Pleno del Congreso n.º 139 · XV legislatura
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María Jesús Montero Cuadrado PSOE
Muy buenos días, señorías. Efectivamente, como decía la presidenta de esta Cámara, intervengo para defender el Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en materia de prescripción, recaudación, asistencia mutua y obligaciones de información; la Ley 35/2006 y la Ley 29/1987, todas ellas, como ha dicho la presidenta, para modificarlas y adaptarlas a la nueva iniciativa. . En primer lugar, voy a defender la necesidad de aprobar este texto, que se tramita para transponer una directiva europea de cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad conocida como DAC 8 en nuestro ordenamiento jurídico, y, en segundo lugar, me centraré en responder a la enmienda a la totalidad que ha registrado el Grupo Parlamentario VOX. Al tratarse de una ley muy técnica y que, por tanto, tiene un componente muy alto de conceptos y cuestiones muy específicas, voy a intentar resumirlo lo más posible, aunque, en síntesis, de lo que hablamos esta mañana es de transponer al ordenamiento jurídico el consenso que se ha conseguido en Europa a propósito del control de la transparencia en los criptoactivos, un producto, como saben, que escapaba del radar de los sistemas de información que hasta la fecha hemos tenido los países miembros. Por tanto, lo que hacemos hoy no es más que intentar adaptar este tipo de producto en lo relativo a su información y las personas que lo tienen, siendo capaces de una comunicación más exacta sobre esta cuestión. Ello va a implicar un mayor refuerzo sobre el control de los activos de este tipo en el extranjero y sobre sus saldos. También se incluye la sustitución del concepto de moneda virtual, que ya se venía utilizando en algunas menciones en diferentes normativas, por el de criptoactivo, de manera que cuando nos refiramos a ello seamos especialmente cuidadosos a fin de saber exactamente cuáles son las cuestiones de las que estamos hablando. El texto incluye modificaciones en la ley tributaria en lo referente a la prescripción, a tenor de que tenemos que cumplir con una jurisprudencia que ya se ha marcado por parte del Tribunal Supremo. Por tanto, el proyecto va a variar diferentes normas que vienen regulando la fiscalidad. Y el proyecto ha sido tramitado conforme a lo establecido en la ley, con todos los trámites de consulta, audiencia pública e informes preceptivos, incluyendo el del Consejo de Estado. Por tanto, en primer lugar, transponemos parcialmente esta directiva europea de cooperación administrativa. A sus señorías no se les escapa que el objetivo fundamental es una mayor coordinación entre los países miembros para detectar situaciones de fraude, perseguirlas conjuntamente y, por ende, obligar a todos los contribuyentes a que atiendan en referencia a estas necesidades. Dicha regulación viene de la modificación del estándar de comunicación del marco de intercambio de información sobre criptoactivos de la OCDE, un trabajo muy importante, que quiero reconocer, por el que, tanto conceptualmente como definiendo este tipo de productos, todos los países podemos hablar un mismo idioma. Así pues, en esta coordinación trae causas que refuerzan el control tributario sobre los criptoactivos. Y, señorías, ¿qué modificamos con esta iniciativa? En primer lugar, hay una disposición relativa a la obligación de información. Ya existe sobre cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y, por tanto, también incorporamos este tipo de información para que se sustente. Por otro lado, se añade una disposición para establecer incluso nuevas obligaciones sobre información y diligencias en caso de registro en relación con estos criptoactivos. No obstante, quiero decir a sus señorías que la completa transposición requerirá un desarrollo reglamentario posterior, actualmente en tramitación, que previamente necesita de la aprobación de esta norma. En segundo lugar, se introducen nuevas obligaciones de información, como efectuar una revisión de los saldos existentes en monedas virtuales y de las operaciones que se hayan efectuado con estas, todo ello previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la Ley General Tributaria. Así, se deroga la obligación de informar sobre operaciones con monedas virtuales, ya que la obligación de informar sobre criptoactivos va a afectar también a los usuarios residentes en España, y se efectúan adaptaciones para obligaciones sobre saldos en monedas situadas tanto en nuestro país como en el extranjero teniendo en cuenta este nuevo marco regulatorio. Por tanto, tenemos que modificar la Ley sobre la Renta de las Personas Físicas. En tercer lugar, modificamos la prescripción tributaria en relación con los responsables a fin de adecuarnos a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. De esta forma, por un lado, se reconoce la facultad para declarar la responsabilidad y, por otro, para exigir el pago al ya declarado responsable, añadiendo que se trata de acciones distintas y sucesivas, que tienen diferentes perspectivas. En cuarto lugar, en el ámbito de la recaudación, se adaptan las normas recaudatorias a la realidad actual, contemplando expresamente el embargo de bienes y derechos en entidades de pago y entidades de dinero electrónico, así como el embargo de criptoactivos. En este contexto, para llevarlo a cabo también necesitamos actualizar este marco tributario, y, en particular, el ámbito de la recaudación. Básicamente, estas son las obligaciones legales que se derivan del control que tenemos que realizar sobre los criptoactivos y, por tanto, es lo que proponemos a esta Cámara. Pero sus señorías son conscientes de que la rápida evolución de la prestación de los servicios bancarios de los medios de pago, la aparición de activos digitales y el uso de tecnologías innovadoras, como los criptoactivos, nos han obligado durante los últimos años a estar muy atentos a cuáles son estos productos que van apareciendo en el mercado y, por tanto, a adaptar esta normativa también al blanqueo de capitales para regular de forma coordinada a nivel internacional estos mercados en el ámbito de la fiscalidad. Como hemos visto, uno de los puntos principales de esta transposición de la DAC8 es que incorpora cambios en la ley tributaria que, como país, nos van a permitir cumplir con los compromisos adquiridos en materia de transparencia fiscal internacional y, además, dotar a la propia Agencia Tributaria de mayores herramientas para tener información con trascendencia fiscal sobre los criptoactivos. Sin duda, ello nos permitirá mejorar el control de estas operaciones, la lucha contra el fraude y también la asistencia al contribuyente, porque en ocasiones se nos plantean preguntas a las que realmente necesitamos dar cobertura con estas modificaciones. Esta información sobre criptoactivos se tendrá que suministrar a la Administración tributaria y será relativa a usuarios no residentes, es decir, a personas que no viven en nuestro país, en el marco de la asistencia mutua, pero también a las personas residentes en España. Hay que tener en cuenta que se establece un plazo de transposición de las disposiciones de comunicación y de información de cuenta financiera que termina justo el 31 de diciembre de este año. Por tanto, era fundamental tramitar el proyecto de ley si realmente queríamos cumplir con las obligaciones europeas y no tener ningún procedimiento de infracción por parte de la Unión. Igualmente, señorías, voy a comentar ahora la enmienda a la totalidad de devolución que presenta el Grupo Parlamentario VOX. Y, señorías de VOX, da la sensación de que da igual qué proyecto de ley presente el Gobierno ante esta Cámara, porque la enmienda a la totalidad de devolución parece que la tienen preparada de antemano. Siempre presentan una enmienda a la totalidad muy similar, da igual lo que se regule, incluso con los mismos argumentos ―si me permiten, faltones―, y diría que también incitando a que se vote en contra de esta cuestión. Uno de los aspectos más llamativos del texto registrado por el Grupo Parlamentario VOX que yo resalto es que, literalmente, dice que su fuerza política no será cómplice de este Gobierno corrupto. Y dicen que la tramitación será empleada para introducir de forma espuria ―fíjense― enmiendas que ejecuten acuerdos para mantenerlo con vida. Es que no entiendo siquiera qué quiere decir este grupo parlamentario con esta última consideración. Lo que sí creo es que supone toda una declaración de intenciones, sobre lo que tampoco voy a emplear mucho tiempo en contestar. No obstante, por respeto a la Cámara, voy a intentar defender los puntos fundamentales y, por tanto, rebatir los argumentos, si los podemos llamar de esta manera, que se presentan en la enmienda a la totalidad. Yo creo que lo que realmente incomoda, señorías de VOX, no es tanto el contenido de este o de otros proyectos de ley, sino que con su voto los españoles hayan otorgado la confianza a este Gobierno. Por eso, desde el comienzo de la legislatura, ustedes siempre nos han calificado como un Gobierno ilegítimo o ilegal. Pero yo lo voy a dejar muy claro, como siempre que subo a la tribuna: el Gobierno de Pedro Sánchez nació de la voluntad popular expresada en las urnas y del respaldo de esta Cámara, de una mayoría suficiente que permitiera adelantarse en la investidura. Por eso, a estas alturas de la legislatura, pido a las señorías de VOX que acepten el veredicto de las urnas y dejen de negar la legitimidad y la legalidad de este Gobierno. . Al final, lo que incomoda a la ultraderecha de este país es que España lidere el crecimiento de las economías avanzadas, que tengamos récord de empleo, con una afiliación histórica, gracias también a la reforma laboral, es decir, que las reformas estructurales en los mercados productivos y en el mercado laboral que ha incorporado este Gobierno, lejos de traducirse en una pérdida de empleo, como auguraban los partidos de la derecha, tanto el Partido Popular como VOX, se han traducido en un incremento de la afiliación, haciendo posible lo que venimos trasladando: que es oportuno y necesario mejorar condiciones laborales de los trabajadores en términos de capacidad de negociación, de control de su propia jornada y a fin de tener un contrato indefinido para poder dotarse de un proyecto vital; en definitiva, toda reforma que combine la mejora de las condiciones laborales con la riqueza, el crecimiento económico y la generación de empleo, especialmente para las mujeres y los sectores más jóvenes. Lo que incomoda al Grupo VOX es que subamos el salario mínimo interprofesional un 61 % para casi dos millones de trabajadores y blindemos las pensiones de nuestros mayores ―más de nueve millones de pensionistas―, actualizándolas con el IPC. Lo que les incomoda, señorías de VOX, es que tengamos un presupuesto dedicado a becas para más de un millón de estudiantes sin precedentes en la cuantía, el cual supera los 2500 millones de euros, y que aprobemos un ingreso mínimo vital del que disfrutan más de 760 000 hogares, o, en definitiva, familias españolas. Lo que les incomoda es que seamos capaces de tener la mayor inversión pública en dependencia y vivienda pública de las últimas décadas, aunque, como bien saben sus señorías, la vivienda todavía es un asunto sobre el que, como país, tenemos que seguir profundizando, de la mano del conjunto de las Administraciones. Les molesta que ampliemos el permiso retribuido de paternidad y maternidad. Y, en definitiva, todo lo que suponen avances en este país, que permanentemente ha contado con el voto contrario de la derecha, del Partido Popular y también de VOX. Lo que les incomoda, señorías, es que protejamos la libertad y los derechos de las mujeres. Lo que les incomoda es que aprobemos medidas para mejorar la vida de la gente humilde. Yo diría que son estos los argumentos que se contienen en la enmienda a la totalidad. Y, por tanto, señorías, tengo que decirles que siguen defendiendo una España caduca y proteccionista, que no se corresponde con la pluralidad y la realidad actual del mundo en que vivimos. Y, además, señorías de VOX, ustedes son los grandes defensores de la desregulación de los mercados financieros, en particular ―tendrán que explicar por qué― de los criptoactivos. Por eso, no me extraña que estén en contra de esta y de otras normas que persiguen ese fraude tributario. Ustedes no creen en la lucha contra el fraude fiscal y contra el blanqueo de capitales y se oponen a que exista una cooperación reforzada, una coordinación de los mercados a nivel internacional, como promueve la OCDE. Y, según esta enmienda a la totalidad, señorías de la ultraderecha, tampoco creen en la Unión Europea ni en los compromisos y obligaciones que tenemos como país por el hecho de pertenecer a esta comunidad política, democrática y de derecho, y por eso también están en contra de esta transposición. Por tanto, yo les diría, señorías de VOX, que tienen que elegir si están con los intereses de la Unión Europea y con los intereses de España o si quieren cargarse el orden multilateral, basado en reglas que han regido desde la Segunda Guerra Mundial, porque es muy significativo que el principal socio de Gobierno que tiene el Partido Popular se dedique a bombardear, a torpedear todo lo que tiene que ver con la Unión Europea. Ustedes no votan a favor nada que venga de Europa y, por tanto, que dé cumplimiento a nuestro compromiso por la participación en este proyecto. Y, sobre todo, es significativo que estén en contra de una ley que viene a poner orden en estos mercados de criptoactivos para luchar de forma eficaz contra el fraude fiscal. . Por eso, creo que el modelo de sociedad que se trasluce, que se desprende de esa posición política es muy claro. Se está en contra de la cooperación administrativa internacional, se está en contra de lo acordado por la OCDE y las instituciones de la Unión Europea y se está en contra de avanzar en el control de las criptomonedas en el campo de la fiscalidad. Y no sorprende, es algo habitual en ese grupo parlamentario, y, por tanto, imagino que la posición que defenderán desde la tribuna será muy similar a la que venimos escuchando respecto a otros proyectos de ley. Pero lo que realmente resulta incomprensible es que el Partido Popular, un partido que tiene vocación de Gobierno, haya acabado sucumbiendo ante esta ideología de la extrema derecha, como hemos visto recientemente en referencia a otros asuntos, como el aborto, la inmigración o las mentiras y los bulos de la antipolítica. Al menos, yo espero que en esto, en el ámbito de la fiscalidad internacional, respecto de lo que el Partido Popular Europeo ha votado a favor de esta directiva, realmente puedan ocupar una posición de Gobierno y, por tanto, votar a favor de algo que es bueno para nuestro país, además de ser así coherente con lo que el Partido Popular ha votado en Europa. Para que se hagan una idea de la importancia de la lucha contra el fraude fiscal, durante el año pasado, en 2024, la Agencia Tributaria hizo aflorar 18 928 millones de euros en labores de prevención y lucha contra el fraude. Ello supone un esfuerzo que representa un 13 % más de lo que afloró en el año anterior tras la realización de casi dos millones de actuaciones de control. Y es uno de los ámbitos más relevantes en que hemos puesto de manifiesto la necesidad de un mejor intercambio de información y cooperación con la fiscalidad internacional. Es importante resaltar esto porque se va a incorporar todo lo que existe en relación con los criptoactivos. Para terminar, voy a resumir brevemente los motivos fundamentales para rechazar esta enmienda a la totalidad: en primer lugar, la relevancia de este proyecto para mejorar el control sobre los proveedores de criptomonedas; en segundo lugar, porque hay que transponer la directiva europea y evitar el riesgo del procedimiento de infracción, y, además, cumplimos con las obligaciones europeas internacionales, y, por último, estoy convencida de que las modificaciones que implica esta DAC8, así como el resto de los cambios previstos nos van a suponer una mejora en el control tributario y en la lucha contra el fraude fiscal. Creo que son razones suficientemente serias e importantes como para rechazar esta enmienda a la totalidad de devolución. Por eso, termino apelando al sentido común, a la responsabilidad de sus señorías para rechazar la enmienda a la totalidad que presenta VOX. No obstante, agradezco al resto de la Cámara la predisposición para la tramitación de este proyecto de ley, porque nos va a permitir seguir avanzando en materia de cooperación administrativa internacional. Lo importante en relación con la fiscalidad, más allá de su arquitectura y los elementos que contenga, es que todo el mundo, absolutamente todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias. Lo peor que puede pasar a un sistema fiscal es que algunos contribuyentes pudieran tener la sensación de que otros se escapan del control tributario, porque eso provoca desapego respecto a esa cuestión. Por eso creemos que es fundamental que todos a una persigamos ese fraude fiscal, que seamos capaces de poner los recursos para que aflore y, por tanto, que todos esos recursos repercutan en una mayor justicia social y también, cómo no y como siempre, en un mejor blindaje de nuestros servicios públicos, que es realmente lo que resulta de utilidad al conjunto de la ciudadanía. Con ese ánimo, les invito a que estudien el proyecto de ley y que, por tanto, voten a favor de él y en contra de la enmienda presentada por VOX. Muchas gracias. .
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José María Figaredo Álvarez-Sala VOX
Señora ministra, es impactante que se atreva usted a subir a esta tribuna a decir que todos tienen que contribuir. Sí, señora, todos, incluso el hermano del presidente, que estaba como residente fiscal en Portugal y, sin embargo, estaba viviendo en la Moncloa. . Delante de sus ojos, en su cara. Usted lo sabía. ¿Y a él no le inspeccionan? ¡A él no le inspeccionan! O sea, tienen que contribuir todos los españoles, salvo él. Y lo mismo sucede con el señor Aldama, que obtuvo un aplazamiento de una deuda tributaria después de tener una reunión con su segundo de abordo, aquel segundo de abordo por el cual usted pone la mano en el fuego. Es decir, todos los contribuyentes, salvo los que sean amigos del PSOE; esos no, esos reciben un trato de privilegio, esos tienen un trato de favor. Y no solo en materia fiscal, porque aquellas personas que están cercanas al Partido Socialista en cualquier concepto obtienen cargos, obtienen enchufes, obtienen colocaciones, obtienen empleos públicos; obtiene un carguito en Badajoz creado ad hoc para él, por y para él, que ningún otro español habría obtenido. . Esta es la realidad, que ustedes solo quieren sangrar a los españoles. Ustedes vinieron aquí a decir que venían a acabar con la corrupción, con todas aquellas historias, y esa fue la moción de censura de 2018, una moción de censura que defendió el señor Ábalos hablando de la corrupción. Esa moción de censura que se celebra en junio de 2018 hace que el Partido Socialista entre en el Gobierno. Pero es que el 13 de julio de 2018, es decir, un mes después de entrar en el Gobierno, el señor Ábalos ya estaba enchufando a su exmujer en un organismo público, en este caso en la Comunidad de Madrid, a través de Koldo, que es quien envía el currículum y la carta de incompatibilidad de la mujer de Ábalos. Es que esta es la situación que ustedes… . No, no ponga caras. ¿Es que no lo sabe? ¿No sabe que el señor Ábalos enchufó a su exmujer…? . ¿Que no lo sabe? ¿Se va a hacer la tonta ahora? ¡Usted no lo sabía! No sabía nada. Usted no se enteró de nada. . Precisamente ese es el problema, porque al final tenemos encima de la mesa dos alternativas. Hay una opción, y es que ustedes no supieran nada, en cuyo caso tendrían que ser ustedes descalificados ahora mismo por ineptos. Y está la otra opción, y es que ustedes estaban en el ajo. Evidentemente, esa es la realidad. Ustedes sabían absolutamente todo. . Hay un señor que está gritándome cosas acerca de mi tío, metiéndose con mi familia, como si yo tuviese control o no tuviese control. .
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José María Figaredo Álvarez-Sala VOX
El presidente del Gobierno de España facilitó , con relaciones con los CEO del IBEX 35, que su mujer montase un negocio desde la nada, al que ningún español habría podido llegar. . El presidente del Gobierno consiguió que al hermanísimo le regalasen un puesto de trabajo en Badajoz, un puesto de trabajo al que nunca asistió, un puesto de trabajo a pesar de ser residente fiscal en Portugal, un puesto de trabajo a pesar de ser residente fiscal y, en realidad, estar viviendo en la Moncloa, cuando todos ustedes lo sabían, y con unos privilegios que ningún español habría podido obtener jamás. Esa es la realidad. Y ese señor que viene y me dice que mi tío y no sé qué… . Ustedes están maniobrando para que todos sus familiares y todos sus amigos se beneficien de que ustedes estén en el cargo. . Porque ustedes han seguido, y, en cuanto descubrieron que tenían una investigación encima y que les habían pillado con el carrito del helado, lo que hicieron fue cesar a Ábalos. Y, a pesar de que ustedes lo sabían, se levantaron y, como focas, estuvieron aplaudiendo durante minutos interminables. . Usted, señora María Jesús, dijo que Santos Cerdán era uno de los mejores. ¡Uno de los mejores! Palabras literales. Eso fue lo que dijo. Y Santos Cerdán duerme en la cárcel, cuando usted sabía perfectamente todos los tejemanejes en los que Santos Cerdán estaba metido. Y sigue la cuestión, porque ustedes lo que hicieron fue desmantelar todo el entorno del señor Ábalos y colocarlos en empresas públicas, con grandísimas retribuciones y remuneraciones, para comprar su silencio y que no hablasen; con unas retribuciones y unas remuneraciones que ningún español de a pie podrá conseguir jamás. Y viene usted aquí y dice que los socios de VOX quieren acabar con el orden multilateral y que no defendemos los intereses... Señora ministra, VOX defiende los intereses de los españoles. . De los españoles de a pie, de los españoles trabajadores, de los españoles que cada día levantan la persiana, de los españoles que no llegan a fin de mes. Porque mientras que usted nos dice esto con una mano, con la otra mano España tiene impagos por los arbitrajes de inversión, por incumplimientos de contratos con empresas extranjeras, con sentencias firmes condenatorias de más de 1500 millones de euros, y el Gobierno de España decide no pagar. Entonces, si ustedes están tan a favor del multilateralismo, tan a favor de la seguridad jurídica y tan a favor de los tratados internacionales, paguen las deudas de España, porque todo ese pufo que ustedes están impagando lo tendrán que pagar con intereses los Gobiernos que vengan detrás. Y viene usted y nos dice: claro, es fundamental la fiscalidad para que todos paguen. Sí. ¿Sabe cuál es la fiscalidad? De ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) y de ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), del Partido Popular. Porque no me cabe ninguna duda de que al final, en cuestiones como la fiscal, ambos están en el mismo barco. Pensemos en el IVA. El IVA pasó del 18 al 21 %, en una subida que iba a ser provisional ―lo subió el Partido Popular―, y hoy día el IVA sigue al 21 %. Crearon ustedes un impuesto de hidrocarburos, que en teoría era una parte provisional hasta que se creasen medidas específicas para paliar el cambio climático. Pues bien, el impuesto sobre hidrocarburos sigue hoy vigente, a pesar de que han creado otro impuesto que se llama derechos de emisión de CO 2, que también es un impuesto que al final pagan todos los españoles. Ustedes crearon el impuesto a la electricidad. Y para que todo el mundo lo sepa, el impuesto a la electricidad determina cuál es el precio final de la factura eléctrica y sobre ese precio final se calcula el IVA. Es decir, han creado un impuesto que a su vez devenga impuestos para el bolsillo de los españoles. Esa es la forma fiscal del Estado que ustedes defienden. . Por cierto, IVA a la electricidad que han subido al 21 % a partir de enero de este año 2025 (aplausos.―La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, hace gestos negativos), para que luego venga aquí lloriqueando y nos diga: ¿en qué momento hemos subido los impuestos? Bueno, así lo han hecho. Ustedes establecen una rebaja provisional y cuando esa rebaja vence se produce la subida automática. De tal forma que esa falacia de cuándo hemos votado… Bueno, claro, no lo hemos votado porque sube de forma automática. . Sí, porque ustedes establecen un mecanismo que tiene una fecha temporal límite, y cuando llega esa fecha temporal ustedes no hacen nada y la subida se produce de forma automática. Esa es la realidad. Esa es su España: todos, salvo los cercanos al PSOE; todos contribuyen, salvo los cercanos al PSOE. Y ahora nos encontramos ante una norma que lo que pretende es establecer una fiscalidad específica para determinados activos financieros, para los criptoactivos, a los que ustedes ya les quieren meter el diente. Viene por la trasposición de una directiva europea y su no trasposición está generando ya una deuda para España, porque ustedes están trasponiendo tarde esa directiva. Esa, como tantas otras, señora Montero. ¿Sabe qué directiva tienen ustedes que trasponer también y qué normativa europea tienen que trasponer que no están trasponiendo? ¿Sabe cuál? La de la eliminación de los trabajadores temporales de la Administración pública. . Y con eso ustedes no hacen nada tampoco. Con eso ustedes se cruzan de brazos. O sea, ustedes se ponen estupendos con unas cuestiones, pero las otras prefieren pasarlas por alto. Pues bien, nos encontramos con una norma que aparentemente solo regula la fiscalidad de los criptoactivos, pero la realidad, señora Montero, que han manifestado los portavoces del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda, probablemente de forma muy indiscreta, es que el Grupo Socialista ya tiene preparadas las enmiendas para suplir la falta de aprobación de presupuestos generales del Estado. Ya tienen preparadas enmiendas espurias, que no tienen ninguna relación con la tramitación legislativa que aquí se va a celebrar, preparadas para presentarlas en tromba para ajustar todos aquellos impuestos que ustedes no van a poder ajustar precisamente por la no presentación de los presupuestos generales del Estado. Y esta información que dieron los portavoces del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda nos la han confirmado también personas dentro del Ministerio de Hacienda. . Sí, señora Montero, que nos han dicho literalmente que ya les han puesto a trabajar en las enmiendas a esta reforma de la Ley General Tributaria para suplir precisamente la falta de presupuestos generales del Estado. . Sí, señora Montero. Revise usted dentro del ministerio y verá que nos están dando a nosotros información, precisamente porque saben que la gestión que ustedes están llevando a cabo es un desastre. Porque la gestión que ha llevado a cabo el Grupo Socialista es básicamente la de fagocitar todas las instituciones con las que se ha encontrado. Han tratado de tomar el control de absolutamente cada institución que podía mantener algún tipo de equilibrio en España y eso afecta, en primer lugar, a la tramitación legislativa en este Parlamento, porque ustedes tienen el control de la Mesa, el control de las comisiones, ustedes deciden qué se mete y qué no se mete. Es más, cuando de repente, por una votación fortuita, se introducen unas enmiendas que a ustedes no les interesan, como sucedió con la ley de derechos de emisión de CO 2, lo que hacen es suspender la tramitación de esta ley, porque precisamente daría lugar a la aprobación de unas enmiendas que a ustedes no les interesan. Ese es el nivel de secuestro de las instituciones del Estado que ustedes han llevado a cabo. . Y esto aplica al Consejo General del Poder Judicial. Ese control lo tomaron gracias al apoyo del Grupo Popular. Y ese control afecta al Tribunal Constitucional, también con el apoyo del Grupo Popular. De hecho, Cándido Conde-Pumpido no sería presidente del Tribunal Constitucional si no hubiera sido por el apoyo del Grupo Popular. Y eso afecta a Radiotelevisión Española. . Sí, señora ministra. Ustedes llegaron a suspender una parte del Pleno por la riada de Valencia, pero mantuvieron viva otra parte del Pleno en la cual ustedes tomaron el control, al asalto, de Radiotelevisión Española. . Esa es la forma que ustedes tienen de proceder, que básicamente es asaltar cada institución del Estado con la que ustedes topan. Incluso ahora están maniobrando para tomar el control de la Real Academia de la Lengua. ¡Es que es surrealista! Ustedes no dejan un espacio de poder sin colonizar de forma absolutamente fraudulenta. Pues bien, esta realidad, señora ministra, es la que tratamos de impedir con la presentación de esta enmienda. Estamos hasta las narices y los españoles están hasta las narices de que ustedes se dediquen a sangrarles a impuestos para beneficiar a los suyos y para colonizar cada institución y cada resquicio de poder de la Administración pública. Así que, señora ministra, dejen de tomar al asalto cada una de las instituciones de España, dejen el Gobierno y pónganse a disposición judicial de una puñetera vez. Gracias. .
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Carlos Martín Urriza SUMAR
Hoy debatimos, como ha dicho la ministra, la posibilidad de modernizar la Ley General Tributaria y no el apocalipsis fiscal que nos ha planteado aquí VOX en la enmienda a la totalidad. . Es, sencillamente, un paso necesario para llevar nuestra legislación, como ha dicho la ministra, al siglo XXI, un siglo en el que existen los criptoactivos, la evasión global y también, desgraciadamente, los discursos terraplanistas en el ámbito fiscal. . Como en otras ocasiones, hoy hemos escuchado, y escucharemos por parte del Grupo Popular, hablar de infierno fiscal, de sablazo tributario y de las falsas noventa y cuatro subidas de impuestos que ha hecho este Gobierno. Pero esta ley no es una subida de impuestos, es simplemente un cambio legal que adapta nuestra norma a la jurisprudencia del Supremo y a la modificación de la Directiva sobre Cooperación Administrativa. Es, por tanto, una obligación de la Unión Europea. La directiva exige algo tan elemental como que quienes trafican, intercambian y especulan con criptoactivos también rindan cuentas y paguen impuestos. . Porque si las personas trabajadoras pagan impuestos por su nómina, ¿por qué no iba a hacerlo también quien gana millones desde su sillón en Andorra moviendo y vendiendo tokens? ¿O acaso el Grupo Popular y VOX defienden que quiénes ganan millones con los bitcoines no tienen que pagar impuestos como los paga alguien que gane en nómina 1500 euros? Esta ley va de tener un sistema tributario suficiente, equitativo y justo, porque sin un sistema tributario suficiente no hay cohesión, sin equidad no hay justicia y sin eficacia no hay progreso. Está demostrado que pagar impuestos compra civilización. Un ejemplo son los países nórdicos. Cuando tenían un nivel de renta per cápita como el que tenemos nosotros ahora, ya tenían un nivel de contribución fiscal, ya pagaban impuestos, más que los que pagamos nosotros ahora. Pues bien, con esta mayor aportación de ingresos los países nórdicos han financiado un estado del bienestar fuerte y equitativo que ha impulsado el progreso, porque un Estado que no recauda lo suficiente no puede invertir y un país que no invierte no progresa. Seamos claros, señorías, el sector público español está permanentemente infrafinanciado debido al bajo nivel de contribución fiscal. Nuestra contribución fiscal está 3,6 puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona. Son 58 000 millones de euros que se dejan de recaudar todos los años y que se podrían emplear para aumentar la inversión pública, para rebajar la tasa de paro y para ampliar el estado del bienestar. Ese agujero lo provoca una estructura fiscal injusta, donde las grandes fortunas siguen pagando menos que los trabajadores y donde las grandes empresas tienen un tipo efectivo medio del 5 % en el impuesto sobre sociedades, mientras las pymes y los autónomos, sin abogados en las Islas Caimán, pagan un 16 %. . Las derechas llaman a esto libertad económica; nosotros, competencia desleal, gorroneo y fraude fiscal. Pero no solo tenemos unos recursos públicos insuficientes; también hay despilfarro en su uso, aunque no de la manera que nos cuenta el Partido Popular. Un ejemplo: nunca se había gastado tanto en España por persona en el gasto sanitario; sin embargo, nunca habíamos tenido tantas listas de espera y tan largas. ¿Por qué? Porque cuando gobierna el Partido Popular deriva el dinero público a las clínicas privadas y esto encarece y devalúa los servicios sanitarios, como desgraciadamente han comprobado las pacientes de cribado de cáncer de mama en Andalucía. . Este es el verdadero despilfarro, la privatización de los servicios públicos. La eficiencia no está en privatizar, está en recaudar bien y en gestionar con rigor. El PP y VOX repiten constantemente el mantra de que el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente, pero con ese dinero público es con lo que pagamos los quirófanos, las universidades, las carreteras, las becas y también las vacunas que detuvieron la pandemia. Los impuestos, señorías, son el precio que pagamos por la democracia y quien presume de no pagar impuestos, en realidad está presumiendo de que no cree en ella. . El PP, en su deriva extremista, recientemente acaba de contraponer democracia a progreso, lo cual es muy preocupante. Esta ley introduce mecanismos de control con racionalidad técnica, sin demonizar la innovación, pero impidiendo que los mercados digitales sean un agujero de dinero negro donde se acumula fraude. Las enmiendas en las que estamos trabajando en el Grupo Plurinacional SUMAR buscan incluir a todos los criptoactivos, también a los de emisión descentralizada, señora ministra, también al bitcoin, que de momento está fuera del texto. Además, queremos clasificar los criptoactivos en función de su nivel de riesgo y elaborar un semáforo que sea fácilmente entendible por los pequeños inversores con el fin de protegerlos. Y, señora ministra, queremos asimismo que las ganancias de los criptoactivos tributen, como lo hacen en Francia y en Suecia, al tipo general y no al tipo del ahorro, en el IRPF, como aparece actualmente en el texto. . Las derechas llevan años confundiendo libertad económica con fraude, rebajas fiscales con crecimiento, recortes con eficiencia y patriotismo con egoísmo. En SUMAR decimos alto y claro: los impuestos no son el problema, el problema es la desigualdad. Esta ley, junto con las enmiendas que nuestro grupo va a presentar, da un paso firme hacia un Estado más justo, transparente y moderno. Por eso votaremos en contra de la enmienda a la totalidad de VOX y a favor de un país donde la Hacienda pública sea capaz de financiar los derechos de todas y de todos y de garantizar la igualdad de oportunidades. Porque no queremos un país donde los ricos vivan en libertad y el resto vivamos sin derecho. Queremos un país donde todas y todos vivamos dignamente. .
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Patricia Blanquer Alcaraz PSOE
Gracias, presidente. Señor Figaredo, con la enmienda que presenta se descalifica a sí mismo, pero es que su intervención lo que nos demuestra es que es el vocero de una fábrica de bulos. Ha hecho una intervención a la que nos tiene acostumbrados: faltona y grosera, porque la realidad es que usted no es una alternativa, es una provocación andante. No busca con su enmienda mejorar el texto de la ley; pretende impedirlo, convirtiendo el insulto en el argumento del que carecen. . No defienden una posición constructiva; lo único que pretenden es evitar que los grupos presenten enmiendas en la tramitación parlamentaria. ¡Menudos demócratas! No lo son. Así que ni hacen ni dejan hacer; son la nada más absoluta. Confunden oposición con obstrucción y presumen de una ejemplaridad que no practican, porque al intentar paralizar una ley que refuerza la trazabilidad, la transparencia y la cooperación internacional en materia tributaria se sitúan del lado de la opacidad y eso, señorías, no tiene nada ni de ejemplar ni de democrático. Una opacidad, por cierto, que permite estafas millonarias como la de$Libra, promovida por su referente ideológico, el señor Milei, y que acabó en fraude masivo el pasado febrero. Un espóiler, por cierto, de lo que serían ustedes gobernando: un fraude. Así que no, su enmienda ni es honesta ni es inocente, porque el proyecto de ley que pretenden devolver al Gobierno persigue poner luz donde hoy hay sombras, dar trazabilidad al dinero y cerrar las puertas al fraude. Pretenden frenar la ley y, al hacerlo, se convierten, quieran o no, en cómplices de quienes ocultan su patrimonio al fisco en el entorno digital. Y no es casualidad, señorías, no lo es; es un patrón. Cada vez que este Parlamento aprueba una norma que refuerza el control público, VOX vota en contra o pide su devolución. Lo hizo con la Ley 11/2021 contra el fraude fiscal, lo repitió con la trasposición de la DAC7 para obtener información de las plataformas digitales y ahora ―qué casualidad― lo hace con la DAC8, que amplía la cooperación fiscal europea para identificar a los titulares de criptoactivos y medios de pago electrónicos. Pero es que, además, la tramitación de esta ley responde a una exigencia europea, pero también a una necesidad nacional. Traspone una directiva y actualiza tres normas fundamentales, la Ley General Tributaria, la del IRPF y la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con un propósito común: reforzar la seguridad jurídica, modernizar la recaudación y mejorar la cooperación internacional frente al fraude. Primero, reforzar la seguridad jurídica. La ley fija plazos claros y precisos sin dar más poder a la Administración ni restar derechos a la ciudadanía, cumpliendo con lo establecido por el Tribunal Supremo, y establece un plazo para declarar la responsabilidad tributaria y otro para exigir el pago y así evitar litigios. Segundo. Vivimos en un mundo donde el dinero se mueve en segundos y los fraudes viajan a la velocidad de la luz. El proyecto de ley adapta la normativa para hacer frente a este entorno, garantizando la igualdad ante el fisco y una Hacienda preparada para el siglo XXI. Y tercero, transparencia y cooperación internacional. Se trata de que quien deba, pague, y quien cumpla no cargue con el peso de los que se esconden tras las pantallas o seudomonedas. . Por tanto, señor Figaredo, su enmienda no va contra el Gobierno, va contra la defensa y la seguridad de los españoles y de las españolas. Y con ello nos demuestran una vez más que son unos patriotas de escaparate, de esos que se envuelven en banderas mientras olvidan los principios e instituciones que dicen defender. Así que, señorías, no olviden de lo que estamos hablando, porque de lo que estamos hablando es de que Europa está construyendo un marco integral para la economía digital, donde el Reglamento MiCA regula los criptoactivos y habla de los inversores y el Reglamento DORA refuerza la ciberseguridad financiera. Y con la Directiva DAC8, que es la que trasponemos con esta ley, intentamos cerrar este triángulo desde la óptica fiscal. Por tanto, señorías, no lo duden, España cumple, y lo hace con este proyecto de ley en plazo, demostrando solvencia y liderazgo. . Y mal que les pese a las señorías de VOX, España es hoy un referente económico y un referente político internacional. Y queremos continuar siéndolo a pesar de ustedes, que, como demuestra esta enmienda, lo único que intentan es que España no vaya bien. Y entérense de una vez: España va bien, porque los españoles y españolas son una gente extraordinaria que está haciendo todo lo posible y está consiguiendo unos resultados extraordinarios. El FMI esta semana elevaba la previsión de crecimiento para 2025 y para 2026, siendo España la economía avanzada con mayor crecimiento tanto para este año como para el próximo. Y solo por eso, solo por eso, señor Figaredo, ya se recauda más, porque si tienes más, pagas más; así de sencillo. Y no porque se suban los impuestos, ya está bien de tanto bulo. Tenemos más empleo, más inversión y salarios reales al alza, con déficit y deuda pública en descenso; datos que avalan la gestión eficaz del Gobierno. Y esta ley, señorías, nos sitúa entre los países que aplican con ambición el nuevo marco fiscal europeo, protegiendo mejor a los contribuyentes y reforzando la igualdad ante el fisco. Por ello, no hay tiempo que perder. Este proyecto de ley debe continuar su tramitación sin demoras. No hacerlo sería renunciar a la transparencia y a la modernización del sistema tributario español. Y es que este debate no va solo de cumplir la directiva europea, va de algo mucho más profundo: de defender un sistema tributario justo y eficaz que garantice los recursos necesarios para sostener los servicios públicos que nos hacen iguales. Porque sin una Hacienda moderna y transparente no hay sanidad universal, no hay educación pública ni pensiones dignas. . Así que la justicia fiscal, señorías, no es un tecnicismo; es la base material de la democracia que defendemos los socialistas y la garantía del estado del bienestar. Así que ―termino ya― frente a quienes degradan la política a golpe de difamar, nosotros elegimos avanzar en transparencia y rendir cuentas, porque cumplir los compromisos europeos, modernizar nuestro sistema tributario y reforzar la confianza ciudadana no es una opción, es una obligación democrática. Y no hay excusa que valga, con la ley a algunos se les acaba la fiesta. Por eso votaremos en contra de la enmienda de devolución. .
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Gracias, señor presidente. Señorías, de forma sintética voy a empezar mi intervención explicando brevemente en qué consiste este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que tiene tres artículos, y es básicamente la modificación de la Ley General Tributaria en dos aspectos. El principal, efectivamente, como ya se ha dicho, es la trasposición de la última modificación de la Directiva europea de cooperación administrativa en fiscalidad, que supone la adaptación de la normativa tributaria a la aparición y auge de los criptoactivos. Vaya, para que todo el mundo me entienda, como las ‘chistorras’, pero virtuales. . El origen de estas modificaciones lo encontramos en la OCDE y pretende facilitar el intercambio de datos fiscales entre jurisdicciones para garantizar el cumplimiento fiscal, y también se prevé la embargabilidad de los criptoactivos. Se trata, efectivamente, de una adaptación legislativa a los nuevos productos financieros que han surgido del desarrollo de tecnologías digitales. Vaya, mayor transparencia en las operaciones, como los sobres transparentes del Partido Socialista, pero con los criptoactivos digitales. El segundo aspecto que aborda este proyecto de ley es una adaptación a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con los plazos de prescripción aplicables a los responsables subsidiarios de obligados tributarios. Y un muy breve tercer artículo que incluye a la Comunidad de Extremadura entre aquellas en las que el impuesto sobre sucesiones se liquida mediante autoliquidación. Me ha parecido relevante y necesario exponer el contenido del proyecto de ley porque, a diferencia de todo lo que suele pasar durante esta legislatura, es ―o como mínimo lo parece― inocuo. Y por inocuo entendemos que podría ser fácilmente compartido, pero también que ni suben impuestos ni crean nuevos ni es intervencionista ni contiene cesiones inasumibles a sus socios de Gobierno, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Y es eso lo que nos hace sospechar. Por lo tanto, lo vamos a dejar en sospechosamente inocuo. Y esta situación nos sugiere al menos dos cosas. La primera es sobre el contenido del proyecto de ley. Son modificaciones en el ámbito tributario que son muy propias de una ley de medidas fiscales de acompañamiento a unos presupuestos generales del Estado. . Sí, a presupuestos generales del Estado, eso a que obliga la Constitución; eso que nos permite al Legislativo controlar el gasto público; eso que permite la planificación y la estabilidad; eso que permite ajustar gastos e ingresos a la inflación y a nuevas políticas; eso que permite impulsar las políticas públicas necesarias en cada momento; eso que representa transparencia; eso que permite conocer y debatir las prioridades del Gobierno y su fiscalización política; eso que los ciudadanos, representados en esta Cámara, tienen derecho a conocer, así como votar cómo se usan sus recursos públicos. . Porque los usos de los recursos públicos a los que nos tiene acostumbrados este Gobierno no solo son los que ha relacionado el señor Martín, que se ha olvidado también de las mordidas que cobraban Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y vete a saber cuántos otros miembros amparados por este Gobierno y por el apoyo de SUMAR, que son cómplices de la corrupción de este Gobierno. Me permitirán que les recuerde una cita del ciudadano Sánchez en marzo de 2018: Un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada. Nada de presupuestos es lo que hay desde diciembre de 2022; nada de presupuestos durante esta legislatura. Con siete años de Gobierno de Sánchez, solo ha habido presupuestos tres años. Presupuestos, eso que sin convicción prometen, ministra, pero no llegan. Pues bien, este proyecto de ley permite visualizar la poca fe y las pocas ganas que tiene este Gobierno de presentar unos presupuestos generales del Estado, y menos aún una ley de acompañamiento; o, si los llegan a presentar, la poca fe en que se aprueben. Pero, en realidad, ¿para qué quieren unos presupuestos si la única prioridad de este Gobierno no es gobernar, sino mantenerse en el Gobierno? ¿Cómo decía Sánchez? Con o sin concurso del Poder Legislativo Pues eso. . Pero la segunda cosa que nos sugiere este proyecto de ley no es lo que dice, sino lo que no dice, pero terminará diciendo. Y es que el trámite de este proyecto de ley se convertirá en un mercadillo. La ficticia mayoría de la que el Gobierno presume provocará que cada uno de sus socios imponga sus exigencias y ponga precio a sus votos, precio que acabaremos pagando todos los españoles. Lo más probable es que este proyecto de ley termine en una subasta, en un zoco nocturno, en el que la ministra Montero se comprometa a una cosa con unos y a la contraria con otros, y termine engañando a unos y a otros. No es nada nuevo, ministra, no es un ejercicio de imaginación, es exactamente lo que ya sucedió a finales del año pasado para mantener a Sánchez en la Moncloa unos días más. Bueno, a Sánchez y al Sánchez del móvil apagado, el que contribuye en Portugal, y a Begoña y la autocaravana. Volvemos a coincidir con el ciudadano Sánchez: gobernar no consiste en vivir en la Moncloa. Si este proyecto de ley sigue su curso, tendremos la oportunidad de ver las dos cosas: no habrá presupuestos y se añadirán enmiendas para satisfacer a sus socios, y entonces es muy probable que les tengamos que decir que, si saben contar, con el Partido Popular no cuenten. Y termino con una última cita del ciudadano Sánchez: Yo, en su lugar, anticiparía las elecciones para que hubiera una mayoría parlamentaria distinta que pudiera gobernar este país. Gracias. .
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Muchas gracias, señor presidente. El pasado mes de junio, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, me opuse a la toma en consideración de esta proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con el fin de reformar el Reglamento de la Cámara para regular en él la figura de los lobbies o grupos de interés. Aduje entonces una serie de consideraciones de índole jurídico, pero hice también una mención expresa que hoy quiero reiterar aquí, porque en la exposición de motivos de esta iniciativa se dice literalmente que el objeto principal es reforzar la transparencia y luchar contra la corrupción, y esto lo dice el principal grupo que apoya en esta Cámara al Gobierno, un Gobierno opaco y rodeado de corrupción. Opaco, señorías, porque sistemáticamente se niega a rendir la información que se le solicita; por ejemplo, negándose a decirle a la Cámara cuánto cuesta anualmente al erario público, es decir, al bolsillo de todos los españoles, el mantenimiento de las consecuencias de esa invasión migratoria ilegal que el propio Gobierno fomenta; o, por ejemplo, negándose a decirle a la Cámara el número de vuelos realizados por los aviones oficiales Falcon a la República Dominicana y la identidad de las personas que han volado en dichos aviones; o, por ejemplo, negándose el propio Sánchez ante el Pleno de la Cámara a decir con qué altos directivos de empresas del IBEX habló personalmente en favor de los negocios de su esposa. . Y, desde luego, un Gobierno rodeado por la corrupción, por más que el señor presidente del Gobierno ayer mismo, en la sesión de control, tuviera la inmensa desfachatez de decir que su Gobierno es el Gobierno más decente de Europa. Un Gobierno rodeado de corrupción que empieza por el círculo familiar del propio presidente del Gobierno — su esposa y su hermano—, continúa con quienes fueron su círculo máximo de confianza política — Ábalos, Cerdán y Koldo— y sigue pendiente, con la espada de Damocles sobre él, de importantes investigaciones judiciales en curso, como las que afectan a la trama de las mascarillas o a la trama de los hidrocarburos y que, desde luego, pueden terminar salpicando a importantes personalidades socialistas. Y no es solo corrupción económica, señorías, porque corrupción es también trapichear con un delincuente prófugo de la justicia para ser investido presidente del Gobierno; o es mantener en su cargo al fiscal general del Estado cuando está a punto de ser juzgado por el Tribunal Supremo; o es lanzar a una fontanera socialista a urdir maniobras contra jueces, fiscales y miembros de la UCO que investigan la corrupción del sanchismo. Y, por supuesto, corrupción es también tratar de sojuzgar a la justicia, acallar a la prensa, invadir instituciones, quebrar la separación de poderes, pisotear el Estado de derecho o pasarse por el forro la Constitución, por ejemplo, llevando ya dos años sin presentar en esta Cámara el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, cuando la Constitución determina que esa presentación es imperativa, con independencia de si se tiene o no la mayoría para aprobarlos. Y, por cierto, ya que el Grupo Parlamentario Socialista muestra tanto interés por la figura de los lobbies, podría comenzar por esclarecer las andanzas de ese lobby que tiene montado Zapatero con el régimen criminal de Maduro o con China, o las andanzas también de ese otro lobby que tiene montado un exministro y ex secretario de Organización del Partido Socialista, el señor Blanco, acompañado, por cierto, en esas tareas por algún otro exministro del Partido Popular. . Así que, señorías, frente a esta iniciativa original del Grupo Socialista que nos parece puro postureo, mi grupo, a través de esta enmienda a la totalidad, propone a la Cámara seis reformas concretas. Primera reforma: limitar a doce el número de comisiones permanentes legislativas frente a la hiperinflación actual, fruto, a su vez, de la hiperinflación ministerial creada por Sánchez de veintidós ministerios. . Con esta reforma, sin lugar a duda, el trabajo de la Cámara ganaría en cohesión y supondría, evidentemente, un monumental ahorro para su presupuesto. Segunda reforma: garantizar la publicidad de los informes emitidos por los letrados de las Cortes a requerimiento de la Mesa de la Cámara o de la Mesa de cualquier otra comisión, tanto si afectan al procedimiento legislativo como a cualquier otra cuestión. Y, a tales efectos, señalamos que esos informes deberán ser distribuidos automáticamente a todos los grupos sin necesidad de petición previa, como ahora ocurre, y, para su mayor publicidad, recogidos en el Boletín Oficial de las Cortes. Tercera reforma: acabar con el fraude que supone el uso de las proposiciones de ley por parte de los grupos que conforman el Gobierno. Es un fraude manifiesto que se utiliza por el propio Gobierno para evitar tener que solicitar los informes previos preceptivos, según la ley, que la materia objeto de la iniciativa debería llevar si hubiere sido objeto a su vez de proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros. . Y por eso señalamos que, una vez calificada la iniciativa por la Mesa de la Cámara y previo al debate de su toma en consideración, bastará que un solo diputado, señorías, que un solo diputado se dirija a la Presidencia de la Cámara solicitando que se remitan esos informes para que la Presidencia de la Cámara, imperativamente, tenga que cursar esa solicitud al Gobierno y el procedimiento legislativo no se inicie hasta que esos informes sean recibidos. Cuarta reforma: recuperar el uso exclusivo de la lengua española en la actividad oral y escrita de esta Cámara frente al desafuero actual que supone el uso de las lenguas que son cooficiales solo en sus respectivas comunidades autónomas, según dictamina la Constitución, y, sin embargo, se sitúan aquí en pleno nivel de igualdad con la lengua española, lo que supone manifiestamente un ataque a esta, como símbolo de unidad política y territorial del Estado, y solamente responde por parte del Gobierno a satisfacer los intereses espurios de las fuerzas separatistas. . Esta reforma, a su vez, no solamente supondrá acomodar la práctica oral y escrita de esta Cámara a lo establecido en la Constitución, sino también un sensible ahorro al bolsillo de los ciudadanos, evitándonos el dispendio actual en sistemas técnicos de traducción y en traductores. Quinta reforma: incorporar expresamente al Reglamento de la Cámara la fórmula de acatamiento a la Constitución a través de un explícito «sí, juro» o «sí, prometo», para evitar la suma de excentricidades que venimos oyendo en las últimas legislaturas en el momento de constituirse esta Cámara, teniendo en cuenta que la doctrina del Tribunal Constitucional señala que no podrán darse como válidas todas aquellas fórmulas que supongan una contradicción con el espíritu de lo que es el acatamiento, o condicionen o desnaturalicen lo que este acatamiento significa como respeto al ordenamiento jurídico y como compromiso del diputado de ajustar su actuación a las leyes , y teniendo en cuenta también que sigue vigente la resolución de la Presidencia del Congreso, de fecha 30 de noviembre de 1989, que señala que esa fórmula ritual de acatamiento tiene que ser simple, explícita e igual para todos. Sexta reforma: acabar definitivamente con lo que supone un manifiesto fraude en la constitución de los grupos parlamentarios; un fraude normativo grosero por el cual se permite la constitución de grupos parlamentarios que no alcanzan el porcentaje de representación establecido en el propio Reglamento, mediante la cesión temporal de diputados de un grupo a otro. . De modo y manera, señorías, que incorporamos al texto del Reglamento de la Cámara una mención expresa de que esa cesión de diputados estará prohibida y solamente se podrán constituir grupos que representen efectivamente el porcentaje obtenido en las urnas que señala el texto vigente, para respetar también así la representatividad que los ciudadanos han querido otorgar a cada cual a través del resultado electoral. Por último, señorías, señalamos que, en el plazo más breve posible, el Reglamento de la Cámara debe someterse en su redacción a las recomendaciones de la Real Academia Española, esa que ahora quiere también asaltar el Gobierno, para limpiar de él todos los excesos del llamado lenguaje inclusivo. En definitiva, somos conscientes de que, después de las próximas elecciones, la futura Presidencia de la Cámara deberá impulsar otras reformas en orden a la racionalización del procedimiento legislativo, la mejora de la función de control y la configuración de los órdenes del día, pero las reformas que hoy proponemos para que esta Cámara las adopte, dotan, sin lugar a duda, a la práctica parlamentaria de mayor austeridad, de mayor eficacia, de mayor transparencia y de mayor respeto a las leyes, todo ello en beneficio de la propia institución, para que esta pueda recuperar cuanto antes el prestigio de los ciudadanos y el papel central que le corresponde en la vida política española. Ustedes tienen la palabra. Nada más y muchas gracias. .
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Obrigado, señor presidente. Moi bo día. Como ficou en evidencia na intervención e emenda á totalidade de Vox, non ten nada a ver coa proposta que viña aquí, que era a regulación, di o título dos grupos de interese, nós xa dixemos no seu día que este é un eufemismo que pode resultar moi ben, pero o que está falando son dos lobbies, dos grupos de presión económica sobre as decisións políticas e, por tanto, eu comezo por falar disto reiterando a posición do BNG e falarei despois tamén da emenda á totalidade. O BNG é evidente que está a favor da máxima transparencia nas políticas públicas porque concibimos esas políticas públicas como un servizo ás maiorías sociais e nunca, nunca, como o resultado dos intereses de grupos restritos, das elites dos que teñen o poder económico e que manexan tamén, infelizmente en moitos casos, os poderes públicos. Por tanto, rexeitamos calquera tipo de presión, pero dubidamos moito que a vía sexa precisamente legalizar os lobbies, legalizar aqueles grupos de presión que xa veñen actuando e temos exemplos moi claros de como o fan. Temos casos de empresas que especificamente se constituíron para este fin e que recollen excargos públicos, exministros tanto do Partido Popular como do Partido Socialista, porque desa maneira abranguen pois todo o arco de forzas políticas que teñen a opción de facer parte do goberno. Como se estivésemos nun filme americano e a verdade é que non creo que haxa que copiar nada de Norteamérica, pero aquí do que se trata é de copiar o peor dos peores. Por tanto, para nós resúltanos claramente problemático. Cremos que pode haber outras fórmulas de favorecer a transparencia que non sexan precisamente estas. Por exemplo, non se prohiben as portas xiratorias e temos expresidentes do goberno nos consellos de administración das grandes eléctricas e despois sorpréndenos o poder, a capacidade de decisión ou a capacidade de presión que teñen as eléctricas nas decisións deste Congreso ou nas decisións do goberno. Pois ao noso xuízo era bastante máis urxente regular e prohibir as portas xiratorias. E parécenos tamén inaceptable que se lle dea o mesmo tratamento a grandes empresas enerxéticas, por exemplo, a Repsol, que a unha asociación de veciños dun barrio ou que a unha plataforma de xubilados que o que defende o interese común e, por tanto, cremos que tamén isto hai que modificalo, para alén de que tal e como está regulado supón unha burocracia excesiva, especialmente para os grupos máis pequenos desta cámara. En calquera caso, de todo isto abordarémolo na fase de emendas parciais. Tanto foi a emenda á totalidade, que como digo, non ten nada que ver. Aquí están as obsesións permanentes de imposición política, ideolóxica e lingüística da ultra dereita, isto é ao que viñeron os que viñeron aquí. O primeiro que queren facer é prohibirnos que poidamos utilizar a nosa lingua neste Congreso. Os que permanentemente falan de imposición lingüística non se cortan en absoluto á hora de traer aquí un texto de clarísima imposición lingüística do español. O problema é que como levan 500 anos practicándose a imposición lingüística do español, polo menos galegos e galegas, parécelle que o poden seguir facendo de maneira eterna, de maneira permanente. Pois non, gañamos porque o conquistamos o dereito a utilizar aquí a nosa lingua e vamos seguir utilizando aquí a nosa lingua pense o que pensar e faga o que fixer a dereita ultra e a ultra dereita. A fórmula de acatamento. Ben, pois, pois, mire, se vostedes, o que pretenden é que todos comuniquemos coa Constitución están moi equivocados. Hai forzas políticas que rexeitamos a Constitución no seu día e que seguimos facendo, porque entendemos que é un corsé político a dereitos, tanto individuais como colectivos, que para nós son esenciais. Por exemplo, o dereito das nacións que facemos parte deste Estado á autodeterminación e poder decidir libremente. Pero queren coartar mesmo a capacidade que podemos ter de expresar esa discordancia coa Constitución, aínda que a renglón seguido se diga que imos acatar, como non pode ser doutra maneira por outra parte, o que di. Pois non, señores e señoras da ultradereita, tampouco aquí imos pasar por iso. Redución do número de comisións e en fin, reducir a capacidade, por tanto, tamén de intervención parlamentar. Informes para os grupos din que sosteñen o Goberno, portavoz da ultradereita, dixo aquí que conforman o goberno. Ben, xa é un pouquiño diferente, en todo caso, os que os que sosteñen o goberno nesa fórmula que é tan ambigua como inconcreta e de uso fundamentalmente xornalístico, levaría a unha inseguranza xurídica terríbel. Cales son as forzas que sosteñen o goberno? No caso do Bloque Nacionalista Galego unhas veces vota a favor e outras votan contra. Non sei se tamén teriamos a obriga de traer informes a calquera proposición de lei que trouxésemos aquí, pero efectivamente parécenos que é un intento máis de limitación da capacidade de actuación parlamentaria das forzas que aquí estamos representadas. O mesmo que aquela das limitacións á hora de constituír grupos parlamentares. Miren, señores da ultradereita, se o que se fixo ate agora fose ilegal, vostedes só tiñan recorrido e terían gañado. Non é así e por tanto, déixense de historias. E a linguaxe inclusiva é a traslación aquí da súa obsesión, con unha actitude absolutamente misóxina machista que non recoñece que existe aínda discriminación para as mulleres e que esa loita contra a discriminación debe reflectirse en todos os ámbitos, tamén na lingua que utilizamos. En todo caso, eu téñolle que dicir — vostede non o mencionou—, pero é que se hai unha cuestión en que si podemos estar de acordo co que vostede di é que o diario de sesións teña que recoller todo o que aconteza aquí, incluídos os incidentes. Si, a nós parécenos ben. Iso de que se retira do diario de sesións non deixa de ser un anacronismo, é bastante decimonónico, pero non ten ningún sentido nun momento en que isto se está transmitindo en directo en que hai unha testemuña videográfica do que acontece nesta tribuna e, polo tanto, pois parece que non ten nin pés nin cabeza que se retire. E por que estamos, ademais, en contra de que se retire? Porque nos parece ben que quede constancia do que di barbaridades, por exemplo, que di aquí a dereita e a ultradereita, como tamén... Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Como ha quedado en evidencia en la enmienda a la totalidad de VOX, no tiene nada que ver con la propuesta que se traía aquí, que era la regulación sobre los grupos de interés. Ya se dijo en su día que esto era un eufemismo, que está muy bien, pero que de lo que se habla en realidad es de los lobbies, de los grupos de presión económica, sobre las decisiones políticas. Por eso yo voy a empezar a hablar de eso, reiterando la posición del BNG, y luego también quiero hablar de la enmienda a la totalidad. El BNG está a favor de la máxima transparencia en las políticas públicas, porque consideramos que esas políticas públicas son un servicio a la mayoría social y nunca deben ser el resultado de los grupos de interés, de las élites que tienen el poder económico y que, por desgracia, también manejan en muchos casos los poderes públicos. Por tanto, rechazamos cualquier tipo de presión, pero tenemos dudas acerca de legalizar los lobbies, aquellos grupos de presión que ya vienen actuando. Y queremos ser muy claros sobre cómo actúan empresas que específicamente se crearon para ese fin y donde acaban cargos públicos, cargos que han estado en el PP y en el PSOE, y que al final afectan a todo el arco de fuerzas políticas que tienen esa opción de ser parte del Gobierno, como si estuviésemos en una película americana. Lo cierto es que no creo que haya que copiar nada de Estados Unidos. Aquí de lo que se trata es de copiar lo peor de los peores. Por tanto, nos resulta claramente problemático. Creemos que puede haber otras fórmulas para favorecer la transparencia que no sean justo estas. Por ejemplo, que se prohíban las puertas giratorias. Tenemos expresidentes del Gobierno en los consejos de administración de grandes eléctricas y después nos sorprende el poder y la capacidad de decisión que tienen las eléctricas en las decisiones de este Congreso o en las decisiones del Gobierno. Pero es que, a nuestro juicio, era bastante más urgente prohibir esas puertas giratorias. También nos parece inaceptable que se les dé el mismo tratamiento a las grandes empresas energéticas, como Repsol, que a una asociación de vecinos de un barrio o a una plataforma de jubilados que lo que defienden es un interés común. Por eso creemos que ahí también hay un espacio para la modificación y que, tal y como está regulado, es una burocracia excesiva para los grupos más pequeños de esta Cámara. En cualquier caso, todo esto lo vamos a tratar en la fase de enmiendas parciales. La enmienda a la totalidad, como digo, no tiene nada que ver. Aquí se habla de esa imposición política, lingüística… Esto es de lo que ha venido a hablar aquí este grupo, VOX. Nos quieren prohibir usar nuestra lengua en este Congreso. Aquellos que permanentemente hablan de imposición lingüística, no se cortan para nada a la hora de traer aquí un texto de clarísima imposición lingüística del español. El problema es que, como llevan quinientos años imponiendo el español a los gallegos y gallegas, parece que pueden seguir haciéndolo para siempre, de forma permanente. Pues no. Hemos conquistado el derecho a utilizar aquí nuestra lengua y la vamos a seguir utilizando, pese a quien le pese, y hagan ustedes lo que hagan, tanto la derecha ultra como la ultraderecha. Fórmula de acatamiento. Mire, si ustedes pretenden que todos comulguemos con la Constitución, están muy equivocados. Hay fuerzas políticas que rechazamos la Constitución en su día y lo seguimos haciendo, porque es un encorsetamiento político a algunos derechos, tanto individuales como colectivos, que para nosotros son fundamentales, como, por ejemplo, los derechos de las naciones que forman parte de este Estado a la autodeterminación y a decidir libremente; incluso también la capacidad que tenemos de expresar la discrepancia con la Constitución en nuestro idioma. Por tanto, no acatamos eso que dice. Y, señoras y señores de la derecha ultra y la ultraderecha, tampoco aquí vamos a pasar por reducir el número de comisiones, por reducir la capacidad también de intervención parlamentaria e informes para los grupos que sostienen al Gobierno. El portavoz de la ultraderecha dice que conforman el Gobierno. Los que sostienen el Gobierno, en esa fórmula tan ambigua como poco concreta y de uso periodístico, generan una seguridad jurídica poco clara. En el caso del BNG, a veces votamos a favor y a veces en contra. No sé si tenemos que traer informes para cualquier propuesta de ley que se presente, pero, efectivamente, nos parece que este es un intento más de limitar la capacidad de actuación parlamentaria de las fuerzas que estamos aquí representadas. Lo mismo que las limitaciones de constituir grupos parlamentarios. Señores de la ultraderecha, si lo que se hizo hasta ahora fuese ilegal, ustedes habrían ganado ya. O sea, que déjense de historias. Y en cuanto al lenguaje inclusivo, es traer aquí su obsesión con una actitud totalmente misógina, machista, que no reconoce que existe todavía discriminación para las mujeres y que esa lucha contra la discriminación debe reflejarse en todos los ámbitos, también en la lengua que usamos. En cualquier caso, yo tengo que decir ―usted no lo ha dicho― que si hay una cuestión en la que sí que podemos estar de acuerdo con usted es en que el Diario de Sesiones tiene que recoger todo lo que pase aquí, incluso los incidentes. Eso nos parece bien. Que se diga que se retire algo es decimonónico, es antiguo. En un momento en el que esto se está transmitiendo en directo, hay un testimonio videográfico de lo que está pasando en esta tribuna, parece que no tiene ni pies ni cabeza que se retire. Bueno, nos parece bien que quede constancia, por ejemplo, de las barbaridades que dicen aquí la derecha y la ultraderecha.
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Acabo. Como tamén queremos que consten cousas que dicimos aquí e que ás veces se retiran porque se usou aquí para dicir unha evidencia como que os Borbóns son uns ladróns, quero que conste en acta. Quero que conste en acta, porque ademais resulta que hai xente no cárcere por dicir xustamente iso. Por tanto, temos que dicir que niso estamos de acordo, en todo o resto non e por tanto, votaremos en contra. Moito obrigado. Termino. Como también queremos que consten cosas que decimos y que se retiran, porque si yo subo aquí evidencias y digo evidencias como que los Borbones son unos ladrones, quiero que conste en acta, porque hay gente en la cárcel por decir justamente esto. Por tanto, tenemos que decir que en eso justamente estamos de acuerdo y con el resto estamos en contra. Por eso votaremos en contra.
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Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV
Eskerrik asko, presidente. Egun on guztioi. Buenos días, señorías. Debatimos una enmienda de totalidad de VOX con texto alternativo frente a una iniciativa de reforma del Reglamento de la Cámara para regular y dar transparencia a la actividad e influencia de los llamados lobbies en las iniciativas que se tramiten en la Cámara. Señorías, ya desde este momento inicial manifestamos que no votaremos a favor de la enmienda de totalidad de VOX. Consideramos, con carácter general, que la regulación de los lobbies en la Cámara es un paso en la buena dirección, sin perjuicio, eso sí, de una reflexión sosegada, con el fin de lograr la mayoría más extensa posible y que, en todo caso, concite el apoyo de las sensibilidades mayoritarias de la Cámara. Por el contrario, señorías, VOX, ya desde el debate de toma en consideración, se mostró en contra de esta iniciativa, señalando, entre otras cosas, que carecía de encaje en el ordenamiento jurídico al no estar aún la figura de los lobbies regulada en relación con la Administración ni con el Gobierno, desconociendo VOX con este planteamiento el significado de la separación de poderes y que el Ejecutivo, el Legislativo y sus Cámaras son poderes distintos, con sus propias regulaciones separadas entre sí. Tampoco tenía fundamento alguno, a nuestro juicio, haber dicho, también por parte de VOX, que esta regulación de los lobbies debiera ser para ambas Cámaras, añadiendo que se llevaban cuarenta años esperando un reglamento de Cortes Generales, desconociendo lo que señala el artículo 72.1 de la Constitución, cuando establece que cada Cámara de las Cortes dispondrá de su propio reglamento. Ahora, señorías, con este voto particular nos proponen abandonar la regulación de lo mismo en el Reglamento de la Cámara y centrarnos en otras cuestiones que consideran más relevantes para lo que entienden la regeneración democrática del sistema parlamentario. Así, nos proponen de un modo particular reducir desde ahora el número de comisiones permanentes legislativas para adecuarlo anticipadamente al número máximo de ministerios con que contarán una vez alcancen el Gobierno. Señorías de VOX, primero lleguen al Gobierno y luego hablaremos. También se nos propone, sin que lo podamos ni siquiera considerar, eliminar de facto la capacidad de iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios que den apoyo al Gobierno, al obligarles a procedimientos de tramitación de sus iniciativas idénticos a los del Gobierno, pero que, por su complejidad y medios humanos y materiales requeridos, solo son accesibles al Gobierno y a la Administración que dirigen. Igual de rotundo rechazo nos suscita la propuesta de eliminar el uso de las lenguas propias de las comunidades autónomas en la actividad parlamentaria de la Cámara. Señorías, consideramos sinceramente un sinsentido por parte de VOX sostener que esto supone un ataque al castellano y a la unidad de España, y al derecho constitucional de usar el castellano. ¿Es que, acaso, señorías, a alguien se le impide el uso del castellano en esta Cámara? Además, ¿no significan nada para las señorías de VOX ni el preámbulo, ni el artículo 3 de la Constitución, que reclama la protección y respeto de las culturas, tradiciones y lenguas de los pueblos del Estado? Por último ―y voy finalizando, presidente―, también se nos propone una fórmula rigorista del cumplimiento del requisito reglamentario de acatamiento de la Constitución para la adquisición de la plena condición del cargo de diputado, cosa que tampoco compartimos, pues, ya lo dijimos en alguna otra sesión, supondría el desconocimiento de otros valores y principios constitucionales, siempre que en su formulación no se desnaturalice o vacíe de contenido el acatamiento mismo. Sin embargo, por nuestra parte consideramos que la forma más eficaz y eficiente de acabar con esta política sería la supresión reglamentaria del requisito del acatamiento. Señorías de VOX, en la Sentencia 119/1990, el Tribunal Constitucional ya ha manifestado que no es necesario constitucionalmente establecer una sujeción a esta, más allá de lo que dispone el artículo 9.1 de la propia Constitución, que establece que todos los ciudadanos y poderes públicos se encuentran sujetos a la Constitución, quieran o no los particulares o los diputados de esta Cámara. En definitiva, señorías, según el Tribunal Constitucional, el acatamiento de los diputados a la Constitución durante su toma de posesión ―lo dice literalmente― es irrelevante. En definitiva, en atención a lo manifestado, no daremos nuestro apoyo a la enmienda a la totalidad con texto alternativo por parte de VOX. Nada más y muchas gracias.
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Sí, bon dia. Gràcies, president. Diputades, diputats. La veritat és que m’ha donat l’alegria del dia, senyor diputat de VOX, quan ha dit allò de que cada vegada que parlem en català contribuïm a la desaparició d’Espanya. Jo no pensava que tingués tanta importància, però ja té algun sentit que estigui fent això. Per tant, moltes gràcies. A part d’això, és curiós veure aquesta esmena a la totalitat perquè vindria a ser: «Anem a regular l’activitat de diputats i diputades, algun membre del govern perquè intentem parar la seva capacitat d’influència un cop han acabat la seva feina legislativa en els grups». I ens responen: «¡España!». I dius: «Bueno, vale, vale, vale. Pero los lobbys, bé, els hem de tractar d’alguna manera, perquè no pot ser que no se sàpiga la feina d’influència que fan els lobbys». I ens contesten «¡España, la Constitución!» i dius: «Oiga, muy bien. Però hauríem de parlar de quina manera aconseguim que la petjada legislativa dels grups d’interès sobre els grups parlamentaris quedi reflectida perquè tota la ciutadania sàpiga a qui respon que els grups de cadascun dels grups parlamentaris en quant a interessos. Repsol, per exemple». I ens contesten: «Sí, sí, por España y en espanyol», què dius: «Oiga, muy bien. Ja ho he entès, ja ho he entès». Però saben què passa? Que podrien haver fet una esmena de devolució que incorporés tot el que hi ha i, a més a més, Espanya i l’espanyol. Llavors, des de la meva humil perspectiva, el que s’està fent amb aquesta proposició de reforma del reglament, no només és important, sinó que és urgent. És urgent perquè una de les coses que es transmet a la ciutadania és que això és opac, que aquí determinats grups d’interès manen la legislació que fem i que contribuïm als grups parlamentaris. I això en el nostre cas, per exemple, no és cert. Estaria molt bé explicar abans de que es fixin els impostos abans de que parlem dels impostos a les energètiques, amb qui es reuneix cadascun dels grups parlamentaris. Estaria molt bé perquè explicaria el servei de quins interessos està cadascun d’aquests grups parlamentaris i, per tant, i ho comentàvem fa un moment amb el diputat Néstor Rego del BNG, potser sí que hem d’adaptar algunes coses que fan els grups petits, com podem fer tècnicament aquesta feina o quin tracte diferencial hem de donar a les petites associacions enfront de les grans empreses. En tot cas, si jo trobo a faltar alguna cosa a la proposta de reglament i ho ha dit també és la prohibició de les portes giratòries, perquè vostès no sé fins a quin punt són conscients de com debilita la credibilitat del que en diuen la seva democràcia, el fet que en acabar una feina legislativa o de govern, les persones que les han encapçalat se’n vagin als consells d’administració de les grans empreses. Ja els hi diré jo: ho debilita del tot. I, per tant, la prohibició de portes giratòries, però la prohibició també als diputats i diputades d’aquesta cambra de feines, d’impuls legislatiu quan hagin acabat, és essencial que quedi reflectit. És obvi que el nostre vot serà negatiu a l›esmena a la totalitat. És obvi també que demanem al Grup Socialista que això es tramiti amb una certa rapidesa i que acabi tenint també una certa translació, perquè ara per ara, si alguna cosa no té aquest Estat, és credibilitat democràtica. Els ho hem dit moltes vegades i té a veure amb molts dels aspectes de l’Estat, però també en l’exercici del que vostès en diuen la sobirania popular. Entendran que per a mi la sobirania popular no correspon a l’Estat, correspon a la meva nació. Però, malgrat tot, mentre encara hi siguem, intentarem que aquest Congrés representi els interessos de les classes populars i treballadores de tot l’Estat, perquè en això podem ser solidaris. Hem de ser solidaris, som solidaris i mentre no estigui clar amb qui i sobre què es reuneix cadascun dels grups parlamentaris no ens en sortirem. Per tant, com sempre, en les nostres intervencions, menos Espanya i més democràcia. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Buenos días, diputados y diputadas. La verdad es que me ha dado la alegría del día, señor diputado de VOX, cuando ha dicho lo de que cada vez que hablamos en catalán contribuimos a la desaparición de España. Yo no pensaba que tuviera tanta importancia, pero ya tiene algún sentido que esté aquí haciendo eso. Por lo tanto, muchas gracias. . Aparte de eso, es curioso ver esta enmienda a la totalidad, porque vendría a ser: vamos a regular la actividad de diputados, diputadas, algún miembro del Gobierno, porque intentamos detener su capacidad de influencia con los grupos una vez han terminado el trabajo legislativo. Y responden: ¡España! Y dices: bueno, vale, vale, vale. Pero los lobbies los tenemos que tratar de alguna manera, porque no puede ser que no se sepa el trabajo de influencia que tienen los lobbies. Y nos contestan: ¡España!, ¡la Constitución! Y decimos: muy bien, pero tendríamos que hablar de qué forma conseguimos que la huella legislativa de los grupos de interés sobre los grupos parlamentarios quede reflejada para que toda la ciudadanía sepa a quién responde cada uno de los grupos parlamentarios en cuanto a intereses; Repsol, por ejemplo. Y ellos contestan: sí, sí, pero ¡España!, ¡y en español! Y dices: oigan, muy bien, ya lo he entendido, ¿eh? Pero ¿saben qué pasa? Que podrían haber hecho una enmienda de devolución que incorporase todo lo que hay y, además, España y el español. Entonces, desde mi humilde perspectiva, lo que se está haciendo con esta proposición de reforma del Reglamento no solo es importante sino urgente. Es urgente porque una de las cosas que se transmite a la ciudadanía es que esto es opaco, que aquí determinados grupos de interés avalan la legislación que hacemos y contribuyen a los grupos parlamentarios, y eso, en nuestro caso, no es cierto. Estaría muy bien explicar, antes de que se fijen los impuestos, antes de que hablemos de los impuestos a las energéticas, con quién se reúne cada uno de los grupos parlamentarios. Estaría muy bien porque explicaría al servicio de qué intereses está cada uno de estos grupos parlamentarios. Por lo tanto ―lo comentábamos hace un momento con el diputado Néstor Rego, del BNG―, quizás sí que habría que adaptar algunas cosas: cómo los grupos pequeños podemos hacer técnicamente este trabajo o qué trato diferencial tenemos que dar a las pequeñas asociaciones frente a las grandes empresas. En cualquier caso, yo, si extraño algo en la propuesta de reforma del Reglamento, es la prohibición de las puertas giratorias, porque ustedes no sé hasta qué punto son conscientes de cómo debilitan la credibilidad de lo que dice su democracia el hecho de que al terminar un trabajo legislativo o de gobierno las personas que lo han encabezado se vayan a los consejos de administración de las grandes empresas. Ya se lo diré yo: la debilita del todo. Por lo tanto, la prohibición de puertas giratorias, pero también la prohibición de los diputados y diputadas de esta Cámara a trabajos de impulso legislativo cuando hayan terminado es esencial que quede reflejada. Es obvio que nuestro voto será negativo a la enmienda a la totalidad. Es obvio también que pidamos al Grupo Socialista que eso se tramite con cierta rapidez y que termine teniendo también una cierta traslación, porque, por ahora, si algo no tiene este Estado es credibilidad democrática. Se lo hemos dicho muchas veces y tiene que ver con muchos de los aspectos del Estado, pero también con el del ejercicio de lo que ustedes dicen «la soberanía popular». Entenderán que para mí la soberanía popular no corresponde al Estado, corresponde a mi nación. Pero a pesar de todo, mientras todavía estemos aquí, intentaremos que este Congreso represente los intereses de las clases populares y trabajadoras de todo el Estado, porque en eso sí que podemos ser solidarios. Tenemos que ser solidarios, somos solidarios. Y mientras no esté claro con quién y sobre qué se reúne cada uno de los grupos parlamentarios, no saldremos adelante. Por lo tanto, como siempre, en nuestras intervenciones: menos España y más democracia. Muchas gracias. .
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Francisco Sierra Caballero SUMAR
Gracias, presidente. Señorías, quisiera empezar mi intervención felicitando al servicio de Taquigrafía, a los profesionales que hacen posible el principio publicístico de la democracia: ya saben, luz y taquígrafos, y no solo porque hacen un trabajo excelente, sino porque en los últimos tiempos de algarabía y rectificación de las transmisiones de actas por insultos y mala praxis de los diputados ultramontanos, su trabajo es especialmente más difícil de lo habitual. Así que muchas gracias por los servicios prestados. . Señor Gil Lázaro, mejor juramento, Dios, patria y plus ultra. En fin, sin comentarios. La obligación de dar publicidad es el alfa y omega de la democracia. El pasado 16 de enero se inició la consulta para el I Plan de Parlamento Abierto centrado en cuatro ejes. Tres de ellos conciernen a esta reforma del Reglamento: Uno, transparencia y acceso a la información para mejorar los procesos y decisiones del Congreso desde el punto de vista de la ciudadanía; dos, integridad y rendición de cuentas, procurando el cumplimiento total de las normas de las que nos hemos dotado y que los diputados de las derechas ―por cierto, quizá por eso la enmienda a la totalidad― no suelen cumplir; y, tres, la auditoría de la calidad democrática mediante la huella legislativa, que permite la fiscalización de la sociedad civil. En definitiva, estamos hablando de modernización y adecuación de esta Cámara a los tiempos de la era de la información, una demanda expresada por la Alianza por la Calidad Democrática y el Estado Abierto y también por la coalición Ampliando Democracia, que las medidas urgentes para la regeneración democrática demandaron: primero, reforzar el mecanismo de lucha contra la corrupción, en línea con las propuestas que presentó Izquierda Unida de acuerdo con las exigencias del Grupo GRECO contra los delitos de cuello blanco; segundo, blindar el derecho de acceso a la información y, tercero, la reforma del Reglamento del Congreso, un primer paso en esta dirección. En un tiempo de bulos y desinformación, en un mundo donde en todos los niveles se generaliza la razón cínica, atender a las prácticas que se acompañan a los discursos se torna urgente, más aún cuando se observa una premeditada política de opio entontecedor, contrario siempre a la frónesis, contrario a la contemplación del bien como forma de conducta, conocimiento y acción moral. Parece ser que VOX, a tenor del escrito, es más de pedagogía del escombro, más bien de la lógica del lanzallamas, borrar todas las huellas legislativas, borrar todos los restos, borrar los cadáveres, pero no van a poder. La democracia justamente se impone siempre a cierta lógica del secretismo, lo quieran o no sus señorías. . Vindicamos por ello coherencia con el sistema político que rige el dominio público en democracia a partir del cuidado de las formas. Sabemos que la libertad política resulta sin duda de la situación y del contexto histórico; si se adultera, la libertad es inmediatamente socavada. Por ello, necesitamos más democracia y normas sancionadoras frente a los abusos de hecho, responsabilidad y sanción, como garantía contra los liberticidas que minan la confianza de la población. Se trata, en fin, de decir lo que se hace, de hacer lo que se dice y de cultivar el principio de diálogo público ―subrayo, público―, como nos legó Julio Anguita, con coherencia y rigor, con método. Decía el bueno de Juan de Mairena que el problema de España es la fragilidad de la cultura oficial. Por ello, precisamos fortalecer esta institución ante aquellos que están enrocados en la lógica destituyente. . Permitan explicar cinco razones básicas para descartar la enmienda que presenta VOX. En primer lugar, la ley Montoro o la relación inversamente proporcional entre riqueza y transparencia, esto es, la oligarquía económica en este país se beneficia del despojo y la acumulación por desposesión, siempre ocultando sus intereses. Son más del singular en primera persona, de la hermandad de la saca, que hablan de infierno fiscal mientras viajan a Ginebra o trabajan para los grupos del IBEX 35 de espaldas al escrutinio público. Hipótesis Montoro, señorías del Grupo Popular, tomen buena nota de ello. En segundo lugar, hay igualmente una relación directamente proporcional entre la violencia del discurso contra toda regulación y la corrupción, sea del partido de la Gürtel o de los amigos de Milei, en los aprendices de la libertad retrocede. Se observa una clara y decidida voluntad de ocultación al anular todo control democrático. Lo hemos visto en Baleares y lo sufrimos en Andalucía. Señorías de VOX, sí, ustedes, los de la última fila, que se comportan como adolescentes revirados; ustedes, que hablan de patria, ignoran que el Estado se construye con sistemas de información y con organización; con registros, como el de los medios de comunicación o el de los grupos de interés. Así que no confundan ser integristas con ser integrales en la vida pública y, si pueden, aprendan y cumplan con la norma, rellenando, por ejemplo, la declaración de bienes y patrimonio. . De esto no hablan. De esta parte no hay referencia alguna. Díganselo al señor Abascal, que sigue como Mazón en el bar, probablemente hablando de otras cosas más importantes que de transparencia. Además, en tercer lugar, más allá de sus fines de la escuela austríaca, contraria a la democracia, estas son exigencias de la Unión Europea y recomendaciones de la OCDE. Si resulta que son incapaces de declarar su patrimonio y bienes como servidores públicos, quizás sería necesario, antes de 2027, hacer otra reforma del Reglamento para que vuelvan a repasar la cartilla Rubio, a ver si aprenden a juntar palabras con algo de concordancia y de veracidad. En cuarto lugar, la estulticia es el arte de la avaricia, pero la teología política de la imbecilidad no se sostiene en el tiempo. La verdad del ser humano la sentenció Juan de Mairena en la tontería inagotable y, en algunos casos, como la derecha ultramontana ha demostrado hoy, es agotadora. . Pero, señorías de la ilustración oscura, la mayoría del Congreso sabemos que no es posible la democracia deliberativa sin dominio público y el debido respeto o cuidado del ámbito de lo común, más aún considerando el eco de esta Cámara en la calle. Para ello es preciso reforzar la Oficina de Conflictos de Intereses, hacer efectivo el acceso ciudadano a los informes, que en lo sucesivo deberán ser públicos, universales y gratuitos, y fortalecer la iniciativa legislativa popular. Señorías del Grupo Socialista, ¿pueden explicarnos el sentido del voto contra la ILP «No es mi cultura»? La sociedad civil nos demanda consolidar mecanismos de participación del gobierno abierto, convertir la iniciativa legislativa popular en una herramienta útil de participación, como el derecho de petición, adecuando el Congreso a una forma institucional ágil, moderna y abierta. Hablamos de democracia deliberativa y de participación ciudadana. Es preciso flexibilizar la admisión a trámite de las iniciativas ciudadanas, reducir las materias excluidas, facilitar la recogida y concurso de la gente, eliminar barreras, promover paneles y auditorías ciudadanas sobre la actividad parlamentaria, como vienen haciendo Alemania o Reino Unido y la propia Unión Europea. En definitiva, somos conscientes de que la consulta pública ―termino presidenta― debe ser accesible como requisito de la democracia, contraria a la involución ultraderechista. Por ello, apoyaremos desplegar herramientas normativas en defensa del control social democrático, por conciencia, porque todo debate contrario al registro y a los sistemas de información compartida no tiene otro cometido que validar el dominio restringido de los intereses dominantes creados. Es hora de avanzar con firmeza y convicción. La gente quiere más democracia, mayor transparencia, garantías del cumplimiento de las obligaciones, seguridad jurídica y fiscalización social; calidad democrática, en definitiva. Es decir, Parlamento abierto, transparencia, contundencia y acción legislativa. Lo demás, señorías de VOX, es pura farfolla. Muchas gracias. .
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Marta Gracia Blanco PSOE
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la relación entre el Parlamento y los grupos de interés es crucial para un mejor funcionamiento de la democracia, pero necesita un marco que garantice su transparencia y la igualdad de oportunidades. En este ámbito, existe un vacío normativo que el Reglamento del Congreso necesita cubrir. Y, en este punto de la ecuación, entra VOX con esta enmienda a la totalidad con texto de sustitución. Introducen una propuesta provocadora sobre varios puntos y se cargan de un plumazo y sin más explicación el Título XIV que tratamos de introducir. Una vez más, la ultraderecha nos tiende su famosa trampa del pollo, como los adolescentes, cuando no les interesa debatir algo y quieren desviar la atención, montan un pollo, vociferan, sobreactúan y todos terminamos olvidando qué nos había traído aquí. . Señorías de VOX, yo no voy a entrar a debatir su propuesta de sustitución; una propuesta que busca la provocación, que tiene aspectos de dudosa legalidad ―yo diría que de dudosa constitucionalidad― y que se apoya en noticias de pseudomedios. No tenían ustedes bastante con generar demandas y juicios mediáticos a partir de noticias falsas, que ahora quieren legislar basándose en ellas. ¡Es lo que faltaba! Señorías, si ustedes quieren una reforma del Reglamento como la que proponen, aunque sea tan delirante, tan obscena, pues propónganla formalmente, pero no traten de evitar el verdadero objeto de esta reforma: la regulación de la relación del Congreso con los grupos de interés, que es precisamente lo único sobre lo que no se pronuncian. ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué tanta maniobra de distracción? ¿Por qué votan en contra de cualquier ley que refuerza la transparencia? ¿Qué les reporta la opacidad? Vamos a revisar la propuesta y encontraremos rápidamente la respuesta. Una de las grandes aportaciones de esta modificación del Reglamento es la introducción de un régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de los diputados de hacer pública su agenda y su declaración de bienes y de actividades. Esto les saca de sus casillas. Normal, claro. Los diputados de VOX, con Santiago Abascal a la cabeza, se resistieron reiteradamente a presentar sus declaraciones de bienes y de actividades. . Aún hoy en día, muchos de ustedes, con el señor diputado Gil Lázaro a la cabeza …
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Marta Gracia Blanco PSOE
… las tienen presentadas en blanco o con fórmulas genéricas, sin declarar importes o incompletas. Esto es muy fácilmente comprobable en la web del Congreso. . Lo hacen así porque el incumplimiento de estas obligaciones no acarreaba sanción hasta ahora. Señorías, en derecho se dice que quien puede lo más puede lo menos. Si la derecha extrema y la extrema derecha se saben impunes para mentir, enfangar e insultar incluso aquí, en sede parlamentaria; si el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid se siente impune para levantar falso testimonio contra el fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo y el PP es capaz de decir que mentir no es ilegal ; si el PP, que ha sido condenado tres veces por corrupción como partícipe a título lucrativo, sigue ocultando cuánto paga y cómo paga a su comité de dirección, muchos de ellos diputados en esta Cámara; si VOX ha sido condenado y multado tres veces por el Tribunal de Cuentas por financiación irregular y no le afecta en lo más mínimo; si pueden ustedes lo más, ¿cómo no van a poder lo menos? ¿Cómo no se van a sentir ustedes impunes por mentir en sus currículums, por declarar títulos que no tienen, por presentar declaraciones de bienes en blanco o por mantener opacas sus agendas? . Quizás a ustedes les parezca correcta esta ley del embudo, pero a la ciudadanía española le parece inaceptable, porque es inaceptable. El incumplimiento de esta obligación tiene que acarrear sanción. Y con todo, revisando esta propuesta de modificación del Reglamento que tanto incomoda a VOX, aparecen varios puntos que son todavía más trascendentales. Se trata de la creación de la huella legislativa, del registro para grupos de interés y de un código de conducta para los grupos de interés y de sus representantes, con su correspondiente capítulo de infracciones y de sanciones. Señorías, cualquier persona o cualquier colectivo puede tener interés en influir en la actividad legislativa y es, en general, legítimo y beneficioso escuchar a las personas con discapacidad, a los bomberos forestales, a las artistas o a las expertas en violencia de género. Todo ayuda a que la norma salga mejor. Es el principio básico de la participación, pero la participación debe ir unida a la transparencia porque, si no existe, puede suceder ―caso hipotético― que un ministro de Hacienda y su círculo de confianza mantengan una consultora económica que actúe como grupo de interés opaco y que, previo cobro de jugosas comisiones, se asegure de que la legislación que se aprueba en el Congreso beneficie, ¿qué diría yo?, se me ocurre, a las grandes eléctricas, a las casas de apuestas o a las gasistas. . Beneficiar significaría, por ejemplo, que esas grandes empresas tuvieran ahorros fiscales de miles de millones de euros mientras los ciudadanos, los ayuntamientos y las Administraciones públicas se vieran ahogados por recortes salvajes y un austericidio forzado por ese mismo ministro. Señorías de VOX, tómense en serio la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. No tiene ningún sentido que los contactos con los lobbies y los parlamentarios no sean absolutamente transparentes y que, si se ocultan, esa conducta no tenga su sanción correspondiente. Porque quien oculta lo que tiene y con quién se reúne no defiende a España, se defiende a sí mismo. Señorías de la extrema derecha y de la derecha extrema, hablan de patriotismo, se envuelven en banderas con esa oratoria impostada y sobreactuada mientras expolian al país y esconden su propio patrimonio. Eso, señorías, no es servir a España, eso es servirse de España, y eso los socialistas no lo vamos a consentir. Muchas gracias. .
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Muchas gracias, señora presidenta. En virtud del artículo 71, ya que se ha producido en la intervención de la portavoz socialista una manifestación profundamente injuriosa hacia mi grupo, amén de falsa.
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Muchas gracias, señora presidenta. Se puede mentir. Por desgracia, es común mentir. Pero lo que no se puede, además, es hacer el ridículo. Tanto el portavoz de SUMAR como la señora portavoz del Grupo Socialista han dicho, literalmente, que los diputados de este grupo parlamentario no han entregado por escrito sus declaraciones de bienes y de actividades. Una soberana memez, señores diputados, porque si no las hubiéramos entregado por escrito no estaríamos sentados aquí. . No hubiéramos cumplido una de las tres condiciones básicas para adquirir la condición plena de diputado. A ver si, por tanto, son ustedes más rigurosos, incluso a la hora de mentir. .
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Muchas gracias, presidenta. La importancia de los grupos de interés y del sector se pone de manifiesto con algunos datos. Se calcula que en España hay más de 30 000 lobbies, 6000 solo en el registro que, al efecto, se puso en marcha en Cataluña, y su incidencia es muy evidente en todos los procesos de decisión. Está suficientemente estudiado desde el famoso libro de Mancur Olson, que establecía que influían más aquellos grupos que tenían un interés económico muy fuerte y, además, eran pocos los miembros que formaban parte de él, lo cual produce sesgos en bienestar porque tienen más capacidad de influir que los grupos extensos en donde el interés económico se diluye. Desde que sabemos que los grupos de presión, los grupos de interés tienen una cara bifronte, son una especie de Jano, el dios romano de las puertas, que por un lado contribuyen a mejorar los procesos de participación en la adopción de decisiones públicas, pero por otro lado pueden permitir que haya ventajas comparativas por distintas capacidades de influencia en el poder político y, por lo tanto, generar costes de bienestar, también sabemos que el peor de los costes es el vinculado con la corrupción. De ahí que el Gobierno incluya su regulación en un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Combatir la corrupción es fundamental, es la base del deterioro de la democracia y de la legitimidad de los representantes. Cuando los ciudadanos perciben que las instituciones públicas no se comportan de forma equitativa cuando hay intereses grupales o individuales en conflicto, la democracia se desmorona, porque se basa en la igualdad de participación y en la primacía del interés general. Porque la corrupción no es solo, ni tan solo, constatar comportamientos delictivos. Y así lo dicen todos los informes internacionales, que ponen de manifiesto que en España se está deteriorando la percepción de la corrupción. Hay un aumento significativo en los últimos cinco años. Ocupamos el lugar decimosexto en la Unión Europea en percepción de la corrupción, y el Eurobarómetro Especial de la Corrupción dice que el 89 % de los españoles consideran que está extendida y, en el ámbito de las empresas, consideran que en el 53 % de las empresas es un problema para su actividad cuando en la Unión Europea es solo del 35. Insisto, la corrupción no es solo el delito, es usar un cargo público, ―como dicen autores como Mendilow, o de los nuestros como Jiménez o Miralles― para subvertir las fronteras que separan el poder social y económico de la autoridad política con el fin de promover beneficios parciales, ya sean individuales, grupales o institucionales. . Desgraciadamente, estamos viendo muchas ocasiones en las que esos límites entre el poder social y económico y las autoridades políticas se subvierten. Hemos visto favorecimientos insoportables desde despachos del Congreso ―caso Tito Berni―, algunos conocidos solo por las actuaciones del Poder Judicial, y los vemos en otras instancias y dependencias públicas, como incluso desde la propia Moncloa. Para evitarlo, los organismos internacionales especializados insisten en dos aspectos para regular la relación entre el poder político y los grupos de interés: la transparencia y la independencia del mecanismo de control del cumplimiento de las normas de comportamiento ético y de las obligaciones de los actores, tanto de los lobbies como del propio actor político. Los dos más recientes, el Informe sobre el Estado de Derecho de España, que se hizo público en julio de 2025, dice que, pese a los avances que se han hecho en relación con el tema que nos ocupa, la Oficina de Conflictos de Intereses sigue integrada en la estructura del Gobierno a efectos organizativos y presupuestarios, por lo que consideran que no se cumple la recomendación dada en su día sobre la regulación de los grupos de interés. O en la quinta ronda de evaluación de GRECO, que se hizo pública en junio de este año, se dice expresamente, y cito literal, que GRECO lamenta que las autoridades hayan optado por mantener la subordinación de la Oficina de Conflictos de Intereses al Ejecutivo, ya que permanece bajo la estructura jerárquica del ministerio y carece de su propio presupuesto. Por tanto, GRECO requiere mejores medidas dirigidas a garantizar la independencia y la autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses. Es evidente, señorías, que España llega tarde. La primera recomendación al respecto de GRECO es del año 2018. Y ello, pese a que este Gobierno y el grupo que lo apoya basaron la moción de censura que los llevó a ocupar el Ejecutivo en el objetivo de combatir la corrupción. Podríamos establecer vínculos con quien defendió en la Cámara en aquella ocasión la moción de censura, que ayer estuvo declarando en el Supremo para explicar el inexplicable retraso en la tramitación de la regulación de la actividad de los grupos de presión, para explicar por qué es ahora, cuando surgen nuevos casos próximos a la Presidencia del Gobierno y del Partido Socialista, cuando se agiliza la tramitación de esta norma o la que afecta a la relación de los grupos de interés con la Administración Pública. Lo importante, en cualquier caso, es regularlo y hacerlo bien. Y hacerlo bien no es hacerlo por vía exprés ni con un trágala, sino con diálogo y acuerdo sobre unas normas que nos van a afectar a todos y a través de un debate, como dijo el señor Legarda, sosegado. Somos conscientes de la necesidad de mejorar esta propuesta de reforma del Reglamento; de que hay que presentar enmiendas para cohonestarlo con la ley tanto en la definición de lo que es un grupo de interés como en las obligaciones de las partes implicadas; de que hay que garantizar la ausencia de arbitrariedad en las sanciones y garantizar la independencia de los órganos actuantes. .
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Y somos muy conscientes de que el propio grupo y Gobierno que impulsan la proposición de ley de reforma del Reglamento, en su Plan Estatal de Lucha contra La corrupción, ya hablan de modificar la ley que estamos tramitando junto con otras, como la ley de altos cargos, la ley de transparencia, la Ley de Contratos del Sector Público, por cierto, aprobadas por el Grupo Popular, así como la Ley de Protección del Informante, y que eso va a requerir un esfuerzo añadido. Creemos en la necesidad de avanzar en la transparencia en la actividad de los grupos de interés, por eso, no podemos entender la enmienda a la totalidad de VOX, que, extrañamente, es una enmienda intrusa, porque habla de todo menos de la regulación de los grupos de interés, cuando en el debate justamente anterior presentaban una enmienda de totalidad justificando que pudiese haber enmiendas intrusas en el texto que se quería tramitar en la Cámara. No entendemos esa enmienda y solo nos la explicamos porque ese grupo se mueve bien en la opacidad y, lógicamente, en el populismo. . Concluyo. Señorías, el Grupo Popular cree necesario regular la actividad de los grupos de interés y las actividades de influencia en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero en serio, no para lavar la cara del Gobierno para que parezca que se hace algo cuando no se hace nada y todo siga igual mientras los procesos judiciales siguen avanzando. Por el contrario, si se trata de avanzar en el cumplimiento completo y real de las recomendaciones de la Comisión Europea y de GRECO, el Grupo Popular actuará responsablemente en coherencia con lo que ya es, desgraciadamente, tras ocho años de Gobierno sanchista, una prioridad para España: reforzar nuestras instituciones democráticas ante el evidente deterioro que están sufriendo. Muchas gracias. .
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Gracias, presidenta. Declaración institucional en torno al Día Mundial del Cáncer de Mama. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención, la detección precoz y el seguimiento de la enfermedad, así como el acceso a los avances diagnósticos y terapéuticos y el apoyo a pacientes, familiares y su entorno. Asimismo, el 13 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico para dar visibilidad a la enfermedad, promover la investigación y rendir homenaje a quienes han fallecido a causa de la enfermedad. En estas fechas, se ha de recordar que el cáncer de mama sigue siendo un importante problema de salud pública, tanto por su incidencia ―una de cada ocho mujeres podrá tener este tipo de cáncer a lo largo de su vida― como por el hecho de que continúa siendo la primera causa de fallecimiento por cáncer entre las mujeres; también por sus importantes repercusiones físicas, psicológicas o laborales. En las últimas décadas, han sido notables los avances alcanzados en la lucha contra la enfermedad tanto desde el punto de vista terapéutico, gracias al fomento de la investigación, como del diagnóstico. Todo ello ha conseguido que la tasa de supervivencia en nuestro país a cinco años haya mejorado, situándose actualmente por encima del 82 % y superando el 99 % si el diagnóstico es precoz y el tumor está bien localizado. De ahí que sociedades científicas, profesionales y asociaciones de pacientes pongan de relieve la importancia del diagnóstico precoz como la manera de garantizar un mejor pronóstico y una posible curación. En este sentido se alinea la estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud, que establece que el diagnóstico precoz mediante programas de cribado debe seguir siendo un elemento importante junto a otras medidas, como las estrategias de diagnóstico rápido y la garantía de acceso a medidas terapéuticas efectivas. Por todo ello, el Congreso manifiesta su compromiso por seguir visibilizando la situación de pacientes y de las personas que han superado un cáncer de mama y muestra su solidaridad con todas estas personas y sus familias. Asimismo, promoverá en el conjunto de la acción institucional el uso de un lenguaje responsable y empático en torno al cáncer, evitando su uso como sinónimo de un hecho grupal destructivo. Además, reconoce el papel indispensable de los profesionales y las asociaciones de pacientes en la lucha contra la enfermedad, así como la necesidad de seguir impulsando políticas públicas para mejorar la prevención, la detección precoz, el tratamiento, la atención integral y el acompañamiento a las personas afectadas. Y traslada a todas las Administraciones competentes la necesidad de garantizar los recursos técnicos y profesionales que vayan desde la prevención hasta el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, garantizando la calidad y seguridad en todo el proceso de atención y en todo el sistema sanitario, entendido como un derecho fundamental de todos y todas las pacientes. Muchas gracias. .