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Sesión

Pleno del Congreso n.º 114 · XIV legislatura

. Diario de Sesiones DSCD-14-PL-120. Original ↗

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  1. Natividad González Laso PsdeG-PSOE

    Prometo.

  2. Félix Bolaños García

    Buenas tardes. Gracias, presidenta. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes, señorías. Comparezco por primera vez ante el Pleno de la Cámara. Desde luego es un orgullo para mí, y también les tengo que reconocer el respeto que me produce dirigirme a todos ustedes, representantes legítimos de la soberanía popular. Para mí, además, es un honor estrenarme presentando este real decreto-ley que traigo bajo el brazo, que es el real decreto-ley que hemos venido denominando del escudo social, el Real Decreto-ley 16/2021, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Es una nueva prórroga del escudo social que hemos creado para proteger a todos. Ya el título, señorías, es una declaración de intenciones. Es una norma que muestra la acción de un Gobierno progresista frente a una crisis. Estos días desde el Gobierno nos estamos refiriendo a una recuperación justa, que es la idea que define lo que queremos hacer en España en esta nueva etapa: crecimiento económico y cohesión social; más riqueza; más derechos; más libertades y más protección social. La credibilidad del Gobierno en esta materia — permítanme, señorías, que lo diga con toda claridad— es indiscutible. Los datos del gasto social, del sostenimiento del empleo, del esfuerzo para apoyar a pymes y familias son claros durante este año y medio de pandemia. Demuestran que este Gobierno está abordando las consecuencias económicas y sociales de esta crisis sanitaria con una visión integradora, la visión de no dejar a nadie atrás. Ahora, en la etapa de recuperación que ya hemos iniciado, vamos a fortalecer esa acción política modernizadora, transformadora y progresista que nos caracteriza. Estamos decididos a que España se recupere rápidamente y de manera justa, es decir, que la recuperación llegue a las clases medias y a las clases trabajadoras, a los autónomos, a las empresas, a todos los territorios y a todos los sectores de actividad profesional. Hace diez años otro Gobierno se enfrentó a otra crisis — aquella, financiera— y el contraste entre las dos formas de gobernar resulta muy ilustrativo. La comparativa ofrece algunas enseñanzas. La salida de la anterior crisis fue lenta, injusta e incompleta y esta salida de la crisis está siendo rápida y justa. Hace unos años, señorías, cuando había una crisis los españoles veían los Consejos de Ministros con preocupación esperando un nuevo recorte y en esta crisis los españoles encuentran en los Consejos de Ministros alivio durante los peores meses de la pandemia y una esperanza para el futuro. Ese es el valor de la política, poner en valor que no es lo mismo quién gobierna, y menos cuando llega la adversidad. . En la crisis anterior, con la Administración anterior, nadie pensó en las personas con más dificultades. En esta ocasión, hemos creado un nuevo pilar del Estado del bienestar, el ingreso mínimo vital, 3000 millones de euros anuales, señorías, destinados a personas sin ingresos. Hemos incrementado el salario mínimo interprofesional y lo vamos a seguir haciendo. También hemos aprobado una ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones conforme al IPC. Nos hemos ocupado también del derecho a una vivienda digna, protegiendo de los desahucios y de los cortes de suministros a las familias más vulnerables para evitar las tragedias humanas que vimos en la anterior crisis. Dos datos: en 2013, según la información del propio Consejo General del Poder Judicial, se produjeron en aquella crisis 67 000 desahucios en España; en 2020, en plena crisis económica provocada por la pandemia, se practicaron 29 000; es decir, menos de la mitad. Dos Gobiernos distintos, dos realidades diferentes. En la crisis anterior, se dejó caer al sector de la construcción y a las personas que trabajaban en él con menos cualificación y con más dificultades para reemplearse. En esta ocasión, señorías, estamos apoyando a los sectores que están sufriendo con mayor hincapié la crisis, como es el turismo o la construcción, con planes específicos para ellos. En la crisis anterior hubo recortes que nos dejaron muy atrás en todos los indicadores de I+D+i. Nosotros, por el contrario, hemos emprendido la mayor inversión en I+D+i. Los presupuestos de 2021 que aprobó esta Cámara contemplan un crecimiento del 80 % en este ámbito, hasta alcanzar los 11 483 millones de euros. A nivel europeo, también hay diferencias muy claras. Durante la crisis anterior, el dogma de la austeridad ahogó a las familias y a las empresas. En esta crisis, el presidente del Gobierno lidera la iniciativa para crear unos fondos europeos que van a suponer para nuestro país la llegada de 170 000 millones de euros para modernizar nuestra economía y dar protección social a los españoles. También las diferencias son claras. . En resumen, la crisis del COVID no ha sido una excusa para recortar el Estado del bienestar, muy al contrario. Hemos reforzado el Estado del bienestar para salir de la crisis del COVID con justicia social. Deducirán de este rápido resumen, señorías, que acudir con este real decreto-ley bajo el brazo es para mí un honor. Es el trabajo conjunto de varios ministerios, el de Transición Ecológica, el de Justicia, el de Transportes, el de Igualdad, el de Derechos Sociales y, también, el de Presidencia. A todos ellos, les agradezco su trabajo. Es el trabajo coral y comprometido de un Gobierno que mira a las personas, atiende sus demandas y ve en las dificultades una posibilidad de seguir protegiéndolos. Las señales de recuperación económica son evidentes en el escenario macroeconómico. Sin embargo, se necesita un tiempo adicional para que esos datos macroeconómicos lleguen a la economía de las familias, a la economía de las pymes, a la economía de las personas. Diversos indicadores nos muestran que todavía buena parte de los destinatarios principales de las medidas que contempla este decreto-ley están en situación de vulnerabilidad. Este escudo social que someto a su convalidación, señorías, protege a más de 1,1 millones de personas en España, compatriotas que tienen dificultades económicas y que se han visto agravadas por la pandemia. A ellos les decimos que cuentan con todo el apoyo del Gobierno de España; con todo. . Por eso también hemos decidido prorrogar hasta octubre el escudo social, cuya vigencia terminó en agosto. Como saben, estas medidas están agrupadas en tres ámbitos: pobreza energética, vivienda y lucha contra la violencia de género. En materia de pobreza energética, hemos aprobado la garantía del suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión, entendiendo por tales las familias con ingresos de menos de 11 900 euros anuales si no hay menores o de 19 800 si hay hasta dos menores. También hemos aprobado un descuento en la factura eléctrica, ampliando el concepto de consumidor vulnerable a personas en situación de desempleo afectados por ERTE o que cumplan determinados requisitos de renta, de forma que puedan beneficiarse del bono social eléctrico. Según los últimos datos de los que disponemos, 1 190 000 personas han visto reducida su factura y, además, les hemos garantizado que tendrán gas, electricidad y agua en sus casas en caso de no poder pagar las facturas. . El segundo grupo de medidas está destinado a proteger el derecho a la vivienda. La primera de ellas es la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos a las personas vulnerables sin alternativa habitacional para ellos o para sus familias. Esta medida no se aplica si el propietario es vulnerable, si se trata de su segunda residencia o del domicilio habitual, si el inquilino entró con intimidación o violencia o cuando existen indicios de que se están llevando a cabo actividades ilícitas en ese domicilio. Por su parte, el arrendador puede solicitar una compensación, que se abonará con los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. La segunda medida en materia de vivienda es la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses si lo solicita el arrendatario. En tercer lugar, también tienen la posibilidad de solicitar una moratoria o una condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea una empresa, una entidad pública o un gran tenedor. Son iniciativas, señorías, para todos, por supuesto para los inquilinos, pero también para los propietarios, que pueden solicitar compensaciones hasta el 30 de noviembre. El tercer bloque de medidas es la lucha contra la violencia de género. No podemos abordar esta crisis, ni ninguna, sin tener como eje fundamental de las políticas públicas la lucha contra una de las grandes desigualdades de nuestro tiempo, la desigualdad entre hombres y mujeres. . Por ese motivo, este real decreto-ley incluye también medidas en esta materia. En concreto, se mantienen como esenciales los servicios de protección y asistencia a las víctimas y, de este modo, las administraciones competentes seguirán garantizando la prestación de servicios de acogida, información o asesoramiento jurídico las veinticuatro horas y también garantizarán el apoyo al personal que presta los servicios de asistencia social integral a las víctimas. En los últimos meses, el Gobierno ha detectado un repunte de los asesinatos de mujeres por violencia machista, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. No es necesario que se lo diga muchas veces, señorías, porque ustedes conocen el compromiso del Gobierno, un compromiso claro y rotundo por la igualdad entre hombres y mujeres y con la lucha contra la violencia de género. Es nuestra prioridad, y nuestras políticas públicas así lo atestiguan. Señorías, este Gobierno orienta su acción basándose en unos valores y principios progresistas. Acompañamos a las personas en las circunstancias adversas, trabajamos para conocer sus necesidades y resolver sus problemas y tratamos de no dejar a nadie atrás — repito: a nadie atrás—. Estamos convirtiendo nuestros valores en propuestas. Queremos proteger a las personas. Queremos mejorar sus condiciones de vida, crear riqueza, crear también empleo e impulsar una idea de país socialmente más justo y económicamente más fuerte. De esta pandemia estamos saliendo como comunidad. Todas y todos, empleados públicos, autónomos, empresarios, personal sanitario, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, jóvenes, hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Hoy les corresponde cumplir su parte y hacer su trabajo. Tenemos que seguir estando a la altura, ofreciendo a los españoles una convalidación que prorrogue el escudo social, un acuerdo de todos y para todas, para demostrar que todos los grupos, con independencia de sus diferencias, estamos de acuerdo en arropar a las personas que tienen más dificultades. Quienes más necesitan de lo público más les necesitan a ustedes, señoras y señores diputados. Por eso, señorías, solicito la confianza de esta Cámara para convalidar el Real Decreto-ley 16/2021. Muchas gracias .

  3. Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

    Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Buenas tardes, señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Somete el Gobierno a la consideración del Pleno del Congreso un real decreto-ley que contiene una serie de medidas extraordinarias agrupadas en tres bloques o capítulos para acometer hasta el 31 de octubre situaciones de precariedad derivadas de la pandemia del coronavirus, COVID-19, que año y medio después de iniciarse ha continuado cobrándose vidas y condicionando gravemente el desarrollo de la vida cotidiana. Mi posición favorable a la prórroga de estas medidas no evitará que subraye que, en efecto, se hace necesario un escudo social, pero sobre todo es hoy más imprescindible que nunca un escudo para que los ciudadanos puedan defenderse de los ataques a su economía perpetrados por su propio Gobierno. Hoy, señor Bolaños, por mucho que se esfuerce usted en edulcorar el panorama, los españoles son muchísimo más vulnerables que a la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Al inicio de la pandemia cuatro millones y medio de personas vivían en España en situación de pobreza severa, según acaba de conocerse gracias al informe publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. La cifra ha crecido desde 2018 coincidiendo con el cambio de Gobierno tras la moción de censura. En términos porcentuales las cifras más altas están en Canarias, Comunidad Valenciana y Asturias, donde, por cierto, estuvo la pasada semana el presidente y su séquito ministerial repartiendo millones virtuales para la Formación Profesional desde la antigua Universidad Laboral de Gijón. Sobre que la pobreza severa y el desempleo afectan cada vez más a más jóvenes no dijo el señor Sánchez ni una sola palabra, y eso que somos récord europeo en desempleo juvenil. Tampoco ningún periodista se lo pudo preguntar, porque fueron todos recluidos tras los tupidos cortinones de una sala, no fuese que a alguno se le ocurriese incomodar el publirreportaje presidencial. Señorías, el primero de los capítulos de esta norma está dirigido a los consumidores energéticos vulnerables, que, paradójica y tristemente, son el conjunto de una sociedad arrastrada hacia precios desorbitados de la luz y de los carburantes, que han disparado el IPC, encarecido la cesta de la compra y puesto en peligro la economía de hogares, comercios y empresas. Se hablará mucho en este Pleno, como en la calle, de la factura de la luz, que es reflejo de estos tres últimos años de gestión. Pero es que, además, el contenido de ese conjunto normativo viene derivado de la aplicación del primer estado de alarma, que ha sido declarado inconstitucional a instancias de un recurso del Grupo Parlamentario VOX, y del segundo estado de alarma, que probablemente siga el mismo camino. Es decir, ha quedado en absoluta evidencia, digna de dimisiones, la fragilidad de los pilares jurídicos sobre los que el Gobierno ha legislado desaforadamente en todo este periodo pandémico. En todo caso, señora presidenta, votaré a favor de este Real Decreto-ley.

  4. Pedro Quevedo Iturbe NC-CCa-PNC

    Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Señor ministro, bienvenido a esta casa. Le deseamos toda clase de éxitos, porque serán los de todos. Hoy abordamos un real decreto-ley sobre medidas de protección social dirigidas a los sectores de la población y a las áreas de la vida probablemente más vulnerables, aunque no a todas, y yo le adelanto que Nueva Canarias va a votar a favor de convalidar este real decreto-ley, como no puede ser de otra manera, por dos razones. La primera, porque compartimos la filosofía que late detrás de este Real Decreto-ley. Este real decreto-ley adopta un conjunto de medidas para afrontar una situación de crisis dura que afecta a un porcentaje muy significativo de la población y toma un conjunto de decisiones que, justamente, son opuestas a las que se tomaron en su día, como usted ya ha señalado, y con las que nosotros estamos de acuerdo. Las medidas contracíclicas van en contra de un ciclo negativo para la mayoría de la población, como es este, y esto es lo que se trata de hacer. Por tanto, frente a los recortes y frente a las medidas austericidas, nosotros compartimos expansión y esfuerzo del Estado para tratar de proteger a los más vulnerables. En esto no tenemos, como comprenderán, ningún tipo de duda. Compartimos absolutamente la posición que sustenta el real decreto-ley. Es cierto que mejoran los indicadores macroeconómicos, pero aquí es donde tropezamos con una de las dificultades que tienen este tipo de medidas. ¿Cuándo aterrizará esto en la mayoría social, en los amplísimos sectores de población que están sufriendo y continúan sufriendo las consecuencias de la anterior crisis y de esta, acumuladas en muchos casos? Lo que queremos decir es que nos parece bien el 31 de octubre, pero supongo que estaremos de acuerdo en que la fecha habrá que decidirla en función de la realidad, de los acontecimientos. Me gustaría mucho pensar que el día 31 de octubre se haya corregido en Canarias, por ejemplo, el aumento la pobreza severa en tiempos de crisis un 10 %, hasta llegar a un 16,5 % de la población, aunque la tasa Arope esté 10 puntos por encima de la media del Estado español. Tengo que señalarle esto porque nos preocupa extraordinariamente, ya que no parece que en un mes y poco se vayan a resolver estos problemas. Coincidimos en que las medidas deben estar sujetas a un marco temporal, pero también a la realidad. Se abordan temas como el de la pobreza energética, un asunto en relación con el cual Nueva Canarias ya manifestado su preocupación. Es un escándalo lo que ha estado ocurriendo con el precio de un bien básico para la población, por lo que nos parece que esta medida está bien complementada con una comisión que se pondrá en marcha y que nosotros apoyaremos. En relación con la vivienda, solo diré una cosa. Con la vivienda de promoción pública que se ha hecho en los años anteriores en el Estado español y también en Canarias difícilmente estamos en condiciones de dar una respuesta a la gente que realmente tiene un problema habitacional grave. Debemos reflexionar sobre esto y saber cuánto deben durar estas medidas. Es nuestra preocupación. Y en cuanto a la violencia de género, solo le diré que compartimos que es absolutamente dramático el empeoramiento de esta lacra, justamente en los momentos más duros para todos. Por tanto, compartimos el espíritu, compartimos la letra y confiamos en que estas medidas, si es necesario, puedan ser incrementadas en el tiempo. Gracias, señora presidenta.

  5. Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

    Presidenta, señorías, señor ministro, en primer lugar quiero anunciar el sentido del voto: votaremos a favor. Esto no es una novedad, lo hemos hecho con todos los reales decretos que ampliaban el escudo social. Pero dicho esto, no conviene que nos engañemos, ni a nosotros ni a nosotras mismas, ni engañar a nadie. Esto no es más que una tirita, no es más que un parche y no es la solución para los muchos problemas que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras del Estado español y la gente de las capas más desfavorecidas de la sociedad. Ustedes en su decreto, concretamente en la publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo denominan así: acciones paliativas. Podríamos pensar, haciendo una analogía, que esto sería como los respiradores en la época de la pandemia del COVID; es decir, algo necesario para quien está en una situación crítica, pero en absoluto fundamental para el desarrollo en términos positivos de la salida de la enfermedad. Queda mucho por hacer y, nuevamente, este real decreto se queda corto. ¿Es necesario? Sí, pero es claramente insuficiente y de eficacia limitada. Usted hablaba de salidas anteriores a la crisis y decía que habían sido injustas, incompletas y no recuerdo qué otra palabra utilizaba; en cualquier caso, esta tampoco podremos decir que sea completa. Tal vez sí es justa; es justo que a quien menos tiene se le provea de la malla de protección social básica para que no caiga despeñado por la senda de la precariedad y la pobreza, pero no es completa si vemos los datos, porque no han parado los desahucios, porque no han cesado los cortes de servicios básicos como la luz, el agua y el gas y porque, por desgracia, la violencia machista no solo no ha desaparecido, sino que parece que en este 2021 nos amenaza con incrementar las tasas de manera preocupante. Volveré a agarrarme a datos que ustedes mismos han referido en el real decreto que hoy votamos aquí, en ese real decreto publicado en el BOE. En relación con los desahucios, ustedes señalan que frente a las 57 462 demandas por lanzamientos del 2020, ahora, en el primer trimestre de 2021, van 35 178, y con una proyección estimada de 140 000, es decir, vamos a pasar de 57 462 demandas por lanzamiento a 140 000. No parece que esté siendo absolutamente efectivo si la pobreza de la sociedad cada vez es mayor en los sectores más vulnerables. Y podríamos hablar de las ejecuciones hipotecarias. De las 9873 del 2020, según su propio texto y según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado, estamos ya en 7081 en el primer trimestre de 2021, lo que haciendo una proyección de lo que pueda ser el conjunto de 2021 nos llevaría a 28 000. Dicho más claro: de 9873 ejecuciones hipotecarias a 28 000. Hablamos de gente que no puede pagar la hipoteca porque probablemente sus recursos se han visto mermados como consecuencia de la pandemia, bien sea porque han estado sometidos a un ERTE, bien sea porque tenían una pyme o bien sea porque su nivel de renta, en definitiva, ha caído. Lo mismo podríamos decir de los cortes de suministros. Ya en enero de 2021 se alertaba del precio tan elevado de la factura eléctrica, cuando se hablaba de unos precios ridículos comparados con los que hoy estamos sufriendo de 154 euros megavatio/hora, pero ya veíamos que había datos muy significativos: había un 7,6 % de personas que no podían mantener la temperatura idónea de sus hogares, un 6,6 % que tenía que acometer con retrasos el pago de sus facturas y un 16,7 % que tenía un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos. Estos datos tampoco los saco de un informe de parte, sino que son los mismos datos que ustedes publican en el texto que acompaña a este real decreto. En definitiva, diez de cada cien personas viven en pobreza energética. Esto en 2019, que es hasta donde hay datos; probablemente ahora sean más. Esto nos lleva a concluir que este escudo social es más una tirita, que probablemente es necesaria, pero que en ningún caso da lugar a golpes de pecho ni a un elevado nivel de autosatisfacción, porque queda mucho por hacer. Podríamos hablar también de la violencia machista, que sería el otro elemento que acompaña a este decreto llamado del escudo social, porque los datos también han aumentado. En los meses de mayo y junio se han cometido más asesinatos de mujeres que en los cuatro meses anteriores juntos. Por tanto, nuevamente nos encontramos con que el escudo social, en lo que tenía que ver con esto — con la asistencia jurídica gratuita, con el acompañamiento, etcétera, por considerarlos bienes esenciales—, tampoco es suficiente. Y aun nos atrevemos a decir más, y es que va a seguir siendo insuficiente aunque no haya pandemia. Por desgracia, en una sociedad como esta va a ser necesario acompañarlo durante muchísimos años. Por tanto, creemos que más allá de estas medidas coyunturales hace falta abordar debates estructurales, porque si no corremos el riesgo de invertir todo el dinero de todos y de todas en medidas coyunturales sin tocar los beneficios, por ejemplo, del oligopolio eléctrico — en lo que tiene que ver con los cortes de suministro de luz, agua y gas—, para adelgazar las arcas del Estado, pero no provocar cambios estructurales que toquen los beneficios de las grandes empresas. Ese es el lugar en el que le emplazamos: medidas estructurales más allá de medidas coyunturales, porque hay que garantizar el derecho a la vivienda, y entonces quizás hay que hablar de prohibir los desahucios; porque hay que garantizar el derecho al agua, y entonces habrá que hablar del agua como un bien común y no como un bien económico — así se entiende mejor, por ejemplo, que se vacíen pantanos cuando hace diez años las eléctricas pagaban en concepto de canon por las concesiones del orden de 20 millones de euros al año al Estado mientras que obtenían beneficios de 1000 millones de euros por esa misma cantidad del pago del agua—, y porque hay que garantizar, en definitiva, que la electricidad sea un derecho más en estos tiempos de récords históricos, y estos serían récords negativos. Creemos que el escudo social es un parche necesario, pero absolutamente insuficiente, y creemos que lo que hay que hacer es profundizar en medidas estructurales. Creemos, además, que tienen que llegar ya las nuevas leyes. Se lo decimos con más claridad: hace ya un año, en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, nuestro grupo, Euskal Herria Bildu, junto con Esquerra Republicana de Catalunya y junto con Podemos, presentó una enmienda. Esa enmienda decía — y no es porque fuéramos Nostradamus— que había que garantizar la pervivencia del escudo social durante todo el año 2021, y hoy ustedes nos traen un texto que vuelve a plantear que el escudo social se mantenga hasta el 31 de octubre. No hace falta que le haga spoilers, pero mucho me temo que usted tendrá que volver a subir a esta tribuna el 31 de octubre o por ahí a decir que se prolongue hasta el 31 de diciembre, es decir, para volver a la casilla de salida que planteábamos estos grupos de izquierda en esta Cámara en el debate de presupuestos del año pasado. Esperemos que para próximos debates no tengamos que recordar nuevamente lo que se debería haber hecho y no se ha hecho, porque la inseguridad para mucha gente cada vez es mayor cuando no tiene certezas y cuando se ve abandonada por el poder político. Si el poder político actúa de la misma manera cuando gobierna la derecha que cuando gobierna la izquierda, probablemente la ciudadanía acabe por dar la espalda a la izquierda. .

  6. Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

    Buenas tardes. Señora presidenta, señorías, señoras y señores diputados, este real decreto-ley, tal y como exponía el señor ministro, pero como también contempla su memoria, atiende a situaciones causadas por la ralentización de la recuperación económica derivada del empeoramiento de datos económicos por esa quinta ola que nos ha sobrevenido, pero también por la demora en el traslado de la recuperación de la economía a los individuos, a las pequeñas y medianas empresas y familias, considerando por tanto que estas han quedado en situación más vulnerable de lo que era deseable. La medida principal que dispone este real decreto-ley es mantener la vigencia de algunas de las medidas de aquello que se ha venido a llamar el escudo social ―como ya se venía comentando―, que se adoptaron para prevenir situaciones de vulnerabilidad social y económica y que afectaron sobre todo a materias de vivienda y de género o a la evitación de violencia. Estas tenían una característica común, y era su vigencia hasta la fecha 9 de agosto de 2021. Luego había otro supuesto, que eran aquellas que contemplaban su vigencia hasta la finalización del estado de alarma. En ambos casos se requiere la actualización de esas previsiones en cuanto a su fecha de duración, de vigencia o de término, para adecuarlas también a las consecuencias económicas de la COVID-19. Son varias las medidas que ha relatado el señor ministro y que dispone el real decreto-ley. La primera, la modificación del Real Decreto-ley 8/2021, en lo que se refiere a la moratoria en el caso de los desahucios en varios supuestos: la posibilidad de suspensión de suministros básicos, energía, eléctrica, gas y agua, a la que se refiere al artículo 4 de aquella disposición, y la posibilidad de acreditar la condición de consumidor vulnerable, a lo que se refería el artículo 7 del mismo texto legal. Quiero señalar también que en aquel real decreto-ley nosotros nos abstuvimos, no obstante lo cual en este caso sí apoyaremos esta medida. Lo mismo ocurrió con el Real-Decreto-ley 12/2021, en cuyo caso también lo apoyamos. Hay una segunda modificación, que es la de los artículos 1 y 1 bis y el artículo 2, apartado 1, del artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2020, en cuanto a las prórrogas ―y ahora sí es correcto lo que estoy diciendo, antes lo he dicho mal― hasta el 31 de octubre de 2021 de la posibilidad de instar la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento en juicios por reclamación de rentas o duración de contratos de personas en situación de vulnerabilidad social o económica sin alternativa habitacional. Del mismo modo, esta medida se contempla respecto a los supuestos de los apartados 2, 4 y 7 del artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en aquellos casos que traigan causa de un procedimiento penal. También contempla la prórroga de seis meses, a solicitud del interesado, de contratos de arrendamiento cuya vigencia concluya antes del 31 de octubre de 2021, así como la posibilidad de que arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica soliciten de su arrendador, para el caso en que estos sean grandes tenedores o titulares públicos, el aplazamiento temporal o extraordinario del pago de la renta de no existir de forma previa un acuerdo en dicho sentido. Tengo que decir que en aquel caso y por otras razones también nos abstuvimos en aquel real decreto-ley. La tercera modificación es la de los apartados 2, 3, 5 y 6 de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, donde la cuestión más relevante desde el punto de vista de política legislativa fue el propósito de cohonestar, que no compatibilizar a nuestro parecer, el tratamiento a las personas económicamente vulnerables y con hijos a cargo con ocasión del lanzamiento de su vivienda y su conjugación con el principio constitucional de que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos salvo que por causa de utilidad pública o interés general y mediando la correspondiente indemnización se pudiera alcanzar dicho resultado. Sin perjuicio de nuestro apoyo a esas medidas o a medidas en tal dirección, fuimos críticos tanto con el hecho de que se cargara el coste de dichas medidas sobre las comunidades autónomas, a pesar de ser esta una iniciativa estatal y aquella una competencia autonómica, como también con el hecho de que el coste de la solución habitacional se hacía recaer sobre los propietarios de vivienda, lo que justificó en su día nuestra abstención en aquella iniciativa. El apartado 4 prorroga hasta el 31 de octubre la consideración como esenciales de las medidas previstas en los artículos 2 a 5 de la Ley 1/2021 en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que contaron y cuentan nuevamente con nuestro apoyo y en este caso también con nuestro voto a favor. A ello se añade una disposición final primera que resulta difícil de entender desde el punto de vista de política legislativa, ya que únicamente mantiene el rango reglamentario de una norma que ya lo tenía. Esta medida entendemos que es de bastante difícil explicación. Como decía, aun cuando en algunos de aquellos casos mantuvimos una actitud discrepante que nos llevó a abstenernos en algunos de aquellos reales decretos-leyes, en este caso, por razones evidentemente sociales, apoyaremos el real decreto-ley y también apoyaremos su tramitación como proyecto de ley. Nada más y muchas gracias.

  7. Sara Giménez Giménez Cs

    Gracias, presidenta. Señor ministro, bienvenido a esta Cámara. Empiezo mi intervención haciendo referencia a que el inicio de este periodo de sesiones nos obliga lamentablemente a hacer una mención especial a que hoy estamos pagando el precio más alto de la luz del mercado mayorista. Lo digo porque hablar en esta Cámara de medidas de protección social sin mencionar siquiera este tema sería casi una tomadura de pelo para millones de españoles. La situación se está volviendo insostenible y los ciudadanos no pueden asumir facturas más altas, especialmente los más vulnerables, sin olvidarnos de esa clase media española que no puede más con estas subidas incesantes en aquellas cuestiones que son básicas para tener acceso a una vida digna. El real decreto-ley incluye una serie de medidas sociales con las que en Ciudadanos estamos totalmente de acuerdo. Creemos que hay que prorrogar muchas de las medidas sociales que incluyen en el texto, porque no podemos olvidar el gran golpe económico que ha supuesto esta pandemia para las familias más vulnerables. Por eso creemos que es vital seguir apoyando a estas personas en servicios tan básicos como la electricidad, el agua y el gas. Pero en Ciudadanos vamos más allá, señorías del Gobierno. Cuando llegó la pandemia ustedes lanzaron un paquete de medidas que llamaron el escudo social, que garantizaban que no se cortase la luz ni el agua ni el gas a las personas más vulnerables en plena pandemia, y además en un primer momento incluyeron el acceso a Internet. Debemos recordar que desde la segunda prórroga lo que hicieron fue anular este servicio de Internet dentro de estas prestaciones. Por lo tanto, hoy Ciudadanos ha presentado una iniciativa, un bono social básico de telecomunicaciones, que garantice el acceso a Internet de las personas en situaciones vulnerables; un bono que establezca una tarifa reducida de Internet para todos aquellos ciudadanos que reciben el ingreso mínimo vital o para las familias monoparentales o las familias numerosas en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo. El tan repetido «no podemos dejar a nadie atrás» también pasa por garantizar el acceso a Internet de todos los españoles y que nadie se quede desconectado porque no pueda pagar la factura, mucho más ahora que la pandemia ha obligado a cambiar nuestros hábitos educativos, formativos, laborales, de consumo y de ocio. Por otro lado, el real decreto también incluye una serie de medidas con las que estamos de acuerdo en materia de violencia machista. Durante las comparecencias de la ministra de Igualdad en nuestra Comisión ya dejamos claro que en Ciudadanos teníamos ese temor, ya preveíamos que el fin de la pandemia, el fin de las restricciones y el aumento de la movilidad nos podían llevar a tener un repunte en el caso de la violencia machista. Ahora esta situación de confinamiento ha pasado y se han levantado las restricciones, y lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el propio Ministerio de Igualdad, es realizar las reformas legislativas que conllevaría la aplicación del Pacto de Estado de Violencia de Género. De hecho, desde Ciudadanos ya hemos repetido en alguna ocasión que presentamos en el Senado una proposición de ley para llevar a cabo las reformas legislativas que se necesitan para aplicar ese Pacto de Estado de Violencia de Género, pero nos hemos encontrado con la oposición del Partido Socialista, porque en ocasiones, mientras ustedes, desde Podemos y desde el Partido Socialista, lo que hacen es pelearse por ver quién es más progresista, lo que se queda sin hacer son las reformas legislativas que se necesitan, y en este caso se necesitan reformas legislativas para aplicar este pacto del que se van a beneficiar las mujeres más vulnerables de nuestro país, que son las víctimas de violencia de género. . Por otro lado, tenemos el ámbito de la vivienda, y es en este ámbito en donde no estamos de acuerdo. Tenemos que decirles que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque este real decreto pretende prorrogar una situación injusta para la ciudadanía. Les debo decir que las medidas en materia de vivienda que incluye este texto son inaceptables. Somos conscientes de que hay familias vulnerables que tienen problemas de acceso a la vivienda, somos conscientes de que hay una situación de vivienda nefasta en nuestro país, pero es porque no ha habido política de vivienda, porque la política de vivienda brilla por su ausencia en nuestro país desde hace un montón de años. ¿Y qué es lo que sucede? La solución que nos vuelve a traer el Gobierno pasa por permitir la okupación de viviendas como solución a estos problemas. Una vez más el Gobierno no hace su trabajo, porque lo que tiene que hacer es legislar y abordar un problema estructural. Estamos hablando de un problema estructural, de personas vulnerables que no tienen acceso a la vivienda — es que casi no hay vivienda social en nuestro país—, de personas vulnerables que viven en infravivienda, de personas vulnerables que viven en chabolas. ¿Y qué solución se ofrece a esto? La ley estatal de vivienda ahí sigue, ya ha pasado tiempo y ahí sigue, sin solución alguna, señorías. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Haciendo que no pase nada porque a aquellos ciudadanos que puedan tener una segunda vivienda sin ocupar se la okupen. ¿Eso es justo, señorías? ¿Este es el Gobierno más progresista de la historia? ¿Esta es la solución que ofrecen a un problema estructural? Pues me parece que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la justicia deja mucho que desear, porque no creo que haya que poner un parche y que unos ciudadanos que legítimamente tienen su vivienda tengan que ser la solución a la situación de vulnerabilidad que, lamentablemente, viven muchas familias en nuestro país. Pensemos también que este real decreto se prorroga hasta el día 31 de octubre, pero ¿qué sucede después? ¿Tendremos la ley estatal de vivienda en marcha? ¿Tendremos los planes de vivienda en marcha? ¿Tendremos las soluciones habitacionales en marcha? ¿Qué nos van a traer otra vez, otro parche para resolver un problema estructural? Ahí les animo a trabajar. Creo que no debe haber inacción en materias tan relevantes como las que hemos estado hablando, inacción en poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia Machista e inacción en buscar una solución digna en el ámbito de la vivienda, pero nunca unos ciudadanos a costa de otros, señorías. Cuando quieran trabajar, reformar y no generar injusticias van a tener siempre la mano tendida de Ciudadanos. Muchas gracias. .

  8. Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Bona tarda; buenas tardes, señor ministro, bienvenido. Coincidimos en la Comisión Constitucional el otro día, pero le reitero aquí también los deseos de la mejor suerte en esta tarea. Nos traen hoy a convalidación el real decreto que supone la prórroga del escudo social. Yo tengo que aprovechar esta ocasión para manifestarle que me gustaría una aclaración sobre por qué usted nos trae esta cuestión. Sería interesante. Lo digo porque hasta ahora estas medidas las venían presentando el señor Pablo Iglesias y su Vicepresidencia y toda la parte del señor Pablo Iglesias pasó a derechos sociales. Uno, como mínimo, tiene el derecho a preguntar qué pasa en este Gobierno, porque parece ser que ahora todas estas cuestiones pasan a manos del PSOE y no a derechos sociales. En todo caso, más allá del reparto que hagan ustedes y más allá de la opción que tengan para vender estas medidas a la opinión pública, usted, como le comentaba el otro día, es el responsable de las relaciones con las Cortes, y yo creo que está bien hacer un pequeño repaso de cómo ha ido esto del escudo social en las Cortes. Toda esta cuestión empezó el 31 de marzo, con el primer real decreto en el que se implantaron estas medidas, pero ha habido hasta cinco reales decretos más sobre este escudo social, reales decretos que, como le decía el otro día, se convalidan por responsabilidad, se convalidan porque, evidentemente, estamos de acuerdo en que hay que tomar muchas de estas medidas, pero cuya tramitación como proyectos de ley no se cumple, hasta el punto de que muchos de ellos todavía siguen sin tramitación. Uno ve aquí — se lo digo en la medida en que usted es responsable de las Cortes— una dejadez en las grandes aportaciones que creo sinceramente que mi partido político puede hacer, como pueden hacerlas otros. Está claro que hay un trabajo que se está bloqueando en relación con la tramitación de estos proyectos de ley. Uno ve en esta historia la repetición de la historia de los ERTE: parches puntuales, renovaciones y prórrogas. Quizá lo que les deberíamos pedir en este escenario de largo plazo, ya que ustedes dicen que van a agotar la legislatura, es que sean valientes, que nos cuenten cuál es su solución a largo plazo para todas estas situaciones de vulnerabilidad, para estas situaciones de pobreza severa. Me ha hecho gracia una afirmación que usted ha hecho en su intervención. Decía: En la crisis anterior la gente miraba con miedo qué pasaba en el Consejo de Ministros, por los recortes que podía haber. Yo le podría decir que uno mira los consejos de ministros actuales con incerteza, porque al final tampoco se sabe bien qué es lo que piensa el Consejo de Ministros en su conjunto en relación con la reforma laboral — sí o no—, en relación con la subida del salario mínimo interprofesional — sí o no—, o en relación con el aeropuerto de Barcelona — sí o no—. Por tanto, creo que hemos pasado del miedo después de los consejos de ministros a la incertidumbre de saber qué medidas se van a adoptar, porque no son a largo plazo, son todas pequeños parches, pequeñas renovaciones o pequeñas prórrogas. Entrando en las medidas en cuestión, nosotros, por supuesto, vamos a estar al lado de aquellas personas que peor lo pasan, de las familias más vulnerables, y por tanto, es evidente, vamos a dar apoyo a estas medidas, pero creo que empieza a ser urgente valorar si funcionan. Estas pasadas semanas la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social situaba en uno de cada diez españoles la pobreza severa, 4,5 millones de personas y el Instituto Nacional de Estadística apuntaba que las ejecuciones hipotecarias se han disparado en un 253,2 % entre los meses de abril y junio respecto al mismo trimestre del año pasado. Con estos datos hay dudas razonables de si estas medidas funcionan o no y, por tanto, apelo otra vez a que empieza a ser necesario tomar medidas definitivas, medidas a largo plazo y no parches y prórrogas en cada uno de los vencimientos que se producen de estas medidas. De hecho, como le decía antes, estamos de acuerdo en que no se puede dejar a nadie atrás, tenemos que tomar medidas para las familias más vulnerables, pero también les pedimos que tomen medidas para la clase media, porque muchas veces estas medidas van a cargo de ella. Se apuntaba antes la cuestión de la suspensión de los desahucios. Por supuesto que no se puede dejar a nadie en la calle en una situación de vulnerabilidad, pero esto quiere decir recursos para los servicios sociales, esto quiere decir no condenar a las familias a soportar que si ellos tenían un piso en propiedad alquilado sean ellos los que tengan que tramitar la compensación correspondiente porque servicios sociales, porque el Gobierno no da salida a los problemas de estas personas. Por tanto, protección a las familias vulnerables sí, pero protección y defensa a las clases medias por supuesto que también. En este aspecto hay mucho que trabajar en relación con estas medidas, que son buenas para unos colectivos, pero que pueden producir efectos colaterales muy perversos para otros. Usted hacía un repaso también en su intervención del ingreso mínimo vital, de las pensiones y la subida con el IPC, del mantenimiento del empleo, medidas todas ellas que, como le decía antes, suponen parches a una situación que llevamos ya más de un año y medio viviendo. Por tanto, nosotros daremos apoyo al real decreto y pediremos su tramitación como proyecto de ley para incorporar todas aquellas enmiendas y mejoras que creemos oportunas, pero también pedimos al Gobierno que sea honesto y que en este escenario de largo plazo que tiene nos cuente cuál es su apuesta, cuál es su solución estructural para todas estas cuestiones. Muchas gracias.

  9. Pilar Garrido Gutiérrez UP

    Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Señor ministro, hoy debatimos la convalidación del Real Decreto-ley 16/2021, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad. En realidad, a través de este decreto se prorrogan — como ya se ha dicho— medidas que se encontraban ya vigentes, medidas sociales que han tratado a lo largo de estos últimos meses de pandemia de paliar o de amortiguar los nefastos efectos que la crisis tenía sobre aquellas personas o grupos más vulnerables. Paso a enumerar muy rápidamente cuáles son esas medidas, porque ya algunos intervinientes han hablado de ello. Se dispone la prórroga del plazo de vigencia de algunas medidas para garantizar el suministro a los consumidores vulnerables de agua, electricidad y gas natural. También se amplía la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda ante situaciones de vulnerabilidad. Igualmente, se amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un período máximo de seis meses. Asimismo, se incluyen medidas en materia de protección contra la violencia de género, extendiendo la consideración como esenciales a los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Con estas medidas, con el escudo social, se ha comprobado que la salida de la crisis, contrariamente a lo que sucedió en 2008 — lo recordaba el señor ministro—, se puede afrontar de forma eficaz, es decir, se puede afrontar sin recortar derechos y poniendo las necesidades de la gente en el centro. Pues bien, sigamos esa hoja de ruta, señor ministro. Realmente estas medidas son importantes, diría que son valiosas, pero también son insuficientes. Son valiosas porque protegen derechos básicos y derechos fundamentales, como el derecho a una vivienda digna o el derecho a vivir vidas libres de violencia machista; protegen derechos básicos y lo hacen de manera inmediata, dando solución a situaciones muy graves. Por eso estas medidas son valiosas, pero también son insuficientes. Son insuficientes, primero, porque son temporales y la vulnerabilidad de las familias no acabará el 31 de octubre — si leemos el avance del último informe del Instituto Nacional de Estadística relativo a la encuesta de condiciones de vida de julio de 2021, podemos constatar que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o de exclusión social, lo que llamamos la tasa Arope, ha aumentado en el último año: estamos ya en el 26,4—, y segundo, porque no atacan el problema de fondo, que es de carácter estructural. Y aquí me quiero parar un minuto. Es la especulación que se da por parte del oligopolio energético la que pone la factura de la luz por las nubes y la que contribuye a que la pobreza energética cada vez afecte a más familias. Igualmente, de manera muy similar, es la especulación inmobiliaria la que impone precios abusivos de alquiler y hace que aumente la exclusión residencial. Veamos esta situación con algunos datos. Sobre el precio de la luz cojo dos noticias que leí ayer en dos periódicos, uno de tirada nacional y otro vasco. La primera dice que, en comparación con el 12 de septiembre del año pasado, cuando el precio medio diario se situó a 40,39 euros el kilovatio, el precio de este domingo era un 257 % superior, es decir, más de tres veces por encima de lo que valía hace un año. Estos datos no dejan de ser sorprendentes cuando el propio Estado está produciendo hidroelectricidad a un céntimo el kilovatio en el Pirineo, concretamente en las centrales rescatadas que gestiona la Confederación Hidrográfica del Ebro — y este es un elemento importante—. La segunda noticia en un diario vasco decía que hay 104 500 hogares vascos que no pueden hacer frente a la factura de la luz, que sufren retrasos en los pagos. Concretamente en Guipúzcoa, en lo que va de año se ha duplicado — multiplicado por dos— la demanda de familias en situación de vulnerabilidad que recurren a prestaciones sociales contra la pobreza energética. Esto respecto al precio de la luz. Si hablamos de alquiler de la vivienda, más lo mismo. En los últimos cinco años el precio del alquiler ha subido más de un 40 %, y la especulación en los precios de alquiler afecta a grandes mayorías sociales. Cogiendo algunos datos vascos podríamos decir que, según los datos ofrecidos por Eurostat, en junio de 2020 en Euskadi había 120 532 personas que se encuentran con necesidad de acceso a una vivienda, y que el precio medio de la vivienda de alquiler está en 1040 euros, según el Observatorio Vasco de Vivienda, siendo 1164 euros el sueldo medio mensual de las personas jóvenes entre dieciocho y veintinueve años. Pues bien, esto hace que los jóvenes vascos hayan sido expulsados del mercado de alquiler, y que el 65 % de los hogares de las familias vascas pague más del 30 %. Bien, la pregunta es cuánto ha subido el salario de los trabajadores y de las trabajadoras, qué ganancias han tenido las empresas eléctricas en este último año y cuánto han ganado los fondos de inversión inmobiliaria, los bien llamados fondos buitre. Podríamos poner el ejemplo de las energéticas, los beneficios de las tres grandes compañías energéticas: Endesa, Iberdrola y Naturgy, que ocupan el 85 % del mercado, siguen creciendo, hasta superar holgadamente la barrera de los 6000 millones anuales. Después de relatar estos datos, realmente me parece hiriente que haya empresarios que pongan pegas a la subida del salario mínimo interprofesional, que se lleven las manos a la cabeza y se atrevan a decir que esta subida puede afectar a la salida de la crisis. Es vergonzante. Por lo tanto, es hora de acabar con los mercados especulativos y con la economía rentista, ese es el gran reto. Necesitamos con urgencia — y acabo— medidas eficaces que regulen, ahora sí, en defensa del interés general, el mercado energético y, cómo no, una ley de vivienda que haga del acceso a la vivienda, por fin, un derecho, porque vamos camino de que sea un bien de lujo. Gracias. .

  10. Patricia De las Heras Fernández VOX

    Muchas gracias, señora presidente. Señor Bolaños, usted ha sido el artífice jurídico de los ataques más obscenos que ha sufrido nuestro Estado de derecho. Usted ha sido el cerebro jurídico de la Moncloa y, como ya le adelantara mi compañera Macarena Olona en su primera comparecencia como ministro de Presidencia, usted daba forma jurídica a la estrategia política que diseñaba Iván Redondo. Por eso se les llegó a conocer en su reducido círculo de poder de la Moncloa como Oliver y Benji. Era su segundo de a bordo y le faltó tiempo para apuñalarle por la espalda y hacerse así con el poder. Ahora es el lacayo de Adriana Lastra. Al ganar VOX el recurso se supone que se anula una obra jurídica suya, uno de sus ataques más salvajes a nuestra democracia. Se definió como un jurista de formación y de vocación, pero es un jurista de los malos, y no solo porque desde VOX estemos tumbando sus obras, sino porque está al servicio del mal. Elaboró el plan para la exhumación del general Franco; la estructura del Gobierno de coalición; el primer e inconstitucional estado de alarma; la inclusión ilegal de Pablo Iglesias en el CNI — y me alegro de que en lugar de escucharme esté hablando en este momento— ; el segundo inconstitucional estado de alarma; los indultos políticos, pero antijurídicos, a los golpistas; la ley de desmemoria democrática. Pero, ¿cómo pueden darle las riendas jurídicas a un jurista que no cree en la independencia judicial? ¿Que en sus declaraciones afirma que es el Ejecutivo el que debe elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Afortunadamente la justicia aún no ha caído en sus manos, y los jueces y magistrados están dando la razón a VOX. Y hoy se estrena en esta Cámara para solicitar la prórroga de medidas vinculadas a un estado de alarma inconstitucional. Mire, si hay algo de cierto en el real decreto-ley que nos trae — ha sabido leer muy bien su exposición de motivos— es que la situación de vulnerabilidad económica de las familias de nuestro país es debida a la prolongación de las medidas de su Gobierno, y más concretamente de su pluma jurídica. ¿Era usted el que decía que el virus entiende de horarios y estableció restricciones horarias? ¿Era usted el que decía que el virus entendía de negocios y estableció restricciones a la hostelería? ¿Era usted quien decía que el virus entendía de actividades estableciendo unas esenciales, negociadas eso sí con sus socios, con el Partido Nacionalista Vasco como interlocutor preferente? ¿Era usted el que estableció el encierro de la población porque no sabían qué hacer, tal y como afirmó Fernando Simón? Pero entremos a analizar las medidas en cuestión, que se dividen en tres grandes grupos: medidas para afrontar la pobreza energética, suspensión de desahucios y violencia de género como actividad esencial. En cuanto al primero de los puntos, ¿quiere hablar de pobreza energética? Hablemos. Gracias a su Gobierno la factura de la luz ha subido un 220 %. Y no me venga con el encarecimiento del gas y del CO2, primero, porque como dijo mi compañera Mireia Borrás quienes presionan en Europa para que dichos precios sigan encareciéndose son ustedes, es su Gobierno. Y segundo, porque el precio de la energía solo supone un 23 % de la factura y el resto peajes e impuestos. . Viene aquí a defender un escudo social, unas medidas temporales para afrontar una pobreza energética creada por su propio Gobierno. ¡Menuda desfachatez! Desde VOX hemos propuesto en reiteradas ocasiones medidas definitivas, que no temporales, para bajar el precio de la luz como es la rebaja del IVA al 4 % o la supresión del impuesto eléctrico — que no suspensión como hacen ustedes— de forma permanente. Pero prefieren mantener esa pobreza energética con medidas temporales tapadera. También hay otro dato cierto en su exposición de motivos, y es que el porcentaje de la población en riesgo de pobreza aumentó en 2020. Adivine por qué. Esas largas colas del hambre que no han tenido la vergüenza de ir a ver, entre otras cosas por el recibimiento que tiene su Gobierno en la calle, y no es para menos. Pero tal vez la medida estrella que pretenden prorrogar es la expropiación indirecta de las casas de los españoles, medida que por cierto ya recurrió el Grupo Parlamentario VOX ante los tribunales, y que anuncio que volveremos a hacer en esta ocasión. . A través de esta medida comunista pretenden usurpar las viviendas de las familias españolas, suspendiendo los desahucios incluso cuando la ocupación ilegal traiga causa de un delito. ¿Saben qué medida propone VOX para la ocupación ilegal? Patada en el culo, devolución inmediata de sus casas a los españoles trabajadores que las ven usurpadas. Y no, no van a convencer a la población de que somos el enemigo a batir, porque ya han visto demasiado, ya les han robado su libertad, su tiempo, sus negocios y sus ahorros. Pero ahora también su vivienda, a la cual destinan con ilusión el salario y esfuerzo de toda una vida para poder dejar a sus hijos una vida digna, ese derecho constitucional con el que se llenan la boca al mencionar. Pero a la hora de la verdad la entregan a los delincuentes o en el mejor de los casos se la quedan, porque los hijos no pueden pagar el impuesto de sucesiones y donaciones, ese que les gusta tanto a su partido en las comunidades autónomas en los que aún gobiernan para mantener su cortijo del enchufados. . Por cierto, según su propia exposición de motivos el problema es el déficit de vivienda social. A ver si lo entendemos: el problema de la falta de vivienda es la incompetencia política para crear parque de vivienda social, pero la solución es expropiar a los españoles la suya. ¿Es así, señor Bolaños? . Otra de las causas es la merma en los ingresos de los hogares. Señor Bolaños, es usted quien ha prohibido trabajar a los españoles con las medidas del estado de alarma inconstitucional. Es usted quien les ha impedido llevar el pan a su hogar. Es usted quien ha calificado de esenciales unas actividades determinadas. Cualquier empleo que permita llevar el pan a un hogar es esencial, y no solo los que sus socios le piden para aprobar sus infructuosas y nefastas estrategias jurídicas. Y no podría finalizar sin hacer mención a su consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. ¿Es que acaso el resto de víctimas no lo son? ¿Hay víctimas esenciales y víctimas no esenciales? ¿Quiere proteger de verdad a las mujeres? Máxima condena para asesinos y violadores, señor Bolaños, máxima condena. . En VOX condenamos todo tipo de violencia y consideramos que todas las víctimas valen lo mismo, sin que haya unas de primera y otras de segunda. Señor Bolaños, si tuviera algo de decencia, dimitiría. Y, si la tuviera su presidente, le cesaría. Es usted el artífice jurídico del encierro de españoles, cierre de negocios, robo de propiedades, defensa de los delincuentes, desigualdad de los españoles ante la ley, ataque a nuestra democracia, a nuestro Estado de derecho y a los derechos fundamentales. Y esto último indicado por el propio Tribunal Constitucional. Lo raro es que no esté aún sentado en el banquillo de los acusados. Dimita, señor Bolaños. .

  11. Rosa María Romero Sánchez PP

    Gracias, presidenta. Quiero que mis primeras palabras, en nombre del Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio, sean para recordar a las víctimas de la COVID: 120 000 fallecidos. Nuestra solidaridad y nuestro cariño a sus familias. Muy buenas tardes, señorías. Señor ministro, bienvenido a este Pleno del Congreso de los Diputados. Hoy estamos aquí, en este Pleno, un lunes 13 de septiembre, y, ¿por qué tenemos este Pleno y este debate de convalidación de este real decreto-ley un lunes? Muy sencillo: porque el Gobierno no se acordó de las personas vulnerables y, hasta el 3 de agosto, no se acuerda de que las medidas de protección social que siguen necesitando cumplían su vigencia el 9 de agosto. Solo seis días antes de que vencieran se dan cuenta de que es necesaria su prórroga para poder seguir protegiéndoles. Este es un claro ejemplo de la incompetencia de este Gobierno, de su manera de trabajar, siempre con improvisaciones constantes, siempre llegando tarde y mal, esto unido a la fobia que tiene este Gobierno al Parlamento; y claro, aguantan hasta el último momento, y así evitan el Pleno. El señor Sánchez no quiere someterse al control parlamentario en todo el verano. Hoy seguimos sin fecha del debate del estado de la Nación. Señor ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes, ¿a usted le parece democrática esta falta de respeto al Parlamento que tiene su Gobierno? Y ahora, claro, nos encontramos en la urgencia de la convalidación de este real decreto-ley. Pero ya les anticipo que más vale que vayan trabajando y se pongan a hacer su prórroga, porque cuando llegue el 31 de octubre, con el frío, con millones de españoles que necesitan encender la calefacción y con las subidas escandalosas del precio de la luz y también del precio del gasóleo, del gas, evidentemente, el problema va a ser mucho mayor y va a afectar a mucha más gente que ahora. Se lo estamos diciendo ahora: no hagan como siempre, no escuchar porque se lo decimos desde el Partido Popular, como han hecho con todas las propuestas que les venimos realizando en materia económica, en materia sanitaria, que seguimos sin una ley de pandemias y seguimos en pandemia; una ley necesaria para afrontar desde el territorio nacional, porque han abandonado a las comunidades autónomas, a los jueces y a los sanitarios. Señor ministro, entrando en el contenido de este real decreto-ley, en cuanto al bono social para garantizar el suministro de agua, gas y electricidad, en esto actúan como el pirómano bombero, provocan un aumento de la luz sin precedentes con sus políticas ideológicas y su permanente afán recaudatorio. Cada día el precio de la luz bate un nuevo récord. Hoy vamos a pagar el recibo de la luz más caro de la historia de nuestro país, un 257 % más caro que hace un año. Esto es un despropósito que no tiene fin, que está ahogando a las familias, a las pymes, a los autónomos, especialmente a las familias más vulnerables, porque incluso las que tienen el bono social no van a poder pagar el recibo de la luz. Somos el país con la luz más cara de toda Europa. Su Gobierno, el Gobierno de Sánchez, pasará a la historia con el deshonroso récord de tener la tarifa eléctrica más cara de la historia de nuestro país. ¿Quieren que les recuerde lo que decía el señor Sánchez cuando estaba en la oposición? ¿Lo que le decía al señor Rajoy cuando subía la luz un 8 %? Y ahora, con una subida de un 200 %, ¿qué hace? ¿Qué dice? Nada. La inacción. Es una vergüenza lo que está viviendo este país con su Gobierno castigando a los españoles. . Señores diputados del Partido Socialista y de Podemos, el 40 % del recibo de la luz son impuestos. Ahí es donde tienen que actuar. Tomen la propuesta que ha presentado el Partido Popular para que el recibo de la luz baje de manera inmediata hasta un 20 %. Aplíquenlo, ya que no hacen nada. Continuando con el real decreto, en cuestiones de vivienda, lo han dicho otros portavoces: las ejecuciones de la vivienda principal se han duplicado; 11 000 familias se han quedado sin casa. En materia de violencia de género, se han incrementado los casos de violencia. Apliquen y ejecuten el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que tienen dormido y que han tenido dormido. Señor ministro de la Presidencia, este real decreto es un parche. El escudo social del Gobierno, ese del que le gusta presumir, es un fracaso. El verdadero escudo social que necesitan los españoles es tener un empleo, y en eso, como siempre, están fracasando. Tenemos más de cuatro millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Somos el segundo país de Europa con más paro femenino; somos el segundo con la tasa de paro juvenil más alta de Europa. Tenemos 272 000 trabajadores en ERTE, 200 000 autónomos en cese de actividad, el 26,4 % de los españoles está riesgo de pobreza. ¿Sigo? ¿Quiere que le siga leyendo los datos? Este es el panorama que tenemos; esta es la recuperación justa que nos ha contado hoy aquí en su intervención, que dice que no van a dejar a nadie atrás. ¡Pues menos mal que no iban a dejar a nadie atrás, con el panorama que tenemos! Mi grupo parlamentario, por responsabilidad, va a apoyar este real decreto y la extensión de estas medidas sociales, porque los ciudadanos no tienen la culpa de este mal Gobierno, pero esta no es la solución. Les pedimos que hagan las reformas estructurales que necesita este país para que vuelva a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. Déjense de discursos triunfalistas, de brotes verdes, que ya vimos lo que nos pasó con Zapatero. Actúen, trabajen. España no está para experimentos. Y si no, dejen paso, que el Partido Popular sí que está preparado para gobernar y para ser la alternativa de gobierno y dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos. Lo mejor que puede hacer, señor Sánchez: apague y váyase, por el bien de los españoles. Muchísimas gracias. .

  12. Guillermo Antonio Meijón Couselo PsdeG-PSOE

    Moitas grazas, presidenta. Señor ministro, señorías, deseo también comenzar esta intervención con un sentido recuerdo de nuestro grupo para todas aquellas personas, extensivo a sus familias, que han sufrido y siguen sufriendo lo peor de esta cruel pandemia. Señor ministro, permítame que antes me refiera a la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, que ha demostrado con ese discurso — que suelen ser frecuentes en su grupo— ser seguidores fieles de Medio de Larisa, gurú de Alejandro Magno, que decía a sus secuaces: Siembren confiadamente la calumnia, siempre quedan las cicatrices. Y a ustedes les conviene un país lleno de cicatrices porque creen que así les va mejor a ustedes. Déjense ya de calumniar y de crear cicatrices. . Señor ministro, ante todo enhorabuena por su nombramiento y por su estreno en este salón de plenos, que es el suyo. Ha resumido usted perfectamente en una frase el contenido de este real decreto: una norma que ejemplifica la acción de un Gobierno progresista frente a la crisis. Usted lo decía, señor Bolaños: frente a respuestas lentas, injustas e incompletas de la pasada crisis, acciones para una salida rápida — y subrayo, y subrayó usted— y justa de la actual crisis. En su intervención del pasado mes de mayo en el debate sobre el texto del que cuelga este real decreto-ley que hoy debatimos, nuestro compañero Rafael Simancas decía lo siguiente: Solo desde la ignorancia sobre su contenido o desde la voluntad de hacer daño se puede uno oponer a este decreto. Y hoy nos encontramos con grupos que, en su día, en mayo, votaron no a ese decreto, que ahora dicen que se llega tarde y mal, y que es una vergüenza lo que estamos haciendo, ampliando precisamente ese escudo social, ampliando esa protección a la ciudadanía, cuando ellos lo que hicieron fue votar no. ¿Y a qué votaron ustedes que no, señorías del Partido Popular? Votaron que no a una norma que pretende garantizar los suministros energéticos de gas y de electricidad a las familias que lo están pasando mal, y que busca garantizar el suministro de agua. A eso votaron ustedes que no. ¿Qué pasaría ahora si no se hubiera aprobado aquel real decreto? Votaron ustedes que no a la ampliación de la figura del consumidor vulnerable. Señorías del Partido Popular, votaron ustedes que no a una norma que perseguía garantizar el derecho a la vivienda, suspendiendo desahucios y lanzamientos a personas vulnerables, a una norma que ofrece la posibilidad de prorrogar de forma extraordinaria los contratos de alquiler, pudiendo los arrendadores también solicitar compensaciones. ¿Cómo pudieron votar que no ustedes a empresas o grandes tenedores de pisos en alquiler para que se les pudiera solicitar moratoria o condonación parcial de la deuda? ¿Cómo pudieron votar ustedes que no — y así lo hicieron— a seguir luchando contra la violencia de género y contra la desigualdad entre hombres y mujeres? Señorías de Ciudadanos, ustedes también. ¿Se dan ustedes cuenta de las consecuencias para las personas más vulnerables que hubiera supuesto que aquel real decreto-ley y el de hoy no salieran adelante? ¿Se han dado ustedes cuenta ahora de lo mal que lo hicieron el pasado mayo? Pero sí, parece que hay quienes querrían también hoy votar que no, porque lo que buscan es un fin y un objetivo inconfesable. Lo malo es que son demasiado evidentes esos fines y objetivos que ustedes buscan, porque ustedes querrían votar que no, tratando de generar el efecto Montoro: que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Señorías, les puedo asegurar que al Grupo Socialista le gustaría no tener que aprobar este decreto ni ningún otro de este tenor, y estoy seguro de que al señor ministro también. La razón es bien clara: no tener que aprobarlo significaría que la pandemia y sus consecuencias directas sobre las personas habrían desaparecido ya, pero la realidad no es esa todavía. Vamos por buen camino, pero todavía la realidad nos dice que es necesario adoptar medidas de protección social para quienes se encuentran en un estado de vulnerabilidad social y económica. La realidad nos indica que debemos seguir implementando y prorrogando un conjunto de medidas cuyo objetivo pretendido es que nadie quede atrás, no como en la pasada crisis. Señorías, siempre será discutible, siempre se puede hacer mejor con los recursos de que disponemos, siempre se podrán encontrar errores y corregirlos, pero lo que no se puede negar en ningún caso es que este Gobierno ha puesto en marcha, con propuestas que cobran realidad a través del BOE, el mayor escudo social de la historia de nuestro país. . Sin duda, sería positivo contar con una oposición responsable que contribuyera a hacer mejor la vida de los españoles y de las españolas, una oposición que demostrara con hechos que arrima el hombro por el bien de España, algo que ciertamente, y con escaso éxito, lo reconozco, le hemos reclamado de forma permanente, y hoy también. Pero claro, ustedes juegan en otra liga, no están para eso. No apoyaron ni apoyan la subida del salario mínimo interprofesional; se han opuesto ustedes a un acuerdo de pensiones que, por fin, garantiza la actualización con el IPC y que parte de un gran acuerdo social y de las recomendaciones en el Pacto de Toledo; se han opuesto ustedes a nuevos derechos, como es votando en contra de la Ley de eutanasia; han definido el ingreso mínimo vital como — vergüenza debía darles— subsidio a la obediencia; han tratado de torpedear la llegada de los fondos europeos que nos permitirán afrontar con garantías esa recuperación justa. En resumen, señorías, especialmente del Partido Popular: no han apoyado ustedes la mayoría de los decretos que conforman este mayor escudo social de la historia de este país, no han apoyado tampoco los Presupuestos Generales del Estado en un momento crítico y han obstaculizado la llegada de los fondos europeos. ¿No creen, de verdad, señorías, que ya llegó la hora de que cambien el punto de mira y dejen de apuntar contra la población vulnerable? . Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que necesitamos un Estado más fuerte y proactivo que consiga poner freno a las consecuencias de una globalización de un mercado que campe libremente a sus anchas. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que necesitamos reforzar y ampliar un Estado del bienestar que el Gobierno del Partido Popular contribuyó a minimizar, un Estado del bienestar de cuya salud depende que esa recuperación llegue a todos y a todas, y un generador de un mayor grado de igualdad y justicia social. ¿Será eso lo que les molesta? Acabo ya, señora presidenta. Mi paisano, Manel Loureiro, gran escritor, en su última novela, La puerta, hace uso de una conocida máxima de la filosofía estoica: nec spe nec metu. Sin esperanza, sin miedo, una máxima — créanme que lo siento así— que entiende y refleja muy bien el momento presente y el sentir de muchos de nosotros. Nec spe, sin esperanza, sin esperanza de contar con una oposición que esté a la altura del momento presente, pero — ténganlo claro— nec metu, sin miedo, sin miedo por parte del Gobierno y sin miedo por parte de este grupo parlamentario de adoptar las medidas necesarias para una recuperación justa, porque si no es justa, no es recuperación. Mais nada, presidenta; beizón. .

  13. María Jesús Montero Cuadrado PSOE

    Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Permítanme que al inicio de esta intervención traslade la satisfacción de poder volver a encontrarnos todos los que estamos aquí. Espero por tanto que durante el período entre sesiones hayan podido sus señorías aprovechar para desarrollar cuestiones que a lo largo del año no son posibles, y espero también que retomemos esta actividad parlamentaria con voluntad de diálogo, compartiendo — yo creo— el único objetivo que nos tiene que alumbrar, que no es otro que abordar todas aquellas cuestiones que supongan mejoras en el día a día de la ciudadanía de este país. Al menos esa es la actitud de mi Gobierno y la mía propia, porque sigo estando convencida de que el diálogo es el mejor camino para solucionar los problemas, tan cierto como que para que exista ese diálogo es necesario añadir la voluntad de los correspondientes interlocutores, aunque sea, como siempre, señorías, desde posiciones legítimas discrepantes. Es obvio que entre las formaciones políticas que conformamos esta Cámara hay visiones de la realidad muy dispares, fruto de la pluralidad que representamos cada uno del conjunto de la sociedad, pero esa pluralidad no puede llegar al punto de convertirse en un obstáculo ni en una excusa para no hacer bien nuestro trabajo. Por eso, señorías, pretendemos impulsar medidas beneficiosas para el conjunto del país, solucionando problemas de ciudadanía y atendiendo los principales retos que tenemos como sociedad, y por ello confío, como siempre al inicio, en que en este periodo de sesiones seamos capaces de dejar a un lado las estrategias de confrontación o de descalificación, que solo aportan crispación a la vida pública y desafección hacia la política. Señorías, el debate que abordamos hoy es un paso más, como bien conocen, para que nuestro país cuente en 2022 con unos Presupuestos Generales del Estado que consoliden una recuperación económica justa socialmente, que llegue a todas las personas y a todos los territorios. A medida que avanza la campaña de vacunación vamos viendo cómo la recuperación se va asentando con unos buenos indicadores que ponen de manifiesto lo que venimos diciendo desde el principio: que salud y economía van de la mano, y para que podamos dejar atrás la crisis económica tenemos que seguir manteniendo bajo control el virus. Por ello, también creo de recibo señalar que la campaña de vacunación está siendo un enorme éxito colectivo del conjunto del país que nos tiene a todos y a todas que llenar de satisfacción. En primer término, por la responsabilidad demostrada por la ciudadanía española, pero, sobre todo, por el esfuerzo y el compromiso de los profesionales sanitarios, que una vez más han estado a la altura de la circunstancias, evidenciando que contamos con uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo, que tenemos que preservar y reforzar; es una de las grandes enseñanzas que se han desprendido de esta pandemia. . Precisamente será la sanidad, será el refuerzo del Estado del bienestar, uno de los ejes de los Presupuestos Generales del Estado junto, cómo no, a la transformación, a la modernización de nuestra economía para hacerla más innovadora, más productiva y competitiva; son unos presupuestos para una recuperación justa, porque, si en 2020 nos dedicamos básicamente a combatir la pandemia y en el 2021 nos centramos en la recuperación económica y social, las cuentas públicas para el año que viene — para el 2022— tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y avanzar en el camino de la modernización de España. Y eso pasa por seguir impulsando políticas expansivas que apoyen a nuestro tejido productivo, que sirvan de palanca a la inversión y que fortalezcan nuestras capacidades, sobre todo, que nos permitan el llamado crecimiento justo. Señorías, podrán coincidir conmigo en que no se trata de volver al punto de partida previo a la pandemia; se trata de conseguir que nuestras empresas ganen tamaño y competitividad, aprovechando las ventajas de la mano de la transición digital y de la ecológica; de apostar por la economía del conocimiento que priorice la educación, la formación, la investigación y que permita generar empleos de calidad con alto valor añadido. Se trata, por tanto, de formar a nuestros jóvenes en las competencias que ya están siendo decisivas en el mercado laboral, de ofrecer, en definitiva, esperanza para el futuro. Se trata de que las mujeres estemos realmente en pie de igualdad y de que podamos seguir aportando nuestro talento en todas las esferas, o de que ningún rincón de España, ninguna provincia, se quede atrás frenando la despoblación que sufren muchas zonas. Queremos, en definitiva, que nuestro país dé un salto cualitativo y que esté preparado para afrontar las próximas décadas que van a venir determinadas por los vectores de transformación en lo digital, en lo verde o en la igualdad de oportunidades. Los presupuestos de 2021, por tanto, volverán a ser extraordinarios por muchos motivos. Entre ellos, porque se mantiene la suspensión de las reglas fiscales tal y como vienen recomendando las autoridades europeas desde el inicio de la crisis. De hecho, recordarán sus señorías que el pasado mes de junio la Comisión Europea consideró que se cumplían para el próximo año las condiciones para el mantenimiento de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del próximo año, es decir, la Comisión, Europa continúa ofreciendo una respuesta radicalmente diferente a la que se dio en la crisis de 2008, al dejar atrás políticas de austeridad que profundizaban más en la recesión y, por tanto, intentando impulsarla a partir — entre otras medidas— de la aportación del gasto público. En su lugar, Europa está apostando para aportar a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar esa crisis manteniendo sus políticas expansivas, insistiendo, además, en la importancia de no retirar los estímulos mientras que la recuperación no sea más robusta y se alcancen ya los niveles PIB prepandemia. Ahora, señorías, saben ustedes que este tema no está en discusión en la Comisión Europea. Ahora, en la Comisión se está discutiendo sobre la transformación, la adaptación de las reglas fiscales para el próximo año 2023 y, por tanto, en lo que queda de año — más el 2022— nos espera un arduo trabajo también de aportación de iniciativas para conseguir, insisto, que los estímulos fiscales no se retiren demasiado pronto. Por ello, el Gobierno aprobó un acuerdo en el pasado Consejo de Ministros, que sometemos a la consideración de esta Cámara en cumplimiento del artículo 135.4 de la Constitución y el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En consecuencia, vamos a seguir el mismo procedimiento que ya se aplicó el año pasado en el ejercicio 2021, que viene avalado tanto por autoridades europeas, como por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Junto a esta circunstancia, voy a facilitar información sobre el límite de gasto no financiero para este año, que saben que no se somete a votación, y también sobre las tasas de referencia, que son orientativas, para las distintas administraciones públicas. Empezando por el primer punto, quiero decirles que el Gobierno ha situado el límite de gasto no financiero para el año próximo en 196 142 millones de euros, lo que corresponde a nuestro techo de gasto; un dato ligeramente superior al del año precedente y, por tanto, sigue siendo la cifra más elevada de la serie en nuestra historia democrática. O, dicho con otras palabras, en el año 2022 volveremos a comprometer gasto por un importe tan superior que nunca ninguna de las series anteriores ha considerado ni consignado una cantidad equivalente; un dato que, como les decía, tiene como objetivo impulsar el cambio del patrón de crecimiento que nuestro país necesita, de la mano ―cómo no― del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que vuelve a incorporar la anualidad en nuestro proyecto de cuentas públicas. Al mismo tiempo que logramos esa primera cuestión, fortalecemos el Estado del bienestar y, por tanto, los servicios públicos, asignando transferencias no condicionadas al conjunto de las administraciones públicas. Por eso, señorías, de cara a facilitar la lectura de estas cifras, es importante que distingamos dos elementos. El límite que compone el techo de gasto, que digamos se alimenta con presupuesto nacional, asciende a 169 787 millones; sin embargo, el otro, que incluye los 26 355 millones de la anualidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hace que esa cifra se eleve hasta los 196 142 que acabo de comentar. Estamos asistiendo a un crecimiento del esfuerzo que plantea el presupuesto nacional, dado que la anualidad de las transferencias del Plan de recuperación son anualidades idénticas un año respecto al anterior. La suma de ambas cifras es lo que nos permite calcular este techo de gasto para este año. Luego, señorías, el impulso de estos cambios que he comentado nos van a permitir alcanzar, como digo, y espero que en un tiempo realmente récord, una economía más propia del siglo XXI que la que veníamos disfrutando con anterioridad a esta pandemia. Estas cuentas mantendrán el gasto y la inversión pública y, al tiempo, nos permitirán avanzar en el compromiso de que el déficit público, con independencia de que no estén en vigor las reglas fiscales, se vaya reduciendo de forma progresiva. Saben ustedes ―lo he dicho siempre desde esta tribuna― que la suspensión de las reglas fiscales no implica que no exista responsabilidad por parte de todas las administraciones públicas en relación con la consolidación fiscal y presupuestaria. De hecho, el Gobierno mantiene ese compromiso con la estabilidad; por ello hemos ofrecido unas tasas de referencia que son, insisto, orientativas, de la misma forma que lo hicimos en la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024. Un ejercicio de responsabilidad compartida que demuestra la voluntad de este Gobierno de volver a una senda de estabilidad prudente en la medida en que logremos recuperar el nivel de PIB superior o en los términos que estaban al inicio de la pandemia. Dichas tasas de referencia que voy a trasladarles a continuación han sido diseñadas a su vez con un doble objetivo: en primer lugar, queremos seguir apoyando a trabajadores, familias, autónomos, empresas, en definitiva, al conjunto de la sociedad, mientras esta recuperación económica logra dejar definitivamente atrás este episodio de nuestra historia; y en segundo lugar, pretende iniciar un proceso de reequilibrio a medio plazo que reafirme sostenibilidad de cuentas públicas sin dejar cargas inasumibles para las generaciones futuras. Por ello, para el año 2022 se prevé una tasa de referencia del déficit del 5 % frente al 11 % que se alcanzó en 2020 como consecuencia de las políticas de protección de renta y de apoyo al tejido productivo, fundamentalmente en pymes y autónomos. Esto va a significar, señorías, que en apenas dos años el déficit público va a situarse en menos de la mitad de lo que se marcó en el año 2020. La mejora de la economía y, por tanto, el aumento de la recaudación fiscal hacen posible que el déficit del 11 % que se registró ese año se reduzca en este al 8,4 %. Es la previsión que tiene el ministerio, y al 5 % iríamos en el año 2022. De hecho, para 2024 nuestra tasa de referencia es del 3,2 % para el conjunto de administraciones públicas, muy cercano al umbral exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; será en torno al 2024 — espero—, aunque es posible que aproximándose más al 2025, cuando estemos en condiciones de presentar ya una senda, como les decía, que retome ese compromiso con la consolidación fiscal de cara a las autoridades europeas. Esto supone que la Administración central tenga previsto para el año que viene producir una reducción de ese déficit, del 6,3 %, previsto para este año, al 3,9 %, que prevemos tendrán los presupuestos para el año 2022. Se trata, como ustedes pueden ver, de un salto en la reducción del déficit muy superior al que se le pide a Seguridad Social, al que se le pide a comunidades autónomas o, en definitiva, al que se pide al resto de administraciones. Ello, básicamente, se explica porque el Estado continúa asumiendo la mayor parte del coste de la pandemia, sobre todo en relación con la financiación de los ERTE, como ya ocurrió este año mediante transferencias de recursos dirigidos a comunidades autónomas y a Seguridad Social. Recuerden que, cuando se aprobó este acuerdo del Consejo de Ministros, presenté en la rueda de prensa los datos de transferencias que ahora les voy a volver a comentar y, también, indiqué que las comunidades autónomas iban a recibir una transferencia por importe de algo más de 7000 millones de euros correspondientes al sistema de información del IVA y a la transferencia para que hagan posible — no quiero utilizar otra palabra— la liquidación negativa que correspondería al año 2022. Dicho de otra manera, este Gobierno desde que llegó a Moncloa se ha comportado con las comunidades autónomas como si la crisis no hubiera pasado por ellas; es decir, la AGE ha compensado los recursos que iban a dejar de recaudar haciendo transferencias ad hoc para que siguieran prestando servicios de calidad en sanidad, en educación o en dependencia. Igualmente pasa con la Seguridad Social. Los diputados y diputadas que hayan participado en el Pacto de Toledo, recuerdan perfectamente que el compromiso del Gobierno de España a lo largo de la legislatura era asumir los llamados gastos impropios de la Seguridad Social, que se calibran en más de 20 000 millones de euros. Este año pasamos de una transferencia equilibradora de en torno a 13 500 millones de euros a una transferencia que va a superar los 18 000 millones, de manera que de forma progresiva iremos corrigiendo ese déficit de Seguridad Social y, por tanto, garantizando con absoluta rotundidad que nuestros mayores no tienen que estar preocupados por el futuro de las pensiones, pues ya este Gobierno se está preocupando de ello. De esta manera, señorías, con este margen de déficit y con los recursos que se han habilitado, la capacidad de gasto de comunidades autónomas será aproximadamente la misma que la del año anterior y podrán seguir prestando esos servicios públicos. En lo que respecta a las entidades locales, mantienen su tasa de referencia de equilibrio. Esto significa que podrán seguir haciendo uso del superávit que puedan tener en sus cuentas públicas para que se pueda devolver o se pueda invertir en términos de bienestar para el conjunto de la población. La Seguridad Social, como acabo de comentar, debido a esa transferencia va a tener una tasa del 0,5 %. Fíjense, es inferior a la que se comunicó a Bruselas en 3 décimas, ya que fue del 0,8 %. Como decía, esas 3 décimas se las quedará el Estado para seguir reequilibrando el déficit de Seguridad Social para el futuro. Señorías, esta mejora de transferencia de 18 396 millones supone un incremento — de ahí el esfuerzo que se viene desarrollando— de un 32 % de los Presupuestos Generales del Estado sobre lo que veníamos tramitando en los años anteriores. Una cantidad que, como digo, es histórica y que habla bien de esos vasos comunicantes que el Pacto de Toledo ha establecido entre Presupuestos Generales del Estado y las cuentas de la propia Seguridad Social. En definitiva, señorías, el esfuerzo que venimos desarrollando en los últimos años se destinó básicamente a la protección de rentas y ahora, de forma progresiva, se va a dedicar al refuerzo de este sistema de pensiones y también al compromiso que tenemos con comunidades autónomas para que puedan ir asumiendo esa capacidad que han instalado de forma progresiva, sin que provoque tensiones muy superiores en sus cuentas públicas. Señorías, concluyo. Saben ustedes que este proyecto de presupuestos es la ley más importante que esta Cámara discute cada año, es la cristalización y la concreción en número de los compromisos y de las voluntades políticas que cada Gobierno se marca cada año con el concurso de las formaciones políticas que apoyan estas propias cuentas públicas. Por tanto, espero que este techo de gasto traiga o albergue las expectativas de sus señorías, sobre todo las de los ciudadanos, porque el empeño no es otro que aprovechar al máximo la oportunidad que nos brindan los fondos que vienen de Europa, asociados al Plan de recuperación y el propio esfuerzo que ha mantenido el país para proteger las rentas del conjunto de los ciudadanos e, igualmente, para proteger en la medida de lo posible el tejido productivo para que también sea una oportunidad, sobre todo para el empleo. No se entendería que alguna formación política no apoyara un proyecto de cuentas públicas que objetivamente es mejor para el conjunto del país. Sería lo mismo que negar el pan y la sal a una sociedad que está expectante para dejar atrás definitivamente el combate con el virus. Desde ya les anuncio que vamos a mantener abiertas todas las líneas de comunicación para sumar al proyecto de presupuestos todos los acuerdos y consensos que sean posibles, porque impulsar esta recuperación no es solo tarea del Ejecutivo, sino también de todos los que representamos legítimamente a la ciudadanía. Ojalá este nuevo periodo de sesiones alumbre un nuevo ciclo parlamentario en el que desde la lícita discrepancia ideológica seamos capaces de enfocar realmente dónde están los problemas de la ciudadanía y cuáles son las soluciones que proponemos, soluciones siempre complejas donde el valor del consenso es aún mayor porque implica que todos tenemos que ceder una parte para lograr el objetivo compartido, que no es otro que la mejora de la vida de los españoles. Esta es al menos mi vocación: el diálogo franco con todos y todas para aproximar posturas. Y mi aspiración, la del conjunto del Gobierno, es la de sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, una tarea en la que nos vamos a seguir empleando a fondo por muchos motivos, señorías, pero sobre todo por responsabilidad política y por respeto a los españoles que representamos para que encuentren soluciones a los problemas que hoy tienen en su día a día. Para eso, señorías, y no para otra cosa, es para lo que los ciudadanos nos eligen. Muchas gracias. .

  14. María Elvira Rodríguez Herrer PP

    Gracias, presidenta. Ministra, señorías, el año pasado, en octubre, nos convocaban para que votáramos que íbamos fatal. Este año, un mes antes, nos convocan para que votemos que vamos muy bien pero que estamos en la misma situación presupuestaria, es decir, que a criterio del Gobierno seguimos sin reglas fiscales porque Europa ha dejado la cláusula de salvaguarda activa para 2022. Es cierto que la normativa española, al igual que la europea, prevén situaciones excepcionales y, también, que la AIReF ha emitido un informe en el que dice que se dan esas circunstancias. Pero lo que vuelve a suceder es que ustedes siguen interpretando que la activación de la cláusula de salvaguarda es causa suficiente para que ignoren el resto de las prescripciones legales, preconizando que no hay que aplicar las reglas fiscales para los presupuestos de 2022. Nos traen lo que llaman tasas de referencia — bonito eufemismo que esconde la relatividad de su cumplimiento—, pero nos restan toda la información que necesitaríamos; la más importante es la relativa a la situación de endeudamiento que, en la actualidad, alcanza máximos históricos tanto en términos absolutos como relativos. Vuelven a incumplir lo que marca la norma; no respetan los plazos, no se cuenta con los informes preceptivos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la CNAL; y todavía estamos esperando el Plan de reequilibrio derivado del año pasado. No puede expresarlo más claramente la AIReF en su informe del pasado 29 de julio, la suspensión de las reglas fiscales, lejos de la relajación de la responsabilidad fiscal, supone que la actuación de las administraciones deberá seguir orientándose a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo que, como señala el artículo 11.3 en la ley orgánica, no puede ponerse en peligro por la desviación del déficit. En este sentido, reitera que, en la legislación española, la activación de la cláusula de escape lleva asociada la aprobación de un plan de reequilibrio, y denuncian la no presentación del plan relativo a la activación de octubre del año pasado para las cuentas de 2020. Qué cómodo es ¿verdad, señora ministra? trabajar sin reglas ni compromisos. ¡Qué fácil es fijar una tasa de referencia y un techo de gasto y no hablarnos de los escenarios de recaudación con los que hay que financiarlos! ¡Qué confort da no tener que rendir cuentas ante quien se tiene que rendir, que somos todos nosotros! Y la secretaria de Estado de Presupuestos sigue eludiendo su obligación democrática de acudir a la Comisión de Presupuestos a rendir cuentas trimestralmente, como hemos hecho todos los que la precedimos en el cargo. Es una vergüenza, qué quiere que le diga; pero, es una prueba más del ninguneo al que somete su Gobierno a esta Cámara, con el presidente a la cabeza. En fin, el acuerdo que nos trae no da más de sí, pero nos da la oportunidad de reflexionar de otras cuestiones importantes acerca de la situación de la economía española y su optimismo, real o impostado, que raya en la irresponsabilidad, porque puede impedirles tomar medidas imprescindibles y también les da la coartada para tomar otras que pueden ser muy perjudiciales en nuestro caso. En el informe de situación de la economía española, además de recoger que vamos muy bien, crecimiento robusto — le llama la vicepresidenta Calviño—, importante rebote más bien debido al desplome del año pasado — el efecto base, diría yo—, incluyen otras consideraciones; justifican el crecimiento, el experimentado y el esperado, en dos pilares: el experimentado por el efecto de las medidas anticrisis y el previsto por esas medidas y el impacto de los fondos de reconstrucción europeos. En un primer momento, las medidas de garantía de rentas y ayudas a la liquidez en las empresas consiguieron suavizar los efectos de la parada radical de nuestra economía. Sin embargo, transcurridos unos meses hubieran hecho falta otras que ayudaran de verdad a nuestras empresas a resolver los problemas de solvencia. Hacen referencia a los dos reales decretos-leyes de ayudas a la solvencia de las empresas, como activadores de la recuperación y el crecimiento. Los reales decretos-leyes se aprobaron por el Gobierno, pero su ejecución ha sido un fiasco. En el primer caso, todos conocemos la incapacidad de la SEPI para repartir la totalidad de la suya, ante las ayudas y el despropósito de las concedidas a la compañía de aviación Plus Ultra; y, en el segundo, el escaso interés que ha tenido para los pequeños empresarios, porque los requisitos a los que el texto legislativo sometió a la concesión hacen que sea muy difícil de cumplimentar. En estos días, hemos conocido que están pidiendo ampliación de plazos a Bruselas. Bueno, hoy la vicepresidenta Calviño no ha dicho exactamente eso; pero el problema no es de plazos, ministra, es de requisitos y de los procedimientos para hacer efectivas las ayudas. Se ha llegado tarde y mal para resolver estos problemas, cuando solo tenían que mirar alrededor. Una decidida política de rebaja efectiva de impuestos y de ayudas directas hubiera sido mucho más eficaz para dar respuesta a las necesidades de nuestro tejido productivo. El otro pilar en el que se confía es el Plan de recuperación financiado con los fondos europeos, pero el inicio de su ejecución es desilusionante. No se ha consensuado — usted lo sabe—, no se ha trabajado con los distintos niveles de Gobierno; los repartos de fondos en las conferencias sectoriales no atienden a las necesidades de las comunidades y están muy fraccionados. La ampliación de los fondos debería generar crecimiento sostenido y crear empleo estable. Tenemos que salir más verdes, más cohesionados y más iguales con la digitalización generada del país, pero también más ricos y con más empleo porque solo así se garantizará el futuro de los españoles. La AIReF, precisamente, señala en ese informe al que me he referido que el Gobierno no incorpora las implicaciones macroeconómicas y fiscales del Plan de recuperación en la documentación facilitada, que elude el análisis y la cuantificación del impacto de sus inversiones e importantes reformas tanto sobre el crecimiento potencial como sobre el déficit estructural, y así no se pueden hacer las cuentas. Por último, haré una rápida referencia a la inflación. Ustedes no le dan la más mínima importancia, pero su impacto fiscal en unas cuentas ya desequilibradas de por sí puede ser significativo, y su segunda vuelta en la economía a través de salarios y costes de producción en una situación de debilidad puede llevarnos a una trampa de la que es complicado salir: la estanflación, subida de precios sin crecimiento, y en una economía como la española, más, por su debilidad fiscal sin colchones para la reacción y con un fortísimo endeudamiento. Hay que estar atentos y poner los medios porque puede ser nuestro próximo cisne negro. Concluyo. España aguanta porque el Banco Central Europeo atiende todas nuestras necesidades de endeudamiento, pero eso puede no ser así en un futuro no tan lejano. Que Europa active la cláusula de escape parece que nos da un respiro, pero no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana. Y en lo que nos traen hoy a votación hay mucha complacencia, mucho espejismo y, permítanme que le diga, yo creo que mucha irresponsabilidad.

  15. María Elvira Rodríguez Herrer PP

    Concluyo, presidenta. Las trampas en el solitario no conducen a nada bueno, ni para nosotros ni para nuestros hijos ni para nuestros nietos. La verdad es que no queremos participar en esto y, por eso, nos vamos a abstener. Muchas gracias. .

  16. Iván Espinosa de los Monteros de Simón VOX

    Señora ministra, hace algo menos de un año compareció usted ante esta Cámara para, amparándose en el artículo 135 de la Constitución, solicitar la suspensión de las llamadas reglas fiscales. Lo hacía, es verdad, en un momento alarmante: la peor gestión económica y sanitaria había provocado un efecto devastador; el daño seguía y la negligencia de su Gobierno también. Unas semanas después de que Pedro Sánchez hubiera declarado vencido el virus, ya liderábamos los contagios en la segunda ola. El tejido productivo continuaba desangrándose y muchos españoles a los que se les prohibía trabajar necesitaban apoyo, ayudas urgentes y la eliminación de cargas para sobrevivir. Eran los mismos españoles que hacía muchos años habían estado trabajando para el Estado, quienes muchas veces dedicaban más de medio año de su actividad únicamente a pagar impuestos, los que tras un largo periodo de búsqueda por fin habían logrado un empleo, también quienes no perdían la esperanza de llegar a encontrar uno. Todos ellos, a causa de la pandemia, ahora habían sido obligados a permanecer en sus casas y merecían una respuesta contundente de las Administraciones públicas por una razón de justicia, de patriotismo, de humanidad, pero también de utilidad económica. Mientras la recuperación no fuera una realidad, el Estado debía continuar apoyando a las familias y al tejido productivo para evitar que los daños coyunturales de entonces se convirtieran en estructurales. Se trataba de mantenernos vivos, de salvar empresas y de salvar empleos, de estar al lado de los españoles en el peor momento. Puede que, por una vez, fuera necesario gastar más, pero, desde luego, también era necesario gastar mejor. La Ley orgánica de estabilidad presupuestaria permite un extraordinario incumplimiento de las reglas fiscales ante situaciones de emergencia extrema. Se me ocurrían pocas circunstancias tan claras y extraordinarias para justificar la activación de esa excepción prevista en nuestra Constitución, pero también se me ocurrían pocas personas tan poco fiables y responsables como Pedro Sánchez para otorgarle el poder de un presupuesto ilimitado. Escudándose en la urgencia de la pandemia nos pidió un cheque en blanco, una licencia para gastar sin control, un permiso para endeudarse sin límite alguno, una autorización para disparar el déficit hasta niveles que nunca habíamos conocido, y sin ningún freno, pero ese freno existe y debe existir. La segunda parte del artículo 11.3 de la Ley de estabilidad presupuestaria es clara: la desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Por eso exige la aprobación de un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit, pero ustedes no lo trajeron entonces, no lo trajeron en el plazo de un mes como obliga la ley e hicieron oídos sordos cuando se lo pidió VOX en sucesivas proposiciones como en las de octubre y mayo del año siguiente. Ustedes han ignorado sistemáticamente las denuncias que al respecto han hecho la AIReF y el Banco de España, y hoy tampoco traen ese plan. Miren, VOX se negó entonces a darles el cheque en blanco que nos pedía, y eso que en su momento lo estuvimos dudando. Pero hoy sabemos que no nos equivocamos, porque el Gobierno de Pedro Sánchez logró de esta manera el apoyo de una Cámara para gastar sin límite, y vaya si lo hizo. Disparó el déficit, porque España cerró el año 2020 con el déficit más alto de todos los países de la Unión Europea. Elevó la deuda hasta niveles muy preocupantes, superando el 120 % del PIB a finales de 2020. Han perdido ustedes por completo el llamado santo temor al déficit, ya ni les suena. Pero no lograron los objetivos de salvar empresas, de salvar empleo, y de estar al lado de los españoles que más lo necesitaban. Señora ministra, ustedes nos endeudaron a todos y, con ello, ustedes se subieron los sueldos, mantuvieron el Gobierno de los veintidós ministerios, colocaron afines, regaron con millones de euros a medios de comunicación, renovaron la flota de coches oficiales, financiaron chiringuitos de género en España y en el extranjero, pagaron cuantiosos peajes a sus socios políticos, rescataron empresas vinculadas con el chavismo y dispararon el gasto corriente. Pero esos fondos no llegaron nunca a las familias ni a los comerciantes ni a las pymes ni a los autónomos, que eran quienes más lo necesitaban. Ustedes dispararon el gasto, sí, pero lo destinaron al proyecto de Pedro Sánchez y no al proyecto de los españoles. Frenar las colas del hambre necesitaba ayudas rápidas, urgentes y temporales para afrontar la pandemia pero, en cambio, ustedes apostaron por la propaganda. Un año y medio después sabemos que el ingreso mínimo vital no ha llegado ni a un tercio de la población que se marcaron como objetivo. Recuperar el empleo requería de empresas vivas, capaces de crearlo, pero la realidad es que, a pesar del triunfalismo del Gobierno y de la creación de 225 000 empleos públicos, todavía hay 725 000 empleos privados menos que antes de la pandemia. Ustedes no dejaron un impuesto sin subir, no dejaron a ninguno atrás ―ahí sí que se puede utilizar esa frase―. Fuimos el único país que subió impuestos durante la pandemia, aumentando la carga sobre las empresas y poniendo aún en mayor riesgo la recuperación. Las ayudas directas fueron tardías, escasas y muy mal diseñadas. Durante mucho tiempo también fuimos el único país sin aprobar las ayudas directas para salvar empresas; siete meses después se anunciaron por una cuantía siete veces inferior a la demandada por los sectores. Pero todavía no llegan, sobre todo a pymes y autónomos. No es de recibo que solo se hayan librado el 40 % de los 7000 millones previstos. Y, sobre todo, no tomaron ni una sola decisión de política económica que favoreciera el crecimiento con la competitividad. Señora ministra, no es el primer cheque en blanco que el Gobierno de Pedro Sánchez solicitaba al Congreso de los Diputados en nombre del coronavirus. El primero, la declaración del estado de alarma, habilitó al Gobierno para suspender discrecionalmente derechos y libertades de los españoles. Fue ilegal. Lo sabemos porque así lo declaró el Tribunal Constitucional a instancias de VOX. Este otro cheque en blanco pretende que se pueda disparar el déficit de la deuda sin límite, y es directamente suicida, porque sin control y sin plan de requilibrio a medio plazo colocan ustedes a España en una grave situación de vulnerabilidad financiera que daña la confianza de nuestras cuentas públicas y las hace insostenibles. Un cheque en blanco para gastar sin control hoy es un cheque en blanco para subir los impuestos en el futuro, esos que ustedes siempre dicen que no van a subir y que suben constantemente. Le reiteramos que el primer paso, la condición indispensable para la vuelta de la sostenibilidad en las cuentas públicas, es que ustedes se vayan, y eso será más pronto que tarde. Así que hoy no cuente con nosotros, porque una vez más, aunque solo quede VOX, les diremos que no. Porque, una vez más, solo queda VOX. Muchas gracias. .

  17. Txema Guijarro García UP

    Gracias, presidenta. Buenas tardes. Por segundo año consecutivo el Gobierno se ve obligado a solicitar a esta Cámara la suspensión extraordinaria de las llamadas reglas fiscales. En un momento especialmente delicado del proceso de recuperación en el que estamos inmersos, cuando todos los indicadores económicos apuntan a un despegue definitivo, existe ya un consenso entre los principales analistas, en relación con los efectos desastrosos que tendría una retirada temprana de los estímulos económicos puestos en marcha por el Ejecutivo desde el inicio de esta crisis. Algunos de estos mismos analistas, por cierto, sirvieron de fatídico aval, de certeza áurica a las políticas austericidas que segaron la incipiente recuperación económica del año 2011 y nos condenaron a una nueva crisis, esta vez más larga y aún más dolorosa. Bien, parece que hoy algunos han aprendido. Y digo bien que algunos, porque luego están los otros, es decir, las derechas españolas, esas ni están ni se las espera. Aún no se les ha escuchado una sola palabra de autocrítica, no digo ya escapar al fin del paradigma austericida. Todavía hemos tenido que escuchar hoy aquí a la señora Rodríguez en pleno chaparrón pandémico llamar a pedir un plan de ajuste ―ella lo ha llamado un plan de reequilibrio―; un plan de ajuste a estas alturas, justo cuando todos, incluidos sus referentes políticos europeos en puestos de Gobierno, están haciendo exactamente lo contrario, señora Rodríguez, exactamente lo contrario. Nuevamente evocan ustedes la imagen de ese caminante solitario en el desierto que mira a su alrededor y proclama aquello de todo mundo se ha perdido menos yo. . Señorías, el presente debate y su consiguiente votación, pese a inaugurar una nueva vía tan necesaria como extraordinaria para las cuentas públicas del próximo año, no debería ser más que un mero trámite, en tanto que el dilema ya no es qué hacer hoy. ¿O acaso hay alguna alternativa seria sobre la mesa más allá de las políticas expansivas en curso? No, más bien el dilema de hoy es qué debemos hacer mañana en un futuro próximo, algo que usted ha anticipado, señora ministra, en su intervención. Por ello, en el fondo creo que es mucho más relevante para los asuntos que hoy se llevan a este orden del día el debate que inauguró el Ecofin este pasado fin de semana para la reforma de las reglas fiscales. A propósito del trámite equivalente que aprobamos ya entonces, el año pasado, en aquella primera suspensión votada en esta Cámara el 20 de octubre me permitía entonces citar al gran Walter Benjamin en aquella admonición donde advertía sobre la necesidad de activar el freno de emergencia ―decía él― en una locomotora directa hacia el abismo. Me mostré entonces moderadamente optimista, solo moderadamente ―un matiz que, por cierto, advirtió el diputado Botran de la CUP―, sobre la posibilidad de hacer al fin caso a Benjamin y corregir de una vez por todas la deriva neoliberal que había tomado el rumbo de la construcción europea desde Maastricht. Pues bien, señor Botran, señoras y señores diputados, llegó ahora el momento de definir. En las próximas semanas y meses no solo se juega el futuro de la Unión Europea, sino la inserción concreta de España en ese proyecto común al que nuestro país siempre ha aspirado. Ciertamente habrá que superar las resistencias de algunos Gobiernos del llamado norte europeo, sin embargo, nadie debería poner en duda la necesidad urgente de una reforma integral de las reglas de juego tal y como están definidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En el último informe del Banco de España publicado hace apenas unas semanas, en agosto, el regulador advertía de que con el actual corsé normativo — cito textualmente— la Unión Económica y Monetaria necesitaría mantener un superávit fiscal del 1,1 % del PIB durante veinte años seguidos para poder reducir la ratio de deuda al 60 %. El propio Banco de España nos recuerda que en los últimos veinticinco años la zona euro ha experimentado un déficit primario medio del 0,4 %. ¿Cómo hay que orientar esta reforma integral de las reglas fiscales europeas? Señora ministra, a juicio del Grupo Parlamentario Confederal, España no puede renunciar, al menos, a estos tres objetivos. En primer lugar, a desarrollar una verdadera herramienta de estabilización de la zona euro, resistente a todo tipo de shock económico-financiero. En este sentido, el giro copernicano que han supuesto las políticas monetarias del Banco Central con respecto a las implementadas en el 2010 y 2011 ha sido clave. Cabe recordar que el programa de compras de emergencia pandémica del banco ha permitido colocar 140 000 millones de deuda pública española, a la vez que el coste de deuda en circulación registraba un nuevo mínimo histórico en junio de este año de apenas el 1,65 %. También han supuesto un hito los nuevos mecanismos de emisión de deuda mancomunada, lo que ha llevado a algunos, incluso, a proclamar el nacimiento de un nuevo sujeto fiscal llamado Europa. En todo caso, señora ministra, coincidirá conmigo en que aún estamos en un estadio prematuro y las tareas de consolidación en este campo apenas han comenzado. En segundo lugar, España debe acometer una transformación de su aparato productivo como pocas veces lo ha visto en su historia. El desafío climático y las trasformaciones digitales abren una oportunidad única para que pronto, esta vez sí, y parafraseando a Alfonso Guerra, a España no la conozca ni la madre que la parió. Su compañera de bancada, la señora Calviño, ha llevado a este foro del Ecofin propuestas sobre la contabilidad de inversiones verdes que creo que apuntan en esa dirección. Y, en todo caso, y nuevamente, no nos podemos permitir el lujo de malgastar el chorro de fondos europeos en engordar el viejo y obsoleto modelo de playa y ladrillo, el cual nos ha llevado a soportar una de las mayores tasas de desempleo estructural de toda Europa. En tercer lugar, le planteo, señora ministra, el más importante de los objetivos, al cual están subordinados los dos anteriores: acabar con la desigualdad galopante que se ha enseñoreado en nuestras ciudades y pueblos a lo largo de los últimos años y meses. Según la última encuesta de condiciones de vida, el número de personas que sufre una carencia material severa ha aumentado en 1 100 000 con respecto al año 2019, hasta los 3,3 millones. En ese mismo periodo el número de millonarios ha superado por primera vez el millón en España, según titulaba ufana la revista Forbes en junio de este año. Todo ello ocurre mientras, por ejemplo, el ingreso mínimo vital llega hoy a unas 700 000 personas, un avance sin duda, pero aún lejos de alcanzar los 2,3 millones de personas previstos para su cobertura. Por último, señora ministra, no puedo dejar de referirme a la posición que según ha trascendido defienden algunos Estados europeos como Austria y Holanda. Según parece, pretenderían volver al programa de estabilidad y crecimiento el próximo año, una vez suspendida la cláusula de escape y mientras no se haya alcanzado un acuerdo pleno para su reforma. Volviendo a Benjamin, esto equivaldría a despeñar definitivamente la locomotora española por el abismo y, por eso, es sencillamente implanteable para los intereses de nuestro país. Muchas gracias. .

  18. Joan Margall Sastre ERC-S

    Gracias, presidente. Diputades i diputats, bona tarda. Buenas tardes, ministra. Encantado de volver a debatir con usted sobre políticas fiscales. De hecho, es la segunda vez que tiene lugar este debate sobre la apreciación de si estamos sufriendo una pandemia y así justificar la suspensión de las reglas fiscales. Por segunda vez decimos que sí, que evidentemente miles de familias, trabajadores autónomos y pymes aún hoy siguen sufriendo las consecuencias del parón económico a consecuencia de la crisis de la COVID-19. Aunque es cierto que los datos son más optimistas que los registrados el año pasado, no podemos obviar que esta recuperación está siendo muy desigual entre sectores y colectivos, algunos de los cuales están sufriendo mucho. Para poner dos ejemplos, el Estado español es el campeón, tiene el récord de paro juvenil, que ronda el 35 %. Como tampoco podemos obviar que hoy, desde que empezó la pandemia, hay 800 000 personas más que viven por debajo del umbral de la pobreza, unas cifras que nos parecen inadmisibles. Por eso seguimos convencidos de que ahora más que nunca es necesario que las administraciones públicas dispongan de todas las herramientas a su alcance para paliar los desastres de esta crisis. Lo hemos dicho en muchas ocasiones: en situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias; en situaciones de crisis y de recesión económica, políticas expansivas. Pero poder aplicar políticas expansivas topa frontalmente con el muro austericida construido por el PP y la derecha allá por el año 2012, y topa frontalmente con aquellos que, como solución a la crisis del año 2008, recetaron recortes y precariedad. Es evidente que aquello no salió bien y que empobreció al conjunto de la sociedad. Durante demasiados años hemos pagado las consecuencias de una Ley de sostenibilidad financiera que ha exprimido sin paliativos a comunidades autónomas y ayuntamientos. Una ley que imponía normas tan injustas como la regla de gasto, una norma tan absurda que impedía a la Administración más próxima a la ciudadanía, como son los ayuntamientos, destinar su superávit en inversiones para el bienestar de sus vecinos y vecinas, y por eso estamos de acuerdo en que no se aplique durante este próximo ejercicio. A pesar de esta suspensión de las reglas fiscales, el ministerio ha establecido unos objetivos de referencia para los diferentes subsectores de la Administración pública que no nos gustan nada. Vemos cómo para este próximo año el objetivo de referencia de las comunidades autónomas ha disminuido una décima. Mientras tanto, la Administración Central vuelve a aglutinar el 3,9 del 5 % del déficit. Estamos hablando de que más de tres cuartas partes del déficit se reservan para la Administración Central, una nueva intención de centrifugación de los objetivos de déficit, y ya le advertimos, ministra, que para nosotros este no es el camino. Pero, además, estamos hablando de una suspensión de las reglas fiscales para un periodo transitorio que parece ser que llegará a su fin el próximo año, pero en ningún caso esta suspensión temporal es sinónimo de derogación de estas normas, y esto nos lleva, inevitablemente, a abrir el debate sobre qué hacer con estas injustas reglas. Sabemos que ya se ha empezado a hablar de la reforma de estas reglas fiscales en el ámbito europeo y pedimos valentía. Valentía para no volver a unas normas que centrifugan los objetivos de déficit, que limitan la capacidad de inversión de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, mientras la Administración Central aumenta año tras año. Valentía para derogar el artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda por encima de garantizar el Estado del bienestar. Valentía para que, en estos próximos años, los fondos europeos puedan actuar a pleno rendimiento, y esto solo será posible eliminando las restricciones para que las administraciones públicas puedan realizar políticas expansivas e inversiones estructurales. No se nos escapa que aun así no será suficiente, aún pueden hacer mucho más. Por eso, volvemos a reclamar hoy el fondo de 5000 millones de euros que prometieron a los ayuntamientos y que tanto necesitan. Solo con un giro radical del modelo imperante antes de la crisis de la COVID-19 podemos garantizar un Estado del bienestar fuerte y una salida de la crisis que no deje a nadie atrás. Por eso, hoy decimos sí a que los ayuntamientos puedan invertir su superávit para que las administraciones territoriales puedan invertir en educación y sanidad y sí a la derogación de las normas Montoro, que tanto daño causaron la sociedad. Muchas gracias. .

  19. Míriam Nogueras i Camero JxCat-JUNTS (Junts)

    Gràcies, president. Ministra, le voy a contar una historia: Maite y Pau son una pareja que tiene una empresa y dos hijos, una empresa que funcionaba muy bien antes de que empezara o irrumpiera la pandemia. Hoy Maite y Pau tienen muchas facturas pendientes de cobrar y también tienen deudas con el banco. Existen millones de Maites y Paus, y existen millones de Maites y Paus porque la cosa no funciona. España hoy no va bien, señora ministra, porque mientras ellos, mientras que a los millones de Maites y Paus les cuesta llegar a final de mes, o no llegan, su Gobierno les sube la cuota de los autónomos dos veces en plena crisis; su Gobierno permite que el oligopolio eléctrico nos cobre las facturas de la luz más altas de toda Europa — de hecho, hoy creo que batimos un nuevo récord—; y este Gobierno, su Gobierno, no les da las ayudas como las dan en otros países de Europa; y, a la vez, su Gobierno permite que las grandes empresas morosas españolas no paguen los más de 80 000 millones de euros que tienen de deuda con las pequeñas y medianas empresas, es decir, con las Maites y con los Paus. Y esto depende de ustedes, señora ministra, y no lo hacen. Una tasa de referencia del déficit de 0,6 %, como ustedes proponen, significa 1200 millones menos para Cataluña este año 2022. Además, si no hay fondos extraordinarios COVID ―que no los va a haber porque ya lo ha anunciado―, ya nos explicarán ustedes cómo debemos afrontar las necesidades urgentes e ineludibles del ámbito social, empresarial, sanitario y educativo. Usted sabe, señora ministra, que en el caso concreto de Cataluña se ha cumplido con el máximo permitido por el propio Gobierno español, es decir, el 1,1 %. Por lo tanto, mantener el 0,6 % y, además, no poner un fondo extraordinario COVID es tanto como pensar que el 30 de diciembre se acabarán de forma instantánea y de forma completa todas las necesidades derivadas de la pandemia; es decir, señoras y señores diputados, es tanto como creer en los milagros. Junts per Catalunya no va a apoyar esta irresponsabilidad, y no nos vale la excusa de que esto es menos malo que todo esto, porque nuestra responsabilidad política es cambiar aquello que no funciona, no apuntalarlo. Ministra, no nos piden solo que demos carta blanca sin condiciones, nos piden que renunciemos a la expansión presupuestaria que el Govern de la Generalitat de Catalunya reclama para sus propias finanzas. Voy terminando. . Moltes grácies.

  20. Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Buenas tardes. Buenas tardes, señora ministra. Hoy vengo en sustitución de mi compañero Ferran Bell, y me va a permitir que afronte este tema muy brevemente trasladándole sus reflexiones. Creo que la comunicación que se pone a votación es clara: si existe todavía una situación de pandemia que pueda suponer la modificación de estas reglas en el presupuesto. Nosotros, por supuesto, somos conscientes de la evidencia. La situación de pandemia existe y, tal y como decíamos hace un año, en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales, además de que es necesario mantener un cierto equilibrio, un equilibrio entre el riesgo de endeudamiento y la necesidad de este endeudamiento. Es cierto que hacen falta recursos para atender los ERTE, que hacen falta recursos para atender las bajas, que hacen falta recursos para toda esta situación de pandemia, pero también le pedimos que estos recursos se destinen a aquello que igualmente ayuda a recuperarse económicamente. Por tanto, ayudas directas a los autónomos, a las pymes y a toda aquella gente que sufre directamente esta situación de pandemia. Antes de terminar, quería hacer una reflexión. El año pasado mi compañero, Ferran Bel, le habló de los ayuntamientos y de varias cuestiones, algunas de las cuales se han resuelto y otras no, por lo que hoy le reitero la necesidad de que se dé algún tipo de solución a las liquidaciones negativas de los ayuntamientos en ejercicios anteriores. Por nuestra parte, daremos el visto bueno a esta votación, la apoyaremos, conscientes de la situación excepcional en materia de pandemia, pero también conscientes de aquella máxima que dice que no existe dinero público, sino que solo existe el dinero de los contribuyentes y, por tanto, la necesidad de mantener un equilibrio entre el endeudamiento y los presupuestos. Muchas gracias.

  21. Néstor Rego Candamil BNG

    Grazas, señor presidente. La situación económica actual viene marcada por la incertidumbre ante la crisis derivada de la pandemia, que se solapó con la iniciada en 2008, de la que aún no habíamos salido en términos de justicia social. Para hacerlo, es necesaria una política económica y fiscal expansiva que refuerce los servicios públicos y potencie la recuperación. Sin embargo, aunque el Gobierno, en virtud de la prórroga, en aplicación de la cláusula europea de salvaguarda, mantiene la suspensión de las reglas fiscales, establece unas tasas de referencia orientativas con respecto al déficit que limitan la capacidad del gasto público. Se ha demostrado que la austeridad no es la solución. Por eso, limitar el gasto no financiero puede derivar en un recorte del gasto público en servicios básicos, como sanidad o educación, siendo las clases trabajadoras y los colectivos más vulnerables los más afectados por esos recortes. Además, cabe destacar que una vez más la Administración Central del Estado se reserva la mayor capacidad de incurrir en déficit. Así, del 5 % del PIB fijado para el año 2022, solo se deja un 0,6 a las comunidades autónomas, menos que en 2021 —0,7— y que bajará a 0,4 y a 0,2 en 2023 y 2024, y cero para las entidades locales, con lo que se restringe su capacidad para mejorar las políticas de cobertura social. No nos opondremos — nos abstendremos, en todo caso—, pero me gustaría que su oferta de diálogo con todos en los presupuestos fuese real, a diferencia del año pasado, que no quisieron dialogar con el BNG…

  22. Néstor Rego Candamil BNG

    … y redundó en unos presupuestos malos para Galicia. Si rectifican y los presupuestos son buenos socialmente y para nuestro país, tendrán al BNG apoyándolos. Grazas.

  23. María Muñoz Vidal Cs

    Gracias, presidente. Señorías, ministra, a nadie sorprenderá que diga que España atraviesa una situación excepcional, de emergencia extraordinaria, si utilizamos las palabras que vienen recogidas en la Constitución y en la Ley de estabilidad presupuestaria. Lo vemos en la calle, en nuestros círculos cercanos e incluso lo hemos debatido en el primer punto del orden del día de hoy. Partiendo, pues, de la clara situación excepcional que atravesamos a efectos de suspensión de reglas fiscales, este punto que ahora debatimos en el orden del día nos da una oportunidad añadida para compartir reflexiones sobre el impacto económico de la pandemia y la respuesta que ha dado el Gobierno. Me gustaría hablar, en primer lugar, ministra, de prudencia. España cerró el año 2020 liderando los peores datos macroeconómicos. La economía que más cayó en datos de PIB, la economía con más déficit, la economía con más porcentaje de deuda sobre PIB y también la economía con mayor tasa de paro juvenil fue la española. Ahora el Gobierno nos anuncia a bombo y platillo la recuperación, pero debemos recordar que cuando uno cae en un pozo profundo cualquier signo de mejora comparativa con datos pasados no deja de ser un dato distorsionado. Ministra, yo le pido prudencia; le pido humildad y prudencia. ¿Celebramos desde Ciudadanos la recuperación económica? Por supuesto, pero también creemos necesario trabajar en la senda de recuperación justa, robusta y duradera. Por eso criticaremos y trataremos de mejorar siempre todas las propuestas de este Gobierno que entendamos que son parches y no van en la línea del crecimiento y el cumplimiento de las normas fiscales comprometidas con Europa, porque Europa ya nos avisó de que las medidas a tomar tenían que ser oportunas, temporales y selectivas, para no poner en peligro la sostenibilidad a medio plazo. Ha mencionado usted en su intervención a la Comisión Europea en cuanto a esa cláusula de salvaguarda, de permisividad en la suspensión de las reglas fiscales, pero no ha dicho nada acerca de lo que también alertó la Comisión Europea, la cual manifestó que países como España, que tienen una elevada ratio de deuda, deben tomar medidas prudentes de cara al año 2022. He de confesarle, ministra, que personalmente estoy preocupada y que en mi grupo parlamentario, Ciudadanos, estamos preocupados por la posible senda de desequilibrios en las cuentas públicas y la falta de medidas de control del gasto público en que ha entrado España. Usted se ha esforzado decididamente en remarcar que su Gobierno es responsable, pero entienda que para nosotros, para la mayoría de las señorías que estamos aquí sentadas, incluso para la mayoría de los españoles este Gobierno ha perdido la credibilidad en el manejo del dinero público, y me remito al caso Plus Ultra o al rechazo de crear una oficina independiente para la gestión de los fondos europeos. Y no es solo nuestra la preocupación. La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal también se ha mostrado con dudas al respecto. La AIReF ha vaticinado que la deuda, situada hoy en un 120 %, continuará por encima del cien por cien al menos hasta 2030 y no estará en niveles controlados al menos hasta 2050. La AIReF insiste en que la Ley de estabilidad no está suspendida, y la supervisión fiscal europea tampoco lo está. Lo único suspendido son las reglas fiscales, y por ello, en opinión de la AIReF, la supervisión fiscal es más importante que nunca. Por eso, desde mi grupo parlamentario, Ciudadanos, le exigimos unas reglas, un plan de contención, porque no tenerlo lleva al caos presupuestario y al desequilibrio irrecuperable para generaciones venideras. ¿Puede decirnos desde su Gobierno qué pasará cuando Europa reactive los ajustes presupuestarios a partir de 2023, como ya ha anunciado? Supongo que todo el mundo es conocedor de que el dinero de los fondos de recuperación se podría congelar en los próximos años para los países con déficit excesivo que no apliquen las recomendaciones de la Unión Europea para su reducción. ¿Dónde está, ministra, el plan de reequilibrio? ¿Qué planes tiene para cumplir con Europa? Queremos saber qué decisiones van a tomar para ir reconduciendo nuestras cuentas. Ya se lo decía, nosotros tenemos dudas, dudas totalmente justificadas, porque su incumplimiento en materia económica es constante. Se ha olvidado usted, su Gobierno de los ayuntamientos. Ya se ha dicho aquí: ¿Dónde está ese fondo de 5000 millones comprometido con los consistorios? ¿Y qué hay de los 7000 millones que prometieron en febrero — subrayo, febrero— para los autónomos, de los que solo se han repartido alrededor de 2500 millones? Le recuerdo que eran unas ayudas anunciadas ―abro comillas― «urgentes por las duras semanas que tenemos por delante» ―cierro comillas―, como dijo el presidente Sánchez aquel día en el Congreso. ¡Menos mal que eran urgentes! En fin, señorías, ministra, votaremos a favor de este acuerdo porque somos responsables y somos coherentes; responsabilidad y coherencia que también exigimos a su Gobierno. Ministra, cuando se dejan de tomar decisiones se entra en el mundo de las excusas, y la pandemia no puede ser la excusa para una gestión irresponsable. El reto que tenemos como país por delante es magnánimo, y por él le exigimos un plan de reequilibrio que haga su discurso más creíble. Señorías, ministra, a su Gobierno le digo que trabajemos juntos por un país más justo y responsable, acorde con las demandas de los españoles, porque es para lo que nos pagan. Muchas gracias. .

  24. Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

    Gracias, presidente. Arratsalde on, ministra. Mi grupo, desde luego, va a votar favorablemente, como ya lo hizo en el año 2020, al entender que se mantiene la situación de emergencia extraordinaria, a los efectos previstos en la Constitución y en la Ley de estabilidad. También quiero recordar que cuando la Unión Europea por primera vez en marzo de 2020 acordó esa suspensión temporal del principio de estabilidad presupuestaria para responder al enorme reto al que nos enfrentamos como consecuencia de la COVID, este grupo, el Grupo EAJ— PNV, y también otros grupos políticos ya solicitábamos la suspensión de las reglas fiscales, sobre la base de los artículos que hoy se mencionan. En aquel entonces el Gobierno fue muy reticente a esa suspensión, pero finalmente rectificó y se acordó en octubre de 2020. Mi Grupo entiende que seguimos estando en una circunstancia excepcional como consecuencia de la pandemia del COVID. Es cierto que la vacunación avanza a buen ritmo y que la actividad económica se va recuperando poco a poco, pero todavía los impactos de la pandemia en términos sociales, económicos y sanitarios son altos y la pandemia y la incertidumbre hoy por hoy persisten. Lo que se propone aquí, desde luego, va en consonancia con lo manifestado por la AIReF, que aconseja mantener la cláusula de escape, en línea con lo acordado también por Europa, que una vez más permite esa desviación temporal de los requisitos a cumplir en materia de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública hasta 2023, lo que además va a permitir la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a los distintos Gobiernos, a las distintas administraciones, sin que se vean encorsetadas por reglas fiscales que, desde luego, de poco han servido para resolver crisis anteriores y muchísimo menos van a servir para una situación que sigue siendo excepcional, respecto de la que, en opinión del Grupo Vasco, es necesaria una política expansiva para lograr no solo la recuperación económica, sino también la transformación de un modelo económico hacia otro verde, igualitario, sostenible e inclusivo. Como ya se ha dicho, una limitación de los recursos o una retirada de estímulos temprana podrían tener efectos perniciosos para la recuperación, y así se ha advertido también desde las instituciones europeas. Para mi grupo es necesario que en un contexto como el actual las administraciones puedan maximizar la inversión pública utilizando todos los recursos de los que disponen antes de que vuelvan a operar esas reglas fiscales. Europa lo ha entendido así y su apuesta es clara. Recomienda políticas expansivas para impulsar la actividad económica, el gasto y la inversión pública, con una apuesta por la recuperación y la transformación también a través de los fondos Next Generation, para que estos lleguen a la ciudadanía, sobre todo a quienes más lo necesitan. Nuestro Grupo comparte esta estrategia de Europa, que hoy además se traslada hasta aquí a través del acuerdo que vamos a votar; una medida que no solo beneficia a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, sino también al Gobierno, porque con este acuerdo no hay obligación de presentar una senda de déficit y de deuda pública para el siguiente periodo, a la que tendrían que ceñirse todas las administraciones públicas y además tendría que ser aprobada por este Parlamento como primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Esta medida va a seguir posibilitando que todas las administraciones, también las entidades locales, puedan contar con todos sus fondos disponibles, y también con los derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por un lado, para seguir manteniendo, reforzando y garantizando la prestación de servicios públicos, ayudas a la ciudadanía y apoyo a los sectores vitales de la economía, o, lo que lo mismo, para atender a competencias propias, como las sanitarias, sociales, educativas y de empleo, y, por otro lado, sentar las bases de una recuperación y transformación energética, ecológica y digital que garanticen, por supuesto, la cohesión social. Hay que aprovechar la oportunidad que nos brinda Europa, aunque también es cierto que está pendiente el debate sobre cuál debe ser la estrategia fiscal a medio y largo plazo para el saneamiento de las cuentas públicas. En este contexto, Europa volverá a hablar de la vuelta a esas reglas fiscales, aunque nuestro grupo, desde luego, espera que se haga de otra manera, y es que necesitaremos unas nuevas reglas fiscales, porque el mundo para el que fueron diseñadas las vigentes, aunque estén suspendidas, poco o nada tiene que ver con el mundo actual. No podemos volver a aquella austeridad, que de poco ha servido. Por eso, es necesario aprovechar el consenso que existe en Bruselas para su reformulación, así como la mayoría de que se dispone en esta Cámara también para la reformulación de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria. No ha de ser un debate inmediato, pero sí se habrá de abordar. Como ya se ha dicho hoy, no compartimos que la existencia de una tasa de referencia implique responsabilidad. La mayoría de las administraciones han actuado y actúan con responsabilidad fiscal incluso en época de crisis. ¿Sería equitativa una tasa obligatoria común cuando todas las administraciones no parten de la misma situación? ¿Una tasa obligatoria común que limita el gasto para mejorar la vida de la ciudadanía o limita a realizar inversiones para impulsar el crecimiento no sería quizá una irresponsabilidad en un contexto como el actual? En definitiva, nuestro voto en esta Cámara será a favor de una decisión que se toma en un momento que entendemos que sigue siendo excepcional y que permite al Gobierno, a las comunidades autónomas y a las entidades locales un marco más real para presentar unos nuevos presupuestos y poner al servicio de la ciudadanía los mejores servicios públicos sanitarios, sociales y educativos, los cuales, como he dicho, sientan las bases de una recuperación económica verde, igualitaria, inclusiva, digital y que tenga a las personas en el centro de sus políticas, apostando por una política expansiva como palanca de crecimiento e inversiones y que aleje los recortes y esa precariedad. Muchas gracias.

  25. Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu

    Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on, ministra. Un nuevo techo de gasto: una cuestión que abre la puerta a los presupuestos para 2022 y un nuevo trámite en el que los argumentos, los nuestros al menos, van a ser muy muy similares a los que ya expusimos desde esta misma tribuna hace un año. Señora ministra, señorías, es obvio que seguimos en pandemia. Es evidente que esto supone una situación de emergencia extraordinaria, y, en virtud de ello, se propone que no se apliquen, que queden en suspenso los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria, algo en lo que, naturalmente, estamos de acuerdo. No en vano, llevamos años poniendo sobre la mesa la necesidad de devolver a los ayuntamientos la capacidad de decisión sobre el gasto que el Estado a través de la acción y la inacción de sucesivos Gobiernos mantiene cercenada y mutilada injustamente por este articulado. Señora ministra, voy a volver a repetirle lo que desde Euskal Herria Bildu tantas veces le hemos dicho. Se lo digo una vez más y se lo han dicho también algunos grupos parlamentarios, entre ellos ERC y el Partido Nacionalista Vasco: Hay que derogar el artículo 135 de la Constitución y la Ley de estabilidad presupuestaria. Hay que hacerlo para poder aplicar políticas progresistas, para que los presupuestos de nuestras instituciones, de las nuestras pero también las de los ayuntamientos de todo el Estado, se decidan donde se deben decidir. Hay que devolver la autonomía municipal al lugar del que nunca debió salir, y para ello es indispensable derogar estas leyes. Y esta cuestión debería ser prioritaria no solo para las fuerzas soberanistas, como la nuestra, sino también para las fuerzas progresistas y el Gobierno. Sabemos muy bien que a la hora de presentar los balances en Europa le ha venido bien al Estado que las instituciones locales o autonómicas se sometieran a esta regla y que la cumplieran, para que así quienes no cumplían con el déficit público, como podía ser el Estado por ejemplo, pudieran salvar la cara y presentar unas cuentas globales satisfactorias, precisamente gracias a los ayuntamientos, a los que se conculcaban sus derechos y su autonomía. Estas comunidades, estas instituciones no necesitan la tutela de ningún Estado para poder disponer de esos fondos como consideren, y además han demostrado que lo están haciendo bien y con responsabilidad. En conclusión, se puede y se debe derogar la Ley de estabilidad presupuestaria y el artículo 135, modificado en aquella reforma vergonzante de agosto de 2011, porque tienen la mayoría necesaria, la mayoría suficiente para poder hacerlo. Es cuestión de voluntad política y es también cuestión de equidad y de hacer lo correcto. Si el año que viene Europa no posibilita que las reglas de gasto queden en suspenso, ¿en qué situación quedan los ayuntamientos? ¿Volvemos a la situación anterior y la tutela del Estado les impediría disponer de sus fondos para atender las necesidades de las gentes de sus municipios, o harán algo para arreglar esta situación? Se han cumplido dos años de legislatura, dos años de legislatura en los que el Gobierno ha revertido algunas cuestiones necesarias e importantes, y, sin embargo, mantiene otras en un limbo en el que nadie parece querer entrar. Alguna vez han respondido enmarcando esta deplorable situación en el contexto de responsabilizar al Partido Popular por la herencia que dejaron. Muy bien, pero las herencias, si no se está de acuerdo con ellas, se rechazan. Se rechazan si dejan más inconvenientes que beneficios, si es mayor el daño que causan que el provecho. Si esa herencia no se rechaza, señora ministra, lo que ocurre es que se asume como propia. Ya no es responsabilidad de quien la legó, sino de quien la gestiona, y quien gestiona hoy esa herencia es el Gobierno actual. Han pasado ya dos años, la Ley de estabilidad presupuestaria es parte de esa herencia, que, si no la modifican, ya es suya, señora ministra, al igual que la Ley mordaza, la reforma laboral y otras tantas cuestiones pendientes, que son ya de hoy y ahora y respecto de las que no cabe mirar al retrovisor si no es para ajustar cuentas con un pasado que hay que revertir. Si este Gobierno no cambia la herencia que dejó el Partido Popular, este Gobierno la hace suya. Vuelvo a 2022, y el límite de gasto no financiero para el próximo año supone un incremento mínimo respecto a 2001. Sin embargo, es cierto, ese mínimo porcentaje le permite decir que es el techo de gasto más alto de la historia. No obstante, aun siendo conscientes de que el esfuerzo económico y la capacidad de inversión deberían ser mayores para poder hacer frente de manera justa a la crisis a la que nos enfrentamos, desde nuestra formación, Euskal Herria Bildu, vamos a dar luz verde, permitiendo así el arranque del proceso y la negociación hacia los presupuestos para 2022, presupuestos en los que se debe afrontar la crisis derivada de la pandemia de la única manera posible que hay para que el futuro sea mejor, y no peor de lo que ya hoy estamos conociendo, con más inversión pública, con más inversión para que los recursos lleguen a aquellos que más lo necesitan. Por tanto, vamos a votar a favor de la propuesta, aunque lo hacemos con todas estas reservas que hemos señalado y de la misma forma que lo hicimos el año pasado, con la intención de abrir un camino hacia los presupuestos que nos permita abordar desde el diálogo una negociación centrada en las reclamaciones de la ciudadanía vasca con el objetivo de conseguir mejoras y avances para dignificar la vida de las vascas y los vascos. Este es nuestro objetivo principal y con esta convicción y en este empeño abordaremos la negociación presupuestaria que se abre a partir de ahora. Eskerrik asko. Muchas gracias.

  26. Albert Botran Pahissa CUP-PR

    Gracias, presidente. Nosotros nos abstendremos fundamentalmente por lo que ya se ha comentado sobre cómo se termina distribuyendo el déficit en relación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Sin embargo, como ya expresamos el año pasado en el mismo debate, estamos totalmente a favor de la suspensión de las reglas de gasto y de que se haya roto este tabú, este consenso neoliberal, que en su momento ya llevó incluso a que PSOE y PP pactasen la reforma del 135. Este consenso neoliberal, al fin y al cabo, lo que quiere decir es priorizar que el sector privado, la banca privada se siga enriqueciendo, contra el sector público, a pesar de que esto implique recortes en derechos sociales. Suspender las reglas de gasto supone, por tanto, un paréntesis en este consenso neoliberal. Ha venido dado por la pandemia y porque la Unión Europea lo ha permitido, pero aquí parece que solo se cambia de política económica no atendiendo a las necesidades sociales, sino a lo que permite la Unión Europea, es decir, cuando la Unión Europea pidió reformar el 135, se cambió esa Constitución, que para otras demandas es intocable, se dice que es la que nos dimos entre todos, suerte de Constitución. Se cambió en menos que canta un gallo e igualmente ahora se permite suspender las reglas de gastos solo porque la Unión Europea da esta luz verde. La pandemia probablemente pasará y esta situación extraordinaria pasará, pero la deuda se mantendrá. Es una cuestión estructural del neoliberalismo y el capitalismo. Y ante ello hay que tener claro que sigue ahogando las medidas y los presupuestos sociales. Entonces, no son medidas extraordinarias a las que recurrir de una forma muy puntual, sino que cualquier Gobierno de izquierdas, diga lo que diga la Unión Europea, se debe plantear lo que ya se les ha emplazado a hacer, a derogar el artículo 135, derogar la Ley de estabilidad presupuestaria y hacer una auditoría de la deuda que identifique donde está la deuda ilegítima, que ahoga los presupuestos públicos e impide hacer políticas sociales. Muchas gracias.

  27. Carlos García Adanero NA+

    Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. La verdad es que me sigue llamando la atención la autocomplacencia con que todos los miembros del Gobierno suben a la tribuna a hablar de las grandes cosas o lo bien que está funcionando España. Hoy decía la ministra que el año pasado se gastó más dinero que nunca y que el año que viene se va a gastar todavía más dinero que nunca. Pero también se ha dicho hoy que hay ochocientas mil personas más por debajo del umbral de la pobreza y que casi el 40 % de los jóvenes no tienen empleo. Por lo tanto, querrá decir que gastamos mucho pero lo gastamos muy mal. Ese es el problema, que se gasta muy mal. Pero es que además no han tenido ni el detalle, ya que esto está vacío una vez más: aprovechen y los cinco últimos — o no sé cómo pueden hacerlo— quítenlos ya, hagan algún gesto de cara a la sociedad. Resulta que estamos gastando más que nunca, pero, cuando uno va a hacer la compra, ¿qué ocurre? Que los tomates valen más que nunca. Cuando uno va a poner gasolina, vale más que nunca. Cuando se a pagar — bueno, de la luz se hablará luego—, se paga más que nunca. Entonces, ¿de qué está sirviendo tener más dinero que nunca? ¿A quién le está solucionando el problema? Se lo estará solucionando a ustedes, para que usted haga más cómodos los presupuestos, porque a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas no. Usted sube aquí y habla de educación y sanidad, pero las que pagan la educación y la sanidad son las comunidades autónomas — no el Gobierno de España—, que son las que tienen las competencias. Usted vive mucho más cómoda, claro que sí, no tiene que hacer ninguna regla de gasto, no tiene que hacer nada y vive mucho más cómoda, pero los que están atendiendo a los ciudadanos son los ayuntamientos, a los que se les deben 5000 millones de euros. Está muy bien sacar el titular en el periódico, en los telediarios, etcétera: 5000 millones de euros, pero no lo han vuelto a ver. Y lo mismo respecto a los 7000 millones para autónomos, quienes tampoco han visto el dinero. Ustedes hacen los anuncios, pero el dinero luego no llega a la gente. ¿Y qué realidad tenemos? Cada vez la gente paga más impuestos, sale más cara la cesta de la compra, sale inmensamente más cara la luz y con ustedes cada vez hay más gente en el Gobierno y cada vez hay más asesores en el Gobierno. Muchas gracias. .

  28. Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

    Muchas gracias, señor presidente. Nos remite el Consejo de Ministros la versión actualizada de algunas medidas que están arrastrando a la economía española al endeudamiento estratosférico y, como secuela, a una ruina paulatina, que sufrirán sobre todo las generaciones del presente y también las que vendrán. La calamidad de las cuentas públicas siempre se cierne sobre España cuando gobierna el Partido Socialista. Son sus políticas económicas empobrecedoras. Las disfrazan de progreso, pero todavía tenemos en la memoria el recuerdo de la legislatura aciaga del señor Rodríguez Zapatero, que acabó reformando, a la carrera y con los contratos basura de aquella infausta legislatura, el artículo 135 de la Constitución española, que Foro rechazó de plano. Señorías, de los engañosos compromisos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y de los incumplimientos que arrastran a una incertidumbre cada vez más profunda tenemos un ejemplo muy reciente con la renuncia del Gobierno a reformar el sistema de financiación autonómica, sobre el que giran los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. Así llevamos ya desde hace siete años, condicionando gravemente la gestión de las comunidades autónomas de régimen común, singularmente Asturias. Un informe de AIReF mantiene la alerta sobre las perspectivas a medio plazo y augura la caída de los recursos autonómicos, cercana a un punto del PIB. En definitiva, estamos ante un Gobierno adicto a la indisciplina en el gasto público, lo que, lamentablemente, deriva en el empobrecimiento de la sociedad, con riesgo cierto para el empleo, la atención social y las pensiones. Con semejante deriva, España está abocada al rescate para financiar su deuda, y de ahí que lo que hoy procede en defensa de la soberanía nacional y en aras del interés general de los españoles del presente y del futuro es votar en contra. Muchas gracias, señor presidente.

  29. Montse Mínguez García PSC-PSOE

    Muchas gracias. Señora Rodríguez, en su intervención nos acusa de no respetar los plazos y no cumplir con nuestra obligación democrática, y lo ha calificado de vergüenza. Así, tener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial — o secuestrado, porque ahora nos hemos enterado de que es suyo— y otros órganos constitucionales más de mil días, ¿qué le parece a usted? Más de mil días de bloqueo. ¡Qué fácil es para el Partido Popular exigir que se cumplan los mandatos constitucionales! Pero no les gusta tanto acatarlos, ¿verdad? . Señora Rodríguez, señores del Partido Popular, la calidad política no se adquiere en másteres regalados, se tiene o no se tiene, y ustedes demuestran que no la tienen. En política se tienen que tomar decisiones cuando uno gobierna y cuando uno está en la oposición, y hay decisiones que son dicotómicas: sí o no. El Gobierno nos está preguntando si apreciamos que estamos en una situación excepcional para tomar medidas excepcionales, y la respuesta es sí o no. ¿Qué es esto del amarillo? ¿Qué es esto de la abstención en una situación de emergencia como está este país? Pero ya nos tienen acostumbrados. El señor Espinosa de los Monteros — ya se habrá ido; ya tiene su vídeo para YouTube y se ha ido— nos dice aquí, día tras día, cuando sube a esta tribuna, que vamos a subir los impuestos. Pero es que no se ha enterado, porque ellos votan en contra cuando el Gobierno también presenta rebajas impositivas. No hace mucho, rebaja del IVA de la luz del 21 al 10 %, el IVA de la luz que ustedes subieron, señora Rodríguez, y suspensión del impuesto de generación eléctrica del 7 %, que ustedes pusieron, señora Rodríguez. Ustedes, abstención. Los que piden bajar los impuestos votan en contra. Aclárense, no pueden hacer y decir una cosa y, después, votar todo lo contrario. Son ustedes partidos llenos de contradicciones, la derecha y la ultraderecha. En Cataluña hoy empieza el curso escolar, se lo hemos explicado muchas veces. Voy a intentar explicárselo como un cuento, a ver si explicándoles un cuento ustedes lo entienden mejor. Érase una vez, no en un país muy lejano, no, en este mismo, en España, que ustedes gestionaron una crisis, la crisis financiera… . No se ponga nerviosa, señora Rodríguez, déjeme hablar. Y érase una vez que como solución a esa crisis financiera ustedes decidieron subir todos los impuestos, decidieron recortar el Estado del bienestar, con la única excusa de que no había otra cosa que hacer. En cambio, ahora, este Gobierno, el Gobierno de coalición, el Gobierno progresista, nos ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas, que se puede proteger el Estado de bienestar, que se pueden buscar recursos fuera de nuestro país y que se puede atender la demanda social, económica y sanitaria que necesitan nuestros ciudadanos. Érase una vez que su sálvese quien pueda y su inacción provocaron en nuestro país un retraso de casi diez años en recuperar el PIB que teníamos antes de la crisis financiera. Fue una recuperación — lo ha dicho antes el ministro de la Presidencia— lenta, fue una recuperación injusta y también fue una recuperación corruptiva. Hoy se está tardando poco más de un año, con un escudo social, con inversión, favoreciendo el consumo y, sobre todo, buscando el equilibrio de las cuentas financieras, porque no estamos dejando las cuentas al libre albedrío ni damos carta blanca, sino que, como muy bien ha explicado la ministra de Hacienda, hay unas reglas que cumplir. Por lo tanto, estamos ofreciendo una recuperación rápida, una recuperación justa, una recuperación transparente. Así que, fin del cuento. Nos mienten entre lo que dicen, lo que hacen y lo que votan. Nos mintieron con la luz. ¿Cuántas veces ha salido en este debate que llevamos de tarde el tema del recibo de la luz? Aún recordamos cómo el ministro Soria defendía aquí, en esta tribuna, las grandes bondades que tenía el nuevo sistema tarifario. Hoy aquí lo critican, y los miembros de su mismo partido dicen que tenemos que hacer reformas estructurales, nos lo exigen. ¿Para qué? Para reformar cosas que ustedes impusieron en nuestro país. Fueron ustedes. Tenemos mucho trabajo. Como digo, nos mintieron con la luz. Han mentido a los madrileños. Ayuso prometió una gran rebaja impositiva: setenta céntimos al año. Su gran bandera electoral, rebajar impuestos: setenta céntimos al año. Nos mintieron con el rescate financiero. Aquí mismo, en tribuna, dijeron que no costaría ni un euro a los ciudadanos, y lo estamos pagando todos. Nos mintieron con la reforma laboral, nos mintieron con la Gürtel. Así que fin del cuento, señora Rodríguez. El cuento acaba sentándolos en la oposición. Asúmanlo. No se trata de un discurso triunfalista, pero es que tampoco se trata de un discurso catastrofista ni apocalíptico. Nos están pidiendo considerar si hay una situación excepcional. Claro que existe esa situación excepcional. El Gobierno nos está preguntando si aprobamos el techo de gasto. Claro que sí que aprobamos el techo de gasto, porque es la antesala de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que necesita este país para ofrecer una recuperación justa. Le voy a decir el título del cuento, que me he olvidado; el título del cuento es el cuento de los cenizos, porque ustedes nos dijeron que no tendríamos Presupuestos Generales del Estado para 2021; dijeron que no tendríamos la vacunación; se fueron a boicotear los fondos europeos; la política exterior de nuestro Gobierno ha sido criticada por ustedes; critican las cifras de recuperación. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que la economía española será la que más crecerá el próximo año. Así que su cuento es el cuento de los cenizos. Déjelo, este Parlamento es plural y por mucho ruido que hagan tanto la derecha como la ultraderecha somos más, aunque chillemos menos, los que dejando fuera el griterío y ejerciendo la palabra, como nos decía al principio de la sesión plenaria la presidenta, el diálogo, la búsqueda del acuerdo, el pacto y el consenso buscamos el progreso de nuestro país. Porque aunque para algunos es más fácil darle al pico que a la pala, somos más — insisto— los que creemos en nuestro deber de estar aquí como diputados y como diputadas para que, pala en mano, busquemos el bienestar común de nuestro país. Muchas gracias. .

  30. Teresa Ribera Rodríguez

    Gracias, señor presidente. Señorías, antes de entrar en el asunto que nos compete hoy permítame comenzar recordando y dedicando mis primeras palabras a las personas afectadas por los graves incendios que se están sucediendo todavía en Sierra Bermeja, en Málaga. Nuestro recuerdo y abrazo más afectuoso a la familia del bombero forestal fallecido y a los dos heridos mientras luchaban contra el fuego en unas condiciones meteorológicas extremas. Es un incendio de graves consecuencias también para los vecinos de Estepona, Benahavís, Genalguacil, Jubrique, Faraján, Júzcar, Alpandeire y Pujerra, en los que han sido evacuados ya más de 2600 personas. Seguimos muy de cerca su evolución con todas las medidas y apoyo disponibles que demanda la Junta en un incendio peligroso, que confiemos pueda ir remitiendo en las próximas horas. Hasta que esté bajo control, recordemos lo importante que es seguir siempre las indicaciones de Protección Civil. . Dicho esto, señorías, hoy me dirijo a ustedes para solicitar su apoyo al proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y, por tanto, el voto en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas. Como saben, este Gobierno tiene la firme determinación de afrontar la transición energética y la descarbonización de la economía garantizando la máxima protección a los consumidores y la mayor eficiencia en el sector energético, en junio de 2018, en 2020, en 2021 y mañana con medidas adicionales. En estos años hemos venido actuando sobre las tres componentes de la factura eléctrica, la fiscalidad, la estructura y precios de la electricidad y los costes regulados, para poder así facilitar la consecución de los objetivos de electrificación, eficiencia energética y penetración de renovables de forma ordenada, necesarios los tres en la transición en la que estamos inmersos. El proyecto de ley que presento actúa directamente sobre esta última componente, la relativa a los costes regulados, concretamente sobre los cargos correspondientes al apoyo a energías renovables históricas, a la cogeneración industrial y a la gestión y valorización de residuos. El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico está diseñado para agrupar las aportaciones económicas de todos aquellos que venden energía en el mercado español, electricidad, gas y petróleo, y, así, contribuir a la financiación de los costes energéticos clave para el conjunto del sistema energético. Los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y de penetración de renovables son objetivos a nivel nacional para el conjunto del sistema energético, no solo para el sistema eléctrico. Si la electricidad es la manera más eficiente y eficaz de descarbonizar, no debe ser quien soporte en solitario el apoyo a la cogeneración, el despegue histórico de las renovables o la correcta gestión energética de los residuos. Por ello, el fondo se ha diseñado de modo tal que las aportaciones se hagan en función del volumen de energía que cada comercializador vende en el mercado. Se trata, por tanto, de un mecanismo que redistribuye el esfuerzo entre todo el sector energético, una medida similar a la que tienen ya otros países de nuestro entorno, con distinto formato. Pensemos en Alemania, donde se ha establecido un impuesto suplementario sobre el CO2 que grava todas las tecnologías, electricidad, gas, gasolina o gasóleo, y que utilizan para financiar el apoyo a las renovables. Este mecanismo que crea el proyecto de ley hoy en discusión es clave, porque en el proceso de transformación del sistema eléctrico que estamos llevando a cabo necesitamos señales claras a favor de la eficiencia del sistema, a favor de la ordenación en el cambio de modelo energético y a favor de la electrificación. Por ello, hemos diseñado el fondo alineado con las propuestas de la Unión Europea y los organismos especializados en la materia energética, como son la Agencia Internacional de la Energía o la Agencia Internacional de Energías Renovables. Partimos de una misma premisa: si la descarbonización del sistema energético en su conjunto es nuestra meta, todos los agentes energéticos deben asumir sus costes. La promoción y el respaldo necesarios a las renovables hace algunos años nos permiten ahora disfrutar de soluciones con costes operativos muy bajos. La curva de aprendizaje que han experimentado ha sido enormemente positiva para el conjunto de la economía española, también para el tejido industrial, convirtiéndolas en la tecnología más competitiva y barata para generar energía. Pero hemos de mantener el compromiso adquirido con quienes apostaron por ello durante el período acordado, un compromiso equivalente al respaldo a las opciones más eficientes para la industria, como es la cogeneración o la gestión de residuos. Es un compromiso al que se suma el apoyo de todos los vectores de energía en el contexto en el que discutimos este proyecto de ley: electricidad, gas natural, productos petrolíferos al por mayor o la gestión y venta de gases licuados de petróleo. Sin embargo, para una adaptación correcta de las empresas concernidas y de los consumidores, para que no haya sobresaltos, se hace necesario plantear un calendario gradual y progresivo a cinco años vista. Se trata de un tiempo prudente para adaptarse paulatinamente, modificando las pautas de consumo, apostando por nuevas tecnologías, permitiendo la sustitución de unas por otras más eficientes, apostando por la electrificación allí donde sea posible. Estaremos atentos a su evolución. Se revisarán cada año las necesidades del fondo para el siguiente ejercicio, junto con las previsiones de demanda, para determinar la aportación de las distintas comercializadoras. Son cambios que deben hacerse con la máxima cautela, por supuesto, con la máxima cautela también para los consumidores más sensibles. Por ello, incluimos en el proyecto de ley una serie de exenciones y compensaciones a determinados sectores y consumidores: exenciones para la venta de energía para instalaciones de almacenamiento, gas o productos petrolíferos para producir electricidad; exenciones para el queroseno; exenciones para productos agrícolas o para la navegación, siempre que no se trate de la navegación de recreo, para la pesca, para los gases renovables y los biocombustibles. Asimismo, queremos garantizar que se evite la doble imposición, salvaguardando los consumos para los que no exista alternativa y respaldando a los sectores sensibles, tal y como acabo de indicar. Para ello, la ley establece también compensaciones para sectores clave, estratégicos, que necesitan apoyo durante los años de transición. Por ejemplo, para los consumidores electrointensivos, industria básica fundamental para el progreso de la economía en nuestro país, para los consumidores industriales de gas o para los transportistas profesionales, compensaciones que aseguran la correcta implantación del fondo, al tiempo que se apoya en nuestro tejido productivo y que se afianza el tejido industrial en nuestro país, garantizando su competitividad y su modernización con respecto a los competidores internacionales. También con exenciones y compensaciones determinantes para actores económicos en zonas rurales, como puede ser la agricultura, con el objeto de que no se vean afectados. Sumamos medidas para que los ciudadanos de pequeños municipios se puedan adaptar. Son zonas que merecen beneficiarse de la electrificación, de la movilidad eléctrica, de las renovables, de la eficiencia en sus hogares, y a las que prestamos también atención fuera de este proyecto de ley. Esta es la motivación que nos llevó a introducir un apoyo e impulso especial para pequeños municipios en la transición, mediante la cobertura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es fundamental que estos recursos desplieguen especial atención y que permitan el diseño de planes específicos en zonas rurales, un apoyo específico que materializamos en líneas de ayuda, tanto en el programa de rehabilitación y eficiencia energética de edificios como en el diseño urbano sostenible, con 125 millones, que pueden ser ampliados hasta 250 para ampliar las energías renovables, movilidad eléctrica, rehabilitación energética de los hogares o cambios de calderas por bomba de calor, todo ello con un plus especial para cada uno de los beneficiarios que habite en municipios de cinco mil habitantes o en municipios con aglomeraciones urbanas de hasta veinte mil habitantes. Subvencionaremos proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas, el fomento del autoconsumo, las infraestructuras de recarga, impulso del vehículo eléctrico o comunidades energéticas locales. Son ayudas que llegarán hasta el 85 % de la inversión e incluso al 100 % en caso de proyectos integrales con gran impacto para la transición energética del conjunto del municipio. Dispondremos de ayudas para la mejora de la envolvente térmica en edificios en zonas rurales, mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y mejora de la iluminación, con la condición de ahorrar un 30 % de energía primaria no renovable o mejorar su calificación energética total en, al menos, una letra con respecto a la calificación inicial. Son medidas complementarias e importantes que nos permitirán ir transformando nuestro sistema de producción y consumo energético en paralelo. Son las herramientas más efectivas para reducir el precio que pagan millones de familias por la energía y que permitirán acompañar durante esta transición las inversiones que cada una de ellas quiera llevar a la práctica. Este fondo, junto con la propuesta de minoración de los ingresos por CO 2, que también está en tramitación en esta Cámara, permitirá una reducción de la factura de los consumidores domésticos de alrededor del 15 % y alrededor de un 15 % para pymes. El fondo tiene una vocación social y de redistribución. Son las familias con menores rentas las que tienen que soportar, en proporción, mayor peso en su cesta energética con respecto a la economía doméstica y, por ello, serán los principales beneficiarios de su creación, así como del conjunto de medidas en tramitación y próxima adopción, un beneficio que será mayor cuanto más seamos capaces de desplazar los combustibles fósiles de su consumo, un cambio que, como decía, se impulsa y se ve respaldado adicionalmente desde el Plan de Recuperación. Esta medida es económicamente viable y socialmente justa y se une a toda una serie de medidas en vigor que van a introducirse para proteger aún más a los colectivos vulnerables. Por ello, es imprescindible ampliar la cobertura del bono social eléctrico y crear el bono social térmico, como hicimos hace dos años, extendiendo la cobertura energética a todos los vulnerables. Además, la combinación de estas medidas nos permitirá una reducción muy significativa del consumo energético, incrementando la eficiencia energética en la economía nacional. Se trata de un engranaje fundamental en la maquinaria que lleva introduciendo el Gobierno desde hace años y, por ello, quisiera invitarles a trabajar de forma constructiva y solidaria en las mejoras de nuestro sistema energético y animarles a no retrasar cambios beneficiosos para un modelo cuyas limitaciones y consecuencias negativas sufrimos todos, en particular en estos últimos meses. Señorías, está en sus manos agilizar la tramitación de este proyecto de ley que aporta una solución eficaz para abaratar el recibo de nuestra factura eléctrica, una cuestión que todos compartimos y por la que todos sentimos preocupación y que podrá beneficiarse de un amplio abanico de medidas que juntas nos harán contar con una refactura mucho más equitativa, mucho más solidaria y mucho más orientada a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos españoles. Esta es una transición que debe ser justa y en la que todos los actores implicados deben asumir los costes correspondientes a la transformación en curso, evitando esfuerzos mayores a los ciudadanos, porque es necesario mostrar que el modelo de renovables, de descarbonización, es una oportunidad para abaratar costes para todos, para impulsar la modernización de la sociedad, para impulsar la modernización del tejido productivo y no solamente un lastre en este momento crucial de la recuperación económica. Muchas gracias. .

  31. Néstor Rego Candamil BNG

    Grazas, señor presidente. Señora vicepresidenta, el BNG presenta esta enmienda a la totalidad del proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico desde una posición galega y popular, coherentemente de izquierda y, por lo tanto, consecuentemente partidaria de la lucha contra el cambio climático. La presentamos con el objetivo fundamental de colocar sobre la mesa dos debates que consideramos esenciales: el primero, sobre el propio sistema eléctrico y los costes abusivos del precio de la electricidad; el segundo, sobre los modelos de transición energética y la necesidad de abordar esa transición con perspectiva y justicia social. En relación con el precio de la energía eléctrica, es evidente que el Gobierno no está actuando como debería para poner fin a la escalada que estamos viviendo y que hoy marca un nuevo récord, el de 154 euros/ megavatio. Hasta ahora solo se han planteado medidas paliativas que no van al fondo el problema, cuando no claramente fracasadas, como las adoptadas en el mes de julio. En ese sentido, el propio proyecto de ley que nos ocupa tampoco representará una solución más allá de marcar un objetivo de descenso del precio de la energía eléctrica del 13 % en cinco años, un objetivo más que modesto. En todo caso, lo primero que deberíamos preguntar es: ¿Un 13 % en relación con qué, con los 35 euros de hace un año o con los 154, más del cuádruple, de hoy? Es evidente que el problema no está, como dijo la ministra de Transición Ecológica, como dijo usted, en que tengamos que aprender a ahorrar, ni mucho menos la solución vendrá echándole la culpa a Putin y esperando a que abra el grifo del gas. El problema radica en una regulación del sector eléctrico privatizado que favorece a las grandes empresas del sector, las que realmente deciden y gobiernan en este ámbito. Eso es lo primero que este Gobierno debería modificar. Por eso, el BNG lo tiene claro: la solución real pasa por nacionalizar las grandes compañías eléctricas. Si la electricidad es un bien esencial, debe estar bajo control público. Partido Popular y Partido Socialista son responsables de la privatización del sector energético público y de una regulación que, como digo, está hecha a su medida e impúdicamente sellada por las puertas giratorias y la presencia de exministros y expresidentes, como González o Aznar, en los consejos de administración, con indecentes compensaciones económicas. Es fundamental que existan empresas públicas de energía que faciliten intervenir en el mercado. Y digo empresas públicas en plural, porque nosotros aspiramos a que Galiza pueda contar con una empresa pública galega que gestione la generación de energía, empezando por asumir las concesiones hidroeléctricas que caduquen. No estamos hablando de nada tan extraño, teniendo en cuenta que en nuestro entorno político más inmediato, por ejemplo, en Italia o en Francia, existen potentes empresas públicas o de mayoría pública que facilitan que esos Estados puedan intervenir con mayor facilidad en el mercado energético, por ejemplo en el caso de Francia, para fijar precios máximos a la energía nuclear. En todo caso, es necesario y urgente modificar una regulación del sector eléctrico, que, como decía, favorece sobremanera los intereses de las grandes corporaciones, empezando por modificar los criterios de subasta, que llevan a que la última oferta más cara sea la que acabe determinando el precio de la electricidad — parece que aquí no opera el principio de oferta y demanda—, o cancelando definitivamente una teórica deuda con el sector eléctrico, nunca suficientemente justificada. Pero incluso en lo inmediato el Gobierno no está actuando con criterios sociales ni con medidas eficaces. Cuando se planteó la bajada del IVA al 10 % de forma temporal, el BNG advirtió que no iba a ser una medida suficiente. En todo caso, defendíamos que el IVA de la electricidad, dado que estamos hablando de un producto esencial, bajase de forma permanente al 4 %, que fuese eliminado también el impuesto especial del 5 % y — atención— que no fuese suspendido el impuesto a la generación eléctrica, que tienen que pagar las empresas, pero que se prohibiese por ley que ese impuesto se trasladase a los consumidores y consumidoras vía factura de la luz, porque si eso no es así, es simplemente una falacia que sea un impuesto para las empresas. Es un impuesto que pagamos a las empresas el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Defendemos también eliminar de la factura eléctrica todos los cargos y peajes que no tienen que ver directamente con la generación y la distribución, desde las primas a las renovables hasta los costes extrapeninsulares, que deben ser abordados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y, por supuesto, una deuda eléctrica que, como decía, debe ser directamente cancelada. Es evidente que, trasladados a los presupuestos, aunque deban ser soportados por el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, permite modular más fácilmente y hacerlo con mayor justicia social en función de una fiscalidad redistributiva y socialmente más justa. Por último, defendimos y seguimos defendiendo una tarifa eléctrica galega sobre la base de eliminar los costes de transporte. Está claro que no es justo que Galiza, como país productor excedentario de energía eléctrica — un 30 % en el año 2020 desde el cierre de las térmicas, que tuvo que pagar y continúa pagando los costes sociales y ambientales de una especialización que nosotros no decidimos, incluida la inundación de valles fértiles y el desplazamiento de poblaciones enteras, tenga que pagar la energía de kilómetro cero que producimos al lado de nuestras casas al mismo precio que quien la consume a 600 kilómetros de distancia y sin los impactos ambientales que nosotros tenemos que soportar. Por cierto, esto, que lleva décadas defendiéndolo el BNG, lo defiende ahora, por ejemplo, Mañueco, del Partido Popular, o Lambán, del Partido Socialista. En segundo lugar — decía—, debemos abordar cuáles son los criterios para una transición justa. Es evidente que los que recoge este proyecto de ley no son los adecuados. El Bloque Nacionalista Galego apoyaría un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico financiado por las grandes corporaciones energéticas siempre y cuando — esa es la clave— en esa ley quedase claro que los costes de esa financiación de ninguna manera pueden repercutirse en los precios de la energía, ya que si no volvemos a lo mismo: lo estamos pagando entre todos y todas y no las empresas. De la misma forma que denunciamos que no es transición justa cerrar la térmica de As Pontes o de Meirama sin alternativa de actividad económica para los cientos de trabajadores y trabajadoras afectados, de la misma forma que estamos denunciando que no es transición justa imponer peajes en las autovías cuando no existen, como en el caso de Galiza, alternativas de transporte público ni de transporte ferroviario, de cercanías o de mercancías, también decimos con claridad que no es transición justa encarecer los precios de los combustibles a los consumidores y consumidoras finales sin que existan previamente políticas públicas y programas eficaces que faciliten la transición al conjunto de la población, una transición que — insisto— nosotros apoyamos. Y, por cierto, sin que el precio de la energía eléctrica descienda hasta situarse en niveles accesibles. Esto es elemental. En caso contrario, estaremos hablando de un modelo de transición solo para ricos, que puede convertirse en un factor más de exclusión social. Reparemos, por ejemplo, en el caso de la movilidad. Podríamos hacerlo en el de la calefacción o en el de los usos domésticos de la energía, pero vamos a reparar en el caso de la movilidad. Los ricos y las personas con capacidad económica ya compran coches eléctricos. El problema principal es quién puede comprarlos. ¿Saben ustedes, señoras y señores del Gobierno, sabe usted, señora vicepresidenta, que según los datos de los que disponemos en el año 2020 el porcentaje de vehículos eléctricos vendidos fue de solo el 2 % del total? ¿Saben ustedes que en ese año el vehículo más vendido fue un utilitario que parte de un precio poco superior a 9000 euros? ¿Saben que el vehículo eléctrico más vendido en ese año se sitúa de partida en más de 27 000 euros —¡tres veces más!—, de forma que incluso con las ayudas públicas duplica el precio del utilitario de gasolina? Esas son la realidad y la dificultad de la transición a una movilidad más sostenible. ¿Creen ustedes, señoras y señores del Gobierno, que es justo encarecer los combustibles a las clases populares, a las mayorías sociales, a los trabajadores y trabajadoras sin facilitar ayudas suficientes y programas públicos que realmente promuevan el cambio a la movilidad eléctrica? ¿Creen que es justo encarecer el butano, el gas o el gasóleo con el que nos calentamos, cocinamos o nos movemos? ¿Calcularon ustedes — por mucho que hablen de ayudas y compensaciones— el impacto real en el sector del transporte de mercancías, que se repercutirá a todos los consumidores y consumidoras, especialmente cuando no está desarrollado en buena parte del Estado — de forma clara en Galiza— el transporte ferroviario de mercancías? ¿Creen que se puede avanzar en la transición energética simplemente encareciendo el precio de los combustibles fósiles sin conseguir abaratar el precio de la electricidad y las tecnologías que la utilizan, por ejemplo, en la movilidad? Quiero señalar, además, que una medida como esta, en la que se traslada el coste de las primas a las renovables de la electricidad a otros carburantes, es especialmente lesiva para mi país, para Galiza, por una razón fundamental: una mayor dependencia del vehículo particular en relación con factores como la dispersión de la población y la ausencia de alternativas de transporte público, especialmente en el ámbito ferroviario, en el que arrastramos un déficit histórico que el Gobierno no está tratando adecuadamente, por lo menos si tenemos en cuenta los presupuestos del año 2021. Falta modernizar las líneas existentes, completar la red interior o dotar de servicio de cercanías a Galiza. Por eso, señora vicepresidenta, hagan ustedes los deberes, modernicen nuestra red ferroviaria y de transporte público, adopten medidas eficaces y valientes para conseguir un precio de la energía eléctrica accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas, dejen de doblegarse frente al lobby eléctrico y actúen para poner la producción de energía al servicio no de las cuentas de resultados de unas pocas empresas, sino de las mayorías sociales. Para eso hay que actuar, y no nos valen las políticas actuales. El BNG aboga por un modelo energético diferente, sobre la base de las renovables, de la generación distribuida, reduciendo el impacto social y ambiental de los megaproyectos eólicos y, sobre todo, bajo control público, que pueda realmente servir al desarrollo social y económico, favorable a las clases populares y a las mayorías sociales; un modelo en el que nuestro país, Galiza, deje de ser víctima del expolio energético para pasar a controlar la energía que produce en un horizonte de soberanía energética. Una consideración política final. Este es un debate que debe ser abordado desde posiciones de izquierdas. Si se deja el campo libre al populismo de la extrema derecha o si un gobierno de partidos que se reclaman de izquierda hace las mismas políticas del Partido Popular, se estará abriendo el camino a la derecha. No podemos apoyar este proyecto. Traigan otro en el que creen un fondo de sostenibilidad sufragado por las grandes corporaciones y no por los ciudadanos y ciudadanas, no por los trabajadores y trabajadoras, y tengan la certeza de que seremos los primeros — en realidad será el primero— en votar a favor. Muito obrigado. .

  32. Mireia Borrás Pabón VOX

    Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Recuerdan cuando desde la izquierda se guardaban minutos de silencio por los muertos que, según ustedes, causaba la pobreza energética de Rajoy con una subida del 8 % de la factura de la luz? Pues bien, con su Gobierno el recibo eléctrico ha subido ya veintiocho veces más, hasta un 220 % más. ¿Cuántos minutos de silencio ha pedido este Gobierno por la actual pobreza energética, señora ministra? . ¿Cuántos minutos? Míreme y dígame cuántos minutos. Bueno, está muy ocupada mirando el móvil. Me parecen ustedes unos hipócritas, porque aquí parece que cuando la miseria es de izquierdas ya no se molestan en contar ni los muertos ni los pobres. Pero les voy a decir yo ―ya que no me atiende usted― cuántos minutos de silencio le han dedicado ustedes a esta pobreza energética; son los mismos minutos de silencio que piden para las violaciones a manos de inmigrantes ilegales o para la violencia intrafamiliar cuando la víctima es un hombre: cero minutos. Son los mismos minutos que han dedicado ustedes a condenar comentarios en los que se incita al asesinato contra VOX, como en el programa del señor Rufián, o a condenar a aquellos que, como todavía el ministro Marlaska, relacionaron a VOX con la agresión homófoba que tenía de verdad lo mismo que cualquier discurso de Sánchez: nada. Por cierto, quiero aprovechar la ocasión para preguntar al señor Rufián ―ya que está aquí sentado en su escaño, ese mismo escaño que dijo que iba a dejar hace seis años para irse a la república catalana― si va a disculparse en algún momento por emitir un programa donde se incita al asesinato de los miembros de VOX o si le parece a usted que incentivar el asesinato es tan gracioso como presentarse aquí, en el Congreso, con una impresora. ¿Le parece a usted muy gracioso? . Pues seguimos esperando sus disculpas. Volviendo al tema que nos ocupa, volviendo al tema en cuestión, decía que Pedro Pinocho acusó en 2014 al señor Rajoy de haber condenado a los españoles a un intolerable recibo con una subida del 8 %. Ahora el señor Pinocho es presidente y se declara irresponsable y acusa a las eléctricas, a Europa o al primero que pase por delante de que el recibo eléctrico haya subido más de un 220 %, tras encadenar incontables máximos históricos consecutivos que rebasamos prácticamente a diario, hoy de nuevo con 154,16 euros el megavatio hora. Eso sí, la maquinaria mediática de este Gobierno se afana en que los españoles no se enteren del motivo real de este desastre energético. Pues bien, hoy les vamos a contar a todos los españoles de qué trata todo esto. La factura eléctrica, como saben, está artificialmente encarecida por cargos y tasas que nada tienen que ver con la generación de energía; son cargos, tasas y peajes que suponen alrededor de un 60 % del recibo eléctrico. . Estos cargos son fruto de decisiones políticas que se tomaron en pasados Gobiernos del PSOE y del Partido Popular, entre los que se encuentran las primas a las renovables, que se dieron con el anterior Gobierno del PSOE y que se estima que hoy incrementan el recibo eléctrico de los españoles un 16 %. Ahora el Gobierno nos presenta este fondo, su nueva herramienta confiscatoria, que pretende trasladar estos costes de la factura de la luz a otros consumos: a la gasolina, al diésel, a la calefacción, al gas, etcétera. Es decir, pagaremos menos por el recibo eléctrico porque pagaremos más por la gasolina o por la calefacción convencional. Así que yo les voy a preguntar algo que además ya le ha preguntado el portavoz que me precedía: ¿Saben ustedes cuál es el coche más vendido de España este año? Les diría que se van a sorprender ustedes, pero seguramente no, porque ya se lo han dicho. Sí, efectivamente, el coche más vendido este año no es ningún Tesla, señorías, es el Dacia Sandero. Cuando ustedes condenan el diésel, como usted ha dicho en su intervención, señora ministra, cuando condenan el diésel y subvencionan a los eléctricos, lo que ocurre es que las clases más humildes de este país están subvencionando o financiando a las clases más pudientes, que son las únicas que hoy se pueden permitir este tipo de vehículos. . ¿Se dan cuenta de cómo con su ignorancia provocan justo lo contrario de lo que dicen perseguir? Por supuesto que hay que bajar la factura eléctrica, inmediatamente; por supuesto que hay que tomar medidas drásticas y valientes, pero no depositando el esfuerzo de nuevo en los consumidores y en las empresas, sino en ustedes, señores del Gobierno, en la eliminación del enorme gasto político, inútil, improductivo y superfluo; en la eliminación de las subvenciones a los chiringuitos; en la eliminación del derroche de duplicidades administrativas, y en la reducción del gasto de este Gobierno carísimo y elefantiásico. Teniendo en cuenta que se estima que en breve el pool eléctrico puede superar los 180 euros el megavatio hora, especialmente a partir de noviembre, cuando se va a dar un parón de las tres centrales nucleares, ¿cuál va a ser su próxima medida estrella, señora ministra? ¿Subvencionar mantas y edredones? Aunque seguramente ya tengamos mantas y edredones suficientes con todas las que hemos tenido que comprar para la recepción masiva de inmigrantes ilegales que llegan cada día a nuestras costas. Voy a ser muy clara sobre este proyecto de ley. Este Gobierno tiene mucha prisa en aprobar este proyecto de ley porque necesita un titular urgente que diga que va a rebajar la factura eléctrica. No quiere aliviar para nada el esfuerzo que soportan los hogares y la industria, quiere un titular, y para eso traen hoy a esta Cámara este proyecto de ley; un proyecto de ley que perjudica enormemente a las familias más vulnerables, especialmente a aquellas que viven en zonas rurales o más frías y que además tienen menos posibilidades de electrificación. Lo que no ha mencionado usted, señora ministra, es que los hogares con menor renta y también una gran parte de los hogares medios suelen tener un mix energético más dependiente de energías no eléctricas cuyos costes aumentarán irremediablemente. Incrementarán también las desigualdades territoriales, perjudicando a la España más vaciada, afectando especialmente a autonomías como Castilla y León, Navarra o La Rioja. De nuevo sus políticas, en lugar de facilitar y unificar, empobrecen y fragmentan a España y a los españoles. Este proyecto de ley también perjudica enormemente y sobre todo a la industria española, especialmente en sectores tractores esenciales, como el alimentario, el textil, el papel y el cartón, la automoción y la industria química y siderúrgica entre otros. Aunque este proyecto de ley, como usted ha dicho, contemple un régimen de compensaciones y exenciones, deja fuera prácticamente al 80 % de la industria productiva. Las grandes industrias españolas calculan que este fondo les va a suponer en cinco años un sobrecoste de 2650 millones de euros, y eso sin contar con el régimen de compensaciones. Para hacernos una idea del impacto real de este fondo, su aplicación supondría, respecto al resto de Europa, un sobrecoste energético para la industria del 25 %. Teniendo en cuenta que ya están soportando precios desorbitados del gas y de los derechos de emisión de CO2, esto generaría una desventaja competitiva inasumible para España. Además, tal y como exponemos en nuestra enmienda, las compensaciones que se plantean, al tratarse de transferencias del Estado a las empresas, podrían ser consideradas ayudas de Estado, incompatibles con la regulación europea, y por tanto podrían ser eliminadas. . También corren el riesgo de ser consideradas subvenciones y, por lo tanto, pueden dar pie a la imposición de aranceles por terceros países. Y ahora, si quieren, pueden seguir criminalizando a las eléctricas, al capitalismo o a las bombillas, pero lo único criminal aquí es tener un Gobierno que atraca cada día con la factura eléctrica a los españoles. Criminal también es pagarle un sueldo a una ministra por no hacer absolutamente nada — por no hacer, ni siquiera me escucha— que consiga detener la crisis energética que su propia agenda ideológica ha provocado. De momento, algunas eléctricas, ante la inutilidad de este Gobierno, ya han anunciado una reducción de sus precios a 60 o incluso a 58 euros el megavatio hora. Esta es una reducción de más de la mitad de lo que pagan en el mercado mayorista. Va a resultar que las empresas que ustedes demonizan están demostrando más sensibilidad y mejores ideas y más efectivas que las de este Gobierno para rebajar la factura eléctrica a los españoles, porque este fondo, como siempre, lo van a acabar pagando los consumidores, los hogares. Ustedes saben, señora ministra — lo saben muy bien— que las empresas van a trasladar estos costes al consumidor final, pero qué bonito titular les ha quedado, ¿verdad? Desde el ministerio alegan que el sistema del fondo contempla tres objetivos principales: uno, evitar las subidas del precio de la electricidad; dos, dar las señales claras de descarbonización, y tres, aportar certidumbre al sistema para movilizar las inversiones en los próximos años. Bien, como ya he explicado, su resultado será el contrario: supondrá un lastre más a la competitividad industrial en un momento en el que las empresas necesitan elevar su competitividad para exportar y mantener los niveles de empleo y acrecentará aún más la inseguridad jurídica en el sector y las empresas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en su proyecto de ley ustedes definen una cantidad proyectada a recaudar, pero esta cantidad resulta que depende de un parámetro que no es estático, sino que es variable, que es la demanda, que puede oscilar en un sentido u otro. Por tanto, la cuantía del importe a recaudar puede no alcanzarse y, además, resulta imposible de gestionar y de prever y, por ello, introduce una gran incertidumbre en los comercializadores, como recaudadores, en el sistema en sí y en las arcas públicas, porque puede recaudarse menos de lo esperado. Así que dejen de asfixiar y de criminalizar a las empresas porque así no arreglamos nada. Reajusten los Presupuestos Generales del Estado, no subiendo impuestos, sino dejando de regar los chiringuitos políticos donde se autoenchufan ustedes para subvencionar redes clientelares, para transferencias millonarias a empresas como Plus Ultra, para inmigrantes ilegales y menas y, en definitiva, para todos los colectivos cuya opresión se inventan para poder vivir de ellos. Los españoles saben que si el Gobierno tiene alguna intención real de solucionar este problema, lo tiene fácil, tal y como lleva exigiendo VOX durante meses: uno, aplicar una factura de la luz menos intervenida, reducir inmediatamente impuestos y cargas de la factura que suponen el 60 % del recibo; dos, garantizar las correctas prácticas de las empresas que actúan en el mercado eléctrico, y tres, utilizar los cerca de 3300 millones de euros extra que se va a embolsar el Gobierno a costa de todos los españoles para reducir directamente la factura. Es una propuesta que, por cierto, solicitamos como enmienda el pasado 21 de julio y que el Partido Popular, que ahora la defiende, decidió rechazar en su moción de interpelación urgente únicamente porque la presentaba VOX. Ya acabo, señorías. Este atraco eléctrico no se soluciona ni publicando una estrategia nacional contra la pobreza energética — cuyos consejos son poner dos tostadas a la vez en la tostadora—, ni con esta iniciativa, que no solo no reducirá el gasto de los españoles, sino que nos condenará todavía a una peor competitividad. Un Gobierno que prefiere tirar el dinero en mantenerse en el poder antes que en ayudar a su pueblo es un Gobierno criminal y un Gobierno miserable. Al menos ahora entiendo, gracias al nuevo tarifazo, cuando Pedro Sánchez decía que con Podemos en el Gobierno no dormiría tranquilo. Claro, porque se pasaría la noche planchando, poniendo lavadoras y cocinando. Bueno, él no, su asistente. Muchas gracias. .

  33. Sergio Sayas López NA+

    Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy de nuevo tenemos un precio máximo histórico de la luz, y lo peor de todo es que esto ya ha dejado de ser una noticia, porque en el último año la luz se ha incrementado en un 200 %. ¿Y cuál es la solución que nos plantea el Gobierno? Bajarla un 12 y subirnos a cambio el gas y el combustible. ¿De verdad ustedes han pensado esta medida? Si la han pensado, yo creo que los españoles lo que quieren es que ustedes dejen de pensar, porque cada vez que piensan algo lo único que consiguen es empeorar el problema. Antes hemos debatido sobre un decreto de consumidores vulnerables, y lo que nos empieza a parecer ya es que el Gobierno pretende que todos los españoles seamos vulnerables, porque está convirtiendo la realización de tareas del hogar en una actividad de lujo. Ahora la gente tiene que levantarse a las cuatro de la mañana para planchar o para poner la lavadora. Es que el precio de la luz se ha incrementado un 200 %, es que las pymes y los autónomos están pagando una factura de un 30 o un 40 % más. ¿Esto qué supone? Que nuestro país pierda competitividad. ¿Y esto qué supone? Que perdamos empleo. Antes nos decía la portavoz del Partido Socialista que nos iba a contar un cuento a ver si así nos enterábamos. Mire, si en algo es experto el Partido Socialista es en contarnos cuentos. Eso lo tenemos muy claro todos los españoles. . A ustedes se les ocurrían muchas medidas cuando estaban en la oposición, pero se les han olvidado todas ahora que son el Gobierno. Y, claro, ¿qué pasa? Que lo único que nos proponen ahora es que nos van a crear una comisión en el Parlamento para debatir sobre esto. No hay mejor manera de perder el tiempo que crear comisiones. Lo que quieren los españoles es menos proclamas y más soluciones, porque ya es hora de que empecemos a ver cómo nos va bajando la factura de la luz. ¡Eso es lo que queremos los españoles! Muchas gracias. .

  34. Albert Botran Pahissa CUP-PR

    Gracias, presidenta. El recibo de la luz no para de subir, y de lo que se trata por parte del Gobierno es de probar a descargar el precio de este recibo con medidas que son accesorias, que no atacan de raíz el problema. Antes del verano fue la bajada del IVA, que tenía dos problemas: uno, que suponía una bajada también de los ingresos del Estado para políticas públicas, y dos, que al seguir subiendo tanto el precio de la luz esta bajada del IVA era prácticamente imperceptible en el recibo final. La siguiente medida accesoria es la que se nos trae hoy, que es buscar descargar el recibo trasladando la prima de las renovables a este fondo. En primer lugar, nosotros también dudamos de que esto sea efectivo y consiga bajar el recibo final que llega a los hogares o a las empresas y, en segundo lugar, lo que también nos parece preocupante es el modelo de transición energética que se está promoviendo desde un Gobierno como el suyo, es decir, favorecer la inversión privada en renovables como si se tratara de sustituir lo que llamaríamos una burguesía fósil por una suerte de burguesía verde, de burguesía eléctrica; como cambiar un Ibex fósil por un Ibex verde, cuando lo que necesitamos es afrontar que no existan estas burguesías de la energía, sino una propiedad pública de la energía en todas sus fases: generación, distribución y comercialización. La energía es un bien público, es una cuestión básica para poder garantizar el día a día de las personas y nadie debería lucrarse con ello. En Cataluña, por cierto, ya está aprobada una medida de creación de una empresa energética pública, y desde aquí apremio a los miembros del Govern, de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana a que esto pase del papel a la realidad. La transición energética urge, y no puede hacerse contra las clases populares, encareciendo la vida cotidiana, encareciendo el butano, la calefacción o la gasolina sin una compensación en transporte público. Por eso compartimos la enmienda que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego, porque si estas primas se cargan en las empresas de la energía fósil, ¿cómo sabremos que no lo terminan repercutiendo en eso que comentaba, en el precio del gas butano, que se usa domésticamente, en el precio de la calefacción o en el precio del depósito de gasolina? Ya estamos en tiempo de descuento de la crisis energética, y la única forma de que esta crisis no profundice las diferencias entre clases sociales es nacionalizando el sector energético y dirigiendo esta transición a la descarbonización desde el sector público y democrático. Muchas gracias.

  35. Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

    Muchas gracias, presidenta. Señorías, ahora, en este debate, iba a pedir como ejercicio inicial un ejercicio de memoria, pero realmente no hace falta, porque si un tema nos ha acompañado a lo largo de estos últimos meses de manera constante, de manera reiterada, y ha preocupado más a los y las ciudadanas es difícil encontrarlo en otro que no sea el precio de la subida de la luz. Empezamos con este debate ya hace varios meses. En esos momentos desde el Gobierno se planteó que la bajada del IVA y la reducción del impuesto de producción — del 21 % al 12 % y del 7 % al 0 %— iba a ser suficiente para contener la subida de precios y, por tanto, para que este incremento de precios no repercutiera en los ciudadanos y las ciudadanas, fundamentalmente en los más vulnerables. ¿Ha tenido una respuesta positiva? Parece que no; parece que no si atendemos a la lectura de los contadores y vemos cómo las facturas han subido. Meses después se nos dijo que en cualquier caso estaba haciéndose alarmismo, porque esto era una cuestión coyuntural, una cuestión que iba a durar unos meses, ya que tenía que ver con una decisión de determinados países en torno a una política gasística y que esto se acabaría. ¿Todavía hoy se atreven a decir que esto va a ser coyuntural, sobre todo cuando hay expertos que ya están señalando que hasta bien entrado 2022 no va a haber bajada alguna en esta casuística? Sinceramente, y es un triste consuelo — lo digo—, creo que teníamos razón quienes señalábamos la insignificancia de estas medidas, pero de poco nos sirve tener razón, porque nosotros tendremos razón, pero el Estado tiene 1000 millones de euros menos, que ha dejado de recaudar, y el oligopolio eléctrico, las grandes eléctricas tienen mucho más dinero del que tenían antes para seguir repartiendo jugosos dividendos. Hoy justo celebramos este debate con un récord o un pico histórico en el precio de la luz. Sé que me van a decir que esta subida de precios es una subida equivalente o equiparable a la que se está dando en otros países de Europa. Sería bueno, para no hacernos trampas, que dijéramos también que los salarios en esos países de Europa duplican los salarios del Estado español y, por tanto, la capacidad para hacer frente a esa subida es mayor en esos lugares que en el Estado español. Como decía, hoy, que tenemos esa subida, los ciudadanos y ciudadanas — por lo menos los de Euskal Herria, por la parte que nos toca, porque esta es una empresa vasca— nos despertamos con anuncios a página completa (muestra un recorte de prensa) que nos dicen que más de 6 millones de hogares pueden estar tranquilos porque su precio de la luz se mantiene estable. Esto lo dice Iberdrola, que probablemente obvia que en el Estado español hay 18 millones de hogares. Si solo 6 millones van a poder estar tranquilos, habrá que concluir que 12 van a tener que vivir acongojados. Esa es la realidad que se está viviendo en las calles y que está tomando forma de airada protesta, porque en verano lo que hemos visto ha sido una escalada constante, y se nos decía que se iban a tomar medidas; hoy se nos anuncia que mañana habrá un paquete de medidas adicionales. Mientras tanto hemos visto que se vaciaban pantanos para conseguir optimizar los beneficios. No nos engañemos, ponían en circulación la energía más barata para luego cobrarla por el precio de la más cara, que es la última que entra. Es todo un negocio redondo para las grandes empresas eléctricas. Y ante eso, que una buena práctica empresarial no parece y parece un poco alejada de la responsabilidad social corporativa que se supone a las grandes empresas, lo que se nos dice es que se iniciará algún proceso de investigación o de análisis. Estará temblando el oligopolio eléctrico con estas medidas. Planteamos después que viniera el señor Sánchez Galán, que era uno de los responsables, en tanto que mandatario máximo de una de estas empresas, a comparecer en el Congreso para explicarnos el porqué de esta medida, y se nos dijo que no era procedente, que no había lugar, y, como digo, ahora nos dicen que mañana habrá más medidas. Quizás habría que recordar también que la apuesta por las centrales de ciclo combinado, que hoy están lastrando el precio de la factura a través de pool energético, no fue una idea de todos y todas, sino una idea de algunos partidos políticos que decidieron hacer de esto su verdadero caballo de batalla y que hoy estamos pagando caro todos y todas. Con sinceridad y sin estridencia, nuestra paciencia ya se ha agotado. Nosotros ya no podemos seguir esperando a que se den más pequeñitos pasos cuando vemos que no se toca lo fundamental, que es el poder omnipresente y omnímodo del oligopolio eléctrico. Ustedes, nosotros y la gente sabemos que hay que tomar medidas de fondo, que hay que tomar medidas estructurales, y tienen mayoría para ello. Existe el factor de posibilidad para que tomen esas medidas estructurales: hay una mayoría de izquierdas en este Congreso que estaría dispuesta a hacerlo. Por tanto, no es una cuestión de factibilidad, de posibilidad, es una cuestión de voluntad. Si no toman medidas estructurales, es porque no hay voluntad, y nosotros no queremos ser corresponsables de una inacción que está condenando a cada vez más gente a la pobreza energética. Lo decíamos en un debate anterior y lo podemos repetir ahora: cuando hay, como mínimo, un 16,7 % de los hogares españoles que soportan una factura de la luz que está sobredimensionada con respecto a su volumen de ingresos netos, lo que estamos haciendo es empobrecer al conjunto de la población. Eso ocurre cuando estamos viendo que las empresas celebran juntas generales y asambleas generales donde lo único que tienen que decir a la ciudadanía es que sus beneficios siguen incrementándose y sus salarios y sus emolumentos también. No voy a incidir ya en lo que he dicho en muchas ocasiones, porque hay medidas concretas y algunas se han señalado. Se puede y se debe hablar de la intervención pública ya del Estado. Me da igual si es en forma de nacionalización, si es en forma de creación de nuevas empresas o si buscan otra fórmula menos evocadora de ideales revolucionarios, pero hagan algo desde el poder público y demuestren que son poder público. Ya les han dicho antes que existe la acción pública en las eléctricas; existe en Italia con Enel. Enel es la dueña de Endesa. Endesa era la empresa pública de referencia del Estado español y hoy Endesa es una empresa de referencia de Enel, que en todo caso revertirá parte de sus beneficios al Estado italiano, si no se los queda en sus bolsillos. Hay otro elemento que también se puede hacer, que es empezar a dejar de actuar con puertas giratorias. Porque es verdad — y me lo han recriminado en más de una ocasión, y es cierto— que en estas ocasiones suelo mirar mucho a la derecha. Y parece que todas las críticas se las hago al Partido Popular por lo que ellos hicieron, que evidentemente lo hicieron, en la privatización del sector eléctrico. Pero no es menos cierto que el Partido Socialista también funcionó y colaboró en esa privatización del sector eléctrico. Y quizá por eso muchos de los asientos de los consejos de administración los comparten unos y otros. Porque, en definitiva, la apuesta de ambos no se diferencia demasiado. También se puede hablar de la fijación de precios máximos. Si nos dicen que Europa no puede y no se permite, igual lo que hay que hacer es activar las mayorías de sus señorías en sus homólogos europeos, porque el Partido Socialista Europeo algo pesa, y seguramente otros también algo pesarán como para poder reformar las leyes. No conviene seguir excusándose en otras cuestiones; aquí de lo que se trata es de responder si van a poner coto al oligopolio eléctrico, si va a haber valentía; si van a invertir la tendencia entre los que ganan siempre, que es el oligopolio eléctrico, y los que pierden siempre, que son los y las ciudadanas. En definitiva, si van a poner fin a esta estafa, porque ahora llega el debate de los fondos europeos, y estas empresas, las del oligopolio, han pedido 50 000 millones de euros de los fondos europeos para su acción. ¿Necesitan todavía más dinero del Estado quienes han sido tan insolidarios y han demostrado tal capacidad de amasar beneficios?

  36. Sagastizabal Unzetabarrenexteasin identificar

    Arratsalde on. Gracias, vicepresidenta. No hace falta decir que llevamos meses encadenando subidas del precio de la electricidad, un aumento que todos sabemos por qué ha sido, entre otros, el aumento de la demanda por la recuperación, el precio del gas, el alto precio de los derechos de emisión de CO 2, impulsada por esa mayor ambición climática que hemos adoptado en Europa. Todo esto en un contexto de recuperación, tras la crisis del COVID-2019, en la que el precio de los derechos de emisión todavía necesita un tiempo para estabilizarse. En este contexto, todos los grupos hemos pedido numerosas explicaciones y, además, hemos solicitado medidas de choque para controlar el precio de la luz de forma inmediata. Para esto, lo cierto es que no hay soluciones mágicas ni hay soluciones simples a problemas complejos. Primero, porque no se puede modificar el sistema marginalista que se utiliza para fijar los precios de la electricidad, porque su modificación o posible revisión está en manos de Europa; un mercado marginalista que implica el mismo precio con independencia de la tecnología y de los costes de generación. Por tanto, se puede intentar presionar a Europa para que estudie alguna posible modificación, porque los costes, tanto variables como fijos, de las distintas tecnologías hoy difieren muchos unos de otros, pero esto no va a bajar de forma inmediata la factura. Si no podemos modificar el sistema marginalista que está en manos de Europa y tampoco los peajes, porque está en manos de la CNMC, solo queda adoptar medidas que incidan o bien en los impuestos o en los cargos; y el fondo de sostenibilidad va en esta línea, en la línea de reducir los cargos. Si recordamos, allá por el 2017 se creó una comisión de expertos para que elaboraran un informe sobre el análisis y propuestas para la descarbonización de la economía española al menor coste posible, una comisión formada por expertos designados por todos los partidos políticos. También mi grupo designó un experto, y nos dieron las claves para reducir esa factura. Por un lado, proponían una reforma fiscal en base a las emisiones de CO 2 — quien contamina, paga— que implicase a todos los sectores. Además, desarrollarla también con exenciones y compensaciones y aplicarla mediante un proceso de adaptación gradual que hoy no tenemos. Mi grupo entiende que este es el camino principal si de verdad creemos en esto de las emisiones de CO 2, porque es el sistema fiscal el que desde luego da señales de precios adecuados en el mercado. En ausencia de esta reforma fiscal, este comité proponía este fondo: repartir la financiación de los apoyos en las energías renovables entre todos los consumos energéticos, de tal forma que todos contribuyesen a este esfuerzo siguiendo el principio de que quien contamina, paga; un informe que contó con el voto favorable de todos los expertos y con tres votos particulares. Por lo tanto, indirectamente mi grupo avaló esta medida cuya totalidad debatimos hoy aquí; una medida que entendemos que va a reducir el precio de la electricidad, ya que saca de la factura los cargos de las renovables, cogeneración y residuos — lo que se llama el Recore—, y cuya financiación se reparte entre todos los vectores energéticos: electricidad, gas natural y petróleo en función de sus ventas, corrigiendo el desequilibrio que existe a la hora de repartir ese esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que, básicamente, recaían en el consumidor eléctrico. Entendemos que introduce una señal gradual en los hogares y empresas para que avancen en la descarbonización de sus consumos energéticos. Una medida que entendemos que va en la buena dirección, pero que también tiene sus peros o su parte negativa. En la memoria económica el proyecto no presenta una estimación de los impactos sectoriales y subsectoriales y por tipo de energía, cuando el impacto sabemos que va a ser diferente según el sector. Que el reparto de costes se realiza en función de la energía entregada. Que los mayores costes van a acabar repercutiéndose en el precio de los combustibles, porque las aportaciones al fondo también las realizan los suministradores de petróleo y gas natural. Que esa repercusión de costes — parece intuirse— va a afectar más a los hogares que dediquen mayor renta al consumo de combustibles fósiles — butano, gas— que a electricidad. Que el fondo se solapa con el estatuto de los electrointensivos, ya que este subvenciona una parte de los cargos, un máximo del 85 % de las extrapeninsulares y de las primas a las renovables, el Recore; como la parte o la cuantía del Recore con este fondo va a desaparecer dentro de cinco años, a lo mejor el estatuto del electrointensivo queda prácticamente sin ventaja alguna. Pero para paliar estos efectos negativos la propia norma también establece una aplicación gradual del fondo en cinco años, y además contempla compensaciones y exenciones para que el impacto sea menor. En Euskadi, por ejemplo, que hemos hecho un poco los deberes desde el anteproyecto de ley al proyecto de ley, el impacto de la industria ha bajado considerablemente, porque básicamente se han tenido en cuenta las alegaciones que se hicieron en el anteproyecto de ley y se han ampliado los sujetos de compensación. Entendemos que todas estas cuestiones o estos peros podrán ser objeto de debate y de ajuste durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Es cierto que las medidas que se van adoptando son coyunturales, y es por eso que hay que tratar de abordar esa reforma fiscal e ir mucho más allá porque, como digo, las medidas son coyunturales y lo que hay que hacer es desarrollar un nuevo mercado, siempre lo decimos, de generación distribuida y de redes de interconexión entre consumidores. Ahí está también el esfuerzo. Para mi grupo, la propuesta sigue unos objetivos que hoy son necesarios: achicar o aliviar la factura de la electricidad y avanzar en el proceso de transición ecológica sostenible. Pero las controversias que hemos apuntado nos hacen concluir, además, que las reformas en el ámbito energético o en el ámbito de la energía que se vayan a ir adoptando han de tener en cuenta y muy presente los efectos que puedan tener sobre la competitividad, la equidad y la cohesión territorial y social. La transición ecológica tiene unos costes — siempre lo digo— que debemos asumir entre la sociedad y los sectores económicos e industriales, y si en el camino nos encontramos que se derivan pérdidas de renta para aquellos colectivos más vulnerables, y para sectores cuyo proceso de descarbonización es mucho más complejo, tendremos que buscar más y mejores compensaciones y acompañarles también a realizar esas nuevas inversiones, porque si no lo hacemos desde luego difícilmente vamos a poder involucrar a la sociedad en todo este proceso. Tenemos una oportunidad también en este sentido con los fondos europeos. Nosotros votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad y buscaremos ajustar esta medida conforme a lo que ya hemos comentado. Muchas gracias.

  37. María Carmen Martínez Granados Cs

    Gracias, presidenta. Señorías, permítanme en primer lugar que mi grupo parlamentario se sume a las palabras con las que la vicepresidenta comenzaba su intervención, y que demos nuestro pésame por el bombero fallecido en los intentos de extinción del incendio de Sierra Bermeja, en Andalucía, en mi tierra. Queremos mandar todo nuestro apoyo a las personas que todavía siguen allí trabajando, y también llamar la atención sobre el accidente que esta mañana ha tenido un helicóptero que, gracias a Dios, no ha tenido víctimas. Queremos que sigan y que sientan nuestro apoyo desde aquí, porque creemos que es importante que estemos unidos y mostremos ese orgullo que sentimos por los bomberos de nuestra tierra. . Entrando en la materia que nos ocupa hoy, debatimos dos enmiendas a la totalidad del proyecto de ley del Fondo de Sostenibilidad que ha traído al Congreso el Gobierno. En mi intervención de hoy no quisiera centrarme demasiado en el último máximo histórico que está marcando el coste de la electricidad en nuestro país, no voy a dar la cifra. En primer lugar, porque existe un riesgo de acabar normalizando esta barbaridad, de acostumbrarnos a que haya cada día un máximo y a cantidades que sobrepasan el más elemental sentido común. Y no voy a dar la cifra, además, y sobre todo, porque creo que lo que hoy es importante de verdad es poner el foco en cómo estos máximos impactan directamente en los ciudadanos, en las familias españolas y, por supuesto, en nuestras empresas. Porque el debate de cifras da para lo que da, pero las consecuencias son reales y dramáticas, y llegan semanas después con la factura, cuando llegan a nuestras casas. Señorías, les voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo — de los miles que podría poner— de cómo está afectando a los españoles la subida de esta factura de la luz. Nela, propietaria de un comercio en Jerez de la Frontera — ni qué decir tiene que la crisis de la COVID-19 le había puesto ya extremadamente difícil mantener su actividad—, por si fuera poco, recibe ahora la factura de la luz. El año pasado pagó 480 euros por la factura eléctrica que le llegó en septiembre. Este año ha pagado 1500 euros, solo por encender la luz y poner el aire acondicionado para poder prestar servicio. Tres veces más. Esto, señorías, es un drama, un drama que se multiplica y que podemos conocer en cualquiera de las ciudades de nuestro país. Es el pan de muchas familias. No es un artefacto con el que hacer política de la más baja calaña, como han podido hacer algunos partidos, que lo único que hacen es poner motes al presidente del Gobierno sin presentar ninguna solución real para los problemas de los españoles. Señorías, mi grupo parlamentario votará no a estas enmiendas a la totalidad; y lo haremos, como siempre, por responsabilidad, anteponiendo el bienestar de los ciudadanos a cualquier cálculo político, porque los españoles necesitan soluciones y las necesitan ya, porque las facturas no se van a pagar solas, ni mucho menos con ideología. Señorías, el sistema eléctrico español se enfrenta a dos grandes retos de diferente naturaleza, pero que en la práctica están interconectados. Uno, avanzar en la descarbonización para poder alcanzar los objetivos que nos hemos marcado a medio y largo plazo en materia de reducción de emisiones de CO 2 y neutralidad climática. El otro, es asegurar que independientemente del mix tecnológico concreto que tenga el sistema, el régimen de retribuciones sea económicamente sostenible. Hay que evitar volver a situaciones como la ya vivida hace diez años, con déficits del sistema que llegaron a generar una deuda de 29 millones de euros. Por comparar, el rescate a Bankia fueron 22 000 millones. En los últimos años hemos podido reducir ese déficit histórico, pero todo apunta a que 2020 se liquidará con un déficit de 1500 millones, y no hay visos de que la situación vaya a mejor en un futuro cercano. En términos generales, creemos que el proyecto de ley va en la buena dirección para poder abordar estos dos retos. Sigamos trabajando. Podemos mejorarlo. En Ciudadanos lo vemos con buenos ojos, pero también, desde nuestro proyecto liberal, la descarbonización de la economía, transitando a un sistema menos dependiente de los combustibles fósiles y la sostenibilidad económica, estableciendo un reparto más justo de los costes del sistema, podría aliviar la carga a los hogares y garantizar que el déficit se eliminara progresivamente y que no se vuelve a producir. Pero esto no significa que creamos que es un primer paso y un buen paso, ni mucho menos que no haya algunos aspectos que queramos mejorar, cosa que haremos en la presentación de enmiendas cuando podamos. Señores del Gobierno, trabajemos juntos. Déjennos también trabajar. Déjennos aportar, dejen su política de oídos sordos y, de verdad, tomen medidas como las que proponemos en Ciudadanos, como un pacto de Estado por la energía, porque los problemas con la factura de la luz son ya un problema de Estado. Decidieron bajar temporalmente el IVA de la luz y era una medida que propusimos en Ciudadanos. Por tanto, trabajemos juntos, pero trabajemos poniendo en el centro al ciudadano, a las familias, a los más vulnerables, a los dependientes, que tienen que tener una máquina en casa para poder pasar cada día y poder mantener su salud. También a nuestras empresas, a nuestros comerciantes, a los hosteleros. Pongámoslos a ellos en el centro y trabajaremos juntos, siempre tendiendo la mano al Gobierno para ayudar a todos los españoles. Muchísimas gracias. .

  38. Gabriel Rufián Romero ERC-S

    Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Comienzo por la interpelación directa que se me ha hecho. Tiene usted razón, señora Borrás, llevo algo más que dieciocho meses, y quizá me quede un rato más, porque tengo margen para llegar hasta los dieciocho años que lleva su líder, el exdiputado del Partido Popular Santiago Abascal. . Esta es una buena lucha, es una lucha importante, porque es una lucha real contra quien manda realmente, contra el poder real, contra gente que está en despachos con muchísimo poder y a la cual no vota nadie. Así que es una buena lucha. Creo que lo primero que tenemos que hacer es establecer el marco. Un mercado que cada vez tiene más capacidad de crear producto cuya demanda en algún año incluso es inferior al año anterior, y cuyo precio cada vez es superior, ¿cómo lo llamarían ustedes? ¿Mercado? Siendo generosos, quizá le podrían llamar oligopolio, pero realmente el sentir de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas es que es una estafa. Y si lo parece es que seguramente lo sea. La solución, como propone la derecha y la ultraderecha… Por cierto, escucharles hablar de lo cara que está la luz, lo caro que está el recibo de la luz, es como escuchar a Hannibal Lecter hablando de comida: puede sonar bien hasta que sabes de qué va el menú. Entonces ya no te suena tan bien. El menú son los ciudadanos y ciudadanas. Esas son las soluciones que proponen la derecha y la ultraderecha, porque bajar el IVA nunca es la solución. ¿Con qué pagamos la sanidad? ¿Con qué pagamos la educación? ¿Con qué pagamos los servicios públicos? Otra solución de la derecha y la ultraderecha es que los costes de las eléctricas sean vía Presupuestos Generales del Estado. En el año 2019, Iberdrola ganó 3610 millones de euros; 3610. Y se cortó la luz a 160 000 titulares. Titulares; ahora multipliquen por la gente que vive en esa vivienda. ¿Encima tiene que pagar vía Presupuestos Generales del Estado la gente a la que le cortan la luz los costes de las eléctricas? ¿Esa es la solución? Jamás puede ser esa la solución. Propuesta que hace Esquerra Republicana de Catalunya, y que se puede hacer desde ya, y la puede hacer el Gobierno desde ya: aprovechar la negociación de las concesiones de las centrales hidroeléctricas explotadas por esas eléctricas — literalmente, por cuatro— para negociar y para limitar sus beneficios, vía BOE. Hay una figura jurídica ya reconocida en el caso de las renovables que se llama beneficio racional. Debe ser racional. Nosotros no decimos aquí que las empresas no tengan que obtener beneficios, lo que no pueden hacer es estafar a la ciudadanía, y eso el Gobierno, vía BOE, aprovechando la renovación de la distribución de las centrales hidroeléctricas lo puede hacer desde ya. Así que lo proponemos. Y, por favor, dejen de hablar del gas y dejen de echarle la culpa a Putin. Yo no seré quien defienda Putin y no seré quien diga que realmente sí que es cierto que hay factores internacionales incontrolables que afectan a la factura de la luz, pero las eléctricas, literalmente, utilizan para generar energía en este país un 1 % de gas. Un 1 %. El 99 % restante es el agua de los embalses, y se cobra la factura al 100 % del precio del gas. Esa es la verdad. Solución: intervención pública, intervención pública, intervención pública. Y si ven que el PSOE de esto tampoco habla mucho o no se le entiende mucho es porque gente como Felipe González formó parte de consejos de administración. Muchas gracias. .

  39. Juan Antonio López de Uralde Garmendia UP

    Gracias, presidenta. Quiero empezar, como no puede ser de otra manera, uniendo mi voz a ese homenaje a las personas que están en primera línea en este momento en Sierra Bermeja luchando contra ese fuego y, en especial, a ese bombero, llamado Carlos Martínez, que ha muerto defendiendo nuestro patrimonio, defendiéndonos a todos y a todas. Vaya desde aquí nuestro sincero y nuestro sentido homenaje. . Quiero también recordar, porque es algo que viene a cuento del debate esta tarde — y ya debatiremos largo y tendido sobre este incendio—, que estamos ante un incendio que todos los expertos nos están diciendo que se trata de un incendio de sexta generación, que viene causado en gran medida e impulsado por el cambio climático. Creo que es importante tenerlo en consideración, porque muchas veces nos olvidamos en estos debates de que estamos hablando de un problema real y de un problema que afecta directamente, de forma muy particular, a la península ibérica y que nos está trayendo eventos tan graves como el que se está viviendo en Sierra Bermeja y muchos otros. Lo digo porque en la discusión de hoy se están mezclando muchas cuestiones, pero hay una primera en la que creo que deberíamos estar de acuerdo, al menos la mayoría, y es que la lucha contra el cambio climático debe ser prioritaria. Si estamos de acuerdo en eso, también estaremos de acuerdo en esa máxima de la que se viene hablando mucho tiempo, pero sobre la que se hace muy poco, que es eso de que quien contamina, paga. Y esto es, ni más ni menos, lo que estamos discutiendo hoy. Creo que con la seria dificultad que estamos viviendo con los altos precios de la luz y con la situación en la que se encuentran muchas familias, este proyecto de ley que se tramita hoy debería hacerse con la máxima urgencia, porque, efectivamente, tenemos que distinguir entre lo que se hace y es bueno, lo que se hace demasiado despacio y lo que no se hace. Esta es de esas cosas que se están haciendo, que son buenas porque tendrán un impacto directo, real, sobre la factura de la luz, una reducción entre el 13 % y el 15 % en la factura de la luz de los ciudadanos y, por lo tanto, creo que es importante que este proyecto de ley se tramite con la máxima urgencia porque tendrá un efecto indudablemente positivo sobre los ciudadanos y las ciudadanas. Por tanto, hay que actuar. Es verdad que la situación que vivimos es extrema, pero ya la conocemos, se conoce desde el año 2005 cuando el libro blanco de la reforma de la regulación energética ya puso de manifiesto los problemas del actual mercado eléctrico. En estos momentos la situación es tan grave que resulta necesario adoptar medidas inmediatas que frenen en seco la progresión de los precios de la electricidad, al tiempo que se trabaja en la reforma del mercado eléctrico. Por eso, nosotros en Unidas Podemos entendemos que hay que actuar, al menos, en tres frentes. El primero es el que estamos discutiendo hoy, que son las modificaciones de la factura que permitan reducir la parte, digamos, no energética, la parte impositiva. Esto es algo con lo que, en teoría, todos estamos de acuerdo, pero luego, cuando se pone sobre la mesa una propuesta concreta, parece que no hay tanto acuerdo. Precisamente, esta modificación — lo ha comentado la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal—, esta propuesta viene avalada por muchos expertos, entre ellos por los expertos del grupo del señor Nadal, del Grupo Popular. Por tanto, estamos hablando de una medida que viene de muy atrás y que nosotros creemos que ya es hora de poner en marcha. En segundo lugar, nuestra segunda propuesta tiene que ver, efectivamente, con cambios normativos en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico. Creemos que eso es fundamental porque ahora mismo está dominado por un oligopolio que obtiene grandes beneficios mientras que los consumidores sufren la actual situación. Sí que tiene relación, señor Rufián, la situación actual con el precio del gas. Evidentemente, sí. El gas ha tenido una escalada cercana al 300 %; por tanto, ha sido una de las causas del impulso de esta situación, que, además, viene agravada por este mal diseño del mercado eléctrico. Por eso entendemos que el Gobierno puede y debe ir más allá, impidiendo que el funcionamiento del mercado mayorista siga creando disfunciones y siendo ilógico. Necesitamos fijar topes máximos en ese mercado a la remuneración de algunas tecnologías que ya han amortizado sus inversiones, como la hidroeléctrica y la nuclear, para poder reducir la factura. Este es el segundo aspecto que creemos que es necesario abordar. Y el tercero — lo han dicho ya varios intervinientes— es la recuperación de las concesiones hidráulicas para la constitución de una empresa pública de electricidad. Pero de lo que hoy estamos hablando es de la creación de un fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, cuyo objetivo es sacar de los costes fijos que se pagan en la factura de la luz los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos. Como he dicho, ese gasto, de alrededor del 15 % de la factura, pasará a ser sufragado por el fondo de nueva creación, que se nutrirá de las aportaciones de todos los operadores energéticos. Señorías, se ha dicho — y es falso— que el fondo nacional para la sostenibilidad provocará un daño y una pérdida de competitividad irreparable a las industrias españolas. Lo ha dicho la representante de VOX, y es falso, porque a día de hoy, en la mayor parte de los países europeos, la participación de la industria de los combustibles fósiles en el sostenimiento de la transición energética es mucho mayor que en España. En España es solamente del 11 % — este dato es del informe de los expertos del Partido Popular—; solamente el 11 % lo pagan los operadores petrolíferos y el 87 % lo pagan los operadores eléctricos. Por tanto, llegar, como ocurre en otros países europeos, como en el Reino Unido, por ejemplo, a un 25 % de ese coste pagado por los operadores petrolíferos es sin lugar a dudas una buena medida hacia la que necesitamos avanzar. Estamos, pues, hoy ante una medida necesaria, pero no es suficiente, y por eso seguimos trabajando con el resto de propuestas que consideramos imprescindibles para abaratar definitivamente el precio de la luz. Muchas gracias. .

  40. Juan Diego Requena Ruiz PP

    Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. En una frase atribuida a Marco Aurelio se decía que la persona ignorante se inclina por culpar a otro de su propia ignorancia. Este podría ser el resumen de los más de tres años de Gobierno, señora vicepresidenta, más de tres años tomando decisiones — o no— guiada por un marco mental sectario e ideológico alejado de la competitividad, de la eficiencia, de la inteligencia, alejado del talento y de la eficacia, decisiones todas que traen consecuencias y que, cuando estas llegan, usted no duda ni un segundo en salir a culpar de sus propios errores a los demás. La culpa la tiene el CO 2, pero quien está detrás de la subida del CO 2 en Europa es usted, señora Ribera. La culpa la tiene el gas, pero todavía no nos han explicado cuál fue el motivo de la visita de Pedro Sánchez a Argelia el pasado 7 de octubre. La culpa es de las hidroeléctricas, pero quien autoriza los desembalses es el Ministerio de Transición Ecológica. La culpa la tiene Europa, pero la Comisión Europea responde que el actual modelo de mercado es el más justo y el más asequible; o si no, la culpa la tiene el Partido Popular. Sin embargo, la realidad es que el precio de la luz hoy es un 318 % más cara que en 2014, un 266 % más cara que en 2015, un 362 % más cara que en 2016, un 256 % más cara que en 2017, un 230 % más cara que los seis primeros meses del 2018, que son precisamente los precios de la luz con Gobiernos del Partido Popular. Señores del Gobierno, la realidad les estropea cada día su pretendido buen titular, porque hoy debatimos otro titular del Gobierno, que es el fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, donde el titular fabricado es que el Gobierno pretende rebajar la factura un 13 %. ¡Eso es falso absolutamente! En todo caso, será en 2025, pero lo traen ahora porque vuelven a generar déficit y vuelven a empezar a quebrar el sistema eléctrico. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que se empeñan en ocultar a las familias y a las empresas esa realidad que no quieren contar, pero esa realidad se la voy a contar yo. Primero. El fondo no es ninguna medida para bajar la factura eléctrica. El fondo es un instrumento más al servicio del sectarismo ideológico del Gobierno, que no le importa arruinar a las economías de las familias; es un instrumento que va no a favor de bajar el precio de la luz, sino en contra de la España rural y de la agricultura, del turismo, en contra del transporte por carretera, en contra de la industria, en contra de la familias vulnerables, porque puede que baje algo el precio de la luz, pero todos los demás consumos energéticos subirán bastante. Tenían la oportunidad de legislar en favor de la sostenibilidad del sistema eléctrico y han legislado en contra de aquello que no les gusta. ¡Es un fondo que empieza distorsionando la realidad desde el artículo 1! Porque este fondo no financia el fomento de energías renovables como se dice, este fondo financia el pasado, su desastroso pasado, sus errores en el pasado, ¡no financia ni el presente ni el futuro! Segundo. Efectivamente, señor Uralde, los países de nuestro entorno avanzan hacia una descarbonización de la economía en la que participen todos los vectores energéticos y todos los sectores energéticos. Y desde hace tres años el informe del Comité de expertos ya señalaba eso mismo: preferentemente que se financiase con Presupuestos Generales del Estado, pero la señora vicepresidenta decidió guardarlo en el cajón y no hacer nada. En Francia todos los costes no relacionados con el suministro se financian desde los Presupuestos Generales del Estado; en Alemania se creó una tasa asociada al CO 2 y ahora se está planteando su financiación con los Presupuestos Generales del Estado federal; Países Bajos o Finlandia con una tasa asociada al CO2. Pero este fondo que hoy se debate en su totalidad nada tiene que ver con lo que están haciendo en nuestro entorno, y sus consecuencias con su planteamiento actual serán desastrosas. Tercero. El fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico va especialmente en contra de la España rural y en contra de los 8000 municipios en los que su actividad principal es la agricultura. El diésel es el vehículo del campo, es un vehículo agrícola, ¡y no me digan a mí que está exenta la agricultura porque es mentira! En provincias agrícolas como Toledo el 68 % de los vehículos son diésel y solo el 0,86 % está exento; en Lugo el 68,8 % diésel y el 1,18 % estaría exento; en Cuenca el 67,58 % diésel y exento solo el 2,3 %; en Jaén el 67 % es diésel y exento es el 0,73 %; o en Badajoz, donde el 66,14 % es diésel y exento solo el 0,85 % del vehículo. Me he ido a la parte alta de la tabla, pero la realidad es que de media en España solo el 0,69 % de los vehículos destinados a la agricultura están exentos. ¿Saben cuánto ha subido el combustible en lo que va de año? Más de un 16 % en una escalada de precios histórica, ¡y ustedes les quieren además añadir 7,5 céntimos más! Porque todo lo que tiene que ofrecer, señora vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es despoblación y saqueo a la España rural. Ese será su legado cuando espero que más pronto que tarde deje de ser ministra. Cuarto. Este fondo no es conveniente en su redacción actual en los tiempos en los que vivimos, ¡con un millón de hogares que tienen todos sus miembros en paro!, ¡con tasas de paro de hasta el 40 % en la gente joven!, ¡con una destrucción de riqueza nacional del 11 % del PIB! ¡Este fondo se va a repercutir sobre todo a los consumidores, y no sobre las grandes empresas energéticas, como ustedes aseguran! Desde luego, no es el momento de generar más impactos en la industria, en la economía o en las familias. Este fondo ha sido calificado como otro clavo más en el ataúd, según la industria; un duro golpe para la agricultura, según las asociaciones agrarias o que el fondo va a dinamitar el reto demográfico. La CNMC dice que la solución óptima a medio plazo pasa por financiar las renovables, la cogeneración y los residuos que tendrían que dirigirse hacia una reforma global de la fiscalidad energética y medioambiental. El Consejo de Estado cuestiona el porqué no se ha hecho una revisión de la fiscalidad medioambiental y energética y por qué no se han evaluado los impactos sociales y territoriales del fondo. El Comité de expertos para la transición energética dice que preferentemente se financie con Presupuestos Generales del Estado. Y, finalmente, la Comisión Europea está revisando la Directiva de la Fiscalidad Energética. Señora vicepresidenta, ¿por qué no esperamos a esa revisión de la Comisión Europea, que seguro que se hará en un momento económico más propicio que el que tenemos ahora? Mire, yo soy de Jaén, y allí este fondo nos da miedo, miedo porque todos los impactos van a recaer sobre la España rural. ¿Por qué legislar en contra de la agricultura, en contra de la industria, en contra del turismo, contra las pymes y los autónomos, contra los consumidores vulnerables, contra la España rural? Démosle un respiro a la gente de los pueblos, a la España rural, démosle un respiro a esa España agrícola. Llevan en el Gobierno más de mil cien días. ¿De verdad esto es lo mejor que tienen que ofrecernos? Sean sensatos, aparquen el fondo y por una vez vayamos de la mano con Europa. Legislemos a favor de lo que necesita España y no de lo que no le gusta a usted. Quisiera terminar, como no puede ser de otra manera, mandando nuestro respaldo, nuestro apoyo y un abrazo sincero al Plan Infoca y a todos los efectivos y a los bomberos forestales, que se están jugando la vida y dando la vida por controlar ese devastador incendio en Málaga. Muchas gracias. .

  41. Germán Renau Martínez PSOE

    Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno, señorías, antes de empezar, querría unirme yo también a las palabras de quienes me han precedido en el recuerdo del bombero forestal que ha perdido su vida luchando contra el incendio de Sierra Bermeja. . Señorías, tal y como han dicho todos ustedes al empezar sus intervenciones, hoy el precio de la electricidad vuelve a estar en máximos en España. Es más, en este preciso momento el precio mayorista en España está en 169 euros el megavatio hora, exactamente el mismo que en Portugal o en Francia; en Italia, 174; en Alemania, Bélgica o Países Bajos por encima de los 200; en Reino Unido en este momento supera los 700 euros el megavatio hora. Es evidente que hay un problema. Estos precios mayoristas afectan de una forma muy importante en la factura que los consumidores pagamos en nuestros hogares, pero estos precios mayoristas no son lo único que hay en la factura de nuestros hogares y que vemos que se han disparado en toda Europa. Hay otros componentes, como los costes del sistema o como los impuestos, y hace dos meses el Gobierno rebajó de una manera muy importante los impuestos que afectan de manera directa o indirecta a nuestro recibo de la luz; rebajó el IVA del 21 % al 10 % y suspendió el impuesto sobre la producción eléctrica. Con esta ley se crea el fondo nacional de sostenibilidad. Lo ha explicado perfectamente la vicepresidenta del Gobierno en su intervención al inicio, con este fondo se elimina una parte de estos cargos que mencionaba, la que corresponde a las primas de la cogeneración, renovables y residuos, lo que se conoce como Recore. Con la activación de este fondo se podrá rebajar de forma considerable la factura de todos los consumidores eléctricos, y por eso es necesario que se ponga en marcha cuanto antes. No obstante, aquí estamos, debatiendo no una, sino dos enmiendas a la totalidad. Una de ellas, señor Rego, me cuesta entenderla la verdad. Ha dicho usted durante su intervención que esta era una enmienda ―ha dicho― galega, popular, de izquierdas, concienciada con el cambio climático y coherente. Me temo mucho que esta enmienda que usted ha presentado no sea ninguna de todas estas cosas. Quiere estar usted en misa y repicando, y eso es muy difícil. Dice usted que traiga el Gobierno un proyecto de ley en el que paguen las corporaciones ―ha dicho― y no los ciudadanos, pero en su enmienda dice textualmente que se pague con los presupuestos, o sea, con los impuestos de esos ciudadanos. Dice usted que con este fondo se penaliza a las clases populares, pero tampoco es cierto, puesto que tiene un importante efecto redistributivo por el peso mayor que tiene la factura eléctrica en las rentas más bajas y que se verán más beneficiadas. Y lo mezcla todo, eso sí, con eso que llama usted la tarifa gallega, haciendo creer que defiende así a los gallegos; pero va a tener que explicarles a los gallegos y al resto de españoles por qué pretende que sigan pagando más al intentar parar este proyecto de ley. Lo de VOX es otra cosa. Por su parte era mucho más predecible esta enmienda a la totalidad. Ya nos empezamos a acostumbrar, ya que han descubierto la enmienda a la totalidad y le han cogido el gusto. Lo entiendo perfectamente. Esto les permite a ustedes tener unos minutos de gloria sin tener que trabajar demasiado. Por ejemplo, recordemos que presentaron una enmienda a la totalidad a los Presupuestos General del Estado, pero luego no se molestaron en presentar ni una sola enmienda al articulado. Claro, así se ahorraban tener que leérselos. Ustedes, aquí, no vienen a hacer política, vienen a hacer propaganda y, como hemos oído, a hacer chistes malos o a poner motes dignos de un patio de colegio. . Ustedes creen que esta actitud rancia y reaccionaria que tienen sirve para algo, pero se equivocan, porque son ustedes víctimas de sus propias contradicciones y de su crueldad. Son ustedes crueles con la gente de este país. Son ustedes los que no apoyaron la subida del salario mínimo o de las pensiones — por cierto, señor Rego, usted tampoco; ya tienen algo más en común—. Señorías de VOX, ustedes no apoyaron la creación del ingreso mínimo vital, es más, ustedes insultan a quienes lo necesitan llamando a este ingreso la paguita. No tienen vergüenza, no la conocen y, además de crueles, son incoherentes. Dicen que hay que bajar el IVA de la luz; el Gobierno presenta un real decreto que baja el IVA de la luz, y VOX no apoya este real decreto. Dicen que hay que eliminar del recibo las primas a las renovables; el Gobierno presenta el fondo nacional para la sostenibilidad, VOX enmienda a la totalidad. Son ustedes crueles, decía, porque lo que realmente buscan es el malestar en la gente, porque piensan que les conviene y porque donde mejor nadan ustedes es en el lodo. No conocen la vergüenza y no conocen el respeto. Ustedes, señorías de VOX, solo conocen la rabia y no hay más que escuchar todas las intervenciones que han tenido hoy aquí y las que tienen siempre para darse cuenta del odio que ustedes destilan, y de que sin ese odio están ustedes vacíos. Cuando no escupen bilis por la boca, ustedes no tienen nada que decir. Miren a su derecha, señorías del PP, en sentido figurado, pero también en sentido literal. Ahí tienen a VOX. ¿Eso es lo que quieren ustedes ser? Porque, de verdad, cuando le escucho a usted, señor Requena, me cuesta mucho distinguirlos, se lo digo de verdad. Las pocas diferencias que hay entre ustedes se difuminan con cada votación. Pueden ustedes decir lo que quieran, porque al final no es lo que uno dice, es lo que hace; y ustedes hacen lo mismo que ellos. Recuerden que hace dos meses tampoco apoyaron la rebaja del IVA del recibo de la luz. Si por ustedes fuera, hoy los españoles estarían pagando un 12 % más en el recibo de la luz cada mes o estarían expuestos a cortes de suministro, porque tampoco apoyaron el real decreto del escudo social en mayo. Ya veremos lo que hacen hoy con estas dos cuestiones. Creen ustedes que con sus acciones hacen oposición al Gobierno, pero no, señores, hacen oposición a todos y cada uno de los españoles y de las españolas. . Van a tener que demostrar si les importa más el bienestar de la ciudadanía o quedar bien con sus socios preferentes. Señorías, la factura que nos llega cada mes a nuestros hogares — lo ha explicado la vicepresidenta— se compone, básicamente, de tres bloques a grandes rasgos: los costes regulados, el coste de la energía y los impuestos. El Gobierno creó un grupo de personas expertas para estudiar la reforma de la fiscalidad que nos ofrecerá sus conclusiones en pocos meses. Hasta entonces, se han tomado medidas urgentes como la rebaja del IVA o la suspensión del impuesto. El coste de la energía depende del mercado mayorista, y este funciona con base en la normativa europea, pero se pueden hacer como las subastas de las renovables que nos permiten fijar a largo plazo el precio más bajo y predecible. En cuanto a los costes regulados, el Recore saldrá de la factura a través de este Fondo de sostenibilidad. Con estas acciones es como se rebaja la factura eléctrica. Todos queremos bajar el precio de la luz — con esto termino—. Aquí todo el mundo habla de ello constantemente, pero estas próximas semanas veremos, de verdad, la posición de cada uno de los grupos de esta Cámara frente a esta ley y frente al resto de iniciativas que tenemos en marcha. Veremos cuáles son las prioridades de cada uno, y veremos si solo hablan o si, como nosotros, actúan. Muchas gracias. .