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Sesión

Pleno del Congreso n.º 61 · XIV legislatura

. Diario de Sesiones DSCD-14-PL-64. Original ↗

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  1. Tomás Guitarte Gimeno ¡Teruel Existe!

    Señora presidenta, señorías, hay quien piensa que la escuela es un reflejo de la sociedad. Sin embargo, otros pensamos que la escuela debe cambiar esta sociedad, que los alumnos deben salir mejor preparados individual y colectivamente de las escuelas. Animados por estas escuelas, como las que proponen César Bona, iniciamos el trabajo de la ley de educación con entusiasmo, conocedores de la dificultad, pero pensando que esta vez sí sería posible. Hoy, al comprobar que la polarización histórica de los debates sobre educación perviven, que durante dos generaciones se mantiene la imposibilidad de entenderse, que priman las agendas de partido, que las lenguas separan en vez de unir, que los argumentos falaces levantan fronteras sociales, que no nos reconocemos como somos, estamos profundamente desalentados. A pesar del acuerdo recogido en el artículo 27 de la Constitución, cada siete años en España se aprueba una ley orgánica de educación que pasa inexorablemente a continuación por el Tribunal Constitucional. Contrasta con el modelo de países con éxito educativo, como Finlandia, que basan su política educativa en un pacto social y legislativo de largo alcance y también en una agencia del currículum como la que hemos propuesto en nuestras enmiendas. Valoramos sinceramente la sensibilidad de la Comisión de Educación al recoger muchos de nuestras propuestas para la escuela rural, pero nos abstendremos en esta votación porque ambicionamos, y seguiremos trabajando para ello, un pacto de largo alcance en educación. Gracias.

  2. José María Mazón Ramos PRC

    Buenos días. En esta ley hay varias materias conflictivas, pero la mayor pega es la falta de un mínimo consenso que el PRC siempre ha reclamado, especialmente en la enseñanza concertada, algo tan arraigado en la sociedad española que podría tener el acuerdo de la mayoría de los partidos y de los ciudadanos, incluidos los del propio Partido Socialista. Además, introduce un conflicto innecesario con la enmienda de la lengua, porque, si hay una norma en que debe hacerse efectivo el derecho y el deber de conocer el castellano, como establece la Constitución, es la ley de educación. Así seguirá sin cumplirse, como ocurre ahora en Cataluña, donde no se respetan los derechos de muchos catalanes. Y si una persona no se entiende con otra de manera natural en su lengua, nunca se sentirá hermano, compatriota o como queramos llamarlo. Un paso más hacia la independencia, pero lo más grave es que se está haciendo provocando un rechazo y en algunos casos un odio hacia lo español que supone un precio que nadie de buena fe debería estar dispuesto a pagar. Todos conocemos la diferencia entre aprender una lengua, un idioma o que sea tu lengua nativa. El asunto del castellano estaba muy bien en el proyecto de ley. En resumen, para que los derechos establecidos en la Constitución sean efectivos deben desarrollarse en las leyes, como recuerda Podemos constantemente.

  3. Sergio Sayas López NA+

    Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. La ley que debatimos hoy es una mezcla de sectarismo y ataque a la libertad. Empobrece nuestra educación al devaluar los títulos permitiendo pasar con suspensos. Y, desde luego, es un pago al radicalismo. Hasta tal punto es un pago al radicalismo que elimina el español como lengua vehicular de la educación. Eso es asumir el discurso nacionalista de las lenguas, que no trata de fomentarlas, sino directamente de imponerlas, porque las entiende como parte de una construcción nacional. Y hoy habrá muchos españoles, muchas familias en nuestro país cuyos hijos no podrán estudiar en español. Y no será por culpa del nacionalismo, sino por culpa del Partido Socialista, que no tiene más visión de país que la de pagar el peaje que sea necesario para mantenerse en el banco azul. . Pero lo más grave es el ataque a la libertad. Señorías, que en pleno siglo XXI tengamos que seguir defendiendo nuestro derecho a ser libres dice mucho del país que estamos construyendo. Aquí se impone un modelo educativo. Por eso se arrasa contra la concertada, contra la diferenciada y contra la especial, porque se ha sustituido la libertad por la imposición y no hay más modelo que ese ideologizado que el Gobierno nos quiere imponer. Además se nos impone sin dialogar, a rodillo, porque se ha impedido que en esta Cámara escuchemos al sector de la educación en un momento en el que se está perpetrando el mayor ataque a la educación de toda la historia democrática de este país. Y luego nos vendrán a dar clases de consenso y diálogo. Y es que ya se ha perdido esa visión de la educación como un elemento de futuro y de progreso y directamente se piensa en la educación como un arma para ideologizar a la sociedad. De eso es de lo que va esta ley, y por eso nosotros no estamos de acuerdo con ella. Muchas gracias. .

  4. Ana María Oramas González-Moro CCa-PNC-NC

    Gracias, señora presidenta. Coalición Canaria tuvo mucha esperanza cuando en su momento con el anterior Gobierno socialista el señor Gabilondo presentó un proyecto: la educación tiene que ser un proyecto de toda una sociedad y sumar voluntades. En aquel momento, también por razones políticas, no salió, y nosotros teníamos esperanza en que ese proyecto de ley sumara un proyecto educativo para las próximas generaciones. Sin embargo, al final, ideología, temporalidad y, sobre todo, sin cabeza, intentar confundir la educación privada con la concertada y hablar de la educación especial sin conocer la ficha financiera que hay que tener, cuando incluso ahora con el COVID no se tienen los medios y los recursos. Yo tengo una sobrina discapacitada que está en un colegio de educación especial. Hay niños para los que el avance es poder mover un dedo, hay niños para los que el avance son las habilidades sociales y en ese tipo de modelo de educación especial del que estamos hablando no tendrían posibilidades de progresar en sus necesidades individuales. Nosotros creemos que habría sido bueno que a este Congreso hubieran venido los enseñantes, los sindicatos, los profesionales, la gente que atiende a los niños con necesidades específicas de educación especial. No sé por qué se hurtó esa comunicación en este Congreso. Desde luego, nosotros —desgraciadamente, porque nos hubiera gustado— no vamos a apoyar un proyecto de ley que tiene los días contados en función de los Gobiernos y de las alianzas políticas de este país. No es la educación ni el proyecto que España necesita. La educación tiene que ser un proyecto de toda la sociedad y de todos, porque tiene que restarse la ideología, tiene que ser un proyecto de país: educación pública, educación concertada, educación especial y, sobre todo, dotada de los recursos económicos para que se pueda implantar. Muchísimas gracias, señora presidenta.

  5. Albert Botran Pahissa CUP-PR

    Gracias, presidenta. En el brevísimo tiempo que tenemos para posicionarnos diré que nosotros no vamos a apoyar esta ley porque no significa el cambio de modelo necesario en los siguientes aspectos. En primer lugar, en favor de la escuela pública. Entendemos que una ley que verdaderamente fuera progresista se plantearía como prioridad avanzar hacia una única red de enseñanza pública. Entonces sí tendrían motivos ciertos partidos para oponerse, pero no es tal la amenaza que se cierne sobre la concertada. Prácticamente una única red pública es lo que tiene Finlandia, donde solo el 3 % de sus alumnos van a centros concertados privados. Ya que se señala tanto a este país como referencia en la educación, es también por el peso que tiene el sector público en ella. En segundo lugar, esta ley tampoco significa el cambio de modelo necesario en favor de un gobierno más democrático de los centros. En este sentido, la ley va en la misma dirección que fue la ley de educación catalana. Cataluña suele ser pionera en muchas cosas, pero no siempre para buenos motivos. Dar más poder todavía a los directores de los centros no tiene que ser un modelo a seguir. En tercer lugar, es necesario el cambio de modelo, y tampoco lo recoge la ley, hacia un cuerpo único de docentes: a igual trabajo, igual sueldo, y en favor de la laicidad, puesto que se continuará impartiendo religión. Finalmente, tampoco es lo que se dice que es respecto a la inmersión lingüística. Esta ley no blinda la inmersión lingüística. Y, sin embargo, la inmersión lingüística es el único modelo que garantiza el aprendizaje de lenguas minorizadas como el catalán. La inmersión lingüística no es un privilegio del catalán, sino precisamente una de las únicas herramientas eficaces para poder resistir los privilegios del castellano en todo el resto de ámbitos en los que se usa la lengua, en los medios de comunicación, en las administraciones, etcétera. Por tanto, el necesario blindaje de la inmersión es la única garantía de futuro para el catalán, pero, lamentablemente, esta ley no blinda la inmersión lingüística. Gracias.

  6. Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

    Gracias, presidenta. Egun on guztioi. Buenos días a todas y a todos. Tras un mes y medio de sesiones maratonianas y de arduo trabajo, nos encontramos ante este Pleno para dar nuestro voto en la tramitación de este proyecto de ley. Desde que se presentó antes del verano comprendimos que no era la ley que hubiéramos planteado para Hego Euskal Herria, ni siquiera una ley que a pesar de hacerse desde un planteamiento estatal respetara la realidad nacional del Estado en el que estamos inmersos. Hemos repetido en innumerables ocasiones que el actual modelo y sus respectivos sistemas educativos no sirven para responder a las diferentes necesidades que surgen en las sociedades del siglo XXI, y menos con la situación creada por el COVID. Nuestro grupo, recogiendo el sentir mayoritario de nuestras comunidades educativas, defiende firmemente la educación como elemento básico cohesionador, vertebrador de la sociedad y espejo de salud. Por ello se ha ido confirmando que este proyecto de ley que se nos presentó ya hace unos meses no es el instrumento que necesitamos. En la tramitación que se ha realizado a lo largo de varias sesiones en Comisión hemos realizado una firme defensa de las competencias exclusivas en educación que corresponden a las instituciones de Navarra, Bizkaia, Araba y Gipuzkoa y, en su caso, a las del resto de las naciones que convivimos en el Estado. Este ha sido el espíritu de la mayoría de las enmiendas que presentamos y que en la actualidad mantenemos vivas. No compartimos que el Gobierno estatal fije los aspectos básicos que constituyen las enseñanzas mínimas aunque se plantee que baje la proporción, es decir, que el Gobierno marque de manera significativa el conjunto de objetivos, competencias, métodos pedagógicos, criterios de evaluación para nuestros sistemas educativos. No queremos ser meros gestores de lo que se nos permite. Euskal Herria Bildu cree que la ley en la que estamos trabajando está muy alejada de nuestros objetivos, no es el instrumento que se necesita para el cambio. El objetivo que trae la Lomloe es claro: sustituir la actual ley educativa, la Lomce, ley injusta, segregadora en cuanto a aspectos socioeconómicos y en algunos casos incluso por sexo, machista, que da oxígeno a la enseñanza privada, y este objetivo es compartido por la izquierda independentista, pero no a costa de perder lo que corresponde a nuestros sistemas educativos en nuestros territorios. Hoy seguimos manteniendo vivas aquellas enmiendas referidas al ámbito competencial como eje importante y a la vez mantendremos aquellas que supondrían un enriquecimiento aportando una visión feminista, coeducadora, diversa, inclusiva y laica. Reconocemos que se han dado pasos, que se ha avanzado en aspectos tanto pedagógicos como competenciales, pero seguimos pensando que esta ley se queda corta en relación a nuestras demandas. Estamos a favor —así lo hemos mostrado con nuestras enmiendas, en concreto con la 147— de un modelo educativo basado en la inmersión lingüística que eduque en base a las lenguas oficiales de cada territorio: euskera, gallego, catalán; no cooficiales, como se repite continuamente en ponencia. Abogamos por un proyecto educativo coeducador, con pedagogías feministas y esto se ha concretado en nuestras enmiendas. Entendemos que los centros públicos deben desarrollar la coeducación, así como también los concertados, que eduquen conjuntamente a niños y niñas. Consideramos incompatible con nuestro planteamiento posibilitar la concertación o el convenio con centros que no tengan como principio la coeducación. En coherencia con un Estado no confesional, pensamos que se debe garantizar el imprescindible carácter laico que debe revertir la escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo, es decir, fuera del currículum y del ámbito escolar. Abogamos por un proyecto educativo cohesionador, equitativo, gratuito, universal, que eduque a un alumnado crítico, empoderado y feliz. Siguiendo con esta línea, hemos presentado enmiendas que recogían el principio de inclusión educativa y no segregación de todo el alumnado, alumnado diverso y tenido en cuenta por su valor dentro de esa gran diversidad. Reconocemos que es necesaria una mayor dotación de recursos para recoger y atender al alumnado con necesidades educativas especiales desfavorecidos socioeconómicamente. Defendemos que la red de centros públicos debe asegurar el derecho a la educación de todo el alumnado, teniendo en el horizonte temporal que los centros privados concertados, de manera negociada o voluntaria, se deberían integrar en la red de titularidad y gestión pública. Defendemos un modelo educativo que ponga las necesidades del alumnado y de toda la comunidad educativa en el centro y avanzar en los derechos que las naciones tenemos. Es necesario escuchar a toda la comunidad educativa, siendo el alumnado una de las piezas clave de dicho andamiaje. Por ello nuestras enmiendas también tienen en cuenta al alumnado, y como ejemplo está la número 119, que sigue esa línea. Nos hemos encontrado con dificultades, no lo negamos, y también reconocemos que nos hemos encontrado entre fuerzas políticas diferentes. Ha habido encuentros con algunas fuerzas políticas de izquierda, algunas soberanistas y otras no. Hoy es el día en que afirmamos que es necesario dejar atrás una ley retrógrada, una ley como la Lomce, y dar pasos más audaces y atrevidos que los que nos presenta esta ponencia de la Lomloe. Muchas gracias.

  7. Josune Gorospe Elezcano EAJ-PNV

    Gracias, presidenta. Buenos días, egun on a todas y a todos. Hoy la Ley Wert llega a su fin. Desde que nació la Lomce hemos deseado su defunción y a ello nos comprometimos y así tenemos recogido en nuestro programa electoral: sustituir la Lomce, que fue una ley contestada y no aceptada en el País Vasco y generó muchos inconvenientes a pesar de que se intentaron esquivar, en cierta medida gracias al marco Heziberri, aunque no siempre ha sido posible, y les pongo, por ejemplo, el caso del sistema de becas, aspecto determinante para nosotros, que sufrió un tremendo varapalo, pero que que ahora queda resuelto gracias a las enmiendas de nuestro grupo parlamentario. Ni la Lomloe ni ninguna ley de educación española es nuestra ley. La del Partido Nacionalista Vasco y del Grupo Vasco es la ley de educación vasca que próximamente se aprobará en el Parlamento vasco. Como otras muchas leyes generalistas que se aprueban en estas Cámaras, esta es una ley con vicio de invasión. Y nuestra tarea durante todo el proceso negociador ha sido reivindicar el reconocimiento expreso de que es a las comunidades autónomas a las que corresponde desarrollar las competencias en materia educativa, así como el especial reconocimiento de la singularidad vasca, el respeto a la singularidad propia derivada de los derechos históricos de los territorios históricos, como así ha quedado recogido en el texto de esta ley, al tiempo que procurar que quedara el máximo margen de maniobra para poder definir lo que para nosotros es importante, nuestro propio sistema de educación vasco. Nuestro grupo parlamentario votó a favor de la LOE y en contra de la Lomce. Por lo tanto, votando a favor la Lomloe, lo que hacemos es ser coherentes con las votaciones que en otros momentos hemos realizado. Señalaré brevemente algunas de las mejoras de la Lomloe que nos llevan a apoyarla. En el ámbito competencial, el refuerzo de las lenguas propias en el texto del proyecto. En definición de mínimos del currículum, un 50 %. Nunca antes habíamos logrado esto. ¿Es poco? Sí. ¿Queremos más? Sí. Pero es un avance y nosotros tenemos que aprovechar todo lo que sea un avance. En el ámbito de la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, becas para compensar desigualdades, con admisión expresa de la capacidad de las comunidades autónomas para poder tener nuestro propio sistema de becas. Esto es algo fundamental para poder avanzar en la cohesión social. Se recupera la diversificación curricular, la FP básica conduce al título de ESO y se refuerza una formación profesional que busca la excelencia y la va a encontrar pegada al terreno productivo, a la empresa. En el ámbito de la evaluación, gracias a nuestras enmiendas, también se ha incorporado la participación de los departamentos, organismos e instituciones de evaluación propia externa, un gran avance que también nos ha costado mucho lograr. Nuestro grupo parlamentario quiere detenerse a hablar de la concertada. El sistema educativo vasco se asienta sobre una base sólida bicefálica: la red pública y la concertada, que son demandadas por igual por parte de nuestras familias, y, ante esta certeza, la defensa de ambas es clara por parte del PNV. Hemos desarrollado un modelo de éxito, probablemente alejado del modelo que en otros lugares se haya podido desarrollar; un modelo de coexistencia de la red pública con la concertada. Reivindicamos aquí el trabajo que han realizado para llegar hasta donde estamos, desarrollando proyectos pedagógicos de excelencia. Las ikastolas, centros concertados, señorías, han sido y siguen siendo claves para recuperar el euskera en nuestro país. Kristau Eskola y los centros diocesanos han sido y siguen siendo claves para poder hacer proyectos interesantes, en muchos casos con alumnado complejo. Los necesitamos y los vamos a seguir teniendo, porque el compromiso del Partido Nacionalista Vasco donde gobernamos es claro y esta ley nos permite desarrollar la coexistencia de ambas. Todos merecen tener lugar en nuestro espacio y su papel relevante merece su reconocimiento y seguir con ellos. Nosotros hemos presentado una enmienda, que ha terminado en una transaccional con Junts per Catalunya, y, aunque agradezco el apoyo que otros grupos parlamentarios han dado a esta enmienda, finalmente no ha podido salir adelante. La Lomloe no es nuestra ley, pero supera los límites de la Lomce y nos permite desarrollar más, tener un marco más amplio para poder desarrollar nuestro propio sistema educativo vasco, que es nuestro objetivo. Ustedes saben tan bien como yo que el equilibrio de fuerzas aquí, en Madrid, hace muy difícil avanzar, que cada idea, cada palabra, cada paso cuesta mucho, hay que pelear mucho, y para nosotros es tarea difícil, pero cuando logramos un avance, aprovechamos la oportunidad. Con las dudas lógicas frente a una ley de educación para todo el Estado, este nuevo marco facilita eso que queremos nosotros, que el marco sea más amplio. Nosotros somos conscientes de que tenemos un sistema educativo que es privilegiado, que ya apuesta por la cohesión social, que apuesta por la educación infantil ‒tenemos más del 90 % de la población de dos años escolarizada‒, es un modelo inclusivo, tenemos miles de chavales y chavalas atendidos en nuestra red de centros del sistema educativo. Apostamos por el bilingüismo, apostamos por la digitalización, apostamos por la coeducación, por todo eso que ahora en el texto del proyecto de ley se ha incluido. Por eso hemos votado en contra de que desde Madrid se nos planifique en lo que ya estamos trabajando con éxito. No queremos que se nos planifique porque ya lo estamos haciendo, no porque estemos en contra de eso. Lo que vamos hacer es recoger en nuestro propio modelo de ley todo esto que les estoy comentando para mejorar y reforzar las competencias de nuestro sistema educativo vasco. Sí quisiera decir una cosa a los grupos parlamentarios grandes de este Congreso, a ustedes y a ustedes. . Ni con polvos ni con lodos se hace ninguna argamasa fuerte para construir nada sólido que tenga futuro. Gracias.

  8. Marta Martín Llaguno Cs

    Presidenta, señorías, ministra, adelanto ya que Ciudadanos va a votar no con las dos manos, así (haciendo el gesto de introducir una papeleta en una hurna), a esta ley, porque es un barro, porque su tramitación ha sido inoportuna y de dudosa garantía democrática, porque supone la demolición del sistema educativo, porque comporta una peligrosa bajada de nivel y porque conlleva la coacción de derechos fundamentales de todos los españoles. La Lomloe es un parcheado, es un parcheado de la Lomce y de la LOE, pero con la técnica del incrustado; al final ha quedado un pastiche, ya lo podrán leer ustedes. Este Gobierno no ha tenido ni las ganas, ni la capacidad de desarrollar una verdadera propuesta educativa. Esta norma ha sido tramitada desde el principio con una arbitrariedad dolosa, así lo he denunciado desde el primer día; registrando el proyecto hace dos legislaturas, sin contar con informe del Consejo de Estado; se ha dictaminado por un consejo escolar y por una conferencia sectorial que no son las actuales; hay consejeros, como el señor Imbroda, que no ha visto esta ley, no ha trabajado con esta ley. Además, la tramitación se ha hecho en plena pandemia, cuando todavía no se había resuelto ni siquiera la vuelta al colegio, y así se lo dije a la ministra. Han abierto el plazo de apertura de las enmiendas parciales en plena segunda ola, pero es que además —ya lo han dicho otros portavoces—, hemos tenido que trabajar con una presión brutal, a puerta cerrada, sin luz y taquígrafos, negociando prácticamente quinientas enmiendas por semana que no hemos podido debatir, solamente votar. Esto huele a vicio de tramitación. Pero lo más grave es que encima lo han hecho ustedes con premura, diciendo que tenían mucha prisa porque tenían que quitar una ley que no tenía consenso. Pues miren, esta ley tiene consenso, ha conseguido cabrear a todo el mundo, pero lo que no tiene son garantías democráticas. No pueden haber metido más tropelías en tan poco texto, no se pueden meter más tropelías en tan poco texto. Aparte de más ideologizada que la propaganda electoral, la Lomloe constituye —ya se lo han dicho aquí—, un ataque a la libertad de elección de las familias, un intento de engaño a nuestros socios europeos, la demolición del acuerdo competencial en educación y un mercadeo zafio con los derechos lingüísticos y fundamentales por un puñado de votos. Y voy a ir por partes. La libertad de elección de los padres de los centros concertados, pero, ¡ojo!, también de los centros públicos, porque esta ley atenta contra la libertad de elección de todos. ¿Por qué? Porque ustedes eliminan el concepto de demanda social y lo sustituyen por el de programación, una programación modo Podemos, estalinista, donde ustedes deciden a qué colegio tienen que ir nuestros hijos por el lugar donde viven y no por el proyecto educativo que les vaya mejor, y esto es una verdadera atrocidad. Porque, además, esto es una canallada para los niños que tienen necesidades de educación específica y necesidades de educación especial, 37 000 de los cuales, el 60 % —quiero decirlo bien claro— van a educación pública. ¿Y por qué es una canallada? Porque ustedes identifican inclusión con escolarización ordinaria; y sí, la inclusión se puede conseguir en algunos casos en escolarización ordinaria, cuando se ponen muchos recursos, que ustedes no ponen, en la ley, cuando se ponen muchos recursos, pero también se puede conseguir la inclusión en la escolarización especial. Porque a ver si se enteran, hay padres que piden que sus hijos se escolaricen en ordinaria, y tienen todo el apoyo de Ciudadanos, ¡faltaría más!, bien hecho; pero es que hay padres que piden, en interés superior del menor, que sus hijos se escolaricen en educación especializada, y hacen falta muchísimas plazas. Lo cierto es que esta ley ni para unos, ni para otros pone recursos ni pone estrategias. Modificar una ley sin plan y sin dinero es una verdadera temeridad. Calidad y equidad. Ustedes trapean, ya se lo he dicho mil veces; dejan en manos de los centros y de las comunidades educativas las condiciones para que los niños promocionen y titulen. ¿Por qué? Porque no van a poder cumplir los objetivos que les ha marcado Europa en las recomendaciones del semestre europeo con relación al fracaso y el abandono escolar. Así que, como les han pedido que hagan una reforma estructural por consenso amplio y el consenso solo lo hacen con sus amigos, han decidido ustedes trampear y hacer el tema del trampantojo de los suspensos. Han comerciado ustedes también con esta ley, han comerciado con el nacionalismo. Prueba de ello es el vaciado de competencias de la Alta Inspección de Educación que, por ejemplo, ya no se va a poder encargar de velar por que no se nos discrimine por razón de lengua. O el intento de politización de la inspección, sí, el intento de politización de la inspección quitando la prueba para el acceso a este cuerpo. Pero el mercadeo más palmario se ve en las enmiendas que ustedes, señores del PSOE, no solamente han negociado con Esquerra Republicana y con Bildu para tachar el español como lengua oficial del Estado y para quitarlo como lengua vehicular de la enseñanza, sino también con el PNV para determinar lo de la lengua propia. Es lengua propia la lengua cooficial y el castellano es lengua impropia, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo. Ya sabemos que cuando el PP gobernó tampoco consiguió que se pudiera estudiar en libertad en castellano en aquellas comunidades donde había lenguas cooficiales, pero dejar sin ni siquiera el amparo legal a miles de familias en Cataluña, en Valencia y en el País Vasco realmente sobrepasa cualquier límite. Los efectos de estos cambios son políticos, pero también sociales. ¿Por qué? Porque los secesionistas se van a ver reforzados y van a convertir la educación en una fábrica de votos en diferido para sus intereses, pero es que los constitucionalistas nos sentimos vendidos y segregados en nuestro propio país, en nuestras propias comunidades. Señores del PSOE, nunca más podrán decir que no han tenido alternativas. Todas. Les presentamos una enmienda con dos opciones. Una de ellas era simplemente que se comprometieran a cumplir las sentencias judiciales y nos han dicho que no. ¿Son ustedes un partido antisistema ya o qué? También hemos tratado de negociar con el PNV y con Junts per Cat. Apoyábamos su enmienda para tratar de salvar las barbaridades de esta ley y todo el foco estaba en Esquerra Republicana de Catalunya, señor Rufián, todo el foco. Ustedes tenían capacidad de decidir entre la libertad y la calidad de la educación con su abstención o entre el negoci y el secesionismo y han elegido el negoci y el secesionismo. Tenemos muy pocas esperanzas de que esto se pueda arreglar y anunciamos ya que vamos a votar no y que, si esta ley sale adelante, inmediatamente iremos al Tribunal Constitucional a denunciar todos estos atropellos e iremos también a la Comisión Europea —estamos enviando preguntas ya— para que sepan lo que está pasando en este país, junto con otras cuestiones…

  9. Marta Martín Llaguno Cs

    ... con el tema de la Ley de educación, que es una verdadera barbaridad. Muchas gracias. .

  10. Néstor Rego Candamil BNG

    Grazas, señora presidenta. Estamos de acuerdo, evidentemente, con la necesidad de dejar atrás y sin efecto la Lomce. Sin embargo, el Gobierno se ha quedado muy por detrás de las expectativas de las comunidades educativas y de la sociedad. Partimos de reconocer lo obvio, que en relación con la Lomce hay avances importantes en esta ley, pero a nuestro juicio son insuficientes para dar un aprobado. El BNG presentó más de cien enmiendas que no fueron tomadas en consideración, con la excepción de tres transaccionales, enmiendas encaminadas a reforzar realmente la enseñanza pública porque apostamos por un ensino público, galego e de calidade, a reducir el peso de los conciertos, a fijar su carácter subsidiario y reducir su duración, a establecer claramente la no segregación por sexo o a impedir concertar enseñanzas no obligatorias. Defendemos una enseñanza laica, en la que la religión confesional no tiene cabida dentro de las aulas. Volver a la situación prelomce no nos parece suficiente. El concordato con el Vaticano es preconstitucional, por lo que hay que derogarlo. Defendemos reforzar el ámbito competencial de las comunidades autónomas para asumir realmente la configuración plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado porque nosotros concebíamos esta ley como una ley de bases que no limite las competencias de Galiza para definir su propio sistema educativo, garantizar la financiación, reducir ratios, la gratuidad de los servicios complementarios, la elección democrática de las direcciones, la decisión, a pesar de falsas polémicas, a la hora de avanzar en la normalización lingüística y mejorar las condiciones del personal docente. En fin, son muchos los aspectos en los que la reforma queda corta. Lógicamente vamos a facilitar su aprobación, no nos vamos a oponer porque queremos dejar atrás la Lomce, pero, como decía, no podemos aprobarla, por lo que nos abstendremos. Gracias.

  11. Inés Sabanés Nadal MÁS PAÍS-EQUO

    Buenos días, señorías. Empezaré por recordar que lo que realmente destroza la educación en nuestro país es, por ejemplo, el despido fulminante de 1000 profesores y 500 educadores en la Comunidad de Madrid, donde ustedes gobiernan y apoyan. . Pero en este país cada vez que debatimos sobre educación acabamos hablando de la religión y de la lengua y todo acaba en el Constitucional, a pesar de que todos aquí sabemos que el problema de nuestro sistema educativo ni es la religión ni es la lengua, el conflicto de la lengua lo introdujo la Ley Wert con la Lomce. Los problemas reales —de los que no hablamos o por lo menos no he escuchado hasta ahora— son los recortes y la falta de financiación, especialmente en la escuela pública; es el fracaso escolar y la falta de recursos para combatirlo; es la desigualdad y la segregación; es el problema de la situación de precariedad del profesorado, especialmente en la escuela pública, sin apoyos para cubrir todas las necesidades de los alumnos y alumnas. Si este sistema, que ustedes tanto defienden, funciona, por qué todavía aquí nadie ha sido capaz de explicar por qué con las mismas capacidades los alumnos de familias con menos capacidad económica repiten cuatro veces más que los de mayor capacidad económica y por qué la no obtención de la ESO afecta fundamentalmente a los alumnos y alumnas de familias con menor capacidad económica. Si no hablamos de eso y no lo explicamos, es muy complicado. Nosotros hemos trabajado en esta dirección porque solo con una buena financiación podremos bajar las ratios, porque solo con una educación infantil gratuita y universal la haremos accesible a todas las familias y empezaremos a cerrar la brecha desde edades tempranas, porque solo si los conciertos son proyectos específicamente educativos y sin ánimo de lucro se podrá evitar que la educación —como ya lo es la sanidad— se convierta en un negocio. Hemos introducido mejoras tanto en formación profesional como en formación ambiental, que permitan comprender desde la escuela la necesidad de cuidar el planeta y preservar el futuro. Seguiremos trabajando en algunas reivindicaciones a lo largo de la ley porque hay que garantizar…

  12. Inés Sabanés Nadal MÁS PAÍS-EQUO

    … algo tan revolucionario como el cumplimiento de la ley con respecto a la admisión de alumnos y el control sobre el cobro de cuotas en todos los centros sostenidos con fondos públicos y, para eso, pedimos que sean públicas. Apoyamos la reivindicación de incluir la ética como materia en 4.º de la ESO.

  13. Inés Sabanés Nadal MÁS PAÍS-EQUO

    Vamos a apoyar la ley. Muchas gracias, presidenta.

  14. Sergi Miquel i Valentí JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Gracias, presidenta. Bon dia. Señorías, antes de nada, quiero decirles que esta no es la ley que nosotros hubiésemos dibujado, nos hubiésemos imaginado, pero como intuyo que el tono de las intervenciones a partir de esta va a subir, quería agradecer el buen tono que nos hemos encontrado sobre todo en el Grupo Socialista a la hora de negociar y hablar y que, a pesar de no haber llegado al acuerdo, a la ley que nosotros queríamos, siempre hemos encontrado esa predisposición. Lo digo porque como me imagino que el tono va a subir, creo que también está bien reivindicar esta idea. Señorías, nosotros nos aproximamos a esta reforma educativa a partir de dos conceptos: en primer lugar, la derogación de la Lomce; lo llevábamos en nuestro programa electoral, nos comprometimos a ello cuando se aprobó la ley y ese era uno de nuestros pilares, una de nuestras líneas de trabajo. La segunda era la defensa de la LEC, la Llei d’educació de Cataluña, aprobada en el año 2009 con un amplio consenso de todos los grupos parlamentarios de la Cámara catalana excepto el Grupo Popular, que recurrió en el Tribunal Constitucional un montón de artículos menos los artículos que tenían relación con la lengua, asumiendo por lo tanto que no era ningún problema la cuestión lingüística en 2009, que ahora de repente se ha convertido en un grave problema. Y defendíamos la LEC porque tiene dos pilares que son fundamentales: la defensa de un modelo de escuelas público pero también de escuelas que, sin ser públicas, están sostenidas con fondos públicos, las escuelas concertadas, que, a nuestro juicio, enriquecen, mejoran y dan más pluralidad y libertad al sistema educativo; y por una cuestión de lengua, creemos que la inmersión lingüística es una metodología educativa, pedagógica, que garantiza el pleno dominio de las dos lenguas cooficiales en Cataluña. Respecto a la concertada, creo que hay una cierta obsesión de una parte considerable de la izquierda de este país a que todo sea tremendamente público, dando más importancia a que las cosas sean públicas y no a que el servicio sea de calidad, y eso nos ha llevado a tener una ley que no garantiza una riqueza y una pluralidad en un ecosistema educativo que a nuestro juicio debe ser todo eso. En cuanto a la lengua, señor Sayas, señor Mazón, señora Martín, yo les quiero tranquilizar porque, si es verdad que el texto elimina el concepto de lengua vehicular cuando se refiere al castellano, les garantiza que los alumnos tienen derecho a recibir enseñanzas en castellano. Y dígame usted, señora Martín, si recibir enseñanzas en castellano no es tener el castellano como lengua vehicular. . Y le doy una tranquilidad más: le digo que quien debe garantizar ese derecho según el redactado que se va a votar esta mañana son las administraciones educativas, son ellas las que deben garantizar ese derecho, no las autonómicas, no, no, las educativas. Y, como usted sabe perfectamente, el artículo 2, que sigue vigente hoy y que va a seguir siendo vigente mañana, define como administraciones educativas —y se lo cito textualmente— los órganos de la Administración General del Estado, o sea, el ministerio, y —no «o», «y»— de las comunidades autónomas. Pueden estar muy tranquilos, señorías (la señora Martín Llaguno hace gestos negativos), porque será el ministerio el que deba garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano o, lo que es lo mismo, que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña cuando así lo deseen los padres y las madres de los alumnos; con lo cual pueden estar ustedes muy tranquilos en lo que a la lengua se refiere. Preocúpense por lo que se refiere a la concertada, que ciertamente es preocupante, pero por lo que se refiere a la lengua pueden estar muy tranquilos puesto que este artículo es interpretable, y los que defendemos la inmersión sabemos que en términos de lengua cualquier interpretación se nos puede girar a la contra. Señorías, hoy un bando de esta Cámara va a celebrar con mucha mucha euforia una ley que sienten seguramente muy muy suya, y yo creo que esto es un fracaso un poco de todos, no solo de este bando sino un poco de todos, porque lo interesante no es que se apruebe una ley educativa que sea muy muy de un bando, sino que lo interesante y el reto que teníamos todos por delante era que se aprobase una ley que fuese un poco de todos. Esa sería la mejor garantía de que dentro de dos años no tuviéramos que cambiar esta ley educativa, cuando las mayorías parlamentarias sean otras. Las víctimas son los alumnos, son los docentes, son las familias, y es, en definitiva, todo el sistema educativo, con lo cual creo que no podemos sentirnos especialmente satisfechos de lo que vamos a hacer esta mañana aquí. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. .

  15. Montserrat Bassa Coll ERC-S

    Gracias, presidenta. ¿Esta ley es nuestra ley? No. ¿Esta ley es mejor que lo que había? Sí. Como pedagoga, estoy orgullosa de esta ley de educación. Como independentista, no tanto. Pero como profesora, como independentista y como demócrata, me alegra derogar una Lomce que pretendía españolizar a los niños catalanes y que se basa en una concepción franquista de la educación. Miren ustedes, he trabajado en primaria, en secundaria, en escuela de adultos, en gestión directiva, en proyectos de inclusión en barrios de población muy vulnerable y, desde mi experiencia, considero sinceramente que esta ley permite avances pedagógicos y educativos muy importantes. Ahora bien, como profesora orgullosa de la escola catalana, lamento que esta ley no permita desarrollar con plenitud la innovación pedagógica que pretendemos, porque Madrid mantiene aún importantes competencias, como la fiscalizadora, la Alta Inspección de Educación, y esto será así hasta que no seamos independientes. La mejor garantía para la escola catalana es la república catalana. A pesar de todo, nunca habíamos llegado a tener un nivel competencial tan alto, y blindar la inmersión lingüística en Cataluña es más que un triunfo, porque esta ley establece que la lengua vehicular se decide según lo dispuesto en los estatutos de autonomía y en la LEC. . Compañeros de Junts per Cat y compañeros de la CUP, si continúan teniendo dudas respecto al blindaje de la inmersión, vean la indignación de toda la derecha española: la llaman canallada. Señor Sergi, si quiere usted cambiar el término de administraciones educativas, tendrá que hacerlo más de doscientas o trescientas veces, porque sale en toda la ley. Señores de Ciudadanos, que nacieron para combatir la inmersión lingüística, si quieren acabar con ella, presenten en el Parlament de Catalunya una propuesta de reforma del estatut, porque es vergonzoso pretender imponer desde Madrid aquello que no queremos en Cataluña. En el País Valencià ha habido miles de familias que no han podido escolarizar a sus hijos en catalán y a ustedes no les ha importado lo más mínimo, mientras se ofendían enormemente porque una docena de padres en Cataluña no podían hacerlo en castellano. No les preocupa que en el País Valencià o en Euskal Herria haya alumnos que no tengan tan buen dominio del valencià o del euskera como del castellano, porque no les importan las lenguas sino el castellano; porque no pretenden que los niños sepan hablar castellano —esto ya lo saben todos— sino que el castellano sea, desde alguna óptica supremacista, la lengua de comunicación de la enseñanza y en toda la sociedad catalana, queramos o no las catalanas y los catalanes y aunque esto suponga la minoración y extinción de la lengua catalana. Como se ha demostrado en Cataluña, la inmersión lingüística, además de ser un factor de inclusión social, garantiza la expresión normal del catalán y castellano de todos, mientras que en el País Valencià sin inmersión solo se garantiza el castellano. Es decir, la inmersión lingüística es la única que garantiza el aprendizaje de las dos lenguas. Quienes se oponen a ella son los de «en España, en español». ¿Qué les importará en Burgos o en Sevilla en qué lengua son las clases de mi Empordà o en Eivissa? ¿Por qué les molesta que las hagamos en catalán? Desde una óptica colonizadora, lo que pretenden es castellanizar els països catalans para negar nuestra identidad como pueblo. Es lo que pretendía Wert cuando defendía españolizar a los niños catalanes, es decir, castellanizarlos, porque España solo la conciben en castellano. En esta ley también se comienza a superar la herencia de la escuela nacional católica. Aunque los vigentes acuerdos del régimen del 78 con el Vaticano no permiten excluir la religión de la escuela, con nuestras enmiendas hemos conseguido que, en lugar de la enseñanza dogmática de una religión, se imparta la asignatura de Cultura Religiosa. En realidad es una falta de respeto a la fe que la religión se considere una asignatura con pruebas y prácticas escolares que se aprueba o se suspende. La enseñanza de la fe debe pasar del aula al templo y los creyentes que lo critican deberían considerar que es una gran oportunidad para acercar a la juventud y a las familias creyentes a sus iglesias. Hemos conseguido que la segregación por sexos no sea subvencionada con dinero público, gran avance, aunque no suficiente. De la misma manera que no permitiríamos segregar por razón de nacimiento o color de piel, tampoco nos podemos permitir segregar por sexo. Asimismo, en la ley hemos incorporado la educación afectivosexual, que es importantísima en términos de salud, de desarrollo de la personalidad, de igualdad hombremujer, de orientación sexual y de identidad de género y, por supuesto, en términos de felicidad. También se incorporan valores y enseñanzas en empatía con los animales, en democracia, en justicia o en resolución pacífica de los conflictos, y créanme que en Cataluña sabemos de la importancia de educar en estos valores. En contraposición a una Ley Wert centralista, vertical, retrógrada, de exámenes y revalidadas y que precarizaba al profesorado, esta ley tiene importantes avances muy defendidos por Esquerra Republicana de Catalunya, como la enseñanza por ámbitos, el desarrollo competencial del currículum, el mantenimiento de los institutosescuela, la mayor autonomía de los centros, la potenciación del liderazgo —voy acabando—, la mejora de las condiciones del profesorado, etcétera. Por todo ello, aunque no sea nuestra ley ideal, es un deber moral desactivar la Ley Wert y permitir más herramientas para el desarrollo de la escola catalana. En cualquier caso, dejen de politizar la enseñanza y preocúpense de garantizar la formación y los recursos como si fueran conscientes de la responsabilidad de formar a las generaciones futuras y creyeran que es en la escuela donde nace el progreso y el devenir del futuro. Por todo ello, quiero reconocer la labor pedagógica y educativa de todas las y los profesionales de la escola catalana y, en particular, la de quienes han sido señalados y perseguidos por la maquinaria represiva española por ejercer su derecho a la libertad de cátedra y su vocación de formar ciudadanos y ciudadanas críticos y libres. Muchas gracias. .

  16. Javier Sánchez Serna UP

    Gracias, presidenta. Hoy ponemos punto y final a la contrarreforma educativa del Partido Popular, a la Lomce y a su modelo elitista, segregador y retrógrado. Por eso quiero comenzar esta intervención recordando y dando las gracias a la comunidad educativa y a las mareas verdes por su lucha durante años para derogar la Lomce y recuperar una educación pública y de calidad. . La Lomloe que hoy votamos llegó a este Congreso como la ley de educación de un Ejecutivo monocolor y va a salir como la ley educativa de un Gobierno de coalición. Desde Unidas Podemos hemos introducido enmiendas muy importantes para blindar la educación pública, para impulsar la etapa educativa de 0 a 3 años y para corregir la segregación social del alumnado. Son medidas que no estaban en el texto original y que vienen a reforzar y a ampliar el derecho a la educación. Quizá por esto estos días estamos viendo a las tres derechas muy cabreadas con esta ley educativa, pero en lugar de criticar las medidas concretas de la Lomloe o en todo caso contraponer las supuestas bondades de su modelo de colegio de pago y reválida, ustedes se han lanzado a una campaña de desinformación y bulos y están diciendo auténticas barbaridades: que si va a desaparecer el castellano de los colegios catalanes, que si van a cerrar los centros de educación especial y no sé cuántas mentiras más. Señorías, esta ley apuesta sin ambages por la educación pública como eje vertebral del sistema educativo, y lo hace porque es la escuela pública la que garantiza en última instancia la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Ustedes, señorías de las tres derechas, pueden seguir con el discurso victimista, con el discurso de la libertad de elección de las familias, pero es un discurso falaz, y digo falaz porque ustedes no defienden la libertad de elección de las familias, por ejemplo, a elegir una educación pública de calidad. Por eso en la anterior crisis machacaron a la escuela pública. Y no defienden tampoco la libertad de las familias con menos recursos, a las que se les exige pagar cuotas ilegales o que se ven excluidas de determinado centro, no; lo que ustedes defienden no se llama libertad, se llama simple y llanamente privilegio. Seguramente a esta ley de educación le falten cosas. Desde el Grupo Confederal de hecho hemos mantenido tres enmiendas que nos parecen importantes: una primera enmienda para bajar la ratio de alumnos por aula y garantizar así una atención más personalizada; una segunda enmienda para sacar la religión fuera del horario escolar, como hacen por ejemplo países vecinos como Francia, y avanzar hacia una educación laica, y una tercera enmienda para recuperar la asignatura de ética en cuarto de la ESO. Estamos además en el Día Mundial de la Filosofía, y estaría bien ratificar el compromiso que adoptamos todos los partidos. En cualquier caso, estamos ante una ley que avanza para defender, para blindar la educación pública. Por eso, con la aprobación de la Lomloe creo que seguramente sea un mal día para los que entendieron siempre la educación como un privilegio o como una distinción de clase, pero creo que tenemos motivos para felicitarnos los que siempre supimos que la educación es ante todo un derecho. Muchas gracias. .

  17. Joan Mena Arca ECP-GUANYEM EL CANVI

    Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Créanme si les digo que hoy es uno de esos días en los que vale la pena ser diputado de esta Cámara. Hoy por fin derogamos la Lomce, hoy por fin blindamos la inmersión lingüística y hoy por fin tenemos una ley educativa que apuesta por la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo. Señorías de la derecha, ustedes han intentado boicotear esta ley por tierra, mar y aire, acusándonos de priorizar la escuela pública y de romper España en esa extraña concepción que tienen ustedes de España, que vendría a ser algo así como un jarrón chino en una fiesta infantil. Su actitud me lleva a una reflexión. Imagínense ustedes que la vacuna contra las futuras pandemias, como la COVID, estuviese en la cabeza de una niña del barrio de La Mina de Barcelona o del barrio de Los Pajaritos de Sevilla. ¿Saben qué pasaría con su modelo de recortes y de escuela elitista? Pues lo más probable es que España se quedara sin vacuna porque los colegios del barrio de La Mina y de Los Pajaritos estarían en peores condiciones que un colegio del barrio de Salamanca. Ese es el modelo que quieren imponer las derechas. Cuando yo era profesor del Instituto Ferrán Casablancas y en muchas otras escuelas de entornos vulnerables, aprendí una cosa muy importante sobre el patriotismo. Aprendí lo que es el patriotismo del maestro, aquel que cree en las posibilidades de cada niño y de cada niña del país, sea del barrio que sea y venga de la familia que venga , del mismo modo en que los maestros creemos en las posibilidades de cada niño y de cada niña de nuestras aulas. Por eso, hemos trabajado para blindar la educación pública en esta ley, porque creemos firmemente que no hay libertad ni futuro sin igualdad de oportunidades. Hoy podría estar perfectamente en esta tribuna cualquiera de mis compañeras, que llevan siete años luchando contra la ley Wert, cualquier alumno que no ha podido ir a la Universidad por culpa de un ministro que llamaba eficiencia a lo que eran recortes ideológicos, cualquier orientador o psicopedagogo que fue despreciado durante los Gobiernos del Partido Popular. Esta ley es para todos ellos, porque saben mejor que muchos de los que estamos aquí por qué es tan importante enterrar la Lomce. Señora ministra, quiero poner en valor todo el trabajo que hemos conseguido hacer en esta ley y, en concreto, cinco cuestiones: la educación inclusiva, que por supuesto garantiza también la educación especial; la prohibición de cesión de suelo público a escuelas privadas; el plan de garantía de acceso a la educación infantil de 0 a 3; el fin de los conciertos sexistas y, por supuesto, la protección de la inmersión lingüística en Cataluña como modelo de igualdad de oportunidades y la convivencia entre dos lenguas que queremos que puedan mirarse con respeto de igual a igual. Acabo, presidenta, no quiero ser complaciente, porque para eso ya está la derecha quejica, y nosotros lo que queremos es seguir avanzando y hacer avanzar a este país. Reconozco, reconozcamos, señora ministra, que hay cosas que se han quedado en el tintero en esta ley. La ética, la rebaja de las ratios, no abrir los conciertos a las etapas no obligatorias, acabar con la religión dentro de las escuelas o la elección democrática de las direcciones de los centros son asignaturas todavía pendientes. En nombre de mi grupo quiero decirle al conjunto de la comunidad educativa: Gracias por todo el esfuerzo que han hecho para llegar hoy aquí a derogar la Lomce. Estamos a lado vuestro. Igual que dijimos que derogaríamos la Lomce, y hoy lo estamos cumpliendo, les digo que nuestro compromiso no acaba aquí y que seguiremos empujando, porque no hay arzobispo, señorito o lobby de escuela elitista que pueda amedrentar la seguridad que tenemos en el potencial de cada niño y cada niña de este país. Muchas gracias, presidenta. .

  18. Joaquín Robles López VOX

    Señora presidenta, señorías, cuando yo comenzaba a trabajar, a principios de los noventa, se aprobó la Logse, que dio impulso a una nueva pedagogía orientada a convertir la enseñanza en un trámite donde el esfuerzo, la constancia y la disciplina dejaban paso a un sistema asistencial donde los conocimientos eran lo de menos y el adoctrinamiento, lo lúdico y la vacuidad procedimental lo de más. Treinta años después hemos llegado a la culminación de esta degeneración. La Lomloe, aprobada con prisas, sin haber escuchado en Comisión o en ponencia a nadie, elaborada de espaldas a sindicatos y asociaciones profesionales es una ley que certifica el final del papel de ascensor social de las enseñanzas, ejecutado por los verdaderos enemigos de las clases sociales más desfavorecidas, que son ustedes, los señores del PSOE y los señores de Unidas Podemos , porque condenan a estas clases sociales a recibir en la escuela una papilla infame que cercenará toda posibilidad de promoción social, y además son enemigos de las regiones más leales de nuestra maltrecha España. ¿Pueden explicar aquí en nombre de qué equidad la inversión para un alumno vasco es un 60 % superior a los del resto de España? Menuda invasión; dan ganas de que te invadan a ti: el 60 % de inversión superior y un profesor vasco cobra 11 000 euros más que un profesor del resto de provincias. ¿Dónde está la equidad, me lo quieren contar? . ¿Puede explicar en qué teoría psicopedagógica, pueden justificar ustedes que existan diecisiete currículos distintos? Y, sobre todo, ¿pueden explicar a los trabajadores catalanes —no a los de Burgos, sino a los catalanes, a las familias más humildes de Cataluña que tienen como lengua materna el español— en virtud de qué teoría pedagógica se les obliga a la inmersión lingüística en catalán? . Porque seamos claros, no se trata solo de garantizar el conocimiento del español, como dice el artículo 3, y de las lenguas cooficiales, sino de establecer cuál es la lengua vehicular, en qué lengua se imparten las enseñanzas. Los mismos que en los años ochenta, para justificar la presencia del catalán en las aulas, presentaban informes pedagógicos en donde se ponderaba la necesidad de escolarizar a los niños en su lengua materna, ahora meten esos informes en el cajón porque se trata de la lengua española. Y los meten y los ocultan porque ustedes, señores separatistas, no tienen más interés en la educación que el de convertirla en una fábrica de independentistas, en un instrumento para la secesión. Por eso incluyen mentiras sobre la historia de España, limitan lingüísticamente la movilidad del profesorado, persiguen a los maestros y profesores que no comulgan con su credo hasta expulsarlos del sistema y controlan a la inspección para que calle el atropello sistemático, el incumplimiento contumaz de la ley practicado en los centros educativos. . Y ahora, no contentos con que en la práctica el español haya sido erradicado de la enseñanza mientras los Gobiernos de PP y PSOE miraban para otro lado, pretenden que esta realidad vergonzosa adquiera certificado de legalidad al eliminar la condición de lengua vehicular del español. Y, al tiempo, el Gobierno de Sánchez y sus socios bolivarianos siguen en su empeño de utilizar la educación para la difusión de su ideología al impedir que alguien pueda escapar a este adoctrinamiento. En su afán tiránico se saltan la Constitución, proponen cerrar los centros de educación infantil y especial, se dan un plazo temporal para asfixiarlos lentamente, y ello en contra de las voces de los padres, a quienes pretenden acallar incluyendo en el apartado 2 del artículo 74 la ilegalidad de impedirles ejercer sus derechos cuando el dictamen de escolarización no coincida con el suyo, negándoles la posibilidad de reclamación administrativa, y también pretenden hacer lo mismo con escuela concertada. Esta lamentable ley, la más sectaria y, a la larga, la más peligrosa para nuestra nación consagra todos los dogmas de la ideología progre. Meten ustedes hasta en Primaria esas absurdas teorías del género que, de espaldas a la biología, la antropología y al sentido común más elemental, afirman que la autopercepción determina el género y la ulterior consideración del individuo como hombre y mujer. ¡Y luego los terraplanistas somos nosotros; no te fastidia! . Incluyen no una verdadera educación sexual, centrada en la explicación objetiva por parte de profesionales acreditados de cómo prevenir enfermedades de transmisión o cómo tener una conducta responsable, sino una exaltación confusa de la libertad sexual, como si esta fuese una especie de termostato de la felicidad, sin atender a las opiniones paternas y muchas veces otorgando estas lecciones a personal no docente de colectivos subvencionados afines a su ideología, de quienes ignoramos su titulación, sus méritos y a quienes ni siquiera se les exige el preceptivo certificado de penales, obligatorio para maestros y profesores. . Curiosa paradoja esta de quienes han instaurado una forma puritana y grotesca de censura donde la imagen de una azafata con falda corta debe ser retirada por atentar contra la dignidad de la mujer, pero jalean en las escuelas una sexualidad irresponsable y pretenden arrebatar la inocencia de nuestros hijos. A ustedes no les interesa la formación intelectual ni la formación moral, no les interesa la preservación de la unidad nacional ni la promoción de los más desfavorecidos; ustedes quieren un pueblo adormecido y domesticado. Por mucho que mencionen el espíritu crítico, esta fórmula no es más que un flatus vocis, una mera apariencia. Ustedes quieren activistas, no ciudadanos, porque para ser crítico hay que tener criterio, y para tener criterio hay que tener conocimientos, y eso es lo que ustedes quieren erradicar al eliminar todo estímulo para el estudiante con su aprobado general y su promoción automática. Ustedes, señores de la izquierda caviar, enviarán a sus hijos a buenos y exigentes colegios privados, mientras que al pueblo español lo mantendrán esclavo de sus pasiones y conformistas con las migajas que, en forma de renta mínima y educación asistencial, ustedes les ofrecen; como los oligarcas separatistas catalanes, que envían a sus hijos a colegios extranjeros de pago, mientras obligan a los catalanes a la inmersión lingüística y a una pobre enseñanza orientada a formar una legión de independentistas a su servicio. Ni Matemáticas ni Latín ni Griego, pero mucho adoctrinamiento. Se niegan a adaptar los currículos para aquellos alumnos con altas capacidades, desatendiendo la atención a la diversidad que, al parecer, solo sirve para adaptar estos currículos a la baja. Ustedes son contrarios a toda manifestación de excelencia y de inteligencia, y no nos extraña, porque la inteligencia siempre están contra de la tiranía. . Nosotros estaremos al lado de las escuelas infantiles, al lado de los centros de educación especial, de la escuela concertada, de las asociaciones de matemáticos y de profesores de cultura clásica, de música y de las familias en general. Ustedes, señores del Gobierno de la izquierda caviar y fundamentalista, podrán insultar a mi partido, podrán tergiversar y mentir, podrán intentar ilegalizarnos, pero no podrán acallar nunca la voz de casi 4 millones de personas —y muchos más que vendrán desde sus filas, en cuanto comprendan la naturaleza de la traición que están cometiendo— comprometidos con su nación, y por lo mismo con una verdadera educación nacional que ponga a todos los alumnos españoles en pie de igualdad, estudiando lo mismo en los tres modelos y en la misma proporción, y cada uno según sus méritos y capacidades. Ustedes han abandonado al pueblo español y se han puesto al servicio de las oligarquías separatistas y globalistas, pero en VOX albergamos la esperanza de que este pueblo, tantas veces indómito, se rebelará contra el triste destino que ustedes nos deparan. Muchas gracias. .

  19. María Sandra Moneo Díez PP

    Gracias, señora presidenta. Señorías, señora ministra, señalaba Aristóteles que la idea de libertad está ligada a la misma esencia del ser humano. No será, por lo tanto, esta intervención la que contradiga las palabras de, probablemente, el más influyente pensador del mundo occidental. Porque en defensa de la libertad los ciudadanos han trabajado, han peleado y han combatido; no se puede entender la historia de occidente, lo mismo que no se puede entender la historia del constitucionalismo español, sin tener presente la libertad en toda su amplitud. Es por ello que resulta difícil de entender, si no imposible, que a punto de encauzar el final del primer cuarto de siglo XXI tengamos que subir a esta tribuna a defender la libertad, a defender nuestra libertad. Porque el dictamen que hoy sometemos a debate trasciende al debate puramente educativo. Estamos ante un proyecto muy superior de extraordinaria magnitud, profundamente ideologizado y además que comienza por lo más básico: asfixiar a aquel que no se somete al pensamiento único; que continúa diluyendo la responsabilidad individual de la persona en beneficio de la colectividad; que suprime la cultura del esfuerzo, la búsqueda de la calidad, de la excelencia, el espíritu de superación y la resiliencia; que despoja de toda autoridad al profesorado. Un proyecto que liquida la vertebración del sistema, la igualdad de oportunidades, en beneficio de un falso igualitarismo que no es sino la antesala de la mediocridad. Un proyecto que destierra el derecho de los padres a elegir la educación y el centro educativo en el que escolarizar a sus hijos, imponiendo un monopolio estatal docente, ese que el profesor Tomás y Valiente —¿les suena, señorías?— combatió desde su voto particular a la Loece, la primera ley educativa de la democracia. Es un proyecto que ignora la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Constitucional. Cuántas sentencias quieren que les mencione, señorías —2006, 2008, 2010, 2017, 2018— para decirles que no, que no existe tal monopolio, que lo que recoge nuestra carta magna es un pluralismo educativo e institucionalizado; que el derecho a la educación se puede lograr a través de la red pública, a través de la red concertada; que son redes complementarias, porque la subsidiaridad —por mucho que les pese— es totalmente contraria al espíritu de la Constitución. Es un proyecto que no reconoce el castellano como lengua oficial del Estado y su carácter vehicular en el sistema educativo; la lengua, señorías, en la que Cervantes escribió El Quijote; la lengua en la que seis ilustres españoles lograron el máximo galardón que se puede conceder a un escritor, el Nobel, desde Echegaray a Vargas Llosa. Espero, señorías, señora ministra, que ustedes hayan leído la prensa de hoy, donde varios exdirectores del Instituto Cervantes califican este hecho de: canallada, de genocidio lingüístico. Es un proyecto en el que desde la primera línea de su redacción anida un ánimo de confrontación, de ruptura, ignorando que en esta Cámara hace dos años nos sentamos las diferentes fuerzas políticas para dar cumplimiento a lo que nos demandaba la sociedad: un gran pacto. La propia Comisión Europea reconoce que el éxito de una reforma dependerá de que se invierta el tiempo necesario en la construcción del consenso político y social, amplio y duradero. Pues bien, según esto, señorías, señora ministra, esta ley, antes de estar aprobada, es una ley fallida. Sí, señorías, esta no es una ley inocua, esta es una ley de ruptura, esta ley certifica la ruptura del pacto constitucional en la educación, la ruptura de nuestro sistema de libertades, la ruptura de nuestro modelo competencial. En definitiva, la ruptura de la Constitución. . Y esto, señorías, lo han impulsado ustedes, señores del Grupo Socialista, uno de los partidos que ha formado parte importante de la historia de este país. Ustedes, señores del Grupo Socialista, han perdido su condición de partido de Estado, han renunciado a su herencia como partido de Gobierno, han traicionado los más elementales principios en los que se ha asentado su legado. Y todo por qué. Por mantenerse en el poder. Por eso no nos hablen de educación, porque su proyecto es todo menos un proyecto educativo. A veces me pregunto si han tenido ocasión de hablar con quienes históricamente les han votado, si les han explicado que —cuarenta años después del abrazo que se dieron nuestros mayores— ustedes han roto ese consenso constitucional, que nos dirigen hacia una España confederal, señora ministra, y han dado el primer paso al tramitar esta ley. Históricamente los movimientos totalitarios siempre han intentado controlar la educación, siempre; sus compañeros en el Consejo de Ministros lo saben bien y, mientras ustedes se abrasan, ellos sortean las cenizas, porque poco a poco van logrando su objetivo; con su ayuda, señorías, con su inestimable ayuda. Por eso la tarea a que nos obligan en este momento tiene una dimensión histórica. Desde aquí les digo que nosotros, que somos un partido de Estado y un partido de Gobierno, vamos a utilizar los instrumentos a nuestro alcance, todos, para frenar su deriva autoritaria ; que impulsaremos, en el ámbito de nuestras competencias, un modelo educativo vertebrado y vertebrador, que garantice la igualdad de oportunidades a alumnos, familias y profesores; que haga de estos últimos, de los profesores, la clave de bóveda sobre la que asentar las profundas transformaciones que requiere nuestro sistema educativo. Somos, por cierto, señorías, el único grupo de esta Cámara que ha puesto encima de la mesa un cambio en el modelo de selección, acceso, formación permanente y carrera profesional del profesorado, frente a ustedes, que han roto los cuerpos nacionales del profesorado, señora ministra. Un modelo que sitúe la inspección educativa en la cúspide de la pirámide profesional del docente, huyendo de ese proyecto de comisarios políticos que ustedes pretenden colocar en los centros. Iniciaremos una cruzada para lograr que los profesores no huyan de la enseñanza pública, porque eso es lo que va a ocurrir, señorías, porque ustedes, que se arrogan el título de defensores de la enseñanza pública, se han convertido en sus peores enemigos. Vamos a defender sin descanso las libertades educativas frente a ustedes, que han puesto precio a la libertad; la libertad de las familias que optan por la educación pública, las que optan por la educación concertada, la diferenciada, la especial. Supriman la disposición adicional 4ª, señora ministra; solo así les creeremos. Y lo vamos a hacer porque todo está en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España —hasta seis— porque defender la libertad es garantizar la calidad y garantizar la calidad es, sobre todo, proteger al más débil. Señorías, cuando el mundo se enfrenta a profundos retos y demanda profundas transformaciones en sus políticas, vamos a hacer de la formación humanística y la adquisición de competencias digitales los puntos en los que impulsar los conocimientos y competencias del siglo XXI. Reforzaremos aquellos elementos de calidad y equidad que se han empeñado en destruir: la evaluación, la transparencia, la autonomía de los centros y el refuerzo de la función directiva, precisamente para ayudar e impulsar a quien más lo necesita. Voy finalizando, señora presidenta. Señorías, todos somos diferentes, maravillosamente diferentes y, por ello, un sistema debe dar a cada alumno lo que necesita, no a todos lo mismo, empezando por la escolarización temprana y acabando por la adaptación de la Formación Profesional Dual a nuestro sistema productivo. Señorías, finalizo como empecé, el fin de la vida política es hacer ciudadanos buenos y capaces de acciones nobles. Ética a Nicómaco. Seguramente esto no es lo que pretende esta ley pero sí lo que esperan de nosotros millones de españoles. A ellos, señorías, nosotros nos debemos. Muchas gracias.

  20. María Luz Martínez Seijo PSOE

    Buenos días, señora presidenta. Gracias. Señora ministra. Señorías, les he escuchado a todos muy atentamente, pero, lamentablemente, me temo que algunos de ustedes no han escuchado absolutamente nada sobre las necesidades de educación de este país. Han estado más interesados en la confrontación ideológica y en difundir mentiras que en hablar de educación. Tristemente, han demostrado que carecen de visión de Estado en la educación y que no tienen el más mínimo pudor en difundir, en divulgar mentiras, bulos y fakes que generan malestar y desconfianza en el sistema educativo, pero también en los principios de nuestro sistema democrático. Miren, señorías, eso es una absoluta irresponsabilidad y nos hace mucho más fuertes en la defensa de una educación crítica y democrática. . Son tantas las mentiras y las falsedades que han venido difundiendo en estos últimos tiempos, que solo me voy a ceñir a algunas de ellas. Empezaré por su preferida, la de que acabamos con el castellano. Es un relato ficticio cuyo único objetivo es generar enfrentamiento y odio, algo que rechazamos frontalmente en esta ley. Para nosotros, las lenguas son motivo de unión, son motivo de orgullo; para ustedes, de división, obviando los derechos lingüísticos de más del 40 % de los ciudadanos españoles. Óiganlo claro: el castellano está triplemente garantizado. ¿Cómo pueden cuestionar que la disposición adicional 38 es inconstitucional cuando se basa y cita literalmente la Constitución española? ¿Cómo pueden generar esa mentira y esa suspicacia ante los derechos lingüísticos todos los españoles? . En segundo lugar, la educación especial. Se lo hemos dicho en múltiples ocasiones: la educación especial, los centros de educación especial no se van a cerrar, señorías. Dejen de jugar con la vulnerabilidad de las familias, dejen de engañar y de enfrentar a este Gobierno con algo tan delicado y tan sensible como es la discapacidad. Es simplemente ruin. No se eliminan las oposiciones para el acceso a la función docente ni para la inspección educativa. Les recomiendo mejorar la competencia lectora, y dejen ya de basarse exclusivamente en titulares nada contrastados y absolutamente falsos y que lean los artículos de la ley, de la que en teoría algunos de ustedes eran ponentes, porque a estas alturas deberían haberse enterado de en qué consiste esta ley, señorías, y no seguir mintiendo sistemáticamente. . Vamos a lo que importa. Hoy es un día histórico: siete años después vamos a derogar la Lomce. Sí, un compromiso adquirido con más de diez grupos parlamentarios hace siete años. Lamentablemente, algunos no mantienen su palabra: La señora Oramas —que veo que ha desaparecido—, el señor Miquel, y el señor Rego, que pertenecen a Coalición Canaria, a CiU y al BNG, que en aquellos momentos firmaron para derogar la Lomce y que se han olvidado completamente de su compromiso. Para el 80 % de los profesores españoles la Lomce era una ley innecesaria, según un informe de la Universidad Autónoma de Madrid. —Por cierto, es un estudio basado en evidencia científica, en evidencia empírica, y no sobre algunos titulares a los que ustedes suelen recurrir continuamente—. Fue una ley innecesaria y acompañada de los recortes más brutales en la educación y con el enfoque más retrógrado de toda la Unión Europea. Hablemos de diferencias. La Lomce sufrió once enmiendas a la totalidad. Se registraron 1666 enmiendas, de las cuales solo se aceptaron 34 de la oposición. Frente a ello, les voy a decir que más de 300 enmiendas han sido aprobadas en la Lomloe, una ley acordada, negociada, consensuada y dialogada con grupos parlamentarios y con comunidad educativa. . Para los que dicen que esta ley no ha sido participada, más de 250 aportaciones han sido incluidas que pertenecen a distintas organizaciones, más de 200, con las que hemos estado trabajando, negociando y hablando para incorporar en la ley; 250 propuestas incorporadas en la ley, señorías, eso sí es participación real, el resto es utilización partidista, que es lo que han estado haciendo todos ustedes. . La Lomloe da un salto cualitativo importante hacia un sistema moderno, equitativo e inclusivo que garantiza una educación de calidad para todos y para todas, señorías. Y esto no implica un ataque a la educación concertada, ni a la libertad. Señorías del Partido Popular y de la derecha, ya está bien de utilizar la palabra libertad, porque ustedes la utilizan de una manera muy sesgada. Defienden el concepto de libertad solo para aquellos que tienen recursos, pero obvian a otros muchos que no los tienen y que no tienen esa libertad para poder decidir. . Señorías del Partido Popular, ¿es libertad o es adoctrinamiento lo que se está haciendo con los niños en los patios de los centros concertados hoy? . ¿Es libertad o adoctrinamiento, señorías, utilizar lamentable y vergonzosamente a los niños, a menores, con lectura de manifiestos? Eso es manipulación. . Señorías, ahora se refuerzan las garantías de una distribución equilibrada del alumnado, evitando que sean los centros los que seleccionen al alumnado. Por eso ponemos fin a ciertos abusos cometidos en la época de los Gobiernos del Partido Popular, como la concesión de suelo público gratuito a empresas que han permitido que se lucren a costa de reducir la oferta pública en determinados municipios, planeamientos y zonas de nueva creación. ¿Saben lo que han conseguido ustedes con eso? Nada más y nada menos que dar lugar a tramas de corrupción, como la Púnica, señorías del Partido Popular; me imagino que eso sí les sonará. . La Lomloe apuesta por un modelo educativo de equidad integrada, avanza en la escolarización de Educación Infantil, cierra la brecha digital, garantiza las becas como derecho subjetivo, avanzamos en la reducción del abandono escolar y avanzamos en la consecución de un mayor éxito escolar con medidas preventivas para evitar la repetición, tan exagerada en este país, limitándola a dos veces como máximo a lo largo de la educación obligatoria. Pretendemos un sistema mucho más flexible, con los principios de inclusión educativa para todos y todas las alumnas a lo largo de todas las etapas educativas. Aumenta la autonomía de los centros y también la posibilidad del desarrollo curricular por parte de los centros educativos, se impulsan contenidos más actualizados y necesarios para el sistema educativo, se refuerza la escuela rural, creamos un instituto de desarrollo curricular para que se pueda actualizar permanentemente el currículo educativo y, sin ninguna duda, se recupera la participación de una manera efectiva también en la toma de decisiones de los consejos escolares.

  21. María Luz Martínez Seijo PSOE

    Finalizo, señoría. La Lomloe se inspira en la tradición de diálogo y de consenso del Partido Socialista. Es una ley que avanza en equidad, es una ley moderna que desde luego defiende los principios de equidad y de inclusión, pero es una ley que vamos a sacar entre todos… .

  22. María Luz Martínez Seijo PSOE

    … porque es ante todo una ley plural que hemos logrado entre los diversos grupos parlamentarios. . Finalizo. Doy las gracias… .

  23. María Luz Martínez Seijo PSOE

    Doy las gracias al Grupo Parlamentario Socialista, pero también a aquellos grupos que creen y apuestan por la educación (fuertes protestas.—Aplausos); a la señora Bassa, a la señora Gorospe, al señor Mena, a la señora Sabanés y a todos los que verdaderamente creen en la educación española y en su avance. .

  24. María Luz Martínez Seijo PSOE

    Con la educación se progresa. .

  25. Pablo Iglesias Turrión UP

    Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Hoy traemos para su convalidación por esta Cámara un real decreto-ley que nos va a permitir cumplir con el compromiso que adquirió la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, y es que en este año 2020 aumentase la financiación distribuida por las administraciones públicas entre todos los componentes del tercer sector en España y especialmente entre las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Es evidente que nos encontramos ante unas circunstancias excepcionales, marcadas por la incidencia de una pandemia mundial que tiene consecuencias económicas, laborales y sociales muy graves y que afectan de manera enormemente intensa a las personas más vulnerables. El Gobierno ha hecho desde el principio un gran esfuerzo para paliar estos efectos sociales y económicos, tratando de alcanzar el objetivo colectivo de doblegar la curva de contagios y proteger la salud y, al mismo tiempo, proteger el tejido productivo, el empleo y los ingresos de los hogares más vulnerables, reforzando también los servicios sociales públicos y derechos como el acceso a la vivienda y a los suministros básicos, incluso creando nuevos derechos sociales y subjetivos como el ingreso mínimo vital. Soy consciente de que los efectos sociales de la pandemia siguen requiriendo que este esfuerzo continúe y se amplíe. En este sentido, creo que el proyecto de presupuestos generales, que ahora mismo se encuentra en esta Cámara para su discusión, es una buena muestra de ese compromiso por parte del Gobierno con un incremento de nada más y nada menos que el 70 % en las partidas para los servicios sociales y la protección social. Sin embargo, creo que los poderes públicos tenemos la obligación de reconocer también que hay ámbitos a los que no estamos llegando y que una parte fundamental de las tareas de protección social, que teóricamente corresponderían al Estado según establece la Constitución, la están llevando a cabo, de forma muchas veces poco reconocida y en condiciones muy difíciles, miles de personas anónimas que ya sea como voluntarios o como profesionales se organizan en asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro en torno a lo que se conoce como Tercer Sector de Acción Social. El tercer sector constituye un apoyo fundamental para la realización efectiva de los derechos sociales, especialmente entre la población en riesgo de exclusión, y representa una de las mejores expresiones de una sociedad comprometida con los valores de la justicia social, la igualdad, la solidaridad y la participación, en un país como el nuestro que se caracteriza, precisamente, por tener una inmensa cultura solidaria. Por eso, es una obligación de este Gobierno reconocer y agradecer el enorme esfuerzo que vienen realizando estas organizaciones de la sociedad civil, que en estos últimos meses han redoblado su tarea para atender las necesidades de quienes se encuentran entre los más afectados por la pandemia. La labor que han desplegado desde el inicio de esta emergencia ha reforzado la acción protectora de todos los niveles de la Administración pública llegando, como decía, allí donde muchas veces las administraciones no somos capaces de llegar. Por eso, es de justicia que hagamos desde esta tribuna un reconocimiento expreso a esa labor democrática: en nombre del Gobierno de España muchísimas gracias. Quiero agradecer también desde aquí a todos los contribuyentes, personas físicas o empresas, que marcan la casilla solidaria del 0,7 % cuando hacen su declaración del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre sociedades. Gracias a su compromiso contribuyen al sostenimiento de estas entidades y a la realización de miles de proyectos de enorme valor para el conjunto de la sociedad. Al Gobierno le corresponde cada año asegurar que estos fondos, provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos y por empresas solidarias, se distribuyan efectivamente entre las entidades del tercer sector y se destinen a actividades de interés social. El real decreto-ley que hoy presentamos es precisamente la expresión de la determinación de esta vicepresidencia de recurrir a todos los instrumentos disponibles para cumplir ese objetivo. La financiación al conjunto del tercer sector proveniente de la recaudación de la casilla solidaria del 0,7 % del IRPF y por primera vez este año también del impuesto sobre sociedades se ha incrementado en 2020 en casi 60 millones de euros respecto a 2019, ascendiendo en total a 398 millones de euros. Esta financiación se distribuye entre el Tercer Sector de Acción Social, el Tercer Sector de Cooperación Internacional y el Tercer Sector Ambiental. A su vez, la financiación del Tercer Sector de Acción Social se distribuye o bien a través de las comunidades autónomas o bien a través de la Administración General del Estado. El Gobierno ha distribuido estos fondos bajo el criterio general de que era posible y deseable que aumentase de forma equilibrada la financiación de todos los componentes del tercer sector, y este real decreto-ley cumple ese propósito, como voy a explicar a continuación. . La mayor parte de estos fondos, en torno al 60 %, se distribuye por las comunidades autónomas entre las entidades del Tercer Sector de Acción Social de carácter autonómico, que han visto aumentar sus recursos este año en 27 millones de euros, gracias a la decisión del Consejo Territorial de Servicios Sociales de aumentar el tramo autonómico del 0,7 % del IRPF desde el 81 % al 85 % de los fondos. Con esta decisión, adoptada de manera consensuada entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, se destinaba un mayor volumen de fondos a proyectos de intervención directa, que son los que pueden financiar las comunidades autónomas en su territorio, priorizando así el impacto inmediato sobre la población vulnerable afectada por las consecuencias sociales y económicas de la COVID-19; en total, por esta vía se están distribuyendo 241 millones de euros. El Tercer Sector de Acción Social de carácter estatal también ha visto incrementados sus recursos en este caso en 19 millones de euros al tener en cuenta tanto el tramo estatal del 0,7 % del IRPF como los recursos que se distribuyen mediante este real decreto-ley, procedentes del 0,7 % del impuesto sobre sociedades. En total, recibe este año casi 69 millones de euros, que se van a destinar al mantenimiento de las estructuras centrales de las entidades, sin las que sería imposible que desarrollasen su actividad, y como explicaré a continuación, a paliar las consecuencias de la COVID sobre los gastos de estas organizaciones. Finalmente, estos aumentos han sido compatibles con una mayor dotación de los recursos recibidos por las entidades del Tercer Sector de Cooperación Internacional y el Tercer Sector Ambiental de entidades ambientales o ecologistas, que en conjunto aumentan su financiación en 13 millones de euros, hasta alcanzar los 88 millones de euros. Como ustedes saben, estos fondos se canalizan a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la decisión del Gobierno ha sido destinar también a este tipo de entidades, que realizan igualmente actividades de interés general consideradas de interés social, el mismo porcentaje de los recursos captados a través del impuesto sobre sociedades, los que estaban recibiendo de los fondos procedentes del IRPF. Dada esta situación de los fondos que, insisto, permite aumentar de forma equilibrada la financiación de todos los componentes del tercer sector, a esta vicepresidencia le ha correspondido distribuir los casi 69 millones de euros destinados al Tercer Sector de Acción Social estatal, y lo hemos hecho a través de dos vías: la primera, una vez levantadas las restricciones del estado de alarma, se procedió a publicar —como en los años previos— una convocatoria de proyectos orientados a aquellas actuaciones que caben en el ámbito competencial de la Administración General del Estado y que van a ser financiadas con el 0,7 % del IRPF. Esta convocatoria fue resuelta en primera instancia el pasado mes de octubre, y esta misma semana se están celebrando las reuniones preceptivas de la Comisión de Evaluación, el Consejo Nacional de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y la Comisión de Diálogo Civil, que permitirán firmar en los próximos días la resolución definitiva y distribuir los fondos entre las entidades. Con esta convocatoria, 266 entidades reciben financiación para la realización de más de 700 programas. Por otro lado, el Gobierno ha creado un fondo para las entidades del Tercer Sector de Acción Social de carácter estatal dotado con los recursos procedentes del 0,7 % del impuesto sobre sociedades, y lo ha distribuido mediante las subvenciones nominativas que se recogen en el real decreto-ley. Esta decisión viene justificada por dos motivos: en primer lugar, a diferencia del caso del IRPF, este es el primer año que han de distribuirse los fondos procedentes del esfuerzo solidario de las empresas que han seleccionado la casilla del 0,7 en su declaración del impuesto sobre sociedades. La Ley de Presupuestos de 2018 estableció que debería hacerse el desarrollo reglamentario para ello, pero lo cierto es que hasta el momento no se ha aprobado. La interrupción de los plazos administrativos y otras consecuencias del estado de alarma decretado en marzo hicieron que nos encontráramos, a mitad de año, con la necesidad de llevar a cabo dicho desarrollo reglamentario y de publicar y resolver una convocatoria de proyectos con un riesgo muy elevado de que no pudiera culminarse todo el proceso antes de finalizar el ejercicio, perdiéndose estos fondos por parte de las entidades del tercer sector. Por ese motivo y atendiendo al interés superior de asegurar la distribución de los recursos en un momento en el que las consecuencias de la COVID-19 los hacen especialmente necesarios, se ha recurrido a la utilización del real decreto-ley atendiendo a razones de urgencia evidentemente justificadas. En segundo lugar, este instrumento también va a permitir una mayor flexibilidad a las entidades en la utilización de esos recursos, cumpliendo siempre, por supuesto, con todas las garantías exigidas por la Ley General de Subvenciones en cuanto a la justificación del destino de los fondos públicos. Así, las entidades podrán destinar las subvenciones a la realización de los proyectos de interés social que desarrollan y también a los gastos de funcionamiento de las mismas, incluyendo los sobrecostes que han sufrido estos meses por la necesaria adaptación en la presentación de sus servicios a las exigencias sanitarias y la adquisición de equipos de protección y otros elementos. Con este real decreto-ley, en definitiva, se distribuyen 26 millones de euros entre casi 300 entidades del Tercer Sector de Acción Social, abarcando de forma equilibrada los distintos campos sobre los que estas entidades inciden, como son los de la protección de la infancia y las familias, la población joven y las personas mayores, el ámbito de la promoción de la igualdad de género, la lucha contra la discriminación y la protección de las víctimas de la violencia de género, el apoyo a las personas con discapacidad, la promoción del voluntariado o la atención a colectivos concretos como la población sin hogar, la población reclusa, migrantes y otras personas pertenecientes a colectivos vulnerables. Como decía al inicio, este real decreto-ley permite cumplir con la obligación del Gobierno de asegurar que todos los recursos procedentes de la voluntad de los contribuyentes de apoyar el esfuerzo de solidaridad que realiza el tercer sector sean efectivamente distribuidos entre estas entidades. Además, ha permitido hacerlo de manera equilibrada, asegurando que aumente la financiación de todos los componentes del tercer sector y atendiendo a todos los ámbitos en que este despliega sus actuaciones. En este caso, se trata, igualmente, de una obligación legal que el Gobierno cumple con plena satisfacción; a saber, sabiendo que con ello contribuye a una labor imprescindible que representa los mejores valores de la sociedad civil organizada en nuestro país. Somos conscientes de que la solución con la que se han distribuido estos fondos este año es una solución excepcional, y se justifica por las razones de urgencia que acabo de explicar. A partir de aquí, no cabe duda de que el sistema de financiación del tercer sector necesita una revisión en profundidad, que deberá atender al menos a tres objetivos. En primer lugar, alcanzar un consenso sobre qué parte de los fondos totales se distribuirán por la Administración General del Estado y por las comunidades autónomas, asegurando el respeto al reparto competencial establecido constitucionalmente y al papel que tienen asignado las administraciones autonómicas en la protección social, que, evidentemente, es enorme. En segundo lugar, garantizar una mayor estabilidad en la financiación del tercer sector, asegurando una cifra y unos procedimientos que puedan asegurar la continuidad de las entidades y de los proyectos. Y, en tercer lugar, mejorar la transparencia del destino de los fondos que los contribuyentes deciden destinar a financiar actividades de interés general consideradas de interés social, la evaluación de su impacto y la rendición de cuentas de las administraciones y de las entidades que reciben esta financiación. Estos cambios deben ser el resultado del diálogo y el consenso entre los tres principales agentes implicados, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Con este fin, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ya ha convocado una primera reunión de trabajo con el Consejo Nacional de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, que se va a celebrar la semana que viene, y también lo abordaremos en el seno del consejo territorial, con el fin de que en el primer trimestre del próximo año 2021 podamos tener ya un acuerdo que pueda implementarse sin más demora. Confío en que este real decreto-ley merezca el voto favorable de sus señorías para su convalidación, que no debe entenderse como un apoyo a este Gobierno, sino a los cientos de entidades y miles de personas que conforman el Tercer Sector de la Acción Social en nuestro Estado. Muchísimas gracias. .

  26. Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

    Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; señor copresidente, para simplificar y, haciendo justicia, para no desmerecerle, dados los antecedentes inmediatos. Desde hace años, muchas de las beneméritas entidades que figuran en el anexo de la norma que usted nos acaba de invitar a convalidar venían y vienen desarrollando su actividad, algunas desde tiempos remotos, percibiendo fondos públicos a través de los instrumentos legales concebidos al efecto. Por lo tanto, aquellas organizaciones que desarrollaban tareas muy esforzadas para los fines de cohesión social y lucha contra la exclusión, especialmente en los colectivos más vulnerables, han tenido desde siempre a su disposición mecanismos para obtener recursos públicos, traducidos en partidas presupuestarias que se aplicaban a sus necesidades. Para lograr esa financiación como regla general, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 22 ha venido contemplando desde su promulgación la concurrencia competitiva, a fin de tener en consideración las cuantías mayores o menores del ente subvencionado y su ajuste mayor o menor a los criterios de valoración previamente fijados y que permitan confeccionar una justa prelación entre los solicitantes. Pero también ese mismo precepto prevé la concesión directa de subvenciones cuando precedan a la suscripción del pertinente convenio con la entidad de que se trate y que tal compromiso se plasme en los Presupuestos Generales del Estado. ¿Y cuál es entonces, señor copresidente, la novedad que usted nos trae hoy aquí? Pues, nada menos que dotarnos de una previsión legal claramente subsidiaria de las anteriores por la que las ayudas se otorgarán en la cuantía que se estime oportuna por imposición unilateral de la Administración a través de la norma legal que seguirá el procedimiento de concesión que le resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa que, en este caso —fíjense qué curiosa coincidencia—, será una resolución lisa y llana del secretario de Estado de Derechos Sociales adscrito al ministerio que usted dirige. Señorías, lo que se pretende con el real decretoley que aquí nos ocupa no es que las entidades que toda la vida han hecho y hacen las nobles tareas de acción social en el llamado tercer sector de ámbito estatal encuentren más facilidades para cobrar sus atrasos. No, no, no, no. No es el caso, porque el sistema hasta ahora vigente lo posibilita, además de asegurar una mayor transparencia en su percepción y cuantías. Lo que hace ahora el Gobierno es colar de rondón como entidades del tercer sector a muchas que lo que persiguen son finalidades de genuina carga política de determinado signo, casualmente el suyo, señor Iglesias Turrión. A partir de hoy, por aquello de la transparencia, podrá usted añadir al rótulo de su ministerio el título de clientelar. Señorías, con este real decretoley estamos ante una forma de financiar una tosca red que, paradójicamente, se perpetra con ocasión de una de las más graves crisis económicas y sanitarias que hemos padecido en España. Considero que esto es de notoria gravedad, porque, a pesar de que la exposición de motivos se empeñe en otra cosa, numerosas entidades subvencionadas poca o nula relación guardan con la pandemia y sus estragos; más bien están estrechamente ligadas a la agenda ideológica de la sección a la que se adscriben estos cuantiosos fondos que pretenden regar con dinero de todos su red de próximos; de las redes sociales a las redes clientelares. Los que llegaron a la política denunciando con gran aparato y no poca incontinencia verbal precisamente estas cosas se han dado prisa para sumarse a los mismos vicios que reprochaban antes. Ni tan siquiera se permite ya que los verdaderos entes sociales reciban con transparencia aquello que bien merecido tienen, sino que los mezclan con otros cuyo fin consiste en extender por la sociedad española una determinada forma de ver las cosas, todo lo respetable que se quiera, pero que no puede ser de ninguna manera costeada por el dinero de todos los ciudadanos, muchos de los cuales están padeciendo trágicas penurias por esta pandemia. En consecuencia, me opongo a que se genere una norma para resolver un problema que no existe, ya que quienes han venido desarrollando estos esfuerzos sociales siempre percibieron lo que les corresponde, como le sucede a Cruz Roja Española o Cáritas, por ejemplo, y porque lo que parece buscarse aquí es una martingala para regar a cargo de las cuentas del Estado a quienes no hacen más tarea social que cobrar la subvención para fomentar una corriente ideológica concreta, camuflándose falsariamente bajo la etiqueta de la solidaridad. En cuanto a las cuantías, el artículo 6 del decreto se limita a expresar una cifra sin darnos mayor noticia sobre su específica distribución entre los entes subvencionados y que debe ser, por ello, aceptado de plano. De nuevo, los que anunciaban a bombo y platillo que estas cosas opacas nunca volverían a suceder vuelven por sus propios pasos, porque ni tan siquiera se prevé una fórmula para determinar el destino de esta ingente partida presupuestaria, que queda a disposición del Gobierno o del ministerio de turno para destinarla a su gusto, vulnerando el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrado en el artículo 9 de la Constitución. Tampoco cumple con el artículo 86 de nuestra Carta la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley, toda vez que, como se ha razonado, las entidades del tercer sector dedicadas al ámbito social han venido desde siempre percibiendo sus recursos por medio de los cauces ordinarios previstos en las leyes. Por tanto, no puede ser que la emergencia sanitaria provocada por el COVID pueda ser una nueva patente de corso para hurtar al debate sosegado de esta Cámara un proyecto de ley ordinario con este contenido, en el que puede apreciarse el carácter desviado de lo que finalmente pretenden. Muchas gracias.

  27. Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

    Gracias, señor presidente. Cuando llegó este real decreto-ley me vino a la cabeza una de esas frases antológicas que han sonado en la historia de Juvenal, que dice que la crítica suele ser indulgente con los cuervos y exigente con las palomas. Usted lo ha descrito. Es una situación excepcional para la que se toman soluciones excepcionales y con medidas que además excepcionan en una parte las medidas de desarrollo reglamentario, que seguramente hubieran debido venir acompañadas de los informes correspondientes, pero también el objeto de algunas de estas ayudas, que suele ser más proyectos que el gasto ordinario. Pero es la situación que es, también somos conscientes de ello. En este caso queremos ser indulgentes con las palomas y por eso vamos a votar a favor. Se puede hacer de otra manera y se puede hacer mejor. Nada más. Muchas gracias.

  28. Sara Giménez Giménez Cs

    Gracias, presidente. Señorías, señor vicepresidente, nos encontramos ante la proposición de un real decreto que, como bien se dice, atiende a unas circunstancias excepcionales, porque parece repetitivo que cada vez que nos tenemos que subir a esta tribuna hablemos y recordemos los grandes estragos que esta pandemia está causando en nuestra sociedad. Hemos alcanzado el millón y medio de personas contagiadas y superamos las cuarenta mil personas fallecidas, según estadísticas oficiales, a las que hay que sumar las miles y miles de personas que han muerto sin un diagnóstico y aquellas que además no han podido ser atendidas correctamente. Estas cifras nos demuestran el impacto estructural que la emergencia sanitaria ha tenido sobre nuestro país y que además ha tensionado de una manera muy evidente las costuras por aquellos puntos en los que se veía que eran muchísimo más frágiles. Este es el caso de miles y miles de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestro Estado. Estamos hablando de realidades que se encuentran invisibilizadas. En muchas ocasiones he dicho que, pensando en aquellos efectos —por decirlo de alguna manera— positivos que ha tenido esta crisis, ha puesto en evidencia grandes debilidades que teníamos invisibilizadas y que afectan a los grupos de población más vulnerables. Cuando hablamos de la situación que ha sucedido hablamos de dramas, dramas de muchas familias que no han tenido en su día a día con qué cubrir las necesidades más básicas tanto para ellas como para sus hijos; personas mayores que viven solas y casi sin ingresos; personas que malviven en una infravivienda o sin hogar en las calles; personas migrantes o pertenecientes a minorías étnicas que sufren en primera persona la segregación y la discriminación. Como ven, no nos estamos refiriendo únicamente a la situación de pobreza. Hay para quienes la vulnerabilidad, lamentablemente, es un atributo consustancial a sus circunstancias personales, como los casi dos millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad o los 47 000 niños y niñas y adolescentes en situación de desamparo que están tutelados por la Administración, de los cuales unos veinte mil están viviendo en centros de menores, o las 41 mujeres que lamentablemente han sido asesinadas, o aquellas que están viviendo diariamente la violencia machista, las más de veinte mil personas mayores que vivían en residencias y que fallecieron entre los meses de marzo y agosto en nuestro país, aisladas muchas veces y sin poder recibir la atención médica y, en todos los casos, sin la presencia de sus seres queridos. Nadie debería vivir en desamparo y, desde luego, es intolerable morir en desamparo. Estas circunstancias de extrema gravedad han puesto en valor el gran trabajo que desarrolla el tercer sector de acción social. Ha demostrado nuevamente que una de las principales herramientas para amortiguar los efectos de la pandemia es esa labor desprendida y altruista que realizan en España unas treinta mil entidades, 2,7 millones de personas voluntarias que ponen a disposición su trabajo para llegar a más de seis millones de personas que pueden verse atendidas en su día a día. A todas ellas, a todas esas entidades, a todas aquellas personas que acuden a sus servicios, les mandamos nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro apoyo. Pues bien, uno de los problemas tradicionales a los que se enfrenta este tercer sector es a su financiación, y creo que tenemos que tener a medio plazo un debate sosegado para ver cómo conseguimos que exista una línea de financiación estable para el trabajo del tercer sector. En efecto, para sostener sus proyectos y atender necesidades básicas, la mayoría de estas entidades tienen que depender de donaciones particulares, de subvenciones procedentes de múltiples administraciones, subvenciones que he vivido en primera persona y que, cuando las tienes que gestionar, ves que no te llegan a tiempo o que te dicen que te realizarán el ingreso, pero vamos a ver en qué momento; vives con incertidumbre, pero tienes que seguir desarrollando tu tarea. Para compensar esta precariedad, en el año 2006 se reconoció a estas entidades el 0,7 % de la financiación recaudada a través del IRPF. En 2018, se ha incorporado el 0,7 % del impuesto sobre sociedades. Aunque está establecido que estos fondos se distribuyan en previa convocatoria, la emergencia sanitaria ha trastocado todos los tiempos y ha alterado todos los planes. Por eso, el reparto de estos fondos procedentes del 0,7 % del impuesto sobre sociedades se produce bajo el paraguas de este real decreto-ley, una norma que, ya les adelanto, compartimos y, por eso, votaremos a favor de la misma. Así dotamos a estas entidades del tercer sector de una financiación que en estos momentos nos han declarado que es totalmente necesaria e indispensable para que puedan seguir atendiendo a todas esas familias que en estos momentos son las que más lo necesitan. En todo caso, esta medida no debe hacernos olvidar que, aunque ahora pongamos este parche, los problemas de financiación del tercer sector van mucho más allá, porque su inseguridad viene motivada —cabe repetir— por la necesidad de tener que dedicar cada año tiempo y esfuerzos a asegurar su financiación para el ejercicio siguiente. A fin de cuentas, estas entidades están desarrollando servicios que son públicos e, igualmente, en muchos casos realizan ya colaboraciones con la Administración pública. Por tanto, no tiene sentido que su financiación dependa de subvenciones de carácter finalista que se conceden cada ejercicio, ni tampoco de la distribución de los fondos que dedique el Gobierno en función de su fuente de ingresos, siendo una fuente de ingresos variable. Por eso, nuestro grupo parlamentario considera imprescindible realizar un trabajo para promover medidas necesarias para asegurar la estabilidad, la viabilidad y la sostenibilidad de estas entidades que integran el Tercer Sector de Acción Social. Consideramos que el Gobierno no puede perder ni un minuto más para impulsar el desarrollo de un nuevo modelo de financiación del Tercer Sector de Acción Social, y en ese camino encontrarán a Ciudadanos.

  29. Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

    Moltes grácies, senyor president. Compromís votará a favor de este real decreto-ley en atención a la grave situación sobrevenida por la pandemia y para que las entidades que trabajan en el tercer sector reciban las subvenciones de manera urgente para que, en definitiva, puedan atender a todas estas personas que necesitan ser atendidas. Suscribo las palabras del propio vicepresidente en el sentido de que hay que trabajar ya mismo y sin demora para que se establezca ese necesario diálogo entre el Estado, las comunidades autónomas y estas entidades para definir cuál ha de ser el modelo, para que se estabilice de una vez por todas el modelo de financiación de estas entidades y para que exista la necesaria transparencia y evaluación de quién y por qué se reciben los fondos y a qué dedican estas subvenciones que, en definitiva, aportamos todos los ciudadanos. Insistimos: atendiendo a las circunstancias excepcionales, votaremos a favor.

  30. Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Buenos días, señor presidente. Nosotros nos sumamos a que esto es necesario y a que, en los tiempos en que vivimos, es evidente que hay que tomar medidas excepcionales y buscar soluciones para un tercer sector al que luego haré referencia y que, por supuesto, es muy importante. Pero lo cierto también es que nos vemos en la obligación de hacerle una reflexión. Usted en su intervención decía que están todas las entidades, pero no están todas. Seguro que todas las que están en la lista se lo merecen, pero hay muchas entidades que no están y también se lo merecen. Al final a uno le queda la duda sobre cuál ha sido el criterio, por qué estas cantidades, por qué estos sí están y estos otros no están. El acto de justicia más grande que podía haber, que era facilitar que estas aportaciones llegaran al tercer sector, también se puede convertir en el acto más injusto, en la medida en que uno no sabe por qué su compañero del tercer sector está dentro y otro está fuera. Principios como la libre concurrencia, entidades importantísimas que no están en la lista… No deja de ser irónico —me va a permitir usted que se lo diga, que tanto se quejaba del IBEX, del BOE y de las empresas— que al final esta opción en el tercer sector se haya acabado implantado por esta vía. El tercer sector, lleno de asociaciones, de fundaciones y de ONG que trabajan en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito de la igualdad, que gestionan millones de personas voluntarias, quizá se merecía buscar soluciones a su premura y necesidad de dinero para mantener sus costes fijos, pero, a pesar de esta premura, que se respetara también la concurrencia de todas las entidades, que en los últimos años han visto cómo a través de la captación del IRPF han ido recibiendo menos dinero. Nosotros somos unos firmes defensores de la colaboración públicoprivada. Esta colaboración público-privada en el tercer sector todavía es mucho más importante. Incluso apostamos por que esto pase del 0,7 al 1 %. Creo que ganaríamos todos. Este tercer sector hace falta porque llega allí donde el Estado no llega, como usted planteaba, pero hay algunas dudas sobre si este es el mejor sistema en cuanto a la articulación de los convenios plurianuales o la manera en que puedan distribuirse mejor estos fondos. Nosotros no vamos a poner ningún impedimento a que este real decreto produzca sus efectos, pero sí les pediremos la tramitación como proyecto de ley y les decimos que hay que buscar soluciones para aquellas entidades que se han quedado fuera de esta lista del BOE. Muchas gracias.

  31. Inés Granollers Cunillera ERC-S

    Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Señorías, está clarísimo que nuestro grupo está a favor de que se financien las entidades de interés social con parte de los recursos obtenidos por el impuesto sobre sociedades. Estas entidades tienen un papel fundamental en la prestación de servicios, a menudo públicos, de atención a las personas. Estas entidades aportan un valor añadido que, por su naturaleza civil, ha ayudado históricamente a innovar y a generar nuevas demandas ciudadanas de atención social y de salud. Su naturaleza de base ciudadana, así como su vocación social comunitaria y no mercantil, ha generado una confianza ciudadana hacia un tejido existencial de primer orden en ámbitos donde la Administración no llega directamente. Miles de entidades del Tercer Sector de Acción Social realizan un esfuerzo diario y constante en la atención y defensa de las personas y de las situaciones de vulnerabilidad social que sufren. Esto está fuera de cualquier tipo de duda o discusión. Es necesario establecer un mecanismo de financiación que asegure la pervivencia de las entidades que combaten las desigualdades al pie del cañón, y hay que asegurarles un horizonte de estabilidad que les permita trabajar y no estar pendientes cada año de si el siguiente podrán seguir realizando su labor. Señorías del Gobierno, a nosotros no hace falta que nos convenzan de todo eso. Nuestros compañeros están pilotando el Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya y están en permanente contacto con nuestra Taula del Tercer Sector Social. Pero ¿saben qué? Este real decreto-ley que se trae hoy aquí no va a decidir si queremos destinar el 0,7 % del impuesto sobre sociedades a las entidades de interés social o no, porque esto ya se decidió y ya está contenido en una ley. La convalidación de real decreto y, por tanto, la votación del día de hoy va sobre tres cosas: una, si esto se tiene que regular o no por medio de un real decreto-ley; dos, si el reparto de fondos lo tiene que decidir el Gobierno, y tres, si los destinatarios tienen que ser solamente los incluidos en el anexo de esta norma. A estas tres cuestiones nosotros nos vemos en la obligación de responderles con tres noes. Primer no: no hace falta regularlo por un real decreto-ley porque este mecanismo está reservado para cuestiones de urgencia y existe un mandato legal desde 2018 para legislar sobre el 0,7 % del impuesto sobre sociedades. Segundo no: no es el Gobierno quien tiene que decidir a quién le corresponden estos fondos. La Generalitat de Catalunya tiene competencia exclusiva en materia de servicios sociales. No pueden vulnerar el artículo 166 del Estatut y pretender que les apoyemos; sencillamente, no lo pueden pedir. Tercer no, y el más importante: no vamos a avalar el listado del real decreto-ley por dos motivos. En primer lugar, porque no tiene sentido que se otorguen exclusivamente a aquellas que pertenecen al registro estatal, porque en muchos territorios, pero especialmente en Catalunya, las entidades más relevantes, las que tienen más impacto social, son propias de Catalunya y no forman parte de este registro. Y, en segundo lugar, no podemos aceptar que se utilice este listado porque es totalmente arbitrario. ¿Por qué razón si no está incluida, por poner un ejemplo, la Asociación Leonesa Simone de Beauvoir —que no ponemos en duda que deba estarlo— pero por otro lado, y por poner otro ejemplo, no está incluida la Fundació Pere Tarrés? Nuestro grupo está a favor de que se financien las entidades de interés social con parte de los recursos obtenidos por el impuesto sobre sociedades, pero no vamos a avalar una norma que se salta las competencias del Govern de nuestro país y, sobre todo, no vamos a apoyar un real decreto-ley que excluye y discrimina a muchas de nuestras entidades del tercer sector en los països catalans. Retiren el real decreto y traigan a la Cámara otra propuesta que transfiera los recursos a las comunidades, porque quien mejor conoce la realidad es quien mejor puede gestionarla. Por tanto, les vamos a votar que no al real decreto-ley pero sí que les vamos a votar que sí si lo tramitan como proyecto de ley. Gracias. .

  32. Pilar Garrido Gutiérrez UP

    Gracias, presidenta. El Estado del bienestar español se caracteriza por algunos elementos que son bien conocidos pero que quiero poner encima de la mesa. Tenemos un modelo mixto, propio de los Estados del Sur, con grandes dosis de familiarización y con una escasa financiación comparada con los países europeos, sobre todo en lo que venimos en llamar el cuarto pilar, un modelo con una importante descentralización que es propia de nuestro Estado autonómico. Todo esto nos sitúa ante un escenario complejo, primero, respecto a la coordinación administrativa, y también ante importantes retos que todavía en el siglo XXI no hemos abordado completamente: ayudas a las familias, infancia, personas en situación de dependencia o vivienda. La crisis de 2008 dejó también su huella sobre este modelo, las respuestas de los Estados europeos durante estos años marcan una clara tendencia respecto a la pérdida de la ciudadanía —esto es, a la pérdida de derechos— y una progresiva remercantilización de sectores esenciales que afectan de manera intensa a las personas que viven en una situación de vulnerabilidad. En este escenario, desde hace ya muchos años, el Tercer Sector de Acción Social se ha configurado como un elemento indispensable en la provisión de bienestar. A todo esto ahora le tenemos que sumar la grave situación de una pandemia. La crisis generada por este coronavirus ha alterado de manera profunda la vida cotidiana de todas nosotras y nos aboca a un futuro incierto respecto a cuándo vamos a salir de esta crisis y también respecto al resultado, al escenario futuro; no solo hablamos ya de una crisis sanitaria, sino también de una crisis económica y social. Con esta crisis se le están viendo las costuras al Estado del bienestar, que ha debilitado durante una década y ha desmantelado todo lo público con recortes y más recortes. Han pasado doce años desde que empezamos a padecer las consecuencias de esta crisis de 2008 y ahora nos enfrentamos a esta situación de emergencia sanitaria, que con toda seguridad otra vez va a tener un impacto sobre la población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, lo que toca ahora es urgente, necesitamos articular políticas públicas que reviertan la tendencia a las privatizaciones, a la remercantilización de cada vez más sectores esenciales para la vida, a la familiarización de los cuidados, y para ello hay que apostar por servicios públicos universales y de calidad, que eviten trasladar la responsabilidad de la protección social al individuo, a las familias o, dicho de otra manera, a las mujeres. Esos objetivos me consta que están detrás de las decenas de medidas que desde hace meses se están aprobando por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, y en este contexto se evidencia, cómo no, la importancia de tener un tercer sector robusto, con capacidad de proveer de servicios y de protección a las personas que peor lo están pasando. Debemos ser conscientes de que la reconstrucción del país y de nuestro maltrecho Estado social pasa por el indispensable diálogo y colaboración entre los poderes públicos y el Tercer Sector de Acción Social, para sacar adelante medidas que eviten que esta crisis vuelva a recaer sobre las mismas personas. Por todo ello, la existencia y la financiación de este tercer sector es fundamental para la construcción de una arquitectura social con bases sólidas que no deje a nadie atrás. Este tercer sector se ha ido convirtiendo en un elemento clave de provisión de bienestar. Por lo tanto, es importante el fortalecimiento de este tercer sector, de esa sociedad civil organizada, que es muy viva, porque esto robustece la vida democrática. Debemos destacar el notable arraigo y apoyo social que tienen en general todas estas entidades sociales del tercer sector, también la propia Administración en los diferentes niveles y en sus diferentes normas pone de manifiesto la importancia de la aportación de este tercer sector al conjunto de la sociedad. Por todo esto se debe hacer frente hoy, en este momento, a sus amenazas más urgentes y, entre ellas, cómo no, a su financiación. Vivimos en circunstancias excepcionales y corresponde al Gobierno recurrir a todos los instrumentos disponibles para apoyar a estas entidades del tercer sector. De ahí el uso de ese real decreto-ley, cuyo sentido tiene que ver con la situación de excepcionalidad. En ese sentido, es necesario en este momento, ahora, posibilitar la financiación de estos sectores, de este tercer sector. Este real decreto plantea elementos muy sencillos; tiene como objetivo abordar con rapidez la necesidad de liquidez inmediata de este tercer sector y garantizar que en todo momento estas subvenciones lleguen a estas entidades. Esta financiación es urgente en este momento. Con este real decreto-ley, la Vicepresidencia de Derechos Sociales ha cumplido con el reparto completo de la financiación del tercer sector en el 2020. La financiación del conjunto del tercer sector, como sabemos, proviene del 0,7 del IRPF y también del impuesto de sociedades. Ya hemos explicado que ha habido un aumento de la financiación de todos y cada uno de los tipos de asociaciones, estatales, autonómicas y también del Tercer Sector de Cooperación Internacional y del Tercer Sector Ambiental. Quedan cosas por hacer, por supuesto. Hay que introducir cambios en el sistema de financiación del tercer sector y debe de hacerse rápido, a partir del próximo año, y ha de hacerse con diálogo y con consenso entre los tres principales agentes: la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades del tercer sector. Habrá que ver cómo se reparte el dinero, habrá que dar mayor estabilidad a este tercer sector, habrá que hablar de transparencia y habrá que hablar de rendición de cuentas. Me consta que la vicepresidencia está creando un grupo de trabajo que va a trabajar sobre estos elementos. Acabo. Este no es el momento de postergar esta financiación; es momento de dejar atrás críticas catastrofistas, interesadas, partidistas; es el momento de ayudar ahora a este tercer sector y contribuir así a que puedan minimizar los impactos negativos de esta crisis. Gracias. .

  33. María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

    Muchas gracias, presidente. Señorías, señor Iglesias, hoy venimos a debatir un real decreto que en realidad no es más que la prueba de un gran fracaso, un fracaso asumido y asimilado por el Gobierno de quienes prometían un escudo social como nunca antes había existido y de quienes juraban y perjuraban que no iban a dejar a nadie atrás. Hoy venimos a debatir un decreto que urde sus mimbres en el reconocimiento explícito de la urgencia con la que debemos abordar las terribles consecuencias socioeconómicas de una situación que está deteriorando de forma acelerada las condiciones de vida de los nuestros y que ha dejado en evidencia la incapacidad de este Gobierno para salvar de este desastre a los españoles que más lo necesitaban. El que este Gobierno admita en las disposiciones generales de este decreto que las entidades del tercer sector ya ni siquiera pueden hacer frente a la demanda social que reciben y que está en peligro la supervivencia de muchas de ellas es la prueba más evidente de que ha fallado estrepitosamente en su deber de proteger a los ciudadanos. Señorías, hace ya meses que miles de españoles tienen que acudir cada día a hacer cola frente a un establecimiento benéfico para que les den arroz, lentejas, café, leche, pañales, papel higiénico. En España, señorías, en el siglo XXI, hay ciudadanos que pasan horas esperando con un carrito en la calle, en muchos casos con sus hijos pequeños a cuestas, haga sol o llueva. Hay miles de españoles que no tienen trabajo y que no reciben nada del Estado, nada, o tan poco que ni siquiera les alcanza para cubrir mínimamente sus necesidades; miles de españoles que no reciben ni el paro ni el ingreso mínimo vital ni ningún otro tipo de ayuda; españoles que aún no han cobrado su ERTE o que, si lo han cobrado, es tan insignificante que no les da ni para comer; españoles que, por desgracia, ya habían tenido que acudir otras veces a pedir ayuda, pero también muchos españoles que no habían tenido que hacerlo nunca y que solo unos meses antes pagaban sus gastos y vivían sin grandes lujos, pero con dignidad. A mí me gustaría que ustedes pudieran ponerse ahora mismo en la piel de todas esas personas. ¿Pueden hacerse una idea de lo que sentirán cuando les oigan a ustedes hablar de presupuestos expansivos y progresistas, de escudos sociales y de no dejar a nadie atrás? ¿Lo que sentirán cuando les escuchen ponerse medallas en esta tribuna sobre lo bien que lo están haciendo y glosar sobre las virtudes del ingreso mínimo vital o sobre el éxito de los ERTE en la protección del empleo? ¿Lo que pensarán de todas estas cosas mientras están ahí, a la intemperie, esperando por una bolsa de comida, por un poco de papel higiénico? Señorías, el empobrecimiento severo que está sufriendo la población española es descorazonador. Es descorazonador que los bancos de alimentos no den abasto y que, una vez más, sean las organizaciones benéficas y no el Estado las que acaben salvando del hambre a tantos ciudadanos. Es descorazonador que tengamos que suplir con el tercer sector lo que no somos capaces de solucionar con veintidós ministerios y con cientos de asesores y de altos cargos que cobran suculentos salarios. Y es desolador comprobar que quienes más están sufriendo por la situación que ha provocado esta pandemia, unida a la nefasta gestión de este Gobierno, no son los que ya estaban recibiendo ayudas del Estado, esos a los que simplemente se les ha cambiado una ayuda por otra, no son los usuarios habituales de los servicios sociales y de la beneficencia; quienes están pasando un verdadero calvario, señorías, son aquellos que nunca pensaron que iban a tener que guardar cola para poder comer cada día, son los profesionales que trabajaban en hoteles, en restaurantes, en bares; son autónomos, azafatas, periodistas, modelos y músicos; son propietarios de establecimientos que han tenido que cerrar, empresarios, personas cuya economía familiar se ha visto directamente afectada por el confinamiento, personas a las que ustedes les han impedido trabajar sin darles ninguna alternativa y a los que ni siquiera han tenido la caridad de perdonar sus impuestos. Un perfil de ciudadanos que, incomprensiblemente, ustedes ni siquiera han tenido en cuenta, un perfil de ciudadanos que es invisible para ustedes. Invisible porque no les consideran suficientemente vulnerables y porque ustedes solo ayudan a sus vulnerables, esos que tanto rédito político les proporcionan cada vez que hay elecciones, los que ya se han rendido, los que ya han caído en sus redes, las terribles redes del clientelismo, esas redes de las que, una vez que entras, es tan difícil salir. Y ahí están en las colas del hambre dependiendo del tercer sector y abandonados por el Estado porque no eran lo suficientemente vulnerables como para que se les tuviera en cuenta, y mientras, nosotros tratando de salvar aquí al tercer sector para ver si puede salvar a los que el Estado no es capaz de salvar. Señorías, se supone que estamos ante un real decreto que se plantea en un momento especial por las enormes necesidades de carácter socioeconómico de nuestra población como consecuencia de la crisis sanitaria y que por eso vamos a gastar casi 26,5 millones de euros en subvenciones nominativas a casi trescientas entidades del sector social, con el objetivo de darles liquidez inmediata para que puedan contribuir a la realización de proyectos de interés general con fin social. Por eso para nosotros es tan importante saber cuál es el objeto social de esas entidades que recogen dinero del Estado, es muy importante saber a quiénes estamos dando ese dinero y para qué les estamos dando ese dinero. Aunque el Gobierno asegure que ha definido claramente el alcance, el objetivo y los beneficiarios de las subvenciones que se conceden, la realidad es que no sabemos, porque ustedes se lo callan, cuáles han sido los criterios que han seguido ni cuáles son los objetivos sociales de muchas de las asociaciones que aparecen en el listado anexo a este real decreto. No sabemos, por ejemplo, por qué recibe más dinero la Federación de Mujeres Progresistas que la Federación de Bancos de Alimentos, o por qué se entregan subvenciones importantes a decenas de asociaciones de mujeres que se reproducen como las setas y que se llevan una considerable porción del pastel sin que sepamos por qué ni para qué. ¿Cómo es posible, señorías, que ni en estas circunstancias tan trágicas para tantos ciudadanos se olviden ustedes de regar con dinero público sus chiringuitos? ¿Se imaginan lo que sentirán esos españoles que al parecer no merecen ninguna ayuda si supieran los millones de euros que reciben decenas y decenas de asociaciones de mujeres mientras ellos hacen cola para que les den papel higiénico, señorías? Federación de Mujeres Progresistas, 196 000 euros; Federación de Mujeres Jóvenes, 115 000 euros; Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, 90 000 euros; Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, 59 000 euros; Asociación de Mujeres Libres y Combativas, 43 000 euros. Sinceramente, si muchas de estas asociaciones tuvieran vergüenza, deberían devolver hasta el último céntimo del dinero que reciben para que el Estado pudiera emplearlo en los que de verdad lo necesitan. Señorías, está claro que ustedes son el Gobierno de la propaganda y del falso escudo social, pero el tercer sector y las entidades que lo integran siguen siendo, en la mayoría de los casos, un ejemplo de responsabilidad social y no merecen que les dejemos solos. Por ellos y por toda esa gente anónima que trabaja desinteresadamente en cada una de esas entidades, por cada español voluntario que recoge alimentos en los supermercados, que hace una donación económica o en especie, que reparte alimentos en las parroquias o en los comedores sociales, que pone su tiempo a disposición de los demás, por todos ellos vamos a decir sí a este real decreto y vamos a tragarnos el sapo de tener que aprobar subvenciones que en otras circunstancias jamás apoyaríamos, pero que no les quepa la menor duda a los españoles…

  34. María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

    Termino, señor presidente. Que no les quepa la menor duda a los españoles de que vamos a pedir los convenios y los expedientes completos para los que se articulan todas estas subvenciones nominativas que nos generan dudas, para asegurarnos de destapar a quienes tienen tan pocos escrúpulos como para seguir usando los recursos públicos para sus propios fines, actuando de forma egoísta e insolidaria con quienes de verdad lo necesitan. Muchas gracias. .

  35. Margarita Prohens Rigo PP

    Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente de Derechos Sociales, hoy subo a esta tribuna con un lazo naranja que llevamos miles de ciudadanos, un lazo que le tiene que recordar a usted que también ha dejado abandonados a los niños con discapacidad. Inclusiva, sí; especial, también —le suplican— y usted les ignora, como también ignora a las personas mayores. Las abandonó durante la peor pandemia que ha sufrido este país: 20 268 fallecidos en centros residenciales durante la primera ola, que han muerto solos y asustados. La generación que luchó por dejar una España mejor a sus nietos y usted solo ha encontrado un hueco una sola vez en su importante agenda de vicepresidente. Como tampoco van con usted los niños y por eso durante un año no se ha reunido con las entidades de infancia. Lo de que las menores tuteladas de Baleares no vaya con usted es algo que ya no cabe ni mencionar porque esa vergüenza le acompañará vaya donde vaya. Hoy nos hemos despertado con una nueva noticia: Detenido un educador del Instituto de Servicios Sociales de Mallorca por abusar de tres chicos desde 2018. Gobernaba Podemos. ¿Caiga quien caiga, señor Iglesias? De momento, lo único que se ha caído ha sido su careta de estar al lado de los más vulnerables. Una vez más, ha elegido encubrir al verdugo en vez de defender a la víctima. Y ni que decir tiene que la pobreza creciente de este país, la nueva pobreza a raíz de la COVID-19, también es poco importante para usted, como lo son las necesidades crecientes de los bancos de alimentos o las colas del hambre. Su anuncio estrella del ingreso mínimo se ha estrellado, su escudo social es una estafa social, por no mencionar que se carga de un plumazo la prestación por hijo a cargo, dejando a las familias con pobreza moderada fuera de todo, con la oposición del Partido Popular. . Y la guinda del pasotismo. Al vicepresidente de Derechos Sociales no le importa la situación del Tercer Sector de Acción Social y ahora enfada a todos con el real decreto que hoy nos ocupa. Es imposible hacerlo peor. Reparte por primera vez la ayuda del 0,7 de sociedades y consigue generar consenso, consenso de todas las entidades por lo mal que lo hace. Y ustedes mienten, señor vicepresidente. Este real decreto no tiene nada que ver con la situación de emergencia sanitaria como consecuencia del COVID. No tiene nada que ver porque la denominada ‘X solidaria’ de las empresas no es un invento suyo. El 0,7 fue una medida contemplada en los presupuestos generales de 2018, es decir, en los presupuestos de Rajoy y Montoro, que para ustedes eran los más antisociales de la historia y que votaron en contra, aunque siguen gobernando a día de hoy con ellos y gracias a ellos. Fue una medida inédita de mi compañero, el señor Garcés, para compensar a las entidades del tercer sector, con carácter estatal, por la caída de ingresos del IRPF desde 2018, y estamos en 2019 y no ha repartido nada. ¿Por qué? ¿Por el COVID? No. Porque el Gobierno más social de la historia ha tardado dos años en ponerlo en marcha. Y, señor Iglesias, falta de transparencia. El diálogo social con el sector ha sido tan poco que ha conseguido algo realmente triste, enfrentar a unas entidades con otras, hacer que se miren de reojo, dividirlas, o quizá era su intención. ¿Urgente? El 22 de junio enviaron un borrador a las entidades, el 22 de julio les mandan el documento definitivo y las entidades se ponen a trabajar en los proyectos, pero el 3 de noviembre, después de un verano de vacaciones, se da cuenta de que no llega a tiempo y decide cargarse la concurrencia competitiva y pasar a la subvención nominativa; no ya, como dicen las entidades, sin mencionar de forma clara los criterios objetivos de reparto, sino que estos ni se pueden intuir, o quizás era esto lo que buscaban, prisas y opacidad para hacer lo que a su vicepresidente le viniera en gana, privando, además, a las entidades de estar ya, en estos momentos de segunda ola, ejecutando estos fondos extraordinarios. Porque si la primera ola no fue con usted, imagínese la segunda. . No voy a entrar en lo que usted pretende, estoy convencida de que la mayoría de estas entidades realizan una labor encomiable, aunque algunas resulten curiosas —dejémoslo aquí—, pero la falta de cualquier objetividad hace que se nos planteen preguntas. ¿Ámbito estatal de las entidades? ¿Cómo lo han valorado? ¿Afectadas de manera especial por la pandemia? Si hay incluso centros de documentación que, con todos mis respetos, no tienen ni acción directa ni nada que ver con la COVID. ¿Tercer sector de acción social? Pues al dar entrada precisamente aquí a entidades ecologistas o del ámbito de la cooperación, las entidades sociales calculan en millones sus pérdidas y dejan abandonadas a entidades que sí han tenido que hacer frente a gastos por EPI y test, que atienden a más personas que nunca o trabajan con colectivos vulnerables. Todo esto ha pasado mientras usted prometía 1000 millones de euros de los 16 000 del Fondo COVID en el mes de mayo, de los cuales, señor Iglesias, no ha llegado ni un euro al sector social. Porque a usted, señor Iglesias —que está muy concentrado en su móvil—, las políticas sociales ni le gustan ni le importan ni tiene tiempo para ellas. Usted no está en esto, señor vicepresidente. Su cartera es de derechos sociales, pero usted está cumpliendo su propia agenda y la agenda de este Gobierno: la mesa de diálogo con independentistas, la dirección de Estado con Bildu, las condenas a cargos de su partido que se acumulan, las investigaciones por financiación ilegal, las SIM y los delitos por agravante de género. Lástima que el tercer sector no sea un partido que quiera acabar con el régimen ni una serie de Netflix, porque entonces seguro que sí tendría un hueco en su agenda. Por todo ello, el Partido Popular presenta un plan B en los presupuestos generales para apoyar a este sector con más hechos que pancartas. Pretendemos restringir el impuesto sobre sociedades al Tercer Sector de Acción Social, como piden ellos mismos; 71 millones del aumento de altos cargos a pobreza infantil; 2 millones para impulso de entidades; un fondo social extraordinario COVID no reembolsable; un 10 % más para todas las entidades y asociaciones que trabajen en los distintos ámbitos de los derechos sociales y la adscripción de 478 millones de euros a un modelo residencial de atención centrada en la persona. A pesar, señor Iglesias, del tarde y mal, hoy vamos a abstenernos por responsabilidad con muchas de las entidades que van a recibir estos fondos y porque la casilla solidaria que puso en marcha el Partido Popular es una buena medida, pésimamente gestionada por usted. Vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley para que el caos de este año no vuelva a ocurrir, para definir cómo queremos que sean estas ayudas y para debatir sobre la financiación del tercer sector a medio y largo plazo. Acabo dando las gracias sinceras, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a la labor impagable del Tercer Sector de Acción Social porque, como me decía hace unos días un representante del mismo, al que usted tampoco ha recibido, llegamos donde el Gobierno y el sector privado no pueden llegar. Muchas gracias. .

  36. Sonia Guerra López PSC-PSOE

    Gracias, presidenta. Señorías, quiero empezar mi intervención hoy dando las gracias. Gracias a todos y todas las profesionales de servicios sociales y gracias hoy, especialmente, a los trabajadores y las trabajadoras del tercer sector ; a los que luchan cada día para que a una familia no le corten la luz, el agua o el gas; a los que gestionan bancos de alimentos para garantizar la suficiencia alimentaria de todos y todas, sobre todo de los niños y las niñas; a los que acompañan a nuestros mayores para hacer frente a la soledad no deseada; a los que arreglan una vivienda para hacerla accesible para una persona con discapacidad; a los que tramitan una teleasistencia; a los que ayudan al pago de un alquiler o de una hipoteca; a los que cubren necesidades educativas; a los que acompañan en la inserción laboral; a los que buscan recursos residenciales para las personas sin hogar, y, sí, señorías de VOX, también a los y a las que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos y a sus hijas. . ¡A todos y cada uno de ellos, gracias, gracias y gracias! Gracias por hacer viable con su trabajo diario que nadie se quede atrás. Porque diga lo que diga la bancada de la derecha y de la ultraderecha, este decreto-ley va del derecho a tener derechos; del derecho a tener derechos, independientemente de nuestra familia de origen, de nuestro barrio, de nuestro colegio, de nuestro trabajo y de nuestras capacidades; del derecho a tener derechos independientemente de todo ello, y para eso hacen falta recursos, pero hace falta sobre todo, señorías, voluntad política. Voluntad política como la que tiene este Gobierno, que en plena pandemia decidió no luchar única y exclusivamente contra la crisis sanitaria, sino hacerlo también contra la crisis económica y social derivada del COVID. Sí, señorías del Grupo Popular y de VOX, el Gobierno presenta hoy este real decreto por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. Ya sabemos que no les gusta; es más, es normal que no les guste. Ustedes son los de los años de recortes, ustedes son los que incrementan las tasas de pobreza y de exclusión social y ustedes son los que, en plena pandemia, deciden darles a los niños y las niñas comida basura. Es normal que no les guste. . Una cosa sí que les tengo que reconocer: con ustedes, señorías del Grupo Popular, aprobamos la Ley del Tercer Sector de Acción Social —lo reconocemos, con ustedes la aprobamos—, pero no la implementaron. Y este Gobierno se dispone a realizar el desarrollo reglamentario, porque ustedes no hicieron nada mientras gobernaban. Bueno, perdón, algo sí que hicieron y fue añadir una disposición adicional cuarta a esa ley, que cito textualmente: La regulación incluida en esta ley no podrá suponer un incremento del gasto público ni incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Se lo traduzco para que lo entiendan: con ustedes las entidades del Tercer Sector de Acción Social hubiesen visto incrementados cero sus ingresos en plena pandemia. . Es más, me atrevo a augurar que algunas seguro que las hubieran recortado. ¿Y se atreven a subir a este atril y decir que ustedes defienden y hablan con las entidades del tercer sector, de verdad? Pues, miren, no. . A ustedes el tercer sector y los servicios sociales, en general, les interesan bien poco, señorías del PP, por no decir nada, porque nada es lo que les interesan a ustedes las familias trabajadoras y humildes de este país. Y no lo digo yo, no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, ¿recuerdan ustedes el evangelio? Por sus obras los conoceréis. Por los recortes de Mariano Rajoy y de José María Aznar los conocemos a ustedes, señorías del Partido Popular. . Por no hablar de los pisos de Majadahonda. Miren, les voy a dar un detalle. Imagínense si les interesan poco a ustedes las entidades del tercer sector que solo las defienden cuando están en la oposición. El Sistema Público de Servicios Sociales —el sistema público, señorías de VOX, porque para nosotras el tercer sector forma parte del Sistema Público de Servicios Sociales— debe defenderse siempre, en la oposición pero sobre todo cuando se gobierna. ¿Cómo? Como hace el Gobierno hoy, presentando este real decreto para su aprobación, que a ustedes les molesta tanto. ¿Qué les disgusta exactamente, que el Gobierno destine más de 26 millones de euros para las entidades del tercer sector o quizá que esos 26 millones de euros para las entidades del tercer sector vayan destinados a las personas que más lo necesitan? Estamos ante una situación extraordinaria y este Gobierno da respuestas extraordinarias, ofreciendo soluciones de urgencia que aseguran la viabilidad y la sostenibilidad de las entidades del tercer sector que trabajan en el territorio, junto a los servicios sociales, haciendo de nuestros pueblos y ciudades lugares y espacios de convivencia, de inclusión y cohesión social. Sí, señorías, decisiones de urgencia para situaciones sobrevenidas, pero sin perder de vista la estrategia. Porque este Gobierno no olvida que también urge reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales, porque este Gobierno no olvida que también urge, señorías, una ley de servicios sociales común, con una cartera de servicios común que asegure la igualdad de oportunidades de todos los españoles y todas las españolas, independientemente de donde vivan , y porque este Gobierno se compromete a desarrollar la ley del Tercer Sector de Acción Social. Acabo, presidenta. Señorías del Partido Popular, señorías de VOX, ¿saben qué es lo peor de todo? Que ustedes, desde el primer momento, en lugar de arrimar el hombro en la lucha contra la pandemia, decidieron que cuanto peor, mejor; decidieron ejercer una oposición completamente irresponsable, caiga quien caiga, incluidas las entidades del tercer sector. Pero no se lo vamos a permitir, porque las fuerzas políticas que conforman este Gobierno vamos a trabajar codo con codo con los servicios sociales locales, autonómicos y estatales, y vamos a construir una red de protección para todos y cada uno de los españoles y las españolas. Les aseguro que nos vamos a dejar la piel para que nadie se quede atrás, les aseguro que nos vamos a dejar la piel para que todo el mundo tenga derecho a tener derechos. Gracias, presidenta. .

  37. Rodrí guez Uribessin identificar

    Con la venia. Muchas gracias, presidenta. Señorías, la cultura es necesaria, es un derecho. La cultura es segura, es una certeza. Son dos ideas fuerza que estoy convencido de que compartimos todos los grupos de este hemiciclo. Como saben, traigo a esta Cámara para su convalidación, si así lo estiman oportuno, el Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. Cubre potencialmente a unas 275 000 personas, con un impacto económico total y máximo de 180 millones de euros. La cultura, señorías, puede ser descrita en tres sentidos, todos de una singular importancia. En primer lugar, como derecho de las personas, tanto en su creación —en la creación de la cultura— como en el acceso universal a ella, es decir, tanto desde el punto de vista de los creadores y artistas como de los ciudadanos receptores y consumidores. En segundo lugar, la cultura es también una industria generadora de riqueza y de empleo. En nuestro país, en el año 2019, la cultura representó el 3,4 % del PIB, incluyendo los derechos de autor y de propiedad intelectual, y dio trabajo a más de 700 000 personas. Y, en tercer lugar, la cultura tiene una dimensión cualitativa y axiológica como conjunto de valores, de experiencias, de lenguas, de tradiciones y de historias que conforman una determinada colectividad, una comunidad, una nación, Europa o incluso el conjunto de la humanidad, la humanidad civilizada de la que habló Fernando Pessoa. En los tres sentidos la cultura se ha visto seriamente golpeada por la pandemia. Esta ha dificultado el acceso universal por el confinamiento y la limitación de la movilidad tras el estado de alarma y por los aforos reducidos de público, tan necesarios para la salud como problemáticos para los espectáculos y actos culturales. Esto ha supuesto un perjuicio evidente y objetivo para el conjunto de las industrias culturales, con un daño económico y laboral sin precedentes. La pandemia también ha puesto en cuestión nuestro sistema de valores, introduciendo incertidumbres, desconfianza, crispación, temores e incluso un miedo generalizado en la sociedad, un sentimiento de profunda vulnerabilidad frente a una pandemia global inédita en cien años, con efectos económicos y sociales muy graves. También han emergido otros valores —yo creo que es bueno ponerlo de manifiesto— que debemos fortalecer y promover como la solidaridad, la prioridad de la vida, de la salud y de la cultura, y la relevancia de las instituciones y las estructuras del Estado social y democrático de derecho, verdadera garantía de nuestros derechos en un marco de seguridad jurídica, de certidumbre, de previsibilidad y de justicia social. Desde el Gobierno hemos tratado de enfrentarnos a los tres desafíos que afectan a los tres sentidos de la cultura. Hemos protegido del desempleo, por primera vez en la historia, a los artistas de espectáculos públicos y ahora a los técnicos y a los trabajadores con tareas auxiliares, que son fundamentales para sostener las estructuras y la cadena de valor. Hemos garantizado en estos meses el acceso universal a la cultura con la digitalización de nuestros museos, del INAEM o del ICAA, con el proyecto «La cultura en tu casa» o mediante un acuerdo con Correos, que firmaremos en los próximos días, para llevar la cultura a todas las personas, a todas las casas, especialmente a las personas que más dificultades tienen de acceso, como enfermos, personas mayores o a la España rural, reduciendo además los costes a los libreros. Al mismo tiempo, dotamos de liquidez, mediante créditos blandos, a las empresas y pymes de todos los sectores culturales. Primero, con el ICO, introduciendo recientemente —antes de ayer, en el último Consejo de Ministros— nuevas medidas de alivio de las cargas financieras y, específicamente, mediante CREA para todos los sectores culturales; y también entendimos que era necesario generar ayudas directas o incentivos fiscales para las artes escénicas, el cine, el audiovisual, las bellas artes o el libro. En suma, medidas económicas comprensivas y de calado para tratar de salvar las industrias culturales y creativas de nuestro país. Sin cultura, con mayúscula, no hay derecho subjetivo a la cultura. Asimismo, hemos considerado fundamental subrayar la dimensión axiológica de la cultura, fundamento de las sociedades libres y bien ordenadas y garantía de progreso, libertad y paz. La cultura como civilización, como conjunto de valores, reglas y principios que nos orientan frente a las crisis, que nos dan certezas a priori para saber a qué atenernos y que favorecen una vida digna de todas las personas, seres de fines que no pueden ser tratados como medios y que no tienen precio, que diría Kant. También como normas que favorecen el respeto mutuo, la amistad cívica y la erradicación definitiva de la dialéctica de Carl Schmitt amigo-enemigo. Nos vendrá muy bien, por cierto, también en esta Cámara esa cultura como civilización, como respeto, que diría don Fernando de los Ríos. El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, junto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, refuerza estas tres dimensiones de la cultura, mirando hacia el futuro y considerándola desde ya como un pilar esencial del Estado del bienestar, de nuestra democracia constitucional y del catálogo de derechos básicos de los ciudadanos. Pero volvamos al objeto específico de mi presencia hoy aquí. Como recordarán, el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia internacional una crisis sanitaria sin precedentes, que se ha extendido con una rapidez extrema y se ha caracterizado por la dureza de sus consecuencias, a lo que este Gobierno, como saben, respondió con medidas contundentes y con el firme compromiso de no dejar a nadie atrás. La evolución de la pandemia fue exigiéndonos la aprobación de medidas adicionales destinadas a amortiguar los efectos socioeconómicos provocados por la crisis sanitaria. Todas estuvieron y están marcadas por el acento social con el que este Gobierno ha afrontado la difícil situación creada, siempre, insisto, señorías, al servicio de rescatar personas, seres humanos, derechos. Así, en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, solo tres días después del primer estado de alarma, se adoptaron medidas relativas a los conocidos como ERTE, así como medidas extraordinarias de protección por desempleo y cotizaciones. También se implementaron los mecanismos necesarios para la protección de los trabajadores autónomos con la prestación por cese de actividad. Estas medidas han sido prorrogadas recientemente mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Y ya en el mes de mayo pasado reconocimos la especificidad del ámbito cultural y la necesidad de adoptar medidas específicas para el mismo, complementarias de las generales, por lo que se aprobó el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, convalidado por esta Cámara. Se destinaron 76,5 millones de euros a ayudas a empresas y profesionales del sector, así como la puesta en circulación de 780 millones de euros en créditos blandos garantizados que dotaran de liquidez a las empresas para su supervivencia y el mantenimiento del empleo. Cabe destacar que en este mismo texto legal el Gobierno creó por primera vez un acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los trabajadores de la cultura. Los hombres y mujeres de la cultura, señorías, se enfrentan a dificultades en el acceso a dicha prestación causadas por la intermitencia consustancial a la naturaleza de su trabajo. Ensayan mucho, trabajan mucho, pero no cuenta. Lo resolveremos definitivamente con el estatuto del artista. Mientras tanto, sumidos como estamos en una intensa segunda ola de la pandemia, que está prolongando la situación de crisis, se hace necesario adoptar nuevas medidas adicionales y para ya, nuevas medidas y nuevas decisiones para la protección y el apoyo a los trabajadores y trabajadoras. Resulta imprescindible y urgente, por tanto, tomar ahora determinadas decisiones que garanticen dicha protección, especialmente para aquellos más duramente golpeados por la crisis. Señorías, bajo el mismo prisma político que ha marcado la actuación de este Gobierno desde el comienzo de la crisis, este real decreto-ley, cuya convalidación sometemos al Pleno, está también dirigido a rescatar personas y a paliar la grave situación socioeconómica provocada por la duración de la pandemia. Una vez más, junto al mantenimiento del tejido productivo, las personas deben ser el centro de nuestras políticas. En el caso específico de la cultura, la aplicación de las medidas adoptadas en mayo puso de relieve que aún había un colectivo de trabajadores del sector que por sus características especiales tenía también dificultades para acceder a las ayudas. El Gobierno, a través de los ministerios competentes, hizo una tarea completa y transversal. Las conversaciones se intensificaron y singularmente desde los ministerios de Trabajo y Economía Social, de Inclusión y Seguridad Social y de Cultura y Deporte, con la colaboración de Hacienda y del conjunto del Consejo de Ministros, procedimos a establecer un sistema de protección que les acogiese también a ellos. El Gobierno ha hecho posible que entre los colectivos destinatarios de las ayudas establecidas en el presente texto legal se encuentren los técnicos de la cultura y los trabajadores más vulnerables de la tauromaquia, además de los artistas de espectáculos públicos en la prórroga de sus prestaciones; entre los tres colectivos, unas 47 000 personas. Señorías, las medidas que incorpora el real decreto-ley que hoy se somete a convalidación en esta Cámara cumplen de forma evidente la exigencia de extraordinaria y urgente necesidad que permite acudir a este instrumento legal, pues su objetivo no es otro que garantizar la protección social de aquellos trabajadores, particularmente los del sector cultural, que o bien no quedaban cubiertos por los instrumentos específicos previamente aprobados o estaban próximos a perder dicha cobertura, en un contexto en el que la segunda ola de la pandemia ha obligado a adoptar medidas de contención que con mayor o menor intensidad, según los territorios, restringen la actividad económica. Con este decreto cerramos el círculo de protección, cubriendo a todos los sectores y colectivos necesitados al menos hasta el 31 de enero. Permítanme ahora, señorías, que pase a analizar brevemente los contenidos principales de esta norma cuya convalidación se somete a su consideración. El capítulo primero del real decreto-ley recoge las medidas extraordinarias de protección por desempleo necesarias y generales. Las importantes medidas sociales aprobadas desde el inicio de la pandemia en materia de protección por desempleo precisan ser complementadas para asegurar la cobertura de todos los colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Son lagunas que no han tenido que ver con nuestra voluntad, sino con las características o singularidades en el ámbito laboral de algunos colectivos. Además de esos casos, que analizaremos después, nos encontramos con la situación de quienes durante el estado de alarma y con posterioridad se encontraban percibiendo prestaciones por desempleo y las han agotado, sin tener acceso a otras ayudas y, lo que es más grave, sin tener siquiera la posibilidad de incorporarse al mundo laboral por razones objetivas o de fuerza mayor. Las restricciones de movilidad para hacer frente a la emergencia sanitaria y la paralización de actividad en determinados sectores productivos son estas causas objetivas, no imputables a estas personas. Como resultado del intenso proceso de diálogo social, el Ministerio de Trabajo, con la ministra Yolanda Díaz al frente, en contacto permanente con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, acordó establecer un subsidio especial de naturaleza extraordinaria para dar respuesta a esta situación sobrevenida que se incorpora al artículo 1 de este real decreto-ley. Este subsidio está destinado a las personas que cumplan determinados requisitos, alrededor de 230 000 personas. Los requisitos son los siguientes: estar en desempleo e inscrito como demandante del mismo en el SEPE; haber extinguido entre el 14 y el 30 de junio de 2020 la prestación, es decir, entre el inicio del estado de alarma y la llamada desescalada; carecer del derecho a la protección por desempleo y no ser beneficiarios de renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayuda análoga. Como saben señorías, el derecho de subsidio tendrá una duración de noventa días, no podrá percibirse en más de una ocasión y nacerá al día siguiente de la solicitud. La cuantía del mismo será del 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples mensual vigente en cada momento, el llamado Iprem. Sin duda, se trata de una medida de justicia social y solidaridad, que nos dignifica como sociedad y como país. Gracias, ministra Yolanda. Si les parece, paso ahora a analizar el capítulo segundo de este real decreto-ley, que recoge las medidas específicas para el sector de la cultura. Revisaré en detalle brevemente ante la Cámara el contenido de sus artículos. La cultura, señorías, continúa sufriendo las consecuencias de la crisis y de las limitaciones acordadas para hacer frente a la misma. Algunas de sus características propias, como su elevada dependencia del público, de los espectadores, así como de la intermitencia en el trabajo, han hecho que estos efectos se manifiesten en este sector con especial crudeza, y todo pese a que hemos hecho un gran esfuerzo, sobre todo los profesionales de la cultura, por hacer realidad esa idea fuerza con la que arrancaba mi intervención: la cultura es segura y es necesaria. Entro en detalles, señorías. Como les señalaba con anterioridad, una de las medidas más importantes adoptadas en el Real Decreto-ley 17/2020 fue el acceso extraordinario por desempleo para los artistas de espectáculos públicos. Esta prestación, inédita hasta aquel momento, permite que hasta 35 000 de estos artistas no se queden sin cobertura alguna, no se queden a la intemperie, porque a las consecuencias de la evolución de la pandemia debe añadirse el vencimiento de las prestaciones reguladas en aquel real decreto, previstas para 120 o 180 días, en función de los días de actividad en el año anterior a la entrada en vigor del Real Decreto de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma. El Gobierno ha considerado imprescindible en este momento asegurar la protección de estos trabajadores, indispensable para hacer efectiva la obligación de los poderes públicos de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la cultura, pero también para asegurar el tejido, el músculo de las empresas e industrias culturales, en definitiva, el derecho a la cultura en sus dos sentidos o proyecciones. De esta forma, hemos ampliado hasta el 31 de enero de 2021 el acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los artistas en espectáculos públicos recogido en el Real Decreto-ley 17/2020, y esto vale para todos los colectivos de este decreto. Esta prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta propia o ajena, así como con la percepción de cualquier otro ingreso público. La cuantía es la propia de toda ayuda por desempleo, el 70 % de la base reguladora durante los 180 primeros días y el 50 % en adelante. Una vez reconocido el derecho a la prestación, esta se suspenderá mientras el titular de la misma realice un trabajo por cuenta propia o ajena, sin perjuicio de que se pueda reanudar después por el tiempo que reste de percepción. Como ven, hemos tenido en cuenta la singularidad de la intermitencia, casi estructural, por ejemplo, en las artes escénicas y en la música. Es una norma justa y una norma muy pensada. Y quiero destacar también, señorías, la urgencia de esta medida. El Gobierno ha actuado con prontitud y determinación, ya que sin ella todos los artistas de espectáculos públicos que hasta ahora han podido acceder a la prestación quedarían sin cobertura alguna. Hablamos de actores y actrices, de bailarines y bailarinas, de bailaoras y bailaores, es decir, del flamenco, o de músicos. En segundo lugar, hemos considerado que se debe hacer efectiva la protección de otros trabajadores que, debido a las peculiaridades del desempeño de su profesión, tienen dificultades serias para acogerse a los mecanismos generales de cobertura. Es el caso de personas que prestan servicios técnicos indispensables para que los espectáculos y actividades culturales tengan lugar. Estos profesionales participan de la misma intermitencia y falta de continuidad propia los artistas. Por ello el real decreto-ley reconoce que, como no pueden acceder a las prestaciones ordinarias de desempleo, debemos articular de forma urgente, y así lo hacemos, un mecanismo que haga posible su percepción. Reconocemos, por consiguiente, un subsidio por desempleo excepcional para el personal técnico y auxiliar del sector de la cultura que haya prestado sus servicios temporalmente por cuenta ajena. Era la principal demanda, como recordarán, de alerta roja, y estamos pensando en los trabajadores del sonido, la iluminación, peluquería, vestuario, etcétera. Al igual que la prestación anteriormente citada, este subsidio será incompatible con la realización de trabajo por cuenta propia o ajena a jornada completa, así como con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración pública. Sin embargo, como todos los subsidios por desempleo, sí es compatible con la realización de trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá de su cuantía la parte proporcional al tiempo trabajado. Los beneficiarios deberán cumplir determinados requisitos, tales como estar inscritos como demandantes de empleo en el SEPE, no estar trabajando por cuenta propia o ajena a jornada completa, etcétera. Además, señorías, deberán acreditar desde el 1 de agosto de 2019 hasta la fecha de entrada en vigor de esta norma un periodo de ocupación cotizada en el Régimen General de la Seguridad Social de al menos treinta y cinco días en empresas del sector de la cultura que no haya computado para el reconocimiento de un derecho anterior. En tercer lugar, como saben también sus señorías, los profesionales taurinos han sufrido de forma muy directa las consecuencias de esta crisis. Inicialmente se vieron afectados por la suspensión de las actividades realizadas en plazas, recintos e instalaciones taurinas y después por la medida de contención y limitaciones acordadas por las autoridades sanitarias, si bien desde el minuto uno —lo quiero recordar—, pensando en el verano y en la temporada, aun con las restricciones de aforo de todos los espectáculos públicos, los tuvimos en cuenta en el proceso de desescalada y de nueva normalidad. Estas limitaciones se han extendido además durante los meses en los que habitualmente tiene lugar el mayor número de festejos y, por tanto, durante el periodo de mayor actividad para estos trabajadores. Ello les ha imposibilitado, por tanto, trabajar y cotizar lo necesario para generar derecho a las prestaciones por desempleo. A eso hay que añadir la especificidad del cómputo de los días de cotización, con arreglo al real decreto de 1986, por el que se integran los regímenes especiales de determinados trabajadores, incluyendo los taurinos, en el Régimen General de la Seguridad Social. El Gobierno ha considerado, por tanto, de extraordinaria y urgente necesidad adoptar medidas que salvaguarden la situación de los trabajadores más vulnerables, personas sencillas, personas trabajadoras de este sector que necesitan también nuestra ayuda. Así, el real decreto-ley reconoce un acceso extraordinario a la prestación contributiva por desempleo a dichos profesionales. Este derecho se extiende hasta el 31 de enero de 2021. Señorías, finalmente, el real decreto-ley incluye dos disposiciones adicionales con medidas complementarias en la línea ya apuntada de fortalecer los mecanismos de protección habilitados y facilitar el acceso a los mismos en las circunstancias tan difíciles a las que nos estamos enfrentando. Así, por un lado, se elimina la necesidad de acreditar la búsqueda activa de empleo para el acceso a la renta activa de inserción o al subsidio extraordinario de desempleo, todo ello mientras se mantenga el estancamiento en algunos sectores de la actividad económica y empresarial y continúen vigentes los procedimientos de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor derivados de la COVID-19. Por otro lado, se adapta la duración del subsidio por desempleo de las personas trabajadoras de carácter fijo discontinuo a las peculiaridades en que se desenvuelve su actividad y a las circunstancias derivadas de la COVID-19, de forma que, a los exclusivos efectos de determinar su duración, se entenderán como cotizados los periodos que, de no haber sido por la pandemia, hubieran sido de actividad, incluyendo aquellos durante los cuales percibieron protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial. Señorías, no ofrece ninguna duda que la situación de crisis sanitaria, así como la necesidad de mantener y reforzar las medidas y apoyos públicos destinados tanto a las personas trabajadoras, en general, como a las del sector cultural, en particular, integran el supuesto descrito en el artículo 86.1 de la Constitución. Por todos los motivos que les he expuesto, por lo excepcional de la situación que estamos viviendo y porque resulta imprescindible seguir protegiendo a los trabajadores, a las personas y a sus familias, solicito hoy su apoyo para la convalidación de este real decreto-ley. Señorías, no hay mejor agenda que la de la amistad cívica y la solidaridad. La una y la otra nos salvan del enfrentamiento cainita y del egoísmo social y nos dan esa tranquilidad de conciencia del deber cumplido por haber ayudado a quien lo necesitaba y cuando lo necesitaba. Ubi iustitia, ibi pax. No aspiremos solo a coexistir; aspiremos a convivir, o, mejor, a compartir. Todas las personas aquí protegidas son ciudadanos, son españoles, seres humanos que necesitan nuestro apoyo. No les defraudemos. No les fallemos. Eskerrik asko, moitas grazas, moltes gràcies, muchas gracias. .

  38. Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

    Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor ministro de Cultura y Deporte. Como consta en el siempre preciso Diario de Sesiones, he denunciado desde esta tribuna a lo largo de la pandemia el contumaz uso y abuso que el Consejo de Ministros hace de la vía del real decreto-ley, herramienta jurídica que ha restringido libertades y ha paralizado el pulso económico de la sociedad. Los instrumentos legislativos habilitados por el Gobierno para el combate de la pandemia no han conseguido su propósito sanitario ni tampoco el económico. Existiendo pautas legales para que se afrontaran de una vez los graves efectos del COVID-19, ustedes decidieron desde el primer momento luchar contra el virus paralizando la actividad de España, siguiendo el desafortunado mantra en que han continuado insistiendo de que la salud es lo primero, como si en tesituras como esta pudieran limitarse los frentes de batalla a un único ámbito, por esencial que fuera. Como incluso sucede en épocas bélicas, las naciones afectadas deben seguir funcionando en la retaguardia, aunque sea a un ritmo menor, pero lo que nunca se ha visto es detener el pulso de una sociedad por completo, además de hacerlo a través de medios inconstitucionales, porque ya he escuchado insistir desde hace meses en esta tribuna en lo desafortunado del instrumento jurídico elegido para restringir nuestras libertades. Señor Rodrí guez Uribes, nos vemos ahora en la tesitura de restañar las heridas económicas que ha dejado esta forma lamentable de afrontar el problema, porque debe recordarse que las medidas o limitaciones adoptadas sobre las actividades por razones sanitarias por el artículo 54.3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, debieran de haber respetado el principio de proporcionalidad, es decir, ser proporcionadas, algo que aquí no sucedió, sino que se decidió detener la marcha del país por completo. Señorías, lo reitero, estas no son formas. Esta mañana nos encontramos con otra muestra de una práctica perniciosa con la que se pretende eludir la función principal del Parlamento, con los usufructuarios del banco azul colocando leyes a la remanguillé y además poniendo de manifiesto un trato desigual, porque, a pesar de que no ha habido colectivos no afectados por ese cierre del país para atajar infructuosamente la pandemia, al abarcar las medidas a todos ellos, se exceptúan, sorprendentemente, casos concretos, como los que hoy nos ocupan, vinculados al mundo cultural y taurino, valga la redundancia, los cuales, sin duda, han padecido y sufren una pavorosa situación, como también muchos otros que no están contemplados en esta norma. ¿Por qué no hablar de los autónomos, de comerciantes, hosteleros o profesionales liberales? ¿Por qué para el Gobierno son de peor condición todos estos gremios o personas individuales? Normativa que es incluso peor que otras anteriores, que ya es decir, cuando una vez más, de rondón, colocan cuestiones que no guardan relación, caso de varias disposiciones adicionales, que nada tienen que ver con la cultura ni con lo taurino. Una vez más hay que insistir en que la elaboración de un real decreto-ley está reservada para una extraordinaria y urgente necesidad. Pero el Gobierno, contrariamente a lo que usted ha dicho, señor ministro, trata de limitar la intervención parlamentaria, el debido y reposado debate a los miembros de esta Cámara y del Senado, y encima cuela cuestiones que poco o nada tienen que ver con la crisis sanitaria. No cuenten jamás con mi voto para maturrangas del Gobierno en contra de las Cortes Generales. En definitiva, normativa inconstitucional, desproporcionada, rácana con la cultura y el sector taurino, que ustedes arrinconan, cuando no desprecian; normativa que además posterga la critica situación de los trabajadores de otros sectores y gremios, muy necesitados igualmente de protección y medidas de solidaridad, por lo que votaré, señora presidenta, en contra de la convalidación. Muchas gracias.

  39. Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu

    Gracias, presidenta. Egun on. Señor ministro, este real decreto viene a corregir una de las carencias que observábamos en el anterior, y así lo señalamos en su día desde esta misma tribuna en aquellos días del inicio del estado de alarma, cuando el cultural fue uno de los sectores que ayudó y alivió a la población a salir de aquella situación de shock en la que estábamos y a la vez fue uno de los sectores olvidados. El Real Decreto-ley 17/2020 vino a paliar en alguna medida el desastre que ya veíamos que se cernía sobre el sector y en aquel momento reconocimos las buenas medidas adoptadas para la cinematografía, el sector del libro o las artes escénicas, pero hicimos notar las carencias evidentes que contenía. Dijimos que quedaban desprotegidos muchos, muchísimos profesionales del ámbito artístico y cultural, ya que el decreto solo era aplicable a quienes estaban dados de alta en el régimen general de artistas de espectáculos públicos, y subrayamos que eran legión los técnicos y auxiliares que sufrían las mismas consecuencias de la crisis y que, sin embargo, no podían acogerse a las ayudas. Ahora, con este decreto se crea una nueva cobertura que les permitirá acogerse por primera vez a un subsidio por desempleo. Son ayudantes de coreografía, cámaras, técnicos de luz y sonido, técnicos de montaje de escenario, maquinistas, toda esa gente invisible que trabaja entre bambalinas y que, sin embargo, es imprescindible para que la cultura irradie en la sociedad. Es un sector importante el cultural no solo porque aporta el 3,2 % al producto interior bruto, sino, sobre todo, por eso que no se puede cuantificar, porque sin cultura no hay progreso, porque sin cultura no hay desarrollo y porque sin cultura no hay sociedad. Es un sector imprescindible, muy ensalzado en algunos momentos, muy reconocido cuando median certámenes o eventos de gran alcance, pero, en cambio, no tiene tanto peso ni tanta capacidad de presionar como otros. Es un sector que sufre una dejación intermitente desde las instituciones y por ello es minusvalorado, porque todavía en el andamiaje social que construye la realidad institucional persiste la idea de que el mundo de la cultura es algo de segundo orden, no un bien de primera necesidad. Sin embargo, la cultura debe ser reconocida como bien esencial, tal y como hemos propuesto en una iniciativa que esperamos que pronto obtenga el respaldo esta Cámara. La cultura y el arte todavía no tienen la consideración de trabajo básico y necesario en este Estado. Ese estigma que relativiza su importancia se mantiene aún, y, sin embargo, es necesario dignificarla. Por ello la cultura —lo hemos visto muchas veces— carece de la capacidad de presionar que sí tienen otros sectores, y el ejemplo más claro lo tenemos, lamentablemente, en este mismo decreto, en el que la tauromaquia, de rondón, se ha incluido en las ayudas al sector cultural, dentro de esa línea abierta a las empresas dedicadas a las bellas artes. Bellas artes, señor ministro: usted nos mete todas las ayudas aquí, en medio de este totum revolutum, e incluye la tauromaquia en una cuarta cambiada para colar unas ayudas que, por cierto, cada vez más sectores de la sociedad vasca, de la sociedad estatal y cualquier sociedad avanzada cuestionan. La cultura nada tiene que ver con el sacrificio animal para el deleite de unas personas en una plaza, como tampoco otras costumbres de mi país, como las izadas con gansos vivos que se hacían en Lekeitio, o las peleas de carneros en tantos y tantos pueblos de Euskal Herria, usos y costumbres de otra época que, afortunadamente, han desaparecido. Y claro que los novilleros, los banderilleros, los mozos de espadas, los subalternos, como trabajadores que son, deben ser compensados ante su situación, claro que sí, pero, señor ministro, búsquenles el acomodo en otro lugar, protejan a esos trabajadores de ese sector en su lugar correspondiente, no en un decreto de cultura. Porque el sacrificio animal ni es arte ni es cultura. Algunos dirán que es tradición y es cultura, y sí, la cultura incluye tradiciones entre otros aspectos, pero no precisamente como un bloque inamovible. Si algo caracteriza a la cultura, es que es algo vivo, una tarea que se va haciendo, que se va moviendo y construyendo a lo largo del tiempo. Hay una frase —que no es mía, pero es de esas frases que se te quedan grabadas en un rincón de la memoria, se quedan ahí— que creo que se ajusta perfectamente a lo que podría resumir este debate: Si las corridas de toros fuesen arte, el canibalismo sería gastronomía. No sé quién lo dijo, pero es certera. Sé que en este hemiciclo hay quien no estará de acuerdo, pero lo menos que se puede decir hoy en día de la fiesta de los toros es que está fuera de época. Si en su día fue un arte o no, no lo voy a defender yo, pero, en cualquier caso, si fue arte, fue un arte del pasado, y tradición, sí, pero una tradición que ya no encaja en este mundo en el que vivimos. Quienes se emocionan con las manoletinas, las verónicas, los naturales y las largas, no les importará nada si les menciono la Unesco, si les menciono la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, pero que tengan en cuenta que sostener la defensa de las corridas de toros es manifiestamente incompatible con lo que dicen estos organismos y estas declaraciones, y mucho menos con que sea auspiciado como factor cultural en este tiempo. Valentía, arrojo, todo eso que sus defensores dicen que rodea al mundo de la tauromaquia, su ministerio no lo ha demostrado. Este Gobierno no es valiente a la hora de elegir el camino correcto y, por ello, se ha sometido a las presiones de este mundo anacrónico y ha incluido en este decreto algo que está fuera de lugar. No ha elegido bien su paseíllo y al no elegir bien nos obliga a nosotros a elegir, nos obliga a aceptar algo con lo que no estamos de acuerdo y a la vez nos cuela algo con lo que estamos en total desacuerdo. Incluir las ayudas al sector taurino dentro de un decreto cultural no es de recibo, por decirlo así, no tiene un pase. Por ello nos abstendremos en este decreto y apoyaremos que se tramite como proyecto de ley. Presentaremos una enmienda que separe lo que es cultura y lo que no es cultura, y esperamos que la mayoría progresista de esta Cámara lo apoye de esta forma. Eskerrik asko, muchas gracias.

  40. Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

    Gracias, señora presidenta. No me alargaré ni me extenderé mucho. Decía el insigne intelectual y lingüista vasco Koldo Mitxelena: (continúa su intervención en euskera), que sería algo así como: no lo que yo deseo sino lo que nosotros necesitamos. Me parece que es una reflexión importante porque subyace de esa necesidad de sustituir el yo egoísta al nosotros colectivo y el deseo por la necesidad. Creo que en estos momentos en los que la pandemia tanto ha atacado precisamente la cultura, independientemente de que en mi caso sea algo que yo desee, sí es algo que nosotros necesitamos. Y las ayudas que nosotros en ese colectivo en que la cultura sin nosotros no tiene ninguna posibilidad, porque es un sector excesivamente débil para ser olvidado, creo que es sustancial que situaciones como las que hemos vivido y seguimos viviendo necesiten de esa cobertura y de ese apoyo, independientemente de que esté mejor o peor el real decreto, estemos totalmente de acuerdo o no, contemple o no contemple todo lo que debería contemplar o contemple cosas que quizás no debería. En cualquier caso, la situación derivada de la pandemia ha generado que la cultura se encuentre en una situación muy complicada, una de las más damnificadas, como usted, señor ministro, y otros intervinientes han dicho y lo van a decir, porque la pandemia a su vez, independientemente de la situación económica desfavorable que ha generado, ha cambiado la forma de crear y de consumir. Quizá ha sido una adecuación a la situación, que es otra de las capacidades del ser humano, la adecuación y la resiliencia. No obstante, nos congratulamos, pues contempla la posibilidad de dotar, ayudar y dar cabida tanto en plazos como en cantidades y sectores a aquellos que se quedaron fuera del real decreto de mayo, que debatimos y apoyamos en esta Cámara. Asimismo —voy a repetir palabras que dije cuando se convalidó el anterior real decreto—, no podemos olvidar que, independientemente de la urgencia de este decreto y de su contenido, muchas actividades y formas de crear o difundir son precarias, con dificultad para sostenerse, necesitadas de empuje propio, porque el hecho cultural y artístico de por sí carece de normalidad, carece de estabilidad, porque sus características son así. Y este decreto refleja —también este— el vacío legal, fiscal y de protección social en el que se encuentran muchísimos profesionales de la cultura y del arte. Refleja la necesidad de una cobertura propia que, desgraciadamente, no tenemos todavía. Si le repito que la solución es el estatuto del artista, usted me dirá: Sí, pero no solo. Evidentemente. Esta situación de pandemia hubiera sido un problema con o sin estatuto del artista, pero ya le digo yo que, en relación con ciertas modificaciones que se han tenido que hacer y con ciertas situaciones que se han tenido que solventar, por lo menos hubiéramos sabido dónde acudir si hubiéramos tenido el estatuto del artista desarrollado. Usted nos prometió, señor ministro, que mucho antes de que acabara esta legislatura lo tendríamos. En esta Cámara se ha trabajado mucho para que eso pudiera darse y urge esa herramienta legal. El compromiso no sé cómo se lo tendremos que sacar, pero ya va siendo hora de que eso esté presente entre nosotros. Usted lo ha dejado caer de rondón en su intervención. Ha dicho que esto lo solventaremos con el estatuto del artista. Pues si esa es la herramienta que va a solventar muchísimas de las situaciones que hoy en día tenemos que solucionar a base de reales decretos, es hora de que se ponga en marcha. Es urgente y necesario y además es una solución. No vamos a hablar de lo que usted ya conoce y ha hablado. El ecosistema cultural de por sí tiene unas características y sin un empleo, sin una actividad económica sostenible, el sector en conjunto difícilmente puede ser sostenible y se trata de generar oportunidades laborales de calidad en cuanto a condiciones de trabajo e igualdad de oportunidades. Le hice referencia la anterior vez que vine a que el Observatorio Vasco de la Cultura decía que el origen de las distintas problemáticas se encuentra en las características especiales, precisamente, de ese trabajo: la eventualidad y la heterogeneidad del colectivo. Son dos principios importantes. Este decreto también intenta solventar aquellas lagunas que el decreto de mayo no pudo, pero es que hasta que se produjera el decreto de mayo también hubo una especie de vacío que hizo que cierta gente se quedara fuera. Todos conocemos la problemática de la situación. La Euskal Aktoreen Batasuna, la Asociación de Actores Vascos, escribía una carta en la que lo dejaba muy claro: Nosotros estamos no sé cuánto tiempo trabajando, pero nos dan de alta el día que hacemos la función. Y, claro, el 15 de marzo decayeron todas las funciones, todas las actividades, por lo que todo aquello que teníamos comprometido no nos cotiza, no consta. ¿Qué hacemos ante esa tesitura? Sabemos que es una situación muy complicada y espero que a estos colectivos se les de la respuesta que necesitan, la respuesta correspondiente, porque, claro, tuvieron que tirar de su propio paro y eso se acaba. Eso se acaba. También otros colectivos —voy acabando, señora presidenta— han sido incluidos en este decreto. Evidentemente, todo ese sector necesario para que otras personas creen, escenifiquen, actúen, canten, etcétera. Se han dicho desde el que ilumina hasta el que graba, desde el que decora hasta el que sonoriza; todo eso debe estar contemplado, evidentemente, y no lo está. Sobre la tauromaquia solamente diré que creemos que no debería estar en este decreto. Lo he dicho más de una vez, ¿por qué está dentro de la cultura? Porque en esta Cámara se decidió que era un bien cultural. Y, ¿por qué se decidió que era un bien cultural? Por una cuestión de estrategia política, es decir, porque hasta entonces se legislaba desde las comunidades autónomas y, ¿cómo hacer para que las comunidades autónomas no decidan si en esa comunidad autónoma hay o no hay toros? Pues elevándolo, subiéndolo a la categoría de bien cultural y así el Estado es el que decide qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que se hizo aquí, una trampa para que en ciertas comunidades autónomas sus autoridades no pudieran decidir si hay o no hay toros, independientemente de que te gusten o no, de estar a favor o en contra.

  41. Agirretexea Urrestisin identificar

    Finalizo, señora presidenta. Por lo tanto, vamos a apoyar este decreto porque consideramos necesario que la gente que sí está incluida pueda tener estas ayudas y pueda volver a una situación mínimamente digna dentro de su actividad. Muchísimas gracias, señora presidenta.

  42. María Muñoz Vidal Cs

    Gracias, presidenta. Buenos días, buenos días, ministro. Hoy los diferentes portavoces hemos conseguido mezclar en el debate de este real decreto una serie de temas que, como ya se ha dicho aquí por algún otro portavoz, son un totum revolutum, pero todos ellos giran en torno a un núcleo que es la crisis económica y el desempleo. Ya lo saben, pero lo voy a repetir en esta tribuna. Esta crisis económica en la que estamos subsumidos es un drama, es un drama que han puesto de manifiesto diferentes entidades internacionales, la última el Fondo Monetario Internacional, que dijo que España no volvería a crear empleo hasta 2026. Hoy por hoy tenemos más de medio millón de personas que han perdido su empleo durante esta crisis y todavía no lo han recuperado, y si esto sigue así, tendremos el doble de aquí a un año. También he dicho en varias ocasiones desde esta tribuna que la situación es crítica, por eso es imprescindible que sigamos preparando medidas para sostener y proteger el empleo. Pero, además, también tenemos que dar respuesta a los que ya han perdido su trabajo y no pueden encontrar otro o uno nuevo debido a las restricciones de la pandemia. Este Real Decreto 32/2020 contempla una serie de medidas muy concretas que el ministro ha explicado y detallado y que están divididas en dos bloques. Un primer bloque recoge en un único artículo la creación de un subsidio de desempleo especial. Y es especial porque va dirigido a aquellas personas que hayan agotado las prestaciones contributivas o asistenciales por desempleo a las que tuvieran derecho entre el 14 de marzo y el 30 de junio, siempre que no tuvieran derecho a solicitar ninguna de las anteriores ni fueran beneficiarias del ingreso mínimo vital o de alguna renta mínima de inserción de las comunidades autónomas. Medida que nos parece adecuada, señorías, porque permite acceder a una protección social inmediata a las personas que se quedaron en paro durante el primer estado de alarma y que, desde entonces, entre el confinamiento y la segunda ola, no han podido ni buscar ni encontrar trabajo. Sin embargo, señorías del Gobierno, esta ayuda se queda muy corta por varias razones. En primer lugar, el margen temporal que proponen es muy restringido porque tan solo a las personas afecta desempleadas del 14 de marzo al 30 de junio. ¿Y las personas que perdieron su empleo ya a principios del mes de marzo, cuando cada vez era más evidente que la pandemia se estaba comenzando a extender? ¿Y qué pasa con las personas que perdieron el trabajo tras acabar el estado de alarma? ¿No tendría más sentido, señorías, establecer un margen temporal más amplio si lo que se quiere realmente es ayudar a quienes han perdido su empleo en esta crisis sanitaria? En segundo lugar, en este primer bloque y este único artículo de medidas especiales para el desempleo, los requisitos que se exigen para acceder a esta ayuda excluyen directamente a miles de trabajadores temporales, a los famosos temporeros; en concreto, a todos los que no generaron derecho a la prestación contributiva o al subsidio de desempleo, porque ustedes lo que piden como requisito es que el trabajador haya agotado sus prestaciones, no que haya quedado desempleado dentro del ámbito temporal del subsidio. Un trabajador con un contrato temporal de menos de doce meses no genera ningún derecho a prestación por desempleo, y uno con un contrato de menos de seis meses tampoco genera derecho al subsidio por desempleo, salvo que tenga responsabilidades familiares. Todos los que no caen en alguno de estos supuestos quedan fuera de estas ayudas; es decir, olvidan ustedes conscientemente a los trabajadores vulnerables. Y no solo se niegan a que todos los trabajadores sean indefinidos, como pide reiteradamente Ciudadanos, sino que encima siguen perjudicando a los más débiles, que son los trabajadores temporales. Bien, como decía antes, este real decreto contiene dos bloques, ese era el primero, y el segundo bloque incluye medidas para el sector cultural. Es un sector que ha sufrido muchísimo el golpe del coronavirus, un sector muy importante en nuestro país, que es esencia y alma de lo que fuimos y de lo que somos. La cultura, señorías, es un pilar fundamental para nuestro avance y desarrollo como sociedad y no puede ser percibida como un lujo superfluo o dispensable. No podemos dejar abandonados a nuestros creadores, tampoco a nuestros artistas precisamente en estos tiempos cuando su arte y sus creaciones nos han sido de más ayuda en lo peor del confinamiento, cuando con generosidad, responsabilidad y desprendimiento muchos pusieron a disposición del común sus obras de manera gratuita y accesible. Señorías, la cultura es conocimiento, la cultura es tradición y vanguardia, la cultura es la historia y es la historia del ser humano en este mundo, y no podemos seguir dejándola a su suerte. El sector lo ha reclamado, ha denunciado literalmente que se mueren de hambre, y la respuesta por parte del Gobierno —siento mucho decirlo pero así nos lo han trasladado, señor ministro— han sido medidas tímidas y muchas veces un ministro ausente. Por todo esto, les adelanto que votaremos a favor de la convalidación de este real decreto-ley, pero pediremos su tramitación como proyecto de ley para poder mejorarlo vía enmiendas. No podemos bajar la guardia, pero tampoco podemos acomodarnos a la dureza de los tiempos y olvidar al sector artístico y cultural. Si nuestros ciudadanos y profesionales no lo están haciendo, el Gobierno tampoco puede permitirse el lujo de bajar los brazos. Por tanto, seamos ambiciosos, pensemos en grande y hablemos para la historia. Muchas gracias.

  43. Íñigo Errejón Galván MÁS PAÍS-EQUO

    Gracias, señora presidenta. En primer lugar, me veo obligado a hacer una precisión conceptual porque he escuchado a los señores de la bancada de la derecha esta mañana gritando: ¡libertad!, ¡libertad! y me veo obligado a hacer una precisión conceptual que tendríamos que hacer muchas veces desde esta tribuna. Es una diferencia muy sencilla: si para poder elegir dependes del dinero que tienes, no es libertad, es privilegio; donde hay privilegio, no hay la libertad; hay libertad donde hay derechos para todos, tengan el dinero que tengan en el bolsillo. . Hoy trae usted, señor ministro, un decreto que es de una asignatura fallida, de una asignatura pendiente, y no de su Gobierno, también de nuestro país. El COVID ha hecho que llueva sobre mojado y que lo que estaba mal esté ahora fatal. Se lo advertimos al inicio de los estados de alarma en marzo y en abril, presentamos enmiendas al Decreto 17/2020 en mayo y hoy lo manifestamos preocupados. El sector se está hundiendo, está en una situación muy crítica, y usted trae un flotador cuando lo que haría falta sería un transatlántico. El sector de la cultura y el de los eventos necesita, en primer lugar, ayudas directas y sin rodeos. Miraba con envidia, y lo decía el otro día, las ayudas que pone en marcha el Estado en Alemania para ayudarle, compensando hasta con un 70 % de las pérdidas a las salas de conciertos o a los teatros que tengan que cerrar. ¿Eso qué va a significar? Que les ayuda a hibernar y que cuando después de esto puedan salir, se encuentren con el tejido cultural no intacto pero sensiblemente protegido. Aquí es posible que lo encontremos con décadas de retroceso. En segundo lugar, las ayudas existentes se han convertido en una carrera de obstáculos burocráticos y en la letanía del «vuelva usted mañana». La plataforma Alerta Roja, que usted citaba, nos señalaba que solo dos de cada diez músicos han podido acceder a las ayudas. Esto pasa, fundamentalmente, porque el sector tiene una especificidad, la de la intermitencia: no hay conciertos todos los días; no hay exposiciones todos los días. Por tanto, los decretos tienen que atender a toda esa especificidad. Lo irónico, señor ministro, es que ese trabajo ya está hecho; es irónico y es triste. Están hechos el diagnóstico, las propuestas y las políticas públicas, y, además, con un alto grado de consenso, en el estatuto del artista, que debe desarrollarse de inmediato. Si se hubiera desarrollado, no nos encontraríamos hoy en esta situación. Y hay un agravio que no llego a entender, señor ministro. Estos días todos hemos sentido que la cultura nos acompañaba más, y es bueno recordar que detrás de las películas, de las canciones, de los conciertos o de los libros hay profesionales. Algunos son más visibles y otros son invisibles. Entre estos invisibles hay gente que se pone detrás de una cámara, otros que tiran de los cables, otros que cortan la calle, otros que maquillan o hay otros que trabajan en el sonido. Pues no entiendo el agravio de que estos invisibles cobren la mitad de ayudas, hasta 430 euros, durante menos tiempo y con más requisitos. El COVID nos ha enseñado que, a menudo, los más invisibles son los más imprescindibles. Señor ministro, la cultura, y en el diagnóstico espero que coincidamos, es esencial en dos sentidos. En un sentido, porque nos ayuda a hacer sociedad, nos permite ponernos en la piel del otro. En otro sentido, porque la cultura no está pidiendo una limosna ni está pidiendo caridad ni está pidiendo ayuda, está pidiendo una apuesta decidida y firme de país que haga que lo que es una industria que genera mucha riqueza y muchos empleos pueda generar aún más. En España debemos comenzar a tomarnos en serio nuestro sector cultural, que es tanto como decir que nos tomamos en serio nuestro país. Muchas gracias.

  44. Laura Borràs Castanyer JxCAT-JUNTS

    Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, hoy debatimos la convalidación de este decreto-ley, que es necesario pero, una vez más, insuficiente y que, como siempre, llega tarde. Instalarse en la cultura de lo insuficiente lleva asociado instalarse en la cultura de lo ineficiente. El sector cultural, usted lo ha dicho, es uno de los sectores más afectados por la pandemia y, si en una situación de normalidad ya podríamos considerar que es uno de los sectores más olvidados, ahora está afrontando una situación insostenible. Se necesita rigor, eficiencia y celeridad. Las cosas, y este real decreto es un ejemplo, se pueden hacer mejor siempre, pero, sobre todo, en estas circunstancias hay que hacerlas más rápido. No podemos permitir que los efectos secundarios de la pandemia se ceben en el ámbito de la cultura, porque la cultura no es, y usted lo sabe perfectamente, un ámbito secundario. Agradece el mundo de la cultura la empatía, por supuesto que sí, pero necesita recursos y no pueden llegarle tarde y con cuentagotas. El sector está sufriendo y necesita más ayudas. Ustedes tienen las competencias en materia de Seguridad Social y de trabajo y podrían y, de hecho, tendrían que haber sido más generosos y eficientes. Como Gobierno, habrían tenido que hacer frente común para fijar las cuotas de los autónomos, que son multitud —usted lo sabe— en el mundo de la cultura. Tendrían que haberse fijado las cuotas conforme a los ingresos o haber permitido flexibilizarlas según la facturación a partir de un determinado mínimo. ¿Cómo se pueden pagar 350 euros al mes de cuota o pagar un IVA si no se ha cobrado la factura y si no se factura un mínimo? Hay que tener en cuenta cómo se pueden gravar los impuestos a la actividad económica sin que esa actividad económica se pueda llevar a cabo a causa de la pandemia. España es el único Estado de Europa que no ha concedido ayudas directas a profesionales, empresas o entidades, y solo ha dado créditos. Solo ha facilitado avales promoviendo de esta manera el endeudamiento. Hay que dejar de penalizar y ahogar a los emprendedores, porque la cultura se ha reinventado también en tiempos de pandemia. Piensen, por ejemplo, en el esfuerzo que hacen los profesores de lengua para no dejar a sus alumnos sin clases y apostando por soluciones online o piensen, por ejemplo, en un actor como Martí Perarnau, que ha convertido el comedor de su casa en un teatro para no renunciar a su profesión y poder trabajar en su municipio, considerando las restricciones de movilidad, y en grupos permitidos por las autoridades sanitarias. Son ejemplos de los miles de personas que han emprendido proyectos culturales pese a las circunstancias y que deben poder subsistir. La semana pasada el Senado aprobó una moción de Junts per Catalunya en defensa del sector cultural, rebajando el IVA en los productos y en las actividades culturales. Ahora que está tan de moda utilizar el verbo blindar, lo que es necesario es blindar la cultura como servicio básico esencial —me ha gustado oírlo en su exposición inicial—, como bien de interés general, como elemento de crecimiento individual y colectivo, pero también como una fuente de generación de empleo y de actividad económica. Por eso resulta oportuno y coherente aplicar una fiscalidad reducida al consumo de sus bienes y servicios. Así lo han entendido los Gobiernos de la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea y no se podría comprender qué razones justificaban que España no aplicara estos tipos impositivos reducidos. Cuando anuncian medidas sociales de apoyo a los trabajadores del sector cultural se refieren a los profesionales de la tauromaquia y lo anuncian con una plaza de toros por si no hubiera quedado claro. Marca España. Termino. La cultura es un sector maltrecho por el virus de quienes no creen en ella y no se dan cuenta de que la cultura es lo que nos queda cuando ya no nos queda nada. Y nada tendrá sentido si la cultura no es parte de la vida del mayor número posible de personas, así que apuesten por la cultura de verdad y verán cómo todos salimos ganando. Muchas gracias.

  45. Joan Margall Sastre ERC-S

    Gràcies, presidenta. Bon dia, diputades i diputats . Buenos días, ministro. Debatimos sobre la convalidación del Real Decretoley sobre medidas sociales complementarias destinadas al sector cultural. Pero antes de hablar de este real decreto repasemos un poco cómo ha sido la gestión de este Gobierno en relación con las ayudas al sector cultural en tiempos de pandemia. Ustedes, ministro, se despertaron en mayo, cuando ya llevábamos más de siete semanas de estado de alarma y de cese de actividad del sector cultural, y aprobaron el Real Decretoley 17/2020 de ayudas al sector cultural. Es un sector ya de por sí precario y con deficiencias estructurales que muchas veces requiere de inversión pública para su mantenimiento como bien esencial y como bien de necesidad pública. Ese real decreto-ley, como ya dijimos en su debate, entendíamos que se quedaba corto y no daba las ayudas suficientes a muchos profesionales del sector, quedándose a la intemperie y sin que nadie les acompañara en esos momentos tan duros. Pues bien, nosotros y otros grupos presentamos enmiendas en la línea de mejorar ese real decreto, después de muchas reuniones con el sector, para tramitarlo como proyecto de ley incorporando medidas que llegarían a más trabajadores del mundo de la cultura. A día de hoy ni siquiera se ha creado la ponencia para poderlo discutir. Se aprobó en mayo, estamos en noviembre y ni siquiera se ha creado la ponencia. Su incompetencia y la de su ministerio es tal que han tenido que aprobar seis meses después medidas complementarias que lleguen a determinados sectores del mundo cultural porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo entre diferentes ministerios de su Gobierno para tramitar la ponencia e introducir mejoras que beneficiarían a muchos trabajadores del sector cultural. La verdad es que nos parece una vergüenza. Y cuando lo hacen, cuando aprueban otro real decreto-ley, incluyen ayudas al sector de la tauromaquia y lo publicitan diciendo que con estas ayudas también se beneficia al mundo de la cultura. La verdad es que no sé si realmente ustedes creen que la tauromaquia consiste en torturar a un animal en una plaza hasta matarlo, es parte de la cultura, como ustedes defienden en este real decreto, y más después de la incoherencia que supone haber defendido ustedes una Lomloe que introduce en la educación la empatía hacia los animales. No sé si se lo creen o es que han sucumbido a los gritos de la ultraderecha, que se rasga las vestiduras al pedir ayudas para la tauromaquia. Pero nosotros le decimos alto y claro que torturar a un animal hasta matarlo no es cultura, y ustedes, que se autodenominan el Gobierno más progresista de la historia, deberían saberlo. Pero a estas alturas ya nos extrañan pocas cosas viniendo de un ministro que parece a veces más de Ciudadanos que socialista, que twittea que en España se habla el castellano, el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano, comprando las tesis del terreplanismo lingüístico de Ciudadanos y PP cuando dicen que el valenciano y el catalán son dos lenguas distintas. Encima llaman esencialistas a quienes no comparten sus tesis, cuando se demostró claramente en el debate del Congreso del pasado martes que España solo habla español y que a quien se quiera expresar en otra lengua en este hemiciclo se le retira la palabra. Si quiere esencialismo, ministro, ahí tiene una muestra. Por tanto y en resumen, aun estando a favor de las ayudas a los sectores de la cultura que no se incorporaron en el real decreto-ley del mes de mayo, vamos a abstenernos por no estar de acuerdo en que se incorporen las ayudas a la tauromaquia. Gracias, presidenta. .

  46. María del Mar García Puig ECP-GUANYEM EL CANVI

    Bon día, bona tarda casi. Quería empezar citando El Mundo Today. El Mundo Today es una publicación satírica que a través de noticias falsas nos pone un espejo grotesco de la realidad. En el año 2014, en plena crisis y recortes, unos recortes que hicieron especial mella en la cultura, leíamos la siguiente noticia: los recortes obligan a despedir a una de las Meninas del cuadro de Velázquez. Además —decía la noticia—, la precariedad obligaría a retitular los cuadros más famosos de El Prado para hacerlos más acordes a la inestable situación de los y las trabajadoras del arte. Por ejemplo, de Goya, Saturno devorando a sus hijos pasaría a llamarse Saturno devorando a su becario; Los fusilamientos del 3 de mayo serían Los despidos improcedentes del 3 de mayo, y Dánae recibiendo la lluvia de oro , de Tiziano, pasaría a ser Dánae recibiendo el finiquito. Más allá de la carcajada que pueda suscitarnos esta noticia, sobre todo a las personas que vivimos en nuestras propias carnes los recortes de la cultura, lo que El Mundo Today muestra con esta noticia es cómo la precariedad de la cultura afecta al mundo del arte, cómo lo empobrece y cómo mata su diversidad. Por ello, las víctimas de la precariedad del sector cultural no son solo sus trabajadores y trabajadoras, sino que lo es toda la sociedad. Desafortunadamente, igual que pasó en 2014, la crisis sanitaria que estamos viviendo se ha cebado especialmente en la cultura. La cultura fue lo primero en cerrar y, sin embargo, ha sido de los últimos sectores en recibir ayudas. Aunque nos hubiera gustado que este real decreto —que es ya el segundo en el ámbito de la cultura desde el inicio de la pandemia— llegara antes, es una buena noticia porque se trata de un real decreto que busca proteger a los y las trabajadoras de la cultura y, con ello, busca también proteger una cultura para todas. El real decreto —se ha explicado ya— no solo prorroga las ayudas del primer real decreto sobre cultura que se aprobó, sino que las amplía y crea un subsidio excepcional para el personal técnico de la cultura. Se recoge así una de las grandes demandas del sector, que se manifestó, por ejemplo, a través de iniciativas como Alerta roja, y se pone en evidencia que este Gobierno escucha, que este Gobierno rectifica y que este Gobierno sigue con su empeño de no dejar a nadie atrás. Pero es que además lo que hace este real decreto es dar un paso más —un paso insuficiente, un pequeño paso, pero un paso— en reconocer la importancia de la cultura en nuestra sociedad, porque la cultura es un derecho, así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por mucho que les moleste a los de la mítica «¡Muera la inteligencia!», los derechos culturales están ampliamente reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. La ciudadanía no solamente vive de ir de casa al trabajo. Por eso, quiero reivindicar aquí una vez más que la cultura es segura y que es totalmente incomprensible que en algunas comunidades autónomas, como en Cataluña, se pueda ir a misa y no se puede ir al teatro. . Este derecho humano, que es la cultura, no está garantizado hasta que la precariedad no deje de ser el denominador común a todo el sector cultural. Lo explicaba Remedios Zafra en un ensayo titulado El entusiasmo, ya antes de la pandemia. La pasada crisis fue devastadora para el sector cultural y desde entonces el sistema cultural vive de personas creativas, que en la mayoría de los casos viven en absoluta precariedad, y cuyo entusiasmo es lo que se utiliza para justificar su explotación laboral. Este real decreto busca paliar una situación de emergencia, pero, señor ministro, necesitamos políticas a medio y a largo plazo más ambiciosas, más estructurales. Al fin y al cabo, debemos considerar la cultura como un derecho fundamental. Recientemente, profesionales y activistas de la cultura presentaron un manifiesto en el que defendían que una renta básica universal era la mejor política cultural posible. Propuestas como esta ponen encima de la mesa que es necesaria una redistribución de la riqueza para que el oficio de la cultura, pero también el acceso a la cultura, sea para todos y todas y no sea un privilegio. En este sentido, como mujer, como persona que se dedica a la cultura, como editora antes que política, quiero poner sobre la mesa un elemento esencial en que la cultura sea un privilegio, que es la desigualdad de género en la cultura. Los trabajos culturales son territorios ampliamente feminizados, con una gran mayoría de mujeres y, sin embargo, cuando encontramos trabajos donde hay un mayor prestigio y una mejor remuneración, curiosamente las mujeres desaparecemos. Hace pocos días el Observatorio de igualdad de género en el ámbito de la cultura presentaba un estudio muy valioso que señalaba esta desigualdad notable en términos de género en la cultura con todos los detalles. Debemos afrontar esta desigualdad de género con urgencia e ir a su misma raíz. Por eso, apoyamos el nuevo impulso que el Ministerio de Cultura quiere dar, a través de los Presupuestos Generales del Estado, al Observatorio de igualdad de género en el ámbito de la cultura y le pedimos que siga trabajando en ese sentido, con determinación, con ambición y con una consideración de la cultura como elemento esencial para lograr la justicia social. No quiero acabar sin mencionar el tema de la tauromaquia. En esta cuestión tengo que alinearme con otros portavoces que han hablado antes y que consideran que este no es el lugar para las ayudas a la tauromaquia. En Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común consideramos que la tauromaquia no es cultura, que es maltrato animal y, por lo tanto, pensamos que no se deberían destinar fondos a la tauromaquia. En todo caso, deberían destinarse a un plan de reconversión del ámbito taurino. Nuestra sociedad ha dicho claramente que en su mayoría no quiere toros y esta Cámara va a tener que aceptarlo. . Gracias. Quiero acabar con una cita de Remedios Zafra que quiero dirigir hoy, después del espectáculo que hemos vivido, muy especialmente a aquellos que se ponen tan nerviosos cuando hablamos de derechos culturales, de educación pública o de riqueza lingüística. Dice Remedios Zafra: Si el poder en Occidente tuviera voz, habría sido un eco que atravesaría el pasado. No es bueno que los pobres creen. No lo es porque la creación es movilizada por el conocimiento, el conocimiento genera conciencia y la conciencia es pregunta que interpela: Eh, tú, ¿por qué tienes tanto y yo nada? Señorías, a ver si esto es lo que a ustedes les pasa; a ver si tanto vociferar defendiendo privilegios y no apoyando a la cultura va a responder a este su verdadero objetivo político, que es que no les toquen el bolsillo. Muchas gracias. .

  47. Ángel López Maraver VOX

    Buenos días, presidenta. El Gobierno nos trae un real decreto en el que ha dejado abandonado a todo el sector cultural y lo manda a la miseria. Ya no convencen ni a sus cuatro amigos millonarios del artisteo progre regados con paguitas. Pretenden ahora colárnosla diciendo que se les han acabado las paguitas de primavera-verano y ahora vienen con la colección otoño-invierno. Y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, le ofrecemos una limosna al mundo del toro y al del circo. Han puesto ustedes en las colas del hambre al sector taurino, a los trabajadores de la danza, de la lírica, del mundo del circo, del teatro, a escritores, libreros, pintores, escultores, empleados del cine y personal técnico y auxiliar del sector de la cultura. Señor Rodrí guez Uribes, se lo dije, el Decreto 17/2020 resolvía poco o nada el problema de fondo de nuestra cultura. Por eso ahora, que viene con otro parche mal pegado que pretende reírse en la cara de todo el sector cultural, los profesionales de la cultura necesitan una solución definitiva. El decreto de primavera puso a los profesionales de la cultura en las colas del hambre y este de noviembre es aún peor: pan para el primer plato y hambre para el segundo. Son ustedes especialistas en reventar sectores. Reventaron el sector del automóvil, posteriormente reventaron el sector del turismo; turismo que en su gran mayoría viene a España, precisamente, a disfrutar del patrimonio histórico y cultural, no de esas películas ideológicas que nadie ve. Y ahora el empeño con este decreto es darle la puntilla definitiva al sector cultural. Ustedes quieren a España entera pidiendo limosna. En este decreto hacen referencia al vencimiento inminente de las prestaciones recogidas en el decreto de mayo. ¿Por qué han tenido que esperar a que se aproxime el vencimiento de estas prestaciones para prorrogar su efecto? ¿Por qué no dan una solución definitiva, que no de tres meses? Le aseguro que el 31 de enero volverá usted aquí a hacer un brindis al sol. Paguen las nóminas y dejen trabajar a la gente con las medidas de seguridad oportunas. Crean un subsidio por desempleo excepcional para personal técnico y auxiliar del sector de la cultura, subsidio que será igual al 80 % del indicador público de rentas de efectos múltiples mensuales vigentes. Para que todos nos entendamos, al señor o señora que trabaja para una empresa del sector auxiliar y que reúne las dificilísimas condiciones que han impuesto para cumplir los requisitos de ayuda, se le van a otorgar 430 euros mensuales durante tres meses. Señores del Gobierno, esto es lo que ganan ustedes en día y medio. Nos devuelven ustedes a los recortes de la época de Zapatero, a los famosos 400 euros de la ruina. Peor aún, si esta gente es autónoma, ya saben lo que hace el Gobierno con los autónomos: palos y más palos; y euros, cero. Los españoles se están hartando de que ustedes tengan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; paguen el 100 % de las nóminas a todo el mundo. Como mucho, a su yincana burocrática van a acceder unas 3000 mil personas, eso supone 4 millones de euros. Señor ministro, viene usted aquí a sacar pecho y las cifras le están dejando en evidencia como le han dejado en evidencia las más de 750 enmiendas registradas en el RD 17/2020 que vino usted a presentar en primavera presumiendo y que ha sido un fracaso absoluto, como ya le advertí; entre otras cosas por eso está usted aquí de nuevo hoy. Ahora le pregunto, ¿qué solución le van a dar al sector del circo, al espectáculo más antiguo del mundo, con más de 3000 años, al que llevan ustedes matando de hambre desde marzo? Cuando usted se digne yo le presento a la familia Segura Quirós del circo Alaska, del circo Quirós, del circo África y del circo Nevada, 18 hermanos con sus 84 hijos, más de 9 primos, con sus 21 hijos más otras 40 familias asalariadas y todo el personal auxiliar. Más de 1000 personas paradas en una campa desde las Navidades del año 2019, teniendo que dar de comer no solo a ellos, sino a decenas de animales —caballos, elefantes, leones— que comen todos los días, pero parece que al animalismo radical con el que este Gobierno de coalición comulga le importa bastante poco este asunto; ellos más allá de perros y gatos, si te visto no me acuerdo. Eso sí, prohibir y prohibir. El sector del circo es muy vulnerable, la mayoría de sus miembros son autónomos, por lo que estas medidas no les solucionan ni uno de los problemas a los que se están enfrentando por su temporalidad. Señor ministro, si quiere usted hacer algo, promueva el circo como parte de nuestra cultura nacional y permita la celebración de sus espectáculos con garantías sanitarias. . Por otro lado, su absoluto sectarismo ideológico ha reventado el segundo espectáculo de masas de nuestra nación, una expresión cultural internacional que salta el Atlántico y cruza los Pirineos: nuestra fiesta nacional. Se lo dije en primavera y se lo repito, la tauromaquia es riqueza, patrimonio cultural arraigado a las raíces de España, con vectores ecológicos, productivos y hasta jurídicos de nuestra nación; es cultura en el sentido más alto y más real de la palabra, que es la implicación con la propia patria, una implicación histórica y real hacia las artes de todo tipo y la creación, una implicación frente al mundo rural y ecológico desde hace muchos siglos y un bastión esencial frente a la España que muchos llaman vaciada y que ahora está más viva que nunca. . Sin embargo, lo que han hecho ustedes con la tauromaquia en este decreto es una absoluta trampa y una tomadura de pelo. Proponen el acceso a una ayuda extraordinaria a banderilleros y picadores que no se han acogido a prestación por desempleo desde que acabaron las corridas en octubre de 2019. Directamente esta gente no existe. ¿De qué ha vivido esta gente si no desde hace un año? Y si alguien existiera tiene que haber participado en 2020 es más de 8 espectáculos taurinos. ¡Si se han encargado ustedes de prohibir el 99 % los espectáculos este año! Por lo que tampoco existen. Y si quedara alguno, tiene quince días para acceder a las ayudas. Y después del 31 de enero, ¿qué pasa? Los toros en este país empiezan en el mes de abril. Ese decreto se ha reído a la cara del mundo del toro. No existe ni una sola ayuda para empresarios, para plazas de toros, para organizadores de festejos populares ni para ganaderías de lidia y mucho menos para matadores de toros. Señores del Gobierno ecologista animalista, han matado ustedes de golpe el 99 % de los toros de este país; han arruinado a cientos de ganaderías que se han visto obligadas a llevar al matadero a miles de cabezas que no han tenido cómo alimentar y, lo más sangriento y grave, están a punto de acabar ustedes con el toro bravo, raza autóctona española de potencial genético inigualable que permite el desarrollo de una fauna y flora únicas donde existe un equilibrio biológico perfecto y sostenido: la dehesa. Señor ministro, antes o después todos los sectores de la cultura ya han pedido su dimisión, ¿sabe por qué? Porque han dejado ustedes tirado a todo el mundo y, lo más grave, está usted quitando a la gente lo suyo y lo que es de la gente —sus tradiciones, sus fiestas populares, la fiesta nacional, sus costumbres— es lo más sagrado que tienen, y eso no se lo van a perdonar. Pese a todo ello votaremos favorablemente, porque en tiempos de ruina incluso un mendrugo quita el hambre. Muchas gracias (aplausos de las señoras diputadas y de los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

  48. Eduardo Carazo Hermoso PP

    Muchas gracias, presidenta. Señor Errejón, una precisión conceptual: Si hay concertada, las familias humildes podrán elegir; si solo hay pública o privada, solo podrán elegir los ricos. Esa es la libertad de la que hemos hablado esta mañana. . Señorías, señor ministro, debo reconocerle que al principio me ha extrañado que un decreto-ley sobre subsidios y prestaciones por desempleo lo defendiera usted y no la ministra de Empleo, la señora Díaz, pero luego lo he pensado mejor y no me ha extrañado tanto porque ¡menudo papelón para la señora Díaz defender este real decreto-ley. Porque es la derrota del sectarismo de la señora Díaz, especialmente en lo que se refiere a los profesionales taurinos. Aunque el ministro de Cultura defienda los derechos de los profesionales taurinos dependiendo del día y dependiendo del periódico, le ha ganado el pulso en este asunto a la señora Díaz, aunque sea de forma muy limitada y muy insuficiente. Desde el Grupo Popular nos alegramos de que por una vez con este Gobierno no triunfen las tesis más radicales. Sin embargo, señorías, vayamos por partes. Este real decreto-ley establece, en primer lugar, un subsidio especial por desempleo para aquellos ciudadanos que hubieran agotado su prestación o el subsidio de desempleo durante el primer estado de alarma. Una ayuda que es positiva en medio de una enorme crisis económica y social como la que vive España, pero que de nuevo es un ejemplo le falta de previsión porque esta ayuda llega tarde y se queda corta, y además porque la señora Díaz es especialista en anunciar prestaciones que luego no paga. Un diario económico hablaba esta semana, citando a fuentes sindicales, de que un 40 % de personas en ERTE se enfrenta a impagos por el colapso del SEPE, y eso es dejar a mucha gente atrás, señor Rodrí guez Uribes. En segundo lugar, se extiende hasta el 31 de enero la posibilidad de acceso extraordinario a la prestación por desempleo de artistas en espectáculos públicos ante el agotamiento de las medidas del Real Decreto-ley 17/2020, como usted nos ha dicho. Esto no hubiera sido necesario si se hubiera tramitado ya en esta Cámara como proyecto de ley el real decreto-ley, como aprobamos el conjunto de los grupos del Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Por sus peleas, por las peleas entre Podemos y el PSOE, por las peleas entre Cultura y Hacienda, llegando a convocar incluso, de urgencia, una Mesa durante el Pleno del Congreso para alargar el plazo de enmiendas al real decreto-ley. Mientras el sector cultural sufre, ustedes dilatan una y otra vez la tramitación de esta norma. En tercer lugar, se establece un subsidio por desempleo excepcional para el personal técnico y auxiliar del sector cultural. Es de justicia que se ayude a unos trabajadores que se ven enfrentados a la misma intermitencia que los demás trabajadores de la cultura, que se han visto igualmente afectados por la suspensión de espectáculos culturales y que han estado desamparados durante ocho meses por su Gobierno. También a estos les han dejado atrás, señor Rodrí guez Uribes. Y en cuarto lugar, este real decreto aprueba el derecho a la prestación por desempleo de los profesionales taurinos —de Rondón, le han dicho sus nuevos socios de Bildu— y lo hace porque el Ministerio de Trabajo les ha negado un derecho que viene recogido en el Decreto-ley 17/2020, en el que se reconoce el acceso a la prestación por desempleo de los artistas de espectáculos públicos. Señorías, ¿son o no son los profesionales taurinos artistas de espectáculos públicos? Lo son, y lo son porque lo dice la ley, lo dice el Real Decreto de 1985 en su artículo 1: Quedan incluidas todas las relaciones establecidas para la ejecución de actividades artísticas desarrolladas directamente ante el público en medios como el teatro, el cine, la radiodifusión, la televisión o las plazas de toros. Y digo yo que el decreto, cuando habla de espectáculos artísticos en plazas de toros, no se referirá a los congresos de Podemos en Vista Alegre, aunque también den espectáculos, hay que reconocerlo. . Pero es que también la Ley de la tauromaquia dice con claridad que es parte del patrimonio cultural español. Si no se fían de nosotros, por lo menos fíense del defensor del pueblo, que fue diputado del PSOE —es verdad que de la otra generación, que dice ahora la señora Lastra—, y es una persona de prestigio que les ha dicho que no comparte la interpretación restrictiva y poco ortodoxa que hace el SEPE y, si tampoco se fían del defensor del pueblo, léanse su propio decreto-ley, que incluye el artículo de la prestación de los profesionales de la tauromaquia en el capítulo titulado Medidas de protección por desempleo de artistas que desarrollan su actividad en artes escénicas y espectáculos públicos. Son artistas de espectáculos públicos. Podríamos iniciar aquí un debate a favor o en contra de la tauromaquia y yo les podría citar, por ejemplo, al flamante premio Cervantes, a Francisco Brines, cuando dice que el toreo es el espectáculo más bello y más perfecto que han creado los españoles y es conocida la posición del Grupo Popular, para proteger como expresión cultural la tauromaquia. Algunos de ustedes discreparían frontalmente, pero es que no se trata de eso, se trata de ser justos con todos los trabajadores, de no discriminar a nadie; se trata de reconocer a unos trabajadores que han cotizado a la Seguridad Social su derecho a esta prestación; se trata de ayudar a trabajadores desesperados, que llevan seis meses sin tener ingresos, desde que en el mes de octubre del año pasado se acabara la temporada; se trata de trabajadores que en su mayoría no son primeras espadas, que son picadores, banderilleros, que tienen sueldos bajos y ganan unos pocos cientos de euros. Se trata de que la señora Díaz se entere de que es ministra de todos los españoles y no solo de los que votan a Podemos. ¿Qué opinarían ustedes si el Partido Popular desde el Gobierno aprobara un decreto en el que excluyera a un grupo porque no nos cayera bien o porque no votara al Partido Popular? ¿Qué estarían diciendo? Señor Uribes, ustedes han tenido por puro sectarismo durante muchos meses a muchas familias humildes sin saber cómo se iban a llevar el pan a la boca. ¡Olé los defensores de la clase obrera y trabajadora! . ¡Qué vergüenza señores de Podemos, qué vergüenza, señor Uribes! . Y, mientras, el Partido Socialista haciendo de don Tancredo, porque la ministra de trabajo es de Podemos, pero digo yo que el presidente es del Partido Socialista, ¿o manda el señor Iglesias? Y el señor ministro, como el dicho: Ni una mala palabra, pero ni una buena acción. Si de verdad quieren ayudar a estos trabajadores, reconózcanles el derecho a prestación por parte del SEPE desde el mes de marzo y con carácter retroactivo o aprueben con carácter retroactivo también las ayudas a los auxiliares y a los técnicos del sector cultural. Señora presidenta, termino. Estas medidas se quedan muy cortas y llegan muy tarde, pero los ciudadanos que pueden beneficiarse de ellas no tienen la culpa. Por eso, por responsabilidad vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley y solicitamos su tramitación como proyecto de ley para mejorar el texto en el sentido que le hemos transmitido. En la defensa de la cultura, de toda la cultura, encontrarán siempre al Grupo Popular. Muchas gracias, señora presidenta.

  49. Marc Lamuà Estañol PSC-PSOE

    Muchas gracias, presidenta. Que alguna señoría que representa aquí también a los partidos que están en el Govern independentista de Cataluña pida celeridad, agilidad y efectividad en las ayudas al sector cultural el día después de que su consejero haya abofeteado y humillado al sector cultural de Cataluña parando las ayudas que tenían que salir hoy, es un poco vergonzoso. . Ruborícense un poco por lo menos porque, señorías, con el pan de la cultura no se juega, con el pan de nuestros ciudadanos no se juega. Ese es el ejercicio de responsabilidad que el Gobierno de España está haciendo desde la pasada primavera, y es de celebrar que hoy en materia cultural, por lo que ha manifestado el conjunto mayoritario de los grupos de esta Cámara, se apoye este real decreto y la responsabilidad necesaria y común que en estos tiempos de pandemia necesitamos prevalezca; que por lo menos en materia de cultura y trabajo hoy podamos mandar ese mensaje de responsabilidad compartida a nuestra sociedad es de agradecer. Antes de entrar en la cuestión más directamente, permítanme decir cómo de necesario sería ver esa responsabilidad compartida con todas las diferencias imprescindibles en democracia, con todas las críticas ineludibles en la representatividad que ostentamos, señorías, cuán necesario sería verla, por ejemplo, los miércoles por la mañana sin restar un ápice de intensidad al debate, pero añadiendo toda la responsabilidad y ejemplaridad que hoy estamos viendo. Cómo sería de necesario también estas semanas que vienen en el debate presupuestario que desterráramos el populismo y la demagogia, que estuvieran, sí, la crítica, el debate e incluso la confrontación, pero ante todo el diálogo, el acuerdo, el pacto, porque ese pragmatismo, esta voluntad de solución, como la que hoy estamos demostrando en esta convalidación, esa asunción de los retos comunes es el mejor mensaje que los representantes políticos podemos mandar a la sociedad que representamos. A día de hoy —lo han dicho sus señorías—, no hay duda de que la cultura es uno de los sectores más duramente golpeados por esta pandemia. Por su propia naturaleza, por cómo se desarrollan la mayoría de sus actos y actuaciones, nuestros sectores culturales fueron los primeros en verse golpeados y debieron cerrar su actividad; y no nos llevemos a engaño, probablemente serán los últimos en poder recuperar la normalidad. Por eso, la cultura nos interpela directamente, señorías, requiere de nuestra respuesta, la exige. Nos exige ser ejemplares por y para la cultura; eso exige que seamos conscientes de la necesidad de adaptarnos a cada momento, a cada escenario, cierto, con celeridad, como algunos de ustedes pedían, señorías, pero siempre pisando en suelo firme. En este turbulento hemiciclo creo que hay un mínimo común denominador transversal en lo que a la lucha contra el COVID se refiere, no dejar a nadie atrás. Son estos reales decretos los que materializan esa voluntad compartida, señorías, los que aterrizan lo que debemos hacer a la realidad. Porque sí, esto va de no dejar a nadie atrás, y en la cultura, por las especiales condiciones de intermitencia, de temporalidad dentro del año de su empleo, eso significa un reto mayúsculo, porque el ministro Uribes impulsó un esfuerzo más que remarcable junto a otros ministerios, como el de Trabajo, para alumbrar el real decreto de mayo. Porque ahí dimos cobertura a nuestros sectores culturales, porque la tramitación que se ha mencionado como proyecto de ley lo enriquecerá, lo mejorará y, además —se lo digo de primera mano— estoy convencido de que también lo encabezará la ambición del mismo ministerio para encauzar alguno de los retos que tenemos por delante en esta legislatura y que han sido mencionados hoy aquí, en esta tribuna. Y cuando en el Partido Socialista decimos que nadie se quede atrás es en sentido literal. No mezclamos debates, señorías, no emponzoñamos con temas colaterales, no permitimos que nada aleje o desdibuje el objetivo central del esfuerzo que hoy nos trae aquí, no dejar a nadie atrás a lo largo de esta crisis. No nos abstenemos ante este esfuerzo ni allí donde gobernamos ni allí donde tenemos que ayudar a quienes gobiernan; la abstención no la llevamos en nuestro ADN, sí arrimar el hombro siempre. Porque, señorías, España y su cultura ya vivió la salida de una crisis comandada por el Partido Popular, basada en soltar lastre para flotar económicamente, lastre que era nada más y nada menos que nuestros trabajadores, nuestros ciudadanos, nuestra gente que trabajaba en la cultura. No esperen que hagamos eso, no esperen que hagamos eso, señorías. Si hemos decidido levantar con gran esfuerzo ese escudo social, es porque estamos decididos a no dejar a nadie atrás, en cultura también y especialmente. Porque este real decreto va de proteger los derechos de los trabajadores —no se equivoquen, no maticen— y los derechos de los trabajadores o se defienden siempre o no se defienden, pero trocear, escoger, no se puede. Esto no son las rebajas de los grandes almacenes. Los derechos de los trabajadores se defienden siempre y sin paliativos, señorías. . Debemos defenderlo, puesto que la cultura es uno de nuestros grandes espacios de futuro. Nosotros lo creemos, el Partido Socialista lo cree. Nuestra cultura, nuestras industrias culturales son y deberán ser uno de los motores principales para salir de esta crisis. Este nuevo esfuerzo que presenta hoy el Gobierno es para eso mismo, para no dejar a nadie atrás y ayudar a paliar en la medida siempre de lo posible el impacto que tiene el COVID en nuestro tejido cultural. Eso requiere —lo ha explicado el ministro— extender algunas de las prestaciones que ya pusimos en marcha y, cómo no, que impulsemos nuevas prestaciones para cubrir aquellos aspectos que la realidad nos ha enseñado y que todavía no habíamos atajado. Acabo. Señorías, la cultura es la argamasa con la que construimos España, juntos y diversos, plurales y unidos. La cultura también es el oro oculto a plena vista de nuestra sociedad. ¿Cómo si no generaría la transversalidad que hoy hemos visto en este hemiciclo? La cultura nos arraiga al pasado común y nos acuna en el duro presente, pero ante todo es nuestra gran oportunidad de futuro, como industria, como economía y como sociedad. Hoy nos pide justamente, pero sin duda para devolverlo con creces, como siempre ha hecho, mañana. Seamos justos y generosos y respaldemos todos por la cultura este real decreto-ley. Muchas gracias, señorías. .

  50. Magdalena Valerio Cordero PSOE

    Señora presidenta, señorías, la Comisión que me honro en presidir acordó en su pasada sesión de 27 de octubre encomendarme la tarea de presentar ante el Pleno de la Cámara el nuevo informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, que este año cumple veinticinco. En primer lugar, quiero agradecer a todos los y las portavoces de la Comisión su permanente renuncia a cualquier tipo de protagonismo, así como el empeño que han puesto en atenuar los no siempre coincidentes posicionamientos de sus respectivas formaciones políticas en orden a fraguar el consenso que resulta necesario para fijar las bases sobre las que se habrán de apoyar las futuras reformas de nuestro Sistema Público de Pensiones, todo ello para dar confianza y certidumbre a más de diez millones de personas que ahora cobran pensión y a las que aspiramos a hacerlo en el futuro. Quiero también expresar el agradecimiento de la Comisión a cuantos particulares e instituciones han colaborado a lo largo de cuatro largos años en la renovación del Pacto de Toledo. Es de justicia destacar la ayuda recibida del ministro Escrivá y de su equipo, especialmente de don Israel Arroyo, de don Borja Suárez y de Don Alberto Llorente, que nos han facilitado enormemente la redacción de los textos que hoy se presentan y, cómo no, la prestada por el letrado de la Comisión, don Ignacio Gutiérrez. El modelo vigente de Seguridad Social puede definirse, siguiendo a Beveridge, como «el conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejarán de presentarse por óptima que sea la situación del conjunto de la sociedad en la que vivan». De conformidad con ese modelo, se adoptó la Carta Social Europea, la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que contienen la regulación comunitaria básica en materia de protección social y garantizan la realización de los principios de contributividad, suficiencia, igualdad y universalidad en materia de pensiones. Suficientemente conocida es la evolución demográfica prevista para España, cuyas tres principales circunstancias son el incremento de la esperanza de vida, la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población; de tal manera que está ganando progresiva importancia el colectivo de personas de más de 67 años que, por desgracia, está resultando especialmente castigado por los letales efectos que está ocasionando la pandemia de la COVID-19. El punto de partida de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo estriba en evitar medidas que puedan desnaturalizar o hacer irreconocible el sistema de pensiones de nuestra Seguridad Social. Por tanto, se apuesta, en primer lugar, por un modelo público contributivo de reparto y solidario, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, en los términos que ordena el artículo 41 de nuestra Constitución. Será necesario profundizar en el principio de separación de fuentes, con el consiguiente desplazamiento de la financiación de los denominados gastos impropios a fin de recuperar el equilibrio financiero sin exceder del año 2023. Se significa singularmente la formidable aportación que han supuesto las cotizaciones sociales para financiar durante décadas la consecución de logros importantes para la sociedad, pero ajenos a los fines propios de la Seguridad Social. Se sigue defendiendo el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, garantizado por ley mediante una revalorización anual según el IPC real, así como la integración y convergencia de regímenes, con una apuesta clara por la aproximación en el marco del diálogo social de las bases de cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. La Comisión considera importante evaluar el impacto de la ampliación del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, en función del tipo de carrera profesional del trabajador, a menudo marcada por periodos de desempleo y precariedad. Dicha evaluación debe contemplar también otras medidas como la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de su base reguladora. Respecto a los incentivos al empleo, la recomendación 6 establece que, de acuerdo con el principio de separación de fuentes, la financiación de estos incentivos no podrá hacerse con cargo a las cotizaciones sociales y deberán concentrarse en el fomento de la contratación laboral de las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género, así como de personas desempleadas de larga duración. Además, dentro del marco del diálogo social debe incentivarse el mantenimiento del empleo de quienes tengan 55 o más años. También se asigna un papel destacado al reforzamiento de los recursos humanos y materiales de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo, a la modernización de los procedimientos, a la lucha contra el fraude, a la defensa del principio de contributividad y al papel de las mutuas colaboradoras. En relación con la edad de jubilación, la Comisión considera que la edad real debe aproximarse a la legalmente establecida, incentivándose la permanencia en activo de quienes lo deseen, así como reservando la jubilación anticipada para quienes cuenten con largas carreras de cotización, sin perjuicio de aquellas actividades que, por su singularidad, cuentan con una regulación específica propia. No obstante, también se considera que es necesario abordar el problema de las jubilaciones anticipadas, forzadas por las circunstancias en las que la aplicación de los coeficientes reductores comporta consecuencias que podrían vulnerar los principios de contributividad y de equidad. Respecto a las prestaciones de viudedad y orfandad, resulta necesario que gradualmente se lleve a cabo una reformulación integral sin alterar su naturaleza contributiva, incluyendo la supresión de aquellas discriminaciones injustificadas que afecten a la persona beneficiaria de la pensión por no existir un vínculo matrimonial previo. La acción protectora de esta prestación debe concentrarse en las personas beneficiarias con 65 o más años cuando la pensión constituya su principal fuente de ingresos, máxime teniendo en cuenta que el perfil más habitual entre quienes perciben esta pensión es el de una mujer de edad avanzada con escasos recursos económicos. Por otro lado, de conformidad con los artículos 41 y 50 de nuestra Constitución, la Comisión considera que la solidaridad y la garantía de suficiencia son valores fundamentales del sistema de pensiones y que, como tales, han de seguir reforzándose. En relación con los sistemas complementarios, la Comisión subraya la necesidad de impulsar de forma preferente los sistemas de empleo que integran el denominado segundo pilar del modelo de pensiones. Esta renovación del pacto se ocupa de manera extensa e intensa de la adopción de medidas estructurales para luchar contra la brecha de género en materia de pensiones, dentro del capítulo correspondiente a mujeres y Seguridad Social. También se apuesta por restaurar la confianza de los jóvenes en el sistema mediante la adopción de medidas encaminadas a su plena integración en el mercado de trabajo, así como la promoción del acceso a un empleo digno de las personas con discapacidad, cuyas singularidades habrán de ser tenidas en cuenta a la hora de acceder a una pensión y hacerla compatible con el trabajo. En relación con los trabajadores migrantes, se pone de relieve que los desafíos demográficos van a convertir la política migratoria en una pieza fundamental para el fortalecimiento del sistema de pensiones. Por otro lado, la robotización, el desarrollo de la inteligencia artificial y el surgimiento de la economía de plataformas digitales afectan a las relaciones laborales y también se proyectan sobre nuestro Sistema de Seguridad Social. Si ello implica un incremento de la productividad pero no del empleo y de las cotizaciones habrá que encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social. Por último, se destaca la necesidad de conseguir también un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social, por ello resulta indispensable que la Presidencia de la Cámara traslade formalmente estas recomendaciones a los miembros de la misma, organizaciones empresariales y sindicales más representativas y al Gobierno, concretamente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Solamente con la suma de ambos consensos político y social conseguiremos adoptar medidas eficaces que solucionen de forma duradera los importantes desafíos a los que se enfrenta hoy nuestra Seguridad Social, que es y debe seguir siendo un instrumento de vertebración, inclusión y cohesión que garantice la paz social y la estabilidad política. Muchas gracias. .

  51. Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano EH Bildu

    Egun on. Buenos días, presidenta, señorías, ministro. Dado el tiempo disponible, no puedo entrar al fondo del contenido de cada uno de los trece votos particulares que hemos presentado conjuntamente con el Grupo Esquerra Republicana, pero sí al menos quiero dejar constancia de su motivación. . Los movimientos sociales de pensionistas no están pidiendo imposibles, están pidiendo dignidad; el acceso a unas pensiones dignas es una cuestión posible y necesaria. No repitamos errores del pasado en el desarrollo de estas recomendaciones. La crisis de 2007 ya dejó patente que las reglas de la economía especulativa están muy alejadas de la economía real productiva y especialmente de las necesidades sociales. Hoy, terminando el año 2020, en medio de otra gran crisis en esta situación creada por la pandemia, no se puede plantear volver a aplicar medidas de restricción, medidas restrictivas. Salir de la crisis requiere el fortalecimiento de la demanda interna; reforzar las pensiones, especialmente las más bajas, significa dar vida a las personas pensionistas y a sus familias, pero también es un instrumento directo de reanimación de la economía. El anterior Pacto de Toledo se redactó allá por el año 2011, hoy estamos en una situación muy muy diferente. Sin embargo, este texto no ha cambiado básicamente en lo que es su estructura ni en sus elementos fundamentales, ¿Por qué? Porque básicamente estas recomendaciones, al igual que las de 2011, siguen respondiendo a las órdenes de la tecnocracia, al marco de las limitaciones que nos pone la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, esa élite burocrática que sigue ordenando reducir el importe de las pensiones; unas pensiones que en sus mismos textos pone que son generosas, lo dicen así, con este calificativo. ¿Pero qué hay de generosidad en una pensión de 400, 600 o 700 euros? Es irónico que todavía sigan poniendo estos adjetivos. Y estos mismos entes financieros no solo piden la reducción de las pensiones sino además, sabiendo los efectos que tienen sus políticas, proponen diferentes medidas para paliar la situación de empobrecimiento de las pensiones. ¿Qué proponen? Retrasar la jubilación más allá de los 65, incluso más allá de los 67; compatibilizar la jubilación con el trabajo; mejorar la pensión con complementos de pensiones privadas; apoyar las pensiones con rentas sociales de inserción. ¡Qué casualidad!, muchas de estas medidas coinciden con los ejes básicos que estamos recogiendo en el Pacto de Toledo. No podemos aceptar, por tanto, que estos acuerdos den por bueno este marco impuesto de limitación de derechos. No estamos de acuerdo con muchos de los aspectos básicos del texto de recomendaciones. Nuestros votos particulares parten, precisamente, de dos constataciones: primera, el Sistema de la Seguridad Social no es generoso y, segunda, la cuestión demográfica no es el problema, el problema es básicamente económico. En nuestros trece votos particulares proponemos reafirmar el mantenimiento y mejora del Sistema Público de Pensiones basado en el reparto y la solidaridad, así como reponer y compensar los recursos de la caja de la Seguridad Social desviados a gastos impropios. El pacto debe recoger que se haga una auditoría para saber a cuánto ascienden los excedentes que no fueron a ningún fondo de reserva desde el año 1978. En el tema de las mutuas es necesario un nuevo marco regulador y, respecto a la recomendación, pedimos la retirada del punto «extender los sistemas complementarios de pensiones». La privatización de las pensiones, aunque sean de empresa, no puede ser considerada como uno de los pilares fundamentales para reforzar las pensiones de la mayoría de la población. No tienen efecto redistributivo, de hecho son inalcanzables para muchos sectores de baja capacidad de ahorro, y, además, detraen futuros recursos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema Público de las Pensiones. Otro aspecto básico es que el Pacto de Toledo no debe consolidar reformas de Seguridad Social que reduzcan las pensiones, especialmente las más precarias, como son la implantación de quince años como periodo mínimo de cotización para obtener una contributiva, el incremento a veinticinco años de cálculo de cotización o el aumento de treinta y cinco a treinta y siete de cotización para tener el cien por cien. En nuestros votos particulares también defendemos que trabajar por encima de los 65 años tiene que ser voluntario. En el caso de las jubilaciones anticipadas, incluimos el derecho de aquellas personas que tienen cuarenta años o más de cotización a cobrar el cien por cien, una vez que alcancen la edad de jubilación. Y cuando son jubilaciones involuntarias, en el caso de treinta y cinco años cotizados que puedan acceder al cien por cien. También llamamos la atención de aquellas situaciones de pensionistas que se han visto afectados negativamente por cambios legislativos, eliminación de fecha límite y la cláusula de salvaguarda de las pensiones. Respecto a las cuantías, deben ser suficientes para vivir dignamente. El umbral de dignidad de las pensiones se debe establecer en el 90 % del salario digno. Según la Carta Social Europea, hoy un salario mínimo digno son 1200 euros; a eso le corresponde una pensión mínima digna de 1080. Termino, señorías. Estas recomendaciones de la Comisión no recogen necesidades básicas de las y los pensionistas. Que el Pacto de Toledo no responda a estas demandas de los movimientos de pensionistas es muy grave. No apoyar aquí hoy la eliminación de las pensiones de pobreza o la supresión de los recortes de los derechos de los y las pensionistas es una gran responsabilidad de la que tendrán que responder ante la sociedad. Con estos votos particulares tratamos de lograr una base de acuerdo para que los nuevos pactos sociales consigan un nuevo consenso social. Hoy, en este Pleno, no va a ser así, pero aspiramos a que estas propuestas sean tenidas en cuenta en el posterior proceso de negociación que deberá abrirse con los agentes sociales y en el proceso de redacción de una nueva ley de Seguridad Social. Será importante que en estos procesos participen también los agentes sociales representantes de los y las pensionistas. Estén seguros de que, si se hace así, se abrirán procesos de recuperación de confianza con este Gobierno. Los y las trabajadoras de ayer, quienes levantaron la Seguridad Social, son los jubilados de hoy. Se lo merecen. Muchas gracias. .

  52. Pablo Cambronero Piqueras Cs

    Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, ministro. Antes de empezar, como siempre que me subo a esta tribuna, me gustaría dirigirme a todos los españoles que están sufriendo la segunda ola de esta terrible pandemia para transmitirles toda nuestra fuerza, nuestro apoyo, nuestro cariño y el pésame a las cientos de familias que, día tras día, están perdiendo a un ser querido con este terrible virus. Señorías, espero que el espíritu de acuerdo que hemos protagonizado en el ámbito de los trabajos de esta Comisión reine también en la votación de este Pleno, aunque ya hemos visto con tristeza que hay varios grupos que se han autoexcluido de este gran acuerdo. Es interesante analizar el acuerdo de la Comisión. La mayoría de los grupos parlamentarios votamos a favor del informe que hoy estamos debatiendo. De este acuerdo se han autoexcluido VOX, Esquerra y Bildu. Es curioso que en materia de pensiones, donde hoy más que nunca es necesario un acuerdo de futuro y para la reforma de la Seguridad Social que se nos viene, no tengan nada que aportarnos. Hoy es un día importante. Los trabajos de muchos años de diputados aquí presentes y no presentes se plasman por fin en una guía a seguir por el ministerio. Nosotros sí suscribimos ese acuerdo y por eso vamos a votar a favor de este informe, y también adelanto ya que vamos a estar muy vigilantes del cumplimiento de lo que contiene. Me gustaría rendir homenaje también a todos los diputados y agentes sociales que con su trabajo contribuyeron a lo largo del tiempo a la creación de este texto. Especialmente, me gustaría mencionar a María Muñoz y a Sergio del Campo, diputados de mi grupo parlamentario, Ciudadanos; también a la presidenta de la Comisión y a su buen talante, que sin duda ha sido esencial; al letrado y su incansable trabajo, y a los técnicos de la Seguridad Social. Gracias por tanto y tan buen trabajo. Pues bien, como decía, después de cinco años de trabajo, por fin la Comisión ha podido crear y consensuar unas nuevas recomendaciones que deberían y tienen que servir de base para la próxima reforma de nuestro Sistema de la Seguridad Social. Analizando el texto de las recomendaciones, creo que es necesario reconocer primero los retos a los que nos estamos enfrentando. Por un lado, tenemos que conseguir el reequilibrio financiero del sistema, lo que no es baladí. Necesitamos cerrar el déficit estructural de 16 000 millones anuales, a los que este año se van a sumar más de 40 000 millones precisamente por la crisis del COVID. Lograr este objetivo es fundamental. Por otro lado, cobra especial importancia como principio general —que de hecho inunda todo el texto y de lo cual nos congratulamos— el principio de separación de las fuentes de financiación. El planteamiento que hay detrás de este principio es muy simple: las prestaciones contributivas han de financiarse siempre con cotizaciones y las no contributivas con cargo a los ingresos generales del Estado. Esto es algo que no ha venido sucediendo tradicionalmente y que tenemos que empezar a hacer urgentemente. Se certifica en el texto el principio de contributividad, que hace referencia a la necesaria existencia de una relación proporcional entre lo cotizado y lo percibido por cada trabajador. Es un principio que debe mantenerse porque, al fin y al cabo, si lo que un trabajador percibe no guarda relación con lo que aporta puede acabar pensando que no tiene sentido contribuir. Otro reto al que se enfrenta nuestro sistema de pensiones y que inspira estas recomendaciones es un reto a largo plazo, que es la sostenibilidad de las propias pensiones. La Comisión, en cuanto a la suficiencia, optó por recuperar el IPC como mecanismo de revalorización. Queda por ver cómo esta actualización basada en el IPC real se va a aplicar por el ministerio y vamos a estar muy pendientes. Para apuntalar la sostenibilidad se prevé en el texto aproximar la edad real a la edad legal de jubilación, como también ha dicho la presidenta. En España la edad real de jubilación está cerca de los 64,6 años, cuando la edad legal de jubilación está en los 65 años y 10 meses. Esto es algo que nos planteamos corregir en la Comisión, potenciando los incentivos para el retraso de la jubilación. En Ciudadanos, aun cuando estamos de acuerdo con estas medidas, echamos en falta otras, como sería el fomento de la jubilación activa, que hemos propuesto como voto particular aunque ya sabemos que no sido aceptado. Necesitamos retrasar la edad de la jubilación y además compatibilizar el acceso con el trabajo por cuenta propia o ajena sin condicionalidad y sin penalizaciones. Ese era nuestro objetivo con este voto particular. Otra medida para garantizar la sostenibilidad se refiere al cómputo de años de cotización para el cálculo de la pensión. La Comisión valoró la necesidad de seguir ampliando el número de años que se computan a la hora de calcular la cuantía de la pensión por varias razones. La primera es que las carreras laborales desgraciadamente ya no son tan estables como las de antes; además, por desgracia, es posible que cada vez lo sean menos. La segunda es que son muchos los trabajadores que a día de hoy tienen más de 50 años y se encuentran desempleados, más de la mitad de larga duración. No es justo que todas las personas se vean abocadas a una pensión mínima porque la última etapa de su cotización se ha hundido. La última medida que quería destacar en esta fijación de posiciones es la necesidad de fomentar otras vías de ahorro a largo plazo para la jubilación, siempre complementarias, nunca alternativas a la pensión pública. En este sentido la Comisión ha decidido la necesidad de fomentar el segundo y el tercer pilar del sistema de pensiones. Por supuesto, estamos de acuerdo. Aquí también echamos en falta que la Comisión no haya sido más ambiciosa a la hora de fomentar este tercer pilar. En este sentido, desde mi grupo parlamentario presentamos el segundo y último voto particular relativo a la creación de un sistema universal de previsión social complementaria. En este sistema todos los trabajadores estarían adscritos, aunque no estuviesen obligados a contribuir, y las aportaciones de empresas y trabajadores se realizarían a la par, con incentivos para las aportaciones voluntarias que realizaran los trabajadores. Estas aportaciones podrían ser rescatadas en circunstancias como el desempleo a largo plazo o acumularse de cara a la jubilación, en cuyo caso complementarían la pensión pública, pero no la sustituirían en ningún caso. Este sistema, que se ha aplicado desde hace años en Austria, comúnmente denominado la mochila austriaca, ha demostrado su capacidad para, además, estimular el ahorro privado en España, en el que estamos muy por detrás de la Unión Europea. Para acabar, señorías, en Ciudadanos compartimos lo contenido en el texto propuesto y queremos dar de nuevo las gracias a todos los agentes sociales, a todos los diputados y a todos los que han participado en su elaboración. Hablamos de más de cinco años de trabajo suspendidos por varias convocatorias electorales. Gracias por trabajar para el consenso. Después necesitamos que la Cámara tome ejemplo, sobre todo en la lucha contra la catástrofe que nos asola. Los acuerdos son imprescindibles, hoy pueden salvar vidas. Tenemos un gigantesco reto como país y la historia nos va a juzgar precisamente por lo que hagamos hoy. España merece la pena. Ministro, la pelota está en su tejado. Muchas gracias. .

  53. Néstor Rego Candamil BNG

    Muchas gracias, señor presidente. El BNG apuesta por reforzar el sistema público de pensiones y por que ello garantice pensiones dignas a las personas que trabajaron toda una vida. Sin embargo, vemos que lamentablemente algunas de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo van en la dirección contraria a este objetivo, razón por la que hemos presentado un voto particular. Así, por ejemplo, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, a nuestro juicio, no puede limitarse a la actualización conforme al IPC, deben incrementarse las pensiones mínimas para equipararlas al salario mínimo interprofesional, de forma que ambas avancen progresivamente hasta situarse en el 60 % del salario medio. Nos parece bien que se desincentiven los planes privados con entidades financieras, aunque habría que eliminar totalmente la desgravaciones fiscales, y sobre todo no promover los planes de empresa, igualmente privados, que de complementarios pasan fácilmente a sustitutivos. En todo caso, esos recursos deben ir para fortalecer el sistema público. Tampoco compartimos la ampliación de las bases y los periodos de cotización o promover el retraso de la edad de jubilación. Por el contrario, defendemos la recuperación de la jubilación a los 65 y anticipada con 35 —un primer paso sería con cuarenta—, sin merma en las cuantías. Finalizo. Son aspectos vitales que no podemos apoyar. Nos gustaría poder votar sí cuando las recomendaciones se trasladen a norma porque estos y otros aspectos son modificados en sentido positivo y se procede a derogar de verdad la reforma del sistema de pensiones 2011 y 2013. Entretanto, nos vamos a abstener. Obrigado.

  54. Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

    Moltes gràcies, senyor president. Subo a la tribuna para explicar el voto particular de Compromís y quiero contar un ejemplo. Yo estaba aquí cuando se aprobó la reforma laboral de 2012 —10 de febrero de 2012— que facilitaba enormemente el despido. Durante todo ese tiempo —y aún seguimos con esa reforma laboral— mucha gente fue despedida; trabajadores de 50, 55 y 60 años se fueron al paro y, cuando uno se va el paro con 55 o con 60 años, ya sabemos las posibilidades que tiene de volver a trabajar. Por tanto, muchos de ellos tuvieron que jubilarse anticipadamente y tuvieron una merma de su pensión de un 8 % por cada año que les faltaba hasta llegar a los 65 años. Por tanto, recogiendo la aspiración de este colectivo y de todos aquellos que tuvieron que jubilarse después de tener más de cuarenta años cotizados, tanto los que se jubilaron forzosamente como anticipadamente, presentamos nuestro voto particular que, en definitiva, lo que quiere es una modificación de la Ley de la Seguridad Social para que se eliminen estos coeficientes reductores para los que se jubilaron anticipadamente, tanto forzosa como voluntariamente, y que tengan 65 años o más y que hayan cotizado cuarenta años. En definitiva, se trata de que, cuando lleguen a los 65 años, no se les apliquen esos coeficientes reductores y, por tanto, su pensión se calcule en base a los años cotizados y a su base contributiva. Voy acabando. Esta es una aspiración razonable. Compromís ha votado a favor de todos los votos particulares de BNG, Bildu, ERC y Más País. También votaremos a favor de la propuesta de estas recomendaciones. Por último, quiero agradecer el trabajo del diputado Ignasi Candela, de Compromís, que me precedió en las legislaturas XI y XII y que contribuyó en gran medida a llegar a un acuerdo. Moltes gràcies.

  55. Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Bona tarda. Buenas tardes, señores diputados. En primer lugar, quería hacer, como es debido, un agradecimiento enorme a la presidenta de la Comisión, así como al resto de portavoces, a todos los comparecientes que han venido a nuestros trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, al letrado y al personal de la Seguridad Social —sin ellos no sería posible llevar adelante este acuerdo sobre el Pacto de Toledo— y, por supuesto, al ministro hoy aquí presente y sus explicaciones. De hecho, además de reconocer a aquella gente que nos hemos encontrado en esta legislatura es importante también reconocer —y me van a permitir que lo personalice— a quien me ha pasado el testigo, Carles Campuzano, y todo el enorme trabajo que en materia de pensiones y Seguridad Social ha hecho, por lo que es justo que hoy tenga el oportuno reconocimiento en esta sesión plenaria. La Comisión del Pacto de Toledo forma parte también de una manera de entender la política —esta semana lo recordaba desde esta tribuna—, con respeto, con diferencias ideológicas profundas, pero, en última instancia, intentando buscar aquellos pactos que permitan avanzar respetando al otro, sabiendo que tiene el mismo derecho que uno mismo a plantear sus opciones. En esta cultura del pacto, en esta cultura de hacer de la política un eje de cambio es donde muy habitualmente nos van a encontrar. De hecho, el Pacto de Toledo implica este pacto también intergeneracional, es decir, llegar a un acuerdo con amplios consensos políticos y sociales, pero también llegar a un acuerdo que permita no blindar o no matar la visión de las generaciones futuras. Y aquí es donde se prevén muchas de las mejoras que entendemos que se producen en este Pacto de Toledo: mejoras en el sistema, liberando a la Seguridad Social de los gastos impropios, con los incentivos al empleo que salgan de políticas públicas y no de las cotizaciones; el blindaje del incremento de acuerdo con el IPC real; el aumento del cálculo de la pensión, pero también permitiendo la libertad para escoger el mejor tramo en la vida laboral; el mantenimiento y la apuesta por un sistema de reparto, o uno de los más importantes, dar ese mensaje de confianza que permita tomar decisiones acertadas a la hora de contemplar el sistema de pensiones, que la gente tenga la certeza de cuáles son las reglas de juego en este sistema de pensiones. No obstante, no quería acabar sin hacer referencia a que este Pacto de Toledo también abre puertas a lo que venimos reivindicando. El Estatuto de Autonomía de Cataluña contempla que la Generalitat de Catalunya pueda tener también funciones en la gestión del sistema y, por tanto, es posible hacer un modelo no centralizado, en plena coordinación con el sistema, pero respetando aquel pacto que representa la Ley orgánica del estatuto de autonomía. También deseo reivindicar la deuda histórica que la Seguridad Social tiene con el Estado o aquella deuda histórica que las comunidades autónomas tienen con muchos edificios que tienen pendiente que se liquide el importe de aquel traspaso de competencias que se hizo años atrás. Se incorpora la recomendación sobre discapacidad, y creemos que es también un gran avance que aparezcan recomendaciones sobre discapacidad y nuevas formas de empleo. Esto no acaba aquí; nos van a tener atentos y constructivos. Hoy se da un paso adelante en la consecución de este nuevo acuerdo en las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero todavía quedan muchos temas en los que trabajar. Muchas gracias.

  56. Jordi Salvador i Duch ERC-S

    Bona tarda a tothom. Me uno a los agradecimientos que ha habido y a los que vendrán, a destacar el respeto que en todo momento ha presidido las numerosas sesiones del Pacto de Toledo, a los trabajadores del ministerio y, cómo no, al letrado, al señor don Ignacio Gutiérrez. Dicho esto, debo empezar diciendo que los pensionistas y los cotizantes tienen derecho a un debate en abierto sobre su sistema de pensiones y su futuro. No es correcto que solo tengamos siete minutos para defender los votos particulares y despachar un tema que afecta a millones de personas con un presupuesto de más de 150 000 millones de euros. En fin, Reino de España. Vayamos al tema. Las recomendaciones presentadas no son las nuestras, por eso no las votamos a favor. Es verdad que el Pacto de Toledo, a diferencia de lo que sucedió en febrero de 2019 —y por eso en aquel momento votamos que no a ese texto—, ha recuperado la revalorización con el IPC claramente, que tampoco es para tirar cohetes porque es lo que ha habido siempre hasta la reforma de 2013. Y es verdad que reconoce de manera velada el saqueo de fondos de la caja de la Seguridad Social. Pero ¿de qué sirve reconocer que se han utilizado indebidamente las cotizaciones sociales si no se propone un plan de reposición de lo que se ha saqueado? Según el Banco de España, la deuda de la Seguridad Social con el Estado supera los 72 000 millones de euros, pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Vayamos a la recomendación número 1. Se constata y se acepta pasivamente el saqueo de la caja de la Seguridad Social. Se explica que el Estado ha desviado las cotizaciones de más de 18 millones de trabajadores y trabajadoras cotizantes y se hace de una manera como si aquí no hubiera pasado nada, absolutamente nada. Estamos hablando de cotizaciones sociales, de salarios diferidos, de los trabajadores activos; estamos hablando del desvío en el uso de un dinero que está destinado solo a las pensiones de nuestros pensionistas. Señoras y señores, durante decenios la Seguridad Social tuvo superávit y los distintos Gobiernos, en vez de crear reservas para afrontar situaciones de crisis como la actual, han utilizado estos superávits para gastos impropios que no eran de la Seguridad Social. Y esto es muy grave; muy grave. Los recursos de la caja única —repito, la caja única de la Seguridad Social— no son de ningún Gobierno ni de ningún partido, pertenecen a los cotizantes, sean asalariados o sean autónomos; ese es su dinero. En documentos de comparecientes en la Comisión del Pacto se afirma que si se hubieran acumulado los excedentes utilizados para pagar gastos impropios a pensiones hoy se dispondría de un fondo de reserva de 519 104 millones de euros. Poca broma. Es decir, habría recursos más que suficientes para atender las necesidades actuales y las futuras del sistema. Pero estamos orgullosos, hemos conseguido demostrar que nuestro sistema de Seguridad Social es sostenible, como dice muy bien el ministro. Es sostenible. Y como el sistema es sostenible, no están justificadas las reformas realizadas —siempre a la baja— de las pensiones ni tampoco están justiciadas las razones propuestas. Reformas que, pacto a pacto, Gobierno a Gobierno siempre van recortando pensiones, siempre vamos para abajo. ¿Qué consenso es este? Y denunciamos lo peor, que mientras se saqueaba nuestra caja única de la Seguridad Social se obligaba a que la Seguridad Social se endeudara con préstamos del Estado absolutamente ilegítimos, como ha denunciado el propio Tribunal de Cuentas este agosto, que también exige compensar esta enorme injusticia que llega, según el propio Tribunal de Cuentas, a los cientos de miles de millones de euros. La Ley General de la Seguridad Social, artículo 109.2 —pueden leerlo todos— establece que si para atender las pensiones faltan cotizaciones sociales, el Estado hará las aportaciones que sean necesarias. Nunca habla de préstamos; nunca habla de préstamos. Hablamos de una ley. Por eso pedimos, junto con la Coespe y sus técnicos, una auditoría oficial que determine el importe de esos saqueos y exigimos que, conforme a esa auditoría, el Estado asuma un programa de restitución a la caja de la Seguridad Social, como piden los trabajadores, los pensionistas y el propio Tribunal de Cuentas. Señorías, se ha creado una gran mentira, que el sistema de pensiones es insostenible. De hecho, con base en esta mentira se crea el Pacto de Toledo en 1995, hace ya veinticinco años; se crea una comisión —dicen— para hacer que el sistema sea sostenible. Mientras, paradójicamente, se saqueaba la caja por un lado y se recomendaban recortes reales de pensiones por el otro lado. ¡Fantástico! Al mismo tiempo, se evitaba el verdadero debate político en abierto —una muestra es hoy, trece votos particulares que nadie va a conocer, nadie va a saber de qué van— que ponía en riesgo el sistema. Lo que pone en riesgo verdaderamente el sistema es el saqueo de cotizaciones a la Seguridad Social, el modelo productivo desindustrializado y una legislación laboral que condena a la precariedad a los trabajadores, es decir, precarios hoy y futuros pensionistas precarios también. . Para concluir el círculo, la recomendación abre una enorme puerta a cambiar el modelo de pensiones. Se propone un nuevo modelo de pensiones inspirado en el modelo inglés de dos componentes: uno, un sistema de pensiones —pacto a pacto recortado— raquítico, que va tendiendo a la pura beneficencia; dos, un sistema de pensiones complementario, basado en pensiones privadas, por el cual el sistema financiero y la banca consiguen entrar de lleno en lo que ellos consideran el gran negocio del sistema de pensiones. O, dicho al revés, como todo el mundo ha reconocido en el Pacto de Toledo, si el sistema es sostenible, como reconoce hasta el ministro, ¿por qué los planes de inversiones privados? ¿O por qué no se suben las pensiones mínimas al 60 % del salario? ¿O por qué no se baja la edad obligatoria de jubilación? ¿O por qué se niega el pan y la sal a los pensionistas con largas carreras de cotización que se encontraron expulsados del mercado de trabajo y son penalizados con coeficientes reductores para toda la vida? ¿O por qué se está hablando ya de ampliar el periodo de cálculo de la base reguladora, que conllevará más reducciones de pensiones? Acabo ya, seguro. ¿O por qué solo se ponen trabas a la regularización de las personas inmigrantes, permitiendo la discriminación e impidiendo que haya más contribuyentes a la Seguridad Social? ¿Por qué? Muy sencillo: porque se aceptan una vez más las presiones del capital financiero, la banca y la patronal, en detrimento de los trabajadores y el sistema de reparto de nuestra Seguridad Social. Me hubiera gustado tener mucho tiempo para entrar en un debate de verdad y serio, recomendación por recomendación. Creo que a los pensionistas y a los cotizantes no los podemos minusvalorar y tienen derecho a ese debate para que la gente sepa las posiciones claras de todos los partidos. Muchas gracias. .

  57. Tomás Cabezón Casas PP

    Muchas gracias, presidenta. Quiero que mis primeras palabras sean en recuerdo de los miles de españoles fallecidos por la pandemia, muchos de ellos pensionistas y mayores. Aprovecho para trasladar nuestro pesar, el de mi grupo parlamentario, a sus familias, que han perdido a sus seres queridos en las peores circunstancias. . Señorías, en febrero de este año el presidente Casado ofreció a Sánchez diez pactos de Estado, entre los que se encontraba el pacto por las pensiones. Desde entonces, en mi grupo no hemos parado ni un minuto para conseguirlo, porque hay 10 millones de pensionistas a los que dar tranquilidad, porque hay 19 millones de trabajadores que necesitan certezas, porque hay más de 3 millones de autónomos buscando confianza en el sistema y porque hay 7 millones de españoles con ahorros depositados en sistemas complementarios que quieren seguridad. Por todos ellos, el presidente Casado nos encomendó conseguir este acuerdo, tanto al ver a Rodrí guez en el partido como a nosotros en el grupo parlamentario. Un acuerdo para dar certezas y equilibrar el sistema. Por eso, señorías, les decía que este es un pacto de Estado muy trabajado y que no hemos parado hasta conseguirlo, y esto demuestra una vez más que el PP es capaz de lograr grandes acuerdos y esto demuestra, señorías, que el PP es un partido de Gobierno. . Permítame que ponga en valor el trabajo de los portavoces de todos los grupos parlamentarios y de la Mesa de la Comisión, especialmente quiero dar las gracias a su presidenta, a Magdalena. Muchas gracias, Magdalena. Al letrado, a Ignacio, por encontrar siempre esa palabra para acercarnos. Y también a todo el equipo de Seguridad Social. Permítanme que resalte, que pongamos en valor, que en esta Cámara hay posibilidad de acuerdos y que además los españoles nos los exigen. Y permítanme que recuerde, señorías, que los españoles a los políticos nos demandan soluciones y no que seamos los que creemos problemas. En eso es en lo que está el Partido Popular, en dar soluciones a los problemas de los españoles. El Pacto de Toledo ha sido, desde su origen en 1995, un instrumento para definir nuestro modelo de Seguridad Social, que además hoy dispone de un consenso amplio político y social y que cumple una misión primordial: servir de documento de trabajo para el futuro, para que, gobierne quien gobierne, las pensiones estén alejadas del debate partidista. Señorías, hoy es un día importante para el Sistema Público de Pensiones y los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en lo fundamental, en la defensa del Sistema Público de Pensiones, del cual he de decir que nos sentimos orgullosos, porque el futuro del sistema de pensiones depende de todos. Señorías, pactar y llegar a acuerdos requiere de mucha empatía y generosidad, requiere estar dispuestos a convencer y no imponer, requiere estar dispuestos a hacer renuncias y requiere no dar nada por sentado, requiere no presuponer, requiere alianzas y requiere trabajo. Y, además, requiere que todos estos planteamientos que he descrito anteriormente estén en la voluntad de los de enfrente, que las dos partes estén dispuestas a hacer cesiones y, señorías, el PP —como partido de Estado que es— lo ha demostrado, sabemos pactar y sabemos acordar. Pero pactar no es tragar y los trágalas el PP nunca los va a aceptar, señorías. En estos meses hemos trabajado en la Comisión teniendo muy presentes a los pensionistas actuales, a los jóvenes, a los autónomos, a los discapacitados, a los inmigrantes, a los mayores de 55 años, a los trabajadores con largas carreras de cotización y a las personas que con mucho esfuerzo ahorran para complementar sus pensiones futuras. Pero también hemos querido escuchar al sector, a los organismos independientes, a la AIReF y al Banco de España para hacer este Pacto de Toledo mucho mejor. Hemos hecho propuestas para todos ellos por responsabilidad con los españoles y porque es lo que nos ocupa y nos preocupa. En definitiva, hemos trabajado en este pacto buscando generar confianza y dar certidumbre a la sociedad. Pero no seremos ingenuos, las recomendaciones son el marco sobre el que el Gobierno tiene que dibujar o trazar el desarrollo normativo. Esperemos que el Gobierno, que el señor Escrivá, opte por un estilo realista, centrado, que cuenten con nosotros para el desarrollo normativo y no derive en un estilo surrealista. Me van a permitir que explique por qué mi grupo ha presentado un voto particular a la recomendación de sistemas complementarios, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo de los planes de empresa, pero también ratificando nuestro compromiso con los planes de ahorro individual. Por ello, señorías, solicitábamos mantener las deducciones fiscales de estos mecanismos. En resumen, estabilidad normativa y estabilidad fiscal para fomentar el ahorro futuro como complemento a las pensiones. Señorías, las recomendaciones del Pacto de Toledo no son perfectas, y lo sabemos. Desde mi grupo hubiéramos ido más allá en algunos asuntos claves, pero podemos decir orgullosos que este acuerdo fortalece a la Seguridad Social y sus principios fundamentales: sistema público de reparto, solidaridad intergeneracional y caja única. Sí, señorías, digo bien, reafirman el principio de caja única y, señores de Esquerra, no les va a resultar sencillo romperla porque nos tendrán siempre enfrente. . La caja única es garantía de cohesión social, de igualdad y de solidaridad entre españoles. Hoy, aquí, en el Congreso, en esta sesión, estamos viviendo dos maneras totalmente diferentes de sacar adelante dos temas fundamentales para la sociedad española: las pensiones y la Ley de educación; dos caminos: el consenso y la imposición, y tras escuchar en el Congreso de los Diputados, la casa de todos, los argumentos y explicaciones sobre la ley Celaá, no se puede permitir que se apruebe de tapadillo en mitad de una pandemia, corriendo, sin diálogo, sin las aportaciones de la sociedad civil ni de los padres ni de las madres ni de los profesionales de la educación, porque lo que está en juego es el futuro de nuestros jóvenes. En contraposición, está el diálogo del Partido Popular, con el presidente Casado al frente, que ha apostado con este pacto por las pensiones apoyando estas nuevas recomendaciones, escuchando a los pensionistas, negociando con los partidos políticos y con diálogo y aportaciones en la mesa de trabajo. ¡Qué diferencia! Señorías, ¿qué creen que nos demandan los ciudadanos, el acuerdo del Pacto de Toledo o la imposición de la ley Celaá? Nosotros lo tenemos claro. Concluyo, señora presidenta, con unas reflexiones finales. «Nada puede ser peor para una sociedad enfrentada a una crisis económica grave y prolongada sino que pierda la esperanza y la confianza en sí misma, y se generen incertidumbres innecesarias sobre la principal fuente de renta de una parte muy importante de su población. Y pocas cosas pueden quebrar más esa confianza como la de que no se acierte a mantener el pacto intergeneracional que permite la continuidad de la sociedad en el tiempo. La sociedad debe honrar su compromiso moral con sus mayores, y darles el horizonte sostenido en el tiempo de unas pensiones públicas adecuadas. A su vez, la idea de un pacto intergeneracional implica la necesidad de atender a las generaciones futuras que heredan el legado que las anteriores les transmiten, y a las que hay que garantizar un horizonte realista y viable para su propio desarrollo a largo plazo». Lo que acabo de leer es un fragmento de un informe del comité de expertos del Sistema Público de Pensiones de 2013 y creo que en esta idea también estaremos todos de acuerdo. Muchas gracias. .

  58. Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

    Muchas gracias, señora presidenta. Reconociendo el esfuerzo de los integrantes del Pacto de Toledo, manifiesto que me abstendré en la votación porque considero que las recomendaciones dejan barra libre a la acción de este mal Gobierno en asunto tan sacrosanto como es el relativo al sistema público de pensiones. Me gustaría señalar que el retraso progresivo hasta los 67 años en la edad de jubilación atendiendo a la mayor esperanza de vida es una medida que desdeña la dureza de una prolongada vida laboral y tampoco facilita la renovación del mercado de trabajo cuando el paro juvenil en España alcanza datos espeluznantes del 40 %. Recuperen, señor Escrivá, el contrato relevo cuanto antes. Asimismo, la mayor penalización a la jubilación anticipada contrasta con las maniobras del Gobierno tolerando e incluso promoviendo los procesos masivos de prejubilaciones que destruyen el tejido productivo sin alternativa laboral, tal y como sucedió con el cierre de la minería. Señorías, la única garantía de más y mejores pensiones está vinculada a la creación de empleo. Dudo de la capacidad de este mal Gobierno para generar puestos de trabajo cuando no está haciendo nada para evitar su destrucción; véase la alarmante deriva de la industria. Desconfío también de las medidas económicas y las manipulaciones presupuestarias que nos abocan al rescate financiero y a la pérdida de soberanía. Y, finalmente, echo en falta un mecanismo de actualización de las pensiones más bajas que asegure el poder adquisitivo mínimo de nuestros mayores. Muchas gracias, señora presidenta.

  59. Ana María Oramas González-Moro CCa-PNC-NC

    Gracias, señora presidenta. Señor ministro, después de todos los follones y la crispación que vivimos aquí, hoy es una enorme satisfacción que en un tema que afecta a todos los ciudadanos, tengan la edad que tengan, tengan la ideología que tengan, vivan donde vivan, hayamos podido hablar con serenidad, trabajar con serenidad y llegar a un eje y un tronco común para decirle a la ciudadanía que, a partir de ahora, gobierne quien gobierne en este país tienen garantizada su pensión, que gobierne quien gobierne en este país van a poder tomar sus decisiones para saber cuándo se van a jubilar, cuándo van a cobrar y qué tienen que hacer. Pero ahí no acaba, hoy empieza; tienen la enorme responsabilidad el señor ministro y el Gobierno de empezar a traer aquí las propuestas legislativas que hagan realidad lo que hemos acordado en el Pacto de Toledo. Está la Mesa del diálogo social con sindicatos y empresarios, que es muy importante. Asimismo, es muy importante que el Gobierno pueda tener las dotaciones presupuestarias para aquellas cosas que salen de la financiación de la Seguridad Social. Y yo quiero hablar de un tema que ha sido siempre bandera y batalla de Coalición Canarias, pues fui la primera persona que trajo aquí, que es el de las pensiones no contributivas. ¿Y por qué lo trajo una diputada canaria? Hay muchos diputados nuevos y no saben que en Canarias hay tres veces más pensiones no contributivas que en la península, sobre todo porque las mujeres canarias fueron a la emigración, porque las mujeres canarias en las tomateras nunca cotizaron, porque en el turismo en la primera etapa no se cotizó, y son pensiones de 360 o de 400 euros. Con el esfuerzo de esta sociedad y con el ingreso mínimo vital tenemos que dar dignidad a mujeres que no es que no trabajaran, como ocurre con la mayoría de las pensiones no contributivas en la península, sino que trabajaron como mulas toda su vida y que ahora tienen que tener una pensión digna. Queda pendiente la gente que ha trabajado más de cuarenta años. Yo tengo muchos amigos que entraron de botones o de ujieres en Caja Canarias o en hoteles con catorce añitos, a los que todavía les queda un montón de años por cotizar. Tenemos que dar una solución viable y justa. Es un compromiso que el Gobierno tiene que adquirir y traerlo lo antes posible al Congreso de los Diputados. Como diputada de Coalición Canaria, quiero agradecer el formato que Magdalena Valerio, exministra de Trabajo y presidenta de la Comisión, buscó, en el cual nos sentimos cómodos Coalición Canaria, VOX, Podemos, Bildu, el Grupo Plural, el PDeCAT, el PP y el Partido Socialista. Se podía hablar con libertad y sobre todo al final hubo una aportación de todos. Esta sociedad necesita hoy eso, porque una de las peores cosas que ha pasado ha sido que la gente precipitó su decisión de jubilación con una penalización ante la incertidumbre y la guerra política que hubo en un determinado momento. El Pacto de Toledo nació para que el tema de las pensiones no fuera un elemento de confrontación electoral ni tampoco para que en determinado momento…

  60. Ana María Oramas González-Moro CCa-PNC-NC

    Termino. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, Magdalena, por tu dedicación a esta Comisión, gracias a los portavoces y muchísimas gracias no solo a los letrados, sino también al personal del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que han sido maravillosos. Muchísimas gracias, señora presidenta.

  61. Albert Botran Pahissa CUP-PR

    Gracias. Antes de valorar los contenidos, quiero hacer tres apuntes en relación con el contexto de cómo llega este informe al Pleno. En primer lugar, nosotros venimos advirtiendo desde hace tiempo que los fondos europeos irán aparejados a contrarreformas y que las pensiones siempre están en estas exigencias de la Unión Europea, y este informe les abre la puerta. Y dos cuestiones más de contexto. Por un lado, que se traiga en el mismo momento que los presupuestos, es evidente que una cosa tapará la otra; no se está hablando suficientemente de estas propuestas de reforma del sistema de pensiones porque el gran debate político ahora mismo son los presupuestos. Y, por otro lado, que el contexto de pandemia y de estado de alarma era el peor para un sector como el de los pensionistas, que se ha movilizado intensamente, sobre todo a través de la Coespe, para conseguir incidencia política —en algunos aspectos así ha sido— y poder continuar defendiendo legítimamente sus derechos en la calle. Tras contextualizar esto, voy a entrar en cosas más concretas del contenido. Como he dicho, abre la puerta a reformas regresivas y en cuanto a las reformas progresivas, no establece compromisos concretos. Es el caso de la eliminación de coeficientes reductores. Sin embargo, en otras cuestiones —insisto— abre la puerta a contrarreformas. Por ejemplo, no deroga las reformas de 2013 y de 2011, y mantiene los veinticinco años para el periodo de cómputo. Para que nos hagamos una idea de cómo hemos llegado hasta aquí, cuando se pasó de los dos a los ocho años, significó para el PSOE la primera huelga general que le organizaron, en 1985. Ahora vamos por los veinticinco años y esto abre la puerta a que se termine computando toda la vida laboral. En segundo lugar, no establece la pensión mínima —ya se ha mencionado— en 1084 euros, que es lo que recomienda la Carta Social Europea. En tercer lugar, no consolida el IPC como indicador para la revalorización. En la redacción se cita, pero luego abre la puerta ambiguamente a que se usen otros indicadores. En cuarto lugar, abre la puerta a las pensiones de empresa. Y en quinto lugar, el alargamiento de la edad de jubilación, un sinsentido en una sociedad como la nuestra, con altos índices de paro. Lo que hay que hacer es reducir la jornada laboral y aumentar los salarios; es decir, repartir el trabajo y la riqueza. Muchas de estas cuestiones quedaban recogidas en los votos particulares que han mantenido fuerzas de izquierda, pero todas han sido rechazadas. Por estas razones nosotros nos posicionamos en contra del informe y de cualquiera de las futuras reformas que nos traerán, que serán retrocesos para la clase trabajadora y, en particular, para los pensionistas. Muchas gracias.

  62. Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

    Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, yo creo que hoy debería ser considerado un día grande, un día importante. No es cualquier acuerdo, no es cualquier procedimiento, no es cualquier objetivo el que se pretende con este acuerdo. Un sistema de pensiones, este o cualquier sistema de pensiones —más allá de que aquí tenga una dimensión constitucional—, es el eje sobre el que se vertebra el Estado del bienestar, el que define la vocación social de un Estado y el que concreta el alcance o la dimensión solidaria de una sociedad. Hoy hemos venido aquí a convalidar un acuerdo. Un acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo que concreta el alcance o dimensión del compromiso político y social en orden a garantizar el sostenimiento del sistema de pensiones. Un acuerdo que es plural y democrático como pocas cosas lo pueden ser, que pretende ser cauce sobre el que construir más tarde todas aquellas medidas y políticas dirigidas a garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Permítanme incidir en este aspecto, en el acuerdo, en el gran valor que supone el acuerdo entre diferentes en el Pacto de Toledo, porque esa y no otra es la garantía del sistema. Todas las formaciones políticas saben que no pueden ni deben ser ajenas a un acuerdo que suponga garantizar el sistema público de pensiones y, por tanto, a la posibilidad de participar en la definición de sus términos y sus caracteres. Plural, dispar, diferente, todos somos conscientes de la importancia que para los ciudadanos tiene el sistema de pensiones y nadie, salvo que cometa un grave error, debería quedar fuera del compromiso de esa garantía del sistema de pensiones. Además, debemos ser conscientes de que todas, absolutamente todas las medidas que contempla el informe son mejorables. No es una exageración afirmar que prácticamente todos los que formamos esa Comisión podríamos haber dado otra redacción, otro giro u otro sentido a muchas o a prácticamente todas las recomendaciones de su texto actual y del pasado también, pero es igualmente cierto —hablo por mí, pero creo que lo hago por todos los que han participado— que la búsqueda del acuerdo y del consenso ha primado en los grupos de trabajo de la Comisión porque, a su vez, todos somos conscientes de que no solo en tiempos de zozobra, sino en cualquier momento el sistema de pensiones ha sido el puntal que ha sostenido la supervivencia de muchas familias. Por ello, todos somos conscientes de la necesidad de garantizar su continuidad y de que para ello es imprescindible un elemento primordial, que es generar confianza. Es imprescindible que quienes les representamos seamos capaces de llegar a acuerdos que supongan un compromiso para que, a su vez, los ciudadanos mantengan la confianza en el sistema. En este punto es donde quiero hacer referencia a los votos particulares, porque entendemos que el tiempo en el que hacer nuestras aportaciones era el del debate del texto y que, aun pudiendo participar de algunos de ellos, hoy y en este momento los votos particulares solo sirven para dar testimonio de puntos de vista particulares que, siendo legítimos en algunos aspectos —como otros que ha mantenido mi grupo o yo mismo—, no sirven al propósito de dar confianza a los ciudadanos, no aportan valor añadido al acuerdo. Cuestión distinta es, además, saber si el alcance de algunos votos particulares está dirigido a cuestionar las bases del sistema y, por tanto, a proponer una alternativa diferente a la existente, lo cual es legítimo, pero en estos momentos es opaco e ineficaz. Por eso, este acuerdo es también relevante porque, junto a otros aspectos, pretende acoger distintos caracteres y personas. Muchos colectivos —autónomos, mayores de 55, parados de larga duración, mujeres, jóvenes, discapacitados, migrantes y otros— obtienen determinados tratamientos que serán discutibles, pero que son los que han obtenido un determinado consenso. El acuerdo también ratifica los principales caracteres del sistema, que son, a mi juicio, vertebradores, como es el sistema público de reparto sostenible, que garantiza la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. . Es público y de reparto y no solo porque lo diga la Constitución, sino también porque, sin perjuicio de su naturaleza contributiva, concreta un compromiso de solidaridad en su triple dimensión —como dice la recomendación 11—, generacional, sectorial y territorial, que es la expresión, al fin y al cabo, del carácter de reparto. El sistema sostenido hoy por quienes mañana esperan ser sus beneficiarios y la reiteración de dicha garantía intergeneracional es la concreción de ese carácter de reparto y de ese carácter público, y supera el debate sobre el futuro de la naturaleza de las pensiones. Además, las recomendaciones reiteran su compromiso por la sostenibilidad y por la suficiencia sin que entre ambos se tenga por qué establecer, como se ha hecho de forma falsa, una especie de dicotomía o falso debate de alternancia. Dicho con todo respeto, es absolutamente equívoco ese planteamiento. Y permitan al final que destaque otros dos o tres apartados de la recomendaciones. Uno, los sistemas complementarios, que vienen no a sustituir sino a complementarlas, precisamente cuando somos conscientes todos de que la tasa de sustitución el día de mañana será diferente. Dos, el de la gestión del sistema de la recomendación número 8, donde su nueva redacción da pie a superar determinada visión centralizadora y unitaria allí donde el bloque de constitucionalidad proyecta una visión integradora y solidaria, y en nuestro caso además, el cumplimiento del Estatuto de Autonomía del País Vasco, disposición transitoria quinta y artículo 18.2 de dicho estatuto. Pero hay un elemento más que quiero destacar y es que, a mi modo de ver, no se ha destacado de forma suficiente que el de las pensiones es un sistema en permanente reforma; no hacerlo supondría condenarlo a no tener futuro, y por ello resulta relevante la nueva redacción de la recomendación 20, que conmina al Gobierno a comparecer, al menos anualmente ante la Comisión, ante eventuales cambios. Bien, voy a ir terminando. Han sido muchas las personas, los actores que han comparecido y que han participado en la concreción de estos textos. No voy a dejar de hacer mención, primero, a Magdalena por su destacadísima dirección del debate que ha conseguido este acuerdo, y es importante señalarlo; a portavoces como Ana, Iñaki, Genís, Jordi, Pau, Pablo, Mery, Tomás, y, cómo no, Mercè —a quien quiero hacer no una especial mención, porque va para todos, pero sí destacar su labor—, a quienes envío un gran abrazo. Pero también a Gerardo, Aina, Sergio, Ignaci y Carles —a los que algunos también han citado—, porque este texto es heredero de otro que se generó en la anterior legislatura. . Y cómo no, por supuesto quiero hacer un especialísimo reconocimiento al letrado de la Comisión, Ignacio. De verdad que sin ti las cosas hubieran sido diferentes; nos has ayudado, has sido no solo partícipe, sino también coadyuvador de este acuerdo. Espero, como dice un texto, que este avive el seso y despierte la confianza de los ciudadanos en su mejor y más importante herramienta frente al riesgo de desprotección en la tercera edad. Sobra decir que votaré a favor pero espero también que la Cámara sea consciente de la importancia, del valor que para los ciudadanos tiene la obtención de este acuerdo en el marco del Pacto de Toledo. Muchas gracias. .

  63. María del Carmen Pita Cárdenes UP

    Presidenta, ministro, señorías, buenas tardes a todas. Una cuestión previa, una mención a las personas pensionistas, que han sido la población más vulnerable y que han sufrido como nadie este tema de la pandemia. Una mención también previa, especial, ¡cómo no!, a doña Magdalena Valerio: compañera, has hecho un trabajo de empatía y generosidad extraordinario. Gracias a los compañeros, a todos los portavoces, a todos y cada uno de ellos. Siempre me entristece y siempre lo repito: si la gente nos viera debatir —y ese es un déficit democrático que tenemos en Pacto de Toledo— seguro, seguro que ganaríamos el respeto de nuestra ciudadanía. Apuntamos este déficit todavía. Quería dirigir esta intervención a las personas pensionistas que han estado durante todo este proceso del Pacto de Toledo vigilantes, animando y empujando y que hoy —así me lo han hecho saber— están decepcionados con el texto: Santiago y los compañeros de los cuarenta, Joseba de Navarro, Ramón, muchos de ellos. Sobra decir que comprendemos y encajamos esa decepción. Nosotros entramos en el Pacto de Toledo con un acuerdo previo del Gobierno, un acuerdo previo en materia de pensiones que recogía, obviamente, no todas —ya nos hubiera gustado a nosotras tener la correlación de fuerzas para eso—, pero sí muchas de esas reivindicaciones expresadas en las movilizaciones de la Coordinadora de Pensionistas y de los distintos colectivos de la sociedad civil. Este acuerdo —y me van a permitir que lo recuerde rápidamente— recoge un Pacto de Toledo que garantiza la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, un pacto que habla de actualizar las pensiones conforme al IPC real, mediante ley, de forma permanente, y aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas; que habla de impulsar la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial; que habla de revisar el sistema de cobertura de lagunas y la determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a personas con carreras profesionales irregulares; un pacto que habla de descargar a la Seguridad Social de esos gastos impropios que bien citaba Jordi, asegurando la sostenibilidad del sistema; que habla de revisar las bonificaciones de la contratación con el objeto de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquellas que contribuyen a la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad, y por supuesto que habla de eliminar el mal llamado factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones. Es verdad que el texto que hoy se trae a la Cámara para su aprobación no es nuestro texto, pero viene a ser condición de posibilidad para el desarrollo de nuestro acuerdo de Gobierno en materia de pensiones. El Pacto de Toledo, ya lo saben, es una Comisión no legislativa, recomienda. Ahora les toca al Legislativo y al Ejecutivo desarrollarlo, y confiamos plenamente en el desarrollo de este acuerdo de Gobierno. Es solo un primer paso, compañeros pensionistas, no alardeamos de más, pero tampoco de menos. El texto explicita que el sistema público es sostenible, tirando abajo el relato interesado de que era insostenible, y es suficiente para ir en pos del objetivo de garantizar el desarrollo de la vida digna de las personas pensionistas, de la que habla nuestro enunciado constitucional. Hoy no termina nada. Hoy comienza la tarea de legislar sobre la base del acuerdo. La lucha continúa. Queremos también lanzar un mensaje claro y contundente a todos aquellos que tengan pretensiones o tentaciones de privatización, por las vías que fuera, de nuestro sistema público de pensiones: no vamos a dejar que las manos invisibles del mercado se hagan con nuestras pensiones públicas; no vamos a permitir que nuestro sistema público entre en la selva del mercado, donde siempre —siempre— ganan los mismos. Con nosotros, no. El nuestro es un Estado social y de derecho —lo citaba Íñigo—, y hay derechos conquistados que deberían estar fuera de todo cuestionamiento, porque su sostenibilidad descansa en la legitimidad misma de nuestra democracia. Nuestro deber, por encima de todo, como grupo político, es cumplir con el mandato de nuestros votantes, que en esta materia se sintetiza en una sola consigna: gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Muchas gracias. .

  64. Aina Vidal Sáez ECP-GUANYEM EL CANVI

    Hoy presentamos un acuerdo que es fruto de la lucha de miles de trabajadores y pensionistas que han empujado para que se reconozca que una pensión no es un privilegio ni un regalo, sino un derecho; que no aceptamos perder poder adquisitivo; que el sistema debe seguir siendo público; que queremos pensiones suficientes para vivir y no para sobrevivir; que debemos eliminar la brutal discriminación hacia las mujeres que está presente en el sistema, y que queremos garantías para que en un futuro todas tengamos derecho a una pensión pública. Eran muchos los objetivos que nuestro grupo tenía en este acuerdo; algunos se han cumplido y otros no. En primer lugar, garantizar el poder adquisitivo. No más bochornosas cartas anunciando una subida del 0,25 %. Las pensiones subirán al ritmo que lo hace el encarecimiento de la vida, con el IPC, tal y como nos habíamos comprometido. En segundo lugar, se reafirma el carácter público y solidario del sistema. Este acuerdo obliga a la Administración a que cumpla con el artículo 50 de la Constitución. Los planes privados son, en todo caso, una opción voluntaria y en este acuerdo se favorece que se vinculen a la negociación colectiva. En tercer lugar, la responsabilidad pública y la suficiencia. Sabemos que durante años el sistema no puede financiarse solo con las cotizaciones. Por eso, era fundamental que quedara claro que la separación de fuentes no implica que el pago de las pensiones contributivas quede limitado a los ingresos por cotización. Al contrario, se menciona explícitamente que los ingresos generales del Estado asegurarán la suficiencia de las pensiones. Esto era fundamental. En cuarto lugar, garantiza la sostenibilidad y la transparencia del sistema. Llevamos años y años escuchando hablar del fin del sistema público. Pues bien, existe una bolsa enorme de recursos de gasto que se paga con cotizaciones y que responde a decisiones políticas —legítimas, pero políticas— de los diferentes Gobiernos. Esos gastos se situarán en los Presupuestos Generales del Estado, como corresponde; propuesta que da solvencia, seguridad y transparencia al sistema para que no haya ninguna duda de que nuestro sistema es sólido y tiene futuro. En quinto lugar, la equidad. El pacto habla de acercar la edad de jubilación efectiva a la legal, edad que nosotras no compartimos, pero ninguna persona en edad de jubilarse tendrá que optar por alargar su vida laboral para compensar una baja pensión, pues las posibles modificaciones no pueden romper el principio de suficiencia. Esto también era fundamental. Además, abrimos la posibilidad de escoger los mejores años de cotización para el cálculo de la pensión y eliminamos la temeridad de alargar más el periodo de cómputo, una cuestión muy importante para mujeres o para las personas que han perdido el trabajo poco antes de la jubilación. En sexto lugar, justicia de género. Hemos conseguido compensaciones para las lagunas de cotización que sufrimos muchísimo más las mujeres y la mejora del acceso a la pensión de viudedad en caso de parejas sin vínculo matrimonial, así como también la subida de mínimas y de no contributivas que, como bien han dicho otras compañeras, afectan mucho más a las mujeres. Y, en séptimo lugar, garantías para los autónomos. El acuerdo recoge que pueden cotizar por ingresos reales. Garantizar las pensiones dignas no solo para los actuales pensionistas, sino también para la gente de mi generación fue uno de los motivos por los que decidimos pasar de las plazas al Congreso para rehacer ese contrato social. Este acuerdo es un paso importante para ello; un paso, como decía Mery, pero que sería absolutamente impensable fuera de la era del bipartidismo. Como decía, aprobamos un marco que toca ahora convertir en reformas y en leyes y, para eso, necesitamos que siga la presión en la calle. Este lunes —y con esto termino— nos dejaba una mujer increíble llamada María Salvo. Cien años ha vivido. Del PSUC, republicana, d’Iniciativa, de Comissions Obreres; una militant antifeixista des de ben petita. Ni dieciséis años que pasó en la cárcel ni todas las torturas que tuvo que sufrir le borraron jamás la sonrisa que tenía ni el compromiso democrático. Ella era una trobadora de la nostra història, una militante de la esperanza. Puede que ella hoy nos dijera que paso a paso se hace camino y que no desfallezcamos jamás —eso seguro que lo diría—, porque a lo público y a lo común vale la pena dedicarle la vida, eso sin duda. Gràcies, María. Et trobem a faltar. .

  65. Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

    Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, voy a comenzar mi intervención afirmando un compromiso: el compromiso de VOX de asegurar la sostenibilidad, suficiencia, solidaridad y equidad de las pensiones públicas, el compromiso de VOX de garantizar las pensiones presentes y las que cobrarán los más de dieciocho millones de personas que hoy cotizan. Ese compromiso empieza por decir la verdad, no ignorarla, no esconderla. Hablemos de verdades. Primera. El sistema está en números rojos. Desde 2011, la Seguridad Social, a pesar de contar con importantes transferencias corrientes del Estado, ha venido registrando déficits continuados. Datos: en el año 2019, un déficit de 16 793 millones de euros, a pesar de contar con transferencias corrientes por importe de 15 645 millones de euros. Segunda. En el Estado español tan solo existe una caja. No hay una caja para la Seguridad Social y otra para el Estado, y decir lo contrario sí es una ficción contable y un desconocimiento absoluto de las normas de consolidación. Tercera. No se arregla el déficit, solo se traspasa a la Administración central. Se propone acabar con la política de préstamos a través del aumento de las transferencias, pero no se dice que para financiar esas transferencias el Estado tiene que pedir préstamos. Despierten, señorías. Tenemos un Estado endeudado en 1,3 billones —con be— de euros, un 114 % del PIB. Debemos mucho más de lo que ingresamos, de lo que producimos en todo un año. Cuarta. La Administración central se convierte en clave para asegurar la financiación de la Seguridad Social. Es mucho suponer que una Administración tan endeudada pueda en el medio plazo aportar fondos cuando las cotizaciones sociales no sean suficientes. A propósito, se habla en uno de los puntos de mecanismos innovadores que complementen su financiación. Eso significa subir o crear nuevos impuestos. Quinta. Las cuentas públicas no son sostenibles. La Comisión Europea sitúa el déficit estructural de la economía española a finales de 2021 en el 5,2 % del PIB, frente a una media del 2,1 % en los países de la zona euro. La deuda pública superará a finales del año 2021 el 120 % del PIB. Hagamos números, no nos quedemos en porcentajes. Si tomamos las estimaciones del Gobierno sobre el PIB y los objetivos de déficit, estaríamos hablando de un déficit público de 124 900 millones de euros en 2020 y de 93 400 millones de euros en 2021; en total, 218 300 millones de euros más que tenemos que financiar. Sexta. No existe ninguna propuesta sobre natalidad, aunque sí sobre inmigración. Nuestra tasa de fecundidad es de 1,23, la más baja de la Unión Europea, solo por detrás de Malta. Incomprensiblemente, España es, junto con Holanda, el país que menos ayudas dedica a familias e hijos. Séptima. No se recoge ninguna propuesta para fomentar la creación de empleo o para aumentar la productividad. Señorías, si no se aumenta el empleo y la productividad, crecerá la brecha entre cotizaciones y pensiones y necesitarán mayores transferencias. España registra una tasa de paro del 16,2 %, el doble de la media de los países de la zona euro, tasa de paro que se moverá de aquí a 2025 en el 14,2 y el 14,3, según estimaciones realizadas por el Fondo Monetario internacional. España es el único país de la Unión Europea que registra en los últimos años una correlación negativa entre el valor añadido bruto por hora trabajada y el crecimiento económico. Octava. Existe poca rotundidad en la defensa de una gestión de la caja única de la Seguridad Social. Traspasar la gestión a los Gobiernos autonómicos abocaría irremediablemente al comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional. Novena. Se pide confianza ciega a los jóvenes. A los jóvenes hay que informarles, no ocultarles la realidad. La realidad es que el paro juvenil está en el 40 % y que tenemos una deuda per cápita en torno a 27 600 euros. Mientras tanto, se pide favorecer la incorporación plena al mercado laboral de los menores de edad que llegan a España sin acompañamiento, en lugar de potenciar que vuelvan con sus familias. Décima. España necesita llevar a cabo una drástica reducción del gasto político y la eliminación de duplicidades. Para ello, en VOX hemos presentado una PNL para adoptar el presupuesto en base cero, metodología que exige justificar cada nivel de gasto. Con un presupuesto en base cero, identificaremos todos los gastos políticos innecesarios y lograremos ahorros. Quienes lo hemos aplicado en nuestros trabajos sabemos de lo que hablamos. ¿Dónde se puede ahorrar? Una idea: presupuesto de gastos de las comunidades autónomas, crecimiento entre 2002 y 2019: se ha multiplicado por 2,1; ha pasado de 90 418 millones de euros a 191 673 millones de euros. Señorías, ser honestos con los españoles es decirles que los problemas que tiene España son de sostenibilidad de las cuentas públicas en su conjunto, decirles que si no hacemos nosotros las reformas estructurales nos vendrán impuestas desde fuera. Ser sinceros es decir a los españoles que fue el Partido Socialista quien en 2011 congeló las pensiones a 6 millones de españoles y recortó el 5 % el sueldo de los empleados públicos. Es decirles que los recortes que aplicaron países como Grecia, Irlanda o Portugal fueron de entre el 15 % y el 40 %. Ser claros con los españoles significa mostrarles que la única forma de mantener el poder adquisitivo de las pensiones o incluso mejorarlo es reduciendo gasto político y eliminando duplicidades. Ser responsables, señorías, supone hablar con claridad a los españoles y decirles que este informe es un engaño sobre la sostenibilidad del sistema, que cualquier partido responsable no lo firmaría, y VOX, señorías, es un partido responsable.

  66. Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

    Termino dándole las gracias a la presidenta de la Comisión, Magdalena Valerio, a los portavoces, comparecientes y letrado por el respeto observado en todas las reuniones. Muchísimas gracias. .

  67. María Mercè Perea i Conillas PSC-PSOE

    Gracias, presidenta. Bon dia; buenos días. Ministro, ¿a quién beneficia fundamentalmente esta renovación del Pacto de Toledo? Beneficia fundamentalmente a los ciudadanos españoles: a los pasivos; a los pensionistas, que mejorarán su pensión; a aquellos que están en activo, porque tendrán garantizada en el futuro la pensión a la que han generado derecho; porque el objeto de esta renovación del acuerdo es fundamentalmente preservar para nuestros nietos una conquista histórica de la que actualmente se están beneficiando nuestros mayores. Si yo tuviera que definir con dos palabras lo que significa esta renovación del pacto, diría reconocimiento y compromiso: reconocimiento de la necesidad de conservar un sistema público de pensiones, reconocimiento también de una historia —la nuestra—, la de la Seguridad Social española que en estos últimos veinticinco años ha sido un ejemplo de responsabilidad, pero sobre todo de reconocimiento, señorías, de que la política y solo la política es capaz de encontrar soluciones a los que desplaza el mercado y de ofrecer refugio a aquellos a los que su mano invisible solamente les ofrece miseria y resignación. ¿Verdad, María Pita? Añado también que será la política la que haga posible las reformas necesarias de estos sistemas del bienestar. Sin un apoyo público, no va a ser posible ni construir ni reformar ni consolidar los sistemas de pensiones. Pues suscribo plenamente estas palabras; corresponden a José Antonio Griñán Martínez, portavoz del Grupo Socialista el 2 de octubre de 2003, un gran político socialista y una gran persona. . Hoy ya tiene cuarenta y tres años de vigencia nuestro sistema de Seguridad Social y veinticinco el Pacto de Toledo. Nuestra historia colectiva: reconocimiento y compromiso, y yo diría confianza y certidumbre. Señorías, este pacto es histórico, es un pacto de país, un pacto que nos compele a todos y a todas, de la A a la Z, a mayores, jóvenes, menores, mujeres con discapacidad, migrantes, trabajadores. Pongámonos en contexto. Hace cinco años que las recomendaciones deberían haberse renovado y han pasado tres legislaturas. Partíamos de posturas muy confrontadas, muy polarizadas. Su causa: la ruptura del consenso político y social de las reformas neoliberales del año 2012 y 2013; recordemos el escaso 0,25 o un factor de sostenibilidad oscuro, reformas insostenibles socialmente y hoy derogadas de facto. Estas recomendaciones marcan líneas rojas, lo decía la Presidenta: se descarta la transformación radical de nuestro sistema público de pensiones de reparto y solidaridad intergeneracional; se rechaza, por tanto, su sustitución por otro de capitalización o de pensiones privadas. ¡Que quede claro! Señorías, frente a la incertidumbre, certidumbre. Me dirijo —y mando un fuerte abrazo a las personas, a las familias que han perdido a sus familiares mayores— a nuestros mayores: se acabó la angustia por las pensiones, el IPC ha venido para quedarse. . Pero también me dirijo a los jóvenes: estas recomendaciones, Omar, garantizan la protección del presente y del futuro, y esta Comisión va a estar vigilante. Esta travesía de cuatro años ha sido un antes y un después para muchos diputados y diputadas en estas últimas legislaturas, también en la presente; políticamente, porque la política en mayúscula ha vuelto a esta Cámara gracias al consenso, a un gran consenso; y, personalmente, aprender lo que es el sistema de protección social ha sido conocer la grandeza de nuestro país, nuestro Estado del bienestar, un mecanismo de ingeniería español, que dirían tanto José Antonio Panizo como Fidel Ferreras, que me lo descubrieron. Estas recomendaciones, como han señalado la presidenta y muchos portavoces de forma rigurosa, ponen las bases para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a corto, medio y largo plazo —por tanto, no sirven esos chistes de que acabando con el gasto político acabamos con el déficit de pensiones; eso es una tomadura de pelo que la gente no se traga, señores de VOX— y garantizar el poder adquisitivo: el IPC ha venido para quedarse. Además, se adaptan a esa realidad cambiante, lo decía el portavoz del PNV, para acabar de una vez por todas con la precariedad. Estas recomendaciones incluyen a las personas migrantes, claves para la sostenibilidad del sistema. Y también, para proteger a las familias, para resolver posibles inequidades. Lo hemos hablado, lo han dicho los portavoces, personas que fallecen o parejas de las que fallece uno de los miembros y que quedan desprotegidas, o las personas con largas carreras de cotización que, por causas ajenas a ellas, se han visto abocadas a la penalización perpetua de sus pensiones. Y, desde luego, eliminan o van en camino de eliminar la gran discriminación, en especial la de género. Desde luego, generan confianza y certidumbre. Estas recomendaciones han empezado a caminar en estos Presupuestos Generales del Estado, que deberían ser un gran pacto también de Estado de este hemiciclo, y lo dijo la portavoz, Adriana Lastra, bien claro: tendríamos que pelearnos para ver quién es el primer grupo parlamentario que apoya estos presupuestos. Voy acabando. Estas recomendaciones han empezado a caminar, como decía, en estos presupuestos. El Grupo Parlamentario Socialista ha votado que no a los votos particulares. Nosotros tenemos nuestro modelo de pensiones, claro que sí, pero ciertamente el Grupo Socialista prefiere pensar en que, ante estos modelos que hoy han quedado aquí evidenciados, que hay modelos diferentes y en muchos casos muy polarizados, este es un punto de encuentro muy importante, es una base de acuerdo desde el consenso, también desde la discrepancia, pero, sobre todo, para construir. Yo creo que este debate ha sido un ejemplo. Este texto es un paso muy importante para la concertación social y para dar una imagen muy importante a los ciudadanos que nos esperan. Acabo. Invito a los miembros del Pacto de Toledo a continuar estando vigilantes a lo que lleve a cabo el Gobierno. Termino, presidenta, agradeciendo a mi grupo parlamentario haber confiado en mí estos cuatro años; a los servicios de la Cámara y en especial al letrado Ignacio Gutiérrez, que ha sido una persona con una paciencia infinita; al ministerio, y por supuesto me adhiero a las felicitaciones que ha hecho la presidenta del Pacto de Toledo al ministro Escrivá y especialmente a Borja Suárez, director general de Ordenación de la Seguridad Social por su máxima implicación, más allá de sus obligaciones, y a los compañeros de estas legislaturas. Lo encarno en Aina porque fuimos unas compañeras de viaje en una travesía un poco dura. Por último, agradezco a la presidenta Magdalena Valerio su vehemencia en la defensa del sistema público de pensiones. De ella también hemos aprendido mucho, ella también es un referente para este país. Muchas gracias. .

  68. Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Buenas tardes, señorías, presidenta. La casualidad ha querido, yo creo que por primera vez prácticamente, que se vea en este hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, la cuenta general y a su vez la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Esta casualidad nos ofrece una oportunidad de hacer algunas valoraciones y —también se lo digo a los grupos del Gobierno— de intentar hacer algunas correcciones ad futurum en relación con el presupuesto. Es verdad que es la cuenta general de 2017 y 2018, en 2017 con Gobierno del Partido Popular y en 2018 con presupuesto del Partido Popular y Gobierno mitad del Partido Popular y mitad del Partido Socialista. Por tanto, no se lo tomen como un reproche a cada uno de sus grupos, es solo para constatarlo y que esto valga para todos los grupos, porque se han de rectificar algunas cuestiones. . Más allá de entrar en las valoraciones de las entidades que han quedado fuera o no de la cuenta general, que continúan siendo demasiadas, voy a centrar mi intervención en la siguiente valoración. Cuando se hace la cuenta general, se pueden hacer muchas valoraciones, pero es bueno hacer la valoración de cómo ha evolucionado el presupuesto que se está liquidando y que se ha incorporado a la cuenta general. Cuando uno valora el presupuesto, tiene que valorar si estaba bien realizado; y para valorar si estaba bien realizado, se tiene que mirar, en primer lugar, si se han hecho muchas modificaciones o no en el presupuesto y en qué ámbitos se han hecho. Encontramos una situación que no es nueva, que es reiterada y que no me voy a cansar de denunciar. Presupuesto por programas, presupuestos del programa 12, defensa. Presupuesto inicial, 7568 millones; modificaciones presupuestarias, en 2017, 1283 millones de euros de modificaciones en el presupuesto de defensa, lo que representa un 17 %. Se presupuesta una cantidad en el programa de defensa y se hacen modificaciones por un 17 %. ¿Eso ocurre en todos los programas? Pues no. Veamos algunos ejemplos que he escogido porque van a ser ilustrativos también en otros aspectos. En el programa de industria, modificaciones, el 5,31 %; en el programa comercio, turismo y pymes, modificaciones el menos 0,06 %; investigación, desarrollo e innovación, modificaciones, solo el 2,13 %. En 2017. Por tanto, se presupuesta mal el Ministerio de Defensa, que se incrementa. Ese es un dato para corregir. Veamos cómo se ejecuta el presupuesto. ¿Se ejecuta por igual en todos los programas? Veremos que no. Ministerio de Defensa, gasto comprometido en relación con el presupuestado, 99 %. El Ministerio de Defensa es diligente, es capaz de ejecutar prácticamente todo su presupuesto. En Industria, ya la diligencia no es tanta, 89 %. Alarmante, programa comercio, turismo y pymes, el 47 %; no se ejecuta ni el 50 % del presupuesto. Investigación, desarrollo e innovación, exactamente lo mismo, no se ejecuta ni el 50 %, solo el 48 %. En Defensa, el 99%; en Industria, el 89 %; en comercio, turismo y pymes, el 47 %; en investigación, desarrollo e innovación, el 48 %. Esto fue porque los del PP eran muy malos gestores y presupuestaban mal. ¿Qué pasa en 2018? Pues una cosa muy similar. El presupuesto de defensa también se incrementa; menos, claro, no se incrementa un 17 %, pero se incrementa un 12 %; el presupuesto de industria se incrementa solo un 5 %; el de comercio, turismo y pymes se vuelve a reducir y el de investigación, desarrollo e innovación, exactamente lo mismo. Pero ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo ejecutan el Gobierno del PP y el Gobierno del Partido Socialista este presupuesto? La diligencia en los programas de defensa continúa siendo la misma. En Defensa se ejecuta el 99 % del presupuesto que se incrementa. Esta diligencia en Industria va a menos: en el 2017, el 89 % y, en 2018, solo se ejecuta el 77 % del programa de industria. Del programa comercio, turismo y pymes se ejecuta el 47 % en 2017 y el 48 % en 2018; en el programa investigación, desarrollo e innovación solo se ejecuta el 49 %. Ahora estamos haciendo el presupuesto y tendremos que tener estos datos en cuenta porque en Cataluña sabemos que lo importante no es presupuestar, que lo es, sino que lo importante es ejecutar. Que la diligencia de los Gobiernos en ejecutar los presupuestos de defensa sea del 99 % y de los presupuestos de investigación, desarrollo e innovación, o de comercio, turismo y pymes no alcance el 50 %, efectivamente, es un déficit que deberemos corregir, sobre todo el Gobierno. Como quiero ser justo y no criticar completamente todo, debo realizar, aunque sea a título póstumo —a título póstumo como ministro, no como persona física—, un cierto reconocimiento al ministro Montoro porque desde esta tribuna le critiqué duramente, especialmente en 2017, respecto a los presupuestos de ingresos, que nos parecían en aquel momento sobrevalorados, y ahora uno puede constatar que en 2017 se acabó liquidando el 97 % de los ingresos tributarios presupuestados y en 2018 el 96 %. . Espero que esto nos sirva a todos para que, en la tramitación parlamentaria, y sobre todo en la ejecución, mejoremos de cara al 2021. Muchísimas gracias.

  69. Roberto Uriarte Torrealday UP

    Buenas tardes, señora presidenta, queridos y queridas colegas, y personal de la Cámara. Nos toca hoy abordar la rendición de cuentas del Tribunal de Cuentas respecto de los ejercicios 2017 y 2018, con Gobierno de don Mariano Rajoy, y transición y periodo de gracia del Gobierno entrante, del primer Gobierno del señor Sánchez. ¿De qué habla el dictamen del Tribunal de Cuentas? Habla de la no integración en las cuentas generales consolidadas de algunas entidades, habla de falta de rendición de las cuentas individuales por parte del sector público empresarial y fundacional; habla de presentación fuera de plazo de las cuentas anuales y de otras muchas deficiencias en la liquidación del presupuesto de ingresos consolidado, defectos de ejecución presupuestaria o falta de inventarios completos del inmovilizado material de la Administración General del Estado. Y bien, ¿con esto qué? A partir de aquí, ¿qué? A partir de aquí, vamos a aprobar el dictamen del Tribunal de Cuentas, vamos a dar nuestro visto bueno a esta fiscalización realizada y, ¿qué más? Podemos hacer varias cosas. Podemos hacer lo que, lamentablemente, se hace reiteradamente y se ha hecho en la Comisión de seguimiento del Tribunal de Cuentas, que es protestar por el retraso de las cuentas, cuando sabemos a ciencia cierta que eso es mucho más responsabilidad de esta Cámara que del propio tribunal, porque somos nosotros los responsables de los procedimientos y de las demoras en gran parte por no regularlo bien. Podemos hacer lo que estamos viendo en intervenciones previas, es decir, una especie de control con espejo retrovisor del Gobierno anterior; función legítima, pero función estéril en la medida en que ese Gobierno ya ha decaído, inicialmente con una moción de censura por una nueva mayoría parlamentaria y, posteriormente, porque ha sido enviado al retiro, por decirlo de alguna forma, por parte de la ciudadanía con su voto. Por tanto, no estamos para perder el tiempo en cuestiones estériles. Una tercera cosa que podríamos hacer y que, probablemente, van a hacer algunas compañeras y compañeros es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y utilizar la rendición de cuentas de los años 2017 y 2018 para echar pedradas contra el Gobierno del año 2020. Muy probablemente me estoy adelantando a los acontecimientos que vamos a ver. En todo caso, pésimas prácticas parlamentarias o, al menos, prácticas parlamentarias que no añaden nada y que no aportan. Nuestra función, para lo que nos paga la ciudadanía es aportar soluciones y avanzar. ¿En qué sentido tenemos que avanzar? Tenemos que avanzar proponiendo cosas positivas, y no vamos a proponer nada excepcional más que recoger lo que demandan los foros especializados, todos los foros internacionales sobre entidades fiscalizadoras. Así, el foro internacional, Intosai, reunido en Moscú en 2019; el foro europeo, Eurosai, reunido en Estambul en 2017, o el foro español, el de las OCEX, reunido en Barcelona en 2017, todos ellos dicen que hace falta el control externo, que estas entidades fiscalizadoras no solo tienen que abordar el cumplimiento, sino también la gestión de los presupuestos públicos. Es decir, aquí siempre estamos hablando de cuáles son los objetivos de las políticas que proponemos y nunca se evalúa la eficacia, el nivel de logro, de consecución de esos objetivos, con lo cual no tenemos una fiscalización eficiente de en qué medida estos presupuestos están consiguiendo los objetivos que se planteaban. No se trata solo de hacer un inventario de buenas y malas prácticas, no se trata solo de ver cuáles son los problemas de control presupuestario, cuáles son los problemas contables, sino que se trata de saber cuál es la incidencia real sobre la sociedad que tienen los presupuestos cada año, y eso no lo tenemos, con lo cual no estamos cumpliendo debidamente esa función. Una segunda función añadida es la que plantean los foros internacionales, en concreto los sectores académicos críticos en esta materia. ¿Qué es lo que plantean? Que no se trata solo de ver estos defectos, estas malas prácticas presupuestarias, sino de ver en qué medida estas malas prácticas están relacionadas con un problema fundamental, con un problema esencial, con un problema sistémico de corrupción, porque detrás de muchas de esas prácticas se esconde la corrupción. Como plantean esos ámbitos académicos, no se trata solo de analizar la corrupción desde la perspectiva del corrupto o del corrompido, sino también desde la perspectiva del corruptor, porque, en general, cuando hay corrupción y cuando hay corrupción sistémica y anida en las instituciones hay alguien que corrompe. Y en este país seguimos mirando para otro lado, seguimos no queriendo identificar la actividad lobística que se ejerce sobre esta misma institución y sobre el resto de las instituciones del Estado y no queriendo saber que son los poderosos, que son los poderes político-financieros los que están haciendo derivar en todos los países del mundo, por supuesto, y en todas las instituciones lo que debería ser interés general en intereses particulares. Somos el país número 13 en producto interior bruto del mundo, somos el país número 26 en índice de desarrollo humano y, si tenemos en cuenta la variante de la igualdad, nos convertimos en el país 38 del mundo. Es decir, somos un país menos justo que desarrollado y mucho menos desarrollado que rico. Para que avancemos en el desarrollo es absolutamente fundamental el respeto de las instituciones y el respeto de la acción política. Realmente, si este Parlamento, si esas instituciones no empiezan a respetarse a sí mismas, es muy difícil que podamos acompasar nuestro nivel de desarrollo a nuestro nivel económico y a nuestro nivel de riqueza. Si seguimos arrastrando las instituciones, si seguimos dando espectáculos más propios de patio de colegio de niños malcriados, es muy difícil que avancemos. Tenemos que mirar hacia los países más avanzados de Europa, hacia quienes hacen políticas propositivas, hacia quienes miran de frente a sus problemas de corrupción, hacia quienes miran de frente a sus problemas institucionales. Tenemos dos instituciones magníficas de las que nos ha dotado la Constitución, como son el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, dos armas magníficas de las que dispone este Poder Legislativo para poder hacer su trabajo como es debido, para hacer que este país esté a la altura de lo que debe estar. Por desgracia, en este momento son lo que yo llamo —en la visita que hacíamos al Tribunal de Cuentas se lo decía a la señora presidenta— dos magníficos Ferraris aparcados y sin utilizar. Tenemos dos instituciones a las que no les estamos sacando el jugo para crear un Estado mejor, un Estado más decente, que merezca la pena dejar a las siguientes generaciones. No estamos utilizando… .

  70. Roberto Uriarte Torrealday UP

    Muchísimas gracias. Termino, presidente. .

  71. Inés María Cañizares Pacheco VOX

    Gracias, presidente. Señorías, esta tribuna brinda al Grupo Parlamentario VOX la oportunidad de expresar lo que jamás ningún otro grupo antes ha dicho aquí con total seguridad: que el garante del cumplimiento de las normas no las cumple. Podría hablar de la morosidad del sector público o del periodo medio de pago a proveedores, mal endémico y punta del iceberg de una triste realidad, fruto de la gestión de los distintos Gobiernos de esta nación, y es que, entre otras muchas razones, por cuestiones como esta casi 4 millones de españoles han otorgado su confianza a nuestro proyecto político para mejorar las instituciones del Estado y conseguir que las familias, los ciudadanos, soportando menores cargas, reciban mejores servicios públicos para que, en definitiva, esta gran nación se torne en la economía ágil, dinámica y competitiva que todo compatriota anhela. . Señorías, las declaraciones de las cuentas generales del Estado de los ejercicios 2017 y 2018 vuelven a reflejar otro año más grandes deficiencias en el cumplimiento de las normas contables, en la falta de rendición de cuentas en términos de información, transparencia y plazo y en la entropía recaudatoria que suponen los costes de gestión; sí, señorías, una entropía que se traduce en tener que recaudar más para que ese euro exigido al esfuerzo privado de los españoles pueda llegar a ser gastado en lo que se promete. Diferentes criterios de imputación de obligaciones y derechos, resultados consolidados sobrevalorados, carencia de inventarios de activos públicos y un largo etcétera, algo impensable para el sector privado, que solo podría cometer estos errores bajo el yugo de la sanción y la multa. ¿De qué sirve, por tanto, mantener un excelente Tribunal de Cuentas, que hace un magnífico trabajo, cuyo presupuesto anual roza los 70 millones de euros, costeado por nuestros impuestos, que, con la finalidad de mejorar la gestión pública, hace las mismas recomendaciones año tras año si luego quien las tiene que llevar a cabo continúa cometiendo los mismos errores? La reincidencia continuada pone de manifiesto la absoluta falta de diligencia de quien debe predicar con el ejemplo. Estamos en lo de siempre: exigir al administrado lo que la Administración no es capaz de llevar a efecto. . Solo les voy a dar un dato. En la cuenta de 2018 existen salvedades para el Tribunal de Cuentas cuantificadas en 50 000 millones de euros casi, lo que supone el 12 % del total de obligaciones reconocidas netas consolidadas o lo que representaría también más de 8,3 millones de declaraciones de renta, es decir, el dinero de más de 8 millones de españoles que tributan por IRPF estaría siendo objeto de un ejercicio contable dudoso a los ojos del Tribunal de Cuentas. Pero lo más grave de todo esto es que las salvedades y recomendaciones se repiten reiteradamente declaración tras declaración y año tras año con el mismo común denominador y sin que ningún Gobierno del signo o del color que sea —rojo o azul, azul o rojo— tome cartas en el asunto para atajar los problemas de envergadura y solo abarque temas menores. Todo ello se produce de manera sistemática, mientras que el ciudadano de a pie es atacado y humillado con frases como: existe mucho fraude fiscal o los españoles no pagamos suficientes impuestos para mantener los servicios públicos. Y es que, señorías, da igual qué grupo parlamentario sea el que inste al Gobierno a cambiar las cosas. Hasta ahora, se han alternado los Gobiernos de uno y otro signo —tanto monta, monta tanto— y no terminan de hacer cuando están en el Gobierno lo que antes pedían que se hiciese cuando eran oposición. . Donde dije digo, digo Diego. Hoy, todos los grupos pretenden instar al Gobierno a realizar mejoras a la cuenta general del Estado, y algunos de ellos, que han presentado propuestas de resolución, ven con buenos ojos los presupuestos generales del Estado en tramitación, a pesar de que no conocemos cuál será el destino concreto de los inmensos gastos a realizar, de la falta de un efectivo control sobre los mismos y del desconocimiento de la posición financiera de los servicios departamentales y los entes públicos. Estos dictámenes aprobados son dos dictámenes de años consecutivos, con propuestas de resolución en muchos casos coincidentes y algunas de ellas ya planteadas en años anteriores. La desidia que se percibe es ciertamente grave, máxime a la luz de los incrementos que en materia impositiva va a preparar este Gobierno, paradójicamente, sin ir acompañados de ninguna medida de racionalización y eficiencia del sector público. ¿Señorías, ustedes han visto que el mastodóntico ejecutivo que nos gobierna haya presentado alguna medida de racionalización en los presupuestos que pretende aprobar? Yo desde luego no. ¿Acaso incluye algunas de las resoluciones recogidas en los dictámenes de ejercicios anteriores, como, por ejemplo, el seguimiento de las medidas y actuaciones llevadas a cabo por la ociosa Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas? Señorías, este grupo parlamentario lo tiene muy claro. Es de capital importancia hacer el esfuerzo de aplicar la metodología presupuestaria en base cero cuanto antes. Por eso ya presentamos, como antes ha dicho mi compañero, ante esta Cámara, el 4 de junio, una proposición no de ley dirigida a la Comisión de Presupuestos, instando al Gobierno a implantar dicha metodología. Nos enfrentamos a nuevos tiempos, aún más difíciles de los que tristemente estamos viviendo, que requieren de reformas estructurales, y una buena receta sería comenzar por hacer un presupuesto adaptado al momento. España tiene un gran reto estructural inherente al sector público: la mejora de sus instituciones, la eficiencia en la gestión de la Administración Pública y en el uso de los recursos, optimizar la información en la toma de decisiones, conseguir la reducción del déficit público a medio plazo y mejorar la eficacia en el cruce de la información de cuentas y datos contables con la Intervención General del Estado. Termino. Como el Grupo Socialista ha presentado varias propuestas de resolución, al hilo de lo que vengo diciendo, este grupo parlamentario anhela y espera que las propuestas de resolución que presenta hoy el grupo que apoya al Gobierno, esto es, sus propias recetas, sean aplicadas por el Ejecutivo de forma voluntaria y sin necesidad de que el Tribunal de Cuentas se lo recomiende de nuevo y, por tanto, se vean reflejadas en la cuenta general del ejercicio 2020, aunque la evidencia revela que, precisamente, harán justo lo contrario de lo que prometen. Pues eso. Gracias. .

  72. Miguel Ángel Paniagua Núñez PP

    Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Veo que el portavoz de Podemos sigue intentando controlar nuestras intervenciones. Cómo le gusta el control de la oposición a su partido. En primer lugar, quiero agradecer desde aquí el trabajo del Tribunal de Cuentas en estos informes. Desde la visión de un novato en esta Comisión, tengo que decir que es abrumador leer y analizar sus informes, no solo por los informes en sí, sino por la cantidad de información, de datos y de trabajo que intuyo hay detrás del Tribunal de Cuentas y de toda la Administración española, un ingente trabajo en aras de la transparencia, el control y la fiscalización. Nosotros creemos que merece la pena. Al fin y al cabo es el dinero de todos, y no el de nadie, como decía una insigne socialista. Por eso no entiendo la posición de los grupos que apoyan al Gobierno que han votado en contra de esta fiscalización, de este control y de esta transparencia. La Mesa de la Comisión decidirá sobre las comparecencias e informes que solicitamos desde los distintos grupos; una Mesa que tiene tres componentes del Gobierno y dos del Partido Popular, de la oposición, y sabemos, por lo que hemos visto durante estos meses, que el control, la fiscalización y la transparencia no son las cualidades principales de este Gobierno. Creo que el resto de los grupos se están equivocando dejando en sus manos estas decisiones. Les hablaba del ingente trabajo de los informes, y por esa razón somos conscientes de las dificultades de que estos sean perfectos; y con perfectos quiero decir que no haya incumplimientos ni en forma ni en fondo de ningún órgano de la Administración ni discrepancias entre ellos y el tribunal. Pero esto que podemos considerar un objetivo a conseguir, también debemos saber que quizá sea imposible. Por eso debemos alegrarnos de las mejoras con respecto a las cuentas generales de años anteriores, porque es muy difícil y esas mejoras responden a una ardua tarea de muchos funcionarios públicos. En primer lugar, nos alegramos de que el informe cada vez se haga en un plazo más breve, aunque seguimos pidiendo que se realicen los estudios necesarios para impulsar las reformas legislativas y la adaptación de los recursos materiales y humanos que resulten necesarios para acortar los plazos de la rendición de cuentas y de la aprobación de la declaración sobre la cuenta general del Estado de cada ejercicio. También nos alegramos de las mejoras en la información y en las actuaciones que año tras año nos trasladan, pero seguimos estando preocupados por las deficiencias que se vienen detectando una y otra vez y que se señalan en las sucesivas declaraciones de las cuentas generales del Estado y en las resoluciones de esta Comisión. Por eso le pregunté a la presidenta —y nos pregunto a todos nosotros— qué podemos hacer para avanzar de forma definitiva en estos temas, cómo podemos mejorar la colaboración de la Intervención General del Estado con el tribunal y de ambos con esta Comisión mixta. También le pregunté si existían equipos de trabajo conjuntos entre el Tribunal de Cuentas y la Intervención general. Nosotros pensamos que debería haberlos y que deberían dar cuenta a esta Comisión mixta de su trabajo para confirmar que realmente se producen avances significativos, como venimos demandando. Y, por último, si es posible que incluso en los informes figuren los máximos responsables de aquellos departamentos que incurren en los errores. La presidenta del Tribunal de Cuentas terminaba su intervención sobre la cuenta general del Estado de 2018 diciendo: La declaración finaliza con las mismas propuestas a las Cortes Generales que contenía la declaración definitiva del ejercicio 2017, pero las incidencias se han incrementado en 2018. Los reyes de la transparencia, el Partido Socialista, empeoraban los datos. Además, el resultado presupuestario consolidado en 2018 está sobrevalorado en 2292,8 millones de euros y, por tanto, empeora no solo las deficiencias que analiza el tribunal, sino el presupuesto en sí. Vamos a comparar 2017 y 2018. En 2017 la previsión de déficit era del 3,10 %, el Gobierno del Partido Popular lo cerró en el 3,03 %, es decir, 7 centésimas menos de déficit. En cambio, para 2018 la previsión era del 2,20 % y se cerró en el 2,53 %, 33 centésimas más de déficit, y eso a pesar de que, como bien ha dicho el señor Bel, los ingresos estaban bastante cuadrados. En cuanto a la regla de gasto, fue cumplida en el 2017 por todas las administraciones salvo las comunidades autónomas. En cambio, en 2018 se incorporaba la Administración General del Estado a este incumplimiento. El objetivo de deuda fue cumplido en ambos años. Creo que 2017 podemos considerarlo un buen año presupuestario, no así 2018, y veremos a ver la cuenta general del Estado de 2019, sabiendo que el déficit previsto se incrementó en más de un punto porcentual y que después de seis años de crecimiento de la economía y reducción del déficit público el Gobierno socialista lo volvió a incrementar. Si es que va en sus genes, señores del PSOE. Sobre algunas propuestas de resolución que nuestro grupo presentó, no entendemos el voto en contra del Gobierno y del resto de partidos que les apoyan, porque son propuestas que pretenden cumplir con la legislación al mejorar la transparencia y rendición de cuentas o seguir las direcciones del tribunal; no lo entendemos. Por último, quiero hablarles del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, porque la portavoz socialista en la Comisión, en su intervención sobre la cuenta general del Estado de 2018, criticaba la gestión del Partido Popular y decía que habíamos dilapidado el fondo. Decía que era un fondo para una coyuntura específica y no una situación estructural. Y yo le pregunto a la portavoz socialista: ¿Los 3 millones de parados que generaron en su Gobierno no eran una coyuntura específica? ¿Es que pensaban dejarlos como estructurales, es decir, para siempre? Cuando nosotros llegamos al Gobierno sabíamos que podíamos hacerlo coyuntural y no estructural, y así lo hicimos, recuperando más de 2 millones de empleos; si nos hubieran dejado unos meses más, habríamos recuperado todos. Por otro lado, la entonces ministra Valerio, hoy compañera en el Congreso, volvió a tirar del fondo en el año 2019. Y otra cosa les digo: de los países que atravesaron peor la crisis económica y financiera —Irlanda, Portugal, Grecia y España— el único país en el que las pensiones no se han rebajado ha sido España, gracias al uso del Fondo de reserva. No lo digo yo, lo dice don Octavio Granados, secretario de Estado de la Seguridad Social con el Gobierno socialista. Y dice más sobre la utilización del Fondo de reserva a finales de 2017: Está usado y bien usado. Seguro que sabe algo más del tema que usted. La otra opción es que se concediera un préstamo a la Seguridad Social. La diferencia puede estar en los costes financieros y quizá esa sea la razón de que en estos años se utilizara el fondo, para ahorrar costes financieros al Estado y, por tanto, reducir el déficit y la deuda. ¿No les parece un objetivo loable? La verdad es que viendo estos Presupuestos Generales del Estado que han presentado para 2021 estoy seguro de que no. Muchas gracias. .

  73. Elvira Ramón Utrabo PSOE

    Gracias, presidente. En primer lugar, quiero decirle al portavoz del Grupo Popular, como ya se lo dije en la Comisión, que las decisiones que toma la Mesa de la Comisión mixta son tan acertadas y legítimas como las que se tomaban cuando la mayoría de esa Mesa estaba en manos de su partido o de su Gobierno. Quiero decirle también a la portavoz de VOX que me alegro de que en su intervención en esta ocasión no haya comparado al Estado con la empresa privada, como sí ocurrió en la Comisión; algo es algo, porque creo que la diferencia es bastante significativa y notable. Entrando en la cuestión, hoy traemos al Pleno el dictamen de la Comisión sobre los informes de los presupuestos de 2017 y 2018, que se debaten de forma conjunta. Estos informes no suelen identificar indicios de responsabilidad de ningún tipo, porque se trata de una fiscalización financiera y de cumplimiento de la normativa contable en los que el Tribunal de Cuentas da su opinión sobre la cuenta general del Estado y se indican las salvedades si las hubiera. Es muy relevante porque en ella se da cuenta de la ejecución del presupuesto y del resultado económico o patrimonial del Estado, entre otras cuestiones. Debo resaltar también, como lo hicimos en la Comisión, nuestra felicitación al Tribunal de Cuentas porque es la primera vez que se ha logrado el objetivo de aprobar esta cuenta en el plazo establecido de seis meses. Hay que dejar claro que estas cuentas se refieren a un presupuesto elaborado por el Gobierno del Partido Popular y ejecutado en su mayor parte por ese mismo Gobierno. Nosotros no aprobamos este presupuesto y estos informes nos dan la razón. Ahora estamos en la tramitación de un presupuesto general para nuestro país, un presupuesto serio, equilibrado en sus ingresos y en sus gastos y, lo que es más importante, el presupuesto más social de nuestra reciente historia democrática. Las salvedades que se indican en estos informes son prácticamente las mismas en ambas cuentas. Una de las cuestiones que se señalan por el Tribunal de Cuentas es que se siguen produciendo desviaciones entre las previsiones presupuestarias iniciales y los derechos netos reconocidos en la liquidación del presupuesto de ingresos. Las entidades que no rinden son muchas y persisten en la actualidad. La Administración General del Estado sigue careciendo de inventarios completos, estando pendiente de incluirse en ellos una parte importante del inmovilizado material. También es destacable la situación y la evolución de la deuda pública, pero quiero resaltar que en ambas cuentas el Tribunal hace especial incidencia en el desequilibrio patrimonial de la Seguridad Social. Por segundo año consecutivo su balance recoge un patrimonio neto negativo, en diciembre de 2018, de 33 260 millones de euros, y en 2017, de 13 720. La solución adoptada para afrontar gastos ordinarios —y no es una crítica, señor portavoz del Grupo Popular, sino que es la realidad— ha sido utilizar y dilapidar durante los años de Gobierno del Partido Popular el Fondo de reserva. En 2017, 10 192 millones, y en 2018, 13 380 millones. Quiero resaltar que durante los años de Gobierno del Partido Popular —insisto, no es una crítica, sino una realidad objetiva— se acabó prácticamente con este Fondo de reserva. Y, sí, este Fondo de reserva era para cubrir una coyuntura específica y no una situación estructural de falta de financiación como la que señala el propio Tribunal de Cuentas. Desde 2012 a 2018 han sido un total de 77 437 millones de ese Fondo de reserva. La financiación del sistema de la Seguridad Social ha de adecuarse a la naturaleza de la protección. La financiación del sistema de la Seguridad Social necesita capitalización, y no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal de Cuentas. Las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar las prestaciones contributivas, sin perjuicio de las aportaciones que el Estado pudiera realizar en su condición de garante del sistema; sí, señores de la derecha, garante del sistema, que es lo que diferencia una gestión pública de una gestión privada. Hay gastos que está asumiendo la Seguridad Social que deberían hacerse con aportaciones del Estado, como son políticas de empleo, prestaciones no contributivas, cargas financieramente impropias del sistema; como son ayudas a sectores productivos concretos, a través de la anticipación de la edad de jubilación en determinadas actividades o las bonificaciones a la cotización en algunos regímenes o sistemas especiales a jóvenes, etcétera; como son políticas vinculadas a la protección de la familia y a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, que, si bien son muy necesarias, no tienen por qué cargarse a estas cotizaciones. La inactividad de los Gobiernos populares durante estos años para dar una solución a esta situación ha hecho dar una imagen totalmente alarmista y distorsionada del sistema, que ha provocado mucha incertidumbre en los pensionistas actuales y futuros y ha generado un alarmismo innecesario en el conjunto de la población acerca de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Por eso, hoy me es grato ver que estos informes, en los que tanta incidencia hacía el Tribunal de Cuentas en nuestro sistema de la Seguridad Social, vengan a este Pleno cuando debatimos también la renovación de los acuerdos en el seno del Pacto de Toledo. Los socialistas hemos hecho lo que nos recomendaba el Tribunal de Cuentas. . Por eso, quiero felicitar a mi compañera Magdalena Valerio y a todas las fuerzas políticas que han hecho posible esta coincidencia en el día de hoy tan necesaria para garantizar nuestro sistema de pensiones e, insisto, acabar con ese alarmismo tan innecesario que ustedes han contribuido a generar. Muchas gracias. .

  74. Secretariosin identificar

    En este mes de noviembre se cumplen diez años de la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados para que sea el 9 de marzo el Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, una declaración que sumó al anhelo de miles de personas y familias afectadas por casos de desaparición, el calor, el apoyo y el reconocimiento del Congreso de los Diputados. Con motivo del X aniversario de esta declaración, el Congreso de los Diputados quiere renovar este reconocimiento a las personas afectadas por desapariciones sin causa aparente. Quiere reiterar su apoyo unánime a las familias que padecen estas dramáticas situaciones y mostrar su aliento institucional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de prevenir, de investigar y de resolver estos casos. En estos diez años ha habido avances significativos en la visibilidad de esta causa, en la prestación de servicios de las diferentes administraciones, en la sensibilidad social y en la coordinación policial, que, unido al empuje constante de las asociaciones de familiares de desaparecidos, han situado a España entre los países de referencia en la atención a esta problemática. Pero es necesario seguir avanzando en mejoras en la asistencia a las familias, en la especialización policial y en la adopción de un marco legislativo específico, tal y como ya se abordó en la Comisión Especial creada al efecto en 2013 en el Senado, así como en las jornadas parlamentarias celebradas en esta Cámara en 2018 y en 2020. Por todo ello, en el X aniversario del Día de las Personas Desaparecidas, el Congreso de los Diputados quiere manifestar su apoyo, de manera solemne y unánime, a las personas desaparecidas, con los derechos y demandas de sus familiares, así como con el trabajo constante de todos aquellos, asociaciones e instancias policiales y judiciales, que se encaminan a resolver y esclarecer las desapariciones. Madrid, 10 de noviembre de 2020. .