Pleno del Congreso n.º 167 · XV legislatura

Juan Carlos Jerez Antequera PSC-PSOE

Presidenta, señorías, ciudadanía y entidades de víctimas que nos acompañan o que nos ven por el canal de televisión, muy buenas tardes. La proposición que presentamos hoy salvará vidas o no; esta proposición castigará más a los conductores temerarios o no; se evitarán más siniestros viales o no. En sus manos está, señorías, pero todos sabemos que solo hay una opción válida: votar sí, que es votar por la vida. . Señorías ―en este caso me refiero al Grupo Popular y a VOX―, ¿estarán a favor de proteger la vida con la mejora de la seguridad vial?, ¿o solo son provida cuando les interesa? Señorías del Grupo Popular y de VOX, ustedes la semana pasada votaron en contra de reducir la tasa de alcoholemia. No se equivoquen: «Si bebes, no conduzcas». Estamos hablando de proteger vidas: «Si bebes, no conduzcas». La mayoría de los grupos recibimos presiones de los lobbies de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Señorías de la bancada de la derecha, ¿tuvo algo que ver en su voto? Ayer, en la comparecencia de las asociaciones de víctimas, casi no pudieron mantenerles la mirada, y no pudieron porque lo que hicieron no tiene justificación. Señorías, esta proposición de ley es también el resultado de años de dolor y de lucha de víctimas y de asociaciones de víctimas. Podemos ponerle rostro y nombre a alguna de estas personas, como Pilar. Su hijo Josep, de 20 años, conducía su moto hasta que en una curva limitada a 70 kilómetros/hora vino un coche a más de 120 y lo embistió. El autor quedó sin castigo penal. Las penas actuales pueden ser humillantes para las víctimas. El debate de hoy es un avance para todas las víctimas, como Josep. En palabras textuales de Pilar: no es justo. Aprovecho para mandarles a todas las víctimas de siniestros viales y a sus asociaciones un saludo afectuoso en nombre de mi grupo y para darles las gracias por su inquebrantable compromiso con la seguridad vial. . Y también, cómo no, quiero saludar y darle las gracias a Pilar (dirigiéndose a la tribuna de invitados), que hoy nos acompaña con su marido, porque es una de las personas que, desde su terrible experiencia, más ha luchado por revertir los actuales límites penales de velocidad. Muchas gracias. . Lo que hoy propone el Grupo Socialista es muy simple: si en una vía de 50 kilómetros/hora vas a más de 100, es delito; si en una vía de 90 vas a más de 160, es delito; y si en una autopista vas a más de 190, es delito. Prisión, multa o trabajos comunitarios. No estamos endureciendo las penas, son las que hay, pero queremos rebajar el umbral de la velocidad. Hoy estamos corrigiendo el punto a partir del cual la sociedad considera que una conducta deja de ser una infracción administrativa para convertirse en un delito. La modificación del Código Penal de 2007, con la introducción de los límites de velocidad, supuso un paso adelante decisivo en la lucha contra la denominada violencia vial, pero hoy, cuando cuatro de cada diez de las sanciones con pérdida de puntos en España son por exceso de velocidad y cuando más del 20 % de los siniestros mortales se debieron a una velocidad excesiva o inadecuada, el castigo penal de estas conductas, en cambio, es claramente insuficiente. Señorías, estamos acostumbrados a escuchar en esta Cámara alarmantes datos estadísticos de criminalidad por parte de las derechas y sus medios de difusión de bulos, generalmente cuando esos datos pueden señalar a personas migrantes o extranjeras, ¿pero saben que casi un tercio de las condenas penales en España, año tras año, lo son por delitos contra la seguridad del tráfico? Es una barbaridad. Es el delito que más se comete en nuestro país, y lo peor es que no causa alarma en las bancadas de la derecha. Aquí no pueden azuzar el espantajo xenófobo. ¿Y saben cuántos de esos delitos contra la seguridad del tráfico lo son por exceso de velocidad? De los excesos que hemos visto que están en la mayoría de las infracciones con pérdida de puntos y entre las principales causas de siniestros viales, solo entre el 5 y el 10 % de las condenas por esos delitos son por velocidad. Algo falla, señorías. Y aquí no hablamos solo de la velocidad en abstracto, sino también de sus consecuencias, pues en este país hay homicidios que quedan impunes. Ahora hay muertes por exceso de velocidad que no siempre tienen condena penal, y eso, señorías, no es aceptable en una sociedad que aspira a cero víctimas. Nuestro objetivo, el objetivo del Grupo Socialista, es revertir esto. . España es un referente internacional en seguridad vial. En ello han tenido un papel relevante este Cámara y la Comisión de Seguridad Vial creada en 2004. Una Cámara y una comisión que han sabido, entre otras cosas, escuchar a los expertos y a las víctimas. Las víctimas han convertido su dolor en un motor que impulsa la ayuda a otras víctimas, la concienciación ciudadana y la mejora permanente de la seguridad vial. Ayer, como antes he comentado, tres de estas asociaciones ―Stop Accidentes, AESLEME y P T― nos interpelaron a todos en la comisión para recuperar el consenso en esta materia, a todos para volver a traer la reducción de las tasas de alcoholemia a esta Cámara. Y a los grupos que se opusieron a la proposición les expresaron tristeza, decepción, malestar, dolor, pena y sorpresa por una postura que no alcanzan a entender ―nosotros tampoco― y que solo se puede deber a intereses diferentes a los de la seguridad vial, a intereses diferentes a los de la protección de la vida. Señorías, esto no es un juego. Con los votos en contra del Grupo Popular y del Grupo VOX perdió la ciudadanía. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Vidas? ¿Negocio? Nuestro compromiso con las asociaciones de víctimas ―que les reiteramos ayer― es volver a traer la reducción de la tasa de alcohol cuanto antes. Como he dicho, señorías, España es un referente en muchos ámbitos y un país digno de que nos sintamos orgullosos por los muchos logros que hemos conseguido también en seguridad vial. Ya ven que, mientras algunos se esfuerzan en no ofender, la mayoría de la ciudadanía española se esfuerza en ser mejor y en dar lo mejor de cada uno cada día. También somos un país que ha sabido salvar miles de vidas en sus carreteras. Hace treinta y siete años murieron más de 9000 personas en nuestras carreteras. El año pasado fueron 1119. Muchas aún, muchísimas. Por eso debemos seguir trabajando para que sean cero. Pero por el camino ya hemos conseguido salvar miles de vidas cada año gracias a políticas públicas de seguridad vial. Ese avance no ha sido casual, ha sido el resultado de decisiones valientes, basadas en la evidencia experta, en la escucha activa y en el consenso político. Nos fuimos marcando hitos que han transformado la seguridad vial en nuestro país: desde la obligación del casco protector en ciclomotores hasta el permiso por puntos o las zonas 30, pasando por la penalización de las tasas de alcoholemia o la introducción de los límites penales de velocidad, que hoy queremos modificar. Señorías, sé de lo que hablo: durante veintiún años fui agente de Policía local y una parte muy importante de esos años fui instructor de cientos de atestados de siniestros viales. Sé perfectamente lo que debe significar esta propuesta: salvar vidas. En un momento en el que el mundo vuelve a enfrentarse a conflictos e inestabilidad ―como estamos viendo estos días en Oriente Medio, con las tensiones en torno a Irán y sus consecuencias globales― uno esperaría, al menos, que en aquello que depende exclusivamente de nosotros ―salvar vidas en nuestras carreteras― fuéramos capaces de actuar con responsabilidad y consenso. Les propongo un ejercicio. Imaginémonos por un momento que un sí podría salvar una vida; 350 síes salvarían 350 vidas. . Hoy el cálculo que nos interesa no es el número de votos a favor o en contra que va a conseguir cada opción, sino el número de vidas que vamos a poder ayudar a salvar. Señorías, en nuestras manos está luchar contra los excesos temerarios de velocidad, y confiemos que pronto también el perseverar en la lucha contra el consumo de alcohol en la conducción. El Grupo Socialista estará siempre en la lucha por la vida. Muchísimas gracias. .

Cristina Valido García CCa

Señorías, la seguridad vial no admite ambigüedades. Hoy estamos ante una cuestión de responsabilidad pública y política y ante nuestro compromiso de defender la vida, la seguridad de todos y de todas. Porque, señorías, hoy ―conviene recordarlo― no estamos hablando de pequeños despistes, hablamos de conductas que ponen en riesgo la vida de los demás; no hablamos de una mera infracción, hablamos de una actitud, de una conducta consciente. Estamos hablando, señorías, de que esa decisión consciente multiplica la violencia de un impacto y la hace letal e irreparable, con lo que la supervivencia se convierte en todo un milagro. No se trata de castigar, se trata de proteger. Son millones las personas a las que debemos proteger por encima del castigo que pueda suponer a quien de manera consciente acomete un exceso de velocidad. Hablamos también de ciclistas, de niños, de niñas y de personas mayores, que son especialmente vulnerables y que transitan también nuestras carreteras o que ocupan los pasos de peatones y que, incluso, se convierten en víctimas yendo por la propia acera. En Canarias, en 2025, tuvimos ochenta y dos fallecidos. Estamos hablando de un 18 % más que el año anterior, el 50 % de ellos en tramos interurbanos, donde la velocidad era menor, pero el exceso sigue siendo igual de letal. Insisto, a más de 80 kilómetros por hora el impacto es irreparable. Señorías, no estamos ante una medida aislada y no es desproporcionada. Desproporcionado es el dolor y el futuro de quienes sufren la mala cabeza y la irresponsabilidad de alguien que pisa el acelerador sin meditar sus consecuencias. En nuestro caso, la complejidad de las islas por su orografía, pues hay islas con carreteras francamente peligrosas o con grandes alturas, se combina con otros factores ―y quienes han estado en Canarias me van a entender perfectamente―, como los que ocurren en Fuerteventura, con unos tramos de recta de kilómetros y kilómetros que hacen que mucha gente se confíe al volante. Pero, además, tenemos millones de visitantes, lo que implica cientos de miles de coches de alquiler conducidos por personas que, en ocasiones, están de vacaciones, relajados, con un coche que no conocen, en carreteras que no conocen y, a lo mejor, después de haber comido o probado unos buenos caldos canarios. Además, tienen la conciencia, en muchas ocasiones, de que esa infracción difícilmente les va a llegar. Esto hace que la situación sea aún más grave, por lo que estamos plenamente convencidos de que debemos apoyar la propuesta que hoy se nos presenta y que viene, además, con el aval de víctimas y asociaciones de víctimas. Tenemos que establecer límites claros a las conductas que ponen en peligro a personas inocentes. Tenemos que enviar un mensaje claro: superar la velocidad permitida tiene consecuencias muy muy serias. A las víctimas de ayer, a las de hoy y a las asociaciones de víctimas les debemos su preocupación, su desvelo y su lucha para que ninguno de nosotros tenga que vivir lo que ellos han vivido. Gracias a su esfuerzo y gracias a su lucha hoy estamos debatiendo esta proposición de ley. Termino reafirmando nuestra posición, nuestro sí convencido. Gracias.

Nerea Renteria Lasanta EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos, señorías. Señorías, hoy debatimos la toma en consideración de una proposición de ley orgánica de modificación del artículo 379.1 del Código Penal, sobre conducción a velocidad superior a la permitida reglamentariamente. Con esta modificación se pretenden reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales se considera que sobrepasarlos es delito. Y, desde el Grupo Vasco, tal y como está planteado el texto, no podemos tener una posición cerrada sobre esta proposición, pero sí creemos que merece ser debatida. Por eso, vamos a facilitar su toma en consideración. Estamos hablando de seguridad vial y, cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de salvar vidas. Eso, por sí solo, ya justifica que cualquier iniciativa en este ámbito se analice con mucha calma y en serio. Además, hablamos de una realidad que, aunque a veces no esté en el centro del debate político diario, sigue teniendo un impacto enorme en nuestra sociedad. Cada año seguimos teniendo cifras que nos recuerdan que queda mucho por hacer; y eso obliga a todas las instituciones a revisar constantemente si las herramientas que tenemos son las más adecuadas o si necesitan ajustes. Ahora bien, también conviene no simplificar. La propuesta que se trae hoy modifica el Código Penal, y eso no es algo menor. Cada vez que toquemos el ámbito penal deberíamos hacerlo con cierto respeto y con cautela, sabiendo que estamos moviendo una línea delicada y que esa línea no se debería mover a la ligera. Porque cuando esa frontera se desplaza, no solo cambia la respuesta jurídica; cambia también el enfoque con el que tratamos determinadas conductas, y eso tiene consecuencias prácticas en los juzgados, en la actuación de las autoridades competentes en materia de tráfico y, en definitiva, en la percepción que la ciudadanía tiene del sistema. Por ejemplo, el cambio descrito en la proposición de ley orgánica en las carreteras interurbanas de Euskadi tendría el siguiente impacto. Tomando como referencia las cifras del año 2025, con el margen de exceso de velocidad de 80 kilómetros/hora en vía interurbana, tal y como está previsto en el artículo 379 del Código Penal, se cometieron nueve delitos. Con la medida de esta proposición de ley orgánica, reduciendo el margen de exceso a 70 kilómetros/hora en vía interurbana, los delitos se habrían más que triplicado, ascendiendo a veintiocho. Es verdad, y nadie lo discute, que la velocidad sigue siendo un factor importante en muchos accidentes, especialmente en los más graves. También es verdad que la realidad del tráfico ha cambiado en estos años: más zonas urbanas con zonas de tráfico calmado, más convivencia entre vehículos y peatones y también más complejidad en la movilidad. Pero de ahí no se deriva automáticamente que la respuesta tenga que ser solo penal, porque a veces más penal no tiene por qué significar más eficaz. Esa es probablemente la principal duda que tenemos; no tanto el diagnóstico, sino la solución. Porque si algo sabemos en materia de seguridad vial es que no hay una única palanca; funciona también la vigilancia, funciona la educación, funciona el diseño de las vías, funcionan las campañas y también, por supuesto, funciona la sanción. Por eso creemos que este debate no se puede resolver hoy con un sí rotundo o con un no tajante. La toma en consideración es solo el primer paso; es, en realidad, decidir si queremos abrir el melón o dejarlo cerrado. Y nosotros creemos que hay que abrirlo, no porque estemos convencidos del texto tal y como está, sino porque hay preguntas que merecen una respuesta mejor construida: ¿dónde ponemos el umbral entre infracción y delito? ¿Debe aplicarse la misma reducción en vías urbanas o en vías interurbanas? ¿Qué impacto real tendría este cambio? Ahí es donde debería estar el foco de la tramitación. En el Grupo Vasco vamos a abordar ese proceso con una idea bastante simple: intentar que, si se cambia algo, se haga bien, con datos, con criterio y sin caer en respuestas automáticas. Y también, señorías, teniendo en cuenta algo que para nosotros es muy importante: que la seguridad vial no se construye solo desde el boletín oficial, sino también desde las políticas públicas que se aplican en el día a día, muchas de ellas desde el ámbito autonómico y local. En definitiva, optaremos por lo razonable: permitir que se tramite, permitir que se discuta y, a ser posible, que pueda ser mejorada. Eskerrik asko.

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. Com va dir la periodista Rosa Prieto, les pitjors ferides són les de l’ànima. No es curen, no desapareixen, es conviuen. Ho va escriure quan explicava que el 9 d’agost de 2020, en una carretera de Dumbría, un cotxe que circulava 116 km/h en una corba limitada a 70 va envestir la moto d’en Josep Boan. El seu pare anava al darrere i ho va viure tot. En un instant, vint anys de vida van quedar a l’asfalt. Tot es va acabar per una sola cosa, una maleïda decisió al volant. No va ser una fatalitat. Potser parlar d’accident ens tranquil·litza a tots, perquè sembla una cosa inevitable, però no ho és. No podem seguir parlant d’accidents. Accident pressuposa que és irremeiable. Però aquí hi ha una conducta conscient de ser una amenaça. El que va ocórrer aquell 9 d’agost no va ser un accident. No va ser un fet fortuït. Va ser una decisió: la de pitjar a fons l’accelerador, molt més enllà del que està permès. Un cotxe en aquestes condicions és una màquina de matar. I qui decideix conduir així sap què està fent, sap que està incrementant de manera exponencial el risc de ferir i de matar. Aquesta decisió és només del conductor, no hi ha cap circumstància que l’hi imposi, no hi ha cap excusa que la justifiqui. I aquí és on falla la norma. Durant massa temps, la nostra legislació ha tractat aquestes conductes com si fossin un mer incompliment més del codi de circulació, quan en realitat són una creació conscient de perill molt greu per a la vida de les persones. Avui, en un carrer dins de qualsevol dels nostres pobles en què la velocitat està limitada a 40 quilòmetres, no hi ha delicte si no se superen més els 100 quilòmetres. 100 quilòmetres dins d’un dels nostres pobles o de les nostres ciutats. Això no és un marge tècnic, és un llindar que, a més, envia un missatge ben equivocat: que fins aquí, fins a aquests límits, encara els tolerem. I aquest missatge és incompatible amb la protecció de la vida. Maria Pilar Rosanes, Jesús Boan, avui sou aquí. Gràcies per ser-hi, sobretot gràcies per no haver acceptat els silencis de les lleis. Maria Pilar, el 18 de març de 2025, m’ho vaig mirar ahir, ens vam escriure per primera vegada, fa just un any. En aquest any he pogut conèixer millor en Josep, a través teu, és clar, i sobretot a entendre la dimensió del que esteu fent: convertir un dolor irreparable en una exigència concreta de canvi, de transformació. Mirin, perquè es facin una idea, la Maria Pilar té escrit al seu perfil d’X un poema d’Auden que ho explica tot. Diu: «Ja no desitjo cap estrella, apagueu-les totes, emboliqueu la lluna i desmantelleu el sol, buideu l’oceà i arraseu el bosc, perquè ja res del que passi podrà ser bo». I, tot i això, tot i aquest punt de foscor absoluta, ha decidit fer exactament el contrari: actuar perquè alguna cosa sí que pugui ser millor. Maria Pilar, la seva pèrdua i la de tants altres, i la seva lluita i la de tants altres, avui ha de tenir conseqüències en aquest hemicicle. La proposta que es vol tramitar neix de la seva esperança i amb la seva decisió que ningú hagi de viure el que ells han viscut. L’estiu passat Junts per Catalunya acordàvem amb el Govern, mitjançant el diputat Manuel Arribas, que cal reduir els llindars de velocitat punible. Sabem que no és la proposta completa que defensa la Maria Pilar, ni les associacions de víctimes. Segur que cal ser més exigents i rebaixar encara més aquests límits, però és un inici, una presa de consciència per començar a corregir una desproporció absolutament immoral, perquè, quan algú condueix molt, però molt per sobre del límit establert, no estem davant d’una simple imprudència. Per això, la clau de penalitzar aquesta conducta no ha de limitar-se al resultat — si ha acabat causant ferits o fins i tot morts—, sinó a la pròpia conducta, a la decisió de generar un risc extrem. Si el sistema només reacciona quan el dany ja s’ha produït, arriba tard. El dret penal hauria de dissuadir abans, no només castigar després. Aquest és el sentit d’abaixar els llindars, per reconèixer que hi ha conductes que per si mateixes ja són absolutament intolerables. Mirin, el que avui discutim no és una xifra, és si acceptem o no que algú pugui decidir conscientment posar en perill la vida dels altres sense que suposi cap resposta penal. Això és el que vol canviar aquesta reforma. No ho resol tot, però canvia el missatge, i el missatge sí que importa. Importa per a qui condueix, òbviament, i importa també per a qui passeja, per a qui pedala, per a qui va en moto, importa sobretot als més febles de la circulació. Importa especialment per a qui encara no sap que un dia veurà destruïda la seva vida i la dels seus estimats per culpa d’una nefasta decisió aliena abans d’afrontar una corba. Per a mi, aquesta llei serà la llei Boan, i no per simbolismes, sinó perquè hi ha una vida concreta darrere d’aquest canvi, i perquè hi ha una mare que ha decidit que aquesta vida no quedi en el buit. Tal com ella defensa, si aquesta reforma aconsegueix que una sola persona aixequi el peu de l’accelerador abans d’entrar en una corba, haurà valgut la pena. I això és el que avui hem de protegir. Perquè cada vegada que algú s’asseu al volant pren una decisió que no és només seva, decideix per tots els que es creuaran en el seu camí. Aquesta reforma és una advertència jurídica. Hi ha conductes individuals que no són acceptables i que no podem tolerar. Perquè cap societat digna pot assumir com a inevitable que algú decideixi posar en risc voluntàriament la vida dels altres. Avui fem un pas petit, és cert, però és un primer pas perquè això deixi de ser així. Moltes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Como dijo la periodista Rosa Prieto, las peores heridas son las del alma; no se curan, no desaparecen; se convive con ellas. Lo escribió cuando explicaba que el 9 de agosto de 2020, en una carretera de umbría, un coche que circulaba a 116 kilómetros/hora, en una curva limitada a 70, embistió la moto de Josep. Sus padres iban detrás y lo vieron todo, lo vivieron todo. En un instante, veinte años de vida quedaron en el asfalto. Todo sucedió por una sola cosa: una maldita decisión al volante. No fue una fatalidad. Tal vez hablar de accidente nos tranquiliza a todos porque parece algo inevitable, pero no lo es. No podemos seguir hablando de accidentes. Un accidente presupone que es algo irremediable, pero aquí hay una conducta consciente de ser una amenaza. Lo que ocurrió ese 9 de agosto no fue un accidente, no fue un hecho fortuito. Fue una decisión, la de apretar a fondo el acelerador, mucho más allá de lo que está permitido. Un coche en estas condiciones es una máquina de matar, y quien decide conducir así sabe lo que está haciendo; sabe que está aumentando de forma exponencial el riesgo de herir y de matar. Esta decisión es solo del conductor. No hay ninguna circunstancia que se lo imponga; no hay ninguna excusa ni nada que lo justifique. Ahí falla la norma. Durante demasiado tiempo nuestra legislación ha tratado estas conductas como si fueran un mero incumplimiento más del Código de Circulación, cuando en realidad son una creación consciente de peligro muy grave para la vida de las personas. Hoy, en una calle de cualquiera de nuestros pueblos, donde la velocidad está limitada a 40 kilómetros, no hay delito si no se superan los 100 kilómetros; 100 kilómetros dentro de uno de nuestros pueblos o ciudades. Esto no es un margen técnico; es un umbral que, además, envía un mensaje muy equivocado, y es que, hasta esos límites, lo toleramos. Y este mensaje es incompatible con la protección de la vida. María Pilar, Rosana, Jesús, Juan, hoy estáis aquí. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, sobre todo, por no haber aceptado los silencios de las leyes. María Pilar, en marzo de 2025 ―lo miré ayer― nos escribimos por primera vez; hace justamente un año. En este año he podido conocer mejor a Josep ―a través tuyo, evidentemente― y, sobre todo, entender la dimensión de lo que estáis haciendo: convertir un dolor irreparable en una exigencia concreta de cambio, de transformación. Miren, para que se hagan una idea, María Pilar tiene un poema de Auden en su perfil que lo explica todo. Dice: Ya no deseo ninguna estrella; / podéis apagarlas todas; / podéis desmantelar el sol; / podéis vaciar el océano o arrasar los bosques, / porque nada de lo que pase puede ser bueno. Y, a pesar de eso, a pesar de ese punto de oscuridad absoluta, ha decidido hacer absolutamente lo contrario: actuar para que algo sí pueda ser mejor. La pérdida de María Pilar y la de tantos otros, su lucha y la de tantos otros, hoy debe tener consecuencias en este hemiciclo. La propuesta que se quiere tramitar nace de su esperanza, con su decisión de que nadie tenga que vivir lo que ellos han vivido. El verano pasado, en Cataluña, acordábamos con el Gobierno, con Manuel Arribas, el diputado, que hay que bajar los umbrales aceptables. Sabemos que no es la propuesta que defienden María Pilar ni las asociaciones de víctimas. Hay que ser más exigentes y rebajar esos umbrales. Pero es un inicio, una toma de conciencia para empezar a corregir una desproporción absolutamente inmoral, porque cuando alguien conduce muy por encima del límite establecido no estamos ante una simple imprudencia. Por ello, banalizar esta conducta no debe traducirse simplemente en el resultado de heridos o muertes, sino en la propia conducta, con la decisión de generar un riesgo extremo. Si el sistema solo reacciona cuando el daño ya se ha producido, llega tarde. El derecho penal debería actuar antes y no solo castigar después. Este es el sentido de bajar el umbral para reconocer que hay conductas que de por sí son absolutamente intolerables. Miren ustedes, lo que discutimos hoy no es una cifra, es si aceptamos o no que alguien pueda decidir de forma consciente poner en peligro la vida de los demás sin que ello tenga una respuesta penal. Esto es lo que quiere cambiar esta reforma. No lo resuelve todo, pero cambia el mensaje y el mensaje es importante, sí importa. Importa para quien conduce, evidentemente; importa también para quien pasea, para quien pedalea, para quien va en moto; importa, sobre todo, para los más débiles de la circulación; importa muy especialmente para quien todavía no sabe que un día verá destruida su vida y la de sus seres queridos por culpa de una nefasta decisión ajena antes de afrontar una curva. Para mí, esta ley será la ley Boan, y no por simbolismos, sino porque hay una vida concreta detrás de este cambio. Y porque hay una madre que ha decidido que esta vida no quedará en el vacío. Como ella defiende, si esta reforma consigue que una sola persona levante el pie del acelerador antes de entrar en una curva, habrá valido la pena. Y eso es lo que hoy tenemos que proteger. Porque cada vez que alguien se sienta al volante, toma una decisión que no es solo suya; decide por todos los que se van a cruzar en su camino. Esta reforma es una advertencia jurídica. Hay conductas individuales que no son aceptables y que no podemos tolerar. Porque ninguna sociedad digna puede asumir como inevitable que alguien decida poner en riesgo voluntariamente la vida de los demás. Hoy damos un paso pequeño, es cierto, pero es un primer paso para que esto deje de ser así. Muchas gracias.

Inés Granollers Cunillera ERC

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades. Debatem avui una modificació del Codi Penal que aparentment pot semblar tècnica, però que en realitat és profundament política. Parlem de quin model de mobilitat volem. Parlem de com protegim la vida. I, sobretot, parla de si posem al centre les persones, o si hi posem la velocitat. Aquesta proposició de llei modifica l’article 379.1 del Codi Penal per reduir els llindars a partir dels quals l’excés de velocitat esdevé un delicte: de 60 a 50 quilòmetres per hora en vies urbanes, i de 80 a 70 en vies urbanes. La pregunta és clara: té sentit? És necessari? Les dades ens diuen que sí El 22 % dels accidents mortals tenen la velocitat com a factor determinant, i darrere d’aquest percentatge no hi ha números, el que hi ha és vides trencades i hi ha famílies, sobretot famílies, trencades. Hi ha víctimes que massa sovint formen part del col·lectiu més vulnerable: vianants, ciclistes, gent gran o infants; víctimes amb noms i cognoms, com el de Josep Boan Rosanes, que avui ens acompanya aquí la seva família, que l’estiu del 2020 van perdre la vida dalt d’una moto a causa d’un conductor que, superant el límit de velocitat permès, va envair el seu carril amb un resultat fatal. Per tant, reduir la velocitat no és només una qüestió normativa, és una qüestió de vida i és una qüestió de justícia, perquè qui més pateix les conseqüències de la inseguretat viària no és qui més corre, sinó qui està més exposat. I, en aquest sentit, reconeixem que aquesta iniciativa va en la bona direcció: reduir els llindars pot tenir un efecte dissuasiu i contribuir a reduir la sinistralitat. Però senyories, i ho hem de dir clar, no n’hi ha prou amb el Codi Penal, perquè el risc és evident. Pensar que amb una reforma penal resoldrem el problema no és cert, perquè el problema és un problema estructural, i la seguretat viària no es construeix només amb sancions, no es construeix només amb un càstig, es construeix amb polítiques públiques integrals. I parlem d’infraestructures segures, parlem de carrers pensats durant dècades per prioritzar el vehicle privat, parlem de la manca de transport públic eficient, especialment fora de les grans àrees urbanes; parlem de desigualtats territorials que obliguen molta gent a agafar el cotxe cada dia. I, per això, des d’una perspectiva d’esquerres, creiem que aquesta reforma hauria d’anar acompanyada de quatre grans eixos. Primer: prevenció i educació. Cal reforçar la seguretat viària des de la base i invertir en formació, en campanyes de conscienciació i en responsabilitat col·lectiva. Segon: l’urbanisme i les infraestructures. Necessitem ciutats i pobles més segurs, zones 30 reals, pacificació del trànsit, carrils bici protegits, entorns escolars segurs. Perquè, quan el disseny és segur, la velocitat baixa per si sola. Tercer: alternatives al vehicle privat. Sense transport públic digne, accessible i ben connectat, estem exigint responsabilitat individual, sense oferir alternatives col·lectives. I quart i important: acabar amb la precarietat dels conductors professionals, com les furgonetes d’última milla, els riders. Massa hores a contrarellotge, massa hores mal pagades, massa pressió per entregar aquell paquet que no pot arribar un minut més tard, quan a vegades els hi va la seva vida i la vida de la gent que en aquell moment passa pel carrer. I també volem fer una advertència important: el dret penal hauria de ser sempre l’últim recurs. Cal garantir que aquesta reforma s’aplica amb proporcionalitat i justícia, evitant que acabi penalitzant més aquells que no tenen alternatives, especialment en territoris amb menys serveis i amb jornades i feines precàries. Dit això, senyories, no farem demagògia, nosaltres no obstaculitzarem la tramitació d’aquesta proposició de llei. No ho farem perquè entenem la urgència, i no ho farem perquè darrere aquest debat hi ha vides humanes. I no ho farem perquè la seguretat viària no pot quedar atrapada en bloquejos polítics de no poder tramitar una llei. Però això no és un xec en blanc, perquè presentarem esmenes, perquè es pot modificar moltíssim i es pot fer pensant en la vida de tothom. Esmenes en pro de la seguretat viària real, amb voluntat de millorar el text i d’anar més enllà del que avui se’ns proposa. Podem anar més enllà perquè, sincerament, el que avui porten aquí fa la sensació d’una regulació feta a trossos, de posar pedaços: ara modifiquem una cosa, ara modifiquem una altra. I el que cal és una visió integral. Sense valentia legislativa, costarà molt poder acabar amb la seguretat viària, perquè, si de veritat volem reduir la sinistralitat, cal lideratge polític, cal una coherència i cal una estratègia per evitar aquests accidents. I ens tornarem a trobar en la negociació, senyories, seran més valents ara? O tornaran a deixar aquest projecte de llei un any aturat, sense parlar amb ningú, sense esperar res, sense fer res? Perquè la seguretat viària no va de titulars, no va de gesticulació; va de polítiques serioses, coherents i sostingudes en el temps. Nosaltres hi serem. Clar que sí que hi serem, però per millorar la seguretat viària, per garantir que serveixi per a allò que realment importa. Perquè, quan modifiquem una llei, s’ha de fer per salvar vides, salvar-les totes. Perquè la vida, senyories, és el bé més preuat que tenim i, per tant, s’ha de preservar. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Debatimos hoy una modificación del Código Penal que aparentemente puede parecer técnica, pero que en realidad es profundamente política. Hablamos de qué modelo de movilidad queremos, hablamos de cómo proteger la vida y, sobre todo, hablamos de si ponemos en el centro a las personas o la velocidad. Esta proposición de ley modifica el artículo 379.1 del Código Penal para reducir los límites, a partir de los cuales de 60 a 50 kilómetros/hora en vías urbanas y de 80 a 70 en vías interurbanas. La pregunta es clara: ¿tiene sentido?, ¿es necesario? Los datos nos dicen que sí. El 22 % de los accidentes mortales tienen la velocidad como factor determinante y detrás de este porcentaje no hay números, lo que hay son vidas rotas. Hay familias ―sobre todo, familias― destrozadas, hay víctimas que forman parte del colectivo más vulnerable: niños, víctimas con nombres y apellidos, como Josep Boan Rosanes, cuya familia hoy está aquí, y que en verano de 2020 perdió la vida con una motocicleta por un conductor que, superando la velocidad, invadió su carril con un resultado fatal. Así que reducir la velocidad no es solo una cuestión normativa, es una cuestión de vida y es una cuestión de justicia, porque quien más sufre las consecuencias de la inseguridad viaria no es quien más corre, sino quien está más expuesto. En este sentido, reconocemos que esta iniciativa va en la buena dirección. Reducir los límites puede tener un efecto disuasorio, pero, señorías, tenemos que decirlo claro: no hay bastante con el Código Penal, porque el riesgo es evidente. Pensamos que con una reforma penal resolveremos el problema, pero no es cierto, porque el problema es un problema estructural y la seguridad viaria no se construye solo con sanciones, no se construye solo con un castigo; se construye con políticas públicas integrales. Y hablamos de infraestructuras seguras; hablamos de calles pensadas durante décadas para priorizar el vehículo privado; hablamos de la falta de transporte público eficiente, especialmente fuera de las grandes áreas urbanas; hablamos de desigualdades territoriales que obligan a mucha gente a coger el coche cada día. Por eso, desde una perspectiva de izquierdas, creemos que esta reforma debería ir acompañada de cuatro grandes ejes. Primero, prevención y educación. Hay que reforzar la seguridad viaria desde la base, invertir en formación, en campañas de concienciación y en responsabilidad colectiva. Segundo, el urbanismo y las infraestructuras necesitan ciudades y pueblos más seguros: zonas 30 reales, pacificación del tráfico, carriles bicicleta protegidos, entornos escolares seguros, porque cuando el diseño es seguro, la velocidad baja por sí sola. Tercer punto, alternativas al vehículo privado. Sin transporte público digno accesible y bien conectado, exigimos responsabilidad individual sin ofrecer alternativas colectivas. Y cuarto punto, importante, terminar con la precariedad de los conductores profesionales, como las furgonetas de la última milla, los riders, con demasiadas horas contrarreloj, mal pagadas, con presión para entregar ese paquete que no puede llegar un minuto más tarde, cuando a veces su vida está en juego y la vida también de las personas que pasan en ese momento por la calle. Y queremos hacer otra advertencia importante: el derecho penal debería ser siempre el último recurso. Hay que garantizar que esta reforma se aplique con proporcionalidad y justicia, evitando que acabe penalizando más a aquellos que no tienen alternativas, especialmente en territorios con menos servicios y en jornadas y trabajos precarios. Dicho esto, señorías, no vamos a hacer demagogia, no vamos a obstaculizar la tramitación de esta proposición de ley. No lo vamos a hacer porque entendemos la urgencia y porque entendemos que tras este debate hay vidas humanas, y sabemos también que la seguridad no puede quedar bloqueada con bloqueos políticos de no poder tramitar una ley, pero esto no es un cheque en blanco. Vamos a presentar enmiendas. Se puede modificar mucho y se puede hacer pensando en la vida de todo el mundo. Enmiendas en pro de la seguridad vial real, con la voluntad de mejorar el texto y de ir más allá de lo que se nos propone. Podemos ir más allá, porque, sinceramente, lo que hoy traen aquí da la sensación de una regulación hecha con parches ―ahora modificamos esto, luego aquello― y lo que necesitamos es una visión integral. Sin valentía legislativa va a costar mucho poder mejorar la seguridad vial. Necesitamos un liderazgo político, coherencia y estrategia para evitar estos accidentes. Y vamos a volvernos a encontrar en la negociación, señorías. ¿Van a ser más valientes ahora o van a seguir dejando este proyecto de ley parado, sin hablar con nadie, sin esperar nada, sin hacer nada? Porque la seguridad vial no va de titulares, no va de gesticulación; va de políticas serias, coherentes y sostenidas en el tiempo. Nosotros estaremos ahí ―evidentemente, sí―, pero para mejorar la seguridad vial, para garantizar que sirva para lo que realmente importa, porque cuando modificamos una ley hay que hacerlo para salvar vidas, salvarlas todas, porque la vida, señorías, es el bien más preciado que tenemos y, por consiguiente, hay que preservarla. Muchas gracias. .

Laura Vergara Román SUMAR

Hoy venimos a buscar consenso y a defender en esta Cámara la seguridad vial, una de las principales preocupaciones de la sociedad civil. Pero no solo está preocupada, también está comprometida con la seguridad vial. De hecho, la Carta Europea de la Seguridad Vial, impulsada por la Comisión Europea, cuenta con el apoyo de más de mil entidades que constituyen el 25 % del total en toda la Unión Europea. Venimos con la responsabilidad compartida, pero también con la humildad de trasladar el consenso social de la pacificación, un movimiento que busca que nuestras calles y nuestras carreteras sean espacios seguros. Venimos a reclamar un sistema de movilidad que aglutina personas, infraestructuras y vehículos, y cuyas interacciones protejan a todos. Cada una de esas personas que ejercemos el derecho a la movilidad o que la utilizamos para ejercer otros derechos nos merecemos ese sistema seguro. No olvidamos que el movimiento es inherente a la vida, pero implica un riesgo y ese riesgo se puede minimizar y prevenir. En 2025 fallecieron 1119 personas en siniestros de tráfico en vías interurbanas. Hoy está en nuestras manos hacer viable el debate de esta modificación del Código Penal para reducir los umbrales que se consideran delito. Dado que en 2024 un 22 % de los siniestros mortales se debieron a una velocidad excesiva o inadecuada, anunciamos ya nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa, que puede contribuir a salvar vidas. . Hemos vivido otras reducciones de velocidad. La que tuvo lugar en 2011 estableció como límite 110 kilómetros por hora en autovías durante cuatro meses. En esa ocasión fue en relación con el ahorro económico y energético y la reducción de nuestra dependencia del petróleo. Ahorramos 450 millones de euros. Repito, han oído bien: 450 millones de euros. Además, se redujeron un 15,5 % los accidentes en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y es que ahora es más importante que nunca que busquemos ese tipo de medidas, que reforcemos la salud vial. Menos combustible quemado equivale a menos gases tóxicos para cuidar nuestra salud vial. Además, con esto nos unimos a decir no a la guerra, no a las guerras. . La Agencia Internacional de la Energía ha alertado ya de un escenario muy grave y ha pedido que se rebajen tanto los límites de velocidad como el uso de los vehículos a motor. Según esta agencia, una rebaja de tan solo 10 kilómetros/hora permitiría rebajar notablemente el consumo de combustible en todo el mundo, para transporte profesional, comercial, pero también para el particular. La evidencia técnica y las recomendaciones de conducción eficiente muestran que, al moderar la velocidad, se mejora la eficiencia energética y se reduce el consumo de combustible, insisto. Además, respetar esos límites más bajos y mantener una velocidad uniforme puede contribuir a una menor utilización de carburante y a una reducción de las emisiones contaminantes. Cerremos ese círculo. Recordemos que el atropello, como indicaba la diputada Granollers, continúa siendo el principal riesgo para las personas que caminan. En 2024, 207 peatones fallecieron atropellados en vías urbanas y el 65 % de los fallecidos tenían más de 65 años. Necesitamos que nuestros mayores puedan caminar sin riesgo a ser atropellados. El respeto a los límites de velocidad es fundamental. Por lo tanto, vamos a seguir enfocando las medidas en la prevención. Un descenso en la velocidad mejora también la visibilidad, al reducir el efecto túnel en la conducción, y aumenta el margen de respuesta ante cualquier situación inesperada. Nuestro entorno es pionero en estas reducciones de velocidad. Así, no es que hagamos lo que tendrían que estar haciendo los ayuntamientos, sino que respondemos a lo que los ayuntamientos ya han implementado. En Zaragoza se incluyó en la ordenanza de movilidad en 2019. Y todos los estudios indican que esto ha reducido la velocidad media en las ciudades. Por lo tanto, es el momento preciso para ir más lejos. Para recordarnos que nuestros pueblos y ciudades no son solo para desplazarnos, sino también para disfrutar. Son espacios de vida y de convivencia. Porque otro de los efectos cuando reducimos la velocidad es que estamos minimizando el impacto del ruido del tráfico y sus emisiones, fomentando un uso más responsable y un trasvase modal que aumente el uso del transporte público, la bicicleta y caminar, que son los transportes más seguros, los que nos cuidan y los que usa la mayoría social. . Ayer, en la Comisión sobre Seguridad Vial, escuchamos a las principales asociaciones de víctimas, a las familias de esas víctimas, a las que de nuevo agradecemos su gran labor. Y es que tenemos la sociedad civil más comprometida, fuerte y amplia de la Unión Europea. Por lo tanto, les ponemos en el centro para construir esa corresponsabilidad compartida, capaz de cuidar a través de una movilidad segura, sostenible, saludable y accesible. En esa defensa de la pacificación, solo les pido acelerar dos elementos que para mí son fundamentales. Uno es que esta medida no puede esperar, que es urgente; y el segundo es el compromiso para analizar los resultados de la implementación de esta medida y seguir ampliando esa pacificación a todas nuestras ciudades y en todas nuestras carreteras. Nos jugamos todo. Por último, como parte del ecosistema ciclista, asistí emocionada a una de las últimas reformas del Código Penal y espero poder compartir de nuevo esa emoción con las familias de las víctimas. Que se apruebe y se difunda la reducción de los límites de velocidad considerados delito y, siempre con la vista puesta en el horizonte, que acabe con la impunidad de la velocidad que limita la vida. .

Francisco José Alcaraz Martos VOX

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Hoy el Gobierno viene aquí casi vestido y hablando como la abuelita del lobo feroz, pero la realidad es que estamos ante un ejercicio de hipocresía y trilerismo. A ustedes no les importa la vida. A ustedes no les importan las víctimas. No les importan las víctimas y no me voy a ir muy lejos: esta mañana mismo ha salido la etarra asesina Anboto (mostrando una fotografía en la que se ve su imagen), que ustedes han puesto en libertad; con casi ochocientos años de cárcel y no ha cumplido más que cinco años. . ¿Qué les dicen ustedes a sus víctimas? A ustedes les importan poco las víctimas, cuando esta mañana hemos conocido que, gracias a su gestión (mostrando una fotografía), cinco jóvenes murieron por no mantener en condiciones una pasarela. A ustedes no les importan las víctimas cuando aquí han votado la ley del sí es sí, que ha dejado en la calle a más de mil violadores y agresores sexuales. . A ustedes no les importan las víctimas, porque no hicieron la obra de las presas y la limpieza del barranco del Poyo, con más de doscientas víctimas. A ustedes no les importan las víctimas, porque hace pocos días los españoles tuvieron que enterrar a cuarenta y seis personas por el accidente de Adamuz, por su nefasta gestión. . A ustedes no les importan las víctimas, cuando aquí hace unos días estaban los padres que tenían los cuerpos de sus hijos sin aparecer. Llevan años pidiendo que aparezcan esos cuerpos y los condenan a una muerte en vida. ¿Y ustedes qué hicieron? Votaron en contra de esas víctimas. ¿Por qué? Porque ustedes ―izquierda, extrema izquierda, terroristas, proterroristas, separatistas, golpistas― votaron que la venganza no puede ser, que no puede ser que se suban las penas a los violadores, a los terroristas o a los delincuentes. Y eso es lo que han hecho ustedes durante toda la legislatura en este Congreso. Todas las iniciativas que traen ustedes, el Grupo Socialista, tienen dos objetivos: uno, recaudar; y, dos, responsabilizar siempre como único responsable de todos los accidentes al conductor. Sin embargo ―se lo dice el fiscal de Seguridad Vial― (muestra una fotografía), uno de cada tres accidentes ―uno de cada tres accidentes― es por el mal estado de las carreteras. Hay 13 500 millones de déficit. Por lo tanto, ustedes son los responsables de las muertes que se producen en uno de cada tres accidentes. . La inversión en carreteras: 13 500 millones de déficit. . Le puedo contar la experiencia vivida por muchísimos conductores, desde Despeñaperros, por ejemplo, hasta Córdoba: la cantidad de reventones, salidas de vía y demás, precisamente por el estado de las carreteras. Para esto no hay dinero, ¿verdad? Por no hablar de las señales caducadas (muestra una fotografía), que también están diciendo que están produciendo puntos negros con salidas de vía y donde hay muertes. Ustedes, lo único que hacen es meter la mano en el bolsillo. No hablan del parque móvil, cuando podrían salvar muchísimas vidas si realmente los españoles no tuviésemos el parque móvil más viejo de Europa (muestra una fotografía), con una media de quince años, lo que impide que puedan llevar sistemas de ADAS que evitarían muchos atropellos. Eso sí, la ministra y candidata para Andalucía (muestra una fotografía), señores, 40 000 millones, 40 000 millones del sector del automóvil. ¿Dónde está ese dinero? Ayer, las víctimas también preguntaban dónde estaba el dinero de las multas: 500 millones (muestra una fotografía), 500 millones de recaudación de multas. De momento, ya sabemos dónde hay 25 000 euros (muestra una fotografía): imputado el director de carreteras por 25 000 euros. Para eso quieren ustedes el dinero: no para hacer políticas que salven vidas, sino para chanchullos y para tener gente en la cárcel como Koldo, Cerdán o Ábalos, como ha pasado con el tren. . Señorías, ustedes no pueden venir aquí a dar lecciones, porque este país necesita menos Código Penal y más alquitrán. Eso sí es salvar vidas. Y le quiero dejar una reflexión: ¿de cuántos Adamuz en las carreteras son responsables ustedes después de todos estos años que llevan sin invertir el dinero que le pide la Fiscalía de Seguridad Vial? ¿De cuántos y cientos de muertes son responsables ustedes por su negligente gestión? ¿De cuántos? Señorías, dejen de perseguir como culpables de todos los males a las personas que tienen coche. Bueno, no a todas. Hay algunos que llevan coche a los que ustedes los ponen en Gobiernos, los ponen a educar a nuestros hijos y les dan poder, los hacen socios. ¿Saben quiénes son? Los que ponían los coches bomba. Esos son a los únicos a los que no persiguen ustedes. Gracias. .

Fernando De Rosa Torner PP

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ¡basta ya de utilizar la figura de la proposición de ley en lugar del proyecto de ley! En democracia, las formas son esenciales: se empieza despreciando lo formal y se acaba devaluando la calidad de las instituciones. . Estamos viendo cuál es el sentido de la frase de Pedro Sánchez el viernes pasado: bienvenidos a la política del siglo XXI. En su laico Viernes de Dolores adelantado, los españoles presenciamos atónitos cómo los partidos de la coalición de Gobierno no se pudieron poner de acuerdo durante dos horas en medidas esenciales para los ciudadanos. Ahora entendemos por qué el Grupo Socialista elude constantemente presentar sus iniciativas legislativas utilizando la figura del proyecto de ley, que necesita el consenso dentro del Consejo de Ministros. Consenso que no tienen ustedes, ya que el Palacio de la Moncloa es una continua guerra cada viernes, un ring de boxeo, una pelea entre ministros; en definitiva, un auténtico bochorno. . Así pues, optando por la proposición de ley, no solamente eluden los consensos internos, sino que perjudican la calidad de los textos que presentan, ya que evaden sistemáticamente escuchar, por ejemplo, al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo Fiscal, que deberían participar en la elaboración de estas leyes. ¿No les parece oportuno conocer el dictamen, por ejemplo, del Consejo Fiscal o del Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué les molesta recurrir a los expertos? También han eludido el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. Además, no traen a este debate ningún informe sobre cuál es la opinión de la Fiscalía de Seguridad Vial sobre la reforma del Código Penal. Que yo sepa, no hay instrucción alguna y, al no haber informe del Consejo Fiscal, probablemente nadie pida esta opinión. Señorías del Grupo Socialista, si hubieran ustedes atendido a los expertos, se hubieran dado cuenta de los errores que tiene esta proposición de ley en el epígrafe segundo de la exposición de motivos. En el texto, ustedes hacen referencia al artículo 172 del Código Penal. ¿Saben lo que regula el artículo 172 del Código Penal? Las coacciones. No tiene nada que ver con las imprudencias con resultado de muerte, ni tiene nada que ver con el artículo 379 que ustedes quieren modificar. Utilizan erróneamente el artículo 172. . Es bastante vergonzoso e irrespetuoso con las víctimas no saber siquiera qué artículo es el aplicable. Al menos, corríjanlo; es que ni lo han mencionado. Tampoco es conforme a la jurisprudencia en materia de seguridad vial, atendiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la que el artículo 142 ―el que tenían que aplicarse ustedes, no el 172― establece una presunción iuris et de iure, es decir, que no acreditan prueba en contrario. Y no lo ponen en relación con el 379. ¡Pero qué chapuza legislativa es esta! . ¿Es que quieren, encima, que esta Cámara trague con ruedas de molino? ¿Qué respeto tienen ustedes a las víctimas presentando una proposición de ley con graves defectos formales y de fondo? No han tenido en cuenta ni siquiera la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni los informes de los fiscales de Seguridad Vial. Miren, modestamente, les digo que en mi calidad de magistrado ―ahora en servicios especiales― he presidido muchísimos juicios de este tipo, en los cuales el Ministerio Fiscal ha determinado clarísimamente la relación entre el 142 y el 379. Y nada de lo que ustedes dicen en su preámbulo es cierto. Por tanto, no sé quién les ha redactado esto, pero han subido aquí sin modificar absolutamente nada de lo que habían dicho. Además, ustedes establecen esta reforma sin tener en cuenta otras medidas de carácter complementario. Miren, la Fiscalía del Supremo, en materia de seguridad vial, está diciendo que son necesarias medidas complementarias. Por tanto, es necesario escuchar a los fiscales, cosa que ustedes no han querido hacer. Por ejemplo, hay que tener en cuenta todo lo relacionado con las fotografías de los cinemómetros. ¿Por qué no lo han tenido en cuenta? La educación, la educación vial, la concienciación de las víctimas, la concienciación de los conductores, eso también es trabajo para eludir la siniestralidad en los delitos de seguridad vial. Ustedes no dicen nada de esto. No han trabajado para nada las medidas que ayer, en la Comisión de Seguridad Vial, plantearon las víctimas. Había que incluir también medidas de carácter complementario, y ustedes no traen aquí ninguna medida. Por tanto, jurídicamente es un error lo que ustedes plantean. No atienden a lo que dicen las víctimas. No atienden a lo que dicen los expertos. Presentan una proposición de ley, no un proyecto de ley. Vienen aquí, suben y encima alardean de que hay que atender a las víctimas. ¡Claro que hay que atender a las víctimas! Para nosotros, para el Grupo Popular, cada muerte en materia de tráfico es un drama. Y eso lo tenemos que decir así. Es un drama. . Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Hay que dar seguridad. No podemos llevar al BOE una ley que luego traiga frustración a las víctimas. Hay que hacerlo bien. No pueden subir aquí y presentar únicamente una proposición sin haber escuchado a nadie, con errores tanto formales como de fondo. Sigan la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los criterios de la Fiscalía. Hay que hacerlo bien porque a las víctimas no hay que frustrarlas, hay que apoyarlas, escucharlas, y ustedes no lo han hecho. . Señorías, subir a esta tribuna y hablar del dolor de las víctimas es muy fácil. En la pasada sesión del Pleno, todos ustedes escucharon a una madre que, entre lágrimas, pedía que se aprobara una reforma legal para ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable, pero ustedes, fríamente, votaron en contra. . Eso es tener poca empatía con las víctimas. Nosotros estamos con todas las víctimas. Ustedes, depende de con qué tipo de víctimas, porque hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Muchísimas gracias. .

Pedro Ignacio Gallardo Barrena PP

Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes a todos. Comparezco hoy ante esta Cámara para defender, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, una proposición de ley que corresponde a una necesidad urgente del campo español: adaptar el sistema de seguros agrarios a una realidad económica actual que muchos agricultores y también muchos ganaderos sufrimos. Una realidad marcada por una crisis de costes de producción, por el alza de los precios de los fertilizantes, por las consecuencias de las guerras, pero también muy claramente por las pésimas políticas de los Gobiernos socialistas. . Y no me voy a detener en exceso en la Ley 87/1978, de Seguros Agrarios Combinados, una norma que fue eficaz, relativamente sencilla, que ha sufrido pocas modificaciones a lo largo de su vigencia. Sin embargo, conviene recordar algo esencial, antes de su aprobación, los agricultores y los ganaderos estábamos prácticamente desprotegidos frente a riesgos de sequía, heladas o pedrisco. Tras años de pérdidas importantes, el Estado impulsó un sistema organizado que ha sido un referente. Nadie discute que el seguro agrario ha sido una herramienta clave para proteger la agricultura, la ganadería, el sector forestal y la acuicultura, que ha dado estabilidad a las explotaciones, ha evitado el abandono rural y, por supuesto, también ha sostenido la economía en los pueblos. Señoría, basta ver los datos de siniestralidad de los últimos años para entender su importancia porque hay cada vez más fenómenos extremos, más indemnizaciones y más presión sobre el sistema actual. Señorías del Gobierno, mantener un sistema no es solo cuestión de gastar y aumentar el presupuesto, es, sobre todo, una cuestión de diseño. Conviene recordar que, en momentos muy difíciles de la crisis económica, derivada de la pésima gestión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, España tuvo que hacer duros ajustes y, aun así, el sistema de seguros agrarios funcionó razonablemente bien, gracias a la gestión que hicieron entonces de Isabel García Tejerina y de Miguel Arias Cañete, siempre comprometidos con el campo como ninguno. . Sin embargo, hoy, asistimos a una situación muy distinta: el Gobierno presume de alcanzar 315 millones de euros de inversiones en seguros, pero llevamos años sin presupuestos generales del Estado por incompetencia del Partido Socialista. Señorías, no se trata de cuánto se gasta, se trata de si el sistema responde realmente a los riesgos reales que sufren los agricultores. Y la respuesta es muy clara: no. El sistema actual, entre otros, cubre sequía, pedrisco y heladas, pero no cubre el principal riesgo del siglo XXI: la pérdida de ingresos de los agricultores y ganaderos. Un agricultor a día de hoy puede tener una buena cosecha como vemos por ejemplo en Alicante donde hay miles de toneladas de limones en los árboles y en el suelo y, aun así, por falta de precio, la cosecha no se vende; lo vemos también en el cereal, a pérdidas a día de hoy en miles de explotaciones porque el Gobierno ha sido incapaz de establecer líneas de ayuda a la volatilidad de los precios en los cereales. Señorías, se puede tener una buena cosecha y se puede perder dinero. ¿Por qué? Por la caída de los precios, por la volatilidad de los mercados, por los cambios en la demanda y por las perturbaciones internacionales. Y, señoría, esto no lo cubre el sistema actual, como reconoce esta proposición de ley. Lo más grave es que esto no es nuevo. En el 38.º Plan de Seguros Agrarios de 2016 ya se contemplaba estudiar un seguro de ingresos. En 2017 y 2018 ENESA impulsó un grupo de trabajo, se realizaron modelos, se analizaron simulaciones, se estudiaron proyectos piloto y había una hoja clara de ruta. ¿Y qué ocurrió? Con la llegada del Gobierno socialista en 2018, se abandonó, se dio carpetazo a una reforma estratégica. ¡De vergüenza la soberbia del Gobierno!, ¡ocho años sin haber actuado, sin haber hecho nada! Y de haber tenido este seguro, muchos agricultores no habrían abandonado sus explotaciones. . Mientras tanto, Europa siguió avanzando y España se quedó parada. Desde 2009, se venía trabajando con instrumentos de gestión de riesgo, pero a partir de 2018 se refuerzan los mecanismos de estabilización de ingresos ante un contexto cada vez más incierto. Hoy la PAC ya permite incorporar seguros de protección de ingresos, pero una vez más España llega tarde, y llega tarde porque este Gobierno no ha tenido ni visión ni ambición. Italia ha implementado de forma efectiva un seguro de instrumentos de estabilización de ingresos, aunque de alcance reducido, es cierto, pero se permiten compensar pérdidas cuando se superan algunos umbrales de la PAC. Francia también dispone de un sistema avanzado de seguros agrarios, con coberturas de riesgo climáticas y también de producción. No son perfectos, pero es algo por donde empezar. Señorías, en el campo español nos encontramos ante un contexto cada vez más complejo. Las recientes crisis han puesto de manifiesto la fragilidad del sector primario: la pandemia, la guerra de Ucrania, el incremento de los costes de producción, la inestabilidad de los mercados y ahora la guerra de Irán y el alza de los combustibles y los fertilizantes. Todo ello ha demostrado que los riesgos ya no son solo climáticos, ambientales y sanitarios, sino que son también económicos. Y, frente a esto, el Gobierno no ha dado respuesta alguna. Señorías, nuestra propuesta es asegurar la renta. Por eso presentamos esta proposición de ley, una reforma más que necesaria, seria y alineada con Europa. ¿Qué proponemos? Incorporar al sistema de seguros los ingresos y las rentas agrarias, cubrir las caídas de los precios, los problemas de perturbación de mercado y, por supuesto, la pérdida de rentabilidad. Además, adaptar la normativa nacional al marco europeo vigente, manteniendo el carácter voluntario, preservando el modelo público y privado y con el desarrollo siempre técnico y riguroso de ENESA. Señorías, voy a ponerles un ejemplo real de lo que está pasando en los territorios. Estamos viendo en comunidades autónomas como la andaluza episodios recientes de inundaciones con daños importantes. El Gobierno ―me voy a detener hoy aquí― saca una partida de 2122. A mí los cálculos no me salen. ¿Y quién lleva razón?, ¿Planas o Montero? ¿Quién traiciona de nuevo a los agricultores y a los ganaderos andaluces? , ¿El ministro Planas o la ministra Montero? Porque aquí los números no cuadran. . Y, por cierto, hay una ayuda máxima de 25 000 euros por explotación. Vamos a poner un ejemplo: un pequeño agricultor de aguacates que cultiva dos hectáreas factura 28 000 euros. Tiene una cosecha de 14 000 kilos de aguacates, a dos euros el kilo, 28 000 euros. Ha gastado ya este año 30 000 euros. Va a ingresar del Gobierno 25 000 euros. O sea, va a perder 5000 euros teniendo cosecha y encima el año que viene no tendrá cosecha. Señoría, esto es demagogia, esto no es una ayuda, esto es condenar al agricultor. . Otro ejemplo de poca o nula contratación de este Gobierno y de este ministerio. El Marco de Jerez, el consejo regulador más antiguo de España, cubre las condiciones por pedrisco en la viña. Después de treinta años de profesión, no conozco un solo año de pedrisco en Jerez, pero sí conozco el viento de Levante, que todos los años limita la producción. Y no hay cobertura contra el viento de Levante porque no han desarrollado una política de seguros adaptada al territorio. Ustedes el campo no lo pisan más que para hacerse fotos. . Señores, otro ejemplo más, el del aguacate. ¿Me puede explicar, señoría socialista, por qué en la provincia de Cádiz no se pueden asegurar los aguacates frente a heladas y sí en provincias limítrofes como Málaga? ¿Es que ustedes, cuando van al Campo de Gibraltar, solo van a hacerse fotos? Porque, desde luego, los agricultores allí están desprotegidos con sus políticas. . Habría muchos más ejemplos. Recientemente, tras el tren de borrascas, el propio presidente Juanma Moreno, a pie de campo y reunido con las organizaciones agrarias y con las cooperativas, sí ha conseguido una partida importante por decreto ley para agilizar medidas a los afectados, como declarar de interés de las comunidades las obras de caminos rurales, de cauces y de infraestructuras; aprobar una reducción del 100 % tanto del canon de regulación como de la tarifa de utilización de agua en las cuencas de su competencia. Esto quiere decir que los regantes no van a pagar nada. Sin embargo, ¿qué ha hecho la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, señorías socialistas? ¿Por qué no se lo preguntan? Porque hasta ahora nada, nada de nada. La Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, ha decidido establecer exenciones temporales por la tasa de veterinarios al cien por cien, ha flexibilizado los requisitos de la PAC y también ha concedido ayudas directas por valor de 700 millones de euros para agricultores y ganaderos. Pero volvamos a esta proposición de ley. Si no hacemos nada, las consecuencias van a ser muy claras: pérdida de competitividad, menor inversión, más despoblación rural y menor seguridad alimentaria. Eso España no se lo merece. Ya hemos perdido un 12,4 % de los agricultores desde el año 2020 al año 2023, 110 000 explotaciones se cerraron. Después, según el informe del portal IPYME, en solamente un año ―de 2024 a 2025―, 8524 explotaciones se cerraron. Esto no se lo merece. Yo se lo digo muy claramente: aquí no sobran agricultores, como dijo el ministro Planas, aquí necesitamos a todos los agricultores para producir. . Frente a esta demagogia, las propuestas del Grupo Popular. No venimos aquí con eslóganes, venimos con propuestas concretas, con reformas legislativas claras, con instrumentos eficaces y con una visión de futuro. Desde luego, lo tenemos muy claro, es necesario incorporar el seguro de riesgos y de renta al sistema actual que tenemos. El riesgo de la pérdida de los ingresos como instrumento es necesario para la estabilidad de las economías agrarias. Es necesario, además, hacerlo ya, porque los agricultores―se lo digo muy claramente―, con estos precios, en muchas ocasiones ya no vivimos de lo que producimos, vivimos de lo que ingresamos. Y hoy estamos desprotegidos frente a esta casualidad. Señorías, proteger el campo español es proteger a los agricultores también. Permítanme una reflexión final. Como agricultores, hemos vivido los obstáculos del sistema actual de seguros. Un sistema que, en la actualidad, lejos de ayudar en muchas ocasiones agrava los problemas, como bien saben los agricultores. Necesitamos actualizar el sistema, necesitamos llevarlo a un seguro de renta para que siga siendo una herramienta con eficacia, con referencia y para atender las necesidades del campo en un contexto de volatilidad y también de tensiones geoestratégicas. No podemos permitir más parches, como ha estado haciendo el Gobierno, ni decisiones alejadas de la realidad. Necesitamos medidas de estabilidad. Les pido a todos los señores de esta Cámara que se pongan en contacto con los agricultores y que reflexionen, que apoyen esta proposición de ley porque el campo la necesita. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. Como sempre, o Partido Popular navega na demagoxia máis absoluta. Unha proposta que até puidese parecer razoábel, que os seguros agrarios se inclúan, para alén das casuísticas xa recollidas, a perda de ingresos ou rendas por flutuacións do mercado, non deixa de ser, en boca do Partido Popular, cando menos peculiar. Tendo en conta moitos factores, en primeiro lugar, un problema inicial que é a posibilidade de que haxa aseguradoras que realmente estean en disposición de cubrir esta circunstancia, porque xa temos agora casos en que isto acontece. Así, por exemplo, no sector vitivinícola galego, as aseguradoras non queren cubrir este sector porque entenden que o mildiu e o oídio son endémicos na Galiza, polo tanto, non é unha excepcionalidade, senón é a circunstancia habitual. Pero isto afecta, por exemplo, á recepción de axudas públicas que esixe que haxa un seguro agrario. E que acontece? Que en todo caso vostedes o que están propondo son medidas paliativas en vez de ir máis ás causas da situación que leva a que o sector agrario e gandeiro vivan na precariedade permanente. De que se queixa o sector agrario galego, por exemplo? Pois quéixase dunha lei da cadea alimentaria insuficiente para garantir os prezos por riba dos custos de produción. Quéixase, por exemplo, do acordo entre a Unión Europea e o Mercosur, que entrará en vigor o día un de maio, un acordo gravemente lesivo para os intereses do sector agrogandeiro galego e que no entanto, o Partido Popular apoiou. Pero chegaron á indecencia de participar nas mobilizacións dos gandeiros galegos dicindo que os apoiaban ao mesmo tempo que estaban nos parlamentos votando a favor do acordo co Mercosur, no Parlamento Europeo, todos os seus eurodiputados, incluídos os dous que din que son eurodeputados galegos, a pesar de viviren permanentemente en Madrid, o señor Villalón e o señor Adrián Vázquez. Traizoaron os intereses do sector agrario e gandeiro galego. Quéixanse, por exemplo, da suba dos combustíbeis que fan inviábel a rendibilidade das explotacións agrogandeiras no noso país. É unha consecuencia directa da guerra imperialista de Trump contra o Irán, unha guerra que o Partido Popular aplaudiu, que o señor Feijóo aplaudiu. Que lle vaia explicar ao Señor Feijóo, como dixo Trump que a suba dos combustibles era un pequeno inconveniente imprevisto, que lle vaia a explicar, di vostede. que falemos cos nosos gandeiros, que falemos co sector labrego. Pois que vaia Feijóo a falar co sector agrogandeiro galego para dicirlle que hai que aguantar porque está ben bombardear Irán aínda que haxa algún pequeno inconveniente imprevisto. O PP na máxima indecencia, porque ademais participou na campaña previa para lexitimar eses ataques aínda á semana anterior levou unha proposición non de lei a este congreso que no fondo tiña ese mesmo obxectivo. Quéixase o sector agrario e gandeiro das axudas da PAC, unhas axudas Insuficientes con criterios inadecuados e que ademais se verán recortadas para poder facer fronte ao incremento do gasto militar, unha baixa de 20 %, un incremento do gasto militar que tampouco rexeita o Partido Popular, todo o contrario está de acordo con ese incremento. Polo tanto, o que hai que facer é mudar de políticas e ir na liña do que reclama o sector agrogandeiro cando berra «prezos xustos para os nosos produtos». Pero iso implica que debe haber leis adecuadas que garantan os prezos de produción e que debe haber políticas favorábeis ao sector agrogandeiro que sexan tamén garantía de prezos xustos e de rendemento das explotacións, políticas que polo visto, nin o Partido Popular nin infelizmente, o Partido Socialista están dispostos a facer. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Como siempre, el Grupo Popular navega en la demagogia más absoluta. Una propuesta que hasta podría parecer razonable. Que los seguros agrarios incluyan, más allá de las casuísticas ya recogidas, la pérdida de ingresos o rentas por fluctuaciones en el mercado no deja de ser ―en boca del Grupo Popular―, cuando menos, peculiar. Teniendo en cuenta muchos factores, en primer lugar, un problema inicial, que es la posibilidad de que haya aseguradoras que realmente estén en disposición de cubrir esta circunstancia, porque ya tenemos ahora casos en los que sucede. Por ejemplo, en el sector vitivinícola de Galicia, las aseguradoras no quieren cubrir este sector porque temen al mildiu y el oidio, que son endémicos en Galicia, con lo cual no es una excepcionalidad, sino que es la circunstancia habitual. Pero esto afecta, por ejemplo, a la recepción de ayudas públicas, que exigen que haya un seguro agrario. ¿Qué sucede? En todo caso, ustedes lo que están proponiendo son medidas paliativas en vez de ir a las causas de la situación que lleva a que el sector agrario y ganadero vivan en la precariedad permanente. ¿De qué se queja el sector agrario gallego? Por ejemplo, se queja de una ley de la cadena alimentaria insuficiente para garantizar los precios por encima de los costes de producción. Se queja, por ejemplo, del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que entrará en vigor el día 1 de mayo, un acuerdo gravemente lesivo para los intereses del sector agroganadero gallego y que, sin embargo, el Partido Popular ha apoyado. Pero han llegado a la indecencia de participar en las movilizaciones de los ganaderos gallegos, diciendo que los apoyaban al mismo tiempo que estaban en el Parlamento Europeo votando a favor del acuerdo con el Mercosur. Todos sus eurodiputados ―incluidos los dos que dicen que son eurodiputados gallegos, a pesar de que viven permanentemente en Madrid, el señor Millán Mon y el señor Adrián Vázquez― han traicionado los intereses del sector agrario y ganadero gallegos. Se quejan, por ejemplo, de la subida de los combustibles, que hace inviable la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas en nuestro país. Y es una consecuencia directa de la guerra imperialista de Trump contra Irán. Una guerra que el Partido Popular ha aplaudido, que el señor Feijóo ha aplaudido. Y le va a explicar al sector el señor Feijóo ―como ha dicho Trump― que la subida de los combustibles era un pequeño inconveniente imprevisto. Que le vaya a explicar, diga que hablemos con los ganaderos, que hablemos con el sector agrario, que vaya Feijóo a hablar con el sector agroganadero de Galicia. Parece que hay que aguantar porque está bien bombardear Irán, aunque haya un pequeño inconveniente imprevisto. El PP, en la máxima indecencia ―porque además ha participado en la campaña previa para legitimar estos ataques― aún la semana anterior trajo una proposición no de ley a este Congreso que en el fondo tenía este mismo objetivo. Se queja el sector agrario y ganadero de las ayudas de la PAC, unas ayudas insuficientes con criterios inadecuados y que además se verán recortadas para poder hacer frente al aumento del gasto militar. Una bajada del 20 % y un aumento del gasto militar que tampoco rechaza el Grupo Popular; todo lo contrario, está de acuerdo con ese incremento. Por tanto, lo que hay que hacer es cambiar de políticas en la línea de lo que reclama el sector ganadero cuando pide a gritos precios justos para nuestros productos. Pero esto implica que tiene que haber leyes adecuadas que garanticen los precios de producción y que tiene que haber políticas favorables al sector agroganadero que sean también garantías de precios justos y de ingresos justos en las explotaciones, políticas que, por lo visto, ni el Grupo Popular ni el Grupo Socialista están dispuestos a hacer. Muchas gracias.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Gracias, presidenta. Señor Gallardo, siendo andaluz y agricultor, ¡menudo papelón que está haciendo hoy defendiendo las políticas del Grupo Popular con lo que nos está haciendo Moreno Bonilla en el campo en Andalucía y con lo que está haciendo su partido en Europa y a nivel internacional! . ¡Menudo papelón!, porque hay que tener cuajo para venir hoy aquí a traer esto, señorías del Grupo Popular, de verdad, y hacer el papelón de que están ustedes defendiendo a los ganaderos y a los agricultores cuando siempre siempre que han tenido ocasión han demostrado que, cuando toca elegir, se colocan en el lado de los intereses de las grandes multinacionales y, por supuesto, no del lado de la gente que trabaja en la tierra. . Pero no se pongan tan nerviosos, de verdad, no se pongan tan nerviosos. Relájense, porque lo que les estoy diciendo es la verdad y lo van a tener que escuchar sí o sí. ¿Dónde estaban ustedes cuando impulsamos la ley de cadena alimentaria?, ¿dónde estaban? . No estaban, ¿verdad? No la apoyaron, claro. ¿Y qué están haciendo ahora? Porque las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan ―Extremadura, Andalucía― no la están desarrollando ni la están cumpliendo. . Y, si no, que nos lo digan a nosotros en Andalucía, señor Gallardo, que nos lo digan a nosotros, que lo vivimos todos los días con Moreno Bonilla, que solo especula, solo privatiza, pero que no hace cumplir la ley porque el campo le importa muy poquito, igual que a sus socios de VOX. . Y eso que hacen ustedes tiene consecuencias directas en el bolsillo de los agricultores y de los ganaderos. ¿Dónde están ustedes cuando se apoyan tratados como Mercosur, que suponen una competencia desleal para nuestro campo? ¿Dónde están? . Se lo digo yo, alineados con Bruselas y con los intereses del libre comercio salvaje que asfixia a nuestros productores. Porque yo no sé dónde estaban ustedes en 2017 ―bueno, sí lo sé―, pero sé dónde estaba yo, que estaba en las calles, en contra del TTIP y de los tratados internacionales que ahogaban nuestro campo, mientras ustedes estaban allí, en Europa, votando a favor todos los tratados de libre comercio. . O sea, de aquellos barros, estos lodos, que tenemos mucha memoria. . Es que, de verdad, presidenta, es imposible seguir con estos señores todo el rato hablando. . ¡Que no estamos en la cafetería! No estamos en la cafetería. ¿Me pueden dejar hablar, por favor?

Martina Velarde Gómez SUMAR

Si les molesta lo que digo es porque digo la verdad, ¿vale? El Grupo Popular y VOX se han dedicado además a ridiculizar continuamente a los propios agricultores por recibir las ayudas de la PAC. Han llamado a las ayudas paguitas y han dicho que eran unos subvencionados; como si no fuese eso el resultado de una política europea para sostener un sector estratégico; como si no fuese eso una herramienta para garantizar que haya producción, que haya empleo y que haya vida en nuestros pueblos. Despreciar la PAC, como han hecho ustedes muchas veces, es despreciar a quienes trabajan la tierra. La gente del campo está ya cansada de que les den lecciones quienes no han pisado el barro en su vida. Porque, seamos claros, muchos de los dirigentes del Partido Popular y de VOX llevan en política desde que se les cayeron los dientes de leche. Han pasado de un despacho a otro despacho, de un cargo a otro cargo o de un chiringuito a otro chiringuito, como el que le montó la señora Esperanza Aguirre al señor Abascal. Porque ustedes, unos y otros, vienen del mismo sitio y son lo mismo. No han vivido lo que significa levantarse de madrugada y depender del clima, como ha pasado ahora en Extremadura y en Andalucía, que no saben si al final de mes les salen las cuentas. Y lo peor es lo del puro teatro de sus socios de VOX, que solo se acercan al campo cuando hay elecciones; que se ponen el capote, se montan en el caballo, se dan un paseíto, se hacen una foto y desaparecen. ¿Eso es defender al campo? Eso es utilizarlo como atrezo electoral, que es lo que hacen ustedes mientras apoyan a Donald Trump, mientras apoyan los aranceles, mientras apoyan una guerra comercial que va a castigar a nuestros productos, que va a encarecer las exportaciones y a golpear a quienes viven del campo en nuestro país. Y voy terminando. A ver si se enteran, el campo no necesita postureo, necesita políticas valientes aquí, en Europa, y a nivel internacional, que es lo que ustedes no hacen; necesita precios justos, necesita protección frente a los abusos de las grandes distribuidoras, necesita apoyo público real y necesita también que dejen de firmar acuerdos internacionales que lo ponen en riesgo. Así que termino. Menos disfraces, menos lecciones, menos lamer las botas de Europa, menos lamer las botas de Trump, y más respeto para nuestra gente del campo. Porque quienes sostienen este país no son quienes se ponen las botas nuevas para ir a hacer una campaña electoral, son quienes trabajan todos los días la tierra, señorías del Grupo Popular. .

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Arratsalde on, guztioi! Hasteko, onartu nahi dut ekimenak benetako arazo bati heltzen diola. Arazo hori ekoizleak eta Estatuko Administrazioa berak ere adierazi dute sarritan, nekazaritza aseguruen egungo sistemak zentzuz babesten du klima edo osasun arriskuen aurrean, baina ez du estaltzen gaur egun gure ustiategietan ezegonkortasun handiena sortzen duena: diru-sarreren aldakortasuna. Eten hori argi jasotzen dute bai ENESAk eta aurretiazko lan-taldeek egindako analisiak. Izan ere, ondorioztatu zuten tresna hori desiragarria zela, nahiz eta tresna hori ezartzea zailtzen zuten muga tekniko eta araudiak egon. Gaur eztabaidatzen ari garen proposamena aldaketa garrantzitsu batean oinarritzen da, PAC berriak diru-sarreren aseguruak ezartzeko aukera aitortzen du, eta funts publiko nazionalen bidez diruz laguntzeko aukera ematen du. Arau aurrerapen horrek kendu egiten du urteetan arlo horretan aurrera egitea eragotzi zuten oztopo nagusiak. Jaun-andreok, bere akats eta arazo guztiekin, gure taldeak positibotzat jotzen du egokitze juridiko hori. Azalpenean jasotzen den bezalaxe, ez luke zentzurik izango diru-sarrerak egonkortzeko aseguru bat Europako esparruan finantzatu ahal izatea, baina ezin izatea integratu munduko helduenetarikoa eta sendoenetarikoa den nekazaritza aseguruen Estatuko sistema honetan. Buenas tardes, señorías. Quiero decir que esta iniciativa encara un problema, un problema que muchas veces las Administraciones y los consumidores ya han mencionado, y es que los sistemas de seguros sí que protegen ante los problemas del clima, etcétera, pero no protegen frente a algo que genera muchas dificultades: la variabilidad de los ingresos. Y eso lo recogen también los análisis de otros grupos de trabajo, que llegaron a la conclusión de que ese instrumento era deseable pese a que había límites técnicos y reglamentarios que dificultaban la puesta en práctica de dicho instrumento. Esta iniciativa se basa en un cambio importante, la nueva PAC da la oportunidad de garantizar los ingresos a través de seguros y a través también de fondos nacionales que permitan dar subvenciones, y ese avance normativo elimina el problema o los obstáculos que impedían avanzar. Señorías, con todos sus problemas y con todos sus fallos, nuestro grupo considera positiva esta adaptación jurídica. En la exposición de motivos vemos que no tendría sentido un seguro que garantice los ingresos en Europa, pero que no se pueda integrar en este sistema de seguros del Estado. Mi grupo no se presenta a las elecciones andaluzas, pero también tenemos algo que decir en esto. Sabemos que esto no es la panacea, sin duda alguna, pero creo que es interesante hablar de ello. El responsable del Grupo Popular lo ha explicado. ¿Por qué es relevante lo que dice la propuesta? Porque por primera vez permite proteger al sector frente al riesgo más importante de hoy, que es la volatilidad de ingresos, no solo los daños climáticos. Es coherente con la PAC y con las leyes, en nuestro caso vascas, que obligan a garantizar rentas dignas, a diferencia del modelo actual. El sistema vigente asegura la producción física. El nuevo modelo, el que propone el Grupo Popular ―también ha habido otras propuestas en otros momentos―, asegura la renta, introduciendo riesgos de mercado, precios, demanda y acceso a mercados, como decía. ¿Por qué es relevante? Porque cubre un riesgo real no cubierto por el sistema actual y porque Europa lo permite por primera vez. Hasta ahora el seguro de ingresos no podía subvencionarse ni con ayudas de Estado ni por medio de la PAC. Hoy en día se autoriza formalmente este seguro de ingresos y se legitima su subvencionabilidad con fondos públicos nacionales. También nos parece relevante porque se alinea con las políticas agrarias vascas. El objetivo principal de nuestras leyes agrarias y de las que están en anteproyecto también es garantizar rentas dignas; es el objetivo fundamental tanto de la ley de política agraria, de 2008, como de la Ley de Desarrollo Rural vasca, de 2022, así como del anteproyecto de la nueva Ley de Política Agraria y Alimentaria en la que se está trabajando hoy en día. El seguro de ingresos es relevante porque puede ser un instrumento más directo para materializar esta obligación legal, y también porque debería dar estabilidad económica a un sector sometido a enorme volatilidad. La proposición de ley del Grupo Popular señala en su exposición de motivos que la volatilidad es creciente, sin duda alguna, y los instrumentos existentes no son suficientes para estabilizar los ingresos. El seguro de ingresos debería reducir la incertidumbre estructural y proteger la continuidad empresarial. En cualquier caso, también hay una serie de cuestiones que evidentemente el reconocimiento europeo no resuelve del todo por sí mismo. En primer lugar, en relación con los retos técnicos, económicos y operativos ―y es aquí donde queremos ser claros, rigurosos y responsables―, el texto no fija parámetros mínimos del futuro seguro ni incorpora elementos esenciales, como el umbral de activación del 20 % de pérdida contemplado en el propio reglamento europeo. Esta falta de concreción obliga a que muchos aspectos críticos se remitan a trabajos posteriores de ENESA, que es lo que dicen ustedes en la ley. En segundo lugar, la proposición tampoco resuelve un obstáculo que reconocen ustedes en la propia exposición de motivos: la insuficiencia de datos fiables sobre precios e ingresos a nivel de explotación. En tercer lugar, no conocemos el impacto presupuestario que tiene, porque, según el análisis realizado, no está cuantificado, como tampoco lo está para las Administraciones autonómicas, que cofinancian tradicionalmente parte de las primas, e introducir un riesgo nuevo ―el riesgo de mercado y el riesgo de precios, más frecuente y menos diversificable que el climático―, sin estimaciones fiables, supone una incertidumbre significativa tanto para las comunidades autónomas como para ENESA, después. En cuarto lugar, los riesgos inherentes al seguro de ingresos ―el riesgo moral y la antiselección― tampoco aparecen acompañados de mecanismos de prevención en el texto y habrá que diseñarlos, porque así lo exige la experiencia internacional, y este diseño será decisivo para que el instrumento funcione. Nuestra posición será constructiva. Votaremos a favor de que se tome en consideración, porque apoyamos que se abra este debate y que se habilite un marco jurídico que hasta ahora no existía. Lehen sektoreak egonkortasuna behar du, bai, baina, era berean, irtenbideak errealismoz, kaudimenez eta erantzukizunez eraiki behar dira. Euskal taldea hor egongo da beti nekazarien onurarako dena babesten, ondo oinarrituta ez dagoena zalantzan jartzen eta, tresna hori garatzen baldin bada, zorroztasunez lanean nekazarien benetako zerbitzura egon dadin. Eskerrik asko. El sector primario necesita estabilidad, sí, pero al mismo tiempo necesita soluciones con realismo, con responsabilidad y con solvencia. El Grupo Vasco estará ahí siempre, ayudando a los agricultores, protegiendo su bienestar y poniendo en tela de juicio lo que no esté bien. Y, en caso de que se desarrolle ese instrumento, trabajaremos con rigurosidad al servicio real de los agricultores. Gracias.

Isidre Gavin i Valls JxCAT-JUNTS

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats, bé, avui ens porten aquesta proposta per tal que es discuteixi, per tal que es prengui en consideració un document en relació amb la possibilitat d’establir assegurances agràries a l’estabilització de la renda. Jo voldria fer una primera consideració prèvia, que és la següent: aquesta proposta, i altres semblants d’altres grups d’aquesta cambra, el que demostren és que tenim un Ministeri d’Agricultura i un Govern en relació amb polítiques agràries que està paralitzat. A veure, algú que m’expliqui quantes iniciatives ha portat el Govern o els partits del Govern durant aquest mandat, en el sentit de fer propostes per millorar, per refer, per perfeccionar o per explorar nous camins per ajudar el sector agrari. Pràcticament cap, una llei. Un Govern que no proposa lleis, una amb tot el mandat; un Govern que no proposa iniciatives, un Govern que no compareix. Nosaltres vam demanar la compareixença per Mercosur, que és una amenaça greu als petits i mitjans agricultors i ramaders, però altres grups també ho han demanat, que es comparegui per Mercosur, i aquí no hi ha cap perspectiva, cap compareixença. I un Govern que no resol problemes. La majoria d’iniciatives en relació amb aquest àmbit, i no només del PP, també d’altres grups de la cambra, han vingut dels grups parlamentaris. Segona qüestió: per què poso l’accent aquí? Perquè el sector està en una situació crítica. És que què està fent el Govern en l’àmbit de polítiques agràries? Guanyar temps? Pegar patada endavant a la pilota? Que és qui dia passa, any empeny, que diem en català, que diem a Catalunya. És que clar, un sector que està envellit. Ningú no ho qüestiona, no? Un sector envellit, mitjana d’edat alta, un sector on tanquen contínuament les petites explotacions, les petites i mitjanes, que són aquelles que estan a les zones menys poblades, a les zones que es despoblen, que, per tant, són els territoris on aquesta activitat agrària i ramadera aporta un valor de gestió del territori, d’evitar incendis. Poc relleu per a joves, hi ha pocs joves que s’incorporen a l’activitat. Manca de rendibilitat i de preus justos, i aquí anem a la cosa que crema, que és on va també la iniciativa que vostès presenten. Avui dia, els cereals, venim d’una de les millors campanyes de cereals d’aquests últims anys, i els cereals s’estan venent a pèrdua, s’estan venent sense beneficis. L’altre dia vaig estar a la Fira de Sant Josep de Mollerussa i una vegada més vaig poder parlar amb molts pagesos. Al que li està anant millor està guanyant 50 euros per hectàrea. 50 euros per hectàrea vol dir que, si s’espatlla l’empacador o se t’espatlla el tractor, ja has perdut tot el benefici que tenia previst. És a dir, al que li va millor guanya 50 euros per hectàrea. Val, per tant, és imprescindible prendre mesures, és imprescindible explorar nous camins, és imprescindible prendre decisions, i aquest Govern no ho fa. No hi ha temps a perdre, no hi ha temps a esperar, s’han de prendre decisions. I, per tant, d’entrada, per a nosaltres això ja fa valorar que qualsevol iniciativa que aparegui en el terreny de mirem de donar millor consistència i capacitat de competitivitat al sector val la pena estudiar-la. Després, hi ha un escenari, que és molt evident, s’ha explicat, ho han dit altres ponents que han vingut aquí. Hi ha una incapacitat total i absoluta dels pagesos i ramaders per gestionar la comercialització del producte en un entorn tan variable i tan globalitzat. És a dir, al final, amb les assegurances actuals, pots estar intentant defensar una part de la teva collita, si no l’has perdut amb una pedregada o una maltempsada, i després resulta que aquella collita resulta que no té preu, perquè hi ha hagut una collita superbona a no sé quin lloc del món, o perquè ha passat el d’Ucraïna o perquè ha passat allò de no sé què. No hi ha control sobre els costos de producció, no hi ha control sobre el preu del producte. I això és una greu amenaça, perquè, de tots aquells factors que hem dit que són un greu problema per a la sostenibilitat de l’activitat, el principal és que la gent es guanyi la vida. Si els joves veuen expectatives de guanyar-se la vida, hi haurà més incorporació. Si no, no. El sistema actual d’assegurances agràries, a més a més, no resol aquesta sostenibilitat econòmica de les explotacions. I posaré algun exemple que complementi alguns dels exemples que s’han posat fins ara. Per exemple, les malalties com el míldiu de la vinya, molts grups parlamentaris hem fet propostes i hem defensat aquí, en aquesta cambra, i a la comissió, i s’ha aprovat que s’inclogui el sistema d’assegurances. Saben la resposta de què ha passat amb això? Evidentment, no s’ha fet res. La manera d’avaluar els danys, cada vegada que hi ha això, una pedregada, una gelada, no és precisa, no és exacta, i de vegades es basa en uns supòsits que no són del tot reals. El cost de l’assegurança sovint no és competitiu, sovint és car, massa car, i les condicions de la mateixa assegurança la fan poc atractiva. Saben vostès quin percentatge d’assegurança agrària s’està fent en aquest moment amb olivera i amb ametlla? El 10 %. El 90 % dels productors d’olivera i d’ametlla tenen un producte d’assegurança agrària i no el contracten, perquè no és competitiu, perquè és massa car i perquè està ple de requeriments. Sí, sí, el 90 % no el fan anar. I ara els posaré un altre exemple. El meu territori és molt de la fruita i la Teresa segur que ho sap això. Un pagès que fa fruita, si vol assegurar la seva collita de fruita, pot tenir un topall. Per exemple, li imposen un topall que tu pots assegurar un màxim de 18 000 quilos per hectàrea. Dius: «No, no, escolti’m, jo quan tinc un bon any i amb la finca que tinc, amb els arbres que tinc i amb la manera de cultivar, jo puc arribar a tenir 30 000 quilos de collita. Doncs jo vull assegurar 30 000 quilos. Val més? Ja pagaré més. Què val? Jo pagaré la quota». Com si vostè té un cotxe i el vol posar a tot risc. Doncs miri, els pagesos no el poden posar a tot risc el cotxe. Li diuen que no, no, que això màxim, el topall és aquest. I, a més a més, en segons quins casos agafen les produccions d’anys anteriors, que potser hi ha hagut sequeres, que potser hi ha hagut ventades, i limiten, obstaculitzen la possibilitat que el pagès, pagant la seva quota, pugui assegurar la collita. L’actual sistema, per tant, no genera confiança. Aquesta iniciativa, la possibilitat de garantir les rendes, o assegurar els riscos i les rendes, ens sembla que és un terreny que cal explorar. Naturalment que sí. I una de les coses millors de la iniciativa és que es creï un grup de treball. Catalunya, particularment, té una economia agrària molt exportadora, està molt sotmesa a tot el sector que és exportador, a tota aquesta variabilitat que hem dit de tota aquesta globalització. Per tant, nosaltres pensem que és una iniciativa que té sentit, que en el contingut hi haurà propostes i hi haurà millores i tothom dirà la seva, estupendo. Però comencem a recórrer perquè, a més, com s’ha dit, la PAC, la política europea, permet que es recorri aquest camí. Per tant, aquesta és la posició del nostre Grup. Gràcies. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, hoy nos traen esta propuesta para que se debata y para que se tome en consideración un documento en relación con la posibilidad de establecer seguros agrarios a la estabilización de la renta. Me gustaría hacer una primera consideración previa, que es la siguiente: esta propuesta y otras parecidas de otros grupos de esta Cámara lo que demuestran es que tenemos un Ministerio de Agricultura y un Gobierno, en relación con políticas agrarias, que están paralizados. Vamos a ver, alguien que me explique cuántas iniciativas han traído el Gobierno o los partidos del Gobierno durante este mandato en el sentido de hacer propuestas para mejorar, para rehacer, para perfeccionar o para explorar nuevos caminos para ayudar al sector agrario. Prácticamente ninguna, una ley. . Un Gobierno que no propone leyes, una en todo el mandato. Un Gobierno que no propone iniciativas. Un Gobierno que no comparece. Hemos pedido la comparecencia por Mercosur, que es una amenaza grave para los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, y otros grupos también han pedido esta comparecencia, pero aquí no hay ninguna perspectiva de que vayan a comparecer. La mayoría de las iniciativas en relación con este ámbito ―y no solo del PP, sino también de otros grupos de la Cámara― han venido de los grupos parlamentarios. Segunda cuestión. ¿Y por qué pongo aquí el acento? Porque el sector se encuentra en una situación crítica. ¿Qué está haciendo el Gobierno en el ámbito de las políticas agrarias?, ¿ganar tiempo?, ¿dar una patada hacia adelante al balón? Es decir, adelantar el balón. Es un sector que está envejecido, y nadie cuestiona esto, con una media de edad alta. Es un sector en el que se cierran las pequeñas y medianas explotaciones, que son aquellas que están en las zonas menos pobladas, en las zonas que se despueblan, que, por tanto, son los territorios donde esta actividad agraria y ganadera aportan un valor de gestión del territorio y de evitar incendios. Hay poco relevo de jóvenes, hay pocos jóvenes que se incorporen. Carencia de rentabilidad y precios justos. Y aquí entramos al quid de la cuestión: venimos de una de las mejores campañas de cereales de los últimos años y los cereales se están vendiendo a pérdidas, se están vendiendo sin beneficios. El otro día estuve en la Feria de San Josep de Mollerussa y una vez más pude hablar con los campesinos. A quien le va mejor está ganando 50 euros por hectárea. 50 euros por hectárea quiere decir que, si se te rompen la empacadora o el tractor, has perdido ya todo el beneficio que tenías previsto. Es decir, al que le va mejor gana 50 euros por hectárea. Por tanto, es imprescindible tomar medidas, hay que explorar nuevas vías, hay que tomar decisiones, y este Gobierno no lo hace. No hay tiempo que perder ni esperar, hay que tomar decisiones ya. Por tanto, de entrada, a nosotros nos hace valorar que cualquier iniciativa que aparezca en el terreno de una mejor capacidad de consistencia y competitividad para el sector hay que estudiarla. Después hay un escenario que es muy evidente, ya se ha explicado y lo han dicho otros ponentes aquí: hay una incapacidad total de los agricultores y ganaderos para gestionar la comercialización del producto en un entorno tan variable y tan globalizado. Es decir, al final, con los seguros actuales, puedes tratar de defender una parte de tu cultivo, si no lo has perdido en una pedrada, pero no tiene precio porque ha habido algo en otra parte del mundo o por lo de Ucrania… No hay control sobre los costes de producción o sobre el precio del producto, y esto realmente es una amenaza muy grave, porque de todos estos factores que constituyen un gran problema para la sostenibilidad de la actividad, el principal es que la gente se gane la vida. Si los jóvenes ven expectativas de ganarse la vida, habrá más incorporación al sector; si no, no. El sistema actual de seguros agrarios no resuelve esta sostenibilidad económica de las explotaciones. Daré algún ejemplo: las enfermedades como el mildiu de la viña, que muchos grupos parlamentarios han defendido en esta Cámara y en la comisión, y se ha aprobado que se incluya en el sistema de seguros, ¿pero saben la respuesta de qué ha pasado con esto? Evidentemente, no se ha hecho nada. La manera de englobar los daños cada vez que hay una pedregada o una helada no es precisa, no es exacta, y se suele basar en unos supuestos que no son del todo reales. El coste de los seguros no suele ser competitivo, sino que suele ser caro, muy caro, y las condiciones del seguro lo hacen poco atractivo. ¿Saben ustedes qué porcentaje de seguros agrarios se está haciendo en este momento a los almendros y los olivos? El 10 %; el 90 % de los productores de olivo y almendro tienen un producto de seguros agrarios y no lo contratan porque no es competitivo, porque es muy caro y porque está lleno de requisitos. Sí, el 90 % no lo contratan. Mi territorio es mucho de la fruta, y Teresa seguro que lo conoce. A un agricultor que cultiva fruta, si quiere asegurar su cultivo, le pueden poner un límite de que puede garantizar un máximo de 18 000 kilos por hectárea. Y dice: No, no, cuando tengo un buen año y con la finca que tengo, con los árboles que tengo y con este cultivo puedo llegar a tener 30 000 kilos de cultivo. Asegurar 30 000 kilos vale muchísimo, pero bueno. ¿Qué vale? Yo pagaré la cuota. Como si usted tiene un coche y lo quiere poner a todo riesgo, muy bien, pero los agricultores no pueden hacer esto, porque les dicen que no, que este es el límite. Y, además, en según qué casos, cogen las producciones de años anteriores, que tal vez ha habido sequías o vientos fuertes, y limitan u obstaculizan que el agricultor, pagando su cuota, pueda asegurar este cultivo. El actual sistema no genera confianza. De esta iniciativa, la posibilidad de garantizar las rentas o de asegurar los riesgos nos parece que es un terreno que hay que explorar. De hecho, una de las mejores cosas de esta iniciativa es crear grupos de trabajo. Cataluña, particularmente, tiene una economía agraria muy exportadora y muy sometida a toda esta variabilidad que mencionaba, a esta globalización. Pensamos que es una iniciativa que tiene sentido. En el contenido habrá propuestas y mejoras y cada uno dirá lo suyo ―estupendo―, pero empecemos a recorrer este camino porque la PAC nos permite recorrer estos caminos. Por tanto, esta es la posición de nuestro grupo. Muchas gracias.

Teresa Jordà i Roura ERC

Bé, molt bona tarda a totes i a tots, diputades, diputats, presidenta. Deixi’m que comenci amb una màxima que crec que és molt important i que defineix perfectament la discussió d’avui aquesta tarda. Si l’Estat, si aquest Estat, si un Estat, en definitiva, si l’Estat no garanteix unes assegurances agràries que funcionin, no està fallant una política sectorial concreta, no només està fallant el Ministeri d’Agricultura si parlem d’aquest Estat. És justament aquest Estat que està fallant, sens dubte, al país que diu voler alimentar. I aquesta és la qüestió. I això és el que està passant. I això sí, és un despropòsit. Avui debatem una proposició de llei que deixin-m’ho dir, arriba tard, arriba molt tard i arriba malament. I arriba, a més, de la mà d’aquells que, quan han governat, perquè ho han fet, ho han fet molts anys, doncs no han fet res o no han estat capaços de resoldre tampoc aquest problema. Perquè sí, senyories del Partit Popular, avui sembla que vostès descobreixin la sopa d’all. Sembla que avui descobreixin els ingressos agraris. Sembla que avui descobreixin la volatilitat del sector. Sembla que avui descobreixin la fragilitat del propi sector. Però, malauradament, la pagesia fa massa temps que està patint, molt. I vostès, quan van tenir l’oportunitat, tampoc van fer res, no van fer cap canvi, sobretot cap canvi de veritat que toqués el moll de l’os, cap canvi estructural. I siguem clars, no és només una deixadesa del Partit Popular. Ara em vaig mirant el senyor Gallardo, que segur que no és tot culpa seva, ni del seu partit, perquè evidentment aquí hi ha un fracàs dels governs del Partit Socialista. Uns governs que no quan n’han tingut l’oportunitat, o sí quan han tingut l’oportunitat, el que han fet és mantenir un sistema que no respon a la realitat actual de la pagesia i de la ramaderia. Per tant, entre uns i altres, menys lliçons des d’aquest faristol. Perquè mirin, la realitat avui és tossuda. Entre altres coses, sí, el senyor Gallardo n’ha parlat, un tema d’augment de costos. Però senyor Gallardo, vostè no m’ha parlat d’una altra realitat flagrant, que és el canvi climàtic. No me n’ha parlat. No me n’ha parlat. A Catalunya això ho sabem prou bé. Mirin, en els últims anys, una sequera persistent que ha posat al límit desenes, desenes i centenars i centenars d’explotacions agràries. Unes reserves hídriques sota mínims durant molts i molts mesos. Collites perdudes o collites reduïdes de manera dramàtica, de manera dràstica. Pagesos que no saben si podran continuar l’any vinent. I això no són dades, diputades i diputats, això són vides. I sí, davant d’aquesta realitat, davant d’aquesta situació, el sistema d’assegurances de l’Estat no està funcionant com ho hauria de fer. I això ho hem de dir, ens ho hem de dir, i ho sap tothom, ho sap tothom. I no em serveix l’excusa que a vegades em fa servir el ministre, quan he parlat d’aquest tema concretament: hi ha molts Estats que no en tenen d’assegurança agrària. Bé, escolti’m, si es té una assegurança agrària, és per aquesta assegurança agrària ha de funcionar, perquè, si no, és encara pitjor que no tenir-ne. Així de clar. I a més a més, deixin-m’ho dir, apareixen noves afectacions, perquè estem en canvi climàtic, i on abans plovia poc, ara plou molt i amb més intensitat. I què es troben massa pagesos? Doncs miri, n’ha parlat el senyor Gavin, ha parlat del míldiu, el míldiu que afecta, com bé saben, la vinya. Hi ha territoris de l’Estat espanyol on sí que té una cobertura per l’assegurança. I resulta que al meu país no. I no l’hem patit avui, el míldiu, el vam patir l’any 2018. Això no s’entén. No té cap mena de sentit. Davant d’això, hi ha dificultats de cobertura, hi ha dificultats de reconeixement de dany i massa incertesa sobre el que queda protegit i el que no. On no hi ha incertesa és a l’hora de pagar el pagès, aquí sí que no hi ha incertesa, però a l’hora de fer la valoració dels danys, atenció, perquè llavors resulta que hi ha molta lletra petita que a vegades ni tan sols està escrita. I això, senyories, en un context, repeteixo, de canvi climàtic i d’augment de riscos, doncs és inacceptable. I és molt greu i molt preocupant, perquè, de fet, no descobreixo res si dic que les assegurances haurien de ser una xarxa de seguretat per al sector primari. I avui el que són és una xarxa foradada, una xarxa plena de forats enormes. Parlem clar i tothom ho sap. No hi ha ningú en aquest hemicicle que pugui dir el contrari. Primes escandalosament elevades, cobertures clarament insuficients, indemnitzacions que no arriben i, si arriben, arriben tard, i un sistema que, a la pràctica, expulsa directament, a més a més, la petita i mitjana pagesia, que aquesta és un altre tema també, aquest és un altre tema. I això és el que tenim. I per això, des d’Esquerra Republicana diem que les assegurances agràries són encara avui una assignatura pendent. Cal dir també, senyories del Partit Popular, que la seva proposició de llei apunta una idea que pot ser útil, que pot ser útil, que és el fet d’incorporar la cobertura d’ingressos i rendes. El problema no és només el que diu aquesta PL, el problema és si això serà útil o serà un altre titular, és a dir, que és un tema, entenc, bo, necessari i que s’ha de treballar. Perquè sense recursos, sense reformes profundes, sense valentia política, això, evidentment, no canvia res. I aquí de moment han fallat uns i altres, perquè això és evident. Perquè tots vostès des de fa molts anys, de manera alternada, gestionen el sistema i no han fet res, ni tan sols adaptar-lo a la realitat del canvi climàtic que vivim. Penso que avui és una oportunitat per posar-nos a treballar en un tema de vital importància. Jo els posaré un exemple molt ràpid, amb permís de la presidenta. Fa més d’un any, un pagès de Terres de Ponent que, evidentment, es dedica a la fruita dolça, que té moltes hectàrees de fruita dolça, va perdre una part molt important de la seva collita per una flagrant pedregada. Tenia assegurança, ho havia fet tot bé, havia pagat el que no està escrit. I què va passar? Doncs va passar que el peritatge no va reconèixer el dany real, va passar que la indemnització no cobria ni de lluny les pèrdues, i va passar que, entre tràmits i terminis, els pocs diners que va rebre els va rebre tard i malament. Resultat: pèrdues econòmiques greus i, evidentment, la sensació massa habitual que el sistema no respon. I 30 segons, presidenta, només per parlar de la llei de la cadena alimentària, que tampoc respon a la realitat, i que ni Partit Popular ni Partit Socialista han estat capaços de solucionar o d’acabar les deficiències que té aquesta llei des del primer dia. És més, uns ni van ser ni se’ls va esperar, i els altres tancada en un calaix, perquè Esquerra Republicana, com bé saben, en el seu dia, vàrem presentar propostes per modificar-la. I ja està, acabo. Diria moltes coses més, però vaig fora de temps. Mirin, només una cosa, el camp, els pagesos que fan allò de 24/7, estan 24 hores gairebé treballant a fora, a la intempèrie, de 7 dies a la setmana, no discuteixen sobre ideologia perquè tenen poc temps. El poc temps que els queda, si els queda alguna hora, fan papers, la burocràcia. Al camp cada dia es lluita per una altra cosa, que és per sobreviure, perquè al final no hi ha més sostenibilitat, no existeix cap sostenibilitat si no existeix l’econòmica, és a dir, que s’hi puguin guanyar la vida. I per això acabo com he començat. Si l’Estat no és capaç de garantir unes assegurances agràries que funcionin, no està fallant una política concreta, està fallant un Estat, aquell Estat que diu que alimenta la població amb la seva agricultura. Res més. Moltes gràcies. Muy buenas tardes a todas y a todos. Presidenta, diputados y diputadas, voy a empezar con una máxima que creo que es muy importante y que define perfectamente la discusión de esta tarde: si este Estado, si un Estado, en definitiva, no garantiza unos seguros agrarios que funcionen, no está fallando una política sectorial concreta, no solo está fallando el Ministerio de Agricultura ―si hablamos de este Estado―, es justamente este Estado el que está fallando, sin duda, al país al que quiere alimentar. Esta es la cuestión. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo y esto sí es un despropósito. Estamos hablando de una proposición de ley que llega tarde, déjemelo decir. Llega muy tarde y llega muy mal. Y llega, además, de la mano de aquellos que cuando han gobernado ―y lo han hecho muchos años― no han hecho nada o tampoco han sido capaces de resolver este problema. Señorías del Grupo Popular, hoy parece que ustedes descubren la sopa de ajo, que descubren los ingresos agrarios, la volatilidad o la fragilidad del propio sector, pero los agricultores hace demasiado tiempo que sufren mucho y ustedes, cuando tuvieron la oportunidad, tampoco hicieron nada. Tampoco hicieron ningún cambio, sobre todo ningún cambio de verdad, de calado, estructural. Seamos claros, no se trata de una dejadez del Partido Popular ―ahora miro al señor Gallardo―, seguro que no es todo culpa suya ni de su partido. Evidentemente, aquí hay un fracaso de los Gobiernos del Partido Socialista. Unos Gobiernos que, cuando han tenido la oportunidad, lo que han hecho ha sido mantener un sistema que no responde a la realidad actual de los agricultores y de los ganaderos. A unos y a otros les digo: menos lecciones desde el atril, porque la verdad hoy es tozuda. Entre otras cosas, el señor Gallardo ha hablado de aumento de costes. Sí, señor Gallardo, pero usted no ha hablado de otra realidad flagrante, que es el cambio climático. . No ha hablado nada de esto, para nada. En Cataluña esto lo sabemos muy bien. En los últimos años, una sequía persistente ha puesto al límite a centenares y centenares de explotaciones agrarias, con unas reservas hídricas por debajo de mínimos durante muchos muchos meses, cultivos perdidos o reducidos de forma drástica y agricultores que no saben si van a poder continuar el año siguiente. Esto no son datos, diputadas y diputados, esto son vidas. Y ante esta realidad y esta situación, el sistema de seguros del Estado no está funcionando como debería. Esto hay que decirlo y lo sabe todo el mundo, y no me sirve la excusa que a veces utiliza el ministro cuando hablamos de este tema concretamente: hay muchos Estados que no tienen estos seguros agrarios. Si se tiene un seguro agrario, tiene que funcionar, porque, si no, es peor que no tener nada. Así de claro. Además, déjenme decirlo, aparecen nuevas afectaciones, porque estamos bajo un cambio climático por el que donde llovía poco, ahora llueve mucho y con mucha intensidad. Hablábamos antes del mildiu. Como ustedes saben, el mildiu afecta a la viña. Hay territorios en el Estado español donde hay cobertura del seguro para esto, pero en mi país resulta que no. Y no es algo que suframos hoy, el mildiu lo llevamos sufriendo desde el año 2018. Esto no tiene sentido. Por tanto, hay dificultades de cobertura, de reconocimiento de daños y demasiada incertidumbre sobre qué hay que proteger y qué no. No hay incertidumbre a la hora de pagar al agricultor, pero a la hora de hacer la valoración de los daños, atención, porque parece que hay mucha letra pequeña que muchas veces ni está escrita. Señorías, en este contexto de cambio climático y de aumento de riesgos esto es inaceptable. Es muy grave y preocupante. De hecho, no descubro nada si digo que los seguros deberían ser una red de seguridad para el sector primario y hoy son, fundamentalmente, una red con agujeros enormes. Hablemos claro ―y todos lo sabemos, no hay nadie en este hemiciclo que pueda decir lo contrario―: primas escandalosamente elevadas; coberturas claramente insuficientes; indemnizaciones que no llegan y que, si llegan, llegan tarde, y un sistema que, en la práctica, expulsa directamente, además, a la pequeña y mediana empresa de agricultores ―este es otro tema―. Y esto es lo que hay. Por eso, Esquerra Republicana decimos que los seguros agrarios son todavía hoy una asignatura pendiente. Hay que decir, además, señorías del Grupo Popular, que su proposición de ley apunta una idea que puede ser útil: incorporar la cobertura de ingresos y de rentas. El problema no es únicamente el que se menciona en esta PL, el problema es si esto va a ser útil o va a ser simplemente otro titular. Es decir, entendemos que es bueno y necesario, pero hay que trabajarlo, porque sin recursos, sin reformas profundas y sin valor político esto evidentemente no va a cambiar nada. Aquí parece que han fallado unos y otros ―esto es evidente―, porque todos ustedes, desde hace muchísimos años, de manera alterna gestionan el sistema y no han hecho nada, ni aceptar el cambio climático. Pienso que hoy es una oportunidad para ponernos a trabajar en un tema de vital importancia. Les voy a dar un ejemplo muy rápido ―con permiso de la presidenta―. Hace más de un año, un agricultor de Tierras de Poniente con muchas hectáreas y que trabaja la fruta dulce perdió una parte importante de su cultivo por una pedregada. Tenía seguro, lo había hecho todo bien, había pagado lo que no está escrito y ¿qué ocurrió? Que el peritaje no reconoció el daño real, la indemnización no cubría ni de lejos las pérdidas y, entre trámites, límites y plazos, el poco dinero que recibió lo recibió tarde y mal. Resultado: pérdidas económicas graves y, evidentemente, la sensación demasiado habitual de que el sistema no responde. Treinta segundos, presidenta, para hablar de la ley de la cadena alimentaria, que tampoco responde a la realidad y que ni Partido Popular ni Partido Socialista han sido capaces de solucionar ni de acabar con las deficiencias que tiene esta ley desde el primer día. Además, unos ni estuvieron ni se les esperaba, y los otros lo dejaron dentro de un cajón, porque Esquerra Republicana presentó propuestas para modificarla en su día. Ya está, termino, diría muchas cosas más, pero ya estoy fuera de tiempo. Miren, solo una cosa: el campo, los agricultores y los campesinos trabajan 24/7, veinticuatro horas trabajando a la intemperie, siete días a la semana, pero no discuten sobre ideología, porque tienen poco tiempo y si les queda algo de tiempo rellenan papeles, burocracia. En el campo se lucha por sobrevivir, porque al final no hay sostenibilidad si no existe la económica, que se puedan ganar la vida. Por eso, termino como he empezado: si el Estado no es capaz de garantizar unos seguros que funcionen, no falla una política en concreto, está fallando un Estado, ese Estado que dice que alimenta a su población con su agricultura. Muchísimas gracias. .

Txema Guijarro García SUMAR

Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes a todas y a todos. Señor Gallardo, buenas tardes. Hay iniciativas legislativas que más que proponer una transformación del orden existente parecen aspirar a un desmontaje total del mismo. La proposición de ley del Grupo Popular sobre seguros agrarios se inscribe en esta categoría, una norma que invoca la modernización, la sostenibilidad y la protección del campo, pero que, al ser examinada con detenimiento, revela una comprensión limitada, cuando no complaciente, de los problemas estructurales que dice abordar. El núcleo de la propuesta ―como ya se ha explicado― consiste en incorporar al sistema de seguros agrarios la cobertura de ingresos y rentas, ampliando así el perímetro clásico de protección frente a riesgos naturales a la volatilidad de los mercados, como ya se ha explicado. La premisa es, en apariencia, irreprochable: los agricultores no solo sufren sequías o heladas, sino también caídas de precios, perturbaciones en la demanda y tensiones en la cadena de valor. Ahora bien, el salto conceptual que la proposición pretende dar, de la protección frente a contingencias naturales a la cobertura por dinámicas de mercado, no es una mera ampliación técnica, sino una mutación profunda del sentido mismo del seguro. Conviene recordar, aunque la proposición lo haga de una forma parcial y selectiva, que el sistema vigente no es un vestigio inerte, sino una arquitectura compleja que ha ido evolucionando, adaptándose cabalmente a una realidad cada vez más compleja y que ha demostrado eficacia incluso en contextos de elevada siniestralidad. No quiere esto decir, señor Gallardo ―y esto se lo reconozco―, que el sistema no sea mejorable, desde luego. Desde algunas organizaciones agrarias, como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, nos llegan serias críticas al mismo, en tanto que no es ajeno a determinadas disfuncionalidades y que ―argumentan― aún no cuenta con la agilidad que los crecientes fenómenos asociados al cambio climático requieren. Usted ha hablado sobre este asunto. La señora Jordà le reprochaba no haber mencionado el tema, pero usted claramente lo ha mencionado. El problema es que su partido me temo que no le acompaña a usted en esto. Pero, usted, desde luego, sí creo que es consciente de lo mismo. La pregunta, por tanto, no es si los ingresos agrarios deben estabilizarse o no, cuestión sobre la que difícilmente cabe disentir, sino mediante qué instrumentos o con qué efectos distributivos. Y es aquí donde la propuesta revela su flanco más débil; al pretender asegurar la volatilidad de los ingresos se incurre en una suerte de fetichismo asegurador ―si se me permite la expresión―, como si todo riesgo económico pudiera y debiera traducirse a una póliza. Sin embargo, los ingresos agrarios no son únicamente el resultado de variables exógenas, sino también de estructuras de mercado profundamente asimétricas, como ya se ha denunciado, por cierto. La formación de precios en origen, la concentración de la distribución o la dependencia de insumos globales no son fenómenos asegurables, sino que son problemas políticos, señorías; convertirlos en objeto de cobertura equivale, en cierto modo, a naturalizarlos. Por ello, resulta difícil no advertir en esta operación una cómoda traslación de responsabilidades, del ámbito de la regulación económica al de la gestión del riesgo individual. Allí donde cabría esperar medidas de fortalecimiento del poder negociador de los productores, de regulación de la cadena alimentaria o de intervención pública en los mercados, se propone, en cambio, una sofisticación del seguro. Es decir, se pretende proteger al agricultor frente a los efectos de un sistema que permanece intacto. A ello se suma una cuestión no menor: la viabilidad material del propio modelo que están ustedes proponiendo. La ausencia de datos homogéneos sobre rentas, costes y precios, así como la propia estructura fiscal del sector, dificultan enormemente la construcción de un sistema actuarial, como el que ustedes están proponiendo. Resulta llamativo, además, el hecho de que su iniciativa exigiría la creación de nuevas instituciones, como un observatorio de la evaluación de precios agrarios, además de la recolección y sofisticación de una información estadística que, hoy por hoy, ya se le hace bastante pesada al agricultor medio de este país. Señor Gallardo, usted quiere Estado, usted quiere más Estado, y yo también, pero nuevamente le digo que me temo que su partido no le acompaña. Su partido quiere adelgazar al Estado y precisamente por eso le digo que no me parece una propuesta coherente con la línea que maneja su partido. Pero incluso si tales obstáculos fueran salvables, persistiría la duda esencial: ¿Qué tipo de agricultura se estaría incentivando? Un seguro de ingresos mal diseñado puede terminar favoreciendo a las explotaciones más grandes y capitalizadas, y reforzar así ciertas dinámicas de concentración que hoy ya son bastante preocupantes. Me temo que esta iniciativa no hace sino ahondar en estos riesgos; pero, bueno, quizá es eso lo que ustedes pretenden. En este sentido, nadie les podrá reprochar que no saben ustedes a favor de quién legislan: a favor de los suyos, de las grandes explotaciones agrarias y ganaderas y en contra de las medianas y de las pequeñas. En definitiva, la proposición ofrece una solución técnicamente ambiciosa para un problema políticamente mal diagnosticado. Bajo la apariencia de innovación late una cierta renuncia, la de intervenir en las causas estructurales de la inestabilidad agraria. Y así, con la mejor de las intenciones declaradas, se corre el riesgo de convertir el seguro en lo que nunca debió ser, es decir, no un instrumento de protección frente a lo imprevisible, sino un imposible sustituto de la política. Muy probablemente vamos a vivir en breve la ejemplificación drástica de este argumento, a propósito de la guerra imperialista desatada por los Estados Unidos e Israel contra Irán. Dado que un tercio del comercio de fertilizantes a nivel global pasa por el estrecho de Ormuz, es obvio que se avecina un serio problema de insumos agrícolas en todo el mundo; problema para el que habrá que buscar soluciones políticas en el marco europeo y en un contexto multilateral. Porque ningún sistema de seguros agrario de ningún tipo, señor Gallardo ―seguramente usted coincidirá conmigo en esto―, puede gestionar una crisis geopolítica como la que se está forjando en estos momentos. Y, eso, ustedes lo saben también en su partido. Muchas gracias. .

Ricardo Chamorro Delmo VOX

Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos una proposición de ley que pretende actualizar una norma de 1978, es decir, de hace casi cincuenta años. De lo primero que hay que hablar es de cuáles son las políticas agrarias que se han llevado a cabo en España, por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, en estos más de cuarenta años. Porque durante décadas ustedes han reformado la política agraria común; han aprobado acuerdos de libre comercio, como el de Marruecos o el de Sudáfrica, que ha acabado con miles y miles de hectáreas de producción, y han asumido un modelo que ha ido debilitando poco a poco la rentabilidad de nuestras explotaciones agrarias. La volatilidad de los precios que se pretenden asegurar en esta iniciativa es culpa del sistema que han montado ustedes durante estos cuarenta años. Este Gobierno socialista, incluso, hace anuncios millonarios de ayudas por las borrascas en Andalucía que no saben ni si podrán ejecutar en los términos en las que las han prometido, engañando, una vez más, a los agricultores con anuncios absolutamente falsarios. El Grupo Popular, en este caso, viene a reconocer ―por fin― con esta propuesta que el problema del campo es económico, político y regulatorio. Menos mal que no vienen aquí a hablar de emisiones de CO 2, de las vacas y cuestiones de ese tipo. . Hoy sabemos, además, que ayer en Bruselas se anunció la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur para el próximo 1 de mayo, un mecanismo para evitar el control democrático de los parlamentos nacionales, sin esperar, además, a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene que emitir un dictamen, tal y como solicitó la mayoría del Parlamento Europeo con el impulso de VOX. Son ustedes ―y lo vamos a decir con todas las palabras― unos canallas en materia agraria. . Los populares y los socialistas, en Europa y en España, son unos traidores al campo y a la soberanía que representa este Parlamento, y van a arruinar a miles de familias agrícolas por el impacto de este acuerdo y por la competencia desleal estructural que están fomentando. Son traidores también al campo andaluz; usted es diputado nacional por Cádiz, y también es un traidor el señor Moreno Bonilla. Por eso, señorías, lo que hoy debatimos no es solo una ley de seguros; es una contradicción política de primer nivel. Señorías del Grupo Popular, la pregunta es muy clara y hoy ya no pueden evitarla: ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Quieren ser el partido que se una a VOX en la defensa del campo español o quieren ser el partido de Mercosur que abre nuestras fronteras a productos con menores exigencias y menores costes que arruinan al sector? . ¿Quiere ser el partido que acabe con el Pacto Verde, con la burocracia climática, con las imposiciones ideológicas que encarecen la producción o quieren seguir siendo corresponsables con los socialistas en ese modelo? ¿Quieren defender la política agraria común, quieren defender su presupuesto en contra de esos recortes que han planteado ―ese 33 % de recorte del presupuesto―, sus principios fundacionales ―la unidad de mercado, fronteras fuertes, la solidaridad financiera, la preferencia comunitaria― o van a seguir aceptando su desmantelamiento silencioso con los socialistas, como llevan haciendo durante cuarenta años? ¿Quieren defender al sector hortofrutícola español frente a Marruecos o Sudáfrica para no arruinar a las producciones de Andalucía o seguirán avalando esos acuerdos de libre comercio que lo debilitan? Señorías, aquí está la verdad incómoda. No se puede decir que se defiende el campo mientras son ustedes aliados de Teresa Ribera y de Pedro Sánchez en Bruselas , porque Pedro Sánchez, señores, es el líder de la Internacional Socialista. Rompan ustedes el acuerdo que tienen con los socialistas en Bruselas y seguidamente verán cómo caerá Pedro Sánchez y su Gobierno. Es muy sencillo, es muy fácil. Tienen también la oportunidad de consolidar la alternativa pactando en tres regiones con el partido político VOX. No se puede venir aquí a hablar de seguros, de protección y de estabilidad, mientras se apoyan marcos políticos que disparan los costes, hunden los precios y destruyen la capacidad productiva nacional del sector agrario. . Hoy traen una ley para asegurar la volatilidad de los precios. Esa volatilidad no cae del cielo, señores del Grupo Popular, se provoca con acuerdos comerciales desleales ―como les he señalado anteriormente― que firman ustedes en Bruselas, con dependencia energética por su Pacto Verde y su Acuerdo de París y todas estas normativas ecofanáticas que hacen muy poco competitiva nuestra energía en el marco de la Unión Europea, con políticas que encarecen costes y hunden precios que aprueban ustedes. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿vamos a asegurar las pérdidas o vamos a evitar que se produzcan? El campo necesita condiciones para prosperar y, por lo tanto, no podemos mantener esta propuesta de que vamos a asegurar todo de un sistema que crean ustedes, que no es un ecosistema favorable a las rentabilidades de explotaciones agrarias. No vamos a bloquear esta iniciativa, vamos a votar a favor, pero, señorías del Grupo Popular, tienen ustedes que decidir de una puñetera vez, porque lo que está en juego no es una ley de seguros, es si España va a seguir teniendo un campo con vida futura y rentabilidad o va a depender del exterior para alimentarse y si los españoles vamos a depender de fuera. La rentabilidad y la sostenibilidad no es solo una cuestión de seguros, es una cuestión de soberanía alimentaria, autonomía estratégica alimentaria y de compromiso y voluntad política de verdad. Muchas gracias. .

María Carmen Sánchez Díaz PSOE

Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, decía Séneca que cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cautos. Pues bien, estamos en todo el medio ―el campo lo sabe, los agricultores lo pisan cada día―, con un cambio climático que produce sequías, incendios e inundaciones, y con unos costes de producción disparados con la compleja situación internacional. Mientras que el campo necesita certezas, la propuesta que el Grupo Popular trae a debate ―no vemos mal que se debatan las cosas― amenaza el equilibrio, la sostenibilidad financiera y la reconocida eficacia en la gestión del riesgo agrario. España tiene un sistema de seguros agrarios que funciona desde hace más de cuarenta y cinco años. Nació con la Ley 87/1978, la primera gran ley agraria de nuestra democracia, una ley pionera que, además, supuso el primer gran consenso de Estado tras la Constitución. Un sistema muy sencillo: si un agricultor o un ganadero tiene asegurada su cosecha, su producción, si hay una sequía cobra, si hay una inundación cobra. Algo sencillo que funciona, que se puede mejorar, y que es conocido por el resto de países como referente. El Grupo Popular hace lo de siempre, trae aquí cosas rompiendo el consenso y, sobre todo, sin trabajarlo. Propone un sistema de ingresos para asegurar la renta global de la explotación. Esto tiene problemas que hay que solucionar antes de debatirlo porque, primero, no es legal. La normativa europea no permite subvencionar ese tipo de seguros con fondos públicos, ya lo sabe usted. Segundo problema, su propuesta es más compleja. También hay que decir que es más injusta, porque no es lo mismo medir daños que calcular ingresos. Lo segundo exige estructura, datos, músculo administrativo. ¿Y quién tiene eso? Las grandes explotaciones, lo que la derecha defiende. ¿Y quién se queda afuera? Los pequeños y los medianos agricultores. Al final, ocurre lo que la derecha quiere que ocurra, el que más lo necesita, menos cobra. ¿Casualidad, no? Hasta su amigo, el señor Arias Cañete, nuestro paisano, que no es sospechoso precisamente de ser de izquierda, siempre ha defendido este sistema de seguros como un referente internacional. Hay que ponerlo en valor también, no criticarlo completamente como ha hecho usted. ¿Sabe que en los últimos seis años se ha incrementado el capital asegurado de las explotaciones un 25 %? Otro dato: en 2023, con una sequía histórica, el sistema pagó 1200 millones de euros en indemnizaciones. Esto no son números, son explotaciones que no cerraron, son familias que siguen adelante. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reforzado el sistema con un mayor presupuesto. Le doy el dato: 1364 millones en los últimos cuatro años. Esto supone un 55 % más que con el Partido Popular. . Además, no es solo reforzar los seguros, sino que tenemos un presidente de Gobierno que siempre está para apoyar y no dejar tirado a nadie, especialmente en cada crisis. Lo hemos visto con la guerra de Ucrania, con la dana, con las borrascas, con la guerra de Irán. El Consejo de Ministros no para de aprobar ayudas de las que llegan a la gente, de las que se cobran, a las que el PP vota en contra junto al señor Abascal. Porque también hay que recordarlo: nunca están en el lado correcto de la historia ni al lado de la ciudadanía cuando más necesita a sus políticos. Así que la pregunta es simple: ¿De verdad van a poner en riesgo un sistema de seguros agrarios combinado que funciona, que se puede mejorar, y que quieren sustituirlo por uno que no es legal y que, sobre todo, no hay consenso y no apoya a los pequeños? Esto va de sentido común, esto va de si un agricultor aguanta o desaparece. Además, le voy a hacer otra pregunta. Cuando el Gobierno de Aznar nos metió en una guerra ilegal ―sí, la guerra de Irak―, ¿dónde estaban las ayudas al campo? No estaban, ¿verdad? ¿Cómo ayudó el PP a los agricultores con la guerra de Irak? No les ayudaron. Esa es su realidad y esa es la gran diferencia y la suerte que tiene España de contar con un presidente como Pedro Sánchez que dice no a la guerra. . De contar con un presidente y una vicepresidenta, María Jesús Montero, que actúan con medidas para proteger a la ciudadanía frente a la inestabilidad internacional. Cuando las decisiones internacionales afectan directamente a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, no basta con ponerse las botas de agua y hacerse la foto, como hace el señor Moreno Bonilla; hay que defenderlo, dar la cara y actuar con firmeza. Mire, yo no he escuchado una posición clara del señor Moreno Bonilla ante medidas que han perjudicado tanto al campo andaluz como son los aranceles de Trump o la guerra de Irán. ¿Ustedes lo han escuchado? Yo no. Tampoco he escuchado al señor Moreno Bonilla ―que se paseó por mi tierra, por Jerez, con las botas de agua puestas, con el comisario europeo― decirle que, por favor, no recortara el presupuesto de la PAC. Esto sí que hace daño al campo andaluz. . Eso no es un detalle menor para las andaluzas y los andaluces. El silencio, el no hacer nada cuando se está dañando a tu sector primario, a la gente que te da de comer, cuando daña a tu gente, eso no es neutralidad. Es que al señor Bonilla no le da la gana defender a los andaluces y a las andaluzas frente a una guerra ilegal, frente a Trump y frente al comisario europeo del Partido Popular, que no quiere más que recortes para la agricultura. Por eso, compañeras y compañeros, es muy importante que haya una fecha para decidir y los andaluces ya la tenemos: el 17 de mayo. Ese día los andaluces podremos votar un cambio, porque lo que está en juego es la defensa de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra pesca. Es poder vivir y no morir en el intento porque no te hacen una mamografía a tiempo. Es poder obtener una plaza en la universidad pública. Es que los jóvenes tengan oportunidades y puedan acceder a una vivienda. Es que tu padre pueda disfrutar de una asistencia a la dependencia sin esperar eternamente. . Es que nadie se quede atrás. Y les voy a decir una cosa: los agricultores andaluces todavía no saben qué les va a llegar con el señor Moreno Bonilla. Solo saben que las infraestructuras hidráulicas, esas que tenía que pagar con el presupuesto de la Junta, las vamos a pagar usted, yo y todos los compañeros andaluces que están aquí con la factura del agua. En vez de con el presupuesto, la pagan los ciudadanos andaluces. Así que, miren, cambiar no es un eslogan, es una decisión. Es la decisión que vamos a tomar los andaluces y las andaluzas haciendo presidenta a María Jesús Montero el próximo 17 de mayo. . Ya lo veréis. .

Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, presidenta. Alguns de vostès s’esforcen a intentar imposar un relat que els permeti seguir fent veure que estem davant del millor Govern de la història. Primer, utilitzant adjectius grandiloqüents: si parlem de l’economia espanyola, és la millor del món; si parlem de les seves polítiques, són les més ambicioses i transformadores mai vistes, i, si parlem del Govern, és el més progressista de la història. Segon, no aportant mai dades en els debats per fer els seus posicionaments. I tercer, repetint mil vegades afirmacions falses per intentar convertir-les en veritats: que les polítiques d’habitatge del Govern són ambicioses i d’una força sense precedents, que les polítiques fiscals del Govern són transformadores, ambicioses i més redistributives que mai, o bé que les polítiques en infraestructures representen una gegantina transformació en un temps rècord. I, finalment, vostès sempre hi sumen una xifra astronòmica de diners públics en propaganda institucional per reforçar el seu relat. I certament, això durant un temps funciona. Però la veritat sempre acaba aflorant. I la realitat és que, malgrat les dades macroeconòmiques, fins ara fins ara, poden haver estat bones, la gent, quan es tanca a casa i parla amb els seus de com els van les coses, de com va l’economia familiar, sovint són pessimistes i es mostren molt preocupats pel futur que s’acosta. Per exemple, vostès afirmen contínuament que no han apujat els impostos, i jo els proposo agafar, per exemple, l’IVA. L’any 2018, quan els socialistes arriben al Govern, van recaptar 70 000 milions d’euros d’IVA. Aquest any 2025, passaran dels 100 000 milions d’euros d’IVA recaptat, un 40 % més el 2025 que l’any 2018, 30 000 milions d’euros més aquest any, 30 000 milions d’euros més l’any, només pel que han recaptat d’IVA. Vostès ens diran que una part d’aquesta major recaptació és del creixement global de l’economia, i no els hi negaré, una petita part prové d’això, però la major part, una part molt important, prové, per exemple, de l’increment de l’IPC en aquest mateix període, un increment que ha estat del 25,5 % en els anys que vostès han governat. Per tant, vostès diuen una cosa i en fan una altra absolutament diferent. Mirem què passa, per tant, en el dia a dia de la gent. Quan compres qualsevol cosa, una part important del que pagues serà IVA per l’Estat i, si pugen els preus de les coses, més ingressarà l’Estat. I quan l’empresa et pagui la nòmina, a part de la nòmina, l’empresa pagarà a l’Estat uns 35 euros per cada 100 euros que tu cobris. I quan tu facis la declaració de renda amb el que has cobrat la nòmina, pagaràs un 15,4 % més d’IRPF perquè no l’han ajustat a la inflació. I si fas la declaració no com a treballador, sinó com a jubilat, en aquest cas serà un 30 % més del que pagaràs d’IRPF. I si compres un habitatge, pagaràs 10 000 euros d’IVA per cada 100 000 euros de compra. I si ets autònom i factures menys de 85 000 euros a l’any, l’Estat t’obligarà a facturar amb IVA, tot i que Europa et permet fer-ho sense. I si se’t moren els pares, doncs pagaràs un 21 % d’IVA dels serveis funeraris. I quan obris el testament pagaràs impostos de successions, per allò que els pares ja van pagar els seus impostos. I si t’has de vendre el que t’han deixat els pares perquè no pots pagar el que et toca d’impost de successions, llavors pagaràs IRPF pel guany patrimonial que hauràs tingut. Facis el que facis i quan ho facis, l’Estat sempre et cobrarà. Pagar impostos, però, en si mateix no està malament, no hauria de ser un problema, tot el contrari. El problema, però, està en el fet que els serveis públics que rebem no estan a l’alçada dels enormes impostos que paguem. El problema està en el fet que els sous no estan a l’alçada dels impostos que paguem. I el problema està en el fet que, en lloc de cuidar a qui aporta a l’estat del benestar, vostès, des del Govern, es dediquen a assenyalar-los i a criminalitzar-los cada vegada més. I tot això sense considerar que a Catalunya el cost de la vida és molt superior que a la resta de l’Estat i, per tant, el total que paguem dels impostos és més gran i el total del que rebem és proporcionalment més petit. Per això aquesta proposició no de llei, justament amb la moció que veurem després més tard per aportar mesures concretes i resolutives per resoldre les dificultats del dia a dia de la gent. Rebaixar, per exemple, l’IVA dels hidrocarburs, que gràcies a Junts ja s’ha incorporat en el Reial decret de mesures per pal·liar els efectes de la guerra d’Iran. Rebaixar també l’IVA de l’electricitat i el gas natural, que gràcies a Junts també s’ha incorporat en el Reial decret llei. Ajustar l’IRPF a la inflació, eliminar l’impost de successions, eliminar l’impost de donacions, mesures també per millorar el mercat de l’habitatge i mesures també per millorar els autònoms. Des de Junts proposem que els autònoms puguin decidir facturar sense IVA, si no superen els 85 000 euros anuals. De fet, Espanya és l’únic país de la Unió Europea que no aplica aquesta directiva, i per això no entendríem que vostès no votin a favor d’aquesta proposta de Junts per Catalunya. I finalment, també proposem que es consideri el cost real de la vida a Catalunya en el moment d’establir les pensions, el salari mínim interprofessional i l’ingrés mínim vital, per evitar així la pèrdua efectiva del poder adquisitiu a causa del major cost de la vida a Catalunya. En definitiva, els posem a votació tota una bateria de mesures concretes per ajudar a la gent i superar les dificultats actuals. Òbviament, una votació que servirà també per veure on se situa cadascú dels aquí presents: si al costat de la gent o al costat dels que diuen que tot va bé i es dediquen a aixecar cortines de fum perquè no es noti la realitat. Moltes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Algunos de ustedes han intentado imponer un relato que les permita hacer ver que estamos ante el mejor Gobierno de la historia. Primero, utilizando adjetivos grandilocuentes: si hablamos de la economía española, es la mejor del mundo; si hablamos de sus políticas, son las más ambiciosas y transformadoras nunca vistas, y si hablamos del Gobierno, es el más progresista de la historia. Segundo, no aportando nunca datos en los debates para hacer sus posicionamientos. Y tercero, repitiendo mil veces afirmaciones falsas para intentar convertirlas en verdades: que las políticas de vivienda del Gobierno son ambiciosas y de una fuerza sin precedentes; que las políticas fiscales del Gobierno son transformadoras, ambiciosas y más redistributivas que nunca, o que las políticas en infraestructuras representan una gigantesca transformación en tiempo récord. Finalmente, ustedes suman también una cifra astronómica de dinero público en propaganda institucional para reforzar el relato. Esto durante un tiempo ciertamente funciona, pero la verdad siempre acaba en la superficie. Y lo cierto es que, a pesar de los datos macroeconómicos, que pueden haber sido buenos, la gente cuando se cierra en su casa y habla con su gente de cómo va la economía familiar, a menudo son pesimistas y se muestran muy preocupados por el futuro que se acerca. Ustedes afirman continuamente que no han subido los impuestos. Y yo les propongo tomar, por ejemplo, el IVA. El año 2018, cuando los socialistas llegaron al Gobierno, recaudaron 70 000 millones de euros de IVA. El año 2025 pasará de los 100 000 millones de euros el IVA recaudado. Un 40 % más en el 2025 que en el año 2018; 30 000 millones de euros más este año. 30 000 millones de euros más al año solo en lo recaudado de IVA. Ustedes dirán que una parte de esta mayor recaudación es del crecimiento global de la economía y no lo voy a negar. Una pequeña parte proviene de eso, pero la mayor parte, una parte muy importante, procede, por ejemplo, del incremento del IPC en este mismo periodo; un aumento que ha sido del 25,5 % en los años en los que ustedes han gobernado. Por tanto, ustedes dicen una cosa y hacen otra completamente distinta. Vamos a ver qué sucede en el día a día de la gente. Cuando compras cualquier cosa, una parte importante de lo que pagas será IVA para el Estado y, si sube el precio de las cosas, pues más ingresará el Estado. Y cuando te paguen la nómina, aparte de esta, la empresa va a pagar al Estado unos 35 euros por cada 100 euros que tú cobres. Y cuando tú hagas la declaración de la renta, vas a pagar un 15,4 % más de IRPF porque no se ha ajustado a la inflación. Y si haces la declaración no como trabajador, sino como jubilado, entonces será un 30 % más lo que vas a pagar de IRPF. Y si compras una vivienda, vas a pagar 10 000 euros de IVA por cada 100 000 euros de compra. Y si eres autónomo y facturas menos de 35 000 euros al año, el Estado te va a obligar a facturar con IVA, aunque Europa te permite hacerlo sin él. Y si fallecen los padres, vas a pagar un 21 % de IVA en los servicios funerarios, y con el testamento, pagarás el impuesto sobre sucesiones ―por lo que los padres ya pagaron impuestos―. Y si tienes que vender lo que te dejan los padres porque no puedes pagar el impuesto sobre sucesiones, entonces vas a pagar IRPF por la ganancia patrimonial que hayas tenido. Hagas lo que hagas y cuando lo hagas, el Estado siempre te cobrará. Pagar impuestos como hecho en sí mismo no está mal. No debería ser un problema, al contrario. El problema, sin embargo, radica en que los servicios públicos que recibimos no están a la altura de los enormes impuestos que pagamos. El problema está en que los sueldos no están a la altura de los impuestos que pagamos. Y el problema está en que en lugar de cuidar a quien aporta al estado del bienestar, ustedes desde el Gobierno se dedican a señalarnos y criminalizarnos cada vez más. Todo esto sin considerar que en Cataluña el coste de la vida es muy superior al resto del Estado y, por lo tanto, el total de lo que pagamos de impuestos es mayor que el total de lo que recibimos, que es proporcionalmente más pequeño. Por esto hemos planteado esta proposición no de ley ―con la moción que vamos a ver también luego―, para aportar medidas concretas y resolutivas para resolver las dificultades del día a día de la gente. Rebajar, por ejemplo, el IVA de los hidrocarburos, que gracias a Junts ya se ha incorporado en el real decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. Rebajar el IVA de la electricidad y el gas natural, que gracias a Junts también se ha incorporado en el real decreto ley. Ajustar el IRPF a la inflación. Eliminar el impuesto sobre sucesiones. Eliminar el impuesto sobre donaciones. Medidas para mejorar el mercado de la vivienda. También medidas para mejorar la situación de los autónomos. En Junts proponemos que los autónomos puedan decidir facturar sin IVA si no superan los 85 000 euros anuales. De hecho, España es el único país de la Unión Europea que no aplica esta directiva y, por eso, no entenderíamos que ustedes no votaran a favor de esta propuesta de Junts por Catalunya. Por último, también proponemos que se considere el coste real de la vida en Cataluña en el momento de establecer las pensiones, el salario mínimo interprofesional y el ingreso mínimo vital, para evitar de este modo la pérdida efectiva del poder adquisitivo a causa del mayor coste de la vida en Cataluña. En definitiva, proponemos a votación una batería de medidas concretas para ayudar a la gente a superar las dificultades actuales. Es, obviamente, una votación que también va a servir para ver dónde se sitúa cada uno de los aquí presentes: si al lado de la gente o al lado de los que dicen que todo va bien y se dedican a levantar cortinas de humo para que no se note la realidad. Muchas gracias.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos una proposición no de ley que parte de una realidad: la realidad de la fatiga tributaria que padecen la clase media, los trabajadores, los autónomos y los pequeños empresarios de nuestro país. Una realidad que no es ideológica, sino tangible en cada nómina, en cada factura y en cada cierre de mes. Una realidad que en VOX llevamos años denunciando y de la que el grupo proponente es cómplice por su apoyo a este Gobierno: la realidad de un Estado que ingresa más. Hablamos de 40 000 millones de euros de incremento de la recaudación entre 2018 y 2024, mientras los ciudadanos han perdido poder adquisitivo, mientras las familias viven peor. El Grupo Parlamentario VOX ha presentado enmiendas a esta PNL con un doble objetivo. Primero, mejorar las propuestas de alivio fiscal para que sean más ambiciosas y permanentes. Proponemos que el tipo de IVA aplicable a los suministros de gas y de electricidad ―también del agua― sea del 4 %, no del 5 %, y que este 4 % se convierta en permanente. También la reducción del tipo general del IVA del 21 al 18 % y del tipo reducido del 10 al 8 %. Proponemos una verdadera reforma del IRPF que suponga que los españoles dispongan de mayor renta disponible. Hay que reducir los tipos e incorporar minoraciones de estos en función del número de hijos. A propósito, si plantean aumentar el mínimo exento, digan cuánto. En VOX proponemos un mínimo exento de 22 000 euros. Proponemos ayudar más a los autónomos, bonificando el cien por cien de la cuota para aquellos cuyos ingresos reales no lleguen al salario mínimo interprofesional. Proponemos no solo eliminar el impuesto sobre sucesiones y el gravamen del 7 % sobre el valor de la producción de energía eléctrica, también hay que eliminar el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y el impuesto sobre hidrocarburos. . Promovemos no solo que hay que reducir burocracia y simplificar procedimientos en el mercado de la vivienda; también hay que incrementar de manera sustancial y sostenida en el tiempo la producción de vivienda nueva, ampliar el suelo disponible y articular instrumentos de financiación adecuados para promotores y constructores nacionales. Proponemos, en cuanto a los desahucios, no solo retirar las medidas de suspensión generalizada de los mismos; también proponemos abstenerse de promover ninguna forma de ocupación ilegal de viviendas como la inquiokupación. Segundo, eliminar aquellas propuestas basadas en la ensoñación independentista, que introducen una lógica profundamente equivocada: la de fragmentar España en realidades fiscales, económicas y sociales diferentes. Y hablo de ensoñación independentista porque en tres propuestas se incluye la siguiente frase: en cada nación del Estado o comunidad autónoma. Señorías de Junts, por mucho que lo repitan, España no es un conjunto de naciones; España es una única nación. España es una única nación. . Una única nación en la que todos los españoles deben tener los mismos derechos y obligaciones, vivan donde vivan. Señorías, por ir en contra de la unidad nacional y de la racionalidad económica, proponemos eliminar la petición de romper la caja única de la Seguridad Social, transfiriendo la gestión del ingreso mínimo vital a Cataluña. Por ir en contra de la igualdad entre todos los españoles, proponemos eliminar la petición de que el Estado cubra íntegramente los costes de sus decisiones con impacto en Cataluña, garantizando solo para ellos financiación suficiente y estable. Y proponemos eliminar todas aquellas medidas de ajuste o revalorización de las pensiones o del salario mínimo que supongan ahondar en la desigualdad entre los españoles en función del territorio en el que residan. Termino. Señorías, España necesita una política fiscal que alivie de verdad la carga impositiva sobre la clase media, los trabajadores, los autónomos y los pequeños empresarios. España necesita menos impuestos, menos burocracia y más libertad económica. España necesita reforzar su unidad y no una mayor fragmentación. España necesita que este Gobierno, al que ustedes apoyan, se vaya. Muchas gracias. .

Noemí Santana Perera SUMAR

Muchas gracias, señora presidenta. Cuando escuchamos hablar de fatiga fiscal pudiera parecer que en este país todo el mundo paga muchos impuestos. Pero entendemos que esto está muy lejos de la realidad que se vive fuera de este hemiciclo. La gente de este país, mayoritariamente, no está cansada de pagar impuestos que sostienen nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras pensiones. La gente de este país de lo que está cansada es de que siempre se les pida el esfuerzo a los mismos. Es de eso de lo que estamos hartos y hartas. Porque cuando a un trabajador se le pide que haga ese esfuerzo religiosamente todos los meses a través de su nómina, o a un autónomo o a una autónoma se le pide que adelante cada tres meses el dinero que todavía ni siquiera ha cobrado es cuando la gente se empieza a hartar. Porque este mismo esfuerzo no se les pide a las grandes multinacionales ni a las grandes fortunas de este país, cuando el esfuerzo que hacen es infinitamente menor que el de la mayoría de la ciudadanía, y eso lo ve cualquiera. Lo ve un pequeño empresario cuando compara lo que paga él con lo que paga, por ejemplo, una multinacional como Iberdrola; una multinacional que tiene beneficios milmillonarios y que puede utilizar herramientas que tiene a su alcance para hacer ingeniería fiscal y eludir el pago de impuestos. Y también lo ve cualquier ciudadana a pie de calle cuando sabe que los grandes bancos ―como, por ejemplo, el Banco Santander― siguen batiendo récords de beneficios año tras año y, sin embargo, todavía seguimos debatiendo si deben o no contribuir, aunque fuera un poquito más. Y esa es la verdadera fatiga fiscal que tiene la gente de este país: la fatiga de sentir que siempre se le pide el esfuerzo a los mismos y a las mismas. Por eso nos preocupa esta iniciativa que plantean desde Junts, porque entendemos que, si se vuelve a aplicar la misma receta liberal, el resultado va a ser el mismo: bajar los impuestos de forma general lo que va a hacer es reducir los recursos que se destinan al ámbito público y a los servicios públicos y, además, seguir aumentando la desigualdad social. Cuando baja la recaudación, pero se hace de una forma que no es para nada justa, lo que viene después es eso: menos recursos y mayor precariedad de los servicios públicos. Y por eso nosotros entendemos que sí es necesario emprender una modificación, hacer una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que haga que esas empresas que ganan millones de euros no sigan tributando menos que esa pequeña empresa, esa pequeña peluquería o esa pequeña panadería que está en nuestro barrio, así como también en referencia a esas multinacionales que ganan los beneficios aquí o en Cataluña o en Canarias y luego tributan fuera y no donde obtienen ese beneficio, y también que haga que el peso del Estado no recaiga siempre sobre los mismos. Y, cuando debatimos sobre otros impuestos, como el de sucesiones y donaciones ―que sabemos que es un asunto sensible, porque para muchas familias puede ser una carga―, creo que nos podemos abrir al debate, porque lo cierto es que no resulta lo mismo cuando uno hereda la casita de su abuelita, junto con sus primos, primas y demás — y esto ocurre en Canarias, se lo puedo asegurar, y por eso nosotros quitamos la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones cuando estuvimos en el Gobierno— que cuando se hereda una cadena de hoteles. Me permitirá decir que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, debate siempre puede haber, pero lo que no queremos es más de lo mismo, señorías de Junts.

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. Señorías, el debate sobre la llamada fatiga fiscal conecta con una preocupación real de muchos ciudadanos, que, en un contexto de inflación acumulada, pérdida de poder adquisitivo y encarecimiento de bienes esenciales, sienten que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes. Sin embargo, creo que también conviene ser rigurosos, porque España no es, en términos comparados, un país con una presión fiscal especialmente elevada. El problema no reside únicamente en cuánto se paga, sino en cómo está diseñado el sistema tributario y qué retorno reciben los ciudadanos en forma de servicios públicos, cohesión territorial y oportunidades económicas. La proposición no de ley que debatimos hoy es amplia y heterogénea: abarca fiscalidad, energía, vivienda, protección social, autónomos, salario mínimo y cuestiones territoriales. Esta amplitud, más que una propuesta concreta y acotada, hace que quizá transmita la sensación de ser una enmienda a la totalidad a la acción del Gobierno, y precisamente por esa amplitud es evidente que no podemos abordar, punto por punto, en profundidad un debate como este. Dicho esto, sí queremos señalar aquellos elementos con los que coincidimos, aquellos que requieren un análisis más profundo y los que no compartimos. Coincidimos en la necesidad de aliviar el coste de los suministros básicos. Mantener un IVA reducido en la electricidad creemos que es razonable, porque se trata de un bien esencial y porque su impacto es especialmente significativo en los hogares más vulnerables. Además, la evidencia es clara: cuando se redujo el IVA de la electricidad por la guerra de Ucrania, la caída de la inflación fue el doble en los hogares con menos renta, ya que la energía pesa más en su cesta de consumo. En cambio, respecto al gas nuestra posición es distinta. No creemos que la rebaja fiscal del IVA deba consolidarse como una medida estructural, porque su reducción fiscal tiene un claro sesgo regresivo, ya que el beneficio aumenta con el nivel de consumo. Ahora bien, también reconocemos que puede tener sentido en momentos muy concretos de crisis, es decir, puede ser necesaria puntualmente ―como ya se ha hecho en el decreto anticrisis, también como lo habíamos propuesto―, pero no ha de convertirse en una solución permanente, que refuerce el consumo de gas y dificulte la transición energética. Por eso creemos que el foco debería ponerse más en facilitar la electrificación de consumos clave, especialmente en la climatización y la movilidad, y hablamos de inversiones relevantes, como la sustitución de calderas por bombas de calor, que deberían apoyarse mediante ayudas públicas e incentivos fiscales adecuados. Reducir el IVA del gas puede aliviar a corto plazo, pero apoyar la electrificación permite reducir más costes y dependencia de forma estructural. También compartimos la supresión del impuesto del 7 % sobre el valor de la producción eléctrica, un impuesto que nació en 2012 para hacer frente al déficit de tarifa; problema que ya no existe prácticamente en esos términos y, sin embargo, ha permanecido como una carga estructural, que, desde luego, hoy carece de justificación económica y energética. Y, aunque formalmente lo pagan las empresas, en la práctica se traslada íntegramente al precio final, encareciendo los costes para la industria, empresas, pymes y familias. Además, penaliza por igual a todas las tecnologías, incluidas las renovables, justo cuando deberíamos estar incentivando la electrificación y la energía limpia. En esta misma línea, vemos razonable reforzar la devolución del gasóleo agrícola, especialmente en un momento complejo para el sector primario; una herramienta útil para aliviar costes y sostener su actividad. Valoramos también las medidas orientadas a proteger a las personas vulnerables, especialmente en materia de desahucios, porque el texto incorpora un planteamiento quizá relevante: que sean las Administraciones públicas las que garanticen una alternativa habitacional, incluso asumiendo el coste, para evitar que un pequeño propietario cargue con una responsabilidad que creemos que corresponde a los poderes públicos. Compartimos la necesidad de mejorar el marco de los autónomos. Y valoramos que el texto incorpore la referencia a la Directiva Europea 2020/285, que permite eximir del IVA a quienes facturan menos de 85 000 euros. Es una reivindicación justa para un colectivo que sostiene una buena parte de la economía, y así también lo propusimos nosotros en las treinta y una medidas para el decreto anticrisis. El Gobierno debería hacerlo cuanto antes, ya que además la Comisión ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por este asunto. Del mismo modo, apoyamos adaptar el salario mínimo interprofesional al coste real de la vida, una medida coherente, desde luego, con la visión que tenemos de justicia social y con la realidad de que la evolución de los precios no es homogénea en todo el Estado. En relación con el IRPF y el impuesto de sociedades, no entraremos en detalle por una cuestión competencial, ya que en Euskadi tenemos capacidad normativa. Pero queremos recordar, al menos en cuanto al IRPF, que desde el punto de vista técnico lo correcto sería ajustar los tramos a la inflación, la llamada deflactación, algo que ya realizamos en nuestras haciendas forales. Además, la iniciativa incorpora medidas específicas para Cataluña, como la cesión de activos de la Sareb, el traspaso del ingreso mínimo vital, la financiación del sistema de dependencia, que creemos que responden a un debate abierto desde hace años sobre autogobierno y suficiencia financiera. Desde nuestro grupo, entendemos que estas cuestiones deben abordarse desde los mecanismos de diálogo bilateral, con rigor técnico y lealtad institucional, y quizá no, desde nuestro punto de vista y con todos los respetos, mediante esta PNL, de un alcance tan amplio. En definitiva, estamos ante una propuesta que combina elementos razonables con otros que requieren mayor análisis, además de algunos que no compartimos, y, por ello, desde una posición constructiva, nuestro grupo parlamentario ha decidido abstenerse, salvo que se produjera votación por puntos. Muchas gracias. .

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Quisiera comenzar manifestando mi sorpresa ante el debate que hoy tenemos aquí, sobre todo por el carácter de la propia iniciativa, la proposición no de ley, muy análoga, por no decir cuasiidéntica a la moción que posteriormente debatiremos, también del mismo grupo proponente, Junts per Catalunya. Y digo que mi sorpresa es grande, y podría decir que doble, a tenor de lo que veo en la proposición no de ley y en la moción, porque nos encontramos ante la novedad de una proposición no de ley ómnibus o de una moción ómnibus. Y yo, que he oído en esta tribuna, como seguramente que todos ustedes, al grupo proponente de ambas iniciativas criticar el carácter nocivo de los decretos ómnibus porque contemplan materias absolutamente divergentes o incluso contrarias, no puedo sino sorprenderme porque en esta ocasión sí valga. Como decía Fermín Muguruza: Nola aldatzen dira gauzak, kamarada ―cómo cambian las cosas, camarada―. En cualquier caso, sí debo señalar que hay alguna cuestión que llama poderosamente la atención, incluso para bien. Me gusta que en la moción se rubrique y se deje escrito aquello de que «los trabajadores por cuenta ajena se levantan cada día para sacar adelante a sus familias con gran esfuerzo». Esto es literal, es de la moción que discutiremos luego. Me gusta que esto se diga, y no se dice de ninguno de los otros gremios que se señalan. Va a ser cierto aquello de que la palanca del cambio de toda sociedad, el motor histórico de toda sociedad es la clase trabajadora, y por eso hay que remarcarlo en el texto. En cualquier caso, y para centrarme ya en la proposición no de ley de manera directa, diré que no es más que un catálogo dispar de medidas, y con algunas se puede estar de acuerdo y con otras en profundo desacuerdo. Pero, en definitiva y en sustancia, lo que plantea es una rebaja generalizada de impuestos; una rebaja generalizada de impuestos a la par que exige al poder público, en este caso al Gobierno central, que siga manteniendo el nivel de gasto social. Y alguien me tendrá que explicar cómo, si la máquina de fabricar dinero ajena a cualquier lógica de mercado no sirve, se puede mantener esto, porque, claro, se plantea reducir el IVA del gas, de la factura eléctrica, del suministro energético, derogar el impuesto de sucesiones y donaciones, deflactar el IRPF para los tres primeros tramos, plantear un IVA del 0 % para la compra de vivienda para los menores de 35 años, como si le costara lo mismo a la hija de un gran magnate que a un hijo de un trabajador o trabajadora de la clase obrera. No hay nada más indiscriminado e injusto que esto desde un principio aristotélico, porque tratar igual a los desiguales es ahondar en la desigualdad, y es justo lo que no debería hacer un poder público. Pero luego plantean más bajadas de impuestos, en lo que tiene que ver con los autónomos, y también ―cómo no, y, aprovechando el viaje— liberalizar suelos para que resulte mucho más fácil multiplicar en todo el litoral del Estado español los algarrobicos, y también plantean medidas para el campo, así como, en lo que tiene que ver con los desahucios, algo que ya se está haciendo o que se debería estar haciendo, y es que las Administraciones públicas den una alternativa habitacional a la gente en situación de vulnerabilidad, y, si no lo hacen, habrá que preguntar a esas Administraciones públicas por qué no lo hacen, aunque, más allá, plantean que se destinen recursos para poder pagar los alquileres que se puedan llevar a cabo. Y enlazo otra vez con la moción, porque me parece curioso. Aquí se habla de que no se desahucia a nadie y que a quien no pueda pagar el alquiler se lo pague el Estado — vale, se puede mirar—, y, sin embargo, en la moción que vamos a discutir luego ―o que van a discutir luego, porque ya les adelanto que el sentido del voto por vuestra parte será el mismo, y, desde luego, no es favorable― lo que plantean es que aquellos que hayan cometido el delito de usurpación, que es el que no va contra personas físicas, sino contra bancos o fondos que tienen muchas viviendas, se les desaloje echando leches, para que se me entienda. Y, desde luego, es una idea de la justicia un tanto complicada. Y siguen: plantean bajar todavía más impuestos. Hay una parte, que es justo la que la extrema derecha no comparte, que nosotros sí compartimos, y es la que tiene que ver con aumentar las pensiones, con aumentar el salario mínimo interprofesional y con la capacidad de las naciones del actual Estado español para fijar su propio SMI o para poder aumentar las pensiones al nivel de ese SMI. Con esto estamos de acuerdo, pero otra vez volvemos a la lógica inicial de mi sorpresa. ¿Cómo podemos plantear una bajada general de impuestos y, a la vez, destinar más recursos para hacer todo eso? Alguien tendría que explicárnoslo, porque, si en esta iniciativa se planteara bajar impuestos al conjunto de la población, en general, incluso desatendiendo aquello tan básico como que a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades, podríamos aceptar entrar en este debate si, por ejemplo, nos planteáramos un impuesto a la banca, pero es que ustedes, señorías de Junts, votaron en contra. Nos lo podríamos plantear si esto se hace con un impuesto o complemento a un impuesto a las grandes fortunas, pero es que ustedes no están a favor. Podríamos verlo si se nos planteara un impuesto al oligopolio eléctrico, que tantos y tantos beneficios ha obtenido, pero es que ustedes votaron en contra. Lo podríamos ver si habláramos del impuesto a los beneficios extraordinarios, porque ahí tendríamos más recursos para hacer frente a esos gastos públicos que se nos señalan, pero es que ustedes votaron en contra. En definitiva, para terminar, probablemente a todas las formaciones políticas―a casi todas, menos a las de la extrema derecha―, cuando van a una campaña electoral, gustan de decir que lo que les gustaría traer a nuestra realidad es el modelo nórdico, el modelo del gran Estado del bienestar, el modelo que permite desarrollar políticas de protección social. Pues sepan ustedes una cosa: el Estado español tiene un 37,1 % de presión fiscal, y los países nórdicos, a los que seguramente que en campaña a todos les gusta referirse como el ejemplo a seguir, tienen las cifras que les voy a señalar: Dinamarca, el 45,7 %; Suecia, el 42,3 %; Noruega, el 41,6 %, y Finlandia, el 43 %, es decir, más de cinco puntos por encima de presión fiscal de la que soporta el Estado español. Así no se acaba con la desigualdad, que seguramente es otra de las cosas que en campaña también suscribirán para no quedarse fuera de lo políticamente correcto, diciendo que sí, que hay que trabajar para erradicar la desigualdad. ¿Cómo? ¿Quitando impuestos, y no subiéndolos a quien sí podría pagar más? Desde luego, ahí nosotros no vemos más que una defensa de intereses; intereses de clase, sí, pero de la clase dominante, porque, en definitiva, y probablemente en este como en muchos debates, se trata de no perder privilegios o de que quien tiene privilegios no los pierda. Pero esas no son políticas redistributivas, no son políticas de justicia social. .

Pilar Vallugera Balañà ERC

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades. Fins a 22 mesures ens presenten en aquesta proposició no de llei. Potser no he llegit la premsa adequada o potser estic mal informada, ho admeto d’entrada. Però he llegit que la seva aprovació serviria per donar suport al Reial decret que s’aprovarà dijous de les mesures per la guerra de l’Iran. Una PNL. Vostès, que sempre ens estan criticant perquè pactem amb no se sap el que, vostès han pactat una trista PNL que no té cap tipus de recorregut normatiu? En sèrio? Doncs m’han donat l’alegria del dia. Dit això, jo anava a començar-ho una mica com ha fet el meu company. És a dir, el fet que contingui coses heterogènies és la gran excusa, aquí tothom els dona la raó, per no aprovar reials decrets quan contenen coses estrictament necessàries i absolutament indispensables. Però ara ens porten el seu programa electoral i pretenen que els hi votem a favor. Però, escolti’m, si ja saben que el seu programa electoral en matèria econòmica i el nostre és completament diferent. No avanço el vot, perquè no ho sé, perquè entremig de tota aquesta palla hi han introduït alguna mesura que en podríem parlar i, per tant, no avançaré el vot. Però el que és evident és que dibuixa una política fiscal absolutament al servei de les classes dominants, efectivament, i absolutament a favor dels privilegis. Deien ara fa un moment que d’on trauríem els diners amb aquesta rebaixa d’impostos que vostès plantegen, tenint en compte que s’ha de subvenir a les necessitats de l’estat del benestar. Estat del benestar, la formulació del qual espero, espero que compartim. I, per tant, que tinguem clar que sanitat, que ensenyament, que les cures dels infants, que les cures de la dependència han d’anar a càrrec de l’Estat. I dic jo, corria el desembre de fa un any i mig, i es va carregar vostès el paquet fiscal. No va haver-hi manera humana d’aprovar l’impost a les energètiques, que havien tingut uns guanys d’aproximadament 39 000 milions d’euros. I tenen la cara, la barra de venir a dir-nos que hem de protegir les famílies. Protegir les famílies és donar prou fons de diners a l’Estat i, a més a més, traspassar-ho, en aquest cas, a Catalunya, perquè siguem sostenibles i perquè siguem, financerament viables. Això és el que toca. És negociar l’IRPF, és negociar un sistema de finançament just. Això és protegir les famílies. A partir d’aquí, res del que vostès m’expliquen m’ho puc creure. Parlen de l’impost de successions. Miri, l’impost de successions — i vostès van estar al Govern i en aquell moment encara hi era— recordo a tothom que ens està sentint que és exempt, almenys a Catalunya, els primers 300 000 euros per hereu, quan és d’habitatge habitual. Per tant, potser — això no li nego— haurem de mesurar si en lloc de 300 000 n’han de ser 500 000. Però de cap de les maneres podem derogar l’impost de successions, perquè és una eina fonamental en la redistribució de la riquesa i amb la capacitat que hi hagi una certa igualtat en com enfrontem la vida tots els ciutadans. I, per tant, és un principi rector de la nostra política fiscal, juntament amb la fiscalitat verda, a la qual no pensem renunciar. Perquè, si no hi ha aportació de les classes que tenen més, no pot haver-hi de cap de les maneres redistribució, de cap de les maneres. I això és un principi bàsic. Un altre element que em sorprèn, perquè, a més, vostès ho tenen tan clar que fins i tot posen la manera de controlar-ho — que, per cert, ja els ho dic ara, no servirà de res. És aquesta concepció segons la qual, en el moment en què abaixem l’IVA, immediatament serà absorbit pel preu. I, per tant, les famílies a la seva butxaca no en veuran res d’aquests decrements. Saben com podem veure-ho això? Doncs miri, és molt fàcil. A part dels informes de FACUA, d’aquesta absorció per part dels preus de les rebaixes de l’IVA. I és que quina és la proposta? Doncs per aquells aliments, per aquells serveis de primera necessitat, topem els preus, fixem un límit en els preus a través d’un Reial decret o a través del que creiem convenient com a instrument normatiu. Ai, però és que s’ho van carregar quan es van carregar l’escut social. Aquests que tant miren per les famílies. Aquests que estan tan preocupats perquè arribem a final de mes. Tots els elements de contenció de la pobresa que se’ns està replicant a tots els carrers estaven continguts a l’escut social, i vostès el van tombar. Per tant, no tenen cap legitimitat, cap legitimitat de cap tipus per venir a dir que els preocupa la bossa de la cistella, la cistella de la compra o com sobreviuen els nostres conciutadans. Cap legitimitat. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. Hasta 22 medidas nos presentan en esta proposición no de ley, que, por otra parte, he leído que serviría — tal vez no he leído la prensa adecuada o no estoy bien informada, lo admito de entrada— para brindar apoyo al real decreto que se va a aprobar el jueves. Ustedes, que siempre nos están criticando que pactemos no sé qué y con quién, han pactado una triste PNL que no tiene ningún recorrido normativo. ¿En serio? Pues me han dado la alegría del día. . Yo iba a empezar como ha hecho mi compañero, es decir, el hecho de tener cosas heterogéneas es la gran excusa para que todo el mundo dé la razón a no aprobar reales decretos que contienen cosas absolutamente necesarias e indispensables. Pero ahora ustedes traen esto, y ¿pretenden que votemos a favor? Ustedes ya saben que su programa electoral en materia económica y el nuestro son completamente distintos y que no avanza el voto, aunque entre tanta paja han introducido alguna medida de la que podríamos hablar. Y aunque no avanza el voto, es evidente que dibuja una política fiscal absolutamente al servicio de las clases dominantes y a favor de los privilegios. Hablábamos hace un momento acerca de dónde se iba a sacar el dinero con esta rebaja de impuestos que ustedes plantean, teniendo en cuenta que hay que satisfacer las necesidades del Estado del bienestar. Bueno, yo espero que esto lo compartamos, y, por tanto, que tengan claro que la sanidad, la enseñanza, los cuidados de los niños, de la independencia tienen que ir a cargo del Estado. Corría diciembre de hace un año y medio y ustedes se cargaron el paquete fiscal. No hubo manera humana de aprobar el impuesto a las energéticas, que habían tenido unas ganancias, aproximadamente, de unos 39 000 millones de euros. ¿Y tienen la cara dura de venir a decirnos que tenemos que proteger a las familias? Proteger a las familias es dar el fondo suficiente de dinero al Estado y, además, traspasarlo, en este caso a Cataluña, para que seamos sostenibles y, desde un punto de vista financiero, para que seamos viables. Eso es lo que toca: negociar una financiación justa. Eso es proteger a las familias. Pero, a partir de aquí, nada de lo que ustedes explican me lo puedo creer. Hablan del impuesto de sucesiones, y al respecto — ustedes estuvieron en el Gobierno, en aquel momento estaban allí presentes— quiero recordar a todo el mundo que nos escucha que los primeros 300 000 euros están exentos cuando es vivienda habitual. Por tanto, tal vez ―y esto no se lo niego― tendremos que medir si, en lugar de 300 000, deberían ser 500 000 euros, pero en modo alguno podemos derogar el impuesto de sucesiones, porque es una herramienta fundamental en la redistribución de la riqueza y respecto a la capacidad de que haya una cierta igualdad en referencia a cómo todos los ciudadanos hacemos frente a la vida. Por tanto, es un elemento clave de la política fiscal, junto con la fiscalidad verde, a la que no pensamos renunciar, porque, si no hay aportación de las clases que más tienen, no puede haber redistribución en modo alguno, y este es un principio básico. Otro elemento que me sorprende, porque además ustedes lo tienen tan claro que incluso indican la forma de controlarlo — aunque ya digo que no va a servir de nada—, es esa concepción según la cual en el momento en que bajemos el IVA inmediatamente será absorbido por el precio y, por tanto, las familias en su bolsillo no van a ver nada de nada, ni un céntimo. ¿Saben cómo podemos ver esto? Es muy fácil, además de los informes que ya se han presentado sobre la absorción de los precios con las rebajas del IVA. Pero ¿cuál es la propuesta? Pues bien, para aquellos alimentos y servicios de primera necesidad pongamos un tope en los precios, fijemos un límite en los precios a través de un real decreto o de lo que consideremos conveniente como instrumento normativo. ¡Ah, claro, se lo cargaron! . Estos que tanto miran por las familias, estos que están tan preocupados por el hecho de que lleguemos a final de mes. Todos los elementos de contención de la pobreza que se nos replican en cualquier calle estaban contenidos en el escudo social, y ustedes se lo cargaron del escudo social. Así que no tienen ninguna legitimidad, no tienen legitimidad de ningún tipo para venir aquí a decir que les preocupa esa cesta de la compra o cómo sobreviven nuestros conciudadanos. No tienen ninguna legitimidad. Muchas gracias. .

Aina Vidal Sáez SUMAR

Gracias. Esta iniciativa la podríamos resumir con un «pilla el dinero y corre». Aunque no sea tuyo, aunque haga polvo a los servicios públicos, tú corre y fórrate; tú, que puedes. Esta PNL es un programa electoral, un modelo de país que es legítimo, — faltaría más—, pero es un modelo basado en el privilegio para unos pocos, que además parte de la falsedad, parte de la avaricia y parte del terraplanismo económico. La falsedad ―y quiero recordar algunos datos― tiene que ver, por ejemplo, con el hecho ya recordado por algunos portavoces de que España tiene una fiscalidad en torno al 38 % del producto interior bruto, y la media de la Unión Europea está en el 41 %. Estamos por debajo — insisto, por debajo— de la media, señorías; por mucho que pongan ahí palabras bien fuertes, estamos por debajo de la media. Francia supera el 45 %, y también Dinamarca, Suecia, etcétera ¿Consideran ustedes, por ejemplo, que Francia es un infierno o que es un país donde se protege más? ¿Son repúblicas bananeras o quizás son países relevantes? ¿Son eriales empresariales o son países donde existe ―en este caso, por ejemplo, en Francia― un sector industrial, como tantos otros sectores económicos, pujante? Lo digo porque ustedes mismos se contradicen con la propia realidad. Es falso que en España se paguen demasiados impuestos, y la prueba la pueden ver cualquiera día aquellos que vayan a un hospital, por ejemplo, o, por supuesto, cualquier familia que pida ayudas para el comedor, que es posible que no le lleguen. O, por ejemplo, cada familia que, sin ir más lejos, podría percibir una prestación por hijo a cargo, que a día de hoy no existe, aunque lo estemos intentando. Si quieres unas gafas o un dentista que sea público, sería más interesante por tu parte que exigieras, por ejemplo, que Juan Roig pagara lo que debe a este Estado. Si quieres derechos y servicios públicos, básicamente lo que quieres, amigo, son impuestos. Y eso es lo que no te explica la derecha. Y si quieres hacer negocio con los derechos de los demás, entonces, sí, pides que se bajen los impuestos, que es lo que hace Junts. Es un debate falso el de impuestos sí o impuestos no. La pregunta, a nuestro entender, es quién paga, que eso es lo que Junts evita responder en todo momento. También se les conoce en Cataluña como Junts por la pasta, y probablemente a día de hoy muchas de sus señorías empiecen a entender el porqué. Junts, pels seus interessos, això sense cap mena de dubte, ni Catalunya ni els autònoms els importen, ni tampoc els petits empresaris, ni la classe mitjana. És la burgesia de tota la vida, això sí, fent negocis, protegint els seus com sempre. En Cataluña no les importan ni la clase media ni nada. La burguesía de toda la vida, eso sí, haciendo negocios, protegiendo a los suyos, como siempre. ¿Recuerdan aquel chiste que dice que todo el mundo cuando está en una piscina se mea dentro, pero muy pocos lo hacen desde el trampolín? Pues esta proposición no de ley es como mearse desde el trampolín. Esto es lo que es, señorías, ni más ni menos. . Y hay que hablar, además, de avaricia, porque, si antes les hablaba de falsedades, hay que hablar también de avaricia, porque normalmente ya es infame lo que defiende este grupo político, pero en el contexto actual lo es tres veces más. Hablamos de una década en la que grandes empresas están destrozando el mundo, robando los bolsillos de todos los trabajadores y las trabajadoras de este país y, además, al Estado. Hablamos de que se han valido de una pandemia mundial, una invasión en Ucrania o un genocidio en Palestina para hacer pasta, señorías — repito, para hacer pasta—, y esos mismos vienen aquí a pedir que se les proteja porque se ve que no han podido hacer lo suficiente. Esos son los buitres que revientan la vivienda o que especulan con los alimentos o, por supuesto, con las gasolineras. Y , fíjense, solo en este último año los grandes bancos, las energéticas, las grandes corporaciones han acumulado miles y miles de millones de euros. ¿Dónde está la asfixia, señores de Junts per Catalunya? ¿Qué asfixia ni qué asfixia? ¿Qué asfixia es la del Banco Santander? ¿Qué asfixia la de Mercadona? Quina asfixia? De quina empresa? Si després vostès ja se les troben, després utilitzen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per rescatar les empreses que alguns dels diputats que estan aquí present els interessen. Això és el que no expliquen cap enfora. Quina asfíxia? Si vostès són el braç polític de Desokupa. Quina asfixia? Vostès són el braç polític de Desokupa i, a més a més, insisteixo, terraplanistes econòmics. ¿Quién asfixia? ¿Qué empresas, si ustedes después ya se las encuentran? Después utilizan los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para rescatar a las empresas que algunos de los diputados presentan aquí, como les interesa. Y eso es lo que nos explican hacia afuera. ¿Qué asfixia, si ustedes son los políticos que juegan con eso? ¿Qué asfixia? Ustedes son los políticos del desokupa, terraplanistas económicos. Y es que las derechas tradicionales se han quedado recluidas en una especie de triste llamamiento a bajar los impuestos. Y no lo decimos lo suficiente: son recetas fallidas, fallidas para lo común, fallidas para crear empleo, fallidas para mejorar el número de afiliados a la Seguridad Social, fallidas para mejorar el producto interior bruto, fallidas para la creación y crecimiento de nuevas empresas, fallidas para todo; fallidas, por cierto, también para la investigación, fallidas para muchas cosas. Eso sí… . ¿Qué pasa?

Aina Vidal Sáez SUMAR

¿Se encuentra bien?

Aina Vidal Sáez SUMAR

En fin, estábamos hablando de fallidas y eso ha sucedido. Les decía que son propuestas fallidas para la inmensa mayoría de los mortales, pero, eso sí, un éxito rotundo para los bolsillos de cuatro, porque para el resto es pobreza, desigualdad y cientos y cientos de oportunidades perdidas. Asfixia es la que te produce el fondo buitre ―al que Junts protege, sin duda― cuando te echa de tu barrio. Asfixia es la de ser un pequeño autónomo y que pagues 1200 euros de alquiler, y aquí Junts no te va a ayudar. Asfixia es intentar llenar la nevera con una pensión de 800 euros, y aquí a Junts no le tiembla el pulso al tumbarte incluso el incremento de la pensión. ¿Cómo van a aliviar a la clase media si su propuesta fiscal socava los pilares de hacer posibles básicamente los servicios públicos? Ustedes renuncian, además, a algo que es muy grave, que es a la capacidad que tiene el Estado de poder redistribuir la riqueza. Y lo hacen por algo muy sencillo: porque lo quieren todo. Todo lo quieren ustedes. No quieren redistribuir nada, y eso es lo que nos traen aquí, una propuesta que es profundamente defensora de los privilegios y que básicamente lo único que busca es desproteger a la inmensa mayoría. Podría estar una hora más, pero me voy a quedar simplemente en decir que hagan los deberes y voten a favor de los escudos de protección, y ustedes también (señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.—Aplausos).

Valle Mellado Sierra PSC-PSOE

Gracias, presidenta. Señorías, esta tarde, como han oído y ya se ha dicho aquí, Junts nos ha presentado su programa completo de política fiscal. Ya lo conocíamos, porque tampoco incluye ninguna fórmula nueva ni sorprendente que no hayamos oído otras veces. Curiosamente, se parece bastante al del PP; eso sí es verdad. Estamos ante la eterna lucha entre la derecha, que defiende que se bajen los impuestos, y la izquierda. Y se lo dejo claro, bien claro: nosotros no defendemos que suban; defendemos que sean progresivos, justos y, sobre todo, que aporten más las personas y las empresas que más tienen. . ¿Por qué? Porque los impuestos no son un capricho del Estado ni un castigo ni una forma de expolio para ciudadanos, autónomos y empresas, como repiten ustedes. No es así, ustedes solo cuentan una parte de la historia, lo que no explican nunca es que los impuestos sirven para mantener y reforzar nuestros servicios públicos, los que utilizamos todos, esos que sirven también para repatriar a nuestros ciudadanos de zonas de conflicto. ¿A que eso sí que lo ven bien, señorías del PP? Para eso sí podemos usar los impuestos, claro. Es curioso que los que más se quejan en este hemiciclo sobre los impuestos son los primeros que después corren a pedir que se activen con urgencia medidas en situaciones difíciles. Y bien, ¿de dónde se creen que sale el presupuesto para esas ayudas que piden? Señorías, si hoy no tuviéramos una economía saneada y un crecimiento como nunca se ha visto en este país, sería imposible. En la situación actual, el Gobierno no podría activar un paquete de más de ochenta medidas, movilizando 5000 millones de euros para ayudar a familias y empresas a resistir los efectos de esta nueva crisis. . Para esto son nuestros impuestos, señorías. Tenemos una guerra sobrevenida que no hemos provocado ―y que no apoyamos, ¿verdad, señorías de VOX?― y que no sabemos qué consecuencias va a traer ni durante cuánto tiempo. Les aseguro que, en medio de tanto desastre, que de nuevo la gestión y la salida de esta crisis dependan de este Gobierno y no del presidente que no lo es porque no quiso es un alivio. Es un alivio para todos los ciudadanos, autónomos y empresas, que aún se acuerdan de la diferencia entre el cierre masivo de negocios y la subida del paro de 2008 y cómo, en cambio, durante la pandemia y la guerra de Ucrania se han protegido las empresas, los puestos de trabajo y las economías familiares. Senyor Cruset, parlen vostès de fatiga tributaria. Mirin, les dades, tot i que vostès diuen que no, el contradiuen. Señor Cruset, hablan ustedes de fatiga tributaria; los datos les contradicen. La realidad es que nuestro país, con este Gobierno progresista y con María Jesús Montero al frente de la cartera de Hacienda , mantiene la presión fiscal por debajo de la media de la eurozona. Vivimos el mejor momento de nuestro estado del bienestar , con más protección social, más derechos laborales y más igualdad y con el mejor sistema de pensiones que hemos tenido jamás. . Vivimos tiempos complicados. Hace un mes, nadie pensaba que hoy el mundo estaría viendo misiles sobrevolando Irán o el Líbano, y esto con la guerra de Ucrania y el genocidio de Gaza todavía vivos. Ahora, nos enfrentamos a un contexto internacional mucho más imprevisible incluso que la pandemia. I en aquesta situació, la ciutadania i les empreses ens miren, senyor Cruset, i esperen que estem a l’alçada de la responsabilitat que tenim. Jo no vull ser soroll, ni el PSC, ni ningú del Grup Socialista i vostè? Què vol ser Junts en aquesta nova crisi? Soroll o Solucions? Y en esta situación la ciudadanía y las empresas nos miran y esperan que estemos a la altura de nuestra responsabilidad. Yo no quiero hacer ruido, ni el PSC ni nadie del Grupo Socialista. ¿Qué quiere ser Junts en esta nueva crisis, ruido o soluciones? Señorías, sobre el conjunto de medidas fiscales que presentan, le digo que, como ustedes ya saben, en el Grupo Socialista estamos analizando con generosidad algunas de ellas, como siempre, y también le digo que algunas otras bien podrían formar parte de un debate serio para aprobar unos nuevos presupuestos del Estado, eso sí sería formar parte de la solución; pero sobre otras va a ser muy complicado que nos pongamos de acuerdo, porque ni ustedes son socialistas ni nosotros somos de derechas. . Voy acabando, señorías. A este grupo siempre lo van a encontrar en el debate y en la búsqueda de consensos para dar a la ciudadanía y a las empresas más seguridad y más esperanza, y eso también se hace con impuestos. Muchas gracias. .

Santi Rodríguez Serra PP

Gracias, presidenta. Señorías, la sociedad española se está empobreciendo. Como dato mata relato, no solo citaré que hay datos, sino que citaré los datos: el coste de la vida desde 2018 se ha incrementado cerca de un 25 %, pero la energía se ha encarecido un 32 %; los alimentos, la cesta de la compra, un 38 %, y la vivienda, cerca del 65 %; en cambio, el salario medio se ha incrementado por debajo de un 20 %. El Gobierno, en vez de ayudar, exprime a los ciudadanos. Se ha hablado ya de la presión fiscal, que se ha incrementado y está en el 38 %, pero no han hablado del esfuerzo fiscal, que es lo que relaciona los impuestos con la renta de los ciudadanos. El esfuerzo fiscal actualmente es un 17 % superior a la media de la Unión Europea y un 50 % superior a la media de la OCDE. . España es uno de los países de la OCDE cuyos ciudadanos soportan un mayor esfuerzo fiscal. La recaudación fiscal ―y se refería el señor Cruset a ella en relación con el IVA― se ha incrementado en estos últimos ocho años un 56 %. Solo en 2025 se han recaudado 117 000 millones de euros, muchos más que los recaudados en 2018. Mientras, la ministra candidata a liderar la oposición en Andalucía sigue afirmando que nunca ha subido impuestos, pero la realidad es que son ya más de cien las subidas de impuestos. A menudo, simplemente basta con no legislar. Por ejemplo, no actualizar bases ni tramos del IRPF ya implica un incremento de los impuestos. Efectivamente, compartimos que la deflactación del IRPF es una propuesta necesaria. Nos dicen que la economía va como un cohete ―será de esos que llevan la foto de Sánchez― , pero solo para los que medran en el Gobierno o en su entorno. Para que me entiendan: los de «pilla el dinero y corre». Lo cierto es que las economías de las familias y de las pymes van más como el perdigón de una escopeta de feria, sin rumbo. En Cataluña no nos quedamos al margen, pues somos la comunidad con más impuestos propios y entre los más altos de los cedidos con capacidad normativa. ¿Esta situación de quién es responsabilidad? De los que están en el Gobierno de España, pero también de los que nos han gobernado en Cataluña; es decir, también de ustedes. Hoy piden la supresión del impuesto de sucesiones, y estamos de acuerdo, pero quienes lo subieron en Cataluña en el peor momento posible, en las primeras semanas de la pandemia, fueron también ustedes. Ello nos ha llevado a un estancamiento del poder adquisitivo y a un empobrecimiento paulatino de las clases medias y trabajadoras ―por cierto, los trabajadores lo son tanto por cuenta ajena como por cuenta propia―, y es necesario adoptar medidas. En ese marco, valoramos la proposición no de ley que estamos debatiendo, en tomar medidas para aliviar la fiscalidad a las familias, así como a agricultores, a ganaderos, a pymes y a autónomos, y para abordar el principal problema de los españoles, que también lo es de los catalanes, el de la vivienda. Por eso, presentamos un plan para dar respuesta a los problemas de vivienda y medidas para facilitar la vida a los autónomos, porque no se trata de verlos como un cajero automático, que es como parece que los ve el Gobierno, sino como ciudadanos que han decidido autoemplearse en lo que saben hacer y que, más que ayudas, necesitan que no les pongamos piedras en el camino. Somos conscientes de esta situación y por ello hemos presentado un contrato con los autónomos cuyo primer punto pretende eximir del IVA a los más de un millón de autónomos que facturan menos de 85 000 euros. . A eso nos obligaba la directiva europea antes de enero del 2025. Eso es lo que han hecho todos los países excepto España, y ahora, incluso, nos puede costar una sanción. Para terminar, compartimos la existencia de problemas en vivienda con los autónomos, con agricultores, con ganaderos, con la productividad y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, con el coste de vida y con la fiscalidad. Pero todos estos problemas no se resuelven con una proposición no de ley. Tampoco se resuelven cambiando de país. En cambio, sí pueden resolverse cambiando las políticas y cambiando el Gobierno. Nosotros, el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo, estamos en ello. Gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. La proposición no de ley que presentamos hoy parte de una realidad que nadie puede negar: la industria del acero atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica, la volatilidad energética, la presión sobre las cadenas logísticas y un entorno comercial cada vez más hostil para los productos europeos. Esa presión se ha intensificado en los últimos meses por la combinación de dos factores que se retroalimentan: la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio con las tensiones del estrecho de Ormuz y la política arancelaria endurecida de Estados Unidos bajo la Administración Trump. Ambos elementos están alterando de manera profunda los mercados energéticos, las cadenas de suministro y el comercio internacional del acero. Y lo están haciendo con un impacto directo sobre las empresas y sobre miles de trabajadores que dependen de un sector estratégico para la economía y para el tejido industrial. En los debates parlamentarios recientes ―incluidos también los celebrados en el Senado― quedó claro que todos los grupos reconocen la gravedad del momento. Nadie discute que la siderurgia es estratégica, que sostiene miles de empleos y que es esencial para sectores como la automoción, la energía, la construcción o las infraestructuras. Nadie discute que Europa debe reaccionar ante un mercado global que se ha vuelto mucho más hostil y nadie puede discutir tampoco que la industria electrointensiva soporta un coste eléctrico final superior al de sus competidores europeos, no por el precio de la generación ―porque, efectivamente, el precio mayorista en España es hoy de los más bajos en Europa gracias al peso de las renovables―, sino por los peajes, cargos y costes regulados que se acumulan en la factura y que acaban convirtiéndola en una de las más caras de todo el continente. Por eso, nuestra proposición no de ley se sitúa exactamente donde creo que se debe situar una propuesta responsable: en las soluciones. Soluciones que refuercen la competitividad de nuestras empresas, que protejan el empleo industrial y que permitan que sectores estratégicos como el acero no queden atrapados entre la volatilidad energética, las guerras comerciales y la falta de mecanismos de defensa eficaces. En este sentido es imprescindible que Europa recupere instrumentos que ya han demostrado ser eficaces. Esto es exactamente lo que pedimos en nuestra propuesta en sus puntos 1 y 5: reforzar las medidas de defensa comercial ―incluidas las salvaguardas al acero― y acelerar la plena aplicación del CBAM para evitar que el mercado europeo siga absorbiendo excedentes procedentes de terceros países. No podemos competir en desigualdad dentro del mismo mercado europeo, por eso reclamamos una defensa ante la Unión Europea, para que esta actúe con la misma contundencia que exige a sus empresas. Asimismo, tenemos que decir que la propuesta de esta iniciativa en el ámbito energético y fiscal ha sido recogida por el Gobierno en el decreto anticrisis derivado de la situación en el Oriente Medio, y lo valoramos. Pero también es evidente que se queda corta. La reducción del impuesto a la generación eléctrica se ha incluido, sí, pero de forma temporal, y nosotros creemos que hay que ir más allá. Este impuesto nació en 2012 para tapar el déficit de tarifa, un problema que ya está prácticamente resuelto y que hoy no penaliza a las eléctricas, sino que penaliza a la industria. Lo vimos en la crisis anterior, derivada de la guerra de Ucrania: cuando se redujo a cero, las facturas bajaron y eso benefició a la industria, a las empresas y a los consumidores. Por eso, cuando alguien afirma que suprimirlo es regalar dinero a las eléctricas demuestra que desconoce cómo funciona ese tributo. Porque no grava beneficios, grava ingresos, y ese 7 % se repercute íntegramente en el precio del mercado eléctrico y, por lo tanto, en la factura final. Ni siquiera beneficia la generación renovable, que también lo soporta y también lo trasladan al precio. Y mientras aquí seguimos discutiendo si eliminarlo es regalar algo, Portugal ya lo ha suprimido, dejando nuestra industria en clara desventaja dentro del mismo mercado ibérico. Lo mismo ocurre con la medida relativa a la compensación del 25 % de los ingresos en las subastas de CO2 para cubrir los costes indirectos. Valoramos que el decreto anticrisis incorpore un suplemento adicional que acerca al Estado a ese umbral, pero no es suficiente. Hay que llegar a ese 25 % completo, que es el máximo que permite Europa y que ya aplican otros Estados miembros. No podemos pedir a nuestra industria que compita en desigualdad dentro del mismo mercado europeo. Si Europa permite llegar al 25 %, debemos llegar a ese 25 %. No hay margen para medias tintas cuando hablamos de sectores que están luchando por sobrevivir en un contexto marcado por la volatilidad energética y por un mercado internacional, como he dicho, cada vez más tensionado. Si hay un ejemplo que demuestra hasta qué punto el actual contexto internacional está golpeando a nuestra industria es el caso de la empresa Tubos Reunidos, en Aiaraldea. La compañía está sufriendo un doble shock que escapa completamente a su control. Por un lado, el incremento desorbitado de los costes energéticos derivado de la inestabilidad de Oriente Medio y, por otro, un mercado internacional profundamente distorsionado por aranceles, barreras comerciales y desvíos de producción que afectan de lleno a su producto, el tubo sin soldadura, que constituye el núcleo de su actividad exportadora. Esta combinación está estrangulando su competitividad y, desde luego, reduciendo su margen de maniobra en un momento muy crítico. Por eso, desde aquí pedimos algo muy concreto que creemos perfectamente razonable: la reestructuración de la deuda con SEPI mediante la adaptación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas a la realidad actual. No se trata de crear nuevos instrumentos ni de abrir vías excepcionales, sino de actualizar un mecanismo que ya existe para que responda a una crisis industrial marcada por tensiones geopolíticas, costes energéticos desbocados y un mercado global alterado. No lo pedimos como un fin en sí mismo, sino como la condición imprescindible para que Tubos Reunidos pueda atraer a un socio industrial sólido y desplegar un plan de viabilidad realista que incluya, efectivamente, la diversificación de mercados y también de producto. La realidad es clara: hoy, aproximadamente el 75 % de la facturación de Tubos Reunidos depende del gas y del petróleo, y su principal destino, precisamente, es Estados Unidos. Son estos sectores los que sostienen su actividad, su carga de trabajo y, en consecuencia, el empleo que todos decimos defender. Por eso, la coherencia industrial también nos exige no demonizar el gas, el petróleo o el upstream mientras al mismo tiempo pedimos salvar a una empresa cuya actividad depende mayoritariamente de ellos. La transición energética es necesaria, pero no puede construirse tampoco negando la realidad de partida. Precisamente por eso Tubos Reunidos deberá seguir impulsando las líneas vinculadas a energías limpias para transformarse y diversificar su actividad, pero esa transformación solo será posible si la empresa sobrevive al impacto actual. No estamos pidiendo un rescate, estamos pidiendo que el Estado utilice los instrumentos que ya existen, como he dicho, adaptándolos a un contexto que ha cambiado de forma drástica. Ez dugu erreskate bat eskatzen. Estatuak dauden tresnak erabiltzea eskatzen dugu, baina modu drastikoan aldatu den testuinguru batera egokituta, hain zuzen ere, Tubos Reunidosi arnasa emateko, bazkide industrial bat bilatzeko eta bideragarritasun plan bat zabaltzeko, merkatu eta produktuen dibertsifikazioa barne hartuta. Enplegua, industria-sarea eta autonomia estrategikoa babestu nahi baditugu, orain jardun behar dugu eta horretarako SEPIrekiko zorra berregituratu behar da. No estamos pidiendo un rescate, estamos pidiendo que el Estado utilice los instrumentos que ya existen, adaptándolos a un contexto que ha cambiado de forma drástica para dar un respiro a Tubos Reunidos y permitirle buscar un socio industrial y desplegar un plan de viabilidad que garantice su futuro y que tenga en cuenta la diversificación de mercados y productos. Si queremos preservar empleo, tejido industrial y autonomía estratégica, debemos actuar ahora. Y actuar pasa, necesariamente, por la reestructuración de la deuda con la SEPI. Señorías, si todos coincidimos en el diagnóstico, también es el momento de coincidir en las soluciones. La industria del acero no puede esperar más. Gracias. Eskerrik asko.

Mikel Otero Gabirondo EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Arratsalde on guztioi. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Compartimos buena parte de la lectura que hace el PNV en cuanto a la complicada situación de la industria siderúrgica en general y de Tubos Reunidos en particular. La industria siderúrgica es una pieza central de la actividad industrial europea y, por supuesto, de la de Euskal Herria. Es un elemento tractor y un buen vector de generación de empleo de calidad y de riqueza. Eta gainera, ekoizpen ahalmen orokorraren oinarrian dagoen pieza da altzairugintza eta funtsezko autonomia estrategikorako hain garrantzitsua egun hauetan. Altzairugintzak zurrunbilo handiko une bati egin behar dio aurre, besteak beste, Amerikar Estatu Batuetako administrazioaren muga-zerga politika zoroari lotutakoak, edo deskarbonizazio politika eskasak dituzten Europatik kanpoko ekoizleen lehiarekin ere arazoak daude, edo energia errealitate aldakorrak eragindako gorabehera handiak. Eta gainera, bi zentzutan, alde batetik, gerrari lotutako nazioarteko energia intsumoen gorakada orokorragatik ― eta sektoreak esan du honek hilean 60 milioi euroko gainkostua duela ― eta, bestetik, estatu espainiarraren arazo zehatzak, non sorkuntza elektrikoa inguruko herrialdeena baino merkeagoa izan, ez du lortzen abantaila hori elektrizitate kontsumo intentsiboa dituzten industrietara islatzea. Horren guztiaren ondorioz, industria sektore osoak, altzairugintza kasu, kinka larrian daude, eta kasu batzuetan, Tubos Reunidosen bezala, muturreraino iritsi da egoera. Además, la siderurgia es una pieza básica en la capacidad productiva general y fundamental para la autonomía estratégica, una cuestión importante en estos tiempos convulsos. La siderurgia se enfrenta a un momento de fuertes turbulencias, entre ellas las relacionadas con la alocada política arancelaria de la Administración estadounidense o, incluso, problemas con la competencia de productores de fuera de Europa, con deficientes políticas de descarbonización o con grandes vaivenes provocados por la cambiante realidad energética en dos sentidos, por un lado, por el aumento generalizado de los insumos energéticos internacionales ligados a la guerra ―que, según el sector, están teniendo un sobrecoste de 60 millones al mes― y, por otro, por los problemas concretos del Estado español, que no consigue reflejar esa ventaja en una industria con consumos intensivos de electricidad, aunque la generación eléctrica es más barata que la de los países de la zona. Todo ello hace que sectores industriales enteros, como el de la siderurgia, estén en apuros y que, en algunos casos, como el caso de Tubos Reunidos, hayan llegado a un punto de no retorno. Es evidente, hay que tomar medidas. Por eso, nos alegra que hoy el PNV haya traído a debate esta iniciativa, porque entendemos que todo suma. Si bien, buena parte de las cosas que se proponen en esta PNL han sido aprobadas hace poco en otra proposición debatida en la Comisión de Industria, a iniciativa de Euskal Herria Bildu, también en defensa de Tubos Reunidos. En esa PNL, que se aprobó el 23 de febrero, hace un mes, pedíamos implicación del Gobierno del Estado ―que tiene mucho que decir― a través de la SEPI, para coadyuvar a la superación de la crisis actual de Tubos Reunidos y en el mantenimiento del empleo, que es la base de su punto 7. Pedíamos también utilizar los mecanismos previstos en el plan y en el real decreto ley de respuesta a la amenaza arancelaria, que es la base de su punto 5. Pedíamos recuperar los mecanismos de ayuda para la industria electrointensiva, que es la base de su punto número 4. Y también pedíamos al Gobierno del Estado trabajar por la inclusión de los productos derivados del acero en el mecanismo de ajuste de frontera por carbono, que han vuelto a traer hoy ustedes en su primer punto. Son cosas importantes que se aprobaron hace un mes y que entendemos que han incidido en el Gobierno a la hora de elaborar el RDL 7/26, ya que la ayuda a la industria electrointensiva se ha reactivado con un montante nada desdeñable de 220 millones de euros, cuestión que, por otra parte, ya había sido pactada con Euskal Herria Bildu en el decreto antiapagón que tumbaron, sobre todo, las derechas. Si hoy se redunda en estas cuestiones, bien estará. Más allá de las numerosas coincidencias, esta PNL aporta un par de novedades; para nosotros, una de cal y una de arena. La positiva es la petición de llegar al 25 % del límite que establece Bruselas respecto a la compensación de costes indirectos de CO 2. Aunque el nuevo RDL también recoge un aumento de 300 millones de euros en ese sentido, todavía hay un margen para llegar a ese 25 %, y estamos de acuerdo. Pero, por el lado negativo, esta PNL propone la eliminación ―entendemos que permanente, por lo que ha dicho la portavoz― del impuesto a la generación eléctrica. Y aquí discrepamos. Partimos de la base de que hay que dar señales, también fiscales, para electrificar la economía, pero no compartimos la idea de hacerlo indiscriminadamente, porque también hay que descarbonizar. Así que no se puede tratar de la misma manera a toda la generación eléctrica. Nuestra enmienda recoge este matiz, que para nosotros es vital; es decir, una bonificación permanente, sí, del 50 % a la generación eléctrica renovable, no a toda. Creemos que esa es la señal correcta que hay que dar para la electrificación renovable. La idea es mandar una señal clara, concisa, y no tanto aprovechar la coyuntura para dar un mordisco de carácter permanente a Hacienda, algo que, por cierto, ni el sector se ha atrevido a pedir de forma permanente; un mordisco, por cierto, que también se da a las haciendas de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Nafarroa, que cuentan precisamente con esa recaudación de los presupuestos que ya están aprobados para 2026. Último apunte. Nuestra enmienda pone sobre la mesa también la petición de recuperar algo que nos fue arrebatado en la nociva reforma laboral de 2012: el sistema de autorización previa en los despidos colectivos, que, aunque parcialmente corregido mediante el informe de inspección laboral, consideramos que debe reforzarse y recuperarse de manera íntegra, reforzando el papel de las comunidades autónomas para permitir proteger mejor su tejido productivo. Termino recordando una cosa que nos parece importante al grupo proponente, al Grupo Vasco Partido Nacionalista Vasco, para la defensa del empleo, de la siderurgia en general y de Tubos Reunidos en particular, y es que tenemos que conseguir entre todos que el Gobierno del Estado y la SEPI actúen proactivamente, reestructuren deuda, etcétera. Pero también se lo tenemos que pedir al resto de instituciones, porque también hay que buscar y hay que animar a nuevos inversores, aunque es una labor especialmente del Gobierno vasco. Todos sabemos que no ayuda nada sugerir, como se ha sugerido, que a ver quién es el valiente que en esta situación entra en Tubos Reunidos. Nosotros creemos que merece la pena hacer un esfuerzo compartido para conseguir ese objetivo ―que entendemos que es común― de mantener la actividad, el empleo en Tubos Reunidos y, a poder ser, en todo el sector siderúrgico y en toda la industria electrointensiva. Seamos, por tanto, exigentes aquí, pero también seamos autoexigentes en casa. Besterik ez. Eskerrik asko. .

Patricia Rueda Perelló VOX

Buenas tardes. Lamentablemente, esta tarde hemos vuelto a ver un ejercicio de cinismo político. A sus señorías les parecerá entretenido, a lo mejor están aquí echando la tarde, pero resulta que el grupo proponente, el Partido Nacionalista Vasco, en su intervención dice que parte de una realidad que no se puede negar y dice que su propuesta aporta soluciones. ¿Cuál es la solución? Porque, en su propuesta, hablando de industria, habla de Europa. Parece ser que se olvida de España y no se hace ni una sola mención a ello. Su iniciativa solo puede tener un sentido si acepta las enmiendas de VOX. Si quiere defender la industria siderúrgica, que ahora dice que le preocupa mucho, acepte la enmienda de VOX, que tiene que ver con la supresión del mercado de emisiones de CO 2. Pero, claro, le debe costar mucho. ¿Por qué? Porque todo el arco parlamentario, excepto VOX, está de acuerdo con un impuesto encubierto maquillado de verde que nos hace más pobres y menos competitivos. . Le está pidiendo a la industria y a los españoles un esfuerzo, pese a que España emite el 0,7 % del CO2 mundial. Y, mientras tanto, China no asume las mismas restricciones. ¿Y qué pasa? Competencia desleal. ¿Por qué? Por la incompetencia de todos los partidos políticos ―menos VOX―, que están ciegos. . ¿Qué sucede? Que hoy trae una iniciativa, cuando esta mañana, tristemente, hemos visto que la empresa a la que hace mención en su iniciativa ya ha comunicado el despido de 285 trabajadores. Una vez más, el Partido Nacionalista Vasco y el resto de los partidos del arco parlamentario llegan tarde y mal. Y llegan tarde y mal porque Tubos Reunidos confirma ese cierre de la acería y notifica el despido de esos 285 trabajadores. Y mal porque vienen aquí a decir que el sector atraviesa un periodo de profunda transformación, ¡atención!, marcado por la competencia global y por cómo está el mundo, etcétera. ¿Y qué sucede con el PNV, con Sánchez y con el bipartidismo, que son los que están atentando de manera directa y continua contra la industria? ¿De quién es la culpa? ¿Quiénes son los responsables de esas políticas verdes suicidas, que precisamente nos hacen menos competitivos? ¿Quiénes son los responsables de la deslocalización de nuestra industria y, por tanto, de la pérdida de empleo y de riqueza? . A lo mejor, tengo que recordarles que el aumento de los costes de la energía ha puesto ya en riesgo a doscientas fábricas, según datos de la Asociación Española de Cogeneración. ¿Saben de qué se habla ahí fuera? De ‘cogenicidio’ industrial. La factura por el consumo de energía eléctrica para un electrointensivo en España es un 167 % más cara que en Francia. ¿Y quién es responsable de esto? Obviamente, quienes a golpe de decretazo y apoyados por ustedes están atentando contra nuestros intereses. La industria española está perdiendo peso. Se supone que está muy lejos ese 20 %, y están en riesgo tres millones de empleos que dependen directamente del sector industrial. Y aquí tenemos que estar escuchando dimes y diretes de unos y otros. ¿Quieren ayudar a la industria? Eliminen impuestos, como decimos en nuestra enmienda. Eliminen impuestos, el impuesto sobre la electricidad, el impuesto sobre los hidrocarburos, y aprueben un marco regulatorio estable. Claro, que después vendrán a vendernos unos y otros que cómo van a bajar impuestos, porque de esa manera van a garantizarnos los servicios públicos. ¿Qué servicios públicos, una sanidad colapsada, un sistema educativo, cuando hoy hemos sabido de la entrega de 22 millones de euros de Sánchez para Marruecos? ¿A quién se debe Sánchez? ¿A quién se debe el Partido Nacionalista Vasco? ¿A quién se deben los socios de Sánchez? ¿A quién se debe el Partido Popular? Por cierto, Partido Popular que también negoció con el PNV porque necesitó sus votos para que Aznar gobernase y para que salieran los presupuestos de Mariano Rajoy en 2017 y 2018. ¡Es una vergüenza! Es una vergüenza que vengan aquí a defender la industria cuando lo único que hacen es ponerle palos en la rueda por culpa de sus políticas verdes suicidas. Nosotros vamos a seguir luchando por esa industria, por ese plan de reindustrialización…

Patricia Rueda Perelló VOX

… que está desde nuestros orígenes, y, por supuesto, vamos a decir no a sus bobadas ideológicas, que le están quitando el pan a muchas familias españolas. .

Rafaela Romero Pozo PSE-EE (PSOE)

Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Queda claro que el grupo del Partido Nacionalista Vasco y el Grupo Socialista hemos compartido diagnóstico y objetivo. Lo demuestra un hecho: el mismo día que el PNV registraba esta iniciativa, nosotros lo hacíamos en la Comisión de Industria para proteger también a la industria siderúrgica con la misma finalidad. Por eso hoy tendíamos la mano con nuestra enmienda, para sumar a sus seis diputados los 121 del Partido Socialista, y una cosa más: el apoyo del Gobierno de España, que es siempre un aliado imprescindible del pueblo vasco, siempre. . Porque hay una voluntad política firme de apoyar a la industria siderúrgica vasca, garantizar su competitividad, impulsar su transición y proteger el empleo. Y hacerlo, además, en un contexto extraordinario que se ha citado, marcado por la agresividad arancelaria de Estados Unidos y la inestabilidad de la guerra ilegal en Oriente Medio, una guerra que no es abstracta, porque impacta en nuestros costes energéticos, en nuestras empresas y también en nuestros hogares, familias y en miles de trabajadores. Frente a eso, hay una certeza para nosotros: las empresas y los trabajadores de la siderurgia no están solos, tienen al Gobierno de España , un Gobierno que ha actuado y que vuelve a actuar con un decreto ley que moviliza más de 200 millones de euros en apoyo a la industria, que reduce hasta un 80 % los peajes eléctricos, flexibiliza contratos energéticos, refuerza compensaciones por CO2 y protege la competitividad. Eso no es retórica; eso es política, son hechos. Señorías del PNV, ustedes saben que tenemos diferencias, pero no es en el diagnóstico ni en la preocupación. Nuestras diferencias están en las soluciones, porque, más allá de lo urgente e importante de la situación extraordinaria ―podemos compartir ahora algunas medidas―, la diferencia está en que los partidos conservadores como el suyo limitan las soluciones a reducir costes y eso para nosotros y nosotras puede ser útil en lo urgente, pero es insuficiente en lo importante. Porque el desafío de la siderurgia de 2026 no es solo resistir, es transformarse. Por eso nuestra enmienda plantea, además de las medidas extraordinarias, otras relativas a la modernización, descarbonización, estabilidad regulatoria y cooperación institucional. En definitiva, lo que queremos no solo es proteger la industria que tenemos, sino también construir la que necesitamos. Señorías del PNV, querida Idoia, ustedes nos conocen. Gobernamos juntos en Euskadi, y lo hemos hecho mucho tiempo y en diferentes circunstancias. Saben que somos gente de palabra, gente de fiar y que siempre hemos estado en las decisiones y soluciones buenas para la ciudadanía vasca y la española, siempre. Por eso les digo que cuidado con las compañías que quieren normalizar relaciones, cuidado con los del flanco de la extrema derecha o el flanco extremo de las derechas, esos mismos que a ustedes y a mí, a usted y a mí, señora Sagastizabal, nos valoran por lo guapas que somos. Mi solidaridad con la señora Alegría y la señora Montero. . En política estamos para mucho más que lo que dice el señor Azcón de ser guapos. Porque, insisto, aliarse con determinadas derechas que quieren normalizar el caos tiene consecuencias. No se puede mirar a otro lado ante guerras ilegales y luego venir aquí a pedir soluciones. No se puede callar ante Trump y exigir certidumbre para nuestra industria. Eso no es política; eso es irresponsabilidad, incoherencia y otras cosas más, como a veces alinearse con los que cometen crímenes de lesa humanidad. Hoy hablamos de acero, pero también hablamos de mantenimiento de empleo. Y hablamos de algo más, y voy terminando. Hablamos de algo más profundo. ¿En qué modelo de sociedad queremos sostener esa industria? Nosotros lo tenemos muy claro: defendemos la economía de la paz, porque no hay industria fuerte sin estabilidad internacional. . No hay economía justa en medio de la barbarie. Por eso hoy, además de apoyar esta iniciativa ―insisto en que espero que lleguemos a un acuerdo con nuestra enmienda, con nuestra aportación―, diremos algo más: no a la guerra, no a la política del caos. No olvidéis a Gaza, seguid mirando a Gaza. No nos acostumbremos al horror, porque proteger la industria es necesario, pero proteger a la humanidad es irrenunciable. Esa es la diferencia y es lo que apoyamos los socialistas. Muchas gracias. .

Félix De las Cuevas Cortés PP

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre la industria electrointensiva, y más en particular sobre la siderúrgica. Y lo primero que tenemos que decir con claridad es que el texto que nos presentan se queda corto, muy corto, y es muy poco ambicioso. Se queda lejos de las propuestas que desde hace tiempo el Partido Popular está defendiendo en este Congreso y que también está reclamando la propia industria electrointensiva. Señorías, la iniciativa del PNV concreta poco, no define y, sobre todo, no actúa de raíz; se limita a señalar ―de forma leve, eso sí― las dificultades del sector sin ofrecer medidas claras, ejecutivas y contundentes. Ustedes, que son los socios prioritarios del Gobierno, si de verdad quieren ayudar a la industria, deberían hacerlo con más ambición. . Por eso el Grupo Popular ha presentado una enmienda de modificación para mejorar, reforzar y completar esta iniciativa. Una enmienda sin complejos, con nueve puntos que incluyen la revisión dentro de la Unión Europea ―repito, dentro de la Unión Europea― del comercio de los derechos de emisión, que incluye cuestiones claves como son los servicios de ajuste, entre otras medidas necesarias. Y es aquí donde está la sorpresa del PNV. Dicen defender a la industria y se olvidan ahora de algo esencial: del coste de los servicios de ajuste que las empresas están pagando y han tenido que asumir desde el 28 de abril de 2025, el día más negro de la política energética de este país, que tuvimos que sufrir el bochorno del apagón. . Es un coste adicional que sufren las empresas de más de 1200 millones de euros. Lo más llamativo, señores del PNV, es que ustedes esto lo defendían en la última PNL que presentaron en el mes de noviembre en la Comisión de Industria. Y hoy, ¿por qué no? ¿A quién defienden entonces, a la industria o a una política energética fallida del Gobierno? . La realidad es muy clara. El Gobierno ha impulsado un mix energético desequilibrado, con una sobrepresencia de las renovables, y ahora están corrigiendo su propio error a base de incrementar los costes que pagan las empresas, las industrias electrointensivas. Las electrointensivas son muy importantes. Estamos hablando de un pilar esencial, un pilar que factura 20 000 millones de euros, que representa más del 10 % del consumo eléctrico nacional y que da empleo directo a unas 250 000 personas en comunidades como la mía, Cantabria, en Galicia, en Asturias y, por supuesto, en el País Vasco. Pero, dentro de la siderurgia, esta industria es estratégica de por sí, porque es la base de la construcción, de la automoción, de la energía, de la defensa, de las infraestructuras; en definitiva, es clave para nuestra autonomía e industria. Sin embargo, señorías, atraviesa un momento crítico, marcado por la competencia global y una presión importadora de países como China o la India, con menores exigencias medioambientales. Y sobre todo esto tenemos un factor determinante: el coste de la energía. Es el verdadero problema. Porque sí, el precio de un mayorista en España a veces puede ser competitivo, pero lo que importa es el precio final que paga la industria, y ese sigue siendo claramente superior al de nuestros competidores. Mientras en Francia o Alemania las industrias reciben un apoyo decidido, sostenido, en España seguimos cargando a nuestras empresas de peajes, de cargos regulatorios, de impuestos. Y ahora, además, de los servicios de ajuste, que hacen que nuestra industria sea mucho menos competitiva, porque sí, las electrointensivas pagan ahora los ajustes de la incompetencia de este Gobierno. Eso es lo que está pasando en la actualidad. . De hecho, los datos son claros. Miren el barómetro de AEGE de las empresas electrointensivas, publicado ayer: en Francia han pagado ayer a 33 euros el megavatio/hora y nosotros, en España, el 68 %. Consecuencias: dificultades como las de la empresa Tubos Reunidos, incertidumbre en el empleo y el riesgo de deslocalización evidente que hay. Pero vamos a lo mollar. Vamos a los derechos de emisión de CO2. En 2025, la recaudación en España ronda ampliamente los más de 3000 millones de euros y el Gobierno se niega sistemáticamente a revertir lo que permite Europa, el 25 % de los derechos de emisión, a la industria, como pasa en Francia o en Alemania. De nuevo, los datos son concluyentes: de los 914 millones de costes de CO2 a compensar a las industrias en el año 2025, el Gobierno solo ha cubierto 613, es decir, un 67 % del total. Y en 2026 las perspectivas van a ser peores, porque solo se habla de 300 millones, un 18 % menos. Voy terminando. Si ustedes apoyan lo que está haciendo el Gobierno, esa es la diferencia con nosotros. Nosotros hemos presentado aquí una enmienda global, con nueve puntos, que espero…

Félix De las Cuevas Cortés PP

… que ustedes vayan a aprobar por el bien de la industria, que lo está necesitando. Muchas gracias. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Comentar que la proposta del PNB és oportuna i coincideix amb moltes de les nostres demandes històriques, algunes d’elles en defensa de la base industrial europea, ja sigui davant de la competència deslleial, els costos energètics abusius o l’amenaça de la deslocalització. Votarem, per tant, a favor. S’ha de dir, però, que el darrer Reial decret llei del Govern espanyol ja inclou—ens ha passat el mateix a nosaltres amb la nostra moció,— alguns dels punts dins de les mesures davant dels efectes socioeconòmics de la guerra d’Orient Mitjà. Aprofito, per tant, per comentar aquest Reial decret llei que es vota dijous en ple extraordinari. Inclou la bonificació del 80 % dels peatges per a la indústria electrointensiva, que nosaltres també reclamàvem. I, en l’àmbit energètic, que adapta moltes de les propostes de Junts, per exemple, les reduccions de l’IVA de l’electricitat o del gas. On no estem d’acord, i ja ho avancem, és en la manera en què tornen a eliminar només temporalment, com van fer en la crisi per la guerra d’Ucraïna, l’impost al valor de la producció d’energia elèctrica. El Govern espanyol ha decidit no aprofitar l’ocasió per eliminar un impost injust, que no paga cap altre ciutadà de la Unió Europea i que té repercussió en la factura elèctrica de cada mes. Un impost que penalitza l’electricitat, mentre Europa urgeix la descarbonització. Eliminen l’impost només el proper trimestre perquè pensen que en pocs mesos s’acabarà la guerra de l’Orient Mitjà? Si prenem de referència la guerra d’Ucraïna, ja portem quatre anys de guerra. I si fem cas dels anuncis de final de guerra de Trump, bé, jo crec que molta confiança amb el que digui Donald Trump en aquest sentit no podem tenir. En qualsevol cas, ara que la principal defensora de l’impost, la vicepresidenta Montero, deixa el Govern per anar a Andalusia, tenen l’oportunitat, aprofitin-la, aquesta oportunitat per acabar amb aquesta injustícia. Els ciutadans paguen per consumir electricitat, els ciutadans paguem per generar electricitat. On tampoc podem estar d’acord és en com fan les coses. Publiquen el Reial decret llei divendres amb mesures que s’han de començar a aplicar diumenge. Res no impedia que es publiqués dilluns i que avui la presidenta del Congrés convoqués, com ha fet, per dijous, un ple extraordinari per debatre aquest reial decret llei i per votar-lo. De nou, no es posen en el lloc dels qui han d’aplicar les seves mesures. Hem vist com els clients de les gasolineres dissabte feien consultes sobre la rebaixa de l’IVA, que els treballadors de les mateixes gasolineres no sabien què contestar, perquè vostès fins dilluns no han publicat el comunicat. Per no parlar de la comptabilitat. S’ha hagut de fer front als canvis sense assessorament fiscal, sense suport informàtic o havent de contractar-lo en horaris intempestius. Això no és manera de fer les coses. Una mesura que trobem positiva, però insuficient, és la que amplia a cinc quilòmetres la distància entre generació i autoconsum d’electricitat verda. Almenys, almenys ara sí aquesta distància es pot aplicar en instal·lacions a terra, i no només en teulada. Nosaltres, i ho sap molt bé el company Isidre Gavín, volem ampliar a deu i vint quilòmetres la distància en polígons, en zones rurals per aprofitar, per promoure l’autoconsum. Però s’ha de reconèixer que augmentar a cinc quilòmetres és un avenç, que costa molt d’entendre que hagi trigat tant. També ho hem de dir. Perquè aquesta mesura facilita compartir electricitat verda, i a millor preu, entre els habitants de molts pobles petits. Si estem en crisi de preus de l’energia, benvingudes siguin les mesures que afecten positivament la butxaca de la gent i democratitzen l’energia. I donat que avui parlem d’indústria, evidentment, ampliar distàncies també els facilita a la gent del sector industrial l’autoconsum. El Reial decret llei també soluciona un tema que preocupa, i molt, als promotors de renovables. A Catalunya tenim a prop de 1500 megawatts judicialitzats, megawatts que depenen d’una decisió judicial per poder seguir la seva tramitació. Els temps de la justícia, ho sabem tots, són lents i sovint aquestes instal·lacions es queden pel camí amb grans pèrdues pels promotors. Ara s’allargarà automàticament el termini, i això és positiu. Pel que fa al pla del biometà que posen en marxa, és una mesura de futur, sí, però que no resol el present dels ramaders, que segueixen patint l’eliminació de les ajudes de la cogeneració per poder tractar els purins. Ja els vàrem dir que moltes granges petites i mitjanes de Catalunya del sector porcí estan al límit, al límit, en risc de tancament... Muchas gracias, presidente. Quiero comentar que la propuesta del PNV es oportuna y coincide con muchas de nuestras demandas históricas, algunas de ellas en defensa de la base industrial europea, ya sea ante la competencia desleal, costes energéticos abusivos o la amenaza de la deslocalización. Votaremos, por tanto, a favor. Debemos decir que el último decreto ley del Gobierno español ya incluye ―y nos ha pasado lo mismo con nuestra moción― algunos de los puntos dentro de las medidas ante los efectos socioeconómicos de la guerra de Oriente Medio. Aprovecho, por tanto, para comentar este real decreto ley que se vota el jueves en Pleno extraordinario. Incluye la bonificación del 80 % de los peajes para la industria electrointensiva, que nosotros también reclamábamos, y, en el ámbito energético, adapta muchas de las propuestas de Junts; por ejemplo, las reducciones del IVA de electricidad o del gas. Donde no estamos de acuerdo, y ya lo avanzamos, es en la manera en la que vuelvan a eliminar ―no solo temporalmente, como hicieron en la crisis por la guerra de Ucrania― el impuesto a la energía eléctrica. El Gobierno español ha decidido no aprovechar la ocasión para eliminar un impuesto injusto que no paga ningún otro ciudadano de la Unión Europea y que tiene repercusión en la factura eléctrica de cada mes, un impuesto que penaliza la electricidad mientras Europa urge a la descarbonización. ¿Eliminan el impuesto solo el próximo trimestre porque piensan que en los próximos meses terminará la guerra en Oriente Medio? En cuanto a la guerra de Ucrania, llevamos cuatro años. Y si hacemos caso a los anuncios de Trump, bueno, creo que mucha confianza en lo que dice Donald Trump en este sentido no podemos tener. En cualquier caso, ahora que la principal defensora del impuesto, la vicepresidenta Montero, deja el Gobierno para ir a Andalucía, tienen la oportunidad de terminar con esta injusticia. Los ciudadanos pagan por consumir electricidad, los ciudadanos pagamos por generar electricidad. Donde tampoco podemos estar de acuerdo es en cómo se hacen las cosas. Publican el real decreto el viernes con medidas que deben comenzar a aplicarse el domingo. Nada impedía que se publicara el lunes y que hoy la presidenta del Congreso convocara, como ha hecho, para el jueves un Pleno extraordinario para debatir este real decreto ley y para votarlo. De nuevo, no se ponen en el lugar de quienes tienen que aplicar sus medidas. Hemos visto cómo los clientes de las gasolineras el sábado hacían consultas sobre la rebaja del IVA que los trabajadores de estas mismas gasolineras no sabían qué contestar, porque ustedes hasta el lunes no han publicado el comunicado. Por no hablar de la contabilidad: se han tenido que hacer estos cambios sin asesoramiento fiscal, sin apoyo informático o contratándolo en horarios intempestivos. Esto no es forma de hacer las cosas. Una medida que encontramos positiva, pero insuficiente es la que amplía a 5 kilómetros la distancia entre generación y autoconsumo de electricidad verde. Al menos, ahora sí, esta distancia se puede aplicar a instalaciones en el suelo y no solo en tejados. Nosotros, y lo sabe muy bien nuestro compañero Isidre Gavin, queremos ampliar a 10 y a 20 kilómetros la distancia en polígonos y en zonas rurales para aprovechar o promover el autoconsumo, pero debemos reconocer que aumentar a 5 kilómetros es un avance. Cuesta mucho de entender que haya tardado tanto, lo hemos de decir, porque esta medida facilita compartir electricidad verde y a mejor precio entre los habitantes de muchos pueblos pequeños. Si estamos en crisis de precios de la energía, bienvenidas sean las medidas que afectan positivamente al bolsillo de las personas y democratizan la energía. Y ya que hoy hablamos de industria, evidentemente, ampliar distancias también nos facilita a la gente del sector industrial el autoconsumo. El real decreto ley también soluciona un tema que preocupa, y muchísimo, a los promotores de renovables. En Cataluña tenemos cerca de 1500 megavatios judicializados: megavatios que dependen de una decisión judicial para poder seguir su tramitación. Los tiempos de la justicia, lo sabemos todos, son lentos, y muchas veces estas instalaciones se quedan por el camino, con muchas pérdidas para los promotores. Ahora se alargará automáticamente el plazo y esto es positivo para el biometano. Es una medida de futuro, sí, pero que no resuelve el presente de los ganaderos, que tienen menos ayudas a la cogeneración para tratar los purines. Muchas granjas porcinas pequeñas y medianas en Cataluña están al límite, ya se lo dijimos, al límite del cierre…

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

… assumint costos molt alts. Ja acabo president per poder escampar purins per camps molt allunyats d’on tenen les seves ramaderies. Això s’ha de resoldre i molt ràpidament també. Queda per resoldre un tema, un problema estructural respecte del bo social elèctric. La majoria de les persones que compleixen els requisits no el reben. Demanem que s’ha automatitzar i que es faci a través d’una declaració responsable per la gent vulnerable afectada. Gràcies. … asumiendo costes muy altos ―y ya termino, presidente― para poder tirar purines en campos muy lejos donde están sus ganados. Y esto tiene que resolverse. Y muy rápidamente. También queda por resolver un problema estructural respecto del bono social eléctrico. La mayoría de las personas que cumplen los requisitos no lo reciben. Pedimos que se automatice y que se haga a través de una declaración responsable para la gente afectada vulnerable. Gracias.

Teresa Jordà i Roura ERC

Bona tarda de nou. Gràcies, presidenta. Intentaré centrar una mica el tema, tornar-lo a reubicar. Avui, amb el permís del Partit Nacionalista Basc, no parlem només de siderúrgia. Entenc que avui discutim en aquest hemicicle si realment els partits representats aquí en aquest congrés estan disposats a defensar la indústria productiva o si es continuarà arribant tard, sempre, això sí, fent grans proclames i oferint respostes, malauradament molt i molt i molt petites. Perquè això és el que passa massa sovint: molta retòrica sobre reindustrialització, molta retòrica sobre autonomia estratègica, molta retòrica sobre transició verda, però quan toca realment baixar al terreny, quan toca actuar sobre els costos energètics, sobre els peatges, sobre la competència deslleial, sobre els mecanismes de compensació, aleshores tot són excuses, tot són dilacions, tot són pedaços. I mentrestant, qui paga la festa? Doncs ho diem alt i clar: la paga la indústria. No només la indústria, la paguen els treballadors, la paguen també els territoris que veuen com el teixit productiu cada vegada es debilita més, i la paguen també, òbviament, les generacions futures, perquè, sense base industrial, senyories, no hi ha prosperitat i no hi ha innovació, i tampoc hi ha transició ecològica que s’aguanti. Des d’Esquerra Republicana ho hem dit sempre molt clar. Veiem bé aquesta iniciativa, perquè parla d’aquests temes que he apuntat, i la veiem bé també perquè posa damunt de la taula una veritat incòmoda que alguns massa sovint han volgut maquillar durant massa temps. Mirin, sense energia competitiva, no hi ha indústria competitiva. I això és el que posa damunt la taula aquesta iniciativa. I sense indústria competitiva, doncs mira per on, no hi ha sobirania econòmica, ni tampoc hi ha autonomia estratègica, ni tampoc hi ha cap futur digne per a cap societat. Les coses no se solucionen soles. Estem en un context global marcat, malauradament, per massa conflictes bèl·lics, per tensions geopolítiques, per, en definitiva, mercats energètics molt i molt i molt inestables, i per competidors que no juguen amb les mateixes regles. I davant d’aquesta situació, la inacció mai, absolutament mai, és neutral. La inacció és una forma també de desmantellament. I aquí també cal parlar amb claredat. És que ni el Partit Socialista ni vostès poden continuar gaire temps ja instal·lats en l’autocomplaença, perquè això és continu, però tampoc el Partit Popular pot venir a donar lliçons després d’anys de decisions que, evidentment, sí, han ajudat i han acabat afeblint també el teixit industrial i energètic. I uns i altres en parlen molt, però massa sovint han governat sense una veritable política industrial. De fet, aquest congrés i molta gent a fora està esperant la llei d’Indústria. Perquè on és la llei d’Indústria? En un calaix? De què tenen por? És necessària una llei d’indústria. En definitiva, senyories, la siderúrgia que avui en parlava el Partit Nacionalista Basc tampoc és una relíquia. No és una cosa del passat. De fet, és futur també, és infraestructura, en definitiva, és mobilitat, és també energia, és capacitat productiva, és també — no ens n’oblidem, molt important— ocupació de qualitat, és tot allò que després alguns reivindiquen amb grans titulars, però que no es pot sostenir, si deixem morir les empreses que ho fan possible. I per això cal actuar. Per això cal reduir càrrecs i peatges. Per això cal reforçar compensacions pels costos indirectes del CO 2. Per això cal defensar també el teixit productiu davant de la competència deslleial. I també cal aprofitar tots els marges europeus per protegir aquests sectors, que són sectors estratègics. Cal deixar de castigar qui produeix aquí amb més exigències i menys protecció que els seus competidors. I deixi’m dir una última cosa que també és important. Resistir no és la recepta, no és la recepta, no és suficient. El repte, sens dubte, quan parlem del cas que avui ens ocupa, és aprofitar aquesta crisi per fer el que fem, el que fa massa anys que s’ajorna, que és fer una veritable transformació del model energètic i del model productiu. No volem, doncs, una economia descarbonitzada sobre el paper i desmantellada a la realitat. No volem importar acer més brut, mentre aquí tanquem indústries, indústries que també es deslocalitzen. No volem proclames ecologistes que acaben, com deia, amb això: amb deslocalització, que acaba amb precarietat i amb resignació. En definitiva, i ara sí que acabo, president, nosaltres ho tenim clar: ni resignació, ni submissió, ni retòrica buida. Indústria, energia, sobirania i, sobretot, senyories, futur. Moltes gràcies. Buenas tardes de nuevo. Gracias, presidenta. Intentaré centrar un poco la cuestión, volver a reubicarla. Hoy, con el permiso del Partido Nacionalista Vasco, no hablamos solo de siderurgia. Entiendo que hoy discutimos en este hemiciclo si realmente los partidos representados aquí, en este Congreso, están dispuestos a defender la industria productiva o si se continuará llegando tarde. Siempre, eso sí, haciendo grandes proclamas y ofreciendo respuestas muy pequeñas. Esto es lo que suele pasar: mucha retórica sobre reindustrialización, mucha retórica sobre estrategia autonómica, sobre transición verde, pero cuando toca realmente bajar al terreno, cuando hay que actuar sobre los costes energéticos, sobre los peajes, sobre la competencia desleal, sobre los mecanismos de compensación, entonces, todo son excusas, todo son dilaciones, todo son retales. ¿Y quién paga la fiesta? Pues la industria. No solo la industria, la pagan los trabajadores, la pagan también los territorios que ven cómo su tejido productivo cada vez se ve más debilitado, y también la pagan, obviamente, las generaciones futuras, porque sin base industrial, señorías, no hay prosperidad, no hay innovación y tampoco hay transición ecológica que se sostenga. En Esquerra Republicana siempre lo hemos dicho muy claro: vemos bien esta iniciativa, porque habla de estos temas que he contado, y también porque pone sobre la mesa una verdad incómoda que algunos, demasiadas veces, han querido maquillar durante demasiado tiempo. Sin energía competitiva, no hay industria competitiva ―y esto es lo que pone encima de la mesa esta iniciativa―; y sin industria competitiva, pues mira por dónde, no hay autonomía estratégica ni tampoco ningún futuro digno para ninguna sociedad. Las cosas no se solucionan solas. Estamos en un contexto global marcado, desafortunadamente, por demasiados conflictos bélicos, por tensiones geopolíticas, por, en definitiva, mercados energéticos muy, muy inestables y por competidores que no juegan con las mismas reglas. Y ante esta situación, la inacción nunca es neutral, absolutamente nunca. La inacción es una forma también de desmantelamiento, y aquí también hay que hablar con propiedad. Ni el Partido Socialista ni ustedes pueden continuar demasiado tiempo instalados en la autocomplacencia, porque esto es continuo. Pero tampoco el Partido Popular puede venir a dar lecciones después de años de decisiones que, evidentemente, sí han debilitado el tejido industrial energético. Entre unos y otros hablan mucho, pero casi siempre han estado gobernando sin una política industrial verdadera. Este Congreso, y mucha gente fuera, está esperando la ley de industria, porque ¿dónde se encuentra la ley de industria? ¿En un cajón? ¿De qué tienen miedo? Es necesaria esta ley de industria. En definitiva, señorías, la siderurgia que hoy trae aquí el PNV no es una reliquia, es futuro; no es algo del pasado, es infraestructura, es movilidad, es también energía, es capacidad productiva y, no nos olvidemos, muy importante, lleva calidad. Muchos reivindican esto con grandes titulares, pero no se puede sostener si dejamos morir a las empresas que lo hacen posible. Y por eso debemos actuar. Es necesario reducir cargos y peajes, reforzar compensaciones por los costes indirectos del CO 2 y también hay que defender al tejido productivo ante la competencia desleal. También es necesario aprovechar todos los márgenes europeos para proteger estos sectores, que son sectores estratégicos. Hay que ser más exigentes y no dejar que tengan menos ayudas que sus competidores. Por último, resistir no es la receta, no es suficiente. El reto, sin duda, cuando hablamos del caso que nos ocupa, es aprovechar esta crisis para hacer lo que desde hace demasiados años estamos aplazando, que es una verdadera transformación del modelo energético y del modelo productivo. No queremos una economía descarbonizada sobre el papel y desmantelada en la realidad. No queremos importar o cerrar industrias aquí, ni ver industrias que se deslocalizan. No queremos proclamas ecologistas que acaban, como decía, con esto: con deslocalizaciones que acaban en precariedad. En definitiva ―y ahora sí termino, presidente―, nosotros lo tenemos claro: ni resignación, ni sumisión, ni retórica vacía. Industria, energía, soberanía y, sobre todo, señorías, futuro. Muchísimas gracias, señorías. .

Lander Martínez Hierro SUMAR

Señorías, hoy debatimos sobre la industria siderúrgica; un sector que es estratégico, pero también un sector que está en plena transformación. Yo creo que conviene ser claros desde el principio: no estamos solo ante un problema de costes; estamos ante un cambio de modelo. Un modelo que tiene que responder a tres retos a la vez: competitividad, transición ecológica y cohesión territorial. Si fallamos en alguno de ellos, fallamos en todos. Es evidente que el sector atraviesa un momento difícil. El incremento de costes energéticos está afectando de forma directa a la industria electrointensiva. Las tensiones internacionales encarecen el gas, el transporte, la logística y las materias primas. La competencia global sigue siendo intensa y, en ocasiones, desigual. Y eso exige respuesta. En este sentido, hay ciertas medidas que es cierto que van en la buena dirección. Por ejemplo, los mecanismos de apoyo a la industria electrointensiva, que permiten reducir los peajes eléctricos, son herramientas útiles, ya activadas, que ayudan a aliviar costes en momentos de tensión y que deben evaluarse y mantenerse mientras sean necesarias. Pero también es importante reforzar el marco europeo, avanzar en el ajuste de frontera por carbono, mejorar los instrumentos de defensa comercial y evitar que la descarbonización acabe penalizando a quienes producen en Europa. Y aquí podemos compartir cierto terreno, pero el debate no puede quedarse en eso. Porque si reducimos la política industrial a una suma de rebajas de costes, nos estamos quedando en la superficie del problema. Y hay decisiones que no van en la buena dirección, hay propuestas que no van en la buena dirección. Por ejemplo, plantear la eliminación permanente de impuestos como el de la generación eléctrica no es una medida neutra. Tiene un impacto relevante en los ingresos públicos y en la sostenibilidad del sistema eléctrico. Y, sobre todo, lanza una señal equivocada. Porque la transición energética necesita inversión pública, necesita estabilidad regulatoria y necesita recursos. Y no se puede construir un sistema energético limpio debilitando sus propios fundamentos financieros. Por eso, el debate sobre la fiscalidad energética tiene que ser serio, equilibrado y responsable. No se trata de eliminar instrumentos sin más, sino de evaluar su impacto y su función dentro del conjunto del sistema. Señorías, más allá de cada medida concreta, aquí hay una cuestión de fondo: que las ayudas públicas no pueden ser incondicionales. No pueden limitarse a mejorar la cuenta de resultados de las empresas sin exigir nada a cambio. Tienen que estar vinculadas a objetivos claros: inversión en descarbonización, modernización industrial, mantenimiento del empleo y compromiso con el territorio. Porque estamos hablando de recursos públicos, y eso implica responsabilidad. Y aquí es donde este debate aterriza en la realidad. No podemos ignorar lo que está ocurriendo en Aiaraldea con Tubos Reunidos. Un caso que refleja bien las tensiones del sector, pero también una lógica que se repite una y otra vez, que es que, ante dificultades, la primera respuesta vuelve a ser el ajuste de plantilla. Esto no puede normalizarse, porque la transición industrial no puede hacerse a base de despidos. Porque cuando se destruye empleo industrial no solo se pierden puestos de trabajo: se pierde capacidad productiva, se pierde tejido económico y se debilitan territorios enteros. . Por eso, cualquier apoyo público, cualquier proceso de reestructuración debe estar ligado a planes industriales sólidos, a compromisos de viabilidad real y a la protección del empleo. Señorías, la siderurgia es clave para la transición ecológica, pero también es uno de los sectores que más tiene que transformarse. Y eso cambia completamente el enfoque. No se trata solo de abaratar la energía; se trata de transformar cómo se produce; se trata de avanzar hacia procesos electrificados y hacia una reducción real de las emisiones, de producir acero con menor huella de carbono, porque este va a ser el factor competitivo del futuro: menor huella de carbono. Y ahí es donde las políticas públicas tienen que poner el foco. No en sostener el modelo actual sin condiciones, sino en acelerar su transformación. Porque la industria del futuro no será la que compita solo en costes, será la que sea capaz de producir mejor, con menos emisiones y con más valor añadido. Eskerrik Asko. .

Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, senyor president. Senyor Matute i senyora Vallugera, que jo que acabo d’arribar cometi segons quins errors parlamentaris, doncs miri, fins i tot seria acceptable, però vostès dos, que són veterans i a més a més els tinc per bons parlamentaris, no poden pretendre fer segons quines trampes. I és evident que les nostres PNL i la nostra moció no té res a veure amb un Reial decret òmnibus, perquè vostès a la PNL i a la moció hi poden fer esmenes i podran votar punt per punt. I, per tant, podran decidir en què estan d’acord i en què no estan d’acord. I, en canvi, amb un Reial decret òmnibus, o te l’empasses tot sencer o no hi ha alternativa i, per tant, ja entenc que hagin volgut jugar, però no és oportú. Senyora Vidal i senyors de SUMAR, entenc que el seu partit tingui cada dia més fred de peus. Amb els resultats jo també el tindria. I també ho entenc, perquè les seves polítiques cada vegada són més ineficients. Prova d’això és el del mercat de l’habitatge. Vostès fan polítiques d’habitatge i l’únic que han aconseguit és destrossar a tot arreu el mercat de l’habitatge. Però escolti’m, és de P5 de política que, si necessites uns vots per aconseguir majories, el que no has de fer és maltractar precisament qui té els set vots. I per mala sort per a vostès, Junts per Catalunya tenen els set vots que vostès necessiten per aprovar moltes de les seves iniciatives. I, per tant, seguir per aquest camí els ben asseguro que els servirà de ben poc, perquè amb nosaltres la pressió no els portarà a cap èxit. La setmana passada vam poder constatar com el Govern de l’Estat viu cada dia en una realitat més paral·lela i més allunyada dels ciutadans. Cada vegada que es donava una evidència, cada vegada que jo concretava unes dades davant de cada fet contrastable que li exposàvem a la vicepresidenta Montero, la resposta era la mateixa: l’economia va molt bé, ningú té raons per queixar-se i nosaltres hauríem d’estar donant suport a tot allò que proposa i impulsa el Govern de l’Estat. Doncs mirin, no. La realitat no és aquesta, i per això vostès no poden comptar amb els nostres vots. La gent n’estan molt cuits del que passa i el grup de Govern i els socis no fan més que accentuar aquesta realitat. Només cal que mirem què passa al carrer. Vaga de personal docent. Vaga de metges. Vaga de pagesos. Vaga de pescadors. Vaga d’autònoms. Vaga d’usuaris del transport públic. Vaga de taxistes. Vaga de professionals del 112. Pràcticament tothom insatisfet. Interins, advocats, mutualistes, treballadors en general, classe mitjana, gent que busca pis, gent que lloga el pis... Tothom, pràcticament tothom insatisfet amb les seves polítiques. I contra això, vostès l’únic que fan és negar la realitat, o el que és pitjor, fer polítiques precisament que, en lloc de solucionar aquests problemes, compliquen encara més la seva realitat. Per tant, avui portem les mesures que fa temps que molts sectors de la nostra societat reivindiquen i que des de Junts per Catalunya defensem la seva implantació. I farem un exercici de votar-les una per una. I així cadascun de vostès es van posant davant del mirall en allò que estan a favor o estan en contra, Ben diferent del Reial decret òmnibus que, com deia abans, o te l’empasses sencer o no hi ha alternativa. Per als pagesos cal aplicar les mesures necessàries per assegurar que poden viure dignament de la terra, flexibilitzant l’actual sistema de cotització per ingressos reals per garantir una jubilació digna. I, des del punt de vista econòmic, incrementar la devolució de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs suportades per les explotacions. Per als pescadors, cal atendre les seves legítimes demandes per poder garantir el futur del sector, establint un sistema de repartiment de jornades de pesca que permeti una correcta planificació de la feina, amb una assignació de dies plurianual i d’un mínim de 180 jornades anuals; implantant de forma urgent, a més a més, l’autorització per a la comercialització de les tonyines capturades com a pesca accidental en la pesca d’arrossegament. Per als mestres, cal dotar els recursos necessaris per garantir la qualitat del sistema educatiu, incrementant el pressupost d’Educació fins a un 6 % del producte interior brut i transferint-lo a Catalunya, donant més personal de suport, reduint ràtios a les aules, així com actualitzant els mòduls de l’escola concertada als costos reals. Per als metges, cal atendre les seves reivindicacions per poder garantir així un sistema sanitari adequat, garantint l’estatut mèdic propi català, evitant les guàrdies de 24 hores i millorant la qualitat assistencial, i garantint l’accés dels estudiants catalans a la Facultat de Medicina, mentre es tramita la modificació de la Llei orgànica del sistema universitari impulsada per Junts, per a l’establiment d’un districte universitari propi per Catalunya. Per als autònoms, cal fer una llei de la reforma integral que els protegeixi com un dels actors fonamentals del teixit productiu, i per això l’estem impulsant des de Junts per Catalunya. A part de tot el que hem explicat en la proposició no de llei anterior, cal introduir un nou model de cotització que elimini el problema actual de fer-ho segons ingressos reals, ajustant les escales impositives a la inflació i augmentant el percentatge aplicable de les despeses de difícil justificació. Per a les famílies i la classe mitjana i treballadora, cal implantar les mesures per evitar que segueixin castigats per les polítiques del Govern, moltes d’elles, com dèiem abans, incorporades en el Reial decret llei a instàncies de Junts per Catalunya; però d’altres que el Govern no ha incorporat i que són del tot necessàries: eliminar l’impost de successions i donacions, ajustar els trams de l’IRPF a l’evolució de la inflació, augmentar el mínim exempt de l’IRPF, reequilibrant l’IRPF de les classes mitjanes i reduint l’IVA dels aliments, facilitant també l’accés a l’habitatge per a les famílies. I també per als petits empresaris i emprenedors, cal activar els mecanismes necessaris per facilitar i fer créixer la seva activitat, impulsant un procés de reducció burocràtica i simplificació administrativa, establint una fiscalitat específica que fomenti el creixement de les microempreses i les pimes, i permetent reduir-se l’impost de societats al que les pimes paguin d’IAE. I finalment, per a les persones dependents, cal impulsar aquelles accions que els dignifiquin la vida i millorin el seu dia a dia, garantint la transparència de la Generalitat de Catalunya com a mínim del 50 % dels recursos per aplicar la Llei de dependència a Catalunya, garantint que sigui compatible el complement de gran invalidesa amb les prestacions del grau de dependència extrema o la pensió no contributiva per invalidesa, i aplicant un tipus reduït del 4 % a tots els productes de suport o ajuda tècnica a la discapacitat. I acabo reconeixent el dret també preferent del teletreball per a famílies responsables de les cures en malalties de salut mental, infantils i juvenils, i declarant exemptes de tributació les ajudes als afectats per la talidomida. Més de 60 mesures a favor del benestar dels ciutadans de Catalunya que formen part de la columna vertebral de la nostra acció política i que vostès podran votar en les votacions individuals de la nostra moció. Muchas gracias, señor presidente. Señor Matute, señora Vallugera, que yo, que acabo de llegar, cometa ciertos errores parlamentarios hasta cierto punto sería aceptable, pero ustedes dos, que son veteranos y que además los tengo por buenos parlamentarios, no pueden pretender hacer según qué trampas. Es evidente que nuestra PNL y nuestra moción no tienen nada que ver con un real decreto ómnibus, porque ustedes en la PNL y en la moción pueden hacer enmiendas y votar punto por punto, podrán decidir, por tanto, en lo que están de acuerdo y en lo que no están de acuerdo; en cambio, en un real decreto ómnibus, o te lo tragas entero o no hay alternativa. Así que, entiendo que hayan querido jugar, pero no es oportuno. Señora Vidal y señores de SUMAR, entiendo que su partido tenga cada día más frío en los pies ―por así decirlo―; yo, con los últimos resultados, también lo tendría. Lo entiendo también porque sus políticas, además, son cada vez más ineficientes, prueba de ello, el mercado de la vivienda. Hacen políticas de la vivienda y lo único que han conseguido ha sido destrozar en todas partes el mercado de la vivienda. Esto es de P5 de política, si necesitas unos votos para conseguir mayorías, lo que no tienes que hacer es maltratar a los que tienen los votos. A su pesar, Junts per Catalunya tiene los siete votos que ustedes necesitan para aprobar muchas de sus iniciativas. Así que, si siguen por este camino, de poco les va a servir porque la presión con nosotros no los va a llevar a ningún éxito. La semana pasada pudimos constatar cómo el Gobierno del Estado vive cada día en una realidad más paralela y alejada de los ciudadanos. Cada vez que se daba una evidencia cada vez que yo concretaba algunos datos ante cada hecho contrastable que presentábamos a la vicepresidenta Montero la respuesta era la misma: la economía va muy bien, nadie tiene razones o motivos para quejarse y nosotros deberíamos estar brindando nuestro apoyo a todo lo que propone e impulsa el Gobierno del Estado. Pues, miren ustedes, no, la realidad no es esa, y por eso ustedes no pueden contar con nuestros votos. La gente está harta ya de lo que pasa y el grupo de Gobierno y los socios no hacen más que acentuar esta realidad. Basta con mirar lo que sucede en la calle: huelga de personal docente, huelga de médicos, de agricultores, de autónomos, de usuarios, de transporte público, de taxistas, de profesionales del 112. Prácticamente todo el mundo insatisfecho: interinos, abogados, mutualistas, trabajadores en general, clase media, gente que busca piso, gente que alquila piso. Todo el mundo, prácticamente todo el mundo está insatisfecho con sus políticas. Y frente a esto ustedes lo único que hacen es negar la realidad o, todavía peor, hacer películas que, en lugar de resolver estos problemas, complican todavía más su realidad. Por consiguiente, traemos aquí las medidas que muchos de los sectores de nuestra sociedad hace tiempo que reivindican y cuya implantación defendemos en Junts per Catalunya. Y vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a votar uno por uno, así cada uno de ustedes se pone ante el espejo en lo que están a favor o en contra. Esto es muy distinto del real decreto ómnibus que, como decía antes, o te lo tragas entero o no hay alternativa. Para los agricultores, hay que aplicar las medidas necesarias para garantizar que puedan vivir de la tierra, flexibilizar el sistema de cotización por ingresos reales para garantizar una jubilación digna y, desde el punto de vista económico, aumentar la devolución de las cuotas del impuesto a los hidrocarburos soportadas por las explotaciones. Para los pescadores, hay que atender sus legítimas demandas para poder garantizar el futuro del sector, estableciendo un sistema de jornadas de pesca que realmente permita una correcta planificación de la labor, con una asignación de días plurianual y un mínimo de 180 jornadas anuales, implantando de forma urgente, además, la comercialización de los atunes capturados como pesca accidental en la pesca de arrastre. Para los docentes, hay que dotar los recursos necesarios para garantizar el sistema educativo, aumentando el presupuesto a un 6 % del PIB y con más personal de apoyo, reduciendo las ratios en las aulas y actualizando los módulos de la escuela concertada a los costes reales. Para los médicos, hay que atender sus reivindicaciones para poder garantizar de este modo un sistema sanitario adecuado, garantizando el estatuto médico propio catalán, evitando las guardias de veinticuatro horas, mejorando la calidad asistencial y garantizando el acceso de los estudiantes catalanes a la Facultad de Medicina, mientras se tramita la modificación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario impulsada por Junts para el establecimiento de un distrito universitario propio para Cataluña. Para los autónomos, se necesita una ley de reforma integral que los proteja como actores clave del tejido productivo, cosa que estamos impulsando desde Junts per Catalunya. Y además de todo lo explicado en la proposición de ley anterior, hay que introducir un nuevo modelo de cotización que elimine el modelo actual de hacerlo según ingresos reales, ajustando las escalas impositivas a la inflación y aumentando el porcentaje aplicable de los gastos de difícil justificación. Para las familias y la clase media y trabajadora, hay que implantar las medidas para evitar que sigan castigados por las políticas del Gobierno. Muchas de ellas, como decíamos antes, incorporadas en el real decreto ley a instancias de Junts per Catalunya, pero otras que el Gobierno no ha incorporado y que son muy necesarias, eliminando el impuesto de donaciones, ajustando el IRPF a la inflación, aumentando el mínimo exento del IRPF, equilibrando la situación de las clases media y facilitando también el acceso a la vivienda para las familias. Para los pequeños empresarios y emprendedores, necesitamos los mecanismos necesarios para que pueda crecer su actividad, impulsando un proceso de reducción burocrática y simplificación administrativa, estableciendo una fiscalidad específica que fomente el crecimiento de las microempresas y pymes, y permitiendo reducir el impuesto de sociedades, lo que las pymes pagan de IAE. Para las personas dependientes, hay que impulsar las acciones que les dignifique la vida y mejore su día a día, garantizando la transparencia en la Generalitat de Catalunya con el mínimo del 50 % de los recursos en la ley de dependencia, garantizando que sea compatible el complemento de gran invalidez con las prestaciones del grado de dependencia y la pensión contributiva por invalidez, y aplicando un tipo reducido del 4 % en todos los productos de apoyo técnico sobre la discapacidad. Y concluyo. Reconocemos también el derecho del teletrabajo para personas responsables de los cuidados por enfermedad y declaramos también exentas de tributación las ayudas a los afectados por la talidomida. Hay muchos ciudadanos en Cataluña que forman parte de la columna vertebral de nuestra acción política y, por tanto, ustedes podrán votar, en cada caso, las votaciones individuales de nuestra moción. Muchas gracias.

Juan José Aizcorbe Torra VOX

Muchas gracias, señor presidente. La exposición de motivos de la moción consecuencia de la ardorosa y fogosa interpelación del señor Cruset, de Junts, es del tenor literal siguiente. Dicen ustedes que existe una distancia abismal entre el relato oficial del Gobierno ―eso que dicen de España va como un cohete, la mejor economía del mundo― y la realidad que viven millones de españoles y de ciudadanos. Eso es cierto, eso lo dice VOX desde hace mucho tiempo, y eso sucede gracias a ustedes, gracias a Junts, que apoya a este Gobierno socialista. . Que las cifras macroeconómicas que el Ejecutivo exhibe con orgullo no se trasladan a la economía familiar. Sí, es cierto, VOX lo ha denunciado, y eso sucede gracias a Junts, que apoya a este Gobierno socialista. Que sea cual sea la condición profesional o social, las decisiones adoptadas por el Gobierno perjudican sistemáticamente a la mayoría de la ciudadanía también es cierto. VOX lo ha denunciado, y eso sucede gracias a Junts, que apoya a este Gobierno socialista. . Que existe una situación cada vez más difícil para amplias capas de la población. Sí, es cierto. VOX lo ha denunciado muchas veces, y eso sucede gracias a Junts, que apoya a este Gobierno socialista. Hablan de asfixia al tejido productivo, de estancamiento de la productividad, de pérdida de competitividad, de salarios bajos, de inflación y de una presión fiscal creciente. Sí, es cierto, VOX lo ha denunciado hace tiempo también, y eso sucede gracias a Junts, que apoya a este Gobierno socialista. . Hablan de empobrecimiento familiar, de pérdida de capacidad de reacción, de servicios públicos que no responden y de un mercado de la vivienda tensionado hasta extremos insostenibles. Sí, efectivamente es cierto, y esto sucede gracias a Junts, que apoya al Gobierno socialista. Este es el contenido de la exposición de motivos de su moción, y precisamente por eso el problema no está en el diagnóstico, sino en la posición desde la que lo formulan ustedes. Todo lo que hoy describen en esta moción coincide en gran medida con lo que en VOX venimos señalando desde hace tiempo, incluso alguna de las soluciones, pero cuando sucede es porque ustedes han sostenido y sostienen a este Gobierno socialista. En este Congreso se ha consolidado una dinámica muy clara por parte del independentismo catalán. Mientras que Esquerra Republicana de Catalunya ejerce de portavoz político del Gobierno del señor Sánchez, ustedes actúan como valedores y sostenedores efectivos, facilitando mayorías y permitiendo la aprobación de las medidas que hoy critican. . Esa es la realidad parlamentaria y este es el contexto donde se debe entender esta iniciativa. Nuestra enmienda parte de un planteamiento distinto. No hemos sostenido a este Gobierno y por eso nuestras propuestas se centran en medidas concretas: aliviar la presión fiscal sobre rentas medias y bajas, reducir cotizaciones a autónomos y pequeñas empresas, eliminar trabas a la actividad económica y reforzar la competitividad. Incluimos también el desarrollo de un estatuto médico que reconozca adecuadamente las condiciones del personal sanitario y cuantas medidas ya ha formulado mi compañero Pablo Sáez brillantemente en una intervención anterior. Son medidas directas y orientadas a quienes sostienen el tejido productivo y los servicios esenciales sin elementos ajenos a ese objetivo. Sin embargo, en su planteamiento aparecen de forma reiterada referencias a competencias exclusivas y a un tratamiento singular de Cataluña, formulado como si determinadas decisiones pudiesen adoptarse al margen del conjunto nacional, incluso en materias que afectan a todos los españoles. Esto ni es serio, ni es viable, ni es justo, porque lo que ustedes plantean no es una solución económica; es, una vez más, el intento de fragmentar lo que es común, que representa la gran fortaleza de España y de Cataluña. Su posición, señores de Junts, señores herederos de Convergència, no es nueva, lo de hoy no es una contradicción puntual, es una forma de actuar sostenida en el tiempo y que en Cataluña tiene un nombre, el que ya mencionó su gran gurú, el señor Jordi Pujol: «la puta i la Ramoneta» ―permítame, señor presidente, pero es una frase acuñada por el señor Pujol en sede parlamentaria―. Traducido, para el que no lo entienda y para que lo entienda todo el mundo, «la puta i la Ramoneta» es engañar a todos, decir una cosa aquí y hacer lo contrario allí, en Cataluña, o decir una cosa en Cataluña y hacer lo contrario aquí, criticar al Gobierno mientras lo sostienen día a día, y eso no es política, es puro fraude. La máxima afición de Junts, que tira de rebote contra Esquerra Republicana. Eso sí, apoyando, por supuesto, siempre ustedes al Gobierno socialista. Muchas gracias, señor presidente. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, president. Senyories, vaig a començar la meua intervenció, com ho faria amb els meus alumnes, amb una pregunta molt simple: quan escolten el concepte classe mitjana, què imaginen? Segurament pensen en autònoms, persones treballadores, funcionaris i funcionàries, xicotets empresaris. En definitiva, en la majoria, el 95 % de la població, si ens creiem el relat dominant de la dreta. I este és el primer problema: quan una categoria ho inclou tot, ja no explica res, només ordena la realitat d’una manera que no és neutral. La idea de classe mitjana que utilitzen el Partit Popular, VOX, Junts i també el Partit Socialista, s’ha convertit en una forma molt sofisticada de fer-nos creure que tots i totes som iguals. Però, si tots i totes som iguals, ja no cal parlar d’una desigualtat estructural, veritat? Només de diferències individuals. Qui s’esforça més, qui s’organitza millor, qui estalvia, qui té més sort. I així, si un pobre desgraciat no arriba a final de mes i algú que és de classe mitjana com tu sí que arriba a final de mes, el problema no és del sistema, el problema és teu per no esforçar-te prou, per no organitzar-te bé. Però és que esta no és la realitat. Això és una mentida més gran que un temple. Perquè, si baixem al món real, la fotografia és molt clara: la majoria de la gent viu del seu treball, amb més o menys estabilitat, amb un sou d’uns 15 000 euros o d’uns 30 000 euros. I més enllà del que cobres, si et falla el treball, et falla la vida. La força del nostre treball és tot el que tenim la gent que en teoria som classe mitjana, però que en la realitat el que som és uns currantes. Aleshores, recupere la pregunta del principi: qui és realment la classe mitjana? Jo us diré qui no és classe mitjana. Totes aquelles persones que depenen d’un sou per arribar a final de mes. No és classe mitjana totes aquelles persones que no poden viure de renda. Senyories, malauradament, la mentida de creure’s classe mitjana fa que el concepte de classe es trenque, i quan es trenca el concepte el que fan és confondre els interessos, les necessitats de classe i qualsevol política pot semblar bona. Per exemple — un, dos, tres, responda otra vez—, abaixar impostos. Ens ho venen com una mesura que ens beneficia a tots i a totes per igual. I això és absolutament fals. Els impostos no són un càstig, són el que fan possible una sanitat pública, una educació pública, la dependència i les pensions. Són el que fan possible que la vida no depenga només dels diners que tingues en el teu número de compte. I saben què val, per exemple, una operació d’apendicitis? Pot arribar als 7000 euros. Saben què val una operació de càncer de mama? Pot arribar a 25 000 euros. Saben què val una carrera universitària? Doncs pot arribar a uns 40 000 euros, sense tenir en compte l’allotjament i la manutenció. Per això el debat no pot ser impostos sí o impostos no. El debat és qui paga, quant paga i per a què paga. I ací és on està la trampa, perquè tant el Partit Popular com VOX, com Junts, com també ara el Partit Socialista, estan assumint una idea molt perillosa, que davant la pujada de preus i la precarietat derivada de les tensions internacionals i de la guerra, la solució és abaixar impostos. I no, senyories, la fatiga de la majoria social, el cansament de la classe treballadora no es resol reduint la capacitat de l’Estat. Es resol actuant sobre els preus, topant els preus, i actuant sobre els beneficis excessius d’algunes empreses. I quan puja la llum o quan puja el pa, abaixar impostos, no abaixa els preus, ja ho sabem, només ens deixa a la majoria social més desprotegits i desprotegides. A qui beneficia este model? A qui no depén de l’Estat per a viure, a qui pot pagar una sanitat privada si la sanitat pública col·lapsa, a qui pot assumir lloguers impossibles, a qui té patrimoni i rendes altes, a qui no necessita una xarxa col·lectiva i, per suposat, a qui apuja preus davant les baixades d’impostos, com estan fent ja — un, dos, tres, responda otra vez— una de cada quatre gasolineres, des que ha entrat en vigor el Reial decret llei anticrisi que ha aprovat el Govern. A qui no beneficia este model? Este model no beneficia la majoria social, es considere classe mitjana, classe treballadora, autònom o el papa de Roma. I la diferència entre la seua recepta i la nostra recepta és una diferència de model, perquè nosaltres volem un Estat que pose el límit quan els preus es disparen, que protegisca quan el mercat falla i que garantisca drets quan la vida es complica. Senyories de la dreta en general, si de veritat els preocupa la classe mitjana, deixen d’eslògans i voten a favor de topar el preu dels lloguers. Gràcies. Gracias, señor presidente. Señorías, voy a empezar mi intervención como lo harían mis alumnos, con una pregunta muy sencilla. Cuando escuchan el concepto clase media, ¿qué imaginan? Seguramente piensan en autónomos, en personas trabajadoras, en funcionarios y funcionarias, en pequeños empresarios. Es decir, la mayoría, el 95 % de la población, si nos creemos el relato dominado de la derecha. Y este es el primer problema: cuando una categoría lo incluye todo, ya no explica nada, solo ordena la realidad de una forma que no es neutral. La idea de clase media que utilizan el Partido Popular, VOX, Junts y también el Partido Socialista se ha convertido en una forma muy sofisticada de hacernos creer que todas y todos somos iguales. Pero si todas y todos somos iguales, entonces ya no hace falta hablar de una desigualdad estructural, ¿verdad?, sino simplemente de diferencias individuales. Quién se esfuerza más, quién se organiza mejor, quién ahorra, quién tiene más suerte. Y así, si un pobre desgraciado no llega a final de mes y alguien que es de clase media como tú, sí llega a final de mes, el problema ya no es del sistema; el problema es tuyo por no esforzarte lo suficiente u organizarte bien. Pero esta no es la realidad, esta es una mentira mayor que un templo. Porque si bajamos al mundo real, la fotografía está muy clara. La mayor parte de la gente vive de su trabajo con mayor o menor estabilidad, con un sueldo de unos 15 000 euros o de unos 30 000 euros. Y más allá de lo que cobras, si te falla el trabajo, te falla la vida. La fuerza de nuestro trabajo es todo lo que tenemos la gente que, en teoría, es clase media, pero que en realidad lo que somos es unos currantes. Así que recupero la pregunta del inicio: ¿quién es realmente la clase media? Yo les diré quién no es clase media. Todas aquellas personas que dependen de un sueldo para llegar a final de mes. No son clase media aquellas personas que no pueden vivir de renta. Señorías, desgraciadamente, la mentira de creerse clase media hace que el concepto de clase se rompa. Y cuando se rompe el concepto se confunden los intereses, las necesidades de clase y cualquier política puede parecer buena. Por ejemplo ―un, dos, tres, responda otra vez―, bajar impuestos. Nos lo venden como una medida que nos beneficia a todos y a todas por igual, y esto es absolutamente falso. Los impuestos no son un castigo, son lo que hace posible una sanidad pública, una educación pública; la dependencia y las pensiones; son lo que hace posible que la vida no dependa solo del dinero que tengas en tu cuenta. ¿Saben lo que cuesta una operación de apendicitis? Puede llegar a costar 7000 euros; una de cáncer de mamá, hasta 25 000 euros. ¿Saben lo que cuesta una carrera universitaria? Pues puede llegar a 40 000 euros sin tener en cuenta el alojamiento y la manutención. Por eso, el debate no puede ser impuestos sí o impuestos no. El debate es quién paga, cuánto paga y para qué paga. Y aquí radica la trampa, porque tanto el Grupo Popular, como VOX, como Junts, como también ahora el Grupo Socialista, están asumiendo una idea muy peligrosa y es que, ante la subida de precios y la precariedad derivada de las tensiones internacionales y de la guerra, la solución es bajar impuestos. Y no, señorías, la fatiga de la mayoría social, el cansancio de la clase trabajadora no se resuelve reduciendo la capacidad del Estado, se resuelve actuando sobre los precios, buscando un tope de los precios y limitando los beneficios excesivos de ciertas empresas. Y cuando sube la luz o el pan, bajar impuestos no baja los precios, ya lo sabemos, simplemente nos deja a la mayoría social más desprotegidos y desprotegidas. ¿A quién beneficia este modelo? A quien no depende del Estado para vivir, a quien puede pagar una sanidad privada si la sanidad pública colapsa, a quien puede asumir alquileres imposibles, a quien tiene patrimonio o rentas altas, a quien no necesita una red colectiva y, evidentemente, a quien sube precios ante las bajadas de los impuestos, como ya hacen ―un, dos, tres, responda otra vez― una de cada cuatro gasolineras desde que ha entrado en vigor el decreto ley anticrisis que ha aprobado el Gobierno. ¿A quién no beneficia este modelo? Este modelo no beneficia a la mayoría social. Se considera clase media, trabajadora, autónomo o al papa de Roma, y la diferencia entre su receta y nuestra receta es una diferencia de modelo, porque nosotros queremos un Estado que ponga límites cuando los precios se disparan, que proteja cuando el mercado falla y que garantice derechos cuando la vida se complica. Señorías de la derecha en general, si realmente les preocupa la clase media, déjense de eslóganes y voten a favor de limitar los precios de los alquileres. Gracias.

Jordi Salvador i Duch ERC

Gràcies, president. Senyor Cruset, no cal ser un diputat experimentat — que, per cert, vostè tampoc és nou— per saber que aquesta moció de Junts és una operació de blanqueig absolut a totes les seves polítiques antisocials i antilaborals que han votat, votat, amb lleis, no amb mocions. Esquerra no la votarà tal com està per tres raons. Primera, perquè hi ha coses que poden sonar bé, i algunes fins i tot són propostes nostres, però Junts no hi posa el com. I el com és sobirania fiscal i recursos públics, recursos públics. Segona, perquè al centre del text hi ha una contradicció: volen més serveis, però volen buidar la caixa amb rebaixes als qui més tenen. Un clàssic. Tercera, perquè la credibilitat no es redacta, la credibilitat es vota, i, quan ha tocat votar millores socials i laborals, Junts ha votat sempre amb el Partit Popular i amb VOX. Realitat. Dit això, hi ha coses on podem estar d’acord, i és important dir-ho. Per exemple, si parlem de reindustrialitzar amb tecnologia neta, nosaltres hi som, hi hem estat i hi serem. Nosaltres defensem — i ho hem posat sobre la taula en acords, propostes— modificar, per exemple, l’impost d’activitats econòmiques, que és l’impost que paguen moltes empreses per operar, per incentivar inversions concretes, com instal·lació de motors elèctrics, electrificació de processos o modernització de la indústria. Cap problema. Això al Camp de Tarragona no és una frase bonica, ho sabem, és treball i és competitivitat i reduir emissions sense perdre llocs de treball. També si parlem de salari mínim adaptat al cost de la vida o ajustat als preus, ens trobaran. Esquerra fa temps que ho defensa. La gent no pot viure de sous que només donen per sobreviure. Ja m’agradaria a mi veure què dirien vostès amb pujades del salari mínim interprofessional. Perquè una cosa és dir-ho en una emoció i una altra cosa és l’hora de votar. I aquí recordo els seus discursos. I si parlem de protegir el sector agrari, i davant d’acords comercials com Mercosur, també hi hem estat, hi som i hi serem. Volem la cooperació internacional, sí, però no a costa de rebentar la pagesia i la ramaderia d’aquí. Ara bé, el problema és que Junts, al mateix temps que parla d’això, ens vol colar el paquet de sempre, la fiscalitat dels privilegiats. Aquest és el seu programa ocult en aquesta moció. Perquè la moció òmnibus porta dues peces que ho desmunten tot, absolutament tot. Primera: eliminar l’impost de successions i donacions. Dit planerament: qui hereta molt, els rics de tota la vida, que paguin molt menys, que continuï aquesta aristocràcia pels segles dels segles. No. I, si hi ha menys impostos, sobretot als qui més tenen, significa que hi ha menys recaptació de la Generalitat i això és menys beques, i això és menys metges, i això és menys dependència, i això és menys escola pública, i això és ideologia d’extrema dreta. Clar i català. Segona: deflactar l’IRPF. Deflactar vol dir moure els límits dels trams de l’IRPF perquè, si els preus pugen no et facin pagar només perquè el sou ha pujat una mica més. Un exemple perquè s’entengui clarament: si t’apugen el sou 50 euros, perquè el lloguer i la compra n’han pujat 150, tu no ets més ric. Deflactar evita que et tractin com si ho fossis. Correcte. Però el problema de tot plegat d’aquesta moció és el que Junts no explica. Repeteixo, el que Junts no explica. Si ho fa sense fer pagar més a les rendes més altes, a les rendes del capital, a les grans empreses, ja no hi estem d’acord. Per què? Perquè el seu sistema fiscal històricament contrastat implica retallades — sabem què vol dir això, recordin Artur Mas—, privatitzacions i serveis públics pitjors. I la tercera raó són els fets. Junts vol venir aquí a fer-se passar pels defensors de la majoria social, però quan s’ha hagut de posar al costat de la gent treballadora, han triat un altre bloc. Faig una mica de memòria per als qui no ho recordin, no mocions, lleis. Quan s’han hagut de protegir famílies davant de desnonaments, han votat amb qui? Amb PP i VOX. Quan s’ha hagut de frenar trampes al lloguer, han votat amb qui? Amb PP i VOX. Quan s’ha hagut de mantenir un gravamen a les grans energètiques que cobren un pastón i al sistema financer, han votat amb qui? Amb PP i VOX. Quan s’ha plantejat reduir la jornada laboral als treballadors, amb qui han votat? Amb PP i VOX. Quan han intentat posar pals a les rodes a les deslocalitzacions d’empreses, amb qui han votat vostès? Amb PP i amb VOX. Aquesta és la realitat que vostès volen blanquejar. Quan toca triar entre el poder econòmic i la gent, vostès trien sempre el poder econòmic. I acabo. Nosaltres estem a favor de mesures útils: indústria neta, amb incentius ben dissenyats, salaris dignes, protecció de la pagesia, serveis públics, evidentment. Però no només. Això és possible només amb una raó: qui té més que pagui més. I el seu sistema fiscal no és el nostre sistema fiscal. Nosaltres estem per la sobirania fiscal i per una fiscalitat justa. No es pot votar amb PP i VOX contra drets i després venir aquí a posar-se la jaqueta social. O estàs amb la gent a l’hora de votar lleis o estàs amb els de sempre. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Señor Cruset, no hace falta ser un diputado experimentado ―que por cierto, usted tampoco es nuevo― para saber que esta moción de Junts es una operación de blanqueo absoluto de todas sus políticas antisociales y antilaborales que han apoyado con leyes, no con mociones. Esquerra no la va a votar favorablemente tal como está por tres motivos. Primero, porque hay cosas que pueden sonar bien ―y algunas son incluso propuestas nuestras―, pero Junts no impone el cómo, el cómo son recursos fiscales y públicos. Segundo, porque en el centro del texto hay una contradicción: que quieren más servicios, pero quieren vaciar la caja con rebajas a los que más tienen, un clásico. Tercero, porque la credibilidad no se redacta, la credibilidad se vota, y cuando ha tocado votar mejoras fiscales o laborales Junts ha votado siempre con el Grupo Popular y con VOX, en realidad. Dicho esto, hay elementos en los que podemos estar de acuerdo y es importante también decirlo. Si hablamos de reindustrializar con tecnología limpia, nosotros estamos ahí, hemos estado ahí y seguiremos estando ahí. Hemos defendido y hemos puesto sobre el tapete propuestas como, por ejemplo, el impuesto que pagan las empresas para incentivar valores como la electrificación de procesos o la modernización de la industria. Ningún problema ahí. Esto en el Camp de Tarragona no es una frase bonita, es trabajo, es competitividad, y reducir emisiones es perder puestos de trabajo. Si hablamos del sueldo mínimo adaptado al coste de la vida, nos pueden encontrar. Esquerra lo defiende, la gente no puede vivir de sueldos que solo dan para sobrevivir. Ya me gustaría a mí que ustedes defendieran el aumento del sueldo interprofesional, porque yo aquí recuerdo sus discursos. Y si hablamos de proteger el sector agrícola con acuerdos como Mercosur, hemos estado ahí y estaremos ahí. Queremos la colaboración internacional, pero no a costa de quebrantar a agricultores. Y el problema es que Junts nos quiere colar aquí lo de siempre, la fiscalidad de los privilegiados. Este es su programa oculto en esta moción, porque la moción ómnibus trae dos piezas que lo desmontan absolutamente todo, todo. Primero, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, dicho claramente. Es decir, que los ricos de toda la vida paguen mucho menos, que siga esta aristocracia por los siglos de los siglos. No. Y si hay menos impuestos, sobre todo los que más tienen, significa que hay menos recaudación por la Generalitat, menos becas, por tanto, menos médicos, menos ayudas a la dependencia, menos escuela pública. Es decir, ideología de la extrema derecha, dicho de una manera muy clara. Segundo, deflactar el IRPF, es decir, mover los tramos del IRPF, porque, si los precios suben, nos hacen pagar un poco más. Un ejemplo para que se entienda claro. Si sube el sueldo 50 euros porque el alquiler y la compra también han subido, no eres más rico. Deflactar evita que te traten como si lo fueras. Pero el problema en esta moción es lo que Junts no explica, lo que no cuenta. Si lo haces sin hacer pagar a las rentas más altas, entonces no estamos de acuerdo, porque eso implica recortes, ya lo sabemos ―recordemos a Artur Mas, privatizaciones y servicios públicos peores―. Y el tercer motivo son los hechos. Junts quiere venir aquí para hacerse pasar por el defensor de la mayoría social, pero cuando se ha tenido que poner al lado de la gente trabajadora ha escogido otro bloque. Hagan memoria, y no mociones, leyes. Cuando se ha tenido que proteger a las familias ante desahucios, han votado con PP y VOX. Cuando ha tenido que frenar trampas al alquiler, han votado con PP y VOX. Cuando han querido frenar a las grandes energéticas, ¿con quién han votado? Con PP y VOX. Cuando se han planteado reducir la jornada laboral de los trabajadores, ¿con quién han votado? Con PP y VOX. Cuando han intentado poner palos en las ruedas por las deslocalizaciones de las empresas, ¿con quiénes han votado ustedes? Con PP y VOX. Esta es la realidad que ustedes quieren blanquear. Cuando toca escoger entre el poder económico y la gente, ustedes siempre escogen el poder económico. Y termino. Nosotros estamos a favor de medidas útiles ―incentivos, industrialización, servicios dignos, apoyo a los agricultores y a los campesinos―, pero quien tiene más que pague más. Y su sistema fiscal no es nuestro sistema fiscal. Nosotros estamos a favor de la soberanía fiscal y por una fiscalidad justa. No se puede votar con PP y VOX y después venir aquí y ponerse la chaqueta social. O se está con la gente cuando se votan leyes o se está con los de siempre. Muchas gracias. .

Carlos Martín Urriza SUMAR

Señorías de Junts, vienen hoy disfrazados de defensores de la clase media y de los hogares trabajadores con dificultades para llegar a fin de mes. Es un doble ejercicio de hipocresía, en primer lugar, porque ustedes han votado casi siempre en contra de las mejoras de las familias trabajadoras, y, en segundo lugar, porque su propuesta es un subterfugio para colocar su programa de privilegios para los ricos. Ustedes defienden los intereses de unas pocas familias catalanas, pero como con eso no alcanzan los votos, tienen que disfrazarlas de medidas transversales, donde por cada 5 euros que se llevan los de abajo, los de arriba se llevan 500 euros. Ustedes han votado en contra de mantener el impuesto a las energéticas, que de nuevo está sirviendo para que se forren las empresas energéticas y saquen todo el dinero que puedan del bolsillo de las personas trabajadoras, de las pymes y de los autónomos a los que ustedes dicen defender. Votaron en contra de la reducción de la jornada laboral junto al Grupo Popular y a VOX porque al fin y al cabo lo que hacen ustedes es defender los intereses de la patronal. Votaron no a terminar con los alquileres de temporada fraudulentos, y se han opuesto asimismo a auxiliar a las familias vulnerables desahuciadas. Ahora anuncian que votarán no a que los alquileres se puedan prorrogar y a que la subida de los alquileres esté limitada a un 2 %. Y no lo entendemos, señorías de Junts. Y no lo entendemos, señorías de Junts, la prórroga de alquileres es una medida temporal que ofrece seguridad y estabilidad al arrendador y al arrendatario, y que garantiza el mantenimiento de las condiciones pactadas, la actualización anual del alquiler y la posibilidad de recuperar la vivienda por el propietario en caso de necesidad. Además, en Cataluña esta prórroga prácticamente no tiene efectos, porque cerca del 90 % de la población vive en una zona declarada tensionada, donde ya opera una prórroga automática de tres años y se impide subir el alquiler a los nuevos contratos. Es una medida que ya se ha aprobado en el pasado y a la que incluso Junts ha votado a favor. Por lo tanto, le repito que no lo entendemos. Por otro lado, señorías de Junts, es falso que nada haya mejorado en Cataluña. Según la última encuesta de condiciones de vida, la renta media de los hogares alcanzó en Cataluña los 43 900 euros anuales, 4900 euros más que en el conjunto de España y un 11 % real de incremento con respecto a 2018. . Este importante incremento ha sido posible gracias a una intensa creación de empleo, a la rebaja del paro y a la mejora de la calidad de las ocupaciones, así como al importante aumento del salario mínimo interprofesional de un 66 %. Hoy hay 3 900 000 personas trabajando en Cataluña, es un récord histórico. La tasa de paro es del 8 %, la más baja desde hace dieciocho años. La temporalidad está en el 10 %, la mitad que antes de la reforma laboral. El trabajo a tiempo parcial ha perdido relevancia en favor del trabajo a tiempo completo, y las ocupaciones de cualificación alta y media han ganado peso, elevando el salario medio. ¿Significa esto que todo vaya bien? No, significa que la mejora es real, pero no es suficiente. La mejora no neutraliza el sablazo de la vivienda, de los alquileres y de décadas de trabajos infrarremunerados por sus amigos de la patronal. Esta mejora de la renta de los hogares no ha caído del cielo, sino que ha venido de políticas opuestas al catecismo neoliberal de Junts. Ha venido de la reforma laboral, a la que ustedes se opusieron, y de la subida del salario mínimo y del impuesto a las energéticas, que también tumbaron ustedes. Por tanto, señorías de Junts, menos cinismo. La renta de los hogares catalanes ha aumentado gracias a políticas que ustedes combaten. La mejora aún no se reparte justamente, pero eso es porque ustedes promueven el escaqueo en el pago de impuestos de los ricos y que se sigan extrayendo rentas de las familias trabajadoras en la vivienda. Junts no defiende a las clases medias catalanas, sino a los poderosos, disfrazándose de portavoz del pequeño propietario. Utiliza al autónomo y al pequeño ahorrador como coartada sentimental, pero cuando uno rasca un poco, se encuentra el programa de siempre: eliminar el impuesto a las grandes herencias y donaciones, más ventajas al ahorro privado de los que más tienen, rebajas de cotizaciones, menos capacidad redistributiva del Estado y más negocio para quienes ya están forrados. Esto no es defender a la clase media y trabajadora catalana; esto es un programa de blindaje patrimonial para los de arriba, oculto bajo una bandera y un discurso victimista. Por eso nos opondremos a esta moción. .

María Mercè Perea i Conillas PSC-PSOE

Buenas tardes, presidente. Bona tarda. Senyor Cruset, deixi’m que comenci dient-li que ens sembla molt interessant determinades propostes que vostès plantegen. De fet, el govern de Pedro Sánchez, el govern de coalició ja ha estat treballant i continua treballant en el suport als autònoms, en l’alleugeriment en moments de dificultat per ajudar i protegir la classe mitjana. Señor Cruset, déjeme que le diga que nos parecen muy interesantes determinadas propuestas que ustedes plantean. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de la coalición, ha trabajado y continúa trabajando en el apoyo a los autónomos, para aligerar momentos de dificultad, y para ayudar a la clase media. Francamente, nos ha sorprendido su moción, una moción que marca más un posicionamiento político que la voluntad real de legislar. Son sesenta y cuatro puntos sin efecto legislativo alguno. En su intervención lo ha dicho claramente: Queremos que se mojen. En todo caso, la moción es un punto de partida para debatir y consensuar, pero antes, señor Cruset, debemos salir del marco mental de la confrontación que impone la derecha del Partido Popular y de VOX. Sí, de VOX también, claro que sí, porque ustedes llevan condicionando al PP todos sus Gobiernos autonómicos, con terribles consecuencias, y lo peor es que el PP les compra el relato. Como en el cambio climático (muestra un documento), como les explico aquí con este artículo, pues el negacionismo que impone VOX al PP en la Generalitat agravó un 20 % la virulencia de la dana. Señores del PP y de VOX, ambos demonizan el escudo social, pero con los datos en la mano fue precisamente el escudo social el que redujo la inflación del 10 al 2 %; cuestionan la dependencia energética, cuando tenemos récord histórico en renovables; y hablan también de listas de espera, pero ¿qué hubiera sido de la dependencia si este Gobierno no la hubiera reforzado con 3000 millones de euros más? . Está claro que hay dos modelos: el modelo de PP y VOX, que rechazan los impuestos cuando afectan a las grandes fortunas, a bancos o a las empresas energéticas, o el modelo de este Gobierno, que destina los impuestos ―porque los impuestos tienen que existir si después queremos apagar incendios― al ingreso mínimo vital, al bono social y a proteger, como en el caso de este real decreto, con 5000 millones de euros a toda la ciudadanía y a las empresas de los efectos de esta maldita guerra de Trump en Irán. Son dos modelos antagónicos, señorías: el de los regalos fiscales de PP y VOX, el que amnistía a los defraudadores y el que vende el BOE a cambio de favores, y el que apuesta por un modelo económico que redistribuye y que nos protege a todos y a todas. Sí, señor Cruset, como usted mismo reconoce, España está creciendo como nunca. El crecimiento económico de España en la Unión Europea es un hito, una prosperidad económica que efectivamente ha de buscar el progreso compartido de la mano de la justicia social y la cohesión territorial. Señor Rodríguez, del Grupo Popular, España y Cataluña crecen a un ritmo impensable desde hace seis años. Según CaixaBank Research ―no lo dice el Gobierno, sino esta entidad― la renta bruta disponible de los hogares creció casi un 11 % interanual en el tercer trimestre de 2024. Un crecimiento claramente por encima de la inflación y un crecimiento mucho más vigoroso que el de la media de la eurozona. Señor Rodríguez, el dato mata relato. Ante las diversas crisis, el Gobierno ha desplegado un escudo social que hoy nos permite generar economía progresista y distribuirla equitativamente. Les recordaré que un millón y medio de trabajadores autónomos fueron protegidos en la pandemia, lo que les permitió, primero, no cerrar sus negocios y, segundo, que hoy haya más autónomos que nunca. Y qué decir de la educación, cuyo presupuesto se ha visto incrementado en un 100 % desde 2018. Señor Cruset, esta moción pone de relieve a colectivos como los pescadores, a autónomos y, evidentemente, a maestros, de los que nosotros nos preocupamos y ocupamos. Estará conmigo en que el real decreto del escudo social pasado fue una oportunidad perdida al no convalidarse. Era un real decreto ley que hablaba de medidas reales para vivienda, de energía y 20 000 millones de euros para las comunidades autónomas. ¿Sabe a quién no contempla su moción? Pues ni a los jóvenes ni la brecha de género de las mujeres ni, evidentemente, la pobreza en las pensiones para muchas de ellas. . Por ello les invito a un debate sincero, sereno y reflexivo, como el que hacemos en el Pacto de Toledo. Le recomiendo que lea la intervención de hoy del presidente del CES, Antón Costas, quien ha dicho que, evidentemente, el consenso en reformas estructurales es lo que hace grande a un país como España, referente mundial en el acuerdo y en el consenso. Y acabo. Senyor Cruset, seiem i xarrem, negociem i intentem pactar, perquè segur que tenim més punts de trobada que de sortida. Señor Cruset, podemos sentarnos y hablar, porque seguramente tenemos más puntos de encuentro que de salida. Como dice el president, Salvador Illa, debemos ser capaces de dar seguridad y confianza a la ciudadanía en momentos de incertidumbre. Esta es nuestra mano tendida, pasemos de la confrontación querida del PP y de VOX y de una moción estéril a una reforma que nos permita, mediante el consenso, transformar la vida de la gente para mejorar su futuro y su proyecto vital. Los socialistas actuamos como pensamos, trabajando por el bien común para que nadie se quede atrás. Muchas gracias. .

María Mercedes Fernández González PP

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, estamos debatiendo, a finales ya de esta tarde, una moción que trae causa de una interpelación que la semana pasada formalizaba el Grupo de Junts per Catalunya. Se trata de una moción ―bien es cierto que no hay ninguna limitación reglamentaria― extremadamente extensa. Se compone ni más ni menos que de 57 puntos. Ya les anticipo, señorías, que en muchos de ellos estamos de acuerdo. El Grupo Popular comparte muchísimos de los aspectos que se contienen en esta moción. Otros no y otros ni los compartimos ni los podemos compartir. A lo largo de esta tarde se han oído cosas ciertamente chocantes. Al portavoz de Junts le censuran la izquierda y la izquierda más radical que presente una serie de planteamientos que, yo diría, son consustanciales a su forma de hacer y entender la política. Pero, curiosamente, hace dos años y medio, en un mes de noviembre, en este mismo salón de Plenos, se votaba la investidura del señor don Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Era la primera vez en la historia de España que un presidente que no había ganado las elecciones era elegido presidente del Gobierno. . La primera vez en la historia de España. Y quienes dieron los votos para que ese disparate político se llevase a feliz término fueron, entre otros, los diputados de Junts ―se lo tengo que decir con amabilidad, pero con claridad― para que los señores de SUMAR tuvieran cinco ministros en el Gobierno de España. . Cinco ministros que hacen política de izquierda radical , política que contraviene las premisas en materia impositiva, en materia laboral, en materia de autónomos, en materia de agricultura, en materia de pesca y en tantas y tantas materias que ustedes van dibujando a lo largo de su iniciativa. Y hace dos años y medio, señores de Junts, ustedes decían que ese apoyo traía causa de un escrito que se componía de 1486 palabras. Esas 1486 palabras eran la base del acuerdo entre el Partido Socialista de Sánchez y el partido de Junts per Catalunya. Y yo tengo que preguntarles en nombre del PP, ¿qué ha pasado con esas 1486 palabras? Ah, que Sánchez les engañó. Pues vaya sorpresa más grande, porque el señor Sánchez hace de la política un engaño diario y permanente. . Ustedes deberían saberlo perfectamente, porque el señor Sánchez, yo creo ―como se dice en términos coloquiales y me lo van a perdonar―, engaña hasta al médico. Todo lo que aquí se contiene, señorías, hace referencia a impuestos. Estos días nuestra portavoz parlamentaria le dirigió una carta ―una carta muy correcta y minuciosa― al ministro Bolaños pidiéndole que se deflactara el IRPF para que los impuestos pudiesen aliviar la carga a la clase media trabajadora en nuestro país. Vamos a ver el éxito que la carta que se remitió al ministro puede obtener a lo largo de estos días. El presidente Feijóo planteó también un contrato con los autónomos (muestra un documento) que garantiza que estos no se conviertan ―como dijo mi compañero en la anterior intervención― en un cajero automático. España es el único país en la Unión Europea en el que los autónomos que facturan menos de 85 000 euros pagan el IVA. . Y no solamente pasa eso, sino que, como consecuencia de la política de la señora Montero, España paga una sanción con carácter periódico. Luego, fastidiamos a los autónomos y los españoles pagamos, desde luego, la ineficacia de este Gobierno, que no cumple ni la transposición de las directivas europeas. El presidente Feijóo también presentó un plan en materia de vivienda, porque son ustedes, desde luego, el Gobierno socialista, un desastre en gestión de vivienda. . Hacen poco y hacen mal, y los jóvenes son los primeros perjudicados por unas políticas vacías, carentes de contenido y con una fiscalidad que no se atempera a sus necesidades. En definitiva, son los jóvenes que más tarde en la historia de nuestro país pueden aspirar a tener una vivienda propia y a obtener una independencia total en su vida. Señorías ―y con ello finalizo―, efectivamente lo dicen en la exposición de motivos de la moción: las políticas del Gobierno asfixian el tejido productivo, totalmente de acuerdo; estancan la productividad, totalmente de acuerdo; destruyen la competitividad internacional, de acuerdo; alimentan la inflación, e incrementan la presión fiscal hasta límites insostenibles. Desde luego, lo que acabamos preguntándonos, señorías, es qué hacen ustedes apoyando al sanchismo. Esta moción de una tarde del martes no va a ningún sitio. . Lo que necesita este país y lo que necesitamos los españoles es una moción de censura para echar a Sánchez del Gobierno y que podamos vivir con prosperidad económica (aplausos.―Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Bravo!―Protestas.―El señor Verdejo Vicente pronuncia palabras que no se perciben) y, desde luego, en condiciones de competitividad y en condiciones más saludables que las que tenemos en la actualidad, donde la corrupción es carta de presentación y de naturaleza, desgraciadamente. .

Irene Garrido Valenzuela PP

Gracias, presidenta. Debatimos hoy la moción derivada de la interpelación urgente del Grupo Popular sobre las medidas del Gobierno para paliar el impacto de la guerra en Irán sobre familias y empresas españolas. Explicaré cómo los acontecimientos últimos confirman la necesidad de esta moción. Tras semanas sin actuar, el Ejecutivo ha aprobado el Real Decreto Ley 7/2026, no por anticipación, sino forzado por la realidad. Pero ya antes las familias venían sufriendo una pérdida de poder adquisitivo: precios acumulados al alza ―los alimentos más del 41 % y en otros productos básicos ha habido subidas más fuertes―, mayor presión fiscal ―2,1 puntos de PIB frente a la caída de la presión fiscal en la Unión Europea― y una caída del salario neto real del 1,2 % desde 2018. Y, a mayores, en este contexto, han tenido que asumir el encarecimiento de la energía, el transporte y los bienes esenciales. En definitiva, pagar más por todo, mientras que el Gobierno permanecía inactivo y, eso sí, aumentaba la recaudación. Si observamos lo ocurrido en España, podemos extraer una primera conclusión. Primero, en cuanto a Europa, la mayoría de los países europeos han actuado con anticipación para hacer frente al impacto económico de esta crisis. Algunos países como Italia o como Portugal pusieron en marcha medidas de control de los precios energéticos y ayudas directas que paliaron mucho antes los efectos de la inflación, y ofrecieron una mayor estabilidad tanto a familias como a empresas. Sin embargo, en España la situación ha sido diferente. Aquí la respuesta llega tarde, con medidas que entraron en vigor hace apenas tres días, cuando los efectos de la crisis ya llevaban tiempo siendo evidentes, lo que reduce la eficacia de las ayudas porque hemos dejado durante más tiempo a familias y empresas sin el apoyo necesario. La respuesta, el Real Decreto 7/2026, es, ante todo, insuficiente y una mala copia de las medidas que el Partido Popular viene planteando desde el inicio de la crisis. . Este es el problema, porque el real decreto ley no incluye decisiones que tendrían un impacto real e inmediato en la economía de las familias. No hay una adaptación del IRPF a la inflación que incluya los tres primeros tramos, los mínimos personales y que duplique los mínimos por descendientes para ayudar más a las familias con hijos. Es necesario devolver parte del esfuerzo fiscal realizado por las familias españolas en los últimos años e impedir que paguen más sin haber ganado más. En su lugar, el Gobierno vuelve a recurrir a su esquema tradicional: medidas parciales, muchas de ellas diferidas, combinadas con instrumentos financieros que trasladan el problema hacia adelante, pero que no resuelven el presente. Se actúa tarde y con una intensidad claramente insuficiente. Ahora bien, si el contenido del real decreto resulta limitado, como estoy demostrando, la forma en que se ha aprobado es aún más reveladora. Lo que ocurrió en el Consejo de Ministros el pasado viernes solo podemos calificarlo de esperpento. . Ha sido una ópera bufa, impropia de una democracia seria. Fue un Consejo de Ministros que ni siquiera pudo arrancar porque parte del Gobierno no quería sentarse mientras no se atendiesen sus exigencias, y que obligó a la negociación a última hora y que nada tenía que ver con la urgencia económica que realmente tenían que abordar. El resultado fue una solución improvisada: dividir la respuesta en dos reales decretos, el 7 y el 8, y no por razones de coherencia, sino para tapar una crisis interna. Lo más preocupante, además del drama vivido, ha sido cómo lo despachó el presidente Sánchez, calificándolo de salseo. Señorías, lo que Sánchez llama salseo es, en realidad, un Gobierno bloqueado ante una crisis económica. . Y todo esto ocurre porque el presidente no puede ejercer como tal. Es el primer caso en el que un presidente del Gobierno no puede cesar a sus ministros, porque sabe que, si destituye a los rebeldes de SUMAR que le plantaron cara y quisieron desafiarlo, arriesga su propia continuidad. Ni nombró ministros ni puede cesarlos. Es un presidente capaz de todo menos de irse. Es capaz de llevar tres años sin presentar presupuestos generales del Estado, tres años en abierta rebeldía constitucional, incumpliendo de forma consciente y reiterada una de las obligaciones más básicas y despreciando a esta Cámara y a todos los españoles. . La respuesta fragmentada a la que llegó el Consejo de Ministros con el segundo real decreto, al que no me he referido todavía, el 8/2026, crea una situación de gran inseguridad jurídica, porque ese segundo real decreto introduce medidas como la prohibición de despidos hasta junio de 2026 o la prórroga automática de los contratos de alquileres en el ámbito de la vivienda, que pueden tener una vigencia muy reducida, algo más de treinta días. Por lo tanto, son unas medidas que nacen con fecha de caducidad, porque todo apunta a que ese real decreto no será convalidado en esta Cámara. Y eso genera incertidumbre, desprotección y una enorme inseguridad. Frente a esta forma de actuar, hay otra manera de hacer política, la que mi grupo ha defendido desde el inicio, con medidas para reducir de forma inmediata la escalada de los precios energéticos, de apoyo a la industria y de devolver el poder adquisitivo a las familias, reduciendo la carga fiscal, adaptando el IRPF a la inflación y articulando ayudas directas que lleguen con rapidez a quienes más lo necesitan. No se trata, señorías, de una cuestión ideológica, sino de eficiencia; de entender que, en un contexto como el actual, cada día cuenta y cada día de retraso tiene consecuencias reales en la economía de las familias y en la actividad de las empresas. Por eso, esta moción sigue siendo necesaria, porque no basta con reaccionar; hay que hacerlo a tiempo, con coherencia y con la intensidad adecuada. Se ha registrado una enmienda de VOX, que, por su extensión, bien merece que la presenten como una iniciativa independiente. No podemos aceptarla porque desvirtuaría nuestra moción. Termino, el balance es que, después de varias semanas de inacción, el Gobierno aprueba dos reales decretos leyes; tarde, dividido y a medio camino. Tarde porque los españoles ya llevan semanas pagando la crisis, dividido porque ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos y a medio camino porque han evitado incluir medidas que realmente aliviarían a las familias. Ese es su modelo, reaccionar cuando no queda más remedio y hacerlo sin llegar hasta el final. Una vez más, el Gobierno llega tarde y quienes acaban pagando son los de siempre, los españoles. Muchas gracias. .

Jacobo González-Robatto Perote VOX

Señora presidenta, señorías, hay una diferencia evidente entre la economía de la que habla el Gobierno y la economía que viven los españoles. La primera cabe en un titular o en una campaña de propaganda. Pero la segunda no; la segunda está en la nómina, está en la hipoteca, está en la factura y está en el supermercado; y esa es realmente la que importa. Chesterton decía que el error es una verdad que se ha vuelto loca. Y eso exactamente es lo que pasa con el relato económico de este Gobierno. Cogen un dato, lo estiran, lo adornan y lo convierten en propaganda. Pero la realidad diaria les desmiente. Porque las familias españolas no han vivido una mejora en su bienestar; han vivido una pérdida continuada de poder adquisitivo en la que los precios han subido más de un 23 %, los alimentos más de un 40 % y el salario real neto se ha mantenido prácticamente igual en los últimos quince años. Y ese, señorías, es el dato importante; no el que mejor encaja en una rueda de prensa, no el que mejor encaja aquí en la tribuna, pero es importante porque es el que siente la gente: el dinero vale menos, el sueldo cunde menos y comprar lo básico cuesta más. Aquí no hablamos de lujos; hablamos de lo esencial: de legumbres, de huevos, del combustible, de la vivienda. Hablamos de aquello que una familia no puede dejar de comprar. Hablamos de la vida diaria. Por eso conviene no perdernos en grandes palabras. La pregunta no es si el Gobierno encuentra un dato bonito del que poder presumir. La pregunta es si el español medio vive mejor, y la respuesta es no. No vive mejor quien llega cada vez más justo a final de mes, quien compra lo mismo, pero paga muchísimo más. Esa, señorías, es la economía real; esa es la que lleva demasiado tiempo deteriorándose, porque cuando los precios suben más que los salarios, la economía no mejora. Ahora se pretende utilizar el escenario internacional como contexto para esta excusa y resulta que la guerra de Irán sirve para explicar todo, para justificar todo y para tapar todo. . Señorías, no puede servir como una cortina de humo, no puede convertirse en la coartada puntual de quienes llevan años aplicando malas políticas, ya que parece la mayor hipocresía de este Gobierno con este decreto que traerán el jueves. El PSOE ve en cada desgracia una oportunidad para sacar un rédito político y para hacer caja. Están aprovechando ustedes esta guerra para no hablar de su corrupción ni de su pésima gestión, para intentar envolver en urgencia internacional lo que en realidad no es más que el fracaso acumulado de años de malas políticas y hacer caja porque vuelven a actuar con parches, pero sin afrontar de verdad el problema de fondo. Este es el problema. Si la guerra se alarga, este decreto no resuelve nada de manera estructural, solo compra un poco de tiempo, solo maquilla y solo aplaza. . Esa, señorías, es la verdad. Las familias españolas ya venían castigadas de antes, ya venían sufriendo, ya venían perdiendo poder adquisitivo y soportando el encarecimiento de la vida mucho antes de esta crisis. Por tanto, no aceptaremos las trampas, no aceptaremos que ahora quieran presentar como sobrevenido lo que lleva años incubándose. El problema de fondo no empezó con Irán, empezó cuando se asumió como normal que la vida de los españoles se encareciera sin descanso, cuando se aceptó que los salarios no acompañaran, cuando se gobernó de espaldas a la economía cotidiana. Además, hay otra evidencia. Mientras los españoles se aprietan el cinturón, el Gobierno intenta compensar su debilidad exterior con una gesticulación, mucho discurso, mucha pose, mucha soflama, pero en el panorama internacional, por desgracia, España no pinta nada, no lidera, no decide, no marca el rumbo, no condiciona absolutamente nada. Por eso, estas abundantes soflamas antibelicistas del Gobierno son prácticamente irrelevantes, irrelevantes fuera e inútiles dentro, porque un Gobierno que no sabe proteger a sus familias frente al alza de los precios difícilmente puede dar lecciones al mundo. El PSOE convierte cada desgracia en propaganda y cada crisis en coartada, incluso con fotos de Sánchez en los misiles de Irán. Por eso, conviene volver a lo esencial. La economía de un país no se mide solo en gráficos, se mide en la tranquilidad de sus hogares, si una familia puede ahorrar, si un autónomo puede respirar, si una familia joven puede mirar al futuro sin angustia, si se puede comprar una vivienda, si se trabaja para garantizar una vida digna. Hoy, por desgracia, demasiados españoles sienten justo lo contrario; sienten que trabajan más para vivir con menos, que la cesta cuesta más y que el sueldo dura menos, que todo aprieta. Tienen razón. Así que no, la guerra de Irán no puede servir como refugio político, no puede servir de pantalla y no puede servir de disculpa, porque lo que hoy sufren los españoles no nace de la noche a la mañana, viene de lejos. Concluyo ya, presidenta. Mientras los salarios no acompañen, mientras los alimentos sigan disparados y mientras el Gobierno siga más pendiente del relato que de la realidad, la economía de los españoles irá a peor. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. A verdade é que dedicarse á política da propaganda leva ás veces a facer o ridículo de maneira espantosa, como o portavoz da ultradereita que acaba de subir aquí a reproducir ese boato, ese bulo de que os mísiles iranís levan a foto de Pedro Sanchez. Só lle faltou engadir que o novo líder supremo, Mojtaba Jamenei está alí directamente el pegando a foto de Pedro Sánchez nos mísiles. Non se pode ser máis absolutamente ridículo. Non cheguei a pensar que alguén puidese subir aquí e dicir algo parecido en serio. Claro que o Partido Popular tampouco ten moita máis credibilidade. A moción que se presenta é a mostra máis clara do cinismo do PP, do desprezo pola situación das clases populares, dos traballadores e traballadoras e das persoas máis vulnerábeis. Cinismo, porque o Partido Popular con Núñez Feijóo á cabeza aplaudiu o ataque ilegal, inxusto e absolutamente inxustificado dos Estados Unidos e de Israel contra o Irán. Aplaudiu o ataque, defendeu o ataque e ademais xa se dedicou previamente a facer campaña para lexitimalo cunha proposición non de lei que defendeu neste congreso, seica para defender os dereitos das mulleres iranís. Que casualidade! Non se preocuparon durante dous anos por defender os dereitos das mulleres palestinas en Gaza masacradas, nin das crianzas masacradas por millares en Gaza, nin tampouco os dereitos, poñamos por caso, das mulleres de Afganistán. Tiña que ser xustamente das de Irán porque iso permitía xustificar esa acción criminal de bombardear un país. Aplauden e apoian a guerra e agora láianse das consecuencias, ou non, máis ben parecen lágrimas de crocodilo porque o que fan é aproveitalas para beneficiar os seus, para promover que os de sempre fagan caixa á conta do sufrimento das maiorías sociais. E desprezo pola situación, como dicía, das clases populares dos traballadores e traballadoras e das máis vulnerábeis. Reparen que unha das primeiras cousa que din nesta nosa moción é «nada para os inquiokupas». Pódese ser máis miserábel? Isto é tremendo. Funcionaralles como slogan para mover para mobilizar, os sectores máis ultras, mais, como digo, mostra a mesquindade e a falta de preocupación pola maioría social, por aquelas persoas que non chegan a final de mes ou que non teñen para pagar o aluguer. En vez de medidas de apoio prefiren axitar coa dor da xente nunha estratexia que por agora parece que beneficia máis aos seus competidores de Vox que o propio Partido Popular. Mais non é só por iso que o digo. A maioría das propostas van no sentido de bonificar, de apoiar a grandes empresas, non fr apoiar aos traballadores e traballadoras ou ás clases populares. E por tanto, creo que é unha estratexia que define moi ben o partido o Partido Popular. Vostedes prefiren que sexan os empresarios os que fagan caixa e non, por exemplo, como reclama o BNG, que para financiar as medidas de protección social se establezan unha política, unha fiscalidade máis xusta e máis distributiva, se establezan, por exemplo, impostos á banca, ás grandes fortunas ou ás grandes eléctricas ou grandes enerxéticas, impostos que vostedes tombaron xa hai algo máis dun ano. E medidas que realmente poden ser efectivas como os topes aos prezo da gasolina do gasóleo, incluído da calefacción, bonificacións aos combustibles profesionais, transporte, agricultura, pesca ou maquinaria. Topes a unha cesta básica da compra ou a servizos esenciais. Topes tamén ás hipotecas e aos alugueres para garantir o acceso a unha vivenda digna e para evitar a especulación en época de dificultades. E si, prohibir os desafiuzamentos sen alternativa habitacional para persoas vulnerábeis e garantía de mantemento de todas as subministracións básicas. Plan de emerxencia, por exemplo, para as micropemes e para as persoas autónomas que polas súas características de maior vulnerabilidade se van ver máis afectadas, están sendo xa máis afectadas pola suba dos carburantes. Ou paralizar a entrada en vigor do Mercosur, ese acordo que vostedes apoiaron nos parlamentos e que despois de maneira cínica, hipócrita pretenderon facer convencer aos gandeiros e gandeiras que os estaban apoiando cando na realidade os venderon e os traizoaron. Levantar as regras fiscais para permitir que haxa máis capacidade dos concellos ou das deputacións, ou mesmo dos gobernos autónomos, para facer fronte a eses gastos suplementarios que van ter ao manter moitos servizos ou autorizar o ingreso mínimo vital, o salario mínimo e as pensións máis baixas para adaptalas á inflacción real. E unha medida que xa sei que vostede non lle vai interesar porque non lles interesa o que lles pasa aos máis desfavorecidos, por exemplo, actualizar o IPREM que leva por certo tres anos conxelado. Unha vez máis queda claro quen defende o pobo galego, os traballadores e traballadoras como BNG e quen, como vostede, defenden os intereses dos poderosos. Moito obrigado. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. La verdad es que dedicarse a la política de la propaganda lleva a veces a hacer el ridículo de manera espantosa, como el portavoz de la ultraderecha que acaba de subir aquí a reproducir ese boato, ese bulo de que los misiles iraníes llevan la foto de Pedro Sánchez. Solo le faltó añadir que el nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei está él mismo directamente pegando las fotos de Pedro Sánchez en los misiles. No se puede ser absolutamente más ridículo. No pensé que alguien pudiese subir aquí y decir algo parecido en serio. Claro, que el Partido Popular tampoco tiene mucha más credibilidad. La moción que presenta es la muestra más clara del cinismo del PP, del desprecio por la situación de las clases populares, de los trabajadores y las trabajadoras y de las personas más vulnerables; cinismo porque el Partido Popular, con Núñez Feijóo a la cabeza, ha aplaudido el ataque ilegal e injusto, absolutamente injustificado, de los Estados Unidos y de Israel contra Irán. Ha aplaudido el ataque, ha defendido el ataque y, además, ya se ha dedicado previamente a hacer campaña para legitimarlo con una proposición no de ley que ha defendido en este Congreso, por lo visto, para defender los derechos de las mujeres iraníes. ¡Qué casualidad! No se han preocupado durante dos años por defender los derechos de las mujeres palestinas masacradas en Gaza ni de los niños y niñas masacrados a miles en Gaza, ni tampoco, pongamos por caso, los derechos de las mujeres en Afganistán. Tenían que ser justamente las de Irán, porque eso le permitía justificar esa acción criminal de bombardear un país. Aplauden y apoyan la guerra y ahora se quejan de las consecuencias. O no. Más bien parecen lágrimas de cocodrilo, porque lo que hacen es aprovecharlas para beneficiar a los suyos, para promover que los de siempre hagan caja a cuenta del sufrimiento de las mayorías sociales. Desprecio por la situación, como decía, de las clases populares, de los trabajadores y trabajadoras y personas más vulnerables. Noten que la primera cosa que dicen en esta moción es nada para los inquiokupas. No se puede ser más miserable. Esto es tremendo. Les funcionará como eslogan para mover o movilizar a los sectores más ultras, pero, como digo, es muestra de la mezquindad y de la falta de preocupación por la mayoría social, por aquellas personas que no llegan a fin de mes o que no tienen para pagar el alquiler. En vez de medidas de apoyo, prefieren agitar en una estrategia que, por ahora, parece que beneficia más a sus competidores de VOX que al propio Partido Popular. No solo lo digo por eso. La mayoría de las propuestas van en el sentido de apoyar a las grandes empresas, no de apoyar a los trabajadores y las trabajadoras o a las clases populares. Por lo tanto, creo que es una estrategia que define muy bien al Partido Popular. Ustedes prefieren que sean los empresarios los que hagan caja y no, por ejemplo, como reclama el BNG, que para financiar las medidas de protección social se establezca una política o una fiscalidad más justa y más distributiva; se establezcan, por ejemplo, impuestos a la banca, a las grandes fortunas, a las grandes eléctricas o a las grandes energéticas, impuestos que ustedes han tumbado ya hace más de un año; y medidas que realmente pueden ser efectivas, como los topes al precio de la gasolina, del gasóleo y también la calefacción o bonificaciones a los combustibles profesionales de transporte, agricultura, pesca o maquinaria. Asimismo, topes a la cesta básica de la compra o a los servicios esenciales. Topes también a las hipotecas y a los alquileres para garantizar el acceso a una vivienda digna y para evitar la especulación en época de dificultades. Prohibir los desahucios sin alternativa de vivienda para personas vulnerables y garantía de mantenimiento de todos los suministros básicos. Plan de emergencia, por ejemplo, para las micropymes y para las personas autónomas que, por sus características de mayor vulnerabilidad, se van a ver y ya se están viendo más afectadas por la subida de los carburantes. Paralizar la entrada en vigor del Mercosur, ese acuerdo que ustedes han apoyado en los Parlamentos y que después, de manera cínica e hipócrita, han intentado convencer a los ganaderos y ganaderas que les estaban apoyando, cuando en realidad los han vendido y los han traicionado. Levantar las reglas fiscales para permitir que haya más capacidad por parte de los municipios o de las diputaciones, o incluso de los Gobiernos autónomos, para hacer frente a esos gastos suplementarios, lo que va a suponer el mantener muchos servicios, o utilizar el ingreso mínimo vital, el salario mínimo y las pensiones más bajas para adaptarlas a la inflación real. Es una medida que ya sé que a ustedes no les va a interesar porque no les interesa lo que les pasa a los más desfavorecidos, como por ejemplo actualizar el IPREM que lleva tres años congelado. Una vez más queda claro que quien defiende al pueblo gallego, a los trabajadores y a las trabajadoras, es el BNG, igual que ustedes defienden los intereses de los poderosos. Muchas gracias.

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. La escalada del conflicto de Oriente Medio tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos en territorio iraní está generando una enorme incertidumbre en los mercados energéticos y en las cadenas globales de suministro. Cuando los mercados energéticos se tensionan, el impacto llega de inmediato a la economía real: a las facturas de las familias, a los costes de producción de la industria y a la competitividad de sectores que dependen directamente del precio de la energía. Estamos ante un shock geopolítico internacional, cuya evolución y consecuencias aún son difíciles de prever, y por eso este momento exige decisiones ágiles, sí, pero también prudencia, rigor, colaboración y coordinación institucional. En este texto no compartimos la introducción porque plantea esta crisis en términos de reproche político más que de búsquedas de una respuesta compartida. Ante una situación de esta magnitud no se trata de señalar culpables sino de construir soluciones viables. Conviene además introducir quizá un elemento de realismo. Si determinadas medidas no se han adoptado antes creo sinceramente que no ha sido por falta de voluntad, sino porque la realidad parlamentaria es evidente: la ausencia de mayorías suficientes. Por eso, el Gobierno solicitó a los distintos grupos sus propuestas para afrontar la crisis en Oriente Medio y buscar posiciones comunes que permitieran articular un decreto al efecto. En un escenario tan cambiante no caben respuestas cerradas ni simplificaciones. Lo que se necesita es un seguimiento constante de los acontecimientos, analizar la evolución de los precios, especialmente los energéticos, y adoptar en cada momento las decisiones más adecuadas. En ese contexto se ha dado ese decreto al que ustedes han hecho su mención, que, aunque parece que contiene medidas que van en línea con las suyas, no les convence. Sobre las medidas concretas. En vivienda, nosotros no compartimos el término inquiokupación, pero sí queremos subrayar que las cuestiones relativas a vivienda no deben incluirse en un decreto ómnibus, por cuanto que no concitan… .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

… por cuanto que no concitan mayorías parlamentarias, y menos aún en un decreto vinculado a una crisis internacional, porque el problema de la vivienda precisamente es estructural y no deviene de la crisis de Oriente, requiere de soluciones estructurales y no de parches. Como hemos dicho muchas veces, son las Administraciones públicas las que deben garantizar las alternativas habitacionales y evitar desahucios, poque no es razonable trasladar esa responsabilidad a pequeños propietarios. En cuanto al impuesto a la generación eléctrica, la moción plantea su supresión permanente, una posición que también defendimos en el paquete de medidas que trasladamos al Gobierno y hoy lo hemos hecho también con la PNL relativa a la industria que hoy hemos defendido. El Ejecutivo ha aceptado esta propuesta, pero, es verdad, de una forma temporal. Este impuesto, como ya he dicho antes, nació en el 2012 para afrontar el déficit de tarifa, un problema que hoy prácticamente está resuelto y que en la actualidad no penaliza a las eléctricas, sino a la industria, a las empresas y a los consumidores. Por cierto, es una supresión que sí está solicitando todo el sector, sin discriminar tecnologías. En relación con la medida de la reducción del IVA, la moción propone reducirlo al 10 % durante tres meses para electricidad, gas natural, biomasa y gasóleo agrícola. Una medida que también nosotros propusimos de forma temporal, solamente, además, para la biomasa, gas y gasóleo, pero de forma temporal, como he dicho. Además, creemos que el Gobierno la ha recogido en el decreto con una duración mayor y con un sistema de control vinculado a la evolución de los precios. Por lo tanto, esa propuesta quizá ya no procede. Por lo que se refiere a la bonificación de carburantes, incluyen una bonificación del 11 % por litro para el transporte, autotaxis, sector agrario, ganadero y pesquero. Nosotros también propusimos una bonificación para estos sectores afectados por el encarecimiento de los carburantes, aunque dejamos abierto su diseño para adaptarlo a la evolución de los precios. El Gobierno también ha recogido esta medida en el decreto con un planteamiento distinto, pero con la misma finalidad. En cuanto al IRPF, no vamos a entrar en profundidad por una cuestión competencial, ya que Euskadi cuenta con normativa propia, pero sí queremos señalar que nosotros hemos venido deflactando este impuesto. En lo referente a la generación, el sector lleva años reclamando seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y la convocatoria urgente de subastas para sustituir plantas que están agotando su vida útil. En seis años no se han convocado y en ese tiempo se han cerrado 230 plantas y se han perdido 1500 megavatios de potencia. Esto significa menor capacidad industrial, menor eficiencia energética y mayor vulnerabilidad competitiva. Y es imprescindible, queremos activar estas subastas y ofrecer un marco estable. En cuanto a la compensación de los costes indirectos del CO 2, compartimos la fórmula planteada, pero discrepamos de su encaje normativo. Es verdad que el decreto anticrisis introduce un suplemento adicional que por primera vez se acerca a la compensación del 25 % permitido por Europa. Valoramos ese avance, pero creemos que el camino debe completarse y, como dice la moción, es necesario dejar fijado por ley ese nivel del 25 %. En relación con la reducción de peajes eléctricos para la industria, es una medida que nosotros y otros grupos llevamos defendiendo desde la crisis de Ucrania, incluida en el paquete de medidas remitido al Gobierno. Coincidimos plenamente en que debe ser permanente, porque la industria necesita estabilidad y certidumbre para planificar inversiones y mantener su competitividad. Pero también, señorías del Grupo Popular, es justo decirles que esta medida que ahora piden fue rechazada por su grupo parlamentario en los distintos decretos planteados en esta Cámara. Por lo que se refiere a otros aspectos de la moción, que son cuestiones que algunos sectores están planteando, creemos que merecen un análisis mucho más profundo. Me refiero a la revisión del mecanismo de compensación por fuga de carbono al mínimo estimado por las subastas de derecho a emisión de gases de efecto invernadero o la devolución de los sobrecostes de los servicios de ajuste. En este último punto quiero decirles además que el sector lo está planteando, pero no como ustedes lo hacen, sino que ponen una regulación de ese sobrecoste vía cargos regulados, lo cual, creemos ―y de ahí nuestras dudas― puede beneficiar a unos en perjuicio de otros. Por eso, nuestra salvaguarda con respecto a estas cuestiones. No sé si van a transaccionar alguna enmienda o si va a ser la votación por puntos y, por lo tanto, fijaremos posición en el trámite correspondiente. Gracias.

Teresa Jordà i Roura ERC

Bé, bona tarda de nou. El Partit Popular ens porta avui una moció teòricament per pal·liar les conseqüències de la guerra amb l’Iran. I ho fa com si tot això, com si aquesta guerra hagués aparegut sola, com si fos per generació espontània, com si fos una desgràcia inevitable. De fet, com si fos una tempesta. Doncs mirin, no, de cap manera. No estem davant de cap fenomen natural, per més que els seus socis de VOX siguin negacionistes, no. Estem davant de les conseqüències d’una escalada militar, d’una escalada militar provocada per actuacions unilaterals contràries al dret internacional. Així de clar. Així de diàfan. Així de simple. I això no és un detall menor, és la clau de volta de tot aquest debat. Perquè, quan es vulnera el dret internacional, quan es normalitza la llei del més fort, quan alguns Estats decideixen poder bombardejar, poder atacar i poder desestabilitzar una regió sencera, al marge de qualsevol marc legal, el resultat sempre és exactament aquest. Més inseguretat, més inestabilitat i més patiment. Per a qui? Doncs per a la majoria social. I això també passa aquí. I el més greu és que el Partit Popular parla de les conseqüències, però evita — atenció— parlar de les causes. O pitjor encara, massa sovint prefereix aplaudir o blanquejar les aventures unilaterals dels seus aliats internacionals i callar. I després venen aquí a fer veure que els preocupen moltes coses. Venen aquí i fan veure que els preocupa el rebut de la llum, que els preocupa la cistella de la compra o la situació de les empreses. Doncs mirin, una mica de serietat, si us plau. Perquè, si no es defensa el dret internacional quan toca, després no es pot fingir sorpresa quan arriben les conseqüències. I dit això, anem a les mesures concretes. Mesures en habitatge. Mirin, el cinisme del Partit Popular, el cinisme de VOX i el cinisme de Junts, els hi he de dir, és difícil de superar. Molt difícil. Són molt bons. Són molt bons. En cinisme, molt bons, i en desaparèixer de tant en tant també. Què els passa pel cap, senyories, quan vostès tomben mesures de protecció social, com per exemple deixar al carrer persones en situació de vulnerabilitat? Què coi els passa pel barret? I a sobre, ara venen i volen presentar-se tots tres com els grans defensors de les famílies. Mirin, la realitat en un context de pressió inflacionària és claríssima: cal congelar els lloguers i cal també protegir les famílies, que la majoria d’elles estan hipotecades. No n’hi ha prou amb anar proclamant mentida rere mentida, mentre milers de llars han de decidir entre pagar l’habitatge o arribar a final de mes. Aquesta cambra no pot tornar a fallar en allò més bàsic. I allò més bàsic, senyores i senyors diputats, és garantir el dret a l’habitatge per a tothom. Això és allò més bàsic. En fiscalitat. El Partit Popular també recita el seu catecisme habitual: rebaixes generalitzades d’impostos per a tothom, com si això fos sinònim de justícia social, i no, una i mil vegades no. Ja sabem què passa amb aquestes receptes: molta propaganda, poca eficàcia i massa sovint un benefici molt més gran, evidentment, per a qui menys ho necessita. La baixada generalitzada de l’IVA, posin-s’ho al cap, no garanteix que els preus baixin, que els preus baixin de debò, i la rebaixa indiscriminada de l’IRPF en cap cas, senyories del Partit Popular, corregeix desigualtats, al contrari, les consolida, les consolida, les desigualtats. Des d’Esquerra defensem exactament el contrari: fiscalitat distributiva, suport directe a qui més pateix i protecció real als sectors més afectats, com l’agrícola, el ramader i el pesquer. I pel que fa a la indústria, doncs està bé anunciar mesures, però el que toca és concretar-les d’una vegada. Ja ho he dit abans. Dotar-les i executar-les. Tot allò que serveixi per donar estabilitat als costos energètics, tot allò que serveixi per reforçar la cogeneració i tot allò que serveixi per protegir el teixit productiu pot ser útil, però no ens serveixen ni els anuncis inflats ni tampoc les improvisacions. Cal una resposta seriosa, ràpida i, evidentment, orientada a qui produeix i treballa. Per això, i acabo, presidenta, no donarem suport — oh, sorpresa— a aquesta moció del Partit Popular, perquè arriba carregada d’oportunisme, arriba carregada d’amnèsia i de receptes que ja sabem que no funcionen, i perquè aquest moment, senyories, exigeix molt més, perquè la gent espera molt més de nosaltres, molt més que eslògans, exigeix valentia política, justícia social i, evidentment, coherència democràtica. Dir la veritat sobre les causes d’aquest conflicte també, protegir la ciutadania davant la inflació també, actuar sobre l’habitatge, sens dubte, i ajudar directament a qui més ho necessita. I, sobretot, impedir que aquesta crisi, com tantes d’altres, tornin a sortir guanyant sempre, sempre els mateixos, que són els de sempre, que són, en definitiva, els seus. Res més. Moltes gràcies. Buenas tardes de nuevo. El Grupo Popular nos trae hoy una moción para paliar las consecuencias de la guerra con Irán, y lo hace como si esta guerra hubiera aparecido sola, como si fuera por generación espontánea, como si fuera una desgracia inevitable, como si fuera una tormenta. Pues bien: no, en modo alguno. No estamos ante ningún fenómeno natural, aunque sus socios de VOX sean negacionistas. No, estamos ante las consecuencias de una escalada militar, de una escalada militar provocada por actuaciones unilaterales contrarias al derecho internacional. Así de claro. Así de diáfano. Así de simple. Y esto no es un detalle menor, es la clave de todo este debate. Porque cuando se vulnera el derecho internacional, cuando se normaliza la ley del más fuerte, cuando algunos Estados deciden poder bombardear, poder atacar y poder desestabilizar una región entera, al margen de cualquier marco legal, el resultado siempre es exactamente este: más inseguridad, más inestabilidad y más sufrimiento. ¿Para quién? Pues bien, para la mayoría social. Y esto también sucede aquí. Lo más grave es que el Partido Popular habla de las consecuencias, pero evita, ¡ojo!, hablar de las causas. Atención, demasiado a menudo, prefiere aplaudir o blanquear las aventuras unilaterales de sus aliados internacionales y callar. Después vienen aquí a hacer ver que les preocupan muchas cosas. Vienen aquí y hacen ver que les preocupa el recibo de la luz, la cesta de la compra o la situación de las empresas. Pues miren: un poco de seriedad, por favor, porque si no se defiende el derecho internacional cuando corresponde, entonces no se puede fingir sorpresa cuando llegan las consecuencias. Dicho esto, vamos a medidas concretas. Medidas en vivienda. Miren, el cinismo del Partido Popular, el cinismo de VOX y el cinismo de Junts, debo decírselo, es difícil de superar. Muy difícil. Son muy buenos en cinismo, ¡muy buenos! Y en desaparecer de vez en cuando también. ¿Qué les pasa por la cabeza, señorías, cuando ustedes toman medidas de protección social como, por ejemplo, dejar en la calle a personas en situación de vulnerabilidad? ¿Qué les pasa por la cabeza? Y encima quieren venir y quieren presentarse los tres como los grandes defensores de las familias. Miren, la realidad en un contexto de inflación, de presión inflacionaria es muy clara: hay que congelar los alquileres y proteger a las familias, que, por cierto, la mayoría están hipotecadas. No basta con ir lanzando mentira tras mentira mientras miles de hogares tienen que decidir entre pagar la vivienda o llegar a final de mes. Esta Cámara no puede volver a fallar en lo que es más básico. Y lo más básico, señoras y señores diputados, es garantizar el derecho a la vivienda para todo el mundo. Esto es lo más básico. En fiscalidad, el Partido Popular también recita su catecismo habitual: rebajas generalizadas de impuestos para todos, como si esto fuera sinónimo de justicia social. Y no, no, no; una y mil veces no. Ya sabemos qué sucede con estas recetas: mucha propaganda, poca eficacia y, demasiado a menudo, un beneficio mucho mayor, evidentemente, para quien menos lo necesita. La bajada generalizada del IVA ―pónganselo en la cabeza― no garantiza que los precios bajen de verdad, y la rebaja indiscriminada del IRPF en ningún caso, señorías del Partido Popular, corrige desigualdades; al contrario, consolida las desigualdades. En Esquerra defendemos exactamente lo contrario: fiscalidad distributiva, apoyo directo a quien más sufre y protección real a los sectores más afectados, como el agrícola, el ganadero y el pesquero. Y en lo que corresponde a la industria, está bien anunciar medidas, pero lo que hay que hacer es concretarlas de una vez por todas, dotarlas y ejecutarlas. Ya lo he dicho: todo lo que sirva para dar estabilidad a los costes energéticos, reforzar la cogeneración y proteger el tejido productivo puede ser útil; pero no nos sirven ni los anuncios hinchados ni las improvisaciones. Necesitamos una respuesta rápida, seria y orientada a quien realmente trabaja. Por tanto, no vamos a dar apoyo ―¡oh, sorpresa!― a esta moción del Partido Popular, porque llega cargada de oportunismo, de amnesia y de recetas que ya sabemos que no funcionan; y porque este momento, señorías, exige mucho más, porque en este momento la gente espera mucho más de nosotros, mucho más que eslóganes. Exige justicia social, garantía política y, evidentemente, coherencia democrática. Y en relación con las causas de este conflicto, también hay que actuar sobre la vivienda, sin duda, y ayudar a los que más lo necesitan y, ante todo, impedir que de esta crisis, como de tantas otras, vuelvan a salir ganando siempre los mismos, que son los de siempre, que son, en definitiva, los suyos. Nada más. Muchas gracias. .

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

Moltes gràcies, senyora presidenta. Señora Garrido, desde el aprecio ―sé que es una mujer moderada―, ha perdido una oportunidad en este punto para defender a la vicepresidenta Montero de los ataques machistas de su partido. . Pero no se preocupen, porque el señor De los Santos, responsable de educación e igualdad, seguro que dirá que el señor Azcón apesta a machismo. . Pero mire, señora Garrido, usted habla de esperpento porque el Gobierno de coalición progresista el viernes se tensionó. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el Gobierno de coalición progresista se tensiona para proteger el derecho de las familias a pagar el alquiler. ¿Sabe por qué se tensionan los Gobiernos de PP y VOX? Para echar a los niños y adolescentes que vienen sin familia a este país, huyendo de la guerra. . Así que lecciones de estabilidad y de política de Estado del Partido Popular, sin duda, no. En su moción, como apuntaba la señora Jordà, hablan de una guerra que ha salido como un hongo. Y ustedes omiten que el 28 de marzo Trump, empujado por el genocida Netanyahu y para tapar sus archivos de Epstein, empezó una guerra ilegal en Irán. Una guerra con una fuerte composición geopolítica y económica. ¿Y saben qué pasó? Que, como siempre, cuando las cosas vienen mal dadas, todos los sectores, todos, y todos los grupos políticos sin excepción ―incluso aquellos que cuando las cosas van bien piden la abolición de lo público―, ¿saben qué hicieron? Reclamar la intervención de papá Estado. Así pues, señorías, tenemos un primer consenso, y es que todos, sin excepción, estamos de acuerdo en la intervención pública del mercado. Sí, señorías, el mercado no se regula solo. Pero el problema está en que, si profundizamos un poquito, el acuerdo se aleja. Y es que, señorías del Partido Popular, ustedes solo piden ampliar aquellas medidas que están a medio camino en el escudo social y que quizás son aquellas que no compartimos con el Partido Socialista. .

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

Moltes gràcies, senyora presidenta. Decía que, más allá de que hay un consenso ―cuando las cosas van mal, todos pedimos el auxilio de papá Estado, de lo público―, cuando rascamos, la realidad es que estamos lejos. Sus propuestas profundizan justo en aquellas que, en el escudo social, nosotros no estamos muy de acuerdo. Y es que ustedes omiten las dos fundamentales: las renovables y la vivienda. Y es que, sí, señorías, mientras ustedes traían Viernes de Dolores con los impuestos al sol ―¿se acuerdan?― para retrasar la transición verde y para ayudar a que la industria alemana superara a la española ―aquellos que van de patriotas―, nosotros traemos viernes de tranquilidad, que favorecen el autoconsumo de las energías verdes. Más renovables supone más soberanía y menos dependencia de potencias extranjeras. La firme apuesta por las renovables ha permitido que hoy tengamos la factura de la luz más barata que la media europea. Así pues, sí, señorías, patriotismo hoy es todo aquello que ustedes ridiculizan: más renovables y menos gasoil, más trenes y menos vuelos cortos, más ayuda a los agricultores y menos perdonar impuestos a Mercadona. Pero si hubo algo que hizo que el viernes pasado fuera un viernes de tranquilidad, fue un real decreto que congeló y prorrogó los contratos de alquiler en nuestro país. Sí, señora Garrido, gracias a los rebeldes, hoy muchas familias duermen mejor. Y es que, como denuncia Oxfam, uno de cada tres inquilinos valencianos tuvo que cambiarse forzosamente de casa este año: tuvo que cambiar de techo, tuvo que buscar otro barrio, tuvo que volver a empezar, tuvo que cambiar a las niñas de colegio, tuvo que tratar con otra médica de familia y tuvo que dejar al vecino al que le solía pedir la sal o que cuidaba del gato cuando te ibas de vacaciones. Así pues, señorías del Partido Popular, luego no hablen de luchar contra la soledad no deseada. Pero mucho menos, señorías de la derecha, hablen de bajar impuestos. . Ya que ustedes hablan continuamente, es un poco difícil intervenir. Les pido que me dejen terminar, si pueden. Gracias. Le decía a la derecha que no hablen de bajar impuestos para ayudar a la gente que no llega a final de mes, porque si tumban esta prórroga, condenarán a más de un millón de personas a no poder ni empezar el mes. Sí, señorías, en Valencia, en el país valencià, el 44 % de los inquilinos destina el 1 de cada mes más de la mitad de su sueldo a pagar el alquiler. Y de eso ustedes no dicen nada. Y, por último, señorías, les ruego que no mientan. La prórroga de alquileres no supone que ningún propietario pequeño o fondo buitre pierda absolutamente nada. Como mucho, supone que puedan ganar mucho más. En el caso valenciano, 2700 euros más al año. En serio, señorías, con la que está cayendo, ¿a ustedes les parece que hay que putear a los inquilinos para garantizar que los rentistas ganen más y más? Así que, señorías, hoy lo importante es que digamos una cosa bien clara a las familias cuyos contratos caducan el 31 de diciembre del 2027, y es que pidan su prórroga de alquiler por escrito, porque, afortunadamente, hoy está en vigor, hoy es una realidad, hoy su casero no se puede oponer, y, al menos, durante los dos próximos años podrán vivir con tranquilidad. Así, señorías, aunque a veces parezca imposible, la política sí sirve para cambiar las cosas. Así, aunque crean que no, un viernes de inestabilidad aportó tranquilidad a las familias, pero, sobre todo, cambió el marco, y es que hoy no hablamos de la impotencia de la izquierda…

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

… hoy hablamos de si las derechas son capaces de tumbar una medida justa. Moltes gràcies. .

Alberto Mayoral de Lamo PSOE

Gracias, presidenta. . Hay momentos…

Alberto Mayoral de Lamo PSOE

Después de escuchar el debate, debo decir que hay momentos en la historia en los que un Parlamento no se mide por lo que decimos desde el atril. Déjenme que les diga algo: el Parlamento se mide por lo que estamos dispuestos a defender. ¿Saben ustedes ante quiénes estamos compareciendo hoy? No lo estamos haciendo ante nosotros, y ni siquiera ante los españoles. Estamos compareciendo ante la guerra, ante el dolor, ante el sufrimiento de los inocentes , ante la miserable creencia de que hay una oportunidad en la guerra para sacar rédito. . Nosotros no hemos venido a administrar el miedo ni vamos a sacar rédito del incendio. Hemos venido a algo mucho más difícil, señorías: hemos venido a defender la paz , la paz que se defiende no de manera silente ni cobarde, sino la paz que se defiende frente a la guerra, porque cuando hablan de libertad siempre tienen petróleo bajo su suelo. . ¿De qué se ríen? ¿Qué cuchichean? Señorías, después se preguntan por qué los españoles dicen que, cuando hablamos aquí, no nos respetamos. ¡Estamos hablando de la guerra! ¿Se dan cuenta del silencio que hay cuando cae cada bomba y la falta de respeto que hay en este debate, cuando no se respeta un tema tan importante? . La guerra siempre viene con la mentira, la guerra siempre viene con la propaganda, la guerra viene con quienes, desde la comodidad de un atril o un plató de televisión, piensan que se habla de escalada o subida de precios, y no de vidas humanas. Ese es el drama de la guerra, ese es el drama del que estamos hablando aquí, porque, cuando hablamos de los socialistas, he de decirles que subo a esta tribuna con el orgullo de decir que represento a un grupo en el que el presidente Zapatero dijo no a la guerra de Irak, en el que hoy el presidente Pedro Sánchez está diciendo que no a la guerra de Irán. Y les diré algo más: el 7 de julio de 1910, ese día este grupo parlamentario subió aquí, subió Pablo Iglesias para decir a la derecha que mandaba a aquellos jóvenes a morir que lamentaba que los votos del Grupo Socialista no hubieran parado tal masacre de los jóvenes de aquella generación. . Y es que, lejos del entreguismo del Partido Popular con Trump — que, por cierto, está copiando las formas cuando se refiere a las mujeres, y hoy lo hacen con María Jesús Montero y parece que van a hacer una campaña en copia de lo que hace el presidente Trump— o de sus socios de VOX con Netanyahu, cuando alguien decía que eran compañeros de armas — y me sorprende que alguno que no ha hecho la mili ni en Cerro Muriano le llame compañero de armas a la hora de hablar de la guerra… . Me sorprende que la extrema derecha diga que esto es un eslogan. ¿Saben lo que no es un eslogan? Venir aquí y movilizar 5000 millones de euros, bajar el IVA, poder hablar de vivienda, bonificar, adoptar medidas que hacen que la luz eléctrica no suba para las personas más vulnerables. Y, sobre todo, que, mientras que ustedes traen mociones, nosotros traemos una propuesta y una posición moral; mientras que ustedes miran la guerra y cómo desgastar al Gobierno, nosotros estamos pensando en los españoles y las españolas que peor lo pasan por la guerra. Qué complejo es hablar cuando a sus señorías de la derecha no les interesa absolutamente nada tratar de la guerra. No me extraña, dada la vergüenza de su posición en este Parlamento durante los últimos cien años cuando se habla de guerra. Cuando ustedes hablan de precios, cuando ustedes hablan de inflación, cuando ustedes hablan de economía, nosotros hablamos de vida, hablamos de dignidad y hablamos de una posición de mantenimiento de la paz. Decía la portavoz del Partido Popular que es un esperpento la posición del Gobierno. ¿Saben ustedes lo que es un esperpento? Que mientras que hay una guerra, la prioridad de ustedes sea tumbar las medidas del Gobierno. ¿Saben lo que es un esperpento? Subir aquí y no hablar de derechos humanos frente a los bombardeos que cada día se producen. ¿Saben lo que es un esperpento? Que se digan patriotas y prefieran a aquellos que amenazan España, frente a aquellos que mantienen una posición digna, como el Gobierno de España, defendiendo, eso sí, la bandera que ustedes llevan en las pulseras. . Y les voy a decir algo más: hay coraje en demostrar contención, hay orgullo en defender la diplomacia, pero, sobre todo, hay patriotismo en entender que la vida de los inocentes y los derechos humanos están por encima de cualquier cuestión económica. Muchísimas gracias. .