Pleno del Congreso n.º 165 · XIV legislatura

José Luis Escrivá Belmonte

Gracias, presidenta. Señorías, el pasado día 22 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de planes de pensiones de empleo, iniciándose así su tramitación parlamentaria. Este proyecto de ley forma parte del proceso negociado, consensuado y sistemático de reforma del sistema de pensiones iniciado en esta misma Cámara con la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo en noviembre de 2020, hace ahora quince meses. Nacidas de la negociación y del acuerdo, estas recomendaciones marcaban un camino claro y ambicioso para la reforma del sistema de pensiones. Las recomendaciones han sido nuestra hoja de ruta durante estos quince meses y lo seguirán siendo. Como he repetido muchas veces, las buenas reformas nacen del diálogo y del acuerdo. Eso es lo que las hace sostenibles y creíbles a largo plazo. Estas son características deseables para todas las decisiones sobre políticas públicas, pero en el ámbito de las pensiones es sencillamente imprescindible. La recomendación 16 del Pacto de Toledo, aprobada por una abrumadora mayoría de esta Cámara, decía lo siguiente — permítanme que la lea en su integridad—: «Sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, basado en un sistema financiero de reparto, el artículo 41 de la Constitución ampara el desarrollo de sistemas complementarios de carácter voluntario que, en línea con los países de nuestro entorno, se articulan como mecanismos de naturaleza mixta. En su dimensión económico-financiera son instrumentos de ahorro a medio y largo plazo para los trabajadores y herramienta de inversión bajo tutela de los poderes públicos, pero también tienen como objetivo complementar — en ningún caso sustituir— las pensiones públicas. Consciente del insuficiente e insatisfactorio recorrido que estas fórmulas han tenido hasta la fecha, la Comisión reafirma su apuesta por impulsar su implantación efectiva, atendiendo a la recuperación de los salarios y al fortalecimiento de la negociación colectiva, para lo cual mantiene la recomendación de dotar de estabilidad el actual modelo de previsión social complementaria. En esta línea, la Comisión subraya la necesidad de impulsar de forma preferente los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva de empleo que integran el denominado segundo pilar del modelo de pensiones y que, prioritariamente, habrán de ser sin ánimo de lucro. Estas entidades deben permitir desarrollar un sistema de aportaciones suficiente, eficaz y duradero, en un porcentaje de la base de contingencias comunes u otros criterios objetivos, y con fórmulas específicas de apoyo a los salarios más bajos o a las carreras profesionales más vulnerables, incorporando la solidaridad de determinadas contingencias. En dicho sentido, el esfuerzo de trabajadores y de empresas debe ser adecuado, proporcional y sostenido en el tiempo; debe cubrir al menos las contingencias de jubilación e invalidez y fallecimiento, y debería materializarse en entidades que, preferentemente, abonen complementos en forma de renta. En línea con lo planteado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en su evaluación de los beneficios fiscales, deberá dotarse a dichas entidades de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, mejorando el existente en la actualidad y atendiendo a que, en ningún caso, dichos sistemas de ahorro deben ser considerados como meros productos financieros. Asimismo, esta Comisión llama la atención sobre dos aspectos sustanciales para el funcionamiento de los sistemas complementarios: el establecimiento de un sistema de comunicación eficaz y veraz con sus socios, cuya participación debe ser periódica, y la necesaria evaluación de los gestores respecto de sus competencias y su desempeño en el proceso de la generación de complementos». El Pacto de Toledo, por tanto, nos transmitía cinco mensajes claros: En primer lugar, el desarrollo del segundo pilar en ningún caso debe entenderse como un sustituto del sistema público de pensiones, basado en un régimen de reparto. En segundo lugar, los sistemas complementarios han tenido un desarrollo insuficiente e insatisfactorio y se han de buscar fórmulas para hacerlos más adecuados. En tercer lugar, de forma preferente, este sistema ha de basarse en planes de empleo y enmarcarse en la negociación colectiva. En cuarto lugar, deberán contar con fórmulas de apoyo a los salarios más bajos y a las carreras profesionales más vulnerables, y con un régimen fiscal y jurídico diferenciado, mejorando el actual. Finalmente, en quinto lugar, su funcionamiento debe estar basado en los principios de transparencia hacia los ahorradores y la rendición de cuentas de los gestores. El proyecto de ley que hoy debatimos no hace otra cosa más que dar respuesta a este mandato claro y muy preciso del Pacto de Toledo. El primer paso para explicar este proyecto de ley es entender el diagnóstico del que parte, un diagnóstico que ya asumía el Pacto de Toledo cuando afirmaba que el desarrollo de los sistemas complementarios había tenido en nuestro país un recorrido insuficiente e insatisfactorio. Así es. Déjeme hacerle un breve recorrido por la historia de los sistemas complementarios en nuestro país, para entender dónde estamos hoy y dónde nos situamos en relación con los países de nuestro entorno con modelos de protección social y de pensiones similares al nuestro. En 1987 se aprobó la ley de regulación de planes de pensiones, una ley fundamental en la arquitectura del sistema complementario de pensiones y a la que se dotó de una enorme capacidad de resiliencia, incluso ante la presencia de crisis financieras como las que hemos vivido. Sin embargo, lo más relevante es que, a lo largo de los años, el patrimonio gestionado de los fondos de pensiones de empleo ha ido perdiendo peso relativo en el total de fondos de pensiones. Mientras que los planes de empleo representaban el 50 % del total de la previsión social complementaria al inicio de los años noventa, en la actualidad solo representan el 25 %. Dicho de otra forma, el ahorro privado se ha ido canalizando cada vez más hacia planes individuales frente a los planes colectivos. Este desarrollo insuficiente e insatisfactorio tiene varias consecuencias. En primer lugar, implica que los trabajadores canalizan su ahorro complementario para la jubilación de manera prioritaria a través de planes individuales, donde su poder de negociación es mucho menor que cuando se negocia en un plan colectivo. Ello acaba repercutiendo negativamente en altas comisiones y baja rentabilidad para las personas que los suscriben. En segundo lugar, el débil desarrollo del sistema complementario, de facto, excluía la posibilidad de canalizar ahorro para la jubilación a través de este mecanismo a muchos trabajadores que tenían que superar muchos obstáculos — muchos, de verdad— para suscribir un plan de pensiones de empleo. Estábamos generando un acceso segmentado al instrumento de ahorro más rentable para los trabajadores y más extendido en los países de nuestro entorno. Y, en tercer lugar, la debilidad del segundo pilar se traducía en un nivel de ahorro agregado bajo. Esto hace que el país tenga un hándicap a la hora de inversiones estratégicas de largo plazo. Lo que hace este proyecto de ley es identificar las causas de este insuficiente desarrollo y proponer medidas para corregirlo. En primer lugar, era especialmente complicado crear y suscribir planes de empleo con la normativa previa. Lo que hace este proyecto de ley es simplificar su creación y facilitar la adscripción de grandes colectivos de trabajadores a través de la negociación colectiva. El que estos planes se estructuren a partir de las relaciones laborales y profesionales de los que los suscriben es para nosotros fundamental. En definitiva, entendemos la extensión de estos planes como un elemento más del proceso de mejora de la calidad del empleo. La reforma incorpora también una regulación específica para el sector público, que permitirá generalizar los planes para los empleados públicos, especialmente de aquellos de entidades locales medianas y pequeñas que hoy no pueden acceder a ellos. Y permite el desarrollo de los planes específicos para los trabajadores autónomos por cuenta propia, facilitando de una forma mucho más efectiva el ahorro para ellos, hoy limitados porque tienen que acudir indefectiblemente a los planes individuales. En segundo lugar, afrontamos el problema de la debilidad estructural del trabajador o del pequeño ahorrador individual frente al sistema financiero que le ofrecía productos de ahorro para la pensión muy caros. Como consecuencia de este problema, y siguiendo las mejores prácticas internacionales, la reforma crea un fondo público y un marco público de gobernanza diseñados para corregir esta asimetría de poder negociador. Permite así asegurar que estos planes se gestionen de forma eficiente, transparente y profesional, y que generen buenas rentabilidades para los trabajadores suscritos a ellos. .

José Luis Escrivá Belmonte

Y, por último, teníamos un sistema de incentivos que no favorecía el desarrollo del segundo pilar y que, de facto, también contribuía a dirigir el ahorro hacia los planes individuales. En este punto, la reforma despliega un sistema de incentivos, tanto fiscales como en el ámbito de las cotizaciones sociales, para impulsar la participación en estos planes tanto de los trabajadores como de las empresas. En el diseño de estos incentivos, nuestra principal preocupación ha sido que estos planes y que las contribuciones a los mismos beneficien especialmente a los trabajadores de rentas medias y bajas; en concreto, las contribuciones empresariales a planes de empleo para un trabajador medio no cotizarán a la Seguridad Social. Esta medida permitirá negociar subidas salariales cuyo coste se mitiga en la medida en la cual se parte de una subida en tablas que deriva de planes de pensiones a favor de los trabajadores, y se mejora la fiscalidad de las aportaciones a planes de empleo, especialmente para facilitar las aportaciones de los trabajadores con ingresos más bajos. Para finalizar, quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar algunos malentendidos sobre la lógica de esta reforma. El primero de estos malentendidos es que el desarrollo del segundo pilar menoscaba el primero y podría suponer una amenaza a medio plazo para el sistema público de pensiones. En absoluto. Esta reforma forma parte de un paquete de medidas que por sí solo se ha caracterizado por un reforzamiento extraordinario del primer pilar en múltiples dimensiones. Eso es así principalmente con la nueva fórmula permanente de revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC o con el cumplimiento del mandato de separación de fuentes, que ha servido para que los presupuestos generales del Estado se hagan cargo de los gastos no contributivos de la Seguridad Social, y ya en este año por más de 18 000 millones de euros. Pero voy más allá; esta mejora del segundo pilar en la dirección de hacerlo más accesible y equitativo no solo es compatible con el mayor compromiso posible, con la centralidad del pilar público de reparto en nuestro sistema de pensiones, es que además el modelo de previsión social complementaria que se prefigura en esta norma es completamente dependiente de la existencia del primer pilar fortalecido. El riesgo no es que los planes de empleo dañen el compromiso que todos tenemos con las pensiones públicas, el riesgo es que un desarrollo de pensiones complementarias basado principalmente en planes individuales cree diferencias en el acceso a los complementarios de las pensiones entre aquellos que tienen una alta capacidad de ahorro y los que no la tienen. También se dice ―este es otro de los más entendidos― que esta reforma es una exigencia de la Unión Europea. En absoluto; es una exigencia, como he explicado detalladamente, del Pacto de Toledo y forma parte del componente 30 del plan de recuperación, porque nosotros, el Gobierno de España, hemos querido para dar además cumplimiento a la recomendación del Pacto de Toledo, y lo hemos querido porque consideramos ―como todos los bloques del proceso de modernización de pensiones― que es importante que estas medidas se enmarquen en el plan de transformación de nuestra economía acordado con las autoridades europeas. Para nosotros es importante su implicación en todo el proceso. Por último, también se usan las bajas rentabilidades históricas de los planes individuales para cuestionar la necesidad del despliegue de los planes colectivos. Es cierto que las rentabilidades de los planes individuales han sido decepcionantes, pero por eso precisamente lo que intentamos corregir es fortalecer el segundo pilar. Les voy a dar un dato: Geroa, la entidad guipuzcoana de previsión social complementaria especializada en planes sectoriales, ha ofrecido en los últimos veinte años rentabilidades hasta tres veces mayores que la de los planes individuales similares en el mismo periodo. Es precisamente el poco desarrollo de los planes colectivos lo que en parte explica estas bajas rentabilidades, y eso es lo que queremos corregir con esta norma. Esta es, en definitiva, una reforma que cumple con el mandato del Pacto de Toledo. Es una reforma diseñada con cuidado, que se ha enriquecido de las aportaciones de empresas y de trabajadores y que estoy seguro de que seguirá haciéndolo en el trámite parlamentario. Gracias a este proyecto de ley, las pensiones complementarias podrán llegar a más trabajadores y, lo que es más importante, fortalecerán el sistema de pensiones en su conjunto. Por ello, espero que la enmienda a la totalidad que hoy se debate no salga adelante y podamos seguir trabajando juntos de forma constructiva en la mejora de este proyecto de ley. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Señor ministro, el BNG presenta esta enmienda a la totalidad en defensa del sistema público de pensiones, que debe ser fortalecido y garantizado, y para rechazar una vía que, si bien se presenta como alternativa más defendible a los planes puramente privados, abre el camino a un horizonte de sustitución del sistema público de reparto solidario — por mucho que se niegue— por un modelo de capitalización de gestión privada. Ese es el gran riesgo, pero además creemos desacertado que la Administración pública destine esfuerzos o recursos a promover e incentivar sistemas complementarios privatizados en vez de concentrar todos esos esfuerzos en el refuerzo del sistema público, dotándolo de mayor robustez y transformándolo en más justo y solidario, por ejemplo, cumpliendo con el compromiso de subir las pensiones mínimas hasta equipararlas con el salario mínimo interprofesional y llevar ambos hasta el 60 % del salario medio, como establece la Carta Social Europea. Claro que muchas de las actuaciones que está desarrollando este Gobierno en materia de políticas sociales distan, lamentablemente, de caminar en la buena dirección. Es evidente que estamos delante de un paquete de reformas que no compartimos, pero que tiene explicación. El empleo, la fiscalidad y la Seguridad Social son tres de los instrumentos fundamentales de mínimo reparto y reequilibrio de la riqueza en una sociedad dentro del sistema capitalista. Por eso, bajo la dominación ideológica y política del neoliberalismo, los cambios acostumbran a ir parejos en estos ámbitos; y por eso, también, la Unión Europea condiciona — sí, condiciona— como requisito para la recepción de los llamados fondos europeos de reconstrucción la puesta en marcha de nuevas reformas y la consolidación de algunas de las anteriores, y a ese objetivo se ha lanzado el Gobierno sin atender a si las medidas suponen deteriorar de nuevo el sistema público de bienestar. Hace apenas unas semanas se aprobaba en este Congreso la nueva normativa laboral que, lamentablemente, no deroga la reforma laboral del Partido Popular, sino que consolida la mayor parte del brutal recorte de derechos laborales de los años 2010 y 2012. Por su parte, la reforma fiscal ha sido ya anunciada en el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se encomendó un informe realizado por expertos en la materia, aunque las recomendaciones conocidas ponen de manifiesto una dirección que a juicio del BNG es equivocada y se alejan de una política fiscal justa y redistributiva que baje los impuestos no progresivos, como el IVA a productos y servicios esenciales, y los aumente a quien más tiene, gravando, por ejemplo, a las grandes fortunas o los lucros de las grandes empresas que hacen negocio con recursos públicos y servicios esenciales, como es el caso de las eléctricas. La tercera de las grandes reformas es la de las pensiones. Aunque la declaración de intenciones, tal y como se expresaba en la recomendación 0 de la Comisión del Pacto de Toledo, reafirmaba el compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de pensiones. Lo cierto es que las medidas concretas aprobadas ponen, a nuestro juicio, en riesgo este objetivo, pues fijan las bases para una evolución que puede acabar minándolo. La primera de las reformas, ya acometida a través de la Ley 21/2021, al igual que ha sucedido con la reforma laboral, no deroga las reformas anteriores. De hecho, el BNG votó en contra porque consolida uno de los elementos más lesivos de la reforma de 2011, el aumento de la edad de jubilación a los 67 años y del periodo de cálculo hasta los 25 años. Además, se mantiene la penalización de las jubilaciones anticipadas, incluso con 40 años cotizados, lo que creemos que es tremendamente injusto, y se destinan recursos públicos a incentivar la llamada jubilación demorada, mientras se mantiene un 40 % de paro juvenil, sin que se recuperen fórmulas como la jubilación parcial o el contrato de relevo para mitigarlo. No contentos con esto, en aquel momento se anunció que quedaban reformas pendientes: un posible aumento del periodo de cálculo hasta los 35 años, la activación del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la propuesta que tenemos ante nosotros, la introducción de planes de pensiones de empleo, que se consideran complementarios, pero que supondrán romper la solidaridad y función redistributiva del sistema público de pensiones. Esta propuesta tiene como antecedente, es cierto, la recomendación 16 del Pacto de Toledo, pero hay que recordar que el aumento del volumen total de planes complementarios es otra exigencia de la Unión Europea, una de las más importantes para acceder al plan de recuperación, y resulta evidente que aunque afirmen que se trata de un sistema que se sumaría al ya existente, no sustitutivo de las pensiones públicas, el calado de la reforma evidencia que con el tiempo ese puede ser el horizonte. Desde la época del Gobierno del PP encabezado por Aznar, de hecho, se inició una clara promoción de los planes de pensiones privados a suscribir con entidades financieras, con importantes desgravaciones fiscales. Sin embargo, ni las desgravaciones — que suponen pérdidas de ingresos públicos—, ni las constantes campañas de desinformación interesada sobre un inminente colapso del sistema público, consiguieron una implantación amplia de fondos privados en el Estado español. Solo han incrementado su presencia en países en los que se han establecido de forma obligatoria o las pensiones públicas no son una solución suficiente por su baja cuantía. Porque existe una correlación clara: cuando el sistema público de pensiones garantiza una pensión digna el desarrollo de las pensiones privadas es menor. Por eso, su deterioro es una premisa para que se puedan extender los sistemas de pensiones de capitalización y, por eso, alertamos también sobre el hecho de que el fomento de los sistemas complementarios de la negociación colectiva acaban desembocando con el tiempo en establecerlo como sustitutivo, un objetivo que hasta ahora no se ha logrado con las fórmulas puestas en práctica anteriormente. La norma crea un fondo de empleo impulsado del sector público pero que será gestionado por el sector privado. Más negocio para la banca. ¿Por qué? La gestión de estos fondos podría ser realizada por la Tesorería General de la Seguridad Social; es más, la gestión pública podría realizarse incluso de forma descentralizada, dando de paso cumplimiento, en nuestro caso, a lo establecido en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía, que prevé la transferencia a la Administración galega de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en Galicia. Además, el mecanismo previsto a través de la negociación colectiva conlleva introducir un grave factor de desigualdad entre las personas trabajadoras, pues es evidente que con esta premisa no va a resultar igual en grandes empresas o en sectores como el industrial que en otros más desarticulados como el comercio o la hostelería, no hablemos ya de sectores muy precarizados como los servicios en el hogar. Por ello, se convertirá en un nuevo elemento de inequidad y de discriminación entre trabajadores y trabajadoras. Lo que sí es evidente es que la reforma potenciará de nuevo, al igual que hizo la no derogación de la reforma laboral, la centralización de la negociación colectiva. Además, es evidente que las aportaciones, tanto las que haga el trabajador o trabajadora como la parte empresarial, van a salir de los salarios. Por tanto, estos planes de pensiones constituyen en realidad un salario diferido. Es especialmente grave el hecho de que en la actual situación de crisis económica, con alta precariedad laboral y bajas retribuciones, se apueste por diferir parte del salario en la edad de jubilación, retribución que se deja de percibir en el momento actual y, atención, por la que también se deja de cotizar a la Seguridad Social. La aportación al plan supondrá percibir un salario menor, resultando especialmente traumático para los sectores de población con ingresos medios y bajos, para los cuales es sencillamente imposible comprometer un salario diferido para un futuro lejano cuando deben pensar en el presente y en cómo llegar a final de mes. Pero además, y esto es realmente importante, al cotizar por un salario menor el trabajador o trabajadora también va a acceder a una pensión pública menor. Estamos hablando, por tanto, del deterioro del poder adquisitivo de las pensiones públicas. Más grave aún es que se haya avanzado públicamente en la posibilidad de que el Estado aportase fondos para fomentar estos sistemas complementarios. Esto, a mayores, de los ingresos que dejaría de percibir por una parte del salario que no cotiza, posible bonificación en las cotizaciones empresariales o deducciones fiscales, todos ellos recursos que deberían, a nuestro juicio, ir a reforzar el sistema público. La realidad es que se pretende integrar un segundo pilar dentro del sistema para posteriormente, a medida que la tasa de sustitución baje por devaluarse el sistema público de pensiones, seguir fomentando también el llamado tercer pilar, que es el de los mecanismos de ahorro individual; es decir, los planes puramente privados de pensiones. La confrontación entre un sistema de reparto y otro mixto quiere caminar hacia la existencia de un nivel asistencial básico o mínimo y un nivel de tipo profesional que vaya capitalizándose con las aportaciones que se hacen. Por eso, todas las reformas anteriores trataron de reforzar el carácter contributivo, diluyendo desde dentro el carácter solidario del actual sistema público de reparto. En definitiva, abandonar progresivamente el criterio de solidaridad interna y buscar la máxima adecuación entre contribuyente y prestación. Claramente, el BNG rechaza el horizonte en el que, sin duda, los gurús del neoliberalismo se verían satisfechos; un modelo en el que los sistemas de capitalización privados o de empresa fuesen el soporte principal y las pensiones públicas el complementario realmente con carácter asistencial. No podemos, por tanto, compartir una reforma que asegura el negocio para las entidades financieras, mientras se reducen los ingresos de la Seguridad Social para fomentar un sistema que minará la sustentabilidad del sistema público de pensiones. Como ya hemos expresado en múltiples ocasiones, el criterio del que se parte en esta materia no se ajusta a lo que debería defender un Gobierno realmente de izquierdas. Se busca reducir y recortar el gasto, en vez de aumentar los ingresos. A juicio del BNG, se debería actuar con la creación de empleo en reducir el tiempo de trabajo para repartirlos mejor y en mejorar los salarios; en definitiva, más empleo estable y de calidad, logrando así un incremento de los ingresos que aseguren también estabilidad, garantía de solidaridad y redistribución, propias del sistema público de pensiones. La promoción pública de planes de pensiones, sean mixtos o privados, en detrimento y perjuicio del sistema público de pensiones no es el camino adecuado; todo lo contrario. En este momento, debe apostarse por reforzar y mejorar el sistema público, única vía si verdaderamente se defienden políticas de izquierdas, para asegurar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de las clases populares y de los pueblos. Obrigado.

José María Mazón Ramos PRC

Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, este proyecto de ley tiene muchas cosas buenas ―usted las ha explicado, señor ministro―, y yo creo que no se merece una enmienda a la totalidad. Lo que sí tiene es algo que deja mucho que desear y merece enmiendas parciales. Nosotros estamos de acuerdo en que incentivar el ahorro es algo muy positivo, ya que las pensiones públicas tienden a igualarse y, en general, siempre son inferiores a los ingresos de la vida activa, por lo que yo creo que es algo natural que los ciudadanos, cuando se jubilen, pretendan tener un nivel de vida parecido al que tenían antes. Por eso, están bien estas medidas complementarias. Dicho esto, la reducción de topes de aportación que se han hecho, yo creo que resulta negativa hasta para la recaudación, sobre todo, pensando que las ventajas fiscales en los rescates ya han desaparecido y, además, en la declaración del IRPF, cuando esto se produce, se suman al marginal los propios intereses que se han ido generando a lo largo de la vida; con lo cual, Hacienda recupera con creces lo que ha ido desgravando a lo largo del tiempo. Uno cree que tiene 50 000 euros, por ejemplo, y a la hora de verdad se da cuenta de que solo tiene 30 000 o 35 000. Suele ocurrir. Hay lagunas importantes. Por ejemplo, una empleada de hogar o empleado no tiene acceso a estos planes protegidos públicamente como otros trabajadores. Imaginemos a alguien que gana el salario mínimo interprofesional y quiere aportar 100 euros todos los meses, porque los puede aportar, tiene que ir a un plan privado y no a este tipo de planes, y tampoco incentiva al empleador como a una empresa en estos casos. Otra cuestión, que el límite para los autónomos sea inferior no tiene ninguna argumentación lógica, porque no nos vale que en la práctica siempre aportan menos que este límite, tienen derecho como cualquier otro, entiendo yo. Y tampoco queda claro lo que pasa con un trabajador que tiene un empleado. Se puede interpretar, está claro, pero con esfuerzo. Fíjese, ayer en la Comisión de Política Territorial se hablaba de la traducción a las lenguas cooficiales de las normas y se comentaba la dificultad que hay a veces de interpretar en la propia lengua original el sentido de lo que se pretende. Por eso, aquí hay algo que, una vez interpretado, deja mucho que desear, por no decir que es una chapuza. Por ejemplo, la tabla de coeficientes de aportaciones de los trabajadores en relación con los empleadores; resulta que si un empleador aporta 1500 euros, el trabajador puede aportar 2250, coeficiente 1,5; pero, si aporta un euro más o 100, aporta 1600 y el trabajador solo puede aportar coeficiente 1, 1600. Con lo cual, porque le haya aportado más el empleador resulta que el trabajador puede aportar menos. Eso es una incoherencia matemática ―dígaselo a la consejera de Hacienda― que vengo repitiendo continuamente. Cuando hay escalones, tengan cuidado, es muy fácil hacer una fórmula, hay aplicaciones, se pueden hacer anexos, pero esto, desde luego, no tiene un pase. Muchas gracias.

Albert Botran Pahissa CUP-PR

Gracias, presidenta. Señor ministro, el sistema público de pensiones es de los pilares del Estado del bienestar, seguramente, del se puede estar más orgulloso en el caso del Estado español; no así de la educación, que sigue fuertemente segregada a través de los conciertos, o de la sanidad, que también está muy muy privatizada. Pero el sistema público de pensiones es de lo que cabría estar más orgullosos. Sin embargo, sabemos que está acechado desde hace décadas porque precisamente el capital privado quiere entrar a fondo en este ámbito de las jubilaciones, en esta gestión de lo que en su día se llamó el retiro obrero. Precisamente, quiere entrar simple y llanamente para sacar beneficio. Lo van haciendo poco a poco con la ayuda de gobiernos de todos los colores, con ayuda de un discurso y de una rumorología, de que no hay dinero para pensiones o de que la pirámide demográfica está tensionada cuando todos y todas sabemos que el problema no es que no haya trabajadores cotizando, es que el paro no permite que gente que querría cotizar esté cotizando o incluso que gente que está trabajando esté cobrando unos salarios bajos y, por tanto, unas cotizaciones bajas. . No es que no haya trabajadores cotizando, es que podrían estar cotizando mucho más si tuvieran empleo estable y bien remunerado. La banca privada cuenta con la ayuda también de la Unión Europea, que entre las condiciones para los fondos Next Generation ―se ha comentado también— se acordaban reformas como la que hoy discutimos. .

Albert Botran Pahissa CUP-PR

Hoy hay un solo punto, no es difícil. La propuesta de pensiones de empresa que presenta el Gobierno es una fuente de entrada para la banca y otras empresas privadas en el ámbito de las pensiones, como las llama la ley, las entidades gestoras y las entidades depositarias. Vemos, además, otras cuestiones preocupantes, dejar las pensiones en el marco de la negociación colectiva entre sindicatos y patronales tiene riesgos como, por ejemplo, una mayor diferenciación entre sectores de la clase trabajadora, en aquellos sectores en los que está más organizada la lucha y la presencia de la negociación sindical, como puede ser la industria, y en aquellos sectores donde el músculo sindical es mucho menor, como por ejemplo la hostelería. Si ya son distintos los salarios entre industria y hostelería, si ahora introducimos tensiones de empresas que ostensiblemente serán mejores donde se pueda luchar sindicalmente mejor, se discriminará más a otros sectores de la clase trabajadora, por ejemplo — se ha citado ya—, el comercio o la industria. Un sistema que es público y de reparto es mucho más justo para todos los sectores de la clase trabajadora. Nosotros votaremos a favor de la enmienda del Bloque Nacionalista Galego y de todas las propuestas que pretendan consolidar y ampliar el sistema público de pensiones, y votaremos en contra de cualquier medida que le abra las puertas de este sistema público de pensiones a la banca privada o que pretenda recortar derechos. Ya votamos en contra de las recomendaciones del Pacto de Toledo precisamente porque abría estas puertas, votamos en contra de la ley que trajo el Gobierno en diciembre porque consolidaba recortes, porque penalizaba la jubilación anticipada y porque no aumentaba las pensiones mínimas, y en este mismo sentido — y con esto termino— nos oponemos al alargamiento del periodo de cálculo más allá de los veinticinco años, como apuntan todos los globos sonda que van saliendo de su ministerio. Usted dice que no, ya lo veremos cuando termine la legislatura. Gracias.

Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano EH Bildu

Señorías, señor ministro, egun on, buenos días. Señor ministro, no existe una demanda social mayoritaria en torno a lo que se propone con esta reforma, sí hay una demanda social si se entiende como social a los sectores financieros del Estado y de la Unión Europea. Por otro lado, esta reforma invade competencias autonómicas. Quieren imponer un único fondo público. Y tercero, y no menos importante, sí se está promoviendo una línea de descapitalización importante. Voy a intentar explicar estos tres ejes. Respecto a la demanda social, no puede negarse que desde los años ochenta, desde los poderes financieros internacionales, está habiendo una presión en contra de los sistemas de Seguridad Social pública. Acuérdese de aquella primera reforma en Chile, por ejemplo, que se suele poner como ejemplo de desmantelamiento en este sentido y que los poderes controladores de las grandes finanzas siguen presionando, y acuérdese también del libro blanco europeo y de todas las recomendaciones del Banco Europeo. No tengo que recordárselo, porque a usted se lo están recordando mensualmente con cada documento que se presenta. ¿Y cómo se está haciendo esta presión desde estos poderes? Fomentando la duda sobre la viabilidad y sostenibilidad de la Seguridad Social y presionando para imponer otro tipo de planes, más los individuales, etcétera, pero también es este sistema de planes de pensiones colectivos. Y no hay que olvidar que precisamente todos estos poderes han creado un contexto desde los años 2011 y 2013 de recortes en el sistema de pensiones, recortes que algunos se han podido revertir, pero otros muchos se mantienen: la edad de jubilación, los periodos de cotización requeridos para las prejubilaciones, los periodos de tiempo para calcular el monto de las pensiones, el no reconocimiento de las largas carreras de cotizantes cara a la prejubilación, el caso de mutualistas que tienen conculcados muchos derechos y que hay que afrontarlos, y estos recortes de edades, etcétera, van a repercutir sobre todo en las pensiones futuras. Por eso, estamos afrontando estas reformas dentro de un contexto de mantenimiento de recortes. El segundo eje que le comentaba era el no respeto al marco de competencias del Gobierno. Los gobiernos autonómicos tienen competencias en cuanto a las entidades de previsión social voluntaria, y esto crea riesgos importantes para las actuales entidades existentes. Ustedes están proponiendo un único sistema público estatal, el único, que va a estar controlado y dirigido desde el ministerio correspondiente. Si no hacen esta reforma con ánimo centralizador, ¿por qué no contemplan en su ley que las diferentes autonomías puedan tener capacidad de promover fondos de pensiones de empleo y que estos fondos de empleo tengan consideración también de pensiones de empleo de promoción pública, la misma figura? ¿Por qué no se contempla eso? ¿Por qué han llevado esta reforma precisamente en esta línea y no han construido una entidad de previsión social voluntaria pública por la línea de las mutuas? Porque han creado una figura por encima de ella que tiene unos riesgos centralizadores importantes. En tercer lugar, decía usted que esto no viene a descapitalizar la Seguridad Social. Esta ley, por medio de los mecanismos de subvenciones directas e indirectas que conlleva, va a debilitar el sistema de la Seguridad Social y, además, introduce unos mecanismos que entran en contradicción con los objetivos ampliados en el mecanismo de equidad intergeneracional. Este mecanismo, que aprobamos aquí hace tres meses y que consistió en la subida de 0,6 puntos de las cotizaciones, supone que vamos a poder recaudar 2800 millones anuales aproximadamente para fortalecer ese fondo de pensiones de cara a las posibles desviaciones que existen. Ahora, tres meses después de esa aprobación, nos proponen exenciones que van a suponer miles de millones de pérdida de ingresos para la Seguridad Social. En estos momentos, con estas exenciones, que son de 115 euros mensuales por empleado —106 euros de media— y que van a suponer 1380 euros al año, si tenemos en cuenta que en estos momentos hay 600 000 cotizantes ya de este tipo de fondos de empresa, va a suponer 830 millones anuales en este este año, en este ejercicio, en cuanto se apruebe esta ley, en cuanto esté en vigor, si se aplican a las personas que en estos momentos tienen fondos. Otra cosa es que esté pensando que no sea aplicable a las personas que tengan fondos de empresa en estos momentos, que sería bastante más grave. En los próximos años, si en estos momentos para estos 600 000 cotizantes supone 830 millones, si se multiplica por cinco el número de mutualistas que se integran en el sistema serían 4000 millones; echen cuentas. Este proyecto, señor ministro, es desvestir un santo para vestir otro, es muy mal negocio para las y los trabajadores, es debilitar un sistema redistributivo, la Seguridad Social, para vestir y fortalecer un sistema privativo de fondos de pensiones. Por eso, creo que se merece una enmienda a la totalidad. Muchas gracias.

Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

Buenos días, señora presidenta. Señorías, no podemos compartir una enmienda a la totalidad que no solo se opone a un determinado proyecto de ley de impulso de los planes de empleo, sino que se opone en lo fundamental a la propia existencia del segundo pilar. No podemos compartirlo cuando, además, se ampara en razones ajenas a los parámetros legales y constitucionales de la materia y cuando se opone también a la caracterización que de esos planes de pensiones hace el propio Pacto de Toledo, que es el que se debía tener como hilo conductor no solo de la actividad política o de la actividad legislativa, sino también del consenso político. Si echamos un vistazo a la normativa, la propia Constitución recoge la posible existencia de tales sistemas complementarios en su artículo 41 y lo hace, además, junto al artículo 50, junto al sistema público de pensiones, pero integrando a ambos en un sistema prestacional, constituido uno de forma obligatoria y otro de forma libre y sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones. Además, los sistemas complementarios, tanto ahora como en la recomendación 16 o como en anteriores recomendaciones del Pacto de Toledo, son caracterizados primero como instrumentos de ahorro a largo y medio plazo para los trabajadores, pero también como una herramienta de inversión bajo tutela de los poderes públicos, pero, sobre todo, son caracterizados como prestaciones no sustitutivas del sistema público de pensiones. Esto es, sirven al sistema público en cuanto ofrecen a los trabajadores un ámbito de ahorro incentivado desde el parámetro de su complementariedad al de las prestaciones del sistema público de pensiones y que, como dice el propio Pacto de Toledo, vienen a complementar y no a sustituir las pensiones públicas. Por ello, entendemos que quien pretenda, como ocurre en este caso, enfrentar los sistemas complementarios al sistema público de pensiones, se equivoca. Plantearlo como una dicotomía es un error, pues además se incurre en excesos no solo legales y constitucionales, sino también de razonamientos vinculados al acuerdo político en que consiste el Pacto de Toledo. Además, a nuestro juicio, la enmienda se pretende sustentar en afirmaciones que no compartimos, que entendemos que algunas son también sin contraste y que se dirigen hacia un debate falso porque entendemos que es dogmático y que está en extremo ideologizado hacia determinadas posiciones en las que de forma legítima, pero que no compartimos, se pretende la hegemonía de las prestaciones públicas y la exclusividad. En primer lugar, discrepamos de esa formación conforme a la cual son tres los instrumentos fundamentales de reparto de riqueza en la sociedad, incluyendo en ellos, junto a la fiscalidad, el sistema público de pensiones y el empleo. Tal premisa, señoría, es falsa. Ni el empleo se puede concebir como un bien inmaterial sometido a reparto, sino que se recoge como un derecho en la propia Constitución española en el artículo 35, ni mucho menos entender que el sistema público de pensiones por ser de reparto deba ser entendido en tal sentido redistributivo del término, como recuerda una unánime doctrina y también el propio Pacto de Toledo. Tal referencia, tal caracterización está hecha respecto al ámbito de la solidaridad y consiste en que son las actuales generaciones de trabajadores quienes sostienen a quienes tienen hoy la condición de pensionistas, a «la solidaridad intergeneracional y en el seno de cada generación, y a través del reparto equitativo de las cargas», como cita de forma expresa la recomendación 0 del Pacto de Toledo, ya que el sentido redistributivo de la riqueza — y esta es una afirmación inexorable de cualquier sociedad— se anuda siempre a la fiscalidad y no a otra herramienta. En segundo lugar, nuestra posición es la de entender, como hace la enmienda, que los sistemas de empleo son un eufemismo para denominar auténticos planes de pensiones privados y auténtico caballo de Troya, como dice más tarde. Entiende por ello que el único modelo de compensación debe ser el salario, que la negociación colectiva no es útil a este efecto o dice que la gestión de los planes de empleo va a ser tan desastrosa como dice que son los de los fondos privados, que, por cierto, es una herramienta no solo legal y constitucional, sino que, además, es aquella a la que acuden fundamentalmente muchos particulares y autónomos. Señorías, nuestros datos no son esos y ustedes pueden comprobarlo. En Euskadi tienen el mejor ejemplo de que no solo se puede gestionar bien, no solo se puede gestionar en términos de rentabilidad, sino que además se hace de una forma correcta, honesta y con rendimientos, se hace ese trabajo de manera eficiente. No está de moda hablar bien de quienes gestionan patrimonios, pero les garantizo que en Euskadi — y en otros sitios puede ocurrir lo mismo— hay gente muy profesional que puede hacer su trabajo de manera muy eficiente. Añade, además, que el sector de la previsión complementaria se ha desarrollado en otros países o porque es obligatoria o porque la pensión pública es reducida. Creo que no ha mirado ni las pensiones ni el sistema en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en Dinamarca o en otros muchos sitios de nuestro entorno más inmediato. En ellos, señoría, ese reparto, esa combinación de pensiones públicas y complementarias es un modelo de reparto y capitalización. Sus ciudadanos tienen una capacidad adquisitiva mayor, una longevidad mayor y el propio país tiene una riqueza mayor. Y pienso que no todos se equivocan. Finalmente, le digo que no es bueno tachar la posibilidad de utilización de la negociación colectiva. Imponer o fomentar a través de la negociación colectiva no es lo mismo. Deje a los agentes sociales que hagan su trabajo. Deje que hagan lo que consideren oportuno y deles un voto de confianza, es posible que les sorprenda. Señoría, señor Rego, esta enmienda no podemos compartirla, pero tampoco podemos compartir algún otro razonamiento que se ha hecho aquí relativo a la intromisión competencial. Euskadi tiene competencias en la materia y las ha desarrollado; tiene una ley de entidades de previsión social voluntaria y la puede desarrollar. Podría también desarrollarla hasta el punto de establecer un sistema público de gestión de estos fondos, como lo hace la legislación, el proyecto de ley que ahora utilizamos, pero lo que no podemos admitir es lo contrario. Ustedes, señorías de Bildu, nos han señalado hace un momento que incurre en intromisión competencial. No. Incurriría en intromisión competencial si la ejerciera señalando que Euskadi debe tenerla con esos caracteres. Si nosotros la podemos regular, lo haremos. Lo que no se puede es imponer que nosotros lo hagamos desde la legislación del Estado. Esa sería la intromisión competencial que sería inadmisible. Señorías, esta es una herramienta que entendemos que es útil; que es compatible con el sistema público de pensiones; que es beneficiosa, incluso, para el sistema de relaciones laborales; y la apoyaremos, en su momento, con las modificaciones oportunas, claro que sí. Son muchas las enmiendas que vamos a poder plantear y que nosotros pensamos plantear, pero en estos momentos sí que pensamos que debe continuar adelante. Muchas gracias.

María Muñoz Vidal Cs

Gracias, presidenta. Señorías, ministro, muy buenos días. Debatimos aquí hoy la enmienda a la totalidad de devolución que ha presentado el BNG a la regulación del impulso de los planes de pensiones de empleo; una enmienda que mi grupo parlamentario no puede compartir por la sencilla razón de que parte — ya se ha dicho aquí— de premisas falsas. Al partir de premisas falsas no acierta en las conclusiones. Me explico, señor Rego. En contra de lo que dicen ustedes, impulsar planes de pensiones, ya sean de empleo o individuales, al margen del sistema público de la Seguridad Social no supone en absoluto una merma de este último. Son actuaciones complementarias por definición, y también lo ha dicho el ministro. Señor Rego, lo que sí merma y amenaza al sistema público de pensiones es la negación de la realidad en la que vive inmerso su partido, el BNG. Porque un incremento casi sin límites de la tasa de sustitución y, en general, del gasto de la Seguridad Social es despachado en esta enmienda de un plumazo con las cuentas de la lechera en un mercado laboral con más empleo estable y de calidad, que es lo que piden ustedes. Pues claro, nosotros también queremos más empleo estable y de calidad, pero no podemos abstraernos de la aritmética más básica ni de la realidad demográfica de nuestro país. Señor Rego, lo que sí merma y amenaza al sistema público de pensiones — y también se lo digo al ministro— es una reforma como la aprobada en el mes de diciembre pasado, que carece de la más mínima solidaridad intergeneracional; por eso, nosotros votamos en contra. El Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo viene con muchos defectos de casa; tantos que, a pesar de sus buenas intenciones y de que compartimos su objetivo, no tenemos claro si estamos ante un proyecto que hace más bien que mal o más mal que bien. Y me explico, ministro. Encontramos una serie de problemas que explicaré más tarde pero que, por supuesto, son objeciones cuya solución se planteará en el trámite de enmiendas al articulado y en la posterior negociación; negociación que en mi grupo parlamentario, Ciudadanos, encaramos con espíritu constructivo y con el deseo de que este proyecto salga adelante. Por ello, esperamos que esta vez el Gobierno tenga una mínima predisposición para mirar más allá del Consejo de Ministros y establezca un diálogo sincero con la Cámara, porque estamos acostumbrados a otra cosa. Les pongo el último ejemplo. Hace exactamente una semana que yo misma y mi compañero Edmundo Bal nos reunimos con su Gobierno para presentarles una batería de medidas, tanto a corto como a medio plazo, con el fin de aliviar el bolsillo de los españoles. Algunas las despacharon de un plumazo porque iban en contra de su ideología, como son todas las relativas a la energía nuclear, y las otras simplemente las han obviado; y seguimos esperando. Como le decía, compartimos el objetivo que persigue este proyecto de ley y estamos de acuerdo en que, a pesar del fuerte peso de la negociación colectiva en nuestro país, los planes de pensiones en el marco de las relaciones laborales nunca han acabado de coger el peso que sí tienen en otros países. Por ejemplo, en Alemania o en Bélgica la cobertura llega hasta el 40 %, mientras que en España solo alcanza al 10 % de los trabajadores. No obstante, como le decía, la articulación concreta de este proyecto de ley nos genera una serie de problemas. El primero, en la arquitectura de la comisión promotora y de seguimiento y también en la comisión de control especial. El segundo problema es la falta de garantías en la independencia de gestión de este fondo público de pensiones, con un excesivo peso del ministerio sin suficientes mecanismos de control, particularmente en la estrategia inversora. En tercer lugar, encontramos también problemas relacionados con el anterior, como son la inclusión en el proyecto de ley de criterios extraeconómicos en las decisiones de inversión del fondo, alejándolo de su objetivo prioritario que es su rentabilidad y la minimización de los riesgos. El cuarto problema que nos suscita el proyecto de ley es que ustedes añaden criterios tan vagos como — abro comillas— el impacto social. Con esta coletilla se da excesivo margen a la injerencia política en un área tan sensible, porque, aunque compartimos incentivar inversiones socialmente responsables, no creemos que esta ley tan específica sea el instrumento adecuado, sino que debería hacerse en un marco general de regulación de las inversiones y de responsabilidad social corporativa. El quinto problema es el encaje de la negociación colectiva en lo relativo a los planes de pensiones de empleo simplificados, porque hay que considerar que enmarcarlos en el contexto de la negociación colectiva sectorial tiene como objetivo permitir que puedan acceder a los planes de pensiones trabajadores de todo tipo, sin depender de su capacidad económica individual ni del tamaño de su empresa. Aunque es frecuente que una pyme tenga planes de pensiones para sus trabajadores, estos se verían cubiertos si el plan fuera sectorial, pero no se deduce de la ley que estos planes públicos de empleo sectoriales deban suponer una adhesión obligatoria. Por tanto, la ley debería aspirar a que toda empresa y todo trabajador cuenten con un plan de pensiones sin imponerles cuál. Y el sexto y último problema que hemos detectado es que creemos que los beneficios fiscales que prevé este proyecto de ley pueden no ser suficientes para hacer atractivos los planes de pensiones de empleo. En definitiva ―termino ya―, ministro, se trata de un texto en el que compartimos el objetivo, pero discrepamos en ciertos aspectos que aspiramos y deseamos mejorar en la tramitación parlamentaria. Por todo esto que acabo de exponer, señor Rego, no podemos apoyar la enmienda a la totalidad presentada por su grupo parlamentario. Muchas gracias. .

Jordi Salvador i Duch ERC-S

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Vamos a votar a favor, absolutamente. En Esquerra Republicana estamos en contra de la propuesta del Gobierno español que, a nuestro modo de ver, va en contra del actual sistema público de pensiones. Defendemos que el sistema de pensiones debe ser únicamente público y no públicoprivado. Y que conste que no estamos en contra de las pensiones privadas ni de los planes de empleo; no estamos en contra. Si una empresa con sus trabajadores quiere pactar un plan de ahorro, una mutua de sanidad o una cesta de Navidad con champán y pastas, enhorabuena, pero no tenemos por qué pagarlo los demás. Nos parece bien que quien quiera contratar un producto financiero, como decía antes, lo haga; pero sin ninguna duda preferimos que el dinero público ―es lo que nosotros pensamos― sirva para incrementar las pensiones mínimas, corregir la brecha de género que padecen las mujeres o para un incremento generalizado de las pensiones, y no para financiar a empresas o trabajadores que pueden permitirse un plan de pensiones privado que, sin ser en su mayoría ricos — ciertamente, no lo son—, tampoco serían los más vulnerables. El sistema público de pensiones es vital para el reparto de la riqueza. Es una de las joyas de la corona del Estado del bienestar — o de lo que debería ser el Estado del bienestar— para poder garantizarnos los unos a los otros solidariamente, entre todos — la clase trabajadora, asalariados y autónomos, asalariadas y autónomas―, un futuro digno y una vejez deseable. Por ese motivo, votamos en contra de la recomendación número 16. No estamos atados a ella si somos coherentes; de hecho, hicimos un voto particular de supresión que la Cámara, aunque sea mayoritariamente progresista, curiosamente votó en contra. De ello se desprende que nuestro desacuerdo con el planteamiento de este proyecto de ley es radical y, por eso, votaremos a favor de esta enmienda a la totalidad. Esquerra no ve ninguna necesidad de potenciar las pensiones privadas, tampoco cree que sea una demanda social. No lo creemos. Esquerra solo está por la potenciación del sistema público de pensiones. No creemos que sea función de ningún Gobierno, ni mucho menos del Ministerio de Seguridad Social, la potenciación de ningún producto financiero. De hecho, utilizan fondos de los presupuestos del Estado y rebajas fiscales, que siempre se traducen en recortes sociales, para incentivar este producto financiero que hasta ahora no ha tenido ningún éxito; por eso hay que incentivarlo. Pero aún hay más y aún es peor. Además de incentivarlo, se quiere incentivar en parte a partir de la propia caja de la Seguridad Social. Según la disposición final cuarta, una parte de los fondos de pensiones de la empresa en cuestión no va a cotizar; es decir, es dinero que los empresarios deberían pagar a la Seguridad Social y es parte de nuestro salario en diferido, pero va a ir a pagar las pensiones privadas y no las públicas. Creo que queda claro. Esta ley es sin duda la puerta de entrada a la privatización de las pensiones de forma similar al sistema inglés de pensiones de beneficencia complementadas con pensiones privadas. Evidentemente, en Europa no todo es gloria y hay sistemas de pensiones peores que los nuestros. El nuestro es un gran sistema de pensiones. Allí sí que necesitan aquello, porque la tasa de sustitución no llega al 50 % y, lógicamente, hay que complementarla o te quedas en la miseria. Y no lo ocultan, no ocultan que es una puerta abierta. Hablan literalmente de la creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública gestionado por el sector privado; subrayo, gestionado por el sector privado. Y tiempo al tiempo lo que esto va a significar. Esquerra Republicana considera que las pensiones públicas son un derecho y, además, son un derecho que pagamos nosotros mismos con las cotizaciones. No nos lo regala nadie; es nuestro salario, nuestro salario. Las pensiones no deben servir para que ningún banco haga negocio, deben servir para que la gente pueda vivir dignamente y disfrutar de su salario en diferido, de nuestro salario diferido. . Así que, que quede muy claro: nuestro modelo no es este ni el que está en la Constitución. No, no, no lo es. Nuestro modelo es el de un sistema de pensiones públicas gestionado por el poder público con el dinero público. El sistema es viable y funciona, como hemos demostrado. Aquí sí que tiene una gran responsabilidad el ministro Escrivá, porque él ha ayudado a que sea sostenible cuando ha llevado a cabo la separación de fuentes, que se tenía que haber hecho muchísimos años antes; así que, gracias por aquella intervención, pero no por esta otra. Como decía antes, el sistema de pensiones debe ser público y gestionado por el poder público con dinero público. El sistema es viable y funciona, como se ha demostrado. Quien proponga algo distinto, que cuente cuáles son sus verdaderas motivaciones y que se pregunte por qué las izquierdas nos oponemos a su privatización de pensiones y por qué van a sacar adelante una vez más una ley con las derechas; así va a ser, una ley con las derechas. Tristemente, una vez más el Gobierno progresista del PSOE y Unidas Podemos — y aquí me dirijo sobre todo a Unidas Podemos— es sumiso con las instituciones de la Unión Europea dominadas por la derecha y sumiso con la Comisión Europea neoliberal al servicio al sistema financiero. Era una condición. La reforma laboral era una condición. No se podía debatir según qué cosas en el diálogo social, era una condición para los fondos. Seamos claros. Si esto hubiera sido en otra época, los señores y señoras de Unidas Podemos estarían hablando de imposición de la troika, etcétera, y ahora no es así. Ahora no es así. No hace tanto tiempo ustedes decían que el PP y el PSOE eran títeres de la troika. Pues eso, ahora es lo que hay. Hacemos un plan de pensiones que la gente no demanda, que va contra el sistema público y que abre la puerta a un sistema de pensiones públicoprivado que no es nuestro modelo. Muchísimas gracias. .

Isabel Franco Carmona UP

Gracias, presidenta. Vamos a votar en contra de la enmienda de devolución del proyecto de ley, porque entendemos que su tramitación es un compromiso del informe de evaluación de la reforma del Pacto de Toledo, porque va en contra del propio artículo 41 de la Constitución española, porque va en contra de la negociación colectiva y porque no es verdad que ponga en peligro el sistema público de pensiones. No me podrán negar que en los dos últimos años con este Gobierno se ha producido un viraje, sino de 180 grados, sí de 140 grados en las políticas de Seguridad Social. Hemos avanzado notablemente en el tema de la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social como vía imprescindible para restablecer el reequilibrio financiero de nuestro sistema de pensiones. En la última ley de pensiones es donde nos aseguramos de la asunción por parte del Estado de los gastos impropios que históricamente ha venido soportando la caja de la Seguridad Social de una forma injusta, con inversiones en políticas activas de empleo y en prestaciones familiares vinculadas a la conciliación de la vida personal y familiar que, como digo, nunca deberían haber sido financiadas con la caja de las pensiones. Se ha avanzado también notablemente, aunque todavía queda mucho por hacer — y lo reconozco—, en la garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Se ha cumplido con la recomendación número 2 del Pacto de Toledo con la aprobación el pasado diciembre de la Ley 21/2021 por la que se recuperaba la subida anual de las pensiones contributivas conforme al IPC y se derogaba también el factor de sostenibilidad del Partido Popular, porque esa sí que era una amenaza real a las pensiones públicas de jubilación desde el año 2013. Atrás han quedado, gracias a esa ley, las cartas de enero que comunicaban a nuestros pensionistas que las subidas anuales de sus pensiones iban a ser de 0,25 %, lo que constituía el principal factor de degradación de la garantía de suficiencia de nuestras pensiones públicas y lastraba año tras año su poder adquisitivo. También se ha aprobado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, algo que la enmienda a la totalidad dice que no se ha hecho. Ahí miente, claramente miente. Gracias a la aprobación de este mecanismo se van a asegurar las pensiones de la llamada generación de los baby boomers. Señorías, todo esto no es poco teniendo en cuenta de dónde venimos, si bien nos quedan medidas por acometer para afianzar nuestro sistema público de pensiones basado en los principios de universalidad, reparto, solidaridad intergeneracional y contributividad para que sea capaz de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas españolas pensiones suficientes y periódicamente actualizadas según el mandato de los artículos 41 y 50 de la Constitución española. Dicho lo anterior, compartimos algunas preocupaciones en varias cosas. En primer lugar, hay que decir que no hay nada esencialmente nuevo en este proyecto de ley. Los planes de pensiones complementarios al sistema público, el segundo pilar, existen desde hace décadas en nuestro país. Están recogidos en el artículo 41 de la Constitución española, en la Directiva 2016/2341, en el Reglamento 2019/1238 de la Unión Europea y en el Real Decreto Legislativo 1/2012, de 29 de noviembre. Por tanto, el proyecto de ley no amplía el campo de los planes de pensiones privados, porque ya existían y no sustituyen al sistema público de pensiones. Lo que sí hace es superar el actual modelo de planes de pensiones privados, ese tercer pilar que sí pone en peligro el sistema público de pensiones, que sí podría parecer una privatización y que se ha limitado en los dos últimos presupuestos generales del Estado. Digo claramente que somos dos partidos diferentes los que estamos en el Gobierno, pero compartimos muchas cosas y, gracias a eso, las pensiones públicas hoy están más garantizadas que con el Gobierno del Partido Popular, con el Gobierno de Mariano Rajoy, que las degradó enormemente. . Sin embargo, hay otras muchas cosas que no compartimos y que no nos gustan. No nos gusta el nombre de Fondo de Pensiones de Promoción Pública, porque esa denominación no responde a la realidad, ya que no es el Estado quien promueve los planes de pensiones. Un promotor lo que hace es poner aportaciones y el Estado no va a poner ni un solo euro para estos planes de pensiones. Cada euro de la Seguridad Social, cada euro público, va a estar en los planes de pensiones públicas, en el primer pilar. Eso no cambia y se cumple con el artículo 41 de la Constitución española cuando dice que la asistencia y las prestaciones complementarias deben ser libres. Por tanto, no nos gusta ese nombre, no debe ser «de promoción pública». Por otro lado, el Estado tampoco se debe hacer responsable de las aportaciones a los planes de pensiones y no debe ser responsable de ninguna medida que afecte a la suerte de las inversiones de estos fondos de pensiones, aunque, como digo, está garantizado en esta ley que ni un solo euro de la Seguridad Social va a ir al segundo pilar. Lo que sí se ha intentado es traer a este fondo aquellos planes de pensiones que ya existen, que son fruto de la negociación colectiva y que están en los convenios colectivos y también en los acuerdos de las organizaciones de autónomos y en la Administración pública. Y esto — lo tengo que decir— se ha hecho sin acuerdo ni diálogo social, es decir, se ha hecho sin los agentes sociales, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las organizaciones de autónomos, que son las que están negociando estos planes de pensiones. Asimismo, no nos gusta que se excluya parte de la base de cotización y no nos gusta tampoco que haya exenciones fiscales, porque eso merma la cuantía de nuestras pensiones públicas, merma la caja de la Seguridad Social y también la Hacienda pública. Respecto a los colectivos a los que va dirigida esta ley, lo más importante era la reforma del RETA. Era más importante la reforma del RETA que esta ley, y esto lo digo claramente. Respecto a los funcionarios, el Estado no ha recuperado el 0,5 % de la aportación a los funcionarios. Por tanto, es raro que el Estado promueva un plan de pensiones cuando no está haciendo su aportación. Respecto a los trabajadores de la Seguridad Social del régimen general por negociación colectiva — y con esto termino—, solo los sectores más fuertes — las telecomunicaciones, la banca, el tabaco, el sector de la automoción, la industria química, los más altos del sector agroalimentario— son los que tienen este tipo de fondos de pensiones, los sectores de mayor salario.

Isabel Franco Carmona UP

Termino con esto, presidenta. Lo pertinente era traer una ley que protegiera precisamente a quienes tienen salarios más bajos y, por tanto, pensiones más bajas. Hay 2 millones de pensionistas que cobran pensiones de 700 euros, el 34 % de los pensionistas. La pensión media en España no llega al 60 % de la media que marca la Carta Social Europea. Es ahí hacia dónde tenemos que ir, hacia la suficiencia del sistema público de pensiones, poniendo un tope a las pensiones más altas para garantizar las mínimas y no contributivas.

Isabel Franco Carmona UP

Con esto termino. Nuestro trabajo va a ir en este sentido porque, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden y nosotros vamos a garantizar el sistema público de pensiones. .

Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, debatimos una enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo presentado por el Bloque Nacionalista Gallego. Presenta en su justificación curiosas afirmaciones que demuestran que viven completamente alejados de la realidad. Primera, menciona que es falsa la creencia de que la gestión privada es más eficiente que la pública. Puede ser, pero no es lo más común, al menos en España. Recordemos que las cuentas públicas en España registran déficits continuados desde el año 2008 que seguirán en los próximos años, un 3,2 % en 2024 según la estimación del Gobierno. Sinceramente, no conozco ninguna empresa privada gestionada ineficientemente que lleve en pérdidas catorce años y siga existiendo. Si el señor Rego conoce alguna, por favor, infórmenos de ella. . Por otro lado, el patrimonio neto de las cuentas consolidadas del sector público estatal del año 2020 — es decir, la diferencia entre lo que tenemos y lo que debemos— muestra una cifra negativa de 579 412 millones de euros, todo un ejemplo de gestión ‘eficiente’ para el señor Rego y el Bloque Nacionalista Gallego. Lo que está claro es que tanto el Bloque Nacionalista Gallego como el Gobierno socialcomunista desconocen el concepto de eficiencia del gasto público y así lo pone de manifiesto el Instituto de Estudios Económicos, que cuantifica la ineficiencia del gasto público en 60 000 millones de euros, ineficiencia que ya había puesto de manifiesto hace algunos años el partido político Unión Progreso y Democracia. Segunda, menciona campañas de desinformación y manipulación sobre la viabilidad del sistema de pensiones. Puede ser, pero me imagino que se referirá a las campañas continuas de desinformación del Gobierno y sus socios. Recordemos que las cuentas de la Seguridad Social se equilibran mediante transferencias y préstamos del Estado y que, dada la situación de déficit de las cuentas públicas, se producirá un aumento de la deuda total de las administraciones públicas; una deuda que ya se sitúa en un 1 427 763 millones de euros, o sea, más de 30 100 euros per cápita. O puede que debamos incluir en la campaña de desinformación al Fondo Monetario Internacional, que está advirtiendo de que si la inflación se sitúa en el 5,1 % — recordemos que estamos en un 7,6 %— el gasto por pensiones aumentará en 7700 millones de euros anuales. Otro tema que menciona como justificación a esta enmienda es que no puede aceptarse como mecanismo general que los trabajadores puedan complementar sus pensiones públicas. Hablan incluso de la posibilidad de transferir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a Galicia, una obsesión de los independentistas en la que siempre nos tendrán enfrente , como hemos demostrado con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. A propósito de eficiencia, les recuerdo que la deuda de las comunidades autónomas en el mes de septiembre del año 2021 era de 310 180 millones de euros. Vamos, un ejemplo de ‘eficiencia’. Vamos ahora con el proyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo. Hablamos de un proyecto de ley que en sus propuestas se queda corto, consolida desigualdades y apunta dirigismo político. Primero, se proponen incentivos fiscales claramente insuficientes, unos incentivos que se centran en bonificar las cotizaciones de la Seguridad Social, pero se olvidan de incorporar un incentivo adicional en el impuesto sobre sociedades, tal y como existía hasta el año 2012. Segundo, establecen límites a las aportaciones máximas de los trabajadores a sus planes de empleo, y hace que estas dependan de las aportaciones de las empresas. Parece que los señores del BNG no entienden tampoco que el aumento del ahorro que va a producir los planes de pensiones de empleo permitirá contar en el conjunto de la economía nacional con un mayor volumen de recursos para invertir, aumentar la capacidad productiva y, con ello, crear empleo y elevar el nivel de vida de la sociedad española. Tercero, se ampara la injerencia del Estado en el manejo del dinero de los trabajadores y autónomos, dado que serán empleados públicos de los ministerios quienes decidan qué se hace y dónde se invierte el dinero de los planes de promoción pública. Cuarto, es un proyecto de ley que discrimina a los trabajadores autónomos, quienes solo se pueden deducir un máximo de 5750 euros al año entre el plan de pensiones de empleo y el plan individual, y, además, no tienen las bonificaciones de la cuota empresarial que sí tienen las empresas. Quinto, es un proyecto de ley que consolida la discriminación de los planes de pensiones individuales, ya que las aportaciones con derecho a desgravación en el IRPF se mantienen en 1500 euros. Sexto, consolida la discriminación respecto a los territorios forales, donde el límite de la aportación anual al sistema de previsión social individual es de 5000 euros, frente a los 1500 euros del resto de España. Señorías, en VOX votamos sí a mecanismos que permitan complementar la pensión pública. En VOX votamos sí a favorecer medidas que permitan mejorar la calidad de vida de los pensionistas. En VOX votamos sí a una gestión pública eficiente. Por todo ello, señor Rego, en VOX votamos no a su propuesta. Muchas gracias. .

Tomás Cabezón Casas PP

Gracias, presidenta. Señorías, esta semana no hay un español que no haya presentado su particular enmienda a la totalidad a este Gobierno. Este fin de semana, más de cuatrocientos mil agricultores, ganaderos y cazadores — en definitiva, el campo español— presentaron la primera enmienda a la totalidad a las políticas de este Gobierno. La segunda enmienda a la totalidad a este Gobierno la ha presentado el sector del transporte, que está en huelga, y ya no son solo los camioneros, sino que se suman a los paros los taxistas, el transporte de viajeros, los gruistas y muchos más, por la inacción en la reducción de los precios del carburante. La tercera enmienda a la totalidad se la han hecho a este Gobierno los líderes europeos, tras anunciar una gira europea para defender la propuesta de rebaja de los precios energéticos. A mitad de gira han tenido que renunciar a su propuesta estrella de topar el precio de la energía. La cuarta enmienda a la totalidad a este Gobierno en esta semana se la han hecho también los presidentes autonómicos con los que pactaron una rebaja de los impuestos, a propuesta de Feijóo, por cierto. Y ahora Calviño renuncia a bajar los impuestos porque dice que las bajadas de impuestos no son eficaces. La quinta enmienda a la totalidad al Gobierno se la hicieron ayer en sede parlamentaria, en la Comisión de Exteriores. Todos los grupos parlamentarios en esa Comisión censuraron el cambio de postura de Sánchez en el Sáhara. La sexta enmienda a la totalidad — esta en voz más bajita, sin hacer demasiado ruido, no vaya a ser que les reduzcan las subvenciones— la hicieron ayer Comisiones y UGT en las cincuenta y ocho manifestaciones que hicieron a lo largo de toda España, exigiéndoles medidas para rebajar los precios frente a su inacción, señor ministro. Y voy concluyendo con la séptima enmienda a la totalidad, la que hoy le hacen aquí sus socios de izquierda, sus socios de investidura, con esta enmienda a la totalidad a su sistema de pensiones, pero también a sus políticas de la Seguridad Social. Siete días y siete enmiendas a la totalidad les han presentado los españoles a este Gobierno. No está nada mal, señor ministro; no está nada mal cómo están ustedes con sus políticas. ¿Se dan cuenta de que están solos, señor ministro? . ¿Se dan cuenta del malestar social que provoca su inacción? ¿Se dan cuenta de que están noqueados en el Gobierno? ¿Se acuerdan ustedes del tic tac, tic tac? Pues eso, cuando un Gobierno pierde la calle, lo siguiente que pierde son las elecciones, señor ministro. Como ven, hay muchos motivos para enmendar no solo este proyecto de ley, sino toda la política del Gobierno, también la de Seguridad Social. Y, señorías, el Partido Popular ya demostró su responsabilidad en el Pacto de Toledo y está más que demostrado nuestro compromiso con el sistema de pensiones. Nuestro compromiso con el sistema nos llevó a presentar una enmienda a la totalidad a su primera reforma de las pensiones — la reforma sanchista—, pero nuestro compromiso con el sistema nos lleva a decir no a esta enmienda del Bloque Nacionalista Gallego. Ningún partido con un mínimo sentido de Estado puede apoyar esta enmienda, que, entre otras cosas, deja caer una ruptura del sistema único e igualitario de la Seguridad Social. Señor Rego, siento decirle que el Tribunal Constitucional ya les ha dicho que dejen de soñar. La caja única no se va a romper, por mucho que ustedes y los nacionalistas se empeñen. Pues bien, solo esto es motivo suficiente para votar no a esta enmienda. Señorías, nuestra Seguridad Social tiene tres pilares, y es la suma de los tres lo que configura plenamente nuestro sistema. ¿Por qué el empeño de la izquierda de este país por eliminar toda opción de libertad de elección? ¿Por qué esa ansia de meterse donde nadie les llama, señor ministro? Hay un pilar, el primero, que es total y exclusiva obligación del Ejecutivo, pero el Gobierno y sus socios siguen empeñados en destrozar los otros dos pilares y están obsesionados en fastidiar lo que podría funcionar mejor. Yo me subí a esta tribuna el 29 de diciembre y les advertí de que la reforma que ustedes presentaban debilitaba la sostenibilidad de las pensiones, que atacaba el futuro de los jóvenes y era contraria a lo que España necesita, incluso contraria a lo que usted decía cuando era presidente de la AIReF. Y ni un mes ha tardado el Fondo Monetario Internacional en decirles lo mismo, que aseguren la sostenibilidad del sistema de pensiones. Hoy tenemos la deuda de la Seguridad Social en niveles absolutamente récord, rozando los 100 000 millones de euros. ¿Y ahora qué hace el Gobierno? Busca recortar, van a lo fácil, cada vez suena más que van a podar la subida prometida de las pensiones, y no lo digo yo, lo dicen ya varios medios de comunicación. Esto empieza a oler a 2011. ¿Se acuerda cuando Sánchez votaba la congelación de las pensiones? Pues eso. Ahora ustedes presentan aquí este proyecto de ley sin hablar con nadie, sin el apoyo del diálogo social, ni del sector, ni de la industria, ni de los autónomos, ni siquiera, como ha quedado aquí hoy demostrado, de sus socios de Gobierno. Nos traen un proyecto para regular los planes de pensiones de empleo sin acuerdo. Con la que está cayendo, con lo difícil que es llenar la cesta de la compra, con los gravísimos problemas de la sociedad, nos traen ustedes aquí una iniciativa que busca que la gente ahorre. ¿Usted cree que con las subidas de precios alguien puede ahorrar en este país, señor ministro? . Esto demuestra una vez más lo alejada que está su agenda, la agenda del Gobierno, de la agenda de los españoles, señor ministro. Ustedes quieren mejorar el segundo pilar, con lo que estamos de acuerdo, pero con lo que no podemos estar de acuerdo es con que sea a costa de destruir el tercer pilar. Y no podemos compartirlo porque el texto que ustedes proponen presenta un manifiesto desconocimiento de la finalidad de los sistemas complementarios, va contra la libertad de las personas que quieran decir cómo, cuánto y cuándo ahorrar, y es una iniciativa que genera indefensión a los ciudadanos y a la industria. En definitiva, es una magnífica oportunidad perdida de configurar bien el segundo pilar. Señorías, mi grupo presentó un voto particular a la recomendación 16 del Pacto de Toledo para reforzar la viabilidad y la capacidad de los sistemas complementarios, y es ahí donde nos podemos encontrar, en la libertad, en la defensa del ahorro, en la garantía de la suficiencia y en la garantía de la sostenibilidad de la Seguridad Social. En definitiva, en la defensa de los españoles y de los pensionistas. Y concluyo. Esta enmienda va en la dirección contraria, más límites y menos garantías. Por eso, desde el Grupo Popular no podemos apoyarlo, va en contra del ADN de mi partido. Se abre ahora un trámite de enmiendas parciales y es ahí donde reclamaremos…

Tomás Cabezón Casas PP

… lo que siempre hemos defendido: más y mejor previsión social, mejor segundo pilar, pero también mejor tercer pilar. Es ahí donde siempre ha estado el Partido Popular y es ahí donde lograremos acuerdos para mejorar la vida de los españoles. Muchas gracias. .

Magdalena Valerio Cordero PSOE

Gracias, presidenta. Señor ministro, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para mostrar nuestra oposición a la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Bloque Nacionalista Galego al Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Es decir, yo voy a intervenir para esto. He visto que el señor Cabezón Casas ha debido desayunar como poco cola-cao y ha venido a montar un cóctel de supuestas enmiendas a la totalidad. . Están ustedes en el banco de la oposición, así que trabajen para ganar las elecciones si quieren y, sobre todo, trabajen por el bien de España, que se dedican ustedes a boicotear dentro y fuera de este país todo lo que pueden. Ya les adelanto, como no podía ser de otra manera, que mi grupo parlamentario va a votar en contra de la enmienda a la totalidad, porque creemos que debemos seguir desarrollando las recomendaciones del Pacto de Toledo, en este caso la recomendación 16. .

Magdalena Valerio Cordero PSOE

También, al hilo de esta recomendación, tenemos un compromiso adoptado en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como consecuencia del desarrollo de esta recomendación. Asimismo, también creemos que en este proyecto se ha tenido en cuenta el informe elaborado por la AIReF en el año 2019. Como ya ha señalado el señor ministro y se establecía en la recomendación 16, el objetivo de este proyecto es dotar de estabilidad el actual modelo de previsión social complementaria e impulsar de forma preferente los sistemas ostentados en el marco de la negociación colectiva de empleo que integran el denominado segundo pilar del sistema de pensiones, añadiendo esa recomendación, que se deberá dotar de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, con el objetivo de incentivarlos, ya que se considera que esta modalidad de planes de pensiones de empleo va a llegar a más personas trabajadoras, sobre todo a más personas trabajadoras jóvenes y también a las rentas medias y bajas, donde, por cierto, se sitúan muchas mujeres, contribuyendo de forma eficaz a reducir la brecha de género en pensiones. Esta medida ya se comenzó a cumplir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y también en la de 2022. Ambas han constituido un primer paso en la diferenciación del tratamiento fiscal de los instrumentos de previsión social de empleo — segundo pilar— y los de previsión individual — tercer pilar—. En absoluto consideramos, como se mantiene en la enmienda a la totalidad, que esta regulación tenga como objetivo sustituir a las pensiones públicas, y mucho menos puede ser considerado un caballo de Troya, como así afirma el BNG, que fomente la discriminación entre personas trabajadoras. Muy al contrario, esta legislación apuesta por dar un tratamiento mucho menos regresivo que el actualmente en vigor y por democratizar el acceso a planes de pensiones más beneficiosos, con menos comisiones, más transparentes, con más control público y no solo para personas trabajadoras por cuenta ajena, tanto del sector privado como del sector público, sino también para las personas trabajadoras autónomas. Por lo tanto, tengan la tranquilidad, señorías, de que este Gobierno de progreso y los dos grupos que lo sustentan están muy lejos de pretender ningún tipo de privatización ni desprotección alguna, porque todo esto se va a hacer sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, basado en un régimen financiero de reparto, según lo acordado en el Pacto de Toledo, así como con respeto escrupuloso de lo establecido en los artículos 41 y 50 de la Constitución española. Es decir, pueden estar seguros y seguras de que vamos a seguir reforzando el primer pilar del sistema de pensiones, velando tanto por su sostenibilidad social con la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, como por su sostenibilidad financiera. Todo ello se ha constatado en la ley de reforma de pensiones aprobada en diciembre del pasado año. Por cierto, señor Cabezón Casas, una ley que fue una enmienda a la totalidad de devolución, de una vez por todas, a la reforma regresiva del Partido Popular del año 2013 , que era tan insostenible socialmente que ustedes mismos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 tuvieron que suspender su aplicación, porque era insostenible. Esta ley ya garantiza que, de una vez por todas, cumplamos con la separación de fuentes. En tres años, 2021, 2022 y 2023, la Hacienda pública estatal va a enviar a la Tesorería los fondos necesarios para hacer frente a prestaciones que no son de carácter contributivo, es decir, los denominados gastos impropios. Por cierto, obras son amores y no buenas razones, en el año 2022 esa transferencia es de 18 936 millones de euros. Asimismo, en esta norma también se crea el mecanismo de equidad intergeneracional, que, por cierto, ya está desarrollado y que va a suponer el volver a dotar de fondos a la conocida como hucha de las pensiones. Por otro lado, en absoluto se ve vulnerado el principio de solidaridad con esta reforma. Nuestro sistema sigue siendo solidario a la par que contributivo; solidario, porque existen los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital y porque están topadas las pensiones máximas. Pero, evidentemente, la cuantía de la pensión final en buena medida tiene que reflejar la carrera de cotización y las bases por las que se ha cotizado, porque si no, estaríamos desincentivando la cotización y despreciando el esfuerzo que han hecho y están haciendo las personas trabajadoras a lo largo de su vida laboral. Nosotros somos partidarios de que se siga tramitando esta ley porque el objetivo nos parece correcto: fomentar la previsión social complementaria en el marco de la negociación colectiva, y también porque habilita la creación de fondos de pensiones de promoción pública, como ha explicado el señor ministro. Sinceramente, creemos que con esta nueva regulación se va a potenciar la negociación colectiva sectorial con incremento del número de empresas que apuestan por estos planes de empleo, y que van a disfrutar de incentivos fiscales y en materia de Seguridad Social, a la par que se simplifican los procedimientos para crear estos planes que, además, tienen gastos de gestión más bajos que los del tercer pilar. Una de las novedades muy interesantes es que en esta nueva regulación de los planes de empleo colectivos se apuesta por las inversiones socialmente sostenibles, incluyendo referencias al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. También es muy destacable que, con el objetivo de dar seguridad, transparencia y confianza a las personas partícipes y a las empresas, esté prevista la creación de una plataforma digital, una comisión promotora y de seguimiento con representación de diversos ministerios y una comisión de control donde están representadas también las organizaciones sindicales y empresariales. Para ir concluyendo, quiero destacar que este proyecto ya ha sido mejorado por propuestas realizadas en el proceso de audiencia pública en la Mesa de Diálogo Social y también en los órganos consultivos. Hay que tener en cuenta que, pasado este trámite que hoy nos ocupa, el proyecto puede ser mejorado por las enmiendas parciales…

Magdalena Valerio Cordero PSOE

… que presenten los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado. Estamos haciendo una reforma estructural y tenemos claro que para que una reforma tenga recorrido en el futuro tenemos que conseguir que se haga con el máximo consenso social y con el máximo consenso político. Para conseguirlo les esperamos, señorías. Muchas gracias. .