Pleno del Congreso n.º 76 · XIV legislatura

Yolanda Díaz Pérez EC-UP

Buenos días. Comparezco ante ustedes para exponer el contenido y alcance del Real Decreto-ley 2/2021, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. Esta norma es la consagración de un esfuerzo colectivo. Se trata de una norma trascendental que proporciona estabilidad al sistema de protección frente a la crisis. Es una norma que revela la capacidad de construir consensos y nos habla de la responsabilidad de los agentes sociales y del Gobierno, de nuestro trabajo conjunto. Les pido, señorías, que acompañen ese compromiso de futuro y apoyen hoy su ratificación parlamentaria. Les pido algo más, que sigamos trabajando, codo con codo, para hacer frente a los enormes retos que tiene nuestro país. Todas las ideas, señorías, son bienvenidas. Como afirmaba la pensadora, jurista y escritora ferrolana, Concepción Arenal, toda voz que se levanta y no escucha otra que la contradiga se convierte en voz de mando. El Real Decreto-ley 2/2021 da cuerpo normativo al IV Acuerdo social en defensa del empleo. Es el último de una serie de acuerdos fruto de esa polifonía de voces y compromisos, que ha permitido que las medidas excepcionales provocadas por la crisis sanitaria hayan ido adaptándose y evolucionando. Desde el primer Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, hasta el que hoy se somete a su consideración, se han promulgado un número considerable de normas de crisis; normas que han situado la eficaz figura de los ERTE en el centro de una respuesta ágil basada en la protección de las diversas situaciones, colectivos y necesidades. Este real decreto-ley continúa el camino iniciado para salvar al empleo y salvar a los sectores productivos, pero, además, introduce correcciones y mejoras y establece las pautas para una mayor efectividad en la cobertura y en el control de las prestaciones y garantías establecidas; controles eficaces, pero al tiempo ágiles para que las empresas y trabajadores puedan acceder a la protección sin asumir cargas burocráticas. Paso a continuación a exponerles, en cuatro bloques, los principales contenidos de este real decreto. El presente real decreto-ley prorroga el mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 31 de mayo de este año. Se podrán así mantener, regenerar y generar las tres manifestaciones de ERTE establecidas en el Real Decreto-ley 30/2020: primero, los ERTE ordinarios de fuerza mayor y por causa ETOP; segundo, los ERTE por impedimento y, tercero, los ERTE de limitación de actividad. . Establecemos el alcance de cada una de estas tres figuras, las exenciones en la cotización empresarial a la Seguridad Social y las respectivas prestaciones por desempleo.

Yolanda Díaz Pérez EC-UP

La experiencia de los ERTE nos ha mostrado que es posible blindarse ante la destrucción de empleo, incluso en las más adversas circunstancias. Ese es el escenario que está construyendo el presente real decreto-ley y que incorporará la dinámica de flexibilidad interna al funcionamiento ordinario de nuestro mercado de trabajo; una alternativa a los despidos ante las caídas en la actividad, fórmula privilegiada en la anterior crisis financiera. Hemos pensado los ERTE también como vehículo para propiciar oportunidades formativas que nos permitan estar mejor preparadas y preparados frente a las transiciones profesionales. Queremos avanzar en la especialización de nuestras empresas aprovechando el parón productivo impuesto en algunos sectores por las circunstancias sanitarias. Y eso es lo que hemos hecho durante los ERTE con dos fórmulas diferentes y complementarias: la formación proporcionada por las propias empresas a sus plantillas y la formación ofertada en convocatorias estatales. Fruto de esta estrategia que nos compromete y que será emblema de nuestra gestión, más de un millón de personas trabajadoras durante su permanencia en ERTE han accedido a acciones formativas que son una garantía de empleabilidad y de futuro. Se prorrogan los ERTE por fuerza mayor y por causa ETOP hasta el próximo 31 de mayo y se mantiene la posibilidad de nuevos ERTE por causa ETOP y de nuevos ERTE por fuerza mayor para sectores específicos, siempre con el propósito de ayudar donde más se necesita. En definitiva, este texto da continuidad a aquello que nos ha servido para mantener el escudo de protección frente a la pandemia. Se mantienen así los ERTE por impedimento y por limitación de actividad, figuras específicas de crisis sanitaria prorrogadas, como les he dicho, hasta el próximo 31 de mayo. El texto renueva el cuidado sistema de incentivos al mantenimiento del empleo establecido con anterioridad. Por ello se establece la prohibición de despido cuando la figura adecuada hubiera sido el ERTE, así como el compromiso de actividad durante seis meses. Por la misma razón se aplica la interrupción de la duración máxima de los contratos temporales y se establecen limitaciones o incompatibilidades del sistema ERTE con las horas extraordinarias, con las externalizaciones, con el reparto de dividendos o el domicilio en paraísos fiscales. También se configura un sistema de exoneraciones con mayores beneficios para las empresas de menores dimensiones a efectos de incentivar el progresivo retorno a la actividad. Asimismo, se garantiza la cobertura adecuada por medio de la prestación por desempleo a las personas trabajadoras afectadas, a las que se les reconoce el 70 % de la base reguladora, se les exime del requisito de carencia previa y se les aplica el contador a cero para que la situación excepcional de pandemia no repercuta en el derecho al desempleo posterior. Se prorroga y mejora la protección por desempleo específica para las personas trabajadoras fijas discontinuas y fijas periódicas y se permite la compatibilidad, sin deducción de la prestación de desempleo, con el trabajo a tiempo parcial. También se establecen porcentajes descendentes de exoneración. Por la misma razón se simplifica el procedimiento para transitar de un modelo de ERTE a otro. En definitiva, se trata de una norma comprometida y rotunda que establece garantías, incentivos y coberturas adecuadas dentro de un sistema eficiente y flexible, que cuenta con el pleno compromiso del Gobierno y de los agentes sociales. El Título II del Real Decreto-ley 2/2021 profundiza en la protección laboral de las personas trabajadoras autónomas, un colectivo fundamental en el tejido empresarial de nuestro país. Este real decreto-ley describe un mapa estructurado de cuatro prestaciones por cese de actividad de las personas autónomas. La primera modalidad es la prestación por cese total de actividad. Da derecho a una prestación del 50 % de la base mínima de cotización, ampliable un 20 % en caso de familia numerosa, sin obligación de cotizar por autónomos y aplicando contador a cero respecto a futuras prestaciones. La segunda de las modalidades es la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, que extiende su cobertura a personas autónomas cuyos ingresos se hubieran reducido en más del 50 %. La tercera modalidad es una prestación para aquellas personas autónomas de especial vulnerabilidad que no pudieran acceder a alguna de las otras modalidades establecidas. La última de las modalidades es la de las personas trabajadoras de temporada. Es una prestación extraordinaria establecida en el artículo 14 del Real Decreto-Ley 30/2021, y que este real decreto prorroga con el máximo de cuatro meses y, en todo caso, siempre con el límite del 31 de mayo del presente año. El tercer bloque de este real decreto se destina a incrementar la eficacia en la gestión de las medidas de Seguridad Social relacionadas con la crisis sanitaria. Se establecen mecanismos para facilitar la verificación de la identidad de las personas por medios no presenciales, así como para generalizar los sistemas de gestión informatizada. Se hace también mención a las actuaciones administrativas automatizadas en el marco de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. El real decreto extiende el alcance de los deberes y obligaciones informativas referidas a las empresas, las entidades financieras, las instituciones judiciales, las mutuas y las comunidades autónomas, entre otras muchas entidades. El cuarto y último de los bloques del real decreto comprende una serie de normas de prórroga o mantenimiento; preceptos que nacieron en su momento con vocación de temporalidad y plazo de caducidad, pero que, en atención a las circunstancias en las que se ha desarrollado la pandemia, procede mantener todavía en nuestro ordenamiento. Es el caso de las prestaciones y subsidios para el sector cultural del Real Decreto-Ley 32/2020, que incorporan como nuevo plazo máximo de referencia el 31 de mayo del año en curso. También es el caso de la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento o la posibilidad de solicitar aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta en los arrendamientos en situación de vulnerabilidad económica. Encontramos, además, materias que se deben prorrogar por el efecto fin de año. Es el caso de los tipos de cotización por parte de las personas trabajadoras del RETA, que tenían establecido un sistema de aumento progresivo para las contingencias profesionales y para el cese de actividad. Resultaba, asimismo, necesario mantener ciertas normas transitorias relacionadas con el acceso a la pensión de jubilación. Esta prórroga significa que a las personas que accedan a la jubilación en este año 2021, se les podrá seguir aplicando la normativa más beneficiosa que regía antes de la entrada en vigor de la ley de reforma de las pensiones, la conocida Ley 27/2011. Hablamos de la cláusula de salvaguarda. Por el efecto fin de año también procedía, y así se ha hecho en el presente real decreto-ley, la prórroga de las bases mínimas de cotización hasta que se apruebe el salario mínimo interprofesional para el año 2021. Finalmente, en este texto hay una prórroga de particular relevancia, la del Plan MeCuida hasta el 31 de mayo; un plan actualizado y modificado en su alcance y contenido, que configura un modelo de centralidad de los cuidados que debe ser referencia básica en la vida de las personas y de las empresas. Queremos que lo sea ahora y queremos que lo siga siendo en el futuro. Concluyo, el Real Decreto-ley 2/2021, que ahora sometemos a su convalidación, es todavía una norma de emergencia y con esa responsabilidad, como norma de emergencia, ha sido diseñada. Es un texto con rumbo firme y presupuestos claros que va tejiendo la urdimbre para que el nuevo marco de relaciones laborales sea más sano, más eficaz y más humano. Pero las circunstancias han cambiado ostensiblemente desde la primera aprobación de este mecanismo de ERTE. Les digo más, estamos incorporándonos a una fase, si me permiten, pos-ERTE, en la que la pandemia está extendiéndose demasiado en el tiempo. Esto nos obliga, como están haciendo otros países de nuestro entorno, a ser más ambiciosos. Se trata de no flaquear ahora que vemos, gracias a la vacunación, una salida. Este es el momento en el que tenemos que culminar nuestra tarea, defender nuestra economía, defender a nuestros trabajadores y a nuestras empresas. Es hora una vez más de estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que hacer todo lo posible para que una crisis que es coyuntural, que hemos afrontado con todos los recursos y herramientas a nuestro alcance, no se convierta en una crisis estructural. Para ello, debemos profundizar en el mantenimiento del empleo. Es el momento de que las pequeñas empresas y las personas trabajadoras autónomas dispongan de ayudas. Esta crisis no puede ser irremediable para nadie. Debemos preservar y consolidar nuestro tejido productivo. Y es hora de tomar muchas decisiones, decisiones que nos conduzcan a la transformación que nos exige Europa; decisiones que pongan a salvo a nuestros sectores productivos, que nos permitan reindustrializar España. Necesitamos que esta crisis no se cronifique, que de aquí nazcan procesos estables que nos permitan crecer, redimensionarnos; crecer con más formación —como ya estamos haciendo—, con más innovación y con más digitalización, con sostenibilidad y con un horizonte irrenunciable de igualdad. Y hagámoslo sin renunciar —si me permiten— a la esperanza. Decía Saramago que las energías vuelven cuando la esperanza vuelve. Necesitamos ambas, las energías y la esperanza. Por eso pido a sus señorías que acompañen al Gobierno en este momento clave prestando su apoyo a este real decreto-ley y, también, su contribución en las soluciones futuras que nuestra sociedad exige uniéndonos en una respuesta colectiva y responsable ante la pandemia. Muchas gracias. .

Sergio Sayas López NA+

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, señora ministra, quiero poner en valor el acuerdo. Yo creo que es justo reconocer que es importante buscar el consenso en una materia como esta con los agentes sociales, con los sindicatos y los empresarios, y este real decreto viene con ese aval. Eso es un buen comienzo y un buen punto de partida. Evidentemente, los ERTE se han demostrado un instrumento necesario y eficaz a la hora de sostener el empleo y también de sostener la viabilidad de muchas empresas de nuestro país. Este es un real decreto positivo y por eso lo vamos a apoyar, pero también es insuficiente y por eso tenemos que caminar en mejoras. Y cuando digo que tenemos que caminar en mejoras me estoy refiriendo a que el objetivo que tienen los ERTE es sostener el empleo, sostener la actividad económica y no destruir empresas. Entonces, si el Gobierno se muestra inflexible y acaba pasando que, vista la situación económica que tiene nuestro país, las empresas que tengan que despedir a un trabajador tengan que acabar devolviendo todo lo que ha sido sostenido en cuotas a la Seguridad Social, no solo no vamos a sostener el empleo sino que lo único que vamos a conseguir es la ruina y la destrucción de mucho tejido empresarial. Y ese es un camino que tenemos que recorrer y repensar. Señora ministra, tenemos cuatro millones de españoles en paro, 750 000 personas siguen en ERTE, las empresas están asfixiadas, los autónomos no pueden más; tenemos una economía sostenida de manera artificial con fondos públicos y no hay confianza ni para invertir ni para consumir. Y yo le pregunto: ¿usted cree que se genera confianza con pactos extremistas, con políticas comunistas o con acuerdos con los batasunos? ¿Se puede generar confianza y atraer inversiones para España diciendo que nuestro país no es una democracia plena? Es evidente que no. Y por eso yo le ruego que traslade a su compañero, el vicepresidente, señor Iglesias, la necesidad de que deje de decir sandeces que a él le parecen muy bien en su juego político, pero que se transforman en ruina para España. Creo que cuatro millones de parados, 750 000 personas en ERTE, todas las empresas que están sufriendo, todos los autónomos que no pueden más, merecen de su vicepresidente un poco más de respeto, un poco de altura institucional y un poco más de madurez. Muchas gracias.

Pedro Quevedo Iturbe NC-CCa-PNC

Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Señora ministra, Nueva Canarias ya se ha expresado en numerosas ocasiones en relación con este tipo de iniciativas. No tenemos dudas de que, en una situación durísima como la que atravesamos, la respuesta por parte del Gobierno y de las administraciones públicas en su conjunto tiene que ser una respuesta anticíclica y de intervención en la economía y en los sectores que peor lo pasan. Por lo tanto, acuerdo general con esta cuestión. En este real decreto-ley en concreto hay además una buena noticia: es producto del diálogo y del consenso, y esto es justamente de lo que se trata; diálogo y consenso del Gobierno con los agentes sociales, sindicatos y sector empresarial; IV Acuerdo social en defensa del empleo que Nueva Canarias apoya porque creemos que no puede ser otro el camino. Hay dos elementos fundamentales aquí: uno, la protección de los autónomos, esta es una cuestión fundamental. Con respecto al sector de los autónomos, no hay programa electoral en el que todo el mundo no se comprometa muchísimo con los autónomos, y después nunca pasa nada. Yo creo que realmente se interviene para mejorar no solo el conjunto de prestaciones y de situaciones que se reconocen sino la agilidad en la prestación de las ayudas, porque son numerosos los autónomos que están pasando una situación dramática. Lo mencionan ustedes bien en el preámbulo del real decreto: hostelería, restauración y ocio. Pues eso en Canarias representa el 35 % del PIB; es decir, tres veces más que la media del Estado español. Por lo tanto, el canario entiende especialmente bien este tema, porque es verdad que la economía canaria es más dependiente de sectores como el turístico de lo que a mí me gustaría, pero eso es lo que hay, y como eso es lo que hay, nosotros necesitamos una respuesta concreta y este real decreto-ley creo que mejora la situación anterior. Luego, en relación con los ERTE hay una fecha aquí que ya me gustaría a mí que sirviese: 31 de marzo, hasta el 31 de marzo. Ya les garantizo que vamos a necesitar bastante más que hasta el 31 de marzo. Canarias con la fecha hasta el 31 de marzo no resuelve sus problemas por su dependencia del turismo, seguro, y el resto del Estado creemos que tampoco, supongo que esa cautela la tiene clara su ministerio. Nosotros no podemos hasta el 31 de marzo, sino hasta que esta situación permita elevar un mínimo el vuelo a todos aquellos sectores que están en una situación dramática en este momento. Por tanto, cuenta usted con el apoyo de Nueva Canarias, con la salvedad de que la situación canaria exigirá más pronto o más tarde planes específicos, por ejemplo, en materia de recuperación de la actividad turística. Muchas gracias, señora presidenta.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidenta, señorías, nuevamente subimos a esta tribuna para reiterar nuestra posición con respecto a este tema. Nuestra posición ha sido siempre favorable a blindar un escudo de protección para los trabajadores y trabajadoras y no va a cambiar en este momento; es más, continuamos pensando que sigue siendo necesario que el Estado intervenga en la economía y que lo haga para defender a los y las trabajadoras. Por eso apoyamos este real decreto, lo apoyamos porque creemos que tienen que mantenerse los ERTE hasta el 31 de mayo —que no el 31 de marzo—, aunque probablemente también dentro de unos meses tendremos que volver a plantearnos este debate porque estamos de acuerdo con las ayudas a los autónomos, con las prestaciones por cese de actividad, con agilizar los trámites administrativos —que a veces están haciendo que mucha gente no cobre los ERTE cuando tendría que cobrarlos y tengan que estar varios meses esperando a que la ayuda cristalice, se materialice y llegue el dinero a sus cuentas—, pero también creemos que es importante que se exija a los empresarios, que están siendo tan solícitos a la hora de pedir ayudas al Estado —aunque tengan un gen liberal importantísimo que les ha hecho crecer desde la cuna hasta levantar sus imperios, olvidándose de que la mitad los heredaron—, a toda esta gente que ahora hace cola en la ventanilla del Estado para recibir ayudas públicas, que luego no despidan a los y las trabajadoras cuando cesen las ayudas. Y creemos también que es importante que la cuantía por la prestación no descienda al 70 %, al 50 % o al 60 %, como en algunos momentos se planteaba. Por todo eso vamos a apoyar el real decreto, pero a la vez que lo apoyamos también queremos señalar alguna cuestión. Ustedes en el real decreto —creo que es en la primera o en la segunda página, no recuerdo exactamente— dicen literalmente que estas medidas han demostrado su eficacia para la protección del tejido productivo y de las personas trabajadoras. En un momento de extremada complejidad sanitaria, social y económica estos decretos han contribuido a sostener a las empresas —de eso no cabe ninguna duda— y, en definitiva, a proteger el empleo. Pero eso no es tan cierto, seguramente a usted le gustaría que esto fuera literal y exactamente lo que ha pasado, pero no es cierto porque, por lo menos en las calles y pueblos de Euskal Herria, vemos cómo se despide a gente en Tubacex, en Matricerías Deusto, en el sector aeronáutico en general, Aernnova, Alestis, ITP Aero Castings, PCB. Eso no es mantener el empleo y lo están haciendo grandes empresarios aprovechando la coyuntura, e insisto en la palabra coyuntura porque en esta realidad coyuntural ellos están tomando medidas estructurales como es destruir empleo y, además, como ha ocurrido con PCB —ahora que parece que esto está muy de moda entre la opinión mediática española—, en algunos casos lo han hecho disolviendo a trabajadores que estaban manifestándose de manera pacífica, con una absoluta y desmedida violencia policial. Véase el caso del secretario general de Industria de Comisiones Obreras en la manifestación de PCB, Javi Gómez —al que mando un saludo—, a quien rompieron el tabique nasal de manera gratuita. Pero, como digo, mucho nos tememos que tendremos que volver a estar aquí otra vez porque es muy probable que el 31 de mayo, cuando finaliza el periodo de extensión de estas medidas, nos sigamos encontrando con esta misma realidad; es decir, la tan ansiada nueva normalidad todavía no será una concreción práctica, diaria y cotidiana en las vidas de la gente. Es muy probable que todavía en verano muchas de las medidas de excepcionalidad se tengan que mantener, atendiendo a lo que los propios miembros del Gobierno están señalando cuando hablan de los ritmos de vacunación o de los ritmos de vuelta a la normalidad. Y ahí lo que nos planteamos es algo muy evidente: ¿qué va a hacer, qué va a exigir la CEOE en esta ocasión? Porque hasta ahora han estado dentro del diálogo social y no les ha ido mal; les hemos ayudado a aliviar sus cargas económicas a costa del erario público, pero ellos siguen insistiendo en que se elimine la imposibilidad de despedir en los seis meses posteriores a la finalización del ERTE. Y nosotros no rechazamos el diálogo social, nos parece bien que exista el diálogo social, pero encontramos dos graves carencias: la primera, que ese diálogo social se hace con sindicatos representativos en el Estado español, que a veces son menos representativos en otras realidades nacionales como la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra o Galicia, y ahí no está ni la CIG, ni ELA, ni LAB, que son bastante más mayoritarios aquí que esos sindicatos y, la segunda carencia, que nos parece todavía más preocupante si cabe, es que creemos que la CEOE —fundamentalmente la CEOE pero no solo— está haciendo a veces de la mesa de diálogo social su herramienta con capacidad de veto. Por eso la animamos, señora ministra, a que aquello que ha verbalizado en alguna entrevista se lleve a la práctica y no permita que utilicen el veto en el diálogo social para frenar cualquier posibilidad; unas posibilidades que se vehiculizan en elementos tan básicos como la subida del salario mínimo interprofesional o la necesidad de derogar todos los aspectos lesivos de la reforma laboral. Hay que hincarle el diente a todo eso porque, si no, será tarde cuando queramos hacerlo. Está muy bien que el Estado aporte para sufragar gastos, está muy bien que haga el esfuerzo que está haciendo con los ERTE, que la ayuda de inyección pública sirva para aliviar la situación de todos y todas, pero al final que nadie olvide que esto es un claro ejemplo de intervención pública, de una intervención pública que algunos denostan cuando lo consideran oportuno, pero a la que recurren cada vez que se ven necesitados o ven que pueden sacar algo. Esta realidad también es preocupante por otro aspecto: porque no podemos olvidar que el paro en el Estado español es asfixiante, también lo es en la Comunidad Autónoma vasca y en Navarra, pero en menor medida. Y ante esta realidad no podemos hacernos trampas, es decir, hay una larga lista de desempleados y desempleadas —creo que ronda los 4 millones—, hay un 40 % de paro juvenil en el Estado español y todo esto sin contar a la gente que esta acogida a los ERTE y que no sabemos qué futuro van a tener después de estos ERTE, si bien, en cualquier caso cuentan como inscritos en la Seguridad Social en términos de asalariados, aunque en realidad, su realidad, la de esos autónomos y la de esa gente que está acogida a ERTE, es la de que no están trabajando. Por tanto, no se trata solo de ganar tiempo, sino de blindar derechos. Nos parece bien que anuncie, como ha hecho al final de su intervención, la voluntad de ir más allá de lo que estas ayudas significan. Pero es que es el momento de blindar derechos, es que no va a haber otro tiempo posible para blindar derechos, si no, solo estaremos ganando tiempo. Se trata de definir a qué modelo vamos, porque lo que podemos ver a la vuelta de la esquina es que se despida a trabajadores experimentados, a trabajadores a los que se deja en el alambre del mercado laboral por su edad, porque tendrán más de 45 años y, aunque tengan muchos años de experiencia, tendrán dificultades para insertarse en el mercado laboral a cambio de contratar mano de obra más barata, aunque esté menos cualificada, para así abaratar cada puesto de trabajo. Ese es el temor que tenemos y eso le planteamos. Termino ya. Nos parece que es el momento de exigir a las grandes empresas la misma generosidad que el Estado ha demostrado para con ellos y con ellas. Ya lo decía un estudio: Estamos en los tiempos de deuda pública equivalente a la de la guerra de Cuba —por cierto, supongo que un día amargo para quienes todavía lamentan el ocaso del imperio español—, pero si esa realidad se da, habrá que actuar ya. Es verdad que todo lo que he dicho tiene un sesgo ideológico que yo no niego, es nuestro propio sesgo ideológico, porque, a fin de cuentas, nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, siempre hemos estado mucho más cerca de una persona que habría cumplido años de estar viva, como Lucio Urtubia, que de los grandes empresarios. Mila esker.

Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

Buenos días, señorías. Buenos días, señora presidenta. Mediante este real decreto-ley, el Gobierno adopta medidas ante la prolongación de la situación de alarma por el COVID-19 y traslada al ordenamiento jurídico el acuerdo social en defensa del empleo suscrito por el Gobierno con diversos agentes sociales el pasado 19 de enero de 2021. Este real decreto-ley, como bien ha explicado la señora ministra, contempla una batería de medidas que van desde la prórroga de los ERTE tanto de fuerza mayor por nuevos impedimentos como de delimitación parcial, la prórroga de los de ETOP, mantiene también las exigencias relativas al reparto de dividendos, la transparencia fiscal, la limitación de horas extraordinarias, los compromisos de mantenimiento del empleo, contempla también la conservación del contador a cero respecto de las prestaciones por desempleo, el mantenimiento del tipo de 70 % aplicable a la base reguladora para el cálculo de las prestaciones a partir de los 180 días, la no exigencia del periodo de carencia, la compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a tiempo parcial y las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos establecida en el Real Decreto-ley 30/2020. Contempla como otras medidas diferenciadas constituir una comisión de seguimiento tripartita para su seguimiento —y valga la redundancia—, medidas de agilización de los procedimientos, como la aplicación sin solución de continuidad de las medidas correspondientes a una situación de ERTE —está francamente interesante esta medida—, la flexibilización de aspectos del acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la simplificación de la tramitación electrónica de solicitudes de prestaciones al SEPE, la validación de la celebración por videoconferencia o conferencia telefónica de sesiones de órganos de administraciones, de asociaciones y sociedades civiles, mercantiles y consejos de administración de cooperativas y, en especial, nos alegramos de la continuación hasta el 31 de mayo del disfrute de las prestaciones económicas por desempleo en favor de un sector tan afectado como el de los artistas en espectáculos públicos ante la prolongación de la situación que dio lugar a la prestación inicial contemplada en el Real Decreto-ley 17/2020. Señora ministra, junto a esto hay tres cuestiones respecto de las que nos gustaría llamar un tanto la atención. En primer lugar, la prórroga extraordinaria del plazo de contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, así como la posibilidad reconocida a la persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual de solicitar de la arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. Creemos que, siendo necesaria, estando de acuerdo con esta medida, puede resultar necesario hacer también unas cuantas precisiones. En otro orden, la disposición final cuarta modifica el artículo 53.1.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social —que también conocemos los dos, creo— y contempla la emisión automatizada de actas de infracción sin intervención del inspector de Trabajo y Seguridad Social. Sabe usted, señora ministra, que esta disposición ha generado una gran polémica, y lo ha hecho ante la posible colisión entre los derechos de los administrados y la utilización de herramientas de inteligencia artificial que van a suponer a continuación que será el propio algoritmo calculado por estas el que propondrá directamente la apertura del expedientes y la sanción, y ello sin perjuicio de que está pretendidamente previsto exclusivamente —lo dice así en la justificación del ministerio— para aquellas infracciones cuya existencia se puede detectar automáticamente de los registros de las bases de datos, en particular de la Administración de la Seguridad Social. Pues bien, a nuestro juicio, la introducción de esta modalidad automatizada de acta de infracción causa un cierto desconcierto normativo al no encajar en las previsiones del procedimiento especial sancionador, por lo que su puesta en marcha determinará o bien la necesidad de una segunda actuación del inspector de Trabajo y Seguridad Social, lo que elimina el carácter automatizado de esta actuación, o en su caso la iniciación de procedimientos sin el preciso valor probatorio, cuestión que en su caso además desvirtuaría totalmente el mecanismo sancionador y bien pudiera afectar a las garantías jurídicas de los administrados. Mucho nos tememos que posiblemente como desarrollo a esta previsión harán falta, de una parte, ciertas modificaciones legales, y también un desarrollo reglamentario que ha de ser tan exhaustivo que ha de contemplar entre ellas una garantía absoluta de los derechos de los administrados. Hablaremos de ello también. Por último, la disposición final quinta del decreto-ley introduce una serie de modificaciones del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social a fin de facilitar el acceso de la Administración de la Seguridad Social a los datos de trabajadores y empresarios y la obligación de cesión de los datos para facilitar la tramitación electrónica de prestaciones. En este aspecto, la cuestión de mayor calado reside en la modificación del artículo 71.3, dedicada al suministro de información a la Administración de la Seguridad Social, ya que añade a la exigencia que ya existía de remisión de informes, documentación clínica y demás datos médicos estrictamente relacionados con las lesiones y dolencias padecidas por el interesado que resulten relevantes para la resolución del procedimiento —que era la determinación que existía con anterioridad—, la necesidad del envío de la historia clínica de los trabajadores afectados y el acceso electrónico y en papel a la historia clínica existente en los servicios públicos de salud. Nuestra conclusión, señora ministra, es que con esta reforma se posibilita a la Seguridad Social el acceso indiscriminado a la totalidad de la historia clínica de los afectados, produciéndose así una — entendemos— cierta o notoria, en algunos casos, colisión con la legislación de protección de datos personales, cuestión que por su alcance y trascendencia sin duda merece una particular atención y una valoración diferenciada. En conclusión, señora ministra, vamos a apoyar este real decreto-ley, pero quisiéramos que tome nota también de estos tres aspectos que le he citado, porque entendemos que, junto a la aprobación de este real decreto-ley, será necesaria también su tramitación como proyecto de ley para poder subsanar algunas de las cuestiones que entendemos que, además de llamativas, resultan subsanables, mejorables o desde luego corregibles en algún caso. Muchas gracias, señora ministra.

María Muñoz Vidal Cs

Gracias, presidenta. Buenos días, ministra. Buenos días, señorías. Quiero empezar mi intervención con una cuestión previa, y es la condena rotunda a los actos violentos provocados por radicales en Madrid y en Barcelona la pasada noche y la anterior. . Solidaridad y apoyo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atacados por los delincuentes y criminalizados por partidos políticos de la coalición de Gobierno. El portavoz de Podemos, el señor Echenique, tiene hoy aquí la oportunidad de retractarse de sus palabras y, si tiene dignidad, pedir perdón a la policía, a los vecinos, a los comerciantes que han sufrido ataques y saqueos. Pido a sus señorías del Gobierno que se desmarquen de las palabras del señor Echenique porque, de lo contrario, su decadencia y la de nuestra democracia no tendrán fin. . Ministra, no sé ustedes, pero yo tengo la sensación de vivir en el día de la marmota. Desde hace casi un año en los reales decretos que trae el Gobierno a esta Cámara siempre ocurren tres cosas. La primera es que son medidas que están dentro del marco de lo aceptable, pero son medidas en algunos casos totalmente insuficientes y en las que ustedes, además, no admiten aportaciones. Les cuesta escuchar a la oposición y siguen presentando reales decretos con los mismos errores. Hoy, nuevamente, tenemos aquí un real decreto-ley que plantea cuestiones a las que uno no puede oponerse, pero que supone poner otra vez medidas insuficientes encima de la mesa, es poner una tirita donde haría falta un torniquete para tapar la herida por la que este país se desangra. Pero es que además cometen errores, porque continúan enmarañando el panorama de ayudas y prestaciones que hay actualmente en vigor para salvaguardar y preservar el empleo. Nuestras pymes, nuestros autónomos, nuestras familias y la sociedad, en general, llevan muchos meses aguantando, consumiendo sus ahorros, reduciendo sus gastos para adaptarse a la nueva situación, en definitiva, haciendo malabares financieros para poder llegar a fin de mes. Ministra, ha hablado usted de ambición, de seguir el paso de países vecinos y de estar a la altura. ¿De verdad siguen sin plantearse un plan de ayudas directas a fondo perdido, que no se tengan que devolver, para nuestras empresas y nuestros autónomos? ¿De verdad no van a intentar salvar el poco tejido empresarial que queda en pie en nuestro país, inyectando liquidez para que no tenga que endeudarse más? ¿De verdad, ministra, ustedes no saben que cuando se levanten poco a poco las restricciones, pese a todas estas medidas puestas en marcha, si no ha habido ayudas directas, en España solo va a quedar un solar totalmente arrasado? Desde mi grupo parlamentario, Ciudadanos, llevamos meses —meses— intentando que abran los ojos. No estamos pidiendo ni más ni menos que lo que usted también ha dicho en esta tribuna, que es parecernos a nuestros socios europeos, a nuestros países vecinos, por ejemplo, Alemania. Pero, claro, nosotros no somos Alemania, porque Alemania entró en esta crisis con los deberes hechos y con un margen fiscal suficiente para paliar los efectos económicos de esta pandemia. Al contrario, nosotros —eso ustedes no lo cuentan—, España, entramos en este agujero negro hace un año con miles de millones sepultados en los viernes sociales y en los gastos asociados a veintidós ministerios, a sueldos de altos cargos e incluso a niñeras públicas. Ustedes repiten su mantra de que es el Gobierno que más esfuerzo fiscal ha hecho hasta la fecha en momentos de crisis, pero lo cierto es que la comparativa con nuestros socios europeos les deja en evidencia. La semana pasada el propio Banco Central Europeo emitió un informe que situaba a España como el país que menos estímulos fiscales impulsó en 2020 frente a la crisis económica originada por el coronavirus. El Gobierno de Pedro Sánchez, según el informe del Banco Central Europeo, solo gastó un 1,3 % del PIB en este tipo de ayudas, frente a la media del 4 % en la eurozona. Es cierto que ese informe del Banco Central Europeo no incluye ni los ERTE ni los préstamos ICO, pero es que, incluyéndolos, seguiríamos por detrás de Francia, Alemania o Italia. Entrando en el asunto que nos ocupa de la materia técnica específica de este real decreto, tenemos la extensión de los ERTE hasta el 31 de mayo en las mismas condiciones que hasta ahora, y no tenemos objeciones; prórroga también el plan MeCuida para quienes no puedan trabajar por tener que cuidar de menores, mayores o dependientes y que tengan derecho a que la empresa adapte o reduzca su jornada, incluso hasta el 100 %, una reducción que, sin embargo, implica la reducción del sueldo en la misma proporción. Y esta es la insuficiencia o la alergia a corregir errores de la que hablaba al principio de mi intervención. Esta no es la solución que merecen las familias españolas porque ustedes siguen obligando a las que más lo necesitan a renunciar a una parte de su salario para cuidar de sus menores, mayores o dependientes. Y esto se podría solucionar si ustedes hicieran caso a las enmiendas que hemos presentado desde mi grupo parlamentario en cada uno de los reales decretos relacionados con la COVID, que es asimilar excepcionalmente estas situaciones de cuidado de hijos o cuarentena de familiares a los accidentes de trabajo para que las familias no se vean obligadas a elegir entre cuidar a los suyos o llevar un sueldo íntegro a casa. También prorroga este real decreto las ayudas a los autónomos hasta el 31 de mayo, con un cambio porque ahora para acceder a la prestación no hace falta haber estado cotizando los doce meses anteriores a la solicitud y, además, la facturación tiene que haber bajado un 50 %, no el 75 % como hasta ahora. Estamos de acuerdo, celebramos su corrección. Ministra, acabo, ha hablado de estar a la altura y yo les pido, por favor, que cambien de actitud, que estén a la altura, pero cambiando de actitud, que lideren de una vez la respuesta a esta crisis sanitaria y económica, que promuevan reformas de calado, que dejen de bloquear las tramitaciones como proyecto de ley de sus decretos y que escuchen a la sociedad y que escuchen al resto de grupos políticos. Sean ustedes ambiciosos. Le doy la razón, deben estar ustedes a la altura porque los españoles se lo exigen y porque los españoles se lo merecen. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Señora ministra, de nuevo traen a esta Cámara la convalidación de un decreto-ley cuya medida principal es la prórroga de los ERTE, ahora hasta el 31 de mayo, y tenemos que reconocer que casi un año después de que fuera decretado el primer estado de alarma y muchos reales decretos después avanzan hacia medidas que garantizarían más justicia social en esta crisis económica derivada del coronavirus y que el BNG reclamó desde un principio. Por ejemplo, ponen el contador a cero para que el desempleo no contabilice como consumido, pero, por desgracia, solo será de aplicación para las nuevas solicitudes. Sin embargo, si se trata de una prórroga de un ERTE anterior, el paro ya empezó a consumirse a partir del 1 de octubre. Deberían tener la misma consideración a la hora de acogerse a estas medidas todas las personas trabajadoras, incluyendo a aquellas que fueron despedidas como consecuencia de la pandemia o que desde el 1 de enero estuvieran en situación de desempleo, percibiendo prestación. Y ahora también incluyen la garantía de que se cubra el 70 % de la base reguladora durante todo el ERTE, incluso superando los 180 días de prestación. Recordemos que esta medida temporal no supone la derogación de la reforma laboral de 2012, que ustedes siguen manteniendo y que volverá a aplicarse a los ERTE tras la pandemia. Deberían seguir tomando nota de muchas propuestas, pues, a nuestro juicio, falta todavía mucho por incluir. Por ejemplo, la prohibición de simultanear la aplicación de un ERTE con otra medida consistente en un descuelgue salarial, la inaplicación de convenio colectivo, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la movilidad geográfica o funcional o habilitar un procedimiento especial y extraordinario para el pago inmediato del paro con la confección de nóminas para efectuar los pagos semana a semana hasta la puesta al día de los expedientes, que permita retomar los pagos a mes vencido, pues mantener la forma ordinaria de pago supone atrasos con graves consecuencias. Además, deberían tener presente que los ERTE no pueden ser un menú a la carta para las empresas. Estas deben asumir también compromisos y ser corresponsables. Por eso, es necesario que aquellas empresas que quieran acogerse a un ERTE cumplan ciertas condiciones, algunas más de las que ustedes señalan, como completar hasta el cien por cien los salarios y reincorporar progresivamente a todo el personal temporal de la empresa principal o externas que fue despedido y que como fecha límite lo hagan en el último mes de vigencia del ERTE. En fin, ustedes optaron por el procedimiento de los ERTE en vez de hacerlo por prohibir de verdad los despidos y apoyar económicamente los salarios, como proponía el BNG. En todo caso, dentro de este procedimiento se puede y se debe asegurar más protección para todos los trabajadores y trabajadoras y, como digo, pese a algunos avances, aún no lo vemos reflejado de esta manera en este decreto.

Néstor Rego Candamil BNG

Obrigado.

Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Señora ministra, déjenme que, en primer lugar, en esta primera intervención pasadas las elecciones catalanas, aproveche para dar el agradecimiento oportuno a la gente que confió en el PDeCAT como fuerza centrada, como fuerza que cree en la economía productiva. Seguiremos aquí intentando aportar ese centro independentista a Cataluña y, por tanto, esta voz tendrá también el altavoz oportuno en el Congreso de los Diputados. Entrando en materia, déjenme también que recuerde a la señora ministra mi obsesión con el calendario. Estos ERTE, que acababan el 31 de enero, salen en el BOE el 26 de enero. Nos queda el miércoles, el jueves y el viernes. Vamos mejorando en aquello de la improvisación a la hora de regular estas normas. En cuanto a una cosa que usted apuntaba, porque esto ya no tiene pinta de circunstancial, de temporal, una de las mejoras que nosotros propusimos es que quizá toque empezar a plantearse que estos ERTE duren hasta el 31 de diciembre de 2021 y tener un objetivo temporal mucho más amplio que ir buscando la prórroga en el último minuto en diversas ocasiones. Sin duda, hay que reconocer que la renovación de los ERTE viene con el diálogo social —esto a usted le da el amparo correspondiente y justifica que nosotros apoyemos este real decreto-ley—, pero no solo en el diálogo social puede encontrar mejoras en la configuración de estos ERTE. Creo que es bueno que se sepa también que el Real Decreto-ley 9/2020, de marzo del año pasado, hace dos días se empezaba a tramitar aquí como proyecto de ley. Los grupos parlamentarios tienen también muchas ideas, muchas propuestas para mejorar la configuración de estos ERTE. Supongo que usted, que alguna influencia debe tener también en la gestión de la Cambra, puede ayudar para que la tramitación de los proyectos de ley no tarde un año en seguir adelante desde que se produce la convalidación del real decreto-ley de turno. Frentes que se pueden mejorar son, por ejemplo, la gestión relativa a las exoneraciones de protecciones o el compromiso del mantenimiento del empleo. Nosotros teníamos una propuesta que seguimos manteniendo, que es que esto vaya vinculado a la recuperación de niveles de facturación. Si esto no es circunstancial, como usted apuntaba anteriormente, es evidente que esta sanción de devolver todas las cotizaciones de todos los trabajadores que han estado en ERTE puede acabar hundiendo a empresas que han aguantado hasta ahora. La prohibición de despedir no le será ajena tampoco por las diversas sentencias que empiecen a salir ya considerando nulo o improcedente el despido. Algún elemento también tendremos que aportar para aclarar la configuración legal de esta prohibición de despedir. En definitiva, en la gestión de la prestación por desempleo todavía hay gente que se queja de que no se cobran los ERTE —usted lo negará y dirá que todo funciona correctamente—, pero hay una propuesta que creo que sí que tenemos que valorar todos en profundidad. ¿Por qué el SEPE paga el día 10 de cada mes y no el día 1? Me dice que no con la cabeza porque hay unos acuerdos con los bancos. De acuerdo, pero a la gente que cobra el paro le pasan el recibo del alquiler, de la escuela y demás los primeros días de cada mes. Por tanto, aquí tenemos que hacer un cambio, ya no en relación con los ERTE, sino un cambio de concepto en las prestaciones por desempleo. Como decía anteriormente, creo que esto no es circunstancial y que tenemos que plantearlo con una vista mucho más larga hasta final de año y buscar otras soluciones, como son las ayudas directas, para que también formen parte de este paquete de regulación de los ERTE. En todo ello creo que puede haber una conexión y un cierto consenso de todos los grupos para que salga adelante la mejor manera de regular la salida de esta crisis. Muchas gracias.

Iván Espinosa de los Monteros de Simón VOX

Gracias, señora presidenta. . Hace bien el señor Echenique en irse, porque mis primeras palabras, sin duda, tienen que ser de apoyo a nuestra Policía, a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a todos aquellos que han estado intentando mantener el orden, la paz y la justicia en las calles; y de condena a aquellos políticos irresponsables que están haciendo una incitación a la violencia en redes sociales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me da el señor Echenique! . Mejor que se vaya. Señora ministra, su intervención ha sido mucho más dulce; incluso, ha citado usted a Saramago en un alarde poético, pero con las políticas de este Gobierno lo que necesitan no es a Saramago, haría falta ser un mago para crear empleo en estas condiciones. A lo largo de los años, los distintos ministros de Trabajo han presumido siempre, con mayor o menor fortuna, de la cantidad de empleo que se ha creado durante su tiempo, y usted, que es la primera ministra de Trabajo comunista, sin embargo, no; a usted le gusta más precisamente lo contrario: usted se vanagloria del número de personas que están recibiendo una prestación. Al portavoz de Podemos, su señoría Alberto Rodrí guez, también le parece que el hecho de que tengamos un millón de personas más sin empleo es un motivo para alegrarse. . Usted decía hace poco —hace unos meses— que teníamos un récord histórico de personas que estaban percibiendo una prestación, y ahora viene a presumir de que, meses después, seguimos exactamente igual. Mire, como ya le dije en septiembre, con motivo de la última ampliación de los ERTE, prorrogar los ERTE no es un éxito, es un fracaso, y es un fracaso porque es el mejor indicador de la derrota de una política económica, que, si no logramos remediar a tiempo, va a conducir a millones de trabajadores, comerciantes, pymes y autónomos a la ruina. Hoy, cuando debatimos ya la tercera prórroga de las medidas de compensación por falta de empleo, merece la pena pararse y reflexionar acerca de su efectividad. ¿Han logrado su objetivo estas medidas? ¿Han conseguido salvar a nuestras empresas? ¿Han conseguido salvar los puestos de trabajo? ¿Han salvaguardado nuestro tejido productivo, que es lo esencial para impulsar la recuperación? Me temo que no. Por el contrario, como advertimos ya desde el mes de marzo, hace un año, las medidas de este Gobierno han sido claramente insuficientes para evitar lo que, en principio, podía parecer un problema de liquidez derivado del parón económico de la pandemia, pero que, sin duda, se está convirtiendo en un problema de solvencia estructural. Señora ministra, ya entonces, con sentido de responsabilidad, en VOX apoyamos los ERTE y las medidas extraordinarias en su momento de apoyo al empleo. Pero le advertimos entonces de que estas medidas serían insuficientes para salir de este momento sin un parado más y sin una empresa de menos, y nada nos hubiera gustado más que habernos equivocado. Sin embargo, hoy lo que sabemos es que efectivamente fueron insuficientes. Como reconocía hace pocos días un informe del Banco Central Europeo, España ha sido el país de Europa que menos ha invertido en apoyar a las empresas y a las pymes durante esta epidemia y, a pesar de su entusiasmo, el resultado, señora ministra, es devastador. Tenemos el peor resultado del mundo desarrollado. Señora ministra, se trataba de salvar empresas; sin embargo, España ha destruido más empresas que ningún otro país de Europa. De acuerdo con los datos del INE, desde el inicio de la epidemia se han perdido más de 207 000 empresas, más del 17 % del total. Se trataba de proteger a los autónomos; que las medidas no han sido suficientes lo evidencia la pérdida de casi 100 000 empleos de autónomos. Se trataba de salvar empleos, pero, por el contrario, estas medidas no han evitado una sangría de puestos de trabajo, como no ha habido en ningún otro país. No hay nada de lo que presumir en el hecho de que —como recordaba Eurostat hace unos días— España concentra cuatro de cada diez nuevos parados en Europa, el 40 %. Se trataba, sobre todo, de evitar que una crisis coyuntural, de liquidez, se pudiera llegar a convertir en un problema de solvencia. Sin embargo, España está a la cabeza de empresas en riesgo de quiebra, con una de cada cuatro por problemas de liquidez, y no podemos permitir, señora ministra, que esta situación continúe. Miles de comerciantes, de autónomos y de pymes simplemente no pueden más, no pueden más, y, una vez más, señora ministra, estás medidas no son suficientes. En nuestro país es donde más se ha desplomado el producto interior bruto en 2020, un 11 % en solo un año. Cuando el producto interior bruto cae un 11 %, solo para volver a la tasa anterior, al punto de partida, hay que crecer no ya 11 sino un 12,4. O sea, si se cae un 11 para llegar al punto de partida ―créanme― hay que subir un 12,4 %, solo para empatar al año 2019, y para que se haga una idea de lo difícil que eso es, crecer un 12,4 %, en los últimos veinte años el récord de crecimiento de España ha sido del 4,1 % en un año. Así que tendríamos que tener tres años consecutivos de crecimiento récord, cosa que no se ha producido nunca en nuestra historia, solo para empatar la tasa de producto interior bruto del año 2019, y eso para llegar al año 2024. Es decir, cuatro años perdidos, el equivalente a una legislatura completa, y, aun así, ojalá lleguemos, señora ministra; sería lo deseable para España, y nosotros vamos a poner de nuestra parte desde este Congreso, pero con ustedes en el Gobierno va a ser muy difícil. Porque ustedes, con su ideología trasnochada, son una máquina trituradora de empresas y de empleo, y es verdad que es muy difícil ser una buena ministra de Trabajo cuando una no ha creado antes un solo puesto de trabajo. En esto no se distingue usted mucho de sus antecesores en el cargo, que, como los anteriores, probablemente ya cuando usted sea exministra quizás se dé cuenta, señora ministra, de que el empleo no se crea por decreto. Los políticos no crean empleo, excepto para sí mismos y sus compañeros de partido; los políticos son muy capaces de destruir empleo con normas, con prohibiciones, con impuestos, con dificultades, con barreras de todo tipo, eso sí lo pueden hacer, pero no son capaces de crearlo. Lo que sí puede hacer es crear un entorno favorable para la creación de empleo, un ecosistema que sea atractivo para la generación de riqueza, para la atracción de la inversión, un mercado que estimule el crecimiento, una Administración que facilite, que no entorpezca, a los autónomos, a los comerciantes, a los pequeños emprendedores, a las pymes, que sí son los que crean empleo, y lo crean con mucha dificultad, asumiendo mucho riesgo, con mucha incertidumbre; lo crean a pesar de Gobiernos como el suyo, que aprueban y se aprueban a sí mismos unos Presupuestos Generales del Estado, precisamente a cargo de esos que crean empleo, en los que ustedes se suben los sueldos, aumentan sus plantillas, renuevan sus coches oficiales y dedican cientos de millones de euros a chiringuitos ideológicos. Señora ministra, ustedes son un riesgo para recuperar España, ustedes son el único Gobierno de la Unión Europea que ha subido los impuestos durante la epidemia del coronavirus. Justamente cuando las empresas reclamaban ayudas ustedes se han dedicado a subir los impuestos, y la novedad es que ahora ustedes las van a someter a inspecciones de igualdad, un auténtico facilitador de empleo, como no cabe duda. Hoy, además, en una situación económica que no ofrece oportunidades para nuestros jóvenes, que están sufriendo nuestros barrios, ustedes añaden aquí, en este decreto, una disposición adicional tercera que facilita el acceso de los MENA al Sistema de Garantía Juvenil para que puedan seguir cobrando del Estado.

Iván Espinosa de los Monteros de Simón VOX

Concluyo. Ministra, los españoles lo que quieren es trabajar, pero con ustedes va a ser muy difícil. Ustedes han abandonado a los comerciantes, a las pymes, a los autónomos, a nuestros jóvenes para adelantar una agenda sectaria que los está llevando a la ruina. Son ustedes un peligro para la supervivencia de nuestra economía, de nuestra nación y de nuestro futuro. No cuenten con nosotros para semejante labor destructiva. Muchas gracias. .

Diego Movellán Lombilla PP

Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos comenzar condenando los actos violentos que se han sucedido en estos días en las calles de nuestro país, una firme condena a los violentos y todo nuestro apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ―esperamos la pronta recuperación de los más de cuarenta agentes heridos― y también nuestro apoyo a tantos autónomos y a tantos españoles que han sufrido los daños de los violentos en Barcelona, en Madrid y en el resto de España. . Y va a ser verdad que, como dicen algunos en este país, sí que existe alguna anormalidad democrática, porque que el señor que ha salido huyendo hace unos minutos siga aquí sentado de diputado representando a un partido que está en el Gobierno y que el señor Iglesias no sea cesado en estos momentos, eso sí que es una anormalidad democrática. . Porque hoy muchos españoles sienten verdaderas náuseas al ver al señor Echenique; al verla a usted, señora ministra de Podemos, callada, ni una sola palabra; al ver cómo el orador de Podemos, condenado por agredir a un policía, no ha sido capaz de condenar los actos violentos y el daño que están haciendo ustedes a este país. . Es vergonzoso porque ustedes están degradando día a día las instituciones. Degradan a los españoles y se ponen del lado de los violentos, se ponen del lado de aquellos que enaltecen el terrorismo. Es una verdadera vergüenza, son ustedes lo más indigno que ha pasado por la política española, como indignos son ustedes, señorías del PSOE. ¿Cómo son capaces de sostener, por mantenerse un minuto más, a estos señores al frente del Gobierno? Es verdaderamente nauseabundo y los españoles sentimos vergüenza de este Gobierno y vergüenza del presidente del Gobierno, que no ha cesado todavía a todos los ministros de Podemos. . Hoy hablamos de empleo, y todos los empresarios, los autónomos, los comerciantes, los hosteleros que no pueden llegar a fin de mes sienten verdadera vergüenza porque ustedes están apoyando más a un rapero acusado de enaltecer al terrorismo que a esos autónomos, a esos hosteleros que tienen que pagar todas sus facturas y que no llegan a fin de mes. Es verdaderamente una vergüenza. Por eso le digo, señora ministra, que puede usted hacerse todas las fotos que quiera, pero que no utilice a los agentes sociales en un photocall enmoquetado, porque la sociedad española necesita de una estabilidad y una seguridad que su Gobierno no les está proporcionando; seguridad que no proporcionan a los autónomos, a los empresarios, a los trabajadores y trabajadoras de este país. Pero es verdad que no es cierto para todos, es verdad que, gracias a ustedes, sí que hay colectivos para quienes las medidas de protección se han extendido mientras dura el estado de alarma, como, por ejemplo, los okupas, señora ministra. Los trabajadores de este país no saben qué va a ser de ellos más allá de tres meses, pero, gracias a ustedes, los okupas tienen la completa seguridad de que no se les va a desalojar de una casa que no es suya hasta que finalicen los efectos de la pandemia. Y yo le digo que usen la misma fórmula para extender esas ayudas a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores. Si se puede para los okupas, se debería poder también para las familias de este país, señora ministra. Yo no sé cuánto han tenido ustedes que buscar para encontrar ese déficit democrático, pero lo que es seguro es que no hace falta buscar tanto para encontrar que durante el mes de enero 473 autónomos al día han cerrado definitivamente su negocio. Tampoco sé cuánto han tenido que buscar sus camaradas la fórmula para que el Estado les pague una niñera, pero le aseguro que, en menos de lo que han tardado, cualquier español encuentra los datos que dicen que ustedes son el Gobierno más numeroso y más incompetente de toda Europa; un Gobierno que nos ha situado a la cola de todos los rankings, los económicos, los sanitarios, con un 40,4 % de tasa de desempleo juvenil. Y en menos de lo que se monta uno un chalecito en Galapagar, se pueden encontrar esos datos que dicen que hay 1,2 millones de hogares en los que todos sus miembros están en paro y que el 36,7 % de los parados ya no cobran ninguna prestación. Pero también están ahí los datos que demuestran que su Gobierno sí que ha creado empleo, ha creado 736 puestos de trabajo digitales en un año. Son 736 altos cargos nombrados a dedo a cargo de los españoles en el peor momento. Hay que decir que el Grupo Popular sí va a apoyar este real decreto porque incorpora las medidas que venimos defendiendo desde hace meses, porque ya en noviembre del año pasado en la tramitación de las Presupuestos Generales del Estado, presentábamos, vía enmienda, que los ERTE y que los ceses de prestación para los autónomos se extendieran hasta el 31 de mayo; una medida que ustedes rechazaron porque la presentaba el Partido Popular pero de la que hoy usted saca pecho y que viene a defender en esta tribuna. Señora ministra, hoy de nuevo llegan tarde y además se quedan cortos, porque España necesita un plan de rescate a la economía productiva, eficaz y realista, con ayudas directas, que establezca un marco de certidumbre y que avance en la flexiseguridad pactada. España necesita un plan de choque fiscal con exenciones a los autónomos y a las pymes que no pueden desarrollar con normalidad su actividad. Nuestro país necesita también un plan de reequilibrio fiscal que reduzca el gasto público ineficiente, y así lo hemos propuesto mediante una proposición no de ley que hemos registrado en esta Cámara el mes pasado. Pero le tengo que decir, señora Díaz, que su Gobierno es un Gobierno de surferos, que no se mueve hasta que llega la ola, que siempre espera hasta el último minuto, aunque esto suponga jugar con la tranquilidad que los españoles tanto necesitan. Para finalizar, quiero cerrar mi intervención con una petición, señora ministra, devuelvan la seguridad a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores y a las trabajadoras de este país; devuélvales la certidumbre, vamos a ver si conseguimos que los españoles puedan dormir tan tranquilos como si fueran okupas. Muchas gracias. .

Esther Peña Camarero PSOE

Gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Hoy tratamos la tercera prórroga de los ERTE y de las ayudas a autónomos que nos exige la situación que vivimos, cuarto acuerdo del diálogo social donde todos los actores implicados están a la altura de las circunstancias, ¿verdad? No como otros, señorías del Partido Popular, porque exagerar y mentir por un mismo camino suelen ir, señor Movellán. Porque ya son cuatro los acuerdos en los que ustedes, en vez de darse cuenta de que los empresarios, los autónomos y las personas trabajadoras lo que quieren es unidad, soluciones y acuerdos, se ponen de lado para torpedear la herramienta que está siendo capaz de aliviar la carga a empresas, mantener rentas a trabajadores y procurar que el tejido productivo esté preparado para la salida de la crisis. Cuatro acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con patronal y sindicatos en beneficio de los españoles y cuatro ocasiones desperdiciadas por el Partido Popular para defender a los ciudadanos de este país. Además, se cumplen once meses desde la flexibilización de los ERTE, que han salvado más de tres millones y medio de empleos y cientos de empresas, un instrumento que es muy valioso para evitar despidos masivos, un mecanismo de hibernación que continuará mientras sea necesario. ERTE que han funcionado bien, aportando confianza y certidumbre a trabajadores y empresas, donde un 83 % de los trabajadores ya han recuperado su empleo, solo en estadística europea por detrás de los Países Bajos. Así que el Gobierno de España pone a disposición de las empresas y trabajadores con este decreto 5000 millones de euros, 3500 para prestaciones y 1500 millones para exoneraciones a la Seguridad Social. Un decreto que se adapta a la virulencia del impacto de la pandemia, se anticipa y aporta certidumbre, con una duración hasta el 31 de mayo, da continuidad al marco que tan bien ha funcionado y se caracteriza por mejoras en la gestión. Este decreto tiene una cosa que a las señorías del Partido Popular no les gusta: se refuerza el compromiso de mantenimiento del empleo. El Partido Popular pide, quiere y exige a través de esta moción (muestra un documento) en todos los territorios de nuestro país que se derogue la cláusula relacionada con el mantenimiento del empleo. ¿Qué quieren con eso? Facilitar los despidos gratuitos. Se ve que esto va en su ADN, cuando gobiernan y cuando no; el Partido Popular está exigiendo que se despida y se haga además de manera gratuita. Están exigiendo que se eche a la gente a la calle, que desaparezcan miles de empleo, que se deje en la estacada a cientos de familias, quieren que el peso de la crisis recaiga sobre los trabajadores. Está en su manera de gestionar crisis: recortes, cero ayudas y despido fácil, nada nuevo bajo el sol. Por suerte para los españoles ustedes no gobiernan. Señorías del Partido Popular, esto va de echar una mano directa también a los autónomos, no al cuello, como parece que quieran hacer ustedes. Es verdad que ningunean el conocido paro de los autónomos que también, fruto del acuerdo con el colectivo de autónomos, aprobamos hoy. Una medida inédita —inédita—, que a veces se nos olvida poner en valor, que no existía hace dos años, que creó la ministra socialista Valerio y que ha destinado solo el mes pasado 290 millones de euros para 355 000 trabajadores autónomos. . Estas son cifras, y no hace falta vociferar porque con argumentos las cosas también se defienden. Fíjense, algún dato más, el pasado mes de abril su portavoz, el señor Casado, presentó un plan de rescate para autónomos maravilloso, que con 2000 millones de euros iba a solucionar todos los problemas de los autónomos de nuestro país. Fíjense, solamente un dato, con la prestación de ceses y la exoneración, a 31 de enero este Gobierno ha invertido 6800 millones de euros en ayudas a los autónomos. Menos mal que ustedes no están gobernando. Así que todo esto es importante, ¿pero es suficiente? Pues no, no lo es. Mientras no estemos en proceso de inmunidad hay que proteger al ocio, la cultura, el transporte, y este Gobierno pone su parte, pero las comunidades autónomas tienen que complementar, tienen que hacerlo, es obligatorio hacerlo, es de sentido común poner medidas en marcha. Así que, por favor, pónganse a trabajar en las comunidades donde ustedes gobiernan. Porque es verdad que la expectativa es que la vacuna funcione y la normalidad esté cerca del 31 de mayo, pero llegará el día después, cuando el gran motor serán las reformas auspiciadas por fondos europeos, a los que ustedes también votan en contra, y no serán los ERTE. Y en eso estamos ya en el Grupo Parlamentario Socialista, trabajando para procurar avances más sustantivos en los grandes retos pendientes de la regulación del mercado de trabajo y los derechos de las personas trabajadoras. ¿Es positivo que el Gobierno de Pedro Sánchez haya subido el salario mínimo interprofesional más que ningún otro en la historia de nuestra democracia? Lo es. ¿Es justo que en esta legislatura el Gobierno lo lleve al 60 % del salario medio al ritmo más rápido posible? Lo es y así lo llevaremos a cabo, pero el Grupo Socialista quiere más, quiere dejar atrás la reforma laboral del Partido Popular, queremos hacernos cargo de la hoja de ruta clara que ha puesto en marcha el Gobierno de España, retomar la negociación colectiva, la prevalencia del convenio sectorial, la ultraactividad de los convenios, el fin de la subcontratación irregular o simplificar el sistema de contrataciones. Claro que sí, en eso estamos en el Grupo Parlamentario Socialista. Así que, pónganse las pilas, señorías del Partido Popular, porque la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y del tejido económico de nuestro país con el Partido Socialista Obrero Español a la cabeza es imparable. Muchas gracias. .

José Luis Escrivá Belmonte

: Muchas gracias, presidenta. Señorías, el real decreto-ley que hoy presento ante ustedes ahonda en el compromiso social y el compromiso de la inclusión de este Gobierno. Las tres medidas principales que se incluyen en él ponen inequívocamente de manifiesto cuáles son nuestras prioridades. En primer lugar, la reducción de la brecha de género en materia de pensiones, reflejo de un mercado de trabajo que todavía hoy trata de manera injusta y desigual a mujeres y hombres. En segundo lugar, una modificación del ingreso mínimo vital para facilitar el acceso a determinados colectivos especialmente vulnerables, a los que acreditar ciertos requisitos para solicitar la prestación les era ciertamente difícil. Como siempre he dicho en esta Cámara, el ingreso mínimo vital ha de ser un recurso vivo. Desde el inicio nos comprometimos a monitorizar su despliegue progresivo, a fin de que logre sus objetivos y llegue a quien lo necesita. La reforma que traemos hoy a convalidar a esta Cámara es una muestra más de nuestro empeño en su mejora continua. En tercer lugar, el reforzamiento de la protección social y el reconocimiento de los profesionales de nuestro sistema de salud, que tanto nos dan con su ejemplo y su lucha continua en esta pandemia. Además, este real decreto-ley también incluye medidas de gran importancia para la protección de personas que, como consecuencia la pandemia, tienen dificultades para pagar sus préstamos hipotecarios. Dividiré mi exposición en estos bloques, empezando por el complemento de pensiones para la reducción de la brecha de género. Cuando llegamos a este ministerio, una de nuestras prioridades en materia de pensiones era la modificación del complemento de maternidad introducido el año 2016 que, más allá de su mejorable diseño, había quedado desvirtuado tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además de jurídicamente débil, el diseño del complemento de maternidad tenía dos problemas fundamentales. El primero es que, aunque su propósito fuera el de compensar las peores pensiones que sufren muchas mujeres por haber recaído en ellas un peso mayor en la responsabilidad del cuidado de los hijos, solo daba compensaciones a partir del segundo hijo. Este hecho chocaba con la evidencia internacional y también con los datos que tenemos y hemos recopilado en la Seguridad Social que muestran que la brecha de género aparece y tiene su mayor importancia con el nacimiento del primer hijo. El segundo problema era su diseño, que consistía en un incremento porcentual de la pensión, lo que favorecía que el grueso del presupuesto no acabara en las mujeres con mayores necesidades sino de manera regresiva en los hogares con pensiones más generosas. Como he recordado aquí en muchas intervenciones, este es un problema casi endémico de nuestras políticas sociales. La razón por la que nuestros niveles de desigualdad son los más altos de los países de nuestro entorno no es tanto que las rentas generadas en el mercado sean muy desiguales —que son parecidas a las de los países de nuestro entorno— sino que en el diseño poco progresivo de las políticas públicas apenas podemos reducir esas desigualdades. Con el ánimo de corregir estos problemas en este real decreto-ley sustituimos el anterior complemento de maternidad de pensiones por un complemento para reducir la brecha de género. Esta modificación responde así a la necesidad de convertir este complemento en una herramienta más justa y eficiente en la reducción de la brecha de género, según nos han reconocido sus señorías en el Pacto de Toledo, que es una petición expresa concretamente en la recomendación número 17. Asimismo, tiene el valor de haber sido negociada y acordada con todos los interlocutores sociales, los representantes de los trabajadores y los representantes de las entidades empresariales y esta medida ha sido plasmada además como un hito dentro del Plan de transformación, resiliencia y recuperación que estamos culminando. En España se evidencia un importante efecto negativo en la renta salarial de las mujeres como consecuencia de la maternidad, que luego se refleja también en sus pensiones. Atendiendo a los datos de la Seguridad Social, se observa una diferencia notable, una brecha entre los salarios de los hombres y mujeres que se detecta perfectamente cuando nace el primer hijo. Esta brecha aumenta durante los primeros años tras el nacimiento y, lo que es más importante, no se corrige cuando los hijos son ya mayores. Al consolidarse esta brecha en el tiempo las cuantías de las pensiones de mujeres y hombres acaban siendo muy diferentes. El nuevo instrumento para el que solicitamos la convalidación hoy ha sido pensado de manera explícita para corregir esta desigualdad; por ello y a diferencia del anterior complemento, los requisitos para activar la prestación atacan el origen del problema y estará en vigor mientras la brecha de género en pensiones siga vigente. Tendrá derecho al nuevo complemento aquel progenitor que acredite un perjuicio en su carrera profesional tras el nacimiento del primer hijo y que en el caso actual el 98 % son mujeres. Cuando ninguno de los dos miembros de la pareja pueda acreditar el perjuicio el derecho se reconocerá a la madre o al progenitor con menor pensión si se trata una pareja del mismo sexo. Lo hacemos además fijando una meta cuantitativa, por lo que el complemento estará en vigor hasta que la brecha de género que hoy está en torno al 30 % pase a bajar del 5 %. El complemento para la reducción de la brecha de género es más eficaz y más progresivo con diferencia que el complemento anterior y permítanme que lo muestre con datos. El nuevo complemento tendrá un mayor alcance, ya que se cobra a partir del primer hijo, no del segundo como en el sistema actual. De esta manera, no solo se da acceso a esta prestación a 30 000 mujeres más al año sino que ayuda a compensar de manera directa las consecuencias del hecho que a día de hoy provoca la brecha y también, a diferencia del anterior, permite percibirlo a los hombres si su carrera laboral se ha visto afectada. De las 186 000 mujeres con hijos que se convertirán en pensionistas en el este año 2021, el 75 %, es decir, tres de cada cuatro, tendrán un complemento mayor que el que le correspondía en la normativa anterior. El nuevo complemento también dejará de ser regresivo, como el que ha estado vigente en estos años, ya que implica un pago fijo anual de 400 euros por hijo, frente al sistema de incremento porcentual de la pensión actual, que beneficiaba especialmente a un componente muy minoritario con las rentas más altas y las bases de regulación más altas. Con el nuevo complemento, más del 70 % del incremento del presupuesto anual estará destinado a personas con pensiones por debajo de 12 600 euros —estamos hablando de 900 euros al mes—, mientras que con la norma actual —la que es sustituida— solo el 50 % del pago anual se destinaba a pensiones de rentas más bajas. Haciendo el complemento más progresivo, atacamos mejor la brecha de género, limitando las desigualdades y beneficiando a aquellas mujeres con un mayor riesgo de sufrir una penalización más severa a lo largo de su carrera. Algunas voces han criticado que es una medida poco contributiva, y es así en efecto; esta medida no será financiada con cotizaciones sociales, como nos ha recomendado el Pacto de Toledo, y esa es la confusión, sino con los Presupuestos Generales del Estado. Es una política legítima que sale de las arcas del Estado y de los impuestos, y por eso su carácter redistributivo. . La contributividad queda asegurada con el establecimiento de la pensión inicial de forma proporcional a lo aportado y lo que hacemos ahora frente a esa contributividad es mejorar su dimensión redistributiva que, como decía antes, es algo de lo que adolecen muchas de nuestras políticas públicas. En definitiva, se trata de una política más generosa, más progresiva y mejor diseñada para corregir la brecha de género en el medio y en el largo plazo. Con un incremento del presupuesto adicional de tan solo 40 millones respecto al gasto anterior, ampliamos en un 30 % el número de nuevas beneficiarias y concentramos mejor el efecto en las rentas más bajas. Para pensiones por debajo de 12 600 euros, el incremento del presupuesto es de un 80 %, mientras que para el resto de tramos permanece con escasos cambios. Permítanme ahora que pase al segundo elemento del real decreto-ley, que es la facilitación de acceso al ingreso mínimo vital. El real decreto-ley que hoy traigo a convalidar también incluye una medida muy relevante para un gran número de personas vulnerables. En esencia, lo que traemos aquí es una modificación del criterio de unidad de convivencia en la normativa del ingreso mínimo vital para facilitar el acceso a colectivos particularmente vulnerables y para los que la acreditación de esa situación es muy compleja. Se trata de la definición técnica de lo que consideran un hogar que, como saben, es algo que tiene una gran relevancia a la hora de recibir la prestación. A través de un análisis exhaustivo realizado con todas las instancias implicadas en los últimos meses, hemos detectado algunas dificultades para acceder a la prestación, concretamente en casos con personas de residencia itinerante, sinhogarismo, temporeros, asentamientos y otros casos en que se comparte residencia o vivienda. Nos hemos dado cuenta de que con la definición tal y como estaba en la norma no se adaptaba a algunas situaciones de convivencia de personas particularmente vulnerables y hemos denegado unas 60 000 solicitudes a hogares que cumplían el resto de los requisitos pero no la acreditación de la unidad de convivencia. Con el objeto de incluir a muchos de ellos y a más que quizá no han pedido la prestación por la dificultad que tienen de acreditar su residencia, hemos incluido en el decreto las siguientes medidas: Para personas en hogares colectivos, facilitar el acceso a estas personas que viven de forma no permanente en centros residenciales registrados, como albergues o casas de acogida. En situaciones de convivencia transitoria, sabemos que muchas veces en casos de violencia de género, divorcio, separación, desahucio o inhabitabilidad, las personas se van a vivir con otros familiares de forma temporal, pero para evitar que este hecho les deje fuera del ingreso mínimo vital creamos el concepto de unidad de convivencia independiente que les permita cursar la solicitud sin tener en cuenta al resto de las personas con las que convive. Además reforzamos la colaboración de los trabajadores sociales y las entidades del tercer sector al permitirles acreditar a estas últimas, de forma transitoria y subsidiaria, situaciones complejas de certificar por los servicios sociales en algunos casos. Es un gran desafío conseguir que al final de la legislatura los servicios sociales públicos dispongan de recursos suficientes para responder a la demanda que ha creado el ingreso mínimo vital que, les quiero recordar una vez más, no es solo una prestación viva sino que es un conjunto de políticas sociales encaminadas a conseguir la inclusión. Por desgracia, quitando honrosas excepciones con larga y exitosa trayectoria con rentas mínimas, los servicios sociales de este país no están dimensionados en este momento para el reto que supone la prestación del ingreso mínimo vital, lo que nos ha obligado, transitoria y subsidiariamente, a recurrir a la experiencia y capacidad de las organizaciones del tercer sector, evitando que ningún ciudadano se vea perjudicado por el inadecuado despliegue de los servicios sociales en su territorio. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las entidades, organismos, servicios sociales y administraciones, con las que mantenemos un diálogo permanente, su ayuda en el proceso de mejora continua de la prestación con la que estamos radicalmente comprometidos. Finalmente el decreto-ley incorpora otras medidas de protección social muy relevantes. En primer lugar incluye medidas para reforzar la protección de aquellos que están en primera línea de batalla contra la pandemia: el personal sanitario y sociosanitario. Facilitamos la contratación de profesionales sanitarios retirados de la vida activa, haciendo compatible la pensión de jubilación con la actividad. El objetivo es incrementar los medios para combatir el COVID y para afrontar en los próximos meses el proceso de vacunación. Como segunda medida, en el caso de los profesionales sanitarios y sociosanitarios que han contraído el COVID en el ejercicio de su profesión, esta pasará a ser considerada como una enfermedad profesional para reconocerles así una mayor protección. Aprovecho esta ocasión para reiterar mi agradecimiento en nombre de todo el Gobierno a todos aquellos profesionales del sector sanitario y sociosanitario que, con su coraje y determinación, nos están dando un ejemplo a todos. Este real decreto-ley también incluye otras medidas socioeconómicas entre las que se cuentan las siguientes. Una, la flexibilidad del acceso a las prestaciones por Covid de los autónomos que tributan mediante estimación objetiva. Dos, una ampliación de la cobertura y una prórroga del plazo de solicitud de las moratorias financieras para paliar los efectos económicos del Covid. Y tres, los hogares, los autónomos vulnerables y las empresas del sector turístico y del transporte podrán aplazar hasta un total de nueve meses el pago del principal y los intereses de sus préstamos con y sin garantía hipotecaria. Así aliviamos de la carga financiera que soportan los colectivos más castigados por la pandemia y reforzamos su solvencia. En conclusión, señorías, solicito la convalidación de este real decreto-ley que incluye varias medidas de calado para no dejar a nadie atrás, reforzando nuestro compromiso con la equiparación de derechos de las mujeres y los hombres mediante un nuevo complemento para reducir la brecha de género con mayor alcance, mejor diseño y más equitativo, flexibilizando la normativa del ingreso mínimo vital para facilitar su acceso a algunos colectivos vulnerables. Queremos que personas que hoy carecen de los medios básicos puedan participar de pleno en la vida social y económica del país. Y, finalmente, aseguramos la protección de aquellos que arriesgan sus vidas por nosotros con todos los medios a nuestro alcance. Muchas gracias, señorías. .

Tomás Cabezón Casas PP

Muchas gracias, presidenta. Quiero empezar mi intervención condenando que un diputado de esta Cámara pueda mostrar un tuit con las características que ha puesto avalando la delincuencia, avalando las concentraciones violentas que ayer se produjeron y que, además, nadie del Gobierno haya salido todavía a condenar también esas manifestaciones de sus socios de Gobierno. . Me llama mucho más la atención que uno de los ministros supuestamente moderados de este Gobierno no haya condenado los ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ayer, por mantener el orden constitucional, por mantener la seguridad de todos los españoles, fueron agredidos de forma violenta en esas concentraciones. Intolerable, señor ministro. Espero y esperaba de usted que hubiera condenado estos hechos y hubiera avalado las actuaciones de la Policía Nacional. . Señorías, hoy debatimos un nuevo real decreto-ley que supone un nuevo batiburrillo de modificaciones legislativas de temas muy dispares y que viene a demostrar una vez más que el Gobierno de Sánchez gobierna a salto de mata. Este real decreto, señor ministro, habla de complemento de maternidad, de su enésima reforma sobre el ingreso mínimo vital, ese que usted traía tan estructurado de su anterior etapa, que estaba tan controlado y que había consensuado con todas las comunidades autónomas, supone una nueva modificación. Recoge asimismo medidas a favor de los trabajadores autónomos, que compartimos, moratorias en el pago de préstamos, avales públicos que regulan el acceso a determinada información del Instituto de Crédito Oficial, compatibilidad de pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios, pero lo más grave es que este real decreto-ley esconde un recorte a las pensiones sin precedentes, señor ministro. Es la primera reforma que usted, señor ministro, señor Escrivá, trae al Congreso sobre pensiones y supone su primer recorte en pensiones, un recorte que a quien más afecta es a las madres trabajadoras con dos o más hijos, el primer recorte de esos 30 000 millones de euros que usted anunció hace escasos días en un medio de comunicación y que usted definía como ese moderado ajuste en las pensiones. Es cierto que el Pacto de Toledo en su recomendación 17 invita a adoptar medidas de carácter estructural para terminar con la brecha de género en pensiones pero, señor Escrivá, no puede ampararse permanentemente en el Pacto de Toledo para hacer lo que a usted le venga en gana. El Pacto de Toledo fue un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, con dos votos en contra, en el que le dábamos un marco en el que nos podríamos mover todos los grupos parlamentarios y en el que le decíamos a usted que podría moverse, pero dentro de ese marco hay muchas formas de proceder y usted no negocia ya con ningún grupo parlamentario. Ese es su problema y, si sigue con esa actitud, ese será el susto que algún día se encontrará cuando venga a tramitar algún real decreto o alguna reforma legislativa. El Pacto de Toledo no puede ser el escudo para que usted haga y deshaga a sus anchas. Lo que no puede ser es que se le llene la boca hablando de consenso y de diálogo y apruebe un complemento de maternidad que supone un importante recorte en la pensión de muchas madres y que ni tan siquiera se plantee su debate en la Comisión del Pacto de Toledo. Estos días han salido los sindicatos —una vez que usted aprobó el real decreto— quejándose también del complemento de maternidad. Al día siguiente de usted aprobar el real decreto en Consejo de Ministros, UGT consideraba que el complemento de maternidad de las pensiones es claramente mejorable. Comisiones Obreras decía que este complemento de maternidad tenía olvidos en la jubilación voluntaria de las Clases Pasivas y luego, una vez que quiso hacerse esta foto para formalizar el acuerdo, los sindicatos piden que se tramite como ley el complemento de maternidad para mejorarlo, para corregir algunas insuficiencias. . Este es el acuerdo que usted ha conseguido en la Mesa de Diálogo Social: corregir insuficiencias y ni tan siquiera con el acuerdo claro y cerrado de las fuerzas de diálogo social. Llamativo, señor ministro. No podemos olvidar que la brecha de género de las pensiones es la derivada de la brecha salarial de género entre hombres y mujeres, señor ministro, no como usted, que en su intervención inicial ha intentado hacer ver que es entre mujeres de arriba y mujeres de abajo, que eso es lo que a usted le gusta. Es la brecha de género entre hombre y mujer. Eso es lo que aquí hay que intentar corregir. Junto con el abandono de la carrera profesional y los salarios más bajos, son los principales factores que han provocado la diferencia a la baja de las pensiones de mujeres con respecto a los hombres. Afortunadamente, esas diferencias de género en el mercado de trabajo se han reducido de forma notable en las últimas décadas, aunque es verdad que tenemos que seguir implementando políticas públicas para que desaparezcan. En consecuencia, cabe prever una progresiva reducción de la brecha de género en pensiones, pero la brecha solo puede desaparecer si se alcanza la igualdad plena entre hombres y mujeres. Señorías, desde el Partido Popular compartimos la necesidad de combatir la brecha de género en pensiones. Nosotros fuimos los pioneros, el Partido Popular fue pionero en reconocer a las mujeres su esfuerzo y compensar las lagunas de cotización que muchas madres sufren tras el nacimiento de sus hijos. En 2016 el Gobierno del Partido Popular aprobó por primera vez un complemento de maternidad a las pensiones que incrementaba la pensión de las mujeres en el 5 % en el caso de dos hijos, en el 10 % para tres hijos y en el 15 % para cuatro hijos, logrando con ello que cientos de miles de mujeres vieran justamente incrementada su pensión y una notable reducción en la brecha de género en pensiones. Es cierto, y hay que reconocérselo, que como consecuencia de la ya… .

Tomás Cabezón Casas PP

Es cierto que como consecuencia de la archiconocida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea era necesario matizar este complemento, pero desde entonces, hace más de un año, señor ministro, usted podría haber traído aquí un proyecto de ley, haberlo negociado y haberlo consensuado y no utilizar el real decreto-ley, con el que no estamos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo. No se acostumbren a negociar y a trabajar con el real decreto-ley para intentar imponer sus posiciones. Una de las características más relevantes de este nuevo complemento es que las madres con un solo hijo también pueden percibirlo y nosotros en eso estamos de acuerdo. Es más, el Partido Popular lo llevaba también recogido en su programa electoral, por lo que en esta parte podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, no podemos pasar por alto que este nuevo complemento en las pensiones supone también un perjuicio económico para un gran número de madres trabajadoras que ven cómo su pensión se recorta notablemente con la entrada en vigor de esta medida. Dicho recorte, señor ministro, puede llegar hasta el 70 % de reducción del complemento de maternidad según el número de hijos y la base de cotización. Usted propone un complemento fijo y lineal de 27 euros mensuales por hijo y se da a todas las mujeres que tienen derecho a una pensión contributiva sin valorar ni los años de trabajo ni los años cotizados ni la cuantía de su cotización. Así por ejemplo, una madre con dos hijos, con una pensión media de 1100 euros —no creo que nadie en este hemiciclo pueda decir que una pensión de 1100 euros sea de gente millonaria—, ya se vería penalizada con su complemento de maternidad. Si esta madre tiene una pensión de 1100 euros y tres hijos, con su complemento tendría 400 euros menos de pensión anual. Si esa madre de 1100 euros tuviera cuatro hijos, usted le recortaría 800 euros al año, señor Escrivá. Y en el caso de una pensionista con dos hijos y una pensión media de 1500 euros, de las que ahora están empezando a ser pensiones medias de las nuevas madres que entran a percibir la jubilación, usted empezaría a recortarle 300 euros al año, señor Escrivá. ¿Esto es lo que queremos favorecer con la reducción de brecha de género? ¿Así vamos a conseguir que se avance en la reducción de la brecha de género, cuando ustedes lo único que hacen es recortar a las madres que más han aportado, tanto en cotizaciones como en aportación demográfica al sistema de pensiones, a las cotizaciones en las pensiones, los que más cotizantes están proveyendo para el futuro a nuestro Sistema Público de Pensiones? Señorías, el complemento que nosotros aprobamos en 2016 podía suponer para una familia un incremento de entre 1700 euros y 5600 euros, según fueran sus cotizaciones. Con su actual modelo, 1512 euros. Es decir, de 1512 de aportación máxima que usted hace de complemento de maternidad a los 5600 que se podían aportar con el complemento de 2016. ¿Eso es a lo que usted se refiere cuando dice que no hay recortes? ¿Eso es lo que usted llama redistributivo? ¿Eso es lo que usted llama contributivo, señor ministro? ¿Usted considera que con el mismo presupuesto que tiene el anterior complemento de maternidad puede llegar a todas las mujeres incrementando las 30 000 madres con un hijo? ¿Así vamos a avanzar en la reducción de brecha de género en pensiones? No, señor ministro, ese es su modelo, pero ese no es el modelo del Partido Popular. . El nuevo complemento choca claramente contra el principio de contributividad, señor ministro, se lo hemos dicho, y sabe perfectamente que para el Partido Popular el principio de contributividad es básico en todo el sistema. Además es evidente, pero no por ser evidente voy a dejar de repetirlo, que la contributividad significa que cada uno va a recibir en el futuro una pensión de acuerdo con sus contribuciones al sistema, así que quien más y en mayor cuantía cotiza al sistema recibirá pensiones más altas, por tanto, no es justo que a las mujeres que han contribuido laboral y demográficamente al país usted las castigue, porque no es justo penalizar el esfuerzo, señor ministro. Y la nueva redacción que usted hace contraviene la recomendación 11 del Pacto de Toledo, referida a la contribución, ya que, a diferencia del sistema anterior, ahora se prescinde de la cotización realizada y ello pese a establecer en el apartado 3 del artículo 60 que el complemento tendrá a todos los defectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, señor ministro. Esto es lo que usted expone y no es verdad, ya que introduce en las pensiones contributivas un impropio elemento igualitario, fijo y de complemento único, sin tener en cuenta las diversas aportaciones a la Seguridad Social a lo largo de la vida laboral. Y si justifican este asalto afirmando que se trata de redistribuir las rentas, como ya ha hecho usted, señor Escrivá, le diremos que para eso hay otros mecanismos pero no el sistema público de pensiones. No haga experimentos, señor Escrivá. Voy concluyendo. Menos mal que no iban a dejar a nadie atrás. Es difícil dejar a nadie atrás cuando estamos en la cola; en eso lleva usted razón. En enero de 2021 anunció recortes. En febrero de 2021 ejecuta el primer recorte, señor ministro. Esperemos que no siga trayendo nuevos recortes a esta Cámara porque, como usted bien sabe, el Pacto de Toledo no los ha aceptado. Han empezado ustedes con las madres —nada menos—, por las mujeres, y usted me dirá, señor Escrivá, que es un ajuste técnico, que España tenía pendiente la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es cierto que esa sentencia nos obligaba a una readaptación normativa, pero no es esta la que necesitábamos. Y la podría haber ejecutado de mil maneras, pero han elegido la que recorta derechos a las mujeres en el peor momento.

Tomás Cabezón Casas PP

Concluyo, señor presidente. Usted sabe que Europa pide reformas en las pensiones, pero pide consenso en la reforma de las pensiones. Usted nos trae un real decreto sin consensuar ni con los grupos parlamentarios ni en el Pacto de Toledo. Este no es el camino, señor ministro. Y si usted de verdad quiere seguir trabajando y cumplir con lo que ha mandado en la componente 30, esa no es la actitud. Muchas gracias. .

José Luis Escrivá Belmonte

: Prefiero intervenir al final.

Ana María Oramas González-Moro CCa-PNC-NC

Gracias, señor presidente. Señor ministro, señorías, el ingreso mínimo vital no puede ser un derecho imposible para cientos de miles de personas. Nos alegramos de las modificaciones, pero llegan muy tarde y no son suficientes. La falta de personal, las leoninas condiciones, la gestión únicamente telemática han profundizado la exclusión social. Usted sabrá que el 90 % de las personas a las que se dirige la prestación no tienen equipos informáticos ni conexión ni conocimientos para una gestión tan complicada que no ha podido resolver la brecha digital. Con las condiciones iniciales se ha denegado la prestación a la mayoría de las solicitudes, llevan seis modificaciones con una gestión caótica. ¿Los expedientes denegados, señor ministro, se rescatarán y se resolverán de oficio, o vamos a volver a hacer ir a la gente a presentarlo sin incrementar las plantillas, o se va a comunicar de oficio, por lo menos a los que lo presentaron y que ahora se les resuelve? Esta vuelta al principio, ¿será con el mismo personal que tienen hoy? Le voy a poner el caso de Canarias, prácticamente 90 000 solicitudes. De las 90 000 solicitudes en Canarias, solo se han resuelto ―estoy hablando a 16 de diciembre― 7900 y han sido favorables 3500, datos actualizados y que tengo por escrito. En cuanto a los datos de exclusión social de Canarias, en una comparecencia en el Parlamento de Canarias hace una semana se dijo que en Las Palmas el banco de alimentos ha atendido a 200 000 personas y en Santa Cruz de Tenerife a 125 000; estamos hablando de 325 000. El dato que se tiene de las personas que están en riesgo de pobreza es de 2019, antes de la pandemia, y era el 28,5 % de la población. Señor ministro, ¿sabía usted que una persona para tramitar su jubilación, como no le dan cita en Tenerife, tiene que coger un avión porque el único sitio donde le dan cita es en El Hierro? Se lo digo para que lo sepa. En materia de pensiones, nosotros creemos que ha ignorado el acuerdo, el consenso, que esto no tenía que venir en un decreto, que tenía que venir separado como proyecto de ley y haberse debatido en el Pacto de Toledo. Desde luego, nosotros no podemos coincidir con la fórmula que usted ha elegido. En cuanto a la enfermedad profesional de los sanitarios, ¡a buenas horas mangas verdes! Un año después. Se ha pedido reiteradamente aquí. Nosotros esperamos que en el plazo de enmiendas, señor ministro, podamos resolver la accesibilidad ―como le dije hace seis meses en su despacho, los ayuntamientos son un elemento fundamental de los nuevos solicitantes―, pero, desde luego, vamos a exigir que se revisen por oficio aquellos a los que se les denegó y reunían los requisitos. Muchísimas gracias, señor presidente.

Albert Botran Pahissa CUP-PR

Gracias, presidente. A propósito de las manifestaciones que sucedieron ayer, yo tiraré de un viejo proverbio chino que dice que cuando un dedo señala la luna, los necios solo miran al dedo. Pregúntense por qué se dan tantas manifestaciones, por qué va tanta gente joven a manifestaciones que terminan con enfrentamientos con la policía; pregúntense por los motivos de fondo que tienen que ver con la amenaza a la libertad de expresión y que tienen que ver también con las duras condiciones socioeconómicas de la juventud ―un 40 % de paro juvenil―, y pregúntense, ya puestos, si quieren ser un poco más autoexigentes, qué responsabilidad tiene la policía en estos disturbios. . En los dispositivos concretos, como el de ayer en la Puerta del Sol, tienen mucho que ver en cómo terminan estas manifestaciones. . Y no griten, no griten, pregúntense y sean un poco más autoexigentes. . Miren lo que sucedió ayer y miren qué responsabilidad tiene la policía. .

Albert Botran Pahissa CUP-PR

Entrando en materia, estamos a favor de esta medida concreta en materia de pensiones y por eso queremos recordar una vez más que están en el punto de mira de las contrarreformas que la Unión Europea quiere exigir al Estado español, que en este caso contarán siempre con nuestra firme oposición y con la del movimiento de pensionistas, tanto en el aumento de la base de cálculo —pasar de los veinticinco a los treinta y cinco años, que sugirió usted en reuniones del ministerio, señor ministro— como en cualquier cambio en los indicadores de revalorización que no sea el IPC, el índice de precios al consumo, o en la potenciación de las pensiones privadas de empresa, que es el primer paso a la mochila austriaca. Hay dinero para pensiones y más que habría si no se hubiera vaciado la hucha de las pensiones para otros usos. Por eso, en más de una ocasión hemos reclamado una auditoría. En cuanto al ingreso mínimo vital, también estamos a favor de las medidas que se toman, pero quiero recordar una vez más que, precisamente, los problemas de dejar a gente fuera del ingreso mínimo vital, que son los mismos que tiene la renda garantida de ciutadania en Cataluña, se resuelven con la universalidad. Por supuesto, una renta básica universal requeriría muchos más ingresos y por eso sería necesaria una reforma fiscal a fondo, que no es, precisamente, la dirección que ha tomado el Gobierno, puesto que descartó, por ejemplo, un impuesto a la riqueza o una tasa COVID. Por último —me queda poco tiempo—, quiero agradecer al equipo del ministerio que haya reunido a los portavoces para explicarnos el contenido del decreto. Quiero señalar que deben cumplirse los compromisos del Gobierno con los Gobiernos autonómicos de traspaso de la gestión que acordaron en más de una ocasión en la renovación de los estados de alarma o en la votación de presupuestos. No lo han hecho y tengo entendido que esto hoy les va a suponer algunos votos negativos. Especialmente por ese motivo, nosotros nos abstendremos. Muchas gracias.

Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

Señor presidente, egun on guztioi. El decreto al que nos estamos refiriendo en estos momentos plantea cambios y regulaciones nuevas de las leyes anteriores. Afecta a temas y a ámbitos muy diversos y no negaremos importancia a ninguno de ellos. Con respecto al ingreso mínimo vital, se admite en las disposiciones generales la necesidad de mejora de algunos aspectos para permitir la cobertura del mayor número de personas e incluir algunas situaciones que actualmente no se contemplan o no cuentan con una operativa que permita incorporarlas correctamente a la prestación. Estamos a favor del contenido de estas reformas porque abarca a más personas en situación de vulnerabilidad, pero no compartimos las formas. Una vez más se actúa ante un hecho consumado, sin tener en cuenta las competencias que la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad autónoma vasca tienen en esta materia. Imponer a los servicios sociales la participación para poder certificar la existencia de situaciones particulares no es el mejor camino. Pensamos que, previamente, se deberían deliberar y consensuar los mecanismos más efectivos para llevar a cabo esta tramitación desde el respeto competencial. Abogamos por la vía del pacto tanto con el Gobierno de Navarra como con el Gobierno vasco sobre este tema, tal y como está recogido en la disposición adicional quinta del Real Decreto 20/2020, de 29 de mayo. Por eso, pedimos tanto al Gobierno español como al Gobierno vasco y navarro que, desde el respeto de nuestro autogobierno, dialoguen y busquen la fórmula para hacer efectivas estas medidas. Por cierto, por encima de los acuerdos entre los Gobiernos, prioricen y acuerden la mejor fórmula, la más garantista, efectiva y ágil, para que estas personas puedan acceder a estos nuevos complementos sin más demora. Este es su deber. Háganlo. El Real Decreto-ley 3/2021 modifica el artículo 60 de la Ley General de Seguridad Social, que regulaba el complemento por maternidad en las pensiones contributivas. El motivo o la excusa para este cambio es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2019. En nuestra valoración de los cambios fundamentales que plantea vemos positivo que se cobre a partir del primer hijo y, además, que sea una subida lineal. En principio puede ser positivo, ya que favorece a las pensiones más bajas, pero también plantearíamos algún cambio. Lo que nos parece grave de este complemento es la argumentación que se plantea en la exposición de motivos, apartado I, tercer párrafo. Abro comillas: «La necesidad de proceder a su redefinición ofrece la oportunidad de convertirlo en un instrumento eficaz en la reducción de la brecha de género en las pensiones». Cierro comillas. Según los datos de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2020, la brecha de género en la pensión media de jubilación es de 561 euros menos para las mujeres de Nafarroa, 648 euros menos para las mujeres de la Comunidad autónoma vasca y 451 euros menos para el conjunto de las mujeres pensionistas del Estado. La brecha anual serían estas cantidades multiplicadas por catorce pagas, con lo cual las mujeres pensionistas navarras cobran 7854 euros menos, las mujeres pensionistas de la Comunidad autónoma vasca cobran 9072 euros menos y las mujeres pensionistas del conjunto del Estado, 6314 euros menos. La brecha de género en las pensiones es fruto no solo de la maternidad y de las tareas de cuidados, sino que se debe a la mayor precariedad de las mujeres trabajadoras, a la mayor contratación a tiempo parcial de una manera no voluntaria y a menos sueldos. Es evidente que la brecha de género a nivel salarial tiene un reflejo en las pensiones. Todo esto exige tomar medidas estructurales para superar la brecha de género, tanto en las pensiones como en los salarios. Así, planteamos pensión mínima de 1080 euros para todas y para todos, salario mínimo interprofesional de 1200 euros y derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, que establecen medidas que perjudican especialmente a las pensiones por derecho propio de las mujeres. También medidas en el ámbito laboral, como reducir la contratación a tiempo parcial de las mujeres. El 28,5 % de las mujeres que trabajaban en el cuarto trimestre de 2019 lo hacían a tiempo parcial y el 68 % de estos trabajos eran ocupados por mujeres, lo que les impide alcanzar porcentajes de alta pensión. De forma mayoritaria se realiza también de manera involuntaria, por no poder acceder a un trabajo a tiempo completo o por no poder costear el cuidado de personas adultas enfermas, discapacitadas o mayores. Además de luchar contra la economía sumergida, donde predominan las mujeres, lo que les impide el acceso a pensiones o las limitan en cuanto a su cuantía. En definitiva, el complemento que se plantea en el Real Decreto-ley 3/2021 es una medida muy limitada que no va a suponer ni mucho menos la solución a la brecha de género en las pensiones, la cual exige medidas estructurales de dignificación de las pensiones públicas que este decreto no contiene. Por ello, teniendo también en cuenta los pequeños avances y mejoras que para ciertos colectivos puede suponer todo el complemento por maternidad en las pensiones contributivas, así como en las prestaciones no contributivas del ingreso mínimo vital, nos abstendremos permitiendo su tramitación. Votaremos a favor de la tramitación como proyecto de ley para mejorarlo, al igual que seguiremos trabajando para acabar de manera estructural con la injusticia que aún sufren las mujeres pensionistas. Mila esker.

Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

Egun on. Buenos días nuevamente, señor presidente, señorías. Nos vemos para atender un nuevo real decreto-ley que, dictado con ocasión de la situación de pandemia, contiene medidas de diferente índole, muchas de ellas ―casi todas― positivas. Unas están razonablemente insertadas en un ámbito de excepcionalidad y otras, no estándolo, curiosamente, son las que plantean algún tipo de objeción por nuestra parte, ya que el legislador las debería haber tramitado de una forma diferente, a través de un procedimiento ordinario. Estoy hablando de las disposiciones contenidas en este Real Decreto-ley 3/2021 y reguladas en los artículos 1, 2 y 3. Pero también hay que atender otras cuestiones que, como he dicho, están revestidas de alguna característica que hace necesaria su regulación como consecuencia de la situación extraordinaria o urgente y que cuentan con nuestro beneplácito o con nuestro apoyo. Son las relativas a la modificación de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos; las relativas a la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios, al amparo del estado de alarma; las relativas al reconocimiento ―quiero hacer especial mención a esta cuestión― de las prestaciones por enfermedad profesional al personal de centros sanitarios y sociosanitarios que hayan contraído el virus SARS-CoV-2 en el ejercicio de su profesión; las relativas a la ampliación del plazo de solicitud y duración de moratorias y suspensiones, y al derecho del Instituto de Crédito Oficial a obtener información individualizada por empresas de calificación crediticia del Banco de España, como consecuencia de exigencias europeas. Sin embargo ―vuelvo a repetir, señor ministro―, son las dos medidas estrella contenidas en los artículos 1, 2 y 3 las que, bajo nuestro punto de vista, deberían haber sido tramitadas al amparo de una fórmula de iniciativa legislativa diferente a la de real decreto-ley, porque su regulación carece de ese atributo de extraordinaria y urgente. Respecto a las medidas de reducción de brecha de género, cuya solución compartimos, debemos señalar que, como han advertido con anterioridad, es una iniciativa legislativa conformada, en parte, por las recomendaciones del Pacto de Toledo y que, por tanto, de conformidad con estas recomendaciones, su iniciativa debería haber sido conocida por el propio Pacto de Toledo para poder ser analizada. No discrepamos con la medida relativa a que sea a partir del primer hijo cuando se pueda cobrar la prestación correspondiente y, evidentemente, tampoco vemos necesario hacer otras precisiones respecto al propio decreto-ley, pero sí queremos manifestar que no tenemos muy claro que el criterio de seguridad jurídica al que pretende atender para dar cumplimiento a la sentencia de 12 de diciembre de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vaya a poder ser garantizado con esa fórmula. Es decir, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace referencia a que la discriminación no se produciría cuando se ofrecen normativas diferenciadas para situaciones iguales o cuando se ofrece una normativa igual para situaciones diferentes. Este camino no ha sido demasiado acertado técnicamente, aunque entendemos que era por la necesidad de homologar esta prestación, que antes era por razones demográficas y ahora es por maternidad o vinculada al número de hijos, a una nueva fórmula, que, con todo respeto, creemos que es manifiestamente mejorable. En cuanto a la otra cuestión, la regulación del ingreso mínimo vital, señor ministro, sabe usted que este es nuestro elemento principal de discrepancia. Venimos a esta Cámara por quinta vez a observar la regulación de una prestación necesaria ―no podemos entenderla de otra manera―, regulada no solo en el Real Decreto-ley 20/2020, sino también en los 25/2020, 28/2020, 30/2020 y 35/2020, cuyo tratamiento en ponencia actualmente está pendiente de que se supere la fase de enmiendas, y cuyo retraso, a nuestro entender, también se produce como consecuencia de la falta de interés de los partidos que componen el Gobierno, que podían haber atendido esta cuestión y deberían haberlo impulsado para que fuera conocido. En lugar de eso, nos encontramos con el tratamiento, como fórmula extraordinaria y urgente, de una materia excesivamente importante y respecto de la que ―permítame decir― me he encontrado con una sorpresa en su intervención. Usted sabe que en esta cuestión nosotros tenemos nuestro propio modelo. Sabe usted también que en el Real Decreto 20/2020 se contempla una fecha concreta para la transferencia ―no ya para el inicio de las negociaciones, sino para la transferencia―, pero, al fin y al cabo, es el contenido del propio real decreto-ley el que nos ha asustado, tanto en la definición de algunas cuestiones relativas al núcleo de convivencia con las cuales podemos estar de acuerdo pero que deben estar reguladas o ser conocidas previamente por las comunidades autónomas que las tienen que aplicar, como, sobre todo, en la determinación de que algunas entidades, en la formación de su voluntad de participar, también son tenidas en cuenta en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través precisamente de un registro propio que existe en esta comunidad, pero frente al cual ustedes se plantean una alternativa, que es solaparlo. Pues bien, señor ministro, no podemos estar de acuerdo con esa predeterminación normativa y mucho menos con la frase, con la que usted me ha dejado absolutamente petrificado, con la que lo justifica. Dice: Los servicios sociales de este país no están dimensionados para asumir la gestión del ingreso mínimo vital, por lo que hemos debido incorporar a las entidades del tercer sector de acción social. No, señor ministro, esto no es cierto en el caso de Euskadi. En este caso, usted ha superpuesto su propia visión del tema para solaparlo con las competencias propias del País Vasco e incurrir en una flagrante invasión competencial que no podemos bendecir. Esta es la cuestión por la que, como usted sabe, nos vemos obligados a votar que no frente al resto de materias, con las que en su mayoría estamos de acuerdo. Con esta conformación que se ha hecho del procedimiento, no solo no podemos estar de acuerdo, sino que nos obliga, por primera vez en mucho tiempo, a llevarle la contraria, no solo al Gobierno, sino a usted, señor ministro, al que de verdad le digo que le tenemos un especial aprecio y que creemos que está haciendo una buena gestión, pero en este tema del ingreso mínimo vital, no. Lo siento, señor ministro, pero en esta ocasión vamos a tener que votar que no. Muchas gracias.

Sara Giménez Giménez Cs

Gracias, presidente. Señorías, señor ministro, hoy, nuevamente, debatimos aquí un decreto que llega a esta Cámara realmente sin tiempo ni trabajo suficiente por parte del Gobierno. Antes de votarlo, me hubiese gustado haberlo consensuado con más profundidad, teniendo en cuenta el buen talante tanto del ministro como de su equipo de trabajo, para intentar buscar soluciones que en este caso no han sido suficientes. Quiero hacer una mención al Partido Popular cuando hablamos de uno de los contenidos de este decreto en relación con las pensiones, y es que el modelo que ellos ofrecían en el año 2016 en esta materia tampoco es un buen modelo. Quiero dejar claro que ese modelo deja atrás a las mujeres que solo tienen un hijo y deja atrás y penaliza a aquellas mujeres que tienen pensiones más bajas, con lo cual el modelo que desde nuestro grupo parlamentario defendemos tampoco es su modelo, que no es un modelo adecuado en materia de pensiones y de brecha de género. . Junto a ello, creo que el decreto y la técnica legislativa que se ha utilizado incluye una serie de materias con las que bien saben este Gobierno y esta Cámara que nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque son materias que nosotros hemos estado pidiendo. Por ejemplo, el acceso de autónomos que tributan por módulos a la prestación de cese de actividad, la compatibilidad de salario con el cien por cien de la pensión para los sanitarios jubilados que se incorporen excepcionalmente a la actividad para hacer frente a la crisis del COVID, el reconocimiento de la baja por COVID del personal de centros sanitarios y sociosanitarios como enfermedad profesional y la mejora del ingreso mínimo vital, que tiene que llegar realmente a los destinatarios. En este sentido, hago también la invitación que ya hicimos en semanas anteriores: mejoremos el flujo del ingreso mínimo vital reconociéndoselo a todas aquellas familias que ya están cobrando rentas mínimas. Ya tenemos ahí un proceso ganado de reconocimiento de situaciones de pobreza y precariedad. Todas estas materias las compartimos claramente. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en esta propuesta? Que a grupos como Ciudadanos, que llevamos tiempo solicitando este tipo de trabajo, nos obligan a renunciar a estas demandas o a renunciar a que todas las madres trabajadoras se vean beneficiadas en materia de pensiones. ¡Todas las madres trabajadoras, señoría, sin exclusión alguna! . Nosotros no estamos dispuestos a ello, señorías. Ya les anunció que, si se quiere un buen real decreto, aquí tienen nuestra mano para negociarlo, para que lo trabajemos en profundidad; mano tendida para mejorarlo, pero no ayudarles a ustedes con el rodillo que quieren pasar por toda la oposición. Se aprovechan de una figura como el real decreto-ley para abordar asuntos que exigen un debate sosegado y un consenso amplio ―sosegado y amplio―, señorías. . Eso es lo que queremos cuando hablamos de brecha de género y de pensiones. Por lo tanto, creo que la materia que trabajamos no merece ir a toda prisa. En algunas cuestiones estamos cansados de ir a toda prisa y con fórmulas de técnica legislativa que no son las adecuadas para determinadas materias. Seamos responsables en el trabajo parlamentario y hagámoslo bien, y ahí es donde nos van a encontrar. Estamos de acuerdo, como le he dicho, en esa compatibilidad de pensiones ―quiero resaltarlo―, en todas esas materias que he puesto de manifiesto; igualmente en materia de brecha de género. Y aquí también quiero decir que cuando hablamos de brecha de género hemos de tener en cuenta otra serie de cuestiones: la precariedad laboral de las mujeres, el trabajo parcial al que se enfrentan, la dificultad de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad… Es decir, la brecha de género en esta materia tiene otra parte de trabajo del que a lo mejor hemos hablado poco en esta Cámara. Vamos al fondo del asunto, a por qué luego se traduce en esa desigualdad de género pura y dura en mujeres en cuanto a condiciones laborales, dificultades de llegar a puestos de máxima responsabilidad y, sobre todo, esa dificultad añadida de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Claramente estamos de acuerdo con ese abordaje de la brecha de género, pero no queremos penalizar a ninguna mujer, no queremos penalizar a ninguna madre trabajadora. Estamos totalmente conformes con la aplicación del complemento a mujeres con un solo hijo. ¡Claro que sí! Por eso digo que la propuesta que realizaba en su momento el Partido Popular en criterios de igualdad no es una propuesta que me guste; me gusta la propuesta de incorporar a las mujeres con un solo hijo, pero no estamos conformes con la propuesta que se trae, porque perjudica a mujeres de rentas medias con más de dos hijos. O sea, a partir de 1080 euros de base de cotización se está perjudicando a mujeres con dos o más hijos. Vamos a pensar qué supone para la carrera profesional de una mujer tener más de dos hijos, qué supone para altas ejecutivas tener más de dos hijos, cómo tienen que conciliar y cómo tienen que desarrollar su propia corresponsabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, penalizar? No creo que esto deba pasar por una penalización, sino por trabajar en igualdad de una manera integral, por favorecer e impulsar a las mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con rentas bajas y con un solo hijo, pero también a aquellas mujeres que se esfuerzan, que trabajan, que desarrollan su carrera profesional, que tienen más de dos hijos y que en ningún momento se tienen que ver perjudicadas por una toma de decisión. Aumentemos la partida presupuestaria, que es lo que hay que hacer en estos casos; apostemos de verdad, pero no por unas mujeres a costa de otras, ni muchísimo menos, señorías. . Por lo tanto, ahí lo que vamos a hacer es tender la mano. Trabajemos bien; yo le invito a que trabajemos bien esta propuesta, tiene ahí nuestra mano para hacerlo. Si este decreto no sale, traigan el resto de materias igualmente, porque coincido en esa urgencia del resto de materias que sí merecen este formato de decreto-ley. Esa es la postura en la que nos van a encontrar, es este el camino que queremos labrar. Nuevamente, le insisto: mano tendida, consenso y hagamos todo de manera responsable para que realmente esta Cámara pueda votar a favor de sus iniciativas. Gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Señor ministro, le vamos a apoyar aunque no nos convenza excesivamente, porque, como en otras ocasiones, coincidimos en las razones que alegan para justificar una norma, pero discordamos en cómo la resuelven. Es evidente que hay que reducir la brecha de género hasta acabar con ella también en las pensiones, aunque la fórmula empleada es más cuestionable, para empezar, porque si coincidimos en que una de las razones de esta brecha es el rol de cuidadora que históricamente tuvieron que asumir muchas mujeres, también deberemos saber que en muchos casos —por lo menos en mi país, donde era común la familia extensa— ese papel estaba condicionado no solo por el cuidado de los hijos, sino también de padres, madres, tíos u otros parientes. La brecha de género en Galiza está también condicionada por el hecho de que en el mundo rural solo cotizaba a la Seguridad Social agraria el titular de la explotación, siempre o casi siempre hombre. Por tanto, la compensación por hijo no resuelve todos los casos. A ello debemos añadir la existencia de otras brechas como la nacional o territorial, que parece que nunca tienen en cuenta. Galiza tiene las segundas pensiones más bajas del Estado, aún por debajo de los 1000 euros. Ourense es la provincia con la pensión más baja, 818 euros; atención, 547 euros menos que Madrid. Subir las pensiones mínimas hasta equipararlas con el SMI, como propone el BNG, tendría el efecto simultáneo de reducir la brecha territorial y, al mismo tiempo, la brecha de género. Para nosotros, esta es la vía. Finalizo. Lamentamos que en este decreto no se resuelva aún la ineficacia del ingreso mínimo vital y la exclusión injustificada de determinados colectivos o que dejen fuera de la consideración de enfermedad profesional a numerosos colectivos del ámbito sociosanitario y de cuidados, como el del Servizo de Axuda no Fogar o de ambulancias, lo que nos parece injustificable y pedimos que rectifiquen. Obrigado.

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Moltes gràcies, senyor president. Por supuesto que condenamos la violencia para defender unas ideas. Por supuesto que condenamos los destrozos a quioscos, a tiendas, a particulares, a mobiliario urbano. Por supuesto que condenamos las agresiones a los policías, porque además creemos que unos cuantos impresentables desvirtúan la protesta pacífica y legítima de muchísimas personas. Pero también condenamos las cargas policiales innecesarias y gratuitas contra gente que se manifiesta pacíficamente, como sucedió anteayer en Valencia. Aquí se han rasgado muchas vestiduras, pero aún estamos esperando que se rasguen las vestiduras cuando aquí se ha dicho que unos militares querían fusilar a veintiséis millones de personas y una diputada de aquí dijo que «eran de los nuestros». ¡Eso sí que da vergüenza! ¡Eso sí que da vergüenza! Aquí no se rasgan las vestiduras. . Creo que si hay un momento en el que los reales decretos tienen sentido es justamente este, señor ministro, en la pandemia, que obliga a tomar decisiones rápido o, en este caso, a rectificar para mejorar. Yo, como soy maestro, sé que rectificar es de sabios. Anunciamos nuestro voto favorable, como hemos hecho en todos los reales decretos; cualquier avance, cualquier mejora siempre es mejor que no hacer ninguna. En el ingreso mínimo vital había situaciones absolutamente kafkianas para personas que lo necesitaban y que podían tramitar su petición, justamente las más vulnerables, las que viven en la calle, las que no tienen domicilio. Creemos que es una buena medida recabar la colaboración de las entidades sociales del tercer sector. Pero, señor ministro, yo creo que ha hecho una afirmación temeraria —se la recordaba el portavoz del PNV— y es que los servicios sociales no están preparados. Los servicios sociales de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas están preparados, lo podíamos haber hecho. Probablemente, quien no estaba preparado era su propio ministerio; probablemente. Pero, en fin, como nuestra relación es buena, podemos aceptar el intercambio; probablemente. Y acabo con un ruego, con una petición. Ya sé que usted no es ministro de Sanidad, pero el martes, en el Consejo de Ministros, haga este ruego. Los valencianos somos el 10,6 % de los ciudadanos, las vacunas que nos llegan son el 8,3 —2,3 por debajo del peso poblacional—, y eso que hemos puesto el 92 % de las vacunas, somos buenos vacunadores. Por favor, dígale a la ministra: criterios claros y equidad para evitar malas interpretaciones. Moltes gràcies, senyor ministre.

Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, la verdad es que el real decreto en cuestión salió en los titulares de la prensa como el real decreto para reducir la brecha de género en las pensiones, pero en este real decreto está la cuestión relativa a la brecha de género en las pensiones, está el ingreso mínimo vital, está la consideración de enfermedad profesional del COVID para los profesionales sanitarios y están unos cuantos extras. Se lo han comentado a algunos compañeros diputados, porque es cierto que la medida del real decreto-ley para ir tratando todas aquellas cuestiones que a ustedes les urgen, en un mezcla de temas sin precedentes, creo sinceramente que no es una buena técnica legislativa para la seguridad jurídica. La cuestión de la brecha en las pensiones, es cierto, tiene origen en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un cambio necesario pero mejorable. Y no lo digo yo, lo dicen los sindicatos, lo dicen las recomendaciones del Pacto de Toledo, que creemos que no siguen al hilo de la reforma y, en definitiva, por una cuestión tan fácil de entender como esta fórmula de cambiar el tanto por ciento por un tanto alzado. Si lo llevamos al ejemplo práctico, una pensión de 2000 euros y tres hijos antes suponía un complemento de 200 euros y ahora supone un complemento de 81 euros. Por tanto, no deja de ser curiosa esta reforma que supone la pérdida de esta capacidad adquisitiva. Entrando en los otros contenidos del real decreto, como decía, está el ingreso mínimo vital; un ingreso mínimo vital aprobado por real decreto-ley el 20 de mayo de 2020 y que todavía hoy está pendiente de tramitarse como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios intenten introducir algunas de sus enmiendas que seguramente apuntan a las modificaciones y mejoras que ustedes han ido haciendo en los cinco reales decretos anteriores. Quizás, si dieran curso a la tramitación como proyecto de ley, muchas de estas mejoras se podrían resolver con mucha más celeridad o pluralidad que con un real decreto automático. En definitiva, hay cuestiones en este real decreto-ley que nosotros, por supuesto, apoyamos. Estamos de acuerdo con el gran trazado y los grandes contenidos, pero la forma o el planteamiento que se ha traído en este real decreto-ley no nos permite darle el voto favorable. Sí le pedimos que sea tramitado como proyecto de ley, especialmente porque lo que se recoge en relación con la consideración de enfermedad profesional del COVID para el profesional sanitario nace de una proposición no de ley de este grupo y, por tanto, creemos que hay cuestiones que hay que abordar y que hay que elevar a rango de ley cuanto antes, pero pensamos que esta no es la mejor manera de hacerlo. Por tanto, solicitamos que entiendan la necesidad de tramitarlo como proyecto de ley, para que muchas de las mejoras que los grupos quieren hacer y que vienen planteando desde reales decretos-leyes anteriores puedan ser incorporadas. Muchas gracias.

Jordi Salvador i Duch ERC-S

Gracias, presidente. Bon dia a tothom. Señor ministro, el real decreto-ley que nos ocupa es el relativo a las medidas para la reducción de la brecha de género en Seguridad Social. Este es, pues, un aspecto necesario y urgente a reformar, correcto, así lo han defendido mis compañeras en reiteradas ocasiones y yo mismo en los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, en la que incluso hemos ido un poco más allá con un voto particular. Sin embargo, no por necesaria es adecuada la forma en que se ha hecho. Nos encontramos con distintos apartados muy mejorables y, como viene siendo costumbre, con numerosas reformas que nada tienen que ver con el supuesto objeto de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza muchas veces el real decreto-ley y se ponen cosas muy buenas y otras que no son tan buenas, con lo cual tienes que escoger y tienes un dilema moral, y eso no es del todo correcto. Podemos entender que cuando se hizo en julio era urgente y votamos a favor, pero, ocho meses después, el trabajo podría estar un poquito más elaborado, pensamos nosotros. Esta manera de trabajar está llevando a que están tensando mucho la cuerda y se puede romper más pronto que tarde si esto sigue así. De hecho, hoy va a estar a punto y, hasta el último momento, por penaltis se puede decidir si va a un lado o a otro. Hay que cambiar cosas. Por ejemplo, hoy que está usted aquí quiero aprovechar para decirle que cuando se hicieron los votos particulares sobre el Pacto de Toledo solo hubo siete minutos para defenderlos, sin derecho a réplica, en un debate que cotizantes y pensionistas tenían derecho a ver en abierto después de once años, porque era el primero que se hacía así. Hay cosas muy importantes que hay que mejorar en las formas. Hablamos de formas principalmente y ahí voy a centrarme. Con respecto a los apartados mejorables ―de los otros no voy a decir nada―, hay varios, sobre todo hay un asunto que es importante sobre las modificaciones del procedimiento de reconocimiento del derecho que, dicho con claridad, no son aplicables. Hay cosas que están puestas aquí sobre el ingreso mínimo vital que no son aplicables. Sobre las familias numerosas, también estamos de acuerdo en que no es justo, como ya han explicado otros compañeros, pero como lo vamos a tramitar como proyecto de ley, podremos trabajar en ello, no es un tema del que, por el momento, hagamos bandera. Sí es importante, como decía antes, que ocho meses después se introduce una ingente cantidad de requisitos burocráticos que alejan el ingreso mínimo vital de su objetivo: tener un impacto de salvación en vidas de quienes menos poseen. Lo sabemos porque nosotros hemos tenido dificultades en la renta básica y pienso que es importante consultar con los que tenemos esta competencia, como el caso del País Vasco o Euskadi, para que no repitan nuestros propios errores que con el tiempo hemos detectado, ya que tenemos una experiencia en este tema. Por ejemplo, se sigue cargando a los ayuntamientos de una responsabilidad de tramitación inasumible, sin además compensarlos económicamente por los gastos y esfuerzos que inevitablemente se ven obligados a realizar. Es que ustedes no hablan con los alcaldes, les están trasladando un problema de unas dimensiones que no se imaginan. Pienso que puede ir por aquí. Alargan los plazos de resolución de tres a seis meses y mantienen el silencio administrativo negativo; es decir, la gente tendrá que esperar hasta medio año —gente que está en las últimas— para saber si les corresponde este derecho y si la Administración incumple sus obligaciones serán perjudicados con la denegación de la solicitud. Exponen al mismo tiempo a la gente a tener que devolver grandes cantidades de dinero al no plantear una fórmula de coordinación con la rentas garantizadas a las comunidades autónomas, lo que está provocando que cuando por un error alguien perciba indebidamente el ingreso mínimo vital se le exija el reintegro de cantidades inasumibles por importe de miles y miles de euros. Se aparta a las administraciones territoriales del seguimiento de la implantación del ingreso, cuando saben perfectamente que es una competencia autonómica. Es decir, después de que siempre hemos estado a su lado en la convalidación de reales decretos-leyes de importancia, como el ingreso mínimo vital, teniendo en cuenta que uno de los pactos de los Presupuestos Generales del Estado es el convenio, pensamos que el convenio ya tenía que estar hecho y presentarse antes que el real decreto-ley. Es importante que esto se finalice para cumplir los pactos porque proporciona credibilidad al sistema. Por último, todavía —como decía antes— se margina, según nuestra forma de ver y teniendo en cuenta que es un Gobierno socialista, a los sindicatos y al tejido asociativo del tercer sector de Cataluña. .

Jordi Salvador i Duch ERC-S

Sí, hay gente a la que le interesa poco.

Jordi Salvador i Duch ERC-S

Como decía —y más viniendo del Partido Socialista—, se margina a los sindicatos, al tejido asociativo y al tercer sector de Cataluña en la gestión de dicha renta. Como saben, el presente real decreto establece que determinadas entidades sociales tendrán un papel de acreditación a la hora de certificar el cumplimiento de requisitos, pero resulta que solo pueden desarrollar esta función las entidades de ámbito estatal y que además tengan puntos de atención directa en todas las comunidades y ciudades autónomas. Siguen predicando un Estado plurinacional que, más de una vez, no se corresponde con su práctica política. Acabo, señorías. Como saben, uno de los compromisos que adoptó el Gobierno con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado —y quiero incidir en ello porque por esto dio nuestro grupo parlamentario su apoyo— era el tema del convenio. Pues bien, hace quince días, en la última sesión plenaria, ya les dije que se estaba acabando el crédito. Les he vuelto a decir que gracias por contar con nosotros para hablarlo y les dije que esto no está avanzando. Y ayer, corriendo, nos pasaron veinticuatro horas antes los documentos. Pienso que se podría mejorar mucho este sistema porque la cuerda se puede romper. Y como muchos diputados han hecho referencia al tema de Pablo Hasél, me gustaría hacer solamente un par de apreciaciones. Violencias hay de muchos tipos, no solamente hay una violencia que es la que se ve más, de tirar piedras y todo esto. Hay más violencias. Por ejemplo, también es violencia que alguien pueda estar encarcelado porque una película o una canción o una obra de teatro o cualquier cosa hable de violencia o de cosas que no les gustan. De hecho, a mí Pablo Hasél no me gusta. Incluso, como activista, lo encuentro un mal activista, no me gusta nada. Pero estamos hablando del campo de la ficción. A mí tampoco me gustan las películas de Rambo en las que matan vietnamitas a punta pala, pero no me lo tomo como algo que no sea ficción. Lo que no es de ficción es un discurso en el cual alguien, por ejemplo, dice que el problema judío es el más importante que hay. Eso es otra cosa, no estamos en el campo de la ficción. Me parece que también deben de entender la indignación ante ciertos tipos de violencia estructural en los que a veces ustedes solo miran —como decía mi compañero— la punta del dedo cuando estamos señalando la luna. Hay cosas estructurales que crean una gran indignación y, a diferencia de muchos países de Europa, por un tema de ficción —repito, de ficción, que hay que diferenciar— nadie tiene que ir a la cárcel. Y si alguien va a la cárcel por ese tipo de problemas es que quizás falla la legislación, falla el sistema judicial o fallan muchas cosas a la vez. Muchísimas gracias. .

Marisa Saavedra Muñoz UP

Gràcies, president. Bon dia. Antes de entrar en materia, en Unidas Podemos mostramos nuestra solidaridad con las personas que se han manifestado pacíficamente estos días en defensa de la libertad de expresión. Episodios como los de estos días no han debido producirse nunca en nuestro país, no debería existir una Ley mordaza ni personas encarceladas por delitos de opinión. . La primera parte de este real decreto responde a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2019, que dictó que el complemento por maternidad que estableció el Partido Popular en 2015 es contrario a la Directiva Europea de Igualdad. Esta sentencia evidenció una errónea configuración de este complemento. Entonces ya denunciamos ―y también las organizaciones sindicales— sus limitaciones jurídicas, su errónea orientación política al evitar mencionar la brecha de género por motivos ideológicos —suponemos—, presentando el complemento como una medida de fomento de la natalidad bajo la etiqueta de aportación demográfica. Este ha sido precisamente el argumento jurídico del Tribunal Europeo, anulando este complemento por no incluir a los hombres en esta pretendida aportación demográfica. La brecha de género de las pensiones, que es dramática, responde a la discriminación histórica y estructural de las mujeres en el mercado de trabajo, entre otras cosas, por el rol de cuidadoras de hijos e hijas. La maternidad afecta decisivamente a la trayectoria laboral de las mujeres y es una de las causas de esta brecha. Para cambiar esto son imprescindibles políticas públicas. La actual reforma es limitada por la naturaleza del complemento original y la necesidad de cumplir la sentencia, pero es un paso en la dirección adecuada: reorienta el sentido del complemento, ahora sí, a la lucha contra la brecha de género; aumenta la cuantía y refuerza su dimensión redistributiva al establecer una cantidad fija, beneficiando a las perceptoras de pensiones mínimas; amplía la cobertura y un 22 % más de mujeres recibirá este complemento, entre otras, las que tienen un solo hijo o hija. Para Unidas Podemos se trata de una medida positiva y complementaria de otras muchas a adoptar hoy para evitar la brecha de género en las pensiones futuras. Urgen medidas en el plano de las condiciones laborales, como continuar con la derogación de la reforma laboral iniciada por este Gobierno, que ya prohibió el despido por ausencias justificadas que penalizaba especialmente a las mujeres que atienden a familiares; la promoción de la conciliación y la corresponsabilidad, porque hay que repartir los cuidados entre hombres y mujeres y asumirlo socialmente, y la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Este Gobierno ha puesto en marcha medidas para lograrlo. Hay que luchar contra la precariedad laboral, pues las mujeres son las que más la padecen, y urgen salarios dignos; es imprescindible seguir avanzando hacia un salario mínimo interprofesional suficiente, hasta alcanzar el 60 % del salario medio, como exige la Carta Social Europea, y que se revalorice anualmente, algo que beneficiará sobre todo a las trabajadoras más precarias y a sus futuras pensiones. Hay que garantizar unas pensiones dignas, todas, también las no contributivas, y las pensiones mínimas. Son cuestiones urgentes que están en el acuerdo de gobierno y en las que, sin duda, este Gobierno va a avanzar en esta legislatura. . Además, en este real decreto se introducen mejoras en el ingreso mínimo vital, agilizando su tramitación y eliminando exclusiones que impedían el acceso a muchas personas. El ingreso mínimo es un nuevo derecho social imprescindible y eficaz herramienta contra la vulnerabilidad social, pero somos muy conscientes de que no está llegando a toda la gente que lo necesita. Esto nos preocupa mucho y por esto celebramos que este real decreto aborde este problema. Desde la aparición de este recurso se han introducido mejoras en su tramitación, vinculamos algunas de ellas al acuerdo de presupuestos. Y esta misma semana, Unidas Podemos ha registrado doce enmiendas a la tramitación de la ley que regula el ingreso mínimo, y seguiremos trabajando para ajustar al máximo el procedimiento de este recurso a la realidad social de nuestro país y ampliar su cobertura. El ingreso mínimo vital —así lo declaran los organismos internacionales— es fundamental para luchar contra la desigualdad y la pobreza que ya existían en nuestro país y que se han agravado con la pandemia. Por otro lado, este real decreto-ley reconoce la COVID-19 del personal sanitario como enfermedad profesional, una medida de justicia que venimos reivindicando desde Unidas Podemos desde el inicio de la pandemia. El personal sanitario, en primera línea, es el que está poniendo en riesgo su salud para cuidar la nuestra, a veces, en condiciones de precariedad tras años de recortes en la sanidad pública. Y la última medida de este real decreto-ley es la prórroga de las moratorias de créditos hipotecarios y de consumo a familias y a autónomos para ampliar el escudo social de quienes más están sufriendo esta crisis. Para acabar, Unidas Podemos vamos a seguir trabajando para que este Gobierno de coalición dé respuesta a los problemas reales de la gente en un momento de mucho sufrimiento. Mientras otros crispan, mienten o calumnian, nosotras y nosotros trabajamos duro para que esta crisis no la paguen los de siempre y para lograr una recuperación justa, sostenible y con servicios públicos fuertes. Apoyaremos, por tanto, este real decreto-ley y en su eventual tramitación como proyecto de ley realizaremos propuestas para, si es posible, mejorarlo. Moltes gràcies. .

Inés María Cañizares Pacheco VOX

Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, ¡un Gobierno progresista y feminista que baja las pensiones a las mujeres! ¡Un Gobierno feminista que castiga y penaliza a las mujeres con más hijos, las que más contribuyen a acabar con el invierno demográfico! . ¡Y un Gobierno feminista que quiere acabar con la familia! Al igual que ya hiciera Zapatero con su «la salida de esta crisis será social o no será», cuyo resultado fue un tijeretazo al estado del bienestar, con un recorte de pensiones y bajada de sueldos públicos, hoy, diez años después y conforme al plan Escrivá, asistimos de nuevo a un recorte en las pensiones, escondido tras su perversa construcción ideológica de género. . Su decreto-ley recorta las pensiones pero no recorta los veintidós ministerios y su derroche político. Y desde VOX dijimos que tocaría elegir entre pensiones o autonomías, entre bienestar de los ciudadanos o despilfarro político. Ustedes ya han elegido, pero nosotros no seremos cómplices. También hemos venido advirtiendo durante estos aciagos meses de crisis y miseria para millones de compatriotas que sus políticas sociales serían subir los impuestos —cosa que ya han hecho sin despeinarse—, recortar las pensiones y, posteriormente, rebajar los sueldos de los funcionarios públicos. Y, efectivamente, nuestras predicciones se han cumplido, para desgracia de los españoles. Y para mayor traición, traen un real decreto-ley en pack de cuatro unidades, indivisible y que regula medidas sobre asuntos que nada tienen que ver unos con otros, un pack letal al que tenemos que decir sí o no en su conjunto, que, por un lado, recorta derechos en materia de pensiones para las familias y, por otro, afecta a grupos como los sanitarios o los autónomos. Ante esta estrategia legislativa cercana al chantaje, plantean una disyuntiva: si aceptamos su norma, consentimos una rebaja explícita en las pensiones, y si rechazamos su pócima letal, ustedes impedirían, primero, el reconocimiento de prestaciones económicas por enfermedad profesional para los sanitarios contagiados por la COVID-19; segundo, ampliar los supuestos beneficiarios del ingreso mínimo vital, y tercero, ofrecer a autónomos y pymes acogerse a moratorias en sus obligaciones de pago, cuestiones estas últimas con las que estaríamos de acuerdo. Susto o muerte. Y la encrucijada ante la que sitúan a los ciudadanos con su perversa intención es la de siempre: generar enfrentamiento entre los españoles porque, tal y como tienen configurado su real decreto-ley, para ustedes hay españoles de primera y españoles de segunda porque con esta sinrazón arbitraria e injusta lo que les dan a unos no es más que lo que les arrebatan a otros, y esa es su verdadera intención. . Además, la norma en su conjunto encierra dos elementos inherentes a su modus operandi: la incompetencia y la construcción ideológica del género. Incompetencia porque presenta la sexta modificación al ingreso mínimo vital, una norma con ocho meses de vigencia, un proyecto de ley en eterna prórroga para enmiendas y que se podría haber mejorado impulsando su tramitación en el Congreso con menor coste económico y mayor acuerdo parlamentario sin necesidad de otro real decreto-ley. . Señor ministro, hay 850 000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas y el ingreso mínimo vital ha llegado a 160 000. Incompetencia porque reconocer enfermedad profesional para los sanitarios infectados por la COVID y otros trabajadores altamente expuestos, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo instamos desde el Grupo Parlamentario VOX ya en una PNL el día 7 de abril de 2020, hace casi un año. . Incompetencia porque condenan a la ruina y a la miseria a pymes y autónomos, a los que pueden seguir obligando a cerrar sus bares y sus comercios hasta que finalice el estado de alarma el 9 de mayo y, a cambio, les ofrecen un mísero plazo de ampliación de moratoria en el pago de las cuotas de su financiación hasta el 30 de marzo. ¡Habrase visto incoherencia mayor! Y para finalizar, su medida estrella: tras la perversa construcción ideológica del género esconden su intencionado recorte de las pensiones, un recorte que comienza a dibujar el futuro que nos espera con un Gobierno a los mandos que conduce a España a la deriva, a una España dividida y fracturada fruto de sus ansias de poder, con políticas que enfrentan y discriminan, políticas que abren brechas donde no las había y, en esta ocasión, para recortar las pensiones a las familias; hasta un 73 % de recortes. A más hijos, más recortes. Con la nueva regla, muchas mujeres con dos hijos verán recortada su pensión y para una familia con tres hijos que perciba, por ejemplo, una pensión de 1100 euros mensuales, el complemento de maternidad se reducirá en 406 euros y para una mujer con cuatro o más hijos, el complemento en 798. Las familias numerosas tendrían que ser premiadas y propuestas como modelo a la sociedad dado el desplome de la natalidad al que asistimos. . En lugar de eso, se las ignora y penaliza, quizás porque para ustedes tener muchos hijos es cosa de ricos o a lo mejor es que la ‘feministra’ de igualdad les piensa poner a estas familias a cargo de su ministerio una niñera gratis para criar al quinto hijo y siguientes y así puedan seguir ahorrando para su jubilación. . Para ustedes lo importante no es salvar la precaria situación demográfica actual, sino reducir la llamada brecha de género. ¿Cuál es, por tanto, su reto demográfico? ¿Acabar con la vida, la familia y las pensiones? La supervivencia de una sociedad reside en estas familias numerosas que ustedes abandonan y discriminan, que son indispensables por su vital aportación de capital humano necesario para sacar adelante una sociedad hoy envejecida. Si realmente abogaran por el progreso y no por la ‘hiprogresía’ y abogaran por la prosperidad de la sociedad, lo harían desde la perspectiva correcta, que no es la de género, sino la de proteger y cuidar a las familias con más hijos, como así hacen otros países europeos, a los que ustedes solamente ponen como ejemplo cuando se trata de subirnos los impuestos. . La familia, además de ser la célula básica de la sociedad, es la que garantiza el relevo generacional, y con sus políticas antinatalidad y leyes antirreproductivas, como pudimos comprobar en esta Cámara el martes, hoy tener más de cuatro hijos es solo para valientes. Nuestra sociedad languidece y se desmorona por su ideología, la del suicidio social y, señor Escrivá, incluso reduciendo todo esto a cuestiones de rentabilidad social y de cifras, las pensiones futuras, las que ustedes empiezan a recortar, las pagarán los hijos del presente y, si continúan por ese camino, sin lugar a dudas van a acabar ustedes con el género, pero con el género humano. Gracias. .

Magdalena Valerio Cordero PSOE

Gracias, presidenta. Señor ministro, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición sobre la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de Seguridad Social y económico. Ya les adelanto, como no podía ser de otra manera, que mi grupo parlamentario votará favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, cuyas líneas generales ya han sido expuestas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Quiero agradecer el voto favorable a los grupos parlamentarios que así lo han anunciado y que me han precedido en el uso de la palabra, que han mostrado de manera expresa su apoyo este real decreto-ley. Con su voto contribuyen a que nuestra sociedad sea más digna y más justa. Asimismo, lamento que una medida del alcance que tiene la iniciativa que debatimos hoy no cuente con el respaldo de aquellos grupos que han votado en contra. He escuchado atentamente sus argumentos, pero sin acritud les digo que creo que se equivocan. Con relación a los que han decidido abstenerse, les agradezco que posibiliten la convalidación de esta norma, que va a poder ser a posteriori tramitada como proyecto de ley. Debemos ser conscientes de la situación tan complicada por la que atraviesan millones de familias españolas y la necesidad que tienen de políticas públicas como las que contiene este real decreto-ley. Con relación a la intervención de la portavoz de VOX, prefiero no decir nada, porque es tan elevado el volumen de improperios y de desatinos que sencillamente me parece incalificable. Pero sí quiero hacer algún comentario en relación con la intervención del portavoz del Partido Popular. Recuerdo al Partido Popular, ante su oposición a la convalidación de este real decreto-ley, concretamente a la reforma del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que la misma es consecuencia del diseño que hicieron ustedes durante su Gobierno, que entró en vigor el 1 de enero de 2016. En él, por cierto, solamente se reconocía un complemento de maternidad para las madres que hubiesen tenido dos hijos o más como compensación a su aportación demográfica al Sistema de la Seguridad Social. Y fueron pioneros, pero resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 12 de diciembre del año 2019, dijo que esta regulación era discriminatoria para los padres. Así que teníamos pendiente dar una solución a este problema, porque se estaba generando una gran inseguridad jurídica. Era fundamental regularlo de manera clara y que además el complemento siga contribuyendo a rebajar la brecha en las pensiones entre hombres y mujeres. Con relación a la crítica de que se quiebra el principio de contributividad, les señalo que, aunque se considera una prestación contributiva del sistema, deja muy claro que se va a financiar con transferencia de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social. Por tanto, esto implica que tiene una finalidad solidaria y redistributiva. Por cierto, ya la anterior regulación que hicieron ustedes reducía los porcentajes a la mitad a las pensiones máximas, y en este caso ustedes no lo consideraron discriminatorio ni que quebrarse el principio de contributividad. Sinceramente, creo que hubiese sido mejor para este país que ustedes hubiesen votado a favor. Señorías, este real decreto-ley es muy ambicioso. Como ya ha expuesto el ministro, incluye medidas para reducir la brecha de género en las pensiones, implica la mejora del ingreso mínimo vital, un plus de apoyo al personal sociosanitario, que ha estado en primera línea luchando frente a la COVID-19, y nuevas medidas también de apoyo a trabajadores y trabajadoras autónomos; todo lo cual va perfectamente en línea con el acuerdo de coalición que sustenta la acción de Gobierno de este Gobierno progresista, que tiene en la cohesión social uno de sus principales ejes y que está también en la base de los valores que ha defendido, defiende y va a seguir defendiendo siempre el Partido Socialista Obrero Español. En primer lugar, porque afronta lo urgente, la igualdad entre hombres y mujeres, y la aborda regulando un complemento que tiene como objetivo luchar contra la brecha de género en pensiones y que permitirá reducir en el medio plazo la desigualdad del 30 % actual al 5 %. Con esta nueva regulación del artículo 60, además se amplía en aproximadamente 30 000 el número de personas, la inmensa mayoría mujeres, que se vieron obligadas a salir del mercado de trabajo o a reducir su jornada laboral tras el nacimiento o adopción de su primer hijo o hija, medida, por cierto, que junto con la lucha contra la brecha laboral, que es la base de la posterior brecha en pensiones, desarrolla las recomendaciones del Pacto de Toledo, en especial la número 17, y está también recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y aclaro, porque parece ser que algunos no se han enterado, que ha sido adoptada de acuerdo con la Mesa del diálogo social, medida que elimina todo tipo de discriminación, porque además, gracias a este real decreto-ley, también van a tener derecho los hombres, los padres que hayan visto afectada su carrera profesional por hacerse cargo del cuidado de su familia. Se trata, por tanto, de una auténtica acción positiva, que son las que revierten las brechas de género, y está en línea con nuestra política de corresponsabilidad al reconocer este complemento a los hombres que participan en la labor de cuidado. En segundo lugar, este real decreto-ley amplía la cobertura a colectivos muy vulnerables, inicialmente excluidos de la posibilidad de percibir el ingreso mínimo vital. Además, propicia una mejor gestión en cooperación con los servicios sociales de las comunidades autónomas, respetando, por supuesto, el reparto de competencias constitucionalmente establecido de las entidades del tercer sector y de los ayuntamientos. Solo trabajando unidos conseguiremos una sociedad más decente que no deje a nadie atrás. En tercer lugar, este real decreto-ley regula otras medidas de protección social y económica. Por un lado, se establece un plus de apoyo al personal sociosanitario, que ha estado y sigue estando a pie de obra durante crisis. Para aquellos que hayan contraído el virus SARS-CoV-2 se considera que tienen una enfermedad profesional a efectos de prestaciones de la Seguridad Social. También facilita el refuerzo de los recursos humanos de lucha contra la pandemia haciendo compatible la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario. Por otro lado, se incrementan las medidas de apoyo a un colectivo que durante estos meses tan difíciles ha sufrido con especial dureza las consecuencias económicas de la pandemia, los autónomos. Este real Decreto incluye algunas medidas que sensibilizan las condiciones de acceso a las prestaciones por COVID-19 y alivia la carga financiera que están soportando los colectivos más castigados por la pandemia reforzando su solvencia. En definitiva, y concluyo, señorías, señor ministro, es un real decreto-ley que, como dije al principio, va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, porque es riguroso en el planteamiento, solidario en sus contenidos y, lo más importante, ambicioso en los objetivos que plantea. Muchas gracias por su atención, señorías. .

Aitor Esteban Bravo EAJ-PNV

Intervengo quince segundos simplemente para manifestar nuestro voto favorable, como no podía ser de otra manera. Hemos estado solicitando continuamente que las ayudas europeas se produzcan, que vengan cuanto antes y que sean efectivas. El otro día manifestamos nuestra discrepancia con algunos aspectos de la regulación en la distribución de esas inversiones que se deberían realizar con esos fondos europeos y esperamos que se corrija en el trámite parlamentario. Pero todo eso sería algo vacío sin la aprobación de lo que vamos a votar ahora, puesto que es necesario para que Europa pueda realizar los empréstitos necesarios. Por lo tanto, creemos que esta es una votación decisiva y entendemos que se aprobará unánimemente por esta Cámara. Creo que es lo que estábamos reclamando todas las formaciones políticas desde hace mucho tiempo. Gracias.

Marta Martín Llaguno Cs

Gracias, señora presidenta. Obviamente nosotros vamos a votar favorablemente este tratado, y me gustaría hacer una consideración que es importante y es explicar a todos los españoles que, a diferencia de lo que se ha dicho en semanas anteriores, que se anunció que por un decreto se permitía o no la tramitación del Fondo de Recuperación Europeo, es precisamente esta aprobación de este dictamen lo que va a permitir que la Comisión recoja la recaudación extraordinaria para financiar estos fondos. Por eso, lo que votamos hoy sí es muy importante. Lo que se votó en semanas anteriores, como ya se ha dicho anteriormente, tenía que ver no con los ingresos que iban a llegar, sino con el reparto de la caja, con dar la llave de la caja directamente a este Gobierno sin establecer una fiscalización y sin establecer unos mecanismos que nosotros consideramos que son esenciales de transparencia y de justicia y que esperemos que se corrija ese decreto en la tramitación como proyecto de ley. Por supuesto, mi grupo parlamentario, no solamente votará a favor, sino que celebra la llegada de este tratado a esta Cámara. Gracias.

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. El BNG no va apoyar esta propuesta; para empezar por una cuestión de forma y no me refiero solo al hecho de haberlo introducido por urgencia hace solo dos días, sino a la evidencia de que con él se están introduciendo elementos de calado político que necesitan, a nuestro juicio, mayor debate político y social. El intento de dotar a la Unión Europea de más capacidad propia que pretendía realizarse a través de la aprobación de una Constitución Europea fracasó en el año 2005. Da la impresión de que, a pesar de ello, se insiste en caminar por la vía de los hechos en esa dirección, en este caso dotándola de más recursos propios. No vamos a entrar siquiera en si esto es bueno o no, lo que es evidente es que no se puede hacer, a nuestro juicio, hurtando a los ciudadanos la posibilidad de opinar y de posicionarse al respecto. Obrigado.

Mariona Illamola Dausà JxCat-JUNTS (Junts)

Disculpe, pero me he puesto en el que me tocaba. Nosotros, viendo el calendario que se ha seguido para la ratificación de esta decisión del Consejo de la Unión, no podemos más que preguntar qué valor dan al derecho internacional, qué valor dan a la participación del Legislativo en la manifestación del consentimiento. Y lo digo porque esta decisión es una decisión cuya base jurídica ya decía que era preciso la unanimidad del Consejo, la consulta del Parlamento y que los Estados ratificasen. Es una decisión que el Consejo aprobó el 14 de diciembre, que se publicó en el diario oficial el 15 de diciembre, que se notificó al Gobierno y, además, en la reunión del Consejo de la Unión, evidentemente, había un ministro español que supongo que vio el procedimiento que se debía seguir. No entendemos si es que no alertó al Gobierno. Se acabó diciembre, se acabó enero, llegamos a febrero y ahora llegan las prisas. Llegaron las prisas la semana pasada al convocar una reunión de Mesa y portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores. Se tenía que aprobar este dictamen el lunes pasado para entrar en el Pleno de la próxima semana y hoy, sorpresa, aparece en este Pleno por cuestiones de urgencia. Entendemos la urgencia, entendemos la necesidad de esta decisión, no lo discutimos; lo que no entendemos son estas prisas en el procedimiento. ¿Por qué no se planificó con anterioridad si desde diciembre había tiempo para hacerlo? Votaremos a favor lógicamente porque es preciso, pero, igual que les hemos dicho otras veces en el Pleno pasado con otro real decreto, por favor, planifiquen un poco mejor. Gracias.

Antonio Gómez-Reino Varela EC-UP

Gracias, presidenta. En primer lugar, si me lo permiten, simplemente quiero decir que las derechas llevan toda la mañana intentando incendiar esta Cámara, la sociedad y el debate público y creo que hay que decir con calma, con toda la calma —con toda la calma, por favor— y con toda certeza, que lo que es democráticamente insoportable es que una chica joven haya perdido un ojo esta semana por salir a manifestarse pacíficamente en Barcelona, y que lo que es democráticamente insoportable —nos debería preocupar a todos y a todas— es lo que ha pasado en Linares. . Metiéndonos en cuestiones europeas, lo que avergüenza en Europa —escúchenlo, deberían leer lo que dicen los periódicos europeos, Der Spiegel, Libération, Le Monde, La Stampa— es… .

Antonio Gómez-Reino Varela EC-UP

… es que un cantante, nos guste más o menos lo que diga, vaya a entrar en prisión por su libertad de expresión. Todo eso nos avergüenza también en Europa. En todo caso, sobre el plan de recursos propios, tres cosas muy rápidas. En primer lugar, hay que decir clarísimamente que si no llega a haber una correlación de fuerzas de Gobiernos progresistas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, no estaríamos hoy debatiendo sobre esto, sino que estaríamos haciéndolo, como en la crisis de 2008, sobre recortes a lo público, sobre recortes a sanidad y a educación. Por tanto, tenemos que felicitarnos. En segundo lugar, en nuestro grupo parlamentario no somos ingenuos. Cada avance contra las políticas de austeridad hay que defenderlo y ponemos el foco en que el plan de recuperación en el que tenemos que avanzar no tiene que favorecer, como siempre, a las empresas del IBEX 35, sino a nuestro tejido económico de base, a nuestras pequeñas y medianas empresas, a nuestro mundo rural y al conjunto de la ciudadanía. Y en tercer lugar —acabo—, ayer escuchábamos al Grupo Popular rasgarse por un debate que está abierto y es que el Banco Central Europeo condone la deuda de los países miembros para que esos países, precisamente, utilicen esa deuda para los fondos de recuperación. Solo quiero decir al Grupo Popular que no nos sorprende que, como siempre, se ponga del lado de los intereses de los poderosos en Europa, que no nos sorprende que represente a la España más subalterna, pero lo que ya es un oxímoron es que un partido como el suyo venga precisamente esta semana a hablar de justicia fiscal después de saber que llevan veintiocho años de caja B en el Partido Popular, señorías del Grupo Popular. Muchas gracias, presidenta. .

Eloy Suárez Lamata PP

Muchas gracias, señora presidenta. A mí lo que realmente me sorprende es escuchar discursos como el que acabamos de escuchar al portavoz de Podemos cuando el señor Echenique está condenado por la justicia, cuando tienen todo lo que tienen en estos momentos en los tribunales de Justicia, y sobre todo cuando están intentando impedir esas investigaciones. También nos hemos enterado, gracias a Podemos, que hay fondos europeos. Un partido que era claramente euroescéptico y antieuropeísta ahora se sube al carro de los 140 000 millones. Lo que no sabía, señorías, es que la señora Merkel, que es la principal impulsora de estos fondos, ahora resulta que es de Podemos. ¡Lo que vamos a tener que oír, señorías, en esta Cámara! Vamos a votar que sí —es una pena que no esté el presidente del Gobierno— por responsabilidad, porque cuando se traen cosas que son buenas para los españoles el Partido Popular las apoya. Y como tenemos que ser unos socios serios, lógicamente, tenemos que aportar nuestra cuota a Europa. Cuando uno pertenece a un club, lo lógico es pagar la cuota de ese club para participar de los servicios que presta y en este caso, señorías, nada más y nada menos que 140 000 millones. Lo que a nosotros nos cuesta entender son las posiciones de otros partidos que van a votar que no, partidos que se sitúan en el antiglobalitarismo, en el euroescepticismo, con un puro tactismo político, cambiando de opinión cuando conviene, cuando nos estamos jugando mucho. En economía, señorías, el realismo mágico que aquí plantean algunos grupos no existe. Los Reyes Magos son los padres, señorías, y en este caso es el Estado, quien aporta los recursos a la Unión Europea. El dinero no se genera espontáneamente ni sale de una maquinita. Lo digo, fundamentalmente, porque hoy aquí va a haber grupos que se opongan a este acuerdo. Señorías, este convenio es al que hay que votar que sí, porque este es el que facilita que vengan los recursos a España. Al que había que votar que no es aquel al que Bildu y VOX votaron que sí , porque ese es el que le da la llave al señor Sánchez, al señor Iglesias y al señor Redondo para hacer política; pero no para hacer política para transformar el país, sino para transformar el régimen político de este país. Señorías de VOX, ustedes serán responsables de lo que aquí suceda con esos 140 000 millones que lamentablemente no van a servir para construir este país. Muchas gracias. .

Héctor Gómez Hernández PSOE

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, por responsabilidad, pero realmente nos sorprende la posición de algunos grupos parlamentarios en su intervención en el día de hoy. Hoy ratificamos un acuerdo, una decisión, que pasa por todos los Estados miembros y que viene a autorizar de manera excepcional a la Comisión a acceder a los mercados de capital a precios de 2018 hasta un importe de 750 000 millones de euros, y está interrelacionado con el decreto aprobado en esta Cámara. No escondan bajo esa justificación que argumentan aquí la irresponsabilidad de haber votado en contra del decreto en el anterior Pleno. . No hagan demagogia, no hagan demagogia con la imperiosa necesidad que tiene nuestra ciudadanía y las empresas en nuestro país. Eso es demagogia e irresponsabilidad. No señalen a otros grupos parlamentarios que sí actuaron con responsabilidad, con la abstención o votando a favor , pensando en España y no en tacticismos ni en estrategias políticas. En relación con los plazos, España no puede esperar. Efectivamente, se aprobó este lunes en la Comisión de Asuntos Exteriores y hoy se eleva a esta Cámara con el único objetivo de poner en marcha todos los instrumentos necesarios para que España pueda salir lo antes posible de esta situación que estamos viviendo. Honestamente, el Grupo Parlamentario Socialista esperaba hoy un ejercicio de responsabilidad y que se aprobara por unanimidad este punto. Vemos cómo sigue primando la irresponsabilidad y la demagogia. Señores del Grupo Parlamentario Popular, de una vez por todas reconozcan la labor y la gestión realizada por el presidente del Gobierno y el liderazgo de España en la constitución de estos recursos para atender a esta situación. . El presidente del Gobierno se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Muchísimas gracias, señora presidenta. .