Pleno del Congreso n.º 4 · XIV legislatura
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Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo PP
Gracias, presidenta. De manera agrupada intervendré para exponer a la Diputación Permanente los motivos que fundamentan las solicitudes de las comparecencias que hoy se van a sustanciar y que se plantean en relación con el presidente del Gobierno y distintos miembros del Consejo de Ministros. Señorías, si hay algo que está claro es que estamos viviendo un momento excepcional y un momento crítico para la sociedad española. Este es el motivo por el que este grupo parlamentario ha presentado estas solicitudes de comparecencia, porque este no es un enero cualquiera. Nunca en la historia de ninguno de nosotros, de nuestras vidas, hemos vivido un mes de enero que esté guiado por seguir luchando contra una pandemia, en el que tengamos las peores cifras económicas y en el que, además, estemos viviendo en un estado de alarma. Está clarísimo que este no es un enero cualquiera, pero sí que es un enero en el que el Gobierno no ha pasado ni un solo minuto en sede parlamentaria. Hoy lo que sabemos es que el ministro candidato Illa burlará además esta Cámara dimitiendo mañana y esto es lo que nos debemos plantear hoy aquí, si nosotros como Congreso vamos a permanecer impasibles o si no lo vamos a hacer. Este grupo parlamentario no lo va a hacer. Sin duda alguna, hay datos que demuestran que este no es un enero cualquiera, esos datos oficiales confirman ya más de dos millones y medio de casos de COVID en nuestro país, de los cuales, según datos, aunque no reconocidos por el Gobierno, sí de fuentes gubernamentales, más de 83 000 españoles ya han fallecido. Pero es que, además, tenemos récord de contagios en el ámbito sanitario y eso un día sí y otro también. Lo que no tenemos es un Gobierno y lo que hoy traemos aquí es la solicitud de su comparecencia para abordar no solo la situación desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de la salud económica y la salud democrática en nuestro país. Las primeras de las comparecencias que estamos planteando tienen que ver con las solicitudes de comparecencias en relación con el reparto de los fondos europeos y el detalle de los planes nacionales de recuperación y resiliencia antes de su remisión a la Comisión Europea. Si algo nos ha demostrado este Gobierno durante el año de vida que tiene es su tortuosa relación con la transparencia y la rendición de cuentas, posiblemente por la querencia de ambos, del presidente y también del Gobierno, a faltar a la verdad y a instrumentalizar las instituciones y los recursos públicos siempre en beneficio propio. Cuando hablamos de la gestión de los fondos europeos, no iba a ser este modus operandi una excepción. Estamos pasando de la famosa cita del dinero público no es de nadie de la vicepresidenta Calvo a el dinero que viene de Europa es del Gobierno y lo reparto yo como me da la gana, y eso es justo lo que queremos impedir con estas comparecencias. Frente a una Unión Europea que ha estado a la altura de las circunstancias, vemos que en nuestro país lo que tenemos es un Gobierno que quiere utilizar estos fondos para comprar los apoyos parlamentarios que le permitan seguir en la Moncloa a un Gobierno débil, acallar a la oposición en temas internos de sus propios varones y castigar a los ciudadanos de las comunidades autónomas que son gobernadas por el Partido Popular, que, por cierto, son el 46 % de españoles. Mientras en la mayoría de los países de Europa se demuestra que los fondos y la gestión de los mismos están en manos independientes, en nuestro país el reparto de los fondos europeos y la definición de ese Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia ha quedado directamente en manos de la camarilla de la Moncloa. Por eso son necesarias estas comparecencias, para que se detallen los criterios que hay en el reparto de los fondos europeos, para que se explique por qué son diferentes de los que se aplican en la Unión Europea para el reparto entre los Estados miembros, para que se aclare la condicionalidad que llevan aparejados y para que se detallen las reformas a las que nos hemos comprometido para poder recibirlos. Las reformas, sí, porque leemos en los medios de comunicación —y siempre son filtraciones interesadas— que hay treinta paquetes de reformas que este Gobierno va a remitir a Bruselas. Señorías, ¿las conocen ustedes? No. ¿No creen que deberíamos conocerlas? Sin duda, sí. Por ello es necesaria la comparecencia del máximo responsable de la política española, el presidente del Gobierno, porque el oscurantismo es contrario a la democracia liberal. Pero hay otros motivos por los que son necesarias también las comparecencias y es la situación sanitaria y la situación de salud democrática en un estado de alarma, que es en el que estamos y el que esta Cámara ha ratificado y prorrogado. Señorías, 2,5 millones de casos confirmados, más de 85 000 fallecidos y más de 1400 fallecidos en esta última semana. Sin duda, estamos en un momento excepcional y no cabe desentenderse y desaparecer no rindiendo cuentas, como hace Pedro Sánchez y como ha hecho el ministro Illa. Por eso exigimos esta comparecencia. Y la solicitamos porque la situación es tremenda, es crítica, estamos en un momento en el que, en nuestro país, como les decía, mueren más de 200 personas al día y no podemos normalizar esta situación. Estamos ante una tercera ola que es ya un tsunami, estamos en el pico de contagios, tenemos las UCI ya colapsadas y se están aplazando intervenciones ordinarias que estaban programadas. ¿Y dónde está el Gobierno? El Gobierno debe comparecer en sede parlamentaria. Podemos hablar también de la vacunación; una vacunación que se vendió como la esperanza para un país, porque lo es, y como un gran éxito, pero para ello hay que conseguirlo. Y, hasta el momento, solo conocemos la descoordinación. Por ello, es necesario que el presidente del Gobierno también comparezca y el ministro Illa también debiera haber comparecido. ¿En el verano estará el 70 % de la población vacunada, como el presidente del Gobierno anunció y prometió a los españoles? ¿Está funcionando el plan de vacunación? ¿Por qué no se llevan a cabo compras centralizadas, cuando un estado de alarma habilita para ello? Todas estas preguntas son las que deben ser resueltas aquí, en sede parlamentaria, y bajo el control de la oposición al Gobierno. Por otro lado, señorías, como les decía, estamos en una situación de estado de alarma y todos ustedes saben que la salud democrática también es importante y depende de nosotros. La prórroga del estado de alarma, que se aprobó por parte de esta Cámara, exigía rendición de cuentas por parte del presidente del Gobierno y del ministro de Sanidad, rendición de cuentas de manera expresa. Además, como ustedes recuerdan, fue objeto de debate y de condición para que esa prórroga saliera adelante. No podemos abstenernos y renunciar a nuestra obligación de controlar al Gobierno, con poderes excepcionales durante el estado de alarma. Ni el Gobierno debe ni puede negarse a ello, como está haciendo y ha hecho el ministro Illa, burlando comparecer en sede parlamentaria con todo tipo de trampillas.
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Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo PP
Voy terminando, señora presidenta. Estamos a 25 de enero y desde el 26 de noviembre el ministro no comparece para dar cuenta del estado del arma. Es su obligación comparecer y explicar qué está ocurriendo y por qué no acepta las solicitudes de medidas que las comunidades autónomas le están reclamando. Está utilizando su posición como ministro como trampolín para ser candidato en la Generalitat y tener, lo que se llama, el efecto Illa, que no deja de ser la mentira, no deja de ser la descoordinación y no deja de ser otra cosa que generar el caos en todo aquello que tiene la responsabilidad de gestionar. Estas son las razones por las que fundamentamos la exigencia de estas comparecencias porque, ante un momento crítico, los españoles merecen el respeto de un Gobierno que comparezca, dé explicaciones y no que se dé a la fuga y nos deje solos ante la mayor crisis sanitaria, económica y democrática que estamos viviendo los españoles. Muchas gracias. .
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Oskar Matute García de Jalón EH Bildu
Muchas gracias, señora presidenta. Intervendré de manera breve y espero no agotar los cinco minutos. Me referiré a las dos cuestiones fundamentales que motivan las solicitudes de comparecencia, una que tiene que ver con los fondos europeos y otra que tiene que ver con la gestión sanitaria del COVID. Es evidente que vivimos momentos excepcionales y críticos. Creemos que los fondos europeos son importantes porque marcarán el devenir de las generaciones venideras y no es justo que se sigan manteniendo estos niveles de opacidad. Nos sigue preocupando más el cómo que el cuándo. También decimos con claridad que no sabemos si la fórmula adecuada es la comparecencia urgente o es una comparecencia ordinaria dado que el calendario empieza ahora, pero, en cualquier caso, lo que sí es perentorio es que alguien comparezca aquí para decirnos aquello que desde la prensa algunos ya están señalando. Si los medios de comunicación están haciendo su trabajo —y nada hace indicar lo contrario—, se está dejando traslucir la opacidad de este Gobierno; y la falta de transparencia probablemente sea uno de los mayores errores que se pueden cometer en una situación de crisis global como la que estamos viviendo ante las incertidumbres y la desesperanza creciente de cada vez más gente. Nos preocupa también que cuando se habla de los fondos COVID se olvide la cogobernanza para decidir desde aquí y, como digo, de una manera bastante oculta cuáles tienen que ser los destinos. Señorías, cuando estamos hablando de los fondos europeos no solo estamos hablando de ayudas excepcionales en un momento concreto que no alteran las reglas del juego, sino que estamos hablando de compromisos que este Gobierno parece que tiene que asumir ante Europa, de los que nos vamos enterando a cuentagotas por los medios de comunicación y que pueden hipotecar las vidas y la dignidad de las generaciones venideras. No creemos que volver a repetir el modelo de salida de la crisis de 2008 en este contexto sea en absoluto beneficioso y cuando se prima a las grandes empresas —por lo menos es lo que vemos en los medios de comunicación— se olvida la economía real, se olvida la economía de cercanía, se olvida a los millones de personas que están levantando día a día con esfuerzo la economía de este país. Por eso, estamos profundamente preocupados. En lugar de ir hacia un modelo de economía real que haga verdad aquello que se decía de no dejar a nadie fuera o no dejar a nadie excluido y que suponga un cambio de modelo con respecto a la gestión de la anterior crisis, que dejó a muchísima gente fuera, lo que nos encontramos son líneas de continuidad con ayudas a grandes empresas. Creemos que se apuntala un modelo económico que, si es algo, es depredador y que lo único que hace es alimentar la rueda del capitalismo neoliberal con la exclusión de cada vez más sectores sociales y populares de esa lógica de mercado que se impone por encima de la vida y de la dignidad de las personas. Por eso, creemos que es urgente que alguien nos explique cómo se está haciendo, con qué condiciones se está accediendo a esos fondos europeos y también —y es importante— cuándo llegarán. Para referirme a la segunda cuestión, la de las comparecencias vinculadas al ministro Illa y al presidente referidas a la crisis sanitaria, es triste que no tengamos la oportunidad de escuchar al ministro, que si algo ha hecho durante la gestión ha sido prodigarse en comparecencias semanales —y lo digo sin crítica alguna— para explicarnos cuál era la visión del Gobierno de la gestión de la crisis. Nosotros hemos agradecido en más de una ocasión su posición, una posición que entendíamos que intentaba ser sensible con las cosas que le planteábamos, y no entendemos cómo en un contexto como el actual decide dimitir antes de comparecer. Se suele decir que en el Estado español la razón de Estado lo puede todo, pero parece que a veces la razón de partido puede más que la razón de Estado, que le tendría que obligar en este caso a comparecer y a seguir al menos durante un tiempo en esta tarea. Nos apena no poder saber cuál es su posición y cuál es la posición del Gobierno sobre esas vacunaciones masivas de algunos vips que se están llevando a cabo a lo largo y ancho del territorio español, también en Euskal Herria. También allí ha habido listos que han decidido saltarse la cola aprovechando su capacidad o su influencia y denostando el esfuerzo colectivo que todos y todas estamos haciendo. Queda muy bonito aplaudir a los sanitarios desde los balcones, pero es muy indigno mirar para otro lado cuando esos mismos sanitarios, que se juegan la vida atendiendo a la gente que tiene COVID, todavía no han podido vacunarse; y, además, todavía no han podido vacunarse porque algunos listos —sinvergüenzas también hay quien les llama— han decidido aprovechar su posición o estatus de poder para saltarse cualquier tipo de escala de urgencia a la hora de vacunar a las personas. Nos hubiera gustado conocer su opinión al respecto, y no será posible, porque, como decía, el interés de partido o el interés electoral ha prevalecido sobre la razón de Estado o el interés de Estado. No sé qué van a deparar las urnas a los ciudadanos y ciudadanas catalanas el 14 de febrero. No sé si el tan manoseado efecto Illa se va a convertir en un efectillo, con actuaciones como las últimas que ha llevado a cabo.
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Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV
Muchas gracias, presidenta. Intervendré brevemente. Respecto a los dos bloques de temas que se tratan conjuntamente ―el primero se refiere al Fondo React y el segundo al Plan de Recuperación y Resiliencia, que también plantea reformas―, creemos conveniente que comparezca la vicepresidenta tercera. En la conferencia sectorial ha habido serias discrepancias sobre el reglamento de la misma, así como sobre los criterios de reparto de los 10 000 millones del Fondo React que hay que distribuir en este momento. Las informaciones que tiene esta Cámara sobre la posición del Gobierno llegan a través de la prensa y, por tanto, consideramos oportuno y necesario que comparezca la vicepresidenta reclamada para que explique realmente cuál es la posición del Gobierno en esta conferencia sectorial respecto al reglamento y a los criterios de reparto del Fondo React. Sin embargo, vemos menos procedente la petición de comparecencia del presidente de Gobierno en sesión extraordinaria, es decir, durante lo que nos queda de mes, para que explique a esta Cámara el Plan de Recuperación y Resiliencia, que es también un plan de reformas, ya que entendemos que no requiere la inmediatez que precisa el punto anterior. El segundo bloque de cuestiones versa sobre el estado de alarma, con peticiones de comparecencia urgente en sesión extraordinaria, en las correspondientes comisiones y Pleno, del ministro de Sanidad, del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta primera. Las comparecencias del presidente y de la vicepresidenta las vemos más extravagantes, en el sentido literal de la palabra. Pero, como se ha puesto de manifiesto, el ministro de Sanidad debería haber solicitado comparecer mensualmente para explicar la situación del estado de alarma, comparecencia que se pidió el 10 de diciembre. Es decir, justo después de vacaciones de Navidad, el ministro de Sanidad debería haber solicitado la comparecencia para cumplir esa periodicidad mensual que marca el artículo 14 del vigente decreto de estado de alarma. No se ha producido y, en este sentido, consideramos que ya estaría fuera de tiempo. Por tanto, es procedente que esta Cámara, ya que él no la ha solicitado, demande su presencia urgente y en sesión extraordinaria para dar cuenta de la situación del estado de alarma, del plan de vacunación y de otras circunstancias enhebradas con la cuestión sanitaria en el estado de alarma. De todas maneras, esta petición no es óbice para que expresemos nuestro rechazo por este comportamiento del ministro. Ya se ha publicado esta mañana en la prensa, al menos se ha oído en medios de comunicación, que el ministro presentará la dimisión mañana mismo. Aunque dimita, que esta petición de comparecencia urgente y en sesión extraordinaria se entienda como un reproche a su comportamiento por haber incumplido el compromiso alcanzado cuando convalidamos la prórroga del decreto de alarma. Muchas gracias.
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Gracias presidenta. Buenos días señorías. En primer lugar, me gustaría plantear una queja formal —ya siento ser la primera en romper este clima de cordialidad—, y es que a este grupo parlamentario le parece intolerable que se haya procedido de esta manera, que la Mesa haya decidido unos minutos antes de empezar la Diputación Permanente acumular determinados puntos que son heterogéneos y no tienen nada que ver entre sí, decayendo otros puntos del orden del día sin previo aviso. Nos tememos que con esto no solo nos privan de la posibilidad de manifestar nuestro posicionamiento de manera amplia, sino que nos hacen ir corriendo y atropellados. Dicho todo esto, compartiremos el tiempo estos dos diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos. En primer lugar, intervengo yo para hablar de la comparecencia para dar cuenta sobre los fondos europeos. Hace solo un par de días un miembro del PSOE, exdiputado de esta Cámara y exministro de un Gobierno socialista, el señor don Jordi Sevilla, hacía pública en una red social su desconcierto por que la opinión pública aún no conociera los treinta paquetes de reformas que supuestamente componen el plan de España enviado a Bruselas para cumplir con la condicionalidad impuesta por la Unión Europea para el acceso a los fondos. Ese desconcierto no solo le incumbe al señor Sevilla, sino a toda la ciudadanía y a todos los miembros de esta Cámara, porque el Gobierno no solo no ha consensuado este plan con sus medidas y reformas en las Cortes Generales, como se acordó por todos los partidos en el seno de la Comisión de reconstrucción, es que ni siquiera ha tenido en consideración a la sociedad civil, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Estamos en medio de una pandemia mundial. Tanta opacidad y tanta intriga nos hacen temer los peores presagios. Como hoy anuncia Carlos Segovia en El Mundo, el Gobierno calca el Plan E para los proyectos del fondo europeo. Corremos el riesgo de perder esta oportunidad histórica. Desde el primer momento estamos hablando desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos de que tenemos dos retos ante nosotros: que seamos capaces de absorber el dinero que nos corresponde y que lo gastemos bien. Por eso votaremos a favor de las comparecencias que se piden. Votaremos a favor de la solicitud de la comparecencia de la vicepresidenta tercera. Muchas gracias.
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Gracias presidenta. Buenos días. Intervengo de manera muy apresurada. Durante toda la pandemia ha habido dudas sobre cómo actuar en muchas cuestiones, y ahora, por fin, todas esas dudas se despejan y hay un verbo que debería concentrar toda la acción del Gobierno, del Ministerio de Sanidad y de las administraciones públicas: vacunar. Queremos que venga aquí el ministro de Sanidad y nos cuente qué van a hacer para que mejore esta forma de vacunar, que no está siendo muy operativa. Necesitamos vacunar veinticuatro horas al día, siete días a la semana, festivos incluidos; una vacunación permanente. Las semanas pasadas, los bajos porcentajes de vacunación en muchos puntos de España han evidenciado varias cosas. La primera, que era falso que hubiera un plan de vacunación; era mentira, había una caja vacía, como tantas cosas, con una pegatina. La segunda, que no se estaban utilizando los recursos suficientes. Queremos que venga aquí el ministro y que cumpla con lo que establece el real decreto, un ministro que se ha pasado todo el verano compareciendo de manera permanente en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados hasta que ha empezado la campaña en Cataluña, entonces ya no tiene tiempo y no viene; en el peor momento y con las peores cifras de la pandemia no aparece por el Congreso para explicar qué está haciendo o qué no está haciendo o qué piensa hacer. De todas formas, nosotros siempre acompañamos estas críticas de propuestas. Tenemos propuestas que hacerle al ministro y, por eso, queremos que venga. Queremos que se cuente con toda la sanidad privada para la campaña de vacunación. Pueden ayudar. Sabemos que a Podemos le molesta, pero, señores de Podemos, sus ganas de asaltar un palacio de invierno en cada esquina es una excentricidad que no puede permitirse España en pandemia. Ya está claro que los señores de Podemos no sirven para nada en esta crisis, pero, al menos, no molesten. También queremos que se cuente con las farmacias. Las farmacias se están ofreciendo para vacunar. El Colegio Oficial de Odontólogos también se ha ofrecido y dice que los odontólogos son capaces de vacunar y están dispuestos. El Ejército puede ser utilizado para vacunar. Los veterinarios también han dicho que sabrían vacunar. Todos estos medios permitirían —como les digo— vacunar veinticuatro horas al día, siete días a la semana, de manera permanente. Cambiemos el embudo que tenemos con las vacunas por autopistas. .
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Gracias por su empatía, presidenta. Sobre el confinamiento, estamos en un momento crítico. Si hay que volver a confinar, también el Gobierno tiene que tomar medidas. Las comunidades autónomas no pueden estar pidiendo a la ciudadanía que se confine voluntariamente. Señores del Gobierno ―con esto termino, presidenta―, no pueden estar ocultos por razones estéticas, no pueden supeditar todo a salvar la imagen. Ustedes quieren salir junto a la vacuna, igual que quieren encaramarse a la espalda de Joe Biden, pero tienen que tomar decisiones también con contenido. Un Gobierno es mucho más que un departamento de maquillaje. Den la cara. Votaremos a favor de estas comparecencias. Muchas gracias.
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Íñigo Errejón Galván MÁS PAÍS-EQUO
Gracias, señora presidenta. Igual que los que han hablado antes, agrupo cuestiones de diferente índole; no tienen mucho que ver, pero las intento resumir. En primer lugar, con respecto a la cuestión de los fondos europeos Next Generation UE, es una obviedad decir que son fundamentales para la reconstrucción, pero la reconstrucción no se va a dar sola, no se va a dar por inercia: quedarnos quietos y que los fondos lleguen de Europa. Van a llegar hasta 144 000 millones de euros, como un 3 % del PIB al año. Eso es mucho ―mucho menos, por supuesto, que lo que fue el Plan Marshall―, pero es todavía mucho menos que la destrucción de empresas y empleo que hemos tenido en España. Son fundamentalmente ―lo hemos dicho muchas veces― una inmensa oportunidad para transformar nuestro país. No sé si vamos a tener muchas oportunidades así: la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y una lluvia de dineros, además, mancomunados. La señora Merkel dijo que ella en vida nunca iba a emitir eurobonos; pues bien, esto es algo parecido: una cierta mutualización de la deuda. Es una inmensa oportunidad para que España aumente el tamaño y la escala de sus empresas a favor de la digitalización, para la creación de miles de empleos verdes con la transición ecológica, para ahondar en la transformación de un modelo fiscal para hacerlo más sostenible y más justo ―es decir, haciendo que quien más tiene contribuya más― y para conseguir un nuevo Estado del bienestar. Ahora bien, es obvio que esto no es una cuestión técnica, es la cuestión política más importante que tenemos encima de la mesa y, por tanto, no se entiende que no se esté produciendo en la sede de la soberanía popular un debate público, con luz y taquígrafos y con transparencia, sobre a dónde van a ir esos fondos, sobre a qué se van a dedicar. ¿Por qué? Porque si no hay transparencia y no lo podemos discutir aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que los fondos vayan a los de siempre para hacer lo de siempre. Nos preocupa que estos fondos aumenten la concentración empresarial, es decir, que solo los más grandes tengan la capacidad para llevarse todos los fondos mientras que las pymes o los autónomos tengan muchas dificultades para acceder a ellos. Ya están trabajando las mayores empresas en la forma de elaborar proyectos y solicitar estos fondos y, sin embargo, la inmensa mayoría de pymes en nuestro país no saben todavía nada sobre los fondos europeos, cómo se distribuirán y cómo los podrán utilizar. Para eso es necesaria también la transparencia. Nos preocupa que se esté empezando a caminar por una cierta senda de una economía mixta sui generis, una asociación público-privada en la que lo público asume todos los riesgos y lo privado se lleva todos los beneficios y que eso se haga sin discusión política. Nos preocupa que ante una supuesta urgencia ―y cuando se trata de reorientar la economía de nuestro país eso es una apuesta de largo plazo― se acorten los tiempos, por ejemplo, para los informes de impacto medioambiental o que se puedan adjudicar a dedo una buena parte de los fondos sin el debate y sin la transparencia necesarios. Nos preocupa la condicionalidad, la de antes, cuando no nos enteramos en la sede de la soberanía popular, sino por los medios, de que parece que Bruselas, como si fuera un ente abstracto, exige que no se toque la reforma laboral de la precariedad del Partido Popular, ni la anterior, la de la precariedad y la facilitación del despido del Partido Socialista, ni la reforma de pensiones, y la de después, cuando se levante la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y finalmente haya que hacer políticas de ajuste fiscal, si es que antes no hemos conseguido más y mejor financiación para un Estado del bienestar del siglo XXI. Esto lo decíamos ya cuando empezó a gestionar la crisis el presidente Rodrí guez Zapatero, lo decíamos cuando la gestionaba Rajoy y lo decimos ahora en el caso de Sánchez: No puede ser que el Gobierno informe antes a Bruselas que al Congreso de los Diputados, porque al Gobierno no lo ha elegido Bruselas, al Gobierno lo ha elegido el Congreso de los Diputados en representación del pueblo español. Por tanto, antes de llegar a Bruselas tiene que informar al Congreso de los Diputados. No puede ser que las grandes empresas sepan cómo se van a distribuir los fondos, mientras que los pequeños empresarios o los autónomos no tienen la menor idea de cuándo y en qué condiciones van a llegar esos fondos. Precisamente por eso, a petición propia, tendría que comparecer el presidente del Gobierno. Nosotros estamos a favor de que comparezca. Y respecto a la segunda cuestión, voy a ser muy telegráfico. Hemos visto en los últimos días al presidente del Gobierno en muchas cosas; lo hemos visto con la asociación Multinacionales por Marca España, con la Organización Mundial del Turismo, en la Conferencia de Embajadores 2020/202, en el congreso federal del Partido Socialista o en un mitin en Barcelona con el todavía a estas horas ministro Illa, que nos sabemos si comparecerá, porque no sabemos si seguirá siendo ministro o será ya solo candidato. Cuando el Gobierno pidió el estado de alarma de seis meses, nosotros le dijimos que íbamos a votar a favor, pero con una condición que entonces el Gobierno no quiso, pero que tuvo que acabar aceptando: que rindiera cuentas aquí cada dos meses. Hoy se revela que aquello fue un acierto. ¿Por qué fue un acierto? Porque hoy es evidente que estamos en una situación dramática en la que hay que tomar medidas drásticas y parece que el Gobierno y las comunidades autónomas se pasan la patata caliente para no hacer lo que es evidente que hay que hacer en nuestro país; porque es posible que haya que reformar el estado de alarma para que las comunidades autónomas puedan tomar medidas más duras si hace falta; porque a lo mejor hay que reformar el estado de alarma para imponer medidas de restricción de la hostelería que tienen que ir acompañadas de ayudas directas a los hosteleros porque somos el único país en Europa que no las tiene. Por todas estas razones, no se entiende cómo el Gobierno quiere pasar sin comparecer. En septiembre decía Illa —todavía ministro— que a lo mejor había que tomar medidas extraordinarias. En octubre —y acabo ya, señora presidenta— decía que con la salud no se negocia; teníamos una incidencia de 400 casos y hoy tenemos una incidencia acumulada de 800 casos y el 50 % de ocupación de las UCI. Es evidente que el Gobierno tiene que comparecer. Gracias.
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Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Mi grupo parlamentario coincide con mucho de lo que se ha expuesto en esta mañana en la Diputación Permanente, en el sentido de que creemos que el Gobierno debe comparecer, y debe hacerlo quizá no tanto por alguno de los motivos que se han esgrimido, sino porque la situación es compleja, porque exige tomar decisiones ágiles y porque es cierto que el Ejecutivo nacional ha venido tomando medidas a lo largo de los últimos meses que deben ser explicadas y debatidas. En concreto quiero hacer un pequeño repaso de cuáles han sido esos hitos, precisamente para tratar de dibujar a sus señorías el panorama de todas estas acciones que han venido desarrollándose en estos últimos dos meses. En primer lugar, se han suspendido las reglas fiscales para el ejercicio 2020-2021. Este Congreso ha sido testigo y protagonista de las mismas, por lo que no podemos decir que se hayan hurtado el debate y las votaciones al respecto. Podemos hablar también de la propia aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que ha sido sometida a los rigores que exige esta Cámara. Por lo tanto, podemos dar por cumplimentado el capítulo de transparencia y de rendición de cuentas que establece nuestra propia legislación. Por eso, cuando la señora Gamarra habla de que el Ejecutivo no comparece o no es lo suficientemente transparente, quizá no le está metiendo tanto el dedo en el ojo al Ejecutivo como al propio sistema constitucional español, que establece los mecanismos de transparencia que se han venido cumpliendo puntualmente a lo largo de los últimos meses. Este es el problema, señora Gamarra. Yo entiendo que sea la oposición y que —si me permite la metáfora— uno saque la escopeta y dispare contra los argumentos que no le gustan. Hasta ahí, todo bien. El problema, señora Gamarra, es que usted no es una escopeta, es una granada de fragmentación: va contra todo. En ese contexto su crítica se difumina. Uno ya no sabe con qué ni con quiénes se está usted metiendo. Decía que, además de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el Consejo de Ministros aprobó en el mes de diciembre el Real Decreto-ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes de modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; además, el 28 de diciembre se convocaba el Foro Extraordinario de Economía y Política Regional; además, la vicepresidenta cuarta convoca a las comunidades autónomas el día 11 de este mismo mes; además, el día 29 de diciembre se crea la Secretaría General de Fondos Europeos; además, el Mineco —el Ministerio de Economía— se reúne con los agentes sociales para compartir las principales líneas de la Agenda de Reformas Estructurales Europeas, y además, se constituye la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por lo tanto, fases, hitos y momentos para la crítica se han dado y se van a dar, y por lo tanto, creemos muy pertinente la comparecencia tanto de la ministra como del presidente del Gobierno, que se harán en periodo ordinario y siguiendo los requisitos y procedimientos que se han venido dando en esta casa. No entendemos el carácter extraordinario, el carácter urgente, pero por lo demás nos parece que está totalmente cubierto con las comparecencias ya anunciadas en periodo ordinario.
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Jaume Asens Llodrà ECP-GUANYEM EL CANVI
Gracias, presidenta. A nosotros nos pareció una buena noticia que el ministro Illa, a iniciativa propia, dijera que iba a comparecer en la Comisión de Sanidad. Nos parece una mala noticia, un error, que se haya anunciado esta mañana que el ministro va a dimitir antes de dar explicaciones en sede parlamentaria. Creo que mucha gente puede pensar que durante este último mes el ministro Illa ha actuado en su doble condición de ministro y candidato y creo que mucha gente se puede preguntar qué es lo que habría hecho el ministro Illa en plena tercera ola si no fuera también candidato. Por eso nos parecía importante que pudiera comparecer y que rompiera el silencio que ha mantenido hasta ahora en relación con la conveniencia o no de aplazar las elecciones en Cataluña, porque así lo hizo en las elecciones vascas y gallegas, cuando expresó su posición y cuando manifestó que estaba de acuerdo con ese aplazamiento. Ese silencio contrasta con esas declaraciones. Por tanto, parece razonable que haya ciudadanos que se planteen si su posición viene influida o no por esa doble condición y por el miedo a que el efecto Illa se pueda convertir en el suflé Illa. Precisamente por eso nosotros pensamos —termino, presidenta— que si finalmente las elecciones se celebran en la fecha que está prevista, si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no dice lo contrario, vamos a celebrar las elecciones en un contexto en el que los hospitales van a estar muy tensados y las UCI van a estar al borde del colapso. Por tanto, creo que el ministro Illa debería dar explicaciones para darnos cuenta de la evolución de la pandemia y para dilucidar todas las dudas que se han planteado a lo largo de estas semanas sobre su actuación como ministro y candidato del Partido Socialista a la vez.
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Iván Espinosa de los Monteros de Simón VOX
Gracias, señora presidenta. Venir aquí a escuchar a ciertos grupos parlamentarios semejante pantomima solo puede producir risa. Escuchar a Podemos criticar al ministro Illa porque hay unas elecciones y se quieren distinguir, se quieren separar, es prácticamente una burla, es un engaño, es una broma, es irrisorio. Por tanto, no nos vengan ahora con pantomimas. Ustedes son el Gobierno con el Partido Socialista, ustedes son un solo Gobierno, ustedes son corresponsables de todo lo que suceda. No nos vengan ahora a lloriquear acerca del ministro Illa y sus tretas, que son exactamente las mismas que ponen ustedes en función todos los días. Ahora escuchamos a otros que han apoyado este estado de alarma, mediante el cual se impide que se venga aquí a ejercer la función de control del Gobierno, decir que tiene que comparecer. Claro que tiene que comparecer, claro que apoyaremos las comparecencias, pero no se les olvide a ninguno de ustedes que estamos aquí hoy pidiendo comparecencias porque todos los grupos parlamentarios de esta Cámara menos VOX votaron a favor o en abstención permitiendo que hubiera un estado de alarma de seis meses sin control alguno, seis meses que ustedes toleraron. Solo VOX actuó en contra, solo VOX quiso impedir el estado de alarma de seis meses sin control en el que estamos hoy. Estamos hoy gobernados, como ya viene siendo habitual, por el peor Gobierno posible en el peor momento posible, y no es simplemente una frase, porque es el Gobierno que sistemáticamente ha ido tomando las peores decisiones posibles. Eligió la peor al principio de la pandemia. Cuando ya muchos países de todo el mundo habían tomado medidas para evitar los contagios, Pedro Sánchez y su ministro Illa, del Gobierno del que forma parte Podemos, optaron por la inacción. Muchos les habíamos solicitado actuar meses antes. Nos llamaron xenófobos, racistas e ignorantes. Si hubieran tenido en cuenta nuestras iniciativas al principio probablemente se hubieran podido evitar algunos de los problemas que hubo después. Vino el 8-M y ustedes participaron y dijeron que más mataba el virus del machismo que el virus del COVID. Son corresponsables de lo que ahí pasó. Más tarde decidieron ustedes someternos al confinamiento más duro del mundo con el enorme impacto económico que supuso para el conjunto del país. Pero a la vez, en vez de paliarlo, ustedes optaron por aprobar las medidas menos contundentes entre las adoptadas por las economías desarrolladas, y el resultado es la mayor destrucción de empleo, la mayor destrucción de empresas y el mayor desplome económico del mundo, nada menos que un 18 % el segundo trimestre. Más adelante pudieron —y así se lo pedimos— impulsar unos presupuestos centrados en la recuperación, en el crecimiento y en el empleo y, en lugar de eso, ustedes prefirieron subirse los sueldos, ampliar el número de altos cargos para dar cabida a todos los que tienen que formar parte del Gobierno y aumentar y renovar la flota de coches oficiales, cuando tenían que haber invertido en la economía española y no estar aumentando el gasto improductivo y disparando el déficit estructural que, por supuesto, sufriremos este año. Y dentro de pocos meses, ustedes vendrán aquí a decir que no se han cumplido las previsiones de ingresos y gastos, que el déficit se ha disparado y que hay que tomar medidas más duras. En el peor momento posible tomaron ustedes las peores medidas posibles, que frenaron la recuperación. Mientras todos los demás países optaron por reducir las cargas impositivas, ustedes optaron por subirlas, pese a que su ministra de Hacienda, la suya, la de los dos grupos que gobiernan, negó en esta casa cuatro veces a preguntas de este grupo —cuatro— que fueran a subir los impuestos. Subieron todos los impuestos que pudieron y el resultado es que ustedes consiguieron que en España se hayan destruido 100 000 empresas y otras 150 000 que según el INE están en riesgo de cierre antes del verano. España está muy débil, y su Gobierno, el que ustedes componen, la está llevando al peor momento posible. Ahora llega una nueva oportunidad. El Gobierno puede hacer uso de los fondos estructurales Next Generation UE para invertirlos y acometer los proyectos y reformas que nos permitan crecer, crear empleo y mejorar nuestra competitividad o, lo que parece cada vez más probable, malgastarlos en comprar voluntades, construir la mayor red clientelar de dinero público jamás conocida y asemejarse al Plan E, de tan infausto recuerdo para todos los españoles. España se juega mucho con la gestión de estos fondos, y las primeras decisiones, desgraciadamente, apuntan al peor de los escenarios. En primer lugar, era necesario blindar la independencia en la gestión de esos fondos y la canalización de los mismos hacia la acción urgente de reindustrialización, es decir, apoyar a la industria, es decir, lo contrario que hacen ustedes, a los que la industria les parece algo realmente trágico. En abril le propuse a la ministra de Economía la creación de un consejo liderado por un profesional de reconocido prestigio y me dijo que no creía en esas fórmulas. En lugar de tener un Vittorio Colao, como tiene Italia, aquí tendremos a los gurús del marketing en Moncloa decidiendo hacia dónde van esos fondos. En segundo lugar, habría que acompañar las inversiones de un programa ambicioso de impulso económico que nos prepare para los retos urgentes que tenemos por delante, pero desde el inicio de su tramitación, el Gobierno ha decidido dedicar todos sus esfuerzos en Bruselas a evitar que el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incluyera la necesidad de reformas. Ya se lo adelanto, no va a ser posible. Claro que los fondos vienen condicionados, claro que tendrán ustedes que acometer reformas y claro que tendrán que desdecirse de las cosas que han dicho aquí durante todos los meses con tanto descaro. La aprobación definitiva del proyecto trae al menos dos buenas noticias para España: por un lado, Europa va a ser sensible a la peor situación económica de España, lo cual nos permitirá llegar a 10 000 millones de euros adicionales, precisamente por lo mal que estamos, y segundo, Europa no va a dejar a Pedro Sánchez seguir mintiendo, porque no se puede prometer una cosa y la contraria. El Gobierno vive una contradicción, que adorna con las peleas en los consejos de ministros de las que ustedes son muy conscientes, porque no es lo mismo lo que promete Calviño en Bruselas a la Comisión que lo que luego pacta el PSOE con Bildu y porque no coincide lo que defiende el ministro Escrivá —que ya veremos si supera la crisis de Gobierno mañana— ante la Comisión con lo que afirma Pablo Iglesias. A la postre, la única alternativa que tenemos todos, sus ministros, sus aliados, la Comisión Europea…
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Iván Espinosa de los Monteros de Simón VOX
Concluyo. La única solución que tenemos será desenmascarar a Sánchez y a su Gobierno. Sánchez y los miembros de su Gobierno tienen que dar la cara y por una vez decir la verdad, porque volver a elegir la peor alternativa será un billete seguro a la ruina. Muchas gracias.
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Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Señorías, han sido y están siendo meses muy duros, de muchísimo sufrimiento, probablemente los más complicados de nuestra historia colectiva en democracia; meses terribles que han llevado al Gobierno a la mayor movilización de recursos públicos que se recuerda para ayudar a familias, empresas, trabajadores y autónomos; meses en los que también ha tenido la ayuda de la Unión Europea para esta tarea y para dar una respuesta común en todos los Estados miembros, con programas como la liquidez del Banco Central Europeo, el SURE, el MEDE o los 750 000 millones del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, fondos, señorías, en los que en demasiadas ocasiones no hemos tenido el respaldo del principal partido político de la oposición en este Congreso. Cuestionaron la participación de España —recuerdan— en el Programa SURE; hicieron todo lo posible para que no se aprobaran los propios fondos europeos y, después, para que Europa nos pusiera condiciones. Y ahora, para seguir generando ruido, generan problemas sobre el reparto de los fondos o sobre el plan que España tiene para la recuperación ante la Comisión Europea, que ya ha calificado que va en la buena dirección. Son cuestiones todas ellas sobre las que el Gobierno ha comparecido en numerosas ocasiones en este Congreso. El propio presidente del Gobierno ha explicado todos los consejos europeos y también la vicepresidenta económica, pero a ustedes les da igual, siguen haciendo ruido. Mientras que ustedes están en eso, nosotros seguiremos preparando el país para el futuro, contando también con los agentes sociales, con la colaboración público-privada y tomando las medidas necesarias para modernizar nuestro país, como el Real Decreto-ley 36/2020. En este contexto vamos a seguir haciéndolo, señorías del Partido Popular, porque el problema no es la transparencia o las explicaciones, el problema para ustedes son los fondos y el papel protagonista de España en la Unión Europea. Les adelanto que el presidente del Gobierno comparecerá en el Pleno del Congreso de los Diputados antes del 19 de febrero para explicar el Plan de recuperación y los propios fondos europeos, y que la vicepresidenta económica del Gobierno de España también lo hará el 4 de febrero en la Comisión Mixta Congreso-Senado de la Unión Europea para explicar estos componentes. Por todo ello, tienen una oportunidad de país, señorías: pueden ayudar o hacer lo que llevan un año haciendo en esta legislatura. Decántense por lo primero porque será bueno para este país. Muchísimas gracias.
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Guillermo Antonio Meijón Couselo PsdeG-PSOE
Moitas grazas, presidenta. Con respecto al ministro de Sanidad, ha sustanciado una veintena de comparecencias en Comisión; por cierto, señora Gamarra, la última en diciembre. Las comparecencias en Pleno, las múltiples ruedas de prensa, las reuniones del consejo territorial son un aval más que suficiente para que la ciudadanía entienda que si algo no ha faltado en esta crisis es la información continua, rigurosa y transparente realizada desde el Gobierno. En cambio, ustedes, especialmente señora Gamarra y señor Espinosa, sí que han hecho transparentes sus eternos intentos desde el primer día de utilizar la pandemia como arma de ataque al Gobierno, y siguen. El ministro de Sanidad, el señor Illa, reiteró el compromiso de dejar su cargo en cuanto se definiera el calendario electoral en Cataluña. Llevan ustedes días y días solicitando su dimisión y, ahora que dimite, resulta que es una burla a la Cámara. Quien les entienda que los compre. Ante su dimisión ya anunciada, la comparecencia prevista para esta semana deberá realizarla quien sea nombrado nuevo ministro o ministra del área, con lo cual creo que todos ustedes entenderán como razonable dar un plazo de lógica cortesía para sustanciar una comparecencia que desde el Gobierno cuenta con el compromiso de realizarse de inmediato; una comparecencia que, por cierto, no tiene nada de trámite. Pensamos que basándose en esa cortesía parlamentaria procedería la retirada de este punto. Con respecto al presidente del Gobierno, obvio es decir que, como no podía ser de otro modo, cumplió con rigor y de forma pulcra su compromiso de comparecencias en el Pleno cada dos meses, siendo a mediados del mes de febrero próximo cuando se cumpliría el plazo para efectuar su siguiente comparecencia. Y no se preocupen, si algo caracteriza al presidente del Gobierno es su compromiso con la ciudadanía y con esta Cámara. Por lo tanto, entiendo que también en este caso, por extemporánea, deberían retirar ustedes esta petición de comparecencia que, no lo duden, tendrá lugar en el plazo establecido. Otro tanto acontece con la petición de comparecencia de la vicepresidenta primera, que no podemos entender tanto en cuanto su figura en ningún caso aparece citada en el Real Decreto 956/2020 como responsable de dar cuenta de las políticas de Gobierno relativas a la COVID-19, razón por la cual esperamos también que retiren ustedes este punto. Finalizo insistiendo en que creo que hemos dado las razones pertinentes caso a caso para que, en buena lógica parlamentaria, procedan a retirar estos puntos y permitan que las comparecencias sobre la COVID-19 tengan lugar cuando en buena lógica corresponda. Máis nada. Muchas gracias, señora presidenta.
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Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia, señorías. El Grupo Parlamentario Popular pide al Gobierno que comparezca, pide que el ministro de Justicia explique por qué el Gobierno tiene tantas ganas de indultar a los independentistas que delinquieron contra el Estado en el año 2017 y fueron condenados por ello por sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre. Está probado en el juicio que estas personas malversaron fondos públicos y montaron un levantamiento tumultuario y sedicioso para convertir en papel mojado las decisiones de los tribunales intentando destrozar las bases del modelo constitucional que entre todos nos hemos dado. . Este Gobierno desaparecido y con alergia al Parlamento nos tiene que explicar a todos por qué quiere indultar a estos delincuentes, por eso estamos solicitando su comparecencia. Aunque ya sabemos, señorías, que se lo pedimos a un Gobierno, como aquí bien se ha dicho esta mañana, que está escondido, con un presidente que está ausente, con un ministro de Sanidad a tiempo parcial —que empezó mintiendo y se va a ir metiendo porque no va a comparecer en el Congreso como prometió—. Señorías, con una pandemia como la que tenemos encima, con decenas de miles de fallecidos a los que queremos honrar siempre —y por supuesto lo hacemos en el día de hoy—, hospitales colapsados y un Gobierno encerrado en la habitación de la mentira, habitación donde la hemeroteca pone todo manga por hombro y el ambiente deviene irrespirable. Alguien que presida un Gobierno y que reincida en la mentira, mientras no se vaya y siga en su puesto supone un problema para el país que gobierna, y eso es exactamente lo que nos está ocurriendo a nosotros aquí. . La mentira se hace tan grande que es ya un presidente a una mentira pegado, una mentira superlativa, como diría el ingenioso Quevedo. ¿O no fue el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, el que dijo una y otra vez que jamás se plantearía el indulto a los delincuentes del procés? ¿No fue él quien dijo que no estaba encima de la mesa y que ya fijó su posición en el discurso de investidura? Claro que sí, señorías, fue el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, el que hizo esas aseveraciones. Por eso, nos gustaría que el ministro de Justicia explicara por qué el Gobierno se plantea ahora una y otra vez el indulto a estos presos, que, lejos de arrepentirse, le dicen al propio Gobierno y a los jueces que los han sentenciado que lo volverían a hacer.
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Muchas gracias por su consideración, señora presidenta. Decía, señorías, que esta descarada afrenta a la ley y a todo lo que significa el Estado de derecho levanta ampollas en la sociedad y, por supuesto, escandaliza al principal partido de la oposición, pero también a los jueces, a los fiscales, a la opinión pública. Nos gustaría ver al Gobierno reaccionar ante tanto despropósito. Nos gustaría ver al ministro de Justicia citando el artículo 9.1 de nuestra carta magna, que dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, o el 9.3, que habla de la seguridad jurídica; los dos principios suficientes para que no pase por la cabeza de ningún presidente indultar a delincuentes que se encaran con la sociedad y le dicen al mismo Estado que volverían a delinquir contra él y que ellos no están sujetos a ley ni a Constitución alguna. Por tanto, señorías, que comparezca el ministro de Justicia y aclare esto. Si todos estamos sujetos al ordenamientos jurídico según el artículo 9.1 de la Constitución y los propios jueces están sometidos al imperio de la ley según reza el artículo 117 de la propia Constitución, ¿qué casta es esta de delincuentes insolentes que pretenden que sus condenas les salgan gratis y encima amenazan a toda la sociedad con volver a delinquir? ¿Nos socorre el Gobierno de esta caterva de delincuentes que viven en la ensoñación de su propia arrogancia? No, señorías, este Gobierno dice que no. Este Gobierno dice que los indultos son necesarios para aliviar la tensión. Lo dijo el ministro Ábalos y probablemente se refería a aliviar la tensión que hay dentro del Gobierno, o no, pero lo que está claro es que esas manifestaciones fueron muy desafortunadas y el Gobierno tiene la obligación de explicarlas en el Congreso de los Diputados. Por eso pedimos esta comparecencia, como ya pusimos de manifiesto en la proposición de ley que con fecha 2 de octubre del pasado año registró mi grupo en esta Cámara. La figura del indulto, la gracia del indulto es y debe ser, señorías, un recurso excepcional para dar cumplimiento total o parcialmente a la responsabilidad penal impuesta conforme a la ley por juzgados y tribunales y que solo es democráticamente asumible cuando en su comisión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad, algo que en absoluto se da en este caso. Cada vez más, señorías, vemos a un Gobierno huidizo, un Gobierno menos responsable, más aturullado, más descompuesto, más contradictorio. Cada vez reconocemos menos el Gobierno necesario y el Gobierno que tiene que ser garante del Estado social y democrático de derecho. Es un Gobierno que hace oposición a la oposición, que navega al dictado de las elecciones de turno, que miente, miente, miente como si la mentira fuera algo habitual y aceptable en Gobiernos responsables; que desprecia instituciones que son pilares de los últimos cuarenta años de nuestra convivencia, ora despotricando contra los jueces en boca del vicepresidente Iglesias, llamando a los jueces togados reaccionarios o nominando exiliado a un prófugo de la justicia, atreviéndose a compararlo con el penosísimo exilio de la Guerra Civil. Vemos a un Gobierno intentando mutilar las funciones del Consejo General del Poder Judicial sin ni siquiera escucharlo en sede parlamentaria, un Gobierno en contra del derecho europeo, un Gobierno que es capaz de corregirse a sí mismo para ir a peor —nunca habíamos visto, señorías, que la corrección fuese para empeorar aún más las cosas—, que publica en el BOE decretos para proteger a los que invaden la propiedad privada, que obviamente vamos a recurrir, faltaría más. Un Gobierno que viene prometiendo indultos para aliviar la tensión, ¿qué tensión, señorías? Esto es realmente inaceptable. Que la tensión del Gobierno, dentro del Gobierno, la digiera el Gobierno, pero que no la traslade a los organismos constitucionales ni a la sociedad española. Esto sí que crea tensión; esta forma de gobernar es la que crea tensión, y no estamos para eso, estamos para responder ante los españoles y dar la cara en un momento dificilísimo de nuestro país, porque parece que el Gobierno no se ha enterado de cómo está la situación de nuestro país. Estamos para que el Gobierno venga aquí a comparecer en el Congreso de los Diputados y cumpla con su obligación constitucional de control, y estamos para que el Gobierno dé la cara y no se esconda. Señorías —termino, señora presidenta—, esta es la tensión que crea el Gobierno; esto que hace el Gobierno no es intentar cambiar el sistema de gobierno, es un intento de fabricar un régimen nuevo, y por ahí no pasamos. Comparezcan, expliquen y dedíquense más a pensar en el interés general de los españoles. Muchas gracias. .
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Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV
Muchas gracias, presidenta. Muy brevemente, a la cuestión y sin aspavientos. Esta es una cuestión que se le ha planteado al Gobierno, al ministro de Justicia, al presidente, a la vicepresidenta primera, de todas las maneras posibles y en todos los órganos de la Cámara, luego no vemos formalmente ninguna necesidad para que, con carácter urgente y en lo que queda de mes, se exija la comparecencia del ministro para, en su caso, exponer cuál podría ser la posición del Gobierno ante la tramitación de los procedimientos respecto a los indultos solicitados en relación con los condenados por el procés. Entonces, como es lógico y se deduce de mis palabras, nos opondremos a esta petición. Lo que tenga que ser lo iremos viendo, en el momento, en el órgano y en el tiempo oportuno. Muchas gracias.
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Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Miren, tenemos que hacer una evaluación muy negativa de cuál ha sido el papel que el ministro Campo ha desarrollado en el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia siempre ha sido un ministerio con un carácter predominantemente técnico, donde no solía tener demasiado impacto el criterio político; se trataba, sin mucho dinero, sin muchas ganas de poner en marcha, de hacer que funcionara mal que bien el servicio público de la Justicia, pero el señor Campo se ha convertido en el títere de Pedro Sánchez, en una marioneta que ha llenado de política un ministerio que debería estar fuera de esos criterios de carácter político. Y ¿por qué ha sido así? Evidentemente, porque el Partido Socialista, porque el Gobierno de España eligió como socios en los Presupuestos Generales del Estado, sin tener la obligación de hacerlo porque estaba Ciudadanos con su mano tendida, a aquellos partidos que quieren acabar con España, y eso lleva consigo lógicamente el tener que pagar un alto precio, un alto precio no solo en dinero, sino, tal como nos encontramos en España, también con concesiones en materia de Justicia a consecuencia de que unos delincuentes condenados trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña y se encuentran en prisión y son precisamente de estos grupos parlamentarios. Miren, ya la señora Delgado abrió este camino de la política en el Ministerio de Justicia. El señor Campo, desde luego, lo ha continuado. La señora Delgado, siendo ministra de Justicia pasa a ser fiscal general del Estado, una anomalía democrática sin precedentes. Ciudadanos pretende despolitizar el nombramiento del fiscal general del Estado, pero el Partido Socialista vota que no a esta reforma y, aún más, resulta que en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se deja en manos de la fiscalía el sostenimiento o la retirada de la acción penal, lo cual da un miedo pavoroso cuando nos encontramos con que la fiscal general del Estado se llama Dolores Delgado. El Partido Socialista, el Gobierno de España, pretende acabar con la independencia del Poder Judicial porque pretende acabar con los controles que el Poder Judicial establece sobre el poder político. Ciudadanos pretende que 12 vocales de extracción judicial sean elegidos por jueces y magistrados, pero tampoco el Partido Socialista quiere. Podemos, en el poder, critica a los jueces cuando no dictan las sentencias que les gustan y el Gobierno de España calla; calla. Y, además, se intenta un indulto por la puerta de atrás mediante la reforma de los delitos de sedición y de rebelión bajo la excusa del derecho comparado, cuando el propio ministro en el diario El País dice que efectivamente la reforma viene motivada por el caso concreto del procés. Nosotros queremos reformar la Ley de indulto. Queremos impedir que pueda haber indulto en los supuestos en los que se atenta contra la Constitución Española, en los supuestos de delito contra la Hacienda pública y en los supuestos también de corrupción, y desde luego que los indultos se encuentren más motivados en razones de equidad, de justicia y de interés público, como dice la propia ley. Miren, les voy a leer el artículo 8 del código ético del Partido Socialista. Dice que los cargos públicos del Partido Socialista se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, acoso o discriminación, libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves, como evidentemente son los hechos que llamamos el caso del procés. Pero, en fin, el Partido Socialista, hoy liderado por Pedro Sánchez, acostumbra a decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Por eso es muy importante que el ministro de Justicia venga a la Comisión a expresar su opinión. Ya sabemos que va a decir que tiene la obligación de tramitar el procedimiento de indulto, sí, lo sabemos, pero, hombre, que exprese su opinión de cara a la ciudadanía y de cara a los grupos de la oposición sobre la conveniencia política de estos indultos, sobre si concurren las circunstancias de justicia, equidad o utilidad pública a las que se refiere el artículo 11 de la ley; si va a conceder el indulto en contra del criterio del tribunal o de la fiscalía; si va a dar instrucciones a la Abogacía del Estado, que está personada en el procedimiento como víctima del delito, para que informe favorablemente los indultos; si le parece bien que, habiendo cumplido tan poca condena respecto a la que fue objeto de la sentencia, se pueda conceder el indulto, y si finalmente es posible el indulto sin arrepentimiento, diciendo que lo volverán a hacer y diciendo, por ejemplo, hoy uno de los condenados que el miedo que ellos dan no es por lo que hicieron, sino por lo que harán. Tienen en jaque o quieren poner en jaque al Estado español y el Gobierno del Estado español quiere liberar a estas personas que quieren atacar a España. Los ciudadanos y los grupos parlamentarios tenemos derecho a conocer estos criterios del ministro de Justicia. Gracias. .
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Míriam Nogueras i Camero JxCat-JUNTS (Junts)
Gràcies, presidenta. Veo al diputado del Partido Popular un poco desinformado, así que le voy a dar cuatro datos que deberían hacerle sentir, como mínimo creo yo, un poco de vergüenza por las estupideces que ha llegado a decir. El problema no son los indultos ni la amnistía ni el president Puigdemont ni tan solo la justicia europea, el problema son muchos de ustedes, el problema es este Estado español. Y les voy a refrescar un poco la memoria porque parece que cada semana tenemos que hacerlo aquí, parece que se les olvida que el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern que els ciutadans de Catalunya vam escollir vía las urnas, democráticamente, lleva tres años en prisión y en el exilio por una farsa a la que muchos de los que estáis aquí habéis contribuido. Porque, fíjense, els exiliats catalans, que no son fugados porque se han sometido a la justicia, pueden circular libremente por Europa, menos evidentemente por el Reino de España. Todas las euroórdenes se han denegado o se han retirado. El president Puigdemont, el conseller Comín y la consellera Ponsatí són avui eurodiputats porque así lo ha querido al Parlamento Europeo, aunque ustedes hayan intentado denegarles el acta de eurodiputados; pero lo son. Falta el vicepresident Junqueras, él sigue en prisión después de más de tres años. ¿Por qué? Porque está en el Estado español. Y todo esto con millones de votos de los ciudadanos de Catalunya. Y sigo. Respecto a los indultos y a toda esta farsa que ustedes —políticos, jueces, policías, medios de comunicación— han construido, me gustaría contarles —porque, insisto, creo que se les debe refrescar la memoria demasiado a menudo— que la justicia europea, el Tribunal de Apelación de Bruselas, ha resuelto que para los políticos catalanes en España no ha habido garantías jurídicas, no se ha respetado el derecho al juez natural, y el Tribunal Supremo no es competente para «juzgar». Y digo juzgar entre comillas porque lo que ha hecho este Tribunal se puede decir que es de todo menos juzgar o impartir justicia al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya y a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Supongo que ustedes están muy cómodos en la burbujita esta en la que se encuentran cada día, pero creo que alguien debería pensar ya en poner freno a este ridículo internacional que está haciendo el Reino de España. Moltes gràcies.
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Montserrat Bassa Coll ERC-S
Gracias, presidenta. Ustedes no quieren justicia, sino venganza. Mientras hoy el PP se opone al indulto, llenándose la boca de justicia y de cumplir las sentencias de los jueces, quiero recordarles que cuando ustedes han gobernado han indultado a más de 7000 personas; repito, más de 7000 indultos, desde corruptos hasta homicidas, según datos del indultómetro de la Fundación Ciudadana Civio. Miren, en el pueblo de El Ampurdán de Torroella de Montgrí, de donde somos mi familia y mi hermana Dolors, hay muchos votantes del PSC, PP y Ciudadanos que consideran que mi hermana debería estar libre y no en la cárcel. De hecho, me atrevería a decir que así lo quieren la mayoría de votantes no independentistas, como también los hay en el resto de la comarca. Y así ocurre con Oriol Junqueras en Sant Vicenç dels Horts y el Baix Llobregat o con Raül Romeva en San Cugat y El Vallès. Y así con el resto de presos políticos y así en todos los espacios y también en todas las profesiones que ocupan, en las universidades donde trabajaban, en los deportes que realizaban, etcétera. Porque estos votantes de PSC, PP y Ciudadanos pueden considerar que los independentistas nos hemos equivocado políticamente y que no deberíamos haber realizado el 1 de octubre u otras actuaciones, pero no creen que la solución sea la cárcel, sino el diálogo. Sí, en Cataluña hay muchos votantes del PSC, PP y Ciudadanos que no quieren que haya miembros del Govern de Catalunya en la cárcel, como tampoco les gustó que nos apalearan el 1 de octubre. Y también hay muchos que no pueden entender, e incluso les parece una gran injusticia, que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez estén en la cárcel. Porque ustedes desde aquí no son capaces de ver, ni tienen interés en hacerlo, que el padre de una independentista detenida en el corte de La Junquera o el amigo de alguien a quien la policía le saltó un ojo disparándole una pelota de goma puedan votar al PP. Hay nueve presos políticos encarcelados y, sin embargo, no han pisado la cárcel ninguno de los policías que disparando ilegalmente han amputado ojos ni quien ordenó disparar ni quienes ordenaron aporrearnos el 1 de octubre. Pero el PP no tiene suficiente con los tres años que llevan en la cárcel ni con los 3000 perseguidos judicialmente, ni con las hostias que nos llevamos el 1 de octubre y los ojos amputados. Su odio y su deshumanización son tan grandes que necesitan ensañarse aún más. Su concepto de la justicia es tan medieval y mezquino que se basan en el castigo y en generar sufrimiento. Sinceramente, son unos sádicos y unos bárbaros hasta el punto de que pretenden impedir que las presas y presos políticos se acojan como cualquier otro preso a beneficios penitenciarios como el tercer grado. Dejen de engañar. Los permisos penitenciarios no consisten en dejarlos en libertad, sino en dejarlos salir a trabajar pero regresando a dormir a la cárcel, como cualquier otro interno. No es favoritismo, señores, es un derecho de cualquier preso. Desde Esquerra Republicana de Catalunya reivindicamos la amnistía y no el indulto, pero bienvenido sea como gesto de buena voluntad para sentarse a negociar la resolución del conflicto. Obviamente, como hermana de presa política, me alegraría, entre otras cosas, por razones humanitarias y porque la concesión del indulto no es incompatible con una posterior amnistía que incluya a todas las personas represaliadas. La libertad de los presos políticos es un primer paso hacia el diálogo, porque no hay absolutamente ninguna posibilidad de avanzar en la resolución del conflicto del Estado español con Cataluña mientras haya presas y presos políticos. Y, más allá de todo su odio nacionalista español, también por eso el PP, Ciudadanos y VOX se oponen a la libertad de las presas y presos, porque viven de su nacionalismo de odio a Cataluña, porque les da más votos el enfrentamiento con Cataluña que explicar que sus políticas para afrontar la crisis social y económica que padecemos son dar dinero a las grandes empresas y rebajar los impuestos a los ricos, y, por supuesto, gastar más en ejército y policía. Muchas gracias.
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Jaume Asens Llodrà ECP-GUANYEM EL CANVI
Gracias, presidenta. Hoy volvemos a estar delante de uno de los clásicos de cada campaña electoral: la derecha sacando el anatema de los indultos en un gran ejercicio de desmemoria, de cinismo y de hipocresía. Señor Rojas, ustedes dándonos lecciones sobre a quién se debe indultar o no son como Bárcenas dando lecciones de buen gobierno y transparencia o como Jack el Destripador dando lecciones de pacifismo. Usted dice que no debe indultarse a delincuentes; ustedes precisamente, que han otorgado centenares de indultos de forma arbitraria a personas condenadas por delitos abyectos de corrupción, homicidio, vejaciones, agresiones sexuales, torturas, delitos en los que ha habido incluso secuestro y muerte. ¡Y hoy nos viene a decir que no hay que indultar a delincuentes! Ustedes, que con Rajoy daban dos indultos por día y con Aznar más de 6000; en total, más de 7000 indultos. Y nos dicen también que no se pueden tramitar las peticiones de indulto cuando son de independentistas, como nos dijeron no hace mucho. Al menos hoy el portavoz de Ciudadanos ha admitido que es una obligación de este Gobierno, porque lo establece así la ley, tramitar estas y cualquier otra petición de indulto. Y nos dicen también que no es posible otorgar indultos a un grupo de condenados por el mismo delito. ¡Ustedes, que lo han hecho en numerosas ocasiones! En 1998, por ejemplo, ¿recuerdan sus indultos a 63 insumisos? ¿O los de la cúpula de Interior por los GAL? De hecho, en un solo día en el año 2000 el ministro Acebes concedió 1400 indultos; 1400 indultos. Esto sí que es un ‘indultazo’ y no lo de los líderes independentistas. Señor Rojas, hoy ustedes se escandalizan y gesticulan ante la posibilidad de un indulto para los líderes independentistas por su actuación pacífica, mientras han aplaudido en el pasado los indultos de quienes desde el GAL organizaron el terrorismo de Estado con secuestros y asesinatos o de quienes cogieron las armas para perpetrar un golpe de Estado contra la democracia el 23F. Nosotros no olvidamos que cuando el golpista Armada fue indultado por el Gobierno de Felipe González no había cumplido ni cinco años de una condena de treinta años de prisión; treinta años de prisión, cumplimiento cinco años. Y a ustedes no se les oyó decir entonces que se debían cumplir íntegramente las penas. Señorías del Partido Popular, ustedes tienen mucha cara. Nos dan lecciones sobre cómo se debe indultar o no cuando han sido los campeones a la hora de indultarse a ustedes mismos, a los jueces corruptos, a los políticos corruptos o a sus familiares, incluso a los amigos de sus familiares. ¿Se acuerdan del famoso kamikaze, compañero de despacho del hijo del ministro Gallardón, que mató a un conductor? ¿Se acuerdan de que el Supremo tuvo que anular ese indulto? ¿Saben que, con Rajoy, de cada cuatro indultados en un año uno lo era por corrupción? Uno de cada cuatro, señorías, por corrupción. A nosotros no nos extraña, es lógico que el partido más corrupto de Europa sea también el que más indulta por corrupción de Europa. Señorías del Partido Popular, ustedes llevan años regalando indultos a los suyos y a sus amigos, pero ahora quieren prohibirlos para sus adversarios políticos, cuando el indulto, si tiene algún sentido, es para esos casos, para corregir las injusticias, como las que nos señalan desde Europa, desde organismos internacionales, como la ONU, o desde tribunales, como el de Luxemburgo o el de países como Alemania y Bélgica. Cada vez que viajamos a un país europeo pasamos vergüenza cuando nos recuerdan esta doble realidad. Ustedes saben, como sabe todo el mundo, que estas personas estarían en libertad en cualquier otro país europeo; de hecho, sus compañeros, por los mismos hechos, están en libertad. Esa doble realidad ofende a muchos europeos. Por eso, cualquier propuesta de desbloqueo —y termino, presidenta—…
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Jaume Asens Llodrà ECP-GUANYEM EL CANVI
… del conflicto en Cataluña pasa por su desjudicialización, por el diálogo y por cumplir con los derechos humanos. Que esté todavía Junqueras en prisión es un incumplimiento flagrante de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que acreditó la vulneración de sus derechos humanos. Por eso, el primer paso hacia el diálogo tiene que ser el de la libertad de los presos. En consecuencia, entendemos que el ministro de Justicia no debe comparecer para informar sobre la posición del Gobierno ante unos indultos que todavía no están ni en la mesa del Consejo de Ministros.
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Jaume Asens Llodrà ECP-GUANYEM EL CANVI
Por tanto, no cuenten con nosotros para alimentar está gesticulación. Muchas gracias.
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Muchas gracias, señora presidente. Esto sucede porque votamos cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir. Si no hubiésemos votado el estado de alarma de la forma ilegal en que se hizo, no tendríamos que estar pidiendo la comparecencia porque estaríamos trabajando de forma normal en el Congreso, y no está sucediendo así. Y tampoco estaríamos en esta situación, porque posiblemente no hubiese habido un juicio si en el momento oportuno, y no al final de los tiempos, el partido gobernante en aquel momento hubiese adoptado las posiciones y las medidas necesarias para evitar, por ejemplo, las leyes de desconexión previas al referéndum, tal como nosotros advertimos. Y no estaríamos ante esta situación si los propios delincuentes que hicieron aquellos atroces actos, sabedores de lo que hacían, hubiesen sido responsables dentro de sus actividades y de su capacidad política. Además, es que nosotros ya estamos personados en el Tribunal Supremo ante dicha causa, y lo estamos porque entendemos que no tan solo aquí, en sede parlamentaria, es necesaria la explicación del ministro de Justicia, sino que hay que lucharlo en los tribunales. Ni siquiera existe la concurrencia de razones de justicia, equidad o utilidad pública para su concesión, porque esa concesión podría producir los efectos de una derogación transitoria de la ley penal, y si eso sucediese, tal como el legislador ya opinó en su momento cuando se hablaba de esta gracia, se produciría el funesto efecto de favorecer la impunidad y alentar al delincuente en la senda del crimen. Dicha medida debe ser aplicada, obviamente, con un claro criterio restrictivo, en modo alguno de forma generalizada. Nos oponemos de forma rotunda, de ahí que queramos saber la opinión del señor ministro, porque supondría la más absoluta impunidad de los delitos cometidos contra el orden constitucional y dar una pátina de legalidad a su actuación delictiva; una actuación delictiva que fue juzgada —nosotros entendimos— de forma indebida y leve, y por eso compartíamos con el Ministerio Fiscal y con la Abogacía del Estado las posiciones iniciales que, después, el propio tribunal modificó pero que son las que son. En definitiva, no caben más contemplaciones que el cumplimiento de la pena por actuaciones delictivas. Y otro de los requisitos tampoco se produce, que es la inexistencia de concurrencia de criterio de justicia y equidad porque ni siquiera han sido restituidas las cantidades correspondientes a los caudales públicos malversados en su actuación por lo que también fueron condenados. Tampoco existe el criterio de utilidad pública; no existe el más mínimo motivo para apreciar la utilidad de la concesión de la medida de gracia. Sería una burda utilización ideológica, partidista e incluso electoralista. En definitiva, nos oponemos, y por eso queremos saber la opinión de un letrado, de un hombre de la justicia o sabedor de lo que es la justicia, como es el ministro de Justicia. Además, curiosamente, aquellos que pertenecemos a la Ciudad Condal y al mundo jurídico de la Ciudad Condal nos hemos llevado una sorpresa con algunos nombres de los proponentes del indulto, que nada tienen que ver con el mundo independentista. Nos tememos el peor de los enjuagues; y como nos tememos eso, sí queremos preguntarle al ministro de Justicia si esto se está realizando a espaldas de los españoles. Porque mientras se habla de una Cataluña idílica, nuestro grupo cada día tiene más problemas; cada día somos más los que tenemos problemas en todas las poblaciones de Cataluña simplemente para informar de nuestra posición, como sucedió ayer en Badalona con nuestro candidato, Ignacio Garriga, hecho por el que esperamos el rechazo y la repulsa del resto de los grupos políticos de la Cámara. Así pues, que venga el señor ministro de Justicia para que le podamos preguntar sobre todas nuestras dudas y, efectivamente, explicar nuestra posición clarísima, pues creemos que ha de hacerse justicia. . Muchas gracias, presidenta.
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Felipe Jesús Sicilia Alférez PSOE
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Solicita el Grupo Popular la comparecencia del ministro de Justicia para conocer la opinión y las intenciones del Gobierno sobre posibles indultos a los presos del procés. Piden que el Gobierno opine sobre unas peticiones de indulto que aún tienen que ser informadas por la Abogacía del Estado y por el tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo. Por tanto, señorías del PP, señor Rojas —que veo que me está prestando atención—, ¿qué respeto tienen ustedes al procedimiento y, por tanto, al derecho que tiene cualquier ciudadano, esté condenado o no, a que sean tramitadas sus solicitudes y, en este caso, su solicitud de indulto? ¿Qué respeto les merecen a ustedes los órganos judiciales afectados y su trabajo, un trabajo que, en este caso, además es preceptivo? No les merecen ningún respeto; no les merecen ningún respeto porque ustedes ya han devaluado todo ese trabajo, todo ese derecho pidiendo que el Gobierno se pronuncie ya. Pero, es más, señor Rojas y señorías de las derechas de esta Cámara, si el Gobierno hiciera lo que ustedes están pidiendo, pronunciarse y opinar sobre los indultos solicitados, podría decirse, y con razón, que el Gobierno está intentando condicionar al órgano judicial que tiene que elaborar los informes —insisto, preceptivos— para que sean acordes con la opinión del Gobierno; esa opinión que ya ustedes están pidiendo de manera anticipada. Esto supone, como les digo, aparte de una falta de respeto enorme al trabajo de los órganos judiciales que tienen que realizar esos informes, una labor un tanto vacía porque para qué van a elaborar informes que puedan servir para que el Gobierno tenga una opinión sustentada y razonada, cuando no les van a hacer caso, puesto que ya se conoce la opinión del Gobierno. Señorías, los grupos parlamentarios en cuestiones como esta pueden opinar, claro, faltaría más, pero el Gobierno ante una potestad que es suya como la del indulto, no opina, decide, y así es como opina, decidiendo; es decir, ¿dando a conocer sus intenciones? No, decidiéndolas porque, como digo, el Gobierno en este tema no opina, decide, y, evidentemente, al menos este Gobierno lo hace respetando el derecho de los ciudadanos y respetando los procedimientos y el trabajo y facultades de los órganos judiciales. ¿No se dan cuenta ustedes, señorías del Partido Popular, de que de lo único que hablan siempre sobre Cataluña es del procés? . En una entrevista hoy el señor Casado, presidente del PP, por fin reconoce ―leo textual―: Cometimos el error de hablar de Cataluña solo por el procés. Pues sí, señorías, a ver si de una vez por todas salen del error. ¿Que ustedes quieren hablar del procés? Me parece muy bien, pero nosotros, los socialistas, mis compañeros del PSC, queremos hablar de los jóvenes catalanes que ven peligrar su formación y su futuro laboral como consecuencia del COVID; mis compañeros del PSC y los socialistas queremos hablar de los autónomos y pequeños empresarios y empresarias que hoy ven con temor el futuro de sus negocios; queremos hablar de los mayores, de los que están siendo cuidados en sus casas y en las residencias, esos mayores que también están en Cataluña y que están viendo cómo el COVID está suponiendo un auténtico drama; queremos hablar de las familias catalanas que no llegan a final de mes, que pueden verse ante un desahucio. De eso queremos hablar, pero, señorías del Partido Popular, ustedes se empeñan en hablar única y exclusivamente de doce ciudadanas y ciudadanos catalanes condenados en el procés. Mi grupo, el Gobierno y mis compañeros del PSC quieren hablar de los 7 700 000 catalanes; eso es lo que nos preocupa, señorías. Señores del PP ―se lo decía el portavoz de Podemos―, ustedes vuelven a Cataluña, sí, tornan a Cataluña para crispar, nosotros para dialogar; ustedes vuelven a Cataluña para dividir, nosotros para convivir; ustedes vuelven a Cataluña, tornan a Cataluña para confrontar, nosotros para gobernar. Por eso, lo que necesita Cataluña es un Gobierno y un presidente y, sí, por eso vuelve Salvador Illa a Cataluña, para ser el próximo presidente de la Generalitat, si lo quieren los catalanes. Nada más y muchas gracias. .
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Macarena Montesinos de Miguel PP
Muchas gracias, señora presidenta. Entre 7000 y 10 000 camioneros españoles se quedaron atrapados en el Reino Unido estas Navidades en condiciones precarias, lejos de sus familias, y comprobando en primera persona que el Gobierno de España les había abandonado, un ejemplo más de la inoperancia de este Gobierno. Pero, además, el ministro Ábalos, siempre tan activo en los medios de comunicación, se escondió para no tener que dar explicaciones sobre los hechos que estaban acaeciendo entre el Reino Unido y Francia. La ausencia del ministro y secretario de Organización del Partido Socialista durante el tiempo que estuvieron atrapados en el Reino Unido nuestros transportistas es otra muestra de la distinta vara de medir del señor Ábalos, sí, porque se acaba de cumplir un año de su vergonzosa actuación y el papel que jugó en el denominado ‘Delcygate’, y no podemos olvidar el tratamiento que dispensó a la mano derecha del dictador Maduro, a la que agasajó en la sala VIP del aeropuerto; sin embargo, hizo oídos sordos a sus compatriotas, los transportistas españoles que se encontraban en medio de la nada, desabastecidos, sin apoyo de su Gobierno, que se dirigieron a él y no a otro ministro, como así recoge la carta ―si no la conocen, se la hago llegar― que Ovidio de la Roza (muestra un documento), presidente de la confederación, envió a José Luis Ábalos; pero no solamente la confederación de transportistas, sino también la CEOE, las empresas de transportes, federaciones, organizaciones, etcétera. En esa carta le recordaban, primero, la actuación que habían tenido las empresas de transporte y sus conductores durante el transcurso de toda la pandemia, que había sido y estaba siendo ejemplar, sin dejar desabastecidos los mercados y, por tanto, atendiendo las necesidades de todos los españoles. Añadía que, ante la imposibilidad de mantener los corredores abiertos para el movimiento de mercancías y para que la sociedad, la industria y el comercio siguiesen funcionando con toda normalidad, necesitaban contar con el apoyo del Gobierno para atender de forma inmediata las necesidades básicas de nuestros conductores atrapados en Reino Unido y en Francia, así como que dichos conductores tuviesen la posibilidad de retornar a sus lugares de procedencia con la mayor urgencia posible. Hacía referencia también a las medidas a adoptar y las detallaba en la carta, recordando la necesidad de impulsar la digitalización de los documentos de transporte. Terminaba afirmando que, al margen de las reivindicaciones que el sector tiene pendientes de resolver en la mesa de negociación con el ministerio y de las enormes pérdidas económicas que estaba ocasionando esta situación sobrevenida, lo que les urgía era que actuaran inmediatamente para conseguir el retorno urgente de nuestros conductores y que se habilitasen los cauces adecuados para asistir a aquellos profesionales que, en el desarrollo de su trabajo, se pudieran ver afectados por un posible contagio y no pudieran retornar a sus domicilios. Esta carta la firmaba Ovidio de la Roza. Pues bien, ¿la respuesta cuál fue? Sencilla, la inacción del Gobierno ante este problema. El impacto económico y también en la cadena de suministro fue enorme, así como el drama humano causado al retener y bloquear durante noches a los conductores, sin medios suficientes para atenderlos y con la perspectiva de no llegar a sus hogares en Navidad, sabiendo que su Gobierno, el Gobierno de España, les había abandonado a su suerte; al contrario que otros Gobiernos, como el checo o el polaco que enviaron destacamentos para que pudieran asistir a sus transportistas con alimentos, artículos de primera necesidad, medicamentos y pruebas PCR. Porque, señorías, los transportistas estaban bloqueados en la autopista que une la capital londinense con el aeropuerto de Dover y el eurotúnel, donde apenas había servicios en los que poder abastecerse o cubrir otras necesidades, y como bien debería saber el ministerio, para pasar a Francia en aquel momento estaban exigiendo la PCR negativa. Pero, claro, nuestro Gobierno no envió ningún destacamento para acelerar la salida de los conductores españoles, como hicieron otros países. Evidentemente, el ministro y secretario de Organización del Partido Socialista, señor Ábalos, estaba desaparecido, dedicado a otras cosas que no queremos ni tan siquiera imaginar. No quiero engañarles porque no sería justo, pero el Gobierno de España sí que hizo un despliegue; tuvo un detalle que solo pudo percibir un grupo muy pequeño de transportistas, y es que envió al consejero de la embajada y al cónsul en Londres, supuestamente, para prestar asistencia a los camioneros españoles que ya llevaban varios días atrapados. En realidad, todo fue para una foto y lanzar el mensaje estándar al que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno: que nada se podía hacer porque —dijo textualmente (hace el gesto de comillas con los dedos) — la pronta resolución del bloqueo le corresponde a las autoridades británicas. ¿Les suena? La culpa siempre es de otros, al Gobierno no se le puede esperar en ninguna situación crítica porque este Gobierno es irresponsable, incapaz de reaccionar ante una crisis e insolidario con sus compatriotas. Y, si no, que les pregunten a todas las comunidades autónomas cómo están llevando esta situación, y muy especialmente y desgraciadamente a aquellas que tienen un Gobierno del Partido Popular. Que Polonia o que la República Checa enviaran militares al Reino Unido para prestar atención a sus compatriotas, al Gobierno de Sánchez le debió parecer una auténtica insensatez. Señorías, desde ningún ámbito, desde ninguno, y especialmente desde el sector del transporte, se comprendió el abandono del Gobierno de España y, en concreto, del secretario de Organización del Partido Socialista y ministro de Transportes, el señor Ábalos. ¿Dónde estaba el señor Ábalos? ¿Por qué no movilizó al Gobierno para que respondiera ante una crisis como esta, cuando los transportistas estaban reclamando esa atención que necesitaban por parte del Gobierno, cuando veían cómo otros Gobiernos como el polaco o el checo sí estaban respondiendo? ¿Dónde estaba? . Cuando ya se ha cumplido casi un año del inicio de la pandemia, el Gobierno y el ministro, el señor Ábalos en particular, siguen sin tomar decisiones ni implantar medidas preventivas eficaces en materia de transporte, a pesar de situaciones como la vivida, que en caso de repetirse mañana, no nos cabe la más mínima duda de que tendría las mismas consecuencias, ya que nada se hizo durante esta crisis ni después. ¿Por qué no se trabaja desde el ministerio para conseguir de una vez, en el marco de la Unión Europea, implantar medidas de seguridad sanitaria y un protocolo específico en los corredores de mercancías —los ‘COVID Free’— tanto internacional como nacional e interinsular? ¿Por qué no se trabaja desde el ministerio para conseguir de una vez, en el marco de la Unión Europea, un protocolo de prueba internacional estandarizado aplicable al tráfico de mercancías, destinado a la valoración de la necesidad o no de introducción obligatoria de pruebas de detección de COVID fiables en origen y destino? Desgraciadamente, creo que, como resumen de lo sucedido estos días y lo que está pasando ahora mismo, valen las palabras de un camionero español que en una entrevista dijo —abro comillas—: Me hubiese gustado que el Gobierno español se hubiese implicado, no un poco, sino algo, pero nuestro cónsul de aquí solo ha bajado a hacerse las fotos. Señorías, a diferencia de ustedes, de los que sustentan al Gobierno y del propio Gobierno, en el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular sí se ha trabajado y se trabajó durante ese periodo en aportar soluciones. De hecho, el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, presentaba una proposición no de ley en la que se recogían cinco medidas claves, cinco medidas que espero que se aprueben cuando se debatan en la Comisión correspondiente, porque será la única propuesta que llegará a los transportistas españoles para poder paliar una situación semejante a la vivida en el futuro próximo, como también esperamos que esta comparecencia sea aprobada por la mayoría de los grupos porque…
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Macarena Montesinos de Miguel PP
Termino, señor presidente. Entendemos que el ministro de Transportes y secretario general de Organización del Partido Socialista debería dedicarse más a su mandato como gestor de un ministerio y no al del Partido Socialista. Muchas gracias, presidente. .
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Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV
Muchas gracias, presidente. Intervendré brevemente. Después de oír a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la conclusión lógica, que al menos yo creo que se debe sacar, es votar que no a la petición de una reunión urgente y en el tiempo que nos queda de Diputación Permanente en la Comisión correspondiente. Me pasa en todas las sesiones de Diputación Permanente, parece que son reuniones para determinar si un tema tiene urgencia o no a fin de convocar la Comisión correspondiente o el Pleno y, finalmente, la sesión se convierte en ese Pleno o en esa Comisión. Aquí la intervención del Grupo Parlamentario Popular, como otras muchas que se suceden, son juicios inaudita parte. Se pide por la oposición la comparecencia del ministro o ministra correspondiente o del presidente del Gobierno, da igual del Gobierno que sea, y simplemente es la ocasión, no para debatir si hay que hacer esa reunión urgente, sino para hacer ya un juicio y sacar una conclusión. Por eso decía que la conclusión que tengo que sacar es que no hace falta esa Comisión porque la portavoz del Partido Popular ya ha contado su opinión, ya ha hecho el juicio y ha sacado la conclusión. No obstante, este grupo parlamentario sí considera necesario que el ministro del ramo comparezca. Fueron unos hechos graves, unos hechos de los que no se ha dado cuenta ante esta Cámara sobre cómo se gestionaron y, en ese sentido, con carácter general en una democracia representativa entendemos que el órgano de representación debe tener las explicaciones de los responsables del Ejecutivo sobre la gestión realizada. No obstante, tengo que señalar que hay otro punto en el que también debatiremos la necesidad o no de comparecencia del mismo ministro sobre otras circunstancias y, según parece —no sé lo que anunciarán los representantes del Partido Socialista—, si efectivamente el ministro decidiera comparecer para ese otro asunto y quisiera acumular este, por nuestra parte no nos opondríamos a que esta comparecencia se produjera en un tiempo razonablemente hábil, aunque no necesariamente en los pocos días que nos quedan de este mes. Muchas gracias.
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Gracias, presidente. Señorías, estas últimas semanas hemos hablado en numerosas ocasiones de la tormenta del siglo, Filomena, que ha arrasado la Península Ibérica, pero esa tormenta nos ha hecho olvidar la tormenta perfecta que se fraguó y sufrimos en toda Europa solo unos días antes, justo antes de la Navidad. Como decía, el día 21 de diciembre hubo una tormenta perfecta en Reino Unido, unas fechas tan señaladas que empezaban con la amenaza a las exportaciones españolas a Gran Bretaña, unas exportaciones que superan los 66 millones de euros diarios y que mueven hasta 1200 camiones. Ese día, señorías, Francia cerró la frontera con Reino Unido ante la nueva cepa del coronavirus, una cepa que ahora mismo sufrimos en España y que nos tiene muy preocupados en toda Europa. Pues bien, ese cierre de fronteras se produjo, como saben, muy pocos días antes del brexit. Como el brexit estaba a punto de consumarse, los camiones ya se estaban acumulando en la frontera porque la demanda de productos había crecido un 40 % respecto a años anteriores. En definitiva, a este colapso del transporte de mercancías entre Dover y Calais que se estaba produciendo desde mediados de diciembre, se le suma la decisión de Emmanuel Macron de cerrar el Canal de la Mancha durante cuarenta y ocho horas. Así que, como les decía, se fraguó esa tormenta perfecta cuyo resultado fue que ochocientos camioneros españoles quedaran atrapados a ambos lados de la frontera; camioneros que tuvieron que pasar días en su camión porque la descoordinación entre Francia y Reino Unido convirtió un desastre económico en un desastre humano. Todos estos transportistas quedaron días atrapados, sin acceso a aseos, instalaciones o, en algunos casos, sin comida ni bebida; una situación denigrante a muy pocos días de que estas personas tuvieran previsto reunirse con sus familias para celebrar la Navidad. Mientras tanto, los que estábamos aquí, en España, veíamos cómo el Gobierno se lavaba las manos y no hacía nada para ayudar a las personas atrapadas. No podemos consentir estas situaciones, señorías. No podemos consentir situaciones así cuando existen mecanismos de coordinación entre los Estados y en el seno de la Unión Europea, para evitar que miles de camioneros de todos los países queden atrapados en la carretera. Por eso, Ciudadanos va a votar a favor de esta comparecencia del ministro de Transportes, el señor Ábalos, para que explique en este Congreso qué acciones llevó a cabo el Gobierno para restablecer el flujo normal en la frontera entre Reino Unido y Francia durante esos días, en colaboración con las autoridades de estos países, y si se llevaron a cabo actuaciones en el seno de la Unión Europea para desbloquear la situación. Sé que posiblemente el portavoz del Grupo Socialista dirá que esto no le corresponde a este ministro, que esto no es competencia del señor Ábalos, pero antes de que nos digan nada al respecto —como ya ha comentado la portavoz del Grupo Popular, al margen de que pueda dirimirse en el seno de Exteriores cualquier asunto relacionado con esta materia y con este conflicto—, fue la propia patronal del transporte la que reclamó al señor Ábalos la ayuda incondicional y que no se les dejara abandonados. Por eso reitero que votaremos a favor de su comparecencia. Queremos saber qué se hizo por parte del Gobierno para que podamos aprender de los errores, para saber qué falló, tanto en el seno de nuestro país como en el seno de la Unión Europea, para que miles de transportistas, ochocientos de ellos españoles, sufrieran una situación tan denigrante y tan dura. Y pedimos al resto de los grupos de la Cámara que también voten a favor porque los españoles merecen escuchar estas explicaciones. Muchas gracias.
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A este respecto, en su momento nosotros solicitamos la actuación del Gobierno y la protección de nuestros transportistas en el exterior. Obviamente, nos encontramos ante una situación relativa a la política exterior, en concreto a la relación con Reino Unido y otro socio comunitario que es Francia, que ha tenido unas consecuencias muy negativas para nuestros transportistas en el exterior. Creemos que, en el ámbito consular y en el ámbito de la protección de nuestros nacionales en el exterior, tenemos que seguir mejorando. Esto ha sido un ejemplo de lo que ocurre, además en una lógica que viene empujada por el brexit y todos esos condicionantes que tiene en estos momentos, y hay que reforzar esos mecanismos de protección de nuestra población en el exterior porque, en primer lugar, esta es una materia de política exterior. En segundo lugar, no tendríamos problemas en que, en el marco de la Comisión de Transportes, de forma regular, estando prevista la comparecencia del señor ministro de Transportes, pudiera dar cuenta también de esta cuestión cuando se produzca. Creo que está prevista para el 4 de febrero. Lo interesante sería que pudiéramos hablar de los hechos y de las posibilidades de solución más que del espectáculo, que, al fin y al cabo, es lo que se quiere buscar con esta solicitud en la Diputación Permanente. Muchas gracias.
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José María Figaredo Álvarez-Sala VOX
Muchísimas gracias, señor presidente. Tratamos hoy aquí la solicitud de comparecencia del ministro de Transportes, señor Ábalos, por una cuestión muy concreta que es básicamente el abandono de todos los camioneros y transportistas españoles en la frontera entre el Reino Unido y Francia. Las cifras bailan; se habla de tres mil, de siete mil; no está claro cuál fue la cantidad de camioneros que quedaron abandonados en esa zona, precisamente en los días circundantes a la Navidad de 2020. Hemos presentado al ministerio preguntas sobre cuántos fueron los camioneros, cuántos fueron los afectados, cuáles fueron las consecuencias, y, por supuesto, no se nos ha respondido. La realidad es que el ministerio mantiene una opacidad y un silencio absoluto sobre esta cuestión cuando, por otro lado, saca pecho y presume internacionalmente del sector logístico español que, en definitiva, conforman todos estos camioneros. Por un lado, saca pecho y presume y, por otro, los abandona y los deja literalmente tirados en las carreteras de un territorio extranjero, sin víveres siquiera —recordemos— para pasar las noches de Navidad. La situación fue absolutamente crítica, y el ministro no ha comparecido, no ha dicho palabra y ni siquiera nos han indicado cuáles fueron las medidas que tomaron al respecto. Esto no debería ser sorprendente en la medida en que el ministro Ábalos es uno de los ministros que menos comparece en esta Cámara, lo cual demuestra bastante el respeto que este señor tiene por la democracia y, en definitiva, por el pueblo soberano que aquí está representado y al cual debe explicaciones. El ministro no solo guarda silencio sobre esta cuestión tan grave, tan concreta y de tantísima actualidad, sino que también guarda silencio sobre los cargos creados a la medida de los amigos del presidente del Gobierno. Pensemos en esa secretaría creada ad hoc para un arquitecto amigo suyo, prácticamente después de haberle tomado las medidas al susodicho. Pensemos también en el caso que aquí se ha mencionado del aeropuerto de Barajas. ¿Qué sucedió con esas maletas?, ¿cuántas eran?, ¿qué contenían?, ¿era oro?, ¿era otro material? En definitiva, son cuestiones sobre las que el ministro no responde, guarda absoluto silencio, y lo peor de todo es que por algo será. Si no se ve capaz de dar explicaciones será porque pocas justificaciones puede dar. Por último, me referiré a una nota prácticamente formal pero muy relevante. El Grupo Socialista ha dicho casi literalmente que ya comparecerán sus ministros y su presidente cuando les convenga, cuando proceda y consideren oportuno. Es tristísimo que ministros del Reino de España comparezcan aquí casi como si fuese una concesión graciosa que hacen al pueblo español. No señor, los ministros y el presidente del Gobierno están obligados a comparecer y a dar explicaciones al pueblo soberano que está aquí representado, y ellos guardan silencio y nos roban las justificaciones que exigimos; no las conceden ellos graciosamente sino que se les exigen. Lo más triste de todo es que tenemos que exigirlas por un procedimiento excepcional en la Diputación Permanente porque todos los partidos que están aquí representados, todos, votaron a favor de un estado de alarma que permite al Gobierno guardar silencio y ocultar a los españoles la información que voluntariamente deseen o consideren oportuno conocer. Por todo ello, como es evidente, votaremos a favor de esta comparecencia, que ya debería haberse efectuado y que llega muy tarde porque, de nuevo, un sector fundamental de la actividad económica española quedó totalmente abandonado. Muchísimas gracias. .
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César Joaquín Ramos Esteban PSOE
Gracias, presidente. Señores del PP, piden la comparecencia del ministro de Transportes para algo que, como se ha dicho aquí, no es de su competencia. Las relaciones internacionales y la situación de españoles cuando están en el extranjero es competencia de la ministra de Exteriores, como es lógico. Y, como bien sabe, el Partido Popular no pide su comparecencia por ser el ministro de Transportes, sino, como ya han dicho, por ser el secretario de organización del PSOE. Pero, por esa lógica, por la que lo único que buscan es el efecto mediático, el espectáculo en el Parlamento, podían haber pedido la comparecencia del ministro por cualquiera de los temas de los que se hablado hoy aquí. Por tanto, creemos que no es serio. Hoy piden la comparecencia del ministro de Transportes, como dice el Partido Popular, para explicar la situación o qué está haciendo este Gobierno para conseguir que los transportistas que están en el Reino Unido puedan salir de allí. Les voy a dar una buena noticia, señores del Partido Popular: por suerte, los transportistas ya salieron, ya están en su casa y superaron una situación que resultó muy complicada. . Y como hoy estamos hablando de transportistas, creo que es una buena oportunidad para hacer un reconocimiento de este sector, que durante esta pandemia ha dado la cara, ha dado el callo y ha estado siempre que se le ha necesitado, en una situación muy complicada, primero por la pandemia, ahora por el brexit y antes por la situación del cierre de fronteras entre Reino Unido y Francia. Esta pandemia nos está enseñando a todos que hay colectivos que en algún momento hemos tenido olvidados, que en algún momento pasaban desapercibidos que son esenciales, y no se nos tiene que olvidar; colectivos como el de los camioneros, que han ayudado cuando todos estábamos confinados a que pudiéramos tener alimentos, medicinas y otros muchos elementos necesarios para luchar contra la pandemia. Por eso, desde el Grupo Socialista expresamos este reconocimiento. Y respecto a cuando dicen aquí que el Partido Socialista, el Gobierno Socialista y el ministro de Transportes no hizo nada sobre la situación de los camioneros, sí lo hizo, muchas cosas. Lo que no hizo es lo que constantemente hace el Partido Popular, que allí donde gobierna se pasa los días en los medios de comunicación, pero no se dedica a solucionar los problemas de los ciudadanos; si no, que se lo digan a los ciudadanos de Madrid, a todos los que sufren la gestión calamitosa y permanente del Partido Popular desde las instituciones donde gobierna. . El ministro de Transportes sí hizo, el ministro de Transportes escuchó y habló permanentemente con el Comité de Nacional del Transporte, porque es nuestra obligación y era lo que tocaba, y además desde la Dirección General de Transportes se entró en contacto con su homónimo francés para ver cómo se podía solucionar, cuáles eran las medidas que se podían tomar y ver cómo garantizábamos que los camioneros españoles pudieran llegar lo antes posible a casa en unas circunstancias, que, como ha dicho bien el portavoz de Ciudadanos, eran consecuencia del cierre de fronteras entre Reino Unido y Francia. Ante la pregunta de qué hizo el señor Ábalos para solucionar esa situación del cierre de fronteras entre el Reino Unido y Francia, se interesó por los transportistas y optó por hacer lo que hizo, esto es, adoptar excepciones sobre las normativas que regulan el descanso de los camioneros, las horas de conducción, etcétera, a fin de que pudieran llegar a su casa lo antes posible y en las mejores condiciones. Este ministerio actuó incluso en aspectos que no tenían que ver con su competencia. En definitiva, el Gobierno de España actuó, la ministra de Exteriores estuvo permanentemente en contacto con el cónsul y además buscó la forma de acceder a los camioneros para escucharles, conocer las cosas que necesitaban, darles el mejor servicio en unas condiciones muy complicadas y buscar la forma de que pudieran salir lo antes posible, insisto manteniendo un contacto permanente con los Gobiernos del Reino Unido y Francia. Por tanto, varios grupos han preguntado si el ministro de Transportes va a comparecer y lo va a explicar. El ministro de Transportes no ha tenido nunca ningún problema en comparecer en esta Cámara, siempre que se ha pedido una comparecencia del ministro de Transportes la ha hecho. Pero creemos que lo lógico, para evitar el espectáculo permanente de las derechas en esta Cámara, es que lo haga en la Comisión de Transportes, y se convocará a petición propia para sustanciar las comparecencias sobre este y otros temas. Creemos que así quedan resueltas las dudas sobre si el ministro de Transportes dará cuentas. Una vez más dará cuenta, lo explicará y dirá que este Gobierno estuvo al pie del cañón, buscando soluciones y apoyando a los que en ese momento lo necesitaban. Muchas gracias. .
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Isabel María Borrego Cortés PP
Gracias, presidente. En el Pleno del jueves, en el que se solicita la convalidación del Real Decreto-ley de 22 de diciembre, la ministra presentará y defenderá el texto de esa norma, y, por tanto, tendremos ocasión de debatir las medidas y las omisiones en ese texto. Pero creo que es absolutamente necesario que se celebre una comparecencia en la Comisión en la que podamos debatir la situación de sectores que están siendo muy castigados por suspensiones, cierres o limitaciones de actividad impuestas por la Administración. No discuto la necesidad de la adopción de esas medidas para preservar la salud y frenar la pandemia, creo que sería mejor adoptarlas de manera generalizada para todo el territorio, pero esa no es la cuestión ahora mismo. Lo que manifestamos desde mi grupo es que las medidas adoptadas tienen que ir acompañadas de ayudas directas. Son miles y miles de autónomos y pequeños, pequeñísimos empresarios los afectados y a los que se está poniendo en la disyuntiva de vivir eternamente endeudados, comerse los ahorros o cerrar. Hay 728 000 empleos turísticos afectados al cierre de 2020, 200 000 comercios han cesado su actividad. Creo que todos ellos merecen una comparecencia de la ministra, y no el total abandono del Gobierno de España, que, lejos de lo que hacen otros países, ha abandonado las ayudas directas, la exención de impuestos o la no obligatoriedad de pagar servicios que no usen. Mi grupo solicita que la ministra explique por qué no se toman medidas para ayudar a los sectores productivos como la hostelería y el comercio, que ven cómo su actividad se suspende, se cierra; medidas que no están incluidas en el real decreto-ley citado y que con gran marketing presentaron. ¿Por qué no ponen en marcha ayudas directas a los sectores productivos más afectados? ¿Por qué otros países lo hacen y el nuestro no? Por ejemplo, Alemania ha comprometido ya 10 000 millones de euros en forma de apoyo directo a sus empresas dedicadas a actividades turísticas, además de haber adoptado otras medidas eficaces de fomento de la demanda, como la rebaja de los impuestos indirectos, y esto es solo un ejemplo, porque España es el único país entre los grandes de la Unión Europea sin ayudas directas a la hostelería. Lo aprobado no contempla medidas de alcance económico, fiscal, de protección de empleo y de generación de valor, no ayuda a que los empresarios puedan pagar el alquiler o la luz. No se entiende que el Gobierno no adopte las medidas que no solo le propone el Grupo Popular, sino todos los sectores. ¿Por qué tardan tanto en aplicar la ampliación de los plazos de carencia de los ICO o la ampliación de los ERTE si al final lo tienen que hacer? Es necesario un plan para todos los negocios viables, un plan que permita que dentro de un año no estén solo esos establecimientos, sino que sean los mismos empresarios quienes los gestionen. Nuestro tejido productivo necesita ayudas directas para compensar la caída de la actividad —sin facturación es imposible que los negocios hagan frente a los gastos—, medidas que el Gobierno olvida, como la contratación de potencia eléctrica. Se necesitan medidas extraordinarias para los establecimientos sin actividad, pero es que este Gobierno no es sensible ni para evitar que los autónomos que encuentran su actividad mermada no tengan que pagar la subida de las cuotas. El presidente del Gobierno decía hace unos días que el sector turístico resucitaría, pero nuestros empresarios no quieren morir para esa resurrección, quieren sobrevivir, necesitan una ministra que no solo les oiga, sino que también les escuche. Pongan en marcha lo que sí están haciendo las comunidades autónomas, muchas de ellas, independientemente del color político de su Gobierno, y rescaten a la hostelería y al comercio, como sectores más afectados. No solo estén de campaña electoral, estén con los españoles. Presenten un plan de rescate, que la ministra debe explicar en la Cámara —o explicar por qué no lo adoptan—, un plan que ayude a todas aquellas empresas de la hostelería y del comercio, pymes, autónomos muchos de ellos, por una situación que se está alargando más de la cuenta. Es necesario que la ministra explique por qué no pone en marcha incentivos al consumo, rebajas de cargas fiscales, reducción de impuestos indirectos, ayudas directas, medidas imprescindibles para garantizar la continuidad de las pymes, de las micropymes y autónomos de la hostelería y el comercio, que se han visto más seriamente afectados por el impacto de la crisis sanitaria derivada del coronavirus. Se necesitan medidas que no supongan afrontar más endeudamiento, endeudamiento al que, ante los niveles de actividad muy inferiores a los deseados, no podrán hacer frente las empresas con mayor vulnerabilidad. Si la señora ministra tiene informes o datos que justifiquen esta inacción del Gobierno, que lo explique en esta Cámara, que venga aquí y lo explique, que no se esconda. .
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Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV
Muchas gracias, presidente. Seré breve. Efectivamente, compartimos parte de las argumentaciones y consideraciones que ha expresado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. La hostelería y el comercio son dos sectores, junto al turístico, de los más golpeados como consecuencia de la pandemia. Ahora bien, que se tenga que convocar una Comisión extraordinaria en los días que nos quedan de mes no lo consideramos oportuno, sin perjuicio de que la Comisión correspondiente debe debatir todas estas cuestiones que ha planteado y otras muchas. Y tampoco lo consideramos conveniente porque esta misma semana —un dato que ya ha manejado la portavoz que ha presentado esta petición—, el jueves, dentro de dos o tres días, se debate en esta Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 35/2020, que precisamente son medidas de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio. Por tanto, consideramos que procesalmente es más oportuno celebrar el debate de convalidación, y, en su caso, tramitarlo como proyecto de ley, y que, a resultas de lo que se decida el jueves, se pueda convocar la Comisión correspondiente para debatir aquellos aspectos que no hayan sido cubiertos por el decreto ley si realmente se convalida el jueves que viene. En definitiva, consideramos no adecuada procesalmente la petición de esta convocatoria urgente en lo que nos queda de mes de la Comisión correspondiente. Muchas gracias.
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María Carmen Martínez Granados Cs
Gracias, presidente. En la sesión de la Diputación Permanente de hoy estamos asistiendo a diversos debates para pedir comparecencias de diferentes ministros. Estamos acostumbrados ya, mal acostumbrados desgraciadamente, tanto sus señorías como los ciudadanos, a ver ese espectáculo de marketing que organiza el Gobierno cada día que quiere anunciar una medida. Después se olvidan de venir aquí, que es lo que tienen que hacer, venir a presentar cada uno de los planes que llevan a esas ruedas de prensa. Igual que en esos eventos de marketing que hace el Gobierno, tendrían luego que hacer aquí, tendrían que venir a sede parlamentaria a presentar cada una de esas medidas. Por eso se piden estas comparecencias. Desde Ciudadanos solicitamos la comparecencia en Comisión de la ministra de Industria porque era necesario, porque se ha llevado muchísimo tiempo anunciando un nuevo plan de medidas de ayudas al sector turístico. Lo presentó un 22 de diciembre y hasta esta mañana, en la reunión de Mesa y junta de portavoces, no se sabía que iba a venir el próximo jueves, es decir, que esta petición se sostenía perfectamente. Y no están acostumbrados, la última vez que vino la ministra a comparecer en la Comisión se le acumularon muchísimas comparecencias sobre temas muy importantes, y se le acumularon sin ni siquiera plantearlos en la comparecencia, porque, al final, acaba compareciendo a petición propia y no es todo lo transparente que desde los partidos de la oposición solicitamos. Como he dicho, desde Ciudadanos presentamos una interpelación urgente en noviembre solicitándole que reaccionara ante un sector que se está muriendo, que está desapareciendo, que acumula pérdidas en el año 2020 inasumibles por las pequeñas empresas. Los turistas extranjeros han dejado de venir a España, 84 millones, y eso repercute directamente en la hostelería y en todas las empresas relacionadas con el turismo. Esas empresas siguen funcionando y han estado ahí, han abierto a pérdidas en verano, sabiendo que es la única manera de conseguir unos ingresos mínimos para difícilmente cubrir sus costes fijos. Por eso este plan llega tarde, todavía no se ha traído al Congreso los Diputados, y lo peor es que viene con muchas deficiencias, que tendrá que explicar la ministra; tendrá que explicar cómo no hace lo que el sector le está pidiendo y lo que desde Ciudadanos hemos pedido en la moción consecuencia de interpelación que presentamos. En ella decimos, entre otras cosas, que tienen que ser ayudas directas, porque, si desaparecen, desaparecen también las inversiones de aquellas personas que han invertido en estos negocios, desaparecen los ahorros de toda su vida y muchas veces no solo su trabajo, como autónomos y empresarios, sino el de tantas personas que están a su cargo y por los que trabajan cada día. Las medidas que trae este plan son insuficientes —las veremos cuando debatamos el real decreto el próximo jueves en la sesión de Pleno— y tenemos que escuchar al sector. Y esta ministra también tiene que escuchar a la oposición y tiene que venir aquí en tiempo y forma, no cuando los asuntos sobre las comparecencias que pedimos desde la oposición van caducando, semana tras semana. No se puede criticar aquí la petición de que exista mayor transparencia por parte de este Gobierno y, en concreto, de este ministerio. Nosotros hemos pedido numerosas medidas, que han tumbado una y otra vez tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos en este Congreso. Seguiremos pidiéndolas, porque este plan es inadecuado e insuficiente y tiene que venir a explicarlo la ministra de Industria, porque es necesario que se tomen medidas urgentes. A este plan de por sí le faltaba una palabra en el título: urgencia, porque el sector no puede aguantar más, porque estamos en una tercera ola, que desde el Gobierno no se quiere solventar, no quieren ayudar a las comunidades autónomas, a las que siempre dejan las decisiones difíciles. Ustedes no toman las riendas en el plan de vacunación, y hay muchísimas cosas que afectarán directamente al turismo en nuestro país, cuestión que también tendrá que venir a comentar la ministra. Por eso, desde Ciudadanos votaremos a favor de que se realice esta comparecencia, dado que la única motivación para ello es que exista transparencia y el sector pueda saber qué es lo que piensa hacer la ministra de Industria para él de aquí a medio y largo plazo, porque no podemos pensar solamente en el hoy, tenemos que pensar en el medio y largo plazo. Muchísimas gracias, presidente.
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Íñigo Errejón Galván MÁS PAÍS-EQUO
Gracias, presidente. En el tiempo del COVID, en realidad, todas las intervenciones van un poco sobre lo mismo y es normal que sea así. En el punto anterior, sobre las medidas del estado alarma, decía que el todavía ministro Illa manifestaba en octubre que la situación era muy grave y requería medidas drásticas. Entonces teníamos una incidencia de 400 casos acumulados. Hoy, en plena tercera ola, tenemos una incidencia de 800 casos acumulados y un 50 % de ocupación de las UCI. En buena lógica, si era muy grave en octubre, hoy, con el doble de casos, es el doble de grave. Por eso asisto atónito a una especie de representación, de simulacro, en el que creo —lo digo honestamente— que todos sabemos lo que pasa y lo que hay que hacer pero vivimos una especie de partida de pimpón entre administraciones, para no atreverse a tomar las medidas que sabemos que son necesarias. Perdimos mucho tiempo en aquel debate hoy me parece que un poco vergonzoso sobre si salvar la Navidad —se acordarán ustedes, que había que salvar la Navidad—, y hoy estamos como estamos. No sé si hay quien tiene la intención de ir un poco al trantrán, de ir tirando más o menos hasta que lleguemos a junio y entonces tengamos un debate sobre si hay que salvar el verano. Las consecuencias sabemos que luego son desastrosas. Por tanto, más que dar una patada hacia adelante, sabemos que hace falta tomar medidas drásticas y tomarlas ya. Y eso implica, sí o sí, restringir las interacciones sociales. No se puede salvar esta cuestión con una especie de recetas de moralina, como de coaching, que trasladan a los ciudadanos la responsabilidad de lo que no están haciendo las administraciones. La gente sigue viajando en metros abarrotados y la gente sigue esperando la cola para la vacuna, mientras que algunos, por el cargo que tienen o por la autoridad que representan, se saltan la cola para vacunarse antes, porque se creen que son demasiado importantes como para regirse por las normas de todos los españoles. Hoy hemos propuesto una comisión de seguimiento sobre los protocolos de vacunación que nos diga qué mecanismos están fallando para que algunos se salten sistemáticamente la cola porque se creen mejores que el resto de los ciudadanos. El otro día me sucedió algo que iba a decir que fue una anécdota personal, pero es una cosa que creo que le ha pasado a todo el mundo. He pasado una semana larga con gripe y, como todo el mundo, en estos tiempos cuando tienes gripe obviamente tienes miedo y te haces la prueba. Me voy a un laboratorio a hacerme la prueba —me cuesta 120 euros, que no todos los españoles lo pueden pagar—; me hago la prueba, y eso significa que me puede dar positivo, y, si me da positivo, a lo mejor me tengo que ausentar del trabajo. Hay mucha gente que, si tiene que faltar al trabajo, le dicen: No te molestes en venir mañana. Hay mucha gente que a lo mejor lo pierde o no le vuelven a llamar al mes siguiente. Por supuesto, a mí no me ha llamado absolutamente nadie, soy vecino de Madrid y no sé lo que es un rastreador, lo he leído en los periódicos; no me ha llamado nadie, nadie se ha preocupado de cómo estoy, de con quién había tenido contacto, de si había tenido más o menos interacciones sociales. ¿Eso qué significa? Básicamente que las administraciones dejan a cada ciudadano, si se lo puede permitir, la responsabilidad de cuidarse, de encerrarse, de vigilar y de decir a otros si ha tenido interacciones sociales o no, si les ha podido contagiar. Cuando las administraciones están en este punto, no se puede estar pidiendo responsabilidad a la gente. Hemos dicho durante todos los estados de alarma que medidas excepcionales exigen ayudas excepcionales. Hace falta restringir la interacción social, y eso pasa, sí o sí, por restringir el horario y una parte de las funciones de la hostelería; no hay otra y lo sabemos todos, aunque sea feo decirlo. Pero, si hay que imponer medidas de restricción excepcionales, hay que acompañarlas de medidas excepcionales. España es el único país de nuestro entorno en el que los programas de ayudas no llevan ayudas directas a la hostelería, y ha habido protestas del sector estos días diciendo simplemente que no llegan y que no les da para más. De los ERTE vigentes, la hostelería representa el 46 %. Se estima que en torno a 100 000 bares, restaurantes y cafeterías han tenido que cerrar ya. Todo el mundo tiene algún amigo, familiar o conocido que tiene un bar, y no sabe dónde estará al mes que viene. Se mencionaba el ejemplo de Alemania, que ha decidido que daba el 75 % de lo declarado en el ejercicio del año anterior. Eso no estaría mal aquí, y además se haría pedagogía sobre declarar, ya que los impuestos que se pagan hoy son las ayudas que vamos a necesitar mañana. Pero hay que garantizar que esas ayudas llegan también a cada uno de los trabajadores de la hostelería. Nos parece que sería más útil poner en marcha un programa directo que diera ayudas directas a cada uno de los pequeños establecimientos en función del número de trabajadores que tiene, para asegurar que llegan a los trabajadores. En estos días, muy duros y muy feos, se ha puesto de moda y ha vuelto la discusión sobre gente que es millonaria y se fuga a Andorra —esos sí que se fugan—. Es el fenómeno de la secesión de los ricos: el que tiene mucho dinero considera que no tiene que contribuir y se fuga. Es muy importante que ahora podamos hacer pedagogía sobre que la solidaridad fiscal de hoy son las ayudas que se necesitan mañana. No vamos a votar a favor de esta comparecencia porque el jueves se produce la de la ministra explicando el Real Decretoley 35/2020. Entonces le diremos que hacen falta ayudas directas, que hacen falta ya, que todos sabemos lo que hay que hacer y que no se está haciendo y que, cuando se requieren medidas de disciplina social extraordinarias, hay que acompañarlas de ayudas extraordinarias. Muchas gracias.
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Gracias, presidente. La semana pasada se contraponían dos imágenes. Por un lado, veíamos a la portavoz del Partido Popular en el Parlamento asturiano encadenada con hosteleros y hosteleras de Ovieu y, al mismo tiempo, veíamos a un hostelero en Xixón que, habiéndose encadenado para señalar cuáles son los problemas a los que se enfrentan no solo los que pertenecen al gremio de la hostelería, sino cualquier persona ante la subida de la luz, estaba siendo desalojado. La diferencia entre una y otra imagen es que el riesgo y los problemas que sufre el hostelero que fue desalojado son ciertos y, sin embargo, lo que hizo la portavoz del Partido Popular en la Xunta es pura parafernalia. El 23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó un plan de 4220 millones, que es el que se va a presentar esta semana con el Real Decretoley 35/2020 y vamos a poder debatir en Pleno. Además de esto, desde el inicio de la pandemia van 50 000 millones de euros en ayudas públicas. Y voy hacer un inciso aquí, porque luego vemos algunos carteles donde se afirma que las ayudas para la hostelería son cero euros —lo vemos en cartelería muy bien puesta—, y se les escapan los datos a quienes hacen esos carteles, de la misma manera que se les escapan a los youtubers, y luego tienen que venir escritoras, como Elisabeth Duval, a explicarles y a hacer pedagogía, cosa que le agradezco, aunque seguro que prefiere estar escribiendo, y las lectoras también lo preferimos. Hay un cuello de botella, eso es innegable, lo que pasa es que el cuello de botella igual debemos fijarlo en aquellos puntos que, por cierto, están demandando los sectores de la hostelería y del comercio. Efectivamente, el cuello de botella existe, y nosotras valoramos especialmente el enorme esfuerzo que están haciendo pymes y personas autónomas en un momento tan delicado, tan duro y difícil como este. Están siendo responsables, y entendemos que esa responsabilidad no puede encontrar la respuesta de que a quienes están en situaciones más vulnerables se les pide y se les exige esfuerzo y sacrificio, mientras que se hace la vista gorda con aquellos privilegiados y mimados que pueden hacer fiestas y por eso no pasa nada ni tiene ningún tipo de coste. Hablan de ayudas públicas, el propio sector —al menos, de quienes hemos tenido oportunidad de conocer sus demandas— habla, sobre todo, de contraprestaciones y compensaciones, porque se trata de que no pueden empezar cada mes con menos de 1500 euros y, a partir de ahí, intentar además vivir. Se trata de que no tengan que cerrar, de que no tengan que bajar la persiana de manera definitiva ante la situación que se está viviendo. Esas ayudas no pueden ir para contribuir con quienes hacen fiestas, y, mientras tanto, nos ponen a todas en peligro, atacando las estrategias para frenar la pandemia y el esfuerzo colectivo. A nosotros esto nos preocupa, y ponemos como caso lo que nos trasladan Hostelería con Conciencia o Comercio con Conciencia, pero también traballadores de la hostelería y agrupaciones de camareros y cocineros, por poner dos ejemplos de Asturies, de donde soy. El grupo proponente aplica siempre la ley del más fuerte cuando peor vienen dadas, y lo dice alguien que, cuando estaba gobernando el grupo proponente, era autónoma y sabe muy bien cómo entonces se las gastaron. Pueden gesticular, pero el caso es que vamos a tener una comparecencia explicando el real decreto este jueves. Y, si piden una comparecencia específica de la ministra, como hemos escuchado, la van a encontrar dentro del periodo hábil, porque va a ser a partir de la semana que viene. Entonces, no tiene mucho sentido esta petición de comparecencia en una sesión extraordinaria de la Comisión. Pueden gesticular, pero la parafernalia no ayuda a las personas que verdaderamente lo están pasando mal, que son pymes y personas autónomas. Muchas gracias. .
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La hostelería y el comercio son algunos de los grandes damnificados por las acciones de este Gobierno, y digo algunos porque este Gobierno daña a España, en general, y, en particular, a la hostelería, el comercio, el ocio nocturno, a agencias de viaje, guías turísticos, conductores de taxi, VTC y autobuses y hasta al frutero de su barrio; y hablo del frutero del barrio porque tengo que recordarles que muchos autónomos, como el dueño del bar de la esquina, compran en la frutería de al lado, apoyando de esta manera al comercio de proximidad como proveedor de mercancías. Su nefasta gestión los está matando, y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Toni, presidente de la Asociación de Hosteleros de Benalmádena, y lo afirman aquellos que tienen en la hostelería, en el comercio y en el sector servicios su noble fuente de ingresos. Tener que pedir que venga la ministra a hablar sobre las acciones que tiene previstas para aplicar el plan de ayudas a la hostelería y al comercio es indecente. ¿Acaso no lee las noticias? ¿No escucha las quejas del sector? ¿No se acerca a los barrios a ver la realidad, la indignación, el cierre de negocios y los despidos? La ministra tendría que venir, por iniciativa propia, a dar explicaciones y, sobre todo, a plantear soluciones. Sí, ya sé que dicen que vendrá el jueves, pero ¿a contar qué? Más de lo mismo. Estamos viendo un ataque continuo de este Gobierno a un sector clave, se ensaña con un sector clave cumplidor de las normas que les imponen y aliado de las administraciones, porque se preocupan por el cumplimiento de esas normas y por pagar impuestos. ¿Qué hacen todos ustedes por ellos? Demonizarles. Señalan a bares y comercios. ¿Qué pasa con metros y autobuses masificados? Son un sector clave, y agreden su libertad, nuestra libertad. Unos y otros lo abandonan, unos y otros le prohíben trabajar. Señor Errejón, y resto de señorías, el confinamiento domiciliario no impidió que España tuviera los peores datos de toda la epidemia a nivel global, y además nos llevó a los peores datos económicos, y, sin embargo, hoy habla usted de medidas drásticas, de volver a encerrar a todos los españoles en su casa —y bienvenido a VOX, porque está muy bien denunciar el caos de las administraciones—. España está al borde de la ruina y ahora hay comunidades, también gobernadas por el PP, que piden confinamientos domiciliarios y toques de queda y contribuyen a la ruina provocada por los socialistas y comunistas. Más pruebas, más hospitales, más personal sanitario y mejor gestión, pero no deben parar la economía. España debe protegerse, pero no puede detenerse, porque eso provocará graves consecuencias. Ya ven, ustedes los atacan y nosotros los defendemos. En VOX creemos que el trabajo es esencial, porque es el sustento de las familias. Diez meses han tenido para aprobar planes de contingencia, así que, frente a confinamientos, arrestos domiciliarios y cierres de negocios, medidas claras que garanticen los derechos de los españoles y la protección de la salud y la vida. Es una vergüenza que el político de turno culpe a la hostelería y al comercio, al español que levanta su persiana. El sector de la hostelería anuncia el cierre de cien mil establecimientos, la pérdida de más de 1 100 000 de puestos de trabajo, y, en el comercio, se prevé el cierre de un 30 %. Así que, sí, ¡claro que la ministra tiene que comparecer! Porque queremos saber si les va a indemnizar por prohibirles trabajar, si protegerá al sector, como hace Alemania o Reino Unido, con compensaciones directas. De paso, también que explique qué modelo turístico quiere para España, ¿el de llenar nuestros hoteles con inmigrantes ilegales —que es lo que han hecho en Canarias y en Sevilla— con un todo incluido pagado por los españoles a los que abandonan? Finalizo. Sánchez dice que no quiere turistas extranjeros, no, pero inmigrantes ilegales como consecuencia del efecto llamada, eso sí que lo quiere. Dijo que no dormiría si pactaba con Iglesias, el vicepandemias vociferador de la expropiación y de la usurpación de la propiedad privada que ataca el turismo. Ahora son millones los españoles que no pueden dormir; no pueden dormir pensando de dónde sacarán dinero para pagar el alquiler y las deudas, si les van a prohibir trabajar porque no cobran ERTE o porque están desesperados porque saben que van a perder su trabajo. Sí, que la ministra comparezca, por supuesto, porque es su obligación. Además, lo que no sabemos es si con hechos lo va a defender. Por último, tres conceptos. Primero, el Partido Popular dice esta mañana que el Gobierno los ha abandonado, pero eso mismo hacen ellos en las comunidades en las que gobiernan. Por otro lado, he escuchado hablar de rescates, ayudas. ¿Rescates? ¡Si son ustedes los que los están hundiendo! Indemnizaciones por prohibirles trabajar, por expropiar su actividad económica. No los humillen más. Por último, Unidas Podemos, que ahora dicen empatizar tanto, dejen de atacar el turismo y dejen de atacar la prosperidad de España. Gracias. .
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Susana Ros Martínez PSOE
Gracias, señor presidente. Demagogia, señora Borrego, demagogia es lo que provoca escuchar al Partido Popular hablar de apoyo y ayudas al turismo y al comercio, porque hace escasamente un mes aprobábamos unos presupuestos que aumentan en más de un 150 % la inversión para estos sectores, y les recuerdo que ustedes votaron que no. Eso les invalida para tener credibilidad, porque lo que buscan no es beneficiar al turismo y al comercio, sino atacar al Gobierno y fomentar crispación con cualquier argumento; crispación —usted misma lo ha dicho— porque saben perfectamente que la ministra comparecerá el próximo jueves en el Pleno del Congreso para explicar el Real Decreto 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. Es una ministra que, como todo el Gobierno, da la cara; una ministra que en un año ha comparecido tres veces en Comisión, sin contar con la comparecencia en la tramitación de los presupuestos, y les recuerdo que la última fue el 10 de diciembre; una ministra que en un año ha contestado cuatro interpelaciones y ha respondido ocho preguntas orales en el Pleno, y un ministerio que en un año ha respondido 1400 preguntas de los grupos parlamentarios en lo que va de legislatura. Señorías, es verdad, la pandemia nos ha golpeado con dureza y los efectos en nuestro sector turístico han sido devastadores, como en el resto del mundo. El Gobierno de España ha desplegado un amplio abanico de medidas de protección para el sector sin precedentes en nuestra historia, porque para el Gobierno el sector turístico es una prioridad en la acción política, y así se refleja en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un plan que se nutre con fondos europeos y al que el PP puso la zancadilla para que tropezara. Hablan mucho de patriotismo, pero jugaron en el equipo que iba contra España para que no tuviéramos esas ayudas económicas, y de nuevo perdieron. No perderé el tiempo en disputas estériles, pese a las falsedades que se acaban de decir aquí por parte de la oposición. La realidad les retrata, señores del Partido Popular; este es un Gobierno, pese al que le pese, que gobierna y que trabaja para salvar el turismo desde que se inició la pandemia y proteger a sus empresas y trabajadores y trabajadoras. Nunca se habían destinado tantos recursos públicos a este sector; y ahí están el BOE y los presupuestos. Hechos, no palabrerías, hechos como los 30 000 millones en ayudas al sector turístico; hechos como la línea de avales COVID-19 del ICO, que, al acabar el año pasado, había inyectado más de 17 176 millones entre 125 262 empresas del turismo, el ocio y la cultura; hechos como la histórica protección de autónomos, con casi 350 000 beneficiarios y un coste superior a los 1400 millones en ayudas; hechos como la protección social de los ERTE, que permitió proteger a más de un millón de trabajadoras y trabajadores del sector en el pico de abril, y al cierre de 2020 seguían activos 377 811 expedientes, el 50 % del total, relacionados con el sector turístico, y hechos como el reciente Plan de refuerzo a la hostelería, el turismo y el comercio, que permitirá atender los salarios, arrendamientos y pagos de impuestos para asegurar la viabilidad de los negocios, con ayudas por valor de 4220 millones de euros. Por cierto, todas las comunidades autónomas han destinado fondos. ¿Saben cuál es la única que no lo ha hecho? La Comunidad de Madrid, la única que no ha destinado ayudas directas para los empresarios, o, por ejemplo, la Comunidad de Murcia, que oculta que 12,2 millones de euros que está pagando a la hostelería proceden del Fondo COVID del Gobierno de España. Señorías, no pretendo trasladar conformismo; somos conscientes de las necesidades del turismo, de sus empresas y trabajadores y trabajadoras, y este Gobierno sigue trabajando para superar los efectos de la pandemia. Los hechos demuestran que para este Gobierno es prioritario que España siga manteniendo el liderazgo mundial. Frente a las políticas que benefician a la mayoría y que se aplican con el consenso de los sindicatos y las organizaciones empresariales, aquí hemos visto que la derecha y la ultraderecha siguen intentando utilizar la pandemia para derrocar a un Gobierno legítimo que trabaja por el interés general. Ustedes siguen utilizando la crisis sanitaria, económica y social para crear división, viven a base de la confrontación y de los bulos y no plantean ninguna propuesta más allá de la crítica y la demagogia. Siguen sin entender, señorías de la derecha y de la ultraderecha, que el enemigo de España, de la que tanto se llenan la boca al hablar, es el virus, no el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. La sociedad española no se merece tener esta oposición. En los países de nuestro entorno todos los partidos han cerrado filas con su Gobierno. Da igual que estén en la oposición o combatiendo la pandemia, por encima de planteamientos políticos, han arrimado el hombro para derrotar el virus; aquí ya vemos que no. Pero, a pesar de todos ustedes, España quiere y España puede; España tiene un plan sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. .
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José Ignacio Echániz Salgado PP
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, sinceramente creíamos que el ministro de Sanidad no podía hacerlo peor, que ya había colmado todos los errores, todos los fracasos, todos los desatinos, todos los fiascos en su gestión con un resultado que ha costado vidas de españoles. Creíamos que era imposible más impericia, más incapacidad, más torpeza, más falta de responsabilidad, de vergüenza y de decoro. Reconozco que nos equivocamos, sí era posible. No han bastado su autismo doloso frente a las alertas de la OMS, su chapucero y punible acopio de material, su abandono a la protección de los profesionales sanitarios, sus mentiras permanentes en todo ―también en los expertos, también en los fallecidos, también en la cogobernanza―, su inutilidad para ocuparse de los aeropuertos ni al principio ni cuando se conoció que la variante británica, que era más contagiosa, llegaba a España. No era suficiente, no le había bastado. Hoy el señor Illa, el máximo responsable del área para el principal problema social de las últimas décadas, cuando estamos en el récord de casos, cuando estamos en el peor momento de la tercera ola, cuando los hospitales y las UCI españolas están al borde de su saturación, se ha superado y ha abandonado el barco; ha huido en plena batalla, ha preferido —frente a sus graves responsabilidades actuales en el Gobierno de España— buscarse la vida de candidato partidista para conseguir unos votos de unos ciudadanos a los que debería, como al resto de los españoles, dar cuenta de su negligencia y de sus graves errores. . Esta deserción no le evitará cargar con sus fracasos, pero sí deja al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, al descubierto, sin escudo tras el que esconderse, traspasando toda la carga del problema a las comunidades autónomas, a las que, o bien confina despótica y obligatoriamente con 200 casos —como a Madrid hace unos meses—, o bien abandona e impide tomar medidas más efectivas cuando superan los 1450 —como hoy Extremadura— o incluso las lleva a los tribunales. Un perro del hortelano que está cómodo en un estado de alarma inútil, en una cogobernanza falsa, en una ausencia de un plan B jurídico, sanitario y económico, a pesar de que esa actitud esté costando vidas, bienestar y prosperidad a los españoles. Señorías, el candidato Illa —sin primarias, por supuesto; por dedazo, por supuesto—, tal y como ya advertimos en esta casa, se convierte en un ministro a la fuga y lo hace, a pesar de su ineptitud, utilizando los medios institucionales de los españoles y el ministerio para su autobombo electoral. Pero, ¿cuánto tiempo lleva sin aparecer para cumplir sus obligaciones legales en esta Cámara el señor Illa, en un momento de máximos contagios y de extrema gravedad? Desde el 26 de noviembre. Mañana, el día de su escapada, hará dos meses sin cumplir las reglas del Estado de alarma, camuflando en una comparecencia sobre vacunas el 12 de diciembre dos meses dedicados a su campaña. Engañó a todos pidiendo comparecer a petición propia el próximo jueves, cuando sabía y tenía acumuladas decenas de peticiones, para volver a engañar con esta evasión programada que le evita cumplir con sus obligaciones y reírse una vez más de todos los españoles. Y Pedro Sánchez, ¿qué va a hacer ahora? ¿Le preocupan los españoles y su salud? ¿Va a nombrar a un experto que sepa manejar una pandemia —aunque Pedro Sánchez, si no tiene expertos, evidentemente se los inventa—, o va a utilizar la pandemia para hacer juegos malabares para hacerle un hueco a Iceta, tras haberle dejado sin puesto? ¿Qué va a hacer, señor Sánchez? ¿Vendrá usted a dar cuenta al Congreso de los Diputados tras dos meses, o le parece poco relevante que España esté en estado de alarma y aquí no venga nadie a dar cuentas en el peor momento? Señorías, los señores Sánchez e Illa han convertido la vacunación de los españoles frente al COVID en un esperpento, en un auténtico desastre, sin plan de vacunación, sin transparencia, sin normas claras, sin suministro adecuado; eso sí, con pegatinas, las pegatinas que no falten. La vacunación, señorías, está siendo una calamidad y es un ejemplo más de la falta de estrategia, de la falta de liderazgo, de promoción de la inequidad e incluso de sectarismo. Porque ¿por qué han quitado las vacunas a Galicia, a Andalucía, a Madrid, a Extremadura para dárselas a otras comunidades autónomas? Y —¡qué casualidad!— en especial a Cataluña y a Andorra, donde votan catalanes. A algunas comunidades autónomas les van a suministrar menos de la mitad de las que fueron comunicadas. Pero ¿cómo se van a poder organizar las comunidades autónomas y planificar una campaña de vacunación eficaz si no pueden garantizar que les llegue siquiera la segunda dosis en plazo? Señorías, escasean vacunas, faltan viales y no se puede aprovechar el cien por cien de su contenido. Pedro Sánchez e Illa hacen campaña electoral con las vacunas. ¡Pero qué vergüenza es esta! Señorías, el ministro que ha estado concentrado en su campaña, el que no ha puesto en marcha ni una sola de las conclusiones pactadas en la Comisión para la Reconstrucción, se marcha en el momento en que este país está más golpeado; no ha comparecido en dos meses y ya no lo hará. Es el broche para esta indigna y nefasta gestión. Ojalá el efecto Illa, que no es otra cosa que torpeza, trampa, incompetencia y falta de principios, tenga su merecido. Y a los catalanes, que Dios les coja confesados. Muchas gracias, señor presidente. .
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Carolina Telechea i Lozano ERC-S
Gràcies, president. Si tuviéramos hoy aquí delante al ministro, candidato Illa, le preguntaríamos en calidad de qué título se persona. ¿Lo haría como ministro de Sanidad, preservando la salud de sus ciudadanas, o lo haría como candidato a las elecciones de Cataluña? Estoy convencida de que las respuestas que daría serían sustancialmente opuestas. Por ejemplo, ¿como ministro de Sanidad estaría de acuerdo en seguir convocando las elecciones el 14 de febrero? ¿Expondría a un riesgo sanitario a sus conciudadanas a pesar de que las juntas de los cuatro colegios médicos de Cataluña han manifestado que es una imprudencia? ¿Les diría que salieran y votaran después de que las autoridades sanitarias recomendasen el confinamiento municipal? Cuesta creer, y más cuando todos los partidos se han puesto de acuerdo y el PSC-PSOE es el único que se ha negado a aplazar la fecha, y más cuando el propio ministro Illa dio apoyo al cambio de fecha en las elecciones vascas y gallegas. ¡Cuán diferente es cuando eres ministro y cuando eres candidato! Todas debemos cumplir con nuestro papel, y en el Gobierno del Estado es trabajar para que el ritmo de vacunación sea eficaz. Cataluña continúa siendo de los territorios donde la vacunación avanza a mejor ritmo, y eso se debe también al buen trabajo realizado por la consellera Alba Vergés, que se halla al frente del equipo de salud. Pero si no se vacuna a más personas es porque el Gobierno del Estado no está enviando más dosis. ¿Saben cómo se llama eso? Dejación de funciones del ministro Illa. En cambio, como candidato, ¿le convienen las elecciones del 14 de febrero? Probablemente sí. Prueba de ello es que su decisión la toma el mismo día en que el CIS le dice que podría ganar las elecciones si se celebraran el 14 de febrero, y curiosamente, a su vez, la justicia española inhabilita a nuestro conseller Bernat Solé. Otro caso más de las cloacas del Estado utilizando el brazo de la justicia para sus propios intereses. ¿Cuándo dejará el PSC de tomar decisiones en función de sus intereses partidistas y lo hará en pro del interés de la gente? Eso en Esquerra Republicana lo tenemos muy claro: siempre, siempre ponemos el interés de nuestros vecinos y vecinas por encima de los intereses del partido. Y, si me permiten, citaré a mi amigo Oriol Junqueras, que dice: Esquerra siempre será el socio más leal a los ciudadanos de Cataluña. En cambio, Illa es el único ministro de Sanidad del mundo que deja sus funciones para hacer de candidato. Pero es que el candidato Illa ha fagocitado al ministro y se ha convertido en esclavo de la demoscopia. ¡Qué más da si la propagación del virus está desbocada, que se batan récords de contagios, hospitalizaciones y defunciones! El ministro candidato Illa deja el Estado en el peor momento, cuando la curva de contagios en España es más alta. Por tanto, le importan más los votos que las vidas. Y aún se preguntan cómo personas como yo, como Ernest Maragall y muchas otras, hemos abandonado con menosprecio el PSC. ¡Qué lejos quedan los principios fundacionales del partido! Los abandonaron en 2017 no dando apoyo a los demócratas y posicionándose al lado del Partido Popular, negando el derecho a decidir, y ahora lo vuelven a hacer aceptando el apoyo implícito de VOX para hacer frente al independentismo, es decir, a la democracia. ¡Qué vergüenza, amigas socialistas, que para ganar elecciones tengáis que aceptar el apoyo de la ultraderecha de VOX! Pero no os preocupéis, porque, como dice nuestra secretaria general, Marta Rovira, a nosotras no nos dan miedo las urnas y pondrán a todo el mundo en su sitio, a los demócratas y a los que no lo son. En estas elecciones catalanas nuestros vecinos y vecinas deberán decidir entre Esquerra y el PSC del 155 encubierto de Illa, entre democracia o demofobia, entre derecha o izquierda. En sus sabias manos está, ellas decidirán, porque estas elecciones vuelven a ser un plebiscito entre el 155 o la independencia, y en el flanco republicano solo hay un partido, que es Esquerra Republicana. Muchas gracias.
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Mireia Vehí Cantenys CUP-PR
Gracias, presidente. Se ha dicho ya: esta comparecencia tiene una razón muy clara, que el señor Salvador Illa dé explicaciones sobre si hace de ministro de Sanidad en plena tercera ola o hace de candidato del PSC. Desde nuestra perspectiva, es una contradicción y es incompatible. De hecho, en el litigio entre suspender las elecciones por razones sanitarias o los intereses electoralistas del PSC y del PSOE, Illa y el PSOE escogen los intereses de partido, incluso utilizando organizaciones afines al PSC para presentar recursos contra el real decreto del Gobierno para suspender las elecciones, apostando directamente por la judicialización de la política, cuando en la investidura el señor Pedro Sánchez dijo que ellos habían venido precisamente a devolver a la política el conflicto catalán. Hay que decir que este argumento fue fundamental para que Esquerra Republicana, por ejemplo, diera apoyo a la investidura, y que poco más de un año después estamos judicializando la política… ¿Por qué? Para para impedir que las elecciones se suspendan porque las encuestas les dan muchos votos. Illa es juez y parte, y no puede ser juez y parte en esta situación. Y para resolver la contradicción de intereses, lo que hace es anunciar su dimisión como ministro y continuar siendo candidato. Escoge ser candidato, apuesta por los intereses individuales suyos, como persona, y del partido versus las necesidades colectivas de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña. Un interés individual porque —se ha dicho antes— se ponen los votos por encima de las vidas; un interés individual que va en contra totalmente de la filosofía que está teniendo la gente ante la pandemia. Sanitarios, maestros, bomberos, todo el mundo pone el interés colectivo por encima del individual, y lo que está haciendo el PSOE es volver a poner por encima el individual. Es la misma lógica que la de esos que se vacunan porque tienen más poder que otros. Es la misma lógica que la de las empresas privadas. Es la misma lógica que la de Endesa subiendo los precios de la luz en medio de una crisis económica como la que tenemos. Pedimos la comparecencia del señor Illa para que explique a la ciudadanía catalana qué va a decidir la Moncloa. Recordemos que el Govern de la Generalitat emite un real decreto suspendiendo las elecciones, nosotros lo dijimos desde el primer día, un real decreto que dejaba bastante que desear, pero, al fin y al cabo, era un real decreto que protegía los derechos sanitarios de la ciudadanía catalana. Se presentan una serie de recursos, el PSC vehicula mediante sus propias organizaciones la presentación de estos recursos, el TSJ resuelve y le pasa la pelota a la Moncloa, y le dice: si se pueden suspender las elecciones será porque ustedes modifiquen el estado de alarma. Pues bien, que venga el señor Illa y nos explique qué va a hacer Moncloa, que el PSOE nos explique, que Unidas Podemos nos explique también qué va a pasar. Queremos la comparecencia del señor Illa para que explique a la ciudadanía si va a suspender las elecciones o va a obligar a la gente a escoger entre votar o estar enferma. No pedimos la comparecencia del señor Illa para hacer campaña electoral. La verdad es que estamos bastante lejos de esto. Estamos muchísimo más preocupadas por la situación sanitaria en nuestro país. Y no, las filas republicanas no son solo de un partido, somos muchas las que entendemos que en las próximas elecciones la ciudadanía tiene que escoger entre libertades colectivas u otra vez el 155. Por eso, pedimos la comparecencia del señor Illa, porque es inmoral hacer escoger a la gente entre votar o estar enferma. Muchas gracias.
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Gracias, presidente. Que tengamos que estar hoy en el Congreso discutiendo si el ministro de Sanidad en una pandemia puede ser candidato y estar de campaña electoral al mismo tiempo define bien el punto al que nos han traído. Para ustedes la realidad ya no es líquida, es gaseosa. Le voy a poner unos ejemplos. Aquí (muestra un titular de periódico), «Fernando Simón considera que la cepa británica de la COVID será marginal en España»; la fecha es el 12 de enero de 2021. Diez días después (muestra otro titular), «Simón avisa de que la cepa británica podrá ser dominante a mediados de marzo»; diez días después. Pero los récords están para batirlos. Aquí, 29 de diciembre (muestra otro titular), «Illa confirma que será Iceta y no él el candidato socialista en Cataluña»; 29 de diciembre. Se fue a cenar, se levantó y, 30 de diciembre (muestra otro titular), «Illa será el candidato del PSC a la Generalitat y dejará el ministerio». Todos han seguido la estela del presidente del Gobierno a la hora de inmunizar a la población no contra el virus —eso ya hemos visto que es complejo—, no, están ustedes inmunizando a la población contra la mentira. Quieren hacer de la mentira un estado natural; terapia de inundación de mentiras. El relativismo y la amoralidad con que se despachan los miembros del Gobierno establece unas bases muy peligrosas y allana el camino a la erradicación de la verdad; el relativismo absoluto. Ustedes han tratado la pandemia con criterios comunicativos desde el principio, como si fuera una crisis de marketing. La prioridad ha sido en todo momento salvar la cara del Gobierno, especialmente a su presidente. No saben qué hacer con el drama presente. Están esperando que el drama de hoy sea el drama de ayer para hacer lo que sí saben, manipularlo y, con el relato, convertirlo en otra cosa. Esta práctica es muy peligrosa; otros hacen cosas mucho peores. Por ejemplo, hace muy poco la portavoz de Bildu en el País Vasco dijo que mil muertos y mutilados ―mujeres, hombres y niños— por ETA podrían ser muertes y mutilaciones justas o no, según el relato. Ese es el mal absoluto, el que es capaz de hacer todo relativo. Otro episodio de desintegración moral —menor, pero desintegración moral— fueron las afirmaciones de Pablo Iglesias poniendo todo el dolor de los exiliados del franquismo, el de sus familias y el de quienes murieron añorando volver a España, al servicio de sus intereses —yo qué sé dónde, porque no entiendo muy bien lo que hizo ahí— cuando dijo que estos exiliados eran lo mismo que Puigdemont. El Gobierno ha optado por utilizar la pandemia para hacer campaña. Le ponen a la vacuna que han desarrollado los científicos la pegatina del Gobierno. Para el PSOE, Louis Pasteur o Javier Balmis son unos cantamañanas al lado de Pedro Sánchez. Pero la segunda parte de este uso pernicioso, de este poner todo al servicio del Gobierno, es convertir al Ministerio de Sanidad en el comité de campaña del PSC en Cataluña. Reconozco que yo mismo he dicho en el pasado, en conversaciones privadas, que no creía que se atrevieran a poner a Illa como candidato a las catalanas. Dije: ni siquiera Sánchez es capaz de hacer eso; ¿quién, en medio de una pandemia, se llevaría al ministro de Sanidad de campaña para aprovechar la visibilidad que le proporciona el drama? La persona con la que tuve esta conversación me mandó un «te lo dije» del tamaño de la casa del señor Iglesias. Yo no sé si todo esto les dará resultado. Es posible, aunque no probable. Es probable que con mercadotecnia y su hechicero del relato sean capaces de tapar las atrocidades de su frivolidad, pero hoy, al menos hoy, nadie les va a librar de escuchar esto por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Es frívolo llevar al ministro de Sanidad de campaña en medio de una pandemia; es inmoral poner pegatinas del Gobierno de España en las vacunas; es peligroso no permitir a las comunidades autónomas que amplíen los toques de queda por no desgastar la imagen del Gobierno en el proceso. Yo nunca he señalado la condición de licenciado en Filosofía del ministro de Sanidad como un impedimento para ejercer su puesto —ahí está el Diario de Sesiones—; creo en las bondades de las Humanidades integradas en la Ciencia, igual que creo en la Ciencia integrada en las Humanidades, pero la Filosofía tiene una rama preciosa que me interesa desde hace muchos años, gracias a gente como Savater o Adela Cortina, que es la Ética. Pues bien, el señor Illa estudio Ética, lo que no sé si para cargársela. Que se pare y que reflexione. Sobre el hecho de tener que poner EPI a los miembros de las mesas electorales en Cataluña porque ustedes temen que un retraso electoral pueda perjudicar a su estrategia, se cuenta solo. Va a haber gente con EPI en las mesas electorales, en las últimas horas, y gente con COVID por la calle trasladándose para ir a votar. Esto define perfectamente la situación a la que ustedes nos están abocando. Han aniquilado la moral en pandemia. No es normal, España no puede acostumbrarse a esto. Si se acostumbra, se abrirá la puerta a otra cosa y no es democracia, porque la mentira es enemiga de la libertad. Muchas gracias.
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Míriam Nogueras i Camero JxCat-JUNTS (Junts)
Gràcies, president. Diría que todos los que estamos aquí sabemos que este debate no tiene ningún tipo de recorrido, y les voy a refrescar de nuevo la memoria. Mientras han gobernado el Partido Popular, los socialistas y Podemos estos últimos tres años, en Cataluña han decidido ustedes, sus jueces, su policía y sus medios patrióticos, y se han inventado informes, han construido relatos falsos y han hecho acusaciones que serían intolerables en cualquier democracia del siglo XXI. Básicamente los votos de los catalanes no les han importado absolutamente nada ni han valido absolutamente nada. Decidieron ustedes convocar las elecciones del 21 de diciembre de 2017 tras detener al Govern de la Generalitat de Catalunya per posar urnes. Decidieron quién podía ser y quién no podía ser president de la Generalitat de Catalunya; decidieron quién podía ser y quién no podía ser diputado o diputada en la Generalitat de Catalunya; deciden ustedes quién debe dejar de ser conseller o no. Y ahora, cuanto les va bien a ustedes, van a convocar unas elecciones, a pesar de que ustedes también han decidido de qué se puede hablar y de qué no en el Parlament de Catalunya. Ustedes lo deciden todo desde hace más de tres años en Cataluña. Ahora sí, permítanme que haga un poco de autocrítica. Frente a esta absoluta falta de respeto, esta constante humillación y este destrozo que están haciendo en Cataluña, la respuesta política ha sido acomplejada y, en mi opinión y a mi parecer, intolerablemente servil. Dicho esto, me asalta una duda. ¿Por qué tiene tanta prisa este Gobierno progresista en continuar en el 14-F para hacer las elecciones cuando había un acuerdo con la mayoría de los grupos catalanes para trasladarlas al 30 de mayo? No es gratuito que así sea, yo creo que es obvio, quizás porque el 30 de mayo ya sabremos cómo va a repartir este Gobierno progresista los fondos europeos y, seguramente, como se van a repartir no nos va a gustar en Cataluña, no va a beneficiar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña, que son el 99 % del tejido empresarial. Quieren que votemos el 14-F sin tener esta información. En todo caso, no puedo decirles más que no alarguen más este espectáculo lamentable y nos digan ya ustedes el día y la hora que les va bien hacer las elecciones en Cataluña y así todos vamos a poder agendarlas. Pues bien, déjenme que haga también un pequeño apunte. Desde la victoria del president Carles Puigdemont y de Junts per Catalunya en las elecciones europeas, hemos vuelto a ver a un catalanismo desacomplejado y valiente, que empezó un embate contra la vulneración de los derechos fundamentales que practica el Estado español desde hace demasiado tiempo y, a pesar de su guerra sucia, les estamos ganando y ustedes siguen haciendo el ridículo internacional y, además, va en aumento, e incomprensiblemente ustedes aquí se empeñan en seguir haciéndolo. Váyanse ustedes olvidando de servilismo y de rodillas si guanya Laura Borràs, porque lo que van a tener es más bien todo lo contrario. Moltes gràcies.
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Jaume Asens Llodrà ECP-GUANYEM EL CANVI
Gracias, presidente. Es obvio que ya hemos empezado la campaña electoral. La verdad es que me sorprende oír a la portavoz de Junts mostrando que no sabe la diferencia entre el Estado y el Gobierno y diciendo que hay jueces que son del Gobierno. Y me sorprenden sus ataques al Gobierno hoy, precisamente, cuando hemos conocido los comentarios xenófobos, machistas y excluyentes de algunos de sus candidatos en la lista a las elecciones, que ponen en evidencia algo que ya sabemos. Y es que cierta derecha española, machista y xenófoba, es muy parecida a cierta derecha catalana machista y xenófoba. En relación con el portavoz de Ciudadanos, también nos indigna que ponga en su boca la memoria de los exiliados cuando son ellos precisamente quienes han querido borrar esa memoria de las calles de Madrid, de dos exiliados que todo el mundo conocemos: Largo Caballero e Indalecio Prieto. En relación con la petición del Partido Popular, no vamos a votar favorablemente a ella, entre otras cosas porque discrepamos del balance que hacen ustedes del mandato del ministro Illa. Creemos que el ministro Illa ha hecho un buen trabajo al frente del ministerio, pero sí creemos que esa etapa no puede cerrarse en falso. También creemos que es una mala noticia que deje el ministerio para ser candidato, pero en todo caso, una vez que es candidato, creemos que debería dimitir después de comparecer. Nosotros celebramos cuando se anunció que el ministro iba a comparecer voluntariamente a petición propia en la Comisión para dar explicaciones y creemos que si el ministro visita —como hemos sabido hace un cuarto de hora— junto al presidente del Gobierno las instalaciones de la Agencia Española de Medicamentos también puede venir a este Congreso a dar explicaciones. Porque hay mucha gente que se pregunta en todo este tiempo si el ministro ha estado actuando más como ministro o como candidato. ¿Qué habría dicho el ministro de Sanidad en plena tercera ola si no fuera candidato a las elecciones catalanas? Esa es una pregunta legítima que mucha gente se está haciendo y es legítima porque en las elecciones vascas y gallegas el ministro sí tomó posición y defendió el aplazamiento electoral en un contexto donde los datos sanitarios eran mucho mejores que los que tenemos ahora. Sin embargo, ahora el candidato del PSC con funciones de ministro está callado, y ese silencio creo que nos perjudica a todos. Es una posición, por otro lado, la de su partido, que no compartimos, como hemos dicho en otras ocasiones, y que nos preocupa, porque coincide con el partido negacionista de VOX. Este mismo sábado, el aún ministro de Sanidad vino a Barcelona a hacer campaña sin hacer ninguna referencia a la complicadísima situación sanitaria que estamos viviendo en Cataluña. Cataluña no necesita un salvador, necesita un ministro de Sanidad que dé explicaciones, que explique cuál es la evolución de la pandemia y que diluya esas dudas que han surgido alrededor de esa doble condición, de esa contradicción de intereses que implica ser ministro y a la vez candidato. Finalmente, quiero acabar con una reflexión. Se ha hablado mucho últimamente de las tensiones del Gobierno de coalición como algo que mancha la imagen del Gobierno. Nuestro parecer es otro, nosotros creemos que lo que sí mancharía la imagen del Gobierno es incumplir los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía; lo que mancharía la imagen del Gobierno es que no se hubiera actuado contra los desahucios en plena pandemia o, como querían algunos, que las pensiones se bajaran. Sin embargo, lo que sí creemos que puede debilitar la imagen del Gobierno de coalición y les da mucha artillería a las derechas es precisamente que el ministro de Sanidad abandone su cargo en plena pandemia por motivos que pueden ser interpretados como partidistas, y que, si lo hace, al menos pueda comparecer y cerrar el balance, no que salga por la puerta de atrás, porque eso puede alimentar el relato de algunos del miedo a que el efecto Illa se convierta en el suflé Illa en estas elecciones. Muchas gracias.
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Con la venia, señor presidente. Le pido disculpas, sustituiré al diputado Garriga y asumiré la defensa de la iniciativa.
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Muchas gracias. Hoy debemos decidir sobre sendas peticiones de comparecencia del ministro de Sanidad ante esta Cámara con un objetivo concreto: dar cumplidas explicaciones sobre su dedicación a la campaña de las elecciones autonómicas catalanas, que le convierten en ministro a tiempo parcial en plena tercera ola de la pandemia, y dar explicaciones sobre la conveniencia y posible impacto desde un punto de vista sanitario de la celebración de comicios electorales en plena pandemia, en plena tercera ola de la misma. Esta misma mañana hemos conocido el enésimo insulto y falta de respeto del Ejecutivo de España hacia esta Cámara: el señor Illa anuncia que mañana será su último día como ministro de Sanidad; es decir, se marcha cobardemente sin comparecer ante esta Cámara, por la puerta de atrás. Con su complicidad, señorías, porque los grupos parlamentarios de los partidos que sustentan al Gobierno de la nación no solo están de vacaciones permanentes como diputados, sino que utilizan su presencia en esta Cámara, incluidos los miembros de la Mesa, para bloquear el Congreso. Son ustedes, señorías, el verdadero gasto superfluo que soporta el pueblo español y sobre los que VOX practicaría una drástica reducción no a través de un ERTE, sino, desde luego, a través de un ERE. Pero volvamos con el señor Illa y su cobardía. Para el Grupo Parlamentario VOX es muy buena noticia que el señor Illa abandone el Ministerio de Sanidad, de hecho, hemos solicitado su dimisión en innumerables ocasiones; la pena que tenemos, se lo confieso abiertamente, es que no se lleve con él al señor Fernando Simón. Para nuestro grupo, dando voz al pueblo español, el único sitio adecuado para uno y para el otro es el banquillo de los acusados, porque el señor Illa inicia su candidatura a la Presidencia de la Generalidad catalana con más de 80 000 muertos a su espalda y millones de euros de dinero público dilapidados. Ese es el efecto Illa que ahora vuelve a Cataluña y que los catalanes ya han padecido en el ámbito económico —pero sobre ello hablaremos en los comicios catalanes, en la campaña— de su actuación como director general de Infraestructuras de la Generalidad catalana. Lo que resulta indudable es que la campaña electoral de Salvador Illa nos ha salido muy cara, no a ustedes, señorías, pero sí, desde luego, a los españoles. Señorías, ustedes están mintiendo al pueblo español, y aunque los medios de comunicación ocultan nuestras intervenciones, VOX pone luz sobre las tinieblas donde todos, todos ustedes, gustan practicar el noble ejercicio de la política. ¿Cómo tienen la poca vergüenza de criticar que se hayan convocado elecciones catalanas el próximo 14 de febrero? Son ustedes, ustedes, todos, salvo VOX, quienes decidieron que la vida de los españoles era menos importante que la celebración de comicios autonómicos. Fueron ustedes, todos ustedes, salvo VOX, quienes apoyaron un estado de alarma hasta mayo donde se dice literalmente: La vigencia del estado de alarma no impedirá el desenvolvimiento ni la realización de las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a parlamentos de comunidades autónomas. Podrían haber incluido una garantía sanitaria con una simple frase: celebración de elecciones autonómicas, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. Pero no lo hicieron. Fue usted también, señora Vehí, diputada de la CUP, quien, entre votar o estar enfermo, escogió por los españoles y escogió votar. Esto es ley, señorías, esta es su ley. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que ni siquiera se leen las normas antes de aprobarlas? Todos ustedes, todos ustedes que aprobaron el estado de alarma, donde se permite la celebración de comicios autonómicos, serán culpables de las consecuencias sanitarias por celebrar las elecciones autonómicas catalanas. Les señalo porque su fingida indignación está ocultando que fueran ustedes, señorías, quienes decidieron que lo prioritario en un estado de alarma era celebrar elecciones autonómicas, que entre votar o estar enfermos eligieron votar y eligieron por los españoles de manera inconstitucional. Solo VOX ha acudido ante el Tribunal Constitucional para preservar los derechos, las libertades y la vida de los españoles ante un Tribunal Constitucional que a la fecha, después de diez meses, sigue traicionando al pueblo español con su silencio. Ahora, señorías, todos ustedes, todos, salvo VOX, díganles a sus votantes que acudan a votar masivamente el próximo 14 de febrero, pero les ruego que no se les olvide también decirles que les va la vida en ello. Muchas gracias, señor presidente. .
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José Zaragoza Alonso PSC-PSOE
Muchas gracias, presidente. Antes de nada, quiero agradecer a los representantes de Esquerra y del Partido Popular que solo pidieran la comparecencia del ministro Illa, no como VOX, que le quiere meter en la cárcel como Franco hizo con los demócratas y yo creo que eso denota también el estilo de la política en la que nos encontramos, donde exagerar las cosas y convertir las cosas en cosas extremas es la manera de intentar que el mensaje llegue a todos los lugares. Pero llevan semanas pidiendo la dimisión del ministro Illa diciendo: ni un día más. Todos los que han intervenido pidiendo la comparecencia llevan semanas pidiendo su dimisión y, cuando la presenta, critican su dimisión. Porque lo que les molesta no es que no dimitiese o que dimita ahora, lo que les molesta es que va a ganar las elecciones y eso es lo que les molesta a ustedes , que sea el candidato que prefieren los catalanes para ser presidente de la Generalitat en el desgobierno que hay en este momento en Cataluña. Y piden que comparezca el ministro Illa. Claro, están acostumbrados a que el ministro comparezca en la Comisión de Sanidad a dar explicaciones. ¡Veinte comparecencias! ¿Saben cuántas comparecencias ha hecho la consejera de la Generalitat de Catalunya? Piensen en una cifra, pero no tiren muy arriba. Les voy a dar una fecha, abril, y les voy a dar un número, una. ¿Pero saben ustedes cuántas veces ha comparecido el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid? Un poquito más. Les voy a decir una fecha, la última vez que compareció, junio, y una cifra, cuatro veces. Y vienen aquí a dar lecciones de explicaciones, de democracia, de participación y de justificar los comportamientos cuando donde ustedes gobiernan lo eluden, lo ocultan y eluden sus responsabilidades. .
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José Zaragoza Alonso PSC-PSOE
Fíjense ustedes, han hablado los diputados de Esquerra Republicana de una operación de Estado, debe ser esa operación de Estado que incluye a VOX intentando meter en la cárcel al ministro de Sanidad y el señor Casado y Arrimadas dando apoyos al candidato de Esquerra Republicana para que suspenda las elecciones, saltándose la ley. ¿Qué operación de Estado, qué Estado? Vamos, si esto no es ridículo y cutre… Porque, al final, ¿sabe lo que ocurre? Que nos creemos tanto nuestras propias mentiras que caemos en todas las teorías de la conspiración. Vamos, ya la última nos la ha dicho la señora Nogueras, que hay una operación para que no se sepan en mayo los recursos. Es lo que ha dicho el conseller Tremosa. Por cierto, el señor Tremosa, que era del grupo este de Reagrupament, que pedían el voto el señor Torra, el señor Sort —que ha dimitido—, toda esta gente de Reagrupament que son, precisamente, gente moderada en la política. Pero dicen que hay una operación de Estado y, curiosamente, en esa operación de Estado están los del Partido Popular y Ciudadanos todos juntitos, Esquerra Republicana, la CUP, PP y Ciudadanos, con la inestimable ayuda, evidentemente, en estos procesos, como pasa en estas cosas, de todo aquel que se suma a esa carrera para aprovechar la oportunidad. La verdad, ¿sabe lo que ocurre? Que a ustedes nuestra salud les importa una higa, a ustedes lo que les preocupa es que su candidato es flojito y como su candidato es flojito deciden suspender las elecciones. Después ha llegado la justicia y su director general de procesos electorales, que les ha dejado con el culo al aire. Voy a leer lo que dijo el director general de procesos electorales de la Generalitat de Catalunya, nombrado por el Gobierno actual, el Gobierno de Junts y Esquerra Republicana. Leo: Creed que hemos minimizado el riesgo de votar equiparándolo a ir a comprar el pan o ir a la farmacia. Creed que hemos minimizado el riesgo de ser miembro de mesa muy por debajo de lo que hacemos en nuestro día a día, especialmente en muchos trabajos, votad tranquilos. Ismael Peña-López, director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat de Catalunya, 22 de enero de 2021. El único peligro de estas elecciones es que una legión de consejeros, directores generales y secretarios colocados por Esquerra y Junts pierden el cargo, ese es el único peligro. Vaya operación de Estado, apoyada por Ciudadanos y PP apoyando al candidato de Esquerra para suspender las elecciones que va a perder. Además, les voy a decir una cosa, señores del PP y de Ciudadanos, es que no se aplazaban las elecciones, se suspendían las elecciones, con el Parlamento disuelto. ¿Saben lo que ocurre? Que, en el momento en que el candidato suspende las elecciones, si decide no convocarlas en mayo o en cualquier otra fecha, no hay ningún organismo que le pueda obligar a convocarlas. Y ustedes apoyaban eso, la suspensión de elecciones, que no aplazamiento. Nosotros propusimos un aplazamiento antes de Semana Santa y no fue aceptado. ¿Por qué? Porque se querían imponer sus estrategias electorales. Siempre encuentran un juez para culpar o para justificar su incompetencia y su mala fe. Señores de Esquerra, la moderación no es cobardía, el pragmatismo no es renuncia, los sentimientos han de pasar por el cedazo de la razón. Cuando convocaron las elecciones el 21 de diciembre, algunos indicadores sanitarios eran peores que el 15 de enero, cuando Aragonès suspendió las elecciones y las convocaron convencidos de ganar. La tasa de reproducción el 21 de diciembre era de 1,53 y ese día se notificaron 40 muertes. El día de la suspensión de las elecciones la tasa de reproducción era de 1,35 y se notificaron 20 muertes. Aun siendo mejores los datos, suspendió las elecciones por miedo a perderlas por el factor Illa. Es cierto que el número de contagios era mucho más alto en enero que en diciembre, también los ingresos hospitalarios, pero era exactamente lo que habían vaticinado.
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José Zaragoza Alonso PSC-PSOE
Acabo inmediatamente. Mañana, después del Consejo de Ministros, Salvador Illa será el único candidato que cuando comience la campaña habrá abandonado su cargo. El señor Aragonès seguirá en su cargo, la señora Borràs seguirá en su cargo, el señor Carrizosa seguirá en su cargo, la señora Albiach seguirá en su cargo, el señor Fernández seguirá en su cargo; el único que habrá abandonado su cargo para enfrentarse a las elecciones será el señor Illa. Esa es la demostración de su compromiso por solventar los problemas que han creado ustedes en Cataluña. Muchas gracias. .
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Muchas gracias, señor presidente. «Muchas familias han pasado la noche atrapadas en la carretera y allí siguen a esta hora. El Ministerio de Fomento y la DGT tendrán que explicar esta absoluta falta de previsión que ha derivado en caos». Firmado: Pedro Sánchez, 7 de enero de 2018. «La falta de previsión es un clásico cada invierno, muchos vivas al rey y mucha bandera, pero la corrupción y la incompetencia son la realidad del Gobierno. Cumpliremos nuestro deber y pediremos la comparecencia del ministro de Fomento para que explique lo sucedido en la AP6». Creo que no queda nada más que decir, señorías. Si esto era en 2018, ahora —en la que ha sido, según dicen, la borrasca del siglo— creo que ya está todo dicho y que deben venir a comparecer los dos ministros cuya comparecencia solicitamos, el señor Ábalos y el señor Marlaska. Del señor Ábalos no voy a hablar, porque ya se habló aquí en relación con los transportistas que quedaron atrapados en Reino Unido. Solo quiero decirles que se dedicó a insultar y a descalificar a otros partidos. Ábalos y el caos: trenes paralizados y el aeropuerto internacional de Barajas paralizado. Aún el jueves de la semana pasada el vuelo en el que viajaba esta diputada fue desviado a Valencia —con el consiguiente cabreo del comandante— porque solo seguía una pista operativa. El señor Ábalos no pisó en esta ocasión el aeropuerto de Barajas; miren que le gusta para sus citas, pero en esta ocasión no lo quiso pisar. El 5 de enero la Agencia Estatal de Meteorología cursó un aviso especial al Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias —cumplía así el protocolo marcado por la ley— de que una borrasca bautizada como Filomena golpearía España con mucha agresividad. Es más, solo se equivocó en la hora, porque se adelantó dos horas con respecto a la previsión. ¿Qué hizo el Gobierno? No hubo reacción. Se ignoró la alerta. No se prohibió la circulación de transportes, siguieron circulando los trenes y los aviones que estaban programados y la gente quedó atrapada en las autovías, en las vías de los trenes y en el aeropuerto de Barajas. Tardaron cuarenta y ocho horas en aparecer. Marlaska nuevamente no solo ignoró la alerta —algo a lo que ya nos tiene acostumbrados, porque hace un año el jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía alertó del COVID y él lo cesó por alarmar precisamente—, sino que también incumplió la ley que había aprobado previamente el Plan de Emergencias el 15 de diciembre, según el cual tenía que declarar la emergencia nacional y asumir así el mando único, pues el temporal afectaba a más de una comunidad autónoma y, de esa manera, se podían exigir recursos y actuaciones coordinados a nivel supraautonómico. Decretar la emergencia nacional, señorías, hubiera puesto más medios a disposición de esas administraciones, pues otras administraciones, aunque no hubieran sido afectadas por el temporal, se habrían visto involucradas en ayudar, pero han tenido que ser las comunidades, ellas solas y de manera voluntaria, las que decidieran ayudar, como es el caso de Murcia y Andalucía, que enviaron a Madrid quitanieves. Marlaska primero niega la norma, después invoca un precepto inexistente y después habla de la interpretación de la ley. Señorías, era patético escucharle justificando lo injustificable, justificando el caos. La única ayuda llegó cuando el alcalde Almeida solicitó la UME y la ministra de Defensa, saltándose a Marlaska —y le damos las gracias—, envió las tropas de la UME. Si no, hoy Madrid y Toledo, los lugares donde estuvo la UME actuando, seguirían siendo un caos. Pero no es solamente la desatención, sino el sectarismo que después aplica con fuerza contra Madrid. Primero, se niega el señor Marlaska a declarar Madrid zona catastrófica sin conocer todavía los daños ocasionados. Después, ordena retirar la UME cuando el ayuntamiento pedía que se quedara porque necesitaba su ayuda. Y ahora nos enteramos de que mintieron, porque retiraron la UME antes de bajar el nivel de alerta en Madrid. No se dieron instrucciones precisas ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional ni a las prisiones, que quedaron colapsadas durante más de ochenta horas. Yo hablé con algunos agentes y representantes de la Guardia Civil y en unos lugares, como en Castellón, se decía que pararan los camiones y, en otros lugares, como en Castilla-La Mancha, se decía que siguieran circulando. Era un caos, porque no había instrucciones. Las primeras instrucciones llegadas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional fueron del día que el señor Sánchez, en un todoterreno y con zapatitos de salón, pisa la nieve en Madrid, el domingo día 10. La primera instrucción para la Guardia Civil ―aquí la tenemos― fue a las 14:04. La primera instrucción para la Policía Nacional fue las 20:16. A día de hoy, todavía estamos esperando las instrucciones para que los funcionarios de prisiones supieran lo que tenían que hacer. Precisamente, hoy tengo que rendir homenaje, frente al del coche, a los guardias civiles, con pala, sin cadenas, sin todoterrenos, y a los policías y a los funcionarios de prisiones, que tuvieron que retirar la nieve ellos solos, con palas. . Señores, el Ministerio del Interior es el más opaco, y así lo dice el portal de transparencia. En estos momentos, el Ministerio del Interior bate el récord de no comparecer. ¿Saben ustedes, señorías, cuántas comparecencias pendientes tiene el señor Marlaska a día de hoy? Setenta y seis comparecencias. No quiere hablar ni de temporales ni de vientos ni de los presos de ETA ni de la inmigración ni de los grandes escándalos que le rodean. Su gestión se resume en sectarismo y arbitrariedad. Señores, a todos los grupos les pido ayuda para que salga adelante esta comparecencia. Había un plan de emergencias, que no se cumplió. Que esto no vuelva a pasar. Hay que aprender de las equivocaciones. Los ciudadanos piden que no se les deje tirados una y otra vez. Sabíamos que estábamos ante la peor borrasca del siglo. No recibieron instrucciones, tampoco unas sencillas cadenas, como pidieron la Guardia Civil y la Policía Nacional tres días antes del temporal. Nada más y muchas gracias. .
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Oskar Matute García de Jalón EH Bildu
Muchas gracias, señor presidente. Estas dos solicitudes de comparecencia bien podrían sintetizarse en el título de la canción Pongamos que hablo de Madrid, porque ese es el ánimo, y no solo por lo que se ha dicho hoy aquí, sino por lo que hemos tenido que ver durante este mes y medio. Duras las han tenido que pasar los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid, y vaya por delante nuestra solidaridad, porque han tenido que soportar fenómenos meteorológicos muy adversos, un mal gobierno y, encima, con el foco puesto en ellos, probablemente porque alguien les considera el ombligo del mundo. Pero esto ha permitido a la gente de las periferias, que habitualmente sufrimos inclemencias meteorológicas pero sin ocupar tantos espacios en los medios, comprobar, por ejemplo, que cuando un gobernante autonómico pide la salida de la UME a lo mejor no lo hace por un irredento independentismo, salvo que los compañeros castellanistas hayan sido tan numerosos. También nos ha permitido ver que las deficiencias en las que ha incurrido el Gobierno, el otro Gobierno también ha incurrido en ellas. No sé si la información sobre Euskadi que proyectan la televisión pública vasca o los medios estatales es diferente a la del resto, pero creo que no ha habido ciudadano o ciudadana vasca que no supiera o que no hubiera oído hablar de la advertencia de los 40 centímetros de nieve en Madrid, días antes de que ocurriera. Probablemente, el Gobierno central tendrá alguna responsabilidad que tendrá que ser dirimida por los ministros cuándo y dónde toque, pero no creo que esa responsabilidad sea exclusiva suya a la vista del desastre ocurrido en Madrid. Aunque bien es cierto que hay a quien le preocupan más los murales que las calles incomunicadas. Respecto a la otra comparecencia ―una sería la de Ábalos y otra sería la de Marlaska―, solo me referiré a una cuestión. Resulta llamativo que el señor Grande-Marlaska sea citado a comparecer en esta Cámara por esta cuestión y no por ser el miembro de la judicatura española con más sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por casos no investigados de torturas; siete de diez, un notable, y si las apura un poco más puede llegar al sobresaliente. Justo estos días cuando, además, hemos visto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nuevamente ha vuelto a pintar la cara al Estado español y al señor Marlaska, por ser responsable principal de esa no investigación, por un caso que conoció la sociedad como Aztnugal, que no era sino laguntza al revés, que significa ayuda, la que pedían algunos de los que estaban siendo sometidos a torturas, para que se investigaran. En cualquier caso —y termino ya—, no sabemos si se trata tanto de que comparezca, lo que sí que creemos es que, en el caso de Marlaska, se trata más de que dimita.
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Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV
Muchas gracias, presidente. Intervendré de manera breve y ciñéndome estrictamente a la cuestión, entre otras cosas, por la hora en la que nos encontramos. Hoy hemos debatido, como se ha puesto de manifiesto, aunque sea de manera incidental, la comparecencia del ministro de Transportes en esta Cámara, en Comisión, que se nos anuncia que será el 4 del mes próximo, es decir, la semana próxima. Ante este acontecimiento de la borrasca Filomena, que no solo ha afectado a Madrid, sino que ha afectado a más partes del Estado, creemos oportuna la comparecencia de ambos ministros, sobre todo, como se ha dicho, para evaluar lo sucedido con carácter previo o durante el tiempo del incidente o la reacción y de forma posterior. Lo que espero es que nos anuncien también la comparecencia urgente del ministro del Interior —como ya se ha hecho con el ministro de Transportes— para la semana siguiente, para la semana de febrero, no dilatándola en el tiempo, sino —como ha hecho el ministro de Transportes— en las primeras fechas, a fin de dar las explicaciones que el resto de los grupos parlamentarios consideren o que el ministro también considere. En este sentido, esperaremos a lo que nos pueda decir el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias.
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Gracias, presidente. Ya se ha dicho aquí: nadie ha sido ajeno hace quince días a la borrasca, bautizada como Filomena, que azotó la península ibérica. Es cierto que se trató de un temporal sin precedentes en setenta años en nuestro país y entendemos la dificultad de su gestión para todas las administraciones, incluida la Administración central. Se había informado con antelación de cómo sería y de qué consecuencias podría acarrear el temporal, elevando el riesgo de este a nivel rojo. La más trágica consecuencia de esta borrasca fue el fallecimiento de cinco personas. Sin embargo, en la ciudad de Madrid se registraron cientos de incidencias por el desplome de cubiertas y el hundimiento de estructuras en diversos edificios públicos y privados; se produjeron ciento de daños en vehículos, viviendas, negocios y establecimientos industriales, mercantiles, agrarios y turísticos, y se perdió una parte muy importante del patrimonio natural, con la caída de más de 150 000 árboles. Zonas enteras quedaron bloqueadas durante días sin poder recibir suministros elementales, sin atención médica o sociosanitaria. Las consecuencias económicas en la Comunidad de Madrid se han cuantificado en más de 1000 millones de euros. También, en la comunidad manchega, la provincia de Toledo fue una de las más afectadas por el temporal: pueblos sin luz durante días y otros muchos completamente aislados por las nieves. Vistos los daños, el Gobierno se ha visto finalmente obligado —porque le costaba reconocerlo—, tras el clamor de autonomías y provincias, a declarar zona catastrófica hasta ocho comunidades autónomas. Y, a pesar del panorama que acabamos de describir, los ministros Ábalos y Marlaska, en su primera comparecencia, hicieron gala, como acostumbran, de una absoluta falta de autocrítica, defendiendo que la situación no fue peor gracias a ellos, gracias a su labor y su previsión. Del ministro Marlaska esperamos explicaciones claras sobre los medios previstos con anterioridad al temporal y los puestos en marcha durante el mismo, vistas todas las consecuencias que acabamos de apuntar. Pero, es que, además, del ministro del Interior nos interesa especialmente conocer el motivo de algunas de sus decisiones más inexplicables, como —también se ha dicho aquí— esa decisión de retirada de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME, de Madrid de manera prematura, cuando Madrid no había rebajado todavía su nivel de alerta. Para dar cuenta de esta decisión de enorme gravedad por precipitada, apresurada y carente de justificación este grupo parlamentario ha pedido también la comparecencia del ministro. El ministro Ábalos, por su parte, llegó a afirmar que el dispositivo que tenía previsto y que había anticipado su ministerio fue el más ambicioso, mejor dotado y con mayor coordinación hasta ese momento ―todo esto, entre comillas―, sin embargo, los hechos y las consecuencias del devastador temporal no parecen darle la razón. Como ejemplo, en la red viaria solo el 39 % de las vías en las provincias afectadas por el temporal eran transitables y en la Comunidad de Madrid ninguna de ellas obtenía el nivel verde de circulación. Todavía tres días después muchas carreteras principales continuaban afectadas y, debido al diseño radial de la red de transportes, el colapso del centro de la península ―en concreto, Madrid, junto con sus vías de circunvalación— supuso el bloqueo de una buena parte de la movilidad en todo el país. Como apuntábamos, una de las principales infraestructuras aeroportuarias de nuestro país, el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, permaneció cerrado durante dos días, y cinco días después de la gran nevada todavía no había recuperado su actividad normal. Por cierto, el Sepla, el CSIF y también otros organismos acusaron a Aena de la falta de previsión. En opinión de estas asociaciones sindicales, en caso de haberse aplicado correctamente el plan de invierno diseñado por la empresa se podrían haber evitado todos estos retrasos, se podría haber evitado el colapso de las pistas que estuvieron afectadas por la nieve y después por el hielo, provocando el mayor caos aeroportuario en los últimos años. Por todo ello ―por todo lo anteriormente explicado y expuesto―, apoyaremos la presente solicitud de comparecencia tanto del ministro del Interior, Grande-Marlaska, como la del de Transportes, el señor Ábalos, directamente implicados en la gestión de este asunto. Muchas gracias.
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Íñigo Errejón Galván MÁS PAÍS-EQUO
Gracias, señor presidente. Yo me iba a limitar en realidad a votar que no, pero esto no sé si es un caramelo o es una indecencia. Dice el Partido Popular que la planificación del Gobierno nacional fue un desastre y que, además, no fueron capaces de planificar. Yo podría dejar la intervención aquí y cerrar solo diciendo: Tápese, señoría, porque a veces parece que Madrid lo gobierna Berlanga, pero en realidad lo gobierna todavía Ayuso, con Ciudadanos y con el apoyo de VOX. A la presidenta Ayuso le preguntaron ―hubo algunas críticas, porque, claro, Madrid estuvo colapsada, estuvo en un desastre absoluto, y los ciudadanos absolutamente solos durante toda la crisis― y dijo que nadie podía anticipar la tempestad. Señorías, el 31 de diciembre la Agencia Estatal de Meteorología avisa de una potente borrasca que descargaría nieve en cotas inusualmente bajas. El 2 de enero se insiste en la amenaza de la borrasca y se dan detalles del área afectada. El 5 de enero la agencia eleva la borrasca a aviso especial ―ya la bautiza Filomena― y se habla de hasta 40 centímetros de nieve. Entonces, el vicepresidente Aguado decía: Madrid está preparada ante la previsión de fuertes nevadas. Ese día el Partido Popular se grababa un vídeo bailando con los Reyes Magos enfrente del Ayuntamiento de Madrid. El 7 de enero la Agencia Estatal de Meteorología habla ya de la nevada del siglo y aumenta el aviso a rojo en Madrid. Pasan noventa y seis horas y, después de noventa y seis horas, reaparece Ayuso para decir que ordenaba dejar la calefacción puesta en los colegios, que, por cierto, no se volvieron a abrir hasta dos semanas después. Tras eso, el 10 de enero, la solución de Aguado ―también vestido, por cierto, con zapatos de salón― es aparecer con una pala y pedir a los ciudadanos que hicieran su trabajo. Esta es la imagen, en realidad, perfecta de que el neoliberalismo es una inmensa tomadura de pelo. Se les bajan los impuestos a los millonarios, se devastan los servicios públicos y, cuando vienen mal dadas, se les pide a los ciudadanos que saquen una pala ―claro, todo el mundo tiene una pala en casa― y un tiempo después el Ayuntamiento de Madrid nos recomendaría hacer una bolsa por si teníamos que ser evacuados ―esto es verdad, está todavía en la web― con un mapa, con una brújula y una navaja, por si nos tenían que evacuar. Es decir, se sustituyen los servicios públicos y los derechos de ciudadanía por frasecitas de coaching. Sale y dice que los vecinos que tengan una pala ayuden. Y la verdad es que los vecinos sí ayudan, pero diría yo que esta es otra lección para los fanáticos del mercado: cuando vienen mal dadas, hay servicios públicos o hay cooperación de la gente. Eso fue al final lo que limpió las calles de Madrid. Miren, una semana después de la nevada un cien por cien de los colegios públicos estaban cerrados, y los padres y las madres: ¡A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga! El que tenga dónde dejarlos, los deja; si no, cada uno que se apañe. Un 85 % de las basuras en Madrid sin recoger, un 75 % de las calles intransitables —otra vez, ¡oh, casualidad!, concentradas en los barrios del sur de Madrid— y un 55 % de las líneas de autobús sin poder prestar servicio. El 18 de enero, cuando Madrid todavía estaba patas arriba, después de más de diez días, el señor Almeida declaró que se superaría la situación cuando, ¡ojo!, subiesen las temperaturas y lloviese. En Madrid los madrileños sufren dos Gobiernos que no gobiernan porque lo que quieren es hacerle oposición al Gobierno nacional y, para eso, toman siempre que hace falta a los madrileños de rehenes. No tienen tiempo para gobernar; tienen tiempo para censurar morales feministas cuando no les gustan, pero para gobernar, para regir y para encargarse de que haya servicios públicos para garantizarles seguridad a los madrileños nunca tienen tiempo. Vamos a votar en contra de la solicitud de comparecencia, y les tengo que decir que la próxima vez que traigan una recriminación al Gobierno nacional —y hay cosas en las que merece ser recriminado— se preocupen un poco de ver el desastre en el ojo propio antes de la paja en el ojo ajeno. Muchas gracias.
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Buenos días. Creo que lo primero que tocaría, a la vista de que todavía permanecen algunas posiciones negacionistas en torno a la emergencia climática, sería recordar que este tipo de fenómenos forman parte de esa emergencia climática; que no van a ser una excepción, porque precisamente los fenómenos atmosféricos adversos de los dos sentidos, tanto invernales como estivales, van a ser cada vez más habituales. Lo digo porque hemos escuchado incluso a los terraplanistas —que además están encontrando huecos en lugares insospechados— decir que esto negaba la emergencia climática. No la niega, la reafirma y nos compele precisamente a establecer planes de contingencia adaptados a la nueva realidad climática que estamos viviendo en estos momentos. Hay que reconocer que no se ha dimensionado aún por parte del conjunto de las Administraciones públicas lo que supone estar ante una emergencia climática como la que tenemos delante de nuestras narices. Eso requiere el esfuerzo, la cooperación y la contribución —vuelvo a insistir— del conjunto de las administraciones públicas. De nuevo, hemos visto la necesidad de los servicios públicos como una herramienta democrática para la garantía de las condiciones de vida del conjunto de la población. Hemos visto cómo las externalizaciones y las privatizaciones son una lacra que paga la gente trabajadora de nuestro país. Hemos visto cómo había siete —siete— quitanieves paradas como resultado de la privatización de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid. Se desplazaron desde centenares de kilómetros máquinas quitanieves, mientras que las de Madrid, insisto, estaban paradas precisamente como resultado de las privatizaciones. Cuando los trabajadores públicos pueden prestar de forma directa su trabajo en empresas públicas permiten esa flexibilidad necesaria para poder afrontar fenómenos adversos tan difíciles y tan duros como los que hemos vivido durante este tiempo. No es lo mismo cuando los servicios públicos están en manos de los de siempre, de aquellos que han estado chupando de la teta del Estado a costa de privatizar las condiciones de trabajo de la gente que presta los servicios públicos en nuestro país. En ese sentido, queremos hacer hincapié en la necesidad de que se produzcan estas dos comparecencias y que se hagan de manera regular en las comisiones a las que les compete nada más iniciar el trámite. Queremos que comparezcan, pero queremos una comparecencia que nos permita evaluar y mejorar los procedimientos y adecuar los planes, teniendo como finalidad los intereses de la población. Y los intereses de la población no son negarles locales a las redes de apoyo mutuo y a las despensas solidarias, como hace el Ayuntamiento de Madrid, y luego, cuando vienen las cosas difíciles, decirle a la gente que saque la pala. Las palas están en los locales vecinales, si no se cierran por la política de restricción de libertades que tiene el Ayuntamiento de Madrid contra el tejido comunitario. Creo que eso es algo que deberíamos entender más. Es cierto que nos hace falta fortalecer el conjunto del tejido comunitario y es cierto que lo que nos hace falta precisamente es que esa filosofía de cuidarnos se convierta en una filosofía de Estado, en una filosofía social frente a aquellos que plantean que hay que pelear los unos contra los otros cuando las cosas están difíciles. Eso no se corresponde ni se compadece con lo que hemos oído hoy aquí, porque habría sido muy interesante que hubiera habido una visión autocrítica por parte de aquellos que encabezan administraciones públicas, que encabezan la Comunidad de Madrid, que encabezan el Ayuntamiento de Madrid, que hubieran tenido la capacidad para decir: es necesario que las administraciones reevalúen cuáles son los planes de contingencia en función de la situación de emergencia climática que estamos viviendo en estos momentos. Pero no se está en eso, se está en otras cosas, y cuando terminaba Filomena y venía otro fenómeno adverso, la respuesta a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid fue: háganse una mochila, porque aquí las administraciones no van a comparecer a defender sus intereses. Sinceramente, es el momento de los servicios públicos. La senda neoliberal es un callejón sin salida para la población trabajadora de nuestro país. Lo que necesitamos ante todo es poner en valor los servicios públicos y la cooperación entre administraciones, poniendo los intereses de la población por encima de los intereses de las empresas que se benefician de la privatización de los servicios públicos. Muchas gracias.
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Muchas gracias, señor presidente. Desde luego resulta curioso escuchar en la mañana de hoy pontificar a las diversas izquierdas para tratar de desenfocar la cuestión objeto de este debate. Quiero tranquilizar al señor Mayoral y decirle que desde la perspectiva de este grupo parlamentario los servicios públicos son esenciales, absolutamente esenciales, pero de poco sirven en manos de un Gobierno incompetente, que es la marca de fábrica de esta coalición socialcomunista en todos los órdenes. En el caso que nos ocupa los hechos son evidentes. El retrato derivado de los mismos apunta a abulia, imprevisión, descoordinación, ineficacia, caos, Gobierno desaparecido durante la crisis, Gobierno inútil. Son evidencias realmente graves, porque, como ha recordado sin ir más lejos el señor Errejón, en esta ocasión las características del temporal estaban advertidas con más de una semana de anticipación por parte de los servicios especializados, y también la subsiguiente bajada extrema de las temperaturas, con las consecuencias que de ello iban a derivarse. Hubo tiempo bastante, pues, para haber planteado un adecuado despliegue de medios y una estrategia de respuesta aunando todos los recursos gubernamentales en coordinación con las administraciones autonómicas y locales. Nada de esto se hizo, y como nada de esto se hizo, las consecuencias fueron vías urbanas e interurbanas impracticables, poblaciones rurales aisladas, comunicaciones interrumpidas y, lo más grave, abandono de los ciudadanos a su suerte; en conjunto, un balance de gestión de la crisis calamitoso y patético. Calamitoso por supuesto; basta simplemente referirse al panorama del Aeropuerto de Barajas para ver que incluso este calificativo puede resultar muy corto. El colapso total del tráfico aéreo generó una situación tercermundista, acompañada además por la insostenible situación a la que se condenó a miles de pasajeros desasistidos de información, alojamiento y comida. Desde luego también es patético el balance de gestión de esta crisis por parte del Gobierno. Patético, por supuesto, es el descontrol de la crisis acreditado por el Ministerio del Interior, en primer lugar, porque se negó a elevar a situación 2 la alerta para —dijo a posteriori—no generar alarmismo, de modo que no se activaron los medios extraordinarios contemplados en el Plan Estatal de Emergencias de Protección Civil; en segundo lugar, porque, además, lo que se hizo se hizo mal, por improvisado a última hora, por ejemplo, embalsar camiones en una serie de puntos de la red viaria nacional, pero sin dotar a esas zonas de una mínima asistencia de abastecimientos y atención sanitaria para que estos profesionales tuvieran la atención necesaria, máxime cuando las autoridades no sabían —y así lo declaraban públicamente— el tiempo que iba a durar esa situación de parada forzosa. En definitiva, señor presidente —concluyo—, ante la que se avecinaba y luego ante la emergencia grave que se estaba produciendo, el Gobierno estuvo llamándose a andanas en la más absoluta inopia. El colmo es que ni siquiera se le ocurrió la activación de la UME, que solo pasó a operar tras la solicitud al efecto de las autoridades madrileñas. Y, por supuesto, el presidente del Gobierno y el llamado vicepresidente social, es decir, el vicepresidente Iglesias, calentitos en casa sin pisar el barro. Solo cuando ya el desastre estaba consumado, el presidente se dignó a realizar tres o cuatro fotos en despachos oficiales para aparentar hacer que hacía. Y claro, ¿qué tiene que pasar para que Sánchez baje a la calle?, se preguntan hoy millones de españoles, como antes se preguntaba el propio señor Sánchez en relación con la actitud de su antecesor ante hechos semejantes. Desde luego, que a estas alturas los ministros de Fomento e Interior no hayan solicitado formalmente su comparecencia voluntaria en las respectivas comisiones para dar cuenta de sus decisiones en esta emergencia acredita la falta de respeto de este Gobierno a los ciudadanos y al Parlamento, que es la marca acreditada de fábrica de la coalición socialcomunista. En definitiva, por eso el Grupo Parlamentario VOX apoyará las solicitudes de comparecencia formuladas por el Grupo Parlamentario Popular, entendiendo aquello de que hoy más que nunca el señor Sánchez es prisionero de sus palabras anteriores, de la hemeroteca y de mucha desvergüenza política. Muchas gracias. .
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César Joaquín Ramos Esteban PSOE
Gracias, presidente. Lo primero que quiero es lamentar la muerte esta mañana de tres trabajadores en el Guadiana, a su paso por Badajoz, mientras limpiaban el río. Esto lo que demuestra es la dureza y la fortaleza de la naturaleza con la que tenemos que estar cuidadosos y atentos. . Vivimos una realidad que no esperábamos ver ni en películas de ciencia ficción: la pandemia, la borrasca Filomena y no sabemos qué será lo próximo. ¿Una invasión extraterrestre? Nadie lo sabe. Han sido curiosas las imágenes que nos ha dejado esta borrasca en Madrid y en otros puntos de España. Nadie se imaginaba ver trineos tirados por perros en las calles de Madrid; nadie se imaginaba ver esquiadores por la Gran Vía y mucho menos ver a Pablo Casado con una pala retirando nieve de una calle, eso sí, cámara en mano, para subirlo a las redes sociales, porque el único interés era tener publicidad, propaganda en una situación compleja que estaban viviendo los madrileños y los españoles, Señores del Partido Popular, les avisamos y, además, les anunciamos que el ministro del Interior y el ministro de Fomento comparecerán en esta Cámara en sesión ordinaria y, además, que ya está solicitado en tiempo y forma desde hace tiempo y se producirá próximamente, como hemos anunciado antes, durante la semana que viene. Los ministros van a comparecer y van a explicar la situación, la gestión que hicieron antes, durante y después, pero lo que muchos madrileños se preguntan es cuándo Almeida y Ayuso van a explicar por qué Madrid una semana después de la nevada seguía igual. Los madrileños se preguntan por qué tuvieron que ver imágenes de todas las calles de Madrid llenas de basura y como focos de infección sin ver que sus gobernantes en el ayuntamiento y en la comunidad hacían absolutamente nada para solucionarlo. Los ciudadanos de Madrid se preguntan cómo era imposible acceder a los hospitales de Madrid en una situación de pandemia. Los madrileños se preguntan por qué tenían que coger pico y pala para retirar nieve de las calles, cuando sus gobernantes no ponían los medios para que fuera posible. Se preguntan por qué los gobernantes de Madrid no estaban preparados cuando el aviso llegó el 31 de diciembre, más de una semana antes. ¿Por qué los ciudadanos de Madrid tienen que ser siempre los que pongan la buena voluntad para solucionar los problemas que tienen que solucionar sus responsables, sus gobernantes, poniendo los medios para ello? Los municipios de Madrid, como siempre, abandonados por el Gobierno de la comunidad, solo fueron asistidos por la UME, por bomberos forestales, por trabajadores del Ministerio de Transportes, esperando una respuesta, que nunca llegó, de la Comunidad de Madrid y de su presidenta. Y lo más grave de todo fue ver cómo los medios de comunicación anunciaron que la Comunidad de Madrid dejó nueve máquinas quitanieves sin que hicieran su trabajo. . Señores del Partido Popular, estas no son más que las consecuencias de veinticinco años de sus Gobiernos. Han desmantelado los servicios públicos y, cuando llegan situaciones como las que estamos viviendo, como la que hemos vivido, a lo único a lo que se dedican es a pedir voluntarios y a echar la culpa a los demás. Esto ha pasado con la pandemia, ha pasado con Filomena y pasará con todo lo que venga por delante. Sepan los ciudadanos de Madrid que ese es el Gobierno con el que cuentan. Ante esta situación, vaya mi reconocimiento a los que trabajaban y retiraban nieve con palas, sin necesidad de hacerse ningún vídeo para mostrar algo que era su trabajo y no una heroicidad, como intentaban mostrar otros. Vaya mi reconocimiento especial y mi orgullo de ver cómo los bomberos forestales de las Hurdes —esa comarca cacereña que en un tiempo el cine pintó de negro— trabajaban en las calles de Madrid para que sus ciudadanos pudieran solucionar el problema que estaban viviendo, para ver cómo pintaban otra vez de colores la ciudad de Madrid. Quiero expresar mi reconocimiento a ellos y mi reconocimiento también a esos médicos y enfermeros que hemos visto recorrer kilómetros para llegar a sus hospitales para hacer su trabajo y seguir luchando contra la pandemia, mientras no veíamos a los gobernantes de Madrid hacer lo que tenían que hacer para que fuera posible que ellos hicieran su trabajo. Mi reconocimiento una vez más, como he hecho antes, a los transportistas que, de nuevo, con muchas dificultades llegaron a los supermercados, a pesar del Gobierno de Madrid, del Gobierno de la Comunidad y de la situación de las calles de esta ciudad. Mi reconocimiento también a los trabajadores de mantenimiento de carreteras que, además de su competencia de limpiar las carreteras generales del Estado, pusieron todos los medios para ayudar en Madrid cuando los Gobiernos de la comunidad y del ayuntamiento lo pidieron así. Para finalizar, vaya mi gratitud a los trabajadores de ADIF y Renfe, que consiguieron poner en marcha los servicios ferroviarios en un tiempo récord después de la gran borrasca que había habido. Por eso el Partido Socialista, el Grupo Socialista y el Gobierno socialista no tienen ningún problema en que comparezcan los ministros. Lo harán en esta casa, en Comisión ordinaria y la semana que viene. Lo que nos seguimos preguntando todos, y sobre todo los madrileños, es cuándo Ayuso y Almeida darán explicaciones de la nefasta gestión de la borrasca Filomena, porque ese es el aviso de todo lo que vendrá por delante en esta comunidad y en esta ciudad. Muchas gracias.
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Oskar Matute García de Jalón EH Bildu
Gracias, señora presidenta. Es probable que no agote los siete minutos, porque esta petición es reiterada. Llevamos mucho tiempo pidiendo que pueda comparecer aquí y que aquí se pueda hablar del rey. Nos hemos encontrado con numerosos obstáculos, pero hoy volvemos a intentarlo, esta vez a través de la solicitud de comparecencia, máxime cuando la real figura no deja de darnos motivos para que pidamos su comparecencia. En esta ocasión, en este último capítulo de este Españoles por el mundo de la vida real que está protagonizando el emérito, nos hemos encontrado con que todavía hoy los ciudadanos y ciudadanas del Estado español tienen que pagarle determinados gastos y, además, que estos gastos —los de acompañamiento y seguridad entiendo— van vinculados a Patrimonio Nacional. Es, en definitiva, una cadena de escándalos, y lo que no entendemos es por qué esta Cámara se ve sustraída de la posibilidad de hablar de esa figura. Hasta qué punto está Cámara es representativa de la soberanía de los españoles y las españolas, de los ciudadanos y las ciudadanas del Estado español, si se le sustrae la posibilidad de que se hable de uno de los elementos estructurales de la propia realidad institucional del Estado español, en este caso de la Monarquía. No nos preocupa qué es lo que se diga; lo que nos preocupa es que no se deje decir nada. No nos importa que venga aquí la ministra, la vicepresidenta o quienquiera que sea a defender una regeneración de la Monarquía si cree que es lo más oportuno —otros y otras tendremos la oportunidad de defender otros modelos, en nuestro caso la euskal errepublika, la república vasca; otros defenderán otros modelos—, lo que nos preocupa verdaderamente es que no se pueda hablar de esto. Y nos preocupa que ese proceso de regeneración democrática de la Monarquía —allá cada cual con la posibilidad real de eso o no; si eso es quimérico o es utópico se lo dejo para la disquisición de cada uno de ustedes— pretenda pasar por ocultar debajo de una alfombra toda la suciedad, todas las cuestiones que estamos conociendo sobre la Monarquía española. Y hablo de alfombras y hablo de Patrimonio Nacional. Uno pensaba —ignorante de mí— que Patrimonio Nacional se ocupaba de reliquias, se ocupaba de cuadros, tapices y cosas de ese tipo, y a lo mejor no es tan desorientado que sea Patrimonio Nacional el que se ocupe de los gastos de esta partida porque la monarquía, aparte de vetusta y obsoleta, se demuestra poco actual. En cualquier caso, creo que es una manera más de maquillar los gastos de la monarquía, los gastos de una institución y lo que le cuesta a cada ciudadano y a cada ciudadana, también en estos tiempos de crisis, de pandemia, de dificultades objetivas, porque por eso y no por otra cosa se disocian diferentes partidas en los Presupuestos Generales del Estado cuyo destinatario siempre es la Casa Real, pero que no aparecen solo en el apartado de los Presupuestos Generales del Estado destinado a la Casa Real, sino que van en Interior, en Defensa, en diferentes áreas. Por eso planteamos esta comparecencia, para intentar tener el debate que se nos está siendo negado desde hace tiempo. Si Patrimonio Nacional se ocupaba de cuestiones valiosas pero que pertenecían al pasado más o menos reciente de la historia de España, probablemente el lugar sea un museo y no tanto Abu Dabi. Yo no voy a negar el carácter cosmopolita del emérito, internacional si quiere, que no internacionalista; en definitiva, es un hombre de mundo: nació en Italia, creció en Portugal, reinó en España, se hizo rico en España, se preparó el plan de pensiones en Suiza y se lo gasta en Emiratos Árabes; es, como digo, un cosmopolita. Pero creo que, a tenor de todo lo que vamos conociendo y más allá de lo que pueda parecernos a cada uno de nosotros, la ciudadanía se merece también —como hemos dicho respecto a los fondos europeos y otros asuntos— transparencia y la transparencia pasa por que sepamos todo lo que pasa y todo lo que se ha hecho. Porque lo que resulta extraño desde mi punto de vista es que veamos, también hoy en esta sesión, debates que litigan en torno a si ha sido afortunada o desafortunada la expresión de un vicepresidente al considerar exiliado político a una persona en concreto, como podía haber hablado de Valtònyc o de Ana Gabriel, en este caso hablaba de Puigdemont, y que esa misma gente a la vez te diga que la figura del emérito es una figura equiparable y comparable a otra figura de la historia del Estado español del siglo XX como la de Manuel Azaña. Creo que la capacidad dialéctica es grande y cada uno puede dar las vueltas que quiera, pero creo que hay piruetas que no se sostienen ni por Pinito del Oro.
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Carolina Telechea i Lozano ERC-S
Gràcies, presidenta. La pregunta para la que queremos respuesta es: ¿cuánto cuesta la monarquía? Esquerra Republicana hace tiempo que intenta averiguar el coste de la monarquía y no hay manera. Hoy intentamos averiguar cuál es el gasto de dinero público que se dedica a mantener y servir al fugado rey emérito en Arabia Saudí porque es mentira lo que nos dicen: que la monarquía se mantiene solo con la asignación al rey en los Presupuestos Generales del Estado. Existe la partida de apoyo a la Jefatura del Estado y la de Patrimonio Nacional en el Ministerio de Presidencia, la de la seguridad de la Casa Real en Interior, la de la Guardia Real y las caballerizas en Defensa, la de viajes en Asuntos Exteriores. Señores del Gobierno, del PSOE y Unidas Podemos, ¿cuánto cuesta verdaderamente la Casa Real? Sean demócratas y transparentes, dejen de esconder el gasto de la familia real, porque si lo esconden es precisamente porque saben que es un escándalo ese gasto. De hecho, ya es escandaloso en sí que el rey cobre 8,3 millones de euros al año, lo que significa que cobra cerca de 23 000 euros al día, ¡al día! Y dejen de hacer trampas diciendo que ese no es el sueldo del rey; claro que lo es, y lo dice la propia Constitución española en su artículo 65.1 (un señor diputado: Mentira): «El Rey recibe…
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Carolina Telechea i Lozano ERC-S
Es que les puede. «El rey» —no la familia real, sino el rey, especifica concretamente— «recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma». Es decir, que es únicamente el rey quien cobra los 8,3 millones de euros y los gasta como le da la real gana, y si le quiere dar una paguita a mamá, a papá o a su mujer es porque con ese dinero hace lo que quiere y no porque haya ninguna obligación legal de hacerlo. Y si se lo gasta en yates, en cazar elefantes y osos, en tarjetas black o en Corinnas de turno es porque dispone de ese dinero a su libre albedrío. Y si gasta ese dinero en mayordomos, cocineros, peluqueros, es porque quiere tener esos servicios. .
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Telechea Lozanosin identificar
Por cierto, hace años que desde Esquerra Republicana preguntamos al respecto y nunca hemos conseguido saber qué servicios y qué funcionarios son los pagados al margen de la partida asignada a la Casa Real y esto es una escandalosa opacidad. Porque ya no es que no informen de cómo el rey gasta su sueldo, sino que se niegan a responder qué partidas presupuestarias son destinadas desde otros ministerios a la Casa Real. Es una vergüenza que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos mantenga esta opacidad; en particular, no es solo condenable que escondan el gasto de mantener y servir a Juan Carlos de Borbón en Arabia Saudí, sino que lo dediquen a un corrupto fugado de España. ¿Por qué se dedica a ello una partida desde Patrimonio Nacional? ¿Por qué ese dinero no sale de la partida que recibe el rey y que ustedes han incrementado en medio millón de euros? ¿El Gobierno español había negociado estos gastos con el fugado y con la Casa Real en la negociación que hubo para facilitarle la huida? ¿Le pagan también cacerías y amantes, como hacían en España? ¿Dispone de una tarjeta black para sus gastos? ¿Qué otros gastos le pagan? Desde Esquerra Republicana consideramos que el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos debe comparecer para dar respuesta a estas preguntas. Y no quiero terminar sin decir que, hablando de gastos desmesurados, estos días estamos asistiendo a un abuso por parte de ciertos cargos públicos que, aprovechando su posición de poder, se están vacunando sin pertenecer a ningún grupo de riesgo y hemos asistido a la dimisión del jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero nuestro grupo se pregunta: ¿Y a quién se debe este señor? ¿No debe lealtad al hijo del corrupto? Por tanto, el ciudadano Felipe de Borbón, como máximo responsable, ¿no debería dimitir? ¡Ah, no!, perdonen, que nunca ha sido elegido por el pueblo, sencillamente ostenta su título por su apellido. Y, por último, ¿cuántos hospitales se podrían construir con todo ese dinero que reciben? ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado? Muchas gracias.
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Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hasta hoy el fugado y corrupto sigue siendo Puigdemont, pero bueno. . Dicho lo cual, yo pensaba que ustedes, cuando aprobaban el presupuesto del Estado, se lo leían y había llegado a la conclusión de que sabían lo que votaban. Ustedes, cuando han aprobado el presupuesto del Estado, ¿no han preguntado al Partido Socialista y a Podemos, al Gobierno, en qué se gasta cada euro del presupuesto general del Estado? No. ¿Y por qué no lo han preguntado? Porque les daba igual lo que se aprobara; ustedes aprobaron el presupuesto, unos a cambio de acercamiento de presos y otros a cambio de indultos, y entonces las partidas les dan igual. Y ahora preguntan: ¿en qué se gasta el dinero? En seguridad, sí, claro. Pero lo preguntan dos partidos que tienen mucha influencia, uno incluso gobierna en la Comunidad de Cataluña y otro en la Comunidad Autónoma Vasca, donde existen rentas vitalicias para los expresidentes y seguridad para los expresidentes de por vida, oficina, chófer y cosas de esas. Eso existe. Porque otros, por lo menos, como en nuestras comunidades no existe, podremos estar legitimados para decir cosas, pero es que eso ustedes lo mantienen y no solo lo mantienen, sino que lo aumentan, y resulta que les extraña que otras personas que han ocupado, en este caso la Jefatura del Estado, tengan a cargo del presupuesto de España una seguridad. ¡Pero si es normal eso! Además, cuando mayor gasto en seguridad ha habido en España ha sido cuando la banda terrorista ETA estaba en plena actividad, evidentemente; cuando, según Bildu, existía una violencia justa. Cualquier día oiremos al presidente del Gobierno decir que la violencia era justa; ya dijo que los etarras eran presos vascos y, en su momento, que la banda terrorista ETA era una banda, pues como va cogiendo el relato y va cogiendo el vocabulario que utiliza Bildu, cualquier día también le oiremos decir que es que la violencia era una violencia justa. En definitiva, ustedes aquí intentan, una vez más, atacar a la Jefatura del Estado por lo que representa. La Jefatura del Estado forma parte de la Constitución y de la monarquía parlamentaria que votamos el conjunto de los españoles y la jefatura del Estado representa la unidad de España. Eso es lo que ustedes atacan; de forma legítima, pero es lo que ustedes atacan y entenderán que hay una mayoría que no estamos por la labor. Muchas gracias. .
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Mireia Vehí Cantenys CUP-PR
Gracias, presidenta. Ya lo decían los promotores de la iniciativa, tenemos la enésima demanda de que en este Congreso se den explicaciones por el uso sin control de dinero público por parte de la monarquía. Y es que en los Presupuestos Generales del Estado formalmente constan 8,4 millones de euros destinados a la monarquía, y no solo eso, no solo el Gobierno más progresista de la historia sostiene esos presupuestos, sino que, además, sube el dinero destinado en Defensa. Gastos aparte, se sabe por la prensa que el rey financió segundas residencias para estar con su amante, todos los empleados de la Zarzuela y, además, los despidos de trabajadores de un yate que tuvo que devolver cuando se supo que lo tenía. La monarquía es un pozo sin fondo, un desperdicio de dinero público sistemático, una ruina en plena crisis económica. Pero para nosotras el escándalo no es que vuelva la enésima petición de comparecencia, el escándalo es que el Partido Socialista Obrero Español sostenga esto. El Partido Socialista Obrero Español impide sistemáticamente que en este Congreso se puede hablar de la monarquía y de los escándalos de corrupción, censura intervenciones en el Pleno —a mí, un par— por criticar a la monarquía y acompaña al rey emérito a que se fugue del país. Estamos de acuerdo y vamos a votar a favor de la comparecencia. De hecho, los animamos a que permitan que haya un debate público sobre la monarquía y, sobre todo, con lo que estamos de acuerdo es con que, en una situación de crisis como la que hay, en una situación de negación de derechos colectivos como la que tenemos, no se puede dejar que tengamos que aguantar a la Casa Real, que encima la ciudadanía tenga que aguantar este derroche de dinero público. Así que sí, vamos a apoyar la petición de comparecencia. Gracias, presidenta.
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Gracias, presidenta. Buenas tardes. Ciudadanos siempre ha esgrimido la bandera de la transparencia y de la regeneración, siempre ha querido que se controle a los responsables políticos, siempre ha pedido dimisiones en relación con aquellos que no han cumplido con ejemplaridad su cargo público y, por lo tanto, ninguna lección de transparencia, de regeneración o de honestidad nos van a dar los proponentes de esta petición de comparecencia. Es fundamental, efectivamente, que los representados puedan fiscalizar a los representantes, que vean en qué se gasta el dinero público que se nutre de los impuestos, que tanto trabajo cuesta ganar el dinero para pagarlos. Es fundamental la rendición de cuentas, pero no son precisamente los proponentes los que nos pueden dar lecciones en este sentido, ni tampoco el Gobierno de España, que únicamente está esforzándose siempre en el control de la oposición, en pedir el control de los demás, pero que siempre se niega a su propio control, tratando de acabar con la independencia de la Fiscalía, del Poder Judicial, que es precisamente una institución de control del poder político; adjudicando contratos sospechosos durante la pandemia a empresas que no estaban demasiado claras y sin dar explicaciones; no admitiendo las instrucciones o resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y utilizando los recursos públicos para precisamente recurrir estas resoluciones, y todo ello por no referirme a los múltiples casos penales que afectan a Podemos y a sus líderes o cómo se votan las comisiones de investigación, solamente las que perjudican al adversario pero no las que se consideran que desgastan al propio partido del Gobierno. Además, Ciudadanos es un partido que nunca mira de dónde vienen las propuestas, sino que analiza si son buenas o malas porque hacemos política útil para los ciudadanos. Pero es que los proponentes ni siquiera lo disimulan. Ha habido juntas de portavoces en las que a las claras venían a decirlo, cuando planteaban la enésima comisión de investigación contra el rey emérito, tratando únicamente de perjudicar a la monarquía. Desde luego no nos van a hacer cómplices de esa iniciativa, no nos van a hacer cómplices quienes no nos pueden dar lecciones en materia de regeneración, de transparencia o de honestidad, de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el Estado de derecho y en la Constitución española, porque nosotros a la Constitución española no la llamamos despectivamente el régimen del 78, porque no vamos a caer en esos argumentos sofísticos, puros sofismas, que ustedes utilizan diciendo nadie votó al rey. Sí, se votó la Constitución española en 1978, estableciéndose la forma política del Estado español como una monarquía parlamentaria. Si ustedes legítimamente quieren que España sea una República, atrévanse a traer a esta Cámara un procedimiento de reforma constitucional agravado, respetando el derecho, porque ustedes dan la sensación de ser los líderes de un movimiento revolucionario que pretende no ajustarse a las normas de modificación de la Constitución. Me imagino que ustedes sostendrán que Dinamarca, Holanda, Suecia, Noruega o Bélgica son también países atrasados, que no son democracias avanzadas porque resulta que tienen igualmente el régimen de la monarquía parlamentaria. El segundo argumento, absolutamente deleznable y totalmente deplorable, es utilizar al rey emérito para tratar de cargarse la figura del rey Felipe VI, para tratar de atacar a la propia institución. El rey Felipe VI fue quien salió a defender a España frente al golpe de Estado que estaban dando Oriol Junqueras y el señor Puigdemont en la televisión y por eso quieren ustedes acabar con él. El rey Felipe y la institución de la monarquía durante estos cuarenta años han producido un progreso social y económico en nuestro país sin precedentes, absolutamente sin precedentes. Por lo tanto, no utilicen la figura del rey emérito para tratar de derrumbar la monarquía, que es lo que pretenden hacer de forma indisimulada. Termino como empecé. No nos van a dar lecciones de transparencia, no nos van a dar lecciones de regeneración, no nos van a dar lecciones de honestidad de nuestros cargos públicos y no nos van a hacer cómplices de su política de derribar lo que llaman el régimen del 78. Gracias.
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Enrique Fernando Santiago Romero UP
Muchas gracias, presidenta. Este grupo parlamentario ha manifestado hasta la saciedad la improcedencia de que Juan Carlos de Borbón haya abandonado España coincidiendo con el inicio de investigaciones de la Fiscalía sobre sus presuntos delitos económicos. También hemos manifestado nuestro estupor por que se haya ido a un país con serias carencias democráticas; por cierto, un país que no tiene tratado de extradición con la Confederación Suiza, el único país del mundo donde se puede decir que hay un procedimiento judicial de investigación sobre los delitos que se le imputan. Desde luego, la investigación del Ministerio Fiscal que existe en nuestro país, mientras no se lleve a los tribunales y se quede en la Fiscalía, no es una investigación con valor judicial en nuestro ordenamiento jurídico. Hubo una investigación judicial sobre los delitos económicos en la Audiencia Nacional, investigación en la que parecía que se investigaría a Juan Carlos de Borbón, pero finalmente se archivó en 2018 declarando que no había indicio alguno que apuntara la responsabilidad del ex jefe del Estado. Por ello, la sociedad civil presentó entonces una querella en el Tribunal Supremo ejerciendo la acusación popular respecto a los presuntos delitos económicos del emérito, querella que fue inicialmente inadmitida a trámite aunque actualmente el Tribunal Supremo está pendiente de volver a pronunciarse sobre su admisión. Esperamos que se admita y que se ponga de manifiesto que en una democracia mayor de edad como la española no hay nadie que pueda estar por encima de la ley, sobre todo cuando se le investiga por algo que no tiene nada que ver con las responsabilidades constitucionales de un jefe de Estado. Dicho lo anterior, nuestro grupo no va a apoyar esta solicitud de comparecencia por dos motivos. Primero, porque se está solicitando la comparecencia en enero —es decir, esta semana—, cuando la semana próxima se inicia el periodo legislativo ordinario y la vicepresidenta, como siempre acostumbra a hacer, contestará todas las interpelaciones y mociones que quiera presentar cualquier grupo parlamentario. Y, segundo —y para nosotros con más peso—, porque formamos parte de este Gobierno. Somos un espacio político serio y honramos nuestros compromisos. Evidentemente, nuestro acuerdo de Gobierno descarta la posibilidad de llamar a comparecencia a miembros del Gobierno sin su acuerdo previo, al igual que, por ejemplo, Esquerra Republicana de Catalunya imagino que no llama a comparecer ante el Parlament de Catalunya a consejeros del partido que es su socio de Gobierno sin tener el previo acuerdo político de esa fuerza. Pero no cabe duda de que, conforme a nuestras leyes, Patrimonio Nacional no puede sufragar los gastos del emérito en los Emiratos Árabes porque los bienes y activos del Patrimonio Nacional están afectos por ley a su uso para el ejercicio —dice literalmente la norma— de la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen al rey y a la familia real, y no hay duda de que el emérito en los Emiratos Árabes Unidos no está realizando ninguna alta representación que corresponda al Estado. No encaja en las funciones de alta representación. Por eso, hemos propuesto varias veces una comisión de investigación sobre las presuntas actividades económicas de Juan Carlos de Borbón incompatibles con sus funciones como jefe de Estado y, desde luego, el uso del patrimonio nacional de forma fraudulenta es otra causa más que motiva y justifica que se abra esa comisión de investigación, por lo que volveremos a proponerla. Pero, dicho esto, la figura jurídica de rey emérito no existe, por mucho que se repita, por mucho que se quiera insistir en ello. Lo único que existe es un título singular honorífico concedido, por cierto, por el señor Rajoy en 2014, pero la Constitución no dice nada de la figura de rey emérito. Si un Gobierno concede un título honorífico, también puede quitarlo. Nuestro Gobierno defiende su retirada porque el comportamiento de Juan Carlos de Borbón lo descalifica a diario. Ostenta un reconocimiento honorífico que sonroja cada día más a la ciudadanía española y que, además, provoca la estupefacción de la opinión pública internacional. Esto es algo evidente. La figura de rey emérito debería conllevar un especial imperativo de ejemplaridad, máxime si ha sido concedida en una democracia constitucional. En conclusión, la vida de Juan Carlos de Borbón no puede ser sufragada por Patrimonio Nacional. Eso no es legal. Que la sufrague con sus propios recursos personales, que parece ser que son abundantes. En todo caso, ningún país merece el bochorno de que un ex jefe de Estado, que ostenta honores públicos, otorgados, en este caso, por el Gobierno del Partido Popular, se sustraiga a la justicia. Nada más. .
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Con la venia. Esta comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno para dar cuenta de la implicación, gastos y actuaciones de Patrimonio Nacional con relación a la estancia del rey emérito en los Emiratos Árabes ha sido pedida por Esquerra Republicana de Cataluña y por Bildu. ¿Cómo pueden ustedes tener la desfachatez de proponer esto? El primer partido que lo propone es especialista en golpismo. En ochenta y dos años han dado ustedes dos golpes de Estado, en 1934 y en 2017, una media de un golpe cada cuarenta y tantos años. . Baten ustedes récords mundiales. Y el segundo es un partido subversivo, sucesor de un grupo terrorista. Ambos se han unido en esta alianza extraña, anticonstitucional hasta la médula, y no solo en materia de institución monárquica, sino también y principalmente en materia de disolución de la unidad nacional, que, por cierto, está simbolizada por la Corona en nuestras leyes. Hablan ustedes de don Juan Carlos I como fugado. Vamos a ser serios y a decir la verdad en esta Cámara. Don Juan Carlos I no se ha fugado de España. Se le ha impuesto la salida por el Gobierno, Gobierno constituido por el Partido Socialista y Podemos. A mí no me lo ha contado don Juan Carlos I, se lo aseguro, lo he leído en la prensa, como todos los españoles. Y ha sido en virtud de un insólito acuerdo alcanzado por la vicepresidente del Gobierno, cuya comparecencia se solicita, y el jefe de la Casa Real, señor Alfonsín. Esta es la verdad. Por tanto, dejen ustedes de decir mentiras, como tantas otras que han ido desgranando en sus intervenciones en defensa de esta solicitud de comparecencia. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que el Gobierno haya impuesto a don Juan Carlos I ―vamos a llamarlo, como le gusta a Esquerra Republicana, el ciudadano Borbón, o el ciudadano Capeto, como en la Revolución Francesa, aficionada a cortar cabezas mediante la guillotina―, al ciudadano Borbón, don Juan Carlos I, para hablar con mayor respeto de quien es y lo que representa, la salida de España? Se ha dicho que esto no es legítimo porque no está imputado penalmente. Y aunque estuviera imputado penalmente. ¿Pero qué conocimiento tienen ustedes de las leyes que les lleva a imponer, como autoridad gubernativa, la salida de España de un ciudadano libre? Ustedes son un atropello constante del ordenamiento constitucional y, en este caso, del poder moderador, que es la Corona en la Constitución española vigente, con arreglo a su artículo 56.1. Y este no es un rasgo exclusivo de la monarquía española parlamentaria a día de hoy, ni de la dinastía de Borbón, ni de don Juan Carlos I, ni de don Felipe VI, es un rasgo característico —el ser poder moderador— de cualquier monarquía parlamentaria en nuestros días, como ya lo fue en el pasado de la monarquía constitucional, y obedece a una doctrina elaborada por Benjamín Constant, en el siglo XIX, que se ha mantenido en este tiempo ventisecular y todavía hoy, en el siglo XXI. Tengo aquí un artículo, que les puedo facilitar a alguno de ustedes si tuvieran algún deseo de leerlo, cosa que dudo, publicado por un reputado constitucionalista del Partido Socialista, el profesor Pedro de Vega, ya difunto, en la revista de Estudios políticos, en 2002. En este artículo se defiende y se justifica por qué este artículo 56.1 es una fiel aplicación de esa doctrina del poder moderador de Benjamin Constant. Y defiende el profesor De Vega —como digo, connotado socialista— la importancia de esa función moderadora, que reúne una función simbólica en el ejercicio del poder y atesora la auctoritas frente a la potestas del resto de los poderes del Estado. Algunas enseñanzas de Derecho Constitucional no le vienen mal al PSOE y a Podemos, que gobiernan en coalición, y también —aunque, paradójicamente— a la vicepresidenta primera, que es profesora de esa disciplina; bueno, anónima en esa condición, pero, en fin, profesora al fin y al cabo. Aunque, para ser franco, no creo que les interese mucho, porque me da la impresión de que les da igual esto como, en general, les da igual el ordenamiento constitucional, que consideran ustedes que solamente es relevante y eficaz para sus propósitos ideológicos, oportunistas en el caso del Partido Socialista y totalitarios en el caso de Podemos. La señora vicepresidente del Gobierno lo que tiene que hacer es comparecer en la Comisión Constitucional, en la que se la espera hace ya muchos meses, y no tenemos noticias, salvo que el señor López, circunstante en esta sesión, nos informe hoy de que piense venir; la esperamos hace ya cerca de ocho meses ¿no, señor López?
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De modo que, por las razones expuestas y porque esto es verdaderamente una tomadura de pelo y un insulto a esta Cámara —y un insulto a ustedes mismos, que deben hacer examen de conciencia, comparecer ante sí mismos, en su fuero interno y dejar de pedir comparecencias ajenas ante cámaras parlamentarias—, votaremos en contra de esta solicitud. .
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José Antonio Bermúdez de Castro Fernández PP
Muchas gracias, presidenta. Señorías, convendría centrar el tema, porque lo que debatimos a instancia de los grupos Bildu y Esquerra Republicana es si se considera urgente la celebración de un Pleno extraordinario para que el Gobierno explique los costes que asume Patrimonio Nacional en relación con la estancia del rey don Juan Carlos en los Emiratos Árabes Unidos. Ese es el debate, o debería de haberlo sido, porque, como hemos escuchado aquí, bajo el paraguas de la inviolabilidad parlamentaria algunos ya han ejercido el papel de justicieros y han realizado todo tipo de insinuaciones y acusaciones de trazo grueso sobre actuaciones personales del rey emérito llegando incluso a acusarle de haber huido de España , cuando la realidad es que el rey don Juan Carlos ha decidido residir temporalmente fuera de España, es verdad, pero a día de hoy no está inmerso en ninguna causa judicial y ha manifestado a través de su representante legal que permanece a plena disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuno realizar. Mejor actitud y mejor predisposición es difícil de encontrar, a diferencia de otros a los que ustedes tanto defienden, como el señor Puigdemont o la señora Rovira, que sí han huido de España por no hacer frente a sus responsabilidades con la justicia. . Curiosa doble vara de medir que tienen ustedes; así que, señorías, lecciones de justicia, ninguna. Como tampoco aceptamos lecciones de los señores de Bildu, señor Matute, ni de justicia ni de libertad tampoco, y mucho menos después de conocer la carta que su líder, el señor Otegi (muestra una fotocopia de un periódico), ha mandado a los presos de ETA, invitándoles a que se afilien a Bildu porque necesitan la experiencia y la fuerza de las celdas para su proyecto político. Se trata de una carta que se califica por sí misma, no se puede ser más claro ―ya ven con quién están ustedes pactando, señorías―, y es que al final el tiempo siempre coloca a cada uno en su lugar ―a ustedes, y a ustedes también por blanquearles―, como también coloca cada uno las prioridades donde quiere. Y es que, fíjense, en estos momentos, cuando estamos viviendo las consecuencias de la tercera ola de la pandemia, que está produciendo efectos devastadores en la salud de los ciudadanos pero también en la economía y en el empleo, la gran contribución que ustedes presentan a debate es que comparezca la vicepresidenta primera del Gobierno, que, por cierto ―ya se ha dicho―, lleva más de ocho meses sin acudir a la Comisión Constitucional, pero no para explicar qué medidas o qué instrumentos legales va a adoptar para coordinar de forma más eficaz la lucha contra la pandemia ―no, señorías―, sino para que explique por qué el rey emérito tiene asignado un pequeño staff a cargo de Patrimonio Nacional ―esa es su urgencia con la que está cayendo en España, y ese es su grado de conciencia y sensibilidad social―, una petición que, desde luego, no es urgente, pero que tampoco está justificada, porque para conocer las razones por las que el rey don Juan Carlos cuenta con esos medios materiales y personales no es necesario ningún Pleno, hubiera bastado con formular una pregunta por escrito al Gobierno o haber escuchado las declaraciones de la propia vicepresidenta Calvo hace unos días, en las que justificaba esa dotación al rey emérito por haber sido durante décadas jefe de Estado en España. Un estatus, por cierto, con el que cuentan también los expresidentes de Gobierno de España, incluso cuando viajan a Venezuela, señorías, y con el que también cuentan los que han ostentado la Jefatura de Estado como expresidentes de la República en países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania, por lo que esta circunstancia no es anómala sino que forma parte de la normalidad democrática de todos los países de nuestro entorno. Pero ustedes no buscan eso ―ya se lo hemos escuchado―, este debate no es inocente porque es una iniciativa que forma parte de una campaña orquestada desde una parte del Gobierno y, también, desde algunas formaciones políticas, para socavar las instituciones que sustentan la España constitucional, incluyendo la monarquía parlamentaria, olvidando dos cosas: la primera, que la España constitucional es lo mejor que hemos hecho los españoles en nuestra historia, y la segunda, que en la modernidad, en la actualidad, monarquía parlamentaria y democracia caminan juntas de manera inseparable, de suerte que las diez monarquías parlamentarias de Europa, incluyendo la española, se encuentran entre los sistemas democráticos más avanzados del mundo y entre los primeros lugares en índice de desarrollo humano de Naciones Unidas. Esa es la realidad, aunque a algunos no les guste. Señorías ―y, con ello, termino―, en la construcción de esa España constitucional y en la defensa de la democracia que hoy disfrutamos, el papel del rey Juan Carlos fue determinante, por lo que, al margen de lo que haya podido hacer en la esfera privada ―en lo que yo no voy a entrar porque corresponde analizarlo al Poder Judicial―, ese legado en su papel institucional como jefe de Estado merece un reconocimiento y un respeto, un reconocimiento y un respaldo que mi grupo quiere trasladar, una vez más, a la institución monárquica encarnada hoy en la persona del rey Felipe VI, que está ejerciendo sus funciones con normalidad y plena eficacia pero también con gran sabiduría y de manera ejemplar, y eso, señorías, es lo verdaderamente importante. Nada más, y muchas gracias. .
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Rodrí Guez Gómez de Celissin identificar
Muchas gracias, presidenta. Señorías, los socialistas no ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí y ahora, pero sobrados ejemplos hay de que el socialismo en la oposición y en el poder, en el Gobierno, no es incompatible con la monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular, a la voluntad de reformas y transformaciones que la mayoría del pueblo desee en cada momento, ya sea en el terreno político o en el económico. «Si en la actualidad el Partido Socialista no se empeña como causa central y prioritaria de su hacer en cambiar la forma de Gobierno es en tanto en cuanto puede albergar razonables esperanzas de que sean compatibles con la Corona y la democracia». Estas palabras de Luis Gómez Llorente, en esta misma sede en el debate constituyente, las hacemos nuestras también hoy los socialistas. Posteriormente, nuestro compañero Pérez Rubalcaba nos decía: Los socialistas queremos reafirmar nuestra fidelidad al acuerdo constitucional, aquel consenso que los socialistas aceptamos, diría más, apoyamos decididamente construir, y que nos permitió sacar adelante la Constitución de 1978, y con ella iniciar el camino de paz, de convivencia, de libertad y de progreso que nos ha traído hasta aquí. Señorías, estas dos intervenciones resumen algunos principios fundamentales del Partido Socialista Obrero Español en nuestros 141 años de vida. En primer lugar, la búsqueda de consensos y acuerdos superadores de la diferencia, consensos como fue la Constitución española; defensa siempre férrea de la libertad y la democracia y también, cómo no, todo sustentado en la soberanía popular, la única soberanía existente en nuestro país; y, por supuesto, cómo no, acatamiento del ordenamiento jurídico, de las normas presupuestarias y de la ley orgánica que reguló la sucesión y la Casa Real. Por tanto, he de decirles que el Gobierno de España cumple con la normativa vigente a la hora de dar financiación y a la hora de dar sostenimiento a la Casa Real. Por todo ello, creemos que no es urgente ni extraordinario realizar un Pleno específicamente para ello. Decía el señor Matute que no se puede hablar de esto. Llevamos bastantes minutos hablando de esto, llevamos días hablando mucho. Es más, tendrán ustedes todos los instrumentos necesarios desde el punto de vista parlamentario en este Congreso para hacer el control al Gobierno y que les conteste a las preguntas que crean necesario. Es su deber, es su derecho y es nuestra obligación, claro que sí. Pero si hoy les preguntamos a los vascos o a los catalanes cuál es su preocupación para realizar un Pleno extraordinario y urgente, ¿dirían que es esta la razón para hacerlo? Pues yo creo que con toda rotundidad, no. Nos dirían que están muy preocupados por su salud, nos dirían que están preocupados por su empleo, nos dirían que están muy preocupados también por sus empresas y por cómo salir todos adelante, no por esta razón. Por esto mismo les diremos que no a la solicitud de Pleno extraordinario y urgente que ustedes nos proponen. Por cierto, señora Telechea, ¿cuántos hospitales y cuántos sanitarios se podrían pagar con las embajadas catalanas que ustedes hicieron y en las que gastaron dinero por todo el mundo? ¿Cuántos? No banalicen la salud, no banalicen el momento en que nos encontramos y no hagan demagogia barata con este tipo de temas, sobre todo con la situación sanitaria en la que vivimos. Por último, patrimonializar la monarquía, como hacen la ultraderecha y la derecha de manera excluyente (el señor Bermúdez de Castro Fernández hace signos negativos), lejos de fortalecer a la monarquía, la debilita. Pero también les digo que patrimonializar la república o las ideas republicanas, como hace parte de la izquierda de esta Cámara, también debilita la idea republicana, puesto que azuza de manera artificial un debate sobre el futuro de la monarquía que, hoy por hoy, en la sociedad española no está. Por esto, a los unos y a los otros les decimos que con los socialistas no cuenten. .
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Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, hay cuatro valores fundamentales que definen un Estado liberal y son: la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad privada. La vida es un valor moral, es un bien moral que se convierte en bien jurídico porque tiene que ser protegido. La libertad y la igualdad son principios informadores de cualquier desarrollo potencial de la vida. Y finalmente, la propiedad privada es el resultado del esfuerzo individual, de la soberanía individual de cada sujeto libre para poder desarrollar su potencial tanto familiar como económico y empresarial. Esa es la realidad. Y cuando comienza a someterse la propiedad privada, cuando comienza de pronto a debilitarse, cuando comienza a haber decisiones discrecionales o de carácter jurídico que enervan el derecho de propiedad, comenzamos el camino de servidumbre, el camino de vuelta al marxismo. Señores del Partido Socialista, ustedes en el año 1979 abandonaron el marxismo, quizás lo han olvidado. ¿Ustedes no recuerdan aquella famosa frase de Felipe González —al cual ya no sacan a pasear, como veremos después— cuando decía aquello de: Ya no somos marxistas sino que somos socialistas? Habían abandonado al primer Pablo Iglesias, a su fundador, pero es que ha llegado el refundador, Pablo Iglesias II. . Y con el refundador ustedes tienen un problema, y es que tienen que pagar tributo y hacerlo injuriando la vida, mancillando la libertad, convirtiendo la igualdad en igualitarismo y socavando la propiedad privada. Ustedes seguramente han visto muchísimas veces la película Lo que el viento se llevó y no han podido soportarla porque, desde luego, es lo que hay. Fíjese, lo que me preocupa es el señor ministro de Transportes, que no sé si se quedó en sus orígenes comunistas. Y, a propósito, señor Ramos, el hielo se quita con palas, no con la hoz y el martillo de algunos de sus compañeros de Gobierno. . Sí, señores, sí, porque menos imágenes y más trabajar. Pero les voy a decir algo más. .
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Y se quita también en el aeropuerto de Barajas, ese aeropuerto que ustedes convirtieron en la zona franca de la satrapía venezolana. Eso sí, con portes pagados, los portes pagados de ‘Unidas Podemos okupar’. Eso es lo que realmente hacían ustedes. Porque, ¿saben qué es lo más parecido a lo de Ábalos? Es una versión tabernaria y cañí de ‘Paseando a Miss Delcy’, que es lo más que podría interpretar el señor ministro de Transportes; paseando a Miss Delcy por el aeropuerto de Barajas. . Esa es la realidad. Creíamos que habíamos visto todo en el caso del señor ministro de Transportes, pero no, ustedes han acabado reemplazando el derecho de propiedad privada por el derecho de propiedad ajena. Fíjense, han convertido a la Moncloa, con ce, en ‘Monkloa’, con ka, y era algo imaginable que ocurriría teniendo en cuenta cuáles eran las deudas y los tributos que tenían que pagar a sus socios. Miren, queremos que comparezca el ministro por dos decretos. Voy a empezar por el primer decreto. El primer real decreto lo que hace es eximir determinados supuestos de la posibilidad de que haya desahucio, fundamentalmente atendiendo al propietario y al tenedor de las viviendas y de los inmuebles. ¿Y saben cómo lo justifican ustedes? Con las viejas máximas del viejo marxismo, diciendo que esto es una forma de colaboración con las administraciones públicas. Es decir, se priva a la propiedad, se establece en una disposición adicional una expropiación, y esto es colaboración reglada. Vamos, que ustedes le han tenido que explicar a El Rubius cómo tiene que pagar impuestos, debe ser lo más parecido porque es el mismo argumento que están utilizando. Pero se habían quedado cortos con eso, y ahora resulta que cinco semanas después aprueban un nuevo real decreto-ley, el Real Decreto-ley 1/2021. Desde luego, son ustedes extraordinarios, enmiendan un real decreto-ley, que no está todavía convalidado, con un nuevo real decreto-ley cinco semanas después. ¿Por qué? Porque dicen que no están cubiertas todas las situaciones de vulnerabilidad. Entonces, lo que vienen a decir, pero tal cual —en este caso no hemos escuchado todavía la voz del ministro de Transportes sino a fuentes del Gobierno porque, desde luego, ya ni sale a explicar este desatino completo que ha cometido—, es que lo que hay que hacer es solo suspender los procedimientos de desahucio en aquellos casos en los que la entrada o la permanencia en la vivienda no se produce como consecuencia de violencia o intimidación sobre las personas. O lo que es lo mismo, cuando se produce la entrada o permanencia en la vivienda como consecuencia de violencia sobre las cosas, es decir, la patada en la puerta, está justificado que no se suspenda el procedimiento de desahucio. Miren, en dos mil años de historia del Derecho, y algo sé de Derecho, no había pasado esto. Ustedes se han cargado dos mil años de historia del Derecho, ni en el Derecho romano ocurría esto. Pero, además, fíjese en cómo lo justifican; llegan a decir que, como es un delito, hay que acotarlo. ¿Desde cuándo hay que acotar los delitos? A propósito, los delitos se acotan en el Código Penal. No sé si ustedes de vez en cuando dejan colar determinadas expresiones para atraer la atención de Bildu o de algunos grupos marginales, porque ¿cómo pueden ustedes acotar un delito? ¿Me pueden explicar ustedes cómo pueden decir eso en una exposición de motivos? Pero ¿quién se atreve a escribir este tipo de normas? Como decía antes, este es el mayor ataque a la propiedad privada. No hay ni un solo Estado europeo que haya dado carta de naturaleza a la ocupación ilegal de la vivienda, ninguno. Escuchábamos estos días cómo, por ejemplo, Macron quería establecer un régimen jurídico inmediato para el desalojo en 48 horas. ¿Saben ustedes que en los últimos seis años se ha multiplicado por dos el número de ocupaciones en España y hemos pasado de 7500 a 15 000 ocupaciones? ¿Quién es el delincuente, el propietario o el okupa? ¿A quién tenemos que dar cobertura? ¿Al propietario dominical, que gracias a su esfuerzo pudo adquirir una vivienda, o al okupa que da una patada en la vivienda y entra directamente? Porque sean conscientes de lo que han hecho, insisto, esto no había ocurrido nunca en la historia del Derecho positivo español. Ustedes han dado carta de naturaleza a la entrada en domicilios con una patada. Sí señor, solamente se excluye el caso en el que haya violencia sobre las personas. Léanse el real decreto-ley, que no se lo han querido leer. Léanlo, porque les viene impuesto y seguramente el argumentario no se lo han dado bien, pero esta es la realidad. . Simplemente quiero recordar alguna cosa más. Hace unos años, señoras de Unidas Podemos, ustedes hacían mitificación de dos espacios maravillosos para ustedes que eran el Patio Maravillas y La Ingobernable. ¿Se acuerdan ustedes del Patio Maravillas y de La Ingobernable? ¿Saben dónde está el Patio Maravillas ahora? En Galapagar, con un porche y con una piscina. ¿Y saben dónde está La Ingobernable? En la ‘Monkloa’, con ka. Eso es lo que realmente han conseguido. . Sí, y sus bases lo empiezan a conocer; por eso su desmoronamiento. Vuelvo a insistir, La Ingobernable está en ‘Monkloa’ y el Patio Maravillas está en una piscina ahora mismo en Galapagar. Se han convertido en la misma élite que querían derrocar y son, además, los socios cómplices inmediatos de lo que está haciendo el Gobierno. Por lo tanto, sencillamente pediría al Gobierno que, por responsabilidad, por ese socialismo de hace 140 años, de su fundador, rectifiquen si pueden, si quieren y si saben. Y si no rectifican, nos van a encontrar en el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias.
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Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV
Muchas gracias, presidenta. Tal y como hemos manifestado en algún otro punto del orden del día, creemos que en este se replica una situación que ya hemos puesto de manifiesto. Vamos a debatir este mismo jueves la convalidación del Real Decreto-ley 37/2020, y consideramos que no debe proceder la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión correspondiente en lo que nos queda de mes; en definitiva, en un momento casi coincidente con la fecha que tenemos señalada para la convalidación del Real Decreto-ley 37/2020, que es precisamente sobre el que se pretende que el Gobierno informe y debatamos. Muchas gracias.
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Muchas gracias, presidenta. Aunque creemos que tendremos tiempo para debatir el fondo del contenido de los reales decretos mencionados en la petición de comparecencia en los próximos días —concretamente esta misma semana en el Pleno—, votaremos a favor de la solicitud porque el ministro Ábalos, el ministro competente, debe venir a explicar esta tomadura de pelo a toda la ciudadanía en materia de vivienda para los más vulnerables. Siempre intentamos pensar bien de este Gobierno; personalmente yo pienso bien hasta de este Gobierno mientras no me demuestre lo contrario, pero la modificación introducida en el Real Decreto-ley 1/2021 es una artimaña para que la oposición no tenga otro remedio que apoyar todo lo que hace este Gobierno. Ustedes en este real decreto socavan la propiedad privada. O sea, el Gobierno da el visto bueno a la okupación, siempre que sea con un por favor y un gracias. Mientras que los ciudadanos pagan los impuestos, pagan su hipoteca, han trabajado y para ellos comprarse una vivienda ha supuesto el esfuerzo de su trabajo o es el mayor ahorro que tendrán en su vida, resulta que si eres un delincuente educado estarás protegido por el Gobierno de España. Lo que el Gobierno no puede pretender es que el sector privado sea responsable de lo que el sector público parece incapaz de hacer en lo relativo a la alternativa habitacional para aquellos que, por su situación económica o familiar, no puedan sujetarse a las condiciones del mercado. Entre los requisitos que deben cumplir las personas vulnerables para que el juez pueda paralizar temporalmente un desahucio en caso de no tener contrato de alquiler, encontramos que el responsable de pagar el alquiler se quede en paro, le hayan aplicado un ERTE, haya reducido su jornada por motivos de cuidados o haya sufrido otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de los ingresos; o que los ingresos de la unidad familiar no superen tres veces el IPREM; o que el pago del alquiler y los suministros básicos supongan el 35 % o más de los ingresos netos de la unidad familiar; o, por último, que sean familias con algún miembro dependiente, víctima de violencia de género o menores a cargo, entre otros. Señores del Partido Socialista y de Unidas Podemos, estas familias son su responsabilidad, no pueden hacer responsables de situaciones de vulnerabilidad a las empresas o a los tenedores de viviendas. En vez de solucionar un problema habitacional están ustedes generando un problema de seguridad jurídica, que les adelanto que tendrá consecuencias en el nivel de inversión, en el estado del parque inmobiliario y en los precios de los alquileres del resto de viviendas. Porque les digo de nuevo, y ya se lo hemos repetido en numerosas ocasiones en todos los foros posibles, no nos oponemos a que se dé una solución habitacional a estas familias, así que no traten en su intervención de tildarnos de desalmados porque saben perfectamente que esta no es nuestra posición, pero tampoco generen un problema cuando intentan solucionar otro por motivos ideológicos. Tampoco vamos a consentir que se manipule a la oposición para que acepte cada una de las propuestas descabelladas que se les ocurren. El Real Decreto-ley 37/2020 fue aprobado el 23 de diciembre, como ya se ha dicho aquí, y el Real Decreto-ley 1/2021, el 20 de enero. ¿De verdad nos están diciendo que en menos de un mes se arrepienten ustedes de la redacción original del real decreto-ley y deben modificarlo? Señorías del Gobierno, saquen su ideología de estos debates porque estamos hablando de cosas muy serias; estamos hablando de cuestiones humanitarias. No intenten hacer una guerra con esto. Sean ustedes transparentes y dejen de buscar una foto con buenos y malos. El ministro Ábalos tiene que acudir a esta sede parlamentaria sin demora para explicar a nosotros y a todos los españoles el porqué de esta decisión, el porqué de este cambio de criterio y el porqué de las consecuencias que va a tener sobre el mercado de la vivienda. Por ello, votaremos a favor de esta solicitud. Muchas gracias.
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Gracias, señora presidenta. Una recomendación, antes de empezar, al portavoz del grupo del PP para que repase los principios del Derecho romano que informan nuestro derecho privado, porque va flojísimo. . De verdad, es necesario estudiar. .
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Antes de decir que hace dos mil años y no sé cuántas cosas, este tipo del que usted nos habla entra en el ordenamiento jurídico español en el año 1995 y no hay un antecedente hasta la dictadura de Primo de Rivera. Este tipo no existió ni siquiera en el franquismo. Porque existe una cosa que se llama res derelicta, que es lo de la cosa abandonada, ¿entiende? Ha sido un ilícito civil históricamente en nuestro ordenamiento. Esto tiene una relación directa con una diferencia que nosotros tenemos con ustedes, obviamente; nosotros no creemos en la libertad, la igualdad y la propiedad; creemos en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entendemos la distancia y la diferencia. ¿Sabe usted por qué? . Porque resulta que precisamente los ordenamientos democráticos frente al absolutismo lo que supusieron fue, entre otras cosas…
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… una limitación del derecho de propiedad sometida al interés general, como viene recogido en nuestro ordenamiento jurídico. No es posible la utilización del derecho de propiedad en contra de la función social de la cosa, y eso es algo básico también de derecho y que, obviamente, creo que forma parte de lo que ustedes han venido a llamar el consenso constitucional. Esto no vale solo para cuando hay que salvarle el culo a Bankia porque ustedes tienen la poca vergüenza de hacerla quebrar; no, tiene que ver con los derechos y con los intereses de la ciudadanía de nuestro país. En ese sentido, yo les quiero decir que el Comité DESC de Naciones Unidas no es un contubernio judeomasónico, es un órgano que vincula al Estado desde la firma del Protocolo Facultativo del PIDESC por nuestro país y sus resoluciones deben ser asumidas por el Estado. Y en esa medida, le recomiendo ávidamente la lectura de la Comunicación 37/2018 del Comité DESC de Naciones Unidas, del que ustedes quieren declararse en rebeldía y quieren incumplir de forma flagrante después de su intervención. Les leo recomendaciones generales, en el punto 17, para que ustedes las conozcan porque creo que son de su interés. El apartado a) dice: Desarrollar un marco normativo que regule los desalojos de personas de sus viviendas, incorporando que las autoridades judiciales lleven a cabo un examen de proporcionalidad entre el fin perseguido por la medida y sus consecuencias sobre las personas desalojadas, así como la compatibilidad de esta medida con el pacto en todos los casos, incluidos aquellos de ocupación sin título legal. Y puedo continuar porque tiene para elegir tres párrafos. Creo que no es asumible lo que nos están planteando, y no es asumible en el momento en que nos encontramos, en una situación de emergencia sanitaria en la que la vivienda se convierte en un elemento central para las políticas de salud pública. Es necesario que la gente se pueda quedar en casa, es necesario que la gente tenga agua para poder lavarse las manos y es necesario que tenga energía para poder mantener una temperatura adecuada. Eso es el interés general de nuestro país en este momento. Y ese interés general se encuentra por encima de los intereses de las Socimi, que ustedes convirtieron en un paraíso fiscal para que no pagaran un solo euro de impuestos. El interés de la población está por encima del interés de entidades que son auténticos paraísos fiscales y que, a resultas de este último presupuesto, van a empezar a pagar algo. Le puedo decir que nuestro grupo cree que algo es todavía insuficiente porque tienen que pagar. Eso significa que tienen obligaciones y las obligaciones son que, cuando tú desarrollas una actividad económica, debes tener responsabilidad social frente a la población donde la estás desarrollando. Lo que no es admisible en un Estado de derecho es que se permita detraer del mercado bienes de primera necesidad para alterar artificialmente… .
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… el precio de las cosas, que es, desgraciadamente, lo que hemos estado viviendo en los últimos años en este país, millones de viviendas vacías mientras la población no tenía la posibilidad de poder disfrutar de ese derecho. Y ante esa situación se dan respuestas desesperadas. Nosotros sí creemos que se tiene que articular ese parque público y que la situación de esos millones de viviendas vacías o en manos de especuladores es el fracaso de la gestión privada del patrimonio inmobiliario resultante de la crisis. Me van a permitir decirles, tanto a ustedes como a los señores de Ciudadanos, algo muy sencillo: ¿por qué no cumplen la sentencia del Tribunal Supremo que dice que tienen que volver a asumir la titularidad de las 3000 viviendas sociales privatizadas en medio de la mayor crisis económica que ha vivido nuestro país hasta la fecha? ¿Por qué no lo hacen, por qué se niegan a cumplir la sentencia, por qué ponen en peligro la seguridad jurídica en nuestro país declarando a una institución como la Comunidad de Madrid en rebeldía frente a las resoluciones del Tribunal Supremo? Desgraciadamente, ya los conocemos…
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Voy terminando. Ya les conocemos, sabemos que ustedes son de Hayek, de aquel que decía que prefería una dictadura liberal a una democracia. Muchas gracias. .
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Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, venimos aquí a debatir sobre si procede una comparecencia —lógicamente, nosotros pensamos que sí procede— sobre diversas modificaciones en torno a reales decretos-leyes que son una humillación, la enésima humillación que ustedes han perpetrado contra los españoles más humildes. Señorías, las modificaciones de estos reales decretos, como bien ha explicado el señor Garcés, representan entre otras cosas la suspensión de desahuciar a los okupas que hayan entrado a una vivienda sin emplear violencia o intimidación en las cosas, como bien ha explicado su señoría del Partido Popular. Nosotros, lógicamente, apoyaremos esta petición de comparecencia porque pensamos que es urgente que el señor ministro venga a dar explicaciones en una sesión extraordinaria. Después de tan airosa intervención del portavoz del Grupo Unidas Podemos, quiero hacer una reflexión. Ustedes se llenan la boca con el artículo 47 de la Constitución española. Dicen muy a menudo que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y por eso ustedes hacen unas modificaciones en estos reales decretos-leyes, porque quieren garantizarlo y proteger a los débiles y tal y cual; lo de siempre, pero es mentira, es un bulo, es mentira. Ustedes no quieren proteger a los débiles, es falso. Ustedes los utilizan, ustedes los humillan y ustedes van contra los españoles humildes porque no se equivoquen, no están luchando por la justicia social, están blindando la injusticia; y a nosotros nos van a encontrar en el Tribunal Constitucional. Señorías, el Estado debe crear las condiciones necesarias para proporcionar una vivienda digna a los españoles más vulnerables, pero no habilitar la injusticia y convertir las zonas más humildes de España en los suburbios donde impere la falta de ley y operen las mafias. Por ello nosotros anunciamos que sí vamos a recurrir esto ante el Tribunal Constitucional, por amparar la usurpación de los inmuebles y por proteger a los okupas. Esto va en contra de los derechos de los españoles. ¿Y saben qué? Que ya no cuela su discurso sobre los débiles, sobre los pobres, sobre los vulnerables, no cuela; los españoles se han dado cuenta y se han dado cuenta desde hace muchísimo tiempo. Se han dado cuenta de que esto es mentira, de que es más mentira que la promesa de Sánchez de no pactar con ustedes un gobierno. Porque, ¿saben cómo pretenden sus señorías progresistas luchar por una vivienda digna? Regalando las viviendas de los demás, las viviendas de los españoles; esa es su manera de proteger la vivienda, el derecho a la vivienda y el artículo 47 de la Constitución española. Es lamentable, señorías, y eso es exactamente lo que han hecho ustedes, esta barra libre para las mafias okupas. Y también en las zonas rurales, porque nosotros no nos olvidamos de los agricultores que están sufriendo las okupaciones sin cesar en las alquerías, entre otras circunstancias. . No nos extraña, señorías, porque ustedes están patrocinando la gran okupación de nuestro país por parte de aquellos que entran pisoteando nuestras leyes y que no pretenden cumplirlas, para nada…
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Gracias, señora presidenta. Y no pretenden ustedes proteger a los débiles, entre otras cosas, por una razón muy sencilla: porque para garantizar el derecho a una vivienda digna lo que tendrían que haber hecho es ampliar la vivienda de protección oficial, ampliar los alquileres sociales. En España, señorías, en comparación con el resto de países de Europa faltan 2 millones de VPO, aquí falta vivienda social y ustedes que presumen de ser el Gobierno social, que presumen de su escudo social, que presumen de proteger a los débiles, lo que hacen es invitar a las mafias a que trafiquen con la desesperación de las familias humildes, y hasta ahí llega toda su protección de los españoles humildes. Ustedes, izquierda y derecha, además, han destruido el ascensor social, el esfuerzo ya no conduce a ningún sitio, han desmantelado la clase media española y la han puesto a merced del globalismo. Un globalismo, señorías, que provoca que nuestros trabajadores y que nuestras empresas compitan con países como China o India, igualando nuestras condiciones a la baja. Ustedes, señorías, han precarizado España y llevan años gobernando y la vida de los españoles cada vez va a peor. Y claro que estoy de acuerdo y estamos de acuerdo en el Grupo Parlamentario VOX con que una familia vulnerable no puede quedarse en la calle, pero, ¿qué han hecho ustedes para solucionarlo? Si es que no han hecho nada, no han hecho nada. Lo único que hacen es alimentar a las mafias de okupación para que comercien con la desesperación de esas familias, y es lo mismo que hacen con la inmigración ilegal, exactamente lo mismo, porque lo único que hacen en lugar de ayudar en los países de origen y proteger las fronteras es colaborar con las mafias que se lucran comerciando con la vida de los inmigrantes. No sé si se ustedes se han dado cuenta o no, pero siempre están al servicio de los mismos, siempre: de los que comercian con la tragedia humana y de los que se enriquecen a su costa, y a nosotros nos encontrarán enfrente. Porque ustedes han convertido una España laboriosa en el paraíso de la delincuencia, ¿y saben qué? Que la gente está empezando a defenderse de ustedes, como ha sucedido recientemente en Premià de Mar. No proporcionan indemnizaciones a los hosteleros, no pagan los ERTE, no ofrecen soluciones a los trabajadores que quieren representar, y utilizan el dinero producido por los españoles para mantener a miles de invasores que asaltan nuestras fronteras, agrediendo además a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quizá quieren ustedes que los 40 000 inmigrantes que han entrado este año en España dispongan de una de las viviendas de cualquiera de los españolitos de a pie, ¿verdad? Eso es quizá lo que ustedes pretenden al sacarlos de los hotelitos de lujo que les han puesto.
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Muchísimas gracias. Termino. Si de verdad quieren acabar con este problema, señorías, nos sobran los 450 millones del ministerio feminista que se dedica a decirnos que nos oprime el color rosa. . Muchísimas gracias. .
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César Joaquín Ramos Esteban PSOE
Gracias, presidenta. Creo que la portavoz de la ultraderecha nos ha dicho claramente cuáles son las políticas que defienden para los españoles: eliminar las políticas que defienden a las mujeres. ¿Ese es el tipo de políticas que defiende la derecha de este país? También son españolas, también son parte de este país, igual debían defenderlas. Creo que con su última frase ha definido completamente cuál es la ideología de su partido que, por cierto, ya sabíamos y lo que nos preocupa es que a los señores del PP, a los señores de la derecha de esta Cámara, les moleste tanto que este Gobierno proteja a la gente más vulnerable de este país, que este Gobierno proteja a las víctimas de violencia de género, que este Gobierno proteja a los dependientes y que este Gobierno proteja a las personas que tienen menores a su cargo, porque es lo que hace este decreto, impedir que esas personas en la situación actual puedan ser desahuciadas en propiedades de grandes propietarios. Señores del Partido Popular, ¿por qué les molesta tanto? ¿Por qué les molesta tanto que un Gobierno socialista defienda a los débiles en este país, si además es lo que nos define, lo que vamos a seguir defendiendo y las políticas que vamos a seguir aplicando? .
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César Joaquín Ramos Esteban PSOE
Es curioso que, cuando nos hacemos esta pregunta, la respuesta la tiene el Partido Popular y lo que hizo cuando gobernaba. Cuando gobernó el Partido Popular hace muy poco lo que hicieron fue rescatar a los bancos y abandonar a las familias, a miles y millones de familias que esos bancos , con parte de los fondos, lo que hicieron fue, a precio de saldo, comprar propiedades para que muchas familias de este país tuvieran que abandonar su vivienda que durante…
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César Joaquín Ramos Esteban PSOE
Entiendo que le moleste tanto a la derecha, pero durante su Gobierno lo que hicieron fue rescatar a bancos y rescatar a fondos que a la vez permitían, a precio de saldo, hacerse con propiedades de esas familias vulnerables, de muchas familias trabajadoras de este país que con sus esfuerzos y con sus recursos de muchos años de trabajo consiguieron una vivienda que perdieron, y mi pregunta es: ¿Dónde estaba el Partido Popular defendiendo la propiedad privada de esa gente? ¿O es que esa propiedad privada no servía? ¿O es que lo único que defienden es la propiedad privada de los grandes fondos de inversión de los bancos, pero no el de las familias? Señores del Partido Popular, dejen de engañar, dejen de meter miedo a la gente y dejen de intentar crear un relato falso que no es cierto, y que saben que no es cierto. Este decreto, aparte de proteger a los vulnerables, protege a las familias y a los propietarios que tienen menos de diez viviendas de propiedad. Y yo me pregunto: Señores de Ciudadanos y señores del PP, ¿cuántas familias trabajadoras medias de este país tienen más de diez viviendas? Porque a lo mejor es que vivimos en mundos distintos y en mundos que no tienen nada que ver, y este decreto también les protege, igual que protege a aquellas familias que tienen una primera y una segunda vivienda que consiguieron con sus fondos. Señores del Partido Popular, ustedes saben que este Gobierno protege a todo el mundo y rescata a todo el mundo, independientemente de su condición y lo conocen perfectamente y lo vamos a seguir haciendo. Y, como decía, dejen de meter miedo porque este decreto a quien no protege es a aquellas okupaciones que se hacen con intimidación o violencia. Este decreto no protege a los que están utilizando esas viviendas para actividades ilícitas. Este decreto no protege a los okupas de viviendas sociales que están asignadas a algunas personas. Este decreto no protege a ninguno de esos, por lo que creemos que es razonable que intenten aprovechar el miedo de la gente, la desesperación de la gente y la situación de debilidad para hacer política. Creemos que lo que están intentando hacer, y llevan tiempo intentándolo, es una película de buenos y malos. La desgracia es que están intentando mostrar como los malos de la película a muchas de esas familias en las que a ninguno de nosotros gustaría vernos. No queremos seguir viendo imágenes, como se han visto demasiadas veces y de forma habitual, de desahucios de personas dependientes y de niños en la calle porque se permitía el desahucio de viviendas de grandes tenedores en este país. Y esto es lo que busca este decreto. ¿Es razonable que lo busquemos hacer? Es razonable que busquemos hacerlo. ¿Es razonable que protejamos a esa gente? Es razonable que protejamos a esa gente, y este Gobierno lo va a seguir haciendo. Señores de Ciudadanos, hablan aquí de su opción y de cómo creen que lo que tenemos que buscar es garantizar una alternativa habitacional. Sí, este decreto además habla de ello, habla de que las comunidades autónomas tienen que garantizar y buscar en ese tiempo una alternativa habitacional. Ustedes gobiernan en Madrid, Castilla y León, Murcia y Andalucía y lo tienen en su mano. ¿Por qué no lo hacen? Además, el Gobierno de España en estos presupuestos ha puesto la partida presupuestaria más grande de la historia de este país para políticas de vivienda. Háganlo. Nos gustaría mucho más que aplicaran los 150 millones que se han gastado y que se están gastando en el Hospital Zendal, sin médicos, en políticas que protejan a que la gente no se vea en la calle por una situación extrema, como la que están viviendo. .
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César Joaquín Ramos Esteban PSOE
Tenemos muy claro —termino— que a nadie se le corta el debate y que todos los grupos parlamentarios van a tener la oportunidad de debatir con el ministro el jueves en la convalidación del decreto. No digan que en esta Cámara no se debate ni que el ministro de Transportes no busca la posibilidad de que se debata con él. El jueves se volverá a demostrar, como tantas otras veces, y podrán expresar allí lo que quieran, pero dejen de meter miedo a la gente con las situaciones complicadas que tienen muchas familias. Muchas gracias. .
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Rodrí Guez Herrersin identificar
Gracias, presidenta. Señorías, la verdad es que, a pesar de lo que se oye y se atiende, cuesta trabajo cambiar el chip y ponerse en la cuestión, pero me pondré. En los últimos días hemos asistido a una sucesión de acontecimientos que han alarmado a la sociedad en un tema tan importante y trascendental para el presente y el futuro de nuestro país, como es la reforma de nuestro sistema de pensiones. Hemos vivido desde episodios de descoordinación entre las dos facciones del Gobierno —o más bien auténtica oposición de un socio del Gobierno contra el otro— hasta la pérdida de la templanza que se le presupone a un ministro de España en un medio de comunicación y las filtraciones de diferentes documentos. Todo ello no ha hecho sino incrementar la desconfianza general de los ciudadanos, algo que la verdad es que lleva siendo recurrente en la gestión de este Gobierno en los últimos tiempos. Desde el mes de diciembre se lleva especulando con la posibilidad de la ampliación de 25 a 35 años para el periodo de cálculo sobre las pensiones. El domingo, 17 de enero, el vicepresidente Iglesias manifestaba en una entrevista en horario prime time en televisión, que alguien le habría encargado al ministro Escrivá ese planteamiento, pero garantizaba que no llegaría al Parlamento. Este pasado miércoles el ministro Escrivá, en una sorprendente entrevista, por la forma y el fondo, matizaba las reformas que se estaban proponiendo, indicando que esa propuesta era falsa y que no había existido. Ese mismo miércoles 20, y durante el día siguiente, en, como decía antes, una esperpéntica situación, conocíamos el documento donde se detallaba precisamente esa propuesta, y al mismo tiempo se hacía público el documento definitivo enviado a Europa, donde se esbozaban unas reformas llenas de generalidades, de trazo grueso, que requerirán en las próximas semanas de mucha más concreción. ¿No creen que toda esta sucesión puede preocupar a los españoles? ¿Podemos llegar a normalizar, es decir, a que parezcan normales las luchas cainitas dentro del Gobierno y que el ministro nos mienta? Señorías, es extremadamente importante esta comparecencia que pedimos —parece que él la ha pedido también— del señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante los representantes de la soberanía nacional para que explique las medidas que realmente se están estudiando, dentro del plan de reformas que se habrá de presentar a la Comisión Europea, para que informe sobre cómo se pretende garantizar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, y cómo va a buscar el máximo consenso posible para una reforma que debe contar con el respaldo mayoritario de la Cámara, en especial de los partidos con vocación de Gobierno, si lo que se pretende es la estabilidad del sistema y reformas eficientes y perdurables en el tiempo. Señorías, para acceder a los 140 000 millones que le corresponden a España y diseñar un plan de reformas e inversiones deberían haber sido una prioridad la transparencia y el diálogo con la oposición. Los valores no se alardean, se actúan o se ponen en marcha. El Partido Popular les ha ofrecido amplios acuerdos a lo largo de esta legislatura, desechados siempre por el presidente del Gobierno, y en esta ocasión, para una reforma de tanto calado, ya se lo hemos demostrado con nuestra voluntad de acuerdo y el acuerdo que alcanzamos en el Pacto de Toledo. Sin embargo el Gobierno no ha buscado el diálogo con la oposición para consensuar las propuestas a enviar a la Unión Europea. Entendemos la necesidad de buscar consensos con los agentes sociales, pero, señorías, el riesgo de romper el contrato intergeneracional que supone nuestro sistema de pensiones es elevado y, puesto que lo que entiende el Gobierno por rendición de cuentas son actos de propaganda y la transparencia ha sido sustituida por la opacidad y la arbitrariedad, es deber de todos los grupos generar un debate serio sobre estas cuestiones en el Parlamento, además del que hemos cerrado hace pocos días. Están dibujando un escenario de arenas movedizas. Una reforma como la ampliación del cómputo para el cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, que se lleva a un borrador que tenemos que conocer por los medios de comunicación, donde ustedes mismos plantean un cálculo que supone un recorte en las pensiones de nuestros hijos y de nuestros nietos del 6,3 %, y donde indican que su impacto no será uniforme y que exigirá la modificación de una ley tan importante como es la Ley General de la Seguridad Social exige, cuando menos, una explicación. En especial, porque en su segundo documento enviado a Europa pasan de lo concreto a lo genérico. Siguen dejando abierta esta posibilidad en su redacción, mencionando que plantearán la ampliación y adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora y anticipando en el documento la revisión del procedimiento actual de integración de lagunas de cotización. En resumen, un catálogo de voluntades falto de compromisos serios. Estamos muy preocupados por nuestro sistema de pensiones, que es un pilar fundamental de nuestro Estado del bienestar en el que el gasto en pensiones supone un 12 % del PIB. Por tanto, la primera prioridad tiene que ser garantizar su sostenibilidad financiera, un equilibrio entre ingresos y gastos a largo plazo y una clarificación del origen de los recursos que financiarán el gasto en pensiones. Lo que están planteando es una reforma estructural de las fuentes de financiación de la Seguridad Social que afectará al conjunto de los Presupuestos Generales del Estado de los próximos años, y por eso es tan importante. En segundo lugar, nos preocupa la equidad intergeneracional del sistema, ya que de una forma u otra puede verse afectada cuando se pretenda llevar a cabo la concreción de las ineludibles reformas que debemos afrontar para poder recibir los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La ambigüedad del texto que han enviado a Europa sobre esta cuestión deja tanta incertidumbre como posibilidad de que suponga un recorte en las pensiones y, por tanto, una fuente de problemas en el futuro. Señorías, son muchos los frentes que se han dejado abiertos: ampliación del número de años para calcular la base reguladora, alargar la edad de jubilación, la cotización de los autónomos por sus ingresos reales, cómo pretenden sustituir el índice de revalorización de las pensiones e instaurar una nueva fórmula para mantener su poder adquisitivo y otras muchas. En definitiva, ahora que estamos viviendo el cambio en el Gobierno de Estados Unidos, permítanme que recuerde a Bill Clinton cuando dijo que a medida que somos más diversos debemos trabajar más unidos alrededor de unos valores comunes. Somos conscientes de la histórica respuesta que Europa ha dado a esta crisis, cimentada precisamente en valores comunes y en la solidaridad entre países, y liderada por miembros del Partido Popular Europeo como Angela Merkel o Ursula von der Leyen. Si queremos garantizar que los fondos europeos que tenemos asignados, y que son de todos los españoles, lleguen sin contratiempos creemos que resulta razonable y conveniente esta solicitud formal que hemos hecho que no sé cómo se votará, pero que parece que se va conseguir, puesto que el ministro ha pedido voluntariamente su propia comparecencia. Muchas gracias. .
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Muchas gracias, señora presidenta. Intervengo brevemente, porque parece que se ha anunciado por parte del ministro su voluntad de comparecer en la Cámara, lo que entendemos que es fundamental. Ya decía también esta mañana el señor Errejón que el desprecio del Gobierno por el Parlamento y, en este caso, por el Congreso de los Diputados está claro. Al final se saltan al Congreso y se van directamente a Bruselas a negociar o a hacer las cosas que en principio tienen que pasar por el Congreso y que tienen que ser aprobadas aquí. Parece que lo que ha ocurrido es que la parte socialista del Gobierno tenía muy claro que había que aumentar los años de cotización para calcular la pensión de 25 a 35 años y que en este caso la otra parte, Podemos, ha puesto pie en pared y le ha impedido hacerlo. De ahí el enfado del ministro y el bochornoso espectáculo que se ha dado en los medios de comunicación, porque lo que ha quedado claro es que la voluntad del Partido Socialista era aumentar la cotización a 35 años. En el tema de las pensiones, que es muy sensible, y después de hablar en el Pacto de Toledo de todas las cuestiones que tienen que ver con este asunto, lo normal es que hubiera un amplio consenso en esta Cámara. Pero vuelvo a insistir en que el desprecio del Gobierno por esta Cámara es tremendo. En ese sentido, esperamos las explicaciones del ministro, aunque igual también sería bueno pedir explicaciones a la otra parte del Gobierno para saber cuál es la posición de Podemos respecto a esta cuestión. A ver si entre los dos se llega a una fórmula que sea buena para el conjunto de los españoles, porque cuando hablamos de pensiones hablamos de millones de personas, de mucho dinero y, sobre todo, de la calidad de vida de las personas. Muchas gracias.
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Oskar Matute García de Jalón EH Bildu
Muchas gracias, señora presidenta. Es evidente, por lo menos para nosotros, que existe una cierta analogía entre este debate de las pensiones y el debate que hemos tenido justo al comienzo de esta Diputación Permanente relativo a los fondos europeos. En ambos hay condiciones o exigencias de las instancias europeas con el Estado español que contravienen incluso el acuerdo de Gobierno, y que hacen que ministros de este Gobierno estén llevando a efecto propuestas o las estén filtrando, dando lugar a que los medios de comunicación informen sobre propuestas que nada tienen que ver con lo que aparentemente eran los acuerdos de Gobierno de las dos formaciones políticas ―serán ellos quienes lo aclaren― pero tampoco con consideraciones que en esta Cámara se han hecho, como la del propio Pacto de Toledo. Nos hemos despertado con una propuesta que pudo haber sido planteada en los debates del Pacto de Toledo pero que no fue planteada, y que después aparece quizá por exigencias de la Unión Europea. Esa medida en concreto, la de elevar el periodo de cotización de 25 a 35 años, hace que los pensionistas y las pensionistas vayan a cobrar menos dinero. Es decir, les vamos a volver a castigar. No solo les castigamos en la crisis del 2008, no solo siguen siendo los más castigados en esta pandemia, sino que ahora vamos a pensar que la recuperación económica, la que nos exige Europa, pasa por penalizar todavía más a nuestros mayores. Nosotros no vamos a decir nada novedoso ni que resulte chocante para nadie. Nosotros y nosotras, la gente de Euskal Herria Bildu, no vamos a apoyar ni un solo recorte de este ministerio ni de ningún otro. No tenemos ninguna obligación de apoyar lo que no nos gusta, y desde luego no nos gustan los recortes, no nos gusta que se aumente la edad de jubilación para que cobre menos la gente que ha estado toda su vida trabajando, porque creemos que así se erosiona la equidad de la sociedad, porque también creemos que se frena la hipotética recuperación económica, pero fundamentalmente lo hacemos también por respeto a nuestros mayores, a los mayores de Euskal Herria, que llevan tres años en la calle, lunes tras lunes, incluso muchos lunes durante la pandemia, manifestándose por pensiones dignas, manifestándose por una pensión mínima de 1080 euros. Y lo que hoy se les propone o lo que vemos que se empieza a proponer no es sino una nueva patada contra ellos. Seguramente tendremos que entrar en el debate de si es sostenible o no es sostenible, si la mochila austriaca es la solución o no lo es ―para nosotros no es la solución―. En cualquier caso, el debate sobre la sostenibilidad del modelo de pensiones siempre es un debate falso, y el ministro Escrivá lo sabe mejor que yo, porque antes de ser ministro fue presidente de la AIReF, que sabe mucho y ha dicho mucho sobre lo que supone el fraude fiscal en el Estado español, sobre lo que supone que haya gente que defrauda sistemáticamente dinero a las arcas públicas. Solo con la mitad del dinero que dice AIReF que se defrauda a las arcas públicas se podría pagar sin ningún problema todo el sistema de pensiones con carácter público y general. Por tanto, queremos que se debata este asunto, aunque no ha lugar votar a favor de la comparecencia, porque ya ha manifestado que va a comparecer. En todo caso, ese debate afecta de manera fundamental a lo que somos, a la memoria de los que han hecho posible lo que somos y, sobre todo, al futuro de muchos.
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Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV
Muchas gracias, presidenta. Brevemente, ya que sabemos que el ministro ha pedido la comparecencia para dar cuenta de esta cuestión, y con carácter más general entendemos que sobre los planes o las intenciones del Gobierno sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. No obstante, en este punto sí quería dejar de manifiesto —y también se ha indicado por algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra— que no deja de ser un botón de muestra del signo de los tiempos de cómo se practica la política a través de globos sonda, de gestión pública en redes sociales, de gestión en medios de comunicación, de ruedas de prensa, de declaraciones, de comunicaciones a la unión, pero el único foro en el que no es nuclear —lo digo con carácter real, no es una cuestión solo de este Gobierno, sino que creo que es una cuestión general— es la Cámara, el Poder Legislativo, y se produce una fragilización del Poder Legislativo. Entonces, en una cuestión tan delicada como es la sostenibilidad de las pensiones, y, además, con la cercanía en el tiempo que tenemos del acuerdo en el Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad, y el compromiso del Gobierno de comparecer ante el Pacto de Toledo, en la Comisión correspondiente de la Cámara, para dar cuenta de sus intenciones, vemos que ha pasado muy poco tiempo desde el Pacto de Toledo y, sin embargo, entre comillas, volvemos a las andadas, porque nos desayunamos con noticias en los medios, con declaraciones, etcétera. Entonces, es lógico que en la Cámara se reaccione airadamente y que reclame la presencia de los miembros del Gobierno, que han ido generando una sensación, unas opiniones, bueno, globos sonda. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no haber pedido la comparecencia motu proprio, sino reaccionar a cuando nos encontramos normalmente en diputaciones permanentes. Claro, este es un patrón —y hoy lo hemos visto en varios puntos— que lo vamos viendo en distintas sesiones de esta Diputación Permanente y lo seguiremos viendo. Nuestro grupo parlamentario, ¿qué tiene que manifestar? Pues, simplemente, que el ministro debe que comparecer inmediatamente, ahora ya, reactivamente, una vez que se ha pedido esta comparecencia urgente, pero que lo suyo hubiera sido que, antes de hacer todas estas declaraciones y generar estas sensaciones y estas contradicciones, en definitiva esta incertidumbre en una cuestión tan fundamental, hubiera informado, con carácter previo o al menos simultáneo, a esta Cámara. Muchas gracias.
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Gracias, presidenta. Nuestro voto va a ser favorable; nuestro voto va a ser que sí. Por supuesto que el Gobierno tiene que venir a esta Cámara a explicar si va a ampliar de 25 a 35 años el período de cotización para el cálculo de las pensiones; no hay más, no hay otra alternativa. Por eso comienzo adelantando que votaremos a favor de esta comparecencia. El ministro Escrivá tiene la obligación de venir al Congreso a explicar a todos los españoles si esta medida supondrá un recorte de hasta un 6 % en las pensiones del futuro. Miren, señorías del PSOE y de Podemos, ustedes llevan semanas dando un espectáculo lamentable. Esta misma mañana siguen ustedes en los medios de comunicación. Están demostrando que su Gobierno no es capaz de ponerse de acuerdo en un asunto tan importante como este; y están permitiendo que sus diferencias se hagan públicas de forma bochornosa en un tema crucial para el futuro de los españoles, para el futuro de las generaciones de españoles. Esto es una irresponsabilidad. La estrategia de una parte del Gobierno de filtrar documentos a la prensa para ganar fuerza y poco mediático es del todo inadmisible. Su tarea es gobernar, pero parece que prefieren seguir siendo ustedes tertulianos. En esto tienen la misma culpa los que filtran como los que lo permiten, porque, señorías del PSOE, tenían ustedes una alternativa a Podemos y a sus políticas. La última vez que quedó claro fue en la negociación de los presupuestos; de aquellos socios, estos lodos. Esta incertidumbre, en un asunto de tanta importancia como es el de las pensiones no se puede permitir. El Gobierno debe acudir a esta Cámara no solo a dar explicaciones, sino a comenzar un diálogo con las diferentes fuerzas políticas para lograr un consenso que asegure la sostenibilidad del sistema de pensiones, que, no nos olvidemos, es uno de los mecanismos de reducción de las desigualdades más importantes que hay en nuestro país. Esta reforma deberá ir más allá de lo ya acordado por la Comisión del Pacto de Toledo, y creo ―creo de verdad― que todos somos conscientes de ello. Al menos en Ciudadanos lo somos, como también lo es el Gobierno y el resto de grupos, aunque algunos quieran tomar una postura del todo irresponsable porque están en la oposición o, lo que es peor, porque están en la Moncloa. La reforma de las pensiones es la piedra angular de un contrato entre generaciones, ya que debe encontrar un equilibrio que nos permita disfrutar a todos de un derecho conseguido tras muchos años de carrera profesional. Tengo que recordarles, señorías, que España ha adquirido unos compromisos en materia de reformas a cambio de un salvavidas que será probablemente la última oportunidad de nuestro país para seguir perteneciendo a la locomotora de la Unión Europea y no quedar relegados a los vagones de cola. Por eso, desde Ciudadanos vamos a tender la mano al Ejecutivo e invitarle a que sume fuerzas más allá de sus socios de investidura, que sume apoyos que antepongan el interés general a los cálculos partidistas, y, por supuesto, ya que su portavoz ―la portavoz del Grupo Popular― ha manifestado su verdadera preocupación por este tema, también invitamos al Partido Popular a comportarse de forma responsable. Ustedes, señorías del PP, también son conscientes de los problemas de sostenibilidad a los que se va a enfrentar nuestro sistema de pensiones en un futuro no tan lejano, y aquí lo han hecho constar. Por favor, dejemos de jugar a la política porque nos jugamos mucho en esta materia. Debemos hacer una reforma con amplio apoyo del arco parlamentario, de las formaciones moderadas que aseguren la permanencia de estas medidas en el futuro. Ya se ha demostrado que Unidas Podemos no es del todo fiable ni en este ni en otros muchos asuntos, y esperamos que el Partido Socialista ya se haya dado cuenta. No necesitamos un intercambio de declaraciones histriónicas, acusaciones, enfados y mítines políticos a través de la televisión o las redes sociales. Lo que España necesita en materia de pensiones es un debate sereno con datos, con expertos y con propuestas serias, y ahí es donde podrán encontrar a mi grupo parlamentario, donde encontrarán a Ciudadanos. Muchas gracias. .
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Gracias, presidenta. Recuerdo mucho una cosa que decía una docente de Lenguas Románicas, y es que es necesario utilizar el lenguaje sin pervertirlo y no pretender disfrazar de eufemismo lo que en realidad quiere decir otra cosa. Reformar no es recortar y, además, reformar no puede ser en ningún caso recortar. Hay economistas que plantean que la sostenibilidad del sistema de pensiones va por la vía de desindexar el crecimiento del IPC, de ampliar el periodo de cálculo, de recuperar el factor de sostenibilidad, pero en un momento en el que el 66 % de las pensiones están por debajo de los 1000 euros, eso las pondría gravemente en un problema de suficiencia. Nosotras lo que decimos, lo que hemos dicho siempre, lo que seguimos diciendo ―ya que hay quienes parece que no tienen muy claro cuál es nuestra postura cuando la hemos expresado, yo creo que con mucha claridad, siempre que podemos― es que hay que incrementar los ingresos de la Seguridad Social, garantizando así tanto la sostenibilidad de las pensiones como garantizando también su suficiencia. El gasto actual que tenemos está en el 11 % del producto interior bruto y calculamos que en 2050 la jubilación de la llamada generación baby boom ―y esto lo estamos haciendo sin aplicar el factor de sostenibilidad e incrementando la subida del IPC― nos llevaría a un 15 % del producto interior bruto. Eso es un reto, pero reto no significa drama, reto no significa quiebra; reto significa tener que elegir, y si elegimos aumentar ingresos destopando las cotizaciones más altas y también reformando el régimen de las personas autónomas, y si elegimos eliminar los gastos impropios y llevarlos a los Presupuestos Generales del Estado, entonces la subida que tendríamos sería de 2 puntos más. Es decir, en 2050 estaríamos en el 13 % del producto interior bruto. Esto es muy razonable, esto es una cuestión de justicia cuando tenemos una población envejecida. Ampliar el periodo de cálculo no está en el Pacto de Toledo, así que si hay alguien que ahora quiere hablar de esto será que no está respetando el Pacto de Toledo, y además no es justo. No es justo porque genera más precariedad en aquellos trabajos feminizados, que ya son de por sí precarios, genera más precariedad en todos aquellos empleos informales, como pueden ser los de los y las trabajadoras de la cultura, genera más precariedad sobre la precariedad. Las energías tenemos que volcarlas en la generación y en el impulso de subir la tasa de empleo y en la mejora de las condiciones laborales. Elevemos la tasa de empleo, sobre todo la de las mujeres. Apostemos por un sistema nacional de cuidados que comprenda que la corresponsabilidad no es una cosa entre hombres y mujeres, sino que el Estado es el que tiene que hacerse cargo porque todas las personas tienen derecho a ser cuidadas, porque lo vamos a necesitar todas al menos en alguna etapa de nuestra vida, y esto no puede seguir recayendo sobre los hombros de quienes trabajan pero no tienen empleo, de quienes trabajan pero no cotizan, de quienes trabajan pero no tienen reconocimiento. Generemos empleo, generemos empleo en las mujeres. Estamos por debajo de la media de la Unión Europea, que nos situaría en un 68 %, ya que estamos en un 62 %. ¿Saben dónde están los países del norte de Europa? En el 80 %. Así que no nos cuenten tampoco que esto se trata de un acuerdo generacional que se ha tenido que hacer con mucho cuidado. No hay ningún conflicto generacional. A la generación de los eco boomers, que es la generación a la que pertenezco y que somos hijos e hijas de la generación del baby boom, nos preocupan las condiciones laborales en las que estamos hoy y también nos preocupa, sí, poder pensar en una pensión a futuro, así que vamos a estar defendiendo un sistema de pensiones que sea garantista en su suficiencia y que además sabemos que puede ser estable. Solamente hay que elegir y saber que el reto es elegir pensando en la ciudadanía y en el bien común. . Gracias.
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Víctor González Coello de Portugal VOX
Muchas gracias, señora presidenta. Me sorprende, como se ha dicho ya por algún colega, que no haya pedido la comparecencia directamente el ministro. La verdad es que me deja perplejo. Sin embargo, la realidad es que ha habido 298 señorías de esta Cámara que han votado un estado de alarma, un estado de excepción, es decir, que han dado a dos zorros, el señor Iglesias y el señor Sánchez, la entrada libre al gallinero, han cerrado la puerta con los zorros dentro y han tirado la llave. Mientras que uno se come las gallinas, presumimos, el otro las debe estar azotando. Solo los 52 de VOX se han posicionado claramente en contra de este estado de alarma. Es curiosísimo que el Pacto de Toledo haya llegado a una serie de acuerdos y que el ministro haya hecho algo que no había dicho y que se le había preguntado reiteradamente en el Pacto de Toledo si iba a hacer. Es la política de este Gobierno, la política de la mentira. Que el Pacto de Toledo diga que puede garantizar las pensiones también es sorprendente, porque no somos nadie, ni mucho menos el Pacto de Toledo, para garantizar nada. Eso es una simple ecuación matemática que es imposible que se cumpla. Este Gobierno subió las pensiones a principios de año. Y yo me pregunto: ¿por qué las subió? Probablemente porque sabía que a final de año las iba a bajar un 6 %. Por tanto, subir un 0,90 % no era mucho. Está bien recordar las anteriores ampliaciones de la base reguladora para el cálculo de pensiones. La primera fue en el año 1985, de dos a ocho años, por parte del PSOE; la segunda, en el año 1996, de ocho a quince años, por parte del Partido Popular, y la tercera fue en el nefasto año 2011, por parte del PSOE, de quince a veinticinco años, y además ese año congeló las pensiones a seis millones de españoles. La realidad es que nosotros estamos mucho peor que hace un año cuando señalamos la necesidad —y se lo dijimos— de hacer reformas estructurales: reducir el gasto político, centrar cada euro en lo necesario, un plan de natalidad y unos Presupuestos Generales del Estado creíbles. Lo hicimos en el primer Pleno, el 4 de febrero del año 2020, con relación al que luego fue el Real Decreto 1/2020. Estoy convencido de que todos queremos que nuestros mayores tengan un poder adquisitivo mayor, especialmente cuando su trabajo ya honraron las pensiones de sus padres. Pero la cuestión no es si se está a favor o no de ampliar el periodo de cotización. Yo creo que la cuestión es si este Gobierno tiene la credibilidad para seguir gobernando, un Gobierno que miente, que engaña sistemáticamente. Esa es la primera. La segunda es el problema propio de la viabilidad del sistema público de pensiones, actualmente con un déficit que irá aumentando con los años, un sistema de reparto que se ha convertido en un esquema Ponzi por la incompetencia y cobardía de los distintos Gobiernos a la hora de introducir las reformas necesarias. La Seguridad Social acumula una deuda superior a los 70 000 millones de euros, que es básicamente lo que recaudamos en un año bueno por conceptos de IRPF. El Gobierno sabía a principios de año que era imposible subir las pensiones sin incrementar la deuda, sin aumentar el déficit público y sin introducir medidas que solventen el problema demográfico. Y no lo hizo. Plantear una subida de pensiones en ese momento, sin un marco de reformas que hiciera posible la viabilidad social y que naciera del sistema, fue un ejercicio de irresponsabilidad que estamos pagando ahora y que vamos a pagar los próximos años. En el corto plazo esta decisión revistió una especial gravedad, además de para el déficit de la Seguridad Social, para el déficit de las administraciones públicas en su conjunto. El ministro ha hecho suyo el viejo adagio de Keynes: «A largo plazo, todos estaremos muertos». Y me permito añadir: Que esto venga y lo solucione otro. Pero podemos sospechar que ya sabía todo esto el ministro, que es un señor bien formado, y por eso lo hizo, porque sabía que iba a bajar las pensiones a final de año más de un 6 %. ¡Qué hipocresía! En definitiva, el Gobierno sustituye un sistema, discutible o no, por la más absoluta discrecionalidad, y por eso el ministro actúa a espalda de los ‘Panchos de Toledo’. Sí, señorías, porque no sé para qué ha servido el Pacto de Toledo desde el año 1995, porque el problema de las pensiones no se ha solucionado y los miembros del Pacto de Toledo han cobrado todos ellos sus dietas, como buenos gobernadores de una ínsula, al más puro estilo Sancho Panza, mientras que el problema no se ha solucionado. . Menos Pacto de Toledo y más certezas. La única certeza, hoy, es que el sistema no es sostenible. La tesis de que la financiación del sistema de pensiones devendrá de una mejoría en las tasas de empleo es un ejercicio de voluntarismo. Todos los partidos del espectro parlamentario, excepto los 52 de VOX, han creado un mito, que los inmigrantes que llegan a España legal o ilegalmente vienen a salvarnos las pensiones. Esto es otro argumento falso, que no se sostiene cuando se comprueban los números. A pesar de esta certeza empírica, y nos preocupa, el ministro Escrivá es un firme defensor de la inmigración masiva, cuyo objetivo es paliar, según sus tesis, la escasez de mano de obra con trabajadores extranjeros. Lleva años asegurando que España necesita diez millones de inmigrantes. Los inmigrantes llegan a España como si fuera una tierra de promisión…
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Víctor González Coello de Portugal VOX
Veinte segundos. Los inmigrantes llegan a España como si fuera una tierra de promisión por culpa de los Gobiernos que les prometen lo que no quieren cumplir. VOX quiere garantizar un modelo de cobertura de retiro, que sea viable y garantice a los españoles unas pensiones, pero esta solicitud no va solo de la forma de actuar de este Gobierno y de su ministro, al decir una cosa e intentar hacer otra, o de eludir sistemáticamente la labor de control de esta Cámara, o incluso de la Seguridad Social. Esto va del Reino de España, de su capacidad de financiar su déficit anual y de refinanciar su deuda, en máximos en los dos casos, por cierto. Por eso, es bueno que venga el ministro, aunque sea a mentir. Pero mucho nos tememos que la política económica de la coalición progresista de este Gobierno es un programa incompatible con la estabilidad, con el crecimiento, con la defensa y creación de puestos de trabajo y, por supuesto, con la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Gracias. .
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María Mercè Perea i Conillas PSC-PSOE
Gracias, presidenta. Señora portavoz del Partido Popular, ¿ha visto lo que ha conseguido sacando el debate fuera del Pacto de Toledo? ¿Ha visto lo que ha conseguido? Desde luego, espero que no sea dilapidar el acuerdo. .
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María Mercè Perea i Conillas PSC-PSOE
Espero que no sea dilapidar… .
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María Mercè Perea i Conillas PSC-PSOE
Espero que no sea dilapidar el consenso. Desde luego, este Grupo Socialista no lo va a consentir. Nos ha costado mucho llegar a este acuerdo, ha sido un esfuerzo de todos y no podemos ponerlo en cuestión. Por eso, votaremos a favor de la solicitud de la comparecencia, por considerar imprescindible la máxima transparencia cuando hablamos de medidas que afectan a toda la ciudadanía, como es nuestro sistema público de pensiones. A nadie se le escapa que el reciente acuerdo del Pacto de Toledo, aprobado en el Pleno de la Cámara en noviembre de 2020, se ha logrado con el máximo consenso, tras casi diez años desde el último acuerdo, y después de más de cuatro años de duros trabajos para llegar a un acuerdo, viniendo de posiciones muy polarizadas. Un acuerdo que, entre otras cuestiones, puso negro sobre blanco la recuperación del IPC como fórmula de garantía del poder adquisitivo y que arrinconó el pírrico 0,25 % de la reforma del Partido Popular, porque no gozaba ni goza de consenso político y social. Un acuerdo que garantiza la suficiencia y que busca un índice que la garantice a lo largo del tiempo de forma sostenida. Un acuerdo que pretende la necesidad de buscar medidas a corto, medio y largo plazo que sostengan el sistema, y para prueba estos Presupuestos Generales del Estado, donde se garantiza la sostenibilidad económica y también social, con transferencias desde el Estado y también con el IPC como garantía de poder adquisitivo, y todo ello para generar certidumbre. Un acuerdo, el del Pacto de Toledo, que es clave porque marca un antes y después a muchos niveles, sobre todo a niveles interinstitucionales, en aras de la transparencia. Se busca blindar el Estado del bienestar, en garantía de equidad, de solidaridad y de cohesión social. ¿Y ustedes consideran que estos Presupuestos Generales del Estado, que lo garantiza con medidas a corto y a medio plazo, es una falta de compromiso de este Gobierno? Creo que vuelven otra vez a la dinámica de poner en cuestión un sistema que ha empezado ya a caminar hacia su sostenibilidad. Si quieren ver si hay un antes y un después, léanse la recomendación número 20 ―y cito textualmente―: «La Comisión es consciente de que las proyecciones a largo plazo tienen un elevado margen de incertidumbre, por lo que resulta indispensable una colaboración fluida y continuada con las diferentes instituciones públicas ―y expresamente hace mención a la AIReF, un organismo que es independiente y que garantiza que los indicadores sean reales y objetivos y que va a asistir al Pacto de Toledo―». No siendo ello suficiente, además esta recomendación 20, intensifica el seguimiento sobre la suficiencia de las pensiones, sobre el equilibrio financiero y también en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social. Además, estas recomendaciones garantizan la transparencia ―algo que ustedes han pretendido poner en cuestión― porque asegura que el Gobierno comparezca de forma periódica. Y así lo dice expresamente incluso la propia recomendación. Asimismo, vamos a hacer un seguimiento del estudio que hizo la AIReF, el 9 de enero de 2019, porque tendrá que informar a la Comisión de medidas posibles para hacer frente a los diferentes escenarios demográficos que proyectan para el futuro. Son unas recomendaciones claras, en las que no consta, en ningún caso ―y lo dice el Grupo Socialista así de claro―, ninguna ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de veinticinco a treinta y cinco años, con lo cual no nos pongamos nerviosos. Señorías, el sistema de pensiones no se entiende sino desde una perspectiva holística. Como diría José Antonio Panizo, que fue director general de Ordenación de la Seguridad Social, entre otros muchos cargos, y a quien he nombrado en muchas ocasiones, la maquinaria del sistema público de pensiones es de relojería suiza; no se puede tocar una pieza que no desajuste otra, de manera que ha de entenderse en todo su conjunto. Por tanto, su estudio no puede entenderse de otra manera, como ustedes plantean en esta petición de comparecencia. No acabamos de entender, señora portavoz del Grupo Popular, esta petición en la que hacen residenciar su objeto en que aclare si se va a ampliar el plazo de veinticinco a treinta y cinco años. Esta portavoz tiene la sensación de que el Partido Popular parece que no haya gobernado nunca, ya que no sabe lo que son estudios internos ni sabe lo que es realmente el Pacto de Toledo, algo que nos entristece y le diré por qué. Traer a debate en esta Diputación Permanente una cuestión puntual, como la de los veinticinco o treinta y cinco años, distorsiona el debate sano y sincero que hemos tenido en el Pacto de Toledo. Y no quiero pensar que sea por una cuestión partidista, sería tanto como dilapidar el acuerdo. En cualquier caso, y voy acabando…
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María Mercè Perea i Conillas PSC-PSOE
Reitero que votaremos a favor de esta comparecencia. Añado que el ministro, como han dicho otros portavoces, en un ejercicio de transparencia, vendrá a esta Cámara a dar cuentas porque en el sistema de pensiones solo cabe generar certidumbre y eso es lo que tenemos que hacer entre todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias. .