Pleno del Congreso n.º 140 · XV legislatura

Maribel Sánchez Torregrosa PP

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero que mis primeras palabras, en nombre de todo el Grupo Parlamentario Popular, sean de bienvenida y agradecimiento a la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, que hoy nos acompañan en la tribuna de este hemiciclo. . Señorías, esta federación da voz a diecisiete mil familias en nuestro país. En mi provincia, somos testigos del gran trabajo que hacen a través de Luis Cruz, presidente de la Asociación de Celíacos de Almería, y de toda su junta directiva. Por tanto, enhorabuena por esa labor, de la que estamos todos muy agradecidos. Señorías, la gran mayoría de todos nosotros llegamos a la política con la intención de ser útiles, de mejorar la vida de la gente. Hoy tenemos una oportunidad de oro para mejorar la vida de las personas con enfermedad celíaca. Les hablo de quienes diariamente viven en alerta para que un simple bocado no acabe dañando su salud. Aun así, se enfrentan a una injusticia añadida: la de pagar más por su alimentación para no enfermar, porque su tratamiento, señorías ―y esto es muy importante tenerlo muy claro―, no está en un hospital, su tratamiento está en la despensa de sus casas. Ese tratamiento, que se llama una dieta estricta sin gluten, es la única medicina que tienen todos estos enfermos. Y no, no existe pastilla alguna, ni vacuna, ni un tratamiento alternativo; el único tratamiento posible es una dieta sin gluten, estricta y de por vida, dieta que les obliga, señorías, a pagar entre tres y cuatro veces más por un producto tan básico como el pan o unas simples galletas. Por eso, en el Grupo Parlamentario Popular presentamos esta Proposición de ley de compensación económica para las personas celíacas, la primera iniciativa con rango de ley en España que busca ofrecer una ayuda directa y reembolsable a quienes soportan este sobrecoste. . Es por todo ello por lo que, a través de esta proposición de ley, proponemos una deducción en el IRPF de hasta 600 euros por cada miembro de la unidad familiar que esté diagnosticado con la enfermedad celíaca. Se trata de una ley que, además, crearía un registro estatal de pacientes con enfermedad celíaca para garantizar la transparencia, el rigor y la justicia en el acceso a esta compensación económica. Es importante, señorías, que quede muy clara una cosa: esta medida no es para alguien que decida voluntariamente quitarse el gluten de su dieta, no, aquí no hay voluntariedad. Esta medida es para aquellos enfermos que estén diagnosticados por un especialista médico; esta medida es exclusivamente para esas personas diagnosticadas a través de un facultativo. Señorías, también queremos que quede muy claro que esta iniciativa está abierta a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Puede que prefieran otro método de evaluación, que les guste más otro procedimiento, que la cantidad propuesta les parezca alta o baja, no lo sé, señorías, pero estamos abiertos al diálogo, a mejorar, y cuentan con la mano tendida de todo el Grupo Parlamentario Popular para hacerlo posible. . Señorías, insisto, con el voto favorable a esta toma en consideración nos permitimos abrir el debate, su negociación con las enmiendas, con las propuestas, tanto de la federación como de los distintos grupos políticos, para hacer la primera ley que venga a mejorar la vida de las personas celíacas. Para ello necesitamos el compromiso de todos ustedes y por eso les pedimos su voto favorable. Señorías, según la Sociedad Española de Enfermedad Celiaca, el 30 % de la población mundial tiene genética compatible con la celiaquía, pero solo entre el 1 y el 2 % de la población total desarrolla la enfermedad celíaca. A nivel nacional, estaríamos hablando de que hay quinientos mil pacientes de enfermedad celíaca. Sin embargo, señorías, se estima que entre el 70 y el 80 % de la población no sabe que es celíaca. Si trasladamos estos datos a esta Cámara, para que se hagan una idea clara de lo que estamos diciendo, si en este hemiciclo estamos trescientos cincuenta diputados, estaríamos hablando de que seis diputados son celíacos y, lo más importante, señorías, cuatro de ellos no saben que padecen celiaquía. La celiaquía no es una intolerancia, la celiaquía no es una alergia, la celiaquía es una enfermedad autoinmune de carácter genético y multisistémica, sin tratamiento médico, que puede provocar en celíacos no diagnosticados enfermedades como dermatitis, problemas de encías, migrañas, problemas de crecimiento e incluso problemas en el embarazo, además de los propios problemas del sistema digestivo. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el último informe de precios de productos específicos para personas celíacas, presentado el pasado 2 de abril por la Federación de Asociaciones de Celiacos de España, que aquí nos acompaña, las personas que deben seguir una dieta sin gluten afrontan un sobrecoste anual estimado de 977,85 euros en alimentación específica, en comparación con quienes no tienen esa necesidad. Es una afirmación que comparte hasta la propia OCU. Señorías, a lo mejor no se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Estoy hablando de que una familia que tiene un niño celíaco en su casa tiene un sobrecoste anual de 1000 euros, pero como, además, esta enfermedad es de tipo genético, puede ser que sean hasta dos o tres miembros de esa familia los que tengan un sobrecoste de 1000 euros. Estamos hablando de que una familia puede tener unos 3000 euros aproximadamente de sobrecoste anual. ¿Ustedes se imaginan lo que esto supone para una familia vulnerable? ¿Ustedes se imaginan lo que esto supone para esas familias que lo están pasando mal para llegar a final de mes? Señorías, no existe ninguna ayuda económica a nivel nacional para compensar los gastos derivados del único tratamiento que tiene esta enfermedad: una dieta estricta sin gluten. Y si las familias españolas sin celiaquía ya tienen dificultades para llegar a final de mes porque tienen que soportar la subida de ese 37,5 % en el precio de los alimentos en estos años, en el caso de familias con uno o varios miembros diagnosticados con la enfermedad celíaca estas dificultades se multiplican. Señorías, el coste anual máximo de nuestra propuesta sería de 300 millones de euros. Pero con los datos actuales de personas diagnosticadas sería mucho menor ―estamos diciendo que entre el 70 % y el 80 % de la población no está diagnosticada―, estamos hablando de que la proposición de ley que les trae el Grupo Parlamentario Popular solamente supondría 60 millones de euros al año. Es decir, es un coste totalmente asumible para un Estado que en el año 2024 ha tenido una recaudación tributaria récord, cercana a los 300 000 millones de euros. Señorías, estamos hablando con sentido común y con corazón, pero, además, estamos hablando con coherencia, porque todos ustedes saben que el año pasado en la Comisión de Sanidad se aprobó una proposición no de ley del Grupo Socialista en la que una enmienda transaccional, gracias a todos los grupos políticos, consiguió el apoyo mayoritario de toda la comisión, y esa proposición no de ley decía lo que decimos nosotros en esta iniciativa. Así que lo que está haciendo el Grupo Popular es, por pura responsabilidad, dar solución, poner las medidas, poner los registros necesarios para cumplir el mandato que ya tuvo esta Cámara en la Comisión de Sanidad a través de esa proposición no de ley. En este punto, señorías, y teniendo en cuenta nuestra mano tendida para mejorar esta iniciativa, en el Grupo Parlamentario Popular sí vamos a exigir responsabilidad y seriedad, porque no todo vale, para que una vez aprobada la que será la primera ley de la historia de compensación económica para las personas celíacas, señorías, demos la cara ante los españoles y les hablemos con seriedad y con responsabilidad. Y mi primer ruego va a la presidenta de esta Cámara, a la señora Armengol: por favor, por respeto a las diecisiete mil familias que están hoy aquí representadas, por respeto a esos enfermos, cuyo único tratamiento es una dieta libre de gluten, por favor, cuando esta ley se apruebe , no la meta en el congelador, donde ya tiene cuarenta y una iniciativas del Grupo Popular. También, señorías ―y esto va al Gobierno del PSOE y sus socios―, cuando esta iniciativa se apruebe con el apoyo de toda la Cámara, porque estamos demostrando que es una iniciativa con mucho sentido común y que necesitan todos estos enfermos, que el Gobierno del PSOE y sus socios no la dejen sin financiación, como han dejado a todos los pacientes de ELA durante más de un año. . Más de un año y más de mil pacientes fallecidos que se han quedado por el camino por la falta de responsabilidad del Gobierno de Sánchez. Nos alegramos de que hoy hayan dado la cara ante esas familias, pero que no vuelva a pasar por respeto a los cuarenta y ocho millones de españoles. Señorías, yo me siento muy orgullosa de pertenecer a un partido y a un grupo parlamentario como el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular, que trae a la Cámara iniciativas que vienen a mejorar la vida a la gente; en este caso, sobre todo, a esos niños y a esas familias vulnerables con la enfermedad celíaca. Y me siento muy orgullosa porque lo estamos haciendo aquí, a nivel nacional, además utilizando una iniciativa que ya se votó en este Congreso de los Diputados, en comisión, con el apoyo mayoritario de los grupos y, además, lo hacemos también allí donde gobernamos. Como andaluza, me siento muy orgullosa del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , que hace unas semanas anunció ya una deducción en el IRPF de 100 euros para las familias celíacas. Señorías, se lo digo con todo el respeto. Hoy, por respeto a la federación y a sus diecisiete mil familias, dejen la gresca parlamentaria. Cuando se suban aquí, no hablen para el Grupo Parlamentario Popular si no quieren, hablen para las familias con una enfermedad celíaca. . Dejen la gresca, estén a la altura del debate y no mezclen, no traigan barro, no bajen el nivel de esta Cámara. . Los ciudadanos nos miran y necesitan políticos a su altura que de verdad los representen. Señorías, estamos en un gran país. ¿Saben por qué? Porque en la calle la sociedad, la hostelería, la restauración, los negocios sí están dando la cara a las personas celíacas, están poniendo los medios. Hoy, España es el mejor país del mundo, porque cuando sales a la calle, a la restauración, a cenar o a comer, tienen productos sin gluten. Desde aquí, nuestro reconocimiento. Ese es el trabajo de la federación, de esas asociaciones de celíacos, que lo han luchado. Y, desde aquí, nuestro reconocimiento a la sociedad española. ¿Ahora saben lo que falta? Falta que esta Cámara esté a la altura de la sociedad española; falta que los grupos políticos que aquí están representados digan sí a reconocer un problema, una injusticia, una discriminación que han sufrido estas familias simplemente porque tienen que alimentarse para no enfermar. Por todo ello, con la mano tendida para mejorar esta proposición de ley, les pedimos su voto favorable a abrir el debate con el voto afirmativo a la toma en consideración que aquí les hemos presentado. Muchas gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, presidenta. Senyories del Partit Popular, aquesta proposta parteix d’un objectiu just, que és ajudar econòmicament a les persones celíaques, i qui conviu amb la celiaquia sap el que significa passar per això i el que significa tindre que pagar per tot això. Per això, com diu una companya nostra, Estela Sanchis, que ho viu en primera persona i, a més a més, és una gran activista a favor de les persones celíaques, hi ha moltes, moltes qüestions que no es resolen en aquesta proposició de llei, però que estic segura que podrem millorar en el tràmit parlamentari. La primera: la mesura només va dirigida a les persones que són celíaques. Però què passa amb les famílies de les persones que són celíaques, que tenen que comprar sense gluten? Ningú les compensa per aquestes compres? Això és una qüestió que és un buit en la llei que caldrà resoldre. També, en segon lloc, la qüestió de la diagnosi i de la diagnosi precoç. Es mencionen, efectivament, però al final no s’acompleixen, i moltes famílies no poden fer-se proves genètiques per saber si tenen el gen celíac o no el tenen. Aleshores això el que fa és problematitzar molt el saber si ets celíac o no. És important tenir un diagnòstic precoç, perquè, si no, qualsevol ajuda econòmica arriba tard. En tercer lloc, també està bé que hi haja un registre de persones celíaques, és útil, però jo crec que caldria que anàrem molt més enllà. Per exemple, podríem proposar que hi haguera targetes que acrediten la condició de persona celíaca i que permeteren accedir a aquestes persones a menjar sense gluten en festivals, en cinemes, en hotels, en transports, i d’aquesta forma podria facilitar la vida real i garantir els seus drets bàsics. Són qüestions que milloraran molt aquesta proposició de llei. Pensem que la proposta econòmica és positiva, però que cal anar més enllà quan parlem de la celiaquia. Cal pensar en l’entorn, cal pensar en la prevenció i també en aquelles ferramentes que puguen millorar el dia a dia, la vida quotidiana de les persones celíaques. I, senyories, ser celíac no és només una qüestió de preus o de dieta, és una condició que afecta tota la vida. Des d’ací, jo crec que hem de fer sempre mesures i polítiques que facen millor i que faciliten la vida de la gent, també de les persones celíaques. Gracias, presidenta. Señorías del Grupo Popular, esta propuesta parte de la idea de ayudar económicamente a las personas celíacas, por tanto, es un objetivo justo, y de que hay gente que vive con lo que significa pasar por esto y pagar por todo ello. Por esto, como dice una compañera, Estela Sanchís, que lo vive en primera persona y que, además, es una gran activista a favor de las personas celíacas, hay muchas cuestiones que no resuelve esta proposición de ley, pero estoy segura de que la podremos mejorar en el trámite parlamentario. En primer lugar, la medida va dirigida solo a las personas que son celíacas, pero ¿qué ocurre con las familias de las personas que son celíacas y que tienen que comprar sin gluten? Nadie las compensa por esas compras. Es algo que es un vacío en la ley y que habrá que resolver. En segundo lugar, está la cuestión del diagnóstico precoz. Se menciona, efectivamente, pero al final no se cumple, y muchas familias no pueden hacerse pruebas genéticas para saber si tienen el gen celíaco o no. Esto lo que hace es problematizar mucho el saber si eres celíaco o no. Es importante tener un diagnóstico precoz porque, si no, cualquier ayuda económica llega tarde. En tercer lugar, también está bien que haya un registro de personas celíacas, es útil, pero creo que tendríamos que ir mucho más allá. Por ejemplo, podríamos proponer que hubiera tarjetas que acreditasen la condición de persona celíaca y que permitieran acceder a estas personas a comidas sin gluten en festivales, en cines, en hoteles o en transportes; de este modo se les facilitaría la vida real y se garantizarían sus derechos básicos. Estas cuestiones van a mejorar esta propuesta de ley. Creemos que la propuesta es positiva, pero hay que ir más allá cuando hablamos de celiaquía. Hay que pensar en el entorno, hay que pensar en la prevención y también en aquellas herramientas que puedan ayudar en la vida cotidiana de las personas celíacas. Señorías, ser celíaco no es solo una cuestión de precio de dieta, es una condición que afecta a toda la vida. Y desde aquí creo que siempre tenemos que adoptar medidas y políticas que faciliten la vida de la gente y también de las personas celíacas. Señorías del Grupo Popular, el 1 de noviembre de 2023, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, fue a celebrar su santo en un restaurante con estrella Michelin. . Todos sabemos que en el Partido Popular les gustan los mandamientos. El que más les gusta por encima de todos es el de: santificarás todas las fiestas. A Mazón le gusta un poco menos el de: no dirás falsos testimonios ni mentirás. Pero bueno, en todo caso, Mazón fue a celebrar su santo con cuatro menús que sumaban 672 euros y dos botellas de vino que sumaban 100 euros. Yo me lo imagino a él con toda su chulería y su prepotencia diciendo: ¡Esto está pagado! Y, fuera de bromas, en realidad acabó pagando la Generalitat, porque la Generalitat hizo el pago; lo que pasa es que lo pillaron y entonces Mazón envió a una persona a que enmendara el error y a que pagara en efectivo. Y aquí les dejo la devolución de la transferencia (muestra un documento) que intentó colarnos a todos los valencianos y valencianas vuestro amiguito, el de El Ventorro, que ya de una vez, si os parece bien, podríais enviarlo a casa. . De todo esto sacamos un agradecimiento y una pregunta. El agradecimiento al hostelero u hostelera del restaurante que devolvió el pago de la Generalitat y que no quiso que lo pagara la Generalitat, sabiendo que eso no olía demasiado bien. Y la pregunta es: ¿por qué alguien del entorno de Carlos Mazón tenía 853,78 euros en metálico y por qué fue a pagar la comilona del santo de Mazón en efectivo? Ya, cuando quieran, me lo cuentan. .

Cristina Valido García CCa

Buenas tardes, señorías. Quiero saludar, en primer lugar, a la federación de asociaciones que representan, que pelean, que luchan, que dan visibilidad a la celiaquía en el Estado español. Su labor es fundamental y, sin duda alguna, no habríamos avanzado lo poco que hemos avanzado si la sociedad civil no se siguiera organizando para defender causas tan justas como la que nos trae hoy aquí. «Somos celíacos, no millonarios»; este es el grito de guerra de estas asociaciones. Les voy a pedir a todos los que van a hacer la compra frecuentemente que hagan el ejercicio de ponerse en los zapatos de una persona con celiaquía, de una familia con personas con celiaquía y que empiecen a buscar productos sin gluten. En primer lugar, veamos si consiguen la variedad de productos sin gluten a los que están acostumbrados. En segundo lugar, por favor, hagan las cuentas. Lleven calculadora en mano para que vean lo que cuesta hacer la compra a una familia en la que hay personas celíacas. Señorías, el Gobierno de Canarias ―Coalición Canaria gobernando― bajó los impuestos a los productos básicos sin gluten ―un cero por ciento―, entre ellos el pan. Y estas medidas que las comunidades autónomas pueden tomar, podrían ser tomadas por muchas de las que hoy miran al Estado pero no reconocen que tienen una tarea importante que hacer en su propia casa. Vamos a ser coherentes; vamos a plantear medidas en las comunidades autónomas y a plantear medidas en el Estado. Hoy estamos hablando de una admisión a trámite. Esto significa que en el proceso podremos trabajar, podremos mejorar, podremos discutir cuál debe ser la deducción, cuál debe ser el procedimiento, cuáles deben ser las condiciones, pero tenemos que trabajar en ello y tratar de llegar a un acuerdo por miles y miles de familias que lo necesitan, es una obligación moral que tenemos hoy en esta Cámara. Ya se ha dicho aquí, no hay tratamiento para la celiaquía; el único tratamiento es no tomar gluten. Estoy segura de que todos comparten conmigo que un registro estatal es útil y necesario y que necesitamos más datos, datos territorializados, datos sectorizados para poder trabajar, para poder investigar, para poder planificar y dar una respuesta coherente no solo al problema que tenemos hoy, sino al que se nos puede venir en el futuro. Yo supongo que ustedes, como yo, son conscientes de que cada vez más gente debuta en la celiaquía. Bueno, también es verdad que antes, como no se conocía, mucha gente se moría sin saber que era celíaca. Pero es que hoy estamos conociendo cada vez más casos. Y cuando hay un celíaco o una celíaca en una familia, normalmente no se queda ahí, normalmente hay más celíacos en esa familia. Tenemos que investigar, tenemos que profundizar para encontrar respuestas justas al problema que tenemos delante. Y yo creo que para eso es muy importante que seamos capaces de llegar hoy a un acuerdo, de admitir a trámite esta propuesta y de trabajar para que la vida de miles de familias sea mucho más fácil. Gracias.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Arratsalde on, guztioi! Esku artean daukagu Alderdi Popularrak kontutan hartua izan dadin ekarri digun lege proposamena. Hain zuzen ere, zeliakia gaixotasuna duten pertsonen inguruan bi neurri ezartzen duen lege proposamen bat. Alde batetik, gaixotasun hau duten pertsonen errolda edo erregistro bakar bat ezartzea Estatu guztirako. Eta bestetik, errenta aitorpena egiterakoan pertsona hauek 600 euroko kenkari fiskala izatea. Zeliakia gaixotasun autoimmune kronikoa da. Genetikoki baldintzatuak dauden pertsonen heste meharrari eragiten diona. Garian, garagarrean eta zekalean dagoen glutena deituriko proteina kontsumitzeagatik sortzen da. Immunitate sistemak eraso eta kalte egiten dio heste meharraren estaldurari, eta horrek zaildu egiten du elikagaiak xurgatzea. Kausak, faktore genetikoa esan den bezalaxe, zeliakia herentzia gaixotasun bat da. Glutenaren kontsumoa. Glutena hartzea gaixotasunak eragiten duen erantzun immunea aktibatzen du dietan, eta beste faktore batzuk ere badaude. Arrazoi zehatzak ezagutzen ez diren arren, beste faktore batzuk, hala nola infekzio gastrointestinalak edo haurtzaroko elikadura motak eragina izan dezakete. Baina guzti hau hitz egin da eta azken batean, ikuspegi zientifikoa da. Gaur beste gauza batetara gatoz hona. Argi dago gure gizartean geroz eta eragin gehiago duen gaixotasun kronikoa batez ari garela, beraz, behar duen garrantzia eta arreta exijitzen duen gaixotasun bat. Buenas tardes. Tenemos entre manos esta iniciativa que nos plantea hoy como propuesta de ley el Grupo Popular para que se tenga en consideración y que trata de las personas con celiaquía. Plantea dos medidas concretas en esta propuesta. Por un lado, se propone que se haga un registro único de personas que padecen esta enfermedad para todo el Estado y que a la hora de hacer la declaración de la renta tengan una bonificación, una desgravación fiscal. La celiaquía es una enfermedad autoinmune y crónica en personas que, digamos, tienen esa tendencia de forma genética, es a las que afecta. Son unas proteínas que se llaman gluten y que están en determinados cereales, y son las que afectan a estas personas. Estas afectan a la cobertura de una parte del intestino, lo cual dificulta la absorción de determinados elementos. Las causas son, como digo, los factores genéticos primordialmente, es una enfermedad que se hereda. Además, el consumo del gluten hace que se active una respuesta inmune como consecuencia de esta dieta. También hay otra serie de factores. No se conocen los motivos concretos, pero existen factores como, por ejemplo, las infecciones gastrointestinales o la dieta de la infancia. Pero es la perspectiva científica, y ahora aquí estamos hablando de otra cuestión. Es evidente que esta es una enfermedad crónica que afecta cada vez más a nuestra sociedad y, por lo tanto, debe tener la relevancia y la atención que merece esta cuestión. A la hora de estudiar la iniciativa que propone el Grupo Popular para su toma en consideración, en el Grupo Vasco reconocemos la importancia de aliviar el sobrecoste que supone mantener una dieta sin gluten, que es la que han de llevar las personas celíacas, una dieta exigente y una dieta muy cara. Sin embargo, creemos que esta propuesta que presenta el Grupo Popular para su toma en consideración dista mucho de ser la respuesta más adecuada para el objetivo que persigue, que es la de aliviar los bolsillos del gasto extra que supone llevar una dieta sin gluten. Porque, aunque parte de una propuesta legítima y con buena intención ―que no lo dudamos―, adolece de importantes deficiencias en su diseño, en su equidad y en su eficacia. En primer lugar, no es una medida progresiva. La deducción fiscal de 600 euros propuesta es igual para todos los contribuyentes, sin tener en cuenta su nivel de renta, lo que significa que una familia con ingresos altos recibirá exactamente la misma ayuda que una con ingresos bajos, cuando, para estas últimas, el sobrecoste de los alimentos sin gluten representa una carga mucho más grande. En este sentido, se trata de una medida que no corrige desigualdades, sino que puede incluso acentuarlas. En segundo lugar, consideramos que la medida es técnicamente incoherente. Se presenta como deducción fiscal, pero luego se propone pagarla también a quienes no declaran el IRPF. Una deducción solo puede aplicarse sobre un impuesto. Si se paga en efectivo, ya no es una deducción, es una subvención. Se mezclan dos instrumentos distintos, generando confusión, burocracia y posible duplicidad. En tercer lugar, la ayuda es insuficiente, ya que los estudios de la federación de asociaciones de celíacos del Estado calculan que el sobrecoste anual de una dieta sin gluten ronda unos 1000 euros. Ofrecer 600 euros no compensa esa diferencia y, lo que es peor, no actúa sobre el problema principal: el precio desorbitado de los productos sin gluten. Y ahí quisiéramos llegar. Además, existen alternativas más justas y eficaces. Una reducción del IVA de los productos sin gluten bajaría los precios de forma inmediata y beneficiaría a todas las personas celíacas por igual, sin distinción de ingresos y de manera inmediata. Esta medida sería verdaderamente universal, sencilla de aplicar y coherente con el principio de equidad fiscal. Una medida que, por cierto, ya fue propuesta por el Grupo Parlamentario Vasco en el 2023. Retomemos esta medida, vayamos al corazón del problema: que se bajen los precios de los productos que los celíacos deben de consumir. Además, esta iniciativa ignora el marco competencial vigente. Por un lado, las comunidades forales tienen capacidad plena en IRPF, y, por tradición política y respeto institucional, el PNV no promueve ni se posiciona desde Madrid en medidas estatales sobre figuras tributarias que sus instituciones propias pueden regular por sí mismas. Pero, además, hay que recordar que las comunidades de régimen común también ―ya se ha citado― pueden actuar en su tramo autonómico del IRPF. Por tanto, no es necesaria una norma estatal para algo que las comunidades autónomas de por sí ya pueden desarrollar territorialmente. Por último, esta proposición tampoco aborda la cuestión sanitaria. La enfermedad celíaca no se resuelve con un gesto aislado o, lo que es lo mismo, con una deducción en la declaración de la renta, sino con políticas integrales de salud pública que corresponden a las comunidades autónomas: detección temprana, cribados, seguimiento médico, información alimentaria y apoyo a las familias. Con todo y con esto, somos conscientes de las dificultades que atraviesan estas personas y que atraviesan estas familias. Todos tenemos en nuestro entorno personas celíacas. No hay que ir muy lejos; muy muy cerca, todos las tenemos. En cuanto a su salud y a su alimentación, como decía, tal y como hemos mencionado, conocemos el sobresfuerzo económico que supone para estas familias. Esta enfermedad supone un sobresfuerzo, somos conscientes y por ello vamos a ser consecuentes. Queremos también dejar claro a todas aquellas personas celíacas que hoy siguen este debate, tanto por televisión o aquí presentes, con pasión e inquietud, como es normal, que no vamos a alimentar con falsas expectativas esta propuesta. No vamos a oponernos a su aprobación, pero presentaremos nuestras propuestas de manera constructiva y responsable a través de enmiendas en la siguiente fase de tramitación, si es que supera esta fase de hoy, para que de verdad esta ley pueda abarcar mejor las necesidades que tienen las personas celíacas. Se trata de una carrera de fondo que puede dar hoy un paso adelante, pero que todavía tiene un largo camino que recorrer. En definitiva, seguiremos trabajando para dar soluciones reales y efectivas para las personas celíacas. Ezkerrik asko.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Arratsalde on, biltzarkideok, eta arratsalde on eta eskerrik asko, gaur gurekin dagoen Zeliakoen Elkarteen Federazioari. Mila esker egiten duzuen lanagatik! Ba bai, dagoeneko esan den moduan, gaixotasun zeliakoa da haren tratamendu nagusia, tratamendu bakarra esango genuke, Gizarte Segurantzak estaltzen ez duen gaixotasun horietako bat. Gainera, glutenik gabeko produktuak, gaixotasun hori dutenek har ditzaketen bakarrak, glutena dutenak baino askoz garestiagoak dira. Eta gaixotasun zeliakoarekin bezala, gauza bera gertatzen da hainbat intolerantzia motekin ere. Baina zeliakiari dagokionez, ez da gaixotasun kroniko gisa onartua izan aurtengo uztailera arte, Osasun Ministerioak, Autonomia Erkidegoekin batera, Lurralde Arteko Kontseiluan kronikotasunari heltzeko dokumentu komuna osatu zutenera arte, zeinean lehen aldiz gaixotasun zeliakoa gaixotasun kroniko gisa sartzen baita Osasun Sistema Nazionalaren barruan. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, y muchas gracias a la federación de entidades de celiaquía, que están aquí presentes hoy. Precisamente, la enfermedad celíaca es una de esas enfermedades cuyo tratamiento principal y único, que es la alimentación, no lo cubre la Seguridad Social. Además, los productos sin gluten, los únicos que pueden tomar quienes padecen esta enfermedad, son mucho más caros que los que contienen gluten. Y, al igual que con la enfermedad celíaca, ocurre lo mismo con algunos otros tipos de intolerancias. Pero, en cuanto a la celiaquía, no ha sido reconocida hasta julio de este año, cuando el Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, la incluyeron en los documentos comunes para abordar la cronicidad en el Consejo Interterritorial, en el que por primera vez la enfermedad celíaca se incluye como enfermedad crónica dentro del Sistema Nacional de Salud. Como apunta Euskadiko Zeliakoen Elkartea, recogiendo las declaraciones de la federación de asociaciones de celíacos del Estado, este reconocimiento como enfermedad crónica ha sido un logro histórico para el colectivo celíaco, porque supone mucho más que un cambio en la clasificación médica. Es un avance hacia la igualdad en el acceso a derechos y recursos sanitarios y puede suponer un respaldo institucional ante las dificultades reales que enfrentan día a día las personas celíacas en el Estado español. Porque este reconocimiento, a todas luces necesario, abre las puertas hacia mejoras en la atención sanitaria con protocolos más claros y un seguimiento médico especializado; a la posibilidad de tener acceso a ayudas para la adquisición de alimentos; a la adaptación de menús escolares y de centros sanitarios; a dar a la enfermedad más visibilidad e incluirla en las políticas públicas de salud; o a la investigación científica sobre la enfermedad y su tratamiento. Medidas, todas ellas, muy necesarias y que deberán ser abordadas por los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, ya que son su competencia y, por tanto, su responsabilidad. De hecho, hace tiempo que algunas de ellas se vienen trabajando, al menos en Euskal Herria. En la proposición de ley que hoy se debate, además de la creación del registro, se habla básicamente de medidas fiscales. Nada sorprendente, puesto que es la solución que siempre pone para todo el Partido Popular. De cualquier modo, las señorías del Grupo Popular parecen a olvidar que, como ya se les ha dicho antes, las comunidades autónomas tienen la capacidad de plantear las deducciones que estimen pertinentes sin esperar a que se tramite una ley estatal para ello. ¿Lo hacen ya en las comunidades gobernadas por el Partido Popular? . Si lo hacen, enhorabuena. La cuestión del IRPF, en el caso de Euskal Herria, es también competencia exclusiva de nuestras Administraciones, por lo que será allí donde se deba trabajar sobre ello. Desde Euskal Herria Bildu empujaremos para que así se haga. Hala ere, gure aldetik ez dugu eragotziko zeliakia pairatzen duten 500 000 pertsona ingururentzat onuragarria izan daitekeen oinarrizko araudi bat sortzea. Baina, uste dugu, zentzu horretan neurri fiskal hutsetatik haratago joan daitekeela eta joan behar dela. Beraz, gure aldetik eta lege proposamen hau izapidetzea onartzen bada, beharrezkotzat jotzen ditugun ekarpen guztiak egiteko plataforma gisa erabiliko dugu, glutenik gabeko produktuen etiketatze egokitik hasita, adibidez. Izan ere, gai hori zorrotz araututa egon arren, ez baita beti errespetatzen, eta horrek arazo larriak ekar diezazkieke zeliakia jasaten dutenei. Besterik ez. Eskerrik asko. Sin embargo, por nuestra parte, no impediremos la creación de una normativa básica que puede beneficiar a las cerca de quinientas mil personas que sufren celiaquía, pero creemos que, en este sentido, se puede y se debe ir más allá de las meras medidas fiscales. Por lo que, por nuestra parte, y si se admite a trámite esta proposición de ley, la utilizaremos como plataforma para realizar todas las aportaciones que consideremos necesarias, empezando por el correcto etiquetado de los productos sin gluten, por ejemplo, ya que, aunque el tema esté estrictamente regulado, no siempre se respeta, lo que puede acarrear graves problemas a quienes sufren celiaquía. Nada más y muchas gracias.

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Bona tarda. Bona tarda, senyories. Bé, avui es pren en consideració una iniciativa destinada a compensar econòmicament les persones celíaques. Persones que, a més de patir aquesta malaltia autoimmune crònica i que afecta el budell prim, també són víctimes d’un estat del benestar fallit que, en lloc de corregir la discriminació que pateixen pel sobrepreu dels aliments sense gluten, mira cap a un altre costat. I això, això no és nou. Ho hem vist en persones afectades per l’esclerosi lateral amiotròfica. Vaig a fer un parèntesi. El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei per obrir una línia de crèdit per tenir recursos, entre d’altres, per aplicar la llei ELA. Gairebé un any després d’aprovar-se la llei, i ho hem dit i ho repetim, mil morts, mil morts d’ELA. 116 morts d’ELA a Catalunya després. El Govern espanyol demana crèdit per poder complir amb les seves obligacions. I ho fa quan ja s’ha esgotat tot el crèdit, el crèdit de la confiança dels malalts i les seves famílies respecte de la política. Mirin, els diners arriben i se’n van. Però en política, quan es perd la confiança, és gairebé impossible recuperar-la. Pedro Sánchez s’omple contínuament la boca dient que a Espanya es viu un dels millors moments econòmics de la història dels últims anys. El cert és que aquest estat és pobre, molt pobre; pobre en empatia, pobre en solidaritat i pobre en gestió, perquè en un any no han sabut trobar la manera de cobrir les necessitats de les persones amb ELA que estan categoritzades dintre d’aquest nou nivell, o grau III+ de dependència. Una denominació que va sortir justament durant les negociacions de la llei. Un Govern espanyol que sí que ha sabut augmentar fins als 10 745 milions d’euros la despesa en defensa, sense pressupostos. Doncs bé, si demanar crèdit és la seva manera de fer front al compromís, per què, per què no s’ha fet abans? Per què no es va fer l’endemà d’aprovar-se la llei ELA? Per què no es va fer fa mil morts d’ELA? Han posat contra les cordes moltes llars que s’han menjat els estalvis de tota una vida per poder fer front a aquesta cruel malaltia. Han posat contra les cordes familiars cuidadors que han hagut de deixar la seva carrera professional per tenir cura dels seus estimats. Han fet servir les falses promeses com a pastanaga, una enganyifa que ha causat molt dolor i desesperació. Mirin, des de bon principi, Junts ha reclamat que arribessin els recursos via comunitats autònomes, a través de les respectives conselleries de Drets Socials. Vostès li van vendre a l’associació ConELA la mentida que això comportaria molts endarreriments. Un any després, no hi ha hagut ni un euro per als malalts d’ELA, ni via comunitats autònomes, ni via la subvenció directa de deu milions promesa a ConELA. Una subvenció, recordem-ho, enverinada que ConELA es va veure obligada a acceptar, perquè qui pot negar-se a rebre diners per als malalts? Qui pot negar-se? Però evidentment, assumint uns riscos legals massa grans. I ja veurem ara si aquesta via, la de la subvenció, es mantindrà. El que segur que no es mantindrà és la confiança en aquest estat del benestar disfuncional i massa sovint zero empàtic, on les fílies i les fòbies són les que decideixen, i no la bona política, la que té cura de la gent. Revisarem amb molta cura la lletra petita d’aquest Reial decret llei que han aprovat avui, perquè no sabem, a hores d’ara no sabem ni quants diners arribaran ni quan arribaran. Aprofito també per dir que va ser una aportació de la Fundació Catalana contra l’ELA i de Junts la creació d’aquest grau III+ de dependència. I aquesta ha de ser, ha de ser la base per ampliar les prestacions de la llei ELA a altres processos de gran dependència. Ho diem perquè en el reglament que estan fent hi volen posar — un altre reglament, un reial decret— hi volen posar un annex de malalties, i pensem que no hi ha de ser aquest annex, ja que es poden discriminar malalts no recollits en el llistat o fins i tot persones que arribin al grau III+ de dependència, per exemple, per un accident. Tot això s’ha d’aclarir molt bé. Voldríem saber, com dèiem, què diu la lletra petita d’aquest altre reglament. Tornant a la iniciativa d’avui. Votarem a favor de la presa en consideració d’aquesta proposta que té com a objectiu compensar — potser la solució és corregir o evitar— el sobrecost dels aliments sense gluten que necessiten els celíacs de gairebé 1000 euros a l’any, segons l’Associació de Celíacs de Catalunya, que han denunciat durant anys un increment d’entre el 20 i el 300 % en productes bàsics com ara el pa o la pasta. A més, el 20 % dels diagnòstics es dona entre persones de més de 65 anys, augmentant la seva vulnerabilitat. Socialment és una afecció, és una malaltia que genera exclusió i impacte psicològic, amb estudis que assenyalen fins i tot un major risc de depressió. La seva iniciativa, senyories del Partit Popular, conté punts que envaeixen competències. Per exemple, la creació del Registre de pacients centralitzat. Ha de ser de cada comunitat autònoma, i això no ha d’impedir la cooperació entre comunitats autònomes i Govern central per trobar-li utilitat epidemiològica de les dades. La planificació sanitària, els hem de recordar, és autonòmica. Estem d’acord — potser s’hauria d’estudiar bé— si a través de l’IRPF s’ha de retornar als celíacs bona part de l’extra cost anual que tenen per poder comprar aliments sense gluten. Però en qualsevol cas això ho podrem discutir en el període d’esmenes, sempre i quan el Govern espanyol no doni ordre de deixar aquesta proposició de llei al calaix. Gràcies. Buenas tardes, señorías. Hoy se toma en consideración una iniciativa destinada a compensar económicamente a las personas celíacas. Personas que, además de sufrir esta enfermedad autoinmune, crónica y que afecta al intestino delgado, también son víctimas de un Estado del bienestar fallido que, en lugar de corregir la discriminación que sufren por el sobreprecio de los alimentos sin gluten, mira a otro lado. Y esto no es nuevo, lo hemos visto con personas afectadas por la ELA. Voy a hacer un paréntesis. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para abrir una línea de crédito para tener recursos, entre otros, para aplicar la ley ELA prácticamente un año después de aprobarse la ley. Lo hemos dicho y lo repetimos: son mil muertos de ELA en Cataluña después también. El Gobierno español pide crédito para poder cumplir con sus obligaciones y lo hace cuando ya se ha agotado todo el crédito, el crédito de la confianza de los enfermos y de sus familias respecto a la política. Miren ustedes, el dinero llega y se va, pero en política, cuando se pierde la confianza, es prácticamente imposible recuperarla. Pedro Sánchez se llena la boca continuamente diciendo que en España se vive uno de los mejores momentos económicos de la historia o de los últimos años. Lo cierto es que este Estado es pobre, muy pobre; pobre en empatía, pobre en solidaridad y pobre en gestión, porque en un año no han sabido encontrar la forma de cubrir las necesidades de las personas con ELA. Personas que están categorizadas en este nivel grado III+ de dependencia, una denominación que surgió precisamente durante la negociación de la ley. Un Gobierno español que sí ha sabido aumentar hasta los 10 700 y pico millones de euros el gasto en defensa. Bien, si esta es su manera de hacer frente al compromiso, ¿por qué no se ha hecho antes?, ¿por qué no se ha pedido crédito después de aprobar la ley ELA? Han puesto ante las cuerdas a muchos hogares, que se han comido los ahorros de una vida para hacer frente a esta cruel enfermedad. Han puesto contra las cuerdas a familiares, a cuidadores, que han tenido que dejar su carrera profesional para ocuparse de sus seres queridos. Han utilizado las falsas promesas como zanahoria, un engaño que ha causado dolor y desesperación. Desde el principio, Junts ha pedido que los recursos lleguen vía comunidades autónomas a través de las consejerías sociales. Ustedes vendieron a las asociaciones de ELA la mentira de que eso iba a provocar retrasos. Un año después, no ha habido ni un euro para los enfermos de ELA, ni vía comunidades autónomas ni vía los millones de subvenciones; una subvención envenenada que ConELA se vio obligada a aceptar, porque ¿quién se puede negar a recibir dinero para los enfermos?, pero asumiendo riesgos legales demasiado grandes. Vamos a ver ahora si esta vía, la de la subvención, se va a mantener. Lo que seguro que no se va a mantener es la confianza en este estado del bienestar disfuncional y demasiado a menudo cero empático, donde las filias y las fobias son las que deciden y no la buena política la que se ocupa de la gente. Vamos a revisar con mucho detalle la letra pequeña de este real decreto ley, porque hasta ahora no sabemos ni cuánto dinero va a llegar ni cuándo. Aprovecho para decir que fue una aportación de la Fundación Catalana contra la ELA y de Junts la creación de este grado III+ de dependencia, y esta debe ser la base para ampliar las prestaciones de la ley ELA a otros procesos de gran dependencia. Lo decimos porque en el reglamento que están haciendo, un real decreto, quieren poner un anexo de enfermedades. Pensamos que no debe estar ahí ese anexo porque se puede discriminar a enfermos no recogidos en el listado, incluso a personas que lleguen al grado III+ de dependencia, por ejemplo, por un accidente. Esto tiene que aclararse muy bien y queremos saber, como decíamos, qué dice la letra pequeña de este otro reglamento. Volviendo a la iniciativa de hoy, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta, que tiene por objetivo compensar ―tal vez la solución es corregir o evitar― el sobrecoste de los alimentos sin gluten que necesitan las personas celíacas. Prácticamente 1000 euros al año, según la Asociación de Celíacos de Cataluña, que han denunciado durante años un incremento de entre el 20 y el 300 % en productos básicos como el pan o la pasta. Además, el 20 % de los diagnósticos se dan entre personas de más de 65 años, aumentando su vulnerabilidad. Socialmente es una enfermedad que genera exclusión e impacto psicológico, y hay estudios que señalan incluso un mayor riesgo de depresión. Su iniciativa, señorías del Partido Popular, contiene puntos que invaden competencias, como la creación de un registro de pacientes centralizado, que debe ser de cada comunidad autónoma. Esto no debe impedir la cooperación entre comunidades autónomas y Gobierno central para encontrarle una utilidad epidemiológica a los datos. La planificación sanitaria ―tenemos que recordarlo― es autonómica. Estamos de acuerdo en que tal vez deberíamos estudiar mejor si a través del IRPF hay que devolver a los celíacos buena parte del extracoste anual que tienen para poder comprar alimentos sin gluten; pero, sea como fuere, esto lo podremos discutir en el periodo de enmiendas, siempre que el Gobierno español no dé orden de dejar esta propuesta de ley en el cajón. Muchas gracias.

Etna Estrems Fayos ERC

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. És curiós que la diputada del Partit Popular demani aquí que no barregem coses i que no entrem al fang. És bastant curiós. En tot cas, avui el Partit Popular porta una proposició de llei que té un títol que podria ser prometedor, que és Llei de compensació econòmica per a les persones celíaques. Però, si entrem al detall, es queda bàsicament en aquest titular. Senyories del Partit Popular, vostès tenen 130 diputats. De veritat no poden fer una llei de més de dues pàgines sobre la celiaquia? Perquè nosaltres en tenim set, i perquè no tenim cupo, perquè si no, si féssim aquesta llei, li asseguro que tindria més de dues pàgines. Vostès proposen dues coses: un registre estatal i una reducció de l’IRPF de 600 euros, que, per cert, són 50 euros al mes. Està bé, però tampoc és una fortuna. I les dues coses són dues perquè una sense l’altra no seria d’aplicació, perquè sense registre a qui li apliques la reducció? Vull dir, no ho sé, jo crec que estaria bé que es reunissin amb els col·lectius, que sabessin quines demandes fan, perquè, si ho haguessin fet — amb 130 diputats, repeteixo, que deuen tenir molta feina— sabrien que les reivindicacions van molt més enllà d’això que vostès proposen. Així, jo aquí jo em pregunto què fan tot el dia tants diputats i diputades del Partit Popular. Però escoltin, nosaltres sí que hem parlat amb l’Associació de Celíacs de Catalunya. Els hem escoltat. De fet, va ser de les primeres coses que vaig fer com a diputada quan vaig entrar en aquest parlament. I hem après coses d’ells. El que presenten vostès aquí és bastant, creiem nosaltres, paper mullat. No serveix massa per a res, i fins i tot pot resultar una mica decebedor i fa una mica de riure. En tot cas, la celiaquia, com deien aquí els companys dels altres grups, no és una qüestió menor. És una malaltia crònica autoimmune que afecta aproximadament el 2 % de la població. I el tractament no és un medicament, no és un medicament ni car ni barat. És una alimentació que, a més a més, no paga el sistema sanitari. Els celíacs, les persones celíaques són els únics malalts que paguen les seves quotes a la Seguretat Social i que, a part, han de pagar el seu tractament sense cap mena de bonificació, diguéssim, a la Seguretat Social. Hi ha una mitjana calculada de gairebé uns 1000 euros l’any de sobrecost en alimentació per persona celíaca. I hi ha exemples molt concrets. Una barra de pa sense gluten costa el doble que una barra de pa amb gluten. Un paquet de galetes pot costar cinc vegades més. Un plat de pasta sense gluten pot costar quatre vegades més. I tot això no és opcional, com molt bé s’ha dit en aquesta tribuna. Una persona celíaca no pot decidir menjar avui diferent perquè li surti més barat, perquè això li comporta danys reals i greus problemes a la seva salut. I és aquí on es veu la feblesa de la proposta del Partit Popular. Una deducció fiscal de 600 euros anuals pot semblar generós, però en realitat no arriba a la cobertura del sobrecost que té el tractament d’una persona celíaca, que és justament la seva alimentació. I encara menys resol altres problemes que el col·lectiu sí que demana. Com deia, nosaltres els hem escoltat i ells reclamen diverses coses diferents, que són: primer, que la dieta sense gluten sigui reconeguda com a tractament i estigui garantida dins del Sistema Nacional de Salut, amb equitat com qualsevol altre tractament crònic. Si la insulina i els inhaladors estan coberts, la dieta sense gluten hauria també d’estar coberta. Els celíacs són els únics malalts, com deia, que han de pagar la Seguretat Social i a part el seu tractament, pagant dues vegades per la seva salut. Segon, formació obligatòria als professionals sanitaris i campanyes de sensibilització. Perquè avui el temps mitjà de diagnòstic d’una persona celíaca són set anys. I, com també s’ha dit en aquesta tribuna, més del 75 % dels casos estan infradiagnosticats. Set anys és una eternitat per a una persona que no sap el que té, que es troba malament, que va a un metge darrere un altre i que els seus símptomes li condicionen la vida. Tercer, cal garantir menús sense gluten segurs en escoles, residències i centres públics. Perquè menjar és un dret bàsic i, com dèiem, ells no poden triar. Quart, establir un protocol únic i actualitzat del diagnòstic, treballat conjuntament amb les comunitats, sense envair competències i que garanteixi el diagnòstic ràpid i correcte. Cinquè, impulsar aquest registre cooperatiu de pacients no només per poder donar una deducció fiscal, sinó també per planificar recursos, fomentar la investigació i millorar les polítiques públiques. I, finalment, reforçar la recerca i la investigació creant unitats especialitzades dins del sistema públic. Tot això són les demandes de l’Associació Catalana de Celíacs de Catalunya. Tot això són mesures que podrien marcar la diferència real entre la vida de les persones. I res d’això surt a la proposició de llei del Partit Popular. Amb això que presenten, recordo, dues pàgines de proposició de llei no solucionen els problemes de les persones celíaques. I nosaltres podríem dir: «Doncs això no serveix per a res i per tant els votem en contra». Però mirin, per una vegada que el PP fa ús del seu cupo per a una cosa que no està malament, el que farem nosaltres és deixar passar aquesta presa en consideració, treballar en les esmenes, no per millorar la llei, sinó pràcticament per fer-la nova. Perquè bé, com que nosaltres tenim les iniciatives restringides, doncs per una vegada a la vida, com li dic, ens aprofitarem una mica que vostès porten aquesta llei aquí, que creiem que realment és una llei que cal parlar, que és un tema que cal parlar, que nosaltres mai haguéssim pogut permetre’ns portar, i intentarem fer la llei que necessiten les persones celíaques de Catalunya i de tot el territori de l’Estat, la llei que solucioni els seus problemes. Una llei bona, molt més enllà d’una rebaixa d’impostos que no soluciona la vida de les persones. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Es curioso que la diputada del Partido Popular pida aquí que no mezclemos cosas y que no entremos en cuestiones… En fin, muy curioso. Hoy el Partido Popular trae una proposición no de ley que tiene un título que podría ser prometedor, la ley de compensación económica para las personas celíacas, pero si entramos en el detalle, se queda básicamente en ese titular. Señorías del Partido Popular, ustedes tienen 130 diputados, ¿realmente no pueden hacer una ley de más de dos páginas sobre la celiaquía? Porque nosotros tenemos siete y porque no tenemos cupo, porque si hiciéramos esta ley, les aseguro que tendría más de dos páginas. Ustedes proponen dos cosas: un registro estatal y una reducción del IRPF de 600 euros, que, por cierto, son 50 euros al mes, que está bien, pero tampoco no es una fortuna. Y ambas cosas son… vamos, son dos cosas, porque una sin otra no sería de aplicación. Sin registro, ¿a quién le aplicas la reducción? En fin, no lo sé. Yo creo que estaría bien que se reunieran con los colectivos, que supieran qué demandas hacen, porque si lo hubieran hecho con 130 diputados, digo, que deben tener mucho trabajo, sabrían que las reivindicaciones van mucho más allá de esto que ustedes proponen aquí. Yo me pregunto qué hacen todo el día tantos diputados y diputadas del Partido Popular. Pero, miren, nosotros sí hemos hablado con la Asociación de Celíacos de Cataluña, los hemos escuchado; de hecho, fue una de las primeras cosas que hice como diputada cuando entré en este Parlamento, y hemos aprendido cosas de ellos. Lo que presentan ustedes aquí nos parece bastante un papel mojado que no sirve de mucho y, de hecho, incluso puede resultar decepcionante y da una cierta risa. La celiaquía, en cualquier caso, como decían los compañeros de otros grupos, no es una cuestión menor. Es una enfermedad crónica, autoinmune, que afecta aproximadamente al 2 % de la población y el tratamiento no es un medicamento; no es un medicamento ni caro ni barato. Es una alimentación que, además, no paga el sistema sanitario. Los celíacos, las personas celíacas, son los únicos enfermos que pagan sus cuotas a la Seguridad Social y que, además, deben pagar su tratamiento sin ningún tipo de bonificación de la Seguridad Social. Hay una media calculada de unos 1000 euros al año de sobrecoste en alimentación por persona celíaca y hay ejemplos muy concretos. Una barra de pan sin gluten cuesta el doble que una barra de pan con gluten, y un paquete de galletas, cinco veces más; un plato de pasta sin gluten puede costar cuatro veces más, y todo ello no es opcional. Como bien se ha dicho ya en esta tribuna, una persona celíaca no puede decidir comer hoy distinto para que les salga más barato porque esto le comporta unos daños reales y graves problemas a su salud. Y ahí es donde radica la debilidad de la propuesta del Partido Popular. Una reducción fiscal de 600 euros anuales puede parecer generoso, pero en realidad no llega a la cobertura del sobrecoste que tiene el tratamiento de una persona celíaca, que es justamente su alimentación, y todavía menos resuelve otros problemas que el colectivo sí pide. Como decía, nosotros hemos escuchado al colectivo y este colectivo reclama distintas cosas. Por ejemplo, que la dieta sin gluten sea reconocida como tratamiento y se garantice dentro del Sistema Nacional de Salud con equidad y como cualquier otro tratamiento crónico. Si la insulina y los inhaladores están cubiertos, la dieta sin gluten también debería estar cubierta. Los celíacos son los únicos enfermos ―decía― que pagan la Seguridad Social y, además, su tratamiento, pagando dos veces por su salud. Segundo: formación obligatoria de los profesionales sanitarios y campañas de sensibilización, porque hoy el tiempo medio de diagnóstico de una persona celíaca son siete años. Y, como también se ha dicho en esta tribuna, más del 75 % de los casos están infradiagnosticados. Siete años es una eternidad para una persona que no sabe qué tiene, que se encuentra mal, que va a un médico tras otro y que tiene síntomas que le condicionan la vida. Tercero: hay que garantizar menús sin gluten seguros en escuelas, residencias y centros públicos, porque comer es un derecho básico y, como decíamos, ellos no pueden escoger. Cuarto: establecer un protocolo único y actualizado del diagnóstico, trabajar conjuntamente con las comunidades sin invadir competencias, y que se garantice el diagnóstico rápido y correcto. Quinto: impulsar este registro cooperativo de pacientes, no solo ya para poder hacer una reducción fiscal, sino también para aumentar recursos en investigación y mejorar las políticas públicas. Y, por último: reforzar la investigación y desarrollo, creando unidades especializadas dentro del sistema público. Todo ello son las demandas de la Asociación de Celíacos de Cataluña. Todo esto son medidas que podrían marcar la diferencia real en la vida de las personas. Y nada de esto sale en la proposición de ley del Partido Popular. En lo que presentan ―les recuerdo que son dos páginas― no solucionan los problemas de las personas celíacas. Nosotros podríamos decir: bueno, esto no sirve de nada y, por tanto, votaremos en contra. Pero, por una vez que el PP hace uso de su cupo para algo que no está mal, lo que nosotros vamos a hacer es dejar pasar esta toma en consideración, trabajar en las enmiendas no para mejorar la ley, sino prácticamente para hacerla nueva. Porque como nosotros tenemos las iniciativas restringidas, por una vez en la vida, como decía, vamos a aprovecharnos un poco del hecho de que ustedes traen aquí esta ley, que creemos que es una ley de la que hay que hablar, que es un tema que hay que debatir, que nosotros nunca habríamos podido permitirnos traer y vamos a intentar hacer la ley que necesitan las personas celíacas de Cataluña y de todo el territorio del Estado, la ley que solucione sus problemas, una ley que sea buena, mucho más allá de una rebaja de impuestos que no soluciona la vida de las personas. Muchas gracias. .

Alda Recas Martín SUMAR

Muy buenas tardes, presidenta, señorías. Antes de empezar, quería hacer una especial mención a lo que ha ocurrido hoy en el Consejo de Ministros: se ha aprobado un real decreto legislativo con una inversión de 500 millones de euros para desarrollar la ley ELA y reforzar el sistema para la autonomía y la atención de la dependencia. . Un real decreto legislativo con tres ejes: creación de un nuevo grado de dependencia; garantía de atención 24 horas, con casi 10 000 euros por paciente, y un eje financiero de inversión de 500 millones para el desarrollo integral de la ley y del esfuerzo del sistema para la ayuda a la dependencia. Y es que, cuando se trabaja así, de la mano de los pacientes, de sus asociaciones, y no se usa como arma política, las cosas avanzan. Gracias, ministro Bustinduy. Hoy estamos de enhorabuena. Esto es un triunfo del trabajo conjunto de mucha gente, incluidas las asociaciones de pacientes. Y es que, en un caso como el que tenemos entre manos, el de la celiaquía, la labor de dichas federaciones y asociaciones es clave para cualquier avance. Gracias a todos los que nos acompañan hoy, todas las asociaciones y federaciones, porque igualmente apoyaron aquella propuesta no de ley que hizo el Partido Socialista en noviembre y que aprobamos. Curioso: propuesta no de ley que tenía más puntos que esta propia ley. La celiaquía presenta una prevalencia general del 1 % al 2 % de la población española; estamos hablando de en torno a 500 000 pacientes. Es una enfermedad crónica, sistémica, infradiagnosticada y que empeora la vida de niños en su crecimiento y de adultos en su día a día, cuyo tratamiento ―como bien se ha dicho aquí― es la dieta para siempre. Como se dijo en esa propuesta de noviembre, quedaban cosas importantes por hacer y el Ministerio de Sanidad se ha aplicado. ¿Cómo? Por primera vez ha sido declarada enfermedad crónica, y esto abre un abanico de posibilidades importantísimo. Tenemos ya un documento de consenso, unas herramientas como UpToDate, sistemas de alerta, guías de escuelas, promotoras de salud, que incluyen protocolos de dieta sin gluten. Son avances que van ocurriendo y seguirán ocurriendo, porque el reconocimiento de la enfermedad celíaca como enfermedad crónica permite muchas cosas, entre ellas, mejor atención sanitaria; protocolos más claros; atención especializada; visibilidad; inclusión dentro de todos los programas de salud pública; la adaptación de esos menús. Vamos avanzando poco a poco. En su propuesta, señorías del Partido Popular, hablan de la realización de un registro de casos de esta enfermedad celíaca. ¡Madre mía, qué lío tienen con los registros y sus usos! Unos sí y unos no. ¿Celiaquía? Estamos de acuerdo con el registro. ¿Apoyar a VOX en Valencia para un registro de cómo los migrantes usan la sanidad? ¡Pues votamos que sí! ¿Registro de objetores de conciencia para la eutanasia? Lo compran. . Pero, claro, cuando el Ministerio de Sanidad, de Más Madrid, pide datos para un registro de programas de cribado poblacional de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, ahí es una cartita diciendo que mejor no hagamos el registro. ¿Tienen algo que ocultar? Yo les digo que sí. ¿Y si hablamos del registro de objetores para el tema del aborto? Mejor no, ¿no? Ese no nos gusta. Y lo hacen incumpliendo la ley. Díganle, por favor, a la señora Ayuso que se vuelva ya de ese enésimo viaje a Estados Unidos, que el tiempo pasa, que tiene un requerimiento y tiene un mes para cumplir la ley. . Desde Más Madrid y SUMAR, claramente, no apoyamos la realización de este registro. Tenemos sistemas muy buenos en el sistema público. Sistemas de información sanitaria, como el Conjunto Mínimo Básico de Datos o la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria, que ya permiten hacer un seguimiento adecuado de la morbilidad y de la atención sanitaria relacionadas con esta enfermedad. Dejemos de duplicar y trabajemos para mejorar lo que ya existe. Y es que muchas de estas cosas ya existen y se pueden mejorar. ¿Y saben de quién dependen? De los Gobiernos de las comunidades autónomas del Partido Popular. En referencia a la propuesta de deducción del IRPF para las personas celíacas, de nuevo les recuerdo que hay muchas comunidades autónomas, en la mayoría de las cuales gobierna el Partido Popular, que ya hacen cosas: en parte del País Vasco, Valencia, Canarias, Extremadura, entre otras, y ya se está trabajando. Trabájenlo. Si tanto les importaran los pacientes con esta enfermedad, gestionarían y gobernarían. He mirado el registro, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Cero, repito, cero iniciativas sobre ello. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos mejorar esto mucho. Por eso votaremos a favor, para que pase al siguiente paso. Pero ¿saben qué? Hay muchas cosas que se están haciendo. ¿Cómo se mejora la vida de los pacientes con enfermedad celíaca? Podemos aprovechar que en julio ya se declaró esta enfermedad como crónica para trabajar ese diagnóstico precoz, esas guías clínicas basadas en la evidencia, esa formación a profesionales. Por ejemplo, en el Plan de Atención Primaria aprobado por el Ministerio de Sanidad hablan de intentar introducir la figura del nutricionista dentro de la atención primaria. ¿Ustedes saben lo que podría hacer un nutricionista de atención primaria? Trabajar junto con los pacientes y la familia para la dieta, para el etiquetado; porque, como bien han dicho ustedes mismos, la dieta es el único camino. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede, por ejemplo, trabajar mejorando los registros y apoyando la estrategia de salud digital. Podemos, por ejemplo, defender a los pacientes de tantos y tantos bulos que les prometen curación a través de cosas que no están basadas en la evidencia. Podemos hacer, por ejemplo, inspección y control de restaurantes. ¿Cuántos problemas tienen en los restaurantes? Eso también es de aplicación autonómica. Y no hemos hablado de los supermercados. ¿Por qué no trabajamos con los supermercados? Son ellos los que se lucran de una manera bastante importante con unos productos que, aunque tienen el IRPF rebajado, siguen siendo caros. Y, sobre todo ―¡cómo no!― seguir trabajando con el instrumento clave que son las asociaciones de pacientes. Daremos el sí, pero, sin duda alguna, hay que trabajar mucho esta ley. Gracias. .

Tomás Fernández Ríos VOX

Gracias, presidente. Hoy traemos a debate algo más que una deducción fiscal o una ayuda económica. De lo que hoy estamos hablando es de dar respuesta institucional a una desigualdad entre españoles ―una más― que plantea este sistema que tenemos y del que están ustedes (señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y ustedes (señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) tan orgullosos. Es una desigualdad que afecta de manera tangible a miles de personas en España. En este caso, se impone un sobrecoste directo, recurrente y difícilmente evitable a miles de familias simplemente por el hecho de padecer la condición médica de ser celíaco. Nosotros ―ya lo aviso― vamos a apoyar hoy la toma en consideración de esta proposición de ley, y lo vamos a hacer, sobre todo, porque la situación actual no es de recibo y porque tenemos la firme convicción de que el Estado central tiene la responsabilidad de corregir las posibles desigualdades entre españoles. Pero también quiero dejarles muy claro a ustedes que este tipo de ayudas que se plantean deben construirse con sentido común, con responsabilidad y siempre desde el equilibrio entre la justicia social y el rigor fiscal, porque no creo que nadie ponga en duda que existe una desigualdad económica evidente en España para las personas celíacas. No se sostiene y es una vergüenza ―lo hemos denunciado en numerosas ocasiones― que en pleno siglo XXI en un país como España haya ciudadanos que, únicamente por el hecho de vivir en un territorio concreto, puedan recibir o no apoyo para llevar una vida digna. . Miren, sucede con todo, con la educación, con la sanidad, con las infraestructuras y con este tema también. En España, hoy día ―ténganlo claro― conviven al menos diecisiete modelos distintos de ayudas a celíacos, con diferencias abismales. Les pongo ejemplos. En Cataluña hay una serie de ayudas a los productos sin gluten. En Castilla-La Mancha las ayudas pueden llegar a 750 euros o a 1500 en la unidad familiar, si hay varios miembros afectados. En el País Vasco, 80 euros por persona celíaca empadronada y acuerdos de descuentos en supermercados. En Canarias las ayudas se canalizan a través del tejido asociativo. Y en otros muchos sitios no hay ninguna ayuda. Pero es que, además, señores populares, donde gobiernan ustedes, como en Andalucía, recientemente 100 euros de deducción en el IRPF para cada familia o, como en Castilla y León, rosco (hace el signo del cero con los dedos) pelotero. ¿De verdad a ustedes les parece esto normal? Imagínense que aparece en España, por ejemplo, un danés o un noruego celíacos y pregunta cuáles son las ayudas que tengo para su enfermedad ¿Qué le vamos a contestar? ¿Todo esto que acabo de enumerar, que depende de dónde viva? ¿Usted qué cree que pensaría ese danés celíaco? Pues pensaría lo que es, que España se ha convertido en un auténtico sinsentido, en un disparate de normas que generan españoles de primera, de segunda y de tercera división. . Pero es que también es un sinsentido lo que en el fondo plantea su propuesta: hacer tabla rasa y establecer una ayuda igual para todo el mundo, sin tener en cuenta aspectos que realmente sí son fundamentales. Es decir, ustedes, en vez de utilizar este proyecto de ley como una auténtica herramienta de justicia, su intención, de nuevo, señores del Grupo Popular, es hacer algo que también les vuelve loco a los ‘socialistos’, el populismo fiscal, que no es otra cosa que vender un titular y tirar con pólvora del rey, porque, al final, qué más da más gasto si lo van a pagar los de siempre, lo van a pagar los sufridos ciudadanos. Miren, la desigualdad en este tema no es solo por el lugar donde se vive, es también, y por encima de todo, por la situación económica de cada uno. No es lo mismo la necesidad de una familia con ingresos de 20 000 euros que la necesidad de una familia con ingresos de 60 000 euros. La igualdad no es darles a todos lo mismo. La igualdad real sería que se aplique a quien lo necesita, que pueda llegar a cubrir el 50 % del sobrecoste o el 75 % y, como ya se ha comentado, que pueda ser reembolsable para quienes no tienen la obligación de declarar IRPF. . Eso sí sería garantizar de verdad la progresividad y la equidad de la medida y no beneficiar de forma injustificada a quien en verdad no le suponga un impacto económico relevante. Pero es que tampoco han tenido ustedes en cuenta que, si este proyecto se tramita, que ya hemos dicho que vamos a estar de acuerdo en ello, se abre un debate más amplio: ¿qué hacemos con las familias que deben afrontar sobrecostes por otras patologías alimentarias, como intolerancias severas, alergias o enfermedades metabólicas, que también ven su cesta de la compra encarecida? ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos plantearnos esas realidades? Termino con esto, señor presidente. Como ya les dije, vamos a votar a favor de la toma en consideración porque esta ley parte de una necesidad real y bien diagnosticada, pero sepan que lo vamos a hacer con la voluntad de corregir o de mejorar esta propuesta en su tramitación parlamentaria para que llegue ―insisto― a quien lo necesita, para que sea compatible con la responsabilidad fiscal que debe tener cualquier política pública sostenible y, sobre todo, para que no se perpetúen desigualdades como las que existen actualmente. Porque, señorías del Partido Popular y señorías socialistas, les vuelvo a decir ―yo creo que ya en mi caso es la enésima vez― que la igualdad no es un lujo, es un derecho, y no es justo que los españoles tengan que esperar hasta que gobernemos nosotros para que en España se actúe en consecuencia y se cumpla de una vez por todas con esa premisa, que debe ser uno de los pilares fundamentales de una democracia, y es que en muchísimos aspectos, por no decir en todos, que afectan a las personas los españoles no son iguales, y ustedes lo saben. Así pues, sobre este asunto, si esto es lo que ustedes quieren, señores del PP, pues muy bien, allá ustedes, pero no duden, tampoco los españoles, que a nosotros cuando llegue el momento no nos va a temblar el pulso. Gracias. .

Isabel Iniesta Egido PSOE

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Comienzo con unas palabras de reconocimiento y respeto hacia todas las personas celíacas, hacia sus familias y hacia la Federación de Asociaciones de Celíacos. Llevan años defendiendo su derecho a una vida digna y su lucha ha sido clave para que hoy hablemos con más conocimiento, más sensibilidad y más conciencia social sobre esta enfermedad. Esta enfermedad ha ido en aumento en las tres últimas décadas y afecta entre un 1 % y un 2 % de la población. El compromiso del Grupo Socialista con las personas con celiaquía es firme. Por eso, hoy queremos fijar una posición seria, responsable y coherente, coherencia que, desde luego, el Partido Popular no muestra, y prueba de ello es lo siguiente. El Grupo Socialista presentó el 22 de marzo de 2023 en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley para establecer ayudas a las personas con enfermedad celíaca en función de la renta, una propuesta sensata, justa y progresiva. ¿Qué hizo el señor Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León? Abandonó el Pleno y le hizo una peineta a la diputada socialista que estaba defendiendo esa iniciativa. . Esa fue la respuesta a un problema real que afecta a miles de familias. Señorías del Grupo Popular, ahora vienen aquí con una proposición que, bajo la apariencia de solidaridad, esconde un planteamiento profundamente injusto y regresivo. Pretenden crear una deducción de 600 euros en el IRPF por persona celíaca, idéntica para todos, sin tener en cuenta el nivel de renta ni las circunstancias familiares y sin tener en cuenta que hay muchas familias que no realizan la declaración de la renta por no llegar a los mínimos. Señorías del PP, eso no es justicia social, es oportunismo fiscal. . Señorías, una deducción en el IRPF, aunque sea reembolsable, afecta igual a todo el mundo, tanto a quienes apenas llegan a final de mes como a quienes tienen rentas de más de 300 000 euros. Y eso, señorías, no es justicia social, es desigualdad disfrazada de igualdad. Las políticas justas no tratan igual a quienes están en situaciones diferentes. No es lo mismo una familia trabajadora que hace cuentas para poder llenar la cesta de la compra que quien puede permitirse cualquier producto sin ni siquiera mirar el precio. Por eso, las ayudas deben ser progresivas y estar vinculadas a la renta, porque solo así se garantiza que llegue más apoyo a quien más lo necesita. Una vez más el Grupo Popular quiere convertir los derechos en deducciones fiscales y las políticas sociales en beneficios uniformes para todos sin atender a la renta, a la situación familiar o a las necesidades reales. Lo mismo de siempre, señorías. Además, su planteamiento demuestra un gran desconocimiento de cómo funciona nuestro sistema sanitario y fiscal. Respecto del registro que proponen, el Sistema Nacional de Salud dispone de herramientas e información suficientes para el seguimiento de la enfermedad. Por ello, se está trabajando, junto con las comunidades autónomas, para mejorar la identificación de la enfermedad en las historias clínicas electrónicas. También está en marcha la actualización del protocolo nacional de diagnóstico, una reivindicación de las asociaciones de pacientes, que estamos llevando a cabo de la mano de las comunidades autónomas y las sociedades científicas. Es decir, desde la política sanitaria ya se está trabajando en mejorar la atención integral a estas personas con rigor y consenso. Por otra parte, el Estado ya contempla en su diseño fiscal las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente, incorporando los gastos derivados de la enfermedad. Señorías del Grupo Popular, si quieren ver cómo se hacen las cosas bien, miren a Castilla-La Mancha, donde gobierna el presidente Emiliano García-Page. . Mi comunidad autónoma es hoy en día la que más ayudas concede a las personas con celiaquía, y lo hace con criterios de renta, ayudas directas, sensibilidad social y responsabilidad presupuestaria, porque en Castilla-La Mancha creemos que la igualdad no se proclama, que la igualdad se practica cada día con políticas concretas, como son las ayudas de 750 euros por persona o 1050 para hogares con más de una persona celíaca para la compra de productos sin gluten. Esta es la diferencia entre la política socialista y la política del PP, entre Page y Mañueco. . No olvidemos que, cuando ustedes gobernaron, señorías del PP, subieron el IVA con carácter general, incluido también el del pan sin gluten, del 4 al 10 %. Lo subieron, y ahora vienen aquí como defensores de las familias. Ni olvido ni confusión. Fueron ustedes quienes encarecieron la lista de la compra. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho exactamente lo contrario: ha bajado el IVA de los alimentos básicos; ha reforzado la protección de las familias más vulnerables, y ha aumentado la financiación autonómica de la sanidad. Señorías del Grupo Popular, en siete años del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han recibido más de 300 000 millones de euros que en los siete años de Mariano Rajoy. . Más dinero público, más inversión, más oportunidades, pero ustedes siguen sin saber gestionarlos: prefieren desviar recursos a la sanidad privada, recortar plantillas o gastar el dinero en propaganda. Muestra de ello es Andalucía: ahí está el escándalo del cribado con el señor Moreno Bonilla, un claro ejemplo de cómo no deben gestionarse los servicios públicos. En el PSOE lo tenemos claro. Creemos en la sanidad pública, en la justicia fiscal y en la igualdad real. Por eso, vamos a seguir trabajando para que todas las personas con enfermedad celíaca tengan apoyo, información y recursos suficientes, vivan donde vivan y ganen lo que ganen. Por ello, votaremos a favor de su propuesta, porque el Grupo Socialista nunca dejará de lado a las personas celíacas ni a sus familias, aunque somos conscientes de que, si damos a elegir a las familias entre ayudas directas o descuentos fiscales, la respuesta está muy clara: las políticas de Emiliano García-Page. Muchas gracias. .

Andrea Canelo Matito PSC-PSOE

Gracias, presidente. Señorías, déjenme que les cuente una historia, en este caso es personal. Como habrán notado, me cuesta un poco subir y bajar escaleras y camino con cierta dificultad. Justo hace un año sufrí un accidente que me obligó a pasar por quirófano y permanecer varios meses en silla de ruedas. En aquel momento, con el dolor, la incertidumbre y también el miedo ante una intervención, ¿saben qué era lo único que tenía esta diputada en la cabeza? En aquel momento llevaba poco tiempo en el Congreso y les aseguro que las contingencias por las cuales un diputado o una diputada puede ejercer su derecho al voto telemático nunca habían pasado por mi cabeza, pero ocurrió. Necesitaba utilizar el voto telemático para ejercer mi derecho, también para ejercer mi obligación y, sobre todo, para no perjudicar a mi grupo con su ausencia y, por supuesto, esta Cámara estaba preparada ―hoy aún lo está más― para responder a estas situaciones. En tiempo récord, antes incluso de entrar en el quirófano, ya habíamos podido resolverlo y pude votar sin ninguna dificultad. Sin embargo, el verdadero problema vino después. Como muchos de ustedes, yo también vengo de lo local. He sido concejala en Granollers, una ciudad mediana, de 65 000 habitantes, en la segunda corona metropolitana de Barcelona. Después de dieciocho años de servicio público en mi ciudad, un accidente me impidió por primera vez desplazarme por mí misma. Conozco de primera mano la entrega y la dedicación de miles de cargos locales que vivimos la política municipal como un servicio público en estado puro. . Así nace esta proposición de ley, para garantizar que ningún representante local tenga que elegir entre salud y familia o su compromiso con la ciudadanía. Se trata de una modificación del artículo 46 de la Ley de Bases del Régimen Local que parte, en realidad, de una percepción muy sencilla: el ayuntamiento es la Administración más cercana a la ciudadanía y su funcionamiento no debe verse limitado por circunstancias excepcionales que impidan la presencia física de sus cargos electos. ¿Se acuerdan de cómo el país entero tuvo que adaptarse durante la pandemia? De un día para otro todos cambiamos nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, de reunirnos, de seguir adelante, también lo hicieron las instituciones, y en aquel momento se permitió que los ayuntamientos pudieran celebrar sus plenos de forma telemática para garantizar que todo siguiese funcionando. Fue una medida excepcional para una situación excepcional, pero demostró algo verdaderamente importante, y es que la tecnología puede ser también una aliada de la democracia. A partir de esa experiencia, esta proposición de ley plantea dar un paso más. Queremos que el voto telemático no dependa solo de una crisis colectiva, sino que pueda usarse también en determinados casos personales, como la paternidad, la maternidad, una baja médica o un cuidado familiar ―por cierto, en la mayoría de los casos recae siempre en las mujeres―. Pensemos en una concejala que atraviesa un embarazo de riesgo y debe guardar reposo o en un alcalde que se recupera de una operación pero continúa con su trabajo desde casa; pensemos en alguien que cuida de su madre dependiente o de un hijo enfermo o en quien acaba de sufrir una pérdida y, aun así, quiere cumplir con su deber. Todas esas situaciones, humanas y cotidianas, merecen una respuesta institucional y los socialistas y las socialistas se la vamos a dar. . Por eso, proponemos esta ley, para que los concejales y las concejalas y los alcaldes y las alcaldesas tengan este nuevo derecho que beneficiará directamente a la ciudadanía que representan. Vamos a universalizar el voto telemático para que hoy, desde el Congreso, le digamos al mundo local que no es menos que ninguna institución, ni autonómica ni nacional, y que la dignidad y la igualdad de nuestros pueblos pasa por los ayuntamientos. . Pero, señorías, que no haya ningún malentendido. Estamos hablando de causas excepcionales. Somos servidores públicos, nos han escogido y representamos a miles de ciudadanos y ciudadanas. Unas vacaciones, un descanso o una luna de miel no son situaciones excepcionales, no están entre los supuestos, señorías del Partido Popular. . Somos cargos públicos, con la responsabilidad que eso conlleva. Esta ley no es para quienes confunden el deber con el descanso. Decía que se trata de un nuevo derecho para poder ejercer la representación pública cuando las circunstancias a veces no lo permiten, garantizando que nadie pierda su voz política. Es un derecho que alcanza a más de ocho mil municipios en España y que beneficiará a 67 000 concejales y concejalas de todos los grupos y colores políticos, que son los que cada día sostienen con su trabajo la base misma de nuestra democracia local. Por este motivo, este grupo parlamentario considera que debería contar con el apoyo del resto de la Cámara, al menos con el de todos los grupos que de verdad valoran la política municipal de proximidad, porque es un gesto de responsabilidad, porque ningún concejal ni ninguna alcaldesa debe verse obligado a elegir entre cuidar y servir. Es el momento de reivindicar esa política municipal, la más cercana a la ciudadanía, la que antes escucha, la que antes llega, sin gabinetes, sin fotos, con compromiso, con vecindad y con muchísimo trabajo y ―¡ojo!― en muchas ocasiones de manera voluntaria, como saben bien miles de alcaldes y alcaldesas sin sueldos de este país que compaginan su empleo con el servicio público, que sacrifican tiempo personal y tiempo en familia porque su vocación con sus vecinos es, a veces, más importante. La verdad es que aquí arriba se nota. Algunos diputados y algunas diputadas cuando intervienen desde esta tribuna demuestran que no han pisado un ayuntamiento en su vida, que no han conocido a los hombres y las mujeres que se dedican en cuerpo y alma a sus vecinos y sus vecinas cada día y sin excepción. . Por eso, cuando hablamos de facilitar su tarea, no hablamos de privilegios, hablamos de justicia, de permitir que quienes se dedican a sus municipios puedan ejercer sus funciones con las mismas garantías que cualquier otro representante público de nuestro país. Esta reforma dignifica la política local , reconoce el esfuerzo silencioso de quienes hacen posible que esa democracia funcione, también a pequeña escala, en las calles, en los barrios, en las plazas, en los pueblos y las ciudades de España. Porque cuando el país sufre, quienes están al frente, sin cámaras ni titulares, son los alcaldes y las alcaldesas. Estuvieron en verano, en los pueblos arrasados por los incendios de Castilla y León y Galicia, organizando la evacuación, atendiendo a sus vecinos o buscando agua donde no la había. Estuvieron durante la dana, justo hace un año, en la Comunidad Valenciana, achicando agua, con las botas puestas, con el teléfono en la mano, tomando decisiones mientras otros abandonaban a sus vecinos. Una comida en El Ventorro no es un caso excepcional, es una negligencia. Estar en una feria mientras los pueblos de Castilla y León ardían es una inmoralidad. . Esa es la diferencia entre los que sirven a la política y los que vienen a servirse de ella. Por eso, cuando hoy hablamos de política municipal, hablamos de los que están en el barro, de los que están con sus vecinos dando la cara y tomando decisiones. Ellos y ellas son el verdadero rostro del servicio público y merecen todo el reconocimiento. Porque, señorías, un Estado que cuida de su Administración local se cuida a sí mismo. Los ayuntamientos no son una Administración menor, son Estado y forman parte del mismo engranaje institucional que el Congreso, que el Senado o que los parlamentos autonómicos. Y si aquí podemos votar telemáticamente, ¿por qué no puede hacerlo una alcaldesa con un embarazo de riesgo o un concejal que está enfermo? Señorías de la derecha, me adelanto a sus argumentos: modernizar no es romper; ayudar a quienes sirven a su pueblo no es un privilegio, es democracia, y cuidar la política local no es una cuestión ideológica, es una cuestión de decencia institucional. Esta ley corrige esa desigualdad, coloca a la Administración local en el mismo plano de respeto y de derechos que las Administraciones territoriales y que el propio Estado. Soy consciente de que se trata de una ley pequeña en lo jurídico, pero les aseguro que es muy grande por lo que representa. Es un texto breve que encierra una idea profunda, la de una democracia que incluye a todos los niveles institucionales, la de una democracia que reconoce que servir a la ciudadanía no puede depender siempre de la salud o de las circunstancias de un familiar. Por eso, hoy proponemos modernizar la democracia local, fortalecer la igualdad entre instituciones y, sobre todo, dignificar el ejercicio del servicio público. Termino. Hace un año aprendí que la política, igual que la vida, se sostiene en las redes que vamos tejiendo. Esta ley es una de esas redes, una mano tendida a quienes sirven a sus vecinos y vecinas desde la proximidad de la política, desde el municipalismo, porque cuando cuidamos de quienes nos cuidan, estamos, sin duda, fortaleciendo la democracia. Gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi. Intervengo muy brevemente para manifestar nuestro apoyo a la toma en consideración de la iniciativa debatida. Más allá de algún detalle que, en su caso, podremos abordar en el trámite de enmiendas, nos parece un paso más en la dirección ya iniciada con ocasión de la pandemia del COVID-19 para situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo o de catástrofes pública, a las que ahora se pretende añadir, con esta iniciativa, situaciones de grave y excepcional trascendencia familiar, a imagen y semejanza de la reciente modificación del Reglamento de esta Cámara. En definitiva, señorías, son unas reformas, todas ellas, encaminadas a modular el principio de presencialidad para el ejercicio de los derechos políticos de los cargos electos de las entidades locales, y singularmente del derecho a voto mediante el procedimiento telemático. Señorías ―y voy finalizando, presidente―, tal y como ya anticipé al inicio de esta intervención, votaremos favorablemente a la toma en consideración de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Nada más y muchas gracias.

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Bona tarda, senyories. Debatem la proposició de llei del Grup Socialista per regular el vot telemàtic a les sessions dels òrgans de govern de les administracions locals, i amb aquesta finalitat es pretén modificar l’article 46 de la Llei reguladora de les bases del règim local, per permetre el vot telemàtic dels membres de les corporacions locals, també en els casos personals. En aquest sentit, és oportú recordar, com feia ara mateix el diputat Legarda, que en l’actualitat, en el cas del món local, només es permeten sessions i votacions telemàtiques en situacions de força major o de risc col·lectiu, com per exemple fou la pandèmia. Així que inspirant-se en la disposició segona del Reial decret 11/2020 i en la recent reforma del reglament d’aquesta cambra, i amb l’argument que el vot telemàtic individual millora la garantia dels drets fonamentals, fonamenta la modernització i l’eficiència institucional, així com incorpora la perspectiva de gènere i de conciliació, es modifica, com dèiem, la Llei reguladora de bases, afegint un nou apartat quart a l’article 36 per permetre el vot telemàtic temporal. Es fa en els mateixos supòsits que en aquesta cambra, establint el procediment de sol·licitud i verificació de vot. I s’introdueix també una disposició transitòria única que fixa un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta reforma per adaptar la normativa interna i implementar els mitjans tècnics necessaris a cada ens per al seu compliment. Val a dir que, al nostre entendre, aquesta proposta no està exempta de millores per evitar possibles problemàtiques que ja hem detectat i que, en cas de prosperar aquesta presa en consideració, procurarem esmenar. En tot cas, la més evident és l’assignació de noves funcions dels secretaris, fet que podria ampliar les desigualtats entre municipis grans i petits, amb el risc que alguns òrgans col·legiats no puguin fer ús del vot telemàtic amb la mateixa seguretat i agilitat que els altres. I si això passa és perquè a Catalunya hi ha un dèficit més que considerable de secretaris, amb la qual cosa no hi ha garantida la seva presència efectiva en tots els municipis. I, en cas de ser-hi, sabem que això serà una sobrecàrrega que dificultarà la implantació efectiva de la mesura. I això lliga amb la materialització del que Junts i el Grup Socialista tenim acordat perquè la Generalitat recuperi la gestió integral dels secretaris i els interventors des de l’oferta a la provisió, passant per la selecció i la formació. Però mirin, senyories. Miri, senyora Canelo, si de veritat el que volen és ajudar les entitats locals i dignificar la tasca dels electes municipals, no es poden quedar en fer proposicions per fer possible el vot telemàtic. Des de Junts per Catalunya, diem, hem dit de forma reiterada, tant aquí com en el Senat, que cal treure la cotilla als ens locals, i això només es pot fer potenciant la seva autonomia i el seu finançament. Dues qüestions que tenen un impacte directe en el dia a dia de la ciutadania, perquè com a administració més propera a la ciutadania, els ajuntaments cada dia assumeixen més competències, i les assumeixen fent molt amb molt poc. No tan sols perquè no reben prou recursos, sinó perquè sovint no poden ni gastar els que tenen. Per això mateix, Junts fa temps que reclamem revisar, o directament derogar lleis com la LRSAL o la d’estabilitat pressupostària, lleis que limiten l’autonomia municipal i impedeixen una gestió eficaç. Senyories, ens calen canvis profunds per garantir el finançament local, un finançament que respongui a les necessitats dels nostres pobles i ciutats, a les necessitats del nostre país, Catalunya, i a les necessitats del segle XXI. I, en aquest sentit, és urgent permetre als municipis utilitzar els seus romanents. Perquè, si els ajuntaments gestionen bé i tenen estalvis, han de poder invertir-los per a millors serveis, per a impulsar projectes necessaris a nivell local, i no només utilitzar-los per pagar un deute, un deute que no els escanya i que l›únic que fa és servir perquè sigui l›Estat qui pugui endeutar-se més. Igualment d’urgent és reduir les traves burocràtiques i deslligar la gestió municipal de lleis anacròniques basades en la tutela i el control, i no en la confiança, com hauria de ser. Perquè, si en aquesta proposició de llei reconeixem que durant la pandèmia les entitats locals van demostrar estar preparades per introduir l’ús dels nous mitjans tecnològics, també hem de reconèixer el paper que van tenir com a administracions de proximitat, administracions que van demostrar responsabilitat i capacitat de decidir per servir i respondre de la millor manera a la ciutadania en una situació de crisi. Així que, més enllà d’habilitar la possibilitat del vot telemàtic, tots plegats hem d’entomar els canvis legislatius necessaris per donar als municipis més llibertat i més confiança. Perquè, quan donem força als ajuntaments, acostem la democràcia a la gent, fent que les decisions es prenguin des d’on millor es coneix la realitat i les necessitats de les persones. Res més i moltes gràcies. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Debatimos la proposición de ley del Grupo Socialista para regular el voto telemático en las sesiones de los órganos de Gobierno de las Administraciones locales. Con esta finalidad, se pretende modificar el artículo 46 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, para permitir el voto telemático de los miembros de las corporaciones locales, también en los casos personales. En este sentido, es oportuno recordar ―como hacía hace un momento el diputado Legarda― que en la actualidad en el caso del mundo local solo se permiten sesiones y votaciones telemáticas en situaciones de fuerza mayor, de riesgo colectivo, como fue, por ejemplo, el caso de la pandemia. Así que, inspirándonos en la disposición segunda del Real Decreto 11/2020 y en la reciente reforma del Reglamento de esta Cámara y con el argumento de que el voto telemático individual mejora la garantía de los derechos fundamentales, fundamenta la modernización y la eficiencia institucional, así como incorpora la perspectiva de género y de conciliación, se modifica, como decíamos, la ley reguladora de las bases, añadiendo un nuevo apartado cuarto al artículo 36 para permitir el voto telemático temporal. Se hace en los mismos supuestos que en esta Cámara, estableciendo el procedimiento de solicitud y verificación de voto, y se introduce también una disposición transitoria única que fija un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta reforma para adaptar la normativa interna e implementar los medios técnicos necesarios a cada ente para su cumplimiento. Hay que destacar que, en nuestra opinión, esta propuesta no está exenta de mejoras para evitar posibles problemáticas que ya hemos detectado y que, en el caso de prosperar esta toma en consideración, procuraremos enmendar. En cualquier caso, la más evidente es la asignación de nuevas funciones de los secretarios, hecho que podría ampliar las desigualdades entre municipios grandes y pequeños, con el riesgo de que algunos órganos colegiados no puedan hacer uso del voto telemático con la misma seguridad y agilidad que los demás. Si esto sucede es porque en Cataluña hay un déficit más que considerable de secretarios, por lo tanto, no está garantizada su presencia efectiva en todos los municipios. En caso de ser así, sabemos que será una sobrecarga que dificultará la implantación efectiva de la medida. Esto se relaciona con la materialización de lo que Junts y el Grupo Socialista hemos acordado para que la Generalitat recupere la gestión integral de secretarios e interventores, desde la oferta a la provisión, pasando por la selección y la formación. Señorías, señora Canelo, si de verdad lo que ustedes quieren es ayudar a las entidades locales y dignificar la tarea de los electos municipales, no pueden quedarse en hacer propuestas para hacer posible el voto telemático. En opinión de Junts per Catalunya ―y lo hemos dicho reiteradamente tanto aquí como en el Senado― hay que sacar el corsé de los entes locales, y esto solo se puede hacer potenciando su autonomía y su financiación, dos cuestiones que tienen un impacto directo en el día a día de la ciudadanía, porque como Administración más cercana a la ciudadanía, los ayuntamientos cada día asumen más competencias; y las asumen haciendo mucho con muy poco, no solamente porque no reciben suficientes recursos, sino porque a menudo ni siquiera pueden gastar los recursos que tienen. Por eso, Junts hace tiempo que reclama revisar o, directamente, derogar leyes como la de la estabilidad presupuestaria, leyes que limitan la autonomía municipal e impiden una gestión eficaz. Señorías, es imprescindible hacer cambios profundos para garantizar la financiación local, una financiación que responda a las necesidades de nuestros pueblos y ciudades, a las necesidades de nuestro país, Cataluña, y a las necesidades del siglo XXI. En este sentido, resulta urgente permitir a los municipios utilizar sus restos de financiación, porque si los ayuntamientos gestionan bien y tienen ahorros, deben poder invertirlos en mejores servicios, remanentes para impulsar proyectos necesarios a nivel local, y no solamente usar ese remanente para pagar una deuda, una deuda que no les ahogue y que lo único que hace es servir para que sea el Estado el que pueda endeudarse más. Igualmente urgente es reducir los obstáculos burocráticos y desvincular la gestión municipal de leyes anacrónicas que están basadas en la tutela y el control y no en la confianza, como debería ser. Si en esta proposición de ley reconocemos que durante la pandemia las entidades locales demostraron estar preparadas para introducir nuevos medios tecnológicos, debemos reconocer también el papel que tuvimos como Administraciones de proximidad, Administraciones que demostraron responsabilidad y capacidad de decisión para servir y responder del mejor modo a la ciudadanía en una situación de crisis. Por tanto, más allá de la posibilidad del voto telemático, debemos todos hacer frente a los cambios legislativos necesarios para dar a los municipios más libertad y más confianza, porque cuando damos fuerza a los ayuntamientos, acercamos la democracia al pueblo y hacemos que las decisiones se tomen desde donde mejor se conoce la realidad y las necesidades de las personas. Nada más y muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Gràcies, president. Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades. Fa un moment comentàvem amb la diputada ponent d’aquesta iniciativa que desitjàvem que el debat que es produís fos cortès, en uns termes amigables, fos tranquil, fos serè, fos reposat. I això s’està complint. Perquè jo he de dir, per exemple, que el que ella ha manifestat ho signo tot, fil per randa. Ha fet segurament el discurs que jo no portava escrit, perquè no porto mai res escrit, però que volia fer, posant en valor la feina dels nostres representants municipals, posant en valor la quotidianitat, posant en valor la proximitat, posant en valor la subsidiarietat. Però, un cop dit tot això, aleshores em pregunto: han caigut del cavall aquest any? I la pregunta ve a tomb perquè corria l’any 2021, en concret el 27 — si no recordo malament— d’abril del 2021, que nosaltres ja vam fer aquesta proposta, i la vam fer perquè responia a les necessitats que regidores i regidors del territori, perquè som un partit bàsicament municipalista, ens feien arribar als diputats de Madrid. La vam registrar, la diputada Telechea i jo mateixa, i la va substanciar ella amb una Comissió de Política Territorial. I saben què va passar? Que ens van votar en contra. Aleshores és inconcebible pensar que, quatre anys després, les coses han canviat tant. Entenc que deu ser per mor de la pandèmia, que ja s’havia donat, que ara, de cop i volta, se’n recorden que, efectivament, això és així. Se’n recorden de les virtuts del món municipal i fan referència a una cosa que per a nosaltres era evident. I això és una de les característiques d’aquest Govern i — lamento dir-ho— del grup que li dona suport directament. I és que van tard. És a dir, no fan cas de determinades propostes perquè provenen d’on provenen. I això que els donem suport a les investidures. Jo no sé què passaria si no ho féssim. Però estaran d’acord amb mi que presentar una proposició idèntica de la qual nosaltres vam presentar, amb la modificació que nosaltres també proposàvem de si no era el telemàtic, el vot delegat. Es van agafar a això per rebutjar la nostra proposició. Sap greu, perquè el termini que els donàvem també era de sis mesos, és a dir, que els casos en què articulàvem que això hauria de ser possible eren els mateixos, amb una diferència. I és que no havíem previst que fos també perquè ets membre d’altres càmeres o perquè ets membre d’altres consells plenaris. Perquè aquí també hi ha un element d’acumulació de càrrecs que crec que tots plegats ens hauríem de fer mirar. Més enllà de tot això, aquesta proposició, i per això es va presentar en aquell moment, té un impacte en el gènere molt, molt alt. I per què els ho dic? Doncs perquè totes les dades expliquen que, especialment en l’àmbit municipal, hem aconseguit arribar a punts de paritat importants, gràcies a les lleis que s’han fet per a la participació de les dones en política. Perquè, recordant l’apriorisme basat en dades que som més del 50 % de la població, seria raonable que ocupessin el 50, o més del 50 %, dels llocs de representació en els nostres municipis. I això més o menys s’ha aconseguit. Però ¿dónde está el truco? El truco està en la repetició de legislatures. Amb uns estudis que s’han anat fent durant el temps, es veu que la taxa de repetició de les regidores és inferior a la taxa de repetició dels regidors. És a dir, si busquem quantes regidores — això són dades del 2009, per tant, espero que hagin millorat—, però en aquell moment les regidores entraven durant un any o dos mandats, durant una legislatura o dues legislatures, i se n’anaven a casa, i els regidors seguien agafats al seu escó durant tres o quatre, fins i tot alguns arriben a nou legislatures. Que déu-n’hi-do també la paciència dels votants per tenir algú nou legislatures amb un escó. En qualsevol cas, això, el que d’alguna manera expressa és que, a més de la quantitat, hem de mirar la qualitat, perquè el que deia era que les situacions en què es trobaven les regidores del nostre país eren insuportables. I això és una de les coses que des del feminisme hem intentat pal·liar a través de legislació, també a través de reflexió des d’aquest faristol, de com és impossible, no conciliar la vida personal i laboral, que vostès ja saben que jo crec que això és una fal·làcia, sinó compatibilitzar el fet que ets una persona que tens diferents espais i diferents àmbits a la teva vida. Crec que els exemples personals són poc rellevants i són anecdòtics, però desitjo explicar que, durant els quatre anys que vaig ser regidora, vaig parir una criatura, vaig tenir un embaràs de risc, se’m va morir el pare a les mans. Tot això amb quatre anys. I mai vaig deixar d’anar a un ple. Vaig anar a un ple amb sis dies de vida del meu fill, perquè era imprescindible anar-hi, una votació essencial que a més a més vam fer en urna. Però quin missatge enviem a la gent quan fem això? Que som superdones? Ningú vol ser superdones de les quals estem aquí. Que no hi ha cap interès que pugui lidiar amb els interessos personals, amb el dolor de la mort o amb l’angoixa d’un embaràs complicat, o amb la necessària cura que necessita una criatura de sis dies? Quin missatge estem enviant, si no respectem això, les pròpies vides, com respectarem els dels que estan sent administrats o sent representats per nosaltres mateixos? Però és que, a més, aquí hi ha un element que l’ha posat també en relleu fa molt poquet la diputada, i és aquesta vocació de servei. En els municipis petits ningú es posa a representar el seu partit o la seva agrupació d’electors per diners. Ningú. Hi ha una vocació, hi ha una voluntat de servei. I aquesta voluntat de servei es trasllada que, si no pots ser present, no vols fer mal al teu grup i, per tant, deixes la política. I perdem talent. I perdem sensibilitats. I perdem aprenentatges. I cada vegada perdem una bugada. Perquè no permetem que l’exercici de la política sigui democràtic de fons. No permetem que la representativitat dels nostres i les nostres electes s’exerceixi fins al final. Per tant, és una iniciativa a la qual, malgrat que li veiem alguns problemes, hi donarem suport, i, a més a més, negociarem durant el seu tràmit, perquè ja els he dit que hi ha un parell de coses que no les veig clares. Iniciativa important, sí. L’únic que els demano és que tinguin les orelles obertes, perquè quan presentem altres iniciatives ja d’entrada se les llegeixin i les acceptin quan siguin necessàries. No cal que vinguin quatre anys després a explicar-nos una cosa que ja hem presentat i que han votat en contra. I vull acabar — i és molt, molt ràpid— fent esment del pacte per a les habilitats. El pacte dels habilitats nacionals a Catalunya és un pacte que ha de fer el Govern de la Generalitat amb la nostra gent per a la investidura. I vull que quedi clar que és un pacte que va fer Esquerra amb el PSOE, i que ja és hora que el compleixin. Per tant, si us plau, diputats diguin-ho a les seves direccions. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados; buenas tardes, diputadas. Hace un momento estábamos comentando con la diputada ponente de esta iniciativa que deseábamos que el debate que se produjera fuera cortés, en términos amistosos, tranquilos, sereno, reposado. Y esto se está cumpliendo, porque debo decir, por ejemplo, que lo que ella ha manifestado lo firmo todo, de pe a pa. Seguramente ha hecho el discurso que yo no llevaba escrito ―porque nunca traigo nada escrito―, pero que quería hacer, resaltando la importancia del trabajo que llevan a cabo nuestros representantes municipales, destacando la cotidianidad, la proximidad, la subsidiariedad. Dicho esto, me pregunto: ¿este año es cuando se han dado cuenta, de repente? Y la pregunta viene a tono porque en 2021, concretamente ―si no me equivoco― el 27 de abril de 2021, nosotros ya hicimos esta propuesta, y la hicimos porque respondía a las necesidades de regidores y regidoras del territorio ―porque somos un partido básicamente municipalista― que nos enviaban a los diputados de Madrid. Lo registramos la diputada Telechea y yo misma, y la sustanció ella en la Comisión de Política Territorial. ¿Saben lo que sucedió? Que votaron en contra. Entonces, es inconcebible pensar que, cuatro años después, las cosas han cambiado tanto; supongo que es por la pandemia. Ya se había dado esta situación, y ahora, de repente, se acuerdan de que efectivamente esto es así, se acuerdan de las virtudes del mundo municipal y se refieren a algo que para nosotros era evidente. Esta es una de las características de este Gobierno ―lamento decirlo― y del grupo que lo apoya directamente también. Llegan tarde. No hacen caso a distintas propuestas porque vienen de donde vienen, y eso que les apoyamos durante las investiduras, no sé qué sucedería si no lo hiciéramos. Estarán de acuerdo conmigo en que presentan una proposición idéntica a la que nosotros presentamos, con la modificación que nosotros también proponíamos. No hablábamos del voto telemático ―era el delegado―, y se agarraron a esto para rechazar nuestra proposición. Es una lástima, porque les dábamos un plazo también de seis meses. Y los casos en los que articulábamos que esto tenía que ser posible eran los mismos, con una diferencia: no habíamos previsto que fuera también porque eres miembro de otras Cámaras o eres miembro de otros consejos plenarios. Aquí también hay un elemento de acumulación de cargos que creo que todos deberíamos revisar. Más allá de todo esto, esta proposición ―y por eso se presentó en aquel momento― impacta de manera muy elevada en el género. ¿Por qué? Porque todos los datos explican que, especialmente en el ámbito municipal, hemos conseguido llegar a puntos de paridad importantes, gracias a las leyes que se han hecho para la participación de la mujer en política. Recordemos que, según los datos, somos más del 50 % de la población; sería razonable que ocupáramos el 50 % o más de los lugares de representación en nuestros municipios. Y esto, más o menos, se ha conseguido. ¿Pero dónde está el truco? El truco está en la repetición de legislaturas. Con unos estudios que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, se ve que la tasa de repetición de las concejalas es inferior a la tasa de repetición de los concejales. Es decir, si buscamos cuántas concejalas había, según datos del 2009 ―por lo tanto, espero que hayan mejorado―, en aquel momento, las regidoras entraban durante uno o dos mandatos, una o dos legislaturas y se iban a casa, y los concejales seguían agarrados a su escaño durante tres, cuatro o, incluso, algunos llegaban a nueve legislaturas. No está mal ―¿eh?― la paciencia de los votantes para tener tantas legislaturas en un solo escaño. En cualquier caso, lo que de algún modo expresa todo esto es que, además de la cantidad, hemos de mirar la calidad, porque las situaciones en las que se encontraban las concejalas de nuestro país eran insoportables. Esta es una de las cosas que, desde el feminismo, hemos intentado paliar a través de la legislación y de reflexiones desde este atril, de cómo es imposible ―no conciliar la vida personal y laboral que ustedes ya saben que es una falacia― compatibilizar el hecho de que eres persona y tienes distintos espacios y distintos ámbitos en tu vida. Creo que los ejemplos personales son poco relevantes y son anecdóticos, pero quiero explicar que, durante los cuatro años que fui concejala, tuve una hija, tuve un embarazo de riesgo, murió mi padre entre mis manos, ¡en cuatro años!, y jamás dejé de acudir a un Pleno. Acudí a un Pleno a los seis días de vida de mi hijo, porque era imprescindible ir a una votación esencial. Pero ¿qué mensaje enviamos a las personas cuando hacemos esto? ¿Que somos supermujeres? Nadie quiere ser una supermujer. No hay ningún interés que pueda lidiar con los intereses personales, con el dolor de la muerte o la angustia de un embarazo complicado o con el necesario cuidado que necesita una criatura de seis días. ¿Qué mensaje estamos enviando si no respetamos esto en nuestras propias vidas? ¿Cómo respetarán esto los que son administrados o representados por nosotros mismos? Hay otro elemento, destacado por la diputada hace un momento, y es esta vocación de servicio. En los municipios pequeños, nadie se pone a representar a su partido o a su agrupación de electores por dinero. Nadie. Hay una vocación, hay una voluntad de servicio, y esta voluntad de servicio se traduce en que, si no puedes estar presente, no quieres perjudicar a tu grupo y, por lo tanto, abandonas la política, y perdemos talento, perdemos sensibilidades, perdemos aprendizajes. Cada vez perdemos, porque no permitimos que el ejercicio de la política sea democrático de fondo, no permitimos que la representatividad de nuestros y nuestras electas se haga y se ejerza hasta el final. Por lo tanto, es una iniciativa a la que, aunque le vemos algunos problemas, vamos a dar apoyo y, además, negociaremos durante su trámite, porque ya les he dicho que hay un par de cosas que no veo claras. Iniciativa importante, sí. Lo único que les pido es que abran las orejas para que, cuando presentemos otras iniciativas, ya de entrada, se las lean y las acepten cuando sean necesarias. No hace falta que vengan aquí cuatro años después a explicarnos algo que ya hemos presentado y a lo que votaron en contra. Acabo, rápidamente, mencionando el pacto para los habilitados nacionales en Cataluña. Es un pacto que hizo el Gobierno de la Generalitat. Quiero que quede claro que se trata de un pacto que hizo Esquerra con el PSOE. Por lo tanto, por favor, diputados, díganselo a sus direcciones. Muchas gracias. .

Txema Guijarro García SUMAR

Señorías, buenas tardes a todas y a todos. El Grupo Socialista trae a debate una iniciativa para la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la cual pretende otorgar la posibilidad de ejercer el voto telemático para aquellos cargos electos de ámbito municipal frente a los órganos colegiados en los que participan y son convocados, como ya se ha dicho. Parece de un sentido común tan rotundo que resulta ciertamente incomprensible que una reforma de estas características no se haya acometido hasta la fecha, como ya ha dicho antes de mí algún que otro portavoz, por lo que confío en que no solo pueda ser tomada en consideración, sino que, además, se tramite y apruebe con cierta celeridad, debido al alto grado de consenso que esta iniciativa debiera suscitar. Cualquier otro escenario resultaría del todo marciano, puesto que las Cortes Generales ―tanto esta Cámara como el Senado― han venido promoviendo distintas reformas reglamentarias a lo largo de estos últimos años para dotarse ellas mismas de esta prerrogativa. Y es que no parece que las vicisitudes y circunstancias personales que empujan a un miembro de cualquiera de estas dos Cámaras a solicitar la emisión de un voto telemático vayan a ser muy diferentes de las que pueden afectar a cualquier alcalde o alcaldesa, concejal o concejala, de este país. Sin duda, el año 2020 fue un año de fuertes cambios, como ya se ha dicho. Entre otras muchas consecuencias, la pandemia global que padecimos aquel año supuso un salto cualitativo en el uso de herramientas electrónicas en muy distintos ámbitos, no solo en la esfera familiar o laboral. En realidad, difícilmente podemos toparnos hoy con alguna interacción humana que no se viera afectada entonces de un modo u otro por estas herramientas. De hecho, ya se tomaron decisiones en este sentido en aquel marzo fatídico del año 2020, cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 11/2020, el cual, entre otras muchas medidas de excepción, habilitó la posibilidad para estas corporaciones de constituirse, celebrar sesiones y adoptar, además, acuerdos por vías telemáticas cuando ―decía el texto― concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor. Como decía, el legislador no dudó entonces en convalidar estas medidas, a la vez que promovía reformas reglamentarias para adaptarse él mismo a estas situaciones. De hecho, se han producido sucesivos avances desde entonces, de modo que hoy el ejercicio del voto telemático está absolutamente extendido y normalizado entre nosotras y nosotros, diputadas y diputados de este Congreso, de acuerdo con unas reglas tasadas y objetivas. Por tanto, hacer extensiva esta posibilidad a otros muchos cargos electos a lo largo de todo el país es ahora una obligación moral urgente. Es nuestra urgente obligación como legisladores. Por ello, confío en que los debates y polémicas que puedan darse en torno a esta iniciativa se produzcan, en todo caso, a lo largo de su tramitación, ya que no se entendería que algún grupo se opusiese a ella. Por último, no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para avanzar en un debate que esta iniciativa toca de lleno y que pocas veces abordamos. Me refiero a la posibilidad de alcanzar mayores cotas de participación democrática gracias al rápido desarrollo de estas herramientas digitales. Por supuesto que estas ventajas deben afectar a los cargos municipales electos, la inmensa mayoría de los cuales no ejercen sus funciones de manera exclusiva, pero creemos que no se trata solo de mejorar nuestros mecanismos representativos. La propia revolución tecnológica que estamos viviendo hace ahora posibles medidas que resultaban absolutamente disparatadas hace muy pocas décadas. Como es sabido, el debate moderno sobre la democracia directa versus democracia representativa quedó rápidamente descartado ante los altísimos costos de gestión que esta primera presuponía. Salvo Rousseau y quizá Babeuf, ninguno de los grandes pensadores francófonos del siglo XVIII abordó seriamente esta posibilidad y, aun con todo, el ginebrino apenas fue más allá de alguna exhortación más o menos difusa. Seguramente entonces nadie podía imaginar la convocatoria de un ágora en el que cupieran millones de personas y no ya solo un puñado de ciudadanos privilegiados de una ciudad-estado como lo fue la Atenas del siglo V antes de Cristo y en la que tantos habían querido inspirarse. Hoy, señorías, esto ya no es así. El estado de la tecnología actual nos ofrece cada vez más la posibilidad de recurrir directamente al soberano, al pueblo, para tomar decisiones trascendentales sin tener que pasar por sus instancias de mediación política. Sin embargo, resulta curioso, casi diría desconcertante, que el último referéndum celebrado en España se celebrara ya hace más de veinte años a propósito de la aprobación de la Constitución europea, y que solo se haya empleado este mecanismo en dos ocasiones a lo largo de toda la democracia. Por otro lado, ya hay varios países en Europa que han estado introduciendo la posibilidad de ejercer el voto telemático para sus ciudadanos; de esta forma, también facilitan y promueven la consulta directa a sus representados. Estonia es, sin duda, la más avanzada en este campo ―es de sobra conocido―, pero también algunos cantones suizos y Estados federados en Alemania están ya poniendo en práctica este tipo de herramientas para la ciudadanía, así como Francia y Noruega, que están también progresando en determinadas circunscripciones. Por lo tanto, señorías ―y para acabar―, creo que no tendríamos ninguna excusa, ninguna excusa real, para dilatar el debate y la aprobación de una medida que va a beneficiar no solo al cuerpo de representados y representadas de España, sino a las propias funciones de representación que ejercen, por otro lado, todos los partidos, desde el Partido Popular y el Partido Socialista hasta nosotras mismas, etcétera. Con lo cual, confío en que el sentido común se imponga y podamos legislar con celeridad sobre esto. Muchas gracias. .

Andrés Alberto Rodríguez Almeida VOX

Muchas gracias, señor presidente. Voy a empezar aclarando que soy concejal; tengo la suerte de ser concejal de la ciudad más bonita de España: Las Palmas de Gran Canaria. Y es bonita por naturaleza, por gracia divina. Tenemos una ubicación perfecta, un clima maravilloso, pero la acción del hombre realmente la está estropeando. En concreto, me refiero a más de diez años de Gobiernos socialistas en Las Palmas de Gran Canaria, que están degradando bastante la ciudad. . Si alguien nos visita este fin de semana, le animo a que el sábado, a las cinco de la tarde, recorra la playa de Las Canteras precisamente para unirse a la manifestación contra la alcaldesa, Carolina Darias, por la degradación de nuestra maravillosa ciudad. Como esto va de entidades locales, señora Canelo Matito, le diré que el Grupo Parlamentario Socialista ha decidido presentar hoy una iniciativa legislativa absolutamente innecesaria. Es innecesaria porque el voto telemático en las entidades locales ya existe. Por cierto, siendo isleño, le diré que el Grupo Parlamentario Socialista ha obviado en la iniciativa a unas entidades locales muy importantes, que son los cabildos y consejos insulares, que de verdad son necesarias para esa unidad territorial que se necesita por la fragmentación del territorio en los archipiélagos. Pero, claro, para eso efectivamente hay que saber lo que es la realidad local, insular, y también querer ayudar. Pero ustedes no quieren ayudar realmente a las entidades locales, porque ya digo que es absolutamente innecesario, el voto telemático ya lleva muchos años en nuestras entidades locales. Como estamos en Madrid, me referiré a esta capital. En Madrid, en el año 2016, presidiendo el ayuntamiento Manuela Carmena, se aprobó un sistema de sesiones en el que había un debate y unas votaciones telemáticas. Y Madrid, siendo la capital, no fue pionera, antes de Madrid la Diputación de Sevilla y ayuntamientos como el de Huelva, Zamora o San Martín de la Vega ya tenían un sistema con el que era posible el voto telemático. De manera ya más generalizada, con motivo de la pandemia, también se habilitó esa posibilidad, pero siempre se ha movido en el ámbito de una posibilidad. Lo que ustedes han traído hoy aquí es una imposición; es decir, vulnerar el artículo 140 de la Constitución española que habla de la autonomía municipal. Ustedes no quieren que aquellos municipios que quieran habilitar el voto telemático para sus corporativos lo puedan hacer, sino que ustedes quieren imponerlo. ¿Imponerlo como un derecho de la ciudadanía? No, como un derecho de la clase política. Porque mientras los vecinos y los ciudadanos ―y esto es lo realmente insultante― ven que cada vez pagan más impuestos ―ahora está la tasa de basuras, injustamente impuesta por parte de este Gobierno socialcomunista― y ven cómo se restringen sus capacidades de movimiento e incluso se les prohíbe con las zonas de bajas emisiones, para la clase política, para la casta política, todo son prebendas, habilitando incluso el derecho del voto telemático para la clase política. Esto no tiene ningún sentido. . Ustedes no trabajan para los vecinos, ustedes trabajan para ustedes mismos. Señora Canelo Matito, también ha afirmado que una de las motivaciones de esta proposición de ley es la decencia institucional. Hombre, hay que tener mucho cuajo para ser del Grupo Parlamentario Socialista y decir aquí, en esta Cámara, que lo que motiva esta proposición de ley es la decencia institucional. . ¿De verdad lo dice el Grupo Parlamentario del Tito Berni, del señor Ábalos y de Santos Cerdán? De verdad, ¡hombre!, ¡háganselo mirar!, tengan al menos un poco de vergüenza torera antes de hacer estas afirmaciones. Señorías, es evidente que estamos una vez más ante una maniobra de distracción para desviar la atención mediática y política sobre los casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno, sus colaboradores más cercanos y sus familiares. No cuenten con nuestro apoyo. VOX no convoca una manifestación contra el Gobierno el domingo, señorías del Grupo Popular, y al día siguiente negociamos un Tribunal Constitucional para blanquear una ley de amnistía a golpistas y malversadores. En VOX mantenemos una oposición frontal y total a este Gobierno de socialistas, comunistas, separatistas, filoetarras y golpistas. . Por eso les exigimos una vez más la dimisión del [presidente]1 del Gobierno [más corrupto] 2 de nuestra historia reciente, la convocatoria de elecciones y la puesta a disposición de la justicia, para que sean juzgados y condenados por todos los crímenes que han cometido para mantenerse en el poder. Muchas gracias. .

Antonio Román Jasanada PP

Señor presidente, señorías, debatimos hoy una proposición de ley que llega con retraso. El Senado en abril de 2024, con una mayoría abrumadora, también con el voto del Grupo Socialista y la abstención de algún grupo que hoy ha anunciado su voto favorable, ya aprobó esta proposición de ley, que pedía la modificación del artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen Local. Desde entonces, cincuenta y dos aplazamientos en el Congreso; se metió en la nevera de la señora presidenta, y desde entonces ese interés que hoy decía tener por la lesión que sufrió hace un año la señora diputada parece que no era tal, cuando ya hace año y medio que el Grupo Popular trajo una proposición de ley para arreglar las circunstancias que tristemente rodearon a esta diputada. . El Senado, que es la Cámara de representación territorial, hace dieciocho meses que hizo su trabajo. El Grupo Popular promovió y consiguió un consenso amplio en defensa del municipalismo con el objetivo de que se tomara en consideración, se debatiera y se mejorase una iniciativa. Había algunos ―hoy lo han repetido― que apostaban por el voto delegado y otros que decían que era necesario profundizar más en las propuestas, pero ahí estaba abierto el debate. El Grupo Socialista lo que ha hecho ha sido retirarlo, aplazarlo y no debatirlo, y hoy nos trae una proposición de ley sobre el mismo artículo 46. En este caso cambia que es el Grupo Socialista el que lo presenta, como si aquí no hubiera memoria parlamentaria. Y, además, lo que traen ustedes es algo con poco trabajo, una mera transposición del artículo 82 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Copiar y pegar, señora diputada, no es el trabajo de un parlamentario. Creo que hay que hacer alguna reflexión sobre la realidad municipal, escuchar a las entidades locales y hacer aportaciones. Copiar y pegar, que es lo que han hecho, del Reglamento del Congreso no es un buen trabajo parlamentario. Por tanto, no podemos pasar por alto, por una parte, la desidia política, como tampoco las carencias del texto. No guardan las formas ni trabajan el contenido. Y en cuanto a las formas, he hecho alusión al retraso: una proposición, insisto, aprobada en el Senado, apoyada por todos y no tramitada. Demuestran desidia y dejación de funciones en la obligación de legislar y tramitar las iniciativas aprobadas en la Cámara Alta. Y esto no les preocupa. Parece ser y todos sabemos que están más ocupados en tratar de tapar la corrupción de Pedro Sánchez, de su familia, la corrupción de sus compañeros socialistas de partido, de sus secretarios de organización e, incluso, de ministros, que salen vitoreados por ustedes cuando se levantan aquí de los sillones, cuando esos ministros y secretarios de organización disfrutaban con cajas de folios, con chistorras, y los que son veganos con lechugas, aunque, eso sí, iluminados todos con los soles que iluminan y enriquecen la calle Ferraz. . Ahora sus empleados, gerentes y compañeros de partido recolocados en empresas públicas de enriquecimiento de uranio tienen que declarar acerca de los sobres transparentes, también enriquecidos, dirigidos a algunos ilustres socialistas. Y veremos si no tienen también que declarar sobre las bolsas de dinero que algunas personas declaran que entregaban en la sede del Partido Socialista. Pronto sabremos si, además de tener la máquina del fango en la calle Ferraz, también tienen la máquina de los fajos. Comprendo que 1 Palabra retirada por la Presidencia de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara 2 Palabras retiradas por la Presidencia de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. con tanta ocupación no les haya dado tiempo a leer la iniciativa aprobada en el Senado y que está en la nevera de la presidenta Armengol. Y si en las formas no estamos de acuerdo, tampoco compartimos el contenido. Ustedes demuestran un desconocimiento de la arquitectura supramunicipal, y se lo digo desde el respeto. Han olvidado, y lo han mencionado también, que alcaldes y concejales no solo participan en diputaciones, asambleas regionales o en Cortes Generales; también participan en cabildos, consells insulares, comarcas, mancomunidades, áreas metropolitanas, consorcios, en la Federación Española de Municipios y Provincias e, incluso, organismos internacionales de representación municipal. Pero para esto no piden que tengan voto telemático. ¿Por qué? Porque no lo incluía el Reglamento del Congreso. No contemplan esa posibilidad cuando un representante local pueda estar en representación de su municipio en un organismo, en un foro nacional o internacional o en un acto deportivo, como pudiera ser cuando el Granollers pueda jugar ―ojalá― la Final Four de balomnano en Colonia, como algún diputado fue a la final de la Conference League en viaje oficial, de modo que usted podría ir como diputada, pero no como alcaldesa de Granollers. . Así pues ―y disculpen la frivolidad irónica―, pueden solicitar el voto telemático por la enfermedad de un cuñado con el que no se hablan y que vive a 500 kilómetros del pueblo o de una sobrinita de algún ilustre socialista feminista, pero no lo pueden pedir por representar legítimamente a su municipio en un organismo supramunicipal o representando a estas mismas Cortes Generales. Quieren permitir el voto telemático para familiares de segundo grado por afinidad, pero no incluyen cuando el alcalde o el concejal está representando al municipio. Es difícil encontrar una incoherencia más elocuente. El Grupo Popular cree necesaria la modificación del artículo 46, pero también hay que tener presente la realidad de los pequeños y medianos ayuntamientos. Esta proposición no dice ni una palabra del coste que puede suponer la implantación tecnológica para ellos, con escasos recursos, sin medios informáticos ni conectividad adecuada. ¿Quién financiará el sistema de identificación segura o el soporte técnico para garantizar la validez del voto telemático? ¿Qué coste económico va a tener esta ley? ¿Han pensado en los miles de municipios de menos de cinco mil habitantes? El texto no lo prevé. El Grupo Popular no se opone a la esencia de esta norma. Ya llevamos esta propuesta al Senado y salió adelante. Ustedes tendrán que explicar por qué la han bloqueado en el Congreso. Pero consideramos que hay que mejorarla, que hay que enmendarla. Creemos que esta modificación legislativa es necesaria, pero mejorable. El voto telemático es un instrumento que facilita la participación democrática cuando hay causas justificadas, como la maternidad, paternidad, conciliación o representación institucional. Somos críticos en las formas, como he explicado, y estaremos vigilantes en la tramitación y enmendaremos esta proposición de ley. Queremos y creemos en el avance democrático, en la digitalización responsable, pero también en la coherencia, el respeto institucional y el apoyo real a los ayuntamientos, y no el distanciamiento y la falta de diálogo que desde el Gobierno hay con las entidades locales. Piensen, señorías, que de nada sirve modernizar el voto si siguen despreciando la voz de quienes sostienen la democracia local desde el territorio, la de los alcaldes y concejales que cada día representan a sus vecinos con entrega, sin recursos y muchas veces, en situaciones de emergencias, abandonados. Termino con una cita: «Usted, en mi partido, no llegaría ni a alcalde de pueblo.» Este es el desprecio del presidente Sánchez a todos los que ejercen en las concejalías o las alcaldías. .

Víctor Camino Miñana PSOE

Gracias, presidente. Las alarmas llevan saltando desde hace tiempo en la mal llamada España vaciada. Convivimos con una parte del país absolutamente desaprovechada, ya que el 80 % de la población vive en el 15 % del territorio. Y no es un reto únicamente para aquellos que viven en los territorios despoblados, también es un reto para el conjunto de la población. Por ello, el Grupo Socialista plantea esta tarde algunas vías para ayudar a reequilibrar el país y posibilitar que jóvenes rurales se queden en sus lugares de origen. Señorías, les proponemos aprovechar el avance de la conectividad e impulsar el teletrabajo para fijar población joven en el medio rural. En resumen, de nuevo traemos a esta Cámara otra oportunidad para desplegar más derechos. . Verán, el código postal determina todo. Como sociedad no debemos normalizar una desigualdad entre quien nace en un código postal rural y el que nace en un código postal urbano, y, como generación, también es fundamental tumbar el mito de la meritocracia, el del esfuerzo o el de que si la sigues la consigues. Porque ¿cuál es la renta de los padres y de las madres? ¿En qué ubicación creces? ¿Qué posibilidad educativa y laboral hay en tu entorno? Me explico. Quieren aterrizar una idea de que nacer o aterrizar en la cima y en los centros de la ciudad forma parte de un éxito que viene dado por esa justificación moral, pero no, diputados y diputadas, la distancia entre un accidente y un hospital, el porcentaje de sueldo destinado a un alquiler, incluso usar o no el horno para guardar sartenes, todo ello lo determina la cuna en la que naces. Cuando algunos agitan banderas al grito de que se rompe España, les podríamos decir que dejaran las banderas y el odio y sacaran los mapas. . Realmente España puede romperse, pero lo puede hacer por la frustración generacional respecto a las expectativas en las grandes ciudades o por la fractura invisible de la despoblación. Repito, señorías, este contexto de desigualdad exige una respuesta contundente. Por ello, les propongo una triple transición: una transición digital, social y verde que equipare los puntos de partida. En primer lugar, una transición digital para incentivar el teletrabajo en la Administración pública, una palanca para disminuir la presencialidad en las oficinas urbanas y llenar así la vida de los pueblos. Utilicemos el liderazgo de España en Europa en cuanto a conectividad y el haber logrado triplicar el número de españoles y españolas con 5G en zonas rurales en estos últimos cuatro años, esto es ―para que lo entiendan―, que ocho de cada diez personas que viven en zonas despobladas ahora mismo podrían estar teletrabajando en sus pueblos; en 2021 apenas lo podían hacer tres de cada diez. En segundo lugar, poner en marcha una transición social que empodere territorios con servicios básicos ―sanidad, educación y transporte― y que también consigan dinamizar la economía local y generar prosperidad; una España de servicios con calidad a menos de treinta minutos en cualquier lugar de residencia. Por último, y no menos importante, generar una transición verde que asegure la sostenibilidad, esto es, consolidar las dos transiciones anteriores con una estrategia verde que fije la población atraída por el teletrabajo en los municipios rurales. Con esta palanca no solo conseguimos romantizar la vuelta a los pueblos o reivindicarlo desde esa perspectiva, también tratamos de dignificar las decisiones legítimas que lleven a cabo una revolución de las cosas sencillas. Volverse o quedarse en el pueblo no es en ningún caso un paso hacia atrás. Lo preocupante es acabar en una gran ciudad con un Gobierno retrogrado, como el que estigmatiza a las mujeres que ejercen el derecho al aborto o el que equipara colgar una bandera LGTBI con colgar pancartas contra el alzhéimer o contra el cáncer. ¿Saben dónde ha sucedido esto, señorías? ¿Ha sucedido en un municipio pequeño? No, ha sucedido en Madrid y ha sucedido en Valencia , lugares donde ahora mismo es complicado diferenciar al Partido Popular y la extrema derecha de VOX. Y, señorías de la extrema derecha, para ustedes el nacimiento de Ayoub, que era hijo de inmigrantes, el primer bebé en dieciocho años en un pueblo de 91 habitantes, Vega de Villalobos, en Zamora, fue ―y cito textualmente― tenebroso. ¿Lo recuerdan, señorías de VOX? Fue tenebroso para ustedes, pero para la mayoría de España fue una gran noticia, porque la España rural no es tenebrosa, la España rural es diversa. Diputados y diputadas, esta propuesta no viene solo del Partido Socialista ni tampoco es una cosa solo de pueblos, que únicamente interesa a los pueblos; es un activismo para intentar reequilibrar las zonas urbanas hiperconcentradas y la España despoblada. Este Congreso puede poner esta tarde políticas a las canciones que cantan los chavales de Sanguijuelas del Guadiana y hacer nuestro ese Revolá, ese himno contra la despoblación, porque la medida, en conclusión, es un billete de vuelta para una generación que hizo las maletas sin mucho entusiasmo y quiere regresar a los entornos donde se respira aire puro y hay más vida. Es una mano tendida a quienes no se fueron y continúan mirándonos, mirando a esta Cámara con la esperanza de verse representados y representadas. ¿Cómo serían esas vidas si pudiesen teletrabajar desde un pueblo o desde una ciudad manteniendo sus condiciones? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Verán, me considero hijo del éxodo rural que llevó a mi padre a hacer las maletas para ir de Siete Iglesias de Trabancos, en Valladolid, a Valencia, hace unas cuantas décadas. Por eso esta reivindicación es intergeneracional, no es únicamente joven. Tiene en cuenta los abrazos de las abuelas, padres y madres que pasan semanas echando de menos a los suyos. . Tiene el sello de personas, como los padres de Sara, que esta tarde nos acompañan desde la tribuna. Sara es una joven que decidió escribirme hace unos meses por redes sociales y animarme a plantear esta necesidad desde Romangordo, Cáceres. A veces consiste en eso, en utilizar los móviles para hacer menos tiktoks que insultan y hacer más y mejor política, porque yo creo en esta democracia que permite, a través de un teléfono o de un ordenador, ayudar a jóvenes a levantar una de las mejores banderas que tiene la sociedad, la bandera de la igualdad. Muchas gracias. .

Jorge Pueyo Sanz SUMAR

Gracias, presidente. ¡Ya veo que estamos con aforo completo!, que importa poco el tema de la despoblación. Señorías, si hablamos de despoblación, empecemos por el principio: la causa de la despoblación son ustedes. Es este Estado radial, que invirtió en tres polos de industrialización y dejó al resto a su suerte y al olvido. Es hoy un Madrid que actúa como una suerte de distrito federal, o, más bien, como una aspiradora que aspira población, que aspira fiscalidad, que aspira infraestructuras. ¿Qué sentido tiene, si salgo de Huesca y quiero ir a Valencia o a Galicia, que tenga que pasar por Madrid? ¿Qué sentido tiene el último ejemplo de este Madrid ―de esta España dentro de España, que dice Ayuso―, apropiándose del museo Ramón y Cajal, en lugar de dejarlo donde corresponde, en Aragón? El otro día me decía un amigo aquí, en Madrid: «¿A qué es bonito Madrid?» «¡Hombre!, como para no serlo ―respondí―, lo hemos pagado entre todos». Y no deja de ser verdad. A día de hoy Madrid es un gigante insaciable, que encima dice Ayuso que se tiene que proteger a sí mismo, pero no para proteger a las clases populares madrileñas, no, sino para proteger a sus ricos, porque hoy en los rascacielos de la Castellana vemos cómo 900 fondos de inversión se están quedando con cien mil millones de euros de tierras de cultivo, como las cinco grandes empresas oligopólicas de este país en 2019 estaban generando más de 5000 millones de euros de beneficios, y, a día de hoy, tras colonizar el mundo rural, más de 22 000 millones de euros de beneficios, es decir, cuatro veces más. Señorías, Madrid no puede seguir siendo un paraíso fiscal. Mientras que Madrid siga siendo un paraíso fiscal, la península, el interior peninsular, será un infierno demográfico. . El oligopolio se aprovecha, y el Estado deja que se aproveche. Este modelo tiene nombre, se llama colonialismo interior. Señorías, ese dinero viene de los pueblos del Estado, y es a los pueblos del Estado a los que hay que reparar el daño que se les ha causado y la despoblación a la que se les ha condenado. Por eso, en Chunta Aragonesista exigimos que, de esos 22 000 millones de beneficios de esas grandes empresas oligopólicas eléctricas, 220 millones, un 1 %, vaya dedicado a Teruel, Cuenca y Soria y las ayudas para funcionamiento que llevamos reivindicando desde hace más de cinco años. Señorías del PSOE, aunque ha sido un discurso muy bonito, la despoblación no está para medidas cosméticas. Estamos hablando de igualdad, de igualdad territorial, y la igualdad es un principio fundamental, que debe ser transversal a todas las políticas. Por eso, luchar contra la despoblación como hacen ustedes, solo a través de favorecer el teletrabajo de los jóvenes, sinceramente es tomarnos el pelo, y más cuando solo el 3 % de los teletrabajadores teletrabajan al cien por cien, porque, señorías, para teletrabajar en el mundo rural hace falta algo previo. ¿Saben qué es? Una casa y conexión a Internet, las dos cosas, y en el mundo rural no hay ni la una ni la otra hoy en día. Hablan en su iniciativa de vivienda también, pero no proponen nada. Acaban de salir las conclusiones de la consulta pública de la nueva Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que, literalmente, dice que la vivienda se identifica como el principal reto. ¿Han hecho algo? No. Se lo están diciendo todos los indicadores: en el mundo rural a día de hoy no hay oferta de vivienda, no hay soluciones. Las soluciones que se han aportado por parte del Partido Socialista son esas ayudas a los jóvenes del mundo rural que han llegado en Aragón a 152 personas. ¡Es ridículo! Lo que hay que hacer, y es lo que venimos reivindicando desde el Grupo Plurinacional SUMAR y desde Chunta Aragonesista, es crear un parque público de vivienda. Y desde Chunta venimos pidiendo que haya ayudas al alquiler, que haya ayudas a la compra y, sobre todo, que haya ayudas a la rehabilitación. . Y en cuanto a la conexión de Internet, en su proposición no de ley dicen que se ha alcanzado el cien por cien. Sinceramente, no sé en qué mundo viven. Llevan cinco años prometiendo cobertura y alta velocidad en todos los rincones del Estado; mientras tanto, se han invertido millones de euros, pero en el rural aragonés seguimos casi igual. ¿Cómo voy a teletrabajar en mi pueblo si no puedo hacer una videollamada, si me cuesta tres horas descargar un archivo de un giga? ¿Cómo voy a teletrabajar? Acerca de cuando hablen de conectividad, personalmente les recomiendo que se vayan a los Monegros. Pásense por Sariñena; pregúntenles por la conectividad. En el último mes, llevan seis días seguidos sin conexión a una red de teléfono; seis días seguidos. Por ello proponemos que haya una empresa pública que cubra esto, porque muchas veces para el Estado puede no ser rentable en el presente, pero ya les digo que es rentable de cara al futuro. Y en cuanto a movilidad, simplemente quiero expresar que la movilidad en el mundo rural no es un derecho más, es el principal derecho, es el derecho a partir del cual se ejercitan todos los demás derechos. Y termino, presidente. Si llevar a mi hijo a estudiar a la universidad puede que para mí sea una ruina, si ir todos los días a mi trabajo en coche es una ruina, si ir al médico o a disfrutar del ocio es un privilegio, eso es desigualdad, y eso es lo que hay que corregir. Por ello, entre otras cosas, estaremos este sábado, día 25, en Chaca, en Jaca, para decir que queremos vivir en un mundo rural digno, que queremos vivir en una montaña digna y en un Aragón libre de su extractivismo, de su colonialismo y de ustedes. Muitas grazias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, president. Senyories del Partit Socialista, senyor Camino. Molt bé les seues propostes: més 5G, més coworking, més teletreball, més compromisos lights per a millorar el transport públic. Tot això està bé, ens agrada, però en aquesta proposició no de llei no trobe com realment millorar les condicions de vida de la gent que ha de viure en els pobles i de treballar en els pobles, si volem anar un poc més enllà, si volem rascar un poc més en les condicions que tenen. Perquè no hi ha mesures per a garantir sous dignes, per a reduir la jornada laboral, per exemple, o per a assegurar que una jove que es vulga emancipar es puga emancipar en el seu poble. Tampoc trobe mesures de compromís per l’habitatge — ja ho ha dit el diputat Pueyo— per a l’habitatge públic, que és essencial en el món rural, o amb els serveis públics i de qualitat que moltes vegades no trobem en el món rural. Tampoc apostes decidides i concretes pel transport, el transport, que jo crec que és bàsic i fonamental per a garantir que la gent puga viure als seus pobles, no està tampoc en esta proposició no de llei — que a més és una proposició no de llei, és un posicionament polític. Jo crec que la qüestió o el problema principal no és la cobertura del mòbil en el món rural, sinó la cobertura de drets bàsics i fonamentals en el món rural. La despoblació no s’acaba, no s’acaba només en tindre més pantalles, fa falta tindre més drets per a poder tindre més futur. Acabe, president. El futur no és només poder teletreballar des de ta casa, és poder viure bé, visques on visques, sobretot si vius en el món rural. I açò, senyor Camino, li ho diu una diputada que viu al seu poble i que patix cada dia les mancances i les conseqüències de la mala gestió pública que hi ha en el món rural. Gràcies. Gracias, presidente. Señorías del Partido Socialista, señor Camino, muy bien sus propuestas. Más coworking, más teletrabajo, más compromisos light para mejorar el transporte público: todo esto está bien, nos gusta. Pero con esta proposición no de ley no veo cómo mejorar realmente las condiciones de vida de las personas que tienen que vivir y que quieren trabajar en los pueblos si queremos ir un poco más allá, si queremos rascar un poco más en las condiciones que tienen, porque no hay medidas para garantizar sueldos dignos, para reducir la jornada laboral o para asegurar que una joven que se quiera emancipar pueda hacerlo en su pueblo. Tampoco veo medidas de compromiso para la vivienda pública ―ya lo ha dicho el diputado Pueyo―, que es fundamental en el mundo rural, o respecto a los servicios de calidad que muchas veces no encontramos, ni apuestas decididas y concretas para el transporte, que es básico y fundamental para garantizar que la gente pueda vivir en sus pueblos. Esto no está tampoco en esta iniciativa, que refleja un posicionamiento político. Creo que la cuestión o el problema principal no es la cobertura del móvil en el mundo rural, sino la cobertura de derechos básicos y fundamentales en el mundo rural. La despoblación no se termina solo con el hecho de tener más pantallas, sino que se necesitan más derechos para tener más futuro. No es solo poder teletrabajar desde casa; es poder vivir bien, vivas donde vivas, sobre todo si vives en el mundo rural. Y esto lo dice una diputada que vive en su pueblo y que cada día sufre las carencias y las consecuencias de la mala gestión pública que hay en el mundo rural. Gracias.

Cristina Valido García CCa

Señorías, presidente, efectivamente, nosotros compartimos que es importante garantizar el acceso al teletrabajo a cualquiera, viva donde viva. Y para eso hay que tener conectividad, hay que tener cobertura, pero eso es algo que todavía en muchos sitios del Estado español es un deseo, una esperanza. Y no estamos hablando solo de teletrabajo, estamos hablando de que en un Estado en el que casi todo se hace ya con certificado digital y vía Internet, ¿cuántas son las personas y las familias en España que no pueden solicitar una ayuda, que no pueden tramitar una ayuda porque no tienen ni equipos ni conectividad ni cobertura, y tienen que pagar asesorías y gestorías para que se lo hagan? ¿Creemos, de verdad, que el teletrabajo va a hacer que la gente se quede en pueblos que no tienen los servicios mínimos de salud y educación, que no tienen la cultura y el ocio al que deben tener derecho? Por supuesto, nosotros vamos a apoyar cualquier medida que busque mejorar la conectividad y los derechos de las personas que están en todos nuestros pueblos. Pero no nos olvidemos de que para que la población enraíce hacen falta infraestructuras, hacen falta espacios, por supuestísimo, para la gente joven, espacios deportivos, hace falta una vida que nuestros pueblos han perdido. Y déjenme que hablemos un poquito de la cara B de ese teletrabajo que ahora parece la panacea, el teletrabajo que está vaciando ciudades que se están llenando de turistas en alquiler vacacional. Y déjenme que les hable de los nómadas digitales que desde toda Europa están aterrizando en lugares como Canarias o Baleares para pasar dos o tres meses, para pasar todo el invierno, pagando alquileres que los locales no podemos pagar, y el impacto que eso está teniendo en el mercado de la vivienda. Tenemos que revisar y revisar mucho: cómo garantizamos el futuro de nuestros pueblos, cómo garantizamos el derecho de la gente no solo al teletrabajo, sino a poder pedir una ayuda, a tener una conexión a Internet.

Cristina Valido García CCa

Nosotros votaremos a favor porque creemos que la brecha digital es un asunto de urgencia, pero debemos hablar con más calma del impacto de todo el teletrabajo en nuestras ciudades y en nuestros pueblos.

Néstor Rego Candamil BNG

Obrigado, señor presidente. Moi boa tarde. O despoboamento é un problema tamén na Galiza, en moitos concellos da Galiza, especialmente do interior, grave e a solución non pasa só por teletraballo e evidentemente pasa por un abano amplo de medidas que van da adecuada ordenación do territorio, a garantía da produtividade xusta da actividade no sector primario, pasando tamén por mellorar os servizos públicos no ámbito rural. Porque hoxe efectivamente é tremendamente difícil poder asentarse e vivir con dignidade no mundo rural. Falta de vivenda, de emprego digno, de transporte, de servizos públicos que permitan conciliar gardería, centros de día, atención á dependencia, etcétera. leva moitos mozos e mozas a abandonar. A isto súmase a dificultade de acceder a unha conexión adecuada de telefonía e datos. Xa non falamos de conexión 5G, senón que moitos núcleos rurais aínda hoxe padecen unha total desconexión despois do pagamento da centrais de cobre e a substitución por fibra óptica, porque o despregamento desta non se fixo de maneira rápida nin adecuada. Aliás, a cobertura de telefonía móbil é tamén deficitaria. E todo isto fai imposíbel un acceso telemático para facer trámites, xestionar unha empresa ou o teletraballo, que é o que se está a propor. Para alén disto, nós entendemos que o teletraballo non é a panacea universal que ás veces quen o defende parece crer. Implica de maneira positiva a flexibilización de horarios, a posibilidade de traballar no domicilio pode ser unha opción moi interesante para moitas persoas traballadoras mais, para evitar abusos, a súa regulación debe ser mellorada porque se non, acaba sendo un problema, a conciliación acaba recaendo máis unha vez fundamentalmente nas mulleres, as empresas non fornecen os materiais necesarios nin indemnizan pola subministracións que se utilizan no domicilio, hai maior risco laboral, desconexión coa representación sindical, especialmente cando o teletraballo non se compaxina coa presencialidade, que pode levar efectivamente aínda a maiores abusos como aqueles que practican empresas que utilizan o teletraballo como despedimento encuberto ou como recompensa. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. La despoblación es un problema también en Galicia, en muchos ayuntamientos de Galicia, sobre todo en el interior, y grave. Y la solución no pasa únicamente por el teletrabajo, evidentemente. Pasa por un abanico enorme de medidas, que van desde la adecuada ordenación del territorio a la garantía de productividad, justa actividad en el sector primario, pasando también por mejorar los servicios públicos en el ámbito rural, porque hoy, efectivamente, es tremendamente difícil poder asentarse y vivir con dignidad en el mundo rural. Faltan viviendas, falta un empleo digno, falta transporte, servicios públicos que permitan conciliar, guarderías, centros de día, atención a la dependencia, etcétera. Todo esto lleva a muchos jóvenes a abandonar. Y a esto se suma la dificultad de acceder a una conexión adecuada de telefonía y datos. Ya no hablamos de conexión 5G, sino de que, en muchos núcleos rurales aún hoy hay una total desconexión, después de la supresión de las centrales de cobre y la sustitución por la fibra óptica, ya que su despliegue no se ha hecho de forma rápida ni adecuada. Además, esa cobertura de telefonía móvil también es deficitaria, lo cual hace muy difícil el acceso telemático para hacer trámites, gestionar una empresa o el teletrabajo. Nosotros entendemos que el teletrabajo no es la panacea universal, como a veces quien lo defiende parece creer que es. Implica, de manera positiva, la flexibilización de horarios, la posibilidad de trabajar desde el domicilio. Puede ser una opción muy interesante para muchos trabajadores y trabajadoras, pero, para evitar abusos, su regulación debe ser mejorada, porque si no, acaba siendo un problema. La conciliación acaba recayendo, una vez más, fundamentalmente en las mujeres; las empresas no facilitan los materiales necesarios ni indemnizan o compensan los suministros que se utilizan en el domicilio; hay mayor riesgo laboral; desconexión con la representación sindical, especialmente cuando el teletrabajo no se compagina con una presencialidad que puede, efectivamente, llevar incluso a mayores abusos, como los que practican empresas que utilizan el teletrabajo como forma de despido encubierto o como recompensa.

Néstor Rego Candamil BNG

En definitiva, pode ser unha parte da solución, mais evidentemente hai moitos outros elementos que serían necesarios para acabar co despoboamento no rural que esta PNL non recolle. Moito obrigado. En definitiva, puede ser una parte de la solución, pero, evidentemente, hay muchos otros elementos que serían necesarios para acabar con la despoblación en el entorno rural que esta PNL no recoge. Gracias.

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. Arratsalde on. Hoy debatimos una iniciativa que aborda uno de los grandes retos existentes: la despoblación de las zonas rurales y la salida sostenida de población joven hacia las grandes ciudades. La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista plantea incentivar el teletrabajo en entornos rurales, habilitar espacios coworking, promover el teletrabajo en la Administración y mejorar la conectividad. Compartimos el diagnóstico y compartimos la dirección general de estas líneas; sin embargo, para ser útiles debemos ir más allá de las intenciones. El primer problema de la propuesta es que no aterriza; como ha dicho la señora diputada Àgueda Micó, es light. No presenta un calendario, no vincula recursos, no detalla instrumentos de ejecución. El texto enumera principios con verbos como continuar, fomentar, seguir, que no generan ninguna obligación verificable. Esa es la diferencia entre un documento político y una política pública. Creemos que así no se fija población rural. El segundo problema es que la propuesta penetra, además, en ámbitos que son de competencia autonómica y local en algunos aspectos ―transporte, teletrabajo en la Administración, ordenación territorial, provisión de determinados servicios―, sin plantear siquiera un marco previo de cooperación con quienes tienen esas competencias. En el reto demográfico, además, no solo importa qué se quiere hacer, sino cómo se articula también institucionalmente. Además, la evidencia práctica demuestra que las políticas demográficas que funcionan son aquellas que se adaptan a la diversidad territorial y se ejecutan precisamente desde lo local. Euskadi está demostrando, al menos poco a poco, con su estrategia frente al reto demográfico y con programas como Smart Rural o programas de ayudas para el relevo generacional en el sector agrario, que cuando las medidas se concretan y van unidas con vivienda asequible en pueblos, infraestructura digital garantizada, infraestructura sanitaria, servicios mínimos asegurados, transporte, recursos económicos y ayudas o atracción de actividad adaptada a cada comarca los cambios reales llegan poco a poco, pero van llegando. No se trata solo de declarar un objetivo, sino que se trata de operarlo municipal y comarcalmente, y en esta propuesta de esto no se habla. Por eso, aunque reconocemos elementos positivos en la iniciativa presentada ―el reconocimiento del problema, la voluntad de actuar y la reorientación hacia la digitalización como palanca―, el texto, tal y como está formulado, no garantiza su ejecución, no define, como ya he dicho, compromisos verificables y tampoco creemos que respete adecuadamente el marco competencial; condiciones imprescindibles, a nuestro juicio, para que tenga impacto real esta iniciativa sobre el terreno. Nuestra posición, por tanto, será la abstención; una abstención que no expresa rechazo al objetivo, sino una exigencia de rigor. Si queremos resultados distintos, hay que empezar a diseñar leyes que no se queden solamente en el marco declarativo, sino que incorporen medidas concretas, recursos, calendarios e instrumentos de cooperación. Compartimos el fin y dejamos, por lo tanto, la puerta disponible para acordar en el futuro compromisos reales, respetuosos con las competencias y capaces, eso sí, de producir los cambios efectivos en los municipios donde hoy se juega precisamente el reto demográfico. Proposamen honek alderdi positiboak dituen arren, gure jarrera abstentzioa izango da. Helburuekin bat gatoz eta ekimenaren garrantzia aitortzen dugu, baina neurriak ez dira oso zehatzak eta, kasu batzuetan, eskumenen aldetik gatazkatsuak. Eskerrik asko. Esta propuesta tiene partes positivas, pero nosotros nos vamos a abstener. Sí que estamos de acuerdo con el fin, vemos que es importante, pero le falta exactitud y no se tienen en cuenta las competencias. Muchas gracias.

Mikel Otero Gabirondo EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Arratsalde on, guztioi! Uda honetako suteen ondorioz, Trantsizio Batzordean agerraldi sorta bat egin da eta bertan argi geratu da landa eremu biziak izatea ezinbestekoa dela larrialdi klimatikoari begira egin beharreko egokitzapenak egiteko. Landa eremu hustuek lurralde eremu zabalen, nekazal eta abeltzaintzaren eremu zabalen hustutzea ekartzen du, eta baita baso eremu zabalen utzikeria ekartzen du, kudeaketarik gabe uzten ditu, eta honek, besteak beste, suteen arriskuak areagotzen ditu. Euskal Herrian ere pairatzen dugu herri hustuen fenomeno hau. Agian ez dugu estatuko hainbat lekuetan dagoen arazo sakon berdina, baina bai, egia da, errealitate bat da Araba zein Nafarroako hainbat eskualdetan, eta bertan pairatzen dugu egoera hau. Kontua, historia jakina da zerbitzu gutxi inguruan, osasungintza, hezkuntza eta abar urrun. Aukera gutxi, bereziki gazteentzat, eta bereziki gazteak hiriburuetara doaz. Herriak zaharkituak geratzen dira, husturik, bizitza eskasarekin. Despopulazioaren arazoa arazo konplexua da. Arnas luzeko fenomenoa da eta arazo konplexuek ez dute bapateko irtenbide errazik. Gaurkoan, talde sozialistak telelanean jartzen du fokoa. Guri ondo iruditzen zaigu hor ere foko bat jartzea. Telelanaren sustapenak ondorio positiboak izan dezake. Landa eremuko herrietan biztanlegoa finkatu dezake. Biztanlego honek zeharkako hainbat jarduera sustatu ditzake, gertuko merkataritza txikia bezala. Zergak herrian ordaintzen badira, udal baliabideak handitu daitezke, nolabait ere espiral positibo batean sartzeko aukera emanez. Telelanak kutsadura murriztu dezake baita ere, bai isuriak, oro har, baita, bereziki hiri kutsadura hauen deskongestioaren bitartez. Telelanak aurrezten duen desplazamendu-denbora kalitatezko lan-denbora bihurtu daiteke. Eta telelanak gazteentzat beste albo abantaila bat izan dezake, bereziki etxebizitzari eta honen prezioari lotuta dagoena, herrietan eta herri txikietan, oro har, etxebizitza lortzea ez da horren lan nekeza eta garestia. Hori bai, telelana baldintza onetan egiten dela bermatu behar da. Hau sustatzeko hainbat kontu bultzatu behar dira eta legez bestekoan aipatzen dira. Izan konexio telematiko sendo eta azkarrak, izan telelana egiteko espazio publikoak sortu, izan garraio publikoaren irismena, ez baitugu nahi telelanak auto pribatuaren sustapena ekartzea. Eta gure iritziz, baldintza hauek ez lirateke soilik diru publikoarekin hornitu behar. Telelanaren abantailez sektore pribatua aprobetxatzen baldin bada, honek ere ekarpen bat egin beharko luke hau ahalbidetzeko. Guzti hau esanda, guk telelanaren aldeko apustua babesten dugu orokorrean, betiere baldintza onak bermatzen baldin badira. Presentzialidadea galtzeak izan ditzakeen albo kalteak gainbegiratuz eta telelanaz etekina ateratzen duen orok bere sustapenean parte hartzen duela bermatuz. Eta amaitzeko, ez naiz luzatuko, betiko kontua, ekimen hau talde sozialistak bultzatzen du eta horrelako gauzak bultzatzen dituenean, badirudi gobernuan ez dagoela, baina talde sozialista gobernua babesten du eta gobernuan dago. Eta gure ustez, telelanaren sustapena egiteko modurik eraginkorrena neurri zehatzak ekartzea izango litzateke, eta gobernuak bere plangintzetan neurri zehatzak txertatzea. Bestela, gaur gertatzen den moduan, ba sekulako arriskua dago itxurakerietan beste ezertan ez zabiltzatela pentsatzeko. Eta hor ikusten dugu arazorik nagusiena. Oso deklaratiboa da proposamena, beraz, babesteko erraza, baina egia da, neurri zehatzetan islatzen ez den bitartean, ba horretan geldituko da, ezta? Deklarazio hutsetan. Besterik ez. Eskerrik asko. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En la serie de comparecencias que se han realizado por los incendios de este verano ha quedado claro que la existencia de zonas rurales vivas es imprescindible para realizar las adaptaciones necesarias de cara a la emergencia climática. Las zonas rurales deshabitadas, el vaciado de amplias zonas territoriales agrícolas y ganaderas, y el abandono de amplias zonas forestales, todo eso hace que aumente el riesgo de incendios. En Euskal Herria también sufrimos este fenómeno. Quizá no tengamos un problema tan grave como en otros muchos lugares del Estado, pero sí que sufrimos esta situación en muchas comarcas de Álava y Navarra. Es algo ya conocido: hay pocos servicios; los servicios sanitarios, educativos, etcétera, están lejos; hay pocas oportunidades, especialmente para los jóvenes; las personas jóvenes se van a las capitales; los pueblos quedan envejecidos, vacíos, tienen poca vida. El problema de la despoblación es complejo, un fenómeno de largo alcance, y los problemas complejos no tienen una solución sencilla ni rápida. Hoy el Grupo Socialista pone el foco en el teletrabajo y a nuestro grupo nos parece bien. La promoción del teletrabajo puede tener efectos positivos, puede fijar población en los pueblos y esa población puede fomentar diversas actividades indirectas, como el pequeño comercio cercano. Si se pagan los impuestos en el pueblo, se pueden aumentar los recursos municipales, permitiendo así entrar en una espiral positiva. El teletrabajo puede reducir la contaminación, tanto las emisiones en general como la contaminación urbana en particular, a través de su descongestión. El tiempo de desplazamiento que se ahorra en el teletrabajo puede revertir en un trabajo de calidad, y el teletrabajo puede tener otra ventaja añadida para los jóvenes, especialmente ligada a la vivienda y a su precio. En los pueblos más pequeños el acceso a la vivienda no es una tarea tan ardua y es menos costosa. Eso sí, hay que garantizar que el teletrabajo se realiza en condiciones adecuadas. Para fomentar el teletrabajo es necesario impulsar conexiones telemáticas robustas y rápidas, la creación de espacios públicos de teletrabajo y el alcance del transporte público, ya que no queremos que el teletrabajo suponga la promoción del coche privado. En nuestra opinión, estas condiciones no deberían financiarse únicamente con dinero público, porque si de las ventajas del teletrabajo se aprovecha también el sector privado, este también debería hacer su aportación para posibilitarla. Dicho todo esto, nuestro grupo apoya la apuesta por el teletrabajo, siempre garantizando unas buenas condiciones, supervisando los posibles daños colaterales de la pérdida de la presencialidad y garantizando que todo aquel que se beneficie del teletrabajo participe en su promoción. Para terminar ―no me voy a alargar más―, lo de siempre: esta iniciativa la impulsa el Grupo Socialista y parece que no está en el Gobierno, pero sí que está en el Gobierno. Entonces, la forma más eficaz de realizar la promoción del teletrabajo sería aportando medidas concretas, incluyéndolo en sus planes, porque de lo contrario se corre el enorme riesgo, como pasa hoy, de interpretar que ustedes están simplemente aparentando. Es muy declarativa la propuesta; entonces, es fácil de apoyar, pero sí que es verdad que, mientras no reúna medidas concretas, se va a quedar en mera declaración de intenciones. Muchas gracias.

Teresa Jordà i Roura ERC

Bé, molt bona tarda a totes i a tots. Senyories del Partit Socialista, senyor Camino. Compartim, evidentment, la preocupació pel futur del món rural. Avui vostès, amb aquesta proposició no de llei, també ho han fet manifest. També volem dir clar i català, però, que arriba tard. I, si em permet, arriba incompleta, arriba malament. Parlar de teletreball, parlar de 5G està molt bé. De fet, és fantàstic. Però el que realment necessita el territori no és només una connexió digital, sinó que el que necessita el territori i els petits municipis és una connexió política de veritat. Una connexió política i, sobretot, el que necessita són recursos reals. El món rural s’apaga, i s’apaga mentre les ciutats ho engoleixen tot: recursos, oportunitats, persones. El territori ha esdevingut un decorat buit, útil només per als caps de setmana i, val a dir també, útil cada vegada que hi ha campanya electoral. Però sense un món rural viu, res no aguanta: ni l’economia, ni aguanta el paisatge, ni la identitat d’un país. El problema no és només que la gent marxi, que també. El problema real és que la gent no pugui quedar-se allà on vol o ha escollit desenvolupar el seu projecte de vida. Fa dècades que als territoris rurals se’ns diu allò d’«Ara sí, ara toca. Ha arribat el vostre moment. Ara el teletreball, la digitalització o el 5G revertiran el problema de la despoblació». Però la realitat, senyories, és sempre tossuda. Sovint és massa tossuda. I el que veiem cada any és com es tanquen escoles rurals, desapareixen línies d’autobús, s’abaixa la persiana dels centres d’atenció primària i les oportunitats continuen marxant cap als centres urbans. Això ho veiem cada dos per tres. I sí, el problema va més enllà, com deia, de la cobertura digital, perquè el que necessitem és cobertura política i cobertura econòmica. El repte del món rural no és només poder-se connectar a Internet, que també, efectivament, és poder viure-hi amb dignitat, amb dignitat, amb serveis públics, amb feina estable, amb garantia que els ajuntaments tinguin recursos suficients per atendre la seva gent. I aquesta realitat no la resoldrà una proposició simbòlica del Partit Socialista, perquè, ho sento, és simbòlica. Aquesta realitat el que exigeix és un canvi de finançament local. Un canvi, sens dubte, que garanteixi l’autonomia financera dels ajuntaments, que és l’administració més propera a la ciutadania, també als pobles petits. El que cal és una reforma de dalt a baix de la llei d’estabilitat pressupostària, senyories del PSOE. Cal reconèixer que els petits municipis fan uns esforços ingents per mantenir viu el país amb uns recursos, sí, miserables. A Catalunya fa anys que treballem amb una mirada de país pròpia, amb l’Estatut del món rural. Aquesta eina crea un fons específic justament per al món rural, lligat a uns pressupostos amb més recursos per als municipis petits, amb incentius fiscals per traslladar-s’hi o amb més incentius per rehabilitar, per exemple, habitatges. En definitiva, l’Estatut del món rural el que vol ser és una eina que inclogui la perspectiva rural en les polítiques públiques generals, és a dir, que cada normativa o govern actuï tenint en compte l’impacte rural del món rural, simplificant els tràmits administratius, que és importantíssim, o la digitalització. I, mentrestant, vostès en aquesta PNL segueixen parlant del «reto demográfico» i aquí ens quedem encallats. Mirin, durant el Govern republicà també vam impulsar una iniciativa pionera per acostar, una altra de les problemàtiques del món rural, els serveis bancaris als municipis rurals del nostre país, perquè molts d’ells no tenen accés a serveis financers bàsics — un caixer automàtic—, una realitat de la qual sovint parlem poc en els debats del món rural. Vostès avui no en parlen. Per a nosaltres és clau treballar pel reequilibri territorial, parlar de sobirania energètica i, sobretot, posar la vida de la ciutadania al centre. Perquè, si esperem que la gent jove es quedi o torni al poble, no n’hi ha prou a posar 5G, que també, i dir que ja poden teletreballar, cal garantir altres coses. Cal garantir que hi hagi habitatge assequible, connexions de transport, serveis a la salut, serveis de l’educació, oci i un teixit, en definitiva, econòmic viu que bategui. Cal que la transició energètica també sigui una oportunitat per al territori, i no una imposició. En definitiva, i molt més enllà, senyories del PSOE, de les últimes PNL que ens tenen acostumats a les tardes de dimarts de la tardor, que són totes extremadament simbòliques. Calendaritzin, calendaritzin, decideixin i posin recursos. Perquè, si no, no ens en sortirem. Acabo, president. Si de debò volem fixar la gent jove al territori i al món rural, descentralitzin poder, descentralitzin poder, i descentralitzin pressupost, donin eines i, sobretot, donin finançament a les corporacions locals, als ajuntaments. El món rural no és un decorat bucòlic, no ho és. És una part viva, és una part productiva, és una part essencial del nostre país. Viure i treballar al poble no ha de ser un acte de resistència, encara que ho sembli, sinó que ha de ser un dret. Res més, moltes gràcies. Buenas tardes a todas y a todos. Señorías del Partido Socialista, señor Camino, compartimos, evidentemente, la preocupación por el futuro del mundo rural. Ustedes con esta PNL también lo han puesto de manifiesto y queremos decir con toda claridad que llega tarde. Si me permite, llega incompleta, llega mal. Hablar de teletrabajo, hablar del 5G está muy bien, es fantástico, pero lo que realmente necesita el territorio no es solo una conexión digital, sino que lo que necesitan el territorio y los pequeños municipios es una conexión política de verdad y, sobre todo, lo que necesitan son recursos reales. El mundo rural se apaga; se apaga mientras las ciudades se lo tragan todo: recursos, oportunidades, personas. El territorio se ha convertido en un decorado vacío, útil solo para los fines de semana, y hay que decir también que útil cada vez que hay una campaña electoral, pero sin un mundo rural vivo, nada aguanta, ni la economía ni el paisaje ni la identidad de un país. El problema no es solo que la gente se vaya, que también, sino que el problema real es que la gente no se pueda quedar ahí donde quiere o ha decidido desarrollar su proyecto de vida. Hace décadas que en los territorios rurales se nos dice: sí, ahora sí, ahora toca, ahora ha llegado vuestro momento, el teletrabajo, la digitalización, el 5G; todo esto va a invertir el problema de la despoblación. Pero la realidad es siempre muy tozuda, a menudo demasiado obstinada y lo que vemos cada año es cómo se cierran escuelas rurales, desaparecen líneas de autobús, se baja la persiana de los centros de atención primaria y las oportunidades se siguen escapando hacia los centros urbanos. Esto lo vemos cada dos por tres. El problema va más allá, como decía, de la cobertura digital, porque lo que necesitamos es cobertura política y cobertura económica. El desafío del mundo rural no es solo poderse conectar a Internet ―que también, efectivamente―, es poder vivir allí con dignidad, con servicios públicos, con trabajo estable, con garantía de que los ayuntamientos tengan recursos suficientes para atender a su gente. Y esta realidad no la va a resolver una proposición simbólica del Grupo Socialista, porque ―lo lamento― es simbólica. Esta realidad exige un cambio de financiación local; sin duda, un cambio que garantice la autonomía financiera de los ayuntamientos, que es la Administración más cercana a la ciudadanía, también en los pueblos pequeños. Lo que se necesita es una reforma de arriba abajo de la ley de estabilidad presupuestaria, señorías del Grupo Socialista. Hay que reconocer que los pequeños municipios realizan unos esfuerzos ingentes para mantener vivo el país con unos recursos miserables. En Cataluña hace años que trabajamos con una mirada de país propia, con el estatuto del mundo rural. Esa herramienta crea un fondo específico, justamente, para el mundo rural, vinculado con unos presupuestos con más recursos para los municipios pequeños, con incentivos fiscales para trasladarse a esos municipios o con más incentivos para rehabilitar viviendas. En definitiva, el estatuto del mundo rural quiere ser una herramienta que incluya la perspectiva rural en las políticas públicas en general, es decir, que cada normativa o cada Gobierno pueda actuar teniendo en cuenta el impacto del mundo rural, simplificando los trámites administrativos, que es sumamente importante, o la digitalización. Mientras tanto, en esta PNL ustedes siguen hablando del reto demográfico y nos quedamos ahí encallados. El Gobierno republicano impulsó una iniciativa pionera: los servicios bancarios en los municipios rurales de nuestro país, porque muchos de ellos no tienen acceso a servicios financieros básicos, a un cajero automático. Hablamos poco de esto en el debate del mundo rural. Ustedes no lo mencionan. Para nosotros es fundamental trabajar en pro del reequilibrio territorial y energético y poner la vida de la ciudadanía en el centro, porque si aspiramos a que la gente joven se quede o vuelva a su pueblo, no basta con poner 5G, que también, y decir que ya pueden teletrabajar, hay que garantizar otras cosas. Hay que garantizar que haya una vivienda asequible, condiciones de transporte, servicios de salud, educación, ocio y, en definitiva, un tejido económico que realmente palpite, y es necesario que la transición energética sea una oportunidad para el territorio y no una imposición. En definitiva, señorías del Grupo Socialista, mucho más allá de las PNL a las que nos tienen acostumbrados en otoño, en las tardes de los martes, hagan un calendario, decidan y pongan recursos, porque si no, no vamos a salir adelante. Termino. Si quieren fijar a la gente joven, descentralicen poder, den herramientas y, sobre todo, proporcionen financiación a las corporaciones locales, a los ayuntamientos. El mundo rural no es un decorado bucólico, no lo es; es una parte viva, una parte productiva, una parte esencial de nuestro país. Vivir y trabajar en el pueblo no debe ser un acto de resistencia, aunque lo parezca, sino un derecho. Muchas gracias. Nada más. .

Carlos Hernández Quero VOX

Gracias, señora presidenta. Reconozco que cuando leí la iniciativa no sabía si había una cámara oculta o si estaba leyendo el guion de una tira cómica. Lo cierto es que me quedé absolutamente a cuadros. ¡El PSOE ―es decir, el Partido Socialista, por si alguien duda― preocupado por el éxodo rural! ¡El PSOE, el partido artífice de la despoblación, el arquitecto del desmantelamiento industrial de España y uno de los partidos que más ha hecho por vaciar y vacilar a la España interior está ahora preocupado por el éxodo rural! . ¡Vivir para ver! Vamos a recapitular cómo hemos llegado hasta aquí. La primera fase fue lo de tratar a patadas a los productores, lo de tachar de delincuentes ambientales a los agricultores honrados, lo de creer que un trabajador industrial era un terrorista climático, lo de obligar a los ganaderos a pasar más tiempo en el despacho haciendo papeleo que en la dehesa con su ganado, lo de impedir a un pastor defender y proteger a sus ovejas de los ataques del lobo, lo de imponer a un pescador las horas y los días que podía o no faenar, lo de criminalizar a los regantes, lo de mirar por encima del hombro a Inés por trabajar con animales o a Pedro por llevar un tractor diésel. Después, en la segunda fase, vino lo de cargarse las oportunidades ya directamente en las cabezas de comarca, en los pequeños núcleos fabriles, en las agrociudades; lo de expropiar a hombres y mujeres del campo para entregar sus tierras a los caciques de las renovables; lo de cambiar olivos o vides por placas solares; lo de cerrar industrias que alimentaban provincias y comarcas enteras aquí para levantarlas en China; lo de amenazar con mandar al garete cientos de miles de empleos de la automoción por el capricho de cuatro burócratas; lo de inundar nuestros mercados con aguacates, pimientos, tomates y naranjas de mala calidad, producidas a miles de kilómetros de aquí en condiciones de semiesclavitud; lo de Mercosur; lo del fraude del etiquetado; lo de volar centrales térmicas y celebrarlo; lo de extinguir la vida de las nucleares entre aplausos y risitas; lo de hacer imposible la rentabilidad y, con ello, el relevo generacional. La siguiente fase, la tercera, consistió en estigmatizar hasta la náusea la vida rural o la vida industrial. Esto iba de llamar paleto a cualquiera que estimara a bien quedarse en su patria chica; de considerar gañán al que se quisiera apuntar a FP o quisiera seguir con el negocio familiar; de ridiculizar al trabajador manual; de impedir la limpieza de bosques y el mantenimiento de ecosistemas; de festejar el desarraigo; de desterrar las tradiciones, y, por supuesto, de creer que el campo es una postal o un escenario de stories de Instagram. . No contentos con ello, la cuarta fase prometía. Era la hora de liquidar los servicios que aún quedaban en pie en la España interior: sucursales bancarias, centros de salud, unidades oncológicas, estaciones, colegios, frecuencia de trenes, es decir, soledad, desconcierto, desconexión y abandono para millones de españoles; millones de españoles cuyo único delito fue, tal vez, no haber utilizado nunca sus agravios reales y clamorosos para chantajear al Estado, como sí hicieron otros ―y aún siguen haciendo―que solamente recibían privilegios y parabienes. Pero ya sabemos cómo termina la historia: familias rotas, condenadas a vivir en la distancia y forzadas a tener vínculos precarios e intermitentes; abuelos que solamente ven a sus nietos de Pascuas a Ramos; chavales obligados a compartir semisótanos en un barrio degradado de la gran ciudad, a cientos de kilómetros de sus afectos; padres e hijos que no se tocan, que no se besan, que no se abrazan y que solamente se hablan por wasap o videollamada. Claro, una vez que nos hemos contado todo esto, ¿les suena de algo, señorías del Grupo Socialista, esta película? ¿Les suena de algo? Porque ustedes, junto con el Partido Popular, han sido los guionistas, los productores, los que han puesto la banda sonora, los que han copado el reparto, y ahora vienen aquí a contarnos que solamente eran parte del público. ¡Hay que tener la cara muy dura! . No, hombre, no, entre el público quien estaba era tanto hijo de vecino de la España interior hasta las narices de un bipartidismo que trafica con su medio de vida, que le niega un futuro, que trata su entorno como un photocall para domingueros y que cree que el vivero de España ya no es España, sino que es Perú, Sudáfrica, Turquía o Marruecos. Lo mismo, visto lo visto, lo que quiere el español de Puebla de Sanabria, el de Argamasilla de Alba o el de la Montaña Palentina no es teletrabajo, no es llevar lo urbanita al campo, no son gaitas posmodernas y, desde luego, no son coworkings. Lo mismo lo que quiere es poder mantener su tradición familiar, poder vivir del fruto de su esfuerzo, poder seguir dando de comer a sus vecinos, poder seguir manteniendo una vida en comunidad, no tener que soltar amarras con sus amigos y su familia; tener un tren que coger, una empresa en la que trabajar, una tienda amiga en la que comprar. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo esto no es algo demasiado descabellado. Lo mismo lo único que quiere es ser libre para poder decidir si un día quiere seguir siendo ganadero, agricultor, pescador, pastor o trabajador manual en una fábrica o en una industria; nada más y nada menos. . Justamente, ese derecho, el de ser libre y poder elegir, es el que ustedes niegan. Muchas gracias. .

Raquel Clemente Muñoz PP

Muchas gracias, presidenta. Hoy, el Grupo Socialista nos trae una proposición de las que buscan más el titular que la solución. Si hablamos de juventud y de medio rural, estarán de acuerdo conmigo en que no están llegando a encontrar el punto de toque. Con esta iniciativa pretenden propiciar el retorno de los jóvenes al medio rural a través del teletrabajo, una propuesta con la que mi grupo podría estar de acuerdo, pero se les olvida que son ustedes los que están sosteniendo a este Gobierno, se les olvida que ya hace cuatro años que hablaban de las bondades para el medio rural en la ley del trabajo a distancia, y más de cuatro años después sigue pendiente su aplicación en las Administraciones públicas esperando su norma específica. Son cuatro años sin avances, cuatro años perdidos, cuatro años en los que han fallado a los jóvenes y al medio rural. . Si esta es su solución, ¿por qué llevan cuatro años sin hacer nada? ¿Por qué no traen aquí una proposición de ley para no perder más tiempo? Aunque a esto ya nos tienen acostumbrados: han tardado un año en acordarse de los pacientes con ELA. ¡Cuánto sufrimiento hubieran evitado! Aprovechan, de paso, para presumir del desarrollo de la banda ancha en España. Estamos en 2025 y todavía hay municipios que están esperando a que llegue. Cuando ustedes llegaron al Gobierno, en 2018, ya tenían todo un plan en marcha que no han sabido ejecutar. Tanto es así que, cuando no cumplen, culpan a los ayuntamientos, a las licencias o a las comunidades autónomas. ¿Qué van a hacer con las adjudicaciones que se están cayendo, como en el caso de la comarca de Tierras Altas de Soria? La realidad es que dos de cada diez hogares rurales siguen sin acceso a la banda ancha en la España de Sánchez. Ustedes anuncian una cosa y hacen la contraria, y vamos a ver lo que dicen. Hubo un plan de ciento treinta medidas frente al reto demográfico, que terminó en 2023 y que dos años después ni han evaluado, ni han actualizado, ni nadie sabe lo que van a hacer con él, pero ustedes siguen hablando de este plan ya caducado. Me gustaría que se preguntaran en qué ha cambiado la vida de la gente que vive en nuestros pueblos. Ahora dicen que van a redactar la estrategia nacional frente al reto demográfico, y el Partido Socialista insta al Gobierno a que se tenga en cuenta a la gente joven de las zonas despobladas. ¡Llevan más de siete años gobernando, siete años, y aún están elaborando la estrategia! ¿Todavía no saben lo que hay que hacer en el medio rural? ¿De verdad que el Partido Socialista tiene que instar a su Gobierno para que se acuerde de los jóvenes del medio rural? . También piden impulsar medidas que faciliten el transporte público en el medio rural. ¡Pero si van a eliminar más de mil paradas de autobús en las zonas rurales! Señores socialistas, el señor Puente dijo en esta misma sala que el sistema ferroviario no está para vertebrar la España vaciada. Todos sabemos para qué se interesaba Ábalos por el tren de mi ciudad, por el tren de Teruel: no era para mejorarlo ni para mejorar el transporte público de los turonenses, tan solo era para traer a sus sobrinas a la ya famosa juerga del parador. . Pero si les parece poco, ahora la Dirección General de Tráfico quiere que todos los centros delegados, donde la gente de los pueblos puede sacarse su carné de conducir, se adapten a sus exigencias de digitalización antes de 2026 o les cerrará el centro. ¡Eso sí, que paguen los ayuntamientos la mejora si quieren seguir abiertos! A este paso, señorías, más que teletrabajar vamos a tener que teletransportarnos. Podría seguir detallando sus medidas para mostrar la indiferencia que practican con el reto demográfico, porque cada vez que legislan, cada vez que hacen algo se olvidan del impacto que sus ideas tienen en el medio rural. Por cierto, la ley para implantar el mecanismo rural de garantía que mantienen en el congelador de esta mesa, ¿la van a sacar? ¿No creen que es importante que haya un estudio de impacto en el medio rural de cada una de las leyes que se hagan? . Evitaríamos muchos de los atropellos que se cometen con nuestros pueblos. ¿Y qué va a pasar con el estatuto del pequeño municipio? ¿Lo van a traer a la Cámara en algún momento? . ¿Y la ley de montes de socios? ¿Todavía no se han dado cuenta que regular estos montes es garantía de seguridad contra los incendios? . Por cierto, ¿qué ha pasado con la España a 30 minutos? ¿Qué ha pasado con su medida estrella? Mucho mejor le iría a España si vaciaran el congelador de la presidenta, lleno de iniciativas del Partido Popular, a la misma velocidad que vacían [los billetes de la caja B de Ferraz]3. . La España rural no necesita de más anuncios, necesita hechos. Dejen de encasillar a los jóvenes del medio rural. ¿No se dan cuenta que tienen las mismas inquietudes, las mismas ganas de conocer, de viajar, de formarse, de acceder a la vivienda, de construir un proyecto de vida? Si lo que quieren es que vuelvan, refuercen el medio rural, trabajen para asentar más industria en nuestros pueblos, eliminen burocracia, apoyen a los agricultores y ganaderos, mejoren las condiciones para las nuevas incorporaciones, impulsen un plan de rehabilitación de vivienda rural, bajen los impuestos, favorezcan la conciliación de nuestros mayores y nuestros niños, faciliten el emprendimiento rural y apliquen al máximo las ayudas al funcionamiento en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel; protejan a las mujeres del medio rural, cumplan con lo que prometen a los jóvenes y déjennos vivir con libertad, con nuestras costumbres, con nuestra cultura y nuestra forma de guardar el territorio. Muchas gracias. .

Montse Mínguez García PSC-PSOE

Por el artículo 71.3, por el decoro de este grupo parlamentario, porque ya es la segunda diputada del Partido Popular que acusa de corrupción al Partido Socialista cuando nada de esto está demostrado. Queremos que se retire del acta. Muchas gracias. .

Raquel Clemente Muñoz PP

Sí, en contestación...

Raquel Clemente Muñoz PP

Nosotros no hemos hablado del Grupo Socialista, hemos hablado del Partido Socialista.

Marta González Vázquez PP

Gracias, presidenta. Señorías, la política española alcanza niveles de escándalo tan desorbitados, tan continuados, tan normalizados que ya ni siquiera nos sorprende levantarnos cada día con una noticia más grave que la del día anterior. Hemos entrado en un bucle de estupor, de indignación, en el que un escándalo tapa al anterior y las responsabilidades ética y política por los errores cometidos han desaparecido por completo. ¿En qué momento hemos asumido por la fuerza del hastío que la mentira, la negligencia institucional y la indiferencia ante sus consecuencias son aceptables? . No podemos permitir que la gravedad de los hechos se diluya en la rutina de un estupor que nos anestesia. No podemos seguir normalizando que quienes ostentan responsabilidades públicas se escondan cuando tienen que rendir cuentas, que huyan cuando tienen que enfrentarse a la dura realidad de las consecuencias de sus decisiones. No podemos tolerar que los ministros de este Gobierno hayan sido reprobados hasta once veces sin dimitir: dos veces, Marlaska; una, Óscar Puente; una, Bolaños; una, Albares; una, Alegría; una, Montero y dos, la ministra Ana Redondo. . Señorías, la reprobación de un ministro no es la manifestación de una discrepancia política, sino una censura institucional que exige reflexión y rectificación. Seguir adelante de manera arrogante, como si nada, sin asumir errores, sin pedir perdón, sin ofrecer explicaciones detalladas es una afrenta al Parlamento y a los ciudadanos y revela una preocupante falta de ética y de responsabilidad. . En este contexto de degradación ética y política, un problema tan grave como el ocurrido con las pulseras de control telemático para maltratadores y de protección para sus víctimas, un sistema, recordemos, que se implanta por decisión judicial en casos de riesgo medio, alto o extremo, ha pasado ya a segundo plano, y no porque se haya resuelto, no porque se haya investigado, no porque se haya asumido responsabilidad alguna, la ministra responsable ni siquiera ha comparecido en esta Cámara para dar explicaciones, aunque se había anunciado su comparecencia en Pleno. Ni datos, ni disculpas, ni comparecencia , dos reprobaciones y ni una respuesta. Escuchen estas frases de la propia ministra: «Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras»; «Funcionan, estén tranquilas»; «Lo que se han producido son errores técnicos en la migración de la empresa adjudicataria»; «Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud»; «No ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona». «La presidenta del Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial ha mentido y tengo pruebas». Y la última: «Ninguna mujer ha sido asesinada llevando este dispositivo». Estas son las explicaciones de la ministra de Igualdad sobre este tema. . Evasivas, negaciones, acusaciones muy graves a personas concretas, con nombres y apellidos, con un conocimiento mucho mayor que el de la propia ministra sobre lo delicado y complejo del procedimiento de las pulseras, personas que la avisaron de lo que iba a ocurrir con el cambio de empresa adjudicataria y, sobre todo, con la sustitución de los dispositivos por unos brazaletes y unos teléfonos móviles no diseñados específicamente para esta actividad y adquiribles en AliExpress. Sí, señorías, en AliExpress , para, por ejemplo, la localización de personas dependientes o personas mayores que viven solas. . Se compraron, señorías, estos brazaletes y estos teléfonos (muestra un cartel que dice OUKITEL, con una fotografía de un teléfono y el precio de 130 euros) que hoy cuestan 14,5 euros los brazaletes y 130 euros los teléfonos rugerizados con GPS. Estamos hablando de los dispositivos que deben proteger a las mujeres que, primero, han tomado la decisión de denunciar a su maltratador; una decisión que todos sabemos que es difícil de tomar, para la que se necesita una gran valentía, una gran fortaleza. Y, segundo, son las mujeres para las que los jueces consideran fundamental que recurran a este dispositivo por una necesidad urgente de protección. Desde el Ministerio de Igualdad se les dijo que denunciasen, que no estarían solas, que estarían protegidas, y lo que después encontraron, cuando siguieron el consejo de las Administraciones, fue la más absoluta desprotección. El ministerio perdió todos los datos de los casos previos a marzo de 2024, en la migración de un proveedor a otro, generándose por este error sobreseimientos provisionales, fallos absolutorios y la liberación de maltratadores que debían estar controlados. Ocultaron a la opinión pública no solo la pérdida de los datos en la migración, sino también todo lo que salta a la luz al hacerse pública la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024: que los dispositivos generan alertas continuamente, que no son capaces de proporcionar a la policía datos fehacientes porque el GPS de ese teléfono no es fiable, que congelan la posición, que se pueden manipular con gran facilidad, que muchas mujeres viven en un perpetuo estado de angustia por culpa de ese mal funcionamiento y que han llegado al punto de pedir en los juzgados que se les retire este dispositivo que en realidad se convierte en un instrumento de tortura. En esta Cámara, se estaba negociando en ese periodo la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Compareció primero la secretaria de Estado, que nos dijo a 19 de junio de 2024 que los dispositivos son eficaces al 99 %, es decir, mintió en sede parlamentaria. Vino la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género el 26 de junio pasado, con toda la Mesa trabajando en el tema del pacto de Estado y volvió a mentir; nos dijo que los dispositivos funcionaban y calló. Todo ello por negligencia, por ineptitud, por ocultación y por miedo. . En el Grupo Parlamentario Popular presentamos esta proposición porque no permitiremos que esta grave negligencia se cierre en falso, porque cada pulsera que falló, cada alerta que no funcionó, cada mujer que vivió aterrorizada por un sistema que tiene que protegerla, que debía protegerla, merece respuestas y disculpas. No se puede liderar un ministerio tan sensible desde la opacidad, la ocultación y la mentira. No se puede fallar a las víctimas y pretender que no pase nada. No puede esconderse detrás de cifras incompletas y frases vergonzosas como «ninguna mujer ha sido asesinada», como si el sufrimiento no tuviese ninguna importancia. Queremos que el Gobierno ponga en marcha medidas de mejora después de la realización de una auditoría independiente sobre el sistema, evaluándolo en tiempo real a partir de ahora. Termino, presidenta. Señorías, un ministerio no puede ser el refugio de la ineptitud y de la irresponsabilidad. La irresponsabilidad política no puede estar incluida en el trabajo del ministerio. La responsabilidad política no es una opción, es una obligación, y la única salida digna en este caso es la dimisión. Por eso, hoy exigimos la dimisión de la ministra de Igualdad. .

Rocío De Meer Méndez VOX

Muchas gracias, señora presidenta. Ante un escándalo de la envergadura como al que nos enfrentamos en este punto del orden del día ―el escándalo sobre las órdenes de alejamiento bajo controles telemáticos―, el Grupo Popular pide una auditoría y la dimisión de la ministra. Nosotros venimos a enmendar y, sobre todo, venimos a pedirles que sean valientes. Si lo que queremos es proteger verdaderamente a las víctimas, nos da igual que dimita la ministra. Lo que habrá que hacer es suprimir el Ministerio de Igualdad. . Lo que habrá que hacer es destinar esos 575 millones, que solo sirven para hacer anuncios contra el heteropatriarcado machista, a proteger a las que son las víctimas de verdad, no que sean la mercancía política de la bancada azul de turno en este Parlamento. Las órdenes de alejamiento pueden ser susceptibles de ser controladas con un sistema telemático y es algo que se prevé ya en el propio Código Penal. El artículo 48.4 ya prevé que hay órganos judiciales que pueden acordar que penas que prohíban la aproximación a la víctima sean controladas por medios electrónicos. La cronología o el precedente de lo que ha sucedido, aunque es de sobra conocido por sus señorías, desde el año 2009 ha visto diferentes contratos públicos. El último de ellos es del año 2023, cuya licitación fue liderada por la señora ministra Irene Montero. Fue un concurso, por cierto, de nada más y nada menos que 42 millones de euros; 42 millones de euros que han desprotegido a las víctimas en este país. Es un sistema que, en definitiva, ha producido una serie de fallos; unos fallos que ya había adelantado el Ministerio Fiscal; unos fallos de los que ya habían alertado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; unos fallos que ya se vieron en el seno de la Subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a puerta cerrada. Momento en el cual, por cierto, al Partido Popular, aun conociéndolos, le importaron bastante poco. . A nosotros, desde luego, nos importa que las víctimas estén protegidas y, desde luego, nos importa, incluso más que que estén protegidas, que no se haga política barata con las mujeres que sufren, como sucede con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Los fallos de los que adolecían estos sistemas telemáticos han ido desde la pérdida de datos históricos hasta los usuales fallos de geolocalización, cobertura o manipulación. Pero insistimos en que el Partido Popular lo que pide en esta iniciativa ―que sí, claro que es importante― es esclarecer los hechos. Lo que VOX quiere no es solo que se esclarezcan los hechos, es que protejamos a las víctimas. . Es que hay una serie de mujeres que han visto sobreseídos expedientes de sus maltratadores por el fallo de estos sistemas de geolocalización que pilotaba el Ministerio de Igualdad. ¿Pero en qué cabeza cabe que un sistema para proteger a víctimas esté pilotado por la colección de Charos del Ministerio de Igualdad? . Tendrá que ser gestionado por aquellas personas cualificadas para proteger a las mujeres, cualificadas para proteger a todos los españoles en general, por todas esas personas, que conocemos, que están en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A una mujer que es víctima, que se siente perseguida, no le sirve de nada que le haga una llamada la psicóloga de turno del Ministerio de Igualdad. Le sirve, si se siente en peligro y se encuentra en una situación de peligro, que se envíe a una persona para protegerla y preservar su integridad física. Y esto es del sentido común más elemental. Por lo tanto, nosotros enmendamos esta iniciativa del Grupo Popular. No queremos solo conocer la verdad, queremos que se proteja a las víctimas. . Porque ustedes ya lo sabían, ya sabían que estos fallos estaban sucediendo, igual que sabían que se estaban excarcelando violadores con la ley del solo sí es sí, igual que sabían que los puntos violeta eran un mercadeo de millones y millones de euros del Ministerio de Igualdad a las amiguitas de turno. Y, como todos sabemos que las mujeres ni están protegidas por un punto violeta ni están protegidas por el sistema Cometa ni están protegidas por las políticas de fronteras abiertas de este país, sino que todos sabemos que las mujeres hoy, en España, vivimos mucho más inseguras, pensamos que hay que hacer política de verdad, que hay que ser honestos, que hay que decir la verdad. Porque las mujeres no somos el producto político de nadie, las mujeres no somos un negocio para nadie, las mujeres no nos creemos el cuento con el que ustedes han venido a manipular a la gente. . Las mujeres queremos honestidad, honestidad política y honestidad parlamentaria; queremos un país seguro con fronteras fuertes; no queremos ser utilizadas por una colección de señoras del Ministerio de Igualdad que nada saben sobre proteger vidas y mujeres. Pero, ante todo, que se acabe con la violencia, sin sectarismo, con sentido común, que parece, hoy más que nunca, el menos habitual de los sentidos. La mejor manera de proteger a las mujeres no es solo cerrando las fronteras, es suprimiendo el infame Ministerio de Igualdad. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. ¿Dónde está la ministra de Igualdad? ¿Por qué no da la cara y explicaciones ante el escándalo que se ha generado? Esta es la triste realidad. La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Navarra, hace una semana, recordaba en los medios de comunicación cómo se habían producido fallos en estas pulseras antimaltrato y que estos fallos se habían incrementado a partir del año 2023. Según los datos de la Policía Foral de Navarra ―solo de ellos; falta por conocer también los del resto de cuerpos policiales―, en los años 2024 y 2025, en Navarra, se habían dado 544 incidencias, 50 mujeres habían tenido problemas de conexión con el sistema Cometa. Esta es la cruda realidad, señorías. Esta es la realidad. Pero es que, además, el Gobierno es culpable de haber permitido esta exposición y esta indefensión de las mujeres maltratadas; es culpable de haber ocultado intencionadamente los fallos de las pulseras antimaltrato, y es también responsable de tomar las medidas pertinentes para garantizar el sistema y su funcionamiento. Además, debe asumir responsabilidades; la ministra debe dimitir. . Primero fue la ley del solo sí es sí, aquella ley que permitió que cientos y cientos de violadores viesen reducida su condena y que muchos de ellos saliesen a la calle, y ahora esto. Señorías, los españoles no se merecen un Gobierno que haya beneficiado a violadores y maltratadores. ¡Qué no hubiesen dicho muchos de ustedes si este escándalo hubiese ocurrido con otro Gobierno! .

Néstor Rego Candamil BNG

Moi boa tarde. Grazas, señora presidenta. Para aquelas persoas e forzas políticas que tomamos en serio a loita contra a violencia machista, os fallos que o sistema cometa non só nos parecen preocupantes, senón extremadamente graves. Polo tanto, partimos de que é verdade que se poden esixir información completa sobre por que se produciron eses fallos, especialmente as vítimas poden esixir información de se actualmente este sistema está funcionando ben e tamén teñen dereito a esixir responsabilidades políticas. O Bloque Nacionalista Galego veuno facendo, nós rexistramos iniciativas xa desde o ano 2004, desde xullo de 2004, advertindo destes fallos. Que eu saiba, non o fixo o Partido Popular, a pesar de que agora sabemos que tiña coñecemento disto. A Xunta de Galicia comunicou algo ao Ministerio? O Partido Popular rexistrou algunha iniciativa? Non o fixo até que saltou a información da Fiscalía e viu a oportunidade de facer unha utilización política de un feito sumamente grave e as vítimas merecen respecto, non utilización política, como está facendo o Partido Popular, que fala agora da dor das vítimas. Ten tamén o seu. Imos ver, esa dor non lles preocupa cando se trata das mulleres andaluzas, cando se trata de ese inmenso escándalo e inmensa responsabilidade da Xunta de Andalucía no cribado de cáncer de mama? Agora sabemos ademais, como denuncian as vítimas, con manipulación dos informes para tentar ocultar a responsabilidade e esa dor non lle preocupa cando ocultou durante 4 meses e mantivo no goberno de Galiza un conselleiro denunciado por agresión sexual e ademais tería que explicar por que se fixo público e se coñeceu o nome da vítima? Pero evidentemente esa dor non lles preocupa cando ven que poden sacar tallada política, como fixeron no Senado cunha iniciativa que nos emendamos porque parecía máis preocupada por pedir a dimisión da ministra que por pedir que se esclarecesen as circunstancias e que se asegurase que todo funciona ben. Polo menos aquí presentan unha proposta que, na súa parte expositiva, é un pouquiño, un pouquiño máis coidadosa. Pero, evidentemente, a portavoz do Partido Popular non puido evitar deixar claro cal é a súa intención, dunha forza política que ademais pacta con esta ultradereita que sobe aquí para dicir que a mellor maneira de protexer as vítimas é suprimir o Ministerio e derrogar a Lei de Protección Integral ás Mulleres e a Lei de Liberdade Sexual. Ese lamentabelmente é o Partido Popular. Moito obrigado. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Para aquellas personas y fuerzas políticas que tomamos en serio la lucha contra la violencia machista, los fallos del sistema Cometa no solamente nos parecen preocupantes, sino también muy graves. Compartimos que es cierto, que se puede exigir información completa sobre por qué se produjeron estos fallos. En especial, las víctimas pueden exigir información sobre si actualmente este sistema está funcionando adecuadamente Y también tienen derecho a exigir responsabilidades políticas. El BNG lleva un tiempo haciéndolo; registramos iniciativas a este respecto desde julio de 2004, advirtiendo de estos fallos. Eso no lo hizo el Partido Popular, a pesar de que ahora sabemos que tenía conocimiento de esto. La Xunta de Galicia comunicó algo al ministerio y el Partido Popular registró alguna iniciativa. No lo hizo hasta que saltó la información de la Fiscalía y vio la oportunidad de hacer una utilización política de un hecho sumamente grave. Y las víctimas merecen respeto, no utilización política, como está haciendo el Partido Popular; que hable ahora de las víctimas, sino también su… Bueno, vamos a ver, este dolor no les preocupa cuando se trata de las mujeres andaluzas, este inmenso escándalo e inmensa responsabilidad de la Junta de Andalucía en el cribado del cáncer de mamá. Ahora sabemos, además ―como denuncian las víctimas―, que con manipulación de los informes para intentar ocultar la responsabilidad. Ese dolor no le preocupaba cuando ocultó durante cuatro meses y mantuvo en el Gobierno de Galicia a un consejero denunciado por agresión sexual. Y, además, tendría que explicar por qué no se hizo público o no se conoció el nombre de la víctima. Pero evidentemente ese dolor no les preocupa cuando ven que pueden sacar tajada política, como lo hicieron en el Senado con una iniciativa que nosotros enmendamos, porque parecían más preocupados por pedir la dimisión de la ministra que por pedir que se esclarecieran las circunstancias y asegurarse de que todo funcionaba bien. Por lo menos aquí presentan una propuesta que, en su parte expositiva, es un poco más cuidadosa. Pero evidentemente la portavoz del Grupo Popular no ha podido evitar dejar claro cuál es su intención. Una fuerza política que además pacta con esta ultraderecha, que viene aquí para decir que la mejor manera de proteger a las víctimas es suprimir el ministerio y derogar la ley de protección integral a las mujeres y la ley de libertad sexual. Lamentablemente, ese es el Partido Popular. Muchas gracias.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Estamos acostumbradas, pero ustedes mienten y mienten y mienten, y vuelven a faltar a la verdad. Estamos de nuevo ante un ataque organizado del Grupo Popular contra los recursos de protección de las mujeres víctimas de violencia machista, pero también en contra de las políticas feministas. Y no es casual su manera de poner los temas en agenda. Primero lo hicieron con la ley del solo sí es sí, y ahora también lo están haciendo con las pulseras. Pretenden ustedes vendernos inseguridad, porque quieren producirnos miedo para que nosotras les entreguemos nuestras libertades. Y, frente a los avances feministas, quieren convencer ustedes a las mujeres de que los recursos no funcionan, cuando la confianza en los recursos es absolutamente esencial para salir de la violencia machista. Señorías del Grupo Popular, ¿saben qué mujeres estamos desprotegidas ahora mismo? Todas, absolutamente todas las mujeres que somos andaluzas, gracias a las políticas criminales del Partido Popular y del señor Moreno Bonilla. . Eso es lo que les tendría que preocupar ahora mismo. Y ya que vienen ustedes a pedir dimisiones, yo pido hoy desde aquí, desde esta tribuna, la dimisión del señor Moreno Bonilla. Porque no tienen ustedes vergüenza de que el cuarto consejero que llevan ya en Andalucía desprotegiendo a las mujeres y riéndose de nosotras en nuestra cara estuviese el otro día, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, en los toros. Es el cuarto consejero que llevan ya, porque ninguno de los tres anteriores ha solucionado absolutamente nada. Así que para dimitir, que dimita el señor Moreno Bonilla, que sí que nos desprotege a las mujeres. Dicen ustedes que hay desprotección y que hay fallos. Ustedes saben muy bien de desprotección y de fallos hacia las mujeres. Y dicen que no han funcionado las pulseras. Esto es absolutamente falso. Son ustedes la entidad del bulo. Ninguna pulsera ha fallado, ninguna víctima ha estado desprotegida. Señorías del Grupo Popular, las pulseras antimaltrato son eficaces, así hay que decirlo, y también salvan vidas. Prueba de ello es que ninguna mujer en uso de este sistema ha sido asesinada. El problema real ―se lo voy a decir― es que se aprovechan muy poco, porque hay once mil disponibles y solo cuatro mil están en uso. ¿Y eso de quién es culpa, señorías? ¿De quién es culpa? Pues resulta que son los jueces quienes deciden, son los jueces quienes deciden si se imponen o no las pulseras antimaltrato en lugar de ―habiendo tantas sin utilizar― facilitárselas a todas las víctimas posibles. Y la Fiscalía ya ha salido con una información oficial a decir que el fallo no fue el funcionamiento de las pulseras ni el control ni el alejamiento de los agresores, sino que el fallo fue la migración de datos del plan de transición de Telefónica a Vodafone. No obstante, los jueces y fiscales esperaron a tener los datos en los casos que lo necesitaban y continuaron con los juicios. Y es que, en 2023, acababa el contrato de Telefónica. Por eso, el antiguo equipo del Ministerio de Igualdad empezó a trabajar en 2022 en su renovación, introduciendo importantes cambios. Los dispositivos y el servicio tenían que ser actualizados ―ustedes lo saben― y mejorados, pero de eso ustedes no hablan. Telefónica no aceptó esas mejoras y no se presentó al concurso que finalmente ganó Vodafone. Ojalá el CSIC hubiese desarrollado un dispositivo con tecnología española y ojalá también con una Telefónica pública , pero, claro, es que ustedes lo han privatizado absolutamente todo y por eso no era posible. Sus bulos se cortan muy rapidito. Los dispositivos de antes empezaron con 2G, eran ladrillos inmensos, no tenían cobertura, solo podían alejarte de una persona y no de varias, y encima no detectaban ―que ahora sí― la separación del agresor respecto al dispositivo.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Esas mejoras son también comodidad y seguridad para las mujeres; son notables, y eso creo que no hay bulo que lo invalide. Por lo tanto ―y termino―, lo grave son las mentiras flagrantes, como que las nuevas pulseras se han comprado en AliExpress, como ha dicho aquí su señoría del Grupo Popular, que eso es un bulo y hay que tener muy poca vergüenza para subir aquí y enseñar ese cartelito y decir esos inventos.

Martina Velarde Gómez SUMAR

El PP quiere conseguir sembrar miedo en las mujeres debilitando la confianza en un sistema que funciona y que salva vidas. Son ustedes unos absolutos y auténticos irresponsables, señorías del Grupo Popular. .

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Arratsalde on guztioi. Debatimos una proposición no de ley del Grupo Popular a raíz de una situación que se ha dado en el contexto de los dispositivos y sistemas de control telemático para el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, las llamadas pulseras antiagresores. Un contexto y unos hechos no coincidentes entre los proponentes de esta PNL y el Gobierno, claro está. Unos hechos y unas consecuencias que el Partido Popular parece que quiere que sean más graves que lo que realmente han sido, y unos hechos y unas consecuencias que el Gobierno y el PSOE quieren minimizar como si nada hubiera ocurrido. Y los demás, ¿qué debemos hacer ante este panorama? ¿Sentarnos a ver, cual partido de tenis, bola va, bola viene? Seguramente los clásicos nos aconsejarían aquello de in medio virtus ―una frase que se atribuye a Aristóteles y de la que no hay ninguna constatación de que fuera él quien lo dijera, pero queda muy bien decir que es de Aristóteles―, pero desgraciadamente parece que no corren buenos tiempos para la moderación, el equilibrio, la prudencia y, sobre todo, el sentido común. En consecuencia, el Grupo Popular nos propone una proposición no de ley con un relato de los hechos en su exposición de motivos que mezcla datos reales y objetivos con suposiciones, consecuencias verificables con hechos no constatados y conclusiones obvias con otras más intencionadas. Es decir, buscando un rédito preconcebido y contrario, evidentemente, a las explicaciones que ha dado el Gobierno, que ya las dio; y algunas cuestiones del petitum ya se ofrecieron. Otra cosa es ―legítima, por supuesto― que no convencieran o tuvieran la suficiente credibilidad para el proponente, cosa que hoy se ha demostrado que es así. En el Partido Nacionalista Vasco tenemos la costumbre de ceñirnos a lo que se propone en los textos. Por lo tanto, me voy a centrar en el petitum exactamente del Grupo Popular en esta proposición no de ley. Evidentemente, el PNV siempre defenderá la transparencia y la verdad, y nos parece bien la exigencia de responsabilidades y la obligación del Gobierno de comparecer y explicar todo lo concerniente al caso. ¡Faltaría más! Por ello, aunque algunos puntos nos parezcan innecesarios, no nos oponemos a que se informe sobre estos. Ahora bien, nuestra labor fiscalizadora, señores del Grupo Popular, es política. Nos importan las consecuencias y nos importan las decisiones de índole política. No somos una mesa de contratación ni el Tribunal de Cuentas, ni tenemos la capacitación técnica para valorar y juzgar ciertas decisiones que se proponen en su petitum. ¿Acaso pone el PP en duda la capacidad de los órganos contratantes de la Administración? ¿Por qué hay que fiscalizar esto y no otros miles de contratos que se han dado? Aquí se proponen ciertas cosas de las que yo digo, ¿y ante quién tienen que comparecer y decir si los dispositivos técnicamente son buenos o son peores?, ¿acaso tenemos esa capacitación? Por tanto, creo que hay cuestiones que ustedes hacen en este caso, pero no en otros miles de contratos, que tampoco funcionan siempre. Por consiguiente, pienso que tenemos que saber diferenciar claramente cuál es nuestro papel: la fiscalización y las exigencias al Gobierno de índole política y, sobre todo, en cuanto a las responsabilidades de las consecuencias de estas decisiones. Ya que me queda poco tiempo. En cuanto a los puntos que ustedes proponen, hay tres con los que nosotros discrepamos. El punto dos dice: aportar a la Comisión los informes acreditativos de la solvencia técnica y profesional de las empresas contratadas. Nosotros no estamos de acuerdo con este punto. La empresa contratada ya ha pasado el debido procedimiento en la adjudicación del contrato y ha pasado una evaluación, un estudio y una serie de solicitudes de información, y para las consecuencias de los incumplimientos correspondientes, etcétera, la Administración tiene sus mecanismos para solucionarlos, como se ha hecho en todas las Administraciones. En el punto sexto ustedes dicen: informar sobre los dispositivos actuales en relación con su fiabilidad de respuesta ―¿informar a quién?― y proceder a sustituirlos si no funcionan. Por supuesto, pero ¿en qué momento esto tiene que ser algo instable al Gobierno? Es decir, ¿quién determinará la solvencia técnica? ¿Es acaso consecuencia de la auditoría que se pide en el punto siguiente y que en una comisión nosotros decidamos si esto es bueno o esto es malo? Por último, en el punto noveno establecen un mecanismo de supervisión permanente con participación de las diferentes Administraciones concernidas para garantizar la fiabilidad. Es reiterativo el crear el mecanismo de supervisión. Es algo que debería hacerse, por supuesto. Los otros puntos nos parecen, por obvios, entendibles y aceptables. Todas las explicaciones que hagan falta, que nos las den, y nosotros las aceptaremos. Pero hay un punto once que no han incluido en el petitum. Que yo sepa, la dimisión de la ministra no está en el petitum. Y usted ha venido aquí y ha dicho que hoy pide la dimisión de la ministra. . ¿Y en qué punto once está? ¿Por qué no lo han incluido? ¿Por qué no lo han incluido? . Podrían haberlo incluido y así veríamos si se apoya o no se apoya. Pero no me parece limpio hacer eso. No me parece limpio. Por lo tanto… Gure jarrera beti kritikoa izango da. Eskatu beharreko esplikazio eta adierazpen guztiak eskatuko ditugu. Argibideak nahi ditugu, Gobernuak egia esan dezala honetan da gauza guztietan, baina guk erantzukizunak bai, baina dohaineko lintxamenduak ez, eta gezurrak ere ez. Eskerrik asko. … nuestra posición siempre será crítica. Habrá que pedir todas las aclaraciones y todas las explicaciones. Necesitamos explicaciones, que el Gobierno diga la verdad en esto y en todos los asuntos. Sí, estamos a favor de pedir responsabilidades, pero no linchamientos gratuitos y tampoco estamos a favor de las mentiras. Muchas gracias.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Jaun andreok arratsalde on. Talde Popularreko batzarkideok, indarkeria matxistaren kasuetan, urruntze aginduen kontrol telematikoaren sistemaz ari gara. Sistema horrek akats tekniko larria izan zuen duela hilabete batzuk geolokalizazioaren transmisioari dagokionez. Eta, egia esan, zuen legez besteko proposamenaren zioen azalpena eta gaur hemen egin duzun aurkezpena alde batera utziko bagenitu, proposatzen dituzuen neurri guztiekin, edo ia guztiekin, ados egon gintezke, baina ezin dugu alde batera utzi. Izan ere, gai honetan Euskal Herria Bilduren lehentasuna indarkeria matxistaren biktimei zuzendutako esku hartzeak hobetzea den bitartean, badirudi, zuen zioen azalpenen argitan eta gaurko azalpenen argitan, zuena beste behin ere dela gobernua ahultzea. Horretarako, gainera, biktimak erabiliz. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Las señorías del Grupo Popular nos traen una iniciativa sobre el sistema de control telemático de las órdenes de alejamiento de los casos de violencia de género y de agresiones sexuales. Este sistema tuvo un fallo técnico grave hace algunos meses, un fallo que afectó a la transmisión de la geolocalización. La verdad es que si dejáramos a un lado la exposición de motivos de esta proposición no de ley y la explicación que ha dado hoy en esta Cámara, podríamos estar de acuerdo con todas o casi todas las medidas que proponen. Pero no podemos ignorar todo esto. Y es que, mientras en este tema la prioridad de Euskal Herria Bildu es mejorar las intervenciones dirigidas a las víctimas de violencia machista, parece, a la vista de su exposición de motivos y de las explicaciones que han dado hoy aquí, que su intención es utilizar a las víctimas para seguir debilitando al Gobierno. Y me explico utilizando como ejemplo cuatro de los argumentos que ustedes esgrimen. Empiezan con un recorrido cronológico desde la implantación del sistema del control telemático hasta los fallos de 2024, en el que, sin embargo, se les olvida que los informes de la Fiscalía han puesto de manifiesto, año tras año desde 2010, que todos los años ha habido deficiencias en la implementación del sistema de seguimiento telemático. Todos los años, con Gobiernos socialistas y con Gobiernos populares, señoría. Porque, desgraciadamente, en este caso, la tecnología no es infalible. Continúan ustedes su exposición de motivos poniendo en duda la fiabilidad de los dispositivos, hablando y enseñando fotos de pulseras de Aliexpress. . ¡Por favor, señoría…! Después, hablan de consecuencias judiciales muy graves, como sobreseimientos provisionales y absoluciones. ¿Cuántos sobreseimientos provisionales y cuántas absoluciones se han producido? ¿Cuántas de ellas han sido erróneas y, por lo tanto, graves? ¿En qué medida han afectado a las víctimas? ¿A cuántas víctimas? ¿Lo saben? Hablan de absoluta desprotección de las víctimas. ¿En qué se basan? ¿En esas absoluciones que ni siquiera sabemos si se han producido? ¿En qué? Es decir, piden ustedes una auditoría integral del sistema del control telemático, pero ya adelantan las conclusiones de la auditoría antes de que se haga. Y, díganme, si ya conocen los resultados, ¿para qué la solicitan? En definitiva, han elaborado ustedes un relato totalmente alarmista, sin aportar ni un solo dato, basándose únicamente en opiniones y en supuestas noticias mencionadas en medios. Muy riguroso todo. Un relato sin ningún tipo de base objetiva, que lo único que hace es crear alarma y más angustia a las víctimas de violencia machista. Da la sensación de que les importan bastante poco las repercusiones que todo esto pueda tener en la salud mental de esas víctimas. Porque, señorías del Grupo Popular, como ya les recordaba mi compañera Olaia Duarte en el Senado, si hay algo que supone violencia machista es precisamente instrumentalizar a las víctimas para sus objetivos políticos. Más aún cuando de la mano de sus socios de VOX, que niegan la violencia machista, han decidido suprimir los servicios de igualdad para mantener sus asientos en numerosas alcaldías y comunidades autónomas. Euskal Herria Bildu, evidentemente, no quita ni un ápice de importancia a los fallos del sistema de control telemático, porque la tienen, y mucha. Por nuestra parte, consideramos―y así se lo hemos transmitido a la ministra responsable― que, ante el fallo de las pulseras y la instrumentalización política y mediática del tema, además de una autocrítica sincera y profunda del Gobierno, efectivamente, es imprescindible abrir una investigación rigurosa y transparente. Saber qué es exactamente lo que ha ocurrido, conocer a cuántas mujeres ha afectado y qué tipo de afecciones han sufrido. Y, en consecuencia, tomar las medidas pertinentes para prevenir, dentro de lo posible, que esto vuelva a ocurrir. Y, cómo no, poner en marcha esas medidas cuanto antes e incluirlas en el nuevo pliego de 2026. Neurri-orri horrek, zalantzarik gabe, oso zorrotza izan beharko du, bai indarkeria matxistaren biktimentzako zerbitzuaren kalitateari dagokionez, bai biktimen babesak ahalik eta pitzadura gutxien izatea zaintzen duten langileen baldintzei dagokienez. Baina indarkeria matxistaren biktimei zuzendutako esku-hartzea hobetzeak benetan kezkatzen bagaitu, lehenik eta behin, dagoeneko indarkeria matxista jasan duten emakumeen segurtasuna bermatzeko neurriez gain, eztabaidatu beharko genuke nola lortzen dugun emakumeekiko indarkeriaren prebentzioa eta, horrekin batera, noski, nola borrokatu indarkeria matxistaren negazionismoa. Askotan gertatzen den indarkeria matxistaren txandako abokatuen funtzionamendu eskasa, nola hobetu. Salaketa bat aurkeztu ondoren epaitegietan itxaron beharreko denbora gehiegizkoa, nola murriztu. Biktimei arreta psikologikoa berandu ematearen afera, nola konpondu. Edo epaitegietan biktimari arreta emateko zerbitzuetan dauden giza-baliabide urriak, nondik eta nola gehitu. Ese pliego, sin ninguna duda, deberá ser muy riguroso, tanto en cuanto a la calidad del servicio dirigido a las víctimas de violencia de género y en lo que se refiere a las condiciones de los trabajadores que velan por que la protección de las víctimas tenga las menos grietas posibles. Pero si de verdad nos preocupa la mejora de las intervenciones dirigidas a las víctimas de violencia de género, lo primero de todo, y aparte de hablar de las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres que ya han sufrido violencia machista, deberíamos debatir cómo podemos conseguir la prevención de la violencia contra las mujeres. Y, junto con todo esto, además, cómo hacer frente al negacionismo sobre la violencia machista, cómo mejorar el mal funcionamiento de los abogados de oficio en el ámbito de la violencia machista, cómo disminuir el excesivo tiempo de espera tras poner una denuncia en los juzgados, cómo resolver el tema de blindar a las víctimas una atención psicológica tardía o cómo aumentar el número de recursos humanos que trabajan en los tribunales en los servicios de atención a las víctimas. Nada más y muchas gracias. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Senyories. Bé, el PP porta avui la seva quarta, quarta, iniciativa sobre els problemes que hi ha hagut al voltant de les polseres per geolocalitzar els maltractadors. Podríem dir que hi ha un empat a dos entre les iniciatives presentades al Senat i les iniciatives presentades aquí al Congrés. I és una qüestió que vull dir que és molt evident. El PP sap perfectament que aquest tema és un tema que desgasta el Govern espanyol i li volen treure tot el rèdit polític. Però això té conseqüències. Perquè busquen la confrontació en un tema molt sensible que requereix autoresponsabilitat per no generar alarma social. Perquè hi ha el risc que el que acabin generant sigui desconfiança en el sistema de protecció de les víctimes, que tanta desconfiança acabi fent que rebutgi aquest sistema de protecció justament, quan, malgrat tot, segueix sent la millor mesura que hi ha a hores d’ara per protegir-les, per donar les víctimes de violència masclista una certa seguretat. Estem d’acord, que quedi clar, estem d’acord en el fons de la qüestió. El Govern espanyol ha d’actuar amb transparència sempre, especialment si parlem de seguretat. I aquesta transparència, ja ho vam dir l’altre dia i ho tornem a dir, no ha existit. Per això Junts va registrar preguntes sobre un servei que afecta, recordem-ho, 4730 dones a tot l’Estat, 127 a Catalunya. Dones que necessiten saber si els seus maltractadors trenquen l’ordre d’allunyament. Dones que en molts casos viuen en neguit constant, a vegades per culpa, a vegades per culpa de les mateixes polseres, perquè els dispositius nous, segons ens explicaven l’altre dia, són molt més sensibles, i han estat generant moltes més activacions i també moltes més falses alarmes, amb la qual cosa això neguiteja molt les víctimes. Ens podem imaginar l’estrès i la por que això els suposa. La mateixa ministra Redondo ens va explicar que s’havien ajustat les polseres per evitar tants ensurts. Però evidentment, si parlem de transparència, tenen, tenen des del Ministeri d’Igualtat deures pendents. Per exemple, aclarir si hi ha hagut o no sobreseguiments definitius en casos de trencament de l’ordre d’allunyament. El PP diu que sí i el PSOE diu que no, que quan es van recuperar les dades de geolocalització es van poder revisar les denúncies i acreditar els trencaments de les ordres d’allunyament. Qui diu la veritat? El PP o el PSOE? Doncs això només ho sap la Fiscalia. El Ministeri d’Igualtat ha demanat els informes i, per tant, entenem que seria prematur pronunciar-nos, treure conclusions, sense tenir més informació. L’altra qüestió que ens podem fer: ha quedat sense càstig algun maltractador? Si la resposta és que sí, que el sistema Cometa ha fallat i la víctima no ha pogut demostrar que el maltractador ha trencat l’ordre d’allunyament, això seria molt greu. Però insistim, necessitem més informació. Nosaltres també hem preguntat per què el Ministeri d’Igualtat ha decidit comprar els dispositius, en lloc de mantenir el sistema de seguir pagant pel lloguer, que potser seria més eficient tenint en compte l’evolució de la tecnologia i la certesa que la tecnologia queda obsoleta de manera ràpida. Ens preguntem si no és millor, per tant, aconseguir fer ús del millor model tecnològicament parlant possible que posi a disposició al mercat, en lloc de comprar uns dispositius que s’hauran d’amortitzar en un temps de potser dos o tres anys. Estem parlant d’evitar agressions, d’evitar morts i, per tant, estalviar diners no és, evidentment, l’objectiu. També ens hem preguntat i hem preguntat al Govern espanyol si Vodafone-Securitas Seguridad és la que determina quin dispositiu s’ha de comprar per garantir el millor servei, i quin model han comprat i a quin preu. Una cosa que també es pregunten des del PP. I donat que la delegada del Govern espanyol contra la violència de gènere va dir en la seva compareixença que són dispositius que s’han modificat i adaptat per poder fer la funció de control dels maltractadors, perquè quan venen tal com venen de sèrie no serveixen, nosaltres també hem preguntat qui ha fet aquestes modificacions i adaptacions en els dispositius, i si són modificacions físiques o només de software. Són moltes preguntes. Són totes preguntes que entenem pertinents i que evidentment estan alineades amb la petició d’auditoria i amb moltes de les qüestions que planteja el PP avui. Però també, com els deia abans, cal fer una reflexió, com els deia al principi, sobre quines són les conseqüències de presentar aquestes iniciatives. Sabem, tots ho sabem, la tecnologia no és infal·lible, però els dir íem que prou ja de fer servir la violència de gènere com a arma llancívola entre les dretes i les esquerres, perquè acaben perjudicades totes les dones que són víctimes, pensin com pensin políticament. És igual si són de dretes o són d’esquerres. Totes acaben perjudicades. És important fer memòria de quin ha de ser l’objectiu de la política, i no és un altre que millorar la vida de totes les persones, especialment, per descomptat, la vida de les dones que pateixen agressions masclistes. Gràcies. Señorías, el PP trae hoy su cuarta ―cuarta― iniciativa sobre los problemas que ha habido alrededor de las pulseras para geolocalizar a los maltratadores. Podríamos decir que hay un empate a dos entre las iniciativas presentadas en el Senado y las iniciativas presentadas aquí, en el Congreso. Es una cuestión que es muy evidente. El PP sabe perfectamente que este es un tema que desgasta al Gobierno español y le quieren sustraer todo el rédito político. Pero esto tiene consecuencias, porque buscan la confrontación en un tema muy sensible que requiere autorresponsabilidad para no generar alarma social, porque existe el riesgo de que acaben generando desconfianza en el sistema de protección de las víctimas. Tanta desconfianza acaba haciendo que se rechace este sistema de protección precisamente cuando, a pesar de todo, sigue siendo la mejor medida que existe hoy en día para protegerlas, para dar a las víctimas de violencia machista una cierta seguridad. Estamos de acuerdo, que quede claro, en el fondo de la cuestión. El Gobierno español debe actuar con transparencia siempre, especialmente si hablamos de seguridad. Esta transparencia, ya lo dijimos el otro día y lo repetimos, no ha existido. Por este motivo, Junts registró preguntas sobre un servicio que afecta a 4730 mujeres de todo el Estado, 127 de las cuales en Cataluña. Mujeres que necesitan saber si sus maltratadores rompen la orden de alejamiento. Mujeres que en muchos casos viven en un desasosiego constante, a veces por culpa de las mismas pulseras, porque los dispositivos nuevos, según nos explicaban el otro día, son mucho más sensibles y han generado muchas más activaciones y también muchas más falsas alarmas, con lo que eso inquieta mucho a las víctimas. Podemos imaginar el estrés y el miedo que esto les representa. La propia ministra Redondo nos explicó que se habían ajustado las pulseras para evitar esos sustos. Evidentemente, si hablamos de transparencia, tienen desde el Ministerio de Igualdad deberes pendientes. Por ejemplo, aclarar si ha habido o no sobreseimiento definitivo en casos de que se rompa la orden de alejamiento. El PP dice que sí y el PSOE dice que no, que cuando se recuperaron los datos de geolocalización se pudieron localizar las denuncias y acreditar por qué se habían roto las órdenes de alejamiento. ¿Quién dice la verdad, el PP o el PSOE? Esto solamente lo sabe la Fiscalía. El Ministerio de Igualdad ha pedido los informes y, por lo tanto, entendemos que sería prematuro pronunciarnos, sacar conclusiones sin tener más información. Otra cuestión que podemos preguntarnos: ¿ha quedado sin castigo algún maltratador? Si la respuesta es que sí, que el sistema Cometa ha fallado y la víctima no ha podido demostrar que su maltratador ha roto la orden de alejamiento, eso sería muy grave. Pero, insistimos, necesitamos más información. Nosotros también hemos preguntado por qué el Ministerio de Igualdad ha decidido comprar los dispositivos en lugar de mantener el sistema de continuar pagando por su alquiler, que quizás sería más eficiente teniendo en cuenta la evolución de la tecnología y la certeza de que la tecnología se vuelve obsoleta muy rápidamente. Nos preguntamos, por lo tanto, si no será mejor utilizar el mejor modelo posible del mercado tecnológicamente hablando en lugar de comprar unos dispositivos que se tendrán que amortizar en un periodo de quizás dos o tres años. Estamos hablando de evitar agresiones, de evitar muertes y, por lo tanto, ahorrar no es evidentemente la prioridad. Nos hemos preguntado también y hemos preguntado al Gobierno español si Vodafone-Securitas Seguridad es quien determina qué dispositivos se han de comprar para garantizar el mejor servicio y qué modelo han comprado y a qué precio, algo que también se preguntan desde el PP. Como la delegada del Gobierno español contra la Violencia de Género dijo en su comparecencia que son dispositivos que se han modificado y adaptado para poder cumplir con la función de control de los maltratadores, porque tal como vienen de serie no sirven, nosotros también hemos preguntado quién ha hecho estas modificaciones y adaptaciones a los dispositivos, y si son modificaciones físicas o tan solo del software. Son muchas preguntas. Preguntas que pensamos que son pertinentes y que, evidentemente, están alineadas con la petición de auditoría y con muchas de las cuestiones que plantea hoy el PP. Pero también, como decía antes, hay que hacer una reflexión, como decía al principio, acerca de cuáles son las consecuencias de presentar estas iniciativas. Sabemos, todos lo sabemos, que la tecnología no es infalible, pero basta de utilizar la violencia de género como arma entre derechas e izquierdas, porque acaban perjudicadas todas las mujeres víctimas; sea cual sea su ideología política, de derechas, de izquierdas, todas acaban perjudicadas. Es importante recordar cuál debe ser el objetivo de la política, que no es otro que mejorar la vida de todas las personas, especialmente, por supuesto, la vida de las mujeres que sufren agresiones machistas. Gracias.

Esther Gil de Reboleño Lastortres SUMAR

Señora presidenta, señorías. Hoy volvemos a hablar de violencias machistas, y lo hacemos otra vez porque el Partido Popular ha decidido traer al Pleno una iniciativa sobre los fallos del sistema Cometa. Y lo hace con una doble moral de manual, porque es justamente el Partido Popular el que allá donde gobierna se dedica a dejarnos sin derechos y a poner en peligro la salud y la vida de miles de mujeres en este país. Les voy a refrescar la memoria, señorías, porque venir aquí a dar lecciones de cómo proteger a las mujeres es, cuando menos, una falta de respeto. Miren, señorías del PP, ¡en Andalucía han ejercido una violencia institucional contra las mujeres inaudita! . Mantienen una sanidad colapsada, veinte o treinta días para tener una cita con el médico de cabecera, con listas de espera infinitas y con hospitales públicos desangrados porque ustedes prefieren derivar sus recursos a la sanidad privada. Millones y millones de euros desviados mientras las mujeres esperan. Y todo eso ha estallado con su negligente gestión de los cribados del cáncer de mama. Hasta dos mil mujeres, según sus cifras, pero podrían ser aún más. Algunas, quizás, hasta hayan muerto. . El partido de la gestión, se hacen llamar. Me daría la risa si no fuera esto tan grave, señorías. Y ahora vienen aquí a exigir transparencia y rendición de cuentas. ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! . No pueden venir a dar lecciones cuando las mujeres andaluzas sufren retrasos inaceptables en pruebas diagnósticas porque ustedes han desmantelado la atención primaria, los especialistas y las intervenciones quirúrgicas. . Eso, señorías, es violencia institucional. Y voy a decirles más. ¿Saben ustedes lo que es Clicsalud+? Es una plataforma que tenemos en Andalucía donde las personas pueden ver los resultados de sus pruebas. Pues desde Andalucía me trasladan que las pruebas de los cribados y de los controles de oncología están desapareciendo de ese portal donde las pacientes las pueden consultar. Díganme ustedes si eso no es violencia institucional. Y, mientras tanto, su Gobierno… . ¡Eso es verdad!, porque hay una paciente con cáncer metastásico que lo está consultando en el hospital Puerta del Mar. Y como ella, muchos. Así que, antes de hablar sobre este tema, límpiese la boca. . Mientras tanto, su Gobierno en Andalucía está siendo investigado por adjudicar a dedo más de 300 millones de euros en contratos al servicio del Servicio Andaluz de la Salud Pública. Y eso, díganme ustedes si también es mentira. . Los últimos tres gerentes del SAS están investigados por prevaricación administrativa; empresas como Asisa, Viamed o Quirón. Sí, la misma donde la pareja de una señora que se llama Ayuso hace negocios a costa de todos los madrileños. Se han beneficiado de esta trama, una red mafiosa en toda regla y a costa de nuestra salud. Así que no me vengan a presumir de compromiso con la igualdad cuando, además, en Madrid la señora Ayuso se niega a cumplir la ley del aborto, se rebela contra el registro de objetores y mantiene un sistema que impide a las mujeres ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Solo el 0,5 % de los abortos se practican en la sanidad pública madrileña. Esa es la libertad de la que ustedes hablan, ¿verdad? Las cañas en las terrazas, el ji, ji, ji, el ja, ja, ja… Esa es la libertad. Qué frivolidad, señorías. Eso no es libertad. Eso es negar derechos y poner en riesgo la salud y la autonomía de las mujeres. Si de verdad quieren demostrar compromiso, cuando llegue al Congreso voten a favor de incluir el derecho al aborto en la Constitución. Demuestren con hechos lo que dicen con palabras. Ahora me dirijo al Partido Socialista y al Ministerio de Igualdad, y no lo hago para sumarme al ruido del PP, sino porque en la rendición de cuentas también es importante mantener y demostrar una forma de respeto a las víctimas. Valoramos los avances logrados estos años, pero la confianza pública se construye con transparencia. Lo ocurrido en el sistema Cometa es grave. Miles de mujeres confiaban en un dispositivo de seguridad que falló, y esos fallos se tradujeron en miedo, desprotección y desamparo. Queremos recordarles que la seguridad de las mujeres no puede depender de una lógica de mercado. En SUMAR lo tenemos claro: no podemos seguir privatizando lo que es un servicio público. La gestión directa necesita de transparencia, eficacia y de un control democrático. Cada vez que se privatiza un servicio esencial, pierde la ciudadanía. Pero, sobre todo, perdemos las mujeres, porque somos nosotras las que más lo sufrimos. Por ir terminando, señorías, no vamos a entrar en el juego del Partido Popular. Ustedes buscan convertir el dolor de las víctimas en ruido político y no se lo vamos a permitir. Pero tampoco vamos a mirar hacia otro lado cuando algo falla, porque las mujeres merecemos instituciones que estén a la altura. El feminismo no es una pancarta ni es ningún tuit; es garantizar que ninguna mujer vuelva a tener miedo, que ninguna espere meses para obtener respuesta a una prueba diagnóstica, que ninguna se sienta sola. Y eso, señorías, no se promete: se cumple. Muchísimas gracias. .

Andrea Fernández Benéitez PSOE

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señorías del Grupo Popular, traen hoy una proposición cargada de imprecisiones y completamente desactualizada, cuyo verdadero objetivo es el rédito que ustedes creen que les procura este tema. Miren, tanto la delegada del Gobierno contra la violencia de género como la ministra de Igualdad han comparecido en las Cortes Generales para dar detalladas y cumplidas explicaciones sobre este asunto. Además, los pliegos de licitación con especificaciones técnicas a los que ustedes aluden son públicos y pueden consultarse. Igualmente, la incidencia que está relacionada con el proceso de migración de datos entre empresas fue una dificultad temporal en el acceso a la información, no una pérdida de datos, la cual quedó resuelta en diciembre de 2024 con el pleno acceso a la información de las bases de datos del servicio de la anterior adjudicataria. Además, este problema ha contado con un seguimiento exhaustivo desde que se originó. Tanto es así que el 11 de diciembre del año pasado, en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria, que además tengo aquí por si quieren ustedes consultarla (muestra un documento), el Ministerio de Igualdad detalló todas las actualizaciones que estaba llevando a cabo. Según consta en la citada respuesta parlamentaria ―y leo textualmente― «desde septiembre de 2024, y tras el periodo de tres meses de transición y otros tres de ajuste de la nueva UTE al servicio, el Ministerio de Igualdad ha implementado un exhaustivo plan de seguimiento del servicio, con el objetivo de responder de forma inmediata a incidencias, identificar y poner en marcha posibles mejoras y garantizar así la máxima protección de las víctimas de cualquier forma de violencia de género». Y, a continuación, en esta misma pregunta, detalla todo el plan que pormenorizadamente desarrollaron. Es decir, señorías, el Gobierno ha trabajado desde el principio de manera seria, transparente y rigurosa. . Y aquí vuelven a insistir, cómo no, señorías, en las pulseras de AliExpress. Esto es especialmente sangrante, señorías, por la inseguridad y el temor que este mensaje puede causar a las víctimas. Las pulseras telemáticas, señorías, están fabricadas expresamente para ofrecer este servicio. Y no solo eso, es que la ministra de Igualdad, señoría González, mostró la factura de estas pulseras, que están valoradas en 690 euros y están fabricadas por una empresa radicada en Barcelona, señorías. Es vergonzoso lo que ustedes hacen. Es vergonzoso. . Pero hay más. Dicen ustedes que las pulseras dejan de instalarse porque generan desconfianza. Miren, el número de instalaciones de estos dispositivos no ha dejado de crecer: se ha cuadruplicado desde que existe el servicio. Además, mienten ustedes una vez más, porque la propia memoria de la Fiscalía General del Estado habla de la indiscutible utilidad de los dispositivos para proteger a las víctimas ―la propia memoria de la Fiscalía, señorías―. Ustedes insisten en que se ha desprotegido a las víctimas. Miren, el fallo de migración pudo afectar puntualmente a algunos enjuiciamientos, porque una pequeña parte de esta información, como ya he dicho, no estuvo disponible temporalmente, pero nunca ha dejado de funcionar en cuanto a protección. Para que se entienda: las pulseras nunca han dejado de alertar si el maltratador rebasaba la orden de alejamiento ni de avisar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los juzgados. De hecho, el 90 % de las usuarias de Cometa dicen que recomendarían su instalación a otras víctimas de violencia de género, señoría. Dicho esto, voy con lo que más debería avergonzarles. Después de toda la alarma social que ustedes han creado, después de haber afirmado que se ha producido una cascada de sobreseimientos, resulta que, hoy en día, señorías, no existe constancia de que se haya producido ni un solo sobreseimiento a causa de este problema técnico, señorías. . Ni uno solo. . No, no. Después del tiempo transcurrido hasta ahora, después de que se haya requerido al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, no se ha detectado ni una sola sentencia de sobreseimiento. ¿De verdad, señorías, les compensa a ustedes electoralmente todo esto? Ustedes saben que, efectivamente, la tecnología no es infalible y por eso ha sido un asunto que ha ocupado gran parte de los trabajos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esto es así porque es un servicio especialmente complejo que ha generado también errores en el pasado. Miren, esta noticia (muestra un recorte de prensa) es de 2018 y habla de fallos en las pulseras cuando ustedes gobernaban. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? Que en aquel momento la oposición la ocupaba el Partido Socialista y decidió actuar con responsabilidad y siendo conscientes de la importancia que tiene este servicio, señorías. . Sí, sí. Sin embargo, en contraposición, ustedes han utilizado esta cuestión de una forma lamentable. Han llegado ustedes a afirmar que ha habido víctimas mortales que llevaban la pulsera sin ninguna prueba. ¿Ustedes han pensado que supone esto para las familias de las víctimas? ¿A ustedes les parece que esta es una forma decente y ética de hacer política? Este tuit (muestra una fotocopia) sigue colgado en la cuenta del Partido Popular, en la cuenta de Twitter del Partido Popular, donde afirman que hay una víctima mortal que llevaba pulsera. Es indecente, señorías. .

Andrea Fernández Benéitez PSOE

Voy terminando. El problema generado por la migración de datos está solventado desde hace meses. Como ya he señalado, el Gobierno ha comparecido, ha dado explicaciones en las Cortes Generales, se ha sometido al control, a las preguntas y a las críticas de todos los grupos parlamentarios. Les digo que este Gobierno no tiene ningún problema con la transparencia ni con la rendición de cuentas. Ahora bien, en coherencia, les esperamos a ustedes en el Parlamento andaluz para que den cuenta de la crisis de las mamografías, que, esa sí, ha tenido víctimas fatales, señorías. Muchas gracias. .

Noemí Santana Perera SUMAR

Muchas gracias, señor presidente. Hoy vamos a hablar de un asunto que debería dar mucha vergüenza al Estado: las Administraciones públicas llevan años y años cometiendo fraude laboral. Sí, han escuchado bien, fraude laboral a víctimas, que tienen nombres y apellidos. Esas víctimas son las trabajadoras públicas que están en situación de temporalidad. Más de novecientas mil personas llevan años, incluso décadas, con contratos, nombramientos y promesas completamente incumplidas. Son personas que sostienen nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros servicios sociales, personas que, sí, han pasado por procesos públicos, que cumplen con todos los requisitos, pero que, sin embargo, hoy en día siguen viviendo con el miedo en el cuerpo. Y digo bien: tienen miedo en el cuerpo porque no hay más que hablar con ellas ―la mayoría son mujeres― para comprobar que tienen una gran incertidumbre sobre su futuro. No saben si el mes que viene van a seguir en su puesto de trabajo o no van a seguir. Son mujeres que cuidan, mujeres que enseñan, mujeres que atienden. Son mujeres que lo han dado todo por el servicio público mientras la Administración incumplía la ley de forma flagrante, a veces durante más de veinte años. Señorías, lo peor de todo es que de esto tiene conocimiento todo el mundo, incluso Europa. El abogado general de la Unión Europea ha sido muy claro en esta materia. Las indemnizaciones actuales no sirven, las oposiciones exprés no quitan el problema del abuso y la única solución justa, eficaz y legal hoy en día no es otra sino consolidar esas plazas. Aun así, aquí seguimos debatiendo algo que es completamente evidente, porque algunos prefieren hablar de reducir la temporalidad mientras siguen despidiendo a trabajadores en situación de temporalidad. Señorías, eso no es cumplir con el mandato de Europa, eso es seguir abusando de los trabajadores y las trabajadoras públicos. Hace unos días interpelé al ministro Óscar López. Le dije algo que hoy voy a repetir: no basta solo con reconocer que tenemos un problema, hay que poner voluntad política para solucionar de una vez esta situación y hay que ponerse de una vez por todas del lado de las trabajadoras y los trabajadores. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda y yo siento que no han entendido nada de lo que intentamos trasladarles y comunicarles el pasado Pleno. La realidad es que la enmienda que ustedes presentan no soluciona el problema, al contrario; es una enmienda que perpetúa el problema, que sigue disfrazando el abuso en el trabajo temporal. Así que ya basta de vender avances cuando solo nos proponen parches. Después de dos décadas, ya va siendo hora de buscar una solución. Nosotras vamos a seguir empujando para que esta solución se consiga lo antes posible, en el tiempo más breve posible. Ustedes nos presentan una enmienda que viene a decir algo así como que vamos a seguir trabajando para la búsqueda de una solución. No, lo que toca después de veinte años es solucionarlo ya, señores del Grupo Socialista, porque hoy en día son miles las trabajadoras que siguen sufriendo el fraude. Mientras ustedes estudian el asunto y siguen trabajando de la misma manera ―supongo― que han hecho hasta ahora, ellas están perdiendo su empleo; de hecho, cientos y cientos de trabajadoras públicas abusadas han perdido su empleo, su antigüedad y también lamentablemente, por qué no decirlo, han perdido su futuro. En Podemos, nosotras no vamos a mirar hacia otro lado. Las trabajadoras y los trabajadores en situación de temporalidad van a encontrar en nosotras un aliado, porque no vamos a sostener este abuso un minuto más en el tiempo. Hay que reconocer a estas trabajadoras. Nosotras no estamos pidiendo ningún privilegio para ellas y ellos, lo que estamos pidiendo es la reparación del daño que les ha hecho la propia Administración, del abuso al que han sido sometidos, que se cumpla con la propia ley. Pedimos que se haga lo mismo que se pide al sector privado. En el sector privado, cuando hay un abuso a un trabajador o una trabajadora, se le sanciona. En el sector privado, si un trabajador está en su puesto de trabajo años, años y años nadie cuestiona que ese puesto de trabajo sea suyo para siempre. Eso también se debería hacer en la Administración pública, en el sector público. Si el Estado es el primero que precariza, ¿cómo vamos a pedirle al sector privado que no lo haga? Van a ver la precariedad como algo completamente natural, y eso sí sería toda una desgracia. Nosotras vamos a decir alto y claro que basta ya de precariedad, basta ya de tratar a quienes sostienen nuestros servicios públicos como si fueran trabajadores completamente reemplazables. Nuestra moción es de justicia y, por eso, vamos a pedir que voten en consecuencia, que voten protegiendo a las trabajadoras y los trabajadores que han visto vulnerados sus derechos durante todos estos años. Nosotros tenemos claro de qué lado estamos. Ahora hay que ver de qué lado está cada una de sus señorías. Nosotras tenemos claro que vamos a estar del lado de aquellas personas que atienden, que cuidan, que enseñan y, sobre todo, que sostienen nuestro estado de bienestar y nuestros servicios públicos. Gracias. .

José Losada Fernández PSOE

Gracias, presidente. Quiero comenzar mi intervención mostrando nuestro reconocimiento a la labor fundamental que desempeñan todos los empleados públicos de nuestro país, a todos y todas, al personal estatutario, a los laborales, a los funcionarios y también a los interinos e interinas. . Señorías de Podemos, coincidimos en la defensa de lo público, de la calidad de los servicios públicos y en que debemos dar solución definitiva al problema del abuso de temporalidad en el empleo público, pero también deberíamos reconocer que no ha habido un Gobierno que haya hecho más por solucionar el problema de la temporalidad en la función pública que los Gobiernos de Pedro Sánchez. . Ustedes ―no otros, ustedes―, señorías de Podemos, también formaron parte de este Gobierno que aprobó el Real Decreto Ley 14/2021 que tan buenos resultados ha dado ya. La gestión de los Gobiernos del Partido Popular fue catastrófica: recortes, reducción de la plantillas y no convocatoria de plazas públicas. Ejemplo: solo en la Administración General del Estado, con el Partido Popular se redujo la plantilla en setenta mil puestos de trabajo. El deterioro de los servicios públicos fue patente y aún seguimos pagando las consecuencias. Frente a las consecuencias de esas políticas restrictivas, el Gobierno progresista actuó, señorías de Podemos, y sigue actuando, y los datos son contundentes: gracias al Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, se han hecho fijas a más de 377 000 personas en todas las Administraciones. Debemos reconocer lo conseguido. Son 400 000 las familias que viven y trabajan habiendo asegurado su futuro y reconociendo sus derechos. . Desde la aprobación del plan de recuperación se han convocado más de quinientas mil plazas. Nunca se habían convocado tantas plazas en tan poco tiempo. A diferencia de lo que hizo el Partido Popular, que solo ofertó un promedio de 10 000 plazas anuales, el Gobierno progresista ha convocado estos años más de 32 000 plazas al año, una diferencia radical en la gestión. Coincidimos, señoría de Podemos, en que debemos seguir avanzando. Por eso, hemos presentado una enmienda a su moción, y tenemos una buena oportunidad con el proyecto de ley de función pública que se está tramitando en esta Cámara. Es una buena oportunidad para avanzar, reduciendo la situación de interinidad a situaciones de urgente y extraordinaria necesidad, implantando un sistema de control y alerta, vinculando las compensaciones al abuso de la temporalidad o completando el régimen sancionador. Es un proyecto de ley en el que estamos trabajando intensamente con todos los grupos políticos para dar garantía y seguridad, garantía para el futuro y seguridad jurídica que nos permita dar pasos firmes cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en nuestra Constitución. El Gobierno ha hecho su trabajo. La tasa de temporalidad en la Administración General del Estado se ha reducido hasta el 4,74 %. Sabemos que el mayor problema radica en las comunidades autónomas, responsables de sanidad, educación y los servicios sociales, la gran mayoría gobernadas por el Partido Popular, y no han hecho su trabajo, no han cumplido, porque las derechas no creen en lo público. . Esa es la diferencia: ustedes, señores del PP y de VOX, donde gobiernan, como en Andalucía, no creen en los servicios públicos. El escándalo de los cribados de cáncer de mama es, para nuestra desgracia, una muestra de lo que llevamos diciendo hace varios años: su apuesta por lo privado en detrimento del sistema público nos lleva al desastre. Ahora nos dicen que van a remediar lo irremediable. No echen la culpa a los demás, no busquen culpables en los demás, no culpen a los médicos ni a los enfermeros, no culpen a los Gobiernos anteriores. Llevan ya casi siete años gobernando en Andalucía. El señor Moreno Bonilla es el culpable. . El problema de los cribados de cáncer de mama es su responsabilidad y consecuencia de sus políticas. Su gestión de la sanidad pública andaluza es un desastre al que nos ha llevado su modelo de privatización y desmantelamiento de la sanidad pública: se han perdido nueve mil profesionales sanitarios; empleos precarios; baja estabilización; salarios peores que en otras comunidades. Andalucía cuenta con más dinero que nunca gracias al Gobierno de Pedro Sánchez , pero ese dinero ustedes lo destinan a la sanidad privada, y, claro, hay menos empleados públicos y peor calidad de los servicios públicos. Porque para la derecha la sanidad no es un derecho, es un negocio. Termino citando a Alfredo Pérez Rubalcaba: «El otro día escuché en la radio a un empresario que dijo que venía a los concursos de privatización de la sanidad porque venía a hacer negocio. Olé su sinceridad. Pero, sinceridad por sinceridad, en el PSOE le decimos: Ten cuidado, lo que se privatiza se desprivatiza y cuando lleguemos los socialistas te quitaremos el negocio». En Andalucía, pronto, los andaluces y, sobre todo, las andaluzas le quitarán el negocio. Gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on, jaun-andreok. Intervengo muy brevemente. Podemos nos propone que se otorgue la condición de empleados públicos fijos a quienes estén contratados temporalmente en situación de abuso o a quienes lo hayan estado y hayan sido cesados. Sin embargo, señorías, la cuestión reclama un debate previo y la búsqueda de consensos, que deben tener en cuenta como referentes el marco y finalidad de la normativa de la Unión Europea, es decir, la Directiva 1999/70, relativa al acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada y, singularmente, su cláusula quinta, la jurisprudencia del TJUE y lo que este llama el derecho nacional de cada Estado miembro, sobre todo el Constitucional, con respecto a que manifiesta que la interpretación de la directiva cuando se aplica en el derecho interno no puede servir como una interpretación contra el eje del susodicho derecho nacional. Sobre estos tres ejes hemos reflexionado en esta Cámara y logrado consensos en el pasado, singularmente con la Ley 20/2021, cuya aplicación ha logrado y sigue logrando la estabilización de un número relevante de empleados públicos en situación de temporalidad. Sin embargo, el abordaje de esta Ley 20/2021 para reducir la temporalidad en el empleo público está siendo cuestionada ante el Tribunal de Justicia Europeo, el TJUE, por órganos jurisdiccionales internos y también por la misma Comisión con procedimientos sancionadores y retención de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Señorías, estando pendientes no solo algunas cuestiones prejudiciales que pudieran dar pautas definitivas al Tribunal Supremo para unificar doctrina, estando también pendientes negociaciones con la Comisión para una nueva modificación del EBEP más acorde con la cláusula quinta del acuerdo marco al que me he referido y estando también pendiente la negociación entre los distintos grupos parlamentarios en el marco del Proyecto de ley de funcionarios de la Administración General del Estado, también en busca de un nuevo consenso, no nos parece adecuado en este momento degollar la cuestión al modo y manera que nos propone Podemos en su moción. Su conclusión nos parece, cuando menos, prematura. Nada más y muchas gracias.

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Senyora Santana. Des de Junts per Catalunya compartim al 100 % la seva descripció dels antecedents, la mateixa que fan els col·lectius d’interins i que respon a la realitat de centenars de milers de treballadors públics temporals que veuen els seus drets vulnerats per unes administracions públiques que s’aprofiten d’ells, en frau de llei i en contra del dret europeu. L’Estat espanyol porta vint i cinc anys sense transposar la Directiva 1999/70, incomplint el dret europeu que l’obliga a prevenir i sancionar els abusos en la contractació temporal. La llei 20/2021 només pretenia evitar les sancions a Espanya sense abordar les causes del problema, i el resultat és que a data d’avui no només la taxa de temporalitat no ha baixat, sinó que, com a conseqüència d’aquella llei 20/2021, s’ha cessat milers de treballadors a cost zero, sense indemnitzacions i, paradoxalment, també sense tenir en compte les necessitats del propi servei públic. I, si no, vegin el caos generat pel senyor Dalmau a la Generalitat de Catalunya. La Unió Europea ha deixat clar que Espanya està en fora de joc. A banda dels milionaris procediments sancionadors, el TJUE ja ha dit que els processos d’estabilització de la llei 20/2021 no són la sanció a l’abús dels treballadors interins que exigeix el dret europeu, i l’advocat de la Unió Europea ha fet un pas més, i encara que les seves conclusions no determinen el que acabi decidint el TJUE, tot indica que les institucions europees han dit prou i volen acabar amb la bombolla de l’abús en la temporalitat del treball de les administracions públiques espanyoles. Davant d’això, Junts per Catalunya va presentar el febrer passat quatre esmenes a la Llei de funció pública de l›Administració General de l›Estat, que ja recollien el que proposa la moció que ens ocupa. És a dir, la consolidació dels treballadors públics abusats i cessats, passant-los a treballadors públics fixos. I, en el mateix sentit, són les esmenes que hem presentat a la Llei d’accés a la judicatura, per als funcionaris interins de l’Administració de Justícia i els jutges i fiscals substituts. Nosaltres assumim aquesta demanda d’estabilització perquè és justa i perquè és un mandat del dret europeu. I si la nostra lluita és estendre els estàndards europeus en tots els àmbits, com no l’hem d’estendre en aquest? Aquesta és també la nostra lluita. Això és precisament el que el president Puigdemont va traslladar als representants dels treballadors abusats quan es van reunir amb ell fa uns mesos a l’exili a Bèlgica. Nosaltres no busquem protagonisme ni avantposar als nostres interessos als del col·lectiu afectat, i esperem, esperem que els promotors de la moció facin el mateix, que no siguin més papistes que el Papa i que amb la seva gesticulació, amb els seus eslògans de fixesa o res, no posin en risc una solució al problema de centenars de milers de treballadors públics abusats. El Regne d’Espanya continua incomplint amb el dret europeu, i centenars de milers de persones amb noms i cognoms continuen en situació d’abús de temporalitat. I davant d’això, la setmana passada vam veure com el ministre senyor López es va limitar a donar arguments infantils de vergonya aliena, del tipus l’Administració socialista de l’Estat sí que compleix i, en canvi, les comunitats autònomes i els municipis en mans d’altres partits polítics no compleixen. Un argument inconsistent, un argument poc responsable, un argument fins i tot ridícul, que oblida el pes de les administracions territorials en els serveis públics. Però el que no va fer el senyor López és assumir la responsabilitat que li pertoca com a ministre d’Administracions Públiques. I assumint aquesta responsabilitat, el que havia de fer el senyor López era proposar una sortida legal. Nosaltres proposem transformar la relació laboral abusiva en fixa. Més enllà d›apel·lar al consens o donar la culpa als altres, quina és l›alternativa que proposa el senyor López i el seu Govern? Estem oberts a parlar, que ens digui com pensa complir el dret europeu. El que no acceptarem és que una vegada més ens donin gat per llebre, amb l’excusa de la Constitució i de la jurisprudència europea. Perdó, de la Constitució i de la jurisprudència del Tribunal Suprem. Per acabar, em permeto recomanar al Govern espanyol dues qüestions. En primer lloc, que superi el temor reverencial que té pel Tribunal Suprem. L’ordenament europeu és dret intern a tots els efectes. Admetre la primacia del dret europeu no és desafiar el Tribunal Constitucional o el Tribunal Suprem. No és una qüestió de sobirania la que ens afecta. No és una qüestió d’autoritat. És una qüestió de dret. I ara mateix l’Estat espanyol està subjecte, està supeditat a l’estat de dret europeu. No s’acovardeixin, deixin de ser provincians i surtin del marc mental del Tribunal Suprem. La segona qüestió que els volia recomanar és que la justícia europea no entén la sacralització de la funció pública a Espanya. Els principis constitucionals de mèrit i capacitat no poden ser un obstacle per resoldre el problema real de l’abús de temporalitat en el sector públic. Si els treballadors del sector privat tenen dret a l’estabilitat laboral, també el tenen els funcionaris públics. Obrin la ment. Moltes gràcies. Señora Santana, en Junts per Catalunya compartimos al 100 % la descripción de antecedentes, la misma que hacen los colectivos de interinos, que responde a la realidad de centenares de miles de trabajadores públicos temporales que ven sus derechos vulnerados por unas Administraciones que hacen fraude de ley en contra del derecho europeo. Hace veinticinco años que el Estado no transpone la directiva que le obliga a sancionar precisamente los abusos de la contratación temporal. La Ley 20/2021 solo pretendía evitar las sanciones sin atacar las causas del problema. Resultado: las tasas de temporalidad no solo no han bajado, sino que como consecuencia de esa Ley 20/2021 se ha cesado a miles de trabajadores sin indemnizaciones y, paradójicamente, también sin tener en cuenta las necesidades del propio servicio público. Y, si no, vean ustedes el caos generado por el señor Dalmau en la Generalitat de Catalunya. La Unión Europea ha dejado claro que España está fuera de juego. Aparte de los millonarios procedimientos sancionadores, el tribunal ya ha dicho que los procesos de la Ley 20/2021 no solo la sanción a los abusos a los derechos de interinos que exige el derecho europeo, y el abogado ha dado un paso más, y, si bien las conclusiones no determinan lo que acabe decidiendo el TJUE, las instituciones europeas han dicho basta y quieren terminar con el abuso de la temporalidad en la Administración pública española. Ante esto, Junts per Cataluña presentó en febrero pasado cuatro enmiendas a la Ley de la Función Pública de la Administración del Estado que ya recogían lo que recoge precisamente la moción que nos propone, es decir, la situación para que los temporales pasen a fijos. Y en el mismo sentido van las enmiendas presentadas para los funcionarios interinos y los fiscales y sustitutos. Asumimos esta demanda de estabilización porque es justa y porque es un mandato del derecho europeo. Y si nuestra lucha es extender los estándares europeos en todos los ámbitos, ¿cómo no lo vamos a hacer en este caso? Esta es también nuestra lucha, y esto es precisamente lo que el presidente Puigdemont trasladó a representantes de los trabajadores abusados cuando se reunieron con él hace unos meses en el exilio en Bélgica. Nosotros no buscamos protagonismo ni anteponer nuestros intereses a los del colectivo afectado, y esperamos que los promotores de la moción hagan lo mismo, que no sean más papistas que el papa y que con su gesticulación, con sus eslóganes de «o fijo o nada» no pongan en riesgo una solución al problema de centenares de miles de trabajadores públicos abusados. El Reino de España sigue incumpliendo el derecho europeo y centenares de miles de personas con nombres y apellidos siguen estando en situación de abuso de temporalidad. Y, ante esto, la semana pasada vimos cómo el ministro señor López se limitó a dar argumentos infantiles de vergüenza ajena, argumentos de este tipo: la Administración Socialista del Estado sí cumple, y, en cambio, las comunidades autónomas y los municipios en manos de otros partidos políticos no cumplen. Es un argumento inconsistente, poco responsable, incluso ridículo, que olvida el peso de las Administraciones territoriales en el sector público. Lo que no hizo el señor López fue asumir la responsabilidad que le corresponde como ministro de Administraciones públicas, y, asumiendo esta responsabilidad, lo que debería haber hecho el señor López era proponer una salida legal. Nosotros proponemos transformar esta relación abusiva dando fijeza a los trabajadores. ¿Cuál es la alternativa del señor López y su Gobierno? Nosotros estamos abiertos a hablar, que nos diga cómo va a cumplir el derecho europeo. Lo que no aceptamos es que, una vez más, nos den gato por liebre con la excusa de la Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Para terminar, me permito recomendar al Gobierno español dos puntos. Primero, que supere el temor reverencial que tiene por el Tribunal Supremo. El ordenamiento europeo es clave a todos los defectos y admitir su supremacía no es desafiar al Tribunal Constitucional o al Supremo. No es una cuestión de soberanía la que nos afecta, no es una cuestión de autoridad, es una cuestión de derecho, y, ahora mismo, el Estado español está sujeto o supeditado al Estado de derecho europeo. No se acobarden, dejen de ser provincianos y salgan del marco mental del Tribunal Supremo. Segundo punto que quería recomendar: la justicia europea no entiende la sacralización de la función pública en España. Los principios constitucionales de mérito y capacidad no pueden ser un obstáculo para resolver el problema real del abuso de temporalidad en el sector público. Si los trabajadores del sector privado tienen derecho a la estabilidad laboral, también lo tienen los funcionarios públicos. Abran la mente. Gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Gràcies, president, de nou. Bona tarda de nou, diputats i diputades. Deixin-me fer una primera confessió. És una confessió personal. El tema dels interins i les interines és un tema que m’ocupa i em preocupa des de fa quatre anys i segurament és el tema amb el qual m’he tornat més obsessiva de tots els que he tractat en aquest congrés. Ja fa molts anys, molts anys, que nosaltres estem mantenint una posició de defensa del qual creiem que són els drets dels interins i les interines, i en contra del frau de llei que estem absolutament convençuts i que, a més a més, ja s’ha reconegut o es comença a reconèixer pels tribunals i per l’Estat que s’està produint amb aquestes persones, que ens porta a fer una feina política de reunir-nos i d’analitzar jurisprudència del Suprem i jurisprudència, en aquest cas també, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb molta…, diríem que és una de les coses que més ens ocupa. Estic contenta també de veure que determinades forces polítiques, amb el temps, han anat canviant de posició i han vingut a les nostres. I vaig a recordar un parell de coses perquè em semblen fonamentals. Recordin que tot això ens assalta amb el icetazo, perquè aquest és un dels ministeris… Funció Pública ha anat passant ara d’aquest ministeri, ara d’aquell ministeri, ara al Ministeri de Transició Digital, ara al Ministeri d’Hisenda. Bé, doncs deia, recordin que Iceta el breve — perquè va ser un ministre que va durar molt poc, però déu-n’hi-do la petjada que ens va deixar— va fer un desastre, un desastre de decret. En aquell moment, a través de la convalidació i de la negociació que vam fer, vam aconseguir la llei 20/2021. I en aquella llei no vull que s’oblidi que hi havia inclòs el concurs de mèrits 61.9 de l’EBEP com a sistema per a l’estabilització per a totes les administracions que volguessin fer-ho, juntament amb unes oposicions d’estabilització que tenien unes proves que podien no ser, que podien no ser eliminatòries; juntament amb la importància que es donava als anys anteriors de feina per tal d’aconseguir les places. I aquí hi ha alguns problemes. Els uns parlaven de persones i els altres parlaven de places, per exemple. I hi havia un altre problema, i va ser el Tribunal Suprem, que jo comparteixo l’opinió que es va manifestar amb rebel·lia amb el que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea anava fallant contínuament. Vaig a tota velocitat perquè hi ha moltes coses per explicar i em sembla que totes elles són rellevants. Per tant, ens situem en aquell moment. Gran part de les administracions territorials, aquelles que els diuen comunitats autònomes, i alguns ajuntaments van fer la feina i van estabilitzar part del seu personal. Recordo la Generalitat de Catalunya, en concret, amb una gran quantitat per damunt percentualment del que havien fet la resta d’administracions. Però aquest és el primer problema. Algú em podria donar dades concretes de cadascuna de les administracions i de cadascun dels ajuntaments? Quina temporalitat tenen? Quin tipus de treballadors són? Si són dones o són homes? Jo sostinc que són dones. De quines edats són? Jo sostinc que estan entorn dels 55-58. I, per tant, que aquests contractes d’alguna manera desapareguin ens porta a un problema social de primer ordre de primera magnitud. No ens ho ha donat ningú. Per tant, primera cosa que s’ha de tenir: dades certes. Segon element que vull posar damunt de la taula. El posicionament de l’advocat general de l’Estat la veritat és que a mi m’ha deixat una mica perplexa, entre moltes altres coses, perquè voldria que algun dia algun diputat del PSOE pugés aquí i digués: «Señora Vallugera, tenía usted razón. Los concursos debían ser restringidos y no nos dio la gana, y nos llevó por mil vericuetos». Però insistíem des del primer moment que els concursos havien de ser restringits. Si ho haguessin sigut, otro gallo nos cantara amb el posicionament de l’advocat general de l’Estat, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Efectivament, la sacralització de la Constitució no els permet veure que gran part d’aquests interins ja han passat processos selectius i que, per tant, el que es diu que no compleixen els requisits de mèrit, publicitat i lliure concurrència i capacitat és completament fals. I què estan fent? Estan derivant la solució a una solució de litigiositat als tribunals. És a dir, les administracions acabaran pagant. Trauran la gent al carrer, els deixaran sense futur, els deixaran sense feina, però acabaran pagant. I suposo que una de les idees és que acabin pagant les administracions de les comunitats autònomes o dels ajuntaments, i que l’Estat es renti les mans. Però permetin-me que els digui el que està fet el Ministeri de Justícia, per exemple, que no ens ha permès regularitzar i estabilitzar la gent del Ministeri de Justícia a Catalunya no ho podrem pagar nosaltres, i faran un mal favor al qual és purament l’administració de justícia. I el que ha passat amb els docents, tres quarts del mateix: administracions que ho han utilitzat per fer concursos de canvi de trasllat, en lloc de fer esterilitzacions. Administracions que ja amb la legislació que tenim ara han acumulat una nova tanda d’interins en frau de llei, després de saber el que estaven fent. I, per tant, la seva esmena és gairebé un insult a la intel·ligència. Acabo amb una pregunta molt ràpida. Avui he llegit que el Govern ha decidit canviar la secretària d’Estat de Funció Pública. Espero que sigui perquè volen canviar la manera de resoldre aquest problema, perquè, si no, no hi haurà llei de funció pública. I vostès ho saben. Acabo dient que votarem a favor de la iniciativa i que saludem el fet que l’hagin portat a aquest faristol. Gracias, presidente, de nuevo. Buenas tardes de nuevo, diputadas y diputados. Permítanme hacer una primera confesión personal. El tema de los interinos y las interinas es un tema que me ocupa y me preocupa desde hace cuatro años y, seguramente, es el tema con el que me he vuelto más obsesiva de todos los que he tratado en este Congreso. Hace ya muchos años — muchos años— que nosotros estamos manteniendo una posición de defensa de lo que creemos que son los derechos de los interinos y las interinas y nos posicionamos contra el fraude de ley; además, ya se ha reconocido por parte de los tribunales y del Estado que esto se ha estado produciendo en estas personas, lo que nos lleva a hacer una labor política de reunirnos y de analizar jurisprudencia del Supremo y, también, en este caso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta una de las cosas que más nos ocupa. Además, estoy contenta de ver que determinadas fuerzas políticas han ido cambiando de posición con el tiempo y se han acercado a nuestra posición. Voy a recordar un par de puntos que me parecen fundamentales. Recuerden que todo esto nos llega con los cambios ―iba pasando de un ministerio a otro, al ministerio de Transición Digital; luego, al Ministerio de Hacienda―. Recuerden a Iceta el breve, un ministro que duró poco, pero vaya con la huella que dejó, fue un desastre total. En ese momento, a través de la convalidación y la negociación que hicimos, conseguimos la Ley 20/2021, y en esa ley ―no quiero que se olvide― se había incluido el conjunto de méritos 69.1 como sistema para la estabilización en todas las Administraciones que quisieran hacerlo con unas oposiciones de estabilización, que tenían unas pruebas que podían no ser eliminatorias, juntamente con la importancia que se brindaba a los años anteriores de trabajo para conseguir las plazas. Y aquí se plantean algunos problemas: por ejemplo, unos hablaban de personas y otros de plazas. Había otro problema: fue el Tribunal Supremo ―que yo comparto la opinión― el que se manifestó en rebeldía ante lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea iba fallando. Voy a toda velocidad porque hay muchas cosas que explicar y me parece que todas son pertinentes. Por tanto, nos situamos en ese punto, en ese momento. Hablamos de gran parte de las Administraciones territoriales, aquellas que llaman Administraciones autónomas y otras. Recuerdo, por ejemplo, la Generalitat, que estabilizó a mucho más trabajadores que otras Administraciones. Este es el primer problema. ¿Alguien me puede dar datos concretos de cada una de las Administraciones, de cada uno de los ayuntamientos? ¿Qué temporalidad tienen? ¿Qué tipo de trabajadores son, si son mujeres u hombres? Yo sostengo que son mujeres. ¿De qué edades? Yo diría que entorno a 55 y 58 años. Por tanto, que estos contratos desaparezcan nos lleva a un problema social de primer orden y magnitud, y nadie nos da estos datos. Por tanto, lo primero que hay que tener en cuenta son unos datos fiables. El segundo elemento que pongo sobre el tapete es el posicionamiento del abogado general del Estado, que a mí me ha dejado bastante perpleja, entre otras cosas porque quisiera que algún día algún diputado del PSOE subiera aquí al estrado y dijera: señora Vallugera, usted tenía razón, los concursos tenían que ser restringidos, no nos dio la gana y nos llevó por mil vericuetos. Pero insisto desde el primer momento en que los concursos tenían que ser restringidos. Si lo hubieran sido, otro gallo cantaría con el posicionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectivamente, la sacralización de la Constitución no nos permite ver que buena parte de estos interinos ya han pasado procesos selectivos y que, por consiguiente, lo que se dice de que no cumplen los requisitos de mérito, capacidad, etcétera, es completamente falso. ¿Y qué están haciendo? Están derivando la solución a un tema de litigio en los tribunales. Es decir, las Administraciones acabarán pagando, llevarán a la gente a la calle, los dejarán sin futuro y sin trabajo, pero acabarán pagando. Supongo que una de las ideas es que acaben pagando las Administraciones de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, y que el Estado se lave las manos. Pero permítanme que les diga lo que se ha hecho en el Ministerio de Justicia, por ejemplo, que no nos ha permitido regularizar y estabilizar a las personas del Ministerio de Justicia de Cataluña y no vamos a poder pagarlo nosotros, y van a hacer un flaco favor a la Administración de Justicia. Y lo que ha pasado con los docentes, tres cuartos de lo mismo: Administraciones que los han utilizado para hacer concursos de cambio, de traslado, en lugar de hacer estabilizaciones; Administraciones que ya con la legislación que tenemos ahora han acumulado una nueva tanda de interinos con fraude de ley y, por consiguiente, su enmienda es prácticamente un insulto a la inteligencia. Y termino rápidamente con una pregunta. Hoy he leído que el Gobierno ha decidido cambiar la Secretaría de Estado de Función Pública. Espero que sea porque quieren cambiar la forma de resolver este problema, porque si no, no habrá ley de función pública y ustedes lo saben. Acabo diciendo que vamos a votar a favor de la iniciativa y que celebramos que se haya traído a esta tribuna. Gracias. .

Engracia Rivera Arias SUMAR

Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorías. La semana pasada nosotras escuchamos atentamente tanto al ministro como a Noemí Santana debatir en la interpelación urgente sobre un asunto que consideramos un problema de gran importancia, que es la temporalidad y la precariedad en la función pública. Y que es un problema, no es una percepción subjetiva, sino que es producto de una realidad objetiva. Casi un tercio de las empleadas públicas de nuestras Administraciones son temporales, y este problema que nos ocupa se retrata fácilmente. Las entidades que tienen que dar ejemplo en cuanto a estabilidad en el empleo son las que siguen generando temporalidad y, por tanto, precariedad. Como dice el refrán: En casa del herrero, cucharón de palo. Y los números no engañan: 40,3 % de temporalidad en las comunidades autónomas y 35,8 % en las entidades locales. El límite a cumplir era del 8 %; solo lo ha cumplido la AGE, la Administración General del Estado. . El ministro desglosó los datos por Administraciones y, aunque la Administración General del Estado estaba por debajo de la temporalidad exigida, las comunidades autónomas y una parte de las entidades locales no han conseguido controlar ni un poco esa temporalidad. Hablaba el ministro de más de trescientas mil plazas estabilizadas por la Ley 20/2021; ley que se ha demostrado claramente poco útil para resolver el problema de la temporalidad, porque, aun habiendo estabilizado a más de trescientas mil personas, sigue habiendo casi un millón de personas precarias y temporales en nuestra función pública. . Y digo que es una herramienta poco útil porque desde el inicio se ha enfocado el problema, que afecta a personas, como un problema que afectaba a plazas, como si estas últimas fueran susceptibles de sufrir precariedad o sufrir fraudes de ley, o porque algunas Administraciones han realizado interpretaciones torticeras o directamente han incumplido lo establecido en la norma. Solo eso puede explicar que muchas ofertas de empleo público sigan judicializadas. Son Administraciones que han estado incumpliendo la legislación en materia de personal durante décadas, el mismo tiempo que llevan abusando de trabajadoras públicas al negarles la estabilidad. Y ahora invocan la Constitución de forma interesada, pretendiendo que las consecuencias de los fraudes de ley cometidos sean asumidas por las trabajadoras que son víctimas de abuso y de precariedad. El mundo al revés. Tenemos una ley de función pública sobre la mesa, y lo está porque, entre otros motivos, a fecha de hoy, no existe una propuesta que, desde nuestro punto de vista, solucione el problema de la temporalidad en las Administraciones públicas ni el abuso al que se ha sometido al personal interino y temporal, algunas hoy cesadas después de años de servicio en la misma Administración pública. El ministro nos pedía la semana pasada vocación para negociar. Nosotras estamos dispuestas a negociar, nuestra posición al respecto siempre ha sido la misma: no estamos esperando que llegue una solución milagrosa del TJUE, simplemente no estamos dispuestas a dejar atrás a ninguna trabajadora pública, y menos si existe una situación de abuso. . Porque, aunque no existiera la Directiva 1999/70, nosotras seguiríamos oponiéndonos al abuso de la temporalidad en el empleo público, porque llevamos años trabajando en defensa de los derechos de las trabajadoras en abuso de temporalidad. En parlamentos como el de Aragón o La Rioja hemos presentado iniciativas con medidas para combatir la temporalidad, siempre defendiendo a las personas abusadas y la calidad de los servicios públicos, y, en Sevilla, gracias al empuje de nuestro concejal, el Ayuntamiento estabilizó setecientas plazas. . Y, como él, muchas concejalas en todo el Estado han defendido la necesidad de eliminar la precariedad en el empleo público. Es hora de que el Partido Socialista y el Ministerio de Función Pública acepten que su propuesta no concita el consenso suficiente, porque no ataca la raíz del problema y deja atrás a miles y miles de trabajadoras públicas abusadas. Si alguien debe asumir las consecuencias de esta situación, no son las trabajadoras afectadas por la mala praxis de las Administraciones; deben ser estas y quienes las dirigen quienes deben responder, máximo cuando siguen generando precariedad. Si queremos una Administración del siglo XXI, hay que superar esta impunidad, que al final erosiona los derechos de todas las empleadas públicas de este país y, por ende, los servicios públicos que estas prestan a la ciudadanía. En Izquierda Unida y en SUMAR, siempre vamos a defender que ninguna trabajadora abusada se quede atrás, esté en activo o haya sido cesada. La lucha contra la precariedad y el abuso es una causa justa y las afectadas siempre nos van a tener a su lado. Muchas gracias. Votaremos a favor de la moción. .

Emilio Jesús Del Valle Rodríguez VOX

Gracias, señor vicepresidente. En primer lugar, quiero manifestar el apoyo de mi grupo parlamentario a todos los empleados públicos, fijos o temporales, de todas las Administraciones públicas de España, porque sin ellos la Administración no funcionaría. Señorías, como ya he dicho en alguna otra ocasión, todos somos conscientes de que al autócrata Sánchez le importa muy poco la función pública. En los algo más de siete años que lleva de presidente, ha nombrado seis ministros responsables de esta materia. Cada vez que empiezan a enterarse, son cesados. Hemos salido a una media de casi un ministro por año. Pero también es cierto que el Grupo Parlamentario Mixto, Podemos — que es quien presenta la moción—, no ha tenido ninguna preocupación por la temporalidad hasta ahora, porque estuvo más de tres años en el Gobierno y ¿qué hicieron durante esos tres años? Nada, absolutamente nada. . Señorías, la temporalidad en el empleo público no tiene la misma incidencia, como ya se ha dicho, en las distintas Administraciones, pero aquí se han manejado datos, que son los que dio el ministro la semana pasada, que no son correctos. En la página web del ministerio, está el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones públicas y, de ese boletín, se desprende que, en la Administración del Estado en este momento, la incidencia de la temporalidad es del 6 %, mientras que en las comunidades autónomas es del 34 % y en las administraciones locales ha bajado ya al 15 %. Son cifras, como digo, distintas de las que dio el señor López la semana pasada. Yo no sé si es que no se entera o si da cifras erróneas a sabiendas de que lo son. Dentro de las comunidades autónomas, el problema de la temporalidad se concreta mucho en dos ámbitos del sector: la educación y la sanidad. En el ámbito de la educación, en algunas universidades públicas, la tasa supera el 44 %. El mayor problema lo encontramos en el sector sanitario. De acuerdo con el estatuto del personal al servicio de la sanidad pública, hay tres tipos de personal temporal: el interino, el eventual y el personal para sustituciones. Pues bien, las altas cuotas de temporalidad en la sanidad se dan por el personal eventual, personal que se contrata por necesidades en los centros médicos, pero que no ocupan puestos de plantilla. No existen sus puestos de trabajo y, como no existen esos puestos, no salen a oferta pública y, por tanto, van sumando contrato tras contrato, uno detrás de otro, sin haber tenido oportunidad de consolidar su plaza. Como ya dijimos hace cinco años, con motivo de una proposición no de ley del PNV, no cabe una solución general y genérica al problema de la temporalidad, como ha quedado demostrado con la aplicación de la Ley 20/2021. En VOX, proponemos que, tras los estudios de las distintas situaciones de los distintos colectivos y de los distintos ámbitos del sector público afectados, se tramite con el mayor consenso posible un proyecto de ley de regularización y consolidación del empleo público, en el que, con carácter de norma básica, se recojan al menos las distintas soluciones al problema de la temporalidad, determinando los procedimientos de consolidación que, de forma extraordinaria y por una sola vez, procedan, distinguiendo entre personal contratado laboral, personal estatutario de los servicios de salud y personal funcionario interino. Lo que no puede ser es lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Cartes, municipio de Cantabria, cuyo exalcalde, actual número dos del PSOE en Cantabria, siendo todavía alcalde, convocó un concurso público para cubrir dos puestos de trabajo con el carácter de empleado fijo de plantilla, nombró al tribunal y fijó los criterios de valoración del referido concurso, al que se presentaron el propio alcalde y su hermana, obteniendo ambos la máxima puntuación en el concurso y adquiriendo en propiedad los dos puestos de trabajo ofertados. Y encima, el delegado del Gobierno en Cantabria y número uno del PSOE en la provincia dice que es totalmente legal y moralmente intachable, dado que el entonces alcalde había desempeñado temporalmente el puesto obtenido. Nada más y muchas gracias. .

Llanos De Luna Tobarra PP

Gracias. Presidente, diputados, la estabilización del empleo público ha sido siempre una preocupación para mi grupo parlamentario y también para el Gobierno del Partido Popular. Fue precisamente el Gobierno del Partido Popular el que en marzo de 2017 y de 2018 llegó a dos grandes acuerdos ―el primero y el segundo― con los sindicatos mayoritarios de la Administración pública para la estabilización y consolidación del empleo público. Esos sindicatos mayoritarios, como saben, eran CSIF, UGT y Comisiones Obreras. La finalidad era rebajar la tasa de temporalidad por debajo del 8 % y también dotar de estabilidad a las plantillas. Por ello nos alegramos de que el ministro, el señor López, presumiera la semana pasada aquí en el hemiciclo de que en la Administración General del Estado la tasa de temporalidad estaba por debajo del 8 %, y verdaderamente nos alegramos ya que esto fue un logro de los Gobiernos del Partido Popular, como acabo de decir hace un momento. . También nos alegramos de que hiciera una defensa numantina de la Constitución cuando dijo ―y cito textualmente al ministro―: «Queremos reducir la temporalidad, por supuesto que sí, pero no lo vamos a hacer a costa de la Constitución española, saltándonos la Constitución española, eso también se lo digo». Aseveración que nos sorprende, ya que el cumplimiento de la Constitución para el Gobierno de Sánchez debe ser algo opcional, selectivo, ya que también obliga a presentar cada año los presupuestos generales del Estado y seguimos con los presupuestos de 2023, que, como sabe, fueron aprobados por los diputados de otra legislatura. . El Gobierno de Sánchez ha asaltado todas las instituciones, entre ellas la Administración pública, que la ha desprofesionalizado con la cantidad de cargos a dedo y ha puesto en riesgo la excelencia y la alta preparación de la que siempre ha gozado el personal de la función pública. Ha convertido al sector público en su conjunto en una agencia de colocación, en donde los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad han sido sustituidos por el amiguismo, por la afinidad política o por el parentesco, bien sean esposas, hermanos o incluso sobrinas. . El Gobierno ha hecho de la corrupción su seña de identidad; una corrupción que no tiene límites y que abarca desde el entorno más íntimo del presidente hasta la caja B de su partido. Corrupción a la que también ha hecho mención esta tarde, hace un rato, la vicepresidenta en el Senado, cuando ha dicho que «quedaba Gobierno de corrupción para rato». . El ministro también mencionó en su intervención la reciente reunión de la conferencia sectorial que había tenido con los consejeros de distintas comunidades autónomas, diciendo que de esta forma daba cumplimiento al diálogo y al acuerdo con las comunidades autónomas. Pero la palabra cumplimiento, como ustedes saben, consta de cumplo y miento. Y fue así, ya que no existió ni diálogo ni acuerdo, sino una serie de obligaciones impuestas y, además, como es costumbre, sin ningún tipo de dotación presupuestaria. . Las comunidades han aplicado los procesos de estabilización que les impone la ley con los procedimientos que establecía la Ley 20/2021, y lo han hecho con rigor y dentro de sus posibilidades presupuestarias, ya que no han tenido ni la ayuda ni la financiación que el ministerio les prometió y que jamás cumplió. El señor ministro, el miércoles pasado, también finalizó su intervención diciendo que el proyecto de ley de la función pública ―que se halla en trámite en esta Cámara, paralizado porque no tienen los apoyos de sus socios de investidura― contenía las soluciones para estabilizar el empleo público y acabar con la temporalidad. Y he de señalar que no hay ni en el cuerpo legal de ese proyecto de ley ni en ninguna enmienda que se haya registrado ni una sola solución para este grave problema de la temporalidad. Por ello, le recomiendo al señor López que se documente y que, si le preocupan la función pública y sus empleados, se dedique mucho más a sus responsabilidades como ministro en vez de ocupar gran parte de su tiempo ―como además aprovechó también el miércoles pasado― en atacar a la presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid, la señora Ayuso. Deje de ser candidato a la comunidad y céntrese en sus responsabilidades de ministro. .

Ricardo Chamorro Delmo VOX

Señor presidente, señorías, el 28 de abril de 2025 España sufrió el mayor apagón eléctrico de su historia; más de cincuenta millones de ciudadanos quedaron sin suministro durante horas. Este episodio fue la consecuencia directa de una política energética marcada por la improvisación y la ideología, esa ideología verde que está machacando a todos los españoles. No fue un accidente inevitable, fue un fracaso de gestión del Gobierno, al que volvemos a pedir la dimisión y la convocatoria de elecciones. . El colapso se debió, según los propios informes del sector, a deficiencias estructurales de planificación y a errores operativos de la red eléctrica de España. Faltó generación síncrona, porque este Gobierno margina a la nuclear, hidráulica y ciclos combinados; se produjo un déficit crítico de inercia, se desacoplaron hasta quince ciclos combinados simultáneamente; y las maniobras posteriores de Red Eléctrica agravaron la inestabilidad hasta provocar el cero eléctrico nacional a las 12:33 de la mañana. Solo la hidráulica de embalse y los ciclos combinados consiguieron recuperar el suministro eléctrico en nuestra nación. Además de lo anterior, la realidad de la política eléctrica de este Gobierno es que el 83,4 % de los puntos de conexión están absolutamente saturados, lo que impide atender nueva demanda y asfixia también la red de distribución. Tenemos ahora mismo muchas empresas que quieren invertir en España y que no les dan enganche, y no pueden invertir precisamente por este desastre en la red de distribución. A ello se suma la inseguridad jurídica generada por expropiaciones forzosas de tierras de cultivo para proyectos de renovables, en este caso de fotovoltaicas; el cierre anticipado de nucleares, que es una auténtica locura, lo dice todo el sector; y la renuncia a aprovechar nuestros recursos estratégicos de acuerdo con la Ley 7/2021, de Transición Energética, a la que solamente VOX voto en contra. No quiero olvidar tampoco la última resolución del Banco Mundial ―además, es de esta semana―, que condena a España por los impagos del Estado a las renovables, que ya superaron los 2150 millones de euros; todo como consecuencia de una errática política del bipartidismo respecto a las renovables: primero fue el Partido Socialista de Zapatero, luego el PP de Rajoy y ahora el PSOE de Pedro Sánchez; una deuda que deberán pagar todos los españoles gracias a la estupidez del PP y el PSOE y a su falta de compromiso nacional y de seriedad en el tema eléctrico. Las sucesivas reformas energéticas de los Gobiernos del bipartidismo cambiaron de forma retroactiva las condiciones económicas esenciales de las inversiones, lo que derivó en graves pérdidas financieras, y ahora nos condenan a todos los españoles a pagar esa deuda. La conclusión es clara. Se ha sacrificado la seguridad del sistema eléctrico español en el altar de la agenda ideológica verde de Bruselas. Señorías, el Reglamento de la Unión Europea 2019/943 obliga a los Estados a garantizar márgenes adecuados de capacidad y mecanismos de resiliencia, y la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, establece que la seguridad y la continuidad del suministro son obligaciones ineludibles del Estado. Este Gobierno ha incumplido ambas exigencias. . Por eso, nuestra moción propone medidas inmediatas y verificables: reforzar reservas y generación gestionable, incluyendo ciclos combinados y bombeo de energía hidroeléctrica en embalses, con contratos por disponibilidad y pruebas de estrés; acelerar la planificación de red y acabar con los cuellos de botella, priorizando la inversión en zonas rurales y periféricas y permitiendo que la iniciativa privada pueda ejecutar infraestructuras cuando Red Eléctrica no lo haga ―la tasa de retribución, por ejemplo, que nos dicen las empresas del sector, es un seis y pico por ciento, muy por debajo de lo que se está pagando en otros países de nuestro entorno―; reconocer la energía nuclear, por supuesto, como fuente esencial de estabilidad, paralizar ese cierre absurdo de centrales nucleares y prolongar su vida útil ―nos estamos encontrando, además, con la circunstancia de que se está negociando una moratoria, por ejemplo, en Cataluña, mientras que se cierra Almaraz, lo que quebranta absolutamente la igualdad de oportunidades de todos los españoles, y volvemos otra vez a ver lo absurdo de ese sistema autonómico y de las negociaciones de este Gobierno, que son absolutamente absurdas, y parece que el resto de España estamos siendo una colonia de los intereses políticos de determinados partidos―; revisar el PNIEC para eliminar su sesgo ideológico y adaptarlo a las necesidades reales de España; derogar las políticas, por supuesto, del Pacto Verde Europeo y esa Ley 7/2021, de cambio climático, que debilitan nuestra soberanía energética y atan a España a un modelo ruinoso; diseñar una nueva regulación energética nacional que garantice un suministro estable, seguro y asequible, y, en paralelo, aprobar un plan nacional del agua que contemple interconexión de cuencas, nuevos embalses y coordinación entre confederaciones hidrográficas para asegurar ese trinomio de agua, energía y, por supuesto, regadío. Señorías, la energía no es un laboratorio de ingeniería social ni tampoco de pelotazos para los amiguetes de un partido u otro. La energía es soberanía, seguridad nacional y competitividad económica. . No podemos perder esa referencia por objetivos ecofanáticos. Este Gobierno ha abandonado esos principios y ha dejado a los españoles en la oscuridad, y el ejemplo lo tenemos con ese terrible apagón. VOX propone recuperar la racionalidad técnica y defender el interés nacional, frente a las imposiciones ideológicas de Bruselas y el entreguismo del Partido Socialista y del Partido Popular. Si no actuamos, se repetirán episodios aún más graves. Y hoy lo que les pedimos es que respalden esta moción por la seguridad de nuestras familias, la supervivencia de la industria y la dignidad de una nación que merece decidir su propio futuro energético. Muchas gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, president. Gràcies, senyories. Bé, el discurs de VOX sobre el canvi climàtic és un perill per a totes. Negar l’escalfament global o dir que són cicles naturals és una frivolitat, en el moment en què estem veient com el canvi climàtic ja està cobrant-se moltes vides. Cada dana, cada onada de calor, cada incendi forestal ens recorda que el canvi climàtic ja ha arribat, que negar-ho no fa que canvie i que estem possiblement en un punt de no retorn. Les energies renovables, senyories de VOX, són l’única garantia per a garantir la sobirania, per a garantir la seguretat i el desenvolupament econòmic. Perquè sense renovables no hi ha independència, no hi ha estabilitat de preus, ni tampoc hi ha futur industrial. Però clar, el seu patriotisme acaba quan el senyor Trump alça el dit, perquè vostès prefereixen dependre del gas liquat dels Estats Units abans de garantir una veritable sobirania energètica a l’Estat espanyol. I és curiós perquè vostès parlen molt d’Espanya, però el seu model energètic és antiespanyol, perquè la seua pàtria, com totes sabem, és l’odi, però encara més ho són els diners. I això ho sabem molt bé. I al final vostès prefereixen importar combustibles que són bruts i caríssims, abans que aprofitar el que tenim ací, que tenim sol, tenim vent i tenim talent. I quan vostès rebutgen les renovables el que fan és defensar el canvi climàtic, perquè volen més emissions, volen més dependència i volen més negoci per a les mateixes elèctriques de sempre. I quan vostès parlen d’energia nuclear tampoc és ni per seguretat ni per ciència, és perquè saben que les consumidores acabarem pagant eixe cost, mentre que les elèctriques s’embutxaquen els beneficis. I recordem que en l’any 2024, l’any passat, van tindre uns beneficis rècord de més d’11 000 milions d’euros i que enguany no hem pogut cobrar impostos a eixos beneficis extraordinaris perquè vostès no han volgut. Per a qui treballen vostès, senyories de VOX? Nosaltres tenim clar el que volem i per a qui treballem. El que volem i el que defensem és un model energètic que siga just, que hi haja un retorn social i territorial, i que genere una riquesa compartida i una ocupació de qualitat. I clar que nosaltres també volem una implantació ordenada de les renovables, per suposat. Però, per a fer això, senyories de VOX, fan falta tres coses, tres coses que vostès no saben fer: planificar, ordenar i gestionar. Perquè vostès, quan hi ha governs, el que fan és fugir. Quan toca decidir, el que fan és amagar-se. I quan toca treballar, el que fan és propagar bulos. I vostès, quan es pot governar un país o governar un Estat, no ho fan, el que fan són tweets i negar evidències científiques. I al final governar és afrontar la realitat, és prendre decisions i és actuar amb responsabilitat davant del major repte que tenim en estos moments, totes i tots contra la lluita pel canvi climàtic. Per això, jo crec que ho hem de dir ben clar la sobirania energètica és renovable, la seguretat climàtica és renovable i el futur econòmic també és renovable. I mentre estem nosaltres hui ací, parlant d’energia, en estos mateixos moments a les Corts Valencianes, el seu partit, en companyia del Partit Popular, aproven una reforma del reglament que va en contra de les dones, que va en contra de la comunitat LGTBIQ+, però que va a favor de la creació d’estadístiques diferenciades entre persones migrants i persones no migrants. Curiós, veritat? Curiós que el PP i VOX facen açò just en el primer aniversari de la tragèdia natural pitjor gestionada d›un govern. És curiós i miserable. És miserable que intenten tapar les seues negligències sembrant odi, perquè per amagar tot el que van poder fer i no van fer en la dana, el PP i VOX apunten, per exemple, el teu cosí que és gai, eixe el qual li van penjar el San Benito quan era xicotet que era un maricón. O perquè no t’adones que tenen responsabilitat de les 229 persones mortes, PP i VOX diuen que el teu veí, eixa persona que té el color de la pell un poc fosc, està utilitzant massa l’ambulatori del teu barri. I perquè no parles del cubata que s’estava fent Carlos Mazón mentre que allà s’estava ofegant la gent, PP i VOX, el que fan és abocar odi contra la teua amiga, eixa amiga que no té nòvio i que té nòvia. I perquè no te’n recordes que la Generalitat Valenciana t’ha mentit, ha ocultat i destruït proves claus per a poder defensar-se en un judici, el que fan és fer-li la vida més difícil a eixa veïna del poble, eixa xica del teu poble que resulta que el seu home la maltracta. Això és el que fan vostès, senyories de VOX. I senyories de Vox — i amb açò acabe, president—, senyories de Vox i senyories del PP, no els deixarem tapar la seua negligència sembrant l’odi. Els plantarem cara i els farem fora. I començarem per la Generalitat Valenciana. Gracias, presidente. Gracias, señorías. El discurso de VOX sobre el cambio climático es un peligro para todas. Negar el calentamiento global o decir que son ciclos naturales es una frivolidad en el momento en que vemos cómo el cambio climático ya se cobra muchas vidas. Cada dana, cada ola de calor, cada incendio forestal nos recuerda que el cambio climático ha llegado, que negarlo no hace que cambie y que posiblemente ya estamos en un punto de no retorno. Las energías renovables, señorías de VOX, son el único camino para garantizar la soberanía, para garantizar la seguridad y el desarrollo económico, porque sin renovables no hay independencia, no hay estabilidad de precios ni tampoco hay futuro industrial. Pero, claro, su patriotismo termina cuando el señor Trump alza el dedo, porque ustedes prefieren depender del gas licuado de Estados Unidos antes que garantizar una verdadera soberanía energética al Estado español. Curioso, porque ustedes hablan mucho de España, pero su modelo energético es antiespañol, porque su patria, como todos sabemos, es el odio, pero aún más el dinero, y de esto saben mucho. Y, al final, ustedes prefieren importar combustibles que son sucios y carísimos, antes que aprovechar el que tenemos aquí. Tenemos tierra, tenemos viento y tenemos talento, y, cuando ustedes rechazan las energías renovables, defienden el cambio climático, porque quieren más emisiones, más dependencia y más negocio para las mismas eléctricas de siempre. Y, cuando ustedes hablan de energía nuclear, tampoco es por seguridad o por ciencia, es porque saben que las consumidoras acabaremos pagando su coste, mientras que las eléctricas se meten en el bolsillo sus beneficios. Recordemos que el año pasado, en 2024, sus beneficios fueron récord, más de 11 000 millones de euros, y este año todavía no hemos podido cobrar impuestos de estos beneficios extraordinarios porque ustedes no han querido. ¿Para quién trabajan ustedes, señorías de VOX? Nosotros tenemos claro lo que queremos y para quién trabajamos. Lo que queremos y defendemos es un modelo energético justo, que nace de un retorno social y territorial y que genera una riqueza compartida y una ocupación de calidad. Y claro que nosotras también queremos una implantación ordenada de las renovables, por supuesto, pero para eso, señorías de VOX, son imprescindibles tres cosas que ustedes no saben hacer: planificar, ordenar y gestionar, porque ustedes cuando hay problemas huyen, cuando hay que decidir se esconden y cuando toca trabajar lo que hacen es propagar bulos. Y ustedes, cuando pueden gobernar un país o un Estado, no lo hacen; lo que hacen es poner tuits y negar evidencias científicas. Al final, gobernar es afrontar la realidad, es tomar decisiones y es actuar con responsabilidad ante el mayor reto al que nos enfrentamos hoy mismo todas y todos, la lucha contra el cambio climático. Por eso, debemos decirlo bien claro: la soberanía energética es renovable, la seguridad climática es renovable y el futuro económico también es renovable. Mientras nosotros estamos aquí hablando de energía, en estos mismos momentos en las Cortes Valencianas su partido, en compañía del Partido Popular, aprueba una reforma del reglamento que va en contra de las mujeres de la comunidad LGBTIQ+ pero va a favor de la creación de estadísticas diferenciadas entre personas migrantes y personas no migrantes. Curioso, ¿verdad? Curioso que el PP y VOX hagan ensayos durante el primer aniversario de la tragedia natural peor gestionada por un Gobierno. Es curioso y miserable. Es miserable que intenten tapar sus negligencias sembrando odio, porque para esconder todo lo que pudieron hacer y no hicieron durante la dana, PP y VOX apuntan, por ejemplo, al primo gay al que colgaron el sambenito de que era un maricón; porque, con la responsabilidad de las 229 personas muertas, PP y VOX dicen que tu vecino, el que tiene el color de la piel un poquito oscura, recurre con demasiada frecuencia al cap del barrio; y, por no hablar del cubata que estaba tomando Mazón, PP y VOX azotan el odio contra aquella amiga que no tiene novio ni novia, y, para que no te acuerdes de que la Generalitat valenciana ha mentido, ha ocultado pruebas clave para defenderse en un juicio, tratan de hacer la vida más difícil a la vecina de tu pueblo, a esa chica de tu pueblo que resulta que su marido la maltrata. Esto es lo que hacen ustedes, señorías de VOX y del PP. No les permitiremos tapar su negligencia sembrando el odio. Les plantaremos cara. Los echaremos, empezando por la Generalitat Valenciana. Gracias.

Teresa Jordà i Roura ERC

Bon vespre de nou. Darrere d’aquest discurs, per variar, perquè arriba a ser molt cansino, extremadament cansino, però no ens cansarem tampoc de rebatre el seu discurs, VOX no ens desvetlla una preocupació real sobre el subministrament elèctric, al contrari. El que fa VOX és aportar una escudella barrejada d’aquelles espesses en forma de moció per presentar-nos una oposició ideològica flagrant a la transició verda, a les energies renovables i a qualsevol política que redueixi la dependència dels combustibles fòssils i del seu model recentralitzador. Abascal i els seus, vostès juguen fort les cartes, en juguen dues de cartes, sempre, reiteradament, cada punyetera setmana. La carta de la por i la carta del caos. Fan servir la inseguretat energètica com una arma ideològica. Això sí, per variar, com sempre, al més pur estil feixista, sense aportar solucions, només aportant nostàlgia d’un temps passat que per vostès devia ser gloriós. Aquesta moció és un atac, és un atac directe a tot allò que representa el futur energètic i sobirà, un atac descarnat als territoris, per exemple, que durant moltíssimes dècades han suportat el pes de la regeneració nuclear, com el Camp de Tarragona o com les Terres de l’Ebre. Miri, parlen de paralitzar «el cierre a las centrales nucleares». Ho han dit mantes vegades. Doncs ho tornen a dir. Però el que amaguen, en el fons, és, com s’ha dit persones que m’han precedit, és la seva negació al canvi climàtic i la seva voluntat de perpetuar, i torno, un model energètic basat en un oligopoli dominat per les grans empreses i molt allunyat, molt allunyat del territori. Parlen també de frenar «la expansión desordenada de las plantas de energía renovable», però en realitat, senyories de VOX, el seu propòsit és aturar la transició energètica, és continuar amb aquest model centralitzat, obsolet i, evidentment, contaminat. I parlen també de la possibilitat d’una nova apagada elèctrica. Atenció, eh. Quan el veritable repte, senyories, no és evitar una apagada que no arribarà, sinó el repte veritable és avançar amb decisió cap a la transformació, per assolir aquest nou model energètic. El que ens ha de preocupar de veritat no és la manca d’electricitat, senyories, sinó la manca de planificació, la lentitud en els tràmits. El que ens ha de preocupar és la concentració del poder energètic en mans dels de sempre, de quatre grans companyies que frenen l’autoconsum i que posen una barrera absoluta a les comunitats locals. En realitat, a vostès no els preocupa res. És que, de fet, tant els hi fot tot. Tant els hi fot tot. El seu únic interès és sembrar dubtes entre la ciutadania i, evidentment, protegir els interessos dels de sempre. I un missatge també per al Partit Socialista i per al Ministeri de Transició. Posin la sisena marxa i apretin el gas. I acabem ja amb la moció típica de cada dimarts a última hora de la tarda. Despleguin xarxes intel·ligents, reforcin les interconnexions internes, ajudin els municipis petits a tirar endavant projectes d’autoconsum, reforcin, importantíssim, la xarxa elèctrica; concretin d’una vegada per totes el fons de transició justa per als territoris com la Ribera d’Ebre. Perquè parlar cada dos per tres del pacto verde, perquè portar proposicions no de llei en defensa del pacte verd no serveix de res si la burocràcia en aquest Estat ho paralitza absolutament tot, si la regulació no acompanya i si els terminis són eterns. I creguin-me, senyories del Partit Socialista, tota aquesta lentitud el que genera és desafecció, genera desafecció política de la ciutadania i, evidentment, dona ales als del soroll i als del bloqueig. Anotin, a un cantó i a l’altre. No ho diu aquesta diputada, ho diuen els experts. Anotin, per avançar decididament, per garantir que no hi haurà cap més apagada, es necessiten bàsicament tres coses: més bateries, les hem reclamat 50 vegades; més centrals reversibles, extremadament important, i, sobretot, una xarxa elèctrica més resilient. I, evidentment, repartir millor les renovables. A l’Estat espanyol, la majoria de renovables estan al sud de la península, Extremadura, una part de Castella i, evidentment, també Andalusia. I allà on hi ha el consum i hi ha menys renovables és a Catalunya, és a Euskadi, és a Astúries i és a Madrid. Només hem de fer la feina, i aquesta feina l’han de fer vostès. Nosaltres empenyerem. Facin aquesta feina i aturem d’una vegada per totes el populisme maldestre i maleït de VOX. Res més, bona tarda. Buenas noches de nuevo. Tras este discurso, para variar, porque resulta muy cansino, extremadamente cansino, aunque tampoco nos cansaremos de rebatir su discurso, VOX no nos desvela una preocupación real sobre el suministro eléctrico; al contrario, lo que hace VOX es aportar una especie de guiso con especias en forma de moción para presentarnos una oposición ideológica flagrante a la transición verde, a las energías renovables y a cualquier política que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles y de su modelo recentralizador. Abascal y los suyos juegan muy bien las dos cartas; las juegan siempre, reiteradamente, cada puñetera semana: la carta del miedo y la carta del caos. Utilizan la inseguridad energética como arma ideológica. Eso sí, para variar, como siempre, al más puro estilo fascista, sin aportar soluciones; tan solo nostalgia de un tiempo pasado, que para ustedes debería ser glorioso. Esta moción es un ataque directo a todo aquello que representa el futuro energético y soberano, un ataque descarnado a los territorios, por ejemplo, que durante muchísimas décadas han soportado el peso de la regeneración nuclear, como el Camp de Tarragona o las Tierras del Ebro. Hablan de paralizar el cierre a las centrales nucleares ―lo han dicho muchísimas veces y lo vuelven a decir―, pero lo que esconden en el fondo, como han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra, es su negación al cambio climático y su voluntad de perpetuar un modelo energético basado en un oligopolio dominado por las grandes empresas y muy alejado del territorio. Hablan de frenar la expansión desordenada de las plantas de energía renovable, pero, en realidad, señorías de VOX, ustedes quieren detener la transición energética, continuar con ese modelo centralizado y obsoleto y, evidentemente, contaminado. Y hablan de la posibilidad de un nuevo apagón eléctrico ―¡atención!―, cuando el verdadero reto, señorías, no es evitar un apagón que no llegará, sino avanzar con decisión hacia la transformación para conseguir este nuevo modelo energético. Lo que debe preocuparnos, en verdad, no es la falta de electricidad, señorías, sino la falta de planificación, la lentitud en los trámites. Lo que debe preocuparnos es la concentración del poder energético en manos de los de siempre, de cuatro grandes compañías que frenan el autoconsumo y representan una barrera absoluta a las comunidades locales. En realidad, a ustedes no les preocupa nada. No les importa nada, su único interés es sembrar dudas entre la ciudadanía y proteger los intereses de los de siempre. Mensaje también para el Partido Socialista y el Ministerio para la Transición Ecológica: por favor, pongan la sexta y aceleren, acabemos ya con la moción típica de cada martes a última hora de la tarde. Desplieguen redes inteligentes, refuercen las interconexiones internas, ayuden a los municipios pequeños a desarrollar proyectos de autoconsumo, refuercen ―importantísimo― la red eléctrica, concreten de una vez por todas el Fondo de Transición Justa para territorios como la Ribera de Ebro, porque hablar cada dos por tres del Pacto Verde, porque llevar proposiciones no de ley en defensa del Pacto Verde no sirve de nada si la burocracia en este Estado lo paraliza absolutamente todo. Si la regulación no acompaña y si los plazos son eternos, créanme, señorías del Partido Socialista, toda esta lentitud lo que genera es desafección; genera desafección política de la ciudadanía y, evidentemente, da alas a los que hacen ruido y los que bloquean. Anoten por un lado y por otro, y no lo dice esta diputada, lo dicen los expertos. Tomen nota para avanzar con decisión. Para garantizar que no habrá más apagones se necesitan, básicamente, tres cosas: más baterías ―las hemos reclamado cincuenta veces―, más centrales reversibles ―extremadamente importante― y, sobre todo, una red eléctrica más resiliente, y, evidentemente, repartir mejor las renovables. En el Estado español la mayoría de las renovables están en el sur de la península, en Extremadura, en una parte de Castilla y, evidentemente, también en Andalucía, y allí donde hay consumo y hay menos renovables es en Cataluña, Euskadi, Asturias y Madrid. Lo único que hay que hacer es trabajar, y el trabajo lo han de hacer ustedes. Nosotros les seguiremos. Hagan este trabajo y detengamos de una vez por todas el populismo torpe y maldito de VOX. Muchas gracias. .

Eloi Badia Casas SUMAR

Muchas gracias. Miren, los temas energéticos tienen una ventaja, y es que son bastante técnicos. Pero, para las señorías de VOX, y, especialmente, para el señor Figaredo, al que sabemos que le cuesta hacer los números, eso realmente puede ser un problema. Por ejemplo, la semana pasada en su interpelación dijo que se había duplicado la recaudación en los últimos diez años. Pues empecemos por el principio: duplicar no es pasar de dos a tres, duplicar sería pasar de dos a cuatro. Eso es muy básico. Pero, si lo que buscamos es saber si se ha recaudado mucho o no, lo riguroso es conocer la recaudación, dividirla por habitante, sacar la inflación y luego compararla con el PIB o con el salario medio. Eso es lo que llamamos la contribución fiscal. De hecho, la contribución fiscal se analiza, y la analiza la Unión Europea con Eurostat ―datos europeos, no datos del Gobierno―, y lo que nos dice es que en los últimos años de los Gobiernos de coalición la contribución fiscal no se ha duplicado, ha subido un 6 %. ¿Ven la diferencia? Duplicar sería un cien por cien, pero la presión fiscal, la contribución fiscal solo ha subido un 6 %. Esta es una diferencia de 17 veces, y, para que se hagan una idea, un error de 17 veces es como si el salario mínimo, en vez de ser 1184 euros, fueran 69 euros al mes. No es lo mismo cobrar el salario mínimo de 1184 euros que cobrar 69 euros al mes, ¿no? Pero, claro, eso no es todo. ¿Subir un 6 % es mucho o es poco? Si miramos la media europea, aún podríamos subir un 10 % más. Pero, lo más importante, ¿a quién se sube ese 6 %? Y, cuando buscamos a quién se ha subido la recaudación, principalmente fue a las rentas altas, a los ricos y a los grandes capitales, a las grandes empresas y a las entidades financieras. . Es decir, si el señor Figaredo nos hubiera dicho que estaba muy preocupado porque se había subido un poquito a los que más tienen, creo que todo el mundo lo hubiera entendido. Él estaba enfadado porque se había subido un poquito a los ricos. Y eso es normal, porque cada uno se debe a su amo: ustedes a los oligarcas, nosotros a la clase trabajadora. . Y es por eso que nosotros no tenemos ningún problema, nosotros subiríamos ese 10 % de diferencia en contribución fiscal; eso sí, a las clases altas, a las entidades financieras, a los grandes capitales. Y, claro, del apagón, la semana pasada hablaron muy poco. Hoy han hablado un poco más, pero siguen mostrando una gran ausencia, señor Chamorro: no dice nada del informe europeo, el informe que ha liderado Hungría, con su colega Orbán, con diecisiete países, con cuarenta y cinco expertos. Y es que les ha dejado en evidencia, a usted y también al señor Feijóo, porque el señor Feijóo fue muy vehemente con este informe. El señor Feijóo dijo que la participación independiente de las autoridades europeas sería clave para saber la verdad. Y añadió: «El Gobierno español tendrá que ofrecer las explicaciones que debe a los ciudadanos, pero también que debe a toda Europa y de la que saldrán a la luz las vulnerabilidades que tenemos». Pues bien, Europa ya ha respondido con un informe de diecisiete países y cuarenta y cinco expertos, y dice que las nucleares no pintan nada y que las renovables son parte de la solución; todo lo contrario de lo que usted ha dicho hoy aquí. Y, claro, sí señala a un culpable, los ciclos combinados ―¡vaya por dónde!―: combustibles fósiles, energías convencionales, el gas. O digámoslo de otra forma: ¿Quién controla los ciclos combinados? Iberdrola, Endesa, Gas Natural. Y, claro, estas empresas, cuando supieron lo que iba a decir el informe europeo, rápidamente encargaron otro informe de parte. Y, curiosamente, el único informe que ustedes han citado es el de las grandes eléctricas. ¿Se acuerdan? ¿Al servicio de quién están? Hay un informe de diecisiete países, con expertos independientes, que no citan, y hay un informe de las tres grandes eléctricas, que es el que ustedes citan. ¡Para que vean a quién sirve cada uno! Entonces, yo lo único que les pediría a las señorías del PP es que se desmarquen de esta moción, que es un disparate, al menos por respeto a Europa y su informe. Pero me gustaría terminar señalando que creo que hay una causa más importante que lo que fueron los ciclos combinados. Yo espero que no haya un nuevo apagón, pero, si lo hubiera, creo que ya tendríamos una causa principal. En estos momentos sería el voto del pasado mes de julio por parte del PP y VOX, al que se sumaron Junts y Podemos, respecto al real decreto ley en contra de los apagones. Y esa va a ser la realidad. Cuando se pusieron medidas encima de la mesa, votaron en contra, así que esperemos que no haya un nuevo apagón, porque, si lo hubiera, aténganse a las consecuencias. Muchas gracias. .

Luis Alfonso Rey de las Heras PSOE

Señor presidente, señorías de VOX, señorías del Partido Popular, el cambio climático no es ideología. Es una evidencia que cuesta vidas humanas y millones de euros. Y, si no hacemos nada, si no hacen nada, serán cómplices necesarios del aumento de las pérdidas humanas y económicas que dejarán ustedes a sus hijos y a sus hijas. . Señorías de VOX, mirar para otro lado, engañar a la sociedad con bulos y mentiras, culpar al ecologismo y a la izquierda de todos los males es profundamente irresponsable e imprudente. Solo en los últimos cinco años, las lluvias torrenciales y danas registradas en nuestro territorio han aumentado un 15 %. Las sequías y olas de calor se han vuelto más intensas y duraderas y la superficie afectada por incendios ha crecido un 80 %, provocando la muerte de más de 20 000 personas, y han causado pérdidas materiales de unos 32 000 millones de euros solo en la última década, lo mismo que la Administración General del Estado dedicó a educación pública. Pongamos ejemplos. 382 000 hectáreas quemadas es un 800 % más que en 2024. Eso no es ideología. Los montes en Castilla y León no se limpian porque los responsables de hacerlo ―ustedes durante dos años, y el PP durante treinta y ocho― piensan que mantener el operativo de incendios todo el año es un despilfarro. . La incompetencia no es ideología, solo es mala gestión. Más ejemplos. En junio la temperatura media supera en 3,6 grados la media del periodo de referencia. El mar en las costas de nuestro litoral alcanza temperaturas de hasta 28 y 30 grados, y subiendo. Un mar muy cálido provoca un aumento de la humedad atmosférica y se convierte en una gasolinera para los fenómenos meteorológicos. Esto tampoco es ideología. Son vidas humanas, 227 en Valencia hace un año, y miles de millones de euros. El último ejemplo. Los contaminantes son responsables de unas 10 000 muertes al año; otros lo cifran en 30 000, y otros en setenta personas al día. Según el Banco Mundial, los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan 50 000 millones de dólares al año, un 3,5 % del producto interior bruto de nuestro país. Esto tampoco es ideología: son vidas humanas y millones de euros una vez más. . Podría poner muchos más ejemplos, pero me voy a centrar ahora en la parte de su moción referida al apagón. En ella se pide abiertamente frenar la energía renovable, derogar la ley de cambio climático, acabar con el sistema europeo de comercio de derechos de emisiones e impulsar la destitución de la presidenta de Red Eléctrica. ¡Casi nada! El resto de su moción no aporta, de verdad, nada nuevo. El 12 de septiembre la vicepresidenta tercera presentó ya las líneas maestras de propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030, con la debida participación de todos los agentes, con tramitación ambiental y con la seguridad de atender todas las demandas que sean ciertas y fiables. Y, del mismo modo y en relación con la gestión del agua, los planes hidrológicos han definido ya las líneas de actuación hasta el año 2027. Llegan ustedes tarde. La aprobación de estos planes supone un largo proceso de modernización, buscando soluciones a los problemas de la gestión del agua de nuestro país. Y, por último, respecto a la energía nuclear, existe un protocolo de cierre ordenado de centrales firmado en marzo de 2019 por las propietarias de las centrales y Enresa que parecen olvidar siempre. Las centrales se cerrarán entre 2027 y 2035, con carácter progresivo, así que dejen de pronosticar un caos que parecen más desear que otra cosa. . Señorías de VOX, frente a su modelo nostálgico, que apuesta por las nucleares, el carbón y el gas, en el PSOE apostamos por la energía limpia, por las renovables, que además se adaptan perfectamente a la realidad de nuestro país: sol y viento, recurso endógeno que ha logrado grandes avances tecnológicos para nuestro país y, por cierto, una energía mucho más barata. Perdónenme, señorías del Partido Popular, me había olvidado de cuál es su modelo. Su modelo es el del negoci, el del negocio. Pregunten si no a Mañueco, en Castilla y León. El negocio del viento: dieciséis imputados, unas mordidas estimadas de 75 millones, petición de 138 años de cárcel y 848 millones en multas. ¡Qué gran modelo, señorías del Partido Popular! Acabo ya, señor presidente, con una postdata ―lamento que no esté el señor Figaredo en su escaño―. Se mienten hasta entre ustedes. Galileo era el de la teoría del heliocentrismo; el terraplanismo ya estaba superado para entonces. Muchas gracias por su atención. .

Guillermo Mariscal Anaya PP

Gracias, presidenta. Nunca España y Portugal habían quedado con sus hospitales sin electricidad, con todos sus trenes detenidos, aeropuertos a oscuras, miles de ciudadanos atrapados y enfermos electrodependientes sin poder recibir la debida atención médica. . Además, pymes, autónomos e industriales con pérdidas millonarias. Nunca en la historia del país. El gran apagón mostró el definitivo fracaso de una política energética construida sobre consignas ideológicas, una sucesión de decisiones políticas tomadas a espaldas de las leyes físicas. El gran apagón no fue un accidente, fue el desenlace previsible de años de desatención, de improvisación y de soberbia. . Lo peor es que aún no han aprendido la lección. Consecuencias: los precios han subido porque el sistema opera en modo reforzado, con restricciones técnicas que encarecen la factura de familias y de empresas. Aun así, el segundo apagón ya no es una hipótesis descabellada, porque han convertido un sistema que era robusto en un sistema frágil. ¿Por qué ahora se gestiona el sistema eléctrico así, si todo iba bien antes? ¿Por qué el cambio? Desde el apagón, insisto, el sistema eléctrico funciona en lo que se denomina operación reforzada, con medidas de seguridad extraordinarias que reconocen implícitamente la gestión deficiente del sistema eléctrico. Tras el apagón se va a encarecer la factura de las familias en 60 euros al año. También han potenciado más importaciones de gas. Mientras Europa busca reducir a cero las importaciones de gas ruso, Rusia sigue siendo nuestro tercer proveedor y así se financia para Putin la invasión y el bombardeo de civiles en Ucrania: 950 millones de euros en lo que va de año han pagado los españoles al Gobierno ruso. . Todo esto prueba que el Gobierno no ha solucionado nada. Simplemente ha puesto el sistema en respiración asistida. Señorías, para fortalecer el sistema eléctrico, el Grupo Popular lidera, desde la aprobación de la proposición no de ley del 12 de febrero, la extensión de la vida útil de las centrales nucleares. Lo hemos hecho por responsabilidad, por rigor y por sentido de Estado. ¿Son conscientes de dónde nos están llevando? Nadie quiere invertir en un país donde se producen apagones generalizados. .

Guillermo Mariscal Anaya PP

El tiempo, por favor. Con el cierre nuclear que tanto ansían, señores socialistas, el sistema eléctrico español está más expuesto a eventos críticos. Frente a la ideología del cierre que ustedes abanderan, defendemos la seguridad de suministro y la autonomía energética de España. El cierre nuclear supone eliminar una fuente firme, constante y predecible de generación eléctrica que garantiza la estabilidad de la red. Mientras todo el mundo amplía los programas nucleares, aquí seguimos empeñados en apagar aquello que funciona, en dejar de usar una fuente que limita el riesgo de un nuevo apagón. Ese capricho del PSOE también va a encarecer la factura eléctrica. . Bueno, sobre energía eléctrica y sobre energía nuclear hay algo que a ustedes sí les interesa mucho. Hay algo que sí les interesa mucho con respecto a la energía nuclear: se llama ENUSA. ¿Saben? La Empresa Nacional de Uranio, la que se encarga de fabricar el combustible que abastece los reactores nucleares. Esa empresa. Pero a ustedes ENUSA no les interesa porque la energía nuclear pueda abaratar la factura, ni para reducir la dependencia exterior, ni para dar más firmeza al sistema eléctrico. A ustedes les gusta ENUSA porque les presta, aún hoy, un servicio incalculable: allí tienen colocado ahora mismo al gerente de Ferraz. . No por sus conocimientos de energía, ni por sus conocimientos de energía nuclear ―no tenía ninguno―. Lo hacen ―y voy a intentar ser más prudente que la vicepresidenta Yolanda Díaz esta tarde― porque en breve, en una semana, declarará como testigo ante el Tribunal Supremo por la presunta financiación irregular del PSOE. Por eso está en ENUSA. ¡Un escándalo! . Como lo es el hecho de que el Gobierno bloquee, a través del Partido Socialista y de SUMAR, la apertura de la comisión de investigación por el apagón. Esa obstrucción no protege al sistema eléctrico, protege a los responsables directos de este gran fracaso: el Ministerio de Transición, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y Red Eléctrica. Nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad. El mundo se está volviendo aún más impredecible. En este contexto, la seguridad energética equivale a la seguridad nacional. Les advertimos que deberían medir con mucho cuidado los pasos que quieren dar, por ejemplo, con el cierre nuclear. Quienes conocemos el funcionamiento del sistema eléctrico sabemos que se ignoraron las advertencias. El resultado fue el apagón más grave de la historia y, aun así, no ha tenido ninguno la decencia de asumir su responsabilidad. Muchas gracias. .