Pleno del Congreso n.º 165 · XV legislatura

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ¿se imaginan a Txeroki, a Txapote, a Kantauri o a los yihadistas responsables de los atentados del 11M de Atocha o de Las Ramblas de Barcelona dando clases en algún centro educativo de nuestro país? Señorías, el relato de ETA no lo pueden escribir los verdugos, como tampoco el terrorismo yihadista lo pueden hacer aquellos que utilizan el Corán para justificarlo. En Unión del Pueblo Navarro lo venimos denunciando y lo seguiremos haciendo, por mucho que a algunos les moleste o nos lo reprochen; ese es nuestro compromiso, por mucho que algunos digan, en un caso concreto, que ETA ya ha desaparecido. Como digo, es un compromiso democrático, político, humano y personal, por mucho que a algunos les moleste. La sinrazón y el dolor del terrorismo, tanto de ETA como del yihadismo, está ahí, de plena actualidad. Señorías, todavía hay grupos parlamentarios que siguen sin condenar los atentados de ETA. La última oportunidad que tuvieron fue el pasado 9 de marzo, este lunes, en el Parlamento de Navarra; no lo hicieron, volvieron a no hacerlo. Además, hay partidos políticos que tienen entre sus dirigentes a terroristas, los llevan en sus listas electorales, y no son capaces de colaborar con la justicia para el esclarecimiento de 379 crímenes de ETA todavía sin juzgar. Sí, señorías, los mismos que pactan y gobiernan con Pedro Sánchez y María Chivite. . Hoy, señorías, se están otorgando beneficios penitenciarios a etarras que salen por la puerta de atrás de las cárceles sin ningún tipo de arrepentimiento real. Hoy, señorías, se siguen realizando actos de enaltecimiento de los terroristas y de ETA: 374 durante el año 2025, 69 de ellos en Navarra. Hace unos días, el propio expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero ―sí, ese que es amigo de dictadores y terroristas―, hablaba de ETA en la propia comisión de investigación del Senado; rendía pleitesía y también hacía un reconocimiento vergonzoso a Bildu. Para que luego digan, señorías, que ETA es pasado. Además, señorías, llama poderosamente la atención cómo a nosotros nos reprochan que hablemos de ETA y, sin embargo, otros no tienen ningún problema a la hora de recordar la guerra de Irak, la Guerra Civil o, incluso, sacar a Franco cuando les interesa. Hipocresía pura y dura. . Pero es que, además, señorías, hablando de terrorismo, debemos tener en cuenta que, durante el año 2025, en nuestro país fueron detenidas cien personas por terrorismo yihadista. En los últimos cinco años, 37 de los detenidos eran menores de edad. Pero es que, además, señorías, la propuesta que hoy traemos a esta Cámara no es ninguna novedad. En este momento, en torno a 45 000 personas no pueden tener un contacto directo con menores ni, por supuesto, pueden dar clases en los centros educativos porque han sido condenados por agresiones sexuales. A nadie oímos descalificar o rechazar esta medida. El propio Grupo Parlamentario SUMAR, cuando se denunció que un profesor, en un centro educativo de Zaragoza, había sido condenado por maltrato en su familia, interpeló al propio Gobierno para conocer las posibilidades de que se modificase la legislación a la hora de impedir que estas personas tengan contacto directo con escolares; incluso, se hablaba específicamente de impedir su labor docente. Pero es que el propio ministerio, en aquella época, esos meses, en diciembre del año 2024, también había abierto un periodo de consultas para la ley de protección del menor y manifestó que estaba abierto al debate. ¿Aquello entonces les parecía objetivo y riguroso y lo de ahora no? Miren, esta proposición, como he dicho, no es nada novedosa y, por lo tanto, tanto en el caso que nosotros planteamos como en los anteriores, no se conculcan ni se vulneran ningún principio ni ningún derecho individual, constitucional o fundamental. El adoctrinamiento, señorías, sigue ahí y lleva a muchos jóvenes al fundamentalismo, a atentar como lobos solitarios o incluso también a salir por las calles como manadas a agredir y perseguir a un periodista en un campus universitario o también para enfrentarse con la policía en Pamplona; adolescentes, señorías, que idolatran a los terroristas, que les parecen que son héroes. Por lo tanto, nuestra propuesta, por mucho que a ustedes les pueda parecer lo contrario, va en esa línea de minimizar este tipo de comportamientos. La denuncia que hoy nosotros hacemos no es hipotética, es real. Todos hemos conocido lo que ocurrió en un centro educativo de la Ribera de Navarra, también en la propia universidad pública del País Vasco, incluso en Elgoibar, donde una etarra daba clases nada más y nada menos que de ética a niños de 12 y 16 años, o incluso hemos conocido cómo, hace unas semanas, un profesor de artes marciales era detenido en Madrid por yihadismo. La iniciativa se debatió en el Parlamento de Navarra, dadas también las competencias que tiene nuestra comunidad en la materia. Fue vergonzoso escuchar las descalificaciones que se realizaron, tan solo por proponer única y exclusivamente un debate de esta naturaleza. Reconocemos que no es la primera vez que se da, incluso también con Gobiernos de UPN, nos decían. Y sí, así es. Incluso se manipuló y se dijo que se habían dado clases al nieto de una víctima. Su inquina no tenía límites. Que no se hiciera nada entonces no quiere decir que no se pueda hacer ahora, más aún cuando tenemos el amparo de la ley orgánica de protección del menor. El debate es nítido y claro, señorías: ¿queremos que un terrorista de ETA o yihadista esté formando a menores de edad? Desde nuestro punto de vista, la respuesta es clara y contundente: no. El debate es ese, señorías. Pero es que, además, el propio Ministerio del Interior elaboró unas unidades didácticas para los centros educativos en algunas comunidades autónomas como Navarra. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra también se había hecho por parte del Gobierno de Navarra. Incluso participan las propias víctimas del terrorismo. El ministro Marlaska, el pasado 11 de marzo, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, reconocía y alababa este tipo de unidades didácticas. La vergüenza, ¿saben cuándo llega, señorías? Cuando se le pregunta al propio ministerio sobre su aplicación, y el ministerio no sabe, no contesta. No tiene ningún dato. Sería llamativo comprobar qué es lo que está ocurriendo en la Comunidad Foral de Navarra o en la propia Comunidad Autónoma vasca. Señorías, no existe el derecho a ser docente, pero sí el derecho a recibir una educación orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de principios fundamentales, porque estos son los objetivos para la educación que marcan todos los tratados internacionales. Una persona que haya sido condenada por delitos contrarios a estos objetivos de la educación no está capacitada para realizar una labor docente, más aún cuando conocemos cómo adoctrina el yihadismo, cómo adoctrina también la izquierda radical vasca, cómo inculca el odio en los jóvenes que rechazan al que no piensa como ellos. Trabajar con menores, señorías, es mucho más que enseñar una asignatura, es poder influir en el desarrollo personal, y un terrorista no puede dar ejemplo de nada. ¿Qué valores inculca una persona, un terrorista que ha asesinado a niños, a mujeres, a hombres? ¿Qué puede enseñar? Si no tiene ninguna lógica que un maltratador, un agresor sexual, un violador, trabaje con menores, tampoco un terrorista. Por eso la proposición de ley que nosotros presentamos define y describe y es de la misma literalidad que lo recogido en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. El consejero de Educación de Navarra del Partido Socialista manifestó que le desagradaba e inquietaba que un etarra diese clases en un centro educativo y decía que el Gobierno lo que había hecho era cumplir escrupulosamente la ley. Pues eso es lo que pretende nuestra propuesta, modificar la ley para impedir este tipo de situaciones. Pero, lamentablemente, señorías, el Partido Socialista hace tiempo que dejó de tener la posibilidad de mirar directamente a los ojos de las víctimas sin bajar la mirada. Hace tiempo que dejó de hacerlo. Y ¿por qué, señorías? Porque, como Judas, ha traicionado a las víctimas. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las propias víctimas. Recientemente, con el 11M, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, la asociación de víctimas del terrorismo de Navarra rechazaba participar en el acto organizado por el Gobierno de Navarra. No podemos participar de la hipocresía ni tolerar la de quienes depositan flores un día al año, mientras el resto del tiempo justifican o minimizan el dolor de las víctimas sin exigir a sus socios preferentes que reconozcan, asuman y condenen, sin paliativos, el sufrimiento causado. Son palabras suyas que nosotros hacemos nuestras. Estoy seguro, no tengo ninguna duda, de que en otras ocasiones y en otras circunstancias el Partido Socialista, hoy, hubiese apoyado esta iniciativa, como ha hecho con otras para luchar contra el terrorismo y los terroristas, tanto ahora como antes. Y no lo hará señorías porque no quiere molestar a sus socios de Bildu, porque les debe a ellos el Gobierno de Navarra y de España. Porque ya sabemos cuál es la prioridad de Bildu; ya sabemos cuál es su prioridad, lo dejó muy claro Arnaldo Otegi: Presos por presupuestos. Para el Partido Socialista y la extrema izquierda de este Congreso, su único y pobre argumento hoy, ante esta iniciativa de Unión del Pueblo Navarro, será la descalificación gratuita, y, si no, ya lo comprobarán. Pero, señorías, en una democracia no pueden ganar el terror y el horror; no pueden perder la convivencia los menores y los jóvenes de nuestro país. Nosotros nos vamos a quedar con la conciencia muy tranquila porque nos hemos comprometido democrática, política y personalmente con la lucha contra la violencia y, en este caso concreto, contra el terrorismo, más aún cuando estos terroristas son incapaces de mostrar un arrepentimiento y colaborar con la justicia. Al debatirse esta iniciativa en el Parlamento, hubo dos informes: uno de la letrada mayor, que no cuestionaba su inconstitucionalidad, quizás, si acaso, el objetivo perseguido, y, por otro lado, el del Consejo de Navarra, que, sin ser unánime, además entraba en unas disquisiciones que no tenían ningún tipo de argumentación jurídica, incluso hablaba también de disquisiciones de trastornos psíquicos. Hoy, señorías, una vez más, hay que elegir entre víctimas o verdugos, entre protección de los menores o amparar a los terroristas. Y finalizo ya, señora presidenta, con un claro mensaje: Nosotros hoy, desde esta tribuna, queremos reprobar al alcalde de Pamplona, de Bildu, gracias a los votos también del Partido Socialista, porque hace unos días equiparaba vilmente el apoyar a los presos de ETA con hacerlo a un equipo de fútbol. Luego acusó de manipulación a los medios de comunicación y, posteriormente ya, cuando quiso pedir disculpas, lo hizo única y exclusivamente llamando al presidente del Alcoyano. Se olvidó de las víctimas del terrorismo y se olvidó también de los ciudadanos de Pamplona. Una ignominia más. Muchas gracias. .

Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

Arratsalde on guztioi. Señor Catalán, esta es la primera propuesta que usted trae a debate y votación en casi dos años y medio de legislatura. Esto. Nada sobre ayudar a las y los trabajadores de Navarra; nada sobre la industria navarra; nada sobre la vivienda ni sobre las infraestructuras; nada sobre el tejido económico ni sobre pensiones o salarios de los y las navarras; nada sobre nuestras competencias; nada que pueda ayudar o beneficiar mínimamente a la ciudadanía navarra. Lo primero que usted presenta en dos años y medio es para negar derechos y utilizar el comodín de ETA. Dicen ustedes defender a los y las navarras, pero no ha sido capaz de traer absolutamente nada que importe realmente a nuestra ciudadanía; ha preferido usted venir aquí a agitar sus fantasmas y sus obsesiones. Y, una vez más, demuestran que no son ustedes una fuerza política que piense y trabaje por los navarros y las navarras, que los representen, porque ya no defienden sus intereses, sino que se han convertido en una mera sucursal de sus socios, del PP y VOX. ¿Para esto ha quedado, señor Catalán, para ser una copia del PP y VOX? Fíjese si usted y su partido están ya tan alejados de la sociedad navarra y de sus necesidades, que lo que hoy presenta ya recibió el rechazo en el Parlamento navarro. Hacen caso omiso al navarrismo y foralismo que solían reivindicar. Desoyen lo que la mayoría de las fuerzas presentes en nuestro Parlamento decidieron hace un año. Y vuelven a presentar la misma proposición de ley aquí para buscar el aplauso de las extremas derechas españolas, una propuesta que ni ocupa ni preocupa a la sociedad navarra. Ante su incapacidad para promover y aprobar nada para nuestra sociedad, lo único que le queda es ruido, crispación y confrontación para lograr un titular ante una manifiesta incapacidad. No voy a compartir nada nuevo que ya mi compañera, Irati Jiménez, argumentara en el debate realizado en el Parlamento navarro en abril del año pasado para rechazar su propuesta. Usted sabe perfectamente, señor Catalán, que la legislación vigente ya contempla la inhabilitación penal como requisito para acceder a la Función pública. Sabe también que no existe un vacío legal, a pesar de que usted mienta para poder sostener lo que plantea; lo que realmente existe es una interpretación interesada por parte de UPN para limitar derechos utilizando la excepcionalidad. Y le digo que, afortunadamente, la época de la excepcionalidad ha sido superada gracias a la exigencia y el camino recorrido por la mayoría de nuestra sociedad, a pesar de que ustedes sigan mostrando una actitud de negación de esta y sean un agente obstruccionista para seguir avanzando. Señor Catalán, no nos lleven a épocas pasadas. El propio Consejo de Navarra, en su informe respecto a esta cuestión que trae hoy aquí, ya rechazó la posibilidad de tomar estas medidas por ser contrarias a la normativa vigente. Además, afirmó que existen otras medidas para garantizar el fin, que dificultaría la reinserción de las personas que han cumplido condena, que no alcanza las cuotas de gravedad que comportan los delitos de carácter sexual o abuso sobre el menor, que producen un efecto traumático sobre las víctimas. Es más, la propia Constitución que ustedes tanto elogian y la propia ley penitenciaria que ustedes tanto defienden reconocen el derecho a la reinserción social y establecen que no se puede castigar de por vida a las personas que hayan cumplido ya su condena, porque, sí, recuperan sus derechos civiles y políticos. Por ello, no se puede convertir una pena temporal en una inhabilitación perpetua encubierta, porque esto simplemente iría en contra de los propios objetivos de reinserción social que ahora ustedes quieren conceder o negar a la carta, según les parezca a las señorías de UPN. Pero a ustedes no les importa nada de esto, porque su objetivo no es ni siquiera poder aprobar esta propuesta, sino seguir alimentando la confrontación, la crispación, el odio y la venganza para así intentar frenar el camino del reconocimiento y de la convivencia por el que la ciudadanía navarra hace ya tiempo que apostó. Como les dijimos en su día, defender lo que plantea esta proposición de ley es una decisión política que impone un marco punitivo que promueve la lógica de la venganza y del rencor. Nosotras apostamos por seguir trabajando en favor de la convivencia, abriendo caminos y espacios que favorezcan ese fin, siendo conscientes del imperativo que supone en nuestro hacer político la defensa de un marco que blinde el respeto de todos los derechos a todas las personas. Esta es nuestra convicción, y ningún intento ni provocación como la de hoy van a hacer que nos desviemos de ella. De seguir por este camino, señor Catalán, no tenemos duda de que será la propia ciudadanía navarra la que les deje a ustedes y a sus obsesiones atrás. Mila esker. .

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Presidenta, senyories, molt bona tarda. En primer lloc, voldria parlar d’aquest terrorisme a l’espanyola, del qual aquesta iniciativa que avui tractem és una derivada més. Mirin, ni terrorisme a la carta, ni lliçons de democràcia, ni de cap partit, ni de cap instància espanyola, perquè són vostès, als dos costats d’aquest hemicicle, i els aplicadors a les instàncies judicials, els responsables d’aquesta versió retorçada i perversa de terrorisme del Codi Penal, on cap tot i ho abasta tot. Un terrorisme a l’espanyola que sí que principalment es deu al Partit Popular i a la seva majoria absoluta de l’any 2015, i que ha estat acollit amb entusiasme per la judicatura més escorada a la dreta, però que l’esquerra espanyola ha donat sistemàticament per bo. Des de 2018 que hi ha una majoria alternativa. I el PSOE, que tant s’omple la boca amb drets i llibertats, no ha volgut mai ni parlar de revertir-lo. I no només això, sinó que tant jutges com fiscals suposadament progressistes, i també el mateix PSOE, des dels ministeris del seu Govern, l’han utilitzat quan els ha convingut, sempre per perseguir-nos a nosaltres, els independentistes catalans, i a tots aquells que no opinen com ells creuen que haurien d’opinar. Mirin, tothom sap què és terrorisme. Terrorisme és matar civils per terroritzar una població. Terrorisme són les greus violacions dels drets humans descrites a l’article 3 de la Directiva europea 2017/541. Terrorisme era ETA. Terrorisme va ser l’11M. Terrorisme van ser els atemptats del 17A, uns atemptats que no van ser investigats en seu parlamentària fins que Junts no va forçar la comissió d’investigació del 17A. I tothom sap també què no és terrorisme. No és terrorisme el legítim exercici dels drets de protesta i de manifestació. I tampoc ho són accions de protesta més radicals, com tallar una carretera o cremar contenidors o conductes que fins i tot puguin arribar a constituir altres delictes, com els desordres públics. No és terrorisme Urquinaona. No són terroristes els CDR del 23S, l’Operació Judes. No és terrorisme Tsunami Democràtic, que, per cert, és un exemple de no-violència activa. I, tot i això, desenes de persones han estat acusades falsament i perseguides pel terrorisme. En definitiva, no és terrorisme tot el que porta aquesta etiqueta al Codi Penal espanyol. I encara ho és menys tot al qual alguns jutges i fiscals espanyols han considerat que se li podia penjar aquesta etiqueta, sempre, sempre de forma instrumental, per immediatament activar protocols antiterroristes i aplicar un règim repressiu sense controls que va de la presó preventiva i els escorcolls i espionatge fins a la pèrdua de drets polítics. El terrorisme a l’espanyola no és dret penal, és arbitrarietat disfressada de llei que només té un objectiu: perseguir l’adversari polític i criminalitzar projectes polítics sencers. Durant anys, el moviment independentista ha estat perseguit amb l’espantall del dret penal. S’ha volgut fer passar un conflicte polític per un simple episodi delictiu que s’havia de resoldre amb presó i inhabilitacions. Una estratègia deliberada, reforçada amb les reformes penals del 2015 i que ha acabat resultant en un estat d’excepció penal permanent. Primer, amb el cop d’estat i la rebel·lió; ara, amb la malversació i, durant molts anys, amb trames russes inventades i falses acusacions de terrorisme. El marc mental de l’opressor que alguns incauts van comprar per ràbia i que suposem a cambio de mucho. I tota aquesta gran farsa de l’Estat espanyol que es va inventar sobre el terrorisme la vam desmuntar nosaltres. L’hem desmuntat Junts per Catalunya quan els nostres set diputats han estat decisius. Va ser l’any 2023, després de cinc anys d’estar al Govern i, precisament arran de constituir aquesta mesa, que vam obligar el PSOE a treure’ns de la directiva de terrorisme i a deixar de posar-nos a les llistes terroristes de l’Europol. I va ser l’any 2024 que es va aprovar la Llei d’Amnistia, curiosament enmig d’un revival d’acusacions de terrorisme que buscaven atemorir-nos, però que naturalment no ho van aconseguir. Per si no ho recorden, en el cas de Tsunami Democràtic, desenes de persones, moltes d’elles anònimes, van ser acusades de terrorisme, i també ho van ser noms més coneguts, com el president Puigdemont, el seu cap d’oficina, Josep Lluís Alay; la secretària general d’Esquerra, la senyora Marta Rovira; el senyor Xavier Vendrell, Oriol Soler, Marta Molina, Ruben Wagensberg, Jesús Rodríguez, etc. Desenes de persones que fàcilment haurien passat a ser centenars i que avui estarien en mans de fiscals motivats i dels Aguirres y Garcías Castellons de torn, si Junts per Catalunya no hagués bloquejat la Llei d’Amnistia fake el 30 de gener de 2024. Una llei que alguns deien que era robusta, però que en realitat era un colador per al terrorisme a l’espanyola. Vam forçar una segona volta, vam aguantar insults i mentides, i vam obligar el ministre Bolaños i el Govern socialista a aprovar una llei d’amnistia que no volien, una llei d’amnistia que no deixa ningú enrere i que posa punt final a l’ús polític del terrorisme a l’espanyola. I saben què ha dit l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Dean Spielmann, en les seves conclusions del passat novembre? Doncs que la Llei d’Amnistia compleix els requisits jurisprudencials, perquè no inclou violacions greus de drets humans. La Llei d’Amnistia forçada per Junts per Catalunya ha deixat en evidència la bombolla judicial, política i mediàtica espanyola. Per tant, com podran entendre, des de l’independentisme democràtic dels drets i les llibertats, estarem sempre en contra de tota iniciativa que suposi una persecució ideològica i una inhabilitació social que, en realitat, és una forma de venjança inacceptable en un estat de dret. Com ho és, per cert, l’exili del president Puigdemont o la inhabilitació política i la inhabilitació professional, precisament per fer de professor, del senyor Oriol Junqueras. Mirin, l’Estatut del treballador públic ja preveu el requisit de no estar inhabilitat per sentència per accedir a l’ocupació pública. Qualsevol altre invent suposa vulnerar els principis de reinserció i de proporcionalitat, i més si el que es pretén és una inhabilitació automàtica i indiscriminada, sense tenir en compte la gravetat i les circumstàncies de cada cas, i, a més a més, indefinida, una inhabilitació indefinida de per vida. Finalment, com ja és evident per la simple lectura del text, la proposta presentada suposa un bis in idem de manual. Una sanció administrativa que se suma a la condemna penal, inacceptable en tot estat de dret. Per això, no trobareu mai Junts per Catalunya donant suport a l’ús instrumental del dret penal, ni a cap ocurrència derivada d’aquest ús instrumental del dret penal. Moltes gràcies. Presidenta, señorías, muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría hablar de este terrorismo a la española, del que esta iniciativa que hoy tratamos es una derivada más. Miren, ni terrorismo a la carta ni lecciones de democracia de ningún partido ni de ninguna instancia española, porque ustedes, las dos partes de este hemiciclo y los aplicadores de esta versión y los aplicadores en las instancias judiciales, son los responsables de esta versión retorcida y perversa de terrorismo del Código Penal, donde cabe todo y donde se abarca todo. Un terrorismo a la española que, sí, principalmente se debe al Partido Popular y a su mayoría absoluta del año 2015 y que ha sido acogido con entusiasmo por la judicatura más a la derecha, pero que la izquierda española también ha dado por bueno sistemáticamente. Desde 2018 tenemos una mayoría alternativa, y el PSOE, que tanto se llena la boca con derechos y libertades, no ha querido nunca ni hablar de revertirlo. Y, no solo eso, sino que tanto jueces como fiscales supuestamente progresistas y también el mismo PSOE desde los ministerios de su Gobierno lo han utilizado cuando les ha convenido, siempre para perseguirnos a nosotros, los independentistas catalanes, y a todos aquellos que no opinan como ellos creen que deberían opinar. Todo el mundo sabe lo que es el terrorismo. El terrorismo es matar a civiles para aterrorizar a una población; el terrorismo son las graves violaciones de los derechos humanos descritas en el artículo 3 de la Directiva Europea 2017/541; el terrorismo era ETA; el terrorismo fue el 11M; el terrorismo fueron los atentados del 17A, unos atentados que no fueron investigados en sede parlamentaria hasta que Junts no forzó la comisión de investigación del 17A. Y todo el mundo sabe también que no es terrorismo el legítimo ejercicio de los derechos de protesta y manifestación y tampoco lo son las acciones de protestas más radicales, como cortar una carretera, quemar contenedores o conductas que incluso puedan llegar a constituir otros delitos, como los desórdenes públicos. No es terrorismo Urquinaona; no son terroristas los CDR del 23S, de la operación Judas; no es terrorismo el Tsunami Democràtic, que, por cierto, es un ejemplo de no violencia activa. Y, a pesar de todo, decenas de personas han sido acusadas falsamente y perseguidas por terrorismo. En definitiva, no es terrorismo todo lo que lleva esta etiqueta en el Código Penal español y aún lo es menos todo a lo que algunos jueces y fiscales españoles han considerado que se le podía colgar esa etiqueta, siempre siempre de forma instrumental para inmediatamente activar protocolos antiterroristas y aplicar un régimen represivo sin controles, que va desde la prisión preventiva y el espionaje hasta la pérdida de derechos políticos. El terrorismo a la española no es derecho penal; es arbitrariedad, disfrazada de ley, que solo tiene un objetivo: perseguir al adversario político y criminalizar los proyectos políticos por entero. Durante años el Gobierno independentista ha sido perseguido con el derecho penal. Se ha querido hacer pasar un conflicto político por un simple episodio delictivo que se tenía que resolver con prisión e inhabilitaciones; una estrategia deliberada, reforzada con las reformas penales de 2015, que ha acabado resultando un estado de excepción penal permanente: primero con el golpe de Estado y la rebelión, ahora con la malversación y durante muchos años con tramas rusas inventadas y falsas acusaciones de terrorismo. Es el marco mental del opresor, que algunos incautos compramos por rabia y suponemos que a cambio de mucho. Y toda esta gran farsa del Estado español que se inventó sobre el terrorismo la desmontamos nosotros; la ha desmontado Junts per Catalunya cuando nuestros siete diputados han sido decisivos. Fue en 2023, después de estar cinco años en el Gobierno y precisamente a raíz de constituir esta Mesa, cuando obligamos al PSOE a sacarnos de la directiva de terrorismo y a dejar de ponernos en las listas terroristas de Europol. Y fue en 2024 cuando se aprobó la ley de amnistía, curiosamente, en medio de un revival de acusaciones de terrorismo que buscaban darnos miedo, pero no lo consiguieron. Y, por si no lo recuerdan, en el caso del Tsunami Democràtic, decenas de personas, muchas de ellas anónimas, fueron acusadas de terrorismo, como también otras más conocidos, como el presidente Puigdemont, o su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, o la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, o los señores Xavier Vendrell, Oriol Soler, Marta Molina, Rubén Wagensberg, Jesús Rodríguez, etcétera; decenas de personas, que fácilmente hubieran pasado a sumar centenares, que hoy estarían en manos de fiscales motivados y los Aguirre y los García-Castellón de turno si Junts per Catalunya no hubiera bloqueado la ley de amnistía fake el 30 de enero de 2024, una ley que algunos decían que era robusta pero que, en realidad, era un colador para el terrorismo a la española. Forzaron una segunda vuelta, aguantamos insultos y mentiras y obligamos al ministro Bolaños y al Gobierno socialista a aprobar una ley de amnistía que no querían, una ley de amnistía que no deja a nadie atrás y pone punto final al uso político del terrorismo a la española. ¿Y saben qué ha dicho el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dean Spielmann, en sus conclusiones del pasado noviembre? Dice que la ley de amnistía cumple los requisitos jurisprudenciales, porque no incluye violaciones graves de derechos humanos. La ley de amnistía forzada por Junts per Catalunya ha dejado en evidencia la burbuja judicial, política y mediática española. Por tanto, como podrán entender, desde el independentismo democrático de los derechos y las libertades, siempre estaremos en contra de toda iniciativa que suponga una persecución ideológica y una inhabilitación social, que, en realidad, es una forma de venganza inaceptable en un Estado de derecho, como lo es, por cierto, el exilio del president Puigdemont o la inhabilitación política y la inhabilitación profesional, precisamente para hacer de profesor, del señor Oriol Junqueras. El Estatuto del Empleado Público ya prevé el requisito de no estar inhabilitado por sentencia para acceder a la ocupación pública. Cualquier otro invento supone vulnerar los principios de reinserción y proporcionalidad, y máxime si lo que se pretende es una inhabilitación automática e indiscriminada, sin tener en cuenta la gravedad y las circunstancias de cada caso, y además una inhabilitación indefinida, de por vida. Finalmente, como es evidente por la simple lectura del texto, la propuesta presentada supone un non bis in idem de manual, una sanción administrativa que se suma a la condena penal, inaceptable en todo Estado de derecho. Por eso no van a encontrar nunca a Junts per Catalunya dando apoyo al uso instrumental del derecho penal ni a ninguna ocurrencia derivada de este uso instrumental del derecho penal. Muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Bona tarda, diputats, diputades, presidenta. Gràcies. Egun on, boas tardes, buenas tardes. Gracias. Para hacer la prèvia, solo para que conste en acta, porque luego hay el diario de sesiones. Vull que quedi molt clar que no compro en absolut el relat fet pel company Pagès respecte de l’amnistia, i que, en tot cas, el que hem de dir sobre l’amnistia, més enllà del fet que vam perdre un mes, i més enllà que allò no va blindar res, ja estava blindat d’entrada, és que l’apliquin d’una punyetera vegada, perquè encara tenim exiliats, encara tenim gent inhabilitada, i la situació, per molt que diguin que s’ha normalitzat, s’haurà normalitzat en allò a què estem acostumats els catalans, i és que nosaltres no tenim dret, però els espanyols sí. És amb tot el que s’ha normalitzat, perquè, amb la resta, encara no. Per tant, afanyin-se, si us plau, perquè això entri en vigor o tingui vigència real d’una vegada. Ara vaig al tema que ens ocupa. I el tema que ens ocupa la veritat és que és bastant llastimós, perquè, com tots saben, tenim els ordres del dia una setmaneta abans de fer la intervenció i, quan des d’algú que pertany a la Comissió de la Funció Pública i Hisenda, veus que hi ha un comentari sobre…, o hi ha una proposició sobre l’Estatut bàsic de l›empleat públic i sobre la Llei general de subvencions, penses: «Calla, que algú se n’ha recordat!». Tenim pendents lo d’interins, tenim pendent un EBEP propi per als diferents territoris que tenen administracions públiques que estiguin vinculades les percepcions, per exemple, el cost de la vida de cadascun dels seus territoris. Tenim l’article 36.3, que impedeix una certa representativitat a les organitzacions sindicals de determinades administracions. I dius, ara posaran tot això damunt de la taula. Doncs no. Doncs no. Una autèntica decepció. Perquè tenia un sentit plantejar això, però sortir a aquestes alçades, quan l’últim atemptat d’ETA — ara m’ho he mirat— és del 2009, quan el 2011 va haver-hi el cese definitivo dels atemptats, quan es van dissoldre l’any dos mil… — ho tinc per aquí, no ho sé, fa molt de temps— l’any 2018, és, efectivament, efectivament, treure l’espantall del terrorismo de ETA. I sap què passa? Que a nosaltres ens concerneix relativament, però en qualsevol cas ens afecta per la pèrdua de drets que han explicat abans que es representa amb aquest Codi Penal de l’enemic que tenen els espanyols. Per tant, miri, seria més fàcil, i avui tenim una sessió on es demostra el que serà això com guanyin el PP, VOX i UPN, que, per cert, és la marca blanca, suposo, en aquell territori, perquè no li he sentit fer cap proposta vinculada amb Navarra, Nafarroa, però bé. Deia, tenim un petit tast del que vindrà. Aquesta primera proposició diu, a sensu contrario, que tots els que siguin docents o es dediquin al tracte amb infants tengan un certificado de que piensan bien, perquè a vostè el que li molesta en realitat és que tinguin professors que siguin independentistes o que siguin d’esquerres, o que siguin dissidents, o que siguin discrepants, que és el que ens acabarà passant. La discrepància, la dissidència, veure l’Estat d’una altra manera serà un delicte, i ens impedirà fer una vida civil amb drets. Doncs diguin-ho així. Recuperin l’antic certificado de buena conducta, en lloc de demanar un certificat de penals per gent que ja ha complert la seva pena. També li avanço, Yasser Arafat va acabar sent Premi Nobel de la Pau i era gran terrorista. Vostès no acabaran sent Premi Nobel de la Pau, perquè la seva capacitat de reconciliació és tendent a zero, o directament inexistent. Deia, i segueixo amb l’argumentari, no ens hi trobaran, no ens hi trobaran perquè, efectivament, hi ha més pensament crític entre els docents que entre gran part de la resta de la societat, que per això són docents, que per això volen ensenyar a menors. Però és que, a més a més, vostès ho prediquen fins i tot d’aquells que acompanyen al menjador. És a dir, de qualsevol que es relacioni amb menors. Doncs miri, ja que utilitzen el dret penal de l’enemic sistemàticament contra independentistes i gent d’esquerres, facin per favor l’esforç de fer-ho dintre de la seva pròpia legislació, que ja preveu inhabilitacions que s’estan aplicant i que ja preveu penes accessòries a la condemna que segurament els encantaran. Però saben què passa? Que és que sempre es passen de frenada. Sempre es passen de frenada. Si el que volen és que sapiguem cap a on va l’horitzó legislatiu d’aquest Estat, tranquils, perquè ja hem pres nota. Si el que volen és que ningú que dissenteixi d’aquesta «una, grande y libre» es dediqui a cap de les professions vinculades amb l’ensenyament, ho sento, però van molt errats. Perquè a l’ensenyament és on es creen les persones formades amb capacitat crítica, amb capacitat d’analitzar el món, amb capacitat d’aprendre, d’investigar, de crear, de transformar. I això surt, això surt de l’ensenyament en la crítica, de l’ensenyament en la discussió, de l’ensenyament en la dissensió, de l’ensenyament en la contradicció entre les diferents maneres de veure el món. Jo…, vol que li digui una cosa? Jo a qui potser no deixaria ensenyar a alumnes és a gent provinent del món de la guerra o a gent que maltractat animals. Però això aquí no ho ha posat. Igual que no ha posat el maltractament, que deia abans, de tipus familiar, tampoc no hi és. Aquí potser ens hi trobaríem, tot i que no, perquè el populisme punitiu no és lo nostre, és contra el que combatem. Però, per acabar, vull dir que em sembla lamentable que aquesta sigui la seva aportació. Em sembla lamentable que treguin aquest pamflet en un moment en què aquest problema no existeix, i el que sí que existeix són les acusacions no fonamentades de terrorisme per gent que el que ha fet com a màxim és defensar una urna, tallar una carretera o voler votar. Sí, doncs si això és terrorisme, som terroristes. I si això consideren que ens incapacita per ensenyar joves, bé, doncs ens trauran de l›escola, i ens trauran del carrer, i al final suposo que ens acabaran traient de casa. Però que tothom sàpiga que segons quins vots és això el que aconseguiran, que marques blanques posin al centre del debat solucions per a problemes inexistents o directament censura, repressió i separació de la funció pública. Fa pena, molta pena. Presidenta, muchas gracias. Buenas tardes, diputados y diputadas. Egun on, boas tardes, buenas tardes. Para hacer la previa, solo para que conste en acta, porque luego hay Diario de Sesiones, quiero que quede claro que no compro, en absoluto, el regalito hecho por el colega Pagès en cuanto a la amnistía, y, en todo caso, lo que hay que decir al respecto ―más allá de que perdimos un mes y más, dado que ya estaba blindado de entrada― es que la apliquen de una puñetera vez, porque aún tenemos exiliados y a gente inhabilitada, y la situación, por más que digan, no se ha normalizado. Se habrá normalizado en lo que estamos acostumbrados los catalanes, y es que nosotros no tenemos derecho, pero los españoles sí; eso es en todo lo que se ha normalizado, porque en el resto aún no. Por tanto, dense prisa, por favor, para que esto entre en vigor o tenga vigencia real de una vez. Ahora voy al tema que nos ocupa. Y la verdad es que es bastante penoso, porque, como todos saben, lo tenemos en el orden del día una semanita antes de hacer la intervención, y cuando ves que hay un comentario o una propuesta sobre el Estatuto Básico del Empleado Público y sobre la Ley General de Subvenciones de alguien que pertenece a la Comisión de Hacienda y Función Pública, piensas: ¡calla, que alguien se ha acordado! Tenemos pendiente lo de los interinos, tenemos pendiente un sistema propio para los territorios que tienen Administraciones públicas que esté vinculado, por ejemplo, en cuanto a las percepciones respecto al coste de la vida en cada uno de los territorios, y tenemos el artículo 36.3, que impide una cierta representatividad en las organizaciones sindicales de determinadas Administraciones, y dices: ahora vamos a poner todo esto sobre la mesa. Pues no. Es una auténtica decepción, porque tenía sentido plantear eso, pero, a estas alturas, cuando el último atentado de ETA ―ahora lo acabo de ver― es de 2009, cuando en 2011 hubo un cese definitivo de los atentados y hace ya mucho tiempo que se disolvieron, en el año 2018, efectivamente se trata de sacar otra vez aquí el terrorismo de ETA para asustarnos. Y a nosotros nos afecta relativamente, pero en todo caso nos afecta por la pérdida de derechos, como se ha explicado antes, que representa este Código Penal del enemigo que tienen los españoles. Por tanto, sería más fácil ―hoy tenemos una sesión en la que se demuestra lo que va a ser esto como ganen VOX, PP y UPN, que es la marca blanca de aquellos en este territorio, porque no tiene sentido hacer una propuesta vinculada con Navarra, o Nafarroa—, pero, como decía, contamos ya un pequeño avance de lo que vamos a tener, y esta propuesta, a contrario sensu, señala que todos los que sean docentes o se dediquen al trato con niños tengan un certificado de que piensan bien. En realidad, lo que a ustedes les molesta es que tengan profesores que sean independentistas o de izquierdas o disidentes o discrepantes. Y es lo que nos va a acabar pasando: la discrepancia, la disidencia, ver el Estado de otra forma será delito, y se nos va a impedir hacer una vida civil con derechos. Pues bien, díganlo así. Recuperen el antiguo certificado de buena conducta, en lugar de pedir un certificado de penales para gente que ya ha cumplido con su condena. Sí, también se lo adelanto, y ya sé que Arafat acabó siendo premio Nobel de la Paz, y fue un gran terrorista. En cambio, ustedes no van a ser nunca premio Nobel de la Paz, porque su capacidad de reconciliación es tendente a cero o inexistente directamente. Decía — y sigo con el argumentario— que no nos encontrarán, porque, efectivamente, hay más pensamiento crítico entre los docentes que entre gran parte del resto de la sociedad; y por eso son docentes, por eso quieren enseñar a los menores. Además, ustedes lo predican incluso de aquellos que acompañan en el comedor, es decir, de cualquier persona que se relacione con menores. Pero, ya que utilizan el derecho penal del enemigo sistemáticamente contra independentistas y gente de izquierdas, por favor, hagan el esfuerzo de hacerlo dentro de su propia legislación, que ya prevé inhabilitaciones que se están aplicando y penas accesorias a la condena que seguro que les van a encantar. ¿Pero saben qué pasa? Que siempre se pasan de frenada, siempre. Si lo que quieren es que sepamos hacia dónde va el horizonte legislativo de este Estado, tranquilos, porque hemos tomado nota. Pero, si lo que quieren es que nadie que disienta de esta «una, grande y libre» se dedique a alguna de las profesiones vinculadas con la enseñanza, lo siento, van muy equivocados, porque la enseñanza es donde se crea a las personas formadas con capacidad crítica, con capacidad de analizar el mundo, con capacidad de aprender, investigar, crear, transformar. Y eso sale de la enseñanza con crítica, en la discusión, sale de la enseñanza en la disensión, de la enseñanza en la contradicción entre las diferentes formas de ver el mundo. ¿Y quiere que le diga algo? Yo quizá a quien no dejaría enseñar a alumnos sería a gente procedente del mundo de la guerra o a gente que ha maltratado animales. Pero usted aquí no lo ha puesto, como tampoco el maltrato de tipo familiar que refería antes; tampoco esto aparece. Quizá ahí sí nos encontrarían; pero no, porque el populismo político no es lo nuestro, es contra lo que combatimos. Para acabar me gustaría decir que me parece lamentable que esta sea su aportación. Me parece lamentable que saquen este panfleto en un momento en que este problema no existe, y sí las acusaciones de terrorismo no fundamentadas por parte de gente que, como máximo, lo que ha hecho ha sido defender una urna, cortar una carretera o querer votar; sí, y, si eso es terrorismo, somos terrorismo. Y si consideran que esto incapacita para enseñar a los jóvenes, bueno, nos van a sacar de la escuela y nos van a sacar de la calle, y al final también nos acabarán sacando de casa, pero que todo el mundo sepa que según qué votos es eso lo que van a conseguir: que marcas blancas pongan en el centro del debate soluciones para problemas inexistentes, o directamente censura, represión y separación de la función pública. ¡Da pena! ¡Mucha pena! .

Engracia Rivera Arias SUMAR

Buenas tardes, señorías. . Quiero comenzar declarando el respeto más profundo y absoluto por las víctimas del terrorismo, por el dolor de las familias que ETA destrozó, por la herida abierta por el 11M y todas las víctimas del terrorismo yihadista. La memoria, la dignidad y la justicia son pilares de nuestra democracia. Deslegitimar la violencia es un deber ético, porque la democracia siempre es superior al terror, y por eso debemos defenderla con sus mejores herramientas: la ley y la proporcionalidad. Pero es ahí donde esta propuesta falla, en su encaje democrático. La proposición de ley que se presenta para su toma en consideración propone inhabilitar para ejercer la función pública o percibir subvenciones cuando esto conlleve trabajar con menores a cualquier condenado por el capítulo VII del título XXII del libro II del Código Penal. A nuestro entender, esta es una medida arbitraria, que no distingue la gravedad del hecho ni la peligrosidad real para los menores y mete en el mismo saco a un comando operativo terrorista, a un rapero condenado por la letra de una canción o a una joven por un chiste. Las modificaciones propuestas pueden considerarse manifiestamente desproporcionadas y que van en contra de la reinserción social a la que están orientadas las penas, al tiempo que obvia convenientemente que ya existe la inhabilitación especial para empleo público en el Código Penal. Esta proposición pretende que dicha inhabilitación sea permanente, automática y que se regule a través del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley General de Subvenciones, saltándose el control del Poder Judicial. En su exposición de motivos ya manifiesta claramente la pretensión de añadir un requisito de autoridad ética y moral al empleo público y la percepción de subvenciones públicas. Pero la Constitución, en su artículo 25.2, es muy clara: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la reeducación y la reinserción social. Si una persona ha cumplido su condena, ha saldado su deuda. Crear una inhabilitación de por vida es propio de regímenes para los que la democracia no es precisamente una inspiración. Esta proposición se sustenta en una supuesta falta de autoridad ética y moral. Y nosotras nos preguntamos: ¿Quién define esa ética y esa moral? ¿Un tribunal? ¿Un partido político? Al introducir estos criterios subjetivos para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Subvenciones y limitar el acceso al empleo público y a recursos públicos, están abriendo una puerta al abismo. Hoy pretende ser una herramienta supuestamente contra el terrorismo, pero mañana otro Gobierno podría alegar esa falta de idoneidad moral para purgar a empleadas públicas por sus ideas, y el Estado de Derecho existe para proteger también a quien no nos gusta cómo piensa. Y recuerdo al proponente y a sus previsibles apoyos que el derecho a la reinserción no es simplemente un ideal político-ético que oponer a sus posiciones punitivistas que inspiran esta proposición, sino un principio jurídico reconocido por nuestro sistema constitucional y, además, reforzado por el derecho europeo. . No se pueden igualar situaciones diferentes. En cualquier caso, para justificar esta medida vuelven a hablar de ETA, que está desarticulada desde hace casi quince años. Señor Catalán, ETA no existe. Convénzase: no existe. Rafael Alberti, insigne diputado de esta Cámara y poeta del pueblo, nos enseñó desde el exilio que la democracia es, ante todo, una mano abierta. Decía que la paz no es el olvido, pero tampoco un castigo. La paz no se construye sobre el olvido y el abandono de las víctimas, pero tampoco puede perseguir la venganza, que es lo que pretende su proposición. No vamos a olvidar a las víctimas del terrorismo ni el dolor de sus familiares, pero imponer estigmas de por vida a quien ya ha saldado su deuda con la ley es venganza y punitivismo: no es justicia. . Y, para la construcción de una sociedad democrática, así como para la construcción de la paz social, las personas demócratas no nos podemos apoyar sobre la venganza, sino sobre la capacidad de transformar a las personas y reinsertarlas. La proposición habla de la moralidad que debe tener el personal docente o el monitor o monitora escolar de tiempo libre, y resulta paradójico que al proponente le preocupe… (rumores.―La señora Rivera Arias se gira hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y muestra su camiseta en la que pone: «Cállese señoro». Y dice: Eso). …tanto la autoridad ética y moral de personas que ya cumplieron sus penas, cuando al mismo tiempo le preocupa tan poco la autoridad ética y moral de algunos que se sientan en este Congreso, en Parlamentos autonómicos y otras instituciones, con los que a menudo el proponente comparte criterio de voto y posicionamiento ideológico, porque, si hablamos de humillación a las víctimas, hay que hablar de todas las víctimas. Humillar a las víctimas es sentarse en este hemiciclo y negar la existencia de la violencia machista que deja huérfanos a menores. Se lo recuerdo y se lo refresco: a fecha de hoy llevamos trece mujeres asesinadas en 2026, y el contador asciende a 1356 desde el año 2003; mujeres asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Humillar a las víctimas es negar la represión de una dictadura franquista, sí, que tiene aún a miles de personas inocentes abandonadas en las cunetas. Humillar a las víctimas también es justificar guerras y negar genocidios. Esa ideología negacionista, retrógrada y cruel se pasea por este Congreso con total impunidad, legisla, y no son inhabilitados para ejercer cargo público por su falta de idoneidad moral; y la tienen. Pero, si el negacionismo de quienes desprecian los derechos de las mujeres o la memoria de las represaliadas no les impide a algunos ser diputados y diputadas en este Congreso y decidir el futuro de este país, no pretendan imponer controles de moralidad y ética a las personas docentes y trabajadoras que cuidan de nuestras hijas. . La autoridad moral no se trocea. No se puede pedir pureza ética para un empleo público o para solicitar una subvención mientras que en el Congreso se sientan quienes humillan a las víctimas del machismo y del franquismo y quienes defienden y apoyan la guerra. La democracia y una sociedad sana no necesitan de listas negras ni de más punitivismo; necesitan coherencia, respeto a los derechos fundamentales de las personas y, sobre todo, menos hipocresía. Muchas gracias. .

Carlos Flores Juberías VOX

Con la venia, señora presidenta. Me han traído un vaso de agua, pero yo casi preferiría un vaso de veneno. Después de haber visto a una diputada subirse a la tribuna de oradores a defender la libertad de expresión con una camiseta en la que ponía «Cállese señoro» (la señora Rivera Arias, desde su escaño, señala al señor Flores Juberías), sin que la señora presidenta de la Cámara haya considerado oportuno aplicarle el artículo 103.1 del Reglamento, que apela al decoro de la Cámara, casi preferiría beberme un vaso de cicuta. . Estoy seguro, señor Catalán, de que usted lo sabe mejor que ningún otro diputado de esta Cámara, pero tal vez los miles de navarros que votaron por su partido, los cientos de miles de vascos que se habrán sentido identificados con sus palabras y los millones de españoles a los que representamos en esta Cámara sí necesitan que se lo hagamos patente con absoluta claridad: no hallará otro partido en esta Cámara que se sienta más identificado que este del que soy portavoz con la tesis de que deslegitimar el terrorismo y la violencia que ETA ejerció durante décadas es un elemento esencial para promover la convivencia pacífica, la memoria y los derechos humanos de la sociedad española. No podía ser de otra manera, siendo como es VOX el partido de José Antonio Ortega Lara, 532 días secuestrado por la banda terrorista ETA en un zulo de 2,5 por 1,8 metros; el partido de Santiago Abascal, tres generaciones y él mismo desde los 18 años en el punto de mira de ETA; el partido de Ana María Velasco, hija de un comandante de caballería asesinado unos instantes después de que la dejase en el colegio; el partido de Toni Salvá, cuyo hijo fue víctima del último atentado de ETA en Palma; el partido de Francisco José Alcaraz, hermano de un guardia civil y tío de dos niñas de 3 años, víctimas los tres en el salvaje atentado de la casa cuartel de Zaragoza. . Tampoco existe en esta Cámara, señor Catalán, otro partido más convencido que este al que represento de que resulta absolutamente necesario que los niños y los jóvenes sean conscientes de la sinrazón y el sufrimiento que causa el terrorismo y de que los centros educativos promuevan los valores de paz, democracia, respeto a los derechos humanos y rechazo a la violencia. No es algo que le diga por halagar sus oídos. Desde su llegada a esta Cámara VOX no ha dejado de promover iniciativa tras iniciativa encaminadas a combatir el terrorismo, a deslegitimar política y socialmente a quienes en su día lo practicaron y ahora lo justifican, a reconocer, dignificar, apoyar y proteger a las víctimas y a concienciar a la sociedad española de que para que esta lacra no se vuelva a producir lo mejor es que no caiga en el olvido. En la pasada legislatura lo hicimos formalizando proposiciones no de ley exigiendo la articulación de mecanismos jurídicos para evitar el enaltecimiento público de terroristas para prevenir la humillación de las víctimas, para instar al Gobierno a prohibir los actos que entrañen enaltecimiento del terrorismo o justificación de los delitos de los terroristas o que conlleven el descrédito y la humillación de las víctimas y sus familiares. Reclamamos el mantenimiento de la política de dispersión de los presos de ETA y repudiamos el uso de los beneficios penitenciarios como moneda de cambio para la formación de gobiernos. Demandamos que todas las Administraciones públicas utilizasen en sus comunicaciones públicas un lenguaje claro y nítido, que no dejase la más mínima sombra de duda respecto a que ETA fue una organización terrorista. Y en la presente legislatura hemos formalizado proposiciones no de ley para otorgar la condición de crimen de lesa humanidad al terrorismo, para declarar la inmigración ilegal de interés para la seguridad nacional, para incorporar a la lista de organizaciones terroristas de Europol a varias organizaciones todavía operativas y claramente incardinables en el fenómeno terrorista y para rendir homenaje público a las sucesivas víctimas de ETA, el Grapo y el FRAP. Y sí, señores, también para interesar la ilegalización de la coalición EH Bildu por su manifiesta identificación con los objetivos y la estrategia de aquella banda armada. . Por ende, tampoco encontrará en esta Cámara, señor Catalán, otro partido más persuadido que este en cuyo nombre hablo de que un pasado vinculado a acciones terroristas debe inhabilitar moral y éticamente para impartir docencia y ser responsable del desarrollo educativo de niños y jóvenes. Y, puesto que, si los educadores y las personas que trabajan con menores deben de ser, deben tener la necesaria autoridad ética y moral, no es ni lógico ni conforme con los valores democráticos apoyar con fondos públicos la realización de estas tareas por personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo. Es por eso por lo que VOX acoge con el máximo interés la iniciativa que Unión del Pueblo Navarro trae hoy a esta Cámara. No le ocultaré que su redacción nos suscita alguna que otra duda. No estamos del todo seguros desde que el concepto de actividades con menores esté acotado, de manera que haga descartable el riesgo de inseguridad jurídica. Nos preocupa que, ubicando el filtro del control en el acceso al empleo público, sea posible evadirlo trasladándose de puesto de trabajo una vez que se hubiese accedido. Nos preocupa cómo podemos organizar el intercambio de información con aquellos países que no intercambian información con nosotros. Estamos convencidos de que la norma debería de alcanzar no solo al terrorismo de ETA y al de orientación islamista, sino también al de las bandas autodenominadas antifascistas: el viejo terrorismo comunista de siempre revivido en los últimos años, jaleado desde algunos bancos de este hemiciclo y generosamente indultado por el Gobierno del PSOE. . Varios de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra — y estoy seguro de que incluso con más vehemencia el Grupo Socialista, que va a seguirme en el uso de la palabra— han señalado que esta medida constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y el derecho a la educación. Se lo diré con palabras de la que fuera primera ministra británica, Theresa May, con ocasión de la adopción de medidas en su país para la prohibición de discursos en favor del terrorismo en los campus universitarios hace ya más de una década: Estamos inmersos en una lucha que se prolongará durante muchos años y la amenaza que enfrentamos ahora es quizás mayor que nunca: debemos contar con los poderes necesarios para defendernos. Para defendernos de personas como Miriam Sebbagh, maestra de primaria en Durham, Inglaterra, expulsada de la enseñanza después de que enviara miles de libras esterlinas a una organización terrorista que promovía la yihad; como Jamshed Javeed, profesor de Química en una escuela de Bolton, también en Inglaterra, expulsado de la enseñanza después de que hubiera tratado de unirse al grupo terrorista Estado Islámico; como Khalid, profesor de Matemáticas en Nancy, Francia, expulsado de la enseñanza después de que hiciera apología de la voluntad, la convicción y el ilimitado coraje de los talibanes, o, cómo no, José Javier Oses, el Jotas, condenado a ocho años de prisión por pertenencia al aparato logístico de la banda terrorista ETA, pero contratado hace unos meses como profesor en un instituto de enseñanza secundaria de Tudela. Señorías, esta legislación es mucho más importante de lo que parece porque está llamada no solo a evitar situaciones tan bochornosas como las que acabo de describir, sino también a lanzar un mensaje claro y a fijar un estándar ético para las generaciones futuras: el terrorismo es el mal y quien lo practique, lo predique o lo justifique no puede permanecer un solo minuto cerca de nuestros hijos. La intención, señorías, de esta propuesta es recta, su redacción es adecuada, su oportunidad es indiscutible, su operatividad es sencilla, sus destinatarios la esperan y la sociedad española la exige. Solo falta que esta tarde sus señorías estén a la altura de ese estándar ético. Con veintiún niños asesinados y más de cien heridos en el sanguinario historial de ETA, no hay otra respuesta posible. Queremos a los terroristas lejos de nuestras calles y mucho más lejos todavía de nuestros hijos. .

Adriana Maldonado López PSN-PSOE

Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señorías, señoras diputadas, señores diputados. Yo traía una intervención preparada con un inicio, pero el señor Catalán me sigue sorprendiendo a estas alturas de la legislatura por la moralidad con la que viene aquí a hablar y se sube a esta tribuna haciéndose el único adalid de más de las ochocientas víctimas de ETA. Usted acaba de hablar del Partido Socialista, que tiene muchas víctimas en sus filas, en nuestras filas. Ha venido aquí a menospreciar a un partido con más de 146 años de historia. . Por tanto, me va a permitir que empiece así. Soy una política que ha nacido en una generación totalmente diferente a la suya. Usted sí sufrió y convivió con la violencia de ETA, pero la generación de políticos y políticas que yo represento ―simplemente por la edad que tengo― no sabe lo que es convivir con ETA: no sabemos lo que es mirar debajo del coche para ver si hay una bomba lapa y no sabemos lo que es llevar escolta, señorías del Partido Popular. Pero me suscitan tanto respeto las víctimas y el dolor que la banda terrorista ETA dejó en mi tierra que no se lo voy a tolerar a usted ni ética ni moralmente, siendo de la generación política que sea. . Antes de entrar en el contenido de la proposición de ley, también quiero hacer una matización al señor de VOX que acaba de intervenir. Usted ha dicho que apoya la proposición que ha presentado Unión del Pueblo Navarro. Pues yo le diré que, si usted la apoya, posiblemente usted hoy no podría ser profesor. . Sabe usted a qué me refiero. Como no tengo mucho tiempo, entro en el contenido técnico de la ley. Señor Catalán, también me sorprende que técnicamente la proposición esté mal ejecutada. ¿Usted cree en la Constitución? ¿Usted cree realmente en el artículo 25.2 de la Constitución, que habla del derecho a la reinserción? ¿Cree Unión del Pueblo Navarro en la reinserción o no? Porque este es el fundamento en el que se basa esa proposición no de ley. No voy a hablar técnicamente de los principios ―no compartimos muchos de ellos en la redacción―, pero le voy a aclarar una cosa que sí compartimos: a usted y a mí no nos hace ninguna gracia que un exetarra sea profesor de un instituto público en Tudela. Lo compartimos. ¿Sabe la diferencia entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista? ¿Sabe la diferencia entre la bancada del señor del Grupo Popular que vendrá después de mi intervención? Que nosotros creemos en la justicia, en una sociedad en la que la reinserción tiene cabida y en una sociedad en la que realmente cabemos todos y ustedes solamente creen en una sociedad donde caben los que piensan como ustedes, en el siglo XXI, en el año 2026. . Unión del Pueblo Navarro no ha cambiado ni se ha amoldado a la situación social y demográfica que vive nuestra sociedad navarra y la sociedad española. Si tan convencidos están de que su verdad es la absoluta, me pregunto qué han hecho Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular cuando han estado en el Gobierno de Navarra durante más de veinte años. Ustedes no pudieron hacer nada porque saben que es anticonstitucional, que va en contra del Código Penal y que no pueden modificarlo. De hecho, la señora García Malo ―antes era de Unión del Pueblo Navarro y ahora se ha ido al Partido Popular en Navarra― en aquel momento no hizo nada como consejera ni en las direcciones generales de Educación. ¿Saben lo que le hicieron al Gobierno de Navarra cuando hubo sentencias firmes? Algunos exetarras tuvieron que ser readmitidos en la función pública. Miren, independientemente del pasado, está claro que ustedes y nosotros tenemos muchas diferencias. Una de ellas es cómo trabajamos para lograr esa convivencia. Hace quince años ETA dejó de matar gracias al consenso político de toda esta Cámara, de la mayoría del arco parlamentario ; gracias a personas como José Luis Rodríguez Zapatero, Patxi López y Jesús Eguiguren y gracias a personas que estaban en su partido político y en otras bancadas. . Asimismo, el Partido Socialista se diferencia del resto de partidos en que somos capaces de reconocer las bondades de los adversarios políticos: en los momentos complicados hemos estado a la altura de nuestro Estado, de nuestra ciudadanía y de lo que se nos pide. Con esta proposición de ley usted viene aquí a hablar de pasado, no del futuro. Navarra, el País Vasco y España en su conjunto, le pese a la ultraderecha o a quien le pese, están trabajando en una política de la posviolencia. Usted sabe perfectamente lo que es la posviolencia: hablar de convivencia, de memoria, de paz y de un futuro en el que cabemos todos, no solamente los que ustedes quieren. . Me hace recordar que, entonces, en la España de otros, la del pasado, la España que VOX defiende y al que ustedes apoyan tanto en Madrid como en Navarra, no hubieran tenido cabida las Trece Rosas, por ejemplo. El franquismo, el terrorismo yihadista y la violencia de ETA, que ha matado a más de ochocientos españoles, la gran mayoría navarros y vascos, ¿sabe lo que hacen? Dividir a la sociedad. El Partido Socialista ha demostrado desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno que está a esto y a otras cosas. Sí, en Navarra apostamos por la convivencia, por el diálogo, por una Navarra que mira al futuro y por una convivencia de la sociedad en su conjunto. . Usted sabe igual que yo que posiblemente seamos la comunidad autónoma más diversa y plural. Le vuelvo a recordar, señor Catalán, que se lo dice alguien que no le habla desde la altura moral, sino alguien que cree que la generación que ha vivido cuando ETA mataba y la generación que, por suerte, ha vivido cuando ya no mata tienen que ser capaces de dialogar y de llegar a acuerdos. Usted solo trae aquí una mirada al pasado, legislar desde odio, pero el Partido Socialista nunca va a legislar desde el odio, sino desde la paz, desde la memoria, desde la convivencia y por la ampliación de derechos , porque para todo eso nos fundamos hace más de 140 años. No vamos a mirar atrás. Todo el que quiera mirar al futuro que apueste por el Partido Socialista y todo el que quiera mirar al pasado que mire a Unión del Pueblo Navarro. Muchas gracias. .

Carlos García Adanero PP

Muchas gracias, señor vicepresidente. Señora portavoz del Grupo Socialista, ¿sabe lo que nos diferencia? Que nosotros no debemos nada a Bildu y ustedes le deben la Presidencia del Gobierno de España y la Presidencia del Gobierno de Navarra. . Nada más y nada menos. Eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que les ha hecho cambiar. ¿De verdad que a los que han hablado aquí les parece normal que te hayas pasado mucho más de media vida amenazado y mirando debajo de un coche y que lleves a tus hijos al colegio y les dé clase el que te iba a matar, el que te ha matado o el que escondió al que te mató o te quería matar? ¿Les parece normal eso? . Pero ¿cómo se puede defender eso? ¿Cómo alguien con dos dedos de frente puede defender que un terrorista dé clase, sobre todo a gente que ha sido su víctima? ¿Cómo pueden defender eso? Es indefendible. Y Bildu sale diciendo lo que ha dicho. Así están. Están encantados de la vida. Ustedes les han hecho que estén encantados de la vida porque no han tenido que renunciar a nada. Aquí se dice mucho: ETA ya no existe, ETA desapareció. ¡Ojo!, que escuchar a Rodríguez Zapatero dándose besos dialécticos con Bildu en el Senado de España hizo que muchos no pasáramos el mejor momento. Ver eso fue indignante. . Voy a decir más. ETA ya no existe. Oiga, que ustedes tienen la Presidencia del Gobierno de España porque les ha votado un terrorista de ETA, puesto que en lo alto de la organización tienen al último jefe de la banda terrorista ETA; porque en cargos públicos tienen a etarras; porque en las listas electorales llevan a etarras; porque cuando salen de la cárcel reciben con honores a etarras; porque si se muere un etarra lo despiden con honores. Por lo tanto, pueden decir lo que quieran, que existe o deja de existir, lo que es evidente es que todos aquellos que pertenecían a ETA y que no han dejado de pertenecer a ella son los que han hecho que ustedes estén en la Presidencia del Gobierno de España, y esa es una humillación para todas las víctimas , pero no solo para las víctimas, para las víctimas y para el conjunto de los españoles. Y eso no lo van a poder levantar en su vida, porque hay que ser muy miserable para ser presidente con los votos de un terrorista, se pongan como se pongan. . No, no, a mí no me señale, no. ¿Qué me quiere decir, que son ellos? Ellos son los que le han apoyado, claro. Ellos son los que le han apoyado, sí. ¿Que me han apoyado a mí o qué? ¿Pero usted cree que es normal que ustedes hayan puesto a un alcalde en Pamplona que dice que es igual animar a un equipo de fútbol que a un asesino? ¿Le parece normal que sea a un asesino que pasaba información de un concejal que era compañero suyo de corporación? ¿Se han vuelto locos aquí? Pero ¿cómo se puede defender eso? . Y, desde luego, es llamativo el silencio del PNV, lo tengo que decir. Llamativo. ¿No hay opinión sobre esto? Me cuesta creer que no haya opinión sobre esto. Me cuesta creerlo. .

Carlos García Adanero PP

Oiga, muy interesante el debate. Miren … .

Carlos García Adanero PP

Gracias, presidente. Cuando se habla de reinserción, ¿de verdad ustedes se creen que los etarras se han reinsertado? Pero ¿de verdad se lo creen? ¿Pero ustedes han oído a alguien alguna vez decir que estuvo mal asesinar? ¿Han oído a alguien decirlo? Bueno, a alguno que echaron, a alguno que asesinaron ellos a su vez porque lo dijo. ¡Nunca! Es que no lo han dicho nunca. Están orgullosos de su pertenencia, de lo que han hecho. Dicen que tuvo razón de ser la banda terrorista. ¡Es que lo dicen! ¿Por qué se piensan que les perdonan toda su corrupción? ¿Porque son ustedes muy majos o qué? ¡Porque están sacando todo lo que quieren! ¡Porque les han blanqueado! ¡Porque están ganando el relato! Eso lo reconozco: están ganando el relato, sí. Gracias a intervenciones como la suya están consiguiendo poner al mismo nivel a las víctimas y a los verdugos. ¡Lo están consiguiendo! . Gracias a ustedes están consiguiendo su objetivo político de siempre. Lo están consiguiendo con intervenciones como la suya. Y no voy a hablar de la intervención de la portavoz de SUMAR. casi da miedo salir a la tribuna, no vaya a ser que no te dejen luego salir más. Luego tienes que oír otras intervenciones. ¡Hombre!, que salga aquí Esquerra… Esquerra no puede estar muy orgullosa con el tema de ETA. Dijo esto: Podéis asesinar, pero en Cataluña no, ¿eh?, en el resto de España; en Cataluña llegamos a un acuerdo; aquí no nos molestéis. Eso es una aberración. . Es una aberración y una vergüenza. Sí, eso se dijo y ahí está la hemeroteca. Pueden decir lo que les dé la gana, pero no es normal que un etarra dé clases a niños. No es normal. Hay que poner todos los medios para que eso no pueda ocurrir. Si hay que cambiar la ley, habrá que cambiarla. Todo el que esté en contra de defender eso es porque tiene algún interés de otro tipo. Evidentemente, el interés del Partido Socialista es seguir un día más en la Moncloa con un presidente al que le da igual ser presidente gracias al voto de un terrorista, gracias a un partido que sigue sin condenar el terrorismo y gracias a todas las actuaciones que hacen que ellos estén encantados del blanqueo. Ellos dicen: Que siga Sánchez muchos años más, que nos va de maravilla. Cuando en las asambleas de Bildu le echan en cara a Otegi seguir apoyando al corrupto de Sánchez, les dice: Hombre, por favor, con todo lo que estamos sacando, vamos a estar así, que así nos va mucho mejor. Es una vergüenza para España. Lo que tenía que hacer Sánchez es irse a casa de una vez. Muchas gracias. .

Macarena Montesinos de Miguel PP

Gracias. Quiero empezar saludando a Marisol Burón, que nos acompaña en la tribuna, y a Antonio del Castillo, que también está siguiendo la sesión, ambos familiares de víctimas de crímenes y que continúan reclamando justicia. . Sois unos referentes de coraje y generosidad para todos por ser capaces de edificar sobre vuestro sufrimiento insoportable el impulso para que ninguna familia más pase por el dolor que vosotros estáis soportando. Gracias. . La pena de prisión permanente revisable se introdujo en el Código Penal en 2015 con el objeto de sancionar supuestos delictivos de excepcional gravedad. Esta medida, habitual en los países de nuestro entorno, contó con el aval de los españoles. Más del 80 % de las encuestas mostraban que se estaba a favor de esta medida, pese a la oposición furibunda de los partidos de la izquierda. Quienes entonces dieron la espalda lo siguen haciendo ahora. Hagamos un poco de memoria histórica. En 2018, cuando el PNV intentó derogar sin éxito la prisión permanente con el apoyo del PSOE y de otros grupos de la Cámara, nosotros propusimos una alternativa que ya incluía los supuestos de esta iniciativa. En 2022 contamos con el apoyo de UPN y otros grupos y se tomó en consideración, pero la izquierda bloqueó su tramitación y caducó la iniciativa. Agradecemos a Alberto Catalán muy especialmente que ahora también comparta esta causa. Señorías, en democracia es esencial fortalecer la confianza en la Administración de Justicia poniendo a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas como justas, protegiéndonos a todos, impidiendo que salgan de prisión quienes no están en condiciones de reintegrarse y evitando que reincidan en sus actos y vuelvan a causar dolor y sufrimiento. Además, con la ampliación de los supuestos que hoy traemos a este Pleno, se busca no dejar sin respuesta contundente a los criminales que, además de robar la vida de sus víctimas, causan, con la ocultación de los cadáveres, un daño mayor a las familias. Se trata de incorporar hechos de extrema gravedad, los que mayor alarma y repulsa social merecen y para los que los ciudadanos exigen el mayor reproche penal. Nos acusaron en 2022 de pretender legislar en caliente. Lo recordaréis. Hoy no tienen esta excusa. Traemos esta reforma otra vez porque creemos que no hay que esperar a que vuelva a suceder otra tragedia para aprobar esta medida. Otros nos acusaron de que esta pena supone algo así como oficializar la venganza. Y otros grupos impulsaron la derogación por razones de su ideología humanista. Han oído bien. El PNV, que, junto con el PSOE, está excarcelando a centenares de asesinos terroristas, hablan de humanismo. Hipocresía sin parangón. Humanismo hacia los verdugos y desprecio a las víctimas. . Este es su patrón moral o, si lo prefieren, amoral. La prisión permanente cree en la reinserción y, por eso, es revisable. El Tribunal Constitucional, con ocasión del recurso que interpusieron el Partido Socialista y sus socios, concluyó que es una pena plenamente constitucional. Señorías, por todo ello, traemos de nuevo la modificación del artículo 140 del Código Penal para ampliar la pena de prisión permanente revisable en dos supuestos relacionados con el delito de asesinato: el primero, la ocultación de cadáver, porque, además de la devastación que el asesinato provoca en sus seres queridos, el hecho de que ni siquiera puedan enterrarlo supone un terrible ensañamiento; y, el segundo, la reincidencia en este tipo delictivo. Como ha dicho el presidente Feijóo, algo grave pasa en España cuando un condenado por secuestro, malos tratos y abusos a un menor sale de la cárcel y reincide con un crimen machista como el de Miranda de Ebro, que nos sobrecogió a todos la pasada semana. . La prisión permanente revisable es el instrumento más eficaz para lograr el castigo al delincuente en proporción al daño causado, para que el miedo al castigo disuada de la comisión de delitos, para que el delincuente se vea impedido de volver a delinquir mientras dure la pena y para que tenga un incentivo claro a colaborar con la justicia. Señorías, desde que Sánchez gobierna, los homicidios dolosos y los asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68 %. Los secuestros se han incrementado en más del 52 %. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado un 81 %, con un incremento del 277 % en las agresiones sexuales con penetración. Este dato es singularmente espeluznante. Una vez más, el Ejecutivo ha humillado a las mujeres y las ha abandonado frente a los agresores sexuales. Los hechos lo confirman: ha habido fallos inaceptables en las pulseras antimaltrato; han aprobado leyes como la del solo sí es sí, que excarcela y devuelven a las calles a pederastas y violadores, y han llevado a acosadores y agresores sexuales investigados hasta la mismísima Moncloa e incluso hasta la cúpula de la Policía Nacional. . Por eso, hay que legislar para frenar esta tendencia. Tanto es así que queremos que esta proposición de ley permita ―vía enmienda― ampliar los supuestos que comportan prisión permanente revisable a depredadores sexuales y violadores reincidentes. Porque el insoportable incremento de estos delitos ha generado una enorme alarma social que merece la máxima pena, con fines preventivos y, cómo no, punitivos, para quienes los realicen. Este histórico incremento de las agresiones sexuales y de las violaciones demuestra que hacen falta nuevas normas que reviertan el fracaso de la ley del solo sí es sí. La protección de las mujeres exige la máxima contundencia, y cuando una organización decide archivar denuncias internas ante comportamientos inaceptables o cuando pretende rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa, envía un mensaje devastador a las mujeres, como el caso Salazar, el del expresidente de la Diputación de Lugo o el del DAO, entre otros. Debemos evitar espacios de impunidad como los de la actual legislación procura a los delincuentes. La vida merece la máxima protección penal, y la libertad sexual es también un bien jurídico a proteger, especialmente cuando la agresión implica violencia extrema, tortura sexual, secuestro o retención, reincidencia del agresor o cuando las víctimas son especialmente vulnerables ―es decir, los menores―. Hay agresiones sexuales cuya gravedad es tal que la sociedad no pueda aceptar que el autor vuelva a la calle sin garantías suficientes de reinserción. El Grupo Popular está ahí y estará siempre del lado de las víctimas y sus familias, y por este motivo traemos esta iniciativa: para satisfacer la demanda de la inmensa mayoría de la sociedad. Hoy, la izquierda de este hemiciclo repetirá sus habituales mantras. Lo cierto, señorías, es que la relación y el encaje moral de la izquierda hacia los delincuentes es bastante laxo y alejado del español medio. Nosotros no nos parecemos a esta izquierda de principios morales discontinuos, que gobiernan y llaman hombres de paz a los terroristas, que reciben el halago de quienes cometen masacres o que se ponen del lado de dictadores y asesinos de sus pueblos. Una izquierda tan carcomida de ideología que es incapaz de conmoverse, de empatizar con los que verdaderamente sufren. Pero aun así, por las familias de las víctimas, apelamos a su humanidad, a que voten a favor de esta iniciativa. El intento de deshumanizar al adversario político, el levantamiento de muros y la imposición del frentismo entre españoles de estos últimos años por parte de la izquierda ha generado un clima de desafección hacia la política que, lamentablemente, cada vez les aleja más a ustedes de sus representados. Señorías, la persona es la base y el fin de la política. La política debe ejercerse con ética, cercanía y respeto absoluto por cada ser humano: sin muros, sin frentes, solo las personas. Por eso invocamos su apoyo para legislar pensando solo en las personas que están detrás de cada víctima de estos crímenes atroces, y les pedimos que hagan un ejercicio de empatía hacia ellas. ¿Pueden imaginarse el calvario por el que están pasando estas familias? ¿De verdad que pueden? En el Partido Popular, sea cual sea el resultado de la votación, seguiremos luchando para que esta medida sea una realidad. Porque es lo correcto, se lo debemos a las víctimas y a sus familiares. Porque lo demanda la sociedad en estos tiempos de criminalidad desbocada. Porque estamos comprometidos con la protección de las personas. Porque creemos firmemente que hay que respaldar con recursos y medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque creemos que hay que dotar a los jueces de leyes efectivas para hacer frente a los delitos más insoportables. Porque en el Partido Popular no tenemos ni peajes, ni favores, ni chantajes que pagar para llegar o mantenernos en el poder. Y porque para nosotros, los españoles, todos, son lo único importante. Y termino. Nada mejor que Marisol Burón para expresar lo que quiero trasladarles sobre esta iniciativa: la frustración de la familia de una víctima por no poder velar su cuerpo. Y ella, Marisol, dijo: Es muy duro cerrar todas las noches la puerta de tu casa y saber que tu hija, o el cuerpo de tu hija, está en la calle. Yo me acostaba en la cama y no me arropaba. Quería pasar frío porque yo sabía que mi hija estaba a la intemperie. Pienso todos los días: ¿dónde estás, hija mía? Lleva 2320 días, con sus noches, con ese pensamiento, como los padres de Marta del Castillo, que llevan 6257 días, con sus noches, preguntándose dónde está Marta. Soy consciente de que es imposible acercarse a un sufrimiento semejante. Pero antes de subir aquí, piensen que en sus manos está salvar en parte este sufrimiento. No necesitan venganza; necesitan justicia y algo de paz. Por un momento, despréndanse de su ideología o de sus cálculos políticos. Y por ellos, por todos, apoyen esta propuesta. . Y, por último, me dirigiré, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a las familias de las víctimas: tenéis todo el respeto del Partido Popular, todo nuestro cariño y todo nuestro compromiso, porque vuestra causa es la nuestra. Nada más y muchas gracias. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes de nuevo. Dos cuestiones previas. La primera: aquí alguien ha obviado que hay en este momento miles y miles de españoles que, condenados por agresiones sexuales, no pueden ejercer la docencia. Eso que quede claro. Por lo tanto, no es ninguna novedad lo que nosotros planteamos. La segunda: ¡qué mala conciencia tiene, señora Pozueta!; ¡qué mala conciencia! Se le ha visto justificar lo injustificable. ¿Usted, lecciones de ética, comportamiento y trabajo a UPN? ¿Usted? Miren, lo primero que tienen que hacer es condenar los atentados de ETA. Lo segundo que tienen que hacer es no tener a terroristas en la dirección de su partido. . Lo tercero que tienen que hacer: no llevarlos en sus listas. Y lo cuarto: colaborar con la justicia. Mire, señora Pozueta: datos del Congreso de los Diputados. Isabel Pozueta, diputada por Navarra de Bildu: intervenciones, 83 durante esta legislatura; iniciativas, 31. Alberto Catalán, diputado por Navarra de UPN: intervenciones, 415; iniciativas, 2074. ¿Dónde ha estado usted, señora Pozueta? ¿Dónde ha estado usted? Trabaje un poquito más por Navarra y por los españoles. . Señorías, como se ha dicho por parte de la señora Montesinos, mi grupo también ha suscrito esta iniciativa. Agradecemos la oferta del Grupo Popular para sumarnos a una propuesta que consideramos de absoluta lógica, tanto desde el rigor jurídico como desde la sensibilidad humana. La figura se incorporó en el año 2015 al Código Penal español. Desde entonces, cuando se ha aplicado ha sido a causas muy limitadas, no a una generalidad, y sobre todo, como decía ella misma, para cuestiones graves. También es cierto que hubo una sentencia favorable a la medida del Tribunal Constitucional en el año 2021, que la ratificó. Diversas formaciones políticas se opusieron de forma radical y rotunda a esta medida. Incluso dijeron que, en cuanto tuviesen posibilidad, la iban a derogar. También dijeron que lo hacían porque la consideraban innecesaria, desproporcionada e incompatible con nuestro sistema constitucional. Evidentemente, el tiempo, la realidad y su aplicación han demostrado que estos ataques eran injustificados, totalmente injustificados. Además, señorías, muchos de los que entonces se oponían radicalmente a la norma, hoy callan. El sistema jurídico español y la sociedad española la han asumido perfectamente ya con absoluta normalidad. Si preguntamos a la sociedad, en la calle, cuál es su opinión, nos dirá que era una medida necesaria, oportuna y legítima. Como lo dirán ahora de esta propuesta que firmamos el Grupo Popular y Unión del Pueblo Navarro. . Porque lo evidente, señorías, es que al final en este tipo de cuestiones la sociedad lo que nos pide es firmeza. En ningún caso nos están pidiendo venganza, ¡en ningún caso! Lo que se propone es ampliar los supuestos para esta prisión permanente revisable; fundamentalmente, aquellos que tienen que ver con dos casos muy concretos y de mucha gravedad. El primer caso es la ocultación del cuerpo de la víctima por parte del asesino. ¡Imagínense el dolor de las víctimas; pongámonos, por una vez, en su situación humanamente, jurídicamente, legalmente, democráticamente! Nosotros también hacemos nuestra su propuesta y su dolor. Es evidente que, en ocasiones, los propios asesinos ocultan el cadáver para hacer más daño a las familias y, sobre todo, para intentar limitar el poder de la acción de la justicia. El segundo de los casos es la reincidencia en el asesinato…

Alberto Catalán Higueras UPN

Acabo ya, señor presidente. … la reincidencia en el asesinato, evidentemente. El asesino es condenado y vuelve a matar. No puede ser más de lo mismo. Por lo tanto, señorías, allá ustedes con su responsabilidad y, sobre todo, en esta cuestión ―como en la anterior―, con su conciencia. A las familias les transmitimos nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro afecto. Su causa es la nuestra y no tengan ninguna duda de que la mayoría de los españoles piensa igual. Muchas gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero mostrar mi respeto, mi apoyo, mi cariño a las personas que hoy nos acompañan. Entiendo que el dolor tiene que ser tremendo. No obstante, también quiero decir que como diputada y como jurista yo vengo aquí a hablar de legislar, de hacer leyes, y justamente en eso me voy a basar. Me da mucho pudor, sinceramente, como diputada y como persona la utilización de las víctimas, de sus familias y de su dolor y, por lo tanto, desde luego, en mi espacio político no lo vamos a hacer. Hoy debatimos la propuesta del Grupo Popular para modificar el Código Penal español con el objetivo de ampliar los supuestos en los que se puede imponer la llamada prisión permanente revisable. Cuando hablamos de delitos gravísimos ―como es el caso― y del dolor de las víctimas y de sus familiares, todos y todas las que estamos aquí nos sentimos interpelados; todas en esta Cámara y también en la sociedad. Todo sentimos lo mismo: conmoción, rabia, indignación y tristeza, y sobre todo la necesidad de que exista justicia. . Pero las leyes penales no pueden hacerse desde la emoción ni desde el impacto mediático, sino que tienen que hacerse desde la responsabilidad, desde la evidencia, desde el respeto a los derechos fundamentales. En Podemos entendemos que esta propuesta no mejora la seguridad de nuestra sociedad, pero sí profundiza en una deriva punitiva que no resuelve los problemas reales de la justicia penal. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Ya, es que es imposible.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Es imposible desde el principio.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Gracias, presidente. Decía que profundiza en una deriva punitiva que no resuelve los problemas reales de la justicia penal. La llamada prisión permanente revisable fue introducida por el Partido Popular en el ordenamiento jurídico en el año 2015 y, desde entonces ―también tengo que recordarlo―, ha sido objeto de un profundo debate social, político y jurídico. No es un debate casual, hablamos de una pena que tensiona los principios fundamentales de nuestro sistema penal recogidos en la Constitución española; aun así, no se ha reducido en ningún momento la criminalidad. Ustedes apuestan por un modelo penal basado cada vez más en castigos ejemplarizantes y en más titulares y cada vez menos en una justicia efectiva. Hay que recordar que España es uno de los países con menores índices de criminalidad de nuestro entorno; sin embargo, asistimos recurrentemente a propuestas que pretenden endurecer las penas, como si ese fuese el único camino que garantizara la seguridad. La evidencia criminológica ―no lo digo yo― demuestra que el aumento de las penas no reduce por sí solo la delincuencia. Lo que sí reduce la delincuencia es la prevención, que es de lo que tendríamos que estar hablando, de la inversión en políticas sociales, de la protección de la infancia, de la lucha contra la desigualdad, de un sistema judicial que cuente con los recursos suficientes, porque es lo que hace falta, es lo que le falta a la justicia para investigar los delitos y garantizar que haya justicia para las víctimas. Necesitamos una justicia que proteja a las víctimas, que persiga los delitos con eficacia, pero también que mantenga intactos los principios democráticos que sustentan nuestro Estado de derecho. En definitiva, por nuestra parte, nosotras creemos en una justicia que sea más eficaz, más garantista y esté más acorde con los valores democráticos de nuestro país. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes, señorías; también a los familiares y amigos de las víctimas, que hoy nos acompañan. Como conocen, el Grupo Vasco se opuso a la aprobación de la prisión permanente revisable en 2015. Firmamos el recurso de inconstitucionalidad con otros senadores y diputados, y, desde su aprobación, hemos presentado iniciativas para su derogación en muchas legislaturas y nos hemos opuesto a otras que pretendían ampliar los supuestos. Por eso, en congruencia con nuestra posición ante la prisión permanente revisable, votaremos en contra de su toma en consideración. Para el Grupo Vasco siguen vigentes las razones de oposición a la prisión permanente y, con más razón, a que esta se extienda a dos nuevos supuestos, por graves que estos sean, que ciertamente lo son, sin perjuicio de que quizá pudiéramos estudiar en lugar distinto a la prisión permanente revisable la consideración penal de estas conductas ilícitas. Señorías, ya hemos dicho ante este mismo Pleno que la prisión permanente revisable es una manifestación del derecho penal del riesgo, de la peligrosidad, del derecho penal del miedo, que se nutre del crecimiento exponencial del miedo en la sociedad, producido por el uso que hacen determinadas fuerzas políticas, desde nuestro punto de vista de manera espuria, de una ideología penal preferentemente retributiva y del sensacionalismo de algunos medios de comunicación. Y esta situación alcanza su máxima extensión cuando al miedo de la sociedad se anuda el dolor de las víctimas, abonando así la politización del derecho penal como satisfacción a la impaciencia del público, que reclama castigos cada vez más severos. Como ya he recordado, señorías, el Grupo Vasco se opuso desde su aprobación, y hoy lo reiteramos, a la prisión permanente revisable por considerarla un ejemplo del derecho penal exagerado, que rompe el consenso constitucional, que optó por una respuesta penal garantista, regido por el principio de humanización de la pena y plasmado en el artículo 25 de la Constitución, además de no existir, a nuestro juicio, razones de política criminal que reclamen esta pena. Señorías, vivimos en una sociedad relativamente segura. Nuestras penas privativas de libertad son notablemente severas y de cumplimiento íntegro en muchos casos, a lo que se anuda una población reclusa con edades que pueden superar los 70 años. Estos datos en materia de política criminal justifican que los expertos, mayoritariamente en esta política pública, no reclamen para nuestro derecho, para nuestro Código Penal, esta pena. Por otra parte, como ya se nos ha recordado, el Tribunal Constitucional, hace ahora casi cuatro años y medio, validó la pena de prisión permanente revisable. Sin embargo, señorías, les tengo que decir que el debate que corresponde a esta Cámara es sobre la oportunidad de la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico. Es un debate de política criminal, sobre si esta pena es necesaria, idónea, proporcional; sobre si es una medida que necesitamos, dada la criminalidad y tipología con las que nos enfrentamos. El Grupo Vasco considera que la prisión permanente revisable no es una pena adecuada en ese sentido. Tengo que recordar también que los dos votos particulares formulados por tres magistrados en la sentencia constitucional llegan a la misma conclusión que yo les he comentado cuando manifiestan que la prisión permanente revisable es un empobrecimiento de nuestro sistema jurídico democrático y un ejemplo de regresión civilizadora, que lo convierte en una anomalía histórica del actual sistema constitucional — que somete las penas privativas de libertad al mandato de humanización—, y que se aleja de los principios y libertades en el cumplimiento de las penas y, muy especialmente, del que garantiza la dignidad de la persona. Voy finalizando, presidente, con las mismas palabras que utilicé en el último Pleno en que abordamos la cuestión de la prisión permanente revisable. El derecho penal, señorías, no se construye olvidando el dolor de las víctimas, lo tiene en cuenta, pero lo pone en relación con la situación de la criminalidad y con otros valores civilizatorios que han permitido la evolución en sociedades democráticas avanzadas. Nos solidarizamos, cómo no, con el dolor de las víctimas, pero, al regular la respuesta penal, lo trascendemos en aras de una mejor tutela del interés general. La prisión permanente revisable, señorías, consideramos que no es una buena ley, no hace de nuestra sociedad una sociedad mejor, no añade eficacia a la evitación de los delitos graves y, como han señalado ―vuelvo a recordar― los votos particulares de tres magistrados del Tribunal Constitucional, comporta un riesgo significativo para nuestros valores básicos y rompe con el compromiso de cada generación por reforzar y perfeccionar los derechos fundamentales y profundizar en el avance de la tarea humanizadora. Por estos motivos, señorías, no daremos nuestro apoyo a la iniciativa debatida. Nada más y muchas gracias.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Presidente. Señorías. La pregunta clave esta tarde es si la propuesta que trae hoy el Grupo Popular mejora la justicia penal y si hace de la sociedad una sociedad más segura, y la respuesta es que no. Esta reforma que ustedes proponen no dota de mayor seguridad a la sociedad de este Estado y, además, hace perder calidad democrática en aras de esos parámetros que existen en las democracias occidentales. Decía el portavoz de UPN — que una vez más parece que no se ha preparado muy bien la cuestión— que la gente ya no pone en duda la ley que se aprobó en 2015 sobre la prisión permanente revisable. Yo le animo, ya que no lo ha hecho, a que revise el manifiesto que firmaron el 80 % de los catedráticos de Derecho Penal ―que, no sé si, según ustedes, son todos de izquierdas, son inmorales― diciendo que no es efectiva. Es más, la portavoz del Grupo Popular nos ha explicado — ella misma— por qué no es efectiva esta medida; ha señalado que hay un incremento de los delitos más graves desde que gobierna el Partido Socialista. Si esto fuera así ―y en su propuesta señalan que esto va a favor de la prevención general y de la prevención especial―, si se han incrementado, ¿de qué ha servido esta medida? Es absurda, no sirve para el objetivo que se han fijado. . Creo que no se ha dado cuenta a la hora de explicar su iniciativa. Y la realidad es que una vez más, y lo veíamos en la iniciativa anterior, se peca de populismo punitivo. En este caso, si cualquier crimen nos revuelve, nos indigna, aquellos que implican un dolor añadido, un sufrimiento añadido para las víctimas nos revuelven y nos indignan aún más socialmente, es cierto, y tienen por ello un eco mediático mayor. Menos mal que la señora portavoz del Grupo Popular decía que no hay que legislar en caliente, pues ha sacado a colación un terrible crimen de la semana pasada. . ¿No es eso intentar legislar en caliente? No, si lo ha dicho usted, no yo. . No, pero lo ha sacado a colación para intentar calentar el ambiente político y mediático. Obviamente, es lo contrario a lo que debe hacer una Cámara parlamentaria. Lo contrario. Les desarrollo tres ideas. En primer lugar, no se puede legislar desde la emoción ni ante aquellos crímenes que nos indignan especialmente por su salvajismo. Pero es que, además, esta medida decía usted que va en los parámetros de los Estados vecinos, pero no. La cadena perpetua desapareció en España en 1928; ustedes la reintrodujeron, por este eufemismo, en 2015. Es cierto que otras democracias europeas la heredan, son víctimas de haber heredado un sistema penal, pero incluso en esos casos — y tenemos a Francia, por ejemplo, donde sí existe la cadena a perpetuidad—, en el caso de cumplir la cadena a perpetuidad, la pena más alta es menor que en el caso de revisión que hay en España. Se ha desarrollado una medida que va en contra del sentido común y que va en contra del mismo espíritu constitucional que ustedes mencionan tanto y que han mencionado otros portavoces al hablar de la reinserción. Y mencionaban al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es cierto, porque en otros sistemas europeos hay situaciones parecidas, pero no llegan al nivel de pena que hay en España. Y ustedes caen en otra contradicción. Cuando presentaron esta medida hace ya doce años decían que era para casos excepcionales. Hoy piden una reforma para ampliarla. Es de lógica que si es para casos excepcionales y ustedes proponen ir ampliándola ante situaciones ―ya digo― terribles, aquello que era excepcional se convierte en algo normal, en algo del día a día, y no estaba prevista teóricamente para ello. En segundo lugar — segunda idea—, otro asunto es el de la proporcionalidad. Ante un hecho tan grave como es un asesinato, un sufrimiento añadido como es la ocultación de un cadáver no puede llevar a considerar que sea equiparable a subirlo a otro delito de pena aún mayor, porque el hecho grave en sí es el asesinato. El sufrimiento añadido está y lógicamente es un agravante, por eso esos casos tienen esa repulsión y ese eco mediático que nos indigna a todos y a todas, pero un sistema penal debe velar por la proporcionalidad. Decían ustedes también que esto va de cara a la prevención especial. Ya hay más de cincuenta personas condenadas a prisión permanente revisable, ¿y saben cuál es la realidad? Que la inmensa mayoría de esos asesinos, de esas asesinas, cometieron esos terribles hechos sin antecedentes penales. Por tanto, respecto a aquello que nos decían de la prevención especial, los datos de la criminología nos dicen que tampoco sirve para evitarlo. Por lo cual, estamos única y exclusivamente ante un intento de, por vía del populismo punitivo, buscar titulares. Para ir acabando, en tercer lugar — tercera idea—, las penas más largas no dan mayor seguridad. Aquellos Estados de Europa, de Occidente, más seguros no son aquellos que tienen mayores penas, no; son aquellos que tienen instituciones mejores, que desarrollan una prevención más eficaz y que tienen sistemas penales orientados a la reinserción. Esta medida y la prisión permanente revisable son todo lo contrario; como ya dijimos en 2015 e insistimos ahora, no va enfocada a un Estado más garantista, a una justicia más eficaz y más proporcional, por eso votaremos en contra. Muchas gracias. .

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

President, senyories, bona tarda. També molt bona tarda als familiars i a les persones amigues de les víctimes que avui ens acompanyen. Exactament la mateixa iniciativa que avui ens ocupa, exactament, ja va ser objecte de debat de presa en consideració la legislatura passada, concretament el 29 de març del 2022, ara fa quatre anys. Per tant, em podria remetre al diari de sessions d’aquella data i donar per reproduït el que llavors ja vaig dir: si considerem que la presó permanent és una barbaritat contrària a tots els principis de l’estat de dret penal, necessàriament hem d’estar en contra que hi hagi més supòsits en què aquesta presó permanent revisable es pugui aplicar. No obstant, val la pena aprofitar per fer algunes consideracions sobre la instrumentalització irresponsable del dret penal per a fins polítics i partidistes. Mirin, fa unes setmanes parlàvem de revertir la reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional de 2015, una iniciativa del Partit Nacionalista Basc. Fa uns minuts, parlàvem de la llei expansiva del Codi Penal espanyol en la reforma de 2015, de la judicialització de la llibertat d’expressió o del terrorisme a la carta, que ha estat sistemàticament utilitzat per criminalitzar un moviment pacífic i democràtic com l’independentisme. I ara parlem de la pena de presó permanent revisable, un invent precisament introduït en aquella reforma de 2015 per la majoria absoluta del Partit Popular. Doncs bé, resulta que n’hi ha uns, n’hi ha uns, que són els que més criden i que reivindiquen sense complexos totes aquestes reformes, que són evidentment, els diputats del Partit Popular, i que són els que reivindiquen, evidentment, les reformes que va aprovar la seva majoria absoluta: la reforma del Codi Penal, del Tribunal Constitucional, de la Llei mordassa, etc., i que fins i tot volen anar encara més enllà, ho hem vist fa uns minuts i ho tornem a veure ara, volen anar més enllà. Però també n’hi ha uns altres, i em refereixo, naturalment, al PSOE, que des del 2018 estan governant i que durant anys han tingut una majoria alternativa per revertir les salvatjades del PP, i què han fet? Doncs és molt fàcil. No han fet absolutament res. Bé, una cosa sí que han fet: utilitzar de forma més callada els recursos del dret penal de l’enemic i donar continuïtat a l’estat d’excepció iniciat pel Partit Popular. Màniga ampla al lawfare, espionatge polític amb Pegasus i ús del Ministeri de l’Interior per perseguir-nos més i millor. I també, per cert, bloquejar la Comissió Operació Catalunya, perquè tot això quedi ben tapadet. I també han fet una altra cosa, encara que no siguem gaire convenciment, sinó simplement perquè els hi vam obligar. El que han fet — que realment val la pena i els felicito per això— és aprovar una Llei d’Amnistia, que és l’única llei estructuralment democràtica que s’ha aprovat els darrers anys, que reconeix l’existència d’un conflicte polític entre l’Estat espanyol i Catalunya, i que posa a zero els excessos comesos per la judicatura espanyola, portant-los allà on toca: als estàndards europeus, on queden en evidència i més que hi quedaran. Dit això, la proposta que avui debatem no és res més que una ampliació de la reforma penal del 2015, que va introduir la presó permanent revisable a l’ordenament jurídic espanyol. És una ampliació del que ja existeix. I nosaltres pensem que les decisions polítiques d’especial transcendència, com ho és aquesta, no s’haurien de plantejar des de l’emotivitat, i menys en l’àmbit penal. I no diguem ja que no s’haurien de plantejar des del periodisme d’escombraries o des de les xarxes socials, que viuen precisament de furgar en el dolor de les víctimes. La iniciativa que avui se’ns presenta fa exactament això: aprofitar-se del dolor de les víctimes i de la legítima indignació popular per uns crims repugnants, per afegir dos casos més als supòsits de la presó permanent revisable, l’ocultació de cadàver i la reincidència en el delicte d’assassinat, que, més enllà de més retribució, penalment no aporten res. L’argumentari, de fet, de la iniciativa és ben pobre. L’únic que hem pogut trobar en aquesta proposició és l’afirmació d’una «Honda preocupación para la Sociedad», segons uns estudis demoscòpics que, per cert, són els mateixos de fa quatre anys i que confirmarien el suport de la societat espanyola a la proposta. Doncs bé, des de Junts per Catalunya creiem que la política penal és prou important perquè no es faci des dels estudis demoscòpics. Perquè em pregunto, i si un estudi demoscòpic digués que hi ha una àmplia majoria a favor, no sé, de l’aplicació del delicte d’odi o de terrorisme als ciutadans que exerceixen la llibertat d’expressió o el dret de protesta quan tinguin una determinada ideologia o color de pell o per la llengua que parlen? De fet, estic fent broma perquè això ja està passant. I, si no, que li preguntin a Josep Valtònyc o Pablo Hasél, encara a la presó. O, si no, que ho preguntin també als centenars de ciutadans, activistes, advocats, periodistes, que han estat perseguits amb falses acusacions per delictes que ni sabien que existien. I tot això gràcies a la reforma del Codi Penal operada per la majoria absoluta parlamentària del Partit Popular el 2015. I també, i també, gràcies que així ho ha volgut mantenir el PSOE des de l’any 2018, sense ni tan sols plantejar la possibilitat de canviar el Codi Penal quan ha tingut les majories per fer-ho. En tot cas, en aquesta manera de legislar, a nosaltres no ens hi trobaran. Nosaltres creiem en la política i en la responsabilitat de tots nosaltres per prendre decisions fonamentades que responguin, no a les emocions o a tendències demoscòpiques, sinó a l’objectiu d’avançar cap a una societat democràtica que, en matèria de dret penal, s’acosti més als estàndards europeus que no a Turquia. Acabo. El 2022, la posició oficial del Govern espanyol sobre la derogació de la presó permanent revisable era, segons la ministra de Justícia en aquell moment, la següent: la societat no mereix que el Govern reobri aquest debat, perquè genera incertesa i el Tribunal Constitucional ja s’ha pronunciat. És a dir, el Govern socialista renunciava a fer política i posava el Tribunal Constitucional a fer de legislador. Si el Constitucional avala una llei, doncs ja no cal tocar res més. Una dimissió política de calaix. Perquè si sempre féssim així, no canviaríem mai res. I més tenint en compte que en el cas concret hi havia un vot particular, com s’ha esmentat a les intervencions anteriors, molt contundent contra la presó permanent revisable. Més enllà del debat sobre aquest tema en concret, això és el PSOE: un partit que sempre que ha pogut ha renunciat a revertir les lleis regressives en drets i llibertats. La reforma penal de 2015, la Llei mordassa, la Llei de secrets franquistes i tantes altres. Si no se’l força, el PSOE mai fa res contra aquestes lleis regressives, perquè en realitat ja li interessa que aquestes lleis siguin vigents quan governa. Moltes gràcies. Presidente, señorías, buenas tardes. Muy buena tarde a los familiares de las víctimas, que nos acompañan hoy. Exactamente la misma iniciativa que nos ocupa hoy ―exactamente― ya fue objeto de debate y de toma en consideración en la legislatura pasada, concretamente el 29 de marzo de 2022, hace ahora cuatro años. Por lo tanto, podría remitirme al Diario de Sesiones de aquella fecha y decir lo que dije entonces. Si creemos que la prisión permanente es una barbaridad contraria a todos los principios del derecho penal, necesariamente tenemos que estar en contra de que haya más supuestos en los que esta prisión permanente revisable se pueda aplicar. No obstante, voy a aprovechar para hacer algunas consideraciones sobre la instrumentalización irresponsable del derecho penal para fines políticos y partidistas. Hace unas semanas hablábamos de revertir la reforma del Tribunal Constitucional de 2015, una iniciativa del Partido Vasco. También hablábamos de la ley expansiva del Código Penal español en la reforma de 2015, de la judicialización de la libertad de expresión o del terrorismo a la carta que están utilizando sistemáticamente para criminalizar un movimiento pacífico y democrático como el independentismo. Y ahora hablamos de la pena de prisión permanente revisable, un invento precisamente introducido en aquella reforma de 2015 por la mayoría absoluta del Partido Popular. Pues bien, resulta que hay unos que son los que más gritan y reivindican sin complejos todas esas reformas, que son evidentemente los diputados del Partido Popular, que reivindican las reformas que se aprobaron con su mayoría absoluta, como la del Tribunal Constitucional y otras, etcétera, y que quieren ir incluso más allá — como hemos visto hace unos minutos y lo volvemos a ver ahora—, pero también hay otros, me refiero naturalmente al PSOE, que desde 2018 están gobernando y que durante años han tenido una mayoría alternativa para revertir las salvajadas del PP y ¿qué han hecho? Pues es muy fácil: no han hecho absolutamente nada. Bien, hay una cosa que sí que han hecho: utilizar de forma más callada los recursos del derecho penal del enemigo y dar continuidad al estado de excepción que inició el Partido Popular: manga amplia al lawfare, Pegasus y uso del Ministerio del Interior para perseguirnos más y mejor. Y también, por cierto, bloquear la Comisión operación Cataluña para que todo esto quede bien tapadito. Y también han hecho otra cosa, aunque no sea con mucho convencimiento, sino porque les obligamos. Lo que han hecho ―que realmente vale la pena y les felicito por ello― ha sido aprobar una ley de amnistía, que es la única ley estructuralmente democrática que se ha aprobado en los últimos años, que reconoce la existencia de un conflicto político entre el Estado español y Cataluña y que pone a cero los excesos cometidos por la judicatura española, llevándolos adonde corresponde: a las instancias europeas, donde quedan en evidencia y más que quedarán. Dicho esto, la propuesta que debatimos hoy no es más que una ampliación de la reforma penal de 2015 que introdujo la prisión permanente revisable en el orden jurídico español; es una ampliación de lo que ya existía. Nosotros creemos que las decisiones políticas de especial trascendencia como esta no deberían plantearse desde aquí y menos en el ámbito penal; y no digamos ya que no deberían plantearse desde el periodismo basura y las redes sociales, que viven precisamente de hurgar en el dolor de las víctimas. La iniciativa que se nos presenta hoy hace precisamente eso: aprovecharse del dolor de las víctimas y de la legítima indignación popular por unos crímenes repugnantes para añadir dos casos más a los supuestos de la pena de prisión permanente revisable: la ocultación del cadáver y otro. Y, más allá de más retribución, penalmente no aportan nada. De hecho, el argumentario de la iniciativa es bien pobre. Lo único que hemos podido encontrar en esta proposición es la afirmación de una honda preocupación para la sociedad según unos estudios demoscópicos, que, por cierto, son los mismos de hace cuatro años y que confirmarían el apoyo de la sociedad española a la propuesta. Pues bien, en Junts per Catalunya creemos que la política penal es suficientemente importante como para que no se haga desde estudios demoscópicos. Porque me pregunto: ¿y si un estudio demoscópico dijera que hay una amplia mayoría a favor ―no sé― de la aplicación del delito de odio o del terrorismo a los ciudadanos que ejerzan la libertad de expresión o el derecho de protesta cuando tengan una determinada ideología, color de piel o por la lengua que hablen? De hecho, estoy bromeando, porque esto ya está pasando, y, si no, que se lo pregunten a Josep Valtònyc o a Pablo Hasél, que todavía está en la cárcel; o que se lo pregunten también a los centenares de ciudadanos ―activistas, abogados, periodistas― que han sido perseguidos por falsas acusaciones de delitos que ni siquiera sabían que existían. Todo eso gracias a la reforma del Código Penal operada por la mayoría absoluta parlamentaria del Partido Popular en 2015. Y, también, gracias a que así lo ha querido mantener el PSOE desde el año 2018, sin tan siquiera plantear la posibilidad de modificar el Código Penal, cuando ha tenido las mayorías para hacerlo. En cualquier caso, con esta forma de legislar no nos van a encontrar a nosotros. Nosotros creemos en la política y en la responsabilidad que tenemos todos para adoptar decisiones fundamentadas que respondan no a las emociones o a las tendencias demoscópicas, sino al objetivo de avanzar hacia una sociedad democrática que en materia de derecho penal se acerque más a los estándares europeos y no a Turquía. Acabo. En 2022, según la ministra de Justicia por aquel entonces, la posición oficial del Gobierno español sobre la ampliación de la pena de prisión permanente revisable era la siguiente: La sociedad no merece que el Gobierno reabra este debate, porque genera incertidumbre y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado. Es decir, el Gobierno socialista renunciaba a hacer política y ponía el Tribunal Constitucional a hacer de legislador: si aprueban una ley, ya no hay que tocar nada más. Una decisión política de calado, porque si siempre lo hiciéramos así, nunca cambiaríamos nada, sobre todo teniendo en cuenta que en ese caso concreto había un voto particular ―como se ha mencionado en intervenciones anteriores― muy contundente contra la prisión permanente revisable. Más allá del debate sobre ese tema en concreto, eso es el PSOE, un partido que siempre que ha podido ha renunciado a revertir las leyes regresivas en derechos y libertades: la reforma penal de 2015, la ley mordaza, la de secretos franquistas, etcétera. Si no se fuerza al PSOE, nunca hace nada contra esas leyes regresivas, porque en realidad le interesa que estas leyes estén vigentes cuando gobierna. Muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Gràcies, president. Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades. Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados; buenas tardes, diputadas. Buenas tardes a las familias que están aquí (dirigiéndose a la tribuna de invitados). Les quiero expresar que, aun siendo incapaz de saber cuál es la dimensión de su dolor, que debe ser profundísimo, siendo incapaz de acompañarlos en este duelo y siendo incapaz de hacer nada para aligerarlo un poco, he quedado muy impactada por su presencia aquí esta tarde. Y he quedado muy impactada porque, más allá del uso que creo que deben hacer o están haciendo de su dolor, nos sitúa en un estadio de una cierta pornografía emocional por la que me cuesta mucho transitar. Es decir, a mí lo que me sale vitalmente es abrazarlos, llorar con ustedes, decir que lo siento muchísimo, rezar para que no me pase nunca a mí y poner todos los medios que tenga para impedir que esto vuelva a pasar. Y lo que me sale también es decir, sinceramente, que son ustedes (dirigiéndose hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) unos ruines por hacernos ver esto esta tarde así. . Y les digo más, ellos tienen todo el derecho a pedir de nosotros que hagamos el favor de hacer lo que creen que es conveniente, pero ustedes son legisladores, no son familiares. Son responsables del efecto que van a crear, son responsables de lo que se va a hablar en la calle y son responsables de modificar las percepciones de la gente y de aminorar su dolor, no de regocijarse en ellos y de utilizarlo como materia de lanza. . No me haga estos gestos, porque en otro momento usted pensaría exactamente lo mismo que yo. Y esto es tan así que mi respeto se expresa, entre otras cosas, en que hablo en este idioma... . Bueno…, «que se calle»... A mí ya me da lo mismo, porque para lo que escuchan y para lo que entienden, me da lo mismo... .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Señor presidente, señores y señoras diputadas, en primer lugar, nuestra solidaridad con las familias de las víctimas del deleznable crimen de asesinato y desaparición forzada. Llevamos años persiguiendo este delito ante la desidia del Partido Popular, pero esto es otra cosa. Esto es una propuesta más, una propuesta MAGA, más seguidismo a los aires que vienen de Estados Unidos. Si el Partido Popular gobernara, no dudaría en enviar a nuestros soldados a morir a Irán para complacer a su emperador. Y ahora, tras los seis años de cárcel por hurtar un teléfono móvil, el Partido Popular nos trae otra medida trumpista. Proponen que España adopte el modelo penal de las sectas protestantes estadounidenses: hree strikes out, tres delitos y prisión de por vida. Esta versión es incluso más punitivista, bastan dos veces para acordar la prisión permanente revisable y amplían la cadena perpetua a dos supuestos más que nunca serán retroactivos, es decir, nunca evitarán el dolor de las víctimas. La propuesta desprecia la concepción rehabilitadora de la pena, que es una seña de identidad de la cultura jurídica europea, radicalmente contraria al ultrapunitivismo que el extremista Trump ordena a sus partidos sucursales, como el Partido Popular y VOX, imponer en todo el mundo. Otra vez, utilizan a las víctimas para traer a España el sistema penal de Bukele: llenar las cárceles, arrojando a ellas de por vida a cuantas más personas, mejor. Un modelo vengativo que niega la segunda oportunidad al que cometió un grave error. El Partido Popular lleva años practicando el populismo punitivo y no ha servido para acabar con los graves delitos que pretendía acabar. Aznar introdujo en 2003 penas de hasta cuarenta años de cárcel que están en el Código Penal, y Rajoy, la prisión permanente revisable, la cadena perpetua de siempre, retrotrayendo a España al antiguo régimen. Y sin ningún pudor, tras justificar el genocidio en Gaza, asesinatos masivos de mujeres y niños, traen una propuesta incompatible con los valores antiautoritarios de los grandes juristas europeos como Hans Kelsen, Radbruch o Luis Jiménez de Asúa. El humanismo penal es un signo de civilización, de fortaleza institucional, una herramienta para aislar y reducir la violencia social. El Partido Popular se suma a la política de romper los consensos que permitieron que Europa se reconstruyera sobre la garantía de los derechos fundamentales de la persona tras la destrucción moral y material causada por el nazifascismo. Y, en una democracia, el sistema penal reconoce que la violencia no se combate con venganza, sino con prevención, y la pena tiene que ser compatible con la dignidad de la persona. . El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirma que cualquier pena de reclusión que exceda veinte años puede calificarse como cruel o degradante, incompatible con los fines de reintegración que la sanción tiene en una democracia. Los tratos inhumanos, la tortura, se expulsaron del sistema penal con la llegada de la Ilustración. Es un avance incluso anterior a las revoluciones socialistas y obreras, y son conquistas que deberían respetarse por una derecha que se llame democrática. Son unos avances incompatibles con penas de cuarenta años de prisión o con la ampliación de los supuestos de prisión permanente revisable. Y miren… .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Gracias, presidente. El ascenso del fascismo y su posible llegada al Gobierno de la mano del Partido Popular nos trae de vuelta el derecho patibulario de la Inquisición. Ya saben, mortificar los cuerpos para sanar las almas. Lo siguiente ¿qué va a ser?, ¿volver a la tortura como procedimiento de confesión o a la pena de muerte? Hay derechos que son contra mayoritarios, los que decía el señor Pagés. En palabras del teórico Dworkin, en democracia ni siquiera una mayoría puede restringir ni eliminar derechos esenciales como la vida, la integridad o la libertad. Y frente a esta deriva autoritaria hay que tomar partido. Podemos invertir más en cárceles que en escuelas, como Bukele, encerrar de por vida a cualquier desgraciado que carezca de la debida defensa ―cuarenta años de cárcel o cadena perpetua o prisión permanente revisable es lo mismo― o podemos hacer viable la reincorporación a la sociedad de los infractores. De aprobarse esta propuesta, ¿cuántas veces creen que se va a aplicar? Se va a aplicar una vez, dos como mucho, cada lustro. Ustedes no están proponiendo una reforma del Código Penal. Lo que están proponiendo es implantar un modelo de sociedad autoritario y punitivista. Lo que están proponiendo es acabar con los derechos humanos y enterrar los valores éticos sobre los que se sustenta la democracia, sustituyéndola por el autoritarismo que precede siempre a las dictaduras. Si ahora no lo paramos, las generaciones futuras son las que van a sufrir las consecuencias de estas irresponsables propuestas, que claro que están apoyándose en el dolor irreparable de las personas cuyas familias han padecido horribles crímenes. Pero, obviamente, esta no es la vía para sanar el dolor ni para conseguir que aparezca ningún desaparecido. Votaremos que no en nombre de la democracia. Gracias. .

Juan José Aizcorbe Torra VOX

Muchas gracias, señor presidente. Todo el respeto y cariño a todas las familias afectadas que están aquí hoy y nos acompañan. Cuando una familia pierde un ser querido en un asesinato, el dolor es insoportable, pero hay algo aún más difícil de aceptar: que quien ha cometido el crimen oculte el cuerpo de la víctima o se niegue durante años a decir dónde está. Ese silencio prolonga el daño, mantiene a la familia en una incertidumbre permanente, insufrible e impide cerrar el duelo mientras el asesino sigue ocultando la verdad y en realidad el delito no ha terminado de producirse. Ese es uno de los supuestos que aborda la reforma que hoy debatimos mediante la modificación del artículo 140.1 del Código Penal, que amplía los casos en los que puede imponerse la pena de prisión permanente revisable: el asesinato acompañado de la ocultación del cadáver o de la negativa a revelar su paradero. El segundo supuesto que incorpora esta modificación es igualmente grave: el caso de quien habiendo sido ya condenado por asesinato vuelve a cometer ese mismo delito. Ante situaciones así, el legislador debe responder con un principio básico: proteger a la sociedad y reconocer la gravedad excepcional de estos delitos. . La prisión permanente revisable se incorporó a nuestro ordenamiento mediante la Ley Orgánica 1/2015 su constitucionalidad fue confirmada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 169/2021, de 6 de octubre. Conviene recordarlo porque durante años se afirmó que esta pena era incompatible con nuestro marco constitucional. No lo es. El Tribunal Constitucional dejó claro que la existencia de un mecanismo de revisión garantiza que la pena mantenga una perspectiva de reinserción y respete los principios de nuestro sistema penitenciario. El artículo 25.2 de la Constitución establece que las penas privativas de libertad deben orientarse hacia la reeducación y la reinserción social; pero sería un error interpretarlo como si la reinserción fuese el único fin de las penas. Por encima de la reinserción están la justicia y la protección de una comunidad política. . Un Estado no puede desentenderse de su obligación de proteger a los ciudadanos frente a quienes han demostrado una maldad y perversión extrema en el desprecio debido a la vida humana. Durante demasiado tiempo el debate penal en España ha estado condicionado por un clima ideológico que analiza el delito casi exclusivamente desde la posición del delincuente y sus expectativas de beneficio. En ese ambiente ha llegado a resultar casi incómodo afirmar algo tan elemental como que la sociedad tiene derecho a defenderse. Incluso la subcomisión del derecho penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española ―de nuestro Consejo, de los que somos letrados― defendió en su día la supresión de la prisión permanente revisable por considerarla contraria a la Constitución, con argumentos ideológicos más propios de ciertos debates académicos que de un análisis jurídico riguroso, como bien demostró el Tribunal Constitucional más tarde. Ese enfoque ha estado influido por determinadas corrientes difundidas desde organismos internacionales ―muy particularmente Naciones Unidas― que, con frecuencia, han promovido políticas no solo absurdas, sino incluso suicidas, basadas en ese progresismo ingenuo que muchos invocan permanentemente, aunque sus efectos reales disten mucho de servir a la justicia o a sus víctimas. Pero el derecho penal no puede construirse sobre planteamientos teóricos y dogmas ideológicos. Su función es proteger el orden jurídico y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La reforma que hoy se plantea no rompe el equilibrio de nuestro sistema penal, simplemente incorpora dos supuestos que reflejan una gravedad excepcional. La ocultación del cadáver o la negativa a revelar su paradero introduce un sufrimiento añadido especialmente cruel para las familias, que quedan atrapadas en una incertidumbre que se prolonga durante años y no les permite encontrar descanso. El daño no termina con la muerte de la víctima. Hay algo más. Cuando el autor del crimen mantiene ese silencio, cuando ese monstruo se niega a revelar dónde está la víctima, no estamos solo ante un hecho pasado, está prolongando el daño, está persistiendo prácticamente en el delito. En esas condiciones, cabe preguntarse qué sentido tiene hablar de reinserción. Difícilmente puede hablarse de reinserción cuando no hay ni siquiera un gesto mínimo de colaboración o de arrepentimiento. ¿La reinserción evita el delito previo, como se intenta aquí acusar, y previamente con lo que se está ahora programando y se está ahora votando? Pues no, no vengan ustedes con poesías que ni siquiera prometen. El segundo supuesto, la reincidencia en el asesinato, plantea una cuestión igualmente evidente. Cuando una persona ha sido condenada por asesinar y vuelve a hacerlo, el legislador no puede ignorar lo que ese hecho revela. Nada de eso significa renunciar a los principios del Estado de Derecho. Incluso el peor de los criminales conserva esos derechos, precisamente porque por eso la pena es revisable y está sometida al control de los tribunales. Pero tampoco debemos olvidar que en el centro de este debate están las víctimas, sus familias y la sociedad que el derecho debe proteger. Una comunidad política existe, entre otras cosas, para proteger la vida y la seguridad de quienes la integran. Cuando esa vida es destruida de la forma más deliberada y grave posible, el ordenamiento jurídico debe responder con firmeza. El castigo no es venganza, como se ha pretendido decir aquí. Una sociedad que renuncia a defenderse frente a los crímenes más atroces corre el riesgo de olvidar su primer deber, proteger la vida de los suyos y la dignidad de una sociedad. Nos lo dijo el gran diputado de estas Cortes españolas, Ramiro de Maeztu: «Ser es defenderse». Pues, de eso se trata. .

David Serrada Pariente PSOE

Muchas gracias, presidente. Sean mis primeras palabras para mandar un afectuoso y cordial saludo del Grupo Parlamentario Socialista a las víctimas que hoy nos acompañan y a todas las personas que han sido víctimas de estos delitos tan atroces. Señora Montesinos, la voy a citar varias veces hoy, pero quiero señalar una palabra que ha dicho usted que es espeluznante. Después de toda la perorata que ha soltado sobre la violencia de género, me sorprende muchísimo que ustedes sigan poniéndose del lado del agresor en el Ayuntamiento de Móstoles. . No sé, señora Montesinos, si ustedes acompañan sus palabras con hechos. Voy a empezar con una obviedad, señorías: hoy es martes, 17 de marzo. Ustedes registraron esta iniciativa el día 18 de octubre del año 2025. Han pasado muchos días, así que me surgen tres preguntas, señorías del Grupo Popular y de UPN ―que hoy hace doblete―. La primera, ¿por qué el 18 de octubre? Yo, señorías, les podría relatar todas las efemérides de ese día, pero la señora Montesinos me ha dado una idea cuando estaba hablando. He buscado qué pasó ese 18 de octubre. . El 18 de octubre murió asesinada una mujer en La Rioja. Tenía 39 años. Cuando asesinaron a esa mujer, ya habían asesinado a otras 48 mujeres. Antes de ayer fue asesinada otra mujer en España, en Cantabria. En lo que va de año han sido asesinadas 13 mujeres, 1356 desde el año 2003. Señora Montesinos, viene usted aquí a darnos clase de protección a las víctimas, cuando van a firmar pactos con VOX en comunidades autónomas, van a dejar entrar en sus Gobiernos a un partido que claramente ―vamos a decirlo suave― no protege demasiado a las mujeres. . La segunda pregunta, señorías, es ¿por qué debatimos esto hoy? Porque, según afirman en su proposición, leo textualmente: Hay dos fenómenos de honda preocupación para la sociedad española en relación con este delito. ¿Cuáles son? La ocultación del cadáver y la reincidencia en el delito de asesinato. Oigan, si fuera tan profunda la preocupación, si el problema fuera tan grave, ¿por qué traen hoy a debate esta proposición, 150 días después? Señorías del Grupo Popular, han tenido nueve oportunidades, nueve plenos, así que la conclusión es clara: esta proposición ni es tan urgente ni tan trascendente para ustedes. Señora Montesinos, ustedes ya no legislan en caliente, legislan en diferido. Eso nos lleva a la tercera pregunta: ¿cuál es el verdadero propósito que tienen ustedes con esta iniciativa? ¿Buscan un beneficio social o el rédito político? ¿Buscan mejorar nuestro sistema penal o buscan conservar intacta su moralidad? Señorías del Grupo Popular y de UPN, lo que hoy volvemos a ver aquí ―ya los conocemos demasiado bien con estas iniciativas― es que usan el Código Penal como instrumento de confrontación política. Una vez más utilizan a las víctimas, al horror y al rechazo social que provocan crímenes de este calado como herramienta de confrontación política. No estamos ante un sistema penal débil, como ustedes quieren hacer creer hoy; no estamos ante un Código Penal incapaz de responder a los crímenes más graves, y no vivimos en un país inseguro. . La prisión permanente revisable existe desde el año 2015 y se aplica a los delitos más atroces. Por lo tanto, el debate hoy no es si el Estado debe responder con firmeza ante los crímenes más graves ―esa respuesta ya existe―, el debate hoy es para qué quiere el PP ampliar la pena más extrema sin que exista un problema jurídico real que lo justifique. Hoy, señorías del Grupo Popular, lo difícil es ser responsable y lo fácil es deslizarse por la ladera de la demagogia, porque el Código Penal ya permite castigar con contundencia el delito de asesinato y porque, además, ustedes saben que convertir automáticamente la desaparición del cadáver en motivo para imponer la prisión permanente revisable rompe principios jurídicos básicos. Aquí está lo grave de hoy, señorías del Grupo Popular, que están generando falsas expectativas a todas las víctimas de estos delitos tan execrables, señorías. . Al escucharlos hoy, da la impresión de que el Partido Popular tiene una receta fabulosa para resolver todos los problemas que tienen que ver con la criminalidad en nuestro país, puesto que cada vez que hay un crimen se propone una reforma del Código Penal, como si esto fuera un marcador político. Pero la seguridad de los ciudadanos, señorías, no se construye así. La seguridad se construye con más policías y guardias civiles, 46 706 plazas creadas por este Gobierno; se construye reforzando el acceso a la carrera judicial, con 700 plazas más, y se construye con investigaciones eficaces y con leyes bien pensadas y hechas desde la serenidad del legislador. Señorías del Grupo Popular, no podemos reformar el Código Penal a brochazos porque, cuando se legisla a brochazos, se corre el riesgo de ensuciarlo todo. Cuando un sistema penal empieza a utilizar siempre la brocha más grande ocurre algo muy sencillo: se pierden los matices, se pierde la precisión y se pierde la proporcionalidad del sistema. El derecho penal no puede funcionar a base de impulsos ni de titulares, funciona con reglas claras, con proporcionalidad y con buena técnica jurídica. El Constitucional lo dejó claro en el año 2021: La prisión permanente revisable es constitucional, precisamente porque es una pena excepcional, revisable y limitada a supuestos muy concretos. Por eso, señorías, porque es excepcional, no puede ampliarse cada vez que alguien quiere dar una respuesta política rápida a un problema complejo. Señorías, todos y todas compartimos la indignación ante los crímenes más crueles. Todos queremos que se castigue a los que cometen esos delitos, pero nuestra posición hoy es defender un Código Penal equilibrado, proporcionado y coherente. Si ustedes quieren utilizar el derecho penal para competir políticamente con otros grupos políticos, allá ustedes. Lo responsable no es ampliar sin más la pena más grave del sistema, porque un sistema penal fuerte no es el que castiga más, es el que se rige por la justicia y el rigor. Señorías del Grupo Popular, dejen de confundir las penas con la justicia. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la toma en consideración de esta proposición. Muchas gracias. .

Antidio Fagúndez Campo PSOE

Gracias, presidenta. Señorías, subo a esta tribuna para defender algo que en democracia no tendría por qué tener que defender; algo tan simple como es el derecho a informar, el derecho que tenemos todos los ciudadanos a recibir una información veraz y el derecho que tienen los profesionales de la comunicación a hacer su trabajo en libertad y, sobre todo, sin miedo. Por eso, quiero que mis primeras palabras sean de apoyo para ellos, para todos los profesionales de la comunicación que han sido víctimas de intimidaciones, de amenazas, de acosos o de agresiones. Hoy quiero decirles desde aquí que no están solos. Especialmente, se lo quiero decir a ellas, que siempre son diana de estas agresiones: No estáis solas. . Hablamos de personas que tienen nombre y apellidos; profesionales que, simplemente por hacer su trabajo de un modo honesto, han sido víctimas y han visto amenazada su integridad. Personas como Héctor de Miguel, como Sarah Santaolalla, como Elena Reinés y otras muchas que están en la diana de estos ultras y cada día ven amenazado su trabajo. Estas amenazas ya no solo van contra los periodistas, ahora también lo hacen contra los medios de comunicación públicos. Radiotelevisión Española es uno de sus objetivos. Solo hay que ver que en cada una de las sesiones que celebramos en esta Cámara de la Comisión de Radiotelevisión Española los ultras de VOX amenazan e insultan a los profesionales del ente público; a cualquiera de ellos, a Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz o Marta Flich, les da igual. Su objetivo es acabar con ellos y eliminarlos de la parrilla de informativos. Tienen dos objetivos muy claros: primero, acabar con la confianza ciudadana que tenemos a la hora de recibir la información y, segundo ―lo más importante―, quieren expulsar de la vida pública a todos estos profesionales que no comulgan con sus ideas ultras. ¿Cómo lo hacen? Con el odio. Lo inundan absolutamente todo de odio: odio al que discrepa, odio al diferente, odio al que no tiene su doctrina ultra y odio a la persona que es libre. Como siempre, en este país, quien más sufre el odio son las mujeres. Las mujeres son la diana de todos ellos. Hace unos días la directora del Instituto de las Mujeres, mi admirada Cristina Hernández, escribió lo siguiente: Esta estrategia del odio lo que pretende es expulsar a las mujeres del espacio público, que dudéis antes de escribir, que borréis antes de publicar, que bajéis el tono de vuestra voz antes de opinar; en definitiva, que no seáis libres. Eso es lo que persiguen. Lo hacen con los periodistas, pero también con todos los profesionales: los científicos que explican el cambio climático, los médicos que garantizan el derecho al aborto a las mujeres en este país o los artistas. En definitiva, con cualquier profesión que no tiene su ideología ultra. Esta Cámara, señorías, tampoco es ajena a estos ataques de odio. Conocíamos la semana pasada que la diputada Ione Belarra había sido amenazada de muerte por dos ultras, por dos individuos que, por suerte, ya están detenidos y encarcelados. Los diputados y las diputadas de esta Cámara, tenemos que sufrir el acoso y la persecución de estos pseudoperiodistas que merodean por las calles del Congreso cada vez que entramos o salimos del hemiciclo. Señorías del Grupo Popular, ustedes se han dedicado cada miércoles a inundar este hemiciclo de insultos, de amenazas y de gritos cada vez que comparecen los ministros del Gobierno de España. A eso es a lo que se dedican ustedes. Señores del Grupo Popular, en el último Pleno, el del 25 de febrero, en la sesión de control los diputados y las diputadas del Grupo Popular interrumpieron cuarenta y dos veces a los ministros de este Gobierno. Más de la mitad de esas interrupciones fueron dirigidas a las ministras del Gobierno de España. En el anterior Pleno, el del 18 de febrero, fueron cincuenta y siete las interrupciones que registraron los servicios de la Cámara a los ministros del Gobierno de España. Ustedes tienen una falta de educación y de respeto al llenar de insultos y de agresiones a los ministros de este Gobierno, e inundando esta Cámara de una falta de educación que es muy lamentable. Miren, estos discursos no son gratis. Ustedes los retroalimentan y luego los amplifican en las redes sociales. Y esto tiene sus consecuencias en la calle, porque ahí es donde vemos las amenazas y las agresiones. Por eso, señorías del PP, les pregunto, ¿con quiénes van a estar en esta guerra, van a estar con las víctimas o van a estar con los acosadores? . ¿Van a estar con los profesionales o van a estar con los difamadores? ¿Van a estar con los que defendemos la democracia o contratando a Vito Quiles para sus actos de partido? Ustedes tienen que decidir. Y termino, presidenta. Nosotros lo tenemos muy claro: vamos a seguir legislando para mantener el derecho a informar y el derecho que tenemos todos los ciudadanos a una información veraz. Lo vamos a hacer como lo venimos haciendo en el Partido Socialista a lo largo de los 146 años de historia de nuestro partido, en los que hemos defendido la democracia y la libertad en este país. Y les puedo asegurar ―y con esto termino― que, desde este grupo parlamentario y desde este Gobierno, vamos a seguir defendiendo la paz, el respeto y la libertad como símbolos de concordia para este país. Muchas gracias. .

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias, presidenta. Señorías, marcaron la casa de Cristina Fallarás con una X. Subieron hasta la puerta y llamaron al timbre de la casa en la que estaban sus hijos menores. Tuvo que cambiar de ciudad. El lunes declaraba en un juzgado únicamente por dar voz a una mujer que acusaba de agresión sexual al rapero Ayax. Lo peor es que los agresores de VOX todavía tienen abierta una página web recaudando dinero, extendiendo el odio y señalando a Cristina Fallarás. . A Sarah Santaolalla el escuadrista Vito Quiles la ha acosado en la puerta de su casa, en la puerta de su trabajo y ha llegado, con los matones con los que va acompañado, a agredirla físicamente mientras el circo mediático intenta desprestigiarla. A Laura Arroyo los de VOX y un guardia civil le dijeron que tenía que ser deportada. A Alejandra Martínez un fan de Vito Quiles la amenazó de muerte en la puerta de este Congreso, señorías. Dijo, literalmente: Dame la pistola que ya lo hago yo. A Elena Reinés la han acosado y amenazado de muerte; como a Irene Montero, como a Rita Maestre, como a Martina Velarde, como a mí misma. No es una casualidad, señorías, es un patrón, es porque somos mujeres, porque somos feministas, porque somos de izquierdas. . El objetivo está más que claro: que nos callemos, que nos callemos de una puñetera vez. Señorías de VOX, escuadristas, Vito Quiles y toda la carcundia, les tengo una mala noticia: nosotras no nos vamos. Nosotras vamos a pelear hasta el final. Vamos a defender hasta el final nuestras ideas, nuestros valores, y vamos a pagar el precio que sea necesario. Porque hemos aprendido, querida Sarah y querida Laura, del feminismo, que juntas somos imparables. Y esa es la lección que le queremos dejar a nuestras hijas y a las que vengan detrás, que un mundo nuevo se va a abrir paso y que nosotras lo vamos a construir. Termino lanzándoles una pregunta a todos estos señoritos de corbata, de traje, todos esos que niegan la violencia de género, que nos llaman charos y feminazis: ¿Qué harían ustedes si les acosaran en la puerta de su casa con su familia? ¿Saben lo que harían? Decir que es terrorismo, decir que es intolerable. Entonces, ¿por qué están ustedes financiando, permitiendo, alentando y ejecutando la violencia contra nosotras? Pues eso. Muchas gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gracias, presidenta. La derecha está obsesionada con Televisión Española. ¿Por qué justo ahora que tiene audiencia es el demonio? ¿Por qué apuntan a periodistas y colaboradores mientras les ríen las gracias a matones de patio de escuela con la skincare hecha como Vito Quiles? No entiendo esta preocupación, cuando fueron ustedes quienes llevaron a Canal Nou a la ruina hasta cerrarla, porque la manipulación era tan burda que ni Paco Camps ni su familia querían verla. Pero ¡qué mala es Sarah Santaolalla!, ¿eh? Lo hicieron también con Telemadrid. Lo hacen con À Punt, donde cada viernes los profesionales se manifiestan contra la manipulación que sufren. Fueron ustedes los cutres que, mientras el pueblo valenciano nos manifestábamos en masa en las calles de Valencia contra Mazón, À Punt decidió que tenía que emitir una corrida de toros del año 1997. Pero qué mala es Sarah Santaolalla, ¿eh? . Y es que, señorías del Grupo Popular, a ustedes solo les importan las adjudicaciones externas, porque, ustedes, por encima de todo, han venido aquí a saquear. Me gustaría hacer una mención especial al programa de Toni Cantó, en À Punt, que consiguió cero de audiencia. ¡Cero! Pero qué mala es Sarah Santaolalla. Para ustedes la libertad de prensa es meter a Toni Cantó en prime time. Para ustedes periodismo es decir que el 11M fue ETA. Para ustedes el derecho a la información es llevar como ponente a una comisión de la dana al inventor del bulo del parking de Bonaire. Para ustedes libertad de expresión es solo solo lo que dice Ana Rosa Quintana. Pero qué mala es Sarah Santaolalla. .

Néstor Rego Candamil BNG

Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. Que a ultradereita é en si mesma antítese das liberdades e unha ameaza permanente para a liberdade de información e de opinión é evidente. Que é preciso combater a súa actividade de axitación, de fake-news e de desinformación? Unha certeza. Mais non é apenas a ultra dereita, a dereita cada vez máis ultra é especialista en manipulación informativa e na censura, normalizan a mentira como arma política e criminalizan a verdade cando lles resulta incómoda. Que nolo digan a nós, os galegos e galegas, que comprobamos como os gobernos de Núñez Feijóo converteron a Televisión de Galiza nun aparello de propaganda do Partido Popular e nun couto privado, onde só entran as voces do réxime ou plenamente submisas e as informacións que interesan. Iso que os traballadores e traballadoras da TVG levan denunciando desde Defende a Galega cada semana desde hai máis de seis anos. O BNG nunca vai dubidar á hora de denunciar as ameazas ultras que se están a producir contra quen non pensa coma eles e de combater as limitacións á liberdade de expresión, mais, señoras e señores do Partido Socialista, para traer esta iniciativa aquí deberían vostedes ser un bocadiño máis coherentes. Prometeron derrogar a Lei da Mordaza e oito anos despois aínda non o fixeron. É máis, son o goberno que máis a está a aplicar de maneira absolutamente inxusta e reaccionaria. Mire, nese momento hai na Galiza ducias de activistas multados en aplicación da Lei de Mordaza por se manifestaren para parar a volta ciclista e denunciar o xenocidio que Israel cometeu en Gaza. Dúas activistas, tamén xulgadas por se manifestaren en Monforte de Lemos contra a presenza do equipo israelí e mesmo un compañeiro denunciado pola Garda Civil por delito de odio. O mundo de patas para o ar por criticar a Israel nas redes sociais. En fin, a liberdade de expresión haina que defender con coherencia e hai que respectar e facela respectar tamén desde o goberno, se non máis razóns que se lle dan ás dereitas ultras para conculcar ao seu bel pracer e non iso non se debe facer Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Que la ultraderecha es la antítesis de la libertad y una amenaza permanente para la libertad de información es evidente. Hay que combatir su actividad de agitación, de fake news, de bulos. Hay que combatirlos, cierto. Pero, no es solo la ultraderecha. La derecha, cada vez más ultra, se especializa en manipular información, en la censura: normalizan la mentira como arma política y criminalizan la verdad cuando les resulta incómoda. Que nos lo digan a nosotros, los gallegos, que comprobamos cómo los gobiernos de Núñez Feijóo convirtieron la televisión gallega en un aparato de propaganda del PP e hicieron de ella un coto privado, donde solo se escuchaban las voces del régimen y solo se escuchaban las voces que interesaban, y eso que los trabajadores de la televisión gallega denuncian, cada semana, esta situación desde hace más de seis años. El BNG nunca va a tener dudas a la hora de denunciar las amenazas contra quienes piensan como ellos, y vamos a defender la libertad de expresión. Pero, señores del PSOE, para traer esta iniciativa aquí, ustedes deberían ser un poco más coherentes. Prometieron derogar la ley mordaza y, tiempo después, todavía no lo han hecho. Es más, es un Gobierno que la está aplicando de alguna manera. En Galicia hay decenas de activistas multados por la aplicación de la ley mordaza por manifestarse en la Vuelta Ciclista mientras denunciaban la implicación de Israel en el genocidio de Gaza. Y eso mismo hicieron en Monforte de Lemos. Incluso tenemos un compañero denunciado por delito de odio por criticar a Israel en las redes sociales. En fin, la libertad de expresión hay que defenderla con coherencia, respetarla y hacer que se respete también desde el Gobierno, porque si no, le damos más razones a la derecha y a las derechas ultras a seguir con su trabajo, y eso no lo debemos permitir.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Arratsalde on, guztioi! Alderdi Sozialistak ekarri digun ez legezko proposamen honetan bere kezka azaltzen du, batez ere sare sozialetan ematen ari diren mehatxuak direla eta, bai komunikatzaile eta kazetarien aurka. Eta mehatxu hauek batez ere, autozentsura eragiten dutela esaten du, horrek beldurra sortzen duelako kazetari horiengan eta espresatzeko arazoak sortzen dituelako. Eta egia da hori hola dela, zeren mehatxu eta jazarpenak inolaz ere ez dutelako lekurik gure demokrazian eta inongoan ere. Horregatik, horren ondorioz, eskuin muturraren eragina eta indartzea dakar guzti horrek, bai Estatu espainolean eta baita beste leku askotan ere bai, eta presio horrek komunikabide publikoak txikitzen ditu, xahutzen ditu eta ahultzen ditu, eta hori ez dago onartzerik. Hori dela eta, bi puntu jartzen ditu alderdi sozialistak. Alde batetik, informazio askatasunari babesa ematea eta baita ere medio publikoei babesa ematea komunikazioaren ardatz gisa. Buenas tardes, señorías. El Grupo Socialista nos presenta una PNL mostrando su preocupación por lo que está sucediendo en las redes sociales y por las distintas amenazas contra periodistas y comunicadores. Dicen que esto crea autocensura y genera miedo y problemas a la hora de expresarse con libertad. Y es cierto: esos insultos no tienen lugar ni en esta democracia ni en ninguna otra. Todo ello refuerza a la extrema derecha, tanto en el Estado español como en otros lugares. Esa presión va quitando fuerza a los comunicadores y periodistas. Por ello, es fundamental promover la libertad de expresión, y también nos gustaría mostrar nuestro apoyo a la televisión pública. Como decía mi compañero Luke Uribe-Etxebarria la semana pasada en el Senado: En una democracia, son los ciudadanos quienes tienen derecho a la información o a una información veraz ―también lo decía Uxue Barkos―, libre, profesionalmente honesta, responsable, respetuosa y creadora de convivencia. Los medios de comunicación y los profesionales de la información son los actores de intermediación en este proceso, que permite a los ciudadanos poder ejercitar su derecho a la información. La violencia contra la prensa es incompatible con la democracia. No la puede admitir. Resulta trágico que una porción significativa de las agresiones contra las periodistas nazca precisa y vergonzosamente de llamamientos directos o sutiles por parte de líderes políticos que incitan a que esas violencias se ejercen. Desgraciadamente, si algún día consiguen llegar al poder ―y lo debemos impedir, evidentemente, con la fuerza y la dignidad de la democracia―, esta gente instauraría regímenes donde precisamente no existiría atisbo alguno de libertad de expresión ―esa libertad de expresión que ellos mismos reclaman ahora―, ni de libertad de acceso a la información plural, veraz y honesta. Nos trae el Grupo Socialista una proposición no de ley con dos puntos en su petitum. Y la verdad es que me preocupa que traigan este petitum porque, o bien estamos en una situación en la que tenemos que pedir al Gobierno que apoye y proteja la libertad de información, expresión y opinión, así como el ejercicio libre del periodismo, y que defienda los medios públicos de comunicación como pilares fundamentales del sistema democrático, indica que tenemos un enorme problema; o si es que el Gobierno no lo está haciendo ya y se lo tenemos que recordar, aún peor. Por lo tanto, yo entiendo que aquí lo que se quiere es buscar otro debate, y están en su derecho. Pero, más allá de lo que son las amenazas a personas, que evidentemente son aborrecibles ―y en Euskadi de eso sabemos un poco, por algunos que en su momento ejercieron ese matonismo―, hay una cuestión que es independiente de las cuestiones personales, y es el criterio mismo de la información. Edwy Plenel ―periodista y fundador de Mediapart― basa su filosofía periodística precisamente en la diferenciación que en su día estableció Hannah Arendt entre verdades de hecho y verdades de opinión. Las verdades de opinión, según esta perspectiva, no son hechos verificables, a diferencia de las verdades de hecho, que son datos, eventos, evidencias, etcétera. Las verdades de opinión se alimentan por afectos, son perpetuas y tienen el riesgo democrático. Y Plenel, precisamente, advierte de que, si bien son parte de la democracia, pueden llegar a sumergir u ocultar las verdades de hecho si no se defiende la información independiente. Las verdades de opinión, desgraciadamente, están sustituyendo a las verdades de hecho, generando un debilitamiento acelerado de la credibilidad de la información y de los informantes. Plenel enfatiza la necesidad de defender la información frente a la opinión, argumentando que la democracia no puede basarse solo en la libre expresión de opiniones, sino en la exigencia de las verdades de hecho. Pero hay algo peor, que es la implosión de las verdades de hecho falsas. Ya no son opiniones. Podemos decir «este Gobierno está siendo injusto con los jóvenes» ―eso es una verdad de opinión― o «Europa discrimina a los agricultores». Ni se puede verificar ni se puede desmentir, porque es una verdad de opinión. Pero si decimos «con Franco se vivía mejor» o «los vascos roban a España», eso son verdades de hecho. No son opiniones, son afirmaciones falsas; es decir, las famosas fake news. Desgraciadamente, a base de insistir y tener altavoces poderosos, acaban calando en la sociedad, con las nefastas consecuencias que de ello se derivan. Señora presidenta, voy acabando. Dicen que vivimos en la sociedad líquida de Bauman o en la posverdad, palabras, todas ellas altisonantes, para definir situaciones que se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. El poderoso necesita que la realidad no sea como es, sino como él quiere que sea. Y para eso están los medios de comunicación objetivos, libres y profesionales, que cumplen esa doble función que decía José María Izquierdo en su libro ¿Para qué servimos los periodistas?: respetar los hechos, diciendo a la gente lo que piensa la gente ―esta es una cita de Scalfari, el director de La Repubblica― y controlar a los poderosos para que no hagan lo que quieran. Cuando hay informaciones al servicio de otros intereses, empieza la falsedad, empieza el declive y empieza el fascismo. Muchas gracias.

Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu

Arratsalde on. Hoy hablamos, una vez más, de las redes sociales y de cómo se han convertido en un instrumento de intimidación, amenazas, insultos y odio contra todo el que piensa diferente, y que alcanza también a los y a las profesionales de los medios de comunicación. Estamos de acuerdo con el contenido de esta proposición. El derecho a informar y a ser informados se debe proteger y garantizar. Así que, tal y como se propone, apoyamos el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de expresión y opinión, y el desarrollo de un trabajo profesional periodístico libre que hoy, desde sectores reaccionarios, se intenta amordazar. Nadie nos va a hacer creer que son simplemente diferencias de opinión en el contexto de las redes sociales. No, en absoluto. Es toda una estrategia perfectamente orquestada de las fuerzas de ultraderecha para generar crispación, odio y enfrentamiento: tres de los ingredientes de los que se alimentan para sostener su proyecto totalitario. Periodistas, políticas, artistas, referentes sociales o cualquier persona que tenga una capacidad de incidir en el debate público y social recibe el acoso y las amenazas de estos ultras desde una red social, desde una televisión, desde un periódico o desde un escaño. Porque no son situaciones aisladas. Es toda una estrategia diseñada por la ultraderecha para expandir su proyecto de odio a todos los ámbitos de la vida social y pública. Y me detengo especialmente en las mujeres periodistas, que son quienes sufren los mayores ataques y amenazas, porque, como buenos ultras, son profundamente machistas. Ultras y machistas que lo hacen, además, bajo la excusa de la libertad de expresión. Un argumento que está siendo explotado por parte de la extrema derecha para acallar a quienes buscan luchar contra el racismo y contra el patriarcado, a quienes luchan por una sociedad de justicia social, todo esto mientras expanden el odio contra los migrantes, las mujeres, las personas de izquierdas o quienes defienden las libertades y la justicia social. No, señorías, no es crispación, es odio de las derechas hacia el resto. No es polarización, son ataques e insultos de las derechas hacia el resto. Son ellos ―sí, ellos―, la ultraderecha con sus numerosos tentáculos, los únicos que generan odio, división y crispación contra el resto, en los medios, en las redes, en las calles y en los parlamentos. Esaten ari nintzen moduan, begi bistakoa da ultraeskuinaren estrategia. Adierazpen askatasuna aitzakia bihurtu du arrazakeriaren aurka, patriarkatuaren aurka edo gizarte justuago baten alde lanean ari diren guztiak isilarazten saiatzeko. Eta hori guztia migratzaileen, emakumeon, ezkertiarron edota askatasunak eta justizia soziala defendatzen dituen edozein pertsona edo talderen aurkako gorrotoa hedatzen duen bitartean. Ez gara suminaz ari, eskuinekoek gainontzekoekiko, beste guztiekiko, zabaltzen duten gorrotoaz ari gara. Eta ez da polarizazioa, eskuinekoek gainontzeko guztiei zuzentzen dizkiguten eraso eta irainez ari gara. Eta hau ez da ezer berria. Aspalditik ezagutzen ditugu halako estrategiak eta gorroto diskurtsoak. Beti egin izan diegu aurre, eta aurrerantzean ere parez pare edukiko gaituzte. Como decía, la estrategia de la extrema derecha es evidente: ha convertido la libertad de expresión en una excusa para intentar silenciar a quienes trabajan en contra del racismo, del patriarcado y a favor de una sociedad más justa. Y todo eso mientras expanden el odio hacia quienes trabajan en contra del racismo, del patriarcado y a favor de una sociedad más justa. No hablamos de crispación, sino del odio de la derecha hacia el resto. No es polarización, nos referimos a los ataques e insultos que la derecha nos dirige al resto. Esto no es nada nuevo. Hace tiempo que conocemos estas estrategias y discursos de odio. Siempre les hemos hecho frente y en el futuro seguiremos plantándoles cara. Xenofobia, discursos viscerales, sí, el odio ha existido siempre. De ello habló hasta Cicerón, cuando dijo que el odio es rabia solidificada. Hoy, las redes sociales son el actual Coliseo romano donde se libra esta batalla. Memes, vídeos, noticias falsas, insultos, injurias, también a periodistas que destacan por ser el otro, ese que piensa diferente a lo que piensas tú. Y ha existido siempre, pero lo más inquietante es que el odio parece estar ganando terreno en esta sociedad. ¿Y saben qué? Que todo esto no es ajeno a lo que sucede también en este hemiciclo, donde el grado de agresividad, insultos y comportamientos vergonzosos supera todo lo que hace unos años pudiera ser imaginable. Y esto le va bien a la extrema derecha, a la extrema derecha de VOX, porque convertir este Parlamento en un espectáculo circense le viene como anillo al dedo para añadir carga en el desprestigio de la política. A la extrema derecha, a la derecha extrema del Partido Popular no creo que le vaya a venir bien, pero se deja arrastrar por esta corriente. ¿Contribuye al mismo objetivo? Lo hace, además, con inusitada pasión y, sin embargo, estoy convencida de que también ustedes, señorías del Grupo Popular, perderán en ese marasmo de la política reducida al insulto y la inflamación. Ese odio es el que ahora se ha banalizado, el que se ha convertido en las redes sociales en algo cotidiano; se juzga y se señala, se utiliza el odio como arma política, como herramienta de enfrentamiento para fomentar la intolerancia y la polarización, simplemente porque no gusta lo que este o esta periodista opine respecto a lo que sea. Y, señorías, que los profesionales de la información ―los periodistas, las periodistas― se posicionen sobre cuestiones de interés público es algo esencial para mantener un debate informado en la sociedad. Y doy un paso más allá para decir que esto sirve exactamente igual a las personas que ejercen su profesión en otros ámbitos ―como el arte o la música― y que desempeñan un papel clave al inspirar el pensamiento crítico. Por eso, el derecho a la libertad de expresión, al que aludimos hoy en favor de las periodistas que sufren acosos y amenazas, protege también a quienes lanzan mensajes y declaraciones que escandalizan y molestan. Y no viene mal acordarnos hoy de Voltaire, crítico implacable con lo que consideraba que debía serlo en estos tiempos de acoso a periodistas por parte de la extrema derecha fundamentalmente, pero en estos mismos tiempos en que en el Estado español se encierra, juzga y condena a tuiteros o raperos por lo que expresan las letras de una canción. Termino ya. Es urgente, por tanto, enfrentar el odio en las redes y a quienes lo trasladan a las calles, a los medios y a los hemiciclos. Por mucho que nos acosen, nos insulten y nos amenacen, les seguiremos haciendo frente. Eskerrik asko. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Gràcies, presidenta. Bé, avui els socialistes es presenten com a defensors de la llibertat d’expressió. Vostès, els mateixos que han presentat dos projectes de llei — el de governança dels serveis digitals i mitjans de comunicació, i el de protecció dels menors en els entorns digitals— que pretenen eliminar continguts o tancar plataformes o perfils a les xarxes socials, atenció, sense intervenció judicial. Projectes que amenacen amb sancions molt importants els mitjans de comunicació que publiquin continguts lesius per a la població. El que no expliquen és que lesius és, sota el seu criteri, és clar. Mirin, l’àmbit sancionador no pot funcionar sense control judicial. Això provoca l’autocensura que, segons diuen, volen evitar. Què creuen que passarà si un organisme sancionador decideix que una notícia és lesiva per a la població i posa 300 000 euros, per exemple, de multa al mitjà? Doncs que mitjans, creadors de continguts i plataformes preferiran eliminar continguts per no assumir riscos sancionadors. És un model, per tant, molt perillós, que pot acabar utilitzant-se per limitar la dissidència política o els discursos crítics contra aquest Govern o contra qualsevol altre. Això és defensar la llibertat d’expressió? A més, si ho analitzem en retrospectiva, pensant en situacions del passat que es podrien repetir en un futur, ens preguntem: vostès haurien eliminat continguts, sancionat o tancat qualsevol mitjà que informés sobre el referèndum de l’1 d’octubre? La resposta és 155 vegades «sí». Insistim, impulsen lleis que apliquen restriccions incompatibles amb el dret de la Unió Europea i que van en contra de drets fonamentals, perquè la seva llibertat d’expressió acaba allà on comencen les opinions contràries als seus interessos. Denuncien que l’extrema dreta vol ofegar econòmicament els mitjans públics o posar-los al seu servei quan arribi al poder. Nosaltres també ho denunciem. Però vostès, vostès que fan campanyes electoralistes de propaganda amb els diners de tots els catalans, com la de liderar, que el Govern d’Illa va fer i que van haver de retirar quan Junts la va denunciar davant del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Vostès, els de la llibertat d’expressió, són els mateixos que aplaudien amb les orelles quan l’exministre Borrell deia que calia desinfectar Catalunya després de l’1 d’octubre. En un exemple, com recordava fa uns dies el president Puigdemont de discurs d’odi, de catalanofòbia, aquesta expressió que cridava a la desinfecció hauria fet saltar els detectors de la seva nova plataforma Hodio — amb hac de hater—? D’aquesta plataforma destinada a rastrejar mitjançant intel·ligència artificial els discursos d’odi a les xarxes socials? La resposta: 155 vegades «no». Perquè són vostès mateixos els que determinen què és discurs d’odi i què no ho és. A la pàgina del ministeri competent diuen que ho fan sota criteris acadèmics i estàndards internacionals. Aquesta és la teoria. Ja sabem tots quina és la pràctica. Mirin, no discutim que cal defensar els professionals dels mitjans de comunicació quan són víctimes de campanyes d’assetjament a les xarxes socials per part dels fatxendes. Ho fem. Ho farem. Però també qualsevol ciutadà que pateix l’odi només pel fet de ser català. A més, la fiscalia ja pot actuar llei en mà contra els assetjadors dels professionals de la informació o contra qui publica o difon notícies falses. Seguim parlant de llibertats. Vostès, els que critiquen l’algoritme d’X i busquen el focus mediàtic provocant Elon Musk, són els mateixos que volen convertir-se en el Big Brother, el gran germà, de tots els ciutadans de l’Estat, aplicant l’algoritme del poder, en una expressió molt encertada de Gonzalo Boye, per fiscalitzar des de l’Agència Tributària els regals de boda, els bízums de pares a fills, cada euro gastat. Fan servir la iniciativa d’avui per denunciar la persecució de Trump a alguns mitjans públics de gran prestigi, com la BBC. No serem nosaltres qui defensem Trump, però els atacs socialistes responen a les recomanacions de l’equip de 700 assessors i analistes de Pedro Sánchez — que, per cert, volem saber què costa tot aquest equip— per tapar la mala gestió i el bloqueig dins de l’Estat amb aquest All that jazz internacional. Junts defensa els mitjans públics, per descomptat, jo mateixa hi he treballat en ells 25 anys, a Catalunya Ràdio, a Televisió de Catalunya i també a Televisió Espanyola. Però utilitzar-los al seu favor, a favor del Govern de torn, també va en contra de la llibertat d’expressió. I en poso un exemple, manipulat de manera vergonyant la informació que es va donar sobre el desplegament de la Llei ELA a Catalunya. Ni el Parlament ni els informatius 3Cat van explicar que la pràctica eliminació del copagament de les prestacions que ara tindran els malalts que estiguin amb dependència extrema a Catalunya ha estat gràcies a la moció que va presentar i aconseguir aprovar Junts al Parlament. I em sap greu, personalment i professional, perquè, si els mitjans públics fan seguidisme de qui mana, què ens queda? Que puguin seguir informant de manera veraç i contrastada és responsabilitat de tots nosaltres. Gracias, presidenta. Hoy, los socialistas se presentan como defensores de la libertad de expresión; ustedes, los mismos que han presentado dos proyectos de ley ―el de gobernanza de los servicios digitales y medios de comunicación y el de protección de los menores en los entornos digitales― que pretenden eliminar contenidos, cerrar plataformas o perfiles en las redes sociales ―¡atención!― sin intervención judicial; proyectos que amenazan con sanciones muy importantes a los medios de comunicación que publiquen contenidos lesivos para la población. Lo que no explican es que lesivos es según su criterio, claro. El ámbito sancionador no puede funcionar sin control judicial. Eso provoca la autocensura que, según dicen, quieren evitar. ¿Qué creen que pasará si un organismo sancionador decide que una noticia es lesiva para la población y pone 300 000 euros, por ejemplo, de multa al medio? Pues que medios creadores de contenido y plataformas van a preferir eliminar contenidos antes de asumir riesgos sancionadores. Es un modelo, por lo tanto, muy peligroso que puede acabar utilizándose para limitar la disidencia política o los discursos críticos contra este Gobierno o contra cualquier otro. ¿Es eso defender la libertad de expresión? Además, si lo analizamos en retrospectiva, pensando en situaciones del pasado que podrían repetirse en el futuro, nos preguntamos: ¿ustedes habrían eliminado contenido, sancionado o cerrado cualquier medio que informara sobre el referéndum del 1 de octubre? La respuesta es ciento cincuenta y cinco veces sí. Insistimos, impulsan leyes que aplican restricciones incompatibles con el derecho de la Unión Europea y que van en contra de derechos fundamentales, porque su libertad de expresión acaba allí donde empiezan las opiniones contrarias a sus intereses. Denuncian que la extrema derecha quiere ahogar económicamente a los medios de comunicación públicos o ponerlos a su servicio cuando llegue al poder. Nosotros también lo denunciamos, pero ustedes hacen campañas electoralistas de propaganda con el dinero de todos los catalanes, como la de lideratge del Gobierno Illa, que tuvieron que retirar cuando Junts la denunció ante el Consejo del Audiovisual de Cataluña. Ustedes, los de la libertad de expresión, son los mismos que la aplaudían con las orejas cuando el exministro Borrell decía que había que desinfectar Cataluña después del 1 de octubre, en un ejemplo, como recordaba hace unos días el presidente Puigdemont, de discurso de odio, de catalanofobia. Esta expresión, que llamaba la desinfección, ¿habría hecho saltar los detectores de su nueva plataforma Hodio ―con hache de hater―, de esta plataforma destinada a rastrear mediante inteligencia artificial los discursos de odio en las redes sociales? La respuesta, ciento cincuenta y cinco veces no, porque son ustedes mismos los que determinan qué es discurso de odio y qué no. En la página del ministerio competente dicen que lo hacen bajo criterios académicos y estándares internacionales. Esta es la teoría. Ya sabemos todos cuál es la práctica. No discutimos que haya que defender a los profesionales de los medios de comunicación cuando son víctimas de campañas de asedio en las redes sociales por parte de los ‘fachendas’. Lo haremos, pero también cualquier ciudadano que sufra odio solo por el hecho de ser catalán. Además, la Fiscalía ya puede actuar, ley en mano, contra los acosadores de los profesionales de la información o contra quien publica o difunde noticias falsas. Seguimos hablando de libertades. Ustedes, los que critican el algoritmo de X y buscan el foco mediático provocando a Elon Musk, son los mismos que quieren convertirse en el big brother, el gran hermano de todos los ciudadanos del Estado, aplicando el algoritmo del poder ―una expresión muy acertada de Gonzalo Boye― para fiscalizar, desde la Agencia Tributaria, los regalos de boda, los bizums de padres a hijos, cada euro gastado. Usan la iniciativa de hoy para denunciar la persecución de Trump a algunos medios como la BBC. No seremos nosotros quienes defenderemos a Trump, pero los ataques socialistas responden a las recomendaciones del equipo de asesores y analistas de Pedro Sánchez. Querríamos saber qué cuesta todo ese equipo de setecientos para tapar la mala gestión y el bloqueo en el Estado de ese All that jazz internacional. ¿Junts defiende a los medios públicos? Por supuesto. Yo misma he trabajado en ellos veinticinco años ―en Catalunya Ràdio, en Televisió de Catalunya y también en Televisión Española―, pero utilizarlos en su favor, en favor del gobierno de turno, también va en contra de la libertad de expresión, y voy a poner un ejemplo. Han manipulado de manera vergonzosa la información que se dio sobre el despliegue de la ley ELA en Cataluña. Ni Illa en el Parlament ni los informativos de 3Cat han explicado que la eliminación prácticamente total del copago de las prestaciones que van a tener ahora los enfermos que estén en dependencia extrema en Cataluña ha sido gracias a la moción que presentó y consiguió aprobar Junts en el Parlament. Y lo lamento en lo profesional y en lo personal porque, si los medios públicos hacen seguidismo de quien manda, ¿qué nos queda? Que puedan seguir informando de forma veraz y contrastada es responsabilidad de todos nosotros.

Gabriel Rufián Romero ERC

Una previa. Señora Calvo, hay que tener muchas ganas de meter a Puigdemont y al 1 de octubre en una iniciativa en contra o para intentar paliar las amenazas a las mujeres feministas de izquierdas. Hay que tener muchas ganas de hablar de Puigdemont y del 1 de octubre, muchas ganas. ¡Menudo papelón! Señorías del Grupo Socialista, esto no debería ser una PNL. Esto no debería ser una proposición no de ley. Este hemiciclo no debería estar semivacío. Ustedes tienen el BOE cada martes. Esto debería ser ley, cárcel y multas, no una iniciativa random para quedar aquí bien. Ridícula, mala, puta, deberías estar muerta, loca, loca, ida, eres un trozo de carne con ojos. ¿Qué les parece esto, señorías del Grupo Popular? A VOX, ni me refiero. ¿Están en contra de estos comentarios? Les doy una pista: son a mujeres. ¿Sí? Deberían estar en contra, porque son comentarios contra Ayuso y contra Ester Muñoz. . A mí me parecen terribles. Me parecen terribles las políticas que defienden Ayuso y Ester Muñoz. A mí me parece terrible una imagen de Begoña Villacís embarazada de ocho meses rodeada de tarados que la estaban increpando. Me parece horrible. Esto me parece horrible. Ahora, ustedes (señalando hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso); ahora, ustedes. Sospecho que no lo harán, ¿verdad? Hay aquí víctimas de ese acoso, pero, claro, son de izquierdas. ¿Saben cuál es la diferencia? Que esto está escrito por cuatro ‘taraos’, ‘taraos’. Lo que le ocurre al liderazgo femenino y feminista de izquierdas en este país es un sistema orquestado y financiado por partidos como ustedes. Por ejemplo: OKdiario, un millón de pavos; esRadio, un millón de pavos; Libertad Digital, 900 000; Periodista Digital, 350 000; Estado de alarma ―¡ Estado de alarma!, las paguitas―, 150 000. Este es un sistema que cada día insulta, vilipendia, menosprecia, persigue hasta la puerta de su casa, como a Sarah Santaolalla, financiado. No son cuatro ‘taraos’, ¿eh? Hay dos ahí con un micro (señalando hacia fuera del hemiciclo), periodistas incómodos. Algún día se sabrá cómo están aquí y por qué tienen una credencial del Congreso. Algún día se sabrá, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Ustedes financian un sistema de acoso. ¿Saben por qué? Porque saben perfectamente que el futuro de las izquierdas es femenino y es feminista. . Lo saben perfectamente, y las quieren disciplinar. Las quieren disciplinar: que no sean, que no hablen, que no defiendan, que la siguiente se lo piense porque, oye, si han perseguido hasta la puerta de su casa a Sarah... Yo no tengo ni idea de dónde vive Ayuso; sé que su ático está pagado por muchísima gente , pero no tengo ni idea de dónde vive. En cambio, sé dónde vive mucha gente de izquierdas. ¿Por qué? ¿Eso por qué es? . Claro, la gente de izquierdas no puede, tenemos que vivir en cuevas. Multas y cárcel, señorías del Grupo Socialista. Multas ―250 000, 300 000, 350 000, 500 000, un millón de pavos― a gente que haga esto, que reparta publicidad frente a acosadores. ¿Por qué no? Se ha filtrado la dirección de Rita Maestre como si fuera una casa de… ¡En fin!, y la llaman a las tres de la mañana con sus hijos dentro. ¿Es porque sí? No, es porque es Rita Maestre y porque es de izquierdas, igual que a Sarah Santaolalla, a Laura Arroyo... Con Laura Arroyo, sobre todo, ¿saben qué pasa? También sufre racismo, que es un añadido, porque, claro, uno se puede apellidar De Meer y ser superespañola, pero, en cambio, Laura Arroyo no porque, claro, todo el mundo sabe… ¡Ya, ya, ya! Solamente quiero hacer un comentario final. A mí me han pegado por Madrid, a mí me han pegado, me han cogido del cuello por Madrid. Yo voy con gorra y con mascarilla por Madrid, sobre todo en puertos y aeropuertos, que son zonas muy peligrosas para gente como yo. A mí me han insultado, me han amenazado, a mi familia, a mis hijos, pero ¿saben qué no me ha pasado a mí nunca como hombre? A mí nunca me han cuestionado que esté aquí por un favor sexual. . Nunca. Jamás. Jamás. Y a mí nunca me han seguido hasta la puerta de mi casa de noche sin ni siquiera ser político, simplemente por ser mujer. Están alimentando... Yo a VOX ni…, en fin, VOX… Pero ustedes, señores del Grupo Popular, están alimentando una bestia que algún día les comerá. De hecho, les está comiendo. Muchas gracias. .

Teslem Andala Ubbi SUMAR

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Me toca al final del todo, así que voy a intentar recoger todas las ideas. Decía Gabriel antes que yo que el futuro de España pasa por femenino y feminista; también pasa por el liderazgo de mujeres negras, racializadas, que también sufrimos el acoso dos o tres veces más. . Tengo que reconocer que el Grupo Socialista presenta una proposición no de ley al amparo de que en España no hay libertad de expresión. Y a mí esto me preocupa, porque en España hasta el más tonto, el agitador, tiene libertad de expresión. El problema es que se confunde odio con libertad de expresión. El problema es que cualquier cuñado digital desde su casa te puede amenazar y no pasa absolutamente nada. El problema es quién financia los panfletos, y quien los financia son la derecha y la extrema derecha. El problema es el regadío de dinero público que va a medios digitales. El problema no son solo las redes sociales, el problema son los medios de comunicación que han operado en años y años de bipartidismo con silencio cómplice. El problema no son precisamente las redes sociales, porque las redes sociales han democratizado el acceso a la información, han posibilitado que gente migrante, colectivos, las feministas se autoorganicen en las redes sociales. El problema es que, cuando te insultan, te lanzan odio, no hay absolutamente ni una sola consecuencia. Y eso es porque creo que desde las izquierdas no estamos tirando bien alto, y no estamos tirando bien alto porque no señalamos a las plataformas digitales. Monetizan con el odio, ganan dinero con el odio, ganan dinero con la difamación, y no pasa absolutamente nada con las plataformas digitales. Hay que mirar más arriba, hay que mirar quién los financia, hay que mirar las redes organizadas en Telegram, que son las que persiguen a mujeres progresistas hasta su casa. Ahí está la clave, pero sobre todo está la clave de quién los dirige. Podemos regular aquí, en esta Cámara, mucho, pero todas pertenecen a Estados Unidos, todas pertenecen a un pedófilo machista, todas pertenecen a Risketo, todas pertenecen a Donald Trump. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Ahí es donde se están educando nuestras hijas y nuestros hijos. Es que no hay absolutamente ninguna alternativa pública a esas redes sociales. Entonces, España no tiene un problema de libertad de expresión, España tiene un problema de soberanía digital, tiene un problema de dependencia de una política exterior de Donald Trump. En su Estrategia de Seguridad Nacional lo deja muy claro: va a financia a estos (señalando hacia la zona derecha del hemiciclo), va a hacer una interferencia en las democracias y en los procesos electorales para que estos (señalando de nuevo hacia la zona derecha del hemiciclo) lleguen al Gobierno de España. Y ese es el verdadero problema al que nos enfrentamos. Estos días estamos viviendo una guerra en Oriente Medio. Estamos viendo, obviamente, una guerra de desinformación. Hemos visto al carnicero de Gaza con seis dedos, no sabemos si el ayatolá está muerto o no, han bombardeado a un montón de niñas, las han asesinado, y han tenido la desfachatez de negarlo. Y el problema es que tienen las herramientas para hacernos creer que es mentira. Por eso, señorías del Grupo Socialista, el problema de traernos una proposición no de ley con dos puntos es que vosotros tenéis parada la ley de la DSA, la ley que dota de capacidad sancionadora a la CNMC contra las plataformas digitales. Tenéis parada la fiscalización y el registro de todos los medios públicos, de todos los medios y cómo se financian. Eso es lo urgente que hay que traer a esta Cámara, porque si no, van a tenernos a todas fuera del espacio público. Van a ir a por las negras y luego van a ir a por las demás mujeres; van a ir a por todas nosotras, pero también irán a por vosotros. La diferencia es que, durante los más de cincuenta años, tanto vosotros como ellos habéis controlado los medios, habéis hecho un pacto de silencio, y ahora, con las redes sociales, hay una democratización. El problema es que hasta un cryptopro puede tener más razón que la propia verdad. Así que pónganse las pilas. Muchas gracias, presidente. .

Manuel Mariscal Zabala VOX

Gracias, presidenta. Hoy, el Grupo Socialista nos trae una nueva iniciativa trampa. Nos presenta una iniciativa que se titula «para la defensa de la libertad de información y expresión» para que parezca que los partidos que voten en contra de esta iniciativa están en contra de la libertad de expresión de los españoles y de los periodistas en su conjunto. Y por eso animo a las personas que están viendo este Pleno a que lean la iniciativa, ya que se darán cuenta de que en realidad el Partido Socialista no trata de proteger las libertades de los españoles, sino únicamente de un grupo muy reducido de personas que les son útiles para mantenerse en el poder. . Y los han dicho ustedes aquí, en el Pleno; ustedes han mencionado a Sarah Santaolalla, al locutor de la SER Héctor de Miguel, conocido como Quequé, y al presidente de Radiotelevisión Española, José Pablo López, que aparece también en la iniciativa. Y una vez más el Partido Socialista, con esta iniciativa, nos demuestra dos cosas: primero, que las trampas se las preparan muy mal, porque se ve a la legua en el primer párrafo que esta iniciativa es una trampa, como decía antes; y, en segundo lugar, que el Partido Socialista ya no trabaja para el conjunto de los españoles, sino únicamente para un grupo reducido de periodistas que les hacen propaganda en los medios de comunicación. . Porque además esta iniciativa nos la traen para someter a votación justo una semana después de que el Gobierno socialista presente la herramienta Hodio, que pretende precisamente limitar la libertad de expresión de los españoles. Busca monitorizar, controlar, vigilar las opiniones de los españoles en las redes sociales y clasificar a los españoles en dos categorías: entre buenos y odiadores. ¿Y quiénes son los odiadores? Pues todos aquellos que se quejan de la gestión de este Gobierno. Si sufres retrasos en el tren y te quejas, eres un alarmista y vas a la lista de odio. Si eres un autónomo que estás asfixiado, pagando impuestos, facturas y tasas y te quejas en redes sociales, eres un insolidario y vas a la lista de odio. Si vas a tu hospital y está colapsado y te quejas, primero la culpa es tuya porque no pagas los suficientes impuestos y vas a la lista de odio. Si eres un joven que está harto de que te impongan charlas feministas en el instituto, primero eres un ‘fachaval’ y, luego, además, vas a la lista de odio. Y si te roba uno de aquellos que el Gobierno trae para pagar las pensiones y te quejas, eres un racista y vas a la lista de odio. . Da la sensación de que al Partido Socialista le molestan cada vez más los españoles y quiere que se callen, que se quejen en bajito y que lo hagan en sus entornos nada más; y si lo hacen en alto y en las redes sociales, a la lista de odio. Pero, entonces, ¿quiénes sí se pueden quejar en España? Según esta iniciativa, tres personas: Sarah Santaolalla, cuando un chaval, Vito Quiles, le hace preguntas incómodas. . Por cierto, aquí está Sarah Santaolalla, la han traído ustedes a la tribuna de invitados. La verdad es que me alegro de que usted esté mejor. La vemos sin el cabestrillo; está usted mejor y nos alegramos de que así sea. . También te puedes quejar si eres un locutor de la SER al que le llueven críticas después...

Manuel Mariscal Zabala VOX

¡Vaya!, es anecdótico que estemos hablando de libertad de expresión y la presidenta me corte porque no le gusta lo que estoy diciendo. . Pero bueno, sigo con mi intervención. También te puedes quejar si eres un locutor de la SER al que le llueven críticas por decir que hay que dinamitar el Valle de los Caídos, especialmente si lo haces un domingo, que hay más fieles en misa. Y también te puedes quejar si eres el presidente de Radiotelevisión Española aunque utilices dinero público para financiar programas millonarios donde se miente, se manipula y se insulta a los españoles. . Es decir, esta iniciativa se resume en lo siguiente: mordaza y censura para los españoles que sufren las políticas de este Gobierno y libertad de expresión y dinero, mucho dinero público, para aquellos privilegiados que hacen propaganda al Gobierno desde los medios de comunicación. Por otro lado, ustedes hablan de un supuesto acoso que sufren ―ya lo hemos dicho― Sarah Santaolalla, Quequé o el presidente de Radiotelevisión Española, y esto, sinceramente, con la que está cayendo, para las personas que nos están viendo es una broma de muy mal gusto. Porque realmente quienes en España sufren un acoso sistemático son el conjunto de los españoles: el acoso que sufren los autónomos por parte de Hacienda ; el acoso que sufren los agricultores por parte de este Gobierno y sus políticas de la Agenda 2030; el acoso que sufren los jóvenes, que tienen que someterse a trabajos precarios para llegar a final de mes; el acoso que sufren las mujeres, porque sí, en España hay mujeres que sufren acoso violento, sexual y verbal por parte de hombres que han traído ustedes de países donde las mujeres no valen nada. . Y, por cierto, puestos a hablar de acoso, el acoso que sufren las mujeres de su partido por parte de sus propios compañeros del Partido Socialista. . En fin, finalizo respondiendo a Belarra, que dice que VOX quiere borrar a las mujeres feministas de Podemos. Pues siento decirle que realmente quienes están borrando a las feministas de Podemos son los votantes. .

Aurora Nacarino-Brabo Jiménez PP

Gracias, presidenta. Señorías, en esta tribuna se ha citado muchas veces a Orwell, Hannah Arendt, John Stuart Mill, Ortega o Tocqueville para alertar de la inclinación del presidente del Gobierno al abuso de poder. Como no ha servido para nada, he pensado probar con otra cosa, con Mortadelo y Filemón. . Quizá recuerden sus señorías, porque ya no somos jóvenes, al profesor Bacterio y sus inventos calamitosos, que siempre salían fatal. Algunos, la verdad, es que estaban bien pensados. Por ejemplo, el detector de ladrones le habría venido muy bien a este Gobierno, y el demoledor de muros, siguiendo la técnica equina, quizá serviría para derribar el muro que han levantado entre españoles. . En lugar de eso, esta semana nos han presentado Hodio — con hache—, un novedoso artefacto diseñado para detectar y medir el odio en redes sociales. No es un invento del profesor Bacterio, sino de Kirchner, en Argentina, pero funciona igual de mal. El original se llamó Nodio, y a este le han cambiado una letra para que no se diga que no se esfuerzan. Yo no tengo nada en contra del plagio en políticas públicas, porque en política está casi todo inventado, pero, hombre, puestos a copiar, ya podrían haber copiado alguna buena idea de una democracia nórdica, y no del populismo peronista. Hodio se une a una lista de inventos del Gobierno que salieron tan mal como los del profesor Bacterio, con la diferencia de que nos costaron un poco más caros. Por ejemplo, el Radar COVID detectó menos del 1 % de los contagios, pero costó 4,2 millones de euros. La app MeToca fue un invento de Irene Montero para fomentar la corresponsabilidad, pero no se la descargó ni Pablo Iglesias, y costó más de 200 000 euros a los españoles. Y qué decir de la Cartera Digital Beta. ¿No les suena? ¿Y si les digo pajaporte? ¿Ahora sí? Más de 600 000 euros ha costado hasta el momento, y eso que los españoles les regalaron el branding. Lleva dos años en fase de pruebas y casi da miedo preguntar en qué consisten esas pruebas. Dice Pedro Sánchez que su misión es que hablemos más de amor y menos de odio. Yo no soy muy de dar consejos, pero, si me aceptan uno, nunca se fíen de los cursis. «Más amor y menos odio», se lo traduzco: que van a vigilar quién habla mal del Gobierno en redes, que el odio es una excusa, que simplemente van a señalar cuál es el odio bueno y cuál el odio malo, o, como les gusta decir, quién está en el lado correcto del odio. No hay odio bueno, señor Rufián. Pero, señorías, hablar mal del Gobierno no es una amenaza contra la democracia. Sencillamente, es la condición de posibilidad de la democracia. Y monitorizar las conversaciones de los ciudadanos no es combatir el odio; es controlar y vigilar el debate público. Y la misión del presidente del Gobierno no es, desde luego, que hablemos más o menos de amor; es garantizar que los ciudadanos puedan hablar de lo que les dé la gana. Por cierto, el Reglamento General de la Unión Europea sobre Protección de Datos dice que no se puede recopilar datos de ciudadanos que revelen su ideología o sus opiniones políticas. ¡A ver cómo lo explican en Bruselas! . Así llegamos a una PNL del Grupo Socialista que insta al Gobierno a defender la libertad de expresión y la libertad de información, a condenar la censura y a proteger el papel de los medios públicos como pilar de la democracia, nada menos. Me parece muy bien, señorías, pero es que resulta que están gobernando ustedes, que el Gobierno son ustedes. Por eso, en lugar de instarse a sí mismos, podrían —¡qué sé yo!, una idea loca— probar a aplicarse el cuento. Dejen de señalar al discrepante, dejen de llamar seudomedios y máquina del fango a los medios críticos, dejen de vetar a periodistas y dejen de usar la televisión pública como herramienta de propaganda política. . El Consejo de Informativos de Televisión Española ha emitido un informe demoledor contra dos programas de la cadena por no respetar la neutralidad, por no separar información de opinión, por tener un claro sesgo a favor del Gobierno ―porque el criterio editorial no se sabe de dónde viene, pero viene de fuera de RTVE, y quizá nos puedan decir de dónde viene―, porque sirve de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad ―y estoy citando― y porque emiten noticias falsas ―y cito de nuevo―. Si les preocupa la libertad de expresión y de información, ahí tienen por dónde empezar a trabajar. El portavoz del PSOE nos preguntaba de qué lado vamos a estar en esta guerra. ¿Pero de qué guerra habla, señor Fagúndez? . Los españoles no estamos en guerra. Para los delitos de odio ya están la Fiscalía y los jueces. Pretender acallar todo lo que no entra dentro de esa categoría no es más que persecución política y vulneración de derechos fundamentales, y para eso jamás podrán contar con el Partido Popular. Se lo he intentado explicar con humor no porque tenga alguna gracia, sino porque el humor — con hache— es la última trinchera frente al odio. Esto es todo, señorías. ¡Viva la democracia y viva la libertad! Muchas gracias. .

Maribel Sánchez Torregrosa PP

Gracias, presidenta. Señorías, en este mismo momento está aterrizando en España el arzobispo de Abuya, la capital federal de Nigeria. Y es que, señorías, no pueden más: necesitan ayuda. Vienen a Madrid y a Barcelona para denunciar el dolor y el sufrimiento de los cristianos en Nigeria. Además de la organización yihadista Boko Haram en el norte de Nigeria, existen otros grupos extremistas en otras zonas de aquel país que están acabando, matando, asesinando a los cristianos. En este momento las masacres, las carnicerías contra cristianos en distintas zonas de Nigeria por parte de estos grupos extremistas están llevando a cabo casi una limpieza étnica y religiosa en muchas zonas del país. Fue en el estado de Benue en el pasado mes de junio donde se llevó a cabo una de las mayores matanzas de los últimos años. En un ataque organizado, en mitad de la noche, cuando las familias cristianas estaban durmiendo, los quemaron vivos. ¡Los quemaron vivos! Y a aquellos cristianos que conseguían escapar de las llamas los mataron a machetazos y disparos. No es ninguna película: eso pasó hace nada, sucedió en el pasado mes de junio. Murieron asesinados 259 cristianos en apenas tres horas de terror. Uno de los supervivientes fue Matthew, junto a su familia, que consiguió escapar aquella noche. Con su mujer embarazada y sus tres hijos huyó del terror. ¿Se imaginan el pánico, el dolor, el miedo que sintió esa familia? Y, señorías, algo muy importante: en Nigeria no hay ninguna guerra hoy. En aquel país se está persiguiendo a los cristianos por el mero hecho de ser cristianos, y eso hiela la sangre, porque, por desgracia, nos recuerda una de las etapas más oscuras e inhumanas que vivió Europa en el pasado siglo. . Y a este chico, Matthew, lejos de perder la fe, le he podido escuchar relatar cómo ha perdonado a sus atacantes. A esos que mataron a sus familiares y amigos él los ha perdonado, y, si cabe, reza con más fe por poder vivir en paz y profesar su fe en Nigeria. Señorías, es un ejemplo claro de lo que significan los valores cristianos: perdonar al prójimo, la búsqueda absoluta de la paz, el diálogo y el respeto hacia todas las confesiones religiosas. Hace apenas veinte días el Grupo Parlamentario Popular defendió en la Comisión de Exteriores esta misma iniciativa, la misma, y, sí, hoy la traemos aquí, al Pleno de la Cámara, porque consideramos muy importante que, coincidiendo con la llegada esta tarde del arzobispo de Nigeria a nuestro país, lo menos que podemos hacer por un pueblo que está pidiendo auxilio internacional desde esta Cámara, que es la voz del pueblo español, es darle el altavoz que representa el Congreso de los Diputados ante la barbarie que están sufriendo en países como Nigeria, donde se produce esta persecución de los cristianos. . Y es que la libertad religiosa, señorías, no es un privilegio de los creyentes. La libertad religiosa es un derecho fundamental, recogido en el artículo 18 de la Carta de Derechos Humanos, que además entronca con los postulados de la ONU sobre la libertad religiosa y la no discriminación. Y, sin duda, señorías, es uno de los indicadores más claros del estado de salud de una democracia, porque donde no existe libertad para creer o no creer no existe libertad. Y esto no lo dice un partido político ni lo dice una confesión religiosa, lo dicen los datos (muestra un libro), datos como los del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025, de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que hoy nos acompaña desde la tribuna. Gracias, gracias por este trabajo riguroso, objetivo acerca de más de 196 países en el que se concluye que 5400 millones de personas viven en lugares con graves violaciones contra la libertad religiosa. Estamos hablando de que casi dos tercios de la población mundial está perseguida por profesar su fe, señorías. Igualmente, el informe World Watch List 2024, de Open Doors, baja el foco y dice que 365 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución solo por ser cristianos. Incluso Amnistía Internacional ha denunciado los miles de asesinatos de cristianos que se producen en Nigeria. Teniendo en cuenta todos estos informes y el incontestable número de países con este acoso documentado, podemos decir alto y claro que hoy los cristianos son la comunidad religiosa más perseguida a nivel mundial. En 2025 se ha vuelto a alcanzar una cifra estremecedora: cinco mil cristianos fueron asesinados. Señorías, una media de trece cristianos mueren al día solo por profesar su fe. Desde este Parlamento no podemos mirar hacia otro lado. La persecución a los cristianos no se limita a un continente. No se produce solo en África; se extiende hasta Asia, Oriente Próximo, y nosotros debemos hablar alto y claro; debemos hablar alto y claro por esos miles de asesinatos, por esos secuestros y violaciones a mujeres cristianas, señorías, por esas iglesias incendiadas y esas comunidades expulsadas de su tierra, de su casa, donde quieren vivir en paz y profesar la fe, esa libertad que le dan los derechos humanos. El Consejo de Europa ya ha alertado del aumento de intolerancia hacia los cristianos. El Parlamento Europeo ha denunciado el genocidio del Daesh contra cristianos y yazidíes. El pasado 16 de febrero incluso el Parlamento Europeo habló de cristianofobia y lo puso en una resolución, porque no se puede mirar hacia otro lado. La comunidad internacional ha empezado a hablar alto y claro y España no puede mirar para otra parte, y mucho menos alentar el menosprecio hacia quienes nos sentimos orgullosos de ser cristianos, como, por desgracia, vimos que sucedió hace muy poco en la alfombra roja. Señorías, respeto, respeto a creer. . Esta PNL no pide privilegios para nadie, no establece jerarquías entre víctimas, no excluye ninguna confesión. Simplemente, visibiliza una realidad objetiva, que la cristiana es la comunidad más perseguida a nivel mundial. Esto a muchos les incomoda, pero tenemos que ser objetivos y denunciar las realidades que nos rodean. Estamos cerca ya de la celebración de la semana en la que millones de cristianos recordamos el sufrimiento y la injusticia que padeció Cristo hace más de dos mil años. Transcurrido todo este tiempo los cristianos siguen perseguidos por creer, siguen sufriendo, y esto nos debe llevar a hacer una reflexión en el presente y nos obliga a ser conscientes y a hacernos la pregunta acerca de si estamos haciendo suficiente. Acabo, presidenta. Desde el Partido Popular vamos a mirar de frente esa realidad que nos rodea, esta realidad que duele, y por ello es que pedimos al Gobierno mediante nuestra PNL reforzar la acción diplomática en defensa de las comunidades perseguidas en el mundo. Le pedimos condicionar los acuerdos internacionales al respeto efectivo de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa y la protección de los cristianos. Pedimos al Gobierno que dé la cara, que sea sensible ante esta realidad. No es una iniciativa contra nadie, es una iniciativa que visibiliza una realidad cruel y objetiva. Por eso, no dejemos esta cuestión atrapada en un debate ideológico. Si aquí hoy miramos hacia otro lado porque las víctimas son cristianas, estaremos traicionando el principio de universalidad de los derechos humanos. Muchas gracias a todos. .

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Arratsalde on, jaun-andreok. El Grupo Popular trae a debate en el Pleno de hoy una PNL aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores hace apenas unos días, por lo que, en primer lugar, quiero mostrar nuestra extrañeza ante la repetición de este debate en tan poco tiempo y en los mismos términos en que se aprobó hace dos semanas, lo que, por otra parte, nos da la opción de intervenir y argumentar y explicar nuestra posición en relación con los puntos que esta propone. Como no podría ser de otra manera, el Partido Nacionalista Vasco defiende la libertad religiosa de las personas cristianas y de las demás religiones que existen en el mundo, y denunciamos las persecuciones que sufren las personas que practican el cristianismo en Corea del Norte, en Nigeria o en Pakistán, las que practican el islamismo, las minorías musulmanas, o las que practican el judaísmo, las minorías como los yazidíes, los seguidores de la fe bahá’í en Irán y otras muchas más, porque defender la libertad religiosa es defender la dignidad de la persona, su derecho, tal y como lo recoge el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, incluyendo el derecho a cambiar de religión o creencia, a manifestarla individual o colectivamente, en público o en privado. Cuando defendemos la libertad religiosa defendemos el derecho de alguien a rezar en una iglesia, en una mezquita o en una sinagoga, pero también defendemos el derecho de quien decide no practicar ninguna religión, porque la práctica de una creencia no es una obligación que se puede imponer, sino un derecho de la persona. En definitiva, defendemos la libertad de conciencia. Horregatik, gobernuek pentsamendu, kontzientzia eta erlijio edo sinesmen askatasunerako eskubidea errespetatu, babestu eta bermatu behar dute, Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidearen arabera. Talde Popularreko bozeramaileak berriro defendatu du bere proposamena eta giza eskubideen printzipio unibertsaletatik egin beharrean, eta oraingo honetan, sinesmen guztiek jasaten dituzten urraketei buruzko salaketa sartu beharrean, berriro ekin dio legez besteko proposamen berarekin kristau komunitateak bakarrik jasaten duen salaketan. Egia da, eta datuek eta txostenek hala erakusten dute giza eskubideen urraketak oso larriez ari garela. Izan ere, milaka pertsonari eragiten die fede bat edukitzeagatik edo munduko hainbat lekutan aitortzen eta errespetatzen ez diren eta bere osotasun pertsonala arriskuan jartzen duen erlijioa praktikatzeagatik. Baina, tamalez, hainbat sinesmenek jasaten dituzten urraketak dira ere. Hala ere, legez besteko proposamena kristautasuna praktikatzen duten pertsonek jasaten duten jazarpena salatu du soilik, eta jazarpen hori gutxietsi edo desfokuratu nahi izan gabe, gure ustetan, hedatu egin zitekeen eta zabaldu behar zen beste fede batzuk praktikatzeagatik, edo ez egiteagatik, gure planetan eraso egiten zaien guztiei, batzordean eskatu zitzaien bezala, guztiei eskubide berdina dagokie eta. Por eso los Gobiernos deben respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencias, de acuerdo con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. La portavoz del Grupo Popular ha vuelto a defender su propuesta, pero, en lugar de hacerlo desde el principio universal de los derechos humanos e incluir en su denuncia las violaciones que sufren todas las creencias, de nuevo ha insistido con esta misma PNL en denunciar solo lo que sufre la comunidad cristiana. Es cierto, como así demuestran los datos e informes, que hablamos de vulneraciones muy graves de los derechos humanos, y es que afectan a miles de personas por su fe o por practicar una religión que no se reconoce ni se respeta en diferentes partes del mundo, lo que pone en peligro su integridad personal. Pero, lamentablemente, son violaciones que sufren distintas creencias, y, sin embargo, la proposición no de ley solo denuncia el acoso que viven las personas que practican el cristianismo, tratándose de un acoso que, sin pretender menospreciarlo ni desenfocarlo, entendemos que podría y debería extenderse, como se pidió en la comisión, a todas las personas a las que se ataca en nuestro planeta por practicar o no otras creencias, porque a todas esas personas les corresponde el mismo derecho. Consideramos que hubiera sido más conveniente que la parte dispositiva de la proposición se hubiera centrado más en el respeto al derecho a la libertad religiosa, en general, ya que así el debate se hubiera centrado en la defensa de los derechos fundamentales, sin dar pie a caer en interpretaciones interesadas o mediatizadas, aunque se haya querido denunciar una situación muy grave que sufre un colectivo en concreto — una denuncia que compartimos—, porque se podría entender también que, en realidad, se defiende a una comunidad, en concreto, pero no el principio universal de libertad religiosa. Por ello nos ha parecido incompleto e incluso incoherente que se haya obviado a las demás, ya que podría deducirse que más que una defensa de la libertad religiosa es una defensa identitaria o ideológica. En este sentido, hemos presentado una enmienda de modificación, desde la coherencia y la universalidad, en la que se defiende la libertad religiosa y se denuncian las vulneraciones, independientemente de la religión afectada, aunque citamos expresamente al cristianismo, porque puede resultar peligroso que la libertad religiosa se cruce con temas como la identidad cultural, la inmigración o la seguridad. En definitiva, nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿Defendemos la libertad religiosa como un principio universal o como un derecho que protegemos más cuando afecta a los nuestros? Mila esker.

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. Vull començar reconeixent una realitat que ni podem ni hem d’ignorar. En moltes regions del món, avui hi ha milions de persones que pateixen persecució, violència i fins i tot massacres, pel simple fet de processar una religió, de no professar-ne cap o de viure d’acord amb les seves conviccions. Això passa també amb milions de cristians en diversos països d’Àfrica, d’Orient Mitjà o d’Àsia. Comunitats de cristians pateixen atacs terroristes, persecucions institucionals o discriminació legal, esglésies destruïdes, comunitats històriques obligades a fugir de les seves terres, persones assassinades per motius de la seva fe. Aquesta realitat existeix i necessita ser denunciada amb contundència. Ara bé, des de Junts per Catalunya creiem que, si volem abordar aquesta qüestió amb coherència i amb una mirada als drets humans, ho hem de fer des d’un marc més ampli, el de la llibertat religiosa i de consciència. Consisteix a garantir que qualsevol persona pugui creure, no creure, canviar de religió o viure les seves conviccions espirituals amb plena llibertat i sense por a la persecució. I això inclou també el dret de les persones que no es defineixen religioses o que simplement no volien professar cap religió. La seva proposició parteix d’una realitat innegable: la persecució de comunitats cristianes és gravíssima i persistent en moltes regions del món. Precisament per això creiem que la resposta ha de situar-se en un marc més ampli i més coherent: la defensa universal de la llibertat religiosa. També perquè la persecució religiosa afecta moltes altres comunitats en diferents contextos del món. Ho veiem en les comunitats jueves que pateixen antisemitisme i violència en diverses regions. En els budistes tibetans, sotmesos a restriccions severes a la seva llibertat religiosa o en minories com la fe bahaí, durament perseguida en alguns països. La defensa dels drets humans exigeix congruència i universalitat, i aquest enfocament és especialment coherent amb el model de societat que defensem. Catalunya és una societat diversa i oberta. Una societat on conviuen persones amb moltes tradicions religioses diferents, però també moltes persones que es defineixen com a atees o no religioses. Aquesta diversitat forma part de la nostra realitat social, i és precisament per gestionar-la amb respecte que les institucions públiques són aconfessionals. L’aconfessionalitat és la garantia que totes les creences, i també les no-creences, són respectades per igual per les institucions públiques. Implica que les institucions no s’identifiquin amb cap confessió concreta i que garanteixin la igualtat de tothom davant la llei. Però l’aconfessionalitat també comporta una responsabilitat molt clara: preservar els valors universals que sostenen la nostra convivència democràtica. A Catalunya defensem que hi ha principis que no poden ser relativitzats ni vulnerats en nom de cap tradició cultural ni religiosa. Entre aquests principis hi ha la dignitat de la persona, la llibertat de consciència, la igualtat de la llei i també la igualtat plena entre homes i dones. La llibertat religiosa no pot convertir-se en un pretext per limitar drets fonamentals. En nom de cap religió, no es pot justificar la discriminació de les dones ni la seva invisibilització o subordinació, per exemple. I és precisament per això que aquí les administracions públiques han de tenir un paper actiu per garantir que l’exercici de la llibertat religiosa es produeix sempre dins del marc dels drets humans i dels valors democràtics compartits. Tots som conscients que, en diversos conflictes actuals, la persecució de comunitats religioses — especialment les cristianes, és cert— està vinculada a moviments de radicalisme religiós que utilitzen la fe com a instrument de violència i d’intolerància. Davant d’aquesta realitat, les societats democràtiques no podem respondre ni amb ingenuïtat ni amb simplificacions. Cal afrontar-ho amb determinació i amb polítiques públiques que reforcin els valors i fonaments que sustenten les democràcies europees. Diversos països europeus ja han començat a treballar en aquesta direcció amb iniciatives que fomenten la formació dels líders religiosos, per exemple, o exigeixen el coneixement de la llengua pròpia o estableixen un diàleg profund en drets i valors amb les institucions democràtiques. I és necessari garantir que la llibertat religiosa es desenvolupi en harmonia amb els principis essencials de la nostra societat. Per això, li hem presentat esmenes, perquè la defensa de la llibertat religiosa ha de ser universal i coherent amb el model de societat que representem. Una Catalunya plural i tolerant, on les institucions són aconfessionals i respecten totes les creences, però que també preserva sense ambigüitats els valors democràtics i els drets humans, que no poden ser relativitzats ni negociats en nom de cap religió. Defensar la llibertat religiosa significa garantir que tothom pugui creure o no creure amb llibertat, però també significa garantir que ningú pugui veure limitats els seus drets fonamentals en nom de cap creença, ni ningú ha de poder ser perseguit per la seva religió, ni tampoc cap religió ha de poder ser el pretext per perseguir ningú. Aquest és el compromís amb els drets humans que avui volem reafirmar. Moltes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Quiero empezar reconociendo una realidad que no podemos ni debemos ignorar. En muchas regiones del mundo hoy hay millones de personas que sufren persecución, violencia e incluso masacres por el simple hecho de profesar una religión, de no profesar ninguna o vivir de acuerdo con sus convicciones. Y eso pasa también con millones de cristianos. En diversos países de África, de Oriente Medio o Asia comunidades cristianas sufren ataques terroristas, persecución institucional o discriminación legal. Iglesias destruidas, comunidades históricas obligadas a huir de sus tierras, personas asesinadas por motivos de su fe: esta realidad existe y necesita ser denunciada con contundencia. Ahora bien, desde Junts per Catalunya, creemos que, si queremos abordar esta cuestión con coherencia y una mirada hacia los derechos humanos, debemos hacerlo desde un marco más amplio, el de la libertad religiosa y de conciencia. Consiste en garantizar que cualquier persona pueda creer, no creer, cambiar de religión o vivir sus convicciones espirituales en plena libertad y sin miedo a la persecución. Y eso incluye también el derecho de las personas que no se definen como religiosas o que simplemente no quieren profesar ninguna religión. Su proposición parte de una realidad innegable, y es que la persecución de comunidades cristianas es gravísima y persistente en muchas regiones del mundo. Precisamente por eso creemos que la respuesta debe situarse en un marco más amplio y coherente, en la defensa universal de la libertad religiosa, también porque la persecución religiosa afecta a muchas otras comunidades en diferentes contextos del mundo. Lo vemos en las comunidades judías, que sufren antisemitismo y violencia en diversas regiones; en los budistas tibetanos, sometidos a restricciones graves en su libertad religiosa, o en minorías como aquella de la fe bahaí, duramente perseguida en algunos países. La defensa de los derechos humanos exige congruencia y universalidad, y este enfoque es especialmente coherente con el modelo de sociedad que defendemos. Cataluña es una sociedad diversa y abierta, una sociedad en la que conviven personas con muchas tradiciones religiosas diferentes, pero también muchas personas que se definen como ateas o no religiosas. Esta diversidad forma parte de nuestra realidad social, y es precisamente para gestionarla con respeto que las instituciones públicas son aconfesionales. La aconfesionalidad es la garantía de que todas las creencias y también las no creencias son respetadas por igual por parte de las instituciones públicas. Implica que las instituciones no se identifiquen con ninguna confesión concreta y que garanticen la igualdad de todo el mundo ante la ley. Pero la aconfesionalidad también comporta una responsabilidad muy clara, la de preservar los valores universales que sostienen nuestra convivencia democrática. En Cataluña defendemos que hay principios que no pueden ser relativizados ni vulnerados en nombre de ninguna tradición cultural o religiosa. Entre estos principios está la dignidad de la persona, la libertad de conciencia, la igualdad ante la ley y también la igualdad plena entre hombres y mujeres. La libertad religiosa no puede convertirse en un pretexto para limitar derechos fundamentales. En nombre de ninguna religión se puede justificar la discriminación de las mujeres ni su invisibilización o subordinación, por ejemplo. Y es precisamente por esta razón por la que las Administraciones públicas deben tener un papel activo para garantizar que el ejercicio de la libertad religiosa se produzca siempre en el marco de los derechos humanos y los valores democráticos compartidos. Todos somos conscientes de que en diversos conflictos actuales la persecución de comunidades religiosas, especialmente las cristianas — es cierto— está vinculada a movimientos de radicalismo religioso que utilizan la fe como un instrumento de violencia e intolerancia. Ante esta realidad, las sociedades democráticas no podemos responder ni con ingenuidad ni con simplificaciones. Es preciso afrontarlo con determinación y políticas públicas que refuercen los valores y fundamentos que sustentan las democracias europeas. Diversos países europeos ya han empezado a trabajar en esta dirección con iniciativas que fomentan la formación de los líderes religiosos, por ejemplo, o que exigen el conocimiento de la lengua propia o establecen un diálogo profundo en derechos y valores con las instituciones democráticas, y es necesario garantizar que la libertad religiosa se desarrolle en armonía con los principios esenciales de nuestra sociedad. Por esa razón hemos presentado enmiendas, porque la defensa de la libertad religiosa tiene que ser universal y coherente con el modelo de sociedad que representamos: una Cataluña plural y tolerante en la que las instituciones son aconfesionales y respetan todas las creencias, pero que también preserva, sin ambigüedades, los valores democráticos y los derechos humanos, que no se pueden relativizar ni negociar en nombre de ninguna religión. Defender la libertad religiosa significa garantizar que todo el mundo pueda creer o no creer con libertad, pero también significa garantizar que nadie pueda ver limitados sus derechos fundamentales en nombre de ninguna creencia, como nadie puede ser perseguido por su religión ni tampoco ninguna religión puede ser el pretexto para perseguir a nadie. Ese es el compromiso con los derechos humanos que hoy queremos reafirmar. Muchas gracias.

Amador Marqués Atés PSC-PSOE

Gràcies, presidenta. Señorías, parece que estamos ante una pugna entre PP y VOX por el voto cristiano. Como cristiano debo confesar que muchas veces intento comprenderlos, pero con escaso éxito. Ya lo advirtió Jesús: No hagáis como los escribas y fariseos ―decía― porque buscan aparentar y ocupar los primeros puestos, pero descuidan lo más importante, que es la justicia y la misericordia. . Señorías, la misericordia creo que es la clave de una vida cristiana, esa que a las derechas muchas veces les falta para votar a favor de medidas que benefician a miles de familias en nuestro país y a los migrantes que ya viven entre nosotros. Como ha dicho el arzobispo Planellas, un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano, señorías de VOX. . Nosotros condenamos sin paliativos la persecución que sufren los cristianos en el mundo, al igual que muchas comunidades de otras confesiones, por razón de su fe ―también en Nigeria, señoría, cristianos y musulmanes fulani sufren violencia― y lo hacemos con una profunda convicción, la que nos define como un partido laico y defensor de la libertad religiosa en cuya organización tiene reconocido, además, al Grupo de Cristianos Socialistas. Señorías del PP, ¿saben lo que provoca la persecución religiosa? Lo dice claramente el informe de la fundación pontificia. Lo que provoca la persecución son el autoritarismo político y el extremismo ideológico. Además, el informe no se refiere solo a los cristianos, también señala que los crímenes de odio antisemita y antimusulmán han aumentado ―lo dice textualmente― drásticamente. Señorías, hasta el papa León ha alertado del extremismo ideológico que usa la fe para sus fines, también aquí, en España. Señorías de VOX, ¿harán ustedes examen de conciencia y propósito de enmienda? Porque la fe es apertura al otro, al misterio, y supone amor y esperanza; nunca puede ser un azote para excluir, nunca. . Por cierto, la semana pasada el papa recordaba al sacerdote maronita Pierre El-Rahi, muerto por un ataque israelí en la ciudad de Tiro. El Mundo lo titulaba así: «Israel fuerza un éxodo de cristianos en el Líbano». . Esta crónica recogía las duras palabras de un libanés: «A Israel — decía— le da igual si eres cristiano o musulmán. Nos mata por igual». Lo digo con mucho pesar, porque creo que cristianos, judíos y musulmanes somos hijos de un mismo Dios. Miren, Jesús sufrió persecución desde el primer momento, en efecto. Nada más nacer, María y José se lo llevaron a Egipto huyendo de la muerte. Recuerden que es un niño que nace en un pesebre porque no tenían dónde alojarse. Esto me lleva a pensar que, si hoy la Sagrada Familia viviera entre nosotros, el PP creo que, primero, la calificaría de inquiokupa, como poco y, luego, le negaría el escudo social, y para rematar, vendría VOX y la expulsaría del país por migrante. Señorías, además es terrible escuchar estos días al expresidente Aznar justificando la guerra de Irán, cuando la guerra de Irak, que él alentó, ha dejado diezmada a la comunidad cristiana. Escuchen, señorías del PP: antes de la intervención vivía en Irak 1,5 millones de cristianos ―¡1,5 millones!― y hoy apenas son 150 000. ¿No les da qué pensar? ¿Saben cómo pueden contribuir a frenar la persecución de los cristianos? Defendiendo la libertad religiosa universal, pero también clamando por el derecho internacional y condenando las guerras injustas, como la de Irán, y los ataques que provocan muerte, destrucción y desplazamientos de miles de cristianos, señoría. Señorías del PP, ustedes no hagan como los fariseos, que dicen mucho y hacen poco. Dejen de usar la fe de los cristianos y hagan política con más amor, es decir, con más caridad. Amén. .

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

Bona tarda, presidenta. Señorías del PP, permítanme que empiece con una nota necrológica. . Hace pocos días hemos perdido a un gran intelectual europeo, a Habermas. Habermas tuvo un encuentro muy famoso con el papa Ratzinger. De aquel encuentro se podrían sacar muchas conclusiones, pero me quedaron dos ideas… . Incluso hablando de Ratzinger y Habermas no hay silencio. Ya no sé qué hacer. Todas las tretas se me acaban. Bueno, el próximo día hablaremos de Feijóo. En fin, decía que de aquel encuentro del papa y el pensador me quedaron dos ideas que, a lo mejor, les sirven para reenfocar esta iniciativa con menos oportunismo. Me quedó la idea de que, evidentemente, Europa tiene raíces cristianas, sin duda, pero también la de que son de Europa las raíces de la razón, el racionalismo. El racionalismo hace que, cuando tratamos temas de fe, seamos muy cuidadosos para no mezclar cosas y, sobre todo, no hacer utilizaciones torticeras de la fe. Señorías del PP, creo que no es nada del otro mundo decir que creo que su proposición no de ley es oportunista, torticera y, en definitiva, cínica, porque ustedes la hacen básicamente, en su competencia insomne con VOX, para no quedar al margen de esta subasta absurda que la ultraderecha les ha marcado. Es así, señorías. Este es el marco, en el que no vamos a entrar. Aun sabiendo que es cierto que hay persecución de personas cristianas en el mundo, no les compramos este marco hipócrita. Senyories, evidentment, a Esquerra estem a favor de condemnar qualsevol persecució i de protegir qualsevol comunitat, els cristians, però també allà on són perseguits els musulmans o altres religions. Vostès, senyories del PP, posen la lupa en el que els interessa per motius ideològics, com he dit, en la seva competència amb VOX. Hi ha molts casos de discriminació i persecució al planeta. Preguntin, per exemple, per la persecució del poble kurd a l’Orient Mitjà o les minories musulmanes a l’Índia, o la persecució i el genocidi per motius ètnics al Sudan o altres llocs de l’Àfrica negra, etc. Esquerra, com vostès saben, és un partit laic, defensor de la separació entre l’Estat i l’Església i, per tant, exigim no només que no hi hagi discriminació religiosa, sinó que l’Estat sigui neutral en aquestes matèries, tant a nivell domèstic com a nivell exterior. Una cosa, senyories del PP, és que vostès defensin això, i una altra és que barregin de manera oportunista la qüestió. I ja que parlen de fonamentalisme religiós, és evident i és un fet objectiu que hi ha fonamentalisme musulmà gihadista, però també hi ha fonamentalisme cristià des dels Estats Units de Donald Trump a la Rússia de Putin. I també hi ha fonamentalisme jueu. Hi ha molts fonamentalismes, fins i tot hi ha un fonamentalisme que gairebé és pseudoreligiós, que és el fonamentalisme constitucionalista espanyol, que substitueix la Bíblia per la Constitució del 78. Aquest també l’hem patit, aquest fonamentalisme. Compartim, evidentment, la necessitat que els acords internacionals incloguin una perspectiva de protecció, però de protecció dels drets humans, senyories populars, dels drets humans en general, no només d’una minoria en concret. Una protecció clara en els principis establerts a la Carta Internacional dels Drets Humans. I he de dir, senyories del PSOE, que aquí vostès, com els del PP, tenen poc per presumir. Sota governs socialistes també, s’han consolidat relacions absolutament reprovables, impròpies, en països de l’Orient Mitjà on no respecten els drets humans. Per no parlar, senyories del PSOE, de la relació que té el Govern d’Espanya amb la monarquia alauita del Marroc, que exactament tampoc és una democràcia, tampoc és una democràcia. Senyories, Esquerra, tant a Catalunya com a Europa, reclama que tots els acords incloguin clàusules de respecte als drets humans, humans, també en acords comercials com el Mercosur. Estem per protegir els cristians, els musulmans, els jueus, i estem per atacar qualsevol forma de fonamentalisme, perquè portem 95 anys de lluita per les llibertats, i això inclou el respecte als drets humans. Moltes gràcies. Señorías, evidentemente, en Esquerra estamos a favor de condenar cualquier persecución y de proteger cualquier comunidad, a los cristianos, pero también ahí donde son perseguidos a los musulmanes o de otras religiones. Ustedes, señorías del PP, ponen la lupa en lo que les interesa por motivos ideológicos en su competencia, como he dicho, con VOX. Hay muchos casos de discriminación y persecución en el planeta. Pregunten, por ejemplo, por la persecución del pueblo kurdo en Oriente Próximo, por las minorías musulmanas en la India o por la persecución y el genocidio, por motivos étnicos, en Sudán u otros sitios en el África negra. Esquerra, como ustedes saben, es un partido laico, defensor de la separación entre el Estado y la Iglesia y, por lo tanto, exigimos no solo que no haya discriminación religiosa, sino que el Estado sea neutral en estas materias, tanto a nivel doméstico como a nivel exterior. Una cosa, señorías del PP, es que ustedes defiendan esto y otra cosa es que mezclen de forma oportunista la cuestión. Y ya que hablan de fundamentalismo religioso, diré que es evidente, un hecho objetivo, que hay fundamentalismo musulmán yihadista, pero también los es que hay fundamentalismo cristiano ―desde los Estados Unidos de Trump a la Rusia de Putin― y también hay fundamentalismo judío. Hay muchos fundamentalismos, incluso hay un fundamentalismo que casi es pseudorreligioso, el fundamentalismo constitucionalista español, que sustituye la Biblia por la Constitución del 78. Este fundamentalismo también lo hemos sufrido. Compartimos, evidentemente, la necesidad de que los acuerdos internacionales incluyan una perspectiva de protección, pero de protección de derechos humanos en general, señorías del Partido Popular, no solo de una minoría en concreto, una protección clara de los principios establecidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y tengo que decir, señorías del PSOE, que ustedes como los del PP tienen aquí poco de lo que presumir. Bajo Gobiernos socialistas también se han consolidado relaciones absolutamente reprobables e impropias con países de Oriente Medio donde no se respetan los derechos humanos, por no hablar, señorías del PSOE, de la relación que tiene el Gobierno de España con la monarquía alahuita de Marruecos, que tampoco es exactamente una democracia. Señorías, Esquerra reclama tanto en Cataluña como en Europa que todos los acuerdos incluyan cláusulas de respeto a los derechos humanos, también en acuerdos comerciales, como en el Mercosur. Estamos para proteger a los cristianos, a los musulmanes y a los judíos y estamos para atacar cualquier forma de fundamentalismo, porque llevamos noventa y cinco años de lucha por las libertades, y eso incluye el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. .

María de los Reyes Romero Vilches VOX

Gracias, señora presidenta. La libertad religiosa fue probablemente la primera de las libertades públicas reconocidas en Occidente y, sin duda, uno de los derechos más básicos y fundamentales. La libertad de religión está íntimamente vinculada a otras libertades esenciales, como la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión o de asociación, porque la fe religiosa no es únicamente una convicción individual, sino también una realidad comunitaria. Por eso, VOX defiende de forma firme la libertad religiosa, un derecho que aparece consagrado expresamente en el artículo 16 de nuestra Constitución. Ahora bien, cuando analizamos un asunto como este, no basta solo con leer lo que dicen las leyes, hay que valorar también lo que está ocurriendo en la práctica. Nosotros no somos ingenuos. La libertad religiosa tiene límites, como el orden público y los derechos de los demás. La libertad religiosa no puede ser la excusa para imponer formas de vida ni para vulnerar derechos, como se hace desde un islamismo, que curiosamente despierta la simpatía de la izquierda, como hemos visto aquí esta tarde. . Pero los datos demuestran una realidad que, en muchas ocasiones, se silencia en Occidente, y es que los cristianos son, con gran diferencia, el grupo religioso más perseguido del mundo. Esa persecución se manifiesta de muchas maneras: asesinatos, secuestros de religiosos, ataques a templos, profanaciones, insultos, escraches, calumnias o restricciones legales al ejercicio de la fe. Tenemos, por tanto, motivos suficientes para hablar de cristianofobia. Resulta llamativo que la izquierda ―que históricamente ha sido profundamente anticlerical hasta niveles criminales― hoy se presente como adalid frente al odio en las redes sociales y busque constantemente grupos colectivos vulnerables a los que proteger. Quizás deberían abrir los ojos a esta realidad, señorías de la izquierda, porque el cristianismo es hoy el grupo social más perseguido del mundo. Y no solamente en Nigeria. Quienes protagonizan esa persecución son, en muchos casos, regímenes marxistas como Cuba o China, regímenes islamistas como Irán o Afganistán, o Gobiernos autoritarios de izquierda como Nicaragua o Colombia; todos estos regímenes muy en consonancia con las políticas de Pedro Sánchez. Según la organización Puertas Abiertas, más de 315 millones de cristianos sufren niveles muy altos o extremos de persecución en el mundo. Hablamos de asesinatos masivos, como los que se producen en Nigeria; excarcelamientos por profesar la fe en países como Corea del Norte, o restricciones a las comunidades cristianas en lugares como Sudán o Yemen. Sin olvidar a los cientos y cientos de cristianos asesinados en el Congo y a tantos secuestrados, como hemos conocido incluso en la última semana. Los datos son estremecedores. En 2025, cada dos horas, era asesinado un cristiano en el mundo por el simple hecho de profesar su fe. Y este asunto no mejora. Pero tampoco debemos pensar que estos ataques a la libertad religiosa se producen solamente fuera de nuestras fronteras. Aquí, en España, el Observatorio para la Libertad Religiosa lleva años alertando de un preocupante aumento de los ataques contra los creyentes y los templos cristianos; ataques que muchas veces se justifican desde un laicismo militante que nada tiene que ver con lo que dice nuestra Constitución. Porque nuestra Constitución no establece un Estado laico. Lo que dice el artículo 16 de nuestra Constitución es que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. España es una nación con raíces cristianas, y esas raíces no se borran ni con leyes ideológicas ni con complejos políticos. . Aunque, a lo mejor por eso, señorías de la extrema izquierda, están ustedes empeñadas en la sustitución del pueblo español, como ha confesado Irene Montero, al decir que quiere barrer de fachas y racistas este país para sustituir nuestra población por gente migrante. Efectivamente, nosotros vemos a quienes quieren barrer a los votantes cada vez que tienen la oportunidad de votar. Así que, señora Belarra, ya sé que ustedes no se van a ir por su propio pie, lo sabemos. A ustedes los van a barrer los españoles. . Y no podemos olvidar que, hace apenas unos días, durante las manifestaciones del 8M hemos vuelto a escuchar insultos y ataques contra los cristianos y contra nuestros símbolos religiosos. Pero esto no es nuevo. Recordemos lo que la izquierda vocifera en numerosas ocasiones: eso de que hay que quemar la Conferencia Episcopal, o que la única iglesia que ilumina es la que arde, y otras lindezas a las que ustedes nos acostumbran. Si realmente quieren combatir el odio, señorías de la izquierda ―me da igual que sea con hache o sin hache―, quizás deberían empezar por acabar con esta práctica ustedes mismos. Porque, mientras algunos hablan constantemente de discurso de odio, guardan un silencio atronador ante la mayor persecución religiosa del mundo, que es la que sufren hoy millones de cristianos. Frente al silencio, los complejos y los dobles raseros, desde VOX vamos a seguir defendiendo, sin miedo y sin complejos, la libertad religiosa, nuestras raíces y la fe de nuestros mayores. Muchas gracias. .

Sofía Acedo Reyes PP

Muchas gracias, señora presidenta. Definitivamente, ¡qué frivolidad la del Partido Socialista! Subir a esta tribuna a hablar de los cristianos perseguidos… ¡qué pena! Ha sido lamentable escucharle, señoría. Me gustaría decirle a la señoría de SUMAR que la he notado muy tensa hablando de Arabia Saudí. Sin embargo, no la veo tan incómoda apoyando al Gobierno que más armas le vende a Arabia Saudí. . La hipocresía es total. Centrándome en lo esencial, hoy venimos aquí a exigirle al Gobierno de España que renuncie, de manera inmediata, al proyecto de regularización masiva que pretenden imponer sin garantías, sin planificación y sin respeto a los compromisos europeos en materia migratoria. Le pedimos al Gobierno de España que ejecute de forma real y efectiva las órdenes de retorno, porque un Estado que no hace cumplir sus propias resoluciones se debilita a sí mismo. Le instamos a que revise y refuerce los acuerdos con los países de origen y tránsito, para que la cooperación migratoria sea útil, sea efectiva. Y les exigimos que tramiten y ejecuten la expulsión de quienes cometen delitos graves o reinciden, porque la seguridad de los españoles no puede depender de la improvisación ni del cálculo político. Señorías, estas no son exigencias ideológicas, no lo son. Son exigencias de sentido común, son cuestiones de Estado. La regularización masiva del Gobierno es una mera operación política, improvisada y profundamente irresponsable, que va contra la propia seguridad nacional, como aseguran los informes y los análisis de riesgo elaborados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que el Gobierno ha pretendido, ha intentado ocultarnos a todos los españoles. El Gobierno pretende regularizar a centenares de miles de personas sin poder precisar ―la ministra no pudo precisarlo― cuántas personas serán realmente. Sin embargo, la Policía asegura que serán en torno a 1,3 millones de inmigrantes, entre reagrupaciones familiares y efectos derivados. No existe memoria económica para esta regularización. Tampoco existe previsión administrativa. Se va a hacer sin haber evaluado el impacto sobre los servicios públicos. Y lo que es más grave aún, es inaceptable: se va a llevar a cabo esta regularización sin garantizar la ausencia de antecedentes penales y policiales. . Y no, señorías, no. Señorías del Grupo Socialista, no. Los españoles no vamos a aceptar que ustedes, por conveniencia política, regularicen a miles de delincuentes en nuestro país. Pero ¿esto qué es, señorías? ¿Esto qué es? Sí. ¿Esto qué es? Sin acreditar antecedentes penales y policiales. Y la ministra no fue capaz de desmentirlo porque era verdad. Es verdad. Hablan de integración mientras ignoran deliberadamente la presión que ya sufren nuestros servicios públicos: el sistema sanitario, el sistema educativo, el mercado de la vivienda o la atención social. No puede ser que en España entrar irregularmente tenga premio. Este efecto llamada tiene consecuencias. Tiene consecuencias en los países de origen, tiene consecuencias en las rutas migratorias y en nuestras fronteras. Fíjense si las tienen, fíjense las consecuencias que tienen. Mientras el Gobierno anuncia regularizaciones masivas desde los despachos de Madrid, en la frontera sur la realidad es absolutamente distinta. Solo en el mes de enero, 426 personas entraron ilegalmente en Ceuta y únicamente cinco ―cinco personas― fueron devueltas. De 426, cinco devoluciones. En apenas dos meses, las entradas superaron las 1200 personas, multiplicando las cifras del año anterior y tensionando al límite la capacidad de la ciudad, la de sus servicios y la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que garantizan nuestra protección, exponiendo su propia integridad en la mayoría de los casos. Esto no es un dato aislado; es el reflejo de una política migratoria que ha renunciado a ejercer el control que exige cualquier Estado serio. Cuando las entradas ilegales se disparan y las devoluciones se reducen a cifras testimoniales, no falla el sistema administrativo; falla la voluntad del Gobierno de hacer cumplir la ley. . Falla la voluntad del Gobierno de hacer cumplir la ley. Y quienes pagamos esa falta de voluntad somos territorios como el mío, como Ceuta y Melilla, como Andalucía, como Baleares, como Canarias; al fin y al cabo, todos pagamos las consecuencias. Pero esa primera línea de presión migratoria no tiene los medios suficientes y, además, tampoco cuenta con el respaldo político del Gobierno de España; y no, no lo merecemos. Señorías, España es un país solidario, sí, pero la solidaridad sin orden ni control es una absoluta irresponsabilidad que favorece a las mafias que trafican con personas, desincentiva la inmigración legal y erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones. También sitúa a España en una posición de debilidad dentro del espacio europeo. Es que hemos asumido compromisos claros en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo: control de fronteras exteriores, responsabilidad compartida y retornos eficaces. Ustedes, señorías socialistas, el Gobierno también — señorías de SUMAR― están haciendo exactamente lo contrario a lo que han pactado, exactamente lo contrario, y han convertido a España en el eslabón más débil de la política migratoria europea. No solo actúan contrariamente a lo que defendían con fervor hace unos meses, sino que actúan contra sus propios actos. Ustedes no están siendo arrastrados por el populismo de la izquierda radical. No, no, no. Ustedes son ya los mayores populistas de la izquierda radical, señorías socialistas. . Por cierto, señorías de Podemos, con esta regularización pretendían sustituir a los españoles, y los españoles los están sustituyendo a ustedes en las urnas. Hace mucho tiempo que ustedes han renunciado a gobernar, han renunciado a proteger el interés general para proteger los suyos propios y los de sus colaboradores necesarios. Pero este grupo, el Grupo Parlamentario Popular, además de darle la batalla política, también vamos a ofrecer la alternativa a los españoles: la de una política seria, una política migratoria firme, ordenada y humana; una política migratoria que combata a las mafias, no que le dé alas, que garantice la inmigración legal, que ejecute los retornos y que proteja la seguridad y la cohesión social en nuestro país. Por eso decimos no, no a la regularización masiva sin control, y sí a la legalidad, sí a la cooperación internacional eficaz, sí a una política migratoria seria que piense en el presente y en el futuro de España. Señorías socialistas y del Gobierno, dejen de hipotecar el futuro de todo un país para pagar las facturas de su debilidad y de su incapacidad para gobernar. Ustedes no tienen mayoría suficiente para hacer esto. Escuchen y cumplan con el mandato de esta Cámara, dejen de pisotear la voluntad mayoritaria de los españoles y abandonen de una vez esta deriva antidemocrática en la que están instalados. Muchas gracias. .

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. En aquesta moció, a conseqüència d’interpel·lació, el Grup Popular avui insta a grans trets, primer, a renunciar amb caràcter immediat al projecte de regularització massiva, i, segon, a executar de manera efectiva les ordres d’expulsió d’estrangers amb delictes greus o reincidents. Junts per Catalunya hem presentat dues esmenes a aquesta moció. La primera comparteix l’objectiu dels populars per aturar aquesta regularització extraordinària, aquesta que el Govern ens vol imposar per la porta del darrere mitjançant un Reial decret del Consell de Ministres, sense debat ni sense suports parlamentaris. Nosaltres, ja ho saben, condicionem qualsevol regularització extraordinària a una avaluació exhaustiva de la seva magnitud i de les conseqüències per al nostre país, Catalunya. Perquè des de l’Executiu ens parlen d’urgència, però val a dir que a l’Estat espanyol ja existeix un mecanisme ordinari i permanent que durant els darrers anys ha regularitzat la situació de centenars de milers de persones estrangeres. Un mecanisme, per cert, ampliat també via Reial decret amb la modificació del Reglament d’estrangeria del 2024, i que la seva aplicació ha fet augmentar un 50 % les sol·licituds, agreujant el col·lapse crònic de les oficines d’estrangeria. Com volen afrontar una regularització extraordinària, quan l’Estat no té capacitat ni de gestionar en condicions l’impacte dels milers de sol·licituds ordinàries generades pel canvi normatiu? I que només són la punta de llança del que passa amb la resta de serveis públics, aquests sí en veritable situació d’emergència. I molt més a casa nostra, a Catalunya, on el dèficit fiscal endèmic i l’incompliment reiterat d’Espanya ho condicionen tot. Amb la segona esmena afegim un punt 3 a la moció, instant el Govern a complir el seu acord amb Junts per delegar les competències integrals en matèria de migracions a Catalunya. Perquè per a Junts la immigració és un tema cabdal, i som conscients que per gestionar-la calen eines, calen les competències i els recursos que en aquesta cambra fa uns mesos es van negar a Catalunya. Per descomptat, les va negar l’extrema dreta espanyola. Ho van fer vostès, els populars. Curiós, senyora Acedo, perquè vostès són els mateixos que van delegar al nostre país aquelles competències, també exclusives de l’Estat, en matèria de trànsit. I també vostès les van negar. Els jacobins de Podemos, un partit espanyol amb zero diputats al Parlament de Catalunya. Senyores de Podemos, el que fa Espanya en matèria migratòria ho pot fer Catalunya sí o no? I per cert, no em refereixo a la gestió de la tanca de Melilla d’aquell Govern del qual la senyora Belarra i la senyora Montero n’eren flamants ministres. Mirin, o no mirin, vostès i alguns diputats de les seves confluències desorientades, van dir «no» a Catalunya. Van dir que aquella era una delegació de competències racista. I aquell vot contra Catalunya va ser un pas més cap a la seva irrellevància. Irrellevància que confirma que les seves polítiques, aquestes que encara avui compren i condicionen els socialistes, han fracassat estrepitosament. Polítiques que ens han portat a un sistema incapaç de garantir el benestar dels migrants i que posa en risc la població en general. Els serveis públics no donen l’abast, no hi ha capacitat per garantir l’acollida, ni la integració, ni els serveis, molt menys atendre la singularitat catalana. I això tensiona la societat i és un risc per a la cohesió. I davant aquest panorama, a nosaltres no ens fa por posar límits a les polítiques migratòries. No tot s’hi val. Cal ordenar l’arribada, dimensionar-la a la capacitat i a les necessitats del nostre país. I, a partir d’aquí, garantir drets, els fonamentals sense condicions, però la resta, vinculats als deures, els deures amb la llengua i la cultura, però també amb la convivència i la cultura de l’esforç. Deures per anar més enllà del dret al subsidi a canvi de res. Drets per progressar individual i col·lectivament amb feina digna. En definitiva, deures i drets per poder oferir un projecte de futur esperançador a tots els ciutadans de Catalunya. Gràcies. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. En esta moción consecuencia de interpelación el Grupo Popular hoy insta, a grandes rasgos, a renunciar con carácter inmediato al proyecto normativo de regularización masiva, y, segundo, a ejecutar de manera efectiva las órdenes de expulsión de extranjeros con delitos graves o reincidentes. Junts per Catalunya ha presentado dos enmiendas a esta moción. La primera comparte el objetivo de los populares para poner fin a esta regularización extraordinaria, esta que el Gobierno nos quiere imponer por la puerta de atrás a través de un real decreto del Consejo de Ministros, sin debate y sin apoyos parlamentarios. Nosotros ―ya lo saben― condicionamos cualquier regularización extraordinaria a una evaluación exhaustiva de su magnitud y de las consecuencias para nuestro país, Cataluña. Desde el Ejecutivo nos hablan de urgencia, pero hay que decir que en el Estado español ya existe un mecanismo ordinario y permanente que durante los últimos años ha regularizado la situación de centenares de miles de personas extranjeras; un mecanismo, por cierto, ampliado también vía real decreto, con la modificación del Reglamento de extranjería de 2024, y cuya aplicación ha hecho aumentar un 50 % las solicitudes, agravando el colapso crónico de las oficinas de extranjería. ¿Cómo quieren afrontar una regularización extraordinaria cuando el Estado no tiene capacidad ni de gestionar en condiciones el impacto de los miles de solicitudes ordinarias generadas por el cambio normativo y que solo son la punta de lanza de lo que pasa con el resto de los servicios públicos? Estos sí, en una verdadera situación de emergencia, y más en Cataluña, donde el déficit fiscal endémico y el incumplimiento reiterado de España lo condicionan todo. Con la segunda enmienda añadimos un punto 3 a la moción, instando al Gobierno a cumplir su acuerdo con Junts para delegar las competencias integrales en materia de migraciones en Cataluña, porque para Junts la inmigración es un tema caudal, y somos conscientes de que para gestionarla hace falta tener herramientas, hace falta tener competencias y los recursos que en esta Cámara hace unos meses se negaron a Cataluña. Por descontado, de eso se encargó la extrema derecha española; ustedes, los populares, lo hicieron. Es curioso, señora Acedo, porque ustedes son los mismos que delegaron a nuestro país esas competencias también exclusivas del Estado en materia de tráfico. Y también ustedes las negaron, los jacobinos de Podemos, un partido español con cero diputados en el Parlamento de Cataluña. Señoras de Podemos, ¿lo que hace España en materia migratoria lo puede hacer Cataluña, sí o no? Y, por cierto, no me refiero a la gestión de la valla de Melilla, de ese Gobierno del que la señora Belarra y la señora Montero han sido flamantes ministras, miren o no miren. Ustedes y algunos de sus confidentes desorientados dijeron que no a Cataluña, dijeron que aquella era una delegación de competencias racista. Y ese voto contra Cataluña fue un paso más hacia su irrelevancia. Irrelevancia que confirma que sus políticas, esas que aún hoy compran y condicionan a los socialistas, han fracasado estrepitosamente, políticas que nos han llevado a un sistema incapaz de garantizar el bienestar de los migrantes y que ponen en riesgo a la población en general. Los servicios públicos no dan abasto. No hay capacidad de garantizar ni la acogida, ni la integración, ni los servicios, y mucho menos atender la singularidad catalana. Esto tensiona a la sociedad y es un riesgo para la cohesión. Y ante este panorama, a nosotros no nos da miedo poner límites a las políticas migratorias. No todo vale. Hay que ordenar la llegada, dimensionarla a la capacidad y a las necesidades de nuestro país. Y, a partir de aquí, garantizar derechos, los fundamentales, sin condiciones, y el resto, vinculados a los deberes, a los deberes con la lengua y la cultura, pero también con la convivencia y la cultura del esfuerzo; deberes para ir más allá del derecho de subsidio a cambio de nada, derechos para progresar individual y colectivamente. En definitiva, deberes y derechos para poder ofrecer un proyecto de futuro esperanzador a todos los ciudadanos de Cataluña. Gracias.

Ignacio Gil Lázaro VOX

Muchas gracias, señora presidenta. El Grupo Popular dice que este proceso de regularización que pretende llevar a cabo el Gobierno premia a quienes han incumplido la ley y acentúa el efecto llamada. Sin embargo, lo que no dice el Grupo Popular es que hace unos meses votó a favor de la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que perseguía el mismo fin que este proyecto del Gobierno , es decir, regularizar a más de medio millón de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España. Solo VOX se opuso a esa toma en consideración, porque llevamos años denunciando la nefasta política de puertas abiertas fomentada por el bipartidismo durante décadas. Prueba de ello es esta misma moción, porque no rechaza frontalmente, como hace VOX, la técnica de la regularización masiva como un instrumento de política migratoria, sino que se limita simplemente a criticar y a rechazar la que pretende llevar a cabo el Gobierno, porque considera que está falta de planificación, de recursos y por utilizar el procedimiento de urgencia para su tramitación. Es decir, se siguen desconociendo las consecuencias gravísimas que esta invasión migratoria genera, esto es, colapso de la vivienda, colapso de la sanidad y de los servicios sociales y, desde luego, mayor delincuencia. Es una invasión migratoria que genera también un auténtico agujero en las arcas del Estado, en detrimento de atender las necesidades de los españoles; de los españoles más necesitados, que, a su vez, se sienten cada día más preteridos en su derecho a las ayudas públicas en detrimento del trato preferente a aquellos que no son de aquí, que han entrado aquí ilegalmente y que viven aquí de las ayudas públicas, que costean esos mismos españoles con gran esfuerzo a través del pago de sus impuestos. Y ya el colmo, señorías, es que el Gobierno, amén de esta regularización masiva, pretende también dar acceso gratuito a la sanidad pública a todos aquellos extranjeros que están ilegalmente en España o que puedan estarlo en el futuro y, además, conceder el derecho de acceso al ingreso mínimo vital a todos aquellos que ahora sean regularizados a través de este proceso o que puedan serlo en el futuro también. Y todo ello, además, desconociendo las consecuencias gravísimas que para la identidad nacional supone esta invasión migratoria en los términos que ya se vienen apreciando, a tenor de ciertos procesos manifiestos de islamización y del riesgo de sustitución democrática. Así que, señorías, en virtud de todo esto, el Grupo Parlamentario VOX presenta una enmienda de adición al texto de esta moción con la idea de darle mayor fortaleza y realismo. Instamos al Gobierno a que abandone, a que renuncie al proyecto normativo de regularización masiva por ser contrario al interés nacional; a que proceda a derogar el nuevo reglamento de extranjería, que es un auténtico coladero; a que no se suspendan los procedimientos sancionadores de expulsión por el mero hecho de que el afectado presente solicitud de estancia o residencia, porque es un auténtico fraude, y, desde luego, a que se incremente el número de años necesarios para obtener la residencia de larga duración. Igualmente, exigimos que se impulsen los procesos de reemigración a sus países de origen de todos aquellos extranjeros inmigrantes que se dediquen a vivir de manera sostenida, única y exclusivamente de las ayudas sociales o de los servicios que prestan las diversas Administraciones públicas; que se deporte a todos aquellos extranjeros que delincan o que pretendan imponer el islamismo; y, de la misma forma, que se revoque la nacionalidad española, si la tiene, y se expulse a cualquiera que incurra en las conductas que acabo de señalar. Por último, solicitamos que se ponga fin a cualquier política migratoria o a cualquier proceso de regularización afecto a esa política migratoria que considere que en España hace falta más inmigración, dada la situación de absoluta saturación migratoria en este momento y de emergencia habitacional, de inseguridad en nuestras calles y barrios, de paro estructural y de colapso de los servicios públicos. En definitiva ―y termino, señora presidenta―, denunciar todo esto no es racismo ni xenofobia, es un deber de sentido común que impone actuar ya con rigor, con firmeza, con eficacia, con coherencia en el marco de la ley y con la ley en la mano al servicio y por el interés de España y de los españoles. Nada más y muchas gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, presidenta. Senyories del Partit Popular, amb tots els assessors que tenen, de veritat han hagut d’anar a VOX perquè els redacten esta moció? Perquè si una llig el text, amb un poquet d’atenció, i ara mateix escoltant a Gil Lázaro costa realment veure la diferència. Mateixes paraules, mateix relat i mateixa recepta: convertir la migració en un problema. I els promet, els promet que la realitat és molt menys apocalíptica de la que sembla. De fet, és molt més senzilla, perquè la regularització l’únic que pretén és donar dret i dignitat a totes les persones que viuen ací, entre nosaltres. Veïns i veïnes, persones que trobem en l’autobús cada dia, persones que compartixen escola amb els nostres fills i filles. Tot i que clar, què van a saber vostés de la vida real si els seus fills van a guetos pijos? I vostés només agafen autobusos privats per a desembarcar en actes de campanya. El problema per a vostés no és que els migrants visquen entre nosaltres, el problema és que tinguen drets. Perquè quan una persona té drets és molt més difícil explotar-la i d’abusar d’ella laboralment, veritat? Perquè aquesta és la realitat que vostés mai expliquen quan parlen d’immigració. La de les persones que treballen sense contractes, sense protecció i sense drets, la de les jornades interminables en el camp, en condicions infrahumanes. Persones que sostenen sectors sencers de l’economia, mentre viuen en barraques, en assentaments o en habitacions compartides. Migrants que moren treballant en condicions indignes, sense contracte, sense seguretat i abandonats. Això és el que passa quan una persona viu en la irregularitat administrativa, que queda atrapada en el racó més vulnerable del món laboral. I això és el que vostés pretenen. Per això, la regularització és una ferramenta per traure a les persones de l’explotació, de l’economia submergida i de la invisibilitat. No és tan complicat d’entendre. Perquè després vostés venen ací a donar-nos lliçons de legalitat i d’ordre. I miren, senyories del Partit Popular, una societat decent, com la que nosaltres volem, aborda la migració combatent l’explotació, garantint drets i protegint la vida de les persones, de totes les persones, hagen nascut on hagen nascut. La resta és simplement competir amb VOX per veure qui diu la burrada més gran. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Señorías del Partido Popular, con todos los accesos que tienen, ¿han tenido que ir a VOX para esta moción? Porque, si uno lee el texto con atención y ahora mismo escuchando a Gil Lázaro, realmente cuesta ver la diferencia. Mismas palabras, mismo relato y misma receta: convertir la migración en un problema. Y se promete o nos promete que la realidad es mucho menos apocalíptica de lo que parece. De hecho, es mucho más sencilla, porque la regularización lo único que pretende es dar derechos y dignidad a todas las personas que viven aquí entre nosotros: vecinos, vecinas, personas que encontramos en el autobús cada día, personas que comparten escuela con nuestros hijos e hijas. Aunque, claro, ¿qué sabrán ustedes de la vida real si sus hijos van a guetos pijos y ustedes solo cogen el autobús privado para desembarcar en actos de campaña? El problema para ustedes no es que los migrantes vivan entre nosotros; el problema es que tengan derechos, porque, cuando una persona tiene derechos, es mucho más difícil explotarla y abusar de ella laboralmente, ¿verdad? Porque esta es la realidad que ustedes nunca explican cuando hablan de migración: las personas que trabajan sin contrato, sin protección, sin derechos, las de las jornadas interminables en el campo en condiciones infrahumanas; personas que sostienen sectores enteros de la economía mientras viven en barracas, en asentamientos o en habitaciones compartidas; migrantes que mueren trabajando en condiciones indignas, sin contrato, sin seguridad y abandonados. Esto es lo que pasa cuando una persona vive en la irregularidad administrativa, que queda atrapada en el rincón más vulnerable del mundo laboral, y esto es lo que ustedes pretenden. Por eso, la regularización es una herramienta para sacar a las personas de la explotación, de la economía sumergida y de la invisibilidad. No es tan complicado entenderlo. Porque luego ustedes nos vienen a dar lecciones de legalidad y de orden. Miren, señorías del Partido Popular, una sociedad decente, como la que queremos nosotros, aborda la migración combatiendo la explotación, garantizando derechos y protegiendo la vida de las personas, de todas las personas, hayan o no hayan nacido aquí. El resto es simplemente competir con VOX para ver quién dice la burrada más grande. Gracias. .

Noemí Santana Perera SUMAR

Gracias, señora presidenta. Cada vez que el Grupo Popular nos trae una iniciativa sobre inmigración a la Cámara es siempre la misma historia: siembran el discurso del miedo aquí en Madrid, pero luego en los territorios, cuando la realidad les estalla en la cara, acaban pidiendo ayuda. Aquí hacen referencia al efecto llamada, a la invasión, a que todo está bajo el descontrol, pero luego sus compañeros del Partido Popular en mi tierra, en Canarias, lo que hacen es pedir cooperación con el Estado, pedir colaboración y solidaridad con el resto de comunidades autónomas y pedir emprender políticas valientes para hacer frente al reto migratorio. Así pues, señores del Grupo Popular, si ustedes no lo saben, hablen con la gente que está en Canarias; hablen con sus consejeros; hablen con sus concejales, con sus alcaldes, hablen con las personas que tienen que gestionar directamente la llegada de personas migrantes, especialmente de menores, de niños y niñas. Me parece que llamar irresponsabilidad a regular a personas que viven, luchan y trabajan en nuestro país es injusto y, además, equivocado. Al final es entrar en el marco de la ultraderecha, y en ese campo, señores y señoras del Grupo Popular, ustedes van a acabar perdiendo, no van a ganarle ese partido a VOX. Lo que es injusto es tener a personas viviendo y trabajando en este país sin derechos, sin protección, sin contrato, en economías sumergidas, que al final nos acaba afectando al conjunto de la ciudadanía de España, y eso ustedes lo saben. Lo saben porque, cuando llegan a Canarias, ustedes ya no hablan del efecto llamada, sino del efecto insolidaridad. La insolidaridad es la de las propias comunidades gobernadas por el Partido Popular con sus propios compañeros que están en Canarias, con los cuales no solo no son solidarios al no recepcionar a niños tutelados por Canarias, sino que además bloquean cualquier tipo de acuerdo posible. Así que, señores del Grupo Popular, muy duros los discursos aquí, en Madrid, muy irresponsables en Bruselas, pero aquí y en Canarias, punto en boca. Muchas gracias. .

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Arratsalde on berriro. Antes de explicar nuestra posición en relación con esta moción consecuencia de interpelación, quiero hacer un apunte previo. Tras más de un año desde el inicio de la tramitación de la ILP, durante el cual se nos dijo por activa y por pasiva que era necesaria la aprobación de una norma con rango de ley para poder dar seguridad a la regularización, el asunto se despacha ahora con un anuncio de Podemos, en el que se nos presentó un acuerdo que se materializó en un anteproyecto de real decreto. Es decir, lo que no se podía hacer modificando el Reglamento aprobado, ahora sí se puede, algo que todavía no ha sido suficientemente explicado por parte del Gobierno. O sea que, si hoy el Grupo Socialista nos lo quiere explicar, estaremos encantados de escuchar la explicación. Volviendo a la iniciativa originaria, nuestra posición ante la ILP sobre regularización fue clara: la admitimos a trámite considerando que debía orientarse a una regularización extraordinaria caso por caso, por motivos humanitarios, por reagrupaciones familiares o vinculada a razones económicas y demográficas, y siempre vinculada a la regularización laboral, tal y como se desprendía de la propia exposición de motivos de la ILP. Sobre el contenido concreto, hoy por hoy, no conocemos el texto final. Está en tramitación urgente, finalizado el plazo de audiencia pública y a la espera del informe preceptivo del Consejo de Estado, por lo que entendemos que dicho informe tendrá en cuenta, como no podría ser de otra manera, si la modificación del Real Decreto 1155/2024 cumple con los objetivos fijados en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Pero más allá del contenido del decreto, poco o nada se está diciendo sobre cómo se va a implementar el procedimiento de regularización previsto en el mismo, y menos aún cuando las decisiones se toman tras un acuerdo con un partido político que no gobierna en ninguna comunidad autónoma ni en las Administraciones que tendrán que gestionar las consecuencias de este decreto; Administraciones que están siendo, como esta Cámara, meras espectadoras — de segunda— en el proceso. Dicho esto, también nos preocupa profundamente que el tema de la regularización se esté utilizando en el debate político como arma arrojadiza. Hace dos semanas lo trajo a esta Cámara el Grupo Popular mediante una interpelación; la semana anterior lo hizo VOX, y así sucesivamente. No voy a decir que se usaran idénticos argumentos ni que se defendiera exactamente lo mismo, aunque se hace algo parecido a esto último. Así se utiliza este debate tan socorrido no para explicar visiones diferentes de una realidad compleja que nos interpela, como es la migración, sino para confrontar y crispar. Y, en este contexto, afloran mensajes que criminalizan a la persona migrante, porque este tipo de mensajes encajan bien en el ideario político de la ultraderecha. En el Partido Nacionalista Vasco defendemos algo muy distinto, porque no olvidemos que las personas afectadas por la regularización ya están aquí, aunque invisibilizadas, y muchas de ellas trabajando sin contrato, de forma precaria o incluso explotadas. En el Partido Nacionalista Vasco defendemos un abordaje responsable. Entendemos la migración también como una oportunidad ante el reto demográfico y creemos que debe gestionarse de manera ordenada, integral, humanitaria y segura; un enfoque en el que confluyan tanto los derechos de las personas migrantes como las obligaciones hacia la comunidad de acogida. Sin embargo, estamos ante un fenómeno estructural, y los fenómenos estructurales no se pueden despachar con regularizaciones puntuales cada cierto tiempo realizadas por ambos partidos cuando han estado al frente del Gobierno. Lo que se necesita es un plan integral que tenga en cuenta también el ámbito competencial del Estado, y creemos que, una vez más, se está perdiendo la oportunidad de hacerlo así. En relación con el segundo punto de la moción, estamos de acuerdo con lo que se pide, pero no con la razón alegada, que es lo que realmente subyace en su defensa. La normativa debe aplicarse, por supuesto, pero lo que se da a entender es que no se está cumpliendo. Si eso fuera así, lo que corresponde es señalar en qué casos no se cumple y cuáles son las dificultades reales para su aplicación. Migrazio fenomenoa sakonki eta modu integralean kudeatu behar da. Gai honi aurre egin behar zaio bai, kudeaketa arduratsua egiteko. Gure taldeak aspalditik eskatzen dio Espainiako Gobernuari Euskadik iparraldeko mugaren estatusa lortzea eta gaitasun politiko berriak izan ditzala migrazioaren gaiari aurre egin ahal izateko beharrezko kontsideratzen dituen baliabideak. Lana pertsonak gizarteratzeko funtsezko faktore gisa planteatu dugu, eta proposatu dugu ere hizkuntza gaitasuna kontutan hartzea pertsonaren errotzea egiaztatzeko elementu gisa. Hizkuntza delako, euskara delako, Euskadin integratzeko faktore nagusietako bat. Eta behin eta berriz eskatu dugu edozein erregulazio prozesu euskal errealitateari egokitua izan behar duela. Erakundeen arteko lankidetza esparru baten barruan, ordenarekin, plangintza eta segurtasun juridikoarekin. Hay que gestionar el fenómeno migratorio de manera profunda e integral. Hay que afrontar este tema para poder llevar a cabo una gestión responsable. Nuestro grupo viene reclamando desde hace tiempo al Gobierno de España que Euskadi alcance el estatus de frontera norte y tenga nuevas capacidades políticas para poder hacer frente al fenómeno migratorio, para disponer de los recursos que considere necesarios. Planteamos el trabajo como un factor fundamental para la integración social de las personas. Y también hemos propuesto tener en cuenta la competencia lingüística como elemento para comprobar el arraigo de la persona, ya que la lengua es uno de los principales factores de integración en la sociedad. Hemos solicitado en reiteradas ocasiones que cualquier proceso de regularización debe adaptarse a la realidad vasca dentro de un marco de colaboración interinstitucional, con orden, planificación y seguridad jurídica. Termino. Las políticas migratorias no pueden consistir en una patada de última hora y adelante, y mucho menos cuando hablamos de integración, de arraigo y del desarrollo de un proyecto de vida por parte de las personas que emigran, porque en la gran mayoría de los ámbitos ―como en el laboral, el educativo o el sanitario― las personas migrantes no van a relacionarse con su ministerio, con el ministerio del Gobierno del Estado, ni con el mismo Gobierno del Estado, sino que van a relacionarse con los ayuntamientos y con los Gobiernos que prestan los servicios públicos. En nuestro caso, con las diputaciones forales y con el Gobierno vasco. Y quienes pertenecemos a los partidos que lideran esas instituciones, como el Partido Nacionalista Vasco, nos tomamos este asunto muy en serio. Mila esker.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Arratsalde on. Señorías, una vez más, el Grupo Popular trae una iniciativa para hablar de migraciones no desde un plano poliédrico y complejo, como es el efecto de las migraciones, sino mezclándolo con delincuencia, con irregularidad; esto es intentando estigmatizar a un sector de la población de este Estado. Lo curioso es que uno de los argumentos que utilizan contra una regularización extraordinaria es que sería una medida sin control, sin hablarla... Y, sin embargo, el Partido Popular llevó a cabo tres regularizaciones extraordinarias. ¿Qué pasa, que cuando ustedes lo hacen está bien y cuando lo hace el resto está mal? . ¿Qué tienen, el don de la sabiduría? Sí, está sí, pero las suyas estaban bien. . Miren, las regularizaciones no son un fracaso del sistema, sino una herramienta para ordenar una realidad social y económica que ya existe.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Es hacer normal lo que es normal, que decía aquel. Ya existe. Y cuando hablan del efecto llamada, a ver, ¿qué bobada es esa del efecto llamada? Es efecto de normalización de personas que ya están en esta sociedad, ¡que ya están! Dicen: No van a ser 500 000, van a ser 840 000. Pues con más razón, ¡con más razón! ¿Qué sentido tiene un Estado ―y esto no va de izquierdas ni de derechas, es de sentido común― con 840 000 o un millón de personas fuera de la legalidad viviendo en él? Dicen ustedes: Es que no van a pedir antecedentes penales. Pero ¿hay mayor garantía, desde un plano de seguridad, que tener identificadas a todos los ciudadanos que viven en tu país? Si eso es de primero de seguridad. Luego, el otro portavoz decía: Van a tener acceso a la sanidad. Pues claro, pero si eso es de primero de seguridad sanitaria y, además, es muy beneficioso no solamente para esas personas. Ya sé que ustedes no tienen ese espíritu solidario, pero, desde un plano de seguridad sanitaria, que toda la población que vive en un Estado tenga acceso a la sanidad, beneficia a todos, incluso a ustedes. Dicen que no hay memoria económica. ¡Pero si hasta la CEOE les dice que es beneficioso, y hay cálculos de universidades que dicen que la regularización va a aportar a las arcas públicas del Estado 2500 millones de euros por año! Repito: 2500 millones de euros por año. Pero, mientras tanto, qué bien viene ese estigma de que reciben ayudas sociales, de que cobran... Si la realidad ya la sabemos: las personas migrantes legales aportan un 70 % más de lo que reciben. Están ayudando a las arcas públicas. Pero no, a unos sectores políticos les conviene estigmatizar a esa población. Yo conozco la ciudad de la que usted procede y la circunscripción que representa, y es cierto que sufren los efectos de la migración y que deberían tener mucho más apoyo del Estado central, pero, fíjese usted, el 80 % de las personas que se encuentran hoy en día en situación irregular en el Estado no han pasado ni por Ceuta, ni por Melilla, ni por Canarias, ni en pateras. . ¿Sabe por dónde ha llegado el 80 %? Por el aeropuerto al que usted viene todos los lunes, por el aeropuerto de Barajas. Dejen de estigmatizar a estos sectores; son una realidad social. Nosotros no creemos que haya que hacerlo por motivos económicos, no; creemos que hay que hacerlo por un sentido de justicia y de solidaridad, por ser decentes. Ahora bien, como ya lo han hecho antes, ustedes deberían tener un poco de sentido común a la hora de normalizar a estas personas. Dicen que se va a saturar la vivienda y los servicios públicos, pero estas personas ya están viviendo aquí, aunque es cierto que muchas veces en unas situaciones deplorables y están sufriendo explotación laboral. ¿O acaso es eso lo que quieren, tener personas de las que se pueda abusar económica y laboralmente? No, hay que hacer normal lo que es normal: que esas personas tengan derechos, porque están aquí, y también van a tener deberes y van a cotizar. Por eso les decía que la CEOE ―poco sospechosa de ser progresista y de izquierdas― les ha dicho que sería beneficioso. Nosotros no estamos en el plano economicista, sino en el de la justicia y la solidaridad. Parece que ustedes están compitiendo con sus otrora compañeros de partido, como el señor Gil Lázaro, que en los años 1996, 2000 y 2001 no tenía ningún problema con las regularizaciones de su partido, pero hoy en día sí parece que las tiene, como ustedes. Dejen de ser hipócritas ante esta regularización y súmense al carro de la decencia. Son más de medio millón de personas que están en una situación de vulnerabilidad y han de tener derechos como cualquier persona. Muchas gracias. .

Jordi Salvador i Duch ERC

Gràcies, presidenta. Senyories, aquesta moció del PP, una vegada més, és la moció de la maldat. És la moció que no sé com qualificar. És que sempre és el mateix aquesta gent: és Catalunya, els migrants, Catalunya, els migrants, Catalunya, els migrants… Sense aquest tipus d’enemic, no tenen res a portar aquí. Anem per parts. Aquesta gent el que volen són treballadors i treballadores sense drets, perquè, si no tenen drets, surten més barats. I per això votarem que no a aquesta moció. I ho diré encara més clar: regularitzar no és cap caprici. Regularitzar és treure gent, gent que ja està vivint aquí, de la gàbia administrativa en la qual viuen, perquè puguin treballar amb drets, perquè puguin cotitzar, perquè puguin denunciar els abusos, perquè puguin organitzar-se sindicalment, etc. Amb això, vostès estan en contra d’això? La gent és migrant, però no és imbècil. Si venen aquí és perquè venen a treballar, perquè hi ha una demanda de treballadors enorme. I, de fet, si s’han regularitzat i ha sortit aquesta ILP que teníem penjada des de l’any 2021, ha sigut perquè a l’estiu del 2025 la CEOE i Foment demanen que, si us plau, regularitzin immigrants perquè no tenen mà d’obra. Aquesta és la realitat, malauradament de per què ara i no abans aquesta tirada endavant de la ILP. El PP el que defensa és un mercat de mà d’obra dòcil, gent amb por, explotable, més barata, és a dir, fan negoci de la misèria. El PP ven efecte crida. Bé, el PP, VOX i aquells, i els de Junts també. Aquells també, en això estan d’acord. Avui tornaran a votar una vegada més aquest bloc, que aquest sí que funciona, que és el bloc de les dretes i l’extrema dreta, que funciona molt bé. Avui, a més, perquè no m’acusin de res especial, utilitzaré dades com les de Funcas. No són antisistemes, és un think tank que està aquí a Madrid mateix, representant del capital. Agafin l’últim número de Funcas i el llegeixen. Diu: «econòmicament i demogràficament, el que vostès anomenen problema és, en bona part, la columna vertebral de sectors econòmics sencers de les societats d’aquests països». Ho repeteixo, ho diu Funcas. Funcas diu: «la immigració ha explicat que fins al 47 % del creixement econòmic recent vingui dels immigrants». Vostès insulten la mateixa mà d’obra que utilitzen i que exploten. Anem als fets. Diuen que aquesta regularització no respon a necessitats laborals, però les dades, diuen el contrari. Una part molt majoritària de la nova ocupació recent l’han ocupat persones migrants. I això no és ideologia. Això és una dada que vostès no poden refutar. Com no poden refutar cap de les dades que diré aquí. Per això han d’anar als eslògans aquests barats i aquestes tonteries que realment fan que aquesta moció sigui realment un excrement. El que sí que és ideologia, senyors de les dretes, el que sí que és ideologia és que, quan tens gent sense papers, tens gent que no pot dir «no». No pot dir «no» a jornades eternes. No pot dir «no» a sous de misèria. No pot dir «no» a lo toma o lo deja. Aquesta és la realitat de la societat que vostès volen. De fet, els importa poc, els importa molt poc. Gracias, presidenta. Señorías, una vez más, esta moción del PP es una moción de la maldad. Es una moción que no sé cómo calificar. Siempre es lo mismo con esta gente: Cataluña y los migrantes, Cataluña y los migrantes... Sin ese tipo de enemigos, no tienen nada que traer aquí. Vayamos por partes. Lo que quiere esta gente son trabajadores y trabajadoras sin derechos, porque si no tienen derechos, salen más baratos. Por eso votaremos que no a esta moción. Y lo voy a decir aún más claro: regularizar no es un capricho; regularizar es sacar a gente que ya vive aquí de la jaula administrativa en la que vive para que pueda trabajar con derechos, para que pueda cotizar, para que pueda denunciar abusos, para que pueda organizarse sindicalmente, etcétera. ¿Ustedes están en contra de eso? La gente es migrante, pero no es imbécil. Si vienen aquí, es porque vienen a trabajar, porque hay una demanda de trabajadores enorme. De hecho, si se han regularizado y ha salido esta ILP desde que la teníamos presentada en 2021, ha servido para que, en verano de 2025, la CEOE y Fomento pidieran que, por favor, se regularicen inmigrantes, porque no hay mano de obra. Esa es la verdad, desgraciadamente. ¿Por qué ahora y no antes esta tirada hacia adelante de esta ILP? Lo que quieren es un mercado de gente dócil, gente con miedo, explotable y barata. Hacen negocio de la miseria. Es decir, la gente del PP, VOX y aquellos de Junts, que también gritan mucho, ahí están de acuerdo. Hoy van a votar otra vez más en ese bloque, que ese sí que funciona, que es el de las derechas y la extrema derecha, que funciona muy bien. Además, para que no me acusen de nada especial, hoy voy a utilizar datos como los de Funcas. No son antisistema; es un think tank que está aquí en Madrid, representando al capital. Cojan el último número de Funcas y léanselo. Económica y demográficamente, dice que lo que ustedes llaman problema es la columna vertebral de sectores económicos enteros de las sociedades de estos países. Repito, lo dice Funcas: la inmigración ha explicado el 47 % del crecimiento económico reciente. Ustedes insultan a esa misma mano de obra que utilizan y que explotan. Vayamos a los hechos. Dicen que esta regularización no responde a las necesidades laborales, pero los datos dicen lo contrario: una parte muy mayoritaria del nuevo empleo reciente la han ocupado personas migrantes, y ese es un dato que ustedes no pueden refutar. No pueden refutar ninguno de los datos que voy a dar aquí y por eso tienen que ir a esos eslóganes baratos y a tonterías que hagan que esto sea un escándalo. Señores de las derechas, lo que sí que es ideología es que cuando tienes gente sin papeles, tienes gente que no puede decir no a jornadas eternas, a sueldos de miseria, a lo tomas o lo dejas... Esa es la realidad de la sociedad que ustedes quieren. . De hecho, les importa poco. Les importa muy poco. ¿No lo ven? .

Jordi Salvador i Duch ERC

No veuen persones, veuen migrants. No veuen els qui venen a treballar aquí. Aquell mig milió de persones que estan a l’economia submergida, veuen migrants, els han deshumanitzat. I a un migrant se’l pot deportar, es pot fer el que vulguis amb aquella persona, perquè ja no té una identitat humana. Per dir-ho planament: donar drets no abaixa salaris, el que abaixa salaris és tindre gent sense drets. Això sí que els abaixa, i de cop. Després parlen d’una altra cosa molt interessant: que això col·lapsa els serveis públics. Sap què col·lapsa els serveis públics? Les retallades del Partit Popular, les retallades del PSOE, les retallades de Junts. Sap el que realment fa que no hi hagi serveis públics? Els 94 000 milions d’euros que ja estan contractats en temes d’armament. Això es carrega els serveis públics, no l’immigrant. Quan la gent va al metge i veu un immigrant, hauria d’agafar i dir: «Hi ha un immigrant i el que falta és un altre metge». Aquesta seria la solució. Però la tàctica d’aquesta gent és que s’enfrontin pobres contra pobres, miserables contra miserables, perquè llavors no es fixen en els de dalt, no es fixen en els qui tenen el poder, no es fixen en els qui fan que les escoles estiguin col·lapsades o que les escoles no tinguin les ràtios suficients. Aquest és el problema i aquesta és la seva tàctica i la seva: enfrontar pobres contra pobres, per eliminar la lluita de classes dels que estan a baix contra els qui estan a dalt. Això és realment el que busca aquest discurs. I vaig acabant. Com deia abans, quan hi ha un migrant de més en un centre d’atenció hospitalari, el que falta és un metge de més. Quan hi ha barris tensos, el problema no és de qui arriba, el problema és de qui retalla, de qui no ha fet polítiques de vivenda durant molts anys. Aquest és el problema. En fi, no han dit res ni de la inspecció de treball, ni de sancionar empreses que contracten gent que explota, això no. Aquests no són delinqüents. Aquests no s’han de deportar, encara que siguin d’una multinacional. Aquests no s’han de deportar, encara que explotin immigrants sense papers. La irregularitat, senyories, no és una essència, és una categoria administrativa que fabrica misèria. La millor manera de protegir els treballadors d’aquí és que el treballador que arribi tingui els mateixos drets que els que ja estem. Així, ningú pot ser utilitzat per ningú. El soroll no paga lloguers. El soroll no omple neveres. Els drets sí. I, per cert, li dic al Govern: per fer aquesta regularització ben feta, farà falta que no hi hagi un col·lapse a la Seguretat Social, ni hi hagi un col·lapse per fer papers. Perquè si segueix havent-hi les traves burocràtiques que hi ha per regularitzar ara, no vull ni imaginar què passarà quan s’hagin de regularitzar centenars de milers de persones. Moltes gràcies. No ven personas, sino migrantes. No ven a quienes tienen que ir a trabajar: el medio millón de personas que están en la economía sumergida. Los han deshumanizado. Un millón de inmigrantes se puede deportar y se puede hacer lo que se quiera con esas personas, porque han perdido la identidad humana. Para decirlo claro, eso no baja salarios; lo que baja salarios es tener a personas sin derechos, y además los baja de golpe. Después hablan de una cosa muy interesante, de que eso colapsa los servicios públicos. ¿Saben qué es lo que colapsa los servicios públicos? Los recortes del Partido Popular, los recortes de Junts, los recortes del PSOE. . ¿Saben lo que realmente hace que haya problemas en los servicios públicos? Los 44 000 millones de euros que ya están contratados en temas de armamento. Eso sí que carga los servicios públicos, no el inmigrante. Cuando alguien va al médico y ve a un inmigrante, tendría que decir: lo que hace falta es otro médico. Esa sería la solución, pero la táctica de esta gente es que se enfrenten pobres contra pobres, miserables contra miserables, porque entonces no se van a fijar en los de arriba, no se van a fijar en los que tienen el poder o en los que hacen que los colegios estén colapsados o que los colegios no tengan ratios suficientes. Ese es el problema y esa es su táctica (señala hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), y la suya (señala los escaños del Grupo Parlamentario VOX): enfrentar a los pobres contra los pobres para eliminar la lucha de clases de los que están abajo contra los que están arriba. Eso es realmente lo que buscan con este discurso. Voy acabando. Como decía antes, cuando hay un inmigrante de más en un centro de atención hospitalario, lo que falta es un médico más. Cuando hay barrios tensionados, el problema no es del que llega, sino del que no ha hecho políticas de vivienda durante mucho tiempo. En fin, no han dicho nada de la inspección de trabajo ni de sancionar a empresas que contratan a personas que explotan. Esos no son delincuentes, a esos no hay que deportarlos, aunque sean de una multinacional. A esos no hay que deportarlos, aunque exploten a migrantes sin papeles. Señorías, la irregularidad no es una esencia, sino una categoría administrativa que fabrica miseria. La mejor manera de proteger a los trabajadores es que tengan los mismos derechos los de aquí que los de fuera. El ruido no paga alquileres, no paga neveras; los derechos sí. Y se lo digo al Gobierno: para hacer bien esta regularización hará falta que no haya un colapso en la Seguridad Social o para hacer papeles, porque si sigue habiendo las trabas burocráticas que existen ahora para regularizar hoy en día, no me quiero imaginar qué es lo que va a pasar cuando haya que regularizar a centenares de miles de personas. Muchas gracias. .

Vicenç Vidal Matas SUMAR

Gràcies, presidenta. Si em permeten, per als que no han escoltat fins aquest moment, li resumiré la proposta del Partit Popular amb dos punts: no a la regularització, sí a les deportacions massives. Així de senzill i dur. I el Partit Popular diu no la regularització, pensant que està dient no al Govern, no al senyor Sánchez. Però saben a qui diuen vostès «no»? Diuen «no» a les 600 000 persones que firmaren la ILP de Regularització Ja, diuen no a la societat civil organitzada que ha defensat els drets dels immigrants, diuen no a les associacions d’immigrants que han treballat durament perquè aquesta regulació sigui possible, diuen no als sindicats, diuen no a la patronal, diuen no a tots aquests partits que ens hem deixat les banyes durant aquest temps perquè això sigui una realitat, diuen no a l’Església, tan catòlics, tan cristians fa un moment, i després els principis cristians se’ls posen i se’ls lleven en funció del que els convingui. Per lo vist, al Papa i als bisbes, depèn del dia, els escoltam. I diuen no als drets, diuen no a les persones. Diuen no als que foren imprescindibles en temps de covid. Vostès no tenen memòria. I no tenen memòria de forma intencionada. No recorden que ja s’han fet set regularitzacions a l’estat espanyol. No recorden, o jo no vaig sentir les crítiques que ara plantegen quan va regularitzar el senyor Aznar més de 524 000 persones. No les sentia amb aquestes crítiques. Per què ara sí? I el BBVA, que no és sospitós de ser ni comunista, ni separatista, ni un radical, diu que aquella regularització va tenir un impacte positiu en l’economia, en el PIB, en els diners, que és l’únic que els importa. A nosaltres no ens importen les persones, però els donem arguments econòmics perquè vostès intentin pensar una mica. Però han perdut la memòria i ens volen a nosaltres sense memòria. Volen que esborrem la memòria. I posaré dos exemples de la setmana passada. La setmana passada va ser l’11M, un dia molt significat. L’11M, vostès, al Parlament de les Illes Balears, varen derogar la Llei de Memòria Històrica de les Illes Balears. I saps què feren vostès? El Partit Popular va derogar una llei que ells havien pactat amb nosaltres. Varen derogar una llei que la presidenta Prohens ens havia donat paraula que no derogaria, perquè la vàrem ajudar a solventar els problemes que havia tengut amb VOX. Varen derogar una llei amb què vostès havien tret pit. Tot perquè són víctimes del segrest de VOX. Són uns venuts als feixistes de VOX. I han dit un clar «no» a les víctimes del franquisme. Però l’11M, i els parla una persona que ho va viure aquí directament a Madrid, fa més de 22 anys em despertava quan sonaven les alarmes, quan sonaven les ambulàncies que anaven cap a Atocha. Jo vivia aquí i el senyor Aznar va triar aquella data per sortir i dir «sí» a la guerra. I després va sortir el senyor Mayor Oreja a presentar un llibre de les teories de la conspiració, insultant totes les víctimes de l’11M, insultant totes les persones que aquell dia patirem. És vergonyós, digueren «no» a les víctimes de l’11M. Gracias, presidenta. Si me lo permiten, para los que no han escuchado hasta ahora, les voy a resumir la propuesta del Grupo Popular en dos puntos: no a la regularización, sí a las deportaciones masivas; así de fácil y de duro. El Grupo Popular dice no a la regularización pensando que está diciendo no al Gobierno, no al señor Sánchez, pero ¿saben a quiénes les dicen que no ustedes? Dicen no a las 600 000 personas que firmaron la ILP de Regularización ya; dicen no a la sociedad civil organizada que ha defendido los derechos de los inmigrantes; dicen no a las asociaciones de inmigrantes que han trabajado duramente para que esta regularización sea posible ; dicen no a los sindicatos; dicen no a la patronal; dicen no a todos los partidos que se han dejado los cuernos durante este tiempo para que eso sea una realidad; dicen no a la Iglesia. Tan católicos y cristianos hace un momento, y después los principios cristianos se los ponen y se los quitan según les convenga. Lo que digan el Papa y los obispos lo escuchan según el día. Y dicen no a los derechos; dicen no a las personas; dicen no a los que son imprescindibles y fueron imprescindibles en tiempos del COVID. Ustedes no tienen memoria. Y no tienen memoria de forma intencionada. No se acuerdan de que ya se han hecho varias regularizaciones en el Estado Español. No se acuerdan, y no he oído las críticas que plantean ahora cuando regularizaron a muchísimas personas: 1750 con el Gobierno de Aznar. No lo criticaron. ¿Y ahora sí? Y el BBVA, que no es sospechoso de ser comunista ni separatista ni un radical, dice que aquella regularización tuvo un impacto positivo en el PIB, en la economía, en el dinero, que es lo único que les importa. A nosotros nos importan las personas, pero se lo planteo en términos económicos para que intenten ustedes pensar un poco. Han perdido la memoria y nos quieren a nosotros sin memoria. Quieren que borremos la memoria. Voy a darles dos ejemplos de la semana pasada. La semana pasada fue el 11-M, un día muy significativo. El 11-M, ustedes, en el Parlament de las Islas Baleares, derogaron la ley de memoria histórica de las Islas Baleares. ¿Y saben qué hicieron? El Partido Popular derogó una ley que ellos habían pactado con nosotros. Derogaron una ley que la presidenta nos había asegurado que no derogaría porque le habíamos ayudado a solventar los problemas que había tenido con VOX. Derogaron una ley por la que ustedes habían sacado pecho. Todo eso porque son víctimas del secuestro de VOX. Son unos vendidos a los fascistas de VOX y han dicho un no claro a las víctimas del franquismo. El 11-M ―y les habla una persona que lo vivió aquí directamente en Madrid hace más de veintidós años― me desperté cuando sonaban las alarmas, cuando sonaban las ambulancias que iban hacia Atocha. Yo vivía aquí y el señor Aznar escogió aquella fecha para salir y decir sí a la guerra ; y después salió el señor Mayor Oreja a presentar un libro de las teorías de la conspiración, insultando a todas las víctimas del 11-M , insultando a todas las personas que sufrieron aquel día. Es vergonzoso. Dijeron no a las víctimas del 11-M.

Vicenç Vidal Matas SUMAR

El PP en contra dels immigrants. El PP en contra dels més vulnerables, de les víctimes de l’11M i de les víctimes del franquisme. El PP en contra de la gent que pagarà la factura del seu «sí» a la guerra. El PP, inclús, per fer seguidisme de VOX, està en contra del PP a les Illes Balears, atacant la Llei de normalització lingüística. El PP està en contra de les regularitzacions que ell ja ha fet. O el PP està en contra que als censos municipals es pugui censar les persones migrants o que no tenen sostre. És a dir, el PP incompleix lleis que ell ha impulsat. El PP cada dia fa més de VOX i a VOX cada dia li marca el compàs el senyor Trump. I, per tant, l’esmena que avui ens ha presentat VOX, l’esmena miserable, vergonyosa que ha presentat VOX és el futur que d’aquí a uns mesos vostès ens diran. I això ens preocupa. I, per tant, la pregunta serà fàcil: com es dirà l’ICE que vostès faran a l’Estat espanyol per deportar més d’un milió i mig de persones, com vostès diuen? El dirigirà el senyor Abascal o és massa vago per donar-li aquesta tasca? On faran els camps de concentració per ficar totes les persones migrants que hi ha a l’Estat espanyol? Perquè ja els hem de formular aquestes preguntes amb aquest to. Perquè vostès el que diuen avui no val res. Han d’escoltar el que diu VOX per saber el que vostès faran. I, per no acabar d’aquesta forma tan miserable i tan desagradable, després de tots els discursos d’odi, de feixisme i de crítica a la llibertat religiosa d’avui horabaixa, li recomanaré una lectura. Li recoman una lectura, una entrevista que s’ha fet al diari Ara Balears aquest cap de setmana. El fa una jove dona d’origen marroquí, musulmana i que duu vel, i que es defineix com a catalanista perquè defensa la llengua pròpia de les Illes Balears, el català, es defineix com a antifeixista perquè combat els discursos d’odi a què és sotmesa, i es defineix com a feminista per defensar les dones. Com diria el poema de Maria-Mercè Marçal: tres voltes rebel. Però en aquest cas ella és sis voltes rebel. Moltes gràcies. El PP en contra de los inmigrantes; el PP en contra de los más vulnerables, de las víctimas del 11-M y de las víctimas del franquismo; el PP en contra de personas que pagarán la factura de su sí a la guerra; el PP, incluso, para hacer seguidismo de VOX, está en contra del propio PP en las Islas Baleares, atacando la ley de normalización lingüística. Está en contra de las leyes que ya ha hecho. Está en contra el PP de que en los censos municipales se puedan censar a las personas migrantes o que no tienen techo. El PP se desdice de leyes que ha impulsado. Cada día se hace más de VOX y VOX cada día le marca más el compás al señor Trump. Por lo tanto, lo que nos ha presentado hoy VOX, la enmienda miserable y vergonzosa que ha presentado VOX, es el futuro que de aquí a unos meses nos van a plantear ustedes. Eso nos preocupa y, por lo tanto, la pregunta va a ser fácil. ¿Cómo será lo que harán ustedes para deportar a más de un millón y medio de personas del Estado español, como dicen ustedes? ¿Lo va a hacer el señor Abascal o es demasiado vago para hacerlo? ¿Dónde van a hacer los campos de concentración para meter a todas las personas migrantes que hay en el Estado español? Porque hay que preguntarles todas esas cosas en este tono, porque ustedes lo que dicen hoy no vale nada. Tienen que escuchar lo que dice VOX para saber qué es lo que van a hacer. Y para no acabar así, de esta forma tan desagradable y miserable, después de oír los discursos de odio, de fascismo y de crítica a la libertad religiosa, le voy a recomendar una lectura. Le recomiendo una lectura de una entrevista que se hizo en el diario Ara Balears este fin de semana. La de una joven mujer de origen marroquí, musulmana, que se define como catalanista porque defiende la lengua propia de las Islas Baleares, el catalán, se define como antifascista porque combate los discursos de odio a los que es sometida y se define como feminista para defender a las mujeres. Como diría el poema de María Mercè Marçal, en ese caso, ella es seis veces rebelde y no solo tres veces rebelde, como dice el poema. Muchas gracias. .

Elisa Garrido Jiménez PSOE

Gracias, presidenta. Señorías, no hay más que ver lo poco que le importa en realidad la inmigración al Partido Popular porque llevan durante todo el debate parados ahí hablando. ¡Váyanse al bar si tan poco les importa este debate! ¡Váyanse al bar! . Déjenos debatir en profundidad. Lo primero que quisiera hacer es un reconocimiento a las asociaciones de migrantes, a las ONG, a todos aquellos cientos de miles de personas que tramitaron una iniciativa legislativa popular que llegó a este Congreso y cuya toma en consideración fue aprobada por una abrumadora mayoría. Creo que eso es un hito democrático incuestionable que nos ha traído hasta este lugar. Hemos oído hablar sobre la ILP y a mí me gustaría recordarles lo que votamos en 2024 en este Congreso. La ILP lo que nos venía a decir es que se solicitaba que el Gobierno, mediante real decreto, estableciera en el plazo de seis meses un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentran en el territorio español. Lo que pedía la ILP es precisamente lo que está haciendo ahora el Gobierno de España. Entonces, en abril de 2024, el Partido Popular votó a favor de la toma en consideración de una ILP que pedía un real decreto. No un real decreto ley, pedía un real decreto. Y en junio de 2024 votó en contra de la enmienda a la totalidad del Partido VOX. Toda esta Cámara, todos los grupos, estuvimos de acuerdo en que había que tramitar esta ILP y que había que dar una solución a esos cientos de miles de personas que ya viven en nuestro país. ¿Y qué le ha pasado al PP para que hace prácticamente dos años estuviera a favor de este proceso y ahora nos haya traído este discurso, el que tiene usted habitualmente, señora Acedo, ese discurso vacío, incendiario, tan inflamado como hueco? ¿Qué le ha pasado? Pues lo que le ha pasado es VOX. Al Partido Popular… . No, no tengo cara. . Si yo le estoy haciendo un relato de lo que ustedes han hecho, esa deriva en dos años. Dos años en los que han visto que VOX les estaban comiendo el terreno y han decidido competir por ver quién es más racista. . Eso es lo que ha pasado en estos dos años, competir por ver quién es más racista con VOX. Y miren, generalmente la gente suele preferir el original en lugar de la copia. . En primer lugar, en su texto nos habla de algo que no es cierto. Habla de una regularización masiva. Señorías, no hay ninguna regularización masiva. . Esa es la expresión que se ha inventado el PP para poder tener un enemigo contra el que luchar que realmente no existe, pero ella le permite sacar aquí su soflama. Es una regularización extraordinaria, no masiva. Por supuesto que cumple la legalidad y por supuesto que cumple las reglas europeas. De hecho, el comisario tuvo que reconocer que era competencia de los Gobiernos. Lo reconoció sin ningún problema. . Hoy he escuchado al Grupo Popular hablar de los cristianos perseguidos, y la señora Acedo, hablando de esas personas migrantes que se encuentran en nuestro país en situación irregular, les ha llamado delincuentes. ¿Sabe qué pasaría con esos cristianos perseguidos en el Congo si salieran de su país sin poder conseguir su documentación, tuvieran que atravesar el desierto, el Mediterráneo y venir a las costas españolas? Que ustedes les llamarían delincuentes. . Luego nos exigen cumplir la ley, una ley que ya se está cumpliendo y que más o menos en todos los países europeos tiene el mismo porcentaje de eficacia. Limitada, pero se cumple. Le voy a dar datos sobre regularizaciones que ha habido en nuestro país. En los Gobiernos de Felipe González, entre el año 1986 y el año 1996, se regularizó a 174 011 personas. Con los Gobiernos de Aznar ―le sonará a usted el señor Aznar―, en los años 2000 y 2001 se regularizaron ―atención, escuchen esta cifra― 503 327 personas. ¿Acaso Aznar nos metió medio millón de delincuentes? Digo aparte del Consejo de Ministros. . No, claro que no. . Regularizó a personas que ya estaban en nuestro país. Con Zapatero, en el año 2005, se regularizó a 576 506 personas. Les voy a dar un dato que a VOX le va a encantar. ¿Saben qué ha regularizado últimamente Meloni en Italia, esa adalid de la reemigración y de la lucha contra la inmigración? ¡A medio millón de personas! Meloni ha regularizado en Italia a medio millón de personas. Por cierto, a Italia llegan por mar más del doble de inmigrantes sin papeles que a España, pero para ustedes es el modelo de la inmigración. .

Elisa Garrido Jiménez PSOE

Nos hablan, como siempre, de lo del fantasma del efecto llamada, pero la norma lo que dice es que se va a regularizar a personas que lleven un mínimo de cinco meses viviendo en nuestro país y que estaban ya aquí el 31 de diciembre del año 2025. ¿Qué? ¿Es que la gente que tiene una ouija y sabe lo que va a pasar? ¿Se vino antes porque sabía que se iba a hacer eso con esta fecha? No, señorías, sean un poco más serios. Lo que existe de verdad con la migración es un efecto expulsión. Por ejemplo, cuando un señor en la Casa Blanca decirle darle a un botón y atacar un país, produce que la gente salga de su país asustada. . Esas migraciones que ahora mismo provoca el señor Trump, quien a ustedes les parece que todo lo hace bien, y con las que vamos a tener a las puertas de Europa iraníes y sirios buscando refugio porque salen expulsados. Y si no, pregúntenle a su presidente, el del Partido Popular ―que aquí siempre le llaman presidente, pero solo es del PP, no de toda España, afortunadamente―. Hace poco estuve escuchando un pódcast en el que hacían una entrevista al señor Feijóo y él nos contaba que el 23-F le pilló en la universidad. ¿Sabe usted cuál fue el primer impulso del señor Feijóo el 23-F?: ¡Huir a Portugal! Ese es el efecto que produce la inmigración, huir de situaciones de inseguridad. . Señorías, este proceso que se comienza en España se hace por humanidad, porque creemos en los derechos humanos, porque creemos que la gente debe tener derechos laborales, porque es gente que ya vive aquí, que ya compra aquí, que ya paga impuestos aquí, que ya vive aquí. Y creemos que, por seguridad jurídica, por derechos humanos y por humanidad, hemos de cumplir este procedimiento. Termino. Menos odio y más compasión, señorías del Grupo Popular.