Pleno del Congreso n.º 164 · XV legislatura

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. En nombre de Unión del Pueblo Navarro, una vez más, manifiesto nuestra solidaridad y cariño hacia las familias de las víctimas de las tragedias de Adamuz y rodalies, de las cuarenta y siete personas fallecidas, cuarenta y seis en la primera tragedia de alta velocidad en España. Señorías, nosotros, en Unión del Pueblo Navarro, hemos manifestado también ―lo han dicho las propias víctimas― que el dinero no va a quitarles el dolor ni va a hacer que vuelvan sus seres queridos. El dinero no va a compensar la pérdida trágica de un padre, de una madre, de un hijo o de un hermano, que no volverán a ver, a sentir, a escuchar físicamente. Muchas de ellas lo han dicho, el único consuelo que están consiguiendo es el que les da su fe. ¿Del Gobierno qué esperan? Fundamentalmente ―también lo han manifestado ellas―, del Gobierno esperan una voz, una voz que las atienda, que las escuche, que les diga la verdad de lo que ocurrió: por qué han perdido trágicamente a un ser querido cuando, para muchas de ellas, la muerte, su muerte, era evitable. Lo reclaman no solo para descansar en paz, lo reclaman no solo para poder pasar página, no solo para intentar paliar ese dolor que están sufriendo, no solo para que se depuren las responsabilidades correspondientes, sino fundamentalmente para que no vuelva a ocurrir, para que no haya más familias que pasen por lo que están atravesando ellas. Además, señorías, el Gobierno tiene que actuar con total y absoluta transparencia e información. Señor ministro, hemos venido denunciando cómo el Ministerio de Transportes sigue actuando con opacidad y con falta de información a la hora incluso de entregar la documentación que se solicita por parte de los diputados en las Cortes Generales. Además, hace unos días tuvimos conocimiento de un hecho de una gravedad importante como es que ADIF había sustraído del lugar de los hechos un material que podía ser muy importante para la investigación. La cuestión no se solventa en los debates en las redes sociales, no; tiene que ser un posicionamiento y un comunicado oficial, de ADIF o, si no, del propio ministerio. También hay dos preguntas que el ministerio sigue sin contestar: ¿por qué ahora, después del accidente y no antes, se sigue reduciendo la velocidad de los trenes?, ¿por qué ahora, después del accidente y no antes, se están inspeccionando al detalle las vías de alta velocidad? Señorías, lo dijo en el funeral de Huelva la hija de una de las víctimas: Somos las familias que cambiarían todo el oro del mundo, que ahora no vale nada, por parar, por mover las agujas del reloj tan solo veinte segundos. Somos las cuarenta y seis familias que van a luchar por saber la verdad, porque solo la verdad ayudará a curar esa herida que nunca se cerrará. Por lo tanto, señor ministro, nosotros sí apoyaremos este real decreto ley en la mañana de hoy, pero también exigiéndole el cumplimiento de algunas cuestiones que ya le he manifestado. Muchas gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Lo primero que quiero manifestar es nuestro recuerdo y nuestro respeto a las víctimas y a sus familiares, nuestro abrazo y nuestro cariño, y también el deseo de la pronta recuperación de todos esos heridos y heridas en el accidente de Adamuz y en el de rodalies. Son familias rotas, son vidas atravesadas para siempre y también es un país entero conmocionado. Las ayudas que venimos a aprobar hoy son necesarias, porque los afectados no pueden esperar años a que se resuelvan procesos judiciales que son interminables; porque el Estado tiene que responder con rapidez, con recursos y, además, con humanidad. Pero, señorías, no basta. No basta con pagar y no basta con indemnizar. Cuando hablamos de esas cuarenta y seis personas del accidente de Adamuz ―fallecidas en una línea de alta velocidad― y de esa persona del accidente en el tren de rodalies — que choca, voy a recordarlo, por el desprendimiento de un muro tras un temporal—, estamos hablando también del modelo, de cuál es el modelo, y de prioridades, de inversión pública para fomentar el transporte público, y de mantenimiento, pero también de seguridad. No podemos convertir cada tragedia en un expediente administrativo. Este real decreto ley reconoce algo que es fundamental: que el Estado tiene que estar al lado de las víctimas desde el primer minuto y que las ayudas tienen que ser, por supuesto, rápidas, compatibles, no reembolsables y exentas de tributación, y eso lo vamos a apoyar. Pero en Podemos queremos recordar que la justicia social no empieza cuando se paga una indemnización, empieza cuando se garantiza la seguridad. Esa seguridad, además, no depende del beneficio privado ni tampoco del beneficio empresarial, sino que empieza cuando el mantenimiento de las infraestructuras no se recorta ni se privatiza; empieza cuando la movilidad pública no se abandona, porque, mientras estamos debatiendo cifras, hay trabajadores y trabajadoras que tienen que coger cada día el transporte público y necesitan que el sistema funcione. Hay familias que se suben todos los días a un vagón de tren pensando que van a llegar bien a su casa, y esa confianza no se compra con 72 000 euros, esa confianza se construye con inversión pública, con planificación y con control democrático. También queremos señalar algo muy importante: que estas ayudas no pueden servir para diluir la responsabilidad de las empresas ferroviarias y las Administraciones públicas. Los administradores de las infraestructuras también tienen que asumir lo que les toque asumir. Ni un euro de lo público puede convertirse en coartada para que lo privado eluda su responsabilidad y sus obligaciones. Hoy votamos un decreto necesario, pero tenemos la obligación de investigar, de reforzar nuestro sistema ferroviario público, especialmente el transporte cotidiano de la gente trabajadora, que ha sido el gran olvidado durante todo este tiempo frente a esa foto de la alta velocidad. La cohesión social no es un concepto abstracto, sino que es que el Estado no abandone a nadie, es que quien pierda a un ser querido no tenga que pelear y que lidiar con la burocracia, es que quien resulta herido no tenga que añadir la incertidumbre económica a ese dolor y a ese sufrimiento. Por eso, apoyaremos estas ayudas, pero también exigimos verdad, exigimos responsabilidades y más inversión pública en seguridad ferroviaria, porque la mejor indemnización es que esto no vuelva a suceder. Gracias. .

Nerea Renteria Lasanta EAJ-PNV

Señor presidente, muchas gracias. Señorías, egun on guztioi. En el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) vamos a expresar nuestra posición ante la convalidación del Real Decreto Ley 1/2026. Los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, que sesgaron la vida a cuarenta y siete personas y afectaron directamente a más de quinientas, nos convocan hoy para dar una respuesta institucional urgente y también humana. Una vez más, vaya por delante nuestro más sincero pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias. Por ellos y reconociendo la extraordinaria y urgente necesidad de proporcionarles liquidez inmediata para mitigar el impacto del trauma, anunciamos nuestro voto a favor de la convalidación. Sin embargo, planteamos este apoyo con una serie de peticiones constructivas, para que la reparación sea lo más íntegra y humana posible. Señorías, es nuestro deber recordar que ninguna ayuda económica, por ágil o cuantiosa que sea, compensa jamás una vida perdida. Las indemnizaciones son instrumentos necesarios de auxilio, pero no sustituyen el vacío que dejan estos accidentes, y la verdadera responsabilidad de las instituciones no termina con la firma de un real decreto ley, sino evitando que estas tragedias se repitan. Y, para ello, es indispensable que la investigación en curso prospere con total celeridad. Necesitamos esclarecer cuanto antes las causas de los siniestros de Adamuz y Gelida, para poder actuar en consecuencia y garantizar que la seguridad ferroviaria sea incuestionable, porque las familias, además de las ayudas económicas, reclaman saber qué ocurrió y por qué ocurrió. Además, están en su derecho de conocer la verdad, porque en estas ocasiones la verdad puede ayudar a cerrar la herida abierta. Respecto a la gestión del real decreto ley, nuestra petición al Gobierno es firme: no deben limitarse a cumplir los plazos, deben batirlos. Dadas las circunstancias, el espíritu de este real decreto ley debe ser evitar que la incertidumbre económica se sume al dolor. Por eso, la resolución, la notificación y el pago efectivo de las indemnizaciones se deben realizar con la mayor rapidez posible. La Administración debe ser un motor de alivio y no un obstáculo de calendario. Queremos dejar claro también que la urgencia no justifica la imprecisión. El Gobierno ya tuvo que publicar una corrección de errores el 12 de febrero para rectificar referencias cruzadas en el BOE, por lo que pedimos la máxima diligencia para que ningún expediente sufra retrasos o denegaciones por defectos de forma derivados de una redacción ambigua. . Asimismo, pedimos que se aclare el alcance de las exenciones fiscales. Aunque el real decreto ley declara las ayudas exentas del IRPF por daños personales, persiste un concepto difuso respecto a los perjuicios patrimoniales puros y, debido a ello, solicitamos un compromiso firme para clarificar que estas indemnizaciones son el resarcimiento de un daño y no un incremento de patrimonio, evitando que las familias tengan que litigar con Hacienda. . Señor presidente…

Nerea Renteria Lasanta EAJ-PNV

Pedimos también al Gobierno que las oficinas de atención integral no sean meros mostradores, sino centros de acompañamiento personalizado. Valoramos que se contemple el desplazamiento a domicilio para las personas con movilidad reducida y exigimos que esta cercanía sea la norma y no una excepción. La Administración debe actuar minimizando la carga burocrática sobre quienes han perdido tanto. El PNV convalidará este real decreto ley por un compromiso ineludible de justicia material con los afectados, pero la responsabilidad institucional comienza ahora, en la fase de gestión humana y eficiente. En definitiva, este real decreto ley debe ser una herramienta de dignidad. Convalidamos la norma para que los recursos lleguen ya. No basta con legislar ante la tragedia, hay que gestionar con la rapidez, la precisión y la empatía que el respeto a la vida humana requiere. Muchas gracias. Eskerrik asko.

Mikel Otero Gabirondo EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Egunon, guztioi! Adamuz eta Gelidako tren istripuei loturiko diru-laguntzak ezartzen dituen errege lege-dekretuaren alde egingo du, zalantzarik gabe, Euskal Herria Bilduk. Dozenaka hildako eta ehunka zauritu utzi zituzten istripuek, lehendabizi, mina eta, jarraian, elkartasuna piztu zigun. Beste hainbat ezbeharren aurrean bezala, lehendabiziko minututik gure doluminak eta elkartasuna eskaini genituen. Adieraziz, beste hainbatetan bezala, kaltetuak laguntzeko egingo ziren esfortzuei batuko ginela. Hala esan eta egin genuen Valentziako danan. Hala esan eta egin genuen itzalaldia etorri zenean. Gure grina, gure izaera politikoa elkartasuna delako. Gure ustez, gaur berrestera ekartzen den errege dekretuak funtzio hori du ekintza bideko elkartasuna adieraztea, kasu honetan, diru laguntzen bidez. Adamuz eta Gelidako istripuak urtarrilaren 18 eta 20an izan ziren, eta aste bat besterik pasa gabe, Estatuko Gobernuak diru-laguntzak zehazten dituen errege lege-dekretua onartu eta Boletinean argitaratu zen, beraz, indarrean sartu zen bere momentuan ongi eta garaiz egindako kontua. Arin ibili da Gobernua, beraz, uste dugu gaurkoan baiezkoa eman eta laguntza hori berrestea besterik ez zaigula guztioi geratzen. Irits dadila ahalik eta azkarren laguntza biktimentzat. Laguntzen gaiaren inguruan ez dugu askoz gehiagorik esateko. Hori bai, istripuek kaltetu ugariei laguntzak emateko beharra agerian utzi badu ere, gure ustez, beste hainbat hausnarketa ere abiarazi behar ditu. Istripu larriak kontu puntuala izan daitezke, bai, baina izan daitezke sakoneko arazo gehiagoren adierazle. Eta gure ustez, bada hau kasua. Ez istripu larriak izan direlako eta tartean hildakoak izan direlako, baizik eta intzidentzia eta arazo gehiegi izaten eta jasaten ari delako trenbide sare osoa. Atzo, Puente ministroarekin izan genuen interpelazioan esan genuen moduan, aurreko astean urrutira joan gabe, berriro errailetik irtete bat izan genuen Bizkaiko Aldiriko zerbitzuan. Ez zen zauritu zauriturik izan, zorionez, baina istripua egon, egon zen. Behin eta berriz esan dugu trenbidearen garapen eredu baten agortze zantzu gehiegi ikusten ari gara azken urteotan. Trenbide sarearen gertakari ugari ikusten ari gara, eta gertakari horietako asko sare konbentzionalen finantzazio eskasaren ondorioa ere bada. Ez soilik istripuak, baizik eta ohikoak bihurtu diren atzerapenak eta abar. Aldiriak ez dabiltza ongi: salgaiak, merkantziak, ez dabiltza ongi; eta arrazoia agerikoa da, tren garapen eredu bat egon da, non abiadura handiak inbertsio guztiak jan dituen, beste guztia gainbeheran zihoan bitartean. Eta, orain, sareari milaka kilometro berri erantsi eta gero, mantentze lanen kostua sekulakoa da. Gaur ez da eguna kontu guzti hauetan sakontzeko, baina argi dago, etorkizunari begira, lehentasunak berrikusi behar direla. Eta berrikuspen honetan segurtasunak lehen lerrora etorri behar du berriro ere, ze agrikoa den moduan, istripu kopurua altua mantentzen bada, istripu larriak izateko aukerak ere hor jarraituko du. Onartu dezagun gaur errege lege-dekretu hau. Lagundu ditzagun kaltetuak ahal dugun neurrian. Baina, atzerapenik gabe, abia dezagun tren-sarearen garapenaren inguruko hausnarketa sakon bat, non segurtasuna, non gertuko zerbitzuak eta non merkantzien garraioak lehentasuna hartzen duten. Besterik gabe, eskerrik asko. Muchas gracias, señor presidente. Los accidentes de Adamuz… son un grave problema y Euskal Herria Bildu estará a favor de esta iniciativa. El accidente contó con unos cientos de fallecidos y… al final, es una cuestión que aunó nuestras fuerzas. Desde el primer momento, queremos mostrar nuestro máximo respeto por todas las víctimas. Como tantas otras veces… dijimos que nos uniríamos a los esfuerzos que se debían realizar para reparar el dolor de las víctimas. Ese es nuestro deber, y al final eso es lo que queremos hacer. Hoy este decreto ley que se trae a la Cámara tiene como objetivo — mediante ayudas económicas en este caso— mostrar unidad. Estos accidentes tan graves que hubo… fueron muy graves y, por lo tanto, hay mucha prisa para que esta iniciativa salga adelante y que se puedan reparar los daños pertinentes. El Gobierno está trabajando en ello. Por lo tanto, creemos que es nuestra opción dar todo nuestro apoyo a esta iniciativa, en este caso, para que cuanto antes se repare el daño causado a las víctimas. Y no tenemos mucho más que decir sobre este asunto. Eso sí, se ha hecho muchísimo daño y creemos que, aun así, hay que hacer muchas otras reflexiones, porque los accidentes pueden ser casos puntuales, es cierto, pero también pueden ser reflejo de un problema de mucha más profundidad. Y ese es el caso, en nuestra opinión, no porque haya habido graves accidentes, sino porque ha habido muchas incidencias, y cada vez hay más en toda la red ferroviaria. Ayer planteamos una interpelación al señor Puente, el ministro, y, sin ir más lejos, tuvimos una discusión. Por suerte, no hubo grandes problemas, pero sí que hemos dicho muchas veces que estamos viendo problemas en la red ferroviaria y que muchas veces se deben a la escasa financiación que hay en este asunto. Y ―es evidente― ha habido un modelo ferroviario de alta velocidad que se ha comido casi todas las inversiones, mientras todo lo demás iba en declive. Y ahora, con miles de nuevos kilómetros añadidos a la red, el coste de mantenimiento es increíble. Hoy no es el día para profundizar en todos estos temas, pero hay que ver cuáles son las prioridades, y en esta revisión la seguridad tiene que venir en primera línea, porque, como es evidente, si el número de accidentes se mantiene, siendo tan alto, la posibilidad de accidentes graves seguirá ahí. Aprobemos hoy este real decreto ley y ayudemos a los afectados en la medida de lo posible, pero iniciemos sin demora una reflexión en torno al desarrollo de la red ferroviaria, donde la seguridad, los servicios de proximidad y el transporte de mercancías cobren prioridad. Sin más, muchas gracias. .

Isidre Gavin i Valls JxCAT-JUNTS

Gràcies, senyor president. Crec que no esgotaré el temps. Bé, estem aquí debatent l’acceptació d’un reial decret d’ajudes a les víctimes, les víctimes de dos accidents. La veritat és que, òbviament, és un tema tràgic i lamentable. Tots hem manifestat la solidaritat i la proximitat amb totes les famílies. Són 210 víctimes. És un nombre molt important. Algunes que han perdut un familiar, algunes que han tingut danys físics, psicològics o d’altres tipus. I, en aquest cas, el que requereix, òbviament, és estar al seu costat i que el sector públic, benvinguts a la teoria de Junts per Catalunya de sempre, que no s’havia d’esperar a les assegurances o a les companyies privades perquè les víctimes poguessin rebre una ajuda i, per tant, escolti, el contingut del decret, en principi, és un contingut positiu. Nosaltres també ens agrada dir que, en aquestes situacions, també és molt important i creiem que forma part d’aquest acompanyament no utilitzar les víctimes, no utilitzar el drama, l’emoció terrible del drama que ha sigut aquests dos accidents a l’hora de formular posicionaments polítics. Bé, hem dit en altres moments també, i crec que s’escau, perquè una cosa és ajudar a les víctimes quan ha passat l’accident, però també cal fer una reflexió pública i política. Deia que nosaltres hem fet una reflexió semblant a la que faré ara en algun altre moment de que són dos accidents totalment diferents, també en el nombre de víctimes. El de Ademuz de Córdoba, evidentment, és el que ha tingut més víctimes mortals i més ferits. I, en aquest cas, hi ha una investigació encara no tancada, oberta, que esperem que es pugui tancar quan abans millor i que, en funció del resultat de la investigació, que esperem que sigui aviat, que sigui transparent, que sigui total, que sigui veraç, que tingui solvència, doncs esperem poder treure’n les conclusions que pertoqui. Però el de Gelida era un accident evitable. Jo ja vaig explicar en algun altre moment que quan es va dir que aquell mur que va caure allò era culpa de la pluja, escolti, no, no és culpa de la pluja. És culpa de que els murs i els talussos, que tenen drenatges, si no estan ben mantinguts i no hi ha un manteniment preventiu i predictiu, doncs, amb el pas dels anys, si els drenatges no funcionen, si la pluja s’acumula, efectivament, el mur o el talús pot caure. Aquest accident era un accident calcat al d’accident d’ADIF i Renfe de Vacarisses de l’R4 del novembre del 2008. I també es va dir que era de la pluja i no era culpa de la pluja. I, per tant, la reflexió és sí, cal socórrer, ajudar a les víctimes i a les seves famílies, evidentment, però potser també el que cal és intentar preveure que els accidents no succeeixin. No hi ha un escenari d’accidents zero, òbviament, o de seguretat cent per cent, però es poden fer coses, es poden fer coses. I jo li vaig preguntar al ministre no fa massa: Es pot fer un bon manteniment predictiu i preventiu, i no es feia. Es pot atendre els avisos dels maquinistes d’una forma diligent, i no es feia. Es pot dotar pressupostàriament el manteniment d’aquest tipus d’infraestructures de forma adequada, suficient, i no es feia. I, per tant, vostès els agradi o no, aquests accidents els posen en evidència que la gestió no era una gestió prou adequada com per intentar minimitzar els riscos d’accidents. No evitar-los al cent per cent, òbviament. I, per tant, han de prendre nota de tot això, no només intentar sortir aquí a donar el missatge de que vostès són sensibles i atenen a les famílies, sinó també prendre nota de tot això i corregir. Perquè si no, com s’explica que ara, en el cas de Catalunya, per exemple, apareguin tantíssimes limitacions temporals de velocitat? Vostès van dir un dia: la sensibilitat dels maquinistes, que estan afectats per la mort dels seus companys i segur que estan afectats per la mort dels seus companys. Però és que estaven tapades o és que és la sensibilitat dels maquinistes? Bé, tothom dins del sector ferroviari sap que sempre hi ha hagut moltes limitacions que han estat tapades, que quan n’han arreglat dos o tres, n’han aparegut quatre o cinc. Que n’hi ha que tenien vint anys que portaven pendent d’arreglar-se i que, ADIF moltes vegades deia que ells tenien el pressupost que tenien per anar a fer alguna coseta. Per tant, prenguin nota de tot això i corregeixin i corregeixin. I també, en el cas de Catalunya, clarament facin un traspàs com Déu mana a la Generalitat de Catalunya, un traspàs integral. Jo explicava l’altre dia que al diccionari «traspàs» diu que «és passar una cosa d’una banda a l’altra o de passar una cosa d’un lloc a un altre». Doncs escolti, fer un traspàs per passar de Renfe a una empresa participada majoritariament per Renfe perquè l’operador sigui Renfe, això no és un traspàs ni és passar les coses d’una banda a l’altra. És mantenir el control i el model centralista. I això és claríssim que és així i, per tant, no cal que ningú dissimuli més ja. És una pura evidència. Per acabar, senyor president, com veu, compliré la paraula, un últim comentari. A la compareixença del ministre a la comissió i també d’algun altre diputat, els vaig dir: Escolti’m, no és Gèlida, senyor ministre, no és Gèlida. És Gelida. En el Reial decret està ben posat Gelida. En canvi, hi ha una correcció d’errades del mateix decret i tornen a posar Gèlida i el meu president també ha dit Gèlida, perquè ho deu tenir anotat d’algun d’aquests documents. Aquí hi deu haver alguna mà negra i no sé si és la mateixa mà negra que està castellanitzant els topònims catalans a les autopistes de Catalunya, que estan traient uns cartells i posant-ne uns altres. No sé si és la mateixa mà negra, però en tot cas, tot plegat dona una imatge de l’administració espanyola bastant lamentable, sincerament. Gràcies. Gracias, señor presidente. Creo que no agotaré el tiempo. Estamos aquí debatiendo la aceptación de un real decreto de ayudas a las víctimas de los dos accidentes. Obviamente, es un tema trágico y lamentable. Todos hemos manifestado nuestra solidaridad y proximidad a todas las familias. Son 210 víctimas, un número muy importante; algunas han perdido un familiar y otras han tenido daños físicos, psicológicos o de otro tipo, y, en este caso, lo que hace falta es estar a su lado y que el sector público ―bienvenidos a la teoría de Junts per Catalunya de siempre― no espere a que los seguros o las compañías privadas reaccionen para que las víctimas puedan recibir una ayuda. Por tanto, el contenido del decreto, en principio, es positivo. Nosotros también queremos decir que, en estas situaciones, cuando se formulan posiciones políticas, también es muy importante ―y creemos que forma parte de ese acompañamiento― no utilizar a las víctimas, no utilizar el drama ni la emoción terrible del drama, que ha sido el caso en estos dos accidentes. Como hemos dicho en otros momentos también, hay que ayudar a las víctimas cuando ha ocurrido el accidente, pero también hay que hacer una reflexión pública y política. Decía que nosotros hemos hecho una reflexión parecida a la que haré ahora o en otro momento. Son dos accidentes totalmente diferentes, también en el número de víctimas. El de Adamuz, en Córdoba, es el que ha tenido más víctimas mortales y heridos. En este caso hay una investigación que todavía no se ha cerrado, que está abierta, y esperamos que se pueda cerrar lo antes posible y que, en función del resultado de la investigación ―esperemos que llegue pronto, que sea transparente, total y veraz y que tenga solvencia―, podamos extraer las conclusiones que toquen. Pero el accidente de Gelida era evitable. Ya lo expliqué en algún otro momento. Se dijo que el muro se cayó por la lluvia. Pues miren, no, no fue culpa de la lluvia, fue culpa de que los muros y los taludes tienen drenajes y, si no se mantienen bien, si no hay un mantenimiento preventivo y predictivo, con el paso de los años, si los drenajes no funcionan o si la lluvia se acumula, el muro o el talud se puede caer. Este accidente es calcado al de noviembre de 2008, el de la R4 de ADIF y Renfe en Vacarisses: también se dijo que fue por la lluvia, y no era culpa de la lluvia. Por tanto, la reflexión es que sí hay que socorrer y ayudar a las víctimas y a sus familias, evidentemente, pero quizás también lo que haga falta sea intentar que los accidentes no sucedan. No hay un escenario de accidentes cero, obviamente, o de seguridad al cien por cien, que no existe, pero se pueden hacer cosas. Y yo le dije al ministro no hace mucho que se podía hacer un buen mantenimiento predictivo y preventivo, y no se hacía; que se podía atender a los avisos de los maquinistas de una forma diligente, y no se hacía; que se podía dotar presupuestariamente de forma adecuada el mantenimiento de este tipo de infraestructuras, suficiente, y no se hacía. Por tanto, a ustedes, les guste o no, estos accidentes los ponen en evidencia. La gestión no era suficientemente adecuada como para intentar minimizar los riesgos de accidentes, no evitarlos al cien por cien, obviamente. En consecuencia, hay que tomar nota de lo ocurrido, no solo intentar salir aquí a dar el mensaje de que ustedes tienen sensibilidad y atienden a las familias; hay que tomar nota de todo eso y corregir, porque, si no, ¿cómo se explica que ahora en Cataluña aparezcan tantas limitaciones de velocidad? Ustedes dijeron un día que la sensibilidad de los maquinistas se ve afectada por la muerte de sus compañeros. Por supuesto, sí; pero ¿es que acaso se tapaban esos avisos? ¿O es la sensibilidad de los maquinistas? Pues bien, todo el mundo en el sector ferroviario sabe que siempre ha habido muchas limitaciones que han estado tapadas; que, cuando han arreglado dos o tres, han aparecido cuatro o cinco problemas. Algunos esperaron una solución durante veinte años y algunos decían que también influye el presupuesto que tenían para hacer una cosa u otra. Por tanto, tomen nota de todo eso y corrijan. Y también, en el caso de Cataluña, hagan un traspaso como Dios manda a la Generalitat de Catalunya, integral. Lo explicaba el otro día. El diccionario dice que el traspaso es pasar una cosa de un lado a otro o pasar de un lado a otro una cosa. Pues escuchen: hacer un traspaso para pasar de Renfe a una empresa participada mayoritariamente por Renfe, para que el operador sea Renfe, no es un traspaso ni es pasar las cosas de un lado a otro, es mantener el control y el modelo centralista. Está clarísimo, es así, y no hace falta que nadie disimule más; es una evidencia. Termino, señor presidente ―cumpliré con mi palabra―, haciendo un último comentario. En la comparecencia del ministro en la comisión y también a algún otro diputado les dije: No es Gélida, señor ministro, es Gelida. En el real decreto ponía Gelida; en cambio, ha habido una corrección nueva y se vuelve a poner Gélida. Y el presidente también ha dicho Gélida, porque debe de ser que es lo que tiene escrito en alguno de estos documentos. Aquí debe de haber alguna mano negra, y no sé si es la misma que está castellanizando los topónimos catalanes en las autopistas de Cataluña, donde están quitando unos carteles y poniendo otros. No sé si es la misma mano negra. Pero, en cualquier caso, todo da una imagen de la Administración española bastante lamentable, sinceramente. Gracias.

Inés Granollers Cunillera ERC

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Avui debatem el Real Decret Llei 1/2026 que dona una resposta econòmica als greus accidents ferroviaris de Ademuz i de Gelida el passat mes de gener i avui vull començar amb el que és essencial: hi votarem a favor. Hi votarem a favor perquè les víctimes no poden esperar, perquè les famílies no poden quedar atrapades durant anys en processos judicials interminables i perquè l’Estat ha d’actuar amb rapidesa quan la vida i la dignitat de la seva ciutadania han estat colpejades. Aquest reial decret llei estableix ajudes directes, complementàries a les assegurances i — important— exemptes d’IRPF, amb pagament únic, amb oficines d’atenció integral i amb la possibilitat d’avançaments perquè les famílies no hagin d’esperar una sentència per poder refer la seva vida. Una mesura que creiem que és correcta i necessària, com també és positiu que incloguin mesures de protecció laboral perquè cap treballador o treballadora sigui sancionat per retards o absències derivades del caos ferroviari. Però compte, amb això! Tampoc no ho podem posar a les espatlles dels petits comerciants o les pimes. La classe treballadora no pot pagar els plats trencats d’un sistema que falla. Però dit això, seré clara la millor ajuda per als accidents és evitar que passin i no podem limitar-nos a reaccionar bé quan hi ha una tragèdia, quan el que podem fer és prevenir-la. I aquí és on volem posar l’accent polític, ministre. Si volem reduir riscos, hem de reforçar el sistema ferroviari públic. Hem de garantir inversió sostinguda d’infraestructures, hem d’assegurar manteniment personal suficient i condicions laborals dignes. I sobretot, sobretot, hem d’evitar la fragmentació i la subcontractació en cadena, perquè això dilueix responsabilitats. Quan hi ha empreses subcontractades, quan la cadena de decisió es difumina, quan la pressió per reduir costos passa per davant de la seguretat, el risc augmenta i la seguretat no pot dependre de qui ofereix el pressupost més barat, ministre. Ha de dependre del qui ho fa bé. El ferrocarril és un servei públic essencial. No és un negoci. No és un espai per experimentar amb models de privatització encoberta com estan fent ara. I ho dèiem també en el sentit més ampli: igual que defensem que no es privatitzin torres de control aeroportuàries per tot el que suposa i tot i amb això ho estan fent, perquè el control de la seguretat no pot estar sotmès a la lògica del benefici, també defensem un sistema ferroviari fortament públic, amb responsabilitats clares i indelegables, no com el model de tancaments i externalitzacions dels centres d’ADIF que ara tenim. És molt perillós que tinguem centres d’ADIF tancats, ministre. Avui, però, parlarem d’ajudes, perquè darrere d’aquestes ajudes hi ha noms i cognoms. Hi ha quaranta-vuit morts entre Adamuz i Gelida i senyories del PP, quaranta-vuit, quaranta-vuit morts. Ahir, el seu líder, el senyor Feijóo, va semblar que es va deixar el de Gelida. No en tenen prou amb menysprear un municipi dient malament el seu nom, sinó que, a més a més, ni tan sols compten amb aquesta víctima. I no ho dic perquè, fins i tot, en el dolor hi ha hagut frivolitat i nosaltres no ho acceptem. Les víctimes mereixen respecte. Les famílies mereixen rigor i el mínim és no equivocar-se. Per a alguns sembla que potser només és un error, però per nosaltres és una qüestió de respecte institucional. Hi ha quaranta-vuit víctimes. Aquest reial decret és necessari, perquè posa l’Estat al costat de les víctimes i no les deixa soles davant de les asseguradores o davant dels tribunals. I això és coherent amb una visió d’esquerres. L’Estat com a escut social, com a garantia de drets, com a instrument de protecció. Però també diem que no ens podem resignar a gestionar conseqüències. Hem de corregir les causes: més inversió pública, menys subcontractació opaca, més responsabilitat directa i control i menys logística mercantil en serveis essencials, ministre. Votarem a favor perquè avui toca estar al costat de les víctimes i de les seves famílies, però continuarem exigint que mai més haguem de debatre un decret d’urgència per reparar el que es podia haver evitat. La vida està per sobre de qualsevol estalvi pressupostari i la seguretat està per sobre de qualsevol marge empresarial i el respecte a les víctimes està per sobre de qualsevol tacticisme polític, ministre. Deixin d’externalitzar torres de control, deixin d’externalitzar centres de reparació d’infraestructures ferroviàries, comencin a reparar l’A-2 perquè tindran un greu accident a l’A-2 i estan avisadíssims. No pot ser que els cotxes, els camions passin per les carreteres amb risc de punxar rodes contínuament, perquè fa anys i anys que els demanem que arreglin el ferm d’una carretera. Si allà passa alguna cosa, en tornaran a ser responsables. Què farem? Un reial decret per ajudar unes víctimes que les podíem haver.., ens les podíem haver estalviat per fer ben feta la feina? Tenen uns pressupostos prorrogats, però amb una inversió pressupostària i amb una execució pressupostària molt per sota del que estan fent a Catalunya. Facin el favor de posar la seguretat de les persones per davant de tot. Gràcies. Gracias, presidente. Buenos días, diputados y diputadas. Hoy debatimos el real decreto ley de 2026 que da una respuesta económica a los graves accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida el pasado mes de enero, y quiero empezar con lo esencial: votaremos a favor. Votaremos a favor porque las víctimas no pueden esperar, porque las familias no pueden quedarse atrapadas durante años en procesos judiciales interminables y porque el Estado tiene que actuar con rapidez cuando la vida y la dignidad de su ciudadanía se han visto golpeadas. Este real decreto ley establece ayudas directas complementarias a las aseguradoras y ―importante― exentas de IRPF, con un pago único, oficinas de atención integral y la posibilidad de anticipos para que las familias no tengan que esperar una sentencia para poder rehacer su vida. Es una medida que creemos correcta y necesaria, como también es positivo que incluya medidas de protección laboral para que ninguna trabajadora y ningún trabajador sea sancionado por retrasos o problemas derivados del caos ferroviario. Tampoco podemos poner la carga sobre los pequeños comerciantes o las pymes. La clase trabajadora no puede pagar los platos rotos de un sistema que falla. Dicho eso, la mejor ayuda para los accidentes es esperar que pasen y no podemos limitarnos a reaccionar bien cuando hay una tragedia, cuando lo que podemos hacer es prevenirla. Y aquí es donde queremos poner el acento político. Ministro, si queremos reducir riesgos, tenemos que reforzar el sistema ferroviario y público; tenemos que garantizar inversión sostenible en infraestructuras; tenemos que asegurar mantenimiento, personal suficiente y condiciones laborales dignas; y, sobre todo, tenemos que evitar la fragmentación y la subcontratación en cadena, porque eso diluye las responsabilidades. Cuando hay empresas que se contratan, cuando la cadena de contratación se difumina, cuando la reducción de costos se antepone a la seguridad, el riesgo aumenta, y la seguridad no puede depender de quien ofrece el presupuesto más barato, ministro, tiene que depender de que se haga bien. El ferrocarril es un servicio público esencial, no es un negocio, no es un espacio para experimentar con modelos de privatización encubierta, como ha sido el caso hasta ahora. Lo decíamos también en el sentido más amplio: igual que defendemos que no se privaticen torres de control aeroportuarias, por todo lo que implica, y se ha estado haciendo, porque el control de la seguridad no puede estar sometido a la lógica del beneficio, también defendemos un sistema ferroviario sumamente público, con responsabilidades claras e indelegables, no como el modelo de cierres y externalizaciones de los centros de ADIF que ahora tenemos. Es muy peligroso que tengamos centros de ADIF cerrados, ministro. Hoy, sin embargo, hablaremos de ayudas. porque detrás de esas ayudas hay nombres y apellidos. Hay cuarenta y ocho muertos entre Adamuz y Gelida. Señorías del PP, cuarenta y ocho muertos. Ayer, su líder, el señor Feijóo, parece que se dejó el de Gelida; no tuvo en cuenta a esta víctima. . También despreció al municipio, diciendo mal su nombre. Lo digo porque incluso en el dolor ha habido frivolidad, y nosotros no lo aceptamos. Las víctimas merecen respeto y rigor, también las familias, y el rigor es no equivocarse; a algunos quizás les parece solo un error, para nosotros es una cuestión de respeto institucional. . Hay cuarenta y ocho víctimas. Este real decreto es necesario porque pone al Estado al lado de las víctimas y no las deja solas ante las aseguradoras o los tribunales, y eso es coherente con una visión de izquierdas: el Estado como escudo social, como garantía de derechos, como instrumento de protección. Pero también decimos que no se pueden resignar a gestionar consecuencias. Tenemos que corregir las causas: más inversión pública, menos subcontratación opaca, más responsabilidad directa y control y menos logística mercantil en servicios esenciales. Ministro, votaremos a favor porque hoy nos toca estar al lado de las víctimas y de sus familias, pero seguiremos exigiendo que nunca más tengamos que debatir un decreto de urgencia para reparar lo que se podía haber evitado. La vida está por encima de cualquier ahorro presupuestario, la seguridad está por encima de cualquier margen empresarial y el respeto a las víctimas está por encima de cualquier tacticismo político. Ministro, dejen de exteriorizar torres de control y de externalizar centros de reparación de infraestructuras ferroviarias. Empiecen a reparar la A-2 porque tendrán un grave accidente, y están avisadísimos. No puede ser que los coches y los camiones pasen por las carreteras con el riesgo de que se pinchen sus ruedas continuamente, porque hace años y años que les pedimos que arreglen el firme de una carretera. Si allí pasa algo, volverán a ser responsables. ¿Qué haremos? ¿Un real decreto para ayudar a unas víctimas que nos las podíamos haber ahorrado si hubiéramos hecho bien el trabajo? Tienen unos presupuestos prorrogados, pero con una inversión y una ejecución presupuestarias muy por debajo de lo que están haciendo en Cataluña. Hagan el favor de poner la seguridad de las personas por encima de todo. Gracias. .

Fèlix Alonso Cantorné SUMAR

Gracias, presidente. Hoy el Gobierno somete a nuestra validación un real decreto ley nacido de unas tragedias que nunca hubiéramos querido vivir. Ninguna medida puede aliviar el dolor de quienes han perdido a un ser querido ni borrar las secuelas físicas o emocionales de quienes resultaron heridos o vivieron el siniestro en primera persona ni calmar el sufrimiento de sus familias y allegados. De nuevo, me corresponde a mí, en el nombre del Grupo Plurinacional de SUMAR y de su espacio político, trasladar todo nuestro cariño y solidaridad a las víctimas, a sus familias, a sus amistades y al conjunto del sector ferroviario. Hablamos de 211 víctimas: 47 fallecidos y 164 personas heridas. Detrás de cada cifra hay una historia, una vida que ya nunca será la misma, una familia que esperaba. También hay momentos de orgullo, de pueblo, de gentes que se vuelcan para socorrer a los damnificados: ejemplos como los de Adamuz, Gelida, Grazalema y Ronda nos recuerdan a diario que, más allá de lo que algunos quieren hacernos creer en este hemiciclo, España, su pueblo y sus gentes son, en una inmensa mayoría, personas buenas, dispuestas a ayudar, a ofrecer su casa, a donar su sangre, a alimentar a quien sufre y a acoger a quien es diferente. . Sabemos que la responsabilidad de un Gobierno comienza justo después del accidente. . El ministro, en nombre del Gobierno de la coalición de izquierdas, dijo en sucesivas comparecencias ante los medios y ante este Congreso que no nos vamos a olvidar de las víctimas ni de sus familias, y muestra de que estamos ante un Gobierno que cumple su palabra, es precisamente este real decreto ley sobre Adamuz y Gelida. Ante situaciones de emergencia y ante tragedias como la que nos ocupa, el Estado debe estar a la altura de lo que sus ciudadanos necesitan. No somos una franquicia de nadie y no partimos de cero. Lo aprendido en el trágico accidente de Spanair en Barajas, en el de la curva de Angrois, en la gestión de la pandemia, en la erupción del volcán de La Palma, en los incendios de León y de Galicia o, más recientemente, en la dana, debe servirnos para mejorar la atención a las víctimas y para corregir todo aquello que, como sociedad, refuerza la seguridad de todas las personas. Por eso, este real decreto ley propone agilizar los procesos. Las víctimas no pueden esperar, al dolor no podemos añadirle la incertidumbre de no saber cómo salir adelante. De eso trata precisamente este real decreto ley. Su doble objetivo es claro: establecer ayudas directas y anticipar unas indemnizaciones que no pueden demorarse ―hasta diez años está tardando la resolución del accidente de Angrois―. En un plazo no superior a tres meses los herederos de las víctimas mortales recibirán 216 000 euros en un pago único. La rapidez institucional también es una forma de cuidar y de acompañar; es la expresión del Estado a través de su Gobierno, que da un paso al frente para decir a las víctimas, con todo el respeto y el cariño, que están a su lado. Estas medidas no reparan el dolor de lo irreparable, pero demuestran respeto e intentan transmitir el calor de un Estado que aspira a ser el relevo solidario de esos pueblos que se entregan para ayudar al prójimo en momentos difíciles. Aunque no sea objeto de este real decreto ley, es también momento de recordar las lecciones que nos deja el accidente de Gelida: la necesidad de seguir invirtiendo, de incrementar las partidas destinadas al mantenimiento de las líneas convencionales, como las de rodalies, que debido a los años de despreocupación institucional y desinversión atraviesan una situación pésima, situación que también genera dolor y trastornos emocionales a quienes cada día deben utilizarlas por necesidad para desplazarse a su trabajo o a sus centros de estudios. . Es un esfuerzo que el Gobierno está realizando. Una vez transcurrido el tiempo necesario, es obligado reevaluar nuestra política ferroviaria y sus estándares de seguridad. Lo haremos, seguro. Esta reevaluación debe hacerse con una mirada mucho más amplia. No quiero terminar sin poner el acento en las consecuencias indirectas que afectan al conjunto de la población derivadas de los abusos que puede generar un sistema de libre mercado, un sistema que necesita elementos de corrección, y no solo por el accidente de Adamuz y el consiguiente corte ferroviario del sur de España y Madrid en una red de comunicaciones radial, sino también por los incendios de sexta generación de Castilla y León y Galicia y, más recientemente, por el tren de borrascas que ha azotado toda la península obligando a evacuar a los vecinos de Grazalema. En los días posteriores vivimos la cara más inhumana del capitalismo a través de las desmesuradas subidas de precios, que esta vez el Gobierno ha sabido atajar a tiempo con el real decreto ley que votaremos en un par de horas. La solidaridad con los de abajo no puede encontrar como respuesta el abuso de quienes no solo no quieren aportar lo que les corresponde al Estado, sino que, además, se aprovechan del dolor para convertir la necesidad en negocio. . Adamuz, Gelida y Grazalema nos recuerdan que, sin un Estado que acompañe, la barbarie del sálvese quien pueda acecha a la vuelta de la esquina. De nuevo les recuerdo que aquí seguimos, y esta vez no pasarán. Gracias. .

Carina Mejías Sánchez VOX

Muy buenos días. Una vez más queremos transmitir nuestro más sentido recuerdo a la memoria de las víctimas de Adamuz y de Gelida y a sus familiares. Señor ministro Torres, ¿dónde está el señor Puente? ¿Qué le ha pasado? ¿Se le han pegado las sábanas? ¿O es que no se ha querido enfrentar hoy a las críticas por las últimas noticias de sustracción de pruebas del lugar del accidente? . ¿O es que tampoco se ha querido enfrentar a que hoy es el día en el que se constituye la plataforma de víctimas para reclamar sus derechos ante el abandono de las Administraciones públicas? Señor Torres, ¿dónde está el señor Puente, ese que farda de ser el omnipresente y el omnitransparente? ¿Dónde está? Hoy debería estar aquí para dar la cara, para enfrentarse a esas víctimas, pero no está. Hoy le ha mandado a usted de segundón, el día en el que este Parlamento no discute un mero decreto de ayudas, sino algo mucho más incómodo y mucho más duro: el abandono a las víctimas de Adamuz que, como le digo, hoy se constituyen en una plataforma para reclamar sus derechos; el intento de comprar su silencio a golpe de talonario, lo que es, en definitiva, este decreto, y la gestión de un ministro que ha cruzado ya todas las líneas de la decencia política, señor Torres. Mire, las víctimas de Adamuz llevan semanas ―prácticamente ya un mes― repitiendo lo mismo, que quieren saber la verdad. ¿Y qué ha hecho el ministro Puente? Mentir. Mintió cuando dijo que la vía estaba íntegramente renovada. Mintió cuando falseó las fechas de las inspecciones. Mintió cuando negó los problemas estructurales que todos ―todos― habíamos sufrido. Mintió cuando dijo que lo había hecho todo muy bien. Pues no, no lo ha hecho todo muy bien y debe responder por eso. . Hoy estamos aquí recordando a las víctimas, a las que no han dedicado ni una sola palabra de perdón, señor ministro, ni una sola palabra de perdón. Ninguna responsabilidad política, ni una sola dimisión, ni un ápice de vergüenza, señor Torres. El accidente ocurrió el día 18 de enero ―se lo han recordado algunos de los intervinientes anteriormente― y el día 19 ustedes redujeron la velocidad de todos los trenes. Si el accidente no hubiera ocurrido, ustedes hubieran mantenido la velocidad de los trenes y hubieran puesto en riesgo la vida de miles de españoles. Encima fardaban de que los iban a poner a 350 kilómetros hora. . El ministro dice que él lo hace todo muy bien con cuarenta y siete muertos a sus espaldas. Si no hubiera sido en Adamuz, señor Torres, hubiera sido en cualquier otro lugar de España. Ustedes han jugado a la ruleta rusa con la vida de los españoles. Hoy nos traen un decreto de ayudas con la tentación de usarlo como mordaza. Pagan a las víctimas para que se callen, pagan su silencio a golpe de talonario, y que nadie insista en buscar culpables, que los hay, señor ministro, los hay. Creo que usted está aquí porque pasaba por ahí, ¿no?, para sustituir al señor Puente, que como digo no ha querido venir a dar la cara, pero explíquenos por qué ha habido ceses menores en Cataluña cuando ha habido un muerto en Gelida y por qué todo sigue igual tras la terrible tragedia de Adamuz, con cuarenta y seis fallecidos y decenas de heridos. ¿Ni una sola dimisión, ni un solo cese, señor ministro? ¿No hay nadie que se haga responsable político de esta enorme tragedia? . Pues mire, a nosotros no nos van a callar y a las víctimas tampoco. ¿Sabe lo que dicen las víctimas? Las víctimas dicen que sienten rabia por el olvido de las Administraciones. ¿Y sabe por qué? Porque no hay dinero suficiente para sustituir una vida; no hay dinero en el mundo que devuelva unos hijos a sus padres, una niña a toda su familia, una madre a una familia, un hermano a su hermana. Ustedes no han tenido tiempo ni para una llamada oficial en los días más duros ni para acompañarlos en el duelo. Que se apañen como puedan, que hagan lo que puedan. Han abandonado a las familias, que se han tenido que organizar por su cuenta. Como le digo, hoy se constituye la plataforma para reclamar sus derechos al ministerio, que presume de oficinas integrales de respuesta, pero que nadie ha visto. Ustedes pretenden lavar su conciencia y enterrar su culpa a golpe de talonario. Pero no se lo vamos a permitir, se lo vamos a estar recordando siempre. Ahora también sabemos que han manipulado pruebas, que se ha manipulado el escenario del accidente: el que el personal de ADIF se llevó fragmentos de carril sin permiso ni autorización judicial, con nocturnidad y alevosía. ¿Y qué dice el ministro? ¿Qué dice el ministro? Que son bulos de la fachobulosfera. ¡Qué nivel, señor Torres! ¡Qué nivel! ¿Son bulos el informe de la Guardia Civil y el requerimiento de la jueza? ¿Esos son bulos? ¿Esos son bulos? . Ustedes no pueden seguir huyendo de su responsabilidad, porque ha sido la misma juez la que les ha apercibido de que o devuelven el material o acabarán sentados en el banquillo. No, no son bulos de fachas ni de la fachosfera, es un requerimiento judicial, señor Torres. La juez y la Guardia Civil son los que les señalan. Dice una jueza que ha visto que un ministro la chulea y lo dice la Guardia Civil, con la que ha empezado una batalla de comunicados para intentar ganar el relato que le permita escapar de la culpa. Pero esta vez no va a colar, señor Torres. La transparencia no es salir muchas veces a hacer ruedas de prensa, como ha hecho el señor Puente, ni mentir una vez tras otra, porque por mentir más alto y por ser más agresivo no va a tener razón. La transparencia es decir la verdad y no tocar una sola prueba sin autorización judicial. Queremos saber quién dio la orden de sustraer esas pruebas. ¿A ese tampoco le van a cesar? ¿A ese le van a mantener en el cargo? Pues, mire, nosotros lo vamos a decir muy alto y claro. Esa falta de responsabilidad mata, señor ministro. Tiene consecuencias. Esa corrupción, que también le salpica a usted y que salpicó al Ministerio de Transportes, mata, señor ministro. . Y la gestión negligente del ministro mata, señor ministro, una gestión incompetente y negligente que ha provocado 47 muertos y más de 160 heridos. Nadie ha dimitido, señor ministro. Nadie ha sido cesado y nadie asume que hay una responsabilidad política. Pero la juez ya les ha advertido de que o responden o acabarán en el banquillo. Señor ministro, ustedes son directamente responsables como Gobierno solidario de tres cosas. La primera, de mantener al ministro en su cargo después de su gestión incompetente e ignorar las advertencias que han provocado muertos de los que son directamente responsables. Ustedes también son responsables de abandonar a las víctimas, que no solo han tenido que sobrevivir al tren, sino que ahora tienen que sobrevivir al abandono y al laberinto burocrático para defender sus derechos. Y ustedes son responsables de desobedecer decisiones judiciales que han puesto en riesgo la investigación, Han hurtado pruebas, obligando a una jueza a recordarles que, si las siguen manipulando, van a acabar con responsabilidades penales. Ustedes saben que son culpables y solo buscan una coartada, pero no les va a servir de nada porque ni las víctimas ni VOX van a permitir que el dolor de Adamuz se tape a golpe de talonario y que la instrucción judicial se manipule para salvar a los culpables, que tienen que acabar en el banquillo. Tienen que cesar inmediatamente al que dio la orden de desobedecer al juez y de robar las pruebas.

Carina Mejías Sánchez VOX

Dejen de comprar el silencio de las víctimas a golpe de talonario y hagan que el ministro Puente asuma su responsabilidad…

Carina Mejías Sánchez VOX

… y se vaya antes de que sea un tribunal quien lo siente en el banquillo. Nada más y muchas gracias. .

Rafaela Crespín Rubio PSOE

Señor presidente, señorías, queridos ministros, subo hoy a esta tribuna, en nombre del Grupo Socialista, con la emoción contenida de quien sabe que ninguna palabra ni ninguna indemnización puede reparar el inmenso dolor de las familias que han perdido a un ser querido y de los heridos de los accidentes de Gelida y Adamuz. . Podríamos haber sido cualquiera de nosotros o nosotras. Muchos compañeros y compañeras de este hemiciclo cogemos ese Alvia; cuarenta y siete vidas, otros muchos proyectos interrumpidos, rotos; es una tragedia que nos sigue conmoviendo como país, señorías. A todas ellas, una vez más, en nombre del Grupo Socialista, un fuerte abrazo. Señorías, no hablamos de cifras ni de expedientes. Hablamos de vidas truncadas. Hablamos de un duelo que aún está muy presente en este país. Este Parlamento les debe compromiso, respeto y verdad. Y también les debe estas ayudas. Señora Mejías, no siempre podemos prever las crisis, pero sí tenemos la obligación de estar a la altura para acompañar a las víctimas, y este Gobierno lo ha hecho siempre en cada una de las crisis que se ha encontrado. . El espíritu de Adamuz es el corazón de Andalucía, señorías; y si hay algo que ha conmovido a todo el país es la reacción ejemplar de todo un pueblo. Desde el primer momento el municipio y su ayuntamiento han estado a la altura de lo que la ciudadanía espera de sus representantes: cercanía, presencia, coordinación, solidaridad. Por eso, yo quiero saludar hoy a Rafael Ángel, el alcalde de Adamuz, que nos acompaña en esta tribuna y al equipo de Gobierno. Muchas gracias, compañeros. . Ellos, las concejalas, los concejales, los alcaldes y las alcaldesas son el máximo exponente de la política con mayúsculas; la política de la proximidad, la política de la cercanía, la política de la vocación de servicio público, señorías. Adamuz lo ha demostrado; lo ha demostrado como un pueblo ejemplar, solidario y compasivo, que convirtió su dolor en organización y ayuda colectiva. Fueron los primeros en montar el hospital de campaña aquella noche. La política discreta, señorías, la ejemplarizante, sin estridencia ni búsqueda de protagonismo, la que trabaja de manera responsable y colabora con el resto de las instituciones. Ese espíritu ―que no se quede solo allí― ha sido capaz de reconciliar a partidos muy distintos en otras materias, demostrando que ante una tragedia es posible aparcar la bronca y situar en el primer plano el respeto a las víctimas, la cooperación institucional y, señorías, la dignidad de la política. Ese es el camino que el Grupo Socialista sigue. Menos ruido y más humanidad. Menos titulares fáciles y más trabajo serio, silencioso y eficaz. La mejor manera de honrar a las víctimas, señorías, es con la defensa y el reconocimiento de los servicios públicos. Y también nuestra red ferroviaria lo merece. Transparencia, dar la cara, buscar la verdad, explicar, gestionar y gestionar desde el minuto cero. . Eso es lo normal desde la responsabilidad pública, señorías. Y digo esto porque esto no se puede presentar como algo extraordinario, ni tampoco para rentabilizarlo partidistamente; que no se olvide tan pronto el sufrimiento de las familias. Esta debe ser la norma; es lo que esperan los ciudadanos de todos nosotros y nosotras. ¡Cuánto se está distorsionando la política, señorías, para sacar partido de lo que es nuestra obligación! Lo extraordinario es lo contrario. Lo extraordinario es la dejación de funciones y es la negligencia, esa que se ha constatado en lo que pasó con la dana y con el señor Mazón, señorías. . Todos los profesionales merecen hoy nuestro reconocimiento: los profesionales de las emergencias, los profesionales sanitarios, los psicólogos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la protección civil, los funcionarios de justicia, todos. Y también quiero hoy hacer una mención expresa al hospital de referencia de Córdoba, que es el Hospital Reina Sofía. En Córdoba faltaron segundos para que los médicos, los enfermeros y todo el personal sanitario se pusiera a disposición de las autoridades sanitarias. Aquí se entiende la defensa que hace el PSOE de la sanidad pública, una sanidad con recursos y calidad. . Miren, este accidente ocurrió ―como todos saben― en Adamuz. Adamuz está a treinta minutos del hospital de referencia, que es el Reina Sofía. Imaginemos que se hubiera dado a la altura de Villanueva de Córdoba, en el norte de la provincia de Córdoba; no hubiéramos tenido un hospital, porque el hospital de Peñarroya y el hospital de Pozoblanco están desmantelados por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Por eso, una vez más, lo decimos aquí orgullosos y fuertes: solo lo público salva al pueblo, señorías. . Como ha explicado el ministro, las ayudas comprometidas por este Gobierno persiguen proteger y acompañar a las víctimas con seguridad, rapidez y justicia. Sí, ministro, eso es lo que hace hoy este real decreto. No es un gesto simbólico ni una simple declaración de intenciones. Es un instrumento para proteger y acompañar a las víctimas en el proceso de afrontar y rehacer de nuevo su vida, complementando porque, como aquí se ha dicho, no sustituyen los derechos que pudieran corresponderle por otras vías legales o aseguradoras. Este decreto, señorías, es un modelo de país; un Estado social que no mira hacia otro lado, que reconoce el dolor y actúa con solvencia, empatía y justicia. Investigación y verdad para mejorar, claro que sí; investigación y verdad para mejorar. Respaldamos que sean los organismos técnicos independientes y los tribunales quienes determinen las causas y las posibles responsabilidades. Y lo haremos con respeto absoluto a su trabajo y con la convicción de que solo la transparencia fortalece nuestras instituciones. Lo haremos, lo haremos con convicción, con nitidez y sin miedo, señorías. Voy terminando, presidente. Frente a quienes utilizan el dolor, los bulos, los miedos, las infamias ―el mismo Feijóo lo hizo ayer―, el Gobierno elige el camino de la responsabilidad, de la ejemplaridad y del respeto. Cuando convalidemos hoy este real decreto, lo que estaremos haciendo es mandar un mensaje a todas esas familias. Les diremos: estamos con vosotras, con la verdad, con la justicia, con una política que honre vuestra memoria con hechos y no solo con palabras. Vuestro dolor es nuestro dolor. Y en esa memoria yo quiero recordar hoy a dos víctimas, a dos onubenses. Un matrimonio: Óscar Toro, periodista, que defendía que sin ética no hay periodismo, y a María Clauss, su compañera de vida, la primera mujer ganadora del Premio Internacional Luis Valtueña de Fotografía Humanitaria, que organiza Médicos del Mundo, con el proyecto Donde no habite el olvido. Siempre en nuestra memoria y no os dejaremos solos. Muchísimas gracias. .

Bartolomé Madrid Olmo PP

Gracias, presidente Señorías, en primer lugar, el Grupo Popular quiere lanzar un enorme abrazo al cielo para las personas que fallecieron en esos malditos accidentes de Adamuz y Gelida. Un abrazo extensivo a familiares y a todas las personas que viajaban en los trenes o vivieron la tragedia , deseando que el tiempo calme tanto dolor, tantos malos recuerdos y elimine cualquier secuela que pueda impedir una vida plena. Los miembros del Partido Popular en esta Cámara queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los profesionales que participaron en las tareas de rescate con situaciones muy complicadas, así como al pueblo de Adamuz, a su ayuntamiento, a la Diputación de Córdoba, a la Junta de Andalucía y a todas las personas anónimas que no dudaron en arrimar el hombro, dando un enorme ejemplo de humanidad. Señorías, debatimos hoy sobre una deuda de país con quienes han sufrido el horror de la tragedia. Supone dar respuesta a un real decreto debido, con el que el Gobierno esta vez utiliza correctamente un instrumento constitucional sin intrusos torticeros para facilitar la vida a esas personas que sufren. Para el Partido Popular tiene el sentido de dar un sí a unas ayudas de todos los españoles para las víctimas, un sí a la rapidez en la gestión de emergencia, esperando que el Gobierno cumpla, pero un sí independiente de la necesidad de saber lo ocurrido para depurar responsabilidades , porque la reparación total solo llegará con el conocimiento de la verdad, en un ejercicio activo de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad política; una verdad que no puede entender de intereses espurios ni cálculos de ningún tipo, sino de justicia y dignidad para las víctimas, sin titubeos. Es mejor saber que imaginar, dijo Liliana en el funeral de Huelva. Así, los afectados y familiares de las víctimas mortales en el accidente de Adamuz se han constituido en asociación, con los objetivos de defender sus derechos, esclarecer la verdad y evitar que la tragedia caiga en el olvido. Por tanto, nuestro sí a estas ayudas es también un no a ese olvido, porque no es una opción en democracia. Y en ese no al olvido se enmarca la comisión de seguimiento que ha anunciado Juanma Moreno, una comisión para el reconocimiento y memoria de las víctimas, apoyo y cuidado a sus familiares, seguimiento de las inversiones, conocimiento de la verdad y asunción de responsabilidades. Una comisión que ya ha criticado el Gobierno, acusando a Juanma Moreno de sobreactuación. Señorías, es indignante que la búsqueda de la verdad o el reconocimiento a las víctimas se considere una exageración. . Y es que, señor ministro, las víctimas no están siendo la prioridad del Gobierno, como ha dicho, ni la transparencia su principal objetivo. Por ello, nuestro sí de hoy es un sí por y para esas víctimas, con la seriedad que merecen; un sí contra la manipulación y la crispación ante la tragedia y a favor del respeto que siempre debe imperar, y es un acto de coherencia necesario para generar confianza en los ciudadanos hacia las instituciones y hacia los gobernantes, que tienen la obligación de servirles. Eso es lo que hizo el Partido Popular desde un principio, porque un partido de Gobierno está obligado a dar la mejor respuesta posible en las situaciones más difíciles. Y el Partido Popular, señorías, la ha dado. Ese ejercicio de seriedad y respeto es lo que caracterizó desde el primer momento a Alberto Núñez Feijóo y a Juanma Moreno, el presidente del Partido Popular y el presidente andaluz impregnados de lealtad institucional y compromiso con el sufrimiento y las necesidades de los ciudadanos. En Adamuz, señorías, ha quedado registrado para la historia el manual de convivencia de Juanma Moreno, convivencia como motor para que nuestra democracia sea cada día más fuerte. Señora Crespín, defender la sanidad pública es lo que hace el Gobierno de Juanma Moreno, duplicando el presupuesto que ustedes tenían. . Lamentablemente, también en Adamuz está quedando registrado para la historia otro manual, el de resistencia de Pedro Sánchez: resistencia a la transparencia de la que presumen, pero evitan las comparecencias de los presidentes de ADIF y de Renfe; resistencia, señorías, a reconocer errores, a asumir responsabilidades o a dar la cara en el Parlamento, en la calle o en un funeral; resistencia a la justicia y a colaborar con ella. Es infame, señorías, que personal de ADIF se llevase fragmentos de la vía en Adamuz sin autorización judicial y el señor Puente no esté aquí dando explicaciones ; resistencia a respetar al adversario y resistencia a la humildad como virtud del gobernante. En esta tragedia, el Gobierno quiso mostrar virtud y humanidad, pidiendo respeto simplemente porque le interesaba, porque la crónica de tantas muertes anunciadas por los avisos de los maquinistas ―entre otros― le apuntaban con el dedo acusador de forma incontestable. Pero la virtud, señorías, o viene de fábrica o se alinea con Cicerón al afirmar que nada hay tan vil y ruin como fingir virtud cuando se carece de ella. Se quiso aparentar sensibilidad, pero sin dejar de ser el mismo Gobierno que en situaciones muy duras utilizó el sufrimiento como arma política, no practicó respeto, alentó campañas mediáticas acusadoras y se evadió de sus obligaciones. Recuerden también para la historia otra frase: Si necesita más recursos, que los pida. Así, el cambio pretendido ha sido un simple espejismo, porque la soberbia, las mentiras y la falta de respeto se han impuesto en cada comparecencia y en cada intervención del Gobierno. Genio y figura hasta la sepultura, señorías. Recordemos también el contorsionismo lingüístico para convertir una renovación parcial en completa e integral; el «lo hago muy bien» de un ministro reprobado siete veces que se ciega en ataques e insultos personales a los diputados que lo interpelan; presumir de tener el mejor tren de la historia, con riesgo cercano a cero, mientras cuarenta y siete familias lloran a sus seres queridos; o convertir el accidente en una simple anomalía, ruindad ciceroniana de quienes pedían respeto a la oposición para después acusarla de sembrar miedo. Y no, no, señorías. Miedo es lo que tiene una gran mayoría de españoles a coger un tren y a un ministro que literalmente va a acabar con la Renfe, como reza la expresión popular , esa Renfe que era un orgullo de país. Miedo es lo que tienen millones de españoles a un futuro muy incierto o a otros desastres ―que tomen nota de la situación de las presas―, porque esta tragedia no comenzó el 18 de enero, como ha dicho el presidente Sánchez, esta tragedia comenzó cuando su Gobierno dejó de invertir lo necesario para el mantenimiento de las vías por estar en otras cosas, al igual que la magnitud de la tragedia de la dana comenzó cuando decidieron no ejecutar las obras que eran necesarias y estaban proyectadas en la cuenca del Júcar. . Miedo es lo que surge ante el deterioro continuo de los servicios públicos mientras recorre toda España la pregunta: ¿en qué se gastan ustedes nuestro dinero? Y miedo es la sensación continua que tenemos los españoles de vivir en un bucle de cortinas de humo, incompetencias, escándalos y corrupción. Señorías, España no merece esto. España no merece la política que genera desigualdad, que torpedea los cimientos de nuestra democracia, que manosea las pensiones de nuestros mayores o que encierra a la juventud en un limbo de angustia, en el que la precariedad laboral o el acceso imposible a una vivienda… dispara en su incertidumbre.

Bartolomé Madrid Olmo PP

Voy finalizando, señor presidente.

Bartolomé Madrid Olmo PP

… dispara su incertidumbre. España no merece un ministro tuitero, faltón, que ya tenía que haber presentado su dimisión o haber sido cesado. Para finalizar, señorías, y como dijo Alberto Núñez Feijóo a Sánchez, España merece un Gobierno que respete a sus ciudadanos, también a los que ya no están. Hoy, la memoria de cuarenta y siete personas nos ocupa y nos encoge el corazón. Pongamos todas nuestras capacidades…

Bartolomé Madrid Olmo PP

Termino, señor presidente. … y todos los recursos necesarios para dignificar esa memoria y para que tragedias de este tipo no vuelvan a ocurrir. Muchas gracias. .

Félix Bolaños García PSOE

Buenos días. Subo a esta tribuna, señorías, para solicitar el voto favorable de la Cámara a la convalidación del Real Decreto-ley 2/2026, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. Estamos ante una situación que no deberían estar viviendo ni los aquí presentes ni ninguno de los ciudadanos que estén fuera de esta Cámara, porque no deberían sufrir hoy los ciudadanos de nuestro país la incertidumbre de saber cuál será el destino de este real decreto ley. Especialmente no deberían tener esta incertidumbre ni este sufrimiento aquellas personas que tienen más dificultades para llegar a fin de mes, a las que creo que nos debemos todos los aquí presentes. No merecen que intereses políticos, cálculos de toda índole o la irresponsabilidad de algunas fuerzas políticas les generen más incertidumbre de la que ya tienen en su vida cotidiana. El Gobierno, desde luego, está en lo importante, que es garantizar que la buena marcha de la economía también llegue a la mayoría social, a las clases trabajadoras, a las personas con más dificultades, a la gente vulnerable. Por eso aprobamos este real decreto ley, que hoy sometemos a convalidación, y pretendemos que esta Cámara lo apoye. Por eso el Consejo de Ministros aprobó este real decreto ley, como aprobó otros que hoy se están sometiendo a convalidación. Me dirijo a todos ustedes para explicarles exactamente los cinco grandes temas, las cinco grandes áreas que tiene este real decreto ley: primero, el que más debate está generando y en el que me voy a detener con algo más de detalle, medidas en materia de vivienda; segundo, medidas en materia energética; tercero, medidas en materia de empleo; cuarto, medidas de carácter tributario, y quinto, financiación territorial a comunidades autónomas y entidades locales. Primero de los bloques: medidas en materia de vivienda. El real decreto ley recoge la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la suspensión de procedimientos de desahucio y de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Y lo hace para dos supuestos: por falta de pago de rentas — incluyendo la compensación al arrendador— y por finalización del plazo del contrato de arrendamiento, siempre que el arrendador sea propietario de al menos tres viviendas. Segundo supuesto: otros adicionales en los que el arrendador es una persona jurídica o un gran tenedor. Para compensar a los arrendadores afectados por la paralización de estos desahucios, se aprueban también modificaciones legislativas que permiten que las comunidades autónomas puedan indemnizarlos usando los recursos del Plan Estatal de Vivienda. Las comunidades autónomas pueden establecer políticas públicas para proteger a esos arrendadores con cargo al presupuesto del Gobierno de España, del Estado. Con estas medidas, el Gobierno busca un equilibrio entre los distintos intereses afectados, con un objetivo claro: que el mayor número de viviendas salga al alquiler y que lo haga a precios asequibles. Y un objetivo humanitario: que nadie se quede en la calle por no poder pagar un alquiler. Señorías, ¡que nadie se quede en la calle! . Este debería ser un objetivo, una finalidad de todos los que estamos hoy en esta Cámara. Y comprobaremos con el voto a quién le importa la gente y a quién no le importa lo más mínimo. En esa línea, quiero también recordar que el Gobierno reforzó con más de 300 millones de euros la línea pública de avales destinada a cubrir posibles impagos de alquiler; medida que protege a propietarios siempre que alquilen a precios asequibles o a jóvenes menores de 35 años. Por tanto, en este real decreto ley ampliamos hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo previsto por la Ley por el Derecho a la Vivienda para someter a conciliación o a intermediación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es un gran tenedor. Como estoy convencido de que los argumentos que se van a esgrimir en esta tribuna son los mismos que ya estamos escuchando fuera de ella ―y adelantándome al debate que vamos a tener en unos minutos—, quiero hablar de la excusa absolutamente falsaria que se está utilizando para justificar el hecho de dejar a la gente en la calle votando que no a este real decreto ley, que son los famosos okupas. Sé que no van a cambiar de voto los que ya lo tienen decidido. Mi objetivo es que, cuando suban a esta tribuna, se avergüencen de mentir a la ciudadanía y de engañarlos con el voto negativo a este real decreto ley. . Miren ustedes, este es el Real Decreto Ley 1/2025. . Este real decreto ley obtuvo en esta Cámara 315 votos favorables ―315―. Este Real Decreto Ley 1/2025, que se convalidó el año pasado, tiene un artículo, que es el artículo 72, donde habla de las medidas en materia de vivienda; artículo 72 del Decreto Ley 1/2025, que tuvo 315 votos favorables en esta Cámara. Este es el Real Decreto Ley 2/2026 , que estamos sometiendo a convalidación hoy. El artículo 1 — el 1, no hay que leer el 2— es idéntico al artículo 72 del real decreto ley del año 2025 que fue convalidado por esta Cámara. Idéntico. Cambia la fecha: uno habla del 31 de diciembre de 2025 y otro habla de 31 de diciembre de 2026; y tiene otra línea que es diferente, precisamente para que los muy pequeños propietarios no se vean afectados por este régimen. Por tanto, el decreto ley de 2025 fue votado a favor con un texto idéntico al que hoy estamos sometiendo a convalidación. Y por ello, señorías, les tengo que decir que ni okupas ni ‘okupos’ (el señor De Olano Vela: ¡Estás sembrado!), que no engañen, que los okupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y, al revés, se les excluye de cualquier beneficio. . Y, como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 del que hoy van a votar en contra en el año 2026. Y, ahora, suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley, con los okupas, que ni están, ni se les espera, ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad. . Segundo bloque del decreto ley: en materia energética. Contempla la prórroga del bono social eléctrico un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026. Este bono supone un descuento del 42 % para los consumidores vulnerables y del 57,5 % para los vulnerables severos. Se prorroga, hasta esa misma fecha, la garantía de suministro de agua, gas natural y energía eléctrica para las personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, votar no a este decreto ley es dejar a la gente sin gas, sin electricidad y sin calefacción en lo peor del invierno. . Eso es lo que van a hacer los que hoy voten que no a este decreto ley. Que quede muy claro. Tercer bloque: medidas en materia de empleo. Prorrogamos medidas de acompañamiento en materia de protección social para evitar despidos y destrucción de empleo. Este decreto ley prevé que las empresas beneficiarias de ayudas directas previstas en esta norma no puedan justificar despidos objetivos basados en el aumento de costes energéticos. Las empresas que se acojan a reducciones de jornada o suspensiones de contrato vinculadas al impacto de la guerra en Ucrania y que se beneficien de apoyo público tampoco podrán utilizar estas causas para despedir trabajadores. Porque las ayudas públicas están para proteger el empleo y no para ampliar y facilitar los despidos. Cuarto bloque de este real decreto ley: medidas que tienen que ver con la tributación, con el IRPF y otros impuestos. Este decreto ley incluye un paquete de medidas fiscales para el estímulo de la economía española, el fomento a la descarbonización y el apoyo a colectivos vulnerables. Medidas basadas en la política de prosperidad compartida del Gobierno, que busca garantizar que el crecimiento económico sea medioambientalmente sostenible. Optamos por mantener un marco tributario simplificado para pequeños autónomos, de cara a facilitarles la liquidación de ciertos impuestos. Y prorrogamos incentivos fiscales a los vehículos eléctricos, a las infraestructuras de recarga y a las inversiones que utilicen energías verdes. En el ámbito del IRPF, se incentiva la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, ampliando el ámbito temporal de aplicación de las distintas deducciones previstas en esta ley. Y, por último, se incluyen medidas financieras y fiscales en relación con los afectados por la dana, que se concretan, fundamentalmente, en extensión de ayudas directas a afectados de la dana y exenciones del IRPF, y también del impuesto sobre sociedades, sobre las ayudas concedidas por la Generalitat. Es decir, votar que no a este decreto es afectar y perjudicar a los afectados por la dana, señorías de la derecha y de la ultraderecha. El quinto bloque de medidas tiene que ver con la financiación territorial. Actualizamos las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales. Ante la actual situación de prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta son el instrumento que tienen las comunidades autónomas y las entidades locales para actualizar sus ingresos. Facilitamos que las autonomías tengan más recursos para financiar servicios públicos, para financiar el estado del bienestar; en concreto, 3000 millones de euros. Resulta muy curioso que la derecha, que gobierna en muchas comunidades autónomas, vaya a perjudicar a los ciudadanos sobre los que gobierna votando no a este decreto, que van a sufrir las consecuencias por no recibir 3000 millones de euros. También, hay un régimen excepcional en este decreto ley sobre el endeudamiento de la Comunidad Valenciana. Contiene una previsión para autorizar que la Comunidad Valenciana formalice nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo para cubrir necesidades de financiación con los gastos extraordinarios generados por la dana. Nuevamente, perjudican a los afectados por la dana y a la Comunidad Valenciana si este decreto ley no es aprobado. Por último, para entidades locales también hay una entrega a cuenta de 3800 millones de euros para que los ayuntamientos y las diputaciones puedan destinarlos a políticas públicas. Concluyo, señorías. El Real Decreto Ley 1/2025 tuvo 315 votos a favor. . Lo votó a favor toda la Cámara, excepto ―para sorpresa de nadie― VOX y la ultraderecha. Con idéntico texto, hoy traemos a convalidación el Real Decreto Ley 2/2026. . ¿Hay algún cambio en la redacción de un texto a otro? . No. Lo que hay es una excusa barata y falsa sobre eventuales beneficios, que no existen, para okupas en el decreto ley. Como no existen y son falsos, ustedes, que lo saben, votaron a favor en 2025. Sin embargo, anuncian que van a votar en contra en 2026. Ahora, suban aquí, explíquenlo y muéranse de vergüenza al votar que no y dejar a la gente en la calle. Gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, president. Ministre, este reial decret no és una solució. És un respir temporal per a les persones vulnerables, un sostre per a qui no el té i un subministrament per a qui el necessita. És necessari, però no és suficient. Este pareix que siga el lema d’esta legislatura que estem vivint. Este reial decret no acaba d’arreglar el problema de l’habitatge. No garantix l’energia i l’aigua. És veritat que necessitem solucions més permanents i més estables, perquè sinó este decret no servirà per a res. De fet, pareix ser que no acabarà aprovant-se hui. En tot cas, respecte a la qüestió del finançament territorial que afecta a les valencianes i valencians, vostè ha comentat, senyor ministre, que en este reial decret l’Estat autoritza la Generalitat Valenciana a que puguem tindre noves operacions d’endeutament per les despeses extraordinàries de la dana. Per a nosaltres, per a Compromís no, açò no és cap solució. La solució passaria perquè estes despeses extraordinàries de dana es pogueren atendre per subvencions finalistes que l’Estat donara a la Generalitat, perquè sinó és el que estem fent és endeutar el país que està més endeutat per culpa de l’infrafinançament que no hem tingut i que no hem provocat les valencianes i valencians. En tot cas, Compromís, com sempre, votarem a favor d’este Reial decret, perquè hi ha una qüestió que per a nosaltres és prioritària i és garantir el segur de vida a la gent que més ho necessita. I això està per damunt de tot, però han de saber que si no tenim solucions més estructurals, el problema continuarà i la gent ja no vol molles. Mereixen sostre, mereixen energia, igualtat i futur. Ja volem el pa sencer. Gràcies. Gracias, presidente. Ministro, este real decreto no es una solución, es un respiro temporal para las personas vulnerables; un techo para quien no lo tiene y un suministro para quien lo necesita. Es necesario, pero no es suficiente. Es el lema de esta legislatura que estamos viviendo. Este real decreto no termina de arreglar el problema de la vivienda y no garantiza la energía y el agua. Es cierto que necesitamos soluciones más permanentes y estables, porque, si no, este decreto no servirá para nada. De hecho, parece que no terminará de aprobarse hoy. En cualquier caso, sobre la cuestión de la financiación territorial que afecta a las valencianas y valencianos, usted ha comentado, señor ministro, que en este real decreto el Estado autoriza a la Generalitat valenciana que pueda realizar nuevas operaciones de endeudamiento para los gastos extraordinarios de la dana. Para nosotros, para Compromís, eso no es ninguna solución. La solución pasaría porque esos gastos extraordinarios de la dana pudieran atender las soluciones finalistas que el Estado da a la Generalitat, porque, si no, lo que estamos haciendo es endeudar al país, que está más endeudado, por culpa de la infrafinanciación que hemos vivido y que no hemos provocado valencianas y valencianos. No obstante, Compromís, como siempre, va a votar a favor de este real decreto porque hay una cuestión que para nosotros es prioritaria: garantizar el seguro de vida a las personas que más lo necesitan, y eso está por encima de todo. Pero deben saber que, si no hay soluciones más estructurales, el problema va a seguir ahí, y la gente ya no quiere migajas: merecen un techo, energía, igualdad y un futuro. Ahora ya queremos la barra de pan entera. Gracias.

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, usted ha estado hablando de vergüenza, ¿de verdad? Ha acusado a los demás de mentir y engañar. . ¿Ustedes, señor ministro, que son los maestros del trilerismo? . ¡Manda…!, como diría Federico Trillo. Señor ministro, ha acusado de lo mismo que hace un par de semanas a los que votamos en contra de otro real decreto ley. Decía que no estábamos a favor de la subida de las pensiones. ¡Falso! Ustedes han tenido que rectificar y hoy se apoyará la subida de las pensiones. Ustedes están pervirtiendo y abusando de los reales decretos, como lo hacen del artículo 86 de la Constitución que los regula. Están empeñados en mezclar cosas que no tienen ninguna relación entre sí. Están empeñados en que sea un trágala, un chantaje, para luego acusar a la oposición. Y eso es falso. La mentira tiene unas patas muy cortas, señor ministro. Además, con estos reales decretos, ustedes están empeñados en que se utilice un procedimiento excepcional como una práctica ordinaria. Es una irresponsabilidad y una nefasta práctica legislativa y parlamentaria, y a ustedes les da igual. En Unión del Pueblo Navarro estamos a favor de algunas de las medidas que vienen recogidas en el real decreto, como las ayudas a la dana. Las hemos venido apoyando. ¿Cómo no vamos a estar a favor de las víctimas de la dana? Ustedes están utilizando a estas víctimas y a otras con el tema de la okupación de vivienda. Traigan aquí otro real decreto sacando el tema de la okupación de viviendas y votaremos a favor. Pero no quieren. ¿Saben por qué? Porque les puede el interés partidista y sectario, y así, señor ministro, no se gobierna un país. Así, no. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas señor presidente. Moi bo día. Se algunha crítica se lle pode debe facer a este Real Decreto Lei — o BNG faina— é que incorpora a medidas necesarias mais non suficientes e porque continúan a ser medidas temporais para tentar atallar problemas que son estruturais. Por que o dicimos? Pois é moi claro, porque evidentemente é necesario prohibir os desafiuzamentos para persoas en vulnerabilidade sen alternativa habitacional en 2026 e sempre, mais tamén é imprescindíbel garantir de maneira permanente e sostida no tempo, vivenda digna para todo o mundo. E iso implica tamén outro tipo de políticas porque é de xustiza que as persoas con menos ingresos poidan garantir servizos esenciais como electricidade, gas, auga, calefacción ou comida no 2026, mais tamén en 2027 e 2028 e sempre. Por tanto, en vez de parches, haberá que ir a solucións estruturais. Claro, para as dereitas parias, isto que o BNG e as forzas que defendemos os intereses das clases populares e dos nosos pobos nos parece insuficiente veno como un exceso. Por que? É evidente, porque defenden os intereses dos ricos, dos especuladores inmobiliarios e das grandes empresas privadas de servizos, porque non doutra maneira se pode entender que no colmo da insensibilidade social se refiran ás persoas que non lles chegan os ingresos para pagar o aluguer como inquiokupas. É inquina contra os pobres, contra os vulnerábeis e aporofobia de libro. Isto é o que realmente está detrás de toda a demagoxia que hoxe imos escoitar aquí. Por iso nós insistimos en que é preciso aprobar o escudo social, mais tamén avanzar para medidas estruturais que esta dereitas reaccionarias non poidan tombar. Moito obrigado. Gracias, señor presidente. Buenos días. Si alguna crítica se puede y se debe hacer a este real decreto ley ―el BNG la hace― es que incorpora medidas necesarias pero insuficientes, porque siguen siendo medidas temporales para intentar atajar problemas que son estructurales. ¿Por qué lo decimos? Está muy claro: porque, evidentemente, es necesario prohibir los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional en 2026 y siempre. Pero también es imprescindible garantizar de forma permanente y sostenida en el tiempo vivienda digna para todo el mundo y otro tipo de políticas. Es de justicia que a las personas con menos ingresos se les pueda garantizar servicios esenciales como electricidad, gas, agua, calefacción y alimentación en 2026, pero también en 2027, en 2028 y siempre. Por lo tanto, en vez de parches habrá que ir a soluciones estructurales. Para las distintas derechas, esto que al BNG y a las fuerzas que representamos los intereses de las clases populares y de nuestros pueblos,nos parece insuficiente, ellos lo ven como un exceso. ¿Por qué? Es evidente, porque defienden los intereses de los ricos, de los especuladores inmobiliarios y de las grandes empresas privadas de servicios. De otro modo, no se puede entender que, en el colmo de la insensibilidad social, se refieran a las personas que no tienen ingresos suficientes para pagar un alquiler como inquiokupas. Es inquina contra los pobres, contra los vulnerables, y es aporofobia de manual. Esto es lo que realmente está detrás de toda la demagogia que hoy vamos a escuchar aquí. Por eso, insistimos en que es preciso aprobar el escudo social, pero también avanzar hacia medidas estructurales que estas derechas reaccionarias no puedan tumbar.

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias, presidente. Ministro, señorías: Se vende casa en Málaga, Manilva, 14 000 euros, una ganga. Me la quitan de las manos, ¿no la quieren comprar? El problema es que para comprarla tienes que ser un fondo buitre y estar en connivencia con el Ayuntamiento de Manilva. . Por ese motivo se van a ir a la calle 62 familias si no lo impedimos el próximo 24 de marzo. Familias que terminaron esas casas con sus propias manos, cerrando las persianas, cerrando las ventanas, construyendo las puertas, acabando de acondicionar incluso los sistemas eléctricos. Niños y niñas que se van a ir a la calle en mitad del curso escolar. Me pregunto, señora Nogueras ―hoy no ha venido, le dará vergüenza―, señorías de Junts, si eso es a lo que se referían cuando hablaban ayer de okupas. Hoy quiero recordarles que el escudo social lo que hace es proteger a familias vulnerables, familias que se van a ir a la calle y que no tienen a dónde ir. Los únicos okupas que hay en este país, y también en Cataluña, son los fondos buitre. . Son los grandes propietarios, que están ocupando todas las ciudades de este país, acaparando vivienda y haciendo que suban los precios de manera desorbitada. Les diré más: claro que estamos de acuerdo con que, si una familia no tiene a dónde ir, dónde poner a sus hijos y a sus hijas a cubierto, le dé una patada a la puerta de un piso de un banco que está vacío o de un gran propietario, porque el derecho a la vivienda tiene que estar por encima de todo. . Señorías, termino. Señor Feijóo, señor Abascal, señora Noguera, señorías del PP, de VOX y de Junts, hoy lo único que les deseo de corazón es que la vida les regale un poco de empatía, que la vida les dé la oportunidad de mirar a los ojos a esas personas que ustedes hoy van a poner en la calle, y que ojalá lo sientan en su cuerpo, que sientan en su piel lo que significa que te echen a la calle con niñas y niños pequeños, con personas dependientes, con personas mayores; que lo sientan de verdad y que, a partir de hoy, no puedan dormir por las noches ni mirarse al espejo, porque no tienen ustedes vergüenza. Y al Gobierno: creo que ustedes habrían podido hacer un poquito más. Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Señorías, hoy debatimos un decreto que incluye medidas en vivienda, energía, empleo, fiscalidad y financiación territorial. Su convalidación no está garantizada porque se ha vuelto a plantear un todo o nada que divide el arco parlamentario, concretamente en lo relativo a la moratoria de desahucios. Desde el primer día hemos sido claros. No compartimos seguir prorrogando una suspensión que nació como excepcional. No porque no haya que proteger a las personas vulnerables ―eso es incuestionable―, sino porque no se puede eternizar una medida nacida en pandemia sin abordar el problema real: la falta de oferta de vivienda y el fracaso del sector público para cumplir su función. Llevamos seis años prorrogando la moratoria y, precisamente por esto, decimos que no se puede seguir estirando una medida excepcional como si fuera permanente; aun así, la hemos votado cada vez que se ha traído para no perjudicar a quienes necesitan ayuda. Hemos aceptado hoy una prórroga matizada, porque la aritmética actual obliga a negociar y a construir acuerdos de mínimos. Eso es exactamente lo que hemos hecho: introducir un matiz de justicia para que el resto de las medidas no se viniera abajo. Este acuerdo incorpora un mínimo equilibrio: excluir de la moratoria a los pequeños propietarios con una o dos viviendas. No es la solución definitiva, no resuelve el problema estructural y no lo hemos presentado tampoco como tal. Es un parche, sí, pero necesario para corregir una injusticia evidente que afecta a pequeños propietarios. Lo planteamos así porque esa exclusión podía reunir apoyos suficientes, mientras que cualquier otro paso adicional no contaba con los votos necesarios; pero también con un propósito adicional: ganar tiempo para trabajar en medidas que garanticen la seguridad jurídica a los propietarios y, al mismo tiempo, una alternativa habitacional eficaz, efectiva y ágil para las personas vulnerables. Calificar este acuerdo de criminal o afirmar que da asco, como algunos han hecho, no es hacer política; es utilizar un lenguaje bélico, impropio de quien se dice ser pacifista. Es el lenguaje de quien necesita enemigos para sostener un relato; un relato que parte de una premisa profundamente injusta: que quien es propietario, por el simple hecho de serlo, no puede ser vulnerable. Esto es falso. Una persona mayor que depende del alquiler para completar su pensión o un autónomo que invirtió sus ahorros en una segunda vivienda que puede sufrir un revés económico pueden quedar expuestos. Ignorar estas realidades no es hacer justicia social, es reducir un problema complejo a una consigna ideológica. La realidad es mucho más compleja y, precisamente por eso, también más humana. La vulnerabilidad no entiende de etiquetas. Puede estar en el inquilino que no llega a fin de mes, y también puede estar en el propietario que necesita esa renta para sostener su economía. Está a ambos lados del contrato, a ambos lados de la puerta. Reconocerlo permite abordar el problema con equilibrio, sin prejuicios y sin convertir a una de las partes en culpable por definición. Esto es lo que hemos intentado hacer con nuestro acuerdo. Si decir esto o llegar a este acuerdo, como algunos nos han acusado, es querer desahuciar a familias vulnerables, permítanme poner las cosas en su sitio. El PNV no defiende esto, no lo ha hecho y, honestamente, creo que nadie defiende eso. Solo hemos trasladado la obligación de socorro de pequeños propietarios a la Administración. Fíjense qué crimen que lo público ejerza lo público. Lo que resulta llamativo es que quienes reparten carnés de moralidad olvidan que la ética no se proclama, se practica. No basta con exigir pureza en términos morales si allí donde se gobierna se actúa en ocasiones de forma diferente. Todos sabemos que, en determinados municipios, cuando llega el momento, se ha desalojado; todos sabemos que, cuando se promueve vivienda, no siempre se prioriza el alquiler público y que se hace en demasiadas ocasiones vivienda libre o tasada. Es la distancia que existe entre el discurso y los hechos. Esa distancia tiene un nombre: hipocresía. Hipocresía es negar la vulnerabilidad de un pequeño propietario porque incomoda el relato; hipocresía es practicar una humanidad selectiva: compasión para unos, sospecha automática para otros; hipocresía es no reformar la legislación urbanística, no liberar suelo, no simplificar trámites y no eliminar la burocracia que paraliza durante años la construcción de vivienda. La realidad es tozuda. Si alquilar implica un riesgo indefinido o incertidumbre permanente, el mercado reacciona retirando oferta o endureciendo condiciones, no porque los propietarios sean enemigos sociales, sino porque nadie asume voluntariamente un riesgo ilimitado. ¿Acaso alguno de los que estamos aquí no lo hacemos? Ninguno firma un contrato sin garantías, ninguno acepta obligaciones sin límites, ninguno renuncia a su propia seguridad jurídica y, sin embargo, se pretende que otros lo hagan por imposición. Son las Administraciones quienes tienen que garantizar una alternativa habitacional y eso no está ocurriendo. Lo están señalando ya varias audiencias provinciales que dicen que, cuando la Administración no amplía el parque público ni ofrece soluciones en un plazo razonable, no se puede trasladar ese incumplimiento al propietario privado. Cuando esto ocurre, la política social deja de ser pública y pasa a financiarse de forma forzosa. Esto no es justicia social, esto es desplazar la responsabilidad. Nosotros no hemos venido aquí a enfrentar vulnerables contra vulnerables. Decimos algo mucho más simple: la política social debe proteger sin estigmatizar y equilibrar sin deformar la realidad. Pedir equilibrio no es ponerse del lado de nadie contra nadie; pedir equilibrio es reconocer que la vulnerabilidad, como he dicho ya, está a ambos lados del contrato. Si cualquier llamada al equilibrio se convierte en un ataque ideológico, entonces el problema, perdonen, no es el argumento, es la falta de voluntad para escuchar. Señorías del Gobierno, este decreto contiene otras medidas muy importantes: descuento del bono social, garantía de suministro eléctrico, etcétera. Parece que hoy va a volver a fracasar. Lo intentaron con el anterior decreto y no lograron sostenerlo; se les ha ofrecido una alternativa, pero tampoco parece que hayan sido capaces de reunir una mayoría suficiente. ¿Cómo pretenden impulsar políticas sociales si ni siquiera logran concitar apoyos para ellas? Nos dejan ahora ante un vacío. Mañana, estas ayudas necesarias van a decaer porque decidieron empaquetarlas todas bajo un mismo envoltorio cuando podrían haberlas tramitado por separado y garantizar al menos la continuidad de gran parte de ellas. ¿Cuál es su alternativa? Cuéntenos el plan C, porque, mientras en esta Cámara vemos atónitos cómo la hipérbole vuela de un lado para el otro, la ciudadanía espera políticas útiles. ¿Dónde están? Aurreko dekretuan saiatu zineten, baina ezin izan zenuten eutsi. Alternatiba bat eskaini dizuegu eta ez zarete gai izan gehiengo nahikoa biltzeko. Zelan bultzatu nahi dituzue gizarte politikak, horientzako babesik ere lortzen ez baduzue? Orain hutsune baten aurrean uzten gaituzue. Bihar bertan, behera geratuko dira beharrezko laguntzak, denak pakete berean sartzea erabaki zenutelako, banaka tramitatu beharrean, gutxienez, horietako batzuk bermatzeko. Zein da orain zuen alternatiba? Kontaguzue zein den zuen hurrengo burutapena. Izan ere, herritarrek politika erabilgarriak espero dituzte. Non daude? Non zaudete? Jendea zain dago. Lo intentaron en el anterior decreto y no lograron sostenerlo. Se les ha ofrecido una alternativa, y tampoco han sido capaces de reunir una mayoría suficiente. ¿Cómo pretenden impulsar políticas sociales si ni siquiera logran apoyos para ellas? Nos dejan ahora ante un vacío. Mañana decaerán ayudas necesarias porque decidieron empaquetarlas todas bajo el mismo envoltorio, en lugar de tramitarlas por separado y garantizar al menos la continuidad de gran parte de ellas. ¿Cuál es su alternativa? Cuéntenos cuál es la próxima ocurrencia; la población espera políticas útiles. ¿Dónde están esas políticas y dónde están ustedes? La gente está a la espera.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidente jauna, diputatuok, egun on guztioi. Se suele decir que en esta Cámara y en muchas ocasiones empleamos nuestro tiempo o malgastamos nuestro tiempo en debates que no importan a la ciudadanía, en cosas que quedan lejos de sus preocupaciones. Hoy, por lo menos hoy, no es el caso. Hoy sí que hablamos de cosas que importan a la gente. Quiero empezar con algunas de las cosas que se van a votar hoy y que algunos diputados y diputadas pretenden tumbar. Hoy se vota que se suspendan los desahucios a hogares vulnerables sin alternativa habitacional; alternativa habitacional que tienen que proveer las comunidades autónomas y entidades locales, que son las competentes en el ejercicio de su autogobierno y de su soberanía, pero para las que existe un fondo económico que puede proveer de solución o respuesta para el casero que se queda sin percibir el ingreso. Pero hoy también se votan más cosas. Hoy, se vota que no se pueda cortar la luz, el agua y la electricidad a gente que no puede pagarlas. Luego, en el siguiente punto, se nos hablará de los pensionistas, pero hoy se olvida que muchos de los que sobreviven sin que les corten el agua, la luz y la electricidad son precisamente pensionistas con pensiones muy bajas. Para aquellos que van a votar no a esto, pero sí a lo siguiente, hoy se vota también que se siga manteniendo el bono social térmico, el eléctrico, para que puedan pagar esas facturas, porque tienen sueldos o percepciones muy exiguas. Hoy se vota que cuando a alguien se le acabe la prestación por desempleo se pueda acoger a un ingreso mínimo vital con un cierto nivel de dignidad, y por eso se vota que se suba un 11,4 % el ingreso mínimo vital. Hoy, se vota el abono estatal para el transporte público, ese que utilizan millones de personas que no tienen la suerte de tener un Lamborghini en sus garajes. Hoy, se votan las ayudas a los afectados por la dana y los incendios que tanto dolor han causado a sus señorías durante muchísimos debates. Pues hoy parece que todas esas medidas van a caer porque el Partido Popular, VOX y Junts quieren hacerlo caer. Y hay que hablar claro: hoy van a ganar, probablemente vayan a ganar. Van a tener una victoria. Ya les anticipo que es una victoria pírrica. Como decía Pirro, es una victoria que se tornará en derrota, porque no van a encontrar siquiera argumentos para defender su posición. Es una victoria que se tornará en derrota, porque castigar a los débiles no es justicia, es crueldad. Y si en diciembre veníamos aquí con el acuerdo alcanzado con el Gobierno para mantener el escudo social con un cierto halo de esperanza y empujado por decenas de miles de personas y decenas de colectivos que nos pidieron que mantuviéramos el escudo social, hoy podemos decir que, esa esperanza y esa certidumbre que queríamos darles, algunos ―el Partido Popular, VOX y Junts― van a tornarlo en angustia y en miedo. Hay responsables y los vuelvo a señalar: Partido Popular, VOX y Junts. Sinceramente, ojalá lo paguen en las urnas. Se pueden decir muchas cosas y se dirán ―algunas las hemos oído―, pero de todas las que hemos oído, por ejemplo, las que tienen que ver lo que llaman la inquiokupación, que es la morosidad de toda la vida, solo podemos concluir que se vierten, que se opina desde la ignorancia o desde la mala fe o desde ambas a la vez. Y me atrevo a decir algo más: si alguien entra en los marcos de la extrema derecha, con total seguridad le podemos decir que, si no es de extrema derecha, por ahí no es. Creemos que, más allá de la queja, hoy podemos empezar a construir la malla de protección que necesita la gente que menos recursos tiene, para hacer verdad eso que en esta Cámara todos los grupos parlamentarios dijeron en más de una ocasión desde el 2020: que no íbamos a dejar a nadie atrás. ¿Qué pasa? ¿Que si tienes pocos recursos no entras ni en la categoría de nadie para quedarte atrás?, porque de eso estamos hablando. Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa porque estamos comprometidos con la búsqueda de alternativas a este revés que hoy vamos a tener en la votación, para que nadie se quede atrás, porque tenemos palabra, pero, sobre todo y fundamentalmente, porque no nos resignamos a vivir en una sociedad donde la injusticia marca la línea divisoria entre los que pueden acceder a garantizarse algunos derechos y los que se quedan fuera de todos ellos. Porque, señorías, de manera consciente o inconsciente, ustedes, los que van a votar en contra, están profundizando en la idea de Jürgen Habermas del chauvinismo del bienestar, el que marca mecanismos de exclusión porque entienden que la escasez cada vez es mayor, para ir alejando a gente de las posibilidades reales de tener una vida digna. Les sonará aquello de «sobra gente, no hay recursos para toda esta gente». Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Hay algo todavía más insoportable que lo que he señalado, y es que se fomente, que se cultive la aporofobia, el odio al pobre, como si fuera un estigma del que algunos o algunas parece que pueden huir eternamente. Pero no se engañen, la pobreza le puede perseguir a cualquiera y a la pobreza puede llevar miles de decisiones. Nadie debiera ser tan insensible como para no entender que nuestra acción en política es conseguir dejar las cosas siquiera un poquito mejor de como las encontramos, porque todo lo contrario a eso ―y finalizo―, todo lo contrario a hacer lo que podemos para dignificar la vida de la gente, es pura y simple maldad. Besterik ez, mila esker. .

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies. Molt bon dia, senyor ministre. Un cop més ens trobem davant la pitjor forma de governar. La pitjor que pot existir. No només repeteixen una mala pràctica política amb una altra llei òmnibus, sinó que estan forçant les costures del respecte democràtic fins un punt que cap govern responsable hauria de permetre’s. I per si no fos prou, juguen amb el patiment de la gent utilitzant-lo com a instrument polític. Fa un mes van barrejar en un únic decret l’actualització de pensions, que compartim, amb ocupacions i suspensions de desnonaments que no compartim. Els vam advertir que tot barrejat no ho votaríem a favor. I avui repeteixen la mateixa operació. És pervers i, sobretot, una indecent manca de respecte cap a la ciutadania. Sí, avui han separat les pensions, però tornen a barrejar mesures socials que si avalarien amb ocupacions i suspensions que no podem acceptar. Cap govern responsable comet el mateix error dues vegades. Això ja no és improvisació, és xantatge polític. I vostès no poden seguir fent com si tinguessin majoria, forçant votacions a base de barrejar temes per fer quadrar els seus números. Havien tingut temps de sobres per rectificar i no ho han volgut fer. Per això els tornem a dir el mateix: pensions sí; escut social, sí; okupacions? No. Recordem d’on venim. El reial decret llei 8/2020 va néixer en plena pandèmia, en una situació de paràlisi global sense precedents. Suspendre temporalment desnonaments va ser una mesura justa i ponderada, una mesura excepcional en un moment excepcional. Però han passat sis anys, d’això. I si, com diu el Govern d’Espanya va com un coet, si tot va tan bé, per què segueixen governant com si fóssim en una pandèmia permanent? Per què prorroguen mesures que només tenien sentit en aquell context extraordinari? En tots aquests anys, el Govern no ha estat capaç de generar alternatives. No ha reforçat el parc públic ni el privat, no ha reallotjat aquestes famílies vulnerables. No han creat itineraris d’acompanyament per sortir de la provisionalitat. L’únic que han fet és carregar la seva responsabilitat sobre els privats, fer pagar a altres la seva incompetència, convertir una mesura excepcional en una penitència indefinida per als propietaris, sobretot petits propietaris, que porten anys assumint un cost que no els correspon. Alguns fa tres, quatre o cinc anys que no cobren el lloguer. I el pitjor és que mentre ells pateixen aquest desgast, els llogaters vulnerables tampoc avancen cap a una solució real, atrapats indefinidament en un sistema que no els garanteix cap futur. Aquest és el seu doble fracàs. Uns pateixen perquè se’ls imposa una obligació que no és seva i els altres, perquè el govern no ha estat capaç d’oferir-los cap sortida estable en sis anys. I, paral·lelament, les okupacions. Hi ha comunitats de veïns que fa anys que conviuen amb situacions insostenibles: llum punxada, risc d’incendi, inseguretat, baralles i convivència trencada i els deixen sense cap solució. Què els importarà als veïns d’un okupa que els està amargant la vida si el propietari del pis en té un o en té deu? Què els importarà? El problema és la seguretat, la convivència, la dignitat als barris, el criteri sobre el nombre d’habitatges no resol res. El que resol és actuar, cosa que no han estat disposats a fer durant sis anys. A tot això, s’hi suma una altra incoherència: amb la suspensió de desnonaments, un llogater que ingressa 1700 euros queda totalment exempt de pagar res, però molts altres que cobren una mica més — superen amb prou feines els 1800— han d’assumir tot el lloguer. Que, per cert, és més car que mai. Les recomanacions ètiques indiquen que cap llar hauria de destinar més del 30 per cent dels ingressos a l’habitatge. Llavors, per què alguns ni tan sols paguen aquest percentatge mentre altres ho paguen tot? Aquesta frontera artificial no protegeix millor. Al contrari, castiga la classe treballadora que es trenca l’esquena per arribar a final de mes. No és just que qui fa sacrificis rebi menys protecció que qui queda lleugerament per sota del llindar molt mal plantejat. I si parlem de responsabilitats, cal parlar d’habitatges buits. Fa anys que vostès proclamen que són la solució, però no han mogut ni un dit per mobilitzar-los. No han dibuixat un mapa detallat ni cap mecanisme per activar-los. A Catalunya hi ha 90 000 habitatges buits mobilitzables avui, mentre avui ens parlen d’uns 13 000 desnonaments suspesos. No els grinyola tot això? Noranta mil habitatges mobilitzables avui per 13 000 desnonaments suspesos? I sense comptar amb els 13 000 de la Sareb que té a Catalunya. El Govern s’ha de deixar de romanços, arremangar-se i treballar dur, però no. Són més d’eslògans llaminers que ha de fer la feina. I malgrat això, senyora Belarra, escolti... Ah, no, no hi és. Bé, i malgrat això, la solució ja existeix. No requereix cap nou decret, senyor ministre. Si realment disposen de 300 milions d’euros per protegir les famílies vulnerables, poden usar la figura de l’enervació. És simple: En tot desnonament on es declari el llogater vulnerable, l’Estat pot anar i pagar el deute que no ha pogut pagar el llogater i fer se càrrec del lloguer mentre duri la situació de vulnerabilitat. Si vostès paguen, el jutge tanca el procediment. Si el Govern vol, pot evitar qualsevol desnonament i sense carregar injustament el pes sobre els propietaris, com s’ha fet tota la vida, vaja, senyor ministre. Aquesta fórmula ja existeix, funciona, és legal i és justa. Només requereix gestió, és clar, voluntat i responsabilitat. Les tres coses que aquest Govern no ha demostrat en sis anys. I mentre aquí es perllonguen els problemes, altres països avancen. Canadà, en els mateixos cinc anys en què aquí hem estirat una mesura excepcional, convertida en norma, ha reduït traves i impostos, incentivant la construcció i garantit la seguretat jurídica. Resultat? Un milió tres-cents mil habitatges nous en cinc anys i una caiguda del 21 per cent dels preus. Més habitatge, més oferta, menys pressió. Amb menys propaganda i més feina, les coses sí funcionen. Aquí, en canvi, continuem atrapats en mesures temporals, transformades en eternes, amb paràlisi política i amb discursos que no resolen res. I mentrestant, tant llogaters com propietaris continuen patint. Això no va d’enfrontar uns contra altres, va de compartir solucions. Una societat justa no divideix, protegeix i resol. Les famílies vulnerables necessiten estabilitat real, no pròrrogues eternes d’any en any, i els propietaris necessiten seguretat, no ser els encarregats involuntaris d’una política social que el govern no vol assumir. Per tot això, no. No validarem una excepcionalitat eterna ni una injustícia estructural, sobretot quan existeixen alternatives que beneficiarien tothom. La política ha de protegir, donar esperança i garantir dignitat. El que no pot fer és utilitzar la gent com a instrument i generar molts més problemes dels que resol. Moltes gràcies. Muchas gracias. Muy buenos días, señor ministro. Una vez más nos hallamos ante la peor forma de gobernar, la peor que puede existir. No solo repiten una mala práctica política con otra ley ómnibus, sino que están forzando las costuras del respeto democrático hasta un punto que ningún Gobierno responsable debería permitirse. Y, si no fuera suficiente, juegan con el sufrimiento de las personas como instrumento político. Hace un mes mezclaron la actualización de pensiones, que compartimos, con ocupaciones y suspensiones de desalojos, que no compartimos, en un único decreto. Ya les advertimos que, todo junto, no íbamos a votarlo a favor, y hoy repiten la misma operación. Es perverso y, sobre todo, una falta de respeto indecente hacia la ciudadanía. Sí, hoy han separado las pensiones, pero vuelven a mezclar medidas sociales que sí que avalaríamos con okupaciones y suspensiones que no podemos aceptar. . Ningún Gobierno responsable comete el mismo error dos veces. Esto ya no solo es improvisación, es chantaje político. Y ustedes no pueden seguir haciendo como si tuvieran la mayoría, forzando votaciones a base de mezclar temas para que cuadren sus números. Habrían tenido tiempo de sobra para poder rectificar, y no lo han hecho. Por eso les volvemos a decir lo mismo: pensiones, sí; escudo social, sí; ocupaciones, no. Recordemos de dónde venimos. El real decreto ley de 2020 nació en plena pandemia, en una situación de parálisis global sin precedentes. Suspender temporalmente los desalojos fue justo y ponderado, una medida excepcional en un momento excepcional. Pero han pasado seis años desde entonces, y si, como dice el Gobierno de España, va como un cohete, ¿por qué siguen gobernando como si estuviéramos en una pandemia permanente? ¿Por qué prorrogan medidas que solo tenían sentido en aquel contexto extraordinario? En todos estos años, el Gobierno no ha sido capaz de presentar alternativas, no ha fortalecido el parque público ni el privado, no ha realojado a esas familias vulnerables, no ha creado itinerarios de acompañamiento para salir de la provisionalidad. Lo único que han hecho ha sido cargar su responsabilidad sobre los privados, hacer pagar a otros su incompetencia, convertir una medida excepcional en una penitencia indefinida para los propietarios, sobre todo para los pequeños propietarios, que llevan años asumiendo un coste que no les corresponde. Algunos, hace tres, cuatro o cinco años que no cobran el alquiler. Y lo peor es que, mientras ellos sufren ese desgaste, los inquilinos vulnerables no progresan hacia una solución real, atrapados indefinidamente en un sistema que no les garantiza ningún futuro. Este es su doble fracaso: unos sufren porque se les impone una obligación que no es suya y los otros porque el Gobierno no ha sido capaz de ofrecerles ninguna salida estable en seis años. Y, en paralelo, las okupaciones. Hay comunidades de vecinos que hace años que conviven en situaciones insostenibles y con un montón de riesgos, problemas de convivencia rotos, y les dejan sin ninguna solución. ¿Qué les importará a los vecinos de un okupa que les está amargando la vida si el propietario del piso tiene uno o tiene diez? ¿Qué les importará? El problema es la seguridad, la convivencia, la dignidad en los barrios. El criterio sobre el número de viviendas no resuelve absolutamente nada; se resuelve actuando, y ustedes no han estado dispuestos a hacerlo en seis años. A todo esto, se suma otra incoherencia: la suspensión de los desahucios. Un inquilino que ingresa 1600 euros queda totalmente exento de pagar nada, pero muchos otros que cobran un poco más, que superan con dificultad 2800, se encuentran con que no entran. Los datos indican que ningún hogar debería destinar más del 30 % de sus ingresos a la vivienda. Entonces, ¿por qué algunos ni siquiera pagan ese porcentaje mientras que hay otros que tienen que pagarlo todo? Esta frontera artificial no protege mejor; al contrario, castiga a la clase trabajadora, que se rompe la espalda para llegar a fin de mes. No es justo que quien hace sacrificios reciba menos protección que aquel que queda ligeramente por debajo de un umbral que está muy mal planteado. Y, si hablamos de responsabilidades, hay que hablar de viviendas vacías. Hace años que ustedes proclaman que son la solución, pero no han movido ni un dedo para movilizarlas; no han dibujado un mapa detallado ni ningún mecanismo para activarlas. En Cataluña hay 90 000 viviendas vacías movilizables a día de hoy, mientras que hoy nos hablan de unos 13 000 desahucios suspendidos. ¿No les chirría todo esto? Hay 90 000 viviendas movilizables por 13 000 desahucios suspendidos, sin contar los de la Sareb que tiene Cataluña. El Gobierno tiene que dejar de perder el tiempo, tiene que arremangarse; pero no, son más de eslóganes que de hacer el trabajo. Y, a pesar de todo, la solución ya existe, no requiere ningún nuevo decreto, señor ministro. Si realmente disponen de 300 millones de euros para proteger a las familias vulnerables, podrían utilizar una figura muy simple: en todo desahucio donde se declare a un inquilino vulnerable, que el Estado pague la deuda que no ha podido pagar el inquilino y se haga cargo de ese alquiler mientras dure la situación de vulnerabilidad. Si ustedes pagan, el juez cierra el procedimiento. Si el Gobierno quiere, puede evitar cualquier tipo de desahucio innecesario sin cargar el peso a los propietarios. Como se ha hecho toda la vida, señor ministro, es una fórmula que ya existe, que funciona, que es legal y que es justa; solo requiere una buena gestión y tener en cuenta la responsabilidad, cosas que este Gobierno no ha demostrado hacer en seis años. Y, mientras nosotros seguimos con los problemas, otros países avanzan. En cinco años, Canadá — en los años en que hemos estirado una medida excepcional convertida en norma— ha reducido trabas e impuestos, ha incentivado la construcción y ha garantizado la seguridad jurídica. Resultado: 1 300 000 viviendas nuevas y una caída del 21 % de los precios. A más vivienda, a más oferta, menos presión. Con menos propaganda y más trabajo, las cosas sí que funcionan. Sin embargo, aquí seguimos atrapados en medidas temporales transformadas en eternas, con parálisis políticas y con discursos que no resuelven nada. Y, mientras tanto, tanto inquilinos como propietarios siguen sufriendo. Esto no va de enfrentar a unos contra otros; va de compartir soluciones. Una sociedad justa no divide; protege y resuelve. Las familias vulnerables necesitan estabilidad real, no prórrogas eternas de un año a otro. Y los propietarios necesitan seguridad, no ser los encargados involuntarios de una política social que el Gobierno no quiere asumir. Por todo esto, no, no vamos a validar una excepcionalidad eterna ni una injusticia estructural, sobre todo cuando existen alternativas que beneficiarían a todo el mundo. La política tiene que proteger, dar esperanza y garantizar la dignidad; lo que no puede hacer es utilizar a la gente como instrumento y generar muchos más problemas de los que resuelve. Muchas gracias.

Jordi Salvador i Duch ERC

Bon dia. És difícil sortir després de l’impecable discurs del meu company Oskar Matute. Crec que ha estat un manual per desmuntar tota aquesta fal·làcia de — ho repeteixo— Junts, més l’extrema dreta franquista i la dreta franquista. Si això no és ideologia, que m’ho expliquin. Si no és ideologia i tombar, tombar el tema de les deslocalitzacions, la mateixa fotografia, la dreta catalana i la dreta espanyola, que en això sí que formen un bloc. Això és ideologia. Avui el nostre vot és un sí rotund a aquest Real decret. I ho dic des de la primera frase per evitar qualsevol intent de distorsió. Qui pugi aquí a defensar el no ha de tenir la decència de dir a la cara a la gent del seu país el que està votant. De moment està votant no a la tramitació. És que ni tan sols debaten, que no es puguin fer esmenes. Això és una realitat. Això és una realitat. Bé, ja salten… Buenos días. Es difícil hablar después del impecable discurso de mi compañero Oskar Matute, que creo que ha sido un manual para desmontar toda esta falacia que ―repito― Junts, más la extrema derecha franquista y la derecha franquista traen. Si eso no es ideología, que me lo expliquen; si no es ideología tumbar el tema de la deslocalización… La misma fotografía, la derecha catalana y las derechas españolas, y en eso sí forman un bloque ideológico. . Hoy nuestro voto es un sí rotundo a este real decreto, y lo digo desde la primera frase para evitar cualquier intento de distorsión. Quien venga aquí a defender el no debe tener la decencia de decirle a la gente de su país lo que está votando. De momento, está votando no a la tramitación; ni siquiera se debate, no se pueden presentar enmiendas. Esa es una realidad. . Bueno, ya saltan, ya saltan.

Jordi Salvador i Duch ERC

No, no es preocupi, que li donaré arguments… No se preocupe, que les daré argumentos. .

Jordi Salvador i Duch ERC

La dreta espanyola és així. D’educació poca. Ho veuen? Ho veuen? Escoltar, poc. Tornem a dir el mateix. El que està votant avui, ras i curt, és més desnonaments, sí, senyor, més desnonaments. Anem a veure què és un desnonament: més talls de llum. O no hi ha més talls de llum? És clar que hi ha més talls de llum i asfixia econòmica per a milers de treballadors, és clar, i asfixia econòmica per milers de treballadors. Avui no anirem a discutir sobre tràmits administratius. Venim a decidir si aquesta cambra serveix per protegir la vida de la classe treballadora, sobretot la més empobrida, o no serveix. I quedarà clar que no serveix. Avui no venim a discutir, com deia abans, tràmits administratius, sinó si estan a favor de la gent o dels oligopolis. I us explicaré per què. Em sobren els motius per votar a favor, però els resumiré en tres pilars que són en realitat els tres pulmons de justícia social de les nostres societats. Primer, l’habitatge com a dret i no com a mercaderia. Evidentment que el Govern ha fallat en aquest tema, aquest i aquest, aquest i aquest, evidentment. Però ara estem per mesures pal·liatives de gent que està patint. I en aquest moment em preocupa més això, perquè és aquest moment. Després parlarem d’allò altre, que és important també. I en aquests moments, el 2024 sols hi havia desenes de milers de desnonats. El 75 per cent d’aquests desnonats, amb els quals no senten cap empatia — m’agradaria que sentissin una mica d’empatia per què significa ser desnonat, que no és un malfactor ni un delinqüent, per favor— el 75 provenen de famílies que no poden pagar el lloguer. Aquesta norma és l’única tanca de seguretat que evita que milers de persones caiguin al buit fins al 2026. Això no els importa. Segon, la protecció de l’economia real, parlem de 350 000 autònoms i 30 000 transportistes que depenen de mantenir els límits de facturació per no anar a la ruïna demà mateix. Tampoc els importa. Tercer, la solidaritat i el futur. Des dels 206 milions vitals que arribaran més a la Generalitat de Catalunya… Ens agradaria molt més? Sí, ens agradaria molt més, però tenim 206 milions més. Vostès també diuen que no. També diuen que no els ajuts a la dana. També diuen que no els ajuts de la dana. I qui no s’ho cregui, que llegeixi el reial decret llei. La didàctica dels desnonaments versus la mentida de l’ocupació. Escoltem massa sovint aquesta bancada parlar de les màfies dels okupes. Bé, n’hi han. Escolteu-me bé, saben què és realment un desnonament? No és un debat jurídic. És la imatge d’una mare sola o d’un jubilat o d’un discapacitat o una persona qualsevol que ha d’agafar les seves bosses d’escombraries, agafar les coses i marxar, marxar de casa seva perquè no pot pagar el lloguer o la hipoteca, perquè les coses li han anat malament, perquè s’ha especulat, etcètera, etcètera. Això és un desnonament. Contra això també voten que no. Quina empatia, hi ha aquí. Un desnonament és una criatura preguntant: On anirem a viure? Això és un desnonament? On anirem a viure? Oh, és que no s’ha fet «vivenda». Sí: on anirem a viure? Vostès parlen d’ocupació per espantar els avis, però la realitat és que aquest decret protegeix el petit propietari. No menteixin, protegeix el petit propietari. La llei és clara. Llegeixin la llei. No hi ha suspensió si el domicili habitual, si és una segona residència, si hi ha violència o si es tracta d’activitats il·lícites. No hi ha desnonament possible. El petit propietari, a més, és compensat. Hi ha un fons de compensació. Per què amaguen que hi ha un fons de compensació? Deixin d’utilitzar la por per defensar els fons voltors, que és l’únic interès que tenen. El que protegim avui és que la gent que paga el lloguer amb sang, suor i llàgrimes, quan els hi pugen el lloguer el 16 % o el 20 %, que això es diu especulació, potser alguna cosa s’explicaria si mirem… L’altre dia un diari posava una cosa molt interessant. Hi havia alguns partits polítics que tenien zero per cent de rendistes a les nostres files. Hi havia alguns partits polítics que tenien un 44 % de rendistes. Potser això explica també alguna cosa. Potser això explica alguna cosa, perquè la lluita de classes existeix i les ideologies existeixen. Energia com a dret humà. La pobresa energètica afecta una de cada quatre persones. Aquest decret garanteix 1,7 milions de persones mantinguin el seu bo social, amb descomptes que arriben al 57,5 per cent. A Catalunya, a Catalunya, el nostre país, més de 160 000 persones més respecte a l’any passat es veuran que no podran cobrar aquest bo energètic perquè alguns han preferit que: ¡Cuidado! La ocupació, la okupación i la okupación. És el mateix que aquests senyor: El inmigrante, el inmigrante, el inmigrante, Cataluña, Cataluña. Tot són excuses i excuses clarament ideològiques. I aquí ho deixo. Seguim. També diuen que no — i si no, que llegeixin el reial decret llei— diuen que no al 15 % de l’IRPF per la compra de vehicles elèctrics. És mentida això? És mentida això també? D’acord, d’acord, almenys s’accepta una veritat. Ja està bé. El problema és que totes les altres també ho són. Cal dir les coses pel seu nom, senyories, la dreta està disposada a sacrificar 206 000 milions, encara que siguin catalans i catalanes, per una foto de confrontació. A mi em sembla de vergonya, perquè realment cada vegada que voto amb aquesta gent d’aquí, amb els franquistes, no sé com després poden defensar la seva sobirania de país i, a més, que no passa. Passa sovint això. Diuen: No hi ha blocs, però quan has de defensar les elèctriques, sí que hi ha blocs. Quan has de defensar les grans empreses que es puguin deslocalitzar, sí que hi ha blocs. Aquí sí que llavors les excuses no les treuen mai. Senyories del Govern, votarem sí per responsabilitat social. Però ara li dic una cosa no és acceptable que sis anys després siguem estant prorrogant i estem aquí a l’arbitri d’aquestes dretes — jo què sé com dir-los— cruels. Penso que, si sis anys després hi ha gent amb aquests problemes, això ha de ser una mesura estructural. Això ha de ser ja un dret social. Ningú pot passar misèria energètica. I crec que això s’ha de fer, s’ha de fer, s’ha de fer perquè no pot ser que hi hagi gent que estigui constantment esperant el desembre o el gener a veure què fan aquests i aquests, si els tomben una cosa que, evidentment, diuen que és que s’ha de dividir. És que s’han de dividir. Home, què hem de fer? Deu mil reials decrets lleis? No, home, no. Bé, en fi, a mi em sembla tot plegat de calaix. Al final, i acabo ja, o s’està amb el transportista o s’està amb les famílies que necessiten o s’està amb el dret a un sostre digne o s’està per un altre tema. Nosaltres ho tenim clar: Votem sí, perquè la política només té sentit si serveix d’escut a aquells que no tenen res més que les seves mans per treballar. Tota la resta, senyories és soroll, és electoralisme rastrer i és dolor per als que més pateixen. Una mica d’empatia i que mai es vegin vostès en la situació d’haver d’agafar una bossa de coses i marxar de casa seva amb les seves criatures, si us plau. Gràcies. La derecha española es así, tiene poca educación. ¿Lo ven? Escuchan poco. Digo lo mismo: lo que votan ahora es más desahucios, más cortes de luz ―¿o es que no hay más? Sí que hay más― y asfixia económica para miles de trabajadores. Hoy no venimos a discutir sobre trámites administrativos, sino sobre si esta Cámara sirve para proteger la vida de la clase trabajadora, si va a servir o no. No discutimos trámites administrativos, como decía antes, sino si están a favor de la gente o de los oligopolios. Y les explicaré por qué. Sobran los motivos para votar a favor, pero los resumiré en tres pilares, que son los pilares de la justicia social de nuestra sociedad. Primero, tener la vivienda como derecho y no como mercancía. Por supuesto, el Gobierno ha fallado en este tema, este y el anterior. Pero ahora estamos con medidas paliativas para la gente que sufre, y en este momento me preocupa más eso; después, hablaremos de otras cosas. Solo en 2024 había decenas de miles de desahuciados. El 75 % de los desahuciados ―tengan un poco de empatía con lo que significa ser desahuciado, pues no significa ser un delincuente ni un malhechor― vienen de familias que no pueden pagar el alquiler. Esta norma es la única red de seguridad que evita que, hasta 2026, caigan en la pobreza. Hablamos de 350 000 autónomos y 30 000 transportistas que dependen de estas ayudas para evitar la ruina. Tampoco les importa. Tercero, la solidaridad y el futuro. La Generalitat de Catalunya ha recibido 206 millones vitales extra. Nos gustaría tener más, sí. Ustedes dicen que no, y también dicen que no a las ayudas de la dana; quien no se lo crea, que se lea el real decreto ley que tenemos. . La didáctica de los desahucios frente a la mentira de la desokupación; y con esto se da aire a las mafias de las desokupaciones. ¿Saben ustedes lo que es un desahucio realmente? No es un debate jurídico, es la imagen de una madre sola, de un jubilado, de un discapacitado o de una persona cualquiera que tiene que recoger sus bolsas de basura, meter las cosas y marcharse de la casa, que no puede pagar el alquiler o la hipoteca porque le han ido mal las cosas, porque se ha especulado, etcétera. Eso es un desahucio. Contra eso van a votar que no. Empatía. Un desahucio es una criatura que pregunta dónde van a ir a vivir. Esto es un desahucio. ¡Es que no se ha hecho vivienda! No, la pregunta es ¿dónde vamos a vivir? Ustedes hablan de okupación para justificar, pero este decreto protege al pequeño propietario. La ley es clara: no hay suspensión si es el domicilio habitual, si es una segunda residencia, si hay violencia o si hay intimidaciones. No hay desahucio posible en ese caso. Además, al pequeño propietario se le compensa, hay un fondo de compensación. ¿Por qué lo ocultan? Dejen de utilizar el miedo para defender a los fondos buitres, que es el único interés que tienen. Lo que protegemos hoy es a la gente que paga el alquiler con sangre, sudor y lágrimas cuando se lo suben un 10 % o un 20 %, y eso es especulación. Quizá se explicaría la cosa si echaran la vista a un diario de hace unos días que explicaba que había partidos que tenían cero por ciento de rentistas en sus filas, como en nuestro caso. En otros, el 44 %. Eso explica mucho la lucha de clases. . La pobreza energética afecta a una de cada cuatro personas. Este real decreto permite que mantengan su bono social. En Cataluña, en nuestro país, más de 160 000 personas no podrán mantener este bono energético. Algunos están recalcando que por la okupación, igual que dicen que por los inmigrantes en Cataluña. Todo son excusas ideológicas. Y ahí lo dejo. Seguimos. También dicen que no ―y si no, que se lean el real decreto ley― al 15 % del IRPF para la compra de bienes eléctricos. Sí, eso lo admiten; por lo menos, una verdad. Lo que pasa es que lo otro que les digo también es verdad. Hay que llamar a las cosas por su nombre. La derecha está dispuesta a sacrificar a seis millones, aunque sean catalanes y catalanas, por una foto de la miseria, de la vergüenza. Cuando votan aquí con los franquistas no sé cómo pueden defender la soberanía de su país, y eso ocurre a menudo. No hay bloques, pero cuando se trata de defender a las eléctricas, sí hay bloques; cuando hay que defender a las grandes empresas que puedan deslocalizar, sí hay bloques. Luego estarán las excusas. Señorías del Gobierno, votaremos a favor por responsabilidad social, pero no es aceptable que seis años más tarde estemos prorrogando y estemos aquí a merced de estas derechas y de sus posiciones crueles. Seis años después, si seguimos con estos problemas, esta debería ser una medida estructural, un derecho social. Nadie puede sufrir miseria energética. Creo que eso hay que hacerlo, porque no puede ser que haya gente que esté constantemente esperando a diciembre o a enero a ver qué hacen estos o aquellos. . Dicen que se tiene que dividir, pero qué tenemos que hacer, ¿diez mil reales decretos leyes? Termino. O se está con el transportista, con las familias necesitadas y con el derecho a un techo digno o se está a otra cosa. Nosotros votaremos claramente sí, porque la política solo tendrá sentido si se da escudo a todas las personas que no tienen nada en sus manos. Todo lo demás es electoralismo rastrero y poca empatía con quienes sufren. Ojalá ustedes no se vean nunca en una situación en la que tengan que coger las bolsas, meter sus cosas y marcharse de casa. Muchas gracias.

Aina Vidal Sáez SUMAR

Ayer me contactaron tres trabajadoras de servicios sociales de tres ayuntamientos distintos, las tres muy alarmadas, y me contaban que desde la caída del escudo social están recibiendo un alud de peticiones por desahucio. En quince días les han llegado más peticiones que en todo 2025. En quince días. También he hablado con abogados y procuradores y me relatan lo siguiente: había muchísimos lanzamientos de familias que estaban paralizados en los juzgados porque los servicios sociales habían acreditado su vulnerabilidad gracias al escudo social que este Gobierno tiró para adelante. No se les podía echar de sus casas, por lo tanto, sin una alternativa habitacional. Pero los especuladores y, evidentemente, los fondos buitre simplemente se han limitado a sentarse a esperar; a esperar a que sus sicarios políticos hicieran su trabajo. Con el escudo social caído, este freno a la vulnerabilidad ya no existe y están presionando a los juzgados para que se levanten rápidamente los lanzamientos. Escuchando a los sicarios de la patronal, creo que cabe hacerse algunas preguntas, ¿verdad que sí, señora Madrenas? Algunas preguntas nos tenemos que hacer: ¿a quién beneficia la desaparición del escudo social? ¿Quién les aplaude cuando desprotegen a las familias vulnerables? ¿Quién aplaude? Porque hay quien aplaude con las orejas, ¿eh, señorías? . Hay quien aplaude. ¿Quién se forra echando a la gente de su casa? A personas con hijos menores, personas con discapacidad, ancianos o personas dependientes. ¿Quién se forra poniendo en riesgo a más de 200 000 personas en toda España, 50 000 en Cataluña? ¡50 000, señorías! . Voy a empezar por quién no. Desde luego, no lo hace el trabajador con capacidad de ahorro, no es él ni ella. Tampoco es el pequeño propietario, detrás del cual ustedes se están intentando esconder, tampoco son ellos ni ellas. Tampoco son las personas que complementan sus ingresos con un pequeño suplemento de una vivienda que ya han adquirido por una herencia o con sus ahorros. No es a ti, Eduardo, ni tampoco a ti, María, que tienes un piso en alquiler contra quien va este decreto. No es a ti, para nada. Quienes están echando a la gente de su casa son los fondos buitre. A quienes están protegiendo ustedes es a los fondos buitre. . A nadie más, a los fondos buitre. Por eso les da vergüenza hoy, siquiera, pasear por estos pasillos del Congreso de los Diputados, y no me extraña. Quienes están como suricatas en los juzgados son los fondos buitre y, por cierto, también los grandes bancos, quienes, por vergüenza torera, de nuevo, venden los paquetes de las hipotecas a los fondos buitre por debajo del precio para que estos les hagan el trabajo sucio. ¿Saben por qué? Porque al Santander y al BBVA les da vergüenza al titular que dice que el BBVA desahucia o el Santander desahucia. . Por eso se limpian las manos y se la pasan. Son a estos carroñeros a quienes Junts, el Partido Popular y VOX han abierto la veda para desahuciar a familias. Carroñeros que llevan ya dos semanas presionando a los juzgados para que las echen a la calle sin ninguna alternativa habitacional. Son vecinos y vecinas. Los buitres hoy tienen representación política aquí, en este hemiciclo, insisto, gracias a Junts per Catalunya, a VOX y al Partido Popular, obviamente. Y todos estos ―y esto quiero que quede bastante claro― van a saber recompensar bien a sus señorías, ¿verdad que sí? Les van a saber recompensar bien, claro que sí. Señorías, tumbando el escudo social, ¿quién necesita desokupas? Teniendo al Partido Popular, a VOX o a Junts per Catalunya, ¿quién necesita mancharse las manos contratando a esa panda de sicarios violentos y fascistas, cuando simplemente pueden comprar las voluntades de quienes, tocando un botón, pueden ejecutar todos estos lanzamientos? . ¿Quién necesita a Desokupa teniendo a Junts per Catalunya? ¿Quién? Els hauria de fer vergonya. Jo els vull felicitar, a Junts per Catalunya. Porten quinze dies d’èxit, quinze dies en què els fons voltor txapotegen feliços en els jutjats. Ara surtin i expliquin quina diferència hi ha entre el seu projecte de Catalunya lliure amb el projecte del senyor Albiol. Vull que m’ho expliqui bé, senyora Nogueras, amb paraules senzilles, com diria senyor Figaredo, amb paraules senzilles. Quina diferència hi ha entre vostès i el senyor Albiol que deixa 400 persones al carrer? Quina n’hi ha? Ninguna. Vostès tenen el mateix projecte polític que VOX i el Partit Popular, el mateix i Aliança per Catalunya, el mateix, i per això, per això els guanyarà a les urnes, la ultradreta. Sí, sí, per això. Exactament per això. Vergonya els hauria de fer. Perquè tothom ho pugui entendre, perquè jo crec que és important posar… A vegades les xifres jo crec que ens aturullen i jo crec que és necessari a vegades entendre de què parlem: 50 000 persones és l’equivalent a buidar ciutats senceres com pugui ser Vic, Igualada o Vilafranca del Penedès. Això és el que avui està en joc, gràcies als sicaris que tenim aquí al Congrés dels Diputats, que es dediquen a fer el joc — no als propietaris que aquí no enganyen a ningú— als fons voltors. A ningú més. Debería darles vergüenza. Quiero felicitar a Junts per Catalunya por quince días de éxito y que los fondos buitre chapoteen felices en los juzgados. Ahora salgan y expliquen qué diferencia hay entre su proyecto de una Cataluña libre y el proyecto del señor Albiol. Quiero que me lo explique bien, señora Nogueras, con palabras sencillas, como diría el señor Figaredo. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y el señor Albiol, que deja a 400 personas en la calle? ¿Cuál hay? Ninguna diferencia, ustedes tienen el mismo proyecto político que VOX, el Partido Popular y Aliança Catalana. Y por eso la ultraderecha les ganará en las urnas. Precisamente por eso. . Debería darles vergüenza. Para que todo el mundo pueda entenderlo ―porque yo creo que es importante, creo que las cifras a veces nos aturullan y a veces es necesario saber de qué hablamos―, 50 000 personas es el equivalente a vaciar ciudades enteras como Vic, Igualada o Vilafranca del Penedès. Eso es lo que está en juego hoy gracias a sicarios que tenemos aquí, en el Congreso de los Diputados, que se dedican a hacer el juego no a los propietarios, que aquí no engañan a nadie, sino a los fondos buitre. A nadie más. Añado que este decreto ley también protege a autónomos, esos de los que tanto se llenan ustedes la boca, esos de los que tanto hablan, los autónomos, a los que dicen proteger, a los que dicen que este Gobierno estrangula. Pues fíjense, este decreto también reducía las cargas administrativas y fiscales y, además, se flexibilizaban algunas obligaciones básicas, por decirlo así. También hacía esto el decreto. Hoy van a tumbar la garantía de suministros de agua y energía. Hoy van a tumbar la prohibición de despedir en empresas que reciben ayudas públicas. ¡Qué menos, qué menos, qué menos que si una empresa se lo lleva fresco desde lo público, al menos lo público pueda decidir que no puede despedir sin explicación alguna! ¡Qué menos! Hoy van a tumbar también las exenciones fiscales para los afectados de los incendios y de la dana. ¿Se puede ser más miserable, me pregunto? ¿Se puede? ¿Se puede, señora Nogueras? Es difícil, muy difícil. Aquí también se tumba hoy la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Es decir ―para que todo el mundo me entienda―, la liquidez para mantener servicios públicos pese a la prórroga presupuestaria. La actualización de las entregas a cuenta de los ayuntamientos también cae hoy. Eso también cae hoy, señorías. Eso también lo tumban ustedes. Qué risa, ¿eh? Qué risa. Yo no me reiría para nada, señores de Junts per Catalunya, para nada. Senyors de Junts per Catalunya no assenyalin, no. Mirin-se a vostès i expliquin per què avui els fa tanta vergonya existir i estar en aquest hemicicle. Home, ja! No señalen, no. Mírense a ustedes y expliquen por qué les da tanta vergüenza estar aquí y están hoy en este hemiciclo. . Un mensaje: ni la precariedad ni la pobreza son un accidente. Es el proyecto político de VOX, el Partido Popular y Junts per Catalunya. Que la gente lo sienta y lo sepa.

Aina Vidal Sáez SUMAR

Termino, sí. Se habla muchísimo últimamente de coaliciones electorales y también, pero menos, de alianzas sociales. Dijo Aznar, no hace mucho: el que pueda hacer, que haga. E hicieron, señorías. Yo hoy le hablo a todo el mundo, a la gente que nos está escuchando, a la gente decente que no entiende cómo es posible que esto hoy pueda caer: hagamos, hagamos y hagamos que esta derecha, que no tiene ningún tipo de sensibilidad ni capacidad para entender en qué país vivimos, se tumbe, caiga y no tenga capacidad de poder volver a quitarnos lo más esencial. Hoy este decreto caerá, pero mañana, sin duda, lo volveremos a levantar. ¡Vergüenza deberían tener! .

Carlos Hernández Quero VOX

Gracias, señor presidente. Vergüenza es que algunos estén en el Gobierno desde hace tanto tiempo y sigan con la matraca de la legislatura de la vivienda prometida. . La legislatura de la vivienda prometida, jamás producida y mucho menos entregada. Prometida, jamás producida y mucho menos entregada. Ha dicho aquí el señor ministro que esto iba de okupas. No, ese es el debate de baratillo, el debate superficial. Esto va de si el Estado asume o no su responsabilidad y de si tenemos o no un mercado de alquiler confiable ―¿sí o no?― y si, por tanto, los potenciales inquilinos pueden emanciparse o siguen hasta los 45 en la cama nido de casa de sus padres. De esto va este debate. . En primer lugar, cuestiones de fondo. Aquí todos entendemos que es una calamidad que una familia tenga que elegir entre poner un plato caliente a los hijos para cenar o pagar un alquiler. Todos sabemos lo que haríamos en ese caso, cuál sería nuestra prioridad. Y todos tenemos claro que toda familia española debería tener una casa y que esa casa debería ser no solamente un techo y cuatro paredes, sino un hogar, un refugio, un espacio de estabilidad y de libertad, porque sin hogar no hay estabilidad ni libertad. Todo eso lo tenemos clarísimo. También entendemos todos que la vida puede torcerse, que puede truncarse, que en una casa puede haber más bocas que alimentar o que puede haber una desgracia, una depresión, una enfermedad, una persona que cae en el paro, una merma de ingresos, cualquier situación sobrevenida que dificulte el pago mensual del alquiler y que sitúe a una familia, que antes vivía tranquila, al borde del precipicio y en riesgo de exclusión social. Si todos entendemos esto y todos coincidimos en que es una desgracia intolerable, entonces todos ―todos, como comunidad organizada― tendremos que brindar una respuesta. Todos quiere decir las Administraciones públicas, los ayuntamientos, las autonomías y el Estado. Si es un problema de todos, lo solucionamos todos. No se le transfiere la responsabilidad al particular. Todos. . Ni Pedro Pérez ni Gonzalo González, propietarios de vivienda, no: el Estado, las regiones, los municipios y los servicios sociales. Todos, porque son quienes tienen la obligación legal y también la obligación moral. Algunos nos llenan aquí con discursos pintiparados, pero luego no se acuerdan de nada de esto, luego duermen a pierna suelta cuando no hacen una puñetera casa y tienen a la gente abandonada. ¿Qué seguimiento se ha hecho después de seis prórrogas? ¿Qué seguimiento se ha hecho de los casos de vulnerabilidad? ¿Sabemos si siguen siendo vulnerables? ¿Se les ha atendido? ¿Hay un censo? ¿Ha habido programas de inserción laboral? . ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos? Sabemos que ustedes no han hecho absolutamente nada; absolutamente nada. La gente paga impuestos para que la Administración no escurra el bulto, para que eche sobre sus espaldas la responsabilidad que la gente le confía, para que tengamos un Estado social digno de tal nombre. Esto es una cuestión de justicia social, de la más elemental justicia social. Pero, sobre todo, de legitimidad. Algunos que blasonan mucho de Estado social y que andan a todas horas dando lecciones a diestro y siniestro, esos que se imaginan a sí mismos como si estuvieran al frente de la URSS y que en verdad tienen menos potencia que una triste comunidad de vecinos o que un ayuntamiento de tercera de una nación en vías de desarrollo, algunos que se imaginan todo eso tendrían que asumir aquí responsabilidades sobre qué es lo que han hecho estos seis años de prórroga el Estado y las Administraciones públicas. ¿Hay españoles que lo están pasando mal y que no tienen casa? ¿Hay gente sepultada bajo una montaña de infortunios o de deudas? ¿Saben ustedes lo que es la vivienda social? ¿Saben ustedes lo que es la vivienda social? ¿Les suena de algo este asunto? ¿Saben ustedes que las Administraciones públicas tienen la responsabilidad de brindar alternativa habitacional? Las Administraciones públicas, alternativa habitacional. ¿Cuánto dinero se están ahorrando todas las Administraciones que ustedes lideran al no brindar estas respuestas, al no activar los servicios sociales? ¿Cuánto dinero se están ahorrando? Porque es lo que están haciendo: ahorrarse dinero. Están ustedes privatizando el estado del bienestar; están ustedes privatizando el estado del bienestar. ¿No decían que era el quinto pilar del estado del bienestar? . ¿No decían que era el quinto pilar del estado del bienestar? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántas viviendas públicas entregaron el total de las Administraciones que ustedes lideran el año pasado? ¿Cuántas? 14 000, en un país de 50 millones de habitantes. Es para ponerse una medalla, señora Vidal, una medalla o muchísimas medallas. ¿Saben que en las últimas dos décadas ―en las que han gobernado todos menos la ultraderecha, todos, con Gobiernos de todos los colores― en Europa se gastaba cinco veces más en vivienda social por ciudadano que en España? Cinco veces más. Eran ustedes, con su votito, los que lo decidían con sus presupuestos. Ustedes, todos ustedes. . ¿Saben cuánto recauda al año la Administración pública con lo relacionado con la vivienda? 52 000 millones de euros. ¿Sabe, señora Vidal, cuánto tenía de presupuesto el año pasado en vivienda el Gobierno al que usted pertenece? 4000 millones de euros. ¡52 000 y 4000! Son ustedes unos saqueadores. . No hay dinero. El escudo social del que habla usted, ¿está aquí entre nosotros para que alguien lo pueda ver, está aquí entre nosotros, o es solamente una imaginación? . Dicen que hay 60 000 familias en riesgo de desahucio. ¿Qué han hecho en estos seis años? ¿Qué han hecho en estos seis años? ¿Han seguido sus casos? ¿Han buscado una inserción laboral? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho de verdad? ¿Han hecho viviendas para ellos? ¿Qué han hecho? .

Carlos Hernández Quero VOX

Si hay motivo para oponerse a este real decreto ley no es por revolucionario, sino por timorato y pacato; es por ser la viva representación de una casta política que parasita lo público en sus discursos, que saquea lo público para dárselo a sus amigos y que desguaza lo público en el momento en el que lo público tiene que actuar, que es en este momento. En este momento lo desguaza una casta depredadora de recursos que ha mandado al garete a mi generación. . Y, finalmente, el razonamiento desde el punto de vista de la eficacia práctica y los resultados, que, en verdad, es lo único que debería importarnos aquí; no los dogmatismos, no, sino los resultados. ¿Qué pasa cuando la Administración dice al particular que tiene que ser el encargado de proveer vivienda siempre y en todo momento, con independencia de que le paguen o no, con independencia de que pueda recuperar la posesión de la vivienda o no? Pues que el particular, que evidentemente no es idiota, desconfía. Y, si desconfía y se siente inseguro, ¿qué hace? Que saca su vivienda del mercado de alquiler. Desde que está esta medida tenemos la mitad de oferta en alquiler que cuando empezó, la mitad. Una persona que entra en un portal inmobiliario tiene la mitad de las casas que cuando esta medida empezó. ¡La mitad de las casas! . ¿Sabe lo que significa? Necesita un croquis para unir los puntos. ¿Quiere un croquis para unir los puntos? ¿Qué significa la escasez? Que suben los precios. ¿Y qué significa que suben los precios? Que la gente lo pasa mal. Y eso los que lo sacan. Pero los que no lo sacan, ¿qué hacen? Que empiezan a filtrar, que hacen castings inmobiliarios, que meten garantías, cuatro meses de garantía y dos de fianza adicional, lo que hacen imposible para la mayoría social poder alquilar. Ustedes han creado una casta de inalquilables, una casta de personas que antes se iban a emancipar y que ahora se tienen que quedar para siempre en casa de sus padres, como la familia de una mujer separada que tiene un niño a cargo o una madre con alzhéimer a la que nadie quiere alquilar. Son gente a la que han puesto una diana en su cabeza y que, al llamarlos indesahuciables, los han llamado inalquilables. Por supuesto que tenían que ser indesahuciables, pero el Estado tendría que ser el que les hubiese dado una alternativa habitacional; el Estado, y no los particulares, porque, si no, lo que sucede es que nadie los alquila, y están ahora nutriendo las tristes filas del hacinamiento, del piso compartido y de la emancipación amputada, que es eso lo que han conseguido ustedes. . Así que sigan presumiendo de escudo social, mientras entregan a la gente a la más viva y pura miseria social. Gracias. .

Montse Mínguez García PSC-PSOE

Gracias, presidente. Señorías, lo ha explicado muy bien el ministro Bolaños. Este real decreto no es para el asesor de Abascal, que cobra 27 000 euros al mes y puede pagar perfectamente la factura del gas y de la luz ; este real decreto es para los más de tres millones de personas que necesitan el bono social térmico para poder pagar la luz y el gas. Este real decreto no es para las familias con apellido del Partido Popular que se quedan con las viviendas públicas de Alicante; este real decreto es para Mariano, un señor sin apellido conocido, de sesenta y siete años, con pensión mínima, que lo quiere desalojar su casero, que tiene más de cien viviendas en propiedad. . Este real decreto no es para los que con la energía hacen chanchullos y se encuentran hoy en el banquillo de los acusados, como sus compañeros del Partido Popular en Castilla y León por la trama eólica; este real decreto es para que la gente que invierte en energía de verdad pueda recibir una ayuda para compensar los gastos de poner placas solares o comprar un vehículo eléctrico. Este real decreto no es para el señor Mazón ni para el señor Mañueco; este real decreto es para la gente que lo ha perdido todo, por su nefasta gestión en la dana y en los incendios, y que, si están cobrando una ayuda, no paguen impuestos por ella. . Este real decreto no es para dar beneficios fiscales a las empresas que se pueden comprar el BOE previo pago de factura al señor Montoro; este real decreto es para dar beneficios fiscales a los más de 1 200 000 autónomos que cotizan por el régimen de módulos. Este real decreto tampoco es para el novio de la señora Ayuso, a quien no van a despedir por trabajar en una empresa privada que compra una millonada de fondos públicos; este real decreto es para que el trabajador se sienta protegido, y no despedido por una empresa que está cobrando ayudas públicas. . Este real decreto es también para los profesores de la Complutense de Madrid, para que sepan que votando en contra de este real decreto la señora Ayuso está renunciando a 3200 millones de euros más que podría tener mañana para pagar las nóminas a los profesores , porque este decreto lleva los mayores ingresos de las entregas a cuenta. Está claro, señores del Partido Popular y de VOX, que este real decreto no va con ustedes. Pero hoy tienen la oportunidad de demostrar que las preguntas que hacen aquí los miércoles en la sesión de control tienen algún sentido. Estos son algunos ejemplos. Señor Feijóo, «¿Le preocupa la calidad de la vida de los españoles?» Señora Muñoz, «¿Cree que su grupo trabaja para los españoles?» Señor Tellado: «¿Por qué se empeña en perjudicar la calidad de vida de los españoles?» Señor Juan Bravo: «¿Cree que es el momento de hacer más difícil la vida de los españoles?» Y señor Hernández Quero ―la pregunta se la va a hacer el señor Gil Lázaro―: «¿Hasta cuándo piensan seguir burlándose de todos los españoles?» . Las respuestas las tienen en los decretos que trae el Gobierno a este hemiciclo, porque ustedes preguntan mucho por los españoles los miércoles y votan en contra de los españoles los jueves. I senyors de Junts per Catalunya, els demanem una reflexió perquè avui, polsant el botó vermell, no cau el PSC, no cau el grup parlamentari socialista, ni cau el president Illa ni cau el president Pedro Sánchez. Vostès, el senyor Gavín va ser president de la Diputació de Lleida. La senyora Madrenas i el senyor Cruset i el senyor Cervera van ser alcaldessa i alcaldes. Coneixen bé a la gent del seu territori. Avui, polsant el botó vermell, sortiran amb un aplaudiment del Partit Popular i de VOX, amb un aplaudiment del Partit Popular i de VOX, que els volen il·legalitzar! L’únic partit català d’aquesta cambra independentista i català que se sumarà a l’aplaudiment del Partit Popular i VOX. Tindran aquest aplaudiment, però tindran l’emprenyament de molta gent de Lleida, de Girona, de Riudoms i de Port de la Selva que han confiat en vostès, que han confiat en vostès. Per això els demanem aquesta reflexió. Y, señores de Junts per Catalunya, les pedimos una reflexión, porque hoy votar con el botón rojo no hace que caiga el PSC ni el Grupo Parlamentario Socialista ni el presidente Illa ni Sánchez. Usted, señor Gavin, fue de la Diputación de Lleida, y la señora Madrenas y otros fueron alcaldes y conocen a la gente de su territorio. Hoy, si presionan el botón rojo, tendrán un aplauso del Grupo Popular y de VOX, que los quieren ilegalizar a ustedes; el único partido catalán de esta Cámara, independentista y catalán, que se sumará a los aplausos del Grupo Popular y VOX. . Tendrán ese aplauso, pero tendrán el enfado de mucha gente de Lleida, Girona, Riudoms y Port de la Selva, que han confiado en ustedes. Por eso les pedimos esa reflexión. . No hay excusas. Lo ha dicho el ministro Bolaños, no hay el es que. El año pasado también hubo un es que. Era el es que del palacete del PNV; ustedes lo bautizaron así. Y un mes después de la matraca, votaron a favor del escudo social, con el palacete del PNV incluido. Este año la excusa es ‘escudo social sí, okupas no’. Pero, como ha dicho el ministro Bolaños, el texto del real decreto es exactamente el mismo que trajimos el año pasado y que ustedes votaron a favor, con una enmienda, además, de Junts per Catalunya, que defendió aquí el señor Isidre Gavin. ¿De qué amenaza? De qué xantatge ens està parlant la senyora Madrenas? És el seu text, el mateix. I l’any passat el van votar a favor. ¿De qué amenaza o de qué chantaje nos está hablando la señora Madrenas? ¡Es su texto! ¡El mismo! ¡Y el año pasado votaron a favor! Por eso, no cabe tampoco la excusa de que lo traigamos por separado, que lo votarán, porque el año pasado ya iba todo junto y votaron a favor. . Piénsenlo; de verdad, piénsenlo. Del verde al rojo está la abstención. Hoy, si pulsan el botón rojo, señorías, no lo van a hacer en contra del Gobierno. Hoy, si pulsan el botón rojo, lo que estarán pulsando será el botón de las consecuencias para miles de familias que están ahí fuera esperando. Cuando se votan medidas de protección, cuando se vota escudo social, cuando se vota ayudar a la gente que más lo necesita tiene que salir el buenismo que tenemos dentro. Pueden ser ustedes malos diputados votando en contra de los reales decretos, pero demuestren que son buenas personas. . Todo el mundo sabe dónde está el Partido Socialista: siempre al lado de la gente, sin excusas; siempre con la mayoría social, sin el ‘es que’, sin el ‘sí, pero no’; al lado de la mayoría social, con el botón verde y votando a favor. Muchas gracias. .

José Vicente Marí Bosó PP

Gracias, señor vicepresidente. Señorías, compartirán con nosotros que no se es más o menos demócrata por hablar cada día de Franco o por despilfarrar más o menos recursos públicos celebrando el cincuentenario de su muerte. No se es más o menos demócrata solo por decirlo, sino que se es más demócrata cuanto más se practica la democracia, se es más demócrata cuando se entiende que es mejor una ley con razones de unos o de otros que no todas las leyes llenas de verdades absolutas, o cuando, en lugar de construir muros, se busca la concordia, o cuando se comparece en los debates para convencer, no para tirar a la cabeza de los demás el argumentario, como ha hecho la portavoz del Grupo Socialista. Lo que sucede con este Gobierno, señorías, es que se pasa el día pretendiendo dar lecciones de democracia. Pero su acción diaria de gobierno, y este real decreto ley es un ejemplo, es profundamente antidemocrática. . Este real decreto ley que hoy nos traen vuelve a ser testimonio de su nivel y su carácter antidemocrático. Se ha plantado aquí el señor Bolaños y nos ha hablado de incertidumbre y de vergüenza. ¡Ah! Usted es el Gobierno, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Usted pasaba por aquí? . Ustedes son los principales generadores de incertidumbre, son el principal peligro para el bienestar de los españoles. Señoría, ha hablado de incertidumbre y de vergüenza, y, respecto de la vergüenza ―el señor Salvador también ha hablado de franquismo y de presentar enmiendas―, la unanimidad de esta Cámara acordó tramitar el Real Decreto Ley 1/2025 como proyecto de ley para presentar enmiendas. Y ustedes son tan demócratas que no nos dejan presentar enmiendas , porque saben que hay una mayoría en contra y les derogaríamos el artículo con el que ustedes ayudan a los delincuentes en la okupación ilegal. Por lo tanto, vergüenza, la que debería darles a ustedes. Y vergüenza, señor Bolaños ―en concreto, usted también―, porque en el último real decreto ley que usted defendió aquí y nosotros apoyamos, facilitándole el trabajo, nos coló la prórroga del servicio activo del DAO de la Policía Nacional. Sí, señor Bolaños. . Por tanto, traen un real decreto ley con apoyo a los okupas para el que no tienen mayoría, y lo mezclan con un montón de medidas que son recurrentes (el señor ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños García: Es mentira), periódicas, que las tienen que traer año a año y no las traen porque son incapaces de aprobar presupuestos. . Y no da igual si hay presupuestos o no. No da igual si va a una tramitación de ley ordinaria o en vías de excepción, para pasarse por el forro el debate democrático en esta Cámara. No, no da igual, como no daba igual que Franco fuera un dictador y al mismo tiempo hiciera pantanos, señor Bolaños. No da igual. . Sánchez dijo en 2015 al señor Rajoy que no se puede gobernar a golpe de decreto ley. Sin embargo, el 34 % de sus iniciativas legislativas se han hecho por decreto ley; más que con ningún otro Gobierno en democracia. Además, acusó al señor Rajoy de menospreciar al Parlamento. Ya sabemos que el señor Sánchez miente en todo lo que dice y que dice una cosa y su contraria en el mismo segundo, con la misma cara pétrea que pone siempre. El 52 % de sus iniciativas legislativas ―no el 34 %, no, el 52 %― han ido por vía de excepción, por real decreto ley: de 338 iniciativas legislativas, 173 reales decretos leyes. ¿Y nos pretenden dar lecciones de democracia? Pero ¡qué se han pensado! . La deriva antidemocrática de este Gobierno, señorías, es palpable. No nos dejan ni presentar enmiendas: las envían al congelador de la señora Armengol. La deriva antidemocrática no ha de venir nadie a demostrarla. Pero también el fracaso de sus escudos sociales durante estos años es evidente. El escudo social, señoría, no puede ser un fin en sí mismo. Se pueden indignar todo lo que quieran: el escudo social debe ser un medio de protección para conseguir sacar a la gente de la vulnerabilidad, no para mantenerla. . Ustedes con sus políticas no resuelven ni un problema, los maquillan. Las moratorias, las prórrogas de medidas in aeternum no resuelven nada: las aplazan, eternizan los problemas. Siete años de escudos sociales y la realidad es que hay un 25,7 % de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Indígnense lo que quieran, pero ustedes son la máquina más perfecta de enviar a gente a la pobreza. . Casi la mitad de los hogares españoles llegan a final de mes con alguna dificultad, el 46 %: envían a la gente a la precariedad. El 16 % de las familias no se pudo permitir tener una vivienda con una temperatura adecuada en 2025; el 16 %, el doble de cuando ustedes gritaban al señor Rajoy por la pobreza energética. ¡El doble! . Más impuestos que nunca, la cesta de la compra más cara que nunca ―un 40 % más―, los salarios más bajos que nunca y los servicios públicos más deteriorados que nunca. Este es el resultado de sus escudos sociales. Se vanaglorian de detener 800 000 hogares dependientes del ingreso mínimo vital, un 19 % más que el año pasado. ¡Si es que cada vez envían a más gente a situación de vulnerabilidad! Señorías, 2,5 millones de españoles con salarios mínimos, 3,2 millones de españoles dependientes de prestaciones por desempleo, 2,5 millones de españoles dependen también del ingreso mínimo vital, 8 millones de españoles en situación de precariedad y 12,7 en situación de riesgo de pobreza. Este es el resultado de sus políticas, por mucho que se indignen. Hace falta pasar página de esta etapa sombría. Hace falta dar paso a un gobierno que entienda que la democracia debe practicarse cada día…

José Vicente Marí Bosó PP

Acabo, señor vicepresidente. … pero, además, hace falta un gobierno limpio, un gobierno que gobierne, un gobierno democrático, sin tics autoritarios. Hacen falta más leyes, más debate… .

José Vicente Marí Bosó PP

… y menos excepciones. Muchas gracias, señor vicepresidente. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, president. Mireu les mans de la vostra iaia. No són només mans. Són arrels que han sostingut generacions, artrosi per cada jornada interminable, per cada casa netejada en negre, per cada sacrifici que ningú reconeix. Ara cobra una pensió que no arriba ni a la meitat del que ha aportat. Mireu els ulls del vostre veí. Després d’anys treballant baix d’uralita d’una fàbrica, ara fa malabars amb la pensió que té per a poder ajudar els seus nets a que puguin acabar els seus estudis. I malgrat tot, no deixa de somniar en un futur digne per a totes les generacions. I mentrestant, els grans bancs sumen rècords: 34 000 milions en un any. I els mil milionaris veuen créixer les seues fortunes cada dia i paguen els impostos mínims i ens volen fer creure que el problema és la pensió del nostre veí, que cobra 800 euros al mes. I el problema no és les persones que han treballat tota la seua vida. El problema és qui acumula milions sense contribuir el que han de contribuir. I l’extrema dreta el que vol és convertir la societat en un joc de solitaris. I volen que mirem el futur amb por. I eixa por que es transformi en odi i és una batalla per a ells… Volen que siga una batalla entre generacions i volen que tinguem una desconfiança cap a l’estat de benestar. Volen que deixem de creure en el sistema públic i que acabem posant els pocs estalvis que tenim en mans de fons privats de pensions. Però la força no està ahí. Entrar en eixe joc és només condemnar-se a la precarietat, a la soledat. És entrar en la lluita de l’últim contra el penúltim. I governar ha d’anar molt més enllà. Gracias, presidente. Mírense las manos de sus abuelas. No son manos; son raíces que han sostenido a generaciones. Artrosis por cada jornada interminable, por cada casa limpiada en negro, por cada sacrificio que nadie reconoce. Y ahora cobra una pensión que no llega ni a la mitad de lo que aportó. Mírense los ojos de su abuelo después de estar trabajando en una fábrica. Ahora hace malabares con la pensión que tiene para ayudar a sus nietos a acabar sus estudios y, a pesar de todo, no ha dejado de soñar con un futuro digno para todas las generaciones. Mientras tanto, los grandes bancos tienen cifras récord, 34 000 millones en un año, y los multimillonarios ven cómo crecen sus fortunas cada día y pagan los impuestos mínimos. Nos quieren hacer creer que el problema es la pensión de nuestro vecino, que cobra 800 euros al mes. El problema no son las personas que han trabajado toda la vida, sino quien acumula millones sin contribuir lo que tiene que contribuir. La extrema derecha quiere convertir a la sociedad en un juego de solitario y que miremos al futuro con miedo y que ese miedo se transforme en odio. Es una batalla que quieren que sea entre generaciones. Esperan que tengamos una desconfianza hacia el estado del bienestar, que dejemos de creer en el sistema público y que pongamos nuestros pocos ahorros en manos de fondos privados de pensiones. Pero entrar en ese juego es solo condenarse a la precariedad, a la soledad; es entrar en la lucha del último contra el penúltimo. Gobernar tiene que ir mucho más allá.

Àgueda Micó Micó SUMAR

Acabe de seguida, president. Ha de ser un compromís entre generacions, perquè les pensions no són un privilegi. Són un contracte entre generacions i els contractes, senyories, s’han de complir. Votarem a favor d’este reial decret. Acabo enseguida, presidente. Tiene que ser un compromiso entre generaciones, porque las pensiones no son un privilegio, son un contrato entre generaciones, y los contratos, señorías, se tienen que cumplir. Votaremos a favor de este real decreto. Muchas gracias.

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días de nuevo. En Unión del Pueblo Navarro lo tenemos claro y lo hemos defendido por activa y por pasiva: respaldamos la revalorización de las pensiones. Pero lo que tenemos también muy claro es que basta ya de utilizar partidista y sectariamente a los pensionistas. ¡Basta ya de chantajes y manipulaciones! Sabemos que este Gobierno es capaz de cualquier cosa, pero también los españoles, en este caso, se han dado cuenta de este engaño, de esta falsedad, de esta mentira y de la estrategia del presidente del Gobierno y sus socios de intentar señalar, insultar y dañar al adversario político por defender una postura determinada, manipulando a la opinión pública. Esto es lo que ocurrió hace dos semanas con el real decreto que regulaba la revalorización de las pensiones. Esta es la triste realidad a la que tenemos que hacer frente. Por eso, señorías, ya me explicarán ustedes cómo es posible que una persona de extrema izquierda insulte desde la tribuna de invitados a los diputados por mantener una postura y los haya que aplaudan e incluso algunos se pongan de pie. . ¿Dónde queda el respeto a la Cámara? ¿Dónde queda el respeto a los representantes del pueblo en la misma Cámara donde la palabra es el único medio para defender una idea? Esta es la triste realidad. Además, señorías, este Gobierno ha venido legislando con mucha facilidad y luego le ha pasado la factura a otros. . Ha ocurrido con el tema de la okupación, que nosotros no podemos apoyar. Señorías, también en esa línea ―y esto va dirigido fundamentalmente a los miembros de SUMAR y del Grupo Socialista―, ¿por qué aprueban en esta Cámara una tramitación urgente de estos reales decretos y luego no se hace? ¿Por qué?

Alberto Catalán Higueras UPN

¿Qué democracia es esa de amparar, sobre todo con prepotencia y soberbia, esa imposición? Así tampoco se gobierna este país.

Cristina Valido García CCa

Señorías, la subida de las pensiones que apoyaremos hoy responde al mandato del Pacto de Toledo, no es un acto de generosidad del Gobierno de España. A pesar de ello, sigue siendo una subida que está muy alejada del coste real de la vida. Pero todavía lo es más en el caso de las pensiones no contributivas, esos cientos y cientos de miles de personas que viven con una media de 600 euros al año. Permítanme que les recuerde que esta Cámara aprobó por amplísima mayoría ―únicamente votó en contra VOX― la modificación de la normativa para que las comunidades autónomas pudieran completar esas pensiones tan bajas. A fecha de hoy, dos años después, no se ha hecho nada. Además, cuando el Gobierno canario ha propuesto un complemento de 400 euros al año ―¡fíjense qué barbaridad!― amparándose en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía aprobada por el Parlamento canario, el Gobierno de España nos ha amenazado con llevarnos a los tribunales. ¿Para cuándo un decreto para dar dignidad a las pensiones no contributivas? Hace pocos días escuché algo que comparto: Las subidas no deben limitarse a seguir la inflación, deben ser superiores; hay que traducir los beneficios en mejores sueldos. Si la economía de este país va tan bien, ¿por qué no se hacen eco de las palabras de Pedro Sánchez y reparten con los que tienen los bolsillos más vacíos del Estado?

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. O PP votou en xaneiro en contra da suba das pensións e non sorprende, acostumado á suba de 0,25 % nos gobernos de Rajoy 2,7 debe parecerlles un exceso. Total, os seus que poden, non me refiro aos seus votantes, senón a aqueles a quen realmente representan, os ricos, insisto, os seus, que poden se resolven con plans privados de pensións. É verdade que hai un mes o goberno lles facilitou a escusa perfecta, metendo as pensións dun Real Decreto lei máis amplo. Hoxe, como non teñen esa escusa terán que votar a favor para non ficar moito en evidencia como os representantes parlamentarios de ricachos e empresarios. O BNG votará a favor, como fixemos en xaneiro, a pesar de considerar insuficiente a súa proposta. Nós entendemos que é preciso revalorizar as pensións en base ao IPC real interanual para evitar que perdan poder adquisitivo, sobre todo hai que subir máis as pensións mínimas e non contributivas. O BNG incorporou esta medida ao acordo de investidura. Veuse facendo nos últimos anos, mais continúa sendo insuficiente. Hai que situar as mínimas en 60 % do salario medio co ISM, única maneira de ir reducindo as fendas de xénero e territorial de xénero, porque as mulleres continúan cobrando pensións medias máis baixas e tamén a territorial o nacional, porque eu quero lembrar que Galicia ten as segundas pensións máis baixas do Estado español. Ourense, a provincia coa pensión media máis baixa, reparen só este dato, Ourense de media 1019 e media do Estado 1366, Madrid 1566, Araba 1702. Temos, por tanto, razóns para seguir reclamando a suba das pensións mínimas e non contributivas. Hoxe votaremos a favor desta proposta. Gracias, señor presidente. El Grupo Popular votó en enero en contra de la subida de las pensiones. No sorprende; acostumbrados a la subida del 0,25 % del Gobierno de Rajoy, el 2,7 % les debe parecer un exceso. No me refiero a sus votantes, sino a aquellos a quienes realmente representan: a los ricos, a los suyos, que lo resuelven con planes privados de pensiones. Es cierto que hace un mes el Gobierno les facilitó la excusa perfecta metiendo las pensiones en el real decreto ley más amplio. Hoy, como no tienen esa excusa, tendrán que votar a favor para no quedar muy en evidencia como los representantes parlamentarios de ricos empresarios. El BNG votará a favor, como ya hicimos en enero, a pesar de considerar insuficiente su propuesta. Entendemos que es necesario revalorizar las pensiones basándose en el IPC real interanual para evitar que pierdan poder adquisitivo. Sobre todo, hay que subir más las pensiones mínimas y no contributivas. El BNG incorporó esta medida en el acuerdo de investidura. Se lleva haciendo en los últimos años, pero sigue siendo insuficiente. Hay que situar las mínimas en el 60 % del SMI para reducir las brechas de género y territorial. De género, porque las mujeres siguen cobrando pensiones medias más bajas y, territorial o nacional, porque quiero recordar que en Galicia se tiene la segunda pensión más baja de España; Orense tiene la pensión media más baja. Voy a compartir un dato: de media, Ourense, 1019; en el Estado, 1366; Madrid, 1576; Álava,1702. Por lo tanto, hay razones para seguir reclamando la subida de las pensiones mínimas y no contributivas. Hoy votaremos a favor de esta propuesta.

Noemí Santana Perera SUMAR

Gracias, señor presidente. Señora ministra, hoy vamos a debatir este Real Decreto Ley 3/2026 para la revalorización de las pensiones. Cuando hablamos de pensiones estamos hablando de personas, de esa vecina que cuida a sus nietos por la tarde, de ese padre que ayuda a su hijo a llegar a fin de mes porque no ha encontrado un trabajo estable, o de esa abuela que durante la pandemia fue el único ingreso en su núcleo familiar. Pero, cuando hablamos de revalorizar las pensiones conforme al IPC, no estamos planteando dar ningún regalo a nuestros pensionistas, sino garantizar que mantengan el mismo poder adquisitivo, es decir, de proteger su dignidad y que puedan hacer frente al día a día en las mismas condiciones que lo están haciendo hoy en día. Ayer en la Comisión de Derechos Sociales pudimos escuchar al portavoz de EAPN. Nos dijo algo que todas nos deberíamos grabar a fuego, y es cuál fue el papel de los pensionistas durante las distintas crisis que hemos tenido que abordar, cómo han servido de amortiguación para el golpe de esas duras crisis, tanto en la crisis financiera de 2008 como en la pandemia, como ahora con la crisis inflacionista que estamos atravesando. Las pensionistas han sido sostén, sin lugar a duda, para las familias. A las pensionistas no les estamos regalando nada, es el resultado de su trabajo, de tantos años de esfuerzo que han estado cotizando a la Seguridad Social. Realmente las pensiones son un salario en diferido. Las pensiones no son ningún regalito del Estado. Esto me parece importante decirlo, porque hay quien ha intentado jugar a una confrontación entre generaciones. No hay guerra entre jóvenes y mayores, lo que hay es precariedad juvenil, lo que hay son salarios demasiado bajos y un modelo que concentra la riqueza. Ya contó nuestra portavoz Ione Belarra ayer cómo la propietaria de un banco cobraba 260 veces más que una empleada que tiene un salario medio. Esto nos debería resultar completamente inmoral. Nosotras vamos a apoyar el real decreto, pero hay tareas aún pendientes. No se olvide usted, por favor, de Asjubi, personas que han trabajado durante más de cuarenta años y, sin embargo, se ven penalizadas por lo mismo y se las somete a factores reductores…

Noemí Santana Perera SUMAR

También, señora ministra, ya es hora de equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional. Son tareas que tenemos por delante y que estaría bien que usted las estudiara. Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. Hoy debatimos la convalidación del real decreto ley de revalorización de las pensiones para 2026, una norma necesaria y socialmente imprescindible. Esta medida garantiza que las pensiones suban conforme al IPC, de modo que millones de personas mayores no pierdan poder adquisitivo en un contexto todavía de incertidumbre. Revalorizar las pensiones no es solo una decisión presupuestaria, es un compromiso con quienes han trabajado durante décadas y han sostenido nuestro sistema productivo; es proteger especialmente a quienes cobran pensiones mínimas, muchas de ellas mujeres, y asegurar que las personas mayores puedan mantener unas condiciones de vida dignas. El decreto también incorpora medidas que refuerzan la sostenibilidad del sistema, aumento de bases de cotización, mecanismo de equilibrio intergeneracional. Son decisiones que permiten que la Seguridad Social siga siendo viable hoy y también en el futuro. Además, se adoptan medidas coherentes también con la justicia contributiva que compartimos, como la cotización adicional para bomberos forestales y agentes medioambientales, para financiar de manera responsable los coeficientes reductores de la jubilación anticipada asociados a profesiones especialmente duras y de riesgo. Ahora bien, conviene recordar también cómo hemos llegado hasta aquí. El Gobierno decidió incluir estas medidas en un decreto ómnibus con disposiciones heterogéneas y controvertidas, aun sabiendo que no tenía la mayoría necesaria para convalidarlo. Esa decisión puso en riesgo la actualización de las pensiones y generó una incertidumbre que podría haberse evitado. Lo hizo pese a saber que en este Parlamento no había una mayoría y que para aprobar cualquier medida importante es imprescindible el acuerdo entre quienes apoyamos la investidura. Eso exige diálogo, cesiones y voluntad de entendimiento, no posiciones maximalistas. Sin embargo, el decreto que hoy debatimos demuestra que sí era posible traer desde el principio una norma clara, específica y consensuable. Por tanto, permítanme decirles, señorías del Gobierno, que su estrategia inicial respondió quizá más a una lógica de trinchera permanente que a una voluntad real de acuerdo. En aquel momento yo creo que no buscaban el consenso, sino el pulso, una dinámica que no construye mayorías, sino que las tensiona; que no protege aquello que dice querer proteger, sino que además se utilizaron o trataron de utilizar derechos tan sensibles como las pensiones como herramienta de presión política. Esta forma de actuar no aporta estabilidad ni fortalece la confianza entre los grupos, al contrario, la erosiona. Gaur, dekretu garbi eta espezifiko honekin are argiago geratzen da arau adostu bat aurkeztu ahal izan zela, Ganbera hau dena edo ezer ez aukeratzea behartu barik. Pentsioak babestu zitezkeela, presio-tresna bihurtu barik. Eta pentsio honen eguneratzearen inguruan sortutako ziurgabetasun bera saihesgarria zala. Gaur, arduraz jokatuko dugu eta aurreko dekretuaren ezetza zuzenduko dugu, milioika pentsiodunen erosteko ahalmena babesten duen arau bat babestuz. Baina garrantzitsua da gertatutakotik ikastea. Izan ere, funtsezko neurriak hasieratik tramitatu behar dira, akordioak bilatuz eta dena edo ezer estrategiak saihestuz, horiek adostasuna oztopatzen baitute. Hoy, con este decreto limpio y específico, queda aún más claro que sí se podía haber evitado esa trinchera y se podía haber presentado una norma consensuada sin forzar a esta Cámara a elegir entre todo o nada, que sí podían haber protegido las pensiones sin convertirlas en un instrumento de presión y que, por lo tanto, esta incertidumbre era evitable. Hoy actuaremos con responsabilidad y corregiremos la no convalidación del decreto anterior apoyando una norma que protege el poder adquisitivo de millones de pensionistas. Es necesario buscar acuerdos, evitando estrategias de todo o nada que solo dificultan el consenso parlamentario. También conviene recordar algunas cosas. Escuchamos al Partido Popular exigir decretos exclusivos sobre pensiones y presentarse también como grandes defensores de la subida conforme al IPC. Cuesta creer también esa convicción cuando fue precisamente del Partido Popular el artífice del índice de revalorización de 2013, un mecanismo que limitaba todas las subidas y que provocó pérdidas acumuladas de poder adquisitivo para millones de pensionistas. No olvidemos un hecho clave, solo cuando necesitaron los votos del Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante los presupuestos generales del 2018, aceptaron la condición de volver a la revalorización conforme al IPC y de retrasar aquella entrada en vigor de aquel factor de sostenibilidad. Reconocemos que vincular las pensiones al IPC supone un esfuerzo para el sistema y para las cuentas públicas, ignorarlo sería irresponsable. También lo sería olvidar que no actualizar las pensiones conforme al coste de la vida equivale a aplicar recortes silenciosos año tras año, como ya ocurrió con el índice de 2013. Pentsioen eguneratzeari kontsumoko prezioen indizearen arabera eusteak gizarte egonkortasuna ematen du, adinekoen pobrezia-arriskua murrizten du eta, gaur egun, lan egiten eta kotizatzen dutenen konfiantza indartzen du. Gainera, barne eskariari eta jarduera ekonomikoari eusten laguntzen du. Gakoa ez da nahikotasunaren edo jasangarritasunaren artean aukeratzea, biak bermatzea baizik pentsioen erosteko ahalmena babestea eta, aldi berean, sistemaren diru-sarrerak indartzea, epe ertain eta luzera oreka ziurtatzeko. Erantzukizunagatik, justizia sozialagatik eta milaka pertsonaren segurtasun ekonomikoagatik, gure taldeak aurkeztutako lege-dekretuaren alde bozkatuko du. Eskerrik asko. Mantener la actualización conforme al IPC aporta estabilidad social, reduce el riesgo de pobreza entre las personas mayores y refuerza la confianza de quienes hoy trabajan y cotizan; además, contribuye a sostener la demanda interna y la actividad económica. La clave no es elegir suficiencia o sostenibilidad, sino garantizar ambas, proteger el poder adquisitivo de las pensiones y, al mismo tiempo, reforzar los ingresos del sistema para asegurar su equilibrio a medio y largo plazo. Por responsabilidad, justicia social y por la seguridad económica de millones de personas, nuestro grupo votará a favor del decreto ley presentado. Muchas gracias.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Señorías, comienzo anunciando el sentido de nuestro voto. Nosotros vamos a votar a favor de esta revalorización de las pensiones, como la hemos votado en ocasiones anteriores cuando iba con otras medidas igualmente necesarias, o ahora, que va en solitario. Estamos convencidos de que va a salir adelante esta iniciativa, pero creo que conviene señalar al menos que la coincidencia en el voto probablemente no obedece a lecturas compartidas. Hay quien puede llegar al voto afirmativo con una convicción en que lo que proponen los y las pensionistas es justo y de recibo, ese es nuestro caso, pero también nos consta que hay quien llega a esta posición por la presión de los y las pensionistas en las calles de manera sostenida o por el propio peso demográfico que tiene un colectivo con millones de personas incursas en una misma realidad, que es la de ser pensionista. Pero no puedo dejar de señalar la paradoja de este debate con respecto al debate anterior, porque parece que alguien olvida, y seguramente lo hace de manera voluntaria y premeditada ―otra vez aquello de la ignorancia o la mala fe―, que muchas de las medidas que se votaban en el anterior real decreto que se ha debatido, el que tenía que ver con el corte de los suministros básicos, el que tenía que ver con la imposibilidad de desahuciar a familias vulnerables, el que tenía que ver con las medidas de protección para el bono social térmico o eléctrico, son medidas que, en buena parte, en una parte muy significativa, vienen siendo receptadas o recibidas precisamente por pensionistas. Es decir, hoy aquí alguno subirá a la tribuna a decir que defiende a los pensionistas, que no teman porque con ellos están seguros porque les revalorizan la pensión, pero hace nada han votado para que les corten el agua o la electricidad a quien no pueda pagarla, han votado para que desahucien a quien no puede pagar el alquiler porque sus pensiones son exiguas o son directamente ridículas. Esa es la oda a la incoherencia que hoy hemos vivido y probablemente no sea la única que vamos a ver. A nosotros nos gustaría ir más allá de lo que este debate propone en sí, que es ―no solo, pero fundamentalmente― la revalorización de las pensiones. Nos gustaría ir en la senda que han marcado los y las pensionistas en la calle desde el 15 de enero de 2018, dándonos lecciones, al menos en Euskal Herria, semana a semana, pueblo a pueblo, en decenas de pueblos donde los pensionistas y las pensionistas salen a defender sus derechos; derechos que, incluso, vertebran y articulan en torno a una iniciativa legislativa popular, tristemente rechazada por la mayoría en el Parlamento de Gasteiz, pero que planteaba que el salario mínimo interprofesional fuera el equivalente a la pensión mínima o que la pensión mínima nunca fuera inferior al salario mínimo interprofesional; una demanda de absoluta justicia avalada por más de 100 000 firmas y que iba a dar respuesta a alrededor de 100 000 personas de la Comunidad Autónoma vasca y que, como digo, tendrá que seguir esperando. En cualquier caso y desde aquí, desde esta tribuna, volvemos a mostrar nuestro apoyo, el apoyo de Euskal Herria Bildu, a la justa reclamación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, que se llama así, pese a que a alguno le parezca una entelequia aquello de Euskal Herria. Algo sabrán, porque veteranía les sobra y años de lucha, también. Como digo, no hay que quedarse solo en esa reclamación. También tenemos que ser sensibles con una realidad sangrante que se lleva arrastrando durante décadas, la que tiene que ver con las exiguas pensiones de viudedad; la que tiene que ver con unas pensiones no contributivas que no alcanzan para desarrollar proyectos de vida dignos; la que tiene que ver también con la equiparación en derechos en aquellas relaciones de convivencia que no están establecidas legal o formalmente o con papeles. Es decir, todo el mundo es consciente de que, siendo pareja de hecho o matrimonio, sea civil o religioso, se puede optar a unos beneficios o derechos en lo que tiene que ver con prestación de pensión, pero hay gente que, no habiendo regularizado de esa forma su relación de convivencia, probada y probable, se ve privada de esa posibilidad. Creo que ahí hay una tarea pendiente, y algunos tribunales ya lo están señalando así en algunos ámbitos. Tampoco queremos caer en ese debate, en esa estúpida y cruel dicotomía que pretende enfrentar a los mayores con los jóvenes, la que viene a señalar a los mayores como el responsable de la dificultad del despegue en los procesos vitales de los jóvenes. Es otra vez ―y lo he dicho antes― el mismo mecanismo de exclusión que plantea aquel que piensa que somos demasiados, que sobra gente y que, en cualquier caso, los recursos no llegan para todos. También habría que decirles, por pura constatación de hechos ―y esto ya no tiene que ver con la posición política de cada uno―, que ni siquiera eso es cierto, que, cuando gobernaban otros ―por ejemplo, el Partido Popular con el señor Rajoy al frente―, eran decenas de miles los jóvenes que se tenían que ir fuera para buscar una alternativa vital digna. Era el mismo tiempo en el que a los pensionistas se les subía ―magnánimos fueron― 0,25 céntimos de euro la pensión en un gesto de enorme generosidad. Ya ven, ahí no parece que las medidas que llevaba a cabo ese Gobierno beneficiaran a unos o a otros. Casi podríamos decir que les fastidiaba a ambos por igual. Hablaba antes de una incoherencia y quiero señalar otra. Aquí hay miembros de formaciones políticas que se rompen las manos a aplaudir a un psicópata que sueña con motosierras y que quiere implantarlas por todo el mundo, y estoy hablando del señor Milei. Yo no sé si van a seguir manteniendo ese aplauso entusiasta al señor Milei cuando los datos nos dicen que, gracias a sus políticas, que han hecho que los pensionistas en Argentina no puedan pagar las medicinas que necesitan, la tasa de mortalidad entre la población mayor haya aumentado de manera muy significativa. ¿Es ese el modelo que quieren traer para el Estado español? Sean honestos y díganlo. Si quieren imitar a Milei en todo, probablemente en esto también, sería bueno que los pensionistas, por su propio cuidado y el de su salud, lo supieran para no dejarse engañar con tanta palabra hueca sobre las bondades y sobre la belleza del ser pensionista. Finalizo. Nosotros vamos a seguir defendiendo siempre un sistema público de pensiones y estaremos siempre en contra de todas esas edulcoraciones que nos quieren meter vía mochilas austríacas y demás. Y voy más allá, porque no queremos engañar a nadie: nosotros queremos un sistema público de pensiones vasco y queremos gestionarlo nosotros y nosotras. Probablemente haya quien diga que cómo se puede decir esto si el sistema actual está pagando más a los pensionistas vascos de lo que aporta la sociedad vasca en su conjunto. Pues traeré las palabras de un representante del Partido Popular, ahora portavoz en la Cámara de Gasteiz, en esta misma tribuna, cuando dijo aquello de que durante décadas los vascos hemos sido aportadores netos al sistema de pensiones. Por tanto, dábamos más de lo que recibíamos. Parece que ahora no es así, ciertamente no es así. Pues, si ese es el problema y para no entrar en disquisiciones de cuántos años dimos y cuántos estamos recibiendo, déjennos gestionarlo a nosotros y a nosotras, quítense esa carga de déficit que parece que les suponen nuestras pensiones, que ya demostraremos que somos capaces de hacerlo de mejor manera y con mayor tino. Besterik ez, mil esker. .

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Bon dia, senyories. Tal com va passar el 2025, el govern Sánchez ha necessitat aprovar dos reials decrets lleis per revaloritzar les pensions, dos reials decrets llei per revaloritzar les del 2025 i dos reials decrets llei per revaloritzar les del 2026. I sabem per què dos reials decrets llei cada any? Doncs, primer, per incapacitat, per la incapacitat multireincident d’aquest govern per aprovar pressupostos i, segon, per ineptitud, per la ineptitud del mateix govern, una ineptitud atribuïble l’any passat a la incompetència i a la qual aquest any cal afegir-hi la torpesa, la torpesa de reiterar en l’error. I parlar d’incapacitat, d’ineptitud, d’incompetència i de torpesa és ser molt generós, perquè sabent el que passarà amb la convalidació de l’anterior reial decret llei, es fa evident, es fa evident que és que tot plegat només pot respondre a la irresponsabilitat. La irresponsabilitat del govern d’un supervivent, d’un supervivent certament, amb un manual de resistència, sí, però que aquest manual només funciona per ell. A la irresponsabilitat d’un supervivent amb un govern a la deriva que fa aigua i que no navega cap a terra ferma. Al contrari, porta al naufragi personal i col·lectiu del nostre país, Catalunya. I tot això amb la complicitat de la carta de navegació espanyolitzadora del govern Illa. Mirin, Catalunya no s’ho mereix. Avui torna a caure la mentida. Avui torna a quedar clar que Junts per Catalunya no estem ni hem estat mai en contra de revaloritzar les pensions. Senyora Vidal, senyora Mínguez, sense assenyalaments sobrers i sense vehemència gratuïta, si aquesta revalorització no s’ha fet en temps i forma, generant incertesa i fent patir a la gent i si avui no aproven el reial decret llei 2/2026, només és culpa del mal fer i de l’abús del seu govern, del Govern d’Espanya, no de Junts per Catalunya, que només farà un no. Per cert, en política tan legítim com un sí. Un no argumentat com el que vam fer fa un mes. Un no argumentat com el que ha fet la diputada Madrenas. Un no per poder fer un sí a una solució més justa. Un no per poder fer un sí a un futur millor. Deia el passat 27 de gener des d’aquí mateix, la nostra portaveu, Míriam Nogueras, que a Junts, amb el lideratge del president Puigdemont, treballem per remuntar Catalunya, defensant amb il·lusió un model de país, des del rigor, des de l’esperança, des de l’ambició, un model de país que vol anar més enllà dels subsidis, que vol deixar enrere la dependència d’un estat colonitzador, extractor i incomplidor. Defensar un model de país que valora l’esforç, el treball i la constància, el model d’una Catalunya amb serveis de primera, connectada, comunicada i innovadora, amb una fiscalitat justa i econòmicament competitiva, que fa viables els negocis, que crea llocs de treball, que genera riquesa per distribuir-la. Una Catalunya socialment avançada, de drets però també de deures. Un país segur i solidari, que ofereix oportunitats a tothom, que fa funcionar l’ascensor social i que garanteix l’estat del benestar. Un model de país que també protegeix i enforteix la seva llengua i la seva cultura. En definitiva, un país de llibertat i de llibertats. Aquesta és la Catalunya que Junts volem i per la qual treballem. I en el cas concret de les pensions, treballem per la seva veritable revalorització. Una revalorització avui només possible en unes pensions territorialitzades, o sigui, i en el nostre cas, ajustades al cost de la vida a Catalunya. Perquè ara el que passa és que el poder adquisitiu dels nostres pensionistes està per sota del de bona part dels pensionistes de la resta de l’Estat. I aquesta és una injustícia que cal revertir. Com cal revertir i compensar el deute històric que, en matèria de pensions, també pateix Catalunya. Un deute resultat del diferencial entre el que han aportat al llarg dels anys els treballadors catalans a la caixa de la Seguretat Social amb les seves cotitzacions i el que han rebut els catalans en pensions i prestacions durant el mateix període. Aquest decalatge entre el que s’ha aportat des de Catalunya a la Seguretat Social espanyola i el que aquesta ha tornat en prestacions i pensions durant les quatre darreres dècades, segons la Comissió d’Estudi del Deute Històric del Parlament de Catalunya, és de 30 000 milions d’euros. I això és el que avui també reclamem des de Junts per Catalunya. Hi seran vostès, senyora Mínguez i senyora Vidal? Hi seran, el Partit Socialista de Catalunya i els Comuns, en aquesta reclamació, si els preocupen tant els catalans? Senyories, es confirma cada dia que ser espanyols als catalans ens ha penalitzat i ens penalitza en tots els àmbits de la nostra vida. I quan, com ara, a Catalunya també hi ha un govern espanyolitzat com el del president Illa, el que tenim és la normalització de la penalització, o sigui, doble penalització. Una doble penalització que afecta independentistes i no independentistes, una doble penalització que afecta tothom, però especialment a la classe mitjana i treballadora. I saben què? Que d’aquesta recepta, de la recepta Sànchez, de la recepta Illa, de la recepta espanyola, cada dia som més els que n’estem ben tips i diem alt i clar que ja n’hi ha prou. Visca Catalunya lliure! Gràcies. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Tal y como pasó en 2025, el Gobierno de Sánchez ha tenido que aprobar dos reales decretos leyes para revalorizar las pensiones; dos para revalorizar las de 2025 y dos reales decretos leyes para revalorizar las de 2026. ¿Y saben por qué dos reales decretos leyes cada año? Pues, primero, por incapacidad, por la incapacidad multirreincidente de este Gobierno para aprobar presupuestos. Y, en segundo lugar, por ineptitud, por la ineptitud de ese mismo Gobierno; una ineptitud atribuible, el año pasado, a la incompetencia y a la que, este año, hay que añadir la torpeza, la torpeza de reiterar el error. Hablar de incapacidad, de ineptitud, de incompetencia y de torpeza es ser muy generoso, porque sabemos lo que pasó con la convalidación del anterior real decreto ley. Y con eso se hace evidente que todo ello solo puede responder a la irresponsabilidad, a la irresponsabilidad del Gobierno de un superviviente, de un superviviente ciertamente con un manual de resistencia, sí, pero este manual solo funciona para él. La irresponsabilidad de un superviviente con un Gobierno a la deriva que hace aguas y que no navega hacia tierra firme, al contrario, lleva al naufragio personal y colectivo de nuestro país, Cataluña. Todo eso con la complicidad de la carta de navegación españolizadora del Gobierno de Illa. Cataluña no se lo merece. Hoy vuelve a caer en la mentira. Vuelve a quedar claro que en Junts per Catalunya no estamos nunca en contra de revalorizar las pensiones. Señora Vidal, señora Mínguez, sin señalamientos y sin intervenciones gratuitas: si esto no se ha hecho en tiempo y forma, generando incertidumbre y haciendo sufrir a la gente, y si hoy no aprueban el Real Decreto Ley 2/2026, solo es culpa del mal hacer y del abuso de su Gobierno, del Gobierno de España, no de Junts per Catalunya, que solo hará un no, en política tan legítimo como un sí; un no argumentado, como hicimos ya hace un mes; un no argumentado como el que ha hecho la diputada Madrenas; un no para poder hacer un sí a una solución más justa; un no para poder dar un sí a un futuro mejor. Decía el último 27 de enero desde esta misma tribuna nuestra portavoz, Míriam Nogueras, que Junts, con el liderazgo del presidente Puigdemont, es un partido en el que trabajamos para mejorar el mundo con ilusión, defendiendo un modelo de país desde el rigor, desde la esperanza, desde la humildad; un país que quiere ir más allá de los subsidios, lejos de un Estado colonizador, extractor e incumplidor; un país que valora el esfuerzo, el trabajo y la constancia; un modelo de Cataluña con servicios de primera, conectada, innovadora, con una fiscalidad justa y económicamente competitiva, que hace viables los negocios, que crea puestos de trabajo, que genera riqueza para distribuirla; una Cataluña socialmente avanzada en derechos y también en deberes; un país seguro y solidario, que ofrece oportunidades a todo el mundo, que hace funcionar el ascensor social y que garantiza el estado del bienestar; un modelo de país que también protege y fortalece su lengua y su cultura. En definitiva, un país de libertad y de libertades. Esta es la Cataluña que en Junts queremos y por la que trabajamos. Y, en el caso concreto de las pensiones, trabajamos por su auténtica revalorización; una revalorización que hoy solo es posible con unas pensiones territorializadas; es decir, en nuestro caso, ajustadas al coste de la vida en Cataluña. Porque lo que pasa ahora es que el poder adquisitivo de nuestros pensionistas está por debajo del de buena parte de los pensionistas del resto del Estado, y esta es una injusticia que hay que revertir. Igual que hay que revertir y compensar la deuda histórica que, en materia de pensiones, también sufre Cataluña, una deuda resultado del diferencial entre lo que han aportado a lo largo de los años los trabajadores catalanes a la caja de la Seguridad Social con sus cotizaciones y lo que han recibido los catalanes en pensiones y prestaciones durante ese mismo periodo. Este decalaje o desfase entre lo que se ha aportado en Cataluña a la Seguridad Social española y lo que esta ha devuelto en prestaciones y pensiones en las últimas cuatro décadas, según la comisión de estudio del departamento de Cataluña, es de 30 000 millones de euros, y eso es lo que hoy también reclamamos desde Junts per Catalunya para Cataluña. ¿Serán ustedes, señora Mínguez y señora Vidal ―el Partido Socialista de Cataluña y los Comuns―, quienes atiendan esa reclamación, si tanto les preocupan los catalanes? Señorías, se confirma cada día que ser españoles a los catalanes nos ha penalizado y nos penaliza en todos los ámbitos de nuestra vida. Y cuando en Cataluña, como ahora, también hay un Gobierno españolizado como el del president Illa, lo que tenemos es la normalización de la penalización, es decir, penalización doble; una doble penalización que afecta a independentistas y a no independentistas; una doble penalización que afecta a todo el mundo, pero especialmente a la clase media y trabajadora. ¿Saben qué? Que de esta receta ―de la receta Sánchez, de la receta Illa, de la receta española― cada día somos más los que estamos bien hartos y decimos alto y claro que ya basta. ¡Viva Cataluña libre!

Jordi Salvador i Duch ERC

Gràcies, president. Bona tarda, ja. Diputats i diputades, avui tenim l’obligació de defensar la pujada del sistema públic de pensions, la quantia de les pensions i aquest reial decret garanteix perfectament que valoritzin un 2,7 %, a totes les pensions. Després d’un acord que va costar, no va ser fàcil, indexar de nou les pensions a l’IPC. De fet, sempre havien estat indexades menys quan governava el Partit Popular, que les va desindexar. Vam passar anys que havíem d’anar patint amb el 0,25 %. Doncs bé, això ha tornat a la normalitat. No ha estat fàcil. Gràcies als moviments de pensionistes i gràcies als sindicats i gràcies a les forces progressistes, va poder recuperar-se i en aquests moments les pensions pujaran el 2,7 %, la qual cosa significa 570 euros més a l’any la pensió mitjana de jubilació. Imagini’s la diferència: passar del 0,25, calculin en aquests moments al 2,7. Més important encara, el 2026 augmentaran de manera massiva les pensions mínimes. I això també és important. I això és difícil que passi en un govern que no sigui progressista. Les pensions més baixes pugen un 7 %, fins a un 11,4 %, si el pensionista té cònjuge a càrrec. Les pensions no contributives i l’ingrés mínim vital també s’incrementen un 11,4 % col·locant la renda mínima de jubilació interessant. Amb aquest esforç atenem els més vulnerables. Sí que és veritat. Sí que és veritat que potser complement a mínims s’hauria de, com ha dit el meu company, i com diuen moltes associacions de pensionistes, que la pensió mínima hauria d’estar lligada al salari mínim interprofessional i potser s’hauria de complementar a través de fiscalitat si volem una societat en la qual els nostres grans volen, poden viure amb el salari mínim interprofessional després de treballar tota la vida. Punts claus que defensarem i penso que és difícil anar en contra ara, ahir i abans d’ahir, l’any passat i l’altre i l’altre, no? S’ha aconseguit el tema dels coeficients reductors pels Agents Rurals i els Bombers. Això és molt important. Això és molt important. I alguns juguen a la ruleta russa, de vegades, amb mesures com aquestes. Garantia, com deia, del poder adquisitiu revaloritzant les pensions en funció de l’IPC, així com un pensionista 1500 euros al mes passarà a percebre el 1552. Bé, podríem parlar de si és poc o és molt, però evidentment pugen, cosa que abans no era així. Suport als més dèbils, la major pujada va destinada als qui més ho necessiten. Les pensions mínimes i no contributives creixen més que l’IPC. Ho valorem. Per exemple, una persona gran passa de 65/mes passa de 12 441 euros a 13 106 anuals. I en cònjuge passa a 17 592. Això és potenciar, és potenciar la redistribució social i hi estem d’acord. Progrés i equitat, aquestes mesures s’acompanyen de complements que milloren la igualtat, el complement a la bretxa de gènere puja també un 2,7 %, valorant l’any extra de feina de les dones i reforçant ajuts familiars per discapacitats, 1000 euros de natalitat i 5962 euros a l’any per fill amb discapacitat. Bé, tornem a estar al mateix. Potser poc o molt, però aquí es puja. D’aquesta manera, la política de pensions avança una mica més en la justícia social. Sostenibilitat garantida, s’incrementa cotitzacions extraordinàries del MEI. I això és interessant, perquè en certa manera és una manera, ja que no es pugen els salaris com s’haurien d’apujar, hi ha una manera d’apujar els salaris, que és el salari diferit de les pensions. Aquesta aportació empresarial més fa que el teu salari pugi. Evidentment que no el cobraràs fins la pensió o no cobraràs fins que no tinguis una incapacitat permanent, per exemple. Però és una pujada, encara que podria ser més alta, del teu propi salari. Nosaltres pensem que són coherents les mesures socials conjuntes i que si s’aprovés l’escut social, farien encara una miqueta millor la vida de moltíssima, moltíssima gent. Però bé, em sembla que no serà així. En resum, senyors i senyories diputats, és un deute moral i legal convalidar aquesta norma. Ni ens plantegem votar-la en contra. Ni el PP ni cap altra força han d’impugnar el dret de la gent gran a no perdre poder adquisitiu després de tota una vida de cotització. Votar a favor d’aquest decret és votar a favor d’unes societats que respecten els seus avis i compleixen el compromís signat d’estar d’acord amb l’IPC, que és un contracte social, que les regles del joc són aquestes i que mai s’hauria d’haver trencat. I espero que no es tornin a trencar mai més. Sí a la regularització. Sí, a la dignitat, als pensionistes. I tenim una llarga lluita per seguir defensant, davant dels atacs constants al sistema de pensions públic, el defensarem a capa i espasa, si més no com qui més. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Buenas tardes ya. Diputados y diputadas, hoy tenemos la obligación de defender la subida del sistema público de pensiones, de la cuantía de las pensiones. Este real decreto la garantiza perfectamente con un aumento del 2,7 % de todas las pensiones tras un acuerdo que costó y que no fue fácil: indexar de nuevo las pensiones al IPC. De hecho, siempre se habían indexado, menos cuando gobernaba el Partido Popular, que pasamos años en los que tuvimos que sufrir un 0,25 %. Pues bien, eso ha vuelto a la normalidad. No ha sido fácil. Gracias a los movimientos de pensionistas, de sindicatos y de las fuerzas progresistas, se ha podido mejorar. Ahora subirán un 2,7 %, es decir, 560 euros más al año para la pensión media de jubilación; eso es lo que significa. Imagínense la diferencia, pasar del 0,25 % ―calcúlenlo― a ese 2,7 % de ahora. Y lo que es más importante aún, en 2026 se van a aumentar de forma masiva las pensiones mínimas. Eso también es importante y es difícil que pase con un Gobierno que no sea progresista. Las pensiones más bajas suben un 7 %, hasta un 11,4 %, si el pensionista tiene juventud a cargo. Y el ingreso mínimo vital se aumenta también un 4 %, con lo cual, la pensión mínima se coloca en un nivel interesante. Con eso atendemos a los más vulnerables. Sí que es cierto que quizás, para cumplir los mínimos ―como dicen mi compañera y muchas asociaciones de pensionistas― se tendría que conseguir que la pensión mínima estuviera vinculada al salario mínimo interprofesional, y eso se tendría que mejorar a través de la fiscalidad si queremos una sociedad en la que nuestros ciudadanos puedan vivir con el equivalente al salario mínimo interprofesional después de trabajar toda su vida. Puntos clave que vamos a defender, y es difícil ir en contra ahora, ayer, antes de ayer, el año pasado, el otro y el otro. Se ha conseguido el tema de los coeficientes reductores para agentes rurales y bomberos; eso es muy importante. Algunos juegan con la ruleta rusa muchas veces con cosas como esta. También garantizar el poder adquisitivo revalorizando las pensiones al IPC, así que un pensionista que cobra 1500 euros pasará a cobrar 1652. Bueno, podríamos debatir si es mucho o poco, en cualquier caso, sube, y eso antes no era así. Apoyo a los más débiles, la mayor subida va destinada a quienes más lo necesitan, a las pensiones mínimas no contributivas, más que el IPC, y lo valoramos. Por ejemplo, una persona mayor que pasa de… 11491 a 13 306 o de 17 000 a un poco más, eso supone que se redistribuye todo. Pero estas medidas se acompañan de complementos que mejoran la igualdad. La brecha de género también sube un 2,2 %. Se valora el trabajo extra de las mujeres con cargas familiares por discapacidades, y 100 962 euros al año para personas con discapacidad. Eso no es mucho, pero al menos aquí se sube. De esta manera, la política de pensiones avanza un poco más en la injusticia social. Sostenibilidad garantizada con cotizaciones extraordinarias. Y esto es muy interesante, porque, de alguna manera, ya que no siempre suben los salarios como se debería, hay una forma de subirlos, que es con el salario diferido de las pensiones. Esta aportación empresarial más hace que tu salario suba. Evidentemente, no lo vas a cobrar hasta tu jubilación o hasta que tengas una incapacidad permanente, por ejemplo, pero, en cualquier caso, es una subida que podría ser más alta de tu propio salario. Nosotros creemos que son coherentes las medidas sociales conjuntas y que, si se aprobara el escudo social, eso haría que todavía fuera un poco mejor la vida de muchísimas muchísimas personas. Pero bueno, parece ser que no va a ser así. En resumen, señorías, diputadas y diputados, es un deber legal y moral aprobar esta propuesta. No se puede obligar a la gente a perder poder adquisitivo después de trabajar toda la vida. Votar a favor de este decreto es votar a favor de una sociedad que respeta a sus abuelos y cumplir el compromiso firmado de estar de acuerdo con el IPC, que es un contrato social. Las reglas del juego son estas. Es algo que nunca se tendría que haber roto y espero que no se vuelva a romper nunca más. Sí a la revalorización, sí a la dignidad de los pensionistas. Tenemos una larga lucha para seguir defendiendo de ataques constantes al sistema público de pensiones, y lo vamos a defender a capa y espada. Muchas gracias. .

Lander Martínez Hierro SUMAR

Gracias, presidente. Señorías, hoy volvemos a traer a votación a esta Cámara la revalorización de las pensiones por un motivo muy sencillo: el Grupo Popular, VOX y Junts votaron en contra de esta mejora para diez millones de pensionistas hace un mes. Y lo hicieron con excusas peregrinas o, lo que es peor, buscando enfrentar a quienes después de años de trabajo y esfuerzo merecen que se garantice este derecho, esto es, las personas jubiladas, con quienes a día de hoy, pese a su trabajo y esfuerzo, no pueden hacer frente a alquileres cada vez más abusivos, que son las personas jóvenes. Este conflicto que algunos pretenden crear es falso, tan falso como el nuevo argumento que usan la derecha y la extrema derecha para instalar la idea de que existe una confrontación generacional entre jóvenes y mayores; de que los pensionistas les están robando a los jóvenes el presente y, sobre todo, el futuro, o de que ahí fuera hay unos jóvenes empobrecidos porque tienen que pagar las pensiones de unos mayores que nadan en la abundancia. Esto no es más que una mentira de quienes llevan años atacando nuestro sistema público de pensiones, queriendo cargárselo , que es de hecho lo que ustedes hacen cuando gobiernan. Es exactamente lo que hicieron ustedes cuando, en 2012, el Gobierno del Partido Popular impuso un brutal recorte a las pensiones, eliminando la actualización automática conforme al IPC y sometiéndolas a un aumento de tan solo el 0,25 % anual. ¿Y qué hicimos nosotras? ¿Qué hizo el Gobierno de coalición progresista? Suprimir esta fórmula, que, repito, limitaba las subidas a tan solo el 0,25 %, y volver a tomar el IPC como referencia para que las pensiones se adapten a la inflación, al coste de la vida. La derecha y la ultraderecha quieren acabar con el sistema de pensiones por una razón muy sencilla y, por supuesto, por una razón ideológica: porque están en contra del estado del bienestar, porque están en contra de la igualdad y porque están en contra de la idea misma de sociedad. Están en contra de la idea misma de sociedad desde el mismo momento en el que se oponen a la justicia social, a la solidaridad y al bien común. Están en contra de la idea de sociedad desde el mismo momento en el que conciben el Estado solo como un medio para su enriquecimiento personal y desde el mismo momento en el que defienden el individualismo y que los ricos sean cada vez más ricos a costa de quien sea y, por supuesto, a costa de los pensionistas y de las personas jóvenes. De ahí que ustedes siempre propongan como solución el apoyo a los planes privados de pensiones. Es decir, el apoyo a fondos privados, a fondos multinacionales, que tan solo buscan hacerse con el dinero de las clases trabajadoras para convertirlo en activos financieros con los que especular y jugar en bolsa para hacerse aún más ricos. A eso es a lo que ustedes quieren que se dedique el dinero público, a fomentar este tipo de fondos mediante, por ejemplo, exenciones fiscales. Descapitalizar lo público para enriquecer a los de siempre. Exactamente iguales son sus propuestas sobre vivienda: especulación, regalar el suelo público a los constructores y más beneficios para los fondos buitre. Por no hablar del modelo alicantino, que es el de la vivienda pública para cargos y para amiguetes. . En definitiva, extraer riqueza de las mayorías trabajadoras para entregársela a las élites. Una nueva vuelta de tuerca de la plusvalía, enriquecerse a costa de sacrificar derechos y necesidades, e incluso deseos: el derecho a una vivienda o a una pensión digna, la necesidad de un techo y el deseo a poder tener un hogar y un futuro. Y es esto y no las pensiones lo que está dejando sin presente ni futuro a los jóvenes. No hay un conflicto intergeneracional, hay un conflicto de clases. Hay un intento de usar a jóvenes precarios contra sus abuelos y abuelas, jóvenes que, igual que ellos, ahora se están dejando el lomo trabajando. Hay un intento de usar a estos jóvenes como ariete contra el sistema de pensiones para que estos mismos jóvenes no puedan disfrutar mañana de una pensión pública. Mientras, el verdadero enemigo, los rentistas, los inversores y los accionistas de fondos buitre, mantienen su alianza intergeneracional. Ahí no importa tener 20 o 65 años, ahí lo que importa es el apellido, el colegio privado o la herencia. Así que, déjenme que se lo diga, a nosotros no nos van a engañar. Mayores y jóvenes necesitan lo mismo: pensiones públicas e intervención en el mercado de la vivienda. Muchas gracias. .

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

Muchísimas gracias. No sé si alguien que esté en su casa escuchará el discurso que acaba de hacer el portavoz de SUMAR, pero realmente es un discurso que define cómo la izquierda lleva aproximándose a la cuestión de las pensiones durante décadas como una aproximación simplista. Ha repetido: lucha de clases; ha dicho: intervención en el mercado de la vivienda, intervención del sistema de pensiones… pero de fondo, de realidad, de números, de cifras, de sostenibilidad y de las cosas del comer, de lo que importa no ha dicho absolutamente nada. . Voy a intentar hacer un análisis estructurado de cómo está la situación. La ministra — que ha expuesto el real decreto ley— ha empezado hablando del crecimiento económico de España. Que todos los españoles nos escuchen: es mentira, España no está creciendo económicamente. Han metido en los últimos cinco años a 3 millones de personas. España roza los 50 millones de habitantes. Nunca habíamos tenido tanta población. Y tanta población consume, tanta población contrata cuestiones de menor valor añadido, cuestiones sencillas: desde contratos de teléfono y contratos de electricidad hasta la compra en el supermercado. Eso incrementa el volumen de consumo en España y hace que las cifras macro queden maquilladas. Da la sensación de que España crece, pero la realidad es que España lleva treinta años empobreciéndose. Los salarios netos reales de España llevan estancados desde el año 1995. . Si a esto le añadimos la extensión temporal, básicamente esto significa que los españoles cada día son un poco más pobres. Esta situación de pobreza se ve complementada con una inflación galopante. En los últimos años, desde que gobiernan el PSOE y SUMAR ―porque ellos hablan como si estuviesen en la oposición, pero llevan metidos en el Gobierno desde el año 2018―, ese empobrecimiento se complementa con una inflación galopante. Los españoles ya no pueden acceder a una vivienda, los españoles cada día consumen menos pescado y menos verduras frescas; consumen, sin embargo, más pasta y más aceite de girasol, porque cada día los españoles son más pobres. Y avala esta evidencia el hecho de que todos ustedes han repetido: esos pensionistas que ayudan a sus hijos y a sus nietos… Ustedes han convertido en constante, en normal, en frecuente y en popular la necesidad. ¡Ustedes ya dan por hecho que las generaciones jóvenes tengan que depender de la ayuda de sus mayores! . ¡Lo dan por hecho!, y lo han interiorizado en todos sus discursos. Esa es la realidad de una España totalmente empobrecida. . Frente a esto que ustedes ocultan, repiten que las pensiones están garantizadas. Bueno, están garantizadas políticamente, porque la situación económica y financiera de las pensiones en España es nefasta. Las pensiones cada día tienen un boquete mayor. . Esta es la evolución del saldo neto de la caja de las pensiones en España. . Esta es la realidad, esta es la situación a la que España se enfrenta, y ustedes se la ocultan a los españoles. Ustedes vienen aquí a anunciar subida tras subida sin adoptar absolutamente ninguna medida e ignorando, además, la realidad. La realidad es que en los próximos diez años se van a jubilar en España 6,5 millones de personas. . Esto lo dice el INE, no me lo invento yo. Lo dice el INE: 6,5 millones de personas se jubilarán en los próximos diez años, y hoy hay 5 millones de pensionistas. Es decir, no es descabellado pensar que en los próximos diez años la cantidad de pensionistas en España se haya prácticamente duplicado. Con la cantidad de perceptores de una pensión prácticamente duplicada y los salarios netos reales de España en caída libre, la situación del futuro de las pensiones es terrorífica. Y ustedes esto no se lo dicen a los españoles. Hay un informe de noviembre de 2025 de Fedea que dice abiertamente que en los próximos veinticinco años la situación de las pensiones será manifiestamente insostenible y que para sostener las pensiones de aquí a veinticinco años ―si seguimos por esta senda― tendremos casi que duplicar impuestos y cotizaciones sociales para redirigir esta financiación al sostenimiento de las pensiones. Y ustedes de esto no dicen nada. . Esto quiere decir que las generaciones que se vayan incorporando al mercado laboral en los próximos veinticinco años tendrán que soportar sobre sus espaldas un peso de más del doble del que ya soportan hoy para mantener el actual sistema de pensiones. ¡De esto ustedes no dicen nada!, y no dicen nada porque les da igual. . Estos señores del Grupo Socialista, tan dicharacheros, y de SUMAR saben que en veinticinco años ni estarán ni se les esperará, y cuando hayan pasado veinticinco años, el que venga detrás que se apañe. Esa es la política que estos señores enfrentan, porque no piensan en España como nación. No piensan en el bienestar de los españoles y no piensan en el futuro de España. . Las pensiones ya suponen hoy un 30 % del gasto total de los presupuestos generales del Estado, y estos datos son con los últimos presupuestos generales del Estado aprobados. Probablemente, si a día de hoy analizásemos la cifra con unos presupuestos generales del Estado ―que no han conseguido aprobar―, veríamos que el gasto ya no es el 30 %, sino que es muchísimo mayor. Y esta situación solo va a incrementarse, salvo que ustedes y quienes gobiernen adopten las medidas de modificación necesarias para hacerla sostenible. Este diagnóstico que estoy haciendo hoy, en el año 2026, ya lo hicieron quienes estaban aquí ―del Partido Socialista azul y del Partido Socialista rojo― sentados en el año 1995, cuando firmaron la constitución del Pacto de Toledo. ¡Analizaron los mismos problemas que hoy vemos y, en estos treinta años de empobrecimiento sistemático de España, ustedes decidieron no hacer nada! . El sistema de las pensiones está al borde del colapso ¡y lo está por su culpa! Y cuando vienen ustedes aquí y anuncian unas subidas que no pueden garantizar financieramente, lo que están haciendo es estafar a los españoles. Lo importante es que los españoles sepan cuál es la realidad y cuál es el precipicio al que ustedes les están arrojando. Muchísimas gracias. .

Esther Peña Camarero PSOE

Muy buenos días. Gracias, presidenta. Ministra, señorías, hoy hablamos de la justicia intergeneracional y del respeto a la palabra dada a más de 13 millones de pensionistas; 13 millones de españoles a los que el Partido Popular y VOX quieren meter la mano en el bolsillo. Miren, nuestro sistema de pensiones es fruto de una promesa: trabajar toda una vida para disfrutar de una vejez digna con pensión. Una promesa que rompió el Partido Popular cuando gobernó, y hoy ―tras la recuperación de derechos y revalorizaciones bajo el liderazgo de Pedro Sánchez―, es de justicia contraponer los dos modelos que existen: el modelo que cuida el presente y el futuro de nuestros mayores y el que congela vidas y ve en las pensiones públicas una oportunidad de negocio para los de siempre. . El mejor antídoto contra la manipulación es la memoria, y conviene no perderla. En 2013, el Gobierno del Partido Popular impulsó el índice de revalorización, el mayor ataque al sistema público de pensiones. Aquello significó dos cosas: condenar a millones de pensionistas al miserable 0,25, independientemente del coste de la vida, y provocar una pérdida continuada de poder adquisitivo. Además, el Partido Popular dilapidó la hucha de las pensiones que le dejó José Luis Rodríguez Zapatero con más de 66 000 millones de euros. Así pues, mientras subía el pan, mientras subía la luz, mientras subía la cesta de la compra o el alquiler, el Partido Popular estancaba las pensiones. Esto no fue un error, esto es una clara hoja de ruta. Y es que la derecha y la ultraderecha ―lo hemos visto aquí― no creen en lo público: ni en las pensiones, ni en la sanidad, ni en la educación. Para ellos los derechos son negocios. Además, si lo analizamos tras la intervención del portavoz de VOX, la cosa es muy sencilla. Lo que quiere el Partido Socialista es fortalecer el sistema público de pensiones haciéndolo más robusto, más sostenible y de todos, mientras que el Partido Popular y VOX quieren que las jubilaciones de los españoles dependan del mercado financiero y de la rentabilidad de fondos privados. Así de sencillo y así de terrible también. Hoy, es el señor Feijóo el heredero de esa hoja de ruta, al cuestionar permanentemente la viabilidad del sistema y la capacidad del Estado para revalorizar conforme al IPC y de esa manera generar miedo, cuando el que sí da miedo ―el verdadero ogro para los pensionistas españoles― es el matrimonio Feijóo-Abascal. . El señor Feijóo, ese mismo que — lo recordarán— afirmó en televisión que el Partido Popular siempre revalorizaba las pensiones conforme al IPC, era falso y tuvo que rectificar. Y es que toda España ya sabe que Feijóo miente siempre; en esto, también. Le viene al pelo lo de mentiroso sin memoria pierde el hilo de la historia, porque siempre que puede, el Grupo Popular vota en contra de la revalorización conforme al IPC. Siempre. ¡Siempre! Da igual que el decreto de pensiones vaya solo o acompañado, soltero o casado, ¡el Grupo Popular vota fervientemente que no a las subidas de las pensiones siempre! . En 2021 ―hagamos memoria― no solo votaron que no, sino que pusieron un veto. En 2022 votaron en contra, en 2023 votaron en contra, en 2024 votaron en contra y en 2025 el señor Feijóo votó en contra. La última vez hace poquito, el pasado 27 de enero, y por eso estamos hoy aquí. Dicen defender a los mayores en los mítines, pero les dan la espalda aquí, donde la cosa se retuerce de verdad, en las votaciones. Y frente a ese modelo, los Gobiernos de Pedro Sánchez han supuesto un cambio histórico. No han hecho ajustes; lo que han hecho es justicia. Desde su llegada, las pensiones han aumentado más de un 28 %. Hemos blindado las pensiones por ley, vinculándolas al IPC y devolviendo la dignidad al sistema, protegiendo a nuestros mayores y evitando su empobrecimiento. La pensión media de jubilación ha aumentado más de 6000 euros al año con Pedro Sánchez y el compromiso para 2026 que traemos hoy aquí, señora ministra, es claro: una subida del 2,7, unos 50 euros más al mes de media. Lo hemos hecho recuperando la hucha, eliminando el copago farmacéutico y pensando en ellas, con el complemento por brecha de género y elevando rentas a quienes más lo necesitan en la jubilación: las mujeres. Así pues, señorías, esto no son solo datos; son neveras que se llenan, calefacciones que se encienden y la tranquilidad de saber que el Estado no te abandona, como sí harían el Partido Popular y VOX si pudieran. .Yo vengo de Castilla y León, donde el 25 % de la población es pensionista y los datos son incontestables. La pensión media ha subido un 33 %, un crecimiento histórico. Con el modelo del Partido Popular, un pensionista burgalés no llegaría a los 1000 euros y hoy cobra más de 1400. Gracias a las subidas de los últimos años ―del 8,5, del 3,8―, un pensionista segoviano o salmantino cobra 500 euros más que con el modelo de desprotección del Partido Popular. Por cierto ―hablando de protección―, todavía estamos esperando que la Junta de Castilla y León sea capaz de ponerse mano a mano con los 169 trabajadores de Majorel en Salamanca, que pueden irse a la calle si Mañueco sigue parado entre cervezas, certezas, cortezas o peinetas, que eso es lo que le va. . Aun así, con todas estas evidencias ―aun con todas estas evidencias―, el Partido Popular sigue diciendo que no se pueden pagar. Pero este Gobierno ha demostrado que la sostenibilidad de las pensiones no se logra recortándolas, no se logra azuzando el miedo, sino reforzando ingresos, creando empleo como nunca y aumentando las cotizaciones. España tiene hoy el Gobierno que más ha subido las pensiones en los últimos quince años; un Gobierno que no miente sobre lo que vota; que entiende que una sociedad que no cuida a sus mayores es una sociedad sin alma y un Gobierno, en definitiva, que vela por toda la ciudadanía. Así que, señorías del Grupo Popular, frente a sus recortes, derechos. Frente a su 0,25, dignidad y revalorización conforme al IPC. Y frente a quienes mienten sobre su pasado y votan contra el futuro, este Gobierno seguirá defendiendo que quien trabajó toda su vida reciba lo que le corresponde. Así que haremos nuestro ―termino― el refranero castellano: a canas honradas no hay puertas cerradas. Mientras el Partido Socialista gobierne ―queda para rato―, no se van a cerrar las puertas a una vida digna ni a los pensionistas de hoy ni tampoco a los de mañana. Seguiremos trabajando para que en 2027, y más allá, nuestros pensionistas sigan siendo el pilar de orgullo de nuestra democracia. Muchísimas gracias. .

Miguel Ángel Paniagua Núñez PP

Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora ministra, lo primero que quería preguntarle es cómo ha podido tener el descaro de decir que el Partido Popular no quería que se revalorizaran las pensiones según el IPC. En noviembre presentamos esta proposición de ley (muestra un documento) para la revalorización de las pensiones. ¡En noviembre! . Cuéntenos por qué es capaz de mentir a los españoles instrumentalizando a los pensionistas en contra del principal partido de España, el mayoritario de esta Cámara y el que lidera la oposición al Gobierno. ¿Considera que esto es un acto democrático? ¿O podríamos considerarlo un bulo más de los que salen de la fábrica de bulos de la Moncloa? Aún es peor, señora ministra: ha ocasionado zozobra, preocupación e inseguridad en nuestros pensionistas, algo que no se merecen. Es más, creo que se ha reído de ellos o les ha tomado como rehenes de la okupación. No sé qué versión le gusta más; quizás las dos. No se merecían este circo y tampoco se merecen que usted sea su ministra, la ministra de sus pensiones. . Usted, señora ministra, no solo miente, crea y difunde bulos e instrumentaliza a los pensionistas y les genera preocupación, sino que usted y su partido, señora ministra, están poniendo en riesgo el único pacto de Estado que queda tras la llegada de Pedro Sánchez, el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es importante, porque genera tranquilidad para el futuro y estabilidad no solo a nuestros mayores, personas que han dedicado toda su vida a España, a nuestra sociedad y a sus familias, sino también a todos los españoles que están en su etapa laboral y de cotización. Asimismo, no debemos olvidarnos de que, además, es la principal partida de gasto de los Presupuestos Generales, y con muchísima diferencia. Destrozar el Pacto de Toledo tendrá consecuencias muy negativas para el país. Espero que se arrepientan en un futuro de lo que están haciendo, por su propio bien. Hoy hemos oído a la señora Peña verter mentiras e insidias y hacer un análisis absolutamente partidista de lo que es la acción del Partido Popular ante el sistema de pensiones. Pero también debemos alegrarnos porque, al final, nos han hecho caso y han desgajado la revalorización de las pensiones del decreto ómnibus. Nos alegramos por ello. No nos hacen caso en otras propuestas, y los pensionistas están perdiendo poder adquisitivo por las subidas de impuestos, por la no deflactación del IRPF y por la subida tan fuerte de la cesta de la compra, uno de los principales gastos de nuestros pensionistas. No, ministra, el Gobierno no está asegurando que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo. . Usted dice que piensan en los pensionistas, pero no es cierto: no mantienen su poder adquisitivo y, por su gestión, la Administración de la Seguridad Social es un auténtico caos. El colapso de la Seguridad Social deja sin tramitar 230 000 prestaciones de incapacidad por la falta de personal, dato del año 2025. Este mismo año, por primera vez en la historia el personal directivo de la Seguridad Social ha hecho una huelga por el colapso de esta Administración, entre otras cuestiones. La falta de plantilla y una planificación deficiente han convertido en una misión casi imposible una cita presencial para gestionar la pensión. No paran de subir impuestos y de batir récords de recaudación, mientras los servicios se empeoran. No es un fallo puntual: falla todo y todo el rato. Los españoles, también los pensionistas, se preguntan dónde está su dinero. . Dice el real decreto ley que la extraordinaria y urgente necesidad queda más que justificada por el retraso en la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2026. ¿Pero qué broma es esta, señora ministra? ¿Retraso en la tramitación de los presupuestos generales del Estado? El Gobierno solo ha conseguido tres presupuestos en ocho años; no ha aprobado ningún presupuesto desde hace más de tres años, desde diciembre del año 2022, y lo hizo con un Parlamento que era diferente del actual. En esta legislatura, aún ninguno, y nos queda un poco más de un año para acabar. Este no es un retraso en la tramitación, es un absoluto fracaso del Gobierno y un incumplimiento reiterado de la Constitución, de su artículo 134. . Señora ministra, si no saben, no quieren o sus socios no les dejan, váyanse. Me parece lo más democrático que pueden hacer, aunque no sé si les importa mucho la democracia a estas alturas. Además, usted, señora ministra, será siempre la ministra que tragó con que en España haya pensionistas de primera y pensionistas de segunda. Fue su padrino político, Santos Cerdán, quien negoció la cesión de la Seguridad Social y usted quien la ejecutó. Fue Santos Cerdán quien gestionó los pactos para la investidura de Sánchez. El pacto con el PNV incluía la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco y, para más inri, el acuerdo con el PNV se anunció por Cerdán en Bruselas, después de reunirse con Puigdemont. ¿Se acuerdan de esta terrible foto de la reunión? . ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Aquí es donde se observa hasta qué punto ustedes son capaces de renunciar a todos sus principios por mantenerse en el poder. . Esta transferencia, señora ministra y señora Peña Camarero, ¿creen que ayuda a los pensionistas de Castilla y León o agrandará las desigualdades entre pensionistas según su código postal? ¿Va usted a explicarle a los pensionistas de Castilla y León por qué sus pensiones pueden ser peores que las de otros territorios porque su padrino así lo decidió para mantener a Sánchez en la Moncloa? . Porque las críticas, señora ministra, vienen de todas partes: Comisiones y UGT alertaron el pasado mes de enero de que las transferencias de la Seguridad Social al País Vasco pueden tensionar la caja única y la igualdad en el acceso a las prestaciones y altos funcionarios de la Administración de la Seguridad Social advierten de que el traspaso tendrá graves consecuencias, supondrá un peor control, mayor gasto y que haya desigualdad entre españoles. ¿Este es su modelo? Por último, quiero desmontar otro bulo, el de que la subida del salario mínimo reduce la brecha de género. Falso. La subida del salario mínimo ―la coletilla del Gobierno, según Jordi Sevilla― no reduce la brecha de género, no tiene incidencia, como así nos lo trasladó una investigadora del CSIC este pasado lunes en la Comisión del Pacto de Toledo, comparecencia solicitada por el Grupo Socialista y, por tanto, no crea que es alguien de la fachosfera. Ya sabíamos que la subida del salario mínimo no reducía la pobreza y ahora también sabemos que no reduce la brecha de género. Señorías, señora ministra, los datos poco a poco irán desmontando sus bulos, igual que la justicia poco a poco irá aclarando quiénes y hasta dónde están manchados el Gobierno y el Partido Socialista. Solo queda esperar. Muchas gracias. .

Carlos Flores Juberías VOX

Con la venia, señora presidenta. Señorías, solo hay una cosa peor que tener un Gobierno de izquierdas, y es tener un Gobierno de izquierda populista. Solo hay una cosa peor que tener un Gobierno de izquierda populista, y es tener un Gobierno de izquierda populista que gobierne a golpe de decreto. Solo hay una cosa peor que tener un Gobierno populista de izquierdas que gobierne a golpe de decreto, y es tener un Gobierno populista de izquierdas que gobierne a golpe de decreto y a instancias de los titulares. Y solamente hay una cosa peor que tener un Gobierno de izquierda populista que gobierne a golpe de decreto e impulso de los titulares, y es tener un Gobierno de izquierda populista que gobierne a golpe de decreto e impulsado por los titulares, con un ministro de Consumo ocioso, necesitado de justificar su cartera. . Y, señorías, lamento informarles que, en esta serie de catastróficas desdichas, no cantamos línea, ni bingo, ni bote, sino que cantamos pleno al quince. El real decreto que el Gobierno trae hoy a esta Cámara para su convalidación tiene por objeto — como ya habrán tenido la posibilidad de escuchar— posibilitar la introducción de una limitación temporal de los precios máximos aplicables durante la vigencia de una situación de emergencia que altere de forma significativa las condiciones de oferta y demanda de un mercado concreto, a fin de proteger la equidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía, fijando como precio máximo de un bien o servicio el aplicable en un periodo de referencia y evitando así incrementos susceptibles de perjudicar gravemente a consumidores y usuarios. Y se justifica — como ya habrán oído en el lacrimógeno relato del señor ministro— en la necesidad de responder de manera contundente ante situaciones abusivas en transportes o alojamientos, como las denunciadas por varias asociaciones de consumidores con ocasión de catástrofes recientes, como el accidente de tren de Adamuz, introduciendo un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad del usuario. Empecemos por ello. ¿Fueron los hechos como se nos han contado o estamos ante el enésimo bulo del Gobierno del bulo? El pasado 20 de enero, apenas dos días después del fatídico accidente de Adamuz, el diario Público titulaba con su rigor habitual: Precios disparados tras el accidente de Adamuz. Así se lucran las empresas de transportes tras la tragedia. Mientras que El Periódico escribía: Los precios de los vuelos Madrid-Málaga se disparan. ¿A qué se debe? Titulares inquietantes que, sin embargo, se compaginaban francamente mal con el contenido de las respectivas informaciones, revelando que el señor Bustinduy es de aquellos que se deja deslumbrar por los titulares y luego no se lee la letra pequeña de los papeles. Lo que en un ciudadano normal es preocupante, en un ministro de Consumo es altamente preocupante. Y es que no hacía falta más que saltar de los titulares al cuerpo de la noticia para enterarse de que, si bien en un primer momento el sistema de precios dinámicos que todas las aerolíneas utilizan — empleando algoritmos para ajustar el coste de sus vuelos a la demanda o incluso al perfil del usuario— había provocado una efectiva subida de las tasas aéreas, esta fue contrarrestada de manera inmediata — inmediata, 24 horas después—: primero, incrementando de manera sensible el número de frecuencias de vuelo entre Madrid y Sevilla y Málaga —36 000 plazas extras ofreció Iberia entre el día del accidente y el 2 de febrero, un incremento del 66 %, y no lo ha mencionado—; segundo, fijando un tope de 150 euros que al día siguiente se redujo a 99 euros en clase turista y por trayecto para los vuelos desde y hacia Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Jerez; y tercero, cumpliendo escrupulosamente las compañías ferroviarias con la obligación contraída con los titulares de uno de sus billetes de ofrecerles, bien el reembolso íntegro del importe, bien un medio de transporte alternativo en condiciones comparables, sin coste adicional y garantizándoles el menor retraso posible. Y algo similar pasó con respecto de los vuelos Madrid-Barcelona en relación con la interrupción del tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad que une estas dos capitales españolas, después del descubrimiento de su lamentable estado de conservación. Iberia no solo garantizó la conectividad entre ambas ciudades y ofreció una alternativa atractiva para los pasajeros que no podían desplazarse en tren, sino que también aplicó un precio máximo de 99 euros para los billetes de clase turista, que, por cierto, ha mantenido hasta el lunes de esta semana, 23 de febrero. ¿Me permiten otro ejemplo? Uno que con toda seguridad va a hacer las delicias de la señora Belarra. En marzo de 2023, el diario Público se hizo eco — también con su rigor habitual— de las declaraciones del dueño de Mercadona, Juan Roig, afirmando que había subido los precios de sus productos una burrada. ¡Qué ser más despreciable!, ¿no es cierto? En realidad, lo que la multinacional valenciana había hecho durante el ejercicio anterior había sido, sí, incrementar sus precios en un 10 %, pero repercutir en un 12 % los pagos a proveedores y absorber la diferencia, que no es nada más y nada menos que 600 millones de euros, a partir de sus propios beneficios. Bueno, de las ayudas concedidas por Mercadona como empresa y por Juan Roig como empresario a las víctimas de la dana no hablaré, so pena de que la señora Belarra me empiece a contar entre los asalariados del señor Roig y el señor Trump se me ponga celoso por trabajar para dos patrones. . ¿Cuál es la moraleja de todo esto? De una parte, que ninguna empresa de este país tiene el más mínimo interés en ver dañada su imagen pública por tomar parte en prácticas abusivas que perjudiquen gravemente a los consumidores. De otra, que nada garantiza que el Consejo de Ministros vaya a ser más rápido, ni más generoso, ni más acertado en la determinación del precio de un bien o un servicio que aquellos que lo venden y aquellos que lo prestan a diario. Y tercero, que nada hace prever que concederle a este Gobierno — cuyo presidente dijo que no gobernaría con populistas, que no pactaría con terroristas y que no amnistiaría a golpistas— una potestad como la que ahora demanda el señor Bustinduy a través de este real decreto ley no vaya a ser la antesala de una política generalizada de control de precios, lo que podría llevar a que la competencia del Estado para proteger a consumidores y usuarios del artículo 51 acabe convertida en punta de lanza para acabar con el derecho a la propiedad del artículo 33 y con la libertad de empresa del artículo 38. Vayamos por partes. El decreto ley que se nos invita a convalidar está llamado a poner en manos del Gobierno un instrumento idóneo para imponer un control de precios a todo tipo de bienes y servicios, incluso más allá de los casos en que se haya desencadenado una situación de emergencia. Una eventualidad que solo un indocumentado se atrevería a descartar. Porque, para empezar, el Gobierno ha aducido la subida de precios de los pasajes aéreos tras el accidente de Adamuz — subida que, como ya he dicho, no se produjo sino de manera puntual— como causa justificativa de la adopción de esta norma, a pesar de que, en el supuesto de que esta norma hubiese estado aprobada antes del accidente de Adamuz, no habría podido ser aplicada al caso del accidente de Adamuz por la sencilla razón de que nunca se declaró una emergencia de protección civil. . Pero es que no constituye un secreto para nadie, señor ministro, que la ambición última suya y la de los ministros de SUMAR — como antes la de Podemos— es acabar con ese libre mercado que tanto le incomoda a usted, porque opera a su libre albedrío sin regulación o control de los poderes públicos, olvidando ―o más bien haciendo oídos sordos― al hecho de que ni nuestro modelo económico es el de Cuba ni nuestro modelo constitucional es el de Venezuela. No es un secreto que el control estatal de los precios constituye un paso decisivo en esa dirección, y que ese es el motivo por el cual su partido viene demandando desde hace lustros el control de los precios de la vivienda, el control de los precios de los alimentos, el control de los precios de la energía y ahora el control de los precios de los transportes. Blanco y en botella. . El decreto ley que se nos invita a convalidar carece de justificación. Y carece de justificación porque nuestro ordenamiento jurídico cuenta ya con normas idóneas para paliar la situación a la que se pretende poner coto, como es el caso del artículo 13.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista o el 11.1 de la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, que en este caso sí — a diferencia de lo que pasa con la norma que ahora nos proponen— reconocen el principio general de la libertad de precios, permiten la intervención solo en bienes de primera necesidad, la circunscriben a contextos de desabastecimiento o alteraciones graves del mercado, prescriben la audiencia previa de los sectores afectados y exigen que la intervención sea motivada y temporal; precauciones, todas ellas ausentes de su norma. Es inconstitucional, precisamente por no hallarse amparada en la existencia de una situación extraordinaria y urgente, debidamente acreditada, como requiere el 86.1 de la Constitución. Ha sido fraguado sin diálogo y, por lo tanto, sin consenso con los actores sociales afectados. A pesar de que el sector de la distribución le presentó, señor ministro, no hace mucho, una propuesta de protocolo de actuación ante situaciones de crisis, encaminado a garantizar el abastecimiento, asegurar la logística, garantizar las comunicaciones y proteger a las personas, su ministerio, señor Bustinduy, ha preferido, cómo no, la imposición. Sienta las bases para la arbitrariedad y hasta para el abuso de poder por parte del Ejecutivo al regular con la más insoportable ambigüedad los supuestos habilitantes para activar el control de precios. Urgencia, riesgo, necesidad… vale, ¿pero otras circunstancias sobrevenidas que generen una alteración de la oferta y de la demanda? Genera inseguridad jurídica al permitir una aplicación extensiva y desproporcionada de las restricciones que contempla, toda vez que estas son susceptibles de proyectarse no ya sobre bienes y servicios esenciales o de primera necesidad, sino sobre todos aquellos que determine el Consejo de Ministros. Vulnera la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado consagrada por el artículo 38 de la Constitución al contemplar una intervención directa en la formación de precios que, aunque se halla motivada por una finalidad protegida constitucionalmente, entraña una restricción innecesariamente intensa de dicha libertad, especialmente grave ante la ausencia de mecanismos de ajuste. Invierte la carga de la prueba al obligar al empresario que se vea obligado a incrementar el precio de sus bienes o sus servicios en los días posteriores a una catástrofe a ser él quien justifique las razones de dicho aumento. Y conculca el derecho de la Unión Europea, toda vez que la intervención generalizada en la formación de precios que prevé no superará — ya se lo anticipo— el test de necesidad y proporcionalidad estricta exigidos por los artículos 9 y 15 de la Directiva de Servicios del Mercado Interior, al no haberse acreditado que sea la opción menos restrictiva para garantizar esa accesibilidad. El decreto ley que se nos invita a convalidar, por último, demoniza a sectores enteros de nuestra economía. Usted lo ha hecho durante su intervención. Ninguna empresa en este país se atrevería a dañar su imagen pública llevando a cabo prácticas abusivas perjudiciales para sus clientes en situación de especial vulnerabilidad, pero con esta norma ya no es necesario cometer semejante torpeza para aparecer a los ojos de la opinión pública como la empresa o el sector más despreciable de España, puesto que habilita al Gobierno a anticipar culpabilidades, a diseminar sospechas y a erosionar credibilidades. Se lo ha dicho la patronal de la distribución, ANGED: sitúa a las empresas en una posición de vulnerabilidad y prejuzga su mala fe ante situaciones de crisis, cuando la realidad ha sido bien distinta, porque sectores como el de la distribución han garantizado siempre el abastecimiento seguro y la accesibilidad de bienes y servicios a toda la población en contextos muy complicados, como el COVID o la dana. También se lo ha denunciado la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos en relación con la aplicación de este decreto en los casos de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo. Comprendo, señor ministro, que, en plena guerra por el liderazgo de los restos del naufragio a la izquierda del PSOE ―a la que usted acude tarde y escaso de pertrechos―, ande usted necesitado de cobrarse alguna pieza con la que acreditar su buena puntería. Pero, señor ministro, no cuente con nuestros treinta y tres cartuchos para ello. Decía usted: No se me ocurren motivos para oponernos a este real decreto. Creo que ya tiene unos cuantos. Muchas gracias. .

Manuel Lago Peñas SUMAR

Nunca deja de sorprenderme el espíritu reaccionario de VOX. ¡Qué maldad con las personas que sufren y qué servilismo con los poderosos! . ¡Qué fácil es ponerse al servicio de los oligopolios! En agosto de 2025, una devastadora ola de fuego asoló los montes de Ourense y de León, provocando destrucción, muerte y desolación. También provocaron la interrupción del servicio ferroviario, dejando sin alternativa de transporte público a miles de personas durante muchos días. En esta situación de emergencia social, cuatro compañías aéreas aprovecharon la ocasión para enriquecerse. Un vuelo Vigo-Madrid que costaba 50 euros pasó a costar 500 euros; así, de repente, señorías de VOX. Las empresas aéreas se aprovecharon de la lógica perversa de las tarifas dinámicas para disparar los precios. En octubre de 2025, la diputada por Pontevedra Verónica Martínez Barbero y yo mismo presentamos una denuncia pública sobre esta situación. Nos reunimos con la asociación patronal del sector para exigir rectificación y compensación a los pasajeros damnificados. Sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas nos dijo que no, que no iba a hacer nada, y utilizó el siguiente argumento: la ley las amparaba. Ante esta negativa, SUMAR presentó una demanda contra estas compañías ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Nos contestó diciendo que la ley amparaba a las empresas. El mismo argumento. Señorías, hoy estamos aquí para corregir esa inaceptable situación, para hacer que la ley cambie de bando. . Este real decreto tiene como objetivo que la ley deje de estar del lado de los poderosos para ponerse al servicio de la ciudadanía; que la ley proteja a los consumidores y no blinde a los oligopolios. En este real decreto se establece una limitación de los precios máximos aplicables, señorías de VOX, en situaciones de emergencia, para evitar incrementos de los precios abusivos e injustificados. Es un cambio normativo absolutamente necesario, porque en enero hemos vuelto a sufrir la misma estafa legal después del accidente ferroviario de Córdoba. Con el servicio ferroviario paralizado, los precios de los vuelos de Málaga o de Sevilla a Madrid se incrementaron un 300 % casi de forma automática. También en Cataluña, porque las limitaciones al tráfico ferroviario han provocado que los precios de los billetes del puente aéreo se hayan duplicado. El Gobierno reaccionó con determinación ante estas prácticas inaceptables. Con este real decreto que hoy convalidamos y una orden del Consejo de Ministros, se limitaron los precios de los hoteles y apartamentos de Grazalema y otros trece municipios de Andalucía y Extremadura afectados por las inundaciones, como bien ha dicho el señor ministro Bustinduy. Los resultados han sido positivos, demostraron que este es el camino, porque ―como ha dicho el ministro― se dio una solución a familias desesperadas, señores de VOX, que tuvieron que abandonar sus hogares. En esa situación de tragedia social, este decreto y la orden ministerial demostraron que esa es la forma de actuar. . Hay más: esta limitación de precios ―lo dijo el compañero Bustinduy― actúa fundamentalmente sobre las plataformas tecnológicas multinacionales no sobre los pequeños hoteles o los pequeños empresarios de la hostelería. Esto es lo que nosotros defendemos aquí: proteger a la ciudadanía frente a los especuladores. Por eso, no se puede entender que ningún grupo que no sea extraordinariamente reaccionario vote en contra de estas medidas. Son una demanda generalizada de la sociedad, de la sociedad gallega y de la andaluza. Hasta sus presidentes han oído a sus ciudadanos. El presidente Rueda ―el presidente de mi país― mostró su preocupación por el aumento de los precios aéreos el verano pasado. La Junta de Andalucía se mostró tan preocupada por el incremento inaceptable de los precios que tuvo una idea extraordinaria, y es que el Gobierno central subvencione el 75 % del coste de los billetes de avión. Creo que el presidente Moreno Bonilla se preocupa por su ciudadanía, pero busca una solución extraña, puesto que no tiene ningún sentido que dejemos que especulen las líneas privadas y que el Gobierno central pague el 75 % de ese incremento. En todo caso, no se podría entender que el grupo del partido al que pertenecen Alfonso Rueda y Moreno Bonilla vote en contra de un real decreto que da respuesta a sus demandas. . El real decreto que hoy votamos pone a las personas por delante de los especuladores. Es una norma que dice con claridad que, cuando Galicia o Andalucía sufren, cuando nuestros pueblos y ciudades quedan incomunicados por una catástrofe, nadie va a lucrarse con el dolor de la gente. Hoy vamos a terminar con estas prácticas inmorales. Hay algunas empresas que no lo entienden, están mal acostumbradas. Durante años, en España cuando una multinacional quería un cambio normativo para aumentar sus beneficios, ¿qué hacía? Lo compraba; así, sin complejos. Todos sabemos cuál era el procedimiento: primero iban al Ministerio de Hacienda a visitar a Cristóbal Montoro que les daba la dirección de su empresa privada de asesoramiento, Equipo Económico. Allí iba la multinacional que necesitaba una ley con el talonario preparado. Me imagino la escena, el ejecutivo de la compañía dirigiéndose a Equipo Económico formulando las siguientes preguntas: ¿Cuánto cuesta una ley?, ¿cuánto tenemos que pagar para que el Ministerio apruebe esa ley?, y, la última, ¿esto se paga con transferencia o directamente en sobres en B? A los que durante años compraron leyes y ministros, les resulta difícil aceptar ―como diría Bob Dylan― que los tiempos han cambiado. A este Gobierno no se le puede comprar. . Lo voy a decir con claridad, diputado Olano. A Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, no la puede chantajear la empresa Glovo ; a Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, no le puede amenazar Ryanair ; a Mónica García, la ministra de Sanidad, no la puede comprar el Grupo Quirón. . Hay personas bienintencionadas que, a veces, delante de algunas noticias que salen en los periódicos, se preguntan por qué SUMAR sigue en el Gobierno. Aquí está la respuesta: porque somos un Gobierno que no se puede comprar, porque somos un Gobierno que, con sus limitaciones, legislamos a favor de la ciudadanía, que le da poder al pueblo frente a los oligopolios. . Termino. Cuando votemos este real decreto, se pondrá en evidencia al servicio de quién está cada uno de los grupos parlamentarios de la Cámara. Por un lado, los grupos que estamos al servicio de la ciudadanía, los grupos que tenemos la voluntad de servir al pueblo, de legislar para defender derechos, de aprobar leyes que dan más poder a la gente frente a los poderosos. En el otro lado se posicionarán los que llevan décadas al servicio de los oligopolios, los grupos parlamentarios que están a la orden de las empresas, como hoy hemos visto en la intervención de la ultraderecha, incluso al servicio de empresas que castigan, que se aprovechan del dolor del pueblo ante situaciones de emergencia. Hoy, ahora, ha llegado el momento de elegir bando, con la gente o con los especuladores. .

Carlos Flores Juberías VOX

Con la venia, señora presidenta. Señorías, ¿a este Gobierno no se le puede comprar? Pero señoría, ¿en qué mundo vive usted?, ¿quién se cree usted que tiene interés en comprar este Gobierno formado por material de derribo, por desechos de tienta y por pares sueltos? . ¿Quién tendría interés en comprar este Gobierno? El problema no es que a este Gobierno no se le pueda comprar, el problema es que no hay manera de devolverlo , no hay manera de devolverlo a toriles, que es lo que a los españoles les habría gustado hacer hace ya muchísimo tiempo. . ¿Quién tendría interés en comprar este Gobierno si, como todo el mundo sabe, alquilar es una opción muchísimo más económica? Este Gobierno está en alquiler. De entrada, los ministros de SUMAR están en alquiler del Partido Socialista porque le proporcionan ese plus de seguridad que necesita Pedro Sánchez para llegar no diría a fin de legislatura, se conformaría con llegar a fin de mes. Así que no, no se preocupe. No tenemos ningún interés en comprar a los ministros de SUMAR, pero si hay alguna manera, y todavía están en garantía de devolverlos, le agradecería que me lo dijese. La demagogia del ministro se ha quedado en poco en comparación con la demagogia de su compañero de partido. El viejo discurso de las grandes empresas multinacionales que especulan en contra del interés de los propios ciudadanos. Mire, representante del grupo de SUMAR, ya le digo yo, créame, que ni el señor Hilton ni el señor Ritz ni el señor Meliá estaban escuchando su discurso. Y si alguno de ellos por un casual lo hubiese escuchado, ya le digo yo que a ninguno de los tres le quitaría el sueño su pretensión de controlar precios. ¿Su medida sabe a quién afecta? Se lo voy a decir. La única aplicación de su decreto ley hasta el día de hoy ha sido, como bien ha reconocido el ministro, la congelación de precios de los servicios de hostelería en las localidades afectadas por la borrasca Leonardo en Andalucía y en Extremadura. ¿Sabe usted si hay algún Ritz en Grazalema?, ¿hay algún Hilton en Ubrique?, ¿hay algún Meliá en Cazorla? No, señor. A quien ustedes están controlando los precios es a La casa de la abuela Regina, a los apartamentos El Chico, a los apartamentos La Parra. . No a ninguna multinacional, sino a pequeños y medianos empresarios que ponen su dinero en pequeños y medianos negocios y a los que ustedes, para empezar, tachan de entrada de especuladores peligrosos. Antes he obviado la cita, pero ahora la voy a decir. Los establecimientos hoteleros han demostrado de forma reiterada su compromiso social ante emergencias, colaborando con las autoridades y poniendo a disposición recursos, instalaciones y personal para atender a las personas afectadas. Una limitación que pone el foco en el alojamiento no se ajusta al comportamiento ejemplar demostrado por el sector en contextos críticos. Señorías, su demagogia mata, mata negocios, mata empresas, mata pequeños emprendimientos de ciudadanos a los que ustedes recortan las posibilidades de sobrevivir. Su demagogia mata a la economía española, su demagogia comporta un desprecio a todo nuestro sector productivo y su demagogia no es sino la tapadera que oculta su voluntad de control. Lo he dicho y lo repetiré. No es casualidad que ustedes pidan ahora control de precios en el sector de la hostelería; ustedes ya han pedido controlar los precios en el sector de la vivienda, ya quieren controlar los precios en el sector alimenticio, ya quieren controlar los precios en la energía. Lo que me resulta muy llamativo es que en otros sectores ustedes estén dispuestísimos a que el Estado supla las carencias del mercado, pero en este caso no. Si hay una carencia de vuelos, ¿por qué no habilitan ustedes vuelos?, ¿por qué no es el Gobierno el que fleta aeronaves? Si lo hacen ustedes para trasladar inmigrantes de Canarias a la Península, ¿por qué no lo hacen para trasladar españoles de Málaga a Madrid? . Termino, señorías. Los doce minutos que he tenido antes y los cinco que tengo ahora para algo de tan poquísima enjundia como lo que el ministro nos ha traído hasta la fecha son más que suficiente. La pequeñez de su iniciativa no es sino el reflejo de la pequeñez del grupo al que representa y de la pequeñez de la aportación de esa extrema izquierda dogmática, venezolana y chavista al bienestar de los españoles, una rémora de la que haríamos bien en quitarnos de encima lo antes posible. Muchas gracias. .

Manuel Lago Peñas SUMAR

Ha sido una intervención que no merece la seriedad de subir a la tribuna para responder a estas... Quería decir dos cosas. La primera es que no dejan de sorprenderme los complejos y el servilismo de la extrema derecha. Cuando este diputado dijo que las grandes empresas no pueden comprar al Gobierno no se refería a que lo compraran ustedes , pero como ustedes tienen ese complejo de servilismo, de ser los capataces, creen que cuando se habla de las grandes empresas estamos hablando de ustedes, y no es así. La segunda idea me la recordó en el debate de pensiones. A mí, que ya tengo una edad, VOX me recuerda tanto el falangismo más rancio. Se les llena la boca de la palabra obrero, pero cada vez que hay una norma laboral, votan en contra. . Se les llena la boca de la expresión propiedad de la vivienda, pero cada vez que hay que impedir que desahucien a una familia, votan en contra. . Se les llena la boca al hablar de nuestras personas mayores, pero hoy el señor Figaredo ha dicho que tenemos un sistema público de pensiones en quiebra y que hay que bajar las pensiones en España. Y termino. Hablan de proteger a las mujeres; un grupo que no solo niega la violencia machista, sino que incluso la practica. . Muchas gracias. .

Cristina Valido García CCa

Señorías, buenas tardes. Señor ministro, hay un refrán que dice que mientras unos lloran, otros venden clínex. A nosotros nos preocupan más los que lloran que aquellos que ven la oportunidad para ganar más dinero. Nadie trata de que pierdan, aquí no estamos hablando de que alguien pierda, estamos hablando de que hay momentos en los que no toca ganar más. . Señorías, Canarias es especialmente sensible a la subida de precios en situaciones de emergencia. Hace muy poco lo vivimos: volcán de La Palma, aeropuerto cerrado; la gente abandonando sus viviendas, desalojados; algunos las vieron desaparecer, otros no han podido volver todavía hoy, y los alquileres se dispararon de una manera tremenda. Además, el problema de la lejanía, de ser archipiélago, nos lleva a encontrarnos con que hay días en los que el barco no puede atracar en El Hierro o en cualquiera de las otras islas para descargar mercancías. Cualquier problema meteorológico, cualquier emergencia importante que nos desconecte del continente hace vivir en Canarias más caro de lo que es vivir con normalidad. A nosotros nos parece una buena idea que trabajemos en esta medida, pero queremos hacerlo como proyecto de ley. Para nosotros es fundamental que ese proyecto de ley sea compartido, participado, trabajado por todos los grupos y, además, que recoja ―señor ministro, le pido que ponga la mirada en ello― la singularidad de la única región ultraperiférica que tiene el Estado español, que está amparada, reconocida, legislada en la Constitución Española y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Le pido que tengan en cuenta que las medidas para Canarias tienen que estar adaptadas a lo diferente y a lo vulnerable que es nuestro territorio. Termino. Apoyamos este decreto, pero queremos que se tramite como proyecto de ley y que se recoja especialmente la singularidad de nuestra región ultraperiférica. Gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde xa. O Real Decreto Lei 4/2026 ven introducir unha reforma lexislativa que limita a suba de prezos dos bens e servizos, quer en caso de declaración de situación de emerxencia civil — o que se coñece como declaración de zona catastrófica—, quer en caso de accidentes ou outro tipo de acontecementos que poidan derivar nunha situación de necesidade para a poboación; a xuízo do goberno que debe adoptalo por acordo do Consello de Ministros, como foi o caso de accidente de Adamuz, para o que se aplica de forma inmediata a normativa. Non dubidamos da necesidade da medida, se ben a aplicación a partir da data de publicación do Real Decreto non permitiu actuar, por exemplo, sobre as subas de días anteriores, no caso do accidente ferroviario de Adamuzn en que todas constatamos como aproveitando o fechamento do tráfico ferroviario o resto de servizos de transporte utilizaron a escaseza de prazas para subir de forma desorbitada os prezos e facer negocio á conta do desastre, da desgraza de moitos. Algo que xa acontecera cando no verán pasado, como consecuencia dos incendios, se cortou a liña ferroviaria en Ourense. Unha combinación de privatización do transporte e dinámica de mercado que resulta desastrosa e letal para as clases populares. Privatización do transporte porque, quero lembrar aínda que pareza distante os que temos algún ano algúns anos xa o lembramos perfectamente, que aquí houbo unha liña aérea pública que o Partido Popular privatizou para favorecer os intereses dos seus. Porén, a pesar da importancia da cuestión, a incorporación pola vía Real Decreto furta o debate na cámara. Si, a medida podería ser máis ambiciosa. Lembremos que o BNG e outras forzas políticas demandamos durante os meses da grande inflación, topar os prezos dos alimentos e de produtos básicos. O mesmo aconteceu cos prezos das hipotecas debido ao forte incremento dos xuros. E agora pedimos medidas efectivas para limitar unha suba dos prezos dos alugueres. Agardamos, se cadra inxenuamente, esperemos que non, que de saír adiante a tramitación como proxecto de lei, non sexa este un máis deses que quedan definitivamente no caixón sen que se feche nunca o prazo de emendas e que poidamos, por tanto, achegar propostas para melloralo porque é absolutamente necesario. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. El Real Decreto Ley 4/2026 introduce una reforma legislativa que limita la subida de los precios de bienes y servicios, ya sea en caso de declaración de situaciones de emergencia civil ―lo que se conoce como declaración de zona catastrófica― o en casos de accidentes u otro tipo de acontecimientos de los que puedan derivarse situaciones de necesidad para la población; el límite a juicio del Gobierno, que debe adoptarlo por acuerdo del Consejo de Ministros, como fue el caso del accidente de Adamuz, para el que se aplica inmediatamente la normativa. No dudamos de la necesidad de la medida, aunque la aplicación a partir de la fecha de publicación del real decreto no permitió actuar, por ejemplo, sobre las subidas de los días anteriores, en el caso del accidente ferroviario de Adamuz, en el que todas constatamos cómo, aprovechando el cierre del tráfico ferroviario, el resto de servicios de transporte utilizaron la escasez de plazas para aumentar desorbitadamente los precios y hacer negocio gracias al desastre y la desgracia de muchos; algo que ya había ocurrido con los incendios cuando se cortaron las líneas ferroviarias en Ourense. Es una combinación de privatización del transporte y de dinámica de mercado que resulta desastrosa y letal para las clases populares. Privatización del transporte, porque quiero recordar ―aunque quede lejano, pero nosotros que tenemos unos años nos acordamos― que aquí hubo una línea aérea pública, que el Partido Popular privatizó para favorecer los intereses de los suyos. Sin embargo, a pesar de la importancia de la cuestión, la incorporación por la vía del real decreto roba el debate en esta Cámara. Así, la medida podría ser más ambiciosa. Recordemos que el BNG y otras fuerzas políticas pedimos durante los meses de gran inflación topar los precios de los alimentos y los productos básicos. Lo mismo ocurrió con el precio de las hipotecas por el aumento de los intereses. Y ahora pedimos que se limite el aumento de los precios de los alquileres. Esperamos que, si sale adelante la tramitación como proyecto de ley, no sea este uno de esos decretos que se quedan indefinidamente en plazo de enmiendas y que no se cierre nunca ese plazo y que se puedan enviar propuestas para mejorarlo, porque es absolutamente necesario. Gracias.

Javier Sánchez Serna SUMAR

Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. Hoy debatimos el Real Decreto Ley 4/2026, que introduce mecanismos interesantes de control de precios para situaciones de emergencia y que se podrían haber utilizado en el caso de la dana o en el reciente accidente ferroviario de Adamuz. Esta es una medida que, básicamente, reconoce algo que siempre hemos dicho en Podemos y es que el Estado sí puede y sí debe intervenir en los precios del mercado cuando hay condicionamientos sociales y de interés general que así lo justifican. Los partidarios del libre mercado suelen decir que oferta y demanda se ajustan automáticamente y que cualquier intervención del mercado conduce ―como diría el malo de Hayek― a un camino hacia la servidumbre, pero voy a poner algunos ejemplos que contradicen completamente esto. Tras el accidente de Adamuz y con la circulación ferroviaria interrumpida, el precio de un billete de avión entre Málaga y Madrid subió de media de 37 a 147 euros, es decir, un 300 % más. Tras la erupción del volcán de La Palma ―me lo recordaba mi diputada―, los precios del alquiler aumentaron en torno a un 100 %, pasando de un alquiler de 300 o 400 euros a uno de 600 a 800, en medio de la tragedia. Bueno, pues esa es la mano invisible, un puño de hierro que golpea a las familias y que no entiende de solidaridad ni de patriotismo ni de los derechos de la ciudadanía. Tengo que decir también, señor ministro, que este real decreto quizá llegue tarde y quizá llegue con algunos límites. Porque, señor ministro, si es perfectamente posible controlar los precios para proteger a la población ante un accidente o ante una catástrofe natural, ¿cómo es que no se puede hacer nada para controlar los precios ante una emergencia estructural que vive nuestro país como es la emergencia habitacional? Señorías del Gobierno, la crisis de la vivienda también podría responder al título de este real decreto, porque es una situación de emergencia y responde a una subida desproporcionada de precios derivada de la alteración de la oferta y de la demanda. Entonces, la pregunta clave es por qué se deja fuera. Esta semana, señorías socialistas, hemos conocido una noticia, que Manuel Borrego, que es senador y jefe del PSOE en Badajoz, ha comprado cuatro pisos en dos años; repito, cuatro pisos en dos años. ¿Qué PSOE quiere ser hoy? ¿El PSOE que dice que hay que combatir la especulación, aunque lleven tres años sin hacer nada, o el PSOE que se apunta al carro de la especulación con la vivienda? Señorías, en Podemos creemos que los derechos sociales y económicos no pueden ser una excepción, algo que se reivindica tímidamente ante una catástrofe natural o ante un accidente, sino que debe ser algo que está protegido sistemáticamente; también el derecho a la vivienda. Hoy las familias trabajadoras ―parece que lo decimos mucho, pero no hacemos nada― tienen que dedicar el 60 % de sus ingresos a entregárselo a rentistas, a fondos de inversión que están determinando, casi en régimen de oligopolio, los precios del mercado. Esa lucha de precios es la nueva variante de la lucha de clases. La nueva extracción de plusvalías, la más grave que se hace hoy, ya no es tanto en la fábrica, sino también en la vivienda. La inacción de este Gobierno, su posicionarse siempre con el mercado y con los grandes propietarios, es gasolina para la extrema derecha, hay que decirlo. En definitiva, este decreto compra tiempo y protege a los consumidores ante catástrofes muy concretas, y Podemos no va a ser un impedimento para aprobarlo. Pero también subimos a esta tribuna a exigir, con la misma determinación, que transfiramos esta lógica ―que hoy se demuestra que es posible en otras situaciones de emergencia― a la lucha contra la especulación con los alimentos de primera necesidad, el acaparamiento de vivienda por parte de rentistas y fondos buitre, la imposibilidad de millones de personas para acceder a una vivienda. Señorías socialistas, es pura lógica socialdemócrata; pero algunos parecen todavía instalados en la tercera vía. Nada más y muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, señora presidenta. El debate que hoy abordamos parte de una idea sencilla, pero esencial: en una emergencia grave los precios de bienes y servicios básicos no pueden dispararse. Creo que ese es el objetivo del Real Decreto Ley 4/2026. Señorías de VOX, no acabo de entender un turno en contra a no ser que sea por protagonismo. Es difícil de entender cuando se jactan ustedes de defender a familias y trabajadores. Es muy curioso el concepto de defensa que tienen ustedes. Cuando llega una emergencia, les dicen: «Que pague quien pueda». Cada vez afrontamos más situaciones extraordinarias: temporales de gran intensidad, inundaciones, incendios, incidentes que paralizan infraestructuras estratégicas. Cuando ocurre algo así, miles de personas necesitan lo mismo al mismo tiempo: un transporte alternativo, un alojamiento, un servicio básico. Y cuando la demanda se dispara y la oferta se reduce, los precios pueden subir de forma brusca. A veces es la propia lógica del mercado; pero en una emergencia, la gente no compra por comodidad, sino porque no tiene otra opción. Quien debe desplazarse por motivos médicos, laborales o porque ha sido evacuado, no puede esperar a que el mercado se reequilibre, necesita una respuesta inmediata. En estos momentos, señorías, no hablamos de teoría económica; hablamos de personas que están asustadas, que no saben dónde dormirán esa noche o cómo llegarán a un hospital; personas que no pueden permitirse que un algoritmo decida que su necesidad vale el doble o el triple que unas horas antes. Por eso esta norma no fija precios de manera permanente ni interviene el mercado en condiciones normales. Lo que establece es algo razonable: mientras dure la emergencia, el precio no podrá superar el que se aplicaba antes de comenzar esta situación excepcional. Y aun así se permite subirlo si hay un aumento real de costes o si es necesario introducir nuevos servicios que ayuden a aliviar la situación. No se obliga a nadie a vender a pérdidas; se evita que haya subidas desproporcionadas en momentos críticos. Este decreto, además, se suma a la reforma aprobada en noviembre de 2024 tras lo sucedido con la dana en Valencia, cuando vimos cómo determinados servicios con precios automatizados podían multiplicar sus tarifas en cuestión de minutos. Aquella modificación legal prohibió expresamente subidas abusivas en situaciones de emergencia, de protección civil, precisamente porque en estos contextos la persona consumidora actúa desde la urgencia, desde el riesgo o desde la necesidad. Una reforma que fue el primer paso para frenar prácticas que, aunque minoritarias, generaron una enorme sensación de indefensión. El decreto ley que hoy debatimos amplía y completa ese marco. Si la reforma de 2024 actuaba sobre servicios con precios personalizados y dinámicos, esta norma establece un criterio general para todos los bienes y servicios esenciales cuando se declara formalmente una emergencia; un instrumento coherente con la experiencia reciente y con la necesidad de contar con reglas claras en momentos de tensión extraordinaria. Algunos sectores han expresado dudas y han recordado con razón que en muchas emergencias han actuado con responsabilidad y solidaridad. Durante la pandemia, en incendios o inundaciones, muchas empresas pusieron recursos a disposición de las autoridades y de las personas afectadas, ofreciendo instalaciones, apoyo logístico e incluso servicios de manera gratuita, y esa colaboración también merece un reconocimiento. Pero esta norma no señala a nadie ni acusa a ningún sector, no está pensada contra nadie en particular; se aplica a todos los bienes y servicios y solo cuando el Gobierno declara formalmente una situación de emergencia. Precisamente por eso aporta seguridad a la ciudadanía, que sabrá que no pagará precios desorbitados en momentos límites, y a las empresas, que contarán con reglas claras, temporales y proporcionadas para actuar en circunstancias excepcionales. También se ha planteado que las políticas de protección del consumidor deben construirse desde la cooperación con los sectores implicados. La regulación no debe generar desconfianza, sino seguridad jurídica; creo que este decreto ley va en esa dirección. No presume de comportamientos abusivos, pero sí prevé que puedan producirse en momentos de tensión extrema, y lo hace con criterios objetivos, verificables y limitados en el tiempo. Jaun-andreok, merkatuarekiko konfiantza indartu egiten da herritarrek emergentzia egoeretan distortsioak saihesteko mekanismoak daudela dakitenean. Larrialdi baten garraio, ostatu edo funtsezko zerbitzu baterako eskuratzea ezin da soilik berehalako ahalmen ekonomikoaren mende egon. Ekitateak askatasun ekonomiarekin batera joan behar du zirkunstantziak apartekoak direnean. Errege lege-dekretu hau tresna zuhurra, zentzuzkoa, da neurrizko eta aparteko uneetarako pentsatuta. Merkatua egonkortzen du gehien behar denean. Ez du enpresa jarduera zigortzen, eta jarduera hori gizarte oreka eta konfiantzako esparru batean garatzea bermatzen du. Erantzukizunagatik, sen onagatik eta, batez ere, larrialdi baten aukeratu ezin dutenen pertsonekiko errespetuagatik, aldeko botoa emango dugu. Señorías, la confianza en el mercado se fortalece cuando la ciudadanía sabe que existen mecanismos para evitar distorsiones en situaciones límite. En una emergencia, el acceso a un transporte, a un alojamiento o a un servicio esencial no puede depender exclusivamente de la capacidad económica inmediata. La equidad debe acompañar a la libertad económica cuando las circunstancias son excepcionales. Este real decreto ley es una herramienta prudente, proporcionada y pensada para momentos extraordinarios. Estabiliza el mercado cuando más falta hace, no penaliza la actividad empresarial y garantiza que esta se desarrolle en un marco de equilibrio y confianza social. Por responsabilidad, por sentido común y por respeto a aquellas personas que durante una emergencia no pueden elegir, votaremos a favor. Muchas gracias.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Mahaiburu andrea, ministro jauna, jaun-andreak, larrialdi bat dagoen bakoitzean izan dana bat, sute bat edo istripu larri bat edo beste edozein, jendearen onena eta oinarrizko beharrizanak negozio bihurtzen dituen sistema ekonomikoaren txarrena ikusten dugu. Izan ere, larrialdi batek jendearen bizitzan eragiten duenean, oso zehatza den zerbaitetan eragiten du: oinarrizko eskubideak eskuratzeko aukeran. Ostatu duinerako, horniduretarako funtsezko zerbitzuetarako edo mugikortasunerako eskubideak. Eta, une horietan, prezioek gora egiten badute, biderkatu egiten da. Dena ez da kostu ekonomikoa bakarrik, hori ere bai, noski. Baina gainera eta, batez ere, desberdintasuna da biderkatu egiten dena, egoera horiek ez baitiete pertsona guztiei berdin eragiten. Baliabide gutxien dituzten pertsonak, ahulenak, prekarietatean bizi direnak, horiek dira ondorioak gehien eta bortitzen pairatzen dituztenak. Norbere etxea utzi behar duten familiak, dena galdu duten pertsonak, pertsona txikituak beren gertukoenak galdu dituztelako, ingurukoei laguntzera joateko desesperatuta dauden pertsonak, horiek dira gehien galtzen dutenak. Eta egoera latz horretan, nola erantzuten du merkatuak? Garraioetan edo ostatuetan prezioak % 400 igoz. Besterik gabe, norbaitek erabaki duelako jendearen tragedia, mina, sufrimendua eta etsipena aprobetxatzea aukera ona dela mozkinak biderkatzeko, espekulatzeko. Jaun-andreok, ezin da zitalago jokatu, doilorrago edo makurrago. Señora presidenta, señorías, señor ministro, cada vez que nos enfrentamos a una emergencia, ya sea una dana, un incendio o un accidente grave, sale a relucir lo mejor de la gente y también lo peor de un sistema económico que convierte en negocio las necesidades básicas. Y es que cuando una emergencia afecta a la vida de la población, incide en algo muy concreto, como es la posibilidad de acceder a derechos fundamentales, ya sea el derecho a una vivienda digna, a suministros, a servicios esenciales o a la movilidad. Y si en ese momento los precios aumentan, lo que se multiplica no es solo el coste económico ―aunque también, por supuesto―, sino, sobre todo, la desigualdad ya que esas situaciones no afectan igual a todas las personas. Las que tienen menos recursos, las más vulnerables, las que viven en una situación de precariedad, son precisamente las que más sufren las consecuencias y las sufren de manera más violenta. Las familias que deben abandonar su hogar; las personas que lo han perdido todo; las personas destrozadas por haber perdido a sus allegadoa; las personas desesperadas por acudir en ayuda de quienes les rodea, esas son las que más sufren. Y, ante una situación tan dura, ¿cómo responde el mercado? Aumentando el precio del transporte o del alojamiento hasta un 400 %, sencillamente porque alguien ha decidido que la tragedia, el dolor, el sufrimiento y la desesperación de la gente se puede aprovechar porque es una buena oportunidad para multiplicar beneficios, para especular. Señorías, no existe un comportamiento más canalla, más miserable. Como decía en euskera, ¿cómo responde el mercado a estas situaciones trágicas? Con precios que aumentan hasta en un 400 % en transportes o en alojamientos, simplemente porque alguien ha decidido que aprovechar la tragedia, el dolor, el sufrimiento y la desesperación de la gente es una buena oportunidad para multiplicar beneficios, para especular. Señorías, no se puede actuar de un modo más ruin, más mezquino, más miserable. En este contexto, establecer mecanismos que impidan incrementos abusivos de precios en alojamientos, transporte u otros servicios esenciales no es una medida ideológica; es, sencillamente, una medida de protección social. En este sentido, el real decreto ley reconoce algo que durante años algunos han negado en esta Cámara: reconoce que el mercado no es neutral, que no es justo, que no se autorregula y que, cuando los poderes públicos no lo regulan, castiga a quienes menos tienen. Valoramos positivamente que se reconozca la necesidad de una intervención pública cuando el mercado genera distorsiones que ponen en riesgo el acceso equitativo a derechos básicos, porque, como ya hemos dicho, la experiencia demuestra que sin regulación las situaciones de emergencia pueden convertirse en escenarios de desigualdad aún mayor. Evidentemente, estamos de acuerdo en que se limiten los precios abusivos en situaciones de emergencia. Es una cuestión de sentido común y de justicia social. Nadie debería poder enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. Por lo tanto, apoyaremos la convalidación del real decreto ley. Pero también debemos decir que la regulación no puede ser una herramienta que solo se activa cuando hay una emergencia excepcional, una catástrofe, porque, por desgracia, la emergencia está ahí todos los días. Hay familias que no pueden pagar el alquiler, aunque no haya una dana de por medio; porque hay jóvenes expulsados de sus pueblos por la turistificación permanente; porque hay personas que no pueden permitirse comer carne, pescado, fruta o verduras frescas y porque hay personas que no pueden calentarse en invierno. Por lo tanto, la cuestión no es si debemos intervenir en situaciones excepcionales, que por supuesto que debemos, la cuestión es por qué no intervenimos de forma estructural cuando los precios de la vivienda están subiendo sin control o cuando determinados sectores estratégicos funcionan como oligopolios. Euskal Herria Bildu defiende y defenderá que los derechos sociales no pueden depender del ánimo del mercado. La vivienda, el alojamiento en situaciones críticas, la energía, el transporte o los alimentos son derechos básicos, y los derechos se garantizan con regulación, con un sector público fuerte y con límites claros al beneficio cuando este choca con la dignidad humana. Señorías de derechas, regular en defensa de la gente no es extremista, no es radical, pero sí lo es permitir que la desigualdad aumente exponencialmente en los momentos más vulnerables, mientras alguien hace negocio con la desesperación de quien lo ha perdido todo. Denle una vuelta, señorías. Esaten ari nintzen moduan, eta amaitzeko, kontua ez da salbuespenezko egoeretan esku hartu behar den ala ez, jakina esku hartu behar dela. Galdera da ea zergatik ez dugun estrukturalki esku hartzen etxebizitzaren prezioak kontrolik gabe igotzen ari direnean edota hainbat sektore estrategiko oligopolio moduan jokatzen ari direnean. Euskal Herria Bildun argi daukagu eskubide sozialek ezin dutela merkatuaren gorabeheren menpe egon. Etxebizitza, larrialdietarako aterpea, energia, garraioa eta elikagaiak oinarrizko eskubideak dira, eta araudi eraginkorrekin, sektore publiko sendo batekin eta irabazi asmoari muga argiak jarriz bermatu behar dira. Eskuineko jaun-andreak pertsonak babesteko erregulatzea ez da muturrekoa, inondik ere. Muturrekoa eta onartezina dena da pertsona zaurgarrienen kontura negozioa egitea baimentzea. Besterik ez. Mila esker. Voy terminando. Como decía, el tema no es si intervenir o no en situaciones excepcionales, porque claro que hay que intervenir. La pregunta es por qué no intervenimos estructuralmente cuando los precios de la vivienda están aumentando sin control o cuando algunos sectores estratégicos están actuando como oligopolios. En Euskal Herria Bildu lo tenemos claro, los derechos sociales no pueden estar sujetos a los vaivenes del mercado. La vivienda, el refugio de emergencia, la energía, el transporte o los alimentos son derechos básicos que deben garantizarse con normativas eficaces, un sector público sólido y poniendo límites claros al ánimo de lucro. Señores de derechas, regular para proteger a las personas no es algo extremo; lo que es extremo e inaceptable es permitir hacer negocio a costa de las personas más vulnerables. Nada más. Muchas gracias. .

Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, presidenta. Senyor ministre, és evident que en determinades situacions excepcionals es poden donar elements suficients per tal que algú aprofiti el patiment de les persones per obtenir uns beneficis exagerats. Per tant, cal disposar dels mecanismes necessaris per protegir la nostra societat de les situacions extremes? Sí, sense cap mena de dubte. Ara bé, aquest reial decret és el camí per encarar aquesta necessitat? Doncs no, també, sense cap mena de dubte. Amb tots els antecedents que tenim de la discrecionalitat amb què actua aquest Govern, amb totes les evidències de la seva manca d’ètica a l’hora de menystenir les altres forces polítiques, amb acusacions com les que hem vist avui que, fetes fora d’aquest hemicicle, correrien el risc d’acabar en el jutjat. Però ep! Després necessiten els nostres vots per poder fer prosperar les seves iniciatives. Quina llàstima! Deia, amb tots els incompliments sistemàtics dels acords polítics el que els governa arriba, vostès no poden pretendre venir avui aquí i que, sense més, els hi deleguem sense límit la capacitat d’intervenir al mercat. No poden pretendre que aquesta cambra els doti de tal poder sense que s’estableixi cap mecanisme de control ni límit temporal sobre el mateix. Li correspon a aquest Congrés desenvolupar i aprovar un sistema per intervenir el mercat en situacions excepcionals. No li correspon al Govern. I li correspon a aquest Congrés, perquè un sistema amb aquest impacte directe en els drets elementals dels ciutadans requereix del corresponent projecte de llei, amb la corresponent audiència pública, amb tots els actors implicats, el corresponent debat parlamentari i, evidentment, la corresponent participació de tots els grups parlamentaris. Pretendre obtenir la capacitat d’intervenir al mercat sense cap més límit que el que vostès es fixin, comprendrà que és agosarat. Fer-ho a través d’un reial decret llei i, per tant, amb una votació del tipus «o tot o res» és temerari, i més quan vostès saben que pels seus incompliments tenen la legislatura bloquejada, que no compten amb els nostres vots i que, per tant, estan abocats a perdre les votacions dels temes que porten aquí. Perquè ja no és que vostès no tinguin una majoria absoluta, que no la tenen; ja no és que vostès pretenguin fer les seves polítiques cada dia més desesperades i més populistes, tirant pel dret sense més; ja no és que vostès puguin menystenir la resta de formacions polítiques com si estiguessin en possessió d’una superioritat moral o d’una veritat absoluta, com és típic de l’extrema dreta, i per tant, la nostra opinió no compta. És que aquest real decret llei està mancat dels elements més bàsics. Vostès pretenen atribuir-se un poder il·limitat sense definir, per exemple, quins seran els factors objectius que permetran intervenir un mercat. Quin serà el control parlamentari sobre la decisió del Govern de fer aquesta intervenció? Com s’establirà la limitació en el temps de la intervenció? Com es donarà veu als sectors implicats de cada intervenció del mercat que vostès facin? Quina defensa tindran dret els ciutadans en cas d’abús del mecanisme d’intervenció del mercat? Res de tot això queda recollit en el reial decret llei i, per tant, si no hi és recollit, queda a la discrecionalitat del Govern. I podríem seguir amb casos més concrets. Com queden resolts casos on la venda d’un bé o servei es fa per la via de la intermediació? Per exemple, com es gestionaria el cas de les agències de viatges, el preu del producte del qual venen, no les fixen elles, però sí que figuren com a venedores del mateix? Com podem estar segurs que vostès no intervindran al mercat en casos com el de la pujada del preu de l’oli d’oliva en el darrer episodi de sequera, perjudicant així els pagesos? Però encara n’hi ha més. En un moment en què vostès han intervingut el mercat de l’habitatge, aconseguint l’efecte contrari al que volien, en un moment en què vostès volen intervenir el mercat audiovisual per evitar que el ciutadà lliurement pugui consultar els mitjans que vulgui, en un moment en què vostès volen intervenir l’accés a les xarxes socials dels joves sense ni tan sols saber com tècnicament es pot fer això, en un moment en què vostès volen intervenir fins i tot allò que poden veure els joves, en un moment d’intervencionisme creixent de la vida dels ciutadans — més propi de Veneçuela que no pas d’un país europeu— com volen, i pretenen obtenir el suport per deixar-los la mà lliure i sense control per poder intervenir qualsevol bé o servei al seu lliure criteri? Però vaig més enllà. Vostès s’embolcallen de l’excusa, per exemple, que la mobilitat dels ciutadans és un dret. Molt bé, hi estem absolutament d’acord. Però on és aquest mateix dret a la mobilitat dels ciutadans catalans, quan els socialistes i els seus socis provoquen el col·lapse de rodalies i interrompen el servei durant dies i dies? On és el dret a la mobilitat dels ciutadans quan les carreteres de l’Estat a Catalunya, com ara l’A-2, són més una pista de muntanya amb clots que no pas una via d’alta capacitat? On és el dret a la mobilitat digna quan, per culpa de la seva manca d’inversions en infraestructures a Catalunya, any rere any els catalans ens movem com si visquéssim en un país tercermundista? I la darrera de les reflexions: Per què la necessitat d’establir un mecanisme que doni poders il·limitats al Govern i de manera permanent, quan ja hi ha la possibilitat de fer-ho en situacions excepcionals? No ha resolt fins ara cadascuna de les situacions d’emergència que s’han produït? Vostè mateix, en la seva intervenció, ha explicat l’últim cas on van intervenir els preus dels hotels a la zona de l’accident ferroviari. Per tant, és evident que si els convé ja es pot fer, evidentment, limitat en el temps i sota el control d’aquesta cambra com avui, que vostè ha de portar aquest reial decret a convalidació. Sense cap mena de dubte, per tant, estem davant d’un nou cas de populisme d’esquerres. Vostès aprofiten de la gent i el seu patiment per intentar treure’n un bon titular — òbviament, això mai falla— i, a més a més, controlar de més a prop allò que els ciutadans poden o no poden fer segons el seu lliure criteri en el dia a dia. Ja diuen que no hi ha res que s’assembli més a l’extrema esquerra, ai, a l’extrema dreta, com deia abans, que l’extrema esquerra. I prova d’això és que Donald Trump va aprovar també la possibilitat d’intervenir preus per la mateixa via que vostès volen utilitzar ara. La resposta judicial va ser contundent i el Tribunal Suprem americà va resoldre que Trump no tenia autoritat per fer aquesta intervenció de preus, perquè aquesta només era del Congrés americà. Com deia, els extrems es toquen uns i altres. I acabo. En definitiva, estem d’acord en que hi hagi mecanismes per actuar en cas d’emergència? Sí, hi estem d’acord, però aquests s’han d’aprovar per la via del Congrés, amb la consulta pública corresponent i establint els mecanismes de control, de seguiment i de protecció de drets dels ciutadans, drets que aquest reial decret d’avui no només no contempla sinó que hi va en contra en voler donar poder il·limitat i sense control al Govern de l’Estat. Senyors del Govern, menys titulars i més treball parlamentari. I vagin en compte que de tant escorar-se a l’extrema esquerra i limitant els drets dels ciutadans, aviat costarà distingir-los de l’extrema dreta. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, es evidente que en determinadas situaciones excepcionales se pueden dar elementos suficientes para que alguno se aproveche del sufrimiento de las personas para obtener unos beneficios exagerados. Por lo tanto, es preciso disponer de los mecanismos necesarios para proteger z nuestra sociedad de esas situaciones extremas, sin ninguna duda. Ahora bien, ¿este real decreto es el camino para afrontar esta necesidad? Pues no, también sin ningún tipo de duda. Con todos los antecedentes que tenemos de la discrecionalidad con la que actúa este Gobierno, con todas las evidencias de su falta de ética a la hora de menospreciar a las otras fuerzas políticas y con los debates que hemos visto hoy, que fuera de este hemiciclo, si se emitieran, acabarían en los juzgados ―aunque necesitan nuestros votos para poder aprobar sus iniciativas, qué lástima―, con todos los incumplimientos sistemáticos de los acuerdos políticos que lleva el Gobierno, ustedes no pueden pretender venir hoy aquí y que les deleguemos sin más, sin límites, la capacidad de intervenir en el mercado. No pueden pretender que esta Cámara les dote de tal poder sin que se establezca ningún mecanismo de control ni límite temporal sobre este. Le corresponde a este Congreso desarrollar y aprobar un sistema para intervenir el mercado en situaciones excepcionales. No le corresponde al Gobierno, le corresponde a este Congreso, porque un sistema con ese impacto directo sobre los derechos de los ciudadanos requiere un proyecto de ley con la correspondiente audiencia pública con todos los actores implicados, el correspondiente debate parlamentario y, evidentemente, la correspondiente participación de todos los grupos parlamentarios. Pretender obtener la capacidad de intervenir en el mercado sin ningún límite más que el que ustedes se fijen es abusivo. Hacerlo a través de un real decreto ley y, por tanto, con una votación del tipo «o todo o nada» es temerario, y más aún cuando saben que por sus incumplimientos tienen ustedes la legislatura bloqueada, que no cuentan con nuestros votos y que están abocados a perder las votaciones de los temas que nos traen aquí. Ya no es que ustedes no tengan una mayoría absoluta, que no la tienen; ya no es que ustedes pretendan hacer sus políticas cada día más desesperadas y más populistas, tirando de frente sin más; ya no es que ustedes puedan menospreciar al resto de formaciones políticas como si estuvieran en posesión de una superioridad moral o de una verdad absoluta, como es típico de la extrema derecha y, por lo tanto, nuestra opinión no cuenta; es que este real decreto ley es un decreto al que le faltan los elementos más básicos. Ustedes pretenden atribuirse un poder ilimitado, sin definir, por ejemplo, cuáles van a ser los factores objetivos que van a permitir intervenir un mercado y cuál va a ser el control parlamentario sobre la decisión del Gobierno a la hora de hacer esa intervención. ¿Cómo se va a establecer la limitación en el tiempo de dicha intervención? ¿Cómo se dará voz a los sectores implicados de cada intervención del mercado que ustedes vayan a hacer? ¿A qué tendrán derecho los ciudadanos en caso de abuso del mecanismo de intervención del mercado? Nada de todo eso se recoge en el real decreto ley. Por lo tanto, si no se recoge, queda a la discrecionalidad del Gobierno. Y podríamos seguir con casos más concretos: ¿cómo quedan resueltos casos donde la venta de un bien o servicio se hace por la vía de la intermediación, por ejemplo? ¿Cómo se gestionaría, en el caso de las agencias de viajes, el precio del producto que venden, que no lo pueden fijar, pero del que ellos se van a beneficiar? ¿Cómo podemos estar seguros de que no van a intervenir ustedes en el caso de la subida del precio del aceite de oliva, como cuando hubo la sequía, perjudicando a los agricultores? Y aún hay más, ya que eso es en un momento en el que ustedes han intervenido en el mercado de la vivienda, consiguiendo el efecto contrario al que querían; en un momento en el que quieren intervenir el mercado audiovisual para evitar que el ciudadano libremente pueda consultar los medios que quiera; en un momento en el que ustedes quieren intervenir en acceso a las redes sociales de los jóvenes sin ni tan siquiera saber cómo se puede hacer eso a nivel técnico; en un momento en el que ustedes quieren intervenir, incluso, lo que pueden ver los jóvenes. Es decir, en un momento de intervencionismo creciente de la vida de los ciudadanos, que es más propio de Venezuela que de un país europeo. ¿Cómo quieren y pretenden ustedes obtener nuestro apoyo para dejarles manga ancha para poder intervenir cualquier bien o servicio a su libre criterio? Voy a ir más allá. Ustedes se dotan de la excusa de que la movilidad de los ciudadanos es un derecho. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo ahí. Pero ¿dónde está ese mismo derecho a la movilidad de los ciudadanos catalanes cuando los socialistas y sus socios provocan el colapso de rodalies, interviniendo el servicio durante días y días? ¿Dónde está el derecho a la movilidad de los ciudadanos cuando las carreteras del Estado en Cataluña, como la A-2, son más una pista de montaña llena de baches que una vía digna? ¿Dónde está el derecho a la vida digna cuando, por la falta de inversión en infraestructuras en Cataluña año tras año, los ciudadanos nos movemos como si viviéramos en un país tercermundista? Y la última de las reflexiones, ¿por qué esa necesidad de establecer un mecanismo que dé poderes ilimitados al Gobierno y de forma permanente, cuando ya existe la posibilidad de hacerlo en situaciones excepcionales? ¿No se han resuelto hasta ahora cada una de las situaciones de emergencia que se han producido? Usted mismo en su intervención ha hablado del último caso donde intervinieron los precios de los hoteles en el caso del accidente ferroviario. Por lo tanto, es evidente que si les conviene se puede hacer; claro, limitado en el tiempo y bajo el control de esta Cámara, como ha traído usted aquí este real decreto a convalidación. Sin ningún tipo de duda, por lo tanto, nos hallamos ante un nuevo caso de populismo de izquierdas. Ustedes se aprovechan de la gente y de su sufrimiento para intentar buscar un buen titular. Eso, obviamente, nunca falla. Y luego, además, quieren controlar más de cerca aquello que los ciudadanos pueden o no pueden hacer, según su libre albedrío, en el día a día. Ya dicen que no hay nada que se parezca más a la extrema derecha ―como decía antes― que la extrema izquierda. Y prueba de ello es que Donald Trump también aprobó la posibilidad de intervenir los precios por esa misma vía que ustedes quieren utilizar ahora. La respuesta judicial fue contundente y el Tribunal Supremo americano resolvió que Trump no tenía autoridad para hacer esa intervención de precios, porque eso era una competencia del Congreso. Como decía, los extremos se tocan unos y otros. Acabo. En definitiva, estamos de acuerdo en que haya mecanismos para actuar en caso de emergencia. Sí, estamos de acuerdo ahí; pero estos tienen que aprobarse por la vía del Congreso, con la consulta pública correspondiente y estableciendo los mecanismos de control, de seguimiento y de protección de los derechos de los ciudadanos, derechos que este Real Decreto que nos traen hoy no solo no contempla, sino que además va en contra al querer otorgar un poder ilimitado y sin control al Gobierno del Estado. Señores del Gobierno, menos titulares y más trabajo parlamentario. Y tengan cuidado porque, de tanto limitar los derechos de los ciudadanos y acercándose a la extrema derecha, va a ser muy difícil distinguirles de esa extrema derecha.

Inés Granollers Cunillera ERC

Gràcies, presidenta. Bona tarda. Ja abans de començar, faré una prèvia. Senyora Crespín, abans els he dit al Partit Popular: Són quaranta-vuit les víctimes dels accidents ferroviaris, quaranta-vuit, quaranta-set Ademuz, un a Gelida. Facin el favor, si us plau, de no deixar-se les víctimes, perquè trobo que, com a partits grans que són de govern, és una falta de respecte total. Ahir ho va fer el senyor Feijóo, avui a la seva declaració, a la seva intervenció ho ha fet la senyora Crespín. Crec que no es mereix. El reial decret llei 4/2026 és una de les poques normes d’aquesta legislatura — parlaré totalment en sentit contrari del que he sentit ara en aquesta última intervenció— que defensa els usuaris del ferrocarril i, a més, ho fa intervenint el mercat i modificant la Llei general per a la defensa dels consumidors. L’Estat no pot ser un simple espectador quan el mercat, lluny de regular-se, aprofita les tragèdies per lucrar-se de manera abusiva. Però, senyories del PSOE, això no hauria de ser una mesura excepcional. Davant abusos recurrents del mercat, no només en el transport, cal actuar amb més valentia i de manera sistemàtica. L’accident ferroviari d’Ademuz ha estat el mirall d’una realitat insuportable. Mentre la ciutadania patia una infraestructura deficient i col·lapsada, alguns operadors apugen preus de forma desproporcionada, restringint de facto el dret a la lliure circulació, però — ojo— no restringixen el dret de la lliure circulació. Només el restringixen a aquella gent que no es pot permetre pagar els bitllets abusius. Per això, avui, qui es pot pagar aquests bitllets abusius, troben que vostès fan una cosa descomunal, una cosa súper mal feta, perquè com que ells ho poden pagar i els seus votants, molts d’ells, són els socis que apujaran els preus, doncs, ho troben bé, que puguin apujar el preu. Però el que sí que està clar és que la classe treballadora necessita que, si un tren avui no pot sortir, l’avió no pot valdre deu vegades més que el que valia la setmana passada. Els drets fonamentals no poden dependre de la llei de l’oferta i la demanda en moments de crisi. I no és la primera vegada que ho veiem, com alguns aprofiten les dificultats per fer negoci. Per exemple… Gracias, presidenta. Buenas tardes ya. Antes de empezar, voy a hacer una previa, señora Crespín. Antes ha dicho el Grupo Popular: Son 48 las víctimas de los accidentes ferroviarios; 48: o sea, 47 en Adamuz y 1 en Gelida. Por favor, hagan el favor de no fijarse en eso, porque entiendo que como partidos grandes de Gobierno es una falta de respeto total. Ayer lo hizo el señor Feijóo y hoy en su intervención lo ha hecho la señora Crespín. Yo creo que no se lo merecen. El real decreto 4/2026 es una de las pocas normas de esta legislatura ―hablaré en el sentido contrario de lo que he escuchado en esta última intervención― que defiende a los usuarios del ferrocarril, y además lo hace interviniendo el mercado y modificando la Ley General de Defensa de los Consumidores. El Estado no puede ser un simple espectador cuando el este, fuera de autorregularse, aprovecha las tragedias para lucrarse de forma abusiva. Pero, señorías del PSOE, esto no tendría que ser una medida excepcional. Ante abusos recurrentes del mercado ―no solo en el transporte― es preciso actuar con más valentía y de forma sistemática. . El accidente ferroviario de Adamuz ha sido el espejo de una realidad insoportable. Mientras la ciudadanía sufría una infraestructura deficiente y colapsada, algunos operadores suben precios de forma desproporcionada, restringiendo de hecho el derecho a la libre circulación. Pero, ojo, no restringen el derecho a la libre circulación, solo lo limitan a aquellas personas que no se pueden permitir pagar los billetes abusivos. Por eso hoy, quien se puede pagar esos billetes abusivos, encuentra que ustedes lo que están haciendo es algo descomunal, algo muy mal hecho. Porque como se lo pueden pagar ―y sus votantes, muchos de ellos, son los socios que van a subir los precios―, pues les parece bien que se pueda subir el precio. Pero lo que sí que está claro es algo que hace falta: que si un tren hoy no puede salir, el avión no puede valer mucho más de lo que valía la semana anterior. Y los derechos fundamentales no pueden depender de la ley de la oferta y la demanda en momentos de crisis. No es la primera vez que nos encontramos que unos aprovechan esas dificultades para hacer negocio. .

Inés Granollers Cunillera ERC

Gràcies, presidenta. Sembla que no els interessa gaire que la classe treballadora pugui accedir a transports o a vivendes. Després de la dana de València del 2024, els preus de l’habitatge als municipis afectats es van disparar fins a un 18,8 per cent la compra i fins a un 14,7 per cent del lloguer. No es pot ser més miserable. Moltes famílies van haver de recórrer a lloguers temporals o turístics per continuar vivint als seus pobles, assumint quotes de més de 1200 euros mensuals. I aquests preus, ministre, no sorgeixen de manera innocent ni màgica. Darrere hi ha especuladors, amb noms i cognoms que aprofiten la vulnerabilitat de les persones. Hauria calgut la intervenció valenta i tenir desplegada la llei per acabar amb els abusos dels lloguers de temporada també. És urgent oferir a la ciutadania, especialment a la classe treballadora, en matèria de regulació de preus. Un govern que no protegeix els seus consumidors quan el sector privat infla marges i encareix béns essencials, com també ho són l’energia, l’alimentació o les matèries primes, no és un govern útil. Cal intervenir més en aquesta direcció i no els compraré que el pobre pagès perdrà diners si s’apuja el preu de l’oli, perquè el pagès ja no pot sobreviure. El pagès és el més vulnerable, és el que necessita també l’ajuda. És el que necessita moltes de les coses. Sí, senyor Cruset, no cal que faci gestos, que després farà un tuit i ho arreglarà tot, que és la seva mesura. Cal intervenir més sovint en aquesta direcció, ministre. I permeteu-me, permeti’m lligar-ho amb els debats fiscals. Sovint es rebutja una fiscalitat més justa per a grans empreses o activitats contaminants amb l’argument que això encarirà els preus. Aquest mantra s’ha de desmuntar. Moltes vegades, no és cert i en tot cas depèn de com dissenyem les polítiques. Regular els mercats, delimitar marges en temps de crisi és fer política útil per a la classe treballadora, especialment a Catalunya, on el cost de la vida és més alt i calen eines que ho reconeguin, com per exemple un sou mínim interprofessional propi. I acabo. Donem suport a aquest reial decret per tres motius. Un, per protegir la ciutadania davant dels abusos de les grans empreses i dels especuladors. Dos, per garantir la justícia social i l’equitat. Ningú no pot lucrar-se amb la vulnerabilitat. No hi ha res que sigui més repugnant que lucrar-se quan una altra persona pateix. I tres, exigir la responsabilitat dels operadors en situacions de risc. És el moment de demostrar que l’estat del benestar és una eina real per protegir la gent i garantir l’accés als serveis essencials. I ho fem per dignitat, per justícia i per defensar el dret també a la mobilitat de totes aquelles persones que, per causa d’un accident, avui han de pagar unes tarifes altíssimes si volen desplaçar-se. I esperem que aquest no sigui un pedaç puntual, sinó el primer pas d’un camí sostingut que posi definitivament els drets de les persones al centre de la política, no els drets de qui més té per damunt del més vulnerable. Moltes gràcies. Gracias, señora presidenta. Parece que no les interesa que la clase trabajadora pueda acceder a transportes o viviendas. Después de la dana de Valencia de 2024, los precios de la vivienda en los municipios afectados se dispararon: hasta un 18,8 % la cesta de la compra, un 14,7 % la compra y un 14 % los alquileres. Tuvieron que recurrir a alquileres turísticos o temporales para poder vivir en sus pueblos, asumiendo cuotas de más de 1200 euros mensuales. Esos precios, ministro, no salen de forma mágica o inocente. Detrás de ellos hay especuladores con nombres y apellidos que aprovechan la vulnerabilidad de las personas y habría hecho falta la intervención valiente y tener desplegada esa ley para poder acabar con los abusos de los alquileres de temporada. También es urgente ofrecer ayuda a la ciudadanía ―sobre todo a la clase trabajadora― en materia de regulación de precios. Un Gobierno que no protege a los consumidores cuando el sector privado infla los precios y encarece bienes esenciales ―como son la alimentación, la energía y los productos básicos― no es útil. Hay que intervenir todavía más en esta dirección. Y no les voy a comprar que el pobre agricultor va a perder dinero si se sube el precio del aceite, porque el pobre agricultor ya no puede sobrevivir. Es el más vulnerable, el que más necesita la ayuda, es el que necesita muchas de esas cosas. Sí, señor Cruset, no hace falta que gesticule, porque luego hará un tuit y lo va a arreglar todo. Hace falta intervenir más a menudo en esta dirección, ministro, y permítanme vincularlo a los debates fiscales. Muchas veces hemos visto una fiscalidad más justa para grandes empresas y se ha dicho que no se podía hacer porque eso encarecería los precios. Este argumento hay que desmontarlo, porque muchas veces no es cierto y en muchas ocasiones depende de cómo se diseñen las políticas. Regular los mercados en tiempos de crisis es hacer política útil para la clase trabajadora, especialmente en Cataluña, donde el coste de la vida es más alto, y hacen falta herramientas que lo reconozcan, como por ejemplo un sueldo mínimo interprofesional propio. Acabo. Damos apoyo a este real decreto por tres razones. Una, para proteger a la ciudadanía ante abusos de las grandes empresas y de los especuladores. Dos, para garantizar la justicia social y la equidad. Nadie puede lucrarse con la vulnerabilidad; no hay nada que sea más repugnante que lucrarse cuando otra persona sufre. Y tres, exigir la responsabilidad de los operadores en situaciones de riesgo. Es el momento de demostrar que el estado del bienestar es una herramienta auténtica para proteger a las personas y para garantizar el acceso a los servicios esenciales. Lo hacemos por dignidad, por justicia y para defender también el derecho a la movilidad de todas las personas que por causa de un accidente hoy en día tienen que pagar unas tarifas altísimas si quieren desplazarse. Esperamos que esto no sea una situación puntual, sino un paso en la vía de un camino sostenido que ponga en el centro los derechos de las personas ―en el centro de la política― y no los derechos de los que creen que están por encima del más vulnerable. Muchas gracias. .

Javier Alfonso Cendón PSOE

Gracias, presidenta. Señor ministro, señorías, el pasado 18 de enero España se detuvo. El accidente de Adamuz fue un golpe directo al corazón de nuestro país, y ante una tragedia así lo primero es lo primero: memoria, respeto y justicia para todas las víctimas. Desde esta tribuna quiero que se oiga alto y claro también todo nuestro reconocimiento a esos hombres y mujeres que trabajaron sin descanso, sin horas, en las labores de auxilio. Pero el respeto no se demuestra solo con palabras o con minutos de silencio. El respeto se demuestra también protegiendo a la gente. Este Gobierno, con este real decreto, está comprometido con evitar que tras el dolor del accidente los ciudadanos sufran un segundo golpe: el zarpazo de un mercado sin alma y sin control. . Es profundamente doloroso constatar que, mientras el país contenía el aliento, los sistemas automatizados de precios detectaban la interrupción de las conexiones ferroviarias y aumentaban exponencialmente el precio de los billetes en rutas alternativas. Vimos con indignación cómo en apenas unas horas billetes de avión que rondaban los 50 euros pasaron, en algunos casos, a más de 300. Es ahí donde el Estado debe de intervenir, no por afán regulatorio, sino por una cuestión de decencia democrática. Este real decreto ley nace para que la vulnerabilidad de un ciudadano no sea nunca el nicho de mercado de nadie; porque el derecho a la movilidad en momentos de crisis, el acceder a los servicios y a los bienes no puede depender del tamaño de una cartera, de cómo de grande es una cuenta bancaria, ni de la capacidad de pago de un ciudadano frente a un algoritmo diseñado, en muchos casos, para la especulación. Señorías, no estamos ante una norma improvisada, como alguna gente ha querido señalar hoy aquí. Lo que hoy introducimos cuenta con rigor técnico; con un rigor, además, impecable, para evitar prácticas que, en muchos casos, rozan la usura en momentos de necesidad extrema. Señorías, esta modificación no es una declaración de intenciones; es un blindaje en tres ejes: en primer lugar, fijar un límite real frente al abuso fijando un precio máximo, el establecido en los treinta días anteriores a la catástrofe, para que así acabemos con el intento de inventar tarifas y exprimir el miedo de la gente. En segundo lugar, cerramos la puerta a las excusas. Para aquellos servicios estacionales, la referencia será la del mismo periodo del año anterior teniendo en cuenta la actualización del IPC. Y, por último, dotamos a esta norma de eficacia inmediata, para que la garantía sea tangible, para que cuando se detecte algún tipo de incumplimiento la ciudadanía pueda recibir el reembolso de todo lo que se ha cobrado de más de una manera rápida e inmediata. Porque una protección que tarda años en llegar no es justicia y con este real decreto la garantía es inmediata. También quiero ser muy claro: esta norma es justa y equilibrada. Si un operador determinado, por prestar servicios, acredita que sus costes operativos han aumentado, podrá repercutirlos en el precio siempre y cuando no aumente sus márgenes de beneficio. Lo que prohibimos es que ese aumento sirva para engrosar los balances. Evidentemente, no cuestionamos la actividad económica; solo ponemos freno a la ventaja injusta y a la falta de ética en situaciones de fuerza mayor. Señorías del Grupo Popular, hoy, de nuevo, tienen la oportunidad con este real decreto y con los anteriores de definir cuál es su modelo de país con su decisión sobre lo que van a votar. ¿Van a votar a favor o van a votar en contra, como hicieron con el impuesto a la banca o, evidentemente, cuando se impusieron los gravámenes a los grandes beneficios de las eléctricas que tanta pupa hacían en las facturas de muchos ciudadanos de nuestro país que no las podían pagar? . Hemos escuchado a sus socios, a los ultras de VOX, al señor Flores, decir que esto le parecía un cuento; que proteger a la ciudadanía cuando más lo necesitaba era un cuento e iba contra el libre mercado. Me gustaría que se aclarara un poco y pensara si es un cuento que un trabajador que quiera volver a su casa después de un accidente no pueda hacerlo y que por un determinado algoritmo tenga que pagar 300 euros más y el Estado no haga nada. Evidentemente, igual para usted es un cuento y se lo puede permitir, pero para mucha gente es la diferencia entre poder hacerlo o no poder hacerlo. . Su historial en esta Cámara es sencillamente desolador. Siempre que este Gobierno ha pedido un esfuerzo, ustedes se posicionan con los mismos, con los que más tienen, con los que más ganan y, evidentemente, nunca lo hacen con los que lo están pasando mal. Ustedes siempre defienden a los privilegiados. Tengan hoy la valentía de aclarar cuál es su prioridad, si es el bienestar de la ciudadanía que nos escucha o es el de aquellos que quieren hacer caja únicamente con la emergencia. Porque ser patriota no es gritar más fuerte, no es ponerse una pulsera con una bandera. Ser patriota es defender a la ciudadanía en los momentos más duros y cuando hay una vulnerabilidad. Conocemos bien su enfoque porque lo demuestran allá donde gobiernan o cogobiernan con los ultras de VOX. Por ejemplo, como han hecho en mi tierra, en Castilla y León. Allí, su respuesta siempre ha sido la misma: favorecer la especulación, como ocurre en materia de vivienda. Ustedes se niegan a aplicar la ley de vivienda, permiten que fondos buitre se queden con numerosas viviendas y, evidentemente, que los precios desmedidos en muchas ciudades hagan que mucha gente no pueda acceder a una vivienda digna. Este es su modelo: un mercado sin reglas y sin humanidad. Por eso, ese modelo de especulación y desamparo va a tener un fin y un límite el próximo día 15 de marzo. Los ciudadanos vamos a decidir en Castilla y León qué queremos, si recortes en servicios públicos, en sanidad, en educación y en servicios sociales, o queremos avanzar con una financiación digna centrada en las personas, con un objetivo claro: que nadie se quede atrás, como ha demostrado siempre el Gobierno de España. . Ustedes, señorías, ofrecen libertad únicamente para el que abusa. Nosotros ofrecemos seguridad para el que lo padece. Señorías, legislar es priorizar y este Gobierno prioriza la seguridad de las personas ante una vulnerabilidad. Hoy les pido altura de miras, que decidan si están con la gente o prefieren dar cobertura a quienes pretenden hacer negocio con la tragedia. Nosotros no hemos venido aquí para ser meros espectadores. Hemos venido aquí para cambiar las leyes y para garantizar que las mismas rompen con todas las injusticias. Hoy tendrán que hacer una reflexión, al igual que les han pedido en los reales decretos anteriores. Hoy tienen que decidir si quieren perjudicar a la gente, porque quien pierde no es el Gobierno; quien pierde es la ciudadanía, especialmente la más vulnerable. Muchas gracias. .

María Pilar Alía Aguado PP

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Estamos ante la convalidación de un real decreto que surge como consecuencia del accidente ferroviario hace más de un mes, lo que ha conllevado que, al estar cerradas las vías, se incrementara el precio de otros medios de transporte. En ese momento, nosotros ya propusimos alternativas para facilitar la movilidad sin aumentar los precios, señorías. El diputado de SUMAR ha subido a esta tribuna y ha presumido de que a este Gobierno no le compra nadie. ¿No le compra nadie? Aldama, la trama de hidrocarburos, Air Europa… ¿No le compra nadie? . Recuerde usted: limitación de precios de las mascarillas en pandemia. ¿Y quién se lo llevó? Ábalos, Cerdán, Koldo. ¿Quién se lo llevó? Las juergas en los paradores, mientras la gente moría. Recuerde, recuerde... . Pero, ministro, vamos a analizar este real decreto ley. Mire, en el artículo 20.1c) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ya se preveía la limitación de precios en contextos de urgencia, riesgo o necesidad, según el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Y qué hacen ustedes? Llegan, suprimen parte de un párrafo de ese artículo 20 e introducen el artículo 20 ter. ¿Y qué hacen con ese artículo 20 ter? Dicen que, ante situación de emergencia, fuerza mayor y ―abro comillas― «otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias y que alteren la situación de oferta y demanda de forma excepcional, que se determinen en cada caso mediante Acuerdo del Consejo de Ministros» ―cierro comillas―. Inquietante, ministro, porque esto les da vía para fijar precios en cualquier momento. Ustedes decidirán el principio y el fin, los bienes y servicios afectados. Parece un despropósito, ministro. ¿No le parece muy amplio el campo de aplicación? ¿Qué son para ustedes las circunstancias sobrevenidas? ¿A quién se limitan? ¿A todos los sectores? ¿Por regiones? ¿Se limitan a una provincia? ¿Cómo fluctúa el mercado en la provincia limítrofe? ¿Cómo se comportan los mercados? ¿Lo ha previsto? Por su cara veo que no. . ¿Por qué no ha pensado usted, ante estas situaciones, limitar las subidas de cotizaciones, de costes salariales y de impuestos a las pymes y a los autónomos? Eso no; eso no les gusta a ustedes. Pueden regular mecanismos para fijación de precios, pero con más disimulo, ministro, rigurosamente acotados, motivados y limitados en el tiempo. En la exposición de motivos hablan de la utilización eficaz del real decreto. ¡Hay que tener valor, ministro, pero mucho! Lo saben ustedes y sus socios: abusan del real decreto, en este caso, del permitido en el artículo 86 de la Constitución española. No pueden tomar decisiones a capricho. La arbitrariedad no tiene cabida dentro de un ordenamiento jurídico democrático, sino que más bien se liga a regímenes no democráticos, que es adonde nos quieren llevar. Pero no les vamos a dejar. Entiendo, ministro, que tiene usted analizadas las consecuencias que en una economía pueden conllevar las limitaciones de precios, porque, en un primer momento, parecen un alivio inmediato para los consumidores, pero en un medio y largo plazo, ¿qué pasa? ¿Lo sabe, ministro? La oferta se contrae, escasean los productos, se desincentiva la inversión, se deteriora la calidad de los productos y, lo que es peor, aparecen los mercados negros y se incrementa considerablemente el precio de los productos. Consiguen ustedes justo lo contrario, ministro. Si pasamos al cálculo del precio de referencia, ¿cómo lo ha calculado? No nos ha traído usted ningún ejemplo didáctico ni lo ha presentado usted con tantos asesores. ¿No se lo han calculado? Si es que es imposible, ministro. Es que no hay quien entienda de dónde sacan ustedes el precio de referencia. ¿Han contado ustedes con algún organismo independiente? ¿Con la AIReF, la CNMC, la AICA, en el caso de alimentos? ¿Con quién han contado? Con nadie, puesto que carece de todo sentido. No lo tienen claro ni ustedes. ¿Sabe por qué? Porque no contemplan las circunstancias del operador, la situación geográfica, los canales de distribución, las campañas de descuento, las propias rebajas de verano y de invierno. ¿Cómo pretende usted calcular un precio medio sin tener en cuenta esas variables? Ministro, por favor... . Es preocupante para la economía española estar bajo su Gobierno: todos los martes, veintidós ministros alrededor de una mesa experimentando con reales decretos y con los españoles y su economía. . Es preocupante, ministro. Dígale usted a un autónomo, a una pyme, a quienes tienen explotaciones en el medio rural que les limita usted el precio. Aún más, dígale que tiene que trabajar a pérdidas, a ver quién lo hace y por cuánto tiempo. ¿Lo ha pensado usted, ministro? No lo ha pensado. En lugar de practicar su intervencionismo, ministro, aconseje usted a sus socios de gobierno eliminar el gasto improductivo que resta recursos a familias y empresas. Usted es cómplice de todo ese despilfarro, ministro. ¿Y han consultado a Europa? No contestan. No han consultado, porque este real decreto vulnera el derecho europeo. La directiva de servicios es muy clara: exige que el Estado evalúe el impacto de la restricción, motive su necesidad, justifique la proporcionalidad, y no consta en este real decreto análisis económico detallado, lo que incide en su incumplimiento. Ministro, en los últimos días he leído que presume usted de una frase: no se va a dejar solo a nadie. Han dejado usted y sus socios de gobierno solos a todos los españoles reiteradamente. Cuanto más tarde se corrija todo lo que están destruyendo, más costoso será recuperar el pulso económico de España, y usted, señor Bustinduy, será partícipe de la catástrofe económica de España. Muchas gracias. .