo que debo decir que es excelente, comprobando y dando cumplimiento a la normativa laboral en todos los sectores, en todos sin excepción, también en las campañas agrícolas, con un enfoque integral y con unos objetivos claros: corregir y exigir responsabilidades en aquellos casos en los que se vulneran los derechos de las personas trabajadoras, especialmente en los aspectos más básicos de las relaciones laborales, que son el trabajo digno, la garantía de los salarios y el tiempo de trabajo. Desde mayo de 2020 se han iniciado alrededor de 10 000 inspecciones, de las cuales ya han finalizado 7137 con los siguientes resultados. En las inspecciones o expedientes finalizados se han detectado 3004 infracciones. De dichas infracciones, 874 corresponden a infracciones por trabajo irregular de personas extranjeras. Se han tramitado además 847 altas de oficio. Estas cifras nos ponen frente a una tozuda realidad, que además viene siendo denunciada constantemente desde hace muchos años por las organizaciones sindicales y agrarias, y que un país decente debe enfrentar con determinación. Y les digo más, de todas estas inspecciones se ha sacado una conclusión clara: la gran mayoría de los propietarios y propietarias de las explotaciones agrarias cumplen escrupulosamente la normativa laboral, y es especialmente a ellos y a ellas a quienes hay que proteger ante una situación que también les afecta negativamente, porque están sufriendo una competencia desleal constante de una minoría del sector que no es representativa y que no está cumpliendo con la ley. Por ello, además, hay que entender que los mecanismos sociales de la Política Agraria Común se deben dirigir fundamentalmente para aquellas explotaciones de pequeño y de mediano tamaño, sobre todo aquellas de carácter familiar, que viven de trabajar día a día la tierra y que lo hacen con enormes problemas y con enormes dificultades; estos deben ser los primeros objetivos para el reparto de los fondos del primer pilar de la Política Agraria Común. Además, de esto hay que sacar otra conclusión, y es que también tiene que ver con los precios de miseria que nuestros agricultores y nuestras agricultoras cobran por sus producciones, especialmente negativas de nuevo para aquellas explotaciones familiares. Estos mismos son los que, de nuevo, necesitan más ayudas para poder contratar a trabajadores y a trabajadoras, a quienes además les cuesta más trabajo hacerlo o les cuesta más trabajo sacar adelante su producción incluso para poder vivir o sobrevivir ellos mismos. Por todo esto en el Grupo de Unidas Podemos llevamos meses trabajando incansablemente con las organizaciones agrarias para acabar con otras prácticas abusivas, como son la venta a pérdidas, con mecanismos como los indicadores de costes como referencia para los contratos o la publicidad de los contratos para que vendan con precios justos y puedan sobrevivir dignamente y tener mejores salarios para sus trabajadores y trabajadoras. Esa es exactamente la misma lógica que se aplica a la labor de los inspectores y las inspectoras de Trabajo que están trabajando ahora mismo en el campo para que se respeten las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo. Frente a algunas barbaridades que hoy vamos a escuchar aquí no me voy a cansar nunca de señalar que la calidad de las condiciones económicas y laborales no son exclusivas de unos sectores sí y de otros no. Y lo digo claramente. Creo que es hora de que acabemos ―y en eso voy a trabajar de manera incansable― con los argumentos que justifican que el sector primario pueda tener unas pésimas condiciones en comparación con otros sectores, algo que tantas veces desgraciadamente he escuchado en esta sede parlamentaria y fuera de esta sede parlamentaria. Esto es por una cuestión muy básica y muy digna: que el campo merece las mismas, exactamente las mismas condiciones de dignidad que el sector bancario, que el sector industrial o que cualquier otro sector económico, porque el sector primario no puede ser menos que el resto. . Señorías, un campo con unas condiciones de trabajo dignas y con unos precios justos es importante y esencial para nuestro país, pero es aún más importante para la tierra de donde vengo, para Andalucía, ya que en mi tierra somos quienes más aportamos al sector primario, y no solamente de España, sino de toda Europa. Como andaluza, hoy y aquí estoy orgullosa de defender la labor de la Inspección de Trabajo, pero también estoy orgullosa de defender la industria gaditana, como ayer, con el mantenimiento de Airbus Puerto Real o ―de lo que hoy venimos a hablar― de las condiciones de trabajo dignas en el campo, y lo hacemos ―escúchenme bien― con la misma convicción con la que ya hablaba Blas Infante en 1913 cuando escribió el Ideal Andaluz. Y lo cito: «Yo tengo clavada en la conciencia desde la infancia la visión sombría de jornalero». Por eso, hoy más que nunca — y con esto termino, presidente—, Andalucía, desde este Grupo Parlamentario Confederal, defiende la dignidad en el campo y la seguirá definiendo siempre. Muchas gracias. .

María Carmen Martínez Granados Cs

Gracias, presidente. Gracias, señorías. Debatimos hoy en esta Cámara una iniciativa que pretende mejorar las inspecciones de Trabajo para garantizar algo que nos preocupa a todos: asegurar los derechos laborales de los trabajadores. Quisiera comenzar mi intervención dejando claro que, a pesar de la imagen que intentan presentar en España tan a menudo los partidos que gobiernan y sostienen al Gobierno, nuestro país es una democracia moderna, con muchas mejoras pendientes y deseables, motivo por el cual votaremos a favor de esta proposición no de ley con la transaccional que se ha alcanzado con otros partidos. Los que pisotean los derechos de los trabajadores no son una generalidad, tenemos que dejarlo muy claro, y hoy en su discurso tengo que decirle que he escuchado algo mucho más sensato. Es una minoría de trabajadores por la que hay que luchar para que puedan tener los mismos derechos que los demás. Pero no generalicemos, porque los empresarios de cualquier sector y de nuestro campo se levantan todos los días pensando que quieren lo mejor para su actividad y para sus trabajadores. Entrando en materia, me gustaría también recordar algunas evidencias, como la salud del mercado laboral español, que no es la que desearíamos. A los estragos que ha provocado esta crisis en el paro, en el cierre de negocios y en las afiliaciones a la Seguridad Social, se suman problemas crónicos, como la altísima tasa de temporalidad. Señorías, hablamos mucho de esta tasa de temporalidad sin que realmente sepamos de qué hablamos. Hablamos de contratos temporales encadenados durante años que conducen a la pobreza de los trabajadores, porque, señorías, desde el Gobierno, aunque se suba el salario mínimo interprofesional, si nos encontramos con trabajadores que solo trabajan cuatro meses, su poder adquisitivo seguirá siendo menor, mientras que si logramos que sean empleos más estables y de calidad, lograremos que realmente los trabajadores vivan dignamente. ¿Estamos ante un problema solo de falta de inspecciones o es un problema de que se sospecha que en España, porque sí, siempre se pisan los derechos los trabajadores? No, señorías, el problema lo tenemos en el propio diseño y funcionamiento de nuestro mercado laboral. ¿Por qué? Porque nos hace excesivamente dependientes de mecanismos como la inspección de Trabajo para controlar aquellos recovecos que la ley deja sin resolver. Este tipo de herramientas, así como la judicialización de los conflictos laborales, ponen en evidencia un problema estructural, y es que en España hay mucha indefinición sobre los motivos y las causas que pueden justificar un contrato temporal, un cambio de contrato o un despido. En el sector agrícola esto es todavía más grave, porque existe la figura del temporero que trabaja solo en algunas etapas del año. La consecuencia de esta indefinición es que, para paliar sus efectos, no solo hay decisiones laborales injustas para algunos trabajadores, que al final tienen que pleitearlas, sino que supone un importante gasto de recursos públicos que, de corregirse, aportarían mayor seguridad a las empresas y a los trabajadores y, además — y esto es muy importante—, se podría eliminar la incertidumbre en términos de coste relativo de las nuevas contrataciones, impulsando así un mayor dinamismo del mercado laboral. Señorías, este es el principal problema del sector laboral español, una excesiva temporalidad, el desempleo juvenil sangrante y, sobre todo, la falta de reformas. El Gobierno y los partidos que le apoyan no pueden despacharse de su responsabilidad con una PNL, cuando realmente lo que están prometiendo es derogar la Ley de la Reforma Laboral. ¿De verdad creen ustedes que eso ayuda a dar certidumbre a los trabajadores? Seamos un poco serios, pensemos realmente en los trabajadores y pensemos también en los empresarios, que son quienes tienen que hacer frente a ese tipo de eventualidades y a ese tipo de contratación. En definitiva, señorías, no conviertan cada debate en un plebiscito entre el bien y el mal. Y como en Ciudadanos nos tomamos muy en serio las iniciativas, les diré que es cierto que a veces — insisto en que se trata de casos muy puntuales— se dan situaciones de abuso que atentan directamente contra la dignidad del ser humano. Son conocidos por todos y afortunadamente son detectados. Son graves, graves excesos y abusos por parte de algunas explotaciones — como ha podido pasar puntualmente con la fresa en Huelva o en invernaderos de Almería—, pero no podemos criminalizar a todo el sector. Por ello, insisto, no debemos asumir esa imagen que se tiene a veces — y la verdad es que hoy agradezco a la señora Franco que la haya corregido—, esas palabras que siempre decimos de que es un maltrato generalizado al trabajador, cuando sabemos que nuestros agricultores son los primeros que quieren que sus trabajadores tengan un trabajo digno. Muchas Gracias. .

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Moltes gràcies, president. En la exposición de motivos me he encontrado con un dato significativo: de 7000 visitas que se realizaron en el 2018, se abrieron 4000 expedientes, y en los propios datos del Ministerio de Trabajo vemos que en este último año ha habido 2800 infracciones —¡2800 infracciones!— y sanciones por valor de 17 millones. Hemos encontrado explotación laboral, esclavitud y abusos sexuales, como en el caso de la fresa. Una constatación como valenciano: en el campo valenciano ya no se habla valenciano. ¿Por qué? Porque solo van personas a las que en muchos casos se les puede privar de sus derechos laborales. Yo me hago una reflexión. Cuando hablamos siempre de la corrupción — básicamente, la corrupción del Partido Popular, Gürtel y todos los pufos que tuvo— había empresas beneficiadas, aquellas que pagaban, y había empresas honradas que se veían privadas en muchos casos de esos contratos a los que legítimamente tenían derecho y afectaban a esas empresas y a sus trabajadores. En el campo pasa igual: cuando alguien defrauda, cuando se tiene a alguien en situación irregular, cuando alguien no les paga lo justo, cuando no respeta sus derechos laborales, no solo defrauda al Estado, no solo defrauda a sus trabajadores, es que hace una competencia desleal. Por tanto, sí que votaremos afirmativamente, porque entendemos que este es el camino para que las empresas puedan trabajar y competir en igualdad de condiciones.

Concep Cañadell Salvia JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Gracias, presidente. Nosotros estamos a favor de velar por el cumplimiento de la normativa laboral. En lo que no estamos de acuerdo es en estigmatizar a todo un sector. En mayo del año pasado distintos medios de comunicación publicaron una instrucción del Ministerio de Trabajo en la que se emplazaba a los inspectores de Trabajo a detectar durante la campaña agraria casos de explotación laboral y de tráfico de seres humanos para imposición de trabajo, de servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud. Estas palabras produjeron un gran malestar tanto entre los agricultores como entre las asociaciones de agricultores en Cataluña al criminalizar al sector. Creemos que no es la intención ni el objetivo de esta proposición no de ley, pero involuntariamente se les está estigmatizando al incluir exclusivamente al sector agrícola. Ustedes argumentan continuar con la campaña realizada por la Inspección de Trabajo con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa laboral coincidiendo con las épocas de mayor actividad estacional. El sector del campo no es el único sector donde se desarrolla una actividad estacional y temporal. Hay otros sectores donde se llevan a cabo actividades estacionales y temporales por las cuales no se ha presentado ninguna proposición no de ley para debatir en el seno del Congreso por si cumplen o no cumplen con la normativa laboral vigente. En la exposición de motivos de la presente proposición no de ley ustedes indican que la mayoría de los propietarios de explotaciones agrarias quieren cumplir escrupulosamente con la normativa. Les pido que rectifiquen; la mayoría de los propietarios de las explotaciones agrarias cumplen escrupulosamente con la normativa. En Lleida, la inmensa mayoría de los empresarios agrícolas cumple con la normativa y se ven perjudicados por una visión que no se ajusta a la realidad. Permítanme que les ilustre con los siguientes datos: en el año 2018, de las 523 inspecciones realizadas, tan solo se levantaron actas en un 2,6 % por faltas leves y en un 0,7 % por faltas graves. Cada vez las inspecciones dan lugar a menos actas positivas; entre 2015 y 2020 se han reducido a un 70 %. La agricultura es un sector básico para asegurar el acceso a la alimentación. Durante la pandemia de la COVID-19 fue reconocido como sector estratégico y esencial. Es un sector que, además, ayuda a fijar la población en el territorio y que crea oportunidades. En Lleida supone más de 33 000 puestos de trabajo. Por todo lo expuesto, nosotros estaremos siempre de acuerdo en velar por el cumplimiento de la normativa laboral, como no puede ser de otra forma. Ahora bien, no estamos de acuerdo en focalizar el problema en un sector concreto. Agradecemos la incorporación de nuestra enmienda para evitar dicha focalización. Gracias.

Jordi Salvador i Duch ERC-S

Molt bona tarda a thotom. El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos nos presenta hoy una propuesta no de ley que básicamente pone el acento en dos cuestiones; primero, la intensificación de los trabajos de la Inspección de Trabajo, tanto en el Estado como en las otras administraciones que, como la Generalitat, tiene competencia propia y transferida, y es verdad que las ha habido y felicitamos a la ministra por ello. Y, segundo, la necesidad de continuar y aumentar las inspecciones de Trabajo específicamente en el campo, remarcando que el sector agrario — como decía mi compañera antes— no es un sector más fraudulento que los otros; es uno más, porque hay fraude en todas partes. Por lo tanto, evidentemente, aceptamos también que no se estigmatice a todo el sector. Ahora bien, vayamos por partes. Que en el campo no haya más fraude que en otras partes no significa que no pueda haber situaciones especialmente penosas y personas especialmente vulnerables, y nos consta, como así nos ha indicado, por ejemplo, el sindicato del SAT, que se dedica de manera muy activa a denunciar constantemente esos casos de explotación, casos muy importantes. ¿Que pueden ser minoritarios? Sí, pero, ¡cuidado!, porque algunos casos son de tan flagrante perversidad que rayan, como decíamos bien, la esclavitud, y no es un adjetivo que en este caso sea gratuito. Además, aquí incide otra realidad que ayuda a la explotación, que es que el 34 % de todos los contratos son de personas mal consideradas ilegales, cosa que hace que esta explotación sea más fácil, y eso es una realidad que, aunque sea minoritaria comparándola con el resto, no quiere decir que desaparezca. Sin embargo, no tenemos inconveniente, como decíamos, atendiendo a las diferentes realidades nacionales y a los diferentes modelos de explotación agraria, en que podamos focalizar parte de la actuación de la Inspección de Trabajo en el campo, que es lo que toca en estos momentos. Efectivamente, señorías, hay que seguir aumentando la actuación inspectora, más sabiendo que, debido a la magnitud de los fraudes, la Inspección de Trabajo se financia sola con las propias sanciones. Y no solamente en el campo, también lo haría en la costa y en otros sitios. Faltan inspectores de Trabajo y, viendo la magnitud de las sanciones, se pagan solos. Luego no existe excusa para no hacerlo. En esto muchos estaremos de acuerdo. Pero lo que resultaría útil es estar discutiendo cómo se puede hacer más efectiva y más justa la actividad de los inspectores del campo, y aquí van algunas ideas desde el Grupo Republicano que recogemos de los diferentes sindicatos y agrupaciones que denuncian estas realidades. Donde haya explotaciones agrarias marcadamente rurales se puede especializar el cuerpo, por ejemplo, motorizándolos. Una inspección sin efecto sorpresa es mucho menos útil, y aquí es una demanda que recogemos del sindicato SAT y me parece que es muy pertinente. Luego está una de las partes para nosotros más importantes. Hay que regularizar a las personas migrantes sin papeles que cuenten con contratos de campañas de cuatro a seis meses. No se puede exigir arraigo y contrato de un año porque esto es una condición imposible para estos colectivos. Hoy tenemos a más de 600 000 personas en situación de irregularidad, muchas de ellas son los llamados jornaleros o temporeros, que deben ser regularizados, para nosotros, de manera urgente, permanente y sin condiciones. . Y ya no solo por causas humanitarias — que sobre todo—, sino también, incluso, por causas económicas y de necesidad. Hay que promover los convenios sectoriales y vigilar su cumplimiento. Hoy muchos convenios no existen o no se cumplen, y esa es la otra realidad. De hecho, para que veamos la magnitud — que no por ser minoritaria deja de ser menos importante—, incluso el propio Relator de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, hizo balance, en su visita al Reino de España en 2019, y en palabras literales suyas le dejó pasmado ver in situ la situación de los recolectores de fruta en ciertos lugares, que vivían — dijo— como animales. Mientras, grandes empresas ganan millones de euros y hay que actuar. No lo dice el SAT, sino que lo dice el Relator de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. Hay que obligar a las empresas a facilitar el alojamiento gratuito de aquellas personas trabajadoras que se desplacen por periodos de larga duración lejos de su residencia habitual, y eso exige actuación de la Inspección de Trabajo, sí, pero también requiere de nueva legislación integral y, aparte de esto, de las diferentes administraciones. Por último, una de las grandes lacras para los trabajadores y trabajadoras del sector es el abuso de la contratación por parte de las ETT y de las empresas multiservicio, una de las grandes lacras de esta sociedad, donde se crean la mayor parte de las condiciones de trabajo no ajustadas a la normativa y, en algunos casos, a los derechos humanos. Hay que poner límites a este abuso. Señorías, la dirección que ha tomado la inspección es buena, pero la velocidad e intensidad de esta implantación aún es insuficiente. Necesitamos más inspectores, más compromiso con los trabajadores del campo, más cambios legislativos y más coordinación con el resto de las administraciones. Muchísimas gracias. .

Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

Muchas gracias, señor presidente. Con todo respeto a la libertad y a la capacidad del cuarto grupo parlamentario de la Cámara y copartícipe del banco azul para utilizar su cupo de iniciativas como considere conveniente, esta proposición no de ley es un colosal desperdicio, porque forma parte de una literatura política evanescente, sin utilidad práctica para los españoles y, muy particularmente, sin utilidad práctica para aquellos que trabajan y viven del campo, esforzados héroes de la vida cotidiana. Señorías, en el medio rural de España tenemos un modelo productivo cuyo futuro está seriamente amenazado y el Gobierno de Pedro Sánchez no está a la altura de sus exigencias y de sus desafíos. Unidas Podemos, una de las dos organizaciones políticas que integran el Ejecutivo, contribuye a difundir el clima de sospecha, extendiendo a troche y moche las dudas sobre el cumplimiento de los derechos de los trabajadores — recomendaciones etéreas que en un Estado democrático de derecho resultan completamente innecesarias, porque para eso tenemos unas leyes, unas administraciones y unos funcionarios públicos— y, finalmente, insta también a proteger a los empresarios de la competencia desleal; eso sí, matizan ustedes que a la mayoría de los empresarios, con lo cual la lucha contra la competencia desleal parece que se hace dependiendo de criterios de distinción, cuando lo insoportable para todos nuestros productores, para la actividad económica y para el empleo en el medio rural es hoy la competencia desleal de terceros países. Sin embargo, de este grave problema, ni una palabra. En este sentido, quisiera recalcar que uno de los principales problemas del campo viene derivado de la invasión de la cadena alimentaria con productos similares de procedencia extracomunitaria, de peor calidad, producidos en condiciones que nada tienen que ver con los estándares europeos, con costes mucho más bajos por la merma en origen de los derechos de los trabajadores, comenzando por los salariales y por sus pésimas condiciones laborales, y que en no pocos casos carecen de las garantías sanitarias y de seguridad alimentaria que se exigen en España, lo cual es, además, un fraude a todos los consumidores. Sin embargo, estos productos llegan a España y llegan al mercado con las mismas condiciones que los nacionales, pero a precios mucho más baratos, lo cual resulta asfixiante para nuestros productores y un colosal varapalo para nuestros trabajadores. Siendo críticos con el Ministerio de Agricultura, por su papel pasivo y condescendiente en las negociaciones para la nueva política agrícola común y más críticos aún si cabe por su sumisión y la de todo el Gobierno a la imposición de la Agenda Verde — a la que están arrastrando a la agroganadería y a la pesca, lo que ha despertado la desconfianza en muchos sectores—, desconocemos la labor al respecto del Ministerio de Consumo, cuyo titular es precisamente de la órbita del grupo que plantea esta cuestión. Señorías, como acabamos de escuchar, la cuestión que se plantea tiene una segunda variante propagandística para poner en valor la tarea de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social respecto a las labores del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social que depende de este Ministerio. Conviene recordar al respecto que las inspecciones se intensificaron en el ámbito agrícola a raíz de la extensión de la pandemia del COVID-19 y con objeto de detectar posibles casos de explotación laboral e incluso de esclavitud. Sin embargo, no hacía falta que llegase al Gobierno de España la señora Díaz Pérez para que la ITSS cumpliese sus obligaciones en la detección de infracciones y el levantamiento de actas. En nuestro país se vienen realizando inspecciones desde hace décadas con Gobiernos de todos los signos y en relación con todos los sectores económicos. Lo que no se hizo nunca fue el descarado ejercicio de autobombo que divulga los resultados de las inspecciones, la imposición de sanciones y la regularización de trabajadores, como si estas medidas y resultados fuesen inéditos en la historia España. Señorías, no se puede criminalizar al conjunto de explotaciones agrícolas o ganaderas. Desgraciadamente, la existencia de infraempleos también afecta a otros ámbitos, no solamente al campo, y el combate contra el abuso laboral es una tarea a la que estamos obligados ayer, hoy y mañana, mandatados no por la ministra Díaz, sino por la Constitución española que, en su artículo 40 — y entre otros aspectos— convoca a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo, garantizar el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Por lo tanto, esta iniciativa parlamentaria no insta a nada nuevo al Gobierno. Es un ejercicio de campanario, que no provoca más que ruido y mucho enfado entre los agroganaderos que ustedes dicen defender. En consecuencia, señor presidente, votaré en contra. Muchas gracias.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, arratsalde on. Muchas veces para que en esta Cámara se tomen decisiones, para que en esta Cámara seamos sensibles ante los sufrimientos, es importante que haya gente y que haya colectivos que denuncien y hagan una labor de persecución de verdaderas aberraciones, y eso es lo que ha hecho el Sindicato Andaluz de Trabajadores durante años. Aquí se ha hablado de las excepciones y no voy a negar que sean excepciones, pero son unas cuantas. Son excepciones que tienen nombres y que aterrizan en localidades seguramente de gente muy honrada pero donde se dan prácticas muy deleznables. Podríamos hablar de Almonte, de El Rocío, de Palos de la Frontera, de La Chaparilla en Lucena del Puerto en Huelva, de Somonte en Almería, de Sevilla. Podríamos hablar de cómo en el campo andaluz se ha permitido que se den prácticas de precariedad y de semiesclavitud durante mucho tiempo. Y no, señorías, no estoy hablando ni de Ohio ni de Virginia ni del siglo XIX ni de los Estados esclavistas de los actuales Estados Unidos de América. Estoy hablando de que existe una legislación que, pese a que la mayoría de los industriales agrícolas hagan bien las cosas, está permitiendo que otra gente desalmada esté explotando a seres humanos. Esa es la realidad con la que hoy tendríamos que empezar a acabar. Por eso, nosotros vemos de este modo y no de otro esta iniciativa. Cierto es que no se puede criminalizar, pero es absurdo que nos agarremos solo a que no se puede criminalizar a determinados sectores para, a la vez, no hacer nada con otros que conviven con aquellos a los que no se puede criminalizar; es decir, que permitamos que unos lo hagan bien y que otros exploten a personas. En definitiva es eso: precariedad, explotación y semiesclavitud. ¿Y con quién? Pues, con los más vulnerables, con todas esas personas que carecen de papeles, con todas esas personas que se encuentran en situación irregular; personas a las que se veja y a las que se somete a condiciones laborales que no querría ninguno de ustedes para alguno de sus allegados o allegadas. Esa es la realidad en la que tienen que malvivir y ante la que muchas veces se han hecho oídos sordos para no perjudicar al campo, aun cuando se estaba perjudicando al propio campo mirando para otro lado. Son trabajos duros y precarios en esos que decíamos que eran sectores esenciales. ¿Se acuerdan de los sectores esenciales de los primeros meses de la pandemia? Ahí estaban también los trabajadores del campo. Nadie miró si tenían papeles o no. Se les pidió que fueran a trabajar y no se miró siquiera las condiciones laborales en las que lo hacían ni las condiciones de destajo y de explotación en las que tenían que malvivir. Yo creo que no es solo una necesidad que haya más inspectores para que acaben con esas prácticas, sino que es algo que les debemos a todos aquellos que se han partido el lomo — esta vez sí se puede decir de una manera muy gráfica— para que llegaran alimentos a nuestras casa y para que todos pudiéramos llevar de la mejor manera posible esos duros tiempos. Además, esta circunstancia revela un dato muy evidente, que es que hay dos relatos. Hay quien piensa que los migrantes son los culpables de todo. Hay quien piensa que los migrantes son los que nos vienen robar, los que vienen a violar a nuestras hijas, los que vienen a vivir de las ayudas y de las paguitas. Pero, en realidad, lo que no se quiere decir es que cientos de miles de personas migrantes están trabajando en el campo haciendo los trabajos que ustedes no querrían hacer; y están haciéndolos recordándoles a ustedes y a todos y a todas que si hay algo en este Estado es memoria migrante, porque en algún momento de la historia de este Estado muchos de nosotros y de nosotras o de nuestros antepasados tuvieron que salir a buscar fuera lo que aquí no eran capaces de obtener. Nos alegra que se vaya más allá de las inspecciones en el campo, porque nos mete más en el debate. Es una realidad que observamos por solidaridad, pero que quizás no vivamos con la misma intensidad que los compañeros y las compañeras de la nación andaluza. Creemos que hacen falta más inspectores, que hacen falta más medios, que hace falta más alcance en las decisiones y, sobre todo, que hace falta más cobertura legal para que los inspectores que detecten irregularidades y quieran sancionarlas puedan hacerlo. Porque hasta ahora la reforma laboral de 2012 permitía que el papel de los inspectores quedara maniatado y limitado por las capacidades y las necesidades de las grandes empresas. Por eso, nos alegramos de que se amplíe el radio de acción de las denuncias a realizar por las inspecciones. Creemos que hay que prestar atención al papel de las mujeres en el mercado laboral, porque sigue existiendo el techo de cristal y la brecha de género y porque vemos — así se señala en diferentes medios— que muchos empresarios están utilizando las horas extra para compensar al alza a los hombres frente a las mujeres. Creemos, también, que hay que acabar con la temporalidad y con el fraude que se da por ella, de lo que son copartícipes en buena medida las empresas de trabajo temporal. Y creemos también que hay que mirar al sector industrial, porque no es normal que muchas de las empresas vascas — y podría hablar de PCB, de Tubacex, de Petronor o de cualquier otra— estén viendo cómo entre las gentes que despiden siempre están las mujeres que tienen reducción de jornada por haber hecho algo a lo que esta sociedad les empuja y les dice que hay que hacer, que es atender al cuidado y a la corresponsabilidad en el cuidado de nuestros menores. Termino con una cuestión. Vamos a apoyar por solidaridad internacionalista, como decíamos en el inicio, lo que tiene que ver con los trabajadores del campo; por solidaridad internacionalista y porque probablemente muchos de los vascos y vascas de izquierdas de nuestro país tienen grabado aquello que decían los Reincidentes: Que mi voz suba hasta el monte / que mi voz baje al barranco / hasta que los jornaleros se apoderen de los campos. Que así sea. .

Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

Señor presidente, señorías, cuando leo este tipo de proposiciones no de ley en las que se insta al Gobierno desde el partido del Gobierno a hacer algo que tendría que haber propuesto el Gobierno, no voy a decir que se me ponen los pelos como escarpias, pero la verdad es que sí me pongo en prevención. Eso para empezar. Segundo. Se trata de una proposición no de ley y es verdad que una proposición no de ley es una declaración de intenciones, pero es una declaración de intenciones en la que, desde luego, se tendrían que concretar más cosas, porque he oído muchas más razones para votar a favor de esta proposición no de ley expuestas por los grupos que han intervenido que las que ha expuesto el propio proponente. Es cierto que estamos aludiendo a una realidad que está ahí y que es una proposición no de ley no ya para actuar en el ámbito laboral, no ya para actuar en favor de determinados colectivos, sino para actuar posiblemente ante la situación más vulnerable que puede existir en estos momentos. En principio, al margen de la transaccional que nos han mencionado, se dedica a la gente que trabaja en el campo y, ¡ojo!, sabemos que de 1 800 000 extranjeros que hay, alrededor de 280 000 están dados de alta en el régimen agrario y son, por tanto, quienes han podido estar sometidos a estas condiciones de precariedad. Por tanto, creo que las medidas que se podían haber propuesto — o que se deberían haber propuesto en una proposición no de ley— y que deberían comprometer al Gobierno a hacer algo que no ha hecho es lo que le falta a esta proposición no de ley. Estamos hablando de un sector precarizado, estamos hablando de un sector con trabajo temporal, pero estamos hablando también de un sector para el que han existido soluciones en sitios diferentes. Se ha acudido al contrato en origen para evitar fraudes y explotación. Se ha acudido también a la determinación de cuál es el formato de vivienda que pueden ocupar y no las indignidades a las que han sido sometidos en muchas ocasiones. Se tiene que fiscalizar también qué tipos de contratos se hacen y no permitir las altas ficticias que se producen en la contratación y que no se liquidan hasta la terminación no ya de la obra, trabajo o servicio, sino de la peonada a la que están sometidos, lo que desde luego no parece que sea demasiado adecuado para evitar esas condiciones de explotación en la que viven muchos. Salvo alguna excepción, creo que todos hemos entendido que es una situación en la que se trata de prevenir y de encauzar, a través de la actuación inspectora, una determinada situación que es la más expuesta a la explotación de las que pueden existir en estos momentos. También he visto que se hace mención a un número de actuaciones de la Inspección de Trabajo — Inspección de Trabajo que, por cierto, en muchos casos está transferida y, por lo tanto, exige una coordinación con las comunidades autónomas— que, siendo importante, no lo es tanto con relación al margen de explotación o al colectivo realmente explotado al cual se está refiriendo. Además, hay otra cuestión a la que también se ha hecho mención y es que la falta de actuación inspectora en este sentido redunda en otro ámbito que entiendo que es relevante, el de la competitividad, el de las empresas que sí cumplen frente a aquellas que son incumplidoras y actúan en una posición de ventaja competitiva. Pues bien, señorías, estas situaciones no son las que se han expuesto en la proposición no de ley. Se nos ha pasado luego una transaccional en la que se hace una ampliación ya no solo a esa cuestión, sino a otros ámbitos determinados y también se hace referencia a las empresas de trabajo temporal. La vamos a estudiar, pero, en principio, yo voy a hacer una recomendación — y no solo al grupo proponente, sino al otro que forma parte del Gobierno— en el sentido de que instar al Gobierno a ejecutar algo que ha podido ejecutar y que ha debido ejecutar para evitar aquello que precisamente nos están proponiendo no es un mecanismo aceptable en este Parlamento. No nos gusta en principio la proposición no de ley tal cual está. Entendemos todas las razones y participamos de todas las explicaciones que se han dado, pero, en principio, no nos gusta. Salvo que la transaccional nos aporte algún grado más de certeza, posiblemente nos abstengamos, pero lo pensaremos de aquí a entonces. Muchas gracias.

Ricardo Chamorro Delmo VOX

Con la venia, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Nos encontramos ante una proposición no de ley que incide en las inspecciones extraordinarias a los agricultores, en criminalizar al sector agrario español planteando una presunción de culpabilidad en el ámbito laboral de todo un sector estratégico para España. Es un sector con una dimensión social fundamental para nuestra economía, pero el comunismo lo quiere culpabilizar sin prueba alguna, beneficiando la despoblación y a los grandes grupos económicos que acaparan los suelos fértiles que están siendo abandonados. Podemos quiere contribuir al abandono del campo, seguramente porque allí ya casi no les vota nadie, y coincide en esto con importantes poderes económicos extranjeros, como es el caso de Reino Unido, que hizo el año pasado un reportaje en la BBC donde se ponía bajo sospecha al empresariado agrario español relacionándolo con supuestas prácticas laborales ilegales en Almería. Es el mismo Reino Unido que firma acuerdos comerciales con la autarquía marroquí, donde los derechos sociolaborales son prácticamente inexistentes y donde casualmente se están fomentando las explotaciones agrarias convencionales superintensivas en el olivar o en el sector hortofrutícola, producciones que compiten de manera directa con los productores españoles de Almería. ¡Qué casualidad! Este reportaje de la BBC fue compartido en redes sociales por Teresa Rodríguez, portavoz de Podemos en Andalucía en aquel momento, acusando directamente a los agricultores de Almería de explotación y esclavitud. También la hasta hace poco diputada de Podemos María Márquez Guerrero criminalizó a los empresarios agrícolas de la fresa el año pasado de manera general acusándolos de esclavitud, violación de derechos laborales y fraude fiscal. La ministra comunista de Podemos Yolanda Díaz utiliza el Ministerio de Trabajo y al Cuerpo de Inspectores de Trabajo para campañas extraordinarias exclusivamente contra el sector agrario, alimentando el desprestigio del sector y atacando al campo español. Lo último de este ministerio es enviar miles de cartas a los agricultores, donde explica a los empresarios del campo que deben transformar los contratos temporales en indefinidos, despreciando el hecho de que en el sector agrario la mano de obra temporal en la recogida de las cosechas es clave en distintos sectores como la fruta, las hortalizas o el vino. De hecho, el empleo agrario está marcado por la estacionalidad de las campañas, la fuerte dependencia de trabajadores temporeros, la larga tradición y arraigo de las fórmulas y regímenes singulares de contratación que contempla la negociación colectiva del sector o las dificultades para cubrir necesidades de mano de obra en las diferentes tareas agrícolas. El trabajador eventual es la columna vertebral del empleo agrario. La mayoría de los contratos que se realizan en el campo son eventuales porque son contratos de campaña que no llegan a convertirse en fijos discontinuos en la regulación del convenio colectivo en vigor. El Gobierno muestra con estas medidas su desprecio y desconocimiento por el sector agrario y por su régimen específico. . Este grupo parlamentario no aboga por que el Ministerio de Trabajo y el Cuerpo de Inspectores de Trabajo no cumplan con su obligación, pero rechazamos campañas extraordinarias y persecutorias de estas características, solo y exclusivamente contra el sector agrario, trufadas de sectarismo y prejuicios contra los propietarios agrarios. Que quede claro en este hemiciclo: en España no hay esclavitud. . En cambio, no aseguramos esto en países terceros que están inundando el mercado europeo de productos agrícolas sin control, hundiendo nuestros precios y compitiendo de manera desleal con nuestros productores. ¿Por qué no denuncian ustedes la falta de derechos laborales y sociales en países islámicos en vez de atacar al tejido nacional? . ¿Por qué no protegen las fronteras de Europa y a nuestros agricultores de la competencia desleal? Si existieran irregularidades particulares en el ámbito laboral, que se sancionen, pero este ataque constante a todo un sector de manera general es indecente. La obsesión de los revolucionarios totalitarios contra el mundo rural y los pequeños propietarios agrarios no es nueva, y es que el mundo rural es la antítesis de vuestro comunismo. En VOX votaremos en contra de este despropósito y nos opondremos siempre a vuestros desmanes contra el campo español. .

José Ortiz Galván PP

Gracias, presidente. Señorías, el debate que trae hoy Podemos con esta PNL no tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores temporeros. Su único objetivo es seguir ninguneando, es seguir demonizando, es seguir desprestigiando a los agricultores de este país. Quieren un campo en el que solo haya margaritas y plantas para ser felices, no creen en el sector. Señorías, ¡si es el Gobierno el que está provocando con su acción y su omisión la mayor precariedad laboral en el campo español! Sí, señorías, cuando más precariedad laboral hay en el campo de nuestro país es con el Gobierno socialcomunista. Es muy fácil de comprender. ¿Cómo pretenden que nuestros productores agrícolas mejoren las condiciones laborales en el campo si les aumentan los costes de producción, les suben la factura de la luz un 50 %, les asfixian a impuestos, les reducen la capacidad de venta con la Ley de la cadena o les suben los costes laborales? Señorías de Podemos con el apoyo del PSOE, si realmente quieren mejorar las condiciones de trabajo en el campo, rectifiquen — recuerden que solo aciertan cuando rectifican— y continúen la buena política puesta en marcha por los Gobiernos populares de bajar impuestos, reducir los costes de producción y flexibilizar la regulación. El campo solo va bien cuando gobierna el Partido Popular y nuestros agricultores y ganaderos lo saben. . Y algo muy simple de entender: a los poquitos que incumplen la ley, aplíquensela, pero sin aspavientos y sin malvados titulares de prensa de la ministra Díaz demonizando y estigmatizando a un sector responsable como es el del campo. Nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros productores del sector primario son gente honrada, son gente honesta, son gente trabajadora que se supera día a día para seguir dando lo mejor de sí , creando empleo y haciendo que los productos agroalimentarios lleguen a los hogares de nuestro país y también al resto del mundo. Es el primer sector exportador de España. Lejos de ningunear al campo español, hay que aplaudirlo. Pero señorías, ¡si en cualquier empresa agrícola de este país hay más capacidad de trabajo y de esfuerzo que en todo el Grupo Parlamentario de Podemos! ¿Habla Podemos de derechos laborales? ¿El mismo partido cuyo secretario de organización, el señor Echenique, fue condenado por no dar de alta a su asistente? ¿O el mismo partido que ha tenido que restituir a una abogada a la que despidió irregularmente? Decía, y lo mantengo, que el objetivo de Podemos con esta PNL, y con la complicidad socialista, es desprestigiar al campo español; sí, desprestigiar al campo, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos. En febrero de 2020, nada más echar a andar el nuevo Gobierno, en la exposición de motivos del Real Decreto-ley de la cadena alimentaria ya se decía que en el sector agrario había falta de seguridad y de garantía. ¿Saben el impacto que esto tuvo en las exportaciones y el daño que se le hizo al campo español? Pero es que hay más, es que Podemos ha dicho que hay que prohibir el consumo de carne los lunes. Pero es que hay más, es que Teresa Rodríguez, de vuestra cuerda ideológica, llegó a pedir que no se compren frutas y verduras de Andalucía porque en mi tierra, Andalucía, la gran mayoría de los empresarios del campo explotan a los temporeros. Curiosamente es el mismo discurso de Bildu. A mí, como andaluz, me produce náuseas escuchar a un diputado de Bildu, que no condena el terrorismo, acusar de explotadores a los agricultores y a los ganaderos de mi tierra, Andalucía. Mire usted, señor portavoz de Bildu, lecciones de derechos humanos de usted, ninguna, absolutamente ninguna. . Señorías, si realmente quieren mejorar las condiciones de los temporeros que vienen buscando un empleo, ¿por qué España fue el último país en regular sus movimientos y desplazamientos durante la pandemia, una vez que Europa los posibilitó? ¿Por qué cuando aprobaron el real decreto lo aprobaron tarde y mal, no cumpliendo los objetivos ni los plazos, con las correspondientes consecuencias para los temporeros? El Partido Popular fue el único en presentar enmiendas y algunas de ellas se aprovecharon. Nos preguntamos, ante tales ataques al campo, ¿dónde está el ministro Planas? Cuando más falta le hace al campo, tenemos al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación más cobarde. Mostramos nuestro apoyo al campo, nuestro apoyo a los agricultores y ganaderos, nuestro apoyo a las organizaciones agrarias y lo volveremos a mostrar con un Gobierno popular presidido por Pablo Casado. Señorías, no muerdan la mano nos da de comer: nuestros agricultores y ganaderos. Muchas gracias. .

Manuel Gabriel González Ramos PSOE

Gracias, señor presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Desde hace muchos años, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene entre sus objetivos luchar contra la precariedad laboral y el trabajo irregular de ciudadanos extranjeros intensificado en los últimos años. El objeto de las actuaciones es la detección tanto de posibles infracciones administrativas en el orden social como de posibles conductas constitutivas de delito contra los derechos de los trabajadores, como así se contempla en la redacción del nuevo Plan Estratégico 2021-2023, con el fin de adaptar la Inspección de Trabajo a las necesidades actuales del mercado de trabajo. Como en otros sectores de alta temporalidad, la Inspección de Trabajo refuerza ese objetivo en las labores del campo por la singularidad que presentan, tanto por la temporalidad, ya que se producen en determinadas épocas del año — principalmente ahora en primavera-verano—, como por su localización, centrándose en las provincias donde tienen mayor impacto laboral las campañas agrícolas. La brevedad de las campañas agrícolas y la diversidad de empleadores hacen necesario contratar a muchos trabajadores para un periodo de tiempo muy corto, o bien pocas semanas, o bien muy pocos días; particularidad que se manifiesta de forma diferente según el tipo de campaña y el territorio donde se produce. Hay altas necesidades de mano de obra en estas fechas, en junio, julio y agosto, para frutales de hueso, frutales de pepita, ajo, melón, sandía o para la vendimia ya a partir de mediados de agosto. En definitiva, muchas campañas agrícolas con altas necesidades. Del cometido de la Inspección de Trabajo en determinadas campañas agrícolas y de la experiencia inspectora del último año se puede concluir — insisto, se puede concluir— que las prácticas irregulares son minoritarias, como así lo reconocen o se puede inferir de los propios resultados de la Inspección de Trabajo. Es decir, tal como se podía esperar, la inmensa mayoría de los empleadores agrícolas están comprometidos, lógicamente, con el riguroso cumplimiento de la legislación laboral y con una clara voluntad de querer hacer bien las cosas. Es verdad que algunos — unos pocos, muy pocos— no respetan los derechos laborales. Causan mucho dolor y vergüenza y atentan contra un Estado garante de los derechos y libertades, como España, y la resonancia mediática es mayúscula. Los incumplimientos hay que perseguirlos por varios motivos. Uno, por mandato constitucional, que obliga a los poderes públicos a la protección de los derechos de los trabajadores. Dos, por el imperativo ético y político del Estado de derecho de salvaguardar la dignidad de las personas frente a agresiones, abusos y discriminación en el mundo laboral. Tres, por el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad Social. Y, cuatro, también y muy importante — insisto, muy importante—, por la protección del propio agricultor, del propio empresario. Y es que cualquier incumplimiento provoca dos cosas: por un lado, competencia desleal entre empresarios, entre agricultores, y, por otro, puede provocar una imagen negativa en el entorno de contratación que perjudica la reputación de los mismos. Hay que recordar que el sector agroalimentario ha aumentado las exportaciones en los últimos años en más de 57 000 millones de euros, un 5 % más con respecto al último año. España es el cuarto exportador agroalimentario de la Unión Europea y el octavo del mundo. Cualquier producto agroalimentario exporta no solo la calidad de la marca España sino también la dignidad y la legalidad como valores de la responsabilidad social de nuestro sector agroalimentario , contribuyendo a la reputación de nuestros productos y, por tanto, a la reputación de nuestro país. La marca España en general, y en particular la referida a la gran calidad de nuestros productos agroalimentarios, marca la diferencia con la competencia internacional. Por tanto, el respeto de los derechos de los trabajadores también es y debe ser una marca distintiva de nuestra agricultura. El compromiso de este Gobierno con la justicia, con la igualdad y con la solidaridad es avanzar hacia un mercado laboral eficiente y justo que destierre las prácticas propias de otros tiempos, de muchos años atrás. Puesto que me quedan treinta segundos, quiero aprovecharlos con todos ustedes, con todos los diputados, con toda la Cámara, con todos los grupos, ya que con motivo de esta PNL estamos hablando de agricultura y de agricultores, para que nos congratulemos del acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Estados Unidos para la suspensión de los aranceles durante los próximos cinco años, que afecta al aceita de oliva, a la aceituna de mesa, a los cítricos y al queso, entre otros muchos. Muchas gracias, señor presidente. .

Isabel Franco Carmona UP

No. Estamos preparando una transaccional, que le enviaremos pronto.

Carolina Telechea i Lozano ERC-S

Gràcies, president. Señorías, en derecho existe una extendida y gráfica teoría relativa a la validez de las pruebas que se conoce como la doctrina del fruto del árbol envenenado. Muchas de ustedes son juristas de reconocido prestigio y sin duda sabrán que esa teoría se refiere a que cualquier prueba que haya sido obtenida por medios ilícitos no puede ser considerada válida en juicio o, dicho de otra manera, que cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier nexo esté viciada debe ser declarada nula. Pues bien, en este Estado ―y permítanme la metáfora― existe un árbol envenenado, el relato oficial de la Transición, y a ojos de cualquier observador mínimamente crítico los frutos de ese relato deben ser considerados nulos, deben ser vistos como burdos engaños. También respecto a los hechos del 23 de febrero de 1981. Si no, ¿por qué se mantiene en secreto? Tener clasificada la documentación sobre el 23-F supone esconder la verdad sobre el caso y negar a la ciudadanía el acceso a la verdad, a la historia. ¿Qué se esconde en esa documentación que sea tan importante como para necesitar ocultarla? ¿Por qué se esconde? ¿A quién se protege? Que cada cual saque sus eméritas conclusiones. Hoy mi grupo parlamentario trae a debate de la Cámara una propuesta muy simple, muy nítida, que nos permitirá esclarecer quién está más preocupado por la verdad y quién lo está más por proteger los privilegios heredados del siglo pasado. Señorías, hoy traemos a debate una proposición no de ley para desclasificar y dar a conocer todos los documentos escritos, sonoros o de vídeos que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al golpe de Estado del 23-F. ¿Qué motivos racionales y democráticos podría haber para oponerse a ello? Ojalá la bancada de la extrema derecha o de la derecha extrema pudiera darme alguno, pero me temo que todos sabemos de antemano qué van a votar y por qué. Queremos decir claro, para que a nadie le quepa la menor duda, que ninguna mentira de Estado sirve para cerrar heridas. Hoy, superado el 40.º aniversario del 23-F, venimos aquí a intentar demostrar definitivamente la falsedad de una de las mentiras de Estado más repetidas en las últimas décadas, y es que el 23-F fue cosa de cuatro militares ultraconservadores que, sin complicidad de ninguna estructura política, social, económica, eclesiástica y militar, solos y por propia iniciativa, decidieron intentar tomar el Congreso. Ya me perdonarán, pero esto no hay quien se lo crea. Y si lo que estoy diciendo les parece un disparate, desclasifiquen los documentos y comprobémoslo. Ese relato de la modélica transición a la democracia cada vez resulta menos creíble; eso de acostarse fascista y levantarse demócrata, así, solo intuitivamente, suena a mentira. De hecho, cuando uno resulta ser jefe del Estado por designación directa del dictador, de entrada no tendría el perfil ideal de candidato para liderar una democracia. Y claro, que a alguien con ese historial se le intente vestir con una capa de heroicidad y se le quiera colgar la medalla de ser el salvador que frenó el golpe de Estado del 23-F, como mínimo chirría un poco. Y si lo que estoy diciendo les parece un disparate, desclasifiquen los documentos y comprobémoslo. Diputadas y diputados, estamos ante un insulto a la verdad. El falso relato edulcorado construido alrededor de los hechos del 23 de febrero de 1981 solo se aguanta por la Ley de Secretos Oficiales del Estado, una ley preconstitucional y totalmente opaca. Pero cada día que pasa le sale una nueva grieta a ese muro de contención, una nueva grieta en forma de investigación periodística o historiográfica o en forma de desclasificación de informes oficiales de terceros Estados. Sin embargo, el Reino de España se mantiene firme en su insostenible mentira. Basta ya. A estas alturas nadie que no viva de ello se puede creer que el general Alfonso Armada, cuyo indulto, por cierto, no levantó muchos recelos en la derecha, que fue quien lideró el golpe de Estado, no contara con la complicidad y participación de buena parte de las élites económicas, políticas, judiciales y militares franquistas que conservaron su poder tras la transición. Nadie se puede creer que el Estado — supuestamente— tiene pruebas para encausar a más de tres mil personas por la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña y que, en cambio, por una irrupción armada ―y repito, armada― en las Cortes apenas hubiera indicios contra treinta personas. Eso no se lo cree nadie. Insisto en que si lo que estoy diciendo les parece un disparate, desclasifiquen los documentos y comprobémoslo. Para finalizar, quisiera decir que esta no es una iniciativa para conseguir un titular. Esta es una proposición no de ley que traemos a debate porque creemos que se puede aprobar y queremos que se apruebe. En esta Cámara somos varios los grupos no sospechosos de formar parte del régimen del 78. Por ejemplo, mi partido no pudo concurrir a las elecciones del 77 con sus propias siglas, porque estaba ilegalizado. Comprenderán que no sienta como mía la Constitución española a la que dieron lugar esos comicios ni que me sienta parte del relato lampedusiano sobre el que se sustenta, eso de cambiarlo todo para que todo siga igual. Señorías del Partido Socialista, hoy tenemos la oportunidad de dar un paso importante hacia la verdad y la justicia. Acompañémonos. Hagámoslo. Gracias. .

Guillermo Díaz Gómez Cs

Gracias, presidente. Esquerra, Bildu y las dos ramas de Convergència traen aquí una propuesta muy interesante para aclarar el golpe del 23-F. Eso dicen. Que presenten esto ustedes puede tener dos intenciones. Una es la intención científica. Como buenos golpólogos están ustedes interesados en la pulsión que lleva al animus ‘golpandi’ y, claro, el 23-F es a la golpología lo que el Renacimiento al arte. Aunque hay otros momentos estelares de la golpología a los que me voy a referir. Por tanto, si lo que quieren ver es la evolución del homo ‘golpandis’, se la enseño yo, es sencilla. . ¿Qué une a Companys, a Tejero y a Puigdemont? El animus ‘golpandi’ o el nacionalismo. Ya está, se acaba la investigación aquí. Si lo que les interesa es el ánimo científico, está claro. Otra cuestión es que quieran de verdad arrojar luz sobre la historia de España, y aquí viene nuestra enmienda. Si su intención es sincera, les hemos presentado una enmienda para que ustedes colaboren también para aclarar un poco algunos episodios sombríos que tenemos en la historia de España. ¿En que pueden colaborar los proponentes de esta proposición no de ley? ¿En qué puede arrojar luz Esquerra Republicana de Cataluña? Por ejemplo, cuéntennos esos episodios sombríos en los que una facción de su partido se reúne con los italianos de Mussolini. Cuéntennoslo. Eso afectó a la historia de España. O dígannos de qué hablaron los hermanos Badia, de Esquerra Republicana, con los nazis. Tampoco estaría mal que nos contaran algo sobre el momento sombrío de las penas de muerte que firmó Companys. Les traigo dos (las muestra), pero hay centenares al alcance de todo el mundo en redes sociales. Por ejemplo, cuéntennos por qué fusiló a un religioso sordo por enseñar latín o si hay algún papel en Esquerra que nos explique por qué Companys fusiló al alcalde nacionalista de Lérida, Joan Rovira i Roure, por celebrar una cabalgata de Reyes. Está todo perfectamente documentado. Aporten y aclaremos todos, en general, la historia de episodios sombríos, porque digo yo que aclarar esto también nos puede hacer bien a todos. Por último, señores de Esquerra, les diré que no hace falta estar solo en los años treinta para que nos aclaren episodios sombríos de la historia de España. Cuéntennos las conversaciones de Carod-Rovira con ETA en 2004, tráigannos los papeles donde decía que atentaran en cualquier sitio excepto en Cataluña. Tráigannos esos papeles. Por aquí va nuestra enmienda. Si ustedes traen esto y nos lo aclaran yo voto a favor de su proposición no de ley. Más cosas. Los convergentes. Creo que ustedes también pueden aportar cosas. Ustedes dicen que quieren encontrar elementos franquistas en el 23-F. Pues ahí pueden ayudar ustedes mucho también, y les concreto. De 219 alcaldes franquistas que se presentaron también en la democracia en Cataluña, uno se presentó por Esquerra Republicana, pero entiendo que sería la rama de Ramón Franco, que también fue de Esquerra, el hermano del dictador que luego bombardeó Barcelona; tres se presentaron por el PSC; diez por Alianza Popular; veintidós por la UCD; ochenta y ocho como independientes, y —¡atentos!—, noventa y cinco alcaldes franquistas se presentaron por Convergència i Unió. Es decir, cuéntennos cómo fue esto, tráigannos los papeles, tráigannos qué parte del programa o cómo asumieron ustedes a noventa y cinco candidatos directamente del franquismo en sus filas, y yo votaré a favor. Yo sé que el nacionalismo catalán ha tenido sus coqueteos con dictaduras, desde promover el golpe de Primo de Rivera hasta destacados prohombres nacionalistas que financiaron a Franco, pero cuéntennos, porque hay muchas cosas por aclarar. He dejado para el final a Bildu, que también firma esta proposición no de ley, porque ustedes son los más sombríos de todos y los que más nos pueden ayudar a aclarar algunas cosas. Hay 379 crímenes de ETA sin resolver, y el presidente de Bildu es terrorista. Que Otegui cuente todo lo que sabe sobre ETA y nosotros votaremos a favor de este arrojo de luz que piden ustedes en su proposición no de ley. Señores de los partidos nacionalistas firmantes de esta proposición no de ley, si quieren que conozcamos las etapas más sombrías de la historia de España lo tienen fácil: cuéntennos sus vidas. Muchas gracias. .

Roberto Uriarte Torrealday UP

Querido vicepresidente, queridas amigas y amigos, la democracia no se basa en la revancha, no quiere conocer la historia con afán revanchista, sino que se basa en el perdón, en la conciliación y en la concordia. Es como el aire que necesita para respirar la democracia. Pero también necesita — no puede vivir de la desmemoria— de la verdad, necesita conocer la verdad y necesita realmente tener acceso al conocimiento de la verdad histórica, porque si no tenemos la verdad cualquier cosa nos sirve. Aquí vemos a sus señorías frecuentemente llamando golpistas a cualquiera y hablando de golpes de cualquier cosa. Acabamos de ver un ejercicio del compañero de Ciudadanos en el que había cientos de cosas que eran golpes. Falso, falso. La democracia se debe basar en la verdad. Golpe de Estado — coup d’État, como se conoce en todo el mundo— es un levantamiento militar contra el poder civil. Decir que es otra cosa es sencillamente mentir. Hay otro tipo de ilegalidades. Muchas de las que se han mencionado son todo tipo de ilegalidadades, pero llamarle a una irregularidad ilegalidad, a una ilegalidad delito y a un delito golpe de Estado es simplemente pervertir el lenguaje. De la mentira no sacamos nada. Necesitamos verdad y necesitamos conocer la verdad, y para conocer la verdad tenemos que conocer nuestra historia. ¿Tenemos conocimiento suficiente de esa historia? ¿Sabemos lo suficiente sobre el golpe de Estado del 23-F? Alguno puede decir que sí. Hablaba con un compañero socialista que me decía que prácticamente no quedaba nada por saber en los armarios; puede ser, no digo que no, pero mientras tengamos una legislación de secretos oficiales que no sea comparable con la del resto de los países democráticos de nuestro entorno siempre va a quedar la sospecha. Con lo cual, hay una forma muy sencilla de anular todos los argumentos en contra de que no sabemos lo suficiente sobre ese golpe de Estado. ¿Qué es lo que pasó en ese golpe de Estado? Pasó una cosa muy curiosa. Todos los golpes de Estado en este país, como bien ha mencionado el compañero de Ciudadanos, el golpe de Estado de Primo de Rivera, el del general Franco, el del general Armada, todos ellos han sido dados por las derechas. Pero, curiosamente, el último de esos golpes de Estado no fue contra un Gobierno de izquierdas, sino contra un Gobierno de derechas, cosa extraña. Y ¿por qué lo fue? Averigüemos eso, porque de ahí vamos a sacar consecuencias... .

Roberto Uriarte Torrealday UP

Averigüemos qué es lo que sucedió, porque es algo muy importante. Fue un golpe de Estado que le dieron a un Gobierno de derechas para advertirle de que no se podía gobernar y no se podía ser de derechas de esa forma. Es decir, para decir: A partir de ahora se acabó lo de que haya una derecha que reconozca la legitimidad de sus rivales políticos de izquierdas y nacionalistas; a partir de ahora solo es legítima la derecha uniformista, la derecha que solo se admite a ella como representante legítima del pueblo, y los demás son enemigos del pueblo. Por eso, hay que conocer lo que pasó el 23-F, porque todavía vivimos las consecuencias de lo que pasó entonces; porque todavía tenemos unas derechas que no admiten la legitimidad de los rivales políticos ni quieren negociar con ellos ni quieren llegar a acuerdos con ellos. Ese es el gran problema que tiene la democracia en este país. Por eso, es tan importante conocer a fondo lo que pasó en ese momento. Necesitamos trasparencia. La democracia requiere trasparencia, requiere correr cortinas, requiere levantar alfombras, requiere poner luz y taquígrafos, requiere que hagamos todo para que se conozca la verdad histórica, para que tengamos acceso a lo que realmente sucedió. ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos del conocimiento? Pues, básicamente, dos. El primero es permitir que las nuevas generaciones de españoles el día de mañana puedan entender que se puede ser de derechas sin necesidad de odiar a nadie, sin necesidad de deslegitimizar a nadie, admitiendo la legitimidad de quienes son rivales políticos y negociando y acordando con ellos. Eso, que es contra lo que fue el golpe de Estado del 23-F, es algo muy importante para el futuro, para la concordia y para la democracia en este país. Por otra parte, es muy importante también que sepamos al pie de la letra y sigamos con todo detalle lo que pasó el 23-F porque nos va a permitir entender una paradoja extraña, que es la siguiente. Preguntémosle a cualquier persona extranjera cómo es posible que tantas señorías como están sentadas aquí no tuvieran ningún problema en indultar a la persona que sacó los tanques a la calle para reprimir a la población por vía violenta y tengan problema para indultar a un Gobierno legítimo que convocó un referéndum, una consulta popular sin las condiciones ni los requisitos de legitimidad, pero que no dio ningún golpe de Estado; porque pervertirlo y engañar es crear un futuro de falsedad, un futuro sin democracia. La democracia requiere y nos exige que conozcamos lo que pasó y requiere y exige… .

Valentín García Gómez PSOE

Gracias, presidente. El Grupo Socialista presenta una enmienda a esta proposición no de ley por la que insta al Gobierno a promover los cambios necesarios en la Ley de Secretos Oficiales para desclasificar y dar a conocer los documentos escritos, sonoros o de video que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al golpe de Estado del 23-F, de acuerdo con los criterios establecidos en la nueva legislación. Señorías, estaremos de acuerdo en que la Ley de Secretos Oficiales de 1968, modificada parcialmente en 1978, presenta una importante inadecuación a los tiempos actuales, no solo porque sea preconstitucional sino porque no responde a las necesidades que una democracia moderna como la española tiene para la defensa y la seguridad del Estado, así como los cambios operados en la sociedad digital y en el contexto político multilateral en el que opera nuestro Estado, nuestro país. Por ello, el Grupo Socialista se ha manifestado a favor de reformar la Ley de Secretos Oficiales en las pasadas legislaturas y en la presente cada vez que se ha traído a esta Cámara. Por ello, el Gobierno elabora una nueva Ley de Secretos Oficiales para dar respuesta a estas demandas. Así, desde septiembre de 2018, el Ministerio de Defensa ha abierto sus archivos para que puedan ser estudiados y conocidos. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 es uno de los acontecimientos más estudiados de nuestra reciente etapa democrática. Quienes hundiendo sus raíces ideológicas en el franquismo quisieron truncar la joven democracia española fueron juzgados y la verdad política y judicial quedó esclarecida. No obstante, han pasado ya cuarenta años y la ciudadanía tiene derecho a conocer todo lo que aconteció y todo el contexto de lo que aconteció en febrero de 1981 y en los meses precedentes respecto del suceso más crítico desde 1978. Una democracia plena como la nuestra está obligada a conocer su pasado reciente y menos reciente para no repetirlo, como es el caso del 23-F. Muchos académicos sitúan el fallido golpe de Estado como el elemento que configura el fin de la Transición en prolongación hasta elecciones del 1982. Por ello, es tan importante la transparencia y el rigor de la información respecto de estos hechos. Eliminar las zonas de sombra para que nada quede en la penumbra ayudará a generaciones venideras a mantener las alertas, a estar atentas a los elementos que puedan poner en riesgo la democracia en cualquier momento. Porque son muchas las formas de atacar la democracia, de devaluarla, de intentar socavar las instituciones con fines antidemocráticos. Quienes más defendemos la Constitución del 78 más interés debemos demostrar en el acceso a la información con transparencia y a las informaciones clasificadas en condiciones homólogas a la de nuestros vecinos. Por ello llama la atención que el Partido Popular nunca se haya manifestado a favor de reformar la Ley de Secretos Oficiales. Por eso llama la atención que el Partido Popular defienda la Constitución, pero no la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Como también llama la atención que el PP defienda la Constitución y luego utilice la bandera para zaherir a más de la mitad de los españoles, como sucedió hace unos días en la plaza Colón. . O llama la atención que el PP quiera defender la Constitución y meta al jefe del Estado en la disputa política sin importarle poner en riesgo la neutralidad a la que se debe constitucionalmente la Corona. O que el PP diga defender la Constitución y se erija en expendedor de sentencias, de lo que es y no es constitucional, y por eso no quiera renovar el Tribunal Constitucional ni el Consejo General del Poder Judicial. Todo ello pone de manifiesto que el Partido Popular tiene un problema en el origen con la Constitución, y es que solo el 50 % de la antigua Alianza Popular votó dicha Constitución. En este minuto que falta me gustaría hacer referencia a una cuestión que ha planteado la portavoz de Esquerra. Ha dicho que el régimen del 78 es un cambalache lampedusiano. Le voy a pedir, respetando todas las opiniones, que no falten a la verdad, por favor, y que, sobre todo, y lo que es peor, no falten a la memoria de cientos de miles de españoles y de decenas de miles de socialistas que se vieron obligados al exilio, que sufrieron largos años de cárcel y de campos de concentración y que vieron arrebatadas sus vidas por fusilamiento o por hambre. Esas vidas merecen todo nuestro respeto. . Esas vidas no se fugaron para hacer un cambio para que nada cambiara. La democracia no nos la regalaron. Obreros, estudiantes y abogados de Atocha murieron en las calles de Madrid y de otras ciudades de España por la democracia, no por un cambalache lampedusiano. Nosotros no tenemos autoridad moral para decirles a Ramón Rubial y a Marcelino Camacho que hicieron un cambalache, porque son ejemplos como ningún otro de defensa de la Transición y la democracia. . Muchas gracias.

Mireia Vehí Cantenys CUP-PR

Gracias, presidente. Hoy presentamos una iniciativa colectiva de la CUP, de Bildu, de Esquerra, de Junts per Catalunya, del Partit Demòcrata y del BNG para desclasificar los papeles del 23-F. Sin duda, que se apruebe una iniciativa de este tipo es una buena noticia y es una buena noticia porque, como ustedes sabrán, la relación entre la memoria y la democracia es estrecha. Por eso el franquismo jugó con el olvido y por eso las leyes que impiden juzgar al franquismo son un pacto de silencio, como la Ley de Amnistía de 1977. Fíjense que en enero de este mismo año una sentencia del Tribunal Constitucional rechazó admitir a trámite un recurso presentado por Comisiones Obreras para que se investigaran las torturas a sus fundadores y el recurso alegaba que la Ley de Amnistía ya era suficiente y que, por lo tanto, no se podían investigar las torturas. Desclasificar el 23-F es una buena noticia, pero no sirve para acabar con el lastre del franquismo que todavía pulula por los bajos fondos de esta España que ustedes tanto quieren. El catedrático de Derecho Constitucional, Pérez Royo, habla de la Transición española como la restauración borbónica en forma democrática. Y es que, señorías, acabar con el franquismo es derogar la Ley de Amnistía de 1977. Que las asociaciones de memoria histórica se han tenido que ir a Argentina para que una juez pueda investigar las muertes y los asesinatos. Acabar con el franquismo es sacarla de la alta magistratura y esclarecer las responsabilidades de los jueces españoles con las torturas del franquismo. Ustedes sabrán que las torturas del franquismo no fueron como en Chile o como en Argentina cosa de los militares; en España fueron los jueces, los mismos jueces en la alta magistratura que de la noche al día pasaron de ser franquistas a ser jueces de la flamante democracia española. Esto es acabar con el franquismo. Acabar con el franquismo es sacarlo de los consejos de administración de las grandes empresas del IBEX. Esa fue la fórmula con la que se reciclaron muchísimos ministros franquistas. Y acabar con el franquismo es también poner en cuestión el relato de que la Monarquía salvó la democracia ese 23 de febrero. Hablaba el portavoz del PSOE de transparencia. Esto no es una oficina, digamos, de la Administración. Necesitamos responsabilidades, no solo información. Necesitamos que se juzgue a los responsables del 23 de febrero, que se juzgue la responsabilidad que tiene la Monarquía en el traspaso del franquismo a la democracia y necesitamos que se juzguen a los jueces responsables, aunque la mitad ya no estén, de las torturas y de las muertes que todavía laten en las cunetas de su querida España. . Porque acabar con el franquismo va más allá de hacer una serie de televisión como Cuéntame, de reescribir esa historia de la Transición feliz. Acabar con el franquismo es cuestionar los poderes fácticos que todavía mandan en el Estado español. Acabar con el franquismo implica justicia, reparación y garantías de no repetición, porque las cunetas de su querida España todavía lloran los muertos, están repletas de muertos; muertos que necesitan que alguien les ponga nombre, les ponga apellido y que alguien pase por el juzgado por su responsabilidad política. Muchas gracias. .

Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu

Arratsalde on, buenas tardes. Gracias, presidente. En el primer punto de la tarde hemos hablado de artículos del Código Penal que provenían del franquismo y ahora hablamos también de otra ley franquista. Pareciera, como dijo Gramsci, que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Por eso vemos demasiados vestigios en las leyes como para que esto pueda homologarse a un estado democrático pleno. De ahí también que el Estado español sea el único país occidental en el que los secretos oficiales pueden ser eternos. En este país los investigadores y los historiadores esperan con ansia la desclasificación de documentos del Gobierno británico o del Gobierno estadounidense para poder acceder a la información de lo qué pasó aquí, que aquí se prohíbe desvelar. Me dirán que todos los Estados guardan secretos, claro, pero ningún país serio, moderno y democrático permite que lo sean para siempre como sí ocurre en este gracias a esta ley franquista que la democracia no ha modificado, la Ley sobre secretos oficiales. Este Congreso lleva años o bloqueando o evitando la reforma de esta ley franquista, que cubre con un manto la Guerra Civil, la lucha contra ETA e impide también arrojar luz sobre el 23-F. Ha habido propuestas anteriores, bastantes; creo que la última fue el pasado año y diría que ahora mismo está paralizada. El Gobierno dijo que se iba a crear una comisión encargada de redactar un texto legislativo que homologaría la ley a la de los países del entorno y que cumpliría con los parámetros de las organizaciones internacionales a las que pertenece. Seguimos esperando, y en esa espera hay una cuestión que no debería olvidarse. El Consejo de Europa en sus principios sobre seguridad nacional y derecho a la información dice expresamente que hay un interés público preponderante en la divulgación de información sobre graves violaciones de los derechos humanos o violaciones generalizadas del derecho internacional y que dicha información no podrá ser clasificada por razones de seguridad nacional bajo ninguna circunstancia. Podríamos hablar del GAL, podríamos hablar del caso Zabala — convendría tenerlo en cuenta—, pero hoy toca hablar del 23-F y de sus secretos. Se han cumplido cuarenta años y año tras año se nos ha contado un mismo cuento. El cuento es este: la Transición hacía aguas, la economía naufragaba, el terrorismo y los insaciables nacionalismos periféricos ponían en peligro la unidad de España y unos cuantos nostálgicos del franquismo decidieron liquidar la incipiente democracia, pero no lo lograron porque Juan Carlos de Borbón les hizo frente e impuso el respeto al Estado de derecho; ya tenemos al héroe equilibrado y equilibrador, el rey. Es un relato que persigue la identificación con esta interpretación de la historia y en el fondo legitimar el modelo de transición y su consecuencia, esto es, el actual régimen constitucional. Así en esta ritual repetición año tras año se ha creado el mito colectivo, el mito de la modélica Transición y más exactamente el mito del golpe involucionista que preparó el rey. Así que puede decirse que sí, que los acontecimientos de 1981 fueron un filón, porque la versión oficial convirtió en paladín democrático al Borbón designado a dedo por Franco para liderar el posfranquismo. Es verdad que ha habido testimonios y documentos que han ido aflorando, pero la mayoría de las veces como consecuencia de rencillas y venganzas en el mundo de los servicios secretos españoles; todos esos documentos, toda esa información ha confirmado el análisis de quienes definieron aquello desde el primer momento como un autogolpe. La cuestión es que hoy el manto de silencio persiste; cuarenta años después persiste la obstinación en ocultar a la ciudadanía la realidad de aquellos hechos. Es sumamente preocupante porque evidencia la voluntad de seguir recurriendo al mito, y lo que es mucho peor, cada año que pasa nos recuerda la resistencia a afrontar una verdadera ruptura con el franquismo. Votaremos a favor de esta desclasificación. Señorías, donde hay secretos no hay control y sin control no hay democracia. Muchas gracias. .

Aitor Esteban Bravo EAJ-PNV

Buenas tardes, presidente, señoras y señores diputados. No veo mucha tensión en este hemiciclo con el tema que es, lo cual quiere decir que esta PNL tiene muy pocas posibilidades, si no ninguna, de salir adelante. Lo primero que se me ocurre hablando de este tema es que la semana que viene se va a cumplir ya un año, un año, desde que se tomó en consideración la proposición de ley del Grupo Nacionalista Vasco para cambiar la ley franquista del año 1968 de secretos oficiales. Ha pasado ya un año y se siguen prorrogando los plazos de enmienda, una y otra vez. Por eso me ha sorprendido oír al representante socialista que echaba en cara, sí, con razón, que el PP nunca ha querido modificar la Ley de secretos oficiales, pero bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, aquí, en el momento actual, la mayoría que tienen en la Mesa los representantes del Gobierno — bueno, representantes del mismo grupo político que los que están en el Gobierno—, una y otra vez, prorroga los plazos. Lo cual quiere decir que tampoco mucha voluntad tendrán. Sin embargo, yo creo que debería estar esperanzado de que si esto no sale hoy, saldrá muy pronto, porque, según los medios de comunicación argentinos, ha sucedido una noticia importante a la que no se ha dado mucho aire aquí, y es que el presidente del Gobierno español, en una reciente visita, ha firmado un acuerdo con el presidente argentino para que se desclasifiquen o para proporcionar los papeles clasificados del Ministerio de Asuntos Exteriores español, los cables, para poder aclarar lo que sucedió en la dictadura argentina. Y digo yo que si es posible desclasificar papeles para aclarar la dictadura argentina, lo cual me parece muy loable, lo lógico, lo coherente sería que aquí también se hiciera, para empezar, aprobando una nueva ley y que, periódicamente, se fueran desclasificando. Pero también se puede hacer de manera puntual, porque, aunque diga la proposición no de ley escrita por parte de los presentantes: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado español a realizar los cambios legislativos necesarios para desclasificar y dar a conocer los documentos escritos, sonoros del 23-F, no hace falta modificar nada en la ley para que esto pueda salir a la luz. Esto es lisa, simple y llanamente una decisión del Consejo de Ministros; punto. No hace falta que votemos aquí un cambio de la ley. Si hubiera voluntad de que se esclareciera no solo la dictadura argentina, sino también el golpe de Estado del 23-F u otros puntos alrededor de esas fechas, el Gobierno español puede, lisa y llanamente, desclasificar esa documentación o desclasificar toda la documentación de ese periodo. Yo espero que algún día haya una ley homologable a las del norte de Europa y que sea una ley de plazos. ¿Pero saben dónde vamos a tener el problema cuando por fin la discutamos? Lo vamos a tener, precisamente, en las disposiciones transitorias, en las de: bueno, vale, desclasificamos treinta años, treinta y cinco años o cuarenta años, pero, espera, a lo del 23-F vamos a darle una moratoria, o esto otro, bueno, cuando se produzca esta circunstancia, o vamos a tirar más atrás con los años. Ya verán ustedes como el problema no lo vamos a tener en cómo tiene que estar redactada la ley, cómo tiene que funcionar, sino con las transitorias. En fin, se habla aquí de levantar lo de los cuarenta años del franquismo. Hay muchas cosas que también deberían haberse levantado. Por cierto, ¡vaya cuarenta años que nos han dado algunos de los firmantes! ¡Vaya cuarenta años! ¡Como para reclamar aquí ahora algunas cosas! Han tenido ustedes etapas sombrías — decía el representante de Ciudadanos a los grupos firmantes— y hay que aclararse. Y la comparaba con esta, con el 23-F. ¿El 23-F es una etapa sombría? No, hombre, no; si el 23-F es la gloria de España, es lo mejor de España, es la victoria de la democracia, es lo que la Monarquía necesita ahora, en estos momentos tan complicados, cuando ha aparecido una nueva cuenta en Suiza. ¿Qué pasó con el papel del rey? Si todo fue tan bien, todo fue tan maravilloso y todo fue tan correcto, eso es lo que necesitaría ahora la Monarquía, que se abrieran esos papeles y que se diera luz para que resplandeciera su actuación, su papel y todo lo que pasó. Acabo, presidente…

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, presidente. Seis fuerzas soberanistas presentamos esta PNL porque no solo queremos saber; creemos que la sociedad tiene derecho a saber y queremos que se haga justicia. Hoy mismo conocíamos que el Borbón corrupto tiene una cuenta en Andorra, otra más, otra evidencia más también de que la corrupción en la Jefatura del Estado está generalizada. A pesar de ello, las principales fuerzas políticas de esta Cámara se empeñan en que no se pueda investigar; parece que encontraron en la ocultación la única fórmula para intentar salvar una Monarquía anacrónica y corrupta. En esas mismas claves se puede entender el oscurantismo sobre el alcance real del golpe de Estado del 23-F y especialmente el papel de Juan Carlos de Borbón porque está claro que nadie en esta Cámara se cree el relato edulcorado de que con su intervención televisada a la una de la madrugada, siete horas después, salvó la democracia. Muy por el contrario, a lo largo de estos años fueron creciendo los indicios, las informaciones y los datos que sitúan a Juan Carlos de Borbón detrás o al lado de la trama golpista. ¿Ustedes no lo creen así? Desclasifiquen…

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Señorías, la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Aquello sí que fue un golpe de Estado, de verdad, con tanques. Señor Gil Lázaro, ¿se acuerda de los tanques? Aquello sí que fue un golpe de Estado, los tanques por Valencia. Han pasado cuarenta años, ya somos talluditos y ya nos pueden contar la verdad, no nos cuenten que los niños vienen de Paris o que los Reyes son los padres. Queremos saber, por ejemplo, el papel de ese rey, que ahora ya sabemos que ha engañado, ha defraudado y ha mentido, y que nos han vendido como el que salvó a España. No nos cuenten una y otra vez el mismo cuento de esa Transición maravillosa. Si todo fue tan maravilloso, si el rey tuvo un papel decisivo, queremos saberlo, queremos saber el papel del rey, queremos saber quiénes estaban implicados. Este país se ha hecho mayor, este país necesita claridad y en este país, como dijo Jesucristo, la verdad nos hará verdaderamente libres. . No tengo cara, tengo y digo la verdad.

Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Muchas gracias, señor vicepresidente. El 23 de febrero fue un golpe de Estado, ya lo han dicho otros oradores aquí en la tribuna. Aquí entró gente con metralleta, que yo les aseguro que no era ningún ponente de una ley ni ningún diputado presentando una proposición ni ningún proyecto, entraron y paralizaron una votación trascendente para este Estado; entraron y dispararon al hemiciclo, secuestraron a los diputados, sacaron los tanques a la calle, entraron en la radio y la televisión pública y por la radio emitieron marchas militares. Eso sí fue un golpe de Estado y no el 1 de octubre de 2017, y tengo que recordárselo porque de vez en cuando todavía salen con esta canción. El 23-F fue un golpe de Estado, y no el 1 de octubre de 2017. Reventaron la democracia, esta democracia que ustedes dicen ahora que es una democracia plena. Pues tan plena es que hoy parece ser que no se atreve a desclasificar esos papeles. Resulta que cuarenta años después no se atreve esta democracia plena a desclasificar toda esa documentación. Les voy a hacer una pequeña confesión. Yo me he leído el libro del presidente Rajoy de Una España mejor. Se lo recomiendo. Algunos quizá aprenderían algo. Él apunta que la respuesta del 1 de octubre fue un éxito del Estado de derecho: las desobediencias, las sentencias, las impugnaciones, la ley en los tribunales… Dice: el Estado de derecho no falló. El 23-F el Estado de derecho falló, por aquí entró la Guardia Civil con las metralletas. O quizá no falló y por eso no podemos saber la verdad. En sus manos, en sus dedos, en la votación que ustedes hagan hoy, dirán si esta es una democracia plena o no, si se puede mirar al espejo y analizar su pasado o si, en cambio, tiene que permanecer todavía en el silencio y en los papeles clasificados. Señores, los papeles del 23-F hay que desclasificarlos y desclasificarlos ya. Muchas gracias.

Ignacio Gil Lázaro VOX

Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario VOX va a votar que no a esta proposición no de ley y, como la señora Telechea nos invitaba a explicar los motivos, se los voy a explicar. Sustancialmente es por dos razones. Primero, porque no estamos dispuestos a avalar con nuestro voto la verdadera intención que subyace en esta iniciativa, que es de nuevo volver a atacar la obra ejemplar de la transición democrática española, que es de nuevo poner en cuestión el gran pacto histórico de reconciliación nacional, democracia y libertad que los españoles firmamos en la Constitución de 1978. . Ha bastado escuchar a sus señorías desde esta tribuna para confirmar lo que estoy diciendo desde la perspectiva de mi grupo, y desde luego no hacía falta tampoco tener que escucharlo porque bastaba con leer ese panfleto que ustedes han introducido en la proposición como exposición de motivos para tener el asunto suficientemente claro. Y, en segundo lugar, no vamos a votar a favor de esta iniciativa porque no nos vamos a convertir en cómplices de una enorme desfachatez, de la desfachatez que supone esta iniciativa. Hago punto y aparte del hecho de que esta iniciativa venga firmada por Bildu, es decir, por una fuerza política que tiene como jefe a un terrorista que fue miembro de la organización terrorista ETA y que pretende ahora hablarnos de democracia y darnos lecciones de ética. Pero sí, la desfachatez que implica el que vengan aquí, señora Telechea, usted y algunos de sus socios de aventuras a tratar de sermonear sobre el golpe del 23 de febrero, cuando son ustedes autores del golpe de octubre de 2017 en Cataluña , cuando ustedes permanecen todavía en el sentido de ese golpe y anuncian que están dispuestos a darnos, si se lo permiten, que se lo permitirá, sin lugar a dudas, la debilidad de un presidente sin escrúpulos que ha estafado a los españoles, porque dijo que jamás gobernaría con Podemos y gobierna con Podemos; porque dijo que jamás pactaría con Esquerra y con Bildu y está entregado a ellos; porque dijo que jamás se les concederían a ustedes, a los golpistas, los indultos y esos indultos están a punto de ser concedidos; indultos que son un auténtico insulto a la separación de poderes, al Estado de derecho, a la justicia, a la igualdad de todos los españoles ante la ley, a la dignidad nacional y, especialmente, a esa gran parte de la sociedad catalana que se resiste a quedar cautiva de ustedes, del odio separatista. Por tanto, no nos vengan con monsergas. . Los españoles sabemos todo lo que tenemos que saber, todo lo que es verdad del 23 de febrero. Ahora, lo que los españoles no sabemos y exigimos saber son todos los hechos que concurren en el golpe que ustedes han dado y siguen dando. Es decir, no sabemos y queremos saber si, por ejemplo, tuvieron ustedes apoyo o contacto con alguna potencia extranjera o cuánto dinero público le robaron a los catalanes para financiar ese golpe o si los CDR estaban dispuestos a dar un golpe cualitativo y convertirse en una banda terrorista. Los españoles sí sabemos que, por su chantaje y su presión, Sánchez va a conceder unos indultos, pero lo que no sabemos tampoco, y exigimos saber, es si después de esos indultos va a continuar la rueda de la sumisión de Sánchez y de su Gobierno a sus pretensiones. Es decir, si Sánchez se va a sentar a negociar personalmente con Junqueras; o si Sánchez va a aceptar un referéndum de autodeterminación, lo disfracen como lo disfracen, lo llamen como lo llamen; o si Sánchez está dispuesto a que la reforma del delito de sedición sirva para que Puigdemont pueda volver sin pasar por la cárcel; o si Sánchez está dispuesto a vender la histórica unidad conceptual de España para pasar a ser una entelequia imbécil llamada nación de naciones. Eso es lo que exigimos saber. Y por eso vamos a votar que no, con la cabeza bien alta, en nombre de millones de españoles hartos, españoles leales, patriotas, demócratas, españoles sin etiquetas que quieren hoy, a través de esta tribuna y de mi voz, dejarles un mensaje muy claro: España, ni se calla ni se rinde. España, ni se calla ni se rinde. .

Juan Antonio Callejas Cano PP

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. El Partido Popular está y estará a favor de la transparencia y del conocimiento. Prueba de ello es que el Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy puso en marcha la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Pero también el Grupo Popular está comprometido con la responsabilidad y, si me lo permiten, con la máxima responsabilidad. Señorías, estamos hablando de algo muy serio y no podemos contaminarlo con una efeméride utilizada partidistamente. Estamos hablando de los secretos del Estado español, de la información más sensible, que afecta a la seguridad nacional y a las relaciones con otros países. Respetando profundamente la libertad de aquellas señorías que han firmado esta proposición no de ley que ahora debatimos, he de manifestar en nombre del Grupo Popular que nos parece esta iniciativa un auténtico despropósito por tres motivos. Primero, porque este tema no es una prioridad en estos momentos para la ciudadanía que nos está viendo. No es el 23 de febrero de 1981 lo que les importa, sino el 23 de junio próximo, el 23 de julio o el 23 de agosto, pero de 2021, el aquí y el ahora; saber si van a poder mantener sus puestos de trabajo, saber si los autónomos van a poder abrir la persiana mañana, saber la población si va a poder ser vacunada, con qué marca de vacuna y con qué garantías, o saber si las familias van a poder pagar el recibo de la luz a final de mes. Eso es lo que les importa hoy a los españoles. Segundo. Esta proposición no de ley es una falta de respeto a este Parlamento, ya que Esquerra Republicana quiere saltarse a la torera la proposición de ley de reforma de la Ley de Secretos Oficiales que ha puesto en marcha el PNV y que está en proceso de enmiendas al articulado. Señorías de Esquerra Republicana, si quieren mejoras, por favor, presenten enmiendas, aporten ideas, dialoguen. En definitiva, respeten las normas de juego de las Cortes Generales y más aún cuando ustedes votaron a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley el pasado 23 de junio de 2020. ¿Qué les ha pasado? ¿Han dejado de apoyar al PNV? Y el tercer motivo por el que esta iniciativa es un despropósito es porque es un caos. Muchos de los que aquí han hablado lo han ocultado, pero de los seis firmantes de esta proposición no de ley, hace una semana dos grupos parlamentarios, el Grupo Plural y EH Bildu, se borraron de esta iniciativa y dejaron solos a Esquerra Republicana y a la diputada del Grupo Mixto de la CUP. Si no han suscitado el consenso entre ustedes, ¿cómo pretenden conseguirlo del resto de la Cámara? Señorías, el Grupo Popular cree necesario disponer de una nueva ley de secretos oficiales o ley sobre protección de la información clasificada, como propusimos denominarla en una de las veinticinco enmiendas que presentamos en la tramitación que se realizó en 2018 para adaptarla a la terminología existente en el ámbito internacional. Me gustaría que el portavoz del Grupo Socialista supiese que el Grupo Popular presentó veinticinco enmiendas. O sea, que estamos a favor de que se modifique la ley. Y como somos un partido de Gobierno, queremos el compromiso de un debate sereno, sensato, que tiene que abordar el grado de clasificación y también que no haya una desclasificación automática, sino que tengamos en cuenta excepciones por la naturaleza de la materia, los actores involucrados o los países que estén en juego, pero también regular los órganos competentes y procedimientos, modernizar y centralizar la custodia de datos y su digitalización, preservar el principio de reciprocidad entre países y algo muy importante, tener en cuenta la Ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Para finalizar, algo muy peligroso en esta PNL: se han sembrado dudas sobre la actuación de la Casa Real. He de decir que la Corona fue y es quien más ha hecho y hace por salvaguardar nuestra democracia y las libertades. Muchas gracias. .

Carolina Telechea i Lozano ERC-S

Sí, presidente, aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Socialista y Unidas Podemos.

Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu

Gracias, presidente. Hoy traemos a esta Cámara una iniciativa que pide algo bastante lógico y profundamente democrático: que el Gobierno español respete las leyes que los Parlamentos vasco y navarro aprueben por mayoría sin recurrir a su suspensión mediante el Tribunal Constitucional. Y digo que es lógico porque son representantes de nuestra ciudadanía, nuestros parlamentos, quienes, con la legitimidad que les han conferido los votos, aprueban estas leyes, y digo que es profundamente democrático porque son las mayorías existentes en estos parlamentos quienes proponen, debaten y aprueban las políticas públicas a desarrollar, las mayorías dictadas por la ciudadanía vasca, mayorías legítimas y democráticas. Aquí, en este Congreso, estamos habituadas a escuchar que este Gobierno no es legítimo, que no es democrático, que las mayorías que lo permitieron no son aceptables, y ustedes, señorías del PSOE, se revuelven, y con toda razón, cada vez que escuchan estos argumentos y acusan a las derechas de negar la legitimidad de cualquier Gobierno que no sea el liderado por ellos, al igual que lo hacemos todas las personas de esta Cámara que respetamos la palabra y la decisión de la ciudadanía con sus votos. Exigen respeto para su Gobierno y las mayorías progresistas que en esta Cámara existen y sí, nosotras también, sin embargo no les importa faltar a ese mismo respeto y denegar la legitimidad cuando las mayorías de nuestros parlamentos y las decisiones que estas toman no les gustan. Su Gobierno, señorías del PSOE, es legítimo y sus decisiones, avaladas por la mayoría de esta Cámara, también lo son, claro que sí. Entonces, ¿por qué no lo son las de otros parlamentos? ¿Por qué ustedes, pese a las derechas, nos piden apoyo para avanzar, pero no nos permiten que nosotras avancemos? La respuesta ―tal y como le dije al ministro Iceta la semana pasada― no puede ser otra que la tutela y el control que este Estado, tenga el Gobierno el color que tenga, ejerce y quiere ejercer sobre la ciudadanía vasca y sus instituciones. Este es el conflicto que subyace y esta es la solución: relación bilateral real de igual a igual, respeto y reconocimiento; solución dialogada. Un ejemplo, el tema de las pensiones de Navarra. Quizás tenga alguien la tentación de ponerlo como ejemplo positivo; el ministro Iceta estuvo a punto de hacerlo en la interpelación de la pasada semana, pero en el fondo lo que dice ese acuerdo, esa alusión al acuerdo, es que Nafarroa, Navarra, no podrá complementar sus pensiones, solo estudiar la situación, atacando directamente además la capacidad fiscal que Navarra tiene y mediante la cual se complementan hoy estas pensiones. Por cierto, traigo esta cuestión — la de las pensiones dignas— porque gracias al empuje de las fuerzas del cambio de Navarra la protección y la dignidad de las pensiones es mayor en Navarra que en el resto del Estado, con lo cual no pueden vender como algo positivo el impedir que se ejerzan las competencias y capacidades propias porque no lo es, y una vez tras otra caen en los tics centralistas. El último ejemplo es el de la Ley de Alquileres de Cataluña. Hablamos de leyes sociales y económicas progresistas, y siendo este el Gobierno más progresista de la historia, ¿cómo se entiende que intenten frenar estos avances en la sociedad vasca? Como sé que alguien recurrirá en esta cuestión a la figura del árbitro, me adelanto y les señalo que el Tribunal Constitucional nunca será un árbitro neutral. Es una relación bilateral con el respeto como base lo que debe instalarse, y para quienes no lo sepan informo de que la moción que hoy traemos aquí está recogida de un acuerdo del Parlamento vasco en 2018, acuerdo que fue aprobado por PNV, Euskal Herria Bildu, Elkarrekin Podemos y el Partido Socialista de Euskadi. Entonces gobernaba Rajoy y todos estos partidos denunciaban la intromisión del Gobierno mediante los recursos y se exigía el fin de las injerencias. ¿Este Gobierno se va a comportar como aquel de Rajoy? ¿Van a actuar igual a como lo hacía la derecha? Es tiempo de abrir caminos de diálogo y acuerdo que respeten nuestras instituciones y, en definitiva, la voluntad de la sociedad vasca de ampliar derechos sociales, económicos, civiles, lingüísticos o culturales. Es tiempo de respetar que Euskal Herria, su sociedad y sus instituciones quieren construir un futuro basado en más derechos, más libertades y mejores condiciones de vida. Hoy no les pedimos que nos den permiso para dar pasos en pro de mejorar la vida de los vascos y de las vascas, sino que respeten a partir de ahora nuestros logros sociales y, en todo caso, tomen como ejemplo nuestros pasos para que también en este Estado la mayoría social y trabajadora pueda verse beneficiado en ellos. En vez de entorpecer, recurrir, bloquear y anular las mejoras sociales, imítenlas y hagámoslas posibles también aquí. Esta es nuestra exigencia y a la vez nuestro ofrecimiento, como he dicho al principio profundamente lógico y democrático. Gracias. .

Pilar Garrido Gutiérrez UP

Gracias, presidente. Me gustaría empezar haciendo algunas aclaraciones para abordar con cierto rigor este tema y no con proclamas o ideas populistas. Cuando en este caso hablamos de recursos de inconstitucionalidad, de conflictos entre diversos niveles competenciales, lo primero que hay que decir es que es algo habitual que en cualquier Estado compuesto, sea un Estado federal como el alemán, sea un Estado regional como el italiano, nos encontramos con conflictos competenciales. En la mayoría de estos Estados generalmente es la justicia constitucional quien dirime estos conflictos. Dicho esto, es verdad que en el Estado español existen ciertos, diría, vicios de origen en la propia Constitución. ¿Por qué? Porque diseñó un reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas bastante complicado, es el llamado sistema de listas, donde hay demasiadas dificultades para aclarar algunos conceptos: qué es una competencia exclusiva, concurrente, qué son las bases, etcétera. . Además, a esta cuestión se añade una cierta desconfianza, y eso es verdad, que latió desde el principio en el constituyente que elaboró la Constitución hacia la autonomía política y hacia las comunidades autónomas. Allí había un cierto ejercicio, es verdad, de querer tutelar esa autonomía política de las comunidades autónomas. Además, tenemos déficit — lo hemos visto en pandemia— de existencia de órganos modernos de colaboración y cooperación diseñados para el diálogo y para la cogobernanza. Y tampoco el Tribunal Constitucional y algunos Gobiernos han colaborado para que este sistema vaya mejorando; al revés, el Tribunal Constitucional no ha sido un órgano ejemplar por las decisiones tomadas, en muchas ocasiones atravesadas por una ideología partidista. Por otro lado, también hay que decir que algunos Gobiernos han usado — o diría que abusado— de estos recursos inconstitucionales más persiguiendo fines políticos que persiguiendo la defensa de la Constitución, del ordenamiento jurídico o del interés general. Un ejemplo clarísimo, en el que no me voy a detener porque no me va a dar tiempo, es el recurso de inconstitucionalidad que planteó el Gobierno ante el Estatut de Catalunya y la consecuente sentencia del Tribunal Constitucional, que creo que supuso una bomba en la misma línea de flotación del Estado de las autonomías español. Asimismo, y también quiero resaltarlo, ningún poder público, ninguna comunidad autónoma — sea la vasca, la navarra, la andaluza— puede regular aquellas cuestiones sobre las que no tenga competencias. Nadie puede saltarse el marco normativo porque el respeto a ese marco es la única garantía que tiene la ciudadanía frente a la arbitrariedad y los abusos. El respeto a ese Estado de derecho es una cuestión básica en cualquier Estado democrático, porque aquí hay una pregunta importante, ¿cuándo una actuación que no respete ese marco de convivencia que la ciudadanía se ha otorgado democráticamente es aceptable? ¿Quién lo decide? Ahí entramos en un terreno bastante peligroso. Por lo tanto, no se trata tanto de no recurrir al Tribunal Constitucional leyes estatales o leyes autonómicas — esa es una garantía que debemos tener siempre las fuerzas minoritarias y la oposición en cualquier órgano parlamentario— sino de que ese instrumento sea bien usado, sobre todo cuando lo usa el Gobierno, porque pueden suspenderse esas normas. El objetivo debe ser siempre proteger el interés general, los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas y no otros intereses partidistas. Con la mirada puesta en el futuro, nuestra enmienda lleva dos ideas muy básicas para empezar, digamos, esa nueva etapa. Primero, apostar por el diálogo ratificando el compromiso de procurar acuerdos que eviten ese recurso a los tribunales, intentar asimismo acuerdos una vez interpuesta la demanda y también insistiría en revisar aquellos recursos interpuestos, aquellos que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía de esos territorios, y me estoy refiriendo a la Ley de Alquileres. Y, segundo, es necesario una apuesta seria por el autogobierno, por el desarrollo completo de los estatutos de autonomía — en este caso el vasco— y por el fomento de la cooperación y el diálogo entre el Gobierno central y los Gobiernos de Euskadi y Navarra de manera bilateral. Eskerrik asko. Gracias. .

María Guijarro Ceballos PSE-EE (PSOE)

Gracias, presidenta. Arratsalde on, señorías. Presenta EH-Bildu una moción en la que habla — abro comillas— de que en más de cuarenta años se ha atacado de manera sistemática la soberanía y autogobierno de nuestras instituciones vascas y navarras. Cuarenta años, dicen, en los que se le ha negado a la sociedad vasca sus derechos sociales, culturales, políticos, económicos. Yo, señoría, le niego la mayor. En primer lugar, usted sabe que en la actualidad Euskadi es — somos— referente para muchas comunidades autónomos en todos esos derechos. Tienen ustedes a veces un discurso permanentemente victimista, esa falsa mitología vasca de que Madrid nos niega el avance en derechos. Tenemos los estándares más altos en autogobierno. . Habla en su moción de actitud de tutela por parte de los sucesivos gobiernos españoles y de control político. Dice que a los legítimos representantes de la sociedad vasca se les niega la capacidad de determinar políticas públicas. ¿Políticas públicas como las que desarrolla en este momento la vicelehendakari Idoia Mendia y los consejeros socialistas?, ¿o aquellas a las que contribuyó el Partido Socialista de Euskadi en circunstancias muy difíciles? Dos ejemplos, Osakidetza y la escuela pública vasca, desarrollada por Fernando Buesa y José Ramón Recalde. . Mire, el lehendakari Patxi López, Odón Elorza, Daniel Senderos, yo misma, las socialistas y los socialistas vascos también representamos ciudadanía vasca y estamos convencidas de que Euskadi es una comunidad autónoma dentro de un Estado de derecho; competencialmente tiene todas las garantías. El Estado de derecho no impide la plurinacionalidad ni el autogobierno ni el mejor servicio a los intereses de Euskadi, de Navarra o de cualquier comunidad autónoma; al contrario, refuerza las garantías jurídicas. Es más, siempre con Gobiernos socialistas y, por supuesto, con el presidente Pedro Sánchez las trasferencias — le recuerdo la última en materia penitenciaria— y la cogobernanza han estado presentes; diecisiete conferencias de presidentes en el último año y medio, frente a las convocadas por Mariano Rajoy en siete años. A más a más, el cupo, mayor relación bilateral de Gobierno a Gobierno autonómico y refrendado por las Cortes. Señora Aizpurua, si — como usted dice en la moción— hubiera injerencias en las facultades atribuidas a las cámaras vascas y navarras, entiendo que esas cámaras acudirían a los tribunales. Creo, señoría, que ha confundido el sujeto de la moción. Algunos datos: con el Gobierno del presidente Zapatero se presentaron seis recursos a leyes vascas y navarras; con el Gobierno de Mariano Rajoy, veinticuatro recursos; con el presidente Pedro Sánchez, cuatro recursos. Desde que el presidente Pedro Sánchez llegó al Gobierno más de dos tercios de las discrepancias han acabado en acuerdo y no en recursos. Este grupo parlamentario es partidario, claro que sí, del diálogo, de los acuerdos, de los consensos, y abogamos también por intentar acuerdos una vez interpuestas las demandas, y en esta línea está nuestra enmienda. Ayer mismo, el ministro Iceta firmaba un nuevo acuerdo para evitar recurrir al Tribunal Constitucional la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra, y ya se retiraron recursos: Ley vasca contra los abusos policiales o la navarra de sanidad universal. Pero, si no se resuelven las cuestiones por vía del acuerdo, el Gobierno sí tiene la obligación de recurrir, siempre con proporcionalidad; al igual que también las comunidades autónomas recurren. Si los servicios jurídicos del Gobierno de España o el Consejo de Estado consideran que la legislación vulnera el marco competencial — que puede ser revisable, pero que es el que es—, la obligación política, legal y moral del Gobierno si no se llega a un acuerdo es recurrir; si no, estaría cometiendo un delito. Y, por supuesto, no hay cobertura legal para que un Gobierno retire lo que ya está en procedimiento judicial. Le pido, señora Aizpurua, que distinga los sujetos y los tiempos; que distinga entre un Gobierno del PP que priorizó la vía judicial y este Gobierno que no se esconde en las togas; entre quienes preferían interponer un sinfín de recursos y este que trabaja por los acuerdos, y los datos lo avalan. Distinga entre un Gobierno que no hizo ni dejó hacer y que tampoco ahora arrima el hombro y este Gobierno progresista, federalista, que apuesta por el diálogo, por la colaboración y la gobernanza compartida. Eskerrik asko. .

Carlos García Adanero NA+

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, una vez más se dice: durante los últimos cuarenta años se ha negado el derecho a la Comunidad Autónoma Vasca, a la ciudadanía vasca y a la ciudadanía de Navarra. Como bien sabe usted, los únicos derechos negados a la ciudadanía vasca, navarra y española en su conjunto fueron aquellos que hicieron los etarras asesinando a todos los que no pensaban como ustedes. . Esos fueron los derechos que se han negado y que no se puedan recuperar porque esas gentes no pueden volver. Esos son los derechos. A partir de ahí, usted votó como presidente a Sánchez y la primera decisión colegiada que tomó el Gobierno del presidente Sánchez fue recurrir una ley navarra. La primera decisión. Por lo tanto, menos lobos y habérselo puesto como condición. Usted apoyó a la señora Chivite como presidenta navarra, ¿qué ha hecho sobre una ley foral recurrida por el Gobierno de España? Nada, ponerse de rodillas ante Sánchez y decir que sí a todo. Por lo tanto, menos lobos con el autogobierno. Ustedes no quieren autogobierno, quieren soberanía que no es lo mismo. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español; en Navarra queremos autogobierno foral, por supuesto; con lealtad a España, por supuesto; sin que nadie nos quiera incluir en otra comunidad autónoma. Nosotros tenemos autogobierno, como bien sabe; tenemos nuestro régimen fiscal, nuestro convenio económico y todas las leyes, incluidas las que establece la disposición adicional primera la Constitución. Ustedes quieren obligarnos a que, para hablar con Madrid, pasemos por Vitoria, y eso nunca, no lo vamos a permitir la mayoría de los navarros, porque pueden votar y no lo harán. Por lo tanto, menos venir aquí a hablar de autogobierno porque para ustedes el objetivo es, primero, que Navarra se incorpore a la Comunidad Autónoma Vasca y, segundo, a partir de ahí hacer lo mismo que hicieron en Cataluña. Evidentemente, con el pueblo navarro no van a contar para eso, por lo tanto, menos lobos con el autogobierno porque a la vista está que siguen entregados al Partido Socialista. Muchas gracias. .

Albert Botran Pahissa CUP-PR

Gracias, presidente. Tengo poco tiempo. Nosotros apoyamos la moción, pero voy a aprovechar para hablar solo de una cuestión en la que me quiero concentrar y dirigirme especialmente a la mitad del hemiciclo que conforma el Gobierno español. Es muy grave que el Gobierno español hoy haya decidido recurrir la ley de catalana de alquileres. Amenazó con suspenderla y ahora parece que solo recurrirla sea algo mejor; es igualmente un error defenderlo como un cambio a mejor. Es muy grave que se haya recurrido esta ley porque es una ley social, porque es una ley que ya demostraba funcionar — lleva ocho meses vigente y ya han bajado los alquileres— y porque es una ley que responde a una mayoría del Parlament y una mayoría social. Pero, además, esta decisión del Consejo de Ministros de hoy desmonta de cuajo dos de sus argumentos favoritos para atacar al independentismo. El primero, que terminamos siempre pactando con la derecha y que toda opción progresista en Cataluña pasa por el PSC-PSOE. No me hagan reír. Esta mayoría independentista en el Parlament, junto con En Comú Podem, es la que ha respondido al movimiento de la vivienda aprobando esta ley, y son ustedes, señorías del PSOE y de Unidas Podemos, las que la han traído al Constitucional. Y el segundo argumento que desmonta de cuajo es que a nosotros solo nos importan las cuestiones simbólicas y no los problemas reales, que las banderas no dan de comer. Mire, las banderas no dan de comer, pero la Constitución tampoco paga el alquiler. Es decir, es una cuestión que soluciona de raíz el problema de la burbuja de los alquileres y, sin embargo, ustedes han priorizado una determinada interpretación de la Constitución por la cual esto debería ser derogado. O esta interpretación de la Constitución, o bien están tan en contra de la regulación de los alquileres que no solo no van incluirlo en su ley, sino que tratan de que ningún parlamento pueda incluirlo en sus leyes. Ustedes están priorizando esta determinada interpretación de la Constitución recurriendo la Ley de alquileres, y es un recurso que debería retirarse. Si no lo hacen no se estarán enfrentando tan solo al movimiento catalán por la vivienda, no se estarán enfrentando tan solo a la mayoría parlamentaria que hizo esta ley, se estarán enfrentando a la alianza de ambos y a la alianza de esta Ley con un amplio sector de la sociedad catalana, 4000 entidades apoyaron esta ley. Nosotros vamos a defender esta ley… .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. Señorías, el Partido Nacionalista Vasco ha venido denunciando desde los albores de este tiempo democrático, con su presencia institucional y social en la Comunidad Autónoma de Euskadi y en la Foral de Navarra, el poco respeto hacia el autogobierno vasco y navarro que se traduce en el no desarrollo pleno ―aún a día de hoy― de sus normas institucionales básicas y la altísima conflictividad competencial que el ejercicio de su autogobierno les comporta cuando se manifiesta en políticas públicas de contenido diferencial, incluso en materias calificadas como exclusivas, aunque también hemos cerrado acuerdos. Ahora Bildu se nos suma. No sabemos qué hubiera podido ser, aunque sí suponerlo, si la sensibilidad que Bildu representa en las sociedades vasca y navarra no hubiera estado tantos años practicando la confrontación, y cosas aún mucho más graves, y se hubiera incorporado mucho antes, como demandaba mayoritariamente la sociedad vasca y navarra, a una pulsión de vida, a la construcción y defensa del autogobierno y de las instituciones vascas y navarras. En cualquier caso, lo celebramos y nos congratulamos con el cambio. Señorías, una de las características del Estado autonómico es su alta conflictividad, sin parangón si lo comparamos con el modelo que se usa como inspirador, Alemania, y sin visos de menguar. Sus causas son variadas y estructurales, por ejemplo, la contrapuesta concepción de los actores políticos, desde unitarias y centralistas hasta soberanistas, como la nuestra, pasando por visiones descentralizadoras de distinto alcance; también, la ausencia de garantías para la prevención de conflictos competenciales que para Euskadi han de basarse en el reconocimiento nacional, la bilateralidad y el pacto, y bajando a algo más cotidiano, en la propia concepción que de las bases se tiene en los poderes centrales del Estado. Por un lado, son un factor decisivo delimitador del ámbito material de las políticas propias de las comunidades autónomas, y por otro lado, al no haber establecido el Tribunal Constitucional parámetros generales o específicos que permitan determinar y acotar el alcance de lo básico, el Legislador estatal goza de libertad para plasmar, sin cortapisas, sus criterios absorbiendo progresivamente toda la regulación y llegando, cada vez más, a la fase de ejecución. Todo ello potenciado por la integración europea, por las distintas crisis económicas y ahora, con ocasión de la pandemia del COVID, con todo tipo de medidas sanitarias, económicas y sociales, incluso, con la misma arquitectura y gestión de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, como estos días comprobamos. Así, en la determinación de lo básico en cada materia, pero también en cada submateria, el Estado puede recorrer el entero ciclo normativo: ley, decreto, orden. Puede incluir todo tipo de disposiciones: sustantivas, organizativas y procedimentales. Puede, incluso, proyectarse sobre la ejecución, como les decía, cada vez de manera más generalizada. Por ello, no es de extrañar, señorías, que las bases muchas veces así articuladas encuentren nuestro rechazo tanto porque estrecha nuestro espacio legislativo como porque impide la adopción de políticas públicas propias. Las bases así entendidas y practicadas convierten al legislador autonómico en un legislador débil, cuyos productos normativos se transforman en materia inútil y con solo competencia para regular los aspectos más nimios de cada materia, como he citado, casi literalmente, al profesor Caamaño, antiguo ministro de Justicia. Todo lo contrario a la autonomía política, que no administrativa, que proclama la Constitución y los derechos históricos que se amparan y respetan en la disposición adicional y en el Estatuto vasco y el amejoramiento navarro actualizados. En definitiva, no se trata solo de dialogar como planteaba el ministro después de dictar las bases, sino de construir estas de modo diferente. Mientras no se cambie, la conflictividad no menguará y seguirá conociéndose al modelo territorio español como un estado autonómico jurisdiccional. Apoyaremos la moción. Muchas gracias.

José María Espejo-Saavedra Conesa Cs

Gracias, presidente. Señorías, nos trae aquí hoy el Grupo Parlamentario Bildu una moción, que es la enésima iniciativa nacionalista para aprovechar y sacar tajada, no ya de la evidente debilidad del Gobierno, sino de su declarada intención de mantenerse en la Moncloa a costa de concesiones de todo tipo a los nacionalistas que le dan apoyo. No sabemos si en esta ocasión lo consideran o no, pero, en todo caso, es complejo escuchar los argumentos de los socialistas hoy aquí cuando con la otra mano están haciendo concesiones incluso peores a los nacionalistas que les dan apoyo. Esto que parece que no debería causar demasiado debate entre cualquier demócrata, es decir, que el Tribunal Constitucional pueda arbitrar las competencias de las administraciones a fin de evitar desajustes entre ellas, lo propio de un sistema complejo y descentralizado como el español, se trae aquí a debate. Este asunto ya lo trajo el Grupo Parlamentario Vasco hace poco y recordamos también en su día que el Tribunal Constitucional tiene esa facultad reconocida en la Constitución, la de determinar si las normas, las leyes o los proyectos de reforma estatutaria se ajustan a la Constitución. La Constitución, señores nacionalistas, no es una imposición, es la garantía de los derechos y las libertades que disfrutamos todos los españoles; la imposición es lo que está al margen de la Constitución, como por ejemplo lo que pasó en Cataluña en 2017. Por eso solo cuando se han normalizado los discursos nacionalistas puede entenderse como represión que se exija a las normas adecuarse a la Constitución. Aquí el separatismo no solo cuenta con Podemos como aliado, sino también con el Partido Socialista en este tema, porque a pesar de lo que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, yo recuerdo perfectamente al presidente de la Generalitat Montilla encabezando una manifestación contra una sentencia del Tribunal Constitucional. No se olviden de eso y no se contradigan con sus argumentos. Lo que hay detrás de esta moción es la impugnación del sistema constitucional y su funcionamiento democrático, intentando así enfrentar a los tribunales y a la voluntad popular, con el único objetivo de alimentar el discurso del agravio nacionalista. Es un clásico por lo que veo ―aunque conozco más Cataluña― también en el País Vasco que los territorios gobernados por fuerzas nacionalistas legislen invadiendo competencias sobre materias sensibles para poder culpar al Estado y al Tribunal Constitucional de querer frenar proyectos que mejoran la vida de los ciudadanos; legislan asuntos sensibles sobre los que no pueden legislar para fomentar el agravio, es su única voluntad. Realmente saben que esas leyes, como no puede ser de otra manera, por invadir una competencia que está reservada al Estado, van a ser declaradas inconstitucionales, pero eso les da igual a ustedes. Algunas de las cosas que nos dice Bildu en su moción: que la interposición de recursos de inconstitucionalidad y conflictos son una posición recentralizadora. Recentralizar sería que el Estado asumiera competencias que corresponden a una comunidad, pero cuando el tribunal resuelve que una comunidad autónoma no tiene cierta competencia no recentraliza ni quita nada a la comunidad, es que la comunidad no la tenía. También dice que en los últimos años más de treinta leyes navarras y vascas han sido recurridas por el Gobierno. Por cierto, hablan siempre ustedes en nombre del País Vasco y de Navarra y luego se quejan de la invasión de competencias, hay más vascos y vascas y navarras y navarros que ustedes. Lo que olvidan mencionar también es que en el mismo periodo los Gobiernos vasco y navarro también han impugnado más de treinta leyes. ¿Esto qué es? ¿Esto sí se puede hacer y lo que hace el Estado no? Estos recursos que interponen sus Gobiernos les importan a ustedes menos, porque lo que pretenden no es defender la democracia ni mucho menos el Estado de derecho. Se lo vuelvo a repetir: el árbitro, el Tribunal Constitucional, no es ideológico ni es un plebiscito entre el Estado y las autonomías, sino un sistema necesario para la clarificación de competencias. Nuestro régimen competencial es complejo, y en Ciudadanos creemos que hay que mejorarlo y que hay que clarificar quién es el responsable de qué para reducir esa litigiosidad que creemos que es evitable. Con la premisa de lo que buscan ustedes con esta moción, no podemos otra cosa que votar en contra, porque esto no es más que un panfleto ideológico en contra del funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y de nuestra propia Constitución. Para darles la razón ya tienen al… .

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Yo creo que el Partido Popular, en mucha medida, y el Partido Socialista, en menor medida, están aquejados desde siempre de un trastorno persistente, y perdonen el atrevimiento en inventarme el palabro, yo creo que tienen incontinencia ‘recurritoria’. Los recursos, conflictos e impugnaciones del Estado contra las comunidades autónomas suman desde el año 1980 hasta 2018, nada más y nada menos, que 1214 casos, 226 conflictos, 381 recursos y 607 impugnaciones; esta misma mañana, contra una ley justa, una ley progresista y una ley que protege a los más débiles. Ha habido impugnaciones, conflictos y recursos en todas las comunidades autónomas. Hay liberales que suben aquí y son muy liberales, pero no aceptan cosas que sí que aceptarían, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y pongo el ejemplo del derecho civil valenciano. Nosotros fuimos una comunidad autónoma que durante más de 500 años tuvimos un derecho civil, y por justo derecho de conquista nos fue arrebatado. Lo que sería normal en Estados Unidos, es decir, legislar sobre el régimen económico matrimonial, la separación de bienes valenciana o el régimen de gananciales castellano, las relaciones familiares de custodia o la ley de uniones de hecho…Ya me dirán ustedes qué mal hacemos con esto y que poco liberales son algunos. Moltes gràcies.

Josep Pagès i Massó JxCat-JUNTS (Junts)

Gracias, presidente. Señorías, en la moción que se debate se afirma que en los últimos diez años más de treinta leyes aprobadas por los Parlamentos vasco y navarro han sido recurridas por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional. Nosotros hemos contabilizado en los últimos doce años hasta cincuenta y dos leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya que han sido impugnadas por el Gobierno, siempre con suspensión de efectos; una cada tres meses, una auténtica mutilación de la autonomía política de Cataluña. Aquí se incluye desde la Ley de ordenación de equipamientos comerciales hasta la Ley de consultas populares, prohibición de los toros, acogida de las personas inmigrantes, horarios comerciales, decreto-ley contra la pobreza energética, Ley de la agencia tributaria catalana, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, prohibición del fracking, grandes superficies, Código Civil de Cataluña, Ley contra el cambio climático o de ordenación territorial. Como pueden ver, se trata de una opción estratégica del Estado de desactivación total de la autonomía de Cataluña. Ustedes, que se proclaman constitucionalistas, están atentando contra la constitución territorial. En contra de su Constitución, están impidiendo al pueblo de Cataluña dotarse de una misma configuración legal propia, y aún habrá quien se extrañe de que el independentismo sea mayoritario en la sociedad catalana. Además, en muchos casos se trata de leyes innovadoras que el Estado acabará asumiendo, desde la prohibición de las salvajadas de los toros hasta leyes más sociales como la reciente Ley de contención en el precio del alquiler de las viviendas. Esta ley es una medida social que contó con el voto de Junts, Esquerra, Comuns y la CUP, y con el voto contrario del españolismo, el bloque del 155, incluido, cómo no, el voto del PSC. Es una ley que ha sido efectiva y que ha conseguido reducir el precio de los alquileres hasta un 4 % en zonas donde estaban disparados. Ya se ha dicho, el Consejo de Ministros del Gobierno más progresista de la historia recurrirá la Ley de alquiler catalana ante el Tribunal Constitucional, pero se han puesto generosos en la metrópoli y de momento no van a activar la suspensión. Nosotros no vamos a aplaudir estas migajas que excepcionalmente nos dan ahora. Es más, si ustedes consideran que la ley es inconstitucional ―y lo deben considerar porque van a recurrirla―, ¿por qué no fuerzan la suspensión si pueden hacerlo? Si ahora nos suspenden por razones políticas, ¿quién nos dice que cuando suspenden otras leyes no lo hacen también por motivos políticos? Estamos hartos de este trato paternalista y colonial. Para acabar, consideramos que debe abrirse la reforma de la regulación del artículo 161.2, que permite al Gobierno suspender las leyes autonómicas. Esta regulación supone un grave desequilibrio entre poderes legislativos, una tutela política inaceptable. Por todas estas razones, vamos a votar favorablemente la moción de Bildu. Muchas gracias.

María Carvalho Dantas ERC-S

Moltes gràcies, president. Señorías, hoy las compañeras de Euskal Herria Bildu nos traen una propuesta con la que nos sentimos muy muy identificadas. Se trata de una iniciativa muy básica, muy simple; una propuesta que se puede considerar de mínimos y que debería ser fácil de aprobar por parte de cualquier Gobierno que se crea eso del Estado descentralizado. El texto que plantean las compañeras de Bildu solamente pide una cosa: que el Gobierno respete sus propias normas, que no invada las competencias del resto de las administraciones. Desde Cataluña, desgraciadamente, también hemos sufrido en demasiadas ocasiones esta ansia judicializadora que denuncian las compañeras de Bildu. Desde la aprobación del estatut de Catalunya, en el año 2006, han sido impugnadas ante el Tribunal Constitucional más de cuarenta leyes catalanas, todas ellas a día de hoy ya han sido anuladas o suspendidas. Es insólito, pero hagamos un repaso porque he escuchado muchas cosas están tarde aquí. Primero, Ley de medidas fiscales, administrativas y financieras del sector público, que incluye la prohibición del fracking y de la construcción de grandes superficies comerciales fuera de las ciudades; una ley de inmenso impacto ambiental, imprescindible para la protección del territorio. Si hubiéramos disfrutado de más leyes como esta, hoy no estaríamos pagando la factura del Castor al señor Florentino Pérez, por ejemplo. Segundo, Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, aprobada por amplísima mayoría del Parlament de Catalunya. Tenía la finalidad de regular los mecanismos y recursos necesarios para hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Tercero, decreto-ley de horarios comerciales por el que se establecía un marco regulador que permitía a los pequeños comerciantes continuar ganándose la vida, pese a la preponderancia de los grandes centros comerciales y los gigantes como Amazon o AliExpress. Cuarto, decreto-ley de modificación del código de consumo, una legislación que garantizaba la protección de las más vulnerables frente a las contrataciones abusivas de las grandes empresas prestadoras de servicios. Quinto, la batería de impuestos para financiar políticas sociales ―he escuchado muchas cosas esta tarde― con el impuesto sobre los grandes depósitos bancarios, el impuesto que gravaba las centrales nucleares, el impuesto a las operadoras de Internet o uno de los más flagrantes con la emergencia habitacional que estamos sufriendo a día de hoy, el impuesto sobre los pisos vacíos. Todo ello únicamente lo digo a modo de ejemplo en estos pocos cinco minutos que tengo, pero hay muchísimos más. Por supuesto, no podemos olvidarnos por su actualidad ―que ya se ha dicho aquí antes― la flagrante injusticia que supone el recurso anunciado recientemente por parte del Gobierno contra la ley que regula el precio del alquiler. Y ojo, también está la Ley de acogida catalana, también se ha dicho aquí hoy. Llegados a este punto, señorías, yo me hago una pregunta. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas iniciativas legislativas descabezadas por el Tribunal Constitucional a instancias de los grandes partidos del Estado? ¿Son leyes progresistas o reaccionarias? ¿Consolidan derechos o son para proteger privilegios estas leyes que acabo de referir? ¿Permiten avances sociales o son regresivas? Creo que la respuesta es bastante clara. Todas estas leyes representan avances significativos y son el vivo reflejo de los consensos de una sociedad, la catalana, que desea un futuro más justo, y es en esa sed de justicia donde podremos encontrar la razón verdadera del Partido Popular y del Partido Socialista para impugnar una tras otra todas las grandes iniciativas legislativas del Parlament de Catalunya, porque tras una supuesta razón técnicojurídica se esconde la motivación política de proteger los intereses de los más privilegiados, porque lo que se está haciendo es oponer las conquistas sociales, pero no por el hecho de ser catalanas, sino porque van en contra de los intereses del IBEX 35 y también del palco del Bernabéu. Muchas gracias. .

Francisco José Alcaraz Martos VOX

Señorías, que hoy estemos aquí debatiendo una moción del partido de ETA refleja lo que pensamos muchísimos españoles: es la mayor evidencia de la degeneración moral a la que se ha llegado en esta Cámara. El partido del terrorista Otegui presenta una moción quejándose de que se recurran ante el Tribunal Constitucional las decisiones ilegales que se toman en el País Vasco o Navarra. Pongamos en antecedentes los motivos por los que estos cinco proetarras están aquí hoy en el Congreso, para que muchos españoles puedan conocer de dónde viene este espíritu chulesco que representa esta moción. El Partido Socialista pactó con ETA la hoja de ruta en la que venía incluida la legalización de Bildu; por supuesto, la legalización de ETA con unas siglas distintas a las de Batasuna. Para ello, fue necesaria la colaboración del Tribunal Constitucional, politizado al servicio del PSOE que, enmendando la plana al Tribunal Supremo y de forma fraudulenta, hizo un favor al Partido Socialista y permitió la legalización de Bildu, a pesar de las pruebas irrefutables con las que el Tribunal Supremo les ilegalizó a ustedes. Y vaya si han sacado provecho de aquella negociación, porque les va muy bien con el Partido Socialista. Han conseguido y siguen consiguiendo de sus socios de Gobierno la legalización de su partido, poder en las instituciones, excarcelaciones de etarras asesinos, acercamiento de presos, acelerar la transferencia de competencias de prisiones al País Vasco para que los ‘recogenueces’ del PNV puedan ir excarcelándolos poco a poco, bajo algún pretexto, como ya hicieron con Bolinaga. Ahora estos proetarras vienen a decir textualmente en esta moción que llevan cuarenta años en los que se le ha negado a la sociedad vasca su avance en los derechos sociales, económicos, políticos, culturales o lingüísticos. Representantes de etarras, ¡cuánta inmoralidad hay en su argumento! En cuarenta años, a los únicos a los que se ha negado sus derechos sociales, económicos o culturales en la sociedad vasca han sido a las casi mil víctimas de ETA a las que se les ha quitado el mayor de sus derechos, que es la vida. . También a los miles de vascos que han tenido que abandonar su tierra, su familia o su negocio porque vuestros amigos, los terroristas, les impidieron ―y se les sigue impidiendo a día de hoy― ejercer cualquier derecho político, económico o social en libertad. Señorías de la Cámara, ustedes han conseguido algo tan indigno como que esto sea una normalización, que estos proetarras estén aquí con total normalidad y hablen con total naturalidad con ustedes. Estos individuos representan a los asesinos también de hombres, mujeres y niños, y eso es indignante. . Señorías, solo se puede justificar esta actitud porque algunos comparten el proyecto con los enemigos de España; otros, porque quieren que ignoremos el daño que han causado a miles de españoles. Un partido que está aquí sentado por ser los comisionados de ETA podrá a llegar a tener la legitimidad manchada de sangre que le conceden, fruto de la negociación que ha tenido el Partido Socialista con la banda terrorista ETA, pero nunca tendrán el reconocimiento ni el blanqueamiento de VOX. Desde VOX le decimos que cualquier protesta que venga de los proetarras de Bildu, por las víctimas y por España, en nuestro nombre, siempre les vamos a decir: no. . Como me queda tiempo, presidente, y ha habido alusión hoy a la manifestación de Colón en la que VOX estuvo presente, tengo que decir a los señores del Partido Socialista y al resto de sus socios, que prefiero siempre la foto de Colón a la foto (muestra una fotografía) con quienes representan a los asesinos de ETA. Gracias. .

Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu PP

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Presenta el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu una moción consecuencia de interpelación urgente relativa a los recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Parlamento vasco y navarro. La interpelación fue presentada la semana pasada y se basaba en hasta treinta leyes recurridas en los últimos diez años. Un plazo de diez años es suficiente como para no considerarla urgente, más aún si, en lugar de diez años, como dijo la interpelante, la señora Aizpurua, se basaba en cuarenta años de incumplimiento reiterado. Además, la moción plantea que muchas de las leyes recurridas fueron anuladas total o parcialmente. Esto quiere decir que el Tribunal Constitucional encontró razones de inconstitucionalidad en dichas leyes. Es lo que tiene el Estado de derecho y el equilibrio de poderes, que garantiza nuestra convivencia armónica y pacífica, la que hemos querido darnos dentro de los márgenes de las leyes en el ejercicio de nuestra soberanía. Y es que este es otro mantra que ustedes repiten y reflejan en la exposición de motivos para ver si así se hace realidad. La soberanía nacional, como dice el artículo 1.2 de la Constitución, reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La soberanía no se compartimenta, señorías. La soberanía vasca no existe, como tampoco existe la soberanía murciana ni la soberanía manchega. La soberanía reside en el pueblo español, del que ustedes forman parte, y conviene no jugar semánticamente con estos conceptos que dan soporte a nuestra convivencia. La soberanía es una cosa y la autonomía es otra, que emana precisamente de aquella soberanía. Los vascos del sur de los Pirineos y los navarros por la misma razón, ni más ni menos, nunca dejaremos de ser españoles, porque, lisa y llanamente, es lo que somos. Somos colaboradores históricos necesarios, junto con castellanos, manchegos, catalanes, gallegos, andaluces y el resto de pueblos de España de la construcción de este proyecto nacional reconocido e identificado por el conjunto de las naciones del mundo como España. Ustedes dicen estar atados a este Estado cuando en realidad son y somos copartícipes de su configuración y constitución, así como de la realidad que conforma nuestra actualidad. Los hijos de la diáspora democrática vasca, aquellos que fuimos expulsados de nuestra tierra y de nuestro universo de afectos por no compartir el ideario nacionalista de confrontación y de insolidaridad con el resto de España, nunca aceptaremos la legitimidad del proceso por el cual un buen día ustedes, los independentistas vascos, determinaron que solo su visión racista y xenófoba y el odio a todo aquello que significase España era la genuinamente vasca y emprendieron un camino de imposición, de extorsión, de chantaje, de aislamiento, de expulsión y de asesinatos, de los que a día de hoy no han expresado arrepentimiento sincero ni creíble. Todo lo contrario, como es sabido, se afanan ustedes en el culto a un relato esquizofrénico que pretende hacer de aquella época de barbarie y de sinrazón un entorno de actuaciones heroicas. Lo que sí es cierto es que mientras ustedes se obstinan en querer hacernos creer que esa visión sectaria y egocéntrica de la realidad nacional en la que están instalados es irrenunciable, las energías de la nación se consumen en el debate cotidiano sobre la armonía entre las diferentes comunidades de España y, lamentablemente, son ustedes un obstáculo para el progreso colectivo de nuestra nación, de la que ustedes forman parte indisociable. Les animo a que se alejen de ensoñaciones identitarias excluyentes y que se dispongan a arrimar el hombro junto con el resto de los españoles para continuar haciendo lo que hemos hecho los vascos y los navarros a lo largo de la historia: aportar lo mejor de nosotros mismos para que esta nación, la España de todos, progrese hacia el futuro de la manera que sus hijos merecen. Y a ustedes, señorías del Grupo Socialista y de Unidas Podemos, que respaldan al Gobierno, les animo a no contribuir a perpetuar este mecanismo de subterfugios semánticos y retóricos, según el cual todo vale, todo es posible y la nación es un concepto discutido y discutible. Esta afirmación es incompatible con nuestra Constitución y es importante no poner en solfa permanentemente los principios básicos de acuerdo sobre los que se constituye y se consolida nuestra convivencia, no la de los 350 diputados y los 265 senadores, sino la de 47 millones de españoles. Muchísimas gracias, señor presidente. .

Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu

No, no la aceptamos.

Carlos Rojas García PP

Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. Señorías, desde el Partido Popular pedimos una vez más al presidente del Gobierno que no conceda el indulto a las personas que han delinquido y han sido condenadas por el Tribunal Supremo a penas de prisión por cometer sedición y otros delitos graves. Señorías, fue todo un golpe abyecto contra nuestra Constitución y contra la unidad nacional; fue un duro golpe a nuestra convivencia, tratando de sembrar discordia entre amigos, familias e instituciones en Cataluña; fue algo que no se puede repetir. Por esta zozobra miles de empresas han salido de Cataluña, una tierra española maravillosa que no merece ser un escenario político de afrentas y disparates. Por eso, señorías, el anuncio del presidente del Gobierno de conceder el indulto ha causado consternación en todo nuestro país. Es un paso atrás y es una semilla de rupturismo. Nadie entiende al presidente del Gobierno, que hace poco mantenía que este indulto jamás se podría producir; lo decía él y lo ha escuchado toda España. Toda la sociedad contempla con indignación el giro que ha dado el presidente Sánchez a sus propios argumentos, pues alguien que gira en su moral como una veleta según sople su interés político no es alguien de fiar. Creo que el presidente Sánchez, señorías, está muy solo y está muy equivocado. Solo el poder le sostiene, pero ¿qué poder, señorías del Grupo Socialista?, porque una permanencia en el poder a cambio de esta decisión es un elemento sin fuerza moral que se va a desvanecer mucho antes de lo que se pueda pensar; porque, señorías, el presidente del Gobierno quiere sostener su poder en aquellos que están trufados de propósitos prevaricadores y abyectos; porque lo que pretenden es acabar con todo, con nuestra Constitución, con los principios que la integran y con la concordia que la inspira; porque pretenden arruinar una nación por la que tanto hemos luchado y, con los escombros, construir una quimera ventajista e ilegal. Eso es lo humillante de esta situación, y así lo ven muchos socialistas que durante mucho tiempo han defendido la ley en nuestro país y no han cambiado sus principios a peso de poder. Esta situación es oprobiosa, pero el indulto en sí mismo es un auténtico oprobio, porque no solo es amoral, falto de la más pura ética y ejemplaridad, también, señorías, está fuera de la ley. Es un hecho arbitrario en sí mismo, es una traición al pueblo español hecha sin pudor alguno. Este será un indulto en fraude de ley, porque es un cambalache de votos por principios, de apoyo político por ruina ética y moral, de votos por legalidad; sí, señorías, legalidad, porque es contundente el informe del Tribunal Supremo, y si su eco no reverbera en las paredes de Moncloa, tenemos un grave problema es nuestro país con el Gobierno. El Tribunal Supremo dice que el mensaje transmitido por los condenados es bien expresivo de una voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática. Señorías, reincidir. Igual de claro es el informe del ministerio fiscal, que afirma que pretender sostener la utilidad pública de esta iniciativa de gracia no es lo más recomendable cuando se ha pretendido la ruptura del marco básico regulador de la convivencia democrática. Es muy claro, señorías. Además, las referencias en estos informes de la Fiscalía y del Tribunal Supremo a la consideración de autoindultos que tendrían si se llegaran a conceder dejan claro que esta intención del Gobierno es arbitraria, ya que otorgaría el indulto a quien se está beneficiando del mismo, porque necesita el apoyo político a través del derecho de gracia, y eso es algo ilegal e inmoral. El autoindulto está prohibido en Derecho y exigimos al Gobierno que rectifique de sus intenciones y abandone ya esta afrenta a la Justicia. También exigimos al Gobierno que abandone su intención de reformar ciertos tipos delictivos del Código Penal como pago político a sus socios separatistas. Señorías, esto es inaudito y es inaceptable. España no soporta ya más los pagos políticos del señor Sánchez, los acercamientos de terroristas por los votos de Bildu o estos humillantes indultos por los votos de los separatistas. Señorías del Grupo Socialista, ya está bien. A los que delinquen y repiten que lo volverán a hacer no hay que tratarlos con medias tintas ni con rebajas del Código Penal ni hay indultos que valgan. Hay ley, Constitución y hay justicia, señorías. Estos delincuentes quieren aparentar que no lo son, juegan con ensoñaciones populistas, cambian el relato de sus delitos y de ahí pasan al victimismo que todos conocemos. En este asunto, los condenados y quienes les apoyan han querido ofrecer una imagen internacional de España como Estado sin ley, sin justicia, en una infame paradoja donde el que delinque pretende ser exonerado basándose en el desprestigio de quien lo juzga y, para ello, han intentado jugadas políticas en instituciones internacionales desde perspectivas irreales y tendenciosas, como la impulsada por el diputado socialista letón, autor de un informe ante el Consejo de Europa cuyo único objetivo, señorías del Grupo Socialista, es insultar a España y socavar nuestra democracia y nuestra Constitución. Señorías, este juego mezquino tiene que terminar cuanto antes, y es fundamental que el Gobierno empiece ya a desplegar toda su capacidad diplomática para que la toma de decisiones en los órganos del Consejo de Europa se haga desde una perspectiva informada, real y no tendenciosa como hasta ahora. Señorías del Grupo Socialista, defendamos a España, defiendan la Constitución, defiendan la ley y defiendan el Estado de derecho. Señorías, no a estos indultos y sí a España. Desde el Partido Popular vamos a volver a repetir alto y claro las veces que sean necesarias que no se puede negociar en una cárcel con unos delincuentes aquello que votamos todos hace cuarenta años en una transición modélica en el mundo. . Que no se puede vender la unidad y la igualdad de los españoles por un puñado de votos para seguir en la Moncloa. Que no se puede utilizar el derecho de gracia con fines políticos. Señorías, que no todo vale para mantenerse en el poder, que es un fraude indultar con el informe en contra del Tribunal Supremo y de la Fiscalía. Y no se trata de venganza ni de revanchas, como dijo un día aquí el presidente del Gobierno hace poco tiempo, se trata de cumplir con la ley, señorías. Algo tan sencillo, algo que recoge el artículo 9 de nuestra Constitución. Es un principio básico. Cada uno puede pensar como le dé la gana, pero no hay una ley para unos y una ley para otros. La ley es igual para todos y todos estamos sujetos a la ley, y cuando decimos todos, señorías del Grupo Socialista, por supuesto que incluimos al Gobierno y a sus socios de Gobierno. Todos estamos sujetos a la ley. No se dan las condiciones para el indulto ni de justicia ni de equidad ni de interés general y jamás se puede indultar a aquellos que dicen que lo volverían a hacer. Señorías del Grupo Socialista, no a los indultos, sí a España, sí a la Constitución y sí la ley. Eso es lo que siempre va a tener claro y defiende el Partido Popular. Nada más y muchas gracias. .

Francisco Javier Ortega Smith-Molina VOX

Muchas gracias, señor presidente. El Partido Popular nos presenta una moción consecuencia de interpelación urgente. He dicho bien, el Partido Popular. ¿Qué hizo el Partido Popular cuando había un golpe de Estado en Cataluña? Aplicar un 155 de pacotilla para salir corriendo a los pocos días y convocar unas elecciones que le dieron más fuerza al separatismo, en vez de hacer una verdadera intervención de la comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución. ¿Qué hizo el Partido Popular cuando algunos, como única acusación popular, sentamos en el banquillo a los golpistas? Estaba dedicado a otras cosas, pero no hizo absolutamente nada, absolutamente nada. Las querellas que interpuso este partido fueron las que les sentaron en el banquillo; luego vinieron las querellas de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia, en seis juzgados de Cataluña. ¿Dónde estaba el Partido Popular? En otras cosas. Ahora sí, va recogiendo firmas por toda España. Yo me pregunto si le cuenta a la gente de la que recoge firmas que no tiene legitimidad ninguna, ni siquiera para recurrir el posible indulto ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Yo creo que no. Y está bien que presente ahora estas mociones, claro que sí, y le vamos a apoyar la moción, y además hemos presentado una enmienda para que se reforme el Código Penal y no sea un requisito necesario para constituir un delito de rebelión el que exista la fuerza, la violencia, y que no sea necesario para que haya un delito de sedición el tumulto o la fuerza ilícita. La realidad es que la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre de 2019 condenó a doce de los principales dirigentes golpistas por delitos de sedición, malversación y desobediencia, y hasta a trece años de prisión. El informe del Tribunal Supremo, el informe de la Fiscalía, lo deja muy claro: no existen razones ni de justicia, ni de equidad, ni de utilidad pública. Así ha sido corroborado por las sentencias y los autos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Comisión de Venecia e incluso de Amnistía Internacional. Dicen estos informes que no existe el menor atisbo de arrepentimiento en los condenados, ninguno, y que además hay una clara voluntad de reincidencia, porque dicen que lo volverán a hacer. Además, añade algo importante que tantas veces hemos denunciado desde aquí con las competencias penitenciarias de la Generalidad de Cataluña: que existe, que ha existido un intento de colectivizar a los condenados, a los presos, convirtiéndolos en un colectivo — nos recuerda a los de la ETA—, el colectivo de presos políticos. Pero este partido pregunta a la Cámara y pregunta al Gobierno: si se atreve a conceder esos indultos, ¿cuál es la razón verdadera? Si no existen razones de justicia, si no existen razones de equidad, si no existen razones de utilidad pública, ¿cuál es la verdadera razón si se conceden esos indultos? Pagar un precio al chantaje. Esa es la única realidad. El precio del autoindulto de quienes son los sostenedores de este Gobierno, de quienes les están manteniendo en la Moncloa, son los pactos para indultarlos y además reformar el Código Penal para rebajar las penas de sedición y rebelión, tal vez para que cuando no le quede más remedio a Puigdemont y a los demás cobardes fugados que entregarse o ser detenidos por la justicia, puedan acogerse al derecho penal más favorable. Recuerdo que esto ya lo hablaba con mi compañero, el diputado nacional Pedro Fernández, cuando estábamos en estrados vistiendo la toga y acusándoles. Decíamos: Ya verás cómo al final, si no logran pararlo — como no lo han logrado— en los tribunales, a pesar de torcerle el pulso en el último momento a la Abogacía del Estado e intentarlo a la Fiscalía General, lo harán por la puerta falsa de los indultos. Pues no son indultos, son insultos, y no a los 130 000 españoles que se manifestaron el domingo pasado en Colón, sino a los millones de españoles que creen en el Estado de derecho, que repudian aceptar los chantajes del Gobierno. Desde aquí, desde esta tribuna, les decimos al Gobierno y a sus socios: tornarem a fer. Nosotros lo volveremos a hacer. Les volveremos a sentar en el banquillo y volverán a entrar en prisión quienes intenten volver a dar un golpe de Estado contra España. Muchas gracias. .

José María Mazón Ramos PRC

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Está claro que nuestra Constitución contempla la posibilidad de indultos y también establece, en su artículo 25, que las penas de privación de libertad estarán orientadas a la reeducación y a la reinserción social. En este caso, de momento no parece que se haya conseguido el objetivo. Ahora bien, desde los tiempos de Beccaría, la función de las penas no incluye el castigo como en etapas anteriores, pero sí una de sus funciones es la prevención del delito y evitar que los reos los cometan nuevamente; también la potencial protección de otras víctimas. Yo no quiero poner ejemplos para que no haya malentendidos, pero que cada cual elija el que le parezca más adecuado. Aquí ya no se trata de estar a favor del indulto como institución, ni siquiera a favor de unos casos sí y otros no, se trata de cumplir la ley, de cumplir la ley del indulto. Invocarán la utilidad pública y podremos discutir sobre el rechazo o el apoyo social — y aquí va a existir una gran disparidad entre las regiones españolas— y si está a favor o en contra de la concordia, incluso podemos discutir sobre si el delito de sedición necesita mayor precisión para adaptarlo a estos tiempos, pero con rigor y sabiendo que algo similar ocurre en la mayor parte de las democracias avanzadas. Pero lo que parece que hay detrás de todo esto es la utilización partidista de estos indultos en beneficio del Gobierno, y mientras no desaparezca esta duda — para muchos certeza— nunca dejará de pensarse que esto es una actuación ilegal. Es cierto que la carta del señor Junqueras cambia las cosas, pero aquí se están tramitando nueve indultos individuales, y supongo que algo tendrán que decir el resto de los afectados en la tramitación. Desde luego, si van a salir de la cárcel para repetir, la utilidad social se convierte en todo lo contrario, y eso parece que es lo que se desprende de las declaraciones de los indultables y de su entorno.

Sergio Sayas López NA+

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. El 1 de octubre en Cataluña se perpetró uno de los mayores golpes a nuestra democracia y hoy el Gobierno de España se hace cómplice de ese golpe. Lo hace al amparar a los golpistas frente a la democracia, a la impunidad frente a la justicia y al interés rastrero frente a la igualdad de todos los españoles ante la ley. No hay nada más democrático que la ley y ningún Gobierno puede usar la ley a su servicio para pagar un precio a la cesión de un chantaje. La grandeza de una democracia es precisamente la igualdad de todos ante la ley. Lo contrario se llama absolutismo, se llama totalitarismo y se llama dictadura, que es hacia lo que parece que algunos en esta Cámara quieren abocar a nuestro país. No hay nada menos democrático que un Gobierno que quiere aglutinar en torno a la figura del presidente todos los poderes del Estado. En el momento en el que el presidente del Gobierno quiere impartir la justicia, a la justicia se le cae la venda, deja de ser ciega y la democracia deja de ser una democracia y los ciudadanos dejamos de ser libres y dejamos de ser iguales. Desgraciadamente, hoy tenemos un Gobierno en España que, en lugar de defender a España frente al independentismo, se une al independentismo frente a España, y a eso lo llama magnanimidad, y a la justicia la llama venganza, a la claudicación la llama concordia y a la ley la llama revancha. Y así se destroza la igualdad de todos los españoles ante la ley, se destroza el Estado de derecho, se destroza la democracia en sí misma y se vende España por fascículos, que es el camino que está emprendiendo el señor Sánchez. Y, además, osan criticar a los españoles que salimos orgullosos el domingo a la calle a defender la libertad, el Estado de derecho y la Constitución en nuestro país. Y lo critican porque se creen que la calle es suya, que la democracia les pertenece y que la gente tiene que callarse ante su chantaje y ante su cinismo, el cinismo de haber dicho que iban a traer a Puigdemont para juzgarlo —¿juzgarlo, para qué?, ¿para indultarlo después?—; ante el cinismo de decir que no se iba a pactar con el indepentismo, y ser socios hasta de Bildu; ante el cinismo de decir que no se iba a gobernar con Podemos, y hoy se gobierna; ante el cinismo de la mentira constante, del engaño permanente y de la burla incesante. Muy orgullosos de defender la libertad, de defender el Estado de derecho y de defender la Constitución. Lo que me daría vergüenza sería formar parte de un Gobierno que se ampara en socios como los que tienen ustedes. Muchas gracias. .

Jon Iñarritu García EH Bildu

Muchas gracias, señor presidente. Señorías del PP, ¿qué tal el domingo? Calor, ¿verdad? Allí, cara al sol. Miren, según las crónicas la jugada les salió mal. He leído que hubo menos gente de la que preveían, que abuchearon a su líder. De igual forma, su escisión más ultra salió fortalecida y encima la presidenta de la Comunidad de Madrid ha metido al jefe del Estado en un berenjenal, por si tuviera pocos dentro de su casa. Le ha dicho que o desobedece la Constitución o se convertirá en cómplice de una supuesta trama. Veo que ustedes a este paso se van a hacer republicanos, señores del Partido Popular. Miren, he escuchado con interés cómo intentaba simular ese enfado por esa amoralidad, esa ilegalidad, pero no hace falta más que repasar un poco el pasado, la aplicación de los indultos en el Estado español para que no se sostenga esa simulación que quieren hacer de que esto va a suponer una crisis total. A ver, si fuera por número de indultos, ¿quién es el que más ha indultado en este Estado? Ustedes, el Partido Popular. Además, si hablamos de indultos polémicos, ¿quién ha indultado al mayor número de corruptos, a 227 condenados por corrupción? El Partido Popular, y en este caso supongo que no era un pago a sus socios corruptos, ¿verdad?, porque si todo lo interpretan como pagos. Pero es que del mismo modo ustedes han indultado a terroristas, a terroristas de Estado, han indultado a torturadores, han indultado a kamikazes, han indultado incluso a gentes que cumplían pena por vinculación con delitos sexuales. Esos yo creo que son indultos polémicos, que pueden generar una verdadera crisis. Pero a ustedes no, a ustedes les parece lo peor que ha ocurrido en el Estado que haya alguien que haya puesto urnas, urnas para votar. ¿Saben lo que pasa? Que lo escandaloso no son los indultos, lo escandaloso es que haya todo un Gobierno en prisión. Eso sí que es escandaloso. . Luego, en esa ficción que representan, hablan del arrepentimiento. ¿De qué se tienen que arrepentir estos señores? Yo les aplaudo y estoy orgulloso de ellos por verdaderos demócratas y defensores y defensoras de la libertad. Pero si hablamos de arrepentimiento, se lo decía antes, ¿se arrepintieron los miembros del GAL que indultaron ustedes? No, hacían enaltecimiento y se enorgullecían de ello. ¿Saben quién era el Goli, un torturador conocido en Intxaurrondo que fue indultado por un Gobierno? El tema es que no fue indultado una vez, no, fue indultado dos veces, dos. ¿Hubo arrepentimiento? No. ¿Ustedes se arrepintieron en algún momento? No. Ahí vemos lo que les pesa. Y, por cierto, aquí están los tiros del 23F. El señor Alfonso Armada, el tutor del rey — antes hablaba del 23-F— fue indultado, es cierto que por otro Gobierno. ¿Se arrepintió en algún momento? ¿Ustedes se rasgaron las vestiduras? No. Lo que pasa es que los datos reflejan que ustedes están simulando lo que viene a ser una crisis de Estado cuando los datos, ya digo, demuestran que ustedes tienen mucho que callar. Miren, nosotros, si los presos políticos y presas políticas catalanes salen a la calle, nos alegraremos, y nos alegraremos igual si salen con un indulto o si salen fugados, nos da igual, porque estas personas no tuvieron ni que ser juzgadas ni que ser condenadas y, mucho menos, entrar nunca en prisión. Nunca. La vergüenza es esa, pero es que, además, en este momento ustedes vienen a decir que hay que parar la internacionalización del conflicto. ¿Pero en qué mundo viven ustedes? Tener presos políticos en un Estado miembro de la Unión Europea no se ve bien, pero es que no lo ve bien nadie: no lo ve bien el Consejo de Europa, pero tampoco lo ve bien el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y, por ese mismo motivo, no han entregado a ninguno de los exiliados ni el Reino Unido, ni Bélgica, ni Alemania, ni Suiza, por eso, porque no se entiende. No sé de qué fracaso hablan ustedes. Fracaso el suyo que, hablando de ilegalidades, mediante la Operación Cataluña, mediante la operación del 1 de octubre reprimiendo violentamente un plebiscito y, posteriormente, teniendo presos políticos lo que han hecho es el ridículo, el ridículo internacional. Y acabo diciendo que nos alegraremos si se indulta a estas personas, pero que el conflicto sigue ahí, irresuelto, y que la represión sigue. Con lo cual, espero que haya negociación y diálogo de buena fe y, sobre todo, que se pare la represión y que salga de la cárcel quien nunca tuvo que estar en ella. Muchas gracias, señor presidente. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. Propone el Grupo Parlamentario Popular una moción para que el Gobierno no indulte a los dirigentes políticos catalanes ni modifique el Código Penal en los tipos delictivos de sedición y rebelión. Sus señorías ya conocen la postura del Partido Nacionalista Vasco en esta cuestión, la hemos repetido infinidad de veces dentro y fuera de esta Cámara, pero ya que el Partido Popular insiste, volveremos a repetirla, ya que para el PNV, sin dejar de respetar las decisiones del Tribunal Supremo, en Cataluña ni hubo rebelión ni sedición ni golpe de Estado. Estamos ante una crisis constitucional en torno a la cuestión nacional respondida por el Estado con medidas de excepción. Estamos ante un conflicto político en torno a distintos sentidos nacionales de pertenencia. Estamos ante un conflicto político enconado por haber sido tratado como un mero asunto de orden público. Para el Partido Nacionalista Vasco ahora lo que toca es apostar por un nuevo tiempo de diálogo y negociación, que se dé por finalizado el tiempo de la intransigencia y la represión. Para el Partido Nacionalista Vasco ahora es el tiempo de buscar soluciones, es el tiempo de la política, es el tiempo del ejercicio del derecho de gracia y el de la iniciativa legislativa del Gobierno para modificar el Código Penal. Ciertamente, creemos que no solucionarán el llamado procés catalán, pero sí retirarán obstáculos. Por eso, consideramos de interés general retirar obstáculos, como lo son los dirigentes políticos encarcelados, para abordar una cuestión política por cauces políticos. Señorías, la institución del indulto no es un privilegio arbitrario, sino una prerrogativa constitucional del Gobierno, de todos los Gobiernos de nuestro entorno político y jurídico. La Constitución reconoce un tiempo para el Poder Judicial y un tiempo para la política, como lo es la política criminal, y, dentro de esta, el derecho de gracia como materia de reserva constitucional de gobierno para atemperar precisamente el ius puniendi en atención a circunstancias de justicia material, de equidad o de utilidad pública, para, entre otras finalidades, como ha señalado el Tribunal Supremo, suavizar conflictos internacionales y resolver graves problemas públicos que afectan a la convivencia interna. Por otra parte y por los mismos motivos de fondo, consideramos oportuno y necesario políticamente reformar algunos delitos que tutelan como bienes jurídicos protegidos, bien el orden público, bien la misma Constitución, entre los que se encuentra el de sedición y rebelión. El pasado 23 de marzo lo señalaba así ante este mismo Pleno, tanto para responder a la realidad de nuestro tiempo, como para armonizarlo con los países de nuestro entorno y, como señalaba el ministro la pasada semana, para facilitar la cooperación jurídica y policial. Se dan incongruencias y paradojas, sobre todo en el de sedición, pues pese a no requerir violencia o intimidación, conlleva unas penas muchísimo más elevadas y tiene una redacción confusa que hace pensar más en un tipo dispuesto para tutelar la Constitución que para proteger el orden público. Voy finalizando, presidente. Ya se dijo aquí la semana pasada: la justicia debe ser ciega, los intereses de una sociedad, no. Para ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, restaurar la convivencia es una rendición, una humillación, su tesis es: a más diálogo, más confrontación. Por el contrario, para el Grupo Parlamentario Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, los programas políticos no se prohíben, se afrontan; no se resuelven con la Policía, con el Código Penal, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal o con la Ley General Penitenciaria. Señorías de Grupo Parlamentario Popular, ustedes siguen proponiendo medidas judiciales y penitenciarias para lo que no se sabe encarar ni solucionar, y además se empeñan en no desinflamarlo. No apoyaremos su moción. Muchas gracias.

Edmundo Bal Francés Cs

Gracias, presidente. Buenas noches a todos. Estamos aquí para debatir la moción que plantea el Partido Popular en relación con los indultos de presos convictos, condenados, que dieron un golpe contra la democracia, que dieron un golpe contra la convivencia en España y en Cataluña. La pena es que no tenemos duda de que se va a conceder el indulto, solamente tenemos la duda de cuándo se va a conceder ese indulto. La pena es que el Gobierno de España cae en esa indignidad de traspasar una línea roja fundamental que supone el respeto a la separación de poderes, el respeto al Estado de derecho. La pena es que el Gobierno de España entra por la senda del agravio, por la consolidación de una España de privilegios que agravia a unos, a los que cumplen, y premia a otros, a los que delinquen. No habiéndose concedido todavía los indultos, ya se está hablando de una mesa de la vergüenza y ya estamos pensando en la siguiente concesión a los racionalistas: Iceta e Illa ya están hablando de un referéndum. ¿Qué viene después? ¿Qué va a venir después con respecto a las declaraciones de personas como Pere Aragonès, que, en relación con aquellos que no compartimos los indultos, dice: aunque rabiéis, tendremos independencia? Eso es lo que va venir después: la independencia, el referéndum. Nos preparan para eso; nos preparan para eso con los indultos, con la mesa, con el referéndum de autodeterminación, y es absolutamente insultante, es absolutamente humillante, porque los nacionalistas, los separatistas son absolutamente insaciables, absolutamente insaciables en su meta de conseguir la ruptura de la convivencia política y social de nuestro país. Lo peor no es premiar a aquellos que rompieron la convivencia, que separaron familias y amigos, que hicieron huir de Cataluña a tantos empresarios; lo peor es darles la razón, legitimarles; lo peor es desdecir el mensaje del 3 de octubre del jefe del Estado, del rey de España, que nos llenó de esperanza a aquellos que creemos en la Constitución. Lo peor es que saldrán a la calle a celebrarlo para humillarnos a todos de nuevo, para humillar a los catalanes que vivían en silencio sojuzgado por el pensamiento único hasta que nació, en el año 2006, mi partido, Ciudadanos, para darles voz. Otra vez esa angustia que vivimos en el año 2007 con el referéndum del 1 de octubre todas las personas que creemos en la convivencia, en la paz y en el Estado de derecho. Perdonan a políticos que no han pedido perdón, que no reconocen la autoridad del Estado español, que no reconocen la autoridad del Tribunal Constitucional, que no se arrepienten y que dicen que lo volverán a hacer, cuando la Sala Segunda del Supremo dice en su informe, en el expediente de indulto, que el indulto no es un recurso más para combatir la sentencia; cuando la calle se expresa con claridad en la manifestación de Barcelona y en la de Colón; cuando incluso los votantes socialistas, en su mayoría, no están de acuerdo con el indulto. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo nos dice que el arrepentimiento es un requisito jurídico. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo nos dice que el indulto se tiene que basar en razones de justicia, de equidad y de utilidad pública. Y no hay justicia cuando se trata de sacar de la cárcel a personas que atentan contra la Constitución y contra la convivencia a través de delitos graves. Y no hay equidad, porque se elige solamente a estos políticos presos y no a otros presos que cometieron delitos más leves. Y no hay utilidad pública, lo que hay es una ofensa y una humillación pública a la nación; lo que hay es una utilidad privada del presidente del Gobierno, que para mantenerse en el poder es capaz de pagar el precio más alto, poner de rodillas a toda una nación. Pero es que incluso nos insultan; incluso nos insultan. El presidente del Gobierno, que decía que apostaba por el cumplimiento íntegro de las penas y que descartaba el indulto, dice que somos vengativos. La vicepresidenta del Gobierno dice que atendamos contra la convivencia y contra Cataluña. El ministro de Justicia dice que el Estado de derecho prevé los indultos. Pero tan Estado de derecho es concederlos como denegarlos. Y por eso, porque no cumplen con los requisitos establecidos en la ley, les prometo que interpondremos recurso contencioso-administrativo y que volverán a la cárcel; volverán a la cárcel de la que nunca debieron salir. Yo hoy miro a la bancada socialista y reconozco a personas a las que respeto que creen en el Estado de derecho y que se van a tener que comer este sapo, y les digo: alzad la voz, porque, si yo estuviera ahí sentado, a los cinco minutos de ver los indultos dejaría mi acta y abandonaría el Partido Socialista con tal de poder mirar a la gente a la cara. .

Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Gracias, presidente. Esta moción consecuencia de interpelación, la interpelación, la recogida de firmas, toda esta gesticulación que está haciendo el Partido Popular solo tiene dos objetivos: un primer objetivo, que es desgastar al Gobierno, y le importa lo mismo los indultos, que las vacunas, que el estado de alarma, que Marruecos. Veremos si tienen éxito o no. Yo creo que no van a tener mucho éxito. Y el otro objetivo simplemente es cubrir su flanco de la ultraderecha, y en eso ya les digo que no tienen éxito, porque VOX siempre les va a sobrepasar: ‘dos huevos duros más’, ‘más madera’. Han visto la intervención del señor Ortega Smith, por tanto, yo creo que están haciendo un intento que no les va a servir absolutamente de nada y que tampoco, obviamente, va a servir para solucionar ninguna situación en Cataluña. Todos los que han subido aquí a clamar contra los indultos, ¿me pueden explicar dónde estaban en diciembre de 1988, cuando se indultó al general Armada por intento de golpe de Estado? ¡26 años de condena! ¿Dónde estaban? ¿Estaban recogiendo firmas? ¿Estaban presentando recursos contencioso-administrativos? ¿Estaban clamando desde esta tribuna? No. ¿Dónde estaban cuando se indultó al señor Barrionuevo y al señor Vera, condenados a diez y doce años por secuestro? ¿Estaban recogiendo firmas? ¿Estaban presentando recursos? ¿Estaban clamando desde esta tribuna? Sean honestos, sean honestos ustedes y sus fuerzas políticas con ustedes mismos. Esta noche, cuando se vayan a dormir, los presos y presas se irán a dormir a su celda, pero piensen que cualquiera de ellos tiene más dignidad e integridad política que cualquiera de los que estamos aquí. Muchas gracias. .

Míriam Nogueras i Camero JxCat-JUNTS (Junts)

Gràcies president, per la intervenció d’avui. M’en llevo las palabras del estimat Gonzalo Boye, advocat del molt Honorable president Carles Puigdemont, también perseguido por hacer su trabajo y hacerlo al lado de un independentista, el único que nos está plantando cara desacomplejadamente. Nos cuenta el admirado Gonzalo Boye que España no se da cuenta de que la peor parte de todo lo que está pasando se le va a quedar ella, os la vais a quedar vosotros, y esta peor parte es el odio acumulado de una sociedad que sigue sin asumir que el problema no somos los catalanes, no somos los independentistas; el problema es la falta de cultura democrática. Se ha puesto en evidencia que el árbol de la democracia en España no tenía raíces. Cuenta también Gonzalo que cuando él odió, su padre le dijo: no puedes seguir odiando, tienes que educar a tus hijas y no puedes hacerlo con este sentimiento. Les invito a todos ustedes a que hagan suya esta frase. Este sentimiento de odio que tienen les está pudriendo, pudre todo aquello que hacen y todo aquello que tocan. No lo hagan por ustedes, háganlo por los que vienen detrás. Los que crean o expliquen que el conflicto va camino de resolverse es que no han entendido en absoluto cuál es el verdadero problema, y los que crean o expliquen que portándonos bien nos van a tratar un poco mejor, mienten. Sin la lucha desde el exilio que han forzado las presiones internacionales, sin su determinación a plantar cara muy solos a un Estado dirigido por el odio y la venganza, jamás se hubiera hablado de indultos aquí. La lluita continua i continua fins al final. Visca Catalunya lliure! Llibertat presos polítics, exiliats i represaliats. Moltes gràcies. .

Gabriel Rufián Romero ERC-S

Contento de participar en esta terapia de grupo de la ultraderecha. Ustedes han hablado de chantaje, de venganza, de que lo paguen, golpistas, arrepentimiento, humillación, perdón, de rodillas… Con esto tienen algún tipo de filia o fobia. Entiendo que Tejero se arrepintió un montón, por eso sigue haciendo paellas en Valencia cada 23 de febrero. Un par de comentarios para el señor Rojas y el señor Bal, sobre todo para el señor Bal. Ustedes jamás — entiéndame— van a ser tan salvajes en esto como VOX, jamás, y en concreto ustedes, señorías de Ciudadanos, han pasado de treinta y seis diputados, de ganar, dopados mediáticamente como nunca ha pasado, pero de ganar las elecciones en Cataluña a caber en una furgoneta, a ser seis. ¿De verdad que no hay nadie ahí dentro que diga: oye, ¡tate!, vamos a cambiar un poquito, porque vamos a acabar cabiendo en un ascensor? Cambien un poquito el discurso, porque no les van a igualar jamás, tienen el copyright, así que dedíquense a otras cosas, que yo creo que en este país realmente hay un espacio político para ustedes si se olvidan de otras cosas. Año 2000. El año 2000 fue un año especial, convulso. En ese año no se acabó el mundo, como decían los mayas, hubo un eclipse lunar; Schumacher ganaba mundiales de Fórmula 1; Carlos Santana sonaba en la radio; Zapatero fue elegido secretario general del PSOE; Bush ganó las elecciones en Estados Unidos por un puñado de votos, y ustedes, señorías del Partido Popular, ganaron las elecciones en España por mayoría absoluta. Eran buenos tiempos, eran los tiempos de Aznar, de los pies sobre la mesa con Bush. Luego vendría la boda en El Escorial, de la que solamente falta por imputar a los camareros, pero fue un año en el que pasó algo que no se publicó mucho pero que fue importante, y quizá lo recuerdan porque fue histórico. ¿Ustedes recuerdan qué pasó el 1 de diciembre del año 2000? ¿Lo recuerdan? ¿No? Deberían. Ese año es histórico porque ese año, el 1 de diciembre del año 2000, el Consejo de Ministros, el Gobierno del Partido Popular, el señor Acebes concretamente, en un solo Consejo de Ministros, indultó a 1328 personas, 1328 en un solo día, algunos de ellos condenados por prevaricación y malversación. ¿Saben cuántos de esos indultos valieron aspavientos, valieron intervenciones como las que hoy hemos oído? Cero; cero: estas (hace el signo del cero con los dedos pulgar e índice). Porque habían robado. ¡Claro!, eran de los suyos, y entonces sí que valía. Les voy a contar una historia en este minuto que me queda. El 1 de diciembre del año 2003, un señor que conducía un coche a 180 kilómetros por hora por la AP-7 tuvo un primer accidente, se fugó, estuvo a punto de matar a los ocupantes del coche con el que se chocó, dio media vuelta, se convirtió en un kamikaze aún más peligroso a 180 kilómetros por hora, chocó con otro coche y asesinó a un chaval de veinticinco años; lo asesinó. Fue condenado a trece años de cárcel. ¿Saben qué pasó con él? Lo indultaron. ¿Saben cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Diez meses. ¿Saben cuánto pagó de multa? Apenas 4000 euros. ¿Saben quién era? Yo se lo digo: Ramón Jorge Ríos Salgado, un directivo de la Opel, primo del consejero de Sanidad de Cospedal, amigo de uno de los abogados del bufete del hijo de Gallardón ―por cierto, el que lo indultó—, y el letrado que elaboró el informe de su indulto era hermano de un secretario de Estado de ustedes. Por favor, por favor, tápense un poquito… .

Joan Mena Arca ECP-GUANYEM EL CANVI

Gracias, presidente. Alfonso Armada, militar condenado por participar en el golpe de Estado del 23-F, indultado; José Barrionuevo y Rafael Vera, ministro y secretario de Estado condenados por secuestro, indultados; Javier Gómez de Liaño, magistrado condenado por prevaricación, indultado; José Ramón Ramírez y Ángel Sáez, comandante y capitán médico condenados por falsear la identidad de treinta militares fallecidos en el accidente del YAK-42, indultados. Así podría continuar hasta llegar a los 10 582 indultos que se han aplicado en España desde el año 1996. De todos esos, el Partido Popular no ha dicho ni mu. Es más, si algún día ustedes vuelven a recuperar el poder, volverán a aplicar los indultos a sus delincuentes, a los presos con denominación de origen del Partido Popular. . Por eso, ustedes no están en contra de los indultos; a ustedes lo que les pasa es que han renunciado a Cataluña porque en las últimas elecciones, en las urnas, les pusieron en su lugar y, por ello, han decidido parapetarse en el Madrid de Ayuso, que es en estos momentos el verdadero epicentro del conflicto territorial que tiene España. Después de una pandemia durísima, los catalanes y las catalanas sabemos que estamos ante un cambio de etapa. Se respiran vientos de cambio en Cataluña y eso les incomoda porque necesitan de la crispación para sobrevivir. El señor Casado no ha parado de decir estas semanas que los indultos a los presos independentistas dañan la democracia. Se equivoca el señor Casado, lo que daña la democracia es que la señora Cospedal esté imputada; lo que daña la democracia es que un ministro del Partido Popular usara el Ministerio del Interior para espiar a sus adversarios políticos; lo que daña la democracia es que su partido reformase su sede con dinero negro procedente de la caja B; lo que daña la democracia es que la misma semana en la que el machismo ha mostrado su cara más cruel y más inhumana, ustedes se manifestasen en Colón al lado de los negacionistas de esa violencia machista. . Eso es, señores del Partido Popular, lo que daña la democracia, y no hay suficientes banderas en Colón que puedan tapar la corrupción de Génova. Los indultos no son una cesión a nadie, forman parte de la solución que siempre hemos defendido desde En Comú Podem y Unidas Podemos, muchas veces en solitario, y son, por encima de todo, el primer paso necesario para fundar un nuevo pacto territorial después de que ustedes lo hicieran saltar por los aires con las sentencias del Estatut y su política extractivista del Madrid de las élites; un pacto territorial que incluye a Cataluña y sus demandas, pero también al País Valencià, a Euskadi o a la España vaciada. Por eso, señorías, hoy esta moción será rechazada, porque la mayoría de los españoles no estaba el domingo en Colón. La mayoría de los españoles está representada en esta Cámara que hoy les va a decir que no a su política de tierra quemada, porque en España, en estos momentos, hay dos proyectos. Uno, el que se pasea entre Colón y Génova, es decir, entre el Madrid centralista de las élites y la corrupción. Y dos, el proyecto plurinacional emprendedor, verde y feminista, que es el que representa el bloque de la gobernabilidad. El primero ya fracasó. Lo hizo el domingo y lo viene haciendo desde hace más de una década, porque lo que ustedes están haciendo no es nada nuevo. Repiten el mismo guion punto por punto: firmas contra Cataluña y foto de Colón bis. Apréndanse el refrán: Segundas partes nunca fueron buenas. Y si la primera foto de Colón sirvió para enterrar a Ciudadanos y dejar al señor Casado en la uve política, este domingo han dado un paso más todavía y casi se llevan por delante al rey. Yo, como republicano, tengo que agradecer a la señora Ayuso su contribución a la causa. Así que háganselo ustedes mirar, porque su idea de España es tan estrecha que en las próximas semanas, cuando se firmen los indultos, les auguro que escucharemos a alguien de su partido llamar traidor a Felipe VI. .

Felipe Jesús Sicilia Alférez PSOE

Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Señor Rojas, en las poco más de tres páginas de su moción no aparece ni una solución a la crisis territorial abierta con Cataluña, ni una sola. Y ya sabemos lo que ha hecho el Partido Popular durante los últimos años: recoger firmas contra el estatut — ahora contra los indultos— y negar la realidad política y social de Cataluña. Y cuando gobernaron no hicieron nada — nada— y miraron hacia otro lado. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que el independentismo aumentó como nunca, que la sociedad catalana se polarizó como nunca y que el distanciamiento entre Cataluña y el resto de nuestro país aumentó como nunca. Por cierto, señor Rojas, hubo dos referéndums ilegales y una declaración unilateral de independencia con Rajoy de presidente , con el señor Casado en la ejecutiva del PP y con usted de diputado en esta Cámara. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, si lo que hicieron no funcionó — es más, empeoró la situación— y lo que proponen hoy no es nada nuevo, ¿por qué no dejan a este Gobierno que inicie un nuevo camino, un camino de entendimiento, un camino que no es otro que el del diálogo desde la ley y desde los gestos para facilitar ese diálogo y un posible acuerdo? Sinceramente, creíamos que habían aprendido, que habían tomado nota. Poco antes de las elecciones catalanas escuchamos al señor Casado decir en una entrevista en una radio catalana que no le gustó la gestión que hizo Rajoy del 1 de octubre y que él quería ser parte de la solución de Cataluña y no del problema. ¿Recoger firmas es la solución? ¿Ir de la mano a Colón a manifestarse con la extrema derecha es parte de la solución? No, no es la solución, y lo saben ustedes y lo saben los dirigentes del Partido Popular, que dejaron solo al señor Casado el pasado domingo, tan solo que no se atrevió a pasar de la calle Génova, tan solo. . Bueno, es verdad que hubo una dirigente que le acompañó. Le acompañó la señora Ayuso y todavía estamos esperando a que el señor Casado tenga la valentía de pedirle que se retracte por pedir al rey que incumpla su obligación constitucional. . Espero que tenga la valentía de pedirle que se retracte, porque, señorías del Grupo Parlamentario Popular, no sé si son ustedes conscientes de la deriva en la que están. No sé si son conscientes. Ponen en tela de juicio y cuestionan la jefatura del Estado, bloquean las instituciones de este país, como el Consejo General del Poder Judicial, y enfrentan a unos territorios — y a sus ciudadanos— con otros. ¿Y ustedes se llaman patriotas? Bueno, y se me olvida que cuando llegan al Gobierno utilizan las instituciones para ocultar su corrupción, los patriotas. . Si hubieran puesto el mismo empeño que pusieron en montar la Kitchen en solucionar la crisis territorial de este país, seguramente hoy no estaríamos en este debate. . Quiero aprovechar la tribuna y este debate para dirigirme a los ciudadanos y ciudadanas que puedan estar escuchándome. Quiero decirles que entendemos que puedan estar preocupados, que entendemos que tengan dudas sobre el proceso de diálogo y de reencuentro que estamos iniciando, pero les pido confianza, que confíen, porque siempre que este país ha tenido un reto o una dificultad a la que enfrentarse los socialistas hemos estado ahí. . Siempre hemos estado ahí tratando de dar solución a los problemas de nuestro país, tratando de dar solución a los problemas desde el diálogo y el acuerdo, y siempre respetando las leyes y nuestro marco constitucional. Dijimos sí al Estatut de Catalunya en el año 2006 porque se hizo desde el diálogo y con la ley, y dijimos no a un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque sencillamente era ilegal. Convencidos apoyamos la aplicación del 155 porque se había producido un ataque a nuestro marco de convivencia y convencidos decimos ahora que sí al diálogo para que se pueda recuperar esa convivencia. . Termino ya, y quiero hacerlo dirigiéndome a mis compañeros de bancada, a mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista. Mirad, compañeros, la crisis territorial es un reto, un reto que se ha convertido en un problema que tenemos que resolver, y tenemos que hacerlo con valentía, con la misma valentía con que hicimos leyes como la de la eutanasia, con la misma valentía con la que afrontamos el final del terrorismo, con la misma valentía con la que hemos hecho frente a esta pandemia. . Porque, compañeros y compañeros, los retos solo se afrontan con valentía. .

Carlos Rojas García PP

Señor presidente, con la venia. La propuesta quedará en sus términos.

Juan Luis Steegmann Olmedillas VOX

Muchas gracias. Buenas tardes o noches, señorías. Bueno, hemos tenido una demostración empírica de que el virus del separatismo produce inflamación de las meninges. . Pero me voy a ocupar de otro virus. Señorías, la moción que presentamos hoy se apoya en el principio de prudencia y en varios hechos que voy a enumerar, aunque no me voy a extender porque la disciplina y la paciencia son virtudes y no voy a abusar. El principio de prudencia nos debe hacer estar preparados para un repunte de la epidemia. Debemos hacer nuevas provisiones de vacunas y diversificarlas. Hechos. La compra de vacunas por la Unión Europea ha sido catastrófica. Tosca negociación con AstraZeneca, cuasimonopolio ahora con Pfizer. Señorías, especialmente señorías socialistas y de la izquierda, la vacunación completa no es haber puesto una dosis, sino es haber puesto la pauta completa — es decir, dos dosis, salvo en el caso de Janssen— y, además, de acuerdo con la ficha técnica. Señorías, quedan seis días para el verano y solamente hay un 27,5 % de vacunados completamente. Son datos de hoy. La variante india ya se transmite comunitariamente entre nosotros y está haciendo estragos en Reino Unido. Lo saben ustedes. Por lo tanto, hay que tomar precauciones. Además, ataca más a los no vacunados y después a los que solamente han recibido una dosis. Señorías, tengan en cuenta ustedes que de AstraZeneca hay millones y millones de españoles que solamente han recibido una dosis. Segundo hecho. Es incuestionable que China ha infectado al mundo y debe compensar al mundo por ello. . A fecha de hoy, seis días antes de la temporada turística, el 57,5 % de los mayores de 50 años no tiene completada su vacunación y, de 60 a 69 años, el 73,3 %. La inmunidad de grupo es fundamental para la salud de los españoles y para el turismo, que supone el 16 % del PIB. Comparar el ritmo de vacunación de España con Alemania es tramposo, porque el Gobierno de España tiene una deuda con los españoles, ya que hay los mismos casos de infectados y de mortalidad con el doble de población; tiene una deuda vacunal. El Gobierno ha sumido en la confusión a los españoles con el tema de AstraZeneca. El mensaje subliminal que se ha dado a los españoles es: Pfizer buena, Moderna menos buena, AstraZeneca mala, Janssen menos mala. Además, el Gobierno se ha saltado la legalidad, puesto que ha recomendado pautas vacunales que están fuera de la ficha técnica. Hay 4 953 535 españoles que esperan su segunda dosis de AstraZeneca y están sumidos en la confusión. Por lo tanto, señorías, y aquí vienen las propuestas, precisamos las siguientes acciones que se pueden hacer. En primer lugar, compra directa de vacunas mediante colaboración públicoprivada. En segundo lugar, excluirse de los futuros acuerdos de compra anticipada de la Unión Europea. Se puede hacer en los casos de Novavax y Valneva, cuando sean autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento. En el caso de las otras vacunas, dado que es un acuerdo administrativo, hay que realizar canjes de notas verbales entre el Gobierno español y la Unión Europea para salirse de esos acuerdos que nos puedan perjudicar con aquellas vacunas que, o bien por efectos secundarios, o bien porque no se ha dado suficiente suministro, no nos interesen o, por el contrario, con aquellas que nos interesen estratégicamente. Otra cuestión. ¿Qué podemos hacer para impedir futuras pandemias? Si queremos prevenir es fundamental vigilar a China. La China comunista infectó al mundo. En estos momentos se manejan dos hipótesis. Una hipótesis es la de la zoonosis y la segunda hipótesis, que haya salido del Instituto de Virología de Wuhan, gana terreno. A lo mejor ayer Joe Biden se lo dijo en veintinueve segundos al señor Sánchez. . ¿En qué se basa esto? Se basa en que en otoño del 2019 se infectaron varios trabajadores con una neumonía atípica y eran trabajadores de Wuhan. Además, el SARSCoV2 no se encuentra en murciélagos. Tiene características impropias de un virus que haya mutado de forma natural. Se sabe que el laboratorio de Wuhan diseñó un virus frankenstein entre un virus de un murciélago y el SARSCoV1 y que este virus estaba diseñado para infectar células humanas. Estos virus se llaman hiperfuncionales y su investigación fue prohibida en Estados Unidos entre 2014 a 2017, pero China siguió investigando. Por esa razón, señorías, proponemos lo siguiente: apoyar a los investigadores españoles que están realizando vacunas; aumentar la seguridad de sus laboratorios — por cierto, en España no hay ningún laboratorio de bioseguridad 4 y tenemos que fomentar esto—; publicar las investigaciones que las agencias del Gobierno han financiado de investigadores españoles que hayan tenido relación con el Gobierno de la China comunista; promover iniciativas internacionales para hacer un embargo de transferencia de tecnología viral con el fin de impedir que esta tecnología sea utilizada para hacer virus potencialmente patógenos a nivel mundial, e intervenir en instancias internacionales para hacer una moratoria de investigación en estos virus quiméricos que tienen ganancia funcional. Señorías, necesitamos comprar vacunas ya y necesitamos actuar para evitar que haya más pandemias en el mundo, y para eso China debe pagar. .

Elvira Velasco Morillo PP

Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches, señorías. El Grupo Parlamentario VOX nos presenta una moción que hace referencia al proceso de vacunación COVID-19. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda con el fin de contemplar aspectos que el Gobierno no está teniendo en cuenta y que son de máxima importancia para mi grupo y para los españoles; y es así dado el momento en el que nos encontramos en el proceso de vacunación, con un 27,4 % de la población que tiene una pauta completa y un 45,8 % de la población que tiene una dosis de vacuna puesta. La preocupación es aún mayor en las coberturas de los grupos etarios: entre 60 y 69 años tenemos solo un 26,7 % de pauta completa, un 42 % en las personas que se encuentran entre 50 y 59 años y un 95,7 % entre 70 y 79 años. Es un poco incoherente la secuencia de vacunación, y esta tarde la Comisión de Salud Pública ha aprobado la vacunación entre 12 y 39 años. En fin, una vacunación en la que el Gobierno da la sensación de que está vacunando la ministra y lo que está haciendo es generar un auténtico caos. Todos los países de la Unión Europea definieron entre sus objetivos de despliegue de la vacunación los centrados en reducir el número de muertos para proteger al personal sanitario, reducir la presión sobre los sistemas sanitarios y reducir el número de personas hospitalizadas y que necesitan cuidados intensivos. Quiero recordar que en España se han contagiado más de 132 000 profesionales sanitarios, que han fallecido 80 579 personas según los datos del Ministerio de Sanidad — que son muchos más y los datos aún no los conocemos—, que tenemos 3251 personas hospitalizadas y que 899 están en la uci. Estos datos nos indican que aún estamos en pandemia y la responsabilidad sigue estando en manos del Gobierno, por mucho que quieran delegar sobre la base de una supuesta cogobernanza. Señorías, las vacunas son la esperanza para todos los españoles, pero nos hemos encontrado sin un verdadero plan de vacunación y las comunidades autónomas han tenido que reorganizar sus planes de vacunación sin la ayuda del Gobierno. Hay siete estrategias de vacunación diferentes frente a COVID en España y ni un solo rastro de cogobernanza de este Gobierno, que hemos visto cómo se lava las manos o impone decisiones sin consenso que los tribunales han echado para atrás. Y lo nunca visto, la máxima autoridad sanitaria les dice a los ciudadanos que se vacunen con una vacuna y los ciudadanos eligen otra. El Gobierno ha generado una alarma en la población con indicaciones contrarias a la EMA, generando inseguridad y desconfianza. Han llegado a mandar un mensaje de que unas vacunas son buenas y las otras no lo son tanto y los ciudadanos han hecho lo contrario a lo indicado por la ministra de Sanidad. Hemos contemplado atónitos cómo imponían restricciones en contra de los criterios de comunidades autónomas y, cuando sabían que les iba a venir un varapalo judicial, ha sido cuando han rectificado. Señorías, a estas alturas de la pandemia nadie pone en duda el caos que está generando la ministra Darias en la gestión sanitaria por sus continuos bandazos y la confusión que ha generado en la población. Hoy más que nunca es necesario que en esta Cámara se ponga en marcha la comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y al plan de vacunación en España, que han tenido paralizada durante meses. Señorías, cuando estamos en un momento en el que cada vez más españoles estamos vacunados y se inicia el levantamiento de determinadas restricciones en función de la evolución epidemiológica, es importante conocer los informes de farmacovigilancia sobre las vacunas frente a la COVID y conocer cualquier efecto adverso. Los informes no se tienen que publicar mensualmente, sino que es importante que se conozcan estos informes semanalmente para generar confianza en los españoles. Es importante que conozcamos cuál es la eficacia de las vacunas que nos estamos poniendo y eso solo es posible si se realizan estudios de inmunidad a la población. También existe preocupación sobre las nuevas variantes del coronavirus y cuál puede ser la protección de la vacuna, y eso solo es posible saberlo si se establecen sistemas de vigilancia epidemiológica integral vinculados a los resultados de segmentación de las propias variantes; esas variantes que, para el señor Simón, son insignificantes. Señorías, por último, mi felicitación para todos los españoles porque, a pesar del caos de Darias, se están vacunando gracias al inmenso trabajo de los profesionales sanitarios y, especialmente, del que están llevando a cabo las enfermeras. Muchas gracias. .

Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

Muchas gracias, señor presidente. La interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX a la ministra de Sanidad destapó algunas de las numerosas tropelías del Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la pandemia del COVID-19 y, singularmente, de la campaña de vacunación, sobre la que recuerdo que está aprobada por esta Cámara desde hace tres meses una comisión de investigación que ha permanecido en el limbo hasta hoy, día en el que la Mesa ha activado la puesta en marcha de un órgano que va a dedicarse sobre todo a buscar responsabilidades políticas entre la oposición, porque aquí los amigos de la Inquisición 2.0 solamente se afanan en investigar cuando se trata de incomodar y atacar a la oposición. Que nadie espere que se vaya a sacar nada en limpio del examen del proceso de vacunación en el que España está inmersa, al igual que todo el mundo; no, aquí lo que buscarán es depurar las responsabilidades políticas de la oposición, porque, así se está escribiendo la historieta parlamentaria investigadora en esta XIV Legislatura. Señorías, el Gobierno irrumpe todos los días con valoraciones sobre la vacunación de las que se atribuye el mérito cuando son positivas, pero cuando son cuestionadas por la opinión pública echa la culpa a las farmacéuticas o atribuye el 1X2 de AstraZeneca a las confusas y controvertidas interpretaciones de algunos portavoces del Agencia Europea del Medicamento, como si el criterio científico de los españoles no fuese suficientemente solvente. La realidad hoy es que España continúa dependiendo de la capacidad de producción vacunal y de los criterios comunitarios de reparto de las dosis, sin que el Gobierno haya tomado ejemplo de otros países que han negociado por su cuenta para disponer de más dosis y acelerar el ritmo de vacunación completa de su población, lo que están logrando. Asimismo, también se mantiene el caos en los datos sobre una pandemia a cuyo combate llegamos muy tarde por la dejadez de un Ejecutivo que por boca de su presidente dio por vencido al virus hace un año en un acto de irresponsabilidad sin parangón en el mundo. Por supuesto, el señor Simón sigue en su línea habitual como si tal cosa, con sus chascarrillos y sus comentarios desacertados. Ayer conocimos otra de sus preferencias al proclamar que no es lo mismo que fallezca una persona de 95 años que una de 20. ¿Qué será lo próximo? ¿Tal vez reconvertir a la población sobrante en galletas Soylent Green, al estilo de la película Cuando el destino nos alcance? El objetivo de un buen Gobierno es que no fallezca nadie, pero ¿qué podemos esperar del profeta que auguró que España no iba a tener más allá de algún caso diagnosticado? Ahí sigue el fenómeno, casi un año y medio después, dando doctrina. Ahí sigue haciendo y diciendo de las suyas el portavoz de emergencias sanitarias de un Gobierno que mantiene maquilladas las cifras de mortalidad de las residencias de ancianos. . Una vez más quiero reiterar que los españoles continuamos alejados de los objetivos de inmunidad de grupo que la propaganda del propio Gobierno se marcó para finales del verano que está a punto de comenzar. Tal y como formulé aquí al reclamar al Gobierno un plan nacional de vacunación, hoy vuelvo a resaltar su necesidad a la vista de la variopinta aplicación de las medidas dependiendo de la comunidad autónoma donde se habite, lo que ha desembocado en situaciones contradictorias producto de un estado de alarma inconstitucional. Señorías, no quiero desaprovechar mi paso por la tribuna para recordar, igual que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que los enfermeros son los garantes de los avances en la campaña de vacunación contra el COVID-19 con mucho esfuerzo, mucha dedicación, jornadas interminables en los lugares de inoculación sin una sola incidencia reseñable en millones de actuaciones de enfermería. Es momento de pedir a las administraciones que no se olviden del personal de enfermería a la hora de renovar contratos, actualizar salarios, mejorar condiciones laborales y reconvertir los multitudinarios aplausos de la sociedad en el objetivo de tener la ratio de enfermería que España necesita alcanzar cuanto antes conforme a la ley que se está tramitando aquí en el Congreso. En definitiva, votaré favorablemente los doce puntos de esta iniciativa parlamentaria que ha defendido con su acreditada solvencia el señor Steegmann Olmedillas, porque todos ellos responden a prioridades irrenunciables para instar a corregir el rumbo incierto perpetrado en torno al coronavirus con una gestión de la ni siquiera se realizó una autoevaluación, probablemente para que la opacidad y la desinformación impidan que los españoles sepan del comportamiento infausto del Gobierno de Pedro Sánchez en esta gravísima crisis sanitaria del COVID-19. Muchas gracias, señor presidente. .

Josune Gorospe Elezcano EAJ-PNV

Gracias, presidente. Buenas noches a todas y a todos. Señor Steegmann, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), votará en contra de la iniciativa que usted ha planteado porque rechazamos prácticamente el cien por cien de las propuestas que usted hace. Hay algunos apuntes en relación con la investigación y con la transparencia que consideramos que son interesantes y en esa línea se están haciendo esfuerzos, pero el resto parte una vez más de su obsesión antieuropeísta que en reiteradas ocasiones, a lo largo de toda la crisis sanitaria, en sus intervenciones ha sido una constante. Ya casi terminaría con esto, pero me parece curioso y quisiera llamar la atención sobre el hecho de que usted ha dado comienzo a su intervención apelando al principio de prudencia. Como se ha dicho, usted ha presentado una moción con doce puntos, algunos de ellos con varios puntos dentro de esos puntos; en realidad, casi quince puntos para dar una respuesta a la vacunación. ¿Sabe cuántas veces se ha referido usted en sus propuestas a la necesaria solidaridad y al necesario compromiso de los países ricos con los países que menos posibilidades tienen para avanzar en la inmunización global? Ninguna. Usted apela al principio de prudencia y el planteamiento que usted está haciendo es absolutamente de protección, de vacunación interna, y todo lo demás no. Desde luego, nosotros tenemos claro que la estrategia de vacunación europea debe seguir avanzando. Cuantas más dosis, mejor; cuanto más eficaces, mejor, y cuanto más rápido, mejor. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, que son las encargadas de desplegar toda la logística, tienen que seguir haciéndolo como lo están haciendo, a buen ritmo y bien organizadas. ¿Sabe cuál es la frase que más escucho últimamente cuando me refiero en alguna conversación —es una constante en todos los sitios— a si nos ha llegado el aviso para vacunarnos o no nos ha llegado? ¡Qué bien organizado estaba todo! ¡Qué bien! . Si usted no lo reconoce, no está reconociendo la realidad. No es necesario incorporar más plazas hoteleras, no es necesario incorporar al Ejército para que vacune. Está funcionando bien. Lo que necesitamos es que lleguen más dosis, más eficaces y que lleguen más rápido. Indudablemente, hay que seguir apostando por la investigación. Pero si como consecuencia de la estrategia europea no se hubieran invertido casi 3000 millones de euros en investigación las vacunas de las que disponemos no hubieran llegado y si como consecuencia de la estrategia europea no se hubiera hecho una apuesta muy arriesgada de invertir miles de millones para poder financiar la producción de una vacuna, que no era más que un proyecto, hoy no tendríamos la vacuna. Todo eso ha sido posible porque hemos tenido una estrategia conjunta de vacunación. Por tanto, no hay que hacer dudar a la gente, sino transmitir confianza y seguir vacunando con rapidez. Pero que no se nos olvide que fuera de nuestras fronteras hay mucha gente que no puede acceder a las vacunas si no hay dos claves fundamentales, herramientas de cooperación internacional y de compromiso y de solidaridad, como Covax, y la liberalización temporal de patentes para que lleguen hasta el lugar más recóndito del mundo. Entonces sí actuaremos con principio de prudencia y la campaña de vacunación que estaremos haciendo será efectiva. Gracias. .

Guillermo Díaz Gómez Cs

Gracias, presidente. Buenas noches ya. Presenta VOX una propuesta que ya adelanto que no vamos a apoyar, salvo que admitiera la enmienda que ha planteado el Partido Popular. Les diré por qué vamos a votar no a esta moción consecuencia de interpelación. Si bien VOX plantea muchas veces, sobre todo en la Comisión de Sanidad, propuestas con brillantez — tiene un portavoz brillante, que conoce mucho el tema—, en esta ocasión encuentro que el contenido es poco sanitario, más político y, si me permiten la palabra, un tanto propagandístico. Los motivos principales que nos llevan a votar en contra de esta moción son dos. Uno es el euroescepticismo, que planea siempre, aunque en realidad es una actitud general y coherente del partido. VOX sostiene que yendo por nuestra cuenta nos iría mejor. Me sorprenden dos cosas. Una es la gran confianza que vuelven a demostrar en Pedro Sánchez. Ya le dieron la gestión de los fondos europeos, todo para él, y ahora le van a dar también la compra de las vacunas; yo creo que aquí se equivocan. Y la otra es, en el sentido del euroescepticismo, que sabiendo que es una pandemia que afecta al mundo entero crean que sirve de algo vacunar o conseguir más vacunas para un territorio y no vacunar a otro territorio o a otro país con el que no tienes las fronteras abiertas. El territorio Schengen se vacuna todo a la vez o el prefijo pan-, de pandemia, no es un capricho que esté ahí puesto. Ya saben lo que significa el prefijo pan-. Se ha demostrado que esta es la estrategia adecuada. Hemos sido muy críticos y hemos dicho las cosas que han ido muy mal, pero la campaña de vacunación avanza. ¿Podría avanzar más? Sí, podría avanzar más. ¿Podría ser peor? Sí, podría ser peor. Yo creo que cuando las cosas se hacen razonablemente bien hay que decirlo, y en eso el Gobierno de España tendrá algo que ver y los Gobiernos de las comunidades autónomas, en los que está Ciudadanos también, tendrán algo que decir. En Ciudadanos creemos en la utilidad de la Unión Europea y creemos que la Unión Europea hace mejores a cada uno de sus miembros. Es la mejor fábrica de paz que se ha inventado. Por cierto, nos presentan una enmienda para promover la campaña de vacunación sin que haya pasado una semana desde que el portavoz, el señor Espinosa de los Monteros, planteara dudas sobre la necesidad de vacunarse o no. Cierto es que él dijo que se había vacunado, pero también es cierto que dijo que si alguien no quería vacunarse era libre. ¿En qué quedamos, en que hay que promover la vacunación o no? Reconozco que en este caso es peligroso que un mandatario público presente un atisbo de duda en esta materia, aunque él se administrara la vacuna, porque ya plantean dudas otros sobre las vacunas. El segundo motivo por el que votamos en contra es por las cuestiones referidas a la naturaleza del virus, que tampoco compartimos con el grupo proponente. Sí hago un llamamiento a que el Grupo Parlamentario VOX del Congreso los Diputados imponga su criterio con respecto a las patentes al Grupo Parlamentario VOX del Parlamento Europeo, porque aquí votan en contra de una medida que sabemos que es mala y allí plantean tesis distintas. ¿Qué proponemos nosotros en Ciudadanos? Proponemos eliminar trabas administrativas y obstáculos regulatorios para el desarrollo de ensayos clínicos en España, permitiendo así que nuestro país sea el refugio de la investigación biomédica y no una zona hostil, como quieren hacer otros grupos persiguiendo cualquier cosa que no rijan ellos y en la que no puedan colocar gente. Proponemos también favorecer el reconocimiento del modelo de éxito que ha hecho que comencemos a dejar atrás la pandemia, la colaboración entre instituciones públicas y el sector privado para hacer frente a un reto de tal magnitud como la COVID-19, poniendo a España a la vanguardia de Europa en el desarrollo y la producción de medicamentos. Ya somos una potencia en la industria farmacéutica. Quiero dar las gracias a los profesionales que están trabajando en la vacunación. Yo tengo mi cita ya para la semana que viene. Ha sido muy cómodo, porque lo he podido hacer todo telemáticamente. Quiero animar a todo el mundo a que lo haga. Así que votaremos en contra de esta moción. Señora Darias, dé la cara, porque lo que ha hecho con la segunda dosis de la vacuna no tiene ningún sentido. Lanzar dudas sobre la vacuna desde el Ministerio de Sanidad es mucho más grave que todo lo que he dicho… .

Concep Cañadell Salvia JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Gracias, presidente. La pandemia de la COVID-19 ha comportado una situación de emergencia de salud pública a nivel mundial. Las vacunas son la solución a esta emergencia y se necesitan en grandes cantidades y de forma muy rápida. Pero hay que tener claro que los riesgos son para todo el mundo y, por lo tanto, las vacunas tienen que ser accesibles para todos. Los países desarrollados han comprado el 50 % de las vacunas, cuando únicamente suponen el 13 % de la población mundial. En este sentido, hay que actuar con menos nacionalismo vacunal, justo lo que pretende VOX. No estaremos protegidos totalmente hasta que la población mundial esté vacunada, lo tenemos que tener claro. Centrándonos en la vacunación en España, quería enumerarles los porcentajes de personas con pauta completa en los países de nuestro entorno: España, el 27 %; Alemania, un 26,3; Francia, un 21,4; Italia, un 23,6; Polonia, un 25,7; Holanda, 23,4; Bélgica, un 26,9, y Portugal, un 22,9. Por lo tanto, no seré yo quien defienda este Gobierno, pero no puedo compartir que la estrategia de vacunación esté resultando un desastre, tal como afirma en la exposición de motivos. Es obvio que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, y así se lo hemos reclamado al ministro Illa y a la ministra Darias en sucesivas comparecencias en la Comisión de Sanidad. Hemos hecho hincapié en incrementar la colaboración público-privada para acelerar la vacunación; en aumentar los fondos destinados a investigación, a I+D+i, y mejorar la financiación de la sanidad pública; en la lentitud en la toma de decisiones respecto a la segunda dosis de AstraZeneca, y también hemos insistido en la necesidad de vacunar a un sector tan esencial como el agrario, especialmente a los temporeros que participan en la campaña de la fruta. Puedo afirmar que en el PDeCAT hemos actuado con responsabilidad, siendo conscientes de la situación de extrema gravedad por la que estábamos pasando. Apoyamos el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas; apoyamos los ERTE y las medidas de impacto económico. ¿Estas eran mejorables? Sí, pero eran necesarias. A ustedes, que alardean de ser los más patriotas del lugar, en esta ocasión les hemos dado una lección de responsabilidad. Por todo lo expuesto anteriormente, votaremos en contra de la presente moción. Gracias.

Francesc Xavier Eritja Ciuró ERC-S

Muchas gracias, presidente. Señorías de VOX, votaremos en contra de su moción, ya que no solo no compartimos el diagnóstico que hacen ustedes de la propia estrategia de vacunación, tampoco su propuesta de gestión. De hecho, partimos de una diferencia de enfoque en ese sentido. Según ustedes, que los índices de vacunación no sean los óptimos hoy se debe a una mala gestión en la estrategia y en los planes de vacunación. Por cierto, el Departament de Salut de Catalunya ya está dando cita para la segunda dosis de vacuna de AstraZeneca a las personas entre sesenta y sesenta y nueve años — era uno de los problemas que usted planteaba—, un grupo que, efectivamente, recibió su primera dosis hace más de once semanas. Por otro lado, nos ha faltado ver en su propuesta de vacunación efectiva, segura e igualitaria para todos los españoles qué quiere usted hacer con las personas sin techo o sin papeles, que por el hecho de no tener una residencia fijada hoy están fuera de la estrategia de vacunación. ¿Qué opinan también, por ejemplo, sobre el uso de la reserva de vacunas del Ministerio de Defensa para vacunar a la Selección Española, considerada grupo esencial o, más bien, de esencias? Su propuesta a ese supuesto caos viene a ser la diversificación en la provisión de vacunas, incluso fuera del marco propio de los acuerdos de la Unión Europea, la recentralización de la gestión y la movilización al máximo de recursos públicos y privados. Curiosamente, proponen medidas concretas, como movilizar al Ejército, a otros profesionales y al sector privado, incentivar por productividad al personal adscrito a esa estrategia o emplear la capacidad hotelera no ocupada. Y se quedan tan anchos. Supongo que son conscientes de que los planes de vacunación los despliegan las propias comunidades autónomas basándose en los criterios marcados en la estrategia de vacunación europea y estatal, y que estos planes se elaboran también basándose también en sus plenas competencias en materia de salud, pero sobre todo en el conocimiento de las especificidades de cada sistema sanitario y cada territorio. Ante una situación de crisis como la que estamos padeciendo, los inventos a última hora pueden salir caros. Pero no es ese el problema. De forma arbitraria o no, ustedes minimizan en su diagnóstico la raíz de un problema que ha acabado afectando a la actual estrategia de vacunación. El problema principal no es cómo se ha gestionado la vacunación, tampoco parece que sea en la capacidad de producción — recordemos los veintinueve millones de dosis de vacunas de AstraZeneca almacenados en Italia que supuestamente estaban destinados al Reino Unido—, el problema ha sido y es la falta de cumplimiento de los acuerdos de provisión de vacunas por parte de las farmacéuticas, digámoslo claro. Señorías, no es la primera vez que, ante la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos entre las farmacéuticas y la Unión Europea para garantizar el suministro de vacunas, nuestro grupo plantea la necesidad de apertura de las patentes, para no supeditar una necesidad básica al marco de especulación de los precios que realmente se han ido conformando. Para finalizar, quisiera decir que a nuestro grupo sí le ha quedado clara una cosa, y es el fracaso de las fórmulas neoliberales para gestionar una pandemia global, donde derechos colectivos básicos como la salud se han supeditado a los intereses particulares de los oligopolios farmacéuticos. Muchas gracias. .

Rosa María Medel Pérez UP

Buenas noches. Necesitamos desesperadamente vacunas, no para nosotros, que también, sino para todo el mundo. La vacunación es una cuestión de derechos humanos, pero tenemos un problema grave, y es que la industria farmacéutica ha producido vacunas eficientes, pero claramente insuficientes, y no quieren solucionarlo. Dean Baker, director del Centro de Investigación Económica y Política de Washington D.C., está planteando una serie de medidas que yo propongo que sustituyan a las medidas de VOX. El señor Baker dice: Ya que la producción de vacunas está mayoritariamente financiada con dinero público — véase Pfizer, Merck y Moderna—, la financiación pública debería extenderse para cubrir todo el coste de producción de la vacuna y convertirla en un producto público carente de patente. Fíjense de las ventajas de esto. Con AstraZeneca sería fácil, porque fue financiada casi en su totalidad con dinero público. Eliminamos el gasto de marketing y los beneficios de los accionistas. El señor Albert Bourla, director de Pfizer, recibió en 2020 una compensación de 21 millones de dólares, un incremento del 17 % de lo que había recibido el año anterior. Otra ventaja es que eliminamos el coste de pagar el precio de la patente. Otra, y esta es fundamental, es que aceleraría el conocimiento científico al compartir información esencial, hoy guardada en secreto, para garantizar su control por parte de las farmacéuticas del mercado. El conocimiento científico no puede obstaculizarse por objetivos particulares. Si hubiera sido pública la producción de vacunas, hubiera habido una vacunación masiva. Se habla incluso de problemas tecnológicos, pues los países subdesarrollados son los más exitosos en producir genéricos, que son sencillamente medicamentos con una patente finalizada. Cuarenta miembros del Congreso de Estados Unidos han hecho una propuesta a Biden: piden vacunas públicas para todo el mundo. ¿Por qué las medidas buscan una vacunación masiva? Porque están apareciendo más variantes, como la alfa en Gran Bretaña, la beta en Sudáfrica y ahora la delta en India, que pueden no responder tan bien a las vacunas. De todo esto solo se puede sacar una conclusión, una propuesta fundamental, a ver qué les parece. Si la industria farmacéutica solo investiga para sacar beneficios, está claro que debemos potenciar una industria farmacéutica pública en el seno de la Unión Europea o en el seno de los Estados, bien financiada con dinero público y que investigue por el bien común. Es una propuesta similar a la de Dean Baker, pero abarcando más, no solo para las vacunas. Afortunadamente, el Parlamento Europeo por fin apoya la negociación de la Organización Mundial del Comercio para retirar patentes, pero, desgraciadamente, la Comisión Europea defiende los intereses de las farmacéuticas, igual que defendió los recortes y defendió la privatización sanitaria. Defienden la parasitación del sistema sanitario público a toda costa. ¿Qué hace la derecha española? Pues lo mismo que las farmacéuticas. Saben que, si no hubieran hecho recortes en sanidad, por ejemplo, fundamentalmente el PP, la mortalidad por COVID hubiera sido mucho menor, pero no les ha importado nunca. . Nunca les ha importado. . La derecha es la representante de las empresas farmacéuticas. Se opone a que se fabriquen vacunas masivamente, ese es el problema. Y con total desfachatez, al mismo tiempo que se oponen a aumentar la producción de vacunas, exigen al Gobierno que compre unas vacunas que no están. Se oponen a que liberen patentes. Dicen frases patrióticas: todos los españoles vacunados. Sí, solo los españoles. ¿A quién está vacunando la sanidad pública? A los españoles. La derecha no vela por la vacunación, vela por los beneficios multimillonarios de sus representados, que no son precisamente españoles. . El Parlamento Europeo ya se ha posicionado a favor de liberar patentes. Votos en contra, PP y Ciudadanos; abstención de VOX, que no entiendo por qué, porque se ha hartado de decir que liberar patentes era una tontería. Me pregunto si disimulan. La derecha combate por los privilegios de sus amos, las farmacéuticas, nunca combatirá por los derechos humanos; desde luego, VOX no. .

Ana Prieto Nieto PsdeG-PSOE

Gracias, presidente. Buenas noches, señorías. Trece millones de personas en pauta completa. Las vacunas, más pronto que tarde, acabarán con la pesadilla que es hoy la COVID, a pesar de ustedes, señorías de VOX. . En junio de 2020 España se sumó a la estrategia europea de vacunas. En 2021 empezó con las primeras vacunas ya administradas y con la sensación de ver luz al final del túnel. La vacunación en nuestro país se hace conforme a la estrategia de vacunación COVID, y también sus actualizaciones, con la participación del Estado, de las comunidades autónomas, de las sociedades científicas y de los expertos. Es un marco que asegura la equidad y la igualdad en el proceso. Todas las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento son seguras y eficaces. Dejen de sembrar dudas, señorías del Partido Popular y de VOX, respecto a las vacunas. Hemos vivido meses durísimos y días difíciles y hoy estamos al principio del fin de la pandemia. En España la inmunidad colectiva se va a lograr antes de que acabe agosto y alcanzará al 70 % de la población, como ha dicho el presidente del Gobierno. A pesar de las dificultades, la vacunación avanza a buen ritmo y es un motivo de orgullo para nuestra nación. La estrategia funciona, coge velocidad y facilita disponer cada semana de más vacunas. El Partido Popular llegó a decir que el Gobierno y el Partido Socialista mentían y que la vacunación no llegaría antes de dos años. Nada más lejos de la realidad, señorías del Partido Popular. Este mes han llegado diecisiete millones de vacunas. En un solo día se ha vacunado a 624 000 personas. Los datos avalan el acierto. Señorías, según el último informe de vacunación que se publica diariamente y que les invito a leer, en España ya se ha administrado una dosis de vacuna a más de 21,7 millones de personas, el 45,8 % de la población. Son más de trece millones de personas, como dije al principio, las que tienen ya la pauta completa, y entre ellas están las personas más vulnerables. Una de cada cuatro personas tiene la pauta completa. España es el primer país de la Unión Europea que ha inmunizado al cien por cien de los mayores de ochenta años y la vacunación no se detiene. Por eso, hoy, ahora mismo, serán ya muchas más personas las que estén protegidas. Gracias a nuestra sanidad y a sus excelentes profesionales, según los últimos datos, estamos vacunado a un ritmo más rápido que Reino Unido, Francia o Estados Unidos. Lo pueden ver en este gráfico. . Señorías, nadie estará protegido hasta que todos lo estemos. Por eso quiero agradecer personalmente a las enfermeras, en nombre de mi grupo, su esfuerzo en el ritmo espectacular de la vacunación. . Señorías de VOX, esto también es así gracias a que España participa de la estrategia europea de vacunas junto con el resto de países de la Unión Europea. Sabemos de su antieuropeísmo injustificado, pero proponer que nuestro país se excluya de la estrategia europea va en contra del sentido común y de las lecciones que hemos aprendido en este difícil y largo año de pandemia. Esto solo provocaría que nuestro país actuase en la dirección opuesta a sus socios comunitarios, con el descrédito que ello puede suponer, colocando a España en una situación menos ventajosa de acceso a los mercados. Así que, por favor, dejen de negar el acierto que ha sido la política europea de compra centralizada, porque saben que el acceso a mayores dosis depende de la estrategia europea y de las capacidades de producción de los fabricantes. Además, les recuerdo que ustedes, señorías de VOX, junto con el Partido Popular y junto con el Bloque Nacionalista Galego, votaron no a 1000 millones de euros destinados a la compra de vacunas. Ustedes hicieron pinza votando que no a los 1000 millones de euros para comprar vacunas. Súmense a la lucha de la esperanza contra esta pesadilla y dejen aparcada de una vez la lucha partidista, porque ¿ustedes son patriotas o no lo son? Por lo menos, sean solidarios. Este no es el tono ni es el talante que quieren y necesitan los españoles. Necesitamos unidad, necesitamos altura de miras, necesitamos generosidad para superar las dificultades y, en la lucha contra la pandemia, es donde nos van a encontrar a las socialistas. Señorías del Grupo Parlamentario VOX, votaremos no a su moción, porque España necesita vacunar, vacunar y vacunar. Muchas gracias. .

Juan Luis Steegmann Olmedillas VOX

Señor presidente, agradecemos las enmiendas, pero no podemos aceptar la enmienda del Partido Popular sin desvirtuar nuestra proposición. Muchas gracias.