Pleno del Congreso n.º 185 · XV legislatura

Brígida Pachón Martín PSOE

Sí, juro.

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, senyora presidenta. Junts sempre hem defensat que els treballadors penitenciaris mereixen aquest reconeixement. És necessari reforçar el seu estatus jurídic i reconèixer l’autoritat que els cal cada dia per a l’exercici de les seves funcions. Parlem de professionals que realitzen una taxa, una tasca molt complexa, exigent i sovint sotmesa a situacions de gran tensió i de risc elevat. Per això, òbviament, votarem a favor d’aquesta iniciativa. Ara bé, mantenim viva la nostra esmena, perquè apunta un problema profund i és un problema que Junts denunciem iniciativa rere iniciativa en aquesta cambra. Cal aturar d’una vegada que el Congrés aprovi noves obligacions econòmiques per a la Generalitat de Catalunya sense assumir-ne el cost, com si Catalunya disposés de recursos infinits, com si no patíssim un dèficit fiscal de 22 000 milions d’euros l’any,. Com si els diners que marxen cap a Madrid i no tornen no tinguessin cap conseqüència per als catalans. Però la tenen, perquè cada euro que aquest congrés decideix gastar a càrrec de la Generalitat és un euro menys per a la nostra sanitat, per a la nostra educació o per a les nostres infraestructures. La nostra esmena planteja una idea molt simple: si una decisió presa aquí genera una obligació econòmica per a la Generalitat de Catalunya, el finançament també l’ha d’assumir qui pren la decisió. Catalunya no estem per obeir i pagar, tot i que alguns encara entenguin el sistema competencial com una relació jeràrquica de Madrid decideix i Catalunya paga, i no. Mantenim, doncs, aquesta esmena per respecte a les competències de la Generalitat, però sobretot per respecte als contribuents catalans. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora presidenta. En Junts siempre hemos defendido que los trabajadores penitenciarios merecen este reconocimiento. Es necesario reforzar su estatus jurídico y reconocer la autoridad que necesitan cada día para el ejercicio de sus funciones. Hablamos de profesionales que realizan una tarea muy compleja y exigente, a menudo sometidos a situaciones de gran tensión y de riesgo elevado. Por eso, obviamente vamos a votar a favor de esta iniciativa. Eso sí, mantenemos viva nuestra enmienda porque apunta a un problema profundo. Es un problema que Junts denuncia iniciativa tras iniciativa en esta Cámara. Pero conseguir que se aprueben nuevas obligaciones económicas sin asumir el coste ―eso no―, como si Cataluña dispusiera de recursos infinitos, como si no sufriéramos un déficit fiscal de 22 000 millones al año, como si el dinero que se va a Madrid y no vuelve no tuviera ninguna consecuencia para los catalanes. Pero la tiene, porque cada euro que este Congreso decide gastar a cargo de la Generalitat es un euro menos para nuestra sanidad, para nuestra educación o para nuestras infraestructuras. Nuestra enmienda plantea una idea muy simple: si una decisión tomada aquí genera una obligación económica para la Generalitat de Catalunya, la financiación la tiene que asumir también quien toma la decisión. En Cataluña no estamos para obedecer y pagar, aunque algunos aún entiendan el sistema competencial como una relación jerárquica en la que Madrid decide y Cataluña paga, y no. Mantenemos, por lo tanto, esta enmienda por respeto a las competencias de la Generalitat, pero sobre todo por respeto a los contribuyentes catalanes. Gracias.

David García Gomis VOX

Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y buenos días también a todos los funcionarios de prisiones que están hoy aquí presentes y a los que nos están viendo. Para mí es un honor subir hoy a esta tribuna porque es un día histórico y porque este es un tema por el que llevamos muchos años peleando junto a vosotros, codo con codo en vuestras acciones. Además, es un tema que nos toca muy de cerca, porque nuestro presidente de honor, uno de nuestros fundadores, es don José Antonio Ortega Lara, que fue funcionario de prisiones, por eso ETA lo mantuvo secuestrado durante 532 días. . Hoy, por fin, damos un paso más hacia las justas reivindicaciones que lleváis reclamando más de una década. Hoy no se os concede nada, se os reconoce por fin lo que siempre deberíais haber sido. Habéis hecho multitud de manifestaciones en las que os hemos acompañado: la petición de un estatuto propio, la petición de medios humanos y materiales, más formación, el reconocimiento como autoridad y el reconocimiento como profesión de riesgo. Hemos entrado con vosotros a las prisiones, incluso a los módulos más conflictivos, aquellos en que los directores de prisión no querían que entráramos. Vosotros habéis sido los grandes abandonados por el Estado durante años, los que hacéis verdaderamente que una prisión funcione con vuestra sola presencia, con oficio, con temple, con una autoridad que muchas veces habéis tenido que ejercer aunque la ley no os protegiera como debía. Sabéis perfectamente que un turno puede cambiar en segundos: durante un recuento, la inspección de una celda, una comunicación, un interno alterado, una pelea en un módulo o cuando un interno decide quemar su colchón contra la puerta y varios de vosotros resultáis heridos. Y con todo eso, ¡con todo eso!, volvéis al día siguiente, volvéis a cumplir con vuestro deber y lo hacéis sabiendo que estáis completamente abandonados. . Por eso VOX mantiene viva la enmienda y por eso VOX quiere ir mucho más allá. Sabemos que este es un paso importante, pero no es la meta. Queremos seguir peleando por conseguir todo lo que se ha quedado en el tintero. Conviene recordar una cifra: 529 agresiones a funcionarios de prisiones en el año 2025. ¡Son 529! Como sabéis, detrás de cada agresión hay una persona, un compañero, una familia, una situación en la que se tuvo que intervenir y que pudo cambiar la vida de un funcionario de prisiones para siempre. Frente a eso, ¿qué ha hecho este Gobierno durante años? Mirar para otro lado e incluso negarlo. El PSOE lleva más de ocho años en el Gobierno, ¡más de ocho años!, y ahora parece que vienen con prisas a descubrir que los funcionarios de prisiones existen; ahora se ponen solemnes, ahora hablan de reconocimiento y ahora dicen que os escuchan. La pregunta es evidente: ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace siete años? ¿Por qué no cuando aumentaban las agresiones? A lo mejor es casualidad, o a lo mejor no. Porque uno puede pensar que a lo mejor presentan esto ahora porque como medio PSOE está mirando de reojo a los juzgados, con Ferraz oliendo a cloaca, han empezado a pensar que quizás se tienen que llevar bien con los que están trabajando dentro. ¿Casualidad? No lo creo. . No se alteren. Por eso, y aprovechando la atención de la bancada socialista, les doy un primer consejo gratuito: vayan aprendiéndose la jerga taleguera. Conviene aprenderla porque en el chabolo no hay Falcon, no hay argumento de Ferraz, no hay asesores colocando titulares, no hay ruedas de prensa para tapar la vergüenza y, sobre todo, no habrá ni mensajes ni llamadas de P. S. . Lo que sí habrá serán recuentos, normas y algunos compañeros de partido y de escaño. Y, a diferencia de lo que el PSOE ha hecho demasiadas veces, allí la ley se cumple. Por respeto a los funcionarios, no voy a ensañarme más con ustedes, pero les digo una cosa: esto llega tarde, muy tarde. Esta medida es de justicia y necesaria, como todas las que llevan tiempo reclamando las asociaciones, y nosotros, como sí creemos en la ley y el orden ―la ley que sostienen policías, guardias civiles, militares, vigilantes de seguridad y funcionarios de prisiones― y sabemos que son ellos los que garantizan el orden que impide que una sociedad se rompa, jamás los vamos a abandonar. . Pero, como he dicho antes, en VOX no nos conformamos. Ser agente de la autoridad es un paso importante, sí, pero no basta. No basta si siguen faltando plantillas suficientemente dimensionadas, no basta si no hay sueldos adecuados e iguales para todos, no basta si no hay medios, si no hay protocolos que protejan a los funcionarios de prisiones, no basta si la sanidad penitenciaria sigue abandonada, no basta mientras haya una sola agresión, no basta mientras no seáis reconocidos como profesión de riesgo y no basta mientras un funcionario que se está jugando el tipo dentro de un módulo siga sintiendo que al ministerio le molesta más el parte que tiene que hacer que la agresión que el funcionario sufre. . Y tiene que quedar claro: una prisión no funciona por los muros, ni por las rejas, ni por las cámaras, ni por las puertas blindadas; funciona porque hay funcionarios de prisiones que cada día hacen que el criminal no se salga con la suya. Ese trabajo no siempre se ve, pero se nota cuando falta. Quiero terminar dando las gracias de parte de mi grupo y de los españoles a los funcionarios de prisiones. Gracias y mil veces gracias. Gracias por aguantar, por entrar donde otros no entrarían jamás, por mantener la calma donde otros perderían los nervios y los papeles. Gracias por proteger también a los internos vulnerables, a vuestros compañeros, a todos los españoles de dentro de sus muros. Solamente quiero recordaros que Marlaska y muchos otros os abandonaron mucho tiempo; nosotros no os hemos abandonado ni os abandonaremos jamás. Nosotros vamos a por el pack completo. Allí os esperamos. Muchas gracias. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. En primer lugar, cómo no, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, quiero reconocer el trabajo y el esfuerzo que realizan estos funcionarios públicos a la hora de garantizar nuestra seguridad. En esta formación política, Unión del Pueblo Navarro, siempre hemos tenido muy claro que había que proteger a los funcionarios y a los trabajadores de los centros penitenciarios españoles y que la figura de agente de la autoridad era una medida oportuna y necesaria. Junto a ello, también había que establecer cuestiones de protección para aquellos trabajadores que no son funcionarios, y eso es algo que se recoge en el texto de esta norma. Y, por otro lado, es evidente que damos un paso muy importante; en una sociedad libre y democrática debemos protegernos y para ello también debemos proteger a los que nos protegen. Es llamativa la mayoría parlamentaria con la que se va a aprobar esta norma, y uno se pregunta: si tan buena y necesaria era, ¿por qué no se aprobó antes? Porque han sido años de lucha, de reivindicación. Se ha dicho esta mañana aquí que ha habido más de 500 agresiones a los funcionarios y trabajadores de prisiones. Por otro lado, es evidente que con esta situación no se solventan todos los problemas y las necesidades de los centros penitenciarios españoles; no, en ningún caso. El propio informe del Defensor del Pueblo, que se expuso en esta Cámara hace unos días, evidenciaba las necesidades; necesidades, por ejemplo, en materia de sanidad penitenciaria y ese llamamiento que se hacía a algunas comunidades autónomas ―no, por ejemplo, a la de Navarra, que lo tiene asumido desde hace tiempo―. Pero también se hablaba de los derechos de las familias en las visitas, de las plantillas escasas del funcionariado y de los trabajadores para realizar una función adecuada a las necesidades que se plantean en los centros penitenciarios, y se hablaba, señorías, de política penitenciaria. Desde Unión del Pueblo Navarro hicimos hincapié en esa recomendación del Defensor del Pueblo que denunciaba la falta de uniformidad a la hora de conceder los terceros grados. En este apartado, en Unión del Pueblo Navarro no nos vamos a cansar de denunciar una vez más la política penitenciaria del Gobierno y de sus socios que lo sustentan, una política penitenciaria que está permitiendo, señorías, que salgan por la puerta de atrás presos terroristas sin haber cumplido su condena, sin haber un arrepentimiento sincero y real, sin que se haya colaborado con la justicia, como hemos visto hace unos días con una persona a la que se revocó esa semilibertad, a la terrorista Anboto y a otros terroristas que no quisieron colaborar en el esclarecimiento de algunos asesinatos. Se está llevando a cabo una aplicación del tercer grado totalmente fraudulenta, así como una vergonzosa concesión y aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que incluso ha supuesto que algunos jueces que han revocado algunos casos de su aplicación hayan dejado clara la necesidad de modificar dicho artículo. Es llamativo, señorías, en este caso concreto, que una consejera de Justicia del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, del Partido Socialista, pasase de decir que era necesario sancionar los actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas a sacar a los presos de ETA por la puerta de atrás. Esa es la triste realidad de la política penitenciaria de nuestro país. Muchas gracias. .

Cristina Valido García CCa

Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero saludar a los funcionarios de prisiones que nos acompañan hoy. En Coalición Canaria estamos contentos con que hoy podamos votar por fin a favor de acabar con una injusticia histórica, una anomalía histórica: el reconocimiento de estos profesionales como agentes de seguridad. Hemos sostenido este derecho en todas nuestras intervenciones, en todas nuestras iniciativas, un reconocimiento con consecuencias jurídicas reales y que garantiza una mayor protección social a este cuerpo de trabajadores. Sin duda alguna, esta es una de sus principales demandas, pero no la única. Hay muchas más. Desde luego, nosotros las hemos recogido en cada una de nuestras iniciativas y vamos a seguirlas peleando como el primer día, porque para nosotros hoy el trabajo no solo no termina, sino que es el impulso para empezar a reclamar otras cuestiones que son de justicia. Me van a permitir que haga alusión a las dificultades que viven las prisiones en Canarias, los trabajadores de prisiones en Canarias. Hace más de diez años, bastante más, que no se actualiza la indemnización por residencia. Esto significa que no solo perdemos trabajadores que ya no pueden pagar su alquiler con lo que cobran y con una indemnización por residencia ridícula, sino que además es muy difícil que consigamos personas que quieran trasladarse a Canarias a trabajar. Pero además de esto tenemos que hablar de que esa inestabilidad y ese déficit de plantilla generan que, por ejemplo, en Las Palmas II la población reclusa haya crecido un 150 % mientras que la plantilla se mantiene en las cifras anteriores a ese exponencial crecimiento del que les hablo. En Tenerife II hablamos de una infraestructura obsoleta, antigua, que reclama una reforma integral desde hace años. Saben ustedes que la seguridad en las prisiones no solo depende de las plantillas, sino también de las infraestructuras en las que se mueven. En Tenerife II los trabajadores tienen que llevarse sus propios calefactores en invierno y en verano asumir con pequeños ventiladores las inclemencias de un cambio climático que azota también esas infraestructuras del Estado. Podría seguir, porque son muchos los problemas, podemos hablar también de la falta de personal, de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado para el traslado de los presos a los centros de salud. En fin, votar a favor hoy no significa que consideremos, ni mucho menos, que están resueltos los problemas que tienen los trabajadores de prisiones, que tienen las infraestructuras penitenciarias, en nuestro caso en Canarias. Coalición Canaria seguirá, tenemos una proposición no de ley registrada para seguir peleando en todos estos asuntos, y además queremos advertir que, como dice uno de los muchos sindicatos que tanto han trabajado en esta reclamación, Tu abandono me puede matar. Cuando hablamos de tu abandono se refieren a esta Cámara. Está en nuestras manos resolver los problemas, está en nuestras manos obligar al Gobierno a dar una respuesta a algo que es urgente. Hoy es un día importantísimo para la dignidad y el respeto de los funcionarios de prisiones, pero no es ni mucho menos el final de esta durísima travesía. Gracias.

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidenta. Egun on guztioi. Buenos días también a los empleados públicos de la Administración Penitenciaria que hoy nos acompañan. Señorías, después de varias legislaturas debatiendo sobre la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, hoy esta Cámara dará un paso relevante en este sentido recogiendo una demanda generalizada de los empleados públicos de la Administración Penitenciaria para la mejora de la protección jurídica en sus funciones dirigidas a garantizar el régimen interior en los centros penitenciarios, sin desconocer tampoco que, en buena medida, la mejor convivencia en estos centros está también íntimamente relacionada con otros factores, como sus condiciones de vida y habitabilidad, el dimensionamiento de las plantillas de su personal y de sus medios materiales y otros instrumentos, como la constante evaluación y mejora de la protección, de la prevención y actuación frente a agresiones e incluso, y sin ánimo de agotar estos otros factores para la mejor convivencia en los centros penitenciarios, el tratamiento del gravísimo problema de la salud mental dentro de las prisiones de una parte relevante de presos y penados. En cualquier caso, señorías, y por lo que hace a la reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, he de señalar que esta se dirige a la mejora de la protección jurídica de los funcionarios de la Administración penitenciaria y del personal laboral al servicio de esta en cinco aspectos, tales como el reconocimiento legal de su condición de agentes de la autoridad en relación con los delitos de atentado, resistencia y desobediencia grave; la identificación en los procedimientos administrativos y judiciales consecuencia de esa actividad profesional con el número profesional para preservar el anonimato de sus datos personales; el valor probatorio de sus informes respecto de los hechos presenciados en los procedimientos disciplinarios, sin perjuicio de prueba en contrario y sin que exima a los funcionarios de aportar al expediente todos los elementos probatorios, reconocimiento que, como hemos señalado en otras ocasiones, no eclipsa la constitucional presunción de inocencia ni goza de una absoluta preferencia probatoria acerca de la verdad de los hechos que haga innecesaria la formación de la convicción por la autoridad sancionadora, de suerte que la falta de credibilidad de una denuncia a la vista de otras pruebas o circunstancias concurrentes no permitiría sustentar una sanción. En cuarto lugar, de la reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria destacaríamos la separación de otros detenidos internos cuando sean privados de libertad y en los traslados y, en quinto lugar, el principio de indemnidad o resarcimiento por la Administración de los daños que puedan sufrir en la prestación de servicios. Y, por último, unas bases mínimas sobre el carácter funcionarial de los cuerpos y escalas de ejecución penal y sobre la formación específica que han de recibir antes de iniciar su actividad por la Administración penitenciaria de la que dependan orgánica y funcionalmente. En definitiva, señorías, si por una parte hemos de lamentarnos de que esta reforma ampliamente reclamada por los servidores públicos no haya llegado antes, no hayamos sido capaces de traerla antes, por otra parte hemos de congratularnos, ya que la misma sirve para reforzar el principio de autoridad en los centros penitenciarios y la actuación de sus empleados públicos a la hora de desarrollar su trabajo, consistente, como es conocido, en mantener la buena convivencia, preservar los derechos de las personas internas y facilitar la reinserción y resocialización de las personas penadas. Señorías ―voy finalizando, presidenta―, asegurar el principio de autoridad es indispensable para el buen funcionamiento dentro de los centros penitenciarios, y para ello debe partirse del buen hacer y neutralidad de los servidores públicos a la hora de desarrollar su trabajo, pues sin esa confianza se contribuye a su desmotivación, generándose un sistema relacional basado en la confrontación y la queja, lo que precisamente no fomenta la responsabilización de las personas internas, que es, a todas luces, contraproducente para el tratamiento resocializador, y sin que ello, por supuesto, haya de suponer menoscabo del modelo garantista que articula nuestro sistema penitenciario a través de múltiples controles, como los procedimientos de quejas y recursos ante la Administración penitenciaria, la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Inspección Penitenciaria y los recursos ante la jurisdicción penal de vigilancia penitenciaria. Nada más y muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Bon dia, diputats, diputades. Gràcies, presidenta. Deixi’m fer algunes consideracions prèvies abans d’expressar la posició del meu grup. Aquesta proposta l’hem debatuda en les seves diverses preses en consideració de proposicions de llei quatre vegades els darrers anys, dues a l’anterior legislatura, dues en aquesta legislatura, les dues anteriors van caducar. I el nostre posicionament, encara que sorprengui en aquesta cambra, és exactament el mateix que era el primer dia. Mirin, al gener d’enguany, amb la Llei 1/2026, de modificació del decret legislatiu 1/97 de refosa del text únic en matèria de funció pública del Parlament de Catalunya, es va votar a Catalunya una disposició gairebé idèntica a la que avui votarem. I, lamentablement, es va guanyar. Per tant, no entenc la crida a l’element competencial i de fons, que comparteixo sempre en aquest cas en concret, perquè la Generalitat de Catalunya ha d’aplicar ja la llei del Parlament de Catalunya, que preveu exactament el mateix pels vots — recordo— de Junts, del PSOE, de VOX i del PP i el vot en contra de Comuns, CUP i Esquerra Republicana de Catalunya. En aquest faristol, jo sempre havia intentat explicar que el sistema penitenciari català no té res a veure amb el sistema penitenciari espanyol i que això es detecta ràpidament per dos elements fonamentals. El primer, la dependència del Departament de Justícia en lloc de la dependència del Departament d’Interior com a l’Estat. I segon, l’accés a la sanitat dels presos i preses, que en el nostre cas va a càrrec del sistema general i que, en canvi, a l’Estat no funciona així. Lamentablement, he de dir que aquests aires regressius han arribat també al nostre Parlament i s’ha aconseguit votar aquesta proposició; proposició que després disseccionaré i explicaré per què hi estem en contra, perquè això no té res a veure amb la valoració que fem de la feina de funcionaris, funcionàries i treballadors i treballadores de l’administració penitenciària. No hi té res a veure. Per això som capaços de pujar aquí i dir que hi ha una part d’aquesta proposició en la qual coincidim. Coincidim amb els punts 4, 5 i 6 i, per tant, compartim el principi de indemnitat, la protecció que significa el rescabalament quan els funcionaris de l’administració penitenciària pateixin danys personals, tot i que es preveu l’establiment d’un règim reglamentari per fixar-ho. Compartim la formació específica que preveu l’apartat 4. Compartim el tractament de separació de la resta de detinguts en cas de detenció o de presos en cas de presó. Però seguim creient i seguim dient que l’atribució de la condició d’agent d’autoritat als funcionaris d’institucions penitenciàries i ara fent-ho extensiu al personal laboral no resolem en absolut la multitud de problemes que existeixen en el dia a dia de la seva feina. En primer lloc, perquè no cal. De reputats juristes, està comprovat, diríem, està explicat, està justificat que l’article 550 del Codi Penal d’atemptat a l’autoritat ja cobreix aquestes situacions i no s’incorpora cap protecció reforçada. En canvi, en aquesta disposició es preveu explícitament que els procediments disciplinaris i sancionadors, els informes emesos pels funcionaris de l’administració penitenciària constituiran base suficient per adoptar la resolució que sigui procedent, llevat de prova en contrari, només faltaria. Aquesta presumpció de veracitat en la via disciplinària, que ja s’aplica a la realitat — és una mica el mateix que els dic: no cal posar-ho, perquè ja s’aplica— tot i que sí que necessita d’una base legal, estableix una situació d’indefensió — ho sento molt— que considerem inadmissible. Allò que en diuen les prerrogatives exorbitants. Dic això, que sabem que genera controvèrsia entre els treballadors i les treballadores, ho sabem. Us reconeixem la vostra feina, reconeixem totes les dificultats que patiu dia a dia, però és que les propostes han de ser unes altres. Reincorporem i fem cert el principi de reinserció social, de socialització i de rehabilitació, que és la finalitat primordial de la pena, juntament amb els principis de respecte als drets humans, de proporcionalitat, de règim progressiu, medi obert. Cada cop utilitzem més l’enduriment del Codi Penal i de les mesures coercitives per resoldre problemes que requereixen tractaments socials. I sembla mentida que el PSOE se n’hagi oblidat! Per tant, què cal? Jubilació anticipada. Quant fa que hem demanat la jubilació anticipada per a aquest col·lectiu? I no l’estan aplicant. Increment de plantilles, millores d’instal·lacions, augment de mediadors i de mediadors, rebaixes de la quantitat de presos i preses atesos per als psicòlegs i psicòlogues, tractament per als casos provinents de l’exclusió social, de les males condicions, dels abusos, de maltractaments, de vulnerabilitat. Accés a una sanitat digna, tractament de situacions de drogodependència. Com s’assumeixen aquestes situacions a la presó? I, finalment, la gran mare dels ous: un autèntic pla de xoc de la salut mental per als presos. Això és el que necessiten la presó, la política criminal, la política d’execució penitenciària i també treballadors i treballadores. Mirin, estem assistint a un progressiu desmantellament de la suposada societat justa en política d’execució penal basada en els principis de l’article 25.2. Jo els he de recordar la seva Constitució? Jo que soc independentista i no me’n sento concernida? Però és que la seva Constitució diu: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación, reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Parla després dels drets dels condemnats, els drets fonamentals, llevat dels que, òbviament, estiguin afectats per la situació de presó. Parla també del treball remunerat i parla de la Seguretat Social. Sembla que ens hàgim oblidat de tot allò que en un inici va fonamentar la Llei General Penitenciària. La seva opció va ésser que a la presó hi haguessin cossos no policials. I aquesta és l’explicació de que avui estiguem debatent això perquè, paulatinament, en lloc d’anar aprofundint en els principis humanitaris, en els principis de dignitat, en els principis de drets fonamentals, en els principis de reinserció, en els principis de rehabilitació que informaven una política que es volia progressiva i justa, estem aprofundint en els principis del populisme punitiu, de coerció i d’una regressió absoluta en mans de la dreta i de l’extrema dreta. No se n’adonen, però això acabarà amb tots. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Permítanme hacer algunas consideraciones previas antes de exponer la posición de mi grupo. Esta propuesta la hemos debatido en sus diferentes tomas en consideración de proposiciones de ley cuatro veces en los últimos años, dos en la anterior legislatura y dos en esta legislatura. Las dos anteriores caducaron. Y nuestro posicionamiento, aunque sorprenda en esta Cámara, es exactamente el mismo que era el primer día. En enero de este año, con la Ley 1/2026, de modificación del Decreto Legislativo 1/1997, de refundición del texto único en materia de función pública del Parlamento de Cataluña, se votó en Cataluña una disposición casi idéntica a la que hoy votaremos y, lamentablemente, se ganó. Por tanto, no entiendo ese llamamiento al elemento competencial y de fondo que comparto siempre, y en este caso en concreto, porque la Generalitat de Cataluña tiene que aplicar ya la ley del Parlament de Cataluña que prevé exactamente lo mismo con los votos ―recuerdo― de Junts, PSOE, VOX y PP y el voto en contra de Comuns, CUP y Esquerra Republicana de Catalunya. En este atril siempre he intentado explicar que el sistema penitenciario catalán no tiene nada que ver con el sistema penitenciario español y que esto se detecta rápidamente por dos elementos fundamentales: el primero, la dependencia del Departamento de Justicia en lugar de dependencia del Departamento de Interior, como en el Estado; y segundo, el acceso a la sanidad de los presos y presas, que en nuestro caso va a cargo del sistema general y que, en cambio, en el Estado no funciona así. Lamentablemente, tengo que decir que estos aires regresivos han llegado también a nuestro Parlamento y se ha conseguido votar esta proposición; que luego voy a explicar por qué estamos en contra de esta proposición, porque esto no tiene nada que ver con la valoración que hacemos del trabajo de los funcionarios y funcionarias, de los trabajadores y trabajadoras de la Administración penitenciaria, no tiene nada que ver. Por eso, somos capaces de subir aquí y decir que hay una parte de esta proposición con la que coincidimos. Coincidimos en los puntos 4, 5 y 6 y, por tanto, compartimos el principio de indemnidad, la protección que supone cuando los funcionarios de la Administración penitenciaria sufran daños personales, aunque se prevé el establecimiento de un régimen reglamentario para fijarlo. Compartimos la formación específica que prevé el apartado 4 y el tratamiento de separación del resto de detenidos en caso de detención o de presos en caso de prisión, pero seguimos creyendo y diciendo que con la atribución de la condición de agente de autoridad de los funcionarios de instituciones penitenciarias ―y ahora haciéndolo extensivo al personal laboral― no resolvemos absolutamente la multitud de problemas que existen en el día a día de su trabajo, primero, porque no hace falta. Reputados juristas lo han explicado, lo han justificado, que el artículo 550 del Código Penal ya cubre estas situaciones y no se incorpora ninguna protección reforzada. En cambio, en esta disposición se prevé explícitamente que los procedimientos disciplinarios y sancionadores y los informes emitidos por los funcionarios de la Administración penitenciaria constituirán base suficiente para adoptar la resolución que sea procedente, salvo prueba de lo contrario, solo faltaría. Esta vía disciplinaria, que ya se aplica en la realidad ―es un poco lo mismo que digo, no hace falta ponerlo porque ya se aplica, aunque sí requiere una base legal― establece una situación de indefensión, lo siento mucho, que consideramos inadmisible; las prerrogativas exorbitantes, como las llamamos. Dicho esto, sabiendo que genera controversia entre los trabajadores y trabajadoras ―lo sabemos, reconocemos vuestro trabajo y todas las dificultades que sufrís día a día, pero las propuestas tienen que ser otras―, reincorporemos el principio de reinserción social, resocialización y rehabilitación, que es la finalidad primordial de la pena, junto con los principios de respeto a los derechos humanos, de proporcionalidad, de régimen progresivo o de medio abierto. Cada vez utilizamos más el endurecimiento del Código Penal y las medidas coercitivas para resolver problemas que requieren tratamientos sociales, y parece mentira que el PSOE se haya olvidado de eso. Por tanto, ¿qué necesitamos? Jubilación anticipada ―¿cuánto hace que pedimos la jubilación anticipada para este colectivo y no lo están aplicando?―; incremento de plantillas; mejoras de instalaciones; aumento de mediadoras y mediadores; rebajas de la cantidad de presos y presas atendidos por los psicólogos y psicólogas; tratamiento para los casos procedentes de la exclusión social, de las malas condiciones, de los abusos, de los maltratos, de la vulnerabilidad; acceso a una seguridad digna y tratamiento de situaciones de drogodependencia. ¿Cómo se asumen estas situaciones en la prisión? Y, finalmente, la gran madre de los huevos: un plan de choque de la salud mental para los presos. Eso es lo que necesitan la prisión, la política criminal, la política de ejecución penitenciaria y también los trabajadores y trabajadoras. Miren, estamos asistiendo a un progresivo desmantelamiento de esta sociedad justamente en ejecución penal, según el artículo 25.2. ¿Tengo yo que recordarles su Constitución, que soy independentista y no me siento afectada ni interpelada? Su Constitución dice: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación, reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Habla después de los derechos de los condenados, de los derechos fundamentales, salvo los que, obviamente, estén afectados por la ejecución de la pena, y también habla del trabajo remunerado y de la Seguridad Social. Parece que nos hayamos olvidado de todo lo que en un inicio fundamentó la ley penitenciaria. Su opción fue que en la prisión hubiera cuerpos no policiales, y esta es la explicación de que hoy estemos debatiendo esto porque, paulatinamente, en lugar de ir profundizando en los principios humanitarios, en los principios de dignidad, en los principios de derechos fundamentales, en los principios de reinserción o en los principios de rehabilitación que informaban una política que se quería progresiva y justa, estamos profundizando en los principios de populismo, de coerción y de una regresión absoluta en manos de la derecha y de la extrema derecha. Y no se dan cuenta, pero esto va a acabar con todos. Gracias. .

Fèlix Alonso Cantorné SUMAR

Gracias, presidenta. Mi abuelo y mi padre se llamaban igual, los dos Germán Alonso, y esa coincidencia, el mismo nombre para dos hombres, salvó a mi padre de ser fusilado. Por eso estoy hoy aquí, en su nombre y en honor de miles de camaradas que no pudieron contarlo. . Mi padre pasó ocho años en las cárceles de Franco, a caballo entre los años cuarenta y cincuenta. Porlier, Carabanchel, Alcalá y el penal de Burgos: hambre, frío, malos tratos y semanas enteras en celdas de castigo. ¿Por qué? Por seguir siendo comunista de las JSU y del Partido Comunista de España. Una humillación humana que no podemos repetir por mucho que rime con los tiempos actuales de resurgimiento del fascismo, esta vez a modo de farsa populista. Por edad, soy de los pocos de esta Cámara que creció con la cárcel franquista contada en casa, de viva voz. Ayer estuvo aquí mi tía Ligia Alonso, de 94 años, en la tribuna. Ella, como antes mi padre y mi abuelo, me explicó las penurias de los dos Germán Alonso, y soy yo precisamente quien sube hoy, por parte de SUMAR, en defensa de esta ley para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. A alguien le parecerá una contradicción, pero no lo es. Yo aún tardaría en nacer, pero mi padre pocas veces se refirió a los funcionarios como enemigos. Como en toda profesión había funcionarios deleznables, pero también había personas honestas que hacían su trabajo lo mejor posible y con actos de humanidad como el que recientemente me explicó mi tía: Porlier, 1943, 24 de septiembre, ustedes lo saben, día de las Mercedes, dejaron pasar exclusivamente a los niños para ver a sus parientes. Ella y su hermana Hortensia ―dos niñas solas― pudieron abrazar a su padre y a su hermano en un pasillo gracias a los funcionarios. Un abrazo que aún hoy la acompaña. Después, la falta de recursos les impidió visitar a su hermano durante años, porque lo trasladaron a Burgos. Pero me decía mi tía que no es nada comparado con lo que sufren las niñas en Palestina. Todo nos lo vino a contar la semana pasada Arab Barghouti y nos lo recordó en este mismo Congreso. Por ello y porque algunos no masticamos odio por lo que les pasó a los nuestros, necesitamos hombres y mujeres que intuyan la luz en la oscuridad. Solo pedimos justicia y reparación. Ese ánimo de mejora de una sociedad referente en derechos humanos nos lleva a defender algo que a otros les parecerá extraño: garantizar el respeto mutuo entre condenados y carceleros. Aunque carcelero es una palabra que ya no sirve, porque el fondo de lo que hoy defendemos no es el castigo, sino la reinserción. Si de verdad creemos que la cárcel debe servir para reinsertar, como nos obliga la Constitución, entonces estamos obligados a proteger y a dignificar a quienes lo hacen posible cada día. El funcionario de prisiones no es un carcelero, sino el primer eslabón de la reinserción, y una plantilla maltratada, con miedo y sin medios, no reinserta a nadie. El amplio reconocimiento al trabajo de los servidores públicos y trabajadores de prisiones ha generado acuerdo entre todos nosotros para incrementar su protección en la labor de la reinserción. Aprovecho para enviar un saludo a los familiares de Nuria López, asesinada en Mas d’Enric por falta de medidas suficientes para prevenir riesgos laborales. Esto también es por Nuria. Pero ella no es la única que ha sufrido violencia. Solo en 2024, más de seiscientos funcionarios resultaron heridos en las cárceles catalanas, setenta y nueve de ellos de gravedad. Las agresiones se han triplicado en menos de diez años. Los funcionarios serán agentes de autoridad y los trabajadores sin esa condición también tendrán la misma protección penal, resarcimientos económicos y separación de internos si ingresan en prisión. Para este grupo ha sido esencial el trabajo de los sindicatos, especialmente de Comisiones Obreras. Aprovecho para saludar a los funcionarios hoy aquí presentes. La protección no solo depende de las medidas disciplinarias, pues se necesitan políticas preventivas y más inversión en tratamientos. Esta es la mejor vía para un trabajo óptimo, seguro y con resultados reales. Hoy estamos reformando la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, la primera ley orgánica tras la aprobación de la Constitución y la superación de la dictadura franquista. Fue la primera, porque era urgente mejorar las inhumanas condiciones de los presos. Es una buena ley, que no ha sufrido muchos cambios, y es un buen texto legal, pero si hay reformas, también deben hacerse pensando en mejorar las condiciones de las personas presas para alcanzar el mandato constitucional. Por eso llevamos años reclamando el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Casos como el del joven Derimán Alemán, en Gran Canaria, no se pueden volver a repetir. La ley de 2003 nos lo ordenó para antes del 1 de enero de 2004, hace veintidós años, y esta Cámara lo ha aprobado en proposiciones no de ley. Salvo Cataluña, Euskadi y Navarra, las comunidades no han cumplido. Ya está bien de ignorar la ley. También reclamamos recuperar el subsidio por excarcelación, que fue sustituido por el ingreso mínimo vital, lo que ha dificultado el acceso a ayudas a quienes salen de prisión. Queremos más recursos en salud mental penitenciaria, apoyo comunitario y mecanismos estrictos de prevención de suicidios. Y defendemos mecanismos para prevenir situaciones equiparables a malos tratos, para garantizar espacios seguros en prisión y evitar acusaciones sin fundamento contra los funcionarios. Por todo ello votaremos a favor y seguiremos trabajando, como siempre hemos hecho durante estos dos años, para conseguir el resto de las reivindicaciones pendientes, perfeccionar las condiciones de las personas privadas de libertad y dotar al sistema de mejores condiciones para la reinserción. Señora presidenta, quiero acabar con una frase que dijo ayer el papa León XIV en la prisión de Brians 1 ―abro comillas―: «… el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones», ―cierro comillas―. Eso es precisamente lo que hoy defendemos: una justicia que no solo castiga, sino que reinserta y que a la vez ―a la vez― protege a los trabajadores que la han de hacer posible. Muchas gracias. .

David Serrada Pariente PSOE

Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy es un buen día. Es un buen día para los funcionarios de prisiones y para la Administración General del Estado, pero sobre todo es un buen día para decir que un colectivo de trabajadores y trabajadoras, con perseverancia, lucha y, sobre todo, muchas ganas de acción van a conseguir una victoria importante en este Congreso de los Diputados: que entre la mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara podamos llevar a cabo la reforma de la primera ley orgánica que se puso en marcha en nuestra democracia. Señorías, los centros penitenciarios son uno de esos lugares que rara vez ocupan titulares cuando las cosas funcionan bien, y eso sucede gracias a los profesionales que trabajan en ellos. Mientras celebramos este debate, miles de hombres y mujeres estarán entrando en un centro penitenciario para garantizar la seguridad, la convivencia y el mandato constitucional de la reinserción. Pensemos por un momento en una escena cotidiana que nunca abre los informativos: se abre la puerta de un módulo y un funcionario entra, sabiendo que detrás de esa puerta hay decenas de personas privadas de libertad, cumpliendo condenas por diferentes delitos. Son personas de distintas procedencias, con conflictos, con frustraciones, con problemas y, también, con expectativas de futuro. El trabajo de los funcionarios de prisiones, que poca gente conoce, consiste en mantener el orden, prevenir conflictos, evitar agresiones, mediar cuando surgen enfrentamientos y garantizar la seguridad de todos, la de los internos, la de sus compañeros y la suya propia. Lo hacen cada día, con profesionalidad, con autoridad y muchas veces sin el reconocimiento público que merecen. Hoy, desde esta tribuna, quiero dirigirme a ellos. Quiero dirigirme a los más de 30 000 trabajadores y trabajadoras de la Administración penitenciaria , a quienes desarrolláis vuestra labor en uno de los complejos más difíciles de la Administración pública, a quienes hacéis posible que se cumpla ese mandato constitucional de la reeducación y la reinserción social y a quienes contribuís cada día a que nuestro sistema penitenciario sea un referente internacional. Hoy quiero hablar también de justicia, porque el reconocimiento como agentes de la autoridad no nace de una ocurrencia política, sino de una reivindicación histórica del colectivo, sostenida durante años por las organizaciones sindicales y durante décadas por quienes conocen la realidad de nuestras prisiones. Por eso hoy quiero reconocer el trabajo de los sindicatos, de las asociaciones profesionales y de todos aquellos que han mantenido viva esta demanda durante tanto tiempo. . Y quiero hacerlo de manera expresa mirando a la tribuna, donde hoy nos acompañan representantes de esos trabajadores y trabajadoras. Han sido años de reivindicación constante, de propuestas y de perseverancia, de mucha perseverancia. Veo arriba en la tribuna a gente muy perseverante, os lo aseguro. Habéis defendido esta demanda con independencia de quién ocupara el Gobierno o de quién tuviera mayoría en esta Cámara. Cuando una reivindicación es justa, es importante que esta sea también avalada por un colectivo como el vuestro. Esta vez, la definitiva, ha sido posible gracias a una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Hoy reconocemos una realidad que ya existía en la práctica, porque quienes ejercen funciones de autoridad dentro de un centro penitenciario merecen también el reconocimiento legal que corresponde a esa responsabilidad. Esta reforma viene a decirles algo muy sencillo a miles de trabajadores de nuestras prisiones: el Estado reconoce vuestro trabajo, refuerza vuestra protección y está a vuestro lado. Y damos un paso más, porque la protección legal no puede depender del puesto que uno ocupe. Por eso, la reforma que aprobamos hoy amplía la protección al personal laboral y garantiza que nadie quede atrás cuando hablamos de derechos, garantías y respaldo institucional. Señorías, esta no es la victoria de un partido político ni de un grupo parlamentario; esta es la victoria del colectivo profesional que nunca dejó de defender una reivindicación legítima y es también la victoria del diálogo, del acuerdo y de la capacidad de esta Cámara para escuchar. . El texto que hoy votamos ha sido posible gracias al trabajo de muchas personas y a la voluntad de entendimiento de fuerzas políticas muy distintas. En tiempos en los que parece que solo existe espacio para el enfrentamiento, hoy podemos reivindicar algo tan sencillo como valioso: cuando escuchamos y ponemos el interés general por delante, la política mejora la vida de la gente, y eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Hay momentos que justifican el trabajo que todos y todas hacemos en esta Cámara y este es uno de ellos, porque hemos buscado el acuerdo, porque los grupos parlamentarios hemos sabido escuchar a los profesionales y porque hemos entendido que hay cuestiones que deben quedar por encima de la confrontación partidista. Por eso quiero poner en valor el consenso alcanzado durante la tramitación parlamentaria: un consenso amplio que ha permitido mejorar el texto y reforzar su alcance y que demuestra que, cuando la política escucha a quienes estáis sobre el terreno, las instituciones funcionan mejor. Señorías, esta reforma es un paso más en del trabajo que venimos desarrollando desde 2018 para mejorar las condiciones de quienes trabajan en nuestras prisiones; un camino de avances, de diálogo y de reconocimiento que hoy incorpora una reivindicación histórica del colectivo. Se han mejorado los salarios, se han recuperado derechos laborales, se han reforzado las ofertas de empleo público y se han impulsado mejoras organizativas en el sistema penitenciario. ¿Queda camino por recorrer? Sin duda. Nadie conoce mejor que los trabajadores y trabajadoras de instituciones penitenciarias todas las demandas que siguen existiendo: la mejora de medios materiales, la formación, la transferencia de la sanidad penitenciaria y otras demandas legítimas que están encima de la mesa. Pero, precisamente porque queda camino por recorrer, era importante dar este paso. Reconocer la autoridad de quienes garantizan la seguridad dentro de nuestras prisiones es reconocer la importancia de su trabajo. Proteger a quienes nos protegen es una obligación de cualquier Estado. Gracias a quienes mantenéis la seguridad en los centros penitenciarios. Gracias a quienes mantenéis la calma cuando aparecen los conflictos. . Gracias a quienes entendéis que seguridad y reinserción no son conceptos enfrentados, sino complementarios. A quienes hoy nos acompañáis desde la tribuna y a quienes nos estáis escuchando fuera quiero trasladaros un mensaje muy sencillo: esta Cámara ha escuchado vuestra reivindicación y hoy os devuelve una parte del reconocimiento que os lleváis ganando día a día durante años. Hoy votaremos a favor de una reforma justa, necesaria y largamente esperada. Muchas gracias. .

Ana Belén Vázquez Blanco PP

Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría saludar a los funcionarios y trabajadores penitenciarios, a todos los representantes de los trabajadores ―sindicatos y a Tu abandono me puede matar―, y muy especialmente quiero saludar a Pablo. Pablo es el sobrino de Nuria, esa trabajadora que fue asesinada en una prisión en Tarragona. Pablo, tú nos has traído hasta aquí. . El compromiso contigo era que no íbamos a dejar a nadie solo, y aquí hemos llegado no solo los funcionarios, sino también los trabajadores penitenciarios. ¡Hemos cumplido! ¡El Partido Popular ha cumplido! . Me gustaría comenzar agradeciendo el trabajo de la comisión: de mis compañeros Fernando de Rosa y de Carlos Adanero; de la presidenta de la comisión, Carmen, muchísimas gracias por el trabajo durante estos días; a los compañeros del Grupo Socialista encabezados por su portavoz, por David, y, por supuesto, a los portavoces del PNV, de Junts y de todos los partidos. . Créanme, señorías, que no era fácil un acuerdo entre el PSOE, el PP y el PNV. No era fácil. No estamos en el mejor momento para llegar a un acuerdo con el Ministerio del Interior. En un momento en el que el Ministerio del Interior está salpicado de corrupción hasta las cejas, créanme que he priorizado la dignidad de los trabajadores por encima de cualquier voto o interés político. . No estábamos en el mejor momento para firmar un acuerdo con el PSOE y con el PNV, créannos. Tengo que agradecer aquí a la vicesecretaria, a Cuca Gamarra, y muy especialmente a una persona que aún no ha llegado, que es Miguel Tellado. En 2018, cuando era el secretario general del PP en Galicia, Miguel Tellado comenzó desde allí de la mano con Tu abandono me puede matar y con los sindicatos a decir: Hay que proteger a los funcionarios y a los trabajadores penitenciarios, hay que considerarlos agentes de la autoridad. . Hoy, Miguel Tellado, también hemos llegado hasta aquí. . Gracias por dejarnos firmar ese acuerdo con el PSOE y con el PNV. Señorías, durante estos ocho años, los trabajadores penitenciarios no fueron la prioridad en las prisiones para el Gobierno, no, no, no; fueron ocho años de abandono. Las prioridades para el Gobierno eran dos: la primera, los presos de ETA, primero acercarlos y después excarcelarlos, eso fue para lo único que se han puesto de acuerdo aquí (un señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Mentira!); la segunda prioridad era el buenismo penitenciario: primero, fomentando y ampliando los terceros grados ―como hemos visto, se han disminuido totalmente los primeros grados―, y, segundo, con incentivos a la excarcelación. Han fomentado el tercer grado como el del asesino del niño de Lardero, que fue excarcelado en contra de una junta de tratamiento y salió y volvió a matar. . Hoy, todos esos a los que se les llena la boca hablando de reinserción piensen también si todos pueden tener reinserción, señores. ¿Por qué traen ahora esta iniciativa? ¡Si sabemos que nos han utilizado! ¡Si sabemos que el congelador de Armengol acaba de llevarse un varapalo judicial del Constitucional y tenían que desbloquear alguna ley, la menos lesiva! . Y han desbloqueado esta de todas. Porque, si ustedes recuerdan, la del Grupo Popular lleva setenta ampliaciones de plazo de enmiendas y han desbloqueado la que les ha interesado porque tenían que cumplir una sentencia; pero, aun así, nos alegramos de ello. Esta es una reivindicación histórica, una reivindicación a la que le debemos mucho porque, fíjense, hoy solo votan en contra dos grupos: el de Esquerra, que son los que tenían que haber protegido a Nuria en la prisión de Cataluña y no la protegieron ; y, el segundo, Bildu, los herederos de ETA, los que señalaban a los funcionarios de prisiones, los que los secuestraban y asesinaban. ¡Por eso hoy no se atreven a apoyar esta ley, señores de Bildu! . Fíjense: ¡son los socios de Sánchez! Ojo, son los socios de Sánchez, no os olvidéis. . Sí, sí, reíros. A mí me encantan las risas de Bildu. Vaya risa de hipócritas que tenéis, de verdad. ¿Cómo sois capaces de estar sentados ahí? . Yo, por dignidad, me hubiera ido y no hubiera estado aquí teniendo a los funcionarios de prisiones ahí (señalando la tribuna de invitados), a los que intentasteis secuestrar y asesinar. . Los pusisteis en el objetivo de la banda terrorista ETA, esa es la verdad. . Hoy he escuchado aquí…

Ana Belén Vázquez Blanco PP

Gracias, señora presidenta. Señorías, les escuece lo que están escuchando. . Hoy sus ministros se deben a esos votos, pero no me van a quitar ni me van a callar. Hoy, lo importante son los trabajadores penitenciarios, los funcionarios, esos que llevan días, años, luchando simplemente por una protección jurídica, una protección económica, unas mejoras en sus condiciones sociolaborales. Hoy, se habló aquí mucho de reinserción, de ayudar a los presos, de darles incluso una renta para cuando salgan de la prisión, darles un subsidio. ¿Han pensado en beneficiar, en algún momento, a los trabajadores penitenciarios? . Y les prometo una cosa, vamos a ir a más, esto ha sido un paso y les prometo que el Partido Popular va a ir a más, con la ayuda de todos ellos. En último lugar ya, quiero saludar a Manuel: estate orgulloso de Tu abandono me puede matar; hemos llegado. Creo que está aquí también CSIF, mi vecino Jorge Vilas, y no sé si está ACAIP y alguno más. A todos, gracias, hemos llegado. Les diré una cosa, hoy, mientras estamos aquí, señorías, un funcionario o un trabajador penitenciario está siendo agredido. Cada día, en España, de media, dos trabajadores son agredidos. Piensen en ellos. Son el último eslabón de la cadena de seguridad. Primero, trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el último eslabón son los trabajadores penitenciarios. Esos que durante años no se podían manifestar, porque si salían sus caras en un periódico, eran el objetivo de ETA e iban a ir a por ellos. Hoy están aquí y pueden salir dignamente a la calle. No os vamos a fallar. Esta reivindicación histórica va a continuar, porque os lo merecéis, porque sois el colectivo más abandonado por parte de la Administración del Estado. Han pasado ocho años para que el Gobierno, por fin, se doblegase y aceptase las condiciones que imponíamos. Estén orgullosos. Gran trabajo el que han hecho. Pablo, vete con tu familia. Es un gran día para tu familia, porque no ha sido en balde el asesinato de tu tía, no ha quedado olvidado, y hoy, aquí, está muy presente Nuria con todos nosotros. Muchas gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, presidenta. Jo voldria començar ací donant les gràcies a tot el col·lectiu de persones afectades, advocades, procuradores, les valencianes i les de tot l’Estat. Sou un referent per a totes nosaltres. La vostra lluita, que fa molt de temps que porteu endavant. Gràcies per estar ahí, sobretot les dones, que són les que més vos heu mobilitzat. Moltes gràcies perquè estem amb vosaltres i ho sabeu. Hui donem un pas important per a corregir una injustícia que durant massa anys han afectat a milers d’advocades, de procuradores, professionals que van confiar en un sistema mutualista que havia de garantir una jubilació digna i que, en molts casos, el que han fet ha sigut trobar-se amb prestacions insuficients després de tota una vida de treball. Esta proposició de llei el que fa és abordar una reivindicació històrica: la creació d’una passarel·la que permeta traslladar els drets econòmics acumulats a les mutualitats cap al RETA, reconeixent els períodes cotitzats i oferint una eixida a qui encara està a temps de construir una jubilació més justa. També reforça les garanties de les mutualitats, augmenta les exigències de transparència i millora les prestacions mínimes futures, responent així a part de les demandes que el col·lectiu ha plantejat durant estos últims anys. Ara bé, esta proposta no dona una resposta completa a totes aquelles persones que ja s’han jubilat i que continuen percebent prestacions que són clarament insuficients. Molts dels qui van patir les conseqüències més dures del model queden fora de les solucions que hui aprovem. Per això celebrem este avanç, però també considerem que no ha de ser un punt i final, perquè les institucions continuen tenint un deute pendent amb totes aquelles persones i professionals que no tenen..., ja no poden acollir-se a la passarel·la i que també mereixen una solució justa. Per això, i acabe, senyora presidenta, votarem favorablement aquesta tramitació de la llei que millora la vida de moltes persones, però també perquè esperem que siga el primer pas per a aconseguir millorar la llei i resoldre tota la situació d’un problema que mai haguera tingut d’existir. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Yo querría empezar dando las gracias a todo el colectivo de personas afectadas, abogadas, procuradoras, las valencianas y las de todo el Estado. Sois un referente para todas nosotras. Vuestra lucha hace mucho tiempo que sale adelante. Gracias por estar ahí, sobre todo las mujeres, que son las que más se han movilizado. Mil gracias, porque estamos con vosotras, lo sabéis. Hoy damos un paso importante para corregir una injusticia que durante demasiados años ha afectado a miles de abogadas, de procuradoras, profesionales que confiaron en un sistema mutualista que tenía que garantizarles una jubilación digna y que, en muchos casos, lo que ha hecho es encontrarse con prestaciones insuficientes, después de toda una vida de trabajo. Esta proposición de ley lo que hace es abordar una reivindicación histórica: la creación de una pasarela que permita trasladar los derechos económicos acumulados en las mutualidades hacia el RETA, reconociendo los periodos cotizados y ofreciendo una salida a quien todavía está a tiempo de construir una jubilación más justa. También, fortalece las garantías de las mutualidades, aumenta las exigencias de transparencia y mejora las prestaciones mínimas futuras, respondiendo así a parte de las demandas que el colectivo ha planteado en los últimos años. Pero esta propuesta no da una respuesta completa a todas las personas que ya se han jubilado y que siguen percibiendo prestaciones que son claramente insuficientes, las que sufrieron las consecuencias más duras del modelo, que quedan fuera del modelo de las soluciones que hoy aprobamos. Por ello, celebramos el avance, pero consideramos que no debe ser un punto final, porque las instituciones continúan teniendo una deuda pendiente con todas las personas y profesionales que no pueden acogerse a la pasarela y que merecen también una solución justa. Por ello ―y termino, señora presidenta―, votaremos favorablemente a esta tramitación de la ley, que mejora la vida de muchas personas, pero también porque esperamos que este sea el primer paso para conseguir mejorar la ley y resolver la situación de un problema que jamás hubiera tenido que existir. Muchas gracias.

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en pleno siglo XXI, todavía hay en nuestro país sistemas anacrónicos que, en lugar de proteger al trabajador, en este caso, por cuenta propia, lo han desprotegido. Hoy, señorías, avanzamos en un mecanismo que va a permitir que este sistema anacrónico deje, en cierta medida, de ser una realidad y sobre todo deje de ser una indefensión para miles de mutualistas, que en su día tuvieron que cotizar obligatoriamente a una mutualidad y que, posteriormente, no pudieron, no quisieron o no supieron salir de ella. Hoy damos un paso importante, pero tampoco es el definitivo. Todavía hay miles de mutualistas que quedan en la indefensión y también hay una normativa que desarrollar. Han sido años de lucha, desesperación y frustración, pero, señorías, no sería justo tampoco obviar ―y eso también lo tenemos que denunciar en la mañana de hoy― el comportamiento que han tenido el Gobierno y los dos grupos parlamentarios que los sustentan, sobre todo porque no han sabido estar a la altura de las circunstancias del trámite y de la necesidad de esta normativa y sobre todo del respeto a esta Cámara en el trámite parlamentario. Han sido vetos y suspensiones totalmente sectarias, prórrogas innecesarias y partidistas que han sido una constante y, sobre todo, han supuesto un atropello injustificado. Como decía, hoy es un gran día, pero realmente todavía queda mucho por realizar. Muchas gracias.

Cristina Valido García CCa

Señorías, buenos días. Buenos días, también, a los mutualistas que nos acompañan en un día que nos genera la sensación de la botella medio llena, la botella medio vacía. Esta es una intervención compleja, difícil de hacer, créanme. Ha sido una negociación muy dura, con muchas dificultades, con vetos del Gobierno a enmiendas que no pudimos discutir por su impacto presupuestario, entre otras cuestiones. No sería justo decir que nada ha cambiado. Miles de mutualistas han encontrado una respuesta a su problema. No sería justo no decir que estamos en una situación muchísimo mejor a la que teníamos cuando empezamos a negociar, cuando empezamos a discutir, y que, a lo largo de este tiempo, con momentos de parón, sin ningún acuerdo y texto posible consensuado para poder discutir, para poder trabajar, pensamos que esto no avanzaría. Conseguimos acuerdos de mínimos que con el tiempo fueron enriqueciéndose, y lo que tenemos hoy, créanme, es muchísimo mejor de lo que habría llegado hace escasamente dos meses, mes y medio. Por tanto, manifiesto mi alegría por el acuerdo de hoy, a la vez que manifiesto la desazón, el descontento, la comprensión y la empatía con los otros miles de mutualistas que no se sienten reconocidos, que creen que esta medida es, desde luego, insuficiente. Hoy no hemos acabado el trabajo. Hoy se manifiesta que tenemos que seguir trabajando porque hay muchas personas que requieren una solución porque cumplieron con la ley, con lo que se les obligó. Estamos hablando de un problema invisibilizado durante demasiado tiempo. Hoy lo que queremos es comprometernos a seguir encontrando soluciones, a seguir abriendo puertas a todas esas personas que tienen derecho a una pensión digna. Muchas gracias.

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Moi bo día. Hoxe damos un paso decisivo para facer realidade a pasarela correcta para as mutualidades da avogacía da procuradoría e por tanto, este é un debate cargado de esperanza, un sentimento que creo que é partillado polas persoas que integran os distintos colectivos e plataformas aos que quero saudar e parabenizar por unha loita exemplar que mantiveron durante anos e que conseguiu que hoxe vexan o seu obxectivo máis preto. O texto inicial ao BNG non o convencía, nin tampouco aos colectivos. No que agora vén, a votación non se logrou introducir o 100 % das demandas destes colectivos, mais si que podemos afirmar que incorpora unha serie de cuestións que consideramos moi importantes como a actualización anual das pensións ou o recoñecemento do complemento a mínimos. Por tanto, aínda que apoiaremos o texto pola importancia que ten para os colectivos afectados que finalmente se aprobe unha pasarela ao RETA desde o sistema de mutualidade alternativa, mantemos para a votación as emendas orixinais, pois aínda estamos a tempo de incluír outras das demandas como o denominado un por un ou a incorporación de todos os mutualistas alternativos, complementarios ou pasivos recoñecendo á totalidade da súa vida laboral. En definitiva, hoxe pode ser un punto de partida importante aprobar esta proposición de lei e facilitar que continúa a súa tramitación para que coa maior brevidade a pasarela poida ser un feito. En todo caso, o BNG comprométese a seguir traballando para mellorar o sistema e para abordar outras cuestións pendentes como a reforma da quenda de oficio. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Hoy damos un paso decisivo para hacer realidad la pasarela al RETA de las mutualidades de abogacía y procuraduría y, por tanto, es un debate este cargado de esperanza, un sentimiento que creo que es compartido por las personas que integran los distintos colectivos y plataformas, a los que quiero saludar por una lucha ejemplar que mantuvieron durante años y que consiguió que hoy vean su objetivo más cerca. El texto inicial no convencía al BNG ni tampoco a los colectivos. En lo que viene ahora, la votación, nos alegró introducir el cien por cien de las demandas. No se lograron las demandas de los colectivos, pero hay algunas cosas que incorpora muy importantes, como actualización anual de pensiones o el reconocimiento del complemento. Por tanto, aunque apoyaremos el texto por la importancia que tiene para los colectivos afectados, que se apruebe finalmente una pasarela al RETA desde el sistema de mutualidad alternativo, mantenemos para votación las enmiendas originales, porque aún estamos a tiempo de incluir otras de las demandas, como el denominado uno por uno, incorporación de todos los mutualistas alternativos, pasivos y complementarios, reconociendo la totalidad de su vida laboral. En definitiva, hoy puede ser un punto de partida importante aprobar esta proposición de ley, facilitar que continúe su tramitación para que a la mayor brevedad la pasarela pueda ser un hecho. En todo caso, el BNG se compromete a seguir trabajando para mejorar el sistema y para abordar otras cuestiones pendientes, como la reforma del turno de oficio. Muchas gracias.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Muchas gracias, presidenta. Señorías, lo primero es saludar a todas las compañeras y compañeros de las plataformas de la abogacía y de la procura, que han trabajado y han peleado tanto después de tantas reuniones para llegar hasta aquí, por su lucha y por su trabajo que, además, nos beneficia a todos y a todas las que somos del gremio. Pero vengo hoy también a defender las enmiendas que en Podemos hemos mantenido vivas a esta proposición de ley y que nos gustaría que tuviesen el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque esta ley tiene avances, pero también es verdad que se queda corta y que es insuficiente. Les voy a pedir el voto a favor a todos los grupos. Voy a empezar por el principio, con la enmienda número 1, que no tiene que ver exactamente con la mutualidad, pero sí con brindar el necesario apoyo también al conocido colectivo ASJUBI40 resiliente. Ya se aprobó en noviembre del año pasado una moción, con la voluntad política de todos los grupos y sin ningún voto en contra, y entendemos que este Gobierno y, en su caso, el ministerio, después de seis meses ignorando el mandato parlamentario, hoy tendría que votar a favor y darle la legitimidad democrática que ya se le dio en la Cámara. No nos gustaría que nos vengan con que este asunto no tiene que verse aquí o que tiene que pasar por el Pacto de Toledo o que tiene que estar en otra ley, porque cuando se quieren hacer las cosas se hacen, y este es un ejemplo claro cuando la propia proposición de ley que debatimos sobre las mutualidades también afecta a las cuentas de la Seguridad Social y, sin embargo, no lo hemos pasado por el Pacto de Toledo. Son diez años de lucha de este colectivo, de palabras gastadas, de frustraciones acumuladas y de personas que están esperando después de más de cuarenta años trabajados y que ven sus pensiones recortadas. Por eso esperamos ese sí a esta enmienda y que revalidemos, por supuesto, el derecho de esas novecientas mil personas y de sus familias, que serán más felices y, sin duda, lo agradecerán. Respecto a nuestras enmiendas de las mutualidades alternativas, mantenemos las tres que tenemos desde el principio, que tienen el consenso de las afectadas y de los afectados y que mejoran sustancialmente el texto de la proposición de ley. La primera busca asegurar que las prestaciones que otorguen las mutualidades alternativas no sean, en ningún caso, inferiores a las prestaciones mínimas garantizadas por nuestro sistema público de Seguridad Social, porque creemos que cualquier reforma debe partir de un principio básico, y es que ninguna persona puede quedar por debajo de unos niveles mínimos de protección social. Nuestra segunda enmienda establece una pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para mutualistas activos y pasivos, reconociendo los periodos efectivamente aportados y permitiendo una integración ordenada, justa y con plena garantía jurídica. La tercera y última elimina un régimen transitorio que resulta incompatible con ese objetivo de integración y que limita la efectividad de las soluciones que necesitan muchos mutualistas. Termino, señorías. Todas son enmiendas razonables, son enmiendas coherentes, alineadas con el objetivo que todas y todos compartimos aquí de reforzar justamente la protección social y ofrecer seguridad y certidumbre a quienes han dedicado años de su vida profesional a contribuir al bienestar colectivo. Por eso, les pedimos su voto favorable. Hay mucho trabajo detrás por parte de los colectivos para llegar hoy hasta aquí y les tenemos que devolver ese esfuerzo. Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. Egun on. Hoy tenemos compañía y quiero darles los buenos días también. Como ya han dicho muchos grupos, hoy damos un paso importante para responder a una reivindicación legítima de miles de mutualistas que durante años han vivido en una situación de incertidumbre y desprotección que no podía seguir ignorándose. Quiero comenzar reconociendo el trabajo de las plataformas, de los colectivos afectados y de los grupos parlamentarios que han participado en este proceso, ya que, gracias a su perseverancia, esta reivindicación ha logrado ocupar el espacio político e institucional que merecía. Han visibilizado una realidad que durante demasiado tiempo permaneció ignorada y han traído a esta Cámara la voz de miles de profesionales que reclamaban una solución justa. Seguramente no siempre habremos estado de acuerdo en todo y somos conscientes de que esta ley no responde a todas las expectativas legítimas que había generado, pero es justo reconocer que sin el impulso también del Movimiento J2 hoy no estaríamos debatiendo esta reforma ni habríamos llegado hasta aquí. También debemos reconocer que esta no ha sido una tramitación sencilla; ha habido muchos retrasos, aplazamientos y momentos en los que la gestión del procedimiento ha generado incertidumbre tanto entre los grupos parlamentarios como entre los afectados. Las instituciones debemos ser capaces de ofrecer mayor claridad, mayor previsibilidad y mayor respeto a quienes llevan demasiado tiempo esperando una respuesta. Dicho esto, debemos ser honestos: esta no es una ley perfecta. Muchos grupos hemos defendido enmiendas para ampliar su alcance, reforzar garantías o mejorar la situación de colectivos que siguen sintiéndose insuficientemente protegidos. Es legítimo que esas reivindicaciones sigan presentes porque todavía quedan cuestiones por resolver, pero también debemos valorar el resultado alcanzado, puesto que tenemos un texto fruto de un acuerdo compartido, aunque es probable que no satisface plenamente a nadie, pero que incorpora avances importantes y permite responder a una demanda que llevaba demasiado tiempo sin solución. Quiero hablar también con honestidad y responder a quienes afirman que esta ley es inaccesible para los afectados, que protege más a las mutualidades o que constituye un cierre en falso. Comprendo esta decepción; comprendo que haya personas que consideren que la ley debería haber llegado más lejos, y comprendo que existan colectivos que siguen sintiéndose insuficientemente amparados ―preocupaciones que también han estado presentes durante la negociación―, pero no compartimos la idea de que esta ley no vaya a beneficiar a nadie o que no suponga ningún avance. Si hoy debatimos esta norma es porque existe un problema real que durante años no tuvo respuesta política ni legislativa, y hoy, al menos, empezamos a resolver una parte importante. Por primera vez se reconoce institucional y políticamente la existencia de un problema que durante demasiado tiempo fue ignorado y se habilitan mecanismos concretos para facilitar la incorporación al sistema público de protección social de miles de profesionales que hasta ahora carecían de una respuesta normativa. ¿Es suficiente para todos? Probablemente no. ¿Nos hubiera gustado llegar más lejos? Sin duda. ¿Quedan situaciones que deberían seguir abordándose? También. Pero una cosa es reconocer las limitaciones de una ley y otra muy distinta es negar los avances que incorpora. Además, legislar exige responsabilidad. Estamos hablando de una reforma con implicaciones jurídicas, económicas y presupuestarias muy relevantes. Nuestra obligación no consiste solo en identificar problemas, sino en construir soluciones viables, sostenibles y capaces de reunir una mayoría suficiente para que se hagan realidad. Por eso hemos intentado buscar un equilibrio entre las legítimas aspiraciones de los afectados, la sostenibilidad del sistema y la necesidad de alcanzar un acuerdo amplio, porque gobernar también significa asumir que en ocasiones el avance posible no coincide exactamente con el deseado. Algunos podrían preguntarnos cómo es posible apoyar esta ley cuando hemos señalado sus limitaciones y defendido mejoras que finalmente no han sido incorporadas. La respuesta creo que es sencilla: porque la alternativa no es una ley mejor, puesto que la alternativa es no tener ninguna ley y mantener la situación actual. Nosotros también hubiéramos querido llegar más lejos, como he dicho anteriormente, pero la responsabilidad política consiste en decidir entre las opciones que realmente existen y no entre la realidad y un escenario ideal. Hoy la decisión es clara: podemos dar un paso adelante, aunque sea insuficiente para algunos, o podemos seguir bloqueados sin ofrecer ninguna respuesta. Nosotros hemos elegido avanzar porque esta ley no resuelve todos los problemas, pero sí empieza a resolver algunos; porque no es el final del camino, pero sí el inicio de una solución, y porque la alternativa a esta ley no es una ley perfecta, sino que nada cambie, y nosotros no hemos venido aquí para que nada cambie. Gainera, lege hau abiapuntu gisa ulertu behar da, lanean jarraitzeko oinarri gisa, emaitzak ebaluatuz eta hobetu beharrekoa zuzenduz. Testuaren zenbait aspektuari buruz eta tramitazioaren zati bat garatzeko moduari buruz desadostasunak izan arren, legebiltzarreko talde gehien artean lortutako akordioarekin bat etorriz bozkatuko dugu. Horrela egiten dugu benetako aurrerapena delako egungo egoerarekin alderatuta, luzaroan itxarondako eskariari erantzuten diolako, adostasunaren emaitza delako eta sistemaren errealitate ekonomikoa eta jasangarritasuna kontutan hartzen dituelako. Eta gure ustez, hobe delako bidegabekeria bat konpontzen hastea, konponbide mugarik barik atzeratzen jarraitzea baino. Además, esta ley es un punto de partida, y hay que entenderla como tal, para poder seguir trabajando como base para evaluar los resultados y corregir lo que haya que corregir. Aunque haya desacuerdos en la tramitación de la ley, la mayoría de los grupos parlamentarios hemos llegado a un acuerdo, y como tal votaremos a favor, porque creemos que es un avance comparado con la realidad y responde a algo que llevamos tiempo esperando. Es el fruto de un acuerdo. También tiene en cuenta la sostenibilidad del sistema económico. Creemos que es mejor empezar tomando soluciones y no atrasarlas. Hoy se trata de asumir responsabilidades, y la nuestra es permitir que exista una ley donde antes no había ninguna solución. Queremos seguir mejorándola en el futuro y no cerrar la puerta a quienes todavía reclaman respuestas pendientes. Permítanme terminar reiterando nuestro reconocimiento al Movimiento J2. Su perseverancia creo que ha sido determinante para que hoy podamos dar este paso. No es el final del camino, pero sí un avance que difícilmente habría sido posible sin su trabajo, su compromiso y su capacidad para mantener viva esta reivindicación durante todos estos años. Eskerrik asko.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Jaun-andreak, antes que nada, desde Euskal Herria Bildu queremos dar la bienvenida y mostrar nuestro reconocimiento y agradecimiento a los y las representantes de las plataformas que hoy nos acompañan, porque ha sido vuestra capacidad de lucha, de movilización y vuestro incansable esfuerzo lo que hoy nos ha traído hasta aquí. Eta eskerrak eman nahi dizkizuet Carlos, Raúl, Idoia, Iñigo eta bereziki zuri, Ibone, zuen ikuspegiak gurekin partitzeagatik eta bidegabekeria honen atzean zegoen guztia ulertzen lagundu diguzuelako. Lege proiektu honen izapidetzea onartu zen osoko bilkuran esan genuen aurkezten zen testua, beharrezko urratsa izanik ere, erabat ez nahikotzat jotzen genuela. Y quiero dar las gracias a Carlos, Raúl, Idoia, Íñigo y especialmente a ti, Ibone, por compartir con nosotras y nosotros sus puntos de vista y por ayudarnos a comprender todo lo que había detrás de esta injusticia. Cuando se aprobó en el Pleno la tramitación de esta proposición de ley, ya lo dijimos, aun siendo un paso necesario en la dirección que se planteaba, considerábamos el texto claramente insuficiente. Y hoy, trece meses después, debemos decir que el dictamen que ahora llega a Pleno es considerablemente mejor que el texto original. Pero sigue siendo insuficiente, por lo que la sensación que hoy nos queda es agridulce. Enseguida me explico, pero querría antes poner de manifiesto que nuestra prioridad en la negociación ha sido en todo momento que se aprobara un marco legal aunque no fuera la ley que queremos ―efectivamente, no lo es―, pero que se aprobara para tener una norma a la que aferrarnos y sobre la que poder seguir trabajando para conseguir los objetivos propuestos tanto desde la sociedad civil como desde los grupos políticos, porque a falta de este marco legal estaríamos a cero, no habría en qué apoyarse para continuar luchando y seguiríamos en la nada. Por eso, apoyaremos el texto que hoy resulte. Noski, ahalik eta testurik onena lortzeko lanean ibili gara etengabean, proposamenak mahai gainean jartzen eta negoziatzen. Eta ukaezina da hobekuntza nabarmenak lortu direla. Lehenengo testuari egindako jatorrizko emendakinei esker, zein beste talde parlamentari batzuekin adostutako erdibideko emendakinei esker. Por supuesto, hemos trabajado de forma constante para lograr el mejor texto posible, poniendo propuestas sobre la mesa y negociándolas. Es innegable que se han conseguido mejoras significativas gracias a las enmiendas originales presentadas al texto inicial y gracias a las enmiendas transaccionales acordadas con otros grupos parlamentarios. Entre las mejoras destacaríamos, por un lado, que la transferencia voluntaria a la Tesorería General de la Seguridad Social de los derechos económicos acumulados en las mutualidades se ha fijado sobre quienes hayan cumplido los 52 años a 31 de diciembre de 2026, en lugar de lo que en el informe de ponencia se proponía, que eran las personas mayores de 55 años a diciembre de 2025, computando cada mes completo en la mutualidad como un mes completo en el régimen especial de la Seguridad Social, y ampliando de esta manera el efecto de la norma a muchísimas más personas afectadas de lo que en principio se recogía. ¿Estamos satisfechas con esta medida? Pues en realidad no, o al menos no del todo, porque el objetivo que perseguíamos era que no hubiera ningún límite de edad y que el cómputo fuera uno por uno tanto en tiempo como en aportaciones para el cálculo de bases para todo el mundo. Pero después de mucho pelear es a donde hemos conseguido llegar. Se ha logrado también, por una parte, que la transferencia voluntaria no tenga consecuencias fiscales a efectos de IRPF y, por otra, eliminar la referencia a la actualización al IPC para la conversión de los derechos económicos acumulados y el cálculo de las bases reguladoras, en su lugar, la actualización se realizará en los términos establecidos en el desarrollo reglamentario; desarrollo que ―gracias a las transaccionales― se deberá realizar en el plazo de tres meses. Eta azkenik, noizbait mutualitatearen batean altan eta kotizatzen egon diren profesional kolegiatu guztiak arauaren barnean kokatzea lortu da, eta ez soilik gaur egun mutualistak direnak. Y, por último, se ha logrado que todos los profesionales colegiados que en algún momento hayan estado dados de alta y hayan cotizado en una mutualidad queden incluidos en el ámbito de la aplicación de la norma, y no únicamente quienes son mutualistas en la actualidad. En cuanto a los aspectos más negativos sobre los que no se han conseguido mejoras y hacen que la norma sea insuficiente ―los consideramos cruciales para que se haga justicia― destacamos el hecho de que miles de personas quedan fuera de la pasarela. Por un lado, quedan fuera quienes tienen más de quince años cotizados en cualquier otro régimen de la Seguridad Social y, por otro, quedan también fuera quienes están cobrando pensiones ―excepto la de viudedad―, entre ellos las jubiladas, los jubilados y quienes perciben prestaciones por incapacidad permanente, total o absoluta; es decir, las y los pasivos, el colectivo probablemente más vulnerable. Es precisamente en todos esos contenidos que han quedado en el aire en los que debemos seguir trabajando para alcanzar una ley que realmente haga justicia. Debemos seguir trabajándolos tanto en las organizaciones sociales como en los grupos parlamentarios que creemos en ello. Precisamente, por eso quiero recordar que el procedimiento legislativo no termina hoy aquí y que desde Euskal Herria Bildu seguiremos peleando hasta el final para intentar conseguirlo. Eta bukatzeko, esan gaurko Plenorako, gure aldetik prozesuan lortutako onurak desitxuratzen ez dituzten jatorrizko emendakinak soilik bizirik uztea erabaki dugula. Bi emendakin dira, ikusi duzuen bezala, nagusiki arauaren egikaritze epeei dagozkionak. Apalki bada ere, testua hobetzen dutenak eta jatorrizko emendakin horiekin batera, prokura eta ofiziozko txandari dagokion erdibideko emendakina ere bizirik utzi dugu. Bidezkotzat jotzen dugulako. Horregatik, emendakin hauek kontuan hartu eta zuen aldeko bozka jasotzea espero dugu. Besterik ez, eskerrik asko. Para finalizar, quiero decir que para este Pleno, por nuestra parte, hemos decidido mantener vivas las enmiendas que no cambian la forma de la propuesta original, que son aquellas que buscan mejorar el texto. Con estas enmiendas originales también buscamos mantener viva esa enmienda intermedia porque nos parece que es justa. Teniendo en cuenta estas enmiendas, queremos recibir el voto a favor. Gracias. .

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, presidenta! Bon dia, senyories! Bon dia als que ens acompanyeu des de la tribuna i als que ens seguiu per les xarxes. Finalment, i després de tretze mesos de la seva presa en consideració, aquesta proposició arriba al Ple. Des del primer dia, hem dit que no enteníem com, per un tema tan transcendent com el que ens ocupa, tan reivindicat i que afecta tantes persones, la tècnica legislativa escollida pel PSOE, pel grup majoritari del Govern, hagi estat una proposició de llei que, certament, és molt més que una esmena a la Llei d’eficiència del servei públic de Justícia, que fou la primera opció que varen escollir, però molt menys del que hagués estat més adient, que era fer-ho via projecte de llei, amb tots els passos que la seva tramitació comporta i que ens hauria permès la participació prèvia dels afectats, que tots tinguéssim accés a tota la informació, que la reforma estigués informada i ben ajustada tècnica i legislativament i que passés pel Consell de Ministres, estalviant-nos els moments esperpèntics que ens han regalat les desavinences entre PSOE i SUMAR durant aquest temps. Així que el primer que vull ressaltar és com de malament han fet les coses els socialistes des del primer dia. Vuit ampliacions de terminis a esmenes a l’articulat, amb l’excusa de que alguns ho bloquejaven tot perquè no volíem la passarel·la, fet que va quedar desmentit en el moment en que aquestes es van publicar. I, des de llavors, més de set mesos per tenir un informe de ponència, el d’una ponència on no hem pogut parlar de les nostres esmenes i on el PSOE, tutelat pel Govern, ha passat el rodillo transaccionant per autoesmenar-se en base a esmenes dels altres grups, també nostres, sense el nostre consentiment i sense possibilitat que hi poguéssim fer cap aportació. Xantatge pur, senyors, emparat en la responsabilitat dels altres grups, que val a dir que hem tingut i que avui també tindrem. No cal recrear-se, segurament en l’intent avortat després d’hores de la comissió del 20 de maig, però sí que cal dir que va ser una maniobra matussera de la majoria de la Mesa per donar temps al Govern a carregar-se les transaccionals que sabien que podien prosperar. I sí, cal dir que el govern va retorçar els 134.6 de la seva Constitució i el 111 del Reglament d’aquesta cambra, fins a termes inacceptables en qualsevol democràcia parlamentària, no reconèixer… Mentre reconeixia que no s’identificaven costos econòmics, fiava el veto a uns ingressos futuribles d’un pressupost que sabien llavors i saben avui que seran incapaços d’aprovar en aquesta legislatura. Una vergonya sideral, com fan les coses a Can Socialista i una vergonya sideral com actua la majoria de la Mesa, sobretot quan la presidència fa gala del seu sectarisme cap a Junts per Catalunya, inadmetent transaccionals nostres dient-nos de paraula que eren intruses, quan avui, en aquest Ple, en votarem que també ho són. Però saben quina era la diferència? Que són aquestes que podrem votar de Podemos i dels grups del bloc del govern, ja ho ha dit una diputada abans. I a nosaltres ja ens sembla bé que, davant la incapacitat d’aquest desgovern per legislar i en el context actual que viu la gent, s’aprofiti qualsevol forat, qualsevol oportunitat per donar respostes a la població. I avui tindrem l’oportunitat de fer-ho amb aquelles persones que hagin cotitzat més de quaranta anys i que es jubilin anticipadament i també amb el torn d’ofici, però no amb els autònoms i la microempresa, perquè les transaccionals per no haver de pagar l’IVA quan encara no l’has cobrat, per no haver de passar per caixa quan vols apel·lar i per no penalitzar l’I+D+i, les havíem presentat Junts per Catalunya. I la resposta a abaixar la pressió que s’exerceix des de la hisenda espanyola i donar aire a la gent és vetar el debat i impedir la votació. La Mesa va fer el mateix que ha fet el Govern amb la proposició de llei de reforma integral del treball autònom, registrada per Junts l’abril passat. Malgrat tot, la Comissió va tornar a fer evident que aquest Govern no té majoria per fer el que vol, així que, amb el suport d’altres grups — per cert, suport que agraeixo des d’aquí— vàrem poder aprovar tres de les nostres esmenes, per fer compatible la passarel·la amb el manteniment de l’alternativitat i que també asseguren que tots els mutualistes alternatius tinguin reconeguts els mateixos drets que els treballadors autònoms en aquelles prestacions on el seu finançament no estigui vinculat a la cotització en un sistema o altre. Modificació, al nostre entendre, importantíssima, perquè obre la porta al complement a mínims per mutualistes passius amb pensions molt baixes. Les esmenes incorporades han generat disfuncions en el text del dictamen — disfuncions evidenciades pel lletrat— que requereixen d’una correcció tècnica; una correcció tècnica que, sorprenentment, no s’ha fet d’ofici i hem hagut de presentar nosaltres i que avui haurà de ser votada, com hauran de ser votades les nostres esmenes 34 i 35, que hem mantingut vives fins avui, esmenes per una passarel·la àmplia que doni resposta al gruix dels mutualistes i reconegui l’u per u en temps a tothom, o sigui un dia de cotització al RETA per cada dia d’alta a l’alternativitat. Les nostres esmenes, tant les vives com les aprovades, són sobradament conegudes pels afectats, perquè des del primer dia hem escoltat els diferents col·lectius de mutualistes, les mutualitats alternatives i els col·legis professionals i hem ajustat el nostre posicionament mantenint el que hem dit sempre: que calia posar el focus en la passarel·la, que havia de ser universal i voluntària per garantir pensions dignes a tots els mutualistes, els alternatius i els obligats, i que per això no calia posar fi a l’alternativitat. Tot plegat perquè la solució d’un problema no n’acabi generant un altre. I amb això estarem fins al darrer moment, en donar la millor resposta possible al conjunt dels mutualistes i en fer-ho garantint la viabilitat de les mutualitats. I acabo, amb un agraïment a totes aquelles persones que ens han ajudat, que m’han ajudat en el camí d’aquesta tramitació, algunes ens acompanyen a la tribuna i altres em consta que ens segueixen online. El resultat serà el que serà, però ningú no podrà negar que hem treballat per millorar el text inicial. De veritat, moltes gràcies per la vostra lluita, per la vostra feina i per tot el que ens heu aportat. Res més i, com sempre, a disposar. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a aquellos que nos acompañan desde la tribuna y a aquellos que nos siguen por las redes. Finalmente, después de trece meses desde su toma en consideración, esta propuesta llega al Pleno. Desde el primer día dijimos que no entendíamos cómo, en un tema trascendente como el que nos ocupa, tan reivindicado y que afecta a tantas personas, la técnica legislativa escogida por el Grupo Socialista, por el grupo mayoritario del Gobierno, haya sido una proposición de ley, que sin duda es mucho más que una enmienda a la ley de eficiencia del servicio público de justicia, que fue la primera opción por la que optaron, pero es mucho menos que lo que habría sido más adecuado, es decir, hacerlo a través de un proyecto de ley con todos los pasos que su tramitación conlleva, lo que nos habría permitido la participación previa de los afectados, que todos tuviéramos acceso a toda la información, que la reforma estuviera informada y bien ajustada a nivel técnico y legislativo y que pasara por el Consejo de Ministros, ahorrándonos los momentos esperpénticos que nos han regalado los desencuentros entre PSOE y SUMAR durante este tiempo. Así que lo primero que quiero recalcar es lo mal que han hecho las cosas los socialistas desde el primer día. Ha habido ocho ampliaciones de plazo a las enmiendas en el articulado con la excusa de que algunos lo bloqueábamos todo porque no queríamos la pasarela, algo que quedó desmentido en el momento en que se publicaron. Desde entonces, han transcurrido más de siete meses hasta tener un informe de ponencia; una ponencia en la que no hemos podido hablar de nuestras enmiendas. Y el Grupo Socialista, tutelado por el Gobierno, ha pasado el rodillo transaccionando para autoenmendarse sobre la base de enmiendas del resto de los grupos ―también nuestras―, sin nuestro consentimiento y sin posibilidad de aportar. Es un chantaje puro, señores, amparado en la responsabilidad del resto de los grupos, que, por cierto, la hemos tenido y hoy la tendremos también. No hace falta recrearse en el intento abortado, después de horas, de la sesión de la comisión del día 20 de mayo, pero sí que hay que decir que fue una maniobra mal encajada de la mayoría de la Mesa para cargarse las transaccionales que sabían que podían prosperar. Y sí, hay que decir que el Gobierno retorció el artículo 134.6 de su Constitución y el 112 del Reglamento de esta Cámara hasta límites inaceptables en cualquier democracia parlamentaria. Mientras reconocía que no se identificaban costes económicos, fiaba el veto a unos ingresos futuribles de un presupuesto que sabían entonces y saben hoy que serán incapaces de aprobar en esta legislatura. Da una vergüenza sideral cómo hacen las cosas estos socialistas, y una vergüenza sideral cómo actúa la mayor parte de la Mesa, sobre todo cuando la Presidencia hace gala de su sectarismo hacia Junts per Catalunya no aceptando nuestras transaccionales, diciéndonos de palabra que eran intrusas cuando en este Pleno vamos a votar algunas que también lo eran. Pero ¿cuál era la diferencia? Pues que las que vamos a votar son de Podemos y de los grupos del bloque del Gobierno; lo ha dicho ya una diputada antes. A nosotros ya nos parece bien que veamos lo que está haciendo este Gobierno para legislar en el contexto actual que vive la gente: se aprovecha cualquier hueco, cualquier oportunidad para dar respuestas a la población. Hoy tendremos la oportunidad de hacerlo con aquellos que hayan cotizado más de cuarenta años y se jubilen de forma anticipada, y también con el turno de oficio, pero no con los autónomos ni la microempresa, porque las transaccionales para no tener que pagar el IVA cuando todavía no lo has cobrado, para no tener que pasar por caja cuando lo que quieres es apelar y para no penalizar al I+D+i las habíamos presentado nosotros, Junts per Catalunya. Y la respuesta ha sido bajar la presión que se ejerce desde la Hacienda española a la gente. La respuesta es vetar el debate e impedir la votación. La Mesa hizo lo mismo que ha hecho el Gobierno con la proposición de ley de reforma integral del trabajo autónomo, registrada por Junts en abril pasado. A pesar de todo, la comisión volvió a evidenciar que este Gobierno no tiene una mayoría para hacer lo que quiere y con el apoyo de otros grupos ―por cierto, apoyo que agradezco desde aquí― pudimos aprobar tres de nuestras enmiendas para que la pasarela fuera compatible con el mantenimiento de la alternatividad. También aseguran que todos los mutualistas alternativos tengan reconocidos los mismos derechos que los trabajadores autónomos en las prestaciones en las que su financiación no esté vinculada a la cotización en un sistema u otro; a nuestro entender, modificación importantísima porque abre la puerta al complemento a mínimos para mutualistas pasivos con pensiones muy bajas. Las enmiendas incorporadas han generado disfunciones en el texto del dictamen ―disfunciones evidenciadas por el letrado― que exigen de una corrección técnica; una corrección técnica que sorprendentemente no se ha hecho de oficio, la hemos tenido que presentar nosotros y hoy tendrá que votarse aquí, como también tendrán que votarse nuestras enmiendas 34 y 35, que hemos mantenido vivas hasta la fecha. Son enmiendas por una pasarela amplia, que dé respuesta al grueso de los mutualistas y que reconozca el uno por uno en tiempo para todo el mundo, es decir, un día de cotización en el RETA por cada día de alta en la alternatividad. Nuestras enmiendas, tanto las vivas como las aprobadas, son sobradamente conocidas por los afectados, porque desde el día uno hemos escuchado a los distintos grupos de mutualistas, a las mutualidades alternativas y a los colegios profesionales y hemos ajustado nuestro posicionamiento manteniendo lo que hemos dicho siempre: que había que poner el acento en la pasarela, que debía ser universal y voluntaria para garantizar pensiones dignas a todos los mutualistas alternativos y obligados y que, por ello, no hacía falta poner fin a la alternatividad. Todo ello para que la solución a un problema no genere otro problema. Estaremos ahí hasta el final. Vamos a dar la mejor respuesta posible al conjunto de los mutualistas y, al hacerlo, garantizaremos la viabilidad de las mutualidades. Termino con un agradecimiento a todas las personas que nos han ayudado, que me han ayudado en el camino de esta tramitación. Algunas están hoy aquí en la tribuna y me consta que otras nos están siguiendo en línea. El resultado será el que sea, pero nadie podrá negar que hemos trabajado con el fin de mejorar el texto inicial. De verdad, muchas gracias por vuestra lucha, por vuestro trabajo y por todo lo que nos habéis aportado. Nada más y, como siempre, quedo a su disposición. Muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Sí. Gràcies, presidenta. Bon dia, diputades i diputats, per segona vegada i sobretot bon dia a les persones que ens acompanyeu aquí a l’hemicicle. Després ho faré nominalment, perquè hi ha unes quantes persones a les quals els hi vull fer un reconeixement explícit, però ja deveu conèixer el Congrés millor que nosaltres perquè us hem tingut aquí durant un any, cada dia del món, intentant fer valer els vostres drets i per tant, moltes gràcies. Moltes gràcies perquè això és ciutadà, això és formar part d’aquesta societat que ens regim per normes polítiques. Però clar, jo he de fer una prèvia i la prèvia és demanar disculpes, demanar disculpes perquè no hem obtingut tot allò que ens vam comprometre. No hem obtingut tot allò que crèiem que era just. No hem obtingut tot allò que pensàvem que eren els mínims que plantejàveu i que crèiem que seríem capaços de fer entendre al Govern. Però no, no hem estat capaces, no ho hem estat i, per tant, entenc que la meva primera funció avui és demanar disculpes als qui us hem fallat. Dir que seguiu, que seguiu perquè sempre hi ha espai per a la pressió en els governs que no volen fer el que és just, tot i reconeixent-ho, i que la persistència en la reclamació de drets és el que finalment acaba donant fruits. Hem parlat molt del procediment. Comparteixo amb els grups de l’oposició i amb grups que no se sap ben bé si donen suport o donen suport, ara venen, ara van… Bé, deia, comparteixo absolutament la crítica sobre com ha anat el procediment. I ho comparteixo, perquè ens hem trobat amb esmenes vetades com a transaccionals, però que no ho han estat com a esmenes. I avui votarem coses que s’havien inclòs en transaccionals que han estat vetades i que, al final, d’alguna manera, projecten una ombra sobre el text d’aquesta disposició que jo crec que no era la millor manera d’arribar-hi. Hem vist de tot. Hem vist suspensions, convocatòries, desconvocatòries i aquesta no és manera de treballar. Però és que no és manera de treballar d’entrada. Hi ha una auditoria de la Seguretat Social pendent, que va estar introduïda en una llei i no la tenim i fa anys d’això! Vam demanar que hi haguessin les dades damunt de la taula, les dades no del Govern per vetar o per deixar de votar…, de vetar per afectacions pressupostàries, sinó les dades de la Seguretat Social. Perquè la gran, la gran història, és: «És que això és inassumible». Doncs escolti’m, si és inassumible, posi-ho damunt de la taula, digui’m exactament què és inassumible, digui’m de quanta gent parlem, digui’m del que diuen les mutualitats, de les quals, per cert, tampoc hem pogut obtenir dades fiables. Per tant, estem legislant sobre sensacions, impressions, conviccions. I això perdonin, eh?, però amb els anys que portem ja hauríem de saber que mai surt bé. I, per tant, no surt bé, i què fem? El primer, deixar fora els passius. Home, a mi em fa vergonya. Em fa vergonya pujar en aquest faristol, dir que votaré positivament perquè ho faré i ser conscient de que estic cometent una injustícia d’aquest calibre que és deixar fora a tots els passius. I escolti’m, votarem, eh?, i això serà llei. Però jo personalment he de dir que sento vergonya de classe, vergonya de classe, perquè al final són els que ho han posat damunt de la taula. I, al final, si avui votem que sí, és perquè les plataformes ens ho demanen i perquè cada dia que passa hi ha gent esperant jubilar-se després de quaranta o quaranta-cinc anys d’exercici. I, és clar, la mínima dignitat social et diu: Arreglem això com sigui, perquè almenys es puguin incorporar a la jubilació. Però no oblidem els que deixem en el camí, no ho oblidem, i ens sap molt de greu. I reconec, i crec que ho hauríem de fer més sovint, la meva incompetència per no haver sigut capaç de convèncer el Govern. Reconec també que no hem sigut capaços de donar les dades que ens convencin d’això i que al final un govern, al final un govern no s’explica pel que es diu en aquest faristol. S’explica que per com s’apliquen els pressupostos i si es tria determinades coses de salvar de la fallida i no se’n trien d’altres, s’explica qui és el Govern i s’ha triat no rescatar els passius. I això és lamentable. Hi ha una tensió somorta. Ja no em referiré a tota la resta. Jo vull parlar avui, perquè no és l’últim pas d’aquest Congrés. Ara anirà al Senat a veure què passa allà i després tornarà al Congrés. Deia: Jo vull parlar del marc general. Aquí hi ha hagut una tensió, una tensió que s’ha d’explicar entre allò que les mútues van prometre en els que estaven obligats a ser mutualistes o en els que, per mala informació dels col·legis d’advocats — i ho vull dir— van anar a parar a les mútues. Però parlem bàsicament de procuradors i d’advocats i també és veritat que afecta altres col·lectius que no tenen idènticament el mateix posicionament. Arquitectes hi està d’acord, metges ens estan demanant que les mutualitats no acabin… Deia: Hi ha una tensió entre aquella gestió privada de la mutualitat i la gestió de l’Estat. Quan les mutualitats fallen i no són capaces de proveir el que era la seva funció, aleshores ha de venir l’Estat a recaptar. Doncs mirin, mantenir l’alternativitat és una mala idea i és una mala idea que farà que d’aquí a deu anys estiguem exactament igual. I això no ho hem dit tots els grups. Això és una imposició de la dreta i vull que aquí quedi ben clar. La nostra opinió era, que més enllà de que sigui un sistema que català, escolti’m de tota la vida, perquè és el nostre sistema… Saben què passa? Que les tradicions, al final, potser les hem de posar a revisió, perquè si no, encara aniríem amb mantellina. I deia aquesta tensió entre allò públic i allò privat, com sempre, s’ha resolt a favor d’allò privat, la interiorització dels beneficis, l’externalització de les despeses. I això, per mi, des d’una perspectiva d’esquerres i progressista, és inadmissible perquè, d’aquí a quinze anys tornaran a fer el mateix? D’aquí a quinze anys s’haurà de fer la transferència dels fons de les mutualitats d’una manera ordenada que no posi en perill la seva subsistència, que els fons no estan disponibles, que el patrimoni no es toca. Els hi recordo que aquells que van deixar les mutualitats i es van passar al RETA i avui no entren en aquesta llei, van perdre tot el seu capital i no vaig sentir ningú dir res. Per tant, us donarem…, donarem suport a la proposició, és clar que sí, perquè ens ho demaneu, no perquè creiem que sigui absolutament justa o que sigui globalment vista justa, perquè guanyen els de sempre. I l’únic que fem, en lloc de reconèixer els drets que ens vau demanar, és com aquell qui diu fer aquella caritat de dir: No podem tenir tota aquesta gent en la indigència perquè porten molts anys treballant i és absolutament injust. Però deixem gent pel camí. Deixem situacions pel camí. Encara ho hem pogut arreglar una mica. Espero que — i sé que no passarà— que amb seu del Senat això es pugui arreglar mínimament. Nosaltres volem deixar ben clar que estem a la disposició de les plataformes. Ens devem, en aquest cas crec que és claríssim, a les persones que han patit tot això i per això — i acabo ja— vull reconèixer la María José, vull reconèixer la Yolanda, vull reconèixer l’Antònia, la Marta, la Isabel i també la Gemma dels procuradors. A totes vosaltres, moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenos días, diputadas y diputados, por segunda vez y, sobre todo, buenos días a las personas que nos acompañan hoy en el hemiciclo. Después mencionaré algunos de sus nombres porque hay unas cuantas personas a las que quiero reconocer explícitamente y que seguro que conocen el Congreso mejor que nosotros porque han estado aquí durante un año cada día para hacer valer sus derechos. Así que muchas gracias, muchas gracias porque esto es ciudadanía, esto es formar parte de esta sociedad que se rige por normas políticas. Pero voy a hacer un comentario previo (dirigiéndose a la tribuna de invitados), quiero pedir disculpas porque no hemos obtenido todo aquello que nos comprometimos a obtener, no hemos obtenido todo lo que creíamos que era justo, no hemos obtenido todo aquello que pensábamos que era lo mínimo que planteabais y que pensábamos que conseguiríamos que el Gobierno lo entendiera, pero no lo hemos conseguido, no hemos sido capaces. Así que entiendo que mi primera función aquí hoy es pedir disculpas a aquellos a los que os hemos fallado. Hay que seguir adelante porque siempre hay espacio para ejercer presión a los Gobiernos que no quieren hacer lo que es justo, aunque lo reconozcan. La persistencia en la reclamación de derechos es lo que al final acaba dando fruto. Se ha hablado mucho del procedimiento. Comparto absolutamente con los grupos de la oposición ―y con grupos que no se sabe muy bien si apoyan, no apoyan, vienen, van― la crítica sobre cómo ha sido el procedimiento. Y lo comparto porque nos hemos encontrado con enmiendas vetadas como transaccionales, pero que luego no han sido vetadas como enmiendas, y hoy votaremos cosas que habían sido transaccionales que fueron vetadas y que al final, de un modo u otro, proyectan una sombra sobre el texto de esta disposición que, a mi entender, no era la mejor manera de llegar hasta aquí. Hemos visto de todo: suspensiones, convocatorias, desconvocatorias. Esto no es modo de trabajar, pero es que no es modo de trabajar así de entrada. Hay una auditoría de la Seguridad Social pendiente que se introdujo en una ley y no la tenemos, y hace años de esto. Pedimos que hubiera datos sobre la mesa, datos no del Gobierno ―para vetar o dejar de vetar por afectaciones presupuestarias―, sino de la Seguridad Social. Porque la gran historia es decir que esto es inasumible. Oigan, pues si es inasumible, pónganlo sobre el tapete. Díganme exactamente en qué es inasumible. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Qué dicen las mutualidades, de las que por cierto tampoco hemos podido obtener datos fiables? Así que estamos legislando según sensaciones, impresiones, convicciones. Y esto, ya me perdonarán, pero con los años que llevamos deberíamos saber ya que esto no sale nunca bien. Por lo tanto, no sale bien. ¿Y qué hacemos? Bueno, primero los pasivos. A mí me avergüenza subir aquí, a este atril, y decir que voy a votar en positivo ―porque lo voy a hacer― y ser consciente de que estoy cometiendo una injusticia de ese calibre, que es dejar fuera todos los pasivos. Y votaremos a favor, ¿eh? Y esto será ley. Pero personalmente debo decir que siento vergüenza, vergüenza de clase, vergüenza de clase. Porque al final son los que lo han puesto sobre la mesa. Y al final, si hoy votamos que sí es porque las plataformas nos lo piden y porque cada día que pasa hay gente esperando a jubilarse después de cuarenta o cuarenta y cinco años de ejercicio. Y, ¡claro!, la mínima dignidad social te dice: arreglémoslo como sea, para que por lo menos se puedan incorporar a la jubilación. Pero no olvidemos a los que se quedan por el camino, no lo olvidemos porque nos sabe muy mal. Y reconozco ―y creo que habría que hacerlo más a menudo― mi incompetencia por no haber sido capaz de convencer al Gobierno. Reconozco también que no habéis sido capaces de darnos datos que nos convencieran. Y que al final un Gobierno no se explica por lo que se dice desde este atril, se explica por cómo se aplican los presupuestos. Y sí, se elige. Se elige salvar unas cosas concretas y no otras. Esto explica quién es el Gobierno, y lo que han elegido es no rescatar a los pasivos. Es lamentable. Ha habido una tensión tremenda, no voy a hacer alusión al resto, quiero hablar hoy porque no es el último paso en este Congreso, ahora irá al Senado ―a ver qué pasa allí― y luego volverá al Congreso. Decía que quiero hablar del marco general. Ha habido una tensión que debe explicarse entre aquello que las mutuas prometieron a los que estaban obligados a ser mutualistas o a los que por mala información de los colegios de abogados ―y lo voy a decir― fueron a parar a una mutua. Estamos hablando de procuradores y abogados, y es verdad que afecta a otros colectivos también que no tienen idénticamente el mismo posicionamiento: los arquitectos están de acuerdo, los médicos nos están pidiendo que no. Decía que hay una tensión entre aquella gestión privada de la mutualidad y la gestión del Estado. Cuando las mutualidades fallan, es que no son capaces de brindar la que era su función, y entonces tiene que venir el Estado a recaudar. Mantener la alternatividad es una mala idea y es una mala idea que va a hacer que dentro de diez años estemos exactamente igual. Y esto no lo hemos dicho todos los grupos, esto es una imposición de la derecha, y lo quiero decir alto y claro. Nuestra opinión era que, más allá de que sea un sistema catalán de toda la vida, es nuestro sistema. ¿Saben qué pasa? Que las tradiciones a lo mejor hay que revisarlas porque, si no, todavía llevaríamos mantellina. Decía yo, esta tensión entre lo público y lo privado, cómo siempre se ha resuelto a favor de lo privado: la interiorización de los beneficios, la externalización de los gastos. Y esto, para mí, desde una perspectiva de izquierdas y progresista, es inadmisible, porque dentro de quince años ¿van a hacer lo mismo?, ¿dentro de quince años habrá que hacer la transferencia de los fondos de las mutualidades de un modo ordenado, que no ponga en peligro su existencia, que los fondos no están disponibles, que el patrimonio no se toca…? Les recuerdo que aquellos que dejaron las mutualidades, pasaron al RETA y a día de hoy no entran en esta ley perdieron todo su capital, y no oí a nadie que dijera algo al respecto. Por lo tanto, apoyaremos la proposición, por supuesto, porque nos lo pedís, no porque nos parezca que sea absolutamente justa o que sea globalmente justa. Nos parece que ganan los de siempre, y lo único que hacemos ―en vez de reconocer los derechos que nos pedisteis― es de un modo u otro hacer un poco de caridad y decir: no podemos tener a toda esta gente en la indigencia, porque llevan muchos años trabajando y es muy injusto. Pero estamos dejando a gente por el camino, situaciones por el camino. Lo hemos podido resolver un poco. Espero ―y sé que no va a pasar― que en el Senado esto se pueda arreglar mínimamente. Nosotros queremos decir alto y claro que estamos a disposición de las plataformas; nos debemos, en este caso, sin duda alguna, a las personas que lo han sufrido. Y por ello ―y termino ya― quiero reconocer a María José, quiero reconocer a Yolanda, a Antonia, a Marta, a Isabel y también a Gemma, de los procuradores. Muchísimas gracias a todas vosotras. .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Señora presidenta, señores y señoras diputadas, en primer lugar, quiero mostrar nuestro agradecimiento a las organizaciones que han hecho posible el reconocimiento de pensiones de jubilación de la Seguridad Social a los profesionales de la abogacía, la procura y la arquitectura ; al Movimiento J2 de todas las provincias, a la plataforma Pasarela al RETA, a VENIA, Marea Negra Jurídica, a Foro Abogacía y Democracia, ALA, ALTODO, el colectivo 101, ANAMA, ANMARQ y demás colectivos. Una lucha impulsada sin descanso por mujeres como Lourdes, Ana, Nieves, Teresa, Isabel y tantas otras sin cuyo coraje no se habría conseguido. . Hoy el Congreso rescata a los y las mutualistas que han sido engañados por unas mutualidades que, para mantener sus privilegios, han permitido unas pensiones de jubilación miserables, de 300 o 400 euros al mes, con la pasividad del Estado, que ha incumplido durante décadas su responsabilidad in vigilando, hasta que este Gobierno de coalición de izquierdas se ha implicado en la solución. Son profesiones feminizadas y precarizadas, donde las y los profesionales económicamente privilegiados son minoría y nunca han padecido este problema. Abogados y procuradores garantizan nuestros derechos y libertades, arquitectos y arquitectas trabajan para que nuestra vida sea digna, y durante años han sido engañados por mutualidades y abandonados a su suerte cuando alcanzaban la vejez y eran más vulnerables. Han padecido discriminación en sus derechos laborales y sociales, no han tenido prestaciones por desempleo ni una incapacidad temporal decente ni prestación por maternidad o paternidad ni vacaciones retribuidas, y han sufrido un deficiente y limitado sistema sanitario. Sabemos que no hemos conseguido todos los objetivos reivindicados por los colectivos afectados, pero es una inmensa satisfacción anunciar que todos y todas las mutualistas van a tener una pensión de jubilación digna a cargo de la Seguridad Social. . Pasarán de los míseros 300 o 400 euros al mes a 1200 euros aproximadamente y en tres meses se aprobará el reglamento de esa pasarela al RETA, y, con un gran esfuerzo solidario, la Seguridad Social garantizará una pensión pública a todos y todas las mutualistas que no la tuvieran asegurada. Para esto sirven las cotizaciones sociales y los impuestos que pagamos, para garantizar derechos básicos que nunca garantizan sistemas privados si ello implica reducir sus inmensos beneficios , y es el Estado quien va a rescatar a las y los profesionales a los que las mutualidades privadas condenaron a la indigencia en el momento de su jubilación. Conseguimos que la pasarela al RETA incluya un coeficiente corrector, uno por uno, que eleva el valor de las contribuciones realizadas a la mutualidad casi en un 30 % para todas las personas mutualistas mayores de 52 años a fecha 31 de diciembre de 2026. Aún no hemos conseguido otras reivindicaciones que son irrenunciables y por eso seguiremos trabajando hasta la última votación en esta ley y aprovechando posteriores tramitaciones legislativas si es necesario. No hemos conseguido apoyo suficiente para acabar con la alternatividad, un negocio privado que es la causa de este gran fraude. Las mutuas deben limitarse a actuar como compañías de seguros para que nunca más puedan especular con las pensiones de jubilación de profesionales, pero a partir de ahora las mutualidades al menos estarán obligadas a que las cuantías de las contribuciones sean suficientes para abonar las mismas prestaciones de jubilación que establezca la Seguridad Social para los y las trabajadoras autónomas. . Nunca más pensiones de miseria, y acabamos así con la falta de control del Estado sobre la actuación de las mutualidades. No estamos de acuerdo con el Grupo Popular, con VOX o con Junts, que han votado para que continúe el sistema de alternatividad, para que sigan existiendo pensiones de jubilación únicas a cargo de las mutualidades. Han votado para anteponer el interés privado de las mutualidades frente a la seguridad jurídica y los derechos sociales y laborales de los profesionales. También queda pendiente mejorar la situación de los mutualistas pasivos, los ya jubilados que cobran una pensión de miseria. Estos deben ver incrementada su pensión de jubilación por ley hasta alcanzar una cuantía equivalente a la pensión mínima de la Seguridad Social. Hemos defendido que el abono de esta diferencia debe realizarse por las mutualidades y a su cargo, con cargo a las partidas presupuestarias que tienen contabilizadas como rendimientos por otros conceptos. Son ingresos obtenidos con el dinero depositado por los y las mutualistas, y todos los beneficios generados por las mutualidades pertenecen a los y las mutualistas , no pueden ser apropiados por las juntas directivas de las mutualidades, sino que deben ser redistribuidos entre quienes más los necesitan, entre los y las mutualistas pasivos. Percibir pensiones dignas no puede quedar a la voluntad discrecional de las mutualidades, que han permitido las actuales pensiones de miseria de 300 euros. Igualar esas pensiones con las de la Seguridad Social debe ser una obligación a cargo de las mutualidades, no puede depender de una decisión discrecional tomada cada año por los consejos de Administración de las mutualidades, porque si hasta ahora no han garantizado dignidad a los mutualistas pasivos, es evidente que no lo van a hacer si no están obligados por ley. No olvidamos tampoco la precariedad de los abogados y las abogadas, los procuradores y las procuradoras en el desempeño del servicio público del turno de oficio, cuya importancia no es siempre reconocida socialmente como debería ser. Mantenemos una enmienda para que se garanticen los derechos sociales y laborales básicos de quienes defienden nuestros derechos. Las Administraciones competentes ―comunidades autónomas y Ministerio de Justicia― deben cotizar a la Seguridad Social como empleadoras de estos profesionales por cada hora en la que desempeñen tareas de asistencia a detenidos , diligencias urgentes o guardias en tribunales. Las cotizaciones tendrán que ser ingresadas a efectos de jubilación, de incapacidad temporal o de otras contingencias sociales como maternidad y paternidad. Acabo. Nos comprometemos a que durante esta legislatura se regule el desempeño del futuro turno de oficio, acabando con su actual precariedad. Hoy es un día para sentirnos satisfechos por lo conseguido. Gracias a quienes lo habéis hecho posible.

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Sabéis que podéis contar con este Grupo Parlamentario de la Izquierda Plurinacional para defender lo ya conquistado y para ampliar estos derechos. Muchas gracias. .

Juan José Aizcorbe Torra VOX

Con la venia, señor presidente, mutualistas, colectivos de mutualistas, en especial el Movimiento J2 y todos los mutualistas que nos ven desde sus casas o sus despachos. Alguien dijo que una verdad a medias es la más cobarde de las mentiras ―lo acabamos de oír ahora mismo― y eso es lo que, a nuestro juicio, sucede con la norma que hoy debatimos. La primera mitad de la verdad ya nadie la discute: existía una injusticia, existía para miles de profesionales que, después de décadas de ejercicio profesional, comprobaron que el sistema bajo el cual habían desarrollado su actividad no les ofrecía una respuesta suficiente ni justa al llegar a la edad legal de jubilación. Tan evidente era esa realidad que hoy esta Cámara se dispone a aprobar una ley para intentar corregirla. Pero la otra mitad de la verdad sigue esperando, porque la solución que hoy debatimos sigue dejando fuera a quienes ya son pasivos, a quienes agotaron sus prestaciones, a quienes desarrollaron parte de su actividad en sistemas de reparto posteriormente desaparecidos y a quienes continúan sin ver reconocido plenamente el tiempo efectivamente trabajado. Esa fue la razón de nuestra enmienda a la totalidad a la toma en consideración, y esa sigue siendo hoy nuestra posición, porque si la injusticia era una, la reparación también debe ser una, y debería esforzarse por alcanzar a todos aquellos que la padecieron. Durante años, miles de profesionales desarrollaron su actividad conforme a los sistemas que el propio Estado reguló, supervisó y consideró válidos. Algunos permanecieron en ellos obligados, porque no existía alternativa real; otros organizaron su vida profesional conforme a las opciones que el ordenamiento jurídico y los avatares de su vida les ofrecían. Lo relevante es que todos ajustaron su conducta a unas reglas cuya legitimidad nadie discutía entonces y cuyas consecuencias no pueden ignorarse ahora. Muchos comenzaron su actividad en mutualidades de reparto y vieron después cómo aquellas entidades mudaron por mandato legal hacia modelos de capitalización individual completamente distintos. Todos financiaron, mediante obligaciones fiscales y durante décadas, prestaciones públicas, de las que no disfrutaban en igualdad de condiciones otros trabajadores y ciudadanos. También contribuyeron, mediante sus impuestos, al sostenimiento de la sanidad pública, las pensiones públicas y el conjunto de servicios que presta el Estado. Por eso, resulta difícil aceptar que el debate se plantee exclusivamente en términos de coste económico y no de derechos. Reducir este debate a los costes es mísero, incluso tramitarlo a través de una proposición de ley y no mediante un proyecto de ley, como ya se ha dicho anteriormente. Estábamos hablando de la seguridad jurídica proclamada en nuestra Constitución y de los principios de protección social y suficiencia económica que inspiran sus artículos 41 y 50. Quien reguló, supervisó y consideró válido durante décadas un sistema ―el Estado― no puede ignorar después sus consecuencias sin poner en cuestión la seguridad jurídica proclamada, insisto, en el artículo 9.3 de nuestra Constitución. Ahí aparecen las clamorosas insuficiencias del texto que hoy debatimos. Siguen quedando fuera los mutualistas pasivos, siguen quedando fuera quienes agotaron prestaciones, siguen quedando fuera quienes confiaron legítimamente en el marco jurídico vigente y descubren hoy que una parte de su trayectoria profesional apenas encuentra reconocimiento en la solución propuesta. Aquellos que tengan quince años cotizados en la Seguridad Social quedan excluidos y en un limbo vergonzoso de años inexistentes, sin que se reconozca la 1x1 en toda su amplitud. Una parte importante de los afectados ya no dispone del tiempo necesario para corregir por sí mismos las consecuencias de decisiones adoptadas hace décadas por mandato legal. El legislador todavía puede rectificar, pero ellos ya no. Especialmente reprochable ha sido la actuación del Gobierno durante esta tramitación, como se ha dicho. Cuando se plantearon propuestas dirigidas a ampliar, en justicia, la protección de quienes continuaban excluidos, la respuesta fue la de vetos de última hora, tras dieciocho meses de tramitación, apoyados en consideraciones genéricas sobre la sostenibilidad futura del sistema, vetos alejados de los requisitos exigidos en el artículo 111 del Reglamento de esta Cámara y retorciendo el artículo 134.6 de la Constitución. Sin embargo, el propio Gobierno afirmaba conocer con notable precisión cuántos mutualistas se acogerían a una pasarela que sigue siendo voluntaria. Más allá del juicio que merezca semejante afirmación, contiene una admisión difícil de ignorar, porque estamos hablando de decenas de miles de personas cuya situación continúa sin encontrar una respuesta satisfactoria y moralmente justa ―47 000, según el Gobierno―. Cuando hablamos de prioridad nacional, hablamos también de esto, de atender a quienes han trabajado durante décadas, a quienes han contribuido al sostenimiento de España y al de sus servicios públicos , y ello como reconocimiento justo de una trayectoria profesional desarrollada conforme a las reglas que el propio Estado consideró válidas. Hace apenas unos días, alguien de referencia nos recordaba en esta misma tribuna que la tarea del legislador consiste en hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar. Esa es la cuestión de fondo que hoy estamos llamados a resolver. Hoy hemos escuchado a todos los intervinientes. Señorías, los que me conocen saben que he dicho en otras ocasiones que las mayorías pueden aprobar leyes y los consensos pueden ser amplios, pero una ley no es moralmente justa por el mero hecho de reunir votos suficientes o justificarse en el mayor de los consensos. Una ley, la norma, debe ser capaz de responder a quienes se encuentran en peor situación para defenderse por sí mismos. Este texto, obviamente distinto al inicialmente propuesto, mejorará la situación de numerosos mutualistas, pero seguirá siendo insuficiente y moralmente injusto mientras deje fuera a quienes tienen menos capacidad para corregir las consecuencias de una injusticia que esta Cámara reconoce hoy de forma expresa. La tramitación continuará en el Senado y regresará de nuevo aquí, a esta Cámara. Todavía existe la posibilidad de mejorar este texto y contemplar una reparación que hoy continúa siendo parcial. Por eso ―acabo, señor presidente―, como dije al principio, una verdad a medias es la más cobarde de las mentiras, y eso seguirá ocurriendo mientras la solución no alcance también a quienes todavía siguen esperando justicia. Muchas gracias. .

María Jesús Moro Almaraz PP

Señor presidente, señorías, amigos, compañeros mutualistas, buenos días a todos. Venimos con la mano tendida, venimos dispuestos a escuchar porque esta ley debe ser un acuerdo de país. Esto escuchábamos decir al PSOE en este hemiciclo hace poco más de un año, pero eso no ha ocurrido. En el Grupo Popular hemos trabajado por un procedimiento parlamentario ágil, riguroso, documentado, ordenado y transparente, ante la dejación de funciones del Gobierno, pero todo han sido palos en las ruedas ―se lo hemos escuchado a algunos de mis compañeros en la ponencia―. En el Grupo Popular marcamos nuestros tiempos, sí, porque eso es trabajo parlamentario y no estar sujeto a un mandato imperativo y porque sabemos cómo se las gastan, con nosotros especialmente. Con ello hemos ido evitando una parálisis permanente y definitiva y buscando una solución. Se negaron al diálogo y al acuerdo, señorías, y un Gobierno agazapado negó las comparecencias y ni siquiera se cumplió con el derecho de petición. Pero no se nos negó a nosotros, que también, sino a los ciudadanos a los que representamos. Señorías, el Partido Popular no gobierna, pero nos exigió obediencia ciega, una suerte de disciplina antidemocrática. Se prometió mejorar la propuesta, resolver problemas y no abrir otros nuevos. Excusas, límites, fórmulas y retos incalificables e ininteligibles. Se bloqueó la ponencia sin explicaciones y se reactivó, llamándonos a aceptarlo como un plato de lentejas ―ya saben: si quieres, bien; si no...―. Lo que se anunciaba con grandilocuencia como un pacto de país se convirtió en cubrir el expediente y pasar página y, si además conseguía que el PP fuera el culpable, miel sobre hojuelas. Así llegamos hasta hoy, con discursos que han escuchado y otros que escucharán después que no se corresponden con la realidad del texto que aspira a hacer ley. Señora Belarra, ¡qué vergüenza!, ¡qué vergüenza! . No confundan, no los utilicen. ¡Esta no es la ley! Pero claro, aquí no ha habido vetos, estas no son enmiendas intrusas. No los utilicen. Esto tendrá su momento. . Arquitectos, ingenieros, gestores administrativos, abogados, procuradores y médicos, entre otros ―aprovecho para saludar a los que están en la tribuna de invitados y también a los que nos seguís desde vuestro trabajo como si fuerais nuestra sombra, a lo largo de todo este tiempo―, habéis sido considerados como unos aprovechados, como sujetos dudosos, en lugar de consideraros trabajadores cualificados ―antes gremios― y dedicados durante décadas a pelear por nuestros derechos, nuestra salud y nuestras viviendas, entre otras cosas. Son muchos los años que habéis trabajado sin prestaciones sanitarias, soportando duras y largas enfermedades sin poderos permitir una baja, con la que no contaban. No voy a decir sus nombres, porque no lo creo necesario, pero sé que muchos hombres y mujeres ―sobre todo mujeres, a las que os he conocido a lo largo de estos años― estáis hoy siguiendo este discurso y sé por lo que estáis pasando , pero alguien ―alguien― en el Gobierno ha decidido (la señora presidenta ocupa la Presidencia), sin dar explicaciones, quién merece ser tocado con su dedo divino arriba (sube el pulgar) o abajo (baja el pulgar), cual emperador romano: tú, fuera; y tú, dentro. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Y por qué a los que han trabajado quince y veinte años no se les reconoce? ¡Ah!, no lo sabemos. Y de los argumentos del veto ya se ha dicho ―del día 26― que insultan a la inteligencia. ¡Quién les va a creer si ustedes fueron los que aprobaron trenes que no caben por los túneles e hicieron obras y no cambiaron las traviesas! . Permítanme todos los profesionales que me dirija un momento a mis compañeros letrados y procuradores. Cuando os llamen para que ejerzáis su derecho de defensa, ya sabéis qué tenéis que decir, ¿verdad, Pilar? Permítanme que explique que, después de una llamada de la Guardia Civil, hay de madrugada muchos viajes a la frontera o a una apartada zona rural, con miedo a un accidente en el camino por las prisas, para ir a asistir a un detenido. No lo olvidéis nunca. No lo olvidéis nunca. No escuchéis discursos que solo son maquillajes. Legislar no es juntar palabras ni relatos ni preferencias u ocurrencias. Francisco de Vitoria dijo, quinientos años atrás, que no es lícito que una ley no atienda al bien común. . Mi grupo ha apostado por el camino más difícil: no contentar oídos, sino tratar de buscar la información que tenía que dar obligatoriamente el Gobierno y que no ha dado. Esto no es una tómbola, señorías. Nos debemos al interés común. Quien sea padre o madre me entenderá. Lo más difícil es decir no y lo más sencillo es decir sí y después buscar recovecos para no cumplir. Lo que hemos hecho siempre es decir la verdad, no maquillar. Hemos defendido mantener la alternatividad porque, en contra de lo que se dice, es la garantía de los mutualistas, es la garantía de sus fondos, es la garantía de recibir lo que han aportado durante tanto tiempo, pero, eso sí, con más controles, con más garantías, con más vigilancia y con más responsabilidad de los poderes públicos. Cerrar con rabia e infantilismo la puerta a aquello que puede sostener los fondos y no abrir más problemas con quiebras es realmente no entender lo que está pasando. Es necesario tener en cuenta a los que fueron obligados a ello. Señorías, no formaban parte de un club de golf. Si querían trabajar, tenían que ser mutualistas. Defendemos a quienes no son delincuentes: tuvieron que permanecer, ya que no podían hacer borrón y cuenta nueva. Esa es nuestra defensa. Cuando el Gobierno se asustó, nos vetó. Nos vetó, una vez más, de manera ilegal, de manera absolutamente inconstitucional. Los tres meses de SUMAR no son iguales que nuestros tres meses, no lo son. Las cifras aparecieron por arte de magia. Señores de SUMAR, ustedes son corresponsables. Ustedes han negado tres veces a los mutualistas. Hoy podríamos estar votando estas enmiendas de los grupos Popular y Junts , pero, por su voto en contra, no se están votando. Por lo tanto, señorías, señores diputados, ahora que se han vuelto tan fanáticos del papa y de lo que dice, escuchen a los mutualistas. Escúchenlos. Voy terminando, presidenta. Señorías, nosotros hemos tenido que trabajar con algo que fue premonitorio del #J2 (muestra un documento), pero equivocaron la interpretación. Nosotros teníamos enmiendas y ellos las han fagocitado sin permiso. Nosotros teníamos una postura y la hemos defendido y nos han atado las manos y nos han cerrado la boca. Esa es la realidad. Seguiremos trabajando, y con rapidez. No bloqueamos. Seguimos adelante. Mi partido cumple su compromiso. No se preocupen, trabajaremos con responsabilidad y rapidez en el Senado. Gracias a mis compañeros...

María Jesús Moro Almaraz PP

Termino. ... y a los ponentes de otros grupos, que han trabajado con convicción y sin mentiras. Sobre todo, gracias, mutualistas. Seguimos trabajando por una causa justa. .

Javier Alfonso Cendón PSOE

Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy el Congreso de los Diputados tiene la obligación, la oportunidad y el deber de hacer justicia con mayúsculas, justicia con miles de profesionales mutualistas de nuestro país que durante demasiados años han vivido con una losa encima de los hombros, con la angustia insoportable de no saber qué iba a ser de su futuro después de toda una vida entregada al trabajo. Detrás de cada cifra hay una vida, detrás de cada expediente hay una trayectoria y detrás de esta ley hay una respuesta justa para quienes merecen seguridad, reconocimiento y dignidad. Hablamos de profesionales de la abogacía, de la procura, de la medicina, de la arquitectura o de la ingeniería, de hombres y mujeres que han levantado consultas, despachos y proyectos con un esfuerzo titánico; de hombres y mujeres que han madrugado durante décadas, que han pagado religiosamente sus impuestos y que han sostenido la actividad económica de este país mientras que, con el corazón en un puño, miraban con profunda preocupación su propia jubilación. Son profesionales que no vinieron a pedir privilegios, que no reclamaban ni favores ni ventajas, sino que exigían algo tan elemental y tan de sentido común en una democracia sana como seguridad, certezas y dignidad. Sencillamente, pedían mirar al futuro sin miedo. Es obligado recordarlo hoy, porque parece que a algunas señorías se les olvida, y quiero decirlo con claridad y con orgullo. Estamos debatiendo esta ley porque el Grupo Parlamentario Socialista dio un paso hacia adelante y la registró en esta Cámara. . Tuvimos claro desde el primer momento que no podíamos dar la espalda a este problema ni ponernos de perfil frente a quienes entienden que la política es ruido permanente y descalificación o que es decir numerosas falsedades. Hemos escuchado a la portavoz del Grupo Popular decir algunas palabras muy gruesas aquí, pero el Partido Popular ―lo voy a decir claro― ha intentado sabotear desde el primer minuto esta ley. . Hoy van a votar a favor o se van a abstener porque no les queda otra, ya que se quedaban solos, igual que hicieron con la revalorización de las pensiones. Cuando su voto no es necesario, evidentemente las apoyan, pero si su voto es necesario siempre dan la espalda a las personas. Esta iniciativa demuestra para qué sirve estar sentado en este hemiciclo. Sirve para escuchar los problemas de la calle, los problemas de las personas, para arrimar el hombro y para transformarlos en soluciones efectivas. Señorías, el texto que llega hoy al Pleno es, sin lugar a duda, mucho mejor que el que inició su andadura parlamentaria. Yo quiero decir que hemos sudado la camiseta, pues hemos mantenido cientos de reuniones con mutualistas, con colegios profesionales, con consejos generales, con plataformas de afectados y con las propias mutuas. Esta ley es mejor porque los socialistas la hemos concebido, como hacemos siempre, con diálogo constructivo. Ha habido grupos parlamentarios que venían a construir y no a destruir, pero hay grupos parlamentarios, como VOX, que presentó una enmienda a la totalidad o, como el Grupo Popular, que ―como digo― quería sabotearla por todos los medios, aunque ahora, a última hora, viene contando no sé qué excusas. Lo que les puedo asegurar es que lo que hemos conseguido es tener una plataforma voluntaria al RETA. Esta era una demanda histórica y una salida justa para permitir la integración plena en el sistema público de Seguridad Social, trasladando derechos acumulados y garantizando la tranquilidad a profesionales que se lo han ganado a pulso. Además, hemos bajado al detalle, a la realidad, para asegurar que nadie se quede atrás, porque las trayectorias no son iguales y el tiempo apremia. Pensamos en los mayores de 52 años, personas que tienen que tomar decisiones y que no pueden esperar más tiempo porque tienen a la vuelta de la esquina su jubilación. Para ellos hemos hecho un acto de estricta justicia. Cada mes cotizado en la mutualidad equivaldrá a un mes cotizado en el RETA. Para los menores de 52 años garantizaremos también la equidad convirtiendo sus derechos acumulados mediante un coeficiente corrector del 0,77. Voy a dejar claro lo que supone todo esto con un ejemplo. Un profesional mutualista con treinta y ocho años en la mutualidad alternativa, que podría jubilarse en la mutualidad cobrando, de media, 450 euros, va a poder obtener, gracias a la pasarela, una pensión de 1200 euros al mes. . ¡Esto es justicia, señorías! ¡Esto es la realidad! ¡Esto es la mejora de la vida de muchas personas de este país! Tampoco hay que olvidar la reparación histórica al permitir la regularización de hasta cinco años de cotización mediante un convenio especial con la Seguridad Social para aquellos que estaban en el sistema previo a la capitalización individual. Esto no es solo rigor jurídico, señorías; sino también sensibilidad social, empatía legislativa y demostrar a la ciudadanía que, cuando el Partido Socialista lidera y legisla, la vida de la gente mejora de verdad. Avanzar, señorías, no es quedarse cruzados de brazos esperando una solución perfecta en un papel que nunca llega, sino que avanzar es transformar la realidad aquí y ahora, como vamos a hacer hoy, y conseguir que miles de profesionales de este país se levanten mañana para ir a trabajar sabiendo que su futuro y el de sus familias está protegido por su Estado. Esta norma es el reflejo exacto del modelo del país que defendemos: un país que refuerza su sistema de Seguridad Social y su sistema público de pensiones, que las blinda y las revaloriza y que rescata a quienes el sistema desprotege. Por eso, desde esta tribuna digo con toda la fuerza y el orgullo que esta ley ofrece seguridad jurídica, devuelve tranquilidad y reconoce la dignidad de miles de profesionales mutualistas que han dedicado su vida al trabajo, al esfuerzo y al servicio de la sociedad. Hoy, señorías, el Congreso de los Diputados cambia incertidumbre por derechos. Sabemos perfectamente que ninguna ley agota el futuro, sabemos que las leyes siempre abren caminos y sabemos bien en la historia de nuestra democracia que un derecho conquistado siempre ilumina el camino para seguir mejorando, porque cada derecho siempre trae otro derecho. Hay cosas pendientes, pero son cosas que tienen un futuro claro, porque esta ley no es un punto final, sino un punto de partida sólido, responsable y profundamente justo. Quiero terminar mi intervención agradeciendo de corazón el empuje, la valentía y la constancia de las plataformas de mutualistas, de los colegios profesionales, de los consejos generales y de todos los que nos acompañan hoy en el hemiciclo por la importancia que tiene esta ley. Gracias por no rendiros y gracias por vuestra paciencia y vuestra constancia. Hoy habéis demostrado que, cuando la sociedad civil se organiza, la política escucha y las soluciones llegan. Hoy demostramos que la política útil sirve. El Grupo Parlamentario Socialista impulsó esta ley para dar respuesta a una reivindicación justa, y hoy esa respuesta empieza a hacerse realidad. Por eso, señorías, quiero pedir a todos los grupos parlamentarios el voto favorable para esta ley. Hagámoslo por justicia, por dignidad y por respeto a los miles de profesionales mutualistas que merecen certezas después de toda una vida de trabajo. Hagámoslo también por el orgullo del sistema público de pensiones, que reconoce derechos y no deja a nadie atrás. Muchas gracias. .

Rafaela Romero Pozo PSE-EE (PSOE)

Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos y a todas. Todos hemos sido testigos en los últimos años de un deterioro progresivo de las formas parlamentarias. Lo reflejan los diarios de sesiones, lo reflejan las constantes llamadas al orden, lo reflejan comportamientos que nada tienen que ver con la crítica política legítima y sí con la descalificación permanente, la intimidación o el desprecio hacia quienes piensan diferente. Con esta iniciativa que hoy debatimos, el Grupo Parlamentario Socialista tiene un objetivo claro: dotar a esta Cámara de instrumentos proporcionados, garantistas y eficaces para responder a estas conductas, unas conductas que alteran gravemente la convivencia parlamentaria y dificultan el normal desarrollo de los trabajos de esta institución, para protegerla, señorías, del caos, del acoso y de la violencia. La reforma nace de la evidencia que todos hemos podido comprobar. El Reglamento actual presenta lagunas cuando se producen comportamientos de intimidación o violencia dirigidos contra quienes sirven a esta Cámara o contra sus órganos de Gobierno. También cuando de manera reiterada, pero intencionada, se incumplen las llamadas al orden destinadas a garantizar el adecuado funcionamiento de las sesiones. Por ello, proponemos, por un lado, incorporar al artículo 101 la posibilidad de suspensión temporal de la condición de diputado en supuestos de violencia o intimidación grave producidos en el recinto parlamentario y, por otro, reforzar el artículo 104 con medidas aplicables ante comportamientos reiterados que perturban el desarrollo de las sesiones. Se trata, señorías, de una reforma plenamente respetuosa con los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y garantía procedimental; una reforma que está, además, alineada con mecanismos existentes en otras cámaras parlamentarias europeas y españolas Señorías, no estamos ante una reforma pensada para favorecer a nadie ni para perjudicar a nadie. Estamos ante una reforma destinada a proteger una institución que pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas. . Porque la cuestión que hoy debatimos, por muy complicada que la quieran ver, es muy sencilla. ¿Puede una democracia permanecer impasible cuando determinadas conductas pretenden sustituir el debate por la intimidación, el respeto por el hostigamiento o la palabra por la agresividad? ¿Puede permanecer impasible? No. Rotundamente, no podemos permanecer impasibles. La democracia exige pluralismo, exige discrepancia, exige confrontación política, pero también exige el respeto a unas reglas básicas de convivencia que permitan que esa confrontación se produzca en libertad y en igualdad, señorías; y en igualdad. . Debemos ser claros en una cuestión fundamental: esta reforma no sanciona ideas, no sanciona posiciones políticas, no sanciona discrepancias; sanciona conductas, sí; conductas incompatibles con la dignidad de esta Cámara y con el respeto debido a quienes la representamos y la servimos. Porque la libertad parlamentaria no puede confundirse con la impunidad parlamentaria, porque la firmeza política no puede convertirse en intimidación y porque el pluralismo político no puede transformarse nunca en una degradación deliberada de las reglas comunes. Señorías, quiero detenerme un momento en quienes sirven a esta institución. Quiero reconocer el trabajo de la presidenta y los miembros de la Mesa del Congreso. Gracias por su quehacer democrático con esa calma y esa nobleza que exige la dignidad del cargo. Pero quiero hacerlo también respecto al cuerpo de letrados y letradas del Congreso y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que garantizan el funcionamiento cotidiano de nuestras sesiones. Su tarea consiste en velar por la legalidad, la imparcialidad y la neutralidad del procedimiento parlamentario, la protección de los derechos de todos los grupos parlamentarios y asegurar que las reglas sean iguales para todos. Por eso no es casualidad que el incidente que dio origen a esta iniciativa tuviera como destinataria una letrada del Congreso. Y conviene recordarlo, porque cuando se intimida al árbitro, a quien ejerce profesionalmente la función de garantizar el cumplimiento de las normas y la imparcialidad del sistema, no se ataca únicamente a la persona, se está cuestionando la autoridad de la institución y el respeto a las reglas comunes. . ¡Y el respeto a las reglas comunes! Por eso, señorías, esta reforma también pretende proteger a quienes hacen posible día a día el funcionamiento de la Cámara. Muchas gracias. Señorías, la experiencia democrática europea nos ha enseñado que las instituciones deben disponer de mecanismos para defenderse ―sí, para defenderse― frente a comportamientos que erosionan las condiciones que hacen posible su funcionamiento. No para limitar derechos, ni para restringir la libertad de expresión, ni para reducir el pluralismo político, sino precisamente para garantizar que esos derechos, esas libertades y ese pluralismo puedan seguir existiendo es para lo que presentamos esta reforma. Porque las libertades democráticas necesitan instituciones fuertes, reglas respetadas y procedimientos garantizados y también, señorías, necesitan representantes públicos conscientes de la responsabilidad que nos ha dado la ciudadanía. Necesitan protección frente a conductas de odio y de violencia incompatibles con los Parlamentos democráticos, sean de donde sean. De eso trata esta reforma, de esa protección, de preservar la dignidad de esta Cámara, de proteger a quienes la sirven, de garantizar que el debate político siga desarrollándose mediante la palabra, los argumentos y el voto y de asegurar que el Parlamento continúe siendo el lugar donde los conflictos políticos se resuelven democráticamente. Señorías, debemos de ser conscientes de que las democracias no se erosionan únicamente por los ataques de quienes la desprecian, no. También se debilitan cuando la sociedad y las instituciones nos acostumbramos a ellos. También se quiebran cuando surgen los cómplices o los equidistantes, los que callan y bajan los brazos ante esos ataques a las instituciones democráticas. Los fenómenos más peligrosos, señorías, para una democracia no crecen como los árboles, con ramas visibles, crecen como los hongos, alimentados por la degradación del espacio público y político, por la normalización de lo intolerable y por la renuncia a señalar aquello que amenaza nuestra convivencia. . Y conviene recordarlo con claridad: el problema no es solo de quien agrede, hostiga o degrada a las instituciones, también es de quien calla, de quien mira a otro lado o de quien pretende situarse en una cómoda equidistancia entre quienes respetan las reglas y quienes trabajan para erosionarlas. Señorías, no hemos venido aquí única y solamente a representar a unas siglas. Hemos venido a representar a millones de ciudadanos y ciudadanas que esperan de nosotros más educación, ejemplaridad, respeto institucional y más compromiso democrático. . Ciudadanos que quieren que confrontemos ideas, pero que respetemos las reglas; ciudadanos que quieren un Parlamento firme en el debate, pero ejemplar en el comportamiento y en el respeto al contrario. Porque lo que sucede aquí tiene el peligro de trasladarse fuera de este hemiciclo: insultos, gritos, groseras faltas de educación, intimidaciones, machismo e incluso amenazas. Todo eso que hemos visto aquí, todo, luego va a nuestras calles, a nuestros barrios, a nuestras ciudades y a algunas de las sedes de algunos de los grupos parlamentarios. A veces, como si de una nueva y perversa moda se tratara, vemos cómo se acosa a representantes políticos, a periodistas, curiosamente siempre de un mismo signo, por parte de activistas disfrazados de periodistas. Son muchos los que hablan de polarización, como si eso justificara los comportamientos con los que queremos acabar con esta iniciativa. Pero no, señorías, no. No hay polarización. Porque la polarización implica dos bandos equivalentes radicalizándose de forma simétrica, y aquí no hay simetría, señorías. Porque ni todos somos iguales, ni todos somos igualmente responsables. . Siempre, señorías, son los mismos los que practican fuera y dentro del Parlamento actitudes violentas contra quienes no somos o no pensamos como ellos. Y hay que decirlo claro: no todos somos iguales. No todos subimos a enfrentar y a amedrentar al presidente y a la letrada de la Mesa del Congreso. No todos filtramos datos personales de políticos, periodistas y sus familias, ni les acosamos todos delante de sus casas, ni vamos a los mítines de otros a gritarles «hijo de puta» y a amedrentarlos. ¡Todos no somos iguales! . Señorías ―acabo ya, presidente―, esta reforma nace a favor del Parlamento a favor de quienes lo servimos con lealtad, a favor de quienes lo respetamos y a favor de una democracia que tiene el derecho y el deber de defenderse y de proteger las condiciones que hacen posible su existencia. Porque cuando protegemos el Parlamento, no estamos protegiendo ni nuestros cargos ni la condición de diputados y diputadas, sino, por mucho que suene a sueño, protegemos un sueño imprescindible: la casa de la democracia. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Obrigado, señor presidente. Moi boa tarde. Comezo por anunciar que o BNG votará a favor da toma en consideración desta proposta, a pesar de que non o fagamos con ningún entusiasmo e mesmo con moitas dúbidas, con discrepancias sobre algunhas das medidas e con moitas dúbidas ou con case certeza de que esta non é a vía adecuada, porque, efectivamente, é constatábel que asistimos tamén dentro desta cámara a un comportamento dunha dereita e dunha ultradereita que está cada vez máis envalentonada, que se sente amparada polos poderes fácticos, que se sente mimada polo aparello xudicial, que está tamén ao seu servizo, e que puxo en andamento unha estratexia perfectamente definida de confrontación que busca a polarización e baseada na mentira, no discurso de odio, no insulto, nas fake news. Que un deputado suba a esta tribuna a ameazar, unha letrada, a ameazar ao presidente é extremadamente grave, é gravísimo. Mais tamén temos que ter claro que non é un comportamento individual dese deputado. É, como digo, unha estratexia perfectamente definida pola ultra dereita, fai parte dese comportamento que teñen absolutamente marcado. E é no fondo o mesmo que fai o Partido Popular, ese Partido Popular que basea toda a súa acción nesta cámara nas mentiras nos insultos e, para exemplo, pois o que vimos onte ou hoxe nesta tribuna con intervencións como a do señor Tellado ou a da señora Vázquez, que son, por outro lado, pois o epítome desta maneira de facer política, da política da lameira, da política que carente de forma absoluta de argumento só se basea na mentira, nas fake news, no insulto e na crispación. Pero do noso punto de vista xa existen no regulamento mecanismos para combater comportamentos como as ameazas ou como os insultos e, por outro lado, non é nin posíbel nin desexábel restrinxir as intervencións nesta tribuna, mesmo que esas intervencións impliquen, como digo, mentiras ou discurso de odio. O que hai que facer é combatelos, é desmontalos, é poñelos en evidencia e que a cidadanía teña claro o que está acontecendo. Porque se non que sucede? En primeiro lugar, endurecen vostedes un regulamento que pode vir nalgún momento a ser usado pola dereita e pola extrema dereita contra quen opinamos diferente. Traballaremos para que non sexa así, mais evidentemente non podemos asegurar que dentro dun ano, dentro de cinco ou dentro de nove, sexa esa dereita ou a extrema dereita a que aplique este regulamento e creo que é un mal negocio deixarlle o traballo feito. Creo que por esa vía se equivocan. Porque claro, xa con este regulamento sentimos a limitación ao noso labor parlamentar ou á liberdade de expresión. A min, por exemplo, foime retirada a palabra en varias ocasións despois de tres advertencias, un dos supostos que aparecen nesa modificación, por exemplo, por utilizar a miña lingua nesta tribuna ou por exemplo, por dicir algo que é evidente que o Borbón fugado en Abu Dabi é un ladrón e un corrupto, alegando por parte da presidencia respecto a unha institución do Estado. Aínda non me explicaron a estas alturas que clase de institución do Estado, onde está recollido que ese señor sexa ningún tipo de institución do Estado. Pero, por outro lado, que a terceira institución do Estado reclame como referente un defraudador e un corrupto, non deixa de ser sorprendente. En todo caso, paréceme que non deixa moi ben precisamente a ese Estado. E en segundo lugar, porque nin a dereita nin a ultradereita se combaten co regulamento. Combátense nas institucións e na rúa con políticas valentes, con políticas transformadoras, políticas que defendan os intereses da clase traballadora, das clases populares das maiorías sociais e dos pobos. Deféndense, por exemplo, poñendo en practica medidas efectivas para resolver o problema da vivenda. Deféndense, por exemplo, con menos gasto militar e máis investimento social, con mellor salario mínimo interprofesional e mellores pensións. Deféndense con mellores servizos públicos, con máis democracia, con máis democracia, con máis liberdade, recoñecendo ás nacións e os dereitos que debemos ter e como tales. Deféndense derrogando, por exemplo, a lei mordaza, cousa que aínda non fixeron ou derrogando integramente a reforma laboral do Partido Popular do ano 2012, que tampouco o fixeron, Deféndese cunha política fiscal máis xusta e redistributiva, como a que vimos defendendo cunha reforma integral da xustiza para acabar co lawfare ou coa vergoña de que se persiga a liberdade de expresión do ámbito xudicial que, por exemplo, un cantor como Pablo Hasel, pois estea en prisión, precisamente por dicir que os Borbóns son uns ladróns. Deféndese, en definitiva, con políticas que non impliquen decepción ás persoas que están agardando outra maneira de actuar. Porque claro, é precisamente nesa dirección onde ten, onde encontra o seu caldo de cultivo, esa ultra dereita que basea toda a súa estratexia na demagoxia, no engano e na mentira. Por tanto, o que animaría ao Partido Socialista en vez de vir con reformas de regulamento que, insisto, poden acabar volvéndose en contra coma un bumerán, o que animo é a que cumpra os compromisos que estableceu coa cidadanía nos seus programas e tamén os compromisos que estableceu coas distintas forzas políticas. Porque eu pregunto onde está, por exemplo, onde están, por exemplo, as medidas de rexeneración democrática que anunciaron após os famosos cinco días de reflexión do presidente do Goberno? Gracias, señor presidente. Buenos días. Empiezo anunciando que el BNG votará a favor de la toma en consideración de esta propuesta, a pesar de que lo hacemos sin ningún entusiasmo, incluso tenemos muchas dudas o discrepancias sobre las medidas, y casi con la certeza de que esta no es la vía adecuada. Efectivamente, es constatable que asistimos dentro de esta Cámara al comportamiento de una derecha y de una ultraderecha que cada vez están más envalentonadas, que se sienten amparadas por los poderes fácticos, que se sienten mimadas por el aparato judicial ―que también está a su servicio― y que pusieron en marcha una estrategia perfectamente definida de confrontación con la que buscan la polarización y se basa en la mentira, en el discurso de odio, en el insulto y en las fake news. Que un diputado suba a esta tribuna a amenazar a una letrada y al presidente es extremadamente grave, es gravísimo. También debemos tener claro que no es un comportamiento individual de ese diputado, porque ―como he dicho― es una estrategia perfectamente definida por la ultraderecha. Es parte de ese comportamiento que tienen muy marcado. En el fondo es lo mismo que hace el Partido Popular, ese PP que basa toda su acción en esta Cámara en las mentiras y en los insultos. Por ejemplo, lo vimos ayer o lo hemos visto hoy en esta tribuna con intervenciones como la del señor Tellado o la señora Vázquez que, por otro lado, son el epítome de esta forma de hacer política, que carece de argumentos o se basa en la mentira, en las fake news, los insultos y en la crispación. Desde nuestro punto de vista ya existen en el Reglamento mecanismos para combatir estos comportamientos, como las amenazas o los insultos. Por otro lado, restringir las intervenciones en esta tribuna no es ni imposible ni indeseable cuando contienen ―como digo― mentiras o discursos de odio. Lo que hay que hacer es combatir esos discursos, desmontarlos y ponerlos en evidencia y que la ciudadanía tenga claro lo que está sucediendo. Porque, si no, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, ustedes endurecen un Reglamento que puede ser usado en algún momento por la derecha y la ultraderecha contra quien opinamos de manera diferente. Trabajaremos para que no sea así, pero, evidentemente, no podemos asegurar que dentro de un año, cinco o nueve sean esa derecha o extrema derecha las que apliquen este Reglamento. Creo que es mal negocio dejarles el asunto hecho. Por eso creo que en esa vía se equivocan. Con este Reglamento vemos limitaciones a nuestra labor parlamentaria o a la libertad de expresión. Por ejemplo, a mí se me retiró la palabra en varias ocasiones después de advertencias o supuestos que contiene esa modificación, como, por ejemplo, utilizar mi lengua en esta tribuna, o decir algo tan evidente como que el Borbón huido a Abu Dabi es un corrupto. La presidenta me dijo que estaba faltando al respeto a una institución del Estado, y ¿qué pasa con mi libertad de expresión? Es sorprendente que no se fomente o no se respete esa libertad de expresión. En segundo lugar, ni la derecha ni la ultraderecha se combaten con el Reglamento, sino en las instituciones y en las calles con políticas valientes y transformadoras que defiendan los intereses de la clase trabajadora, de las clases populares y de las mayorías sociales y de los pueblos. Se defienden, por ejemplo, poniendo en práctica medidas efectivas para resolver el problema de la vivienda. Se defienden, por ejemplo, con menos gasto militar y más inversión social, con mejor salario mínimo interprofesional o mejores pensiones. Se defienden con mejores servicios públicos, con más democracia, más libertad y reconociendo a las naciones y los derechos que debemos tener como tales. Se defienden derogando, por ejemplo, la ley mordaza, cosa que no han hecho, o derogando íntegramente la reforma laboral del PP del año 2012, que tampoco lo hicieron. Se defienden con una política fiscal más justa y redistributiva, como la que venimos defendiendo, y con una reforma integral de la justicia para terminar con el lawfare o con la vergüenza de que se persiga la libertad de expresión en el ámbito judicial. Como ejemplo Pablo Hasél, que sigue todavía en prisión por decir que el borbón o los borbones son unos ladrones. Se defienden, en definitiva, con políticas que no impliquen decepción a las personas que tratan de actuar, porque precisamente es en esa decisión donde está el caldo de cultivo del que se aprovecha la ultraderecha, y es ahí donde basan toda su estrategia: en la demagogia, el engaño y la mentira. Por tanto, animaría al Grupo Socialista a que, en vez de venir con reformas del Reglamento que ―insisto― pueden acabar volviéndose en nuestra contra como un boomerang , cumplan los compromisos que establecieron con la ciudadanía en sus programas y también los que estableció con las distintas fuerzas políticas. Me pregunto: ¿dónde están, por ejemplo, las medidas de regeneración democrática de las que hablaron después de los famosos cinco días de reflexión del presidente del Gobierno?

Néstor Rego Candamil BNG

Nós presentamos propostas de rexeneración no ámbito da xustiza, no ámbito económico, no ámbito institucional, dos medios de comunicación, onde está a lei para modificar o acceso, por exemplo, á maxistratura, onde está a de derrogación da lei mordaza? Etcétera, etcétera, todos eses compromisos polos que aínda seguimos agardando Non defrauden e será a mellor maneira de combater á dereita e á extrema dereita. Moito obrigado. Nosotros trajimos propuestas en el ámbito de la justicia, lo económico e institucional, y medidas para los medios de comunicación. ¿Dónde está la ley para modificar el acceso, por ejemplo, a las infraestructuras o derogación de la ley mordaza, etcétera? En definitiva, ¿dónde están todos esos compromisos y que todavía seguimos esperando? Esa será la mejor manera de combatir a la derecha y a la extrema derecha. Muchas gracias.

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidente. Eguerdi on, jaun-andreok. Voy a intervenir muy brevemente, señorías. Me gustaría señalar que, más allá de un error de bulto sobre dónde reside la soberanía en el Estado, compartimos la idea indicada en la exposición de motivos de la iniciativa que debatimos de que en el Poder Legislativo ―donde ciertamente no reside la soberanía, aunque sí la representa, y en el que se propugnan los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado, es decir, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político― debe procurarse el máximo respeto a las normas de conducta que aseguren el decoro y la dignidad de la Cámara. En este sentido, el Reglamento del Congreso de los Diputados regula en su capítulo octavo, como todos conocen, la disciplina parlamentaria para preservar el orden de las sesiones y el respeto a unas normas de conducta que aseguren, como les decía, el decoro, la dignidad de la Cámara y su integridad institucional, regulación de la disciplina parlamentaria que, como conocen también sus señorías, se ha manifestado insuficiente a la vista de comportamientos que hasta la fecha eran desconocidos en la Cámara y que, junto al no infrecuente deterioro de las formas parlamentarias, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones por su falta de ejemplaridad. Por ello, consideramos oportuna la toma en consideración de la reforma del régimen disciplinario que presenta el Grupo Parlamentario Socialista para hacer frente a ciertos comportamientos perturbadores de las sesiones plenarias y de comisión de la Cámara, sobre los que no nos explayaremos porque ya lo ha hecho el portavoz del grupo proponente y porque son por todas sus señorías conocidos y reprobados en privado, aunque luego parcialmente justificados al considerarse como actitudes de respuesta ante agresiones verbales previas consideradas injustificadas o faltas. Sea como sea, señorías, desde nuestro punto de vista son comportamientos injustificables que deben tener respuesta adecuada en nuestro Reglamento. Por ello, se nos propone una nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado para actos de violencia o intimidación grave dentro del recinto parlamentario y dirigidos contra los órganos de gobierno de la Cámara o contra el personal que presta el servicio en la misma. Es un nuevo tipo sancionador con el que estamos de acuerdo, pero creemos que debiera también contemplar como sujeto pasivo de esos actos de violencia o intimidación a cualquier diputado o diputada de la Cámara. Por otra parte, también se nos propone en la iniciativa debatida, ante la falta en ocasiones de capacidad disuasoria de las llamadas al orden por parte de la Presidencia y que pudieran conllevar finalmente la expulsión para el resto de la sesión, la imposición de una sanción económica asociada si finalmente se produce la expulsión como consecuencia de la tercera llamada al orden, al igual que ante la negativa a abandonar el salón de sesiones por parte del diputado o la diputada sancionada. Finalizo, presidente. Son sanciones que nos parecen adecuadas y proporcionadas a comportamientos vividos en la Cámara y que no tenían un reproche suficiente, sin perjuicio, claro está, de que en el periodo de enmiendas puedan considerarse algunas otras o matizarse las propuestas. Nada más y muchas gracias.

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Bon dia, president! Bon dia, senyories! Em permetran començar dient que és significatiu que, després de més de quatre dècades del recuperat parlamentarisme democràtic, aquesta cambra hagi d’emprendre una modificació del reglament per regular aspectes que nosaltres entenem que haurien d’estar intrínsecament vinculats a l’acció política i a l’ADN parlamentari. Que s’hagi de reformar el reglament per preservar el bon funcionament d’aquesta cambra i el respecte institucional i les bones pràctiques parlamentàries ja ens diu en què s’ha convertit la política i el parlamentarisme espanyol. La discrepància política pot ser profunda, la defensa dels arguments intensa i el to contundent, però s’ha d’evitar l’insult, el menyspreu, l’assenyalament personal o la intimidació. Tots en aquesta cambra estic segur que condemnem la violència, les amenaces i les coaccions contra la presidència, contra els membres de la Mesa i contra els treballadors del Congrés. Ara bé, també volem dir-ho amb la mateixa claredat: aquesta reforma no pot ser una vara de doble mesura. Si parlem de decòrum parlamentari, parlem-ne per tots i cadascun dels diputats d’aquest hemicicle, sense excepcions, sense privilegis i sense impunitats. Perquè aquí s’han sentit insults, aquí s’han vist assenyalaments personals, aquí s’ha faltat el respecte a diputats, càrrecs electes que representen ciutadans i això també degrada el parlamentarisme, erosiona aquesta institució i empobreix les nostres maneres de fer. El respecte no pot dependre de a qui o en contra de qui. El respecte a un diputat, una presidenta, a una mesa, a un lletrat, un uixer o un treballador de la cambra ha de ser un mínim compartit. No perquè tots pensem igual, sinó precisament perquè pensem diferent. El parlamentarisme existeix per ordenar el conflicte polític, no per convertir-lo en una barra lliure de desqualificacions. Per això, si aquesta reforma vol reforçar el respecte institucional, ho ha de fer de veritat, ha de ser garantista amb tothom i s’ha de poder aplicar amb criteris objectius. I precisament perquè parlem de drets i de garanties democràtiques, aquesta reforma mereix, per nosaltres, una reflexió més profunda, que és evident que esperem poder fer en el període d’esmenes. Perquè quan es regulen drets, la seguretat jurídica no és un detall tècnic, és una exigència democràtica. Senyories, els parlaments són espais de debat, de discrepància, de confrontació. Els deia que tots hauríem de ser capaços de motu propi, de garantir que aquestes discrepàncies, aquest debat, aquesta confrontació parlamentària, es desenvolupés en límits de respecte i no haver de recórrer al reforçament de la disciplina parlamentària, perquè mal utilitzada i aplicada arbitràriament, pot ser una eina susceptible de limitar la llibertat d’expressió o l’acció d’algunes minories parlamentàries. Per això, creiem que aquesta presa en consideració d’avui és un punt de partida, però que la norma necessita ajustos importants per ser garantista i definicions molt més precises. Perquè hem de fer possible defensar la dignitat de les institucions, però ho hem de fer de forma compatible amb defensar els drets dels representants que han elegit els ciutadans. Res més i moltes gràcies. Buenos días, presidente. Buenos días, señorías. Me permitirán empezar diciendo que es significativo que, después de más de cuatro décadas del recuperado parlamentarismo democrático, esta Cámara deba emprender una modificación del Reglamento a fin de regular aspectos que nosotros entendemos que deberían estar intrínsecamente vinculados a la acción política y al ADN parlamentario. Que se deba reformar el Reglamento para preservar el buen funcionamiento de esta Cámara y el respeto institucional, así como las buenas prácticas parlamentarias, nos dice ya en qué se ha convertido la política y el parlamentarismo español. La discrepancia política puede ser profunda, la defensa de los argumentos intensa y el tono contundente, pero deben evitarse el insulto, el menosprecio, la señalación personal o la intimidación. Todos en esta Cámara ―estoy seguro― condenamos la violencia, las amenazas y las coacciones contra la Presidencia, contra los miembros de la Mesa y contra los trabajadores del Congreso. No obstante, debemos decir con la misma claridad que esta reforma no puede ser una vara de doble medida. Si hablamos de decorum parlamentario, hablemos de ello para todos y cada uno de los diputados de este hemiciclo, sin excepciones, sin privilegios y sin impunidades, porque aquí se han oído insultos y se han visto señalaciones personales. Aquí se ha faltado al respeto a los diputados, cargos electos que representan a ciudadanos. Esto degrada el parlamentarismo, erosiona esta institución y empobrece nuestro modo de trabajar. El respeto no puede depender de a quién o contra quién vamos, el respeto a un diputado, una presidenta, una mesa, un letrado, un ujier o un trabajador de la Cámara debe ser un mínimo compartido, y no porque pensemos todos igual, sino precisamente porque pensamos distinto. El parlamentarismo existe para ordenar el conflicto político, no para convertirlo en una barra libre de descalificaciones. Por ello, si esta reforma aspira a reforzar el respeto institucional, debe hacerlo de verdad. Debe ser garantista con todo el mundo y se debe poder aplicar con criterios objetivos. Y precisamente, porque hablamos de derechos y de garantías democráticas, esta reforma merece para nosotros una reflexión más profunda. Es evidente que esperamos poder realizarla en el periodo de enmiendas, porque, cuando se regulan derechos, la seguridad jurídica no es un mero detalle técnico, es una exigencia democrática. Señorías, los parlamentos son espacios de debate, de discrepancia, de confrontación. Deberíamos ser todos capaces, motu proprio, de garantizar que estas discrepancias, este debate, esta confrontación parlamentaria se desarrollaran dentro de unos límites de respeto y no tener que recurrir al fortalecimiento de la disciplina parlamentaria, porque mal usada o aplicada de forma arbitraria puede ser una herramienta susceptible de limitar la libertad de expresión o la acción de algunas minorías parlamentarias. Por ello, creemos que esta toma en consideración de hoy es un punto de partida, pero que la norma requiere de ajustes importantes para que sea garantista y de definiciones mucho más precisas. Debe ser posible defender la dignidad de las instituciones, pero hay que hacerlo de modo que sea compatible con la defensa de los derechos de los representantes que han elegido los ciudadanos. Nada más. Muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Sí, els saludo de nou, diputats i diputades, per tercera vegada i no serà la darrera, que no és una amenaça, és un avís. Jo crec que tots estem bastant d’acord amb el que hem anat plantejant fins ara. Ens posicionarem favorablement a la presa en consideració d’aquesta norma, tot i que creiem que ni conté tot el que hauria de contenir, ni és una bona idea, ni acaba d’estar ben enfocada i els diré el per què. Mirin, en el transcurs d’aquesta legislatura ja portem dues reformes del Reglament del Congrés. N’hi ha pendents dues més i, a més a més, ara tenim aquestes, que serà la cinquena. Fixin-se que això denota un petit punt d’autoreferencialitat, que no sé si la ciutadania acabarà de veure normal, perquè ha estat poc reformat el reglament i ara, de cop i volta, ens veiem amb la necessitat imperiosa de fer-ho per cinc vegades i amb cinc temes diferents. El tema dels periodistes era evident. Vam mostrar el nostre suport i vam impulsar aquella modificació perquè parlava d’agressions i parlava de treballadors que se sentien coaccionats. Però aquest punt que avui plantegem jo crec que necessita, requereix una visió més profunda que no pas la resposta ad hoc a determinats fets que hagin pogut passar en aquesta cambra, i els diré per què. Miri, cada vegada que d’alguna manera restringim drets o que imposem sancions o que fem codis més restrictius, al final, el que és cert és que s’acaba aplicant a les minories dissidents. Sempre. Aquí es parla de que, un cop retirada tres vegades la paraula i expulsat l’orador de l’hemicicle, hi hagi una sanció directa. Jo els hi recordo que el meu company Joan Tardà se li poden dir moltes coses, però no que no fos respectuós, no que no complís els codis de conducta, no que no fos extremadament ideològic. No va insultar mai ningú, però en canvi va ser expulsat d’aquesta sala mantes vegades, per parlar en català, perquè hi ha qui considera que parlar en català o amb qualsevol idioma diferent de l’espanyol és una falta de respecte. I saben què passa? Que això ens pot passar a la propera legislatura. Si les coses van com sembla que diuen que han d’anar i si les coses van com els influencers i opinadors variats d’aquest Estat estan decidint que vagin, ens trobarem amb una majoria de dreta i d’extrema dreta, i som nosaltres els que els hem de donar elements que puguin coaccionar-nos a nosaltres mateixos? Som nosaltres els que els hem de donar els instruments perquè ens puguin expulsar, sancionar, multar i, ja ho fan ells solets, posar-nos a la presó, però això ja ho faran ells. Per tant, crec que durant la tramitació del fons d’aquesta proposició de llei hem de ser extremadament curosos, extremadament curosos i extremadament conscients de que el paper de les esquerres i del progressisme en general no és precisament dotar d’eines coercitives i punitives a les majories contra les dissidències. I ho dic perquè, ja posats a reformar, hauríem de reformar això del «decoro de las instituciones y las cámaras y demás», que també ha estat motiu de moltes sancions al meu grup. Mirin, hi ha una cosa que d’alguna manera estem oblidant també i que, en canvi, — seré molt breu— crec que és fonamental a l’hora d’analitzar com hem de fer aquesta modificació. Parlem dels diputats individuals, com si l’activitat d’un diputat aquí o, en un moment determinat, una provocació, un discurs, un insult, un crit, fos una cosa individual de cadascun de nosaltres. Però és evident que forma part d’una estratègia moltes vegades del grup parlamentari i el grup parlamentari s’ha de fer responsable de les conductes dels seus diputats, perquè aquí tots venim, encara que no ens agradi, amb llistes tancades, es fan uns grups parlamentaris que tenen uns portaveus que en són els responsables. Per tant, jo crec que les sancions, més enllà que siguin individualment o no per al parlamentari o parlamentària que cometi l’acte que ens sembli inacceptable, el grup parlamentari té una responsabilitat, perquè la crispació que hi ha en aquesta cambra, els insults, els crits, no poder sentir res, determinades expressions no són un sobtat atac de ràbia d’un diputat que no pot aguantar el que s’està dient aquí perquè va en contra de totes les seves conviccions morals. No, no. Són estratègies polítiques de crispació per traslladar-ho a la societat. Són estratègies polítiques de destrucció del contrari, per tal de deixar-lo absolutament anorreat a nivell d’opinió pública o a nivell, fins i tot moltes vegades, personal. I com que no ens podem oblidar d’això, no podem dir que correspon a activitats individuals d’energúmens vestits de diputats o diputades que passaven per aquí. No, no. Són estratègies i tàctiques polítiques deliberades que busquen un determinat resultat en seu tant de negociació parlamentària com d’impacte públic. Sense aquests requisits serà difícil tramitar aquesta proposició. Per tant, el que els proposo és que ens asseiem amb molta calma, no ens tornem a disparar al peu donant eines perquè puguem ser després els destinataris de les sancions i dels retrets diríem gairebé penals i siguem intel·ligents. La ultradreta, ho deia abans un company diputat, no es combat així. Es combat amb la modificació de les condicions materials de vida de la ciutadania, per tal que aquests discursos no puguin tenir resquicio por donde entrar. No oblidem això quan ho tramitem. Moltes gràcies. Los saludo, diputados y diputadas, por tercera vez, y no será la última. No es una amenaza, es un aviso. Estamos todos bastante de acuerdo con lo que hemos venido planteando hasta ahora. Nos vamos a posicionar a favor de la toma en consideración de esta norma, aunque creemos que ni contiene todo lo que debiera, ni es una buena idea, ni termina de estar bien enfocada, y les cuento por qué. En el transcurso de esta legislatura llevamos ya dos reformas del Reglamento del Congreso, hay pendientes dos más y ahora tenemos esta, que será la quinta. Fíjense, esto muestra cierto punto de autorreferencialidad y no sé si la ciudadanía terminará de verlo como normal, porque se ha reformado poco el Reglamento y de repente nos vemos en la necesidad imperiosa de hacerlo cinco veces y con cinco temas distintos. El tema de los periodistas era evidente, mostramos nuestro apoyo e impulsamos aquella modificación porque hablaba de agresiones y hablaba de trabajadores que se sentían coaccionados, pero el punto que planteamos hoy me parece que requiere una visión más profunda y no una mera respuesta ad hoc ante hechos determinados que hayan podido pasar en esta Cámara. Les digo por qué. Cada vez que de un modo u otro restringimos derechos o que imponemos sanciones o que realizamos códigos más restrictivos, al final lo cierto es que esto se acaba aplicando a las minorías disidentes. Siempre. Aquí se dice que una vez retirada tres veces la palabra o expulsado el orador del hemiciclo, que se dé una sanción directa. Les recuerdo que a mi compañero Joan Tardá se le pueden decir muchas cosas, pero no que no fuera respetuoso, no que no cumpliera con los códigos de conducta, no que no fuera extremadamente ideológico. Él no insultó jamás a nadie; en cambio, fue expulsado de esta sala varias veces por hablar en catalán, porque hay quien considera que hablar en catalán o en cualquier idioma que no sea el español es una falta de respeto. ¿Y saben lo que pasa? Que esto nos puede pasar en la siguiente legislatura. Si las cosas van como dicen que van a ir y si todo va como los influencers y opinadores varios de este Estado están decidiendo que vayan, nos encontraremos con una mayoría de derecha y de extrema derecha. ¿Y somos nosotros quienes debemos darles elementos que puedan luego coaccionarnos a nosotros? ¿Nosotros debemos darles los instrumentos para que nos puedan expulsar, sancionar, multar? Bueno, ya lo hacen solitos; nos meten en la cárcel. Pero esto ya lo harán ellos. Entonces, me parece que durante la tramitación del fondo de esta proposición de ley debemos ser muy cautelosos; debemos ser muy cautelosos y conscientes de que el papel de las izquierdas y del progresismo en general no es precisamente dotar de herramientas coercitivas y punitivas a las mayorías que van contra las disidencias. Y lo digo porque, puestos a reformar, tendríamos que reformar esto del decoro de las instituciones y las Cámaras, que ha sido motivo de muchas sanciones a mi grupo también. Hay algo que estamos pasando por alto ―seré breve― y que me parece fundamental a la hora de analizar cómo debemos modificar. Hablamos de diputados individuales, como si la actividad de un diputado aquí en un momento determinado, una provocación, un discurso, un insulto, un grito, fuera algo individual de cada uno de nosotros, pero es evidente que a menudo esto forma parte de la estrategia del grupo parlamentario y que el grupo parlamentario debe responsabilizarse de las conductas de sus diputados. Porque aquí venimos todos, aunque no nos guste, a listas cerradas. Se hacen unos grupos parlamentarios que tienen unos portavoces, que son los responsables. Por lo tanto, me parece que, en relación con las sanciones, aparte de que sean individuales o no para el parlamentario o parlamentaria que cometa el acto que nos parezca inaceptable, el grupo parlamentario tiene una responsabilidad, porque la crispación que se da en esta Cámara, los insultos, los gritos, no poder escuchar nada, expresiones concretas, esto no es un ataque de rabia repentino de un diputado que no tolera lo que se está diciendo aquí porque va en contra de todas sus convicciones morales. Para nada. Son estrategias políticas de crispación para trasladarla a la sociedad. Son estrategias políticas de destrucción del contrario, estrategias que buscan dejarlo aniquilado en la opinión pública o incluso a nivel personal. Y como esto no lo podemos pasar por alto, no podemos decir que esto se corresponde con actividades individuales de energúmenos vestidos de diputados o diputadas que pasaban por aquí. Para nada. Son estrategias y tácticas políticas deliberadas que buscan un resultado concreto, tanto de negociación parlamentaria como de impacto público. Sin estos requisitos difícilmente podremos tramitar esta proposición. Así que les propongo que nos sentemos con mucha calma, que no volvamos a dispararnos en el pie dando herramientas para que luego seamos los destinatarios de esas sanciones y de los reproches casi penales, diría, y que seamos inteligentes. La ultraderecha, lo decía antes un compañero diputado, no se combate así, se combate con la modificación de las condiciones materiales de vida de la ciudadanía para que estos discursos no puedan tener un resquicio por donde entrar. No lo olvidemos cuando lo tramitemos. Gracias. .

Francisco Sierra Caballero SUMAR

Dicen las crónicas que ovacionaron al representante del Vaticano con un largo aplauso de más de seis minutos de duración. Supongo que fue así. Y dicen ―es un decir― que tal unanimidad puso en evidencia la necesidad de revisar la forma de violencia que enrarece el ambiente en el Congreso. Y, ciertamente, más allá de los comentarios ocasionales de tertulianos y analistas, convengamos que ello es urgente y necesario. La proposición de reforma del Reglamento trata de dar respuesta a esta situación. Las herramientas actuales no sirven para restablecer el orden y la concordia en este hemiciclo, máxime cuando los de la prioridad nacional socavan la democracia y no respetan las mínimas normas de decoro y cortesía parlamentaria; no saben qué es el patriotismo constitucional. Señorías de las derechas extremas, la casa de la palabra, el Congreso, no es una taberna ni un plató de televisión y, desde luego, tampoco es un reality show. En el Congreso se exigen ciertas normas de respeto, no el esperpento del insulto y la impostura permanente. En el último Pleno tuve a bien llamar la atención a la portavoz del Grupo Popular y al señor Bendodo a propósito del señor Tellado, mientras este vociferaba insultando a la bancada del Grupo Socialista. No sé si son conscientes, quizás sí, de que la ciudadanía se avergüenza y censura tales comportamientos; sufren hasta el hastío la deriva destituyente por la creciente violencia verbal y de señalamiento que vienen desplegando a diario. Pero ustedes a lo suyo. En su momento no me respondieron, mudos, ciegos y sordos a todo razonamiento. Eso sí, ahora tendremos que escuchar que la propuesta de reforma vulnera los principios constitucionales de la libertad de expresión. Señorías, seamos serios. La libertad parlamentaria es sagrada para defender ideas, no para amparar la violencia verbal o la intimidación. Esta Cámara y sus representantes han de cumplir con el principio republicano de ejemplaridad. Quien no sepa comportarse, quien no esté a la altura del honor que significa ser diputado, que asuma las consecuencias, que pague la multa y deje trabajar a quienes venimos a proponer soluciones para la ciudadanía. Quizás de este modo podamos contribuir a una cultura parlamentaria más responsable, porque no hay libertad sin responsabilidad, y hoy, señorías, la dialéctica parlamentaria del decir, oír y hacer se ha cortocircuitado. Se dice de forma faltona y altisonante, con ofensas, sin coherencia y sin escuchar. El ruido es la máxima de los diputados ultramontanos que no paran de incumplir el reglamento a diario, no puntualmente; no de manera ocasional, sino todos los días. Señor Carazo, que no está por aquí, se lo dije en privado y se lo recuerdo ahora en la tribuna: son faltones, maleducados, no respetan los turnos de palabra y no dejan de agredir verbalmente a diario. Y esto es la pura negación del parlamentarismo. Se han empeñado en una estrategia de restauración contra la democracia y han asumido con todas sus consecuencias el trumpismo, discurso del miedo para cercar e inmovilizar a los diputados y la lógica de la asonada «Quieto todo el mundo», y el trampismo de los trampantojos, haciendo parecer que ustedes, especialmente VOX, defienden la libertad cuando son unos acreditados liberticidas. Enemigos del derecho y de la democracia, las siglas los separan y la vindicación del austericidio o el implícito principio de Manuel Fraga, su fundador, de que la calle ―el hemiciclo, en este caso― les pertenece los hermana. Es normal, forma parte de su teología política. En defensa de la democracia y la dignidad de la Cámara, contra la bárbara arbitrariedad zafia y fascista de la guerra jurídica y el derecho al revés, del acoso, el linchamiento y la picota medieval, contra la deslegitimación del señalamiento y el abuso que mina la confianza del pueblo en nuestras instituciones, nuestro grupo va a apoyar la reforma del Reglamento. Mientras sigan en su impostada polarización, realimentada con los medios que pagan con el dinero de todos, o criminalizan con la máquina del fango las fuerzas de progreso no a base de argumentos, sino por medio de ataques ad hominem, con insultos, nuestra fuerza política seguirá reformando la norma. Llevamos tres años aguantando a la bancada de VOX lanzar todo tipo de improperios e insultos que vulneran el Reglamento, sin consecuencia alguna. Ya hemos tomado medidas y expulsado de esta Cámara a los escuadristas mediáticos del fascismo y seguiremos tomando todas las medidas necesarias, todas las medidas democráticas en defensa de la soberanía popular. Lo digo porque si van a seguir militando en la indigencia moral e intelectual, quizá debamos reformar una vez más el Reglamento, si hace falta, y obligar a algunos diputados a tomar un curso de urbanidad y buenas costumbres, leer El florido pensil, cultivar la sensibilidad poética o aprender a dialogar y reconocer al otro recogiendo fresas en los cultivos de frutos rojos en Huelva, con los migrantes, o arrancando garbanzos en mi tierra, Granada, a ver si se ablandan mano y cerebro y entran en razón. La violencia verbal, el comportamiento impropio, la agresión sin medida o la descortesía no caben en democracia ni en esta Cámara. Así que ustedes sigan con el golpismo, que nosotros avanzaremos con el imperio de la ley, con la cortesía parlamentaria, el diálogo y la escucha activa, mientras se regodean con la estulticia como arte de la avaricia. Sabemos que la teología política de la imbecilidad no se sostiene en el tiempo. Podrán engañar a todos algún tiempo y a algunos todo el tiempo, pero no pueden engañar a todos todo el tiempo, sin ninguna duda. Si dicen defender la libertad, pero están abonados al insulto y la agravía, padecen un síntoma de difícil cura tras cuarenta años de persistir en el error, el franquismo sociológico que diría Vázquez Montalbán. Hoy aquí, en cada ley propuesta, la alternativa es clara: democracia o fascismo; o defienden las reglas del juego parlamentario, o siguen el camino de Trump y Milei. Nosotros hemos tomado ya partido, por eso queremos reformar el Reglamento. Fuera y dentro de la casa de la palabra, de esta Cámara, hay que cultivar el diálogo y la escucha activa, y confiamos en la potencia de la pedagogía para avanzar en esa misma dirección. Concluyo, presidente. Hace unos días sostuvimos un debate con la Fundación Hay Derecho, muy cercanos a sus señorías del Partido Popular, y hablaban de esclerosis parlamentaria. Pasaron de Kelsen a Carl Schmitt sin pensarlo, una pasada de frenada. Esta Cámara está acometiendo reformas institucionales como nunca antes en toda la democracia, pero se está haciendo con el ruido y violencia verbal de una oposición ultra. Nosotros vamos a legislar construyendo porvenir y convivencia, garantizando la mesura, el respeto y la tolerancia. Y vamos a seguir por esa vía reformista. Este y no otro es el lenguaje y la forma expresiva de la democracia, una exigencia básica por el bien común y la salud pública. Confiamos que algún día sus señorías lo entiendan y pasen página de ese señor de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que trabaja incansablemente para Fox News. Aprendan y tengan un poco de respeto y cortesía, que es lo que falta en esta Cámara. Muchas gracias. .

José María Sánchez García VOX

Con la venia. .

José María Sánchez García VOX

Con la venia. Agradezco al Grupo Parlamentario Socialista que haya presentado esta proposición de ley porque creo que es la oportunidad que me da la Cámara, habida cuenta del comportamiento anterior de la Presidencia en la sesión del día 14 de abril, para explicar lo sucedido aquel día, así como agradezco a mi Grupo Parlamentario y a su portavoz que me haya encomendado que intervenga en este debate. Antes de adentrarme en ello, voy a decir algo relativo al tema del papa, cuya figura, inevitablemente, ha vuelto a surgir en los discursos. Yo esto no lo entiendo. Están ustedes impregnando este salón de plenos de un falso aroma de sacristía desde la izquierda ―digo falso porque ustedes no creen en nada de esto―, y supongo que el único propósito que tienen es conseguir votos. ¿Pero es que ustedes creen que alguien les va a votar porque estén todo el día aquí dando incienso al romano pontífice? . ¿Quién va a ser? ¿La derecha confesional?¿Algún o algunos obispos? No les digo que no, pero, claro, obispos hay pocos en España. ¿Quién les va a votar por esto?, ¿las monjas de Belorado? No lo sé. . Es una cosa sorprendente. Es que estamos un poco saturados ya porque, como digo, este incienso laico y fake hace el ambiente un poco irrespirable por momentos. Sobre esta cuestión que nos ocupa, se plantean dos reformas ―tres en realidad―, los artículos 101, apartado 1, y 104, apartados 1 y 2, del Reglamento del Congreso, la primera para introducir un nuevo tipo infractor consistente en que de obra o de palabra se ejerza violencia o intimidación grave sobre la Presidencia o sobre la Mesa o sobre el cuerpo de letrados o de ujieres. Agradezco al señor Legarda que ha dicho: ¿y por qué no intimidación o violencia sobre los diputados? No está la portavoz de ERC. ¿No tiene nada que decir sobre esto? Porque el día 14 de abril quien insultó gravemente a quien habla ―que ya es una infracción en otro artículo del Reglamento, el 98.6c.ii― fue un diputado de ERC, hoy ausente ―primero, a mi grupo, diciendo que éramos criminales asesinos y, posteriormente, a mí, singularmente, diciéndome que era un criminal asesino―, más de un cuarto de hora. En esas circunstancias, pedí la palabra por tres veces, dos a quien hoy interinamente preside y la primera a la señora presidente, que me la denegaron. Eso es lo que dio lugar a que yo me aproximase a estrados y me dirigiese al presidente en funciones y después a la letrado. Yo no amedrenté, por mucho que ustedes quieran mentir, a sabiendas; es decir, no miente quien comete un error, pero ustedes mienten de una forma descarada y han mentido en la prensa y en los medios. Yo ni amedrenté ni ejercí ninguna violencia sobre el vicepresidente ni sobre la letrado. Subí a estrados a denunciar que ese señor diputado seguía insultándome gravemente y que, en esa situación, debía ser llamado al orden. La respuesta de la Vicepresidencia fue, en mi primera subida a estrados, el silencio y el llamamiento al orden a quien habla y no al diputado ofensor, y en la segunda ocasión, y está grabado en un vídeo que ha hecho circular un medio de comunicación, se oye que cuando le digo que no puede consentir esta situación por más tiempo, él señor vicepresidente dice: ya lo sé; te llamo al orden por tercera vez. Está grabado, le guste a usted o no, porque es evidente que lo sabía. . Es decir, el mundo al revés, el ofensor no sancionado y protegido por la autoridad, en este caso la Mesa del Congreso, y el ofendido sancionado, a pesar de su intento de denuncia. Por lo demás, toda esta historia de que los estrados son un espacio reservado, que también algunos periodistas y letrados han decidido difundir en los medios, un espacio en el que no puede nadie entrar, esto es falso de toda falsedad. No hay ningún artículo ―se lo dije a la presidenta, que hizo caso omiso― que prohíba a los diputados acercarse a estrados, ni subir a estrados. Por lo tanto, no hay infracción ninguna. Y además, para conocimiento de todos ustedes, don Federico Trillo-Figueroa, expresidente de esta Cámara y letrado mayor jubilado del Consejo de Estado, en una entrevista a la cadena TRECE dijo expresamente que yo no había cometido ninguna infracción y que era una práctica habitual que los diputados, cuando lo consideraban oportuno, se acercasen a estrados a hablar con la Presidencia, con la Secretaría o con los letrados. Lo digo para estos autores de normas inventadas sobre espacios reservados. . Esto no es un altar, aunque por los últimos días parece ser que les hubiera gustado que lo fuera. Pero es que, además, les debo decir para su conocimiento ―porque su ignorancia es mucha, sobre todo en materias eclesiásticas― que al presbiterio en los templos pueden subir los fieles. De modo que no hay nada de particular. . Y, desde luego, no amedrenté a la letrado. La letrado, ante mi petición ―simplemente petición― de que debía explicarle al señor vicepresidente que debía llamar al orden al diputado que me estaba insultando, se limitó, sin contestar verbalmente, a encogerse de hombros, en sentido propio, no figurado; ella sabrá. Previamente, le pregunté si era letrado porque no lo sabía, y me dijo que sí; esa fue la única expresión verbalizada que salió de su letrada boca. . Miren ustedes, este es un episodio menor y no me voy a detener más tiempo en él. Ustedes lo utilizan, como siempre, con esa voluntad de avasallamiento propia del totalitarismo democrático que les caracteriza , ya denunciado por Francisco Rubio Llorente, catedrático de Derecho Constitucional, letrado de esta Cámara, y miembro conspicuo del Partido Socialista hace muchos años. Totalitarismo democrático de raíz jacobina, eso es lo que caracteriza a este Gobierno, esa pulsión totalitaria, y con ello quieren avasallar, en este caso a quien habla a VOX, y como hemos visto hoy en boca de algún portavoz, también al Partido Popular, al que le ha reprochado muchas cosas, entre otras que su fundador fuera el señor Fraga Iribarne.

José María Sánchez García VOX

Pues el orador debería saber que lo que sabe usted sobre la libertad política, comparado con lo que sabía e hizo por ella don Manuel Fraga, es tanto como lo de un enano y un gigante, señor mío. . Concluyo. No crean ustedes que vamos a seguir en esto el consejo de Rabindranath Tagore, sabio por lo demás, de agradecer no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por ellas. No, hay exigencias morales de carácter patriótico que nos lo impiden, y no nos lo perdonarían nuestros votantes. Si no somos nosotros, serán otros españoles quienes vendrán a esta Cámara a defender la dignidad nacional, la unidad de España…

José María Sánchez García VOX

… y, desde luego, la libertad verdadera, no este timo del Partido Socialista y sus acompañantes. .

Marta González Vázquez PP

Gracias, presidente. Hace más de quinientos años, Maquiavelo, en el capítulo tercero de El Príncipe, inspirado en Fernando el Católico (señala la escultura del rey Fernando el Católico, situada al lado izquierdo de la Presidencia), advirtió de que los males que se preven de lejos pueden curarse, los que se dejan crecer hasta que todos los ven ya no tienen remedio. La cuestión que hoy nos reúne es precisamente esa, qué ocurre cuando se confunde tolerancia con pasividad y se deja que los problemas crezcan hasta que resulta muy difícil su eliminación, porque eso es, en el fondo, lo que subyace en la iniciativa que hoy presenta el Grupo Socialista. En sus cuarenta y cuatro años de vigencia, el reglamento del Congreso ha sido objeto de veintidós modificaciones. La mitad respondieron a una finalidad organizativa: adaptar la denominación de las comisiones a la estructura de los Gobiernos. El reglamento fue, por tanto, una norma estable, pero en la presente legislatura ha sido reformado en cuatro ocasiones ―señora Vallugera, en cuatro― y hay otras ocho reformas pendientes, entre ellas, por supuesto, las del Grupo Popular, que duermen el sueño de los justos, como podrán imaginar. El marco estable de funcionamiento del Congreso durante cuatro décadas es hoy un texto cambiante, moldeado por las necesidades de un Gobierno exhausto y de sus socios. La Cámara Baja, llamada constitucionalmente a controlar al Gobierno, es realmente la delegación del Gobierno en la carrera de San Jerónimo. . Los socios eligen el rumbo de las reformas y lanzan sus invectivas también sobre el reglamento. Se aprobó ya la utilización de las lenguas cooficiales, una medida que, lejos de favorecer la comunicación, ha creado una caótica torre de Babel. También se introdujo el lenguaje no sexista en el reglamento, sacrificando la precisión jurídica, y se incorporaron procedimientos de sanción a periodistas, para prohibir el acceso a medios de comunicación considerados incómodos por el Gobierno y sus socios. Pero estas concesiones no han bastado para satisfacer sus demandas. En el registro se acumulan nuevas reformas sobre cuestiones muy relevantes, como los requisitos de constitución de los grupos parlamentarios, tramitadas a toda velocidad, dada la agonía de la legislatura y la voluntad de la ciudadanía de pronunciarse cuanto antes en las urnas sobre un Gobierno corrupto. . Señorías, el reglamento ya dispone de un régimen disciplinario. El capítulo octavo del título IV contempla las llamadas a la cuestión y al orden, la retirada del uso de la palabra, la expulsión del hemiciclo y la suspensión temporal de derechos parlamentarios, mecanismos que hasta ahora fueron suficientes para garantizar el respeto institucional y el normal desarrollo de los debates. Pero la eficacia del sistema descansa también ―y esto es muy importante― en el ejercicio efectivo de las facultades de dirección y policía parlamentaria atribuidas a la Presidencia en los artículos 105, 107 y 32. La Presidencia deberá velar por el mantenimiento del orden en el recinto del Congreso, en las tribunas y dirigir y asegurar la marcha de los debates. Los doce presidentes del Congreso anteriores, con independencia de sus distintas personalidades, de su mayor o menor firmeza o de su grupo parlamentario previo, desempeñaron las facultades que la norma les atribuye para preservar el orden y la dignidad de la Cámara, y nunca se consideró necesario reformar estos preceptos reglamentarios porque la autoridad presidencial actuaba como elemento disuasorio y permitía corregir los excesos en tiempo real. . Y utilizo deliberadamente el pasado porque resulta evidente que en la presente legislatura esa función moderadora ha perdido su efectividad. . Antes, señorías, se producían intervenciones inmediatas frente a expresiones impropias, pero hoy se observa una muy preocupante dejación de funciones. Los insultos y las expresiones ofensivas proliferan sin que la Presidencia ejerza ninguna labor de reconducción del debate. La falta de moderación es una innovadora y singular forma de moderar. La normalización de las descalificaciones personales tiene una especial gravedad cuando sus destinatarios no son diputados que pueden defenderse en el propio hemiciclo, sino personas e instituciones ajenas a la Cámara. Las faltas de respeto al rey ―señor Rego― o a la familia real, los ataques a jueces y tribunales y los señalamientos constantes contra periodistas realizados por diputados y también por ministros , son episodios cotidianos, que erosionan el respeto institucional de una democracia parlamentaria madura. También se han vuelto cada vez más frecuentes las interrupciones de las sesiones por personas en la tribuna, invitadas por determinados grupos parlamentarios ―todos sabemos cuáles son―, que alteran en demasiadas ocasiones el desarrollo de los debates, pese a que el reglamento también atribuye a la Presidencia la facultad de promover actuaciones cuando los hechos pudieran revestir carácter constitutivo de infracción. Y concluyo ya para evitar que una intervención como esta motive una llamada al orden por pasarme en el tiempo ―que creo que no― o quizá por su contenido. Podrán reformarse las normas de esta Cámara y añadirse procedimientos sancionadores, pero ninguna reforma podrá sustituir la responsabilidad que el reglamento atribuye a quien debe aplicarlo. El problema rara vez reside solo en la norma, sino también en su interpretación ―muchas veces partidista, como bien sabemos― o en la renuncia a su aplicación. Y ese fracaso institucional ―porque de eso se trata― no puede disimularse bajo ninguna reforma reglamentaria, por muchas que traigan a la Cámara en el poco tiempo que ya les queda. Y una última recomendación al Grupo Parlamentario Socialista: si invocan en sus textos a parlamentos extranjeros prestigiosos, como el Bundestag, harían bien en extremar el cuidado con la ortografía. . Nada más, muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. Unha intervención breve para apoiar para expresar o apoio a esta iniciativa, esta proposición de lei do Parlament de Cataluña para facer efectiva unha lei como a eutanasia, que efectivamente é, como xa se dixo, unha lei moi garantista baseada na decisión libre da persoa após un proceso que, precisamente para ser garantista, é longo e, por tanto, en que non é aceptábel que se prolongue aínda máis, que se demore aínda máis, en moitos casos un ano, dous anos, por decisións de terceiros, moitas veces movidas por máis que cuestionables principios morais. Por certo, os mesmos que habitualmente son utilizados para expor outro dereito como é o do aborto contra a vontade da persoa que toma esa decisión e por tanto, aumentando aínda dor e sufrimento á situación en que xa se está. Non se trata, como tamén foi dito, de escoller entre a vida e a morte, senón de escoller, en todo caso, de que maneira se quere morrer, de escoller unha morte digna, porque efectivamente hai quen pretende confrontar morte digna con vida digna. E hai quen pretende mesmo dicir que son conceptos incompatíbeis. Nós estamos convencidos do contrario, de que son conceptos non só compatibles senón complementarios, mesmo que un acaba sendo premisa para o outro. Por iso nós defendemos a morte digna porque tamén defendemos o dereito a unha vivenda digna, que se concreta en cuestións como o dereito a unha vida digna, que se concreta en cuestións como o dereito á vivenda, o dereito ao traballo, a un salario, a unha pensión digna, á saúde, á educación, á participación, á liberdade de expresión, á interrupción voluntaria da gravidez ou ao descanso. Curiosamente, son os mesmos que negan o dereito á morte digna, os que tamén se opoñen a poder facer efectivo o dereito a unha vida digna, os que tentan, por exemplo, obstaculizar o dereito ao aborto, o matrimonio igualitario, a unha igualdade real e efectiva, os que votan en contra de subir o salario mínimo interprofesional, as pensións, os que están en contra de maiores dereitos laborais ou de mellores dereitos sociais, os que amparan, por exemplo, a especulación inmobiliaria e negan que se poidan poñer en marcha medidas efectivas para garantir o dereito á vivenda, os que privatizan a sanidade, os que privatizan a educación ou os que combaten a liberdade de expresión. Polo tanto, defender o dereito a unha morte digna é defender que se poida vivir dignamente até o final, até o último momento, e respectar a vontade da persoa que así o decide. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego apoiou no seu día esta lei e vai apoiar tamén a que hoxe debatemos. Moito obrigado. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes Breve intervención para expresar mi apoyo a esta iniciativa, a esta proposición de ley del Parlament de Catalunya para hacer efectiva una ley como la de la eutanasia, que, efectivamente, como ya se ha dicho, es muy garantista, basada en la libre decisión de la persona tras un proceso que, precisamente para ser garantista, es largo. No es aceptable que se prolongue aún más, que se demore aún más, en muchos casos un año o dos años, por decisiones de terceros, muchas veces movidas por más que cuestionables principios morales que se utilizan muchas veces para sustraer un derecho, como es el del aborto, contra la voluntad de la persona que toma esa decisión, por tanto aumentando el dolor, el sufrimiento en la situación en que se está. Como ya se ha dicho, no se trata de escoger entre la vida y la muerte, sino de escoger, en todo caso, de qué manera se quiere morir, de escoger una muerte digna, porque efectivamente hay quien pretende confrontar muerte digna con vida digna y hay quien incluso pretende decir que son conceptos incompatibles. Nosotros estamos convencidos de lo contrario, de que son conceptos no solo compatibles, sino complementarios, incluso que uno acaba siendo premisa para otro. Por eso defendemos la muerte digna porque defendemos también el derecho a la vida digna, que se concreta en cosas como el derecho a vivienda, a salario, a salud, a educación, a participación, a libertad de expresión, a interrupción voluntaria del embarazo o al descanso. Son curiosamente los mismos que niegan el derecho a la muerte digna los que también se oponen a poder hacer efectivo el derecho a una vida digna; los que intentan, por ejemplo, obstaculizar el derecho al aborto, al matrimonio igualitario, a una igualdad real y efectiva; los que votan en contra de subir el salario mínimo interprofesional, las pensiones; los que están en contra de mayores derechos laborales o de mejores derechos sociales; los que amparan, por ejemplo, la especulación inmobiliaria y niegan que se puedan poner en marcha medidas efectivas para garantizar el derecho a la vivienda; los que privatizan la sanidad, los que privatizan la educación o los que combaten la libertad de expresión. Por tanto, defender el derecho a una muerte digna es defender que se pueda vivir dignamente hasta el final, hasta el último momento, y respetar la voluntad de la persona que así lo decide. Por eso, el Bloque Nacionalista Galego apoyó en su día esta ley y va a apoyar también la que hoy debatimos. Muchas gracias.

Javier Sánchez Serna SUMAR

Gracias, presidenta. El pasado 29 de abril, efectivamente, la mayoría del Parlament de Catalunya votó a favor de esta proposición de ley para acortar los plazos de los recursos judiciales frente al derecho a la eutanasia, y hoy son diputados del PSC, Junts y Esquerra Republicana los que defienden aquí esta iniciativa. Desde Podemos vamos a respaldar sin matices esta proposición por dos razones. En primer lugar, porque Podemos respeta profundamente la autonomía y las instituciones de Cataluña, y, en segundo lugar, porque han sido pocos partidos en esta Cámara los que han empujado por el derecho a una muerte digna como lo ha hecho Podemos. Celebramos esta iniciativa para evitar nuevos casos como el de Noelia Castillo o el caso de Francesc Augé, un hombre de 55 años que ha sufrido tres ictus y dos infartos que le han dejado secuelas muy graves y que, después de ser autorizado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, no puede ejercer su derecho a morir dignamente porque su padre, de 94 años, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo ha legitimado este recurso. No hablamos de ningún menor de edad, señorías. Francesc Augé tiene 55 años, pero su padre aún puede dictar cómo debe vivir o cómo debe morir su hijo. Podría parecer surrealista, pero es la normalidad de España. El Congreso hace las leyes, el Ejecutivo sus decretos, pero es un Poder Judicial muy conservador el que hace y deshace a su antojo. A nuestro juicio, hay algo que está muy claro. Solo la persona que ha solicitado el derecho a una muerte digna y a quien se le ha denegado tiene legitimación para impugnar esa decisión. Un tercero, aunque sea un familiar directo, no debería poder recurrir una autorización que no le afecta a él, sino a quien ejerció su derecho personalísimo de decidir sobre su propia vida. Sin embargo, varios jueces han admitido que los padres puedan recurrir la decisión de morir dignamente de hijos adultos, y lo más grave es que la Fiscalía, la que debería defender los derechos de los ciudadanos según las leyes que aprueba este Congreso, ha mantenido posiciones contradictorias defendiendo en un caso la legitimación del padre y oponiéndose en otro. Esta proposición creemos que viene a poner orden en este dislate. ¿Y qué hace? Pues algo muy sencillo, garantizar que los recursos judiciales no se conviertan en un instrumento para alargar indefinidamente el sufrimiento de quien ya tiene autorización para ejercer su derecho a la muerte digna; se establece un procedimiento rápido, con plazos tasados y breves, que debe resolverse en días, no en meses o en años, y se cierra la puerta a la cadena interminable de recursos que hemos visto en los casos anteriormente mencionados. Una sola instancia, una sola resolución y que quien ha decidido ya dejar de sufrir pueda hacerlo sin que un tribunal le obligue a seguir viviendo en condiciones que para él o para ella ya no son dignas. Con esta proposición de ley se trata, en última instancia, de algo muy básico: que la voluntad del legislador se cumpla, que el derecho a morir dignamente, conquistado tras décadas de lucha, no quede en papel mojado porque algunos jueces antepongan sus creencias privadas a las leyes que emanan de aquí, de la soberanía popular, porque los derechos democráticos no se votan para que luego los corrijan según qué togas. Nada más y muchas gracias.

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidenta. Eguerdi on guztioi. Bon dia también a la representación del Parlamento de Cataluña que hoy nos acompaña. Como conocen, señorías, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 4 de octubre de 2022, en el caso Mortier contra Bélgica, estableció un nuevo paradigma sobre la muerte asistida bajo un marco prestacional público como emanación del derecho al respeto de la vida privada, el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que incluye el derecho del individuo a decidir el momento y la forma en que uno debe terminar su vida, ya que impedir a una persona poner fin a su vida indigna y penosa es un atentado contra su derecho al respeto a la vida privada. Y como también conocen sus señorías, la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, dio pasos anticipados por el camino que luego recorrió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia que les citaba y que al Tribunal Constitucional en 2023, cuando se pronunció en dos ocasiones sobre la LORE, sirvió de inspiración, alineándose de esta forma con la doctrina más actual del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Convenio de Roma. En definitiva, el alto tribunal consagra la muerte asistida bajo un marco prestacional público, partiendo del fundamento de que la Constitución no ampara un derecho fundamental a la vida, el del artículo 15 de la Constitución, de carácter absoluto e infranqueable frente a la voluntad de su propio titular en un contexto eutanásico y reconociendo la prestación de ayuda para morir como un derecho subjetivo de nueva generación, basado en el derecho a la integridad personal, física o moral del artículo 15 de la Constitución, que a su vez incluye el principio general de libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la misma dignidad de la persona. Ahora bien, señorías, un derecho prestacional rodeado de garantías jurídicas e institucionales, un derecho con un marco legislativo específico que permita verificar a los profesionales sanitarios que aplican una decisión inequívoca, libre e informada de su paciente, de modo que cada uno de estos, en un contexto eutanásico, esté protegido contra presiones y abusos, un derecho y decisión administrativa, cómo no, susceptible de control judicial a posteriori, y no solo de las resoluciones denegatorias, sino también de las reconocedoras de la prestación pública para la muerte asistida, tal y como interpreta el Tribunal Constitucional la adicional quinta de la LORE a la luz del principio de tutela judicial efectiva y al de plena sujeción a la ley y al derecho de la actividad de las Administraciones públicas, aunque luego no lo llevó al fallo de su sentencia; control judicial que ha de tramitarse a instancia de parte legitimada por el procedimiento previsto para la protección de derechos fundamentales de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, tanto para verificar el cumplimiento de los requisitos como para enjuiciar la corrección de la verificación llevada a cabo por las comisiones de garantía y evaluación. Si bien es cierto, como se ha escrito, señorías, que la mayoría de los casos de muerte asistida discurren de forma pacífica y reducida a la intimidad familiar, sí se ha apreciado, en los casos de recurso judicial contra la decisión reconocedora de la prestación de ayuda para morir por parte de persona legitimada ajena a la titular del derecho prestacional, su larga duración y la participación de numerosas instancias judiciales, una situación que se hace preciso abordar, como propone la iniciativa debatida, ya que ello choca con la misma situación eutanásica reconocida y que llevó a la persona a solicitar la prestación por el sufrimiento constante que le resultaba intolerable e insoportable. Por ello, no es razonable, señorías, que estos procesos se dilaten más allá de lo imprescindible, más allá de lo necesario y que entre la decisión de la Comisión de garantías y verificación y la ejecución de la prestación lleguen a pasar hasta dos años y se interpongan hasta quince instancias judiciales, como sucedió en el caso por todos conocido de Noelia Castillo. Es por ello, señorías, que esta iniciativa que debatimos pretende que el sufrimiento que padece la persona titular del derecho a la prestación a causa de su situación eutanásica no se alargue más allá de lo imprescindible por causa de un peregrinaje judicial de control de la resolución administrativa. Señorías, el contexto eutanásico de la persona que lo sufre debe durar el mínimo tiempo posible, pues para esa persona supone seguir viviendo en condiciones indignas. A tal fin ―y voy finalizando, presidenta―, se hace preciso, como nos propone la iniciativa, configurar un procedimiento judicial adecuado a la situación, con características similares a las actualmente establecidas para el procedimiento de protección del derecho fundamental de reunión y manifestación o para los procesos contencioso-electorales; es decir, como ya se ha dicho, procesos en única instancia ante las salas de lo contencioso de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, con tramitación sumaria y preferente absoluta para su resolución y fallo, sin recurso de casación y con un único recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por lo expuesto, señorías, daremos nuestro voto favorable a la iniciativa debatida, a fin de modificar tanto la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia como la de la jurisdicción contencioso-administrativa, para que estos procesos contencioso-administrativos contra resoluciones de las comisiones de garantía y verificación, acordando o denegando la prestación de ayuda para morir, se configuren como un procedimiento especial de los de la jurisdicción de la ley para la protección de los derechos fundamentales de la persona y con características similares a otros actualmente establecidos, adecuados todos ellos a la urgencia para resolver la decisión administrativa recurrida en atención a todos los intereses en juego. Nada más y muchas gracias.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Mahaiburu andrea, jaun-andreok. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y las gracias a los compañeros y la compañera del Parlament de Catalunya que han traído al Congreso de los Diputados esta proposición de ley y, por supuesto, también a las asociaciones que hoy nos acompañan desde la tribuna. Empezamos por adelantarles que apoyaremos la toma en consideración de esta iniciativa por tres razones muy simples que ya ustedes han mencionado: humanidad, respeto y dignidad. Euskal Herria Bilduren ustez aurkezten zaigun lege proposamenak konponbide bat irekitzen du lortu nahi den helbururako, hau da, zioen azalpenean esaten den bezala, hiltzeko laguntza jasotzeko eskubidearen titularraren sufrimendua beharrik gabe. Euskal Herria Bildu considera que la proposición de ley que se nos presenta abre una vía de solución para alcanzar el objetivo perseguido, que no es otro que, tal y como se señala en la exposición de motivos, no prolongar de manera innecesaria e inhumana el sufrimiento de la persona titular del derecho a recibir la prestación de ayuda para morir. Estamos hablando de un problema concreto que ha surgido durante la aplicación de la ley de regulación de la eutanasia, un problema muy grave que no porque se haya dado en pocas ocasiones lo es menos. Es un problema muy importante que necesita una solución urgente, pero que no deja de ser un problema, digamos, puntual, al que se propone dar solución acotando los plazos de la vía judicial en caso de recursos. Es una fórmula válida, por supuesto, pero que, a nuestro entender, se queda corta en la medida en que no abarca otros cambios necesarios, porque esta proposición de ley está pensada, precisamente, para abordar un problema concreto y, por lo tanto, no puede dar solución a toda la problemática que se ha ido planteando durante los cinco años que la Ley Orgánica 3/2021 lleva en vigor. Por eso creemos que, si bien debemos abordar urgentemente esta iniciativa para dar una solución lo más rápida posible al problema que se plantea, esta debería ser transitoria. Me explico. Como decíamos, la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia lleva cinco años en vigor. En su aplicación han ido surgiendo diferentes problemas de diversa índole. Cada Administración competente sabe cuáles son los problemas a los que se ha enfrentado y dónde está la raíz de cada uno de ellos. Por lo tanto, consideramos que son todos esos problemas los que se deberían recoger, analizar e intentar solucionar después mediante una reforma más sosegada de la Ley Orgánica 3/2021. Por ejemplo, y en cuanto al problema que se plantea en la iniciativa que tratamos hoy, deberíamos empezar por preguntarnos cómo es posible que, ante una ley tan garantista como lo es la ley de regulación de la eutanasia, una tercera persona pueda tener la capacidad de revocar las decisiones sobre la vida de quien, cumpliendo absolutamente todos los criterios necesarios, ha solicitado la prestación de ayuda para morir dignamente. Por muy familiar que sea, no le corresponde. Es cada una de nosotras, cada uno de nosotros, quien, en las condiciones que exige la ley, tiene la capacidad y el derecho a tomar su propia decisión. Ojalá nadie se viera nunca en una situación tan dura, pero, por desgracia, la realidad es muy otra, y una tercera persona no es quién para intentar revocar la decisión de quien está en una situación de sufrimiento constante que le resulta totalmente insoportable. Pongámonos en esa situación por un momento solo. ¿Qué haría cada uno o cada una de nosotras? Cada uno o cada una tomaríamos nuestras propias decisiones, hacia un lado, hacia otro, hacia donde decidiéramos, y nadie más debería tener derecho a ir en contra de esa decisión, sea cual sea. Por lo tanto, ante las intromisiones de terceras personas deberíamos blindar legislativamente la toma de decisiones de las personas que, siguiendo los criterios de la ley, tienen derecho a la prestación de ayuda para morir. Así se evitaría de raíz el problema que esta proposición de ley viene a solucionar, es decir, que no se prolongue en el tiempo, y se respetaría por completo el espíritu de la Ley Orgánica 3/2021. Deberíamos hablar también, por ejemplo, en el mismo sentido, de las vías para solucionar con todas las garantías los problemas que están sufriendo muchas personas que padecen enfermedades relacionadas con la salud mental. Hablamos, obviamente, de personas que sufren enfermedades mentales incurables que les causan sufrimientos profundos y constantes, insoportables. Prestazioaren titular izateko legezko baldintza guztiak betetzen dituzten pertsonez ari gara, baina beren gaitzek jatorri somatikorik ez dutelako edo, askotan, muturreko mendetasun egoeran bizi ez direlako, oztopoz eta zailtasunez betetako bide oso luzea gainditu behar izaten dute prestazioa jasotzeko eskubidea dutela egiaztatzeko. Horrela, are gehiago luzatzen dute beren sufrimendua, hirugarrenek jarritako errekurtso amaigabeen kasuan bezala. Eta beste gai batzuk ere aipa genitzake, hala nola atzerapen eskaerak arautzea edo profesional sanitario bakoitzak prestazioen aplikazioan bete beharko lukeen paperaz. Eta askoz gauza gehiago. Baina gaur aztertzen ari garenetik oso urrun dauden gaietan sartzen da hori, eta hartara, gaurkoz hemen utziko dugu. Besterik ez, mila esker. Nos referimos a personas que cumplen todos los requisitos legales para ser titulares de la prestación, pero que, al no tener sus dolencias un origen somático o, en muchos casos, al no encontrarse en una situación de dependencia extrema, se ven obligadas a recorrer un camino muy largo para demostrar que tienen derecho a recibir dicha prestación. De este modo, su sufrimiento se prolonga aún más, como ha ocurrido en aquellos casos en los que han mediado recursos interminables presentados por terceros. Podríamos mencionar también otras cuestiones, como la regulación de las solicitudes de aplazamiento, el papel que debe desempeñar cada profesional sanitario en la aplicación de la prestación y muchas otras, pero eso supondría adentrarnos en asuntos que se alejan del objeto del debate que hoy nos ocupa y, por tanto, lo dejaremos aquí. Nada más y muchas gracias. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Bé, bona tarda. Abans que res, donar la benvinguda als diputats del Parlament que representa el meu país, Catalunya, molt especialment al Jordi Fàbrega, que ha exposat, com sempre des de la seva exquisida sensibilitat, la necessitat de tirar endavant la iniciativa d’avui. Senyories, la política ha de servir per millorar la vida dels ciutadans, però també ha de servir per garantir la dignitat en la seva mort, des de la compassió i des de l’empatia que ens posen en el lloc de l’altre, que fan que ens preguntem com ens sentiríem si ens trobéssim en aquesta mateixa situació d’haver de plantejar-se l’eutanàsia com a porta de sortida, perquè el patiment ja no és suportable ni físicament ni mental. Com ens sentiríem? És una decisió personal que com altre personal, de cada persona, de la Carina o del Xavier o del Joan. Hi ha una persona com nosaltres al darrere d’aquesta decisió de conjugar, per últim cop des del present, el verb viure. Una decisió que afecta la família, de nou, com ens sentiríem? Perquè a qui li toca fer d’observador, però està emocionalment absolutament implicat, també sent que mor per dins, el pare o la mare que han d’acomiadar-se del seu fill, que ja no pot més. Per tant, tota la comprensió, tota. Però a nosaltres ens toca fer el possible davant d’aquesta circumstància terrible de reduir al màxim el patiment de qui demana poder exercir el seu dret a morir dignament. Una vegada la persona ha decidit demanar una eutanàsia, després de superar un estricte procés de control i verificació mèdica per part de la Comissió de Garantia i Avaluació, quin sentit té obligar-la a esperar més d’un any o potser dos a causa de la burocràcia judicial? Quin sentit té allargar de manera intolerable una existència que ja no li és digna perquè està absolutament condicionada pel seu patiment físic o psíquic? Aquesta iniciativa d’avui garanteix la dignitat de la persona, ja que respecta els seus desitjos, protegeix la integritat moral i física, perquè la dilació forçada del procés pot ser equiparada legalment a infligir un tracte inhumà o degradant. Conserva la seguretat jurídica perquè el text no elimina el control judicial de tercers ni de la Fiscalia, sinó que es limita a escurçar els terminis legals, perquè la decisió final es prengui amb celeritat i totes les garanties pròpies de l’Estat de dret. Per tant, votem a favor, només faltaria! Ve del nostre Parlament, la porta el nostre company, entre d’altres, votem a favor, Però avui, avui tornem a fer un vot en contra dels governs Illa i Sánchez, perquè lluny de posar-se en el lloc de les persones que es troben en una situació de patiment tan gran que han de plantejar-se una eutanàsia, els donen l’esquena en algunes ocasions. I m’explico el perquè dic això. A hores d’ara hi ha centenars de malalts d’ELA a tot l’Estat, a tot l’Estat, en situació de dependència extrema. A Catalunya n’hi ha cent. A la meva estimada Barcelona, hi ha vint -i-set persones amb dependència extrema, patint la ELA. Però és que també hi ha altres persones en aquesta situació amb Parkinson o Alzheimer o amb altres malalties. Els malalts d’ELA han estat dos anys esperant i dos anys, en una malaltia que té un pronòstic de tres a cinc anys, és una eternitat, com podeu entendre. Doncs com dic, han estat dos anys esperant a tenir els diners de les prestacions que els corresponen per l’aplicació de la llei ELA. Ara poden demanar aquestes prestacions, però atenció! Alguns no ho faran. No ho poden fer perquè si reben uns diners per pagar cuidadors — diners per cures que no van a la butxaca dels malalts— els treuen els complements de gran invalidesa — altres complements econòmics, per tant— i aleshores els passa que no arriben a final de mes. Un malalt amb traqueotomia o amb un respirador té un risc evident de mort evitable. Necessita cuidadors. Igual que un malalt amb càncer pot necessitar quimioteràpia, doncs un malalt amb ELA necessita cuidadors. I això, com deia, no s’aplica només a les persones amb ELA, sinó amb altres malalties. Els estan portant a una situació de dependència extrema també en l’econòmic. Durant la tramitació de la llei ELA, les persones amb aquesta malaltia — representades aleshores per Juan Carlos Unzué— ens van recordar que molts malalts es plantegen l’eutanàsia a contracor per raons econòmiques. Persones que volen seguir vivint però no volen arruïnar les seves famílies per culpa dels sobrecostos de la malaltia. Si no corregim la situació actual, els tornem a portar a la desesperació, a plantejar-se — i això és molt greu— l’eutanàsia, com dic, per raons econòmiques. Demanaran morir, volem viure quan hi ha una llei que els cobreix l’assistència vint-i-quatre hores. Això, el Govern Illa ho pot evitar. Catalunya té les competències per evitar-ho. A través de la intervenció, es pot evitar. Pot no aplicar aquestes aquests ajustaments, aquestes reduccions, i té també la competència d’eliminar el copagament. En aquests moments és d’un 5 % per a persones que reben ingressos de més de 57 000 euros a l’any. Per tant, a Catalunya, insistim, poden evitar aquest ajustament, aquesta reducció d’altres complements i poden evitar el copagament. I ho diem perquè ho estan fent en altres comunitats autònomes. Prou de pagar amb la mà dreta unes prestacions i de treure’ls amb la mà esquerra unes altres. Amb la llei de dependència, Junts ha presentat una esmena perquè també, des de la legislació estatal, es garanteixi que cap persona amb dependència extrema li treguin cap de les prestacions que li corresponen per llei. No els estan regalant res, és el que els correspon per dret. El Govern espanyol ha vetat la nostra esmena, com ha vetat també la que reclama un copagament Estat-Comunitats autònomes del 50 % de totes les prestacions de la llei de dependència. Van tenir les penques — perquè d’això es tracta— de presentar-se a ponència sense aportar informació del cost que tindran les noves prestacions que volen aprovar. Una llei sense memòria econòmica no pot tenir recorregut perquè sense saber quins recursos són necessaris, com es poden planificar noves prestacions? Com es poden assumir nous compromisos? Voler fer política així és una irresponsabilitat. Tenen pressa, però no fan els deures. Per tant, facin els deures, si volen aprovar lleis. I això ho han de saber les associacions a les que sí que els preocupen els més vulnerables. Tot el que no sigui actuar des de la responsabilitat no comptarà amb el vistiplau de Junts. Tot el què no sigui aportar-nos la informació econòmica que reclamem per saber si es pot tirar endavant en aquests moments tal i com està la Llei de dependència, tot i que no sigui això, no aconseguirà els nostres vots. Com dic, fer la política d’aquesta manera és irresponsable. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera dar la bienvenida a los diputados del Parlament que representa a mi país, Cataluña, especialmente a Jordi Fàbrega, que ha expuesto, como siempre, con su exquisita sensibilidad la necesidad de tirar adelante la iniciativa de hoy. Señorías, la política tiene que servir para mejorar la vida de los ciudadanos, pero también tiene que servir para garantizar la dignidad de su muerte. Desde la compasión y desde la empatía, que nos ponen en el sitio del otro, hacen que nos preguntemos cómo nos sentiríamos si nos encontráramos en esa misma situación, tener que plantearse la eutanasia como puerta de salida porque el sufrimiento ya no es soportable ni física ni mentalmente. ¿Cómo nos sentiríamos? Es una decisión personal como ninguna, de cada persona, de Carina o de Xavier o de Joan. Hay una persona como nosotros detrás de esa decisión que quiere conjugar por última vez en presente el verbo vivir. Es una decisión que afecta a la familia. De nuevo, ¿cómo nos sentiríamos? Porque a quien le toca hacer de observador, pero está emocionalmente totalmente implicado, también siente lo que pasa por dentro el padre o la madre que tienen que despedirse de su hijo que ya no puede más. Por lo tanto, toda la comprensión, toda. A nosotros nos toca hacer lo posible ante estas circunstancias terribles para reducir al máximo el sufrimiento de quien pide poder ejercer su derecho a morir dignamente. Una vez la persona ha decidido pedir una eutanasia después de superar un estricto proceso de control y verificación médica por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación, ¿qué sentido tiene obligarla a esperar más de un año, o quizá dos, a causa de la burocracia judicial? ¿Qué sentido tiene alargar de forma intolerable una existencia que ya no es digna porque está totalmente condicionada por su sufrimiento físico o psíquico? Esta iniciativa de hoy garantiza la dignidad de la persona, ya que respeta sus deseos; protege la integridad moral y física, porque la dilación forzada del proceso puede ser equiparada legalmente a infringir un trato degradante, inhumano; conserva la seguridad jurídica, porque el texto no elimina el control judicial de terceros ni de la Fiscalía, sino que se limita a acortar los plazos legales para que la decisión final se tome con celeridad, y todas las garantías propias del Estado de derecho. Por lo tanto, votaremos a favor, solo faltaría. Aquí tenemos a nuestros compañeros del Parlament y, por lo tanto, votaremos a favor. Hoy volvemos a pronunciar un voto en contra de los Gobiernos de Illa y Sánchez, porque, lejos de ponerse en el lugar de las personas que se encuentran en una situación de sufrimiento tan grande que tienen que plantearse una eutanasia, les dan la espalda en algunas ocasiones. Explico por qué digo esto. Ahora mismo hay centenares de enfermos de ELA en todo el Estado en situación de dependencia extrema. En Cataluña, hay cien; en mi querida Barcelona, hay veintisiete personas con dependencia extrema y sufriendo la ELA. Pero es que también hay otras personas en esta situación con párkinson, alzhéimer u otras enfermedades. Los enfermos de ELA llevan dos años esperando. Dos años en una enfermedad que tiene un pronóstico de tres a cinco años es una eternidad, como pueden entender. Han estado dos años esperando para tener el dinero de las prestaciones que les corresponden por la aplicación de la ley ELA. Ahora pueden pedir estas prestaciones, pero, ¡cuidado!, algunos no pueden hacerlo, porque, si llega un dinero para pagar a los cuidadores ―dinero para curas, que no van al bolsillo de los enfermos―, les quitan los complementos, como los de gran invalidez u otros complementos económicos y, por lo tanto, no llegan a final de mes. Un enfermo con traqueotomía o con un respirador tiene un riesgo evidente de muerte evitable, necesita cuidadores, igual que un enfermo con cáncer puede necesitar quimioterapia. Bueno, pues un enfermo con ELA necesita cuidadores. Como decía, esto no se aplica solo a las personas con ELA, sino también a otras enfermedades. Les están llevando a una situación de dependencia extrema también en lo económico. Durante la tramitación de la ley ELA, las personas con esta enfermedad ―representadas entonces por Juan Carlos Unzué― nos recordaron que muchos enfermos se plantean la eutanasia por razones económicas, personas que quieren seguir viviendo, pero que no quieren arruinar a sus familias por culpa de los sobrecostes de la enfermedad. Si no corregimos la situación actual, les volvemos a llevar a la desesperación y a plantearse ―eso es muy grave― la eutanasia, como digo, por cuestiones económicas. Van a pedir morir queriendo vivir, cuando hay una ley que les cubre la asistencia veinticuatro horas. Eso el Gobierno de Illa lo puede evitar. Cataluña tiene las competencias para evitarlo, a través de la intervención se puede evitar, puede no aplicar estos ajustes, esas reducciones. También, tiene la competencia para eliminar el copago que, en estos momentos, es de un 5 % para personas que reciben ingresos de más de 157 000 euros al año. Por lo tanto, en Cataluña pueden evitar este ajuste, esa reducción de otros complementos y pueden evitar el copago. Lo decimos porque lo están haciendo en otras comunidades autónomas. Ya basta de pagar con la mano derecha unas prestaciones y de quitarlas con la mano izquierda. En la ley de dependencia, Junts ha presentado una enmienda para que, también, desde la legislación estatal se garantice que a ninguna persona con dependencia extrema se le quite ninguna de las prestaciones que le corresponden por ley. No les están regalando nada. Es lo que les corresponde por derecho. El Gobierno español ha vetado nuestra enmienda, como ha vetado también la que reclama un copago Estado‑comunidades autónomas del 50 % de todas las prestaciones de la ley de dependencia. Además, tuvieron la barra ―porque de eso se trata― de presentarse a ponencia sin aportar información sobre el coste que van a tener las nuevas prestaciones que quieren aprobar. Una ley sin memoria económica no puede tener un recorrido porque, sin saber qué recursos son necesarios, ¿cómo se pueden planificar nuevas prestaciones? ¿Cómo se pueden asumir nuevos compromisos? Querer hacer política así es una irresponsabilidad. Tienen prisa, pero no hacen sus deberes. Por lo tanto, hagan sus deberes si quieren aprobar leyes. Esto tienen que saberlo las asociaciones a las que sí les preocupan los más vulnerables. Todo lo que no sea actuar con responsabilidad no contará con el acuerdo de Junts; todo lo que no sea aportarnos la información económica que reclamamos para saber si se puede tirar adelante en estos momentos, tal como está la ley de dependencia ―aunque no sea esto―, no va a conseguir nuestros votos. Como digo, hacer la política de esta forma es irresponsable.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Gràcies de nou, presidenta. Per quarta vegada, saludo els diputats i les diputades aquest matí i, per primera, tinc la satisfacció de donar la benvinguda per part del meu grup als tres diputats del Parlament de Catalunya, Sara, Juli, Jordi Fàbregas, a vostè no el conec, però amb la Sara hem compartit anys d’història política i amb en Juli compartim partit i ideologia. Per tant, molt contenta que sigueu aquí i molt contenta que estigueu aquí amb aquest tema. Deixi’m fer una prèvia, i ho dic perquè fa tres segons escassos m’he quedat paralitzada per una cosa que he sentit. L’eutanàsia per motius econòmics no està ni contemplada ni permesa, ni se li pot acudir a ningú. Ho dic perquè després de la intervenció de fa uns segons cal posar les coses clares. No existeix l’eutanàsia per motius econòmics. Existeixen situacions desesperades si vostès volen, però l’eutanàsia només té cabuda en supòsits mèdics i en supòsits mèdics — ja ho han dit— dos informes més una comissió. Per tant, que tothom es tranquil·litzi. És important deixar clar dos elements. El primer, sobre el dret a l’eutanàsia. Aquest dret aquí ja s’ha debatut. Aquest dret es va aconseguir la legislatura passada. Avui el que fem és veure com articulem un procediment específic, perquè l’exercici d’aquest dret sigui real, factible, amb un temps raonable i d’una manera ordenada. I això és necessari tenir-ho present perquè, en el moment de defensa d’aquest dret, ja vam dir que nosaltres l’enteníem no com un dret a la mort, sinó com un dret a la vida. Perquè una vida digna és aquella en què saps que disposaràs de la manera de morir, si es donen determinades circumstàncies: un dolor crònic insuportable, inguarible, una malaltia que no es pot superar i que et posa en una situació que no vols viure. Per tant, és un dret de vida, no és un dret de mort. I, per tant, l’únic que fem avui, i ho fem gràcies al Parlament de Catalunya, que també va ser l’impulsor, el primer que va portar a aquest congrés al dret a l’eutanàsia, el que fem és ordenar per tal de que retards injustificables no afectin aquesta dignitat que creiem que preserva el dret a l’eutanàsia. I això és necessari saber que l’exercici dels drets… Moltes vegades hem parlat de l’exercici de la justícia i dèiem: una justícia fora de temps i una justícia dilatada absolutament no és justícia, és injustícia. Doncs bé, un dret, un dret subjectiu, un dret fonamental, un dret humà com el de ser el mestre o la mestressa de la teva pròpia mort també queda absolutament esborrada si el transcurs del temps és excessiu, si aquell patiment que no pots assumir, aquell patiment amb qui no pots viure, aquell dolor, aquella malaltia, te la fan passar, tant sí com no, d’una manera injustificable en el temps. Vull donar les gràcies a l’associació Dret a Morir Dignament, perquè són els impulsors. Són les persones que han liderat aquesta reclamació i que l’han portada sistemàticament a les diferents institucions i, per tant, la vostra feina ha estat imprescindible per arribar a aquest moment. Hem viscut darrerament alguns episodis que, des de la meva perspectiva, han estat ignominiosos respecte d’aquest exercici, d’aquesta voluntat expressada que la mort s’atorgui i la intromissió de tercers, ja siguin associacions i a vegades familiars, en aquesta decisió. Què cal tenir en compte amb això? Doncs, que podem — que no ho farem avui, però que més tard o més d’hora ho hem de fer— obrir el meló del tercer interessat, del tercer que pot intervenir. L’han fixat darrerament amb uns vincles afectius intensíssims. Podria ser, en qualsevol cas, deixant fora les associacions. I això és una gran notícia, entre altres coses, perquè d’aquests processos emanats de la voluntat i de l’autogestió de les persones de si mateixes, no se’n poden derivar campanyes politico- ideològiques per destruir els drets atorgats, perquè se suposa que és la voluntat popular. Per tant, i algun ponent abans meu n’ha fet referència, compartim, entenem i podem ser partícips, empàtics amb el dolor dels familiars de qui decideix exercir aquesta opció. Però és obvi que la nostra protecció ha de passar per qui l’està tenint. És evident que la nostra empatia està sobretot amb la persona malalta, amb la persona que creu que la seva manera més digna d’acabar la vida és aquesta i que té tot el dret a fer-ho, més enllà del que pensem la resta de gent. La nostra tasca aquí és atorgar drets. La nostra tasca aquí no és coartar en funció de la nostra ideologia, del nostre pensament, de la nostra fe quin hagi de ser el futur del nostre conciutadà, perquè no tenim el poder — crec— moral i ètic de fer una cosa com aquesta. Acabo ràpidament. Votarem favorablement, evidentment. Crec que se’n desprenia de les meves paraules, del nostre posicionament, però també del que és la tesi central del meu partit. I agraïm de nou als qui han fet possible que això arribi aquí. Deixi’m dir també que els processos administratius específics per determinades matèries no són un cas aïllat de la nostra legislació i, per tant, entenem que és el procediment que s’havia d’utilitzar en aquest cas en concret. Com a institució, com a Parlament, com a congrés, i tenint en compte que reconec nacionalment només el Parlament de Catalunya, hem de ser conscients que la garantia de l’exercici dels drets és tant o més important que el fonamentar aquests drets. Si decidim atorgar drets, però no som capaços de garantir-ne l’execució, no serveixen de res. Per tant, gràcies per la iniciativa. Votarem a favor. Creiem que tenim majoria suficient per treure-ho endavant i, per tant, que sigui realitat. Moltes gràcies. Gracias nuevamente, presidenta. Por cuarta vez saludo a los diputados y las diputadas esta mañana y, por primera vez, tengo la satisfacción de dar la bienvenida por parte de mi grupo a los tres diputados del Parlament de Cataluña, Sara, Juli y Jordi Fàbrega. A usted no lo conozco, pero con Sara hemos compartido años de historia política y con Juli compartimos partido e ideología. Por lo tanto, muy contenta de que estén aquí y, además, con este tema. Voy a hacer una previa porque hace tres segundos me he quedado paralizada por algo que he oído. La eutanasia por motivos económicos ni está contemplada ni permitida ni se le puede ocurrir a nadie. Lo digo porque, después de la intervención de hace unos segundos, hay que poner las cosas claras: no existe la eutanasia por motivos económicos. Existen situaciones desesperadas ―si quieren―, pero la eutanasia solo tiene cabida en supuestos médicos, con dos informes más una comisión. Por lo tanto, que todo el mundo se tranquilice. Es importante dejar claros dos elementos. Primero, sobre el derecho a la eutanasia. Este derecho ya se ha debatido aquí, se consiguió en la legislatura pasada. Segundo, hoy lo que hacemos es ver cómo articulamos un procedimiento específico para que el ejercicio de este derecho sea real, factible, en un tiempo razonable y de una forma ordenada. Esto es necesario tenerlo presente porque en el momento de la defensa de este derecho ya dijimos que nosotros lo entendíamos no como un derecho a la muerte, sino como un derecho a la vida, porque una vida digna es aquella en la que sabes que vas a disponer de una forma de morir si se dan determinadas circunstancias: un dolor crónico insoportable e incurable, una enfermedad que no se puede superar y que te pone en una situación que no quieres vivir. Por lo tanto, es un derecho de vida, no es un derecho de muerte. Por lo tanto, lo único que hacemos hoy ―y lo hacemos gracias al Parlament de Catalunya, que también fue el impulsor, el primero que trajo a este Congreso el derecho a la eutanasia― es legislar para que los retrasos injustificables no afecten a esa dignidad que creemos que preserva el derecho a la eutanasia. Eso es necesario. Muchas veces hemos hablado del ejercicio de la justicia, decíamos que una justicia fuera de tiempo, una justicia dilatada absolutamente, no es justicia, es injusticia. Pues bien, un derecho subjetivo, un derecho fundamental, un derecho humano como el de ser el maestro de tu propia muerte también queda absolutamente borrado si el transcurso del tiempo es excesivo, si te hacen pasar ese sufrimiento que no puedes asumir, ese sufrimiento con el que no puedes vivir, ese dolor, esa enfermedad, quieras o no, de una forma injustificable en el tiempo. Quiero dar las gracias también a la Asociación Derecho a Morir Dignamente, porque son los impulsores. Son las personas que han liderado esta reclamación, que la han llevado sistemáticamente a las diferentes instituciones. Por lo tanto, vuestro trabajo ha sido imprescindible para llegar a este momento. Hemos vivido últimamente algunos episodios que, desde mi perspectiva, han sido ignominiosos respecto a este ejercicio, a esa voluntad expresada de que la muerte se otorgue, debido a la intromisión de terceros ―ya sean asociaciones o a veces familiares― en esta decisión. ¿Qué hay que tener en cuenta en esto? No lo vamos a hacer hoy, pero en algún momento habrá que hacerlo, habrá que abrir el melón del tercer interesado, del tercero que puede intervenir. Lo han fijado últimamente con unos vínculos afectivos intensísimos. Podría ser, pero en todo caso dejemos fuera a las asociaciones. Esta es una gran noticia porque, entre otras cosas, de estos procesos emanados de la voluntad y la autogestión de las personas no se pueden derivar campañas políticoideológicas para destruir los derechos otorgados por la que se supone que es la voluntad popular. Por lo tanto ―y algún ponente antes que yo se ha referido a ello―, compartimos, entendemos y podemos ser partícipes y empáticos con el dolor de los familiares de quien decide ejercer esta opción, pero es obvio que nuestra protección tiene que ser para quien la tiene. Es evidente que nuestra empatía está sobre todo con la persona enferma, con la persona que cree que su forma más digna de acabar la vida es esta y que tiene todo el derecho a hacerlo, más allá de lo que piense el resto de la gente. Nuestra tarea aquí es otorgar derechos. Nuestra tarea aquí no es coartar, en función de nuestra ideología, de nuestro pensamiento y de nuestra fe, cuál tiene que ser el futuro de nuestro conciudadano, porque no tenemos el poder moral ni ético para hacer algo así. Acabo rápidamente. Vamos a votar a favor, evidentemente. Creo que eso se desprende de mis palabras, de nuestro posicionamiento, pero también de la tesis central de mi partido. Se lo agradecemos de nuevo a quienes han hecho posible que esto llegue aquí. Permítanme decir también que los procesos administrativos específicos para determinadas materias no son un caso aislado de nuestra legislación. Por lo tanto, entendemos que es el procedimiento que había que utilizar en este caso en concreto. Como institución, como Parlamento, como Congreso ―y teniendo en cuenta que reconozco nacionalmente solo al Parlament de Catalunya― tenemos que ser conscientes de que la garantía del ejercicio de los derechos es tan o más importante que fundamentar estos derechos. Si decidimos otorgar derechos, pero no somos capaces de garantizar su ejecución, no sirven de nada. Por lo tanto, gracias por la iniciativa. Vamos a votar a favor. Creemos que tenemos mayoría suficiente para sacarlo adelante y que sea una realidad. Muchas gracias. .

Júlia Boada Danés SUMAR

Gràcies, presidenta. Sis-cents un dies, recordin aquesta xifra, senyories, perquè és una de les raons per les quals som avui aquí. La Noelia Castillo, una jove catalana de vint-i-cinc anys a la que ja s’ha mencionat, va haver d’esperar més de 601 dies per poder decidir sobre el final de la seva vida, amb el conseqüent dolor, patiment, frustració, angoixa perquè els processos de recursos es van dilatar en el temps. Durant aquests quasi dos anys, la decisió d’una jove que no volia viure es va portar a un debat públic, mediàtic i sovint amb cert sensacionalisme que de ben segur li va causar més dolor. I tot per exercir un dret que aquesta cambra li havia reconegut. Concretament, senyories, el 24 de març del 2021 aquest país va donar un pas de gegant cap a una democràcia més madura i més digna. Des de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica de Regulació de l’eutanàsia, el juny del 21, les persones que es troben en un patiment greu crònic i impossibilitant o davant d’una malaltia greu i incurable, poden exercir un dret vital, el de posar fi a la pròpia vida per voluntat expressa i per acabar amb el patiment. El Parlament de Catalunya, amb una majoria àmplia i transversal, ens porta a debat una proposició de llei per millorar l’exercici de morir dignament. La llei es va fer amb totes les garanties pel dret a la vida i a la integritat física i moral de cada persona. Per això, intervenen diferents professionals i hi ha un control previ i posterior d’un òrgan administratiu col·legiat, l’anomenada Comissió de Garantia i Avaluació. Aquesta comissió assegura que qui sol·licita aquest dret ho fa des de manera conscient i informada, adoptant les seves pròpies decisions sobre el final de la seva vida i emparant-se en el dret a la vida privada reconegut a l’article 8 del Conveni Europeu dels Drets Humans, però les resolucions d’aquesta poden ser objecte de recurs jurisdiccional segons la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, segons el Tribunal Constitucional, inclús el Ministeri Fiscal també pot impugnar les resolucions de la Comissió. Si bé s’han de garantir totes les garanties processals en la resolució de l’exercici d’aquest dret tan transcendent, també s’ha de garantir que un dels principals fonaments de la justícia — la celeritat per garantir que la resolució dels conflictes sigui ràpida per evitar l’obstrucció dels propis drets— també sigui efectiva. És necessari, tal com diu la proposició de llei, que el procediment judicial de control de la resolució del Comissió sigui el més breu possible i no es dilati més enllà d’allò estrictament imprescindible. Gracias, presidenta. 601 días. Recuerden esta cifra, señorías, porque es una de las razones por las que estamos hoy aquí. Noelia Castillo, una joven catalana de 25 años, a la que se ha mencionado ya, tuvo que esperar más de 601 días para poder decidir sobre el fin de su vida, con el consiguiente dolor, sufrimiento, frustración y angustia, porque los procesos de recursos se dilataron en el tiempo. Durante estos casi dos años, la decisión de una joven que no quería vivir se llevó a un debate público, mediático y a menudo con cierto sensacionalismo, que seguro le generó más dolor; todo ello para ejercer un derecho que esta Cámara le había reconocido. Concretamente, señorías, el 24 de marzo de 2021 este país dio un paso de gigante hacia una democracia más madura y más digna. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en junio de 2021, las personas que se encuentran con un sufrimiento grave, crónico, imposibilitante o ante una enfermedad grave e incurable, pueden ejercer un derecho vital, el de poner fin a su propia vida por voluntad expresa y para terminar con el sufrimiento. El Parlamento de Cataluña, con una mayoría amplia y transversal, nos trae a debate una proposición de ley para mejorar el ejercicio del derecho a morir dignamente. La ley se hizo con todas las garantías para el derecho a la vida y a la integridad física y moral de cada persona, y ahí intervinieron varios profesionales. Hay un control previo y posterior de un órgano administrativo colegiado: la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia. Esta comisión asegura que aquel que solicita este derecho lo hace de forma consciente e informada, adoptando sus propias decisiones sobre el final de su vida y amparándose en el derecho a la vida privada, reconocido el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero las resoluciones de esta pueden ser objeto de recurso jurisdiccional según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa ante el Tribunal Constitucional; incluso el Ministerio Fiscal puede impugnar las resoluciones de la comisión. Si bien hay que cumplir todas las garantías procesales en la resolución del ejercicio de este derecho tan trascendente, hay que garantizar que uno de los fundamentos principales de la justicia ―la celeridad para garantizar que la resolución de los conflictos sea rápida y evitar la obstrucción de los derechos propios― sea también efectivo. Como dice la proposición de ley, el procedimiento judicial de control de la resolución de la comisión debe ser lo más breve posible y no debe dilatarse más allá de lo estrictamente imprescindible. Ahora permítanme que continúe en castellano para que en la bancada de la derecha y la extrema derecha me entiendan bien. Las señorías de VOX y del Grupo Popular apelarán seguramente a las palabras que el papa León XIV pronunció hace unos días desde esta misma tribuna: Toda vida debe ser reconocida desde la concepción hasta su ocaso natural. Este mismo discurso ―que tuvo palabras valiosas sobre la paz, sobre las personas migrantes y sobre la dignidad humana― también quiso poner en duda en la sede de la soberanía nacional derechos que en este país no están en discusión y que tanto nos ha costado conquistar. . El papa ―como no podría ser de otra manera― defiende la doctrina de la fe católica y rechaza categóricamente la eutanasia y el aborto, igual que considera que robar o mentir son pecados. Pero es que estas creencias se circunscriben en el ámbito privado de cada persona, de cada ciudadano, de cada ciudadana, que cada cual crea lo que quiera. Precisamente por eso la democracia debe garantizar que todas las personas puedan ejercer los derechos que tienen reconocidos en tanto que individuos libres. Y es aquí donde la derecha se pierde. Lo que hoy discutimos aquí no es si la eutanasia es moral o religiosamente aceptable ―porque esto no es asunto de debate en la esfera pública―, sino cómo hacer efectivo un derecho, un derecho que se ejerza de la manera menos traumática posible. La palabra eutanasia viene del griego eu, y significa bueno, y thanatos, significa muerte. Frente a la falta de una vida buena, tener un buen morir. I acabo aquesta intervenció parafrasejant Habeas Corpus, un grup de la meva adolescència que amb el seu hard punk ens va fer aferrar la vida i també a la dignitat d’aquesta, amb la seva cançó Enterrado en vida, que cridava que… Termino esta intervención parafraseando a Habeas Corpus, un grupo de mi adolescencia que con su hard punk nos hizo agarrarnos a la vida y a la dignidad de esta con su canción Enterrado en vida, que gritaba que … … tenemos derecho a morir dignamente si es mayor el miedo a la vida que a la muerte, y no hay moral que pueda oponerse a la razón, y no hay razón, no hay un dios, ni leyes, ni explicación, que me obligue a vivir esta lenta agonía, que me obligue a vivir enterrado en vida. Perquè no hi hagi ningú més que se li allargui l’agonia de viure enterrat en vida, per garantir una mort digna, votarem a favor d’aquesta proposició de llei. Para que a nadie más se le alargue la agonía de vivir enterrado en vida, para garantizar una muerte digna votaremos a favor de esta proposición de ley. .

María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señorías del Parlamento catalán. .

María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

Señorías, matar a una persona no revierte ninguna dignidad. Por eso no pueden ustedes venir aquí a hablarnos de muerte digna cuando de lo que estamos hablando es de matar personas. . Es durísimo tener que decir esto, pero es la verdad. La eutanasia es una intervención deliberada para poner fin a la vida de una persona sin perspectiva de cura, y eso no tiene dignidad alguna. Ustedes hicieron y apoyaron una ley de eutanasia terrible a la que nosotros nos opusimos con todos los argumentos posibles; una ley que no dio respuesta al reconocimiento de ningún derecho, porque ni es un derecho quitarse la vida ni es un derecho pedir a otros que te la quiten. Desde su entrada en vigor, muchas personas han muerto por culpa de esta ley, muchas personas han comprado el terrible servicio que ustedes les ofrecen. Lo han comprado por desesperación, porque sufrían, porque veían sufrir a sus familiares, porque ya no podían más y porque en lugar de ayudarles a afrontar esa desesperación, ese sufrimiento, en vez de darles lo que necesitaban o de complicarse la vida procurándoles alternativas, les ofrecieron ustedes lo más fácil, lo más rápido y ―lo que es peor― lo que menos coste suponía para el Estado. Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, desde la entrada en vigor de esta ley hasta el 31 de diciembre del año 2024, se han registrado un total de 2432 solicitudes. De las 173 que se solicitaron en el año 2021, hemos pasado a 929 en el año 2024. Supongo que para ustedes esto será un éxito; para nosotros es el peor de los fracasos. Del total de las solicitudes, 1123 acabaron con la muerte de sus solicitantes, 364 fueron rechazadas y ―lo que nunca cuenta nadie― 145, revocadas, lo que significa que, afortunadamente, hay personas que se arrepienten y que finalmente no pierden su vida a manos del Estado. Nos preguntamos cuántas más podrían arrepentirse con un poco más de ayuda. . Sin embargo, ustedes no deben estar muy contentos con los resultados y por eso ahora vienen a por más. Creían ustedes que con la intervención de diferentes profesionales sanitarios y con la posterior sentencia de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia quedaba asegurado que quien solicitaba el suicidio asistido lo recibiría sin problema. Pero resulta que todas las resoluciones de la comisión pueden ser objeto de recurso jurisdiccional y que existe la posibilidad de que el Ministerio Fiscal, o incluso personas legitimadas para ello, puedan impugnar judicialmente sus resoluciones. Resulta también que no contaron con el coraje de algunas familias que no están dispuestas a resignarse. La realidad, señorías, es que esta propuesta tiene un origen claro, que no es otro que el caso Noelia Castillo, un caso que ha dejado en evidencia la existencia de resquicios por los que pueden escaparse las víctimas de esta ley tan cruel que disfraza de derecho la renuncia del Estado, una terrible renuncia a luchar por los que más sufren. Con esta propuesta ustedes simplemente quieren evitar que un caso como el de Noelia vuelva a suceder. Mientras que nosotros lo que queremos evitar que suceda es que una niña, en la flor de la vida, sea primero arrancada de su familia, después violada en un centro de acogida y por último abandonada a su suerte tras un intento de suicidio. Eso es lo que nosotros queremos evitar que suceda. . Dudo que podamos siquiera imaginar el sufrimiento terrible que Noelia tuvo que vivir, pero precisamente por eso decía que deberíamos haber hecho todo lo posible por cuidarla, por sanarla y por devolverle las ganas de vivir. Pero no fue así, Noelia no recibió los tratamientos ni los cuidados que hubiera necesitado para paliar su sufrimiento y, por tanto, no estaba capacitada para decidir libremente sobre su muerte, como permitieron que hiciera. Ella, desgraciadamente, no tuvo otra salida, pero hizo algo muy importante antes de marcharse, tremendamente importante: su caso despertó conciencias contra esta ley y puso otra vez el debate de la eutanasia sobre la mesa. Eso es algo que ustedes no se podían permitir, porque ustedes quieren seguir utilizando la ley para quitarse este problema de encima lo antes posible, porque ustedes en lo que están es en abreviar procedimientos especiales, en acortar los tiempos, en que nadie se interponga en su camino para acabar con el sufrimiento de estas personas cuanto antes. Verdaderamente se le ponen a uno los pelos de punta. Y por eso quieren poner trabas a que los familiares de personas que hayan solicitado la eutanasia y obtenido un informe favorable puedan plantear un recurso contra esa resolución. Por eso quieren dificultar que un padre, una madre o un hijo desesperados consigan suspender cautelarmente las ejecuciones con la excusa de que con ello dilatan en el tiempo el padecimiento físico o psíquico constante e intolerable de las personas que han solicitado la eutanasia. Pero eso, señorías, no tiene sentido. No tiene sentido que pretendan obstaculizar la lucha de las familias por los suyos, en aras de eliminar un sufrimiento que ya han demostrado que no les importa, porque si les importara, traerían aquí soluciones para garantizar que ninguna persona en esas condiciones sufra hasta el extremo de querer desear la muerte. . Soluciones para garantizar los recursos materiales, médicos, psicológicos, de cuidados paliativos, de acompañamiento, de ayudas a las familias. Dicen que el fin de su propuesta es que no se prolongue de manera innecesaria e inhumana el sufrimiento, pero no actúan contra ese sufrimiento. Señorías, la solución al sufrimiento de una persona no puede ser la muerte y jamás apoyaremos una ley con este espíritu. Nosotros queremos a esas personas vivas, atendidas, acompañadas, tratadas médica y psicológicamente y con todos los recursos que necesiten a su alcance. Lo que deberíamos estar planteando hoy aquí es cómo ayudamos a las personas que quieren morir, cómo las convencemos para que no quieran morir, cómo las salvamos; no cómo hacemos para que mueran cuanto antes. ¿Acaso no es eso lo que hacemos con las personas que quieren suicidarse? ¿Qué diferencia hay entre un suicidio autoinfligido y un suicidio asistido? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué sentido tiene que luchen contra el suicidio y que estén a favor de la eutanasia? ¿Acaso no sufren las personas que quieren suicidarse y por eso se quitan la vida? ¿Deberíamos dejarlas hacerlo en aras del derecho a la libertad y a la autonomía de la voluntad? Las personas que se suicidan también quieren morir. Sin embargo, elaboramos planes contra el suicidio y destinamos recursos para evitarlo. Incluso hay un Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Insisto, ¿qué diferencia hay? Lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, cada vida es un tesoro que debemos salvar y tenemos la obligación de ofrecer una alternativa a la muerte, de conseguir que quienes desesperan quieran vivir hasta el último momento. Pongamos nuestro esfuerzo en eso y no en esto; aumentemos la inversión en salud mental, que todos sabemos que es absolutamente lamentable el estado en el que se encuentran los pacientes, abandonados a su suerte, y sus familias exactamente igual; aumentemos la inversión en cuidados paliativos, en dependencia. No cuenten con nosotros para otra cosa que no sea esto, porque frente a sus leyes de muerte nosotros queremos leyes de vida; frente a la realidad de los que quieren morir porque sufren, nosotros optamos por ofrecerles todo el apoyo y los recursos para que no se sientan solos, para que no sientan que son una carga o que nos estorban, para que no sientan dolor, para que se sientan arropados y comprendidos, porque sabemos a ciencia cierta que si tienen todo eso no querrán morir. Porque nadie quiere morir, porque lo que queremos es no sufrir, porque es el sufrimiento el que nos hace desear la muerte y porque la solución para acabar con el sufrimiento no es la muerte. Nosotros jamás juzgaremos a las personas que toman la decisión desde el sufrimiento y la desesperación, porque no son libres para tomar esa decisión. Pero a ustedes sí, a ustedes sí los juzgamos por empujar a la muerte a las personas que sufren, sin ofrecerles antes una oportunidad para dejar de sufrir. Muchas gracias. .

Carmen Andrés Añón PSC-PSOE

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Companys i companyes del Parlament, Associació pel Dret a Morir Dignament, señorías, el debate de hoy se produce en un contexto en el que las élites económicas y el fanatismo identitario se imponen en política y se imponen con acciones que desprecian y vulneran los derechos humanos. Con la ayuda de sus agitadores sociales, políticos, mediáticos, extienden la indiferencia moral ante el sufrimiento ajeno , siembran odio y hostilidad contra quienes no encajan en su idea de patria, de familia, de sociedad, en su idea de cómo debemos vivir o cómo debemos morir. Y les satisface humillar, lo acabamos de escuchar en la intervención de VOX y les puedo adelantar que lo escucharemos en el turno del Grupo Popular. Su moral lo justifica todo. En este contexto, como sociedad, lo mejor que podemos hacer para defender la democracia es ejercer los derechos y libertades que nos reconocen las leyes, y lo mejor que podemos hacer como legisladores es ampliarlos y garantizar su ejercicio, y debemos hacerlo sin sesgos morales porque por encima de los sesgos morales está la ética política y la dignidad humana, está ―en palabras del filósofo José Antonio Marina― el modelo ético que reconoce los derechos individuales, la resolución racional de los enfrentamientos, la no discriminación, la participación en el poder, las garantías procesales y las políticas de ayuda. Es el modelo de las sesenta y cuatro leyes aprobadas por la mayoría progresista de esta Cámara y es el modelo de la proposición que nos trae hoy el Parlament de Catalunya sin PP y sin VOX. Gràcies, Companys i companyes del Parlament. Gràcies, Associació pel Dret a Morir Dignament per l’impuls i la defensa de la dignitat i de la humanitat. . Señorías, el debate de hoy no es un debate sobre el derecho a la eutanasia. El derecho está ganado y reconocido por la ley de 2021, aprobada por la mayoría progresista de esta Cámara y avalada por el Tribunal Constitucional. El derecho es incuestionable. Tampoco es un debate sobre el interés legítimo de terceras personas. Hoy se trata de mejorar nuestras leyes para que ese posible interés legítimo no agrave más el sufrimiento de personas que, cumpliendo con los requisitos de la ley, han tomado de forma consciente, libre, razonada e informada una decisión sobre la dignidad que quieren para el final de su vida. Se trata de mejorar la protección de un derecho fundamental. No es, señorías, un debate sobre cuidados paliativos. Señorías del Grupo Popular y VOX, ustedes no tienen ninguna legitimidad para dar lecciones de cuidados paliativos. Aún resuena la frase de Ayuso: Se iban a morir igual. . Y abandonó en plena pandemia a personas mayores, frágiles, sin ningún cuidado, sin paliar su sufrimiento. ¿Quiénes serán los siguientes en abandonar, señorías del Grupo Popular, después de su pacto de prioridad nacional con VOX? ¿Aplicarán el criterio de sangre a los cuidados paliativos? ¿Abandonarán a quien no tenga padre y madre españoles? ¿Van a aplicar ustedes la estadística sanitaria que votaron junto con VOX en Valencia para diferenciar donantes de sangre nacionales e inmigrantes? Quienes aprobamos la ley de eutanasia lo hicimos con los valores de nuestra democracia, con el respeto a la libertad de conciencia y de creencia, con el reconocimiento de nuestra Constitución , con respeto a los derechos y libertades individuales, con ética política. Una ética política de la que carece el Grupo Popular, que jamás cambia, que jamás evoluciona, el que vota siempre en contra de los derechos y luego los disfruta. El Grupo Popular que votó en contra del derecho de matrimonio igualitario, pero cuyos miembros se casan; el Grupo Popular que votó en contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero lo practica; el Grupo Popular que votó en contra de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero se beneficia ; el que votó en contra de los permisos de paternidad y maternidad, pero los disfruta; el que votó en contra de la revalorización de pensiones, pero las cobra; el que votó en contra de la eutanasia, pero hoy tiene reconocido el derecho. Votan en contra no porque no quieran los derechos para sí mismos, sino porque no los quieren para los demás, porque cada derecho nos hace más iguales y la igualdad pone en peligro sus privilegios. Con la falta de ética del Grupo Popular, hoy no existirían todos esos derechos y hoy este debate no se produciría porque no tendríamos el derecho a la eutanasia. Señorías, nadie puede imponer el sufrimiento a otro. Es una obligación moral, es un deber ético y es, sobre todo, la base de la dignidad humana. Nuestro voto a favor ―el del Grupo Socialista― hoy es un paso más en las garantías de una vida digna y es también la dignidad de la función para la que hemos sido elegidos. El Grupo Socialista votará a favor. Muchas gracias. .

Antonio Román Jasanada PP

Señora presidenta, señorías, el Parlamento catalán trae hoy una proposición de ley que no es una mera reforma técnica de las disposiciones normativas procesales de la eutanasia, es una iniciativa que afecta directamente a las garantías jurídicas que rodean una decisión irreversible, la muerte provocada por una prestación sanitaria. Este debate exige rigor, serenidad, prudencia y sentido de la responsabilidad, todo lejano a lo que la portavoz del Grupo Socialista ha hecho en este Pleno, un discurso lleno de odio hacia las personas que piensan diferente. . Señorías, detrás de cada recurso hay una persona vulnerable, una familia afectada y una situación de sufrimiento físico y psicológico que merece atención y respeto. La ley de eutanasia fue presentada como una norma garantista. Quienes la promovieron insistieron en que existían suficientes controles y mecanismos de supervisión para asegurar que una decisión de tal trascendencia estuviera rodeada de todas las cautelas. Sin embargo, los que aprobaron aquella ley ahora consideran que las garantías son excesivas y deben reducirse. Esa es la primera contradicción de esta iniciativa. Si la ley era tan garantista como se afirmó, ¿por qué se pretende ahora debilitar alguno de sus mecanismos de control? ¿Por qué acelerar procedimientos judiciales precisamente cuando está en juego el bien jurídico más importante de todos, la vida humana? Nuestro grupo considera que cuando una decisión es irreversible, las garantías nunca sobran; lo que sobran son las listas de espera, lo que sobran son las dificultades para acceder a los cuidados paliativos, lo que sobran son las carencias en salud mental. Pero no sobran nunca las garantías cuando lo que está en juego es la vida humana. . Señorías, el Partido Popular ha mantenido siempre una posición coherente desde el inicio. La posición que ha defendido el Grupo Popular en Cataluña en el Parlamento catalán ha sido la misma que la que sostuve yo en el Senado durante los debates parlamentarios de la ley de eutanasia y la misma que se sostuvo aquí, en el Congreso de los Diputados. La respuesta frente al sufrimiento no puede consistir en eliminar a la persona que sufre. La verdadera obligación sanitaria, ética y moral consiste en aliviar el sufrimiento, que debe combatirse con la medicina, la atención psicológica, el acompañamiento social, el apoyo familiar y, para quien libremente lo desee, la dimensión espiritual. Hablan de muerte digna ―aquí lo han repetido en varias ocasiones―, pero la dignidad está en la vida, desde el principio hasta el fin. La dignidad no desaparece cuando aparece la enfermedad, la dignidad no desaparece cuando llega la dependencia, la dignidad no desaparece cuando una persona necesita ayuda, y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad y de fragilidad cuando más obligación tiene la sociedad de acompañar, cuidar y proteger. . Por eso, el Partido Popular defiende una ley integral de cuidados paliativos que garantice una atención homogénea en toda España y que asegure que ningún ciudadano tenga que enfrentarse al sufrimiento sin recibir todas las alternativas terapéuticas y asistenciales disponibles. Quiero recordar las palabras pronunciadas el pasado lunes en esta misma sede parlamentaria por su santidad León XIV. Cierto es que la portavoz de SUMAR ha mencionado que el papa habló del respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y se ha referido a ello diciendo que pertenecía a la esfera privada, a la esfera de las creencias. Pues no escuchó bien al papa, porque él dijo: La defensa de la vida humana no es una cuestión particular ni un interés confesional, es una meta de civilización. Y añadió que la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar a aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. Esta reflexión no es con el fin de arrojarnos las palabras del papa unos a otros, como tristemente he visto en la bancada azul o en el Grupo Socialista a lo largo de este Pleno (la señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!), sino porque su santidad nos interpeló a todos los legisladores, con independencia de nuestras creencias, que no deben quedar, portavoz de SUMAR, en la esfera privada. Una sociedad verdaderamente humana se mide por cómo trata a quienes más necesitan a los demás, a los más vulnerables o al enfermo que sufre. . Sí, señora Mínguez, al enfermo que sufre hasta límites extremos. . Señorías, no quiero que el caso de Noelia Castillo sea el único eje de este debate, pero no podemos ignorarlo. La historia de una persona joven que se ve afectada por graves problemas de salud y solicita la eutanasia, después de una trayectoria vital marcada por el sufrimiento físico, psicológico y social, no debe presentarse como un éxito del sistema ni de la ley, sino como una historia profundamente dolorosa y como un fracaso colectivo. . Es un fracaso de las instituciones, de los sistemas de apoyo, de los recursos asistenciales, también de quienes tienen responsabilidades legislativas y aprobaron esta ley y de aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas en el ámbito territorial y no dieron cobijo al sufrimiento de Noelia desde que fue internada en un centro tutelado hasta que tristemente optó por la eutanasia. . Señorías, durante la tramitación de la ley de eutanasia advertimos de la insuficiente presencia de especialistas en salud mental en determinados procesos de valoración; advertimos de la dificultad de evaluar adecuadamente situaciones complejas de sufrimiento psicológico; advertimos y seguimos advirtiendo actualmente del riesgo de expansión progresiva de los supuestos inicialmente previstos y del peligro de una pendiente resbaladiza que pudiera conducir desde enfermedades terminales hasta supuestos cada vez más amplios de enfermedad crónica o sufrimiento persistente. Hoy, esas advertencias se ven tristemente ratificadas. La madre de Noelia, tras acompañar hasta el final a su hija, ha pedido públicamente la derogación de la ley y ha reclamado más recursos para la salud mental, más apoyos y alternativas para las personas vulnerables. Podremos compartir o no estas conclusiones de la madre de Noelia, pero sería un error no escuchar el mensaje de fondo que nos traslada: acompañar más, cuidar más y ofrecer más alternativas. Precisamente por eso ―y termino, señora presidenta― resulta especialmente preocupante que la única respuesta legislativa que hoy se nos propone en este Parlamento vaya en la dirección contraria, la de reducir garantías en lugar de reforzar el apoyo a las personas vulnerables. Esta proposición de ley considera que los recursos judiciales constituyen un obstáculo. Nosotros creemos que constituyen una garantía. Considera que el control jurisdiccional retrasa indebidamente el procedimiento. Nosotros creemos que puede proteger derechos fundamentales. Considera que debe facilitarse la ejecución de una decisión irreversible. Nosotros creemos que, precisamente por ser irreversible, debe extremarse la prudencia. Señorías, cuando existe la posibilidad de corregir un error, las garantías son importantes, pero cuando no existe ninguna posibilidad de corregirlo, las garantías son imprescindibles, y la eutanasia se encuentra en esta segunda categoría. Por todo ello, votaremos en contra. Lo hacemos con respeto a quienes piensan de forma diferente y sin cuestionar el sufrimiento de nadie. Lo hacemos desde la convicción de que una sociedad más humana no es aquella que facilita más rápidamente la muerte, sino aquella que protege la vida hasta el final, que acompaña mejor la vida, que protege al vulnerable y que refuerza las garantías precisamente cuando más necesarias son. Cuando está en juego una vida humana, la prudencia legislativa, jurídica, médica y ética no es un obstáculo, sino una obligación. Muchas gracias. .