Pleno del Congreso n.º 173 · XV legislatura

María Soledad Cruz-Guzmán García PP

Señorías, mi grupo trae hoy a esta Cámara la toma en consideración de una de las leyes que, posiblemente, sea la más importante de esta legislatura, porque viene a dar solución al mayor problema que tienen los españoles: la imposibilidad del acceso a la vivienda para millones de personas. Esta ley ha pasado ya por el trámite en el Senado, pero creo que no hago ningún spoiler si les digo que su final volverá a ser el congelador de la señora Armengol. . Porque dentro de esta Cámara hay otra cámara frigorífica, donde la presidenta tiene congeladas más de cuarenta leyes. Ahí es donde también está nuestra ley antiokupación, que se aprobó en el Senado en el año 2023. Lleva ochenta y una prórrogas, ¡ochenta y una prórrogas!, retenida de manera indecente y antidemocrática por la señora Armengol. . Y no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Constitucional. ¡Basta ya, señora Armengol! ¡Basta ya de censurar al partido que ganó las elecciones! ¡Basta ya de censurar la voz de los españoles! Si no dimite por su relación con la trama Koldo, de la que no quiere hablar, dimita al menos por esta censura indecente en el Congreso de los Diputados. . Hace ahora casi dos años, en mayo de 2024, me subía a esta Cámara para debatir sobre la ley del suelo. Minutos antes — algo insólito— el presidente Sánchez retiró su ley porque sus propios ministros iban a votar en contra, los ministros y los diputados de SUMAR. Así es el Gobierno que nos desgobierna. Es incapaz de impulsar las leyes que necesita España e incapaz ni siquiera de traer los presupuestos generales del Estado. Si un Gobierno no saca los presupuestos, tiene que convocar elecciones, palabrita de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. . Hoy los grupos tendremos la oportunidad, por fin, de abrir este debate. Las medidas que traemos son fruto del diálogo y del consenso. Diálogo y consenso con todos los ayuntamientos, de todos los colores políticos. Diálogo y consenso con las comunidades autónomas, señora Rodríguez, también con las que gobierna el Partido Socialista. Les aseguro que se puede conseguir. Su falta de consenso es falta de voluntad y su necesidad de plegarse a las propuestas de Bildu y de SUMAR, radicales y enemigos de la Constitución. Esta ley también viene del consenso con las recomendaciones que nos hacen el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, FEDEA o el Fondo Monetario Internacional. Y, sobre todo, del consenso con el sector, del que hemos asumido sus propuestas en decenas y decenas de reuniones en la Comisión de Vivienda, reuniones con APCE, con ASPRIMA, con los Afectados por la Ocupación, con el Consejo de Arquitectos y con los colegios profesionales, a los que hoy aquí les quiero dar las gracias por su trabajo compartido. . Reuniones que han pilotado de manera titánica mis compañeros: Paloma, Sergio, Juan Bravo, José Ramón, Isabel Borrego y todo el gran equipo de vivienda que tiene el Partido Popular. Gracias por dejarme debatir hoy esta importante ley. La situación de la vivienda no puede esperar más. Ya hemos perdido ocho años con un Gobierno cuyo único interés ha sido usar el problema de la vivienda para enfrentar a los españoles: propietarios contra arrendatarios, alquilados contra los que compran y, por supuesto, unas comunidades autónomas contra otras. Un Gobierno que ha utilizado la vivienda como arma propagandística: 20 000, 50 000, 184 000 viviendas que prometen, elección tras elección, pero que nunca cumplen. Engaño tras engaño. Este Gobierno lleva ocho años buscando culpables — que si el Partido Popular, que si el turismo, que si el Partido Popular, que si los fondos, que si el Partido Popular— en vez de buscar soluciones. Lo que plantean no son salidas coherentes, son ocurrencias que pueden llegar a ser indignantes, como su teléfono de la esperanza o un vídeo para que compartamos pisos. Supongo que les habrá dado la idea el presidente Sánchez con su hermano en la Moncloa, pero lo cierto es que decenas de familias viven hacinadas en pisos compartidos. Mientras, los jóvenes están atrapados en una generación que solo puede heredar alquileres imposibles y expectativas pequeñas. Las familias más vulnerables lo son más y a los mayores cada vez les cuesta más pagar el alquiler con su jubilación. España necesita un Gobierno que no busque culpables, sino que dé soluciones. Eso trae hoy el Grupo Popular al hemiciclo: soluciones al problema de la vivienda. Los perfiles de este enorme problema se pueden resumir con cuatro titulares: Con Sánchez la brecha entre la oferta y la demanda alcanza ya más de 700 000 viviendas, los pisos compartidos han subido un 22 %, la edad media de emancipación de los jóvenes es de más de 31 años y los alquileres siguen subiendo como la espuma al mismo ritmo que el mercado negro del alquiler. Esta ley no es una varita mágica. El problema de la vivienda es complejo, poliédrico, diverso en cada territorio, pero hay algo elemental que es común a todos los territorios: no se soluciona sin construir viviendas. La receta es más oferta en el menor tiempo posible. Repito, esta ley no es una varita mágica, pero sí pone unos cimientos sólidos para comenzar a construir las soluciones y alcanzar el objetivo que mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, se ha marcado: un millón de nuevas viviendas, como ha prometido nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo; un millón de proyectos de vida, un millón de nuevos hogares. Mi generación, los boomer, ha visto muchas veces cómo el sector de la construcción ha sido palanca económica y social en nuestro país, y lo volveremos a ver porque tenemos unas industrias y unas empresas fuertes, arquitectos e ingenieros y, sobre todo, una Administración que tiene que ser más ágil y eficaz para conseguir ese reto. Para ellos, a corto plazo, esta ley agiliza la construcción de viviendas. Se acabó eso de esperar más de un año para una licencia. Se acabó. Por eso, licencias en tres meses, excepto en edificios que sean catalogados como protegidos. El Gobierno de Sánchez no es que solo no construya las viviendas que promete, es que ha conseguido aniquilar del mercado inmobiliario cientos de miles de viviendas, como si un terremoto hubiera pasado, el terremoto Sánchez. Esta ley devuelve la confianza y seguridad jurídica a los propietarios, inversores y promotores, porque sin confianza del propietario no hay mercado del alquiler. Por eso, derogamos las zonas de mercado tensionado, porque el control de precios no funciona ni en Escocia ni en San Francisco ni en Bilbao ni tampoco funciona en Cataluña, señorías de Junts, y lo saben. El señor Illa y el señor Collboni lo están aplicando y el resultado en Barcelona ha sido la reducción del 28 % de la oferta del mercado del alquiler, según el último informe de la propiedad urbana de hace tan solo dos meses. Señorías del Grupo Socialista, dejen de traernos informes que no se cree nadie, no se los cree nadie por más que los cocine el CIS. Devolver la confianza es devolver las viviendas al mercado. Por eso, esta ley acaba también con la impunidad de la inquiokupación. El 83 % de los arrendadores son pequeños propietarios, han sido la hucha de las familias siempre, y queremos que lo siga siendo. A las familias vulnerables hay que protegerlas, por supuesto, pero desde la Administración pública. A medio plazo, esta ley acaba con la inseguridad de los planeamientos, que no es otra cosa que el arte de diseñar las ciudades y el futuro de sus ciudadanos. Tenemos y necesitamos poner suelo finalista en el mercado lo antes posible con emisión de informes sectoriales de los diferentes ministerios, con un tiempo tasado, y centralizándolo en las delegaciones del Gobierno para ser más ágiles. También limitamos la nulidad de defectos formales, no puede volver a pasar lo que ocurrió en el planeamiento de Marbella o de Vigo: años y años y dinero de todos los españoles tirados a la basura para empezar de cero. Nosotros proponemos modificaciones parciales y terminamos con las nulidades en cascada. Una deuda pendiente, Ceuta y Melilla conseguirán… [Una señora invitada presente en la tribuna pública: ¡Diputados…! ¡Pase lo que pase, nos quedamos! ¡Hay que bajar el precio de los alquileres! ¡Ya está bien de subidas abusivas!—Varias señoras invitadas presentes en la tribuna pública lanzan pasquines al hemiciclo.—Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Mixto ].

María Soledad Cruz-Guzmán García PP

Señora Armengol, esto es lo que no se puede permitir en este Congreso. Esta es la falta de decoro de este Congreso, presidenta. . No es forma de presidir la Cámara. Ni los diputados ni los españoles se merecen este tipo de espectáculos. . Les decía que tenemos una deuda pendiente con nuestros hermanos de Ceuta y de Melilla y que esta ley…

María Soledad Cruz-Guzmán García PP

Tenemos una deuda pendiente con Ceuta y Melilla y, por eso, recuperan con esta ley sus competencias urbanísticas, igual que el resto de las comunidades autónomas. Se lo debíamos. . Esta ley es un punto de partida que tiene vocación de provocar, en el problema de la vivienda, un punto de inflexión. Sabemos que necesitamos pensar también a largo plazo, pero desde ya y con la incorporación del resto de los ministerios, porque tenemos que solucionar el problema de la mano de obra en la construcción, el problema de la subida de los costes de materiales, la falta de infraestructuras energéticas o intentar analizar la excesiva presión que tiene construir en España. Muchos Gobiernos autonómicos han hecho sus deberes, como en Madrid con el Plan VIVE, que es referente internacional, o como en Andalucía — mi tierra— con el decreto de simplificación, con la LISTA y con la nueva ley de vivienda, que tiene como objetivo construir 20 000 viviendas de VPO. . Lo ha dicho el presidente Juanma Moreno: se dará solución habitacional a 200 000 familias con alquileres dignos y con rehabilitación de viviendas. Pero esto solo se puede conseguir si existe un Gobierno estable. Señorías, esto no va de derechas ni de izquierdas, los ladrillos no tienen ideología. En ese abismo han caído los diputados del Grupo Socialista, — los damos por perdidos—, que se encuentran a la izquierda de la izquierda, a ver si rescatan algún voto debajo de las piedras para las elecciones andaluzas. El problema es que han vendido su alma a SUMAR y a Bildu, y así les va; bueno, mejor dicho, así nos va a los españoles. A sus señorías de SUMAR, que cada vez suman menos, directamente los culpamos de la situación que vivimos. Los culpan los ayuntamientos y los culparán todos los españoles a los que van a enredar en una maraña judicial con su decreto del caos del alquiler. Me gustaría saber en qué espejo se están mirando, ¿en Cuba?, ¿en Venezuela?, ¿en el infierno que están viviendo nuestros hermanos de Venezuela? . Señorías de Junts, señora Nogueras, clasistas y racistas les llamaba el otro día la señora Díaz. No se preocupe, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de improperios desde el escaño de la vicepresidenta, incluso, a veces contesta imitando al gran Fernando Fernández Gómez. Pero, oiga, ofende el que puede y, a nosotros, esta señora no nos ofende. . Señorías de Junts, les pido que sean coherentes con sus votantes, sean valientes y no defrauden a las asociaciones empresariales, a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, a las empresas constructoras de su tierra. La situación en Cataluña es desesperada, porque es la única comunidad que está aplicando la ley contra la vivienda de Sánchez. Señorías de Junts, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas okupaciones más? ¿Cuántos jóvenes catalanes van a tener que salir de su tierra porque no pueden independizarse en Cataluña? Permitan el debate que los catalanes se merecen. Señorías del PNV, les pedimos la misma coherencia con sus votantes, con sus empresas y con su industria. Al resto de los grupos solo les pido que levanten el teléfono y llamen a sus ayuntamientos, defiendan a sus territorios. Mostremos a los españoles que en el Congreso de los Diputados se puede seguir debatiendo, que hay esperanza para volver a la calidad democrática que Sánchez lleva ocho años intentando tirar por la borda. Mostremos a España que aquí, en el Congreso, trabajamos para resolver los problemas de los españoles y no estamos para resistir al margen de la ley, como aquellos que okupan una vivienda con una patada en la puerta. . Si la vivienda en España es un problema de Estado, demostremos en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, que somos capaces también de alcanzar soluciones de Estado. Muchas gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, presidenta. Bé, el que acabem de vore és gent desesperada que el que ens vol dir són coses com que «la vivienda nos cuesta la vida, hay que rebajar los preciós». Açò mos ho diu el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid. I fan això perquè no tenen altres vies per a dir-nos als i les polítiques que necessiten solucions i les solucions, senyories del Partit Popular, no passen per la proposició de llei que vostès hui ens porten ací. Una proposició de llei en la que vostès parlen de seguretat jurídica, però el que volen és assegurar-se, jurídicament per a vostès i per als seus amiguets, que no canvia res, que no canvia res en una situació en la que el que sí que necessitem és una llei que en realitat sí que tracta la emergència. Vostès ens proposen seguretat jurídica i darrere d’això el que hi ha és menys control, més pressa i més facilitats per als de sempre, com si el problema fora que n’hi hagueren massa regles. I el problema, senyories del PP, és que hi han massa lladres. Vostès són massa lladres i ho estan demostrant en València amb els pisos de protecció pública en Alacant que s’han quedat per als seus amiguets. Per això la seua seguretat jurídica, per això a vostès, el que els molesta és que no puguen fer el negoci que sempre fan. Per això, la gent de les inquilines i els inquilins de Madrid han de vindre a dir-nos que no podem més, perquè les famílies estan sense casa, els joves no poden emancipar-se i els treballadors i treballadores ja no poden somniar en comprar una casa. Este és el seu model: gent sense casa i els seus amics peperos, acumulant vivenda pública pagada per tots i totes per a fer una urbanització de luxe. Gràcies, senyories del PP, però no, gràcies. No votarem a favor de la seua proposició de llei. Gracias, presidenta. Bueno, lo que acabamos de ver es a gente desesperada , que lo que nos quiere decir son cosas como que (lee uno de los pasquines que se han lanzado al hemiciclo desde la tribuna pública) «La vivienda nos cuesta la vida. Hay que bajar los precios» . Esto nos lo dice el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. . Y hacen esto porque no tienen otras vías para decirnos a los y las políticas que necesitan soluciones. Y las soluciones, señorías del Partido Popular, no pasan por la proposición de ley que nos traen ustedes hoy aquí, una proposición de ley en la que hablan ustedes de seguridad jurídica, pero lo que quieren es asegurarse jurídicamente, para ustedes y sus amiguitos, de que nada cambie. Una situación en la que lo que sí que necesitamos es una ley que trate realmente la emergencia. Ustedes nos proponen seguridad jurídica y tras ello lo que se esconde es menos control, más prisas y más facilidades para los de siempre. Como si el problema fuera que hubiera demasiadas reglas, y el problema, señorías del PP, es que hay demasiados ladrones. Ustedes son demasiado ladrones. Y lo están demostrando en Valencia con los pisos de protección pública en Alicante que se han quedado para sus amiguitos. . Por eso, su seguridad jurídica, y por eso lo que les molesta a ustedes es no poder hacer el negocio que hacen siempre. Por ello, las inquilinas e inquilinos de Madrid tienen que venir a decirnos que ya no pueden más, porque las familias están sin casa, los jóvenes no pueden emanciparse y los trabajadores y las trabajadoras ya no pueden ni siquiera soñar con comprarse una casa. Este es su modelo: gente sin casa y sus amigotes peperos acumulando vivienda pública pagada por todos y todas para hacerse una organización de lujo. Gracias, señorías del PP, pero no, gracias, no votaremos a favor de su proposición de ley. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Una evidencia que nadie puede discutir es que la política de vivienda de este Gobierno ha fracasado; es un auténtico desastre. Fundamentalmente porque ha optado por buscar la confrontación y el enfrentamiento, en lugar del consenso y el entendimiento con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la iniciativa social. Pero es que, además, está persiguiendo y castigando al pequeño propietario como nunca se había conocido. Y además lo está condenando sin darse cuenta de que no es el responsable, sino parte de la solución. ¿Para qué queremos un ministerio que ha evidenciado su incapacidad? Como, señorías, ¿para qué queremos un departamento de vivienda en el Gobierno de Navarra cuando tenemos los peores resultados de la historia? Nada más y nada menos que 25 000 familias están esperando en Navarra una vivienda de protección oficial; tenemos la tercera peor tasa de emancipación juvenil de España; tenemos un 44 % menos de viviendas en alquiler en las zonas tensionadas. Además, los miembros y los socios de Gobierno, incluido Bildu, son los que están paralizando aquellos proyectos urbanísticos, como es el caso de la nueva estación del AVE en Pamplona, que permitirían la construcción de miles y miles de viviendas de protección oficial, que ya estarían construidas o en construcción. Pero el mayor desprecio, señorías, es que hace unos días fue el ministro Bustinduy a pasear por Pamplona y a alabar esta nefasta política. Señorías, ni los navarros ni el resto de los españoles tienen por qué pagar la incapacidad y la inutilidad de una consejera y de una ministra que han evidenciado su falta de eficacia y eficiencia. Muchas gracias.

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Aínda que o BNG partilla que certos aspectos da normativa de desenvolvemento urbanístico actual deben ser melloradas, temos claro que esta proposición de lei do Partido Popular non vai nesa liña, senón que é un instrumento máis ao servizo do lobby da construcción, do lobby inmobiliario e especulativo. O PP nisto non sorprende, sempre que pode situarse do lado dos poderosos, dos fondos voitre ou da especulación inmobiliaria, favorecendo sempre os seus, porque baixo a escusa da seguranza xurídica e a axilización, o que fai é promover un modelo urbanístico que invade competencias autonómicas e municipais; que pode favorecer prácticas especulativas en detrimento do interese xeral, debilita as garantías ambientais; limita a participación cidadá e a fiscalización democrática, por exemplo, pois a redución do ámbito de actuación da acción pública; desprotexe a vivenda como dereito social; derroga os limitados elementos de control da Lei 12/2023 como zonas de mercado tensionado, índice de prezos, controis de alugueiro e modifica a Lei de Axuizamento Civil e a LAU para facilitar o desafiuzamento de persoas vulnerables. O BNG rexeita, pois, a iniciativa por incompatíbel coas competencias da Galiza para o desenvolvemento dun modelo de ordenación territorial galego, planificado desde a realidade propia e tamén ao servizo da xente, das persoas que necesitan acceder a unha vivenda e non dos mercados. Defendemos calquera reforma do marco normativo básico pero que sexa consensuada coas comunidades autónomas e respecto ao autogoberno galego e aposte por un desenvolvemento urbanístico que priorice o interese xeral e a protección ambiental reforzada, a participación cidadá e o dereito social á vivenda, precisamente o que nos encontramos nesta proposición de lei do Partido Popular. Por tanto, o BNG, do lado de quen máis o necesita, votará en contra. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Aunque el BNG comparte que ciertos aspectos de la normativa de desarrollo urbanístico actual tienen que ser mejorados, tenemos claro que esta proposición de ley del Partido Popular no va en esa línea, sino que es un instrumento más al servicio del lobby de la construcción, del lobby inmobiliario y especulativo. El PP en esto nos sorprende siempre que puede, se sitúa del lado de los poderosos, de los fondos buitre o de la especulación inmobiliaria, favoreciendo siempre a los suyos, porque, bajo la excusa de la seguridad jurídica y la agilización, promueve un modelo urbanístico que invade competencias autonómicas y municipales, que puede favorecer prácticas especulativas en detrimento del interés general; debilita las garantías ambientales; limita la participación ciudadana y la fiscalización democrática con la reducción, por ejemplo, del ámbito de la actuación de la acción pública; desprotege la vivienda como derecho social; deroga los elementos limitados de control de la Ley 12/2023, como zona de mercado tensionado, índices de precios, controles de alquiler; y modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y la LAU para facilitar los desahucios de personas vulnerables. El BNG rechaza, por lo tanto, la iniciativa, por incompatible con las competencias de Galicia para el desarrollo de un modelo de ordenación territorial gallego, planificado desde la realidad propia, también al servicio de la gente, de las personas que necesitan acceder a una vivienda y no de los mercados. Defendemos que cualquier reforma del marco normativo básico sea consensuada con las comunidades autónomas y respete el autogobierno gallego y apueste por el desarrollo urbanístico que priorice el interés general, la protección ambiental reforzada, la participación ciudadana y el derecho social a la vivienda, lo que precisamente no encontramos en esta propuesta de ley del Partido Popular. Por lo tanto, el BNG, del lado de los que más lo necesitan, vota en contra.

Javier Sánchez Serna SUMAR

Gracias, presidenta. Señorías, hoy el Grupo Popular trae a esta Cámara una proposición de ley para el desarrollo urbano y la vivienda con algunas de las recetas de siempre y otras maldades de nuevo cuño. Entre las novedades está permitir que los bancos y los fondos buitre puedan echar a la gente de sus casas con juicios rápidos o subir los umbrales de vulnerabilidad para facilitar los desahucios. Con esta ley, por ejemplo, una familia con 900 euros de ingresos mensuales ya no se consideraría vulnerable y podría ser puesta en la calle. Ustedes ya ni disimulan para quienes trabajan. Son el partido de Blackstone, de Nestar, de Cerberus, y esta es otra ley al dictado de los intereses de los fondos buitre. Decía que esta ley incluye también las recetas de siempre, ahí está la desregulación de cualquier tipo de planificación urbanística y la barra libre a los pelotazos urbanísticos con la excusa de acabar con la burocracia. Esto ya lo hicieron ustedes con la ley del suelo de Aznar. El resultado fue la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de España, más de 600 000 desahucios, cientos de suicidios y una crisis económica de la que hace poco pudimos salir. Todo eso mientras ustedes se repartían comisiones de bancos y de constructoras en sobres. Algunos ya lo sospechábamos, pero ayer lo confirmó el señor Bárcenas en sede judicial: el M.Rajoy de los papeles de la Gürtel era ¡oh, sorpresa! Mariano Rajoy. . El presidente del Gobierno y del Partido Popular era el jefe de una trama de sobornos. Ante eso, señorías del Grupo Popular, solo caben dos preguntas: una, ¿por qué Mariano Rajoy no está detenido a estas horas? Y dos, ¿cuántos sobres les han prometido de nuevo a las señorías del Grupo Popular para traer este tipo de ley? Porque tiene que valer mucha pasta el trabajo que ustedes les hacen a los fondos buitre. . Señorías, frente a esta ofensiva de la patronal inmobiliaria, la banca y los fondos buitre, solo hay una respuesta: intervenir el mercado de la vivienda para que tener techo sea un derecho y no un privilegio. ¿Y qué significa esto? Cinco medidas. Uno, limitar por ley el precio de los alquileres; dos, recuperar los cientos de miles de viviendas vacías con las que la banca sigue especulando; tres, usar el suelo público para construir viviendas de promoción 100 % públicas a precios que la gente pueda pagar; cuatro, acabar con los pisos turísticos donde no hay pisos para vivir; cinco, echar a los fondos buitre de España. Lamentablemente, el Plan Estatal de Vivienda que hoy ha presentado el Gobierno de España, más allá de los titulares, tampoco va en esa dirección. De hecho, incluye medidas que creo que firmarían ustedes, como, por ejemplo, los incentivos a los propietarios, las deducciones fiscales… todo antes de topar los alquileres. Señorías, si un Gobierno que se dice progresista y organiza muchas cumbres progresistas hace en una materia tan sensible como la vivienda las mismas políticas que la derecha, al final el resultado es que tarde o temprano llegan las derechas. Vuelven los de los sobres. Estamos a tiempo de remediarlo. Nada más y muchas gracias. .

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Arratsalde on, jaun-andreok. Duela ia bi urte, 2024ko ekainean, lurzoru legea aldatzeko lege proposamena aurkeztu genuen Ganbara honetan, talde sozialistarekin batera, etxebizitza berrien beharrei aurre egiteko udalerrietan ezaguna zen oztopo nagusienetarikoari aurre egiteko, hau da, tramitazio urbanistikoen denborak murriztu eta segurtasun juridikoa bermatzeko. Nahiz eta aurkeztutako testua Alderdi Popularrak Senatuan beranduago erroldatuko zuenarekin antzekotasun handia izan, Alderdi Popularrak ezezko botoa eman zion tramitazioa hasiera emateari, ez testuari, tramitazioaren hasteari baizik. Eta bere hautua alderdi-interesengatik egin zuen. Ez zen interes publikoan egindako hautu politikoa izan, eta hori begi bistakoa da lurzoru legearen inguruan planteatzen dituen eta zituen proposamenak irakurrita. Duela urtebete eztabaidatu zen gure taldeak aurkeztutako lege proposamena. Ordu hartako eztabaida egun hauetan berrirakurri dut eta ondorio nagusi bat atera dut: Alderdi Popularreko bozeramaileari asko kostatu zitzaion testuari ezetza emateko pisuzko argudiaketa bat ematea, eta buruarekin baino tripetatik egin zuen lege proposamenaren inguruko irakurketa. Buenas tardes, señorías. Hace casi dos años, en junio de 2024, presentamos en esta Cámara, junto con el Grupo Socialista, una proposición de ley para modificar la ley del suelo. Su objetivo era hacer frente al obstáculo más importante que tienen los municipios para responder a la demanda de nuevas viviendas; es decir, lo que se buscaba era reducir los plazos para la tramitación urbanística y garantizar la seguridad jurídica. A pesar de que el texto presentado guardaba gran similitud con el que el Grupo Popular posteriormente registraría en el Senado, el Grupo Popular votó no a iniciar la tramitación. No fue una negativa al texto, sino una negativa al inicio de la tramitación. Y lo hizo desde el interés partidista. Su posicionamiento político no estuvo motivado por el interés público. Y esto, señorías, es evidente a la vista de las propuestas que planteaba y plantea sobre la ley del suelo. Hace un año se debatió la proposición de ley presentada por nuestro grupo. Estos últimos días he vuelto a leer aquel debate y he sacado una conclusión clara: al portavoz del Grupo Popular le costó mucho dar un argumento de peso para justificar su no al texto. Diría que hizo una lectura de la proposición de ley más desde las tripas que desde la cabeza. Hoy el Grupo Popular nos pide que demos paso al inicio de la tramitación de una proposición de ley de medidas administrativas y procesales para dar seguridad jurídica a la ordenación territorial y urbanística e impulsar el desarrollo urbano y la vivienda. Siendo la segunda ocasión en la que se debate sobre la necesaria modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, tal y como ya he dicho, he releído la intervención que hace apenas un año realizó el portavoz del Grupo Popular en el debate anterior, que fue presentada por el Grupo Vasco y el Grupo Socialista. Su argumentación no fue sobre el fondo de la propuesta, sino que consistió en poner en cuestión a los proponentes, sin fundamentar con argumentos su voto en contra. Nos han hecho perder un año en una cuestión que es crucial para la ciudadanía, como usted ha dicho, que en todas las encuestas aparece como primera preocupación. El Grupo Popular optó por rechazar una propuesta similar a la que hoy nos traen para la agilización de los trámites urbanísticos, solo porque no la presentaron ustedes, y ahora nos piden a los demás responsabilidad. En el Grupo Vasco llevamos tiempo reclamando acuerdos para hacer frente a la crisis habitacional, desde un análisis sin prejuicios y apriorismos. Sin embargo, y aunque todos lo reconocemos, la situación de la crisis de vivienda se impone al debate sosegado y pragmático, a la búsqueda de una solución conjunta a las posturas radicales y el recelo entre oponentes políticos. Porque hoy habrá también portavoces de grupos políticos que equiparen la planificación urbanística a la especulación. Eso es no tener argumento de peso y cargar contra el trabajo de tantos y tantos representantes públicos municipales que, tras más de ocho, nueve, diez e incluso doce años de negociaciones y de procesos de participación — que suponen un desgaste personal y también familiar—, ven cómo todo ese trabajo y acuerdos pueden quedar en saco roto, y pueden ser anulados, como sucede más veces de las deseadas, por defectos formales que son subsanables, al serles aplicada una interpretación estricta del régimen de nulidad. Y a ello, como señalábamos en su día, se une el efecto de nulidad en cascada sobre los planeamientos inferiores que desarrollan los anulados judicialmente. Por ello, y haciéndonos eco de la petición de alcaldes de todo signo, consideramos de gran importancia la modificación del artículo 55, sobre la nulidad y anulabilidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y de los actos dictados a su amparo. Es curioso, señorías del Partido Popular, que su texto tenga el mismo contenido que la modificación que nosotros defendíamos hace un año, también en relación con los límites de la acción pública, aunque su propuesta la limite más. Nos acusaron de parchear, pero la comparativa, para aquel que quiera hacerla, demuestra lo contrario. Como dijimos, nos hicimos eco de una petición refrendada por numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas, recogida en el manifiesto suscrito en Santiago de Compostela, que pedía un cambio legislativo que les diera una mayor seguridad jurídica. La proposición de ley que plantea, sin embargo, amplía el foco a otras leyes, planteándose la modificación quirúrgica de su articulado, en algunos casos, o la derogación de parte del articulado, en otros. Estamos de acuerdo con la necesidad de modificar parte del articulado de algunas leyes, como en el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Arrendamientos Urbanos — sobre todo en lo relativo al alquiler de temporada—, que está en tramitación en esta Cámara. Y, por lo tanto, si la toma en consideración se aprobara y se iniciara la tramitación de esta proposición de ley, desde el Partido Nacionalista Vasco realizaríamos nuestras propuestas vía enmienda. En el Grupo Vasco creemos que desde lo público se puede y se debe invertir para garantizar la función social de la vivienda, pero también que esta intervención no debe traducirse en una constante acusación a los pequeños propietarios. La responsabilidad de asegurar el derecho a una vivienda digna debe recaer en la Administración pública, también desde la colaboración público-privada. Debemos asegurar, asimismo, que los propietarios de una vivienda puedan recuperarla de forma inmediata, con medidas concretas e incluso en un plazo predeterminado, cuando otra persona, sin su consentimiento y título para ello, la haya ocupado. Y si esta se encontrara en situación de necesidad o riesgo de exclusión social, sea la Administración competente quien proporcione una solución habitacional en el plazo prefijado. En relación con modificar el porcentaje del IPREM para valorar la vulnerabilidad que proponen, les adelanto que no lo compartimos. Establecer el 1,5 nos parece no ser consciente de la realidad, y mucho menos si se armoniza esta consideración en todo el Estado. Son ustedes muy buenos administradores de la economía familiar, incluso magos, si con apenas 1000 euros creen que una familia puede acceder a una vivienda, pretender comer todos los días, vestirse y encender la calefacción. Nos tendrán que contar cómo y dónde lo hacen. Para finalizar, el Partido Popular propone la derogación parcial de la Ley de Vivienda de 2023. Propone la derogación de varios artículos vinculados a las zonas de mercado tensionado, los índices de precios de alquiler, el control de precios y los instrumentos de protección a las personas arrendatarias. Hemos dejado constancia en esta Cámara, con nuestras enmiendas y manifestaciones, de las dudas en relación con esta ley por la erosión de competencias que ha conllevado y también sobre su eficacia, pues creemos que no está siendo todo lo efectiva que debiera ser para hacer frente a la crisis de vivienda. Hoy lo reconoce incluso algún grupo de aquellos que la aprobaron. Pero, dicho esto, tampoco creemos que pueda derogarse una ley sin presentar medidas sustitutivas que reviertan la realidad actual del acceso a una vivienda digna y asequible. Consideramos que en esta proposición falta un esfuerzo propositivo y, por ello, dudamos de la razonabilidad de una propuesta en los términos en los que se ha planteado. Como ya saben, la postura del Partido Nacionalista Vasco no fue contraria a la intervención, sí al hecho de que fuera una decisión — me refiero a las zonas tensionadas— de este Congreso y no, en nuestro caso, del Parlamento Vasco o del de Nafarroa, donde está representada la soberanía del pueblo vasco, que son quienes tienen que decidir cuáles son los criterios y las medidas a adoptar, en todo caso. Termino. Amaitzen dut. Eusko Alderdi Jeltzaletik, euskal taldetik, seriotasunez eta zuhurtziaz arituko gara, eta proposamen honek aurrera jarraituko balu, dagozkion proposamenak egingo ditugu, ez baitugu lege ekimen honek proposatzen duen guztiarekin bat egiten. Hala ere, ez dugu alderdikeriarekin jokatuko. Etxebizitza premiak, beharrak, gu denok inplikatzea behar duelako. Eta bide horretan proposatzen dugu Ganbara honetan dauden etxebizitzaren inguruko lege ekimen guztiak fundamentuz eta oinarriarekin aztertu ahal izateko lantalde bat osatzea edota, gutxienez, emendakinen epea ez ixtea. Gaiaren inguruko ponentzia-lanak amaitu aurretik, adituen proposamenak entzun eta aztertu ahal izateko. Ez baitu zentzurik emendakinen epea ixtea entzute aktiboa egin aurretik. Bide horretan, enegarrenez Gobernuari eta zuzenean ministroari adituen lantaldeetan jasotako ekarpenak taldeei banatzea eskatzen diegu. Milesker. Desde el Partido Nacionalista Vasco, desde el Grupo Vasco, actuaremos con seriedad y sentido común. Y, si esta propuesta siguiera adelante, realizaremos las correspondientes propuestas, porque no nos sumamos a todo lo que esta iniciativa de ley propone, pero tampoco vamos a ser partidistas, porque la necesidad de vivienda requiere de la implicación de todos. En esa línea, proponemos que se constituya un grupo de trabajo para poder analizar con fundamento y rigor todas las iniciativas legales en materia de vivienda que se presenten en esta Cámara o, al menos, que no se cierre el plazo de enmiendas antes de que se concluyan los trabajos de ponencia sobre el tema, para poder escuchar y analizar las propuestas de los expertos. Y es que no tiene sentido cerrar el plazo de enmiendas antes de que se haga una escucha activa. En este sentido, le pedimos por enésima vez al Gobierno y, de forma directa, a la señora ministra, que haga llegar a los grupos las aportaciones presentadas en el grupo de expertos.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidenta, señorías, buenas tardes. Nos trae el Grupo Popular hoy una proposición de ley que viene a ser sintética, concreta, compacta, podríamos decir: dos artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Chimpún, se acabó. Ahora bien, no nos engañemos: siendo tan resumidita — bien podríamos hablar de economía procesal—, en este caso lo que esta ley trae es un ataque a toda la línea de flotación de las políticas de intervención pública en el mercado de la vivienda. . Efectivamente. Me alegro de que lo haya entendido. Ustedes piden acabar con la intervención pública en el mercado de la vivienda: liberalismo puro en el sector que más se muestra con crueldad para la gente. Esa es su receta de justicia; no digo ya de justicia social, de justicia. Porque, fíjense, ustedes se plantean en esta iniciativa desregular y derogar la Ley de Vivienda a través de las zonas de mercado tensionado. Se plantean, además, consolidar la exclusión de cada vez más sectores de la sociedad con una lógica aplastante y redundante, porque lo que hacen es sacar a más gente de los niveles de protección que el Estado les puede brindar. Y eso tiene un nombre: aporofobia, que es el miedo al pobre. Ojo, no a la pobreza — que les viene muy bien para seguir alimentando márgenes de beneficio—, al pobre, al que tiene la desgracia de ser pobre. Pero, además, yo creo que no hace falta que mientan. Usted dice que esta ley la han dialogado y consensuado con todos los ayuntamientos de todos los colores. ¿Han hablado con la primera fuerza en número de alcaldías de la Comunidad Autónoma vasca? ¿Han hablado, siquiera, con la primera fuerza en número de alcaldías de la Comunidad Foral de Navarra? Como mucho, han hablado con su fuerza homónima en la Comunidad Autónoma vasca, que tiene dos alcaldías; si acaso, con ellos. Con la primera fuerza, que cuenta con 106 alcaldías en la Comunidad Autónoma vasca y la primera fuerza en Navarra con 39 alcaldías, no han hablado, porque es Euskal Herria Bildu. Ustedes son una anécdota. Ustedes en nuestro país son una anécdota. Probablemente, eso les duele y les escuece, pero esa es la realidad a la que les está abocando la ciudadanía de Euskal Herria. Y cada vez lo va a hacer con más intensidad cuando ven propuestas que les dejan tan de lado y tan desprotegidos ante una realidad tan dura como es el acceso al mercado a la vivienda. Ustedes plantean que, derogando aspectos de la ley de vivienda como las zonas de mercado tensionados y endureciendo las condiciones para la gente que vive en vulnerabilidad, se van a arreglar las cosas. Pero, fíjense, en su propia exposición de motivos — no es un dato mío, es suyo porque viene en su propia exposición de motivos— dicen que los hogares con menor capacidad de gasto — es decir, los hogares que tienen más dificultad para gastar porque tienen menos recursos— tienen que destinar el 42,6 % para la vivienda. Quédense con este dato: el 42,6 %. Los hogares que tienen más capacidad de gasto, es decir, que tienen rentas mayores, solo destinan el 27 %. ¿Y qué se les ocurre a ustedes en esta iniciativa? Excluir a más gente de los niveles de protección social para que ese 42,6 % se convierta en un 50 %. Es decir, que la gente tenga que elegir entre tener techo y comer piedras o comer y vivir en la puñetera calle. Esa es la magnífica propuesta del Partido Popular. Y lo hacen en tres ámbitos, porque probablemente lo que con esta microiniciativa plantean — aunque en el fondo tenga gran calado— es modificar tres leyes. En primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Y qué hacen? Volver a hablarnos de la okupación. En este caso, dicen literalmente en su iniciativa «el fenómeno okupa». Yo no voy a perder ni un minuto en explicarles qué es el allanamiento de morada, la usurpación y las deudas por morosidad, porque eso es de 1.º de EGB. Eso lo puede ver cualquiera en Google. Hagan el esfuerzo y verán que no es lo mismo. Si ustedes quieren seguir alimentando la teoría de un país lleno de okupas donde no se desahucia a nadie, se lo rebaten los datos del Consejo General del Poder Judicial, que dice que las gentes que son desahuciadas son muchísimas más que los casos de denuncia por okupación en allanamiento de morada, en usurpación o en deuda por morosidad. Pero voy más allá. Ustedes plantean — fíjense la caridad cristiana del el Partido Popular— que cuando se impide el lanzamiento, el desahucio, porque un juez entiende que la familia está en situación de vulnerabilidad, en lugar de dar un plazo de dos meses para que se busque una solución a esa realidad — uno entiende que con la caridad cristiana habría que trabajar para que en esos dos meses se le encuentre una solución—, al Partido Popular le parece que dos meses es mucho, proponen que sea uno y a la puñetera calle. Pero es más, si es una persona jurídica, ahora se dan cuatro meses, siempre con auto judicial mediante. Pues al Partido Popular también le parece mucho, y ahora dice que tienen que ser tres meses: de cuatro a tres, de dos a uno. ¡Esa es la mano tendida del Partido Popular hacia la gente que tiene dificultades para poder llegar a fin de mes y para poder tener una vida digna! Y, aunque ya se lo han dicho, también quiero referirme a eso: el IPREM ahora mismo está en 600 euros. En la actualidad el IPREM se establece para determinar qué persona está en situación de vulnerabilidad. Y en la ley se dice que si alguien no supera tres veces el IPREM, es decir 1800 euros, estaría en situación de vulnerabilidad. Y que si lo supera, aunque sea con 1801, ya no lo está y, por tanto, no tendría ese escudo social. Pues al Partido Popular esto también — caridad cristiana de la buena— le parece mucho. Decide que tiene que ser uno y medio en lugar de tres. Es decir, que quien tenga 901 euros de ingreso en toda su familia, juntando lo de toda la familia, ya no es una persona vulnerable. ¿En qué país viven? ¿Qué pretenden que haga la gente con 901 euros o con 905 euros? ¿Pagar una vivienda? ¿Comer? ¿Alimentarse? ¿Vestirse? ¡Es inaudito! Pero van más allá, porque su caridad no conoce límites. Actualmente, para las personas que tienen discapacidad superior al 33 %, que tienen una enfermedad crónica incurable o que tienen una situación de alta dependencia, se establece que tienen que ingresar cinco veces el IPREM, porque esa realidad viene asociada a unos gastos muy elevados, que bien conoce quien tenga esa realidad o esa casuística en su propia familia. Ahora, se necesita superar cinco veces el IPREM — 3000 euros, para que se me entienda— para estar fuera del ámbito de protección del escudo social, porque se entiende que uno que tiene recursos propios. Al Partido Popular cinco veces el IPREM también le parece mucho. O sea, 3000 euros le parece muchísimo. Y decide bajarlo a tres veces el IPREM, 1800 euros. ¿De verdad se atreven a decir esto? ¿Y se atreven a decírselo a la gente a la cara? Y luego nos vienen aquí llorando como plañideras, con no sé qué enfermedad o con no sé qué colectivo, diciéndonos que son ultra y altamente sensibles. . Lo suyo — y voy concluyendo—, es pura y dura aporofobia. Les da miedo el pobre, les disgusta el pobre, es más, odian al pobre. Y ustedes plantean… . ¿Qué les molesta? ¿Que les digamos la verdad? .

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

¿Qué les molesta? . Eso antes, en estas Cortes Generales, igual podía servir para que yo me callara, pero ahora ya no. Esto es una democracia que hasta les ha pasado a ustedes por encima. . Voy terminando. Ustedes quieren derogar la ley de vivienda y las zonas de mercado tensionado. ¿Qué han podido hacer en la Comunidad Autónoma vasca o en la Comunidad Foral de Navarra para impedir que cada vez más ayuntamientos se declaren zonas tensionadas con el apoyo de partidos diferentes de esta Cámara: el Partido Socialista, Euskal Herria Bildu, PNV y Contigo Zurekin, SUMAR o Podemos? Ustedes poco, porque son testimoniales, como les he dicho: dos alcaldías en todo Euskal Herria. Sí, sorprende, pero es así. . Termino ya. Ustedes plantean modificar la ley para derogar el tope de precios y para modificar la prórroga. La semana que viene tendrán que retratarse. Ojalá se traigan el tema más preparado por dignidad y por respeto a lo que ustedes dicen que tanto defienden. Porque ustedes han dicho que nosotros odiamos la Constitución. Entiendo — por pura conclusión— que ustedes la aman. Pues si la aman y señalan en su propia asociación de motivos los artículos 33 y el 47, recuerden que el artículo 33 dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Sí, pero también dice que la función social de estos derechos delimita su contenido de acuerdo a las leyes y que nadie podrá ser privado de sus derechos sino por causa justificada y de utilidad pública. Díganme que en el problema de la vivienda no hay una causa de utilidad pública. Sean sinceros y, al menos, díganle a la gente que quienes no puedan pagarse una vivienda, a ustedes no les preocupan en absoluto. A ustedes les preocupa que los fondos de inversión sigan poniéndoles alfombras rojas para que la señora Ayuso o quien quiera pueda seguir haciendo amiguitos con ellos y, quién sabe si no, negocios y áticos. Besterik ez. Mila esker. .

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona tarda, senyories. Guaitin, el dret urbanístic s’ha anat configurant amb el pas del temps com un sistema d’una complexitat enorme, resultat de la superposició de normes, procediments i controls sectorials que, tot i respondre a finalitats legítimes, han acabat generant un model tremendament difícil de gestionar i encara més d’aplicar. El que havia de ser una eina per ordenar el al territori amb criteri i previsibilitat s’ha convertit massa sovint en un entramat que retrassa decisions, multiplica conflictes i erosiona la confiança en les institucions. I això té conseqüències. Té conseqüències concretes. Els plans generals s’eternitzen durant més d’una dècada. Qualsevol que hagi estat al món local ho sap. Les modificacions puntuals es dilaten durant anys. Els informes sectorials no arriben o arriben tard i bloquegen procediments sencers. I mentrestant, plans vigents durant molt de temps acaben anul·lats al final, al cap de molts anys, per defectes formals que no eren ni essencials. Això no és només ineficiència. Això és una enorme inseguretat jurídica, perquè quan el sistema no és previsible, quan les regles no són clares o no s’apliquen amb estabilitat, el que es posa en risc és el conjunt del model, l’actuació pública sobretot, la iniciativa privada també, i també la protecció del dret de la propietat. I sense seguretat jurídica no hi ha inversió — això ho sabem tots— i no hi ha un desenvolupament ordenat del territori, tampoc. I sobretot, no hi ha una política d’habitatge capaç de funcionar. Sense un sistema que funcioni, no hi ha accés real a l’habitatge i quan no hi ha accés a l’habitatge, el que es trenca no és només el mercat. Es trenquen projectes de vida, es retarda l’emancipació dels joves, es cronifica la precarietat i es posa en risc el conjunt de la cohesió social. Ara bé, també cal dir-ho, i amb claredat, que aquesta situació no és fruit d’un sol govern. Quan el Partit Popular governava, va impulsar reformes sota la premissa que el mercat sense intervenció resoldria per si sol els problemes de l’habitatge. La realitat va demostrar que no va ser així. Aquell model va afavorir dinàmiques especulatives, va generar alguns desequilibris territorials importants i no va acabar garantint un accés efectiu i equilibrat a l’habitatge. Per això estem on estem. I el més rellevant per la proposta que ens fan avui aquí: que tampoc van abordar el problema estructural de la complexitat normativa ni procedimental. És a dir, que no va resoldre ni el problema de fons, ni va simplificar el sistema. Però avui el govern del PSOE i SUMAR afirma que l’habitatge és la seva prioritat. Ho diu i ho repeteix i ho situa al centre del debat. Però entre el discurs i la realitat hi ha una distància gegant, perquè el que està marcant l’acció de l’actual govern és una visió excessivament ideologitzada, impulsada especialment pel sectarisme de SUMAR, que està arrossegant el conjunt de l’executiu cap a un model basat en limitar, sancionar i sobrerregular. I el més preocupant: no és només el model. És la resposta que estan tenint davant dels nefastos resultats que estem veient tots. Perquè quan les dades indiquen menys oferta, més tensió de preus i més dificultats d’accés, els socialistes no rectifiquen. Hi ha persistència, una persistència que no poden entendre com a fortalesa. És una incapacitat absoluta d’adaptació i aquesta rigidesa està deteriorant les expectatives de tota una generació sencera. Però hi ha una altra qüestió que és sincerament incomprensible: si realment es vol actuar sobre el problema de l’habitatge, per què el govern socialista i de SUMAR no impulsa cap reforma estructural per reduir la burocràcia urbanística? Els municipis estan fent una crida de socors, no poden més. La tramitació és cada cop més complexa, més llarga, més incerta, i això afecta directament la capacitat de produir habitatge. I malgrat això, no s’ha adoptat cap mesura de simplificació real. I els diré més: per què no s’ha abordat també amb decisió el règim de la contractació pública? Per facilitar que els ajuntaments i les administracions puguin impulsar habitatge públic amb agilitat. Saben que es pot tardar set o vuit anys per part d’un ajuntament per poder fer una edificació, una construcció d’habitatge? Si no es pot contractar amb eficàcia, no es pot executar. Si no s’executa, no hi ha oferta, no hi ha pisos ni públics ni privats. No hi ha res ni del lloguer assequible ni de protecció oficial. Res. El que estan fent a l’actual govern és res. I aquí també la conclusió es fa evident: aquest govern no ha fet cap reforma de fons útil o amb impacte. Per això, quan parlem de reformar el dret urbanístic no n’hi ha prou amb declaracions d’intencions. Amb aquesta proposició compartim alguns objectius: simplificar procediments òbviament, reduir les nul·litats en cascada i reforçar la seguretat jurídica, però això exigeix rigor. Cal delimitar amb precisió el règim d’invalidesa dels plans, evitant que defectes formals no essencials generin nul·litats absolutes amb efectes absolutament desproporcionats. Cal incorporar criteris clars de conservació dels actes i de modulació dels efectes de la nul·litat per evitar bloquejos sistemàtics. Cal reforçar la seguretat jurídica també en la fase d’execució, garantint estabilitat en les decisions i reduint els litigis que paralitzen, òbviament, els projectes sencers. I cal establir terminis efectius i conseqüències reals davant la inactivitat administrativa — que es produeix molt sovint— perquè sense resposta en temps, el sistema deixa de ser operatiu. Però també, i per Junts és essencial, cal respectar el marc competencial i no podem acceptar un excés de detall en la legislació bàsica que acabi incidint directament en la regulació material de l’urbanisme, buidant-nos d’algunes competències que són catalanes. Perquè reformar no ha de ser recentralitzar en cap cas i simplificar no és uniformitzar. Senyories, en urbanisme, els errors durant dècades. Per això cal encertar. Cal filar molt prim, cal coherència, ser previsible i seguretat jurídica real. Perquè sense seguretat jurídica, sense protecció del dret de propietat, no hi ha confiança i sense confiança no hi ha ni inversió ni un projecte col·lectiu possible. El que realment està en joc avui, com tantes vegades que parlem d’habitatge, és el futur col·lectiu. I escoltin bé, senyories, quan la ideologia es converteix en l’únic pilar de les polítiques d’habitatge, com està passant per part d’una bancada, no es construeix ni un metre quadrat de futur. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. El derecho urbanístico se ha ido configurando con el paso del tiempo como un sistema de una complejidad enorme, resultado de la superposición de normas, procedimientos y controles sectoriales que, a pesar de responder a finalidades legítimas, han acabado generando un modelo tremendamente difícil de gestionar y todavía más de aplicar. Lo que tenía que ser una herramienta para ordenar el territorio, con criterio y previsibilidad, se ha convertido demasiado a menudo en un entramado que retrasa decisiones, multiplica conflictos y erosiona la confianza en las instituciones. Y eso tiene consecuencia; consecuencias muy concretas. Los planes generales se eternizan durante más de una década, todos lo sabemos. Las modificaciones puntuales se dilatan durante años, los informes sectoriales no llegan o llegan tarde y bloquean procedimientos enteros. Y mientras tanto, planes vigentes durante mucho tiempo acaban anulados, al final, por defectos formales no esenciales. Esto no es solo ineficiencia, es una enorme inseguridad jurídica, porque cuando el sistema no es previsible, cuando las reglas no son claras o no se aplican con estabilidad, el que se pone en riesgo es el conjunto del modelo, la actuación pública, sobre todo, la iniciativa privada también, y también la protección del derecho de propiedad. Sin seguridad jurídica no hay inversión — esto lo sabemos todos—, no hay un desarrollo ordenado del territorio tampoco, y sobre todo no hay una política de vivienda que funcione. Sin un sistema que funcione, no hay acceso real a la vivienda. Y cuando no hay acceso a la vivienda, lo que se rompe no es solo el mercado, lo que se rompe son proyectos de vida: se retrasa la emancipación de los jóvenes, se cronifica la precariedad y se pone en riesgo la cohesión social. Ahora bien, también hay que decirlo con claridad: esta situación no es fruto de un solo Gobierno. Cuando el Partido Popular gobernaba, impulsó reformas bajo la premisa de que el mercado sin intervención resolvería por sí solo los problemas de vivienda. La realidad demostró que no fue así: aquel modelo favoreció dinámicas especulativas, generó desequilibrios territoriales importantes y no terminó garantizando un acceso efectivo y equilibrado a la vivienda; y por eso estamos aquí. Y lo más relevante, por la propuesta que nos hacen hoy, tampoco se aborda el problema estructural de la complejidad normativa y procedimental; es decir, ni se resuelve el problema de fondo ni se simplifica el sistema. Pero hoy, el Gobierno del PSOE y SUMAR afirma que la vivienda es su gran prioridad. Lo dice, lo repite y lo sitúa en el centro del debate. Pero entre el discurso y la realidad hay una distancia gigante, porque la que está marcando la acción del actual Gobierno es una visión excesivamente ideologizada, impulsada especialmente por el sectarismo de SUMAR, que está arrastrando al conjunto del Ejecutivo hacia un modelo basado en limitar, sancionar y sobrerregular. Y lo más preocupante no es solo este modelo, es la respuesta ante los nefastos resultados que estamos todos presenciando, porque cuando los datos indican menos oferta, más tensión de precios y más dificultades de acceso, los socialistas no rectifican. Hay persistencia, una persistencia que no pueden entender como fortaleza; esto equivale a una incapacidad total de adaptación, y esta rigidez está deteriorando las expectativas de toda una generación entera. Hay otra cuestión que es, sinceramente, incomprensible: si realmente se quiere actuar sobre el problema de la vivienda, ¿por qué el Gobierno socialista y de SUMAR no ha impulsado ninguna reforma estructural para reducir la burocracia urbanística? Los municipios están haciendo un llamamiento de socorro, no pueden más. La tramitación es cada vez más compleja, más larga, más incierta, y esto afecta directamente a la capacidad de producir vivienda. A pesar de esto, no se ha adoptado ninguna medida de simplificación real. Les diré más, ¿por qué no se ha abordado con decisión el régimen de contratación pública para facilitar que los ayuntamientos — las Administraciones— puedan impulsar vivienda pública con agilidad? ¿Se pueden tardar siete u ocho años por parte de un ayuntamiento para construir vivienda? Porque si no se puede contratar con eficacia, no se puede ejecutar. Y si no se ejecuta, no hay oferta, no hay pisos públicos, ni de alquiler asequible, ni de protección, ni privados, ni de protección oficial; nada. Ahora mismo lo que está haciendo el actual Gobierno es nada. Y aquí también la conclusión es clara: este Gobierno no ha hecho ninguna reforma de fondo con impacto útil. Por eso, cuando hablamos de reformar el derecho urbanístico no basta con declaraciones de intenciones. Con esta propuesta, compartimos objetivos, simplificamos los procedimientos — obviamente—, reducimos las nulidades en cascada y reforzamos la seguridad jurídica. Pero esto exige rigor. Hay que delimitar con precisión el régimen de invalidez de los planes, evitando que defectos formales no esenciales generen nulidades absolutas con efectos desproporcionados; hay que incorporar criterios claros de conservación de los actos y de modulación de los efectos de la nulidad para evitar bloqueos sistémicos; hay que reforzar la seguridad jurídica también en la fase de ejecución, garantizando estabilidad en las decisiones y reduciendo la litigiosidad que paraliza proyectos enteros; y hay que establecer plazos efectivos y consecuencias reales ante la inactividad administrativa, que se produce muy a menudo porque, sin respuesta en el tiempo, el sistema deja de ser operativo. Pero también hay que respetar el marco competencial: no podemos aceptar un exceso de detalle en la legislación básica que acabe incidiendo directamente en la regulación material del urbanismo y vaciando competencias que son catalanas, porque reformar no tiene que ser recentralizar en ningún caso, y simplificar no es uniformizar. Señorías, en urbanismo los errores duran décadas; por eso, hay que acertar. Hace falta coherencia, hay que hilar fino, hace falta visibilidad y seguridad jurídica real, porque sin seguridad jurídica, sin protección del derecho de propiedad, no hay confianza; y sin confianza no hay inversión ni un proyecto colectivo posible. Lo que realmente está en juego hoy, como tantas veces que hablamos de vivienda, es el futuro colectivo. Y escuchen bien, señorías, cuando la ideología se convierte en el único pilar de las políticas de vivienda, como está pasando ahora mismo por parte de una bancada, no se construye ni un metro cuadrado de futuro. Muchísimas gracias. .

Etna Estrems Fayos ERC

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Vull començar amb una dada, perquè m’ha donat la idea el company Matute: Quatre alcaldies a Catalunya de 947 municipis. No sé, com deia ell, si han parlat també amb el nostre país. En tot cas, avui aquesta proposició de llei que presenta el Partit Popular afirmant que és un tema tècnic, que el que vol és reforçar la seguretat jurídica, agilitzar els tràmits i facilitar l’accés a l’habitatge, nego la major que sigui una proposta tècnica. I sí, senyora Madrenas, va d’ideologia. És profundament ideològic com abordem el tema de l’habitatge. Hi ha dues maneres d’entendre aquesta crisi d’habitatge. Una que considera que el mercat es regula sol, que l’habitatge és un bé amb el que alguns es poden fer rics i una altra que assumeix que l’habitatge és un dret i que, per tant, necessita regulació, intervenció pública, límits clars a l’especulació, perquè, si no es regula des de l’administració, l’acaben regulant els fons voltor, que és el que està passant avui en dia. El Partit Popular torna a proposar exactament la mateixa recepta que aquest Estat ja ha aplicat durant dècades: construir més, accelerar processos urbanístics i reduir regulacions; construir més privadament, evidentment. En el fons, la mateixa lògica que va alimentar la bombolla immobiliària i que va acabar conduint-nos a la crisi del 2008. Construir més pot formar part de la solució global, sí, però construir més no és la solució al problema de l’habitatge. El problema no és només quants habitatges es construeixen. El problema és com funciona el mercat i de qui són i qui controla aquests habitatges. Avui una gran part del mercat immobiliari no està pensada per garantir el dret a l’habitatge, sinó per funcionar com un actiu d’inversió. Els seus propietaris no són les administracions públiques, sinó els grans fons voltor i els grans fons d’inversió. I aquesta proposició de llei, quan parla de construir més, en cap cas parla de fer més habitatge públic, sinó que ho facin els que ja tenen control del mercat i posin els pisos en venda a preus absolutament inassumibles per a la majoria de la gent. I això significa que fins i tot augmentant l’oferta, els preus continuaran pujant perquè la demanda especulativa absorbeix bona part d’aquesta nova oferta, perquè és l’única que pot pagar-la. España, de fet, és un dels països europeus que més habitatges ha construït durant les darreres dècades i, malgrat això, continua sent un dels llocs on l’accés a l’habitatge és més difícil per a la majoria de la gent. Aquesta dada els hauria de fer reflexionar sobre la simplificació que fan d’un debat que sovint es redueix a una sola idea, que és que, com deia, s’acaba construint més. Cada vegada hi ha més veus, més experts que assenyalen que el problema no només és la quantitat d’habitatges disponibles, sinó el funcionament del mercat i la concentració d’aquesta propietat. Quan una part significativa del parc d’habitatges està en mans de grans tenidors a fons voltor, la dinàmica especulativa continua empenyent els preus cap amunt de forma constant. Per això, cada vegada hi ha més consens en una direcció molt diferent: construir per ampliar el parc d’habitatge públic. Sí, el parc d’habitatge públic, que res té a veure amb la proposició de llei que avui ens porta el Partit Popular. Però també rehabilitar, mobilitzar habitatges buits, posar a disposició els de la Sareb, incentivar el canvi de segones a primeres residències, treballar coordinadament amb fundacions o cooperatives d’habitatge sense ànim de lucre, regular els preus de lloguer i garantir que l’habitatge compleix la seva funció social. De fet, allà on s’han aplicat les mesures de regulació, per molt que s’entestin a dir que no és cert, comencem a veure alguns resultats. A Catalunya, els estudis més recents indiquen que, en les zones on s’ha aplicat la regulació dels lloguers, els preus es contenen. Creixen, però molt per sota dels nivells de la inflació i descaradament menys que en aquells mercats comparables i en alguns casos, fins i tot, han començat a baixar. I també s’està reduint l’ús abusiu dels lloguers de temporada gràcies a la regulació del mercat que es va fer al Parlament de Catalunya i que aquí totes les dretes estan bloquejant. És a dir, quan el sector públic intervé amb determinació, el mercat pot començar a corregir algunes de les seves disfuncions. Però la proposta del Partit Popular va exactament en la direcció contrària. Aquesta llei planteja eliminar o debilitar els instruments que permeten intervenir al mercat de lloguer, com el control de preus o la declaració de zones tensionades. I al mateix temps diu que vol facilitar processos urbanístics, però el que fa és tenir menys garanties. Limita la capacitat de la ciutadania per recórrer decisions urbanístiques restringint l’anomenada acció pública en aquesta matèria; un tema que és especialment preocupant perquè és aquesta acció pública urbanística la que històricament ha estat una eina essencial per detectar irregularitats, abusos i casos de corrupció, per cert, pràcticament el cent per cent a mans del Partit Popular. En lloc d’exigir que l’administració actuï correctament des del principi, aquesta proposta rebaixa les exigències perquè els errors no tinguin conseqüències i això acaba generant exactament el contrari del que proclama: menys confiança en les institucions i més sensació d’impunitat. Aquí, en aquest punt, també vull fer un incís en un tema que fa ben poc va sortir publicat al diari Público i que no en parlem massa. L’article explicava que determinades càtedres universitàries, finançades precisament per empreses immobiliàries, han contribuït a difondre estudis i informes on les conclusions, curiosament, coincideixen de manera molt convenient amb els interessos d’aquest mateix sector: menys regulació, més liberalització del mercat i més construcció. Tot això el que fa és anar contribuint a bastir un relat que els va molt bé sobre la liberalització màxima del mercat, que només afavoreix a aquells perfils que vostès volen afavorir, vostès, amb les seves polítiques de liberalització màxima, les dretes i les extremes dretes. I nosaltres neguem la major. El dret a l’habitatge no es pot deixar en mans del mercat. El mercat no es regula sol i si es regula sol no ho fa per a la majoria de la gent. Ja hem vist el que està passant amb aquest sistema que vostès proposen. Per això, defensem polítiques públiques molt diferents: ampliar el parc d’habitatge públic, regular el mercat quan calgui mobilitzar habitatges buits i limitar la concentració especulativa; que, per cert, avui mateix el Consell de Ministres aprova el nou Pla Estatal d’Habitatge, un pla que, una vegada més, tampoc incorpora cap mesura per gravar de manera efectiva aquells que acumulen grans quantitats d’habitatges. I aquest és un dels grans debats pendents que, si realment volem abordar les causes estructurals de la crisi de l’habitatge, hem de tenir. I la prova, la suposada esperança blanca de l’esquerra europea i mundial pràcticament, que és el Partit Socialista. Potser abans de fer grans cimeres d’esquerres hauríem de revisar-nos una mica. En definitiva, aquesta proposició de llei no posa al centre el dret a l’habitatge ni l’interès general. El que fa és prioritzar la flexibilització urbanistica i la desregularització absoluta del mercat, perquè els rics encara siguin més rics i els que no tenen casa segueixin patint cada dia per garantitzar-se un sostre. Evidentment, nosaltres votarem en contra, avui i cada dia que presentin coses en aquest sentit. Moltes gràcies. Gracias presidenta. Muy buenas tardes. Quiero empezar con una fecha, porque me ha dado la idea el compañero Matute: cuatro alcaldías en Cataluña de 947 municipios. No sé, cómo decía él, si han hablado también con nuestro país. En todo caso, hoy esta proposición de ley que presenta el Grupo Popular afirmando que es un tema técnico, que quieren reforzar la seguridad jurídica, acelerar los trámites y facilitar el acceso a la vivienda, niego la mayor de que sea una propuesta técnica. Y sí, señora Madrenas, va de ideología; es profundamente ideológico cómo abordamos el tema de la vivienda. Hay dos formas de entender esta crisis de vivienda: una considera que el mercado se regula por sí mismo, que la vivienda es un bien con el que algunos se pueden hacer ricos, y otra asume que la vivienda es un derecho y que, por tanto, necesita su regulación, intervención pública, límites claros a la especulación, porque si no se regula desde la Administración, lo acaban regulando los fondos buitre, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. El Grupo Popular vuelve a proponer exactamente la misma receta que este Estado ya ha aplicado durante décadas: construir más, acelerar procesos urbanísticos y reducir regulaciones; construir más privadamente, evidentemente. En el fondo, es la misma lógica que alimentó la burbuja inmobiliaria y que nos llevó a la crisis del 2008. Construir más puede formar parte de la solución global, sí, pero construir más no es la solución al problema de la vivienda. El problema no es solo cuántas viviendas se construyen, el problema es cómo funciona el mercado, de quién es y quién controla estas viviendas. Hoy, una gran parte del mercado inmobiliario no está pensada para garantizar el derecho a la vivienda, sino para funcionar como un activo de inversión; sus propietarios no son las Administraciones públicas, sino los grandes fondos buitre y los grandes fondos de inversión. Esta proposición de ley en ningún caso habla de hacer más vivienda pública, sino de que ya tienen el control del mercado y se pongan pisos en venta a precios que son inasumibles prácticamente para la mayoría de las personas. Esto significa que, aumentando la oferta, los precios continuarán subiendo, porque la demanda especulativa absorbe gran parte de esta nueva oferta y porque es la única que pueden pagar. España, de hecho, es uno de los países europeos que más vivienda ha construido durante las últimas décadas y, a pesar de ello, continúa siendo uno de los lugares donde el acceso a la vivienda es más difícil para la mayoría de la gente. Este dato les debería hacer reflexionar sobre la simplificación que hacen de un debate que a menudo se reduce a una idea: se acaba construyendo más, como decía; cada vez ya hay más voces, más expertos que señalan que el problema no solo tiene que ver con la cantidad de viviendas disponibles, sino con el funcionamiento del mercado y la concentración de esta propiedad. Cuando una parte significativa del parque de viviendas está en manos de grandes tenedores de fondos buitre, la especulación continúa aumentando los precios de forma constante, y por eso cada vez hay más consenso, una dirección muy distinta: construir para aumentar el parque de viviendas públicas sí, pero no tiene nada que ver con la proposición de ley que nos trae hoy el PP; también rehabilitar, movilizar viviendas vacías, ponerlas a disposición de la Sareb, trabajar coordinadamente con cooperativas de viviendas sin ánimo de lucro, regular los precios del alquiler y garantizar que la vivienda cumple con su función social. De hecho, allá donde se han aplicado las medidas de regulación, por mucho que se empeñen en decir que esto no es cierto, empezamos a ver algunos resultados. En Cataluña, los estudios más recientes indican que en las zonas donde se ha aplicado la regulación de los alquileres los precios se contienen, crecen, pero muy por debajo de los niveles de la inflación, y descaradamente menos que en aquellos mercados comparables; y en algunos casos han empezado incluso a bajar. También se está reduciendo el uso abusivo de los alquileres de temporada, gracias a la regulación del mercado del Parlamento de Cataluña, que aquí todas las derechas están bloqueando. Es decir, cuando el sector público interviene con determinación, el mercado puede empezar a corregir algunas de sus disfunciones. Pero la propuesta del Grupo Popular va precisamente en dirección contraria. Esta ley plantea eliminar todos los instrumentos para el control de precios como, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas y, al mismo tiempo, dice que quiere facilitar procesos urbanísticos, pero lo que hace es ofrecer menos garantías, y limita la capacidad de la ciudadanía para recurrir estas decisiones restringiendo la acción pública en esta materia. Es un tema especialmente preocupante, porque es esta acción pública urbanística la que históricamente ha sido esencial para detectar irregularidades, abusos y casos de corrupción, por cierto, prácticamente el 100 % a manos del Partido Popular. En lugar de exigir que la Administración actúe correctamente desde el principio, esta propuesta rebaja las exigencias para que los errores no tengan consecuencias, y esto acaba generando exactamente lo contrario de lo que proclama: menos confianza en las instituciones y más sensación de impunidad. En este punto, también quiero hacer un inciso sobre un tema que hace muy poco salió publicado en el diario Público y del que no hablamos mucho. En el artículo se explicaba que determinadas cátedras universitarias, financiadas precisamente por empresas inmobiliarias, han contribuido a difundir estudios e informes donde las conclusiones curiosamente coinciden de manera muy conveniente con los intereses de este mismo sector: menos regulación, más liberalización de mercado y más construcción. Todo eso contribuye a crear un relato sobre la liberalización del mercado que solo favorece a aquellos perfiles que ustedes quieren favorecer con sus políticas de liberalización máxima, las derechas y las extremas derechas. Y nosotros negamos la mayor. El derecho de la vivienda no se puede dejar en manos del mercado, no se regula solo y, si se regula solo, no lo hace por la mayoría de la gente. Ya hemos visto lo que está sucediendo en este sistema que ustedes proponen. Por eso defendemos políticas públicas muy diferentes: ampliar el parque de viviendas público, regular el mercado cuando sea necesario, movilizar viviendas vacías y limitar la especulación. Por cierto, hoy el Consejo de Ministros aprueba el nuevo plan estatal de vivienda; un plan que, una vez más, tampoco incorpora ninguna medida para gravar efectivamente a aquellos que acumulan grandes cantidades de vivienda. Y este es uno de los grandes debates pendiente, que, si realmente queremos abordar las causas estructurales de la crisis de la vivienda, tenemos que llevar a cabo. La prueba, la supuesta esperanza blanca de la izquierda europea y mundial, es el Partido Socialista. Puede ser que, antes de hacer estas grandes cimas de izquierdas, debiéramos revisarnos un poco. En definitiva, esta proposición de ley no pone en el centro el derecho de la vivienda ni el interés general. Lo que hace es priorizar la flexibilización urbanística y la desregularización absoluta del mercado para que los ricos sean más ricos y los que no tienen casa sigan sufriendo cada día para garantizarse un techo. Evidentemente, nosotros votaremos en contra hoy y cada día que presenten cosas en este sentido. Gracias. .

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

Moltes gràcies, presidenta. Señorías, tenemos un problema grave si somos capaces de llamar polarización a que un diputado que declara cinco pisos, una casa, dos estudios, una finca rústica, tres plazas de aparcamiento, dos locales y más de 700 000 euros juega a ser Tejero y nos parece normal y cuatro personas que no llegan a final de mes tiran un pasquín (muestra uno de los pasquines que se han lanzado al hemiciclo desde la tribuna pública, que dice: «¡Diputados! ¿El día 28 de qué lado vais a estar? ¿Vecinas o rentistas?) y nos parece algo profundamente peligroso. . Señorías, sé que se acuerdan (muestra la fotografía de una hoja contable y la apoya en la tribuna), hace mucho tiempo de los asientos de la caja de su partido (dirigiéndose al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), garabateados por Luis Bárcenas. Miren, aquí hay entradas y salidas de dinero. Hemos hablado mucho de salidas. . Tengo que decir que en algún caso ha sido muy difícil, profundamente costoso, porque sabíamos que un plato es un plato, que los vecinos eligen al alcalde, pero no alcanzábamos a pensar quién era M. Rajoy. Hoy, sabemos que M. Rajoy es Mariano Rajoy. . Pero, fíjense, hoy no vamos a hablar de salidas — dudo que anuncien la salida del señor Arenas del grupo del Senado—, hoy vamos a hablar de entradas, de por dónde entraba el dinero. Y es que, si seguimos las migas de pan de su ley, podemos rellenar perfectamente las entradas de dinero B de la financiación ilegal de su partido. ¿A quién beneficia esta ley? Constructoras, bancos y fondos buitre. Traduzcan y verán a quién y cómo. . Dicho de otra forma: su ley beneficia a quienes les financiaron en el pasado, no sabemos si en el presente, pero, sin duda, a quienes ustedes defienden. Y es que ustedes, con esta ley, declaran la guerra a la mayoría social, declaran la guerra a aquella gente que no puede llegar a final de mes. Y lo hacen en nombre de no sé exactamente qué seguridad, porque ustedes hablan de seguridad cuando en su proyecto proponen eliminar los informes de impacto ambiental de la Ley del Suelo. Y entenderán que eso, a aquellos que hemos vivido la dana, nos duela en el alma, porque eso no es seguridad, eso es favorecer que se puedan ahogar nuestras hijas. Y ese es su modelo: construir más donde haga falta, silencio positivo y sin informe ambiental. Señorías, ¿saben qué? En el pasado, ya construimos más que Alemania, Italia e Inglaterra juntos y el precio nunca bajó, porque ustedes y a quienes ustedes defienden acaparan más, más y más y la gente normal no puede. Pero hay otra cosa importante: ustedes no solamente benefician a constructoras y la cultura del pelotazo que tanto les gusta; ustedes benefician, sobre todo, a fondos buitre y a bancos. Y aquí sí que me quiero detener, porque aquí es donde ustedes exponen su guerra, una lucha de clases que van ganando, pero no les va a salir. En su propuesta, ustedes plantean dos cosas que son salvajes, que son crueles. Primero, frente a nuestra propuesta que decía que un fondo buitre, que una sociedad o que un banco no puedan comprar un derecho como una casa, ustedes dicen que no solamente lo van a poder comprar, sino que hay que desahuciar a la gente vulnerable que esté en un fondo buitre o en un banco con un juicio rápido oral sin garantías. Esa es su propuesta, y les digo una cosa: solamente tenían que hacer caso a Trump en una cosa — ¡en una!—, que era que las corporaciones y las empresas no tienen que comprar casas, porque las casas son para la gente y no para las empresas. Y justo en eso es en lo único que ustedes no hacen caso a Trump. ¡Ya es mala suerte! Pero lo segundo, y creo que es lo más grave, es que ustedes rebajan la protección a aquellas familias que tengan ingresos por debajo de los 900 euros al mes. Miren, este fin de semana estaba en el cumpleaños de una amiga de mi hija y hubo un momento de tensión, porque una madre dijo que no le parecía bien que no sé quién percibiera ayudas sociales. Y entonces explicó que ella, que curraba mucho y cobraba una mierda, no podía y que, en cambio, la vecina estaba empadronada donde no tocaba, en un apartamento en la playa, para poder tener la beca de comedor, y esto generó un momento de tensión social. Imagínense si llega a haber racismo por el medio. Nuestra propuesta — hasta en esta situación de pura tensión social— es una prestación universal por crianza, el no hacer confrontar por cuestiones administrativas a aquella gente que no tiene nada y a aquella gente que, cobrando un salario, se queda sin nada, porque nosotros defendemos tanto a los muy pobres como a los trabajadores a los que les cuesta llegar a final de mes. ¿Saben cuál es su propuesta? Continuar enfrentando, pero ir más salvajemente. ¿Usted de verdad me puede mirar a la cara — señora Cruz, míreme— y decirme esto? ¿Usted de verdad cree que una familia entera con 900 euros al mes puede vivir? . ¿Puede?

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

Yo entiendo que les hierva la sangre. . A mí me hierve la sangre cuando leo sus leyes. Mire, señora, yo le ruego que esto (se da palmaditas en la mejilla con la mano) se lo ahorre. . Harás lo que quieras, no, porque aquí hay unas normas. . ¿Y sabe qué?

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

Que aunque usted venga de cuna de oro, aquí es tan diputada como yo, no más, ¡y me va a tener que escuchar!; ¡me va a tener que escuchar! . Pero, sobre todo, va a tener que escuchar a los miles de personas que van a ir a las sedes del Partido Popular a decirles lo siguiente: ¿Con quién están, con los fondos buitre, con los bancos y las constructoras que financiaban ilegalmente a su partido o con la gente? ¿Ustedes van a ir a los barrios? ¿Ustedes van a ir a decirle a la gente que con 900 euros se puede vivir, que no hacen falta ayudas? . Es más… Señora presidenta…

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

Gràcies, senyora presidenta. Decía que con 900 euros es imposible vivir. Pero ustedes, que se manifiestan en nombre de la familia, no solo han recortado — como explicaba el diputado de Bildu— a las personas con discapacidad, sino que, en la ley actual, cuando tienes diferentes hijos, la prestación es mayor, por proteger a la infancia, por fomentar lo de la familia; y ustedes esto lo quitan, los de la familia. Porque ustedes son provida antes de que nazcan, pero, una vez nacen, les es absolutamente igual si viven bajo un puente o no. . Y le digo una cosa: usted, yo y espero por el bien de la humanidad que los 350 diputados de aquí, entre que nuestras hijas vivan bajo un puente o impagar a un fondo buitre o a un banco que rescatamos con nuestros impuestos, seguiríamos sin pagar a los bancos y a los fondos buitre, porque lo contrario no es humanidad. Lo contrario en absoluto representa — y yo sé que ustedes están ahora reñidos con la Conferencia Episcopal, la Iglesia les parece demasiado roja, comunista y woke— esos valores que están en la Constitución; esta ley no los representa. Termino. Lo que hoy se vota aquí no es otra cosa que declarar una guerra a todos los trabajadores y trabajadoras, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios que, si algún día sus empresas van mal, van a necesitar la ayuda pública. En cambio, lo que votaremos la semana que viene aquí es proteger a la gente. Así que quedan siete días no solo para pedir la prórroga de alquileres — que hay que pedirla—, sino que quedan siete días para ver si aquellos que el domingo van al confesionario para purgar sus pecados y sus lamentaciones son capaces de repensar y apoyar a la mayoría social. Moltes gràcies. .

Ricardo Chamorro Delmo VOX

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy venimos aquí a hablar de algo que los españoles viven en su propia carne cada día: la imposibilidad de tener una vivienda digna, de formar una familia y de no tener que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición de ley que por fin reconoce lo que VOX lleva denunciando desde hace años: que la Ley 12/2023 del sanchismo, de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, ha sido un auténtico desastre. Ha reducido la oferta, ha disparado los precios, ha convertido al propietario en un enemigo y ha premiado al okupa. Resulta que aquí montan numeritos con respecto a un proyecto de ley, pero el Gobierno prometió 200 000 viviendas — el señor Pedro Sánchez, apoyado por SUMAR, por Podemos, por toda la izquierda y por los separatistas— y llevan ejecutadas 10 000 viviendas. Me imagino que esos panfletos serían en contra del Gobierno de España, que está apoyado por toda esta gente de la izquierda radical y el secesionismo en contra de la nación española. . Señorías del Grupo Socialista y de sus socios, enhorabuena, han conseguido que haya menos viviendas en el mercado y que cada vez más españoles se queden sin casa. . Pero no seamos hipócritas, porque además de que no hacen viviendas — esas viviendas que ustedes prometen—, no se puede hablar de crisis de vivienda sin hablar de la inmigración masiva que fomentan todos ustedes; regularizaciones que han impulsado todos ustedes y un efecto llamada que también han impulsado todos ustedes. Según los datos oficiales del INE de 2024, recién publicados, llegaron a España 1 288 562 personas del extranjero que establecieron su residencia aquí. De ellas, 1 144 227 tenían nacionalidad extranjera, es decir, el 88,8 % del total. Solo 144 335 eran españoles que regresaban a su patria. Casi 1,3 millones de personas en un solo año. Eso es una demanda absolutamente desbocada, señorías. Infla los precios de los alquileres, lo que provoca hacinamiento en los hogares de renta baja y media baja, de las clases trabajadoras, de las clases populares que dicen ustedes defender y que aplastan constantemente con su demagogia ; también desplaza a los españoles en la adjudicación de viviendas sociales y viviendas públicas y permite que compradores extranjeros no residentes se lleven los pisos a tocateja. Hace exactamente un año, el Grupo Parlamentario VOX trajo al Congreso una iniciativa pidiendo solo un informe, que se estudiara el impacto de esta inmigración desbocada de la que hablamos — de la que saca ahora los datos el INE— con relación al impacto de esta inmigración en el mercado de la vivienda. Solo pedíamos datos, que nos dieran datos, y el Partido Popular se negó en este caso a este informe; no solo a debatir soluciones, sino a reconocer siquiera que existe ese problema de la inmigración masiva con relación a la vivienda. Dijeron que la inmigración era fundamental para el crecimiento económico y para llegar a pagar las pensiones. Exactamente lo mismo que dicen Pedro Sánchez, la patronal, los sindicatos de clase o Luis de Guindos. . Es decir, ¡todos ustedes dicen lo mismo! Están ustedes en contra de la mayoría social, porque todas las encuestas en España dicen que están hartos de esa regularización masiva. Y ustedes, no, están en contra de la mayoría social. Nos estigmatizaron cada vez que dijimos que no se puede hablar de vivienda sin hablar de exceso de demanda. Nos dijeron que el problema se resolvía solo construyendo, sin importar cuántos millones de inmigrantes ilegales llegaban. Pues bien, señorías del Grupo Popular, llegan tarde y se quedan cortos, porque ustedes gobernaron en varias legislaturas, y en la de Mariano Rajoy, por ejemplo — que también se ha hablado de él en esta sesión en varias ocasiones—, fue patética la ejecución de viviendas por parte del Partido Popular, solo unos pocos miles de viviendas sociales en toda una legislatura. Y ahora, en Madrid, con el modelo de la señora Ayuso, la vivienda es absolutamente prohibitiva para los jóvenes españoles; los precios se han disparado; los fondos especulativos extranjeros compran a mansalva y los españoles de carne y hueso no pueden acceder a una vivienda en su propia capital, en la capital de España. . Eso no es solución, es rendición ante la dictadura del número y del capital. Tampoco queremos el modelo de Ada Colau, de Pedro Sánchez y de esa extrema izquierda radical que se reunió el otro día en Barcelona con dictadores, con gente liberticida y toda esa izquierda neocomunista. No queremos la okupación descontrolada y la intervención brutal que plantean ustedes, que ha destrozado el acceso a la vivienda, por ejemplo, en Barcelona, y ha convertido barrios enteros en zonas de inseguridad y degradación. VOX defiende un modelo propio al margen de ambos modelos que plantean ustedes (señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y ustedes (señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Ni el modelo especulativo de Ayuso, ni el intervencionismo neocomunista de Colau, Pedro Sánchez y todos los dictadores que se reunieron este sábado en Barcelona. Queremos un modelo que ponga en el centro al español de a pie, prioridad absoluta para los… .

Ricardo Chamorro Delmo VOX

Señora presidenta, voy a continuar a pesar de que la libertad de expresión para la presidenta del Congreso de los Diputados parece que no se respeta de manera constante. Se respeta el incumplimiento de las normas por gente que tira pasquines, pero para los diputados de VOX y de otros partidos, pues no se respeta. . La vivienda, como digo, no es solo un techo. La vivienda es el hogar donde se proyecta el hombre sobre sus cosas, donde la familia echa raíces y donde se construye la estabilidad de una nación como España. Queremos una España de propietarios. Aspiramos a que la vivienda sea del que la vive, no del que especula de manera anónima ni del que la okupa. Por eso debemos pasar a que el esfuerzo del español le permita acceder de verdad a la propiedad de su hogar de forma rápida, estable y digna. La propiedad privada es el atributo más elemental del ser humano, la proyección directa del hombre sobre lo que le rodea. Lo que la destruye es el intervencionismo absoluto y totalitario de un Estado absolutamente desequilibrado o el capitalismo desbocado de los grandes fondos de los trusts que se concentran en pocas manos, arrasando la pequeña propiedad y la dignidad de las familias. Nosotros no venimos aquí a defender a los especuladores ni la intervención total; venimos a defender al inquilino español y al comprador español, venimos a defender la propiedad privada como derecho constitucional y como pilar de la dignidad familiar, venimos a defender que una familia pueda tener un hogar fijo y estable. Esta ley es un primer paso, pero VOX va más allá. Nosotros proponemos desahucios exprés, fin inmediato de las zonas tensionadas, libertad real para construir, prioridad absoluta de los españoles en la vivienda protegida y en el acceso a la propiedad, control de fronteras y propiedad para que la poca vivienda que se construye sea para quienes realmente son de aquí. Señorías, los jóvenes españoles están hartos de problemas y de promesas vacías; están hartos de que les digan que la vivienda es un derecho mientras les dejan sin posibilidad de ejercerlo. VOX no viene a gestionar la decadencia, venimos a revertirla. Apoyaremos esta ley en lo que avance porque, además, consideramos que España no se arregla con virajes electorales de última hora por parte del Partido Popular; España se arregla con valentía, con sentido común y con poner a los españoles y a su propiedad en el centro de todas las políticas nacionales. Muchas gracias. .

Isabel María Pérez Ortiz PSOE

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Permítanme comenzar hoy con algo personal. Era yo la delegada de Urbanismo en Marbella cuando el Tribunal Supremo declaró nulo el plan general del 2010. No le deseo esa experiencia a nadie, de verdad, ni siquiera a ustedes, señorías del Grupo Popular, que lejos de arrimar el hombro, pusieron zancadillas. Cuando cae un plan general, cae la base del desarrollo de una ciudad. . Y en 2015 tuvimos que volver a 1986, en una ciudad donde el urbanismo ha significado durante años especulación, interés particular y corrupción, gobernada primero por Gil y luego por el Partido Popular. Señorías, los planes generales no son un documento más; definen cómo vive la gente, cómo crecen los barrios, dónde se puede construir y dónde no. Somos conscientes de que son documentos enormemente complejos, que cualquier rendija puede servir para provocar su nulidad. Controlar y evitar que un error menor signifique la caída de todo supongo que será algo en lo que todos podríamos estar de acuerdo. Por eso, el Grupo Socialista y el Grupo Vasco planteamos una reforma de la ley del suelo con un objetivo claro: dar seguridad jurídica a los municipios para evitar que errores formales tumben planes enteros y permitir su corrección sin destruir años de trabajo. . ¿Y qué hizo el Grupo Popular? Votar en contra. Y ahora vienen aquí diciendo que quieren arreglarlo, pero no. Su propuesta deja claro cuál es su verdadero modelo: la especulación en detrimento de lo público. Señorías, proponen poder construir más con menos control. ¿Les suena? Esto ya lo hemos vivido. Es el modelo de la ley del suelo de 1998 de Aznar: liberar suelo, facilitar recalificaciones y dejar el urbanismo en manos de la especulación. Esto, además, no sirvió para bajar el precio de la vivienda. ¿Qué ocurrió? Lo recordarán, una burbuja inmobiliaria descomunal y después el rescate a la banca. Señorías, su modelo ya fracasó. Para construir vivienda hace falta suelo, sí, y hace falta una normativa ágil también. Pero eso no se consigue con lo que traen aquí hoy, proponiendo derogar la ley de vivienda, ni tampoco abriendo la puerta a la especulación. Lo que hay que hacer es justo lo contrario, evitar que los intereses particulares tumben planes enteros y permitir que las Administraciones corrijan errores sin que todo salte por los aires. Eso era lo que proponíamos: una reforma técnica, jurídica y sensata, con plazos, con garantía, con seguridad; y ustedes, señorías del Grupo Popular, votaron en contra. El urbanismo no es solo aprobar planes, es tener un modelo de ciudad y pensar en el interés general. Ahí es donde fallan ustedes. Su objetivo es claro, señorías del Grupo Popular: privatizar lo público y repartir entre sus familiares las VPO. . El modelo del Gobierno es el de la protección indefinida para las promociones públicas, con esa clasificación de vivienda protegida con carácter permanente, tal como indica el nuevo plan estatal de vivienda aprobado hoy. Otra ventana para las comunidades autónomas para trabajar por la vivienda pública. Señorías, ¿saben qué hizo el Gobierno de Mazón meses antes del terrible incidente de la dana? Modificar la ley para que las VPO pudieran venderse como libres y flexibilizar los requisitos de acceso para poder repartirlas entre familiares y amigos del Partido Popular. Aquí hay alguna diputada del PP que lo puede explicar un poco mejor. Ese es su modelo, señorías del Grupo Popular, y no es aislado. . En Málaga hay sitios en los que quieren adjudicar simplemente por el orden de inscripción. ¿Y el modelo del Gobierno? Procurar que esto no ocurra con las VPO con una cláusula antifraude para que las viviendas protegidas se asignen como deben, con transparencia y criterios objetivos. Eso también lo propone el plan estatal de la vivienda aprobado hoy. Vuelvo a Marbella. Esta es la gestión de lo público que se hace allí, les pongo ejemplos reales de privatización de suelo público. . Estadio de Marbella, equipamiento deportivo, ahora privatizado por el Partido Popular. . Residencia tiempo libre, equipamiento social público; propiedad, por cierto, de la Junta de Andalucía, ahora privatizado para hotel — ahí está Juanma Moreno con la alcaldesa de Marbella, ambos del PP— en vez de usarse para hacer vivienda asequible. Otro caso (muestra otro recorte de prensa): suelo público para un colegio privado, porque, según dicen, colegios públicos no hacen falta. . Equipamientos deportivos privatizados, equipamientos sociales privatizados, equipamientos escolares privatizados y venta de parcelas residenciales a privados que podían usarse para vivienda pública. Esto no es un caso aislado, es el ADN del Partido Popular. Por eso, cuando hablan de urbanismo, hablan de desarrollos a la carta alejados del interés general. Lo peor es que esto abarca a más ámbitos, como la sanidad en Andalucía, con el deterioro de lo público, de todo lo público: listas de espera disparadas y decisiones que priorizan intereses privados. Señorías del Grupo Popular, han colapsado la sanidad pública en Andalucía, la comunidad con más lista de espera para operarse. Por cierto, en el otro lado, nuestro modelo. Este año se cumplen cuarenta años de la Ley de Sanidad de Ernest Lluch. Sirva esto para acordarnos de él . El mismo abandono en educación, un golpe directo a la igualdad de oportunidades. Sean realistas, ustedes ni quieren hacer vivienda pública ni quieren escuchar nada que tenga que ver con lo público, porque, señorías, el negocio no lo es todo. ¿Saben por qué no quieren la ley de vivienda? Porque los pone a gestionar en las comunidades autónomas. Hay que estudiar si hay zonas tensionadas, proponer soluciones, hay que regular y controlar las viviendas turísticas… Es decir, hay que trabajar la vivienda pública, señorías, y hay que ejercer sus competencias por el bien de la gente. Por eso les digo: antes de proponer derogar partes de la ley de vivienda, intenten ponerla en marcha y trabajen con el Plan Estatal de Vivienda, porque quienes trabajen con ambos documentos podrán recibir fondos para vivienda para la gente. Hay casi 1200 millones de euros posibles para Andalucía. Pero no lo harán. De hecho, Ayuso ya lo ha rechazado. ¿Qué hará Juanma Moreno? . Ya sabemos cuál es su modelo. Ahora, más que nunca, en el PSOE tenemos que trabajar para defender lo público, y en Andalucía, sin duda, lo hará María Jesús Montero. Muchas gracias. .

Margarita Martín Rodríguez PsdeG-PSOE

Gracias, presidenta. Hoy debatimos aquí una proposición de ley que, en apariencia, habla de mejorar nuestra legislación sobre reproducción asistida, pero que, en realidad, habla de algo mucho más relevante. Habla de libertad, de igualdad, de autonomía y, sobre todo, de la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propia vida reproductiva , y eso, señorías, no es un asunto menor. Este país ha avanzado mucho en los últimos años en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Lo hemos hecho ensanchando libertades, corrigiendo desigualdades históricas y situando a las mujeres en el centro de decisiones que, durante demasiado tiempo, fueron tomadas por otros, condicionadas por otros o directamente limitadas por otros. Por eso, este debate no es un debate aislado. Este debate forma parte de una trayectoria política clara, de una manera de entender la democracia y de una convicción feminista muy sencilla pero muy poderosa: a las mujeres nos corresponde el pleno reconocimiento y ejercicio de todos los derechos. . También cuando hablamos de maternidad, de fertilidad, de reproducción asistida, de interrupción del embarazo o de preservación del material reproductivo. Si esta es la convicción que inspira nuestra legislación en materia de salud sexual y reproductiva, también es la convicción que debe inspirar nuestra legislación en materia de reproducción asistida, y eso es lo que venimos hoy a corregir. La reproducción humana asistida es uno de los hitos más relevantes de la ciencia moderna. Ha ampliado oportunidades y ha permitido desarrollar proyectos familiares antes imposibles. Ha ofrecido respuestas clínicas eficaces y ha transformado profundamente la realidad de miles de mujeres y de familias de nuestro país. Y España ha sido pionera en este ámbito. Esto no es un tema marginal, no es un fenómeno residual. En España, durante el año 2023, las técnicas de reproducción asistida dieron lugar a 39 555 nacimientos. Es decir, estamos ante una realidad consolidada, cotidiana y estructural de nuestra sociedad. Sin embargo, precisamente porque la ciencia ha avanzado tanto, porque la práctica clínica ha cambiado tanto, porque las formas de vivir la maternidad y la reproducción son hoy mucho más diversas, nuestro marco legal necesita actualizarse para seguir estando a la altura de esa realidad, y eso es lo que pretende esta proposición de ley. Esta iniciativa plantea, en el fondo, algo tan razonable como profundamente justo: reforzar la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus ovocitos y abrir el camino para abordar también con seriedad la situación de los preembriones crioconservados. Porque hoy la legislación vigente contiene una asimetría que ya no se sostiene ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista de la igualdad. La ley actual establece que la crioconservación de ovocitos puede prolongarse hasta que responsables médicos, con dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al centro de conservación correspondiente, consideren que el receptor ya no reúne los requisitos clínicamente adecuados para someterse a una técnica de reproducción asistida. Dicho de otro modo, la voluntad de la mujer no basta. La mujer no puede decidir por sí sola poner fin a la conservación de sus ovocitos. Su decisión queda condicionada a una valoración externa. ¿Por qué una mujer no puede decidir libremente sobre sus ovocitos en los mismos términos que sí se permite decidir a los hombres sobre sus gametos? . ¿Por qué cuando hablamos de reproducción seguimos encontrando en el ordenamiento jurídico rastros de desconfianza hacia la capacidad de decisión de las mujeres? Señorías, esto no es una cuestión neutra. No estamos ante un simple ajuste técnico, estamos ante una decisión política muy clara: o seguimos sosteniendo una lógica de tutela sobre las mujeres o damos un paso más en la lógica de los derechos. Nosotros creemos que ha llegado el momento de dar ese paso, porque el feminismo ha sido, entre muchas otras cosas, una impugnación radical de la idea de que las mujeres necesitan que otros decidan por ellas. Ha sido una reivindicación permanente de la libertad para vivir, para elegir, para proyectar la propia vida y también para cambiar de opinión cuando cambian las circunstancias. Y eso vale, por supuesto, en el ámbito de la reproducción. La autonomía reproductiva no puede entenderse de manera fragmentada, tiene que incluir también el derecho a decidir sobre su continuidad, sobre sus efectos en el tiempo y sobre el destino de los ovocitos y preembriones crioconservados. Porque la vida no es estática, los proyectos de vida cambian y las circunstancias personales, familiares, emocionales y de salud cambian. Una mujer puede preservar su fertilidad en un momento determinado y años después decidir legítimamente que ya no desea mantener esa conservación. Una mujer puede iniciar un tratamiento con una expectativa y más tarde revisar su decisión. Y una democracia adulta no puede responder a esa complejidad con paternalismo, sino con derechos. Aquí conviene decir una idea central de este debate: la voluntad de las mujeres no queda congelada cuando se congelan sus ovocitos o sus embriones. . No se congela su libertad, ni su autonomía, ni su capacidad para decidir, ni su derecho a cambiar de opinión. No se congela su derecho a cerrar una etapa de su vida. Esto es precisamente lo que esta proposición de ley quiere reconocer. La reforma del año 2023 de legislación sobre salud sexual y reproductiva representó un avance muy importante, porque consistió en una idea fundamental: que las decisiones reproductivas corresponden a las mujeres y que el Estado no está para sustituir su voluntad. Ese mismo principio debe iluminar este debate. No puede haber una concepción avanzada de la salud sexual y reproductiva cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, de educación sexual o de derechos menstruales, y una concepción restrictiva cuando hablamos de ovocitos y de preembriones crioconservados. No puede haber una defensa cerrada del derecho de las mujeres a decidir en unos ámbitos y una desconfianza estructural en otros. No puede haber, en definitiva, una política feminista a tiempo parcial. Por eso, la toma en consideración de esta proposición de ley es importante porque no cierra el debate, sino que lo abre donde debe abrirse, en sede parlamentaria, con rigor, con serenidad y con una voluntad clara de actualización normativa. Votar a favor es reconocer que existe un problema real, que existen incoherencias entre normativas y que esta Cámara tiene la obligación de discutirlas y corregirlas. Además, señorías, esta iniciativa cuenta con el apoyo de las principales sociedades científicas del sector, singularmente, con la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción y la Sociedad Española de Fertilidad, que hoy nos están acompañando desde la tribuna. Queremos agradecerles todo su apoyo técnico y toda su ayuda. . Este apoyo es importante subrayarlo, porque acredita que no estamos ante una propuesta voluntarista ni desconectada de la realidad clínica, sino ante una reforma que responde, ante el criterio experto de quienes conocen de primera mano la evolución de estas técnicas, a las necesidades de las pacientes y a las incoherencias que persisten en la regulación vigente. Los datos demuestran que esta problemática existe. El registro nacional de actividad del 2023 muestra que ese año se vitrificaron 65 805 ovocitos con la finalidad de preservar la fertilidad, un 13 % más que en el 2022. A fecha 31 de diciembre de 2023, había en España 510 305 ovocitos y 915 130 embriones almacenados. De estos embriones, 675 880 llevan almacenados dos o más años. Por tanto, no estamos ante una hipótesis teórica, sino ante una realidad actual, masiva, estructural y sostenida en el tiempo. Estos datos tienen una doble lectura: por una parte, reflejan el éxito técnico y clínico de nuestro sistema de reproducción asistida y, por otra, reflejan que la realidad ha desbordado el marco normativo vigente y, cuando esto ocurre, la respuesta no puede ser la inercia, tiene que ser la política. Señorías, la política sirve precisamente para esto: para adaptar las normas a la vida real, para remover obstáculos injustificados, para ampliar derechos y para corregir desigualdades que se perpetúan bajo la apariencia de la normalidad. Esta proposición de ley plantea varias cosas valiosas: primero, equipara la regulación de los ovocitos a la del semen, eliminando una diferencia injustificable; segundo, refuerza la seguridad jurídica; tercero, elimina requisitos que, lejos de proteger, limitan la autonomía de las mujeres, y, cuarto, incorpora una disposición adicional que mandata al Ministerio de Sanidad en el plazo de doce meses a revisar la Ley 14/2006 para adecuarla a los conocimientos científicos y técnicos actuales y para abordar la excesiva acumulación de preembriones en los bancos de los centros de fertilidad. Esta última cuestión es especialmente importante, porque sería un error pensar que el debate termina con los ovocitos. No termina ahí, la acumulación de preembriones plantea también interrogantes jurídicos, éticos y de gestión que no pueden seguir aplazándose. No se trata de analizar decisiones complejas, se trata de reconocer, precisamente, su complejidad y, por ello, garantizar que sean las mujeres quienes puedan afrontarlas con libertad, con información y con respaldo legal suficiente. No se trata de reducir garantías, se trata de trasladar el centro de gravedad desde la tutela hasta la autonomía. No se trata de abrir incertidumbres, se trata de cerrarlas con una ley más coherente, participada, más moderna y más feminista. Hay debates que revelan con mucha claridad el modelo de sociedad que defendemos, y este es uno de ellos: o creemos en una legislación reproductiva coherente con los avances feministas o aceptamos que persistan contradicciones injustificables; o creemos que el derecho debe ponerse al servicio de la libertad de las mujeres o permitimos que siga operando como límite allí donde debería ser garantía. Nosotros elegimos lo primero. Por eso, señorías, les pido el voto favorable a la toma en consideración para abrir un debate donde corresponde, para mejorar el texto durante la tramitación, para adecuar la ley a la realidad científica y social de nuestro tiempo, para reforzar la coherencia de nuestro ordenamiento en materia de salud sexual y reproductiva y, sobre todo, para dar un paso más en algo que debería ser incuestionable en una democracia avanzada, es decir, el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su proyecto de vida reproductiva. Muchas gracias. .

Noemí Santana Perera SUMAR

Muy buenas tardes, señora presidenta. En esta iniciativa no solo hablamos de criogenización de ovocitos, sino de algo mucho más importante, puesto que es una cuestión de poder, de quién decide, de si las mujeres y las personas con capacidad gestante — que no todas son mujeres, también, por ejemplo, puede haber chicos trans con esa capacidad gestante— tenemos esa última palabra para poder ir hasta donde queramos ir sin que nadie decida sobre nuestros cuerpos. Esto, como bien decía la portavoz del Grupo Socialista, es una cuestión de democracia. Por lo tanto, nosotras vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, porque entendemos que esta reforma corrige una desigualdad que no se explicaba que estuviera en la ley, puesto que, al final, no se decidía igual sobre los ovocitos que sobre el semen, y eso, lo que significaba en la práctica, es que las mujeres teníamos menos autonomía. Sin lugar a dudas, era una cuestión que se debía corregir. También, con esta reforma, se eliminan trabas que dejaban de proteger nuestros derechos. No solo dejaban de protegerlos, sino que, además, los complicaban. Asimismo, con la actualización de la ley, se hace algo tan básico como reconocer que en este país, afortunadamente, existe una diversidad en el ámbito familiar, no todas las familias son iguales. Esto lo debe reflejar cualquier norma y no negarlo, como había hecho hasta ahora. Por todo ello, entendemos que hay avances claros en esta iniciativa. Pero también queremos decir que hay cuestiones que se deberían haber abordado y no dejado para más adelante. En el propio texto, por ejemplo, se reconoce que hay un problema con los preembriones, que se acumulan, y que hay dudas sobre su encaje jurídico. Se decide volver a posponer esta cuestión. Pero, si sabemos que es una cuestión que está generando una problemática, se debería atajar ahora mismo, más pronto que tarde, porque, si no, nos va a tocar hacerlo igualmente. También, hay otra cuestión clave — que no es titular en esta ley, pero sí en la vida de la gente en general—, y es quién puede acceder a estos tratamientos, porque no todas las mujeres parten desde el mismo punto. Esto es algo que nosotras queríamos visibilizar, porque en algunas autonomías se está limitando el acceso de las mujeres y personas con capacidad gestante a la reproducción asistida en función de su peso. Es decir, se pone como requisito que cumplas con un determinado índice de masa corporal y esto, señorías, es gordofobia. Digo bien, es gordofobia porque — y aquí hay que explicarlo bien— no se trata de una decisión que sea a través de una valoración médica individual, sino de un criterio general que se aplica a todas las mujeres por igual. Solamente se mide el índice y no se miden otras cuestiones de salud. Por lo tanto, entendemos que esto viene a generar una barrera y, además, una barrera que afecta principalmente a las mujeres, porque somos nosotras, una vez más, las que vemos evaluados nuestros cuerpos como una condición previa para poder ser madres. Si existe el derecho, creo que todas las mujeres deberíamos poder acceder en igualdad de condiciones. Hay otro elemento que también creemos que es importante poner sobre la mesa y es cómo se viven estos procesos dentro del propio sistema sanitario. La reproducción asistida no es solo una técnica. Implica decisiones muy complejas y momentos de incertidumbre y de impacto emocional que puede atravesar muy fuertemente a una persona. Por eso no basta con que en ese procedimiento solo exista esa parte técnica, tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber una información previa y tiene que haber una capacidad real de la persona que se somete a estos tratamientos a poder decidir y tener la última palabra en todo momento. Porque si una persona no está entendiendo bien todas las opciones que tiene a su disposición o siente que no está participando de decisiones que impactan de manera tan directa en su vida, nosotras entendemos que la autonomía de esas mujeres se queda a medias. Así que, señorías, evidentemente esto es un paso adelante, una mejora de lo que había y que está corrigiendo una desigualdad que era evidente, pero entendemos que el objetivo no es solo cambiar la ley para hacerla mejor, sino que el objetivo fundamental es que los derechos funcionen en la práctica, en la vida real de las mujeres, que decidir sobre el propio cuerpo sea el eje en el cual se fundamenta esta reforma de la ley. Por lo tanto, creo que todavía tenemos margen de mejora, hemos apuntado los aspectos en los que a nosotras nos gustaría profundizar y lo haremos si estamos en disposición de poder hacerlo. Muchas gracias. .

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Arratsalde on. Buenas tardes a todas y a todos. Egungo legeak tratu desberdina eta justifikaziorik gabea ezartzen du gameto maskulinoen eta femeninoen artean. Gizakiek gizonezkoek hazi laginak suntsitu ditzakete baimen informatu baten bidez. Emakumeek, aldiz, ezin dute beren obozito ez libreki erabaki, legeak enbrioiekin parekatzen dituelako. Horiek suntsitzeko, neurriz kanpoko baldintza bat eskatzen da. Espezialisten txostenak zenbat eta zein espezialista tekoak diren zehaztu gabe, hain zuzen ere, eta emakumeek laguntza bidezko ugalketa teknikarik ezin duela izan ziurtatzen dutenak. Asimetria horrek autonomia printzipioa urratzen du, eta arrazoi mediko edo sozialengatik ugalkortasuna babestu duten emakumeak diskriminatu egiten ditu. Beraz, zer da gaur proposatzen dena? Obozito en lege araubidea espermatozoideen arekin parekatzea, baimen informatuaren bidez suntsitzea ahalbidetuz eta baldintza gehigarririk gabe. Muy buenas tardes. La ley actual hace un trato desigual sin ninguna justificación ante los gametos y los ovocitos. De hecho, el ser humano, los hombres, pueden destruir sus muestras a través de un consentimiento informado, pero las mujeres no pueden decidir de forma libre sobre sus ovocitos porque la ley los pone como si fueran equivalentes de los embriones. Se pide una condición, un informe de los especialistas, y no se concreta mucho más. Y se tiene que certificar que esas mujeres no pueden tener ninguna técnica de reproducción asistida por razones médicas, sociales. Hay mujeres que se ven discriminadas en esta situación. Por lo tanto, ¿qué es lo que se propone hoy? Modificar esta reglamentación que tenemos para hacer que sean equivalentes los ovocitos y los gametos, y que no haya ninguna especificación añadida para las mujeres. Poca novedad voy a decir con respecto a lo que van a decir otras y otros compañeros y de lo que ya ha dicho la proponente porque creo que las cosas están claras en la propia proposición de ley. La proposición de ley que debatimos hoy plantea la regulación de la crioconservación de gametos y embriones y la necesidad urgente de actualizar un marco legal que ya no responde a la nueva realidad social, ni a la científica, ni a la asistencial. La ley actual permite la congelación tanto de semen como de ovocitos, pero no los trata de la misma manera; cuando un hombre decide preservar su fertilidad, puede en cualquier momento elegir si utiliza su muestra, si la dona o si deja de conservarla, su decisión es respetada sin más requisitos que su propio consentimiento. Sin embargo, cuando una mujer congela sus óvulos, esa libertad desaparece; aunque no exista ningún problema de salud, aunque no tenga ya un proyecto reproductivo, aunque simplemente haya cambiado de opinión, la ley le exige algo que no se le pide a ningún varón: informes médicos y autorizaciones externas que acreditan que ya no puede someterse a técnicas de reproducción asistida. Es decir, la ley condiciona su decisión sobre sus propios gametos a la valoración de terceros. Se ve que una visión feminista de los problemas es también una visión racional, de sentido común de los problemas. Porque esta desigualdad genera situaciones de bloqueo que todos conocemos: mujeres que desean dejar de conservar sus ovocitos y no pueden hacerlo porque no obtienen ese informe requerido; bancos de gametos obligados a mantener muestras durante muchos años, incluso tras múltiples intentos de contactar con las pacientes; y centros que, aun sabiendo que ya no existe un proyecto reproductivo, no pueden cesar de conservarlos porque la ley no les ofrece una vía clara y segura para hacerlo. El resultado es un sistema rígido, ineficiente y profundamente injusto. Un sistema que acumula ovocitos y embriones sin salida, que incrementa costes, que genera incertidumbre y que, sobre todo, limita la autonomía de las mujeres sin aportar una mayor protección para ellas. Se trata, en definitiva, de devolver a las mujeres por medio de esta proposición de ley la capacidad de decidir sobre sus propios gametos, ya sea para utilizarlos, para donarlos, para destinarlos a investigar o solicitar directamente el cese de su conservación. Pero este tema no se limita a los gametos. También aborda otro elemento clave, que es el consentimiento informado. La ley vigente está construida sobre un modelo centrado en el matrimonio y en decisiones compartidas con el cónyuge. Un modelo que ya no refleja la diversidad de familias ni de proyectos reproductivos que vemos cada día en nuestra sociedad. Las propuestas actualizan este marco para que el consentimiento se base en quienes realmente participan en el proyecto reproductivo, sin depender de vínculos civiles que, en muchos casos, además, no existen o ya no son relevantes. Con ello, se evitan discriminaciones y se eliminan bloqueos que hoy afectan especialmente a parejas de mujeres y a otros modelos familiares existentes. Desde la práctica clínica se ve que la reforma tendría un impacto. En el caso de los ovocitos permitiría agilizar el cese de la conservación cuando la mujer así lo solicite, sin necesidad de agotar plazos máximos ni de acreditar incapacidad para gestar. Esto es especialmente importante en la preservación social de la fertilidad, donde muchas mujeres jóvenes congelan ovocitos que finalmente no utilizan ni utilizarán, generando acumulación y costes innecesarios. También se aportaría claridad en situaciones tan delicadas como el fallecimiento de pacientes oncológicas. Quiero detenerme antes de acabar en un punto especialmente complejo, los llamados embriones abandonados. En muchos centros no existen mecanismos sistemáticos de renovación de consentimientos y en otros no hay cuotas económicas que permitan acreditar objetivamente la desvinculación de los progenitores. Esto dificulta demostrar el abandono real y limita la posibilidad de aplicar los destinos previstos por la ley. Es un problema compartido en todos los centros y que requiere una solución clara, garantista y aplicable. Jaun andreok, planteatzen den erreforma ez da gai tekniko bat soilik, justizia, autonomia eta errealitatera egokitzeko kontua ere bada. Berandu badator ere, ez dago zalantzarik sistema modernizatzeko aukera bat dela, eraginkorragoa, Gizatiarragoa eta lagunduriko ugalketan konfiantza dutenen erabakiak gehiago errespetatzeko balioko duena. Lege hau eguneratzeak esan nahi du gizartea aldatu egin dela. Dudarik ez dago zientziak aurrera egin duela eta pertsonak bere erabakiarekin batera doan lege esparru bat merezi duela, ez erabakiak oztopatzen dituena. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzea, ugalketa autonomia babestea eta konpondu gabe, urteak daramatzaten arazoei benetako konponbideak eskatzea esan nahi du. Guzti honengatik, lege proposamen hau kontutan hartzea babestu egingo dugu. Mila esker! Señoras y señores, esta reforma que se plantea no es solo un tema técnico, es una cuestión de justicia, de autonomía, de adaptación a la realidad. Y esto llega tarde, eso sí, pero no hay ninguna duda. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para modernizar el sistema, para que sea más eficiente, más humano y para que pueda también respetar en mayor medida a aquellas personas que se fían y confían en las técnicas de reproducción asistida. Y la actualización de la ley significa simplemente que la sociedad ha avanzado, ha evolucionado, que la ciencia también lo ha hecho, y que las personas necesitan y merecen un ámbito legal que sea acorde con sus decisiones y que no obstaculice sus decisiones. También necesitamos garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, defender la autonomía de las personas en lo que respecta a su reproducción y resolver problemas que se han venido acumulando. Por todo ello, vamos a apoyar esta propuesta.

Etna Estrems Fayos ERC

Bé, moltes gràcies. Jo, de fet, volia dir aquesta tarda moltes coses que ja han dit els oradors que m’han precedit. Crec que estem absolutament d’acord que aquesta proposició de llei va més enllà d’una qüestió tècnica, de canvi de la legislació i el que aborda és una qüestió profundament feminista. Avui, en el fons, estem discutint qui té la capacitat de decidir sobre la reproducció, la vida reproductiva de les dones. Des d’Esquerra Republicana, hem estat sempre al costat d’aquest poder de decisió i ho diem amb claredat: les decisions sobre els cossos de les dones han de correspondre sempre a les mateixes dones, i això també val per la decisió sobre els seus ovòcits. La proposició de llei que avui debatem el que fa és modificar la regulació de crioconservació d’ovòcits i de tècniques de reproducció humana assistida. Però més enllà del que concretament planteja, el que realment fa és corregir una anomalia jurídica que fa massa anys que arrosseguem. Com comentaven, com deia abans les persones que han parlat abans que jo, hi ha unes diferències molt clares entre què poden decidir els homes amb el seu semen i què poden decidir les dones amb els seus òvuls i ovòcits en el moment, sobretot que ja no els volen. Com poden desfer-se’n? Com poden no utilitzar-los? Els homes simplement diuen que ja no els volen conservar més i els seus gàmetes ja no es segueixen conservant. En canvi, les dones necessitem aportar dos informes mèdics que diuen que no som fèrtils o que hi ha risc per la nostra vida o la del nadó. Això és profundament paternalista. És un tutelatge absolut de la decisió conscient, en algun moment de la nostra vida, per exemple, de no ser mares. La societat en què vivim encara avui en dia ens jutja a totes aquelles que un dia vam decidir que no volíem tenir fills i això pot passar sense haver congelat òvuls i només has d’aguantar aquest judici constant d’haver decidit no tenir fills, perquè sembla que si no els tens no ets completa. O pot passar havent decidit a una edat temprana, 25, una edat fèrtil biològicament, haver congelar els teus òvuls. Si amb 35 la teva vida et porta o la teva consciència et porta a decidir no tenir fills, el que has de fer és seguir mantenint aquells ovòcits perquè no els pots destruir si no tens dos informes mèdics que diuen que no ets fèrtil o que hi ha risc, com deia, o fins que tingui 50 anys i ja la ciència et consideri directament infèrtil. Això és un tutelatge que és inacceptable i que aquesta proposició de llei intenta corregir. Dit això, com deia, volia estendre’m més, però bàsicament els meus predecessors han dit exactament això. Creiem que és bo que passi aquesta proposició de llei. Fa anys, fa vint anys que hi ha aquesta diferència entre la conservació del semen o dels òvuls i, en aquest cas, és molt important que fem aquest pas endavant. Suposo que no hi haurà unanimitat en aquesta qüestió, cosa que em sembla absolutament increïble. I només dir que, al final, com deia, la societat evoluciona. El feminisme ha avançat moltíssim i el que fan lleis com aquesta és seguir fent aquest judici social de totes aquelles dones que conscientment decideixen no ser mares, que acaba traslladat en un escrit en una llei. Això és el que avui aquesta proposició de llei canvia i, per això, nosaltres li donarem suport. Moltes gràcies. Muchas gracias. Yo quería decir esta tarde muchas cosas que ya han dicho quienes me han precedido. Estamos totalmente de acuerdo con que esta proposición de ley va más allá de una cuestión técnica de cambio de la legislación y lo que aborda es una cuestión profundamente feminista. Hoy, en el fondo, estamos discutiendo quién tiene la capacidad de decidir sobre la reproducción y la vida reproductiva de las mujeres. En Esquerra Republicana siempre hemos estado al lado de este poder de decisión, y lo decimos con claridad: las decisiones sobre los cuerpos de las mujeres siempre deben corresponder a las propias mujeres, y esto también es válido para las decisiones sobre sus ovocitos. La proposición que se debate hoy quiere modificar la regulación de la conservación de ovocitos y técnicas de reproducción humana asistida. Pero, más allá de lo que concretamente plantea, lo que realmente hace es corregir una anomalía jurídica que arrastramos desde hace demasiados años. Como decían quienes me han precedido en el uso de la palabra, existen unas diferencias muy claras entre qué pueden decidir los hombres con respecto a su semen y qué pueden decidir las mujeres con respecto a sus óvulos y ovocitos en el momento en que ya no los quieren. ¿Cómo pueden deshacerse de ellos? ¿Cómo pueden no hacer uso de ellos? Los hombres, sencillamente, dicen que ya no quieren conservarlos más y sus gametos ya dejan de conservarse. Mientras que las mujeres necesitamos aportar dos informes médicos que afirmen que ya no somos fértiles o que existe riesgo para nuestra vida o la del hijo o hija. Esto es profundamente paternalista, es un tutelaje absoluto de la decisión consciente en algún momento de nuestra vida de, por ejemplo, no ser madres. La sociedad en la que vivimos, todavía hoy, nos juzga a todas las que un día decidimos que no queríamos tener hijos. Y esto puede ocurrir sin haber congelado óvulos — aguantando el juicio constante de haber decidido no tener hijos, porque parece que si no los tienes no estás completa—, o puede pasar habiendo decidido con una edad temprana, fértil biológicamente, a los 25, que se congelaran tus óvulos. Si con 35 tu vida o tu conciencia te llevan a decidir no tener hijos, lo que tienes que hacer es seguir manteniendo esos ovocitos, porque no puedes destruirlos a falta de dos informes médicos que afirmen que no eres fértil o que existe un riesgo, o hasta que tengas 50 años y ya la ciencia te considere directamente infértil. Este es un tutelaje que es directamente inaceptable y esta proposición de ley intenta corregirlo. Dicho esto, quería extenderme más, pero básicamente quienes me han precedido en el uso de la palabra han dicho exactamente eso. Nos parece que esta proposición de ley es positiva. Hace veinte años que existe esta diferencia entre la conservación del semen y la de los óvulos y, en este caso, es muy importante que se dé este paso adelante. Supongo que no habrá unanimidad en esta cuestión, algo que me parece absolutamente increíble. Y solo quería añadir que, al final, como decía, la sociedad evoluciona. El feminismo ha avanzado mucho, muchísimo, y lo que hacen leyes como esta es dejar de dar continuidad al juicio social a todas esas mujeres que deciden no ser madres y que termine esto escrito en una ley. Esto es lo que viene a cambiar esta proposición de ley y por eso le damos apoyo. Muchas gracias. .

Alda Recas Martín SUMAR

Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy debatimos la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la regulación sobre la crioconservación de ovocitos, que, sin duda, apoyaremos, ya que esta Cámara tiene una deuda con las mujeres, con sus decisiones sobre maternidad, fecundación y todo lo relacionado con este tema. Una deuda porque ya en la Ley de 2006, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que regula su aplicación en condiciones de seguridad, equidad y respeto a la dignidad humana, quedaron muchas cosas, muchos retos pendientes hacia la mujer, hacia la ética y hacia la ciencia. El Partido Popular, que gobernó más tarde — hablo de 2014—, hizo la orden ministerial de la vergüenza. Supongo que lo recordarán. Básicamente, nos decía a las mujeres que, sin un hombre a nuestro lado, no podíamos ser madres. En 2014, no hace tanto. Lógicamente, recibió denuncias por discriminación, especialmente por parte de mujeres lesbianas y parejas solteras. Vamos, que ustedes estaban imponiendo sus ideas de familia. Y supongo que les estallaría la cabeza si hablamos de personas no binarias, hombres trans o cualquier otra persona que tenga ovocitos que criopreservar, ¿no? Les estallaría la cabeza. Menos mal que una nueva orden ministerial, ya con un Gobierno progresista, en 2021, recupera el acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública para todos y para todas. Me sigue llamando mucho la atención que quienes apelan a esa libertad individual se opongan en la práctica a que las mujeres puedan decidir sobre sus propios ovocitos sin tutelas. Esa contradicción evidencia que su concepto de libertad no es universal, sino selectivo. Cuando se trata de derechos reproductivos, el Partido Popular tiende a sustituir la autonomía personal por el control institucional. Miren, para que ustedes se hagan una idea, la proposición de ley propone cuestiones que ya hemos debatido sobre ampliar la autonomía de las mujeres. Además, permite que las mujeres decidan hasta cuándo quieren conservar sus ovocitos, un derecho que ya tienen los hombres con su esperma y que nunca se ha puesto en duda. Desde este grupo parlamentario y desde el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, celebramos, sin duda alguna, todo avance hacia la igualdad y hacia la equidad en el Sistema Nacional de Salud. En definitiva, es una norma que simplemente (hace el signo de comillas con los dedos) les dice a las mujeres que tienen ellas la capacidad plena para decidir sobre su capacidad reproductiva. Para el mal de algunos, la ciencia y la sociedad evolucionan, señorías. Señorías de VOX, teniendo en cuenta cómo suben aquí para hablar de menopausia, salud de las mujeres, violencia de género… La verdad es que nos quieren muy mal a las mujeres, señorías de VOX. Estoy deseando escuchar su intervención. Estoy deseando escuchar cómo van a intentar defender ese no a esta proposición de ley. Pero, claro, teniendo en cuenta qué hicieron ustedes hace unos años aquí, en la Comisión de Sanidad… Es que tengo que leerlo porque es que hasta me cuesta. Dijo una diputada de VOX: Prohibir los métodos de fecundación artificial que sustituyen el acto natural de procrear e introducen terceras personas dentro de la pareja hombre-mujer, único ámbito donde aceptamos que nazca una vida nueva. ¡Madre del amor hermoso! . Pero, claro, si entre sus filas tiene a gente como ese diputado de Murcia que dice que para luchar contra la eutanasia y contra el aborto incluso hay que utilizar la violencia, pues qué podemos esperar. El Partido Popular tampoco se queda atrás. Seguro que hoy suben, defienden que esto pase a la Comisión de Sanidad, pero ya nos conocemos. Llevamos un año y medio aquí y siempre les digo que intenten aprobar las leyes, que trabajemos entre todos para aprobar las leyes. Así pues, veremos qué ocurre cuando llegue a esta Comisión de Sanidad, porque estoy segura de que hoy lo van a apoyar. Y es que, cómo no, les recuerdo a sus señorías del Partido Popular que la gestión de la sanidad en las comunidades autónomas es suya. Salamanca, 2023: VOX y PP deciden que no abren una unidad de reproducción asistida en Salamanca porque no merece la pena, pero luego se tienen que echar para atrás ante la evidencia de que más de 250 mujeres se tienen que ir a Valladolid. Si estudiamos el mapa de reproducción asistida, aún nos queda muchísimo por hacer — y eso es verdad—. Tenemos que avanzar hacia una medicina más personalizada, según las causas y condiciones, más allá de la enfermedad. Tenemos que hacer un acompañamiento durante ese momento vital, durante esas etapas en las que abordar la salud mental y estos temas es complicado. Tenemos que trabajar para disminuir el sesgo de clase y los determinantes sociales relacionados con este tema. Y es que el Partido Popular ha contribuido históricamente a mantener un modelo sanitario que no prioriza los derechos reproductivos dentro de lo público, dejando espacios de desigualdad en el acceso y favoreciendo de facto que muchas mujeres tengan que recurrir al ámbito privado. Pero claro, no me extraña: después ustedes van a sacar rentabilidad. Por ejemplo, en Madrid hay listas de espera enormes. ¿Qué hacen? Se va a la privada quien pueda o se van a Quirón porque las listas de espera son menores, pero las mujeres cuando llegan ahí se dan cuenta de que eso parece una sala de despiece y un proceso de producción de sanjacobos. Eso no es ni personalización ni acompañamiento. Ahora me voy a referir a otro tema importante. Si la mujer quiere esperar para decidir si quiere ser madre o no, que sea una decisión personal, libre, que no tenga que ver con las políticas públicas que no favorecen a las familias ni a las decisiones de futuro — eso es parte de nuestra responsabilidad —; que no tenga que ver con la ausencia de políticas para el acceso a la vivienda, a la conciliación, a un trabajo con una mínima seguridad. Ese debe ser nuestro objetivo. SUMAR ha trabajado y trabaja en el Gobierno para mejorar los permisos por cuidados, por los permisos de paternidad y maternidad, para negociar leyes como la ley de familias, por el aumento del salario mínimo interprofesional, por la ley de dependencia y, cómo no, por nuestro real decreto de vivienda. . En definitiva, trabajamos para que las decisiones de la vida, como la de formar una familia o no formarla, dependan de un deseo personal, de un sí quiero o no quiero, pero no de no tener una vivienda o no tener un trabajo. Como he dicho, apoyaremos esta toma en consideración. Trabajaremos para mejorarla porque aún quedan muchos retos relacionados con la reproducción asistida. En definitiva, vamos a apoyarla por las mujeres, por nuestra libertad de decisión, y porque la ciencia y la política con mayúsculas lo esperan. Muchas gracias. .

María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Vienen ustedes hoy, señores del Grupo Socialista, a vendernos este proyecto de ley como una medida feminista que promociona la igualdad, que acaba con la supuesta discriminación que sufren las mujeres en las clínicas de reproducción asistida y que garantiza lo que ustedes llaman tan extravagantemente derechos sexuales y reproductivos, cuando la realidad es que todo lo que van a conseguir las mujeres con este proyecto de ley es poder decidir cuándo destruir sus ovocitos congelados y qué hacer con ellos. Parece ser que lo que le preocupa al Partido Socialista o lo que entienden que es un problema que requiere una inmediata solución es que actualmente a las mujeres se les piden requisitos diferentes de los que se les pide a los hombres para descongelar sus gametos — los hombres pueden mantenerlos congelados durante toda su vida y la mujer solo hasta el término de su vida fértil— y esto, por lo visto, es una discriminación intolerable que hay que corregir. La verdad es otra muy diferente. Los bancos de fertilidad tienen un auténtico problema con la acumulación masiva de ovocitos, con los que ya no saben qué hacer. Así que esta ley no va a mejorar sustancialmente la vida de las mujeres, sino que va a resolver un problema a las clínicas de fertilidad. Y es que, gracias a ustedes y a sus nefastas políticas, la edad media de España para tener el primer hijo está en los 32 años, una de las más altas del mundo, lo que empuja a miles de mujeres a recurrir a la ciencia para concebir y a someterse a tratamientos carísimos — la facturación media por paciente está entre 4000 y 10 000 euros—, que deberían considerar, a nuestro juicio, poco feministas, de acuerdo con los criterios que ustedes suelen aplicar, porque son muy desagradables para las mujeres: tienen que ponerse inyecciones de hormonas diarias en el abdomen y sufrir molestos efectos secundarios, sin tener siquiera garantía de éxito cuando pasan de los 35 años. Si dejamos a un lado el desprecio de la vida humana en su concepción, del que ustedes siempre han alardeado, fomentando la cosificación, la comercialización y el desecho de lo que nosotros consideramos vida humana y ustedes simplemente material de laboratorio , la verdad es que lo único que ofrecen ustedes hoy a las mujeres es una vida peor, más vacía y más triste. Prueba de ello es que las están obligando a posponer su maternidad, arriesgando su propia salud y la de sus futuros bebés, no porque no quieran, sino porque no pueden. La verdad es que están ustedes estafando a las mujeres que quieren ser madres, abocándolas a una vida infeliz, sin hijos y sin familia, ofreciéndoles como única solución a sus dificultades para tener hijos que se gasten un dineral y pasen un suplicio, en lugar de ayudarlas para que puedan serlo cuando corresponda. . No, no es un verdadero problema para las mujeres ninguna de las cuestiones que ustedes plantean en este proyecto de ley. ¿Saben cuáles son los verdaderos problemas de las mujeres que ustedes no solo son incapaces de solucionar, sino que además contribuyen a aumentar? No tener un trabajo digno. No poder conciliar para ser madres en edad fértil. No poder contratar siquiera a una empleada de hogar porque han considerado ustedes que eso es cosa de ricos y lo han convertido en un lujo al alcance de unos pocos. No tener acceso a una vivienda ni a unos servicios públicos decentes, a pesar de ser asfixiadas con impuestos desorbitados. No poder llegar a fin de mes. Señoría, eso es lo que nos importa a las mujeres. ¿Saben lo que nos han proporcionado ustedes en lugar de trabajo, conciliación, vivienda y una vida digna? Lo que nos han proporcionado ha sido inseguridad en las calles y más violencia que nunca. . ¿Cuántos violadores están saliendo a la calle en este momento, ahora mismo, gracias a ustedes, mientras estamos aquí debatiendo este proyecto de ley? ¿A cuántos de esos potenciales violadores vamos a regularizar como consecuencia de sus políticas de regularización masiva? . Esto es lo que verdaderamente nos preocupa, señorías, y no hasta cuándo se pueden tener congelados los ovocitos en una clínica de fertilidad. Nos toman ustedes por idiotas en nuestra propia cara. . Lo que nos preocupa, señorías, son los hospitales colapsados. Lo que nos preocupa es la falta de médicos y pediatras. Lo que nos preocupa son las interminables listas de espera para una ecografía, para una mamografía o para cualquier tratamiento médico. Lo que nos preocupa son las personas que mueren sin una ayuda a la dependencia o que desarrollan un cáncer o cualquier otra enfermedad grave por no haber sido diagnosticadas a tiempo. Lo que nos preocupa es ser las últimas en cualquier lista y ver cómo pasan por delante los que llegan infringiendo nuestras leyes y por la puerta de atrás. Lo que nos preocupa es que violen a nuestras niñas en los centros de acogida , sí, sí, y que la solución sea pagarles el suicidio, como le pasó a nuestra recordada Nerea. No se puede ser más cruel como Estado y como sociedad. Sí, es una auténtica vergüenza que eso suceda hoy en día. Lo que nos preocupa es que se reduzcan las penas de delitos que merecerían cárcel de por vida o que abran las puertas de nuestra casa a gente que nos trata como a basura en nuestra propia tierra. Lo que nos preocupa es que haya inmigrantes que con cien detenciones obtengan los papeles para seguir viviendo entre nosotros, que pongan a los funcionarios a gestionar la regulación de los inmigrantes ilegales y que se colapsen los servicios sociales, mandando a la cola a los pensionistas que necesitan gestionar su jubilación o a los ciudadanos que necesitan pedir una incapacidad o una ayuda o hacer cualquier otro trámite importante. Nos hablan de igualdad y de discriminación, pero lo que están haciendo ustedes es discriminar a los españoles, olvidar a los españoles, y lo peor de todo es que lo hacen con el único fin de mantenerse en el poder y de destruir España, porque después de las regularizaciones en masa vendrán las nacionalizaciones en masa y, entonces, España, tal y como la conocemos, desaparecerá para siempre , y todavía quieren que creamos que les importan las mujeres (chistan pidiendo silencio) porque traen aquí un proyecto de ley para que podamos descongelar ovocitos cuando nos venga en gana. Desde luego, tienen ustedes un bajísimo — bajísimo— concepto de las mujeres y de su dignidad si creen que pueden manipularnos de esta manera tan burda. Verdaderamente son ustedes los que peor trabajan por los intereses de las mujeres y por los intereses de España. . Les aseguro que no nos vamos a rendir hasta conseguir sacarlos a ustedes de esa bancada. Solo entonces, cuando ustedes salgan de esa bancada , los hombres y las mujeres españolas serán tratados como se merecen. Muchas gracias. .

Elvira Velasco Morillo PP

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. La reproducción asistida ha cambiado la vida de muchas personas en España gracias a los avances médicos. Tener hijos ya no es una cuestión exclusiva de la biología tradicional. Cada vez más personas, independientemente de su estado civil u orientación sexual, recurren a estas técnicas para cumplir su deseo o su sueño de formar una familia. El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una iniciativa parlamentaria que viene a modificar el artículo 11 de la Ley 14/2006, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Estamos hablando de la conservación de gametos y preembriones, un sistema muy avanzado en medicina que ha permitido afrontar soluciones para que hombres y mujeres puedan cumplir su deseo reproductivo en el momento más adecuado. Existen dos casos concretos en los que se recomienda preservar la fertilidad: en pacientes oncológicos, cuando los tratamientos de quimioterapia y radioterapia son muy agresivos y pueden atacar a las células precursoras de óvulos y espermatozoides, y cuando hay deseo de retrasar la maternidad, porque la fertilidad femenina disminuye de forma natural con la edad, especialmente a partir de los 35 años, lo que reduce tanto la cantidad como la calidad de los óvulos disponibles. Por ello, congelarlos en esta etapa fértil permite conservar las probabilidades de embarazo en un futuro. Los clínicos especializados recomiendan este tratamiento a las mujeres tanto por asuntos personales, como planificación reproductiva en mujeres que desean posponer la maternidad o prevención de la infertilidad relacionada con la edad, como por tener alguna dificultad médica reproductiva, como, por ejemplo, un diagnóstico de enfermedades que puedan comprometer la fertilidad — endometriosis, insuficiencia ovárica precoz— con tratamientos oncológicos como quimioterapia o radioterapia y cirugías que afectan directa o indirectamente a los ovarios. Los profesionales sanitarios especializados en el campo de la fertilidad, a los que doy la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular , tanto los de la Sociedad Española de Fertilidad como los responsables de diferentes centros de reproducción humana asistida, han venido advirtiéndonos de las consecuencias de esta regulación sobre la autonomía de los pacientes al establecer requisitos que limitan su capacidad de decisión. Señorías, nos preguntamos si la normativa trata por igual a hombres y mujeres cuando hablamos de gametos, óvulos y espermatozoides. Desde luego hoy, en lo que llevamos de debate, nos ha quedado claro que existen diferencias importantes entre el tratamiento del esperma y el de los óvulos, sobre todo en lo que respecta a su destrucción o eliminación. Para la destrucción de esperma basta con el consentimiento del titular, es decir, sirve una simple carta que envíe el hombre. En cambio, para destruir el óvulo se exige un consentimiento expreso y, en ocasiones, una justificación médica o cumplir con ciertos plazos. En el momento actual, muchas mujeres que optan por preservar su fertilidad quedan vinculadas durante años, según la ley, hasta el final de su vida reproductiva, sin poder decidir libremente su cese. Esto genera varios problemas relevantes: incertidumbre a lo largo del plazo sobre una decisión reproductiva ya cerrada; costes económicos y acumulados durante años; situaciones de abandono; búsqueda por la paciente de algún profesional para que emita un certificado, que en la mayoría de los casos son discutibles o relacionados con profesionales que se ven presionados y no entienden la situación, y — muy importante— un efecto disuasorio sobre la propia preservación de la fertilidad. Todos estos aspectos se convierten en secundarios si tenemos en cuenta que violentan la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, la eliminación de estos informes, en el caso de las mujeres, es una medida razonable, proporcionada, alineada con la práctica internacional y coherente con el principio de autonomía reproductiva. No existe ningún país con una normativa similar a esta. Sin embargo, y ya se ha dicho aquí, la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista deja sin resolver una problemática igualmente relevante en relación con los preembriones crioconservados, que generan también, en opinión de los expertos, una clara incoherencia normativa. Señorías, el Grupo Socialista presenta esta iniciativa parlamentaria en el momento en el que se celebra el 40.º aniversario de la Ley General de Sanidad, y la sanidad de nuestro país no pasa por sus mejores momentos en estos ocho años de Gobierno socialista y con seis ministros en este tiempo. El barómetro del CIS, publicado hoy mismo, nos dice que la sanidad es el tercer problema que personalmente afecta más a los ciudadanos, por detrás de la crisis económica y de la vivienda. Además, en el último Barómetro Sanitario los españoles dan a la sanidad la peor nota, un 6,02, el peor dato desde el año 2003, y un porcentaje alto de los encuestados están diciendo que el Sistema Nacional de Salud necesita cambios. Mientras tanto, el presidente del Gobierno considera a la sanidad pública el termómetro de la sanidad democrática. ¡Qué incoherencia, señorías! . Tenemos a una ministra que no afronta reformas, sino que genera enfrentamientos y problemas. Muestra de ello es el problema que ha generado a los profesionales sanitarios con la reforma del estatuto marco, lo que ha llevado a los médicos a que la semana que viene estén en puertas de la tercera semana de huelga. Es el mayor conflicto sanitario vivido en décadas y es incapaz de encontrar alguna solución. Mientras, la ministra tiene un problema dentro del Gobierno, porque para poder llevar a cabo el estatuto marco necesita a Hacienda, porque esto no es gratis, y Función Pública, para la clasificación profesional, y, hasta ahora, nada de nada. Podríamos hablar también de los MIR, de las agresiones a los profesionales, incluso de las inversiones que anuncia el Gobierno para el diagnóstico de cáncer en hospitales con los presupuestos del 2023 mientras retrasa la incorporación de las innovaciones terapéuticas a más de 616 días. Asimismo, podríamos hablar del concurso que saca adelante la Dirección General de Salud Pública y de que el motivo que justifica dicho concurso es que la subdirección no dispone de medios humanos ni materiales para la realización del trabajo. Este es el ministerio que tenemos. Señorías, la sanidad necesita a una ministra que gobierne, que no esté para hacer oposición a las comunidades autónomas, que dé soluciones a la grave crisis sanitaria que estamos viviendo, que dé certeza y seguridad a los pacientes y que se apoye en la evidencia científica. Si, por el contrario, lo que pretende es utilizar el ministerio como trampolín para ser candidata, el Grupo Parlamentario Popular le dice que se vaya. Muchas gracias. .

Rafael Antonio Hernando Fraile PP

Señorías, quería empezar mi intervención confesándoles que me siento ciertamente abrumado. Un día como hoy puedo hablar con ustedes, con la Cámara, sin que la señora Armengol me llame al orden , y esto, sin duda alguna, es algo importante. Y esto, sin duda alguna, es algo importante, porque lo que sí es grave es que la señora Armengol, la presidenta de este Congreso, haya sido llamada al orden por el Tribunal Constitucional tras pisotear los derechos, el ius in officium de los diputados de esta Cámara , obligados a legislar, que para eso es para lo que estamos aquí. Y también ha sido llamada al orden la semana pasada por la Guardia Civil en un informe de la UCO que demuestra que la señora Armengol ha mentido en el Congreso, en el Senado y al Tribunal Supremo. Esto, sin duda alguna, es algo que no tiene precedentes, porque mentir en comisiones de investigación y hacerlo en dos a la vez es un delito doble. . Por eso, mi grupo ha pedido que la señora Armengol…

Rafael Antonio Hernando Fraile PP

Y llego a la cuestión…

Rafael Antonio Hernando Fraile PP

Me ha dado tiempo el señor De Celis y le doy las gracias. Vayamos a la cuestión. Señorías, es una cuestión indiscutible que en los últimos años, junto a los ciberdelitos, uno de los delitos que más ha crecido en el conjunto del país ha sido el producido por arma blanca. Este tipo de agresiones ha crecido de forma notable en el conjunto de España, casi un 60 %, y lo ha hecho de forma aún más notable en comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña, Madrid y, especialmente, Andalucía. Los sindicatos policiales señalan que las amenazas antes verbales, ahora en el 41 % de los casos se hacen utilizando un arma blanca. Se ha banalizado portar y usar armas blancas. Y así, si en España crecía este tipo de agresiones un 60 %, en Andalucía lo hacía en un 70 %. Hay dos provincias, Cádiz y Huelva, donde las denuncias y sanciones por la utilización de armas blancas se ha triplicado: once mil sanciones en el pasado año, treinta agresiones de este tipo cada día. Y la comarcalización, por otra parte, de los efectivos de la Guardia Civil y el cierre de los cuarteles tampoco han contribuido precisamente a mejorar la seguridad de los municipios en el ámbito rural andaluz, allí donde además las instalaciones de la Guardia Civil o de la Policía acaban siendo abandonadas, porque para este Gobierno invertir en infraestructuras parece ser algo tabú. Y eso es lo que pasa con los trenes, es lo que pasa con las carreteras, es lo que pasa con los cuarteles de la Guardia Civil, con las comisarías y también con la vivienda. . En Madrid en 2024 se impusieron hasta 4251 multas por portar armas blancas, un aumento del 61 %. En Cataluña un 65 %, y el número de sanciones fue de 6267. Y en el País Vasco también ha aumentado de forma extraordinaria. Desde la pandemia, la violencia callejera, las actividades de las bandas, las riñas tumultuarias y los delitos graves de lesiones por armas blancas no han parado de crecer. El SUP ha constatado, y así lo confirman los datos y los registros del Ministerio del Interior, que en los últimos años se ha producido y se ha registrado un aumento de delitos de lesiones graves y homicidios con violencia más extrema, con el uso de armas blancas y una reincidencia elevada, además del aumento del número de menores implicados. Por eso, en nuestra iniciativa pedimos también una revisión de la ley de menores, como lo hicieron también aquellas personas que vinieron la semana pasada a este Congreso aportando 150 000 firmas de ciudadanos que pedían modificar esta ley, del año 2000 — ha cambiado mucho la sociedad española desde entonces: nueve millones más de personas en el país—; personas que han visto cómo las vidas de sus hijos han sido segadas precisamente por la utilización de armas blancas, acuchillamientos y apuñalamientos. Señorías, en esta iniciativa además pedimos algunas cosas o algunas reformas importantes. En primer lugar, que se plantee un plan integral que analice el fenómeno en su conjunto, que analice también la configuración de la población, y no solo por la edad, porque también en la violencia de género el número de apuñalamientos ha aumentado. Este año, en el que estamos batiendo récords respecto de los últimos años, por ejemplo, en asesinatos de mujeres, la mitad se han producido ya con un arma blanca. Por eso, además de ese plan integral, pedimos la revisión del Reglamento de Armas para actualizar la normativa aplicable a la compra de estas armas, el acceso a las mismas y su trazabilidad, así como la modificación de la ley de seguridad ciudadana para aumentar las sanciones por la exhibición o uso de estas armas con carácter intimidatorio, adaptando a estos efectos la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la modificación de los artículos 184.4 y 563 del Código Penal para incrementar las penas e incorporar el concepto de reiteración y reincidencia. Señorías, permanecer impasibles ante una situación y unos hechos como estos no es una opción. Los ciudadanos necesitan respuesta ante el aumento indiscriminado de este tipo de delitos. No perdamos más el tiempo. Tampoco es hora de excusas. Yo entiendo que el señor Sánchez no tiene este tipo de problemas. Él sale a la calle acompañado de treinta escoltas, siete vehículos y una ambulancia camuflada para echar una partida de ajedrez, pero, desgraciadamente, los ciudadanos españoles no se ven en una situación igual que esta. Cada vez se ven más amenazados, más inseguros, y, por tanto, señorías, es por eso que les pedimos que apoyen de forma denodada y sin excusas esta iniciativa que mi grupo ha tenido a bien presentar ante todos ustedes y que además me ha brindado la ocasión de dirigirme a ustedes sin que la señora Armengol me llame la atención, aunque el señor De Celis siempre está ahí, en la retaguardia, como defensa, para hacerlo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. .

Ignacio Gil Lázaro VOX

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el incremento de la delincuencia en España es una realidad, por mucho que el Gobierno lo niegue; una realidad vinculada a esa invasión migratoria ilegal que el Gobierno fomenta. Esta proposición no de ley pretende impulsar una serie de reformas legislativas en orden a paliar un determinado fenómeno criminal que se está dando en la realidad española de una forma preocupantemente insistente, y, al mismo tiempo, a través de esas reformas, pretende hacer más eficaz el trabajo policial. Y están bien las reformas legislativas propuestas, aunque algunas de ellas quizá deberían tener un mejor anclaje técnico. Sin embargo, lo que no hace la proposición no de ley es establecer con claridad el origen del problema. Es decir, utiliza una expresión políticamente correcta — bandas juveniles o intergeneracionales—, que es, por cierto, el mismo eufemismo que viene utilizando el Ministerio del Interior para referirse a estas bandas y, por tanto, para tapar la realidad. Pero la realidad, la estadística y, sobre todo, la experiencia de quienes viven en los barrios más humildes de España dice que estas llamadas bandas juveniles son preferentemente bandas magrebíes, formadas por marroquíes o argelinos , y bandas latinas, peligrosamente vinculadas a ese fenómeno criminal que son las maras, tan dramáticamente impuesto en Centroamérica y que también pretende instalarse aquí. Y son esas bandas magrebíes y latinas las que están utilizando preferentemente el arma blanca como elemento de agresión, en muchos casos produciendo ya resultados mortales; un arma blanca muchas veces de enorme tamaño y, por tanto, de una enorme peligrosidad. Así que, señorías, para abordar un problema, la solución de un problema en su integridad, necesariamente hay que identificar con claridad cuál es la causa, y, por tanto, luchar contra la peligrosidad de estas bandas juveniles, magrebíes y latinas, exige medidas encuadradas en un contexto general de lucha contra la inmigración ilegal. Y esto es lo que propone el Grupo Parlamentario VOX a través de esta enmienda de adición. Proponemos el reforzamiento efectivo de las dotaciones y presencia policial en aquellos barrios de España en los que se ha detectado de una manera más fehaciente, constante, permanente la actividad criminal de estas bandas magrebíes y latinas. Proponemos reimpulsar la remigración a sus países de origen de aquellos inmigrantes que, teniendo una situación legal, sin embargo, cometan delitos graves, o la de aquellos otros que hagan de la comisión del delito leve su forma de vida, y, desde luego, la de todos aquellos inmigrantes que no acepten integrarse, que no acepten cumplimentar y respetar las normas y costumbres de España y que, por el contrario, pretendan imponer las suyas. . Proponemos revisar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad que se han efectuado en los últimos años a fin de detectar, si es que la hubiere, existencia de fraude, y, si así fuera, que estas sean de inmediato revocadas. Proponemos la correspondiente reforma legislativa para suprimir de nuestro ordenamiento la figura del arraigo, que está siendo fraudulentamente utilizada por el Gobierno para dar residencia legal a todos aquellos que han entrado ilegalmente en España. Proponemos, igualmente, la reforma de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, para reducir de 14 a 12 años la edad mínima en la que se pueda exigir esa responsabilidad penal. En definitiva — concluyo, señor presidente—, ignorar o minimizar la presencia de estas bandas juveniles, magrebíes y latinas, y el terror que están causando en los barrios más humildes de España es una irresponsabilidad. Por eso, el Grupo Parlamentario VOX, aunque clamen contra nosotros el Gobierno y sus socios, seguirá hablando claro desde esta tribuna, trayendo aquí la voz indignada de millones de españoles hartos de aguantar las consecuencias cotidianas en su vida diaria de esta invasión migratoria ilegal. . Españoles compatriotas que exigen ley, orden, fronteras seguras y prioridad nacional; prioridad nacional, señorías, es decir, siempre siempre los españoles primero. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on, jaun-andreok. Señorías, el incremento de altercados y agresiones con armas blancas en espacios públicos está siendo un problema a tener en cuenta, y así también lo puso de manifiesto nuestro grupo parlamentario la semana pasada en la sesión de control al Gobierno respecto a la necesidad de limitar el porte de armas blancas reglamentarias en determinados espacios públicos, es decir, aquellas navajas y cuchillos de menos de 11 centímetros de hoja con un solo filo y que no sean automáticas, porque el resto, como todos conocen, señorías, están prohibidas fuera del domicilio, salvo para determinadas actividades o profesiones o cuyo porte esté objetivamente justificado. Y para ello instábamos al Gobierno a reforzar la eficacia de la respuesta administrativa en establecimientos, espacios y lugares especialmente sensibles para la convivencia y la seguridad ciudadana. Por ello se proponía impulsar una revisión del artículo 146.2 del Reglamento de Armas, con el fin de reforzar la presunción de licitud del porte de armas blancas reglamentarias en establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento de la ciudadanía, así como en aquellos otros espacios donde la presencia de este tipo de objetos resultara objetivamente incompatible con las exigencias de seguridad y de convivencia. Asimismo, señorías, proponíamos valorar la incorporación al Reglamento de Armas de una previsión específica que permita exigir la colocación visible de carteles informativos en determinados espacios de pública concurrencia advirtiendo de la prohibición de portar dichas armas blancas reglamentarias u otros objetos peligrosos, medida que persigue reforzar la conciencia ciudadana, incrementar la seguridad jurídica y la percibida y facilitar la prevención temprana de conductas de riesgo. Y también se proponía por nuestro grupo parlamentario la efectiva creación y puesta en funcionamiento del registro de infracciones de la ley de seguridad ciudadana, garantizando de este modo la posibilidad de acceso de la Administración actuante a la información necesaria a efectos de tener en cuenta la reiteración en la comisión de ilícitos administrativos en relación con las armas blancas. Ahora el Grupo Popular nos trae una iniciativa de impulso de la acción del Gobierno respecto a la misma preocupación por el uso de armas blancas en el espacio público, pero con una pretensión ciertamente mucho más amplia: ya no acotada exclusivamente al Reglamento de Armas o al desarrollo reglamentario de la ley de seguridad ciudadana — algo fácilmente abordable o abordable exclusivamente desde la acción del Gobierno—, sino ampliando el ámbito de las medidas a la misma modificación del régimen sancionador de la ley orgánica de seguridad ciudadana, al Código Penal, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por último, incluso a la Ley Reguladora de Responsabilidad Penal de los Menores, como nos ha expuesto el portavoz del grupo parlamentario autor de la iniciativa; iniciativa del Grupo Popular que, honestamente, aunque estemos de acuerdo como horizonte — aunque no completamente, como es lógico, en la totalidad de su contenido—, en este momento la consideramos poco realista, dadas las circunstancias de enfrentamiento político en esta legislatura, que no auguran las mayorías necesarias para el empeño legislativo que se propone. Y también — hemos de decirlo— es poco realista dadas las difíciles circunstancias del sector armero a causa de los aranceles americanos a las exportaciones de aceros en cuanto a la pretensión de ampliar el perímetro de las armas blancas prohibidas para su tenencia y porte fuera del domicilio o para uso y fines de coleccionismo. En definitiva, sin perjuicio de la necesidad de abordar desde el principio de realidad un problema que nos preocupa profundamente a todos y a la sociedad, nuestro grupo parlamentario se abstendrá en la votación de esta iniciativa. Muchas gracias.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Gracias, presidente. Señorías, arratsalde on. Una vez más, la derecha intenta hacer frente a una realidad, a un hecho, a un fenómeno con la receta de siempre, con populismo punitivo. Es cierto, es una realidad que la tenencia y el uso de armas blancas ha aumentado en los últimos años, es así. Pero el Grupo Popular hoy presenta un cómputo de medidas de carácter penal y sancionador, y la práctica nos dice que, lamentablemente, esas medidas no acaban con el problema. Y, además, ustedes hacen un relato que es cuando menos alarmista. Y esto choca en un partido que se tiene como partido de Estado, porque un partido que se tiene como tal una de las responsabilidades que tiene es la de no alarmar, y, sin embargo, parece que en su competencia con su escisión más ultra están intentando competir, a ver quién excede o quién pone la medida más dura, más severa contra este fenómeno. La realidad es que la seguridad de toda la ciudadanía se construye previniendo, protegiendo y actuando con inteligencia. Y esto que presenta, lamentablemente, a partir del tercer punto no va en esa línea. Sí dan una pista acerca de por dónde puede venir la realidad. Y es cierto, señor Hernando, que todos los expertos y todas las expertas nos dicen que desde la pandemia hay un aumento de estas armas en la sociedad. Y también nos dicen que esto viene ligado a una realidad donde hay jóvenes, especialmente, y muchos de ellos menores — algo a lo que también habría que prestar atención—, que se encuentran en una situación de desescolarización, problemas sociales, abandono escolar, frustración ante falta de oportunidades, y el consumo de violencia como referencia cultural está en aumento, y esto ligado también a las redes sociales. ¿Qué tenemos? Tenemos una realidad compleja. Y la respuesta también debe ser compleja. Lo primero que hay que hacer es una diagnosis sobre qué está ocurriendo, y no ir directamente a una serie de medidas punitivas y penales, que — repito— la experiencia nos dice que no ayudan o no abordan la problemática. Decía el señor de VOX un cómputo de falsedades, porque, si bien es cierto que hay una realidad, que es un nuevo fenómeno en España, en el Estado español, que es el de las bandas juveniles, estas ya están muy estudiadas por los expertos policiales y también por la academia y la sociología. Y ¿qué nos dicen los datos? ¿Que son magrebíes, que son latinos? No, es falso. Los datos nos dicen que la inmensa mayoría de esos jóvenes que pertenecen a esas bandas son ciudadanos españoles; nacionales, que dirían ustedes. Y ¿qué nos dicen los datos? Nos dicen también que la mitad de ellos son menores — ojo, menores—. Y entonces estamos ante un fenómeno que hay que abordar desde otra perspectiva, no solo desde la seguridad y las medidas sociales. No, hay que tener en cuenta la obligación de proteger el interés superior del menor y también primar las medidas de reeducación e integración, ya que, si no, se estaría abordando un problema y generando otro. Es cierto y no se puede obviar que hay que tomar también medidas securitarias, pero ya digo que desde un prisma de la proporcionalidad, porque lo que han hecho ustedes no voy a decir que sea una chapuza, pero sí es una barbaridad jurídica, porque no respetan ni el principio de proporcionalidad ni el ne bis in idem. ¿Dónde está? Jurídicamente tampoco tiene un pase. Y ya digo que con medidas única y exclusivamente sancionadoras y penales no se solventa un problema, una realidad que existe. No hay que negarla, pero sin caer en el alarmismo, sin llevar a la exageración. ¿Hay que abordarla? Sí, pero con inteligencia y, ya digo, con medidas educativas, medidas sociales y medidas securitarias también, pero desde la proporcionalidad y la sensatez, porque la seguridad debe ser eficaz, y para ello también debe ser proporcional, preventiva y compatible con los derechos fundamentales, porque una sociedad más segura no es la que más castiga, sino la que mejor previene, la que mejor protege y la que mejor integra. Muchas gracias. Eskerrik asko.

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Molt bona tarda, president. Senyories, en els primers nou mesos de l’any passat, els Mossos d’Esquadra, la policia de Catalunya, van comissar 10 200 armes blanques, ganivets, navalles, matxets i va atendre 3750 incidents amb exhibició o utilització de navalles o objectes perillosos. Fa dos dies, un home de 53 anys va morir a Barcelona intentant mediar en una baralla. A Tàrrega, un jove de 18 anys va morir l’estiu passat assassinat per arma blanca. A Tarragona, Lleida, Girona, Figueres, Badalona, Manresa, Terrassa i a molts altres llocs hi ha hagut baralles amb navalles i matxets. L’ús d’armes blanques, els apunyalaments, les baralles entre bandes que es resolen a cop de matxet, la banalització de portar una arma blanca, tot això és una realitat que no podem ignorar. Fer veure que aquesta preocupant problemàtica no existeix és una irresponsabilitat. El que cal és abordar-la i fer-ho amb urgència. La proposició del PP assenyala aquest problema, la preocupació de la ciutadania i dels cossos i forces de seguretat i la necessitat de prendre mesures per fer-hi front. Ara bé, les propostes que planteja són incompletes, perquè obvien la distribució competencial, i desequilibrades, perquè només proposen endurir les sancions quan el que cal és un nou marc normatiu. No podem compartir aquest enfocament recentralitzador que ignora la realitat institucional i policial catalana. A Catalunya, la competència en seguretat la té la Generalitat. L’administració de referència en matèria de seguretat pública és i ha de ser la Generalitat i el cos policial competent són els Mossos d’Esquadra, la policia integral a Catalunya, una institució en la que tenim tota la confiança. Des d’aquest punt de partida no podem acceptar un Pla Integral d’Actuació policial estatal que doni carta blanca al Govern de l’Estat i a les Forces i cossos de seguretat estatals. Per aquí no hi passarem. Per nosaltres les competències de Catalunya són una línia vermella que no traspassarem, tampoc en matèria policial i de seguretat. Són els Mossos, la policia pròpia de Catalunya, els que han d’assumir l’execució de les polítiques de seguretat en coordinació, naturalment, amb les policies locals. Per tant, també han de ser els Mossos i no la Guàrdia Civil, el cos policial responsable del control administratiu d’armes, explosius, cartutxeria i pirotècnia. Per això cal modificar la Llei de Seguretat Ciutadana. Tenim presentades esmenes en aquest sentit per si algun dia s’activés la reforma d’aquesta llei. I també cal substituir el Reglament d’armes obsolet i centralista de 1993, substituir-lo per un nou reglament adequat a la realitat competencial actual i a les noves dinàmiques delinqüencials. No es tracta de posar pedaços a la normativa actual, com proposa el PP. El que cal és establir un nou marc normatiu que respecti les competències de la Generalitat i que permeti avançar cap a un sistema nacional de seguretat propi per a Catalunya. Quant a les modificacions normatives proposades, volem deixar clar que trobem més útil enfocar el problema de les armes blanques des de la millora de l’execució policial que no des d’un punitivisme poc justificat. Tots els especialistes ens diuen que davant de la complexitat del problema és més útil posar més recursos, més detectors, més personal, més organització i més coordinació que no pas entrar en una cursa punitiva. En tot cas, podem valorar l’enduriment de les sancions en la Llei de Seguretat Ciutadana per la tinença o exhibició d’armes. Ens genera més dubtes la proposta de reformar la LECrim per la detenció de persones quan hi ha presència d’armes blanques. Ens sembla millor tècnica legislativa i més garantista la previsió ja existent en la LECrim, que preveu que la policia pugui detenir per la comissió de delictes i no pels mitjans emprats. I, finalment, no ens tanquem a les reformes del Codi Penal proposades, consistents a introduir la pena de privació del dret de tinença i de portar armes per al delicte de lesions, i tampoc a incrementar la pena de presó per tinença d’armes prohibides. Més prevenció ens genera que la reiteració d’infraccions administratives comporti responsabilitat penal pel risc de no caure en un bis in idem. O també ens genera preocupació la referència genèrica a la responsabilitat penal dels menors, que s’hauria de concretar i estudiar més profundament. Voldria acabar recordant que Catalunya ja està actuant i innovant davant la problemàtica de les armes blanques. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona fa temps que despleguen el pla Daga, una experiència pionera en la detecció i prevenció d’armes blanques. A Barcelona s’han aprovat iniciatives perquè cada patrulla disposi de pales detectors d’armes, una mesura molt eficaç que la PNL ni tan sols menciona. Finalment, l’increment d’armes blanques va en paral·lel al d’armes de foc, de manera que la revisió del control també considerem que les hauria d’incloure. Moltes gràcies. Muy buenas tardes, presidente, señorías. En los primeros nueve meses del año pasado los Mossos d’Esquadra, la policía de Cataluña, decomisó 10 227 navajas, mecheros y armas blancas y atendió 3550 incidentes con exhibición o utilización de navajas u objetos peligrosos. Hace dos días un hombre de 53 años murió en Barcelona intentando mediar en una pelea. En Tárrega un chico de 18 años murió el verano pasado asesinado por arma blanca. En Tarragona, Lleida, Girona, Figueras, Badalona, Manresa, Tarrasa y muchos otros lugares ha habido peleas con navajas y machetes. El uso de armas blancas, los apuñalamientos, las peleas entre bandas que se resuelven a golpe de machete y la banalización de llevar un arma blanca, todo eso es una realidad que no podemos ignorar. Hacer ver que esta preocupante problemática no existe es una irresponsabilidad. Lo que hay que hacer es abordarla y hacerlo con urgencia. La proposición del PP señala este problema, la preocupación de la ciudadanía y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la necesidad de tomar medidas al respecto. Ahora bien, las propuestas que plantea son incompletas porque obvian la distribución competencial, y desequilibradas porque solo proponen endurecer las sanciones, cuando lo que hay que hacer es poner un nuevo marco normativo. No podemos compartir este enfoque recentralizador, que ignora la realidad institucional de Cataluña, donde la competencia de seguridad la tiene la Generalitat. La Administración de referencia es y tiene que ser la Generalitat, y el cuerpo policial competente son los Mossos d’Esquadra, la policía integral de Cataluña, una institución en la que tenemos toda nuestra confianza depositada. Y, desde este punto de partida, no podemos aceptar un plan integral de actuación policial estatal que dé carta blanca al Gobierno del Estado y a las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales. Por ahí no pasamos. Para nosotros las competencias de Cataluña son una línea roja que no traspasaremos, y tampoco en materia policial y de seguridad. Son los Mossos, la policía propia de Cataluña, los que tienen que asumir la ejecución de las políticas de seguridad, y naturalmente en coordinación con con las policías locales. Por tanto, también tienen que ser los Mossos, y no la Guardia Civil u otros cuerpos policiales, los responsables del control administrativo de armas, dispositivos, cartuchería y pirotecnia. Por eso hay que unificar la ley de seguridad ciudadana. Hemos presentado enmiendas por si algún día se activa la reforma de esta ley y para sustituir el reglamento de armas, obsoleto y centralista, de 1993, por otro nuevo, adecuado a la realidad competencial actual y a las nuevas dinámicas delincuenciales. Tampoco se trata de poner pedazos a la normativa actual, como hace el PP. Lo que hay que hacer es establecer un nuevo marco normativo, que respete las competencias de la Generalitat y permita avanzar hacia un sistema nacional de seguridad propio para Cataluña. En cuanto a las modificaciones normativas propuestas, queremos dejar claro que nos parece más útil enfocar este problema desde la mejora de la ejecución policial, y no desde una escasa justificación. Los especialistas nos dicen que el problema es muy complejo y, por tanto, es más útil utilizar más recursos, más detectores, más personal, más organización y más coordinación, y no entrar en una carrera punitiva. En todo caso, viendo el endurecimiento de las sanciones de esta ley, me genera más dudas la propuesta de reformar la ley respecto a la detención de personas cuando hay presencia de armas blancas. Me parece mejor técnica legislativa y más garantista la previsión de que la policía pueda detener por la comisión de delitos. Finalmente, en cuanto a las reformas del Código Penal propuestas que insisten en incrementar las penas por la tenencia de armas prohibidas, más prevención genera que la reiteración comparta responsabilidad penal por el riesgo de no caer en un non bis in idem, y también genera preocupación la responsabilidad penal, en la que debería profundizarse. Quería acabar recordando que Cataluña ya está actuando, innovando sobre esta problemática de armas blancas. Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana hace tiempo que despliegan el Plan Daga, una experiencia pionera en la detención y prevención de armas blancas. En Barcelona se han aprobado iniciativas para que cada patrulla tenga detectores de armas; una medida muy eficaz que la PNL ni menciona. Y, finalmente, el incremento de armas blancas va en paralelo a las armas de fuego, de manera que la revisión del control también consideramos que las debería incluir. Muchas gracias. .

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

President, senyories, bona tarda. Senyories del PP, he comptat que vostès, per abordar el problema que existeix — perquè el primer que vull dir és que existeix el problema de les armes blanques, és veritat, no ho negarem, és així— per abordar aquest problema plantegen, si he comptat bé, modificar la Llei de Seguretat ciutadana, el Codi Penal, revisar la responsabilitat penal dels menors, tocar el reglament d’armes. Gairebé, senyor Hernando, s’han deixat la Constitució espanyola, un clàssic, ja posats, la Constitució espanyola i anava a dir la sagrada Bíblia, perquè ho toquen tot. Escoltin, vostès, davant un problema real, fan una resposta que forma part de l’agenda de VOX. Li he de dir, és a dir, com hem d’entendre aquesta PNL del Partit Popular, senyories? Doncs dins de la subhasta entre PP i VOX, a veure qui la té més llarga, l’arma blanca, qui és més punitivista. Presidente, señorías, buenas tardes. Señorías del PP, he contado que ustedes para abordar el problema, que existe — porque lo primero que quiero decir es que existe el problema de las armas blancas, es cierto, no lo vamos a negar, es así—, plantean, si he contado bien, modificar la ley de seguridad ciudadana, el Código Penal, revisar la responsabilidad penal de los menores, tocar el Reglamento de Armas… Prácticamente, señor Hernando, se han dejado la Constitución española. Un clásico; ya puestos, la Constitución española y la Sagrada Biblia, iba a decir, porque lo tocan todo. . Escuchen, ustedes, ante un problema real, dan una respuesta que forma parte de la agenda de VOX. Se lo tengo que decir. Es decir, ¿cómo tenemos que entender esta PNL del Partido Popular, señorías? Pues dentro de la subasta entre PP y VOX a ver quién la tiene más larga. El arma blanca, claro. . A ver quién es más punitivista. Y, querido amigo Hernando, escuchado ya lo que ha dicho el portavoz de VOX, el señor Gil Lázaro, la subasta la pierden. Han quedado como unos flojos, que dirían ustedes. Flojos, flojos, flojos, porque fíjese que el señor Gil Lázaro, con una plasticidad retórica encomiable, les ha dejado, en fin, muy mal. O sigui, senyories del PP, aquesta subhasta, jo els aviso amb carinyo, de franc els ho dic: sempre la perdran. Sempre la perdran i, per tant, l’objecte d’aquesta PNL, l’objecte real d’aquesta PNL que és aparèixer vostès, senyories del PP, com els campions de la mà dura, ja l’han perdut, perquè venen els senyors de VOX i tenen la mà, el peu i el cap dur. Tot ho tenen dur, ho perdran. Fixi’s la seva PNL, estimat amic Hernando, en un sol paper fa populisme punitiu, alarmisme, normativisme una mica exagerat, centralisme com s’ha dit, i a més a més fa — permeti’m-ho— un punt molt gran d’histerisme, perquè vostès fan de bombers piròmans. Diuen: el problema és molt gran. Jo he dit que el problema existeix. El problema és molt gran i ara arribarà el PP i, per matar mosques, traurà un canó. Perquè aquesta PNL és matar mosques a canonades, senyor Hernando, sí, sí. I vostè ho sap, perquè vostè és un home que a mi em diuen que vostè va tenir un passat centrat i centrista, centrados en libertad. Se’n recorda del lema? Centrados en libertad, que és un lema molt bonic que vostès han oblidat, perquè centrados en libertad — eh, senyories, que és bonic?— i ara és centrados a rueda de VOX, que és descentrados. Bueno, en fi. Hi ha una cosa molt interessant de la seva PNL. Vostès s’agafen el concepte «dubtes interpretatius». Hi ha dubtes interpretatius en la Llei d’Enjudiciament criminal. I com que tenim dubtes interpretatius, tres huevos duros. Davant del dubte, garrotada! És extraordinari! És extraordinari que un partido de Estado, que vostès són un partido de Estado, sí o no? Sí, partido de Estado, de estado de buena esperanza, amb permís de la senyora Ayuso. Permís de la senyora Ayuso, de estado de buena esperanza i si el tiempo no lo impide. Però, escolti’m, dubtes interpretatius, garrotada. Això no ho fa un partido de Estado. No, home, no. Miri que li ho dic jo, que soc un partido de Estado catalán, si m’ho permet. Es decir, señorías del PP, esta subasta — se lo aviso con cariño, se lo digo de gratis— siempre la van a perder, siempre la van a perder. Por lo tanto, el objeto de esta PNL, el objeto real de la misma, que es aparecer ustedes, señorías del PP, como los adalides de la mano dura, los campeones de la mano dura, ya la han perdido, porque vienen los señores de VOX y tienen la mano, el pie y la cabeza dura. Lo tienen todo duro. La van a perder. Fíjese, tu PNL, querido amigo Hernando, en un solo papel hace populismo punitivo, alarmismo, normativismo un poco exagerado, centralismo — como se ha dicho— y, además, incurre en un punto muy grande de histerismo, porque ustedes hacen de bomberos pirómanos. Dicen: El problema es muy grande. Yo he dicho que el problema existe, pero usted dice que el problema es muy grande y ahora va a llegar el PP y para matar moscas va a sacar un cañón, porque esta PNL es matar moscas a cañonazos, señor Hernando. Y usted lo sabe. Usted es un hombre que, según me dicen, tuvo un pasado centrado y centrista «Centrados en libertad». ¿Se acuerda del lema? . «Centrados en libertad», es un lema muy bonito que ustedes han olvidado, porque «Centrados en libertad», señorías, es bonito, ¿verdad? y ahora es centrados al lado de VOX, que es, digamos, descentrados. En fin, hay una cosa interesante de su PNL. Ustedes se agarran al concepto «dudas interpretativas». Dice: Hay dudas interpretativas con respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, puesto que las hay, tres huevos duros. Ante la duda, palazo. Es extraordinario que un partido de Estado… . Porque ustedes son un partido de Estado, ¿sí o no? . Sí, partido de Estado, de estado de buena esperanza , con permiso de la señora Ayuso. . Con permiso de la señora Ayuso, de Estado de buena esperanza… y si el tiempo no lo impide. Pero, escúchenme, dudas interpretativas: le pegan un palo. Esto no lo hace un partido de Estado. . No, hombre. Mire, se lo digo yo, que soy de un partido de Estado catalán, si me lo permite. . Partido de Estado catalán ; Estado más pequeño, pero Estado al fin y al cabo. Escolti, dubtes interpretatius És un argument molt dolent, molt dolent. Mirin els portaveus que m’han precedit, alguns ja li han fet avinent: el que vostès plantegen no solucionarà res. No soluciona, complica. Sap què soluciona? Miri, soluciona: inversió en els barris, cohesió social, precaució i, sobretot, dotar de més recursos a la policia. I en aquest cas és ben cert que vostès, que són centralistes d’ofici, per exemple, no s’han fixat en el que s’està fent a Catalunya — ja s’ha esmentat per part del senyor Pagès— un pla molt ambiciós per part dels Mossos d’Esquadra. Per tant, estimat amic Hernando, recordi el que deia el clàssic: «no se quede con la copia, vaya al original». Ho pagaran car. Bona tarda. Escuche, a ver, dudas interpretativas es un argumento muy malo. Muy malo. De los portavoces que me han precedido, algunos ya se lo han hecho entender: lo que ustedes plantean no va a solucionar nada. No lo soluciona, lo complica. ¿Sabe qué resuelve las cosas? Resuelve invertir en los barrios, la cohesión social, precaución y, sobre todo, dotar de más recursos a la policía. Y, en este caso, es muy cierto que ustedes, que son centralistas de oficio, por ejemplo, no se han fijado en lo que se está haciendo en Cataluña. Ya lo ha mencionado el señor Pagès, un plan muy ambicioso por parte de los Mossos d’Esquadra. Por lo tanto, estimado amigo Hernando, recuerde lo que decía el clásico: no se quede con la copia, vaya al original. Buenas tardes. .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Señor presidente. Señoras y señores diputados, más populismo punitivo del PP y de VOX para hacer campaña electoral en Andalucía. El informe anual para la prevención de la tortura del Consejo de Europa advierte sobre la masificación de las cárceles europeas, pero el PP sigue empeñado en el «todos a la cárcel», salvo para los acusados en la operación Kitchen — en la cúspide ya ha aparecido, por fin, el señor Mariano Rajoy—. En esta legislatura, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una decena de iniciativas para endurecer el Código Penal, inventándose o magnificando problemas que se arreglan con medidas sociales. Están en dura competencia con VOX a ver quién es más ultra, provocan miedo, exageran los problemas de seguridad y su solución a los problemas sociales de la juventud es endurecer los castigos a los hijos de los trabajadores. PP y VOX compiten por ver quién miente y asusta más sobre la regularización de migrantes, una regularización reclamada por colectivos sociales, empresariales, por la Iglesia y que el PP apoyó cuando llegó a esta Cámara. Cada día se parecen más a Trump, cambiando de posición a diario. Hoy VOX les ha complementado con una enmienda para criminalizar la inmigración, apoyando el bochornoso papel del otro día de Feijóo cuando mintió sobre la gravedad de los antecedentes policiales, que son los que debería tener, por ejemplo, la señora Muñoz, si es verdad que a ella la paran los controles policiales más de una hora, como nos contaba. En Extremadura han acordado la prioridad nacional. Quitan a los extranjeros los derechos que tienen por pagar impuestos — porque hasta los irregulares pagan impuestos, como el IVA—, y acuerdan con VOX desregular, que es derogar las leyes que mejoran la vida de las familias trabajadoras, de las españolas y de las extranjeras. Aquí proponen leyes, pero únicamente para castigar a las clases populares. Un puñado de reformas inconexas del Código Penal. Proponen cinco años de prisión para quien porte armas blancas y dejan en cuatro años de prisión el castigo a quien porte armas de fuego ilegalmente. Se han lucido. Quieren reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se va a derogar en breve y, sobre la ley de seguridad ciudadana, la única reforma que nos parece urgente es la derogación de su ley mordaza. . En general, desprecian la seguridad pública democrática y no tienen políticas de prevención criminal, solo medidas para debilitar al Estado de derecho, acabando con la proporcionalidad de las penas. Inventan datos sobre el uso de armas blancas, igual que han hecho con la supuesta proliferación de la okupación de viviendas para engordar el negocio de las alarmas y de las empresas de desokupa. Han repartido paguitas a sus amigos poniéndolos a trabajar en oficinas antiokupación pagadas por Ayuntamientos, por ejemplo, el de Córdoba y el de Valencia; oficinas que, en seis meses una y en un año la otra, no han recibido ninguna denuncia; delitos que no existen. . España tiene la tasa de criminalidad más baja de su serie histórica. El índice de homicidios, de 0,69 por cada 100 000 habitantes, es de los más bajos de la Unión Europea y ha descendido un 15 % desde 2010. Dejen de negar lo que saben los 90 millones de turistas que vienen al año, que España es de los países más seguros de la Unión Europea. Claro que hay casos en los que el uso de armas blancas ilegales genera preocupación y requiere atención específica. Por ejemplo, hemos visto en Granada la banda de guardaespaldas de Abascal, porra metálica en mano, sobrepasar la línea de la policía; pero no estamos ante una generalización de la violencia. No construyan relatos que asocian juventud de barrios obreros con violencia; no criminalicen a la juventud indiscriminadamente. . Toda la vida los jóvenes se han juntado por afinidades, para PP y VOX todos son bandas, mientras, renuncian a invertir un euro para acabar con la exclusión y la falta de oportunidades. Saben que los programas de mediación e intervención obtienen mejores resultados que las respuestas punitivas. El Ministerio del Interior ya ha actuado sobre esta materia. . Hay un protocolo, del año 2022, de actuación frente a armas blancas, reforzado mediante una instrucción de 2025 que intensifica los controles preventivos en zonas de riesgo para la intervención y decomiso de armas blancas. Por eso, hay más sanciones, no porque haya más armas, sino porque hay más incautaciones. Seguro que la policía estaría encantada de que las Administraciones que gobierna el Partido Popular actuaran sobre causas como la exclusión o como la falta de oportunidades. Con que invirtieran en crear comunidad, le quitarían mucho trabajo a la policía. Es exactamente lo que piden el Defensor del Pueblo, UNICEF, Save the Children o la Fiscalía General del Estado. Pero, en su PNL, no hay una sola propuesta social o educativa, solo, garrote, oportunismo y alarmismo. España no es un país inseguro, pero sí es un peligro legislar como proponen el Partido Popular y VOX. Votaremos en contra. .

María Carmen Castilla Álvarez PSOE

Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorías. Señor Hernando, la fórmula de ampliación del plazo de las enmiendas la inventaron ustedes, el Grupo Popular, con Ana Pastor. . Lo que escucha. No sé qué cree usted que nosotros hemos inventado algo nuevo en esta legislatura o en la anterior, no lo sé. . Entrando en la cuestión, el Grupo Popular vuelve hoy a la tribuna a hacer lo que mejor sabe hacer: coger un problema, agitar el miedo y convertirlo en propaganda. Trae una iniciativa que mezcla alarmismo, errores jurídicos y propuestas desproporcionadas. Vaya por delante que el grupo parlamentario… . Escúcheme y no hable por encima de mí, porque me tiene que respetar cuando estoy en el uso de la palabra. Así que ¡silencio! . Al Grupo Parlamentario Socialista claro que nos preocupa la violencia con armas blancas y claro que hay que dar certidumbre a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero, precisamente porque el problema es serio, exige rigor y, con la seguridad, señorías del Grupo Popular, no se puede hacer campañas a golpe de titular. Ya lo dejó muy claro el ministro del Interior en sede parlamentaria la semana pasada: El Gobierno está trabajando en ello. Ya hay unas reformas en marcha para atajar esta situación. A pesar de ustedes y de sus datos, tengo que decirles: España es uno de los países más seguros de nuestro entorno. . Digan ustedes lo que digan. Bajando al detalle de la propuesta, cualquier análisis técnico y jurídico riguroso desmonta su iniciativa de arriba abajo. Para empezar, demuestran ustedes una deficiencia técnica alarmante: instan al Gobierno a reformar y modificar leyes, como la del Enjuiciamiento Criminal o el Código Penal. Señorías, aclárense. Esa es una función legislativa que nos compete a nosotros, a las Cortes Generales. ¿No dicen ellos (señala hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) que nuestro presidente legisla a espaldas del Parlamento? Aclárense, o una cosa u otra. . Yendo al fondo, su pretensión de endurecer indiscriminadamente las penas por la mera tenencia de armas blancas colisiona frontalmente con el principio de proporcionalidad de nuestro ordenamiento y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tampoco tiene ningún sentido pedir que se castigue penalmente la reiteración de infracciones administrativas. Eso choca directamente con el principio non bis in idem y con el principio de mínima intervención del derecho penal en nuestro ordenamiento jurídico vigente. En definitiva, con la ley y la criminología en la mano, su texto es pura demagogia y populismo punitivo. . Lo que de verdad funciona es la prevención y — como ha dicho el señor Santiago— más programas de mediación. ¿Dónde están las medidas para intervenir en los barrios vulnerables antes de que un menor acabe empuñando una navaja? Ustedes dicen hoy, aquí, que el miedo está en la calle, pero convendría aclarar también dónde está el miedo. Hay un miedo y una inseguridad que destroza las vidas. ¿Saben dónde? En las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. Miedo es ponerte enfermo y saber que nadie en toda España tarda más en operarse que un andaluz, tenemos el récord absoluto nacional de las listas de espera quirúrgicas y millones de euros van a la sanidad privada. Miedo es tener una urgencia vital y que llegue a tu domicilio una ambulancia con un solo técnico de emergencia sanitaria. Eso es lo que están haciendo ustedes en toda Andalucía: poner en riesgo la vida del paciente y la salud laboral del profesional. . Miedo es que cancelen una prueba diagnóstica y no sepas lo que tienes, como ha ocurrido con el fallo de los cribados del cáncer de mama. Desde aquí, nuestra solidaridad y nuestro cariño con esas mujeres afectadas y, como le dijo una de ellas a Moreno Bonilla en su cara: Nos estáis matando y no me voy a callar. No es un eslogan, es una acusación moral. Miedo es ser dependiente en Andalucía y esperar a que te toque la revisión, el año pasado cerca de 39 000 andaluces estaban en listas de espera. ¿Sabéis cuántos murieron? Saben… . ¡Cállense cuando estoy hablando en la tribuna! . ¿Sabéis cuántos murieron? ¡7000! ¿496 días de espera es para sacar pecho? Miedo es que miles de jóvenes andaluces se queden en la calle sin poder cursar un módulo de Formación Profesional porque ustedes lo han privatizado. . Díganme qué familia obrera puede pagar 4000 euros por una matrícula. . Miedo es ver cómo asfixian a las universidades públicas andaluzas, como ocurrió con la Universidad de Sevilla — con un ajuste de16 millones de euros— mientras ponen la alfombra para que vengan las universidades privadas. . Déjenlos que chillen, les molesta cuando se les dice la verdad, ese es el problema que tienen. . Todavía, tienen el cuajo de hablar en su iniciativa de las mujeres, cuando ustedes pactan con ese partido que niega la violencia machista. Se lo voy a decir claramente: quítense la careta. Con sus discursos, sus recortes y sus pactos, la ultraderecha son ustedes. Hay dos formas de gobernar: como lo hacen ellos y como lo hacemos el Partido Socialista: con seguridad, es decir, subiendo, el salario mínimo interprofesional para que las familias puedan llegar a final de mes. Seguridad es tener a 22 millones de trabajadores en el mercado laboral español, gracias a la reforma laboral que ustedes intentaron boicotear, pero que no les salió bien. Y seguridad, señorías, es garantizar y revalorizar las pensiones de nuestros pensionistas; un millón y medio de pensionistas andaluces han visto cómo se han revalorizado las pensiones, a pesar del voto negativo del Grupo Popular. . No se preocupen…

María Carmen Castilla Álvarez PSOE

Termino, señor presidente. Todo ese miedo que intentan meternos, el 17 de mayo vamos a acabar con él, cuando los socialistas les devolvamos la… . Ríanse, Ríanse. Cuando los socialistas y las socialistas les devolvamos la dignidad a los andaluces y a las andaluzas, protegiendo los servicios públicos. Como dijo Blas Infante, padre de la patria andaluza: Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Muchas gracias. .

Rafael Antonio Hernando Fraile PP

Señor presidente, muy brevemente.

Rafael Antonio Hernando Fraile PP

Si me deja se lo explico.

Rafael Antonio Hernando Fraile PP

Por el artículo 71.1 y el 71.3, si quiere usted. Pido la palabra solamente para manifestarle mi protesta, porque a mí me ha llamado al orden por no atenerme a la cuestión mientras que, en la intervención de la diputada socialista, que parece que tiene mucho miedo desde que vive en Andalucía con un Gobierno de señor Moreno Bonilla, no le ha llamado usted al orden. La asimetría de siempre. .

Blanca Cercas Mena PSC-PSOE

Señor presidente, señorías, buenas tardes. El matrimonio forzado es una de las formas más graves y ocultas de violencia contra las mujeres y contra las niñas. . Hoy traigo aquí la voz silenciada de todas las niñas y las mujeres que sufren esto a lo largo de todo el mundo, también en nuestro país. El matrimonio forzado es una práctica atroz que lo que hace en realidad es vulnerar derechos fundamentales y, además, niega libertad, niega dignidad y, en ocasiones, niega la propia vida. Un ejemplo de esto serían los denominados crímenes de honor. Permítanme, señorías, que antes de continuar dé la bienvenida a esta Cámara a la asociación Valentes i Acompanyades, que nos acompaña hoy aquí. . Valentes i Acompanyades es una asociación gironina que hizo aflorar este tema tan oculto y atroz, además de dedicarse durante muchos años a cuidar a las víctimas. Muchas gracias. También quiero empezar con algo muy claro: el matrimonio forzado no es una cuestión ni cultural ni religiosa ni específica de ningún origen. En realidad, se produce en los cinco continentes. Efectivamente, es una violación de los derechos humanos y, especialmente, de los derechos humanos de las mujeres. Una manifestación de desigualdad. Créanme, ningún contexto, ninguna tradición ni ninguna creencia podría justificar la imposición de casar a una mujer o a una niña sin su voluntad. . Señorías, las mujeres no se dan, nuestro cuerpo no debe ser moneda de cambio. No somos objetos, somos sujetos y nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo y también sobre nuestras vidas. Estamos hablando de una realidad global que tiene un impacto enorme. Piensen que cada año 12 millones de niñas son obligadas a casarse; cada tres segundos una adolescente. Me dejan repetirlo, ¿verdad? Cada tres segundos, a una mujer adolescente es obligada a casarse. Terrible, ¿verdad que sí? Las instituciones internacionales conocen bien esta realidad. Por eso, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible incluye que el matrimonio forzado es un elemento de discriminación, de exclusión y de violencia contra las mujeres y contra las niñas. También insta a los Gobiernos a tomar medidas para la erradicación de esto. Pero los avances que ha habido son tan pequeños, tan minsos, que incluso la Organización de las Naciones Unidas dijo en una ocasión que, con el ritmo que llevamos, faltarían unos trescientos años para eliminar esta actividad. Señorías, no vamos a hablar de datos, porque no son datos — que también—, sino que son vidas. Son niñas que ven interrumpida su educación, son adolescentes que están privadas de autonomía y son mujeres que sufren violencia sexual, violencia física y violencia psicológica. Es importante saber que es una manifestación de desigualdad estructural, responde a la estructura de las diferencias entre hombres y mujeres; y de control, de control sobre las vidas, sobre los cuerpos de las mujeres y también sobre sus decisiones. Por eso, esta proposición no de ley plantea avanzar en una serie de puntos. El primero es reforzar la cooperación española desde el enfoque de los derechos humanos, poniendo en el centro a las víctimas. El segundo es que, efectivamente, el matrimonio forzado perpetúa un sistema de dominación patriarcal, tanto con las mujeres como también con los proyectos colectivos. Por otra parte, la pobreza, la desigualdad social o incluso los conflictos bélicos pueden incidir en que se aumente esta práctica o vaya disminuyendo. Lo que sí es seguro es que no son su causa, pueden ser algunos de los efectos que incidan más o menos. Y, sobre todo, proponemos educación: impulsar programas de sensibilización, de educación en igualdad y apoyar en el marco de la Organización de las Naciones Unidas la creación de un día internacional para la erradicación del matrimonio forzado. Señorías, todos sabemos que compartir la vida con alguien solo puede nacer de una decisión libre, del respeto, de la igualdad, del afecto. El cariño verdadero no se impone, y si se impone, no es cariño, sino que es violencia. . Estarán de acuerdo conmigo…

Blanca Cercas Mena PSC-PSOE

Sí, perdón. Estarán de acuerdo conmigo en que estas mujeres no pueden esperar trescientos años. Quería decirles una cosa. Alguien dijo una vez que la salud de una sociedad se mide por cómo trata a sus mujeres y a sus niñas. Señorías de la derecha y de la extrema derecha, especialmente de ustedes también depende querer que esta sociedad esté más sana o más enferma.

Blanca Cercas Mena PSC-PSOE

Por favor. Están a tiempo de elegir. Señorías, finalizo señalando que una niña con opciones de futuro es una mujer libre, y una mujer libre impulsa el progreso social y nos hace avanzar a todos.

Blanca Cercas Mena PSC-PSOE

Es así de cierto, así de claro y así de justo. Muchas gracias. .

Viviane Ogou i Corbi SUMAR

Buenos días, señorías. Antes de nada, quiero agradecer al Grupo Socialista que haya presentado esta proposición no de ley sobre un tema que yo creo que es fundamental en la agenda de política exterior de nuestro país. Y, por supuesto, donar la benvinguda a l’entitat que avui ens acompanya, valentes i acompanyades. Un plaer tenir-vos aquí i gràcies per tota la feina que esteu desenvolupant. … dar la bienvenida a la entidad que nos acompaña. Es un placer teneros aquí. Gracias por todo el trabajo que estáis desarrollando. . Como saben, el matrimonio forzado es una profunda violación de los derechos humanos en la que una o ambas partes está obligada a casarse. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo — los últimos datos que tenemos son de 2021—, se estima que 22 millones de personas fueron forzadas a contraer matrimonio, un incremento significativo desde los 14,4 millones en 2016. De acuerdo con esta misma organización, se trata de una práctica que se da en todas las culturas, en prácticamente todos los países, que va mucho más allá de creencias religiosas. Pero también, y lo más importante yo creo, es que quienes se ven más afectadas por esta práctica son las mujeres y las niñas. Hablamos de que dos de cada tres personas que se ven afectadas por el matrimonio forzoso son mujeres y niñas y, por tanto, una de cada tres personas son hombres o niños. Los principales motivos tras ese matrimonio forzado son la presión familiar, las dificultades económicas, las crisis y los conflictos, y también se está vinculando con una manera de esclavitud moderna. Actualmente hay grupos de personas que se dedican a secuestrar a mujeres para venderlas en matrimonio. Sabemos que esto es especialmente grave en el sudeste asiático, en China, donde existe un mercado en el que se está comprando a novias (hace el signo de comillas con los dedos), precisamente derivado de la política de solamente un hijo, que hizo que muchas niñas fueran dadas en adopción o separadas de sus familias y que ahora ha generado una falta de equilibrio. Y es uno de los motivos que se apuntan detrás de esta cuestión. Sin embargo, sabemos que se trata de una cuestión global, y es que el patriarcado es una cuestión global. Hace poco conocíamos que hay 62 millones de hombres que se han organizado en grupos de WhatsApp, en lo que se llama Academia de Violaciones — Rape Academy—, en los que se están pasando fotografías, vídeos e informaciones sobre cómo se debe sedar a una mujer, o incluso a una amiga o una hija, para luego vender esas imágenes. En esos grupos, los hombres no solamente se dan tips, sino que también se animan a seguir cometiendo todas estas conductas. Podemos hablar, por ejemplo, de los grupos de Telegram que se han encontrado en Portugal, con entre 60 000 y 70 000 hombres. También en Alemania, con 73 000 usuarios. En Italia, el grupo Mia Moglie, con 32 000 hombres intercambiando fotografías. Todo ello nos muestra que hace falta un ejercicio global de erradicación de este patriarcado que permite, que tolera, que haya personas que se ayuden entre sí para violar en el ámbito familiar. Hoy, además, nosotros hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley, puesto que creemos que se ha dejado de lado la cuestión económica. Es cierto que, como decíamos, es una cuestión de patriarcado global, pero también en los últimos años, desde la COVID-19, ha habido un repunte exponencial de los casos de matrimonio forzado. También se ha dado este repunte tras la invasión rusa de Ucrania, cuando se plantea el cierre de las escuelas y la reducción de la capacidad económica de las familias, lo que ha hecho que muchas de estas familias que habían abandonado esta práctica hayan vuelto a ver la necesidad de deshacerse — y es muy feo— de estas cargas familiares. Por eso, nosotros consideramos en esta enmienda que la cuestión económica también tiene que estar incluida. En este ejercicio que yo creo que nuestro país está haciendo, posicionándose firmemente — por ejemplo, contra la agresión a Irán por parte de Estados Unidos e Israel—, además de generar estas medidas de apoyo a nuestra ciudadanía, es necesario acelerar el incremento de ese 0,7 % del PIB en ayuda oficial al desarrollo y destinarlo a garantizar la resiliencia económica de las comunidades locales, además de garantizar la emancipación femenina y la capacidad económica de las mujeres. Sabemos que para erradicar el matrimonio forzado se tiene que hacer con una lucha combativa feminista, sabemos que se tiene que hacer con concienciación, pero creemos que la cuestión económica tiene que ser central en esta batalla. Muchas gracias. .

María de los Reyes Romero Vilches VOX

Gracias, señor presidente. Señorías, sin consentimiento no hay matrimonio, hay sometimiento. No hace falta haber estudiado Derecho para saber que el libre consentimiento es uno de los requisitos básicos para contraer matrimonio. Sin ese consentimiento expreso no hay matrimonio; hay prostitución, hay esclavitud o hay imposición. Y eso, señorías, es barbarie. . Por eso, desde VOX condenamos con firmeza cualquier forma de matrimonio forzado y, especialmente, el matrimonio infantil. Tengo que denunciar también, señorías del Grupo Socialista, que centran este asunto exclusivamente desde el punto de vista de la mujer, porque en al menos el 30 % de los casos de matrimonio forzado reportados la persona violentada es un varón. Una vez más, queda en evidencia la desigualdad que ustedes practican en todos los ámbitos. El matrimonio forzado es un ataque a los derechos más básicos de las personas y no es necesario invocar la Agenda 2030, como hacen ustedes, para denunciar esta terrible práctica. . Los matrimonios forzados son una barbaridad por sí mismos, y no hace falta que lo diga ningún papelito firmado por burócratas internacionales. Nos parece ridículo que ustedes hablen aquí de erradicación global cuando ni siquiera son capaces de erradicarlo dentro de nuestras fronteras. . Fronteras que, por cierto, están abriendo ustedes, el Gobierno del Partido Socialista, con la connivencia del Partido Popular. Y esto está provocando la entrada en España de una inmigración ilegal y descontrolada que trae a nuestro país a personas de culturas ajenas a la nuestra que desprecian los derechos más básicos. Señorías del Grupo Socialista, dejen de jugar a ser salvadores del mundo, porque a nosotros son los españoles los que nos pagan el sueldo y aquí cada vez hay más necesidades por culpa de sus políticas buenistas. Mientras ustedes hablan de seguir promoviendo, de seguir impulsando, pero sin concretar absolutamente nada, en España cada vez hay más matrimonios forzados, además de aberraciones que eran totalmente desconocidas en nuestro país, como la poligamia, la mutilación genital femenina o las cárceles de tela que someten a la mujer. . Y estas prácticas se están incrementando de una manera alarmante por culpa de su empeño en traer a media África a España. Y en España no cabe África. . Les recuerdo también, señorías del Grupo Socialista, que en varias ocasiones VOX ha propuesto medidas mucho más concretas para acabar con esta práctica y ustedes siempre han votado en contra y el Grupo Popular se ha abstenido. Si quisieran acabar con esta práctica, lo lógico sería, como propone VOX, eliminar las subvenciones públicas a organizaciones que amparen y no colaboren en la erradicación de esta lacra, crear un protocolo nacional que implique a todas las Administraciones en la lucha contra este horror dentro de nuestro territorio, y endurecer el Código Penal para castigar esta barbarie como se merece, entre otras propuestas concretas que les hemos hecho llegar a través de nuestra enmienda. Y, hablando de enmiendas, no sé si ahora nos explicará la señoría del Grupo Popular qué han enmendado porque lo único que han cambiado del texto del Grupo Socialista ha sido en vez de «seguir impulsando», «impulsar»; en vez de «continuar impulsando», «poner en marcha»; y en vez de «seguir promoviendo», «promover». . ¿Esto es lo que han enmendado las señorías del Grupo Popular? Seguramente para justificar el voto a favor de la propuesta del Grupo Socialista. Mientras el Partido Popular y el Partido Socialista siguen discriminando a la mitad de la población mundial con su enfoque de género, en su cooperación feminista, aquí en España estas prácticas importadas no paran de crecer en comunidades como Cataluña, Madrid, Canarias o Andalucía. Solo en Cataluña aumentaron en un 60 % entre 2021 y 2022 y un 20 % más en 2023. Y en Andalucía, en provincias como Almería, Cádiz y Sevilla, hemos conocido casos de venta de menores para someterlos a matrimonios forzados. Señorías del Grupo Socialista, basta ya de postureo y de buenismo irresponsable. Sus políticas, bajo el pretexto de ser humanitarias y feministas, están causando graves daños a los españoles y, especialmente, a las mujeres y en los barrios más humildes. Ustedes están convirtiendo nuestras calles en escenarios de problemas importados. Y encima nos dicen que es por nuestro bien, que así ayudamos. ¿Ayudar a quién? ¿Y a costa de qué? . Desarraigan a personas de sus países, les prometen lo que no pueden cumplir y, al mismo tiempo, abandonan a los españoles. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Y lo peor es que, cuando alguien lo denuncia, ustedes responden con insultos, llamándolos machistas, xenófobos e intolerantes. Señorías, señalar los problemas reales no es odio. La verdadera defensa de la dignidad humana no está en su discurso vacío, está en hacer cumplir la ley, en proteger nuestras calles y en proteger a nuestra gente. Y eso exige valentía, sentido común y firmeza, cualidades que ustedes no tienen. Frente a su buenismo hipócrita, VOX seguirá defendiendo a España y a los españoles, le pese a quien le pese. Muchas gracias. .

Ana Isabel Alós López PP

Gracias, presidente. Señorías, hoy debatimos una iniciativa del Grupo Socialista que pretende, nada menos, que liderar la lucha global contra los matrimonios forzados, una lacra real, gravísima, que, como reconoce su propia exposición de motivos, supone violencia extrema contra mujeres y niñas, con consecuencias que incluyen coacción, violencia e incluso asesinato. Hasta ahí, estamos de acuerdo. El problema no es el diagnóstico, el problema es la credibilidad de quien lo formula y los términos en los que lo hace. Porque no se puede venir a esta Cámara a salvar a las mujeres del mundo, mientras se practica una política exterior basada en el silencio cómplice frente a regímenes donde precisamente estas prácticas existen, se toleran o se encubren. . Señorías del PSOE, ¿dónde está la acción del Gobierno de España frente a países como Irán o China? Hablemos claro. En Irán, según múltiples informes internacionales — entre ellos Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos—, persisten matrimonios infantiles y forzados, amparados por un marco legal que permite el matrimonio de niñas a edades muy tempranas con consentimiento paterno. Esto no es una opinión, es un hecho ampliamente documentado. Además, en ese mismo país, las mujeres que intentan resistirse a estas imposiciones, o que reivindican sus derechos, sufren represión sistemática por parte del Estado. Y esto también lo hemos escuchado en esta Cámara, en palabras de la periodista iraní Masih Alinejad. Sin embargo, ¿qué hace el Gobierno de España? ¿Dónde están las sanciones políticas? ¿Dónde está la presión diplomática real? No existe, señorías. También podemos hablar de China, donde la situación, en términos de derechos fundamentales, es muy deficiente. Existen denuncias reiteradas de prácticas coercitivas hacia las mujeres y niñas, especialmente en algunas regiones. Todo ello, fruto del impacto de sus políticas de hijo único, que ha llevado a un elevado déficit de mujeres en este país. Actividades como la trata de novias fronterizas, matrimonios infantiles en zonas rurales remotas, son denunciadas por los organismos internacionales. Señores del Grupo Socialista, ¿acaso ha tratado este asunto el señor Sánchez en alguna de las ya cuatro visitas que ha realizado a China en los últimos meses? Señorías, esto tiene un nombre: hipocresía. Porque su proposición no de ley habla de seguir promoviendo medidas, de seguir impulsando, de seguir trabajando, pero la realidad es que su Gobierno no está liderando nada. Y hoy nos traen una iniciativa basada en generalidades y mecanismos concretos de presión internacional, sin condicionalidad real en la cooperación, sin exigencias verificables. Y si hablamos de las políticas que han impulsado en nuestro país para erradicar esta lacra, su balance no puede ser más pobre. La prueba es que hoy siguen sin presentar una ley que aborde la trata de personas, incluidas las que sufren matrimonio forzado. Ni tampoco han actualizado el protocolo marco de 2011 de protección de las víctimas de trata de personas, para incluir explícitamente a las víctimas de matrimonio forzado. En definitiva, no están haciendo nada. . Señorías, no puedo dejar de señalar que es muy curioso que, en los antecedentes de su proposición, hagan referencia a los acuerdos y tratados internacionales desde 1948 hasta 1995 y se olviden de citar el Convenio de Estambul de 2011, que es el primer tratado internacional vinculante que aborda todas las violencias contra la mujer, abarcando acoso, mutilación, matrimonio forzado y violencia sexual, y que incluía expresamente la obligación de los Estados de tipificar y castigar los matrimonios forzosos. Quizá lo han obviado porque fue el Gobierno del Partido Popular el que lo ratificó en 2014 y, en 2015, trasladó fielmente todas esas obligaciones al Código Penal español, incluida la penalización del matrimonio forzado. Hubo legislación rigurosa, hubo compromiso y hubo resultados. Eso es lo que este grupo entiende por política seria en materia de igualdad y lucha contra la violencia hacia la mujer. Y lo traigo a colación para que quede claro quién ha demostrado en esta materia lo que es pasar de las palabras a los hechos y para subrayar la diferencia entre aquella forma de gobernar — la del Partido Popular— y la retórica declarativa y falsaria que caracteriza a este Ejecutivo, que ha sido el más dañino para las mujeres. . Para terminar, la enmienda que ha presentado nuestro grupo recoge, en primer lugar, la eliminación del rosario de verbos — seguir, continuar—, efectivamente, para sustituirlos por un compromiso claro y activo, con obligación de evaluar los resultados de las medidas que se apliquen y rendir cuentas por ellos también. En segundo lugar, introducimos la pobreza y la falta de acceso a la educación como causas fundamentales del matrimonio forzado, junto a la desigualdad de género. Las niñas y mujeres que se casan forzadas, en su inmensa mayoría, son pobres, sin acceso a la educación, que viven en zonas rurales en condiciones de extrema pobreza. En tercer lugar, eliminamos conceptos como cooperación feminista o enfoque de género transformador, que no forman parte del consenso internacional ni de los marcos normativos básicos. Estos términos, lejos de reforzar la eficacia de las políticas públicas, desvían el foco de lo esencial — la protección efectiva de los derechos de las mujeres y la erradicación real del matrimonio infantil y forzado—, mediante herramientas basadas en la evidencia, coordinación multilateral y respeto a los contextos locales. Señorías, este Gobierno lleva demasiado tiempo haciendo de la política de igualdad un escaparate; un escaparate lleno de anuncios que nunca se cumplen como, por ejemplo, la ley contra la trata de personas que he mencionado; o leyes tan dañinas para las mujeres como la ley del solo sí es sí. Las niñas y mujeres que hoy, en este momento, están siendo forzadas a un matrimonio que destruirá su vida no necesitan retórica ni buenas palabras, necesitan políticas eficaces y realistas. Muchas gracias. .

Nerea Renteria Lasanta EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi. Señorías, cada año, doce millones de niñas son obligadas a casarse, a unirse demasiado pronto o, lo que es lo mismo, cada año se producen doce millones de futuros robados. En el Grupo Parlamentario Vasco, consideramos que los matrimonios forzados son una grave violencia de los derechos humanos y una forma de violencia de género que debe erradicarse con urgencia. Y esto no es solo una cuestión política internacional, también interpela a nuestras propias instituciones. En Euskadi, hemos dado pasos en esa dirección con la Ley 2/2024, de Infancia y Adolescencia, aprobada por el Parlamento vasco, que reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de cualquier forma de violencia, incluyendo el matrimonio forzado. Por ello, adelantamos que vamos a apoyar esta proposición no de ley. Señorías, conviene recordar que no partimos de cero. Contamos ya con una herramienta, la Ley 1/2023, de Cooperación, aprobada por esta Cámara, que sitúa el enfoque de género y los derechos humanos en el centro de la acción pública. Además, hemos asumido compromisos claros en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, sobre igualdad de género, especialmente sus metas 5.2 y 5.3 sobre la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo el matrimonio infantil precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Pero si algo nos dicen los datos es que no estamos siendo eficaces. Se siguen produciendo millones de matrimonios forzados y, al ritmo actual, esta práctica no se erradicará en generaciones. Eso exige algo más que buenas intenciones, porque, señorías, las leyes por sí solas no cambian la realidad, la cambian las políticas eficaces, los recursos y la voluntad de aplicarlas. Por tanto, esta PNL no cubre ningún vacío legal. El problema no es la falta de marcos jurídicos, sino la falta de impacto real. Llevamos años aprobando estrategias, planes y declaraciones, pero la realidad es que el avance es lento, desigual y, en algunos contextos, incluso estamos retrocediendo. Por eso, lo que toca ahora no es ampliar el discurso, sino mejorar la ejecución. La cooperación internacional no puede limitarse a definir prioridades sobre el papel, hace falta financiación estable, coordinación real y evaluación rigurosa, y, sobre todo, hace falta confiar de verdad en quienes trabajan sobre el terreno: las organizaciones locales, especialmente las organizaciones de mujeres. Sabemos cuáles son las causas: pobreza, falta educación y desigualdad, y eliminarlas no se consigue solo con declaraciones, exige actuar con decisión. Porque esto no va solo de principios, va también de gestión. Tiene que convertirse en acción real: escuelas abiertas para todas las niñas, servicios de salud accesibles, leyes que se cumplan y políticas con recursos suficientes. Tiene que traducirse en comunidades que protejan y no que opriman. Señorías, hay una cuestión que no podemos seguir obviando: la evaluación. ¿Cuántas de las medidas que aprobamos se están midiendo? ¿Cuántas están teniendo impacto real? Sin indicadores, sin seguimiento y sin rendición de cuentas, todo esto se queda en papel. Allí donde exista cualquier indicio de matrimonio forzado, la respuesta debe ser clara: prevención, protección y aplicación firme de la ley. Y conviene decirlo con claridad: ninguna tradición, ninguna cultura y ninguna religión pueden justificar la vulneración de los derechos fundamentales. Señorías, el reto no es aprobar más marcos, el reto es que lo que aprobemos sirva para algo. Esta PNL puede ser útil, pero solo si se traduce en políticas concretas, medibles y eficaces. Y eso, señorías, es lo que debemos exigir. Ez legezko proposamen hau baliagarria izan daiteke, bai, baina politika zehatz, neurgarri eta eraginkor bihurtzen bada bakarrik. Eta hori da jaun-andreok, eskatu behar duguna. Eskerrik asko. Sí, esta propuesta puede ser válida y útil, pero necesitamos políticas concretas, efectivas. Eso es lo que necesitamos y esto es lo que tenemos que demandar y exigir, señorías. Muchísimas gracias.

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Bé, gràcies, president, senyories. Per començar voldria donar la benvinguda a l’associació Valentes i acompanyades. M’ha demanat la Marta Madrenas que us donés aquesta benvinguda i una forta abraçada, o sigui que per vosaltres. I també volem agrair tota la feina que fan les diferents associacions que es preocupen per aquestes nenes i joves adolescents — on també, és cert, hi ha nens, un 10 % de casos són nens— als que roben la seva joventut, el seu dret a estudiar, a decidir lliurement quina vida volen tenir, a decidir lliurement a qui volen estimar. La dada és demolidora, un cop a l’estómac, una sacsejada a la consciència: cada tres segons — un, dos, tres— una nena es casa en contra de la seva voluntat. Cada tres segons — un, dos, tres— un dia i un altre i un altre tot l’any, fins a sumar 12 milions de víctimes al món, segons Nacions Unides. A Catalunya no en som aliens. Malgrat la prevenció que s’hi fa, s’hi han documentat 83 casos en cinc anys. Per tant, compartim plenament l’objectiu d’erradicar el matrimoni forçat des de la coherència dels nostres valors, els mateixos valors que ens porten a presentar una iniciativa contra el burca que els partits progressistes van votar en contra. Per cert, moltes de les dones que són forçades a casar-se el porten. Perquè al final estem parlant de diferents formes d’empresonament, però totes tanquen els drets, les emocions i les vides de les dones que en són víctimes, en presons de roba, en presons de totxana o del pitjor masclisme. Les vides d’aquestes dones són vides de desigualtat, de precarietat. La pobresa és un dels millors caldos de cultiu per a aquesta pràctica, que cosifica la dona, que la converteix en un objecte que col·locar a canvi de diners en el llit d’un home sovint molt més gran i sempre sense escrúpols. Per això, el rati de suïcidis entre les dones víctimes de matrimonis forçats sempre és més alt. Per tant, no necessitem tres segons — un, dos, tres — per dir que la nostra posició contra el matrimoni forçat és ferma. Des de Junts, compartim plenament també que s’ha de garantir l’accés a l’educació, a la higiene menstrual, a l’aigua potable i que cal reforçar una cooperació amb l’enfocament feminista. Però no podem deixar de mencionar que els mateixos que avui porten una iniciativa per condemnar el matrimoni forçat són els que fa pocs dies presumien de fòrum internacional progre a Barcelona, la mateixa ciutat on els socialistes, com va recordar el president Puigdemont, van pactar amb el PP per desvirtuar majories a les institucions robant-li l’alcaldia a Trias. La mateixa ciutat on, després de l’1 d’octubre, els progres socialistes es manifestaven amb la dreta i l’extrema dreta que ens havia colpejat — ja saben, com deia Marx, el Grouxo: «Tinc uns principis, però si no li agraden en tinc uns altres»— amb un propòsit: construir un relat internacional al voltant del Fòrum de Mobilització Progressista Global de Barcelona, posar-li marc a una foto que busca rèdit electoral. Senyories, la credibilitat no es construeix amb declaracions, sinó amb coherència. No es pot pretendre ser el campió dels drets humans a les Nacions Unides i alhora mirar cap a una altra banda quan es vulneren drets fonamentals o es nega el dret a la determinació del poble català. No es pot voler liderar els drets humans al món mentre es vulneren competències de la Generalitat o es recentralitzen polítiques amb l’excusa de la cooperació o es manté un sistema de finançament que limita la capacitat real d’actuació a Catalunya. I recordin: perquè aquesta iniciativa sigui creïble acompanyin amb recursos reals, no només amb retòrica, les comunitats autònomes. Ajudin les comunitats autònomes, ajudin Catalunya a poder dotar els Mossos d’Esquadra i els serveis socials catalans de tots els recursos necessaris que l’Estat avui ens retalla i així ajudaran de debò a evitar que cada tres segons — un, dos, tres— una nena sigui forçada al matrimoni. Gracias, presidente. Señorías, para empezar, quiero dar la bienvenida a la Asociación Valientes y Acompañadas, representadas por Marta Madrenas. Gracias. Un fuerte abrazo a las dos. También, quiero agradecer todo el trabajo que hacen las distintas asociaciones que se preocupan por estas niñas, estas jóvenes, estas adolescentes — también hay niños; un 10 % de los casos son niños— a las que roban su juventud, su derecho a estudiar, a decidir libremente qué vida quieren tener y a decidir libremente a quién van a querer. Los datos son demoledores, un golpe al estómago. Debería interpelar a nuestra conciencia que cada tres segundos — uno, dos, tres— una niña se casa en contra de su voluntad. Cada tres segundos — uno, dos, tres—, un día, y otro día, y otro día, un día tras otro, todo el año, hasta sumar doce millones de víctimas en el mundo, según las Naciones Unidas. En Cataluña no somos menos, se han documentado ochenta y tres casos en cinco años, a pesar del trabajo. Así que, tenemos el objetivo de erradicar el matrimonio forzado a través de nuestros valores, que son los que nos hacen traer esta iniciativa. Muchas de las mujeres que son forzadas a casarse no llevan burka, porque estamos hablando de distintas formas de presión. Todas ellas vulneran los derechos, las emociones y las vidas de las mujeres, que son víctimas de una precariedad. La pobreza es uno de los mejores caldos de cultivo para esta práctica que cosifica a la mujer, que la convierte en un objeto y la coloca, a cambio de dinero, en la cama de un hombre, muchas veces mayor y sin ningún tipo de escrúpulos. Por ello, la ratio de suicidios entre las mujeres víctimas de matrimonios forzados siempre es más alto. Por tanto, no necesitamos tres segundos — uno, dos, tres— para decir que nuestra oposición contra el matrimonio forzado es firme. En Junts, compartimos plenamente que debe garantizarse el derecho a la educación, a la higiene menstrual, al agua potable, y que hay que reforzar un enfoque feminista y también una cooperación. No podemos dejar de mencionar que los mismos que hoy llevan esta iniciativa para condenar el matrimonio forzado son los que hace pocos días presumían de foro internacional progre en Barcelona, la misma ciudad donde los socialistas, como recordó el presidente Puigdemont, pactaron con el PP para desvirtuar mayorías en las instituciones, robándole la alcaldía a Trías; la misma ciudad donde, después del 1 de octubre, los progres socialistas se manifestaban con la derecha y la extrema derecha que nos había golpeado — ya saben, como decía Groucho Marx: «Tengo unos principios, pero si no les gustan, tengo de otros»—, con un propósito: construir el relato internacional en torno al foro de movilización progresista de Barcelona, ponerle un marco a una foto que busca un rédito electoral. Señorías, la credibilidad no se construye con declaraciones, sino con coherencia. No se puede pretender ser el campeón de los derechos humanos en Naciones Unidas y, al mismo tiempo, mirar hacia otro lugar cuando se vulneran los derechos fundamentales o se niega el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. No se puede querer liderar los derechos humanos en el mundo mientras se vulneran competencias de la Generalitat o algunas políticas. Con la excusa de la cooperación, se mantiene un sistema de financiación que limita la capacidad real de actuación en Cataluña. Recuerden, para que esta iniciativa sea creíble, acompañen con recursos reales, no solo con retórica, a las comunidades autónomas. Ayuden a las comunidades autónomas, ayuden a Cataluña a poder votar, a sus servicios sociales, a los mossos. Dótenlas de todos los recursos que el Estado nos recorta y así ayudarán. Cada tres segundos — uno, dos y tres—, de verdad, de manera efectiva, se fuerza a una niña al matrimonio.

Jordi Salvador i Duch ERC

Moltes gràcies, president. Votarem a favor, perquè el matrimoni forçat és una violència extrema i avui el que toca és executar i, sobretot, posar recursos i no fer literatura institucional. Des del nostre grup parlamentari, no som gaire partidaris que els grups del govern portin proposicions no de llei sense més. Ens agradaria que vinguessin acompanyats d’una mica més de matèria, per exemple. Ens hagués fet il·lusió que haguessin sortit aquí i dir: a partir d’ara el govern d’aquest país — d’aquest estat, millor dit— aplicarà el 0,7 % en cooperació internacional. Això estaria molt bé. Aquest matí ho parlàvem quan estàvem parlant d’Unicef en el tema de Gaza i Cisjordània, etcètera, etcètera. Ens agradaria que potser no tants recursos militars i potser dedicar una part de la cooperació internacional a augmentar, encara que sigui utilitzant fons de contingència, etcètera, etcètera. Això estaria bé. Això estaria bé. Però bé, tenim una proposició no de llei. Evidentment que sempre està bé parlar d’aquest tema aquí, que realment és un tema greu per a totes les persones que són víctimes d’aquesta tracta, no? El matrimoni forçat, com deia abans, és control social del cos, de la sexualitat i de l’autonomia econòmica, de dones i de nens, tant de dones com de nens. Encara que majoritàriament, molt majoritàriament de dones, s’utilitza per tapar moltes vegades una agressió sexual, obligant a la víctima casant-se amb l’agressor. Això no és família, això és dominació. Segona, les dades són una bufetada. Els qui m’han precedit ja ho han dit. Potser hi ha una dada que no han dit i també em sembla important que en aquests moments al món hi ha 640 milions de dones vives, 640 milions de vives, que van ser casades quan eren nenes. I al ritme que anem farien falta 300 anys per erradicar aquesta xacra. Tercer, si algú vol fer veure que això aquí no ens interpel·la, recordo una evidència: a l’Estat espanyol no hi ha matrimonis sense consentiment. I un matrimoni sense consentiment és nul i forçar a algú a casar-se amb violència o intimidació és delicte. Per tant, la línia és claríssima: és el consentiment o res. I contra el consentiment, tota la força del món. Hi ha gent que ha fet una comparació amb una posar-se la roba, treure’s la roba. Ni posar-la, ni treure-la: amb consentiment o sense consentiment, és la diferència, és la clau. Cap dona sota imposició. Cap dona sota imposició, ni per casar-se, ni per vestir-se d’una manera ni per una altra. Aquesta és la part important i alguns no l’entenen, aquesta part important. El que combatem des d’Esquerra Republicana és la coacció i el control, vingui d’on vingui i es faci la cultura que es faci, ja sigui la cultura de les monarquies reials, que també va ser una pràctica molt habitual dels matrimonis forçats i els matrimonis entre gent només de sang blava, o sigui qui sigui. És igual, aquí això està prohibit. Cap dona, cap dona, se li ha d’imposar res. Així de simple i ras i curt. I ara, responsabilitats. La PNL, senyora Cercas, vostès governen. Instar al Gobierno, seguir promovent, continuar impulsant campanyes… Home, per favor, ja està bé! Però és insuficient. La llibertat de les nenes no es garanteix amb verbs, es garanteix amb pressupostos blindats, portin pressupostos una vegada més, encara que els tombin i que quedi retratat qui els tomba, amb objectius, amb execucions, amb educació. I una cosa més, perquè passa aquí, en aquest congrés. Cada cop que parlem de cooperació internacional, feminista i de drets de les dones, la dreta i l’extrema dreta se’n riu, se’n riu, sempre se’n riuen. Siempre se ríen de cuando hablan de cooperación internacional, que es tirar el dinero. Pues no. A nosaltres la cooperació internacional és important. No ens fa cap gràcia que passi això i volem més diners, més recursos per combatre aquesta xacra, com dèiem. Perquè parlem de vides trencades, hi votarem a favor, però exigim, senyors del Partit Socialista, fets. A la dreta, menys rialles i cooperació, més pressupost, més educació i llibertat per a les nenes avui i no d’aquí a tres segles. Moltes gràcies. Muchas gracias, presidente. Vamos a votar a favor porque el matrimonio forzado es de una violencia extrema. Hoy lo que toca es ejecutar y poner recursos y no hacer literatura institucional. En nuestro grupo parlamentario, no somos muy partidarios de que los grupos del Gobierno traigan proposiciones no de ley sin más; nos gustaría que vinieran acompañadas de un poco más de material. Por ejemplo, nos habría hecho ilusión que hubieran salido aquí y nos dijera que, a partir de ahora, el Gobierno de este Estado va a aplicar el 0,7 % en cooperación internacional, para Unicef, para Gaza, Cisjordania, etcétera. Nos gustaría, quizás, dedicar una parte de la cooperación internacional a aumentar esto, aunque sea utilizando fondos de contingencia, etcétera. Esto estaría bien, pero, bueno, tenemos una proposición no de ley. Evidentemente, siempre está bien hablar de este tema, que es un tema grave para todas las personas que son víctimas de esta lacra. El matrimonio forzado es control social del cuerpo, de la sexualidad y de la autonomía económica de mujeres y niños; mujeres y niños, aunque muy mayoritariamente de mujeres. Se utiliza para tapar muchas veces una agresión sexual, obligando a la víctima a casarse con el agresor. Esto no es familia, es dominación. En segundo lugar, los datos son una bofetada; quienes me han precedido ya lo han dicho. Quizás hay un dato que no han dicho y es importante: en estos momentos, en el mundo hay 640 millones de mujeres vivas que fueron casadas cuando eran niñas y, al ritmo que vamos, harían falta trescientos años para erradicar esta lacra. En tercer lugar, si alguien quiere hacer como que esto no nos interpela, recuerdo una evidencia: en el Estado español, no hay matrimonio sin consentimiento, un matrimonio sin consentimiento es nulo y forzar a alguien a casarse a través de la violencia o la intimidación es delito. Por lo tanto, la línea es clarísima: consentimiento o nada. Y contra la falta de consentimiento, toda la fuerza del mundo. Han hecho comparaciones con ponerse y quitarse la ropa. Con consentimiento o sin consentimiento es la clave, la diferencia. Ninguna mujer bajo la imposición ni para casarse ni para vestirse de una forma o de otra. Esa es la parte importante, y hay quien no la entiende. Desde Esquerra Republicana, luchamos contra la coacción y el control vengan de donde vengan y se hagan en la cultura que se hagan, ya sea en la cultura de las monarquías reales — también fue una práctica muy habitual la de los matrimonios forzados, matrimonios entre gente de sangre azul— o entre quien sea. Da igual, está prohibido. A ninguna mujer hay que imponerle nada. Así de simple, muy breve. Y ahora, responsabilidades. Señora Cercas, ustedes gobiernan. Instar al Gobierno, seguir, promover, continuar impulsando campañas… en fin, por favor, ya está bien, es insuficiente. La libertad de las niñas no se garantiza con verbos, se garantiza con presupuestos blindados. Traigan presupuestos una vez más, aunque se los tumben, y que quede retratado quién los tumba; con objetivos, ejecuciones, dotaciones. Y otra cosa sobre lo que ocurre aquí en este Congreso: cada vez que hablamos de cooperación internacional feminista y de derechos de las mujeres, la derecha y la extrema derecha se ríen; siempre se ríen. Para nosotros la cooperación internacional es importante, no nos hace ninguna gracia que ocurra esto. Y queremos más dinero, más recursos para combatir esta lacra, como decíamos, porque hablamos de vidas rotas. Votaremos a favor, pero exigimos, señores del Grupo Socialista, hechos. Menos risas a la derecha en cooperación, más presupuesto, más educación, libertad para las niñas hoy y no dentro de tres siglos. Muchas gracias. .

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias, presidente. . Señorías, el otro día, nuestra diputada Noemí Santana le leyó unas palabras a la portavoz del Gobierno, de las que ella hizo caso omiso. Así que las recupero hoy aquí, a ver si tenemos más suerte y el portavoz del Grupo Socialista nos puede explicar qué piensan ustedes de ellas. «No queremos que España entre en la Alianza Atlántica por razones de seguridad, porque aumenta nuestro riesgo en caso de guerra nuclear, porque nos convierte en un país beligerante. No queremos el ingreso de España en la Alianza porque nuestros problemas reales, los problemas de la crisis, del paro, de la educación, de la cultura o de la vivienda, nada tienen que ver, en la preocupación de los ciudadanos españoles, con este deseo de ingreso en la Alianza Atlántica. No queremos el ingreso en la OTAN porque nuestra dependencia de poderes extraños va a aumentar en todos los terrenos y, sobre todo, en el de las decisiones defensivas o militares». Muy actuales estas palabras. Yo personalmente las firmaría ahora mismo. Las pronunció Felipe González en este mismo Congreso en el año 1981 antes de cometer una de las mayores traiciones a nuestro pueblo y de defender el sí en el referéndum de entrada en la OTAN muy pocos años después. Por eso, señorías del Grupo Socialista, algunas desconfiamos cuando escuchamos al presidente del Gobierno llenarse la boca con el «No a la guerra». Porque, igual que ayer, el presidente del Gobierno dice por la mañana no a la guerra, va a liderar la Internacional Progresista, socialdemócrata liberal por la mañana y, por la noche, sigue apostando por el rearme, por la permanencia en la OTAN, manda nueve veces al ministro de Economía — ahora vicepresidente— a los Estados Unidos y mantiene las relaciones con los genocidas. Es el doctor Jekyll y mister Hyde de la política internacional: por el día, el señor de la paz y, por la noche, el señor de la guerra. . Ustedes han aprobado el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. En solo dos años, este Gobierno ha duplicado el gasto militar, recortando 3500 millones de euros en transición ecológica, en educación y en ciencia, alcanzando la que es la exigencia de Donald Trump y de la OTAN: llegar al 2 % del PIB en gasto militar en el año 2025. Señorías del Grupo Socialista, cada euro que ustedes están destinando a gasto militar es un euro que no va a remunerar los permisos de cuidados, a educación, a sanidad y a vivienda. La defensa de la paz y la seguridad tiene que empezar, en primer lugar, en la casa de cada uno, y el presidente, lamentablemente, tiene su casa sin barrer. En España no hay mayor seguridad que poder tener una casa y, lamentablemente, vivimos una emergencia habitacional sin precedentes: familias enteras hacinadas en habitaciones, personas que tienen trabajo viviendo en caravanas, jóvenes y no tan jóvenes que no se pueden independizar, parejas que no se pueden separar, personas mayores que tienen que entregar la vivienda de toda su vida para poder pagarse una residencia. Señorías, si ustedes dicen no a la guerra, entonces tienen que decir también no al rearme, porque decir no a la guerra y sí al rearme, simplemente, no tiene sentido. . El señor Sánchez dice no a la guerra, pero sigue colaborando con el genocidio que Israel está perpetrando en Palestina. No solo no han suspendido ustedes legalmente ninguno de los contratos de compra de armas por más de 1000 millones de euros desde que comenzó el genocidio, sino que ustedes aprueban un embargo de armas fake y lo primero que hacen es activar la cláusula de escape para que Airbus pueda seguir comprándole material militar a Israel. Por no hablar de todas esas cargas, de todo ese armamento que ha pasado por nuestros puertos y por nuestros aeropuertos mientras ustedes miraban hacia otro lado. El presidente pide que se suspenda el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y, sin embargo, es incapaz de romper las relaciones comerciales, económicas, deportivas, culturales que España tiene con Israel, que es algo que está cien por cien en su mano. No fueron ustedes capaces ni siquiera de impedir que el equipo israelí participara en la Vuelta Ciclista a España; una vez más, la gente organizada tuvo que hacer lo que el Gobierno no hace. El presidente dice no a la guerra, pero ustedes gastan 20 millones de euros en el programa Gotham de la empresa Palantir, la empresa que es un arma de destrucción masiva tecnológica, que es uno de los mayores riesgos de nuestras sociedades ; una empresa fascista cuyos jefes nunca van a mandar a sus hijos a la guerra, pero están dispuestos a que los hijos de todos nosotros acaben muriendo en una. El presidente dice no a la guerra y, sin embargo, mantiene abiertas las bases norteamericanas de Rota y de Morón. Suspenden ustedes el uso de Rota y Morón para ataques directos a Irán, pero entonces, señorías, ¿por qué no impidieron ustedes el uso de Rota y Morón desde el primer minuto del genocidio en Palestina? ¿Hay acaso alguna intervención militar ilegal de esas que lanza Donald Trump por todo el mundo que sí les gustaría que utilizara Rota y Morón para participar en ella? Desde luego, a mí no me gustaría que nuestro país participara en ninguna. Por eso, no tiene ningún sentido que Rota y Morón sigan abiertas. Hay que sacar al ejército norteamericano de este país y hay que cerrar las bases norteamericanas de Rota y Morón por el derecho internacional y también por nuestra soberanía. Ninguna de las personas menores de 58 años que viven en España hemos votado la pertenencia de nuestro país a la OTAN, en torno al 80 % de la ciudadanía española. Este fin de semana el presidente organizaba una gran conferencia cuyo lema era: «Defender la democracia». Pues bien, aquí tienen su oportunidad. Denle la palabra a la gente, apuesten de verdad por la democracia; denle la palabra a la gente para que podamos saber qué piensa la gente de que nuestro país forme parte a nivel geopolítico del mismo equipo que Donald Trump, que es la OTAN, que es una organización criminal para mantener la supremacía de Estados Unidos en todo el mundo. Convoquen ese referéndum y, si no están dispuestos, por lo menos no hagan campaña con la palabra democracia, porque la democracia no se declama, señorías, se ejerce. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on guztioi. Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco, el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco comparte sin matices el «No a la guerra». Siempre hemos rechazado la guerra como instrumento para el logro de objetivos políticos. Siempre hemos defendido unas relaciones internacionales basadas en reglas, basadas en normas; unas relaciones internacionales con instituciones; unas relaciones internacionales basadas en el multilateralismo; unas relaciones internacionales en las que las diferencias se gestionen con el diálogo, la negociación y el pacto. Pero, señorías, la historia nos enseña — y hoy en día tenemos buena muestra de ello— que la seguridad duradera no se basa solo en la diplomacia, sino que también debe apoyarse en una capacidad de fuerza disuasoria. Una fuerza orientada no a la agresión, sino a la disuasión, porque la capacidad de una defensa fuerte disuade a posibles agresores y garantiza la paz mediante la capacidad de, como les decía, proyectar fuerza si es necesario. Idea esta que se resume en la paradoja latina si vis pacem, para bellum — si quieres la paz, prepárate para la guerra—. Máxima latina, señorías, que creemos no se contrapone, como a veces se sugiere, con el si vis pacem, para pacem — si quieres la paz, prepárate para la paz—, sino que esta juega como principio que modula y condiciona o en el que flota aquella otra máxima latina. Porque, señorías, la neutralidad no es una condición que se elige; la realidad también nos enseña que tiene que ser consentida por el potencial agresor y solo y exclusivamente desde la consideración de sus propios intereses. Y en este marco, señorías, de comprensión de la realidad y del tiempo que nos está tocando vivir, consideramos que la inversión en seguridad y defensa es tan necesaria como la inversión en estado de bienestar; son hoy en día caras de la misma moneda. Como igualmente necesaria es la pertenencia a estructuras que proyectan una capacidad disuasoria de fuerza, insisto, no orientada a la agresión, sino a la disuasión. Como también es una necesidad perentoria coadyuvar a que la Unión se dote lo más pronto posible con capacidades disuasorias suficientes para proyectar seguridad a la par que contribuir a la paz mundial. Por lo dicho, por lo expuesto, señorías de Podemos, el «No a la guerra» de nuestro grupo parlamentario vasco, de nuestro partido político, no nos conduce a las propuestas de su moción. Nada más y muchas gracias.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Gracias, presidenta. Señorías, en Euskal Herria Bildu compartimos el fondo de la moción que trae hoy el Grupo de Podemos. Es cierto que la situación mundial de tensionamiento, de agresiones unilaterales, de violación del derecho humanitario y también del derecho internacional nos preocupa, nos alarma y creemos que hay que denunciar la situación que se está dando. De igual forma, creemos que el Gobierno, en este caso el Gobierno de España, debe tener una actitud activa. Es cierto que en muchos casos la está teniendo, y es innegable, además, que particularmente el presidente Sánchez está teniendo un protagonismo a nivel internacional, pero creemos que ello tiene que traducirse también en medidas concretas en todos y en cada uno de los conflictos y llevando al fondo eso que, en ocasiones, se suele decir por parte del Gobierno: la autonomía estratégica de la Unión Europea, que compartimos, pero creemos que hay que fijarlo sobre un papel y hay que tomar medidas mucho más concretas, como sí toman en otros asuntos. Uno de los motivos del tensionamiento internacional es innegable que está siendo cometido por la Administración Trump; lo vimos en Venezuela y lo hemos visto en Irán; de igual forma, estamos viendo el boicot, la presión, el embargo que está desarrollando, que está llevando a cabo contra el pueblo cubano; y también lo hemos visto con las amenazas contra Groenlandia, un territorio perteneciente a un Estado de la Unión Europea como es Dinamarca. Unos hechos, a todas luces, intolerables; además, acompañados de amenazas, de aranceles y de imposiciones de gasto en defensa a aliados de la OTAN. Y, si tenemos en cuenta que ese Estado es el primero, el más fuerte de esa alianza, creemos que todo esto debe llevar a una reflexión como decíamos antes. ¿Es la autonomía estratégica la solución? Creemos que debe ahondarse en ella. Lo que es un sinsentido es seguir defendiendo la pertenencia a la OTAN y no hacer una reflexión de fondo. Euskal Herria, el pueblo vasco, ya dijo hace cuarenta años no a la OTAN. No nos hace falta a nosotros y a nosotras otro referéndum, ya lo dijo el pueblo vasco alto y claro. Somos el pueblo de Guernica. No aceptamos esa alianza hace cuarenta años y no la aceptamos ahora. Ahora bien, si se diera un referéndum, seguiríamos insistiendo en lo mismo. De igual forma, no solamente creemos que es absurdo el 5 % de gasto en defensa, como defiende la Administración Trump, también, también nos posicionamos en contra del aumento al 2 % que ha defendido este Gobierno. En lo que se debe invertir es en diplomacia, en negociación, en cooperación internacional; esto es, en prevenir los conflictos y utilizar la negociación y el diálogo para resolverlos y nunca nunca la guerra y el conflicto. Me gusta y reconozco que está bien traída la propuesta que hacen de recoger aquel artículo 6 de la Constitución de 1931 cuando decía que no acudirá a la guerra como política nacional, una copia de la declaración de Briand-Kellogg de tres años antes de esa Constitución. Es cierto que para nosotros — Euskal Herria Bildu, como formación independentista— esto de fomentar la inclusión de un artículo en la Constitución española, nos guste más, como es este caso, o nos guste menos, como puede ser en otros, nos queda un poco al margen. Es cierto y hay que reconocerlo también, señoras y señores de Podemos, que esta moción — de la que compartimos el fondo— está escrita desde un punto de vista muy hispanocéntrico, muy de Madrid. A nosotros y a nosotras nos queda un poco lejana. Ya digo que compartimos el fondo, pero la redacción y las propuestas que hace nos quedan un poco lejanas. Sin más, ya digo que apoyaremos la moción. Gracias. Eskerrik asko. .

Isidre Gavin i Valls JxCAT-JUNTS

Bona tarda, senyores i senyors diputats, senyora presidenta. Aquesta moció del Grup de Podemos, amb quatre punts, demana, en el seu primer: convocar un referèndum sobre la permanència d’Espanya a l’OTAN. I ja que ells han fet una referència al senyor Felipe González de fa 45 anys enrere, jo em permeto la llicència de dir: d’entrada, no. Només llegint el primer punt ja nosaltres diem d’entrada no. Sí que és veritat que avui debatem una moció en un context crític. L’augment dels conflictes bèl·lics del món, inestabilitat creixent, el desmoronament del món basat en regles que coneixíem de no fa gaire i, des de Junts, volem dir clar des del primer moment: no avalem tot això que està passant. No ho avalem, no som acrítics, no ens agraden molts dels fets que veiem, ni la manera de com es produeixen determinades decisions a escala internacional, entre altres coses perquè es prenen de forma unilateral i, entre altres coses, perquè es prenen en forma d’agressions militars i violentes que provoquen morts de civils, danys i víctimes, també víctimes de cooperants i de personal d’assistència de les víctimes per part d’organitzacions neutrals i independents i, a més, perjudica també a la gent d’aquí, a l’economia d’aquí, el cost de l’energia i a tantes altres coses. No és admissible el que estem vivint, no ho compartim. Però la resposta a aquesta situació no pot ser la ruptura unilateral d’aliances estratègiques des del nostre punt de vista. La moció que presenta Podemos planteja una proposta aparentment contundent, però que és profundament irresponsable a la nostra manera de veure: abandonar aliances, trencar estructures multilaterals com si en matèria de defensa es pogués anar per lliure. No és realista ni responsable. Quan el món democràtic clama pel retorn a la multilateralitat, vostès proposen sortir d’una organització multilateral de primer ordre. La seguretat avui és compartida, és interdependent. Cap país europeu pot garantir la seva seguretat en solitari. I nosaltres no estem aquí per fer discursos fàcils. Estem aquí per dir el que pensem que és la veritat. La veritat és que el món no és més segur si trenquem aliances defensives. És al revés. Trencar aliances no ens fa més forts. I per cert, ens agradaria poder parlar una miqueta de l’OTAN. Parlem de l’OTAN. Què és l’OTAN? L’OTAN és una aliança defensiva — defensiva, no agressiva— i es basa en la força de dissuasió. I evidentment que estem allunyats del seu posicionament, està clar! Per a vostès la dissuasió és provocar guerres. No, no, perdoni. Cap dels conflictes bèl·lics que hi ha ara els ha provocat l’OTAN, eh? Buenas tardes, señoras y señores diputados, señora presidenta. Esta moción del Grupo Podemos, con cuatro puntos, pide en el primero convocar un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Y ya que ellos han hecho una referencia al señor Felipe González de hace cuarenta y cinco años, yo me voy a permitir la licencia de decir que, de entrada, no. Solo leyendo el primer punto, nosotros decimos que, de entrada, no. Sí es cierto que hoy debatimos una moción en un contexto crítico: el aumento de los conflictos bélicos en el mundo, una inestabilidad creciente, el hundimiento del mundo basado en reglas que conocíamos hasta hace poco. En Junts queremos decir claro desde el primer momento que no avalamos todo lo que está ocurriendo. No lo avalamos. No somos acríticos, no nos gustan muchos de los hechos a los que asistimos por la forma como se producen ciertas decisiones a escala internacional, porque se toman, entre otras cosas, de forma unilateral y también en forma de agresiones militares y violentas que provocan muertes de civiles, daños y víctimas, también víctimas cooperantes y personal de asistencia de las víctimas de organizaciones neutrales e independientes. Además, esto también perjudica a la gente de aquí, a la economía, al coste de la energía y a muchas otras cosas. No es admisible lo que estamos viviendo. No lo compartimos. Pero la respuesta a esta situación no puede ser la ruptura unilateral de alianzas estratégicas. Bajo nuestro punto de vista, la moción que presenta Podemos plantea una propuesta aparentemente contundente, pero es profundamente irresponsable, según nos parece, abandonar alianzas y romper estructuras multilaterales como si en materia de defensa se pudiera ir por libre. No es realista ni responsable. Cuando el mundo democrático clama por el retorno a la multilateralidad, ustedes proponen salir de una organización multilateral de primer orden. La seguridad hoy es compartida, interdependiente. No hay ningún país europeo que pueda garantizar su seguridad en solitario. Nosotros no estamos aquí para hacer discursos fáciles, estamos aquí para decir lo que pensamos que es la verdad. La verdad es que el mundo no es más seguro si rompemos alianzas defensivas, es al revés. Romper alianzas no nos hace más fuertes. Por cierto, nos gustaría poder hablar un poco de la OTAN. Hablemos de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es una alianza defensiva. Una alianza defensiva, no agresiva (la señora Belarra Urteaga hace gestos negativos) que se basa en la fuerza de la disuasión. Evidentemente que estamos lejos de su posicionamiento, está claro. Para ustedes la disuasión es provocar guerras. . No, no, perdone. Ninguno de los conflictos bélicos que existen ahora los ha provocado la OTAN…,

Isidre Gavin i Valls JxCAT-JUNTS

Gràcies. …una organització amb una estructura civil i un militar, amb 32 països membres que pren les decisions per consens. Som conscients vostès d’això? que prenen les decisions per consens. Qui hi ha dins l’OTAN? Hi ha el món democràtic occidental, el que basa els seus principis en la democràcia i en el respecte als drets humans, amb tots els defectes que vostès vulguin. Com els he dit, l’OTAN no ha començat cap dels conflictes que hi ha ara, ni un de sol. Al contrari. Els països més avançats d’Europa i del món, els que la gent de Junts ens hi volem emmirallar, els del nord d’Europa — i jo em permeto dir que també Catalunya és un país que s’emmiralla en aquests països— com Suècia i Finlàndia, han demanat l’entrada a l’OTAN quan s’han vist amenaçats per Rússia veient la invasió d’Ucraïna, perquè hi hagi una defensa compartida. És més, l’OTAN és també un model d’eficiència perquè els recursos en defensa siguin compartits i un exemple de solidaritat, doncs, es basa en que si s’ataca un dels seus membres, els altres els ajuden a defensar-se. És més, necessitem més defensa europea i més compartida i més forta i més ambiciosa. Per cert, tot el que fa olor als Estats Units per vostès els genera molts problemes, però no els veig tan motivats amb l’imperialisme violent de Rússia, amb la invasió d’Ucraïna que ha generat tants morts civils. Ni tampoc amb el tancament en camps d’ensinistrament dels kurds per part de la Xina o la invasió i colonització del Tibet, entre altres coses. Deu ser molt progre anar contra Estats Units, però no deu ser progre anar contra Rússia o contra Xina. Potser és això, eh? Des de Junts defensem una política d’aliances, forces basades en normes, en valors, en diàleg i per això no compartim aquesta moció. El món no està per eslògans i aquí sí que els hi dono la raó. El eslògan de «No a la guerra» del senyor Sánchez és hipòcrita perquè, com vostès diuen, amb un punt de la moció el senyor Sánchez diu no a la guerra, però no tanca les bases americanes. Doncs bé, el món no està per eslògans. Junts està per decisions responsables i avui votar en contra d’aquesta moció és actuar amb responsabilitat. I si volen fer referèndums, per cert, nosaltres en volem fer un sobre la independència de Catalunya. Gracias. … una organización con una estructura civil y una militar, con treinta y dos países miembros, que toma las decisiones por consenso. ¿Son conscientes ustedes de ello? . Se toman las decisiones por consenso. ¿Quién está dentro de la OTAN? El mundo democrático occidental, el que basa sus principios en la democracia y el respeto a los derechos humanos, con todos los defectos que ustedes quieran. Como le he dicho, la OTAN no ha dado comienzo a ninguno de los conflictos que están en pugna en estos momentos; ni a uno. Al contrario, los países más avanzados de Europa y del mundo, en los que nos queremos mirar como ejemplo nosotros — yo quiero decir que Cataluña también los mira como ejemplo—, países como Suecia o Finlandia han pedido la entrada en la OTAN cuando se han visto amenazados por Rusia ante la invasión de Ucrania para que haya una defensa compartida. Es más, la OTAN es también un modelo de eficiencia para que los recursos en defensa sean compartidos. Es un ejemplo de solidaridad, puesto que se basa en que si se ataca a uno de sus miembros, los demás le ayudarán a defenderse. Es más, necesitamos más defensa europea y más compartida, más fuerte y más ambiciosa. Por cierto, todo lo que huele a Estados Unidos a ustedes les genera muchos problemas, pero no les veo tan motivados con el imperialismo violento de Rusia ante la invasión de Ucrania, que ha generado tantas muertes civiles. Tampoco con el cierre en campos de formación o de reeducación de los uigures en China. Será muy progre ir contra Estados Unidos, pero no tanto contra Rusia y contra China. Quizás sea eso. En Junts defendemos una política de alianzas fuertes basadas en normas, en valores, en diálogo, y por ello, no compartimos esta moción. El mundo no está para eslóganes. Ahí sí les doy la razón. El eslogan del «No a la guerra» del señor Sánchez es hipócrita porque, como ustedes dicen en un punto de la moción, el señor Sánchez dice no a la guerra, pero no cierra las bases estadounidenses. Pues bien, el mundo no está para eslóganes. Junts está a favor de decisiones responsables y hoy votar en contra de esta moción es actuar con responsabilidad. Y si quieren hacer referéndums, por cierto, nosotros también queremos celebrar uno sobre la independencia de Cataluña.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

Presidenta, senyories, bona tarda de nou. És una evidència clara que vivim en un món convuls. M’agradaria utilitzar una referència pop. Hi ha una sèrie nord-americana dels anys seixanta que es deia Twilight Zone. Estem en una veritable dimensió desconeguda de la política internacional. Però deixin-me dir també alguna bona notícia: El futur no està escrit. El futur no està escrit. Tenim darrerament una notícia interessant: Orbán no va guanyar Hongria. Això és una bona notícia. La ultradreta no va aconseguir el que aspirava als Països Baixos. Això és una bona notícia. Nova York té un alcalde progressista claríssimament actiu en les polítiques socials. Això també és una bona notícia. Són bones notícies en un món certament convuls. Diré una altra bona notícia: divendres passat, a França, una quarantena d’estats es van conjurar, diguem-ho així, contra la política exterior dels Estats Units. No és cap broma, una quarantena d’estats. I penso, senyories, que cal anar en aquesta línia. Hem de reforçar els consensos europeus per fer que Europa sigui realment una entitat autònoma de les grans potències, que tingui com a eixos centrals el respecte al dret internacional i el multilateralisme. Ja veuen on hem arribat. Hem de defensar qüestions que fa deu anys ningú discutia: el dret internacional i el multilateralisme. Cal reforçar, en aquest sentit, el rol internacional d’Europa, de la Unió. Perquè si la Unió és capaç de fer això, podem atreure d’altres democràcies, potències mitjanes, que no es volen veure arrossegades en un món dibuixat pel fatalisme de Rússia, de Xina i dels Estats Units. Aquestes tres potències — repeteixo, Xina, Rússia i els Estats Units— volen dibuixar un món de suma zero. I aquest món, als europeus no ens agrada. No ens interessa. Permetin-me que faci esment al darrer informe d’Amnistia Internacional, conegut fa poques hores. Amnistia Internacional, suposo que per la majoria de la cambra, potser no per les senyories de la ultradreta, però suposo que per la majoria, Amnistia Internacional és una referència. Doncs bé, en el seu informe anual parla exactament d’un nou ordre internacional depredador, depredador. Senyories al terme depredador, que en zoologia és molt clar, en política és tremendament horrible. Un nou ordre internacional depredador i el signifiquen en tres fotos: Donald Trump, Putin, Vladimir Putin i Benjamin Netanyahu. Si la política internacional és depredadora, es deu a decisions que han pres, repeteixo, Donald Trump, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu. I, evidentment, el Grup Republicà estem en contra d’aquest món de depredació, perquè aquest món que es dibuixa és un món que vol acabar amb els drets humans, vol implantar l’hegemonia a través de la força i vol establir com a base de les negociacions entre els estats l’arbitrarietat autoritària. I amb això no només ens carreguem el món construït des de l’any 1945, si no que ens carreguem, senyories, qualsevol esperança de futur. Mirin per nosaltres, els republicans, que som un partit que ve de lluny i que, com sempre diem, hem conegut moltes formes del feixisme i ens hi hem enfrontat, l’únic camí per a Europa és mantenir seguretat i defensa sense trencar el pacte social, perquè la primera seguretat comença amb la feina de les persones, amb l’habitatge, amb la salut i amb l’educació. Si no hi ha tot aquest bloc social, no té cap sentit parlar de les altres defenses. I evidentment, cal també pensar en una seguretat estratègicament construïda. Per això pensem que la millor manera de superar les mancances de l’Aliança Atlàntica és caminar cap a un exèrcit europeu, mancomunar la despesa en armament, impulsar una industrialització d’Europa de caràcter dual, amb intel·ligència i tenint en compte l’economia verda. I senyories, deixar d’externalitzar productes essencials per les capacitats de defensa que en aquest moment ens afebleixen com a europeus. Acabo, presidenta. Per al Grup Republicà, el sentit del no a la guerra és un sentit positiu de construcció de la pau, reconstrucció del dret internacional, del multilateralisme i del diàleg com a forma de negociació contra el nou autoritarisme post-democràtic. Gràcies. Presidenta, señorías, buenas tardes de nuevo. Es una evidencia clara que vivimos en un mundo convulso. Me gustaría utilizar una referencia pop: hay una serie norteamericana de los años 60 que se decía Twilight Zone. Estamos en una dimensión desconocida de la política internacional. Pero también déjenme darles una buena noticia: el futuro no está escrito. Tenemos últimamente una noticia interesante: Orbán no ganó en Hungría. Esto es una buena noticia. La ultraderecha no consiguió a lo que aspiraba en los Países Bajos, y esto también es una buena noticia. Nueva York tiene un alcalde progresista clarísimamente activo en políticas sociales, y esto también es una buena noticia. Son buenas noticias en un mundo convulso. Daré otra buena noticia: el viernes pasado en Francia, una cuarentena de Estados se conjuraron — digámoslo así— contra la política exterior de Estados Unidos. Se conjuraron — no es broma— unos cuarenta Estados. Y pienso, señorías, que debemos ir en esta dirección, reforzar los consensos europeos para hacer que Europa sea realmente una entidad autónoma de las grandes potencias, que tenga como ejes centrales el respeto al derecho internacional y al multilateralismo. Ya ven dónde hemos terminado, defendiendo cuestiones que hace diez años nadie discutía: el derecho internacional y el multilateralismo. Debemos reforzar en este sentido el rol internacional de Europa, de la Unión, porque, si la Unión es capaz de hacerlo, podremos ver que otras potencias medianas, que otras democracias no quieren verse arrastradas en un mundo dibujado por el fatalismo de Rusia, de China y de los Estados Unidos. Estas tres potencias — repito, China, Rusia y Estados Unidos— quieren dibujar o trazar un mundo de suma cero. Y este mundo, a los europeos no nos gusta, no nos interesa. Permítanme que mencione el último informe de Amnistía Internacional, conocido hace pocas horas. Amnistía Internacional supongo que, para la mayoría de la Cámara, no para las señorías de la ultraderecha, es una referencia. Pues bien, en su informe anual habla exactamente de un nuevo orden internacional depredador. Depredador, repito. Señorías, el término «depredador» está muy claro en otros campos, pero en política es tremendamente terrible, un nuevo orden internacional depredador. Y lo significan con tres fotografías: Donald Trump, Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu. Si la política internacional es depredadora, se debe a decisiones que han tomado — repito— Donald Trump, Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu. Y, evidentemente, el Grupo Republicano está en contra de este mundo depredador. Porque este mundo que se dibuja es un mundo que quiere terminar con los derechos humanos, implantar la hegemonía a través de la fuerza y establecer como base de las negociaciones entre los Estados la arbitrariedad autoritaria. Con esto no solo nos cargamos el mundo construido desde el año 1945, sino que nos cargamos, señorías, cualquier esperanza de futuro. Miren, para nosotros, los republicanos — que somos un partido que viene de lejos y que, como siempre decimos, hemos conocido muchas formas del fascismo y nos hemos enfrentado a él— el único camino para Europa es mantener la seguridad y la defensa sin romper el pacto social. Porque la primera seguridad empieza con el trabajo de las personas, con la vivienda, con la salud y con la educación. Si no tenemos todo este bloque social, no tiene ningún sentido hablar de las otras defensas y, evidentemente, también es necesario pensar en una seguridad estratégicamente construida. Por ello, pensamos que la mejor manera de superar las faltas de la Alianza Atlántica es caminar hacia un ejército europeo, mancomunar el gasto, impulsar una industrialización de Europa de carácter dual, con inteligencia y teniendo en cuenta la economía verde, y, señorías, dejar de externalizar productos esenciales para las capacidades de defensa, que en este momento nos debilitan como europeos. Termino, presidenta. Para el Grupo Republicano el sentido del no a la guerra es un sentido positivo de construcción de la paz, reconstrucción del derecho internacional, del multilateralismo y del diálogo como forma de negociación contra el nuevo autoritarismo posdemocrático. Gracias. .

Txema Guijarro García SUMAR

Presidenta. Señorías, buenas tardes a todas. Esta moción presenta un argumento de fondo… .

Txema Guijarro García SUMAR

Gracias, presidenta. Decía que esta moción presenta un argumento de fondo contundente: aquel que apela a la caducidad del tiempo objetivo, al hecho de que apenas una quinta parte del cuerpo electoral español actual tuvo la ocasión de manifestarse políticamente, allá por el año 1986, sobre la pertenencia de nuestro país a la OTAN, así como sobre el establecimiento y uso de bases militares norteamericanas en nuestro territorio. Efectivamente, cuarenta años después de tan señalada fecha, las cosas han cambiado mucho — yo diría que de manera extraordinaria— y por eso no solo podemos apelar a ese tiempo objetivo transcurrido, sino que debemos hacerlo también, y sobre todo, al tiempo histórico, a los episodios que han moldeado decisivamente la política de defensa y de seguridad de nuestro continente en todo este tiempo. A nuestro modo de ver, ha habido básicamente dos momentos definitorios. El primero de ellos comprende la caída del bloque soviético, la desintegración subsiguiente del Pacto de Varsovia y la expansión de la Alianza, cada vez más lejos del eje atlántico, sobre el que se supone que pivotaba hacia la Europa oriental. La transfiguración completa del orden establecido en nuestro continente tras la Segunda Guerra Mundial quedó así nuevamente dislocada — por decirlo de alguna manera— en la medida en que la integración político-económica de los países del Este quedó en manos de Bruselas, mientras que su integración en la estructura de defensa y de seguridad continental se diseñó en los despachos del Departamento de Estado y del Pentágono en Washington. Es decir, muy lejos de aquí. . Demasiado lejos como para compartir una misma perspectiva sobre los riesgos y las amenazas reales que enfrentamos. En todo caso, fue así como el hermano mayor norteamericano fue expandiendo el club. . Es que no me oigo.

Txema Guijarro García SUMAR

Gracias, presidenta. Decía que demasiado lejos como para compartir una misma perspectiva sobre los riesgos y las amenazas que enfrentamos. En todo caso, fue así como el hermano mayor ha ido expandiendo el club tras las preceptivas consultas con sus socios europeos, que dieron acríticamente por buena la externalización de su política de defensa, pese a que esto incumplía flagrantemente los acuerdos Bush-Yeltsin para la no expansión de la OTAN de los años 1991 y 1992. Por tanto, podríamos decir que este primer momento se caracteriza por el protagonismo absoluto — yo diría que casi asfixiante— de los Estados Unidos en la definición de nuestra política de seguridad continental. Sin embargo, el 17 de noviembre del año 2011, el entonces presidente Barack Obama declaró en un hoy ya famoso discurso pronunciado en Canberra, Australia, que el eje Asia-Pacífico pasaba a ser — decía él literalmente— su máxima prioridad. Muy pocos dieron relevancia entonces a estas palabras. En realidad, el señor Obama estaba anunciando el inicio de un nuevo y segundo momento histórico, aquel en el que los Estados Unidos comenzaron a reubicarse en el mapa donde operan China, India y el 60 % de la población de todo el planeta, que es en Asia. Es decir, aquel en el que los problemas europeos — a ojos del hegemón norteamericano— pasaron a segundo o tercer plano. Ciertamente, el actual inquilino de la Casa Blanca ha seguido esta lógica de manera grosera en los últimos tiempos, pero no deja de ser una manifestación esperpéntica y degenerada de una corriente que viene de lejos. Así ha ocurrido, esa política de seguridad continental diseñada en Washington no ha impedido, señorías, más bien ha abonado, una guerra en nuestro continente; guerra de la que ahora, por cierto, se desentienden los Estados Unidos, que tienen — parece ser—, en estos momentos, otras prioridades como incendiar, por ejemplo, el Medio Oriente y provocar así una crisis energética mundial o armar hasta los dientes a un Gobierno genocida, como es el israelí. Tampoco le ha faltado tiempo al señor Trump para amenazar con invadir militarmente el territorio de un país europeo. Pero, desde luego, la puntilla definitiva fue su rechazo al cumplimiento del artículo 5 del Tratado de Defensa Mutua, a su pilar esencial. Incluso, el señor Trump llegó a animar hace poco a Rusia a atacar a aquellos países europeos — decía él— que no pagaran su parte justa. El señor Trump animando a los rusos a atacar Europa. Señorías, si esto no es la defunción oficiosa, la muerte inexorable o el final agonizante de la OTAN, que venga Dios y lo vea. La OTAN ha muerto, señorías. Cuanto antes nos percatemos de ello, cuanto antes le demos digna sepultura; más pronto podremos afrontar los retos que se nos presentan aquí y ahora y que son sustancialmente diferentes a los de hace ya casi medio siglo. Por tanto, señorías de Podemos, votaremos, evidentemente, a favor de su moción, aun cuando su propuesta de referéndum para la permanencia en la OTAN nos resulta algo extemporánea y, si me apuran, carente de ambición y de radicalidad. No tiene ya demasiado sentido consultar a nuestro pueblo sobre la pertenencia a una organización caducada. Lo mejor que puede hacer nuestro Gobierno hoy es trabajar conjuntamente con nuestros socios europeos para cortar los lazos que aún nos hacen dependientes de la tecnología militar norteamericana. Así que, señorías, yo diría: Auf Wiedersehen, goodbye, adieu, adiós, OTAN. El último, que apague la luz. .

Jacobo González-Robatto Perote VOX

Señorías, la moción que hoy debatimos parte de un error de enfoque y, de ese error, nacen todas las conclusiones. Hablar de rearme criminal no es describir una realidad, es imponer una consigna. Cuando en un asunto tan serio como es la defensa nacional se sustituye un análisis por un eslogan, el resultado suele ser el mismo: confusión, frivolidad y una peligrosa renuncia a entender el mundo tal y como es. Señorías, todos deseamos la paz, quizá, menos sus socios, a los que simplemente les es más rentable ahora. Precisamente por eso, conviene hablar con rigor. La paz no consiste en cerrar los ojos ante las amenazas; la paz no consiste en proclamar buenas intenciones mientras otros se preparan, sería como taparse detrás de una sábana como un niño pequeño para que no le ataquen los monstruos; la paz tampoco consiste en debilitar naciones libres con la esperanza de que quienes las amenazan se vuelvan razonables de la noche a la mañana. La paz exige prudencia, la paz exige fortaleza, dos virtudes cardinales que nos presiden hoy en el Congreso de los Diputados, y la paz también exige capacidad de disuasión. España forma parte de la OTAN desde 1982 y nuestras Fuerzas Armadas participan hoy en misiones internacionales, junto a nuestros aliados, en operaciones de seguridad, estabilidad y defensa. Eso no responde a ningún capricho ideológico, sino a una realidad estratégica y al deber del Estado de proteger sus intereses y contribuir a una seguridad común. . Esta moción no plantea una reflexión prudente sobre cómo debe defenderse España, plantea otra cosa: una retirada política, estratégica y moral, una retirada de nuestras alianzas, de nuestra capacidad de influencia y de una responsabilidad internacional y, en el fondo, la retirada de la idea de que una nación tiene el derecho y el deber de defenderse. Eso es lo que implica cuestionar nuestra permanencia en la OTAN, es lo que implica pretender poner fin a un convenio de cooperación de defensa con Estados Unidos que da cobertura jurídica a instalaciones de enorme relevancia estratégica, como son Rota y Morón, que implica rechazar cualquier incremento de capacidades militares en un contexto internacional objetivamente más inestable. Señorías, no conviene engañar a los españoles, la defensa, desde luego, no es un lujo ni una extravagancia presupuestaria ni un residuo del pasado, es todo lo contrario, una función esencial del Estado. Es tan esencial como garantizar la ley, como proteger nuestras fronteras y como asegurar la continuidad de los servicios básicos cuando llegan las crisis. Además, invertir en defensa no significa solo adquirir capacidades militares. Aquí conviene detenerse en una falsa disyuntiva que aparece una y otra vez, la de elegir entre defensa y bienestar; la de enfrentar seguridad con sanidad; la de presentar el esfuerzo de defensa como si fuera incompatible con hospitales, con educación o con servicios públicos. Ese maniqueísmo es completamente infantil, es un planteamiento profundamente equivocado, porque la realidad no compite con el bienestar. La seguridad, de hecho, lo hace posible. Sin seguridad, señorías, tampoco hay servicios públicos a los que proteger frente a las amenazas que pueden ponerlos en riesgo. Por eso, el debate serio no es si queremos la paz o queremos la guerra, sino que es si queremos vivir en una nación capaz de defender su libertad, su territorio, sus ciudadanos y su modo de vida. . VOX lo tiene claro: queremos una España fuerte, una España con unas Fuerzas Armadas respetadas en todos los rincones de la nación, una que cumpla con sus obligaciones internacionales sin complejos y conforme al interés nacional y, sobre todo, queremos que en esta Cámara se hable de la materia con la seriedad que merece, porque uno puede elegir a sus amigos, pero muchas veces no elige a sus enemigos, sino que son ellos quienes eligen a uno. Cuando esto sucede, lo responsable no es improvisar, no es desarmarse, no es refugiarse en consignas; lo responsable, señorías, es estar preparado. Esa es la idea esencial con la que quiero terminar, que la defensa no es una opción secundaria, no es una partida prescindible, no es una cuestión en absoluto accesoria; es una condición necesaria para todo lo demás, para la libertad, para la soberanía, para la prosperidad, para la continuidad de la nación y, también, sí, para que existan hospitales, escuelas y servicios públicos y que pueda seguir funcionando todo con paz y seguridad. En cuanto a la democracia a la que tanto apelaba la señora Belarra, queremos preguntarle a qué democracia se refiere, si es a la que les ha dado un total de cero escaños en las últimas seis elecciones o a la democracia clásica de los partidos comunistas, a base de violencia y miedo y que, desde luego, de democracia no tiene nada. . Con esto, señorías, si ustedes quieren que haya democracia de verdad, deberían invertir en defensa. Muchas gracias. .

José Antonio Rodríguez Salas PSOE

Muchas gracias, señora presidenta. Señora Belarra, el único líder que ha sido capaz de decir no a la guerra se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón. . Después de Pedro Sánchez Pérez-Castejón han ido el resto de los líderes del mundo, pero el primero ha sido Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Subo a esta tribuna para expresar el posicionamiento desfavorable de mi grupo parlamentario frente a la moción presentada por el Grupo Mixto. Aunque el título de su iniciativa habla de abandonar la guerra, lo que ustedes proponen en realidad es abandonar la responsabilidad, la coherencia y la seguridad de todos los españoles. Ustedes piden un referéndum como si España estuviera en la OTAN por accidente. Olvidan que nuestra integración ha sido un proceso gradual y democráticamente refrendado. España es parte de la Alianza desde el año 1982, una decisión ratificada por la voluntad soberana del pueblo español en el referéndum del año1986 y completada en el año1999 con nuestra incorporación a la estructura militar integrada. Hoy la OTAN es el centro de gravedad de nuestra defensa colectiva. En un escenario de creciente inestabilidad, la Alianza garantiza nuestra protección mediante la disuasión y la gestión de crisis bajo un enfoque de 360 grados que asegura cada palmo de nuestro territorio. Renunciar a esto no nos haría más pacíficos, nos haría más vulnerables. Ustedes critican el convenio de cooperación con los Estados Unidos, pero esto se rige por el respeto estricto a la legalidad internacional y al ejercicio pleno de nuestra soberanía. España cumple con sus tratados, pero no firma cheques en blanco, señora Belarra. Como prueba de nuestra autonomía, este Gobierno ha tomado decisiones de relevancia estratégica bajo un criterio de estricta legalidad. Hemos prohibido expresamente el uso de las bases de Rota y Morón, así como de nuestro espacio aéreo, para operaciones unilaterales que España considera contraria al ordenamiento internacional. Las bases no son enclaves ajenos, son activos de seguridad compartida que operan bajo el control y la ley española. Estas bases constituyen hoy un instrumento útil para la protección de los intereses españoles y europeos y, especialmente, en el flanco sur de la Alianza, donde se gestionan desafíos reales como el terrorismo, la piratería, la seguridad marítima o los flujos migratorios. Romper unilateralmente un tratado internacional vigente no es, a nuestro juicio, la mejor manera de defender la soberanía ni de contribuir a la estabilidad regional. Hablan de rearme criminal, frente a lo que es, en realidad, un ejercicio de responsabilidad y autonomía estratégica. En el año 2025, España ha alcanzado finalmente el 2 % del PIB en inversión en defensa, cumpliendo con nuestros compromisos internacionales. Señorías, esta inversión no es un gasto vacío. Está orientado a lo siguiente: generar capacidades reales para proteger nuestras libertades y asegurar la paz, dinamizar nuestra industria, creando empleo de alta cualificación y reforzando nuestra base tecnológica, fortalecer la Europa de la defensa para que nuestra autonomía no dependa de terceros, sino de nuestra propia robustez industrial y operativa. Señorías, quiero aprovechar esta tribuna para ofrecer todo el apoyo de este grupo parlamentario a una empresa que ha sido señalada por Rusia, Oesía, una empresa que preside un empresario que se llama Luis Furnells, y al que aprovecho para darle todo nuestro apoyo. . Nuestras Fuerzas Armadas realizan decenas de misiones de paz, estabilización y ayuda humanitaria bajo mandato de Naciones Unidas. La Unión Europea y la propia OTAN merecen contar con los medios adecuados para cumplir esas misiones con seguridad y eficacia. La defensa es un bien público, esa es la garantía de los derechos y el bienestar de la ciudadanía. Finalmente, proponen una reforma constitucional para renunciar a la guerra. Señorías, eso es redundante e innecesario. El principio de renuncia al uso de la fuerza ya forma parte de nuestro ordenamiento interno a través del artículo 96.1 de nuestra Constitución. Como miembro de las Naciones Unidas, España ya asume de forma vinculante la obligación de resolver controversias por medios pacíficos y proscribe el uso de la fuerza contra la integridad de cualquier Estado. No necesitamos cambiar la ley, necesitamos la capacidad para que esa ley se respete. España es un país serio que cree en el multilateralismo, en la paz y en el derecho internacional. Somos un Gobierno firme defensor de la paz, pero de una paz con responsabilidad, no de una paz ingenua, que deje más vulnerables a nuestro país y a nuestros aliados. No vamos a desmantelar nuestra arquitectura de seguridad para volver a un aislacionismo que nos deje absolutamente irrelevantes. Porque, como decía Eleanor Roosevelt — y quiero que se quede usted, señora Belarra, con esta frase de Eleanor Roosevelt—, no basta con hablar de paz, hay que creer en ella, y no basta con creer en ella, hay que trabajar por ella. Y este Gobierno, señora Belarra, trabaja por la paz garantizando la seguridad y cumpliendo con sus compromisos internacionales. Por todo ello, votaremos no a su propuesta. Muchas gracias. .

Agustín Conde Bajén PP

Señorías, nos ha quedado claro que a la señora Belarra no le gusta la OTAN ni le gustan los Estados Unidos. A los diputados y a las diputadas del Grupo Popular nos gusta la OTAN y nos gustan los Estados Unidos. . En esta intervención trataré de explicar por qué suceden ambas cosas. Señorías, la OTAN ha rendido un servicio impagable a la causa de la libertad en Europa. Cuando la bota criminal del comunismo invadió medio continente y asoló países como Polonia, como media Alemania, como Hungría, como Bulgaria, como la República Checa, como Yugoslavia, solo la OTAN fue capaz de impedir que la bota genocida del comunismo se posara sobre el resto de nuestro continente. Ese comunismo tan bien representado por la señora Belarra, y no solo por la señora Belarra, sino por casi cuarenta diputados que componen esta Cámara. Es natural, por lo tanto, que la señora Belarra no tenga un buen concepto de la OTAN. Es natural, por tanto, que los que creemos en la democracia, los que defendemos la libertad individual, los que creemos en el Estado de derecho, en la dignidad de la persona, seamos tributarios de gratitud a una organización como la OTAN, que ha sido capaz de proteger estos valores en el suelo europeo. . Señorías, nos gustan los Estados Unidos. Nos gustan los Estados Unidos porque son el país en cuyo suelo pudo arraigar con más fuerza la semilla de la idea de la libertad individual; porque son el país contemporáneo con la democracia más antigua del mundo; porque son el país donde el Estado de derecho es sacrosanto; porque son el árbol frondoso bajo cuya sombra pudo crecer el mundo libre. . Precisamente porque los Estados Unidos representan todo eso, es natural que a la señora Belarra y a sus correligionarios comunistas no les gusten los Estados Unidos. . Es evidente que no todo lo que han hecho o hacen los Estados Unidos nos parece correcto y es evidente que no todo lo que dicen o hacen sus actuales gobernantes nos parece ni loable ni defendible. Pero, señorías… .

Agustín Conde Bajén PP

Gracias, señora presidenta. En el Grupo Popular sabemos distinguir entre los pueblos y sus gobernantes, sabemos distinguir entre los países y aquellos que los gobiernan, y esperamos que también en los Estados Unidos sepan que España es mucho mejor que el Gobierno corrupto y mentiroso que en este momento tenemos. . Con todos sus defectos, preferimos a los Estados Unidos frente a la Rusia de Putin, al régimen genocida de Irán, a la Venezuela de Maduro, a la Cuba de los hermanos Castro. Preferimos, sin duda, este país — los Estados Unidos— a todos aquellos que resultan ser los regímenes que alaban y que loan la señora Belarra y sus compañeros comunistas. Señorías, la señora Belarra nos ha querido hacer creer que está en contra de la guerra, pero no; está solo en contra de aquellas guerras que pueden perder sus correligionarios y está en contra de toda violencia que no sea la ejercida por sus correligionarios. El pacifismo de la señora Belarra es un pacifismo de oropel, es tan falso como Pedro Sánchez, es tan falso como el testimonio de la señora Armengol en el Tribunal Supremo. . Señorías, no vamos a apoyar la moción, no vamos a apoyar salir de la OTAN, porque la OTAN representa el paraguas de libertad que España defiende. No vamos a romper el Tratado de Amistad y Cooperación con los Estados Unidos, porque a lo que aspiramos, cuando dentro de unos meses gobernemos, es a restituir la amistad sincera con los Estados Unidos. . Y no vamos a pedir que los americanos salgan de Rota y Morón, porque España está mucho más segura con ellos dentro que fuera. Y sí, señora Belarra, al Partido Popular le importa la paz. El Partido Popular está por la paz, como toda persona decente está por la paz y en contra de la guerra. Pero sepan que hay una cosa peor que la guerra, que es la pérdida de libertad que usted representa. Muchas gracias. .