Pleno del Congreso n.º 163 · XIV legislatura

María José García-Pelayo Jurado PP

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, tengo el honor de subir a esta tribuna para defender, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público en materia de regulación de los permisos de maternidad y paternidad, permitiendo su ampliación a 26 semanas en los supuestos de familias monoparentales. Señorías, el Partido Popular ha sido, es y seguirá siendo siempre el partido de las familias. Lo demostramos en nuestros distintos gobiernos con medidas tales como las deducciones fiscales en beneficio de las familias; medidas de apoyo a la conciliación; medidas para facilitar y promover el teletrabajo; la reducción de la jornada de trabajo hasta los doce años del menor; el aumento del permiso de paternidad; el reconocimiento de la brecha por maternidad en las pensiones, o lo demostramos con la aprobación de un plan integral de apoyo a la familia, dotado con 16 000 millones de euros. Hoy, con esta proposición de ley que defiendo en nombre de mi grupo, renovamos una vez más, nuestro compromiso con el apoyo sin complejos a la familia. En este caso, y dentro de la diversidad de familias que actualmente existen, nos comprometemos con las familias monoparentales, integradas, ya sea por decisión personal o por una situación sobrevenida, por un único progenitor, progenitora o adoptante que se encuentre abocado a criar a su hijo, hija o hijos en solitario y además a hacerlo en unos momentos como los actuales, que son especialmente difíciles y que requieren de decisiones y de medidas excepcionales por parte de un gobierno que, en cambio, como siempre, mira hacia otro lado, y no solo no baja impuestos a las familias o crea empleo, sino que no es capaz siquiera de liderar los cambios normativos que, como este, la sociedad y dos millones de familias monoparentales reclaman con toda razón. Concretamente, esta modificación de los textos normativos que planteamos tiene un objetivo claro: acabar con la desigualdad o discriminación que supone, tanto para el hijo o hija como para el padre o madre, nacer y crecer en el seno de una familia monoparental. En efecto, la normativa actual obvia la realidad de las familias monoparentales, las deja en el limbo a efectos de regular la duración de las bajas por maternidad o paternidad, ya que tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Básico del Empleado Público no reconocen a los progenitores o adoptantes, en el caso de familias monoparentales, el derecho a disfrutar de un permiso por maternidad o paternidad de 26 semanas de duración, que es el que disfrutan en cómputo total las familias integradas por dos progenitores o adoptantes. Así es, tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Básico del Empleado Público reconocen el derecho de ambos progenitores a un permiso de dieciséis semanas tras el parto o adopción, de las cuales seis semanas deben ser inmediatamente posteriores a esos dos momentos, permitiendo que las restantes puedan ser solicitadas por los progenitores de manera sucesiva. De este modo, el menor y los progenitores o adoptantes pueden disfrutar tanto del cuidado de los padres como de la compañía de los hijos hasta un total de 26 semanas. En cambio, en lo que es un claro trato discriminatorio e injusto, el menor hijo de una familia monoparental y su progenitora, progenitor o adoptante únicamente podrán disfrutar de los mismos derechos durante 16 semanas. Definida la situación como claramente discriminatoria, lo que el Grupo Parlamentario Popular persigue con la proposición de ley que hoy debatimos es poner fin a la misma, reconociendo un tiempo igual de permiso por maternidad o paternidad a las familias monoparentales. Señorías, en nombre de mi grupo, les pido apoyo a esta iniciativa para que demostremos a los ciudadanos que la política y los políticos realmente somos útiles y que damos respuestas a los problemas reales de la gente. Este Parlamento no puede desconocer ni negar que la realidad de la familia ha cambiado con los tiempos y que a día de hoy, y tal y como reconoce el Instituto Nacional de Estadística, hay un total de 1 944 800 hogares formados por familias monoparentales, que representan además un 10 % de las familias españolas; familias a las que no podemos dejar de lado sino todo lo contrario, porque además, si me apuran, es importante una atención especialmente a ellas, porque en un 81 % aproximadamente son familias monoparentales integradas por mujeres y, en un porcentaje mucho menor, el 18 %, están constituidas por hombres. Son familias que, lamentablemente, suelen encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que a las dificultades inherentes a la atención y crianza de los hijos se unen otras derivadas de mayor número de problemas para poder conciliar. Pero es que, además, la iniciativa que hoy el grupo parlamentario traslada en forma de proposición de ley viene a ajustarse a lo que ya es un pronunciamiento jurídico. Señorías, este Parlamento va tarde; una vez más, las leyes van por detrás de la realidad, quedan obsoletas, y por eso hay que actuar, hay que legislar, pero además con celeridad. Los ciudadanos y los tribunales nos están marcando los ritmos, nos están marcando los tiempos. Por ejemplo, las asociaciones de familias monoparentales llevan años reclamando una actuación legislativa porque no pueden entender que cuando ya se ha producido una cascada de sentencias judiciales reconociendo el derecho a la ampliación del permiso de maternidad los ciudadanos se vean obligados una y otra vez a recurrir, primero, a la Administración pública y, después, a los juzgados. Efectivamente, numerosas sentencias dictadas en distintos puntos de España están revisando pronunciamientos favorables a la ampliación de la baja por maternidad. Jueces en Las Palmas de Gran Canaria, en Galicia, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña han reconocido el derecho a la ampliación. Pero es que incluso el propio Consejo General del Poder Judicial ha avalado la acumulación de permisos, como es el caso de una magistrada catalana. En algunos supuestos los jueces conceden el derecho a disfrutar de semanas adicionales al permiso de maternidad; en otros reconocen 26 semanas. Pero desde el mes de enero del año 2021, los propios jueces admiten, incluso, la acumulación de los dos permisos, es decir, 32 semanas. Y es que negarles este derecho a los hijos e hijas de familias monoparentales implica una clara vulneración de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre del año 1989 y autorizada por las Cortes Generales conforme a lo previsto en el artículo 94.1 de nuestra Constitución, que establece el principio general de que todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas relativas a servicios sociales, juzgados, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos se tienen que ajustar necesariamente a la consideración primordial de atender al superior interés del menor, del niño; y ordena, además, que en esta actuación se proceda sin distinción alguna y sin atender en ningún caso al origen nacional, étnico o social, a la posición económica, a la situación que pueda tener de discapacidad, al nacimiento o a cualquiera otra condición del niño, de sus padres o incluso de sus representantes legales. Pero tampoco puede esta Cámara olvidar — sino, más bien al contrario, promover— el derecho de los padres a disfrutar de la compañía de sus hijos e hijas sin ningún tipo de distinción. Por ello, es importante que a todas las medidas que se promuevan para facilitar la conciliación y la corresponsabilidad laboral y familiar para avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se una esta iniciativa en forma de proposición de ley que, aunque está promovida por mi grupo, estamos deseando que todos los grupos hagan suya. Además, no es la primera vez que mi grupo político, el Grupo Popular, presenta una iniciativa en las Cortes Generales para reclamar el reconocimiento de los derechos de las familias monoparentales. No solo son los argumentos de equidad o razones jurídicas los que justifican esta modificación legal que proponemos, también hay justificaciones políticas. Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular defendió la necesidad de mejorar los derechos de las familias monoparentales; lo hicimos hace casi un año a través de una proposición no de ley que defendió mi compañera Teresa Angulo. Entonces, el Grupo Parlamentario Popular instaba al Gobierno Socialista a que impulsara una ley integral de familias monoparentales, una ley que otorgara el reconocimiento y la seguridad que estas familias están reclamando y esperando y que incluyera medidas con rango de ley que garantizaran la cobertura social a este tipo de familias. Hace un año votaron en contra, hoy ya no tienen excusa, les damos el trabajo hecho. Hay casi dos millones de familias que les esperan. Además, no se lo tomen a mal, pero no se entendería tampoco — y aquí hay otra justificación política— el voto en contra de los partidos que integran el Gobierno, y me explico. El Gobierno, el año pasado, en concreto durante el mes de noviembre, trasladó a través del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá — y esto es literal—, que existe un problema de equidad con el permiso de las madres monoparentales y, además, añadía el propio ministro que el Gobierno, que ya en el mes de noviembre del año pasado estaba trabajando sobre esta cuestión, estaba analizando la ampliación de los permisos de maternidad a las madres monoparentales y que es un tema que hay que abordar desde el punto de vista del problema de equidad que plantea. Insisto, sería contradictorio que, a pesar del anuncio del compromiso del ministro Escrivá, hoy votaran en contra. Hay otra razón política más para apoyar esta proposición de ley, y en este caso me dirijo especialmente al Grupo Podemos. La ministra de Derechos Sociales, la señora Belarra, anunció la ampliación temporal de la baja por maternidad en el caso de familias monoparentales, en el marco de la futura ley — que todavía no conocemos— de diversidad familiar; una ley que, insisto, no ha traído todavía el Gobierno a la Cámara, pero que al parecer se marca como objetivo — y es muy loable— ayudar a las familias en España atendiendo a su diversidad. También anunció la propia ministra que se iba a ampliar el permiso de paternidad y maternidad de cuatro a seis meses, aunque después, en los Presupuestos Generales del Estado, no hemos visto ni una sola partida para respaldar este compromiso. Por todo ello — y termino—, ante los evidentes incumplimientos del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular trae a la Cámara una proposición de ley urgente y necesaria que llena una laguna legal y reconoce jurídicamente un derecho ya reconocido por los tribunales. Esperamos que no hagan perder más tiempo a las familias, en este caso a las familias monoparentales, y ahora me dirijo especialmente a ellas: no sé lo que finalmente votará esta Cámara, pero en todo caso les digo a todas las familias que tengan siempre presente que en el PP tendrán un aliado que nunca les va a fallar. Muchas gracias. .

Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. La toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que apoyaré con mi voto favorable, permitiría un importante avance en favor de los hijos de familias monoparentales; es decir, aquellas en las que un único progenitor — en la gran mayoría de los casos, la madre— atiende sus cuidados, igualando sus derechos a los de los hijos de familias con dos progenitores, también llamadas biparentales. Esta cuestión, como se acaba de resaltar, debería reflejarse singularmente en la ampliación a 26 semanas de los permisos de maternidad y paternidad relativos a las familias monoparentales. Señorías, pese al falsario barniz de progresismo con el que le gusta adornarse a este Gobierno, hay que señalar una vez más que se está dilatando en el tiempo la adopción de medidas correctoras en la línea de las que se plantean en esta iniciativa legislativa. Los escollos que impiden resolver cuestiones que profundizan en la mejora de los derechos sociales tropiezan casi siempre con el Ministerio de Hacienda, pero las reiteradas discrepancias entre los miembros del propio banco azul tampoco ayudan. No obstante, sea de quien sea la responsabilidad última de solucionar los obstáculos, resulta de absoluta pertinencia que sean las Cortes Generales las que actúen sobre la insuficiente reforma legal realizada hace exactamente dos años, que se ha venido aplicando con efectos desde el 1 de enero del pasado 2021. Esto — cabe subrayarlo— ya se ha traducido en beneficios a los que pueden acogerse cada uno de los dos progenitores de las familias biparentales, pero — y de ahí la importancia de los cambios legislativos que se promueven con esta iniciativa— a los que no puede acceder en igual medida el progenitor de familia monoparental, que no tiene reconocido por ley el derecho a disfrutar de semanas adicionales para ampliar el permiso por nacimiento, adopción o acogida. Es decir — y lo recalco—, el Gobierno se está tomando todo el tiempo del mundo y toda la parsimonia para analizar los impactos económicos que supondría la ampliación de los permisos de maternidad a las familias monoparentales. Señorías, es conveniente recordar que la aprobación del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, avanzó en la equiparación del tiempo de duración de los periodos de descanso tras el nacimiento de un hijo o su adopción, y también en la guarda con fines de adopción o acogimiento de ambos progenitores adoptantes, guardadores o acogedores. Estas medidas tenían como objetivo conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la promoción de la conciliación de la vida personal y familiar y en el principio de corresponsabilidad entre ambos. Las familias monoparentales también deberían tener reconocidos sus derechos mediante medidas que amplíen y aseguren su protección. De hecho, en esta decimocuarta legislatura se han aprobado diferentes iniciativas parlamentarias, tanto en el Senado como aquí, en el Congreso, instando al abordaje de la situación de las familias monoparentales y la equiparación de sus derechos con las restantes familias. Llama la atención, en este sentido, que las respectivas comisiones de Derechos de la Infancia y Adolescencia se hayan manifestado muy ampliamente de acuerdo, entre otros aspectos, con el impulso de modificaciones para establecer una duración adicional del permiso por nacimiento y cuidado del menor para las familias monoparentales en tiempo igual al que disfrutaría el segundo progenitor en una familia biparental. Es decir, que de lo que se trata es de proporcionar idéntica protección a hijos e hijas, mejorar la conciliación, proteger los derechos laborales y eliminar cualquier brecha discriminatoria sobre las mujeres. Señoras y señores diputados, en lo que ha trascendido del borrador de la ley de familias o de diversidad familiar — cuya aprobación España ha comprometido ante la Unión Europea—, parece que se quiere establecer que las familias monoparentales puedan tener acceso a un mayor número de ayudas, y también se les quiere dar la opción de extender su permiso de maternidad hasta un año completo o, en su defecto, que el padre o la madre disfrute de seis meses y ceda otros seis a un conviviente o a un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Sin embargo, el Gobierno pretende que este derecho sea diferido, es decir, que no entrará en vigor con la aprobación de la ley, sino con el paso del tiempo. Por eso, cobra mayor valor que sea la oposición, en este caso por iniciativa del Grupo Popular, la que se adelante al Gobierno para que el derecho de las familias monoparentales entre en vigor cuanto antes y sin dilaciones. Finalmente, quisiera señalar que las medidas que se promueven con esta toma en consideración tratan de actualizar legislativamente lo que diferentes juzgados ya vienen sentenciando en favor de la igualdad de derechos para cualquier tipo de modelo familiar. Algunas son sentencias al hilo de la que el Tribunal Superior del País Vasco falló en octubre de 2020, dando la razón a una madre que reclamó aglutinar los dos permisos que tendrían los dos progenitores de familia biparental. En la propia exposición de motivos que acompaña a esta toma en consideración ya se hace referencia a las sentencias con las que numerosos juzgados vienen aceptando la acumulación de los permisos correspondientes a ambos progenitores en la persona del único existente en las familias monoparentales. Y, por eso, la señora García-Pelayo acierta de lleno esta tarde cuando apela a la utilidad de los legisladores para que esta materia se aclare por la vía de la ley, sin dejarla a la interpretación de los tribunales o sin arrastrar a plantear litigios a las madres o padres concernidos. Concluyo, señora presidenta, reafirmando la necesidad de que los cambios legislativos en favor de la familia sean una prioridad para cualquier Gobierno, porque el futuro necesita urgentemente, sin rodeos ni dilaciones, reforzar el pilar básico del Estado de bienestar. No habrá futuro para España si no se actualizan los compromisos en materia de conciliación de la vida familiar, laboral y personal y en políticas de protección a la maternidad. Estamos a la cola de la Unión Europea en natalidad; Asturias — permítame que lo subraye—, a la cola de España. Nuestro país fracasará estrepitosamente si las administraciones no aceleran el fortalecimiento de la familia como institución vertebradora de la sociedad. Al respecto, los indicadores estadísticos oficiales actualizados son contumaces y España va por muy mal camino. Como dije al principio de mi intervención, votaré favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley. Muchas gracias, señora presidenta. .

Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

Señora presidenta, arratsalde on guztioi. El hecho de la maternidad y cuidado de las criaturas a lo largo de los tiempos y sociedades se ha ido gestionando de manera muy diferente, en función de quién o qué se ponía en el centro: la madre, la criatura o las necesidades del sistema patriarcal, que, en ciertos momentos, prioriza la cadena de producción y, en consecuencia, facilita bajo imperativos que la madre se acople a ella cuanto antes, o, por el contrario, cuando sobra mano de obra, la recluye en el hogar y al cuidado de los miembros del grupo familiar. Pero hoy vamos a hablar de poner en el centro a las criaturas y su derecho a ser cuidadas y cuidados y atendidas por figuras de apego los primeros meses de vida. También, ponemos en el centro, en este caso, a las familias en su diversidad, que para atender este derecho de cuidado necesitan políticas que recojan unas medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral para que la crianza de los primeros meses quede garantizada. Ponemos énfasis en las familias monoparentales, de las cuales, el 82 % son monomarentales. Estas, a día de hoy, en la mayoría de las empresas, tanto del sector público como del privado, no tienen garantizado que la madre pueda disfrutar de la baja del segundo progenitor inexistente. Compartimos el espíritu de esta proposición de ley, pero consideramos que se queda corta. En nuestra formación abogamos por que se garanticen 32 semanas de permiso a las familias monomarentales. Pensamos que estas medidas deben ir desarrolladas en una ley más amplia, que tenga en cuenta las realidades familiares de la sociedad actual y poniendo en la centralidad el tema del cuidado. Pensamos también, señorías del PP, que hace falta mucha hipocresía y mucha vergüenza para hacer lo que ustedes están haciendo. Ustedes, un día sí y otro también, atacan políticas de igualdad, las políticas que concilian, las políticas feministas para sostener la vida de las mujeres; se niegan al avance en políticas sociales que nos protegen e intentan evitar el avance en la igualdad efectiva. Ahora, vienen a lavarse la cara con este tipo de propuestas que ni ustedes mismos creen ni defienden. Entendemos que tengan que hacer equilibrios entre pactar con la ultraderecha por la mañana y parecer que les preocupan los derechos de las mujeres por la tarde. Pero no nos utilicen; no nos utilicen para sus juegos políticos. Por cierto, ¿cómo piensan pagar la ampliación de los permisos que ustedes mismos proponen? Efectivamente, con recursos públicos para políticas de igualdad. Se lo repetiré: con recursos públicos para políticas de igualdad. Explíquenselo a su compañera la señora Ayuso y dejen de jugar con nosotras y con nuestros derechos para intentar debilitar al adversario político. Les exijo respeto. Mila esker. .

Sara Giménez Giménez Cs

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La proposición de ley que nos trae hoy el Partido Popular aborda un tema con el que los liberales españoles siempre hemos estado de acuerdo: la protección de las familias, de todas las familias; y lo digo porque hay una parte de esta Cámara que excluye la diversidad familiar que compone nuestro país. Como no puede ser de otra manera, en Ciudadanos votaremos a favor de la ampliación del permiso de paternidad o maternidad por parto o adopción a 26 semanas para los padres o madres de familias monoparentales. Lo haremos porque es una cuestión de justicia y porque supone avanzar contra la desigualdad en nuestro país; una lucha en la que siempre estaremos los liberales. Cuando hablamos de igualdad, tenemos que tener en cuenta que, a pesar de los notables cambios que hemos conseguido durante los últimos tiempos, las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado laboral son evidentes. Todavía somos las mujeres las que mayoritariamente cobramos el salario mínimo interprofesional y aquellas que tienen estudios universitarios ganan unos 9500 euros menos al mes en comparación con los hombres. Otro importante factor de desigualdad tiene su origen en la desigualdad en el reparto de las responsabilidades familiares. Los españoles tienen muchos problemas para conciliar su vida laboral y el tiempo de estar con la familia. El 68 % de los trabajadores declaran tener problemas para conciliar y el 81 % si son mujeres con menores de edad. Diversos estudios también apuntan a cuáles son las consecuencias de estas diferencias en el ámbito de la maternidad y de la paternidad. Concretamente, se refieren al distinto comportamiento que tenemos los hombres y las mujeres cuando tenemos niños. Normalmente son las mujeres las que asumen los costes asociados a la atención de las responsabilidades familiares. De hecho, está comprobado que las madres sufren una fuerte caída de ingresos durante los dos primeros años del nacimiento del niño, un 30 %, algo que no sucede con los hombres. Y esta situación se agrava cuando hablamos del caso de las familias monoparentales. En España, como ya se ha dicho, existen dos millones de familias monoparentales y ocho de cada diez familias son encabezadas por mujeres. En estos hogares monoparentales sostenidos por mujeres, el riesgo de la pobreza se duplica al de los encabezados por los hombres, un 52 % frente a un 25 %. En lo relativo a la brecha salarial que afecta a las mujeres, estas tienen mayores dificultades para encontrar o tener acceso al mercado laboral y una mayor parte de la temporalidad afecta a las mujeres, con una gran diferencia a la de los hombres que encabezan las familias monoparentales. Además, a estas situaciones de desigualdad tenemos que sumar que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el Estatuto del Empleado Público reconocen las peculiaridades de las familias monoparentales. Uno y otro reconocen el derecho a ambos progenitores a un permiso de 16 semanas tras el parto o la adopción, permitiendo que el menor pueda disfrutar del cuidado y compañía de sus padres 26 semanas. Sin embargo, cuando uno es hijo de familia monoparental solo puede disfrutar 16 semanas correspondientes al único padre o madre con el que cuenta, colocándolo en una situación de desventaja y constituye una discriminación que hay que corregir. Como hemos dicho, en España se tiene derecho desde el año 2021 a 32 semanas de permiso para los progenitores. En el caso de las familias monoparentales son 16 semanas. Además, como he dicho, hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas familias monoparentales las componen o las encabezan mujeres. Por eso, se hace muy necesario corregir esta situación discriminatoria hacia las familias monoparentales y, sobre todo, hacia sus hijos; una situación que ya ha sido avalada por distintas sentencias judiciales al entender que se trata de una situación de discriminación, incluso llegando a decir que es una situación de discriminación indirecta por razón de sexo, ya que el número de familias monoparentales formadas por mujeres es significativamente superior a la de formadas por hombres. Por todo esto, votaremos a favor. Ahora bien, me sorprende que sea el Partido Popular quien traiga a esta Cámara una medida a la que siempre hizo oídos sordos, hasta que en el año 2016 Ciudadanos le obligó a firmarla en su acuerdo de investidura. Señorías del PP, se lo agradezco, pero les pediría también que redujeran un poco la hipocresía cuando hablamos, sobre todo de algunos miembros de su partido en lo que se refiere al trato de la desigualdad y de las cuestiones sociales. Y es que les tengo que decir que si ustedes aquí están luchando contra la brecha salarial y la pobreza salarial, lo que no entiendo es cómo un consejero de la Comunidad de Madrid dice que no ve a los pobres. ¿Qué pasa, que los pobres tienen que tenerlo tatuado en la frente para que se dé cuenta de cuál es la pobreza? . ¿Por qué lugares de su ciudad pasea? ¿Habla con las familias? ¿Realmente conoce la ciudadanía de Madrid? ¿Sabe lo que es no llegar a final de mes? ¿Sabe lo que es no poder pagar lo que necesitan tus hijos? ¿Sabe lo que es no poder pagar el alquiler y tener miedo a que te echen de tu casa? Lo que quiero es que les trasmitan que la pobreza existe, lamentablemente, y que la trate con muchísimo mayor respeto y sensibilidad, por favor. . Junto a ello, otra muestra en relación con la igualdad. Hablemos de igualdad. Resulta que para referirse al Gobierno, su futuro presidente se refiere como a un Gobierno autista, unas palabras que demuestran poca sensibilidad y desconocimiento de la realidad de las personas que padecen este trastorno, al utilizarlo como un insulto. Les pido coherencia, señorías, respeto y que, cuando se hable de igualdad, la defiendan en todas sus áreas, la defiendan en todos sus extremos y que ninguno de sus líderes atente contra ninguna persona, ni por su condición de discapacidad ni por su condición de etnia ni por su condición de sexo ni por ninguna condición. Por lo tanto, les apelo a esa responsabilidad. Yo les digo que claramente vamos a apoyar esta propuesta porque los liberales siempre estamos en el lado de la igualdad y en todas las aristas de la igualdad. Ahora bien, lo que esperamos es que también ustedes sean respetuosos con aquellas propuestas que se traigan de igualdad, incluso por parte de otros partidos políticos, porque parece que, cuando se reparten los jueces, la televisión o la agencia de protección, se olvidan del sanchismo, pero para otras cuestiones las tienen como muy en cuenta. Por lo tanto, apelo a su responsabilidad. Les digo que además tenemos que ser más ambiciosos y en Ciudadanos hacemos una propuesta de un plan nacional de conciliación y corresponsabilidad a nivel nacional, con todos los ministerios y todos los actores que deben abordar este tema. Por lo tanto, les invito a que continuemos trabajando. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. El BNG defiende aumentar a 32 semanas el permiso por nacimiento y cuidado de hijos e hijas en el caso de las familias monoparentales. Creemos que es una cuestión de justicia para acabar con una discriminación evidente y que redunda en interés del menor. Por eso, en su día, en julio de 2021, presentamos iniciativas en esta Cámara para que el Gobierno actuase modificando la normativa de aplicación, propuestas que lamentablemente no fueron tomadas en cuenta. Quiero señalar también que en septiembre de ese mismo año, igualmente por iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, el Parlamento de Galiza aprobó, por unanimidad, una resolución para dirigirse al Gobierno, instándolo a reconocer el derecho de las familias monoparentales a ampliar hasta 32 semanas el citado permiso. Cabe recordar también que son ya varias las sentencias que reconocen este derecho. Por eso, nos sorprende y nos preocupa la negativa del Gobierno a legislar para hacerlo, dando de paso una baza al Partido Popular que, en su infinita capacidad de demagogia — pues es evidente que no pierde ocasión, no pierde oportunidad de cuestionar y de criticar las políticas de igualdad—, defiende ahora un derecho que no reconoció cuando gobernaba y que con absoluta seguridad tampoco reconocería si gobernase. En todo caso, con coherencia, el BNG votará a favor de la toma en consideración, aunque anunciamos que presentaremos enmiendas para pasar de las 26 semanas que se proponen a las 32 que, por cierto, es lo que recogen la mayoría de las sentencias dictadas hasta ahora. Como decía, creemos que es una cuestión elemental de justicia. Obrigado.

Inés Sabanés Nadal MÁS PAÍS-EQUO

Gracias, presidenta. Señorías, en Más País Verdes-Equo estamos verdaderamente sorprendidos — favorablemente, he de decir— con esta propuesta. Es una medida que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo y que tiene que resolver una situación manifiestamente injusta que no se entiende cómo no ha solucionado el Gobierno. Las familias monoparentales, que en realidad son monomarentales, porque ocho de cada diez familias están sostenidas por mujeres, tienen que tener garantizada una ayuda justa por tener, además, mucha mayor carga familiar. Pero, además, nosotros queremos garantizar los derechos de todas las familias, sean como sean, y por eso hemos venido proponiendo a lo largo de la legislatura diferentes medidas para apoyar a las familias, garantizar permisos para cuidados, ampliar los permisos de paternidad y maternidad a seis meses o creando una prestación universal por hijo a cargo. Pero a mí, en realidad, lo que hoy me gustaría saber es con qué Partido Popular nos hemos levantado hoy y con qué Partido Popular estamos debatiendo esta iniciativa, si con el Partido Popular que elimina de la Comunidad de Madrid las escuelas infantiles de 3 a 6 años, con el Partido Popular de Ayuso que propone eliminar y usar el dinero presupuestado de las prestaciones por maternidad y paternidad para ayudar a las familias por la subida de precios o estamos debatiendo con el PP que trae esta proposición. Nosotros la vamos a apoyar. Ojalá que estuviéramos debatiendo con el PP que trae esta proposición, pero mucho me temo que estamos debatiendo más con el Partido Popular de Madrid, el que pacta con la ultraderecha, que con el que trae hoy esta proposición. Muchas gracias.

Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Bona tarda. Muchas gracias, presidenta. Señorías, lo cierto es que la proposición de ley que se nos plantea por parte del Partido Popular hace un enfoque correcto en la modificación del Estatuto de los Trabajadores, del Estatuto Básico del Empleado Público y la derivada de la Ley General de la Seguridad Social, un enfoque para rectificar quirúrgicamente una realidad existente, que es la cuestión relativa al trato que sufren las familias monoparentales en la cuestión referente a los permisos de maternidad y paternidad. Esta cuestión es poliédrica y podríamos decir que permite un enfoque desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de las prestaciones, desde el punto de vista del Estado del bienestar, pero, sobre todo, el enfoque que debemos hacer es desde la perspectiva de la infancia y de los derechos de los niños. En este ámbito toca, sin duda alguna, adaptar la legislación actual a una situación claramente injusta, una situación materialmente injusta. Es adaptar algo que ya judicialmente se ha resuelto y, por tanto, articular jurídicamente en la norma de aplicación la igualdad de derechos con independencia del tipo de familia en la que nazcan estos niños. Me gustaría hacer un pequeño repaso de sentencias relevantes en este ámbito, porque hay una de octubre de 2021 en Barcelona, otra de octubre de 2020 en el País Vasco, otra de junio de 2021 en Castilla-León, otra de junio de 2021 en Galicia, una muy reciente, de febrero de este año 2022 de un juzgado de lo Social en Santander, y hacerles una pequeña reflexión que yo creo que todos podemos compartir, una realidad, que es que la justicia es lenta en este Estado y que los procesos judiciales se alargan. Por tanto, cuando ha habido ya sentencias que vienen desde octubre de 2020, desde junio de 2021, con tantos antecedentes judiciales previos, es evidente que se llega tarde a hacer esta regulación. Esto no es la primera vez que pasa, ya hicimos aquí también una modificación del Estatuto de los Trabajadores en aquello relativo a los despidos en caso de reincidencia en bajas médicas, y porque, sistemáticamente, aparecían sentencias que consideraban esos despidos como totalmente nulos. Ahora, también sistemáticamente, aparecen sentencias denunciando que esto es una situación totalmente injusta para las familias monoparentales, pero, sobre todo, injusta y discriminatoria para los menores. Por tanto, nuestro deber, con independencia de quién venga la iniciativa, es la de corregir esta injusticia relativa a las familias monoparentales y los días de permiso de los que pueden disfrutar y, por tanto, no condenar a estas familias a pleitear, a tener que batallar por estos derechos, sino reconocerlos directamente en la ley, y, en consecuencia, también, fijar unos márgenes claros de la conciliación y de lo que puede hacer la Administración pública, también en el ámbito del Estado del bienestar y las prestaciones en este ámbito. Por este motivo, votaremos a favor de la consideración de la proposición de ley presentada. Muchas gracias.

Norma Pujol i Farré ERC-S

Gràcies, presidenta. Señorías, es curiosa la lectura de la historia que nos ofrece el Partido Popular. Según se desprende de la exposición de motivos de la proposición de ley que hoy debatimos, parece como si las mujeres y las madres solo hubiésemos conquistado derechos hasta los años veinte del siglo pasado, y que las personas que protagonizaron dichas conquistas básicamente fueron hombres y de filiación conservadora. Según ustedes, parece que los derechos de la mujer no lograron avances durante la II República. De hecho, por el relato histórico de su iniciativa, parece que ni tan siquiera hubiera existido la II República. Para contextualizar: ustedes hablan de Cánovas del Castillo, pero nunca de Natividad Yarza; ustedes se refieren a Eduardo Dato, pero jamás a Aurora Bertrana; ustedes hablan de Antonio Maura, pero probablemente no hayan siquiera escuchado el nombre de Maria Aurèlia Campmany. De hecho, incluso si hubiesen querido obviar a las luchadoras sociales y civiles catalanas, hubieran podido citar, por lo menos, a las históricas diputadas de las Cortes Victoria Kent, Margarita Nelken y Clara Campoamor. Con un poco de rigor histórico, se podría haber hecho alguna referencia a la consecución del sufragio universal femenino, del derecho al divorcio o de la igualdad de derechos entre los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, todas ellas conquistas del período republicano. Pero nada, nada de ello ha tenido cabida en su exposición de motivos. Por todo esto, y porque conocemos sobradamente su historial de votaciones parlamentarias, que incluye, entre otras, el rechazo a la ampliación de los permisos de paternidad hace apenas dos años, resulta evidente que la proposición que hoy traen a debate no es más que un simple movimiento táctico. Estamos en la enésima jugada de politiqueo barato entre PP y PSOE para intentar buscar un mal titular del contrario, esta vez usando los derechos de la infancia como artillería. Honestamente, nos cuesta creer en su preocupación por la igualdad de derechos entre los distintos modelos de familia. Como cualquiera que haya preparado el debate con un poco de rigor, sabemos que hace meses que se está produciendo un cambio de dirección jurisprudencial y que los tribunales ya están empezando a reconocer el derecho de disfrute acumulado de permisos de maternidad en casos de familias monoparentales. En consecuencia, a la vista del avance que empieza a fraguarse, y antes de que los miembros del Gobierno puedan consolidar el derecho, es público que se han pronunciado en este sentido tanto la ministra Belarra como el ministro Escrivá, hay una triste carrera para ver quién se apropia mediáticamente de esta posible victoria. Nosotros no somos ingenuos y tenemos muy presente todo lo que acabo de relatar. Sin embargo, pese a todo ello, consideramos que esta iniciativa sigue siendo una oportunidad para asegurar una nueva conquista de derechos. Y ante esto, no hay nada que discutir. Para quien no lo sepa, la realidad es que actualmente en las escuelas de infantil casi no hay bebés de dieciséis semanas, porque la mayor parte de las familias los llevan, como pronto, a la semana veintiséis, veintiocho o treinta, organizándose con acumulación de vacaciones y permisos de ambos progenitores. No es del gusto de nadie tener que experimentar una separación física de un hijo de tan corta edad durante muchas horas por el simple dictado de las necesidades laborales, sabiendo de la necesidad de crear vínculo y apego que tanto necesitan los bebés hasta más adelante y, menos aún, teniendo en cuenta el hecho de que, hasta el momento, el derecho de acceso a las escuelas de infantil queda lejos de estar garantizado por medio de su gratuidad. La Generalitat de Catalunya está dando pasos en dicho sentido. El curso que viene va a ser gratuita la escolarización de infantil 2, pero la consecución de tal horizonte de gratuidad total es imposible sin una apuesta financiera de quien recauda los impuestos y tiene los medios económicos: el Estado. Para poder entender la relevancia del asunto que estamos tratando, debemos preguntarnos: ¿qué hacen en estos momentos las madres y los padres de familias monoparentales durante estas diez semanas de menos que tienen para cuidar a sus hijos? ¿Cómo se las arreglan? La respuesta es clara: si, como la mayoría, necesitan trabajar, externalizan el cuidado de sus hijos; si tienen la suerte de podérselo permitir, contratan a alguien para que se encargue, y si, como tantos — económicamente—, no pueden asumir este gasto, lo gestionan como buenamente puedan, con sus abuelos. Cuando decimos abuelos queremos decir abuelas; es decir, estamos ante una triple discriminación: para el bebé, para la madre y para las abuelas. Evidentemente, nadie está diciendo que cuidar a un nieto sea una carga, pero sí queremos dejar claro que tener que cuidar a cualquier persona porque no existe alternativa material, porque así lo dictan las necesidades económicas, no es un escenario deseable. Por otra parte, precisamente por el hecho de que la haya presentado el PP, esta proposición de ley puede ser la base para consolidar, de forma rápida y sin más discusiones que las estrictamente necesarias, un derecho que es necesario y urgente proteger. Esquerra Republicana vamos a votar a favor de esta iniciativa, y lo vamos a hacer por tres motivos. El primero, en defensa de los derechos de la infancia. Hay que garantizar unas condiciones de atención y de cuidado en plano de igualdad de las niñas y niños, con independencia del hogar en el que les haya tocado nacer. Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor para proteger también los derechos de las personas trabajadoras. En el fondo, lo que estamos discutiendo no es si las madres solteras podrán cuidar de sus hijos a jornada completa pasadas las dieciséis semanas, sino que estamos discutiendo si podrán hacer tal cosa aquellas que necesitan trabajar para vivir, aquellas que no se pueden permitir renunciar a su sueldo. Se trata también de una cuestión de clase. Finalmente, Esquerra Republicana votaremos a favor de la ampliación de permisos de maternidad y paternidad a familias monoparentales, confiando que dicho avance pueda funcionar también como avanzadilla hacia una ampliación de la maternidad. Es de justicia. Este debate no debe tapar el hecho que existe otra necesidad más general: tenemos que mejorar todos los permisos de maternidad y paternidad. Ojalá este primer debate sirva para que consigamos que fructifique también esta segunda reivindicación. Termino, presidenta. En conclusión, …

Norma Pujol i Farré ERC-S

Termino en diez segundos. … pese a la hipocresía de algunos, no vamos a desaprovechar ninguna oportunidad para avanzar en derechos civiles, sociales y laborales. No vamos a dejar escapar la ocasión de ofrecer un mejor cuidado a la infancia ni unas mejores condiciones de vida a las madres trabajadoras. Muchas gracias. .

Sofía Fernández Castañón UP

Buenas tardes. La reivindicación de fondo de esta iniciativa es una cuestión de igualdad y, por lo tanto, es una cuestión de proyecto de país, y desde esos principios ―los valores que nos hacen defender los derechos en pie de igualdad de todas las familias, de las pequeñas y medianas productoras agroalimentarias, de las personas trabajadoras del sector del transporte― hoy quiero hacer una mención al pueblo saharaui y a las representantes que tenemos en tribuna. . Quiero trasladarles el firme compromiso de Unidas Podemos, del Grupo Confederal con el Sáhara Occidental, porque es una cuestión de responsabilidad histórica, de coherencia y de memoria. Y digo esto porque hasta hace cuarenta y siete años había en esta Cámara diputados representantes del pueblo saharaui, a quienes se les dejó a deber el proceso justo de descolonización que solo diecisiete territorios en todo el mundo no han visto cumplido; uno de ellos es responsabilidad nuestra y es vergüenza nuestra. Escribe Ali Salem Iselmu ―uno de los poetas saharauis que desde el exilio siguen escribiendo en castellano― como recordatorio de aquel pasado: Decirles que la tierra no es de ellos, decirles que la gente no es de ellos, decirles que las piedras necesitan ser libres. Nuestro grupo defiende aquí y ahora el legítimo derecho de este pueblo a un referéndum según su derecho a la libre determinación reconocido por Naciones Unidas. .

Sofía Fernández Castañón UP

Gracias. Abordo la propuesta que nos trae ahora el Grupo Parlamentario Popular, que es una propuesta de familias monomarentales ―y voy a decirlo utilizando el lenguaje, siendo consciente de que el lenguaje está dentro del espacio público y, por lo tanto, siempre es un acto de política sea consciente o no, sea reconocido o no, por lo tanto, hablo de familias monomarentales―, porque son más del 80 % de esas familias de una sola persona progenitora las que las llevan mujeres, las madres. Ya en 2019 Save the Children nos alertaba de que la mitad de las familias monomarentales en el Estado se encuentran en riesgo de pobreza. Además, tenemos indicadores ―se ha mencionado ya― en las sentencias de los tribunales, pero también de la defensoría del pueblo, e incluso se ha apelado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de que precisamente estamos ante una desigualdad no en tanto que el derecho laboral pero sí en tanto que el derecho a la infancia, y esto a mi grupo le interpela y le preocupa. Señora García-Pelayo, no coincidimos en la legislatura anterior ―me refiero a la XII―, por eso le cuento que para mí la defensa de los permisos de cuidado iguales e intransferibles fue algo prioritario en esa legislatura, lo fue para mi grupo parlamentario y lo es para este Gobierno por el principio de igualdad y comprendiendo que esto, desde un derecho laboral, no puede ser discriminatorio en función de si se es uno u otro progenitor. Pero también tenemos claro ―y para eso trabajamos dentro de la ley de familias que prepara este Gobierno en diálogo continuo con asociaciones, con organizaciones sindicales, con personas expertas― que los derechos de la infancia deben ser garantizados siempre y en igualdad, y eso incluye el derecho al cuidado. En 2016 llegábamos a escuchar en esta Cámara cosas como que no podrían ser los permisos del cuidado en el primer año de vida, ya fuera en nacimiento ―nacimiento, por cierto, no parto―, acogida o adopción ―acogida también, por cierto, es otra carencia que tiene el texto de esta ley que presentan―. Desde entonces, desde 2016, ya no tenemos que escuchar que esto no puede ser si va en detrimento de la mermada caja de la Seguridad Social. Me alegra mucho escuchar que ahora el portavoz de Foro Asturias sí que está de acuerdo con una medida que hace unos años no compartía, y me hace pensar que esto es porque el feminismo tiene un avance a todas luces imparable. La defensa de entender que el derecho de todas las personas a ser cuidadas tiene que ser una corresponsabilidad del Estado está también en esto. . Pero verán, es que esto se tiene que tratar de una manera integral y no solo con esa equiparación, que es una cuestión de justicia, de los permisos. Traen ustedes una normativa que es puntual, que no tiene plan. Las dificultades a las que se enfrentan estas familias son estructurales y tienen que tener una respuesta en medidas y en derechos en todos los ámbitos, en el sociolaboral, pero también en el de la educación, en el de la vivienda, en el fiscal y en el de la salud. Por eso, además este Gobierno avanza hacia un sistema estatal de cuidados donde el Estado sea corresponsable; por eso existe, creada por el Ministerio de Igualdad, una mesa asesora para los cuidados a la que además se ha trasladado el texto de la ley de familias, porque la respuesta tiene que ser integral. Y por eso este Gobierno hace tan solo unos días anunciaba el III plan estratégico de igualdad; un plan en el que los 20 319 millones de euros, que a algunas de sus señorías parecen molestarles, se destinan, en gran medida y hasta 2025, a mejorar la situación de cuidados en las familias. Así que díganle a la líder Isabel Díaz Ayuso, que dice que a ella le parecería mejor que esto fuera para las familias y para superar la inflación, que esos más de 20 000 millones de euros se van a destinar a las familias. Porque, ¿quién cree que lleva sosteniendo los cuidados toda nuestra historia? ¿Les suena de algo lo de la redistribución del trabajo de los cuidados? Este plan contiene la dotación para los permisos de cuidados por nacimiento, adopción o acogida, y supongo que por eso traen esta iniciativa, precisamente para contrarrestar el resbalón que dieron ustedes la semana pasada. Pero es que además este plan permite a padres y madres que puedan disponer de tiempo con garantías para cuidar de sus pequeños y adolescentes con enfermedades graves como puede ser el cáncer. Y es para todas las familias, para todas, díganselo también a Díaz Ayuso, porque no todas las familias tienen mujeres. ¿O solo nos acordamos de los derechos de la comunidad LGTBI cuando se acerca la manifestación del Orgullo? Concluyo. ¿Saben qué es lo que les ha puesto muy difíciles las cosas a las familias, y especialmente a las familias monomarentales, a las familias trabajadoras? ¿Saben lo que se lo ha puesto muy difícil? Los recortes en servicios públicos, los recortes en sanidad, en educación, en derechos laborales y civiles que durante su Gobierno ejercieron en el momento de la crisis de 2008. Así que hablemos de permisos de cuidados, hablemos de un sistema nacional de cuidados, hablemos de políticas de igualdad, hablemos de mejorar las condiciones materiales de la vida de la gente, pero hagámoslo con rigor. Y se lo digo porque en mi grupo parlamentario somos treinta y cuatro y sabemos que ustedes tendrán algunos asesores más para traer mejores leyes y si no para ayudar al Gobierno…

Sofía Fernández Castañón UP

… que estamos haciéndolas. Muchas gracias. .

Macarena Olona Choclán VOX

Con la venia, señora presidenta. Las familias monoparentales, es decir, aquellas en las que únicamente el padre o la madre convive con los hijos menores a su cargo, son una realidad en España. De hecho, esta realidad representa el 10 % del total de los hogares españoles. Si acudimos a los últimos datos actualizados de los que disponemos, nos encontramos con que en el año 2020, según el Instituto Nacional de Estadística, son un total de 1 944 800 los hogares monoparentales en España. Frente a las manipulaciones que nuevamente han vertido algunos grupos sobre nuestra formación con ocasión del debate de esta iniciativa parlamentaria — escúchenme bien, señorías, porque a ustedes hay que dárselo todo muy masticadito— , las familias monoparentales son familias y como tales tienen que quedar protegidas por el amparo que establece el artículo 39 de la Constitución española cuando dispone la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias. La proposición de ley cuya toma en consideración hoy debatimos aborda una problemática reivindicada de antiguo por las familias monoparentales en España ante la situación de evidente desigualdad en la que se encuentran los hijos que únicamente tienen un padre o una madre conforme a la regulación actual del sistema de permisos de paternidad y maternidad por parto o adopción, porque la regulación actual que establecen tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público es lo cierto que ignora las peculiaridades de las familias monoparentales. En la actualidad, ambos textos legislativos reconocen el derecho del padre y de la madre, cuando existen ambos, a disfrutar de un permiso de dieciséis semanas tras el parto o la adopción, de las cuales seis deben ser inmediatamente posteriores a esos dos momentos, permitiendo que las restantes semanas sean solicitadas por los padres de modo sucesivo. Esta situación nos aboca, como les indico, a una situación de evidente desigualdad desde el momento en el que el hijo menor, que tras el parto o la adopción únicamente tiene consigo a uno de nuestros progenitores, exclusivamente puede disfrutar de su dedicación y cuidado tras las semanas posteriores al parto durante un total de dieciséis semanas, frente a las veintiséis semanas que disfrutan los hijos que tienen a su padre y a su madre con ellos, lo que coloca a las familias monoparentales en una clara situación de desventaja respecto del menor que sí que cuenta con ambos padres. El interés superior del menor exige que ambas situaciones se equiparen por justicia, por equidad y por mandato constitucional, porque así lo establece igualmente el artículo 39 de nuestro texto fundamental en su apartado segundo, que he citado anteriormente, cuando señala la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación. En este caso, han sido los tribunales de justicia, como se ha señalado con anterioridad, quienes han ido por delante del legislador desde la sentencia de 6 de octubre de 2020, del TSJ del País Vasco, Sala de lo Social, en la que se ha reconocido por primera vez el derecho de una madre que integraba una familia monoparental a disfrutar del permiso ampliado, que habría correspondido a los dos progenitores en caso de contar con ellos, para los hijos menores que motivaban dicha solicitud. Pero es necesario no obligar a nuestros jueces a hacer de legisladores. Por ello, les anticipamos que este grupo parlamentario, por supuesto, va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley que ha registrado el Grupo Parlamentario Popular. Ahora bien, limitar la protección de las familias monoparentales a esta extensión del permiso de maternidad o paternidad por parto o adopción es claramente insuficiente. Por ello, también les anunciamos que procederemos a la mejora y al perfeccionamiento del texto durante el trámite de enmiendas. Conforme a lo referido, hay casi 2 millones de familias monoparentales, ocho de cada diez encabezadas por madres, por mujeres. Este hecho objetivo no debe llevarnos, sin embargo, a caer en la ignorancia terminológica, que es habitual de la izquierda, que propone la sustitución del término familia monoparental por familia monomarental o familia marental cuando el adulto que tiene a cargo a los hijos menores es la madre. Y ello porque esta incorrección terminológica viene de considerar que monoparental tiene su origen en padre, cuando esa sí que proviene de pariente, lo cual, evidentemente, puede englobar a un padre o a una madre. . Esta ignorancia terminológica, de la que hoy ha vuelto a hacer gala la representante de Podemos, a quienes, por cierto, hemos visto tremendamente revolucionarios exhibiendo sus banderas… ¡Quién fuera miembro del Gobierno de España para poder dividir y hacer caer al Gobierno que unilateralmente ha modificado la postura de España sobre el Sáhara Occidental! . También tenemos que tener en cuenta que debemos rechazar esa exclusión discriminatoria que se propugna por parte de algunos colectivos cuando identifican las familias monoparentales de manera exclusiva con las madres solteras y propugnan una protección exclusiva de estas últimas, porque es evidente que una madre soltera que convive con su pareja, con la que tiene hijos en común, no es una familia monoparental. De hecho, de admitirse esta confusión y equiparación, resultaría que de los casi 2 millones de familias monoparentales que en 2020 teníamos en España quedaría excluido el grupo de mayor número, cuales son los viudos, 724 100 familias monoparentales en las que, por razón del estado civil del progenitor, son viudos. Mejoraremos vía enmiendas el texto que han presentado, porque es evidente que las familias monoparentales, según los datos estadísticos, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y en un mayor difícil acceso a la conciliación de la vida laboral y familiar. Es evidente, igualmente, que limitar la norma a ampliar el permiso a veintiséis semanas conduce al padre o a la madre que disfrute del mismo a una situación de posible y real exclusión de la empleabilidad, por cuanto no todas las empresas pueden hacerse cargo de una baja durante veintiséis semanas de una misma persona. Lo más importante, señorías, es que esta iniciativa, nuevamente, no supone una apuesta decidida por la protección de las familias. El dato objetivo: únicamente destinamos en España el 1,3 % del PIB a la protección social de las familias y de la infancia. La familia es la base absoluta de la sociedad anterior al Estado. Familias fuertes hacen sociedades fuertes; sin familias no habrá nación, no habrá España. Y la solución a este desierto demográfico que sus políticas, las de todos ustedes, han impuesto en España no es la inmigración ilegal, que lleva a un reemplazo poblacional y a la desaparición de la nación, sino la protección de la familia y el fomento de la natalidad, porque 47 millones de marroquíes en España no hacen España, hacen Marruecos. La realidad es que hoy, en España, es una auténtica rebeldía defender la familia, porque sus políticas se contraen a una criminalización de uno de los dos miembros que son esenciales para los hijos menores, especialmente el padre. «De mayor no quiero ser como mi papá». Este cartel (lo muestra) podría pasar por uno de ustedes en campaña institucional en el día de la mal denominada violencia de género, pero la realidad es que es un cartel del Partido Popular y de Ciudadanos exhibido en la ciudad de Córdoba en noviembre de 2020. . Frente a ello, VOX pone la familia como eje fundamental. .

Esther Peña Camarero PSOE

Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Señorías del PP, ¡qué cuajo el suyo! El partido de los recortes sociales, el partido de los pactos contra las mujeres en Castilla y León, el partido de la hipocresía con las familias hablando hoy aquí de conciliación tras lo que hemos escuchado estos días. Les voy a dar unas fechas: 2007, se crean los permisos de paternidad, lo hace un presidente socialista; 2019, se aumentan y equiparan los permisos de nacimiento entre progenitores, lo hace un presidente socialista; 2022 — y esto es lo que nos propone el Partido Popular a través de su vocera mayor y de su nuevo presidente opositor a VOX—, eliminar los 20 000 millones destinados por este Gobierno a políticas de familia. El Partido Popular quiere eliminar la prestación por nacimiento y cuidado de menores, quiere eliminar 8500 millones ya presupuestados. El Partido Popular, cuando habla de acabar con esos 20 000 millones, propone ahorrar a cargo de los menores con cáncer y enfermedades graves, eliminando los 474 millones ya presupuestados para su cuidado. . El Partido Popular, cuando habla de acabar con esos 20 000 millones, pretende fulminar las bonificaciones al empleo que ayudan a conciliar y que ya están presupuestadas en 3800 millones. Así que, señorías del Partido Popular, ¿con qué van a pagar la ampliación que ustedes proponen? Saben que mienten, saben que su comportamiento siempre es miserable con las familias. Hablemos hoy de familias monoparentales, claro que sí. En su propuesta, el Partido Popular ni siquiera define el concepto de familia monoparental, así que, de inicio, con esta propuesta ya se parte de la imposibilidad de acreditar su condición y acceder a ayudas y derechos por hijo o por hija. Los socialistas sí reconocemos a la familia monoparental, familias generalmente encabezadas por mujeres — el 81 %—, por lo que no extraña su denominación, señora Olona, como familias monomarentales. Por cierto, el 91 % de estas familias están encabezadas por mujeres españolas. Pero, señorías, no existe una única definición institucional y aplicable en todo el territorio del Estado a esta realidad familiar. Miren, uno de cada dos hogares monoparentales está en riesgo de pobreza y exclusión, el 48 % no puede hacer frente a los gastos generados por una enfermedad y el 7 % no puede incorporar proteínas a su dieta diaria. En atención a estos datos, la primera pregunta es si estamos, como legisladores, con que esta ampliación es el principal problema que aqueja a estas familias. Miren, la red europea de lucha contra la pobreza señalaba que su principal problema era de índole laboral en un 84 %; el segundo era el económico en un 71 %, y el tercero se relacionaba con la vivienda. ¿Y saben lo que hace el Partido Popular para proteger estas demandas de las familias monoparentales? Pues, sobre todo, decirles a aquellas mujeres que sufren paro de muy larga duración, contratos precarios o a tiempo parcial, que lo mejor es votar que no a una reforma laboral que convertiría en indefinidos y estables sus contratos. . El Partido Popular está diciendo a esas madres que no tienen ayudas para la conciliación, a esas familias que son obligadas a dejar a sus hijos e hijas en las guarderías o al cuidado de otras personas antes que las familias donde hay dos progenitores, que el Partido Popular pretende eliminar las 65 000 plazas gratuitas de 0 a 3 que va a poner en marcha este Gobierno. Al Partido Popular tampoco le gusta el complemento por hijo a cargo con 100 euros mensuales que ha puesto en marcha este Gobierno. Claro que no le gusta, pero esta es la realidad que de verdad hay que atajar, porque las mujeres que encabezan familias monoparentales son las únicas sustentadoras, lo que implica un importante riesgo de padecer pobreza. Son las únicas cuidadoras, lo que significa también afrontar solas la educación y el cuidado de menores a cargo, lo que también exigiría que tuvieran buenas condiciones laborales en horarios, en turnos, en descansos; en definitiva, la disponibilidad de tiempo libre para garantizar ese interés superior del menor que debe regir cualquier decisión que adoptemos. Pero esta realidad, evidentemente, no la ven desde los despachos alfombrados del Partido Popular, porque, señorías, no todos los pobres piden limosna en la puerta de la iglesia. La pobreza también es malcomer, vivir a mes vencido y no poder poner la calefacción. Recuerden que el Partido Popular dejó nuestro país, cuando se fue del Gobierno asolado por la corrupción, con un 47 % de pobreza infantil en las familias monoparentales, solamente por detrás de Rumanía y de Bulgaria. Pero, claro, ustedes no lo veían, así que creo que lo primero que tenían que hacer hoy es pedir disculpas a Cáritas por ponerles en duda y pedir disculpas a tantas familias que, sí, en Madrid también pasan dificultades. . Así que, señorías, lo que trato de poner de manifiesto es la complejidad de un núcleo familiar distinto a la familia encabezada por dos adultos, que nos sitúa ante interrogantes para poder atender de modo integral sus requerimientos, la de los menores, desde el análisis de sus estrategias como familia; y digo integral, no un nuevo pegote o un nuevo parche que vuelva a hundir a estas familias en el pozo del olvido. Porque ustedes, como siempre, tarde, mal y nunca. Hoy, este Gobierno está trabajando para trasponer la Directiva 2019/1158, relativa a la conciliación de vida familiar y vida profesional. Hoy, ya este Gobierno está negociando con sindicatos para la nueva ley de Función pública, que pretende incluir en este año medidas sobre estos permisos. Hoy, este Gobierno ya tiene ultimada la nueva ley de diversidad familiar, un marco regulatorio más amplio que abarca de manera integral todas las cuestiones demandadas por las familias y, en concreto, por las familias monoparentales. Por cierto, una ley que tiene propuestas más ambiciosas respecto a la duración del permiso que lo que ustedes traen aquí y que afecta a la gobernanza de las necesidades básicas de este núcleo convivencial; un Gobierno, además, sensible, por cierto, a la jurisprudencia que, por falta de equidad, es cierto que se está produciendo a lo largo y ancho de este país. Así que, señorías, la soledad, la incertidumbre, la penalización que sufren en el trabajo, la imposibilidad de conciliar, la angustia de no tener cubierto a mi hijo o a mi hija… La crianza es difícil siendo dos. ¡Cuánto más tenemos que estar al lado de las que son solo una! Eso es lo que tenemos de verdad obligación de atender, eso es lo que de verdad hay que atender hoy. Muchísimas gracias. .

David Serrada Pariente PSOE

Muchas gracias, presidenta. Quiero que mis primeras palabras sean para trasladar el reconocimiento a la labor que, día tras día, realizan los funcionarios de prisiones en todos los centros penitenciarios de nuestro país. . Un trabajo que se desarrolla en un entorno cerrado, intramuros, un entorno alejado de la visión de la sociedad, del conjunto de los españoles y españolas, y quizá por eso es una labor poco conocida, poco reconocida y sin el reconocimiento social que merece. Sin embargo, gracias a los funcionarios de prisiones se fundamenta uno de nuestros principios constitucionales: el de la reinserción social de las personas privadas de libertad. A lo largo de la historia democrática de nuestro país la implicación de los funcionarios de prisiones, siempre encaminada a ese principio rector de la reinserción y de acuerdo con los sucesivos cambios sociales ocurridos en nuestro país durante estas más de cuatro décadas, ha supuesto el avance en medidas de reeducación social, en iniciativas para mejorar los servicios públicos prestados en los centros penitenciarios como la sanidad o la educación, en ampliar derechos tanto de internos como de los propios trabajadores o en impulsar los cambios necesarios para mejorar sus condiciones de trabajo. También, el compromiso de los trabajadores penitenciarios ha generado importantes avances en la seguridad del conjunto de los españoles y las españolas, colaborando en la lucha antiterrorista o en la bajada de las tasas de criminalidad. Por todo ello, quiero agradecer la presencia hoy en la tribuna de invitados de los representantes de los sindicatos representativos de instituciones penitenciarias: ACAIPUGT, CSIF, Comisiones Obreras y CIGA. Muchas gracias por vuestro trabajo. . Y sí, digo esto porque al frente de las principales reivindicaciones del ámbito penitenciario han estado y están los sindicatos. Digo esto porque, frente al discurso negacionista contra los sindicatos, hoy quiero reivindicar vuestra labor. Quiero reivindicar el papel que los sindicatos y el diálogo social tienen en la construcción de la historia de los últimos 40 años en España, porque gracias al acuerdo, gracias al diálogo es como se construye país. Esta proposición de ley surge de ese diálogo, acuerdo y diálogo para impulsar un cambio necesario en la institución penitenciaria. Fueron horas de conversaciones y de trabajo compartiendo, discrepando y, algunas veces también, discutiendo y, por qué no decirlo, variando las posiciones de mi grupo parlamentario hasta conseguir un acercamiento a las demandas de las trabajadoras y trabajadores penitenciarios. Pero es que en esto consiste la política: consensuar para avanzar en acuerdos que beneficien al conjunto de hombres y mujeres que componen un colectivo. Hoy, señorías, traemos a debate para su toma en consideración un texto fruto del diálogo. Permítanme que hoy haga una pequeña referencia a todos y todas las que participaron en este proceso y que hoy ya no están con nosotros. Tengo como buen ejemplo de ello a mi paisano Valentín Ortiz, funcionario del Centro Penitenciario de Topas. Todos ellos nos han dejado una imborrable huella de compromiso y también su recuerdo. . Hoy, señorías, sé que, ante una iniciativa relacionada con el Ministerio del Interior, va a ser difícil para algunos y algunas de ustedes no hiperventilar en tribuna y montar su teatrillo habitual. Sé que más difícil, aún, hoy para algunos y algunas será que mantengan posiciones cercanas a eso que es el sentido de Estado. Quizá hoy el reto para todas y todos nosotros sea conseguir trasladar a la opinión pública un debate sin distorsiones, sin ruido, poniendo el foco en la política útil para un colectivo que lo necesita y que nos lo viene demandando desde hace mucho tiempo: el de los funcionarios de prisiones. Hoy podemos dar un importante paso para mejorar su situación. ¡Claro que sabemos que no es el paso definitivo! Pero sí que podremos decir que es un paso en la buena dirección. El contenido de la proposición de ley, con las propuestas que en ella se incluyen, es en parte la respuesta necesaria a las justas reivindicaciones que los trabajadores públicos de las instituciones penitenciarias, recogiendo y regulando normativamente situaciones que, aunque ya estén resueltas en la práctica por decisiones administrativas o amparadas en buenas prácticas, carecen del respaldo legal adecuado. Y es que, señorías, como nota de carácter general y como creo que todos sabemos en esta Cámara, la ley penitenciaria es la primera ley orgánica que fue aprobada por las Cortes democráticas. Es una ley que responde a un contexto social determinado y a una situación muy concreta, el de la institución penitenciaria y sus trabajadores hace ya más de cuarenta años. Pero es que hoy ni el contexto ni la realidad penitenciaria son los mismos que hace más de cuarenta años, por eso estamos obligados a dar respuesta a las demandas que en el momento actual nos hacen los trabajadores y trabajadoras para actualizar su marco normativo. Son tres los puntos sobre los que esta proposición plantea un avance sobre el marco jurídico que regula al personal de Instituciones Penitenciarias. En primer lugar, dotar a los funcionarios de prisiones de su protección como agentes de la autoridad; en segundo lugar, introducir el principio de indemnidad, lo que supondrá una garantía más de protección en caso de agresión a un funcionario, y, en tercer lugar, ampliar la seguridad del personal penitenciario en caso de detención, traslado o encarcelamiento. Estas tres cuestiones, señorías, incluidas en rango normativo de ley orgánica evitarán en buena medida la redacción de sentencias e interpretaciones dispares, que suponen en la actualidad una inseguridad jurídica para los trabajadores en el ejercicio de sus funciones. Además, supondrán mayor igualdad entre los propios trabajadores del Ministerio del Interior, puesto que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen resueltos ya estos asuntos por disponer de una regulación específica que permite tomar decisiones judiciales amparadas en un marco jurídico claro y concreto. La regulación del personal de Instituciones Penitenciarias está establecida en el título VI de la Ley General Penitenciaria y también en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. También hay que tener en cuenta que la actual estructura de los cuerpos de prisiones está regulada por la Ley 39/1970, de 22 de diciembre, sobre Reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios, que no responde a los cambios producidos por las distintas funciones especializadas que lleva a cabo la Administración penitenciaria en nuestros días. Por este motivo, no puedo pasar hoy por alto la necesidad de generar una nueva ley de cuerpos que sea referente para el futuro de la institución y que esté sustentada en principios legales sólidos y constitucionales y no en interpretaciones normativas interesadas, de parte o partidistas, además de contener presupuestos objetivos y razonables. Hoy, en mi grupo parlamentario tendemos la mano al diálogo con los representantes sindicales y pedimos al Gobierno que sea sensible con esta justa demanda. Respecto a la figura de agente de autoridad, somos conocedores de que el artículo 550 y siguientes del Código Penal vigente ya prevén y protegen a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias frente a las agresiones con la misma pena que a los reconocidos como agentes de la autoridad. Sabemos también que este argumento ha sido defendido por diferentes grupos parlamentarios en debates semejantes al de hoy, pero en el Grupo Parlamentario Socialista defendemos que es conveniente su reconocimiento explícito en una norma concreta, como hoy planteamos, para asegurar la protección que su condición les otorga frente a las agresiones de las que puedan ser objeto. De la misma manera, creemos necesario dar a sus manifestaciones o informes relevancia probatoria para que puedan ser considerados como suficientes para adoptar la resolución que proceda, excepto prueba en contra, en los procedimientos disciplinarios. En cuanto a la necesidad de garantizar la separación del resto de los detenidos, en caso de detención, de los funcionarios de prisiones, en el supuesto de ser ingresados en prisión y en los traslados bajo custodia deberá realizarse separación de otros reclusos con el fin de salvaguardar su integridad física, ni más ni menos que lo que tienen el resto de empleados del Ministerio del Interior. Y es también para mejorar la protección de los funcionarios de prisiones e igualar su condición a la de otros colectivos dependientes del Ministerio del Interior por lo que nuestra propuesta recoge el principio de resarcimiento, el cual ya encuentra su reconocimiento y fundamento en el Real Decreto Legislativo 5/2015, y que colectivos ―insisto— del Ministerio del Interior ya cuentan con ello. Finalmente, y en relación con otro de los puntos recogidos en nuestra proposición de ley, si todo lo anterior es importante, no menos importante es la dotación de medios personales y materiales que se ha llevado a cabo en los dos últimos años, con incrementos de plantilla que los presupuestos generales del Estado han contemplado, con una reposición del 110 % y del 120 % respectivamente — un incremento histórico en la dotación de plazas―, tan necesaria para cubrir las vacantes existentes en los centros penitenciarios. Señorías, como expuse al principio de mi intervención, sabemos que debemos dar más pasos para conseguir el reconocimiento del Cuerpo de Funcionarios de Prisiones, desde el personal de vigilancia interior al personal sanitario, a los técnicos, a los juristas, a los psicólogos y a todas las personas que componen el colectivo. El Grupo Parlamentario Socialista no va a parar en su empeño de defender iniciativas que atiendan a las demandas del colectivo de trabajadores y trabajadoras del ámbito penitenciario, demandas concretas ajustadas a la realidad y a la legalidad. Debatiremos y discutiremos, algunas veces desde posiciones alejadas, pero siempre desde la lealtad y el respeto a la independencia de los representantes legítimos de los funcionarios de prisiones. Señorías, hoy estamos en disposición de dar un importante paso adelante. Hoy, señorías, estamos en disposición de dar un importante impulso y un importante apoyo a los funcionarios de prisiones. No les fallemos. Muchas gracias, señorías. .

Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

Muchas gracias, señora presidenta. Una vez más, llega a las Cortes Generales el debate de la enésima iniciativa para que a los funcionarios de prisiones se les reconozca la condición de agentes de la autoridad. Ahora se promueve a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, es decir, uno de los que con sus votos negativos rechazó en esta misma XIV Legislatura la tramitación de anteriores propuestas con similar objetivo realizadas por otros grupos parlamentarios, tanto aquí como en el Senado. . Señorías, como en anteriores ocasiones y en atención a la urgente necesidad de proporcionar amparo a nuestros funcionarios de prisiones, maltratados por la Administración penitenciaria y también maltratados físicamente como secuela de las pésimas condiciones laborales en las que trabajan, votaré favorablemente la toma en consideración de esta ley, para la que reclamo una tramitación ágil y acorde a la emergencia que se vive en las prisiones españolas, caso de la cárcel de Asturias, en la que las agresiones a los trabajadores son muy frecuentes y desvelan los mismos males que aquejan a muchas de nuestras instituciones penitenciarias: inseguridad, insuficiencia de recursos humanos con múltiples vacantes sin cubrir y una elevada media de edad de las plantillas, que, además, están mal retribuidas. . Por cierto, señor Serrada, el reconocimiento, además de en la tribuna y con sus aplausos, se aplica también a través del Boletín Oficial del Estado vía Consejo de Ministros. Concluyo recalcando la advertencia de que, una vez aprobada esta tarde la iniciativa que debatimos, no acabe empantanada en alguno de los múltiples recovecos palaciegos de la Carrera de San Jerónimo, no vaya a ser que nos topemos ante la conocida estratagema de filibusterismo parlamentario de alargar el trámite de un asunto y que recaiga con la disolución de las Cámaras, repetida maniobra que acentúa el descrédito de la política. Ante tal riesgo, animo a los funcionarios de prisiones a que perseveren en pos de sus conocidas reivindicaciones. Muchas gracias, señor presidente. .

José María Mazón Ramos PRC

Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Hace un año, en una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular denunciamos la situación en que se encontraban los funcionarios de prisiones en España. Entonces, dijimos que aquel planteamiento no era el más adecuado tal como venía, porque la solución era modificar la Ley General Penitenciaria, que es lo que hoy tenemos aquí; por lo tanto, vamos a votar a favor. Y nunca viene mal recordar que la situación en que trabajan estos funcionarios tiene un componente de peligrosidad que no tienen ningunos otros funcionarios, ya que se caracterizan por tratar con gente que no respeta la ley, fundamentalmente. Nuestro secretario general, Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, ha sido uno de los principales impulsores y de los políticos más activos en la denuncia de esta situación. Y había más, pero la principal reivindicación era la de dotar del carácter de autoridad a los funcionarios de prisiones. Ha tardado, pero ha llegado aquí. También es un acierto incluir la cobertura de la responsabilidad patrimonial por los daños causados a los funcionarios cuando no hay dolo o imprudencia, porque sorprendentemente esto no estaba garantizado y era necesario pleitear para que al final se condenara a la Administración como responsable civil subsidiario. Quedan muchas más cosas pendientes, pero están en la mano del Gobierno — aquí no hacen falta leyes—, como son la dotación de plazas, la falta de medios materiales y el agravio comparativo que hay con otros colectivos, sobre todo en los niveles del complemento de destino, porque solo piensen que los directores de una prisión, como mucho, llegan al nivel 26, que es el que tienen otros cuerpos para el ingreso directo en la Administración, incluso algunos ya entran con el nivel 28 y ya no tienen carrera administrativa; qué menos que un nivel 29 para muchas de las cárceles que tenemos en España. Espero que el Gobierno tenga en cuenta estas cuestiones. Desde luego, nosotros, el PRC, vamos a apoyar cualquier iniciativa en este sentido y, por supuesto, la de hoy. Muchas gracias.

Mireia Vehí Cantenys CUP-PR

Gracias, presidente. Nuestras primeras palabras de hoy van por Yvan Colonna, el preso independentista de Córcega muerto, y también por el pueblo de Córcega, en lo que parece un asesinato de Estado en toda regla. El PSOE nos trae hoy en forma de proposición de ley una histórica reivindicación conservadora y de derechas de los sindicatos de los funcionarios de prisiones. Se pide que los funcionarios tengan estatus de agente de la autoridad porque, si hay agresiones, tengan el principio de veracidad delante de un juez y para que a los reclusos se les pueda aplicar el delito de atentado a la autoridad. ¿Por qué decimos que es de derechas? En primer lugar, porque va en contra del planteamiento fundamental de la ley de 1979, que establecía que en las cárceles tenía que haber cuerpos civiles, al contrario de lo que pasaba en el franquismo. En segundo lugar, pone el foco sobre los funcionarios, que van armados, que tienen todos los recursos de la cárcel y que no están sometidos a privación de libertad. Además, no cuestiona el problema profundo de las cárceles. Y ¿cuál es — se preguntarán— el problema profundo de las cárceles en el Reino de España? En primer lugar, que no hay personal educativo suficiente ni recursos para la reinserción; en segundo lugar, que la mayoría de presos son hombres y están por delitos contra el patrimonio y contra la salud pública. Y los mismos delitos son los mayoritarios en las mujeres. Por lo tanto, los delitos están relacionados con la pobreza, con la desigualdad, con las necesidades económicas y, en cierta medida, también con la masculinidad, y esto tampoco se aborda con esta reforma. Además, España tiene una de las poblaciones reclusas más altas de Europa y con los tiempos de encarcelamiento más altos, además de tasas altísimas de problemas de salud mental, que tampoco resuelve esta iniciativa. Y hay agresiones a internos, señoras y señores, muchísimas, y hay situaciones graves contra la integridad de las personas, como son las situaciones de aislamiento. Nosotros no vamos a apoyar esta reforma punitivista del sistema penitenciario, que además refuerza las dificultades para denunciar los malos tratos que tiene la población reclusa y que no va a la raíz de la mayoría de los delitos, repito, la desigualdad y la pobreza. Si quieren acabar con los conflictos y con tanta población reclusa, repartan la riqueza. Seguro que baja muchísimo el número de presos y su situación. Flaco favor le hacen al título ‘gobierno de progreso’ si le dan la espalda al enfoque restaurativo y hacen realidad las fantasías autoritarias de las derechas. Con el autoritarismo no se reinserta. Gracias.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Arratsalde on, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Señores del Partido Socialista, nosotros, en Euskal Herria Bildu, creemos que esta propuesta, ya sea presentada dentro de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, ya venga vía proposición de ley a esta Cámara, es desacertada; nos mantenemos en la misma posición que teníamos. Es cierto, es un hecho objetivo, que la conflictividad dentro de los centros penitenciarios ha ido en aumento estos años; cada vez leemos más noticias de agresiones a funcionarios o funcionarias de prisiones. De igual forma, y lo señalaba la señora Vehí, siguen aumentando las denuncias por abusos, incluso por torturas, dentro de centros penitenciarios, un hecho que debería preocuparnos. Ahora bien, ¿creen ustedes que por vía de esta propuesta de considerar que los funcionarios de prisiones son agentes de la autoridad se va a reducir esa problemática? Ya saben que no, que el problema es de fondo, que está ahí y mientras no se vaya a la raíz del asunto esto no se solucionará. Nosotros hemos tenido ocasión de hablar con funcionarios, con directores y directoras de centros penitenciarios y también con expertos en la materia, y todos en general, partiendo de diagnosis diferentes, ponen en común varios elementos que señalan cuál es la problemática actual del aumento de la conflictividad en los centros penitenciarios. Uno de ellos apuntaban que es la superpoblación, la masificación de algunos módulos o algunos centros penitenciarios. De igual forma, nos decían que hay una falta total de las actividades de tratamiento. Y un tercer punto, que es bastante repetido, es el que tiene que ver con la salud penitenciaria. Hay una carencia total tanto de profesionales como de medios, especialmente en todo lo que tiene que ver con la salud mental, con psiquiatras en centros penitenciarios, y algo derivado de ello son las intoxicaciones medicamentosas, que están dando bastantes problemas en los centros penitenciarios debido, sobre todo, a su administración. De igual forma, se señalaba la falta en las plantillas; estamos viendo cómo hay una carencia de funcionarios y funcionarias de seguridad y también una precarización continua en las labores que desarrollan. Si a esto le sumamos — al igual que ha ocurrido en el resto de la ciudadanía— los problemas derivados de la pandemia, en los centros penitenciarios con un doble aislamiento y con la falta de contactos, esto ha dado como resultado que la conflictividad aumente. ¿Se solventará declarando a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad? Ya hemos dicho que creemos que no. Es más, vemos más problemas que ventajas en esta propuesta. Hoy en día, los directores y las directoras de los centros penitenciarios ya son agentes de la autoridad, al igual que los funcionarios bajo mandato de los mismos. Y respecto a las agresiones, si tenemos en cuenta el artículo 550 del Código Penal, estas personas ya son sujetos pasivos ante agresiones, creo que es algo bien conocido por los internos y las internas, y hay numerosas sentencias relativas a esta materia. Teniendo en cuenta cuál es la diagnosis de la problemática de la conflictividad en las prisiones, habrá que ahondar en medidas, sobre todo económicas, que ayuden a solventar esas carencias en materias, ya sea de tratamiento, ya sea la transferencia a las comunidades autónomas de la sanidad penitenciaria o ya sean todas aquellas medidas que puedan abordar con elementos o instrumentos no punitivos esa conflictividad. Pero tampoco nos chupamos el dedo, sabemos que puede seguir habiendo agresiones y que por ello hace falta mejorar los protocolos ante posibles agresiones. ¿Dónde vemos la problemática? Lo señalaba la portavoz Vehí. Vemos que no se tiene en cuenta que aumentar esa presunción de veracidad en centros como son los penitenciarios, donde las personas recluidas ya se encuentran en una situación de sujeción especial que determina ciertas limitaciones de derechos, especialmente dentro de algunos regímenes disciplinarios específicos, eso sería una prerrogativa exorbitante para los funcionarios. Creemos que es desacertada y, ante ello, también aumentarán, sin duda alguna, hechos como pueden ser los delitos no solamente de atentados contra la autoridad, sino también de resistencia o desobediencia a los agentes. ¿Esto va a ayudar a luchar contra la conflictividad, contra la violencia dentro de los centros penitenciarios? Hombre, si tenemos en cuenta que esto sería equipararlos con agentes policiales y que los atentados contra la autoridad en la calle no es que estén descendiendo precisamente, que eso no tiene un nivel coercitivo que ayude a descender esos delitos, pues tenemos serias dudas. Por último, y no menos importante, creo que en el año 1979 con la Ley General Penitenciaria se abordaba precisamente eso, la construcción de un cuerpo civil de funcionarios y funcionarias para ocuparse de los centros penitenciarios, justamente lo contrario que había habido durante el régimen dictatorial. Y decía el señor Serrada que con esto se da un paso adelante. No, no, dan un paso atrás, cuarenta años atrás, señor Serrada. Nosotros, ya le digo que no vemos la ventaja, pero es que además van hacia el pasado. Por cierto, creo que, abordando esta situación, también es el momento de que, al igual que en la gran mayoría de Estados de la Unión Europea, Instituciones Penitenciarias pase a depender del Ministerio de Justicia y no del Ministerio del Interior, como se le ocurrió al señor Aznar. Esto es, no vemos ninguna ventaja y vemos además varias pegas en su propuesta. Por eso, votaremos en contra. Muchas gracias.

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. Debatimos la toma en consideración de una iniciativa para modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria a fin de atender, como ya se ha dicho, algunas de las reclamaciones que de un tiempo a esta parte vienen planteando los funcionarios de prisiones al considerarlas como una garantía laboral, tanto en sus labores de vigilancia y custodia de los internos garantizando el orden y el régimen interior como de reeducación y reinserción social, lo que se conoce como actividad tratamental y terapéutica individualizada y atención sanitaria. No son, sin embargo, a nuestro juicio, las modificaciones propuestas en el citado artículo 80 las que por sí solas han de conducir a una disminución de la conflictividad en las prisiones, que, siendo relevante, no se compadece muchas veces con la realidad que se traslada. La conflictividad parece estar más estrechamente relacionada con otros factores, como algunos que ya se han indicado: las condiciones de vida y habitabilidad de los centros penitenciarios, el dimensionamiento de centros y plantillas de personal, las posibilidades de tratamiento, la implantación de programas de justicia restaurativa y otros elementos, como los protocolos de prevención y actuación frente a agresiones, e incluso el tratamiento del gravísimo problema, entre otros, de la salud mental en el interior de las prisiones. Pero, señorías, volviendo a la iniciativa que debatimos, quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, votará a favor de su toma en consideración, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones cuando se ha debatido este artículo 80 de la Ley General Penitenciaria si bien consideramos que, a efectos del Código Penal, los servidores públicos de Instituciones Penitenciarias ya forman parte del ámbito subjetivo pasivo, tanto del tipo penal de atentado en su condición de funcionarios como de los de resistencia o desobediencia grave en su condición de agentes del director del centro penitenciario, que es la autoridad por su capacidad de mando y potestad sancionadora, actuando los funcionarios como sus agentes, bajo sus órdenes, para hacer cumplir sus disposiciones, tal y como disponen el artículo 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y los artículos 64 y siguientes del Reglamento Penitenciario. Por ello, consideramos que el reconocimiento formal de agente de la autoridad no cambiará de facto su situación respecto a una mejor protección penal frente al menoscabo de sus funciones. En cuanto a la prerrogativa de identificar su condición a través del número de registro profesional en procesos administrativos y judiciales, recuerdo que ello no será posible cuando comparezcan en calidad de imputados, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y por lo que hace a la presunción iuris tantum en relación con los hechos presenciados a efectos de resoluciones disciplinares sancionadoras — salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que los funcionarios deban aportar al expediente todos los elementos probatorios—, hay que tener presente, señorías, que estos informes no eclipsan la constitucional presunción de inocencia ni gozan de una absoluta preferencia probatoria acerca de la verdad de los hechos que hagan innecesaria la formación de la convicción de la autoridad sancionadora — sea esta administrativa o judicial—, de suerte que la falta de credibilidad de una denuncia por las razones que sean no permitirá sustentar una sanción, tal y como viene sosteniendo en reiteradísima jurisprudencia el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, no debemos olvidar el principio de autoridad, indispensable para el buen funcionamiento de los centros penitenciarios, partiendo también de la confianza en la neutralidad de los funcionarios a la hora de redactar sus informes sobre los hechos que han presenciado y de que el sistema penitenciario es un sistema garantista sobre el que se establecen múltiples controles, como los procedimientos de quejas y recursos ante los órganos centrales de la Administración penitenciaria, ante los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, la Inspección Penitenciaria; en definitiva, recursos ante la jurisdicción penal y un largo etcétera. Otra medida que se recoge en la iniciativa es la reparación de los daños causados por terceros a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias con ocasión del ejercicio de sus funciones, siempre que no medie dolo, negligencia o impericia de estos. Pues bien, no parece que esta medida deba fundarse, como se dice, en la disposición final primera, en la legislación básica sobre el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración, contradiciendo por cierto lo que en extenso se argumenta en la exposición de motivos, en la que se apela al principio de indemnidad por razón de servicio contemplado precisamente en los artículos 14 y 28 del EBEP y no a un daño causado por el funcionamiento normal o anormal de la Administración pública, debiendo añadir que la indemnidad que se brinda, aunque coge como ejemplo el de las fuerzas y cuerpos de seguridad en situaciones análogas, por ejemplo, la Ley de Policía Nacional, la Ley Orgánica 9/2015, tiene un ámbito protector mayor, ya que para esas fuerzas y cuerpos no alcanza, como sucede en la proposición, a los daños personales más allá de los materiales. Por último ―y voy finalizando―, por lo que se refiere a la separación de los funcionarios de prisiones en detenidos o reclusos, es algo que ya se venía haciendo. Finalizo. Apoyaremos la iniciativa. En ella se recoge la protección jurídica de los funcionarios penitenciarios en los tres ámbitos institucionales competentes en la materia y a través de unas bases comunes que compartimos, relativas a la consideración formal de agentes de la autoridad, la preservación de su anonimato, la presunción iuris tantum de los hechos que presencien, la separación de otros presos y detenidos y el resarcimiento por la Administración de daños sufridos con ocasión de servicio. Muchas gracias.

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas Cs

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Quiero también dar la bienvenida desde aquí, desde la tribuna, a los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, que antes ha citado el señor Serrada, pero también a los que no ha citado, también a los de Tu Abandono Me Puede Matar, que tanto han hecho por mejorar y por traer por fin y aprobar en este Congreso de los Diputados esta iniciativa. . Señor Serrada, vaya papelón que le ha tocado hoy. ¡Vaya papelón, señor Serrada! Nosotros estamos todos de acuerdo, la gran parte de esta Cámara está de acuerdo con esta iniciativa, son ustedes los que no han estado nunca de acuerdo con esta iniciativa, ustedes y algunos de sus socios, como acabamos de ver ahora con los señores de la CUP o los señores de Bildu. Nosotros tenemos muy claro que había que aprobar esto y, a diferencia de ustedes, que no han hecho más que oponerse siempre a esta iniciativa, lo hemos traído, lo hemos presentado; ustedes sabrán por qué. En todo caso, nosotros nos felicitamos por que ustedes hayan rectificado, nos felicitamos, y no por nosotros, no por el orgullo de un partido por haber traído esta iniciativa muchísimas veces no siendo aprobada, sino por los auténticos protagonistas de esta iniciativa, que son los funcionarios de prisiones. Por todos ellos nos alegramos de que esta iniciativa por fin vea la luz. Ahora, han tardado ustedes cuatro años de gobierno para traer esta iniciativa aquí. La institución penitenciaria, señorías, tiene muchísimos problemas ―algunos se han mencionado aquí pero otros no―, tiene problemas de un cuerpo funcionarial envejecido y, efectivamente, no son ustedes los únicos culpables de esto, también lo fue el Gobierno anterior del Partido Popular. Hay falta de formación, falta de medios, desmotivación general de los funcionarios. Señoría, es que alguno de los representantes que están aquí sentados han estado encerrados en la dirección general hace poco, y ustedes, su Gobierno, les expulsó de allí con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado , les expulsaron cuando se encerraron en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, esos mismos que están hoy aquí sentados defendiendo precisamente todas estas carencias que existen dentro de la institución penitenciaria. La sanidad penitenciaria, señorías, está en la UCI, y ustedes lo saben, pero parece que no hacen nada por resolver este asunto; no hacen nada por traspasar esas competencias a la sanidad pública, a las comunidades autónomas. El abandono general de la institución penitenciaria es lo que hace que cada día más exista un desprestigio institucional de dicha institución. Dos son a nuestro juicio los grandes culpables de este desprestigio institucional: el señor Marlaska y el señor Ortiz, el ministro del Interior y el director general de Instituciones Penitenciarias, porque ambos se han ido cargando el poco prestigio que le quedaba a la institución penitenciaria con el acercamiento y la progresión de grado de muchos presos de una forma absolutamente politizada, incluso en contra de los informes de las juntas de tratamiento. Porque, además, han acusado a sus propios funcionarios de prisiones sin pruebas y mediante bulos, como sucedió en el centro penitenciario de Villena. Por cierto, se ha tardado meses en rectificar; el ministro y el director general han tardado meses en rectificar ante las sanciones a los funcionarios del centro penitenciario de Villena. Porque, además, han aprobado ustedes instrucciones que vulneraban la presunción de inocencia de los funcionarios ante las denuncias de los internos. Esto es de una gravedad tremenda, señor Serrada, y es su Gobierno el que lo ha hecho y el que lo ha permitido; su Gobierno el que lo ha permitido y lleva permitiéndolo durante cuatro años. Y por fin, después de estos cuatro años gobernando, llegan ustedes a este reconocimiento, que creemos que es más que justo; un reconocimiento, como ya digo, que se ha traído a esta Cámara en muchas ocasiones aunque ustedes no han hecho nada. Es más, han debido ser los propios funcionarios de prisiones los que crearan un texto legal para un estatuto propio que trajo aquí el Grupo VOX, y que ustedes votaron en contra también, que recogía muchos de estos puntos. El señor Ortiz incluso ha negado en comparecencias, no en el hemiciclo pero sí en este Congreso de los Diputados, en comisiones, la necesidad de que los funcionarios de prisiones tuvieran carácter de agente de la autoridad; el propio director general de prisiones, señorías, el propio director general de prisiones. Esto es algo increíble en cualquier otro sitio que no fuera España y con un Gobierno como el de ustedes. Nosotros nos alegramos de esta rectificación. Ahora, durante estos cuatro años que han tardado ustedes en rectificar — solo ustedes porque el resto estábamos muy de acuerdo—, ¿cuántas agresiones se podían haber evitado? ¿Cuántas indemnizaciones podrían haber cobrado por esas agresiones los funcionarios de prisiones, señor Serrada? ¿Cuántas? ¿Cuántas agresiones podrían haberse evitado si ustedes hubieran rectificado a tiempo, si se hubieran sentado de verdad a hablar de esto con las otras fuerzas políticas que lo teníamos muy claro desde hacía muchísimo tiempo? Señorías, nos dijeron ustedes la última vez que se trajo una iniciativa similar que iban a traer una modificación de la Ley General Penitenciaria. Lo que han traído ustedes con la modificación del artículo 80 nos parece bien y por supuesto que la votaremos a favor, pero creemos que los problemas que tiene la institución penitenciaria van mucho más allá. Ustedes prometieron una reforma de la Ley General Penitenciaria y se han descolgado con una modificación del artículo 80. Realmente esperábamos bastante más de ustedes, mucho más, pero no nosotros, el colectivo de funcionarios también esperaba muchísimo más. Podrán ustedes decir ahora que bien está lo que bien acaba. Pensarán ustedes eso, pero yo creo que se engañan, señor Serrada; se engaña usted, se engaña el señor Ortiz y se engaña el señor Marlaska. Si no dan ustedes respuesta a todos los problemas que yo le he mencionado que tiene la institución penitenciaria, no conseguirán de verdad que los funcionarios de prisiones puedan hacer un trabajo muy complicado, muy difícil, con toda la garantía, con toda la seguridad y con todo el reconocimiento que creo que les debe el Estado español a esos funcionarios que se dejan la piel en lo más difícil, en lo que nadie quiere, que es tratar precisamente con los internos. Cesen ustedes al señor Ortiz; díganle al señor Marlaska que cese al señor Ortiz, porque el señor Ortiz es el peligro más grande que existe en la institución penitenciaria y un auténtico peligro para todos los funcionarios de prisiones. Muchísimas gracias, señorías. .

Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Muchas gracias, presidente. Bona tarda, señorías. Bueno, está siendo una tarde de espectáculo y contradicciones por lo que llevamos de momento, porque hemos visto cómo el PP presentaba una iniciativa y el PSOE le recriminaba que sobre estos temas ellos tenían la patente de corso; hemos visto cómo Podemos se reconciliaba otra vez con la cultura de la pancarta; y ahora vemos cómo el PSOE presenta una iniciativa y todo el mundo le recrimina que durante tantos años había votado en contra de iniciativas similares. Con lo cual, tarde de contradicciones y espectáculo. Quizá tendríamos que abordar definitivamente aquello que dicen de lo urgente y lo importante. Lo urgente es abandonar ya esta actitud de quién presenta algo; y lo importante es entrar en el fondo de las cuestiones, analizar las iniciativas y valorar si son óptimas o no son óptimas. Yendo al tema, es evidente que la cuestión relativa a los funcionarios de prisiones no es un trabajo agradecido, es un trabajo duro, un trabajo muy desconocido, ciertamente, y un trabajo — déjenme también que lo reivindique— que los gobiernos de Convergencia i Unió, en aquello de apuntalar el autogobierno, asumieron en su momento, pues aunque no fuera un trabajo agradecido esto también es una forma de potenciar el autogobierno y de asumir competencias que a veces no son agradables; pero, en definitiva, hoy en día la regulación jurídica que tienen los funcionarios de prisiones merece también, a nuestro entender, un retoque y una cirugía fina a la hora de configurar su condición de funcionarios públicos. Por tanto, dotarlos de esta condición de autoridad, con una medida que entendemos que es buena porque va a aportar seguridad jurídica, va a aportar apoyo y cobertura a los informes, a las manifestaciones o a las declaraciones que puedan realizar sobre hechos ocurridos; y, sobre todo, porque entendemos que hay una solución colateral no menos importante, que es la cuestión relativa a la obligación de la Administración pública a indemnizar en aquellos casos en que se produzcan daños materiales o personales para no dejar al funcionario a merced de la suerte que pueda tener sobre la solvencia de aquel que le ha producido estos daños materiales o personales. Por nuestra parte, en el PDeCAT estamos de acuerdo en dar este paso para dar cobertura jurídica a este principio de indemnidad y hacerlo realidad en cierta medida y, también, cómo no, al refuerzo de aquellos conceptos de la autoridad y del orden que han sido también marca de nuestra trayectoria política. Por todo esto, votaremos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley. Muchas gracias.

Josep Pagès i Massó JxCat-JUNTS (Junts)

Buenas tardes, señor presidente, señorías. Lo primero que quiero constatar es que la reclamación de las funcionarias y los funcionarios penitenciarios de ser declarados agentes de la autoridad es una reclamación histórica que debe ser escuchada. En el sistema penitenciario catalán, existente desde el año 1984, también es una demanda histórica. En Cataluña hay 13 centros penitenciarios, 4 de ellos abiertos, que atienden a una población penitenciaria de 8000 personas, con un modelo de ejecución basado en los principios de rehabilitación y reinserción, donde quien persigue y castiga el delito no es quien se encarga del cumplimiento de la pena, y no es Interior, sino la Conselleria de Justícia es quien asume la ejecución penal, rehabilitación y no retribución. Este sistema, el catalán, es referente por centrar la ejecución penal en la rehabilitación y la reinserción, que, insistimos, obtiene un retorno social constatado en forma de baja reincidencia, pero que requiere también de una alta inversión, especialmente por el tratamiento individualizado de los presos y presas, y que busca minimizar la intervención coercitiva favoreciendo los terceros grados y la libertad condicional. Este modelo descansa en buena parte en los servidores públicos, que han demostrado su compromiso durante la gestión de la pandemia. Por esta razón, el Govern de la Generalitat — la consellera Ciuró, que fue diputada en esta Cámara— prioriza la formación, la estabilización y el diálogo con los funcionarios penitenciarios y con sus representantes sindicales. En este marco de diálogo están en camino de resolverse temas tan relevantes como la jubilación anticipada de los funcionarios de prisiones — que pasará pronto por el Consell de Govern de la Generalitat—, la renovación de las condiciones laborales y, evidentemente, la demanda de la condición de agentes de la autoridad, que se valora como un reconocimiento a estos funcionarios ya que, aunque lleva aparejada unas facultades y presunciones que la jurisprudencia ya ha reconocido, les dota de mayor seguridad jurídica, exactamente igual que a los docentes funcionarios, los agentes rurales, los bomberos o el personal médico de la sanidad pública. Este posicionamiento no es nuevo. La Conselleria de Justícia lleva trabajando este tema, al menos, desde mediados de la década pasada. En concreto, esta misma proposición de ley fue valorada positivamente en diciembre de 2020, antes del cambio de Gobierno en la Generalitat. Y en reuniones recientes la consellera y el secretario de Medidas Penitenciarias, Sergi Blázquez, han puesto encima de la mesa ante el Gobierno esta cuestión. No obstante, debemos dejar claro que no aceptaremos que esta reforma afecte en nada ni al modelo penitenciario catalán ni a las competencias de la Generalitat de Catalunya. En este sentido, es imprescindible que el régimen previsto en el artículo 80 se compatibilice con la creación de un cuerpo especial de funcionarios penitenciarios de la Generalitat de Catalunya, en el que se asegure la necesaria vinculación de derechos y deberes y la responsabilidad ante los abusos. En la tramitación legislativa, por tanto, deberemos entrar en la concreta redacción de las condiciones laborales de los funcionarios, los cuerpos y escalas, el régimen sancionador y disciplinario y la selección y promoción profesional. Asimismo, deberá encontrarse una solución para modular el principio de indemnidad y resolver las consecuencias económicas que la aplicación de este principio conllevará para la Administración penitenciaria de Cataluña. En definitiva, votaremos a favor de la toma en consideración, pero debe quedar muy claro que ponemos el límite en el respeto al modelo penitenciario catalán y a las competencias en ejecución penitenciaria de la Generalitat de Catalunya. Muchas gracias.

Carolina Telechea i Lozano ERC-S

Gràcies, president. Bona tarda, diputades y diputats. Quiero empezar reconociendo la gran función que realizan los trabajadores públicos del sistema penitenciario. Quiero agradecer la gran labor tanto a los españoles como, especialmente, a los catalanes. Los trabajadores públicos de las prisiones son una pieza clave en el engranaje del modelo penitenciario, pero, como sabrán, Cataluña tiene un modelo penitenciario diferente, que es un referente a nivel europeo. ¿Por qué? De entrada, el sistema penitenciario catalán depende de la Conselleria de Justícia, mientras que en el Estado depende de Interior. Eso ya nos dice mucho. En segundo lugar, Cataluña hace ya más de treinta años que tiene las competencias transferidas, con lo que también nos ha permitido avanzar en un modelo propio. En tercer lugar, nuestro modelo está enfocado en la reinserción, mediante los procesos de acompañamiento a las personas desde una perspectiva social, para construir una sociedad más justa, igualitaria, equitativa, más segura y con menos víctimas. Y, en cuarto lugar, este modelo catalán también se caracteriza por que nuestros internos y nuestras internas están integrados en la red sanitaria pública catalana, hecho que ha supuesto un gran avance respecto a la prestación sanitaria para las personas privadas de libertad y un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Pero para que nuestros trabajadores públicos de prisiones puedan hacer un buen trabajo, necesitan medios materiales, personales y jurídicos para ello. Nuestro modelo, el modelo catalán, es puntero en cuanto a formación y especialización de los funcionarios, porque a todos ellos los consideramos parte del proceso, son agentes de cambio, incluso, en materia sanitaria, como ya he comentado. Es evidente que todo se puede hacer mejor en esta vida, eso está claro, pero debemos seguir avanzando en hacerlo mucho mejor. Como ya ha comentado también el compañero que me ha precedido, tenemos una plantilla muy envejecida; más del 51 % de los funcionarios de prisiones tienen más de 51 años; y la jubilación anticipada es una necesidad en Cataluña, en Cataluña también, cosa que esta iniciativa no reconoce en ningún caso. Y aprovecho ―ya lo ha avanzado el compañero que me ha precedido― para decirle a la consellera Ciuró que cumpla con aquello que la consellera Capella también firmó en su día y que dé solución a esta jubilación anticipada dels funcionaris de presons de la Generalitat de Catalunya. Entrando en el fondo de la cuestión de esta iniciativa ―aunque con el poco tiempo del que disponemos no voy a poder extenderme demasiado―, quiero hacer algunas consideraciones. En primer lugar, todos los trabajadores públicos se pueden identificar con un número de identificación profesional; eso lo sabemos. Tienen, además, asistencia jurídica de la Generalitat de Catalunya. Los informes que realizan tienen presunción de veracidad. Quiero recordar que tienen presunción de veracidad administrativa, que no penal, pero es que ni los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen presunción de veracidad penal. Es que se hace mucha demagogia con el tema. Por lo tanto, ya gozan sus informes de esa presunción de veracidad. Pero es que, además, los artículos 550 y 551 del Código Penal ya castigan las conductas que atenten contra los agentes o funcionarios públicos. En concreto, el 551.4 recoge un agravante cuando los incidentes tienen lugar en el interior de un centro penitenciario. Dicho esto, defendemos la visión política sobre la ejecución penal desde la óptica del republicanismo de izquierdas. La sensibilidad y la gestión responsable que se debe hacer en esta materia requiere que se asegure una orientación progresista y la apuesta por la reinserción y la rehabilitación, teniendo en cuenta, evidentemente, las características que envuelven a la mayoría de circunstancias de las personas a las que se les debe aplicar, como las circunstancias socioeconómicas, sanitarias, de género, etcétera. Es una evidencia ―y nos cuesta― que hablar de prisiones siempre ha sido un tema tabú en nuestra sociedad, porque estigmatiza y porque tiene una connotación negativa. Pero, a pesar ―y muy a pesar― de que en Cataluña hemos tenido presas i presos polítics en las prisiones ha dejado de serlo. La ciudadanía se ha acercado a las prisiones y han roto con ese tabú. Ha sido más consciente de la importancia de la reinserción de los internos en la sociedad, porque han visto que el aislamiento no es para nada positivo, que estar privados de libertad ya es castigo en sí mismo y que lo importante es que puedan vivir en sociedad y en comunidad; darles esa segunda oportunidad. Y aquí tengo que reconocer que los trabajadores públicos penitenciarios son imprescindibles en ese proceso. La iniciativa del Grupo Socialista, como ya he avanzado, no reconoce ninguna de esas demandas, ni las carencias que tiene también ese colectivo y mucho menos las necesidades de nuestros funcionarios catalanes. Somos conscientes de que aquí no va a cambiar nada, absolutamente nada. La iniciativa no va a ir más allá, como tampoco les va a dar respuesta, cosa que para nosotros es una prioridad. Por todo ello, vamos a votar en contra. Gràcies. .

Juan Antonio Delgado Ramos UP

Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quiero es saludar a los responsables sindicales de los representantes de los funcionarios, de los trabajadores y las trabajadoras, y trasladar el reconocimiento de mi grupo a la labor tan importante que realizan. Hoy el Grupo Socialista nos trae una proposición de ley que nos parece el primer paso en la mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras, de los funcionarios de prisiones. Nosotros vamos a votar a favor. Como digo, es un primer paso y es importante. Hay que ser también humilde. Aquí se ha hablado de la importante labor que realizan los trabajadores, los funcionarios de prisiones. Hay que ser también humilde y decir que no siempre hemos estado a la altura de las circunstancias con estos trabajadores durante mucho tiempo muy olvidados. Aquí ha habido gobiernos de mayoría absoluta del Partido Popular que lo podía haber hecho. El señor Gutiérrez, de Ciudadanos, que era socio preferente de Rajoy, o el señor Martínez Oblanca, que lleva muchos años en el Congreso y también ha sido socio preferente — bueno, cinco, pero de socio preferente del Partido Popular— y nunca se le ha escuchado aquí hablar con tanto ímpetu de los problemas laborales de los funcionarios de prisiones. Por eso digo que tenemos que ser humildes y reconocer que no siempre hemos estado a la altura de las circunstancias. Pero, como digo, es el primer paso importante por lo que supone el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Supone una reivindicación, como se ha dicho aquí, legítima, histórica y justa. Es una reivindicación que llega hoy. Se podía haber hecho antes. Por ejemplo, el Partido Popular con sus mayorías absolutas, aunque ahora se le llena aquí la boca exigiendo que es lo más importante, que es lo primero, pero que lo podía haber hecho. Pero, claro, el Partido Popular hizo lo que hizo con otros muchos colectivos: con policías, con sanitarios, con agricultores; es decir, se dedicó a la privatización de lo público. Se acordarán los funcionarios de prisiones de que, por privatizar, privatizó hasta la seguridad de los exteriores de los centros penitenciarios, que lo estamos pagando y en eso también tendremos que trabajar para acabar con ello. . Por eso, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos apoyamos y vamos a votar a favor, como he dicho, de esta proposición de ley y celebramos que se abra la puerta a ese camino para mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores, de los funcionarios. La realidad es que hoy los funcionarios de prisiones, gracias también a su trabajo y a su esfuerzo de reivindicación, de salir a la calle, de protestar, como se tiene que hacer en un Estado de derecho, van a ver conquistada esa demanda tan importante que es el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad. El Partido Popular lo podía haber hecho; tuvo su oportunidad, pero no lo hizo. Lo que sí hizo fue dejar las plantillas recortadas, envejecidas; trabajadores con sueldos bajos, con falta de medios, con falta de garantías judiciales; falta de medidas para los internos, de medidas para la reinserción laboral. No se empujaron esas medidas políticas, pero todo esto se está empezando a revertir y hay que tomárselo en serio, y nos lo estamos tomando en serio. Las palabras son palabras y los hechos son hechos, y esto hoy aquí es un hecho. Hoy se va a aprobar la toma en consideración de una proposición para cambiar la ley, para que los funcionarios de prisiones tengan el carácter de agente de autoridad. Eso es un hecho y lo demás son palabras y postureos; eso se lo dejo para otros, porque saben más. Nada más y muchas gracias. Enhorabuena. .

Ana Belén Vázquez Blanco PP

Muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludar a todos, y cuando digo todos, señor Serrada, me refiero a todos los representantes de los funcionarios de prisiones, a CSIF, ACAIP, Comisiones Obreras, la CIG, UGT y, por supuesto, también a los de Tu Abandono Me Puede Matar. Hoy quedó usted bastante mal, señor Serrada, porque todos representan a algunos funcionarios, unos a más, otros a menos, pero nosotros no tenemos que participar de esa división. Queda feo renegar de una parte muy importante de funcionarios, señor Serrada, con los que antes usted se hacía fotos. . Recuerde que cuando estaba en la oposición usted se hacía fotos con las camisetas negras, señor Serrada, pero, bueno, ¡allá cada quién! De los señores de la CUP y de Bildu no esperaba menos, la verdad. Hablan ustedes de torturas. Por culpa de ustedes y de los herederos, que son ustedes, de los asesinos de ETA, efectivamente, este colectivo estuvo silenciado muchos años, porque posiblemente la gran mayoría de ellos no podían decir ni tan siquiera que eran funcionarios de prisiones para no ser objeto del terrorismo de ETA. Ustedes sí que tienen mucha deuda pendiente con los funcionarios de prisiones, señores de Bildu. . Señorías, les invito a que visiten las prisiones. Yo, desde que soy portavoz de Interior, ya he visitado once prisiones y he visto el trabajo diario que hacen los funcionarios de prisiones, un trabajo impagable. Yo no sería capaz de ser funcionaria de prisiones ni casi ninguno de los que están aquí sentados. Es un trabajo inmenso el que realizan, jugándose la vida todos los días, con unos medios precarios, insuficientes; un trabajo que, gracias a todos los representantes de los funcionarios de prisiones, he podido conocer de primera mano. Por eso les agradezco a todos que hoy estén aquí, defendiendo esta iniciativa, como tendríamos que defender otras muchas, pero hoy, señores del Partido Socialista, la iniciativa que tenían que traer era la dimisión del señor Marlaska y del señor Ortiz por convertir la política penitenciaria en moneda de cambio, por hacer de la política penitenciaria un instrumento político. Al Gobierno no le preocupan los funcionarios de prisiones, le preocupan y le ocupan los presos de ETA; a eso es a lo que dedica la política penitenciaria. ¿Cuál es la situación actual, señorías? Cada 36 horas un funcionario de prisiones es agredido en España. ¿Y qué hace Marlaska? Dicta instrucciones en las que da más credibilidad a los reclusos que a los funcionarios. Llegan al Gobierno y lo primero que hace Marlaska es ser él el responsable de la política penitenciaria. Y no es para favorecer y apoyar a los funcionarios de prisiones, sino para estar pendiente de realizar los pagos políticos a Bildu y acercar cada viernes cinco presos a cambio de cinco votos. Por eso quiere ser el responsable de Instituciones Penitenciarias. Llegan al Gobierno y lo siguiente es subir el sueldo. ¡Ah!, pero no a los funcionarios de prisiones; suben el sueldo al secretario general de Instituciones Penitenciarias, 18 000 euros más al año, y después, no contentos con eso, van creando más cargos y, en vez de una subdirección, crean dos direcciones generales, y nos cuesta cada una más de 70 000 euros al año. A los funcionarios de prisiones ni un euro les han dado durante estos cuatro años que llevan en el Gobierno. Es tal su obsesión con la política penitenciaria que la basan en vaciar las prisiones, las cárceles, y crean incentivos para excarcelar y progresar de grado a los presos, incluso a asesinos como el del niño de Lardero. Les debería dar vergüenza, señores, que su obsesión sea vaciar las cárceles. Ustedes, señores del PSOE y de Podemos, llevan ya cuatro años, su contador no está a cero, y no han hecho nada. Lo único que han hecho con los funcionarios de prisiones ha sido amordazarlos, abrirles expedientes, incluso enviarles los antidisturbios cuando CSIF y ACAIP se encerraron en Instituciones Penitenciarias. Eso es a lo que no se atrevió el Partido Popular. Ustedes sí se atrevieron con los antidisturbios. Llegaron hasta a inventarse tramas, como la trama de Villena, para criminalizar a funcionarios de prisiones, sí, y desprestigiar a todo un colectivo. Ni subida salarial ni mejoras salariales ni mejoras de las condiciones sociolaborales durante cuatro años, nada. Y ahora está la ignominia del PSOE, que nos trae esta iniciativa. La ignorancia es muy atrevida, señor Delgado. ¿Usted sabe que en abril de 2018, en esta Cámara, se aprobó una iniciativa casi igual a esta del Partido Popular? Sí, era nuestra, y se aprobó por mayoría, sí. . ¿Y sabe por qué no se tramitó? Porque partidos como el Partido Socialista no designaron a los ponentes, ustedes tampoco, y bloquearon la tramitación porque no querían que fueran agentes de la autoridad. Sí, en el año 2018, señorías, se aprobó en este Congreso por todos los grupos y ustedes bloquearon su tramitación no designando ponentes. Pero, miren, es tal nuestro compromiso con los funcionarios de prisiones que en esta legislatura hemos vuelto a presentar la proposición de ley para reconocerles como agentes de la autoridad. Incluso hemos presentado una proposición de ley para reconocer un régimen estatutario propio a todos los funcionarios de Instituciones Penitenciarias que va mucho más allá de este parche que ustedes quieren hacer, que habla de la carrera profesional, de la movilidad, de los ascensos, de las condiciones de trabajo, de mejorarlas, que va mucho más allá. . Sí, después hablamos con usted todo lo que quiera. Señor presidente, está hablando, pero bueno, lo dejo ya… De todo esto hay que hablar, sí, señor Antonio, hay que hablar, y de mucho más. . Hay que hablar de mejorar las retribuciones, de equipararse con otros cuerpos, como el catalán, efectivamente; hay que hablar de la incapacidad, de la excedencia, de la jubilación anticipada. ¿Por qué no hablamos de eso, señorías del PSOE y de Podemos? En cambio, rechazaron esta iniciativa. Después dijeron que la reformarían en la Ley de Seguridad Ciudadana, y nada. Mintieron una vez más. Trajimos nuestra proposición de ley y dijeron que no la votaban porque iban a traer en el siguiente mes una de cuerpos de Instituciones Penitenciarias. ¿Dónde está la ley, señor Serrada? Están mintiendo y faltando al respeto a todos los funcionarios de prisiones. Mienten, como miente el señor Marlaska. Ahora nos traen esta proposición de ley, que si hoy el Partido Popular no vota a favor, no sale aprobada. Pero le digo más: La vamos a votar a favor porque la consideramos necesaria — aunque totalmente insuficiente— y en señal de compromiso con los trabajadores de prisiones. . Con ellos, no con ustedes, porque los pactos de Estado con ustedes en esta legislatura son inexistentes desde el momento en que están con Bildu, con los que asesinaron y secuestraron a funcionarios de prisiones. Así que, por ustedes, no; lo hacemos por los funcionarios de prisiones. Y le diré que no queremos que acabe como la ley de bomberos. ¿Saben, señores representantes de funcionarios de prisiones, que aquí se tramitó una proposición de ley de bomberos hace dos años? ¿Y saben cómo está? Todavía esperando la tramitación, porque la tienen bloqueada el PSOE y Podemos. Me temo que ahora van a volver a hacer lo mismo con esta de prisiones. Pero les digo una cosa: la enmendaremos, y si no nos aceptan las enmiendas, que irán en vías de ese estatuto que nosotros proponemos, no votaremos finalmente este proyecto. .

Ignacio López Cano PSOE

Gracias, presidente. Antes de dar comienzo a esta intervención, quisiera mandarle un afectuoso saludo al secretario de Estado de Memoria Democrática, que nos acompaña aquí hoy, y también un agradecimiento expreso a los representantes de la Asociación de Memoria Democrática, que nos acompañan hoy, por todo el trabajo que llevan haciendo durante años para que el reconocimiento de las víctimas de La Desbandá fuera un asunto del conjunto de la sociedad española. . Me van a permitir que comience con un sucinto relato de este triste episodio de la historia. Era 7 de febrero de 1937, guerra civil española, la inminente toma de la ciudad de Málaga por las tropas franquistas. Ante ese hecho, 150 000 personas — que se dice pronto, 150 000 personas—, empujadas por el miedo, emprendieron un éxodo improvisado y repentino hacia Almería solo con lo puesto. Eran fundamentalmente niños, mujeres, personas mayores que escapaban del terror de la guerra; víctimas inocentes que nunca imaginaron que encontrarían el mayor de los terrores posibles. Quiero que se imaginen una carretera estrecha del año 1937, acantilados hacia el mar por un lado, montes por el otro, una riada de gente, 150 000 personas que huyen del terror, y entonces, bombas desde el aire, bombas desde barcos, desde el mar, la emprendieron a tiros contra ellos. Más de 5000 personas perdieron allí sus vidas; miles de familias se separaron en ese camino durante el éxodo. Muchos llegaron a Almería y después marcharon al exilio; otros, asustados ante lo que podían ver, decidieron volver a Málaga, y allí, 4000 de ellos fueron entonces fusilados. Aquel episodio marcaría las vidas de decenas de miles de familias andaluzas para siempre. Durante cuarenta años la dictadura franquista impuso el silencio, pero nunca nunca consiguió doblegar la memoria de quienes vivieron aquella tragedia. La democracia llegó y la inercia del silencio permanecía aún, hasta que los historiadores empezaron a mostrarnos la luz de los primeros testimonios, con la voz ya envejecida de las víctimas de La Desbandá, conocida también como la Huía, en Málaga, o la Corría, en Granada. A pesar de todo esto, es hoy un episodio desconocido por la inmensa mayoría de la población de nuestro país, y eso explica muchas cosas. Ese desconocimiento explica, por ejemplo, que el ayuntamiento de la capital de España, Madrid, permita tener una calle dedicada al Crucero Baleares, que fue el que bombardeó a esos miles de civiles indefensos. Es un absoluto disparate que los verdugos de una masacre tengan una calle y a sus víctimas no las hayamos reconocido todavía. . Hay principios, señorías del Partido Popular, que mejor no pagar a la ultraderecha. Le pido al Partido Popular desde aquí, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y también en nombre de miles de ciudadanos malagueños, que retiren el nombre de la calle Crucero Baleares. . Sirva este ejemplo para entender que el olvido no es una opción, que una democracia consolidada, como es nuestra democracia, puede y debe afrontar la verdad y la justicia sobre el pasado. Ejercer la memoria para luchar contra el olvido es un deber moral para con las víctimas, su reconocimiento, su reparación y su dignificación. El conocimiento del pasado no debilita nuestra convivencia, sino que la fortalece de cara hacia el futuro. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es nuestro deber, por tanto, aprobar esta iniciativa; pero no solo esta, también la ley de memoria democrática para que no triunfe el olvido , porque tanto la una como la otra no van de bandos, sino que van del reconocimiento de las víctimas que nunca fueron reconocidas. Seguramente podamos hoy tener mayor conciencia de lo que supone un éxodo masivo. Lo vemos hoy en la televisión, en Ucrania, y nos causa dolor. A ese dolor se une la indignación cuando a ese éxodo se le bombardea. ¿Cómo puede haber tanta maldad?, nos preguntamos. Pero es que pasó aquí, en Andalucía pasó, en la Guerra Civil, en febrero del 37, cuando a 150 000 personas que huían del terror se les bombardeó desde el mar y desde el aire, provocando una barbarie. La cuestión no es por qué lo traemos a esta Cámara ochenta y cinco años después; la cuestión es por qué hemos tardado ochenta y cinco años en hacerlo, señorías. . Pero más vale tarde que nunca. Tenemos una deuda con las víctimas, que esta semana, esperemos, vamos a empezar a saldar. Me hago cargo de que a algún grupo no le gustará. A los herederos de los principios del Movimiento Nacional se les hincha el pecho a la hora de hablar del pasado de don Pelayo, pero, oigan, cuando se trata de hablar del pasado de la Dictadura y de la Guerra Civil, entonces se nos enfadan. Yo lo que creo es que no quieren que pongamos un espejo donde se tengan que retratar , lo que creo es que quieren que el silencio siga imperando. Pues va a ser que no. Sepan que no lo vamos a permitir. Nosotros pondremos la voz a los olvidados. Señorías, somos conscientes de que vivimos tiempos difíciles. El Gobierno de nuestro país y este grupo parlamentario somos capaces de poner en marcha todas las medidas necesarias para paliar los efectos de la crisis actual, como ya lo hemos hecho durante los dos últimos años, pero a la vez somos capaces de trabajar por la memoria democrática, porque es una cuestión de dignidad colectiva de nuestro país. . Solo espero que esta vez el PP esté a la altura de las circunstancias. Acabo. Confiamos en el voto mayoritario de la Cámara para que el Gobierno de nuestro país declare lugar de memoria democrática La Desbandá de la carretera Málaga-Almería, por la verdad, reparación y justicia de las víctimas, para que este trágico episodio no se borre nunca de la historia, porque es la mejor garantía de su no repetición. Muchas gracias.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidente, señorías, arratsalde on guztioi. Kiev, Leópolis — L’viv—, Jersón, Járkov, Mariúpol; seguramente, ninguna o casi ninguna de estas ciudades nos sonaba demasiado a ninguno de los presentes, salvo a aquellos con grandes conocimientos de geografía. Sin embargo, hoy son muy habituales en nuestra memoria, porque somos conscientes de los horrores de la guerra en las cicatrices y en el territorio de cada una de esas ciudades. Hace ochenta y cinco años, esas ciudades de Ucrania que he señalado bien podrían llamarse de otra manera. Se podrían llamar Málaga, Alicante, Madrid, Badajoz o ciudades de suelo vasco, como Abadiño, Durango o Gernika, porque eso es lo que pasó también en el Estado español y porque lo que hoy es presente, en el pasado fue en este territorio, y también, y en ese trasunto de tiempo, lo está siendo en otros lugares: en Libia, en Siria, en Irak, en Kosovo y en otros lugares. Ojalá que la sensibilidad no dependiera de la distancia geográfica para que esta aumentara en función del temor a que nos salpicara algo o no de lo que está pasando en el resto del mundo cuando se producen atrocidades en forma de guerra. Pero el recuerdo de La Desbandá no es solo un recuerdo lejano, es también un recuerdo que tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania. Todos hemos asistido estos días al temor de que cualquier corredor humanitario que se ponía en pie fuera saboteado por el Ejército ruso o por cualesquiera. Sin embargo, el primer corredor humanitario saboteado — por lo menos en la historia reciente de la que se tiene constancia en los libros— fue precisamente el corredor humanitario que iba de Málaga a Almería, el corredor humanitario en el que se vieron forzados — como se ha dicho ya— a recorrer cientos de miles de personas en La Desbandá. Hace ochenta y cinco años de todo aquello. Hay miles de personas que necesitan que se repare su dignidad perdida por el bombardeo de las fuerzas nazis y fascistas. Y lo digo así porque fue el Ejército alemán y fue el Ejército italiano, fue el Ejército fascista italiano y fue el Ejército nazi alemán quienes contribuyeron de forma decisiva a aumentar el número de bajas y a generar esa atrocidad. Y si hubiéramos hecho eso antes, como se decía, probablemente nos habríamos evitado debates que en esta Cámara hemos vivido sobre la equiparación que algunos planteaban entre el nazismo y el fascismo o el comunismo. El nazismo y el fascismo bombardeaban a las gentes de La Desbandá; entre las gentes de La Desbandá iba gente que decía «camarada, sujétame a mi hijo», cuando veía que lo iban a matar, porque eran comunistas. Pero es verdad que en esa historia, como en todas las dramáticas, hay héroes y villanos. Hay héroes que probablemente sean anónimos, como el farero, que decidió utilizar su faro para evitar que el número de muertes fuera aún mayor por culpa de las ansias de sangre que podían tener los ejércitos alemán, italiano y las tropas franquistas. Pero también hay villanos, hay un villano especial, el señor Queipo de Llano, el general Queipo de Llano, el jefe de los ejércitos del sur Queipo de LLano, el mismo Queipo de Llano que sigue en la Macarena de Sevilla, el mismo Queipo de Llano que en el 2009 no pudo ser exhumado de la Macarena porque los votos del Partido Popular, de VOX y de Ciudadanos lo impidieron. Por tanto, cualquier debate que nos haga saltar con esas reticencias para con esa realidad tan detestable como la que supone Queipo de Llano, bienvenido sea, pero creemos que hay que ir más allá de lo que dice esta iniciativa, y celebramos que se entienda como un primer paso. Creemos que hay que hacer caso, por ejemplo, a la asociación La Desbandá, cuando dice que hay que investigar sobre el censo e identidad de las víctimas, sobre los lugares de enterramiento y las responsabilidades criminales de los gobiernos alemán, italiano y las autoridades golpistas españolas. Creemos, en definitiva ―y ya termino―, que lo que pasó en La Desbandá lo podemos conocer por la memoria viva del compromiso antifascista de los que sobrevivieron, de los que perjuraron que no olvidarían lo que allí pasó y que transmitirían lo que allí pasó, pero también con la contribución de gentes que fueron testigos directos y escribieron sobre ello, como Norman Bethune, un médico canadiense que estaba allí. Él dijo algo para reflejar el horror de La Desbandá pero que sirve también para reflejar el horror actual en el territorio de Ucrania: «¿Es posible que unos pocos ricos, una reducida clase de hombres, haya persuadido a un millón de hombres más para que ataquen e intenten destruir a otro millón de hombres tan pobres como ellos con tal suerte de que esos ricos se hagan aún más ricos?» .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. La Desbandada ―en andaluz, La Desbandá― constituyó ―según relato de la historia y de la memoria― el episodio más cruento de la Guerra Civil en Málaga y uno de los más cruentos de toda la guerra. Fue un ataque a civiles, mujeres y niños por parte del bando franquista tras su entrada en Málaga cuando huían por temor a represalias por la carretera hacia Almería, ya que era el único corredor hacia el territorio más cercano bajo el control de la República. Represalias temidas que no eran vanas, y en Málaga, tras su caída, la represión fue la más brutal desde la masacre de Badajoz; una población y territorio donde, en honor a la verdad, se cometieron previamente gravísimos actos de violencia contra adversarios debido a la polarización política y social. Señorías, debatimos ahora una iniciativa para preservar y mantener la memoria colectiva de la tragedia de la carretera Málaga-Almería a fin de dar a conocer, de la manera más amplia posible, la verdad para establecer la justicia, fomentar la reparación moral de las víctimas y para que en el futuro no vuelva a caerse en cualquier forma de violencia política o totalitaria, porque la memoria de estos dolorosos hechos o de cualesquiera otros reviste importancia vital para nuestro futuro no solo como una interpelación reparadora respecto a las víctimas, sino también como un deber colectivo para evitar repeticiones. Por ello, el Grupo Parlamentario Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, en virtud de este doble imperativo, votará a favor de esta iniciativa memorialista. Voto a favor que no nos releva de una consideración crítica sobre la iniciativa en cuanto dice apoyarse y proponerse de acuerdo con el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que es una norma aún inexistente en nuestro ordenamiento jurídico y que, como todas sus señorías conocen, su tramitación se encuentra bloqueada en esta Cámara. Esta circunstancia pone sobre la mesa o cuestiona el rol de la Administración como poder vicarial, solo habilitada a realizar lo que el ordenamiento jurídico le permite, lo que se conoce como el principio de vinculación positiva de la Administración pública al ordenamiento jurídico, que quizá pudiéramos salvar con una interpretación no rigorista de ese principio al no invadir la actuación que se insta al Gobierno, un ámbito bajo reserva material de ley, y estar dirigida a un interés general como es el memorialismo de los graves y dolorosos sucesos de lo que se conoce como La Desbandá , ocurridos ahora hace ochenta y cinco años en la carretera Málaga-Almería. Sin embargo, este esfuerzo interpretativo, que llamaba no rigorista del principio de vinculación positiva, tendría su más pleno sentido si el memorialismo, en relación con La Desbandá, se encontrara huérfano de reconocimiento institucional, lo que no sucede, tal y como se deja de manifiesto en la exposición de motivos, ya que la Junta de Andalucía, en atención a lo dispuesto en el artículo 10.3.24.º del Estatuto de Autonomía y al Decreto 264/2011, que regula la figura del lugar de memoria histórica de Andalucía y su catálogo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2012, declaró la carretera Málaga-Almería como lugar de memoria y su inclusión en el catálogo de lugares de la memoria de Andalucía. En definitiva, señorías, y voy finalizando, apoyaremos la iniciativa, aun sin ver la necesidad flagrante de hacerlo antes de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática por las Cortes Generales, pues la carretera Málaga-Almería ya se encuentra desde 2012 incluida en el catálogo de lugares de la memoria histórica de la Junta de Andalucía, precisamente por haber sido lugar de uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Civil. Muchas gracias. .

Guillermo Díaz Gómez Cs

Gracias, presidente. En febrero de 1937 comenzó La Desbandada, La Desbandá, que es como bautizó la gente de mi tierra a la huida de decenas de miles de niños, mujeres y ancianos por la áspera carretera que unía Málaga con Almería, hoy la N-340. Huían de las seguras represalias que iban a azotar a Málaga, conocida como la roja durante los primeros compases de la Guerra Civil. Las purgas nunca están justificadas, pero si había una población que no tenía nada que ver con si Málaga era roja, blanca o azul, eran los miles de niños que huían hacia Almería. Los más de doscientos kilómetros que separan Málaga de Almería fueron cubiertos a pie por familias con calzado de mala calidad, sin agua, sin comida y con un sol de justicia por el día y noches húmedas y frías que calan hasta los huesos. El éxodo de niños, mujeres y ancianos era inhumano y penoso por el clima y las condiciones de la travesía. Pero hemos de añadir otros factores que desataron el infierno de los inocentes: desde el mar, los buques Cervera y Baleares les cañonearon; desde el aire, la aviación italiana les ametralló y bombardeó; desde tierra, las tropas se dedicaron a dispararles. Norman Bethune, médico canadiense que se habían enrolado para ayudar a la República, se presentó con una ambulancia acompañado de Thomas Worsley y Hazen Sise para realizar transfusiones de sangre y evacuar a los heridos. Su testimonio es duro, pero debe ser repetido aquí y figurar en el Diario de Sesiones del Congreso: Es difícil decidir a quién llevar. Nuestro vehículo estaba asediado por una turba de madres y padres desesperados que, con los brazos cansados y extendidos hacia nosotros, nos entregaban a sus hijos. Los ojos y los rostros hinchados y congestionados por cuatro días de sol y sed. Llevaos a este; mirad a este niño; este está herido. Los niños, con trapos manchado de sangre alrededor de los brazos y las piernas, niños sin zapatos, con los pies tan hinchados que habían duplicado su tamaño, llorando desconsolados de dolor, hambre y agotamiento. Doscientos kilómetros de miseria. El texto de Bethune está repleto de escenas como esta. Los testimonios nos cuentan cómo encontraron a una madre muerta con su bebé todavía amamantándose en su pecho. Otros pequeños andaban solos en la columna porque en el caos habían perdido a sus familias. Niños, ancianos y mujeres muertos por todo el recorrido, bombardeados, cañoneados y ametrallados por tierra, mar y aire. Quedaron cinco mil cuerpos sin vida en la carretera. Cuando los supervivientes desfallecidos se tumbaron en las plazas al llegar a Almería, sus crueles verdugos les hicieron un último presente y les bombardearon de nuevo. De todo esto se cumplen ahora 85 años. Fue España en el siglo XX, españoles hicieron esto a españoles. Quiero llamar a una reflexión a todos los partidos de esta Cámara. Vemos cómo la Guerra Civil llena hoy el debate político, pero el enfoque no es acertado, no existen herencias ideológicas, ni unos son de unos, ni otros son de otros, todos eran los nuestros. No podemos banalizar el enfrentamiento entre hermanos, no se puede juguetear con términos gruesos en la confianza de que estas cosas no volverán a ocurrir. Son muchas las memorias escritas que advierten de que estas cosas nunca parece que van a suceder hasta que suceden. Ernst Jünger nos cuenta la felicidad con la que en 1914 las tropas alemanas iban al frente en la Primera Guerra Mundial, jóvenes alemanes que iban cantando alegres hasta que los barrieron las tempestades de acero. Chaves Nogales cuenta cómo en 1940 en París seguía funcionando el autobús y el servicio de correos mientras los nazis entraban desfilando por los Campos Elíseos. La barbarie y la tragedia sustituyen a la normalidad sin solución de continuidad, no frivolicen con estos asuntos. La democracia española se cimenta en la sangre de personas como las de La Desbandá y de cientos de miles que, como ellos, por un ideal o, sencillamente, por dónde les pilló la guerra, perdieron sus vidas. Es obligación moral de todos nosotros, que hoy somos responsables del clima político que se siembra en las calles, escarmentar, no repetir y respetar el pasado común de los españoles. La antorcha pasó de quienes hicieron la guerra a quienes hicieron la Transición, de ellos a los políticos de los ochenta y los noventa, y ahora la tenemos nosotros. Es nuestro deber reaccionar contra la ira, la furia, la intolerancia y el odio. Debemos frenar cualquier apetito de autodestrucción. Quienes tengan ganas de enfrentar a españoles con españoles buscando un rédito político que se pregunten qué ideología tenía un bebé que llora en los brazos de su madre. Vidas extinguidas por el odio. Cadáveres que no tienen rencor y que nos envían una luz tranquila y remota como la de una estrella. El mensaje de una España que suplica a sus hijos: paz, piedad y perdón. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Nos parece bien y nos parece necesario declarar la carretera de Málaga a Almería en la que se produjo la masacre por parte del ejército franquista, conocido como La Desbandá, como lugar de memoria; nos parece, como digo, no solo bien, sino una cuestión de justicia. Eso sí, no podemos dejar de señalar lo sorprendente que es que el Partido Socialista traiga esta propuesta solamente una semana después de que los socialistas votasen en contra de una iniciativa de nueve fuerzas políticas, entre ellas el BNG, para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. Porque aquí estamos hablando claramente de un crimen de guerra, de un delito de lesa humanidad absolutamente abominable, la masacre, según consideran los expertos, de entre tres mil y cinco mil civiles que huían. . Se merecen algo más que una reparación simbólica, se merecen justicia; una justicia que ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, les niegan y les negaron durante más de cuarenta años. Fíjense, aún en mayo 2021 — a partir de una iniciativa del BNG del mes de marzo— fue retirado el nombre del criminal de guerra Salvador Moreno a un colegio de Pontevedra que depende del Ministerio de Defensa. Salvador Moreno, que desde el crucero Canarias participó en el bombardeo de los refugiados y fue, por tanto, uno de los principales responsables de esta masacre. Por cierto, Salvador Moreno sigue enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres de la Escuela de Suboficiales de la Armada de San Fernando de Cádiz. Por lo tanto, sigue estando presente ese criminal de guerra en un edificio público que depende del Gobierno español. Creo que en esto se necesita un poco más de coherencia. Obrigado. . El señor VICEPRESIDENTE Gracias. : . Tiene la palabra el señor Pagès i Massó.

Josep Pagès i Massó JxCat-JUNTS (Junts)

Buenas tardes, señor presidente. Señorías, vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley para instar al Gobierno a declarar La Desbandá como lugar de memoria democrática e incluirlo en el inventario estatal de lugares de memoria democrática para su publicidad, conocimiento, identificación, documentación, perdurabilidad y señalización. Vamos a votar favorablemente a instar al Gobierno. Claro, ¡faltaría más! Todo el respeto por la memoria de La Desbandá, un crimen — que se ha explicado, que se ha se ha puesto de relieve, por los diputados que me han antecedido— horrible que tuvo lugar entre Málaga y Almería. Aunque, la verdad, les debo decir que somos totalmente conscientes de que estamos ante el enésimo lavado de cara de este Gobierno y, concretamente, del Partido Socialista, que ya ha hecho de la hipocresía su emblema. Como decía el diputado Néstor Rego, que me ha precedido, esta presentación de la PNL ocurre solo una semana después de que el Partido Socialista votara en contra de introducir en el Código Penal la vía para que sean enjuiciados los responsables de crímenes de lesa humanidad. La verdad es que nos sorprende esta disparidad de líneas del Partido Socialista, o quizá no debería sorprendernos tanto. La Generalitat de Catalunya, a través del Memorial Democràtic y la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica, agrupa los lugares que constituyen el patrimonio memorial, tangible e intangible, representativo de la lucha por los derechos y libertades democráticas, desde la II República hasta la Transición pasando por la Dictadura. Precisamente, la comisaría de Vía Laietana, donde se produjeron decenas de torturas durante la dictadura franquista y durante la transición, forma parte de esta red, de esta xarxa. Pero estamos otra vez ante la cuestión que estaba exponiendo anteriormente. Fíjense. Mientras, evidentemente, una parte del Partido Socialista ve con buenos ojos que la Vía Laietana sea considerada un centro de referencia de la memoria democrática, el número dos de Interior, el señor Rafael Pérez Ruiz, afirmó recientemente — no sabemos si desde la ignorancia, la estulticia o la voluntad de insultar a las personas torturadas— que la comisaría de policía de Vía Laietana es un símbolo de servicio público Yo lo que les pido, por favor, es que en materia de memoria democrática se aclaren de una vez los señores del Partido Socialista. Muchas gracias.

Martina Velarde Gómez UP

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En nuestro grupo parlamentario saludamos esta iniciativa, como no puede ser de otra manera, y, además, vamos a votar a favor. De hecho, ya se recogen algunas de las cuestiones en este Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Compartimos con el Partido Socialista la centralidad de esta proposición no de ley, pero también tenemos que decir que es muy triste que treinta y siete años de gobiernos socialistas en mi tierra, en Andalucía, con abrumadoras mayorías absolutas, no haya servido para señalizar cómo se debe hacer la justicia con las víctimas de La Desbandá, que es un símbolo de la crueldad más absoluta con la que actuó el franquismo, que, con ayuda de la aviación nazi y también ―hay que decirlo― con el buque de guerra franquista el crucero Baleares mató a miles de personas, entre ellos, muchísimos niños, niñas y ancianos. Almeida ―lo tengo que decir― no tiene otra cosa que hacer que recuperar para el callejero de Madrid, Crucero Baleares. Señor Almeida, lo suyo ―y desde aquí se lo digo― es una puñalada trapera a los andaluces y a las andaluzas. Y me duele en el alma decirle esto al Partido Socialista, pero, es que es la verdad, señorías del Partido Socialista. Tenemos que decir que está en trámite para su aprobación la Ley de Memoria Democrática, también la ley de bebés robados, que hemos debatido muchísimo, que hemos trabajado enmiendas, que hemos consensuado de manera bastante prolongada en el tiempo, y en la que mi grupo ―lo tengo que decir― ha puesto lo mejor de sí para honrar a las víctimas del franquismo y defender los valores de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Sin embargo, los proyectos están en los cajones del Ministerio de Presidencia y de Justicia, sin que hayan sido todavía tramitados ni aprobados. Son muy importantes ―lo sabemos― los gestos, los homenajes y aprobar este tipo de proposiciones no de ley que ponen en valor, además, cuestiones que muchas veces no se saben a nivel del resto del país y que, como en este caso, durante muchos años solamente se sabían en Andalucía y se hablaban en Andalucía, pero, créanme, señorías del Partido Socialista, que es más importante aún ser consecuentes y llevar, de una vez, al Boletín Oficial del Estado lo que aquí decimos. A mi grupo, a la asociación sociocultural de La Desbandá o a las asociaciones de víctimas del franquismo o a las asociaciones de bebés robados lo que nos gustaría es que la Ley de Memoria Democrática fuera más lejos y se recogiera en el Código Penal la posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo, pero el Partido Socialista tampoco quiere; y la semana pasada, sin ir más lejos, unió sus votos a los del PP, VOX o Ciudadanos para que los criminales de La Desbandá y de otros episodios siniestros del franquismo no sean juzgados. Ya hemos probado con el perdón y no ha servido para reparar a las víctimas; toca de una vez hacer justicia. Por otro lado, es inexacto también que no existan lugares de memoria. Están catalogados y señalizados oficialmente tres, que son: El paseo de los canadienses; la desembocadura del Guadalfeo, donde este año, además, se ha añadido un nuevo memorial a las víctimas; y la prisión de Almería. Además de estas medidas que se proponen, siempre se ha reivindicado también una elaboración del censo oficial de víctimas y una creación de un centro de interpretación del hecho histórico de La Desbandá, así como las masivas violaciones de derechos humanos, que supuso el elemento central de la memoria antifascista. Nuestro grupo está siempre dispuesto al diálogo, al acuerdo y al consenso en defensa de los derechos humanos y del esclarecimiento de los crímenes del franquismo. Por respeto a las víctimas del franquismo, déjenme decirles, señorías del Partido Socialista, que necesitamos política pública, medidas concretas y huir ya de declaraciones de intenciones en materia de memoria democrática. Lo he dicho muchísimas veces aquí arriba. Llegamos tarde, tardísimo, muy tarde. Votaremos a favor de esta PNL pero, por favor, señores del Partido Socialista, tómense en serio la memoria democrática en todas sus manifestaciones porque a la ultraderecha se la gana enfrentándose a su política y no votando lo mismo que ella. El mejor homenaje que les podemos hacer a las víctimas de La Desbandá es acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. Así que, hagámoslo pronto, por las víctimas, por quienes dedicaron los mejores años de su vida para defender la democracia, por la libertad, por el futuro de nuestra democracia y por la memoria de Andalucía. Muchas gracias. .

Francisco José Contreras Peláez VOX

Buenas tardes, señorías. En 1974, un año antes de la muerte de Franco, Dolores Ibárruri, la Pasionaria, concedió una entrevista a una revista francesa. Allí dijo lo siguiente: Hemos esperado durante 39 años, quizás tengamos que esperar alguno más, pero les prometo que después nuestra venganza durará 40 veces 40 años. Esto de 40 veces 40 recuerda aquello del Reich de los mil años, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles, señores de la izquierda, es que iniciativas como la que hoy nos traen parecen dar cumplimiento a la promesa de la Pasionaria porque no están inspiradas por la compasión, sino por el deseo de revancha, la necesidad de reescribir orwellianamente la historia y la pretensión patológica de ganar, por fin, la Guerra Civil después de 83 años de su final. . Por eso vamos a votar en contra. Siempre votaremos en contra de iniciativas de memoria histórica hemipléjica que rindan homenaje solo a los muertos de uno de los bandos mientras ignoran al otro. En realidad, la finalidad de este tipo de iniciativas no es rendir tributo a los muertos, sino fijar en las mentes de todos los españoles una ecuación que diga: derecha asesina; izquierda víctima. . Por cierto, la reconstrucción de los hechos que incluyen en su PNL deja mucho que desear. Les recomiendo la lectura de la obra definitiva sobre la caída de Málaga y La Desbandá que ha sido escrita por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, Antonio Nadal, que ha dedicado 30 años de su carrera a la investigación de aquellos hechos. Por ejemplo, ¿por qué no cuentan ustedes lo que ocurrió en Málaga en los meses que precedieron a la toma de la ciudad por las tropas de Franco, cuando Málaga estuvo a merced de milicias del Frente Popular que asesinaron a 3406 personas, según el recuento meticuloso de Ángel David Martín Rubio, por el mero hecho de ser católicas o de derechas? No quemaron ninguna iglesia porque todas habían sido ya quemadas en mayo de 1931. Pues bien, ocho mil de esos milicianos, ocho mil milicianos huyeron hacia Almería por la carretera de Málaga cuando se acercaban las tropas de Franco mezclados con población civil. Esto no lo digo yo ni lo dice Nadal. Esto lo dice el informe que recoge las conclusiones de la investigación instruida por el propio Gobierno de la República después de la caída de Málaga. En ese informe se habla de muertes por hambre, de muertes por agotamiento. Curiosamente, no se habla de muertes por bombardeos. Es decir, La Desbandá parece haber consistido, básicamente, en una gran catástrofe humanitaria motivada por la imprevisión logística del bando republicano. . En realidad, la versión apocalíptica de La Desbandá como una masacre deliberada se apoya en el testimonio de una sola persona, el médico comunista Norman Bethune — que ha sido evocado aquí varias veces—, que no estaba en la carretera, él estaba en Almería, es decir, en el punto de destino; por cierto, fue expulsado de la Cruz Roja años después por comportamiento indecoroso hacia las enfermeras. . Pero imaginemos que ustedes tuvieran razón y que, efectivamente, el bando franquista hubiese cometido crímenes de guerra contra los refugiados bombardeando la carretera. Nosotros nos distinguimos de ustedes en que admitimos los crímenes de ambos bandos. ¿Por qué no hacen iniciativas que abracen a nuestros bandos, que incluyan a las víctimas de los dos bandos? Si lo hicieran, estaríamos dispuestos a intentar creer que lo hacen buscando la paz, la piedad, el perdón y no el sectarismo. En este sentido, les hago una sugerencia. ¿Por qué no declaran lugar de memoria democrática, además de la carretera de Málaga, el barranco de Can Trinxet? Por allí pasó, en febrero de 1939, otra retirada, la definitiva, después de que Franco tomase Barcelona, y se detuvo en este barranco el 9 de febrero de 1939 una columna de milicianos que custodiaba a cuarenta y dos presos del bando nacional. La frontera de Francia estaba ya muy próxima, la guerra estaba ya perdida para el bando republicano y hubiesen podido llevarlos hasta territorio francés y allí liberarlos. Pero, no, los milicianos prefirieron fusilar a los cuarenta y dos presos; entre ellos, se encontraban el obispo de Teruel, Anselmo Polanco, y el comandante militar de Teruel, el coronel Rey d’Harcourt. Cualquier iniciativa que consista en utilizar a los muertos de hace casi noventa años, y solo a los de un bando para convertirlos en arma política del presente, no es más que sembrar de nuevo odio entre españoles, y nunca van a contar con nosotros para apoyar esto. Muchas gracias. .

Jaime Miguel Mateu Istúriz PP

Señor presidente, señorías, buenas tardes. El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una proposición no de ley relativa a uno de los muchos y trágicos acontecimientos que sucedieron en la guerra civil española. En palabras de Julián Marías, la guerra civil española fue un gigantesco horror histórico, fracaso colectivo y naufragio. Pero, señorías del Partido Socialista, ¡qué pena; qué pena, de verdad, cómo utilizan ustedes demagógicamente los tiempos parlamentarios de que disponen! Nuevamente, se empeñan en seguir mirando por ese espejo retrovisor del horror de la Guerra Civil. Se ve que a ustedes no les bastó ese abrazo de reconciliación y de perdón que se dieron los españoles y que supuso la transición del régimen de Franco al régimen de la monarquía parlamentaria de don Juan Carlos I de España. En definitiva, esa concordia que se pactó en esos momentos parece que a ustedes no les ha sido suficiente y se empeñan y se empeñan, nuevamente, en volver a abrir la herida sangrante que causó la guerra civil española. Señorías, la Guerra Civil debe quedar detrás de nosotros, sin que sea un estorbo que nos impida vivir, y cito nuevamente a Julián Marías. Un inciso, señorías, con todo respeto a los más de 500 000 muertos que hubo en la guerra civil española. Con los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo en España y en el mundo, estamos hablando de un acontecimiento acaecido hace ochenta y cinco años, señorías, hace ochenta y cinco años. Centrémonos en lo que realmente ahora mismo interesa a los españoles y hagamos, por ejemplo, comparecer al presidente Sánchez en esta Cámara para que explique ese volantazo político que ha dado con la política acerca del Sáhara Occidental ; sentémonos con los transportistas para arreglar el problema del suministro; sentémonos también para bajar los impuestos al gasóleo y a la gasolina. Pero, señorías, insisto, qué necesario es haber escuchado aquí, en este hemiciclo, la importancia que tiene la Transición, que fue trascendental para nuestro futuro. Fue una obra de artesanía política caracterizada por la renuncia y el espíritu de reconciliación. Insisto nuevamente en este término: reconciliación de todos los que con distintas ideologías contribuyeron a su éxito. Y es muy importante destacar que bajo ningún concepto la Transición se basó en el olvido, sino nada más que en el perdón y en la reconciliación. Por eso es muy necesario y me encanta hoy en día volver a ratificar ese espíritu de la Transición, creo que no ha anidado en muchos de los que han intervenido esta tarde en la Cámara en la que estamos ahora mismo. Pero, señorías del PSOE, ustedes se empeñan en volar ese éxito de la Transición. Lo vuelan con la presentación de ese Proyecto de Ley de Memoria Democrática, mal llamada de memoria democrática, porque es un proyecto sectario de la etapa más terrible de la historia de España del siglo XX e impone a todos los españoles una memoria, pero una memoria a su dictado, olvidándose, por supuesto, de determinados temas fundamentales, de esos 379 asesinatos sin esclarecer de ETA. Ustedes también se olvidan de lo que significó el olvido de la palabra de los comunistas y se olvidan de un periodo importantísimo y nefasto de la etapa la historia española, la etapa del 31 al 36, etapa de la Segunda República, con un claro afán de resignificarla, olvidando los cientos de crímenes que se cometieron bajo ese momento histórico. Señoría, podría hacer muchas más críticas a este Proyecto de Ley de Memoria Democrática, pero no es el momento ni tengo el tiempo suficiente. Pero, señorías, lo que no acabamos de entender es que ustedes insten al Gobierno, del que ustedes forman parte — es decir, que se pidan cosas a sí mismos—, a efectuar una declaración de una figura que contempla un proyecto de ley. Esto es un absurdo, esto no tiene cabida jurídica de ninguna de las maneras, ¿verdad? Además, hay que recordarles que este proyecto de ley está aparcado por las brutales exigencias que sobre la misma plantean los grupos que a ustedes les sostienen. No hay que olvidar que tratan de cargarse de un plumazo el pilar fundamental de la Transición, la Ley de Amnistía del año 77; tratan de establecer una serie de resarcimientos patrimoniales totalmente excluidos en ese proyecto de ley. Señorías del PSOE, me dirijo nuevamente a ustedes, pero veo que con escasa atención, porque nadie me mira a la cara como yo les estoy mirando a ustedes; les rogaría que tuvieran un poco más de cuidadito y de cortesía parlamentaria. . Señorías del PSOE, en su cuerpo normativo existe en Andalucía una Ley de Memoria Histórica y Democrática, la Ley del año 2017, de 28 de marzo, en la que se contempla lo que ustedes ya plantean. Mientras tanto, no pretendan obtener un reconocimiento de una situación en esta Cámara amparándose en un proyecto de ley que ustedes, el Gobierno socialista, con sus socios de extrema izquierda, han congelado en su tramitación. A lo mejor, podemos sospechar que presentan esto no solamente para conmemorar los 85 años de La Desbandá, sino porque también han pactado ya con los opositores a este proyecto de ley que se van a cargar o cepillar la Ley de Amnistía. Termino, señor presidente, recordando lo que es prioritario para el Partido Popular en lo que ustedes llaman la memoria democrática: la necesaria y comprensible búsqueda y exhumación de los cuerpos de las víctimas y devolverlos a sus familiares — voy terminado, señor presidente—, poniendo todos los fondos presupuestarios al servicio de esta tarea, pero con una cautela: evitar que esta búsqueda sea utilizada para obtener financiación extra por asociaciones y fundaciones afines a partidos y sindicatos de izquierdas. Muchas gracias, señor presidente. .

Rocío De Meer Méndez VOX

Gracias, señor presidente. Señorías, ¿se acuerdan ustedes de Martirio? Con una pensión de 500 euros al mes, dos hijas, cinco nietos, siete bocas que alimentar y teniendo que pagar el alquiler. ¿Se acuerdan de Miguel, que tenía una mujer dependiente, altamente dependiente? Tenía que estar veinte horas al día conectada a una máquina y tenía miedo de que le cortaran la luz. ¿Se acuerdan de cuando Público escribía artículos sobre Martirio y sobre Miguel y cuando ustedes, desde Podemos (muestra la fotocopia de un tuit) denunciaban desde sus cuentas la pobreza energética que sufría Martirio y que sufría Miguel? ¿Se acuerdan de que pedían rehabilitar 500 000 viviendas al año? ¿Se acuerdan de que la pobreza energética causaba 7000 muertes en España? ¿Se acuerdan ustedes de cómo Público denunciaba las situaciones de pobreza energética? Y, sin embargo, ahora observamos al diario Público titulando que Sánchez va a Alemania a bajar los precios de la energía para cumplir sus promesas con los españoles. . ¿Se acuerdan de Público titulando que PP y VOX no votan a favor de las medidas favorables a bajar el precio de la energía. . ¿Se acuerdan de cuando La Sexta también se preocupaba por la pobreza energética en los programas de Évole? ¿Se acuerdan de cuando La Sexta hablaba de la renta familiar y del precio de la energía? . ¿Se acuerdan de cuando La Sexta decía que pagábamos muchos impuestos? . ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuando el PSOE convocaba manifestaciones por la pobreza energética en el año 2016? . ¿O de cuando ustedes felicitaban la Navidad convocando también a las calles a la gente el 21 de diciembre para denunciar la pobreza energética, para denunciar, como decía la señora Montero, que siete millones de personas tenían dificultades para pagar la factura de la luz y que cinco millones de personas no podían pagar la calefacción? ¿Se acuerdan cuando el señor Iglesias, desde esta tribuna, interpelaba al señor ministro diciéndole que también quería minutos de silencio por todas las personas que morían por pobreza energética en España? ¿Se acuerdan? Porque esto sucedía con la luz a 60 euros el megavatio/hora y hoy el precio de la luz ha alcanzado los 700 euros el megavatio/hora. . Señorías, hoy, la pobreza energética afecta a casi un 11 % de la población. Hoy, la cesta de la compra es más cara. Hoy, el poder adquisitivo de los españoles ha mermado. Hoy, ha aumentado la pobreza a niveles históricos. Hoy, la gente es mucho más pobre que cuando ustedes salían a la calle a contárnoslo. . Señorías, si a 60 euros el megavatio/hora morían 7000 personas en invierno por pobreza energética, ¿cuánta gente muere a 700 euros el megavatio/hora? ¿Por qué se callan ustedes? ¿Por qué han dejado de denunciarlo? Porque ustedes, aparte de hipócritas, son el Gobierno más antisocial de la historia de España. . Porque ustedes son el Gobierno de la factura de la luz más cara de la historia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Para que los españoles lo entiendan: han sucedido muchas cosas. Ha sucedido, en primer lugar, que a nadie le importa España, que el bipartidismo un día decidió vender la soberanía energética, que el bipartidismo decidió aprovecharse de las compañías y coger silloncitos en los consejos de administración con las puertas giratorias, silloncitos de los que ustedes, señorías de Podemos, también se han aprovechado. Silloncitos de los que se han aprovechado hasta sus compañeros de la UGT. Señorías, la mafia giratoria, la que ustedes ya no critican, la pobreza energética, que a ustedes ya no les importa, son problemas reales de los españoles; venta de la soberanía energética de nuestro país agravada, además, por la frivolidad climática, por todas esas políticas que ustedes defienden desde las instituciones supranacionales, desde los Acuerdos de París, el Pacto Verde, la Agenda 2030 y su ley de cambio climático, que ha condenado a los españoles a esos 700 euros el megavatio/hora. . Señorías, el sector energético no solo es profundamente dependiente, sino que ustedes lo han dejado al albur de esos poderes supranacionales, de esos dictados que les hacen a ustedes desde el Foro de Davos, y no lo digo yo, lo dice también el Colegio Oficial de Geólogos de España, que España no ha sabido aprovechar su potencial energético, sus materias primas y minerales para reducir su dependencia energética. Señorías, es urgente que España elabore un plan de soberanía energética con expertos de verdad, no con militantes metidos a científicos, como han utilizado ustedes a lo largo de la pandemia. . La soberanía energética es imprescindible para la seguridad nacional. La energía es una cuestión estratégica de las naciones, esas que a ustedes no les gustan y condenan. La soberanía energética es imprescindible para que una nación sea libre y sea independiente; es imprescindible para tener capacidad de proteger a los españoles; es imprescindible para el desarrollo de las economías y para la fortaleza internacional de España. Señorías, ustedes nos llamaban autárquicos, nos llamaban antieuropeístas, nos llamaban negacionistas, y los únicos antieuropeos aquí son ustedes, que han vendido la capacidad energética de Europa a terceros. . Hay que acabar con su frivolidad climática, señorías, porque ser ecologistas hoy es una cuestión de estatus; ustedes no tienen nada que ver con proteger la naturaleza, ustedes imparten sus dogmas y sus modas desde Malasaña y se las imponen a los españoles y a nuestro sector energético. Señorías, todos ustedes viven en una permanente ficción, y es que agendas y gobiernos extranjeros van a mejorar la vida de la gente. No, lo único que va a mejorar la vida de Martirio y la vida de Miguel es que España pelee por tener una soberanía energética y una capacidad de poder proteger a los suyos. Muchísimas gracias. .

María Carmen Martínez Granados Cs

Gracias, presidenta. Señorías, volvemos a tratar en este Pleno un tema que llevamos debatiendo muchísimo tiempo, que lleva siendo un quebradero de cabeza para millones de familias y de empresas durante el último año o quizá algo más, como es la pobreza energética, aunque ahora los partidos del Gobierno, Partido Socialista y Podemos y los nacionalistas —¡qué curioso!—, ya no quieren hablar de esa pobreza energética, porque, claro, gobiernan ellos y, a pesar de que el precio de la luz y el gas está disparado más que nunca, ahora no son capaces de asumir la responsabilidad que les toca. Y no, señorías, esto no es solo consecuencia ni culpa de la guerra, como decía el presidente hace relativamente poco en este Pleno del Congreso. Hace ya más de un año — acuérdense de Filomena—que empezaron a subir los precios y decían que iba a ser para algo puntual y, fíjense por dónde, cada cosa que pasa en este mundo afecta directamente al precio de la luz, y aquí estamos. Era para un tiempo y llevamos más de un año sufriendo estas subidas tan grandes y tan elevadas. En este último año hemos debatido aquí las distintas medidas que ha aplicado el Gobierno para intentar atajar el precio de la electricidad. Primero, con la modificación de la factura eléctrica, en la que se introducía la discriminación horaria en potencia y energía, una medida que ya advertimos que podría suponer un ligero ahorro solo para algunos consumidores que pudieran adecuarse a ese cambio de horario. Pero los grandes olvidados eran siempre los mismos. ¿Quiénes? Las pymes y los… .

María Carmen Martínez Granados Cs

Los grandes olvidados son las pymes con horarios comerciales, que no podían abrir sus tiendas o abrir sus negocios según el horario que les marcaba el Gobierno. En diciembre el Gobierno puso fin a la rebaja extraordinaria del 96 % de los cargos de la factura eléctrica para contener el alza de los precios, pero el año 2021 terminó con los consumidores pagando más y el Gobierno incumpliendo su promesa, la promesa de que la factura estaría a niveles de 2018. Tampoco pudo ser. Además, el Ejecutivo se separó de la línea marcada por la Comisión Europea sobre los precios de la energía, suprimiendo las rebajas que precisamente se han recomendado desde Bruselas, y con la decisión de no convocar la primera subasta de contratos de compra de energía a plazo. En resumen, el modus operandi habitual de este Gobierno: improvisar constantemente, hacer oídos sordos a las medidas que desde la oposición les proponemos y cambiar de opinión, que eso lo saben hacer muy bien y normalmente apoyando las medidas que nosotros les presentamos, como fue la bajada del IVA de la factura de la luz. ¿Qué queremos ver en esta crisis, que realmente se está dilatando más en el tiempo? Pues que en Ciudadanos creemos que algunas de estas medidas fiscales sí que son positivas, pero no suficientes. Por eso es necesario ir un paso más allá y, en la línea de las propuestas de la Comisión Europea, pasar de medidas de impuestos indirectos a medidas fiscales de impuestos directos, de manera que tengan efectos reales en la vida de los ciudadanos. En este sentido, ya propusimos la aprobación de una deducción general en el ejercicio fiscal 2021 por los gastos extraordinarios en concepto de costes eléctricos y la ampliación del bono social eléctrico a la clase media y trabajadora. Señorías, los liberales no hemos cesado en nuestro empeño de que este Gobierno tomase medidas para paliar la difícil situación en la que se encuentran tantas familias españolas y tantísimas empresas, aunque nos hemos encontrado siempre con el no por delante. Seguiremos insistiendo siempre, porque, ante todo, lo que está en juego es la vida y el día a día de los españoles. Hace unas semanas que presentamos una batería de propuestas de aplicación inmediata para combatir los efectos de la inflación en los bolsillos de las familias, entre ellas, la prolongación de la rebaja del IVA de la electricidad hasta final de año, también medidas sobre el impuesto de los combustibles o la adaptación del IRPF a la inflación. Pero no, esa medida, que sí funcionaría, no la quieren adoptar y nos votan en contra. Ya les aviso de que la traerán, la traerá el Partido Socialista con Unidas Podemos, y todos votaremos a favor porque es de sentido común, pero tendremos que esperar un poquito más para que los españoles sigan sufriendo otro poquito más. Señores de VOX, nosotros hemos encontrado en esta proposición de ley algunos puntos que podríamos aprobar, pero les digo una cosa: simplemente el hecho de ver que hayan hablado del fondo de sostenibilidad como una ley que está en vigor, que no hayan presentado ninguna enmienda en el periodo en el que podían hacerlo y ahora la tomen como punto de partida, nos hace pensar que es una proposición no de ley que no está completamente trabajada. Por lo tanto, les pedimos que revisen nuestras enmiendas y que actúen en consecuencia, y que, por favor, las tengan en cuenta. Así, podremos pensarnos si apoyar su proposición de ley o no. Muchísimas gracias. .

José Alberto Herrero Bono PP

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy el Grupo Parlamentario de VOX nos trae para su debate una proposición no de ley sobre la reversión de la pobreza energética, una proposición con base en la estrategia que aprobó el Gobierno en abril del 2019 y cuyo informe del año 2020 muestra una evolución preocupante del coste de la energía y, por ende, del aumento de la pobreza energética entre los pequeños consumidores y las personas vulnerables. ¿Se imaginan, señorías, lo que dirá ese mismo informe del año 2021, o lo que dirá en el futuro de este año 2022? Pues bien, esto solo corrobora y pone de manifiesto que cada vez que gobierna el Partido Socialista se agrava la situación económica y social de todos los españoles. Y esto no es nada nuevo, ocurrió a principios de los noventa con un gobierno socialista, ocurrió en los años 2009, 2010 y 2011 con un gobierno de Zapatero y está ocurriendo hoy mismo con un gobierno sanchista. Aumenta el número de desempleados, se reduce el número de trabajadores y se aumenta el número de cierre de empresas de nuestro país, porque todas las medidas que toma su Gobierno — también en materia energética— producen daños severos para las economías familiares y de nuestros sectores económicos. Pero lo de este Gobierno está fuera de sí. Y no es que este Gobierno no esté dejando a nadie atrás, ¡es que no está dejando a nadie en pie! Y es que, señorías, son muchas veces ya las que su Gobierno tiene que rectificar en la toma de decisiones para que nuestras familias y emprendedores puedan seguir sobreviviendo. . Sin ir más lejos, hace solo unos días la vicepresidenta Ribera tenía que renunciar a la intervención del sistema eléctrico con su propuesta de limitar el precio de la luz a 180 euros el megavatio. O comprobábamos cómo la Unión Europea declaraba en la taxonomía verde el gas y las nucleares como energías verdes, en contra de la propuesta del Gobierno español. O vemos ya también cómo la vicepresidenta Ribera rectifica con el gas y pronto tendrá que hacerlo con la extensión de la vida útil de las centrales nucleares. Por no hablar ya del grave conflicto en que nos han metido con Argelia y que, con seguridad, nos va a limitar o bien el acceso al gas o, en el mejor de los casos, a un pago elevadísimo del mismo. Ahora veremos aquí, en la tribuna, al portavoz del Grupo Socialista echando la culpa a terceros, a Rajoy, a la COVID-19, a la guerra de Ucrania o a la extrema derecha. De verdad, señores del Partido Socialista, presten atención a la enorme manifestación que hubo el pasado domingo en Madrid. Por cierto, señores del Partido Socialista, ¿todos los agricultores que se manifestaron son de extrema derecha? Y los ganaderos, ¿son también todos de extrema derecha? O los transportistas, ¿son también de extrema derecha? ¿O simplemente somos de extrema derecha todos los que no congeniamos con sus ideas y no les votamos? Ya está bien, señores del partido sanchista y sus secuaces. Salgan aquí y digan la verdad a todos los españoles, porque nuestras familias, pymes e industrias de nuestro país se están desangrando. Nosotros, desde mi grupo parlamentario, vamos a seguir planteando diferentes medidas fiscales en materia energética, que, por cierto, vienen también avaladas por el Instituto de Estudios Económicos, el cual ya ha puesto de manifiesto el coste improductivo de los más de 60 000 millones de euros que cuestan los veintitrés ministerios de su nefasto Gobierno. Ustedes exigen a los españoles que nos abrochemos el cinturón, mientras ustedes siguen despilfarrando todo el dinero público para, después, prometer ayudas que nunca llegan. . Finalizo ya, presidenta. Nosotros incluimos en esta proposición no de ley enmiendas de la reducción del 7 al 0 % del impuesto sobre el valor añadido; la reducción del impuesto especial de electricidad al 0,5 %; la reducción del IVA de la factura eléctrica del 21 al 4 %; el IVA superreducido al 4 % del suministro del gas y de la calefacción urbana; la reactivación de proyectos de las interconexiones eléctricas y gasísticas desde la Península al resto de la Unión Europea, y la rebaja fiscal de los carburantes para que los transportistas puedan seguir trabajando y no haya desabastecimientos, tal y como ya se está produciendo en muchos mercados de nuestro país. Los españoles no podemos esperar ni un minuto más, porque cada día que pasa son cientos de puestos de trabajo y empresas que tienen que cerrar nuestras instalaciones. De verdad, señores del Partido Socialista, dejen ya de actuar hipotecados por la ideología de sus socios de la izquierda radical, no antepongan su obligación de servicio a los españoles y hagan caso a las reivindicaciones que todos los sectores económicos les estamos pidiendo. De lo contrario, sus días en la Moncloa están contados. Muchas gracias.

José María Mazón Ramos PRC

Buenas tardes. Lo primero que se me viene a la cabeza al ver esta PNL es que los impuestos, además de recaudar, sirven para otras cosas, tienen otras funciones, y de esto parece que se olvidan los que quieren reducirlos al mínimo y solo están pensando en ellos mismos y en su bolsillo. Y cierto es que la fiscalidad eléctrica es muy complicada y necesita una simplificación, entre otras cosas para que los usuarios entiendan la factura, pero lo que yo vengo pidiendo desde hace tiempo en todas mis intervenciones, señores del Gobierno, es que se establezca un precio del kilovatio mínimo, o mejor dicho máximo, hasta un consumo mínimo para todos y, a partir de ese consumo, que opere el mercado; así se protege a los más vulnerables y, al mismo tiempo, se desincentiva el consumo, y es compatible con el bono eléctrico. Esto no puede ser muy difícil, ya tenemos una parte del mercado libre y otra parte del mercado intervenido, y además yo creo que sería fácil relacionarlo con el coste de la potencia contratada. Hay muchas más cosas en toda esta historia, por supuesto, pero de momento ―y como creo que decimos todos en esta Cámara― lo que tiene que hacer el Gobierno es actuar ya sin demorar. Nada más.

Sergio Sayas López NA+

Gracias, presidenta. Antes, el problema de la pobreza energética era un problema de las familias vulnerables; ahora ustedes han convertido en vulnerables a la inmensa mayoría de las familias españolas, porque en este país no hay quien pague la luz y quien pague el gas, es que no hay español que pueda pagarlo. . Y mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno? El Gobierno se cruza de brazos y mira a Bruselas, y no se está dando cuenta de que países de la Unión Europea, como Francia, como Bélgica o como Grecia, ya están actuando y, mientras ellos están actuando, ustedes están mirando al cielo a ver si hace sol o anda viento; mientras ustedes miran al cielo, los españoles se arruinan entre tanta incompetencia. Y desde luego, por si esto fuera poco, ahora se han arrodillado ustedes ante Marruecos y han agredido a uno de nuestros socios más importantes en materia energética, como es Argelia, y eso es una irresponsabilidad. Por no hablar del tema del Sáhara, por supuesto, que los señores y señoras de Podemos se levantan muy fácilmente aquí con las banderas, pero no se levantan del sillón del Gobierno, de ahí no se levantan , porque ellos son mucho más de circo que de coherencia, el circo les sale más fácil que la coherencia. . Desde luego, yo creo que, si algo han demostrado, es que este Gobierno está roto, que este Gobierno ya no puede aportar nada a España y que cada minuto que ustedes sigan aquí es un minuto más que los españoles solo les sufriremos y que tendremos un problema añadido. Por lo tanto, el mejor servicio que pueden hacer a España es irse cuanto antes. Muchas gracias. .

Mireia Vehí Cantenys CUP-PR

Gracias, presidente. Hoy VOX nos viene a hablar de pobreza energética; con mucha retórica de la clase obrera hace dos cosas: la primera es pornografía de la pobreza, y la segunda es que propone que bajemos más los impuestos a la luz, tanto de la factura como de la producción. Como son el partido de los marqueses, de lo que no hablan es de los beneficios de las eléctricas y de repartirlos; de eso no hablan. Endesa, 2021, 1345 millones de euros, 3 % más que en 2020. De repartir estos beneficios no hablan, porque protegen a los suyos, a los ricos. Han hecho lo mismo con los carburantes. Mucho bli, bli, mucho bla, bla, con los trabajadores este fin de semana. De lo que no hablan tampoco es de los beneficios de la Repsol, 2499 millones de euros de beneficios en 2021, más del 5 % que en el año 2020 repartiendo dividendos. Miren, nosotros vamos a votar que no a esta proposición no de ley, porque lo que ustedes intentan es asegurar los beneficios de las eléctricas y que todavía tengan más, porque les quieren suspender el impuesto a la producción. Esperemos que la semana que viene el Gobierno de progreso no les dé la razón y repartan los beneficios de las grandes corporaciones a favor de la ciudadanía, porque la situación de la energía en el Estado español tiene mucho más que ver con repartir beneficios que con conflictos armados. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. Desde luego, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo por algunos grupos aquí, que se necesitan medidas eficientes, eficaces e inmediatas para reducir los precios de la energía, pero hoy estamos aquí analizando una PNL acerca de la pobreza energética. Podemos estar de acuerdo con el fondo, con lo que subyace en la PNL, que es dar solución a esa pobreza energética porque, evidentemente, tener cubiertos todos los servicios de acceso y suministros energéticos resulta, desde luego, imprescindible para gozar de una vida digna que cubra esas necesidades más esenciales y máxime en un contexto como el actual de altos precios energéticos. Pero no estamos de acuerdo con el uso partidista que hacen de la pobreza energética, y lo han demostrado hoy aquí con su discurso. De siete minutos, creo que han consumido cinco minutos por lo menos en denunciar lo que no ha hecho o ha dejado de hacer una parte del Gobierno. ¿Esto les ayuda a conseguir alguna medida para la pobreza energética, para luchar contra ella? Porque creo que de poco sirve denunciar a unos y a otros si no vas a conseguir ninguna otra medida. Además, a la hora de establecer las medidas de la PNL ni tan siquiera han tenido en cuenta las declaraciones del Gobierno, que pretende reformar el bono social en ese pacto de rentas. No plantean ni una sola medida que vaya a mejorar esa circunstancia. Se limitan a hablar de reducción y eliminación de impuestos cuando, básicamente, las medidas fiscales en el ámbito energético ya fueron adoptadas mediante el Real Decreto 17, validadas en este Parlamento, que ahora en ese pacto de rentas se va a prorrogar y que ustedes votaron que no. ¡Qué paradoja que ahora se preocupen por este tema! No proponen ni una sola medida para reformar el bono social, para solventar las posibles deficiencias que pueda haber en el mismo, por ejemplo, como el simplificar el proceso de solicitud u otras. No proponen la necesidad de impulsar una tarifa social, alineada con las directrices europeas, y mucho menos que no esté indexada al pool para evitar la volatilidad del mercado. No proponen ni tan siquiera una tarifa social que tenga en cuenta, entre otras, el nivel de renta para que sea equitativo y beneficie, precisamente, a quienes más lo necesitan. Solo hablan de bajar el IVA al 4 %, una medida que ni es redistributiva — afecta a todos por igual, independientemente de la renta— y ni tan siquiera se han percatado de que la bajada que aplicó también el Gobierno ha beneficiado incluso más a aquellos que han estado en el mercado libre. Ustedes solicitan que eliminen el impuesto a la generación, un impuesto que está suspendido, que va a seguir estándolo, y proponen la eliminación del impuesto de electricidad; un impuesto que también ha disminuido y que va a perdurar más tiempo, tal y como ya se ha anunciado por parte del Gobierno. Proponen que los presupuestos generales del Estado asuman el déficit de tarifas y las primas a las renovables, una medida que ya se adoptó en 2021, que hace que baje la factura pero no precisamente el precio del mercado mayorista. Por otro lado, nos hablan de llevar a cabo un estudio exhaustivo de la Orden TED/371, por la que se establecían los nuevos peajes de acceso para apoyar la transición energética y reducir el coste del suministro eléctrico, seleccionando franjas horarias para fomentar nuevos hábitos de consumo y desplazando la potencia hacia franjas horarias menos congestionadas. Y la verdad, me sorprende porque todos ustedes estuvieron el otro día en la comparecencia de la presidenta de la CNMC, que se refirió a esta orden precisamente, pero no debieron escuchar. Según la CNMC, las turbulencias en el mercado energético han diluido el efecto de estas franjas horarias y también la reducción de peajes operada como consecuencia de los altos precios y, por tanto, no se puede apreciar su efecto, por lo que hay que esperar a que la situación de precios se normalice, recuperar otra vez ese esquema y ver sus consecuencias. Por lo tanto, una medida que ni ahora ni hoy ni mañana ni dentro de tres meses, es decir, en junio, que es el plazo que establecen en la PNL, se va a poder llevar a cabo. En definitiva, que las pocas medidas que ustedes proponen son medidas que ya estaban más o menos recogidas, que se van a prorrogar y que, aunque entendemos que hay que mantenerlas, algo ayudan. Es cierto que los precios están fagotizando los beneficios de los descuentos y, por tanto, habrá que optar, como he dicho al principio, por medidas más drásticas, de calado, en cuanto a la pobreza energética y, desde luego, adecuar su financiación a la nueva sentencia del Tribunal Supremo. Quiero decir, además, que las comunidades autónomas en esta materia que ostenta la cartera de servicios sociales están haciendo una gran labor en cuanto al bono eléctrico y también en cuanto al del gas, y además muchas de ellas han incrementado sus partidas para ayudas de emergencia social. Votaremos no a su propuesta por los motivos señalados. Nada más y muchas gracias.

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Moltes gràcies, senyor president. ¿Cómo se atreve VOX a presentar una iniciativa de la pobreza energética? ¿Cómo tienen la desfachatez de hablar de hogares pobres, de hablar de hogares sin suministro de energía eléctrica y, además, pedir un estudio de previsiones? Ustedes gobiernan o facilitan el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ustedes gobiernan y facilitan el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y permiten que 1800 niños —1800 niños― lleven 500 días sin luz. Hay que tener cara. ¡Hay que tener cara! Y permiten, además, que un consejero de la Comunidad de Madrid y la presidenta pongan en duda el informe de Cáritas sobre la pobreza y que, además, hagan mofa y burla diciendo que dónde están los pobres. A pocos kilómetros de la Puerta del Sol. ¡1800 niños sin luz! Ustedes lo permiten y luego se llaman cristianos. Acabo. Evangelio según San Mateo: ¡Ay de vosotros, fariseos e hipócritas, que cerráis la puerta del cielo para que otros no entren! Pues eso: fariseos e hipócritas. .

Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Gracias, presidente. Señorías, lo que les voy a decir también va a resultar interesante, no se preocupen. Evidentemente, la pobreza energética es una situación que nos preocupa, que nos debe preocupar, y que se ha acentuado desde el momento en que Rusia invade Ucrania y los precios de la energía se disparan de forma absolutamente incontrolada. La situación que se deriva de esta invasión nos debe preocupar no solo a corto plazo sino a medio plazo, y tendremos que tomar medidas que van a ser difíciles porque la situación económica se va a complicar para todos. Ante esto, creo que deberíamos evitar tomar medidas que en catalán — creo que en castellano se dice igual— decimos de perdigonada. Esto no es cuestión de disparar a todos los sitios y ver si voy pillando porque, miren, ustedes están pidiendo, por ejemplo, que se ponga una exención al IVA o que el IVA se reduzca al 4 % para el consumo de electricidad. Seamos sinceros. ¿Alguno de los 350 diputados que estamos aquí vamos a poder o no llegar a fin de mes si el IVA nos lo reducen del 21 al 4 %? No. ¿Es razonable tomar esta medida en este momento? No. ¿Es populista? Sí. ¿Genera votos? Pues desgraciadamente creo que sí, pero el agujero económico que esto va a generar en los presupuestos generales del Estado para que los 350 diputados, más los miles y miles de españoles que lo van a pasar mal, lleguemos afortunadamente a final de mes igual si se tiene el 4 % o el 21 % del IVA en la factura de electricidad, no es indiferente. Por tanto, no coincidimos con muchas de las medidas, coincidimos con el diagnóstico, pero se debe afrontar con cirugía fina, con medidas que vayan dirigidas a las personas que realmente lo necesitan, porque estos recursos públicos de los que hoy pretenden prescindir los vamos a necesitar. He oído también desde la tribuna que las grandes y las pequeñas empresas, con el IVA al 4 %, van a salir beneficiadas. Ya me lo explicarán, porque el IVA se lo deducen cuando hacen la liquidación. Por tanto, ¡hombre!, aparte de populistas, cabría esperar de los 350 que seamos un tanto inteligentes y, sobre todo, claros. Muchísimas gracias.

Gabriel Rufián Romero ERC-S

Gracias. Señorías de VOX, lo tienen ustedes clarísimo, clarísimo. Hay que reconocérselo. Saben perfectamente que lo que quede hasta las elecciones, en todos y cada uno de sus discursos, en todas y cada una de sus intervenciones, tienen que apelar a la clase trabajadora. ¿No? Es como si el lobo se vistiera de oveja. Está muy bien. Me parece hábil. Es inteligente, pero creo que forma parte de nuestra responsabilidad intentar salir y contrarrestarlo. No voy a entrar en la criminalización de los medios de comunicación que ustedes han hecho hoy aquí y que me parece terrible, terrible. Pero, bueno, a la cuestión. Ustedes hablan de Martirio, que tiene siete bocas que alimentar, y de Miguel, que tiene un familiar con una enorme dependencia, y se hacían portavoces de estas dos personas con graves problemas de exclusión social y pobres. Yo les hago una pregunta, señores de VOX, sobre todo a aquellos y aquellas que les puede sonar bien lo que ustedes dicen. La primera es: ¿qué pasaría si Martirio fuera de Senegal? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Miguel fuera homosexual? ¿Qué pasaría? Seguramente, no les gustaría tanto hablar de Martirio y de Miguel. Pero más preguntas. Martirio, probablemente, cobra el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué votan en contra de subir el salario mínimo interprofesional? ¡Si son los portavoces de los pobres! Miguel tiene un familiar, una madre, creo que usted decía, señora De Meer, con problemas de dependencia. Ustedes, hoy, ¿qué votarían frente a una ley de dependencia, que sí o que no? Hombre, ni cotiza que no, ni cotiza. Evidentemente, el Gobierno es responsable de que la luz haya subido el último año un 80 %; tiene una parte de responsabilidad, enorme responsabilidad. La estafa de la luz en este país también tiene que ver con que dos expresidentes y treinta exministros acaben en consejos de administración de las eléctricas, es evidente. Pero también estaría muy bien hablar de las grandes empresas, porque ustedes nunca jamás van a hablar, por ejemplo, de Repsol, nunca jamás; ni, evidentemente, van a montar una manifestación frente a Repsol, nunca jamás. Ustedes nunca van a hablar de Iberdrola y, evidentemente, nunca van a montar una manifestación frente a Iberdrola. ¿Por qué? Ustedes son de eslóganes fáciles y las izquierdas, muchas veces, hablamos de cosas, primero, que no interesan a nadie y, segundo, no las explicamos bien. Ustedes: la España que madruga, solo queda VOX… Eso vende. Yo voy a lanzar un eslogan. Ustedes son el partido de los ricos. . VOX es el partido de los ricos y, si no eres rico, la pregunta que te tienes que hacer es por qué votas a VOX. Ustedes montan una manifestación del campo, en parte. Ser del campo es muy variado. Tú puedes varear olivos, ser un jornalero que varea olivos durante diez horas por 800 pavos al mes o puedes tener una hacienda en la que cazas corzos. Ustedes son los de la hacienda; ellos son los de la hacienda; esa es su gente del campo. Porque yo vi a aquellos que iban a la manifestación del campo en Madrid, y ¿saben dónde iban todos, todos aquellos que iban con su banderita de VOX? Al barrio de Salamanca, que, claro, está lleno de cortijos y de campos; todos esos son agricultores, ¿no? . A ti, que te puede sonar bien lo que esta gente dice, VOX, los adalides de la pobreza, votaban en contra de las ayudas de los ERE; votaron en contra de despedir durante las bajas; votaron en contra de subir las pensiones; votaron en contra de subir el salario mínimo interprofesional; votan en contra de preservar el planeta; votan en contra de cualquier derecho al colectivo LGTBI+; votan en contra de cualquier ayuda en contra de la violencia machista, y votan en contra de prohibir la venta en pérdidas. ¡No son de los tuyos, no son de los tuyos! Muchas gracias. .

Juan Antonio López de Uralde Garmendia UP

Gracias, presidente. Señorías, no hay tema más noble sobre el que discutir en este hemiciclo que sobre cómo hacer frente a la pobreza. Yo venía dispuesto a discutir sobre medidas que hicieran frente a la pobreza energética, pero me he encontrado con una proposición no de ley registrada en el año 2021 sobre la cual la portavoz de VOX, la señora De Meer, no ha hablado en absoluto. No ha hablado de las medidas que proponen. ¿Por qué no ha hablado? Por dos motivos. El primero, porque la mayor parte de esas medidas ya han sido puestas en marcha por el Gobierno y, por lo tanto, no iba a repetir algo sobre lo que ellos, además, votaron en contra. Ustedes votaron en contra de la reducción de los impuestos energéticos. Y, en segundo lugar, porque ninguna de las medidas que ustedes proponen para hacer frente a la pobreza energética asume la necesidad de que aquellos que se están forrando con la venta de energía, que es el oligopolio eléctrico, deje una parte de sus beneficios para hacer frente a la pobreza energética. Eso ustedes no lo tocan. . Mire, pobreza energética es la que se está sufriendo en la Cañada Real ―¿sabe dónde está la Cañada Real, verdad? ― desde el pasado 2 de octubre de 2020 cuando Naturgy decidió cortar la luz a los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, dejando a 4000 personas sin luz, entre ellos, 1800 niños, niñas y adolescentes. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid, que ustedes gobiernan con el Partido Popular, no ha movido un dedo por devolverles el suministro, vulnerando los derechos humanos, de forma continuada, de la población más vulnerable de Madrid. Es una absoluta indecencia. Cuando se refieren al cambio climático utilizan ustedes términos como frivolidad climática, que ha utilizado hoy. Su líder Abascal hablaba el otro día de religión climática. Mire, no es frivolidad, no es religión, es ciencia, es ciencia. ¿Lo comprenden ustedes? El pasado 18 de marzo en los dos polos, en el Ártico y en la Antártida, se produjeron temperaturas récord con 30º y 40º por encima de las temperaturas medias. Rebátame ese dato porque ese dato es un dato objetivo, no es una invención, no es religión, es lo que está pasando en este momento en nuestro planeta. Contra eso, evidentemente, tenemos que trabajar y tenemos que luchar para dejar un planeta decente a los que vienen detrás de nosotros. Por eso, tienen ustedes un cacao mental de mucho cuidado porque dicen: Hay que derogar la ley de cambio climático. Y, al mismo tiempo, habla de soberanía energética. ¿Ha leído usted la ley de cambio climático? ¿Ha leído usted el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima? Bueno, pues esos planes y esa ley son una hoja de ruta para nuestra soberanía energética porque en España, en la península ibérica no tenemos petróleo, no tenemos gas, pero tenemos mucho sol y tenemos mucho viento. Para conseguir la soberanía energética hay que avanzar hacia un modelo basado en las energías renovables, y esto es lo que está haciendo la ley de cambio climático y es lo que está haciendo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. . Pero a ustedes esto no les importa, no les importa porque ustedes no han venido aquí a hablar de política energética. De hecho, no han presentado absolutamente ninguna propuesta. Nosotros sí las tenemos, sí que tenemos propuestas y pasan por reducir el margen de beneficios del oligopolio eléctrico, para lo que planteamos la necesidad de acelerar la aprobación de la ley para recortar esos beneficios caídos del cielo; apostamos por desacoplar el precio del gas del mercado mayorista porque eso tendrá, sin lugar a dudas, una incidencia a la baja del precio de la energía; apostamos por mejorar el bono social y hacemos la propuesta de un cheque de 300 euros destinado a las dieciocho millones de familias acogidas al mercado regulado, y apostamos por crear una empresa pública de energía. Todas estas son cuestiones en las que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando y son propuestas que, en la medida en que se vayan aprobando, tendrán un impacto real sobre el precio de la energía y supondrán que, realmente, estamos haciendo frente a la pobreza energética; haciéndola frente con hechos, con medidas concretas, que es lo que realmente está haciendo este Gobierno y, al mismo tiempo, avanzando hacia esa soberanía energética. Usted no ha dicho ni una sola medida que ustedes puedan implementar. No ha hablado de ningún modelo. Mire, el otro día la comisaria europea de Energía decía que las políticas energéticas tienen tres ejes en Europa: la descarbonización, la garantía de suministro y los precios asequibles. En eso estamos trabajando este Gobierno. Pero es que ustedes no saben si quieren la descarbonización o no, porque un día dicen que sí y otro día dicen que no; no saben hacia dónde van porque no tienen propuestas ni política energética. A lo único a lo que ha venido usted aquí es a hacer demagogia y hablar de cosas que en el fondo no le importan nada, así que, por favor, hagan propuestas concretas, trabajen las propuestas en profundidad y no vengan aquí a calentarnos la cabeza. Muchas gracias. .

Eva Patricia Bueno Campanario PSOE

Buenas tardes. Presidente, señorías, el Grupo Socialista manifiesta su empatía y su cercanía con las familias, trabajadores y trabajadoras, que se ven afectadas por el alza de los precios de la energía en una coyuntura de guerra en la Unión Europea que amenaza la estabilidad y los cimientos de la democracia. El Gobierno está trabajando, promoviendo iniciativas en nuestro país y en el contexto de la Unión Europea, ya que la situación requiere soluciones globales para que sean eficaces. Y nos trae VOX una proposición no de ley relativa a la reversión de la pobreza energética, una propuesta que es puro oportunismo político. Señora De Meer, no puede una subir a este atril, no puede una venir a esta Cámara a decir barbaridades y a decir mentiras; hay que tener un respeto por el espacio en el que estamos y por la representación de la ciudadanía. . No se puede decir aquí cualquier cosa, no se puede decir; un respeto, por favor. Además, de la propuesta que traen se deriva que no les interesa la pobreza energética, porque ni siquiera el objeto de la orden a la que aluden es la pobreza energética. Si les interesa la pobreza energética explíquenle a la gente de Coria del Río, de Isla Mayor, de Mairena del Alcor, de Isla Cristina, de Vera, de Villamartín, de Barbate, de Priego de Córdoba, de Ronda, de Andújar por qué rechazaron en Andalucía una iniciativa legislativa impulsada por una treintena de ayuntamientos para combatir la pobreza energética. ¿Es que la pobreza energética de Andalucía no les interesa? . Habrá que tomar nota, señorías, habrá que tomar nota porque nunca les ha interesado la pobreza energética; es más, nunca les ha interesado ninguna cara de la pobreza. Sí, señora De Meer, nunca la derecha que ha gobernado — y miro ahora hacia este lado de la bancada— hizo nada por los más pobres; nunca la extrema derecha ha apoyado nada que beneficie a los más vulnerables, nada que les mejore su calidad de vida. Y sí, señora Martínez — no sé si está por ahí—, los socialistas no eludimos hablar de pobreza energética porque para el Gobierno español combatirla es una prioridad, por eso se aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética en 2019, con medidas urgentes para evitar que el precio del gas repercuta en la factura final de las familias, reducir el IVA del 21 al 10 %, como les gusta a ustedes, reducir impuestos — y me refiero ahora al portavoz del Partido Popular, que ha dado aquí un mitin—. Ustedes son el partido que cuando no gobierna quiere que se bajen los impuestos, pero cuando gobierna los suben todos, así que vamos a hablar un poquito de coherencia política, que es muy importante. . Se protege a los más vulnerables, señorías, aumentando el nivel de cobertura del bono social eléctrico y los posibles perceptores del bono social térmico, y también se evita el corte de suministro creando la figura del suministro mínimo vital, que ustedes, señora De Meer, no apoyaron. ¿Cuentan esto a todas esas personas que nombran cada vez que suben aquí? Medidas también para la industria, medidas estructurales que impulsan la transición energética para asegurar que sus ventajas llegan a toda la ciudadanía. El impulso del Gobierno al despliegue de energías renovables es fundamental para reducir nuestra dependencia energética del exterior, pero también para reducir los precios. Y sí, señorías, eso es avanzar en soberanía energética, que ha de ir de la mano del cuidado del planeta y de la justicia social. Y claro que ustedes son negacionistas, ¡claro que sí! Señorías de VOX y del Partido Popular, no han apoyado ninguna medida del Gobierno para paliar la subida de los precios de la energía. No han apoyado ninguna medida del Gobierno para beneficiar a los trabajadores y a las trabajadoras, ni siquiera para beneficiar a la gente del campo. No han apoyado ninguna medida que tocara los privilegios de los que más tienen a favor de los que más necesitan. . La derecha y la extrema derecha de este país votan lo contrario de lo que hacen. Es decir, dicen una cosa, pero hacen la contraria. ¿Han contado esto a la gente que usted ha estado nombrando en este atril? Señorías, si han votado en contra de las medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas y de la electricidad. Es que han votado en contra, ¡por favor! Por no apoyar, no apoyaron ni la ley de la cadena alimentaria, que contiene por primera vez una reivindicación histórica del campo. . Se disfrazan y van a las manifestaciones, pero la gente en Andalucía sabe muy bien a quién representan: representan a los señoritos, que lo único que aportaron a nuestra tierra fue la explotación de los hombres y de las mujeres del campo. . Porque no es que solo queda VOX, señorías, es que no queda nada con VOX. Así que desde aquí apelo a los hombres y mujeres que luchan cada día, cuyos padres y madres, abuelos y abuelas lucharon, les pararon a ustedes los pies y construyeron un espacio común y diverso que se llama España. Señorías, hay que volver a pararles, y me dirijo a todo el arco parlamentario, porque son un partido ajeno a la esperanza que este país se merece.

Eva Patricia Bueno Campanario PSOE

Como dijo el poeta, mala gente que camina. Muchas gracias. .

Rocío De Meer Méndez VOX

Estoy negociando una transaccional con el PP.

Míriam Nogueras i Camero JxCat-JUNTS (Junts)

Gracias, presidente. Pasado mañana, el jueves 24 de marzo, se cumplen siete años de la tragedia del vuelo GWI 9525 de Germanwings en los Alpes. Como ya dije la semana pasada, no existen palabras para describir algo tan terrible. Hoy nos acompaña la Asociación de afectados del siniestro de Germanwings. No me voy a extender. Ellos han podido estar hoy con muchos de ustedes y nadie mejor que ellos para explicar y para exponer la situación y el debate que tenemos hoy. Nos acompaña Lourdes, la presidenta de la asociación. También nos acompañan dos miembros de la junta, Cristina, una huérfana, hija de Marta, y Sandalio, también miembro de la junta y hermano de Estela. Antes de empezar, quería pedirles disculpas por no haber sido capaces de resolver entre todos nosotros durante los últimos cuatro años algo que el Parlamento alemán sí que fue capaz de resolver el primer día, sin dilación, sin silencios y sin demora; disculpas por no haberles ayudado aún a cerrar una carpeta que hace demasiado tiempo que está abierta y, sobre todo, disculpas por los largos silencios de todos, y nos incluimos. Si finalmente este tema se resuelve, que estamos convencidos de que sí y que esperamos que sea en la fecha en que la ministra se comprometió la semana pasada, no será en absoluto mérito de ninguno de los que estamos aquí, todo el mérito es de las personas que hoy nos acompañan, de los miembros de la asociación, que jamás se han rendido, que siempre han insistido y que son un ejemplo que confirma aquello de resistir y persistir es ganar. El mèrit és tot vostre, Lourdes, Cristina, Sandalio, Silvia, Eduardo, tots i totes vosaltres. Hago un breve resumen de lo que ya expusimos más extensamente la semana pasada. Lufthansa, después de la tragedia, decide ofrecer becas de estudios a los huérfanos para poder garantizar que estos 82 niños y niñas puedan seguir sus estudios. El 29 de mayo de 2018, este Congreso aprueba la toma en consideración de una ley que incluye una disposición adicional que repara este tema. Se establecía una nueva disposición adicional a la Ley del IRPF para que los huérfanos de Germanwings quedaran exentos de pagar los impuestos en las becas de estudio que recibieron. Durante el período de enmiendas ningún partido presentó ninguna enmienda a esta disposición adicional. El mismo Partido Socialista que gobierna hoy votó a favor y tampoco presentó ninguna enmienda. Decayó la legislatura, decayó también la propuesta. La semana pasada, la ministra de Hacienda afirmó, por fin y para alegría de muchos, que el compromiso adquirido quedaría ejecutado este mismo año antes de la campaña de liquidación de la renta de 2021. El 28 de mayo de 2019, en nombre del presidente del Gobierno, el señor Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, contestó una carta a la asociación en la que se comprometía a solucionar este tema lo antes posible, carta que hoy muchos habéis podido escuchar de voz de Lourdes, la presidenta de la asociación. El presidente del Gobierno, por lo tanto, tiene un compromiso formal con los familiares de los fallecidos por la catástrofe de Germanwings desde hace cerca de tres años. Este es uno de esos temas que no te hacen sentir muy orgullosa de la política, generar unas expectativas que no acaban de llegar cuando lo que se requiere es simplemente voluntad política. Deseo que se repare esta injusticia y sé que la mayoría de los que estáis aquí también lo deseáis y muchos habéis presentado propuestas en esta línea. Deseo que este viaje a Madrid haya valido un poco la pena y espero que todos digamos sí a lo que la semana pasada era una pregunta y que hoy es una afirmación. Este 2022 dejaremos exentas de impuestos las becas de estudio que recibieron los huérfanos del siniestro de Germanwings. Gràcies per la feinada a tots els membres de l’associació y que poco a poco podáis ir cerrando todas las carpetas que tenéis aún abiertas. Moltes gràcies.

Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

Muchas gracias, señor presidente. Permítame que al inicio de mi intervención me dirija a la tribuna de invitados para saludar con la mayor emoción, respeto y consideración a los representantes de la Asociación de afectados del vuelo Germanwings GWI9525 en los Alpes. Los estatutos de esta asociación, que ha sido declarada de utilidad pública, contemplan, entre otras finalidades, la defensa de cuantos derechos correspondan a las víctimas de aquel siniestro y sus familiares. También lamento que lo tengan que revivir por cuestiones administrativas que debieron resolverse sin llegar aquí. Señoras y señores diputados, como siempre se ha tratado de hacer en las Cortes Generales ante tragedias y desgracias que por sus grandes dimensiones y especiales circunstancias conmocionan a todos los españoles, y en el caso de aquel fatídico vuelo entre Barcelona y Dusseldorf a todo el mundo, confío en que los representantes de los afectados salgan esta tarde del Congreso sintiéndose respaldados tanto emocional como parlamentariamente en la muy meritoria y difícil tarea que les ocupa y que tratan de realizar en favor de familiares y allegados de los fallecidos en aquel horrible siniestro aéreo del que precisamente se cumplirán siete años pasado mañana, jueves, como ha recordado la señora Nogueras i Camero. Señorías, esta moción insta al Gobierno a adoptar una serie de medidas a las que, como consta en el Diario de Sesiones, la ministra de Hacienda y Función Pública, señora Montero, se comprometió en el debate de la interpelación celebrado la pasada semana. Para quienes, como es mi caso, ya dimos y explicamos a finales de mayo de 2018 el voto favorable a la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, debatida y aprobada en la XII Legislatura, por la que se modificaba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias en las que se incluía esta cuestión que se plantea hoy, esta moción supone una oportunidad para insistir en la necesidad de que el Gobierno, sea cual sea su color político, esté pertrechado de herramientas que eliminen los obstáculos en la fluidez de la mejor atención a las víctimas. Este es el caso del vuelo estrellado de Germanwings, una aerolínea filial de la compañía alemana Lufthansa, y el desdichado reguero de huérfanos a los que la sociedad tiene que atender para afrontar y suplir en lo posible la gran vulnerabilidad vital por la desaparición sobrevenida de uno de sus progenitores o de ambos. Señoras y señores diputados, visto el devenir de estos años, cabe reconocer que era perfectamente evitable el tortuoso periplo político y administrativo que la asociación de afectados ha tenido que realizar para acceder a la más que razonable exoneración tributaria del fondo de ayuda de 3 millones de euros que se creó por la compañía aérea alemana para proporcionar becas de estudio a los 54 niños españoles que perdieron al menos a uno de sus progenitores. Un fondo que, para estupor de la sociedad, ha acabado tributando en concepto de renta, de ahí que me parezca muy pertinente tanto la interpelación como la moción que se debate esta tarde, más aún cuando he repasado algunos precedentes parlamentarios y he visto que el Gobierno ha eludido responder preguntas escritas formuladas a principios de esta misma legislatura y tiene pendientes de contestación diferentes preguntas orales en relación con la exoneración fiscal a los beneficiarios de las becas de Lufthansa para los huérfanos españoles de la tragedia de Germanwings al objeto de que puedan completar tanto su educación como su formación académica. Es decir, que aun aceptando la palabra dada aquí, en sede parlamentaria, por la responsable de Hacienda, me parece muy adecuado que se refuerce el compromiso con una llamada de atención y de orientación del Pleno del Congreso de los Diputados instando al Gobierno a que se afronte sin dilaciones la solución a este problema y se repare lo que tan solo cabe reconocer como una situación muy injusta. Tómese como modelo lo que hizo el Gobierno alemán con los huérfanos alemanes de este mismo siniestro aéreo, a los que concedió inmediatamente la exención fiscal de las ayudas. En definitiva, concluyo reafirmando mi voto a esta moción consecuencia de interpelación, así como el recuerdo a las víctimas de aquella inconcebible fatalidad. Muchas gracias, señor presidente.

Juan Ignacio López-Bas Valero Cs

Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a los representantes de la Asociación de afectados del vuelo 9525 de Germanwings y decirles que en el tratamiento de esta moción, en la que se trata de modificar la Ley del IRPF para declarar exentas las becas concedidas por la compañía aérea alemana Lufthansa a los huérfanos a causa de este siniestro, acaecido hace ya siete años, el 24 de marzo de 2015, es de justicia recordar que, desgraciadamente, este es uno de los vicios parlamentarios que nos hace, quizá a todos, responsables de que esta situación todavía esté pendiente de una solución, vicios parlamentarios a través de determinadas ingenierías por parte de quien en la oposición dice una cosa y luego en el Gobierno no la cumple o de quien desde el Gobierno se compromete a hacer algo que asumió en la oposición y tampoco lo cumple. Creemos que es algo que debería erradicarse. Nos hemos quejado mucho mucho de que en este Congreso se traen a debate cuestiones que vienen encadenadas, cuestiones con las que estaríamos todos de acuerdo, como sucede con este tema, en el que no habría ni un minuto para discutir, pero se encadenan con otras cuestiones en las que, de verdad, el debate sí es relevante. En el año 2018, el 29 de mayo, se debatió, de hecho, una iniciativa para modificar la ley de haciendas locales, para modificar, a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017, el impuesto de plusvalía, y si ustedes hacen memoria o repasan la hemeroteca, las actas de aquel día, verán que aquí no se habló para nada de la reforma del IRPF para solucionar el problema de los afectados, de los huérfanos del accidente del avión de Germanwings. Apenas hay dos referencias a esa cuestión en aquellas actas porque realmente no importaba. Lo que hizo en aquel momento el Partido Popular — estando en el Gobierno y pudiendo hacerlo desde el Gobierno mediante otra vía— fue que, a través de una proposición de ley, su grupo parlamentario simplemente solicitó que sí, que se modificara la plusvalía en la ley de haciendas locales y también, de paso, que se modificara el IRPF. Esa es la ingeniería parlamentaria de la que tanto nos hemos quejado, también ahora, cuando el Gobierno de PSOE y Podemos, por ejemplo, utilizan un decreto de actualización de pensiones para obligar a llevar mascarillas en exteriores, o para delegar en el Gobierno la modificación de esta obligación sin tener que volver al Congreso, o cuando en otro decreto de medidas urgentes contra la COVID se cuela el nombramiento de un vicepresidente como miembro de la Comisión del CNI, algo que además, señorías del Partido Popular, en su día recurrieron. Nosotros, es verdad que en 2018 nos opusimos a aquel órdago en ese momento del Partido Popular, porque se intentaban evitar simplemente los informes del Consejo de Estado en la cuestión que era la principal — desde luego no para ustedes, pero sí en lo que la proposición intentaba—: modificar la plusvalía. Como se ha hecho ahora, por ejemplo, ese truco con la proposición de ley del Partido Socialista o de Unidas Podemos para modificar el sistema de nombramientos de la cúpula judicial cuando su consejo general está en funciones. Desgraciadamente, en esa ingeniería parlamentaria que se practica tanto aquí y de la que tanto nos hemos quejado y tanto hemos rechazado, Partido Popular, Partido Socialista y Unidas Podemos ahora utilizan y han utilizado los mismos trucos. ¿Quién sale perjudicado con esa ingeniería? Evidentemente, los ciudadanos; en este caso y es más triste, los afectados por haber perdido a sus padres o a uno de ellos en una tragedia aérea como la del vuelo del avión de Germanwings. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo en esta tribuna que ahora sí el Gobierno va a cumplir ya de una vez, cuando han podido hacerlo incluso por trámite de urgencia mediante un decreto por excepcional necesidad, algo que han venido utilizando durante toda esta legislatura de manera recurrente, incluso habiendo tenido que ser recurridos algunos decretos porque no era así. Sin embargo, desgraciadamente, ustedes nunca fueron un motivo para cumplir con esa excepcional y urgente necesidad que sí se ha visto en otros asuntos. Ustedes nunca fueron atendidos ni por gobiernos del Partido Popular ni por gobiernos del Partido Socialista. Ustedes nunca fueron ni urgentes ni necesarios. En Ciudadanos esperamos de verdad, y por eso vamos a votar que sí a esta moción, que esta vez se cumplan los compromisos con los afectados por esta tragedia y, sobre todo, que se explique qué va a pasar con los años en los que por prescripción legal posiblemente va a ser difícil recuperar aquellos tributos que ustedes ya han pagado. Ojalá consiguiéramos acabar con estas maniobras de ingeniería parlamentaria, que al final solo perjudican a los ciudadanos — perjudican, quizá, a los más afectados—, porque a este tipo de situaciones lamentables nos han traído, desgraciadamente, gobiernos alternativos del Partido Popular y del Partido Socialista. Muchas gracias. .

Joan Margall Sastre ERC-S

Gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats; bon vespre ya. Primero de todo, queremos dar una cálida bienvenida a los representantes y familiares de la Asociación de víctimas de Germanwings y a su presidenta, la señora Lourdes Bonet, muchas gracias por estar aquí esta tarde y, sobre todo, les agradezco el ingente trabajo hecho durante estos años para que se haga justicia con las víctimas de ese trágico siniestro. Les voy a explicar una pequeña historia familiar, una triste historia familiar. Mi padre se quedó sin su padre a los 12 años de edad, una enfermedad grave se lo llevó rápida y dolorosamente. El hecho de quedarse huérfano de padre a una edad tan temprana lo ha marcado de por vida y le provocó un dolor que solo se ha ido atenuando con el paso de los años. Imagínense cómo se siente un niño o una niña cuando de repente y de un día para otro se queda sin su padre, sin su madre o sin los dos a la vez, sin avisar, sin esperarlo. Es evidente que un hecho tan dramático como este les marca para siempre. Meses después del siniestro, la asociación de víctimas acordó unas indemnizaciones con la empresa en concepto de responsabilidad civil y otras compensaciones que pudieran servir, por ejemplo, como becas de estudio para cuando los niños y niñas tuvieran edad escolar. Desde el primer momento, la asociación pidió que estas indemnizaciones estuvieran exentas del impuesto del IRPF al no tratarse en ningún caso de un hecho voluntario o con el que se estuvieran lucrando los implicados, ya que en ningún caso se obtiene un beneficio, argumento con el que coincidimos al cien por cien. Siendo conscientes pues de la necesidad de hacer un acto de justicia hacia las víctimas de este trágico suceso, y sobre todo hacia aquellos que lo sufrieron a más temprana edad, hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno español, como se anunció la semana pasada, para la reparación de esta injusticia. Por eso, en los próximos días se va a aprobar un real decreto ley por parte del Gobierno en el que constará una disposición final por la cual se declararán exentas de IRPF las cantidades percibidas por las víctimas de Germanwings en concepto de responsabilidad civil u otras ayudas voluntarias satisfechas por la compañía aérea con carácter retroactivo. Por tanto, a partir de la aprobación de este real decreto esta reparación será una realidad. También es conveniente que todos y todas hagamos una reflexión y un poco de autocrítica, como han hecho compañeros que me han precedido. Este jueves se cumplirá el séptimo aniversario de la tragedia aérea, y es ahora cuando se hará justicia, siete años después. En Alemania, por ejemplo, esta iniciativa se aprobó desde el minuto cero; aquí hemos tardado siete años. Creo que de situaciones inadmisibles como esta debemos aprender todos y todas para que no se repitan; debemos dar soluciones rápidas a los que más sufren sin dejar que se eternice el problema ocasionando más dolor. Por nosotros no será, nos avalan noventa y un años de historia de lucha por la justicia social con la voluntad de estar siempre al lado de la gente, avanzando junto a ellos, recordando siempre las palabras que dedicó el gran poeta Salvador Espriu a los que en algún momento de nuestra vida nos dedicamos a ejercer responsabilidades públicas. .

Laura López Domínguez ECP-GUANYEM EL CANVI

Gracias, presidente. Buenas tardes noches, señorías. Quiero empezar, como no puede ser de otra manera, expresando en nombre de mi grupo parlamentario nuestro respeto y recuerdo a las víctimas de cuya muerte esta semana se cumplen ya siete años. Dicho esto, también queremos destacar que creemos importante que los descendientes de las víctimas puedan desarrollar sus vidas con las mínimas consecuencias posibles. Según lo que se ha venido expresando en esta Cámara y en otras manifestaciones de opinión, la manera en que esto pueda ser un poco realidad parece acordada mediante esta medida que estamos hoy aquí discutiendo, la exención fiscal a las llamadas becas de estudio procedentes del fondo de la aerolínea privada Lufthansa y la aseguradora Alliance. Obviamente, vamos a apoyar esta iniciativa. Entendemos que existe suficiente consenso, es un tema muy sensible y existe compromiso, por lo que no vemos motivos para que esto no sea así si además contribuye al objetivo que las y los familiares de las víctimas nos han hecho también llegar como deseo. No obstante, me gustaría aprovechar esta intervención para arrojar un poco de luz en un debate de fondo, en un debate que subyace a la medida que hoy estamos tomando, porque creo que demasiado a menudo en las comisiones, en el Pleno o en cualesquiera de los debates de esta Cámara se aprovecha cualquier ocasión para presentar una rebaja de impuestos como una solución a todos los males. La argumentación ―falsa, por cierto― siempre es la misma: los impuestos son malos, el Estado es malo, el Estado nos roba. Por ejemplo, es totalmente evidente que en el caso que nos ocupa hoy, en este momento el que robó no fue el Estado, la que robó fue la aerolínea y robó cosas mucho más graves que unos impuestos que puedan estar en discusión. En este sentido, creemos que sería más constructivo, en lugar de volver a poner el foco en la fiscalidad, en la recaudación del Estado como si fuera una cosa mala, hacer hincapié, poner nuestro empeño en qué regulación, qué medidas legislativas podemos traer a esta Cámara o podemos regular. Se me ocurre, por ejemplo, la Ley de Contrato de Seguro. No es que tenga necesariamente un motivo para el cambio, pero sí que les podría decir que el único problema administrativo con el que se han encontrado las personas familiares de las víctimas del accidente no es el pago fiscal de las llamadas becas a los estudios, sino que también han tenido periplos en los juzgados para poder cobrar las indemnizaciones previstas por ley, ya que las compañías privadas les minoraban esta cantidad. Asimismo, les quiero recordar que sí que es verdad que tenemos desde el Estado que proponer y contribuir a que todas las personas, especialmente aquellas que han sufrido una catástrofe como esta, puedan desarrollar, como les comentaba, sus vidas, que también puedan estudiar. Pero realmente quien es responsable de que todas las personas puedan continuar sus estudios, si así lo desean, no es una empresa privada, no es la misericordia de una empresa, sino que el responsable somos el Estado. También quería recordar que si realmente Lufthansa o Allianz querían que la cantidad neta que han puesto en este fondo de estudios fuera íntegramente a los afectados, dado que la legislación en materia fiscal es ampliamente conocida y, si no, es fácilmente consultable, era tan fácil como simplemente incrementar el fondo de esta beca para que realmente la cantidad neta que recibieran los familiares fuese la deseada. Me gustaría saber qué pensaría el grupo proponente o alguno de los grupos que tanto defienden esta medida — que ya reitero que nosotros también apoyamos— si hubiese alguna manera para que quien tuviera que hacerse cargo del importe fiscal fuera la empresa, la aerolínea privada Lufthansa o la compañía aseguradora y no el Estado. La verdad es que me gustaría saber si muchos partidos que están tan firmemente defendiendo esto continuarían apoyando esta medida en favor del bienestar de los familiares de las víctimas de ese maldito vuelo. Ya para acabar, simplemente les digo que a pesar de los motivos o de ciertas discusiones que creo que pueden ser interesantes, en verdad apoyamos muy contentos esta iniciativa, por responder a una reivindicación desde hace tiempo, pero también porque se demuestra que una vez más es el Estado quien está al lado del bienestar de las personas. Muchas gracias. .

María Magdalena Nevado del Campo VOX

Gracias, presidente. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a las víctimas con todo nuestro cariño y respeto y lamentamos profundamente que hayan tenido que pasar siete años para que se resuelva un mero trámite parlamentario y con ello su problema. Buenas tardes, señorías. Gracias al tenso debate que protagonizaron aquí la semana pasada la señora Nogueras y la señora Montero nos enteramos de que la izquierda republicana había pactado un asunto decente. Y como mi Grupo Parlamentario VOX no es como ustedes, que votan sistemáticamente no a todo lo que proponemos por el mero hecho de ser de VOX, nosotros votaremos que sí a la exención del pago del IRPF de las becas de los niños huérfanos tras el accidente de Germanwings. . Hemos vivido los indultos a los sediciosos, hemos visto cómo el 16 % del presupuesto destinado a comunidades autónomas va a parar a Cataluña, y de pronto —¡sorpresa!— un asunto de interés general. ¿Cuántos asuntos quedan, señor Rufián? ¿Alguno de especial relevancia que los españoles tengamos derecho a saber? Esta iniciativa nos sirve como ejemplo para poner de manifiesto la diligencia con la que trabajan los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, y les voy a decir por qué. Rajoy prometió que estos huérfanos no soportarían carga alguna por las indemnizaciones recibidas; después lo prometió Sánchez, supongo que ahí estuvo el error, confiar en quien hace siempre justo lo contrario a lo que promete. . Y ahora lo promete la señora Montero, no sin antes señalar acaloradamente que las víctimas no son de nadie. Y es que las víctimas de tragedias, las víctimas de accidentes de tráfico y, sobre todo, las víctimas de ETA tienen algo en común, a ustedes no les importan absolutamente nada. A ustedes les importan esas víctimas que inventan, esos colectivos oprimidos para poder patrimonializar, subvencionar y amortizar, aunque eso se le da mejor a esta otra ministra Montero, que tampoco está presente. La ministra de Hacienda es más la de: El lunes os arreglo eso de las plusvalías, alcaldes. No os preocupéis, que la caja registradora no la vamos a parar. ¿Por qué no habrá arreglado este asunto durante el fin de semana la ministra Montero? ¿No habrá podido trabajar con el ruido que han hecho los cientos de miles de transportistas, cazadores, pescadores, agricultores, ganaderos y todo aquel que se gana la vida honradamente? ¿Le han desconcentrado mucho esas voces que gritaban «Gobierno, dimisión»? . Que no se preocupe, no le hace falta mucha concentración, los 800 000 euros que pertenecen a estas personas que están demandando, a estos huérfanos y no a Hacienda, se van a compensar de sobra con los más de 3500 millones que van a ingresar gracias al escandaloso aumento de la inflación, que no solo no evitan, sino que además fomentan. Para que nos entienda todo el mundo, el Gobierno está encantado porque la subida de los precios genera un aumento de ingresos por impuestos especiales e IVA. El contribuyente se asfixia con el precio de la luz, del gas, de la gasolina y de los productos básicos. ¿Y quién gana? Hacienda. ¿Creen que la señora Montero va a ajustar el IRPF a la inflación para frenar el empobrecimiento masivo de los españoles? No, ese dinero lo quieren para silenciar a los sindicatos de clase y para seguir subvencionando votantes. La señora Montero dijo que las víctimas no son de nadie y yo le voy a responder que todos los españoles somos víctimas de su pésima gestión. Les están echando, señorías del PSOE, de Podemos y todos los demás; les están echando por todo aquello que les han prometido y que no han cumplido. Esos que ahora están en la ruina les están diciendo alto y claro que no pueden más. Se lo han dicho al Gobierno y se lo han dicho directamente a la señora Montero, así pues, que devuelva cuanto antes las cuantías a estos huérfanos que jamás debieron pagar, que tenga un poco de decencia y que dimita. Gracias. .

Mario Garcés Sanagustín PP

Buenas noches, presidente. Señorías, hoy no va a ser un discurso político al uso, hoy va a ser el testimonio de una persona que vivió directamente el drama con todos los familiares que hoy estáis aquí. Gracias por estar aquí. La gratitud de aquellas horas, de aquellos siete días que pasé con vosotros nunca la olvidaré y la llevaré permanentemente conmigo. . Era un 24 de marzo de hace siete años. Yo estaba inaugurando un busto de Adolfo Suárez en Ávila cuando la ministra de Fomento me dijo: se ha producido un accidente. Eran las 10 de la mañana, 41 minutos y 6 segundos, y el avión operado por Germanwings, que iba de Barcelona a Düsseldorf, se estrellaba en la Provenza, en la Alta Provenza, en los Alpes franceses. Ciento cincuenta fallecidos, cincuenta y uno españoles, la mayoría catalanes, entre ellos una jacetana como yo, con su bebé de siete meses. El horror más absoluto. La verdad es que puede haber estados de excepción emocional, estados de desolación, estados de depresión, pero hay un momento en nuestras vidas que cambia radicalmente y a veces de una manera abrupta, cuando no lo esperamos, porque un buen día ocurrió un acontecimiento y ya no somos los mismos. Cuando hemos vivido no podemos ser indolentes, los muertos no pueden ser indolentes, pero sería todavía más absurdo que los vivos fuéramos indolentes. Por eso estamos hoy aquí, para acabar con una injusticia, para acabar con un sinsentido, para acabar con la sinrazón de lo que ocurrió y dar carpetazo, al menos en parte, a aquella tragedia, a aquella tragedia que nos devoró a todos, que nos devoró durante muchos días y que todavía arrastramos. En un primer momento veíamos las imágenes de los equipos de rescate que buscaban las causas. Luego escuchamos la voz del fiscal, en Marsella, que nos decía cuál había sido la causa del accidente; pero de pronto las víctimas, cuando nos reuníamos, cuando llorábamos juntos, buscábamos una razón, porque al final buscamos razones cuando probablemente no haya razones, cuando no hay caja negra en cada persona para que podamos saber realmente por qué ocurrió lo que ocurrió. Pero sí que voy a contar un testimonio. Voy a contar un testimonio de lo que me pasó. Después de dos días en los que prácticamente no había comido ni dormido vino una mujer, — había muerto su marido con sus dos hijos—, 1,80, una mujer que arrastraba una integridad inconmensurable, y me acuerdo que me abrazó y me dijo: hoy te abrazo a ti, tú ya no nos abrazas porque hoy necesitas nuestro apoyo, porque yo he perdonado. Me dijo que ella había perdonado. Yo no seré quien diga quién tiene que perdonar o no porque el perdón es una opción moral individual, pero sí es verdad que el perdón para los que no somos indolentes no significa ni desmemoria, ni significa justicia, ni significa compasión en ninguna de sus magnitudes, en ninguno de sus alcances. Por eso estamos hoy aquí precisamente, para no ser inertes, para poder revolvernos, para actuar con esa rebeldía que nos demandan nuestras conciencias, para acabar con aquello que nunca tuvo que haber ocurrido. Y precisamente demandamos del Ministerio de Hacienda que tenga la sensibilidad adecuada, a la ministra Montero que concluya aquella propuesta que iniciamos nosotros y que la fatal moción de censura dejó frustrada. Hoy no era, señores de VOX ni señores de Ciudadanos, para el discurso que han hecho, hoy correspondía otro discurso completamente diferente cuando están las víctimas arriba. No pueden hacer política. Es que no pueden hacer política. . Les diré una cosa, y termino. En aquellos tiempos descubrí que era posible colaborar. Tuve a mi cargo a dispositivos de la Generalitat de Catalunya y les agradezco a todos los servicios de la Generalitat el magnífico trabajo que hicieron. Tuve a magníficos empleados, tuve a Mossos d’Esquadra, tuve a Protección Civil, tuve al Ministerio de Sanidad, tuve al Ministerio del Interior, y como subsecretario del Ministerio de Fomento tuve a los magníficos empleados públicos que había en el Ministerio de Fomento y que siguen estando en el Ministerio de Fomento. Por eso no es un día para hacer política, es un día para demostrar que cuando vamos todos juntos y tenemos un bien superior que defender no había ideologías, estábamos todos unidos y trabajamos juntos. Fue un ejercicio de cooperación, fue un ejercicio magnífico de entendimiento. Lástima que no estemos a veces permanentemente a la altura de las circunstancias. Termino. Una mujer perdió a su marido, ejecutivo de una compañía japonesa, dejó a dos huérfanos y en una carta que escribió, que es maravillosa, decía una frase — que intentaré decir en un catalán mío que, desgraciadamente, no es mi lengua materna—: «Deixa la muntanya, amor meu, i torna a casa». Hoy, desde luego, dejaremos la montaña y volveremos a casa, volveremos a casa con los deberes hechos porque hoy cerramos aquí una etapa de nuestras vidas. Muchísimas gracias. .

Montse Mínguez García PSC-PSOE

Gracias, presidente. Se cumplen el jueves ―como se decía― siete años de una tragedia ocurrida el día 24 de marzo de 2015, y la parte invisible de esta tragedia son los ochenta y dos niños y niñas que quedaron huérfanos y que todavía hoy están sufriendo; cincuenta y cuatro de ellos españoles. Así que, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, le queríamos dar la bienvenida a la asociación de las víctimas, a su presidenta y a su junta, y decirles que nuestro compromiso ha estado desde siempre; decirles que tienen todo nuestro reconocimiento y que merecen ser acompañados en su dolor y en la reparación del daño que las administraciones públicas puedan ofrecerles. . En eso estamos, en eso estaremos y en eso hemos estado siempre. Donde no nos encontrarán es en la utilización del dolor como herramienta de hacer política. Decencia, decía la señora de VOX. Falta de vergüenza. Qué poca vergüenza venir aquí hoy con ese discurso. Miren, nosotros, seguramente, estamos acostumbrados ―los parlamentarios― a este tipo de discursos, pero no por estar acostumbrados creo que debemos normalizarlo. Se utiliza la pandemia, aquí en esta tribuna, para atacar al Gobierno; se utiliza la guerra para atacar al Gobierno; y hoy se ha utilizado a los huérfanos para atacar al Gobierno. Dimisiones, la suya, la de todo su grupo en bloque, por haberse levantado a aplaudir ese discurso que hoy aquí no tocaba; y, en nombre de mi grupo, les pido disculpas. . Esta manera de hacer política no trae nada bueno al parlamentarismo. Entrando en la materia de la moción, yo creo que es preciso recordar que la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas contempla, en su artículo 7, todo un listado de exenciones tributarias, y, entre ellas, se incluyen aquellas indemnizaciones como consecuencia de la responsabilidad civil por daños personales en la cuantía legal o jurídicamente reconocida; es decir, que los familiares no tributaron por aquellas indemnizaciones que cobraron de la aseguradora por responsabilidad civil. En cuanto a la tributación de las becas, yo creo que hoy es bueno que nos quedemos con el compromiso de la ministra de que en los próximos días se va a solucionar. Se va a solucionar antes de que se produzca la liquidación del IRPF, respecto al ejercicio 2021, es decir, de aquí a unos pocos días. Para aquellas personas que ya lo hubieran declarado antes del 2021, se hará también la devolución de ese importe. Ese es el compromiso que, desde siempre, ha asumido el Grupo Parlamentario Socialista; un compromiso meridianamente claro cuando se votó a favor de esa proposición de ley ―que también se ha nombrado aquí― en mayo de 2018, en ese momento se estaba en la oposición como Grupo Parlamentario Socialista. Después, entramos en el Gobierno, y en los primeros presupuestos del ejercicio 2019 se incluyó para que quedara exento. Lástima que aquellos presupuestos no pudieron aprobarse y, a partir de ahí, todos conocemos la concatenación de los hechos. Hubo convocatoria de elecciones, finalizó el periodo de sesiones y aquella proposición de ley decayó. Pero, fíjense si hubo compromiso político por parte de nuestro grupo, que, incluso, se introdujo en el período de sesiones. Importante, hoy quedémonos con esto; cerremos esa carpeta por la que ustedes llevan tantos años luchando. Pongámonos a disposición de la asociación para otras iniciativas que también están tratando y están estudiando. Hoy ―lo decía ahora el portavoz del Grupo Popular― hemos de quedarnos con la sensibilidad. Hoy toca hacer política conjunta; hoy toca dejar de lado la política de los chillidos, demostrar que sin chillidos somos capaces de ayudar a las personas, demostrar que sin chillidos nos preocupamos de los problemas reales que tiene la gente; y mucho más cuando estamos detrás de una tragedia. El jueves ―casualidades de la vida―, el jueves, día en el que se cumplen siete años de este fatal accidente, nuestro Grupo Parlamentario Socialista va a votar que sí, porque nuestro grupo entiende que es de justicia. Tenemos ganas de cerrar esta carpeta sin olvidar ni dejar de acompañar a las víctimas en todo aquello que les podamos ayudar. Muchas gracias. .