Pleno del Congreso n.º 135 · XV legislatura

Nahuel González López SUMAR

Buenas tardes, señorías. Como siempre en cada debate, y antes de empezar con esta importantísima ley que también va de lucha, me gustaría empezar recordando al pueblo palestino, y abrazando y saludando a toda la gente de la Flotilla de la Libertad que ha puesto su cuerpo, su cara y su vida por la solidaridad , frente a algunos cuñados que desde los sofás intentan burlarse. Nosotros no vamos a parar hasta detener el genocidio, un genocidio que empezó mucho antes del 7 de octubre de hace dos años. Una diferencia: nosotros condenamos la muerte de todo inocente, de todo, de aquel que falleció hace dos años, pero también de aquellos que ahora mismo están muriendo bajo las bombas y que estas bancadas de aquí (señala hacia los escaños de la parte derecha del hemiciclo) siguen sin condenar con auténtica vergüenza. Lo vamos a decir en cada Pleno y cada día. Hoy empezamos el debate de una ILP que significa mucho para nosotros y para nosotras porque hoy este Congreso debate algo que es mucho más profundo que una iniciativa legislativa. Hoy se debate si en este país se sigue protegiendo la tortura como patrimonio o si de una vez por todas decidimos ponernos del lado de la empatía, del progreso y de la cultura viva. Esta iniciativa legislativa popular #NoEsMiCultura, llega aquí con más de 600 000 firmas recogidas por la ciudadanía. No por los lobbies, no por los despachos, no por grandes intereses, sino por gente común: voluntarios, estudiantes, trabajadoras… Personas que dedicaron meses a defender algo tan básico como que matar animales por diversión no puede ser nuestra cultura. . Esta ILP es un ejercicio de democracia en estado puro porque cuando un pueblo se organiza para cambiar una ley injusta, este Congreso, este hemiciclo tiene la obligación de escuchar. Por eso, hoy más que debatir sobre tauromaquia, debatimos sobre qué entendemos como cultura y por país. Señorías, la tauromaquia no puede ser nuestra cultura, es crueldad institucionalizada, y mantenerla bajo el paraguas de bien de interés cultural es un insulto a la inteligencia colectiva, a los artistas, a las comunidades rurales y a las nuevas generaciones que quieren un futuro diferente. No hablamos de prohibir, hablamos de quitarle el blindaje estatal, ese que la mantiene viva a base de subvenciones y privilegios. Uno de los grandes mitos que escuchamos una y otra vez, y que hoy seguramente escucharemos aquí, es que la tauromaquia se mantiene sola. No, señorías, ese argumento es falso, la tauromaquia no se mantiene sola, se sostiene con dinero público. Y lo más grave es que se sostiene por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que, con el apoyo de VOX, que recortan en cultura, sanidad, educación, vivienda, pero encuentran millones para mantener viva una práctica basada en la tortura. Y qué decirles de mi tierra, Valencia, donde han desmantelado el tejido cultural, que tanto nos costó construir, para fomentar el maltrato animal, para vergüenza de todos y de todas. No es un caso aislado, en Castilla y León o en Andalucía se destinan cada año centenares de miles de euros a fomentar la tauromaquia, mientras eliminan ayudas a asociaciones culturales o se recortan en programas de igualdad. Mantener un toro de lidia cuesta más de 4000 euros al año. ¿De verdad creen que un espectáculo con plazas vacías y audiencias en caída libre puede sostener esto sin dinero público? No, lo pagamos entre todos. Las diputaciones y ayuntamientos del Partido Popular financian festejos. Los Gobiernos autonómicos pagan escuelas taurinas donde se enseña a adolescentes a clavar banderillas a becerros. Terrible. Y luego hablan de tradición y de libertad cultural, pero lo que hay detrás no es libertad, es clientelismo con dinero de todos y de todas. . Mientras tanto, el tejido cultural que verdaderamente crea empleo, que da identidad a los barrios y sostiene la vida de los pueblos, agoniza sin apoyo autonómico de las derechas de este país. Para justificarlo, otro argumento. ¿Aún se atreven a decir que la tauromaquia protege al toro bravo, que lo mantiene vivo? Permítame aclarar qué significa eso realmente: el llamado toro bravo no es una especie salvaje ni está en peligro de extinción. Es una raza ganadera domesticada. . Si me dejan hablar…

Nahuel González López SUMAR

Gracias, presidenta. El llamado toro bravo no es una especie salvaje ni está en peligro de extinción, es una raza ganadera domesticada, creada por el ser humano mediante siglos de selección artificial. Los ganaderos escogieron los ejemplares más agresivos, más resistentes, más propensos a embestir. Eso no es naturaleza, es manipulación genética al servicio del espectáculo. Y sin esa intervención, el toro bravo se comporta como cualquier bovino: herbívoro, pacífico, social, poco inclinado a la violencia. . ¿Les molesta que les hable de ciencia? ¡Le molesta la ciencia a esta gente! . Estoy hablando de ciencia, directamente. Así que cuando dicen que defienden la genética del animal, lo que realmente defienden no es patrimonio cultural ni natural, sino un producto diseñado para el sufrimiento. Si de verdad quisieran conservar la raza, podrían hacerlo en dehesas y espacios naturales. .

Nahuel González López SUMAR

¡Cómo les duele que ataquen su falsa españolidad! Como iba diciendo, si de verdad quisieran conservar la raza, podrían hacerlo en dehesas y en espacios naturales, sin tortura, sin estoque y sin sangre. Pero no se trata de conservar animales; se trata de conservar privilegios, símbolos y negocios. La ciencia no deja lugar a dudas, aunque les duela. . Los toros tienen un sistema nervioso sensible al dolor y al estrés, igual que cualquier otro mamífero. Durante la lidia sus niveles de cortisol y adrenalina alcanzan valores máximos, y eso es sufrimiento, medido, documentado y comprobado. Por eso, la Asociación Mundial de Veterinarios ―que no creo que sea bolchevique― y el Comité Científico de la Unión Europea lo han dicho sin ambigüedades: la tauromaquia es incompatible con el bienestar animal. Señorías, miren esta imagen (muestra una imagen de un toro postrado en el suelo con banderillas y un estoque clavados), aunque a ustedes les excite, una imagen de un toro desangrándose mientras una plaza entera lo celebra entre risas. ¿De verdad eso es lo que queremos enseñar a nuestros hijos? ¿De verdad eso es lo que quieren llamar ‘cultura nacional’? . ¿De verdad creen que clavar una espada hasta reventar un pulmón es arte? ¿Que la sangre es folclore? ¿Que la violencia es identidad? ¿Pregunto con ironía? Sí, pero también con esperanza, porque, aunque muchos aquí prefieren mirar hacia otro lado, este país está cambiando y hoy una mayoría social rechaza la tauromaquia. Y no por moda, sino por evolución ética y moral. De esa mayoría, la gente que ha traído hasta aquí esta ILP de forma desinteresada es lo más bonito que tiene nuestra patria. Porque esta ILP es Yasmina empaquetando los pliegos junto a su padre, con una mirada cómplice. Es Jaime poniendo su local para que nadie se quede sin firmar. Son Marta o Francisco aguantando insultos por decir que torturar toros no es cultura. Es Emi, de un pueblo taurino, enfrentándose a toda su gente por amor a los animales. Son José y Laura recogiendo apoyos en un festival bajo el sol de la Mancha, mientras todos bailan a su alrededor. Es Aina, golpeada y pateada en una plaza de Tarragona por defender la vida. Es Cristina, que no pudo contener las lágrimas al conocer la cifra final y luego se fundió en un abrazo precioso con el resto. Esa es la gente que ha traído hoy esta propuesta aquí. La gente que da su vida por quienes no tienen voz, que son los animales. . Y ustedes no entienden nada. ¿Qué van a entender si cuando se juntan en sus reservados ―entre puros y coñac, entre nostalgias de Calamaros, Osbornes o Juan Carlos I― no hablan de la gente ni del futuro ni del país que viene? Hablan del pasado con nostalgia, del gris, que tanto les gusta; de un pasado que ya no existe ni va a existir nunca más. Hablan de repartirse el pastel, de que todo se quede en casa. Pero nosotros y nosotras no; nosotros hablamos de futuro, de una patria mejor, de los trabajadores, del color de la vida, del amor a los animales y a la gente. Y este Congreso existe para servir al pueblo, y no a las tradiciones que justifican el sufrimiento. Y acabo. A los que votan en contra les pregunto: ¿de verdad tienen corazón? ¿Han visto lo que ocurre dentro de una plaza de toros? ¿Han sentido alguna vez lo que significa ver morir lentamente a un animal que solo intenta huir? No hay épica en eso, ni belleza ni cultura, y nuestro grupo parlamentario lo tiene clarísimo. Solo hay sufrimiento convertido en espectáculo. Y cuando un país confunde el dolor con identidad es que algo va mal, y quienes van mal son ustedes. Porque esta ILP no impone nada; solo devuelve la libertad a las comunidades autónomas para decidir si quieren financiar o no la tauromaquia, si quieren apostar por la cultura del siglo XXI o seguir atrapados en el siglo XVIII. Porque quitarle el blindaje cultural no es prohibir, es dar libertad democrática a los territorios, es permitir que el dinero público sirva a la creación y no a la crueldad. El Estado español es tierra de grandes artistas, de poetas, músicos, cineastas, creadores, referentes. Somos un país de naciones. Nuestra identidad no necesita sangre para existir. No se mide en astas ni en banderillas, sino en creatividad, solidaridad y belleza compartida. Si hablamos de tradición, les recuerdo algo muy básico: también fue tradición prohibir votar a las mujeres; fue tradición cualquier tipo de maltrato animal, como tirar a una cabra del campanario; también fue tradición la censura, y también tratar mal al diferente. Las tradiciones no se defienden por su antigüedad, sino por su humanidad. Por eso hoy les pido que voten a favor de esta toma en consideración. Porque votar a favor no es solo apoyar una causa animalista, es apoyar a una sociedad más empática y libre. Es poner la política a la altura del pueblo, que ya ha tomado una decisión moral: decir basta. Esta ILP no se firma con tinta, se firma con convicción, respeto y amor a la vida, y viene de la mano de luchadores y luchadoras. Esta ILP viene con una tradición histórica de lucha por los derechos animales gigante. Desde Pérez Galdós, desde Unamuno, desde Blasco Ibáñez, desde Clara Campoamor, que entendió que la igualdad también se mide en el respeto a la vida de los animales. Esta ILP viene de la mano de ADDA y de todos los diputados y diputadas que durante muchos años han defendido los derechos animales. Pero, sobre todo, viene de la calle, viene del trabajo incansable de voluntarios y voluntarias, que hoy esperan altura democrática de este hemiciclo. Y hoy vamos a estar a la altura. Muchas gracias. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Una cuestión previa. Ya lo ha hecho esta mañana el portavoz de SUMAR en la Comisión Constitucional a la hora de referirse a las 1200 personas asesinadas hace dos años en Israel como personas fallecidas. Fueron asesinadas 1200 personas por una banda terrorista. . Y nosotros, señora presidenta, nos sumamos en todos los términos a las referencias que usted hacía en el minuto de silencio. A todas y tal como usted lo ha hecho. Y, por lo tanto, que quede muy claro desde el principio. Señorías, hay algunos que apuestan por la libertad y el respeto al que piensa diferente y otros que optan por la imposición y el sectarismo. El mundo del toro no debía tener ideologías, nació de izquierdas y se hizo popular. ¿Que representa a España? Evidentemente, pero también es motivo de admiración en el sur de Francia o en otros países iberoamericanos. Por eso, algunos de los que odian España también lo vienen a despreciar. Pero es que además el mundo del toro ―por mucho que les pene a algunos― lo que representa también es cultura, es historia, es economía, es empleo, es pasión. Navarra no se entendería sin los espectáculos taurinos, que son el referente principal de sus fiestas populares. Los sanfermines sin toros, señorías, no serían los sanfermines. El respaldo mayoritario de la sociedad pamplonesa y de la navarra es evidente, así se ha ratificado en la última encuesta que se ha realizado al respecto, y desde el punto de vista cultural ha sido rubricado por el Parlamento de Navarra. Señorías, es una cuestión más que evidente que esta es una situación que se debe tener presente. Hasta el propio alcalde de Pamplona ―de Bildu― se viste de gala con frac y chistera para presidir la corrida de toros del 7 de julio, festividad de San Fermín. Dicen que dijo el poeta: El toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España. Creo que la de los toros es la fiesta más culta del mundo. Es el drama puro en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y sus mejores bilis. Es el único sitio donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza. Federico García Lorca. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Hai xa máis de 100 anos Castelao que, para alén de dirixente nacionalista e presidente do Consello de Galiza, do Goberno galego no exilio, foi un grandísimo escritor e un grandísimo artista publicou unha serie de deseños recollidos no álbum Nós, entre eles está esta lámina dun labrego galego ollando o anuncio dunha tourada e expresa: «que lástima de bois!». Castelao, que puxo a súa arte ao servizo do pobo galego, non puido reflectir mellor por unha parte, a denuncia da tortura e do maltrato animal, mais tamén por outra, a distancia sideral que hai entre a cultura galega que estima os animais e a cultura española que converteu as touradas na súa festa nacional en patrimonio cultural e en símbolo da españolidade. Estamos evidentemente en polos opostos e creo que esta afirmación de Castelao a partillan en 99,9 % dos galegos. Sempre hai algunha excepción, entre eles o señor Feijóo e Rueda, que o día 10 de agosto, cando xa ardía toda Galiza, estaban nos touros en Pontevedra, na única praza que hai no noso país, sempre baleira, un evento ao ano e sempre baleira. Evidentemente estaban vendo como un touro collía a Morante de la Puebla. Pois parécenos moi ben, pero non é nin o sentir do pobo galego nin o sentir do BNG. Por iso nós imos votar nunha iniciativa que nos parece positiva. Cremos que había que ir máis alá e é mágoa que cando se debateu en 2023 a Lei de benestar animal non fose aprobada a nosa emenda que directamente prohibía as corridas de touros. Non foi aprobada, teño que dicilo, infelizmente polo voto en contra do PP, de Vox e do PSOE, de Unidas Podemos e do PDeCAT. Unha mágoa. En todo caso, este é un paso positivo que esperemos que non fique aquí para acabar con esta práctica de tortura e símbolo de españolidade. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Hace más de cien años, Castelao, que, además de dirigente nacionalista y presidente del Consejo de Galicia en el Gobierno gallego en el exilio, fue un grandísimo escritor y un grandísimo artista, publicó una serie de imágenes recogidas en el álbum Nós, y está esta lámina de un labrador gallego que mira el anuncio de una corrida y expresa «qué lástima de toros». . Castelao puso su arte al servicio del pueblo gallego, y no pudo reflejar mejor, por una parte, la denuncia de la tortura y el maltrato animal, pero también, por otra parte, la distancia sideral que hay entre la cultura gallega, que estima a los animales, los quiere, y la cultura española, que convirtió las corridas en su fiesta nacional, en patrimonio cultural, en símbolo de la españolidad. Estamos, evidentemente, en polos opuestos. Y creo que esta afirmación de Castelao la comparten el 99,9 % de los gallegos. Siempre hay alguna excepción, entre ellos los señores Feijóo y Rueda, que el 10 de agosto, cuando ya ardía toda Galicia, estaban en los toros, en Pontevedra, en la única plaza que hay en nuestro país, siempre vacía ―hay un evento al año y siempre está vacía―, y evidentemente, estaban viendo cómo un toro cogía a Morante de la Puebla. Pues me parece muy bien. Pero no es ni el sentir del pueblo gallego ni es el sentir del BNG. Por eso nosotros vamos a votar una iniciativa que nos parece positiva. Creemos que habría que ir más allá. Es una pena que, cuando se debatió en 2023 la ley de bienestar animal, no se aprobase nuestra enmienda, que directamente prohibía las corridas de toros. No fue aprobada, he de decirlo, lamentablemente, por el voto en contra del PP, de VOX, del PSOE, de Unidas Podemos y del PDeCAT. Una pena. En todo caso, este es un paso positivo, que esperamos que no se quede aquí, para acabar con esta práctica de tortura y símbolo de españolidad. Muchas gracias.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, y a todos y todas los miembros de las organizaciones que nos acompañan en este día, porque por fin llega el debate al Congreso de la iniciativa legislativa popular de la plataforma #NoEsMiCultura sobre la derogación de la protección cultural a los toros. Un texto que, además, contó con más de 17 000 firmas, un 42 % más de lo que era exigido, para retirar la tauromaquia como patrimonio cultural. Y es un éxito de las organizaciones, de la sociedad civil, que se ha movilizado para que cese de una vez la violencia contra los animales y podamos construir una cultura basada en la vida y no en la muerte y en la crueldad. Por eso, a todos ellos y a todas ellas, muchísimas gracias. . Si hay algo que hoy no tiene debate es que la inmensa mayoría de este país no está a favor de la tauromaquia, y cada día más jóvenes reclaman que la tortura no es su cultura. Hemos tenido que ver cómo la Ley 18/2013 protegía este lamentable espectáculo por encima de cualquier otra manifestación cultural o artística. Pero las cifras son claras, y es que ocho de cada diez personas de nuestro país, especialmente la gente más joven, lo rechazan, porque nos encontramos ante un anacronismo que, además, se ha superado ya en otros países, como pueden ser Ecuador, Perú, Panamá o Colombia, o en nuestro país ―también en España― en comunidades autónomas como Cataluña o Canarias. Y no puede ser que en Pleno siglo XXI, en plena era de las inteligencias artificiales, haya gente que todavía siga disfrutando con el dolor y el sufrimiento de un animal de carne y hueso. Por supuesto que esa no es nuestra cultura, señorías del Grupo Popular y señorías de VOX. En Andalucía hemos vivido cómo, mientras se quemaba la mezquita de Córdoba el día 8 de agosto, nuestra televisión pública, Canal Sur, estaba emitiendo la Tarde de toros ―que es habitual― y, por supuesto, no cesó la emisión de la corrida de toros en Marbella para informar del incidente, y conectó en directo con Córdoba cuando el fuego ya se había extinguido. Eso es lo que estamos viviendo actualmente en Andalucía. Entendemos que Canal Sur se mantuvo con esa emisión de los toros y no informó del incendio de la mezquita de Córdoba por nuestro bien, ¿no, señorías del Grupo Popular? Para que no nos alarmásemos, para que no sufriésemos, ¿no? Como han hecho ustedes con los cribados en las mamografías. Señorías del Grupo Popular, con lo que nosotras estamos sufriendo es con sus políticas y también con que nos sigan obligando a asistir a todas esas tardes de toros en nuestra televisión pública, pagadas por todos y por todas. Mientras ardía nuestro patrimonio ―que eso sí es patrimonio, eso sí es cultura―, Canal Sur emitía toros. Esa es la cultura del Partido Popular. Por eso yo también digo desde aquí que no, «No es mi cultura». Por eso hoy, señorías, tenemos la oportunidad de iniciar el camino de retirar a los espectáculos taurinos el estatus que tienen de patrimonio y derogar la Ley 18/2013, que reguló la tauromaquia como patrimonio cultural. La derogación supondría no solamente la protección de los animales, de los toros, sino también la devolución de la competencia a las autonomías. Por tanto, desde Podemos queremos pedir a todos y a todas su voto a favor de esta iniciativa legislativa popular. Muchas gracias. .

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Arratsalde on guztioi. ¿Cómo se puede hacer que el Estado decida cuando una comunidad autónoma decide algo que a los que están gobernando en el Estado no les gusta? O dicho de otra manera, ¿cómo se puede impedir que una comunidad autónoma o varias decidan algo, aunque tengan la competencia para ello, que no gusta a quien está gobernando en Madrid? Pues convirtiéndolo en bien cultural, y punto. Ese fue el proceder de la mayoría absoluta del Partido Popular en el año 2013, con la abstención del Partido Socialista. Afortunadamente, ante semejante atropello, hoy tenemos la oportunidad de revertir esa situación tomando en consideración esto que ha venido de la mano de una iniciativa legislativa popular. Aquí cada uno puede hablar libremente ―y lo ha hecho además― y opinar sobre los toros sí o los toros no, García Lorca, Picasso, José Bergamín, Ignacio Sánchez Mejías o la muerte de Manolete, nunca mejor dicho. Pero hoy esto no va de eso, y yo creo que no se puede trufar el debate; se trufó el debate en el año 2013 y hoy va a pasar lo mismo. Orain hamabi urte igo nintzen tribuna honetara hori defendatzea, segur aski, orduko biziraule bakarra naiz. Pentsa ze gaur egun existitu ere egiten ez diren alderdiak igo zirela hona. Bada, orduan esan nuen esaldi horrekin hasi dut nire agerraldia. Eta uste dut orduan esan nituen hitz berberak erabil ditzakedala gaurko agerraldian baita ere. Bi arrazoi nagusigatik: bat, orduan erabaki zenari buelta ematera datorrelako gaurkoa, eta bi, orduan genuen iritzi berbera izaten jarraitzen dugulako. Historia pixka bat egiten baldin badugu, argi geratuko da nondik datorren guzti hau. Nik hauxe esaten nuen: «Hau eztabaida tranposo bat da. Ez da zezenak bai, zezenak ez. Denok dakigu eskumen hutsezko gaia dela.» Eztabaida hori ez zen gertatuko Kataluniak erabaki izan ez balu, eztabaida hori ez zatekeen gertatuko kongresu honetan, askotan eztabaidatzeko aukera egon zelako, eta inoiz ez zen horrelakorik ekarri. Eta ez zen inoiz gertatu katalanak hartu zuten erabakia hartu zuten arte. Eta ze erabaki zuten, beren eskumenez baliatuz, Kataluniako Parlamentuak erabaki zuen Katalunian ez zela zezen korridarik izango. Eta hortik geroko asaldapen guztiak. Hace doce años subí a esta tribuna a defender esto. Seguramente soy el único superviviente de aquella época, piensen ustedes, porque aquí hablaron partidos que ya ni existen. Entonces dije la frase con la que he empezado hoy mi intervención y creo que puedo utilizar las mismas palabras que utilicé en aquel momento, por dos razones principales: una, porque lo que hoy debatimos viene a dar la vuelta a lo que se decidió en aquel entonces y, dos, porque seguimos teniendo la misma opinión que teníamos entonces. Si hacemos un poquito de historia, nos quedará claro de dónde viene todo esto. Yo decía lo siguiente: Esto es una discusión tramposa, no se trata de toros sí, toros no; todos sabemos que se trata fundamentalmente de un tema competencial. Esa discusión no la hubiéramos tenido si Cataluña no hubiese decidido lo que decidió, y esa decisión fue porque se pudo defender en su momento y se pudo discutir en su momento, pero nunca se habló de ello aquí, no se trajo a esta Cámara. ¿Y qué decidieron los catalanes? Pues que iban a utilizar sus competencias, y el Parlamento de Cataluña decidió que las corridas no se iban a celebrar, y luego vino todo lo que vino después, toda la polémica que vino después. El compañero Catalán, de UPN, decía: hasta incluso el alcalde de Bildu… Pero ¿qué quiere él? ¿Que se decida en Madrid o que decidan los navarros cómo tiene que ser, si hay corridas o no las hay? Ese es el quid de la cuestión. Decía yo que este es un debate que venía trufado en su momento, porque es meter un ingrediente dentro de otro caparazón para decir otra cosa. Uno puede estar a favor o en contra de los toros, algún día igual tenemos que traer ese debate, pero la iniciativa legislativa popular de hoy, que es espléndida y que en su exposición de motivos dice claramente el objeto de esta ILP, en ningún momento habla de toros sí, toros no; habla de que «las Comunidades Autónomas tienen competencias para regular dichos espectáculos, tanto en plaza como en la calle, mediante normas propias del campo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, o incluso específicas del ámbito taurino.» Y dice que «la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la Regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, efectúa una intervención estatal de contenido regulatorio que restringe las competencias autonómicas en materia de cultura y otras materias asumidas estatutariamente como espectáculos públicos.» No llevemos el debate a donde no es. Si alguno quiere llevarlo, ese debate se tendrá que dar en algún momento, pero no confundamos, porque mi grupo no va a opinar de toros sí, toros no; vamos a opinar que esto fue un atropello a las competencias de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque una comunidad autónoma decidió y lo que decidió no gustó y, como no gustó, se dijo: no, esto no puede ser, tenemos que decidir para que en toda España todos cumplan esto. En ese sentido decía yo que el espectáculo de los toros es un espectáculo taurino y, al ser un espectáculo, las competencias las tienen las comunidades autónomas y cada una de ellas rige y organiza este tema como estime oportuno o así ha debido ser. Se impidió que fuera aprobando la ley que se aprobó con la mayoría absoluta y la abstención. Es decir, tanto en materia cultural como en materia de espectáculo, como incluso en materia de bienestar animal, las competencias son de las comunidades autónomas. ¿A qué viene esto? Pues porque yo estaba entonces también y el prefacio de aquella ley había que leerlo; había que leerlo, ¡para que luego hablen otros de nacionalismos de otra índole! Total, esto va de que las comunidades autónomas vuelvan a recuperar las competencias que tienen, y todo lo demás es parafernalia. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor, porque consideramos que esto no se debió modificar nunca y que cada comunidad autónoma es competente en su territorio para decidir qué quiere hacer con los espectáculos taurinos, que son lo que son. Y otro día, si quieren, debatimos de los toros, de García Lorca, de Picasso, de Bergamín y, como decía, incluso de la muerte de Manolete, pero hoy el tema no es ese. Por tanto, no confundamos. Los que quieren hacer otra serie de discursos podrán hacerlos. Nosotros vamos a votar porque estamos a favor de que se derogue una ley que nunca se debió aprobar porque esta competencia es de las comunidades autónomas. Muchas gracias.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Eskerrik asko. Parkatu. Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Arratsalde on, jaun andreok. Gaur erabakitzen da ganbera honek herri ekimen legegile batetik datorren lege proposamen bat izapidetzea onartzen duen. Ekimen honen helburua tauromakia Estatuaren kultura ondare gisa desblindatzea da. Horren erregulazioa Estatuaren eskumen esklusiboa izan ez dadin, baizik eta administrazio autonomikoena eta tokikoena. Tauromakia, batzuek arinki zezenaren festa deitzen dioten praktika hori. Arinki eta zinismo handiz esan behar dugu, zezenarentzat festatik gutxi daukalako. Gaur hitz egingo dugu tauromakiak gizartean gero eta gaitzespen handiagoa sortzen ote duen edo ez. Halaber, ari gara ea kulturatzat har daitekeen edo ez, praktika bat zeinen adierazle nagusiena den aldi bakoitzean sei animali torturatzea eta hiltzea ikusleen dibertimendu hutserako. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Hoy se debate si esta Cámara aprueba tramitar una proposición de ley procedente de una iniciativa legislativa popular. El objetivo de esta iniciativa es desblindar la tauromaquia como patrimonio cultural del Estado para que su regulación no sea competencia exclusiva del Estado, sino de las administraciones autonómicas y locales. Hablamos de tauromaquia, sí, esa práctica que algunos, a la ligera, llaman la fiesta del toro; en nuestra opinión, con ligereza y mucho cinismo, porque para el toro todo esto tiene poco de fiesta. Hoy debatiremos si la tauromaquia genera o no un rechazo creciente en la sociedad. También estamos hablando de si se puede considerar cultura o no una práctica en la que el máximo exponente es torturar y matar a seis animales cada vez para pura diversión del público. Hablamos también de si se puede considerar ―o no― arte y/o cultura una práctica que, por muy ancestral que sea, aplaude el sufrimiento animal y perpetúa su maltrato. Y hablamos sobre qué parte de la ciudadanía del Estado español siente ―o no― la tauromaquia como parte de su patrimonio cultural y si en consecuencia su regulación debe ser ―o no― competencia exclusiva del Estado. También hablamos de si la verdadera razón de haber declarado la tauromaquia como patrimonio cultural es — o no— el interés económico y empresarial de quienes se benefician de ella, y hablamos de si un pueblo, cualquier pueblo, debiera enorgullecerse — o no— de mantener y apoyar prácticas contra animales proclamando que esas prácticas son un bien cultural común que hay que seguir preservando. Hablamos de todo eso y por todo eso apoyaremos la admisión a trámite de esta iniciativa legislativa popular: para acabar con la declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural y para que su regulación pase de nuevo a manos de las Administraciones autonómicas y locales. Y además lo hacemos por una segunda cuestión no menos importante: por respeto. Por respeto a los animales, sí, pero también por respeto a las iniciativas populares y a las decisiones de la ciudadanía. Porque lo que hoy aquí se debate es si esta Cámara, los y las representantes de la ciudadanía, van a admitir o no que se tramite una iniciativa legislativa popular avalada por 715 000 firmas, de las que 664 777 han sido validadas por la Junta Electoral Central; es decir, que han recogido 164 777 firmas oficialmente validadas más de las que hubieran necesitado. Lo que se debate hoy es si esta Cámara mostrará el respeto que les debemos a los y las promotoras de la iniciativa y a los miles de personas que han decidido avalarla, cumpliendo con creces los requisitos que se les solicitaban. El hecho de no tomar en consideración esta proposición de ley no demostraría más que una falta de respeto absoluto a la ciudadanía. Evidentemente, alguien podría alegar que solo hace doce años que ya fue admitida a trámite y finalmente aprobada por esta Cámara la proposición de ley proveniente de otra iniciativa legislativa popular que proponía justamente lo contrario que propone esta, y que se convirtió en la Ley 18/2013, que regula la tauromaquia como parte del patrimonio cultural. Aquella proposición de ley también había cumplido con los requisitos solicitados y, lógicamente, fue respetada y admitida a trámite por esta Cámara. En aquella ocasión fueron 500 165 firmas válidas las que la avalaron, 164 612 firmas menos que las que avalan la iniciativa que hoy debemos decidir si se tramita o no. Lege proposamen hark, esan bezala, aurrera egin zuen eta 18/2013 legea bihurtu zen. Nahiz eta Alderdi Popularraren aldeko botoekin soilik izan. Alderdi Popularrak garai hartan gehiengo osoa baitzuen ganbera honetan, baina 18/2013 legeak tauromakiari buruz esaten duen bezala, tauromakia etengabeko bilakaeraren mende dago eta ezin da susmorik egin nola egokituko den sentsibilitate aldakorretara. Izan ere, gauza bera esan daiteke herritarren sentsibilitateari buruz. Etengabeko bilakaeran dago, eta inork ez daki nola egokituko den aldaketetara. Gure aldetik ez dugu inolako arrazoirik ikusten lege proposamen hau tramitera ez onartzeko. Ez mamiz, ez formaz. Beraz, alde bozkatuko dugu herri ekimen legegilearen bultzatzaileekiko errespetuagatik eta kultura eta ez animaliekiko tratu txarra denarekiko errespetuagatik. Besterik ez. Eskerrik asko. Aquella proposición de ley, como digo, salió adelante y se convirtió en la Ley 18/2013, aunque solo con los votos a favor del Partido Popular, que en aquella época tenía mayoría absoluta en esta Cámara. Pero, como dice la propia Ley 18/2013 sobre la tauromaquia, está sometida a una evolución constante y no cabe sospechar cómo se adaptará a sensibilidades cambiantes. Y lo mismo se puede decir de la sensibilidad ciudadana, que está en constante evolución y nadie sabe cómo se va a adaptar a los cambios. Por nuestra parte, no vemos ninguna razón, ni de fondo ni de forma, para no admitir a trámite esta proposición de ley y, por tanto, votaremos a favor, por respeto a los y las impulsoras de la iniciativa legislativa popular y por respeto a lo que es cultura y no maltrato animal. Nada más y muchas gracias. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot. Bona tarda i benvinguts els membres de la plataforma «No és la meva cultura», que ens acompanyen i que representen els més de 715 000 ciutadans i ciutadanes que han firmat arreu de l’Estat espanyol donant suport a aquesta ILP. Jo voldria començar la meva intervenció amb un record per la Jane Goodall, que ens va deixar el passat 1 d’octubre després de 91 anys de lluita, fins a l’últim dia, en favor dels drets dels animals. Vaig tenir la sort, la gran sort, de conèixer la Jane Goodall, la primatòloga britànica, i de compartir algunes converses en la meva etapa com a periodista. La Jane Goodall ha estat un dels lideratges més importants del canvi social positiu, una de les més grans influencers del canvi social positiu pel que fa al respecte dels drets dels animals i de la conservació. I la seva lliçó és especialment vàlida en moments com l’actual, en què la falta d’empatia, l’odi i les guerres posen a prova la confiança en la humanitat. Goodall ens ha ajudat a conscienciar-nos de la importància, com deia, de la conservació, des del respecte cap als animals i la natura. Ens ha ajudat a entendre que, com nosaltres, els animals són éssers amb capacitat de sentir emocions. Doncs bé, la Jane Goodall va fer sentir la seva veu contra la tauromàquia i ho va fer aquí, al Congrés dels Diputats. L’any 2013 va firmar una carta en contra de la declaració de les curses de braus com a bé d’interès cultural. La Jane parlava de manera directa, valenta, amb missatges fàcils d’entendre i ens deia: «Si jo fos toro, no voldria formar part d’aquest espectacle». I ens recordava que, com dèiem, els toros tenen capacitat de sentir i això està provat científicament i que la manera d’acabar amb ells després de torturar-los no hauria de ser declarat mai patrimoni cultural de cap estat. L’any 2010, Catalunya, pionera a l’Estat en defensa dels drets dels animals, va aprovar una llei que prohibia les curses de toros. L’extrema dreta i la dreta, el PP, la van portar al Tribunal Constitucional i van promoure, en resposta, una iniciativa legislativa popular, per considerar que les curses de braus com a bé d’interès cultural; una ILP que va quedar força lluny de la que debatem avui, però malauradament una ILP que va fer la feina, perquè el 2016 el Tribunal Constitucional va fer servir aquest blindatge jurídic de patrimoni cultural per anul·lar la prohibició catalana, una prohibició que va sortir — recordem-ho— del Parlament de Catalunya, on hi ha la sobirania del poble català. A Catalunya, però, les places de toros ja s’havien convertit en l’escenari de concerts o en un centre comercial. No van poder, per tant, revertir l’efecte de la llei catalana, però sí, però sí que van lesionar les nostres competències en matèria de cultura i espectacles públics, en l’article 141 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Per això, estem a favor d’aquesta iniciativa, perquè volem que les competències retornin plenament a la Generalitat i als municipis. Volem decidir nosaltres i no que decideixin sobre la nostra cultura o sobre els drets dels animals a Catalunya des de Madrid. No volem que l’Estat pugui invocar l’interès cultural per bloquejar, per tant, decisions autonòmiques en aquest àmbit. L’anul·lació del que va aprovar el Parlament va ser una mostra més de la recentralització i del menyspreu a la sobirania catalana. Per tant, la derogació de la Llei 18/2013 permetria recuperar la capacitat de decidir a Catalunya sobre la vigència o no de les curses de braus, un espectacle que perjudica psicològicament els menors que hi assisteixen. Des del 2018, el Comitè dels Drets de l’Infant de Nacions Unides demana a l’Estat espanyol que no es permeti que els infants i els adolescents participin i assisteixin a aquests esdeveniments taurins per la violència extrema que hi ha. Considerar els toros patrimoni cultural no deixa de ser una trava en aquest sentit. Ja per acabar, el 2021 — recordem-ho—el Congrés va deixar de considerar els animals com a coses en la llei hipotecària i en la llei d’enjudiciament civil, com ho havia fet el 2006, fa gairebé 20 anys, el Codi Civil català. Per tant, aquesta sensibilitat existeix, només cal trobar-la. I ho hem de fer en memòria d’activistes com la Jane Goodall i recordant que, enmig de temps de guerres i de crueltat extrema, només ens salvarà de nosaltres mateixos la capacitat de posar-nos en el lloc dels altres. Per tant, fent com ella: inspirem esperança i transformem-la en acció. Gràcies. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Antes de nada, bienvenidos los miembros de la plataforma «No es mi cultura», que nos acompañan y que representan a los más de 715 000 ciudadanos y ciudadanas que han firmado en todo el Estado español y que han dado apoyo a esta ILP. Querría empezar mi intervención con un recuerdo a Jane Goodall, que nos dejó el pasado 1 de octubre después de 91 años de lucha, hasta el último día, en favor de los derechos de los animales. Tuve la gran suerte de conocer a Jane Goodall, la primatóloga británica, y de compartir algunas conversaciones en mi etapa como periodista. Jane Goodall ha sido uno de los liderazgos más importantes del cambio social positivo, una de las grandes influencias, de las más grandes influencias del cambio social positivo en lo que tiene que ver con la defensa y el respeto de los derechos animales y su conservación. Y su lección es especialmente válida en momentos como el actual, en los que la falta de empatía, el odio y las guerras ponen a prueba la confianza en la humanidad. La señora Goodall nos ha ayudado a concienciarnos de la importancia de la conservación, como decía, desde el respeto hacia los animales y la naturaleza. Nos ha ayudado a entender que, como nosotros, los animales son seres con capacidad de sentir emociones. Pues bien, Jane Goodall hizo sentir su voz contra la tauromaquia, y lo hizo aquí, en el Congreso de los Diputados. En el año 2013 firmó una carta en contra de la declaración de las corridas de toros como bien de interés cultural. Jane hablaba de forma directa, valiente, con mensajes fáciles de entender, y nos decía: Si yo fuera toro, no querría formar parte de este espectáculo. Y nos recordaba: Los toros tienen capacidad de sentir, esto está probado científicamente, y la manera de acabar con ellos después de torturarlos no debería ser declarado nunca patrimonio cultural de ningún Estado. En el año 2010, Cataluña, pionera en el Estado en la defensa de los derechos de los animales, aprobó una ley que prohibía las corridas de toros. La extrema derecha y la derecha la llevaron al Tribunal Constitucional y promovieron, como respuesta, una iniciativa legislativa popular para considerar las corridas de toros como bien de interés cultural. Fue una ILP que quedó muy lejos de la que tenemos hoy, pero que, desafortunadamente, hizo su trabajo, porque en 2016 el Tribunal Constitucional hizo servir ese blindaje jurídico del patrimonio cultural para anular la prohibición catalana, una prohibición que salió, recordémoslo, del Parlamento de Cataluña, donde reside la soberanía del pueblo catalán. En Cataluña, sin embargo, las plazas de toros ya se habían convertido en escenario de conciertos o en centro comercial y, por tanto, no pudieron revertir el efecto de la ley catalana, pero sí pudieron lesionar nuestras competencias en materia de cultura y espectáculos públicos del artículo 141 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por eso estamos a favor de esta iniciativa: porque queremos que las competencias vuelvan plenamente a la Generalitat y a los municipios. Queremos decidir nosotros y no que decidan sobre nuestra cultura o sobre los derechos de los animales en Cataluña desde Madrid. No queremos que el Estado pueda invocar el interés cultural para bloquear decisiones autonómicas en este ámbito. La anulación de lo que aprobó el Parlament fue una muestra más de la recentralización y el menosprecio a la soberanía catalana. Por tanto, la derogación de la Ley 18/2013 permitiría recuperar la capacidad de decidir en Cataluña sobre la vigencia o no de las corridas de toros, un espectáculo que perjudica psicológicamente a los menores que asisten a ellos. Desde 2018, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pide al Estado español que no permita que los niños y los adolescentes participen y asistan a estos eventos taurinos caracterizados por la violencia extrema, y considerar los toros como patrimonio cultural no deja de ser una traba en este sentido. Para terminar, diré que en 2021 el Congreso dejó de considerar a los animales como cosas en la Ley Hipotecaria y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como hizo en el año 2006, hace ya casi veinte años, el Código Civil catalán. Por tanto, esta sensibilidad existe, solo hay que encontrarla, y lo tenemos que hacer en memoria de activistas como Jane Goodall y recordando que en tiempos de guerra y de crueldad extrema solo nos salvará de nosotros mismos la capacidad de ponernos en el lugar de los demás. Por tanto, hagamos como ella, inspiremos esperanza y transformémosla en acción. Muchas gracias.

Etna Estrems Fayos ERC

Bé. Gràcies, presidenta. Bona tarda a totes i a tots. Primer de tot, vull donar la benvinguda als promotors i promotores de la ILP, que avui ens acompanyen en aquesta grada, i alguna amiga personal que també tenim aquí, que em fa molta il·lusió que estigui aquí per seguir aquest debat. Un debat que és important per mi i que confesso que avui, en aquesta intervenció, estic inclús nerviosa. Primer, avui debatem, com deia, aquesta ILP amb un nom tan clar com contundent: «No es mi cultura», una ILP que ha aconseguit més de 165 000 signatures validades, més de 715 000 signatures en el punt d’inici. I això no és un detall, és l’expressió d’una ciutadania que ens està demanant a crits que avui aquí l’escoltem. Aquesta cambra entenem que hauria de ser la màxima expressió de la voluntat popular. Per tant, si la ILP que va declarar la tauromàquia patrimoni cultural el 2012 es va quedar a poc més de mig milió de signatures, just el mínim per entrar en aquest congrés i amb un 32 % de signatures menys que la d’avui, no hi hauria d’haver massa discussió en què cal deixar que es prengui en consideració avui, aquest text. Aquesta ILP, demostra ser un moviment molt més ampli, molt més transversal, amb un missatge directe: Aquesta festa ja no representa la majoria social. A més, aquesta iniciativa no imposa res a ningú, com deien els companys fa una estona. El que fa és donar o tornar el dret de decisió a les comunitats. Retorna la sobirania perquè cada territori pugui decidir lliurement si vol o no vol curses de braus. És més democràcia, és més capacitat de decidir i és més competències. I per això nosaltres, la gent d’Esquerra Republicana que defensem el dret a l’autodeterminació de Catalunya, entenem millor que ningú el valor d’aquest pas. Perquè el dret a decidir és universal i ho ha de ser des de triar el futur polític del teu país fins a decidir si a la teva ciutat o al teu poble vols un toro dessagnant-se davant el públic. Catalunya, de fet, és pionera. El 2010 el Parlament va abolir les curses de braus i, tot i que després el Tribunal Constitucional va anul·lar aquesta decisió, la realitat és que la societat ja havia canviat. Les places es van convertir en mercats, en museus, en equipaments diversos, en espais de vida, de comunitat, de respecte, espais de vida on abans hi havia hagut crits i aplaudiments a la mort. I si parlem de cultura, parlem de cultura i no podem disfressar la violència i el maltractament animal de cultura. La cultura és la llengua, és la música, és les festes populars, és la creativitat, és la memòria compartida. La cultura és tot menys veure com un animal es dessagna, atrapat dins una plaça d’on no pot escapar i sense cap possibilitat de defensar-se. No pot ser cultura veure com un ésser viu cau esgotat i ensangonat davant d’aplaudiments. La cultura evoluciona, igual que les nostres ciutats. Allò que un dia eren fortificacions de pedra, avui són espais oberts i sostenibles. El mateix passa amb les tradicions. Les que no respecten la vida no sobreviuen, perquè no resisteixen el pas del temps ni la consciència col·lectiva. Per això, aquesta ILP avui és important, perquè és democràcia en estat pur i perquè obre la porta a una cultura sense crueltat. El Congrés pot mirar enrere i perpetuar els privilegis d’una minoria o pot mirar endavant i escoltar la majoria social que vol avançar. El Congrés avui pot mirar enrere o pot equiparar-se amb els països del seu entorn d’Europa, on ja fa temps que no es permeten espectacles ni es subvencionen festes amb crueltat animal amb diners públics. Espanya és pràcticament una excepció en això. A la majoria dels països del nostre entorn, els espectacles amb animals que impliquen patiment, com deia, estan prohibits o han quedat relegats al passat. França, com deien abans, és l’única que manté la tauromàquia en alguns territoris, és cert, però ni de lluny amb el suport institucional i financer que aquí encara es defensa. Portugal, tot i permetre’n algunes modalitats, ha introduït restriccions clares i si mirem al nord, a l’est o a l’oest, la resposta és unànime: no hi ha lloc per a la crueltat disfressada de tradició. La cultura europea d’avui és drets, és respecte i és benestar animal. Nosaltres, i jo en particular, ho tenim molt clar. La tauromàquia no és cultura. És crueltat. És maltractament animal i és inacceptable. Avui decidim si ens quedem atrapats al passat o construïm un futur de respecte i llibertat, també amb els animals. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los promotores y promotoras de la ILP que hoy nos acompañan en esta grada y a alguna amiga personal que también está aquí para seguir este debate y me hace mucha ilusión, porque es un debate que es importante para mí. Y lo confieso, en esta intervención hoy estoy incluso nerviosa. Hoy debatimos, como decía, esta ILP, que tiene un nombre tan claro como contundente: «No es mi cultura». Es una ILP que ha conseguido más de 665 000 firmas validadas, más de 715 000 firmas en el punto de inicio. Y eso no es un detalle, es la expresión de una ciudadanía que nos está pidiendo a gritos que hoy aquí la escuchemos. Entendemos que esta Cámara debería ser la máxima expresión de la voluntad popular; por tanto, si la ILP que declaró la tauromaquia patrimonio cultural en 2012 se quedó a poco menos del medio millón de firmas, justo el mínimo para entrar, y con un 42,5 % menos que la de hoy, no debería haber demasiada discusión en torno a que se debata esta ILP. Esta ILP demuestra ser un movimiento mucho más amplio, mucho más transversal, con un mensaje directo: esta fiesta ya no representa a la mayoría social. Además, esta iniciativa no impone nada a nadie, como decían los compañeros hace un rato. Lo que hace es devolver el derecho de decisión a las comunidades, devolver la soberanía para que cada territorio pueda decidir libremente si quiere o no las corridas de toros. Es más democracia, es más capacidad decisoria y son más competencias. Por eso, nosotros, la gente de Esquerra Republicana, que defendemos el derecho a la autodeterminación de Cataluña, entendemos mejor que nadie el valor de este paso, porque el derecho a decidir es universal y lo tiene que ser para elegir desde el futuro político del país de uno hasta si en la propia ciudad o pueblo queremos que se desangre delante del público un toro. Cataluña, en 2010, en su Parlamento, abolió las corridas de toros; es pionera. El Tribunal Constitucional, sin embargo, abolió esta decisión, pero la realidad es que la sociedad ya había cambiado. Las plazas se convirtieron en mercados, en museos, en equipamientos diversos, en espacios de vida, de comunidad, de respeto; espacios de vida donde antes había habido gritos y aplausos a la muerte. Y hablemos de cultura. No podemos disfrazar la violencia como algo de cultura. La cultura es la lengua, la música, las fiestas populares, la creatividad, la memoria compartida; la cultura es todo. Y no es ver cómo se desangra un animal dentro de una plaza, atrapado, sin poder escapar y sin ninguna posibilidad de defensa. No puede ser cultura ver cómo un ser vivo se desangra ante los aplausos. La cultura evoluciona igual que nuestras ciudades: lo que un día eran fortificaciones de piedra hoy son espacios abiertos y sostenibles. Y lo mismo ocurre con las tradiciones: las que no respetan la vida no sobreviven, porque no resisten el paso del tiempo ni la conciencia colectiva. Hoy, esta ILP es importante, porque es democracia en estado puro y porque abre la puerta a una cultura sin crueldad. El Congreso puede mirar atrás y perpetuar los privilegios de una minoría o bien puede mirar hacia adelante y escuchar a la mayoría social que quiere avanzar. El Congreso, hoy, puede mirar atrás o puede homologarse a los países de su entorno en Europa, donde hace tiempo que no se permiten espectáculos ni se subvencionan fiestas con crueldad animal como bienes públicos. España es prácticamente una excepción en esto. En la mayoría de los países de nuestro entorno, los espectáculos con animales que implican sufrimiento están prohibidos o han quedado relegados al pasado. Francia, como decían antes, es la única que mantiene la tauromaquia en algunos territorios, es cierto, pero ni de lejos con el apoyo institucional y financiero que tienen y que defienden aquí, en España. Portugal ha introducido restricciones claras, y si miramos al norte, al este o al oeste la respuesta es unánime: no hay lugar para la crueldad disfrazada de tradición. La cultura europea de hoy es derecho, respeto y bienestar animal. Nosotros, y yo en particular, lo tenemos muy claro: la tauromaquia no es cultura, es crueldad, es maltrato animal y es inaceptable. Hoy decidimos si nos quedamos atrapados en el pasado o si construimos un futuro de respeto y de libertad, también con los animales. Muchas gracias. .

María José Rodríguez de Millán Parro VOX

¡Vaya con los de Bildu, que piden respeto a los animales y siguen sin condenar los 853 asesinatos de seres humanos a manos de la banda terrorista ETA! . Por cierto, se han ido huyendo, como lo que son. Hoy nos traen una iniciativa, promovida por los socios del Partido Socialista, que busca la desprotección de la tauromaquia como patrimonio cultural y que, en última instancia, pretende la prohibición de la fiesta, en pleno contexto de liquidación de todo aquel elemento que tenga que ver con nuestra nación, con todo lo que nos une, y no por ningún fundamento animalista en este caso, sino por la sencilla razón de que odian España. Y se sienta, además, un peligroso precedente, el de que una clase política coyuntural, existente en un momento de la historia determinado, pueda decidir con su voto sobre la vida de toda una nación, pasada, presente y futura, para decir lo que es o no cultura, para decir lo que somos o no somos. . Y la cultura les podrá gustar más o menos, pero es la nuestra y la tenemos que defender. Nosotros tenemos muy claro que el rito taurómaco es, en su más pura esencia, un acontecimiento de fuerte raigambre hispánica y mediterránea, y creemos que quizá precisamente esa, su raíz fuertemente española, es la principal razón de su crítica, ataque y persecución. Únicamente les diré que estamos ante el enésimo intento de prohibir la fiesta de los toros de alguna forma, por diversos motivos que fueron ineficaces, porque muchísimo antes de que ustedes llegaran lo hizo Alfonso X en Las Partidas, cuando prohibió al clero asistir a los toros; lo hizo Felipe V; lo hizo Felipe VI; lo hizo Carlos III ―por cierto, a raíz de esta última prohibición y de forma paradójica tuvo lugar el auge del toreo a pie―; lo hizo también Carlos IV, y hubo sucesivos intentos durante el siglo XIX. Es un acoso que no cesa ni durante el siglo XX, durante la Segunda República. Y aquí estamos. No lo consiguieron ellos y no lo van a conseguir ustedes. Es más, después de cada intento la tauromaquia ha resurgido más fortalecida; como cuando el Partido Socialista llegó al poder en el año 1982 y se dio cuenta de que la fiesta de los toros no era algo de derechas, y entonces se vivió una edad de oro, con figuras que ya tienen su lugar de gloria en el imaginario popular. Porque la historia nos demuestra que ni reyes ni papas ni ningún Gobierno de ningún tipo han podido acabar con la tauromaquia , y mucho menos despojarla de su identidad cultural y popular. ¿Y saben por qué? Porque la tauromaquia ha sido uno de los ejes vertebradores de la sociedad española durante el siglo XX. Las corridas de toros han sido un lugar de enriquecimiento entre iguales, y por eso las élites, las mismas que hoy intentan acabar con esta expresión cultural disfrazadas de demócratas, han intentado acabar con ellas. Ningún poder ha podido someterlas, porque no pertenecen a ningún Gobierno ni a ningún partido político, sino al pueblo. . Para los legos en la materia, ya que me imagino que quienes proponen esta iniciativa desconocen por completo nuestra historia, he de decir que a principios del siglo XX se democratiza la fiesta de los toros ―se democratiza, esa palabra que ahora tanto repiten mientras traen la censura debajo del brazo―, y se hace gracias a un torero, gracias a Joselito el Gallo, que decide proyectar todo un hito arquitectónico de la época: las plazas monumentales de toros. ¿Y para qué se hace? Para abaratar el precio de las entradas y que las clases más humildes pudieran acudir a las plazas de toros. Gracias a eso hoy vemos cómo plazas monumentales, como Madrid o Pamplona, rozan el lleno en sus ferias y con gente, por cierto, cada vez más joven. Y es un eje vertebrador que no solamente se da en las clases sociales, sino también en la literatura. Ahí tenemos, por ejemplo, Juan Belmonte, matador de toros, una de las mejores novelas del siglo XX, sobre el amigo y rival de Joselito. Seguro que ustedes han leído a Chaves Nogales. Y, poco después, aparecería un torero valenciano, Manuel Granero, que además de ser una de las máximas figuras de su época, es un virtuoso de la época. Y, entonces, se rodea de los mejores artistas líricos. Manolete abrió la visión que tenían los extranjeros de España, convirtiéndose prácticamente en una estrella de Hollywood. Dominguín fue admirado por uno de los artistas más importantes de la historia, por Picasso. Antonio Ordóñez inspiró a un premio Nobel, a Hemingway, y a un Óscar, a Orson Welles, y así podríamos seguir todo el día. . Arquitectura, literatura, música, pintura... La fiesta de los toros ha contribuido a formar la cumbre de las bellas artes de España. Pero ustedes vienen aquí con una iniciativa que lo único que demuestra es su indigencia cultural. La tauromaquia, además, ha sido un equilibrio entre tradición y modernidad. Ha sabido renovarse sin perder su esencia. En cada tarde de toros late una emoción que no puede fabricarse ni sustituirse con los artificios de la sociedad del usar y tirar, de la inmediatez. La tauromaquia no necesita justificarse ante modas pasajeras. Se justifica sola porque es verdad, porque es arte y porque es cultura. . Yo no voy a relatarles aquí el impacto que esta iniciativa y su intención última de abolir los festejos tendrá en la economía y en el ecosistema, porque la tauromaquia debe ser reivindicada aunque no generase ni un solo puesto de trabajo y aunque no se extinguiera el toro, y porque todo eso ya lo saben ustedes, incluso los que traen esta iniciativa. Defender la tauromaquia es defender también la pluralidad cultural frente a un globalismo que busca homogeneizar costumbres, valores y sensibilidades para diluirnos renunciando a lo que nos define. En definitiva, señorías, hoy no deberíamos estar aquí debatiendo esto, porque no se puede votar lo que somos o dejamos de ser. Lo que somos se defiende y esa defensa debe partir de un hondo entendimiento de la tradición, la estética, el pensamiento trágico y el carácter identitario que ha marcado a España durante siglos. Los españoles nunca hemos huido de la muerte o del dolor, la hemos mirado a los ojos. Hemos convivido con ella y, desde el Cantar de Mio Cid, hasta las pinturas negras de Goya, pasando por Unamuno o por Zorrilla, el alma española ha sabido representar siempre esta relación estética y mística con la fatalidad. ¿De verdad ustedes se creen con capacidad de prohibir todo esto? . Le deseo mucha suerte al que ha dicho sí. La tauromaquia es una metáfora nacional, un espejo donde se reflejan los extremos de nuestra alma: la pasión, la temeridad, la estética, la aceptación del destino, la capacidad de afrontar la muerte en el arte. Y es una metáfora de la misma vida; valor, belleza y muerte unidos en un mismo instante. Condenarla al ostracismo no es solo el paso previo a prohibirla, es quemar un hilo invisible que une siglos de historia, pensamiento, belleza y contradicción. Es silenciar una forma de hablar de lo humano que nos es propia y que configura lo que somos. Nosotros defenderemos siempre la tauromaquia, porque lo que nace del alma de un pueblo nunca puede desaparecer. Nos vemos en las plazas, donde, por cierto, suelo ver a muchas de sus señorías de la bancada socialista. Muchas gracias. .

Maribel García López PSOE

Gracias. Señorías, quisiera empezar dando la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a los promotores de la iniciativa sobre la que debatimos esta tarde. Hoy, debatimos sobre cómo gestionar con serenidad una cuestión que demuestra hasta qué punto nuestra sociedad es plural y diversa. Hoy, debatimos sobre cómo ejercer la responsabilidad política en un tema que exige más cabeza fría que ruido y más respeto que titulares. Señorías, hoy quiero recordar a quien enterramos ayer en su Olivenza natal, a Guillermo Fernández Vara. Guillermo fue una persona taurina, pero por encima de todo fue una persona dialogante, tolerante y un constructor de convivencia. . Tanto es así que impulsó el libro blanco sobre la tauromaquia, para que la gente pudiera analizar y debatir con sosiego y tranquilidad sobre esta actividad, para que los que estuvieran a favor y los que no estuvieran a favor pudieran sentarse a dialogar. Porque, como él decía, no puedes quedarte solamente con aquello que te interesa, y eso es a lo que animamos hoy el Grupo Parlamentario Socialista, a respetar el bien más preciado que nos dio nuestra Constitución de 1978 y que construyó nuestra transición política: la convivencia. Y en esa convivencia tenemos que intentar caber todos y tenemos que intentar respetarnos todos. Esta iniciativa legislativa popular llega con más de 600 000 firmas y el Grupo Socialista reconoce y valora ese respaldo ciudadano. Porque cada firma representa una opinión, un sentimiento y una demanda. Y, en democracia, todas las voces merecen respeto. Conviene recordar cómo llegamos hasta aquí. En 2013, el Grupo Parlamentario Popular trajo a este mismo Congreso otra iniciativa legislativa popular y, con su mayoría absoluta, impuso una ley ideológica sin diálogo, sin consenso y sin escucha. España no es, en ningún aspecto, homogénea. De hecho, una de nuestras mayores virtudes es nuestra diversidad, nuestras tradiciones compartidas y aquellas que son distintas. La diversidad es una parte esencial de nuestro Estado y no entenderlo así es llevarlo a una tensión innecesaria. Porque este debate no necesita más ruido, sino más sosiego. No necesita más enfrentamiento, sino más diálogo. Hay territorios donde la tauromaquia forma parte del acervo cultural y, otros, donde ha desaparecido de forma natural, sin prohibiciones, sin conflictos, sin imposiciones. Esa diversidad es un valor que debemos preservar, no un problema que debamos unificar por ley. La cultura, señorías, no se impone ni se deroga por decreto. La cultura evoluciona, cambia, se adapta y se expresa libremente en la sociedad. Y el papel del Estado no es decidir qué es o no es cultura, sino garantizar la libertad para crear, sentir y expresar. Por eso, el Grupo Socialista cree que este debate debe resolverse desde la convivencia y el respeto. Se dice que proteger el toro es proteger la dehesa. Pero la dehesa, señorías, también se protege invirtiendo en prevención de incendios, en gestión forestal, en empleo verde, en condiciones dignas para los bomberos. Todo ello pertenece también a la dehesa. Y las señorías del Partido Popular, que alardean de ello, están haciendo todo lo contrario en comunidades como Castilla y León, como Valencia, como Andalucía o como en mi tierra, Extremadura. . Porque, mientras dicen defender el campo, recortan sus servicios públicos y debilitan su futuro. La protección del mundo rural no está solo en la dehesa, está en la educación, en la sanidad, en el empleo y en la cohesión territorial. Como decía Guillermo Fernández Vara, defiendo la bandera de España, pero también defiendo la bandera de las pensiones dignas, la bandera del salario mínimo, la bandera de la educación pública, la bandera de la sanidad universal y pública, porque esas son las banderas que nos hacen un país mejor y porque esas son las banderas que igualan a las españolas y a los españoles. . Esa es la España real que el Gobierno del Partido Socialista defiende todos los días, una España moderna, plural y orgullosa de su diversidad; una España que no necesita imponer para convivir. Respetamos a quienes firmaron la iniciativa, pero también respetamos a quienes piensan distinto. Y, sobre todo, no queremos que este asunto se utilice para dividirnos. Porque, cuando en 2013 el PP impuso esta ley con mayoría absoluta, no buscó proteger la cultura, buscó confrontar. Señorías, la democracia madura no teme revisar sus decisiones, pero tampoco necesitar revocar cada ley para demostrar que escucha. A veces el gesto más valiente es elegir la serenidad frente al ruido y el respeto frente a la imposición. A veces el gesto más valiente es saber contenerse, mantener la serenidad y dejar que la sociedad siga avanzando en paz. Porque creemos en una democracia que escucha, pero que no impone, en una cultura viva, diversa y libre, en una política que no alimenta divisiones, sino que construye convivencia. Ni prohibir ni promover, respetar. Esa fue la posición del Grupo Socialista en 2013 que defendió Torres Mora. Por último, quiero volver a acordarme de Guillermo Fernández Vara, porque lo vamos a echar mucho de menos. Él decía: Las sociedades que más progresan son las que son capaces de compartir la prosperidad. Por eso, y recordando a Guillermo, este país necesita que sus representantes seamos capaces de dialogar y de ponernos de acuerdo en cuestiones que sean capitales para el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos y evitar todos los disensos y todas las polémicas, y así enterrar la maldita polarización. Ese sigue siendo el camino de la convivencia, del respeto y del diálogo. Muchas gracias. .

María Soledad Cruz-Guzmán García PP

Gracias, señora presidenta. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a la Asociación de Peñas Taurinas de Castilla-La Mancha y de Madrid, a la Asociación Bous al Carrer, al alcalde de Puig, a la asociación taurina universitaria de Sevilla y a todos los que nos están viendo desde la televisión del Congreso. Señorías, el Grupo Popular no necesitaba el turno en contra para que toda España supiera cuál iba a ser nuestra posición en este debate. Nuestros más de 3200 ayuntamientos, nuestras diputaciones y nuestras comunidades autónomas estaban tranquilas porque sabían que íbamos a defender la cultura en libertad. . Desde aquí, mi respeto a todos y cada uno de ellos, alcaldes y concejales, servidores públicos de primera fila que defienden la tauromaquia en sus municipios. Otros grupos no pueden decir lo mismo. O bien no poseen el rico patrimonio municipal que tiene el Partido Popular y carecen de responsabilidades de gobierno o bien, señora García, están pendientes de las encuestas de Tezanos para saber qué van a votar hoy aquí en este ruedo en que se ha convertido el hemiciclo. . Dicen una cosa y la contraria. Hace una semana, el portavoz de Cultura Marc Lamuà decía que era el momento de abrir este debate a la sociedad plural de España, y hoy parece que van a votar otra cosa. No lo sabemos. No, señoría, no todos somos iguales. Pero comencemos, si le parece, rechazando algunos de los tópicos que suelen incluir los antitaurinos en sus argumentos para no consumir en estas banalidades más tiempo del necesario. Tan absurdo es decir que la cultura es de izquierdas como vincular los toros a la derecha. En el desnorte ideológico en el que viven, intentan ustedes encontrar banderas de izquierda en batallas como esta, pero se equivocan y acaban enfadando incluso a los suyos. Ya les ocurrió con la caza y con el lobo. No vuelvan a equivocarse buscando en la izquierda lo que al final solo consiste en el respeto democrático y en el conocimiento de nuestra historia. Porque nadie puede conocer la historia de España si no conoce rigurosamente la historia de las corridas de toros. Nuestra cultura no debería manosearse como arma electoral en ninguna propuesta legislativa. Ningún Gobierno debe decir qué cultura es legítima y cuál hay que censurar. Al Partido Popular no le da miedo ningún debate, por eso hoy venimos a decir al diputado del PNV que aquí no venimos a debatir sobre competencias. . Hoy venimos a censurar, a prohibir una cultura de todos, lo han dicho SUMAR y varios de los participantes en este debate. Mi respeto a esta iniciativa popular que no compartimos. Créanme que si hay alguna cultura popular que se siente desde hace siglos como cultura del pueblo es la tauromaquia. El escueto texto viene a derogar dos leyes. Por ese orden, los toros son cultura y dos leyes la protegieron. Me llama la atención, porque este debate no está en la calle, no hay propuestas en los Parlamentos ni en los municipios; todos sabemos que el debate es otro, esto es una nueva cortina de humo. Los votos de SUMAR desaparecen mientras los premios taurinos se multiplican desde la cancelación del señor Urtasun al nacional. Los jóvenes abarrotan las plazas y las escuelas taurinas, a pesar de la censura en el bono joven cultural ―señora García, con su complicidad―, y los festejos populares han surgido con más fuerza que nunca, más del 60 % de nuestros municipios celebran festejos taurinos. Hasta en Pedreguer, señora Micó, hasta en Algemesí, señora Estrems Fayos, y hasta en Pamplona, señores de Bildu. ¡Es que son una pura contradicción! Las audiencias de Canal Sur baten récords temporada tras temporada; minuto de oro para la reconciliación entre Roca Rey y Morante, a pesar de que Urtasun intentara prohibir que se retransmitiera en cualquier televisión de España. Los toros son cultura, como expuso con gracia, y bien ha recordado la señora García, el diputado socialista Torres Mora. Que los toros son cultura lo sabe hasta el alumno de primero de Antropología. La tauromaquia es el toro de Osborne, la dehesa y sus ganaderos. Me gustaría saber cuántos animalistas han pisado esas dehesas. La tauromaquia es la RAE, son los miles de plazas de toros, señora Díaz, desde Celada hasta Pontevedra, son las calles de Tarragona, son la Feria de Abril, el 7 de Julio, San Miguel y San Juan, cada pueblo de Valladolid y Olivenza, que despedía ayer con tristeza a un gran taurino y a una gran persona. La tauromaquia está en los toreros y en los de plata, los que miran a los ojos del animal con el que tendrán que conseguir convertir la lucha en arte y el miedo en emoción en esas tardes de soledad, un arte ocasional capaz de hablar con silencio. Señorías, por mucha censura que hagan no van a despojar a la tauromaquia del valor de patrimonio inmaterial que tiene. Por eso, señorías del Grupo Socialista, les animamos a que nos apoyen en nuestra inclusión como patrimonio inmaterial de la UNESCO, a ver qué votan cuando lo presentemos. Si nuestro ministro de Cultura no quiere defender nuestro patrimonio, entonces díganme, señorías, para qué existe ese Ministerio de Cultura. Esta censura de los grupos animalistas también ha llegado a los Parlamentos de Francia y de Portugal, y en ese trámite cesó en seco. Ambas cámaras dijeron no a cancelar su propia historia y su cultura. Esperemos, señorías del Grupo Socialista, que ustedes hoy hagan lo mismo, porque son capaces de cambiar de opinión en tan solo unos minutos. Esta propuesta es el colofón de las políticas del Gobierno y no podemos quedarnos callados ante este atropello. En Andalucía hemos tenido que desarrollar la primera estrategia de protección de la tauromaquia ante los desvaríos del ministro Urtasun y del presidente Sánchez. Señorías del PSOE, señora Montero, ¿con qué cara se va a presentar usted en las elecciones de Andalucía? ¿Cómo va a poner un pie en Beas de Segura, en Málaga, en Cazalla de la Sierra o en Jaén? Votar a favor de esta proposición es firmar su desconexión definitiva con el pueblo andaluz. El balón, efectivamente, se encuentra en el Partido Socialista. No caigan en el macartismo cultural del señor Urtasun, porque su trinchera política no es progreso. Señorías socialistas, les recordamos que han votado en el Congreso que no se restaure el Premio Nacional de Tauromaquia, han dejado que el ministro Urtasun sacara la tauromaquia del bono joven cultural. Aclárense. No es que el partido no sea el mismo que el de antes, aquel de Indalecio, el de Felipe, el de Carmen Calvo o el de Eneko con su sesuda reflexión sobre la tauromaquia y la izquierda, es que se doblegan continuamente a las exigencias de sus socios para aguantar unos días más en la Moncloa. ¡Pero qué agonía! A los diputados de mi tierra, a los andaluces, a los extremeños, a los manchegos, a los aragoneses, a los valencianos o a los madrileños les pido que sean valientes y digan no a esta censura de la tauromaquia. Apoyen, como nosotros, la libertad frente a la censura, como recogen nuestras leyes, nuestra Constitución y nuestra historia. Recordemos las palabras de Torres Mora ―señora García, la tengo que corregir―, que fueron: Ni fomentar ni prohibir, sino proteger. Nosotros, el Partido Popular, preferimos fomentarla, promocionarla y protegerla, porque esta sí es nuestra cultura. Muchas gracias. .

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidente andrea, diputatuak, lehenik eta behin, arratsalde on. Creo estar convencido de que yo no soy el único diputado de esta Cámara al que muchas veces le inquieren en la calle sobre la utilidad que tiene este hemiciclo, cuando lo que ven son debates que o se alejan de sus preocupaciones o muestran probablemente la cara más tosca de la política, la del enfrentamiento directo, con pocos argumentos, pero con grandes epítetos. Y yo hoy quiero hablar de vivienda y creo que hablando de vivienda por lo menos justificamos un poco aquí nuestra presencia, dado que ―y en esto sé que no me equivoco― sabemos que estamos hablando del principal problema que afecta a los ciudadanos y las ciudadanas, tanto de Euskal Herria como del Estado español. Estamos hablando, cuando hablamos de vivienda en cualquiera de sus variables o vertientes ―y hoy lo haré de una en concreto―, de una dificultad objetiva para desarrollar un proyecto de vida digno. Estamos hablando del mayor factor de desigualdad que existe en nuestra sociedad. En esta Cámara, donde tantas veces se ha invocado la igualdad efectiva y real de todos los españoles, sería importante que fuésemos capaces también de entender que el principal factor de desigualdad en esta sociedad se da entre quien tiene vivienda o quien tiene garantizado que va a tener una vivienda, bien sea por herencia u otra cosa parecida, y quien no la va a tener nunca, porque por mucho que trabaje sus salarios nunca le alcanzarán para poder pagar una vivienda. En definitiva, cuando hablamos de cualquier elemento de vivienda ―y como he señalado hace un momento, yo lo haré hoy de uno muy concreto y muy limitado también en su acción―, estamos hablando de hacer frente a la mayor crisis habitacional que están teniendo nuestras sociedades desde hace décadas. La misma crisis habitacional que hace que día tras día nos amanezcamos con titulares como el que hoy, por ejemplo, lleva el periódico de mayor tirada en la Comunidad Autónoma vasca, que señala que el sinhogarismo, que las personas sin hogar, las que viven en la calle, ha crecido un 100 % en Vitoria en solo cinco meses. No es, seguramente, por una gestión ineficaz de las instituciones locales. Es fruto de una coyuntura mucho más compleja, mucho más endiablada, si se quiere. Tiene que ver con la falta de emancipación de las generaciones más jóvenes; tiene que ver con los procesos de gentrificación que expulsan a la gente de los lugares donde ha vivido siempre para convertirlos en escenarios turísticos al servicio o a demanda de quienes vienen de fuera; en definitiva, tiene que ver con todo aquel que antepone la posibilidad de obtener un beneficio a un bien frente a los que consideran que la vivienda tiene que ser un derecho y, por tanto, que cualquiera acción pública y política es poca hasta que no se garantice el derecho a la vivienda para todos y todas. Y, por eso, traemos hoy una iniciativa concreta, como digo ―y soy sincero―, de eficacia premeditadamente limitada porque no quiere en modo alguno legislar lo que no le corresponde, porque no quiere invadir competencias de ninguna Administración ni autonómica ni local, pero sí quiere que aquel que puede legislar en aquello que le es materia exclusiva ―y hablo de las grandes plataformas digitales― haga lo que pueda hacer y está en su mano. Y la traemos desde dos premisas argumentales, sabiendo y siendo conscientes de que habrá quien penalice esta iniciativa porque el proponente es Euskal Herria Bildu, y eso será razón o motivo más que suficiente para votarla en contra. Bien, están en su derecho, pero piensen siquiera un segundo en toda la gente a la que van a penalizar para penalizarnos a nosotros, en toda esa gente que se va a convertir en chivo expiatorio de sus odios atávicos hacia Euskal Herria Bildu. Como decía, solo hay dos premisas argumentales que nos han movido a traer esta iniciativa: una es el sentido común y la otra es el respeto competencial; el mismo respeto competencial que exhibimos en la ley de vivienda de 2003 cuando pedimos que esta materia de la que hoy vamos a debatir fuera excluida del texto de la ley porque correspondía a las comunidades autónomas, y hablo de las viviendas turísticas. La misma disposición al respeto al marco competencial que viene regulada a lo largo de las dieciocho páginas que contempla esta proposición de ley y que viene de manera expresa reflejada en la disposición adicional primera. Y es que esta Proposición de Ley sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos en las grandes plataformas digitales ―y esta es la parte más sustantiva de todo ese enunciado― pretende, precisamente, que ese espacio de impunidad en que se han convertido las plataformas digitales deje de serlo. No sobreabunda en la regulación, sino que pretende regular un espacio que está absolutamente desregulado y donde las instituciones, cuando hacen algo, lo hacen a posteriori, siempre para pedir que se deje de hacer y nunca previniendo que se pueda siquiera llegar a hacer. Lo hacemos recogiendo los mandatos del Reglamento de la Unión Europea 2024/1028 y lo hacemos también recogiendo y desarrollando el Real Decreto 1312/2024, que se aprobó en este mismo hemiciclo en 2024. Y lo hacemos porque la realidad a día de hoy ―no la que nos gustaría que existiera, ni la que uno tergiversa para que exista, sino la que existe realmente― es que entre un 40 % y un 90 %, según el estudio al que nos acojamos, de las viviendas que se ofertan en esas grandes plataformas digitales, de las que a buen seguro sus señorías habrán hecho uso en alguna ocasión, son viviendas turísticas irregulares o ilegales, sin ningún tipo de licencia ni de permiso, que tienen que dar los ayuntamientos y las comunidades autónomas y que en modo alguno planteamos que dejen de hacerlo. Eso está provocando una ruptura del equilibrio social e incluso del equilibrio ecológico. Y para ser más claro en lo que pretendemos, lo señalaré de manera taxativa y clara, para que nadie tenga que interpretarnos. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que se regule y se controle la publicidad y la publicación de los anuncios en grandes plataformas digitales. Tan solo eso y nada más que eso, que no es poco, teniendo en cuenta los datos. No nos planteamos cuáles tienen que ser viviendas turísticas, no nos planteamos qué condiciones tienen que cumplir, porque sabemos que eso lo tienen que hacer los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y queremos que siga siendo así en aras de la descentralización y de la democratización del Estado. Planteamos que ese segmento del mercado desregulado que accede a las plataformas digitales para obtener un beneficio, una remuneración, deje de hacerlo porque las plataformas digitales se vean obligadas a hacer a priori lo que ahora solo hacen a posteriori. Y es verdad que el Gobierno, el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Vivienda han conseguido retirar de las plataformas digitales cientos de miles de viviendas ilegales. Pero no es menos cierto que, de la misma manera que las han retirado, pueden volver a poblar las plataformas digitales. Y de lo que se trata, por tanto, es de que no puedan seguir haciendo eso y de que no estemos jugando continuamente al juego del gato y el ratón. ¿Y por qué queremos hacer eso? Para acabar con las irregularidades. No planteamos ya siquiera una situación absolutamente intervencionista de esta parte del mercado de la vivienda. Planteamos que no haya espacio para la impunidad. Y lo planteamos desde todas las vertientes ―por eso les he hablado del sentido común que puede dar sentido a una iniciativa así―, porque una vivienda irregular que obtiene una contraprestación económica por su alquiler de días o de temporadas cortas lo hace causando perjuicios a los vecinos, que viven soportando una vivienda turística que no ha pedido licencia, que no tiene registro de actividad, que puede no cumplir las condiciones de salubridad, pero que molesta a todos los vecinos por cuanto no es siquiera legal ni ha pasado por ningún filtro de ningún ayuntamiento ni de ninguna comunidad autónoma. Lo hacemos también pensando en los arrendadores legales, en todos aquellos que van a otra ciudad a pasar unos días y se encuentran con que aquello que han alquilado resulta ser un tugurio o un cuchitril, elijan la palabra que mejor les venga. Lo hacemos para acabar con la vulnerabilidad que tienen también aquellos que sí han pedido la licencia, se han registrado y pagan impuestos por su actividad económica. Lo hacemos, en definitiva, por todas y todos los ciudadanos, porque cada vivienda irregular que se alquila es un dinero que sigue alimentando la noria de la economía sumergida y del dinero negro por cuanto no tributa y, por consiguiente, no hay un dinero que tendría que ser del Estado para poder dedicarlo a otras cosas. Y en estos días estoy seguro y convencido de que a muchos y muchas de nosotros se le ocurren miles de cosas a las que podríamos dedicar más recursos públicos, desde las mamografías en Andalucía hasta otras muchas cuestiones. Y lo hacemos también para acabar con la gentrificación de nuestros barrios. Y sé que la palabra gentrificación empieza a sonar cada vez más en nuestros oídos, pero sé que sigue siendo un término, un concepto, que a veces parece extraño para mucha gente. No es sino el fenómeno de expulsión de la gente que ha vivido siempre históricamente en una realidad para convertirla en otra porque no puede soportar ya vivir ahí. Quizás mejor que entender lo que yo estoy diciendo es hacer seguimiento a una serie, a una comedia con ribetes ácidos como Poquita fe en su segunda temporada, para entender qué es la gentrificación y qué provoca. Como decía, ¿dónde pretendemos llevar a cabo esta iniciativa? En una acción decidida para controlar y regular la publicidad y publicación en las plataformas inmobiliarias, en las webs que seguramente todos y todas tenemos en la cabeza y que podríamos recitar tal cual fuera la alineación de nuestro equipo de referencia. ¿Y cómo pretendemos hacerlo? Complementando instrumentos que ya existen, no nos los estamos inventando. Pueden gustarnos más o menos, pero si existen, que tengan utilidad porque obedecen a una lectura de marco estatal, de una ley estatal en este caso, que es la que tiene que ver con el registro único de arrendamientos, vinculado de alguna manera al área de arrendamientos urbanos, y es la que tiene que ver con la Ventanilla Única Digital. Queremos que esto se haga desde el respeto a la protección de datos, porque se puede hacer. Y a esto le añadimos un régimen sancionador para que incumplir la ley no le salga barato a quienes sacan beneficios escandalosos de manera reiterada precisamente por eso, por incumplir la ley. Esta proposición de ley consta de cuatro títulos, veinticinco artículos y nueve disposiciones. El título I habla de la publicidad, publicación y contratación, o ―lo que es más preciso― de su objeto y ámbito de aplicación, desde el respeto competencial, como así lo refiere en la propia página 2 de la ley. El título II hace referencia a las obligaciones que han de tener las empresas prestadoras, las grandes plataformas digitales ―nuevamente las señalo―, a la hora de ofertar esos servicios: lo que tiene que ver con el número de licencia, con el número de registro, con la naturaleza jurídica o con el número de bienes que ofertan dentro de una misma lógica de propiedad. El título III tiene que ver con el procedimiento de verificación. Son las propias plataformas las que tienen que verificar que aquello que ofertan es legal. ¿Se imaginan ustedes, señorías, que hubiera plataformas de cualquier tipo que ofertaran servicios absolutamente ilegales e irregulares y no pasara nada? Me da igual que fuera en el ámbito del intrusismo profesional, en el ámbito de la sanidad o en cualquier otro terreno que roza lo ilícito o directamente lo penal. Por último, termino con el título IV, que establece un régimen sancionador, con faltas muy graves, graves y leves, que van desde los 10 000 euros hasta el millón de euros, para que las plataformas tengan mucho cuidado a la hora de seguir ganando un pequeño porcentaje de cada vivienda irregular que cuelan dentro del sistema. Termino ya. Votar en contra de esta proposición de ley hoy para alguna gente será solo cuestión de votar en contra de Euskal Herria Bildu. Para la mayoría de la gente será volver a poner un obstáculo para empezar a hacer cosas efectivas en materia de vivienda. Seguramente, a la mayoría de la gente le reconfortará entender que su realidad insoportable empieza a ser menos insoportable porque, aunque sea de manera lenta, de manera cuidada, de manera limitada para no invadir competencias, estamos intentando hacer cosas para subvertir una realidad que es de todo menos digna, que es la de la falta del derecho y acceso a una vivienda digna y asequible. Besterik ez. Mila esker. .

Cristina Valido García CCa

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. No vamos a votar nunca en contra de una admisión a trámite sobre un asunto tan relevante como el que tenemos delante. Lamento la cantidad de escaños vacíos que se llenarán ―siempre se llenan― mañana en la sesión de control, cuando llegue el momento de los insultos y de los golpes, pero ahora hablamos de un tema que tiene a buena parte de los españoles hablando solos ―creo que no hay mejor forma de decirlo― y el interés vuelve a ser palpable en esta Cámara. Igual que digo eso, digo que hay cosas que no nos convencen, que hay cosas que ya están en marcha, que ya están funcionando. No queremos duplicidad de órganos, no queremos más burocracia, no queremos que se le complique más la vida a la gente. Simplifiquemos y tomemos decisiones. La ministra decía en una carta dirigida a las comunidades autónomas que el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital, instrumentos destinados a recogida e intercambio y control de los servicios de alquiler, estaban funcionando, hasta el punto de que en su primer año de funcionamiento más de 53 000 pisos ilegales habían sido retirados. Y al tiempo, decía algo muy importante: Señores, ustedes son los competentes en la regulación y en la ordenación, las comunidades autónomas. Por tanto, somos nosotros en nuestros territorios los que tenemos que regular de una vez. Como decimos en Canarias, algunos no quieren enfrentar esta papa caliente, pero hay que enfrentarla y sin dilación. En Canarias estamos ya en ponencia para tener antes de final de año nuestra ley reguladora, porque es a nosotros a quien compete y porque nadie puede regular igual que quien conoce el territorio y cada una de sus islas, donde no hay una sola cama hotelera y donde hay sobrepoblación, donde hay despoblación y envejecimiento, donde tenemos un problema de exceso de camas hoteleras y de falta de camas para trabajadores, de falta de hogares para trabajadores. No ha sido fácil. Se ha prorrogado muchas veces el plazo de enmiendas. Ha sido difícil. Muchos de ustedes me preguntaron hace algunos meses, cuando recibían correos electrónicos de una plataforma en defensa del alquiler vacacional que les tupió los servidores, que qué estaba pasando. Pues estaba pasando eso: que cogimos la papa caliente, que estamos regulando, que nos toca a nosotros, que somos los que mejor podemos hacerlo por el conocimiento de nuestro territorio, por el derecho al autogobierno. Y aún con todo eso y con la preocupación que nos dan las leyes de talla única para todo el Estado, creemos que este debate hay que tenerlo. Apoyamos la admisión a trámite y creemos que nada malo puede salir de que hablemos con claridad de las medidas que deben tomarse de manera inmediata. Termino. Respecto a la iniciativa anterior, he oído por ahí que Cataluña es pionera porque en 2010 prohibió los toros. Canarias los prohibió en el año 1991. Y por supuesto que vamos a apoyar esa iniciativa popular. Que los territorios decidan. Y no hablemos de cosas y barbaridades que se han considerado cultura tantos siglos atrás.

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. A verdade é que ultimamente son numerosas aquí as propostas e os debates en relación co problema da vivenda. Claro, polo menos por parte daquelas forzas políticas que temos un interese real en resolver os problemas sociais, non das que veñen a falar doutras cousas. É normal porque hoxe hai unha crise habitacional que leva a que a vivenda sexa non só percibida, vista, vivida, sufrida como o principal problema da sociedade na Galiza. todos os inquéritos, todas as sondaxes de opinión realizadas nos últimos tempos sitúan a vivenda como o primeiro problema, pero só hai que falar con calquera rapaz, con calquera rapaza, para decatarse da dimensión que alcanza este problema, con un crecemento exponencial dos prezos da vivenda en compravenda, pero tamén con alugueres absolutamente imposíbeis, con prezos totalmente disparados que impiden, por exemplo, que un mozo, unha moza poida emanciparse, poida iniciar un proxecto de vida independente. Neste crecemento disparado dos prezos xoga un papel indiscutíbel, xogaron un papel indiscutíbel, os alugueres turísticos que proliferaron aproveitando unha regulación laxa ou insuficiente, a falta de regulación en moitos casos, que proliferaron sen control desde estar nun limbo até a irregularidade ou directamente, como dicía o propoñente, a ilegalidade. Unha falta de control da que son responsábeis as principais administracións públicas e do Estado, e tamén loxicamente das comunidades autónomas, que teñen a competencia. O goberno do Estado que se nega, por exemplo, a topar os prezos dos alugueres, adoptar tamén medidas máis contundentes en relación cos alugueres de temporada, cos alugueres turísticos, cos alugueres por cuartos. Hai que lembrar que nós trouxemos conxuntamente con outras forzas políticas aquí unha proposta no seu sentido ou dun partido, nese sentido, dun Partido Popular que polo menos desa Galiza, o único que fai é xogar contra aqueles concellos que tentan poñer solucións. O concello de Santiago de Compostela, por exemplo, foi o primeiro da Galiza que aprobou unha ordenanza que regula as vivendas de uso turístico, pero faino non só case en solitario, senón coa animadversión dun partido Popular que é forofo absoluto do mercado cando lle interesa e cando iso permite que os seus amigos, os fondos voitre, os grandes tenedores inmobiliarios, poidan facer negocio á conta da especulación, sacrificando, iso si, as vidas e os soños de millares de persoas. Nós estamos aquí para outra cousa, por tanto, agradecemos a iniciativa de Euskalerria Bildu e loxicamente votaremos a favor da toma en consideración. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. La verdad es que últimamente son numerosos aquí las propuestas y debates en relación con el problema de la vivienda, por lo menos por parte de aquellas fuerzas políticas que tenemos un interés real en resolver los problemas sociales. Otros prefieren hablar de otras cosas. Bien, es normal porque hoy hay una crisis habitacional que lleva a que la vivienda sea no solo percibida, vista, vivida, sufrida como principal problema de la sociedad. En Galiza todos los sondeos de opinión realizados en los últimos meses sitúan a la vivienda como primer problema. Pero solo hay que hablar con cualquier chico o chica para darse cuenta de la dimensión que este problema alcanza, con un crecimiento exponencial de los precios de la vivienda en compra y venta, pero también con alquileres absolutamente imposibles y con precios totalmente disparados que impiden, por ejemplo, que una persona joven se pueda emancipar y que pueda iniciar un proyecto de vida independiente. En este crecimiento disparado de los precios juegan y han jugado un papel indiscutible los alquileres turísticos, alquileres turísticos que han proliferado aprovechando una regulación laxa e insuficiente, a veces la falta de regulación, que han proliferado, como digo, sin control, desde estar en un limbo hasta la irregularidad o directamente, como decía el proponente, la ilegalidad. Una falta de control de la que son responsables las principales Administraciones públicas, también la del Estado, y, lógicamente, la de las comunidades autónomas, que tienen la competencia. Un Gobierno del Estado, por ejemplo, que se niega a topar los precios de los alquileres y a adoptar medidas también más contundentes en relación con los alquileres de temporada, alquileres turísticos, alquileres por habitación, etcétera. Hay que recordar que, junto con otras fuerzas políticas, nosotros ya hemos traído varias propuestas a este respecto, y está ahí la posición de un partido como el Popular, que por lo menos en Galicia lo que hace es ir en contra de aquellos ayuntamientos que intentan poner soluciones. El Ayuntamiento de Santiago de Compostela, por ejemplo, fue el primero en aprobar una ordenanza que regula las viviendas de uso turístico y lo hace no solo en solitario, sino con la animadversión de un Partido Popular que es forofo absoluto del mercado cuando le interesa, cuando eso permite que sus amigos, los fondos buitre, los grandes tenedores inmobiliarios puedan hacer negocio a cuenta de la especulación, sacrificando, eso sí, las vidas y los sueños de miles de personas. Nosotros estamos aquí para otra cosa y, por lo tanto, agradecemos la iniciativa de Euskal Herria Bildu y, lógicamente, votaremos a favor de la toma en consideración. Muchas gracias.

Noemí Santana Perera SUMAR

Gracias, señora presidenta. El debate en el día de hoy no va solo sobre los pisos turísticos, sino sobre el modelo de país que queremos construir, un país donde la vivienda sea un derecho y el territorio sea un bien común o uno donde todo sea susceptible de ser vendido al mejor postor. Cuando hablamos de esta cuestión, no estamos hablando del fenómeno de los pisos turísticos únicamente; eso es la punta del iceberg. A lo que verdaderamente nos estamos refiriendo es al modelo depredador que hoy está vigente, un modelo que lo devora todo: devora nuestros barrios, devora nuestros ecosistemas y nos devora hasta la propia vida. Eso en mi tierra lo sabemos bien. En Canarias, uno de los casos más sangrantes es el del Puertito de Adeje, un ejemplo absolutamente obsceno, donde se pone el interés privado por encima del interés general, del bien común, para salvaguardar los intereses de un complejo turístico de lujo, incluso poniendo a disposición de esos intereses privados todos los recursos del Estado, bien sea la policía, los tribunales o bien sea la respuesta a través del silencio institucional. Y no les basta con eso, sino que el otro día, en la última concentración que se hizo contra el Puertito de Adeje, se estaba tratando a los y a las activistas como auténticas criminales, con registros indiscriminados, con drones sobrevolando la concentración, con policía armada protegiendo la finca donde seguían y continuaban las obras privadas que destruyen y deterioran nuestro territorio. Esto me parece más que preocupante y por eso estamos a favor de esta propuesta que viene de la mano del Grupo EH Bildu. Creemos más que necesario poner fin a este tipo de especulación. Es importante regular la publicidad, también la contratación de pisos turísticos ilegales, y acabar con todo este desmadre que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Para ello necesitamos una ley efectiva y no solo un manual de buenas intenciones. Por eso nos parece muy correcto buscar sanciones que de verdad repercutan y que duelan a aquellas plataformas que cometen estas irregularidades, para que no lo vuelvan a hacer en el futuro. Y también que por parte de las Administraciones haya un mayor compromiso para que haya inspecciones que eviten que se sigan cometiendo este tipo de malas prácticas. En definitiva, en esta lucha nos van a encontrar a su lado. Gracias.

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. Vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, aunque dudamos de la oportunidad temporal, sobre la que volveré más tarde, además de las carencias en su formulación, sobre todo de ámbito competencial, que de admitirse a trámite deberían ser corregidas, para lo cual mi grupo presentaría enmiendas. En relación con la oportunidad, en los tres ámbitos ―Estado, Euskadi y Europa― se han dado pasos para abordar esta realidad, aunque con diferentes resultados. En el ámbito estatal, existe en la actualidad una gran cantidad de iniciativas legislativas que siguen sin tramitarse. Por su dispersión, es difícil realizar una evaluación integral, tal y como demanda el reto de la vivienda, lo cual, además, está impidiendo obtener los resultados deseados. En el Congreso son numerosas también las iniciativas de diferentes grupos parlamentarios, entre ellas una proposición como la ley del suelo, que se echó atrás por intereses partidistas. En lo referente a Euskadi, aunque el grupo proponente obvia este dato, se está tramitando una proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista para suspender nuevas declaraciones responsables para viviendas turísticas en zonas de mercado tensionado, con sanciones para los alquileres que incumplan las obligaciones en dichas zonas, sin olvidar, además, la ley de turismo y las ordenanzas municipales allí donde se han desarrollado, como en Donostia. Por dar un dato: en Donosti, en 2015, al inicio del mandato de Eneko Goia, había 2200 viviendas de uso turístico y gracias a las medidas adoptadas por el ayuntamiento esa cifra ha bajado a 1300. En Europa, en 2024, también se aprobó el reglamento de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que ya establece la obligación de la obtención del número de registro para las viviendas de uso turístico y que entró en vigor en el Estado mediante real decreto en diciembre de ese mismo año. Con esta iniciativa que debatimos hoy se propone intensificar el control de las plataformas o empresas que presten servicios de alquiler de alojamientos de corta duración sin cumplir los requisitos legales. Sin embargo, se obvia que desde la entrada en vigor del registro único los controles han supuesto ya la retirada de más de 65 000 anuncios de viviendas turísticas por no incluir el número de licencia obligatorio. Además, son objeto de seguimiento más de 54 000 anuncios que no disponen de este número de registro oficial y se mantienen abiertos expedientes sancionadores contra gestoras de pisos turísticos que se hacen pasar por particulares. Lo que nos lleva a preguntarnos si esta nueva iniciativa es necesaria y proporcional, ya que, sin haberla tramitado, la intensificación de los controles sobre los propios pisos turísticos ha hecho que se haya bloqueado la publicidad de buena parte de las viviendas que no cumplían los requisitos legales. Puede considerarse, sin embargo, que esta iniciativa aporta una mayor clarificación en cuanto a las obligaciones y a su incumplimiento por parte de las plataformas, no por parte de los arrendadores o anfitriones, a los que no se les sanciona con esta proposición, sino con la normativa ya existente; en el caso de Euskadi, con la ley de turismo y las ordenanzas municipales. Lo más significativo, sin embargo, es el régimen sancionador, desproporcionado, a nuestro entender, pero esto merece otro debate. En relación con el ámbito competencial, en Euskadi ya están reguladas las viviendas de uso turístico en la ley vasca de turismo y en su decreto de desarrollo. Los pisos turísticos deben inscribirse de acuerdo con esta normativa. El control de la información y la protección de los consumidores corresponde a la Administración autonómica, que puede sancionar, como ya lo está haciendo, a los operadores turísticos por publicidad engañosa o incumplimiento de la obligación de información. Y aunque esta proposición declara expresamente que no menoscaba estas competencias autonómicas y locales, limitando ―se dice― su actuación a la publicidad y contratación en plataformas como empresas prestadoras de servicios, no solo se habla de plataformas en línea, sino también de empresas prestadoras de servicios que publiciten, promocionen, publiquen o anuncien la contratación de viviendas turísticas y de corta duración mediante cualquier medio analógico o digital. Es decir, que una inmobiliaria de Hernani también entraría en este objeto, lo cual consideramos que correspondería a Euskadi. Se le da pie al Estado a entrar donde no le corresponde. ¿Va a ser la unidad especializada estatal la encargada de las labores de inspección en todo caso? Debería, por lo tanto, si esta proposición iniciara su trámite, plantear una relación más cuidadosa con el ámbito competencial. De hecho, en su lectura, he creído reconocer más una propuesta del Grupo Parlamentario SUMAR, de ámbito estatal, que de un grupo independentista. Casi pareciera una ley del Ministerio de Consumo, sobre todo porque se les ha colado terminología como «territorio nacional» en referencia al Estado; un poco contradictorio para quien reivindica a la nación vasca. En nuestro grupo interpretamos esta proposición como una enmienda de corrección a la ley de vivienda de 2023. Tal y como denunciamos cuando se aprobó dicha ley, el alquiler temporal y los pisos turísticos en particular eran puntos que dejaban una vía de escape a los propietarios que quisieran huir de su aplicación. Y esto no lo decía el Partido Nacionalista Vasco, lo dicen las personas expertas que vinieron a la comisión y los informes de la OCU. Por eso en el Partido Nacionalista Vasco hemos defendido siempre la necesidad de tomar medidas, también restrictivas, como en Bilbao y en Donosti. Y vamos más allá. Los grupos que apoyan al Gobierno vasco ―el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista― han presentado una proposición de ley, que hoy está en tramitación en el Parlamento vasco, que articula medidas para contrarrestar la reducción de la oferta de vivienda habitual, como la suspensión de nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas, no solo su publicidad, como hace esta proposición, y lo hacemos tanto en el marco de la ley de vivienda como en el de la ley de turismo. Pero ahí donde tienen que colaborar, señor Matute, parece que tienen otros intereses. Asimismo, la proposición de ley de medidas urgentes de Euskadi propone la aplicación de un régimen sancionador y de control que refuerza la función social de la vivienda frente a usos especulativos. Estas medidas son necesarias y alguna más, tanto de control como de incentivo en la oferta, también desde la colaboración público-privada, incentivando a los propietarios para que opten por el alquiler habitual, con medidas fiscales, ayudas a la rehabilitación que reduzcan el número de viviendas deshabitadas de manera permanente e igualmente con modificaciones legales que den seguridad. Y, evidentemente, se necesitan medios económicos que perduren en el tiempo. Dicho esto, voy terminando. Egia esan, EH Bilduk aurkeztu duen lege proposamenak nolabaiteko emendakina jartzen dio 2023an onartu Zuten Etxebizitza legeari. Agerian uzten duelako dituen gabeziak eta bere hutsuneak betetzera dator proposamen honek bilatzen duenarekin. Bestalde, legearen erredakzioan topatu ditugun zenbait terminologiak ere harridura sortu digu. Estatuko alderdi batek erredaktatutako ekimena dirudi, eta ez alderdi independentista batek. Baina hau zuzendu daiteke emendakinen bitartez. Eta amaitzeko, lege proposamenaren alde egingo badugu ere, eremu konpetentziaren hanka-sartzeak zuzentzeaz aparte, beharrezkoa iruditzen zaigu legebiltzar honetan dauden lege egitasmo guztien analisi bat egitea, etxebizitzaren erronka modu integralean aztertu eta neurriak hartzeko. Bestela, partxe bat bestearen gainetik jarriko dugu eta aspektu batean zuzentzen duguna, beste batean hankaz gora jarriko dugu. Mila esker. La verdad es que la proposición de ley presentada por EH Bildu supone una cierta enmienda a la ley de vivienda aprobada en 2023, puesto que pone de manifiesto sus carencias y viene a reconocer sus deficiencias con lo que busca esta propuesta. Por otro lado, nos han sorprendido algunos de los términos que se han usado en la redacción de la ley. Parece una iniciativa redactada por un partido estatal y no por un partido independentista, pero esto se puede corregir con las enmiendas. Y, para terminar, aunque vamos a apoyar la proposición de ley, además de corregir los errores en el ámbito competencial, nos parece necesario hacer un análisis de todos los proyectos de ley que existen en este Parlamento, en esta Cámara, para analizar de forma integral el reto de la vivienda y tomar medidas. De lo contrario, estaremos colocando un parche encima de otro y, si bien estaremos corrigiendo un aspecto, estaremos poniendo patas arriba otro. Muchas gracias.

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. A veure, primer de tot, el que voldria fer és reconèixer que aquesta és una proposta legislativa que es veu treballada i que és rigorosa i que parteix d’una preocupació legítima i compartida per nosaltres, és a dir, que tracta d’evitar el frau i de garantir que l’activitat publicitària amb habitatges d’ús turístic sigui més transparent i ordenada. Junts per Catalunya compartim aquesta inquietud i valorem l’esforç que s’hi ha dedicat, que es veu que ha estat molt ingent. Ara bé, també permeti’m que els digui, i ja ho dic a l’avançada i amb tot el respecte, que la invasió competencial — que veig que nosaltres no som els únics que també la fem palesa en aquesta cambra— doncs que la invasió competencial que planteja aquesta proposició de llei, tot i que segur que no és en absolut la seva voluntat, doncs, pot acabar convertint aquesta proposició de llei en què hagi de superar una qüestió una mica insalvable. Però anem per passos. Aquesta proposició estableix un règim bastant complet de publicitat, però també de contractació, de verificació prèvia de llicències i de sanció. Tots aquests àmbits a Catalunya ja estan regulats, amb normes pròpies, que funcionen — he de dir— amb certes distorsions o certs desajustos que han de ser solucionats pel mateix Parlament català i que, a més, han estat fins i tot convalidades quant a si eren competències pròpies i exclusives pròpies de Catalunya i no pel mateix Tribunal Constitucional. Per tant, no hi ha dubte que són competències exclusives. A Catalunya fa dècades, anava a dir anys, no, dècades, que estem legislant en matèria d’habitatge i en matèria de turisme, des del Decret 75/2020 de turisme, que ja defineix què és habitatge d’ús turístic, en regula els requisits, la inscripció en el Registre de Turisme i el règim sancionador. En matèria de publicitat, el codi de consum, que ja garanteix també la comprovació de la publicitat veraç i que permet sancionar a plataformes, per exemple, que és el que vostès cerquen amb aquesta proposició legislativa, o amb la llei 13/2002 de turisme de Catalunya, que ja establia l’obligatorietat de la llicència, el règim sancionador corresponent. Ens preocupa el règim sancionador. Per tant, aquesta proposició, en el cas de Catalunya, directament duplica alguna normativa i envaeix competències parcialment, però que són exclusives de la Generalitat. Potser en d’altres comunitats autònomes, no és el cas de vostès, doncs segurament els hi pot semblar bé, fins i tot els hi pot anar molt bé si no volen assumir responsabilitats, que algunes no volen. Segurament prefereixen que es legisli des de Madrid, però a Catalunya no. A nosaltres ni ens sembla bé ni mai ens ha anat bé quan s’ha legislat des de Madrid. Només una legislació catalana sense ingerències centralitzadores poden garantir la nostra singularitat — s’hi referia la diputada Valido— ajustades a les necessitats reals dels catalans i les catalanes. Duplicar legislació i tràmits no només és innecessari, sinó que és absolutament contraproduent i, per tant, nosaltres, si aquesta proposició legislativa s’admet a tràmit, estarem absolutament amatents que això no succeeixi, perquè no volem més inseguretat jurídica, que ja anem bastant sobrats els darrers anys, de causar-ne més. Un altre aspecte que volia comentar que el títol d’aquesta proposició és clar. És el que ha dit el senyor Matutes, no?, regular la publicitat. Però és que després només cal llegir el seu preàmbul ple de referències a l’habitatge, al seu accés assequible, a la gentrificació, l’ús social de l’habitatge. De fet, en la seva intervenció s’ha referit precisament gairebé de forma exclusiva només a aquests temes. Per tant, de fet, el que volen regular és l’habitatge, cosa que a nosaltres ens sembla que no pertocaria. Per tant, si les coses queden clares, si el que es vol regular és el que diuen que volen regular, doncs, el nostre sentit del vot pot ser un i si no, el nostre sentit del vot pot ser un altre. I a més, sí, s’ha plantejat per part de la companya del PNB un dubte sobre fins on s’estén aquest text i jo hi coincideixo. És a dir, literalment parlen d’arrendaments de curta durada remunerats. Això son els lloguers temporals. Això no són els turístics, és a dir, també ho són, però també són els temporals. Aquí no hi entrarem de cap de les maneres. És a dir, ja n’hem parlat sobradament d’aquest tema. I aquí ho estan com col·locant com en una regulació una mica encoberta. I nosaltres, doncs òbviament, aquí no hi estaríem d’acord. Aquesta proposició, al nostre entendre, envaeix competències catalanes — ja ho he dit— en matèria de turisme i de consum, però també, com estic dient ara, en matèria de dret civil català i d’habitatge. I és cert que ho fa de forma subtil, però, per exemple, dona més protagonisme a un registre sí, que ja existeix. Ja sé que òbviament no el creen vostès, ja existeix el registre únic estatal, però li donen més protagonisme perquè volen establir una verificació prèvia de llicències. No sé, més tràmits, més burocràcia? Un règim sancionador tancat i fins i tot una unitat d’inspecció estatal que substituiria les funcions executives de la Generalitat? No, no ens acaba d’agradar, perquè això no és coordinació, no? Sembla una mica de recentralització que venint de vostès, no, no és així, segur. Però se n’hauria de parlar molt. Jo, permeti’m acabar perquè veig que se’ns està fent el temps curt, en què Catalunya ja té les eines, entenem nosaltres, i el criteri per regular aquesta matèria i el que cal sempre és més confiança i respecte a l’autogovern, no noves lleis estatals que recentralitzin allò que està legislat des de la proximitat. Altra cosa és si es regulen altres coses que no estan regulades i que corresponguin exclusivament a l’Estat, que aquí, doncs, òbviament s’ha de treballar aquí. I acabo. I això segurament no va per vostès ni per tots els partits nacionalistes d’aquesta cambra, però em veig obligada a dir que cada vegada que el Congrés aprova una llei que envaeix les competències de Catalunya no és només una qüestió jurídica, òbviament. És una qüestió de respecte institucional i de dignitat política, al nostre entendre. I Catalunya mai pot ser vista com una delegació administrativa. Catalunya és una nació amb les seves institucions pròpies, amb un Parlament que legisla, amb un govern que actua i amb una ciutadania que vol decidir el seu futur. Per això, Junts per Catalunya se’ns han plantejat tants dubtes a l’hora de donar suport o no l’admissió a tràmit d’aquesta proposició de llei. No perquè no vulguem evitar el frau — que ho volem— ni perquè no ens preocupa profundament les dificultats per accedir a l’habitatge — que ens preocupen— sinó perquè no acceptarem mai que es faci a costa del nostre autogovern ni del respecte a les nostres competències. Acabo dient: Catalunya sap legislar, sap regular, sap governar i el que cal és més respecte a la Generalitat de Catalunya i menys centralisme. Volem continuar construint el nostre país, fidels a la nostra manera de fer i la nostra manera de ser. Moltes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. En primer lugar, lo que querría hacer es reconocer que esta es una propuesta legislativa que se ve trabajada, que es rigurosa y que parte de una preocupación legítima y compartida para nosotros, es decir, trata de evitar el fraude y de garantizar que la actividad publicitaria con la vivienda de uso turístico sea más transparente y ordenada. Nosotros, en Junts per Catalunya, compartimos esta inquietud y valoramos el esfuerzo que se ha dedicado a ello, que ha sido ingente. Ahora bien, permítanme que les diga ―lo digo de antemano y con todo el respeto― que la invasión competencial ―creo que no somos los únicos, también lo ponemos de manifiesto en esta Cámara― que plantea esta proposición de ley, que sin duda no es su voluntad en absoluto, puede acabar convirtiendo esta proposición de ley en que tenga que superar una cuestión un poco insalvable. Pero vayamos por pasos. Esta proposición establece un régimen bastante completo de publicidad, pero también de contratación, de verificación previa de licencias y de sanción. Todos estos ámbitos ya están regulados en Cataluña, con normas propias que funcionan ―debo decir― con algunos desajustes que tienen que ser solucionados por el propio Parlament català y que, además, se han visto convalidados, en cuanto a si eran competencias exclusivas propias o no de Cataluña, por el propio Tribunal Constitucional. Así que no hay duda de que son competencias exclusivas. En Cataluña, hace décadas ―iba a decir años, pero no, son décadas― que legislamos en materia de vivienda y de turismo, desde el Decreto 75/2020, de turismo, que ya define qué es vivienda de uso turístico, regular requisitos, la inscripción en el registro de turismo y el régimen sancionador. En materia de publicidad, el código de consumo, que ya garantiza también la comprobación de la publicidad veraz y que permite sancionar a plataformas, como buscan ustedes con esta propuesta legislativa. O la Ley 13/2002, de Turismo de Cataluña, que ya establecía la obligatoriedad de la licencia y el régimen sancionador correspondiente. Nos preocupa el régimen sancionador. Por lo tanto, esta proposición, en el caso de Cataluña, directamente duplica alguna normativa y, además, invade competencias parcialmente, pero que son exclusivas de la Generalitat. Quizás en otras comunidades autónomas ―no es el caso de ustedes― pueda parecer bien, incluso les pueda ir muy bien, si no quieren asumir responsabilidades, que algunas no quieren. Seguramente prefieren que se legisle desde Madrid, pero en Cataluña no. A nosotros ni nos parece bien ni nunca nos ha ido bien cuando se ha legislado desde Madrid. Solo una legislación catalana, sin injerencias centralizadoras, puede garantizar nuestra singularidad, como decía la diputada Valido, ajustada a las necesidades reales de los catalanes y las catalanas. Duplicar legislación y trámites no solo es innecesario, sino que es absolutamente contraproducente y, por lo tanto, nosotros, si esta proposición legislativa se admite a trámite, vamos a estar a tiempo de que eso no suceda, porque no queremos más inseguridad jurídica, que ya vamos muy sobrados en los últimos años como para ir causando más. Luego hay otro aspecto que quería comentar, que es el título de esta proposición. Claro, es lo que ha dicho el señor Matute: regular la publicidad. Pero es que después basta leer su preámbulo, que está lleno de referencias a la vivienda: su acceso asequible, la gentrificación, el uso social de la vivienda. De hecho, en su intervención se ha referido precisamente, casi de forma exclusiva, a estos temas y, por lo tanto, lo que quieren regular es la vivienda, cosa que a nosotros nos parece que no corresponde hacer. Así que, si las cosas quedan claras y lo que se quiere regular es lo que dicen que quieren regular, nuestro sentido del voto puede ser uno y, si no, nuestro sentido del voto puede ser otro. Además, se ha planteado por parte del PNV una duda sobre hasta dónde se extiende este texto, y yo coincido aquí. Estamos hablando, literalmente, de viviendas de corta duración remuneradas; de eso se habla. Esos son alquileres temporales, no son los turísticos. También lo son, pero son los temporales. Y aquí no vamos a entrar de ninguna de las maneras. Ya hemos hablado sobradamente de este tema y aquí lo están colocando con una regulación un poco encubierta y nosotros aquí no estaríamos de acuerdo. Esta proposición, en nuestra opinión, invade competencias catalanas ―ya lo he dicho― en materia de turismo y consumo, pero, como estoy diciendo ahora, también en materia de derecho civil catalán y en materia de vivienda. Y es cierto, lo hace de forma sutil, pero, por ejemplo, da más protagonismo a un registro único estatal que sí, ya existe ―ya sé que no lo crean ustedes― porque quieren establecer una verificación previa de licencias. No sé, más trámites, más burocracia, un régimen sancionador cerrado e incluso una unidad de inspección estatal que sustituiría las funciones ejecutivas de la Generalitat. No nos acaba de gustar porque eso no es coordinación; parece una recentralización, que, viniendo de ustedes, no es así, sin duda, pero habría que hablar mucho. Permítanme concluir, porque veo que se nos está haciendo el tiempo corto. En Cataluña ya tenemos las herramientas ―así lo entendemos nosotros― y el criterio para regular esta materia. Y lo que hace falta siempre es tener más confianza y respeto hacia el autogobierno, no nuevas leyes estatales que recentralicen aquello que ya está legislado desde la proximidad. Otra cosa es que se regulen otras cosas que no están reguladas y que sean competencia exclusiva del Estado. Y aquí, obviamente, sí que se puede trabajar. Y acabo. Esto no va por ustedes ni por los partidos nacionalistas de esta Cámara, pero me veo obligada a decir que cada vez que el Congreso aprueba una ley que invade las competencias de Cataluña, no es solo una cuestión jurídica, obviamente, es una cuestión de respeto institucional y de dignidad política, en nuestra opinión. Cataluña nunca puede ser vista como una delegación administrativa. Cataluña es una nación con sus instituciones propias, con un Parlamento que legisla, con un Gobierno que actúa y con una ciudadanía que quiere decidir su futuro. Por eso a Junts per Catalunya se nos han planteado tantas dudas a la hora de dar apoyo a la admisión a trámite de esta proposición de ley, no porque no queramos evitar el fraude, que lo queremos, ni porque no nos preocupen profundamente las dificultades para acceder a la vivienda, que nos preocupan, sino porque no aceptaremos que eso se haga a costa de nuestro autogobierno ni del respeto a nuestras competencias. Acabo diciendo que Cataluña sabe legislar, sabe regular y sabe gobernar, y lo que hace falta es que haya más respeto a la Generalitat de Catalunya y menos centralismo. Queremos continuar construyendo nuestro país siendo fieles a nuestra forma de hacer y a nuestra forma de ser. Muchas gracias.

Etna Estrems Fayos ERC

Gràcies, presidenta. És una evidència que el mercat de l’habitatge està descontrolat. Ho veiem cada dia a les nostres ciutats i als nostres pobles: famílies que no poden pagar el lloguer, joves que no poden emancipar-se, els veïns expulsats dels seus barris. L’habitatge s’ha convertit en el principal problema de moltes llars. L’emergència social, jo diria, més important de la nostra societat i el Congrés té l’obligació d’afrontar-ho amb regulació i no amb debats estèrils que omplen hores i hores de diaris de sessions i que, al final, no acaben servint per canviar la vida de la gent. L’única manera d’afrontar el problema és actuar des de tots els costats que hi influeixen. No hi ha una solució única i miraculosa. Cal regulació, cal control públic, impostos a l’especulació, inversió i valentia per intervenir al mercat. La proposició de llei que avui presenta Bildu és una branca més d’aquest arbre, la regulació de la publicitat dels pisos turístics il·legals. Però siguem clars, avui a l’Estat espanyol qualsevol pot posar un anunci en una gran plataforma digital i oferir un pis com a allotjament turístic sense que ningú li demani una llicència, sense haver d’acreditar res. I això genera un doble problema. Primer, destrueix el mercat de l’habitatge habitual. Cada pis que passa al mercat turístic és un pis menys per a una família. La reducció d’oferta fa pujar els preus, genera tensió i converteix els barris en parcs temàtics, com es fa evident des de fa anys si mirem ciutats com Barcelona, amb més de deu mil pisos turístics, on fins i tot Collboni, a qui li ha costat moltíssim moure’s en aquest àmbit, ha promès no renovar llicències a partir del 2028. En segon lloc, perjudica aquells que compleixen, també ho deia el company de Bildu, perquè evidentment hi ha gent que té una llicència turística i fa l’activitat segons les normes, però les grans plataformes digitals de manera indiscriminada anuncien pisos sense preguntar res, cosa que al final acaba generant competència deslleial i frau. Aquesta no-regulació no beneficia a ningú més que les mateixes plataformes i gegants digitals. Aquestes empreses guanyen dinerals ingents amb les comissions de cada anunci i cada reserva, però no fan res per garantir que allò que ofereixen sigui legal i inclús que sigui real. No comproven les llicències ni els números de registre, ni exigeixen cap documentació. I no ho fan simplement perquè no els interessa, perquè ells l’únic objectiu que tenen és créixer, cobrar i ser més i més rics amb aquestes comissions de cada transacció. El resultat és un mercat paral·lel fora de qualsevol control. Segons dades de diverses administracions i com diu la pròpia proposició de llei, entre un 40 i un 90 % dels anuncis de pisos turístics que es publiquen a les principals ciutats de l’Estat espanyol son il·legals. Jo quan ho vaig llegir vaig quedar de pasta de moniato: entre un 40 i un 90 %! Dades que converteixen aquestes pràctiques en autèntiques bombes de rellotgeria. Aquesta proposició de llei fixa condicions clares: Les plataformes només podran publicar un pis si comproven que té llicència, si el número de registre és visible i si les dades de l’anunci coincideixen amb el titular real, a més de posar de manifest quants pisos té aquest titular. Si no hi ha verificació, aquell pis no pot sortir anunciat i encara menys es pot contractar una estada, i punt. I si s’incompleix, hi ha un règim sancionador amb multes que poden arribar a un milió d’euros i que, per tant, castiguen els casos més greus. Aquesta regulació nosaltres entenem que no substitueix competències de comunitats ni ajuntaments. El que fa és posar ordre en un terreny on només l’Estat pot actuar, que és la publicitat i la contractació digitals. Només l’Estat té competència exclusiva per regular la publicitat, el mercat, el comerç electrònic i la protecció dels consumidors. No oblidem que ja hi ha un marc europeu que obliga a recollir i intercanviar dades sobre els allotjaments de curta durada. I Espanya ha creat aquest registre únic i una finestreta digital per aquests arrendaments. Però tot això seria paper mullat si les plataformes poguessin continuar o poden continuar anunciant els pisos sense fer cap comprovació de les llicències. I entenem que aquesta llei és o pot ser el complement necessari per garantir que això que diu la norma es compleixi a la pràctica. Hem fet un repàs i a altres països europeus ja s’ha actuat en aquest sentit. Per exemple, a Grècia una nova llei introdueix una moratòria d’un any per a noves llicències en barris saturats d’Atenes, exigeix condicions mínimes d’habitabilitat i imposa multes de fins a 20 000 euros. Els primers resultats d’aquesta llei mostren més oferta de lloguer residencial i preus més estables. A Budapest, els veïns del districte històric van aprovar en referèndum prohibir els lloguers turístics a partir del 2026. És la primera capital europea que adopta una mesura així per decisió ciutadana, un exemple de democràcia local en acció. Londres aplica des del 2017 un límit de 90 nits anuals per pis turístic i obliga les plataformes com Airbnb a bloquejar automàticament els anuncis que els superin. Amb això es van reduir més d’un 30 % els pisos il·legals en el primer any. Per tant, es demostra que sí que es poden fer coses. Cal tenir-ho clar: La crisi de l’habitatge és complexa, ve de dècades de males polítiques, d’especulació, de falta d’inversió, inclús de vendre el parc públic. I sí, cal intervenir el mercat i el mercat dels pisos turístics també cal intervenir-lo, vetllar perquè no estiguin encara més engreixat en pisos il·legals dins d’aquestes grans plataformes. Aquesta llei, com deia, no ho resol tot, però és un graó més dins d’una estratègia que hauria de ser global i que ha de tenir un objectiu clar, que és aconseguir que l’habitatge torni a ser un dret com l’educació o la salut, i no un bé de mercat. Fa mesos que ho diem: l’habitatge no pot ser per fer-se ric ni amb l’habitatge ni amb els negocis paral·lels que se’n deriven, com les grans plataformes de lloguers, que no poden seguir essent intocables. Han de complir unes normes bàsiques, verificar els anuncis i garantir que el que publiquen sigui legal i, si no ho fan, hauran de pagar multes importants. La gent no pot esperar més. Els veïns són expulsats dels seus barris i no poden esperar més. Els joves no troben pis i no poden esperar més, i nosaltres, com a representants polítics, tampoc podem perdre més el temps, com deia abans, amb molt debat i poca regulació. Per això el nostre grup donarà suport a la presa en consideració d’aquesta proposició de llei, perquè creiem que és una eina útil que ens pot acostar a un objectiu que hauria de ser compartit, que és que tothom tingui dret a un habitatge digne, com deia, igual que té dret a anar al metge o igual que tenim tots, dret a portar els nostres fills a l’escola pública. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Es una evidencia que el mercado de la vivienda está descontrolado, y lo vemos cada día en nuestras ciudades y en nuestros pueblos: familias que no pueden pagar el alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse, vecinos expulsados de sus barrios… La vivienda se ha convertido en el principal problema de muchos hogares, la emergencia social más importante, diría yo, de nuestra sociedad, y el Congreso tiene la obligación de afrontarla con regulación y no con debates estériles que llenan horas y horas de diarios de sesiones y que al final no sirven para cambiar la vida de la gente. La única manera de afrontar el problema es actuar desde todos los lados que influyen, no hay una solución única, milagrosa. Hace falta actuación pública, impuestos, regulación y valentía para intervenir el mercado. La proposición de ley que hoy presenta Bildu es una rama más de este árbol, la regulación de la publicidad de los pisos turísticos ilegales. Pero seamos claros. Hoy en el Estado español cualquiera puede poner un anuncio en una gran plataforma digital y ofrecer un piso como alojamiento turístico sin que nadie le pida una licencia, sin tener que acreditar nada, y eso genera un doble problema. En primer lugar, destruye el mercado de la vivienda habitual. Cada piso que pasa al mercado turístico es un piso menos para una familia. La reducción de ofertas hace subir los precios, genera tensión y convierte a los barrios en parques temáticos, como se hace evidente desde hace años en ciudades como Barcelona, con más de diez mil pisos turísticos ―incluso a Collboni le ha costado mucho moverse en esta dirección, le ha costado mucho no renovar licencias a partir de 2028―. En segundo lugar, también perjudica a quienes cumplen ―lo decía el compañero de Bildu―, porque hay gente que tiene una licencia turística y se atiene a las normas, pero las grandes plataformas digitales de manera indiscriminada anuncian pisos sin preguntar nada, cosa que al final termina generando una competencia desleal y fraude. Esta no regulación no beneficia a nadie más que a las propias plataformas y gigantes digitales. Estas empresas ganan dinerales ingentes con las comisiones de cada anuncio y de cada reserva, pero no hacen nada para garantizar que lo que ofrecen es legal, incluso real. No comprueban las licencias ni los números de registro ni exigen ninguna documentación, y no lo hacen simplemente porque no les interesa, porque lo único que tienen como objetivo es crecer, cobrar y ser cada vez más ricos con estas comisiones de cada transacción. El resultado es un mercado paralelo fuera de cualquier control. Según datos de diversas Administraciones y como dice la propia proposición de ley, entre un 40 y un 90 % de los anuncios de pisos turísticos que se publican en las principales ciudades del Estado español son ilegales. Yo cuando lo leí me quedé pasmada: ¡entre un 40 y un 90 %! Son datos que convierten estas prácticas en auténticas bombas de relojería. Esta proposición de ley fija condiciones claras: las plataformas solo podrán publicar un piso si comprueban que tiene licencia, si el número de registro está visible y si los datos del anuncio coinciden con el titular real, además de poner de manifiesto cuántos pisos tiene ese titular. Si no hay verificación, este piso no podrá salir anunciado, y todavía menos se podrá contratar una estancia. Y punto. Y si se incumple, habrá un régimen sancionador con multas que podrán llegar al millón de euros, en los casos más graves. Creemos que estas cuestiones no sustituyen competencias de comunidades ni ayuntamientos, sino que ponen las cosas en un terreno en el que puede actuar el Estado únicamente, el de la contratación digital y la publicidad. Es una competencia exclusiva regular la publicidad, el comercio electrónico y la protección de los consumidores. No olvidemos que ya hay un marco europeo que obliga a recoger e intercambiar datos sobre los alojamientos de corta duración, y España ha creado este registro único centrado en estos alquileres. Pero todo esto sería papel mojado si las plataformas pudieran seguir anunciando los pisos sin comprobación de licencias, y creemos que esta reforma puede ser aquello que hace falta para que lo que dice la norma se cumpla en la práctica. Hagamos un repaso de otros países europeos. En Grecia ya se ha actuado en este sentido con una nueva ley, con una moratoria de un año para barrios de Atenas que establecen condiciones mínimas de estabilidad, con multas de hasta 20 000 euros. Esto demuestra que hay más oferta de alquiler residencial y precios más estables. En Budapest los vecinos del centro histórico aprobaron que a partir de 2026 no habría pisos turísticos. Es la primera ciudad europea que adopta esta medida por iniciativa ciudadana. Londres, desde 2017, aplica un límite a los pisos turísticos, y a Airbnb la obliga a detener los anuncios que superan ese umbral. Se han reducido en más de un 80 % los pisos anunciados en un primer año. Así que se pueden hacer cosas, hay que tenerlo claro. La crisis de la vivienda es compleja, viene de décadas de malas políticas, de falta de inversión, incluso de vender el parque de vivienda pública. Sí, hay que intervenir el mercado de los pisos turísticos para que no esté todavía más engrasado con pisos ilegales en estas plataformas. Esta ley no lo resuelve todo, ya lo decía yo, pero es un paso más dentro de una estrategia que debería ser global y que debería tener un objetivo claro: conseguir que la vivienda vuelva a ser un derecho, como la educación o la salud, y no un bien de mercado. Hace meses que lo decimos: la vivienda no puede ser para hacerse ricos, ni la vivienda ni los negocios paralelos que se derivan de ella, como las grandes plataformas de alquileres. No pueden seguir siendo intocables, tienen que cumplir unas normas básicas, comprobar anuncios y garantizar que lo que se publique sea legal y, si no lo hacen, tendrán que pagar multas importantes. La gente no puede esperar más. Los vecinos se ven expulsados de sus barrios y no pueden esperar más. Los jóvenes no encuentran piso y no pueden esperar más. Y nosotros, como representantes políticos, no podemos perder más el tiempo, como decía antes, con mucho debate y poca regulación. Por eso, nuestro grupo dará apoyo a la toma en consideración de esta proposición no de ley. Creemos que es una herramienta útil que nos puede acercar a un objetivo que deberíamos compartir todos, el de que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna, como el de ir al médico o el de llevar a nuestros hijos a la escuela pública. Muchas gracias.

Carlos Martín Urriza SUMAR

Agradecemos al Grupo EH Bildu la presentación de esta proposición de ley. Su contenido debe servir para abrir la puerta a una regulación más ambiciosa que ponga el derecho a la vivienda por delante de los intereses de los fondos y de las grandes plataformas. La proposición debe ser admitida a trámite, posibilitando las mejoras a lo largo del mismo. Esta proposición facilitará la importante labor que ya está desarrollando el ministro Bustinduy desde Consumo para combatir los pisos turísticos ilegales. El ministerio ha conseguido la retirada de 65 000 anuncios ilegales de la plataforma Airbnb y de 4000 de la plataforma Booking, lo cual es una muy buena noticia ―nos debemos alegrar todas y todos―. El ministerio también ha identificado 15 200 pisos turísticos que operaban sin licencia en Madrid y 14 960 en Santiago de Compostela. El alcalde de Madrid ha sido muy crítico con la actuación del ministerio. El de Santiago, en cambio, la ha agradecido. La verdad es que los madrileños lo tenemos crudo con el alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella anunció recientemente, en un evento organizado por el fondo buitre BlackRock, que no iba a intervenir en la vivienda, a pesar del grave problema de acceso a ella que se sufre en Madrid. Unos responsables públicos estamos a favor de cumplir la legalidad y nos importa la vida de nuestros conciudadanos; otros, en cambio, apoyan el desorden y a los especuladores. La proposición de EH Bildu es pragmática, dadas las mayorías de esta Cámara, pero lo que habría que hacer en medio de esta grave crisis habitacional que padecemos es prohibir los pisos turísticos y los alquileres de temporada en las zonas tensionadas. Hemos llegado a tal extremo, señorías, en esta crisis que las personas que hacen funcionar nuestras ciudades no se pueden permitir vivir en ellas. Y esto ocurre porque se tolera la especulación sobre un bien básico para la vida como es la vivienda y se permite su uso espurio para el turismo o para el alquiler no permanente. A pocas calles de aquí, señorías, viven vecinos y vecinas que padecen directamente esta especulación y la codicia de unos pocos que quieren llenarse los bolsillos a costa de destruir sus vidas. Son los vecinos de la calle General Lacy número 22, de Mesón de Paredes 88 y de Modesto Lafuente número 8. SUMAR ha propuesto, en colaboración con el Sindicato de Inquilinas, una enmienda a la Ley de Arrendamientos Urbanos para que no se pueda expulsar a estos vecinos, que llevan décadas viviendo en bloques dedicados al alquiler y que pagan todos los meses religiosamente sus recibos. Queremos impedir que sean expulsados de sus hogares por Airbnb y alquileres de temporada que van a cubrir nómadas digitales que, al final, lo que hacen es inflar los precios de nuestras viviendas y que además pagan su IRPF en el extranjero. . Queremos poner coto a la codicia y defender el derecho a la vivienda de nuestros convecinos. Señorías, hace tiempo que los precios de la vivienda dejaron de explicarse por la renta y la capacidad de endeudamiento de los hogares que demandan una vivienda para vivir en ella. Volvemos a padecer una burbuja de precios en la vivienda que, aunque no sea como la anterior, es decir, aunque no esté financiada por un endeudamiento insostenible, es igual de nociva. El Banco de España, las comunidades autónomas que tienen las competencias de vivienda y también esta Cámara somos responsables de pinchar esa burbuja de precio. Hemos permitido que la vivienda se convierta en un activo para la especulación, como el oro, el bitcóin o las acciones de Telefónica. Esta especulación la promueven extranjeros y nacionales ricos, no los inmigrantes que vienen a trabajar y a contribuir a la prosperidad de nuestro país. Además, una parte muy importante del dinero que financia esta burbuja procede del exterior y de la economía sumergida. Es dinero negro que se lava en nuestro país y que termina en la vivienda, inflando los precios. El Banco de España tiene la responsabilidad y los instrumentos para pinchar esta nueva burbuja especulativa. No nos puede volver a fallar, como ya nos falló en la anterior burbuja inmobiliaria, un error terrible equivalente a que el Ministerio de Sanidad hubiera negado la pandemia, como hizo el Banco de España con la anterior burbuja. El nuevo Plan Estatal de Vivienda es otra de las palancas para solucionar el problema de la vivienda. El borrador actual a nosotras no nos gusta. Los 7000 millones que se invertirán en los próximos cinco años de vigencia son claramente insuficientes y palidecen frente a los 32 000 millones que se quieren gastar al año en armamento, lo que tampoco nos gustan. Hay dinero público de sobra para invertir en vivienda. Disponemos de 83 000 millones en créditos blandos procedentes de Next Generation UE, que no se quieren usar y que, desafortunadamente, parece que vamos a tener que devolver a Europa. En SUMAR queremos invertirlos para acelerar la creación de un parque público de vivienda para alquiler social y asequible. El plan también falla porque continúa dejando su desarrollo en manos de inmobiliarias y fondos privados, y esto, señorías, encarece el coste de crear el parque de viviendas y pone en riesgo su permanencia dentro del sector público. Estamos en contra de esta colaboración público-privada y del lucro ilimitado en la promoción o gestión de viviendas públicas. En suelo público y con financiación pública la promoción también tiene que ser pública. Por último, tampoco compartimos las ayudas a la compra o alquiler si estos no están topados. Si no están topados, señorías, al final estas ayudas solo hacen que contribuir más al alza de los precios de la vivienda. .

Ignacio Hoces Íñiguez VOX

Muchísimas gracias, señora presidenta. Hoy debatimos una nueva ocurrencia de Bildu, una ley contra la libertad, una ley contra los pisos y una ley contra la propiedad. Hoy debatimos una ley que nace muy lejos de las calles, muy lejos de los barrios, muy lejos de los jóvenes que viven con sus padres, muy lejos de las familias que pagan un alquiler imposible y muy lejos también de los trabajadores que, tras una larga jornada laboral, vuelven a una habitación compartida. . Empiezo con algo muy sencillo. Bildu no quiere solucionar el problema de la vivienda en España, Bildu lo que quiere es controlar la vida de los españoles, imponer su ideología y también avanzar en su proyecto de ruptura de la unidad nacional, pero lo más lamentable es que lo hacen con el apoyo del Gobierno, desde Zapatero a Sánchez. . Registros, ventanillas y multas hasta de un millón de euros. ¿Alguien se piensa que algún joven español va a poder acceder a una vivienda porque exista más papeleo o mayor burocracia? ¿Alguien se piensa que las familias españolas van a poder acceder a una vivienda porque ustedes ataquen la propiedad privada? Es que ustedes no quieren abaratar ningún tipo de vivienda en España, lo que quieren es mayor poder para los políticos y menos libertad para los españoles. . Señorías, Bildu solamente conoce tres tipos de vivienda: los pisos patera de la inmigración ilegal, que degradan nuestros barrios y hacen que avance así la inseguridad; los pisos francos, donde se escondían los etarras; y los zulos, donde escondían a los españoles que luego asesinaban. Esos son los tres modelos de vivienda que conoce esta gente. . Y, además, la norma calla deliberadamente los verdaderos problemas de la vivienda, como, por ejemplo, la paralización de la obra pública, es decir, de la vivienda social, también el secuestro del suelo por parte de las Administraciones públicas, los impuestos abusivos y confiscatorios que disparan el precio final de la vivienda hasta un 30 % y la inmigración masiva e incontrolada, y nada de esto se soluciona con registros digitales ni con un catálogo de sanciones. . Y no hablamos de teorías. Algunas ciudades ya han implementado medidas como esta y el resultado es más mercado negro, menos oferta y, por tanto, mayor disparo de la vivienda. Bildu lo que quiere es asfixiar lo legal y VOX lo que quiere es perseguir los pisos turísticos que no tienen una licencia, también el fraude, la violencia, es decir, también a sus señorías. . Hablan de crisis habitacional. Sí, existe, pero ¿quién la ha creado? Pues todas sus señorías, como, por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista con años de abandono de la vivienda y con construcción de cero vivienda pública y social. Y ahora viene Bildu con más prohibiciones, más sanciones y, por tanto, con más ruina. ¿Saben a quiénes favorece esta ley? A las grandes plataformas internacionales, a las Administraciones públicas, que van a llenar las arcas con sanciones a los españoles, y a los burócratas, que se forran con el papeleo. . ¿Y a quiénes va a perjudicar? A los jóvenes, a las familias, a las clases medias y populares, es decir, a los que siempre cumplen. Porque, señorías, esto es lo que nunca quieren escuchar: el precio de la vivienda no se dispara por el joven que quiere alquilar una vivienda ni por el propietario que quiere disponer también de esa vivienda, sino que lo hace, realmente, por el bipartidismo. Por un lado, el bipartidismo que secuestra suelo, también por el bipartidismo que quiere llenar las arcas con impuestos abusivos y confiscatorios, con el bipartidismo que tarda años en conceder una licencia y, por otro lado, también porque todos ustedes, a excepción de VOX, han impulsado unas políticas de efecto llamada que han llenado nuestros barrios de delincuencia y de inmigración ilegal , es decir, más millones de personas compitiendo por menos vivienda. Esto es una ley de hierro de la economía, y ninguna de sus teorías ni ninguna de sus leyes va a conseguir derogarla. Y todavía más, señorías: los impuestos abusivos que ustedes recaudan, expoliando directamente a los españoles, los destinan a una inmigración masiva que ha destruido nuestros barrios y que está asfixiando y empobreciendo nuestra nación. Y, además, el PNV y Bildu son corresponsables directos de que las tres provincias vascas se hayan llenado de una inmigración ilegal y masiva, sí, que está degradando nuestros barrios y transfigurando nuestras costumbres. Y eso lo vemos todos los días: del chacolí al té moruno, de la boina al velo islámico y de la fiesta de San Ignacio a la fiesta del cordero. Es lo que ustedes están importando y a lo que nosotros llamamos degradación y sustitución. Sí, señorías, ustedes están atacando las tradiciones españolas en el País Vasco precisamente importando las tradiciones del Magreb. Frente a todo esto, VOX lo tiene claro. La vivienda no se defiende ni con ventanillas únicas ni con registros ni sabiendo el número de pisos que tiene cada propietario; se defiende facilitando la construcción, bajando impuestos y con la prioridad nacional; se defiende protegiendo a las familias que llevan trabajando esta tierra durante generaciones, y se defiende también protegiendo la propiedad privada, que es el espacio y el hogar de cada familia, y, por supuesto, también construyendo vivienda pública y social a disposición de los jóvenes y las familias españolas y no de la inmigración. . Señorías, esta ley es un monumento a la incompetencia y a la ideología. Es una ideología que odia la propiedad, que odia la prosperidad, que odia la libertad y que odia España. Esta ley no construye ni una sola vivienda ni abarata ni un solo alquiler ni protege a las familia. Quieren ventanillas y nosotros queremos hogares; quieren sanciones y nosotros queremos familias. VOX está y estará siempre del lado donde late España, en la esperanza de cada joven que sueña con tener un hogar, en el esfuerzo de cada madre que paga un alquiler imposible y en el corazón de las familias que no se rinden, pese a ustedes. Muchísimas gracias. .

Gabriel Blanco Arrúe PSE-EE (PSOE)

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Siempre es positivo que esta Cámara traiga a debate cuestiones relacionadas con el problema de acceso a la vivienda que está atravesando nuestro país, más aún si se trata de hablar de uno de los elementos que ha contribuido a agudizar esta crisis, porque, sí, el aumento descontrolado de viviendas turísticas en los últimos años es una realidad que explica en parte la subida de los precios de los alquileres y la reducción de la oferta de vivienda residencial en España; y porque, sí, existe un gran consenso social en este país acerca de la necesidad de acabar con los pisos turísticos ilegales, un gran consenso en que las viviendas tienen que ser, ante todo y en primer lugar, para vivir. Los socialistas tenemos la firme convicción de que se puede y se debe buscar un equilibrio entre el turismo, al que cualquiera legítimamente puede aspirar, y la vida de nuestros barrios. . En esa línea lleva tiempo trabajando el Gobierno de España. Por eso, nuestro grupo valoramos positivamente la propuesta y estamos en sintonía con iniciativas de este tipo que buscan impedir que esa proliferación descontrolada expulse a los vecinos de sus ciudades, de sus pueblos y de sus entornos sociales. No obstante, también es cierto que esta proposición de ley plantea cuestiones que aconsejan un examen más detenido y sosegado para garantizar su coherencia con el resto de nuestro ordenamiento jurídico, tanto nacional como europeo. Es algo en lo que, en cualquier caso, habrá que trabajar y algo que tendrá que ser acordado una vez sea admitida a trámite esta iniciativa. Consideramos importante destacar que el Gobierno de España ya ha implantado medidas que persiguen los mismos objetivos de esta proposición de ley. Por mencionar algunas, podríamos hablar de la modificación de la Ley sobre Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos den el visto bueno expreso a la instalación de nuevas viviendas turísticas en sus edificios, así como de la aprobación el pasado diciembre del Real Decreto 1312/2024, que ha puesto en marcha el Registro Único de Arrendamientos y ha creado la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos este año 2025 y, con ella, la notificación de pisos turísticos ilegales a las plataformas digitales para que puedan proceder a retirar sus anuncios. España ha sido el primer país de la Unión Europea en aplicar la normativa referente a los alquileres de corta duración. Lejos de la imagen de España y de este Gobierno que intentan siempre dibujar algunos aquí, la realidad es que somos pioneros de nuevo también en esto. . La realidad es que España es, efectivamente, referente a nivel europeo en la regulación de esta cuestión y, por tanto ―va implícito― en la lucha contra la especulación, y lo es gracias al trabajo de un Gobierno progresista que nos ha convertido en el primer país en contar con este registro único conectado a las plataformas digitales. Es un sistema que se está demostrando eficaz, porque ya está teniendo efectos muy positivos. Gracias a este sistema, se han notificado casi 54 000 pisos a las plataformas digitales para que puedan retirar sus anuncios de ellas, al no haber sido registradas como viviendas turísticas legales. Es decir, casi 54 000 pisos que podrán volver así al mercado residencial, incorporando al alquiler viviendas que previamente se encontraban en una situación de fraude. Porque la política de vivienda ―es muy importante recalcarlo― no puede basarse solo en construir más, también debe consistir en liberar viviendas de la especulación, en recuperar las ciudades para la gente, poniendo más vivienda ya construida en el mercado y, en definitiva, poniendo en el centro la concepción de la vivienda como un derecho y no como un negocio sin control, que es como lo concibe la derecha de este país. . Frente al descontrol, la especulación y la pasividad que defienden los Gobiernos del Partido Popular, este Gobierno progresista está marcando unas reglas claras para poner orden, aumentar la oferta de viviendas y proteger a las personas. Y, mientras tanto, los Gobiernos autonómicos y locales del Partido Popular, sus Gobiernos, están boicoteando el desarrollo y la aplicación de la principal herramienta que tenemos para hacer frente a esto, la ley estatal de vivienda , impidiendo que se desplieguen sus efectos y que se haga frente a este problema con las mejores garantías. Y, mientras la boicotean, son incapaces de proponer una sola medida eficaz para hacer frente a la crisis habitacional, empeñándose en volver una y otra vez a medidas que ya se ha demostrado ineficaces, cuando no directamente contraproducentes, para facilitar el acceso de los grupos más vulnerables a una vivienda digna. Quiero detenerme especialmente en un sector de la sociedad que está pagando y sufriendo la política en materia de vivienda de la derecha o, casi mejor dicho, la antipolítica en materia de vivienda del Partido Popular. Me refiero a los jóvenes. No puede ser que un joven que quiera vivir solo en alquiler tenga que destinar más del 90 % de su salario a ello, como ocurre en tantas ciudades y regiones españolas. No puede ser que, incluso decidiendo compartir piso, tenga que destinar más del 40 % del salario a ello, por encima del 30 % que se recomienda a nivel internacional. Miren, no podemos seguir viviendo en la misma habitación en la que jugábamos, señorías, es importante que lo entendamos de una vez. . Por eso, los jóvenes de este país saben que pueden contar con el PSOE, que toma medidas y actúa y hace todo lo contrario a lo que hacen ustedes. Al impedir la aplicación de la ley de vivienda en las comunidades autónomas que ustedes gobiernan, lo que están impidiendo es el desarrollo pleno de miles de jóvenes que aspiran a emanciparse, a tener su propia vivienda y a desarrollar en plenitud su proyecto vital. Señorías del Grupo Popular, ya es hora de que dejen de tomar como rehenes a los jóvenes de las comunidades autónomas que gobiernan solo para atacar al Gobierno de España. Dejen de tomarlos como rehenes y apliquen en su totalidad la ley de vivienda, esa ley que nos acerca a cumplir con el derecho constitucional de acceder a una vivienda digna que está recogido en la Constitución. Si tan constitucionalistas son, como siempre dicen, apliquen esta ley que desarrolla ese derecho. Porque la ley de vivienda es una ley que funciona, pero, como suele decirse en mi grupo parlamentario, es como el deporte, para que funcione hay que practicarlo, que es lo que ustedes no están haciendo en esta materia. . Señorías del Grupo Parlamentario Popular, llegan tarde a esto como a casi todo. Pero aún están a tiempo de sumarse y de poner en marcha medidas útiles como las recogidas en la ley de vivienda. Están aún a tiempo de empezar a trabajar por el bienestar de la gente. Tienen en su mano, en definitiva, la capacidad de decidir si son ustedes parte del problema o parte de la solución. Termino ya, señora presidenta. A un sindicalista y socialista vasco de los más relevantes que ha habido, Eduardo López Albizu, le bastaba con una frase, apenas cuatro palabras, para describir lo que es el socialismo, que él definía como un proyecto de felicidad. Cada una de las medidas en materia de vivienda que ha adoptado este Gobierno y que ha adoptado y adopta el Partido Socialista no tienen otro fin que todas las personas vulnerables de este país, que todos los jóvenes puedan acceder a una vivienda digna, puedan, en consecuencia, desarrollarse plenamente y puedan, en última instancia, ser un poco más felices. De eso se trata, de hacer a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país un poco más felices. Ese es el objetivo del proyecto socialista. A eso responde nuestro proyecto, a eso responde el proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Y ustedes, señorías del Grupo Popular, tendrán que aclarar aquí a qué responde el suyo. Muchas gracias. Eskerrik asko. .

Miguel Ángel Sastre Uyá PP

Gracias, señorías. Quisiera, antes que nada, felicitar desde la tribuna del Congreso de los Diputados a todos mis paisanos de la ciudad de Cádiz porque hoy, 7 de octubre, es el día de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Día 7 de octubre que, desgraciadamente, por otros motivos, se ha convertido en una fecha de sufrimiento, para no olvidar, como hemos recordado hoy en nuestro grupo parlamentario. Ojalá llegue pronto la paz. Pero vamos al tema. Ironías de la vida, hoy debatimos una proposición de ley de un grupo familiarizado precisamente con quienes saben mucho de provocar sufrimiento: Bildu. Una reflexión: cuando les oímos hablar sobre vivienda, tienen para nosotros la misma autoridad moral que cuando dan lecciones en esta tribuna sobre derechos humanos. Esta bancada no olvida de dónde vienen ustedes, a quiénes siguen homenajeando y quiénes siguen siendo sus cabezas visibles. . Aunque el Gobierno los necesite para tapar sus escándalos, nosotros, por suerte, no les debemos nada. Y tal es la simbiosis que han creado entre ambos, entre el Gobierno y ustedes, que sus argumentos políticos cada vez se mimetizan más. En el caso de la vivienda, tenemos un ejemplo muy visible, y aquí sí que nos queremos detener. En esta legislatura en la que todo parece una locura, hay que usar a veces el psicoanálisis para entender lo que está pasando. En cada tema que la izquierda tiene responsabilidad, aplica lo que Freud llama proyecciones, es decir, atribuir a otros los errores propios más oscuros. Por eso, han culpado a todos de la situación de la vivienda menos a ustedes mismos. Hoy señalan con el dedo de nuevo, y yo sé que ustedes, los de Bildu, esa estrategia de señalar la conocen bien. Pero, ya que ustedes se empeñan en buscar culpables, vamos a hacer aquí brevemente de detectives, como si fuésemos Sherlock Holmes o como en una novela de Agatha Christie. Vamos a contar a los españoles las pistas, indicios y pruebas que hay en la escena del crimen. Número uno, en 2018, la vivienda no estaba ni entre los quince principales problemas de los españoles, ahora es el primero. ¿Quién llegó al Gobierno en 2018? La izquierda española. . Número dos, se crea un ministerio para este problema prioritario y resulta que es el ministerio que menos ejecuta de su presupuesto; se les cae la coartada. Número tres, la ley de vivienda que este Pleno ha aprobado que se derogue se basa en medidas usadas en otros lugares y que ya fracasaron, como el control de precios. Es decir, aparecen antecedentes. Y es que ese intervencionismo, junto a la inseguridad frente a la okupación, sus decretos y sus leyes hunden la oferta disponible de viviendas y dejan huella. Donde se aplica la ley en su totalidad, como en Barcelona, hay tal déficit que aparecen entre 300 y 400 demandantes por anuncio de vivienda en alquiler. Y, por último, un agravante: en el Gobierno se lo han llevado calentito mientras todo se deterioraba. Una pregunta: ¿ustedes, los de Bildu, también jugaban a eso de los soles, las chistorras y las lechugas? Porque eso suena a denominación de origen navarra y ustedes son socios también allí. . Y podríamos seguir aportando pruebas, pero con el tiempo limitado para demostrar lo más elemental, ya lo hemos hecho: son ustedes el problema. Aplican ideas erróneas y, cuando no funcionan, emplean sus fuerzas en dividir y enfrentar a grupos de personas. Eso que huele tanto a marxismo cultural, como en la historia, en vez de reparar las grietas, lo que hace es agrandarlas. Ahora los españoles necesitan urgentemente soluciones. Y, como otras veces, por ejemplo, con Zapatero, que está en todos los charcos, a ambos lados del Atlántico, y que dejó a este país hundido, tiene que ser el PP el que vuelva a arreglarlo. La solución pasa por más vivienda. El Banco de España dice que hacen falta 700 000, 100 000 más en un año, porque se crean más hogares que las nuevas viviendas que hay disponibles. Yo entiendo que no les gustan las matemáticas, porque representan la verdad, pero la conclusión es que hay que equilibrar la oferta y la demanda, con más construcción, desbloqueando y desarrollando suelo e impulsando de verdad la rehabilitación de las viviendas que ya existen; hay que bajar impuestos, eliminar burocracia y hace falta proteger al propietario con tolerancia cero contra la okupación en todas sus formas. Y hay que hacer todo eso más allá de las grandes capitales, porque la solución pasa también por dar oportunidades y conexiones de calidad — no lo que tenemos ahora— a las ciudades medias de España y al medio rural. Eso es lo que hace falta. No son inventos ni revanchas, sino lo que piden quienes saben de esto. No son palabras huecas por nuestra parte, son hechos. Hemos presentado un plan de vivienda a toda España, con decenas de medidas consensuadas con la sociedad civil. Hay dos leyes nuestras aprobadas por el Senado, que ayudarían a impulsar más y mejor vivienda y que frenarían casos de okupación en horas, y las tienen secuestradas para no aprobarlas en esta Cámara. Las comunidades del PP están intentando, como pueden, darle la vuelta a esto, infrafinanciadas, como Andalucía y sufriendo zancadillas; Andalucía, a la que cuarenta años del PSOE dejaron arruinada y estancada. Precisamente es ella la que está impulsando leyes alternativas sobre vivienda y suelo que son un buen camino a seguir. Una tierra que está bajando impuestos sobre la vivienda, especialmente a los más jóvenes, y simplificando burocracia. La diferencia, señoras y señores, es evidente. . Por eso, los españoles están cada vez más cansados de lo que todos ustedes representan. Y mi generación es especialmente la que está abriendo los ojos. Por ello, voy a terminar hablándole a ella, a quienes hemos crecido entre lo relativo, pero ahora necesitamos certezas. El reto de la vivienda en España tiene solución, como muchos otros retos que tenemos. Evidentemente, no con este Gobierno. No está todo perdido, pero hace falta reiniciar la política en España, abandonar este espectáculo bochornoso que vivimos cada día y volver a lo fundamental, pensar en las personas, resolver sus problemas y abrir nuevas oportunidades. Esa es la política de certezas que necesita mi generación, con personas valientes, capaces y responsables, que no solo se dediquen a comentar qué mal va todo, sino que se sacrifiquen para arreglarlo y propongan ideas. En el último tiempo, cuando España ha estado en el alambre, ha sido el PP quien ha evitado la caída. Va a costar, pero volveremos a hacerlo con la vivienda y con todo lo que este Gobierno y sus socios hayan dejado destrozado. Muchísimas gracias. .

Carlos Cuerpo Caballero

Gracias, presidenta. Señorías, comparezco hoy, como bien ha señalado la presidenta, para solicitar el apoyo de la Cámara para la convalidación del Real Decreto Ley 10/2025, por el que adoptamos medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Antes de entrar en el detalle de la norma, quisiera recordar, como no puede ser de otra manera, que hoy se cumplen dos años de los terribles atentados perpetrados por Hamás en Israel. Quisiera tener desde esta tribuna un recuerdo especial para las más de 1200 víctimas y sus familiares, y muy especialmente a los de Maya Villalobos e Iván Illarramendi, los dos ciudadanos españoles asesinados ese día. . Como ha reiterado esta misma mañana el presidente, en el Gobierno seguimos condenando de forma rotunda estos ataques. Transcurridos ya dos años, además, el Gobierno expresa su solidaridad con los familiares de los rehenes que aún siguen secuestrados y exige su inmediata e incondicional liberación. Asimismo, y como venimos haciendo también de manera enérgica y con toda la contundencia, volvemos a exigir el fin del genocidio al que se está sometiendo al pueblo palestino y el respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario en Gaza. Lo ocurrido en los últimos dos años lo conocen todos ustedes, pero permítanme que lo escenifique con cinco datos esclarecedores. Hace dos semanas, y antes de la ofensiva de los últimos días, ya hablábamos de más de 65 000 fallecidos en Gaza; más de 165 000 heridos; en torno a 2 millones de desplazados; más de 250 000 personas, incluidos niños, en riesgo de desnutrición, y más del 90 % de las viviendas de Gaza destruidas o dañadas. Son unos datos, sin duda, estremecedores y que nos interpelan a actuar. Eso es lo que estamos haciendo en el Gobierno, liderando la respuesta internacional y también la apuesta por un futuro de paz duradera en la zona. Este real decreto ley desempeña un papel fundamental en ese camino. Es una norma que consolida con rango jurídico legal el embargo de armas a Israel que este Gobierno ya venía aplicando, a la vez que amplía el alcance de las medidas restrictivas con respecto a las importaciones y exportaciones de material de defensa y doble uso desde y con destino a Israel. A este mayor y total alcance de las prohibiciones se suman las restricciones al tránsito de material de defensa y doble uso, con inclusión específica de los combustibles de uso militar. Estas medidas se complementan, además, con la prohibición de la importación de productos originarios de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y, por último, considera ilícita la publicidad de la comercialización de bienes originarios y de servicios prestados en esos asentamientos. Antes de entrar en el detalle de cada uno de estos ámbitos de actuación, permítanme comenzar insistiendo en la coherencia de lo que estamos haciendo hoy. Evidentemente, coherencia con el cumplimiento de la legalidad internacional, pero también con la defensa de la seguridad y la paz y, por supuesto, con la posición que ha venido defendiendo sistemáticamente el Gobierno de España desde el inicio de estos terribles acontecimientos. El Gobierno se ha posicionado de forma muy clara, impulsando procesos políticos determinantes a nivel europeo, pero también a nivel internacional para lograr esa paz justa y duradera necesaria, denunciando las vulneraciones del derecho internacional ante las cortes y los tribunales pertinentes, apoyando, por ejemplo, la labor de la Corte Penal Internacional, encabezando el impulso por el reconocimiento del Estado palestino en mayo del 2024 junto con Irlanda y Noruega, un paso al que se han sumado desde entonces importantes países aliados como Francia, Australia, Canadá o Reino Unido. Es un reconocimiento que a día de hoy respaldan ya más de 157 países, el 78 % de los Estados de pleno derecho en la ONU. También hemos liderado la creación de la alianza global para la solución de dos Estados y la celebración de una conferencia en Nueva York para proteger e implementar esta solución; además de actuaciones adicionales, por ejemplo, de protección de la población, como el refuerzo de la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. A nivel de la Unión, también hemos alzado la voz, defendiendo la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión e Israel. Somos impulsores de esta iniciativa, que ha supuesto que recientemente la Comisión haya recogido parcialmente el guante y dado un primer paso importante, proponiendo la suspensión del trato comercial preferencial que forma parte de ese acuerdo y que ya cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo. Pero, señorías, si me permiten, la actuación del Gobierno va de la mano de la respuesta de nuestra ciudadanía. Lo hemos visto estos días en nuestras calles con manifestaciones masivas de ciudadanos y también con las decenas de barcos cargados de ayuda humanitaria que fueron interceptados en altamar rumbo a Gaza. Nuestra sociedad no se mantiene al margen, denuncia lo que está viendo y exige medidas para parar el genocidio y que se respeten los derechos humanos. El real decreto ley es, por tanto, un paso coherente y contundente, que completa nuestro marco normativo para cumplir con nuestra responsabilidad y dar respuesta a estos objetivos que nos hemos fijado, como digo, no solo como Gobierno, sino también como sociedad que, fiel a sus valores, no permanece indiferente. En cuanto al fondo, el real decreto ley aprobado en el Consejo de ministros del pasado 23 de septiembre es un texto de máximos que exprime el margen que nos permite la normativa internacional, pero también la normativa europea, partiendo, por supuesto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión. En cuanto a la forma, por supuesto, la principal motivación para adoptar un real decreto ley es la extraordinaria y urgente necesidad de reaccionar a la vulneración sistemática de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de 1948. La magnitud de esta catástrofe humanitaria y su rápido empeoramiento con el inicio de la ofensiva terrestre sobre Gaza justifica que llevemos a cabo nuevas actuaciones con la mayor celeridad posible, encaminadas a ejercer presión sobre la capacidad de Israel para mantener esta guerra y lanzar, además, nuevamente un compromiso político firme con la protección de la población civil, que espero que tenga el respaldo de esta Cámara. Por dejarlo bien claro, los objetivos de este real decreto ley son apoyar la resolución del conflicto bélico y reducir el sufrimiento de la población palestina, dificultar la continuación de la invasión de la Franja de Gaza por Israel y obstaculizar que pueda tener acceso a más recursos militares, evitar la generación de beneficios económicos en los territorios ocupados por su comercio internacional, proteger a los pueblos que están siendo víctima de las vulneraciones continuadas de derechos humanos y garantizar la seguridad y la paz internacional, asegurando el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Entrando ya en el contenido del real decreto ley, el artículo 1 establece de manera clara e inequívoca la prohibición de exportar a Israel y de importar desde Israel material de defensa, otro material y tecnologías de doble uso, además de la denegación de las autorizaciones para todo tipo de tránsitos de esos materiales con origen o destino final en Israel. La norma se apoya en nuestra normativa, en la Ley 53/2007, de control de comercio exterior de material de defensa y doble uso, lo que de nuevo asegura un marco garantista y plenamente compatible con nuestros compromisos europeos e internacionales. Se trata, señorías, por lo tanto, de un embargo total que incluye cualquier operación comercial que pudiera implicar el suministro de armas, equipos o tecnologías con potencial militar a Israel, y se aplicará, además — esto es importante— con el máximo rigor, evitando cualquier circunvención de las medidas establecidas. Ningún material controlado que haya sido fabricado en España será vendido a Israel y ningún material controlado que haya sido fabricado en Israel podrá recalar en España, ni siquiera pasando por otros Estados miembros. Los embargos de armas cumplen una doble función: por un lado, asegurar el fin de suministro de armamento a un Estado que pudiera usarlo para cometer graves vulneraciones de derechos humanos, pero, por otro, este fin coercitivo pretende también el hecho de que se pueda presionar a un Estado para que respete el derecho internacional humanitario, el derecho de los palestinos, en este caso, a vivir en paz. Lo cierto es que el Gobierno viene ya aplicando medidas respecto a las exportaciones en materia de defensa y doble uso a Israel. Déjenme hacer un repaso rápido de ellas. Desde hace más de dos décadas, tenemos en nuestro país una política muy restrictiva en relación con la exportación de material de defensa a Israel. Desde 2001, no se autorizan exportaciones definitivas de armamento ni equipos que pudieran resultar letales. Tampoco se han autorizado exportaciones de equipos susceptibles de ser empleados como material antidisturbios. Y desde octubre de 2023, tras el inicio de la ofensiva en Gaza, se suspendieron de forma inmediata todas las autorizaciones de exportaciones definitivas de material de defensa con destino final a Israel. De hecho, desde octubre de 2023, se han denegado sesenta y cuatro licencias de exportación y cuatro de importación. Quiero recordarles también que hace meses ya que el Ministerio de Defensa puso en marcha una estrategia de desconexión tecnológica para eliminar cualquier dependencia de Israel y para fomentar la autonomía estratégica en este sector clave y ello, por supuesto, en colaboración con la industria de defensa española. Por lo tanto, con este real decreto ley logramos cristalizar en norma con rango legal este compromiso e ir más allá, como decía al principio, liderando de nuevo con un mensaje político muy claro. Tras esta prohibición general en el primer artículo, el real decreto ley regula en su disposición transitoria única el futuro de las licencias ya solicitadas y de las autorizaciones en vigor. Se establece la revocación de las autorizaciones vigentes y la denegación de las solicitudes pendientes en el momento de la entrada en vigor de la norma. Por último, en relación con este embargo y esta prohibición quiero hacer referencia, además, a la disposición adicional primera, relativa a la defensa de los intereses generales. Esa disposición adicional primera busca establecer un sistema por el cual, de manera absolutamente excepcional, transparente y con las máximas garantías, el Estado español pueda exceptuar una transferencia concreta por razones de interés general, especialmente razones vinculadas a la garantía de la seguridad nacional, tal y como prevé no solo la normativa de control de material de defensa y doble uso, sino también la propia Constitución española. Y, para ello, además, será necesario un acuerdo de Consejo de Ministros. Insisto, excepcionalidad y transparencia ante la eventual necesidad de proteger la seguridad nacional. El compromiso con el embargo es total y absoluto y no hay intención de modificar este mandato. Y, señorías, les recuerdo que junto con el establecimiento de las prohibiciones se recoge, además, la determinación del Gobierno de rendir cuentas en esta Cámara, ante el Congreso de los Diputados, con carácter trimestral; en definitiva, luz y taquígrafos, que no dé lugar a dudas sobre la intención que perseguimos con esta norma y a la que pretendemos dar cumplimiento. Pasando ya al segundo artículo de este real decreto ley, se introduce por primera vez el control de determinados combustibles aeronáuticos susceptibles de uso militar, denegando toda solicitud de tránsito con destino a Israel. Estos productos no estaban incluidos en la normativa europea. Por lo tanto, ampliamos ese ámbito porque su relevancia estratégica para las fuerzas armadas israelíes hacía imprescindible esta introducción en nuestra regulación nacional. Por lo tanto, este real decreto ley incluye productos que no estaban ni siquiera sometidos a control con destino a Israel. Vamos más allá, en la medida en que podemos, incluso de la propia normativa europea y velamos ―como he insistido― por el cumplimiento de nuestros compromisos de forma ambiciosa. El artículo 3 de la norma prohíbe, como ya he señalado anteriormente, la importación de bienes originarios de los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados. En este sentido, es la Corte Internacional de Justicia la que emitió ya una opinión que sirve de base para aplicar un reglamento europeo sobre el régimen que se aplica, en este caso, a las importaciones, prohibiendo la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Por lo tanto, España actúa en coherencia, evitando que alguien pueda beneficiarse económicamente de esta ocupación. En este caso, partimos de la normativa de la Unión a la hora de definir la importación para toda utilización o consumo en territorio español y poder aplicar de manera efectiva esta prohibición. Los territorios ocupados van a pasar a definirse según el código postal y la localidad correspondiente al lugar de origen de la mercancía, siendo esta lista aprobada por la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a propuesta de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En caso de incumplimiento de esta norma, se aplicarán las sanciones de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, con penas que incluyen desde multas sustanciales hasta penas de prisión, según la casuística que prevé nuestra propia ley orgánica. Asimismo, según prevé el artículo 4, se prohíbe la publicidad de esos bienes en nuestro país, así como la publicidad de los servicios que se prestan en los territorios ocupados. Por lo tanto, no se trata solo de evitar su comercialización, sino también de impedir su visibilidad en el mercado español, ya que la publicidad contribuye muchas veces a legitimar una situación que el derecho internacional está condenando. Finalmente, el real decreto ley incluye una disposición final que establece la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda acordar total o parcialmente la finalización de estas medidas y facilita la toma de decisiones rápidas para adaptarse a futuras modificaciones del marco existente. Es decir, la vigencia se mantendrá mientras persistan las circunstancias que la motivaron y no exista un marco político y diplomático que justifique su levantamiento. Antes de concluir, señorías, me gustaría insistir en que este real decreto ley forma parte de un esfuerzo más amplio, un esfuerzo ambicioso en el que estamos embarcados por parte del Gobierno y de la propia sociedad española y en el que vamos a continuar comprometidos el tiempo que sea necesario hasta que podamos ponerle fin al genocidio en Gaza contra la población palestina y se alcance una paz duradera en la región. España no se limita a exigir un alto el fuego o la liberación de los rehenes y el acceso de la ayuda humanitaria, también adoptamos decisiones concretas que hacen tangible esa exigencia, como es el real decreto ley para el que queremos la convalidación de este Congreso. Permítanme concluir con un mensaje muy claro. No vamos a mirar a otro lado. El Gobierno actúa con coherencia entre lo que dice y lo que hace. Este real decreto ley es la prueba de que nuestros valores ―los valores de paz, de justicia y defensa de los derechos humanos― se traducen en políticas públicas, en decisiones concretas. Y, por eso, confío en que la Cámara prestará su apoyo a las medidas tan trascendentales que están incluidas en este real decreto ley. Presidenta, señorías, muchas gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, president. Senyories, la situació a Gaza ens obliga a mirar de cara una realitat que ha sigut ignorada durant molt de temps. Hi ha carrers destruïts, hospitals desbordats, fam que no respecta ni edat ni gènere i milers i milers de víctimes civils. I no parlem de geopolítica, estem parlant de vides, vides innocents que patixen un genocidi davant de la còmplice mirada de l’ordre internacional. Però nosaltres, des de Compromís… Què vos passa? Gracias, presidenta. Señorías, la situación en Gaza nos obliga a mirar de cara una realidad que se ha ignorado durante mucho tiempo: calles y hospitales destruidos, estragos que no respetan género y miles de víctimas civiles. Y no hablamos de geopolítica, sino de vidas inocentes que sufren un genocidio frente a la mirada cómplice del orden internacional. . Pero nosotros, desde Compromís... ¿Qué les pasa? .

Àgueda Micó Micó SUMAR

No vos preocupeu, que este president, lo del temps ho té molt clar. Tranquils, de veritat. Reprenc, sí. Gràcies, president. Vides innocents que patixen un genocidi davant la còmplice mirada de l’ordre internacional. Però nosaltres, des de Compromís, tenim clar que, front a això, el que cal és més humanitat que mai i més coratge que mai, com el coratge que ha tingut la gent de la Global Sumud Flotilla, més de 40 vaixells amb 500 persones de 44 països, unides i units per trencar el bloqueig i per fer arribar l’ajuda humanitària. Gent, activistes que han decidit tindre la dignitat i la capacitat d’acció que molts governs no han sigut capaços de demostrar. Activistes que han posat el seu cos en la trinxera, que han rebut amenaces, que han rebut atacs i que han estat segrestats i agredits, perquè Israel només sap respondre des de la repressió. Per això els diré una cosa que tots i totes tenim molt clara i és que hi ha molta més dignitat en eixos vaixells que en alguna de les bancades d’ací del Congrés dels Diputats. Este reial decret llei arriba tard, sí, és insuficient, sí, però té mesures concretes i necessàries: ajuda humanitària immediata, suport econòmic i logístic, accions diplomàtiques per a protegir els civils i, sobretot, la suspensió de la venda i subministrament d’armes a Israel, perquè no hi haurà pau possible mentre continuem subministrant armes a aquells que bombardegen escoles, que bombardegen hospitals i que maten xiquets i xiquetes. Amb el genocidi... Acabe, president. No se preocupen que este presidente lo del tiempo lo tiene muy claro. . Sí, de verdad. Bueno, pues retomo. Gracias, presidente. Vidas inocentes que sufren un genocidio ante la mirada cómplice del orden internacional. Para nosotros, en Compromís tenemos claro que lo que hace falta es más humanidad que nunca y más valentía que nunca. Como la valentía, el coraje que han tenido los de la Global Sumud flotilla con seiscientas personas de cuarenta y cuatro países unidos para romper el bloqueo y hacer llegar la ayuda humanitaria. Gente activista que ha decidido tener la dignidad y la capacidad de acción que muchos Gobiernos no han sido capaces de demostrar. Activistas que han puesto su cuerpo en la trinchera, que han recibido amenazas, ataques y que se han visto secuestrados y agredidos, porque Israel solo sabe responder con la represión. Por eso, les diré una cosa que todos y todas tenemos muy claro: a saber, que hay mucha más dignidad en esos barcos que en algunas de las bancadas de aquí, de este Congreso de los Diputados. Este real decreto ley llega tarde, sí; es insuficiente, sí; pero tiene medidas concretas y necesarias: ayuda humanitaria inmediata, apoyo económico y logístico, acciones diplomáticas para proteger a civiles y, sobre todo, la suspensión de la venta y suministro de armas a Israel. No habrá paz posible mientras se sigan suministrando armas a aquellos que bombardean escuelas, que bombardean hospitales y que matan a niños y a niñas.

Àgueda Micó Micó SUMAR

Amb el genocidi de Gaza no hi ha neutralitat possible. Per això Compromís estem on toca, dient ben alt i ben clar que Israel és un estat genocida que l’únic que volen és exterminar el poble palestí. Con el genocidio de Gaza ―acabo, presidente―, no hay neutralidad posible. Por eso Compromís está a una y decimos alto y claro que Israel es un Estado genocida que lo único que quiere es exterminar al pueblo palestino.

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Antes de entrar no Real Decreto, gustaríame facer dúas cousas. Unha, expresar a alegría porque os activistas que participaron na flotilla, particularmente os nosos dous compatriotas Manuel López e Sandra Garrido, estean de volta sans e salvos a pesar da actuación do goberno de Israel. En segundo lugar, dado que hoxe é 7 de outubro e que parece que para algúns que aquí comezou todo, lembrar que infelizmente non é así. O pobo palestino leva padecido décadas e séculos de ocupación otomana, inglesa e israelita, en todo caso por dar unha data pode ser 1917: Declaración Balfour, que fala de crear un lar nacional xudeu na Palestina; 1947: o inicio da Naqba, o desastre, a limpeza étnica que expulsou das súas casas máis de metade da poboación palestina; 1948: a partición e a partir de aí a permanente e progresiva ocupación do territorio da Palestina. O pouco que queda quéreo ocupar Israel e para iso non dubida en cometer un xenocidio. O pouco que queda, que son illas poboacionais inconexas na Cisxordania e Gaza, que definiamos como o maior cárcere a ceo aberto do mundo e hoxe podemos dicir que é o maior campo de exterminio a ceo aberto do mundo, pero está aí un pobo palestino que resiste, está a humanidade toda a reclamar a fin do xenocidio, a reclamar paz e liberdade para Palestina e que os criminosos sexan xulgados. O Real Decreto é insuficiente do noso punto de vista, chega tarde, mais é necesario. Nós fixemos propostas en Galiza, fixemos propostas para melloralo. Non foron atendidas e esperamos que o sexan aínda, que poida modificarse como proxecto de lei para que realmente garanta que o embargo de armas é total e o embargo comercial tamén e así que se camiñe na ruptura de relacións con Israel porque a única forma de deter o estado sionista é o illamento internacional. Moito obrigado. Gracias, señor presidente. Antes de entrar en el real decreto, me gustaría hacer dos cosas. Una, expresar mi alegría porque los activistas que han participado en la flotilla, sobre todo nuestros dos compatriotas, Manu López y Sandra Garrido, estén de vuelta sanos y salvos a pesar de la actuación del Gobierno de Israel. En segundo lugar, dado que hoy es 7 de octubre y que parece que para algunos aquí empezó todo, recordar que por desgracia no es así. El pueblo palestino lleva ya décadas, siglos de ocupación otomana, inglesa e israelita. En todo caso, por dar una fecha que puede ser 1917, la Declaración Balfour habla de crear un hogar nacional judío en Palestina. O 1947, el inicio de la Nakba, el desastre, la limpieza étnica que expulsó de sus casas a más de la mitad de la población palestina. O 1948, la partición. Y a partir de ahí, la permanente y progresiva ocupación del territorio de Palestina. Lo poco que queda lo quiere ocupar Israel y para eso no duda en cometer un genocidio. Lo poco que queda son islas poblacionales inconexas en Cisjordania y Gaza, que definíamos como la mayor cárcel a cielo abierto del mundo y que hoy podemos decir que es el mayor campo de exterminio a cielo abierto del mundo. Pero ahí está un pueblo palestino que resiste y está la humanidad toda reclamando el fin del genocidio, y la paz y la libertad para Palestina y que los criminales sean juzgados. El real decreto es insuficiente desde nuestro punto de vista. Llega tarde, pero es necesario. Nosotros hemos hecho propuestas para mejorarlo. No han sido atendidas, pero esperamos que todavía lo sean. Esperamos que se pueda modificar como proyecto de ley para que realmente garantice que el embargo de armas es total y el embargo comercial también. Que se camine, así, de cara a la ruptura de relaciones con Israel, porque la única forma de detener al Estado sionista es el aislamiento internacional. Muchas gracias.

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Esta madrugada ha aterrizado en Madrid el segundo grupo de activistas de españolas de la Global Sumud Flotilla, pero hoy recordamos que hay una mallorquina, Reyes Rigo, que continúa secuestrada por el Estado terrorista de Israel. . Exigimos su inmediata liberación. Desde aquí queremos rendirle nuestro más sentido homenaje a las personas que han demostrado una vez más que la humanidad es mejor que sus gobernantes. Sois lo mejor de nuestra sociedad, sois quienes habéis vuelto a demostrar que este genocidio lo va a parar la gente decente de todo el mundo, con movilizaciones masivas, como las del pasado sábado, y también con una huelga general, como la que han convocado los sindicatos el próximo 15 de octubre. Hay que pararlo todo, señorías. Aquí denunciamos hoy también el secuestro ilegal de la flotilla por parte de Israel, que no es otra cosa que terrorismo de Estado. Denunciamos las torturas y los malos tratos que les ha infligido el Estado terrorista de Israel. Si eso se lo han hecho a personas con pasaportes europeos, imagínense, señorías, lo que les están haciendo a los presos palestinos cada día. Denunciamos hoy aquí también el enésimo crimen de guerra de Israel, porque impedir que llegue la ayuda humanitaria y utilizar el hambre como arma de guerra contra un pueblo indefenso es un crimen de guerra. Denunciamos la complicidad de los Gobiernos europeos con este genocidio. También la complicidad del Gobierno de España, que en estos dos años no ha dejado de comprar y vender armas a Israel en ningún momento. Hemos tenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia. Decenas de contratos públicos que, en este momento, con el embargo aprobado, señorías, siguen sin cancelarse. España ha permitido que decenas de barcos cargados de armas pasen por sus puertos en estos dos años de genocidio, por Valencia, por Barcelona, por Cartagena, por Algeciras. Y con el embargo fake aprobado, han pasado cuatro barcos que ya ha identificado la sociedad civil organizada. Por no hablar de que el propio embargo fake incluye una excepción que hace que el Consejo de Ministros pueda seguir comprando y vendiendo las armas que quiera. Les hago un recordatorio, señorías del Partido Socialista, ministro, los embargos de armas se hacen antes de que los crímenes se cometan, no 67 000 víctimas y niños asesinados después ; se hacen para que los crímenes en los conflictos no se puedan cometer. Señorías del PSOE, también al presidente Sánchez, aunque no esté hoy, dejen de hacer electoralismo barato con un tema tan grave como es un genocidio. Nos han dado absoluta vergüenza ajena mandando una fragata que se dio la vuelta en el momento en el que la flotilla la necesitaba. Aprueban ustedes un embargo fake y después se dedican a apoyar ese plan de colonización 2.0 que tiene Donald Trump para convertir la Franja de Gaza en un resort de lujo.

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Termino, presidente. Hagan de una vez por todas algo útil para pararle los pies a ese Hitler del siglo XXI que es Netanyahu. Rompan todas las relaciones con los genocidas. Muchas gracias. .

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Arratsalde on guztioi. Hoy se cumplen dos años del atentado terrorista de Hamás que causó la muerte a más de 1200 personas y el secuestro de 250. Tras ese fatídico día, el Gobierno de Israel comenzó una ofensiva militar que en estos veinticuatro meses ha dejado una Gaza destruida con más de 65 000 muertos e incontables personas heridas. Ha sido la masacre de todo un pueblo que ha visto cómo día tras día desaparecía cualquier esperanza de vida, que ha tenido que ver con impotencia, sin poder huir de la cárcel a cielo abierto, cómo mueren sus mayores y sus hijos por las bombas o de hambre. Una masacre emitida en directo a nivel mundial, a pesar de que Israel ha intentado cegar a los medios de comunicación globales con el asesinato de los periodistas. Según la Corte Penal Internacional, recogido en la Convención de 1948, genocidio son los actos cometidos con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. No sé ustedes, pero ciego hay que estar para que, a pesar de no haber sido aún juzgado por la Corte Penal Internacional, no reconozcamos lo evidente, que lo que Netanyahu está haciendo en Gaza es una masacre, un crimen denominado genocidio. . Lejos de perder el tiempo en cómo lo denominamos, la realidad es más dura que una palabra, que una denominación. Los datos son los que son y la realidad, de una crueldad incalculable e inasumible, es la que es. Más de 65 000 muertos ―niños, niñas, mayores, periodistas, personal sanitario, médicos, personas de ayuda humanitaria―, una lista que es interminable. Por todo ello, el Gobierno de Israel con Netanyahu al frente tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional. El 3 de octubre se abría la puerta a un proceso de negociación. Sin embargo, el Gobierno de Israel no ha dejado de bombardear Gaza. Este proceso de negociación, si fructifica, puede suponer el fin de los ataques que sufre la población gazatí; que la ayuda humanitaria pueda llegar a la población superviviente; que puedan ser liberadas las personas secuestradas y las encarceladas. Aunque aún es pronto para conocer cómo se desarrollará en el futuro este acuerdo, nos alegramos porque abre una ventana a la esperanza. Nos alegramos por la población gazatí, por sus familiares, los que están cerca y los que están lejos de ellos. Las expectativas, sin embargo, son difíciles de gestionar cuando se trata de este conflicto. Ya pudimos comprobar que del texto firmado en inglés entre Trump y Netanyahu se trasladó una versión diferente en hebreo. El plan de paz reconocía, entre otras muchas cosas, la posibilidad de un Estado palestino, su autodeterminación como pueblo y la intención, al menos, de avanzar hacia una coexistencia pacífica entre los dos pueblos. Poco después de hacer público el acuerdo de veinte puntos, Netanyahu aseguró que no se había comprometido a la creación de un Estado palestino y que no retiraría por completo las tropas de Gaza. Volviendo al objeto de debate, en mayo debatimos la proposición de ley en relación con la reforma de la Ley 53/2007, sobre el Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, que pretende la incorporación de la figura del embargo. Es decir, un embargo a todas las transferencias o tránsitos de todo el material contemplado en la ley cuando un Estado haya sido demandado ante un tribunal ―cuya jurisdicción haya sido reconocida por el Estado español― por la comisión de un crimen de genocidio o lesa humanidad, esto es, por vulneraciones del derecho internacional humanitario. El Grupo Vasco votó a favor de su toma en consideración. Apoyamos la iniciativa porque consideramos que suponía un avance que cubría una laguna legal en el ordenamiento jurídico, ya que la legislación española no contempla la posibilidad de decretar embargos por parte de las autoridades de control del comercio exterior, en materia de defensa y doble uso, si no proviene de una sentencia o de un tribunal o de un organismo internacional como la ONU o la Unión Europea. El decreto ley que hoy sometemos a convalidación no cubre esta laguna. Sin embargo, sí supone una modificación ad hoc de la ley sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso, que conlleva la prohibición de exportaciones e importaciones a Israel de material de defensa, la prohibición de las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel de combustibles que puedan tener uso militar y la prohibición de la importación de productos originarios de asentamientos en territorios ocupados. Dijimos que era necesario pasar de las declaraciones a los hechos y la aplicación de este real decreto se transformará en hechos. Con esa voluntad apoyaremos su convalidación, esperando que se abra un nuevo tiempo de esperanza de futuro para el pueblo palestino. Hace unos días, Ola, una mujer gazatí que vive desde hace años en Nafarroa, nos contó que una de las cosas más duras de este conflicto es ver cómo vislumbra el mañana su sobrina ―también gazatí―, ya que cuando le pregunta qué quiere ser de mayor, su respuesta es que no vuelva a hacerle esa pregunta porque ella siempre va a ser pequeña. Yo solo espero que la sobrina de Ola Arafat y los niños y las niñas que sobrevivan a este drama, puedan tener un futuro de juegos, de risas, de escuelas, de sanidad, de comida, en el que cuando se les pregunte qué quieren ser de mayores, puedan soñar y vean un mundo lleno de posibilidades, al igual que lo hacen nuestros hijos e hijas. Hasieran esan dudan bezala, baiezko botoa emango diogu dekreto lege honen baliozkotzeari. Bidezkoa eta justiziazkoa iruditzen zaigulako, sarraskia oztopatzeko lagungarria izango delako. Ez dakigu larunbatean ireki zen bake negoziazio prozesuak aurrera egingo duen eta nola egingo duen. Emaitza onak izatea espero dugu, eta desio dugu. Eta amaitu aurretik, Europari eskaera bat. Oraindik Israelen bahituta diren eta flotilla deritzonaren partaide izan direnak askatzeko medio guztiak jarri ditzala. Salatu dezatela aktibistek izan duten tratamendua eta detentzio ilegala. Israelgo Gobernuak ez du nahi testigurik, ez laguntza humanitarioa eraman dezakeen inor, ez prentsarik, ez begirik, ez belarririk. Baina Palestinan gertatutakoa, Bigarren Gerrate Mundialean naziek judutarren kontra egindako sarraskiarekin gertatu zen bezala, ezin izango dute isildu eta tapatu. Eta historiak Gazan Netanyahuk eragindakoa genozidioa dela esango du. Mila esker guztioi. Como decía al inicio, votaremos a favor de la convalidación de esta ley porque nos parece justo. Esto es de justicia, ya que puede contribuir a obstaculizar la masacre que se está produciendo. No sabemos si el proceso de negociación de paz que se abre este sábado puede avanzar o no y cómo podría desarrollarse. Esperamos y deseamos, en todo caso, que esto tenga buenos resultados. Antes de terminar, quiero hacer una petición al Ministerio de Asuntos Exteriores: que destine todos los medios para liberar a quienes todavía están secuestrados en Israel y, también, que denuncie el tratamiento y la detención ilegal de los y las activistas. El Gobierno israelí no quiere ni testigos ni gente que pueda llevar ayuda humanitaria, ni prensa, ni ojos, ni oídos. Pero lo ocurrido en Palestina, tal y como ocurrió con la masacre perpetrada por los nazis contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial, no podrá ser silenciado ni tapado. La historia dirá que lo que se ha cometido en Gaza es un genocidio. Muchas gracias.

Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu

Euren bizitza eta gorputza jartzeagatik Palestinarren alde, eta baita ere orain bertan Gazako bidean doan askatasun flotillari ere. Gure babes eta miresmen guztia helarazi nahi diegu. Eskerrak ere azken egunotan Palestinaren aldeko elkartasunez eta Israelen genozidioaren salaketaz kaleak bete dituzten herritar guztiei. Duintasuna eta esperantzaren eredua izan direlako. Eta eskerrak ere Euskal Herriko langile zein ikasleei mobilizazio eta grebekin erakusten ari diren kemenagatik. Elkartasunean eta askatasunean sinesten dugun indar politikoei bide hori jarraitzea dagokigu. Milesker, guztiei, bihotzez. Buenas tardes. Hoy quisiera comenzar dando las gracias. Quiero dar las gracias a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas que han participado en la flotilla y, especialmente, a las cuatro personas participantes de Euskal Herria, por alzar a los cuatro vientos la voz de nuestro pueblo a favor de Palestina; por poner su vida y su cuerpo a favor del pueblo palestino. También queremos transmitir nuestra solidaridad a la flotilla de la libertad que avanza hacia allí. Queremos transmitirles todo nuestro apoyo y admiración. Gracias también a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas que en los últimos días han llenado las calles de solidaridad a favor de Palestina y en denuncia del genocidio israelí, porque han sido un modelo de dignidad y esperanza. También gracias a los y las trabajadoras, a los alumnos y a las alumnas de Euskal Herria por el coraje que están demostrando con las movilizaciones y las huelgas. A las fuerzas políticas que creemos en la solidaridad y en la libertad nos corresponde seguir ese camino. Muchísimas gracias de corazón a todos y todas. Señorías, el mundo se ha levantado. En Euskal Herria, en este Estado y en todos los pueblos del mundo, las mareas ciudadanas en defensa del pueblo palestino y contra el genocidio perpetrado por Israel están desbordando las calles. Manifestaciones; huelgas y paros laborales; protestas y huelgas en colegios y universidades. Es la movilización más importante de las últimas décadas, que marcará el devenir del mundo en esta nueva fase histórica. Porque, frente a las amenazas del nuevo fascismo, frente a los proyectos reaccionarios y totalitarios de las extremas derechas mundiales, la causa por el pueblo palestino se está convirtiendo en una lucha por la democracia y por la humanidad. Un movimiento, una lucha que genera esperanza en tiempos oscuros. Esperanza para el pueblo palestino y esperanza también para todas las personas que creemos en un presente y en un futuro justo y democrático para los pueblos. Es una ola popular que está logrando mover a Gobiernos en todo el mundo, que está consiguiendo desnudar las mentiras de Israel y derrotar su falso relato. Una ola que está consiguiendo dar pasos adelante para aislar un poco más a Israel e impulsar un poco más al pueblo palestino y sus legítimas aspiraciones. Señorías, una vez más, es la sociedad movilizada quien va por delante y está arrastrando a los Gobiernos de todo el mundo. Unos Gobiernos que no han estado a la altura y han actuado con complicidad, cuando no directamente como colaboradores con el genocidio del pueblo palestino. Sí, señorías, todos esos Gobiernos que han apoyado y apoyan, que han defendido y defienden a Israel son y serán responsables del genocidio israelí contra Gaza. Y sí, la historia y los pueblos los juzgarán. Como he dicho, la sociedad está arrastrando a los Gobiernos a tomar decisiones y posiciones que no querían tomar; a tomar medidas que, de no ser por esa presión social, jamás hubieran tomado. El decreto de embargo que hoy debatimos es un buen ejemplo de todo esto. Señor Cuerpo, valoramos positivamente las decisiones que el Gobierno está tomando frente al genocidio y en defensa del pueblo palestino, porque algunas de esas decisiones y posiciones que hace meses no eran fáciles en el contexto internacional y europeo ―como pueden ser el reconocimiento del Estado palestino o la denuncia clara del genocidio― han empujado a otros Estados a tomar ese mismo camino. Pero que este Gobierno haya dado pasos positivos y haya ejercido una presión política y diplomática no quiere decir que sea suficiente. No es suficiente porque Israel sigue manteniendo intactos sus lazos e intereses económicos, sus intereses culturales, deportivos, empresariales, financieros, políticos, con la práctica totalidad de los Estados europeos y occidentales. Y esto es lo que debe cambiar. Hoy apoyamos este real decreto para imponer un embargo de armas a Israel. Lo haremos porque creemos que, aunque sean insuficientes, decisiones como las de hoy avanzan en el aislamiento de Israel y refuerzan el apoyo internacional a Palestina. Lo he dicho: el decreto tiene carencias. No creemos necesario introducir un mecanismo de excepcionalidad que otorgue al Consejo de Ministros la capacidad para no aplicar este embargo, porque las causas de interés general pueden ser invocadas ampliamente. Por eso le exigimos que no apliquen este mecanismo excepcional y que, de hacerlo, el Gobierno someta a la autorización de esta Cámara esta aplicación. Tras su tramitación como proyecto de ley, le pediremos que eliminen esta excepcionalidad. En cualquier caso, es un paso al que deberán acompañarle más pasos y de más calado: el fin de todas las relaciones económicas, políticas, culturales, deportivas o de cualquier otro ámbito; la propuesta de sanciones financieras, económicas o patrimoniales contra el Gobierno israelí, sus miembros y quienes lo sustentan; romper el Acuerdo de Asociación que la Unión Europea aún mantiene de manera vergonzosa con Israel o la aplicación de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu. Porque solo así, con toda la contundencia en todos los ámbitos, se podrá realmente forzar al Estado de Israel no solo ya a que pare el genocidio, sino a que respete la legítima aspiración del pueblo palestino de construir su Estado en paz y en libertad. Pasos que se deben dar porque, sí, hoy es 7 de octubre, pero hay que recordar que el 7 de octubre no empezó nada, que la ocupación israelí de Palestina no empezó el 7 de octubre; que los asentamientos ilegales en tierras palestinas no comenzaron el 7 de octubre; que el muro que encarcela a los palestinos no empezó a construirse el 7 de octubre; que la violación de los derechos humanos de los palestinos por parte de Israel no comenzó el 7 de octubre, y que la negación del Estado palestino no comenzó el 7 de octubre. Por tanto, dejemos a un lado la hipocresía y hagamos memoria sobre la historia y las acciones que, por parte de Israel, durante décadas nos han traído hoy hasta aquí. Y por eso, porque nada de esto empezó hace dos años, duele ver cómo Europa y Occidente ni se atrevieron durante décadas ni se atreven ahora a responder a Israel. Ni siquiera frente a este genocidio que está retransmitido a todo el mundo. Señorías, termino. La historia nos juzgará por lo que hicimos y lo que no hicimos frente a un genocidio perpetrado ante nuestros ojos. La historia nos juzgará por dónde estuvimos cada una de nosotras. Hagamos lo correcto, aprobemos un embargo de armas a Israel y sigamos dando pasos valientes en defensa del pueblo palestino y aislando en todos los ámbitos al Estado genocida de Israel. Solo así, el pueblo palestino alcanzará su objetivo de un Estado palestino libre y en paz.

Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu

Herriak oihukatzen duen bezala: Boikot Israel! Palestina askatu! Mila esker. Como grita el pueblo: ¡Boicot a Israel! ¡Liberación de Palestina! Muchas gracias.

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Bona tarda. Moltes gràcies. Molt bona tarda de nou. Vivim en un món ple de guerres, conflictes i conculcacions constants dels drets humans. A Ucraïna, al Sudan, al Iemen o a Síria són exemples dramàtics. I massa sovint la nostra mirada és selectiva. Ens commouen unes víctimes i n’ignoren d’altres, també en el conflicte entre Israel i Palestina. Alguns han treballat per consolidar un relat que tendeix a mostrar només un bàndol de víctimes i obviar les provocades també pel terrorisme de Hamàs. Però la veritat és que totes, totes les víctimes ens han d’interpel·lar, totes les llàgrimes ens han de commoure. Les israelianes, perquè cap causa justifica el terrorisme, i les palestines, òbviament, perquè res pot justificar un càstig col·lectiu tan extrem. Junts creiem que reconèixer totes les vides trencades no és relativitzar la responsabilitat, sinó reafirmar la humanitat. Per això, precisament avui, que és 7 d’octubre, Junts volem recordar que el 7 d’octubre de 2023 Hamàs va perpetrar un atac terrorista brutal, indiscriminat contra la població civil, amb assassinats, segrestos i violència sexual. Un crim que condemnem Junts, ho hem fet abans i ho tornem a fer ara, sense matisos. Aquell atac, a més, tenia un objectiu polític evident, que era sabotejar qualsevol perspectiva de pau. En aquells mesos s’estava parlant d’un possible acostament històric entre Israel i diversos països àrabs, inclosa l’Aràbia Saudita. Donar marge de maniobra a aquells acostaments era essencial, com ho és també, per cert, ara amb la proposta de pau que s’ha presentat. Però Hamàs, conscient que quedava fora d’aquell escenari, va decidir rebentar-lo a sang i foc. I precisament avui, que fa dos anys d’aquells atemptats, recordem que encara hi ha ostatges israelians en mans de Hamàs, alguns vius, d’altres cadàvers no retornats. Junts, de nou, exigim el retorn immediat. No podem abordar aquest conflicte com si fos una excepció moral. Ho he dit al començament. El món n’és ple, d’injustícies on el dret internacional es vulnera impunement i la coherència ens obliga a condemnar-los totes, vinguin d’on vinguin. Totes les víctimes mereixen reconeixement i totes les violacions dels drets humans mereixen condemna, totes. Només des d’aquesta mirada completa que rebutja tant el terrorisme com, òbviament, la desproporció, podrem avançar cap a una pau veritable, sostenible i justa per a tothom. En tot cas, Junts per Catalunya sempre hem defensat i ho continuarem fent els drets humans. Nosaltres sí, els defensem tots i els de tothom, com a principi irrenunciable de la nostra acció exterior. Per això ja fa una setmana que vam donar…, unes setmanes que vam donar suport a la tramitació d’una proposició legislativa per dotar de més transparència i més control democràtic la transparència d’armes. Hi vam votar a favor. Avui ningú no pot tenir cap dubte que Junts assumeix arreu el seu compromís actiu amb la pau. Ara bé, és cert que no podem obviar que el reial decret que se’ns presenta té mancances clares, senyor ministre. El principal és que el seu article 1 — s’hi han referit molts— acaba convertint-lo, la veritat, en un brindis al sol, fum polític més pensat per al titular que no pas pel resultat. D’altres aspectes que tampoc són menors, que els plantegem: problemes competencials en matèria de consum i publicitat i incertesa sobre l’impacte en ports, alguns dels quals catalans, manca de seguretat jurídica per a les empreses, etcètera. Tots ells ja són motius suficients perquè aquest decret, si s’acaba tramitant, doncs, ho hagi de fer com a projecte de llei. En tot cas, el posicionament avui de tots nosaltres és el resultat del moment transcendental en què ens trobem? Perquè el moment polític internacional ha canviat completament d’uns dies cap aquí. En aquests moments, hi ha sobre la taula una proposta real de pla de pau, una finestra d’oportunitat que feia anys que no existia amb el suport dels Estats Units, de la Lliga Àrab i de bona part de la comunitat internacional. Una proposta que podria obrir el camí cap a la convivència dels dos estats que tants defensem, lliures, segurs i reconeguts mútuament. I davant d’això, ens preguntem: Aprovar avui aquest decret pot ser un error, fer-ho avui? Un error de temps, un error de prioritats. Avui? El que cal avui és escenificar distàncies i alimentar gestos simbòlics o donar marge a la diplomàcia, la mediació i a la raó? Un govern amb intel·ligència política hauria de saber quan ha d’actuar i quan ha de deixar de fer-ho, fins i tot quan ha de mirar amb rapidesa davant de circumstàncies que canvien. Saber adaptar-se mai és una debilitat. És lideratge. No es pregunten ningú si el que convindria ara no és veure si aquest acord pot tirar endavant i si hi ha un compromís real de les parts? Aprovar-lo avui, just quan hi ha una possibilitat de pau a l’abast, pot ser un signe d’impaciència política? I la política exterior no pot moure’s per impuls — tots ho sabem— sinó per estratègia, per intel·ligència estratègica. Nosaltres pensem que el Govern espanyol hauria d’estar dedicant tots els seus esforços diplomàtics, polítics, econòmics i coercitius, a fer que aquesta oportunitat arribi a bon port, impulsant una posició comuna de la Unió Europea, mobilitzant totes les seves ambaixades, pressionant els actors que estiguin bloquejant el procés, reforçant la mediació amb Egipte, Qatar, els Estats Units. Això és el que s’esperaria d’un govern que diu estar compromès amb l’acció i no amb el postureig. Per últim, no podem deixar de denunciar la doble vara de mesurar amb què sovint actua l’Estat espanyol. No pot erigir-se en l’exemple moral mentre manté relacions també comercials, també armamentístiques amb Turquia, que reprimeix el poble turc; amb el Marroc, que aixafa el poble sahrauí; amb l’Azerbaidjan, que ha expulsat la població armènia de l’Alt Karabakh; ni mentre estreny vincles amb la Xina, ignorant la repressió sistemàtica contra els uigurs, per exemple, que recordo que més d’un milió de uigurs han estat internats en camps de «reeducació», sotmesos a tortures i a treballs forçats, i la persecució, per exemple, de la dissidència a Hong Kong, on la Llei de Seguretat Nacional ha servit per empresonar periodistes, dissidents, joves i silenciar absolutament la llibertat d’expressió. I mentrestant, el Govern espanyol, celebrant el reforç del diàleg estratègic amb Pequín i multiplicant les missions comercials. Aquesta incoherència deslegitima una mica el discurs d’alguns i els deixa sense autoritat moral per donar lliçons sobre drets humans. En definitiva, senyories, no dubten ni una mica sobre si és el moment avui d’aprovar aquest decret? No es plantegen que avui potser és el moment de donar marge a la pau i de permetre…? Muchas gracias. Muy buenas tardes de nuevo. Vivimos en un mundo plagado de guerras, conflictos y complicaciones constantes de los derechos humanos: Ucrania, Sudán, Yemen, Siria, son ejemplos dramáticos. Y demasiadas veces nuestra mirada es selectiva. Nos conmueven unas víctimas y se ignoran otras. En el conflicto entre Israel y Palestina también pasa eso. Se tiene un relato donde solo se ve una banda de víctimas y se olvidan las víctimas provocadas por el terrorismo de Hamás, pero la verdad es que todas las víctimas nos deben interpelar, todas las lágrimas nos tienen que conmover: las israelíes porque ninguna causa justifica el terrorismo y las palestinas, obviamente, porque nada puede justificar un castigo colectivo tan extremo. En Junts creemos que reconocer todas las vidas rotas no es relativizar la responsabilidad, sino reafirmar la humanidad. Por eso, precisamente hoy, que es 7 de octubre, en Junts, queremos recordar que el 7 de octubre del año 2023 Hamás perpetró un ataque terrorista brutal, indiscriminado, contra la población civil, con asesinatos, secuestros y violencia sexual. Un crimen que condenamos en Junts. Lo hicimos antes y volvemos a hacerlo ahora, sin matices. Aquel ataque, además, tenía un objetivo político evidente, que era sabotear cualquier perspectiva de paz. En aquellos meses se estaba hablando de un posible acercamiento histórico entre Israel y diversos países árabes, incluido Arabia Saudita. Dar margen de maniobra a aquellos acercamientos era esencial, como lo es también, por cierto, hacer eso ahora cuando se habla de la propuesta de paz que se ha presentado. Pero Hamás, consciente de que quedaba al margen de ese escenario, decidió reventarlo a sangre y fuego. Y precisamente hoy, que hace dos años de esos atentados, recordamos que sigue habiendo en manos de Hamás personas retenidas, rehenes. Exigimos el retorno inmediato de todos ellos. No podemos abordar este conflicto como si fuera una excepción moral, lo dije al principio. El derecho internacional se vulnera impunemente y la coherencia nos obliga a condenar la violencia en todas las víctimas, vengan de donde vengan, todas merecen reconocimiento y todas las violaciones de los derechos humanos merecen una condena. Todas. Solo desde esta mirada completa, que rechaza tanto el terrorismo como, obviamente, la desproporción, podemos avanzar hacia una paz verdadera, sostenible y justa para todos. En cualquier caso, en Junts per Catalunya siempre hemos defendido y lo seguiremos haciendo los derechos humanos. Sí, defendemos todos los derechos humanos, los de todos, como principio irrenunciable de nuestra acción exterior. Por eso, ya hace unas semanas que dimos apoyo a una propuesta legislativa para dotar de más transparencia y más control democrático la transparencia, y votamos a favor. Hoy nadie puede tener ninguna duda de que Junts asume en todas partes su compromiso activo para con la paz. Ahora bien, es cierto que no podemos obviar que el real decreto que se nos presenta tiene carencias claras, señor ministro. La principal es que su punto número uno acaba convirtiendo todo en un brindis al sol, pensando más en el titular que en los resultados. Hay otros aspectos que tampoco son menores y que les planteamos: problemas competenciales en materia de consumo y publicidad, incertidumbre sobre el impacto en los puertos ―algunos catalanes―, falta de seguridad jurídica para las empresas, etcétera. Todos ellos serán ya motivos suficientes para que este decreto, si se acaba tramitando, tenga que hacerse como proyecto de ley. En cualquier caso, el posicionamiento hoy de todos nosotros es el resultado del momento trascendental en el que nos encontramos, porque el momento político internacional ha cambiado completamente en unos días. En estos momentos sobre la mesa hay una propuesta real de plan de paz, una ventana de oportunidad que hace años que no existía, con el apoyo de Estados Unidos, de la Liga Árabe y de buena parte de la comunidad internacional; una propuesta que podría abrir camino hacia la convivencia de los dos estados que tanto defendemos, libres, seguros y reconocidos mutuamente. Y ante eso nos preguntamos: ¿aprobar este decreto puede ser un error hacerlo hoy? ¿Un error de tiempo de prioridades? ¿Hoy? ¿Lo que hace falta hoy es escenificar distancias y alimentar gestos simbólicos o hay que dar margen a la diplomacia, a la mediación y a la razón? Un Gobierno con inteligencia política debería saber cuándo debe actuar y cuándo debe dejar de hacerlo y, sobre todo, cuándo tiene que virar con rapidez ante circunstancias cambiantes. Saber adaptarse nunca es una debilidad, es liderazgo. ¿No se pregunta nadie si lo que convendría ahora no es ver si este acuerdo puede tirar hacia adelante y si hay un compromiso real de las partes? ¿Aprobarlo hoy, justo cuando hay una posibilidad de paz al alcance, podría ser un signo de impaciencia política? Y la política exterior, ¿acaso no puede moverse por impulsos? Todos lo sabemos, tiene que ser por inteligencia, por estrategia. Nosotros creemos que el Gobierno español debería dedicar todos sus esfuerzos diplomáticos, políticos, económicos, coercitivos, para que esta oportunidad llegue a buen puerto, impulsando una posición común de la Unión Europea, movilizando todas sus embajadas, presionando a los sectores que estén bloqueando el proceso, reforzando la mediación con Catar, con Estados Unidos y otros, eso es lo que se esperaría de quien dice que está comprometido con la acción y no con el postureo. Por último, no podemos dejar de denunciar la doble vara de medir con la que a menudo actúa el Estado español. No se puede erigir en ejemplo moral, mientras mantiene relaciones comerciales y también armamentísticas con Turquía, que reprime al pueblo turco; con Marruecos, que aplasta al pueblo saharaui; con los que han expulsado a la población armenia del Alto Karabaj. Mientras se mantienen vínculos con China, ignorando la presión sistemática contra los uigures. Recordemos que más de un millón de uigures han estado internados en «campos de reeducación» ―entre comillas―, sometidos a trabajos forzados y torturas. Recordemos la persecución, por ejemplo, de la disidencia en Hong Kong, donde la ley de seguridad nacional ha servido para meter en la cárcel a periodistas, disidentes y jóvenes, y para silenciar absolutamente la libertad de expresión. Mientras tanto, el Gobierno español habla de reforzar el diálogo estratégico con Pekín multiplicando las misiones comerciales. Esta incoherencia deslegitima el discurso de algunos y los despoja de moralidad para poder hacer estas cosas. ¿No dudan ni por un momento si es el momento adecuado para aprobar este decreto? ¿No creen que quizás sea el momento de dar margen a la paz…?

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Sí, acabo amb uns segons. No es plantegen que avui potser sí és el moment de donar marge a la pau, de permetre que la diplomàcia treballi i de no malmetre una possible oportunitat històrica? Després de tanta destrucció i de tan patiment, actuar amb intel·ligència i amb coherència no els paga la pena? És hora de donar pas a la política amb majúscules, la que sap esperar i la que sap avançar quan arriba el moment oportú. Avui, senyories — i acabo— no seria un bon moment de donar una oportunitat real a la pau? Moltes gràcies. Sí, acabo en un segundo. ¿No se plantean que hoy quizás sí que es el momento de dar margen a la paz, de permitir que la diplomacia trabaje y de no poner en riesgo una posible oportunidad histórica después de tanta destrucción y tanto sufrimiento? ¿Actuar con inteligencia y coherencia no merece la pena? ¿No es el momento? Es el momento de dar paso a la política con mayúsculas, la que sabe esperar y avanzar cuando llega el momento oportuno. Hoy, señorías ―acabo―, ¿no sería un buen momento para dar una oportunidad real a la paz? Muchas gracias.

Gabriel Rufián Romero ERC

Senyora Madrenas, si l’he entès bé, vostè està a favor de la pau i aleshores, com que està a favor de la pau, demana un embargament d’armes per intentar la pau, no? Es pot ser sionista d’una forma molt més elegant, sense tractar d’idiota aquí el personal, que és una mica el que vostè ha fet. Però vaja, és que ho havia de dir. Señora Madrenas, si la he entendido bien, usted está a favor de la paz y, como está a favor de la paz, pide un embargo de armas para intentar la paz. Se puede ser sionista de una manera mucho más elegante, sin tratar de idiota aquí al personal, que es un poco lo que usted ha hecho, pero bueno, tenía que decirlo. Dos previas, porque ya me sé la película. Lo del 7 de octubre, lo de hace dos años, fue una salvajada, un acto terrorista salvaje. Matar está mal; repito, matar está mal. Hamás es una organización terrorista; repito, es una organización terrorista. No hay ninguna idea ni en política ni en la vida, por muy loable que sea, que merezca ser defendida mediante la violencia, mediante las armas. ¿Vale? Porque ya me sé la película de después. Vale, de acuerdo. Segunda previa, este decreto ley, ministro ―usted ya lo sabe seguramente porque es lo suficientemente inteligente―, es un decreto ley insuficiente y cobarde. Insisto, es un decreto ley cobarde. Ahora, le digo algo, y que nadie se lo tome a mal: si esto que hoy aprobaremos ―nosotros al menos― sirve para que no llegue una sola arma a Israel y así se salve la vida de un solo niño o niña en Israel, por muy cobarde que sea, nos vale. ¿Pueden hacer más? Sí, pueden hacer mucho más, pero tenemos la fuerza que tenemos y aquí sí, sí, sirve el ‘malmenorismo’, porque la culpa es suya, no nuestra. Por cierto, hace dos años, cuando cuatro de nosotros, incluida una ministra ―Ione Belarra― aquí hablábamos de genocidio y denunciábamos el hecho de que los puertos y aeropuertos españoles permitían la circulación de armamento y combustible de Israel, ¿sabe que decía el ministro Albares? A mí me lo dijo: No seas más palestino que los palestinos. Así que, bienvenido sea. Señorías del Grupo Popular, de VOX y de Junts, curiosos patriotas, curiosos compatriotas están hechos ustedes. Lo digo porque están todo el día diciendo que son muy españoles y muy catalanes (se golpea el pecho repetidamente con la mano), pero callan; en el mejor de los casos, callan, como Junts, y en el peor de los casos se mofan, como el Grupo Popular y VOX, del secuestro de cincuenta patriotas y compatriotas suyos, españoles y catalanes. Junts calla, y ustedes (dirigiéndose a la parte derecha del hemiciclo) se mofan. Cincuenta compatriotas y patriotas secuestrados en aguas internacionales por un Estado terrorista, y ustedes se mofan (dirigiéndose a la parte derecha del hemiciclo), y ustedes se callan (dirigiéndose al Grupo Parlamentario Junts per Catalunya). Si lo hubiera hecho China, si lo hubiera hecho Venezuela, si lo hubiera hecho Rusia, la turra que hubieran dado, con razón. Así que curiosos patriotas. No se puede hacer chistes de esto, más que nada porque nosotros no podemos hacer chistes ―a mí me parece miserable― del asesinato de gente como Charlie Kirk, pero en cambio se puede hablar de crucero y llamar terroristas a gente que pone el cuerpo y la vida, por muy poco que nos guste, de camino a Gaza. ¡Curiosos patriotas y compatriotas! La pregunta, señorías del Grupo Popular y señorías de Junts, es si esto les funciona. ¿Les funciona? No, no les funciona ni a ustedes, señorías del Grupo Popular, ni a ustedes, señorías de Junts. Le funciona a Ayuso, al Partido Popular de Madrid ―que les está fagocitando, les está hundiendo― y le funciona a Orriols, que les está fagocitando y que les está hundiendo. . No, no me señale, a mí no me hace nada Orriols, me parece una fascista y me parece que copiarla es ser muy cercano a ser una fascista, así que no me señale más, señora Madrenas. La cuestión: ¿les funciona? No, no les funciona. Entonces, ¿por qué lo hacen? Lees el «plan de paz» (haciendo el signo de comillas con los dedos) de Trump y Netanyahu y lo empiezas a entender. Lees el «plan de paz» (haciendo el signo de comillas con los dedos) de Netanyahu y de Trump, que es un plan colonial ―de hecho, es un plan urbanístico que plantea un Punta Cana en Oriente Medio, un resort en Oriente Medio―, y ahí ya lo empiezas a entender, porque hay un montón de pasta de por medio. Habrá un montón de empresas españolas que a ustedes les financian, a ustedes (señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y a ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya) y que les llaman a ustedes y a ustedes, al Grupo Popular y a Junts, que al final siempre acaban pactando y poniéndose de acuerdo ―sobre todo en esta legislatura―, y que llaman también a VOX, para que callen. Porque yo creo que hay un montón de empresas que durante cuarenta años han hecho y deshecho en este país, que seguramente tengan ―yo qué sé― algún AVE que hacer en el resort que será Gaza. Así se entienden muchas de las cosas que ustedes están haciendo. Cuando todo pase, y pasará, muchos de ustedes, de aquí a unas décadas ―también Junts, sobre todo Junts― dirán aquello de: hombre, yo lo denunciaba, yo estaba en contra, era un genocidio, yo ya lo decía, yo era antifranquista. Decía mi abuelo que, si hubiera habido tantos antifranquistas, habríamos ganado. Algunos de nosotros estaremos aquí para recordarles que mentían, que mentían a sueldo. Hay un par de películas maravillosas ―ya acabo, señor presidente― que yo les recomiendo ―seguramente las han visto―: La lista de Schindler y La vida es bella. Seguro que muchos de ustedes, señorías del Grupo Popular, de VOX y de Junts, habrán empatizado alguna vez con la niña del abrigo rojo de La lista de Schindler, habrán empatizado con las mentiras del padre a su hijo en el campo de concentración. ¿Qué creen que les dicen los padres y las madres de Gaza a sus hijos cuando escuchan las balas o cuando ven caer la publicidad, las octavillas de Israel? ¿Qué creen que les dicen? ¿Que son balas, que son publicidad contra ellos? Seguramente no. ¿Ustedes en qué lado están? ¿En el de los guardias del campo de concentración? ¿A que no? Seguro que no. Por cierto ―ya acabo, señor presidente―…

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Señor presidente, cuarenta y ocho activistas de la Flota de la Libertad ya están en España, algunos aquí hoy, con nosotros (aplausos de los diputados del Grupo Parlamentario SUMAR dirigidos hacia la tribuna de invitados), tras salir de las brutales cárceles sionistas en las que se encierra y tortura, sin juicio ni derecho a la defensa, a miles de palestinos, incluyendo niños. Exigimos la inmediata puesta en libertad de Reyes Rigo y de David Adler, quienes siguen encarcelados. Son rehenes de Netanyahu, todos han sido víctimas de tratos inhumanos y degradantes tras ser capturados ilegalmente por Israel en buques de bandera española en aguas internacionales. Cumplían el mandato del derecho internacional de llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino, víctima de un brutal genocidio. Nuestro agradecimiento eterno, y a los millones de personas que han salido a la calle en todo el mundo para salvaguardar la dignidad de la humanidad y exigir el fin del genocidio en Gaza. Occidente ha perdido toda legitimidad por su permisividad con los crímenes de Israel. El crimen de genocidio es el exterminio de un grupo humano, destruyendo a sus integrantes, su cultura, su identidad, quitándoles la libertad, confinando a sus miembros en lugares inhabitables, despojándolos de propiedades y recuerdos. Se destruyen familias, se separan para siempre madres de hijos, esposas de esposos y, finalmente, se les mata lentamente de hambre e inanición o mediante violentos asesinatos masivos. Así hicieron los nazis con los pueblos judío y gitano en Europa, y así se exterminó al pueblo armenio, al camboyano o a los tutsis en Ruanda. A diferencia de estos genocidios, el del pueblo palestino en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania se están retransmitiendo en directo a todo el planeta; nadie podrá decir que no sabía lo que ocurría. El Partido Popular y VOX son selectivos con los genocidios. Cuando los nazis cometían genocidios en el este de Europa, 40 000 falangistas se fueron a apoyar a la División Azul, mientras estos, los nazis, gaseaban a seis millones de personas, la mayoría judíos. Invadieron también la Unión Soviética con el ejército de Hitler, mientras los escuadrones de asesinos de las SS ejecutaban a dos millones de civiles rusos y a cientos de miles de prisioneros. Para condenar el genocidio palestino, el Partido Popular necesita sentencias judiciales, pero el Tribunal de Nuremberg nunca condenó a ningún nazi por genocidio. . ¿Le parece al Grupo Popular un motivo para negar el holocausto del pueblo judío? Quienes se niegan a denunciar o a tomar medidas contra el genocidio palestino se avergonzarán siempre por los civiles, los niños y las mujeres exterminados por el supremacismo de Israel. . El 7 de octubre de 2023 se cometió un horrible crimen de guerra contra la población civil de Israel. Pedimos la liberación de todos los rehenes ―de los israelíes y de los palestinos―, pero no se puede utilizar el 7 de octubre para justificar que en Gaza se haya arrojado el equivalente a seis bombas atómicas. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado parar el genocidio y que en Gaza el ejército de Israel no pueda ni matar palestinos ni causarles serios daños físicos o mentales ni imponer condiciones de vida calculadas para su destrucción física ni imponer medidas para evitar los nacimientos de niñas y niños palestinos. Y la Corte también se ha pronunciado reiteradamente sobre la ilegalidad de las colonias israelíes en los territorios ocupados. El real decreto ley que vamos a convalidar contiene medidas urgentes contra el genocidio en Gaza. Acuerda el embargo de cualquier operación con material militar y prohíbe el tránsito por nuestros puertos de materiales o combustibles de uso militar, prohíbe la importación de productos de las ilegales colonias en los territorios ocupados, y considera publicidad ilícita la comercialización de estos bienes o de los servicios prestados en estas colonias. Convalidar el real decreto ley es cumplir con las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y con el derecho internacional. Quien no vote a favor estará desobedeciendo al máximo Tribunal de Justicia del mundo, ignorando las leyes de la humanidad. Estamos avanzando en el necesario embargo militar y comercial al único país del mundo que no ha cumplido, desde su nacimiento, ni una resolución de las Naciones Unidas, ni siquiera la que le reconoció como Estado. Y es otro paso más para frenar el genocidio y los graves crímenes contra el pueblo palestino cometidos por Netanyahu con la complicidad de gran parte de la sociedad de Israel y de demasiados países árabes. Votaremos a favor y pediremos que se tramite como proyecto de ley para mejorar la norma, para incluir una exhaustiva regulación de la inspección e intervención en los puertos españoles de cualquier material susceptible de uso militar o combustible que se dirija a Israel o de cualquier producto de las ilegales colonias en la Palestina ocupada; ampliaremos los bienes y servicios embargados a todos aquellos utilizados por Israel para violar la ley internacional y las resoluciones de Naciones Unidas; e impediremos cualquier supuesto que pudiera ser utilizado para eludir el embargo. Además, vamos a impulsar todas las medidas necesarias para que estos crímenes no queden impunes. Esta novedosa ley antigenocidio tiene un precedente: el embargo de armas a Israel acordado por el presidente Rajoy. En 2014, el criminal Netanyahu también atacó Gaza, entonces asesinó a 2000 civiles. Después de un mes de ataques, Rajoy acordó el embargo de armas. Pero, 70 000 muertos y 170 000 heridos después, el señor Feijóo y el Grupo Popular se oponen al embargo que pide la justicia internacional. De VOX nadie espera la más mínima humanidad, pero del Grupo Popular sí esperábamos algo. Ayuso ha prohibido camisetas, sandías y banderas, todo lo que recuerde al pueblo palestino, y prohíbe que se explique que lo están exterminando; lo contrario a lo que hizo cuando llegaron cientos de miles de refugiados ucranianos. Aznar pide que Israel borre totalmente del mapa la franja de Gaza y a quienes la habitan, y VOX revienta cualquier gesto humanitario, incluyendo los minutos de silencio en las instituciones. Abascal justifica el exterminio del pueblo palestino y llama guerra a un genocidio. Que el país que las Naciones Unidas dieron al pueblo judío, sobreviviente del holocausto perpetrado por los nazis, tenga como única aliada a la ultraderecha mundial muestra el abismo ético en el que ha caído Israel. Quienes duden qué votar a este real decreto ley, piensen en lo que votarían las palestinas y los palestinos hoy en este Pleno. . La respuesta es obvia: votarían sí un millón de veces. .

Alberto Asarta Cuevas VOX

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señor ministro, es impresentable que justamente hoy, que se cumplen dos años del atentado y la masacre perpetrada por Hamás contra el pueblo de Israel, el Gobierno español traiga al Congreso esta iniciativa relativa al embargo de armas y de todo lo que venga y vaya a dicho pueblo, cuando los judíos de todo el mundo están llorando a sus víctimas. Esta es una muestra más del antisemitismo y de la obsesión antiisraelí del Gobierno de España. . El real decreto que debatimos empieza mal en su exposición de motivos al calificar al conflicto entre Israel y Hamás como genocidio, lo que a nuestro entender es una calificación errónea que constituiría un delito de lesa humanidad. La extrema izquierda y la ultraextrema izquierda, nacionales e internacionales, están intentando construir y vender un relato parcial que no se ajusta a la realidad de lo que está sucediendo en Gaza. Señorías, el genocidio supone la eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, y ninguna de estas condiciones conciernen a la guerra entre Israel y Hamás. Entre otras razones, porque las fuerzas de defensa de Israel siempre avisan antes de atacar edificios o zonas pobladas a fin de que sean evacuadas de personal civil. VOX está absolutamente en contra del genocidio, pero tampoco aceptamos y, por lo tanto, rechazamos la narrativa y el relato de limpieza étnica en Gaza. En el caso que nos ocupa, Israel está defendiéndose de un enemigo que quiere su destrucción y la desaparición del Estado de Israel. Ese enemigo tiene un nombre, es Hamás, grupo terrorista que ha utilizado y sigue utilizando a su población como escudos humanos, de ahí la cantidad de bajas civiles palestinas. . Al contrario que Israel, que pone delante a sus soldados y todos los medios del Estado para proteger a su población. Esta es una gran diferencia, y nosotros sabemos del lado de quién tenemos que estar, nunca del lado de los terroristas. Para Israel, en esta guerra va su supervivencia como pueblo, mientras que para el grupo terrorista Hamás en ello van sus privilegios y el poder, por ser, de facto, el Gobierno en Palestina y particularmente en la franja de Gaza. Son ellos los verdaderos genocidas y a los que hay que condenar por las acciones contra el pueblo de Israel para su desaparición. . El 7 de octubre de 2023, Hamás mostró su verdadero rostro y de lo que son capaces de hacer de manera monstruosa, despiadada y absolutamente planeada contra la población civil judía, entre ellos dos españoles, como saben. Fue una matanza y una captura de rehenes que ahora parece que la izquierda y la extrema izquierda quieren ignorar. Israel no busca ni lucha por la desaparición de los palestinos. De hecho, en su territorio ―lo he visto con mis propios ojos― viven muchos palestinos, un 20 % aproximadamente de la población, con sus mezquitas y costumbres, que aceptan las leyes y las normas de convivencia de Israel. . En mis escasos siete minutos, me centraré ahora en este real decreto que trata del embargo de armas, y de todo lo relacionado con él, a Israel. A nivel político y diplomático hay que continuar buscando vías para un alto el fuego y solucionar el conflicto, pero nunca nunca poniendo en riesgo los intereses de España. Este pasado fin de semana, por cierto, se ha dado un paso importante gracias a la mediación del presidente de los Estados Unidos. En vista del panorama geoestratégico actual y de las amenazas que de él se derivan, las relaciones comerciales de nuestras industrias de defensa con las de otros países son fundamentales para las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, para los intereses de defensa, de seguridad, tecnológicos, sociales y económicos de España. Señorías, en estos asuntos tenemos que ser pragmáticos y velar, en primer lugar, por los intereses de España y despojarnos de ideologías, sectarismos, banderas y cortinas de humo basados en intereses electorales, que desvían la atención para seguir en el poder, así como tapar su corrupción y la mala gestión de los recursos de todos los españoles. . La paz y la seguridad no se construyen con pancartas y buenas intenciones ni con pegatinas ni con eslóganes ni con la extravagante exhibición marítima de la flotilla, jaleada por el Gobierno y por la izquierda radical y pagada, en gran medida, por todos los españoles tanto a la ida como a la venida. Eso es solo postureo y pura demagogia, que no soluciona el conflicto, más bien puede crear otro entre España e Israel, y solo para desviar el foco de lo que de verdad interesa a España y a los españoles. España no se puede permitir dejar de colaborar con empresas israelíes, porque en ello va el disponer de unas altas capacidades necesarias no solo para nuestra defensa, sino también en el plano laboral y para nuestro desarrollo tecnológico y nuestra economía. El Gobierno español no sabe lo que está haciendo con el embargo a Israel, que pone en peligro la seguridad y los intereses de España, y solo para crear una cortina de humo, evocando una causa que pretende tapar la corrupción que rodea al Gobierno, a su partido y a la familia de Sánchez , de forma que pueda continuar unos días más como presidente de un Gobierno que ya no se sustenta y al que todas las encuestas dan por terminado. La desconexión tecnológica con Israel y el embargo afectarán sobremanera a gran parte de los principales programas especiales de modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Ya hemos sabido de la anulación de los contratos para la adquisición del lanzacohetes SILAM y el misil contracarro Spike LR, y esto solamente es el inicio. Afectará también al ya atrasado programa de vehículos de combate sobre ruedas 8x8 Dragón, programa estrella del Ejército de Tierra, cuyas radios provienen de la empresa israelí Elbit Systems. Señorías, en cierta ocasión ya les comenté que el mismo microchip que forma parte de la espoleta guiada de precisión del misil Spike es también parte fundamental de un marcapasos. Pregunta: ¿estaríamos dispuestos a dejar morir a centenares de personas en la esperanza de desarrollar nuestra propia tecnología para producir esos marcapasos dentro de veinte años? En el mundo se cuentan con los dedos de una mano las empresas que son capaces de construir misiles. Siguiendo con el ejemplo de los misiles Spike ―que son los mejores en su clase―, su licencia y fabricación corresponde a una empresa israelí. El embargo y la desconexión con esa empresa producirá un daño económico a los españoles, que tendrán que pagar lo contratado, alrededor de 240 millones de euros, así como la pérdida de puestos de trabajo en España. Y, por si eso no fuese suficiente, en este caso, pone a España como una nación que no es fiable financiera y jurídicamente, lo que impedirá que otras empresas extranjeras confíen en nuestros Gobiernos para contratar este tipo de materiales. Señorías, Putin está demostrando que sus acciones con incursiones aéreas y envío de drones sobre territorio europeo pueden ser precursoras de posteriores agresiones híbridas, que a su vez podrían llevarnos a un conflicto bélico generalizado en Europa. La paz se garantiza cuando una nación tiene la capacidad real de defenderse y se consigue con disuasión y voluntad de utilizar los medios disponibles, con industria, con tecnología y con unas fuerzas armadas…

Sergio Gutiérrez Prieto PSOE

Gracias, presidente. Buenas tardes. Señorías, quiero que mis primeras palabras, porque es de justicia, sean de gratitud y de reconocimiento a los integrantes de la flotilla que navegaron hacia Gaza. . Cuarenta y ocho de ellos y de ellas ya están aquí ―no se nos puede olvidar― gracias a la labor diplomática, consular y a la solidaridad de todos los españoles. Palabras también de reconocimiento y agradecimiento a Reyes Rigo, para quien el Grupo Socialista pide la liberación inmediata por parte de Israel. La flotilla es ―y así lo quiero reconocer― el alma de Europa. Ellos son los que salvan muchos meses de inacción y de indiferencia, los que han despertado la conciencia colectiva adormecida y los que han provocado hoy que toda España y toda Europa griten con un solo mensaje: paz en Gaza, justicia en Gaza, dignidad en Gaza. . Señorías, hay momentos en la historia en los que los gestos no son suficientes para terminar con una barbarie, pero sí son necesarios para dejar encendida una luz en la imagen de nuestro retrovisor, para que las generaciones futuras sepan que hubo quienes no fuimos indiferentes ante la crueldad. Hoy ―lo sabe el conjunto de esta Cámara―, los principios y valores que laten en Europa desde el fin del nazismo laten gracias a los que lideran estos gestos, a los Gobiernos que imponen sanciones, a los cooperantes que arriesgan sus vidas intentando llevar ayuda humanitaria, a las organizaciones que están sobre el terreno, a la ciudadanía que se manifiesta y ya llena nuestras calles. A todos ellos, a los que no son indiferentes, en nombre del Grupo Socialista, gracias. . Señorías, hoy nos convoca un debate que no es uno más, no discutimos solo sobre el contenido de un decreto ley. Hoy definimos la conciencia colectiva de un país que ha decidido no seguir permaneciendo indiferente hacia Gaza. Y a nosotros, señorías, nos corresponde darle voz y acción a ese deseo mayoritario, y lo hacemos con este decreto, que no es una acción aislada, sino la consecuencia lógica de una escalada insoportable en la que España ha estado siempre en el lado correcto. Porque sí, señorías de la derecha, la sociedad española nunca olvidará algunas declaraciones de ustedes ante este conflicto, como nunca ha olvidado lo que hicieron ustedes en la Cumbre de las Azores. Será difícil de olvidar que en noviembre de 2023, cuando el presidente del Gobierno viajó por primera vez a Israel y dijo a Netanyahu que en el derecho legítimo de defensa ante el terrorismo de Israel tenían que cumplir la legalidad internacional y el derecho humanitario, que ya había por aquel entonces demasiados muertos, ustedes, ¿qué dijeron? Que era una ofensa diplomática a Israel. Será difícil de olvidar que cuando España reconoció el Estado palestino como Estado independiente, como hoy han hecho tantos y tantos países en el mundo, ustedes, ¿qué dijeron? Que solo dábamos buenas noticias para Hamás. Y será muy difícil de olvidar que cuando la sociedad española ha salido en tromba a decir basta, apoyando a los valientes de la flotilla, ustedes, ¿cómo han reaccionado? Insultándoles, llamándoles kale borroka de facultad. . Señorías del Partido Popular, el pasado les perseguirá siempre, pero pueden empezar a cambiar el rumbo de su historia votando a favor de este decreto ley. Porque sí, señorías, España tiene una obligación jurídica derivada de la Convención para la Prevención del Genocidio, pero sobre todo tiene una obligación moral. Y este decreto puede que no sea perfecto, pero es valiente, señor ministro, es coherente y es urgente. Con este decreto España no contribuirá ni directa ni indirectamente a sostener la maquinaria de guerra que perpetúa la barbarie; no autorizará ni una gota de combustible que alimente a aeronaves que bombardeen a civiles inocentes; prohibirá la importación de productos originarios de asentamientos ilegales evitando su legitimación social. Son medidas que acompañan al ya aumento diario de la ayuda humanitaria y de emergencia, al reconocimiento de Palestina como Estado independiente, a las resoluciones de condena impulsadas en la ONU y, también, a la adhesión de España, que no se nos puede olvidar, a la acción judicial emprendida por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia para que los posibles crímenes no queden impunes. Son medidas, señorías, que nos sitúan como el país a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos en Gaza, como el país que abandera la indignación del mundo ante la injusticia y, que no quepa ninguna duda, entre los que más han hecho y siguen haciendo para frenarla. Es verdad ―hoy es 7 de octubre― que los atentados cometidos por Hamás siguen mereciendo, como lo han hecho desde aquel 7 de octubre de hace dos años, nuestra repulsa y nuestra condena; que las víctimas merecen memoria y reparación; que los rehenes deben ser puestos en libertad de manera inmediata, y que los autores de los crímenes deben ser perseguidos y condenados. Pero el terror no se combate causando más dolor. La Corte Internacional de Justicia, señorías, es clara y reconoce la existencia de obligaciones erga omnes a todos los Estados sobre la prohibición de acciones que puedan poner en peligro a los civiles ante el ejercicio de la acción de su defensa. Y en su acción de defensa ante Hamás, Israel ha vulnerado de manera reiterada los principios de proporcionalidad y necesidad; la distinción entre terroristas y población civil; la prohibición de realizar ataques indiscriminados; ha violado el derecho humanitario dificultando el acceso a la ayuda de emergencia; ha causado la muerte de decenas de miles de inocentes, la hambruna de cientos de miles de personas, el desplazamiento de millones de seres humanos; ha generalizado el terror, y eso solo tiene un nombre: genocidio. . Creo que a la mayoría de los españoles, con independencia de nuestra ubicación ideológica, nos produce alivio, por un lado, la posición del Gobierno de España en Gaza, como nos indigna, por otro lado, la posición del PP y VOX ante esta barbarie. Señorías, ¿a quién no se le rompe el corazón viendo los cuerpos esqueléticos de niños hambrientos? ¿A quién no se le quiebra el alma con los lamentos de las madres que lloran a sus muertos o buscan desesperadamente algo para comer? ¿A qué clase de personas no les quema el alma con el ansia de hacer algo para pararlo? Por eso, la votación de este decreto es mucho más que mostrarse a favor o en contra de las medidas. La convalidación de este decreto mandará un mensaje al mundo de que España ha decidido, a través de estas Cortes, apoyar el fin de la barbarie en Gaza. Y, al contrario, no os quepa duda, señorías de que votar en contra significa dar una baza a Netanyahu para que pueda decir que el pueblo español abandona la posición de su Gobierno y da un respiro a los que cometen la barbarie.

Sergio Gutiérrez Prieto PSOE

Por eso, señorías, este decreto no es el final, es el comienzo. Es un aviso a la comunidad internacional de que España no parará hasta que se ponga fin al genocidio. Es una señal a Europa de que debemos movernos más y más rápido, y es una esperanza para el pueblo palestino, porque, tal y como afirmó Federico García Lorca, el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Con este decreto, señorías, España contribuye a que en Gaza esa esperanza no se desvanezca. Muchas gracias. .

Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP

Señorías, un 7 de octubre, en el aniversario de la mayor matanza de judíos desde el genocidio nazi, traen al Congreso un decreto que llama genocida a Israel. Hay que tener la sensibilidad de una piedra pómez. O algo peor, la intención de confundir, de borrar el origen y la responsabilidad máxima de la guerra que desangra Gaza: el terrorismo de Hamás. Bebés destripados delante de sus madres, padres decapitados delante de sus hijos, mujeres violadas, mutiladas y exhibidas en las redes sociales, rehenes, aún hoy, sepultados bajo tierra. Pero claro, ¿cómo va a respetar a las víctimas de Hamás un Gobierno al que Hamás felicita? Parte del Gobierno directamente lo legitima. Señorías de SUMAR, Hamás es una organización terrorista, como sus amigos de la FARC, como ETA, la matriz criminal de Bildu, que también viajaba en la flotilla de las vanidades. . Etarras e influencers por la paz en Gaza. Como diría Raymond Aron, qué carnaval. Como no pueden hacer la revolución, hacen el ridículo. Torturas vip, dicen. Eso sí, cuando por fin hay un plan de paz serio, viable y con un respaldo internacional inédito, de China a Qatar, tuercen el gesto, lo rechazan. Han pasado del no a la guerra al no a la paz; es decir, que siga el genocidio. Lo suyo es un sinvivir, solo que su sacrificio es vicario: el cuerpo lo ponen los palestinos. Señorías, desgraciadamente las palabras no devuelven a los muertos, pero las palabras importan. Hagamos un ejercicio de limpieza conceptual. Genocidio designa la destrucción deliberada de un grupo humano no por lo que hace, sino por lo que es. Netanyahu debe rendir cuentas por sus matanzas. Miles y miles de palestinos inocentes han muerto en una guerra feroz, despiadada, pero ¿genocidio? Raro genocidio el que convive con diputados palestinos en el Parlamento de Israel. Raro genocidio el que se compromete a liberar a 1700 presos palestinos, hasta 250 con cadenas perpetuas. Raro genocidio el que firma que Gaza será reconstruida — y cito— en beneficio del pueblo palestino, que ha sufrido demasiado. Y raro, rarísimo genocidio el que acepta que la Autoridad Palestina gobierne Gaza en cuanto cumpla los estándares asumidos por ella misma. ¿Se imaginan a Hitler apoyando un plan para reconstruir el gueto de Varsovia, liberar a los judíos y entregarles el Gobierno de la ciudad? Yo tampoco. Si quieren llamar nazis a los judíos para negar a Israel el derecho a existir, háganlo de frente. Exhiban su antisemitismo y ahórrennos sus lecciones morales. . En realidad, señorías, este caso solo ilustra una categoría. La corrupción del lenguaje empezó hace tiempo. En 2005, Zapatero proclamó que las palabras han de estar al servicio de la política, no la política al servicio de las palabras. La primera víctima fue precisamente la palabra paz. De pronto, la palabra paz pasó a significar la vuelta a las instituciones de un partido que no condena el asesinato de 850 españoles. Ahí siguen. Hoy son los socios preferentes de un Gobierno que ha hecho de la destrucción del sentido su manual de resistencia. A este paso, lo que habrá que editar es un diccionario Orwell del sanchismo. Reconciliación: borrar los delitos de un prófugo a cambio del poder. Convivencia: levantar un muro entre compatriotas. Financiación singular: conceder privilegios fiscales a tus socios separatistas a costa de todos los españoles. Mayoría de progreso: pactar con filoterroristas y supremacistas para gobernar sin presupuestos. Memoria democrática: reescribir la historia con los herederos del terrorismo para demonizar a media España y derogar la Transición. Y ya la guinda, regeneración democrática: doblegar a la Fiscalía, acosar a los jueces, lucrarse desde la Moncloa y pagar prostitutas con fondos públicos y sobres con metálico. Todo es una farsa, señorías, una inmensa impostura, y la prueba es este debate. . Hagamos una radiografía de la impostura de Pedro Sánchez en siete actos. Uno, nos exige a gritos que llamemos genocida a Israel, pero él se niega a llamar dictador a Maduro. Por cierto, ¿van a llamar cómplice del genocidio a Su Majestad el rey? Dos, acusa a Israel de genocidio, pero luego es el primero en apoyar el plan de paz; Netanyahu, genocida de día e interlocutor válido de noche. Tres, presume de empatía con todas las víctimas, salvó las de Hamás. Ustedes se negaron a incluirlas en nuestro primer minuto de silencio y hoy solo accedieron para blanquear este decreto. ¡Qué fariseísmo, señora Armengol! . Cuatro, alardean de un compromiso inquebrantable con los derechos humanos, pero los saharauis, de usar y tirar; los presos de maduro, abandonados, y veintidós son españoles. Cinco, valeroso, incluso audaz, envía un buque de guerra a escoltar la flotilla, pero en la milla decisiva, en la hora de los héroes, manda parar motores. El gran capitán Sánchez debió embarcarse él. Seis, denuncia la violencia de Israel jaleando la violencia contra Israel y, ojo, también contra España. Familias angustiadas, veintidós policías heridos, el boicot a La Vuelta fue un punto de no retorno. Y siete, la impostura definitiva, este decreto con su coqueta e hipócrita cláusula de exclusión. ¿Van a aceptarla, señorías de Podemos?, ¿van a aceptar el embargo fake? El Gobierno podrá comprar y vender armas a Israel siempre que lo justifique el interés general. ¿Y qué es el interés general? Ya lo explica el diccionario Orwell: estrictamente, lo que convenga en cada instante a Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Hoy, 7 de octubre, tapar su corrupción. . Acabo ya. «Esta madrugada no hemos podido dormir mucho». «Son las cinco y no he comido». «Yo estoy bien». El sanchismo no es una política, ni siquiera es una ideología, es un selfie, una mezcla corrosiva de frivolidad y narcisismo. Ahora, como ya no puede levantar la bandera de la lucha contra la corrupción, levanta la de Palestina, pero también la dejará caer. Como todas, como dejó caer la de España. Muchas gracias. .

Carlos Cuerpo Caballero

Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy muy rápido. Tres mensajes por mi parte y con los que me quedo. El primero de ellos es que hemos escuchado por parte de la mayoría de los grupos una condena clara a la situación de genocidio en Gaza y una constatación de la realidad que se está viviendo y que nos urge a actuar. Quiero mostrar mi agradecimiento a los grupos que ya han señalado su apoyo explícito a la convalidación de este real decreto ley. Por parte del Gobierno ―este es el segundo mensaje― seguiremos avanzando con pasos decididos para conseguir de una vez por todas una paz justa y duradera en Palestina. En ese sentido, esperamos que no dejen pasar la oportunidad de convalidar este real decreto ley. Y, por último, por supuesto que somos plenamente conscientes de que queda trabajo por hacer y seguiremos empujando para conseguirlo. Muchas gracias. .

Etna Estrems Fayos ERC

Bé, hi havia trànsit perquè no ho sé, no deu interessar el tema de l’habitatge. Gràcies, president. Quan parlem d’habitatge no parlem només de maons i de metres quadrats. Parlem de vida, parlem de somnis, parlem de futur. Tenir un sostre és la base per construir el projecte d’una vida digna. La base de què podràs formar una família i pagar el lloguer a final de mes o que quan et jubilis no hauràs de triar entre pagar el pis o la calefacció. L’habitatge és molt més que una mercaderia, és un punt de partida per poder viure en llibertat. Sense casa no hi ha projecte vital, no hi ha res, no hi ha present i no hi ha futur. Avui, malauradament, això està en risc, perquè el mercat de l’habitatge està descontrolat, perquè massa gent ha fet de l’habitatge un casino, una manera de fer-se rics. No exagerem, només cal mirar les dades. A Barcelona o a Girona, una família treballadora destina gairebé el 40 % del seu sou a pagar el lloguer. El 87 % dels joves que aconsegueixen marxar de casa ho fan compartint pis, perquè si ho haguessin de fer sols haurien de destinar el 90 % del seu salari al lloguer. Aquesta és la realitat actual i és ara mateix, creiem, l’emergència social més important dels nostres temps. I davant de les emergències cal actuar amb mesures valentes i sense apel·lar a l’empatia dels rendistes ni a la complicitat d’aquells que s’alimenten de paguetes de lloguer mentre juguen amb la vida de la gent per pura avarícia. Per això, Esquerra Republicana porta avui aquesta iniciativa amb un únic objectiu: que l’habitatge sigui per viure, no per especular, perquè especular amb el sostre de la gent no pot sortir gratis. De fet, ha de ser molt difícil i ha de sortir molt car. Quan nosaltres parlem d’intervenir el mercat volem dir exactament això: que aquells que volen fer negoci amb les teves possibilitats de tenir un sostre hagin de pagar milionades i que amb aquests diners l’Estat i les comunitats puguin intervenir amb més parc públic i més habitatge assequible. I per fer-ho només hi ha una via i ja l’hem dit alguna vegada i és cosir a impostos als especuladors, posar els recursos al servei de la gent que treballa sense descans per pagar la hipoteca o el lloguer del jove que vol marxar de casa dels seus pares o de la jubilada que, havent pagat tota la vida, quan es jubila cobra la meitat del sou mínim interprofessional. I això és el que defensem: Un habitatge, un model d’habitatge que respongui a les necessitats de la gent i no pas només d’uns pocs que es volen fer rics. I com ho fem? De tres maneres molt clares: fiscalitat justa, regulació valenta i més parc públic. En primer lloc, la fiscalitat. Ja n’hi ha prou de privilegis a qui acumula pisos. S’han de posar impostos a partir del tercer immoble. Qui en tingui tres o més, que pagui i que pagui molt. Acabar amb els beneficis fiscals dels fons d’inversió que especulen en la borsa amb el sostre de la gent i donar poder als ajuntaments per poder recarregar l’IBI dels grans tenidors i dels pisos turístics que expulsen a la gent dels seus barris. La fiscalitat ha de servir per redistribuir i per frenar l’especulació, no per premiar-la. En segon lloc, regulació. El gran problema que ens trobem, que se’ns escapa de la regulació actual són els lloguers de temporada i habitacions i per això cal estendre els topalls dels preus, també a aquests contractes curts i els lloguers d’habitacions. Prou trampes. Nosaltres proposem una mesura molt clara també, a part d’això, prohibir la compra a qui no resideixi a l’Estat. Si no vius al territori no pots especular amb el nostre sostre. I tercer, més parc públic. És evident que sense parc públic no hi ha solució. Per això afegim transferir immediatament a les comunitats i als ajuntaments tots els actius de la Sareb i els SEPES. Aquests pisos no poden ser moneda del joc immobiliari, han de ser llars per a la gent. Cal també, evidentment, finançament suficient per ampliar el parc públic amb prioritat pública en la compra i en la nova construcció, també amb un pla de rehabilitació. Objectiu: 5 % del parc protegit al 2026 i 9 % al 2027, en la línia de la mitjana europea. Només així podrem intervenir de debò el mercat de lloguer. Aquest és el camí, doncs. Fiscalitat per a penalitzar l’especulació, regulació per a evitar els buits legals i parc públic per a garantir alternatives reals. El mercat immobiliari deixa a la seva sort... — amb el consentiment del PSOE, malgrat tots els anuncis fets— és una màquina d’expulsar veïns d’encarir la vida i de concentrar riquesa en unes poques mans. I això no és un accident, és el resultat de dècades de polítiques que han posat l’habitatge al servei i el benefici dels rics i no de la gent. Nosaltres diem prou i proposem un canvi de paradigma. Nosaltres diem que l’habitatge ha de deixar de ser mercaderia i ha de ser un dret. Si et vols fer ric, compres loteria o or. I aquells que ens acusaran de voler intervenir el mercat els diem: Sí, exactament, el que volem és intervenir al mercat, perquè no hi ha res més intervencionista que deixar que siguin els fons voltors i els especuladors els que decideixin qui pot viure i qui no en un barri. El mercat ja està intervingut i està intervingut a favor dels rics. El que nosaltres proposem és intervenir-lo a favor de la gent, de la mateixa manera que fem amb la salut o amb l’educació pública dels nostres fills. I d’això va aquesta PNL, de fer que l’habitatge deixi de ser el problema número u de la ciutadania, de tenir un sostre digne i que deixi de ser un luxe i torni a ser un dret, o sigui un dret, si ho ha estat alguna vegada. De posar sobre la taula solucions reals per acabar amb aquesta emergència, com deia, per nosaltres, la més important dels nostres temps. Qui especuli amb l’habitatge ho ha de tenir molt difícil i li ha de sortir molt i molt car. I cada euro que aconseguim treure d’aquesta especulació ha de tornar a la gent en forma d’habitatge públic i assequible. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Hay tráfico, parece que no hay mucho interés por el tema de la vivienda. Al hablar de vivienda no solo hablamos de metros cuadrados y ladrillos, sino de vida, de sueños, de futuro. Tener un techo es la base para construir el proyecto de una vida digna, la base sobre la que se podrá formar una familia y pagar el alquiler al final del mes o de que cuando te jubiles no tengas que elegir entre pagar el piso o la calefacción. La vivienda es mucho más que una mercancía, es un punto de partida para poder vivir con libertad. Sin casa no hay proyecto vital, no hay nada; no hay presente y no hay futuro. Hoy, por desgracia, eso está en riesgo; el mercado de la vivienda está descontrolado porque demasiada gente ha hecho de la vivienda un casino, una manera de hacerse rico. Solo hay que ver los datos. En Barcelona o Gerona, una familia trabajadora destina casi el 40 % de su sueldo a pagar el alquiler y un porcentaje muy alto de jóvenes destina su sueldo a pagar el piso. Esa es la realidad actual, y es ahora mismo, creemos, la emergencia social más importante de nuestros tiempos. Y, ante las emergencias, hay que actuar con medidas valientes y sin apelar a la empatía con los rentistas o a la complicidad de aquellos que se alimentan de los alquileres mientras juegan con la vida de la gente por pura avaricia. Por eso, Esquerra Republicana trae esta iniciativa con un único objetivo: que la vivienda sea para vivir, no para especular; especular con el techo de la gente no debe salir gratis, de hecho tiene que ser muy difícil y salir muy caro. Cuando hablamos de intervenir el mercado queremos decir precisamente eso: que aquellos que quieren hacer negocio con tus posibilidades de tener un techo tengan que pagar millonadas y que con ese dinero el Estado y las comunidades puedan intervenir más por lo público y por la vivienda asequible. Para eso solo hay una vía, lo hemos dicho alguna vez: poner impuestos a los especuladores. Poner los recursos al servicio de la gente que trabaja sin descanso para pagar la hipoteca o el alquiler, desde el joven que quiere emanciparse de sus padres hasta quien ha pagado toda la vida y cuando se jubila cobra el salario mínimo interprofesional. Lo que queremos es que la vivienda responda a las necesidades de la gente y no solo a los deseos de unos pocos que se quieren hacer ricos. Y esto lo queremos de tres maneras: fiscalidad justa, regulación valiente y más parque público. En primer lugar, la fiscalidad. Ya basta de privilegios para quien acumula pisos. Hay que poner impuestos a partir del tercer inmueble. Quien tenga tres o más, que pague, y que pague mucho. Hay que terminar con los beneficios fiscales de los fondos de inversión que especulan en bolsa con el techo de la gente y hay que dar poder a los ayuntamientos para que puedan cobrar un IBI mayor a los grandes tenedores. La fiscalidad tiene que servir para redistribuir y para frenar la especulación, no para premiarla. En segundo lugar, regulación. El gran problema que nos encontramos y que se escapa de la regulación actual son los alquileres de temporada y por habitaciones, por eso también hay que extender los topes a estos tipos de alquileres. Basta de trampas. Nosotros proponemos una medida muy clara: prohibir la compra a quien no resida en el Estado. Si no vives en el territorio, no puedes especular con nuestros techos. Y, tercero, más parque público. Es evidente que sin parque público no hay solución. Por eso, añadimos transferir inmediatamente a las comunidades y los ayuntamientos todos los activos de la Sareb y el SEPES. Estos pisos no pueden ser moneda para el juego inmobiliario, tienen que ser hogares para la gente. También hay que tener financiación suficiente para ampliar el parque público con prioridad pública en la compra y la nueva construcción, y también en la rehabilitación, un 5 % de parque protegido y un 7 % más tarde. Solo de esa manera podremos intervenir en el mercado del alquiler. Fiscalidad para penalizar la especulación, regulación para evitar los pisos ilegales y parque público para que haya alternativas reales. Con el consentimiento del PSOE, pese a todos los anuncios hechos, el mercado es una máquina de expulsar vecinos, de concentrar riqueza en unas pocas manos. Y esto no es un accidente, es el resultado de décadas de políticas que han puesto la vivienda al servicio y beneficio de los ricos y no de la gente. Nosotros decimos basta y proponemos un cambio de paradigma. Decimos que la vivienda tiene que dejar de ser una mercancía y tiene que ser un derecho. Si quieres ser rico, cómprate lotería o ahorra. Y a aquellos que nos acusen de querer intervenir el mercado, les diremos que sí, que es lo que queremos. Porque no hay nada más intervencionista que dejar que sean los fondos buitre y los especuladores los que decidan quién puede vivir y quién no en un barrio. El mercado ya está intervenido; ya está intervenido a favor de los ricos. Lo que nosotros proponemos es intervenirlo a favor de la gente, de la misma manera que hacemos con la salud o con la educación pública de nuestros hijos, y de eso va esta PNL: hacer que la vivienda deje de ser el problema número uno de la ciudadanía. Que tener un techo digno deje de ser un lujo y sea un derecho o que vuelva a ser un derecho si alguna vez lo ha sido. Se trata de poner sobre la mesa soluciones reales para terminar con esta emergencia, para nosotros la más importante de nuestros tiempos, como decía. Quien especule con la vivienda tiene que tenerlo muy difícil y le tiene que salir muy caro. Y cada euro que consigamos quitar a esta especulación debe volver a la gente en forma de vivienda pública y asequible. Muchas gracias. .

Arnau Ramírez Carner PSC-PSOE

Muchas gracias, presidente. Señorías, permítanme en primer lugar sumarme a las palabras de solidaridad, como no podría ser de otra manera, con el pueblo palestino y mostrar el orgullo de tener un presidente del Gobierno de España que ante comodidad diplomática o defensa de los derechos humanos apuesta por la defensa de los derechos humanos. . Dicho esto, vamos al tema. Vivienda. En primer lloc, companya Estrems, del Grupo Parlamentario Republicano, quiero agradecer una vez más la actitud y el tono al abordar cuestiones tan importantes para nuestra gente como el derecho a acceder a una vivienda y por traer de nuevo este debate hoy aquí. Seguro que tenemos muchas diferencias en muchos asuntos, pero si tenemos algo en común mi grupo y el suyo es precisamente creer que la vivienda es un derecho y no un negocio, también por eso les agradezco estas propuestas, propuestas que se dividen en, al menos, dos apartados: algunas medidas que no están en marcha, sobre las que tenemos algunas dudas técnicas y a las que hemos presentado varias enmiendas, y otras medidas ―voy a citar dos― que ya están en marcha y que nos gusta que refuercen. La primera, más recursos, por supuesto; hemos multiplicado por ocho el dinero para políticas públicas en materia de vivienda y también para las comunidades autónomas. Y, la segunda, los pisos de la Sareb, que tienen que pasar ―como ya se aprobó en el mes de julio― al SEPES, a la nueva empresa de vivienda pública. Como ustedes bien saben, se está ultimando un protocolo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya para que pasen a formar parte de la vivienda pública catalana. Dicho convenio, dicho protocolo, será adaptable y aplicable para todas aquellas comunidades autónomas que lo deseen. Y les agradezco, como decía, que traigan este debate hoy aquí sobre la vivienda porque también nos permite mostrar los dos modelos de vivienda que tenemos en este país: el de quienes creen ―como el Partido Popular― que la vivienda es un negocio y el de quienes creemos que es un derecho. Nosotros, los socialistas, combatimos los desahucios. Ustedes, señorías del Partido Popular, los tapan con bulos sobre okupas. Nosotros hacemos políticas para limitar los precios de los alquileres. Ustedes, allí donde gobiernan, las boicotean, y lo hacen porque les trae sin cuidado ese precio de los alquileres, imagino que especialmente si vives en un pedazo de ático pagado con dinero de dudosa precedencia. . Nosotros, señorías, construimos vivienda pública y queremos hacer mucha más, y además más rápido. Ustedes, señorías del Partido Popular, venden esa vivienda pública a fondos buitre. Y eso ya no les parece suficiente; ahora van más allá. Ahora la jefa del PP ―la de verdad, la señora Ayuso― hace actos con fondos buitre y les dice: Oigan, inviertan en Madrid, y tranquilos, que aquí no vamos a regular la vivienda, aquí dan igual los precios. Aquí lo importante es que inviertan esos fondos buitre. Entre millonarios extranjeros y la ciudadanía española, el PP se queda con esos fondos buitre de millonarios extranjeros. Sigamos hablando de vivienda pública. Me comentaba mi compañero, el alcalde de San Roque, el señor Juan Carlos Ruiz, que el Gobierno de Moreno Bonilla se comprometió a construir 1039 viviendas públicas antes de 2026. ¿Dónde están? No las vemos. . No, construyéndose no. Hay que inaugurarlas, tenemos aquí las Navidades. Hay que inaugurarlas ya porque si no perdemos dinero público de los fondos europeos. Aunque eso a ustedes les da igual; concretamente, en su municipio podríamos perder 177 viviendas. . Otro ejemplo, Castilla y León. El Gobierno de Castilla y León, del Partido Popular, prometió construir la ridícula cifra de 1100 viviendas para 2200 municipios en el año 2030. Vamos a comparar. El presidente de Cataluña, Salvador Illa, en el mismo tramo ―hasta 2030― ha prometido 55 000 viviendas. ¿Dónde está esa igualdad entre comunidades autónomas? Espabilen. A ver si espabilan, señorías del Partido Popular. Acabo con un último mensaje para la ciudadanía. Miren, nosotros no somos indiferentes al dolor. Nosotros no gestionamos las emergencias como ellos (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), danas, fuegos. Nosotros no gestionamos las residencias como ellos y encima nos trae sin cuidado. Nosotros no gestionamos la sanidad como ellos ―otro ejemplo, Andalucía― y nos trae sin cuidado. Nosotros somos plenamente conscientes ―y acabo, presidente― de que este país tiene un serio problema con la vivienda y de que nuestras medidas, aunque sean las correctas, necesitan tiempo. Por lo tanto, somos honestos; no podemos hacer magia, pero lo que sí podemos es comprometernos a decirles a todos los españoles y las españolas que vamos a seguir trabajando para que la vivienda sea el quinto pilar del estado del bienestar, y con ideas claras, con políticas contrastadas, no con tuits…

Arnau Ramírez Carner PSC-PSOE

…, aportando persistencia, valentía, ―acabo, presidente― y ambición. Y, sobre todo, movilizando recursos para hacerlo posible. Ellos, el Partido Popular, gobiernan para mercados y amiguetes; nosotros, para la mayoría social. Muchísimas gracias. .

Noemí Santana Perera SUMAR

Muchas gracias, señor presidente. Seamos claros, la realidad es que en España a día de hoy manda más el mercado que la propia Constitución. A pesar de que en su artículo 47 se nos garantiza a todas y a todos el derecho al acceso a una vivienda digna, la realidad es hoy bien diferente: tenemos precios desorbitados, alquileres imposibles, fondos buitres con miles de propiedades en sus manos y Gobiernos que no se atreven de ninguna manera a quitarle estos privilegios a los intereses especulativos. No es que falten leyes en este país que protejan a las personas para que puedan acceder a una vivienda en unas condiciones aceptables, lo que falta es valentía para aplicar esas leyes. De hecho, en la pasada legislatura y gracias al impulso y al trabajo de Podemos, vio la luz la primera ley de vivienda de la historia de nuestro país. En ese sentido, esta ley recogió bastantes avances, como la posibilidad de declarar zonas tensionadas, de poder topar el precio del alquiler, de aplicar un gravamen mayor a las viviendas que permanecieran vacías. También a los grandes tenedores se les ponían algunas exigencias y obligaciones para que cumplieran una responsabilidad social. Sin embargo, lo que hemos visto es una ley que ya fue mucho menos ambiciosa de lo que a nosotras nos hubiera gustado porque nuestro socio de Gobierno en la pasada legislatura la descafeinó sobremanera. Encima, la ley que ya salió bastante descafeinada no se está aplicando en la mayoría de los casos. Eso también ha llevado a que sigamos en una situación tremendamente difícil a la hora de acceder a una vivienda. Algunos parece que prefieren no incomodar a los poderes económicos, aunque estén incomodando a la mayoría de la sociedad de este país. Luego, lo vemos en todas las encuestas. Vemos en el CIS que una de las principales preocupaciones es la imposibilidad de poder vivir dignamente, de poder tener el derecho al techo. Por eso, a nosotras nos parece muy apropiada la proposición no de ley que nos traen hoy ustedes. Vamos a apoyarla. Nos parece bien poder castigar la especulación poniendo herramientas, por ejemplo, de tipo fiscal que ayuden a que se piensen dos veces seguir especulando con un bien o un derecho como es la vivienda. También nos parece bastante potente esos mecanismos que ustedes establecen para que el Estado pueda seguir adquiriendo y ampliando el parque de vivienda. Por lo tanto, ya les digo que vamos a apoyar esta medida. Ojalá que estas medidas no solo queden en el papel, como ha quedado la ley de vivienda, sino que verdaderamente se materialice y la gente empiece a ver que se está gobernando de otra manera, porque es lo que se espera de un Gobierno progresista. Si un Gobierno progresista no establece medidas, no da soluciones a la gente ante circunstancias como esta, es normal que luego miren hacia otros discursos que a algunos nos ponen los pelos de punta. Entonces, ya les decimos que nuestro apoyo lo van a tener. Gracias.

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. La vivienda se ha convertido en uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo. Hablamos de un derecho básico, pero también de un ámbito donde se cruzan competencias, responsabilidades y, a veces, demasiadas promesas que no se traducen en resultados reales. En Euskadi desde hace años hemos convertido la fiscalidad en una herramienta más de la política de vivienda. Las diputaciones forales han aprobado el marco normativo que permite a los ayuntamientos aplicar recargos de IBI a las viviendas vacías. A esto se suman las deducciones al alquiler joven y asequible, incentivos a la rehabilitación y eficiencia energética, y límites de renta para orientar las ayudas hacia quienes más lo necesitan. Además, hace mucho que también superamos el modelo especulativo de las socimi. No hemos creado un régimen fiscal más favorable para este tipo de sociedades que acumulan vivienda. Hemos apostado con más o menos acierto por la función social del parque inmobiliario y por la vivienda como bien de uso y no como instrumento financiero. Hablar de vivienda no es hablar de teoría, sino de realidades. Yo misma fui concejal de Hacienda en el ayuntamiento de mi pueblo, en Lekeitio, donde aplicamos ya en el 2016 el recargo a las viviendas vacías y dimos ayudas al alquiler para movilizar el parque disponible. Sin embargo, tengo que decir que no conseguimos aumentar la oferta de vivienda en alquiler. Hoy ese mismo ayuntamiento está gobernado también por Bildu y las medidas se mantienen, pero los resultados son los mismos. No se ha movilizado más vivienda, ni aplicando el recargo, ni tampoco con la nueva ley estatal de vivienda apoyada por ese grupo político en este Congreso. A lo mejor nos pueden decir que es porque todavía no se han declarado formalmente zonas tensionadas o porque no se han aplicado todas las normas derivadas de esta figura. Lo cierto es que, aunque se declarase mi municipio como zona tensionada, la medida podría tener poco efecto porque lo que se regula son los contratos de vivienda habitual, cuando en la práctica lo que predomina en mi municipio son los alquileres de temporada, y esos precisamente no están regulados por la ley de vivienda. Esa es la realidad que vemos cada día sobre el terreno. Esto demuestra que el problema no se soluciona solo con nuevas leyes o con más control, sino aumentando la oferta real, dando seguridad jurídica al arrendador y reforzando la gestión pública del alquiler. El texto que hoy debatimos vuelve a hablar de impulsar una agenda legislativa en materia de vivienda para regular, entre otras cosas, los alquileres de temporada. Pero conviene recordar que fueron precisamente quienes hoy presentan también esta propuesta los que apoyaron una ley estatal de vivienda, aun cuando la competencia es autonómica. Fíjense, ya entonces advirtió mi grupo que aquella ley no regulaba los alquileres de temporada ni los pisos turísticos, dejando fuera una de las principales vías de distorsión del mercado del alquiler. Tres años después, los resultados están a la vista: los precios no han bajado, no se moviliza vivienda vacía y la oferta sigue siendo insuficiente. No se puede pretender tampoco, como solicitan en su iniciativa, resolver en tres años un problema estructural que, en el fondo, es un problema de oferta y no solo de regulación. En Euskadi creemos que nuestra experiencia demuestra que la clave está, por un lado, en aumentar la oferta ―somos la comunidad que más vivienda protegida ha construido en el Estado― y, por otro, en movilizar vivienda hacia el alquiler social a través de programas como, por ejemplo, Alokabide, que gestionan vivienda pública y privada en alquiler protegido, da seguridad a los propietarios, precios asequibles para los inquilinos y una gestión cercana y más profesional. Creemos que esa es la vía que funciona, aunque todo es mejorable, por supuesto, y tenemos que mejorar y mucho. Planificación, colaboración y equilibrio entre incentivos fiscales y responsabilidad pública y políticas públicas mantenidas en el tiempo. Sabemos que otras comunidades, como Cataluña, no cuentan con la misma autonomía fiscal que en Euskadi, pero, aun así, sí disponen de cierto margen para aplicar medidas parciales fiscales. Los ayuntamientos pueden establecer recargos a la vivienda vacía y los Gobiernos autonómicos pueden incorporar deducciones en el tramo autonómico del IRPF, especialmente para jóvenes, alquiler asequible o rehabilitación. Por tanto, si hay voluntad política, también hay algo de margen de acción, aunque sea pequeño. En cuanto a la propuesta de prohibir la compraventa de vivienda por parte de no residentes, debemos actuar con prudencia porque, en el marco de la Unión Europea, no se puede restringir la libre circulación de capitales ni discriminar por nacionalidad o residencia sin una causa muy justificada. Esta medida sin más matizaciones podría prohibir la compra a ciudadanos europeos, trabajadores desplazados o familias que viven parte del año aquí, una medida que podría generar inseguridad jurídica y que habría que matizar. Solicitan también garantizar recursos suficientes a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para aumentar el parque de vivienda, una propuesta que podemos compartir. Pero conviene advertir que, sin una agilización real de la Ley de Suelo, estas medidas podrían quedarse en papel mojado, ya que los procesos para transformar el suelo en urbanizable se han vuelto más lentos y complejos. Aquí ya se intentó reformar esa ley para simplificar trámites y dar seguridad jurídica, pero su tramitación fue rechazada en este Congreso. Esta es la paradoja. También pedimos más vivienda, pero se bloquean las reformas que permiten construirla. Esa es la realidad. Mientras seguimos acumulando diagnósticos y buenas intenciones, las reformas que podrían agilizar la construcción se bloquean en sede parlamentaria. La oferta solo aumentará si existe suelo disponible, seguridad jurídica y agilidad administrativa. Sin esto, ni las mejores intenciones, ni los mayores recursos bastarán. Mi grupo seguirá defendiendo el derecho a una vivienda digna, pero también el respeto a nuestras competencias y al marco europeo. No nos vamos a oponer a lo que se solicita en esta iniciativa. Por coherencia, primero, porque muchas de las medidas que se proponen ya las aplicamos en Euskadi, donde tenemos competencia en materia fiscal, tenemos el Concierto Económico; y segundo, también porque creemos que la política de vivienda, desde luego, requiere más oferta, más rigor y menos improvisación. Como he dicho, no votaremos en contra de esta iniciativa.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidente. Señorías, nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa, más por el fondo que por la forma. Como se ha señalado en la anterior intervención, es verdad que muchas de las cuestiones que se plantean nosotros las tenemos solventadas en virtud de las competencias que ya tenemos en materia fiscal y, por tanto, ahí no supone ninguna línea de avance, pero sí es cierto que la música de fondo, es decir, aquello que plantea, sí nos parece interesante. Es interesante porque en esta Cámara hablamos muchas veces de vivienda. Hay posiciones proactivas que son acusadas de ser poco eficaces, de ser voluntariosas pero no rigurosas, y nunca escuchamos a quienes hacen esas críticas contraponer otras medidas que sí serían más rigurosas, que serían más eficaces y que sí conseguirían ayudarnos a avanzar en la resolución del problema de vivienda. Sinceramente, no las escuchamos. Por tanto, nos gustaría que, ante esa crítica ―que en algunos momentos puede tener visos de legitimidad―, hubiera propuestas para mejorar aquello que, en todo caso, supone un avance. Porque, si no, en este debate pasa, como dice el refrán, que al final, uno por otro, la casa sin barrer. En este caso ni siquiera es apropiado porque ni de casas hablamos, dado que estas faltan. Me parece importante, también, matizar una cuestión: yo mismo en esta tribuna, en muchas ocasiones, he dicho que hace falta intervenir en el mercado de la vivienda, dando por hecho o pudiendo sugerir que lo que no había era intervención. Y creo que no es del todo cierto. Yo creo que intervención en el mercado de la vivienda hay: el problema es hacia qué sectores se interviene y a quién se beneficia con esa intervención. Creo que en el Estado español, durante décadas, con eso que se llamó el desarrollismo y el boom del ladrillo, si algo ha habido ha sido intervención. Intervención en favor del gran capital. Intervención en favor de aquellas empresas que se construyeron y se constituyeron en megaempresas al calor del boom del ladrillo para generar, a través de ellas, una riqueza que luego se vio reflejada en el IBEX 35 y en otros lugares. Ahora, probablemente, muchas son empresas de servicios, pero en otro momento fueron grandes constructoras. Podríamos citar de carrerilla ―porque nos lo sabemos todos y todas― los nombres de estas grandes empresas de la construcción que, al calor del boom del ladrillo, hicieron crecer sus cuentas de beneficio de manera enorme. Por lo tanto, sí que creo que se interviene, pero creo que hay que intervenir en una dirección contraria a lo que se ha venido haciendo durante décadas. Y creo que la proposición no de ley sí plantea un reposicionamiento, una redirección hacia aquello que habría que hacer. Yo creo que es la dirección contraria ―para que se me entienda mejor― de lo que ha planteado la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en un acto de BlackRock, dice: Les aseguro que están en el mejor lugar para invertir en el sector inmobiliario. Les está diciendo a los fondos de inversión que lo sigan haciendo. Eso lo que va a hacer es seguir encareciendo los precios, porque ellos no buscan rentabilidad social, sino rentabilidad económica, y porque buscan optimizar los beneficios, no generalizar la dignidad en la gente. Eso es lo que creo que, de alguna manera, traza la línea divisoria entre qué tipos de políticas se pueden hacer, o en qué dirección, y cuáles son las que se llevan en otros lugares. Y creo que no conviene olvidar en qué momento estamos. En este momento, en la actualidad, la rentabilidad para quienes pueden actuar en el mercado inmobiliario es de cerca del 16 %, equivalente a la que hubo en la burbuja inmobiliaria del 2008. Es cierto que la burbuja inmobiliaria del 2008 estalló porque lo que había era una demanda sobreactuada, sobredimensionada o dopada ―como quieran― en lo que tiene que ver con las líneas de crédito. Es decir: como daban todos los créditos, otros podían inflar todos los precios, para que al final la gente perdiera sus casas y fuera desahuciada. Ocupó menos tiempo eso, es verdad, que lo que tiene que ver con las okupaciones. Pero probablemente ahora, dado que tenemos porcentajes de beneficio en el sector inmobiliario como los que he señalado, de en torno al 16 % ―15,98 o 15,96 % creo que es―, lo que tenemos ―y convendría por lo menos estar de acuerdo en eso― es una demanda especulativa ante una realidad que es la de la mínima vivienda protegida. Es verdad que en Euskadi se ha construido más vivienda protegida que en ningún lugar del Estado español. Y yo me alegro. Me alegro, sinceramente, de que todos los grupos nos felicitemos de ello y lo señalemos como una iniciativa positiva. Me alegro tanto que me alegro, también, de que partidos que no apoyaron la ley de vivienda del 2015 la hagan suya como aquellos que sí que la apoyamos, porque yo creo que es un triunfo colectivo del conjunto de la sociedad vasca. Bienvenidos sean también aquellos que disintieron, pero hoy acaban viendo lo positivo. De la misma manera, yo entiendo las críticas a la ley de vivienda del 2023, y hemos señalado en muchas ocasiones que no puede desplegar todas sus herramientas porque hay comunidades autónomas que son competentes ―conviene recordarlo― que no quieren desplegarlas. Pero hay una pregunta que me surge, y lo digo sin maldad: si la ley de vivienda es ineficaz, si la ley de vivienda es inservible, si la ley de vivienda no resuelve los problemas, ¿por qué en ayuntamientos, en capitales de provincia de mi país ―Bilbao, Donostia, Gasteiz― aquellos que creen que esta ley de vivienda no sirve para nada están pidiendo que se declaren las zonas tensionadas? A mí, a simple vista, me parece un contrasentido, pero estoy dispuesto a entender cuál es la motivación real de decir que algo no sirve, pero luego pedir que se aplique. Besterik ez. Mila esker.

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies. Molt bona tarda de nou. Senyora Estrems, després d’haver hagut de suportar l’assenyalament del portaveu del seu grup, aprofito per dir-li només una cosa, no?, que hi ha qui es presenta com a mestra de valors però que suspèn en respecte. Jo ara li demostraré com es pot discrepar i es pot fer amb educació, senyora Estrems. Avui parlem d’habitatge. De nou, molts portaveus ens hi estem referint. N’hem parlat molt i sovint. I és necessari fer-ho, de fet, perquè tots sabem que és un dels principals problemes que afecta els nostres ciutadans, els nostres veïns i les nostres veïnes. No cal que posem més exemples de les dificultats que tenen, per exemple, els nostres joves quan es volen emancipar, que els hi és pràcticament impossible, ja no a un preu assequible, sinó a cap preu poder accedir a un habitatge, no? I precisament és tan complex i tan difícil que s’ha de fer amb molt de rigor i amb molta seriositat. No estic insinuant res de les seves propostes, però sí que a vegades hi han molts titulars i, fins i tot, de mesures absolutament impossibles. Em referiré a un parell que vostès plantegen i que el problema no és tant que les facin, que les formulin, sinó després la frustració que pot causar en la ciutadania pensant-se que és possible dur-ho a terme i fins i tot pot donar solució a res, no? Òbviament, des de Junts per Catalunya, òbviament, com tots els grups d’aquest hemicicle, compartim la preocupació per aquest repte, problema enorme. Però també cal, a l’hora d’avançar, doncs, parlar amb claredat. I la majoria de les coses, la gran majoria de les coses i de les polítiques que s’han intentat aplicar aquests darrers anys a partir de la llei d’habitatge espanyola, doncs, no han funcionat. No han funcionat. I si això no és que no es reconeix, no avançarem. Aprofito per un tema que em té molt preocupada i ho dic ara a la bancada socialista, no?, perquè, bé, quan els que ens dediquem a cada comissió, doncs, les dades del que passa amb la nostra comissió les anem seguint. I jo vaig seguint la que publica la Generalitat de Catalunya respecte el preu de l’habitatge i els números de contractes que sortien trimestralment, trimestralment i jo cada quinze dies, cada deu dies ho vaig mirant. I abans sortien trimestralment, però ara resulta que el partit, el PSC, doncs, l’última que han publicat és la del primer trimestre. No han publicat ni la del segon ni la del tercer. Han publicat la del primer, que els ha ajudat a dir: Estem començant a frenar una mica el preu. Hem de sospitar en alguna cosa que no s’estigui publicant el segon o el tercer trimestre? Perquè a mi ara ja m’està fent començar a sospitar. Ho dic perquè com que alguns, doncs, se’n senten molt honorats de que bé que està funcionant, no sé. Espero que no tinguem cap sorpresa desagradable perquè m’està sorprenent moltíssim. Però el que és real és que els preus segueixen pujant i ja poden anar dient que no, que si li pregunten a qualsevol ciutadà li diran: Els preus estan pujant. I ara cada vegada és molt més inaccessible que abans poder accedir a un habitatge. I ja poden anar dient vostès el que vulguin, que qualsevol ciutadà els ho diria. I això ha estat el resultat d’una tormenta perfecta, tormenta perfecta, combinació d’una manca d’oferta de fa molts anys i que són responsables molts governs diferents. Això és així i del paper, també. Sobretot en lloguer, però també d’una demanda creixent, que segurament no era esperable. Ja està, diguem-ho, no passa res. Hi ha moltíssima més demanda. A Catalunya, estem parlant que per a finals d’aquest any, és a dir, d’aquí a dos mesos, hi hauria d’haver 125 000 noves llars per la demanda de noves llars que hi ha, 125 000. I aquest excés de regulació i que va passant ara opinem una cosa, ara opinem l’altra, està creant una inseguretat jurídica terrible que està complicant encara molt més i està fent que es retirin encara més immobles del mercat. La situació està empitjorant per a tothom. Proposa una mesura concreta que clar és que no val, no? I acabo de seguida només amb aquesta mesura. Diuen que d’aquí a finals del 2026 ja hi hagi un 5 % d’habitatge públic. A Catalunya, això suposaria, tenint en compte el parc d’habitatge, suposaria 126 000 nous habitatges públics. Descompto… Muchas gracias, muy buenas tardes de nuevo. Señora Estrems, después de haber tenido que soportar el señalamiento del portavoz de su grupo, aprovecho para decírselo. Solo una cosa: se presenta como maestra de valores, pero suspende en respeto. Yo ahora le demostraré cómo se puede discrepar, pero hacerlo con educación, señora Estrems. Hoy hablamos de vivienda, de nuevo. Muchos portavoces se están refiriendo a ello. Hemos hablado mucho, a menudo, y es necesario hacerlo, porque todos sabemos que es uno de los problemas principales que afectan a nuestros ciudadanos, vecinos y vecinas. No hace falta que pongamos más ejemplos de las dificultades que tienen, por ejemplo, nuestros jóvenes cuando quieren emanciparse. Les es prácticamente imposible. Ya no a un precio asequible, sino a ningún precio; no pueden acceder a una vivienda. Precisamente es tan complejo, tan difícil, que hay que abordar este tema con mucho rigor y seriedad. No estoy insinuando nada sobre sus propuestas, pero sí, a veces, hay muchos titulares, incluso medidas absolutamente imposibles. Me referiré a un par de ellas, que ustedes plantean. Y el problema no es tanto que las hagan o las formulen, sino la frustración que pueden causar en la ciudadanía al pensar que es posible llevarlas a buen puerto y que pueden dar una solución a algo. Obviamente, desde Junts per Catalunya, como todos los grupos de este hemiciclo, compartimos la preocupación por este reto, este problema enorme. Pero también hace falta, cuando avancemos, hablar con claridad. La gran mayoría de las cosas y de las políticas que se han tratado de aplicar en estos últimos años a partir de la ley de vivienda española no han funcionado. No han funcionado; y, si eso no se reconoce, no avanzaremos. Aprovecho, a cuenta de un tema que me preocupa mucho, y lo digo también para la bancada socialista. En las comisiones nos dedicamos a los datos de lo que ocurre con nuestra comisión y vamos haciendo un seguimiento. Yo he hecho un seguimiento de lo que publica la Generalitat de Catalunya con respecto a las viviendas y a los contratos, que salían trimestralmente. Cada quince o diez días yo lo voy mirando y van saliendo esos datos trimestralmente, pero ahora resulta que el partido, el PSC, la última serie de datos que han publicado es la del primer trimestre, no la del segundo ni la del tercero. Han publicado el primer trimestre y les ha ayudado a decir que estamos empezando a contener un poco los precios. ¿Tenemos que sospechar que hay algo que no se esté publicando en el segundo o tercer trimestre por algún motivo? Porque me podría hacer sospechar. Lo digo porque como algunos se sienten muy honrados de lo bien que está funcionando, pues, no sé, espero que no tengamos ninguna sorpresa desagradable, porque me está sorprendiendo mucho. Pero lo que es real es que los precios siguen subiendo y ya pueden decir ustedes que no, que si le preguntan a cualquier ciudadano dirán que están subiendo y ahora es mucho más inaccesible que antes la vivienda, y ya pueden decir ustedes lo que quieran, que cualquier ciudadano les diría eso. Y ese ha sido el resultado de una tormenta perfecta. Tormenta perfecta. Una combinación de una falta de oferta de hace muchos años y de la que son responsables muchos Gobiernos diferentes, también del PP, sobre todo en alquiler; pero también de una demanda creciente que seguramente no era esperable, digámoslo, no pasa nada. Hay mucha más demanda. En Cataluña estamos hablando de que, para finales de este año, dentro de unos pocos meses, debería haber 125 000 hogares adicionales por la demanda que hay; 125 000. Y este exceso de regulación, y que va pasando de un lado a otro ―ahora opinamos esto, ahora aquello―, está creando una incertidumbre, una inseguridad jurídica terrible que está complicando las cosas mucho más y se están retirando muchos más inmuebles del mercado, la situación está empeorando para todos. Propongo una medida concreta. Dicen ustedes que de aquí a final del año 2026 tiene que haber un 5 % de vivienda pública. En Cataluña eso supondría, teniendo en cuenta el parque de vivienda, 126 000 nuevas viviendas públicas…

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

De seguida, de seguida. Descompto els 13 000 de la Sareb, que no ens els pensen donar perquè els donaran a SEPES i ves a saber el temps que tardaran. Però vinga, els descomptem. En queden 113 000. Suposant que d’aquests 113 000 alguns fossin de tempteig i retracte, per tant, pagant i els altres construint, estem parlant de més de 20 000 milions d’euros només per a Catalunya. Sí, enseguida termino. Descontando las 13 000 de la Sareb, que no piensan dárnoslas porque las darán a SEPES y tardarán lo suyo, bueno, nos quedan 113 000. Suponiendo que algunas de ellas sean objeto de tanteo y retracto, estamos hablando de más de 20 000 millones de euros solo para Cataluña.

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

I a més, per a l’any que ve… Ja acabo, ja acabo. És només aquest exemple, que ja acabo. I a més, amb el dèficit de personal per a la construcció i les dificultats que saben que dura una promoció nova per a una administració, entre quatre i cinc anys. Llavors mesures com aquestes és el que jo li volia dir, que frustren a la ciutadania i que no es poden… Ya termino. Solo este ejemplo. Además, con el déficit de personal para la construcción y las dificultades que sabe que dura entre cuatro y cinco años una promoción nueva de construcción, con medidas como esta, pues es donde les digo que frustran a la ciudadanía.

Teslem Andala Ubbi SUMAR

Gracias, presidente. Ahora, presidenta. Buenas tardes, señorías. Todos los portavoces que me han precedido han mencionado la importancia de este debate. Ojalá trajéramos muchas más iniciativas que hablen sobre la vivienda y, sobre todo, sobre esta iniciativa que apoyaremos al completo porque creemos que esa es la línea que debemos traer al debate, aunque sea una proposición no de ley. También la compañera del PNV mencionaba que muchas de las medidas que se recogen en esta proposición no de ley se aplican en Euskadi o en otras comunidades autónomas, pero nosotras creemos que hay que hablar mucho de vivienda porque, efectivamente, no hay solidaridad y tampoco hay una aplicabilidad de la ley de vivienda en todos los territorios por igual. Algunos habéis avanzado en políticas de vivienda y otros seguimos lejos. Por eso quiero recalcar unas palabras que comentaba la señora Díaz Ayuso o, como la llama un compañero, la Pim Pam Pum. Ella estos días decía que no vamos a intervenir la vivienda ni el alquiler ni la venta, eso se ha demostrado fallido, que no vamos a limitar ni tampoco intervenir, que siempre se demuestra que eso paraliza el mercado, nosotras y nosotros siempre estaremos con la propiedad privada. Con estas palabras que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid ―a mí me gusta poco hablar de ella porque muchas veces dice tonterías― está siendo el faro ideológico de cuál es la propuesta del Partido Popular y cuál es la propuesta de las derechas de este país para un mercado que no se va a regular solo, pero, sobre todo, para hablar de un derecho que debería ser universal y debería estar garantizado. Mientras la señora Díaz Ayuso decía estas palabras delante de BlackRock, uno de los fondos buitre más grandes del planeta, que ostenta millones y millones de capital de inmueble privado, y hablaba de ilusiones, de desafíos, de inversión para estos fondos buitre, estoy segura de que la presidenta no diría estas palabras delante de la vía de Madrid, delante del pueblo madrileño, que vive asfixiado, que destina más del 65 % de su salario al alquiler; no diría estas palabras porque la respuesta sería rabia, angustia y mucha incertidumbre. Como decía, no se atrevería a decir estas palabras porque, sobre todo el Partido Popular y las derechas de este país, nos intentan vender que la construcción de vivienda es como un acto de generosidad, que los fondos buitre construyen vivienda por un acto de generosidad, por garantizar vivienda. Y la realidad es que los fondos buitre tienen en la recámara, en el congelador, miles y miles de pisos que no van a poner a disposición del mercado porque no les interesa, no lo van a poner a disposición porque así tienen intervenido el precio, así ellos marcan el precio y estipulan cuándo van a sacarlos en las plataformas digitales. Por eso agradecemos esta proposición no de ley del Grupo Republicano, pero también la iniciativa de Euskal Heria Bildu propuesta con anterioridad al inicio de este debate. Creemos que hay que intervenir, creemos en otro modelo, pero, sobre todo, creemos en topar los precios. Las derechas de este país ya han encontrado un culpable, y los culpables, en este caso, han sido los migrantes, porque ellos nos quieren hacer creer que un senegalés que llega en patera va a poder pagarse un piso de 1200 euros en Lavapiés. Esa es la realidad que nos quieren vender. Pero es que, además, nos quieren abrir otro frente, que es el debate generacional, que es que la emancipación de una persona joven va a depender de una mísera pensión de 1300 euros que cobra su padre o su abuelo. Y ese es el enfrentamiento que ellos quieren. Quieren un enfrentamiento entre la clase trabajadora, entre los vecinos; quieren un enfrentamiento entre pobres; quieren un enfrentamiento entre las vecinas y entre nosotros mismos, pero jamás contra esas élites que es por las que ellos legislan. Por eso tenemos que poner el acento. No hay mejor política antirracista que una ley de vivienda que garantice derechos. No hay mejor política que proteger el derecho a la vivienda y medidas sociales, porque, si no, tendremos una guerra entre pobres y eso es lo que está realmente pasando. Por eso, señorías del Partido Socialista, vosotros hablabais antes de que no queréis hacer magia ni queréis hacer promesas de magia. No hace falta hacer magia. Probablemente estemos a favor del Plan Estatal de Vivienda para el año 2030 que habéis propuesto, pero hay que avanzar más. No sirve absolutamente de nada dar 200 o 300 euros a ninguna persona joven. ¿Por qué? Porque, si no topas el precio del alquiler, ¿sabes dónde van a terminar esos 200 o 300 euros? En el bolsillo del casero, del propietario. Y eso es una economía circular que siempre va a beneficiar a los mismos. No hay que ser ningún lumbreras: 200 euros que le das a un joven, 300 euros que va a subir el casero la casa. Hay que topar los precios de alquiler. Hay que avanzar hacia el alquiler indefinido, esto es urgente. Y para esto no hace falta magia, esto podemos hacerlo. Llevamos siete años en el Gobierno y ustedes tienen el Ministerio de Vivienda. Esperemos que en el año 2030 no lleguen ellos, porque lo que vamos a tener es una guerra entre vecinos. Gracias, presidenta. .

Carlos Hernández Quero VOX

Gracias, señora presidenta. Me van a permitir que vayamos directamente al grano. Señala el grupo proponente que una de las causas de la emergencia habitacional que sufrimos en España es la especulación. Estoy de acuerdo. Imagino que sus señorías sabrán que para poder especular con un bien hace falta que este bien sea escaso y que mucha gente lo desee. No se van a creer ustedes quiénes han conseguido que este bien sea artificialmente escaso con sus políticas restrictivas sobre el suelo, con sus negativas a construir, con sus negativas a aumentar edificabilidad, con sus negativas y con sus bloqueos a la densidad, con sus trabas, con sus trámites, con sus peajes… No se van a creer quiénes son los que han impedido que este bien que ahora es escaso no sea amplio, no pueda estar al alcance de muchas personas. . Tampoco se van a creer quiénes han aumentado hasta el infinito la necesidad de vivienda trayendo a millones de personas en tiempo récord a este país. El resultado es el único resultado aritméticamente esperable. Hoy, en España, se constituyen el triple de hogares de los que se producen, el triple de hogares. Teniendo en cuenta que cientos de miles de jóvenes no se pueden emancipar, pensemos cuál es la distancia real entre los hogares disponibles y aquellos que necesitamos, y entonces hablemos de especulación. Efectivamente, si los grandes pueden especular es porque ustedes son la mejor garantía de las altísimas rentabilidades de los grandes, que están deseando que nadie construya una puñetera casa en este país. . Pisos compartidos. Si tenemos un parque de vivienda estanco y cada vez más personas, no hace falta ser un Premio Nobel de matemáticas para entender que tocamos a menos metros cuadrados por español; menos metros cuadrados por español, hacinamiento, infravivienda, realquilado del realquilado, piso compartido. Su paternidad. Más. El boom del alquiler de temporada. Se lo han dicho hasta sus compañeros. El boom del alquiler de temporada es consecuencia de lo mal que legislaron la ley de vivienda. El alquiler de temporada no se computaba en las estadísticas. Dígame cuál era la cifra de alquiler de temporada en 2020. No hay datos y ahora mismo es más del 50 % en algunas capitales de provincia, gracias a ustedes. . Buitres. Hablan de buitres. Cualquiera que sepa de zoología sabe que los buitres no son la causa, sino el síntoma; los buitres no atacan, los buitres esperan a que la víctima esté moribunda o agonizante, que es como han dejado ustedes el mercado residencial, el bolsillo de los españoles, el poder adquisitivo de las familias y la capacidad de ahorro de los jóvenes, y cuando los jóvenes, las familias y los españoles están moribundos, entonces llega al buitre, llega la rapiña, llega la carroña, pero la enfermedad no la causa el buitre, el buitre se aprovecha de la enfermedad. La enfermedad la causan ustedes. . Más. Concentración de la propiedad. Si grandes fondos y multimillonarios extranjeros están jugando al Monopoly con nuestras ciudades es porque algunos les han montado el tablero y a los españoles les han quitado las fichas y los dados. La pregunta es: viendo los altísimos impuestos a la compra de primera vivienda que ustedes han fijado, ¿quién lo puede tener más fácil para comprar, un rico con dinero por castigo o un hijo de la clase media precarizada y desvalijada; una gran empresa inmobiliaria a la que ni le roza su fiscalidad o una familia trabajadora para la que el 10 % de ITP que ustedes fijaron en Cataluña se convierte en una barrera imposible de superar? ¿Quién cree que va a comprar más fácilmente? . Porque es maravilloso lamentarnos aquí de que no haya propietarios jóvenes cuando nadie se hace responsable de las medidas que impiden que haya propietarios jóvenes. Demanda extranjera. Se sacan de la chistera lo de limitar la demanda extranjera, pero, sinceramente, no cuela. Difícilmente va a limitar la compra en función de origen quien cree que somos todos ciudadanos de un lugar llamado mundo. No es que suene cuestionable o incoherente en términos políticos, es que es filosóficamente incompatible con lo que ustedes defienden. Solo podrá establecer criterios reales de prioridad nacional quien crea de verdad que en este caso los españoles, por el mero hecho de ser españoles, tienen que ir delante. . De eso van las comunidades morales, las comunidades políticas, las comunidades nacionales, de que los nuestros son protegidos, para comprar, para alquilar, para recibir ayudas, para recibir vivienda protegida o para recibir bonificaciones; para todo ello van delante, pero ustedes piensan lo contrario. Ustedes son internacionalistas, son cosmopolitas y luego se lamentan de las consecuencias de serlo. Claro, efectivamente. Más. Vivienda social. Hablan de la poca vivienda social que hay en España. Ojalá hubiera gobernado alguna vez la izquierda en este país para que hubiera un gran parque de vivienda social. Ojalá hubiera sucedido alguna vez, la verdad, porque de momento en esta legislatura, en la legislatura del progreso, de la vivienda, en la legislatura de la vivienda, lo que tenemos es cero unidades de viviendas protegidas. El señor Arnau Ramírez les decía con mucha sorna a los del Partido Popular que no construían viviendas, pero es que tampoco las construyen ellos. La ministra prometió 184 000, ¿y cuántas hay? Cincuenta mil prometió en su día Montilla y ha tenido que reprometerlas ahora mismo el señor Illa, porque las cincuenta mil de hace veinte años no las ha visto absolutamente nadie. Bueno, estupendo. . De hecho, es que es tan duro el dato y es tan pacato su esfuerzo en materia de vivienda pública que cada año hay más denuncias por usurpación y allanamiento que viviendas protegidas que se entregan, más. Alucinante. Teniendo en cuenta que para ustedes la okupación no existe, imagínense cuántas viviendas entregan sus administraciones. . Pero no pasa nada, porque Esquerra Republicana tiene un gran plan para que crezca muy rápido el parque de vivienda pública, el derecho de tanteo y retracto. Dicen que con eso se va a poder igualar en 2027 la media europea. Estamos en el 2,5 % y la media europea está en el 9 %, hay que multiplicar prácticamente por cuatro. ¿Saben cuántas viviendas ha adquirido el Ayuntamiento de Barcelona, que es uno de los que más uso ha hecho de esta herramienta en los últimos diez años, cuántas viviendas ha adquirido el Ayuntamiento de Barcelona con la herramienta de tanteo y retracto? Pues 150 al año. Yo no sé si vamos a llegar al parque europeo en 2027 o en 2527, ya se lo dejo a su elección. . Han tenido ustedes el cuajo de traer aquí la enésima moción por el derecho a la vivienda. Conociendo su currículum y el daño que han causado al mercado residencial en España, en lugar de una moción, les aconsejo que la próxima vez traigan una disculpa. Gracias. .

Cristina Agüera Gago PP

Gracias, presidenta. Señorías, cuando hablamos de vivienda, si hay algo en lo que todos coincidimos es que es uno de los grandes problemas de nuestro país y, como dicen, se necesita un cambio de paradigma, pero, evidentemente, la solución no vendrá de quienes han creado y agravan el problema. Esquerra lleva gobernando en Cataluña de manera directa o indirecta desde 2012, y en España son socios preferentes de Pedro Sánchez desde 2018. ¿Y el resultado cuál es? Precios de vivienda disparados, jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y familias que destinan la mitad de su sueldo al alquiler. La vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles. Es decir, llevan siete años y medio apoyando el Gobierno de Pedro Sánchez y la realidad es que la vivienda ha pasado de ser la preocupación número dieciséis de los españoles a la preocupación principal de todos los españoles. Algo tendrán que ver ustedes, ¿no creen? Porque en España tenemos un problema tremendo de falta de oferta, no hay suficientes viviendas para absorber la demanda, y eso eleva la presión y dispara los precios. El Banco de España ―todos sabemos quién es el gobernador― dice que hacen falta setecientas mil viviendas para cubrir la demanda residencial. Hay que acabar con la inseguridad jurídica que se sufre, porque supone un freno a la construcción y a la incorporación de viviendas al mercado de alquiler. Al contrario, se retiran esas viviendas porque, sin confianza en las reglas del juego, no habrá solución real al problema de la vivienda, y seguir por su camino nos llevará a más fracaso, porque vamos a ver la realidad a la que nos han llevado sus políticas. En la provincia de Barcelona la oferta de alquiler ha caído más del 50 % desde 2020; hoy hay más de cuatrocientos candidatos, de cuatrocientos interesados, por cada piso que se anuncia de alquiler. En un año, de sus zonas tensionadas en Cataluña se retiraron cuarenta mil viviendas de alquiler. En Cataluña, el impuesto sobre transmisiones es el más alto de toda España. ¿Creen que castigar al que compra la vivienda, al que quiere comprar una vivienda, es la solución? En España, el coste de alquilar una vivienda hoy es más de un 11 % más alto que hace un año. Y los jóvenes, los jóvenes son los grandes perjudicados por este Gobierno. Ellos no pueden emanciparse ni comprando ni alquilando. El 30 %, solo el 30 % de los jóvenes de este país tienen una casa en propiedad. Eso quiere decir uno de cada tres jóvenes, y la edad de emancipación es cuatro años superior a la media europea. Eso sí, cada vez que llegan elecciones Sánchez anuncia vivienda, la última vez 183 000 viviendas. Yo sí que les pregunto dónde están, porque nunca llegan esos pisos, solo es humo. . Lo que sí les digo es que Sánchez sí que va a inaugurar los pisos, las viviendas que construye la Junta de Andalucía, eso sí que lo hace. Este es el resultado de sus políticas intervencionistas, las que quieren seguir aplicando, pero en el Partido Popular tenemos soluciones claves. Para desbloquear la construcción de vivienda, tramiten la ley del suelo del Partido Popular; para dar seguridad jurídica y acabar con la ocupación ilegal, traigan al Congreso la ley antiokupación del Partido Popular, bloqueada con cincuenta y siete prórrogas, que da respuesta inmediata a un problema que ustedes han permitido crecer. No pueden tener más derecho los okupas que los vecinos y los propietarios. Aprobemos esa ley, echemos a los okupas en veinticuatro horas y deroguemos toda la normativa que promueve la okupación y la inquiokupación. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de justicia. Deroguemos la ley de vivienda. . Hace unas semanas, este Congreso aprobó que debía derogarse porque ha sido un auténtico fracaso. Con nuestras leyes y propuestas habrá más vivienda asequible y más seguridad jurídica; ese sí que es el verdadero cambio de paradigma, con medidas como bajar el IVA y el ITP al 4 % en la compra de la primera vivienda, bonificar el 100 % del impuesto sobre donaciones entre familiares y avales y créditos preferentes para menores de 40 años. Proponemos una deducción del 75 % del IRPF el primer año a los propietarios que saquen sus viviendas al mercado. Esto es dar seguridad jurídica y luchar contra la ocupación ilegal. Señorías, con ustedes, acceder a una vivienda en España cada vez es más caro e imposible y no podemos seguir así. Y, antes de acabar, quiero aprovechar para preguntar a las señorías de Esquerra qué van a hacer ante tanta corrupción que rodea al Gobierno que sostienen. ¿Qué harán después del último informe de la UCO, tan gráfico, con sobres con el membrete socialista repletos de dinero dirigido a miembros del PSOE? ¿No eran líneas rojas? ¿Van a mirar hacia otro lado? Devuelvan la palabra a los españoles, porque este país necesita un cambio y ese cambio solo será posible con un Gobierno del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo. Gracias. .

Sin veredicto

José Vicente Marí Bosó PP

Gracias, señora presidenta. Señorías, el ejemplo más palmario del colapso de los servicios públicos de esta España que no funciona tras siete años de Gobierno de Sánchez están siendo los servicios públicos de transporte en nuestro país, está siendo el caos de nuestro sistema ferroviario, un caos permanente a diario. No hay día que no tengamos un incidente en nuestro sistema ferroviario ante la actitud altiva de este Gobierno. Cuando no la catenaria, una máquina; cuando no el sistema informático, la vía; cuando no falta de tensión en la red, un descarrilamiento. Y siempre los retrasos, el deterioro progresivo de las ratios de puntualidad. Porque, señorías, la crónica de estos últimos dos años, que coinciden con el mandato del señor Puente, es la muy deficiente gestión, la obsesión de este Gobierno por maquillar los datos sin atender a la realidad y los recortes de los servicios. Muy deficiente gestión, maquillaje y recortes, este es el resumen de la gestión del señor Puente y de este Gobierno. Lo de la muy deficiente gestión, señorías, no le puede extrañar a nadie. ¿Qué resultado de gestión se puede esperar cuando al frente del Ministerio de Transportes ha habido una trama de corrupción generalizada y sistemática durante estos siete años? ¿Qué resultado de gestión se puede esperar si la presidenta de ADIF y secretaria de Estado, en lugar de prestar atención a su trabajo y a que los trenes cupieran por los túneles, en lugar de hacer eso, estaba más ocupada ―presuntamente― en colocaciones, enchufes de amigas y amaños en obras públicas? . Señorías, ¿qué resultado de gestión se puede esperar? Miren, déjennos que les contemos un secreto. Es seguro que la gestión será un desastre si se nombra consejero de Renfe a uno cuyo único mérito ha sido el trasiego de sobres con dinero en efectivo a Ferraz y contar chistorras; es seguro que será un desastre. Es seguro que la gestión será un desastre si se nombra consejero de Renfe al que llevaba las redes sociales del señor Puente; así es seguro que la gestión será un desastre, señorías. Muy deficiente gestión, y maquillaje también. En el Gobierno de Sánchez, si los datos no nos dan la razón, se maquillan; si el paro no hay manera de que baje de tres millones y medio, se maquilla, se contabilizan temporales como fijos y baja de tres y medio a dos y medio; si el crecimiento no acaba de despegar, se maquilla, se cambia al presidente del INE y se revisan todos los crecimientos trimestrales hacia atrás, de tal manera que casi casi estamos a una revisión de que no hubiera decrecimiento en la pandemia; y si los trenes son cada vez más impuntuales, pues me saco de la manga estadísticas de hace más de dos años y datos parciales para decir que somos el segundo país en puntualidad cuando en realidad, con los datos oficiales de las operadoras europeas, uno de cada tres trenes llega tarde en nuestro país, lo que significa cinco veces más que en Suiza y tres veces más que en Francia, Alemania y Países Bajos. En este tema de la puntualidad, es verdad, hay que reconocer que el Gobierno nos hizo caso y publica desde junio las estadísticas mensuales de puntualidad. Ayer mismo empezó a publicar las estadísticas mensuales de puntualidad en cercanías: un 30 % de los trenes de cercanías son impuntuales en nuestro país. Pero es que, además, en esta materia de la puntualidad el Gobierno es como ese mal delantero de fútbol, como ese mal futbolista que no hay manera de que marque un gol y entonces lo que hace es correr la portería y así seguro que tiene arreglo. El Gobierno, como es incapaz de cumplir con los compromisos de puntualidad, los cambia y los recorta, y aquí paz y después gloria. Sin embargo, nosotros decimos que Renfe debe revertir los recortes y mantener los mismos compromisos de puntualidad que tenía antes con los españoles, porque esos mismos compromisos de puntualidad son los que mantiene hoy con los franceses. ¿Por qué quieren menos a los españoles que a los franceses, señorías? . Nosotros decimos que hay que volver a los compromisos de puntualidad y a la compensación de quince y treinta minutos por retraso porque los operadores privados aún mantienen compromisos de compensación mejores que la operadora pública; por ejemplo, con los treinta minutos de retraso que se compensan por algunos operadores privados. Señorías, hace falta un cambio en nuestro país. Hace falta un profundo cambio que devuelva a los servicios públicos la sostenibilidad y la eficiencia. Y hoy el Gobierno lo único que nos propone es la resignación, la resignación de tres años más de caos ferroviario, y nosotros no nos resignamos. Nosotros hemos venido formulando durante estos últimos años una alternativa de política económica y de política de transportes seria y rigurosa. Ante situaciones extraordinarias, hemos ofrecido un plan de atención urgente a pasajeros, tanto en estaciones como en trayectos; ante el caos, un plan de choque dotado con los recursos necesarios para paliar a corto y medio plazo el recurrente caos ferroviario; ante el oscurantismo, dar mayor transparencia a la realidad de nuestro sistema ferroviario y apostar por la liberalización, que ha tenido como resultado ―ya sé que esto les escama, pero la liberalización ha tenido este resultado― el mayor proceso de democratización del transporte público que ha vivido Europa en los últimos años; y, ante el trilerismo, volver a los compromisos de puntualidad, recortados, como ya propusimos en octubre de 2024, y esta Cámara respaldó. Es decir, ante el caos provocado por el Gobierno, hay una alternativa realista del Partido Popular y hoy insistimos en ella con esta proposición no de ley. Insistimos, porque cada vez que hemos propuesto algo y el Gobierno nos ha hecho caso les ha ido mejor a los españoles. Insistimos, porque cumplimos con la palabra dada por el presidente Feijóo el 15 de septiembre de traer la revisión de los recortes a este Congreso y exigir su cumplimiento. . Este es nuestro propósito y nuestro compromiso: insistir, ofrecer una alternativa y no desfallecer, porque cada vez que se queda parado un tren en nuestro país, los usuarios no se resignan ni desfallecen; cada vez que fallan los sistemas informáticos en las estaciones, los usuarios no se resignan y siguen confiando en nuestros servicios de transporte, pese a que el Gobierno lo hace mal, lo hace muy mal. Este es nuestro propósito y nuestro compromiso, señorías: insistir, ofrecer una alternativa y no desfallecer, porque hace falta un cambio en nuestro país y una gran mayoría de españoles quiere un cambio y nosotros, más pronto que tarde, se lo vamos a dar. Muchas gracias, señora presidenta. .

Patricia Rueda Perelló VOX

El Grupo Popular trae una iniciativa en la que critica la falta de puntualidad de Renfe, falta de puntualidad que padecen los usuarios y trabajadores. Y es que Renfe ha pasado de un 84 % de puntualidad en 2022 en larga distancia y alta velocidad a un 63 % de puntualidad este verano de 2025. En la iniciativa, recuerda que las devoluciones por retraso fueron eliminadas en 2024 por decisión del ministro de Transportes. Y hablar en estos momentos de falta de puntualidad en el sistema ferroviario español es hablar de retrasos, pero es también hablar de incidencias y accidentes, que no aparecen en la iniciativa, a pesar de que el portavoz ha hecho mención de ello durante su exposición. Son constantes las averías en el trayecto Málaga-Madrid, como lo es la suspensión de la circulación de cercanías o incluso un cercanías saturado, en el caso de Málaga o en cualquier ciudad de España que tenga estos servicios. Son 22 600 incidencias o retrasos desde el 1 de enero hasta el 2 de septiembre de 2025. Y, ante esta desfachatez, el Grupo Popular, en su propuesta, lo único que hace es instar al Gobierno a recuperar de forma inmediata las indemnizaciones por retraso, indemnizaciones que vendrían muy bien a los bolsillos de los españoles, que cada día pagan más impuestos y reciben peores servicios. . Esta iniciativa se queda corta, se queda muy corta, y es una vergüenza y una farsa que vengan aquí ahora a hablar de Sánchez y de lo mal que funcionan los servicios y que critiquen incluso ―y cito palabras textuales del portavoz del Partido Popular― la deficiente gestión de Puente cuando en la iniciativa registrada ni siquiera contemplan el cese fulminante del ministro de Transportes. . Esta iniciativa se queda muy corta. Si quieren recuperar esa calidad y esa confianza en el tren, por lo menos, acepten las enmiendas de VOX, que hablan de ese cese fulminante del ministro por su manifiesta incompetencia, que afecta a la calidad del servicio, a la seguridad y a la imagen del sistema ferroviario español. Hay que recuperar esa seguridad; hay que diseñar un plan de inversiones en la infraestructura ferroviaria, dotado de recursos suficientes. Claro, esto sería posible si el dinero público se destinase a servicios públicos y no a mordidas, comisiones, asesores, ridículas flotillas, manutención de ilegales o programas resilientes en Etiopía y Marruecos. ¿Para esto pagan impuestos los españoles? Mientras tanto, jóvenes sin empleo y sin vivienda, familias que no llegan a final de mes, usuarios que se quedan tirados en estaciones de tren o seres queridos que mueren por la falta de pruebas diagnósticas en el cáncer de colon o por fallos en la detección temprana del cáncer de mama , algo que Moreno Bonilla ha tapado a sabiendas de que había un informe de la Junta de Andalucía, y no hizo nada. PP y PSOE son lo mismo; son lo mismo en Andalucía, en Madrid y en Bruselas. Solo están ocupados y preocupados por sus sillones y les da igual; les da igual el tren, les da igual la sanidad, les da igual el resto de infraestructuras… Les da igual , porque lo único que quieren es seguir posando su trasero en los escaños. El PSOE de los sobres de Koldo, de Ábalos, el de las cesiones a los herederos de ETA y a los golpistas, el que apoya a terroristas dentro y fuera de nuestro país; el PSOE que es un peligro para las mujeres porque suelta a violadores y porque llena nuestras calles de criminalidad importada. Esta mañana conocíamos una triste noticia: un marroquí agrede sexualmente a una menor en Málaga. ¿Cuántas niñas tienen que ser violadas para que dejen de negar la realidad que destroza vidas y que asola nuestros barrios? . Mientras tanto, el PSOE y el PP están en lo mismo: dimes y diretes, corrupción, fronteras abiertas y repartos de ilegales, a los que VOX dice con firmeza expulsión inmediata. Son una estafa, unos y otros; son la estafa del bipartidismo, que les roba a los españoles la seguridad, el futuro, la prosperidad y nuestra identidad. España no ha llegado hasta aquí para que destruyan lo que construyeron nuestros abuelos y nuestras madres. Nosotros, sí, sin complejos, reconstruiremos todo lo que han destruido, desde las cruces hasta la economía. Y en un día como hoy, 7 de octubre, en el que se conmemora la batalla de Lepanto y la victoria de una coalición cristiana liderada por España; en un día como hoy, en el que nos comunicaron la detección tardía de un cáncer que le arrebató cruelmente la vida, decimos que vamos a seguir luchando con firmeza y determinación. Tu luz brilla en nuestros ojos, tu coraje impulsa nuestro corazón. Libertad hasta la eternidad y por ella lucharé hasta el final. Gracias. .

Nerea Renteria Lasanta EAJ-PNV

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes o ya casi buenas noches, siendo la hora que es. Señorías, hoy este Pleno aborda una proposición no de ley sobre las compensaciones por retrasos en los trenes de Renfe, presentada por el Grupo Popular, un asunto que toca uno de los pilares más importantes en cualquier servicio público: la confianza de los ciudadanos. Porque cuando un tren llega tarde, no se pierden solo minutos, se pierde tiempo de trabajo, citas médicas, conexiones, compromisos familiares; se pierde fiabilidad, reputación y, sobre todo, se pierde confianza. Durante muchos años, el compromiso de puntualidad de Renfe ―esa devolución del 50 % del billete por retrasos de quince minutos y del 100 % a partir de treinta― no era un eslogan comercial, era un símbolo de excelencia, era un reconocimiento al viajero como ciudadano con derechos, no como cliente cautivo. Además, era una manera muy concreta de introducir responsabilidad en la gestión: si el tren llega tarde, la empresa responde. Pero ese principio se quebró en julio de 2024. El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, eliminó el compromiso de puntualidad bajo el argumento de contener costes y, en lugar de reforzar la gestión para evitar retrasos, la decisión fue recortar el derecho del viajero. Señorías, no se trata de una cifra, porque si el Estado considera que compensar a los usuarios es un gasto prescindible, entonces estamos ante una idea muy preocupante de lo que debe ser un servicio público. El transporte ferroviario no es un lujo, es una obligación, y, si el servicio no se cumple, la compensación no es una dádiva, es un derecho. Y los últimos datos de los últimos años son elocuentes: la puntualidad de los trenes de larga distancia y alta velocidad ha caído del 84 %, en 2022, y al 63 %, en 2025; las incidencias han aumentado y los retrasos se han normalizado. Y, mientras tanto, los viajeros han perdido derechos. Es decir, más problemas y menos soluciones. Nuestro partido, el PNV, no puede compartir esa deriva, pero tampoco podemos caer en el simplismo con el que se aborda esta cuestión desde algunos escaños. Porque, señorías, el deterioro de Renfe no empezó ayer, no comenzó con un ministro ni con un Gobierno concretos, es el resultado de años de falta de inversión, de una planificación ferroviaria poco coherente y de una desconexión creciente entre Renfe, ADIF y las comunidades autónomas. Y, por tanto, no se soluciona con una simple restitución de un sistema de compensaciones. Hace falta una política de fondo y hace falta gestión. Hace falta reconocer que los problemas estructurales del ferrocarril no se arreglan ni con marketing ni con reproches cruzados. Y, aquí, permítanme decir con claridad que el Gobierno actual cometió un error al eliminar el compromiso de puntualidad. Fue un retroceso injustificado, socialmente regresivo y políticamente torpe. Pero el Grupo Popular, que hoy nos presenta esta iniciativa, tampoco puede hablar como si no hubiera tenido responsabilidad en este terreno. Durante años de Gobierno del PP se retrasaron inversiones, se centralizó la toma de decisiones y se congelaron infraestructuras ferroviarias que hoy siguen pendientes. Por tanto, si queremos hablar de responsabilidad, hablemos de todos. Porque el problema de fondo no es el color del ministro, el problema es un modelo centralizado, rígido y burocrático que trata al viajero como un número y a las comunidades autónomas como meros espectadores. Mientras en Europa se avanza hacia sistemas integrados donde los derechos del pasajero están automatizados y donde las regiones gestionan directamente los servicios con criterios de proximidad, aquí seguimos discutiendo si devolver o no el 50 % de un billete. España en su día fue pionera, pero hoy va a la zaga. Porque, señorías, el problema no es solo que se eliminen las compensaciones, es que se eliminan sin diálogo, sin transparencia y sin rendición de cuentas ante esta Cámara y ante los usuarios. El PNV quiere insistir en algo que en ocasiones se olvida en este hemiciclo, las políticas de transporte no pueden diseñarse solo desde Madrid. No se puede hablar de recuperar derechos de los viajeros mientras se niega la capacidad de las comunidades para gestionarlos de forma directa. Por eso, creemos que esta PNL, aunque aborda un problema real, se queda corta. Restablecer las compensaciones no basta, hace falta rediseñar la política ferroviaria, invertir en mantenimiento y, sobre todo, recuperar la cultura del servicio público. Porque la puntualidad no es una cuestión de propaganda, es una cuestión de respeto. Y compensar al viajero no debería ser un gesto político, sino una obligación legal. Señorías, el tiempo de los pasajeros vale también dinero. Y un país que no respeta el tiempo de sus ciudadanos está renunciando a su propia eficiencia. El compromiso de puntualidad no era perfecto, pero era un símbolo, y los símbolos importan porque expresan una voluntad de excelencia, y eliminarlo fue un error, pero recuperarlo sin abordar los problemas estructurales sería un parche. Por eso, el PNV insta a una reflexión colectiva. No se trata de apoyar o rechazar una PNL, sino de tomarnos en serio un problema que afecta a la vida diaria de millones de personas. El viajero no quiere discursos, quiere trenes que lleguen a su hora e información clara y, si no es así, compensaciones automáticas, y eso exige gestión, planificación y una mirada menos partidista y más técnica. Señorías, el ferrocarril no puede seguir siendo una herramienta de propaganda política, tiene que volver a ser lo que siempre debió ser, una garantía de movilidad, de sostenibilidad y de cohesión territorial. Eskerrik asko.

Inés Granollers Cunillera ERC

Gràcies, presidenta. Bona nit, diputats i diputades. El debat d’avui podria semblar un debat molt senzill. Es tracta de recuperar les indemnitzacions quan l’AVE arriba tard. Nosaltres, evidentment, hi votarem a favor, perquè és de justícia que els usuaris i les usuàries rebin una compensació quan paguen un bitllet car per un servei que no compleix el que promet. Però no ens enganyem, això no ho arreglarà tot. I sobretot, no deixarem passar amb aquest debat la hipocresia del Partit Popular. El mateix partit que avui es vesteix de defensor dels usuaris és el que, quan governava, va retallar inversions, va deixar podrir la xarxa ferroviària i va menystenir Rodalies i els serveis regionals. Els retards no són un accident, són el resultat directe de la seva gestió i és curiós veure com, ara que no governen, de sobte descobreixen que existeixen usuaris i usuàries. Valdria més que se n’haguessin preocupat quan tenien la responsabilitat de governar i disposaven dels pressupostos per fer-ho. Però llavors es dedicaven a una altra cosa, a gastar milers de milions en aeroports sense avions, per exemple, en terminals buides i en macroinfraestructures inútils per a la ciutadania, no per vostès, autèntics monuments a la mala gestió. I mentre tiraven els diners en obres faraòniques, abandonaven el que de veritat feia falta: mantenir, modernitzar i ampliar la xarxa ferroviària. Vostès, en el seu exposició de motius, posen una frase que hi posa: «El Estado gana, los ciudadanos pierden». Quan vostès estan a govern, això es tradueix: «El palco del Bernabéu gana, la ciudadanía paga». Això es podria traduir perfectament així, perquè el PP només defensa una minoria, com sempre, i gira l’esquena a la majoria. Avui els ciutadans paguen la seva negligència en forma de retards i vostès tenen la barra de venir aquí a presentar-se com els seus salvadors. Però no es tracta només de compensacions individuals. El que es necessita — ho ha dit també la meua companya— és un servei ferroviari públic, fort i modern, pensat en clau de cohesió territorial i de justícia social. Necessitem inversió sostinguda, planificació i valentia política per fer del tren l’alternativa real al cotxe i a l’avió per reduir emissions i per garantir drets. I demà mateix tindrem una prova de foc, la llei de mobilitat sostenible. Què farà el Partit Popular demà? Mantindrà aquest discurs de defensa dels usuaris o, com sempre, votarà en contra d’una mobilitat sostenible i equilibrada pensada per a tothom? Què farà? Demà veurem si hi ha coherència o si només fan teatre com sempre. Per a tot això, tot i això, avui el nostre vot serà favorable. Però que quedi clar, el PP no ens donarà lliçons de defensa del transport públic. Els retards de l’AVE i les rodalies porten la seva signatura. I al PSOE li diem: Deixin de posar excuses a la realitat. Els serveis ferroviaris són un caos i al ministre Puente, al ministre Puente, diguin-li que posi el mateix èmfasi en trobar la solució que el que posa a fer piulades incendiàries. Les solucions han de tenir una altra manera de fer política. Des d’Esquerra, des del compromís amb el servei públic i amb l’interès general, aprenguin de la societat civil organitzada, que han hagut de fer una app, com Transporta’m, que ja compta amb 50 000 usuaris, o l’app presentada ahir de Puntual, totes dues gestionades i dissenyades per entitats com Dignitat a les vies. El seu èxit ha de ser la vergonya del seu ministeri. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenas noches, diputados y diputadas. Hoy deberíamos tener un debate muy sencillo. Se trata de recuperar las indemnizaciones cuando el AVE llega tarde. Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor, porque es de justicia de que los usuarios y las usuarias reciban una compensación por un billete caro o un servicio que no cumple. Pero no nos engañemos, eso no lo va a arreglar todo. Sobre todo, no vamos a dejar pasar en este debate la hipocresía del Partido Popular. El mismo partido que hoy se erige en defensor de los usuarios es el que cuando gobernaba recortó inversiones, dejó que se pudriera la red ferroviaria y despreció rodalies y los servicios regionales. No son accidentes, es el resultado de su gestión directa. Y ahora es curioso que no gobiernen y descubran, de repente, que existen usuarios y usuarias. Valdría más la pena que se hubieran preocupado cuando tenían la responsabilidad de gobernar y disponían de los presupuestos para hacerlo. Pero, entonces, se dedicaban a otra cosa, a gastar miles de millones en aeropuertos sin aviones, por ejemplo, en terminales vacías y en macroinfraestructuras inútiles para la ciudadanía ―no para ustedes―, auténticos monumentos a la mala gestión, y mientras tiraban el dinero en obras faraónicas abandonaban lo que de verdad hacía falta, que era mantener, modernizar y ampliar la red ferroviaria. Ustedes, en su exposición de motivos, ponen una frase que dice «el Estado gana, los ciudadanos pierden». Cuando ustedes están en el Gobierno, eso se traduce en que el palco del Bernabéu gana, la ciudadanía paga. Eso se podría traducir perfectamente así, porque el papel solo defiende a una minoría, como siempre, y deja de lado a la mayoría, como siempre. Se habla de falta de diligencia en forma de retrasos, y ustedes tienen la cara de venir a decir que son los salvadores. Pero no se trata solo de compensaciones individuales, lo que se necesita ―lo ha dicho también mi compañera― es un servicio ferroviario público, fuerte y moderno, pensado en plan de cohesión territorial y de justicia social. Hacen falta inversiones sostenidas, planificación y valor político para que haya una alternativa real al coche en el tren, con inversiones, y para garantizar derechos. Y mañana tendremos una prueba de fuego, la ley de movilidad sostenible. ¿Qué va a hacer el Grupo Popular mañana? ¿Van a mantener este discurso de defensa de los usuarios o, como siempre, van a votar en contra de una movilidad sostenible, equilibrada y pensada para todo el mundo? ¿Qué van a hacer? Ya veremos mañana si hay coherencia o si lo único que hacen es teatro, como siempre. Aun así, nuestro voto va a ser favorable. Pero que quede claro que el PP no nos va a dar lecciones de defensa del transporte público. Los retrasos del AVE y de cercanías llevan su firma. Y al PSOE le decimos que deje de poner excusas a la realidad. Los servicios ferroviarios son un caos y el ministro Puente ―díganselo― tiene que poner el mismo énfasis en hallar soluciones que el que pone en hacer pitadas incendiarias. Hay que hacer las cosas de otra manera, desde el compromiso con el servicio público y por el interés general. Aprendan de la sociedad civil organizada, que han tenido que hacer una app de transporte, que ya tiene 50 000 usuarios, o la app presentada ayer, todas gestionadas y diseñadas por entidades como Dignidad en las Vías. Su éxito tiene que ser la vergüenza de su ministerio. Muchas gracias.

Fèlix Alonso Cantorné SUMAR

Gràcies, presidenta. Señorías del Partido Popular, me da la impresión de que su partido se está convirtiendo cada vez más en lo que podríamos llamar la Ayuso borroka, mucho ruido, mucha bronca y muy poca propuesta. Y hoy han decidido abrir un nuevo frente, el tren, concretamente el servicio comercial de alta velocidad. No hablan de cercanías, ni del servicio público de media distancia, ni del Avant de Sanabria a Zamora. Parece que el tren que usa la gente corriente no les despierta el mismo interés. Su preocupación se centra siempre en el que utilizamos nosotros, los diputados, los turistas, los ejecutivos. Ahí está su prioridad, ese es su concepto de movilidad. Eso, señorías, aunque les pese, tiene un nombre: lucha de clases. Ustedes, allá donde gobiernan, tienen una cantinela repetitiva: dejar morir los servicios públicos esenciales para después malvenderlos a través de un intermediario. Su modelo no es ningún misterio: rebajar impuestos a las fortunas pagándolo a base del recortar servicios esenciales para la ciudadanía. Para ello se necesita ruido, mucho ruido. Su objetivo es claro: erosionar al único Gobierno de izquierdas de Europa, en este caso utilizando a Renfe como ariete. Siempre es lo mismo: cuando no gobiernan ellos, actúan como si los hijos de la chacha les hubieran ocupado su ático. Todo es una cortina de humo, una estrategia para desviar la atención del verdadero problema de movilidad. Pongamos por ejemplo Madrid, el metro. Subir al metro en Madrid es una auténtica pesadilla para miles de personas y que pasa desapercibido para los medios de comunicación de la derecha. Ya no existe la hora punta, todo el día es hora punta. Trenes colapsados, andenes repletos, accesos cortados, y ¿cuál ha sido su gran propuesta en materia de transporte público? Contratar empujadores, sí, empujadores, esa es su idea, convertir el metro en una lata de sardinas. . Ah, claro, eso es competencia de la admiradora de Netanyahu, mejor no menearlo, ¿verdad? Podrien haver triat un tema amb substància per fonamentar la seva crítica. Per exemple, l’R15, que connecta Barcelona i Tarragona amb les Terres de l’Ebre, sofreix incidències sis dies, sis de cada deu dies, perdó. Les línies del sud, oblidades durant anys també per la Generalitat, són les que acumulen el 82 % de les averies i el 58 % dels minuts de retard. Això es deu, en gran part, a la seva inacció pressupostària, sempre pensant en l’alta velocitat i molt poc o res en el tren convencional. Ha hagut d’arribar un govern, un govern de coalició perquè es bolquin milions d’inversió i es comenci a executar, ara sí, uns pressupostos. Precisament avui, avui, han començat les obres de l’R3 de Rodalies, amb una inversió de 140 milions d’euros i un servei alternatiu d’autobusos per no deixar a 21 000 persones sense mobilitat. Es recorden d’aquest diputat insistint en la necessitat de salvar vides a Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat, al costat de les llavors alcaldesses Laura Campos i Lídia Muñoz? Han hagut d’arribar els governs de coalició d’esquerres perquè aquestes obres estiguin a punt d’iniciar-se i l’altra estigui a punt de finalitzar. Amb vostès, en el govern o en l’oposició, tot és fum. Podrían haber escogido un tema con sustancia para fundamentar su crítica como, por ejemplo, la R15 que conecta a Barcelona y Tarragona con las tierras del Ebro. Sufre incidentes seis de cada diez días. Las líneas del sur, olvidadas durante años también por la Generalitat, son las que acumulan el 82 % de las averías y el 58 % de los minutos de retraso. Esto se debe en gran parte a su falta de acción presupuestaria. Siempre pensando en la alta velocidad y muy poco o nada en el tren convencional. Ha tenido que llegar un Gobierno de coalición para que se pongan millones de inversiones y se pongan presupuestos a ello. Hoy, precisamente, han empezado las obras de la R3 de rodalies con una inversión de 140 millones de euros y un servicio alternativo de autobuses para no dejar a 21 000 personas sin movilidad. ¿Se acuerdan de aquel diputado insistiendo en la necesidad de salvar vidas en Sant Feliu de Llobregat y Montcada i Reixac, con Lydia Muñoz y otra alcaldesa? Tuvieron que llegar los Gobiernos de coalición de izquierdas para que estas obras estén a punto de iniciarse y la otra está a punto de finalizar. Con ustedes en el Gobierno o en la oposición todo es humo. Y disipemos ese humo de una vez. Es absurdo comparar la situación actual con la de los años noventa. Hoy, por la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla circulan 289 trenes en un día; en 1992, edran 6 trenes. España tenía 500 kilómetros de alta velocidad y hoy tiene 4000, solo superados por China. Renfe acaba de lograr su mejor registro histórico en viajeros de alta velocidad con 3,5 millones en un solo mes. La alta velocidad Renfe tiene los mejores índices de puntualidad en Europa, solo por detrás de Suiza. Y hablemos de compensaciones, que es lo tangible. Renfe alta velocidad: sesenta minutos de retraso, 50 % de devolución; en noventa minutos, el 100 % de devolución y en veinticuatro horas. Ouigo e Iryo, compensaciones en muchos casos solo en vales, no en efectivo. En las aerolíneas, el reembolso es si el retraso supera cinco horas. Señorías del Partido Popular, se equivocan de destino. Su estrategia del ruido no va a frenar un modelo que funciona, sin que por ello haya que ocultar los problemas, que sí existen. Finalmente, le recuerdo al ministerio que no nos podemos dormir de ninguna manera, que se ha de seguir invirtiendo en todos los trenes, también en los de la gente, y sin olvidarse de la España con poca población. La próxima parada serán los presupuestos, que seguirán favoreciendo la movilidad de toda la ciudadanía, no solo la de la alta velocidad. Muchas gracias. .

Esther Peña Camarero PSOE

Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Una proposición del Grupo Popular que habla de derechos y de servicios públicos, ¡toma ya! Es tremendo que hable de derechos un Grupo Popular que vota en contra del derecho a revalorizar las pensiones, que se ríe del derecho a la conciliación votando en contra del salario mínimo o de la reducción laboral, . que ignora a la sociedad española que clama por un derecho a una muerte digna votando en contra de la ley de eutanasia. ¿Derechos y servicios públicos? El Grupo Popular, sí. Servicios públicos, como el de la sanidad andaluza que sume en el miedo más absoluto a las mujeres con posible cáncer de mama o también a las mujeres que en Gamonal tienen que hacerse ecografías en una caseta de obra mientras hinchan las cuentas de la sanidad privada por miles de millones. Mentirosos sin memoria pierden el hilo de la historia. Así que hablemos de derechos, sí, porque garantizar la verdad como derecho debería ser un objetivo de este Parlamento, así que vamos a hablar de la verdad del sistema ferroviario español. Hablemos de puntualidad, claro que sí, pero no sería justo analizar solamente esa variable. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Hagamos un análisis DAFO. Fortalezas. Tenemos la red de alta velocidad más extensa de la Unión Europea, con 4000 kilómetros y, en breve, otros 1500 kilómetros más, empezando por el Burgos-Vitoria ; cada vez más usuarios, un récord histórico con 278 millones de viajeros, un 3 % más, y crece aun teniendo vuelos a bajo coste; una red magnífica de autovías, y un nuevo mapa concesional donde solo el PP será el responsable de eliminar paradas de autobús. Debilidades. La flota está en su último tramo de vida útil. El PP no renovó ni un solo vagón durante su Gobierno. En un año se han multiplicado por cuatro las incidencias ajenas: robos, incendios, arrollamientos. Y es evidente que esto afecta a la puntualidad, claro que sí, y aun así la ratio de puntualidad solo es superada en Europa por Suiza. . ¿Esto es un consuelo para quién sufre las incidencias? Claro que no, pero esto es transparencia, la que habla de que el 86 % de los trenes van en hora o con un retraso menor a quince minutos. . Miren, Mis paisanos de La M.O.D.A. cuentan en una canción que es imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Este Gobierno no es ajeno al momento de aumento de inversión ni de incidencias y, por eso, se centra en las oportunidades, y lo hace con un importante esfuerzo inversor, con renovaciones sin parar, manteniendo el servicio. Porque, señorías del Grupo Popular, ¿invertir 5000 millones en red ferroviaria en 2025 es mucho o es poco? Pues es más de lo que invirtió el Partido Popular en sus siete años de Gobierno. . Son inversiones que llegan a Cantabria, a Burgos, a la Y vasca, a Sevilla, a Huelva, a Extremadura, a Murcia, a Almería. ¿Qué tenemos también? Quinientos trenes a punto de llegar, y trabajando ya el ministerio en un plan periódico de adquisición de material. Terminamos con las amenazas. El Partido Popular de los empujadores en el metro, de la nula previsión, del abandono de los madrileños cada mañana al ir a trabajar, un Partido Popular que siempre recorta cuando gobierna, siempre. En mi tierra, en Castilla y León, todavía recordamos las cuarenta y ocho líneas que cerró Rajoy y que afectaron a Burgos, Miranda, Ávila, León o Palencia, o a Aznar cuando sus decisiones de centralización mataron al tren directo de Aranda. Es un PP que no comparte el orgullo de país de tener una de las mejores redes ferroviarias del mundo , que tiene, claro que sí, que mejorar día a día, pero que es un sistema bueno que hemos construido entre todos. Y es que todos los días Renfe mejora la calidad de vida de un millón y medio de personas dando más servicios y cumpliendo, sí, con el derecho ciudadano a recibir una indemnización tras sufrir una demora, un derecho que establece la legislación vigente. Es de justicia que todos los operadores cumplan la legislación española y la normativa europea. Es de justicia que en un mercado liberado — ustedes, que son los de la libertad— todos tengan las mismas condiciones en los trayectos comerciales, que en el caso de Renfe solamente suponen el 7 %. Y es también de justicia que el servicio público no se toque, y este Gobierno no lo toca. Las condiciones son las mismas de siempre, y a esto se refiere el 93 % de los trayectos de Renfe. Además, Renfe decide hacer mejoras en las indemnizaciones voluntariamente con reembolsos de entre el 150 y el 200 % en multitud de ocasiones. Así que, señorías, el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando la mayor inversión de la historia en la red ferroviaria para consolidar este modo de transporte como eje de una nueva movilidad sostenible, inteligente y conectada. Sostenible, inteligente y conectado, todo lo opuesto al Partido Popular , un PP desconectado de la sociedad que no condena el genocidio de Gaza, un PP poco inteligente, pactando con la ultraderecha y atacando a las mujeres españolas, un Feijóo ya casi insostenible como líder de una desbandada. . En definitiva, señorías, siempre que el Partido Popular hable de derechos y servicios públicos, tiremos de refranero castellano: cree lo que vieres y no lo que oyeres. Muchas gracias. .

José Ramírez del Río VOX

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Esta moción trae a esta Cámara una enmienda a la totalidad a las políticas educativas que se han llevado a cabo en España desde la LOGSE, una ley nefasta que abrió la puerta a las sucesivas reformas socialistas. Ese desastre se vio además empeorado por el pacto del Majestic, un acuerdo por el cual el Partido Popular cedió las competencias de educación a las comunidades autónomas. Y ese pacto se vio, además, rematado por los nacionalistas catalanes que, en esa misma legislatura, aplicaron una inmersión lingüística que se llevó por delante los derechos de gran parte de los ciudadanos de Cataluña, ciudadanos que no pudieron estudiar en su lengua materna, lo cual ha sido una constante desde que las comunidades autónomas se hicieron cargo de las competencias de educación. Cada cierto tiempo el Partido Popular se pone el disfraz de VOX por unos días y ofrece a sus electores acabar con esa norma del año 1997. . Sin embargo, se les pasa pronto y vuelven a las andadas. Las lenguas catalana, vasca o gallega no son ningún problema, son, evidentemente, una riqueza de nuestro país. Sin embargo, el uso político de esa riqueza de nuestro país para atacar a nuestra unidad sí es un grave problema de nuestro país. Posteriormente, el PSOE dio aún más fuerza a los independentistas, facilitando que no tuvieran que cumplir resoluciones judiciales y dejando que la alta inspección no interviniera jamás en ningún tema, ya fuera cuando los alumnos eran atacados en Cataluña por haber pedido a sus padres que recibieran clases en español o cuando eran directamente hijos de guardias civiles. En ese momento, la alta inspección debería haber intervenido y, sin embargo, el Partido Socialista se la ha cargado. . Los territorios no tienen derechos y no digamos ya derechos históricos. Son los ciudadanos los que tienen derechos y deberes y, en este caso, el derecho y el deber de recibir una educación en su lengua materna, que en una proporción abrumadora es el español. La entrega de las competencias de sanidad y educación a las comunidades autónomas ha sido una de las causas principales de que España sea hoy día un Estado roto, un Estado quebrado, en el que los derechos de los ciudadanos dependen del lugar en el que ese ciudadano resida. Un alumno de País Vasco o de Navarra tiene derecho a recibir para su educación hasta un 70 % más de fondos que los alumnos andaluces o extremeños. Eso es algo que en un Estado normal no se permitiría. Un alumno con necesidades especiales en Andalucía no va a tener el apoyo de un profesor sombra si sus padres no lo pueden pagar. Sin embargo, ese mismo alumno en Navarra y en el País Vasco sí va a recibir ese apoyo y va a ser pagado por todos los españoles. . Cuando PSOE y separatistas ―si a estas alturas podemos distinguirlos― usan las diferencias culturales para justificar la ruptura de la unidad nacional no solo atentan contra la Constitución formal, la del año 1978, sino contra la constitución material, forjada durante siglos como nación histórica primero y como nación política después. Esas diferencias se invocan para justificar la separación y ruptura de los lazos históricos, otorgando derechos y deberes diferentes a los españoles en función de la región en la que viven, imposibilitando la movilidad de los ciudadanos por el territorio nacional, al tiempo que destruyen la diversidad de las comarcas y los pueblos, disolviéndola en una cultura autonómica que en muchos casos es inventada y que solo sirve como arma arrojadiza contra la unidad de España. La desigualdad de recursos para la educación no se está traduciendo hoy día en desigualdades favorables para ese tipo de alumnos, salvo en el caso que ya he mencionado de los alumnos con necesidades especiales en educación. Esos medios proceden del chantaje de los independentistas, por lo que se ven acompañados de la exigencia de utilizar una lengua que no es la lengua materna de los alumnos, lo cual les está provocando graves problemas. Desde que esto sucede, las encuestas educativas del País Vasco se han hundido, y lo han hecho hasta tal punto que ya han sacado al País Vasco de ese tipo de encuestas. Ya no se van a publicar más encuestas PISA en las que se evidencie esa catástrofe de la educación en la Comunidad Autónoma vasca. En el caso de Cataluña es directamente un desastre de proporciones bíblicas. No solo quedan por debajo del resto de los españoles, es que los alumnos catalanes han perdido en diez años el equivalente a un curso entero de matemáticas y a dos cursos enteros de comprensión lectora. Es absolutamente escandaloso. . La educación en España en los últimos tres años ha sido una sucesión de calamidades. Estamos cada vez más lejos de que los alumnos formados en esa educación sean capaces de crear industrias de nivel, sean capaces de llevar a nuestro país a los niveles de conocimiento científico puntero, como por ejemplo en inteligencia artificial, y, mientras tanto, los debates que tenemos aquí o que tienen en las Cámaras autonómicas acerca de la educación tratan de cuestiones tan importantes como el uso del extremeño, del asturiano o de los quinientos géneros que se le hayan podido ocurrir en los últimos tiempos a los señores de la izquierda. . La desgracia es que la educación no está sirviendo más que para manipular ideológicamente a la población. El discurso de la izquierda acerca de la educación está tan evidentemente fracasado que los propios dirigentes de izquierdas lo han dejado de lado. Durante la tramitación de la LOMLOE podíamos escuchar a los diputados del PSOE bramar contra los colegios diferenciados y, sin embargo, la ministra que da nombre a la ley había llevado a su hija a un colegio diferenciado. Podíamos escuchar a los diputados de Podemos hablar acerca del desastre que eran los colegios privados y, sin embargo, el señor Iglesias ha llevado a sus hijos a colegios privados. . Y podíamos ver lo que estaba sucediendo con la inmersión lingüística cuando el anterior presidente de la Generalitat, Montilla, había llevado a su hijo al colegio alemán para aquello que le importaba. Todos sabemos que el discurso relativo a la educación que ha impuesto la izquierda en España ante la incomparecencia del PP ha sido un fracaso. En estos breves minutos les estamos exponiendo los primeros esbozos de un programa con el que nos planteamos la reconstrucción de una institución básica de España, la de la educación. Es urgente la recuperación de esa institución destrozada en nuestro país y comenzará muy pronto de la mano de VOX. Devuelvan las competencias de educación al Estado central, garanticen la posibilidad de ser educado en español y convoquen elecciones. Gracias, señora presidenta. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, presidenta. Mirin, senyories de VOX, estant vostès ocupant temps en el debat d’esta cambra amb un assumpte que en realitat no hauria de tindre cap sentit. Perquè tinguin vostès un poc més de confiança en l’imperi, no? Perquè clar, preocupar-se per la presència del castellà quan és una llengua que parlen més de 500 milions de persones al món, que és oficial en més de vint països i que domina tots els àmbits de la vida pública institucional i mediàtica de l’Estat, doncs, és com preocupar-se perquè l’aigua del mar estiga massa salada. Vostès es preocupen de vegades d’estes coses que no tenen cap sentit. Però clar és que si vostès viuen en un món on el canvi climàtic és un conte, on les violències masclistes és un invent de les dones, on l’educació pública és una conspiració marxista, doncs evidentment, també pensen que el castellà és una llengua perseguida. I el problema, senyories de VOX, no és la llengua. El problema és la ignorància. En concret, el problema és la seua ignorància, la ignorància de pensar que parlar dues llengües els resta, quan el que fa en realitat és multiplicar-te per mil. La ignorància de confondre la diversitat amb la divisió. La ignorància, senyories, és la seua especialitat, l’única cosa que defensen amb autèntica passió en esta cambra. Vostès, vostès, que són els hereus directes d’aquells que durant el franquisme perseguien el valencià, són els mateixos que ara fan el mateix amb el govern del PP en la Generalitat. Han destrossat anys de política lingüística. Volen retallar línies educatives i arraconen el valencià en l’administració i en els mitjans de comunicació públics. I vostès, al final, acaben fent el mateix de sempre: disfressen de llibertat tots aquells perills que té la seua batalla cultural, la batalla cultural que estan lliurant contra totes nosaltres. I, senyories, jo no sé quin debat pensaran vostès que és més important en esta legislatura, però jo els puc dir que, per a mi, i estic convençuda que per a totes les valencianes i valencians, no hi haurà un debat més important que el que farem en la comissió d’investigació de la tragèdia de la dana que vam patir ara fa quasi un any. Un matí el nostre poble es va despertar colpit per unes imatges que mai oblidarem i, quan vam ser conscients del que havia passat, teníem ja 229 persones mortes, teníem ciutats devastades i un president en el Ventorro. El Govern valencià ens havia fallat. Ens havien mentit i, ara ho sabem, també estaven amagant proves. I només unes setmanes després de la tragèdia vam redactar una comissió d’investigació, l’única que era capaç d’escoltar totes les veus, sense exclusions, l’única on les majories garantirien transparència i justícia, l’única que no podia controlar i segrestar el Partit Popular. I perdonen, però arribats a este punt, jo necessite explicar tot el camí que he fet fins a arribar ací i com de dolorós ha sigut per a mi tot este procés. I el primer dia abans d’anunciar res, abans d’anunciar eixa comissió d’investigació, vam intentar compartir eixa iniciativa amb el Partit Socialista i no van voler signar la comissió d’investigació amb nosaltres. Quan finalment vam aconseguir presentar-la i la vam aprovar, el Partit Socialista, el que va fer va ser retardar-la en la mesa durant mesos i mesos. Però és que seguidament els mateixos socialistes van pressionar a SUMAR perquè impedira que Compromís poguérem demanar la compareixença del president Pedro Sánchez. SUMAR va cedir i jo me’n vaig anar al Grup Mixt, amb tot el que això comportava en aquell moment. I per si tot això fora poc, el Partit Socialista fa mesos que porta acusant-nos de bloquejar, quan han sigut ells, quan han sigut vostès, senyories del Partit Socialista, qui es negaven a acceptar que la majoria d’esta cambra, efectivament, volia que comparegueren Mazón i Pradas, però també volia que comparegués el president del Govern. I hui, hui, sí, finalment el Partit Socialista ha hagut d’acceptar allò que era inevitable. I es que en esta comissió d’investigació compareguin totes les persones que han tingut alguna responsabilitat. I per això, ara que tanquem una etapa, jo vull donar les gràcies a totes les persones, simpatitzants i militants de Compromís, que m’han ajudat a resistir estos mesos, que han sigut molt complicats. I dir-li al senyor Mazón, que ha sigut dur però que estic contenta perquè ara ja no hi ha excuses. Ja no hi ha cap obstacle perquè vinga vosté a declarar. Prepari les maletes perquè ací l’esperem. I vaja pensant què respondre a una pregunta ben senzilla: On estava vostè, senyor Mazón, mentre les persones estaven ofegant-se en el nostre país? Gracias, presidenta. Miren, señorías de VOX, ustedes están ocupando tiempo en el debate de esta Cámara con un asunto que realmente no debería tener ningún sentido. Tengan un poco más de confianza en el imperio ustedes, porque preocuparse por la presencia del castellano cuando es una lengua que hablan más de 500 millones de personas en el mundo, es oficial en más de 20 países y domina todos los ámbitos de la vida pública, institucional y mediática del Estado es como preocuparse porque el agua del mar esté demasiado salada. Ustedes a veces plantean estas cosas que no tienen ningún sentido, pero si ustedes viven en un mundo en el que el cambio climático es un cuento; las violencias machistas, un invento de las mujeres; y la educación pública es una conspiración marxista, evidentemente también piensan ustedes que el castellano es una lengua perseguida. El problema, señorías de VOX, no es la lengua, el problema es la ignorancia, en concreto su ignorancia, la de ustedes, la de pensar que hablar dos lenguas resta cuando lo que hace en realidad es multiplicarte por mil. La ignorancia de confundir la diversidad con la división. La ignorancia, señorías, es su especialidad, lo único que defienden con auténtica pasión en esta Cámara. Ustedes, que son los herederos directos de aquellos que durante el franquismo perseguían el valenciano, son los mismos que ahora hacen lo mismo con el Gobierno del PP en la Generalitat. Han destrozado años de política lingüística, quieren recortar líneas educativas y arrinconan el valenciano en la Administración y en los medios de comunicación públicos. Ustedes al final acaban haciendo lo mismo de siempre, disfrazan de libertad todo aquello que compone su batalla cultural, que libran contra todos nosotros. Y señorías, yo no sé qué debate piensan ustedes que es más importante en esta legislatura, pero yo les puedo decir que para mí, y estoy convencida de que para todas las valencianas y valencianos no habrá un debate más importante que el que tendremos en la comisión de investigación de la tragedia de la dana que sufrimos ahora hace casi un año. Una mañana nuestro pueblo se despertó golpeado por unas imágenes que nunca olvidaremos. Cuando tomamos conciencia de lo que había pasado, ya teníamos 229 personas muertas, ciudades devastadas y un presidente en El Ventorro. El Gobierno valenciano nos había fallado, nos había mentido y, ahora lo sabemos, también estaba ocultando pruebas. Solo unas semanas después de la tragedia redactamos una comisión de investigación, la única que era capaz de escuchar a todas las voces sin exclusiones, la única en la que las mayorías pedían transparencia y justicia, la única que no podía controlar ni secuestrar el Partido Popular. La montamos. Y perdonen, pero, llegados a este punto, necesito explicar todo el camino que he recorrido hasta llegar aquí y lo doloroso que ha sido este proceso. El primer día, antes de anunciar esa comisión de investigación, tratamos de compartir esa iniciativa con el Grupo Socialista y no quisieron firmar la comisión de investigación con nosotros. Cuando finalmente conseguimos presentarla y firmarla, el Grupo Socialista la retrasó en la Mesa durante meses. Pero es que, seguidamente, los mismos socialistas presionaron a SUMAR para que impidiera que Compromís pudiera pedir la comparecencia del presidente Pedro Sánchez. SUMAR cedió y yo me fui al Grupo Mixto, con todo lo que eso comportaba en aquel momento. Por si todo eso fuera poco, el Grupo Socialista hace meses que lleva acusándonos de bloquear, cuando han sido ustedes, señorías del Grupo Socialista, quienes se negaban a aceptar que la mayoría de esta Cámara, efectivamente, quería que comparecieran Mazón y Pradas, pero también quería que compareciera el presidente del Gobierno. Hoy finalmente el Grupo Socialista ha tenido que aceptar lo que era inevitable, a saber, que en esta comisión de investigación comparezcan todas las personas que han tenido alguna responsabilidad. Por eso, ahora que cerramos una etapa, quiero darles las gracias a todas las personas simpatizantes y militantes de Compromís que me han ayudado a resistir estos meses que han sido muy complicados. Al señor Mazón le digo que ha sido duro, pero estoy contenta, porque ahora ya no hay excusas, ya no hay ningún obstáculo para que venga usted a declarar. Prepare las maletas, porque le esperamos aquí y vaya pensando en qué responder a una pregunta muy sencilla: ¿Dónde estaba usted, señor Mazón, mientras las personas se estaban ahogando en nuestro país?

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Gracias, señora presidenta. No pensaba intervenir, pero lo voy a hacer muy brevemente. Ante semejante discurso, no el de hoy, el del otro día, de tufo carpetovetónico que podría haber sido del año… no sé, de 1900 o así, hubiera sido igual, quizá más moderno entonces, dos apreciaciones. La primera, señor Ramírez, la educación en Euskadi la pagamos los vascos y las vascas, no la pagan las españolas. No se ría, señor Ortega Smith, porque es así. La pagamos con nuestros impuestos y la pagamos con nuestra capacidad recaudatoria, por tanto, cuidado con lo que se dice. . Segunda cuestión, ustedes, que tienen tantos juristas y tanta gente ducha en leyes en su grupo, ¿no se dan cuenta de la aberración esa de devolver las competencias de educación? ¿Cómo se devuelven unas competencias? ¿Ustedes creen que las competencias de educación son un paquete del Zara que trae un motorista diciendo: aquí vengo a devolver las competencias de educación? Señores, tendrían ustedes que cambiar los estatutos de autonomía, a no ser que ―claro, siempre queda la fuerza― quieran imponerlo, ¿quizá nostalgia del 155? O algo peor. Vengan a Euskadi a quitarnos las competencias de educación, les esperamos. .

Etna Estrems Fayos ERC

Bé, avui m’hagueren pogut posar la cadira aquí, darrere el faristol. Jo m’he quedat perplexa després de la intervenció del company del PNB i ara ja no sé què dir, perquè em sembla fantàstica. És a dir, i ara quedaré jo fatal. Però bé, en tot cas, alguna cosa diré. Sempre, quan hi ha una moció de VOX, discutim si és necessari sortir aquí a dir alguna cosa enfront de totes les barbaritats que arriben a dir, i al final sempre hi ha aquell gusanillo, que dirien vostès, de justament sortir a dir aquí que vostès només diuen barbaritats. És a dir, avui porten vostès una moció marca de la casa de VOX que és de compliment d’expedient total. És a dir, aquesta tarda estan cobrint molt bé l’expedient de rancietat, és a dir, la ranciedad del castellano, la ranciedad de los toros, i aquí anem sumant. I trobo que s’han contingut avui amb el tema de la immigració, tot i que quan n’hem parlat d’habitatge, ja alguna cosa ha sortit. Mirin, hi ha qui ataca i hi ha qui defensa i nosaltres sempre defensarem la llengua catalana. Jo ho he dit vàries vegades en aquest faristol. Jo no parlo aquí català per fotre’ls vostès. No es pensin que són tan importants. Jo parlo català perquè és la llengua que m’ha ensenyat la meva mare. És la llengua amb la que he crescut. És la llengua amb la que estimo, és la llengua amb la que somio. És la llengua en la que penso i no ho faig per fotre’ls a vostès ni a les senyories del Partit Popular, que sembla que tot giri al seu voltant. És curiós, és molt curiós que vostès vinguin aquí a dir que el problema és que l’educació no es fa en castellà. Mirin, l’altre dia el senyor Figaredo quasi es carrega el faristol i el micròfon aquí per un tema de comprensió lectora, no de llengua. Perquè que jo sàpiga, vostè està escolaritzat en castellà, per tant hauria de tenir totes les competències bàsiques i no va entendre el company Vicent Vidal, que jo ho entenc, que no l’entengui, perquè vostè català no en sap, però aquí té unes pantalles, eh? I sinó té un pinganillo que no l’he vist posar se’l mai. És a dir, és que em sembla increïble que cada setmana haguem d’estar aquí venint a defensar que el català és llengua oficial, que el català ha de ser llengua vehicular. Em sembla increïble. Em sembla una pèrdua de temps per a tota la ciutadania, que és que hauria d’estar penada a la seva sacrosanta constitució! Vostès el que volen és que el català, el basc, el gallec, es converteixin en un element de folklore, com passa ara ja a la Catalunya Nord. Gràcies a Déu i aquí, des d’aquí dono les gràcies a la resistència catalanoparlant de la Catalunya Nord, que manté el català també a l’Estat francès. Vostès sembla que perquè jo vinc aquí i digui: «Hola, bona tarda», se acaba el imperio! Ostres, tant de bo! Tant de bo, per un «bona tarda» s’acabés el imperio. Mirin el que els hi dic, perquè ja feia dies que estaríem fent una altra cosa. La veritat és que miri, m’havia escrit coses, però és que ni ganes de dir-les, tinc. O sigui, fins aquí. Gràcies. Bona nit! ¡Hola! Hoy me podría haber puesto la silla aquí, detrás de la tribuna. Me he quedado perpleja después de la intervención del compañero del PNV y ahora ya no sé qué decir, porque me parece fantástica. Ahora quedaré yo fatal, pero en cualquier caso diré algo. Siempre cuando hay una moción de VOX debatimos sobre si es necesario salir aquí a decir algo, con todas las barbaridades que llegan a decir. Al final siempre nos entra ese gusanillo, que dirían ustedes, de decir aquí que ustedes solo dicen barbaridades. Hoy traen una moción típica de la casa de VOX, que es de cumplimiento de expediente total. Esta tarde están cubriendo muy bien el expediente de rancios: la ranciedad del castellano, de los toros y vamos sumando. Me parece que se han contenido hoy bastante con el tema de la inmigración, aunque han dicho algo cuando hemos hablado de vivienda. Hay quien defiende y hay quien ataca, y nosotros siempre defenderemos la lengua catalana. Lo hemos dicho varias veces desde esta tribuna. Yo no estoy aquí para fastidiarles a ustedes hablando catalán, sino porque es la lengua que habla mi madre, con la que he crecido, la lengua que quiero, con la que sueño, con la que pienso; pero no lo hago para fastidiarlos a ustedes, para joderlos, ni a los del Partido Popular. Parece que todo sea por eso. Es muy curioso que ustedes vengan aquí a decir que la educación no sea en castellano. El otro día el señor Figaredo casi se carga el atril y el micrófono por un tema de comprensión lectora, no de lengua. . Que yo sepa, usted fue escolarizado en castellano, por tanto, debería tener todas las competencias básicas, y no entendió al compañero Vicente Vidal, y entiendo que no lo comprenda, porque usted no sabe catalán, pero tiene unas pantallas , y, si no, también tiene servicios de interpretación. No se ha puesto nunca el auricular. Es que me parece increíble que tengamos que venir cada semana aquí a defender que el catalán es una lengua oficial, que tiene que ser una lengua vehicular, me parece increíble, una pérdida de tiempo para toda la ciudadanía. Es que debería estar penalizado en su sacrosanta Constitución. Ustedes lo que quieren es que el catalán, el vasco y el gallego se conviertan en un elemento de folclore, como pasa ahora en Cataluña norte. Gracias a Dios, yo doy las gracias a la resistencia catalanohablante de la Cataluña norte, que mantiene el catalán también en el Estado francés. . A ustedes les parece que porque yo venga aquí y diga «hola, bona tarda» en catalán se acaba el imperio. ¿De verdad por un «bona tarda» se acaba el imperio? Bueno, la verdad, me había escrito cosas, pero no tengo ni ganas de decirlas. Hasta aquí, punto. Gracias y buenas noches. .

Juan Antonio Valero Morales SUMAR

Buenas noches, señorías. Son las nueve y cuarto y todavía no hemos cenado. De nuevo, VOX utiliza esta privilegiada tribuna para instrumentalizar algo que es de todos e inventarse un problema que no existe. Por eso yo quiero aprovechar esta intervención para aclarar cuál es el verdadero objetivo de la moción de VOX. Lo primero que quieren hacer es socavar la convivencia, porque la ultraderecha se ha dado cuenta de que solo puede crecer desde la polarización. Para eso pervierten una lengua que es de todas y todos para cargar contra otras lenguas, porque a ustedes les sobra la España real. Miren, yo entiendo que tengan ustedes añoranza de esa España oscura y nacionalcatólica en la que el castellano era la única lengua posible, pero, afortunadamente, ya no existe. VOX es el partido que menos se parece a los españoles y a las españolas, ¡porque en la España unitaria y estrecha de VOX no cabe la inmensa mayoría de este país! . Y también entiendo su frustración, esa frustración que tienen ustedes cuando ven cómo esas lenguas que han sido perseguidas por sus abuelos hoy están siendo protegidas por el ordenamiento jurídico gracias a la lucha social. Porque hay que recordarlo: si hoy las lenguas cooficiales son protegidas, es porque durante el franquismo fueron perseguidas y relegadas al ámbito familiar. Hoy los andaluces lo seguimos padeciendo, el dialecto andaluz sigue estigmatizado. ¡Ni les gusta el catalán ni les gusta el dialecto andaluz! ¡Ni reconocen las nacionalidades históricas de Galicia, Euskadi y Cataluña ni tampoco la andaluza contemplada en nuestro Estatuto de Autonomía! . En segundo lugar: ¿de qué va su moción? Su moción forma parte de esa ofensiva reaccionaria contra la escuela pública. Van contra toda institución que promueva el pensamiento crítico, que promueva los valores democráticos. Por eso piden la censura del pin parental; por eso retiran libros de bibliotecas escolares; por eso cargan contra la educación inclusiva, porque es una vacuna contra la discriminación; y por eso se sirven del cansancio de los docentes para cargar contra la renovación pedagógica. Ya lo dijo claramente uno de los próceres de la ultraderecha, el vicepresidente norteamericano Vance: los profesores son el enemigo. Esa es la consigna que lanzó Vance, y ustedes la siguen a pies juntillas. Por tanto, su moción no va de proteger el español. Su moción va de atacar la diversidad lingüística y de atacar la escuela pública. Lo hacen, como siempre, soltando bulos. Dicen que el español está en proceso de marginación. Es mentira. Dicen que la ley eliminó al español como lengua vehicular de la enseñanza. Es mentira lo que dan a entender, el español y las lenguas cooficiales están protegidas. Dicen que los españoles están discriminados por razón de su lengua. ¡Es mentira! ¿Saben quiénes están discriminados en nuestro país? Quienes sufren el machismo, la aporofobia, la xenofobia, el racismo de sus discursos de odio. . ¡Hoy, en España, la xenofobia y el racismo son los principales motivos de los delitos de odio! Dicen ustedes que los datos educativos demuestran que la inmersión lingüística perjudica la calidad del aprendizaje. Mentira. ¿Qué datos? ¿De dónde los sacan? Si precisamente los estudiantes de comunidades autónomas con lenguas cooficiales tienen un rendimiento en castellano similar o superior al del resto del país. Y dicen que en España se da adoctrinamiento ideológico en las aulas. Mentira. Salvo que ustedes se estén refiriendo a los colegios del Opus Dei, o salvo que ustedes estén hablando de la depuración de la memoria democrática que está llevando el Partido Popular a las aulas allí donde gobierna. Por tanto, su moción lo que pretende — como siempre con la ultraderecha— es socavar la convivencia e imponer un proceso deconstituyente. Van contra las conquistas consagradas en la Constitución. A ustedes no solo les sobran los trabajadores migrantes, no solo les sobran las feministas, los ecologistas, los sindicalistas, también les sobra la Constitución española. Su plan es polarizar para retroceder en derechos. Ese es su proceso deconstituyente, porque de la Constitución española solo se quieren quedar con la monarquía ―que por mi parte se la pueden quedar entera, con los herederos y todas las deudas que tengan― y, por supuesto, con el artículo 33 de la propiedad privada. ¿Cómo polarizan? ¿Cómo hacen esto? Deforman y radicalizan una realidad para convertirla en problemas y amenazas. Lo que es la coexistencia entre distintas lenguas pasa a ser una pugna en la que el español está amenazado en su supervivencia. Asocian grupos sociales a este conflicto. Ya no hay convivencia y respeto de una sociedad plurilingüe; ahora hay un grupo social, los españoles, que está en riesgo de supervivencia, porque catalanes, vascos y demás quieren privarlos de lo más sagrado de su identidad: su lengua. Y, de paso, en esta estrategia de polarización, introducen la teoría de la conspiración para atacar la escuela pública. Hay una institución que tiene un plan de adoctrinamiento para acabar con la lengua y la identidad española. Así funciona la polarización: crean artificialmente dos extremos, los oponen entre ellos, agitan bajas pasiones y procuran una solución reaccionaria y excluyente. Pues bien, nosotros y nosotras apostamos por la convivencia en un país en el que quepamos todas y todos. Por eso, en defensa del español y del resto de lenguas cooficiales, vamos a votar que no a su moción. Frente a su cohesión nacional excluyente, en la que todas y todos sobramos, apostamos por cohesión social, cohesión territorial y un Estado democrático, social, plurinacional y plurilingüe. .

María Luz Martínez Seijo PSOE

Buenas tardes, señorías. Nos volvemos a encontrar con una de estas mociones de VOX que no hay por dónde cogerla. Pero yo sí me lo voy a tomar en serio, porque las barbaridades que se incluyen, el ataque a algo tan sumamente propio de las comunidades autónomas, de la cultura, de las distintas regiones que componen nuestro país como es la lengua me parece que no pueden quedar sin ser contestadas. Porque esa es la estrategia de VOX: crean un problema donde no lo hay, lo magnifican, lo difunden y, de repente, lo convierten en una prioridad nacional sin tener nada que ver con una urgencia. Y, francamente, es triste que a estas horas tengamos que estar hablando de un problema que no existe, que está simplemente en la mente de VOX, porque yo creo que en algún momento deben pensar que les puede generar mayor apoyo entre algún tipo de votante, pero habrá que recordarles que el 40 % de los españoles viven en comunidades autónomas donde existe la cooficialidad, y que conviven con ella plenamente y que alternan el castellano y una lengua cooficial sin ningún problema. Por tanto, no es ningún motivo de conflicto ni de confrontación ni de pisar los derechos de los españoles, que están plenamente recogidos en la Constitución española, que están plenamente recogidos en el artículo 3 y que ustedes, señorías de VOX, lo quieren pisotear. Es triste que vengan hoy, una vez más, a decir que el castellano ―no el español, el castellano, que es como aparece recogido en la Constitución española― está en riesgo, y se lo dice una castellana. El castellano no está en riesgo ni en España ni más allá de nuestras fronteras, señorías de VOX. . Lo repito, señorías de VOX: el castellano tampoco está en riesgo en ninguna de las comunidades autónomas donde hay lengua cooficial. Dejen de inventar, dejen de utilizar el bulo como estrategia política permanentemente. Las lenguas lo que hacen es enriquecer; las lenguas no separan, no excluyen, no segregan; las lenguas lo que aportan es cultura, aportan conocimiento y aportan comunicación entre todos y entre todas. Por tanto, lo que no se puede consentir es el intento permanente de la ultraderecha de someter los derechos lingüísticos de tantas personas que viven en nuestro país y que tienen todo el derecho del mundo a utilizar el castellano como su lengua cooficial. . Porque son sus lenguas. Insisto, lo dice una castellana. Su propuesta, sin ninguna duda, es un ataque a la Constitución española y no simplemente por el artículo 3. Algún compañero anteriormente ya lo ha dicho: quieren eliminar las competencias autonómicas, y si eliminan las competencias autonómicas, que son precisamente las responsables de ordenar la enseñanza de las lenguas en los distintos territorios, ¿quién va a garantizar esa cooficialidad que dicen ustedes que sí defienden? Porque, si no hay una oferta educativa en los centros, ¿cómo se garantiza la cooficialidad? La verdad es que ustedes no tienen ningún interés en defender la cooficialidad ni en que haya oferta ni en que haya derechos ni en que haya gente diferente ni diversidad ni nada por el estilo. Pero lo que ya nos parece el colmo es que vengan diciendo que hay segregación y exclusión en España. La única exclusión y la segregación que están planteando es una nueva que ustedes están inventando, que es la segregación lingüística. Algo que hasta ahora no existía, pero yo les voy a recomendar que, por lo menos, se estudien la legislación española, que prohíbe cualquier tipo de segregación ―de cualquier tipo―y de exclusión. Así que no vamos a permitir que se practique ahora una nueva, que es la lingüística. Y, por si fuera poco, nada más y nada menos que pretenden también derogar la LOMLOE, la ley de educación, porque hay una disposición adicional que precisamente lo que garantiza es la enseñanza de ambas lenguas, de la cooficialidad, y que ambas lenguas consigan que el alumnado tenga una plena competencia lingüística. Para ello, además, se ponen programas de refuerzo en caso de que alguna de ellas presente algún tipo de deficiencia. Entonces no hace falta, como ustedes dicen, que se refuerce la lengua castellana, porque la propia ley ya lo indica. Así que léansela y no queden exclusivamente restringidos a lo que a ustedes les interesa, que es la exclusión lingüística. Tampoco hacen falta mayores refuerzos, porque ya este Gobierno está implementando un programa de refuerzo en lengua y matemáticas con una inversión de más de 500 millones de euros. Así que, señorías de VOX, yo les pediría que dejen de jugar con la educación, que dejen de mentir, que dejen de generar inquietud con la lengua castellana, que no está en peligro. Y, por último, les voy a pedir que dejen de hablar de adoctrinamiento, porque el único adoctrinamiento que existe en este país es el que la derecha y la ultraderecha están intentando llevar a las aulas a través de limitar la capacidad de los alumnos de pensar con libertad , de conocer distintos contenidos, porque a ustedes todo lo que suena a diferente y distinto les resulta excluyente. ¡Para ustedes la única cosa que existe es la censura! Y eso, perdonen que les diga, no tiene nada que ver con la libertad que tenemos que promocionar y perseguir en el sistema educativo. Libertad para todos, pero libertad de la buena, no de esa que quieren que se elija lo que a unos cuantos les interesa y lo que unos cuantos simplemente pueden. Así que, hágannos un favor y dejen de traer este tipo de iniciativas que no aportan nada y lo único que hacen es hacernos perder el tiempo a todos. Muchas gracias. .

Óscar Clavell López PP

Muchísimas gracias, presidenta. Hemos oído las intervenciones de prácticamente todos los grupos parlamentarios en la tarde de hoy sobre esta moción, sobre este punto. Hemos oído cómo se hablaba de nacionalidades históricas, de profesores como enemigos, de machismo, xenofobia, racismo, inmigración, sindicalistas, ecologistas, pero muy poco de lo que realmente interesa y trae aquí este punto, este debate. Señor Ramírez, voy a ponerme de acuerdo con algunos de los grupos que han hablado antes que yo, pero por diferentes motivos. En su primer punto del petitum, pide devolver al Estado las competencias educativas transferidas a las comunidades autónomas. ¿Sabe lo que esto significa? Esto significa dar las funciones a Pedro Sánchez y a Pilar Alegría, que es lo que menos nos interesa en estos momentos. . ¡Es como poner al zorro a guardar el gallinero! ¡Es una locura, señor Ramírez! Los que procedemos — como es mi caso— de comunidades bilingües, somos afortunados de contar con esa variedad que nos enriquece culturalmente. Ya desde la cuna conocemos y dominamos dos lenguas, hecho que nos enorgullece. Como muy bien dijo el pensador Fernando Savater — vasco—, las lenguas tienen dos grandes enemigos: los que las imponen y los que las prohíben. No sé si ustedes ―me refiero a todos― se ponen en el lugar de la imposición o en el de la prohibición. Lo que les convierte a todos ustedes, a todos, en los enemigos tanto del castellano como del resto de lenguas cooficiales. . El Partido Popular nunca — nunca— ha estado ni con las imposiciones ni con las prohibiciones, ideas propias más de regímenes autoritarios pasados, y más grave aún cuando se defienden en plena democracia. Pero ¿por qué temen tanto a la libertad? Señores vascos, el lingüista vasco muy próximo al PNV Koldo Mitxelena, al que conocerán perfectamente, escribió que el castellano también es de aquí, igualándolo al euskera. Igualaba el castellano al euskera, dándole las mismas posibilidades identitarias del pueblo vasco. Pero como al Gobierno de Sánchez ni le importan las sentencias judiciales, ni el dictamen de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo — que a cualquier otro Gobierno sonrojarían—, para eso estamos nosotros. Nosotros, en el Partido Popular, defendemos un bilingüismo cordial e integrador, sin confrontación ni amenazas, donde se pueda hablar, aprender, estudiar los dos idiomas y en los dos idiomas. Nos sentimos infinitamente españoles cada vez que hablamos en valenciano, catalán, gallego o euskera. . Y así queremos seguir, viviendo libres para poder elegir el idioma que queramos. Lo digo, con mucho pesar, con mucha pena, el Partido Popular es la única fuerza política que a día de hoy defiende la convivencia entre las dos lenguas allá donde llegan, ni la imposición de una ni la de otras. Por eso somos el único. Y quiero que me permitan — ya que hoy es 7 de octubre y dentro de dos días, el 9 de octubre, será el día de la Comunidad Valenciana, el día de todos los valencianos, territorio donde nunca fue un problema contar con dos idiomas oficiales hasta que llegó la izquierda del Botanic al Gobierno valenciano — reivindicar hoy mi valencianía pensando en aquel día de hace ochocientos años que nos forjó como pueblo y nos dio nuestro idioma, tal como reconoce el artículo 6 de nuestro Estatuto de Autonomía. Señora Micó, no nos hable de atacar al valenciano cuando usted es la primera que no lo reconoce. Usted se vende al catalanismo más atroz (aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) atacando al valenciano. Por tanto, nos duele el desprecio del ministro Albares cuando no defiende el valenciano en la Unión Europea como otros idiomas; nos duele el ministro de Cultura cuando incluye el valenciano en el catalán, dentro de esa entelequia de los Països Catalans que no han existido nunca ni lo harán, pero sobre todo nos duele que una valenciana, ministra de Universidades y que pretende ser la presidenta de la Generalitat Valenciana, reniegue de su idioma valenciano y se venda a los intereses catalanistas solamente por mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno de la nación. . Acabo, señora presidenta. Miguel de Cervantes, que intuyo que alguno de ustedes lo conocerá, y no solamente por la última película, ya dijo hace más de cuatro siglos: «La lengua valenciana es la más graciosa, con quien solo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable». Por otro lado, este mismo literato dijo que el idioma español es nuestro tesoro más preciado, y eso es lo que haremos desde el Partido Popular: luchar para que dentro de otros muchos siglos los españoles de aquella época sigan pensando que el castellano es el idioma más preciado. Muchísimas gracias. .