Pleno del Congreso n.º 183 · XV legislatura

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señora presidenta. Señor defensor, en primer lugar, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, queremos mostrar nuestro reconocimiento por el trabajo bien hecho y también, sobre todo, por sus últimas palabras, que nos parecen muy sensatas. Por otro lado, en Unión del Pueblo Navarro nos preocupa el incremento de la brecha en la desigualdad que se está generando en nuestro país. Las dos Españas, desde el punto de vista económico, son una triste realidad, y la solución no es el subsidio permanente. Nos parece también incomprensible, injustificado e inadmisible la falta de diligencia de la Administración a la hora de contestar y actuar ante las peticiones de los ciudadanos; vergonzoso en el caso de la dilación que se está produciendo a la hora de las valoraciones de la discapacidad y la dependencia. En otro orden de cosas, señor defensor del pueblo, coincidimos con usted en dos cuestiones que a nosotros nos han ocupado, preocupado y defendido en esta Cámara, que tienen relación con las víctimas del terrorismo. En primer lugar, la equiparación de las indemnizaciones, haya o no sentencia judicial, y, en segundo lugar, la necesidad de establecer sanciones a aquellos actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas, de lo cual el único responsable es el Gobierno, debido a su sumisión a Bildu. Por otra parte, señor defensor, nos ha llamado la atención que, con relación al establecimiento del tercer grado penitenciario, usted mismo afirme en su informe que se carece de un marco jurídico de seguridad. En cuanto a los españoles presos en el extranjero, nos gustaría preguntarle por qué no se hace ninguna referencia a los españoles secuestrados por la dictadura de Venezuela. Junto a ello, es evidente que hablar de sanidad es hacerlo de listas de espera; por ejemplo, señor defensor del pueblo, en Navarra son las más importantes y largas de la historia. Por otro lado, el acceso a la vivienda es un problema que, desde nuestro punto de vista, el Gobierno de España no ha sabido abordar. Todo lo contrario. En lugar de solucionarlo, lo ha empeorado, enfrentándose incomprensiblemente a las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la iniciativa social y el pequeño propietario, incluso sin solucionar el problema de la okupación. En definitiva, señor defensor, es un informe que es muy representativo ―y lo recoge perfectamente― de las desigualdades y atropellos que todavía padecen los ciudadanos en nuestro país. Esperemos que sirva de algo. Muchas gracias.

Néstor Rego Candamil BNG

Moi bo día. Moitas grazas, señora presidenta. Moi agradecido tamén ao defensor do pobo polo seu traballo e pola súa exposición deste informe, que evidencia que son moitos os problemas sociais e tamén grande o descontento que xeran. Estamos falando de case 40 000 queixas. Infelizmente non teño tempo para me referir a todas quero sintetizar nalgúns casos, a vivenda como unha das principais, se non hoxe a principal preocupación da cidadanía. É verdade que é competencia fundamental das comunidades autónomas mais tamén é certo que a administración do Estado ten aínda un papel moi importante nesta materia, no financiamento, no establecemento de normativa, — por exemplo, topes aos alugueres— que facilite o acceso á vivenda ou en pór todas as vivendas da SAREB a disposición das administracións competentes para posibilitar a existencia dun parque inmediato, ademais dun parque de vivenda, de vivenda pública. Cuestións como o descontento polo mal funcionamento da sanidade, consecuencia de décadas de recortes en que participaron tanto o Partido Popular como o Partido Socialista ou, por exemplo, o descontento que xera as dificultades para o acceso ás compensacións para as vítimas do amianto. Primeiro as queixas foron pola lentitude en cumprir a lei 22 que daba un prazo de dous anos para desenvolver o regulamento. Agora, unha vez aprobado este, o 483/2025 de 17 de xuño polas dificultades de xestión, polos criterios restritivos e polos importes de indemnización suficientes. Por caso, na Galiza as solicitudes aprobadas practicamente sitúanse en unha de cada seis. De 17 só 3 foron aprobadas até este momento. A violencia machista, a igualdade e non discriminación, a preocupación polos discursos de odio no deporte ou discriminación por ser migrantes, especificamente tamén ás persoas trans migrantes, polas dificultades que teñen e os problemas para rexistrarse, en cuestións como o funcionamento de correos, despregamento da fibra óptica no rural, a pasarela ao RETA. Efectivamente, a situación de Palestina ou as queixas polos abusivos prezos das facturas enerxéticas que, por certo, deberían servir para alertar ao goberno á necesidade de poñer en marcha, de prorrogar e poñer en marcha máis medidas fronte á crise provocada pola guerra dos Estados Unidos e de Israel contra Irán. E por último, só unha referencia ao profesorado, á xusta reclamación do profesorado no caso de Galiza. Son xa seis xornadas de folga e numerosas mobilizacións lideradas pola CIG-ensino para mellorar as condicións do servizo público e as condicións laborais do profesorado. Esperemos que o Estado, que o goberno teña en conta todas estas consideracións. Moito obrigado. Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Muy agradecido también al defensor del pueblo por su trabajo y por su exposición de este informe, que evidencia que son muchos los problemas sociales y también grande el descontento que generan. Estamos hablando de casi 40 000 quejas. Desgraciadamente, no tengo tiempo para referirme a todas, pero voy a sintetizar algunos casos como la vivienda, que es una de las principales, si no hoy la principal preocupación de la ciudadanía. Es verdad que es competencia fundamental de las comunidades autónomas, pero también es cierto que la Administración del Estado tiene un papel muy importante en esta materia, en el financiamiento, establecimiento de normativa ―por ejemplo, topes a los alquileres para facilitar el acceso a la vivienda―, o poner todas las viviendas de la Sareb a disposición de las Administraciones competentes para posibilitar la existencia de un parque inmediato y un parque de vivienda pública. Cuestiones como el descontento por el mal funcionamiento de la sanidad, consecuencia de décadas de recortes en los que han participado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, o, por ejemplo, el descontento que generan las dificultades para el acceso a las compensaciones para las víctimas del amianto. Primero, las quejas han sido por la lentitud en cumplir la ley 22 que daba un plazo de dos años para desarrollar el reglamento y, ahora, una vez aprobado este ―el 483/2025, de 17 de junio―, por las dificultades de gestión, por los criterios restrictivos y por los importes de indemnización insuficientes. Porque en Galicia, las solicitudes aprobadas prácticamente se sitúan en una de cada seis, y solo tres han sido aprobadas hasta ahora. La violencia machista; la igualdad y no discriminación; la preocupación por el discurso de odio en el deporte; o la discriminación por ser migrantes, también específicamente a las personas transmigrantes, por las dificultades que tienen y los problemas para registrarse. Y cuestiones como el funcionamiento de Correos; el despliegue de la fibra óptica en el rural; la pasarela al RETA; la situación de Palestina o las quejas por los abusivos precios de las facturas energéticas, que, por cierto, deberían servir para alertar al Gobierno de la necesidad de prorrogar y poner en marcha más medidas frente a la crisis provocada por la guerra de Estados Unidos y de Israel contra Irán. Por último, solo voy a hacer una referencia a la justa reclamación del profesorado en el caso de Galicia. Son ya seis jornadas de huelga y numerosas movilizaciones organizadas por la CIG para mejorar las condiciones del servicio público y las condiciones laborales del profesorado. Esperemos que el Estado, que el Gobierno, tenga en cuenta todas estas consideraciones. Muchas gracias.

Noemí Santana Perera SUMAR

Muchas gracias, señora presidenta. También damos las gracias al defensor del pueblo. Cuando hablamos de informes, a veces lo que nos imaginamos son montañas de papeles cargadas de cifras, de estadísticas, pero el informe del Defensor del Pueblo de lo que viene a hablar es de la vida real de muchas personas, de aquellas que esperan y desesperan en listas de espera; de esos padres y madres que no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño porque no saben cómo van a pagar su alquiler o su hipoteca; o de todas aquellas personas que saben que tienen derechos, pero cuando van a solicitarlos a la Administración se encuentran con toda una carrera de obstáculos. Este informe nos hace una gran advertencia y es que cuando los servicios públicos no están dando la respuesta adecuada, cuando no hay una eficiencia en la gestión de la Administración, las personas empiezan a perder su confianza en las instituciones. Por eso, lo que debemos construir y por lo que tenemos que trabajar es por tener una Administración más humana, unos servicios públicos más fuertes y consolidados y una menor burocracia, porque ya bastante tienen estas personas que a veces lo que se preguntan cada día es cómo van a conseguir salir adelante. También hoy quería hacer mención especialmente al trabajo realizado por el Defensor del Pueblo en cuanto a la investigación de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. No quiero dejar de hablar de esto cuando en un par de semanas tenemos la visita del papa a esta Cámara. Ya es hora de que haya verdad, justicia y reparación al respecto. Queremos también que haya una exigencia a las órdenes religiosas para que entreguen de una vez los archivos referentes al Patronato de Protección a la Mujer y los bebés robados, porque lo cierto, señorías, es que ningún silencio va a tapar a las víctimas ni ningún poder puede tapar la verdad. Muchas gracias. .

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Egun on, guztioi. Egun on, Gabilondo jauna. Eskerrik asko zure txostenagatik, zure hitzengatik; urtero bezalaxe, zehatz eta argi. Eta patxadatsu, ez gaude ohituta tribuna honetan hain patxada handiko jendea entzuten. Badirudi hemendik eta Aita santua etorri arte ez dugula berriz ere beste gizon patxadatsu bat ikusiko tribuna honetan. Zoritxarrez, oso gaizki ohitu gara. Urtero bezala, gai asko ekarri dituzu, baina zoritxarrez gai berdinak. Zoritxarrez, ez diot zure kulpagatik, errealitateak hala eragiten duelako baizik. Zoritxarrez, urtero kexa berdinak. Zoritxarrez, urtero beti gai berdinak. Gure galdera da: noizko konponbide berriak? Gai berdinen aurrean konponbide zaharrak edo konponbiderik eza jartzen baitugu beti erantzun gisa. Buenos días. Buenos días, señor Gabilondo. Gracias por su informe, por sus palabras; como cada año, suele ser certero. Además, no estamos acostumbrados a escuchar aquí a gente con este talante. Parece que hasta que venga el papa no vamos a ver a una persona con este talante y es que estamos muy mal acostumbrados. Como cada año, ha traído muchos temas, pero lamentablemente son los mismos temas; y no es por su culpa, sino porque la realidad es así. Lamentablemente, tenemos las mismas quejas todos los años y todos los años los mismos temas. Nuestra pregunta es: ¿para cuándo nuevas soluciones? Ante nuevos temas, soluciones antiguas o ninguna solución; eso es lo que solemos hacer. El informe del Defensor del Pueblo vuelve a poner el foco en las carencias existentes dentro del sistema penitenciario español, especialmente en cuestiones relacionadas con los controles coercitivos, la supervisión interna y las garantías de las personas privadas de libertad. El Mecanismo Nacional de Prevención advierte de problemas estructurales que afectan al funcionamiento cotidiano de las prisiones y a los mecanismos de control y prevención. Yo voy a centrar mi intervención básicamente en cuatro cuestiones principales, aunque nos interesan, evidentemente, todas las cuestiones que usted ha planteado, pero no tenemos mucho tiempo. La he iniciado con la política penitenciaria. En segundo lugar, la cuestión de asilo y acogida, que es un elemento fundamental para nosotros. En tercer lugar, el tema de la inmersión social y laboral y el problema que se genera. Y, por último, una cuestión a la que, por poco que haya habido, nosotros le damos mucha importancia, que es el tema de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y de las personas. Muchos son los temas, muchas son las quejas que se recogen y yo creo que habría que diferenciar entre las quejas que se recogen y las lecturas que hacemos de esas quejas o qué hay detrás de ellas. Empezaré con el tema penitenciario. El informe destaca el trato recibido por las personas internas. El Mecanismo Nacional de Prevención recuerda que determinadas actuaciones pueden derivar en situaciones de humillación, desprecio o trato degradante y subraya que ninguna persona privada de libertad debe sufrir un rigor innecesario en la aplicación de las normas penitenciarias. Por eso, resulta necesario forzar una cultura institucional basada en la dignidad, en la proporcionalidad y el respeto de los derechos fundamentales. También señala carencias importantes en los mecanismos de supervisión y trazabilidad. Distintos organismos internacionales han venido señalando durante años deficiencias de España en materia de investigación de denuncias de malos tratos. No nos olvidemos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en el año 2021 por no investigar torturas. Muchos se rasgaron las vestiduras, pero el tema es así: España fue condenada por no investigar torturas. Ante esta situación, resulta necesario avanzar hacia sistemas de control más rigurosos, reforzar la conservación de pruebas y garantizar mecanismos de supervisión efectivos. También en el informe aparece la situación de las familias y allegados y el Defensor del Pueblo ha recibido quejas relacionadas con registros y cacheos de menores, incluso en visitas penitenciarias, con falta de regulación específica al respecto, pese al especial deber de protección hacia la infancia. Creo que es algo importante. Frente a estas deficiencias estructurales del sistema estatal, el informe destaca, por otra parte, los avances y reformas introducidas por el Gobierno vasco en la gestión penitenciaria transferida a Euskadi. El Departamento de Justicia y Derechos Humanos aprobó, mediante orden del 1 de mayo de 2005, un nuevo protocolo de actuación en la gestión y supervisión de denuncias de tortura y malos tratos. Además, el Ejecutivo vasco ha desarrollado el documento «Régimen cerrado. Principios inspiradores», orientado a regular la gestión de internos clasificados en primer grado y servir de base para futuros protocolos específicos en módulos de régimen cerrado. El contraste con la situación general del sistema penitenciario español refleja que las instituciones vascas han comenzado a incorporar parte de las recomendaciones internacionales y del propio Defensor del Pueblo, mientras que en otros lugares del Estado continúan existiendo importantes carencias en materias de prevención, investigación y control. Segunda cuestión. Más allá del ámbito penitenciario, el informe también pone sobre la mesa una cuestión que nos interpela como sociedad: la necesidad de garantizar la dignidad y los derechos de los menores extranjeros no acompañados y de las personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad. Podríamos extendernos largo y tendido sobre este tema, pero creo que es mejor que por lo menos quede apuntado nuestro interés en él, porque, si no, no voy a poder citar otras cuestiones. Decía que en la misma lógica hay que entender que, si a estas personas que migran y que vienen hay que integrarlas socialmente, y la educación y la formación son herramientas fundamentales de integración social, resulta especialmente preocupante la situación que viven muchas personas migrantes en situación administrativa irregular dentro de la Formación Profesional. Actualmente, la normativa exige el alta en la Seguridad Social para poder realizar prácticas formativas en empresas, lo que provoca que numerosos alumnos puedan cursar la formación teórica en centros educativos, pero luego no puedan hacer sus prácticas. Esta contradicción en su momento se la hicimos saber al Gobierno, pero por ahora seguimos sin tener solución. Creo que es una especie de pescadilla que se está mordiendo la cola y no encontramos solución o no se quiere encontrar la solución. Pueden estudiar, pero no pueden trabajar. Es algo incomprensible. Por último, ya que no me queda tiempo, quiero hablar del tema de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, que ya he citado. En este extenso informe las referencias a los derechos lingüísticos resultan muy limitadas y quedan prácticamente reducidas al ámbito educativo, sin abordar de forma amplia otras cuestiones relacionadas con el uso de las lenguas oficiales en la Administración, la justicia o los servicios públicos. Esta ausencia contrasta con la realidad reflejada por el informe anual de Behatokia de 2025, que volvió a recoger numerosos expedientes relacionados con vulneraciones de derechos lingüísticos en diferentes ámbitos de la Administración y de los servicios públicos ―acabo, señora presidenta―. Los testimonios recogidos en el informe describen de forma reiterada una misma situación: ciudadanos que se dirigen a ella en euskera y reciben respuesta exclusivamente en castellano. El panorama que refleja Behatokia es el de una comunidad donde el euskera continúa encontrando dificultades para ser entendido en igualdad de condiciones en la Administración del Estado. Como hemos dicho más de una vez, los derechos son de las personas y la Administración tiene la obligación de atender los derechos de esas personas. Eskerrik asko. Muchas gracias. Eskerrik asko, Gabilondo jauna.

Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

Egun on guztioi. Muchas gracias, señor Gabilondo, por su exposición. Tras escucharle y leer su informe, quiero compartir una reflexión crítica, pero también imprescindible sobre él: es un informe que no solo diagnostica problemas, sino que también nos interpela directamente como sociedad y como institución pública, porque ―conviene subrayarlo desde el inicio― la mayoría de las cuestiones que llegan al Defensor del Pueblo tienen que ver con el funcionamiento de las Administraciones públicas, es decir, con cómo el Estado responde o no a las necesidades reales de la ciudadanía. Me voy a detener en algunas cuestiones de peso que se abordan y que pienso que es necesario recalcar. La primera cuestión nos lleva a la realidad de la violencia machista, cuando la falta de formación institucional se convierte en riesgo. El Defensor del Pueblo vuelve a señalar un problema que no podemos seguir ignorando: la insuficiencia de formación en violencia de género entre los operadores de justicia, incluso en juzgados que se presentan como especializados. La formación sigue siendo voluntaria, fragmentada y desigual. Cuando la formación es opcional, la especialización se convierte en una etiqueta vacía. Se reconoce que más del 50 % de las y los operadores no están formados en estos temas y que no es precisamente por falta de opciones de formación. Las consecuencias son conocidas: resoluciones judiciales que no comprenden la dinámica de la violencia, valoraciones de riesgo insuficientes o contradictorias y revictimización institucional. Además, el informe nos recuerda algo fundamental: que el año pasado el Defensor del Pueblo realizó recomendaciones específicas sobre violencia vicaria, una realidad sangrante que exige una respuesta institucional contundente. Estas recomendaciones fueron recogidas en el anteproyecto de ley sobre violencia vicaria, un paso importante que reconocía la necesidad de reforzar la protección de los menores y de garantizar mecanismos de prevención más sólidos. Sin embargo, hoy debemos decirlo con claridad: esa ley no ha llegado al Congreso. Mientras la tramitación se retrasa, las víctimas siguen esperando. La distancia entre las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la acción legislativa vuelve a poner de manifiesto que la lentitud institucional también es una forma de desprotección. Otro de los puntos más contundentes del informe es la crítica al sistema de dependencia, un pilar fundamental del estado de bienestar que hoy muestra fallos estructurales, como se ha comentado. Los retrasos en la valoración de la dependencia no son simples demoras burocráticas, sino que son meses ―a veces, años― en los que las personas mayores, las personas con discapacidad y familias enteras viven sin los apoyos que necesitan. El Defensor del Pueblo denuncia retrasos crónicos en la valoración y revisión de expedientes; falta de equipos multidisciplinares esenciales para evaluar adecuadamente cada situación, y prestaciones que llegan tarde, cuando la persona ya ha perdido la autonomía o incluso ha fallecido. Sin embargo, aquí, junto a la crítica, debemos introducir un elemento de esperanza: el inicio de la tramitación de la nueva ley de dependencia abre una oportunidad real para corregir muchas de las dificultades señaladas por el Defensor del Pueblo. Si esta reforma se impulsa con ambición ―y en ello nuestra formación está poniendo mucho empeño―, puede conllevar la reducción en los tiempos de valoración; garantizar una financiación estable, que es imprescindible; reforzar los equipos multidisciplinares; y, sobre todo, asegurar que las personas dependientes reciben los apoyos que necesitan cuando los necesitan y desde lo público, no cuando ya es demasiado tarde. La esperanza está ahí, pero esa esperanza solo se materializará si la tramitación avanza y si las Administraciones públicas asumen su responsabilidad con determinación. El seguimiento del 2025 revela que aún queda mucho camino por recorrer. En relación con los planteamientos que se han hecho sobre los abusos, podemos ver que sí se ha avanzado con respecto a lo que se plantea en el informe, pero es cierto que ahora tenemos que ver que el sistema es temporal, que no hay obligaciones jurídicas estrictas para la Iglesia y que la colaboración real puede variar entre las instituciones. Para finalizar, me detendré en una cuestión que vuelve a poner sobre la mesa el informe del Defensor del Pueblo: las vulneraciones de los derechos lingüísticos en la ciudadanía. A lo largo del año se han registrado quejas por dificultades para ejercer el derecho a ser atendido en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, especialmente en la Administración General del Estado, donde persisten carencias de personal formado y de recursos disponibles en todas las lenguas cooficiales. No hablamos de un debate identitario, sino de un principio democrático: garantizar que cada persona pueda relacionarse con las instituciones en la lengua que la ley reconoce. El informe del Defensor del Pueblo también es un recordatorio contundente de que la democracia no se sostiene solo con grandes discursos, sino con el funcionamiento diario de las Administraciones públicas. . Cuando una mujer víctima de violencia no encuentra protección adecuada, cuando una persona dependiente espera meses para la valoración, cuando una víctima de abusos no encuentra reparación o cuando a una persona se le niega ser atendida en la lengua oficial en su territorio, no estamos hablando de fallos aislados, sino que estamos hablando de fallos del Estado, y un Estado que falla a quienes más lo necesitan se debilita. Horregatik, gaur inoiz baino gehiago, honako hau onartu behar dugu: genero indarkeriari buruzko prestakuntzak derrigorrezkoak eta zorrotzak izan behar du; mendekotasun sistemak arina eta gizatiarra izan behar du, eta baliabide nahikoak izan behar ditu; Elizaren abusuen jarraipenak eten gabe, ausarta eta gardena izan behar du; indarkeria bikarioaren legea Kongresura iritsi behar da; bermatu egin behar da pertsona bakoitzak legeak aitortzen duen hizkuntzan erlazionatu ahal izatea erakundeekin, eta herri administrazioek eraginkorrak, eskuragarriak eta arduratsuak izan behar dute, herritarren eskubideak defendatzeko lehen lerroa baitira. Por todo ello, hoy más que nunca debemos defender las siguientes cuestiones: la formación sobre violencia de género debe ser obligatoria y rigurosa; el sistema de dependencia debe ser ágil y humano y contar con los recursos necesarios; el seguimiento de los abusos en el seno de la Iglesia debe ser continuado, valiente y transparente; la ley sobre violencia vicaria debe llegar al Congreso y convertirse en realidad legislativa; se debe garantizar que cada persona pueda relacionarse con las instituciones en la lengua que está reconocida por ley, y las administraciones públicas deben ser eficaces, accesibles y responsables, ya que conforman la primera línea de la defensa de los derechos de la ciudadanía. La democracia se mide por cómo trata a quienes no tienen poder, y este informe nos recuerda que aún tenemos mucho que mejorar. Mila esker. .

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

President, senyor Gabilondo, senyories, molt bon dia. Senyor Gabilondo, com vostè recordarà, en comissió vaig parlar-li de les morts, dels abusos i vexacions patits per milers de joves en el servei militar obligatori als anys 80 i 90 del segle passat. I li vaig entregar la documentació de la que disposem. Agraeixo a la seva institució, el Defensor del Poble, que ens hagi donat registre d’entrada i a vostè que hagi reconegut la gravetat dels fets. Com li vaig explicar, la plataforma Trencant el silenci va registrar aquí al Congrés un escrit amb més d’un miler de signatures instant la creació d’una comissió d’investigació. Vuit partits polítics d’aquesta cambra vàrem formalitzar la proposta de creació d’aquesta comissió. I què ha passat? Doncs que els partits d’estat, més ben dit, els partits de les vergonyes de l’Estat, VOX, PP i PSOE, van impedir a la Junta de Portaveus que la proposta arribés a aquest Ple, amb l’argument, segons el senyor Patxi López, de que en un moment amb tantes guerres no estem per comissions d’aquest tipus, que no serveixen per a la finalitat per la qual es creen; unes declaracions que no crec que ajudin gaire a generar confiança en aquesta institució parlamentària. Però des de Junts per Catalunya no ens hem donat per vençuts i cada setmana, a cada Junta de Portaveus, hem tornat a posar sobre la taula que es debati al Ple la creació d’aquesta comissió d’investigació sobre els abusos del servei militar. Aquest dilluns, per sisena vegada, ho hem tornat a fer i, per sisena vegada, els partits d’Estat, PP, VOX i PSOE, s’han tornat a posar d’acord per bloquejar la iniciativa de Trencant el silenci. Un cop més ha quedat en evidència el doble joc del PSOE que s’omple la boca amb la memòria democràtica, però que quan es tracta de l’exèrcit espanyol, s’oblida d’aturar la dreta i es transforma ell mateix en la dreta més antidemocràtica. Però l’escarni als milers de famílies d’afectats no ha quedat aquí. Paral·lelament a la sol·licitud d’una comissió d’investigació, els mateixos partits que varen presentar…, els mateixos partits varen presentar a la Comissió de Defensa una proposició no de llei per instar la seva institució, senyor Gabilondo, a investigar els abusos en el servei militar. I què ha passat aquí? Doncs que el PSOE es va negar a votar la PNL. El PSOE va considerar excessiu sol·licitar-li, a vostè, una investigació exhaustiva i independent que inclogués una recopilació dels suïcidis, morts no aclarides i abusos, que analitzessin possibles responsabilitats, que es reconegués públicament les víctimes, que se les reparés moral i econòmicament i que s’establissin mesures de no repetició. Jo penso que és el mínim que cal demanar, però el PSOE, pel que sembla, no ho veu així i ha impedit demanar-li a vostè aclarir i reparar els abusos a la mili en una proposició no de llei, una proposició no de llei que recordo ni tan sols va dirigit al Govern, sinó que va dirigida a la seva institució, al Defensor del Poble i que, a més, no té contingut vinculant. Gairebé dos milers de joves, gairebé dos milers de joves, van morir en l’exèrcit espanyol durant els anys vuitanta i noranta. No van ser casos aïllats. No va ser simple negligència. Va ser una política conscient d’impunitat i de silenci que va passar sota governs, sota ministres suposadament democràtics. Senyor Gabilondo, com vostè va indicar en comissió — amb raó— el Defensor del Poble ha de tenir un mandat d’aquesta cambra. Jo el que li demano és que faci tot el possible perquè, sigui de la manera que sigui, vostè pugui acabar investigant els abusos en el servei militar obligatori. Senyor Gabilondo, també voldria parlar-li de l’abús de temporalitat que pateixen els funcionaris interins. Els informes de la seva institució del Defensor del Poble dels darrers anys ja recullen les queixes sobre els processos selectius, les demores, la manca de transparència… No obstant, ara voldria parlar de l’abús de temporalitat estructural que afecta els servidors públics, que pateixen centenars de milers de persones, els cossos d’administració general de l’Estat, els autonòmics, els locals, els funcionaris de justícia, també els lletrats de l’administració i també, per cert, les jutgesses i fiscals i, evidentment, que pateixen els funcionaris a la sanitat, a l’educació, als serveis socials, amb la consegüent afectació en la qualitat dels serveis públics. La Llei 20/2021 ha estat un fracàs. No només no ha resolt la temporalitat, sinó que en molts casos s’ha produït a l’empara d’aquesta llei una perversió i els processos, que havien de servir per estabilitzar els treballadors públics temporals abusats, han acabat sent una promoció interna encoberta pels funcionaris que ja formaven part de l’administració i que ja tenien la condició de funcionari o també han servit per facilitar l’entrada de persones de fora de l’administració, no per resoldre la temporalitat. Això és especialment greu a Catalunya i a l’administració de justícia catalana. En aquesta qüestió, l’Estat espanyol està incomplint frontalment els mandats de la Unió Europea. Fa poc, el Tribunal de Justícia, els darrers mesos, ha dictat dues sentències que deixen en evidència aquesta negativa de l’Estat espanyol a transposar la Directiva 1999/70, una directiva de fa vint-i-sis anys. El fracàs de les solucions legislatives de l’Estat per acabar amb la precarietat dels treballadors públics és indiscutible. Senyor Gabilondo, no n’hi ha prou amb gestionar la temporalitat. Cal voluntat política. Cal que el Govern mogui fitxa. Cal que el Govern mogui fitxa. Perdó. Cal que s’estableixin mesures efectives, dissuasives i proporcionades a l’abús de temporalitat que compleixin els estàndards europeus. Cal posar fi a la precarietat en el sector públic estatal. Moltes gràcies. Presidente, señor Gabilondo, señorías, muy buenos días. Señor Gabilondo, como usted recordará, en comisión le hablé de las muertes, los abusos y las vejaciones sufridos por miles de jóvenes durante el servicio militar obligatorio en los años ochenta y noventa del siglo pasado y le entregué la documentación de la que disponemos. Agradezco a su institución, al Defensor del Pueblo, que nos haya dado registro de entrada y a usted que haya reconocido la gravedad de los hechos. Como le expliqué, la plataforma Trencant el Silenci ―Rompiendo el Silencio― registró aquí en el Congreso un escrito con más de mil firmas instando a la creación de una comisión de investigación. Ocho partidos políticos de esta Cámara formalizamos la propuesta de creación de esta comisión. ¿Qué ha pasado? Que los partidos de Estado o, mejor dicho, los partidos de las vergüenzas del Estado, VOX, PP y PSOE, impidieron en la Junta de Portavoces que la propuesta llegara a este Pleno con el argumento, según el señor Patxi López, de que en un momento con tantas guerras no estamos para comisiones de este tipo que no sirven para la finalidad para la que se crean. Son unas declaraciones que no creo que ayuden demasiado a generar confianza en esta institución parlamentaria. En Junts per Catalunya no nos hemos dado por vencidos y todas las semanas, en cada Junta de Portavoces, volvemos a poner sobre el tapete que se debata en el Pleno la creación de esta comisión de investigación sobre los abusos en el servicio militar. Este lunes, por sexta ocasión, lo hemos vuelto a hacer y, por sexta vez, los partidos de Estado, PP, VOX y PSOE, se han vuelto a poner de acuerdo para bloquear la iniciativa de Trencant el Silenci. Una vez más ha quedado en evidencia el doble juego del PSOE, que se llena la boca con la memoria democrática, pero que cuando se trata del Ejército español se olvida de parar a la derecha y se transforma en la derecha más antidemocrática. El escarnio a los miles de familias afectadas no termina aquí. En paralelo a la solicitud de creación de una comisión de investigación, los mismos partidos presentamos en la Comisión de Defensa una proposición no de ley para instar a su institución, señor Gabilondo, a investigar los abusos en el servicio militar. ¿Qué ha sucedido en este caso? Que el PSOE se negó a votar la PNL. El PSOE consideró excesivo solicitarle a usted una investigación exhaustiva e independiente que incluyera una recopilación de los suicidios, muertes no esclarecidas y abusos, que se analizaran posibles responsabilidades, que se reconociera públicamente a las víctimas, que se las reparara de forma moral y económica, y que se establecieran medidas para que no se repitiera. Me parece que es lo mínimo que cabe pedir, pero, por lo visto, el PSOE no está de acuerdo y ha impedido pedirle a usted que esclarezca y repare los abusos de la mili en una proposición no de ley, que recuerdo que ni siquiera va dirigida al Gobierno, sino a su institución, al Defensor del Pueblo, y que, además, no tiene contenido vinculante. Casi dos mil jóvenes murieron en el Ejército español durante los años ochenta y noventa. No fueron casos aislados, no fue simple negligencia, fue una política consciente de impunidad y silencio que sucedió bajo Gobiernos y ministros supuestamente democráticos. Señor Gabilondo, como usted indicó en comisión ―y con razón―, el Defensor del Pueblo debe tener un mandato de esta Cámara. Yo lo que le pido es que haga todo lo posible para que, sea de la forma que sea, usted pueda acabar investigando los abusos cometidos durante el servicio militar obligatorio. Señor Gabilondo, quisiera hablarle también del abuso de temporalidad que sufren los funcionarios interinos. Los informes de estos últimos años del Defensor del Pueblo, su institución, ya recogen las quejas sobre los procesos selectivos, las demoras, la falta de transparencia. No obstante, en este momento quisiera hablarle del abuso de temporalidad estructural que afecta a los servidores públicos y que sufren cientos de miles de personas en los cuerpos de la Administración General del Estado, los autonómicos y los locales, los funcionarios de justicia, también los letrados de la Administración y también, por cierto, los jueces y fiscales y, qué duda cabe, los funcionarios de la sanidad, la educación y los servicios sociales, con la consiguiente afectación en la calidad de los servicios públicos. La Ley 20/2021 ha sido un fracaso. No solo no ha resuelto la temporalidad, sino que en muchos casos, al amparo de esta ley, se ha producido una perversión. Los procesos que tenían que servir para estabilizar a los trabajadores públicos temporales abusados han acabado siendo una promoción interna encubierta para los funcionarios que ya formaban parte de la Administración y que ya tenían la condición de funcionario; también han servido para facilitar la entrada de personas ajenas a la Administración, no para resolver la temporalidad. Esto es especialmente grave en Cataluña y en la Administración de Justicia catalana. En esta cuestión el Estado español está incumpliendo frontalmente los mandatos de la Unión Europea. El tribunal de justicia en estos últimos meses ha dictado dos sentencias que dejan en evidencia esta negativa del Estado español a trasponer la Directiva 1999/70, una directiva de hace veintiséis años. El fracaso de las soluciones legislativas del Estado para acabar con la precariedad de los trabajadores públicos es indiscutible. Señor Gabilondo, no basta con gestionar la temporalidad, hace falta voluntad política, que el Estado mueva ficha, que se establezcan medidas efectivas disuasorias y proporcionadas frente al abuso de temporalidad, que se cumplan los estándares europeos y que se ponga fin a la precariedad en el sector público estatal. Muchas gracias.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

President, senyories, senyor defensor del poble. Voldria començar parlant-li i a tots vostès del cas d’un jove que el 21 de juny del 1987 es va treure la vida sent caporal d’una corbeta a Cartagena. Es deia Juan Murcia Soriano i era de la meva ciutat, de Vilanova i la Geltrú. Aquest jove es va suïcidar — no s’ha sabut mai per què— fent el servei militar i les explicacions que van rebre els seus familiars van ser escasses. Bé, com ell, com ell, hi ha hagut més de tres-cents suïcidis documentats a les Forces Armades espanyoles entre l’any 1983 i el 2001. Com ha assenyalat el diputat que m’ha precedit, som davant d’un escàndol que afecta directament al cor de l’Estat. I jo crec, senyor Gabilondo, que vostè, com a defensor del poble, té molt a dir aquí. La plataforma Trencant el silenci, nascuda a Catalunya, que agrupa familiars de persones que es van suïcidar o que van morir en estranyes circumstàncies o que van quedar afectades per alguna mena de traumatisme físic o psicològic, ho hem posat damunt la taula i diversos grups d’aquesta cambra hem volgut avançar-ho. També, com s’ha dit, els grups més importants del Congrés han impedit una comissió d’investigació. També han impedit que nosaltres instem des de la Cambra directament la seva actuació, però li ho repeteixo, senyor Gabilondo, seria indispensable que, d’ofici, el Defensor del Poble entomés això. Només una qüestió, tota la sensibilitat que vostè, senyor Gabilondo, ha expressat en el tema dels abusos de l’església, li demanem que també entomi el tema dels abusos, desaparicions, suïcidis i maltractaments al servei militar en període democràtic. Vostè ha demostrat tenir sensibilitat en una cosa, esperem que també la tingui en això. I passo a mencionar quatre aspectes que ens han cridat l’atenció del seu informe. En primer lloc, qüestions de llengües. Aquest informe és novament un bon recordatori que cada any l’Administració General de l’Estat no compleix amb l’obligació de garantir els drets lingüístics de molts ciutadans que parlen català, eusquera i gallec. Lamentem també, senyor defensor, que un cop mes, l’informe adopta una posició bel·ligerant contra la immersió lingüística i fa seves les tesis d’associacions minoritàries a Catalunya, que l’únic que volen és trencar la convivència i anar en contra de l’evidència acadèmica i el reconeixement internacional que el model d’immersió lingüística està plenament acreditat, plenament reconegut. És un model d’èxit, que ha funcionat a molts països i també ha funcionat a l’Estat. A més, l’informe que vostè signa ignora les denúncies contra la campanya de catalanofòbia que impulsa el Partit Popular i VOX a les escoles del País Valencià. Un cop més, l’espanyolisme més ranci ataca la diversitat lingüística i el dret dels estudiants a conèixer totes les llengües, promovent la disglòssia i violant el propi Estatut d’Autonomia de València. El Defensor del Poble tampoc, malauradament, aquí és garant de la diversitat lingüística. Ho lamentem. Segon aspecte, rodalies. Vostè sap, senyor Gabilondo, que la ciutadania de Catalunya es veu cada dia maltractada pel funcionament nefast de rodalies, que té el seu origen en un dèficit d’inversions i en un abandonament per part de l’Estat. L’informe anuncia que el Defensor farà un seguiment de les queixes a partir d’ara, conjuntament amb el Síndic de Greuges. Molt bé, ho celebrem, però arriben dècades tard en les quals haurien d’haver posat el crit al cel per la falta d’execució continuada dels pressupostos per part de l’Estat. De les moltíssimes denúncies rebudes per part dels ciutadans, l’informe es limita a dir que «l’anàlisi demanada a Renfe no entra a fer un balanç del funcionament de la xarxa ni tampoc dels trens suspesos i que, per tant, no pot valorar la qualitat del servei». Home, senyor Gabilondo, si no pot valorar la qualitat del servei, el convido a venir qualsevol matí a Catalunya i agafar, si pot, algun tren. Veurà quina gimcana han de fer els ciutadans d’aquest país, del meu país. En tercer lloc, sobre migració i asil, aquí sí que vostè, en el seu informe — contrari al discurs que intenten escampar les dretes arreu del món— sí que constata que no és ni molt menys fàcil arribar com a persona estrangera a l’Estat espanyol. Celebrem que ho constati. La primera causa de trucades urgents és, amb molta diferència, l’estrangeria i la protecció internacional i les migracions són el tercer àmbit d’actuació en expedients de queixa. Els sol·licitants d’asil es troben constantment amb dificultats per tramitar la seva situació i amb informacions contradictòries per part de diferents administracions. És greu, senyor Gabilondo, que les persones estrangeres estiguin obligades a fer també un circuit absolutament fatigant que els desgasta, que els castiga, que els margina més, perquè l’administració, les administracions, són incapaces de respondre de manera racional, en ple segle XXI, a una demanda que és humanitària i és de primer nivell. A més, l’informe de vostè destaca que la regularització del Govern espanyol, pel seu horitzó temporal limitat, no oferirà una solució definitiva al problema en què es troben aquestes persones per justificar l’arrelament, que a la llarga fa que se’ls deneguin justament les sol·licituds. I, finalment, voldria parlar d’habitatge. En el punt sobre habitatge sí que coincidim plenament en el seu informe i algunes de les mesures que fa temps que demana Esquerra Republicana, especialment posar límits a l’escàndol dels pisos turístics a les grans ciutats — cas de Barcelona— i augmentar exponencialment el parc de lloguer públic fins a arribar als estàndards europeus. Cal acabar, senyor Gabilondo, amb el monocultiu turístic al qual s’han abonat tant governs del PP com del PSOE, en aquest Estat. I cal donar respostes reals al problema urgent, gravíssim, incendia la realitat de l’habitatge. Estem veient com passa la legislatura i no s’augmenta de debò el parc de lloguer públic ni es millora la regulació del lloguer de temporada i habitacions, ni es prenen mesures contra l’especulació immobiliària. Moltes gràcies. Presidente, señorías, señor defensor del pueblo, me gustaría empezar hablando ante todos ustedes del caso de un joven que el 21 de junio de 1987 se quitó la vida siendo cabo de una corbeta en Cartagena. Se llamaba Juan Murcia Soriano y era de mi ciudad, de Vilanova i la Geltrú. Este joven se suicidó ―no se ha sabido nunca por qué― durante el servicio militar y las explicaciones que recibieron sus familiares fueron escasas. Como el suyo, ha habido más de trescientos suicidios documentados en las Fuerzas Armadas españolas entre 1983 y 2001. Y, como ya ha señalado el diputado que me ha precedido, estamos ante un escándalo que afecta directamente al corazón del Estado. Señor Gabilondo, me parece que usted, como defensor del pueblo, tiene mucho que decir al respecto. La plataforma «Trencant el silenci», creada en Cataluña, agrupa a familiares de personas que se suicidaron, o que murieron en extrañas circunstancias, o que quedaron afectadas por algún tipo de traumatismo físico o psicológico. Lo hemos puesto ya sobre la mesa. Varios grupos de esta Cámara hemos querido darle seguimiento. Como ya se ha dicho también, los grupos más importantes del Congreso han impedido una comisión de investigación. También han impedido que nosotros instemos desde la Cámara directamente a su actuación. Pero le repito, señor Gabilondo, que sería indispensable que, de oficio, el Defensor del Pueblo así lo asumiera. Tan solo una cuestión. Toda la sensibilidad que usted, señor Gabilondo, ha expresado en la cuestión de los abusos de la Iglesia, le pedimos que también la asuma en el tema de los abusos, desapariciones, suicidios y malos tratos durante el servicio militar en periodo democrático. Usted ha demostrado tener sensibilidad en una cosa y esperamos que también la tenga en esto. Paso a mencionar cuatro aspectos de su informe que nos han llamado la atención. En primer lugar, cuestiones sobre lenguas. Este informe, nuevamente, es un buen recordatorio de que todos los años la Administración General del Estado incumple la obligación de garantizar los derechos lingüísticos de muchos ciudadanos que hablan catalán, euskera o gallego. Lamentamos también, señor defensor del pueblo, que, una vez más, el informe adopte una posición beligerante contra la inmersión lingüística y que haga suyas las tesis de asociaciones minoritarias en Cataluña, que lo único que quieren es romper la convivencia e ir en contra de la evidencia académica y del reconocimiento internacional de que el modelo de inmersión lingüística está plenamente acreditado y reconocido. Es un modelo de éxito que ha funcionado en muchos países y también ha funcionado en el Estado. Además, el informe que usted firma ignora las denuncias contra la campaña de catalanofobia que impulsan el Partido Popular y VOX en las escuelas del país valenciano. Una vez más, el españolismo más rancio ataca la diversidad lingüística y el derecho de los estudiantes a conocer todas las lenguas, promoviendo la diglosia y violando el mismo Estatuto de Autonomía de Valencia. Por desgracia, el Defensor del Pueblo tampoco aquí es garante de la diversidad lingüística, y lo lamentamos. Segundo aspecto: cercanías. Sabe usted, señor Gabilondo, que la ciudadanía de Cataluña se ve maltratada a diario por el funcionamiento nefasto de rodalies, que tiene su origen en un déficit de inversiones y en un abandono por parte del Estado. El informe anuncia que el defensor va a hacer un seguimiento de las quejas a partir de este momento, conjuntamente con el Síndic de Greuges. De acuerdo, lo celebramos. Pero llegan ustedes décadas tarde, tiempo en el que ya deberían haber dado seguimiento al hecho de que las inversiones por parte del Estado se incumplían. De las múltiples denuncias recibidas por la ciudadanía, el informe se limita a decir que el análisis solicitado a Renfe no entra a hacer un balance del funcionamiento de la red ni tampoco de los trenes suspendidos, y que, por lo tanto, no puede valorar la calidad del servicio. Hombre, señor Gabilondo, si no puede valorar la calidad del servicio, le invito a que venga cualquier mañana a Cataluña y, si puede, que coja algún tren, y verá usted la gincana por la que tienen que pasar los ciudadanos de mi país. En tercer lugar, sobre migración y asilo, en su informe ―contrario al discurso que intentan difundir las derechas en todo el mundo― usted sí constata que no es ni mucho menos sencillo llegar como persona extranjera al Estado español. Celebramos que así lo constate. La primera causa de llamadas urgentes, con gran diferencia, es sobre extranjería y protección internacional, y las migraciones son el tercer ámbito de actuación en expedientes de queja. Los solicitantes de asilo se encuentran constantemente con dificultades para tramitar su situación y con informaciones contradictorias por parte de distintas Administraciones. Es grave, señor Gabilondo, que las personas extranjeras estén obligadas a seguir un circuito fatigante, que las desgasta, que las castiga y que las margina aún más por la incapacidad de la Administración, o de las Administraciones, de responder de forma racional, en pleno siglo XXI, a una demanda que es humanitaria y de primer nivel. Además, su informe destaca que la regularización del Gobierno español, por su horizonte temporal limitado, no ofrecerá una solución definitiva al problema en el que se encuentran estas personas para justificar el arraigo y que con el tiempo hace que se les deniegue precisamente su solicitud. Por último, me gustaría hablar de vivienda. En el punto sobre vivienda sí coincidimos plenamente con su informe y con algunas de las medidas que lleva tiempo solicitando Esquerra Republicana, en especial poner límites al escándalo de los pisos turísticos en las grandes ciudades, como es el caso de Barcelona, y aumentar exponencialmente el parque de alquiler público hasta llegar a los estándares europeos. Es necesario terminar, señor Gabilondo, con el monocultivo turístico al que se han abonado tanto Gobiernos del PP como del PSOE en este Estado, y es necesario dar respuestas reales al problema urgente, gravísimo y que incendia la realidad, que es la vivienda. Vemos cómo va pasando la legislatura y no se aumenta de verdad el parque de alquiler público ni se mejora la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, ni se toman medidas contra la especulación inmobiliaria. Muchas gracias. .

Viviane Ogou i Corbi SUMAR

Muchas gracias. Señorías, el informe del Defensor del Pueblo vuelve a decir algo que millones de personas ya saben, y es que en España hay una crisis social que no es puntual ni coyuntural, sino estructural. Y detrás de las situaciones que este informe relata hay una causa común, que es una falta de financiación en los servicios públicos para responder a las necesidades reales de la ciudadanía. . En 2025, más de 44 000 personas contactaron personalmente con el Defensor y las quejas aumentaron hasta superar las 38 000, además de llamadas de urgencia, que prácticamente se duplicaron. Y esto es importante entenderlo bien, porque cuando una persona llega al límite, cuando una persona no puede más, no se va a un fondo buitre ni a una empresa privada, se va a una institución pública. Y esto lo que nos muestra es que la gente sigue creyendo en lo público. La gente no quiere consejerías de desregulación, la gente no quiere menos Estado, la gente lo que quiere es un Estado que funcione. . Y si hay un ámbito en el que este informe es especialmente relevante es en el de la vivienda. El Defensor habla directamente de una crisis estructural de acceso a la vivienda. Los precios del alquiler y de compra llevan años creciendo más allá de lo que crecen los salarios. La vivienda no es ya un problema de pobreza, la vivienda es un problema de toda la clase trabajadora. . El informe, además, recuerda un dato que es demoledor, y es que España tiene apenas el 3,3 % de vivienda pública, muy lejos de la media europea y a años luz de países que superan hasta el 20 %. Y esto, en parte, es por los 2,4 millones de viviendas protegidas que se han devuelto al mercado a precios ridículos para que los especuladores puedan hinchar sus bolsillos. Y esto no es un accidente, esto es un modelo político, y las consecuencias están hoy por todas partes. La juventud no puede emanciparse. La juventud se está emancipando cuando deja de ser joven, a los 30 años. Y para hacerlo, para poder vivir sola, tiene que destinar hasta el 98 % de sus ingresos. El 98 % solo a pagar el piso. Y no se crean que compartiendo piso van a pagar menos, que llegan a pagar hasta el 40 % de sus ingresos, poniéndose en una situación de exclusión social. Y mientras miles de personas salen a las calles estos días para reclamar que intervengamos el mercado, ¿qué hacen algunos? Dicen que no, que el mercado se regula solo. El mercado no se regula solo, el mercado no está garantizando el derecho a la vivienda, sino los beneficios obscenos de millonarios desalmados a los que no les importa la población. . Por eso hay que intervenir el mercado del alquiler, hay que intervenir los precios, y no podemos esperar más. Hay que limitar los precios y, mientras tanto, trabajemos para ampliar ese parque público, para proteger permanentemente la vivienda pública, para regular el alquiler turístico en zonas tensionadas y para reforzar el alquiler social. Este informe también habla de uno de los asuntos más importantes de nuestro país: L’educació. Parla d’una formació professional desbordada per l’augment de les estudiants. Parla de famílies a les que s’envien a centres privats que no es poden pagar perquè no hi ha prou oferta pública. Parlen d’alumnes estrangers que, a pesar de tenir el dret a l’educació reconegut constitucionalment, veuen com el Ministeri d’Educació i de Seguretat Social es tiren la pilota amb les comunitats autònomes i no els hi deixen fer pràctiques acadèmiques. Parlen de la falta de professorat, de la falta de recursos, de la falta d’especialistes per donar suport a tots aquells infants i adolescents que necessiten una atenció especial. Parlen també de la falta de protocols d’assetjament escolar que fan que tants i tants nens i adolescents pateixin en la seva etapa educativa. Parlen, en definitiva, de la falta de finançament en els serveis públics, en l’educació pública. Cal que fem una injecció de recursos a l’educació pública per garantir el futur i el dret a l’educació als nostres infants. L’informe també posa sobre la taula les enormes disfuncions del sistema migratori. I és que hi ha milers de persones que passen anys esperant la resolució de la seva sol·licitud d’asil, persones que treballen, que cotitzen i que tenen aquí la seva vida i es troben en una situació d’irregularitat administrativa, quelcom que la reforma del Reglament d’estrangeria no ha fet que empitjorar, que no ha fet que empitjorar deixant a moltíssimes persones en situació administrativa irregular i havent d’esperar fins a tres anys o quatre anys per aconseguir el seu arrelament social. I sí ara, amb la regularització extraordinària, sabem que solucionem aquesta situació per a moltes persones, però i les que venen després? Hem de reformar una altra vegada el reglament d’estrangeria, senyories. Mirin, i la desregulació i la impunitat del mercat no es queda només entre quatre parets. S’estén als nostres entorns, als nostres cels, als nostres barris. I és que l’informe de 2025 alerta també amb urgència d’una crisi ambiental i climàtica que està colpejant amb molta força. L’informe reconeix un clamor ciutadà insuportable, que és la contaminació acústica. El soroll no és una molèstia menor, senyories. La contaminació acústica afecta directament la integritat física, el descans, el benestar de tota la població i això s’està permetent, perquè hi hagin locals i perquè hi hagin empresaris altra vegada que es lucren a costa del benestar de la gent. I el Defensor també deixa clar un altre impacte que és terrible, que és el dels focs forestals, que ja no és una anomalia de l’estiu, sinó que és un problema estructural. I front a això, el que trobem és que hi ha administracions autonòmiques que el que fan és retrassar els plans de prevenció, infrafinançar els bombers forestals i mirar cap a un altre costat mentre perdem biodiversitat molt ràpidament. Senyories, el canvi climàtic és una urgència que afecta a tots els sectors de la nostra societat, que afecta a la qualitat de vida de les nostres llars, a la qualitat de l’aigua que bevem, al preu del que consumim i, per tant, no ens podem permetre que l’ecologisme sigui només una medalla que posar-se en campanya mentre s’abandona la biodiversitat durant tot el mandat. Per això, senyories, cada vegada que el Partit Popular — i vaig acabant— crea una conselleria de desregulació… Habla de una formación profesional desbordada por el aumento de los estudiantes. Habla de familias a las que se les envía a centros privados porque no hay suficiente oferta pública y que no pueden pagar. Habla de alumnos extranjeros que, a pesar de tener el derecho a la educación reconocido constitucionalmente, ven cómo el Ministerio de Educación y el de Seguridad Social van tirándose la pelota entre las distintas comunidades autónomas y no les dejan hacer prácticas académicas. Habla de la falta de profesorado, de la falta de recursos, de la falta de especialistas para dar apoyo a todos esos niños y niñas y adolescentes que necesitan una atención especial. Habla también de la falta de protocolos de acoso escolar que hace que tantos y tantos niños y adolescentes sufran en su etapa educativa. Habla, en definitiva, de la falta de financiación destinada a los servicios públicos, a la educación pública. Es necesario que hagamos una inyección de recursos en la educación pública para garantizar el futuro y el derecho a la educación de nuestros niños y nuestras niñas. El informe también pone sobre la mesa las enormes disfunciones del sistema migratorio, y es que hay miles de personas que pasan años esperando la resolución de su solicitud de asilo. Estas personas, que trabajan, que cotizan y que tienen aquí su vida, se encuentran en una situación de irregularidad administrativa, algo que la reforma del reglamento de extranjería no ha hecho sino empeorar, puesto que ha dejado muchas personas en situación administrativa irregular y tienen que esperar hasta tres o cuatro años para lograr su arraigo social. Ahora, con la regularización extraordinaria, sabemos que solucionaremos esta situación para muchas personas, pero ¿y las que vendrán después? Tenemos que reformar una vez más el reglamento de extranjería, señorías. La desregulación y la impunidad del mercado no se quedan tan solo entre cuatro paredes, sino que se extienden a nuestro entorno, a nuestros barrios. El informe de 2025 alerta también con urgencia de una crisis ambiental y climática que está golpeando con mucha fuerza. El informe reconoce que hay un clamor ciudadano, insoportable, por la contaminación acústica. La contaminación acústica afecta directamente a la integridad física, al descanso, al bienestar de toda la población, y esto se está permitiendo para que haya locales y empresarios que se lucren también a costa del bienestar de las personas. El informe del Defensor también deja claro otro impacto que es terrible, el de los incendios forestales, que ya no son una anomalía del verano, sino un problema estructural. Y, ante ello, vemos que hay Administraciones autonómicas que retrasan los planes de prevención, que infrafinancian a los bomberos forestales y que miran hacia otro lado mientras perdemos biodiversidad a marchas forzadas. Señorías, el cambio climático es una urgencia que afecta a todos los sectores de nuestra sociedad, a la calidad de vida de nuestros hogares, a la calidad del agua que bebemos, al precio de todo lo que consumimos. No nos podemos permitir que el ecologismo sea tan solo una medalla que lucir durante la campaña y que se abandone la biodiversidad durante todo el mandato. . Voy terminando. Por ello, señorías, cada vez que el Partido Popular crea una consejería de desregulación está agravando estos problemas, porque su modelo no es el de mejorar la vida de la gente, sino el de agrandar los bolsillos de una minoría…

Viviane Ogou i Corbi SUMAR

… el de hacer que el ciudadano deje de ser ciudadano y se torne solo en un consumidor. Por eso, SUMAR tiene claro que hacen falta más recursos públicos y que hace falta garantizar la inversión en todos aquellos sectores en los que no se está consiguiendo buena calidad.

Viviane Ogou i Corbi SUMAR

Gobernar no es solo aprobar leyes, gobernar es conseguir que esas leyes lleguen realmente a la vida de la gente. Muchas gracias. .

Ignacio Hoces Íñiguez VOX

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, y muy buenos días, señor Gabilondo. Este informe, señor Gabilondo, tiene algo de lo que Cicerón reprochaba en Roma en tiempos de crisis: abundancia de palabras y escasez de verdades. Esto siempre ocurre cuando una institución se llena de retórica y de lírica y abandona el pueblo. Mientras millones de españoles sufren alquileres imposibles y la inseguridad, el Defensor del Pueblo cae una y otra vez en sus clásicas obsesiones ideológicas: multiculturalismo, el catecismo climático y su moralismo ideológico. . En consecuencia, señor defensor del pueblo, este informe se parece muy muy poco a la España real. Aquí apenas aparece el trabajador que no llega a fin de mes. Aquí apenas aparece la familia que está preocupada por la inseguridad en su barrio. Tampoco aparece el joven que no puede emanciparse. Tampoco aparecen el agricultor y el ganadero españoles que no consiguen, por las cargas imposibles que han impuesto, la rentabilidad que sí lograron sus padres y sus abuelos. Pero, sobre todo, lo más importante es lo que calla. Calla ante una España que envejece, calla cuando hay barrios enteros que no son capaces de reconocerse y calla cuando millones de españoles saben que pagan más a Hacienda y reciben peores servicios públicos, sobre todo en educación, sanidad e infraestructuras, principalmente las ferroviarias. El Defensor del Pueblo nació precisamente para ser voz de los españoles más débiles ante el poder, y hoy los españoles tienen la sensación de que el Defensor del Pueblo se ha convertido en el eco del argumentario de Pedro Sánchez. Por eso, el informe dedica páginas y páginas a una retórica institucional y burocrática en vez de señalar que el verdadero responsable del colapso nacional es el Partido Socialista, también por su corrupción. . En primer lugar, señor Gabilondo, este informe habla mucho de los derechos de las personas que acaban de llegar, pero no habla nada de los derechos de los españoles que llevan soportando décadas la inmigración masiva y descontrolada. Mientras usted habla de multiculturalismo y regularización, hay barrios enteros donde la convivencia se destruye, los servicios públicos se colapsan y la inseguridad crece día a día. Lo más preocupante es el enfoque y la perspectiva de este informe, porque intenta silenciar cualquier tipo de crítica sobre la inmigración. Pues, señor Gabilondo, le decimos con absoluta claridad que defender las fronteras no es racismo, defender el orden no es xenofobia y defender España es lo principal. . Sorprende el silencio del Defensor del Pueblo respecto al islamismo porque defender nuestras libertades es proteger a las mujeres de quienes quieren el borrado en los espacios públicos. El burka no es libertad, como dice el señor Patxi López. El burka es imposición, el burka es sometimiento y es absolutamente contrario a la dignidad de la mujer occidental, algo que se lleva defendiendo en esta tierra siglos antes de aparecer el Partido Socialista. . Hablemos ahora, señor Gabilondo, de vivienda. El informe en esta materia vuelve a fallar. No explica ni detalla las causas reales de la catástrofe nacional de vivienda. Señor Gabilondo, la vivienda es el símbolo más cruel de varias generaciones de españoles expulsados de su propio futuro. El informe evita hablar claramente de algunas realidades incómodas para el señor defensor del pueblo, y lo entendemos perfectamente porque él quiere erigirse como el defensor del extranjero y no como el defensor de los españoles de a pie. Evita hablar del impacto de la inmigración masiva en la tensión inmobiliaria, evita hablar de la okupación y la inseguridad jurídica de los propietarios, evita hablar del exceso regulatorio y de las nefastas consecuencias de la nunca suficientemente condenada ley de vivienda. Este sí debería haber sido el enfoque del informe del Defensor del Pueblo. . También hay una realidad que afecta a millones de españoles y que sí que ha sido abordado somera y sucintamente en el informe, y es el problema de la justicia lenta. Porque una justicia que es lenta no es justicia. Las resoluciones judiciales deben ser justas, pero también deben dictarse a tiempo, y por eso es absolutamente necesario que se dote de todos los medios humanos, materiales y tecnológicos al Poder Judicial sin duda alguna. Señor Gabilondo, usted tendría que haber repudiado y escupido a la Ley Orgánica 1/2025, porque ha acrecentado el colapso de los tribunales, para desesperanza del pueblo español. También quiero, señor Gabilondo, detenerme unos instantes en el campo español, porque es verdad que usted lo aborda con páginas enteras sobre sostenibilidad y regulación ambiental, pero falta encontrar empatía hacia los agricultores, ganaderos y pescadores, que son los que dan de comer a todos los españoles, llevan trabajando el campo español durante generaciones y son parte de la identidad y de la economía nacional. Hoy el campo español está asfixiado. Está asfixiado por la burocracia, está asfixiado por una regulación absolutamente excesiva, por normas imposibles y por costes también energéticos, y está asfixiado por una competencia desleal extranjera, a la que sí se le permite producir en condiciones que aquí están prohibidas. . Con cada explotación que desaparece en España, desaparece una parte del ser de España. El señor Gabilondo sabe perfectamente, pero no lo refleja en este informe, que gran parte de la culpa corresponde a las élites burocráticas con la Agenda 2030, con el Pacto Verde Europeo y con el nefasto acuerdo de Mercosur. Señor Gabilondo, esto también lo tendría que haber recogido. . Y termino, señor Gabilondo, millones y millones de españoles no necesitan leer su informe para darse cuenta de que la nación se empobrece. Se dan cuenta y lo sufren cuando van al supermercado, cuando ven su cuenta corriente a mitad de mes, y lo sufre el autónomo que trabaja doce horas y ve cómo Hacienda se lleva prácticamente la mitad. Antes, una familia ―y usted lo sabe perfectamente― podía trabajar, ahorrar, comprar una vivienda y emprender el futuro con esperanza. Hoy los españoles no tienen para nada esa sensación. Piensan que trabajan más, pagan más y viven peor. Y este es el verdadero problema de su informe, señor Gabilondo, que se dice escrito por el Defensor del Pueblo, pero que está a una distancia sideral del pueblo. . El pueblo está deseando y ansioso por tener un Gobierno...

Ignacio Hoces Íñiguez VOX

Sí, señor presidente, voy terminando. El pueblo está deseoso de tener un Gobierno que lo proteja y que lo ponga en primer lugar. Prioridad nacional sí, señor Gabilondo, los españoles siempre primero. Muchísimas gracias. .

Herminio Rufino Sancho Íñiguez PSOE

Gracias, señor presidente. Bienvenido, defensor del pueblo, señor Gabilondo, a usted y a todo su equipo. Buenos días a todos, señorías. Me gustaría comenzar agradeciéndole personalmente no solo su trabajo, sino también su capacidad de escucha, su interés por los problemas de los ciudadanos, su discreta lucha para ayudar a reparar y la humanidad con la que lo hace. Este informe no es solo un documento institucional, es una radiografía social del país y es una interpelación ética sobre quiénes somos, qué país queremos construir y qué entendemos por dignidad humana. Casi nada, señorías. Más de 38 000 ciudadanos acudieron el año pasado al Defensor del Pueblo pidiendo amparo. Y, cuando miles de personas recurren a una institución, es porque esa institución ofrece cercanía, confianza y protección. Porque, mientras avanzamos tecnológicamente, demasiadas personas sienten que las instituciones aún llegan tarde a sus problemas cotidianos o, aún peor, que no llegan. Este informe pone nombre a problemas, destacando el aumento de las reclamaciones sociales, la necesidad de mejorar la respuesta administrativa, la protección de colectivos vulnerables y el fortalecimiento de los derechos humanos y sociales. Hicimos un análisis más exhaustivo en la comisión de la semana pasada, así que no enumeraré todos, pero en el informe destacan los retrasos en la valoración de la discapacidad, las dificultades en el acceso a la vivienda, las trabas para migrantes y solicitantes de asilo o la persistente discriminación hacia la comunidad gitana y otros colectivos vulnerables. Frente a esta interpelación de la ciudadanía, nuestra obligación es citar, dar respuesta y construir un estado del bienestar que proteja, que acompañe y que no abandone a nadie, y menos a los más vulnerables. Gobernar, señorías, no consiste únicamente en gestionar cifras o aprobar normas; gobernar un país, una comunidad o un Ayuntamiento es comprender y anticiparse al sufrimiento de la gente. Porque la libertad no existe si una familia no puede pagar el alquiler de su casa, la igualdad no existe si una persona con discapacidad tarda años en obtener reconocimiento administrativo, la justicia no es justa si solo pueden defenderse quienes tienen recursos, y los derechos humanos no pueden depender del código postal, del origen o de la situación económica. . El informe analiza varias cuestiones sociales y administrativas relevantes y una de las injusticias más dolorosas que se han producido en este país: los abusos sexuales en la Iglesia católica. Es dolorosa no solo por los hechos y por la magnitud de su trascendencia, sino por la falta de respuesta que han tenido durante décadas las víctimas, menores de edad en aquel momento; un silencio que es también un tipo de violencia que hay que reparar y evitar que se repita. Aquí quiero dar las gracias a la labor del señor Gabilondo y a todo el equipo del Defensor del Pueblo, pero también a la perseverancia y delicadeza de este Gobierno progresista, que se empeñó en reparar y amparar a unas víctimas que hasta ahora solo habían obtenido silencio administrativo. . También a los grupos que apoyaron la encomienda y al Parlamento, porque cuando hay voluntad política e implicación institucional las políticas atienden a las personas. Quiero dar las gracias a los obispos que asumieron el mandato del papa Francisco, quien calificó los abusos sexuales como una plaga y prometió tolerancia cero. Agradecimiento también por el compromiso cumplido del presidente Pedro Sánchez con las víctimas para el reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas. Sí, dignificación de las víctimas. . Vivimos, además, un tiempo donde algunos pretenden normalizar discursos que señalan al diferente y criminalizan al migrante. Y frente a eso debemos ser claros: la democracia no se defiende solo votando cada cuatro años; la democracia se defiende garantizando derechos, fortaleciendo los servicios públicos y evitando que nadie quede atrás. También debemos recordar la importancia del trabajo del Defensor del Pueblo como garantía democrática. Supervisar cárceles, centros de internamiento, Administraciones y servicios públicos no debilita al Estado, lo fortalece. Por esto, este informe no es solo una recopilación de quejas, es un espejo del país que somos y una advertencia sobre el país que no debemos permitir ser. Tenemos dos opciones: mirar hacia otro lado, como hace la derecha y la ultraderecha de este país, aceptando la desigualdad como inevitable, o actuar como el Gobierno de Pedro Sánchez y combatirla con políticas públicas valientes, progresistas, que no dejen fuera a nadie. . Como Parlamento debemos escuchar y deliberar sin insultar ni faltar al respeto y legislar por y para los ciudadanos. Porque detrás de cada cifra hay una vida concreta. Detrás de cada queja hay una espera. Y detrás de cada retraso administrativo hay angustia, ansiedad o sentimiento de desamparo. Porque muchas personas no sufren únicamente pobreza material, sufren invisibilidad, y no hay forma más silenciosa de violencia que hacer sentir a alguien que su sufrimiento no importa. Por eso, este Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista seguirán defendiendo políticas públicas valientes. Al final, señorías, una democracia se mide por la humanidad que conserva, sobre todo, con los que más lo necesitan. Porque la justicia social no es una utopía, es una obligación democrática. Ahí es donde verdaderamente se pone a prueba un país. Muchas gracias, señor Gabilondo, señor defensor del pueblo. Muchas gracias, presidente. .

María Eugenia Carballedo Berlanga PP

Buenos días. Bienvenido, defensor del pueblo. Compareció hace un año, se acordará: Santos Cerdán estaba en su escaño, amenazándome y diciéndome: Fuera, eso me lo dices fuera. Esa misma tarde dejó el escaño y, poco después, dormía en la cárcel. Ayer sumó su segunda imputación por la trama de las cloacas financiadas por el Partido Socialista con dinero negro (un señor diputado: ¡Muy bien!―Aplausos) por mandato y al servicio del presidente del Gobierno para atacar a jueces, fiscales, policías y guardias civiles. El objetivo era boicotear las causas que cercan al presidente del Gobierno. . Los españoles saben hoy que ha existido una trama criminal en la estructura del Partido Socialista por mandato del presidente Sánchez para corromper el Estado de derecho. . Eso es lo que hoy están padeciendo y sufriendo los españoles. Ya ve, señor defensor, no hay manera últimamente de que usted comparezca en el Congreso sin que salte la noticia. Pasó el martes pasado. Comparecía el defensor del pueblo en la Comisión del Defensor del Pueblo, y ahí nos enteramos de la imputación de un expresidente del Gobierno por delitos de corrupción que no puedes cometer si no tienes hilo directo con la Moncloa. . Ese día, el defensor me recriminaba que hablara del deterioro de la democracia, porque eso desmoraliza. No, lo que desmoraliza es poner las instituciones al servicio del poder. . Señorías, lo que desmoraliza es la corrupción sistémica que cerca al presidente del Gobierno. Lo que desmoraliza es que, por su mandato, se ha intentado corromper al Estado de derecho desde el Partido Socialista para proteger, como sea, al presidente Sánchez y tapar la corrupción que cerca a los socialistas, señorías, para su vergüenza. . Vergüenza. Mire, defensor, la Constitución le atribuye a usted la defensa de los derechos fundamentales. Dígame si no hay corrupción en un país que está gobernado no por el interés general, sino por la codicia de sus dirigentes. Ese es el problema real que tiene este país. . Yo le pido, defensor, que no se quede usted impasible ante tanta podredumbre, ante una crisis institucional de la que no se vuelve, señorías; de esta crisis que hoy padecemos no se vuelve. Tenemos ministros que atacan al Poder Judicial y a la UCO para tapar la corrupción, un fiscal general condenado por maniobrar contra una adversaria política, un Ministerio del Interior que tiene ramificaciones en el caso cloacas del PSOE, un ministro que considera meros números a los guardias civiles y a la Policía Nacional, un ministro que está impidiendo que aquí, en este Congreso, se tramiten las iniciativas de mi grupo que terminarían con los homenajes a los asesinos de ETA. . Estas iniciativas acabarían con la política de vaciamiento de las cárceles de los presos de ETA por indicación de la izquierda abertzale. Escuchen a las víctimas, están denunciando una amnistía encubierta al gusto de Bildu. Pero el defensor me recrimina a mí que hable del deterioro de la democracia. Lo hago también a la luz de sus informes, unos informes que describen la forma en la que el Partido Socialista gestiona los servicios públicos, señorías. Hacer una gestión con la Seguridad Social, con las oficinas de empleo, con las jefaturas de tráfico o con las oficinas de extranjería es morir en el intento. Tardan meses en atenderte y años en resolver. Hay personas que acuden al mercado negro para poder tramitar una pensión o hacer los trámites de extranjería. ¿Alguien puede decir aquí que esta mala administración no impacta en el deterioro de nuestra democracia? Es una administración desalmada, que ha empujado a los inmigrantes a la irregularidad sobrevenida. Y a esa administración le confía el defensor y el presidente del Gobierno toda una regularización masiva sin planificar la integración real de los inmigrantes en la sociedad, sin contar con ayuntamientos y comunidades autónomas, en contra de lo votado en el Congreso, contra el criterio de Europa y ocultando documentos técnicos y policiales relativos a la regularización. . Así gobierna el Partido Socialista Obrero Español. Miren, se gobierna para resolver problemas, no para crearlos. Aquí se han nacionalizado casi dos millones de extranjeros y otros dos millones están en proceso. Estamos ante todo un vuelco del censo electoral a marchas forzadas, señorías, por razones electoralistas, por motivos ideológicos. El Gobierno crea problemas que no teníamos como el fenómeno de la inmigración, la pobreza energética o el caos en el transporte ferroviario, que ya no garantiza la fiabilidad del servicio y no protege a sus usuarios. No se olviden nunca: 46 fallecidos en el accidente de Adamuz, que se podrían haber evitado, y aquí nadie asume su responsabilidad. . Paso a la vivienda. Tienes un empleo, pero no puedes acceder a una vivienda. Han intervenido el mercado, han favorecido la okupación, han dificultado la construcción y, sí, se han disparado los precios y han extendido el problema a propietarios y arrendadores. Por eso pedimos hace unos meses la comparecencia del defensor. Señorías, este Gobierno ha extendido también una huelga médica que supera los once meses. Es una huelga nacional que ha cancelado ya millones de cirugías, de pruebas diagnósticas y de citas, señorías. Es una huelga que está poniendo en peligro el Sistema Nacional de Salud. . Mientras, la ministra de Sanidad vive obsesionada ―y la tengo delante― por mantener su particular cacería contra Madrid y contra su presidenta. Vergüenza le debería dar. Miren, celebran récords de recaudación de impuestos mientras los ciudadanos pagan más y reciben menos, la Administración está colapsada y las instituciones están al servicio del poder. Todo esto deteriora la democracia. Y el golpe definitivo se lo está dando la corrupción sistemática que rodea al presidente del Gobierno y a su familia.

María Eugenia Carballedo Berlanga PP

Termino. Hoy mismo es su hermano, pero está también su Gobierno y su mentor, el expresidente del Gobierno. Y el golpe redefinitivo se lo da ―y mañana habrá otro―, señorías, que, en este país, por mandato del presidente del Gobierno, se ha intentado corromper al Estado de derecho para proteger al presidente a cualquier precio, como sea, para tapar su corrupción. Vergüenza les debería dar, señores socialistas. Gracias, presidente. . CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS‑LEYES:

Néstor Rego Candamil BNG

Moi boa tarde. Grazas, señor presidente. Señora ministra, hoxe vimos aquí a falar dunha cuestión de extrema importancia para a inmensa maioría da sociedade, como é o que ten que ver cos copagamentos farmacéuticos. Mais se lles confeso algo, é verdade que teño curiosidade por saber como será a pirueta do Partido Popular para subir aquí e falar máis unha vez de Zapatero en aplicación dos principios de propaganda de Goebbels, que tan útiles foron aos nazis e que tamén — hai que recoñecelo— sabe aplicar o Partido Popular. En todo caso, adiantándome a algunha cousa, eu teño que dicir que para o BNG Zapatero non é santo da nosa devoción. O Partido Socialista lembra moitas veces o seu papel en medidas positivas como a Lei de Memoria Histórica — claramente insuficiente, por iso hai unha de 2022 de memoria democrática que tamén volve ser insuficiente— ou da lei do matrimonio igualitario, efectivamente moi positiva. Nós lembramos, infelizmente, outras medidas que foron claramente negativas e que o Bloque Nacionalista Galego combateu como a primeira reforma laboral, a moi lesiva reforma das pensións ou a bancarización das caixas de aforros, que acabou co noso raquítico sistema financeiro. Pero en todo caso, digo que teño curiosidade por saber cal será a pirueta porque claro, non lle poden atribuír o inicio do copagamento farmacéutico aos pensionistas a Zapatero. Foi unha medida do ano 2012 de Ana Pastor, do Partido Popular, ministra do primeiro goberno de Rajoy, por medio do RDL 16/2012 de 20 de abril. Foi o Partido Popular, efectivamente, quen obrigou os pensionistas a cofinanciar unha parte do custo dos medicamentos, entre 10 % e 20 % en función da súa renda. A isto hai que sumarlle facer fronte ao pagamento dos medicamentos para síntomas leves, os denominados medicamentos de pouco valor terapéutico, aos que foi retirado o financiamento público e, por tanto, pasaron a ser pagados 100 %, independentemente dos ingresos da persoa doente: antitusivos, produtos oculares, mucolíticos, fármacos para as varices ou produtos curativos, gasas, sondas, etcétera, que moitas persoas precisan e non exactamente por ningún tipo de capricho. Ao mesmo tempo, estes medicamentos excluídos do financiamento viron aumentado o seu prezo de forma moi importante. Estamos falando, por tanto, de repagamentos que foron e continúan sendo un auténtico imposto á enfermidade, xa que paga máis quen máis enfermo está, non que máis ten, que traslada o custo directamente ao peto das persoas enfermas, fai que os usuarios e usuarias pasen a pagar dúas veces as prestacións sanitarias, por iso falamos de re pagamento. Os cidadáns e cidadás pagamos a sanidade, igual que outros servizos públicos, cos nosos impostos e os colectivos máis vulnerables, especialmente como o dos pensionistas, unha grande porcentaxe da clase traballadora con salarios precarios tiveron que pasar a soportar as consecuencias dos copagamentos e da exclusión de fármacos do catálogo de prestacións farmacéuticas. Coa introdución deste repagamento e a exclusión da lista de medicamentos financiados de máis de 400 fármacos, rompeuse o equilibrio de moitas economías, daquelas economías máis fráxiles e, dunha forma moi especial, dos xubilados e xubiladas coas pensións máis baixas. Isto afectou e afecta, continúa a afectar especialmente na Galiza, porque non debemos esquecer que para alén dunha poboación moi envellecida, máis pensionistas que obxectivamente, e máis enfermos crónicos, a poboación que obxectivamente consome máis medicamentos temos dos salarios e das pensións máis baixas do Estado español e, por tanto, iso implica unha carga máis alta. Hoxe o Ministerio de Sanidade e mans de SUMAR trae aquí unha proposta que introduce novos tramos para unha maior progresividade e establece límites ao copagamento, especialmente para pensionistas, co declarado obxectivo de reducir as desigualdades. Xa vimos a puntualización dalgunha asociación de usuarios e usuarias que di que máis que reducir estas desigualdades, o que fai é reorganizalas, mais mantendo unha barreira no acceso á atención á saúde, como é este copagamento, que continúa sendo realmente moi importante para as persoas con menos recursos e para as persoas, para os colectivos en situación de especial vulnerabilidade. Nós concordamos, o BNG concorda coa opinión de entidades que defenden a sanidade pública, no sentido de que a cuestión chave debería ser como controlar o gasto farmacéutico actuando sobre os prezos, promovendo medicamentos xenéricos ou mudando a relación coa industria farmacéutica, impulsando, por exemplo farmacéuticas públicas e non trasladando parte do custo ás persoas enfermas nun evidente, como dicía repagamento, que castiga quen enferma. Para o BNG hai un principio claro: a sanidade pública debe ser financiada con recursos públicos e non derivando parte do custo ao peto das persoas que padecen a doenza. Máis unha razón para reclamar unha política tributaria máis xusta e redistributiva en que pague máis quen máis ten e non quen máis enferma, que ten unha doenza crónica ou quen está polimedicado, mesmo se persoalmente está nunha situación de extrema precariedade. Por tanto, señora ministra, señoras e señores de SUMAR, está ben que reduzan porcentaxes e limiten o pagamento, mais saben que estaría mellor aínda? Que eliminasen o repagamento no mínimo para as persoas pensionistas. Quero lembrarlles que vostedes, ou polo menos algunha organización que hoxe fai parte de SUMAR como Izquierda Unida, na altura da introdución deste copagamento por parte do Partido Popular, opúxose e cualificouno como recorte e como unha medida claramente antisocial. Se era un recorte e unha medida antisocial, a pregunta é por que a manteñen? Por que non a eliminan? E saben como podería facerse. Buenos días. Gracias, señor presidente. Señora ministra, hoy venimos a hablar aquí de un tema muy importante para la inmensa mayoría de la sociedad, y es la cuestión de los copagos farmacéuticos. Sí, lo confieso, tengo que decir que siento curiosidad por saber cómo será la pirueta del PP para subir aquí y hablar una vez más de Zapatero, en aplicación de los principios de propaganda de Goebbels que es propia de los nazis y, hay que reconocerlo, también la sabe aplicar el PP. En cualquier caso, adelantándome a lo que tengo que decir, para el BNG Zapatero no es santo de nuestra devoción. Nos acordamos de su papel en medidas positivas, como la Ley de Memoria Histórica, claramente insuficiente, por eso la de 2022 se reformula, pero sigue siendo insuficiente; o la ley del matrimonio igualitario, efectivamente muy positiva. Nos acordamos, por desgracia, de otras medidas que claramente fueron negativas y que el BNG combatió, como la primera reforma laboral, la muy lesiva reforma de las pensiones o la bancarización de las cajas de ahorro, que acabó con nuestro raquítico sistema financiero. Pero, en cualquier caso, digo que me da curiosidad saber cuál será la pirueta, porque no le pueden atribuir el inicio del copago farmacéutico a Zapatero. Es una medida de 2012 de Ana Pastor, del PP, ministra en el primer Gobierno de Rajoy, mediante el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril. Fue el PP, efectivamente, quien obligó a los pensionistas a cofinanciar una parte del coste de los medicamentos, entre el 10 y el 20 %, en función de su renta. A esto se le suma hacer frente al pago de medicamentos para síntomas leves, los llamados medicamentos de poco valor terapéutico, a los que se les retiró la financiación pública y que, por tanto, pasaron a ser financiados al cien por cien, independientemente de los ingresos, por los enfermos. Hablamos de antitusivos, productos oculares, mucolíticos, medicamentos para las varices o también apósitos y catéteres, que muchas personas necesitan y no precisamente por capricho. Al mismo tiempo, se excluyeron medicamentos, y eso hizo que aumentase el precio de manera significativa. En realidad, hablamos de repagos, que son un auténtico impuesto a la enfermedad, ya que paga más quien más enfermo está, no quien más tiene, lo que traslada el coste directamente a los bolsillos de los enfermos. Eso hace que los usuarios pasen a pagar dos veces las prestaciones sanitarias; por eso hablamos de repagos. Los ciudadanos pagamos la sanidad, igual que otros servicios públicos, con nuestros impuestos, y los colectivos más vulnerables, especialmente los pensionistas y un gran porcentaje de la clase trabajadora con salarios precarios, tuvieron que pasar a soportar las consecuencias de los copagos y de la exclusión de fármacos del catálogo de prestaciones farmacéuticas. Con la introducción del repago y la exclusión de más de cuatrocientos medicamentos de la lista de medicamentos subvencionados se ha roto el equilibrio de muchas economías, de las más frágiles; afecta especialmente a los jubilados con las pensiones más bajas. Esto ha afectado y sigue afectando especialmente a Galicia. No debemos olvidar que, además de tener una población muy envejecida, con jubilados y con más pacientes crónicos, es decir, una población que objetivamente consume más medicamentos, Galicia es la que tiene los salarios y las pensiones más bajos del Estado español. Eso implica una carga más alta. Hoy el Ministerio de Sanidad, en manos de SUMAR, viene aquí con una propuesta que introduce nuevos tramos para una mayor progresividad y establece límites al copago, especialmente para los pensionistas, con el objetivo de reducir las desigualdades. Ya vimos la puntualización de algunas asociaciones de usuarios que afirman que, más que reducir la desigualdad, la reorganiza, pero mantiene una barrera en el acceso a la salud como es este copago, que sigue siendo realmente importante para las personas con menos recursos o para los colectivos de especial vulnerabilidad. El BNG coincide con la opinión de las organizaciones que defienden la sanidad pública en que la cuestión clave es cómo controlar de verdad el gasto farmacéutico: actuando sobre los precios, fomentando el uso de medicamentos genéricos y mejorando la relación con la industria farmacéutica, por ejemplo, teniendo farmacéuticas públicas y dejando de trasladar parte del coste a las personas enfermas, porque eso es penalizar a las personas enfermas. Para el BNG el principio es claro: la sanidad pública debe financiarse con recursos públicos y no trasladando parte del coste a los bolsillos de los enfermos. Pero aquí reclamamos una política más justa, que pague más quien más tiene, no quien más enferma, quien tiene, por ejemplo, una enfermedad crónica o personas que toman muchos medicamentos; es decir, personas que están en situaciones precarias. Por lo tanto, señora ministra, señores y señores de SUMAR, está bien que reduzcan los porcentajes y limiten el repago, pero ¿saben qué sería aún mejor? Que eliminen los repagos al mínimo para las personas jubiladas. Quiero recordarles que al menos alguna organización que forma parte de SUMAR, como Izquierda Unida, cuando se introdujo este copago por parte del PP, se opuso. No lo calificaron como recorte, sino como una medida claramente antisocial. Por tanto, si esta medida es antisocial, la pregunta es: ¿por qué lo mantienen?, ¿por qué no la eliminan?, ¿saben cómo podrían hacerlo?

Néstor Rego Candamil BNG

Pois por exemplo, aplicando os inxentes recursos que o seu goberno destina ao gasto militar ao financiamento da sanidade pública do gasto farmacéutico. Xa vexo que hoxe a ministra non fala dun recorte ou dunha medida antisocial, fala dunha medida de responsabilidade no uso dos medicamentos. Hai unha viraxe evidente que, loxicamente, nós non compartimos. Insisto, se todos eses recursos, por exemplo, — e finalizo— os 10 471 millóns de euros para armamento que foron aprobados no Consello de ministros e ministras en abril de 2025 ou os 15 635 autorizados entre 2026 e 2037 — en xullo deste mesmo ano— se aplicasen á sanidade e á atención á dependencia, creo que estarían bastante mellor empregados. Moito obrigado. Aplicando, por ejemplo, los ingentes recursos que su Gobierno destina al gasto militar a financiar la sanidad pública y el gasto farmacéutico. Hoy la ministra no habla de un recorte o una medida antisocial, habla de una medida de responsabilidad en el uso de los medicamentos; un giro con el que nosotros no estamos de acuerdo. Si todos esos recursos, por ejemplo ―y ya termino― los 10 471 millones que destinamos al armamento o los más de 15 000 autorizados entre 2026 y 2037 ―desde julio de este año― se aplicasen a la sanidad y a la atención a la dependencia, creo que ese dinero estaría mucho mejor empleado. Gracias.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Kaixo, egun on, guztioi, ministra anderea. Buenos días a todos y a todas. El Real Decreto Ley 11/2026, del 12 de mayo, modifica el copago farmacéutico ambulatorio de los medicamentos dispensados en farmacia con receta u orden médica. La aportación del usuario se reguló por primera vez en 2012, en el Real Decreto 16/2012, para los pensionistas, con tramos de renta y límites mensuales, y se revisó en el 2020 para ampliar las exenciones de las rentas bajas. El artículo 102 del texto refundido de la Ley 29/2006 contiene la regulación básica vigente de estas modificaciones. La reforma del 2026 mantiene los principios generales existentes con anterioridad, pero ajusta los tramos porcentuales y refuerza la protección para aumentar la progresividad y corregir inequidades. Ese es, digamos, el objeto de este real decreto. Este consta de un artículo único que modifica el artículo 102 del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, además de una disposición transitoria única y tres disposiciones finales. La reforma refuerza la protección de las rentas bajas con nuevos topes mensuales, reparte el copago según la renta ―ya lo ha explicado la señora ministra― y reduce el esfuerzo de quienes tienen menor capacidad económica sin suprimir la corresponsabilidad en el uso de medicamentos. Se revisan los topes, que hacen que al alcanzarse un gasto mensual el paciente deje de pagar copago ese mes con el fin de evitar cargas excesivas en quienes tienen alta carga terapéutica. Al evitar que pacientes de bajos ingresos abandonen o reduzcan sus tratamientos por motivaciones económicas, se mejorará la adherencia terapéutica y se prevendrán complicaciones clínicas, según nos dice el Ministerio de Sanidad en este decreto. Altos niveles de copago en colectivos vulnerables habían derivado en empeoramiento de enfermedades y aumento de hospitalizaciones evitables. Este es, digamos, el objeto central de esta modificación, tal y como se ha explicado y tal y como lo hemos entendido todos. El real decreto supone incremento en el gasto sanitario público, sin duda alguna ―se estima que en unos 265 millones―, al reducirse la aportación del usuario. Ello supone una presión presupuestaria adicional que deberán absorber, cómo no, las comunidades autónomas, las Administraciones sanitarias competentes, bien vía aportación estatal, o bien en los presupuestos autonómicos sanitarios. Aunque implica un mayor gasto público farmacéutico inmediato, la reforma considera que es una «inversión preventiva» ―es el término que utilizan―. Los mejores niveles de adherencia resultantes pueden reducir posteriormente costes sanitarios y hospitalarios en personas que, por motivos económicos, habían dejado de tener tratamientos, lo que hace, en consecuencia, que luego tengan que recurrir a hospitales y el gasto sea mayor. Eso es lo que se plantea. Las últimas noticias respecto a la modificación de los tramos y topes de la aportación farmacéutica por parte de los usuarios de la prestación farmacéutica se presentaron en el texto del anteproyecto de ley del medicamento. Lo establecido, por lo tanto, en el real decreto coincide totalmente con el anteproyecto de ley, a excepción de un nuevo tope de aportación para los pensionistas con renta comprendida entre 18 000 y 60 000 euros, con un máximo de 13,37 euros al mes, a diferencia del proyecto de ley, que presentaba un tope de 18,52 para este colectivo. Con respecto a la situación actual, las principales modificaciones ―además de las anteriormente citadas― plantean una reducción del porcentaje de aportación del 50 al 45 % en los tramos de renta comprendidos entre 18 000 y 35 000 euros y 35 000 y 60 000 euros. Por otra parte, incorpora topes de aportación mensual en lo referente a población activa hasta los 35 000 euros. Podían haber sido estos tramos o podían haber sido otros. Evidentemente, ha sido el ministerio el que ha decidido que sean estos tramos, que sean estos porcentajes y que sean estas las diferencias; es decir, el ministerio ha considerado que esta es la mejor manera de hacer que sea más equitativa la aportación de las personas que tienen tratamientos terapéuticos largos. En el año 2012, Euskadi se manifestó en contra de las nuevas aportaciones de los usuarios y posteriormente una sentencia nos obligó a su aplicación, pero como compensación a la nueva situación se publicó un decreto que regulaba las ayudas al copago farmacéutico con el objetivo de permitir que los colectivos más vulnerables y desfavorecidos económicamente pudieran acceder a los medicamentos y a los productos sanitarios necesarios para el cumplimiento de los tratamientos que se les habían prescrito y disfrutar de un nivel de salud digno. Por lo tanto, nosotros ya hicimos estos deberes cuando se nos impuso por medio de sentencia un copago que no queríamos. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué no se consultó previamente esta modificación a las comunidades autónomas? Ya sabemos que es el ministerio el que tiene la potestad para poder hacer esto, pero se podía haber consultado previamente, señora ministra. Con respecto a las modificaciones planteadas, nos parecen adecuadas, evidentemente, ya que de este modo se puede contribuir a evitar que la aportación del usuario constituya una barrera. Por lo tanto, ya le digo que con el objetivo estamos de acuerdo; pero, en un acto legislativo, tan importante como el fondo es la forma. El artículo 86 de la Constitución española exige dos requisitos que justifiquen el empleo del real decreto ley, y dice que requiere del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad o de la existencia de una conexión de sentido entre la situación de urgencia definida y las medidas concretas adaptadas para subvenir a ella. Ustedes fundamentan su adopción en un contexto económico y social excepcional y sobrevenido, derivado y provocado por una inflación y la caída de las rentas de los hogares, pues ello habría agravado problemas estructurales de copago farmacéutico y provocado reducciones en la adherencia terapéutica, según dicen ustedes. Hombre, al menos esta argumentación cumple formalmente con la exigencia constitucional, pero la jurisprudencia constitucional exige que la necesidad alegada para un real decreto ley se configure como algo más que la mera conveniencia y oportunidad. Esta situación no es de repente de este mes, sino que se daba previamente también, por lo que podían haber traído una modificación legislativa directamente. Por lo tanto, la conexión que el Gobierno establece entre el conflicto geopolítico y la urgencia puede considerarse menos tajante de lo aparente. Dicho todo esto, los razonamientos expuestos plantean una duda razonable...

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Acabo, señor presidente. ... sobre la plena adecuación de que la mejor forma sea el real decreto, cuando ustedes podían haber traído precisamente la modificación legislativa que yo le comentaba. En cualquier caso, apoyaremos esta convalidación. Muchas gracias, señor presidente.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Egun on, guztioi. Koordainketaren ereduarekin bat ez gatozen arren, lege dekretu hau babestuko dugula esanez hasiko gara. Euskal Herria Bilduk proposatzen duen eredutik urrun egonda ere, herritarrentzat hobekuntzak dakartzalako. Horregatik bakarrik babestuko dugu. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Muy brevemente. Aunque no compartimos el modelo de copago, empezaremos diciendo que vamos a apoyar este real decreto ley, aunque esté lejos del modelo que propone Euskal Herria Bildu, porque supone mejoras para la ciudadanía. Solamente por eso lo apoyaremos. Como decía en euskera, comenzaremos diciendo que, aunque en absoluto compartimos el modelo de copago, apoyaremos este real decreto ley, porque consideramos que, aun estando lejos del modelo que Euskal Herria Bildu propone, supone una mejora sustancial para la ciudadanía, y ese es el motivo por el que lo apoyaremos. Como saben, en su día fuimos muy críticas con el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, y fuimos críticos porque no compartíamos ni la forma ni el fondo. En cuanto a la forma, por un lado, como todos los decretos, se aprobó en Consejo de Ministros, es decir, sin ningún tipo de debate parlamentario; y, por otro lado, se impuso el control del Estado en cuanto a la fijación de precios de los medicamentos y condiciones de financiación pública, limitando así las competencias exclusivas en materia de las comunidades autónomas y pasando por encima del consejo interterritorial y de la Comisión Permanente de Farmacia. En cuanto al fondo, como ya he dicho, no estábamos de acuerdo con el modelo que se proponía, y evidentemente tampoco lo estamos ahora. En nuestra opinión, no debe modificarse únicamente el artículo 102, sino que debe abrirse un procedimiento legislativo ordinario que abra el debate sobre el texto refundido. Pero sabemos que el procedimiento legislativo ordinario es largo y compartimos que, cuando se trata de dar solución a las inequidades del sistema, la respuesta ―siempre en beneficio de la ciudadanía― debe darse con la mayor rapidez posible. En este caso, entendemos que ese es el objetivo de este real decreto ley: mejorar ―al menos, en parte― la ruptura de la equidad del sistema de salud que trajeron los decretos anteriores, que perjudicaba sobre todo a los y las pacientes más vulnerables. Compartimos no todos, pero sí muchos de los argumentos recogidos en el marco expositivo del real decreto ley, y aunque no compartimos el modelo en sí, creemos que las medidas que se proponen en su parte dispositiva efectivamente beneficiarán a la ciudadanía, sobre todo a quienes más perjudicó en su día ―como decíamos, a los más y las más vulnerables―, y, como decía antes también, este es el motivo por el que lo apoyaremos. No vamos a entrar a desgranar las medidas propuestas, porque ya se han explicado suficientemente, pero sí queremos subrayar el hecho de que están encaminadas a garantizar que las condiciones económicas no constituyan una barrera para el acceso a los medicamentos necesarios, especialmente en el caso de las personas con enfermedades crónicas o de elevada carga terapéutica, lo cual nos parece muy importante. Además, se establece también un sistema de pago más progresivo y, por lo tanto, más justo ―o, mejor dicho, menos injusto―, con un aumento de tramos de aportación y estableciendo límites mensuales para que el coste de los medicamentos no sea un factor que afecte negativamente a la adherencia terapéutica. Efectivamente, creemos que esta medida evitará complicaciones clínicas, lo cual debería tener como consecuencia ―como ya ha explicado la señora ministra― una mayor sostenibilidad del sistema y esto debería dar la posibilidad de una mejor utilización de los recursos públicos. Hori esanda, eta amaitzeko, berriro diogu hau ez dela Euskal Herria Bilduk defendatzen duen prestazio farmazeutikoaren eredua. Eta lehen esan dugun bezala, sendagaien eta osasun produktuen bermeei eta erabilera arrazionalari buruzko Legearen testu bategina da, oro har, aldatu behar dena, eta ez soilik prestazio farmazeutiko anbulatorioaren ekarpenari dagokion atala. Horregatik, espero dugu lege dekretu hau lege proiektu gisa izapidetu ahal izatea eta ereduari buruz eztabaidatu ahal izatea. Besterik ez. Milesker. Dicho esto, y para finalizar, insistimos en que este no es el modelo de prestación farmacéutica que defiende EH Bildu. Como hemos dicho antes, es el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios el que, con carácter general, debe ser modificado, y no solo en lo relativo a la aportación de la prestación farmacéutica ambulatoria. Por ello, esperamos que este real decreto ley pueda tramitarse como proyecto de ley y pueda debatirse sobre el modelo. Nada más. Muchas gracias. .

Etna Estrems Fayos ERC

Bé, bon dia. Gràcies, president. Ministre, senyories, aquest Reial decret torna a deixar-nos una sensació que, sincerament, ja comença a ser massa habitual en aquesta legislatura, la sensació que el Govern continua sense entendre què significa governar en minoria. Perquè una cosa és tenir la iniciativa legislativa i una altra molt diferent és actuar com si les majories parlamentàries fossin automàtiques o com si la resta de grups només haguessin vingut aquí a validar les decisions que vostè prenen. I aquest decret arriba exactament així, tancat, cuinat unilateralment des del Ministeri i sense haver compartit prèviament un debat polític de fons amb els grups que fan possible aquesta majoria. Sincerament, sembla mentida que, després de tants anys, encara no hagin après que les coses no funcionen així. Governar en minoria exigeix parlar abans d’aprovar textos que ningú ha vist al Consell de Ministres, negociar i construir acords. I això és especialment important quan parlem de salut pública, perquè avui no estem discutint una qüestió burocràtica o administrativa. Estem parlant del model d’accés als medicaments. Estem parlant de persones que depenen d’un tractament per poder viure amb dignitat. I estem parlant de famílies que moltes vegades fan equilibris impossibles per arribar a final de mes. Cert és que el decret incorpora algunes millores respecte al model anterior, no ho negarem. Però vestir de reforma integral una qüestió que únicament modifica trams de renda és molt agosarat. El problema de fons continua essent exactament allà on era. Perquè el model continua basant-se en la idea que l’accés als medicaments ha d’estar condicionat, encara que sigui parcialment, per la capacitat econòmica de les persones. I nosaltres creiem que aquesta és una mirada equivocada. Ho és especialment quan parlem de malalties cròniques. Ho és quan sabem perfectament que hi ha persones que abandonen els tractaments, que allarguen les receptes o que segueixen les pautes de manera irregular simplement perquè no poden assumir el cost econòmic amb normalitat. Això passa cada dia. I quan una persona deixa de prendre una medicació perquè no la pot pagar, el problema no és de corresponsabilitat econòmica. El problema és que el sistema falla. Per això, nosaltres creiem que el debat de fons no hauria de girar permanentment al voltant de quins percentatges paga cada col·lectiu o de com es reparteixen els topalls. El debat hauria de ser com garantim que ningú deixi de medicar-se per motius econòmics i aquest decret no fa aquest pas. El que fa és reorganitzar el model existent, fer-lo més complicat administrativament i presentar-se com si fos una gran transformació estructural. Però la realitat és que continuem dins la mateixa lògica. Però hi ha encara una altra qüestió que per a nosaltres és especialment preocupant i és la de la lògica profundament centralitzadora, que torna a aparèixer una vegada més, perquè aquest decret no es limita a establir unes bases generals. L’Estat entra a regular absolutament tots els detalls: els percentatges, els topalls, les exempcions i, fins i tot, el sistema de reintegrament. Però després, qui ha de gestionar tot això, qui ha d’assumir la càrrega administrativa, qui afronta la pressió assistencial i, sobretot, qui acaba assumint les conseqüències econòmiques són les comunitats autònomes. I tot això cuinat des dels despatxos del ministeri. En definitiva, vostès conviden a la festa i nosaltres la paguem. És el model de sempre. L’Estat decideix i les comunitats gestionen. Madrid legisla i Catalunya paga i executa. I després encara ens parlen de plurinacionalitat? Mirin, la plurinacionalitat no consisteix a informar els territoris d’allò que ja han decidit vostès des de Madrid. La plurinacionalitat coincideix en creure de veritat que els territoris tenen autogovern i que cal respectar-ne les polítiques, perquè les realitats socials no són igual a tot arreu. La pressió assistencial no és la mateixa. Les necessitats sanitàries tampoc. I Catalunya fa molts anys que sosté enormes tensions al sistema de salut, mentre continua patint un infrafinançament crònic i limitacions constants de la capacitat política. Molts anys porta la gent d’Esquerra Republicana fent mans i mànigues per revertir les retallades d’Artur Mas en sanitat, molts. I mentrestant, l’Estat continua actuant amb aquesta idea uniforme segons la qual el BOE pot substituir permanentment la capacitat de decisió dels territoris. No és això, companys, no és això. Des d’Esquerra Republicana defensem exactament el contrari. Defensem més sobirania sanitària, més capacitat de decisió per Catalunya i més possibilitats d’adaptar les polítiques farmacèutiques a les necessitats reals de la població. I defensem també una idea molt senzilla: que qui no pugui pagar els tractaments tingui accés gratuït a ells. I qui pugui, se’n faci càrrec. Així de senzill. I vostès, d’això no n’han parlat. I deixin-me acabar recordant-los de nou també una altra cosa i els ho dic als dos partits de Govern, al PSOE i a SUMAR: Governar en minoria obliga a escoltar molt, molt més del que vostès ho estan fent, molt més. Moltes gràcies. Buenos días. Gracias, presidente. Ministra, señorías, este real decreto nos vuelve a dejar la sensación de algo que sinceramente ya empieza a ser demasiado habitual en esta legislatura: la sensación de que el Gobierno sigue sin entender qué significa gobernar en minoría, porque una cosa es tener la iniciativa legislativa y otra muy distinta es actuar como si las mayorías parlamentarias fueran automáticas o como si el resto de grupos solo hubiéramos venido aquí a validar las decisiones que toman ustedes. Y este decreto llega exactamente de esta forma: cerrado, cocinado unilateralmente en el ministerio y sin haber compartido previamente un debate político de fondo con los grupos que hacen posible esta mayoría. Sinceramente, parece mentira que tras tantos años todavía no hayan aprendido que las cosas no funcionan así. Gobernar en minoría exige hablar antes de aprobar los textos ―textos que no ha visto nadie en el Consejo de Ministros―, negociar también y construir acuerdos. Y esto es especialmente importante al hablar de salud pública, porque hoy no estamos hablando de una cuestión burocrática o administrativa, sino que estamos hablando del modelo de acceso a los medicamentos, estamos hablando de personas que dependen de un tratamiento para poder vivir con dignidad y estamos hablando de familias que muchas veces hacen equilibrios imposibles para llegar a final de mes. Es cierto que el decreto incorpora algunas mejoras con respecto al modelo anterior, no lo negamos, pero vestir de reforma integral una cuestión que solo modifica tramos de renta es muy atrevido. El problema de fondo sigue estando ahí donde estaba, porque el modelo sigue basándose en la idea de que el acceso a los medicamentos debe estar condicionado, aunque sea parcialmente, por la capacidad económica de las personas. Nosotros creemos que esta es una mirada equivocada. Lo es, en particular, al hablar de enfermedades crónicas. Lo es cuando sabemos perfectamente que hay personas que dejan los tratamientos, que alargan las prescripciones o siguen las pautas de forma irregular sencillamente porque no pueden asumir el coste económico con normalidad. Esto pasa todos los días. Cuando una persona deja de tomar una medicación porque no la puede pagar, el problema no es de corresponsabilidad económica, sino de un fallo del sistema. Por ello, creemos que el debate de fondo no debe girar permanentemente en torno a qué porcentajes abona cada colectivo o cómo se reparten los topes, sino en cómo garantizamos que nadie deje de medicarse por motivos económicos. Este decreto no da este paso, lo que hace es reorganizar un modelo existente; lo complica todavía más administrativamente y se presenta como si fuera una gran transformación estructural. La realidad es que seguimos dentro de la misma lógica. Todavía existe otra cuestión que para nosotros es especialmente preocupante: la lógica profundamente centralizadora, que vuelve a emerger una vez más. Este es un decreto que no se limita a establecer unas bases generales, sino que el Estado entra a regular todos los detalles: porcentajes, topes, exenciones, incluso el sistema de reintegro. Luego, quien debe gestionar todo esto, quien tiene que asumir la carga administrativa, quien afronta la presión asistencial y, sobre todo, quien termina asumiendo las consecuencias económicas son las comunidades autónomas, todo ello cocinado en los despachos del ministerio. En definitiva, ustedes invitan a la fiesta y nosotros la pagamos. Es el modelo de siempre: el Estado decide y las comunidades gestionan; Madrid legisla y Cataluña paga y ejecuta. Y todavía nos hablan de plurinacionalidad. Miren, la plurinacionalidad no consiste en informar a los territorios de lo que ya han decidido ustedes en Madrid. La plurinacionalidad consiste en creer de verdad que los territorios tienen un autogobierno y que se deben respetar sus políticas. Las realidades sociales no son iguales en todos lados, la presión asistencial no es la misma, las necesidades sanitarias tampoco lo son. Cataluña hace muchos años que sostiene enormes tensiones en el sistema sanitario mientras sigue sufriendo una infrafinanciación crónica y también limitaciones constantes de la capacidad política. La gente de Esquerra Republicana lleva muchos años haciendo todo lo posible para revertir los recortes de Artur Mas en sanidad, muchos años. Mientras tanto, el Estado sigue actuando con esta idea uniforme según la cual el BOE puede sustituir permanentemente la capacidad de decisión de los territorios. Compañeros, el asunto no va por ahí. En Esquerra Republicana defendemos exactamente lo contrario: más soberanía sanitaria, más capacidad de cesión para Cataluña y más posibilidades de adaptar las políticas farmacéuticas a las necesidades reales de la población. Defendemos también una idea muy sencilla, que quien no pueda pagar los tratamientos tenga un acceso gratuito a ellos y que quien pueda pagar, lo asuma. Es así de sencillo. Ustedes no han hablado de este tema. Quiero recordarles de nuevo otro tema ―y se lo digo a los dos partidos del Gobierno, al PSOE y a SUMAR―: gobernar en minoría obliga a escuchar mucho, mucho más de lo que están haciendo ustedes. Muchas gracias.

Rafael Cofiño Fernández SUMAR

Buenos días. Gracias, ministra, por la intervención. Ha quedado claro el objetivo del real decreto ley, por lo que tampoco me extenderé en él, en la medida que pretende evitar la desigualdad en el acceso a prestaciones farmacéuticas con una metodología determinada. Mi experiencia personal de sistematización de las desigualdades en el sistema sanitario tuvo lugar en el verano de 1992, durante un viaje de tres meses como estudiante de medicina a Bolivia, junto dos estudiantes de medicina de tercero y dos enfermeras recién tituladas. Tuvimos la oportunidad de ser acogidos por unos misioneros claretianos en una provincia en el sur de Bolivia, al lado de Argentina. Y, aunque sigo aprendiendo muchas cosas a lo largo de mi vida ―aprendo cosas todos los días―, posiblemente fueron los tres meses en los que más cosas aprendí. Era un pueblecito pequeño, de gente muy humilde; había un hospital público, pero para acceder a las prestaciones sanitarias se requería un desembolso económico. En el pueblo había también una minoría de gente mucho más poderosa vinculada a la industria de la zona. Me llamaba la atención que vivían como en un campo de concentración; no era una zona muy insegura ―el pueblo no era para nada inseguro―, pero ellos vivían en una urbanización muy rica, con mucha seguridad y un hospital privado. Conocimos a una niña de cinco o seis años que enfermó gravemente, tuvo una anemia muy, muy severa y necesitaba una transfusión. Como los padres no tenían dinero, fuimos al hospital público; pero en el hospital público no ponía hacer la transfusión. Como éramos europeos, blancos y éramos sanitarios, contactamos con el hospital privado ―teníamos un conocido― y allí sí se le hizo la transfusión. Cuando volvimos ese día a la casa de los misioneros en la que estábamos ―una casa, por cierto, muy interesante en la Bolivia de 1992, donde se hablaba de monseñor Romero, de Ellacuría, de Leonardo Boff, s de Casaldáliga luchando por el Movimiento Sin Tierra en Brasil; se hablaba de las conexiones del marxismo y del cristianismo en América Latina―, la primera impresión fue algo marciana porque en la televisión estaban poniendo las Olimpiadas de Barcelona del 92, y nosotros teníamos una realidad distinta: una niña muriéndose por una anemia mientras un tío saltaba la pértiga en Europa. La segunda fue comprender que esa niña probablemente moriría al año siguiente, porque lo que había conseguido era una respuesta puntual, casi colonialista dentro de un sistema que no funcionaba. Y la tercera, entender que las soluciones no pueden ser individuales, sino estructurales: requieren políticas públicas y respuestas estructurales colectivas. Eso que pasaba en Bolivia en 1992, sigue pasando en el país que este año va a celebrar el Mundial, que es Estados Unidos, donde la gente se sigue muriendo si no tiene acceso universal a la sanidad. El otro elemento importante es la cohesión social. Hablamos mucho del sistema sanitario público universal, pero hablamos poco de un sistema con cohesión social. La cohesión social es algo tan bonito como esto: el otro día, yo, que tengo varias «goteras», estaba esperando en la consulta del médico, y en la misma sala de espera estaban sentadas varias personas mayores, un adolescente, un señor que venía con la funda ―posiblemente de mantenimiento―, varias chicas jóvenes y una compañera mía médica de familia que venía con su madre. La cohesión social es que haya una gran sala de espera donde estemos sentados todos juntos, gente de diferentes clases sociales, de diferentes profesiones o diferentes niveles. Por eso, cuando hablamos de las mutualidades y de que estas vuelvan al Sistema Nacional de Salud, lo que queremos es una gran sala de espera con las mutualidades: uno, que se puedan integrar en cumplimiento de la Ley General de Sanidad, vigente desde hace cuarenta años; dos, porque se está debilitando la atención primaria; y, tres, porque queremos esa gran sala de espera común para todo el país. Kate Pickett, una eminente epidemióloga británica, acaba de escribir un libro: The Good Society ―ha escrito varios libros de desigualdades, algunos muy famosos, con Richard Wilkinson―, en el que hace mención a una imagen del filósofo norteamericano John Rawls ―aunque ya viene de otras escuelas―: «el velo de la ignorancia». Imagínense que en el hemiciclo entramos todas las personas que trabajamos en el Congreso, no solamente los diputados, sino todas las personas que trabajamos aquí, sea cual sea nuestra profesión. «El velo de la ignorancia» consiste en que, de repente, olvidamos de dónde venimos: nuestra procedencia, nuestra clase social, nuestra profesión o nuestra ideología política. Se asume que todos somos racionales y se nos pide que definamos qué sociedad queremos. Lo que plantea Rawls es que, bajo ese «velo de la ignorancia», todos tenderíamos a elegir una sociedad más equitativa, con más igualdad y con derechos universales para todas las personas, en la que todos tengamos las mismas oportunidades, ya que nadie querría partir de una posición de privilegio o desventaja. Lo que el real decreto plantea hoy es esto; es una medida puntual. Nuestro ministerio de Sanidad ha planteado otras medidas más estructurales y masivas, pero esta es una medida muy importante. Tenemos un sistema nacional de salud en crisis no solamente en España, sino a nivel mundial. Sin embargo, no debemos olvidar ―esto es importante― que sigue siendo uno de los mejores sistemas sanitarios a nivel mundial. Les recuerdo la situación que tienen grandes países como, por ejemplo, Estados Unidos. Cuando se fundan los sistemas nacionales de salud, hay un espíritu fundacional de gozo. Cuando se funda el sistema nacional británico en los años cuarenta, después de una gran guerra que había matado casi 30 000 civiles en el Reino Unido, hay ese espíritu fundacional. Cuando se funda el sistema nacional español, después de un cáncer franquista, hay un espíritu fundacional que no tenemos ahora y por eso es importante recomponernos. Necesitamos un sistema nacional público, un sistema nacional universal, un sistema centrado en los pacientes y, sobre todo, un sistema que ayude y cuide a nuestros profesionales sanitarios. No solamente hay que mejorar las condiciones laborales o la calidad de la atención, hay que mejorar la afección; es decir, evitar la desafección de los pacientes, de la ciudadanía y la desafección de los profesionales con nuestro sistema sanitario. Tenemos varios fallos como parlamentarios: uno de ellos es que, a veces, las leyes las tratamos como si fueran goles, y cada uno se atribuye el mérito o el fracaso según marca y quién falla. De hecho, a veces los aplausos y los fallos son muy curiosos en cuanto a esto. La celebración que debemos tener como parlamentarios no es que un determinado grupo parlamentario — en este caso el nuestro— hoy sea capaz de sacar una ley, sino que el éxito o la celebración tiene que ser que seamos capaces de ponernos de acuerdo para mejorar las leyes y las políticas que mejoren la vida de las personas. Les pido humildemente que apoyen el real decreto que hoy se presenta. Muchísimas gracias. .

Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

Gracias, señor presidente. Señora ministra, señorías, de nuevo, este Gobierno acudiendo al real decreto ley. De nuevo, este Gobierno dice no al debate, no a la consulta pública, no a la audiencia e información pública y no al control parlamentario. Justifican la extraordinaria y urgente necesidad por las tensiones en Oriente Medio desde el 28 de febrero; tensiones a las que achacan presiones inflacionarias, encarecimiento de la energía y perturbaciones en las cadenas de suministro que inciden directamente sobre la renta disponible de los hogares. Señora ministra, le recuerdo que con el Gobierno socialista la inflación ha crecido un 24,2 %. Los salarios reales de los trabajadores a tiempo completo han caído un 2 %. La presión fiscal ha aumentado 2 puntos porcentuales del PIB. La vivienda, el agua y la energía se han encarecido más del 21,5 %, y las perturbaciones en la cadena de suministro son los derechos de emisión de CO₂. Señora ministra, no busque fuera. Es su Gobierno el principal causante de la disminución de la renta disponible de los hogares. . Habla este real decreto de déficit estructural del sistema de copago farmacéutico, pero se han olvidado de mencionar el déficit estructural de las cuentas públicas. Se lo recuerdo: en el año 2025, el déficit de las cuentas públicas ascendió a 40 330 millones de euros. Le recuerdo que, desde el año 2019, han acumulado déficits en las cuentas públicas por importe de 437 222 millones de euros. Señora ministra, menciona la memoria abreviada de análisis del impacto el efecto de un aumento de la demanda de atención sanitaria urgente y hospitalaria sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Es bueno que reconozcan que, si aumenta la demanda y los hospitales y los centros de salud son los mismos, se deteriora el sistema, algo aplicable a todos los ministerios de este Gobierno. La memoria también menciona un impacto presupuestario de este real decreto ley de 265,63 millones de euros. Señora ministra, sobre la base de la extraordinaria y urgente necesidad, le hago una pregunta: ¿cómo lo va a financiar? Y una petición: que nos desglose el impacto de cada una de las medidas propuestas. Señorías, hablamos de un real decreto ley insuficiente. Insuficiente para colectivos para los que VOX ha propuesto en diversas ocasiones una exención total del copago; colectivos como personas polimedicadas o con patologías crónicas, en situación de discapacidad o dependencia, o que sufran enfermedades raras; colectivos como familias numerosas; colectivos como pensionistas de clases pasivas que se encuentran encuadrados en MUFACE e ISFAS. Un real decreto ley escaso. Escaso porque no pone medidas para que los ciudadanos no adelanten dinero durante los meses hasta recibir el reintegro autonómico. Un real decreto ley incomprensible. Incomprensible porque si ganas 34 999 euros, tendrás un límite máximo de aportación de 61,75 euros, pero si ganas 35 001, no existe límite máximo. Un real decreto ley injusto. Injusto porque trata desfavorablemente a los españoles e inmigrantes legales con respecto a los inmigrantes ilegales, un trato desfavorable que ya existía previamente a este real decreto en los porcentajes de copago. Ahora, con este real decreto, una persona activa con renta anual de 18 001 euros aportará un 45 % del precio, mientras que una persona en situación ilegal aportará solo el 40 %. Señora ministra, con base en la extraordinaria y urgente necesidad, le hacemos otra petición: que nos diga, desde que entró en vigor el Real Decreto Ley 7/2018, cuál ha sido el coste total para el Estado del 60 % del importe de los medicamentos que se ha financiado a los inmigrantes ilegales, un trato desfavorable que se ahonda en este real decreto ley. . Ejemplos: primero, equipara la aportación máxima de los inmigrantes ilegales con el colectivo de rentas más bajas; segundo, una persona activa con renta anual de 9001 euros tendrá un tope máximo de pago de 18,52 euros, mientras que una persona en situación ilegal tendrá un tope de 8,23 euros; tercero, una persona con renta anual de 35 001 euros no tiene tope máximo de pago al mes, mientras que una persona en situación ilegal tiene un tope máximo de 8,23 euros. Señora ministra, reiteramos la solicitud de una estimación del coste que va a suponer para los españoles poner un tope de 8,23 euros para los inmigrantes ilegales. Señorías, se crea un problema cuando a un trabajador español que lleva años cotizando, pagando impuestos y sosteniendo el sistema público se le trata peor que a quien no ha contribuido previamente al sostenimiento del sistema. Se crea un problema cuando un trabajador español percibe que el sistema le exige más obligaciones, pero no le reconoce protección prioritaria. Se crea un problema si se generan incentivos adicionales a un aumento de la inmigración ilegal. Señora ministra, ustedes han creado un problema: el problema de convertir a las clases medias y trabajadoras españolas en el cajero automático de un sistema que cada vez exige más esfuerzo, mientras perciben peores servicios. . Señorías, en VOX defendemos que las ayudas y beneficios deben orientarse prioritariamente hacia los ciudadanos españoles, y especialmente hacia los más desfavorecidos. Señorías, en VOX defendemos la prioridad nacional. Muchas gracias. .

Alba Soldevilla Novials PSC-PSOE

Gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Señorías, nadie se levanta un día cualquiera, un jueves por la mañana como hoy, pensando: voy a la farmacia a ver qué tienen; hoy me apetece comprarme un inhalador. Las personas no quieren medicamentos, los necesitan. Creo que es importante recordar esto en un debate como este, porque convivir con una enfermedad ya es suficientemente difícil como para añadir, además, una carga económica desproporcionada. Y eso es lo que busca esta reforma: proteger más a las rentas medias y bajas , introduciendo más progresividad y extendiendo también a la población activa algo que ya existía para los pensionistas: un tope a lo que una persona paga al mes por sus medicamentos. Porque sí, hay personas trabajadoras que acumulan cada mes un gasto farmacéutico elevado, especialmente pacientes crónicos y polimedicados. A partir de ahora, un trabajador que cobre 18 000 euros pagará como máximo 18 euros al mes, y uno que cobre hasta 35 000, unos 60 euros. Sin esta reforma, ambos pueden estar pagando cientos de euros mes tras mes, un gasto que hace que muchos de estos pacientes abandonen el tratamiento por no poder pagarlo. Para estos y estas pacientes, esta reforma supone algo muy concreto: 265 millones de euros de ahorro; además, con una garantía importante: ningún colectivo pagará más. La reforma mejora la equidad del sistema sin aumentar el copago para nadie. Señorías, los gobiernos progresistas tenemos nuestra manera de entender la sanidad pública. Lo hacemos reformando el copago para reducir barreras; lo hacemos ampliando la detección precoz, reforzando el cribado neonatal, o, como acabamos de hacer con el cáncer de mama, que hasta ahora se dirigía a mujeres de entre 50 y 69 años y ahora se amplía a mujeres entre 45 y 74 años; lo hacemos también aumentando las plazas de formación sanitaria especializada hasta cifras récord para reforzar nuestro sistema público de salud. Y sí, aquí hay una diferencia política, porque cuando gobernó la derecha el camino fue exactamente el contrario: en 2012, el Partido Popular endureció el copago farmacéutico; en plena crisis, mientras miles de familias lo pasábamos peor que nunca, al PP no le bastó con recortar miles de millones en sanidad, además, hicieron pagar más a quienes necesitaban sus medicamentos. Ese es su modelo. . La cosa no ha cambiado. Hoy seguimos viendo sus consecuencias en las comunidades autónomas. ¿Se han leído los pactos de la vergüenza entre Partido Popular y VOX? Mientras millones de ciudadanos están preocupados por conseguir cita en atención primaria, por las listas de espera o por la falta de profesionales, ustedes no dan ni una solución estructural, ni atención primaria, ni planes para afrontar la falta de profesionales, ni respuestas reales para las listas de espera. . La sanidad pública no es su prioridad nacional, y lo están demostrando con los enfermos de ELA. Ustedes dicen que los defienden, pero solo de boquilla; porque cuando hay que poner el dinero, los abandonan. La ley ELA dice que las ayudas son compartidas: una parte la pone el Estado y otra parte las comunidades. ¿Qué ha hecho Isabel Díaz Ayuso? Abandonar a los enfermos de ELA , porque mientras el Estado está poniendo su parte, esta misma semana la Comunidad de Madrid acaba de recortarles las ayudas en un 40 %. .

Alba Soldevilla Novials PSC-PSOE

Les molesta…

Alba Soldevilla Novials PSC-PSOE

Les molesta, pero es que la Comunidad de Madrid acaba de recortarles… .

Alba Soldevilla Novials PSC-PSOE

Digo que les molesta, pero la Comunidad de Madrid acaba de recortarles las ayudas en un 40 %; acaba de imponer un copago a los enfermos de ELA. Esa es su decisión. ¿Qué hace en cambio Cataluña con un Gobierno socialista? Cataluña no solo está pagando su parte de manera íntegra, sin copago, es que, además, pone un complemento de hasta 5000 euros al mes para los que más lo necesitan. . No mientan y no engañen a los enfermos de ELA: no pagan porque no quieren; no ayudan porque no les da la gana. Ayuso los abandona; Illa los acompaña. Y, mientras, el Estado cumple. Su modelo, señorías del PP, es el del copago, el que deteriora lo público mientras empuja cada vez a más personas hacia seguros privados porque sienten que el sistema ya no responde; un modelo que convierte la sanidad en un negocio para quien puede pagar y en una carrera de obstáculos para quien no, como si el medicamento fuera un capricho, como si la enfermedad fuera una elección. Nosotros creemos exactamente lo contrario: creemos que nadie debería abandonar un tratamiento por motivos económicos, porque esta reforma no trata simplemente de cuánto paga cada uno, trata de qué hace un gobierno cuando una persona enferma. Señorías, nadie elige una diabetes, un asma, una ELA o una cardiopatía, pero sí elegimos qué sistema sanitario queremos. Los socialistas y este Gobierno lo tenemos claro: los medicamentos salvan vidas, pero solo si llegan al paciente. . Y precisamente para eso existe la sanidad pública, para proteger a las personas, sin distinción, cuando más vulnerables están. Muchas gracias. .

Elvira Velasco Morillo PP

Gracias, presidente. Muy buenos días. Señorías, el Gobierno nos trae para su convalidación un real decreto por el que se la modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, los llamados copagos farmacéuticos. Señora ministra, los españoles, en función de nuestro nivel de renta, venimos haciendo esta aportación en aplicación del artículo 102 del Real Decreto Legislativo 1/2015, del 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Con la ley del medicamento en proceso de modificación ―que la ministra anunció en esta Cámara como uno de los hitos de la legislatura y como la reforma más importante del sector farmacéutico en los últimos treinta y cinco años― estamos ante un anteproyecto al que el sector, integrado por más de cuatrocientos organismos, ha presentado alegaciones en la fase de audiencia pública, que finalizó en mayo de 2025, con una enmienda a la totalidad, lo que demuestra su total desacuerdo. No se ha sabido nada más de este asunto hasta ahora, cuando el Gobierno nos trae para su convalidación este real decreto ley, que hace referencia a un artículo de ese anteproyecto de la Ley del Medicamento. Esto ha generado sorpresas e incertidumbre en el sector farmacéutico al entender que el Gobierno podría no ser capaz de traer dicha ley en esta legislatura. Además, este real decreto se lleva al Consejo de Ministros en un momento de oportunidad política, coincidiendo, señorías, con la campaña de Andalucía. No queremos pensar que sea con el fin e arañar un puñado de votos, aunque el resultado ya sabemos cuál ha sido. Entrando a valorar el texto, quiero decirles que es una auténtica chapuza, con incongruencias en su redacción y una implantación efectiva inviable, porque necesita adaptaciones administrativas, procedimentales y tecnológicas de diferentes organismos. Una vez más, estamos ante una falta de coordinación del Ministerio de Sanidad. ¿Cómo es posible, señora ministra, que envíe al BOE un texto que para su aplicación requiere coordinar al Ministerio de Hacienda, el INSS, las comunidades autónomas y las oficinas de farmacia? ¿Es consciente de que se necesita poner a todos estos organismos de acuerdo? . Estamos hablando de adaptar un modelo vigente de copagos farmacéuticos. Por cierto, no olvidemos que es un modelo que, cuando se creó, ya se anunció desde SUMAR que lo derogarían. Y, si uno de los fines de esta reforma es la necesidad de adaptarse a los copagos farmacéuticos para corregir situaciones de desigualdad detectadas en pacientes con rentas bajas y medias y estamos hablando de umbrales de renta, señorías, estamos ante una consignación a través del impuesto de la renta de las personas físicas ―Ministerio de Hacienda― y los españoles estamos en plazo hasta el 30 de junio para hacer la declaración. Y, además, en función de los datos fiscales autorizados, se establecen nuevos porcentajes y límites de copago, así como la reasignación de los códigos de aportación por parte del INSS, que comunicará a las comunidades autónomas para que posteriormente los envíen a las oficinas de farmacia. Señorías, todo esto no es de aplicación al día siguiente de su publicación en el BOE — no sé si se ha dado cuenta―, lo que demuestra una vez más que estamos ante un ministerio que fomenta la descoordinación, y, además, sabe que es inviable su aplicación efectiva. . Y lo que ya es el colmo es que el ministerio, sabiendo que no ha actuado bien, intente justificarse ante los farmacéuticos y las comunidades autónomas, a las que en ningún momento ha dado participación ni tan siquiera a través de la Comisión Permanente de Farmacia. No estamos hablando de un tema menor. Se establecen cambios considerables en los nuevos tramos tanto para los asegurados activos y sus beneficiarios como para los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios. Señorías, no estamos ante un real decreto de urgencia. Lo único que sí está meridianamente claro es que hoy el farmacéutico no podrá aplicar estas medidas en la dispensación de las recetas del medicamento en el Sistema Nacional de Salud ni informar adecuadamente a los pacientes que lo soliciten. Sí, el texto es una auténtica chapuza, y solo median catorce días de diferencia entre otro decreto y el texto que hoy convalidamos en lo que hace referencia a la modificación relativa a la aplicación reducida por envase dispensado de aquellos medicamentos con código cícero. Puestos a rectificar, señora ministra, podían haber contemplado también el plazo para hacer posible esta aplicación efectiva, dado que la autorización de los nuevos datos anuales está en función del nivel de renta y se cargan a finales de noviembre y principios de diciembre, como usted bien conoce. Por tanto, señorías, hoy estamos ante un real decreto con algunas consecuencias, porque la norma no se puede aplicar directamente y eso va a suponer reintegros de gastos de las personas afectadas. Esta es la realidad, a lo que hay que sumar costes de la norma. Desde luego, que esto lleva un coste, aunque hoy no nos haya hablado usted de ahorro. Sin duda, cuando tenemos a una ministra, que está más preocupada por ser candidata, velando por las chapuzas normativas ―y reconózcame que esto lo es―, difícilmente podemos avanzar en lo que preocupa a los pacientes, a los sanitarios y a la industria farmacéutica. Además, ¿usted es consciente, señora ministra, de que forma parte de un Gobierno sustentado por el Partido Socialista, un partido en el que ayer conocimos que existe una verdadera corrupción criminal para acabar con el Estado de derecho en España, con los jueces, fiscales y policías y con cualquier otro que ose investigar la corrupción? . No estamos hablando de ruido, señora ministra, sino de que hay grupos en esta Cámara que sustentan el régimen corrupto de Pedro Sánchez. Señoría, España no merece este daño por la corrupción y los escándalos del PSOE. Hay que cerrar esta etapa de decadencia para dar la voz a los españoles. .

Viviane Ogou i Corbi SUMAR

Gracias. Somos las izquierdas en este país las que debatimos sobre el derecho al voto. Somos las izquierdas en este país las que siempre hemos trabajado para garantizar la emancipación de las mujeres, para garantizar nuestra libertad y para garantizar que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Por eso nosotros no defendemos el velo integral, pero consideramos que no es esta Cámara la que tiene que decidir sobre ello. Consideramos que no se debe debatir sobre su prohibición, porque esa es una estrategia que usa la derecha para no hablar de los temas que realmente importan , que usan para polarizar a la población y para desviar la atención. Por eso nosotros consideramos que de lo que hay que debatir es sobre emancipación económica, hay que debatir sobre el racismo que no permite a las mujeres alquilar un piso. . Lo que hay que debatir es cómo vamos a garantizar a las mujeres musulmanas y al resto de mujeres migrantes en nuestro país que van a tener las mismas oportunidades. Ese es el tema central. Y porque no compete a esta Cámara hablar sobre ello y porque este tema es para difundir odio, nosotros votamos en contra. .

Blanca Armario González VOX

Muchas gracias, señora presidenta. VOX siempre ha abierto debates que son incómodos para algunos, y con ello hemos obligado a muchos que caminan de perfil a posicionarse. Y siempre hemos denunciado las políticas de fronteras abiertas y sus consecuencias. Una de ellas es la que centra el debate de la creación de esta subcomisión: burka sí o burka no. VOX trajo la prohibición del uso del burka y el nicab en los espacios públicos en el mes de marzo a este Congreso, y entonces los que decían ser tan feministas votaban en contra. No es integración tolerar que una prenda que es símbolo de sumisión de la mujer, incompatible con la cultura occidental y que además es un riesgo para la seguridad pública, se normalice. La libertad religiosa no puede servir para blindar símbolos y modos de vida que son representaciones de discriminación hacia la mujer. Islamismo y Occidente es una ecuación imposible. El multiculturalismo es un fracaso. . Si quieren debatir, debatan. Eso sí, el deber de este Congreso es tramitar una norma que fue aprobada ayer en el Senado, impulsada por VOX, y abrir paso a iniciativas que defienden y protegen las libertades y los derechos de las mujeres en este país. Gracias. .

Ada Santana Aguilera PSOE

Gracias, presidenta. Estaremos todos y todas de acuerdo en que hablar del uso del velo integral, es decir, aquel que cubre la totalidad del rostro de las mujeres, es precisamente una imposición religiosa y moral que se aplica únicamente a las mujeres. Sin embargo, si tenemos que hablar de la defensa de la dignidad de las mujeres, ello comprende defenderlas como sujetos libres que puedan decidir sobre su propia vida y también que puedan defender aquellas creencias que quieran o no tener. El feminismo siempre ha tenido como máxima la defensa de la emancipación de las mujeres; esa es la máxima del feminismo. Sin embargo, lo que no defiende el feminismo en ningún caso es el odio, es la discriminación o la vulneración de derechos para las personas dependiendo de su religión, su raza o su origen. Desde luego, eso no es hablar en nombre del movimiento feminista. Al Grupo Parlamentario Socialista le parece óptimo que se constituya esta subcomisión, en la que poder mantener un debate — esperamos que sosegado y verdaderamente útil para la sociedad— sobre posibles reformas legislativas que precisamente aborden la colisión de derechos fundamentales que se produce en este tema a término de nuestra Constitución, y también, por qué no, estudiando lo que han hecho otros países cercanos y, por supuesto, contando con la voz de expertos y expertas. El Partido Socialista siempre ha estado en la conquista de derechos para las mujeres, seguimos estando en ello y continuaremos igual. Y, para terminar, queremos recordar que siempre defendiendo su integración y, por supuesto, reivindicando a las mujeres como sujetos de derechos. Muchas gracias. .

Patricia Rodríguez Calleja PP

Gracias. Vamos a ver, señorías de las izquierdas, ¿qué parte no han entendido de que no están ustedes en condiciones de dar lecciones de nada, y mucho menos de feminismo? . De nada, porque fueron ustedes los que votaron en contra en esta Cámara de prohibir el burka y el nicab en los espacios públicos. Ustedes, que se autoproclaman el Gobierno más feminista de la historia, decidieron ponerse de perfil ante una realidad evidente, y es que hay prendas concebidas precisamente para borrar a la mujer del espacio público, para invisibilizarla , para convertirla en una sombra sin rostro y sin identidad. Pero, claro, ya toda España sabe que la mentira y la hipocresía es la esencia del sanchismo. Por eso quieren intentar trasladar hoy aquí la idea de que hay formas de opresión que debemos tolerar si vienen revestidas de tradición o de alguna religión. Pues, no, señorías, la dignidad de la mujer no admite apellidos culturales ni religiosos. La libertad no puede modularse según el origen, la comunidad o la presión social que reciba la mujer. Señorías, el Partido Popular no necesita la creación de esta subcomisión para tener meridianamente claro cuál es nuestra posición. Nosotros defendemos que en España debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración la libertad y la igualdad de todas las mujeres. . Y creemos que ninguna sociedad verdaderamente democrática puede aceptar como normal una prenda cuyo propósito explícito es ocultar completamente la mujer ante los demás. Aun así, hemos votado favorablemente a la creación de esta subcomisión, y lo hacemos porque estamos convencidos de que los trabajos, las comparecencias y los testimonios que escucharemos acabarán desmontando la tibieza moral de quienes todavía hoy se niegan a afrontar este debate con valentía, y demostrarán que no hay libertad donde una mujer es obligada a desaparecer físicamente del espacio público. . Quizá entonces algunos comprendan, especialmente las señorías de SUMAR, que el feminismo no consiste en callar ante la opresión cuando resulta incómodo denunciarla, que no consiste en contemporizar con ideologías que relegan a la mujer a la invisibilidad y que no consiste tampoco en mirar hacia otro lado por miedo o complejo a ser acusado de intolerancia, porque la verdadera intolerancia, señorías, es aceptar que haya mujeres condenadas a vivir ocultas. España debe ser un país donde toda persona pueda mirar y ser mirada como ciudadana libre e igual, un país donde ninguna mujer tenga que esconder su rostro para caminar por la calle y un país donde la defensa de los derechos fundamentales no dependa jamás del cálculo ideológico ni de la cobardía política. Y me van a permitir una última reflexión, un último comentario a la intervención en comisión de unos socios de Gobierno. Me refiero a Bildu, porque la señora Aizpurua se mostró bastante indiferente ante este asunto en la Comisión Constitucional. Afirmó que este debate no está en la sociedad. Me pregunto si será porque ustedes sí se sienten cómodos con la cara tapada. Ya saben, con los pasamontañas con chapela. . Resulta… .

Patricia Rodríguez Calleja PP

Consideran… . Sí, sí…

Patricia Rodríguez Calleja PP

… abandonan todos el hemiciclo porque hay verdades que duele mucho escuchar. . ¡Abandonen, abandonen el hemiciclo! .