Pleno del Congreso n.º 144 · XV legislatura

Javier Sánchez Serna SUMAR

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, representantes de Castilla-La Mancha, que nos acompañan. Esta tarde, el presidente Page y el Partido Popular de Castilla-La Mancha y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha nos presentan una nueva propuesta de estatuto para su comunidad, un estatuto pactado, punto por punto, entre el Partido Popular y el Partido Socialista en lo que es un nuevo acuerdo bipartidista y, por lo que hemos escuchado esta tarde, abierta y orgullosamente bipartidista. Nosotros pensamos que, además, esta nueva propuesta tiene una clara intencionalidad política, y alguien debería decirlo esta tarde. Aquí todo el mundo sabe que el señor Page trabaja para presentarse como alternativa al PSOE de Pedro Sánchez y que, además, a él le gusta presentarse como el legítimo heredero del PSOE color caoba, el PSOE de Felipe González, de Alfonso Guerra o de Susana Díaz, el PSOE que apuñalaba a secretarios generales para investir de presidente a M. Rajoy. . Y con este pacto bipartidista en Castilla-La Mancha quizá el señor Page les está enseñando a ustedes, señorías socialistas, el camino para volver al PSOE de orden, al PSOE al que le era muy sencillo pactar con el Partido Popular, a ese Partido Socialista centralista que siempre renunciaba a entenderse con las fuerzas catalanas y vascas y con la izquierda. Estoy seguro de que, aunque ahora no digan nada, muchos compañeros de la bancada socialista añoran entenderse con el Partido Popular y que, más pronto que tarde, van a proponer converger Partido Popular y Partido Socialista en el extremo centro. Este nuevo estatuto, además, es una salida en falso a los problemas históricos de una tierra como Castilla-La Mancha que ha sido abandonada y muchas veces víctima del centralismo que enarbola el señor Page. Ustedes hablan de que este estatuto va a suponer el blindaje del estado del bienestar en Castilla-La Mancha y recogen formalmente, es verdad, nuevos derechos sociales. Esto estaría muy bien si no fuera porque en el artículo 91 ustedes subordinan toda la política social a los objetivos de estabilidad presupuestaria y esto equivale a invalidar, sencillamente, los derechos sociales, que dicen reconocer, y a sancionar, de paso, las políticas de orden ordoliberal y de austeridad cuando así lo pidan los mercados. Yo sé que el presidente Page presume mucho de los servicios públicos en Castilla-La Mancha, pero, entonces, no se entiende que quiera blindar con este artículo las políticas de una lógica puramente neoliberal. Porque, ¿qué significa este artículo 91 que ustedes proponen? Significa que la financiación de la educación y de la sanidad quedan supeditadas al ciclo macroeconómico y que cuando llegue una nueva crisis económica, que sabemos que siempre llega, Castilla-La Mancha no va a poder hacer políticas contracíclicas ni políticas sociales para ayudar a la gente en el momento que más lo necesitan. Y eso, señor Page, ni siquiera es la socialdemocracia a la que a usted tanto le gusta apelar, a eso se le llamó en su día tercera vía o, sencillamente, asumir las tesis del mercado y de la derecha. Ustedes nos dicen, además, que con esta propuesta de estatuto se recupera la democracia en Castilla-La Mancha al modificar el sistema electoral que les dejó la siempre inefable María Dolores de Cospedal. Pero, más allá de titulares altisonantes, lo cierto es que esta afirmación no aguanta ni un análisis de dos segundos, porque la realidad es que este estatuto, además de blindar la austeridad, perpetúa el pucherazo electoral de Cospedal. ¿Y por qué digo esto? Pues, en primer lugar, porque esta propuesta, aunque eleve el máximo de diputados de treinta y cinco a cincuenta y cinco, sigue manteniendo un mínimo de veinticinco, que es lo que pusieron la señora Cospedal y el Partido Popular. Y mantener esas horquillas va a permitir que, en la práctica, cualquier mayoría parlamentaria de la derecha vuelva a reducir la representatividad de las Cortes de Castilla-La Mancha. Miren, Castilla-La Mancha tiene en estos momentos el Parlamento autonómico menos representativo de España y quizá uno de los menos representativos de la Unión Europea. No lo digo yo, lo dicen estudios de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues bien, con este texto que ustedes nos proponen hoy, si Partido Popular y VOX ganaran las elecciones de 2027, podrían reducir los treinta y un diputados y diputadas actuales a veinticinco, estrechando todavía más la representatividad y el carácter democrático de las Cortes. Pero es que, además, lo que ustedes están planteando es que este nuevo sistema electoral, esta nueva ley electoral, se posponga a 2027, tras las elecciones autonómicas. Yo no sé, señor Page, qué mayorías va a haber en 2027, pero a lo mejor la próxima ley electoral no la hace usted con el Partido Popular, sino que se la hacen Partido Popular y VOX. . Ya sabe que el sueño de la gran coalición produce monstruos. En este punto también quería saludar al señor Núñez, del Partido Popular, y darle la enhorabuena por haber engañado otra vez al Partido Socialista. Ya lo hicieron cuando consiguieron que el PSOE se abstuviera en la investidura de M. Rajoy, como he dicho; ya lo han hecho en esta legislatura con el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, y lo hacen ahora en Castilla-La Mancha, haciéndoles creer que van a pactar juntos el sistema electoral. En cambio, si el señor Page mirara alguna vez a su izquierda, aunque fuera por equivocación, vería que en esta Cámara hay alternativas para reformar el sistema electoral, alguna incluso creo que les beneficiaría a usted y a su partido. Nosotros, en Podemos, esta tarde queremos hacerle una propuesta. Le proponemos presentar y votar una enmienda a este texto para subir el suelo mínimo de representación de veinticinco a cuarenta y siete diputados y diputadas, que es lo que había antes de Cospedal. Pero, además, le proponemos la creación de una sexta circunscripción autonómica única, como tienen, por ejemplo, en las islas Canarias, para que no se perdiera ni uno solo de los votos de la izquierda y se consigan unas Cortes de Castilla-La Mancha más representativas. Le proponemos un estatuto que no ponga en primer lugar a los mercados, como han hecho ustedes con el artículo 91, sino que blinde lo público para que no suceda lo que estamos viendo con los cribados de cáncer de mamá en Andalucía ; un nuevo estatuto que blinde el derecho al aborto, la libertad sexual de las mujeres y los derechos LGTB; un nuevo estatuto que proteja el territorio frente a los macroproyectos especulativos y contaminantes. Pero para esto, como le digo, tendrían ustedes que soltar alguna vez la mano del Partido Popular y advertir que en esta Cámara hay otras mayorías posibles para hacer otras cosas. Hoy Podemos se va a abstener en esta propuesta para facilitar la discusión, pero les digo una cosa: si ustedes no permiten ninguna modificación a este estatuto bipartidista, desde luego los votos de Podemos acabarán siendo negativos. Nada más y muchas gracias. .

Engracia Rivera Arias SUMAR

Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, presidente y representantes de Castilla-La Mancha. Hoy, si es aprobado este punto, iniciará su andadura la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en las Cortes Generales. Modificación que nosotras creemos más que necesaria, porque el estatuto actual, aprobado en 1982 ―ya se ha dicho―, es un estatuto que no responde a las necesidades actuales de la población castellanomanchega. Además, no responde a los retos actuales de autogobierno y descentralización necesarios y tampoco responde a las necesidades del Estado social en las que la comunidad autónoma es competente. El espacio que represento ha sido crítico desde el inicio con el procedimiento empleado por el Gobierno de la comunidad a la hora de promover esta reforma tan importante y vital para el futuro de Castilla-La Mancha. Aunque ha habido un cauce de participación para presentar propuestas por parte de la sociedad civil y fuerzas políticas sin representación institucional, no se ha producido algo que nosotras creemos primordial e importante, como debe ser el debate en la sociedad castellanomanchega acerca de las propuestas que se han presentado. Así que su único recorrido ha sido la aceptación o rechazo por parte de las fuerzas políticas presentes en ese Parlamento, a la sazón Partido Socialista y PP, dado el negacionismo de VOX. Esta dinámica no ha permitido que los avances que se recogen tengan mayor alcance. A nuestro entender, el tiempo que se dedicó al debate artificial sobre el número de escaños debió dedicarse a cómo ampliar el Estado social en Castilla-La Mancha. Para nosotras, ni los 59 escaños propuestos por el PSOE ni los 35 propuestos por el Partido Popular ni los 55 finalmente acordados, responden a la voluntad de mejorar la representación popular, sino más bien a un cálculo electoral ajeno a la realidad de la región. Por eso mismo, este espacio político no ha entrado en el debate de los escaños y sí en las cuestiones materiales que afectan a la sociedad castellanomanchega, como son la vivienda, la educación pública, el derecho al aborto o el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBIQA+. Ciertamente, el Partido Socialista en Castilla-La Mancha ha aceptado nuestra aportación en materia de educación, recogiendo en el apartado c) del artículo 20 que la educación pública será el modelo preferente, reflejando el compromiso con la protección de la escuela pública como derecho fundamental y motor de la equidad social y la necesidad de reforzarla urgentemente, tanto en términos de inversión como en la mejora de la calidad educativa. . En cambio, el Partido Socialista ha perdido una oportunidad de oro para incluir en el apartado d) del artículo 20 el reconocimiento de la vivienda como un derecho esencial y la creación de un parque público de vivienda gestionado por la propia Administración autonómica, porque en Castilla-La Mancha la vivienda también es un problema, no es una excepción con respecto al resto del Estado. La vivienda, debido a la especulación, también es un bien de lujo inaccesible para una parte importante de la población. Es obligación de la comunidad ofrecer soluciones a la emergencia habitacional que afecta a muchísimas familias. En 2024, según el INE, se produjeron 504 ejecuciones hipotecarias de viviendas, de las que 174 acabaron en desahucios. Y según el Boletín Especial Vivienda Social 2024 del Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de la Vivienda, hay 18 489 personas demandantes de vivienda en Castilla-La Mancha. Tampoco tiene presencia en el texto el colectivo LGTBIQA+, o una mayor sensibilidad hacia el bienestar animal y el medioambiente. Finalmente, tampoco se ha recogido nuestra propuesta para garantizar el derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Castilla-La Mancha no ha implementado un derecho reconocido en el marco legal estatal; aunque la ley establece que es una prestación en el sistema público de salud, la realidad es que es algo imposible. En 2024 se notificaron IVE por parte de dos centros sanitarios privados ―cero en la pública―, uno en Albacete y otro en Miguelturra, Ciudad Real. Más del 60 % de las intervenciones se produjeron en otras comunidades autónomas. Es urgente que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha asuma su responsabilidad y que la interrupción del embarazo sea garantizada, se cumpla la ley y se eliminen las barreras que existen actualmente. El Tribunal Constitucional lo ha establecido claramente: derivar a un centro privado debe ser la excepción, no la norma como está ocurriendo ahora. En definitiva, nuestro grupo va a votar a favor y va a seguir trabajando para impulsar que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sea una herramienta que garantice el avance de los derechos sociales y los servicios públicos, que son los que garantizan la cohesión social y la justicia para las castellanomanchegas, y que esos derechos y servicios no se vean amenazados por las coyunturas económicas desfavorables y sean objeto de recortes. Para finalizar, hace casi cien años un maestro republicano, pintor, escritor y defensor de Castilla-La Mancha, nacido en Pedro Abad y que ejerció en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, imaginó una república de Sanchos donde todas las manchegas serían iguales. Teorizó en aquel momento sobre el papel del turismo sostenible y sobre el papel de una comunidad con tanta riqueza cultural, social y de recursos naturales. Nosotras, desde una posición plurinacional, apoyaremos siempre los avances en la autogestión que mejoren los derechos de la ciudadanía, en Castilla-La Mancha o en cualquier punto del Estado. Muchas gracias. .

Manuel Mariscal Zabala VOX

Gracias, presidenta. Muchos se preguntan todavía por qué existe VOX. VOX existe para dar voz a todos aquellos españoles que han sido desposeídos y abandonados por el bipartidismo. . VOX representa cada vez a más españoles, porque cada vez son más las mentiras y las traiciones del Partido Popular y del Partido Socialista. VOX lo formamos españoles de todas las regiones que hemos visto cómo los políticos del bipartidismo utilizan las instituciones para servirse a ellos mismos y no para servir al conjunto del pueblo español. Un pueblo español que está harto de ver cómo estafadores, trileros y timadores se disfrazan de políticos y vienen al Congreso de los Diputados como si esto se tratase de un teatro de vanidades. Esto es lo que hemos visto hoy aquí: hoy hemos visto al señor Page, del Partido Socialista, y al señor Núñez, del Partido Popular venir juntitos, de la mano, con su séquito y han traído un documento como si se tratase de un pacto histórico que va a poner fin a los males de nuestra región. Utilizan el Congreso para escenificar esta nueva estafa del bipartidismo y pretendían que todos los diputados les aplaudiésemos. Pues bien, aquí ha habido un grupo de diputados que no les hemos aplaudido, los diputados de VOX, porque sabemos que esto es una farsa , una farsa donde ganan siempre los mismos: los estafadores y los trileros y no el pueblo español, el honrado pueblo español que siempre pierde en la estafa bipartidista. Señor Page y señor Núñez ―tanto monta, monta tanto―, ustedes hoy han venido aquí, juntitos de la mano, a traernos un nuevo Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha cuya medida estrella es que haya más diputados: pasar de 33 a 55 diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Muchos castellanomanchegos se estarán preguntando por qué Castilla-La Mancha necesita más políticos. En realidad, quieren que haya más políticos porque ustedes necesitan a más palmeros que aplaudan con más fuerza, porque saben que sus mentiras cada vez son más débiles. . En VOX lo tenemos claro. Aquí tenemos, en la tribuna de invitados, a nuestro portavoz en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, y también al resto de nuestros diputados autonómicos. Todos ellos han recorrido todos los rincones de las provincias de Castilla-La Mancha, y nunca nadie ―insisto, nadie― les ha pedido que haya un nuevo estatuto en Castilla-La Mancha, y nadie les ha pedido que haya más políticos. Los castellanomanchegos lo que quieren son más médicos, más profesores, más agricultores y ganaderos, más empresarios, más policías, pero nunca, nadie jamás nos ha dicho que quiere más políticos. . Y la pregunta es: ¿con quién se reúnen ustedes?, ¿a ustedes quién les pide más políticos? Estoy seguro de que la España que trabaja no se lo pide. Nunca ha habido tanta distancia entre el bipartidismo y el pueblo español. Mientras el pueblo se manifiesta pidiendo vivienda, seguridad, trabajo y libertad, ustedes vienen aquí al Congreso a traer estatutos, más políticos, más palmeros y más chiringuitos. Sí, sí, más chiringuitos , porque la segunda medida estrella de este estatuto, que traen hoy ustedes, es: más chiringuitos políticos; con nombres muy solemnes, pero que los castellanomanchegos saben, sabemos, que no sirven para nada, como el consejo consultivo, como el consejo de diálogo social, el consejo regional de transparencia y buen gobierno… Y no solo eso; quieren crear más chiringuitos: ¡Una agencia tributaria propia! ¿En serio? ¿Una agencia tributaria propia? ¿Esto es lo que piensan ustedes que quieren los castellanomanchegos? . Los castellanomanchegos lo que quieren son más hospitales, más colegios, más comisarías y más cuarteles de la Guardia Civil; más fábricas y más obras hidráulicas. Pero no, ustedes están pensando en tener un Parlamento más grande, más bonito, más cómodo, y, no solo eso, también tener embajadas en el exterior. Sí, sí, embajadas en el exterior, como los separatistas catalanes. Y es que hoy muchos castellanomanchegos se estarán preguntando qué hace Page en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues ha venido a hacer lo que mejor sabe, hacer de trilero. Porque usted se pasea por las tertulias criticando a los separatistas catalanes y hoy aquí pide y exige lo mismo que los separatistas catalanes: una agencia tributaria propia, un estatuto propio, más privilegios para los políticos… Aquí, señor Page, conocemos muy bien sus métodos. Y conocemos también muy bien a su mano derecha en Castilla-La Mancha, a Sergio Gutiérrez, su secretario de Organización Territorial, que se sienta ahí (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Y este señor se pasea por Castilla-La Mancha diciendo que son el PSOE bueno. Que usted y ellos, los diputados nacionales de Castilla-La Mancha, son el PSOE bueno. Pues bien, este señor, cuando viene aquí al Congreso de los Diputados, vota sí a la amnistía, sí a la ley que soltó a los violadores, sí a los pactos con Bildu. Y mientras que en Cuenca y en Valencia se estaba sufriendo la gran catástrofe del siglo, este señor vino corriendo al Congreso, porque la única preocupación que tenía en ese momento era votar sí a la renovación del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. . Este nuevo estatuto que traen ustedes es una estafa, una estafa bipartidista. Y VOX va a votar en contra. Y cuando VOX gobierne en Castilla-La Mancha, derogaremos este estatuto. En VOX lo tenemos claro, Castilla-La Mancha necesita una alternativa, como necesita una alternativa el resto de España. Y me voy a tomar una licencia. Yo nací y viví en Talavera de la Reina, una ciudad que en los años 2017 y 2018 salió masivamente a las calles a decir que estaba harta de las mentiras y las traiciones del Partido Socialista y de los recortes del Partido Popular. Y esto ocurrió en otras ciudades de Castilla-La Mancha, y a todos ellos les digo que hay esperanza. Hay un político que dice la verdad. Hay un político que cumple con sus compromisos y que es coherente, y ese político es Santiago Abascal, que hará lo siguiente. . Esto es lo que hará con el estatuto de Castilla-La Mancha que traen hoy ustedes, esta estafa bipartidista. Hará esto. Y lo que traerá será la agenda España (muestra un documento), porque para él no existen comunidades de primera y comunidades de segunda; existe una importancia nacional. Y con esta agenda (sigue mostrando el documento) de nuevo habrá en nuestro campo tractores y cosechadoras y en nuestras ciudades habrá grúas. Sí, sí, grúas que construyan viviendas para los españoles. Una agenda que hará que en nuestra región volvamos a ver fábricas a todo rendimiento; una agenda que hará que haya aviones en los cielos llenos de okupas, delincuentes y narcos que vamos a llevar a sus países y que han traído el PSOE rojo (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) y el PSOE azul (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Este es nuestro compromiso con Castilla-La Mancha y con el resto de España. .

Sergio Gutiérrez Prieto PSOE

Gracias, presidenta. Señor Mariscal, permítame, antes de empezar con el debate, decirle, sinceramente, que si su razón fundamental para votar en contra del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es hacer creer que en Castilla-La Mancha nos hemos vuelto independentistas, creo que tiene que afinar un poquito más el argumento, porque confundir querer tener un instrumento de gestión tributaria y los organismos de gestión tributaria de los ayuntamientos, como tienen doce de las diecisiete comunidades autónomas ―por cierto, muchas de las que ustedes han apoyado ―, con querer la independencia… Por cierto, ¿usted sabe quién es Isabel Domínguez? No. Es concejala de VOX de Gestión Tributaria en San Vicente de Raspeig, de la que recauda. Porque, mire, ustedes no son ni radicales ni populistas, es que a veces son ignorantes. . Organismos autónomos de gestión tributaria los tienen los ayuntamientos y las diputaciones que ustedes gobiernan. Y no implica que San Vicente de Raspeig quiera la independencia. Quiere eficacia administrativa. Ustedes hacen unos debates que, como digo, ni son populistas ni son radicales, están basados, fundamentalmente, en la ignorancia. Pero, miren, vamos a lo importante. Buenas tardes, queridos comisionados de las Cortes de Castilla-La Mancha, queridos invitados de las organizaciones sociales y sindicales de nuestra tierra, querido presidente de la junta. Acudo a esta tribuna en nombre del Grupo Socialista con la convicción personal de que, al apoyar esta propuesta de reforma de nuestro estatuto, estamos haciendo tres cosas al mismo tiempo. La primera, fortaleciendo a la democracia española; la segunda, abriendo una ventana de oportunidades para nuestra tierra, y, por último, siendo coherentes con los valores progresistas y los principios constitucionales que siempre nos han vinculado al Grupo Socialista. Sí, señorías, la democracia en España se consolidó como una triada que compuso un diseño constitucional basado en un Estado de derecho, como un sistema complejo de garantías y libertades, un Estado social y democrático capaz de proteger y de redistribuir; y como un sistema autonómico capaz de cohesionar e integrar desde la unidad nuestra diversidad como país. Es una triada que, junto con Europa como acelerador y con el pacto como método, nos han traído los mejores años de nuestra historia. Al hacer esta propuesta, señorías, Castilla-La Mancha recupera el mejor espíritu del génesis de nuestra democracia: un pacto político entre diferentes, que al pactar se reconocen en su legitimidad, y un pacto social con las principales organizaciones para diseñar un proyecto compartido de región, más allá de la legitimidad de los escaños. Así, con el pacto, Castilla-La Mancha se propone avanzar en autonomía, en derechos y en oportunidades con autoestima, pero sabiendo que forma parte de un todo, que es España, que debe avanzar en armonía, abriendo así un diálogo con la sede de la soberanía nacional, con estas Cortes, que somos quienes tenemos que garantizar la unidad, la cohesión y la igualdad del conjunto y entre el conjunto. Señorías, lo han escuchado ustedes, hay quien reniega de las autonomías, aun teniendo diputados autonómicos, como su presidente, que cobran de ellas, y, lo que es peor, se financian alegalmente, como la estructura de VOX. . Hay quien reniega de las autonomías, salvo para financiarse de ellas y financiar las estructuras del tan preciado Abascal. Pero las autonomías nos han garantizado más de cuarenta años de progreso, una competencia sana al alza en estándares sociales y, sobre todo, convivencia. Al renegar de ellas, al desear un Estado más centralizado y, por lo tanto, más ineficaz y más injusto, también se reniega de la Constitución, se dinamita la convivencia porque no se reconoce la pluralidad de nuestras tierras y también se debilita, por tanto, nuestra propia democracia. Señorías, en 1981 el servicio de estudios de una entidad financiera española describía el proyecto de autonomía para Castilla-La Mancha de la siguiente manera: Es la antítesis de una región, artificial en su concepción administrativa, una tierra de paso con pocos habitantes, sin estructuras comunicativas, sin universidad, sin infraestructuras que la articulen y con una estructura económica dependiente de Madrid. Así éramos, una tierra similar a la que inmortalizaba Miguel Delibes en Los santos inocentes, que nada tiene que ver con la Castilla-La Mancha moderna, abierta, que crece en población y en servicios públicos que somos hoy. . La diferencia entre el ayer y el hoy no es el regalo del paso del tiempo al que nunca debimos nada, es la suma de Constitución en España, autonomía en Castilla-La Mancha y Europa. Eso me hace sentir muy orgulloso como español. También es la suma de los esfuerzos de tres presidencias, la de Bono, la de Barreda y la de Page , que supieron aprovechar la autonomía para crear una igualdad de oportunidades. Supieron aprovechar la autonomía para crear una región de bienestar y de oportunidades, y eso, además, me hace sentir orgullo como socialista. Señorías, el Grupo Socialista siempre ha creído en la Constitución y en su Estado de las autonomías, en la descentralización como un acelerador de la redistribución, como un hacedor de oportunidades, como un instrumento para la igualdad y la cohesión social y territorial. Es un sistema complejo ―sí, no se lo niego― que requiere de colaboración horizontal, de lealtades entre instituciones, de cooperación administrativa, pero que cuando es capaz ―mejor dicho, somos capaces― de encajar todas las piezas del puzle es un sistema imparable. En ningún tiempo de nuestra historia ha habido tanto crecimiento económico, tanta redistribución, tanta reducción de la brecha de desigualdad como en estas últimas cuatro décadas gracias al Estado de las autonomías. Por eso, damos la bienvenida a esta propuesta, porque cuando se incorpore al bloque de constitucionalidad, sin ninguna duda lo hará mejor y lo hará más fuerte con la cláusula que blinda los derechos sociales o que obliga al diálogo social antes de iniciar cualquier proyecto legislativo; con el artículo que obliga a implantar políticas públicas frente a la violencia de género; con la garantía de que la ciudadanía tiene derecho a recibir los mismos servicios públicos, vivan en la aldea más pequeña o en la ciudad más grande; con la promoción de una economía que impulse al emprendedor, pero que proteja también al trabajador. Se hará más fuerte el bloque de constitucionalidad al obligar a hacer políticas frente al despoblamiento, a luchar contra el cambio climático, a respetar nuestra diversidad social y cultural. En definitiva, se hará más fuerte nuestra democracia al promover con este estatuto más Castilla-La Mancha a fuerza de querer hacer una mejor España. . Bienvenida sea esta propuesta, señorías de Castilla-La Mancha. Trabajaremos en el Grupo Socialista para que el espíritu de consenso y de progreso que impregnan estos folios sea también el que reine durante toda la tramitación parlamentaria en este Congreso. Progreso y consenso. Muchas gracias. .

Enrique Belda Pérez-Pedrero PP

Señora presidenta, señorías, buenas tardes. En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero que mis primeras y principales palabras sean para dar la bienvenida de parte del primer grupo de la Cámara a toda la sociedad castellanomanchega aquí representada: diputados regionales ―también de VOX―, partidos políticos ―también VOX―, universidad, centrales sindicales, ciudadanos de a pie, sectores sociales que han sido consultados a la hora de abordar esta reforma. . La dirección de mi grupo me ha encomendado esta intervención porque yo he estado trabajando en asuntos del estatuto en algunas etapas pasadas de mi vida profesional. Aquí tenía un montón de datos con los que entretenerles desde una visión jurídica y técnica. Como estamos en el Congreso de los Diputados, la delegación ha expuesto las líneas generales y han quedado en el debate una serie de afirmaciones que tenemos que responder por respeto a la gente y por respeto a los que nos están escuchando también fuera de la Cámara. Señores representantes de las Cortes de Castilla-La Mancha, señor presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García-Page―; señor presidente del Grupo Parlamentario Popular, señora portavoz del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, enhorabuena a ustedes y a sus equipos por el trabajo. Y también enhorabuena a los grupos, no al grupo de VOX, que no se ha sumado a este acuerdo. Verán, tras las intervenciones que ha habido contrarias a esta norma, yo me quedo bastante preocupado porque se quiere marcar nuevamente ―y estamos muy acostumbrados a ello en esta Cámara― un muro de separación entre unos y otros. Hoy nos ha tocado al Partido Popular estar al lado del muro que parece ser que representa el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Esto no es así, señorías. Hace falta ser un poco respetuoso con nuestros propios ciudadanos. Estamos en la fase inicial de la tramitación de este estatuto y, si verdaderamente hay cuestiones que a ustedes les preocupan, como puede ser el incremento del número de diputados ―unas fuerzas populistas han dicho que eran muchos y otras que eran pocos―, todo eso lo podemos pulir en el trámite de elaboración de la norma. El problema no es ese, el problema es intentar sacar partido de una entente cordial ―vaya, para una vez que se produce― entre la mayoría parlamentaria de la Cámara de Castilla-La Mancha y el principal partido de la oposición. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en la norma fundamental básica de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, mandaremos un mensaje a la población de que nos sumamos también al discurso del odio. En esta Cámara venimos denunciando, también los que han criticado este estatuto de autonomía, que hay un exceso de polarización y un ataque encubierto a las instituciones del Estado. Algo que está ocurriendo en España y en muchos países de nuestro entorno es que el Ejecutivo está cada vez penetrando en más espacios de la sociedad. Solo por eso merecería la pena que un partido que tiene responsabilidades de Gobierno en muchas comunidades autónomas y que es el principal partido de la oposición y que casi gana las elecciones en Castilla-La Mancha, como es el Partido Popular, fortalezca su propio estatuto de autonomía. Las instituciones necesitan hoy más que nunca fortaleza. Una pieza insustituible de la Constitución de 1978 son las comunidades autónomas. ¿Está bien criticarlas, hablar de lugares comunes, hablar de un organismo administrativo como si fuera a ser una agencia independiente…? No, la cosa es mucho más sencilla. Necesitamos dar un armazón jurídico a los derechos y a las libertades de nuestra ciudadanía y de esta manera van a estar bastante más protegidos. Es fundamental ―y en esto hago un llamamiento a todos los votantes de VOX― que no confundan los argumentos con los que puedan atacar al Partido Socialista simplemente porque le tengan odio a Sánchez, con una política de ‘conchabeo’ del Partido Popular con él. Nos negamos rotundamente. Nosotros, señores de VOX, vamos a pelear para ―especialmente la gente joven que no vivió el proceso de construcción y de elaboración del estatuto de Castilla-La Mancha y que no ha vivido estos años donde todos hemos contribuido a hacerlo más o menos mejor― que entiendan que antes, sin estatuto de autonomía y sin instituciones propias, veíamos cómo el dinero se dirigía por la decisión de un ministro a otros lugares donde había más gente o donde simplemente ponían más problemas. Nosotros, respetuosos con la unidad de España, respetuosos con los criterios de contribuir al bienestar público de todos, de no querer ser más que nadie, pero tampoco menos, no tenemos otro remedio que hoy llamar la atención de sus presuntos votantes, esos de los que ustedes creen que van a sacar algún tipo de rédito electoral, porque la gente podrá estar enfadada a lo mejor con el presidente del Gobierno Sánchez, pero, luego, a la hora de votar, hace falta darles argumentos y darles una serie de seguridades y de certeza. Aquí, en el estatuto de autonomía, nos podemos encontrar todos. Para aquellos que no estén de acuerdo, tenemos tiempo de hablarlo. Aquí, en la Cámara, va a tener su periodo de tramitación y vamos a poder exponer lo que queramos. Por una vez, vamos a romper este discurso de confrontación. Eso es lo que quería decir esta tarde el Grupo Popular. Pero con todo el respeto, señor presidente, y no es esta la ocasión de romper la institucionalidad con la que ha trabajado usted junto con el líder del Partido Popular, el señor Núñez, y también con otros parlamentarios ―estamos en la oposición en Castilla-La Mancha y también estamos en la oposición en España―, tenemos que hacerle dos advertencias, que no dos críticas ―no se trata de dar un pellizco de monja para romper este consenso del que hemos hablado aquí esta tarde―. Las advertencias son las siguientes. Primera. Que es un error de todos los países menos desarrollados el pensar que cambiando las instituciones, cambiando la Constitución, se van a solventar los problemas. Aquí lo podríamos transponer de la siguiente manera: es un error pensar que cambiando el Estatuto de Autonomía vamos a poder arreglar los problemas. ¿Los podemos afrontar mejor? Bueno, vamos a proteger mejor jurídicamente a los ciudadanos frente a una situación comparativa con otras comunidades autónomas. Pero no se equivoque, lo que a los ciudadanos les protege es gestionar bien la sanidad, gestionar bien la educación, gestionar bien la economía. Eso es lo que tiene que hacer la clase política, y ni el mejor de los estatutos de autonomía puede solventar eso. Y la segunda advertencia, y con esto termino, es la siguiente: todas aquellas personas que de una u otra manera se han opuesto al ambiente que los partidos mayoritarios en Castilla-La Mancha queremos ―un ambiente de tranquilidad, de cohesión; en las palabras del presidente Suárez, lo natural de la calle, que es llevarse bien y no estar siempre pensando en ver al otro como adversario― quien rompe eso en esta Cámara, todos y cada uno de esos, tienen un común denominador: todos y cada uno de esos componen la mayoría actual del presidente Sánchez. Todos. Y en esa mayoría también, hay que decirlo, participan ocho parlamentarios de nuestra comunidad autónoma. Entonces, es muy importante hacer esa reflexión, porque tenemos determinado el problema y, a lo mejor, es el momento de avanzar y de ser consecuentes con nuestros propios actos. Muchas gracias. .

Gabriel Rufián Romero ERC

Se pueden quedar si quieren, ¿eh?, que es superinteresante. .

Gabriel Rufián Romero ERC

¿Ya? ¿Todos fuera? La vivienda es el principal problema de este país, vivas donde vivas. Les voy a dar algunos datos. Se necesitan 59 años de sueldo para comprarse un piso de 60 metros cuadrados; 59 años de sueldo, 60 metros cuadrados. Este año se han comprado un 40 % más de casas, pero el 60 % a tocateja, al contado, porque solamente el 14 % eran para vivir. Para que todo el mundo lo entienda, si el pan hubiera subido lo mismo que la vivienda, hoy una barra de pan costaría 13 euros; 13 euros. En el año 2007, el 22 % de los menores de 30 años se podía comprar una casa. En el año 2007. Hoy, un 9 %. Nueve de cada diez pisos turísticos es ilegal. Esto es como si el 90 % de los bares, de los taxis, de las farmacias, del agua o del aceite fuera ilegal. Si ahora ustedes quieren hacer una búsqueda de piso en su móvil en Idealista, en Barcelona, por ejemplo, les saldrán unos 5 000 pisos, 5 271 pisos. Si vuelven a buscar y ponen «Barcelona, dos habitaciones, 60 metros, límite 1 200 euros», se quedan en 40 pisos. De cinco mil y pico a 40 pisos. Por cierto, 34 de ellos son pisos turísticos. En los últimos diez años, el alquiler ha subido un 70 % en Ibiza, un 59 % en Valencia, un 56 % en Mallorca, un 53 % en Málaga, un 49 % en Alicante, un 40 % en Barcelona y un 34 % en Madrid, y los salarios solamente han subido un 14 %. El 45 % de los inquilinos de este país es pobre. Repito: el 45 % de la gente que vive de alquiler en este país es pobre. ¿Por qué? Porque destina la mitad de lo que gana a pagar su piso o su habitación. Este año, los extranjeros, la gente de fuera ―a según quién le gusta mucho hablar de la gente de fuera― ha pagado o ha comprado un 20 % de los pisos que se han comprado. En el año 2007, solamente fue un 7 %. Pero recuerden: aquí los malos son los que llegan en cayuco, no los que llegan en yate para comprar pisos y especular. Y un último dato: el Fondo Monetario Internacional dice que España es la economía avanzada que más crece del mundo. Repito: el Fondo Monetario Internacional dice que España va como un tiro. Bien, pero hay 12 millones de pobres. Con lo cual, va bien, ¿para quién? Hay más ricos que nunca, pero ¿para qué? El problema, señorías, no es que haya muchos con muy poco; el problema, señorías, es que hay pocos con muchísimo. Ese es el problema. . Me encantaría que la cámara se girara, porque verían a los diputados del Grupo Popular y de VOX descojonándose de lo que digo. Luego van de patriotas y tal, pero estos son datos incontestables. . Tranquilos. Estos son datos que no se pueden discutir y son datos de sus compatriotas. Desconfíen de aquellos superpatriotas que hablan de patria e ignoran o desprecian a sus compatriotas, que es esta gente. Y esos datos incontestables, ¿qué les dicen? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que en el mundo y, sobre todo, en este país hay dos problemas: el primero es la precariedad y el segundo es la vivienda, el acceso a la vivienda, el drama de la vivienda. Y, señorías, la solución no es construir más, o no solamente es construir más; desde los ochenta se construye más y el precio de la vivienda no ha dejado de subir. ¿Por qué? Porque el mercado de la vivienda no es un mercado normal; primero, porque la vivienda es un derecho ―conviene repetirlo: la vivienda es un derecho―, no es un producto, con lo cual no deberíamos estar hablando del mercado de la vivienda. . Mercado y vivienda, mal. Eso es un oxímoron. Y, segundo, porque la ley de la oferta y la demanda no funciona. ¿Por qué? Porque la oferta es finita; el suelo se acaba, no es infinito. Y, en cambio, la demanda es infinita porque siempre habrá gente con necesidad de tener un techo; la alternativa es vivir en la calle. . ¿Se pueden callar, por favor? O, al menos, dejar de reír, que estamos hablando de vivienda. Gracias. Entonces, solamente hay una salida: intervención del mercado. ¿Ustedes se imaginan un producto que no parara de subir, que además en gran caso fuera ilegal y que su único objetivo fuera la especulación y la acumulación? Por ejemplo, el pan, el agua, las farmacias. ¿Qué pasaría? Todo el mundo diría: ¡intervengamos el mercado! Pues hay que intervenir el mercado. Segunda solución, más manida: subvencionar; subvencionar con dinero público la compra o el alquiler. Mal también. ¿Por qué? Porque si no intervienes el mercado, si no vas a la raíz del problema, estás contribuyendo con dinero público al bucle eterno de la especulación. Es decir, ¿está bien darle 30 000 euros a un chaval o a una chavala para que se compren un piso? Pues sí, suena bien, pero esos 30 000 euros, ¿a quién van a ir? Nominativamente van a ir a su nombre, pero van a acabar yendo al casero o al fondo buitre propietario del piso. Esto lo entiende todo el mundo. Con lo cual, nosotros lo que decimos es que el rico que quiera invertir en casas en este país se lo piense, porque, señorías, el mercado inmobiliario español sí, es un refugio inversor para los ricos del mundo. ¿Y cuál es la criptonita de los ricos del mundo? Los impuestos; pagar impuestos, cargar de base impositiva su actividad. Quien quiera hacerse rico con casas, que pague impuestos. De hecho, yo prohibiría la compra especulativa de vivienda, pero solamente les propongo grabarla, meterle más impuestos; para que se entienda, freír a impuestos a quien quiera una casa no para vivir, sino para especular. Quien quiera hacerse rico, que se compre un Picasso, que se compre un lingote de oro, pero no una casa. El espíritu de esta iniciativa es muy sencillo: por encima del derecho de alguien a tener cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte, veinticinco casas, está el derecho de una familia a tener una casa; una familia, una casa. Por todo ello, proponemos: uno, reducir hasta el 4 % por la compra de la primera vivienda para vivir; dos, aumentar hasta el 50 % por la compra de vivienda especulativa ―se hace en otros sitios donde no son sospechosos de ser bolivarianos ni secesionistas golpistas―, y, tres, crear un nuevo impuesto a la acumulación de vivienda. En definitiva, dejar claro que la vivienda es un derecho. Repito: que los ricos del mundo o los ricos de este país ―me da igual― se lo piensen. Quien tenga un poco de dinero y diga: oye, yo voy a invertir en vivienda porque así me han dicho que aseguro mi futuro. Pues no, invierte en criptomonedas, no en vivienda. Nosotros no estamos en contra de que la gente se haga rica, pero que no sea con la vivienda, sobre todo cuando hay gente sin techo. Quien no esté de acuerdo con esto, sea del partido que sea, está en su derecho y puede votar en contra, pero que lo explique, que salga fuera y que lo explique, sobre todo que se lo explique a la gente. Y ahora me dirijo fundamentalmente a las señorías de izquierdas. No tengo ni idea de lo que van a votar, entiendo que van a votar a favor. Lo que yo estoy diciendo aquí no es de ser valiente, votar esto no es de ser valiente, es de ser inteligente. Hay un chico de 34 años, musulmán y socialista, que acaba de ganar la alcaldía de la capital del mundo diciendo más o menos esto: transporte para todos, comida para todos y vivienda para todos. Ya está. Contra Trump. ¿Por qué? Porque la vivienda es lo que hará consolidarse a la derecha o a la ultraderecha, o palmar a la izquierda. ¿Ustedes por qué se creen que VOX se ha cargado al salvaje de Ortega Smith y ha puesto a un chaval para hablar de vivienda que parece del PSOE? ¿Por qué? ¿Porque ellos son muy listos? No, porque quien les paga piensa y dice: oye, Ortega Smith ya no, ¿eh?, Ortega Smith ya no cuela, pero este chaval me suena bien; además tiene un pendiente, parece del PSOE, nadie sabe muy bien de quién es y dice cosas que me suenan bien. Es la clave; esa es la clave. Así que, repito: vivienda, vivienda y vivienda. Porque si la izquierda no les damos, si la izquierda no les da casas a la gente para vivir, esta gente ―la derecha y la ultraderecha― les dará cuevas para gritar. Y la cueva se llama redes sociales. Acabo. Como ya me sé la cantinela esta de que criminalizas al señor o a la señora que llega al final de su vida y pone su piso o una segunda vivienda en alquiler para compensar su pensión, para pagarse un cuidado o para la residencia, diré que esta iniciativa no va en contra de esta gente. Una señora o un señor que pone su piso en alquiler para compensar su pensión no es un especulador, no es nuestro adversario. Ahora bien, que quede claro: si alguien llega al final de su vida con la necesidad de tener que alquilar su vivienda para pagarse unos cuidados, una residencia o compensar una pensión, la culpa y la responsabilidad no es de su inquilino, es de su Gobierno, que le ha fallado. Así que les doy la oportunidad de no fallar. Muchas gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, presidenta. Blackstone, Cerberus, Ares i Azora. Estes són els quatre fons voltors més grans que tenim en el mercat immobiliari espanyol. Ara, en estos moments, hi ha preparats per vendre 25 000 vivendes. Entre elles hi ha més de 2000 pisos públics de l’Ajuntament de Madrid, que quan governava Ana Botella, quan estava al capdavant de l’Ajuntament, van regalar a la banca i als fons voltors. Així que, senyories del Partit Popular, ara quan després arribe el seu torn, no vinguen a donar-nos lliçons del que s’ha de fer amb la vivenda, perquè eixes vivendes haurien d’haver sigut per a les famílies. I vostès les van convertir en actius financers per als bancs. Perquè per a vostès la vivenda no és un dret, és un negoci. I ho demostren. També ho han demostrat ara el Govern al País Valencià. Han eliminat el dret de tanteig i retracte, han apujat el preu del sòl públic i deixen buits els pisos dels grans tenedors, dels grans propietaris. I eixe és el seu model, és el de la rendició davant dels especuladors. O és que son vostès, senyories del Partit Popular, els especuladors? Possiblement siga així. En tot cas, les senyories del Partit Socialista tampoc es lliuren en aquesta batalla, perquè porten ja huit anys governant l’Estat, i l›únic que han fet fins ara és aplaudir les innovacions, com per exemple els avals hipotecaris o els plans que només fan que inflar els preus. I vuit anys després continuem amb una vivenda que val un 40 % més, i continuem amb la nostra joventut, que no es pot emancipar. Així que també les lliçons del Partit Socialista haurien de ser molt humils. Cada vegada hi ha més gent que sap que la vivenda no és i no ha de ser un bé de mercat, sinó que ha de ser un dret i la fiscalitat justa, control de preus i recuperar les vivendes per a la gent. I senyories de VOX, igual açò els sona malament, però l’expropiació és una llei que està regulada des de l’any 1954, que apareix també en la Constitució espanyola i, escolten, partits polítics i governs de tots els colors l’han utilitzada per a fer carreteres o per a fer polígons. Igual hauríem d’utilitzar-la també per a aconseguir un sostre digne per a la gent. I això passa a Europa. Acabe presidenta. A Viena el 60 % de la gent viu en un habitatge públic o assequible. A Berlín, per exemple, s’han recuperat milers de pisos de fons voltors. O a Finlàndia, el programa Housing First, ha reduït la gent sense sostre a mínims històrics. Jo crec que hi ha instruments per a fer-ho. Hi han polítiques que, efectivament, senyor Rufián, malauradament, en estos moments sí que són polítiques valentes i veurem si hui tots i totes s’atreveixen a votar aquesta proposició de llei, perquè, efectivament, el que necessita la societat són més drets i menys especulació. Gràcies. Gracias, presidenta. Blackstone, Cerberus, Ares y Azora. Estos son los cuatro fondos buitre más grandes que tenemos en el mercado inmobiliario español, ahora, en estos momentos, ya preparados para vender 25 000 viviendas. Entre ellas, hay más de 2000 pisos públicos del Ayuntamiento de Madrid que, cuando gobernaba en el Ayuntamiento Ana Botella, se los regaló a la banca y a los fondos buitres, así que, señorías del Grupo Popular, ahora, cuando sea su turno, no vengan a darnos lecciones de que saben qué hacer con las viviendas, porque esas viviendas tendrían que haber sido para las familias y ustedes las convirtieron en activos financieros para los bancos. Para ustedes la vivienda no es un derecho, es un negocio. También lo han demostrado ahora en el País valenciano, que están en el Gobierno: han eliminado el derecho de tanteo y retracto, han subido el precio del suelo público y dejan vacíos los pisos de los grandes tenedores y propietarios. Ese es su modelo: el de la rendición ante los especuladores. ¿O acaso son ustedes, señorías del Partido Popular, los especuladores? Pues seguramente sea así. En cualquier caso, señorías del Partido Socialista, ustedes tampoco se libran en esta batalla, porque ya llevan ocho años gobernando el Estado y lo único que han hecho hasta ahora es aplaudir las innovaciones como, por ejemplo, los avales hipotecarios o los planes que no hacen más que inflar los precios. Ocho años después, seguimos con una vivienda que vale un 40 % más y con nuestra juventud sin poder emanciparse, así que también las lecciones del Partido Socialista deberían ser muy humildes. Cada vez hay más gente que sabe que la vivienda no es ni tiene que ser un bien de mercado, sino un derecho, y hace falta fiscalidad justa, control de precios y recuperar las viviendas para la gente. Señorías de VOX, igual a ustedes les sonará mal, pero la expropiación está regulada en una ley de 1954, aparece en la legislación española, y, escuchen, partidos políticos y gobiernos de todos los colores la han utilizado para hacer carreteras y polígonos, así que también se podría utilizar para conseguir un techo digno para la gente. Eso ocurre en Europa. En Viena, el 60 % de la gente vive en una vivienda pública asequible; en Berlín se han recuperado miles de pisos de fondos buitres, y en Irlanda hay un programa que ha reducido el sinhogarismo a niveles históricos. Creo que hay cosas que se pueden hacer. Señor Rufián, sí hay políticas valientes. Vamos a ver si todo el mundo se atreve a aprobar esta proposición de ley, porque lo que necesita la sociedad son más derechos y menos especulación. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. Sen dúbida, como ben reflicte a proposta do Grupo Republicano, a cuestión da vivenda pasou de ser un problema estrutural no Estado español a unha auténtica emerxencia social. O sistema capitalista non só ten interese, non só non ten interese en resolver a situación que afecta ás clases populares, aos sectores sociais con menos recursos, senón que está pensado precisamente para favorecer a especulación inmobiliaria e a financiarización da vivenda. Mais a grave crise que estamos a vivir após unha escalada de prezos tanto en venda como en aluguer, que fai que largas capas das clases populares, especialmente da mocidade, vexan imposíbel acceder a facer efectivo o dereito a unha vivenda digna, obriga a colocar esta cuestión no centro do debate político e na urxencia de medidas eficaces para resolvela. Iso é o que vimos facendo aquí as forzas soberanistas, o que ven facendo a esquerda soberanista, non só sensíbel, senón defensora dos problemas, da solución aos problemas das maiorías sociais e dos nosos pobos e a procurar solución perfectamente posíbel se houber vontade política. Hoxe, cunha proposición de Lei do grupo republicano — noutras ocasións doutras forzas ou resultado tamén de actuacións conxuntas—, en todo caso, isto contrasta cunha dereita ultra que actúa como portavoz e defensor aquí dos fondos voitre e dos especuladores inmobiliarios e dun partido socialista e dun goberno que infelizmente sempre fica nas medidas paliativas — aliás ineficaces— e nunca parece disposta a lle meter o dente ás grandes corporacións do sector. A Lei de Vivenda foi un parche, unha grande oportunidade perdida e hoxe é evidente que non serve para resolver o problema. Iso só pode vir da man dunha decidida intervención pública, quer na regulación, aluguer, vivendas turísticas, aluguer de temporada ou por cuartos, quer na dotación dun parque público suficiente en venda e, sobre todo, en aluguer accesíbel capaz de actuar sobre o mercado. Mais tamén fica o recurso á política tributaria, como hoxe é proposto aquí, sen dúbida un mecanismo eficaz se usado con determinación, eliminar os beneficios fiscais ás socimis non só é unha medida útil, senón tamén unha cuestión de xustiza. A creación dun novo imposto sobre a acumulación de bens inmobles a aplicar a partir do terceiro pode desincentivar a especulación e ademais xerar recursos para aplicar a políticas efectivas de vivenda. Como dicía, unha cuestión de vontade política e demostrar que quen ten a misión de traballar para o ben común non se dobrega perante os intereses dos poderosos. Loxicamente votaremos a favor. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Sin duda, como bien refleja la propuesta del Grupo Republicano, la cuestión de la vivienda ha pasado de ser un problema estructural en el Estado español a ser una auténtica emergencia social. El sistema capitalista no solo no tiene interés en resolver una situación que afecta a las clases populares y a los sectores sociales de menos recursos, sino que está pensado precisamente para favorecer la especulación inmobiliaria y la financiarización de la vivienda. Pero la grave crisis que estamos viviendo tras una escalada de precios tanto en venta como en alquiler ―escalada que hace que grandes capas de las clases populares, especialmente de la juventud, vean imposible acceder y hacer efectivo ese derecho a una vivienda digna― obliga a poner esta cuestión en el centro del debate político y hace urgentes medidas eficaces para resolverla, y eso es lo que venimos haciendo aquí las fuerzas soberanistas, lo que viene haciendo la izquierda soberanista no solo sensible, sino defensora de la solución de los problemas de las mayorías sociales de nuestros pueblos. Buscamos soluciones que son perfectamente posibles si hubiese voluntad política: hoy con una proposición de ley del Grupo Republicano; en otras ocasiones, con iniciativas de otras fuerzas o como resultado de actuaciones conjuntas. En todo caso, esto contrasta con una derecha ultra que actúa aquí como portavoz de los fondos buitre y de los especuladores inmobiliarios, y con un Partido Socialista y un Gobierno que se quedan sencillamente en las medidas paliativas, y además ineficaces, y que nunca parecen dispuestos a hincar el diente a las grandes corporaciones del sector. La ley de vivienda fue un parche, una gran oportunidad perdida, y hoy es evidente que no sirve para resolver el problema. La solución solo puede venir de la mano de una decidida intervención pública, tanto en la regulación del alquiler, viviendas turísticas, alquiler de temporada o por habitaciones como con la dotación de un parque público suficiente para venta y, sobre todo, para alquiler accesible, capaz de actuar sobre el mercado. Pero también queda el recurso a la política tributaria, como hoy se propone aquí, sin duda un mecanismo eficaz si se usa con determinación. Eliminar los beneficios fiscales a las socimis no solo es una medida útil, sino también una cuestión de justicia. La creación de un nuevo impuesto sobre la acumulación de bienes inmuebles para aplicar a partir del tercero puede desincentivar la especulación y, además, generar recursos para aplicar a políticas efectivas de vivienda. Como decía, es una cuestión de voluntad política y de demostrar que quien tiene la misión de trabajar por el bien común no se doblega ante los intereses de los poderosos. Lógicamente, votaremos a favor. Muchas gracias. .

Javier Sánchez Serna SUMAR

Gracias, presidenta. Alquilar una vivienda cuesta un 17,2 % más que hace un año. Señorías, es una noticia de ayer mismo y son datos del portal Pisos.com ante la falta de datos oficiales del nebuloso Ministerio de la Vivienda. La palabra vivienda debería ser sinónimo de protección, pero para mucha gente hoy lo es de angustia y ansiedad. La vivienda es el principal problema de esta legislatura y parece que el único que no se ha dado cuenta es el propio Gobierno de España. Pero lo saben perfectamente los jóvenes y las familias asfixiadas por los alquileres y las hipotecas, lo sabemos los partidos de la izquierda y lo saben hasta los neofalangistas de VOX. Sí, señorías, en VOX también están preocupados por la vivienda, al menos eso dice aquí el diputado Hernández Quero cada semana, aunque es verdad que nunca los verán parando un desahucio y que han votado en contra de todas las medidas para frenar la especulación: votaron en contra de una ley de vivienda que, aunque insuficiente, si se hubiera aplicado permitiría limitar la subida de los alquileres al 2,2 % que marca el índice de referencia, muy lejos de ese 17 %. Sin ir más lejos, el jueves pasado, en la Asamblea de Madrid, Partido Popular y VOX votaron en contra de bajar al 2 % el impuesto de transmisiones patrimoniales a las personas que compran su primera vivienda y de subirlo al 20 % para los que las compran para especular, y hoy mismo se han opuesto a regular el alquiler de temporada. Siempre ha sido lo mismo, ya lo decía el poeta Machado: Los señoritos invocan la patria pero son los primeros en venderla. Por mucho que se pongan pendiente y por mucho que se pongan camiseta, por mucho que hablen de barrios obreros, ustedes no engañan a nadie. Los neofalangistas del ISSEP señalan a los millonarios extranjeros porque están echando a los señoritos de toda la vida, esa es su lucha de clases: millonarios de Miami contra los millonarios del barrio de Salamanca. Pero de los grandes tenedores españoles, del lobby inmobiliario de Florentino Pérez, Rafael del Pino, la familia Amodio o Tomás Fuertes, de esos ustedes nunca dirán nada, y no lo van a hacer porque son sus mayordomos, y hoy lo vamos a ver otra vez en este Pleno. Esta proposición de ley que nos plantea el Grupo Republicano contiene medidas útiles para hacer accesible la vivienda, como eliminar los beneficios fiscales a las socimis, subir los impuestos a la compra de vivienda para especular o subir el IBI a la residencia no habitual. Son medidas que van en la buena dirección, señor Rufián, aunque nosotros, modestamente, iríamos más allá: no basta con subir los impuestos, hay que prohibir comprar vivienda a los especuladores, hay que expropiar los centenares de miles de casas vacías en manos de bancos y fondos buitre y ponerlas en alquiler social, y hay que limitar por ley el precio de los alquileres porque es legal y es necesario. Señorías, esto no lo dirá nunca un neofalangista. Artículo 128 de la Constitución: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general». A día de hoy, no hay mejor forma de servir al interés general que trabajar para que todos los españoles y las españolas tengan una vivienda digna. Nada más y muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Arratsalde on. El problema de la vivienda en el Estado es real y urgente. Miles de jóvenes no pueden emanciparse. Hay familias que cada vez destinan una parte mayor de su salario al alquiler y personas que viven con la incertidumbre de si podrán mantener su hogar. Por eso, la vivienda debe ser una prioridad política y legislativa. Pero no podemos responder a esta crisis como si fuera una carrera por ver quién es más progresista. No necesitamos titulares, sino resultados. Actualmente, existen dos iniciativas paralelas, la del Grupo Socialista y la del Grupo Esquerra Republicana, con medidas parcialmente coincidentes. Precisamente, por eso es necesario coordinar esfuerzos y unificar criterios, no competir en quién propone más o menos impuestos o más o menos restricciones. La fragmentación solo conduce a más confusión y menos efectividad. La iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Republicano parte de un diagnóstico real, pero, desde nuestro punto de vista, parcialmente desajustada de la estructura del mercado de la vivienda. Es cierto que existe especulación y concentración de vivienda en manos de fondos y grandes tenedores, sobre todo en zonas urbanas tensionadas, pero el grueso del parque residencial ―más del 85 % según el INE y el Banco de España― no está en manos de grandes propietarios, sino de pequeños titulares particulares: familias que heredaron una vivienda, ahorradores que compraron un piso como complemento de su jubilación o ciudadanos que simplemente intentan proteger su patrimonio. Por tanto, gravar de forma generalizada a partir de la tercera vivienda sin diferenciar territorios ni contextos puede tener un efecto quizá algo perverso, el de castigar a quienes no operan con una lógica especulativa y provocar una nueva retirada de viviendas del mercado. Además, señorías, no podemos abordar las tensiones de vivienda de manera uniforme en todo el país, porque no es comparable una vivienda vacía en un municipio despoblado de Teruel o de Lugo con un piso vacío en un barrio tensionado de Madrid, Barcelona, Donostia o Bilbao. Las políticas deben adaptarse a la realidad de cada territorio, diferenciando entre las zonas con demanda elevada y alta presión de precios, donde quizás son necesarias medidas de contención, y las zonas rurales o despobladas con baja presión del mercado, donde lo urgente es incentivar la inversión, la rehabilitación y la ocupación del parque existente. . Un ejemplo de la desproporción de la propuesta del impuesto complementario del IVA que plantea el Grupo Esquerra es que, aunque su intención pueda ser regular mercados tensionados, se aplica de forma general a todos los inmuebles y aumenta según el número de propiedades que tenga el comprador, sin distinguir entre zonas con alta presión de demanda y zonas sin tensión. La medida puede sonar justa en teoría, pero técnicamente quizás es un tanto inviable. En el IVA, quien paga y declara es el vendedor, no el comprador. ¿Cómo sabría el vendedor cuántos inmuebles posee el comprador? Y, además, surge la duda de qué se considera inmueble: ¿una vivienda?, ¿un local?, ¿un garaje?, ¿una parcela? Por ejemplo, un propietario que tiene tres viviendas en un pueblo vacío, sin tensión de mercado, se vería obligado a pagar este impuesto adicional. ¿Qué utilidad social tiene gravar en estas condiciones un activo que no tiene salida ni demanda? En definitiva, esta propuesta puede generar inseguridad jurídica y desincentivar la inversión, perjudicando sobre todo a pequeños propietarios en zonas rurales o con baja demanda, donde estas medidas no tienen sentido social ni efecto en los precios, ni impacto real sobre el mercado. En cuanto al resto de medidas, hay algunas que pueden compartirse con matices. Por ejemplo, coincidimos en eliminar las ventajas fiscales de las socimis porque la vivienda no puede ser tratada únicamente como un activo financiero. De hecho, en Euskadi no las tenemos ni tenemos estas ventajas. También apoyamos la supresión de la exención del IVA para los arrendamientos turísticos de corta duración, ya que esas estancias generan presión sobre el mercado residencial. Sin embargo, no entendemos por qué la medida se limita a municipios de más de diez mil habitantes, cuando el problema turístico también afecta a localidades costeras más pequeñas. Tampoco tiene sentido que el alquiler temporal se grave con un IVA superior al de los hoteles, puesto que son actividades económicas comparables. Respecto a la propuesta de aplicar un IVA reducido a la compra de vivienda para jóvenes menores de treinta y cinco años, la medida puede ser positiva, pero insuficiente por sí sola. En comunidades como Euskadi ya se han adoptado reformas fiscales ambiciosas que van más allá. Se ha potenciado el alquiler asequible con bonificaciones del 70 % para quienes arrendan a través de programas públicos, deducciones del 35 % para jóvenes inquilinos o deducciones del 23 % en la compra de vivienda habitual para menores de 36 años, además de beneficios por rehabilitación protegida. Son medidas que fomentan el acceso y premian el alquiler asequible. Por cierto, también tengo que decir que algunos grupos como Bildu o el Grupo Popular se opusieron a estas iniciativas, pese a que son políticas que directamente ayudan a los jóvenes, a las familias y a los colectivos vulnerables. Como decíamos, la fiscalidad es solo una parte de la solución. Sin disponibilidad de suelo y sin agilidad urbanística, ningún impuesto o bonificación resolverá el problema, porque la raíz de la crisis de la vivienda es ante todo una cuestión de oferta insuficiente. Aquí es donde creemos que fallan las estrategias de los últimos años. Se legisla con fines mediáticos, se anuncian ayudas y límites, pero no se aborda la raíz estructural. La ley de vivienda estatal impulsada y luego recurrida por algunos grupos que la apoyaron ―que hoy proponen nuevas medidas― es el mejor ejemplo. Lejos de facilitar el acceso, ha reducido la oferta y genera desconfianza entre los propietarios. Hoy hay menos pisos en alquiler y los precios siguen subiendo. La política de vivienda en España se ha convertido en una cadena de parches y anuncios, no hay una estrategia global, estable y previsible. Urgentzia politikotik arautzen da, ez plangintza teknikotik. Jabetza ugariei buruz berba egiten da, baina, egia esan, merkatua jabe txikiek osatzen dute. Eta hauek segurtasun juridiko, pizgarri edo hobari eta konfiantza handiagoa behar dute, eta ez susmorik edo zigorrik. Horregatik, batzarkideok, benetan eraginkorrak izan nahi badugu, lege berriak paraleloan aurkeztu baino gehiago, dagoeneko irekita dauden esparruak aprobetxatu beharko genituzke. Aldi baterako alokairuen legea, adibidez, proposamen zehatzak eta erabilgarriak sartzeko. Ez dugu lehia alderdikoi gehiagorik behar. Koherentzia, egonkortasuna eta koordinazioa baizik. Se legisla desde la urgencia política, no desde la planificación técnica. Se habla de grandes tenedores, pero, a decir verdad, se ignora que el mercado lo forman sobre todo los pequeños propietarios, que necesitan mayor seguridad jurídica, incentivos y confianza, y no sospechas ni penalizaciones. Por tanto, señorías, si de verdad queremos ser efectivos, en lugar de presentar nuevas leyes en paralelo, deberíamos aprovechar los marcos ya abiertos, como por ejemplo la futura ley de alquiler temporal, para incorporar propuestas concretas y útiles. No necesitamos más competencia partidista, sino coherencia, estabilidad y coordinación. El derecho a la vivienda no se garantiza con discursos ni gestos fiscales aislados, se garantiza con un marco estable, equilibrado, pactado y que combine justicia social, seguridad jurídica, incentivos reales con una política pública eficaz y adaptada al territorio. Solo así pasaremos de la retórica a los resultados y ofreceremos a la ciudadanía lo que verdaderamente espera, soluciones concretas, justas y posibles. Eskerrik asko.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidente. Señorías, suele decirse que cualquier pretexto es bueno para quien no quiere moverse, y esto es lo que siempre pasa cuando hablamos de vivienda en esta Cámara: siempre hay peros, siempre hay reparos ante cualquier iniciativa, siempre hay flecos que blindar o siempre hay incorrecciones técnicas que depurar para, en definitiva, seguir hablando y hablando, seguir utilizando la palabra y rompiéndonos el pecho ― con lo que nos importa la vivienda―, pero no hacer nada para impedir la situación actual. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa que hoy se ha traído aquí ―como hemos apoyado otras― porque es un paso, aunque no supongan el resultado perfecto para el gran problema, para la tormenta que están viviendo millones de personas en el Estado español, que no pueden acceder a una vivienda aunque lo desean. En definitiva, como dice la propia iniciativa en su exposición de motivos, tenemos que entender que quizás ya no estamos hablando siquiera de un problema estructural, porque problemas estructurales tienen todos los Estados, y de toda índole ―siempre hay problemas estructurales que acompañan la construcción o la evolución de una sociedad o de un Estado con diferentes Administraciones―, sino que nos encontramos con una emergencia habitacional. Sé que invocar esta palabra desde esta tribuna a algunas de sus señorías a veces les genera preocupación por aquello de que genera inestabilidad en el propio Estado, pero cómo si no se puede explicar la situación que viven millones de personas que buscan una vivienda y no la encuentran, que no pueden llegar a pagar lo que alguien quiere y determina que tienen que pagar por acceder a un techo, a un hogar. Esa es una situación de emergencia habitacional. Y bien haría este Gobierno en tener la celeridad que ha tenido para con otras circunstancias, y tomar las medidas que la propia Constitución española le permite ―y algunas son muchísimo más extremas que las que vienen en esta iniciativa― para abordar una emergencia, en este caso habitacional. Quizás tenemos que entender que llevamos tiempo, si no décadas, monetizando las necesidades básicas de las personas, midiendo en dinero lo que las personas necesitan, haciendo del aumento de la rentabilidad un factor fundamental sobre las necesidades, las urgencias y las carencias en la vida de las personas. También sería importante que entendiéramos cómo hemos llegado hasta aquí, y lo hemos hecho por la especulación inmobiliaria. De la burbuja financiera nació la especulación del rentismo, y ahí se ha movido esta sociedad. Probablemente, los poderes públicos ―todos, de uno u otro color, de una u otra escala: municipal, autonómica o estatal― han hecho poco o han mirado para otro lado. Estamos aquí porque se ha buscado la rentabilidad en el ladrillo, como se busca en el oro, como valor refugio, como valor seguro, pero deben tener una cosa muy clara quienes así lo hacen: el suelo sobre el que edificar viviendas no se puede producir en cadena, no se puede producir en una factoría, no se puede multiplicar. El suelo es el que es y está donde está y eso hace que todavía sea más difícil para la gente acceder. Estamos así porque, tras el estallido de la burbuja financiera de 2008, alguna gente vio que las viviendas y los alojamientos turísticos ―como se ha dicho ya, la mayoría ilegales― eran una buena solución para aumentar sus recursos económicos; en definitiva, una invitación, un pase VIP para entrar en el mercado libre en que operaban las grandes plataformas y para hacerles partícipes del negocio de la monetización de las vidas. Y estamos aquí también por la dejación de muchas Administraciones a la hora de construir, conseguir, cooptar y retener vivienda pública. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo ello? Pues una mayor gentrificación, barrios sin vecinos, barrios como decorado para turistas. Y sin vecinos no hay vida ni comercio en los barrios, y no hay una realidad social mallada que permita que la gente se identifique y se reconozca de un lugar. Estamos así y como consecuencia de eso tenemos mayor precariedad residencial, y créanme que precariedad residencial es la expresión más suave y sutil que puedo emplear para pensar en toda la gente que tiene que compartir piso a determinadas edades con otras gentes, que tiene que compartir una modesta o mísera habitación. Y otra consecuencia es la imposibilidad de acceder a una vivienda para millones de personas, porque les hemos hecho creer y les hemos inoculado que jamás van a poder tener una vivienda. No se trata de un diagnóstico severo o de un diagnóstico de parte. Si agarramos los datos del Consejo General del Notariado, que por su propia función entenderán que es poco dado a ser parcial o a estar escorado hacia algunas de las posiciones políticas de este debate, entenderemos mejor las cosas. El Consejo General del Notariado dice que en 2007 la edad media de la gente que accedía a la compraventa de viviendas era de 40 años; y en 2025, de 47 años. Para que se entienda mejor este dato, en el año 2007, de entre todas las personas que compraban vivienda, las que estaban en el rango de edad entre 18 y 30 años eran el 22,53 %, casi casi una de cada cuatro personas; ahora son el 9,55 %, no llegan a una de cada diez personas. En el año 2007, las personas extranjeras, residentes o no, que compraban una vivienda eran el 7,5 %; ahora son el 20,3 %. Normalizar esta situación es hipotecar a toda la sociedad y generar un riesgo de convivencia, es generar un abismo de fractura social. Seguir apoyando a las sociedades inversoras y los usos turísticos de la vivienda es ir, indudablemente, a peor. Por eso, nosotros estamos de acuerdo con las cuatro situaciones que se plantean en esta proposición de ley. Estamos de acuerdo con eliminar los beneficios a las socimis. Estamos de acuerdo con el impuesto sobre la acumulación de viviendas a partir de la tercera vivienda. Y podríamos ir mucho más allá. Desde luego, esto va en la dirección contraria de lo que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, cuando puso alfombra roja a BlackRock, diciéndole que Madrid, como si fuera Eurovegas ―o porque quieren que sea el nuevo Eurovegas o Chinovegas―, podría ser esa alfombra roja sobre la que desplegar toda su potencia las sociedades de inversión. Creemos también que hay que aumentar el IBI. De hecho, muchos ayuntamientos gobernados por Euskal Herria Bildu, lo vienen haciendo desde hace tiempo para todas las personas que tienen viviendas y no quieren alquilarlas porque no son viviendas habituales. Y eso va en contra de lo que, como se ha dicho ya, aprobó la Asamblea de Madrid el otro día, cuando decidió no reducir el impuesto de transmisión patrimonial para quienes accedan a una vivienda para residir y no aumentárselo a quienes las quieren para especular, y lo que impidió que eso saliera así fue el voto del PP y de VOX. Y estamos también de acuerdo con favorecer el acceso a la vivienda para jóvenes. En definitiva y para ajustarme al tiempo, seguramente sus señorías habrán oído en más de una ocasión aquello de invertir en ladrillo. Esta no es una expresión nueva, es una expresión que todos y todas hemos oído desde la niñez, que el valor de invertir en ladrillo era un valor seguro. Hoy en día los ladrillos se han convertido en arma arrojadiza contra los inquilinos. Hoy en día los rentistas ya no son solo los grandes fondos de inversión, sino muchas gentes con bastantes viviendas que han decidido que pueden vivir a costa del sacrificio y de las penurias de muchísima gente. Y eso no es decente, no es digno y no es justo en una sociedad que se quiere libre, equilibrada e igualitaria. Besterik ez. Mila esker. Nada más. Muchas gracias. .

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies. Bona tarda. Avui tornem a parlar d’habitatge i quan ho fem parlem del que és probablement el principal fracàs de les polítiques públiques socialistes dels darrers anys. Un fracàs que no és fruit de l’atzar, sinó d’una improvisació continuada i d’una absoluta manca d’estratègia. Ens han atipat d’anuncis i d’ocurrències, però la realitat és tossuda. l’Habitatge és més inaccessible avui que ahir. Només cal buscar pis per comprovar-ho. Si volen ser honestos amb la gent això ho haurien de dir. En primer lloc, caldria constatar el desori legislatiu en què vivim. Aquests darrers anys entre l’Estat i Catalunya, els ciutadans hem patit una inflació normativa inèdita. Això no és política pública. Això és una muntanya russa legislativa. Cada sis mesos un canvi. Nova definició de gran tenidor, nou criteri de zona tensada, nou impost. Tot plegat és incompatible amb l’estabilitat i en un panorama d’inestabilitat qui s’hi mou com peix a l’aigua? Els grans fons que poden permetre’s equips jurídics potents. I qui queda completament desprotegit és el petit propietari, que veu com les regles del joc canvien cada cop que intenta posar un habitatge a lloguer. I és legítim preguntar-se tot aquest desori ha servit per resoldre el problema? O ja poden assumir que tanta inseguretat jurídica està reduint encara més l’oferta i mantenint els preus desorbitats? En segon lloc, he de denunciar la criminalització del propietari que s’usa com a arma política. El populisme ha instal·lat un relat que diu que qualsevol persona que tingui un pis i el posi a lloguer és un especulador. I no, això no és veritat. L’especulador persegueix beneficis immediats i ràpids, sense preocupar-se en absolut del seu impacte en l’humà, en allò social. I aquests no són els petits propietaris ni les famílies que han estalviat tota la vida, ni la gent que compra un habitatge i el posa a llogar per ajudar o complementar la seva renda o, més endavant, la seva pensió. Aquest relat només ha servit per generar hostilitat, confusió i molta por. I, sobretot, i el més important, que no ha creat ni un sol habitatge nou. Traslladar els veïns i els petits arrendadors les responsabilitats socials i d’habitatge que correspondrien a l’administració és el símptoma més clar d’un govern absolutament impotent. En tercer lloc, les dades desmunten els darrers relats triomfalistes. Durant mesos se’ns ha dit aquí mateix que la regulació i la contenció de rendes funcionen. Però aquesta setmana, finalment, s’han publicat les dades del Departament d’Habitatge i què ens diuen? Que el segon trimestre del 2025 han disminuït substancialment els contractes de lloguer i han augmentat el preu de lloguer a tot arreu de Catalunya. Tot això mentre el Govern Sánchez i el Govern Illa i els seus socis insistien que la situació millorava a Catalunya. Els governs no poden amagar les dades ni retardar-les deliberadament. Han de retre comptes de forma honesta i no enganyar. La ciutadania té dret a saber el resultat nefast de les polítiques que els socialistes i comuns estan implementant. En quart lloc, el parc públic continua sent la gran assignatura pendent. Sense un parc públic robust, cap política de lloguer funcionarà. Sense un parc públic no es poden modular els preus. Sense el parc públic no es poden protegir ni les famílies ni els joves. Sense parc públic qualsevol mesura és cosmètica. Com cosmètica era la mesura dels comuns a l’Ajuntament de Barcelona, amb la reserva del 30 % per a habitatge protegit que havia de generar centenars d’habitatges cada any, però el resultat ha estat testimonial: només 31 des del 2018. Ja ho veuen, la distància entre el populisme i la realitat és immensament gran. I arribem a la proposta d’avui. Nosaltres tenim dubtes seriosos que amb aquesta llei es posarà, com diuen, fi a l’acumulació especulativa i a l’expulsió veïnal. Un impost sobre la tercera vivenda frenarà l’acumulació especulativa real? Els grans actors, els que concentren desenes i desenes d’habitatges i operen a través de múltiples societats, s’adaptaran fàcilment i esquivaran aquesta mesura i això ho sabem tots. En canvi, si acabarà afectant sobretot als ciutadans que volen comprar un pis per destinar-lo a lloguer, és a dir, precisament els que no són especuladors. En segon lloc, també ens preocupa que aquesta proposta parteix d’un diagnòstic incomplet. L’expulsió veïnal no passa perquè una persona tingui tres pisos, passa pels preus excessius provocats per una enorme pressió en la demanda, dèficit d›oferta, inseguretat jurídica que encara es redueix més. I, sobretot, per la inexistència d’un parc públic mínimament robust. Temem que un impost no resolgui cap d’aquests factors de fons. I, finalment, també tenim recels respecte al tractament que es proposa per a totes les SOCIMIS per igual. No totes operen igual. Algunes, com primero OAC, per exemple, de fet fan exactament tot el que tots voldríem que es fes. Lloguer assequible, rehabilitacions profundes, habitatge temporal per a persones amb extrema fragilitat. Eliminar incentius de manera indiscriminada pot tenir un efecte indesitjat. Expulsar inversors que sí estan disposats a contribuir al lloguer assequible, mentre que els grans especuladors, els que especulen de veritat, no en surtin especialment afectats. I ho hem dit moltes vegades, moltes. Si no hi ha arrendadors, no hi haurà llogaters. Mirin, aquesta proposta arriba una setmana després que Podemos proposés reduir el 40 % del preu de tots els lloguers per llei. I segur que una setmana abans d’un nou anunci de mesures estridents i impossibles. L’habitatge s’ha acabat convertint en una competició de populisme, de titulars, aprofitant-se de la bona fe de la gent que necessita pis i se li generen unes expectatives de solució que mai no arriben. Dit això, celebrem que es reculli la nostra proposta també fa temps d’ajudar els joves a accedir a la compra amb mesures fiscals favorables, amb algun canvi, cert, però ho veiem útil per a la gent. La resta no tant. I és que és precisament per a la gent que hem de treballar amb rigor. Donar estabilitat jurídica, posar incentius que fomentin l’oferta, construir el parc públic real, planificar a llarg termini, mobilitzar habitatge cap al lloguer assequible. No espantar-lo i, sobretot, que el respecte. Respecte als joves que busquen pis, a les famílies que volen estabilitat, els petits propietaris que només volen aportar habitatge al mercat sense ser tractat de delinqüents, No es pot governar l’habitatge a cop d’impost ni de titular. No es pot confondre acumulació especulativa en qualsevol propietari. No es pot castigar a qui vol ampliar l’oferta i no es pot fer veure que una acumulació de lleis substituirà el que només es pot resoldre amb una acumulació sostinguda i decidida del parc públic. Perquè l’habitatge és sobretot, una qüestió de vida, de vida quotidiana, de vida familiar, de vida futura. I si la política no serveix per millorar això, de res serveix. Moltes gràcies. Muchas gracias, buenas tardes. Hoy volvemos a hablar de vivienda y, cuando lo hacemos, hablamos de lo que es probablemente el principal fracaso de las políticas públicas socialistas de los últimos años. Un fracaso que no es fruto del azar, sino de una improvisación continuada y de una absoluta falta de estrategia. Nos han hartado de denuncias y ocurrencias, pero lo que ocurre es que la vivienda es más inaccesible hoy que antes. Solo hay que buscar piso para comprobarlo. Si quieren ser honestos con la gente, tienen que decir eso. En primer lugar, hay que constatar el desorden legislativo en el que vivimos en estos últimos años. Entre Cataluña y España hemos tenido una inflación inédita. Es una montaña rusa legislativa. No es política pública. Cada seis meses un cambio: nueva definición de gran tenedor y de zona tensionada, nuevo impuesto... Todo incompatible con la estabilidad. En un panorama de inestabilidad, ¿quién se mueve como pez en el agua? Pues los grandes fondos, que pueden permitirse equipos jurídicos potentes. Y queda completamente desprotegido el pequeño propietario, que ve cómo las normas de juego cambian cada vez que trata de poner en alquiler una vivienda. ¿Y todo este caos ha servido para resolver el problema o ya pueden asumir que tanta inseguridad jurídica está agravando el problema de los precios desorbitados y la falta de vivienda? En segundo lugar, hay que acabar con la criminalización del propietario, que se usa como arma política. El populismo ha instalado un relato que dice que cualquier persona que pone un piso que tiene en alquiler es un especulador, y no es verdad. El especulador busca beneficios inmediatos y rápidos, sin preocuparse en absoluto de su impacto humano ni social, y estos no son los pequeños propietarios ni las familias que han ahorrado toda la vida ni la gente que compra una vivienda y la pone en alquiler para complementar su renta o su pensión. Este relato solo ha servido para generar hostilidad, confusión y mucho miedo, y, sobre todo, y más importante, no ha creado ni una sola vivienda nueva. Trasladar a los vecinos y pequeños arrendadores las responsabilidades sociales y de vivienda, que corresponderían a la Administración, es el síntoma más claro de un Gobierno absolutamente impotente. En tercer lugar, los datos desmontan sus últimos relatos triunfalistas. Durante meses se nos ha dicho aquí mismo que la regulación y la contención de alquileres funcionan, pero esta semana, por fin, se han publicado los datos del departamento de vivienda. ¿Y qué nos dicen? Que en el segundo trimestre de 2025 han disminuido sustancialmente los contratos de alquiler y que ha aumentado el precio de alquiler en toda Cataluña. Todo eso mientras el Gobierno Sánchez y el Gobierno Illa y sus socios insistían en que la situación mejoraba en Cataluña. Los Gobiernos no pueden esconder los datos ni retrasarlos deliberadamente. Hay que rendir cuentas de forma honesta y no engañar. La ciudadanía tiene derecho a saber el resultado nefasto de las políticas que los socialistas y los comunes están implementando. En cuarto lugar, el parque público sigue siendo la gran asignatura pendiente. Sin este parque público robusto, ninguna política de alquiler funcionará, no se podrán modular los precios, no se podrá proteger ni a las familias ni a los jóvenes. Sin parque público, cualquier medida es cosmética, como era cosmética la medida de los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona, con la reserva del 30 % para vivienda pública. Tenían que generar miles de viviendas cada año, pero treinta y una ha sido el resultado testimonial desde el 2018. Ya lo ven, la distancia entre el populismo y la realidad es inmensamente grande. Y llegamos a la propuesta de hoy. Nosotros tenemos dudas serias de que esta ley vaya a hacer frente a la especulación y a la expulsión vecinal. ¿Un impuesto en la segunda vivienda realmente va a poner fin a la especulación real? Los grandes actores acumulan decenas y decenas de viviendas, y se esconden en sociedades, y van a esquivar esta medida. Lo saben todos. En cambio, sí va a afectar sobre todo a los ciudadanos que quieren comprar un piso para ponerlo en alquiler, precisamente a los que no son especuladores. Por otro lado, también nos preocupa que esta propuesta parte de un diagnóstico incompleto. La expulsión vecinal no pasa por que una persona tenga tres pisos. Pasa por los precios excesivos provocados por una enorme presión de demanda, déficit e inseguridad jurídica que reduce todavía más la demanda, y por la inexistencia de un parque público mínimamente robusto. Además, no creemos que un impuesto resuelva ninguno de estos factores de fondo. Y también tenemos reservas en cuanto al trato por igual a todas las socimis. No todas operan igual. Algunas, como Primero H, por ejemplo, hacen lo que todos querríamos que se hiciera: alquiler asequible, rehabilitación profunda o alquiler temporal para personas muy vulnerables. Eliminar incentivos de forma indiscriminada puede tener un efecto indeseado, como expulsar a inversores que sí están dispuestos a contribuir al alquiler asequible, mientras que los grandes especuladores, los reales, no se ven verdaderamente afectados. Lo hemos dicho muchas veces, si no hay arrendadores, no habrá arrendatarios. Esta propuesta llega una semana después de que Podemos propusiera un 40 % de reducción de los alquileres por ley y después de unas semanas de anuncios de medidas estridentes imposibles. La vivienda ha terminado por convertirse en una competición del populismo de titulares, aprovechándose de la buena fe de las personas que necesitan pisos y creando una expectativa de solución que nunca llega. Queremos que se recoja nuestra propuesta de ayudar a los jóvenes para acceder a una vivienda. El resto de las medidas no las vemos tan factibles. Precisamente por la gente tenemos que trabajar con rigor y con estabilidad jurídica, dando incentivos que impulsen la oferta, construyendo un parque público real, movilizando la vivienda para el alquiler asequible, no espantándola, y sobre todo hay que tener respeto a los jóvenes y a las familias que buscan estabilidad y que buscan piso, y a los pequeños propietarios que solo quieren aportar vivienda al mercado sin que se los trate como a delincuentes. No se puede sobrecargar la vivienda con impuestos para titulares, no se puede convertir en especulador a cualquier propietario, no se puede castigar a quien quiera ampliar la oferta y no se puede hacer ver que una acumulación de leyes sustituirá lo que solo se puede resolver con una ampliación sostenida del parque público. Porque la vivienda es el sostén de la vida cotidiana, familiar y futura, y si la política no sirve para mejorar eso, no servirá de nada. Muchas gracias.

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

Moltes gràcies, senyor president. En la calle como en esta Cámara existe un consenso unánime: que la vivienda es el principal problema de la ciudadanía. En cambio, hay un mito enorme y dos fábulas que hacen imposible que lleguemos a acuerdos para resolver el problemón de la vivienda. El mito es que en España faltan casas y por eso se disparan los precios. Es falso. Hagan memoria: en la primera década de los 2000, España construyó más que Italia, Francia, Alemania y Reino Unido juntos, y jamás bajaron los precios. Señorías, no tenemos un problema de escasez, tenemos un problema de secuestro de la vivienda. Hoy en España hay más de medio millón de casas que han dejado de ser para vivir para convertirse en un negocio, el de los apartamentos turísticos. Pero, además, hoy en España hay, según los datos oficiales, 3,8 millones de casas vacías. Rápidamente alguien dirá: están en muy mal estado. Bien, hagamos un plan de rehabilitación. Pero habrá quien conteste muy rápidamente: es que ahí nadie quiere vivir. Vamos a ser honestos, esto es más complejo y, por eso, todas las Administraciones públicas tenemos la obligación de garantizar servicios y transporte públicos para que cualquier persona pueda vivir, independientemente del tamaño de su ciudad. Pero también es cierto que hoy, en 2025, el 7,5 % de las casas en las ciudades de más de 250 000 habitantes siguen vacías. De hecho, incluso hay stock de obra nueva en grandes ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona. Estupendo, señorías, ya hemos llegado al acuerdo de que no es un problema de falta de casas y que hay que dejar atrás las ansias por urbanizar, la cultura de pelotazos y de asfixiar más todavía a las ciudades. Ahora vamos a deconstruir dos fábulas. La primera es la fábula de la realidad intergeneracional, que es aquella que dice que el problema de la vivienda son los boomers, es decir, los pensionistas y jubilados que se pasean por Benidorm. Ya les digo yo que no. Es verdad que es una fábula que funciona y convence fácilmente porque cualquiera puede ver en su familia cómo sus padres o sus abuelos tuvieron más fácil poder comprar una vivienda. Pero, señorías, es falso que sean nuestros mayores quienes devoran a la juventud; son los rentistas. Por otro lado, está la fábula racista, con una oratoria brillante del señor Hernández Quero, que señala a la inmigración masiva, currantes la mayoría. Pero ¡cuidado!, para que la fábula funcione bien, deben tener un discurso valiente, como el del señor Hernández Quero, que dice que el problema también son las grandes fortunas y los fondos buitre. Eso sí, solo los extranjeros. Mire, señor Hernández Quero, usted tiene una oportunidad brillante para ver si efectivamente es un verso suelto o es una persona que representa a su partido. Hoy, el Partido Popular y VOX están negociando en Valencia quién va a ser el sustituto del impresentable señor Mazón. ¿Nos hacemos una apuesta a ver cuántas medidas a favor de la vivienda pública, de calidad, asequible y barata hay en ese acuerdo? Ya le digo yo que pocas. En cambio, seguro que hay muchas propuestas para que los blancos y los negros estén separados para donar sangre, para ir en contra del Pacto Verde Europeo o para negar la violencia machista. Efectivamente, dos fábulas. La culpa es intergeneracional, de los mayores, o la culpa es de los inmigrantes, la fábula racista. Pero nunca, jamás es culpa del sistema. La culpa nunca es de Ana Patricia Botín, de los fondos buitre y de los grandes patrimonios. Señorías, el problema de la vivienda en España es que el año pasado el 56 % de las casas ―en el caso del país valenciano siete de cada diez― se pagan a tocateja, mientras que la mayoría de los inquilinos destinan más de la mitad de su sueldo a poder pagar el alquiler. Señorías, el problema de la vivienda en España es que el año pasado el 44 % de las casas fueron compradas por multipropietarios de más de ocho viviendas y que un 8 % ―en el cas d’Alacant, un 35 %― fueron compradas por población no residente, es decir, que ni vive ni trabaja en España. El problema, señorías, es que mientras hay quien tiene más casas que días tiene la semana, hay quien no puede emanciparse, separarse de su maltratador o tiene que conformarse, como el brillante anuncio de la ministra, con compartir piso con más de 60 años. El problema es que mientras dejemos que los fondos buitre compren edificios enteros, habrá desahucios, y aquí y en la televisión destinaremos más tiempo a la fantasía de los unicornios llamada okupación. La proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya és sensata y de sentido común. Allí li direu «amb seny», nosaltres li direm «amb trellat». La propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña es sensata y de sentido común. Nosotros votaremos a favor. Tiene razón la señora Madrenas, es verdad que la política fiscal siempre puede perjudicar un poquito más a los que les va bien que a los que les va muy bien. Por tanto, la solución podría ser directamente prohibir la compra especulativa. Estoy convencido de que entonces Junts estará de acuerdo. Y es que, en España, señorías, solo un 4 % de la población ―un 4 %, repito― tiene más de tres viviendas. Dicho de otra forma, la propuesta que hoy trae aquí Esquerra Republicana de Catalunya es una propuesta a favor del 96 % de la población catalana, señora Madrenas. Por tanto, muy importante para Cataluña, pero también para el resto de los territorios. Por consiguiente, es una propuesta imprescindible. El 4 % frente al 96 %. Achicharrémosles a impuestos. . Decidimos hoy con esta proposición de ley una cosa sencilla: ¿aquella gente que gana dinero mientras duerme tiene que pagar más impuestos que aquella gente que no puede dormir porque, a pesar de estar trabajando horas y horas, no puede pagar el alquiler? ¿Sí o no? Y esto no es populismo, es realidad. Así que, señorías, si ustedes no quieren que la única solución sea expropiación o dictadura, más les vale ponerse las pilas y hacer que esto funcione un poco, porque a la gente se le termina la paciencia. Termino, señor presidente. Para quien los datos no le gustan o quiere manipularlos, les voy a contar la historia breve de dos personas de Valencia. El domingo por la noche, con el cielo diluviando sobre Valencia, alguien volvió a llamar al timbre. Una mujer empapada explicó que había visto un anuncio en Internet que decía que ahí se vendía un piso de okupas. Al otro lado, un matrimonio de jubilados temblaba en silencio. No era la primera visita y sabían que no iba a ser la última. Antonio y Valeria, de 75 y 73 años, tienen un papel que les dice que pueden permanecer en su piso hasta 2028 gracias a la moratoria que aprobó este Congreso.

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

Termino, señor presidente. Pero la casa fue comprada por un fondo buitre, Cerberus, que ha colocado su piso para que la gente lo pueda comprar con ellos dentro. Este problema no les preocupa, pero es la realidad de las gentes, de la gente mayor de nuestros barrios. Por tanto, pido que podamos hoy decir que la política sirve para algo y que aquellos que tienen mucho aporten un poquito más. Moltes gràcies. .

Carlos Hernández Quero VOX

Gracias, señor presidente. Señor Rufián, si yo fuera del PSOE estaría aquí riéndole las gracias, dorándole la píldora y prometiendo una millonada de viviendas que nunca pensara entregar, pero como no lo soy, no estoy haciendo eso. . Y no es que aquí nos haya dado por caer en el tema de la vivienda de forma repentina. Yo llevo diez años hablando de vivienda, también en la academia; diez años. Usted hace diez años estaba inventándose una patria imaginaria para no pagar la beca comedor a sus primos de Jaén. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. . Es más, en ese momento, el señor Ortega Smith, al que usted también ha denostado hoy, estaba precisamente liderando la acusación popular contra los golpistas que usted estaba comandando. . Pero vamos al asunto. Cada cierto tiempo, Esquerra aparece en esta Cámara con el ánimo de lavar su conciencia y buscar absolución por los males que ellos mismos han generado. En esta ocasión, traen una proposición de ley sobre vivienda porque hasta los guionistas de las peores películas de terror acaban sintiendo miedo de su producto. Y es normal, es normal. Uno mira el país que nos ha dejado el bloque de la precariedad, el bloque de la miseria y el bloque del desarraigo, el bloque del que orgullosamente forma parte Esquerra Republicana, y es difícil no sentir pavor y pánico; es difícil no sentir escalofríos. Causa tanto horror mirar la realidad que Esquerra Republicana ha contribuido a engendrar, digámoslo de forma generosa, que ahora su partido parece decidido a hacer un giro de guion y anda a la búsqueda de un final feliz para la película. El título ya lo tienen: Una familia, una casa. Así lo determinó usted aquí hace unas semanas, así lo ha dicho en la tournée televisiva que le han preparado a tal efecto por platós y late nights y así lo ha dicho también esta misma tarde: una familia, una casa. Una familia, una casa. ¿Quién no suscribiría eso? Yo lo suscribo. Cualquiera de nosotros lo suscribiría. Cualquiera de los que nos están viendo lo suscribiría: una familia, una casa. La cuestión es que desde que hicieron el anuncio, algunos estábamos esperando a ver cómo se podía concretar la fórmula para llegar a ese: una familia, una casa. Y la fórmula es esta proposición de ley que es, tanto en la forma como en el fondo, un poco chapucera. . Es un despropósito en la forma porque ya la propia redacción delata a sus autores. Todo son oraciones impersonales y pasivas: se ha producido una crisis de vivienda, la vivienda se ha convertido en inaccesible, se sufre una emergencia habitacional. Todo está escrito con un tono de distancia atroz, como si Esquerra Republicana no hubiera gobernado nunca ni un rellano. El señor Rufián pasaba por aquí cuando estábamos destrozando el mercado de la vivienda. Pasaba por aquí. Nunca ha tenido capacidad para condicionar lo que se escribe en el BOE. Nunca. El señor Rufián y sus compañeros pasaban por aquí y acababan de aterrizar de Marte recientemente. Pero con todo, lo peor no es esto. Lo peor es que estamos también ante una chapuza en el fondo, porque la proposición de ley no aborda ni una sola de las causas que están detrás de las dificultades de acceso a la vivienda en España. De hecho, no es que no las aborde, es que ni siquiera las roza; ni siquiera las roza. Lo que nos trae aquí es el chocolate del loro. Se entretienen con cuestiones secundarias y nos entretienen con cuestiones secundarias mientras ahí fuera se está cometiendo un crimen contra el presente y el futuro de la juventud española. Aunque por decirlo con la exigencia del lenguaje que yo le he pedido, no se está produciendo, están produciendo ustedes dicho crimen, porque el lenguaje importa. Está la iniciativa que da gusto verla. No hay ni una sola mención a nada de lo nuclear o del meollo del problema de la vivienda. Ni una palabra sobre el desequilibrio entre oferta y demanda. Ni una palabra sobre la escasez de vivienda que bloquea la emancipación de los jóvenes. Ni una palabra sobre cómo construimos algo que no sea propaganda o cuentos chinos. Ni una palabra sobre cómo hacer crecer el parque de vivienda protegida. Y no, el derecho de tanteo y retracto que tantas veces mencionan no es una forma para hacer crecer el parque de vivienda protegida del 2,5 al 10 en un año, como ustedes plantean. Ni una palabra tampoco sobre el desastre que han supuesto las regulaciones de los alquileres, con un desplome tal de la oferta que hemos condenado a rentas medias y bajas a vivir en el hacinamiento y en el piso compartido. Ni una palabra tampoco sobre cómo la inmigración masiva lleva a un auge desmedido de los precios de los arrendamientos. Lo decía el señor Ibáñez: es una cuestión aritmética. Da igual que sean de fuera o que sea su primo cuarto, el de Jaén. Más gente y menos casas, suben los precios. Más gente y menos casas, suben los precios. Más gente y menos casas, suben los precios. . Tampoco ni una sola palabra sobre cómo vamos a devolver oportunidades laborales a las ciudades medias, a las cabezas de comarca, a las ciudades intermedias, para que no se concentre toda la demanda de vivienda en tres, cuatro o cinco grandes polos. En definitiva, ni una sola palabra sobre nada que importe. Y no la hay porque, en verdad, sospecho que ustedes no tienen interés en solucionar absolutamente nada. Solo nos traen aquí un placebo fiscal para tratar de acallar la comprensible desesperación y rabia de la gente, de su gente también. Tal vez la iniciativa pueda ser audaz en términos de marketing, no lo sé, lo que sí sé es que es absolutamente estéril si uno aspira, como se ha dicho, a tener una familia, una casa. Es más, por entrar simplemente en una cuestión. Quieren frenar la concentración de vivienda en pocas manos y lo que se les ocurre es un impuesto complementario dentro del IVA a partir de la compra de tercera vivienda. Dentro del IVA, el impuesto que grava la obra nueva. En un país donde no hay obra nueva, el impuesto que ustedes quieren subir es justamente el que tiene que ver con la obra nueva, con aquello que no existe. . Es como tratar una neumonía con caramelos para la tos, señor Rufián; una neumonía con caramelos para la tos. La entrada masiva de fondos que compran de golpe muchas unidades, que calientan el mercado, que dificultan el acceso a la compra a clases medias y populares, se produce sobre todo en segunda mano. Segunda mano, impuesto sobre transmisiones patrimoniales. No tiene nada que ver con el IVA; impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Y en este asunto ustedes no dicen ni pío. Yo tengo una sospecha de por qué no dicen ni pío, tengo una sospecha. Tal vez es porque Esquerra Republicana fijó en Cataluña que el 10 % del ITP lo pagara por igual un fondo que tiene 500 000 viviendas o Iván y Julia, que quieren comprar su primera vivienda en Cornellà. Lo mismo el fondo que Iván y Julia. . Por eso ustedes aquí no hablan del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, porque se les cae la cara de vergüenza. Gracias a ustedes, los grandes de fuera han ido devorando lo que era la clase media en Cataluña. ¿Se arrepienten? Yo diría que de ninguna forma, porque es que ni siquiera a lo largo y ancho de toda la iniciativa hay una sola proposición, una sola mención a cómo favorecer que una familia del montón, que unos ciudadanos del montón, que Pérez y Sánchez y Gutiérrez puedan comprar más fácil de lo que compran los extranjeros, los fondos buitre y los ricos de todo el mundo. Ni una sola mención seria sobre cómo facilitar el pago de los impuestos, cómo eliminar el pago de impuestos a primera vivienda, cómo reducirlo, cómo diferirlo. Ni una sola mención al respecto. . Sinceramente, confunden el síntoma con la enfermedad. Pretender poner remedio a la cuestión habitacional con aliños fiscales, sin construir una sola casa, ya sea en el mercado libre, en el público…

Carlos Hernández Quero VOX

… sin crear un mercado de alquileres robusto y confiable y sin cerrar fronteras a cal y canto, puede servir para quedar bien ante los acérrimos, pero no sirve para tener una familia, una casa. Más aún, más que una familia, una casa, lo que ustedes proponen es un problema, una ocurrencia; un joven, una litera; una familia, una habitación; dos familias, una habitación; un precario, un banco del parque; una pareja, un exilio; y un fondo, muchas casas. No puede hablar de justicia social quien es el arquitecto de la injusticia que tenemos con la vivienda. Muchas gracias. .

Ignasi Conesa Coma PSC-PSOE

Gracias, presidente. Señor Hernández, señores de VOX, ¿a quién pretenden ustedes engañar? ¡Si son lo más antiguo que hay en este hemiciclo! Ustedes representan el plan del franquismo: que emigrasen millones de españoles mientras condenaban a los más pobres a chabolas; que, en este país, los especuladores del franquismo se forraran cobrando a precio de oro viviendas indignas. . Y ¿saben quiénes tuvieron que arreglar este desmán del franquismo? Los ayuntamientos democráticos. Fueron ellos los que arreglaron la situación. Lo preocupante es que cuanta más derecha, más dramática es la situación; pues si no es VOX, es el Partido Popular. Ustedes, señorías del PP, ¿para qué quieren las competencias si no las ejercen? No ejercen las competencias en Sanidad en Andalucía. No ejercen las competencias antiincendios en Castilla y León. Y no ejercen las competencias en emergencias en Valencia. . Porque en la España gobernada por el Partido Popular no se gobierna, solo se lamenta. En la España gobernada por ustedes se incumple la ley. Apliquen la ley de vivienda de una vez. . Permitan que los alquileres bajen, que las zonas tensionadas se protejan y que los más vulnerables tengan derecho a vivir. Porque ustedes, señorías del Grupo Popular, tienen un objetivo: cargarse un derecho básico si ustedes no son los que ganan. Y somos diferentes, ¡claro que somos diferentes! Porque este Gobierno sabe poner en práctica políticas efectivas de vivienda. Es este Gobierno el que ha permitido la primera ley de vivienda; el que ha multiplicado por ocho —¡por ocho!— los recursos públicos; el que ha creado la empresa estatal de vivienda; el que ha eliminado las Golden Visa; el que ha regulado los pisos turísticos; el que ha puesto en marcha el Plan Estatal de Vivienda. ¡Es este Gobierno el que ahora va a triplicar los recursos para las comunidades autónomas! También para las que gobiernan ustedes. . ¿Y cuál es el plan del Partido Popular? Lo que conocemos es su plan antiinmigrantes; y su plan para autónomos, que es una copia de lo que ya estaba en el BOE. Pero su plan de vivienda no es otro que el de los fondos buitre, la especulación y rescatar a los bancos. Es el mismo plan que el de sus socios de VOX. Porque cuando VOX negocia con el Partido Popular, ¿qué negocia?, ¿qué negocia?, ¿qué están negociando? Jamás, jamás ponen la vivienda encima de la mesa. La vivienda pública no les importa nada. Nada. . Son claros. ¿Cuáles son las prioridades de la ultraderecha? Todos lo sabemos: ocultar la violencia machista, coaccionar a las mujeres que abortan, arrinconar al colectivo LGTBI, implantar su racismo contra los inmigrantes (un señor diputado: Mentira), cargarse el medio ambiente, o relegar las lenguas oficiales. . Sí, sí, señores de ultraderecha, a eso se dedican. . Por eso pactan ustedes, claro, porque las señorías de la derecha no quieren hablar de vivienda. Su política es la que no existe, la que no se practica, la que deja al mercado actuar sin reglas. El capitalismo es el enemigo para la gente más vulnerable. Y ustedes son negacionistas de cualquier política que intervenga ante las injusticias. Lo vimos: niegan los aplausos a las víctimas, niegan sus responsabilidades en los cribados, niegan sus responsabilidades en los incendios, niegan los derechos humanos a quien viene a buscar una vida mejor y niegan que la vivienda sea un derecho. Pero es que el Partido Popular y VOX juntos son suelos sin control. Recuerdan lo de las grúas por todos lados y los amigos del negociete, ¿no? Grúas por todos lados y negociete. Es la destrucción de las zonas tensionadas. Su ejemplo es el Madrid de las barbaridades inmobiliarias. ¡Ese, ese es su ejemplo! Y además es que es una barbaridad, porque ustedes se proponen echar a la calle en cuarenta y ocho horas a una familia por tener un problema económico puntual para pagar su alquiler. ¡Es que es una barbaridad! . Porque ustedes — ustedes— son la política sin empatía, sin corazón y sin consideración. Y ocurre en cada crisis. En cada crisis, ¿qué pasa? Culpabilizan siempre a las víctimas. Ustedes no son responsables absolutamente de nada. Señorías, nosotros queremos cambiar el paradigma de la vivienda, lo estamos haciendo y no vamos a parar. Este Gobierno continúa con su nuevo plan estatal hasta 2030, con la regulación del alquiler de temporada para que no haya escapatorias en la ley, y con la construcción de vivienda pública para aumentar el parque nacional. Estamos de acuerdo con la mayoría de los grupos de esta Cámara, los que quieren una vida mejor para nuestros conciudadanos; estamos de acuerdo con ellos. Y algunas de las propuestas están en la línea de nuestras políticas, como la que ha presentado Esquerra Republicana. Les aseguro que por mucho que el Grupo Popular y VOX se opongan a todo y bloqueen, el futuro no lo van a poder parar. Muchas gracias. .

Raúl Cuevas Larrosa PP

Gracias, presidente. Señorías de Esquerra, ¿dónde están las líneas rojas, esas líneas rojas que dijeron no cruzar con la corrupción del Partido Socialista? ¡¿Dónde están?! . Ustedes son corresponsables de la corrupción y de los problemas de vivienda de este país. Ustedes mantienen un Gobierno que tiene una mayoría parlamentaria en contra. Señorías, hoy debatimos una nueva ocurrencia legislativa de Esquerra Republicana; una más de esa colección de propuestas ideológicas que el Gobierno de España aplaude y promueve, aunque destrocen lo poco que queda de sensatez en la política de vivienda. Nos traen una proposición de ley de medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria. Pero lo que realmente proponen es una subida masiva de impuestos, un nuevo castigo al esfuerzo, al ahorro y a la inversión de los españoles. . Señorías, ustedes deberían saber que los impuestos siempre siempre encarecen la vida de las familias. Señorías, nada de lo que en esta iniciativa se plantea solucionará el problema de acceso a la vivienda; todo lo contrario, lo agravará. Señorías, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, la vivienda era el decimosexto problema del país. Hoy, según el CIS, es el primero, señalado por un 30,4 % de los ciudadanos. En siete años, la preocupación se ha multiplicado por doce. No hay mejor prueba del fracaso rotundo de las políticas de este Gobierno y de sus socios. Y, señor Rufián, usted lleva aplaudiendo siete años las políticas de Sánchez. . España vive hoy una crisis habitacional sin precedentes. El Banco de España advierte de que el déficit residencial alcanzará las 700 000 viviendas en 2026, mientras el número de hogares crece a un ritmo de 225 000 anuales. Y ante esta realidad, el Gobierno responde con lo único que sabe hacer: impuestos, propaganda y culpables imaginarios. . Los precios se han disparado un 18 % en el último año y los alquileres alcanzan máximos históricos. Los jóvenes son los grandes damnificados, solo el 15 % puede emanciparse y la edad media para hacerlo supera ya los 40 años. La vivienda se ha convertido en un artículo de lujo y la izquierda sigue instalada en su discurso dogmático, ignorando la evidencia. La ley de vivienda de 2023 ―apoyada por el Gobierno y sus socios, los mismos que hoy presentan esta iniciativa― no ha frenado los precios ni ha aumentado la oferta. En Cataluña, donde más se ha aplicado, los precios han subido y la oferta se ha hundido. En Barcelona, por cada seis pisos de alquiler que había antes de la pandemia, hoy solo queda uno. La inseguridad jurídica ha expulsado las viviendas del mercado, castigando a las clases medias y a los jóvenes. A esta ley fallida se suma una gestión económica escandalosa. En 2024, el Gobierno solo ejecutó el 32 % del presupuesto, dejó sin gastar 2800 millones de euros (una señora diputada: ¡Qué barbaridad!), y en 2025, hasta junio, solo ha ejecutado el 5,3 %. Hoy nos hemos enterado de que el Gobierno apenas ha ejecutado el 6,6 % de los fondos europeos destinados a vivienda. . El Gobierno anunció 7000 millones más para el plan de vivienda y ahora resulta que sin presupuestos no se pueden ampliar las partidas destinadas a vivienda. . Señorías, mientras miles de familias no pueden pagar un alquiler o una hipoteca, el dinero se queda guardado en los cajones del ministerio, junto con nuestras proposiciones de ley de vivienda y antiokupación, congeladas por la señora Armengol, con veintidós y sesenta y cinco ampliaciones. . Eso no es política social, es desidia política y, lo más grave, la ocupación ilegal crece sin control. Más de 100 000 viviendas están okupadas, hay un 34 % más de denuncias desde que Sánchez llegó al poder. Los únicos beneficiados por sus leyes son los okupas y no los españoles que cumplen la ley. Señorías, frente a esta realidad dramática, Esquerra nos trae hoy una proposición para crear más impuestos, para penalizar la propiedad privada y para castigar a quienes invierten o ahorran. Quieren eliminar los beneficios fiscales de las socimis, crear un nuevo impuesto a la acumulación de bienes inmuebles y permitir recargos del IBI de hasta el cien por cien. Lo disfrazan de medidas contra la especulación, pero es populismo fiscal en estado puro. Mientras, el Gobierno de Sánchez no construye viviendas. Sánchez es el arquitecto de las excusas, porque no gobiernan, se dejan gobernar, y esa sumisión constante es impropia de un partido que debería ofrecer confianza y estabilidad. Señorías, el Partido Popular sí tiene un proyecto de vivienda serio y realista. Un plan presentado por el presidente Feijóo, consensuado con el sector y con la mayoría de las comunidades autónomas. Un plan que apuesta por aumentar la oferta, garantizar la seguridad jurídica, impulsar la vivienda asequible y combatir la ocupación ilegal. Frente al intervencionismo y el castigo, ofrecemos estabilidad, confianza y gestión. . Frente a la ideología, eficacia; frente al populismo fiscal, responsabilidad; y frente a este Gobierno agotado, dividido y sometido, ¡aquí está el Partido Popular, la única alternativa que España necesita para garantizar el derecho a una vivienda digna! Muchas gracias. .

Francisco Javier Ortega Smith-Molina VOX

Presidente, apelo a la Presidencia de acuerdo al artículo 71.1 del Reglamento, porque el proponente de esta iniciativa, que acaba de terminar ―he querido esperar hasta el final―, se ha dirigido a mi persona faltándome al respeto. .

Francisco Javier Ortega Smith-Molina VOX

Muchas gracias, presidente. El diputado Rufián — tanto monta, monta tanto— se ha dirigido a este diputado diciendo que es un salvaje. Tengo que aclararle que salvaje es el partido que él representa y sus correligionarios…

Francisco Javier Ortega Smith-Molina VOX

La ofensa es dirigirse a un diputado que no estaba interviniendo y llamarle salvaje. Por tanto, yo lo que quiero añadir es que el diputado que lo estaba haciendo es el que en su actuación permanente y la de su partido actúa como salvaje… .

María Jesús Moro Almaraz PP

Gracias, presidente. Buenas tardes. Hace casi un año, esta Cámara aprobó definitivamente el texto de la Ley de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Entre otros temas trascendentales para la agilización de la justicia y una nueva organización de los tribunales, se regulan los medios adecuados o alternativos de solución de controversias y, con ello, la obligatoriedad de acreditar haber intentado solucionar el conflicto a través de una de estas vías de la ley, conocidas ya como los MASC, antes de la presentación de la demanda civil o de la demanda mercantil, salvo en algunas concretas excepciones, es decir, la regulación de un requisito de procedibilidad. Caos, desconcierto e inseguridad jurídica a un año casi de aprobación de la ley de eficiencia, en plena implantación de una organización nueva en los tribunales de instancia, es la valoración que hacen los profesionales de la justicia allá donde vayas. Desde el 3 de abril en que la ley entra en vigor a estos efectos, las críticas de los profesionales no han hecho más que incrementarse. La acumulación de miles de demandas, unas 90 000 solo entre Madrid y Barcelona, que se presentaron antes del día 3 de abril para eludir ese requisito, provocó el primer atasco y mucho desasosiego. La inexistencia de claridad en su ejecución y de criterio común en todos los órganos que integran el Poder Judicial ha abierto un tortuoso camino, un laberinto procesal, lo denominan algunos de los operadores jurídicos, con importantes consecuencias para los ciudadanos y para todos los profesionales de la justicia, porque la colapsa aún más y porque bloquea incluso el acceso a esta. Los colegios de abogados de Madrid y Barcelona, la mayoría de los colegios de procuradores, el Consejo de la Abogacía, jueces y especialistas en derecho de familia, entre otros, vienen reclamando claridad, seguridad con la unificación de criterios y una modificación urgente de la Ley Orgánica 1/2025 para excluir de la necesidad de ese requisito algunos procedimientos y actuaciones procesales. Se han producido, señorías, algunos acuerdos de unificación adoptados por jueces o por letrados de la Administración de Justicia en audiencias provinciales, pero ello no es suficiente y, en todo caso, tampoco resuelven la disparidad con los planteamientos de otros órganos judiciales. Consideran los operadores jurídicos que el número de inadmisiones de demanda empieza a ser preocupante, ello a pesar de esos acuerdos no jurisdiccionales, algunos muy significativos, como en las Audiencias de Ourense, Tenerife o Girona, o de que diferentes autos de las Audiencias Provinciales de Alicante, Asturias, Málaga, Murcia, Huelva o Pamplona intenten dar luz, para reducir la inseguridad jurídica en la aplicación de esta ley. Es un clamor respecto al procedimiento monitorio ―reclamaciones de cuotas de gastos comunitarios por las comunidades de propietarios, procedimientos de desahucio―, pero cada vez más también en derecho de familia ―divorcios, medidas previas, especialmente en matrimonios con hijos menores, aunque no solo―. Este requisito de procedibilidad está generando importantes dificultades, en contra del declarado objetivo de la ley y de estos instrumentos de acuerdo, precisamente en temas donde la máxima celeridad y evitar las trabas son imprescindibles para no generar más problemas a los ciudadanos, o donde no cabe prescindir de la intervención de los tribunales, con lo cual se duplican los trámites, lo que estaría dejando en papel mojado los avances que en esta materia se habían incorporado paulatinamente a nuestro derecho, como, por ejemplo, la eliminación de acreditación de causa para divorciarse, medidas previas a la presentación de la demanda o indisponibilidad de la responsabilidad parental. Estamos, pues, señorías, ante una cuestión de interés general, que afecta a los derechos de la ciudadanía. El pasado 9 de octubre, el Parlament de Cataluña aprobó una propuesta del Grupo Popular solicitando al Gobierno de España esta reforma urgente. Nuestra iniciativa recoge esa demanda generalizada y la unimos a la celeridad que debería tener la presentación de un proyecto de ley comprometido por el Gobierno como es el del estatuto del tercero neutral, que quizá pudiera servir para resolver estos conflictos. Hoy creemos que se hace imprescindible y que resulta incomprensible que el ministerio haya puesto tanto empeño en formular reformas en cascada para atar corto a los jueces sin ser sensible a la urgencia derivada de las deficiencias en esta y en otras materias en la Ley Orgánica 1/2025, que tantos problemas están originando a los ciudadanos. . La cultura del acuerdo, señorías, se construye, no se impone, y mucho menos si no se articula en beneficio del justiciable. Por eso reclamamos criterios claros y uniformes en todos los órganos judiciales, que no provoquen nuevas brechas de desigualdad. El intento de acuerdo siempre debe ir en la búsqueda de la mayor agilidad en la resolución del conflicto, en beneficio del que reclama el derecho, para la mejor protección del más débil afectado por una acción, y, en todo caso, el mayor equilibrio, nunca para favorecer al rebelde, al incumplidor, y, desde luego, debe descargar a los tribunales de ese trabajo que puede resolverse por una vía extrajudicial promoviendo acuerdos inmediatos, pero nunca lo que está sucediendo en este momento: sobrecargarse más y retrasar la resolución de otros asuntos, es decir, sin efecto favorable alguno para el justiciable. Tal y como ha quedado la ley, susceptible de distintas interpretaciones, este requisito supone una traba para el acceso a la justicia, y ha sido ya considerado por algunas resoluciones judiciales como contrario a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución; con toda claridad, por ejemplo, en el auto de la Audiencia Provincial de Pamplona de 3 de octubre de este año. Creemos que los tics autoritarios del Gobierno no pueden bloquear el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, y quizá por eso un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria debería reflexionar todavía más. Consideramos que la situación actual presenta un riesgo importante de rechazo y retroceso en la confianza en la mediación y otros medios de solución de controversias. Su consolidación depende de que funcionen correctamente y se aprecien las ventajas para la sociedad. Ahora solo se ven inconvenientes.

María Jesús Moro Almaraz PP

Termino, señor presidente. Hoy este requisito, las dudas sobre su aplicación y la inadecuada delimitación abocan a un rechazo de los MASC, que debe ser corregido cuanto antes. Es lo que pedimos en nuestra iniciativa y esperamos contar con el apoyo de toda la Cámara, también del Grupo Socialista, puesto que el PSC no se opuso en Cataluña. Si el Gobierno no impulsa esta reforma, señorías, el Grupo Popular presentará una iniciativa legislativa que permita corregir las disfunciones. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes, señorías. Como conocen, la introducción de los medios alternativos de solución de controversias, los llamados MASC, en la Ley Orgánica 1/2025, ha supuesto un cambio cultural, hacia una justicia más humana y sostenible, que fomenta una cultura de diálogo entre las partes, en lugar del enfrentamiento contencioso, para la búsqueda del acuerdo entre ellas, traduciéndose todo ello en la citada Ley Orgánica 1/2025 en que, como requisito de procedibilidad, no cabe presentar una demanda judicial en vía civil o mercantil sin haber pasado por el intento de haber solucionado el conflicto a través de una de las vías extrajudiciales habilitadas por medio de alguno de los distintos MASC. Sin embargo, señorías, tras un tiempo de aplicación de la nueva normativa, se han puesto de manifiesto algunos efectos adversos, que aconsejan una reflexión sobre la conveniencia de su modificación, tal y como reclama unánimemente, entre otros, la Asociación Española de Abogados de Familia, a la que pertenecen más de 30 000 abogados y abogadas de toda España, de todas las comunidades autónomas, y con todas las ideologías políticas en su seno, como ha remitido a esta Cámara, en ejercicio de su derecho de petición, singularmente en cuanto a la exención del requisito de procedibilidad respecto a los procedimientos de familia en los que se vean involucrados menores, y en esto centraré nuestra intervención. Señorías, en España se producen anualmente cerca de 40 000 divorcios o separaciones de parejas con menores, con unos 300 000 menores afectados por procedimientos judiciales consecuencia de estas rupturas, en no pocos casos inamistosas o con discrepancias en el ejercicio de la patria potestad, y en estos casos en los que los derechos de los menores se ven afectados por los conflictos de sus progenitores lo más importante es que el interés superior de aquellos se tutele con urgencia, sin demoras. Pensemos, señorías, en pensiones alimenticias, en el uso del domicilio familiar, en las relaciones con sus progenitores y familiares, custodias, régimen de visitas o discrepancias entre los progenitores respecto al ejercicio de la patria potestad, centro escolar de los menores, tratamientos médicos o psicológicos, prácticas religiosas y un largo etcétera sobre otras cuestiones. En estos casos y en otros, señorías, la exigencia de acudir a un MASC antes del inicio de la demanda judicial o incluso antes de la solicitud de las medidas provisionales previas a la demanda, las del artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, está provocando la desprotección de los hijos menores, que, si los progenitores se encuentran enfrentados, quedan largo tiempo sin respuesta judicial a sus necesidades básicas, e, incluso, en casos en los que, cuando finalmente el juez se pronuncia, el objeto de la controversia ha perdido o ha desaparecido, por ejemplo, cuando el plazo para formular una matrícula en un centro escolar ya ha pasado, sin dejar de señalar tampoco que la exigencia de un MASC ante planteamiento de la demanda en procesos de familia transfronterizos con menores deja en desventaja a los juzgados españoles cuando uno de los progenitores se rige por un derecho en que no se exige el requisito de procedibilidad y le permite adelantarse con la demanda, ganando así el fuero de sus tribunales. En definitiva, señorías ―y voy finalizando, presidente―, la exigencia de los MASC como requisito de procedibilidad en los procedimientos de familia en los que se vean involucrados menores está provocando unos efectos precisamente contrarios a los fines que se pretendía alcanzar con la Ley Orgánica 1/2025, con aumento de conflicto parental, periodos de incertidumbre, retrasos y situaciones de desprotección del menor, todo ello contrario a su interés superior, y, en este sentido y en la línea apuntada por la Asociación Española de Abogados de Familia, hemos presentado una enmienda a la iniciativa debatida, junto a otro grupo, con el fin de incluir la expresión «órganos judiciales que integran el Poder Judicial del Estado», para una mejor adecuación a la terminología de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Muchas gracias.

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Molt bona tarda. Avui el tema no és el fracàs del Ministeri de Justícia en la implantació del nou model judicial. Ja vam preguntar al ministre Bolaños fa unes setmanes sobre els milers de judicis suspesos i de mesos de retard afegit. Vam preguntar també sobre el caos amb què han de batallar els ciutadans i els professionals del Servei de Justícia. Avui el tema no és la posada en pràctica de la llei, és la llei mateixa, perquè és una demanda generalitzada que la llei d’eficiència s’ha de rectificar. Cal que el Ministeri de Justícia abandoni el despotisme il·lustrat en el que està instal·lat, assumeixi els errors i rectifiqui. Per posar dos exemples: primer, l’error monumental d’haver oblidat la competència dels jutges de pau per fer casaments. Un error cent per cent imputable a la supèrbia del ministeri en la negociació de la llei. Es volia encarregar els jutges de pau, segons ells, una andròmina del segle XIX. No ens van voler creure quan des de Junts els hi dèiem que sense jutges de pau, sense justícia de proximitat a Catalunya, no hi hauria llei. I quan vam veure que no hi hauria llei, llavors tot van ser presses per recuperar els jutges de pau i les seves competències. I amb aquestes presses es van deixar els casaments. I així estem des de fa mesos per la seva prepotència, per la prepotència del Ministeri, els jutges de pau no poden casar. Segon exemple d’aquest despotisme il·lustrat del Ministeri de Justícia: generalitzar indiscriminadament els MASC, als mitjans adequats o alternatius de solució de conflictes com a requisit de procediment en els processos civils. Ha estat un greu error. Al contrari de l’objectiu de reduir la litigiositat, agilitzar els procediments i fomentar la resolució consensuada dels conflictes, a la pràctica els MASC han acabat sent un obstacle per a la defensa dels drets dels justiciables. Que quedi clar que nosaltres defensem els MASC, però tal com el Ministeri els va plantejar en la llei, obligatoris per a tots els supòsits, el fracàs estava anunciat. Anant a la proposta, el primer que hem de dir és que ampliar les excepcions als MASC és una iniciativa de l’Advocacia Catalana que, com s’ha dit, el Parlament de Catalunya ja va debatre i aprovar ara fa un mes i amb la que estem d’acord. No tenim cap dubte de que els procediments monitoris, per la seva naturalesa, han d’estar exempts de negociació prèvia. Tampoc té sentit en els impagaments de quotes a comunitats de propietaris. De fet, ja és un requisit previ notificar el deutor al saldo pendent abans d’entrar a la via judicial. I també som partidaris de que els judicis de desnonament per impagament de renda o per venciment de contracte s’han d’agilitzar i no s’ha de carregar a les famílies que no poden recuperar els immobles que tenen arrendats, amb unes formalitats que són una càrrega desproporcionada que només afavoreix als llogaters incomplidors. Com deia la diputada Marta Madrenas fa una estona, ja està bé de posar sempre els petits propietaris com els dolents de la pel·lícula. I més tenint en compte que ja hi ha una normativa que deixa clar que són les administracions públiques, no els arrendadors, els que tenen l’obligació de tutelar les persones vulnerables en els casos de desnonament. Com deia, estem d’acord amb la proposta. De fet, Junts per Catalunya, també a instàncies dels professionals catalans, el juny passat ja vam presentar una esmena a la Llei Orgànica d’Accés a la Judicatura i a la Fiscalia per tal que els processos de família amb nens, nenes i adolescents no estiguessin subjectes a aquest requisit de procedibilitat. Tot el que els professionals constaten és que en temes de responsabilitat parental, de pàtria potestat, el que interessa és la ràpida intervenció del jutge i en els processos sensibles, com les mesures cautelars o mesures provisionals prèvies per fixar pensions d’aliments, règims de custòdia, ús del domicili, el requisit de procedibilitat, en lloc de protegir els menors, el que fa és generar retards i augmentar el conflicte. I ja no diguem quan hi ha present un element d’estrangeria, perquè llavors la negociació prèvia el que serveix és d’avís a l’estranger perquè els tribunals d’aquí perdin la seva competència en perjudici dels menors. Per això hem presentat una esmena per ampliar les excepcions als MASC, als procediments de jurisdicció voluntària que impliquin a menors. I també hem presentat una segona esmena per millorar la redacció del punt primer que, a més de redundant, remet a un llenguatge més propi del NODO quan es refereix al territori nacional, que d’una llei que regula un servei públic. I acabo. Acabo, senyor president. El legislador ha de ser permeable a les demandes dels col·legis, dels professionals i, en definitiva, ha de ser permeable als que viuen el dia a dia de la justícia, els professionals de la procura, als professionals de l’advocacia. Per això instem al Govern que rectifiqui, que acabi amb la inseguretat jurídica que ha generat ell solet i que es faci responsable del servei públic de la seva competència. Moltes gràcies. Muy buenas tardes. Hoy el tema no es el fracaso del Ministerio de Justicia en la implantación del nuevo sistema judicial. Ya le hemos preguntado hace unas semanas al señor Bolaños sobre los miles de juicios suspendidos y los meses de retraso añadidos. También preguntamos sobre el caos en el que tienen que batallar los ciudadanos y los profesionales del servicio de justicia. Hoy el tema no es la puesta en práctica de la ley, sino la propia ley, la misma ley, porque es una demanda generalizada que la ley de eficiencia se rectifique, que el Ministerio de Justicia abandone el despotismo ilustrado en el que se ha instalado y asuma los errores y rectifique. Para poner dos ejemplos, en primer lugar, el error monumental de haber olvidado la competencia de los jueces de paz para celebrar matrimonios; se quería encargar a los jueces de paz algo propio del siglo XIX. Sin jueces de paz, sin jueces de proximidad en Cataluña no iba a haber ley. Se creyó, y, cuando se vio que no había ley, se intentó recuperar a los jueces de paz y sus competencias. Se trastocaron los matrimonios, todo por la prepotencia del ministerio, es decir, que los jueces de paz no pueden casar. Y segundo ejemplo de despotismo ilustrado del Ministerio de Justicia, generalizar los medios inadecuados de resolución de conflictos en procesos civiles. Ha sido un gran error, al contrario del objetivo de reducir la litigiosidad, agilizar los procedimientos y mejorar la resolución consensuada de los conflictos. En la práctica, todo esto ha sido un obstáculo para la defensa de los derechos de los justiciables. Y que quede claro que nosotros defendemos esto, pero tal y como se estableció la obligatoriedad, pues el fracaso estaba anunciado. Y lo primero que tenemos que decir viendo la propuesta es que ampliar la excepción es algo que el Parlament de Catalunya ya debatió hace un mes, y estamos de acuerdo. No tenemos duda de que los procedimientos monitorios, por su naturaleza, tienen que estar exentos de vista previa. Y la exención de cuotas en comunidades de propietarios también es un requisito previo antes de pasar a la vía judicial. Y también somos partidarios de que los juicios de desahucio por impago de deuda o por vencimiento de contrato se tienen que agilizar, y no hay que cargar a las familias que no pueden recuperar los inmuebles que tienen alquilados con unas formalidades que son una carga desproporcionada, que solo favorecen a los arrendatarios que no cumplen. Como decía la diputada Marta Madrenas hace un rato, ya basta de poner siempre a los pequeños propietarios como los malos de la película, y más teniendo en cuenta que ya hay una normativa que deja claro que son las Administraciones públicas, y no los arrendadores, las que tienen la obligación de tutelar a las personas vulnerables en los casos de desahucio. Como decía, estamos de acuerdo con la propuesta. De hecho, Junts per Cataluña, también a instancias de los profesionales catalanes, en el pasado junio presentó una enmienda a la ley de Judicatura de manera que los procesos que impliquen a niños y adolescentes no estén sujetos a este requisito. Lo que los profesionales constatan es que en temas de patria potestad lo que interesa es la intervención rápida del juez. En los procesos sensibles, en cuanto a las medidas cautelares o las medidas provisionales previas para fijar pensiones de alimentos, regímenes de custodia, etcétera, en lugar de proteger a los menores, lo que hay ahora genera retraso y más conflicto. Además, cuando hay un elemento de extranjería es más complicado aún, porque sirve para que los tribunales perjudiquen a los menores. Por eso hemos presentado una enmienda para establecer una excepción cuando haya menores de por medio. Y también hemos presentado una segunda enmienda para mejorar el cumplimiento, ya que, además de redundante, utiliza un lenguaje más propio del nodo cuando se refiere al territorio nacional que a una ley que regula un servicio público. Y termino, señor presidente. El legislador tiene que ser permeable a las demandas de los colegios de los profesionales y, en definitiva, tiene que ser permeable a lo que viene de los que viven día a día en la justicia, los profesionales de la procuraduría y la abogacía. Por eso pedimos al Gobierno que rectifique, que termine con la inseguridad jurídica que ha generado él solo y que se haga responsable del servicio público con su competencia. Muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Gràcies, president. Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya tenim per norma fer-nos el màxim de responsable possible d’allò que votem. I nosaltres vam votar a favor d’aquesta modificació. Vam votar a favor de la Llei Orgànica 1/2025, per tant no vindrem a dir-los ara que era un desastre, perquè això vol dir que ni ens l’hem llegit. Respecte de l’element de jutges de pau és una posició molt semblant a la que manifestava l’antic orador, però també és cert que tenim pendent aquesta esmena que retorna la possibilitat del casament als jutjats de pau i alguns aspectes del Registre Civil, amb alguna legislació que ara mateix està pendent i està pendent de saber si passarà, no passarà amb aquesta espècie de zozobra interminable que tenim en aquest Congrés. Dit això, vull fer un parell de consideracions prèvies. La primera, l’esmena que presenten tant el Partit Nacionalista Basc com Junts per Catalunya, respecte dels casos de família, és una esmena que nosaltres, si deia la senyora Moro que portaran una modificació legislativa, en el cas que això sigui així, nosaltres donarem suport, però hi donarem suport només en els casos de família. Tota la resta de procediments en què es vol treure el requisit de possibilitat del mas que havíem introduït en aquesta llei, entenem que són la gran trampa d’aquesta proposta que avui ens fan, perquè jo voldria que vostès recordessin algunes de les discussions que havíem tingut en aquesta cambra. Ara fa un temps al Parlament de Catalunya, que com que va votar això a favor, sembla que sigui una gran cosa, pregaria al PP que portés tot allò que es vota a favor al Parlament de Catalunya aquí, que a lo millor ens farien un favor a tots, perquè ara resulta que volen obeir la voluntat del Parlament de Catalunya. Això és un fet sorprenent i gairebé paranormal. Deia, recordin que vam tenir aquella discussió sobre si l’oferiment d’un lloguer social als llogaters desnonats o en procés de desnonament que tenien la condició de vulnerables i on l’arrendador tenia la condició de grans tenidors, Esquerra va proposar que fos, i de fet es va portar també al Parlament de Catalunya, que fos un requisit de procedibilitat i al final ens ho van acabar tombant. Per tant, que hi hagi requisits de procedibilitat, sigui perquè s’apliquen uns sistemes alternatius de resolució del conflicte, sigui perquè aconseguim en algun moment o altre que això no està en aquest text, però que els recordo que ja vam intentar posar-ho, va sortir després ho van tombar. És indispensable, des de la nostra perspectiva de garantia del dret a l’habitatge. Amb això, tant amb Junts com amb VOX, com amb PP, tenim distàncies insalvables i la seguirem tenint perquè ideològicament ho veiem diferent. Vostès sempre acaben traient l’unicorn i del pobre arrendador, que amb això compensa pensions, i nosaltres els responem: «Doncs que les pensions siguin dignes». Ens treuen l’unicorn i que cal que es pugui pagar la cura de la gent gran i els hi diem: «Doncs, que funcioni la llei de dependència». El que no pot ser és que el benestar dels uns vagi a càrrec del dret a l’habitatge dels altres. Però seguint amb aquesta norma que avui ens presenten, i a la qual ja vull dir que votarem que no alguns dels punts si ho presenten a votació per punts, però amb altres punts podríem arribar a estar d’acord. Dos elements: el primer, el sistema de mediació en la resolució de conflictes volem que sigui un sistema propi català i, per tant, aquesta uniformitat que demanen des d’aquesta proposició no de llei, per a nosaltres és inadmissible. Si la mediació sempre havia estat a càrrec de la Generalitat de Catalunya, com podem votar ara que sigui idèntic a tot l’Estat? No té cap sentit. També són diferents les resolucions dels tribunals davant de fets idèntics i ningú diu res, perquè ja sabem que això funciona d’aquesta manera i, en tot cas, sempre hi ha el recurs de cassació quan és un tema de fons. I ara estem parlant de procediment. Aquest és un element. L’altre element: vostès volen que la justícia funcioni millor? Hi ha una única recepta. El sistema de requisit de procedibilitat dels MASC és un plantejament ideològic. Abans d’arribar al litigi es pretén resoldre-ho per la via de la conversa, per la via de l’acord, per la via de l’alternativitat dels sistemes de resolució de conflicte. I des d’aquesta perspectiva, nosaltres el defensem. Si després parlem tècnicament, la solució és clara. Diners, diners i diners. Més jutges, més tribunals, més disponibilitat per a aquests propis jutjats, millor sistema informàtic, més professional, més lletrats de l’administració de justícia, més ben pagats, que no hi hagi tanta temporalitat. Aquestes són les receptes per a l’administració de justícia. I si aquesta no la complim, no cal que en fem més. Deixa’m acabar amb un element. Hi havia un projecte de justícia de proximitat a la Carta Municipal de Barcelona. No hem estat capaços de tirar-la endavant. Utilitzem aquest tipus de recursos en lloc de parar el canvi de fórmula de l’administració de justícia. Els MASC són positius i apostem per ells. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados; buenas tardes, diputadas. En Esquerra Republicana de Cataluña tenemos por norma hacernos lo más responsables posible de eso que votamos. Si nosotros votamos a favor de esta modificación, votamos a favor de la Ley Orgánica 1/2025. Por ende, no vendremos aquí a decirles que ha sido un desastre, porque entonces igual querrá decir que no lo hemos leído. En cuanto al elemento de los jueces de paz, es una posición muy parecida a la que manifestaba el anterior orador, pero también es cierto que tenemos pendiente esta enmienda, que vuelve a la posibilidad de las bodas en el juzgado de paz y sobre algunos aspectos del Registro Civil, con alguna legislación que ahora está pendiente, y se está pendiente de saber si va a pasar, si no va a pasar, con esta especie de zozobra interminable que tenemos en este Congreso. Dicho esto, quiero hacer un par de consideraciones previas. La primera es que la enmienda que presentan tanto el Partido Nacionalista Vasco como Junts per Catalunya en cuanto a los casos de familia es una enmienda a la que nosotros daremos apoyo ―decía la señora Moro que va a traer una modificación legislativa en el caso de que esto sea así―, pero las daremos apoyo solo en los casos de familia. El resto de los procesos en que se quiere sacar la posibilidad del MASC que se ha propuesto en esta ley creemos que es la gran trampa de esta legislación, de esta propuesta. Yo quisiera que ustedes recordasen algunas de las discusiones que hemos tenido en esta Cámara. Hace algún tiempo, en el Parlamento de Cataluña ―como votó a favor, parece que fuera algo grande, pero agradecería al PP que trajera aquí todo lo que se vota a favor en el Parlamento de Cataluña, ya que igual nos harían un favor, porque ahora resulta que quieren obedecer a la voluntad del Parlamento de Cataluña, y esto es algo sorprendente, casi paranormal―, recuerden que tuvimos esa discusión sobre el ofrecimiento de un alquiler social a los arrendatarios que estaban en proceso de desahucio con condiciones vulnerables y el propietario tenía la condición de gran tenedor ―Esquerra también lo llevó al Parlamento de Cataluña―, que fuera un procedimiento de posibilidad, y al final nos lo acabaron tumbando. Por ende, que haya requisitos de posibilidad porque se aplican unos sistemas alternativos de resolución de conflicto, o sea, porque lo conseguimos en un momento u otro ―esto no está en este texto, pero les recuerdo que ya lo intentamos poner, y salió después y luego lo tumbaron―, desde nuestra perspectiva, es indispensable para la garantía del derecho a la vivienda. Por eso, con Junts, con VOX y el PP tenemos distancias insalvables, y las seguiremos teniendo, porque ideológicamente lo vemos distinto. Ustedes siempre acaban sacando el unicornio del pobre arrendador, y entonces nosotros decimos que las pensiones sean justas; nos sacan el unicornio de que hay que conseguir los cuidados de la gente mayor: pues que funcione la ley de dependencia. Lo que no puede ser es que el bienestar de unos vaya en contra de los derechos de los otros. Pero, siguiendo con esta norma que hoy nos presentan ―respecto de la que ya quiero decir que votaremos en contra sobre algunos puntos, aunque en otros podríamos llegar a estar de acuerdo―, hay dos elementos, y el primero es el sistema de mediación en la resolución de conflictos. Queremos que sea un sistema propio catalán, y por eso la uniformidad que piden en esta proposición no de ley para nosotros no es admisible. La mediación siempre había estado a cargo de la Generalitat de Cataluña. ¿Cómo podemos votar ahora que sea idéntica en todo el Estado? No tiene ningún sentido. También son diferentes las resoluciones en los tribunales ante hechos idénticos y nadie dice nada, porque ya sabemos que esto funciona de esta manera, y, en cualquier caso, siempre está el recurso de casación, que es un tema de fondo, y ahora estamos hablando de procedimientos. En segundo lugar, ¿ustedes quieren que la justicia funcione mejor? Hay una única receta: el sistema de requisitos de posibilidad de los MASC es un planteamiento ideológico. Antes de llegar al litigio, se pretende resolverlo por la vía de la conversación, por la vía del acuerdo, por la vía de la alternatividad del sistema de resolución de conflictos. Y, desde esta perspectiva, nosotros lo defendemos. Y, si después hablamos técnicamente, la solución es clara: dinero, dinero y más dinero. Más jueces, más tribunales, más disponibilidad para estos juzgados, mejor sistema informático, más profesionales, más letrados en la Administración de Justicia y que estén mejor pagados, que no haya tanta temporalidad. Estas son las recetas para la Administración de justicia, y, si no esto no lo cumplimos, no hace falta que dialoguemos más. Y permítanme terminar con otro elemento. Había un proyecto de justicia de proximidad en la Carta Municipal de Barcelona que no hemos sido capaces de tirar hacia adelante. Usemos este tipo de recursos, en vez de parar el cambio de fórmula de la Administración de justicia. Los MASC son positivos y apostamos por ellos. Muchas gracias. .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Gracias, señor presidente. La ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia introdujo una vía de acceso a la justicia distinta del ejercicio de la jurisdicción, fortaleciendo un servicio público sostenible a través de la negociación entre las partes para la solución de controversias, es decir, mediante negociación, utilizando medios alternativos de solución para esas controversias, y hay un amplio acuerdo en que la justicia española era poco ágil y estaba saturada. El gran avance de la ley de eficiencia es que la justicia ya no va a ser impartida en cuestiones civiles y mercantiles exclusivamente por un Poder Judicial que resuelve confrontaciones entre particulares. Lo que establece la ley es un procedimiento previo al judicial de naturaleza dialógica, esto es, basado en el diálogo para la resolución barata, rápida y amistosa de conflictos directamente o a través de un árbitro. En tiempos de crispación, confrontación, insultos y defensa de soluciones simples, primitivas y poco científicas para problemas cada vez más complejos, es una buena noticia resolver conflictos mediante un diálogo construido sobre la lógica y el conocimiento, es decir, sobre la negociación de buena fe. La negociación a través de la mediación, la conciliación, la oferta vinculante, la opinión de persona experta independiente, el derecho colaborativo o la justicia restaurativa debe cambiar la práctica de la justicia en nuestra sociedad, pero necesita un tiempo de rodaje, recursos económicos y, por supuesto, formación y un cambio en las actitudes sociales frente a los conflictos. Esto implica asumir que ante un litigio es posible y conveniente que ambas partes vean suficientemente satisfechas sus expectativas, acabar con las dinámicas de suma cero, en las que, si alguien gana, alguien debe perder. Es la mejor forma de prevenir que el conflicto vuelva a reproducirse en el futuro. Y este Congreso aprobó la implantación de los medios alternativos de solución de controversias con un gran acuerdo sobre esta materia. El poco tiempo transcurrido desde su aprobación ha coincidido también con un cambio de la estructura de la planta judicial, el del tránsito de juzgados de primera instancia e instrucción a tribunales de instancia, y es normal que existan disfunciones y una disparidad de criterios sobre cómo aplicar la normativa innovadora de implantación de estos métodos, de estos medios alternativos de solución de controversias. También falta formación en los profesionales y operadores jurídicos, un mayor conocimiento social sobre las ventajas de la cultura de la negociación de buena fe y de la utilidad de estos medios alternativos, máxime en tiempos en los que muchos actores políticos y sociales incentivan la confrontación y la crispación permanente, en lugar del diálogo y el acuerdo. . Varias de las medidas que se plantean en la PNL son razonables, y, de hecho, forman parte del proceso de implantación de estas medidas alternativas de solución de controversias que ha creado la ley, como, por ejemplo, la unificación de criterios y protocolos de aplicación, la elaboración del estatuto de la tercera persona neutral, la formación específica para los operadores jurídicos y las campañas de información ciudadana sobre las ventajas de estos métodos alternativos, pero lo que no podemos aceptar es que haya caos. Y, además, hay contenidos de la PNL que no nos parecen razonables, como, por ejemplo, exceptuar los medios alternativos de solución de conflictos en casos de juicios de desahucio o transferir competencias de los poderes Legislativo y Ejecutivo a instituciones que no tienen capacidad normativa. Además, creemos que hay problemas más importantes surgidos en el tránsito del nuevo modelo que no se reflejan en esta ley, problemas tras la aprobación de la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, como los derivados del traslado de las competencias que antes ejercían los juzgados de violencia sobre la mujer a las ahora secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia, que comenzaron a funcionar en octubre. Las organizaciones feministas han solicitado la urgente puesta en marcha de medidas imprescindibles de acompañamiento y protección para evitar que la supresión de los juzgados de violencia sobre la mujer de partidos judiciales y su concentración en las nuevas secciones de violencia sobre la mujer en una capital de provincia supongan perjuicios para las mujeres víctimas, ya que tendrían que trasladarse a la capital y perderían el recurso de proximidad del órgano judicial que existía hasta ahora. Es un obstáculo añadido a la dificultad que, de por sí, ya encuentran las mujeres víctimas de violencia para iniciar sus denuncias, una desincentivación de la denuncia y una dificultad añadida en el acceso a la justicia. Son imprescindibles grandes acuerdos para solventar estos problemas de aplicación de la nueva ley de eficiencia y, desde luego, cualquiera que los proponga va a contar con el apoyo de nuestro grupo. Muchas gracias. .

Francisco Javier Ortega Smith-Molina VOX

Muchas gracias, señor presidente. La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, pretendía que en el orden civil se lograsen agilizar los procedimientos reduciendo la litigiosidad de los tribunales. Fue un fracaso rotundo; rotundo porque la justicia ha sido más lenta, la justicia ha sido cada vez más compleja, la litigiosidad va en aumento y la disparidad de criterios está al orden del día. Es más, han pretendido, desde la aprobación de la ley, inventar la pólvora, porque bajo esas siglas de medios alternativos de solución de conflictos no se esconde otra cosa que lo que desde hace decenas y decenas de años han sido los sistemas de conciliación, mediación y arbitraje ―por cierto, donde está la clave del error es en la obligatoriedad de considerarlo un requisito de procedibilidad―, es decir, algo así como desconocer que los letrados durante décadas hemos mantenido siempre en los procedimientos judiciales un intento de acuerdo extrajudicial con la parte contraria, y nadie nos obligaba a ello, lo hacía el sentido común, porque con un acuerdo previo de los tribunales ganabas tiempo y en muchos casos ganabas dinero. Pero la realidad es que todo lo quieren imponer y, al final, lo que han impuesto ha sido un error, justo lo contrario de lo que pretendía la ley. La PNL que nos presenta el Grupo Popular busca unificar criterios de los órganos judiciales, algo muy loable y necesario. Quiere ampliar excepciones, que son también muy sensatas, como que no se apliquen obligatoriamente estos medios de resolución previa de conflictos cuando estamos reclamando deudas en procedimientos monitorios, cuando estamos reclamando deudas en procedimientos de comunidades de vecinos o cuando lo hacemos, por ejemplo, en la inquiokupación, en los desahucios de inquilinos. También pretende, lógicamente, crear un estatuto de persona neutral; establecer un protocolo para los órganos judiciales; garantizar la formación necesaria de los operadores jurídicos; poner en marcha las correspondientes campañas de difusión y realizar un seguimiento de los resultados. Todo ello parece muy loable, y lo es, pero no deja de ser un parche al fondo de la cuestión. . Y eso es lo que nos ocupa siempre cuando hablamos de la justicia. Porque, cuando hablamos de la justicia, algunos hemos repetido desde hace muchos años, en esta misma tribuna, que el gran problema son el PSOE y el PP, el PP y el PSOE, que en cuatro cuestiones han puesto la pica a que la justicia funcione. En primer lugar, con su permanente obsesión de injerencia en la política en cuanto al Poder Judicial ―hasta en el lenguaje lo van cambiando— repitiendo hasta la saciedad que la Administración de Justicia es un servicio público. Ciertamente hay una Administración de justicia y ciertamente es un servicio público, pero lo van descafeinando de tal manera que parezca que no es más que una pata de la Administración General del Estado, o sea, dependiente del Ejecutivo, y no lo es, o no debería serlo. Debería ser un Poder Judicial independiente y con capacidad de actuación al margen del Ejecutivo. . En segundo lugar, con una pésima técnica legislativa, que lleva a aprobar leyes sin ningún criterio, leyes que se contradicen, leyes que no dan resultado. Además, en tercer lugar, esta legislación se aprueba siempre de espaldas a los profesionales, en este caso, a los magistrados, a los jueces, a los abogados, a los procuradores, a los letrados de la Administración de Justicia. A ellos no se les tiene en cuenta, no se les pregunta cómo debería resolverse el asunto. Se hace siempre por imposición y sin escuchar nunca a los operadores. Y, por último, utilizando esa permanente maquinaria de propaganda legislativa, aquello de «vamos a agilizar la justicia», «vamos a modernizar la justicia», «vamos a acercarla al ciudadano», blablablá, de cara al telediario, pero los resultados son los siguientes: una justicia cada vez menos justa, una justicia cada vez más lenta, una justicia cada vez más confusa, una justicia donde cada vez hay menos seguridad jurídica, una justicia que cada vez está más colapsada y que cada vez está más desprestigiada; en definitiva, cada vez menos poder del Estado y más instrumento del bipartidismo y de la partidocracia. Muchas gracias. .

Artemi Rallo Lombarte PSOE

Gracias, señor presidente. Bienvenido, Grupo Popular, a los grandes acuerdos impulsados por el Gobierno para la reforma de la justicia; tarde, como siempre, como de costumbre, pero bienvenidos. Votaron en contra de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, como es habitual en todos los avances que históricamente ha disfrutado nuestro país, pero hoy ustedes reconocen las virtudes de esta ley y admiten su utilidad para reducir la litigiosidad judicial y agilizar los procesos, fomentando una cultura del diálogo y el acuerdo prejudicial. Bienvenidos a los acuerdos, aunque sea tarde y mal. Deberían aprovechar la ocasión para no perder otros trenes. Tienen la oportunidad histórica de participar en otras reformas trascendentales para la justicia de nuestro país. Tienen la oportunidad histórica de apoyar la reforma del sistema de acceso a la Judicatura y la Fiscalía, la actualización del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el fin de la interinidad de jueces y juezas sustitutas y la modernización de la investigación criminal. Sí, señorías del Grupo Popular, súmense: el reto lo merece. Se trata de fortalecer la carrera judicial y fiscal; garantizar mediante becas un acceso igualitario, con efectiva igualdad de oportunidades, con pruebas renovadas, con transparencia en la preparación de opositores, sin riesgo de nepotismo o cooptación, con un cuarto turno auténtico. Súmense a estas reformas para estabilizar a los jueces sustitutos, como pide Europa, la equidad y el puro sentido común; para garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal, como manda el GRECO; un mandato del fiscal general desgubernamentalizado, no renovable, sin cese discrecional, sin interferencias del Gobierno, con mayor autonomía organizativa. Súmense, apóyenlo, para aprobar una nueva ley de enjuiciamiento criminal, con una Fiscalía autónoma, instruyendo las causas penales, como en casi toda Europa, con jueces velando por los derechos fundamentales, con agilidad, eficacia, garantías procesales y, por supuesto, con más medios en la lucha contra el crimen ; para reservar, señorías, una acusación popular al servicio del interés público, no de partidos políticos, como hoy hace el Grupo Popular; para proscribir tanto la politización de la justicia como la judicialización de la política que hoy protagoniza el Grupo Popular. En definitiva, señorías, más democracia en la justicia, más democracia en el Poder Judicial, una justicia más transparente, de calidad, imparcial, independiente y con altos estándares éticos; un Poder Judicial más cercano a la realidad social, a la sociedad ―a esa sociedad a la que debe servir―, aplicando las leyes que esta Cámara aprueba. Ustedes, señorías del Grupo Popular, deberían predicar con el ejemplo al hablar de reducir la litigiosidad judicial o fomentar la cultura del diálogo y el acuerdo interinstitucional; deberían predicar con el ejemplo porque durante los dos últimos años han pretendido interponer desde el Senado, ni más ni menos, que siete conflictos de atribuciones contra el Gobierno y el Congreso, a cual más absurdo, infundado y desatinado: por la ley de amnistía, por la ley de desperdicio alimentario, por la ley de eficiencia de la justicia, por la ley de antecedentes penales y, el último, por la no ley de presupuestos. Un puro delirio y desatino, señorías. Y, desde luego, un muy mal ejemplo y una falta absoluta de coherencia respecto a su pretendida intención de reducir la litigiosidad jurisdiccional. Sin embargo, señorías, sí que hay un litigio, una causa penal por la que ustedes, el Partido Popular, deberían interesarse: la que debe llevar a Carlos Mazón ante la justicia, señorías, , a falta de una declaración voluntaria ante la jueza de instrucción. ¡Qué falta de dignidad! Mazón, desde luego, más pronto que tarde ―esperemos―, acabará ante la justicia. Ustedes, señorías, deben colaborar con la justicia, no con la impunidad, posibilitar revocar el aforamiento de Mazón, que empaña de vergüenza y de oprobio el ejercicio de la función pública. Le mantienen en su escaño con el apoyo de VOX, como reconocen públicamente, sin pudor ni vergüenza alguna, exclusivamente para eludir la investigación criminal ―repito, exclusivamente para eludir la investigación criminal— y para evitar la imputación penal — repito, para evitar la imputación penal—. Señorías, nunca se vio mayor indecencia en la noble actividad de la política ni mayor daño ni descrédito ante la sociedad para quienes nos dedicamos a esta noble función política. Muchas gracias, presidente. .

Carmen Martínez Ramírez PSOE

Señorías, esta proposición no de ley que presentamos no es solo un ejercicio de memoria, sino también un ejercicio de justicia democrática. En 2026 se cumplirán cuarenta años de la aprobación de la Ley General de Sanidad, una norma impulsada por un Gobierno socialista y de la mano de un ministro que encarnó como pocos el sentido más noble de la política, Ernest Lluch. Aquella ley mejoró para siempre la vida de los españoles y españolas. Por primera vez la salud se reconoció como un derecho universal, no como un privilegio vinculado a la renta o a la situación laboral. Esa ley nos dio un sistema nacional de salud público, gratuito y equitativo, que se convirtió en la mayor conquista social de nuestra democracia, junto con la educación pública y las pensiones. Pero, señorías, detrás de los grandes avances siempre hay una voluntad política, y esta ley fue fruto de una visión profundamente progresista y, si me permiten decirlo, profundamente solidaria. Fue la convicción de que lo público protege, iguala y dignifica. Ernest Lluch entendió que la democracia se consolidaba garantizando derechos sociales efectivos y que la salud era uno de ellos. Su legado no se mide solo en leyes, señorías, sino en vidas salvadas y en millones de personas que desde entonces saben que su salud no depende de la caridad o de su estatus social. Por eso esta PNL propone que, al cumplirse el 40 aniversario de aquella ley, el Gobierno de España impulse un reconocimiento institucional que explique a las nuevas generaciones lo que significó aquella transformación, que ponga en valor un sistema sanitario ejemplar que es envidiado en todo el mundo y que se advierta que los derechos los podemos perder si no los cuidamos, en contraste con países con modelos de sistemas privatizados supuestamente muy desarrollados, como Estados Unidos. Queremos que, sobre todo, se reivindique el papel de los profesionales sanitarios, que son quienes cada día hacen realidad ese espíritu de universalidad y de equidad. . Señorías, no podemos hablar de la sanidad pública sin hablar de los desafíos y de las amenazas que hoy la acechan, porque, cuarenta años después, el modelo que tanto costó construir está siendo erosionado, y lo está siendo especialmente allí donde gobierna la derecha. En las comunidades autónomas del Partido Popular asistimos a un proceso silencioso, pero constante, de privatización de la salud. Se externalizan servicios, se recortan plantillas, se cierran consultorios y se abre la puerta a un modelo donde quien más tiene más recibe. Hemos sabido últimamente que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ocultado en la memoria de gestión del año 2024 las facturas pagadas a empresas privadas sanitarias, entre las que, curiosamente, se encuentra la que tiene en nómina a su pareja. Son más de 5000 millones de euros pagados a la sanidad privada durante su mandato. En este proceso, supuestamente sigiloso, quienes más pierden son los ciudadanos y, en los últimos tiempos, las ciudadanas. En comunidades como Andalucía, Galicia o la Comunitat Valenciana conocemos casos escandalosos en los que en programas de cribado del cáncer de mama miles de mujeres no fueron citadas a tiempo, poniendo en riesgo su vida, o directamente fueron excluidas del sistema de detección precoz. Y, mientras el Partido Popular ratificaba su apoyo al señor Moreno Bonilla, miles de andaluces se manifestaban el domingo por las principales capitales en protesta por su gestión inhumana, , que ha puesto en cuestión a las asociaciones de víctimas, como AMAMA, que han denunciado el problema; como han hecho con las asociaciones de víctimas de la dana; y como ha pasado con los ciudadanos que claman por el deterioro planificado de un sistema que da cobertura a más de 8,5 millones de personas. Por tanto, si algo nos ha quedado claro, es que al PP le interesa poco la sanidad pública. Por eso esta PNL también tiene un mensaje político nítido: defender nuestro modelo. Eso es algo que hace el Gobierno de España, y por ello en los últimos siete años ha aumentado un 45 % la inversión en sanidad, incorporando tecnología e innovación farmacéutica y aumentando las prestaciones. Señorías, la defensa de nuestro sistema sanitario público es una obligación democrática y no se defiende nuestro modelo ―insisto, admirado en el mundo― atacando la memoria de uno de sus máximos impulsores, tal y como está haciendo el Partido Popular en la Comunitat Valenciana, que ha intentado borrar el nombre de Ernest Lluch de los centros sanitarios que lo honraban, en algunos casos con éxito, como ha pasado en Elche y en Valencia, cuando además se cumplen veinticinco años del aniversario de su asesinato por ETA. . La Comunitat Valenciana, mi querida comunitat, está siendo otra vez el laboratorio de pruebas de los pactos del PP y de VOX que van a extender a toda España, sin que tengamos opción a votar. Van a designar a un presidente que es cómplice del señor Mazón. Podrían haber escuchado al señor Mazón hace un momento mientras comparecía en las Cortes Valencianas. ¡Qué cara más dura!, ¡qué vergüenza!, ¡qué amoralidad! . Eso es lo que tenemos en la Comunidad Valenciana y eso es lo que quiere el PP para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, pero no lo vamos a permitir. Señorías, la pandemia nos recordó de la manera más dura que, sin una estructura pública fuerte, todos y todas somos vulnerables. Por eso este 40. aniversario no puede ser solo conmemorativo. Tiene que ser una llamada a la acción para reforzar el sistema, para recuperar profesionales y, por supuesto, para garantizar los cribados en todas las comunidades, para garantizar la prevención y para garantizar la innovación del sistema sanitario en un aspecto de universalidad y de equidad. Por todo ello les pedimos ese apoyo a esta proposición no de ley, porque no se trata de un homenaje al pasado, sino de una apuesta de futuro. Por un sistema sanitario público, sólido, robusto y equitativo. Y por la memoria también de Ernest Lluch, porque queremos proteger su legado desde el compromiso con una sanidad que nos dignifica como país. Muchas gracias. .

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Arratsalde on. Buenas tardes a todas y a todos. La semana pasada decía yo que el Partido Socialista estaba trayendo proposiciones no de ley decorativas, o, mejor dicho, declarativas. Bueno, quizá el ambiente político hace que solo se puedan traer proposiciones de esta índole para poder ser aprobadas. La proposición no de ley de hoy es una proposición no de ley tridimensional. Inequívocamente asocia tres fundamentos: el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, la figura central del ministro Ernest Lluch como artífice de esta y el trágico final de Ernest Lluch asesinado por ETA. Por lo tanto, será difícil centrarse solo en uno de los aspectos, aunque evidentemente aquí cada uno que suba mirará al punto cardinal que más le interese en cada momento. Osasun Lege Orokorraren 40. urteurrena da ospatzen duguna gaur. Herritar guztiek osasuna babesteko duten eskubidea bermatzea, osasun zerbitzuetarako sarbide unibertsala, bidezkoa eta doakoa arautuz. Horixe izan zen lege honek ekarri zuena. Zeintzuk dira bere oinarrizko printzipioak? Unibertsaltasuna, herritar guztiek osasun-arreta diskriminaziorik gabe jasotzeko eskubidea; ekitatea, berdintasuna, osasun baliabideen eta zerbitzuen banaketan; doakotasuna, osasun-sistemaren finantzaketa publikoa zergen bidez ordaindua izan dadin; eta kalitatea, osasun zerbitzu eraginkorrak eta pazienteen beharretara egokituak izatea. Osasun Sistema Nazionalaren egitura horrek, beraz, aldatu egiten zuen, eta Osasun Sistema Nazionala ezartzen da, osasun zerbitzu publiko guztiak barne hartzen dituena. Antolaketa deszentralizatu baten bitartez, autonomia erkidegoek kudeatzen dituzten osasun zerbitzuak beren lurraldeetan eginaz, sortuaz, eta Estatuaren eta erkidegoen arteko koordinazioa, kohesioa eta kalitatea bermatuz. Beraz, jarduera eremuak ziren: osasunaren sustapena, gaixotasunen prebentzioa, tratamendua eta errehabilitazioa. Eta gauza oso garrantzitsu bat, finantzaketa. Osasun-sistema Estatuko Aurrekontu Orokorren bidez finantzatuko da, edo finantzatu zen. Estamos celebrando el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad para garantizar el derecho de toda la ciudadanía y para legislar una sanidad pública y para todos gratuita. Se basa en la universalidad y en la capacidad de toda la ciudadanía para recibir atención sanitaria sin desigualdades, con equidad, con gratuidad, pagando mediante impuestos estos servicios sanitarios, y con la calidad para tener unos servicios sanitarios adaptados a los pacientes. Esa ley cambiaba el sistema de sanidad mediante una descentralización y una gestión de las comunidades autónomas, y también creando una cohesión, calidad y coordinación entre el Estado y las comunidades. La prevención, el tratamiento y la rehabilitación eran primordiales, así como la financiación, ya que ese sistema se financiaría a través de los presupuestos estatales. La importancia histórica de esta ley, evidentemente, supuso una transformación profunda del sistema sanitario, pasando de un modelo fragmentado a uno integrado, universal y público. Antes de que se hiciera eso, en Euskadi, con la Ley 10/1983, del 19 de mayo, se creó el Servicio Vasco de Salud Osakidetza como organismo autónomo de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca. Se basó en el Estatuto de Autonomía, que otorga a la comunidad competencia para organizar y administrar los servicios sanitarios dentro de su territorio. Evidentemente, la conjugación de estas dos leyes hizo que después Osakidetza se integrara en el Sistema Nacional de Salud, basándose en los principios de universalidad, equidad y gratuidad que decíamos. Así, Osakidetza, que ya existía desde el año 1983 como servicio autonómico, pasó a formar parte del SNS o Sistema Nacional de Salud, pero manteniendo su autonomía organizativa dentro de un marco estatal. Con la descentralización y las competencias se reforzó, consolidando las competencias transferidas a las comunidades autónomas y, evidentemente, con el elemento más importante que hemos dicho: la universalización de la asistencia. Antes de 1986, la cobertura sanitaria estaba vinculada a la Seguridad Social y, con la Ley General de Sanidad, la atención sanitaria se reconoce como derecho de ciudadanía, garantizando el acceso a toda la población, en este caso vasca, pero también de cualquier lugar del Estado. Como se ha citado, el ministro socialista Ernest Lluch fue el padre político de esta reforma; el hombre que ideó, negoció y pactó esta ley. Y, seguramente, pensar, dialogar y pactar fueron tres ejes fundamentales en la vida política de este doctor, que muchos pensaban que era médico, pero que era economista. Un catalán con vocación universal, con el que yo discreparía y discutiría mucho, al que más de una vez vi pasar por Donosti, una ciudad que él amaba y que disfrutaba, ya que en los últimos diez o doce años casi compartía su residencia en Donosti con la de Barcelona. Fue su labor académica la que le vinculó de una manera decisiva a la capital guipuzcoana. En ella, tres grandes áreas abarcaban la actividad de Lluch: la propia como doctor en ciencias económicas, la pasión por la música y el gusto por el fútbol. Desadostasun politikoa, ziurrenik berak eta guk, edo nik, izan genezakeen handiena. Baina hori izan al zen bere delitua? Baina hil zutenek oraindik ez digute azaldu zergatik egin zuten. Egia esan, ez digute ezer azaldu. Oraindik gure herriari esplikazioa zor baitiote, esplikazio haundi bat zor baitiote. Zein zen Lluch-en delitua? Halako basakeriaren aurrean isilik egon zirenek, ba al dakite zergatik hil zuten? Badakite? Justifikatzen dute? Guk ez. Ez orain, ez orduan. Ibarretxe lehendakaria zen Lluch hil zutenean, eta berak esan zuen Lluch-ek eta erakunde terroristak baino errespetu handiagoa ziola Euskadiri. Seguramente entre yo y él habría habido distintos desacuerdos políticos. Aquellos que lo asesinaron no nos han explicado por qué lo hicieron, puesto que esas diferencias políticas no eran delito. Siguen debiendo una explicación a nuestro pueblo. ¿Cuál fue el delito de Lluch? ¿Saben aquellos que callaron por qué lo asesinaron? ¿Lo saben? ¿Lo justifican? Nosotros no, ni ahora, ni en aquel momento. El lehendakari era Ibarretxe en aquel momento y dijo que Lluch respetaba más al País Vasco que ETA. Ayer fue el día de la memoria y voy a acabar con esto. El lehendakari Pradales hizo hincapié en que las nuevas generaciones deben ser conscientes de que la democracia y los derechos humanos no están garantizados y que la violencia solo trae sufrimiento. Necesitamos, por tanto, una memoria completa, sin olvidos ni discriminaciones, que fortalezca los valores democráticos y la convivencia plural, porque el olvido no es una opción.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Acabo. Lluch propugnaba el diálogo. Un diálogo que otros, ni siquiera ante el clamor social de su funeral, quisieron oír. Lluch no estaría contento con el aire viciado que se respira en la política de hoy. Beraz, politika egiteko moduak aldatzen ez badira, jai daukagu guk eta jai dauka demokraziak. Por tanto, si no cambiamos la manera de hacer política, lo tenemos difícil y lo tiene difícil la democracia. Muchas gracias.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Arratsalde on, guztioi! Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Quisiera empezar trasladando y mostrando nuestro respeto y reconocimiento a Ernest Lluch, trasladando nuestro respeto también al sentir y al dolor de su familia y poniendo en valor el trabajo que han realizado en torno a la memoria de Ernest Lluch con el diálogo, la empatía y la construcción de la convivencia como ejes y valores, tanto en torno a su figura como a su memoria. Sabemos bien de los esfuerzos de su familia por avanzar y por aportar en positivo en ese proceso complejo que es la construcción de la convivencia y el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas. Por eso, desde aquí, nuestro reconocimiento y agradecimiento a la familia Lluch y, especialmente, a su hija, Rosa Lluch, por su trabajo, por su compromiso y por su valentía en el camino hacia el reconocimiento, la verdad y la reparación de todas las víctimas. Su aportación, al igual que la de otras muchas víctimas, está siendo clave en el camino hacia un nuevo tiempo de respeto, reconocimiento y convivencia en nuestro país. Por eso, no podemos sino saludar y valorar ese gran esfuerzo, porque ni es fácil ni es cómodo, pero sí generoso y valiente. En cuanto a la Ley General de Sanidad, impulsada por el ministro Ernesto Lluch y aprobada en 1986, no hay duda de que, con todos sus claroscuros, supuso un importante avance en la regulación sanitaria en el Estado español para hacer efectivo el derecho a la salud de toda la ciudadanía. Osasunaren arloan, 1982tik aurrera, bultzatu beharreko osasun ereduari buruzko eztabaida luzea, bizia eta tentsio handikoa garatu zen. Itxuraz, Osasunari buruzko Lege Orokorraren onarpenarekin konpondu zena ia lau urte geroago, 1986an. Itxuraz diot, izan ere, urtebete iraun zuen prozesu parlamentario luze baten ondoren, non ia ganberako talde guztiek aurkeztu zituzten gobernuak aurkeztutako proiektuari osoko zuzenketak, eta artikulatuari 1104 zuzenketa aurkeztu ondoren, legeak ez zuen osasun-sistemaren zalantzarik gabeko eredurik definitu. Eta, itxuraz, adostasunez ebatzitako alde horiek islatzen ditu bere artikuluetan. En el ámbito de la salud, a partir de 1982, se desarrolló un debate largo y tenso sobre el modelo sanitario que se debía impulsar. Aparentemente, esto se solucionó con la aprobación de la Ley General de Sanidad casi cuatro años después, en 1986. Digo que aparentemente porque, tras un largo proceso parlamentario que duró un año, en el que casi todos los grupos de la Cámara presentaron sus enmiendas a la totalidad al proyecto presentado por el Gobierno, y tras presentar 1104 enmiendas al articulado, la ley no definió un modelo inequívoco del sistema sanitario. Aparentemente refleja en su articulado las diferencias resueltas por consenso. Como recordaba el doctor Francisco Sevilla Pérez, exconsejero de Sanidad en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, con la promulgación de la ley se dio por consolidado un sistema, el llamado Sistema Nacional de Salud, universal, de todos y todas y para todos y todas, y lamentablemente está muy lejos de ser una realidad aún hoy al persistir, por ejemplo, el aseguramiento múltiple con prestaciones diferentes para colectivos concretos de ciudadanos. De hecho, la Ley General de Sanidad mantuvo un modelo dual caracterizado por un sistema de un conjunto de beneficios y prestaciones comunes para la gran mayoría de la población y otros diferenciados para algunas profesiones liberales, los funcionarios civiles del Estado o los de la Administración de Justicia. De esta forma se mantenía e incentivaba un sistema sanitario privado como referente para las clases medias y se abría la espita de consagrar un sistema público de gran competencia técnica pero anclado en el pasado y que dejó abierta la puerta a la privatización de los servicios que estamos viviendo hoy, no solo como consecuencia de aquella ley, por supuesto, sino porque diferentes Gobiernos han utilizado esa puerta abierta para recortar, privatizar y debilitar la sanidad pública, alejándola de aquel objetivo de sanidad pública de calidad y universal que Ernest Lluch defendió. Hala eta guztiz ere, Osasunari buruzko Lege Orokorrak egungo errealitatetik abiatuta eraiki zuen Estatuko osasun-sistema, eta autonomia erkidegoetako osasun-zerbitzuak sortu zituen. Horietan, osasun politikak eta arreta zerbitzuak integratzea planteatuz. Estatuko osasun sisteman lehen aldiz tradizionalki bereizita egon ziren osasun publikoa, osasun plangintza eta laguntza zerbitzuak bateratuz, integralki hartzea planteatu zen, eta prozesu hau autonomia erkidegoei osasun transferentziak eginez bukatu zen. Prozesu garrantzitsua. Bestetik, Estatuko osasun-sistema unibertsal eta integratu gisa definitu zelako eta estaldura zabala lortu zelako, osasunaren babeserako orientazioa eta unibertsaltasuna bete direnaren ustea zabalduta dago. Eta, ondorioz, politika publikoen enfasia sistemaren hedapenean jarri da. Bereziki, osasun establezimenduen sorreran eta alderdi instrumentalean. Alderdi horiek garrantzitsuak dira, zalantzarik gabe, baina nolabait, osasun-sistema sistema soziala izan behar denaren kontzeptua baztertu egin da. Izan ere, osasun-sistema estrukturen hedapena baino askoz gehiago da. Baina aipatu uste oker hark unibertsaltasuna eta herritar guztien osasunaren babesa bermatzea helburu nagusi izan behar duen sistema osatzeko politikak alde batera utzi ditu. Nolanahi ere, ukaezinak dira osasun publikoaren arloan Osasunari buruzko Lege Orokorrak ekarri zituen aurrerapenak, eta, horiek lortzeko, Ernest Lluch ministroak egin zuen lana. Horregatik guztiagatik, legez besteko proposamenaren alde egingo dugu. Besterik ez. Milesker. Con todo, la Ley General de Sanidad construyó el Sistema Nacional de Salud a partir de la realidad actual y creó los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, planteando la integración de las políticas sanitarias y los servicios de atención en los mismos. Por primera vez en el Sistema Nacional de Salud se planteó la adopción integral de la sanidad pública, unificando la planificación sanitaria y los servicios asistenciales, culminando este proceso con las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas. Fue un proceso importante. Por otro lado, la definición del Sistema Nacional de Salud como sistema universal e integrado y la amplitud de la cobertura ha extendido la convicción de que se ha cumplido con esa orientación y universalidad la protección de la salud. Por tanto, se pone el énfasis de las políticas públicas en la ampliación del sistema, especialmente en la creación de establecimientos sanitarios y en aspectos instrumentales. Estos aspectos son importantes, sin duda, pero de alguna manera se ha rechazado el concepto de lo que debe ser el sistema sanitario, el sistema social, y es que el sistema sanitario es mucho más que la extensión de las estructuras. Pero aquella errónea creencia ha dejado de lado las políticas de integración de un sistema cuyo objetivo principal debe ser garantizar la universalidad y la protección de la salud de toda la población. En cualquier caso, no se pueden negar los avances que supuso la Ley General de Sanidad en materia de salud pública y tampoco el trabajo del ministro Ernest Lluch para lograrlos. Por todo ello, apoyaremos la proposición no de ley. Nada más. Muchas gracias. .

Etna Estrems Fayos ERC

Gràcies, president. Aquesta tarda tornem a parlar en aquest hemicicle de salut pública. I si parlem de salut pública, parlem d’un dels pilars que sosté la societat. Parlem del que garanteix la igualtat real entre ciutadania. I per això avui vull posar el focus exactament on toca: el sistema sanitari públic, especialment en el català, en els seus professionals i la necessitat urgent d’aportar i recursos perquè puguin funcionar a ple rendiment. La sanitat pública catalana ha estat un model d’èxit indiscutible. I ho ha estat perquè els seus professionals han treballat amb una dedicació que sovint ha fregat l’heroisme. Han mantingut dret, un edifici malgrat les retallades, malgrat les privatitzacions puntuals i malgrat les decisions polítiques preses a centenars de quilòmetres que no coneixen la realitat del territori ni dels centres de salut. Quan l’atenció primària s’ha tensat fins al límit, quan les urgències s’han saturat, quan les llistes d’espera han crescut per falta de recursos estructurals, sempre han estat ells, els professionals, qui han evitat que el sistema cedís. Sense ells, molts serveis essencials s’haurien degradat com una estructura sense manteniment. Però saben què? Els professionals de la salut pública no tenen vocació d’herois o, en tot cas, no haurien de tenir-ne per poder dedicar-se a la seva feina. I això és responsabilitat nostra, de les administracions públiques. Els treballadors i treballadores de la salut són professionals que mereixen tot el reconeixement i no hi ha millor reconeixement que el de garantir-los condicions laborals dignes. Cal reivindicar-los i protegir-los. L’accés universal a la salut universal és la joia de la corona de qualsevol estat del benestar i Catalunya, en aquest sentit, ha estat puntal en recerca en desenvolupament i teràpies avançades. Precisament perquè ha tingut espai per impulsar els seus propis models. I aquí hi ha la clau. Si volem que la salut pública funcioni bé, cal respectar escrupolosament les competències descentralitzades perquè el centralisme perjudica l’eficàcia. Catalunya ha aixecat gran part del que funciona: el model d’atenció primària, les xarxes hospitalàries, els programes de salut comunitària, les línies d’investigació vinculades a universitats i centres punters. I saben què? Per honorar la veritat de la salut pública, per honorar-la de veritat, cal fer molta feina, més enllà d’homenatges, que no dubtem que són merescuts. Cal aportar recursos al sistema sanitaris de les comunitats i no tirar sempre de simbologia, que és el que fa el Partit Socialista avui amb aquesta PNL. I això implica decisions concretes i valentes. Permetre que les infermeres tinguin el grau i el reconeixement professional que els pertoca, permetre que Catalunya tituli i gestioni els MIR i tota la formació del personal que sostindrà el sistema sanitari en el futur més immediat. Garantir que els professionals treballin amb estabilitat, amb eines, amb planificació i amb condicions dignes. Això és el que reforça el sistema: recursos, governança i més competències. I si creiem en la salut pública i crec que la majoria que avui aquí ho afirma, sincerament ho creu, toca blindar-la. I això passa per confiar en qui treballa i en qui ho gestiona des de la proximitat. Això passa per donar-los els recursos que necessiten i no retallar-los els pressupostos o limitar-los l’àmbit d’actuació. Assolir el dret a la sanitat pública és un mèrit de tots i totes. Defensar-lo amb totes les forces és una obligació de tots els que creiem en la justícia social i representem a la societat, a les institucions. Amb la sanitat pública, com amb l’educació pública, com amb l’habitatge públic, la gent d’Esquerra Republicana sempre hi hem estat, sempre hi serem i sempre es podrà comptar amb nosaltres. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Esta tarde volvemos a hablar en este hemiciclo de salud pública. Y, si hablamos de salud pública, hablamos de uno de los pilares que sostienen a las sociedades, lo que garantiza la igualdad real en la ciudadanía. Por eso quiero poner el foco hoy donde toca, en el sistema sanitario público, especialmente el catalán, en sus profesionales y en la necesidad urgente de aportar recursos para que pueda funcionar a pleno rendimiento. La sanidad pública catalana ha sido un modelo de éxito indiscutible. ¿Y por qué? Porque sus profesionales han trabajado con una dedicación que rayaba el heroísmo. A menudo han mantenido el edificio pese a los recortes, a las privatizaciones puntuales y a las decisiones políticas que se tomaban a cientos de kilómetros, donde no se conocía la realidad de los territorios ni centros de salud. Cuando la realidad sanitaria y las urgencias han estado al límite y las listas de espera han crecido por falta de recursos estructurales, los profesionales han sido los que siempre han evitado que el sistema cediera. Sin ellos, muchos servicios esenciales se habrían venido abajo, como una estructura sin mantenimiento. Pero ¿saben qué? Los profesionales de la sanidad pública no tienen vocación de ser héroes, o no deberían tenerla, para poder dedicarse a su tarea. Eso es responsabilidad nuestra, de las Administraciones públicas. Los trabajadores y trabajadoras de la salud son profesionales que merecen todo el reconocimiento, y no hay mejor reconocimiento que el de garantizar condiciones laborales dignas. Hay que reivindicarlas y protegerlos. El acceso universal a la salud es la joya de la corona de cualquier estado de bienestar, y Cataluña en este sentido ha sido puntera en investigación y desarrollo de terapias avanzadas, precisamente porque ha sido un espacio para impulsar sus propios modelos. Aquí está la clave. Si queremos que la sanidad pública funcione bien, hay que respetar escrupulosamente las competencias descentralizadas, porque el centralismo perjudica la eficacia. Cataluña ha levantado gran parte de lo que funciona, la atención primaria, las redes hospitalarias, los programas de salud comunitaria, las líneas de investigación ligadas a universidades y centros punteros. Y hay que trabajar mucho más allá de los homenajes. No dudamos de que son merecidos. Hay que aportar recursos al sistema sanitario de las comunidades y no tirar siempre de la simbología, que es lo que hace el Partido Socialista hoy con esta PNL. Eso implica decisiones concretas y valientes: permitir que las enfermeras tengan un grado y reconocimiento profesional que merecen; que Cataluña titule y gestione los MIR y toda la formación del personal que sostendrá el sistema sanitario en el futuro más inmediato; garantizar que los profesionales trabajen con estabilidad, con herramientas, planificación y en condiciones dignas. Eso es lo que refuerza el sistema: recursos, gobernanza y más competencias. Si creemos en la salud pública, y creo que la mayoría que está aquí lo afirma sinceramente, creo que toca blindarla, y eso pasa por confiar en quien trabaja y en quien gestiona el sistema desde la proximidad; pasa por darles los recursos que necesitan y no recortar los presupuestos o limitar el ámbito de actuación. Conseguir el derecho a la sanidad pública es mérito de todos y todas. Defenderlo con todas las fuerzas es obligación de todos los que creemos en la justicia social y representamos a la sociedad en las instituciones. La gente de Esquerra Republicana siempre ha estado con la sanidad pública, como con la educación pública y la vivienda pública, y siempre lo estará y se podrá contar con nosotros. Muchas gracias. .

Rafael Cofiño Fernández SUMAR

Buenas tardes, señor presidente. Queremos agradecer al Grupo Socialista la presentación de esta proposición no de ley. De vez en cuando hay que celebrar los hitos, y celebrar un hito como la Ley General de Sanidad es muy importante, así como mencionar a una persona tan importante en su desarrollo como fue el ministro Ernest Lluch. El proceso de elaboración de la ley no fue sencillo y a Ernest Lluch, que siempre estuvo orgulloso de la naturaleza colectiva de su trabajo, seguro que le hubiera gustado que hoy dedicáramos un espacio a dar las gracias a todas las personas que hicieron posible esta sanidad pública: profesionales, asociaciones, sociedad civil o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Incluso hubo iniciativas previas. Me gustaría recordar que hubo una iniciativa parlamentaria que se presentó unos cuantos años antes ―en 1979― en esta Cámara por el Grupo Parlamentario Comunista, que fue la primera iniciativa parlamentaria presentada en democracia para una reforma sanitaria. . Se presentaban exactamente los mismos puntos que posteriormente se incluyeron en la Ley General de Sanidad, pero en aquel momento la proposición no de ley no fue aprobada por esta Cámara. Para Ernest Lluch no fue fácil realizar alianzas, y no lo fue por los palos en las ruedas que pusieron los sectores conservadores de derechas en el año 1986. No fue fácil tampoco porque los propios sectores conservadores del Partido Socialista también pusieron palos en las ruedas y consiguieron un dato importante, que fue que no se hablara de sanidad privada ni se regulara la sanidad privada en la Ley General de Sanidad. Por eso, revisar cuarenta años después la Ley General de Sanidad requiere tener la mirada de Ernest Lluch, requiere no tener una mirada nostálgica y complaciente y sí una mirada crítica y valiente para reconocer lo que nos falta por hacer. Desde el año 2019 España ha incrementado su gasto sanitario público significativamente, pero seguimos con un gasto sanitario público por debajo de la media europea. Nuestro gasto sanitario privado sigue siendo alto y superior a la media europea: en pagos directos tenemos un 21 % frente al 14,5 % de la Unión Europea y los datos señalan que, desde el año 2003, ha habido un incremento del gasto de los seguros privados de un 163 %. ¿Cómo impacta externalizar los servicios públicos a la sanidad privada? Lo sabemos y lo tenemos muy claro con lo que ha pasado últimamente con el conflicto de los cribados: privatizar mata. Y esto no es un eufemismo, sino que privatizar mata. Lo que es un eufemismo es hablar de colaboración público-privada cuando realmente se habla de parasitación de lo público por la privada. Este es un proceso de deterioro muy bien conocido en algunas comunidades autónomas, como Madrid, que ha hecho una apuesta, desde hace varios años y sin ningún tipo de pudor, por la sanidad privada, pero ―¡ojo!― es un proceso que avanza en otros territorios. Yo vengo de una comunidad, Asturias, con buenos indicadores del sistema sanitario público, con un gran gasto ―es una de las comunidades con gasto más alto en gasto sanitario por habitante―, pero tenemos una mala noticia, y es que Quirón va a entrar dentro de pocos meses en nuestra comunidad autónoma, y esta es una pésima noticia. Quirón no es una ONG. Quirón no viene a mejorar la salud de los asturianos, sino que viene a hacer negocio. Ha tenido un incremento de sus beneficios de un 27 % en los últimos cinco años. Es una carcoma que se aprovecha de las vigas y de los pilares débiles de nuestro sistema sanitario público. Un estudio publicado por el Lancet Public Health, en el año 2002, demostraba que, en el Reino Unido, externalizar servicios públicos con empresas privadas con ánimo de lucro suponía incrementar la mortalidad de la población en el año siguiente. Es decir, subcontratar a empresas privadas empeora la salud de las personas. Nuestro Ministerio de Sanidad ha desarrollado y sigue desarrollando un amplio y riguroso marco legislativo en relación con todo esto, y con otros temas que no hemos tocado, como la universalidad, la cohesión y la equidad. Esperamos avanzar en leyes que se puedan tramitar y debatir en esta Cámara, y que el bien común y el sentido común se impongan en todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. . La mirada de Ernest Lluch hoy, cuarenta años después, nos llevaría a tener un sistema plenamente universal, plenamente público, a integrar definitivamente las diferentes modalidades de aseguramiento público, mutualidades, algo de lo que ya hablaba la Ley General de Sanidad, a evitar nuevas privatizaciones sanitarias y a revertir aquellas privatizaciones existentes que detraen recursos necesarios de nuestro sistema público. Recordar a Ernest Lluch ―termino― también es actuar políticamente para transformar la realidad de un país, como hizo una generación comprometida y que trabajó para abandonar una historia de violencia franquista que duró más de cuarenta años, una generación que también tuvo que enfrentar la violencia terrorista que, desgraciadamente, acabó con la vida de Ernest. El homenaje que hoy planteamos tiene que ir más allá de su legado legislativo. Es una mirada de país, es una mirada de Estado, es una mirada política generosa, que tiene que pensar en el Estado que queremos y cómo impedir su deterioro: un Estado social basado en el diálogo, en el respeto y en el acuerdo; un Estado plural, democrático y pacífico y que no dé ni un paso atrás en la defensa de lo que nos une, que son los cuidados, la educación, la cultura, la memoria y, por supuesto, la sanidad. Muchas gracias. .

Ignacio Hoces Íñiguez VOX

Muchas gracias, señor presidente. En nombre de mi grupo parlamentario expreso nuestra condena más absoluta al asesinato de Ernest Lluch y a todos los crímenes de la banda terrorista ETA y todos los actos criminales. . Señorías, una vez más, el Partido Socialista convierte el Congreso de los Diputados en un plató de propaganda. El guion es tan previsible como descarado. Quieren transformar el aniversario de una ley en un acto de autobombo partidista y la figura de Ernest Lluch, un asesinado por la banda terrorista ETA y que, como tal, merece todo nuestro respeto, en un acto de exaltación partidista. A nosotros de ustedes ya no nos sorprende absolutamente nada. Sabemos que han convertido su partido en un verdadero lodazal de miseria moral. Señorías del PSOE, presentan una iniciativa sobre Ernest Lluch y no piden expresamente que el Congreso de los Diputados condene dicho asesinato. ¿Por qué? Porque, evidentemente, no les apoyarían sus socios de gobierno, como Bildu. . Esa es la realidad que está detrás de tanta retórica. Nosotros condenamos todos los asesinatos de la banda terrorista ETA, todos, se produjeran donde se produjeran y fuera quien fuera la víctima. Lo pasa es que ustedes jerarquizan a las víctimas, incluso las jerarquizan dentro de los asesinados de su propio partido político. Y esto, a nosotros, nos parece absolutamente inaceptable. También nos parece absolutamente inaceptable intentar instrumentalizar y manipular la sanidad pública, porque la sanidad pública no es obra del Partido Socialista, es obra de España y de su historia, de los españoles que la pagan con sus impuestos y del personal sanitario que cuida a todos los españoles. . Son ellos, los médicos, los enfermeros, los auxiliares, los celadores, quienes sostienen con su esfuerzo lo que su incompetencia política está destruyendo y hundiendo. Mientras ustedes convierten la sanidad en un eslogan, ellos trabajan de sol a sol, sin medios y, en ocasiones, por sueldos de miseria. Su modelo, además, no pone en el centro al paciente español ―listas de espera interminables; urgencias colapsadas; falta de médicos―, mientras, por otro lado, sobran altos cargos, ministerios, asesores y los millones de euros que ustedes dedican a la propaganda y, también, los millones de euros que ustedes destinan a la inmigración ilegal, que, evidentemente, está colapsando todos los servicios públicos y también la sanidad. . Los médicos están desbordados, porque ustedes han querido que se desborden las fronteras. Porque, señorías, mientras ustedes entregan papeles a la inmigración, los españoles pasan horas esperando en urgencias o meses, incluso años, para operarse. Nosotros, a diferencia de todas sus señorías, sí defendemos una sanidad pública, nacional, ordenada y gratuita, porque la pagan todos los españoles. Y, a diferencia de ustedes, no demonizamos la enorme labor que desempeña, en España, también, la sanidad privada. . Además, señorías, como todo, ustedes imponen su propia memoria y se les olvida que la sanidad pública en España es fruto del esfuerzo y del trabajo de generaciones enteras que nada tienen que ver con su partido político: por ejemplo, entre otros muchos casos, en 1908, en el Gobierno de Antonio Maura, el Instituto Nacional de Previsión, para la asistencia sanitaria de los trabajadores españoles; en 1924, la Escuela Nacional de Sanidad; en ese mismo régimen político, el seguro obligatorio de maternidad para la asistencia sanitaria de las mujeres y madres trabajadoras; y hay que recordar también que, en 1963, se aprobó la Ley de Bases de Seguridad Social, sí, de Seguridad Social, y una red hospitalaria pública, con la construcción de hospitales tan importantes como La Paz, el Vall d’Hebron o Virgen del Rocío. . Por último, señorías del PSOE, dicen que otros partidos quieren borrar la historia, en un acto de puro sectarismo. Tienen la desvergüenza y la desfachatez de decir que otros partidos políticos están borrando la historia de España. Pero si ustedes llevan décadas con sus socios separatistas y con los herederos políticos de ETA quitando los nombres de calles y plazas y también de hospitales, incluso retiran las placas de las viviendas de protección oficial, porque, claro, les recuerda el fracaso de sus políticas de vivienda. . Así pues, señorías, menos lecciones de memoria y más respeto a la historia de todos los españoles. Muchísimas gracias. .

María Lourdes Ramírez Martín PP

Gracias, señor presidente. Señorías, desde luego que el Partido Popular reconoce la figura de Ernest Lluch, ministro que impulsó la Ley General de Sanidad en 1986, una norma que transformó nuestro sistema de salud. Pero, señorías, no podemos olvidar que fue en 1996, con un Gobierno del Partido Popular, cuando se aseguró la financiación estable de la sanidad pública mediante impuestos generales. . El Partido Popular en ese momento encontró miles de facturas en los cajones y un sistema al borde del colapso. Logró ordenarlo, garantizar su sostenibilidad y sentar las bases del modelo de financiación actual, en el que la sanidad se financia con impuestos y no con cotizaciones sociales. De nuevo, en 2011, otro Gobierno del Partido Popular tuvo que arreglar la situación heredada del Partido Socialista. La sanidad volvía a estar en un momento insostenible y miles de facturas volvían a aparecer escondidas en los cajones. El verdadero armazón jurídico y organizativo que sostiene hoy nuestro sistema sanitario ha venido siempre de la mano del Partido Popular: la ley de cohesión y calidad, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la ley del estatuto marco y la ley de autonomía del paciente. Estos días, señorías, se cumple el 25.º aniversario del asesinato de Ernest Lluch a manos de ETA, una pérdida que todos debemos recordar con absoluto respeto. Por eso nos sorprende que hoy el Partido Socialista trate de utilizar el cuarenta aniversario de la Ley General de Sanidad, que se cumpliría en abril, como un escaparate político, una maniobra más para buscar titulares, mientras el Sistema Nacional de Salud está en huelga y el estatuto marco sigue bloqueado. . Señorías, hablan de defender la sanidad pública. ¿Cómo van a defender la sanidad pública si son incapaces de negociar un estatuto que reconozca los derechos de los profesionales sanitarios? Han permitido dos huelgas nacionales de médicos en menos de seis meses ―otra está convocada en diciembre― y siguen sin ofrecer soluciones reales. Bloquean la financiación autonómica, retrasan la incorporación de nuevos medicamentos más de seiscientos días y permiten que se pierda talento por falta de oportunidades. Señorías, si no se prorroga la jubilación activa, dejarán de trabajar 1 100 médicos, y se necesitan más de 4 500 médicos de familia. La mejor forma de reivindicarlos, señora Martínez, es aportando soluciones. ¿Dónde está el compromiso real con la sanidad pública que ustedes proclaman?, me pregunto yo, ¿dónde está, señorías? No está. Si de verdad quieren homenajear la sanidad pública y el legado de Ernest Lluch, háganlo, pero háganlo trabajando, aportando soluciones y no manipulando. . Esto, señorías, se lo digo yo, que soy concejal del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, un pueblo de Granada de dieciocho mil habitantes, y que trabajo día a día con los vecinos de Churriana, con los vecinos de mi pueblo, y sufrimos las consecuencias de la sanidad socialista. Frente a esto, frente a esta política de titulares, está la gestión seria y responsable de Juanma Moreno y la Junta de Andalucía, un Gobierno que ha demostrado humildad para reconocer, valentía para actuar y capacidad para mejorar. . Solo este año, señorías, Andalucía ha destinado más de 16 200 millones de euros a sanidad y cuenta con 30 000 profesionales más que en 2018, sin excluir absolutamente a nadie. ¿Eso es privatizar, señorías? ¿Realmente ustedes piensan que eso es privatizar? No, señorías, eso es gobernar, eso es fortalecer la sanidad pública y eso es dignificar a los profesionales. . Ahí, señorías, tenemos la diferencia entre Juanma Moreno y la que pretende ser la presidenta de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que fue consejera del socialismo andaluz. ¿Recuerdan ustedes, señorías, alguna dimisión, una sola, cuando el Partido Socialista recortó 1 500 millones en sanidad o despidió a 7 700 profesionales? ¿Recuerdan alguna asunción de responsabilidad cuando ocultó en cajones las listas de espera de medio millón de andaluces? Ni una, ni una sola responsabilidad , ni siquiera cuando se destapó el mayor caso de corrupción de la historia de España, los ERE. Ni siquiera entonces hubo una sola dimisión. Señorías, Juanma Moreno demuestra cada día que se puede gobernar con responsabilidad, con sensibilidad social, con rigor económico y con eficacia. Mientras Andalucía crece, invierte y genera oportunidades, España se paraliza bajo el desgobierno de Pedro Sánchez, un Gobierno que afronta una mayoría parlamentaria claramente en contra. Hoy se sostiene en el poder sin contar con la confianza real de esta Cámara que representa la voluntad de los españoles y otorga la legitimidad para seguir gobernando. El Ejecutivo ha perdido la autoridad moral y política para seguir en el Gobierno. Ya no gobierna, señorías, resiste. Frente a este secuestro, frente a este modelo agotado, hay una alternativa real de seriedad y de respeto a las instituciones. Esa alternativa se llama Alberto Núñez Feijóo (una señora diputada: ¡Muy bien!), el liderazgo del sentido común, de la ley y de la gestión eficaz. Esa es la garantía de un Gobierno que devuelva la normalidad, la seguridad y el futuro de España. Es gobernar con la cabeza y con el corazón, no con la soberbia y el miedo. Por eso, señor Sánchez, le digo con claridad que España no puede seguir secuestrada por su debilidad. Váyase, devuelva la voz a los españoles.

María Lourdes Ramírez Martín PP

España no teme a las urnas, quien teme a los españoles es usted. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Mis primeras palabras tienen que ser para manifestar y denunciar la desvergüenza y el insulto que se ha vuelto a producir esta tarde aquí, porque cuando se reconocen a las personas se las reconoce en su conjunto. Nosotros vamos a votar favorablemente la propuesta del Partido Socialista a la hora de reconocer el trabajo realizado por Ernest Lluch y la Ley General de Salud. Lo que no haríamos en ningún caso, señorías, es reconocer su figura después de haberle pegado un tiro a él. Eso es inadmisible y, desde nuestro punto de vista, un auténtico insulto, una desvergüenza. En este país hasta hace unos años se mataba por decir lo que estamos diciendo nosotros ahora. A Ernest Lluch lo mataron por ser socialista, y ahora ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) son los socios del Partido Socialista. Ténganlo en cuenta, señores del PSOE. Aquí no se puede hablar de reconocimiento y reparación a todas las víctimas. Aquí hubo unas víctimas que fueron asesinadas por unos matones, por unos asesinos, por unos terroristas, y Bildu, su socio, sigue sin condenar estos atentados y sin condenar el atentado de Ernest Lluch. . Sigue llevando en sus listas a terroristas y sigue teniéndolos en sus cargos directivos. Eso no nos lo vamos a poder callar. No nos van a callar. . Miren, señorías, lo dijimos en la interpelación a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hace dos semanas y lo reiteramos en este momento. El 2 de octubre se aprobaba una iniciativa en el Parlamento de Navarra en la que se instaba al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a cumplir la demanda del Gobierno de Navarra a la hora de cubrir las necesidades de suministro eléctrico para nuestra comunidad. Fue aprobada por todos los grupos presentes en las Cortes de Navarra. Solo hubo dos abstenciones, la de Bildu y la del grupo parlamentario configurado por Izquierda Unida y Podemos. Todos los demás votaron a favor: Unión del Pueblo Navarro, el Partido Socialista, Geroa Bai, Partido Popular y VOX. Es la misma propuesta que hoy traemos para su debate y votación en esta sesión plenaria. Esperemos que todos los grupos estén a la altura de las circunstancias y sean coherentes con lo que votaron en el Parlamento de Navarra. Que todos los grupos a los que me he referido se sumen y asuman la demanda del Gobierno evidencia, fundamentalmente, la importancia que tiene para el progreso y el futuro de la Comunidad Foral de Navarra cubrir estas necesidades de suministro eléctrico. Es una reivindicación justa y objetiva, pero es que, además, toda la oposición se pone de acuerdo con el Gobierno; algo impensable, no es habitual y, por lo tanto, es evidente que no les falta razón para hacerlo así. Pero es que, además, señorías, esta es una cuestión que preocupa en la Comunidad Foral de Navarra. Es un tema crucial y de plena actualidad, porque, por ejemplo, la ampliación de la subestación de La Serna o la de Orcoyen, el doble circuito de Muruarte de Reta y Tierra Estella o también otras actuaciones no se pueden quedar fuera de la planificación eléctrica de este Gobierno en ningún caso, porque sería un desastre, sería un desprecio a Navarra y a los navarros. Además, señorías, hay que tener en cuenta que la red de transporte eléctrico en nuestra comunidad está saturada al 94 %. Cuatro comunidades en España están por encima del 90 % y una de ellas es Navarra. Además, señorías, no debemos olvidar, y esto también hay que tenerlo muy presente, que el Gobierno no puede actuar en ningún caso con el partidismo y el sectarismo que le viene caracterizando, poniendo por encima del interés general o del de las comunidades autónomas ―en este caso, de Navarra― los intereses partidistas y sectarios. La planificación eléctrica para el Horizonte 2030 ha sido hablada y negociada con algunas formaciones políticas, a otras nos han despreciado. Lo veremos, señorías, cuando se hagan públicos todos los datos. Además, y esto es algo que hay que tener en cuenta, nosotros nos preguntamos quién ha defendido los intereses de Navarra, ¿los que dicen defender Navarra y luego se sientan con el Gobierno y tienen otras prioridades? ¿O el Gobierno sumiso de María Chivite, que obedece a los designios de Sánchez? Señorías, el 18 de septiembre hubo una reunión entre el consejero de Industria y el secretario de Estado de Energía del ministerio. El consejero salió manifestando su profunda preocupación por cómo recogía esta planificación las necesidades de Navarra. Pero es que el 6 de noviembre también el propio consejero en el Parlamento de Navarra decía que no había que venir a Madrid a mendigar megavatios, cuando está en juego y en riesgo el progreso y la industria de nuestra comunidad. No se puede caer en este tipo de desprecios. Y es que es un auténtico insulto que de los 13 500 millones de euros de inversión que están previstos por parte del Gobierno de España, única y exclusivamente 161 tengan relación con Navarra. No cabe mayor desvergüenza, no cabe mayor insulto a los navarros. Por eso, señorías, nosotros decimos que no, que no puede ser, que hay que tener en cuenta las necesidades que tiene nuestra comunidad, que hay que tener en cuenta la apuesta decidida que ha hecho Navarra por las energías renovables ―a diferencia de lo que han hecho otras comunidades autónomas―, que hay que tener en cuenta también que la industria representa el 32 % del producto interior bruto de nuestra comunidad, que no se pueden quedar proyectos industriales fuera de esta planificación, que no se pueden quedar zonas vulnerables, como la Ribera de Navarra, donde estamos viendo y padeciendo cómo estas últimas semanas se están dando a conocer ERE y ERTE de cientos y cientos de trabajadores, por lo que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España tendrán que pensar en un plan de reindustrialización de la zona y necesitarán electricidad. Señorías, nosotros lo que estamos exigiendo hoy al Gobierno de España es objetividad, estamos pidiendo responsabilidad, que se deje de menospreciar a la Comunidad Foral de Navarra; que no podemos ser sumisos y obedientes como es el Gobierno de Chivite, que a la hora de anteponer los intereses de Navarra o los de Sánchez, antepone siempre los de Sánchez. Si hay que elegir entre Sánchez o Navarra, siempre elige a Sánchez. Basta ya. No podemos ser despreciados de esta manera. Por tanto, señorías, lo que nosotros exigimos con esta moción es, insisto, lo mismo que se aprobó en el Parlamento de Navarra. Como decía al principio, seguiremos hablando alto y claro, le moleste al que le moleste, defendiendo la libertad, la democracia y, sobre todo, la memoria de las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. .

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

Nos encontramos ante un problema muy grave que padece no solo Navarra, sino toda España, y que es un problema complejo, que viene de lejos y a cuyo agravamiento han colaborado no solo el Partido Socialista de ahora, sino también los anteriores gobiernos de España del Partido Popular. El problema son las redes de transporte y de distribución de energía eléctrica en España. El sistema eléctrico tradicional en España era un sistema relativamente previsible, sencillo, estable, en el cual unos pocos núcleos generaban y distribuían desde esos núcleos ―grandes zonas generadoras de energía eléctrica― hasta aquellos puntos que eran los consumidores. El sistema era muy previsible, estaba diseñado para ello. Sin embargo, en los últimos años se ha empujado e impulsado lo que han llamado la transición ecológica, que realmente no es más que un cambio de paradigma en el sistema de distribución y producción de energía eléctrica, puesto que esas grandes centrales que producían han ido desmantelándose, pensemos como mero ejemplo en todas las centrales térmicas que había en el norte de España, y se han ido construyendo nuevos centros que producen una proporción de la energía eléctrica de España mucho más baja, pensemos en todas esas plantas fotovoltaicas que se han ido repartiendo por el suelo rural y agrario de España. Piensen también en todas aquellas plantas fotovoltaicas instaladas en las comunidades de propietarios que tienen el derecho a verter la energía generada al sistema, de tal manera que un sistema que estaba previsto para que la energía eléctrica fluyese en una única dirección desde los centros de producción hasta los centros de consumo, a día de hoy ha cambiado radicalmente y tiene que estar preparado para que esas zonas de transporte o de producción sean reversibles, tan pronto son consumidores como son productores. Esto básicamente produce un cambio terrorífico de paradigma en el sistema de distribución eléctrico. Sin embargo, la inversión en redes eléctricas de España, la adaptación que tendría que haberse llevado a cabo, está totalmente congelada. El Gobierno de Mariano Rajoy publicó la Ley 24/2013, que establece unos límites a la inversión que se puede llevar a cabo. Piénsenlo, un límite a la inversión que se puede llevar a cabo: no se puede invertir más de una determinada cantidad en la renovación y agilización de las redes eléctricas y de transporte en España. Desde entonces, desde el año 2013, el importe que anualmente se invierte en las redes de transporte de energía eléctrica de España está congelado. Piénsenlo ustedes. Doce años invirtiendo la misma cantidad en el transporte de redes eléctricas en un sistema que ha dado un giro de 180 grados. Es absolutamente absurdo. Así nos encontramos con auténticas paradojas que se producen en España, y es que, debido a la ineficiencia de este sistema eléctrico, hace pocos meses ―creo que se acordarán ustedes―, se produjo en España un apagón inaudito en Occidente. Nunca, jamás, ningún país occidental había sufrido un apagón en el que la totalidad de los habitantes del país se quedasen sin acceso a la energía eléctrica. Esto sucedió en España. Pero es que en agosto de este año, España ha registrado un consumo eléctrico menor que el que se había producido en el año 2004. Es decir, el sistema está siendo incapaz de abastecer la energía que la industria necesita en España. Somos un cuello de botella, no podemos continuar con el desarrollo industrial en España porque somos incapaces de asegurar el suministro energético. La prueba de ello es que en los primeros meses del año 2025 el gas ha sido la primera fuente energética de España, la primera. En correlación con esto, los vertidos de energía eléctrica generada con energías fotovoltaicas y eólicas ―es decir, aquellas que son más imprevisibles y que no se pueden adaptar a la demanda― han sido de un 17 %; es decir, el 17 % de la energía fotovoltaica o eólica que se ha generado en España ha tenido que ser vertida, no se ha podido aprovechar. Esto es simplemente porque las redes que tenemos a día de hoy en España no están adaptadas para una generación variable, para una generación que fluctúa a lo largo de las horas del día, para una generación que es incontrolable e impredecible, que depende de que el viento sople más o de que el sol brille más. Sin embargo, es un sistema que sí está adaptado a las anteriores formas de generación; formas que, por cierto, el Partido Popular y el Partido Socialista se empeñan en hacer desaparecer. Sí, porque el Partido Popular y el Partido Socialista se empeñan en hacer desaparecer las centrales nucleares de España; ambos las asfixian con una fiscalidad absolutamente insostenible. Recuerden todos que en el año 2012 el Partido Popular duplicó los impuestos que tiene que pagar la energía eléctrica generada mediante tecnología nuclear; y ahora este Gobierno socialista los ha incrementado en un 70 %, o sea, casi ha duplicado de nuevo los impuestos a la energía nuclear, empujándola al cierre. El Partido Popular mantiene los impuestos a la energía nuclear en Extremadura ―en Valencia los mantenía hasta hace muy poco―, el Partido Socialista mantiene los impuestos a la energía nuclear en toda España y el Partido Socialista ―que gobierna en Cataluña― mantiene también los impuestos autonómicos a la energía nuclear. Ambos están empeñados en hacer desaparecer las formas de generación tradicionales en España y, por lo tanto, de empujar al sistema eléctrico español de nuevo al colapso. Por tanto, hace falta más inversión en redes, no solo en Navarra, sino en toda España. Muchísimas gracias. .

Iván Cacho Isla PSN-PSOE

Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Arratsalde on guztioi. Señor Catalán, gracias por preocuparse por Navarra. Cada día me sorprende más, pero me temo que esta vez no viene a sumar, sino, como siempre, a confrontar cada vez que sube a este atril. Si hubiese querido colaborar, hubiera llamado a los distintos grupos a presentar esta moción. Sin embargo, usted la presenta en solitario, como su fiel estilo para confrontar con el Partido Socialista. . Sigue tendida la mano del Grupo Socialista con la enmienda que le hemos presentado. Usted dibuja una Navarra con nubarrones, oscura, en la que con medias verdades intenta sembrar dudas. Además, añade que es una red insuficiente y, además, lo vincula al futuro empleo. Dice usted preocuparse de la planificación de la red eléctrica, pero le recuerdo que fue usted el que votó en contra del real decreto contra el apagón y viene a hablarnos ahora del futuro del empleo. Le recuerdo que, en octubre, la Comunidad Foral de Navarra tuvo cifra récord en afiliación a la Seguridad social. Estamos hablando de que estamos rozando el pleno empleo, y esto es gracias al éxito de la reforma laboral, que es incuestionable. . Durante el mandato de este Gobierno se han creado casi tres millones de empleos. A esto, UPN también votó en contra. Bueno, es cierto que no votó UPN, sino que votaron los dos tránsfugas aquí, la valiente hazaña; Roma no paga traidores, pero el Partido Popular les pone dos escaños. . Hay que contextualizar la moción que se presenta aquí. Es el borrador del anteproyecto de la planificación eléctrica, como ya le explicó la ministra. Estamos en la tercera fase actual, quedan tres fases todavía. Estamos en la fase de hablar, de negociar, de acordar, de hablar, de negociar, de acordar… Queda mucho. Habrá futuras reuniones entre las distintas Administraciones. El proceso sigue abierto, sigue vivo, pero en el estado actual, aunque no cambiara nada, es interesante hacer una comparativa de los datos de las distintas planificaciones eléctricas. Con el Partido Popular, la planificación que arrancaba en 2015 invirtió 4500 millones de euros. La planificación actualmente en tramitación, la que arrancaría en 2026, prevé invertir 13 600 millones de euros, casi un 200 % más que el Gobierno de Mariano Rajoy, y usted sube aquí y se queja. Pero quiero trasladarle esta realidad también a los datos de Navarra, extrapolando los datos. En la planificación del Partido Popular ―a la que ustedes seguían acérrimos, se echaban en brazos, como decía usted, del Partido Popular― la inversión en el año 2015 era de 68 millones de euros. En el primer año del Gobierno socialista se invirtieron 90 millones de euros y en este actual hablamos de 161 millones de euros, un 137 % más que la última propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy. Es cierto que cuando hablamos de planificación eléctrica, hablamos de tres ejes: generación, transporte y distribución y demanda. Tenemos aprobados proyectos que duplican la generación en energía renovable del 1,5 al 2,8 %. Estamos a la cabeza en España, no solo para abastecer, sino que podríamos exportar. Les recuerdo que esta energía es limpia y barata, y es muy sugerente para las industrias. En el transporte, el actual borrador garantiza el suministro en el futuro, pero tenemos numerosas actuaciones que van a modernizar redes y se ganará en eficiencia. Hoy Navarra ―y hay que decirlo alto y claro― tiene garantizada la capacidad eléctrica: no existe ningún proyecto industrial en peligro por falta de potencia. . Voy acabando. Por lo tanto, pido prudencia. No saboteemos, no generemos miedos, señor Catalán, ni inseguridades a los futuros inversores industriales. ¿Saben lo que es apoyar la industria navarra? ¿Sabe lo que es? El compromiso que adquiere el Gobierno de María Chivite de subir la inversión del 1,4 al 2 % del PIB para ayuda a las empresas y a la industria; eso es apoyar la industria, eso es querer la industria en Navarra. Por cierto, ese presupuesto ya está incluido este año en los séptimos presupuestos del Gobierno de Navarra. Una industria que ocupa a casi 92 000 personas en la comunidad, un sector que ocupa casi un 40 % más que cuando ustedes salieron del Gobierno en 2015. Navarra tiene garantizada la capacidad de generar, distribuir, consumir e incluso exportar energía. Estamos mejor posicionados que otras comunidades autónomas en materia energética, donde Navarra siempre ha sido pionera, pero no nos conformamos. Por tanto, no venga a confrontar con un partido que está haciendo bien las cosas, tanto en Navarra como en España. Muchas gracias. Eskerrik asko. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. Hoy, UPN nos trae una moción muy genérica solicitando que el Gobierno atienda a la demanda de potencia eléctrica solicitada por el Gobierno navarro. Navarra cuenta actualmente con una infraestructura eléctrica sólida capaz de satisfacer las necesidades de su industria. La nueva planificación energética incluye ejes estratégicos como Tierra Estella, Laguardia, Sangüesa y Tafalla, que se suman a proyectos aprobados en ejecución, como Muruarte-Itxaso y Muruarte-Estella, asegurando así la cobertura de la práctica totalidad del territorio foral. Esta planificación permite una vertebración efectiva del territorio, garantizando suministro eléctrico incluso para industrias de alta intensidad energética, aunque no podemos obviar que hay un decalaje de unos dos años entre la aprobación de la planificación y su ejecución. A diferencia de otras comunidades, en Navarra la electricidad se distribuye a 66 kilovoltios, lo que permite atender proyectos industriales también de gran demanda sin comprometer la calidad del suministro. Asimismo, se han aprobado proyectos de energía renovables que duplican la potencia instalada actual, pasando de 1,5 gigavatios a 2,9 para 2028. Esta capacidad, junto con la red de alta tensión y las conexiones externas, aseguran la electrificación industrial, pero también posibilitan la exportación de energía, consolidando una ventaja competitiva clara para Navarra. Pero también tenemos que reconocer, por un lado, que el nivel de saturación que se observa en la red no obedece a proyectos industriales, sino al aumento de proyectos de almacenamiento que actualmente ocupan casi el 4 % de la capacidad. Y, por otro lado, que existen demandas pendientes que, desde luego, entendemos que se reivindicarán en la fase de alegaciones a esa planificación, como la ampliación de la subestación de La Serna para proyectos del Parque Tecnológico Digital, la ampliación de la subestación de Orcoyen o la instalación de un nuevo transformador en Tierra Estella-Lizarraldea. Por tanto, creemos que es necesario seguir incrementando la capacidad eléctrica en Navarra para garantizar la electrificación de todos los proyectos presentes y futuros, priorizando los proyectos industriales frente a otros usos de la red que actualmente saturan la capacidad disponible, algo que la nueva planificación contempla, puesto que prioriza atender las necesidades de los proyectos que quieren materializarse para consumir energía limpia y aprovechar las oportunidades de descarbonización, las oportunidades industriales de la transición energética. No se confunda usted, porque la planificación ha sido realizada teniendo en cuenta, desde luego, proyectos industriales, proyectos firmes y proyectos reales. El futuro industrial de Navarra, efectivamente, depende de una generación energética eficiente, justa y planificada, capaz de garantizar el suministro eléctrico suficiente, atraer inversiones y consolidar ventajas competitivas. Por eso respaldaremos la moción presentada por UPN, pero también porque hay demandas pendientes. En cualquier caso, también quiero recordarle, señor Catalán, que tiene una oportunidad muy importante para que Navarra pueda disponer de más potencia: solo tiene que pulsar con su dedo el botón para votar favorablemente dos enmiendas que llegan el jueves a esta Cámara a través de la ley de movilidad sostenible precisamente para movilizar potencia para que la industria la pueda aprovechar. En la primera enmienda encontramos un fast track que permite que las posiciones vacías de las subestaciones de transporte se puedan utilizar e incluso se pueda cambiar el uso de las que ya existen para que la industria y nuevas empresas industriales puedan conectarse rápidamente sin tener que esperar años a la nueva planificación. En definitiva, como he dicho, se trata de un mecanismo para desbloquear la capacidad inmediata, evitando que esos espacios de la red queden infrautilizados y así agilizar la conexión de esos proyectos industriales. Este fast track supondría para Navarra poder contar con algo más de 125 megavatios, el 10 % de su potencia instalada, pero lo más relevante es que se podría beneficiar de este la empresa Viscofan, ya que, aunque se encuentra recogida en la propuesta de planificación, no tendría que esperar a que se materializara, algo que, en el mejor de los casos, le supondría una espera de unos dos años. La segunda enmienda solicita que el Gobierno regule un mecanismo para permitir que, cuando ya exista una industria conectada a una posición de la red de transporte y haya capacidad disponible, se puedan conectar otras industrias en esa misma posición, reorganizando la red si es necesario. De esta forma, se aprovecha el máximo de infraestructura existente, se evitan cuellos de botella y se facilita que más proyectos industriales puedan acceder rápidamente a la electricidad sin necesidad de construir nuevas subestaciones. Se trata de enmiendas que favorecen a toda la industria del Estado y también a Navarra liberando potencia ―ya lo he dicho―: en Navarra, unos 125 megavatios y algunos más que todavía no tenemos contrastados; pero también unos 2800 megavatios en Castilla y León o 4200 megavatios en Cataluña. Lo cierto es que, sin energía suficiente, estable y competitiva, no hay industria y no hay empleo, por eso hoy votaremos a favor de su moción y esperamos que usted haga lo mismo el jueves. Gracias.

Mikel Otero Gabirondo EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu Andrea. Señor Catalán, debiera valorar seriamente dedicarse a la música de mayor, porque me da la sensación de que no hace otra cosa que tocar de oído. Usted quiere estar en la conversación, pero sin hacer un trabajo serio detrás: coge algunos artículos del Diario de Navarra, los mezcla un poco con un poco de victimismo y, a partir de ahí, habla, pero se ve que las intervenciones se le hacen largas, le cuesta rellenarlas. Habla de todo un poco, pero en realidad de nada pegado a las necesidades reales de la infraestructura eléctrica en Nafarroa. Usted no dice ni una palabra de los curtailments o de los vertidos que afectan a la generación eólica en Navarra, no dice ni una palabra sobre los problemas de poner en marcha autoconsumos en comunidades por falta de potencia o retrasos en la tramitación de las distribuidoras y no dice una palabra sobre la ocupación fantasma de proyectos que no se llevan a cabo, pero quitan espacio a otros que son más viables. De ese 94 % de ocupación, hay una gran parte de ocupación administrativa y no real. Ustedes, en realidad, están en este tema conversando y reprochando para ver si desgastan a alguien. Todo lo envuelve en una supuesta preocupación por Nafarroa, pero, si ustedes estuvieran realmente preocupados por los navarros y las navarras, por la flexibilidad de la electrificación que atienda a las necesidades en tiempo real y por la industria electrointensiva de Nafarroa, hubieran votado que sí al real decreto de ley de medidas antiapagón. Pero en el único momento ―¡oh, casualidad!― en el que ustedes tuvieron posibilidad de incidir en una votación, incidieron para torpedear las soluciones. ¿Ustedes ya le han explicado a la industria electrointensiva de Nafarroa que frente al real decreto de ley de medidas antiapagón, que incluía medidas para reducir su factura y para actualizar y redirigir las inversiones según necesidades, votaron en contra? ¿Se lo han dicho? Y ahora vienen con la bandera de la responsabilidad, pero, en realidad, ni siquiera proponiendo nada tampoco, porque lo único que hacen es pedir que apoyemos todos lo que está pidiendo el Gobierno de Navarra. Yo diría que Nafarroa, a pesar de ustedes, no va mal en la transición. Hay una planificación ambiciosa en electrificación; hay ya una cobertura muy alta de renovables sobre el consumo, del 82 %; es líder estatal en porcentaje de ventas de vehículo eléctrico y de electrificación de movilidad, y se está empezando ya a repotenciar la eólica. Es decir, hay muchos puntos positivos que creemos que, efectivamente, tienen que ser tomados en cuenta y premiados en la próxima planificación, claro que sí. Hasta donde sabemos, entendemos que hay dos cuestiones que subrayar. Con lo que se ha propuesto hasta ahora para el próximo periodo planificatorio, con esos millones de euros que usted señalaba como escasos, según el consejero del ramo, el señor Irujo, estarían garantizadas red suficiente para la nueva generación renovable solicitada, la cobertura a la distribución, la evacuación de la renovable generada a través de la red y también la potencia para electrificación industrial de proyectos firmes como el que se ha hecho de Viscofan en Zangoza. A partir de ahí, ¿qué dice el Gobierno de Navarra? Dice que hay otras actuaciones que se deben incorporar para intervenir anticipatoriamente y dar cabida a proyectos que puedan llegar o no a Tutera o a Caparroso, o incluso capacidad para prever la electrificación o la descarbonización del entorno industrial de Iruñerria, los polígonos de Landaben o de Orkoien. Puede ser sensato, no decimos que no, y entendemos que, en las alegaciones que están abiertas, el Gobierno de Navarra tiene que seguir explicando por qué estas intervenciones son necesarias. Euskal Herria Bildu dijo en el Parlamento navarro y decimos ahora que necesitamos un poquito más de información: que, estando de acuerdo con el espíritu y la idea general ―es decir, con el compromiso de reducción de emisiones, el de electrificación y el de mantener el porcentaje de PIB industrial―, queremos saber de qué, de dónde y de cuánto estamos hablando; de cuánto de firmes son las propuestas; de qué tipo de industria se va a instalar o se pretende atraer, y que, cuando sepamos eso ―y hemos pedido la información―, diremos hasta dónde estamos de acuerdo. Es posible que sea en todo, no digo que no, pero no nos gusta dar un cheque en blanco sin tener acceso a toda la información. De ahí viene nuestra abstención en Nafarroa y va a venir nuestra abstención de hoy, porque esto no va de cuanto más mejor ni de saber cuánta pasta le sacamos al Estado, que es lo que subyace en sus lloros, sino de hacer las cosas bien y en proporción. Insisto, creemos que el Gobierno estatal tiene que estudiar con atención las alegaciones del Gobierno de Navarra, pero también, como dice el Gobierno de Navarra, tiene que saber priorizar proyectos industriales. Estamos de acuerdo también con lo que dice el Gobierno de que se debe terminar con la manera de cómo se accede a la red, que es que el primero que llega tiene prioridad; esto no puede ser. Hacer política industrial también es poder decidir desde los territorios a qué le damos prioridad, y ahí es donde la planificación eléctrica tiene que ser seguidista de las necesidades que hay en los territorios. En definitiva, con esta moción UPN pretende hacer como que hace algo, pretende estar en la conversación, pero no nos olvidamos de que, en la práctica, UPN no es más que la franquicia de las derechas y de que, cuando tienen que elegir entre Nafarroa y quedar bien con los reaccionarios estatales, siempre hacen lo segundo. Besterik ez, eskerrik asko. .

Teresa Jordà i Roura ERC

Molt bona tarda a totes i a tots. Senyor Catalán, la seva moció és legítima. Ho és perquè és molt legítim voler garantir el subministrament elèctric suficient per al desenvolupament econòmic i social i industrial del seu territori. Però des del Grup Republicà li volem deixar molt clar que en cap cas compartim la mirada que UPN fa sobre aquest debat. És allò de que el nom no fa la cosa. I no ho dic perquè vostè es digui senyor Catalán. No em malinterpreti. El problema de fons no és si Navarra, o sigui Catalunya o qualsevol altre territori, li correspon més o menys megawatts dins d’un Excel de planificació estatal. Aquest no és el problema real. No ho és perquè és evident que el Govern estatal ha de prioritzar sempre o hauria de prioritzar sempre els projectes industrials que cada un dels territoris consideri clau per al seu propi territori. El problema real és quin model energètic tenim i, sobretot, qui controla aquest model energètic. Aquest és el problema. Un problema que vostè passa per alt, un problema que vostè obvia absolutament. Fa dècades que l’Estat espanyol funciona amb un model, ho hem dit moltes vegades, centralitzat oligopolístic i, evidentment, profundament ineficient, on unes poques grans empreses, molt poques, decideixen on es genera l’energia, decideixen com es transporta aquesta energia i qui en treu el benefici. I mentre tot això passa, els territoris productors com, per exemple n’anomeno algun, les Terres de l’Ebre o també Navarra, suporten l’impacte ambiental i l’impacte social de les infraestructures. Però atenció: no només suporten les infraestructures i el conseqüent impacte, sinó que no participen del valor afegit ni tampoc participen de les decisions estratègiques. Nosaltres ho tenim clar. No volem més potència per mantenir un vell sistema. No volem. El que volem, és més sobirania per transformar aquest sistema. No és tan complicat d’entendre. La transició energètica no pot ser un simple repartiment de cables i de transformadors. No és això la transició energètica. La transició energètica ha de ser, i aviso que anem tard, una transformació democràtica, una transformació territorial del poder energètic. Perquè la transició energètica ha de ser descentralitzada i ha de ser distribuïda. I això què vol dir? Doncs, miri, que s’ha d’impulsar la generació distribuïda i local, no només amb grans macroparcs que alimenten xarxes molt llunyanes. Això vol dir, per exemple, que s’ha de garantir la participació real dels territoris i s’ha de fer en la planificació elèctrica, no en simples consultes formals. Això vol dir que s’han de prioritzar les energies renovables amb retorn social, amb participació de la ciutadania, amb participació de les cooperatives, d’ajuntaments i de petites i mitjanes empreses. I això vol dir que s’ha d’assegurar que la transició sigui justa i que cap territori que ha viscut del model nuclear o del model fòssil com, per exemple, a casa meva, al Camp de Tarragona o a les Terres de l’Ebre, en quedin enrere. Les nostres comarques nuclears, ho torno a dir, com la Ribera Alta o el Camp de Tarragona, estan immerses en un procés complex de transició. I reclamem el mateix que avui reclama Navarra: que se’ns escolti i que se’ns deixi decidir el futur energètic que volem. Però el deure és del PSOE. La diferència, però, és que nosaltres no volem més capacitat per créixer amb el mateix model, sinó volem capacitat per decidir com fem créixer un nou model. Així de senzill. La solució no és demanar més potència, sinó la solució és demanar més poder democràtic sobre l’energia. És a dir, que no donarem suport a aquesta moció. Ens abstindrem com solem fer quan es parla d’altres territoris de l’Estat. Nosaltres no volem ser simples zones de pas dels electrons, perquè els electrons no volen, que els electrons necessiten passar per algun lloc. No volen, però no volem ser zones de pas. Ni tampoc volem territoris sacrificats per mantenir el confort d’un model, repeteixo, caduc i contaminant. Volem, senyor Catalán, senyories, ser protagonistes d’un model energètic sobirà, just i, evidentment, sostenible. Res més. Moltes. Gràcies. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor Catalán, su moción es legítima. Lo es porque es muy legítimo querer garantizar el suministro eléctrico suficiente para el desarrollo económico, social e industrial de su territorio, pero el Grupo Republicano le quiere dejar muy claro que en ningún caso compartimos la mirada que UPN hace sobre este debate. El nombre no hace la cosa, y no porque usted se llame señor Catalán, no me malinterprete. El problema de fondo no es si a Navarra, a Cataluña o a cualquier otro territorio le corresponden más o menos megavatios dentro de un éxcel de planificación estatal; este no es el problema real. No lo es, porque es evidente que el Gobierno estatal debería priorizar siempre los proyectos industriales que cada uno de los territorios considera clave para su propio territorio. El problema real es qué modelo energético tenemos y, sobre todo, quién controla este modelo energético. Este es el problema, un problema que usted pasa por alto, obvia. Hace décadas que el Estado español funciona con un modelo ―ya lo hemos dicho muchas veces― centralizado, oligopolístico y, evidentemente, profundamente ineficiente, donde unas pocas grandes empresas, muy pocas, deciden dónde se genera la energía, cómo se transporta dicha energía y quién saca el beneficio. Y mientras todo esto ocurre, los territorios productores, como, por ejemplo ―doy algunos―, las Tierras del Ebro o Navarra, soportan el impacto medioambiental y social de las infraestructuras. Pero ―atención― no solo soportan estas infraestructuras y su consecuente impacto, sino que no participan del valor añadido ni tampoco de las decisiones estratégicas. Nosotros lo tenemos claro: no queremos más potencia para mantener un viejo sistema, no la queremos; lo que queremos es más soberanía para transformar este sistema. No es tan complicado de entender. La transición energética no puede ser un simple reparto de cables y transformadores. No es esto la transición energética. La transición energética tiene que ser, y aviso que vamos tarde, una transformación democrática y territorial del poder energético, porque la transición energética tiene que ser descentralizada y distribuida. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos que impulsar la generación distribuida y local y no solo los grandes macroparques, que alimentan redes muy lejanas. Esto quiere decir, por ejemplo, que se tiene que garantizar la participación real de los territorios, y se tiene que hacer con la planificación eléctrica, no en simples consultas formales. Esto quiere decir que se tienen que priorizar las energías renovables con retorno social, con participación de la ciudadanía, con participación de las cooperativas, ayuntamientos y pequeñas y medianas empresas. Y esto quiere decir que se tiene que asegurar que la transición sea justa y que ningún territorio que ha vivido del modelo nuclear o del modelo fósil, como, por ejemplo, en mi casa, el Camp de Tarragona o les Terres de l’Ebre, queden atrás. Nuestras comarcas nucleares ―lo vuelvo a decir―, como la Ribera Alta o el Camp de Tarragona, están inmersas en un proceso complejo de transición y reclamamos lo mismo que hoy reclama Navarra: que se nos escuche y se nos deje decidir el futuro energético que queremos. Pero el deber es del PSOE. La diferencia es que nosotros no queremos más capacidad para crecer con el mismo modelo, sino que queremos capacidad para decidir cómo hacer crecer un nuevo modelo. Así de simple. La solución no es pedir más potencia; la solución es pedir más poder democrático sobre la energía. Es decir, no apoyaremos esta moción. Nos vamos a abstener, como acostumbramos a hacer cuando hablamos de otros territorios del Estado. Nosotros no queremos ser simples zonas de paso de los electrones ―porque los electrones no vuelan, necesitan pasar por algún sitio― ni queremos ser territorios sacrificados para mantener el confort de un modelo caduco y contaminante. Señor Catalán, señorías, queremos ser protagonistas de un modelo energético justo y sostenible. Esto es todo. Muchas gracias. .

Lander Martínez Hierro SUMAR

Muchas gracias, presidenta. Nafarroa es una tierra que tiene una fuerte tradición industrial y una enorme capacidad de innovación. Por eso, obviamente, nosotros compartimos plenamente la preocupación por garantizar que cuente con energía suficiente para sostener su actividad productiva y asegurar empleos estables y de calidad. Es una preocupación legítima, pero el debate que tenemos ante nosotros ―además, creo que no soy el primero que lo dice― no se limita a cuánta potencia asignamos a Nafarroa o a cada territorio, sino cómo planificamos la energía para avanzar hacia una economía más limpia, más equilibrada y más justa. Nosotros hoy aquí no queremos tener un debate técnico, porque creemos que la planificación eléctrica es una herramienta de transformación social y ecológica; determina qué tipo de industria impulsamos, qué huella dejamos sobre el territorio y cómo repartimos las oportunidades entre territorios y generaciones. El objetivo es usar mejor la energía, producirla de forma sostenible y garantizar que esté al servicio del interés común. En este sentido, hay que reconocer que Nafarroa está recorriendo un buen camino. Ha apostado por las energías renovables, por la eficiencia y por una industria cada vez más innovadora y más comprometida con la sostenibilidad, y ahí hay un trabajo serio por parte del Gobierno de Nafarroa anticipando necesidades y defendiendo su capacidad industrial. Pero es importante recordar que pedir más potencia también exige claridad sobre los proyectos que se quieren desarrollar y sobre su coherencia con el modelo energético y productivo que queremos construir, porque el reto no es solo tener más energía o más potencia, sino orientar esa energía hacia una industria limpia, de alto valor añadido y arraigada en el territorio. Por eso, nosotros defendemos una planificación que combine rigor técnico, por supuesto, equidad territorial y, definitivamente, visión ecológica y transparencia; una planificación que no se debe limitar a la demanda inmediata de proyectos industriales, sino que oriente el sistema hacia un modelo energético descarbonizado, descentralizado y democrático, en el que la energía es un bien compartido y que, desde luego, en ningún caso funciona como un privilegio. Cada nueva conexión eléctrica nos debe servir para consolidar esta senda. Más energías limpias, más eficiencia, más empleo digno y mucha menos dependencia de los combustibles fósiles es la política industrial que defendemos y que hemos defendido en Nafarroa también, en el Parlamento navarro; una política que fortalece el tejido productivo, impulsa la innovación sin aumentar la desigualdad y pone la energía al servicio del bienestar colectivo y, desde luego, no de la acumulación. .

Lander Martínez Hierro SUMAR

Gracias, presidenta. El progreso se mide en sostenibilidad, en cohesión y en capacidad de garantizar una vida digna para las generaciones que vienen. Señorías, estamos en plena transformación energética. Las decisiones que tomemos hoy en este ámbito en todos los territorios marcarán la calidad de vida y la justicia social de mañana. Por eso, es fundamental mantener la planificación como un proceso ordenado y transparente, donde los territorios, las comunidades y las naciones puedan plantear sus prioridades y donde el conjunto del país avance hacia un horizonte común de sostenibilidad y equilibrio. Nafarroa merece un futuro industrial sólido, un futuro industrial justo y un futuro industrial sostenible. En este contexto, la energía debe ser una palanca para modernizar, para democratizar y para garantizar que la transición ecológica llegue a todas partes y no deje a nadie atrás. Muchas gracias. .

Carlos García Adanero PP

Muchas gracias, señora presidenta. El último que me llamó lo que usted me ha llamado hoy aquí está encarcelado por corrupción. . Fíjese dónde está el último que dijo lo que ha dicho usted. Me pueden insultar todo lo que quieran, pero si hacer todo lo posible por que Sánchez no siga siendo presidente es que ustedes me vayan a insultar, ningún problema, encantado de la vida. Ya hemos sufrido bastante y, por lo tanto, eso me molesta lo justito. Pero pensaba que usted iba a aprovechar la tribuna de oradores para condenar la paliza que recibieron un periodista y un joven universitario el otro día por esas hordas que aparecieron por Pamplona , pero, evidentemente, ustedes no lo van a condenar, porque pueden molestar a ese socio tan leal como es Bildu. Decía usted que Navarra funciona de maravilla. No desde que están ustedes en el Gobierno de Navarra ―el Gobierno socialnacionalista o nacionalsocialista, depende de la época―. Mire, Navarra era pionera en sanidad, en educación, en dependencia y en asuntos sociales; era la comunidad que más viviendas de protección oficial hacía; era la comunidad donde menos paro existía de toda España; era la comunidad que más empresas atraía, y era la comunidad que generaba más empleo. De eso hoy cero, de eso ya no queda nada, y eso es por las políticas que han llevado ustedes con sus socios de Bildu-Batasuna y otros que se les han juntado en el carro. Por lo tanto, lo que están haciendo es hundir la comunidad, y eso es una evidencia. Tan evidencia es que hoy han tenido que modificar una ley, a ver si hay suerte y ya no se van más empresas de Navarra, porque todos los días tenemos alguna noticia de empresas que cierran en Navarra y se instalan en otro lado, cosa que hace unos años hubiera sido impensable. Además, éramos los que menos impuestos pagábamos y, a pesar de ello, éramos los que mejores servicios prestábamos. Fíjese usted qué hazaña. Ahora somos los que más impuestos pagamos y los que peores servicios estamos recibiendo. Y si decimos eso, nos dicen: ¿Cómo pueden hablar mal de Navarra? No, hablamos mal de un Gobierno nefasto, porque, teniendo todos los elementos que tiene una comunidad como la Comunidad Foral de Navarra, ustedes la están llevando a donde la están llevando. Y ya no vamos a hablar de las noticias que salen de nuestra comunidad, que, por desgracia, es noticia por la corrupción, como ocurrió la última vez que gobernó el Partido Socialista, todo sea dicho de paso, y por los acuerdos que tiene con Bildu-Batasuna, esos acuerdos infames por los que cada vez están más pegados y que cada vez disimulan menos, y lo hemos visto hoy aquí. Supongo que es cuestión de tiempo que los introduzcan ya dentro del Gobierno, porque, desde luego, la defensa que hace Bildu-Batasuna de todas las políticas tanto en el Gobierno de Navarra como en el Gobierno de España es un insulto a la democracia y es un insulto a todas las víctimas que murieron por la libertad y por la democracia en este país. . Eso sí que es un insulto y una vergüenza. Ustedes están haciendo en Navarra lo que están haciendo en España. Ustedes en el Gobierno tienen corrupción política, corrupción económica, corrupción ética y corrupción moral; no tienen presupuesto porque son incapaces de aprobar un presupuesto y son incapaces de tener acuerdos con nadie ya. A ustedes no les apoya una mayoría de este Congreso. ¿Qué hacen gobernando todavía? ¿Para qué están gobernando si no tienen apoyos, si nadie les apoya? . ¿Por qué no convocan elecciones? Y ahora lo que nos faltaba es ver al presidente del Gobierno de España creyéndose magistrado del Tribunal Supremo. Lo que no tiene que hacer un Gobierno si no tiene presupuesto, si no tiene apoyos y si está metido, como está metido, con toda la corrupción es llamar a las urnas y convocar a los españoles a que voten para poder salir de ese agujero en el que nos están metiendo, tanto en Navarra como en el conjunto de España. Muchas gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Muchas gracias, presidenta. Señorías, tras la interpelación urgente a la ministra Elma Saiz en el último Pleno, hoy traemos una moción de apoyo a las reivindicaciones de Asjubi40, después de que la ministra no respondiese a ninguna de las preguntas respecto a las medidas que este Gobierno iba a tomar en relación con las injusticias que están sufriendo los pensionistas con largas carreras de cotización. . Como respuesta a mis preguntas, la señora ministra se limitó a hacer un mitin de precampaña y marketing político del Partido Socialista, y la verdad es que eso nos dejó a todas estupefactas. De hecho, aseguró que los complementos a las largas carreras de cotización aplicados en la reforma de las pensiones de 2021 ya habían resuelto esta injusticia. No, se han resuelto otras cuestiones, pero desde luego no se ha resuelto esta. . Voy a facilitarles datos oficiales del ministerio. Se han aplicado esos complementos solamente a 104 000 pensionistas. Es decir, a poco más del 10 % de un colectivo de 900 000 personas. El importe medio de ese complemento es de 27 euros brutos al mes. Esto supone que el importe total de ese complemento no llega ni a cubrir el 1,5 % del importe de los coeficientes reductores. . Perdón, presidenta, es que es superincómodo tanto ruido. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Muchas gracias, presidenta. En definitiva, ese complemento no ha solucionado el 98,5 % del importe de los coeficientes reductores. Por otro lado, la ministra comparó las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización en España con las de Alemania o con las de Portugal, pero se olvidó hablar, por ejemplo, de Luxemburgo, donde a partir de los 60 años se puede hacer si se ha cotizado un total de cuarenta años de forma combinada, incluyendo periodos de cotización obligatoria, continuada, voluntaria o de compra retroactiva, con al menos 120 meses de cotización obligatoria. También se le olvidó hablar de Francia, donde poder optar a la jubilación anticipada depende de la edad de inicio laboral: con 58 años si comenzó a trabajar antes de los 16, con 60 años si comenzó a trabajar antes de los 18, con 62 años si comenzó a trabajar antes de los 20 y con 63 años si comenzó a trabajar antes de los 21 años. En Grecia, las personas con larga trayectoria laboral se pueden jubilar con una pensión completa a los 62 años, pero de esto ustedes no hablan, señorías del Gobierno. Con la reforma de 2021, mientras que en el Régimen General de la Seguridad Social y en el de autónomos ha descendido el número de jubilaciones anticipadas, se han aumentado la edad de jubilación y los años cotizados. En las clases pasivas del Estado y en regímenes especiales, la evolución es totalmente opuesta; es decir, han aumentado las jubilaciones anticipadas sin aumentar ni la edad de jubilación ni los años cotizados. Sabemos que para acceder a una pensión contributiva hacen falta quince años, por lo que una persona que llega a su edad legal de jubilación con solo veintiséis años cotizados cobra el mismo porcentaje de su base reguladora que una persona que tiene cuarenta y cinco años cotizados y se jubila anticipadamente. Es decir, es el mismo porcentaje para veintiséis que para cuarenta y cinco años cotizados, casi veinte años más de cotización. ¿De verdad cree el Gobierno que merece la pena cotizar casi veinte años más para cobrar el mismo porcentaje de la base reguladora? ¿Es que este Gobierno no quiere reconocer este esfuerzo por parte de las personas que se han prejubilado? A mí me gustaría decir una cosa: que estas reivindicaciones no son nuevas. . Aquí está el señor Sánchez ―no sé si se ve bien― acompañando una reivindicación de Asjubi. Y aquí está el Partido Socialista (muestra otra fotografía), la presidenta del pacto de Toledo y la anterior, también con Pepe Álvarez, de UGT, acompañando las reivindicaciones de Asjubi. Entonces, nos preguntamos qué le está pasando ahora al Gobierno cuando antes sí iban a hacerse la foto y a apoyar al movimiento y al colectivo. Señorías, les voy a dar otro ejemplo, además totalmente objetivo, y es que, partiendo de una pensión media de 1500 euros al mes, con una expectativa de vida de 84 años y un incremento anual del 3 % de la pensión, un trabajador que se jubila a su edad legal cobra en su vida de jubilado 602 000 euros; un trabajador de clases pasivas, con solo 35 años cotizados, cobra en su vida de jubilado 810 000 euros; un trabajador con 45 años cotizados y jubilado cuatro años antes, cobra en su vida de jubilado 582 000 euros, es decir, 227 000 euros menos que uno de clases pasivas con diez años menos cotizados, y un trabajador, por ejemplo, con 42 años cotizados y jubilado dos años antes cobra en su vida de jubilado 552 000 euros, es decir, 258 000 euros menos que el de clases pasivas. ¿Ven o no ven con estos ejemplos la discriminación? Hablemos también de los coeficientes reductores que se aplican en las clases pasivas cuando no se llega a los 35 años cotizados, porque se trata de un coeficiente reductor lineal de 3,5 % cada año. Pero ¿cuánto se le aplica a un pensionista jubilado anticipadamente, cuatro años antes, con 40 años cotizados? Pues se lo digo yo, se le aplica un 28 %. Eso significa un 7 % cada año. ¿Ven o no ven la diferencia? Otra vez se lo pregunto. Miren, aquí tengo la vida laboral de una persona que tiene cotizados 48 años, 4 meses y 8 días, y además los últimos cuatro años y medio a doble cotización. Esto refleja al final en su vida laboral que ha figurado en situación de alta en la Seguridad Social un total de 52 años, 9 meses y 22 días. ¿Saben ustedes que esta persona, por jubilarse dos años antes, está penalizada con un 13 % para toda su vida? Pues esto tienen que saberlo. Cuando quieran esa vida laboral, aquí la tengo. Esto para nosotras es una vergüenza y aquí tengo la vida laboral, como he dicho. Pero, además, lo que nos parece más vergonzoso es que el secretario de Estado de la Seguridad Social les dijo a los miembros de Asjubi40 que esto cuesta mucho dinero. Así, sin más. Esa no puede ser la respuesta política a un problema. Estimamos que solucionar esta injusticia puede tener un coste anual de unos 2 500 millones brutos, pero son un colectivo con reivindicaciones en vía de extinción, lo recuerdo. Esta solución tendría beneficios que el Gobierno no está abordando, pero que hay que abordar. De ese importe estimado en bruto, si se le aplica el IRPF, volvería directamente una parte al Estado. Pero, además, los pensionistas no quieren ese dinero para meterlo en un banco. Son mayores y tienen gastos y tienen necesidades. Y esos gastos inyectan también dinero directamente en la economía de su ciudad, de su provincia, generando más IVA y volviendo al Estado. Como he dicho, 2 500 millones de euros se pueden inyectar en la economía social porque generan puestos de trabajo, lo que aumenta el número de cotizaciones, y a su vez pagan IRPF y pagan IVA en sus compras, reduciendo también de esta forma, como digo, el número de parados. Estimamos que de esos 2 500 millones, volverían al Estado en forma de impuestos directos, indirectos y de nuevas cotizaciones un 30 % de ese gasto que tendríamos. Por lo tanto, menos del 1 % del gasto anual en pensiones contributivas. Y termino. ¿Hasta cuándo vamos a mantener esta situación? ¿Hasta cuándo van a mantener, señorías del Gobierno, del Partido Socialista y de SUMAR esta situación? Asjubi40 ya se ha reunido con todos ustedes, con todos los grupos, y no solamente aquí, sino también en Europa. Todos ustedes, en el Pacto de Toledo además, le han dado su apoyo. El jueves vamos a votar esta moción, ¿van a votar ustedes a favor de esta moción? Porque el colectivo de Asjubi40, al que han dado ustedes su apoyo cada vez que se han reunido con ellos, va a estar aquí, en ese palco, el jueves. . ¿Van a dar su apoyo a este colectivo? Porque van a estar muy pendientes de los votos. Yo pido desde aquí a toda la Cámara que, por favor, voten a favor de esta moción porque es una cuestión de justicia. Voten a favor de esta moción y dejen de mirar, por favor, hacia otro lado. Muchas gracias. .

Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

Gracias, señora presidenta. Señorías, nos presenta Podemos una moción para que no se apliquen coeficientes reductores a quienes se jubilan antes de la edad legal y después de cuarenta años de cotización. Coeficientes reductores que Podemos apoyó al votar a favor de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, en la que se establecían. Coeficientes reductores que Podemos pide eliminar para quienes han cotizado más de cuarenta años y dejarlos para quienes han cotizado treinta y nueve años y medio, lo que no parece tener ningún sentido. Dicho lo cual, vaya por delante nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las personas jubiladas que con su esfuerzo han contribuido al progreso económico y social de nuestro país. . Nos plantea Podemos una propuesta en la que no cuantifica el impacto sobre el gasto en pensiones ni presente ni futuro. Una propuesta que aumenta el gasto estructural del sistema y que, además, incentiva la salida anticipada del mercado laboral, tensionando cada vez más la relación entre cotizantes y pensionistas. Una propuesta que se cierra a valorar otras opciones, como podría ser realizar ajustes graduales en los coeficientes o evaluar el impacto de un sistema en el que cada mes trabajado sume y cada mes adelantado reste en la misma proporción. Y es que debemos reflexionar por qué el sistema deja de valorar los años cotizados más allá de treinta y seis años y medio. Esta es una propuesta que no dice cómo ni quién la pagará. Para socialistas y comunistas, el cómo y el quién se responden siempre de la misma manera. Primero, incrementando la presión fiscal. Es decir, exigiendo más esfuerzo económico a quienes están trabajando, a las empresas, a los autónomos y a las familias. Más esfuerzo económico cuando en España el salario medio ajustado por la inflación se mantiene estancado desde el año 2010, mientras crece el gasto derivado de la inmigración ilegal masiva. . Más esfuerzo económico a los jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda en propiedad ni pueden pagar el alquiler. Exige más esfuerzo un Gobierno que, en el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, no se cansa de aumentar los costes al trabajo. Recordemos que desde el año 2018 las bases máximas de cotización se han elevado un 30,9 % y las mínimas un 50,1 %. Y, dos, aumentando la deuda pública. Esto supone trasladar el coste a generaciones futuras y comprometer la capacidad del país para financiar servicios esenciales en las próximas décadas. Recordemos que la deuda pública asciende a casi 1,7 billones de euros y la de la Seguridad Social, incorporando el nuevo préstamo anunciado hace unos días, a 136 000 millones de euros. Una deuda de la Seguridad Social que los socialistas han aumentado en más de 100 000 millones de euros. Señorías, plantear aumentar el gasto sin proponer medidas compensatorias supone ahondar en el déficit estructural y en la insostenibilidad de las cuentas públicas. La insostenibilidad termina siempre en recortes, como lo fueron la congelación de las pensiones a más de seis millones de personas o la reducción de los salarios a los empleados públicos que llevó a cabo el PSOE en los años 2010 y 2011. Señorías, la sensatez nos dice que no podemos condenar a los trabajadores españoles a pagar más impuestos ni podemos cargar con más deuda a nuestros hijos. Por ello, por responsabilidad, en el Grupo Parlamentario VOX hemos propuesto una enmienda de puro sentido común, una enmienda destinada a garantizar la viabilidad de esta iniciativa, una enmienda en la que proponemos eliminar todo el gasto político superfluo e innecesario que no redunde en un verdadero beneficio para los españoles. Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. Hoy debatimos una moción que realmente habla de justicia, pero también de dignidad. Hablamos de justicia con quienes empezaron a trabajar con 15, 16 o 17 años y que cotizaron cuarenta y dos, cuarenta y cinco e incluso cuarenta y siete años y al llegar al final de su vida laboral descubren que su pensión se ve reducida para siempre por un coeficiente reductor injusto. Esto no es justicia social. No hablamos de un problema nuevo. En 2014 el PSOE en el Congreso, y más recientemente, en el año 2017, el PSOE de Andalucía presentó en el Parlamento autonómico una proposición no de ley que defendía exactamente esto, que quienes acrediten cuarenta o más años cotizados no sufran coeficientes reductores en su pensión. El argumento era claro y justo porque cuando un trabajador ha cotizado cuarenta años o más acceder a la jubilación anticipada no debería ser un castigo con reducciones permanentes, y porque existe un agravio comparativo: personas con carreras largas y sacrificadas terminan cobrando menos que quienes cotizaron menos años y se jubilan a la edad ordinaria. Por tanto, esta medida era y sigue siendo una cuestión de justicia social y reconocimiento del esfuerzo prolongado. Una reivindicación que, además, también ha llegado a Europa. La Comisión de Peticiones ha admitido una queja y ha instado a que la Comisión Europea investigue si existe discriminación contra los jubilados anticipados con largas carreras. Asjubi40, la asociación que representa a miles de trabajadores con largas carreras de cotización, lleva años reclamando lo que parece obvio: eliminar esos coeficientes reductores para quienes acrediten cuarenta o más años de cotización, reconocer que no todas las jubilaciones anticipadas son voluntarias, porque muchas se producen por despidos, planes de reestructuración o reconversiones industriales, y garantizar que el cálculo de la pensión refleje la contribución real al sistema y no penalice a quienes han trabajado más años. La moción presentada por Podemos recoge esta demanda y plantea algo fundamental, que el derecho a una pensión digna se cumpla para quienes cumplieron con creces su parte del contrato social y que dejen de aplicarse reducciones permanentes a quienes ya cumplieron con la edad legal de jubilación. Por eso apoyaremos la moción de Podemos, para que cotizar toda una vida deje de ser motivo de penalización y pase a ser un derecho reconocido, el derecho a una pensión digna y proporcional a la contribución realizada. Muchas gracias.

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, presidenta. Bon vespre, senyories. Debatem en aquest punt la moció, conseqüència de la interpel·lació que la setmana passada la diputada la diputada Velarde, va fer a la ministra Sáez. Una moció que insta al Gobierno a prendre mesures perquè la jubilació dels treballadors amb 40 anys cotitzats no pateixi la penalització dels coeficients reductors. I és que el sistema actual penalitza aquells treballadors que, malgrat haver contribuït més de quatre dècades, quatre dècades o més, decideixen anticipar, o han d’anticipar per raons de força major, la seva jubilació abans de l’edat ordinària. I aquestes senyories és una situació injusta i contrària a qualsevol principi d’equitat contributiva. Una situació que en el cas de Catalunya afecta 200 000 persones, 900 000 a tot l’Estat. Parlem de persones que amb el seu esforç diari han aixecat i han fet avançar les seves famílies i el país. Homes i dones que han pagat impostos, treballadors i treballadores que han contribuït sobradament al sistema de la Seguretat Social i que quan arriben al final de la seva vida laboral, veuen com se’ls retalla allò que merescudament els correspondria. Senyories dels partits del Gobierno, aquesta no és la manera de reconèixer-los ni de respectar-los. Menys quan en la majoria de casos parlem de persones que van començar a treballar molt joves, alguns als catorze anys amb jornades més llargues, de fins a deu hores diàries i amb menys drets laborals que avui. Només amb un dia de festa a la setmana i en ocasions també amb feines esgotadores en el camp, a la indústria o a la construcció. Saben i s’ha dit que no és el primer cop que aquest tema es tracta en aquesta cambra. Ni en els diferents parlaments autonòmics. Inclús ha arribat a Europa de la mà d’ Asjubi40. Arreu, la seva demanda ha trobat majories favorables per donar solució a aquesta situació. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Debatimos en este punto la moción consecuencia de la interpelación de la semana pasada que la diputada Velarde hizo a la ministra Saiz. Una moción en la que se insta al Gobierno a tomar medidas para que la jubilación de los trabajadores con cuarenta años cotizados no sufra la penalización de los coeficientes reductores. Porque el sistema actual penaliza a aquellos trabajadores que, pese a haber contribuido cuatro décadas o más incluso, deciden anticipar ―o tienen que anticipar por fuerza mayor― su jubilación antes de la edad ordinaria. Esta, señoría, es una situación injusta y contraria a cualquier principio de equidad contributiva. Es una situación que, en el caso de Cataluña, afecta a doscientas mil personas, a novecientas mil en todo el Estado. Hablamos de personas que, con su esfuerzo diario, han levantado y han hecho avanzar a sus familias y al país. Hombres y mujeres que han pagado impuestos, trabajadores y trabajadoras que han contribuido de sobra al sistema de la Seguridad Social y que, cuando llegan al final de su vida laboral, ven cómo se les recorta lo que merecidamente les correspondería. Señorías de los partidos del Gobierno, esta no es la manera de reconocer a estas personas ni de respetarlas. Menos aun cuando en la mayoría de los casos hablamos de personas que empezaron a trabajar muy jóvenes, algunos a los 14 años, con jornadas más largas ―de hasta diez horas diaria―s, con menos derechos laborales que los de hoy ―solo un día festivo a la semana―, y a veces incluso con trabajos agotadores en la industria o en la construcción. Saben, y se ha dicho, que no es la primera vez que este tema se aborda en esta Cámara, ni en los Parlamentos autonómicos; incluso ha llegado a Europa, de la mano de Asjubi40. En todas partes esta demanda ha encontrado mayorías favorables para solucionar esta situación. .

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, presidenta. Els deia que arreu la demanda ha trobat majories favorables per donar resposta a aquesta situació. Però com ens deia la setmana passada la diputada Velarde, els governs espanyols de torn no han mogut fitxa. Però, senyora Velarde, que Podemos no era al Govern l’anterior legislatura? Que no hi havia les majories necessàries en aquesta cambra per fer el que ara reclamen? Miri, com que avui el que es demana és més important de qui ho demana. Nosaltres, Junts, no farem com van fer vostès, que van negar a Catalunya, no Junts, a Catalunya la delegació de competències en immigració. Mirin, Junts per Catalunya volem avançar cap a un sistema de pensions just, sostenible i sobretot, adaptat a la realitat socioeconòmica del nostre país, de Catalunya. I en aquest sentit, fa temps que, igual que demanem un salari mínim interprofessional territorialitzat, també demanem que s’incorpori la variable del cost de vida en el càlcul de les pensions amb una revalorització específica per a les pensions catalanes. Una revalorització que corregeixi el greuge que pateixen els pensionistes catalans amb l’actual sistema centralitzat i homogeni. I sí, els hi dic que si la nostra aposta és per un sistema de pensions justes i dignes, resulta evident que hi ha situacions que no poden tenir-hi cabuda i la d’aplicar coeficients reductors a les jubilacions anticipades d’aquells que han col·laborat en escreix és una d’elles. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. En todas partes la demanda ha encontrado mayorías favorables para encontrar respuesta a esta situación. Pero, como decía la diputada Velarde la semana pasada, los Gobiernos españoles de turno no han movido ficha. Pero, señora Velarde, ¿acaso Podemos no era parte del Gobierno en la legislatura pasada? ¿Acaso no había las mayorías necesarias en esta Cámara para hacer lo que ahora reclaman? Mire, puesto que hoy lo que se pide es más importante que quien lo pide nosotros, Junts, no vamos a hacer lo que hicieron ustedes: negar a Cataluña, y no a Junts, la delegación de competencias en inmigración. Miren, Junts per Catalunya quiere avanzar hacia un sistema de pensiones justo, sostenible y, sobre todo, adaptado a la realidad socioeconómica de nuestro país, Cataluña. En ese sentido hace tiempo que, igual que pedimos un salario mínimo interprofesional territorializado, también pedimos que se incorpore la variable del coste de vida en el cálculo de las pensiones, con una revalorización específica para las pensiones catalanas que corrija el agravio que sufren los pensionistas catalanes con el actual sistema centralizado y homogéneo. Y sí, les digo que, si nuestra apuesta es por un sistema de pensiones justo y digno, resulta evidente que hay situaciones que no pueden tener cabida y los coeficientes reductores de las pensiones de jubilación anticipada de quien ha cotizado para ello, es una de ellas. Muchas gracias.

Jordi Salvador i Duch ERC

Bona tarda, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats i diputades. Moció per facilitar la jubilació dels treballadors i treballadores amb més de 40 anys, repeteixo, més de 40 anys cotitzats sense penalització. Votarem a favor d›aquesta moció amb la legitimitat de qui ha estat, de qui hem estat, els pioners en aquesta lluita. Fa 7 anys, Esquerra Republicana va presentar la proposició no de llei 161/003309 per dignificar les pensions dels jubilats amb llargues carreres de cotització i, a més a més, va ser aprovada el 26 de setembre del 2018 en aquesta cambra. Però no ens vam quedar amb paraules. Esquerra va aconseguir el que cap altre grup parlamentari ha aconseguit introduir en la llei la disposició addicional primera del Reial Decret Llei de Pensions, establint un complement econòmic i un mínim, repeteixo, un mínim de 900 euros, nou màxim, un mínim de 900 euros al mes, any 2022, perquè cap jubilat en aquestes condicions cobrés menys. És insuficient i per això estem avui aquí i tornarem a votar a favor una altra vegada més. I espero que aquesta vegada, aquests d’aquí i els d’allà, ho aprovin, ho portin a la pràctica, millor dit. El Govern invoca la insostenibilitat del sistema per justificar aquestes penalitzacions. I aquí ve el que és crucial: Esquerra també va forçar al Govern en aquesta mateixa negociació, no només a millorar les pensions d’aquest col·lectiu, sinó que va incloure la disposició addicional número 18 a la llei que obliga a la Seguretat Social a fer una auditoria del sistema de pensions públic, la qual cosa demostraria que aquest argument no és vàlid. Senyors diputats i diputades, hi ha 900 000 persones afectades per això i em demano una mica de respecte per aquesta gent, si us plau. Bé, com deia abans, havíem inclòs en la Llei de Pensions una auditoria a la Seguretat Social perquè això no fos una excusa per solucionar aquest problema. El Govern no ha complert. El Govern no compleix la llei. Per què? Perquè l’auditoria demostraria que el sistema és perfectament sostenible, sent just també amb aquells que han cotitzat més de 40 anys. El Govern sap que no té arguments, així que senzillament no publiquen les auditories que s’haurien de fer. Aquesta és la prova més clara que el Govern no s’ajusta a la realitat. Parlem, com deia, de 900 000 jubilats penalitzats, permanentment, i aquí és important la paraula «permanentment», amb coeficients reductors que arriben al 30 % de per vida, de per vida. La discriminació és indefensable. La doble vara de mesurar és indecent. Aquí està la paradoxa inadmissible. Un funcionari de classes passives amb 35 anys de servei reté el 100 % de la pensió. Zero penalitzacions. Un treballador del règim general que ha cotitzat 40, 45 o arriba quasi als 50 anys reté penalització permanent. I remarco una altra vegada la paraula «permanent», és a dir, penalitzats per tota la vida. Com pot ser ètic i legítim això? Que cotitzar 10 anys més comporti rebre menys pensió? Això no és sostenibilitat, és una injustícia institucionalitzada. A més, la queixa d’Asjubi40 va ser declarada admissible pel Parlament Europeu per unanimitat. De dreta a esquerra. Tots reconeixen que aquesta discriminació és injusta, però aquí es veu que per algunes coses que sentencien la Unió Europea aquí no arriben com a l’acomiadament improcedent. Seguim estant igual aquí. Aquí, no sé. No sé què més s’ha de fer perquè es compleixi segons quines lleis. Per tot això, exigim la supressió total i immediata dels coeficients reductors per a qui acrediti 40 o més anys de cotització. Esquerra Republicana ho demostra fent justícia, no només parlant des del 2018, amb fets concrets i conquistes legislatives reals que el Govern incompleix. Votarem a favor amb Asjubi40, amb els treballadors i treballadores, per dignitat. Moltes gràcies. Buenas tardes, señora presidenta. Diputados y diputadas, señorías, esta es una moción para facilitar la jubilación sin penalización de los trabajadores y trabajadoras con más de cuarenta años cotizados. Votaremos a favor de esta moción con la legitimidad de quien ha sido el primero en esta lucha. Hace siete años, Esquerra Republicana presentó la proposición no de ley 61/006 para dignificar las pensiones con largas carreras de cotización y, además, se aprobó el 26 de septiembre de 2018 en esta Cámara. Pero, no nos quedamos en las palabras; Esquerra consiguió lo que ningún otro grupo parlamentario consiguió: introducir en la ley la disposición adicional primera del real decreto de pensiones, estableciendo un complemento económico y un mínimo de 900 euros al mes, en el año 2022, para que cada jubilado no cobrara menos. Por eso estamos aquí. Volveremos a votar a favor de esta moción y espero que las dos partes de la Cámara lo aprueben. . El Gobierno invoca la insostenibilidad del sistema para justificar estas penalizaciones, y aquí se plantea lo que es crucial: Esquerra también forzó al Gobierno en esta misma negociación no solo para mejorar las pensiones de este colectivo, sino que también incluyó la disposición adicional número 18 en la ley, que obliga a la Seguridad Social a hacer una auditoría del sistema de pensiones público, lo que demostraría que este argumento no es válido. . Señoras diputadas y señores diputados, hay novecientas mil personas afectadas por esto y pido un poco de respeto a estas personas, por favor. . Bien, lo decía antes, habíamos incluido en la ley de pensiones una auditoría de la Seguridad Social para que no hubiera excusas. El Gobierno no ha cumplido; el Gobierno no cumple la ley. ¿Por qué? Porque la auditoría demostraría que el sistema es perfectamente sostenible y es injusto con quien ha cotizado más de cuarenta años. El Gobierno sabe que no tiene argumentos, así que, sencillamente, no publica las auditorías que deberían haberse hecho. Esta es la prueba más clara de que el Gobierno no se ajusta a la realidad. Hablamos, como decía, de novecientos mil jubilados penalizados permanentemente y, es importante decirlo, con coeficientes reductores que llegan hasta el 30 % de pérdida. La discriminación es indefendible. Es indecente defender esta situación. Hay una paradoja inadmisible; un funcionario de clases pasivas con treinta y cinco años de servicio recibe el 100 % de la pensión. Uno del régimen general que ha cotizado cuarenta, cuarenta y cinco o cincuenta años tiene penalizaciones permanentes ―insisto en lo de permanente―, para toda la vida. ¿Cómo puede ser ético y legítimo eso, que cotizar diez años más comporte recibir una pensión menor? Esto no es sostenibilidad, es una injusticia institucionalizada. Además, la queja de la Asjubi 40 se declaró admisible por parte del Parlamento Europeo por unanimidad, de derecha a izquierda, todos reconocen que esta discriminación es injusta. Pero aquí parece que para algunas cosas que sentencia la Unión Europea, no llegan las cosas. Dicen que es improcedente. No sé qué hay que hacer más para que se cumplan según qué leyes. Por todo eso, exigimos la supresión total de los coeficientes reductores para quien acredite cuarenta o más de cuarenta años de cotización. Esquerra Republicana demuestra su palabra haciendo justicia, desde 2018, con hechos concretos y conquistas legislativas reales, que el Gobierno incumple. Votaremos a favor pensando en los trabajadores y las trabajadoras y en la Asjubi40. Muchas gracias. .

Aina Vidal Sáez SUMAR

Hoy hablamos de un colectivo que ha contribuido muchísimo en nuestro país y que además lleva años pidiendo que se levante la penalización a su pensión, muchos hoy representados por Asjubi40. Hablamos de trabajadores con larguísimas carreras que han cotizado muy por encima de los años exigidos, a algunos de los cuales se los echó de su trabajo en momento de crisis económica, a otros se los jubiló de forma anticipada y a todos ellos se les aplica una penalización muy alta. Son personas que empezaron a trabajar jóvenes, muy jóvenes, tanto que muchos atesoran más de cuarenta años cotizados, pero, debido a las penalizaciones previstas en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, arrastran una reducción notable de su pensión de por vida. Nuestro sistema público de pensiones tiene cinco pilares, cinco principios básicos. El primero es de reparto o de solidaridad intergeneracional, por el que las cotizaciones de las trabajadoras en activo son las que pagan las prestaciones a los pensionistas. El segundo, el principio de proporcionalidad contributiva, es decir, tanto aportas, tantas cobras, aunque afortunadamente en la práctica no es estrictamente así. El tercero, el principio de universalidad; quienes no han cotizado lo suficiente tienen derecho a diferentes pensiones no contributivas, que, supuestamente, deberían poder cubrir las necesidades más básicas. Spoiler: no es así. Cuarto, el principio de gestión pública; la Seguridad Social debe gestionarse desde los poderes públicos, y así consta además en el artículo 41 de nuestra Constitución. Y el quinto, el principio de suficiencia de las prestaciones, que establece que la cuantía de las prestaciones debe ser suficiente para asegurar las necesidades básicas. Ninguno de estos principios, señoría, es neutro; ninguno. El principio de contributividad, si bien es justo que genere una relación entre lo aportado y lo recibido, no actúa para reducir las desigualdades propias del sistema capitalista. Por ejemplo, mantiene la brecha de género porque reconoce que las mujeres trabajar trabajamos, pero no que no cotizamos todo cuanto trabajamos. Por eso, es muy habitual que en las generaciones de nuestras bisabuelas, de nuestras abuelas o incluso aún en la de nuestras madres esto sea un elemento que afecte negativamente. Por eso también existe el principio de equidad, que busca, precisamente, equilibrar la contributividad reduciendo desigualdades ―no lo suficiente, insisto― y dando respuesta a los efectos negativos que producen las carreras desiguales, irregulares, la brecha de género o tantas otras situaciones. Si reforzamos el carácter contributivo del sistema, donde tal aporto, tal percibo, millones de pensionistas, sobre todo mujeres, hoy vivirían en la pobreza, incumpliendo por cierto el principio constitucional que obliga a los poderes públicos a garantizar pensiones suficientes. Cuidado, porque a veces las propuestas son como un boomerang. No tenemos un sistema de capitalización y no queremos tenerlo, en ningún caso. Y todos los cambios que hagamos en el sistema deben tener en cuenta de forma transversal la equidad y también la brecha de género. Cuidado con los trampantojos políticos. Cuídense del populismo de la brocha gorda y presionemos a quienes hoy pretenden que el tiempo arregle, por defunción, esta situación. Obviamente, votaremos a favor de esta moción porque debemos encontrar una solución para este colectivo. Y, además, debe ser ahora. Uno puede ser irresponsable por acción o por omisión. Y este Parlamento y los sucesivos Gobiernos que han ido esquivando esta cuestión lo han sido. Son unas novecientas mil personas. ¿Qué menos, señorías, que escucharlas? El Ministerio de Seguridad Social debe presentar una propuesta, porque, además, somos conscientes de que entre el blanco y el negro hay muchísimos colores. Y si bien sabemos también que es difícil conjugar la contributividad con la equidad, no significa que no sea posible ni tampoco, evidentemente, deseable. Nuestro sistema no es perfecto, pero, sin duda, es muchísimo más robusto de lo que a los buitres les gustaría reconocer. ¡Hasta aguantó la deficitaria y nefasta gestión del Partido Popular! Imagínense si es robusto nuestro sistema. Es cíclico, ya lo saben ustedes también. Y, últimamente, volvemos a escuchar voces profetizando el fin de la Seguridad Social. Son las voces de opinadores de todo y sabedores de nada. Son las voces de los buitres carroñeros que quieren hacer un suculento negocio con nuestro miedo. Los pensionistas no van a devorar ni están devorando a sus hijos, ni tampoco causando la pobreza al sistema de Seguridad Social. De hecho, hay que ser muy ignorante, tener muy mala fe o ser muy interesado para decir tal cosa. La mayoría de los pensionistas, señorías, no viven una vida cañón, por mucho que algunos se empeñen en publicar libros en este sentido. Y quienes se la pueden permitir, pues, chicas, bien por ellos. Vamos a tener derecho a una pensión y eso es compatible además con seguir haciendo subidas de las pensiones no contributivas y de las mínimas, y también con arreglar situaciones como las que hoy estamos debatiendo. También es compatible con revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida. Lo que está en duda, quizás, señorías, es si el Partido Popular, VOX o Junts per Catalunya harán posible o si van a bloquear la revalorización de las pensiones. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. . Así pues, vamos a seguir trabajando y el jueves votaremos de forma favorable. .

María Carmen Castilla Álvarez PSOE

Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Antes de nada, antes de empezar a hablar de esta moción, quiero poner en valor los miles de pensionistas que se echaron a la calle para defender el sistema público de pensiones, en contra de la reforma regresiva de Mariano Rajoy. . Además, quiero poner en valor la labor de los sindicatos de clase de este país que empujaron para que eso fuera posible. Eso que las señorías de VOX llaman gasto superfluo, eso que ellos llaman también chiringuitos... De chiringuitos sabrán mucho; nosotros, desde luego, no. Señora Velarde, hoy debatimos una moción presentada por Podemos relativa a la jubilación sin penalización de los trabajadores y las trabajadoras con más de cuarenta años cotizados. Ahí es nada, cuarenta años trabajando. . Quiero empezar reconociendo…, si las señorías del PP se callan, que vaya tarea tienen todos los… . Yo no sé dónde han estudiado, en qué colegio de pago, pero, vamos, educación poquita, ¿eh? . No me pienso callar porque estoy en el uso de la palabra. Se calla usted. . Quiero empezar reconociendo, como mi grupo parlamentario, el espíritu de esta moción, la preocupación legítima por quienes han dedicado toda su vida a trabajar y que quieren una contraprestación como es la jubilación digna. Seguidamente, si me permite usted, le voy a hacer unas cuantas críticas constructivas a su moción. Por un lado, una modificación de este calado precisa, como no puede ser otra manera, del diálogo y el consenso y del Pacto de Toledo. No se parezcan ustedes al Partido Popular, que cuando hacen una reforma, ese instrumento del que nos dotamos para el consenso y el diálogo se lo pasan por el forro. . No sean ustedes como el Partido Popular. El texto de la moción sostiene que incentivar la prolongación de la vida laboral es un sinsentido donde hay tanto desempleo juvenil. Eso es tener una visión simplista de nuestro mercado laboral, que es todavía más complicado. Está basada en la falsa premisa de que, si un jubilado sale deja un puesto vacante que es ocupado por un trabajador joven. Esa es la llamada falacia del empleo. Usted sabe cuáles son los problemas del mercado laboral, usted es andaluza como yo y uno de los problemas del mercado laboral en nuestra tierra es la formación, porque lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular de Moreno Bonilla es aumentar las plazas privadas de formación profesional en contra de la formación profesional pública, lo que hace que conculque el principio de igualdad de oportunidades, un trabajador y una trabajadora no podrán pagar unos estudios dignos con la empleabilidad que tiene este tipo. . Así que esa es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Esas reformas, todas las que hemos hecho, han sido fruto del consenso. Cada vez que el PSOE ha gobernado, ha hecho la reforma con el consenso, no como los señores del Partido Popular. . Yo entiendo que se pongan nerviosos y que no quieran escuchar, pero les voy a hacer un repaso, un repasito para que se entren los jubilados y los futuros jubilados de este país. ¿No os acordáis de la famosa reforma del año 2013? Con dos efectos perniciosos: el índice de revalorización de pensiones con un 0,25 ―que costaba más el sello de la carta que les mandaban a los jubilados que la propia subida, porque decir subida es una entelequia― y, el otro, el factor de sostenibilidad. . El Partido Popular, siempre tan preocupado por nuestro bienestar, ideó una fórmula genial para la sostenibilidad de las pensiones: si vivimos más, cobramos menos. Ahí es nada. Señorías, permítanme una reflexión a propósito de las declaraciones del líder del Partido Popular, del señor Feijóo, que dijo la semana pasada que garantizará por ley la revalorización de las pensiones, aunque no haya presupuestos. ¡Alma de cántaro, eso ya lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez! ¡Y ustedes votaron en contra de la revalorización del IPC del año 2021! En contra, igual que sus primos hermanos de VOX. Desde que Pedro Sánchez es presidente, las pensiones medias han subido en este país un 25 %, nada más y nada menos que 270 euros más al mes. ¿Saben ustedes cuánto hubiera subido con el pírrico 0,25? 19 euros en siete años. Ahí es nada. Vamos a seguir diciendo qué votó en contra la derecha de nuestro país acompañada de sus primos hermanos. Yo no sé si son primos hermanos o si son hermanos. En el 2023, cuando España vivía el mayor choque inflacionista en décadas, este Gobierno progresista propuso una subida del 8,3 %. ¿Y qué hizo el Partido Popular? Votó en contra. Votaron en contra de ampliar la cobertura de lagunas de cotización, votaron en contra de la cotización efectiva durante excedencia por cuidados familiares, votaron en contra de la revalorización del complemento por brecha de género, votaron en contra de considerar el tiempo de excedencia y reducción de jornada por cuidados familiares como cotizados, y votaron en contra de las pensiones mínimas contributivas y asistenciales. . Señorías, votaron en contra de nosotras, de las mujeres, que somos las que más afectadas estamos por este tipo de pensiones. Y votaron en contra del mecanismo de equidad intergeneracional, que no es un palabro, es lo que ha permitido que la hucha de pensiones que esquilmó el Partido Popular, a fecha de hoy, gracias a las políticas de este Gobierno progresista, tenga más de 11 000 millones de euros. . Yo sé que es cuece, pero es la realidad. Y lo hicieron de nuevo, en 2024 y 2025 votaron no a la revalorización de pensiones. Señorías del PP, ¿qué van a hacer ahora?, ¿votarán de nuevo en contra o cambiarán la película? No lo sé. . Escuchen y no hablen encima de las personas que hablan en la tribuna, que son unos maleducados. . Por eso, señorías, señora Velarde, tenemos que dejar claro que nadie ha hecho tanto por las pensiones como este Gobierno del que ustedes también fueron parte. Y seguiremos haciéndolo. Tanto cuando gobiernan como cuando están en la oposición, el peligro son ellos (señala hacia la parte derecha del hemiciclo), no somos nosotros. . Voy terminando, señora presidenta. Termino ya, no se preocupen, no les voy a dar más. Nosotros, el Grupo Socialista, nos dedicaremos a lo nuestro, a proteger a los pensionistas, a garantizar su poder adquisitivo y a defender el sistema público de pensiones, que es una conquista de todos y de todas y un orgullo del país. Muchas gracias. .

María Mercedes Fernández González PP

Muchas gracias, señora presidenta. Abordamos en este último punto del orden del día una moción presentada por el Grupo Mixto, particularmente por cuatro diputados de Podemos, que trae causa de una interpelación que se formalizó la semana anterior. A esta interpelación, señorías, el Grupo Parlamentario Popular necesita hacer algunas precisiones. Desde luego, con las intervenciones que se han producido a lo largo de la tarde de hoy, nos vemos en la imperiosa necesidad de hacer algunas reflexiones, algunas matizaciones y algunas correcciones porque sus señorías cuentan, al más puro estilo de la izquierda y al más puro estilo socialista, una historia que no se compadece con la realidad. Desde luego, cuando la portavoz socialista hablaba de la reforma del presidente Rajoy, sinceramente, yo quiero traer a su memoria, a la de todos ustedes, lo que se dijo en los años 2010 y 2011 desde esta misma tribuna por el presidente del Gobierno socialista, el señor Rodríguez Zapatero, tan apoyado y venerado por el actual sanchismo en el poder. En el poder, por cierto, sin apoyo parlamentario mayoritario, pero en el poder. . En el poder, desde nuestro punto de vista, de forma ilegítima y tramposa, pero en el poder. ¡En el poder sin presupuestos y en el poder sin respaldo parlamentario, pero en el poder! . Porque se ve que interesa mucho seguir manteniendo los sillones y también a sus señorías de SUMAR seguir en ese extraño contubernio con el socialismo de Sánchez. Yo tengo que recordarles que desde esta tribuna el señor Rodríguez Zapatero dijo: Tengo que reducir el déficit, y para reducir el déficit voy a reducir el 5 % del salario de los empleados públicos. . ¡Nunca nunca se había visto en España una rebaja del salario de los empleados públicos en nuestro país! ¿Y qué hicieron sus señorías? Votó el señor Rodríguez Zapatero ―y el señor Sánchez igualmente― la rebaja del 5 % de los salarios de nuestros funcionarios y empleados públicos. . ¿Y saben lo que hicieron también? Decirle a toda una generación que se iba a jubilar a los 65 años ―concretamente la mía― que no, que a partir de la reforma de Rodríguez Zapatero, nos jubilaríamos a los 67 años. . ¡Eso fue lo que dijeron el socialismo y la izquierda! Eso fue lo que dijeron. ¿Y saben lo que siguieron diciendo también? Siguieron diciendo que para obtener el 100 % de la pensión, ahora se necesitaban treinta y siete años de cotización. Esto también lo dijo el socialismo. También modificaron a la baja la pensión de viudedad y las jubilaciones parciales. Y también hicieron muchísimas cosas en materia de pensiones, como, por ejemplo, establecer los coeficientes reductores. Ustedes tienen una historia y una memoria selectivas ¡y no se quieren acordar de la gravedad de las medidas que ustedes adoptaron en España , y tratan de endosárselas al presidente Rajoy, que hasta lo engañaron en el traspaso de poderes, diciendo que había un déficit del 6 % y se acercaba al 9 %! Con este panorama de país, la izquierda todavía pretende dar lecciones al Partido Popular ¡y no lo vamos a aceptar! , porque en materia de pensiones tenemos mucho que decir a los españoles, y los españoles lo saben. . Y, hombre, ¡que diga la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que el complemento de maternidad es un logro de la izquierda cuando fue la ministra Fátima Báñez la que introdujo esa medida , que fue modificada por ustedes y que fue votada en contra por todas las mujeres socialistas y por todos los hombres socialistas ―‘muy feministas porque son socialistas’, pero votada en contra―…! También le tengo que decir a la portavoz del Partido Socialista Obrero y… Español que el factor de sostenibilidad, señoría, lo introdujo la reforma de Zapatero en el año 2011. . ¡El factor de sostenibilidad lo introdujo la reforma de Zapatero del año 2011 y ustedes se lo quieren endosar al presidente Rajoy, y no lo vamos a permitir, porque tenemos memoria real, no memoria selectiva! . ¡No lo vamos a permitir de ninguna manera! De ninguna manera. Quiero concluir refiriéndome al colectivo del que trae causa hoy esta iniciativa de Podemos. Por cierto, en el año 2021, cuando se dictó el real decreto de Escrivá, estaban ustedes cómodamente sentados en el Consejo de Ministros, ¡y no consta ninguna voz discrepante! ¡No consta ninguna voz discrepante! . Por tanto, sacar banderas cuando se está con cuatro escaños y, en cambio, cuando se está en el Gobierno callar y seguir obteniendo cómodamente las prebendas que da estar en el poder y en el Consejo de Ministros, sinceramente, es tener mucha cara. Mucha cara. . Quiero decir, finalmente, que, desde luego, el colectivo de pensionistas en nuestro país no solamente merece el respeto del Partido Popular, merece el apoyo del Partido Popular, que es un partido predecible, creíble ¡y que gobierna con presupuestos! ¡Gobierna con presupuestos, señorías! ¡Importante! ¡Importante! ¡Importante! . Es un tema, sin duda, complejo, y nos comprometemos a su estudio, pero no una moción de dos líneas y media, como hecha de cualquier manera, ante un tema de tanto calado, compromiso e importancia; luego estudiaremos ese tema donde se debe estudiar: en el Pacto de Toledo, con rigor y seriedad. Muchas gracias. .