Pleno del Congreso n.º 169 · XV legislatura

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Moi bo día. As medidas que recolle de compensación que recolle este Real Decreto Lei son absolutamente necesarias. A cuestión é que xa, ao noso xuízo, deberían ter estado incorporadas na Lei de Memoria Democrática, unha lei que claramente ficou insuficiente por esta e por outras razóns, tal e como avaliaron a maioría das organizacións memorialistas e que fixo que infelizmente forzas políticas que tanto traballamos por ela, non puidésemos finalmente votala a favor. Con todo, hai algúns elementos que nos preocupan e por tanto tomamos, pois, a luva que o propio ministro lanzou aquí, sabemos que en relación con diversas forzas políticas coas que se estivo falando e negociando, de introducir modificacións posteriormente na tramitación como proxecto de lei. Preocúpanos, por exemplo, ese límite temporal de 1 xaneiro do 1968 até decembro de 1978. Efectivamente, datas que se arrastran da Lei de Memoria Histórica de 2007, mais que foi modificada por arriba, non por abaixo. Deixa fóra moitísimas persoas toda, por exemplo, toda a actividade de resistencia armada ao franquismo, a guerrilla, que foi moi importante na Galiza nos anos 40 cunha actividade fundamental e que aínda a partir de aí nos 50 nos 60, a pesar da orde de disolución do Partido Comunista, pois se mantivo de forma máis minoritaria, é verdade até que é 1965, en marzo de 1965 foi asasinado pola Garda Civil Xosé Castro Veiga, o «Piloto». Por tanto, cremos que é necesario modificar estes termos porque, entre outras cousas, moitísimas persoas que defenderon a democracia e a República ficarían fóra. Estou pensando, por exemplo, nos dirixentes nacionalistas Alexandre Bóveda ou Ánxel Casal, alcalde de Compostela, asasinados en 1936. E a ambigüidade e inconcreción dalgúns dos criterios que se incorporan a esta lei pode tamén deixar fóra outros se non é correxido. Efectivamente, neste período o ministro mencionaba a Amador e Daniel, para alén destes dous obreiros asasinados en Ferrol nese período podemos tomar en consideración Moncho Reboiras, asasinado en 1975, ou Xosé Humberto Baena e Sánchez Bravo fusilados en 1977. Pero eu quero lembrar que para o franquismo calquera actuación de loita pola democracia, de resistencia ou mesmo simplemente de autodefensa era considerada terrorismo. Por tanto, é preciso que estes termos queden suficientemente claros. E claro, a nós tamén nos preocupa o feito de que se establezan compensacións para as vítimas, pero continuemos sen poder xulgar os culpábeis. Por tanto, reclamamos máis unha vez que debeu estar incorporado á Lei de Memoria Democrática a derrogación do artigo 2.f) da Lei de Amnistía de 1977 para que os responsábeis desas atrocidades poidan tamén ser xulgados. E por último, creo que no ámbito das actuacións de memoria democrática para facer realidade ese principio de memoria, xustiza e reparación hai outros ámbitos en que tamén é preciso actuar. Recentemente houbo unha sentenza definitiva que confirma que Meirás, o Pazo de Meirás, pasa a patrimonio público, pero tamén esa sentenza establece que hai que indemnizar aos Franco porque a posesión era de boa fe. É absurdo, é unha cuestión que non ten absolutamente ningún sentido. En vez de que sexan eles quen teñan que indemnizar polo roubo dun patrimonio que non lles pertencía, resulta que agora a administración pública debe indemnizar os ladróns por ter roubado ese patrimonio. Cremos que o Estado debe pelexar xudicialmente para que os Franco non reciban nin un só euro e para que se recupere todo o patrimonio roubado, porque falta, por exemplo, confirmouse tamén as estatuas do Pórtico da Gloria, pero falta, por exemplo, a Casa Cornide na Coruña. E nós traballaremos para que ademais o Pazo de Meirás sexa cedido á Administración pública galega para centros de memoria no noso país. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Las medidas de compensación que recoge este real decreto ley son absolutamente necesarias. La cuestión es que, a nuestro juicio, ya deberían haber estado incorporadas en la Ley de Memoria Democrática; una ley que claramente es insuficiente por esta y por otras razones, tal y como han evaluado la mayoría de las organizaciones, y que, desafortunadamente, provocó que fuerzas políticas que tanto trabajamos por ella no pudiésemos finalmente votarla a favor. Sin embargo, hay algunos elementos que nos preocupan. Por lo tanto, hoy recogemos el guante que el ministro ha presentado. Hay diversas fuerzas políticas con las que se ha estado hablando y se ha negociado introducir modificaciones posteriormente, en la tramitación como proyecto de ley. Nos preocupa, por ejemplo, ese límite temporal del 1 de enero de 1968 hasta diciembre de 1978. Efectivamente, son cosas que se arrastran de la ley de memoria histórica de 2007, que se ha modificado por arriba y no por abajo y deja fuera a muchísimas personas. Por ejemplo, toda la actividad de resistencia armada al franquismo de la guerrilla, que fue muy importante en Galicia en los años cuarenta, con una actividad fundamental, y que a partir de ahí, en los cincuenta y los sesenta, a pesar de la orden de disolución del Partido Comunista, se mantuvo de forma más minoritaria, es verdad, hasta que en 1965, en marzo de 1965, fue asesinado Xosé Castro Veiga, el Piloto, por la Guardia Civil. Por lo tanto, creemos que es necesario modificar estos términos, porque, entre otras cosas, muchísimas personas que defendieron la democracia y la República quedarían fuera. Estoy pensando, por ejemplo, en dirigentes nacionalistas: Alexandre Bóveda o Ánxel Casal, alcalde de Compostela, asesinados en 1936. La ambigüedad y la concreción de algunos criterios de esta ley puede dejar fuera criterios si no se corrige. De hecho, en este periodo, el ministro mencionaba a Amador y a Daniel. Más allá de estos dos obreros asesinados en Ferrol en este periodo, podemos tomar en consideración a Moncho Reboiras, asesinado en 1975, o a Xosé Humberto Baena y Sánchez-Bravo, fusilados en 1975. Pero quiero recordar que, para el franquismo, cualquier acción de lucha por la democracia, de resistencia o incluso de autodefensa se consideraba terrorismo. Por lo tanto, es necesario que estos términos queden suficientemente claros. A nosotros también nos preocupa el hecho de que se establezcan compensaciones para las víctimas, pero que sigamos sin poder juzgar a los culpables. Por lo tanto, reclamamos que se incorpore a la Ley de Memoria Democrática la derogación del artículo 2.f) de la Ley de Amnistía de 1977, para que los responsables de estas atrocidades puedan también ser juzgados. Por último, creo que, en el ámbito de las actuaciones de memoria democrática, para concretar este principio de memoria, justicia y reparación, hay otros ámbitos en los que también es necesario actuar. Hace poco hubo una sentencia definitiva que confirma que Meirás pasa a ser patrimonio público, pero esta sentencia establece también que hay que indemnizar a los Franco porque la posesión era de buena fe. Es absurdo, es una cuestión que no tiene ningún sentido. En vez de que sean ellos los que tengan que indemnizar por el robo de un patrimonio que no les pertenecía, resulta que ahora la Administración pública debe indemnizar a los ladrones por haber robado este patrimonio. Por lo tanto, creemos que el Estado debe pelear judicialmente para que los Franco no reciban ni un solo euro y para que se recupere todo el patrimonio robado, porque también se han confirmado las estatuas del Pórtico de la Gloria, pero falta, por ejemplo, la Casa Cornide, en La Coruña. Nosotros trabajaremos para que, además, el pazo de Meirás sea cedido a la Administración pública gallega como centro de memoria en nuestro país. Muchas gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. Hoy debatimos un real decreto que reconoce derechos y que dignifica a quienes se jugaron la vida por la democracia. No es suficiente, siempre lo decimos en memoria democrática, y además siempre llega tarde, porque este decreto reconoce a víctimas que llevan décadas y décadas esperando; personas que fueron asesinadas, que fueron perseguidas o que fueron gravemente heridas por defender las libertades de las que hoy podemos disfrutar. Como usted ha avanzado, ministro, para dar nuestro voto favorable, hemos negociado con su ministerio para que haya distintas propuestas que se incorporen en el trámite de la ley y que se incluyan por parte del ministerio. Una de ellas es que queremos que se modifique el periodo de aplicación. Ahora mismo el texto habla de que se aplique entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, y nosotras hemos propuesto que sea desde el 1 de enero de 1968 al 31 de diciembre de 1983, en coherencia con lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 20/2022, que reconoce la existencia de vulneraciones de derechos humanos en ese periodo. Además, también le hemos propuesto que el reconocimiento de las indemnizaciones previstas en esta disposición no impida ni limite el ejercicio de las acciones judiciales ni del derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas, porque hay que evitar que la reparación económica sustituya al derecho a la justicia. También proponemos que en ausencia de las personas beneficiarias que están previstas puedan ser beneficiarias aquellas personas que acrediten una relación de especial vinculación o cuidados con la víctima, para evitar precisamente exclusiones injustas en contextos familiares que son complejos. Y también que se garantice una aplicación restrictiva y garantista de las causas de exclusión, que deberán interpretarse siempre conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, para que no se interpreten de manera extensiva. Ministro, hemos llegado a un acuerdo respecto a todas estas cuestiones y entendemos que es un avance con relación al texto actual, pero sigue quedando pendiente que se evite el carácter restrictivo del concepto de víctima en este real decreto. Ya se ha reconocido en la legislación vigente y ese debería ser el siguiente paso, ministro. Porque, señorías del Grupo Socialista, no basta con aprobar una ley si luego no se despliega esa ley con ambición; no basta con anunciar avances si luego no se convierten en derechos efectivos. Y creo que todos y todas las que estamos aquí tenemos una deuda sangrante, que hoy tampoco vamos a abordar: ¿cuándo va a traer este Gobierno la ley integral de bebés robados? . La hemos firmado y trabajado de manera conjunta y con consenso prácticamente todos los grupos de esta Cámara. Como digo, es una deuda sangrante y esto debemos abordarlo ya. Hablamos de una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos en nuestra historia reciente, y no podemos esperar más. Señorías, la memoria democrática no puede ser selectiva, no se puede avanzar con parches y no se puede depender del calendario político. Esperemos, una vez aprobado este real decreto, que en su tramitación como ley podamos ampliar los derechos. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidenta. Egun on guztioi. Señorías, como conocen, la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, resultó restrictiva en su alcance temporal y en las cuantías otorgadas, dejando fuera a víctimas producidas en el año 1978. La posterior Ley 20/2022, de Memoria Democrática, vino a repararlo simbólicamente, pero sin concretar la subsanación económica para este tramo final de la dictadura ni la actualización de los importes indemnizatorios habidos en el pasado, laguna, señorías, que consideramos adecuado colmar antes de que sea demasiado tarde para muchos afectados, dado lo avanzado de su edad y después de cincuenta años de aquellos hechos. Varias asociaciones de memoria histórica y de víctimas lo vienen reclamando por estimar que el esfuerzo reparador realizado en 2007 había sido insuficiente y desigual en comparación con otras víctimas, como por ejemplo las del terrorismo. Y es en este contexto, señorías, en el que debatimos sobre la convalidación del decreto ley para el reconocimiento de indemnizaciones a favor de personas fallecidas o que sufrieron lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia, que se extiende en casi un año y mejora el régimen indemnizatorio prexistente con el objeto ―ya se ha señalado― de equiparar la protección de los defensores de la democracia con la previsión de la Ley de Memoria Democrática y con otras normativas de reparación. Señorías, en cuanto a las cuantías indemnizatorias por fallecimiento ―también se ha señalado―, se duplica aproximadamente la indemnización original fijada en la Ley 52/2007. Y con respecto a las lesiones incapacitantes, se crea un régimen indemnizatorio para quienes en el periodo 1968-1978 sufrieron lesiones gravemente incapacitantes en defensa de la democracia, régimen indemnizatorio que, a diferencia de las indemnizaciones por fallecimiento, tiene carácter personal e intransferible. Por otra parte, señorías, el decreto ley adapta el procedimiento regulado en el Decreto 1803/2008 a la estructura administrativa actual, estableciendo asimismo mecanismos de compensación complementaria a quienes ya hubieran recibido indemnizaciones bajo la normativa de 2007. Y, por último, en territorio común, establece un régimen de exención fiscal para estas indemnizaciones. Por todo lo señalado, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco valora positivamente la necesidad del decreto ley debatido en términos políticos, de justicia y sociales, que contribuirá, sin duda alguna, a la reparación material ―y también moral― de estas víctimas de la dictadura franquista, que son símbolo de la lucha por la democracia, permitiendo, entre otras finalidades, resarcir a los familiares de Germán Rodríguez, que murió el 8 de julio de 1978 durante los sanfermines por un disparo de la Policía Armada; resarcir a los familiares de Joseba Barandiaran, que murió días después por otra actuación policial en San Sebastián, en Donostia; o resarcir a los familiares de Efrén Torres, que murió el 24 de enero de 1978 en un control policial en Buya, Vizcaya. Y sin ánimo de ser exhaustivo en la cita de víctimas, tampoco podemos olvidar a los familiares de las víctimas de la masacre policial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. A todas ellas, a las que han sido citadas por el ministro y los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y a las que no se han podido citar aún por falta de tiempo vaya nuestro recuerdo. Y al Gobierno, ahora del Partido Socialista, le reclamamos, una vez más, la desclasificación de toda la documentación oficial sobre estos casos y otros muchos para que la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas del franquismo sea plena, como recientemente se ha hecho con la documentación clasificada relativa al golpe de Estado del 23F. Finalizo, presidenta, reclamando la tramitación de la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales, vigente desde el franquismo. Si no se puede realizar sobre el proyecto presentado por el Gobierno por falta de apoyos, inténtese sobre la iniciativa presentada por nuestro grupo parlamentario. Estamos convencidos de que, a buen seguro, tendrá mejor recorrido, sin perjuicio de las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios tengan a bien presentar, y que seguramente negociaremos entre todos, para que esa rémora del franquismo ―como es la vigente Ley sobre Secretos Oficiales― sea sustituida por algo conforme al principio democrático y de transparencia y acorde con el contexto de las democracias plenas de nuestro contexto cultural. Nada más y muchas gracias.

Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

Gracias, señora presidenta. Señor ministro, egun on guztioi. Debatimos hoy un real decreto ley que es bienvenido porque supone una serie de avances en la reparación de las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en la defensa y reivindicación de la democracia, con la mejora de indemnizaciones y un aumento de plazos. Pero también consideramos que es un decreto totalmente insuficiente en su alcance y en su amplitud, porque sigue sin recoger el reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos. Este decreto marca un periodo temporal, en el cual se recoge la posibilidad de ser reconocidas como víctimas, como se ha dicho aquí, entre el 18 de julio de 1936 y el 29 de diciembre de 1978, un periodo claramente insuficiente. Al igual que lo planteamos durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática en la anterior legislatura, tenemos muy claro ―la tozuda realidad así lo demuestra― que, mucho más allá del periodo franquista y posfranquista, hasta 1978, la sombra de los poderes que sostuvieron el franquismo se alargó; también en lo que ustedes denominan el periodo democrático. Porque, señor ministro, las víctimas del franquismo cuentan hoy con un reconocimiento y reparación gracias a la Ley de Memoria Democrática, sí, y nos alegramos por ello, pero aún son muchas las víctimas de vulneraciones de derechos posteriores al periodo estrictamente franquista a las que se les sigue negando ese reconocimiento y, en consecuencia, la justicia y la reparación. Aún hoy en día el Estado español tiene mucho, mucho que avanzar en el reconocimiento de la conculcación de derechos hacia miles de personas, también en los años posteriores al franquismo. Si queremos avanzar en la verdad, la justicia y la reparación se debe reconocer a todas las víctimas. Voy a aportar un ejemplo que nos puede ayudar a marcar el camino que planteamos. Me refiero a las leyes de memoria de la Comunidad Autónoma vasca y de la Comunidad Foral de Navarra. Estas leyes avanzan en el reconocimiento de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos por motivación política; también de violencia política ejercida por el Estado, funcionarios públicos o grupos de extrema derecha. Porque estas, señor ministro, siguen siendo las víctimas olvidadas. En Navarra, hasta febrero de este año, 109 personas han sido reconocidas como víctimas, entre ellas casos como los de Mikel Zabalza, Germán Rodríguez o personas torturadas hasta 2009. En la Comunidad Autónoma vasca, de momento, se abarca hasta 1999, lo que ha supuesto el reconocimiento ya de 240 víctimas. Esta debería ser la guía para la mejora y la ampliación de la Ley de Memoria Democrática, que, repito, supuso un buen avance, pero aún es insuficiente. Hoy votaremos a favor de este decreto porque, aun no compartiendo las limitaciones que se establecen, creemos que las víctimas del franquismo y las que ahora podrán ser reconocidas por esta limitada ampliación lo merecen, y no seremos nosotras quienes les privemos de ello. Pero, señor ministro, la necesidad de ampliar y abordar una visión inclusiva para todas las víctimas de vulneraciones de derechos sigue siendo una cuestión pendiente por la que seguiremos trabajando, y esperamos poder seguir avanzando. Mila esker. .

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyories. Bon dia, ministre. Debatem en aquest punt la convalidació del Reial decret 6/2026. que modifica la Llei de Memòria Democràtica — ens diuen— per millorar el reconeixement i la reparació econòmica de persones que van morir o que van patir lesions greus en defensa de la democràcia. Modifiquen una llei de memòria democràtica que el 2022 Junts per Catalunya no vàrem votar. La vàrem votar en contra, perquè consideràvem que era insuficient, que era continuista i incapaç de garantir justícia real per a les víctimes del franquisme. Així, la llei avui vigent, al nostre entendre, manté la impunitat dels crims franquistes i serveix per legitimar el sistema polític espanyol actual. Des de Junts en el seu moment, vàrem expressar i intentar esmenar les mancances i importants limitacions d’aquell text. Ho vàrem fer sense èxit, però ja ho sabem, va prosperar perquè els socis de govern d’aquell moment i els d’avui van conformar-se, dient que malgrat la norma era imperfecta, hi havia un avenç en el reconeixement de les víctimes del cop d’estat, de la guerra i de la dictadura. Un avenç que, malgrat haver-hi majories, va quedar insuficient. I aquí s’evidencia l’engany i es planteja un dels interrogants profunds que nosaltres no vàrem ni volem ignorar i que aquest reial decret llei no resol perquè diu que vol donar resposta a les persones mortes o amb lesions incapacitats per la seva activitat en defensa i reivindicació de la democràcia, víctimes d’una dictadura repressiva violenta, però no ho fa com es podria fer. Ho fa fent un salt endarrere, recuperant el punt 1 de l’article 10 de la Llei 52/2007 per ampliar terminis. Però no només toquen els terminis, hi fan un afegitó. Hi fan un afegitó que el ministre ha obviat i han obviat tots els portaveus que m’han precedit — i n’hi ha alguns que sempre ens volen donar lliçons de democràcia i de progressisme. Hi fan un afegit per excloure les persones que hagin format part de bandes armades, fent ús de la mateixa terminologia franquista per condemnar els opositors. Així, de facto, s’assenyalen i s’exclouen persones que van formar part de la resistència; certament, de la resistència armada, per combatre la violència del franquisme i defensar els valors democràtics. El gruix d’aquestes persones, doncs, resulten doblement exclosos: per la data i per ser guerrillers de moltes i variades ideologies antifranquistes. Parlem d’homes i dones que van continuar lluitant contra la dictadura de Francisco Franco, quan tota l’oposició política havia estat escombrada violentament, havia estat literalment aniquilada. Parlem de persones que van assumir riscos extraordinaris per combatre un règim feixista i autoritari i per defensar valors que avui reconeixem com a democràtics. Per això, considerem legítim preguntar-nos si pot una democràcia negar el reconeixement a aquells que van contribuir, encara que fos per mitjans armats, a combatre una dictadura. La llei opta per fer una definició restrictiva de víctima, excloent aquells vinculats a accions violentes contra el franquisme. Però aquesta definició aparentment neutra simplifica una realitat històrica molt més complexa. En contextos de dictadura la frontera entre víctima i resistent no sempre és clara. Molts maquis, per exemple, van ser simultàniament combatents i víctimes, perseguits, torturats, executats o obligats a anar a l’exili. Avui encara n’hi ha un de viu, en Joan Busquets, el Senzill. Ministre, també demana reparació. L’haurien d’escoltar, o almenys llegir el que diu. I els que sovint donen lliçons podran veure que ignorar la complexitat no només empobreix la nostra comprensió del passat, sinó que condueix a una memòria incompleta. Altres països del nostre entorn han afrontat aquest dilema de manera diferent. En alguns casos s’ha reconegut explícitament la legitimitat de la resistència armada contra règims autoritaris, com ho va ser aquí el de Franco. En altres s’ha optat per reconèixer el patiment d’aquestes persones sense negar la complexitat de les seves trajectòries. No estem dient, en cap cas, que s’hagi de legitimar tota forma de violència. La qüestió és si podem construir una memòria democràtica que exclogui aquells que van lluitar contra la dictadura, sovint en condicions molt extremes. Reconèixer els guerrillers no significa glorificar la violència. Significa entendre el context en què es van produir i reconèixer que, en absència de llibertats, la resistència pot adoptar formes que avui, en una democràcia, ni nosaltres ni els que la van utilitzar no consideraríem de cap manera acceptables. Però encara és més inadmissible, ministre, que, per una banda, a la lletra I del punt 1 de l’article 3 de la Llei de Memòria Democràtica 2022 s’inclogui com a víctimes antifranquistes els membres de la guerrilla i els que els van donar suport. I, per contra, aquest reial decret llei posterior reculi i els exclogui. Una memòria democràtica madura no ha de tenir por a la complexitat, ministre. Al contrari, ha d’incorporar-la per ser més justa, més completa i més fidel a la realitat històrica de la lluita per la llibertat. Mirin, a Junts volem una memòria democràtica, democràtica, àmplia i oberta i no ancorada a les voluntats del règim del 78. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, ministro. Debatimos en este punto la convalidación del Real Decreto Ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática para renovar la reparación económica de personas que murieron o que sufrieron lesiones graves en defensa de la democracia. Modifica una Ley de Memoria Democrática que en 2022 Junts per Catalunya no votó. Votamos en contra en aquel entonces porque considerábamos que era insuficiente, que era continuista e incapaz de garantizar justicia real para las víctimas del franquismo. Así, la ley hoy vigente, a nuestro entender, mantiene la impunidad de los crímenes franquistas y sirve para legitimar el sistema político español actual. En Junts en su momento expresamos e intentamos enmendar las deficiencias importantes de aquellas legislaciones. Lo hicimos sin éxito, pero, ya lo saben, prosperó porque los socios de Gobierno, de aquel Gobierno y de hoy, se conformaron. Pese a que la norma era imperfecta, había un avance en el reconocimiento de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra y de la dictadura, un avance que, pese a que hubo mayorías, quedó insuficiente. Y aquí se evidencia el engaño y se plantea uno de los interrogantes profundos que nosotros no quisimos ni queremos ignorar y que este real decreto ley no resuelve, porque dice que quiere dar respuesta a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia, víctimas de una dictadura represiva violenta, pero no lo hace como lo podría hacer. Lo hace dando un salto hacia atrás, recuperando el punto 1 del artículo 10 de la Ley 52/2007 para ampliar plazos, pero no solo hacen falta los plazos. Es un punto que han obviado el ministro y los portavoces que nos han precedido ―siempre hay quienes nos quieren dar lecciones de democracia y de progresismo― y hacen una adición para excluir a las personas que hayan formado parte de las actividades anteriores. Hacen uso de los términos franquistas para condenar a los opositores. De hecho, se excluye a personas que formaron parte de la resistencia ―desde luego, la resistencia armada― por combatir la violencia del franquismo y defender los valores democráticos, así que estas personas resultan doblemente excluidas, por las fechas y por ser guerrilleros de muchas y variadas ideologías antifranquistas. Hablamos de hombres y mujeres que siguieron luchando contra la dictadura de Francisco Franco cuando toda la oposición política había sido barrida violentamente; se la había aniquilado, literalmente. Hablamos de personas que asumieron riesgos extraordinarios para combatir un régimen fascista y autoritario y para defender valores que hoy reconocemos como democráticos. Por eso consideramos legítimo preguntarnos si una democracia puede negar el reconocimiento a quienes contribuyeron, aunque fuera por medios armados, a combatir una dictadura. La ley opta por hacer una definición restrictiva de víctima, excluyendo a quienes estaban vinculados a acciones violentas contra el franquismo, pero esta definición, aparentemente neutra, simplifica una realidad histórica mucho más compleja. En contextos de dictadura, la frontera entre víctima y resistente no siempre es clara. Muchos maquis, por ejemplo, fueron simultáneamente combatientes y víctimas, perseguidos, torturados, ejecutados u obligados al exilio. Hoy todavía hay uno que vive, Joan Busquets, el Sencillo. Ministro, él también pide reparación. Deberían escucharlo o al menos leer lo que dice. Y los que a menudo dan lecciones podrán ver que ignorar la complejidad no solo empobrece nuestra comprensión del pasado, sino que conduce a una memoria incompleta. Otros países de nuestro entorno han afrontado este dilema de manera diferente. En algunos casos se ha reconocido explícitamente la legitimidad de la resistencia armada contra regímenes autoritarios, como fue el de Franco aquí. En otros se ha optado por reconocer el sufrimiento de estas personas sin negar la complejidad de sus trayectorias. No estamos diciendo en ningún caso que se haya de legitimar cualquier forma de violencia. La cuestión es la siguiente: si podemos construir una memoria democrática que excluya a aquellos que lucharon contra la dictadura, a menudo en condiciones muy extremas. Reconocer a los guerrilleros no significa glorificar la violencia, significa entender el contexto en el que se produjo y reconocer que, en ausencia de libertades, la resistencia puede adoptar formas que hoy, en una democracia, ni nosotros ni los que la utilizaron la consideraríamos de ninguna manera aceptable. Pero todavía es más inadmisible, ministro, que, por una parte, en el punto 1 del artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática de 2022 se incluya como víctimas del antifranquismo a los miembros de la guerrilla y a los que le dieron apoyo y, por el contrario, este real decreto ley posterior recule y excluya a esas personas. Una memoria democrática madura no tiene que tener miedo a la complejidad, ministro; al contrario, tiene que incorporarla para ser más justa, más completa y más fiel a la realidad histórica de la lucha por la libertad. En Junts queremos una memoria democrática amplia y abierta y no anclada en las voluntades del régimen de aquella época. Muchas gracias.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

Bon dia, presidenta. Senyories, abordem avui un reial decret que, efectivament, com s’ha dit, és una millora, però també senyor ministre, és un Reial decret que s’hagués pogut fer millor. Presenta alguns elements directament millorables i després em referiré a això — ho han fet alguns portaveus— i, a més a més, li he de dir, lamentant que un tema tan sensible com el de la memòria no fos consultat prèviament a alguns dels grups que més ens hem dedicat a aquesta qüestió. S’haguessin pogut evitar algunes incoherències manifestes del Reial Decret. Dit això, permetin-me una reflexió més gran sobre la qüestió de la Llei de memòria. Com vostès saben, el grup republicà va votar no a la primera llei de l’any 2007 i es va abstenir a la llei de l’any 2022. Com sempre recordava el company Joan Tardà, és una llei que serveix, però no serveix prou. No va prou al fons. i una mica el reial decret té el mateix mal, senyor ministre, parteix del mateix mal. Per exemple, la consideració de víctima és una qüestió central en les polítiques de memòria. És vacil·lant i ens trobem aquí en aquest problema. Recordi que el nostre grup fa poc va presentar una proposició de llei sobre el famós Patronato de Protección a la Mujer, que va durar, senyories del PSOE, fins l’any 1985, tres anys després que governés Felipe González, també diguem-ho tot. L’estatut de la víctima està en el centre de les polítiques de memòria, com l’Estatut del testimoni està en el centre de la narrativa de la memòria. I vostès, senyor ministre, a vegades legislen sense saber coses bàsiques de la teoria sobre la memòria col·lectiva, que fa molts anys que a França i que al Regne Unit i que als Estats Units se’n parla. A vegades sembla que descobreixin el Mediterrani, li dic cordialment. Bé, les víctimes són importants. Jo també em vull referir aquí a les víctimes, per exemple, Blanca Serra, activista independentista que fou torturada a Via Laietana i que, si bé la Fiscalia ha reconegut el seu estatut de víctima, ha dit que no podia fer res amb els responsables. Novament ens trobem amb una barrera, és a dir, tenim una llei de memòria que estableix qui és víctima i no identifica mai als victimaris. I això també és una mancança que hem de dir que afebleix la democràcia espanyola, aquesta democràcia que alguns s’omplen la boca dient que és plena. No serà tan plena, senyories. Una altra víctima torturada també, Jordi Carbonell, professor de català al qual se’l va torturar, sobretot perquè parlava en català, un altre nom de la ignomínia, senyories. O el gran lluitador activista senyor Miguel Núñez, que també fou torturat a Barcelona, lluitador antifranquista i comunista. Escoltin, tots aquests noms mereixen molt de respecte quan legislem. I acabo la referència, doncs, en el cas, per exemple, d’una família que si no corregim el reial decret, no es podria acollir tampoc als beneficis de les indemnitzacions, que és la família de Salvador Puig Antich. Em referiré també a aquest cas abans d’acabar. Senyor ministre, nosaltres sabem que vostè parteix de les bones intencions, però amb les bones intencions a vegades es cau en els gestos. Per exemple, no puc evitar una breu reflexió sobre el sentit d’aquesta commemoració que vostès van fer: «Cincuenta años, España en libertad». Bé, era per celebrar els 50 anys de la mort d’en Franco, però hem d’admetre que es van quedar curts. Hi ha hagut més pa que formatge, que diem en català. Un poco de aire, ministro. Lo hemos llenado un poco de aire todo esto, de gestos, de cancioncillas, però no hem anat al moll de l’os, senyor ministre. I aquí topem amb un gran tema que és el gran artefacte, Via Laietana. Via Laietana — I em sap greu que no hi hagi aquí davant el ministre Marlaska— Via Laietana s’ha convertit per vostès en una mena de santuari d’una cosa que no es pot reconèixer, que és que va ser un lloc de tortura, un lloc d’ignomínia, un lloc de mort. I pel que sigui, per interessos corporatius, perquè els sindicats policials, perquè la ultradreta, pel que sigui, vostès no volen reconèixer una cosa que fins i tot a Argentina es va reconèixer: els catalans tenim una ESMA, una Escola Superior de l’Armada, de Mecànica de l’Armada, que és la Via Laietana, Prefectura. I nosaltres no ens cansarem, des del nostre grup, de dir que mentre Via Laietana no sigui retornat a les autoritats catalanes, les forces policials se’n vagin a una altra banda i sigui declarat museu i lloc memorial, això serà una vergonya per a qualsevol govern, també pel govern nomenat progressista del PSOE i de SUMAR. És així. I bé, senyories del PP, vostès, amb això de la memòria, ja sabem que no ho toquen gaire, no fos cas que, com diuen sempre vostès, senyories del PP, no abramos heridas. Bé, doncs saben quina és la política de memòria del PP? Consisteix, per exemple, en organitzar des de la Comunidad de Madrid xerrades sobre ETA, en col·legis majors, perquè es veu, segons s’ha dit, que ETA és algo presente, no algo pasado. Sensacional la política de memòria del PP, és a dir, és a dir, senyories del PP, que veig que ara m’escolten — ho celebro— quan dic ETA es produeix un miracle: vostès escolten. Una paraula màgica. Senyories del PP, no tenen vergonya, perquè per vostès hi ha víctimes de primera i víctimes de segona. Per mi tots són víctimes: els assassinats per ETA i els assassinats pel franquisme. Aquesta és la diferència. I bé, senyor ministre, estem contents de que vostè hagi acceptat un acord amb nosaltres per corregir realment alguns punts que, com han dit alguns companys, són millorables. Per exemple, l’ampliació de l’àmbit temporal de reconeixement d’indemnització. És estrany que no es pogués arribar fins al 31 de desembre del 1983. Entenem que vostè això ho recull i ho celebrem. També l’ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds. Un any prorrogable és poca cosa. Nosaltres demanem com a mínim tres anys per poder-ho fer, senyor ministre. Entenem que vostè també ho recull. Després, una revisió, senyor ministre, dels requisits i criteris d’accés, hem de filar molt prim per evitar exclusions injustificades de les víctimes. La qüestió de qui és víctima o no és víctima no és una qüestió que es pugui resoldre fàcilment en una comissió. Hem de filar prim i, per tant, els criteris, com deia el senyor Legarda, han d’estar claríssims, claríssims. I, finalment, una garantia també d’interpretació pro víctima, I aquí entraria la qüestió també dels familiars de Salvador Puig Antich. No pot ser que fem aquest reial decret i la família de Puig Antich no es pugui acollir. Per tant, senyor ministre, hem d’anar per aquí. Acabo amb una última reflexió, senyora presidenta, molt breu. Fa 50 anys hi va haver el cop d’estat a l’Argentina. Ho hem recordat fa poc. Quan nosaltres sortíem de la dictadura. Els argentins i les argentines entraven en l’horror de la junta militar. Els argentins ens han ensenyat dues coses: el valor de trencar el silenci contra l’horror i el valor de la memòria. Acceptem l’ensenyança dels nostres germans transatlàntics i, quan legislem sobre el passat, fem-ho de debò. No fem simulacres. Gràcies. Buenos días, presidenta, señorías. Abordamos hoy un real decreto que, efectivamente, como se ha dicho, es una mejora, pero también, señor ministro, es un real decreto que se podría haber hecho mejor. Presenta algunos elementos directamente mejorables, y después me referiré a eso, como han hecho algunos portavoces. Además, tengo que decirle algo, y es que lamentamos que un tema tan sensible como el de la memoria no se haya consultado con algunos de los grupos que más nos hemos dedicado a esta cuestión. Podríamos haber evitado algunas incoherencias manifiestas de ese real decreto. Dicho eso, permítanme una reflexión más amplia sobre la cuestión de la ley de memoria. Como ustedes saben, el Grupo Republicano votó que no a la primera ley del año 2007 y se abstuvo ante la ley del año 2022. Como siempre recordaba el compañero Joan Tardà, es una ley que sirve, pero que no sirve suficientemente, no llega suficientemente al fondo. Y el real decreto adolece de los mismos males un poco, señor ministro. ¿Por qué? Por ejemplo, la consideración de víctima es una cuestión central en las políticas de memoria, es vacilante, y aquí nos enfrentamos a este problema. Recuerde que nuestro grupo hace poco presentó una proposición de ley sobre el famoso Patronato de Protección a la Mujer, que duró, señorías del PSOE, hasta el año 1985, tres años después de que ganara Felipe González, digámoslo todo. El estatuto de la víctima está en el centro de las políticas de memoria, como el estatuto del testigo, que está en el centro de esa legislación de la memoria. Y ustedes, señor ministro, a veces legislan sin saber cosas básicas de la teoría de la memoria colectiva. Francia, Reino Unido o Estados Unidos hace años que hablan de ello. A veces parece que descubran el Mediterráneo, se lo digo con toda cordialidad. Bien, las víctimas son importantes, y yo también me quiero referir aquí a las víctimas. Por ejemplo, a Blanca Serra, activista independentista que fue torturada en Vía Layetana y que, si bien la Fiscalía ha reconocido su estatuto de víctima, ha dicho que no podía hacer nada con los responsables. Nuevamente nos encontramos con una barrera. Es decir, tenemos una ley de memoria que establece quién es víctima, pero no identifica nunca a los victimarios, y eso también es una falta ―tenemos que decirlo― que debilita la democracia española, esta democracia con la que algunos se llenan la boca diciendo que es plena. Pues no será tan plena, señorías. Otra víctima torturada es Jordi Carbonell, profesor de catalán. Se le torturó, sobre todo, porque hablaba en catalán; otra ignominia, otro nombre de la ignominia, señorías. O el gran luchador y activista Miguel Núñez, que también fue torturado en Barcelona; luchador antifranquista y comunista. Escuchen, todos estos nombres merecen mucho respeto cuando legislamos. Y termino la referencia con el caso, por ejemplo, de una familia que, si no corregimos el real decreto, no se podría acoger tampoco a los beneficios de las indemnizaciones, la familia de Salvador Puig Antich. Me referiré también a este caso antes de terminar. Señor ministro, nosotros sabemos que usted parte de buenas intenciones, pero con buenas intenciones a veces se caen los gestos. Por ejemplo, no puedo evitar una breve reflexión sobre el sentido de esta conmemoración que ustedes hicieron: 50 años de España en libertad. Bien, era para celebrar los cincuenta años de la muerte de Franco, pero hay que admitir que ustedes se quedaron cortos; había más pan que queso, que decimos en catalán. Un poco de aire, ministro; hemos llenado con un poco de aire todo esto, de gestos, de cancioncillas, pero no hemos ido al meollo de la cuestión, señor ministro. Y aquí nos enfrentamos a un gran tema, el gran artefacto: Vía Layetana. Vía Layetana ―siento que no esté aquí el señor ministro Marlaska― para usted se ha convertido en una especie de santuario de algo que no se puede reconocer: que fue un lugar de torturas , un lugar de ignominia, un lugar de muerte. Y, por lo que sea, por intereses corporativos, por los sindicatos policiales o por la ultraderecha, ustedes no quieren reconocer algo que en Argentina incluso se reconoció. Los catalanes teníamos una escuela superior de la Armada, una ESMA, en Vía Layetana. Y en nuestro grupo no nos cansaremos de decir que mientras Vía Layetana no sea devuelto a las autoridades catalanas, las fuerzas policiales se vayan a otro sitio y se declare museo y lugar memorial, eso será una vergüenza para cualquier Gobierno, también para el Gobierno supuestamente progresista del PSOE y de SUMAR, llamado progresista. . Y bien, señorías del PP, ustedes, en eso de la memoria, ya sabemos que, bueno, no tocan mucho, no hacen caso. Ustedes dicen: No abramos heridas. Pues bien, ¿saben ustedes cuál es la política de memoria del PP? Consiste, por ejemplo, en organizar desde la Comunidad de Madrid charlas sobre ETA en colegios mayores, porque se ve ―según se ha dicho― que ETA es algo presente, no algo pasado. Sensacional la política de memoria del PP. Es decir, señorías del PP, que veo que ahora me escuchan, y lo celebro ―cuando hablo de ETA, es una palabra mágica, ustedes escuchan―, ustedes no tienen vergüenza, porque para ustedes hay víctimas de primera y de segunda. Para mí todas son víctimas, los asesinados por ETA y los asesinados por el franquismo; esa es la diferencia. . Señor ministro, estamos contentos de que usted haya aceptado un acuerdo con nosotros para corregir verdaderamente algunos puntos que, como han dicho algunos compañeros, son mejorables. Por ejemplo, la ampliación del ámbito temporal de las indemnizaciones. Es extraño que no se haya podido llegar hasta el 31 de diciembre de 1983. Entendemos que usted eso lo recoge, y lo celebramos. También la ampliación del plazo para la presentación de solicitudes. Un año prorrogable es poca cosa; nosotros pedimos, como mínimo, tres años para poder hacerlo, señor ministro. Entendemos que usted también lo recoge. Después, una revisión, señor ministro, de los requisitos y criterios de acceso. Tenemos que hilar mucho más fino para evitar exclusiones injustificadas de las víctimas. La cuestión de quién es o no víctima no es una cuestión que se pueda resolver fácilmente en una comisión. Tenemos que hilar fino y, por tanto, los criterios, como dice el señor Legarda, tienen que estar clarísimos, clarísimos. Por último, una garantía también de interpretación de la víctima, y aquí entrarían los familiares de Salvador Puig Antich. . No podemos hacer que este real decreto no sea posible para que se acoja la familia de Salvador Puig Antich. Por lo tanto, tenemos que ir por ahí, señor ministro. Y termino con una última reflexión, señora presidenta, muy breve. Hace cincuenta años se produjo un golpe de Estado en Argentina, lo hemos recordado hace poco. Cuando nosotros salíamos de la dictadura, los argentinos y las argentinas entraban en el horror de la junta militar. Los argentinos nos han enseñado dos cosas: el valor de romper el silencio contra el horror y el valor de la memoria. Aceptemos la enseñanza de nuestros hermanos transatlánticos y, cuando legislemos sobre el pasado, hagámoslo de verdad, no hagamos simulacros. Gracias. .

Juan Antonio Valero Morales SUMAR

Buenos días, señorías. Nos han dicho en el relato oficial de la transición que fue pacífica, que no hubo violencia y que fue fruto de consensos y de pactos entre esos grandes hombres de la historia. Ese relato es un mito fundacional de la democracia y, como todo mito, expresa una visión distorsionada para cimentar en el imaginario colectivo una serie de falsedades que promuevan una actitud acomodaticia y acrítica. Ese mito se está transmitiendo a las nuevas generaciones. Poco aparecen en los libros de texto las luchas vecinales, las luchas de las mujeres, las luchas por los presos o las huelgas. Sin embargo, fue ese empuje popular el que obligó a moverse a unas élites franquistas reacias a la apertura. La transición supuso el segundo gran proceso democratizador de nuestro país tras la Segunda República. . La violencia franquista fue vencida por personas humildes que se organizaron en sindicatos, en partidos de izquierda clandestinos, en asociaciones de vecinos. Eran los enemigos de la patria, de la policía y de las organizaciones terroristas ultraderechistas. Un mito fundacional de la democracia que también encubrió que no se depuraran los aparatos represivos del franquismo. Muestra de ello es la impunidad y condecoraciones con las que vivió hasta su muerte Billy el Niño. Muestra de ello es que sigue habiendo un Estado profundo heredero del franquismo, que interviene para intervenir en la voluntad popular de nuestro pueblo. . Y esto es así porque la democracia no fue fruto de una ruptura, sino de unos consensos que las fuerzas reaccionarias de hoy y de ayer no quieren respetar porque nunca se creyeron. Torturas y gatillo fácil, que quitaron la vida a los abogados de Atocha, pero también a otras víctimas como Miguel Vicente Basanta, en Zaragoza; Pedro Martínez; Francisco Aznar; Romualdo Barroso; José Castillo y Bienvenido Pereda Moral, en la matanza de Vitoria. También Carlos González, Ángel Almazán, Arturo Ruiz, María Luz Nájera, Vicente Cuervo, Ana Teresa Barrueta, Yolanda González, María José Bravo, el niño Juan Félix Domínguez y tantos y tantas otras, como Manuel José García Caparrós. Caparrós era un joven malagueño de familia humilde, de las Comisiones Obreras, que un 4 de diciembre de 1977 salió a las calles de Málaga a una manifestación bajo el lema: «Libertad, amnistía y estatuto de autonomía». Porque al pueblo andaluz nada nos ha sido regalado: ni las libertades, ni los servicios públicos, ni el autogobierno. . Un autogobierno está enterrando la derecha que hoy gobierna Andalucía, unos servicios públicos que hoy desmantela Moreno Bonilla. Porque el Partido Popular ha traicionado el espíritu del 4 de diciembre que puso a Andalucía en pie. En aquella manifestación del 4 de diciembre se rompió el guion de la transición. El plan era federalizar el norte y regionalizar el sur. El pueblo andaluz fue vanguardia y consiguió que se reafirmara como nacionalidad histórica, a la altura de Euskadi, de Cataluña y de Galicia. A Caparrós lo mataron aquel 4 de diciembre de 1977. El gatillo fácil del franquismo siempre estuvo presente y hubo décadas de silencio, de impunidad, de portazos a la verdad, de archivos cerrados a cal y canto a las hermanas Caparrós. Y, humildemente, desde Antonio Romero hasta el presente, varias generaciones de compañeras y compañeros de Izquierda Unida hemos acompañado en su lucha a Paqui, a Puri y a Loli , desde la esquina de la calle Alemania cada 4 de diciembre hasta conseguir la documentación sin tachones en este Congreso de los Diputados, pasando por tantos y tantos pueblos. Hoy, con este real decreto ley, se extienden y mejoran las indemnizaciones a víctimas en defensa de la democracia hasta 1978 y se hace algo de justicia a Caparrós. Cada paso adelante lo vamos a apoyar, y más este que cuenta con nuestro empuje. Queda mucho por reparar, aunque con este decreto llega por fin la reparación a casos de ejecuciones extrajudiciales, quedan casos por reparar, como en el caso de Almería. Es imprescindible reparar también las ejecuciones sufridas por luchadores antifranquistas como Salvador Puig Antich. . Igual que no consentimos las ejecuciones en Irán, tampoco se consienten aquí. Quiero contar una historia. Era un 8 de mayo de 1981 cuando tres jóvenes residentes en Santander, Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero, de 29, 24 y 33 años, salieron de allí hacia Almería a la comunión del hermano de Juan. Al día siguiente, el 9 de mayo a las 21:05, fueron detenidos en una tienda de Roquetas de Mar por la Guardia Civil, que los confunde con miembros de la ETA. Esto fue suficiente para ser torturados brutalmente, asesinados y calcinados en su Ford Fiesta. Ni estos ni tantos otros jóvenes están amparados por este real decreto porque sufrieron la violencia fuera de plazo. Y no son los únicos que, por diversas razones, no están bajo el amparo de este real decreto a efectos de indemnizaciones ni tampoco están reconocidos como víctimas del terrorismo. Por eso, queremos que este real decreto ley se tramite como proyecto de ley, para garantizar el reconocimiento y equiparación de víctimas de agentes del Estado, tal y como hemos registrado nosotras y nosotros desde el grupo parlamentario en una proposición no de ley. . Hay que equiparar a las víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado hasta 1983, que es cuando realmente concluye la Transición, una vez que se supera el golpe del 23-F de 1981 y se dan los últimos coletazos de esa violencia policial indiscriminada bajo la impunidad del franquismo. No puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda. Caparrós sigue sin la consideración de ser una víctima del terrorismo. ¿Por qué las víctimas del terror franquista tienen que ser de segunda? Queremos dar una respuesta legal y contundente que modifique la ley de víctimas del terrorismo y la Ley de Memoria Democrática para incluir estos crímenes y garantizar derechos e indemnizaciones. Hacerlo es un ejercicio de compromiso democrático con todas esas personas humildes que empujaron la historia con sus manos y con sus vidas. Las políticas de memoria y de reparación han de ser constitutivas de la democracia, por lo tanto, bajo el mandato del nunca más, y han de servir para colocar a cada cual en su lugar en el pasado y en el presente. Hacerlo hoy tiene un sentido claro: entender que aquella lucha por la democracia continúa hoy. Continúa por quienes paran la Vuelta Ciclista a España para denunciar un genocidio. . Continúa por quienes ponen su cuerpo para evitar un desahucio. Continúa hoy la lucha por tantas mujeres afectadas por los cribados que salen a las calles a defender su sanidad pública. La lucha por la democracia continúa hoy desde muchos rincones de nuestro país. Por eso, frente a la ola reaccionaria que amenaza lo conquistado, no basta con recordar, hay que tomar partido porque la democracia no fue un regalo, fue una conquista colectiva, y el antifranquismo no pidió permiso, sino que ocupó las calles y abrió el camino a las libertades. Y esas conquistas las tenemos que hacer nuestras. Las hacemos nuestras y defendemos hoy, en cada una de las luchas de nuestro país, esas luchas por la democracia. Esa es la mejor manera de honrar a Caparrós y a tantos y tantas otras, no solo recordando, sino continuando su lucha democrática. .

Ignacio Hoces Íñiguez VOX

Muchísimas gracias, señora presidenta. La izquierda y los separatistas no quieren justicia, quieren imponer su relato, hacerlo oficial y castigar a los que no lo aceptamos. Como la izquierda y los separatistas no tienen propuestas para resolver los problemas reales de los españoles, se inventan una historia e intentan dividir a los españoles. El Gobierno trae hoy un real decreto ley que contempla indemnizaciones, dentro del marco de la Ley de Memoria Democrática, en el periodo que va de 1968 a 1978. Por tanto, estamos ante un nuevo episodio de su mentira histórica , y este nuevo episodio consiste en que la izquierda y los separatistas trajeron la democracia a España y que estaban deseosos de traer las libertades. Pero mientras el Gobierno se ufana y presume hoy de entregar indemnizaciones de hasta medio millón de euros a familiares de personas que dicen que lucharon por la democracia, indemnizan con muchísimo menos dinero a las víctimas de la tragedia de la dana y de Adamuz. . Señorías, nosotros nos oponemos frontalmente a este real decreto ley porque escarba, ahonda en la nefasta, infame y nunca suficientemente condenada Ley de Memoria Democrática. Una ley que dice quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos; una ley que dinamita libertades esenciales como la de asociación o la de cátedra, y una ley al dictado del Partido Socialista y que hace de la memoria de los socialistas, de los comunistas y de los separatistas memoria oficial del Estado. . Como todos sabemos, la inmensa mayoría de la llamada oposición antifranquista ―de inspiración socialista o de inspiración comunista― no luchaba en esos años por la democracia liberal ni por el pluralismo político, tal cual se contempla hoy en el texto constitucional de 1978. Y nada que lo abrazaron lo hicieron por necesidad. El Partido Socialista y el Partido Comunista eran partidos revolucionarios, uno marxista y el otro marxistaleninista. El Partido Socialista se fundó como un partido marxista en 1879, es decir, como instrumento de la ideología más totalitaria y antidemocrática que ha visto Europa en todo el siglo XX. . Además, precisamente el Partido Socialista es el partido de la violencia extrema durante la Restauración, durante la Segunda República y durante la última Guerra Civil. Eso sí, se llenaron de carguitos durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Es bien conocido cómo Felipe González renunció a la Secretaría General del Partido Socialista en 1979 porque la inmensa mayoría del socialismo histórico quería seguir abrazando el socialismo marxista y no la socialdemocracia. . Es también muy conocido cómo Alfonso Guerra, en el Congreso de las Juventudes Socialistas, en julio de 1975 en Portugal, dijo que no se podía ser socialista sin defender la dictadura del proletariado. ¡Oh, qué casualidad!, la dictadura del proletariado, tal cual se definía la Unión Soviética en la Constitución de 1936, en su artículo segundo, más conocida como la Constitución de Stalin. ¡Menudo demócrata! Tan demócrata como son unas urnas vigiladas por Koldo o por Santos Cerdán. . Sí, no se rían, señorías, que su camarada Javier Pradera lo escribió en su libro La Transición española y la democracia, en el que dijo que ninguno de ustedes estaba por entonces a favor de la democracia representativa, sino que querían la democracia revolucionaria. También sabemos perfectamente, señorías, que ustedes quieren que estas indemnizaciones las recojan las izquierdas y los separatistas, por mucho que no lucharan a favor de la democracia. Porque hace escasas semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, ustedes homenajearon a personas de la banda terrorista ETA por su lucha antifranquista. . Pero, señorías de la izquierda, les recordamos que un socialista como Julio Álvarez del Vayo fue presidente de la banda terrorista FRAP y que los comunistas montaron el GRAPO, que dejó casi un centenar de personas asesinadas en España. . También sabemos, señor ministro, que estas personas no recibirían indemnización porque pertenecían a organización terrorista, en cambio para todos ustedes sí que recibirían esta indemnización por luchar por la república popular socialista y marxista cuando nada tenía que ver con la democracia. . Ustedes consideran que la lucha antifranquista equivale a la democracia, y no fue así en el PSOE ni en el Partido Comunista ni en la Organización Revolucionaria de los Trabajadores ni tampoco en la Liga Comunista Revolucionaria. De hecho, estos últimos entendían la democracia apedreando, apaleando o tirando cócteles molotov contra las manifestaciones de la derecha o contra la policía. . De hecho, los regímenes políticos que ustedes defendían por entonces cometían verdaderas barbaridades y atrocidades contra manifestantes, como en Novocherkask, por ejemplo, o en Polonia en 1970 o sus amigos del PRI, que asesinaron a más de trescientos manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas, en México. Así que, señorías del PSOE y del Gobierno, no cuela, a ustedes no les interesa nada la democracia ni la libertad ni las personas que lucharon por ello. . De verdad que no. Desde luego, nosotros en VOX sí que respetamos la memoria de todas las víctimas y de sus familiares , pero lo que nosotros jamás haríamos sería negociar con la banda terrorista ETA, con sus herederos, con los que jamás han condenado el terrorismo o con los que justifican lo que pasó. . Nosotros jamás, jamás lo haríamos. Ustedes prefieren eso antes que honrar con hechos concretos a las víctimas del terrorismo de España, que esas sí que murieron todas por España y muchísimas de ellas por la democracia. Luego, eso sí, dicen que todos los que queremos recordar a las víctimas del terrorismo, todos aquellos que queremos el cumplimiento estricto de las penas por parte de los terroristas no hemos pasado página. Recordemos que hay casi cuatrocientos asesinatos de la banda terrorista ETA sin resolver. Menuda forma de entender la memoria tiene el PSOE: hay que olvidar lo de ayer, en cambio hay que legislar sobre lo que ocurrió hace noventa años. . En definitiva, estamos ante un acto perverso más del Gobierno y del Partido Socialista, crueles con las víctimas del terrorismo de hoy y con su justicia, amnésicos con sus corruptelas de hoy y, en cambio, arqueólogos militantes para retorcer nuestro pasado. ¡Menuda patraña! Muchísimas gracias. .

Ignacio López Cano PSOE

Muchas gracias, presidente. No quería comenzar con esta intervención sin contestar a esta cantidad de faltas de respeto a la verdad y a la historia. . Si hay democracia en nuestro país hoy es gracias a miles de personas que lucharon por que llegara ―y ninguno proviene de su familia política, más bien al revés―, lucharon contra lo que hoy ustedes representan, contra esa forma de pensar tan intolerante. . Y lo han demostrado ustedes aquí hoy. . Sí, fascismo premium el que hemos visto aquí hace escasos minutos. Hoy es el día en el que podemos empezar a saldar una deuda. No una deuda presupuestaria ni económica, sino una deuda moral. La más exigente de las deudas, porque no se salda con una transferencia ni se cancela con el paso del tiempo. Al contrario, cuanto más tiempo pasa, más pesa sobre la conciencia de nuestro país y de nuestra democracia. España tiene deuda aún con muchos hombres y muchas mujeres que, cuando la democracia no existía aún, decidieron pelear por ella. Y lo pagaron caro, muchos con la cárcel, otros con la tortura y hay, incluso, quien lo pagó con su vida. Ha hecho el señor ministro mención a muchos de ellos, pero me van a permitir que recuerde ―por mi origen y por lo que simboliza para los andaluces― a uno de ellos: José Manuel García Caparrós. Tenía dieciocho años cuando un 4 de diciembre de 1977, durante una manifestación junto a miles de andaluces por las calles de Málaga, fue asesinado. Reclamaban ―fíjense― democracia y autonomía para Andalucía. . Por eso lo asesinaron, por gritar democracia y autonomía plena para Andalucía. Casi cincuenta años después seguimos aún sin saber quién apretó el gatillo, pero sí sabemos que acabaron con su vida por su compromiso con la libertad, con la democracia y con nuestra tierra, Andalucía. Caparrós nunca recibió desde las leyes de memoria democrática el reconocimiento como víctima de su lucha contra el franquismo, y con este real decreto podremos hacerlo. Lo hace el presidente Pedro Sánchez, pero necesitamos el respaldo de esta Cámara para hacerlo posible. Y no solamente con él, con otros muchos, con otras muchas, porque son compatriotas todos ellos, convecinos nuestros, porque la lucha contra el franquismo y por la democracia se libró en cada rincón, en cada pueblo y en cada barrio de nuestro país, y hay muchos de ellos que tienen pendiente todavía ese reconocimiento. Si con la reforma de hoy no queda satisfecho haremos todo lo que esté en nuestra mano para volver a modificar lo que sea necesario para que no haya ningún ciudadano que luchara por la libertad sin su reconocimiento. . ¿Qué hemos hecho con este real decreto ley? Corregimos el ámbito temporal y lo hemos llevado hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que entró nuestra Constitución en vigor. Hemos actualizado las cuantías por una cuestión de igualdad, para equiparar a las víctimas del franquismo y a las víctimas del terrorismo, y hemos establecido mecanismos de compensación para quienes ya recibieron antes indemnizaciones de carácter menor. Porque la justicia no es solo reconocer, es también corregir lo que se hizo insuficientemente. Y permítanme ahora ser directo y dirigirme a las señorías del Grupo Popular. ¿Qué van a hacer ustedes hoy? . ¿Votarán que no, como suelen hacer cada vez que traemos aquí asuntos de memoria democrática y de reconocimiento de quienes lucharon por las libertades? ¿Se pondrán de perfil y se abstendrán? ¿Votarán que sí? Miren, el señor Moreno Bonilla se pone la blanca y verde cada 4 de diciembre en memoria de Caparrós y este decreto ley permite que reconozcamos a Caparrós como luchador de la democracia. . ¿Qué van a hacer? ¿La moderación les dura solo lo que dura el tiempo que está conectada la cámara que apunta al señor Moreno o es real y es sincera y van a juntarse con el pueblo andaluz para que reconozcamos a Caparrós de una vez por todas? Dejen de fingir. Hoy tienen una prueba para demostrar si son creíbles o no los 4 de diciembre, cuando cogen la blanca y verde. ¿Lo hacen de forma utilitarista o sincera? Demuéstrenlo. Porque votamos el 17 de mayo en Andalucía gracias a que hubo gente como Caparrós que se mojó para que el pueblo andaluz tuviera autonomía plena. ¿Lo van a reconocer o no? . Hoy es el momento de decidirlo, señorías. De VOX podemos esperar poco. El corazón político de la ultraderecha ya sabemos dónde está: en la caja fuerte de Abascal. De ustedes quienes creemos en la democracia no esperamos nada. Ustedes, por Netanyahu y por Trump, lo que sea, aunque tiren bombas en las escuelas donde mueren niños. Por ellos, lo que sea. Ahora, por los españolitos que lucharon para que en este país hubiera libertad y una democracia que les permite a ustedes sentarse ahí, no moverán un dedo, porque esa es su deplorable escala de valores, señorías. Al resto de la Cámara le pido, en nombre de quienes lucharon por la democracia, por la libertad y que no han sido reconocidos hoy, el voto favorable para convalidar el real decreto ley. Muchísimas gracias. .

Pedro Muñoz Abrines PP

Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos una vez más un decreto ley del Gobierno que es un despropósito jurídico, una aberración histórica y una deslegitimación constitucional. . Señorías, en democracia y en un Estado de derecho, las formas y los procedimientos son parte esencial del ejercicio público. Por desgracia, el Gobierno de Sánchez nos trae de nuevo una reforma legislativa que en ningún caso se puede justificar por urgencia, tal y como corresponde a un decreto ley de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Leo: el concepto de extraordinaria y urgente necesidad no constituye una expresión vacía de significado dentro del cual el margen del Gobierno se mueve libremente, sino que es un verdadero límite jurídico a la actuación mediante decretos leyes. Pues bien, señorías, difícilmente el pago de unas indemnizaciones por hechos sucedidos hace cincuenta años se puede considerar un supuesto de urgente y extraordinaria necesidad. Podrían haber tramitado un proyecto de ley ordinario, incluso traerlo por lectura única, pero no, tenían que traer otro decreto ley. Por lo tanto, estamos ante otro fraude procedimental del Gobierno y un nuevo desprecio al ejercicio ordinario de la función legislativa por las Cortes Generales. . Señorías, el franquismo fue un régimen básicamente personal, y por eso muchos consideran que muerto Franco se acabaron el franquismo y la Dictadura. De hecho, ese fue el argumento del Gobierno y del señor ministro para justificar sus fastos de cincuenta años de libertad por la muerte de Franco. Bueno, en parte es así. Pero, si somos estrictos desde el punto de vista histórico ―y sobre todo jurídico―, se puede decir que el certificado de defunción de la Dictadura fue la Ley para la Reforma Política, aprobada a finales de 1976. Señorías, esa ley fue el instrumento que permitió, en el contexto de la transición española, la eliminación de las estructuras de la Dictadura desde un punto de vista político y jurídico, dando paso de manera imparable a un sistema democrático. La consecuencia inmediata de la aprobación de la Ley para la Reforma Política fue la celebración de elecciones generales en junio de 1977, señor ministro, elecciones igual de libres que las que tenemos hoy, exactamente igual de libres. . Fíjense, señorías, si fueron libres, que es imprescindible recordar el resultado de esas elecciones para que no perdamos el sentido de la realidad. Votaron 18 millones de españoles, hubo una participación del 79 %. Obtuvieron representación doce fuerzas políticas. La suma de los partidos que hoy conforman el Gobierno y sus aliados representaban el 48,5 %; hoy son poco más del 49 %, más o menos lo mismo. Por lo tanto, señorías, nadie en su sano juicio, nadie con un mínimo de rigor histórico y con un mínimo de decencia puede defender que, desde la Ley para la Reforma Política, y especialmente desde las elecciones de junio de 1977, en España no había democracia ni libertad. Quien defienda eso estará calificando como cómplices de la represión a los 118 diputados que entonces tenía el PSOE, los 20 del Partido Comunista, los 6 del PSP, los 11 del Pacto Democrático por Cataluña y los 8 que entonces ―no 5, sino 8― tenía el PNV. Esto también es historia, señor ministro. . Señorías, reconocer indemnizaciones por fallecimiento o graves lesiones bajo el paraguas de la ley de memoria por hechos posteriores a noviembre de 1976, y especialmente después de junio de 1977, es más que un fraude jurídico o una barbaridad histórica, es un ataque directo a la base fundacional de nuestra democracia, es un paso más en ese claro camino de deslegitimación de la Transición y de la Constitución de 1978, lo cual no nos extraña en absoluto porque es en lo que está la izquierda desde hace mucho tiempo y el Partido Socialista en concreto desde José Luis Rodríguez Zapatero. Señorías, han hablado algunos de la trágica muerte por un disparo de Manuel José García Caparrós y, sin duda, aquello fue algo deleznable, inaceptable e injusto. Sin duda, su muerte mereció reconocimiento, desagravio y compensación, pero no olvidemos ciertos hechos: su muerte se produjo como consecuencia de un disparo en diciembre de 1977. Ya no existía Franco, ya no existía la Dictadura, España ya contaba con un Parlamento democrático elegido en elecciones generales libres, señor ministro, y lo que se reivindicaba en aquella época ya no era libertad o democracia, sino descentralización. Así que, señorías, la muerte de García Caparrós ―insisto― fue un trágico e inaceptable suceso, pero no se puede abordar en ningún caso desde la perspectiva de ley de memoria, sino desde la de la responsabilidad patrimonial del Estado por daños policiales. Ese es el marco en el que ustedes debían haber actuado. Lo que no se puede hacer, señor ministro, es usar la ley de memoria como un cajón de sastre para dar salida a situaciones que legalmente no son viables simplemente por la imposibilidad de abordarlo desde las víctimas del terrorismo o ante la dificultad que ustedes han tenido para buscar una fórmula al amparo de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mismo fraude que hicieron, por ejemplo, con algún que otro palacete. Señorías, el portavoz de Esquerra Republicana ha dicho que ellos sí se acuerdan de todas las víctimas. Falso. Yo no le he oído nunca preocuparse por los policías nacionales incapacitados que recibieron adoquines por los salvajes independentistas en su momento. . Por lo tanto, vergüenza la suya, señor portavoz. Lo que ocurre es que es muy fácil recurrir a la ley de memoria porque ayuda al relato. Fíjense, señorías, permítanme que les lea dos comunicados de ETA de octubre de 1977 ―ya había Cortes democráticas― y de septiembre de 1979 ―ya había Constitución―; comunicados para justificar sus asesinatos: ETA considera que su acción no puede desestabilizar la democracia porque no existe. Antes los partidos políticos eran ilegales, ahora son legales, pero anulados por el temor de la derecha. Los atentados son la respuesta de la maniobra del abrazo de la Moncloa con nuevas formas de dominación imperialista con apariencia democrática. Por tanto, señorías, hoy el PSOE, a través de la ley de memoria, ha comprado el mismo relato que escupía ETA para justificar sus asesinatos. . Han blanqueado ustedes, señorías, a Bildu y ahora también quieren blanquear a un juez prevaricador como Garzón para que presida una totalitaria y distópica Comisión de la Verdad. Señorías, por ahí no vamos a pasar, porque no vamos a ser cómplices de su proceso de deconstrucción constitucional y de su proceso para ensuciar el origen de nuestra democracia. Así que, señores del Gobierno y señores del Grupo Socialista, su obsesión por levantar muros y por la propaganda les ha llevado, como hizo ETA en aquella época, a considerar franquistas, traidores e imperialistas a Felipe González, Alfonso Guerra, Marcelino Camacho, Carrillo, Pasionaria, Tierno Gabán, Xabier Arzalluz o Jordi Pujol, que eran diputados de esta Cámara en unas elecciones libres desde junio de 1977. Muchas gracias. .

Jorge Campos Asensi VOX

Gracias, señora presidenta. Señorías, en estos momentos tan complicados que vive nuestra nación, que sufren los españoles, ¿ustedes realmente creen que hay que reformar la Constitución para incrementar el número de senadores? . No es esto lo que necesitan los españoles. Los españoles necesitamos reformas que faciliten el acceso a la vivienda, que acaben con las listas de espera en la sanidad, que aumenten la seguridad en las calles, que protejan nuestras fronteras. ; reformas que garanticen que los españoles seamos los primeros, seamos libres e iguales en derechos en cualquier parte de España. No necesitamos reformas que blinden intereses políticos, necesitamos reformas que blinden la unidad nacional. A los habitantes de Formentera actualmente les es imposible acceder a una vivienda debido a los precios desorbitados, sufren una triple insularidad que perjudica… . Veo que no les interesa lo que sufren los habitantes de Formentera. Pues les decía que los habitantes de Formentera sufren una triple insularidad que les perjudica debido a una insuficiente y muy deficiente conectividad. La atención sanitaria también es insuficiente y todo ello se agrava por la invasión inmigratoria descontrolada que, además de colapsar los servicios públicos, son la causa de un aumento de la inseguridad sin precedentes que se sufre en la isla. ¿Va a solucionar estos problemas un senador más por Formentera? Evidentemente, no. Además, oigan, Formentera ya cuenta con un senador, que parece que se olvidan, compartido con Ibiza, pero ya están representados. ¿De verdad es necesario que 12 000 habitantes cuenten con un senador más o la necesidad la tienen los partidos políticos que apoyan esta reforma? . Insisto, Formentera ya tiene voz en el Senado a través de un senador. ¿De verdad necesitan otro para aumentar el entramado público-político que han ido incrementando y creando a lo largo de los años? Actualmente, los sueldos y gastos políticos de este entramado le cuestan a cada habitante de Formentera 3000 euros al año. ¿De verdad hay que seguir incrementándolo? Por cierto, de esos 3000 euros, más de 1000 euros se deben al coste que supone la invasión inmigratoria que la izquierda impulsora de esta reforma propicia. Señorías, el Gobierno tiene asfixiados fiscalmente a los habitantes de Formentera para mantener a la clase dirigente y aún quieren incrementar más el gasto. Ustedes son insaciables. . Si me dijeran que aumentan el gasto para solucionar los graves problemas que se sufren en Formentera, aún podrían justificarlo o disimularlo mínimamente, pero es que no solucionan nada. La invasión inmigratoria que el Gobierno promociona ha colapsado los servicios sociales de la isla y ha disparado la inseguridad. Señorías, ya van seis islamistas yihadistas detenidos en Baleares que iban a cometer atentados en España; ayer mismo el último. Será el Gobierno de Pedro Sánchez el responsable si se comete algún atentado. . Como es responsable de que la ruta de inmigración ilegal que más se incrementa en Europa sea la de Argelia-Baleares. Formentera está desbordada de menas y no dispone de centro de menores. ¿Un senador más va a solucionar esto? Evidentemente, no, supondrá más gasto inútil. Pero fíjense, ya no es solo una cuestión de gasto político superfluo, que no ayuda en nada a solucionar los problemas. Ya no es solo eso. Es que, ante la coalición de ultraizquierda que nos desgobierna con el apoyo de los separatistas, ante los que están desmantelando España, ante los que arruinan a los españoles, ante la inmensa corrupción socialista, ante un Gobierno que deja a los terroristas en la calle, ante un Gobierno que incumple sistemáticamente la Constitución, ¿van ustedes, señorías del Grupo Popular, a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista? ¿Van a blanquear al partido que incumple sistemáticamente la Constitución? ¿Van a reformar la Constitución con el que no la cumple? ¿Van a volver a llegar a acuerdos con el partido de Koldo, de Tito Berni, de Begoña Gómez, de Santos Cerdán, de Salazar? . Es una irresponsabilidad que, además, se puede agravar si eliminan la toponimia en español del texto constitucional, que va a ser un torpedo en la línea de flotación de nuestra lengua e historia en común. Señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, ustedes han traído aquí esta reforma. Ustedes aprobaron, en el Parlamento balear, esta propuesta de reforma para que en el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución se recoja que Formentera elija otro senador y, de paso, desaparezca el topónimo en español Ibiza. . Señorías del Grupo Popular, ustedes iban a votar a favor de la eliminación del topónimo en español Ibiza en el primer debate. De hecho, hasta trajeron aquí a su diputada autonómica para votar a favor de la reforma y, después, se abstuvieron. Pobre mujer, con lo maja que es, ¡cómo la dejaron aquí! . Y se abstuvieron porque nosotros advertimos que la exclusión del topónimo en la lengua oficial del Estado sentaría un precedente letal, único en la historia de España y de cualquier democracia occidental. Y, ahora, ha llegado la hora de la verdad. ¿Qué van a hacer, señorías? Y me dirijo a los dos, al Grupo Popular y al Grupo Socialista. Cierto es que su historia política, contraria a la libertad lingüística, no da motivos para tener mucha esperanza. El PP y el PSOE han sido los que han prohibido la escolarización en español en las regiones bilingües. El PP y el PSOE legislaron para que las lenguas regionales fueran requisitos excluyentes para acceder a la Administración pública. . Son los que han creado fronteras dentro de nuestro propio país. En el caso de Baleares, el PP es quien ha legislado con mayorías absolutas para imponer el catalán en todos los ámbitos, también en la toponimia, aprobando que, por ejemplo, la denominación oficial de Baleares sea exclusivamente Illes Balears, o catalanizando incluso los topónimos históricos mallorquines, menorquines e ibicencos. También eliminan la riqueza cultural y lingüística diversa que tiene España y que nosotros respetamos y de la que estamos muy orgullosos. Pero ustedes no; ustedes, todos ustedes, uniformizan sobre la base de ensoñaciones legendarias, nacioncillas inventadas, lenguas de laboratorio, como el catalán estándar ortopédico que imponen en Baleares, con el que pretenden sustituir nuestra lengua y cultura balear, eso es lo que hacen ustedes. En Galicia, han hecho lo mismo. Yo no sé si el señor Feijóo sigue afirmando que Galicia es una nación sin Estado, no lo sé, que es como dicen los separatistas, por cierto. . O es lo que dice el propio presidente Sánchez cuando defiende que España es un Estado plurinacional, algo abiertamente contrario a la Constitución y que está defendiendo el Partido Socialista. Señores del Grupo Socialista, España es una nación, España no es plurinacional. Pero ustedes sí que tienen en sus filas a plurijetas y pluricorruptos. . Eso sí que es cierto. Es duro decirlo, pero en España sufrimos hispanofobia por parte de nuestros propios Gobiernos, no solo en los Gobiernos autonómicos, sino también en el Gobierno de la nación. Persiguen y discriminan todo lo español, nuestra toponimia, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra lengua común. Señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, si aprueban esta reforma, excluyendo el topónimo Ibiza en español, van a ser los responsables, el Partido Popular y el Partido Socialista, de la eliminación definitiva de la toponimia en la lengua común de España, porque sería el respaldo constitucional que blindaría la eliminación de la toponimia en español allí donde exista una lengua regional. Pero no solo en los territorios bilingües, no, en toda España, que es lo que pretende la aberrante proposición de ley orgánica llamada de plurilingüismo registrada por la ultraizquierda antiespañola. La eliminación de la toponimia, como la prohibición de escolarizar en español en los territorios bilingües, además de una vulneración flagrante de derechos, es pura ingeniería social. Intentan modificar el pensamiento, el conocimiento de las personas para hacerles creer que esos territorios no tienen ni han tenido nada en común con el resto de España. Por eso, es una reforma constitucional impulsada por los enemigos de la Constitución y apoyada por los socios separatistas, que quieren acabar con la nación española, que es el fundamento de la Constitución. Por eso, señorías, no se puede pactar nada con quien gobierna con los enemigos de España. . El PSOE tiene prisa en avanzar en sus medidas destructivas, la señora Armengol también. Saben que van a seguir perdiendo las elecciones en todos los comicios. Incluso la señora vicepresidenta, la señora Montero, María Jesús la poderosa, va a sufrir otra derrota. Por eso, señorías del Grupo Popular, no les den oxígeno ahora que están en las últimas. Señorías, en Formentera, en Baleares y en toda España, los españoles quieren soluciones a sus problemas reales. Esta propuesta de reforma constitucional no solo no soluciona problemas, sino que va a crear muchos más. La reforma constitucional se debe plantear con altura de miras, con sentido de Estado, con vocación de servicio patriótico. Y, en estos momentos que nos ha tocado vivir, con un Gobierno empeñado en destruir la nación, los impulsores de esta reforma están muy alejados de los principios que deben regir la norma fundamental del Estado. Ya han comprobado que los separatistas, socios del Gobierno socialista, en su siempre labor destructiva, en detrimento del bienestar general de los españoles, han querido aprovechar esta reforma para eliminar el artículo 2 de la Constitución, el que establece como fundamento de la propia Constitución la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Como acertadamente afirmó el presidente Antonio Maura, mallorquín y profundamente español, ejemplo de coherencia y entrega a España, «la patria no existe sin el amor de sus hijos». Señorías, la inmensa mayoría de los españoles amamos nuestra patria. Sean ustedes buenos hijos. No abran las puertas a los traidores con reformas que propicien más separación. Nos debemos a los españoles; desde Formentera a La Coruña, desde Ibiza a Fuenterrabía, desde Alicante a Pamplona, desde El Hierro a Lérida, nosotros haremos todo lo posible para llevar a España al punto más alto. Muchas gracias. .

José Vicente Marí Bosó PP

Gracias, señora presidenta. Presidenta del Consell Insular de Formentera i membres del Consell, señorías, subo en nombre del Grupo Popular, en la tramitación de esta reforma constitucional, para dar nuestras razones respecto de la enmienda presentada y, si también me permiten, hacer algunas consideraciones sobre el fondo. Nuestra Constitución reconoce a los Parlamentos de las comunidades autónomas capacidad de iniciativa legislativa, y lo hace en toda su extensión. Lo hace también para poder iniciar la tramitación de una reforma constitucional. Nuestra Constitución responde así al carácter plural de nuestra nación, al carácter plural de nuestro país. Es verdad que, preservando esa iniciativa legislativa para las comunidades autónomas, la tramitación legal, como no puede ser de otra manera, corresponde a la soberanía nacional, corresponde a las Cortes Generales; y las Cortes Generales, en la tramitación de cualquier iniciativa legislativa, venga de donde venga, incluso las propias, pueden introducir las modificaciones que consideren, siempre respetando el objeto de la propia norma o de la propia reforma. Nosotros, señorías, hemos mantenido eso en esta tramitación; hemos mantenido que había que hacer la iniciativa legislativa, que había que tramitarla, que se podían presentar enmiendas aunque hubiera tramitación de lectura única, pero siempre referidas al objeto de la norma. Lo hemos hecho o hemos intentado hacerlo ―escuchen, a veces no lo conseguimos―, pero lo hemos intentado hacer con seriedad, buscando siempre lo mejor para los españoles, para los ciudadanos de las Islas Baleares, de Formentera. Lo hemos hecho así. Y hemos creído que, para hacerlo así, también convenía trabajar en lugar de hablar mucho. A lo mejor, en alguna ocasión, nos hemos callado demasiado, pero nuestra intención era preservar las cosas. Lo que hace nuestra enmienda, señorías, es simplemente retocar técnicamente y atender a un matiz, a una cuestión formal. Con esta iniciativa legislativa no se está innovando nada. No estamos creando ex novo nada. Nuestra Constitución ya reconoce a Formentera como circunscripción electoral autónoma, porque lo hace depender de que la isla tenga Consejo Insular, y Formentera tiene Consejo Insular desde la reforma estatutaria de 2007. Por lo tanto, no se cae el mundo. La Constitución reconoce que Formentera es circunscripción al Senado porque tiene Consejo Insular. Lo que hemos de matizar ―y deberíamos matizar en esta reforma, y este es el sentido también de nuestra enmienda― es el senador que se asigna a la circunscripción de Formentera y a la circunscripción de Ibiza, porque, al no haber ya agrupación de islas, habrá dos circunscripciones, una de Formentera y una de Ibiza. Por lo tanto, lo único que había que tocar era un guion por una coma. Ese es el sentido de nuestra enmienda, cambiar un guion por una coma, manteniendo además la literalidad del artículo constitucional y manteniendo, por tanto, también las denominaciones que figuran en la Constitución, que en el caso de Ibiza tampoco es ningún problema, porque, señorías, nosotros, los ibicencos, nos referimos a nuestra isla como Eivissa y como Ibiza. Además, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, que sí, en aquel momento, en 2007, cambió la denominación oficial de Islas Baleares por Illes Balears, mantuvo la denominación de Ibiza y el Registro Oficial de Entidades Locales mantiene la denominación de Ibiza, no así para la capital de nuestra isla, donde se establece la denominación Eivissa. En todo caso, señorías, esto es una cuestión de matiz que no afecta al fondo de la reforma y que yo creo que no presentará ningún problema a nadie. Igualmente, en esa capacidad que tienen las Cortes Generales de adaptarse, como señalan también las notas de observaciones técnicas de los letrados de la Cámara, en la disposición adicional, que debería ser transitoria, hay que hablar de las dos circunscripciones, de la vigencia de esa modificación constitucional y, por lo tanto, referirse a Ibiza y Formentera. Claro que tenemos muchos más problemas, señorías. Es evidente que tenemos muchos más problemas. La isla de Formentera sufre problemas específicos y, en cada momento, hemos querido dar solución a muchos de esos problemas. El Partido Popular quiso dar solución al problema del deslinde en Formentera y modificamos la Ley de Costas en su momento. También en 2007 solucionamos la cuestión relativa al Consell Insular. Por tanto, ¿hay muchos más problemas? Claro que hay muchos más problemas y tenemos que dedicarnos a solucionar todo eso. Ya digo, señorías, respecto a la cuestión de fondo, la Constitución ya reconoce a Formentera como circunscripción electoral al Senado, porque ya cuenta con un Consejo Insular autónomo, y lo que hemos planteado no es más que un matiz formal que, además, consideramos que es lógico y que no plantea ningún problema. Señorías, dijimos al inicio de esta tramitación que nada es fácil y permítanme decir que nos reafirmamos en lo que dijimos. Nada es fácil, pero nuestro compromiso sigue intacto y vamos a seguir trabajando, porque esta es la Constitución de la concordia, esta es la Constitución del acuerdo. Nosotros somos de esta Constitución, nosotros estamos dentro de esta Constitución. Ya sé que es la Constitución del acuerdo y, a veces, entre todos, hacemos que parezca que no hay acuerdos. Ya sé que es la Constitución de la concordia y, a veces, entre todos, parece que hay de todo menos concordia, pero es la Constitución que nos une. Es la Constitución que nos une a todos, es la Constitución que nos une a los españoles. Dejemos también que hoy, en esta tramitación, nos una la Constitución y nos una Formentera. Muchas gracias, señora presidenta. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, presidenta. Jo, primer que res, voldria començar donant l’enhorabona al Parlament balear per esta iniciativa, per haver arribat a un consens i per aconseguir portar ací al Congrés este debat per a triar un senador per a l’illa de Formentera. Recordem, senyories, que el Senat és la cambra de representació territorial i tots els territoris, i també totes les illes de l’Estat, han de tindre el dret a poder participar i és la nostra obligació garantir-ho. Voldria aprofitar també per enviar una abraçada a Juanjo Ferrer, al senador d’Eivissa que pertany al grup de la Izquierda Confederal i en el què Compromís treballem cada dia. Em semblaria gravíssim que el Partit Popular no permetera que este canvi constitucional es duguera a terme per qüestions que no tenen res a vore ni amb Formentera, ni amb Eivissa, ni amb el nom de qualsevol illa. Però tampoc em sorprèn que el Partit Popular acabe rebentant esta possibilitat perquè porta fent el mateix amb el dret civil valencià des de fa molt de temps. I voldria aprofitar este debat per posar damunt la taula una ignomínia que portem patint les valencianes i els valencians des de fa molts anys i es tracta de la recuperació del dret civil valencià. Un dret que prové, perdó, un dret que prové de l’antic Regne de València i que forma part de la nostra història com a poble. Aquest dret propi el vàrem recuperar en democràcia. El vam incorporar al nostre Estatut d’Autonomia en la reforma de l’any 2006. La recuperació del dret civil valencià en aquell moment ens va permetre poder legislar qüestions clau en clau valenciana tan importants com el règim econòmic matrimonial, que establia la separació de béns, o la custòdia compartida en casos de ruptura dins de les relacions familiars o qüestions de dret successori o de contractes agraris. Aquest dret propi, senyories, està en vigor, com saben vostès en molts territoris de l’Estat. Però primer el govern central, presidit per Zapatero, senyories del Partit Socialista, i després per Rajoy, senyories del Partit Popular, van portar les nostres lleis al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional va dir que nosaltres no podíem legislar el nostre dret civil propi perquè Felip V, en l’any 1707, el va abolir per justo derecho de conquista. I, en este punt, i abans de continuar, voldria fer un reconeixement a l’Associació de Juristes Valencians i al seu president, José Ramón Chirivella, que hui ens acompanyen ací en el Congrés, perquè han fet un treball incansable durant molts anys per a recuperar el nostre dret civil. La seua força ha aconseguit que tota la societat civil valenciana organitzada, institucions, universitats, sindicats i tots els ajuntaments valencians s’unisquen per a reclamar la recuperació del nostre dret civil valencià. L’any 2020 les Corts Valencianes varen aprovar una proposició de llei per a modificar la Constitució, una proposició que després de sis anys, encara no ha vingut al Congrés perquè el Partit Popular està bloquejant-la les Corts Valencianes, perquè no tria els diputats que han de vindre a defensar-la des del passat octubre. Una proposició que no vàrem poder debatre ací quan es va debatre la reforma de l’article 49 de la Constitució, perquè el Partit Popular i el Partit Socialista la van bloquejar en la Mesa tant del Congrés com del Senat. Senyories, el Partit Popular, ara que tenen vostés el nou president de la Generalitat, Pérez Llorca, un poc més tranquil, perquè saben que ha aconseguit una plaça en la Diputació de València, una plaça ben remunerada per a la seua dona i ara ja podran anar a fer-se cervesetes els dos junts quan acaben de treballar, cadascú des del seu palau, han d’obligar-lo a que desbloquegi eixa proposició de llei, ja que puga vindre’s a debatre al Congrés. Diputats i diputades valencianes i valencians del Partit Socialista i del Partit Popular, esta es una reivindicació del conjunt de la societat valenciana a la que vostès donen suport allà al País Valencià i que després obliden quan arriben ací, al Congrés o al Senat. I ja està bé. Per la dignitat de tot el poble valencià — al que vostès deuen els seus escons en esta cambra— han de donar la cara, siguin valents i valentes i recuperem el nostre dret civil propi. I recorden que qui perd els orígens perd la identitat. Gràcies. Gracias, presidenta. Primero, querría empezar dando la enhorabuena al Parlamento balear por esta iniciativa, por haber llegado a un consenso y por traer este debate al Congreso para elegir a un senador para la isla de Formentera. Recordemos, señorías, que el Senado es la Cámara de representación territorial y todos los territorios e islas del Estado deben tener el derecho a poder participar y es nuestra obligación garantizarlo. Querría aprovechar también para enviar un abrazo a Juanjo Ferrer, senador de Ibiza; pertenece al Grupo Izquierda Confederal, con el que Compromís trabaja cada día. Me parecería gravísimo que el Grupo Popular no permitiera que este cambio constitucional se llevara a cabo por cuestiones que no tienen nada que ver con Formentera ni con Ibiza ni con el nombre de ninguna isla. Tampoco nos sorprende que el Grupo Popular acabe reventando esta posibilidad porque lleva haciendo lo mismo con el derecho civil valenciano desde hace mucho tiempo. Asimismo, querría aprovechar este debate para poner sobre la mesa una ignominia que llevamos sufriendo valencianos y valencianas desde hace muchos años: la recuperación del derecho civil valenciano. Es un derecho que proviene del antiguo Reino de Valencia y que forma parte de nuestra historia como pueblo. Este derecho propio lo recuperamos en democracia, lo incorporamos en nuestro estatuto de autonomía con la reforma del año 2006. Esa recuperación del derecho civil valenciano en aquel entonces nos permitió poder legislar cuestiones claves en clave valenciana tan importantes como el régimen matrimonial, que establecía la separación de bienes, o la custodia compartida en caso de divorcios, o también cuestiones sucesorias o de contratos agrarios. Estos derechos propios, señorías, saben ustedes que están en vigor en muchos territorios del Estado, pero primero el Gobierno central presidido por Zapatero, señorías del Grupo Socialista, y después por Rajoy, señorías del Grupo Popular, llevaron nuestras leyes al Tribunal Constitucional, el cual dijo que nosotros no podíamos legislar nuestro derecho civil porque Felipe V en 1707 lo abolió por justo derecho de conquista. En este punto y antes de seguir, me gustaría hacer un reconocimiento a la Asociación de Juristas Valencianos y a su presidente, José Ramón Chirivella, que hoy nos acompaña en el Congreso, porque han hecho un trabajo incansable durante muchos años para recuperar nuestro derecho civil. Con su esfuerzo, han conseguido que toda la sociedad civil valenciana organizada ―instituciones, universidades, sindicatos y todos los Ayuntamientos valencianos― se uniera para reclamar la recuperación de nuestro derecho civil valenciano. . En el año 2020, las Cortes Valencianas aprobaron una proposición de ley para modificar la Constitución que, después de seis años, todavía no ha venido al Congreso porque el Grupo Popular la está bloqueando en las Cortes Valencianas, no permite que venga para su defensa desde el pasado mes de octubre. Una proposición que no pudimos debatir aquí cuando se debatió la reforma del artículo 49 de la Constitución porque el Grupo Popular y el Grupo Socialista la bloquearon en la Mesa, tanto del Congreso como del Senado. Señorías del Grupo Popular, ahora que tienen ustedes al nuevo presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, un poco más tranquilo porque sabe que ha conseguido una plaza en la Diputación de Valencia bien remunerada para su mujer ―ya se pueden ir a tomar cervezas después del trabajo todos juntos, cada uno desde su palau―, tienen que obligarle a que desbloquee esa proposición de ley y pueda venir para debatirse en el Congreso. Diputados y diputadas valencianos y valencianas del Grupo Socialista y del Grupo Popular, esta es una reivindicación del conjunto de la sociedad valenciana, a la que ustedes dan apoyo en el país valenciano y que después olvidan cuando llegan aquí, al Congreso o al Senado. Ya está bien. Por la dignidad de todo el pueblo valenciano, al que ustedes deben sus escaños en esta Cámara, tienen que dar la cara, sean valientes y recuperemos nuestro derecho civil propio. Recuerden: quien pierde sus orígenes pierde su identidad. Gracias. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Nosotros apoyamos la última modificación de la Constitución en el año 2024, en la que se sustituyó el término «disminuido» por «persona con discapacidad». También, en Unión de Pueblo Navarro apostamos por las modificaciones constitucionales del año 1992 y 2011. Fuimos responsables con estas excepciones muy concretas que se planteaban, pero también advertimos, señorías, que nosotros, respetando y defendiendo la Constitución española ―que respeta a su vez y ampara el régimen foral de Navarra y la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del fuero de Navarra―, dejamos muy claro que rechazábamos su disposición transitoria cuarta; esa espada de Damocles sobre la cabeza de los navarros y de Navarra que posibilita la incorporación de nuestra comunidad a la Comunidad Autónoma vasca. Por eso, hemos presentado una enmienda ―que la Mesa de la Cámara no ha aceptado―, porque consideramos que hay que pasar ya de las palabras a los hechos. En este caso concreto, teniendo en cuenta esta proposición de ley que viene del Parlamento Balear y que habla de la consolidación definitiva de una identidad colectiva, que habla de la culminación de una plenitud política y de reconocimiento de la singularidad de un territorio, ahí también nosotros tenemos algo que decir. Por eso, presentamos esa enmienda derogatoria de la disposición transitoria cuarta de la Constitución. Porque, señorías, Navarra no es transitoria, Navarra es permanente. Nosotros queremos ser coherentes con nuestro compromiso, con nuestra razón de ser y con la voluntad mayoritaria, también, de los navarros; además de hacernos eco de lo recogido en el informe del Consejo de Estado del año 2006. Señorías, estamos hartos de que, después de cuarenta y ocho años de aprobación de la Constitución, todavía haya una excepcionalidad insólita y absurda, aunque algunos dicen que no está vigente. Estamos hartos de que no se tenga en cuenta y no se respete la voluntad mayoritaria del pueblo de Navarra. Estamos hartos de que el independentismo vasco siga empeñado en esa obsesión enfermiza por incorporar Navarra a Euskadi, o a esa quimera que denominan Euskal Herria. Y estamos hartos, señorías, de que el secesionismo vasco ponga en duda la identidad propia y diferenciada de Navarra. Señorías, en Unión del Pueblo Navarro, nos sentimos muy orgullosos ―como la mayoría de la sociedad navarra― de la Navarra foral y española. Nos sentimos muy orgullosos de lo que recoge el artículo 1 de la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, el amejoramiento del fuero, que deja muy claro que Navarra constituye una comunidad con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos. Como decía, señorías, hay que pasar de las palabras a los hechos. Hoy, nuestra enmienda no ha sido admitida por la Mesa de la Cámara, pero nosotros ya hemos presentado en el Parlamento de Navarra una proposición de ley en la que se solicita la derogación de esta disposición transitoria cuarta para que se respete la voluntad del pueblo de Navarra. Navarra no es transitoria, Navarra es permanente. Muchas gracias.

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidenta. Egun on, jaun-andreok. Señorías, voy a intervenir brevemente. En cuanto al fondo del asunto y como ya nos manifestamos en el pasado mes ante este Pleno durante la toma en consideración de la proposición de reforma constitucional presentada por el Parlamento de las Illes Baleares, también votaremos favorablemente a la reforma del artículo 69.3 de la Constitución, a los efectos de que tanto la isla de Eivissa como la de Formentera elijan cada una de ellas un senador propio y dejen de elegir uno común para ambas, constituyéndose de este modo cada una de ellas en circunscripción electoral para la elección de senadores, en el entendimiento ―también constitucional― de que cada una de estas islas posee una personalidad e intereses propios que no pueden ser absorbidos por otras. En definitiva, señorías, en cuanto al fondo del asunto, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Vasco, mantendrá el voto favorable a esta iniciativa. Por otra parte, señorías, y en cuanto a las enmiendas formuladas por nuestro grupo parlamentario sobre otros aspectos de la Constitución que consideramos que también debieran reformarse, o al menos debatirse, sin perjuicio de que finalmente, a buen seguro, no concitaran el apoyo necesario de la Cámara, quiero poner de manifiesto que no tendremos ocasión para ese debate, pues la Mesa de la Cámara las ha inadmitido con el voto tanto del Grupo Socialista como el del Grupo Popular, algunas por proponer reformas que exigen el procedimiento agravado de reforma constitucional y otras por exceder, según se nos dice, de la iniciativa original, lo que viene a decir que constituyen de facto una iniciativa distinta de reforma constitucional y que debieran cumplir la legitimación activa del artículo 146 del Reglamento de la Cámara. Un rechazo a nuestras enmiendas, señorías, igual al que ya padecimos con las iguales planteadas en 2024 con ocasión de la reforma del artículo 49 de la Constitución, aunque también tenemos que recordar que similares enmiendas con ocasión del artículo 135 — en 2011— no fueron inadmitidas por la Cámara. Señorías, y respecto al menos a las enmiendas relativas a las reformas no agravadas, se nos aplica el principio de congruencia en una interpretación, a nuestro juicio, extensiva de la doctrina del Tribunal Constitucional en detrimento de la esencia del parlamentarismo. Como ya dijimos en 2024, ¿acaso no es congruente una enmienda si se atiene a proponer la modificación de otros aspectos de la misma norma sobre la que es objeto la iniciativa? ¿O es que, si mañana el Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista o el Grupo Parlamentario Popular proponen la modificación de un solo artículo de una ley ómnibus, acaso solo se podrá enmendar sobre ese único aspecto de esa ley ómnibus? Señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, ¿se van a aplicar a sí mismos esta interpretación extensiva del principio de congruencia o solo la aplican a los grupos minoritarios y respecto a las leyes que les interesen, abusando de su posición hegemónica en la Mesa de la Cámara? Señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, ¿por qué, además de hacer una interpretación extensiva del principio de congruencia, como ya he señalado, confunden, identificando la legitimación agravada para que los grupos parlamentarios o los miembros de la Cámara presenten una iniciativa de reforma constitucional con la de formular enmiendas a iniciativas de esa reforma, que en su caso corresponden al Gobierno, al Congreso, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, como en el caso que nos ocupa, diciendo que de facto es lo mismo presentar una iniciativa de reforma constitucional que enmendarla cuando esta versa sobre un aspecto que no contempla la correspondiente iniciativa de reforma y que en ese caso requiere, conforme al artículo 146 del Reglamento, que las enmiendas sean firmadas, al igual que las iniciativas, por dos grupos parlamentarios o por un quinto de los miembros de la Cámara, como si se estuviera planteando, como les decía, una propuesta de reforma constitucional? Señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, repito, ¿por qué construyen todo este artificio equiparando legitimación agravada — para que por los miembros de la Cámara se planteen reformas constitucionales— y la legitimación para presentar enmiendas sobre aspectos no contemplados en la iniciativa de reforma original, si siempre tendrán y les quedará el argumento de la interpretación extensiva del principio de congruencia entre la enmienda y el texto original para aplicarlo a los grupos minoritarios cuando les convenga? Es, en definitiva, un argumento circular, porque si se presentan se exige, por un lado, que los enmendantes tengan la misma legitimación que para presentar una iniciativa, y luego se recurre al principio de la interpretación del principio de congruencia de manera extensiva. Presidenta y señorías, finalizo. Señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, como ya dijimos ante esta misma Cámara y en un supuesto equivalente en 2024, en democracia las formas son también su contenido. Esto ha sido, lo consideramos, un atropello antidemocrático y lo tenemos que decir abiertamente, porque lo que más descalifica a una democracia es no dejar hablar, sin perjuicio de que luego, obviamente, cada cual vote lo que considere y se respete por todos el resultado de esa votación. Señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, no olviden que la Constitución o las constituciones son producto de la pluralidad, a diferencia de las leyes, que lo son de la mayoría. Nada más y muchas gracias.

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Senyora presidenta. Senyories, senyora Micó, senyor Chirivella. Si es tracta de restituir el dret civil valencià, si es tracta de derogar els Decrets de Nova Planta que van acabar amb les institucions de la nació catalana, amb les institucions del Regne de València, de la Corona d’Aragó i del Regne de Mallorca, ens tindran sempre al seu costat. Sobre la proposta que Formentera elegeixi el seu propi senador, ens ratifiquem en tot el que vam dir el dia de la presa en consideració. És una demanda justa que Formentera deixi de ser l’única illa de l’Estat sense representació al Senat. Formentera ha de poder elegir separadament d’Eivissa el seu propi representant al Senat. En primer lloc, hi ha unanimitat del poble de Formentera i de les seves institucions. En segon lloc, cal reconèixer el fet insular de Formentera, la seva singularitat territorial. Cal posar fi a una agrupació artificial d’Eivissa amb Formentera, superada per la realitat demogràfica i sociològica. De fet, Formentera ja no és la darrera illa en població de l’Estat i, per tant, mereix tenir un senador. Finalment, cal adaptar la Constitució a l’Estatut de les Illes Balears, que reconeix Formentera en pla d’igualtat amb la resta de les Illes Balears, amb Mallorca, Menorca i Eivissa. Però més enllà de tots aquests arguments, a nosaltres, Junts per Catalunya, sempre, sempre, ens trobareu escoltant la gent, escoltant la gent dels Països Catalans, escoltant les seves demandes i intentant donar-los curs per defensar millor la nostra terra, la nostra llengua i la nostra nació — hi insisteixo— sempre ens tindreu al vostre costat. Dit això, encara que avui aprovem una reforma de la Constitució, cal dir que això és el de menys. Tot queda tapat per l’ús polític, partidista i instrumental que s’ha fet d’aquesta reforma. Ho tenim molt clar. L’últim que importa al PSOE és Formentera. L’únic que interessa aquí és posar un xec més a la llista de coses aprovades, sumar un assoliment més sense que importi gaire de què es tracta. I això ofèn, ofèn els principis democràtics i molt especialment el principi parlamentari. I això queda demostrat per l’ús partidista, la instrumentalització política de l’òrgan de govern d’aquesta cambra, de la Mesa; de la Mesa, evidentment, dominada pels partits majoritaris, Partit Popular i PSOE. i el paper de la Mesa, que hauria de ser, com bé, com en tot Parlament, hauria de ser defensar que es parli, defensar que es debati, el paper de la mesa ha estat que enlloc de facilitar que les esmenes presentades puguin ser discutides i confrontades, doncs impedir el debat. Decideix la majoria, sí, en parlamentarisme, però, les minories tenen el dret de plantejar debats, i això és el que ha passat en aquesta ocasió, el debat s’ha impedit. S’han presentat esmenes, com assenyalava el diputat Legarda, exactament igual com passa a cada tramitació parlamentària. Esmenes, per cert, a la mateixa norma que el debat i la Mesa del Partit Popular i del PSOE, en una exhibició d’hipocresia parlamentària, ha decidit no admetre-les a tràmit. Per què? Doncs precisament per no obrir un debat diferent del teledirigit pel PSOE i pel PP. Mirin, nosaltres no hem presentat esmenes a la present tramitació. Les ha presentat el PNB i altres partits. Hem cregut que no era el moment de presentar-ne, però ells sí. I si això és una democràcia, tenen tot el dret de presentar-les i tenen també tot el dret de què aquestes esmenes es puguin debatre. Si s’obre el meló de la reforma de la Constitució, el meló queda obert i vostès no són qui per dir què es pot debatre i què no. Però insisteixo, la Mesa ho ha impedit, ha fet saltar el dret a la iniciativa legislativa i el dret d’esmena dels representants electes de la ciutadania, que som tots nosaltres, i això és un frau democràtic il·legal. El reglament d’aquesta cambra no exigeix coherència ni homogeneïtat en les esmenes. No hi ha cap objecció parlamentària. És més, és el que passa en cada tramitació legislativa i en una reforma de la Constitució hauria de ser exactament igual, perquè les normes que les regeixen són les mateixes que en la tramitació legislativa. Si es reformo l’article 69, per què no puc discutir el 155? No té cap sentit. Però encara més, vostès recorden què va passar el desembre de l’any 2022? Doncs que el PSOE, en la reforma del Codi Penal de la sedició, va presentar esmenes a la Llei Orgànica del Poder Judicial per canviar les majories del Consell General del Poder Judicial per escollir els magistrats del Tribunal Constitucional. És així de complicat, però en aquest cas la Mesa no va dir res. No va dir absolutament res. Qui ho va dir, per cert, va ser el Tribunal Constitucional, quan va suspendre el tràmit legislatiu; un altre episodi de vergonya democràtica, per cert, d’uns i d’altres. En el present cas, la Mesa ha decidit impedir un debat legítim. Ens ha pres el dret, un dret també dels que no hem presentat esmenes de debatre sobre temes que venien al cas perquè formen part de la Constitució. La Mesa ha decidit que no podem parlar sobre l’existència de nacions dins de l’Estat espanyol. No podem parlar sobre el paper de les Forces Armades en el manteniment de la integritat territorial. No podem parlar sobre la inviolabilitat del rei, no podem parlar sobre el 155 o sobre el règim foral. La Mesa d’aquesta cambra ens ha arrabassat el dret a debatre sobre tot això, i per a nosaltres això és inacceptable. I no és la primera vegada. La passada legislatura la Mesa ja es va arrogar una mena de control previ de constitucionalitat per impedir debatre — com una mena de Tribunal Constitucional sense regulació que ho justifiqui— per impedir debatre iniciatives com la reforma del Tribunal de Comptes, la reforma de la inviolabilitat del rei o l’amnistia. Ho recorden? La Mesa va impedir debatre l’amnistia a la passada legislatura i, en aquesta legislatura, l’amnistia s’ha debatut, s’ha aprovat i s’ha declarat constitucional. Acabo. Aquesta hipocresia democràtica amb què el PP i el PSOE instrumentalitzen un òrgan com la Mesa, especialment per bloquejar qualsevol debat que pugui posar en qüestió els principis del règim del 1978 explica el perquè del fracàs democràtic d’aquest règim del 1978. La legalitat espanyola no és la nostra. La nostra lluita, precisament, és per alliberar-nos d’aquesta legalitat, que no és en cap cas una legalitat democràtica. Ho vam fer el 2017. El Parlament de Catalunya va aprovar les lleis per fer un referèndum d’independència. El referèndum va ser legítim i no només va ser legítim. Va ser un referèndum legal, es va fer i va guanyar el sí. Aquesta és la nostra legalitat i no la que vostès ens imposen. Acabo amb un reconeixement als membres de les meses del País Basc i de Catalunya, a les meses presidides per Juan Mari Atutxa i per Carme Forcadell, perseguits per donar veu a la democràcia. Atutxa i Forcadell van donar veu al poble. Des d’aquí, moltes gràcies per haver-ho fet. Señora presidenta, señorías. Señora Micó, señor Chirivella. Si se trata de restituir el derecho civil valenciano, si se trata de derogar los decretos de nueva planta que terminaron con las instituciones de la nación catalana y con las instituciones del Reino de Valencia, de la Corona de Aragón y del Reino de Mallorca, nos tendrán siempre a su lado. Sobre la propuesta de que Formentera tenga su propio senador, nos ratificamos en lo que dijimos el día de la toma en consideración: es una reivindicación justa que Formentera deje de ser la única isla del Estado sin representación en el Senado. Formentera tiene que poder elegir su propio representante en el Senado separadamente de Ibiza. En primer lugar, hay una legitimidad de la unidad del pueblo de Formentera y sus instituciones; después, hay que reconocer su singularidad territorial. Hay que poner fin a una agrupación artificial de Ibiza con Formentera, superada por la realidad sociológica y poblacional. De hecho, no es la isla menos poblada del Estado, necesita un senador. Hay que equiparar a Formentera con el resto de las Islas Baleares: Mallorca, Menorca e Ibiza. Pero más allá de todo eso, a nosotros, Junts per Catalunya, siempre nos encontrarán escuchando a la gente de los países catalanes; escuchando sus demandas y también intentando darles escucha, defendiendo nuestra lengua, nuestra tierra, nuestra nación. Siempre nos tendréis a vuestro lado. Dicho eso, aunque hoy aprobamos una reforma de la Constitución, hay que decir que eso es lo de menos. Todo queda tapado por el uso político, partidista e instrumental que se ha hecho de esta reforma. Lo tenemos muy claro: lo último que le importa al PSOE es Formentera. Lo único que interesa aquí es poner un hecho en la lista de cosas aprobadas, sin que importe mucho de qué se trata. Eso ofende a los principios democráticos y al principio parlamentario también por el uso partidista, la instrumentalización política del órgano de Gobierno de esta Cámara, la Mesa, dominada por supuesto por los grupos mayoritarios: el Grupo Popular y el Grupo Socialista. El papel de la Mesa, que debería ser, como en todo Parlamento, defender que se hable y que se debata, ha sido, en lugar de facilitar que las enmiendas presentadas se puedan debatir y confrontar, impedir el debate. Decide la mayoría, sí, en el parlamentarismo, pero las minorías tienen derecho a plantear debates. Y eso es lo que ha ocurrido en esta ocasión, que el debate se ha impedido. Se han presentado enmiendas ―como señalaba el diputado Legarda, exactamente igual que ocurre en cada tramitación parlamentaria—, a la propia norma que se debate, y la Mesa del Grupo Popular y del Grupo Socialista, en una exhibición de hipocresía parlamentaria, ha decidido no admitirlas a ese trámite. ¿Por qué? Porque, precisamente, no quieren abrir un debate diferente del teledirigido por el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Mire, nosotros no hemos presentado enmiendas a la presente tramitación, las han presentado el Grupo Vasco y otros grupos. Hemos creído que no era el momento de presentar enmiendas, pero ellos sí lo han estimado así. Si esto es una democracia, tienen todo el derecho a presentarlas, y también tienen todo el derecho a que estas enmiendas se puedan debatir. Si se abre el melón de la reforma de la Constitución, el melón queda abierto, y ustedes no son quienes para decir qué se puede debatir y qué no. Pero, insisto, la Mesa lo ha impedido; se ha saltado el derecho a la iniciativa legislativa y a la enmienda por parte de los representantes de la ciudadanía, todos nosotros, y eso es un fraude democrático, ilegal. El Reglamento de esta Cámara no exige coherencia ni homogeneidad en las enmiendas, no hay ninguna objeción parlamentaria. Es más, es lo que ocurre en cada tramitación legislativa, y con una reforma de la Constitución debería ser exactamente igual, porque las normas que la rigen son las mismas que en la tramitación legislativa. Si reforman el artículo 69, ¿por qué no se puede debatir o discutir el 155? No tiene ningún sentido. Pero ¿recuerdan lo que pasó en diciembre de 2022? Pues que el Grupo Socialista, en la reforma del Código Penal de la sedición, presentó enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar las mayorías del Consejo General del Poder Judicial y elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. En aquel caso, la Mesa no dijo nada, nada en absoluto. Sí lo dijo el Tribunal Constitucional cuando suspendió el trámite legislativo, otro episodio de vergüenza democrática, por cierto, de unos y de otros. En este caso, la Mesa ha decidido impedir un debate legítimo; nos ha quitado el derecho de los que no hemos presentado enmiendas a debatir sobre estos asuntos porque no forman parte de la Constitución. La Mesa ha decidido que no se puede abordar este asunto dentro del Estado español. No se puede hablar tampoco de las Fuerzas Armadas ni de la inviolabilidad del rey, del 155, de las naciones del Estado o de cuestiones electorales. Así que nos han quitado ese derecho a debatir todo eso. Para nosotros es inaceptable, y no es la primera vez. En la última legislatura, la Mesa se arrogó un papel de control de constitucionalidad — como una especie de Tribunal Constitucional, sin regulación que lo justifique— para impedir debatir iniciativas como la reforma del Tribunal de Cuentas, la reforma de la inviolabilidad del rey o la amnistía. ¿Lo recuerdan? La Mesa impidió debatir la amnistía en la pasada legislatura y en esta legislatura la amnistía se ha debatido, se ha aprobado y se ha declarado constitucional. Esta hipocresía democrática con la que el Grupo Popular y el Grupo Socialista instrumentalizan un órgano como la Mesa, especialmente para bloquear cualquier debate que pueda poner en cuestión los principios del régimen del 78, explica el porqué del fracaso democrático de ese régimen del 78. La legalidad española no es la nuestra. Nuestra lucha es precisamente para liberarnos de esta legalidad, que no es, en ningún caso, una legalidad democrática. Lo hicimos en 2017 en el Parlamento de Cataluña, que aprobó las leyes para organizar un referéndum de independencia. El referéndum fue legítimo y no solo lo fue, sino que fue legal también. Se hizo y ganó el sí. Esta es nuestra legalidad y no la que ustedes nos imponen. Acabo con un reconocimiento a los miembros de las Mesas del País Vasco y de Cataluña, las Mesas presididas por Juan María Atutxa y por Carme Forcadell, perseguidos por dar voz a la democracia. Atutxa y Forcadell dieron voz al pueblo. Desde aquí, muchas gracias por haberlo hecho.

Teresa Jordà i Roura ERC

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a tots. Una salutació als representants de les Illes Balears. Diputades i diputats, avui hauríem d’estar parlant d’una cosa molt senzilla. Es parla de tot, de fet, de tot, de coses que potser no venen ni a cuento, deixi’m-ho dir així. Avui hauríem d’estar parlant únicament que Formentera tingui, per fi, un senador o senadora que li correspon, ni més ni menys. Avui, de fet, hauríem d’estar parlant d’una reforma justa, d’una reforma equilibrada, d’una reforma àmpliament compartida, cosa molt important, una reforma que reconeix una realitat territorial que existeix, evident. I és que cada illa pugui tenir veu pròpia a la cambra territorial. I tanmateix, aquí estem, si m’ho permeten, perdent el temps per una esmena — diverses esmenes, però em vull referir ara primer a una, la del Partit Popular— amb una esmena tant absurda com estúpida. De fet, els he de confessar que quan una pensa que ho ha vist tot o quasi tot en política, arriben vostès i amb tota la patxorra del món va i decideixen que el problema d’aquesta reforma no és la representació de Formentera, no és el consens institucional que hi ha darrere, sinó que el problemón és la necessitat de corregir una anomalia democràtica. Doncs mirin, no. El problema és, segons vostès, és que a Eivissa es diu Eivissa. I llavors, quan descobreixen que el problema és que Eivissa es diu Eivissa, va i presenten una esmena perquè hi digui «Ibiza». De debò, senyories del Partit Popular? És a dir, de debò que aquest és el nivell? Doncs mirin, senyories del PP, això no és una qüestió anecdòtica. El que vostès estan fent avui és directament qüestionar el nom d’una illa, un nom reconegut, un nom utilitzat per les institucions i un nom — que això és el més important— estimat per la seva gent. Això és el més important, però sobretot el que estan fent també és una cosa, si m’ho permeten, encara més greu: utilitzar la toponímia com a excusa per intentar torpedinar una reforma que dona veu a Formentera. I això no es pot catalogar de res més que d’indigne. I ara un punt també, de fet, hi perdré poc, perquè els 12 minuts que ha emprat el representant de VOX els obviaré directament. Perquè algú que és capaç de negar que el sol surt cada dia, malgrat que ell i els seus viuen cada dia de cara al sol, deixi’m dir que no mereix que hi perdem ni tan sols un minut. Perquè mirin, si obrim la porta a castellanitzar topònims oficials segons el gust ideològic del moment, doncs potser demà podrem fer el contrari. És un exercici interessant. Imaginin-se per un moment que decidíssim aplicar el mateix criteri però a l’inrevés. Aleshores potser hauríem de començar per parlar a veure Saragossa de l’Ebre, en comptes de Zaragoza. Sona bé, eh? Aquesta mola molt: Nova York del Manzanares per referir-nos a la capital del Reino. No sé què li semblaria la senyora Ayuso. Sant Jaume de Compostel·la — amb ela geminada— o per exemple, Vall d’Olit, que sona prou catalanitzat, Vall d’Olit amb de, apòstrof — això, el dia que vulguin els hi expliquem, què vol dir un de, apòstrof— o Burgos de la Plana o Múrcia de Segura. És a dir, és absurd, oi? Oi que és absurd, eh que és ridícul? Doncs bé, això és exactament el que vostès estan fent amb Eivissa. Els topònims oficials no són un caprici ideològic, senyories, són ni més ni menys que el resultat de la història, que el resultat d’una llengua, i sí, que el resultat legal vigent. Així de clar, així de simple i així de diàfan. I sí, l’illa es diu Eivissa, no perquè ho digui un partit polític, no perquè ho digui Esquerra Republicana, sinó perquè ho diu la llei, però sobretot ho diu la gent que hi viu i la gent que coneix i estima l’illa. També així de simple. I el més sorprenent de tot plegat és que tota aquesta polèmica la provoquen mentre diuen defensar les Illes Balears. De veritat? Defensar les Illes Balears és respectar-les, també lingüísticament, també lingüísticament, senyor Campos. Defensar les Illes és escoltar les seves institucions. Defensar les illes és no convertir el nom d’una illa en una arma política de baixa estofa. I sobretot, defensar les illes no és bloquejar una reforma que beneficia directament l’illa en qüestió, Formentera. Perquè aquí hi ha una qüestió de fons. Aquesta reforma no és una reivindicació de cap partit polític concret. Hi torno, és la reivindicació d’un territori. Formentera és l’única illa habitada de les Balears que no té representació pròpia al Senat avui, i això és una anomalia que s’ha de corregir ja. Per això sorprèn tant que, en lloc de sumar-se a la reforma sensata — veurem què acaba fent el Partit Popular, no?— el PP prefereix dedicar els seus esforços, acompanyats de VOX, en una batalla toponímica, artificial i de baixa volada. Una batalla que no interessa ningú a Formentera, senyories, ni a Eivissa. De fet, no interessa a cap ciutadà que tingui problemes reals a la seva vida. És a dir, que en l’últim minut que em queda, mirin, és un consell. Deixin de fer el pena. El que haurien de fer i encara tenen temps — bé, no ho sé, això potser ja no, presidenta— és retirar aquesta esmena. Si realment creuen en la representació territorial, votin a favor d’aquesta reforma i si realment volen defensar les Illes Balears, comencin per una cosa molt bàsica, que és defensar-ne el nom, el nom de les illes. Així de bàsic, així de simple, perquè la política pot tenir discrepàncies i les té — la prova és aquest hemicicle— però el que no hauria de tenir mai la política és aquest baix nivell de frivolitat. Formentera mereix el seu senador i Eivissa mereix, com a mínim, que no li canviïn el nom i que ho facin des del carrer Génova de Nova York de Manzanares, senyories. I els últims cinc segons dedicats al senyor Campos: visca els Països Catalans! Res més. Moltes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Quisiera también saludar a los diputados de las Illes Baleares. Hoy hablamos de muchas cosas; se habla, de hecho, de todo, de cosas que ni siquiera vienen a cuento ―déjenme decirlo así―. Hoy tendríamos que estar hablando solo de que Formentera tenga por fin un senador o una senadora que le corresponde, ni más ni menos. Hoy, de hecho, tendríamos que estar hablando de una reforma justa, de una reforma equilibrada, de una reforma ampliamente compartida, que es algo muy importante; una reforma que reconoce una realidad territorial que existe — evidente—, y es que cada isla pueda tener voz propia en la Cámara territorial. Aun así, aquí estamos ―si me lo permiten, ¿eh?―, perdiendo el tiempo por una enmienda ―varias enmiendas, pero me voy a referir concretamente a una― del Grupo Popular; una enmienda tan absurda como estúpida. De hecho, debo confesarles que cuando una cree que ya lo ha visto todo o casi todo en política, llegan ustedes y, con toda la pachorra del mundo, van y deciden que el problema de esta reforma no es la representación de Formentera, no es el consenso institucional que hay detrás de eso, sino que el problemón es la necesidad de corregir una anomalía democrática. Pues miren, no. El problema, según ustedes, es que Eivissa se llama Ibiza. Y, entonces, cuando descubren que el problema es que Eivissa se llama Ibiza, hacen una enmienda para que se llame Ibiza, no Eivissa. ¿De verdad, señorías del Grupo Popular, ese es el nivel? Pues miren, señorías del Grupo Popular, esa no es una cuestión anecdótica; lo que ustedes están haciendo hoy aquí es directamente cuestionar el nombre de una isla, un nombre reconocido, un nombre utilizado por las instituciones y un nombre ―que eso es lo más importante― que su gente quiere, que su gente estima. Además, es que es una cosa, si me permiten, aún más grave: utilizan la toponimia como excusa para intentar torpedear una reforma que da voz a Formentera, y eso no se puede catalogar de nada más que de algo indigno. Y ahora paso a un punto en el que voy a perder poco, porque los doce minutos que ha utilizado el representante de VOX los voy a obviar directamente, ya que alguien que es capaz de negar que el sol sale cada día a pesar de que ellos viven cada día de cara al sol no merece que perdamos ni tan solo un minuto. Porque, miren, si abrimos la puerta a castellanizar topónimos según el uso ideológico del momento, quizás mañana podríamos hacer lo contrario. Es un ejercicio interesante. Imagínense que por un momento decidiéramos aplicar el mismo criterio pero al revés. Entonces, quizás tendríamos que empezar a hablar de Saragossa de l’Ebre en lugar de Zaragoza ―suena bien, ¿eh?―. Y esta mola mucho: Nueva York del Manzanares para referirnos a la capital del reino ―no sé qué le parecería a la señora Ayuso—. Sant Jaume de Compostel·la, con ele geminada. O, por ejemplo, Vall D’olid, que suena bastante catalanizado, y con apóstrofe; o Murcia de Segura. ¿Verdad que es absurdo? ¿A que es ridículo? Pues eso es exactamente lo que están haciendo ustedes con Ibiza. Los topónimos oficiales no son un capricho ideológico, señorías; son ni más ni menos que el resultado de la historia, el resultado de una lengua. Y, sí, son el resultado legal vigente; así de claro, así de simple y así de diáfano. Y sí, la isla se llama Eivissa, y no porque lo diga un partido político, no porque lo diga Esquerra Republicana, sino porque lo dice la ley, pero, sobre todo, lo dice la gente que vive allí, la gente que conoce y que quiere a la isla. Lo que más me sorprende de todo esto es que toda esta polémica la promueven mientras dicen que están defendiendo las Islas Baleares, ¿de verdad? Defender las Islas Baleares es respetarlas, y también lingüísticamente, señor Campos, también lingüísticamente. Defender las islas es respetar y reconocer sus instituciones, defender las islas es no convertir el nombre de una isla en un arma política de baja estofa. Y, sobre todo, defender las islas no es bloquear una reforma que beneficia directamente a esa isla en cuestión, Formentera. Porque aquí hay una cuestión de fondo, esta reforma no es una reivindicación de ningún partido político concreto ―vuelvo a ello―, es la reivindicación de un territorio. Formentera es la única isla habitada de las Baleares que no tiene representación propia en el Senado hoy en día, y eso es una anomalía que hay que corregir ya. Por eso sorprende tanto que, en lugar de sumarse a la reforma sensata, el Grupo Popular prefiera dedicar sus esfuerzos, acompañado de VOX, en una batalla toponímica artificial y de bajo calado. Eso no afecta a nadie, ni a Ibiza. De hecho, no afecta a ningún ciudadano que tenga problemas reales en su vida. Es decir, en este último minuto que me queda, les doy un consejo. Dejen de dar pena. Lo que tendrían que hacer —aún están a tiempo; bueno, quizás ahora ya no, presidenta— es retirar esta enmienda. Si realmente creen en la representación territorial, voten a favor de esta reforma. Y si realmente quieren defender les Illes Balears, las Islas Baleares, defiendan el nombre, empiecen por ahí. Defiendan el nombre de las islas, es así de simple y así de básico, porque la política puede tener discrepancias, y las tiene ―la prueba es este hemiciclo―, pero lo que no debería tener nunca la política es este nivel tan bajo de frivolidad. Formentera merece su senador e Ibiza merece, como mínimo, que no le cambien el nombre y que no lo hagan desde el carrer Génova, de Nueva York del Manzanares. Los últimos segundos se los voy a dedicar al señor Campos: Viva los países catalanes. Muchas gracias. .

Vicenç Vidal Matas SUMAR

Gràcies, presidenta. Benvinguts a tots els representants de Formentera, del poble de Formentera que avui estan aquí presents i demanant-li disculpes per l’espectacle que estan vivint. I si em permeten també especialment al senador Juanjo i a la futura senadora Neus, que espera que passin a la història com els darrers diputats senadors que representaren l’illa de Formentera i l’illa d’Eivissa de forma conjunta. Després de les intervencions que hi ha hagut avui, hauré de fer dues prèvies. Avui vostès han vist el senyor Campos de VOX molt nerviós i jo els explicaré el motiu. S’ha firmat la resolució que diu que la Feixina és un element contrari a la memòria històrica i que, per tant, ha de ser tombada. Senyor Campos, que hi feia els seus actes en aquest monument al vaixell Baleares, que va fer assassinar a moltíssima gent, com per exemple a la desbandada, avui està trist perquè aquest monument es tombarà. Entenguin el seu malestar. I una segona prèvia. PP i VOX sempre empleen el conflicte lingüístic. PP i VOX sempre la seva moneda de canvi és atacar la llengua. I això a les Illes Balears ens hi tenen acostumats. Quan han de pactar qualsevol cosa, qui rep? La llengua, el català, la llengua pròpia de les Illes Balears. Vostès l’han atacada constantment durant aquest govern de na Marga Prohens. Han atacat la llengua catalana utilitzada a la sanitat, la llengua catalana utilitzada a l’educació, la llengua catalana utilitzada a la cultura, la llengua catalana utilitzada als serveis públics. Per què tant d’autoodi a la nostra llengua? I nosaltres la defensarem, la reivindicarem, en farem ús i en farem ús a les institucions, a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. En farem ús aquí a Madrid — encara que els hi piqui— i en farem ús especialment als carrers, perquè una llengua viva és aquella que es parla a tots els carrers. I la seguirem parlant i la reivindicarem amb alegria, com faran els joves de Mallorca per la Llengua aquest abril a l’Acampallengua de Manacor, on els convid a assistir a tots vostès. I també com es farà en el Correllengua agermanat, que recorrerà aquest abril tots els Països Catalans per reivindicar la unitat de la llengua catalana i perquè no farem cap pas enrere en aquest sentit. I sí, avui toca xerrar de Formentera, de l’important, de que tengui la seva representació. I ja ho dic, sigui quin sigui el resultat del debat d’avui, noltros votarem que sí, que sí a Formentera, sí a que tenguin més representació, sí que tenguin més democràcia, sí a una veu pròpia, sí a què es parli de la triple insularitat, sí a que s’acabi amb una discriminació injusta cap a un poble, sí a que tenguin un pes polític que els fa falta. Perquè cal que estiguin representats. Cal que puguin defensar el seu model turístic. Cal que puguin defensar la seva visió de protecció del medi ambient. Cal que puguin reivindicar els serveis públics. Cal que puguin reivindicar el cost de vida que suposa viure a Formentera. I ho han de fer en primera persona, sent protagonistes, parlant ells directament. I ho han de fer perquè aquí a Madrid — i no em refereixo a Madrid geogràfic— al Madrid polític entenguin que Formentera existeix i perquè al Madrid polític s’entén que Formentera existeix, han de tenir el senador o la senadora. I també sí, perquè no va en contra de ningú aquesta petició, perquè a Eivissa també es veurà beneficiada tenint un senador propi amb exclusivitat. Per tant, també a Eivissa hi guanyarà. Sí, perquè és una feina comuna. És una feina que hem fet entre tots, societat civil, entitats. Ho hem fet diferents partits polítics. No és de ningú, és de tots. Tots hi hem estat d’acord i tots ho hem treballat. Noltros ho hem demanat en el Senat, en el Parlament de les Illes Balears. Hem presentat inclús una esmena aquí a la reforma de la Constitució per a persones amb discapacitat que es tingués en compte. Però no és sols el nostre partit polític que ho ha defensat. Tots ho han fet possible, tots hem portat el nostre gra d’arena i, per tant, cal ara no fallar. I dic que sí per respecte, i el més important, un sí per respecte a la gent de Formentera, per respecte a les seves institucions, al que era l’Ajuntament en el seu moment, al que és el Consell de Formentera actualment que ho ha demanat, per respecte al Parlament de les Illes Balears, que ho ha dit en dues ocasions per majories absolutes o per unanimitat. Sí, perquè el consens ha estat possible. I el Partit Popular ha cercat excuses per rompre aquest consens. I ja ho han fet en diverses ocasions. Varen dir sí a les Illes Balears i, fins ara, ens han dit abstenció aquí a Madrid. Però avui no val. Avui necessitam tres quints perquè tiri endavant. Avui l’abstenció no és una opció. Avui, senyors del Partit Popular, han de dir sí a Formentera. Si no, els nombres no surten. Els han traït en tres ocasions, perquè per a vostès l’admissió a tràmit varen enviar una diputada, però no era important. Es van abstindre. No volien el debat. Després ens demanaren que no féssim esmenes i nosaltres hem complit. Tot i que volgués reformar molts la Constitució, no hem presentat esmenes per respecte a aquest procés, per facilitar, per arribar a acords. I vostès n’han presentat. I tres, en la tramitació, digueren que fos ràpida i nosaltres hi estigueren d’acord i vostès s’han abstengut. PP potser cerca excuses amb el conflicte lingüístic per aliar-se amb VOX i votar el mateix. Serà aquesta la quarta traïció que faran al poble de Formentera? Esper que no sigui així. S’ha debatut molt damunt la toponímia i, com bé deien els companys que m’han precedit, no és el debat d’avui la toponímia d’Eivissa. A Eivissa, fem el debat que fem, aquí és Eivissa. La toponímia reconeguda en el marc legal, amb lleis que ha fet el Partit Popular. La primera Llei de Consells Insulars del 1989 ja diu el Consell d’Eivissa. La Llei de normalització lingüística, que diu que en els nostres topònims han de ser en català. Totes les lleis que vostès, el Partit Popular ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears o al BOE parlen també d’Eivissa. Quin és el problema? No hi ha cap debat. Vostès han anat a cercar aquest debat per no afrontar el fons, per una excusa i nosaltres no volem caure en aquest parany. El PP ha de respondre una pregunta senzilla: vol o no vol que Formentera pugui triar un senador o senadora? O el que vol és cercar una excusa per votar el mateix que VOX. Això és el que vostès han de decidir. Jo els hi deman una qüestió senzilla: no fallin al poble de Formentera, votin que sí a aquesta reforma constitucional que el Parlament de les Illes Balears ens ha dit sí. Votin sí a Formentera i no li faltin al respecte, com ha fet el diputat de VOX. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Bienvenidos todos los representantes de Formentera, del pueblo formenterense, que están hoy presentes aquí y les pido disculpas por el espectáculo que están viviendo. Si me permiten, también al senador Juanjo y a la futura senadora Neus, espero que pasen a la historia como los últimos senadores que representaron a las islas de Formentera e Ibiza de forma conjunta. Después de las intervenciones que ha habido hoy, querría hacer dos previas. Señor Campos, de VOX, hoy le hemos visto muy nervioso, y les diré por qué. Se ha firmado la resolución que dice que tiene que defenderse la ley, una resolución a favor de la memoria histórica, y también de los asesinados, la desbandada en Baleares. Hoy ustedes están tristes porque ese monumento que había se va a tumbar. Entendemos su malestar. Otra segunda previa. El PP y VOX se enredan en el conflicto lingüístico siempre; PP y VOX siempre tienen como moneda de cambio atacar la lengua. Nos tienen acostumbrados en Baleares. Cuando tienen que bloquear cualquier cosa, atacan la lengua propia de las islas Baleares, el catalán. Ustedes la han atacado constantemente durante este Gobierno de Marga Prohens. Han atacado la lengua catalana, que se utiliza en la sanidad, en la educación, en la cultura, en los servicios públicos. ¿Por qué tanto odio hacia nuestra lengua? Nosotros la defenderemos, la reivindicaremos, la utilizaremos y lo haremos en las instituciones en Mallorca, en Menorca, en Ibiza y en Fomentera. La utilizaremos aquí en Madrid, aunque les pique, y la utilizaremos en las calles, porque una lengua viva es la que se habla en todas las calles. Seguiremos hablándola y la reivindicaremos con alegría con los jóvenes de Mallorca. Es la lengua de Manacor, les invito a asistir allí. También con el Correllengua Hermanado, en abril, en todos los países que comparten la lengua catalana. Que no se dé ningún paso atrás en este sentido. Y sí, hoy hay que hablar de Fomentera, de lo importante, de que tenga su representación. Ya lo digo, sea cual sea el resultado del debate de hoy, nosotros votaremos a favor. Sí a Fomentera; sí a que tenga más representación; sí a que tengan más democracia; sí a una voz propia; sí a que se hable de la seguridad; sí a que se acabe con una discriminación injusta hacia un pueblo; sí a que tengan un peso político, que les hace falta porque tienen que estar representados, tienen que poder defender su modelo turístico, tienen que poder defender su visión de protección del medio ambiente. Que puedan defender los servicios públicos, y también lo relativo al coste de vida que supone vivir en Formentera, y lo tienen que hacer en primera persona, siendo protagonistas, hablando ellos directamente. Lo tienen que hacer para que aquí, en Madrid — y no me refiero al Madrid geográfico, sino al político—, se entienda que Formentera existe, y para que el Madrid político se entere de que Formentera existe tienen que tener un senador o senadora. Y también sí porque esta petición no va en contra de nadie, porque Ibiza también se verá beneficiada con un senador propio. Por tanto, Ibiza también saldrá ganando. Sí porque es una tarea común que hemos hecho entre todos: sociedad civil, entidades, diferentes partidos políticos. Es algo de todos, todos hemos estado de acuerdo. Lo hemos pedido en el Senado, en el Parlamento de las Islas Baleares, incluso hemos presentado una enmienda aquí para la reforma de la Constitución, pero no solo nuestro partido político ha defendido esto, todos lo hemos hecho posible, todos hemos aportado nuestro grano de arena. También se trata de un sí de respeto a la gente de Formentera, a sus instituciones, al ayuntamiento en su momento, al Consejo de Formentera actualmente, por respeto al Parlamento de las Islas Baleares, que en dos ocasiones, por mayoría absoluta, ha respaldado esta iniciativa porque el consenso ha sido posible, y el Partido Popular todavía plantea excusas para salirse de ese consenso. Dijeron que sí en las Islas Baleares y ahora nos dicen que abstención aquí, en Madrid. Pero hoy no vale. Hoy necesitamos tres quintos para que esto salga adelante, la abstención no es una opción hoy. Hoy, señores del Grupo Popular, tienen que decir sí a Formentera. Si no, los números no salen. Nos han traicionado en tres ocasiones, porque en la admisión a trámite mandaron a una diputada, no les parecía importante, no querían el debate. Después, nos pidieron que no planteáramos enmiendas, y nosotros hemos cumplido. Aunque querríamos reformar mucho de la Constitución, no hemos presentado enmiendas para respetar este proceso, para facilitar y llegar a acuerdos, y ustedes sí han presentado. Y, tres, respecto a la tramitación dijeron que rápida. Nosotros de acuerdo, pero ustedes se han abstenido. El PP se enreda en excusas con el conflicto lingüístico para aliarse con VOX y votar lo mismo. ¿Será esta la cuarta traición que harán al pueblo de Formentera? Espero que no. Se ha debatido mucho sobre la toponimia y, como dicen los compañeros que me han precedido, ese no es el debate. Hoy, la toponimia de Ibiza es esa. Tenemos una toponimia reconocida en el marco legal. La Ley de Consejos Insulares de 1989 ya decía consell de Eivissa y la hizo el Partido Popular. También en la Ley de Normalización Lingüística. Todas las leyes que ustedes han publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares hablan de Eivissa. ¿Cuál es el problema? No hay debate. Ustedes sacan este debate para no ir al fondo, para poner excusas, y nosotros no podemos caer en esa trampa. El PP tiene que responder a algo sencillo: ¿quiere o no que Formentera pueda elegir a un senador o senadora? ¿O lo que quieren es dar excusas para votar lo mismo que VOX? Eso es lo que ustedes tienen que decidir hoy, y yo les planteo una cuestión sencilla: no traicionen al pueblo de Formentera. Voten que sí a esta iniciativa, que el Parlamento de Baleares ya ha dicho que sí. Voten que sí a Formentera y no falten al respeto y hagan lo que han hecho los diputados de VOX. Muchas gracias. .

Milena Herrera García PSIB-PSOE

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyories. Voldria, en primer lloc, sumar-me a la salutació i la calorosa benvinguda als representants de Formentera i del Consell Insular que avui ens acompanyen. La veritat és que l’ocasió bé ho mereix. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Querría, en primer lugar, sumarme a los saludos y a la calurosa bienvenida a los representantes de Formentera y del Consell Insular que nos acompañan hoy. La ocasión bien lo merece. . Hoy, casi dos décadas después de que empezara el debate sobre la representación de Formentera en el Senado, de que comenzara el trabajo para lograr un amplio consenso social y político, ha llegado el día de tomar una decisión. Hoy ya no vale ponerse de perfil o abstenerse, estamos ante una reforma constitucional y, por tanto, su viabilidad requiere del voto favorable de tres quintas partes de este hemiciclo. Por ello, quisiera dar las gracias a los grupos parlamentarios que, sin haber sido partícipes de los acuerdos adoptados en Baleares, hoy votarán a favor de este avance democrático. Como ya se ha dicho tanto en esta sesión como en el debate de toma en consideración, estamos ante una reforma constitucional que corrige una anomalía democrática porque garantiza a Formentera los mismos derechos que al resto de las islas del Estado. . Y si hoy estamos aquí, es por la unanimidad que este tema ha suscitado a lo largo del tiempo, una unanimidad solo rota últimamente por la ultraderecha. Por ello, no nos sorprende la enmienda presentada por VOX, aunque sí lo hace la presentada por el Grupo Popular. En realidad, ambas pretenden, de diferentes maneras, dar al traste con el propósito de que Formentera consiga la representación directa que le corresponde en el Senado. La enmienda de VOX se descalifica por sí misma. Consiste en tachar todas y cada una de las líneas de la exposición de motivos y del texto propositivo negociado y consensuado por las fuerzas políticas de las islas. Su escaso hilo argumental está basado en el odio a la lengua propia de les Illes Balears , en esa mirada uniformizadora de España que les caracteriza y que les hace cuestionar incluso la existencia del propio Consell Insular de Formentera. Miri, jo els convid a que vagin a Formentera i parlin amb els formenterers i formenterers i els hi demanin si pensen que viuran millor tornant a dependre de les decisions que es prenguin a Eivissa o que es prenguin inclús a Mallorca. A veure, a veure què els hi diuen. Miren, les invito a que vayan a Formentera, hablen con los formenterenses y las formenterensas y les pregunten si volverán a vivir mejor con esa toma de decisiones en Ibiza o incluso en Mallorca. A ver qué les dicen. Y, señor Campos, no me hable usted de altura de miras para reformar la Constitución cuando ustedes ni siquiera tuvieron altura de miras para recoger la expresión «personas con discapacidad». ¡Qué menos! . Vamos con la enmienda del Grupo Popular, que es, en nuestra opinión, especialmente grave no ya por su contenido ―que también―, sino porque su mera presentación dinamita el pacto político que nos había traído hasta aquí. ¡Ese es el valor de su palabra! Pretenden justificar como una mejora técnica un texto que en realidad revela sus enormes complejos hacia nuestra lengua y, sobre todo, su enorme dependencia de VOX, porque, llegados a este punto, nos plantean que para seguir adelante es imprescindible cambiar el topónimo Eivissa por Ibiza. Por coherencia, dicen. Bien, vamos a analizar, aunque sea rápidamente, esa coherencia. . Esta es la fachada de la máxima institución de autogobierno de la isla. Se lee bien, ¿verdad?: Consell d’Eivissa. ¿Es coherente con su enmienda, en la que defienden el topónimo Ibiza? Vamos con otra muestra de su coherencia. . Miren, si no me equivoco, esta imagen corresponde al último congreso del Partido Popular. ¿Se reconoce usted, señor Marí? . Aquí pone Eivissa, ¿verdad? Se vuelve a leer bien claro. Coherencia, lo llaman ustedes. . Miren, si es que incluso cuando traen ustedes al señor Feijóo a la isla, le ponen detrás un cartel bien grande que pone Eivissa. . ¿Necesitan más ejemplos de su falta de coherencia? No tengo mucho tiempo más, pero miren (muestra un documento), se lo traigo en pequeño, pero se lo puedo dar en mano: la circunscripción electoral del Senado, que dice claramente Eivissa i Formentera. . Señorías del PP, expliquen con qué coherencia defienden aquí el topónimo en castellano mientras que en Baleares dicen que es una línea roja. En realidad, lo único cierto es que con esta enmienda han intentado embarrar esta reforma constitucional y, como sus acusaciones al PSOE por las supuestas enmiendas fantasma que íbamos a presentar han caído por su propio peso, se han inventado ―ustedes sí― esta enmienda. Miren que tuvimos tiempo de haber debatido esto en Baleares, pero curiosamente no se les ocurrió, solo se les ha ocurrido cuando estamos aquí, a punto de llegar a la hora de la verdad. Déjense de excusas. Entiendo que están ustedes tremendamente incómodos tramitando una reforma constitucional porque su cerrazón les impide llegar a acuerdos con el Grupo Socialista. Han surfeado ustedes como han podido a lo largo de los últimos meses y han pasado de acusar injustamente a la presidenta Armengol de ser la culpable de que no se tramitara esta reforma constitucional a no poder ni siquiera defender su abstención en la última sesión plenaria. ¡Mire que se le han hecho largos los doce minutos del debate del día de hoy! . Así que la pregunta es si están dispuestos a dinamitar el acuerdo forjado en Baleares. Y lo más grave es que intentan cargar sobre las espaldas de los ibicencos y de las ibicencas, al abrir este debate sobre nuestro topónimo, la responsabilidad de que Formentera pueda quedarse sin esa representación directa en el Senado. Ya les adelanto que no les va a salir bien esta maniobra, nosotros no vamos a entrar en su juego. Si hoy no se consigue la mayoría suficiente, al pueblo de Formentera y a todo Baleares les va a quedar más que claro que ha sido exclusivamente por la deslealtad y la falta de palabra del Partido Popular. . Hasta el momento no han estado a la altura, señorías del PP, pero aún están a tiempo de corregirse. Eso sí, ya no cabe nadar y guardar la ropa, hoy solo vale el voto a favor. El Grupo Parlamentario Socialista ―y lo reitero por tercera vez en este proceso― votará sí a la reforma constitucional para darle a Formentera la voz que merece. Señorías, nunca habíamos estado tan cerca, nunca habíamos llegado tan lejos. Apelo a su responsabilidad, a la altura de miras que no debieron perder en las últimas semanas. Los socialistas estamos aquí y nuestro voto no va a poner en peligro el senador por Formentera. Dicen ustedes que su enmienda es un matiz. Si era un matiz, bastaba con no presentarla. Pero, les digo, nos vamos a abstener, porque no vamos a permitir que ese sea el precio para que Formentera quede sin senador. . Cumplamos todos y todas con nuestro compromiso, con la palabra dada, aunque les cueste, señorías del Grupo Popular. Mejoremos la representatividad de nuestros territorios insulares y seamos justos con Formentera. Muchas gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Gracias, presidenta. Hoy volvemos a este debate con una posición de nuestro grupo que ha sido clara, coherente, contundente y, si me permiten decirlo, profundamente honesta durante todo este tiempo. No hemos participado en la elaboración de la ley ni en sus trámites y, evidentemente, ahora tampoco vamos a votar a favor de las enmiendas del Senado. Nos vamos a oponer cada vez que tengamos la oportunidad. Lo hicimos durante toda su tramitación, como digo, lo reiteramos hoy ante las enmiendas del Senado y lo seguiremos haciendo mientras este texto represente lo que representa: un giro reaccionario en la política criminal. Porque aquí hay algo que conviene decir sin ningún rodeo y es el hecho de que Junts per Catalunya haya insistido tantísimo en esta ley, presentándola como una pieza clave en su disputa de poder con Aliança Catalana. Eso nos da muchas pistas sobre la intencionalidad que hay detrás de esta ley. Cuando el marco de la discusión lo marca la extrema derecha, cuando el terreno de juego es el del miedo, el de la xenofobia y el del señalamiento, el resultado solo puede ser una cosa: más regresión en derechos y más degradación democrática. Señorías, esta ley no nace para resolver problemas reales de seguridad, para nada, nace para alimentar relatos racistas, xenófobos, para competir con la extrema derecha en su propio terreno y para ver quién promete más mano dura contra los de abajo, y en esa competición siempre pagan los mismos y las mismas. Lo que aquí se está construyendo es un derecho penal selectivo, es un derecho penal que persigue con dureza al pequeño delito, al robagallinas, al que no tiene nada y al que está en los márgenes, pero que, por supuesto ―y eso lo sabemos perfectamente―, mira hacia otro lado cuando se trata de los verdaderos multirreincidentes de guante blanco y corbata. ¿Dónde está la urgencia legislativa para combatir la corrupción sistemática?, les pregunto yo, señorías de esta Cámara. ¿Dónde está el endurecimiento penal para quienes han saqueado lo público durante décadas? ¿Dónde está, señorías? Están hoy un poco dispersos y nadie me va a contestar a esto. Hablemos claro, señorías. Ahí está la trama Gürtel, que es una red corrupta vinculada al Partido Popular que ha funcionado durante años saqueando nuestro dinero público. Ahí está la multirreincidencia de Ayuso, beneficiando siempre a sus familiares. Ahí están los papeles de Luis Bárcenas sobre una contabilidad paralela. Ahí están también los escándalos que afectan a los dirigentes de VOX, con una financiación opaca, sobresueldos, sanciones reiterativas y reincidentes del Tribunal de Cuentas y vínculos con intereses extranjeros. De verdad, ¿ustedes no van a hacer nada en esta Cámara contra los verdaderos multirreincidentes? Porque hemos soportado cómo nos han robado millones de euros de nuestro erario público, cómo han deteriorado nuestras instituciones y, por supuesto, cómo han precarizado la vida de la gente, porque ustedes apuestan por la austeridad, pero solamente para la clase trabajadora. Sin embargo, para vosotros y vosotras, para vuestros partidos políticos, ahí calladitos. Eso sí, cuando hay que votar la subida del SMI, por supuesto que no votan a favor aunque ustedes estén cobrando sobresueldos. Eso es lo que ponen ustedes por delante. Ustedes aluden siempre a que en la calle la gente reclama ―y eso lo hacen para amparar su racismo, por supuesto― que se condene la multirreincidencia. Pero ¿saben lo que la gente también pide en la calle? ¿Lo saben? Si no lo saben es porque hacen oídos sordos, pero piden que no salga ni un político de prisión hasta que no devuelva a las arcas públicas todo el dinero robado, hasta el último céntimo. Eso lo está pidiendo la gente en la calle. Se lo he escuchado a centenares de personas, pero a ustedes no les interesa; contra eso, contra la corrupción, no son en absoluto contundentes. Desde luego, aquí se va a prisión, pero no se devuelve ni un duro a las arcas públicas. Contra eso no se construyen relatos de alarma social, aunque nos arruinen y se queden con nuestro dinero; contra eso no se legisla con tanta urgencia. Esa doble vara de medir es profundamente indecente, porque mientras ustedes endurecen las penas para delitos menores, mientras agravan situaciones de exclusión, mientras señalan a personas migrantes, están dejando absolutamente intactos los mecanismos que permiten a los grandes corruptos seguir operando con bastante impunidad. Eso no es justicia, eso se llama clasismo punitivo, señores de Junts, señores del Grupo Popular y señorías de VOX. Señorías, la seguridad no se construye criminalizando la pobreza, ni tampoco alimentando el racismo. La seguridad se construye garantizando derechos, se construye con políticas públicas que aseguren la vivienda, el empleo y la educación pública y se construye atacando las desigualdades, no profundizándolas como están haciendo ustedes con estas enmiendas y con esta ley. Lo que hacen con la ley y con estas enmiendas del Senado que nos traen hoy es, una vez más, justo lo contrario: consolidar un modelo que castiga la vulnerabilidad y que protege los privilegios, como siempre. Por eso, lo decimos con toda claridad: no vamos a ser cómplices de esta deriva, señorías de Junts. Nosotros no vamos a participar en esta competición por ver quién se parece más a la extrema derecha. Nosotras no. No vamos a legitimar un discurso que convierte a los más débiles en los chivos expiatorios de siempre. Hoy vamos a votar en contra de las enmiendas del Senado y lo vamos a hacer defendiendo una idea muy simple, pero profundamente democrática: que la ley debe ser igual para todos y todas. También para los poderosos. También para las poderosas. Una sociedad más segura no es la que más castiga, sino la que más cuida. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. Eguerdi on guztioi. Señorías, debatimos las enmiendas introducidas en el Senado al texto remitido por esta Cámara sobre la proposición de ley orgánica en materia de multirreincidencia por la que se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya adelantamos desde este momento inicial que nuestro grupo no apoyará, como tampoco lo hizo en el Senado y, como allí se dijo, por una razón muy sencilla, porque no se ha buscado nuestro apoyo ni en el Senado ni ahora en esta Cámara, rompiendo además el amplio consenso habido en esta Cámara respecto al texto remitido al Senado. Un consenso que tampoco, obviamente, pretendemos cincelado en piedra si se hubiera requerido nuestro apoyo para realizar modificaciones y, a nuestro juicio, hubieran sido atendibles. Sin embargo, señorías, no ha sido así. No se ha trabajado un nuevo consenso y, por tanto, no podemos apoyar las enmiendas remitidas por el Senado, sin perjuicio de que mantengamos nuestro apoyo activo, como también lo hemos hecho en el pasado, para reformar la legislación penal sustantiva y procesal respecto a autores reiterados de hurtos y estafas, donde estas últimas tienen un crecimiento exponencial a través de las redes y sistemas de información, a través del cibercrimen, afectando singularmente, como ya hemos dicho en esta Cámara, a ámbitos merecedores de la máxima protección, como las personas mayores y otras vulnerables, e incluso modificaciones para establecer, como así se hizo en esta Cámara, nuevos tipos agravados para el hurto de la telefonía móvil o de productos, herramientas y materiales de explotaciones agrarias y ganaderas. Señorías, como ya hemos manifestado ante este Pleno, para el Partido Nacionalista Vasco la seguridad es un aspecto fundamental para preservar el bienestar y el progreso de cualquier sociedad, la estabilidad y la confianza en las instituciones. Los comportamientos delictivos reiterados por algunas personas, cuando no tienen una respuesta efectiva e institucional, erosionan la percepción de seguridad en la ciudadanía; a su vez, generan desánimo en las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando ven que su trabajo deteniendo a los infractores no tiene consecuencias reales, y producen, además, graves daños en la actividad económica y comercial y honda preocupación en los regidores locales de aquellos municipios singularmente más afectados por esta tipología delictiva que tensiona la convivencia y la seguridad vecinal, sin que la respuesta a esta situación pueda transgredir en ningún caso un adecuado escalonamiento de las penas, respetuoso tanto con el principio de proporcionalidad como con la distinta gravedad de los delitos que concurran en el historial del infractor, tal y como viene reclamando el Supremo. En fin, señorías ―y voy finalizando, presidenta―, nuestro grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco mantiene el apoyo activo a dar adecuada respuesta penal a aquellas conductas delictivas reiteradas contra el patrimonio para las que hasta ahora la pena de multa resulta ineficaz y propicia una impunidad efectiva para buena parte de las personas multirreincidentes de hurtos y estafas sin olvidar, por supuesto ―y como ya viene señalando nuestro grupo ante esta Cámara y en distintos plenos―, que esta problemática necesita otras medidas sociales que acompañen a las medidas punitivas. Las unas y las otras constituyen en algunos casos ―repito, en algunos casos, que no en todos ni mucho menos― las dos caras de la misma respuesta. Nada más y muchas gracias.

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bon dia a tothom. 510 000 delictes cada any a Catalunya. Segons els Mossos, quatre de cada deu són furts; 15 270 detinguts, més de 1000 ho han estat entre quatre i sis vegades i més de 600, més de set vegades. La multireincidència s’ha multiplicat. No és un fet puntual, és conseqüència d’un sistema que no funciona. I, davant d’aquesta realitat, alguns de vostès es troben molt més còmodes qüestionant els qui actuem que no pas afrontant el que passa cada dia als nostres carrers. Aquesta llei és necessària, perquè la realitat no desapareix per molt que alguns de vostès decideixin ignorar-la. Aquesta no és una llei improvisada. S’ha treballat amb magistrats, fiscals, advocats i policies, amb el món local, col·legis professionals i associacions. A més, tots vostès saben que ha estat avalada per la Comissió contra la Multireincidència del Consell de l’Advocacia de Catalunya i això no és menor. És la millor garantia que es tracta d’una norma rigorosa, ponderosa i respectuosa amb els drets fonamentals. Però malgrat això, alguns prefereixen desacreditar-la, no rebatent el seu articulat ni millorant-la, directament desacreditant-la, que si feia tuf racista, «tufillo racista» en castellà com parla sempre, deia el senyor Rufián. Avui no hi és, no m’hi puc dirigir. Però una llei que consideren racista i no la votaran en contra? Una llei que consideren racista i no la votaran en contra? Nosaltres no ho faríem. Que si era d’extrema dreta, veritat? Tampoc hi és, el senyor Iñarritu, ens ho va dir a l’última intervenció. Senyora Velarde, diuen que el que cal és una llei «para los de guante blanco, para los poderosos». Doncs la facin, treballin, treballin i la registrin. I la veritat és que tot plegat és irònic al final, perquè aquesta llei no diu res, absolutament res, sobre l’origen de ningú. No hi ha ni una sola línia que faci distincions per procedència i per identitat, ni una. I tot i així, alguns han decidit veure-hi això, sorprenent, absolutament sorprenent. Perquè quan algú veu racisme en un text que no en conté ni una sola lletra, potser el problema no és del text. Potser el problema és la seva mirada plena de prejudicis. Nosaltres no parlem d’orígens ni hem entrat en aquest debat. Parlem de conductes, de conductes delictives i reiterades, sigui qui sigui que les ha comès. Però alguns necessiten portar-ho aquí perquè és més fàcil fer acusacions buides, repetides mecànicament, com solen fer amb els seus mantres que argumentar. Assumir amb responsabilitat la complexitat ha desaparegut dels seus paràmetres. Prefereixen les reduccions simplistes, narracions emotives que desplacen qualsevol criteri racional. Mentrestant, la realitat continua. Es pot delinquir una vegada i una altra, un dia, un mòbil, l’altre un patinet i l’altre la collita d’un pagès i no passa res. I tots ho sabem. Els jutges no tenen les eines que necessiten, per tant, no hi ha conseqüències. No hi ha límits, només hi ha impunitat, i això té efectes molt reals. I sí, la gent ho sap, la gent ho sap. Potser alguns de vostès volen fer veure que no passa res, però la gent ho veu: gent gran amb por quan va al caixer a treure diners o que els estafen amb trucades fent-se passar pel seu banc; comerciants que pateixen furts constants; pagesos que perden collites senceres, eines i instal·lacions; joves que surten de festa amb el mòbil i tornen sense i, sobretot, una sensació creixent que el sistema no respon. Alguns de vostès haurien de tocar més carrer i sortir del debat teòric. Els recomano que parlin amb els seus alcaldes, alguns eren aquí. Preguntin als que han de donar la cara cada dia davant dels seus veïns, perquè són ells, els nostres alcaldes, els que reben les queixes i escolten les pors, els temors i no els poden donar cap resposta. Preguntin-los si això és un debat ideològic o artificial o si necessiten eines reals per poder afrontar un problema ben real. Perquè quan s’és a peu de carrer, quan s’ha de respondre a la gent, les tonteries i els debats estèrils s’acaben ràpid. Aquesta llei arriba per canviar això amb rigor, sense eslògans, amb tècnica jurídica i sentit comú. Es dota d’eines als jutges perquè puguin condemnar per furts i estafes multireincidents, per furts de mòbils i ordinadors, per connexions elèctriques fraudulentes. Es protegeix el món agrari dels furts que arrasen amb les seves collites. Es permetrà allunyar la multireincidència d’algunes zones o municipis concrets. Es donarà capacitat d’actuació als ajuntaments per impulsar aquests processos i es reforma el sistema judicial amb més jutges. Eines concretes per ajudar jutges, fiscals i policies, perquè puguin actuar, per evitar la reiteració, per posar límits als que han convertit el delicte en una forma de vida i malgrat això, alguns insisteixen a portar-ho al terreny ideològic i s’equivoquen. La seguretat no és de dretes ni d’esquerres. Dir que defensar la seguretat és d’extrema dreta és una simplificació tan incoherent com irresponsable. Deixin d’abonar d’una vegada l’extrema dreta amb els seus arguments simplistes i abdicant de donar respostes que la gent reclama. La seguretat no és una ideologia, és un dret fonamental. És un dels drets reconeguts per la Declaració Universal dels Drets Humans en l’article tercer, que parla de tres drets essencials al mateix nivell: el dret a la vida, el dret a la llibertat i el dret a la seguretat. La Declaració Universal dels Drets Humans és de dretes? No, és la base sobre la qual es construeix qualsevol societat lliure i democràtica. Sense seguretat, les restes dels drets són paper mullat. La llibertat es converteix en pura teoria i la igualtat, en un privilegi reservat a qui es pot protegir a si mateix, abandonant a qui no. I, escoltin, quan alguns ens assenyalen perquè treballem per millorar la seguretat, intentant que això ens defineixi ideològicament, s’equivoquen. El que fan és definir-nos com a diputats responsables i, de passada, fent-nos un favor, perquè probablement no ho pretenien fer, això. Perquè al final, més enllà de discursos i etiquetes, tot és molt més evident del que alguns voldrien. La gent no en vol saber res, de debats artificials ni d’excuses. Demana poder viure en tranquil·litat. I davant d’això, només hi ha dues opcions: continuar mirant cap a una altra banda o fer el que cal. I Junts per Catalunya, amb la nostra llei contra la multireincidència fem el que cal. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todo el mundo. Hay 510 000 delitos cada año en Cataluña. Según los Mossos cuatro de cada diez son hurtos. 15 270 detenidos, más de mil lo han sido entre cuatro y seis veces y más de seiscientos, más de siete vegadas. La multirreincidencia se ha multiplicado. No es casual, es consecuencia de un sistema que no funciona. Ante esta realidad, algunos de ustedes se encuentran mucho más cómodos cuestionando a los que actuamos que no afrontando lo que ocurre cada día en nuestras calles. Esta ley es necesaria porque la realidad no desaparece por mucho que muchos de ustedes decidan ignorarla. Esta no es una ley improvisada, se ha trabajado con magistrados, fiscales, abogados y policías, con el mundo local, colegios profesionales y asociaciones. Además, todos ustedes saben que ha sido avalada por la comisión contra la multirreincidencia del Consejo de la Abogacía de Cataluña. Eso no es un dato menor, es la mejor garantía de que se trata de una norma rigurosa, ponderada y respetuosa con los derechos fundamentales. Pese a eso, algunos prefieren desacreditarla no rebatiendo su articulado ni mejorándola, directamente desacreditándola. Que si tiene un tufo racista, un tufillo racista en castellano, como dice siempre el señor Rufián. Hoy no está, no me puedo dirigir a él. Pero una ley que consideran racista, ¿no la votarán en contra? ¿Una ley que consideran racista y no votarán en contra de ella? Nosotros no lo haríamos. Que si era de extrema derecha, se decía, ¿verdad? Tampoco está el señor Iñarritu. Nos lo dijo en la última intervención. Señora Velarde, dicen que lo que hace falta es una ley para los de guante blanco, los poderosos. Pues háganla, trabajen. Trabajen y regístrenla. La verdad es que todo al final es irónico, porque esta ley no dice nada, absolutamente nada, del origen de nadie. No hay ni una sola línea que haga distinciones por procedencia o identidad. Ni una. Aun así, algunos han decidido ver eso en ella. Es sorprendente, absolutamente sorprendente. Cuando alguien ve racismo en un texto que no contiene ni una sola letra de ello, quizás el problema no es del texto, sino de su mirada llena de prejuicios. Nosotros no hablamos de orígenes, ni hemos entrado en ese debate. Hablamos de conductas, conductas delictivas y reiteradas sea quien sea quien las ha cometido. Pero algunos necesitan traer eso aquí porque es más fácil acusar en vacío repetidamente con sus mantras en lugar de argumentar, asumir con responsabilidad. La complejidad ha desaparecido de sus parámetros. Prefieren reducciones simplistas, narraciones emotivas que desplazan cualquier criterio racional. Mientras tanto, la realidad sigue. Se puede delinquir una vez y otra: un día un móvil, el otro un patinete y otro algo de un pagés y no pasa nada. Los jueces no tienen las herramientas que necesitan; por tanto, no hay consecuencias, no hay límites, solo hay impunidad. Eso tiene efectos muy reales. Y sí, la gente lo sabe, la gente lo sabe. Quizás algunos de ustedes quieren hacer ver que no pasa nada, pero la gente lo ve: gente mayor con miedo a salir a la calle, a sacar dinero, los estafan con llamadas que se hacen pasar por el banco, payeses que pierden sus posesiones, gente que sale con el móvil y vuelve a casa sin él, un sistema que no responde. Algunos de ustedes deberían tocar más la calle y salir del debate teórico. Les recomiendo que hablen con sus alcaldes, algunos estaban aquí. Son los que tienen que dar la cara ante sus vecinos porque son nuestros alcaldes los que reciben las quejas y escuchan los miedos, los temores y no pueden dar ninguna respuesta. Pregúntenles si eso es un debate ideológico o artificial o si necesitan herramientas reales para poder afrontar un problema que es muy real. Porque cuando se baja a la calle, cuando se tiene que responder a la gente, las tonterías y los debates estériles se acaban rápido. Esta ley llega para cambiar eso con rigor, sin eslóganes, con técnica jurídica y sentido común. Se dota de herramientas a los jueces para que puedan condenar por hurtos y estafas multirreincidentes, por hurtos de móviles y ordenadores, conexiones eléctricas fraudulentas, se protege al mundo agrario por los hurtos de sus cosechas. También la multirreincidencia en casos en municipios muy concretos donde se da capacidad de actuación a los ayuntamientos para impulsar estos procesos y se reforma el sistema judicial con más jueces, más herramientas para ayudar a los jueces y policías para que puedan actuar, para evitar la reiteración, para poner límites a los que han convertido el delito en una forma de vida. Pese a eso, algunos siguen llevándolo a un terreno ideológico. Ustedes se equivocan. La seguridad no es de derechas ni de izquierdas. Decir que defender la seguridad es de extrema derecha es una simplificación tan incoherente como irresponsable. Dejen de abonar de una vez a la extrema derecha con sus argumentos simplistas y abdicando de dar respuestas que la gente reclama. La seguridad no es una ideología, es un derecho fundamental. Es uno de los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos en el tercer artículo, que habla de tres derechos esenciales al mismo nivel: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad. ¿La Declaración Universal de Derechos Humanos es de derechas? No. Es la base sobre la que se construye cualquier sociedad libre democrática. Sin seguridad el resto de los derechos son papel mojado. La libertad se convierte en pura teoría y la igualdad en un privilegio reservado a quien se puede proteger a sí mismo abandonando a quien no puede. Escuchen, cuando algunos nos señalan porque trabajamos para mejorar la seguridad, intentando que eso nos defina ideológicamente se equivocan. Lo que hacen es definirnos como diputados responsables y, de hecho, nos hacen un favor porque probablemente no pretendíamos hacer eso. Al final, más allá de discursos y etiquetas, todo es mucho más evidente de lo que algunos querrían. La gente no quiere saber nada de debates artificiales ni de excusas, pide poder vivir con tranquilidad y ante eso solo hay dos opciones: seguir mirando hacia otro lado o hacer lo que hace falta. Junts per Catalunya con nuestra ley contra la multirreincidencia hacemos lo que hay que hacer. Muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Sí. Bon dia, diputats. Bon dia, diputades. No tenia cap intenció d’intervenir en aquest punt de l’ordre del dia, perquè les nostres posicions ja van quedar clares en el procediment d’admissió de la presa en consideració. I, per altra banda, perquè avui el que tocava era parlar de les esmenes del Senat, a les quals aprofito per dir que majoritàriament votarem en contra. I recordo, per cert, que el Senat té una majoria absoluta del PP. Per tant, tot el que d’allà passi diríem que com a mínim té el vistiplau de la dreta i moltes vegades el suport també de l’extrema dreta, malgrat que hi estan poc representats. Però em sembla que el to amb què ha sortit avui la diputada de Junts fa necessari que intervingui, perquè ens ha al·ludit en diverses vegades i, per tant, a casa meva teníem un principi que mantenim tota la vida, que és: cap agressió sense resposta, políticament i també parlamentàriament. Per tant, procedeixo a dir que probablement les polítiques de seguretat, efectivament, no són polítiques ni de dretes ni d’esquerres. És la manera com afrontes i defineixes la seguretat que és de dretes o és d’esquerres. Perquè al final resultarà, senyories, que no hi ha res que sigui de dretes i d’esquerres. A veure, l’únic element és que si ho fan ells estan bé, si ho fem els altres està malament i, per aquí, no hi penso passar. Respecte del criteri dels alcaldes, els recordo que la majoria dels alcaldes, en aquest cas la majoria del món municipalista, pertany a Esquerra Republicana de Catalunya i formen part del meu partit. El coneixement del territori em sembla que hem acreditat amb suficiència i m’agradaria respondre a un error que ha comès. Nosaltres no votarem en contra d’aquesta llei, nosaltres ens abstindrem i ens abstindrem, entre moltes altres coses, perquè encara que els catedràtics de dret penal que són d’esquerres, ens estan avisant de tots els problemes que aquesta llei que vostè diu que han fet amb tècnics de dret, no, senyora, no amb advocats en part i no amb la universitat, deia malgrat que nosaltres ens abstindrem, ho fem perquè precisament el relat interessat del que està passant als nostres carrers i del que està passant amb la justícia i del que està passant amb la delinqüència, ha fet — i això és lamentable i ens està passant amb tot allò que té a veure amb continguts que tenen a veure amb la protecció dels drets fonamentals o amb continguts que tenen a veure amb la vida de les persones— sí, sí, sí, és veritat: vostès han creat el relat, vostès han estès el relat i vostès han creat una sensació curiosa que totes les dades empíriques desmunten, però és que dato no mata relato, pero relato altera dato. Les dades detallades de victimologia darreres el que diuen és que ha baixat la delinqüència, però és igual, que les dades no els facin malbé un bon relat. Per tant, amb veu de tots els nostres alcaldes, amb veu de les nostres alcaldesses — algunes de les quals, per cert, els hi fan mocions de censura així, d’aquella manera, amb gent que no s’ajuntarien ni per anar a sopar però vaja— deia, malgrat que hagin fet aquestes mocions de censura, a sobre els nostres alcaldes ens demanen que fem aquesta prova, que els escoltem, que estem al territori, que no els deixem sols i ho farem. Ho farem amb la convicció de que el que hem de desmuntar és el relat que vostès estan fent en el nostre territori, perquè és fals i perquè el fan perquè veuen que Aliança se’ls està menjant el seu territori. Però sap què passa? Que Aliança no es menjarà el nostre, perquè nosaltres mai, mai, hem confraternitzat amb l’extrema dreta i mai ho farem. I en qualsevol cas, jo no he dit mai que aquesta llei fos racista. Jo he dit que era errònia, que no servirà per res i que, a més a més, està mal enfocada. Això és el que jo he dit i el meu partit, quan surt aquí per parlar de justícia, facin cas del que diu el portaveu de Justícia, si us plau, i no em vagi assenyalant que això és que estan de P3, que fa fins i tot una mica feredat veure-ho. Segueixo. Per tant, ens abstindrem en aquesta llei. Votarem en contra de les esmenes, però ja que hi som, aprofito per dir que el pacte pel qual arribaran més jutges, que és l’autèntic drama de l’administració de justícia a Catalunya, el drama de no tenir prous jutges, el drama de no tenir prous lletrats de l’administració de justícia, el drama de no tenir una estructura de funcionaris cuidada perquè els recordo — i per cinquena vegada ho torno a dir— que no hem resolt el tema dels interins, que no hem resolt el tema dels advocats, dels jutges i fiscals substituts i que tot això està pendent. Per tant, davant d’una realitat que segons vostè, no ens permet sortir al carrer perquè ens atraquen, ens violen, ens fan de tot i, a més a més, tots són reincidents, davant d’aquest drama, el que nosaltres diem és que si l’administració de justícia funciona i té celeritat en la resolució d’aquests problemes, no hi haurà aquesta percepció d’impunitat. I, per tant, l’acord de posar-hi més jutges va en aquesta direcció. L’acord de tenir més funcionaris va en aquesta direcció. L’acord de resoldre els conflictes de la ciutadania, sense assenyalar vistes de dos, tres o cinc anys, va en aquesta direcció. I la solució és prou espoli fiscal, suficients dotacions a totes les institucions del nostre país i que la llei que ja es compleixi. Però el populisme punitiu no serveix de res. Estats Units, amb la pena de mort, segueixen tenint una quantitat de presos superior a tota la resta de països del món i no serveix de res i endureixin les penes, el que vulguin! Facin si volen…, és que ja no quedi, en els que suposadament són delinqüents abans d’una sentència. Però la multireincidència aplicada a gent que té tres sentències fermes, es dilatarà en el temps exactament igual que fins ara. I, per tant, porten un debat pervers, amb un relat fals a una cambra que està bàsicament manada per les dretes en quantitat, i això sempre ho guanyaran. Facin-s’ho, però sota la seva responsabilitat. No ens la imputin a nosaltres, perquè nosaltres ho faríem diferent. I, efectivament, amb una política d’esquerres pròpia sobre seguretat, és clar que sí, perquè és possible, és real i nosaltres el tenim, el model. El tenim. El que passa és que en aquest Estat no es pot aplicar i, entre moltes altres coses, per culpa seva. Moltes gràcies. Buenos días, diputados y diputadas. No tenía ninguna intención de intervenir en este punto del orden del día porque nuestras posiciones ya quedaron claras en el procedimiento de admisión de toma en consideración y, por otra parte, porque hoy lo que nos tocaba era hablar de las enmiendas en el Senado. Aprovecho para decir que votaremos en contra mayoritariamente. Recuerdo, por cierto, que el Senado tiene una mayoría absoluta del PP. Por tanto, todo lo que allí ocurre, como mínimo, tiene el visto bueno de la derecha y muchas veces también el apoyo de la extrema derecha, aunque haya pocos representantes. Pero parece que lo que ha dicho hoy la diputada de Junts hace necesario que yo intervenga, porque nos ha aludido en diferentes ocasiones y en mi casa teníamos un principio: no hay que dejar sin respuesta ninguna acusación políticamente y parlamentariamente. Por tanto, procedo a decir que, probablemente, las políticas de seguridad efectivamente no son políticas ni de derechas ni de izquierdas. Es la manera en que se afronta y se define la seguridad la que es de derechas o de izquierdas, porque, al final, resultará, señorías, que no hay nada que sea de derechas ni de izquierdas. El único elemento es que, si lo hacen ellos, está bien; si lo hacen otros o nosotros, no está bien. Y, por ahí, no pienso pasar. Y, en cuanto al criterio de los alcaldes, les recuerdo que la mayoría de los alcaldes, en este caso la mayoría del mundo municipalista, por tanto, Esquerra Republicana de Cataluña, forman parte de mi partido. El conocimiento del territorio me parece que lo hemos acreditado con suficiencia y me gustaría responder a un error que ha cometido. Nosotros no votaremos en contra de esta ley. Nosotros nos abstendremos, entre otras muchas cosas, porque, aunque los catedráticos de Derecho Penal, que son de izquierdas, nos están avisando de todos los problemas de esta ley que ustedes han hecho con técnicos de derechos, con abogados, y no con la universidad… Bueno, decía, pese a que nos abstendremos, lo haremos porque precisamente el relato interesado de lo que está ocurriendo en nuestras calles y de lo que está ocurriendo con la justicia y con la delincuencia ha hecho…, y eso es lamentable, y nos está ocurriendo con todo lo que tiene que ver con contenidos que tienen que ver con la protección de los derechos fundamentales o con contenidos que tienen que ver con la vida de las personas… Y sí, es verdad, ustedes han creado el relato, ustedes han extendido ese relato y ustedes han creado una sensación curiosa de que todos los datos empíricos desmontan, pero es que dato no mata relato, pero relato altera dato. Los datos de victimología lo que dicen es que ha bajado la delincuencia, pero, a ustedes, les es igual, que los datos no les estropeen un buen relato. Por tanto, con la voz de todos nuestros alcaldes y alcaldesas, y algunos les hacen mociones de censura de esa manera… Decía, aunque hayan hecho esas mociones de censura, nuestros alcaldes nos piden que hagamos esta prueba, que los escuchemos, que estemos en el territorio, que no los dejemos solos, y lo haremos. Lo haremos con la convicción de que lo que tenemos que desmontar es el relato que ustedes están haciendo en nuestro territorio, porque es falso. Y lo hacen porque ven que Alianza Catalana les está comiendo su territorio. Pero ¿sabe qué pasa? Que Alianza no se comerá nuestro territorio, porque nosotros nunca, nunca hemos confraternizado con la extrema derecha y nunca lo haremos. Y, en cualquier caso, yo no he dicho nunca que esta ley sea racista. He dicho que era errónea, que no servirá para nada y que, además, está mal enfocada. Eso es lo que yo he dicho. Y mi partido, cuando sale aquí a hablar de justicia, hace caso de lo que diga el portavoz de Justicia; y no me señale, es que, de verdad, es para revisárselo. Por tanto, nos abstendremos con esta ley. Votaremos en contra de las enmiendas, pero, ya que estamos, aprovecho para decir que con el pacto llegarán más jueces, que es el auténtico drama de la Administración de Justicia en Cataluña, el drama de no tener suficientes jueces, el drama de no tener suficientes letrados de la Administración de Justicia, el drama de no tener una estructura de funcionarios cuidada. Porque, se lo recuerdo, por quinta vez lo digo, que no hemos resuelto el tema de los interinos, de los jueces y fiscales sustitutos. Y, por tanto, ante una realidad que, según ustedes, no nos permite salir a la calle porque nos atracan, nos violan, nos hacen de todo, si todo el mundo es reincidente, ante ese drama, lo que nosotros decimos es que, si la Administración de Justicia funciona y tiene celeridad en la resolución de estos problemas, no habrá esta percepción de impunidad. Y, por tanto, el acuerdo de poner más jueces va en esa dirección, el acuerdo de tener más funcionarios va en esa dirección, el acuerdo de resolver los conflictos de la ciudadanía, sin señalar dos o tres años, va en esta dirección. Y la solución es: basta de expolio fiscal, suficientes dotaciones a todas las instituciones de nuestro país y que la ley que ya se cumple, pero por populismo punitivo, no sirve para nada. En Estados Unidos, la pena de muerte sigue, no obstante, teniendo una cantidad de presos superiores al resto del mundo. Y no sirve de nada y endurece las penas. Hagan lo que quieran… Es que ya no sé qué decir con los que se supone que son delincuentes antes de una sentencia. Pero la multirreincidencia aplicada a gente que tiene tres sentencias firmes se dilatará en el tiempo, exactamente igual que hasta ahora. Y, por tanto, llevan adelante un debate perverso, un debate falso, a una Cámara que está básicamente bajo el mando de las derechas. Háganlo, si quieren, pero bajo su responsabilidad, pero no nos lo imputen a nosotros, porque nosotros actuaríamos de forma diferente. Y, efectivamente, con una política de izquierdas propia sobre seguridad. Claro que sí, porque es posible, es real y nosotros tenemos el modelo. Lo que pasa es que en este Estado no se puede aplicar, entre muchas otras cosas, por culpa de ustedes. Muchas gracias. .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Gracias, señora presidenta. Tras impedir que se sancione a quienes conducen bajo efectos del alcohol, el pasado martes, el Partido Popular y VOX se oponían a medidas de prevención de la conducción a velocidad temeraria, a sancionar los delitos de riesgo y la temeridad. El PP y VOX, cada día más ultras, desprecian la prevención. Prefieren castigar, sin diferenciar entre reparación del daño y venganza. Aznar introdujo penas de hasta 40 años de cárcel y Rajoy la prisión permanente revisable, la cadena perpetua que, junto a la pena de muerte, había eliminado la Segunda República. Ahora, con acuerdo del PP, VOX, Junts y Grupo Socialista y la abstención de Esquerra Republicana, el Congreso acordó endurecer las penas por hurtar un teléfono móvil. Hasta seis años de cárcel, más que por corrupción. Y ya presentamos una ley anticorrupción que Junts, PP y VOX hundieron en esta Cámara. La semana pasada, Partido Popular, VOX, UPN y Coalición Canaria votaron a favor de incrementar los supuestos de cadena perpetua. Populismo punitivo, puro integrismo. Al año, una plaza de prisión nos cuesta 24 000 euros, mientras que una de Formación Profesional poco más de 6000. Sin embargo, en los centros públicos de comunidades autónomas gobernadas por la derecha no hay plazas de Formación Profesional para muchos jóvenes que las necesitan para salir de las calles, mientras que no hay limitación de plazas en las cárceles. Llega del Senado, aún más endurecida, la proposición de ley que incrementa las sanciones por hurto. Y, así, no se va a acabar con los hurtos. Lo que se va a hacer es multiplicar la población penitenciaria. No compartimos que fuerzas democráticas y de izquierdas permitan, con sus votos o sus abstenciones, que las políticas punitivas de la ultraderecha se abran paso. Contra el autoritarismo ultraderechista, pie en pared, en defensa de los valores democráticos, y ni un paso atrás. . Siempre defenderemos que el derecho sancionador sea restaurativo, orientado a la reintegración del infractor, especialmente cuando las infracciones devienen de situaciones de exclusión social. Permitir que este proyecto saliera del Congreso y llegara al Senado ha abierto la puerta a que la derecha y la ultraderecha, PP, VOX y Junts, lo utilicen fraudulentamente ahora para tratar de impedir que los extranjeros accedan a derechos básicos. A la ultraderecha les das la mano para incrementar penas y te cortan el brazo, aniquilando los derechos humanos conquistados. Vincular reincidencia delictiva con los permisos de residencia de extranjeros es una repugnante falsedad para asentar el relato de que inmigración es igual a delincuencia. Díganselo a Mansur, el joven que llegó en patera a Málaga y salvó a una mujer de morir durante un temporal, o a Mohamed, en situación irregular, que salvó la vida, en Bilbao, a un anciano que cayó a la ría. . Los inmigrantes son más víctimas que responsables de delitos y, especialmente, son carne de victimización mientras están en situación de irregularidad: víctimas de delitos de explotación y abusos laborales y sexuales; víctimas de la vulneración de derechos básicos, como el acceso a la vivienda. La derecha quiere que no puedan denunciar por el miedo a ser detenidos o deportados. No olvidamos al exconcejal del Partido Popular de Pozo Alcón, Jaén, después dirigente de VOX, quien arrojó en la puerta de un centro de salud a un trabajador inmigrante, que murió mientras trabajaba sin papeles en su finca. El clasismo y el racismo del PP, VOX y Junts solo contempla deberes; ningún derecho para quienes son más pobres o más oscuros que ustedes. Reiteramos la estrofa de La Internacional: No más deberes sin derechos, ningún derecho sin deber. . Han despreciado el esfuerzo de setecientas mil personas que construyeron con sus firmas la ILP para la regularización de extranjeros, apoyados por organizaciones sociales, por la Cruz Roja, por la Conferencia Episcopal, por los empresarios, y ahora intentan un fraude legislativo para impedir que los extranjeros, ya con infinitos deberes, tengan algún derecho. Quieren acabar con las pocas excepciones legales a la presentación de certificados de penales. Las excepciones contemplan a los países que no expiden certificados de antecedentes por incapacidad o para castigar a sus propios nacionales. ¿Se imaginan a un cristiano sudanés que escapó de una persecución, a una afgana huida de su país, a una iraní luchadora por los derechos de la mujer, a un ruso opositor teniendo que pedir antecedentes penales a sus países para regularizarse en España? ¿Creen ustedes que sus países iban a librar esos certificados y que, si los libraban, iban a ser negativos? Al PP, a VOX y a Junts les importan los cristianos de Sudán, las mujeres iranís o afganas o los opositores rusos lo justito para poder atacar al Gobierno. Vamos a votar en contra de todas sus enmiendas porque incrementan el punitivismo y prescinden de la racionalidad y proporcionalidad que debe existir en el Código Penal y porque son un fraude para impedir la regularización de extranjeros. VOX propone que los entes pertenecientes al sector público local se dediquen a perseguir hurtos, como la empresa de vivienda de Madrid, que, por orden del PP, vendió sus viviendas públicas a precio de saldo a fondos buitre, que desahuciaron a las familias y ahora han dado un pelotazo vendiéndolas diez veces más caras de su valor. Robar a los pobres para dar a los ricos. Los entes públicos deben dedicarse a garantizar el derecho a la vivienda, no a hacer de fiscales. El Grupo Socialista propone una enmienda que ignora la prohibición de penalizar la misma conducta dos veces. Incrementar dieciocho meses de cárcel las penas por traficar con marihuana cultivada en inmuebles es precisamente lo mismo que llevan tiempo pidiendo las compañías eléctricas que se pasean por el Congreso haciendo lobby para conseguir esa penalidad, mientras que, desde hace cuatro años, tienen cortada la luz a las familias que viven en la Cañada Real. . Pero la máxima estupidez legislativa es la propuesta de VOX, que pide que los extranjeros condenados en España cumplan sus condenas de cárcel en otros países. ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Bombardeando como en Irán o pagándoles como hace Trump con Bukele? Miren, son otras las reformas del Código Penal que necesitamos. Por ejemplo, la que deroga los delitos que sanciona la libertad de expresión; una proposición que lleva tres años esperando en este Congreso y que cuenta con mayoría suficiente para ser aprobada. Espero que la aprobemos rápido. Mientras tanto, nosotros votaremos en contra de esta. Gracias. .

Carlos Flores Juberías VOX

Con la venia, señora presidenta. Señorías, el infierno está empedrado de buenas intenciones, dejó dicho Samuel Johnson. Y, en efecto, a menudo emprendemos acciones inspiradas por los más nobles sentimientos que, sin embargo, acaban generando resultados desafortunados. Estoy seguro de que todos ustedes en este hemiciclo tendrán en mente un ejemplo de alguna norma que, ideada con la mejor de las intenciones, pero desarrollada con una mala técnica legislativa o sustentada en una comprensión equivocada de la realidad o confrontada con una coyuntura social cambiante, acabó generando resultados catastróficos. Pero, si no se les ocurre ninguna, déjenme que yo les refresque la memoria. ¿Qué tal la Ley Orgánica 3/2021, de eutanasia, ominosamente votada en esta Cámara el 18 de marzo de 2021? Una ley ideada para aliviar el sufrimiento de ancianos o enfermos terminales en los últimos compases de su vida y que hoy va a ser utilizada para [ejecutar] 1 a una muchacha de 25 años. . La próxima vez que suban a esta tribuna para hablarnos de derechos humanos, de que los derechos no se debaten, de que los derechos no admiten retroceso; la próxima vez que se suban a esta tribuna, señora Velarde, señor Legarda, señora Nogueras, señora Vallugera, señor Santiago, para hablarnos de dignidad, recuerden que hoy, en España, va a ser [ejecutada] 2 una muchacha de 25 años, gracias a la ley que ustedes votaron. . Pero estense tranquilos que no es este el caso. Esta no es una mala ley surgida de una iniciativa bien intencionada, sino todo lo contrario. Esta es una buena ley fruto de intenciones bastardas. Porque, en efecto, si la intención de quienes la han propuesto ―los diputados de Junts― y de quienes la han secundado ―los del Grupo Socialista― hubiese sido la de incrementar la seguridad de nuestras calles, la de proteger a nuestros ciudadanos, la de reforzar el principio de autoridad y la de garantizar el derecho de propiedad, unos y otros se habrían sumado a las medidas que con este objeto ha venido proponiendo el Partido Popular y VOX en las dos últimas legislaturas y habrían apoyado ―no lo hicieron― la proposición de reforma del Código Penal en relación con la agravante de multirreincidencia en el delito leve de hurto, que VOX trajo a esta Cámara, pero que fue rechazada el 24 de junio de 2022. Si su intención hubiera sido la de incrementar la seguridad en las aguas del Estrecho, la de proteger a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la de asegurar nuestras fronteras y la de poner contra las cuerdas al narcotráfico, unos y otros habrían apoyado ―y tampoco lo hicieron― la proposición de reforma del Código Penal al objeto de tipificar penalmente el transporte y almacenamiento de combustibles líquidos predeterminados al narcotráfico, presentada por VOX y rechazada por esta Cámara el 17 de junio de 2025. Con eso habríamos ganado cuatro años en la lucha contra las mafias del hurto y un año, doce meses, en la lucha contra las mafias del narcotráfico. Señorías de Junts y del Partido Socialista, según los datos del Ministerio del Interior, en el año que ustedes decidieron rechazar la iniciativa de VOX para agravar el tratamiento penal de la reincidencia, se cometieron en España 642 000 hurtos, 86 000 robos con fuerza en el domicilio y 34 000 robos con fuerza en establecimientos, con un incremento del 30 %, del 14 % y del 15 %, respectivamente, respecto del año anterior; 1760 hurtos al día, 70 cada hora, con cuatro localidades catalanas ―El Prat, Barcelona, Salou y Sitges― en el top ten del país. ¿Qué ha pasado para que esta vez sí que se hayan dignado a abordar el problema que cuatro años atrás ignoraron? No descarto que el de la portavoz de Junts fuera uno de los 3500 bolsos o que el de su esposo fuera uno de los 1000 relojes o que el de su hijo fuera uno de los 5000 móviles que el pasado año fueron robados en las calles de Barcelona. El de mi hijo fue uno de los robados el año pasado en las calles de Valencia. Pero, más bien, me inclino a pensar que en su cambio de posición hayan pesado otras razones más relacionadas con la seguridad de su escaño que con la seguridad en las calles de Barcelona y del resto de España. Vienen elecciones y no son pocos los alcaldes que, desde sus despachos, ven peligrar su puesto a manos de quienes de verdad pisan la calle, pulsan las inquietudes de los vecinos y proponen medidas para atajar sus preocupaciones. De modo que toca hacer como los malos estudiantes, que es conjurar en una sola noche la indolencia de todo un curso. ¿Y qué decir de las intenciones del Partido Socialista? Pues justo lo que hace siete días escribía El País ―cito―: Tras la ruptura con Junts del otoño pasado, transigió con reactivar esta ley para recuperar esos siete votos clave para el bloque de investidura. De modo que si el proyecto defendido por Junts cogió aire fue por la precariedad parlamentaria del Ejecutivo. Electoralismo, tacticismo, intenciones bastardas , pero al menos es una buena ley, aunque desde luego no tanto como habría podido serlo si sus señorías hubiesen incorporado a su texto algunas de las innovaciones que nuestro grupo propuso en su día o que ha puesto sobre la mesa durante su actual tramitación parlamentaria, como la supresión, por ejemplo, del arraigo como límite a la expulsión del delincuente del territorio nacional. Pero sí es lo suficientemente cercana a nuestras posiciones como para que la saludemos con moderada esperanza. 1 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. 2 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. La ley sacará de las calles y castigará con penas de prisión a los autores de un delito de hurto que ya hayan sido condenados ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves; agravará las penas por el hurto de móviles y ordenadores; extenderá las previsiones en materia de multirreincidencia a los delitos de estafa; permitirá imponer cautelarmente al delincuente la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias o comunidades autónomas; reconocerá la legitimación de las autoridades locales para ejercer la acción penal en delitos de hurto; y castigará con pena de prisión el llamado petaqueo. De aprobarse las enmiendas introducidas por el Senado a instancias de los grupos Popular, VOX y Socialista, no solo los ayuntamientos, sino también los entes pertenecientes al sector público local ―como el Metro de Madrid o la EMT de Valencia― podrían instar acciones, ampliar las plantillas del Ministerio Fiscal y obligar al Gobierno a suscribir acuerdos con otros Estados y a promover en la Unión Europea la adopción de las normas necesarias para que la expulsión de delincuentes reincidentes en el territorio español y su entrega a jurisdicciones extranjeras lleve consigo el cumplimiento en dichas jurisdicciones de las penas a las que les hubiesen condenado los tribunales españoles. Derecho internacional, señor Santiago, se llama derecho internacional. He dicho podría. Miento, no podrá, y no podrá porque este Gobierno cobardón y sujeto con alfileres, este Gobierno, que acude a cada sesión del Parlamento como quien visita a un dentista, este Gobierno, que afronta cada votación con más miedo que un bacalao en Cuaresma, acaba de vetar ―y la mansa Mesa de esta Cámara acaba de transigir en ello― la tramitación de dos de esas enmiendas con la peregrina excusa de que requerirá un incremento en el gasto público. El Gobierno, que tiene dinero para traer inmigrantes de Canarias a la Península, no tiene dinero para llevarse criminales de la Península a sus países de origen ; el Gobierno, que tiene dinero para alojar a menas en hoteles de cuatro estrellas, no tiene dinero para convocar plazas de nuevos fiscales; el Gobierno, que es pródigo con los de fuera, es tacaño con los de dentro. Así las cosas ―termino ya―, no puedo decir que mi grupo se considere satisfecho con esta reforma legislativa. Como en su día y desde esta tribuna dijera mi camarada Juanjo Aizcorbe, esta es una reforma penal necesaria pero no suficiente, que brinda soluciones parciales para un problema complejo cuyas raíces sus señorías siguen sin querer reconocer. Efectivamente, poco avanzaremos mientras ustedes no sean capaces de admitir que la causa principal de este tipo de delincuencia es la inmigración descontrolada que nuestro país padece, que su elemento acelerador es el caos en las políticas migratorias de nuestros sucesivos Gobiernos y que su remedio no se hallará sino en el reforzamiento de la autoridad del Estado, en la adopción de una política exterior valiente y en el control efectivo de nuestras fronteras. En suma, en la recuperación de nuestra soberanía como nación...

Francisco Aranda Vargas PSC-PSOE

Muchas gracias. Buenas tardes. Señorías de VOX, les molesta y votan en contra de que una mujer pueda ejercer su derecho libre al aborto y les molesta que alguien pueda ejercer su derecho a morir dignamente y en paz. Señorías de VOX, el infierno en la tierra son ustedes. . ¡Qué uso más lamentable! A lo que vamos: con esta son cincuenta y ocho las leyes aprobadas en esta legislatura. Nada mal para una legislatura acabada, agotada e inestable, nada mal para un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria. Parece que este Gobierno y este grupo estamos empeñados en trabajar, en acordar, en negociar y en pactar. Sí, estamos tercamente empeñados en hacer avanzar este país y en llevarle la contraria a su líder (señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), el señor Feijóo. Ya sabemos todos que no es presidente porque no quiere. Señorías, hoy vuelve del Senado la proposición de ley en materia de la multirreincidencia con las enmiendas allí aprobadas. Hace dos meses llegamos a la conclusión de que era una buena ley. Hoy estamos muy cerca de tener una herramienta útil para luchar contra este fenómeno; una herramienta legislativa que se suma a las acciones policiales, de convivencia y a la mejora de la planta judicial necesaria impulsada por el Ministerio de Justicia. Después de este debate, después de hoy, se publicará en el BOE y entrará en vigor antes de Semana Santa. Avui tornem a parlar d’una llei que hem construït entre molts. Per això, vull tornar a agrair un cop més la feina feta pels alcaldes i alcaldesses socialistes que han estat a primera línia des del primer minut, demanant aquests canvis legislatius. Sí, no facin gestos, senyories de Junts, perquè ho saben. Hoy, volvemos a hablar de una ley que hemos construido entre todos. Por eso, quiero volver a encomiar el trabajo hecho por los alcaldes socialistas, que han estado en primera línea desde el primer minuto pidiendo estos cambios legislativos. . Sí, no hagan gestos, señorías de Junts, porque lo saben. Porque esta ley nace de una realidad que ha sido largamente solicitada por alcaldes y alcaldesas sobre todo de nuestros municipios. Ellos conocen mejor que nadie que la multirreincidencia es un problema de seguridad ciudadana que tiene especial incidencia en Cataluña, que requería de este impulso legislativo. También saben, como sabemos los progresistas, que este fenómeno ni podía ni puede ser objeto de un titular mediático sensacionalista, ni mucho menos de un eslogan político para incitar el odio al diferente o alentar el racismo. Señorías, con la multirreincidencia estamos hablando de delitos que individualmente son ―digamos― menores, con penas menos graves, pero la reiteración delictiva, la reincidencia múltiple, hace que el modus vivendi que hacen los delincuentes de este tipo de delitos sea relevante. Además, son delitos que se cometen sobre todo en zonas turísticas, ejes comerciales o medios de transporte. Esto requiere que se aborde de manera integral, con medidas legislativas como esta, pero también de seguridad ciudadana y de justicia. Como dije hace un mes y medio, el compromiso del Gobierno, del ministerio y de este grupo es firme para seguir avanzando en las medidas que logren atajar el fenómeno de la multirreincidencia, y se ha de hacer sin fiarlo todo al punitivismo y sin entrar en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha. Ante esta realidad caben dos respuestas. La primera es la fácil, la que vende, la del miedo convertido en eslogan, la del discurso de quienes confunden seguridad con represalia y delincuencia con origen. Ese camino ya sabemos a dónde lleva, a una sociedad más asustada, más dividida y sin un solo delito menos. La segunda respuesta es la difícil ―la nuestra―, la que exige rigor, paciencia y valentía política; la de quienes creemos que se puede y se debe hacer política de seguridad desde la izquierda sin traicionar sus valores, porque seguridad y derechos no son opuestos, son la misma cosa. . Señorías, permítanme hablar un momento de lo que significa legislar de verdad. Legislar no es reaccionar, no es subirse a la ola de indignación y aprobar lo primero que calme la alarma social; eso no es legislar, eso es gesticular. Legislar es transformar una necesidad ciudadana en una norma que funcione, que sea aplicable, y esta ley lo hace porque da respuestas reales a problemas reales con medidas concretas. Les diré una, la de mi grupo en el Senado, que ataca la defraudación eléctrica vinculada a la financiación de actividades delictivas, un paso en la lucha contra la delincuencia organizada que se camufla detrás de infracciones aparentemente menores. Política útil. Pero también hemos visto enmiendas de la derecha en el Senado que asimilan delincuencia e inmigración. Y yo les digo alto y claro ―en este grupo lo decimos alto y claro―: no confundiremos nunca la lucha contra el delito con la sospecha sobre el inmigrante. . Señorías, vivimos un momento de incertidumbre global que exige liderazgo, en un mundo donde las certezas se tambalean y se necesitan Gobiernos que sepan lo que son y lo que defienden. España hoy lidera en Europa la respuesta ante la guerra. España hoy es referente de la ética y la paz. Este Gobierno, a diferencia del de Aznar en Irak, es un Gobierno que no se mueve por el vasallaje. No más pies en la mesa. Más manos para la paz. . Por eso, en tiempos de incertidumbre, la democracia no se sostiene sola. Se sostiene con ciudadanos que participan, con instituciones que funcionan y con representantes que defiendan de verdad. Aquí hay quien viene a destruir, quien viene a bloquear; otros venimos a construir. Porque legislar bien es gobernar bien. Acabo, señorías, con una reflexión. Hannah Arendt nos recordó que el poder verdadero no es la capacidad de hacer daño, sino la de actuar en común; que el poder genuino surge cuando las personas se ponen de acuerdo para resolver lo que les afecta. Así entendemos nosotros el poder, no el poder del más fuerte, sino el poder de los que pactan para resolver problemas, especialmente cuando afectan a sectores muy vulnerables. Acabo. Pese a los agoreros de una Legislatura fallida y corta, unos están en la oposición y otros estamos en el Gobierno y gobernando. Porque, señorías, hacer las cosas bien, aunque cueste, siempre merece la pena. Muchas gracias. .

María Jesús Moro Almaraz PP

Presidenta, señorías, buenos días. Señor Aranda, bienvenido al club. ¡Qué entusiasmo! ¡Con todo lo que ha bloqueado su grupo, una ley como esta! . Señorías, permítanme por un momento volver al 11 de junio de 2024. En esta misma tribuna les presentaba para su consideración la iniciativa del Grupo Popular registrada en abril de ese año, y señalé: con esta iniciativa pretendemos mejorar la respuesta penal frente a profesionales reincidentes que hacen de ello su modo de vida. Porque no tiene consecuencias, porque no tiene precio lo que hacen, pero sí tiene coste para los demás. Casi dos años después de su registro y de su bloqueo injustificable en esta Cámara, llegamos a la aprobación de una norma necesaria. Quiero recordar hoy lo que alcaldes catalanes de muy diverso signo político nos demandaban el pasado 11 de febrero antes del Pleno: Por favor, ayúdennos. Esto no es ideológico. Necesitamos esta norma para mejorar la seguridad de los ciudadanos en nuestros municipios. Señorías, que no les engañen discursos desconectados de la realidad como los que hemos escuchado esta mañana. Los mismos que en su día negaban que los hurtos y estafas reiterados o el petaqueo fueran un problema porque quieren ignorar que están promovidos por organizaciones criminales que extienden sus tentáculos para hacer de la inseguridad su negocio y del miedo y el deterioro de nuestras ciudades o de las costas su particular paraíso sin ley, hoy hablan todavía de una norma para robagallinas. Hemos trabajado escuchando a las fuerzas de seguridad; hemos escuchado a alcaldes, a comerciantes, a víctimas, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, a procesalistas, a la academia, a abogados y fiscales para, con proporcionalidad, cerrar la puerta a esa impunidad creciente y asfixiante en muchas zonas de hurtos, estafas, del petaqueo colaborador del narcotráfico y ahora también a la defraudación del fluido eléctrico para el cultivo de droga. Señorías del Grupo Socialista, nosotros no somos como ustedes o como el Gobierno y primamos el interés del ciudadano frente al oportunismo político , pero también sabíamos que debíamos reforzar las plantillas de jueces de adscripción territorial porque siempre defendimos que no bastaba con la reforma penal, del mismo modo que sin ella contribuíamos a la desesperanza, y lo acordamos. Aunque faltaba incrementar el número de fiscales, especialmente en las zonas tensionadas, tal y como reiteradamente nos venían reclamando. Del mismo modo, hay que seguir cuidando a los policías y guardias civiles que nos acompañan, que trabajan en primera línea como profesión de riesgo, condición que este Gobierno sigue bloqueando. . Hoy, casi dos años después, señorías, escribiendo recto con renglones torcidos por el trilerismo gubernamental, alérgico a un Parlamento independiente y activo, podemos felicitarnos de ganar al menos un peldaño relevante con una ley construida con aportaciones de muchos en el Parlamento y por los parlamentarios. Pero la alegría no es completa gracias a un Gobierno empeñado en seguir poniendo palos en las ruedas. Sepan, señorías, que en la recta final de la tramitación de esta ley, de nuevo, el Gobierno, con la inestimable colaboración de su mayoría en la Mesa del Congreso, ha hecho efectivo, en contra de la doctrina constitucional, a sabiendas, a pesar de la advertencia de nuestros compañeros y en contra del juicio técnico del propio letrado (muestra una fotografía), el veto extemporáneo a dos enmiendas de mi grupo aprobadas por el Senado. Hoy nos impiden a todos nosotros, los únicos con potestad constitucional para ello, ratificar con el voto de este Pleno dos enmiendas con normas útiles para la seguridad de los ciudadanos a los que representamos. Señores del Gobierno, con su miedo a la democracia la están interviniendo y degradando. . Con su alergia y rechazo al Parlamento lo amordazan. Con su extralimitación constante en el recurso a un malentendido veto presupuestario, a pesar de las reiteradas y cada vez más frecuentes sentencias del Tribunal Constitucional que les sacan los colores anulando una y otra vez acuerdos sobre sus vetos, solo ponen al descubierto su autoritarismo y sus mentiras. . Este es un veto antidemocrático, abusivo e intempestivo a enmiendas ya aprobadas por otra Cámara, eliminando nuestra capacidad de voto. No es posible hacerlo porque vulnera la Constitución. . ¿Y qué han bloqueado? Se oponen, por un lado, a tener más fiscales, a que por ley quede fijado el compromiso de incrementar a lo largo de los próximos dos años la plantilla de fiscales, señalando legalmente criterios objetivos para planificar ordenadamente las dotaciones conforme reiterada y desatendida petición de la carrera fiscal. Por otro lado, tumban una reforma en la ley de extranjería que con claridad meridiana define procedimientos rigurosos que garantizan la comprobación de los antecedentes penales o policiales para poder residir legalmente en España. Hoy, señorías, podría ser un buen día para ofrecer una ley más completa y útil a los ciudadanos, más eficaz contra la delincuencia, que mejore las condiciones de seguridad de los españoles, de quienes nos visitan o de quienes quieren convivir y trabajar en paz con nosotros. Su bloqueo y su torpe argumentación para evitar la reforma de la ley de extranjería pone al descubierto que, efectivamente, quieren una regularización sin control alguno. La declaración irresponsable de no tener antecedentes penales será ―ya no queda ninguna duda― un cheque en blanco, mientras pisotean los derechos de los ciudadanos. Pero en su empeño de bloquear en lugar de trabajar por las mejores soluciones, realmente se les ha visto el plumero, la verdadera intención. Ese proyectado decreto de regularización es un trágala sin controles ni garantías. Tenían la oportunidad de demostrar lo contrario. Ustedes saben y quieren ―lo que es peor― que se mire para otro lado, y eso incrementará la inseguridad. De nada servirá, entonces, tener buenas leyes penales. Ya saben que para el Partido Popular quien viene a trabajar y cumple la ley es bienvenido, pero no queremos alfombra roja para la delincuencia. . Si esto no fuera tan grave y tan trágico, sería para que esta Cámara rompiera en una sonora carcajada. ¡Cómo! ¿Un veto presupuestario de un Gobierno que en toda esta legislatura no ha presentado ni un solo presupuesto? Tanto que se les llena la boca de la soberanía popular y hoy anulan a la soberanía popular ―la quinta vez― con el mismo argumento, con el mismo veto imposible. Esto sí que es una reincidencia culpable. Pero, señorías, parece claro que no es el veto presupuestario, porque desde que registramos nuestras enmiendas ―termino enseguida― el ministro Bolaños corrió a hacerse una foto inmediatamente con la fiscal general del Estado. Ahí sí que podía prometer doscientas plazas de fiscales para este año.

María Jesús Moro Almaraz PP

Señorías, ya no tenemos un Gobierno, tenemos un grupo de presión, un grupo de conveniencia. Si quieren trabajar, trabajen con nosotros, trabajen con los parlamentarios serios. Concluyo. . No se preocupen, he pedido tiempo por un problema en la garganta. Quiero dar las gracias a aquellos grupos que han venido a trabajar, a quienes se han esforzado por este objetivo, especialmente a Marta Madrenas y a mis compañeros ponentes, Ana Vázquez y Santi Rodríguez. A pesar de todo, señorías, será un buen día para el trabajo parlamentario.

María Jesús Moro Almaraz PP

Termino recordando lo que dice Serrat: Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Gracias. .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Quería pedirle la palabra por el artículo 71 del Reglamento, puntos 1 y 3.

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Este grupo, desde luego, no defiende y menos aún aplica la pena de muerte; de hecho, se opone. La eutanasia es un derecho aprobado en esta Cámara... .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

… y no son quiénes para cuestionar la decisión de Noelia. Ya han alargado su sufrimiento sádicamente dos años con infinitos recursos… .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

… todos rechazados por la jurisdicción ordinaria, por la jurisdicción constitucional, por la jurisdicción europea. Respeten la libertad de Noelia. Y, por favor, retire del Diario de Sesiones los insultos vertidos al menos a este grupo parlamentario...

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

... al que ha llamado asesino el portavoz de VOX. .

Noemí Santana Perera SUMAR

Gracias, señor presidente. Hay debates que parecen muy técnicos, como el de esta iniciativa, pero lo cierto es que son debates que van sobre quienes sostienen la vida cuando el mercado no llega o la Administración no alcanza. Y de eso va la ley de impulso a la economía social. Cuando hablamos de economía social, de lo que estamos hablando… .

Noemí Santana Perera SUMAR

Cuando hablamos de economía social, estamos hablando de cooperativas, de empresas de inserción, de entidades del tercer sector, de centros especiales de empleo, de aquellas que llegan donde nadie más llega. En el caso de las empresas privadas, porque no quieren, porque son aspectos que no dan un lucro, que no dan un beneficio. Y en el caso de la Administración, porque no pueden actuar con tanta rapidez como se quisiera o no tienen los recursos necesarios. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando ha habido cualquier catástrofe, las primeras en llegar han sido las entidades sociales, las organizaciones no gubernamentales. Y hablamos también de quienes mantienen los servicios en muchos de nuestros barrios, de nuestros pueblos, en las islas no capitalinas. Hablamos de quienes sostienen el sistema de cuidados, el sistema de dependencia de este país, la inclusión social, la atención a las personas con mayor vulnerabilidad. En definitiva, hablamos de esa economía más humana, esa economía que trata de garantizar derechos a la ciudadanía. En Canarias, nosotras sabemos bien de esto. Cuando estuvimos en el Gobierno, hicimos una apuesta clara por la economía social a través del proyecto Canarias Te Cuida, un proyecto que impulsaba el fortalecimiento de una red pública de cuidados, trabajado muy de la mano con las entidades sociales y con las cooperativas. Además, llevamos iniciativas para aumentar la financiación del tercer sector y darles certidumbres, porque muchas veces no saben si el proyecto va a continuar o no, si van a poder seguir prestando su labor o su servicio. Por eso también apostamos por darles una herramienta muy poderosa: la estabilidad a través de los conciertos sociales. Y abrimos nuevas líneas de trabajo, especialmente con cooperativas de vivienda, porque éramos conscientes ya desde ese momento de que uno de los retos más importantes que debía asumir nuestro país y, por supuesto, un territorio como el mío, Canarias, era garantizar vivienda digna a nuestra ciudadanía. Con respecto a las enmiendas que se han presentado en el Senado y que hoy vamos a votar, nuestra posición es clara. Nosotras entendemos que la mayoría de las enmiendas presentadas desvirtúan la ley y debilitan su alcance. Además, la mayoría han sido enmiendas no consensuadas ni trabajadas con los movimientos sociales ni con el tercer sector. Por lo tanto, descartamos nuestro apoyo a estas enmiendas y, por coherencia, no vamos a votar a favor de la mayoría. Al final, lo que la economía social demuestra cada día es que se puede hacer economía de manera distinta a la que nos propone el capitalismo y el liberalismo más voraz. Se puede hacer economía de una forma cercana, empática y humana. Por eso nosotros apostamos por la economía social, porque nos da más democracia, es más útil y, además, revierte en la vida de nuestra ciudadanía, que es lo que estamos buscando. Y por eso hemos apoyado el impulso de esta ley de economía social, pero no vamos a apoyar aquello que venga a descafeinarla o a desvirtuar la ley de manera flagrante y sin contar con las entidades del tercer sector. Gracias. .

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Senyories, Catalunya sempre s’ha caracteritzat — i es caracteritza— per un teixit d’entitats socials ampli i potent, un teixit que sempre ha sabut fer de coixí de les necessitats del país, de forma destacada quan les administracions no hi han arribat o en situacions de crisi. Per això mateix, des de Junts per Catalunya, no només valorem la feina i la contribució del tercer sector, del cooperativisme i del conjunt de l’economia social, sinó que els escoltem i els acompanyem. Ho fem conscients que representen una part significativa del nostre PIB, del PIB català, però sobretot ho fem coneixedors que són uns aliats fonamentals per enfortir la cohesió i la inclusió social. I ho són perquè, més enllà del valor econòmic que aporten al nostre país, la seva veritable riquesa és el compromís amb les persones, sovint amb les més vulnerables, amb les que més ho necessiten. I quina millor manera de col·laborar-hi des de Junts per Catalunya, que treballant per protegir i recuperar les competències erosionades pel centralisme legislatiu tant de les dretes com de les esquerres espanyoles. I el resultat d’aquesta feina és l’acord assolit fa mesos per Junts per Catalunya amb el Ministerio i amb els grups del Gobierno. Un acord, el de Junts, per aturar i revertir la invasió competencial, un acord amb la finalitat de poder decidir i fer des de Catalunya les millors polítiques també en aquest àmbit, en el de l’economia social. Un acord, val a dir, previ al trencament amb els partits del Gobierno, un acord que avui mantindrem, malgrat el canvi de situació en la relació amb el Gobierno i la pujada de to i l’ús reiterat i mai gratuït de l’insult i la mentida d’aquells que, si volen fer alguna cosa aquesta legislatura, s’ha demostrat que necessiten sí o sí els nostres vots, perquè per molt que s’esforcin per encasellar-nos en el bloc que més convé a uns i als altres, nosaltres deixem clar que no som ni de l’un ni de l’altre. El nostre bloc és el de Catalunya, i ho saben. Durant la tramitació al Senat, des de Junts i malgrat l’acord, vàrem presentar dues esmenes. La primera, que reproduïa també un acord, un acord signat fa més d’un any amb el ministeri de la vicepresidenta segona per a la creació de les empreses d’ocupació. I la segona, una esmena per revertir la Llei 2/2015, de desindexació, perquè les empreses de l’economia social que tenen un contracte amb l’administració amb les clàusules socials pertinents, no es veiessin forçades a assumir amb els seus balanços els increments generats per la pujada de l’IPC d’un any respecte a l’anterior. Les dues esmenes van ser vetades pel Gobierno, però avui ens serveixen per posar en evidència les polítiques i les maneres de fer d’aquest executiu. Un executiu que, en aquest cas representat per vostè, per la vicepresidenta segona, arriba a acords que no compleix malgrat que el cost sigui tenir aturada la transposició d’una directiva europea de condicions laborals transparents. La mateixa vicepresidenta que, en el debat parlamentari, mostra uns papers i diu que recullen la fi de la desindexació de preus i ens diu que era una de les mesures que havia ofert a Junts per donar suport al seu projecte de legislatura. Sap que no és veritat, però sí que li serveix per intentar culpabilitzar-nos de que això hagi passat. Doncs nosaltres li volíem donar l’oportunitat que ho fes, que amb la segona esmena del Senat, vostè posés fi a la desindexació, i més en el cas de l’economia social. No ha de ser aquesta objecte de xantatge, sinó que hauria de ser una prioritat per a un gobierno que es ven com a progressista. En fi, una prova més de que aquest govern no és de fiar. Però això avui no ens condiciona, no ens condiciona el seu mal fer. I nosaltres avui ens centrarem amb l’acord més important que per nosaltres és aquell que tenim amb l’economia social catalana. I, per això, volem des de Junts fer un reconeixement al seu conjunt i un agraïment als representants de les entitats amb qui hem treballat aquests darrers mesos, les vinculades a COOPCAT, a FEICAT, al DINCAT o a la Confederació, per citar-ne algunes. Un agraïment que també voldria que permetessin fer extensiu personalment a dos referents parlamentaris; un que ho va ser d’aquesta cambra, en Quico Homs, un guia en molts àmbits i especialment en el de les competències del nostre país, Catalunya. I l’altre en exercici al Parlament de Catalunya, el nostre estimat Isaac Padrós, que ens recorda constantment que cal posar al centre les persones i el seu dret a decidir. Perquè la independència de Catalunya comença en la promoció i la garantia de la independència de totes les persones que en formen part. Aquest és el nostre compromís. Aquesta és la lluita de Junts per Catalunya. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Señorías, Cataluña siempre se ha caracterizado ―y se caracteriza― por un tejido de entidades sociales amplio y potente, un tejido que siempre ha sabido hacer de cojín para las necesidades del país de forma destacada cuando las Administraciones no han llegado o en situaciones de crisis. Por eso mismo, Junts per Catalunya no solo valora el trabajo y la contribución del tercer sector, del cooperativismo y del conjunto de la economía social, sino que los escuchamos y los acompañamos. Lo hacemos conscientes de que representan una parte significativa de nuestro PIB catalán, pero sobre todo sabiendo que son unos aliados fundamentales para fortalecer la cohesión social. Y lo son porque, más allá del valor económico que aportan a nuestro país, su verdadera riqueza es el compromiso con las personas, a menudo con las más vulnerables, con las que más lo necesitan. Y qué mejor manera de colaborar con ellos desde Junts per Catalunya que trabajando para proteger y recuperar las competencias erosionadas por el centralismo legislativo, tanto de las derechas como de las izquierdas españolas. El resultado de esta tarea es el acuerdo que Junts per Catalunya ha alcanzado hace meses con el Gobierno y el ministerio. Un acuerdo para revertir la invasión competencial; un acuerdo con la finalidad de poder decidir y que desde Cataluña se hagan las mejores políticas también en este ámbito, el de la economía social; un acuerdo ―hay que decirlo― previo a la ruptura con los partidos del Gobierno que hoy mantendremos, a pesar del cambio de situación en la relación con el Gobierno, de la subida de tono y del uso reiterado y nunca suavizado del insulto y de la mentira por parte de aquellos que, si quieren hacer algo en esta legislatura, se ha demostrado que necesitan sí o sí nuestros votos. Porque, por mucho que se esfuercen en encasillarnos en el bloque que más conviene a unos o a otros, nosotros dejamos claro que no somos ni de uno ni de otro: nuestro bloque es el de Cataluña, y lo saben. Durante la tramitación en el Senado, Junts, a pesar del acuerdo, presentó dos enmiendas. La primera reproducía también un acuerdo firmado hace más de un año con el ministerio de la vicepresidenta segunda para la creación de las empresas de empleo. Y la segunda era una enmienda para revertir la Ley 2/2015, de desindexación, para que las empresas de la economía social que tienen un contrato con la Administración con cláusulas socialmente pertinentes no se vieran forzadas a asumir en sus balances los incrementos generados por la subida del IPC de un año respecto al anterior. Las dos enmiendas fueron vetadas por el Gobierno, pero hoy nos sirven para poner en evidencia las políticas y las maneras de hacer de este Ejecutivo. Un Ejecutivo, en este caso representado por usted, la vicepresidenta segunda, que llega a acuerdos que no cumple, pese a que tuviera bloqueada la trasposición de una directiva europea sobre condiciones laborales transparentes, la misma vicepresidenta que en el debate parlamentario muestra unos papeles y dice que recogen la desindexación de precios y nos dice que era una de las medidas que había ofrecido a Junts para dar apoyo a su proyecto de legislatura. Sabe que no es verdad, pero le sirve para intentar culparnos de que eso haya ocurrido. Nosotros queríamos darle la oportunidad de que lo hiciera y que con la segunda enmienda del Senado usted pusiera fin a la desindexación, y más en el caso de la economía social. No debe ser esta objeto de chantaje, sino que debería ser una prioridad para un Gobierno que se vende como progresista. En fin, una prueba más de que este Gobierno no es de fiar, pero eso hoy no nos condiciona. No nos condiciona su mal hacer y nosotros hoy nos centraremos en el acuerdo más importante, que para nosotros es el que tenemos con la economía social catalana. Por eso desde Junts queremos hacer un reconocimiento a su conjunto y dar un agradecimiento a los representantes de las entidades que han trabajado en los últimos meses, las vinculadas a COOPCAT, a FEICAT, a DINCAT o a la Confederación, por citar solo algunas. Un agradecimiento que también querría que me permitieran extender personalmente a dos referentes parlamentarios. Uno de esta Cámara, Quico Homs, un guía en muchos ámbitos, y especialmente en el de las competencias de nuestro país, Cataluña. Y el otro en ejercicio en el Parlamento de Cataluña, Isaac Padrós ―nuestro querido Isaac Padrós―, que nos recuerda constantemente que hay que poner en el centro a las personas y su derecho a decidir, porque la independencia de Cataluña empieza con la promoción y la garantía de la independencia de todas las personas que forman parte de ella. Este es nuestro compromiso. Esta es la lucha de Junts per Catalunya. Muchas gracias.

Jordi Salvador i Duch ERC

Bona tarda ja. Gràcies, senyor president. Avui venim a dir sí a la llei d’economia social, però venim sobretot a dir un no rotund a les esmenes que el Partit Popular ha imposat des de la seva trinxera al Senat. El Partit Popular ha utilitzat la seva majoria absoluta per intentar desmantellar el consens que vam arribar aquí al Congrés. Han enviat de tornada un text tacat de centralisme i de lògica purament capitalista. Ataquen la igualtat, han eliminat els plans d’igualtat, la transparència a les empreses. Per a la dreta, la igualtat de gènere és una càrrega i no un dret. Són cruels amb els vulnerables. Han votat per excloure les persones en procés de regularització administrativa. Volen una economia que deixés els més febles a la intempèrie. Menyspreen el bé comú. Han suprimit les referències al comerç just i al compromís de transformar empreses convencionals en economia social. Pols centralista, han plantejat esmenes que envaeixen les competències de les nostres comunitats autònomes i de les nostres nacions i pobles. Davant d’aquest intent de retrocés, el nostre sí és a la llei que vam pactar aquí, la que posa la vida de la gent al centre. No és un text perfecte, ja li vam dir, però és una eina útil per a la gent. Inclusió real, gràcies a les nostres esmenes, encara que alguns pensen que només es negocien aquests, les empreses d’inserció podran contractar persones sense llar i no els perfils exclosos; això és fer política pel carrer i no pels despatxos. Drets permanents, hem blindat que la vulnerabilitat no s’acabi quan venç un contracte. Si la situació empitjora, la persona ha de poder tornar a l’itinerari d’inserció. Serveis socials forts, hem donat el protagonisme als serveis socials perquè acreditin les situacions de risc. L’economia social ha de ser un compromís real, no una etiqueta buida per captar recursos. Finalment, hem defensat amb convicció una esmena que em fa particular il·lusió, perquè la vam pactar amb la gent de SUMAR. Hem defensat amb convicció la vida dels nostres pobles. L’esmena que vam acordar per a les zones rurals en risc de despoblació és vital, és molt important. Un poble sense farmàcia, sense comerç d’alimentació, sense correus és un poble condemnat. Aquesta llei també és una eina contra el buidatge del nostre país. I acabo. Senyories, el nostre vot és un sí a la sobirania, a la inserció i als pobles vius. És un sí que desfà el camí de retallades que el Partit Popular ha intentat imposar des del Senat. Com deien Salvador Seguí i Joan Peiró, l’economia ha d’estar al servei de l’emancipació humana i no del benefici d’uns pocs. Avui fem un passet més en aquest camí. Moltes gràcies. Buenas tardes ya. Gracias, señor presidente. Hoy venimos a decir sí a la ley de economía social, pero, sobre todo, a decir no a las enmiendas que el Partido Popular ha impuesto desde su trinchera en el Senado. El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta para intentar desmantelar el consenso al que hemos llegado en el Congreso. Han vuelto a enviar un texto lleno de centralismo y de lógica puramente capitalista. Atacan la igualdad; han eliminado los planes de igualdad y la transparencia de las empresas. Para la derecha, la igualdad de género es una carga y no un derecho. Son crueles con los vulnerables; han votado para afectar a las personas que están en regularización administrativa. Han votado a favor de una economía que deja a las personas a la intemperie y han suprimido las referencias al comercio justo y los compromisos alcanzados con empresas activas en el compromiso social. Una actitud centralista que viola las competencias de nuestras comunidades autónomas y de nuestros pueblos. Ante este intento de retroceso, nuestro sí es a la ley que pactamos aquí, la que pone la vida de la gente en el centro. No es un texto perfecto ―ya lo dijimos―, pero es una herramienta útil para la gente. Inclusión real. Gracias a nuestras enmiendas, aunque algunos piensan que no es perfecto, las empresas de inserción podrán contratar a personas sin hogar; estarán en las calles y no en los despachos. También hay transparencia. La vulnerabilidad no se acaba cuando vence un contrato. Si la situación empeora, debe poder volver la persona al programa de inserción. Servicios sociales fuertes también. Hemos dado el protagonismo a los servicios sociales para que acrediten las situaciones de riesgo. La economía social tiene que ser un compromiso real, no una etiqueta vacía para captar recursos. Finalmente, hemos defendido con convicción una enmienda que nos hace mucha ilusión y que hemos pactado con la gente de SUMAR. Hemos defendido la vida de nuestros pueblos. La enmienda que acordamos para las zonas rurales en riesgo de despoblación es vital, es muy importante. Un pueblo sin farmacias, sin comercios de alimentación, sin Correos, es un pueblo condenado. Esta ley también es una herramienta contra el vaciamiento de nuestro país. Y acabo. Señorías, nuestro voto es un sí a la soberanía, a la inserción y a los pueblos vivos. Es un sí que deshace el camino de recortes que el Partido Popular intentó imponer desde el Senado. Como decía Salvador Seguí y Joan Peiró, la economía tiene que estar al servicio de la emancipación humana, no del beneficio de unos pocos. Hoy damos un pasito más en ese camino. Muchas gracias. .

Viviane Ogou i Corbi SUMAR

Buenos días, señorías. Hoy nos encontramos en la fase final de la aprobación de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una reforma que el Ministerio de Trabajo ha desarrollado mano a mano con las organizaciones más representativas de este sector para reconocer sus necesidades y actualizar el marco jurídico que acompaña sus actuaciones. Como saben, la economía social representa un modelo económico alternativo que prioriza a las personas, el trabajo digno y el planeta. Hablamos de cooperativas, de empresas de inserción, centros especiales de trabajo, mutualidades, cofradías de pescadores, emprendimientos sociales y muchas otras realidades que muestran que es posible producir y ofrecer servicios revirtiendo las ganancias y utilizando sus empresas para mejorar el mundo. . Esto supone una bocanada de aire fresco en un momento donde hay grandes magnates que acumulan billones de euros. Sabemos que cuando tan pocas personas concentran una parte tan grande de la riqueza mundial hay algo que no se está haciendo bien. Muchas veces no se pagan salarios justos en todos los eslabones de la cadena de valor, los accionistas se quedan con una productividad que debería ser remunerada, se utilizan materiales provenientes de contextos de explotación o guerra o se establecen precios muy por encima de su valor real. Aquellos que persiguen únicamente el lucro empeoran la calidad de vida de muchas personas. No puede ser, señorías, que la aspiración de nuestro modelo económico sea ser como Musk, que tiene más riqueza de la que tendría alguien que hubiera ahorrado 80 000 euros al día desde que se extinguieron los mamuts. No podemos aspirar a tal concentración de poder en unas pocas manos o permitirles manipular algoritmos para fomentar el odio o influir en procesos electorales. Por eso las empresas que trabajan en la economía social son las verdaderas heroínas, porque buscan dar respuesta a las necesidades de la población y garantizar el derecho al trabajo, y sientan día a día la base de un modelo económico que mejoraría la vida de todos y de todas. Un modelo económico con formas empresariales más justas y democráticas. Por ejemplo, son las empresas sociales las que desaceleran la despoblación y dan la oportunidad a la juventud de quedarse en sus territorios y que las familias puedan ir al colegio cerca o que la gente mayor pueda ir a comprar sin recorrer grandes distancias. Estas entidades, yendo en contra de la lógica de ganancias, hacen los verdaderos actos de patriotismo fomentando la cohesión territorial y el arraigo. Y no estamos hablando de una realidad marginal. La economía social ya representa el 11,1 % del PIB en cifra de negocios y sostiene más de 2 250 000 empleos. Hablamos de un ecosistema emprendedor lleno de personas que prueban y consolidan ideas para resolver problemas del entorno, como el acceso a la vivienda a través de cooperativas de cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo. La Ley Integral de Impulso de la Economía social supone una actualización amplia del marco jurídico en España, reformando conjuntamente la Ley de Cooperativas, la ley de empresas de inserción y la Ley de Economía Social e incorporando, además, una modificación de la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. En pocas palabras, lo que hace esta ley es modernizar las cooperativas para que se adapten al siglo XXI, facilitando la participación digital, reforzando los derechos de las personas socias y avanzando en materia de igualdad a través de las comisiones de igualdad, así como reforzar las empresas de inserción que ayudan a encontrar empleo a quienes lo tienen más difícil sin estigmatizarles, definir claramente las entidades de la economía social para evitar el intrusismo de quienes no comparten los valores de este modelo económico e impulsar a las entidades de economía social mediante la contratación pública. Esta ley da alas a las entidades que no están lideradas por el gran capital, a quienes buscan construir alternativas responsables con las personas y con el planeta, que innovan mientras incluyen y que se responsabilizan de que nadie quede atrás. Así que, siendo una ley de consenso, hoy les pedimos responsabilidad y celebración, porque aprobamos un texto que moderniza un modelo económico que realmente aporta grandes beneficios al país. . I, per descomptat, els animem també a seguir de prop les activitats que aquest 2026 es faran a Mataró, aquest any capital de la innovació i de l’economia social, gràcies al gran treball de la regidoria que han fet que aquest municipi fos un municipi de referencia. Y, por supuesto, les animamos también a seguir de cerca las actividades de este 2026, que se realizarán en Mataró, este año capital de la innovación y de la economía social gracias al gran trabajo de la regiduría, que ha hecho que este municipio fuera un municipio de referencia. Antes de terminar, señorías, y con el permiso de la ministra, me gustaría, desde la completa lealtad, dirigirme al Grupo Socialista, porque ayer se dio una situación a mi entender muy muy grave. Ayer, en la Asamblea General de Naciones Unidas, España y la Unión Europea se abstuvieron en la votación que buscaba reconocer la esclavitud de la población africana como uno de los mayores crímenes contra la humanidad. Estamos hablando de cuarenta millones de personas esclavizadas a lo largo de la historia, sacadas de sus tierras, violadas, torturadas y asesinadas cuando no servían. Incluso hoy, sus descendientes siguen enfrentando grandes retos sociales. También en España, que fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud en Cuba, en 1886. Señorías, no entendemos cómo es posible que el Estado se haya puesto de perfil ante esta cuestión y, además, el día antes de la aprobación del reglamento de deportación que se acaba de votar en el Parlamento Europeo, que nos trae el ICE a España, a Europa , y que, además, permite que niños y niñas puedan ser encerrados en centros de deportación. Señorías, ayer y hoy eran días para la valentía, pero parece que la lógica colonial sigue demasiado presente en el imaginario común. Así que ténganlo claro: no vamos a parar hasta erradicarlo. Muchas gracias. .

Juan José Aizcorbe Torra VOX

Muchas gracias, señor presidente. Permítanme comenzar con un reconocimiento sincero. A lo largo de la tramitación de este proyecto de ley he tenido ocasión de reunirme, dialogar y, en no pocas ocasiones, discrepar de responsables de muy diversas entidades de la economía social. A algunos de ellos los veo aquí y algunos de ellos, estando aquí, no me ven. A todos de ellos quiero trasladarles mi respeto por su trabajo, por su compromiso y por la convicción con la que sostienen modelos que consideran útiles para la sociedad. . Porque si algo define a la economía social en su origen es una realidad: la capacidad de las personas y de las comunidades naturales para organizarse y construir algo que trasciende. Las grandes obras de la humanidad nacen de esa conciencia. Pensemos en las grandes catedrales. Quienes colocaban esa primera piedra sabían probablemente que no verían la obra terminada, pero tenían la certeza de estar participando en algo grande que merecía la pena y que trascendía a ellos mismos. Ese debe ser el verdadero punto de partida de la economía social. Nace de la necesidad, de la solidaridad, de la previsión compartida, de las mutualidades, de las cooperativas, de formas de ayuda recíproca que preceden incluso al Estado social. Nace de abajo arriba, pegada al terreno, a la vida real, de la convivencia misma y de la conciencia de que juntos se resuelve mejor lo que en ocasiones individualmente sería imposible. . Con el tiempo, sin embargo, se ha ido transformando, institucionalizando y, en ocasiones, desnaturalizando. Ahí surge una preocupación legítima: cuando aquello que nace de forma espontánea empieza a ser encauzado y dirigido desde instancias ajenas ―y especialmente desde el Estado― corre el riesgo de perder su sentido original. Cuando se introducen capas de regulación y de burocracia con orientación ideológica, que no responden a esa lógica natural, conviene preguntarse si estamos fortaleciendo estas realidades o alejándolas de aquello que les dio origen. Hoy hablamos de economía social como si fuera un bloque homogéneo, pero no lo es. Bajo ese concepto conviven cooperativas, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, fundaciones, asociaciones, realidades distintas con lógicas distintas, que aquí se abordan de forma conjunta como si todas respondieran a la misma naturaleza. Pero hay algo más profundo, en demasiadas ocasiones la vida pública española se ha construido sobre a triple división ―partidos, territorios y lucha de clases que jalea la izquierda ― y esta lógica acaba impregnando ámbitos que deberían quedar al margen, como el de la economía social. Cuando eso ocurre dejamos de hablar de cooperación real para empezar a ordenar la realidad en comportamientos ideológicos, introduciendo más burocracia y más dirección desde arriba. Frente a eso conviene reivindicar una idea sencilla, la de los cuerpos intermedios, aquellas realidades que existen entre el individuo y el Estado, que nacen de la libre organización de la sociedad. . La economía social en su mejor expresión debería ser precisamente eso. Ahí el principio de subsidiariedad, que para VOX es un criterio de orden claro: el Estado debe ayudar, facilitar y acompañar, pero no sustituir ni dirigir aquello que nace de la sociedad civil. . Desde esta perspectiva hay cuestiones concretas que no podemos obviar. En relación con los centros especiales de empleo existe un debate legítimo sobre la exclusión de los de iniciativa empresarial del ámbito de la economía social. Estamos ante una interpretación jurídica discutible construida sobre otra interpretación sui géneris de normativa europea y desarrollada posteriormente por criterios normativos funcionales y analíticos que dan pie a la correspondiente jurisprudencia; una construcción jurídica que tiene efectos reales sobre el empleo de miles de personas. Entenderán que el debate no solo es legítimo, sino incluso necesario. Lo han podido comprobar. Lo mismo sucede con las mutualidades. Su origen responde a esa lógica de previsión y solidaridad. Han cumplido una función indiscutible, pero también es cierto que el paso del tiempo y determinadas disfunciones por intromisión del Estado han generado problemas que hoy siguen sin resolverse. Muchos profesionales que durante años cotizaron en mutualidades reclaman esa solución para poder incorporarse al RETA en condiciones justas y con pensiones dignas. Por eso desde aquí solicitamos que se convoque la ponencia correspondiente por parte de los grupos que sostienen al Gobierno, que son quienes tienen la capacidad de impulsarla, y que se adopte una decisión clara. No es aceptable mantener a miles de personas en una incertidumbre permanente. . Hoy se nos pide pronunciarnos sobre cambios introducidos en el Senado, cambios que en muchos casos son parciales y no alteran lo esencial de un proyecto que se presenta como integral, pero que difícilmente puede calificarse como tal. Por eso, más allá del debate del detalle, lo que queremos afirmar es algo sencillo, creemos en la economía social cuando es fiel a su origen, cuando permanece arraigada a la realidad de las personas y cuando sigue siendo un instrumento útil para generar trabajo y sostener comunidades naturales. Eso merece ser cuidado con rigor, pero fuera de la intervención innecesaria del Estado ―anhelo permanente de la izquierda― porque cuando todo depende del Estado puede pasar de ofrecerte una salida a darte una inyección letal, como hoy veremos en España , donde el Estado quita una hija a sus padres, la violan indeseables en un centro tutelado y la solución que da el Estado es suicidarla, [ejecutarla] 3. En fin... Eso es el final de una sociedad que, en nombre del progreso, es capaz de autodestruirse. Muchas gracias. .

Marta Trenzano Rubio PSOE

Buenas tardes. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy esta Cámara no se limita a debatir una ley, hoy debatimos, en realidad, qué tipo de economía queremos para la España del siglo XXI. Si queremos una economía que concentre poder y riqueza en unos pocos o una economía que distribuya oportunidades, que arraigue en el territorio y que ponga a las personas en el centro de la actividad productiva, eso, señorías, es precisamente lo que representa la economía social. Conviene recordar con claridad que no estamos hablando de una realidad marginal ni de una fórmula subsidiaria; estamos hablando de un pilar esencial de nuestro tejido productivo. En nuestro país la economía social está formada por decenas de miles de empresas y entidades que generan más de 1,2 millones de empleos directos, lo que representa en torno al 5,8 % del empleo total. Además, su impacto económico alcanza aproximadamente el 11 % del PIB. Hablamos de un modelo que agrupa a más de 43 000 empresas y entidades profundamente arraigadas en nuestro territorio. Señorías, estos no son datos menores, son la prueba de que la economía social no es el futuro, es ya una realidad sólida, madura y estratégica para nuestro país. ¿Qué caracteriza a este modelo? En primer lugar, su capacidad para generar empleo estable y de calidad. En segundo lugar, su compromiso con el arraigo territorial, especialmente en el medio rural, allí donde otras formas empresariales no llegan o se marchan. En tercer lugar, su contribución a la cohesión social, integrando a colectivos vulnerables y reduciendo desigualdades. Y, finalmente, su apuesta por una democracia económica real donde las personas trabajadoras participan en las decisiones. Frente a la lógica de la deslocalización y la especulación, la economía social representa la lógica del compromiso, de la permanencia y de la responsabilidad colectiva. Esta ley que hoy defendemos no surge de la improvisación, responde a una visión clara de país, una España que moderniza su economía sin renunciar a la justicia social, una España que avanza en la transición ecológica sin dejar a nadie atrás, una España que entiende 3 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. que la competitividad no está reñida con la equidad, sino que se construye sobre ella. La economía social es en este sentido una herramienta clave para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo: la despoblación, la transformación del modelo productivo, la inclusión social y la resiliencia ante las crisis. No es casualidad que, incluso en los momentos más difíciles, como durante la pandemia, este sector haya demostrado una mayor resistencia y estabilidad que el conjunto de la economía. Cuando las empresas ponen a las personas en el centro resisten mejor, crean mejor empleo y generan más valor social. Frente a este modelo, señorías, hoy se presentan una serie de enmiendas que vienen del Senado de la mano del Grupo Popular. Muchas de ellas, lejos de fortalecer esta ley, la vacían de ambición. Muchas de ellas ignoran la especificidad de la economía social y pretenden diluirla en esquemas que no le son propios. Unas enmiendas que responden, en definitiva, a una visión de la economía que ya conocemos, una visión que prioriza lo inmediato frente a lo sostenible y lo individual frente a lo colectivo. Señorías del Grupo Popular, la economía social no necesita ser corregida desde parámetros que le son ajenos, lo que necesita es ser reconocida, impulsada y protegida. . Cuando ustedes han tenido la responsabilidad de gobernar este sector no ha estado en el centro de sus prioridades. Hoy, en cambio, este Gobierno y esta mayoría parlamentaria sí lo sitúan donde merece, en el corazón de la política económica. España vive un momento de transformación profunda. Los datos de empleo, de crecimiento y de modernización económica así lo acreditan. Pero ese crecimiento solo será verdaderamente sólido si es también inclusivo, si llega a todos los territorios y si mejora la vida de la mayoría social. Y ahí es precisamente donde la economía social juega un papel insustituible, porque no hay cohesión territorial sin empresas arraigadas, no hay justicia social sin empleo digno y no hay democracia plena si la economía queda al margen de los valores democráticos profundos. . Hoy, esta Cámara tiene ante sí una decisión importante. Podemos optar por debilitar esta ley, rebajar su alcance y desaprovechar una oportunidad histórica o podemos hacer lo que España necesita: fortalecer un modelo económico que ya está demostrando su utilidad, su eficacia y su compromiso con el interés general. La economía social no es una alternativa menor, es una pieza clave del presente y del futuro de nuestro país. Y hoy, señorías, tenemos la responsabilidad de estar a la altura de ese futuro. Porque, en el fondo, de lo que hoy estamos hablando no es solo de estructuras económicas ni de modelos empresariales, sino de una elección moral, de decidir de qué lado estamos, si del lado de quienes entienden la economía como un espacio de acumulación sin límites o del lado de quienes creemos que la riqueza solo tiene sentido cuando se comparte, cuando dignifica, cuando construye un futuro compartido. Nosotros, señorías, lo tenemos claro. Estamos del lado de quienes levantan cada día este país desde el trabajo, desde la cooperación, desde la solidaridad silenciosa. . Del lado de quienes no tienen de todo, pero lo sostienen todo. Y es precisamente para ellos y con ellos para quienes hoy legislamos porque esa es y siempre ha sido la razón de ser del socialismo democrático, ensanchar derechos, equilibrar desigualdades y poner la economía al servicio de las personas. Muchas gracias. .

Violante Tomás Olivares PP

Gracias, señora presidenta. En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero saludar a los representantes de las entidades del tercer sector, de la economía social y de la discapacidad que hoy nos acompañan y darles la bienvenida a esta que es la casa de todos, especialmente de ustedes. . Señorías, culmina hoy la tramitación de este proyecto de ley con la sensación de que hemos perdido la oportunidad de dar a la economía social el impulso que necesitaba. Lo que hoy se aprueba gustará a algunos, pero perjudica mucho, comenzando porque se pierde el consenso en torno a la economía social. Esta ley no cuenta con nuestro apoyo. Estamos convencidos de que con esta ley pierde el sector de las cooperativas, al que se le ha hurtado ―a cambio de cuatro cosas de poca entidad― un debate necesario, el de la actualización de su régimen fiscal. Y pierden los ciudadanos, que van a financiar con sus impuestos un modelo en el que es más importante el apellido de la entidad o de la empresa que sus resultados y su impacto social. Señorías, este no es un debate menor, el modelo importa. Se trata de decidir si queremos una economía social que tenga un marco jurídico claro y se hagan las cosas cada vez mejor o si queremos que sea un fin en sí misma. Por ahí va el marco europeo de la economía social y por ahí deberíamos ir nosotros. Dado que la economía social compite en el mercado con ayudas públicas, debemos ser exigentes con el cumplimiento efectivo de los requisitos, con los resultados y con la rendición de cuentas. Como señalaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los objetivos sociales deben ser obtenidos a través del fomento de la competencia efectiva y no a costa de ella, porque la economía social no es un eslogan y tampoco puede ser una oportunidad económica de unos pocos a costa de los demás, ni mucho menos un instrumento ideológico para combatir la economía libre de mercado. La economía social es empleo, inclusión, desarrollo y, sobre todo, es una oportunidad real para miles de personas de nuestro país; personas que no viven de titulares, personas que no pueden permitirse leyes mal hechas. Pero el Gobierno, en lugar de hacer una ley clara, ordenada y útil, decide mezclarlo todo: distintas normas, materias inconexas, intereses cruzados... ¿Para qué? No para mejorar el texto, no, sino para cuadrar sus cada vez más exiguas mayorías. Esa es la realidad. Y, cuando la prioridad es la aritmética parlamentaria y no el interés general, el resultado siempre es el mismo, leyes confusas, incoherentes, que generan inseguridad jurídica y que acaban pagando quienes trabajan cada día en este país. . Ustedes, señorías del Gobierno, han convertido esta ley en un auténtico cajón de sastre. Han utilizado una norma como vehículo para otros objetivos políticos y eso tiene un nombre: falta de respeto. Falta de respeto a este Parlamento, falta de respeto al sector y falta de respeto a quienes esperan soluciones reales. Y frente a eso, el Partido Popular ha hecho lo que siempre hace, lo que se espera del primer partido de España, ser responsable. No hemos bloqueado esta ley, la hemos trabajado y hemos intentado mejorarla y lo hemos hecho escuchando a quienes saben de todo esto mejor que nadie, el sector, pero todo el sector. El camino más corto para acertar es escuchar a todos, porque todos tienen algo que aportar. De esta escucha activa aprendimos que lo que el sector quiere son menos trabas, más seguridad jurídica, más capacidad para mejorar su impacto social. Así de sencillo. Por cierto, tengo que recordar que la Mesa de la comisión impidió, con trampas y malos modos, las comparecencias solicitadas por nuestro grupo. Supongo que no eran de su agrado. . Por eso, las cuarenta y cuatro enmiendas del Senado que íbamos a votar van en la dirección de las demandas que nos han hecho en el sector, es decir, simplificar cargas administrativas que hoy están ahogando a muchas cooperativas; dar flexibilidad a las empresas de inserción para que puedan cumplir de verdad su función social, y reforzar la seguridad jurídica, porque sin seguridad jurídica no hay inversión, no hay estabilidad y no hay futuro. El texto remitido por el Senado pretende solventar algunos problemas derivados de los pactos cruzados entre los socios parlamentarios y de Gobierno. No estamos de acuerdo y no podemos apoyar que la economía social se convierta en un instrumento para la regularización por arraigo de personas extranjeras a través de las empresas de inserción financiadas con los impuestos de todos los españoles. Y menos que un Gobierno sin mayoría para legislar aproveche cada oportunidad para colar enmiendas intrusas vulnerando derechos parlamentarios básicos. Pero hay más, hay un ámbito donde el daño de esta forma de legislar es especialmente evidente, el sector primario. Las cooperativas agroalimentarias, las sociedades agrarias, las cofradías de pescadores necesitan menos carga regulatoria, menos incertidumbre y más confianza , porque son ellos quienes sostienen buena parte de nuestro territorio, son ellos quienes generan empleo donde otros no llegan y son ellos quienes, a pesar de todo, siguen sacando adelante su actividad. Señorías, durante años la economía social ha sido un espacio de consenso, pero hoy ese consenso está en riesgo. En el Grupo Popular ―lo decimos con claridad― no podemos respaldar una ley mal planteada, mal construida y alejada de las necesidades reales de todo el sector. Y, lamentablemente, esta ley no está a la altura. Por eso, el Grupo Popular vamos a estar muy atentos a la aplicación de esta ley y de los más que seguros efectos adversos que va a generar. Y no les quepa duda de que, si esto ocurre, cuando el Partido Popular llegue al Gobierno de la mano de nuestro presidente Núñez Feijóo, introducirá las reformas necesarias para garantizar la defensa de los intereses generales y los objetivos de una economía social integradora que ponga en el centro a las personas, su bienestar y su futuro. Gracias. .

Yolanda Díaz Pérez SUMAR

Gracias, presidenta. En primer lugar, me gustaría dirigirme a las familias de la economía social, que son múltiples y que nos acompañan hoy. Quiero dar las gracias a todas ellas, encabezadas por CEPES, porque estas tres normas que hemos fusionado en una única ley integral son obra nada más y nada menos que de ellos y de ellas. Permítanme que me dirija directamente al señor Pedreño, dándole la enhorabuena colectivamente, en nombre de nuestro país, por ser capaces de trabajar en un sector que es clave para España. . En segundo lugar, presidenta, quiero dar las gracias al equipo del Ministerio de Trabajo, encabezado por la secretaria de Estado de Economía Social. Llevan un año y medio, ustedes, esta Cámara y el Senado, trabajando para que esta norma hoy sea aprobada por fin en España. . Por tanto, querida Amparo, querido equipo del ministerio, gracias, y querida portavoz, gracias también porque me consta que ha sido una norma trabajada intensamente. En tercer lugar, una pequeña reflexión. La economía social en España supone hoy no un apartado de la economía de nuestro país, es nada más y nada menos que el 11 % del PIB. Tiene que ver con la vida de muchísimas empresas ―las fundaciones, las cooperativas, las cofradías de pescadores y pescadoras, las mutualidades..― con unas realidades jurídicas muy diversas, que se enclavan en muchísimos territorios de nuestro país, que tienen singularidades propias, pero que hacen algo muy importante, que es humanizar la economía y anclarla a los territorios. Es clave para nuestro país, da empleo a más de dos millones y medio de personas trabajadoras en España. Pero es que, además, cumplimos hoy con un mandato constitucional que, en su artículo 129, habla de esto, de democratizar la economía de manera singular a través del cooperativismo en España. Por tanto, hoy, en nombre del Gobierno de España, a todas las formaciones políticas ―insisto, a todas― les digo solamente una cosa: gracias. Gracias también por el trabajo que han hecho a todos los grupos en esta Cámara que han votado a favor de esta norma y que, si me permite, han hecho realidad algo, querida presidenta, que creo que es hermoso, que es, en momentos de ruido, hacer que el valor democrático de las Cámaras, del Congreso y del Senado, sirva para mejorar la vida de la gente. Hoy hemos demostrado, tras un año y medio, que, a pesar de las diferencias políticas, somos capaces de ponernos de acuerdo en tres normas, con una ley integral. Permítanme un pequeño balance: doscientas enmiendas en el Congreso y sesenta y siete enmiendas en el Senado. Por tanto, queridos parlamentarios, queridas parlamentarias de todas las formaciones políticas, gracias por el trabajo que han hecho. Le damos una lección de democracia a la ciudadanía ahí fuera, diciendo que podemos seguir trabajando por el bien común. Así que, enhorabuena y muchas gracias. .