Pleno del Congreso n.º 186 · XV legislatura

Fernando De Rosa Torner PP

Gracias, señora presidenta. Señorías, dentro del plan de regeneración que abandera el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el Grupo Popular presenta la presente proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se añade un nuevo párrafo 3 bis al apartado 1 del artículo 560 con el objetivo de que sea el Consejo General del Poder Judicial quien seleccione a los candidatos nacionales para formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros órganos jurídicos internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. En esta iniciativa se plantea que en un plazo de tres meses el Consejo General del Poder Judicial deba aprobar un procedimiento para garantizar que las designaciones referidas se formalicen siguiendo los criterios de transparencia, publicidad, mérito y capacidad. El registro de esta reforma de la ley orgánica llega después de que el Gobierno esté incumpliendo las líneas maestras del Consejo de Europa para la selección de candidatos a juez, aprobadas en el propio pleno de la asamblea del pasado abril. Unas líneas que indican que el órgano encargado de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada. Mientras, en el caso español, debido al real decreto aprobado en 2020 por el Ejecutivo de Sánchez, este organismo concede el monopolio al Ejecutivo, con miembros elegidos directamente por la Moncloa y que forman parte del Gobierno de España, lo cual es un gran escándalo. Este procedimiento no respeta las líneas maestras del Consejo de Europa, sigue la dirección contraria de lo previsto y las modificaciones que están ya realizando el resto de países de la Unión Europea. Señorías, debemos ser coherentes con Europa y reforzar las garantías de independencia del Poder Judicial. . Este es el mandato del Consejo de Europa. ¿Qué objetivo tiene no hacerlo y que el Gobierno controle esta selección? Evidentemente, el objetivo es que el Poder Ejecutivo interfiera en la selección de jueces, siguiendo, sin duda, con esa obsesión de controlar la justicia que tiene el Gobierno de España. Ya hemos visto las prisas del Gobierno para llevar a cabo el nombramiento del nuevo juez español. Un nombramiento que ha incumplido ya los requisitos porque se ha determinado que el comité de selección lo conformarán cuatro miembros del propio Gobierno. Esta irregularidad ha provocado que se haya presentado ya ante el Tribunal Supremo un recurso para paralizar este proceso, denunciando la falta de garantías por parte de los candidatos. En particular, los recurrentes aluden a la decisión del propio Consejo de Europa cuando habla de la necesidad de ternas objetivas para el puesto del Tribunal Europeo. Todo este proceso coincide en el tiempo con el mandato del Consejo de Europa que, reitero, ha sido incumplido por el Gobierno de España. Tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea han ido incrementando los requisitos de transparencia, publicidad e independencia a la hora de designar candidatos nacionales para estos organismos jurisdiccionales, estableciendo unos estándares aplicables a todos los miembros de la Unión Europea que España se empeña en incumplir. Así pues, en el propio Comité de Ministros del Consejo de Europa, en su acuerdo IV.1, indica que el órgano encargado de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada y, evidentemente, debe otorgar el principio de respeto y confianza, lo cual no cumple este proceso iniciado por el ministro Bolaños. Con la propuesta del Gobierno español existe el riesgo de que tumben la terna, como ha pasado con otros países, lo cual va a suponer un daño reputacional tremendo para España. . Señorías, ya en octubre de 2025 el Grupo Popular registró una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, defendiendo que los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces. Eso es lo que proponemos en el Partido Popular y, sin duda, cuando lleguemos al Gobierno lo cumpliremos. . La historia está llena de ejemplos de democracias que fracasaron porque consintieron que se degradasen las instituciones. En esta legislatura hemos visto cómo el Poder Ejecutivo ha intentado por todos los medios destruir la independencia del Poder Judicial. La Constitución de 1978 quiso un poder judicial independiente, y hasta que llegó el sanchismo a esta Cámara, hemos visto que se iba protegiendo al Poder Judicial. Hoy en día existe un déficit de esa idea de ayuda y de trabajo para evitar ese asalto al Poder Judicial. El órgano del Consejo General del Poder Judicial es atacado directamente por el Gobierno. No podemos olvidar cómo el ministro Bolaños ha presionado a la presidenta del Tribunal Supremo, doña Isabel Perelló, con un envío indigno de cartas con clara connotación machista, conteniendo reproches, advertencias e indicaciones sobre cómo debe actuar el Consejo General del Poder Judicial y cómo debe sancionar a los jueces. Nunca se había visto un mayor atrevimiento por parte del Gobierno de España. . Es indecente que el ministro Óscar López diga que los jueces prevarican, que el ministro Óscar Puente insulte de forma reiterada al juez Peinado, al juez Calama, a la juez Biedma o al juez Pedraz. Sin duda, la izquierda de esta Cámara habrá puesto su barba a remojar tras la sentencia que condena a la señora Belarra a indemnizar con 9000 euros al magistrado, excelente magistrado, García-Castellón. ¡A pagar 9000 euros de indemnización! . Es indecente que el Gobierno hable de lawfare y que, en cambio, cuando el ministro Bolaños aparece aquí en la sesión de control, no se atreva a decirlo y hable del Estado de derecho. Pura cobardía del ministro Bolaños. . El ministro Bolaños es responsable directo de la cloaca de la justicia porque es el que ha creado el caldo de cultivo necesario para el ataque al Poder Judicial. Por cierto, ¿qué hacía Leire Díez con el borrador de una ley del Ministerio de Justicia que no tenían los diputados de esta Cámara? ¿Ahora Leire Díez es un órgano consultivo del Ministerio de Justicia? ¡Qué curiosidad! ¡Qué curioso! . Esta indecencia pone de manifiesto que Bolaños es responsable por acción y por omisión de los ataques que se están realizando a la justicia. Señorías, ahora que ustedes ya han perdido el referente ético del presidente Zapatero, ahogado en ese cúmulo de joyas parecido a la herencia de los zares de Rusia; o que también han perdido el referente ético del exfiscal general del Estado, al cual ustedes se dedican a darle premios cuando hemos visto cómo realizaba y tramitaba denuncias contra la juez Biedma diciendo que pertenecía a un grupo criminal ―¡la juez Biedma!― solamente porque estaba investigando al hermano del presidente del Gobierno; ahora que hemos conocido la existencia de un documento encontrado en los dispositivos que estaban ocultos en Ferraz, en esos sótanos del Partido Socialista, que contenía operaciones diseñadas para destruir a jueces, fiscales, Guardia Civil y Policía; ahora que están ustedes en este ámbito, deberían escuchar un poco más y tener como referente ético a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, doña Isabel Perelló, que les ha dicho en nueve ocasiones cómo se tiene que defender el Estado de derecho y que quiten sus manos de la justicia en España. . Señorías, la regeneración democrática se establecerá cuando llegue el Partido Popular al Gobierno de España porque vamos a proteger la democracia, la independencia de la justicia, la despolitización de la Fiscalía, la separación de poderes, el fortalecimiento institucional; en definitiva, la calidad democrática de la que ustedes ya han perdido cualquier referencia. Señores socialistas, hoy en día, lo revolucionario es defender la independencia del Poder Judicial, la calidad democrática, la regeneración de las instituciones, la transparencia, la libertad e igualdad , y, sobre todo, que todos somos iguales ante la ley. . Da igual que seamos mujer o hermano del presidente, iguales ante la ley . . Cuando pasen ustedes por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, recuérdenlo: todos somos iguales ante la ley. . Señorías del Grupo Socialista y del resto de los grupos que apoyan al Gobierno, estoy convencido de que apoyarán esta iniciativa porque, de lo contrario, estarán acreditando que su alternativa son las cloacas, donde ustedes se mueven muy bien , porque su alternativa son las tramas criminales para destruir a jueces, fiscales, a la UCO o a la UDEF, como pone de manifiesto el auto del juez Pedraz. Lean detenidamente el auto del juez Pedraz, las cloacas del Partido Socialista. Por eso, presentamos la iniciativa, para devolver la regeneración y la decencia a la política española. Muchísimas gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Gracias, presidenta. Gracias, señorías. ¡Ay! , que no sé ni por dónde empezar, la verdad. . ¡Oooh!, qué pena, ¿no? Es que ¡vaya discursito!, es para que se lo hagan mirar. . ¡Cuánta falsedad! . ¡Cuánta falsedad, cuánto cinismo y cuánta hipocresía, señorías del Grupo Popular! Yo me pregunto: ¿de verdad eso les sale solo así? ¿Les sale de manera natural o tienen que ensayarlo muchas veces?, porque es tremendo. . Están ustedes pidiendo al resto de los grupos que votemos a favor de esta iniciativa. Con sus cloacas del Ministerio del Interior, con sus informes policiales falsos que casi meten a mis compañeros en la cárcel, ¿ustedes de verdad creen que en Podemos les vamos a creer algo y que vamos a votar a favor? Pues no, vamos a votar en contra, evidentemente. . Y no porque no creamos en la necesidad de garantizar los mejores perfiles para representar a nuestro país en las instituciones más altas a nivel europeo ni tampoco porque no defendamos la independencia judicial, sino porque esta proposición avanza, como siempre, en una dirección absolutamente equivocada, que es otorgar más poder y más competencia a un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, que adolece de un grave problema de legitimación democrática y cuya composición sigue reflejando todavía una concepción absolutamente conservadora y corporativa de la justicia. Además, resulta especialmente llamativo que esta propuesta venga precisamente del Grupo Popular. Ustedes, señorías, llevan décadas hablando aquí de la independencia judicial y, sin embargo, lo que han hecho durante todo este tiempo es defender su capacidad para influir en determinadas estructuras del Poder Judicial. La historia reciente de nuestro país está llena de ejemplos y se los voy a dar. El Partido Popular es el partido de los mensajes de Cosidó presumiendo de controlar la Sala segunda del Tribunal Supremo por detrás. Es el partido que bloqueó durante años la renovación de los órganos constitucionales para conservar cuotas de poder que las urnas no le otorgaban. Es el partido que considera que las instituciones del Estado son su cortijo, su propiedad privada y que deben permanecer bajo el control de los suyos. Y es el partido que más se ha beneficiado históricamente de esa determinada estructura institucional heredada del franquismo y también de la transición, que ha permitido que sectores muy conservadores de la judicatura mantuvieran un poder y una influencia política enormes. Por eso, cuando ustedes hablan de independencia judicial, recordamos la hemeroteca y nos da la risa. Bueno, es una forma de hablar, porque risa no da absolutamente ninguna; da absoluto pavor, porque, mientras que daban lecciones de separación de poderes, toda España conocía las conversaciones de sus dirigentes del Partido Popular en las que presumían ―como he dicho― de controlar tribunales. Mientras ustedes hablaban de neutralidad institucional, utilizaban el bloqueo institucional como una herramienta política. Mientras ustedes exigían respeto a la justicia, aparecían una y otra vez vinculados a algunos de los mayores casos de corrupción de nuestra democracia. Señorías del Grupo Popular, justamente, por eso que les estoy contando, nació Podemos, para denunciar lo que hoy es una evidencia absolutamente para millones de personas, que existe una alianza entre determinadas élites políticas, económicas, mediáticas y también judiciales para proteger privilegios y condicionar la vida democrática de todo este país. Las cloacas del Estado, las operaciones contra adversarios políticos, los montajes policiales no han sido una invención. Y tampoco fue un invento las campañas de persecución mediática basadas en informes falsos. Todo esto ha ocurrido, por desgracia, mientras gobernaba el Partido Popular o bajo las estructuras de poder construidas durante décadas también por el bipartidismo. Y la pregunta es muy sencilla: ¿Quién elige al Consejo General del Poder Judicial? ¿Ante quién responde políticamente? ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas tiene? La respuesta es muy clara y evidente: muy muy muy pocos mecanismos. Por eso, nosotras no vamos a respaldar una reforma que lo que hace es profundizar en esa lógica corporativa sin ningún tipo de control democrático efectivo, que es lo que a ustedes les gusta, que no haya controles democráticos para poder seguir haciendo lo que llevan haciendo años y años. ¿Justicia independiente? Por supuesto que sí, pero independiente de ustedes, de los Gobiernos, de las corporaciones y también de los grupos de presión internos de la propia judicatura. Porque no se trata de reforzar el poder de instituciones que ya están sufriendo un importante déficit democrático y también de legitimidad, por qué no decirlo, se trata de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad, cosa que hoy no está pasando. Y no se trata de dar, como ustedes pretenden, más capacidad a las élites para repartirse los espacios de poder. Por eso, evidentemente, vamos a rechazar esta iniciativa infame y, como dije antes, cínica, hipócrita y farsante. Su modelo solo ha contribuido a erosionar la confianza de la ciudadanía en la justicia. Por eso, les voy a preguntar una cosa: ¿No les da vergüenza y no se hacen responsables de que, por su culpa, la ciudadanía desconfíe de la justicia? Porque, a mí, me daría auténtica vergüenza. ¿Y cómo van a confiar los ciudadanos y las ciudadanas en la justicia con lo que ustedes han hecho? Llevan años viendo cómo determinados tribunales han sido una extensión de su estrategia política. La democracia no va a trasladar el poder desde las instituciones representativas hacia órganos cada vez más alejados de la ciudadanía, sino de garantizar que todos, absolutamente todos los poderes del Estado estén sometidos a controles, a transparencia, al principio de soberanía popular. A ustedes no les gusta la soberanía popular, por eso traen esta iniciativa. Termino. Por coherencia con nuestra trayectoria política, con nuestro discurso, con la defensa de una justicia verdaderamente democrática, por fin, por el rechazo absoluto a las propuestas del Partido Popular, que siempre fortalecen un órgano sin legitimación democrática directa, votaremos en contra. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on guztioi. Señorías, como conocen, el procedimiento de selección de candidatos a proponer por España en la designación de jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, ambos de la Unión, y de jueces titulares y ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de representantes del Estado en el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y en el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos se realiza según el procedimiento establecido hace ahora ya casi seis años en el Real Decreto 972/2020, tras la experiencia acumulada previamente por la aplicación de dos acuerdos del Consejo de Ministros de 2015 y 2017 con objeto similar. Ahora, señorías, el Grupo Popular nos propone sustituir el procedimiento establecido en el citado Real Decreto 972/2020 por otro que se incardine en la órbita del Consejo General del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el entendimiento ―se nos dice― de que ese real decreto no respeta las líneas maestras de la normativa y criterios europeos establecidos para que los Estados hagan sus propuestas a miembros de esos tribunales de la Unión o del Consejo de Europa. Por nuestra parte, señorías, queremos señalar que no daremos apoyo a esta iniciativa, ya que no compartimos ni la valoración de totalidad negativa que se hace del Decreto 972/2020 ni la alternativa del Consejo General del Poder Judicial que se propone. Por lo que hace a la primera cuestión, la valoración negativa del Decreto 972/2020, por la interferencia que se dice tiene el Poder Ejecutivo sobre el Judicial, al estar el Comité de Selección de los Candidatos integrado por dos secretarios de Estado, una subsecretaría, un miembro de la carrera judicial designado por el Consejo General del Poder Judicial y un jurista de reconocido prestigio, preferentemente de entre quienes hayan sido anteriormente miembros de los tribunales europeos por los que se vayan a proponer personas candidatas, quiero señalar, respecto a esta objeción del Grupo Popular, que la materia regulada en el Decreto 972/2020 no es relativa al Poder Judicial, sino a la acción exterior del Estado y se enmarca dentro de la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que en su artículo 18 dispone que la acción exterior del Estado, en materia de justicia, se orientará a promover la cooperación jurídica internacional, singularmente en el ámbito judicial, y a promover la formación y fortalecimiento de la posición española ante instituciones internacionales y de la Unión, en el ámbito de la justicia y de las libertades públicas. Y este, precisamente, fue también ―y tengo que recordarlo― el entendimiento de los autores de esta ley, de la Ley 2/2014, que fue el Partido Popular cuando era presidente el señor Rajoy y ministro de Exteriores el señor Margallo. Señorías, también esta cuestión ha sido contextualizada como acción exterior del Estado y no como Poder Judicial por el Consejo de Estado, en su dictamen 586/2020 sobre el proyecto de decreto 972/2020 y, por ello, tiene su valoración general; valoración general positiva también, señorías del Grupo Popular, que sostuvo el Consejo General del Poder Judicial en su informe de 30 de septiembre de 2020, y valoración positiva del proyecto de decreto que también sostuvo el informe del Consejo Fiscal el 9 de octubre de ese mismo año, durante la tramitación del proyecto de real decreto que hoy pretenden sustituir. Valoración positiva tanto del Consejo de Estado, como del Consejo General del Poder Judicial, como del Consejo Fiscal y no solo desde una perspectiva constitucional interna, sino también a la luz del marco de referencia europeo sobre la regulación de la designación de jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión y también de los jueces titulares y jueces ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la vista de los artículos que se citan en todos los informes, tanto del Consejo de Estado, como del Consejo General del Poder Judicial, como del Consejo Fiscal, los artículos 253 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión y de los criterios del Comité del artículo 255 de ese mismo Tratado de Funcionamiento. También se tuvo a la vista, en el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los informes del panel consultivo de expertos del Consejo de Europa y los criterios de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En definitiva, señorías, no consideramos, como ustedes señalan, que el Decreto 972/2020 no respeta ni el derecho de la Unión ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en un entendimiento de este marco europeo que, como ya les decía, no compartía, lógicamente, ni el Partido Popular, en su momento, que es el que propuso la Ley 2/2014, ni el Consejo de Estado, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Consejo Fiscal. Cosa distinta y opinable, señorías, desde un punto de vista de política legislativa, sería considerar que el comité de selección del Real Decreto 972/2020 debiera tener otra composición y que se asemeje algo más a la del comité del artículo 255 del tratado de funcionamiento o a lo sugerido por la Asamblea del Consejo de Europa en las líneas maestras sobre el procedimiento de selección de candidatos al puesto de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero de ahí a considerar que el Real Decreto 972/2020 no respeta la normativa europea hay un abismo insalvable que solo transita el Partido Popular, llegando a proponer como alternativa sanadora, y paso a la segunda cuestión, que esas funciones del comité de selección sean asumidas por el Consejo General del Poder Judicial, propuesta que, como les adelantaba, tampoco compartimos por la misma naturaleza de la materia regulada. Como les decía, esta se enmarca en la acción exterior del Estado y no propiamente en la referida al Gobierno del Poder Judicial, tal y como lo entiende el artículo 122 de la Constitución. Es decir: estatuto, régimen de incompatibilidades de sus miembros y funciones, nombramientos, ascenso, inspección y régimen disciplinario de los jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado español. Por si cupiera alguna duda sobre lo señalado, el Tribunal de Justicia de la Unión, en una reciente resolución emitida sobre el caso Valančius, a cuenta de órganos jurisdiccionales de la Unión, recuerda que, una vez nombrado un candidato propuesto por un Estado miembro, ese candidato se convierte en juez de la Unión o del Consejo de Europa y no representa ni al Estado que lo ha propuesto ni mucho menos a su Poder Judicial. En definitiva, señorías ―y voy finalizando, presidenta―, tal como hemos expuesto, ni por la valoración de totalidad negativa que la iniciativa proyecta sobre el Real Decreto 972/2020 ni por la alternativa de Consejo General de Poder Judicial que se propone podemos votar favorablemente la toma en consideración de la propuesta de modificación del área orgánica del Poder Judicial que presenta al Pleno el Grupo Popular. Nada más y muchas gracias.

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Senyora presidenta, senyories, molt bona tarda. La proposició de llei del Partit Popular és tot un cant a la integració judicial al Consell d’Europa i a la Unió Europea, al compromís del Regne d’Espanya amb el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Perfecte. Ens sembla magnífic. Ens sembla molt bé, però caldrà veure fins on arriba aquesta retòrica. En pocs dies, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el 16 de juliol, farà pública la seva sentència sobre la llei d’amnistia i si es confirmen les conclusions de l’advocat general i declara que l’amnistia és una llei europea conforme al dret de la Unió i que no queda marge per no aplicar-la al president Puigdemont, a Toni Comín i Lluís Puig, veurem si la fe europeista del Partit Popular pesa més que aquella famosa frase de l’expresident Aznar, «el que puede hacer, que haga». Ho veurem. Veurem també què diu la senyora Montserrat. Veurem què diu el senyor Adrián Vázquez. Veurem què diu el senyor Urraca i el lobby jurídic del PP a Europa i veurem què diuen els senyors Marchena i Llarena i la resta de jutges de la toga nostra que el PP controla por la puerta de atrás. Tornant a la iniciativa, el PP proposa acabar amb el monopoli i el control del Govern espanyol en els nomenaments de jutges pels tribunals europeus i internacionals i que passin a ser competència aquests nomenaments del Consell General del Poder Judicial. Bé, les objeccions tècniques les acaba de fer el diputat que m’ha precedit, però en qualsevol cas hi ha una qüestió que no m’acaba de quadrar. Se suposa que la idea és despolititzar aquests nomenaments i adequar-los a les exigències del Consell d’Europa i a la normativa internacional i, per tant, transparència, publicitat, mèrit, capacitat… És a dir, unes regles de procediment que permetin assegurar la imparcialitat i la independència dels jutges designats. Tot això està molt bé, però resulta que si hi ha un òrgan polititzat per definició, aquest és precisament el Consell General del Poder Judicial. Si hi ha un òrgan la composició del qual, sense cap mena de dubte, és el resultat d’un repartiment clientelar entre partits, concretament entre els dos protagonistes del bipartidisme espanyol, el PP i el PSOE, si hi ha un òrgan on la condició de membre s’adquireix per fidelitat política i no per mèrit, capacitat i trajectòria professional, si hi ha un òrgan en què els seus membres segueixen consignes perquè si no perden la cadira i els privilegis que aquesta cadira porta aparellada, si hi ha un òrgan polititzat i disfuncional fins a la medul·la, aquest òrgan és precisament el Consell General del Poder Judicial, un òrgan que fa efectiu el control polític del poder judicial, exactament al contrari del que la Constitució li encomana, que és garantir la independència i la imparcialitat del poder judicial; un òrgan la composició actual Del qual la van pactar en un quarto fosc els senyors Bolaños y González Pons el 2024. Vostès creuen que un òrgan així escollirà els jutges internacionals i europeus per un procediment transparent, imparcial i meritocràtic? Això no s’ho creu ningú. Un òrgan format per quotes partidistes, la principal funció del qual és nomenar jutges d’acord amb quotes partidistes, és que no serà d’altra manera. El què farà aquest òrgan és nomenar jutges internacionals per quotes partidistes. A l’Estat espanyol la imparcialitat i la independència judicial són un animal mitològic, són pura ficció. I els partits del bipartidisme, PP i PSOE, són els que mantenen aquesta ficció, fins i tot davant de les institucions europees i fins i tot, algunes vegades aconsegueixen enganyar les aquestes autoritats. I sabem de què parlem, perquè el disseny de la justícia espanyola, inclòs el seu òrgan de govern, ha permès criminalitzar l’independentisme a través de criminalitzar l’exercici dels drets polítics més bàsics, com votar en un referèndum, manifestar-se o exercir la representació que t’han donat les urnes. La justícia espanyola no garanteix els drets fonamentals de les minories polítiques. Ben al contrari, persegueix a les minories polítiques i per això hem hagut d’anar a Europa i als tribunals internacionals a buscar la justícia que l’Estat s’ha negat a donar-nos. I què ens hi hem trobat? Doncs, jutges internacionals espanyols que sistemàticament han intentat traslladar a la justícia internacional la putrefacció judicial espanyola. Ho hem vist al Tribunal Europeu de Drets Humans, on la senyora Maria Elósegui s’ha encarregat amb èxit de que el relat de Llarena hagi colonitzat Estrasburg. Però l’ús partidista dels tribunals i de la fiscalia no és patrimoni del Partit Popular, ni molt menys. El PSOE fa exactament: el mateix utilitzar els tribunals i els fiscals i els fiscals per protegir els amics i familiars i perseguir els enemics, siguin independentistes o siguin de la ideologia que siguin. I, per això, cal ocupar els llocs clau. Alguns exemples, Ignacio de Lucas a la Fiscalia Europea; el jutge d’enllaç José de la Mata, a Eurojust; el fiscal Ángel Bodoque, també a Eurojust. Aquests i molts altres impulsats a càrrecs internacionals per la Fundació FIAP, també també, per cert, sota la lupa del jutge Pedraz. Una autèntica màquina, aquesta Fundació FIAP, de comprar lleialtats per la via de completar sous i impulsar carreres professionals. Acabo fent una referència a un tribunal que queda una mica més a la vora, el Tribunal Constitucional. Algú es pensa que el Tribunal Constitucional no ha gestionat els tempos en interès polític del PSOE? Que els retards en l’aplicació de l’amnistia no són part d’una estratègia política? Algú realment és capaç de pensar això? El Tribunal Constitucional no ha aplicat l’amnistia i no ha aixecat ja l’ordre de detenció del president Puigdemont, perquè al senyor Pedro Sánchez no li ha interessat. Per què es pensen que el fiscal davant d’aquest òrgan, el senyor Pedro Crespo, ha acabat d’ascendir, per cert, a fiscal de Sala per la senyora Peremato, s’ha oposat en contra de tota garantia constitucional a aixecar cautelarment les ordres de detenció al president Puigdemont i als consellers a l’exili, havent-hi una llei d’amnistia aprovada i vigent? Per què es pensen que el Tribunal Constitucional, en lloc de donar l’empara immediata al president Puigdemont, que és el que hauria d’haver fet fa mesos, està forçant primer a esperar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, segon, a que passi l’estiu per dictar sentència i per, finalment, passar el mort al Tribunal Suprem? Per què ho està fent això al Tribunal Constitucional? Acabo. Són de coneixement públic les reunions del senyor Conde-Pumpido amb el senyor Zapatero a l’Hotel Santo Mauro, els informes de la UCO en el cas Leire també s’hi refereixen, a part que la notícia va ser publicada fa molts mesos. Jo em pregunto. Jo crec que tothom aquí s’ha de preguntar: De què deuen haver estat parlant el negociador i factòtum de l’actual legislatura socialista, el senyor Zapatero, i el president del Tribunal Constitucional, el senyor Conde-Pumpido, a l’Hotel Santo Mauro en aquestes reunions que han celebrat? De què devien estar parlant? No cal ser gaire llest per pensar que tenia alguna cosa a veure amb el retorn del president Puigdemont. Moltes gràcies. Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes. La proposición de ley del Grupo Popular es todo un canto a la integración judicial en el Consejo de Europa y en la Unión Europea, al compromiso del Reino de España con el Tribunal de Derechos Humanos Europeo y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Perfecto, nos parece magnífico, nos parece muy bien, pero hay que ver hasta dónde llega esta retórica. En pocos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 16 de julio, hará pública su sentencia sobre la ley de amnistía y, si se confirman las conclusiones del abogado general, queda claro que la amnistía es una ley europea conforme al derecho de la Unión y que no queda margen para no aplicarla al presidente Puigdemont, a Toni Comín y a Lluís Puig. Veremos si el celo europeísta del Partido Popular pesa más que aquella famosa frase de Aznar: quien puede hacer, que haga. Lo veremos. Veremos también lo que dirá la señora Montserrat, lo que dirá el señor Adrián Vázquez y lo que diga el señor Urraca y el lobby jurídico del PP en Europa. Y veremos lo que dirán los señores Marchena y Llarena y el resto de los jueces de la tabla nuestra que el PP controla por la puerta de atrás. Volviendo a la iniciativa, el Grupo Popular propone acabar con el monopolio y el control del Gobierno español en el nombramiento de jueces en instancias internacionales y también en el Consejo General del Poder Judicial. Las disquisiciones técnicas las ha hecho el diputado que me ha precedido, pero, en cualquier caso, hay una cuestión que no me termina de cuadrar. Se supone que la idea es despolitizar esos nombramientos y adecuarlos a las exigencias del Consejo de Europa y a la normativa internacional y, por tanto, transparencia, publicidad, mérito, capacidad. Es decir, unas reglas de procedimiento que garanticen la imparcialidad y la independencia de los jueces designados. Todo eso está muy bien, pero resulta que si hay un órgano politizado por definición ese es precisamente el Consejo General del Poder Judicial. Si hay un órgano cuya composición, sin ninguna duda, es el resultado de un reparto clientelar entre partidos, concretamente entre los dos protagonistas del bipartidismo español, PP y PSOE, si hay un órgano donde la condición de miembros se adquiere por afinidad política y no por mérito, capacidad y trayectoria profesional, si hay un órgano en el que sus miembros siguen consignas porque si no pierden su puesto y sus privilegios que aporta ese puesto, si hay un órgano politizado hasta la médula es precisamente el Consejo General del Poder Judicial, un órgano que hace efectivo el control político en el Poder Judicial, exactamente lo contrario de lo que la Constitución le encomienda: garantizar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. Un órgano cuya composición actual la pactaron en un cuarto oscuro los señores González Pons y Bolaños en 2024. ¿Ustedes creen que un órgano así escogerá a los jueces internacionales y europeos por un procedimiento transparente, imparcial y meritocrático? Eso no se lo cree nadie. Un órgano formado por cuotas partidistas la principal función que tiene es nombrar a jueces de acuerdo con cuotas partidistas. Y lo que hará, pues no puede ser de otra manera, será nombrar a jueces internacionales por cuotas partidistas. En el Estado español, la imparcialidad y la independencia judicial son un animal mitológico, son pura ficción, y los partidos del bipartidismo, PP y PSOE, son los que mantienen esa ficción, incluso ante las instituciones europeas. E incluso a veces lo consiguen, consiguen engañar a esas autoridades. Y sabemos de lo que hablamos porque, en su órgano de Gobierno, el tribunal de justicia español ha permitido penalizar al independentismo, criminalizar al independentismo penalizando un referéndum, manifestarse o la puesta de urnas. La justicia española no garantiza los derechos fundamentales de las minorías políticas; más bien al contrario, las persigue. Y por eso hemos ido a Europa y a los tribunales institucionales a buscar la justicia que en el Estado español no nos han dado. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues jueces internacionales españoles que sistemáticamente han intentado trasladar a la justicia internacional la putrefacción judicial española. Lo hemos visto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la señora María Elósegui, que con éxito se ha encargado de que el relato de Llarena haya calado en Estrasburgo. Pero el uso partidista de los tribunales y de la fiscalía no es patrimonio exclusivo del Partido Popular, ni mucho menos. El PSOE hace exactamente lo mismo: utiliza a los tribunales y a los fiscales para proteger a los amigos y familiares y perseguir a los enemigos, sean independentistas o sean de la ideología que sea, y por eso hay que ocupar los puestos clave. Algunos ejemplos: Ignacio de Lucas en la Fiscalía Europea, el juez de enlace José de la Mata en Eurojust o el fiscal Ángel Bodoque, también en Eurojust. Estos y muchos otros impulsados a cargos internacionales también bajo la lupa del juez Pedraz. Una auténtica máquina esta fundación FIAP, que compra lealtades mediante sueldos, impulso de carreras profesionales, etcétera. Acabo haciendo referencia a un tribunal más cercano: el Constitucional. ¿Alguien piensa que el Tribunal Constitucional no ha gestionado los tiempos en interés político del PSOE? ¿Que los retrasos en la aplicación de la amnistía no son parte de una estrategia política? ¿Alguien realmente puede pensar eso? El Tribunal Constitucional no ha aplicado la amnistía y no ha levantado ya la orden de detención de Puigdemont porque al señor Pedro Sánchez no le ha interesado. ¿Por qué piensan que el fiscal ante este órgano, Pedro Crespo, se ha opuesto, en contra de toda garantía constitucional, a levantar las órdenes de detención contra el presidente Puigdemont y los consellers en el exilio ante una ley de amnistía vigente? ¿Por qué piensan que el Tribunal Constitucional está forzando a esperar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para Puigdemont? A que pasen los días para dictar sentencia y, finalmente, pasar el muerto al Tribunal Supremo. ¿Por qué está haciendo eso el Tribunal Constitucional? Acabo. Son de conocimiento público las reuniones del señor Pumpido y del señor Zapatero en el Hotel Santo Mauro. Los informes de la UCO, en el caso Leire, también se refieren a ello, aparte de que la noticia se publicó hace muchos meses. Yo me pregunto, y creo que todo el mundo se lo tiene que preguntar aquí: ¿de qué debían estar hablando el negociador y factótum de la actual legislatura socialista, el señor Zapatero, y el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Pumpido, en el Hotel Santo Mauro en estas reuniones? ¿De qué debían estar hablando? Pues no hay que ser muy listo para pensar que tenía algo que ver con el regreso del presidente Puigdemont. Muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Sí. Bona tarda. Gràcies, presidenta. Gràcies, diputats, gràcies diputades. Fa un moment comentàvem amb un diputat que aquest tipus d’intervencions acaben sent francament avorrides, perquè jo els hi penso recordar també lo del control de la Sala Segona del Tribunal Suprem por detrás. Li penso preguntar al excel·lentíssim diputat que ha fet la presentació d’aquesta iniciativa que, si no recordo malament, era el jutge degà de València si quan torni a la judicatura, si és que alguna vegada torna, ens farà creure a tots que és imparcial i que no té ideologia. Bé, serà una mica el mateix que a tots, no? A mi, si m’ho permeten, m’agradaria mirar-ho des d’una altra perspectiva. Jo he de suposar, perquè soc bona persona, que vostès tenen un cert interès en el funcionament de la justícia. Jo he de suposar que vostès tenen un cert interès en el prestigi del Consell General del Poder Judicial, però també els he d’assegurar que pujo en aquest faristol una mica espantada, perquè el primer que ens han explicat és que Ione Belarra l’han condemnada amb 9000 euros. I jo ara tinc una mica de por de dir el que penso, perquè ni tan sols com a diputada puc exercir el meu dret d’expressió. Doncs no ho sé! En lloc de dir: «Crec que hi ha molts jutges que són prevaricadors», he de dir: «Crec que hi ha molts jutges que emeten sentències manifestament injustes a sabiendas de que lo son». Doncs ho dic, ho dic perquè crec que és així. No puc dir que hi ha molts jutges que són corruptes — que és el que ella va dir, per això se l’han emportat per davant— doncs hauré de dir allò de «Crec que hi ha molts jutges que sentencien per motius espuris, no necessàriament vinculats amb el fet de la causa ni amb els fets i actes provats». Ho diré d’aquesta manera a veure si hi ha més sort i no se m’emporten a mi per davant. Però vostès se n’adonen que estan fent amb la justícia d’aquest país? ¿Vostès, més enllà dels que estem aquí asseguts, dels que exerceixen, dels que porten toga, se n’adonen que, amb aquesta tensió entre vostès, amb aquesta tensió per controlar l’Estat, amb aquesta tensió de los mismos perros con otros collares, amb aquesta tensió l’únic que fan és desmuntar completament qualsevol aparençade neutralitat, d’imparcialitat o de justícia de la seva pròpia administració de justícia? A mi ja m’està bé, perquè la meva feina aquí era venir a posar l’Estat en contradicció per explicar a la gent del meu país que no val la pena ni hem de formar part d’aquest estat. Però, home, deixin-m’ho fer a mi, no ho facin vostès, perquè aleshores ja és que és un contrasentit i avorridíssim. Dit això, que hem vist manifestacions de jutges togats contra una llei ni tan sols aprovada. que hem vist, vaja, sentències on el dret europeu no només no s’aplica, sinó que s’aplica en contra del que digui el dret europeu. Hem vist manifestos de jutges explicant com tombar una llei i fent un manual de com interposar les querelles contra aquella llei o les demandes contra aquella llei. I vostès volen que nosaltres ens creiem de veritat que hi ha algun interès en com es trien els jutges, perquè si no, estarà polititzat? Home, per l’amor de Déu, si fan qualsevol cosa, menys justícia. I parlo, evidentment, de les cúpules. Si fan bàsicament política, perquè fer política és encausar la dona del president del Govern. Fer política és el que han fet amb el fiscal general de l’Estat. Fer política és el que està passant en els tribunals d’aquest Estat des de fa quatre anys i mig. I fer política de la dolenta, perquè sap què passa? Que ho destrossen tot. No quedarà títere con cabeza. Però és que tampoc quedaran vostès i no quedaran vostès, perquè quan es destrossa la credibilitat del suposat poder independent que és la judicatura, ja no queda res. Els hi diré una cosa: vostès sempre diuen que és de sentit comú que els jutges es trien entre ells, allò, perquè aleshores serà més neutral, serà més imparcial. Això és una barbaritat, perquè també del poder de la judicatura se’n deriva un fonament democràtic, també d’aquest poder. No hi ha cap poder que no estigui sotmès als principis democràtics. I saben quin és el seu gran problema? La impunitat absoluta amb què aquí qualsevol sentencia el que li sembla en aquell moment és oportú sense que tingui cap conseqüència. I parlo de resolucions polítiques, però, per exemple, presons preventives de dos anys i després absolució total per falta de proves com parlo d’hipoteques, com parlo de clàusules abusives de l’IRPH, com parlo d’interins. A, no es fan càrrec de que el dret europeu és dret intern i, b, no l’apliquen. Ja m’explicaran vostès de què m’estan parlant. Per acabar, vostès realment tenen algun tipus d’interès en la justícia? Molt bé, doncs parlem del tema dels interins. Encara és hora de que dient que el Govern ho està fent fatal i ho està fent fatal, vostès aportin alguna solució, ah, però el Suprem ja s’ha encarregat de dir que segons quines solucions, que serien justes, no es poden aplicar.Parlem del corporativisme. Què passa amb els jutjats i fiscals substituts? Passa que són bons per substituir els jutges quan estan de vacances, de baixa, de viatge, però no són bons per accedir a la carrera, però en canvi les seves sentències tenen exactament el mateix valor que els jutges de carrera. A mi m’ho volen explicar això, si us plau, d’una vegada? Perquè no s’entén. No s’entén aquest corporativisme que no permet regularitzar unes situacions que a la pràctica fan exactament la mateixa funció. I tres quarts del mateix passa amb els lletrats de l’administració de Justícia. Per tant, Govern, posin-se les piles en el tema d’interins perquè ens caurà l’estructura de l’administració de justícia d’aquí a un mes, d’aquí a un mes, quan siguin cessats tots ells. I no només és injust, no només és contra les persones, sinó que deixaran tots els serveis deserts. Posin-se les piles amb els jutges i fiscals substituts d’una vegada. I després, miri, jo si realment em sentís part de la casta política d’aquest hemicicle, si realment em sentís d’aquest Estat, començaria a pensar com refundo la justícia d’aquest estat, perquè no funciona per enlloc. No és ni justa, ni imparcial, ni neutral, ni independent, ni cap d’aquests epítets que se’n solia derivar o que se’n solien predicar. Han fallat. Han fallat. Ho han destrossat i, per tant, vostès sabran si cal refundar la seva estructura o si volen seguir barallant-se i utilitzar en els jutges com a actors polítics en un ring de fang, perquè al final és como lucha de perros, però togats. Moltes gràcies. Sí, buenas tardes. Gracias, presidenta. Gracias, diputados, diputadas. Hace un momento comentábamos con un diputado que este tipo de intervenciones acaban siendo francamente aburridas, porque les voy a recordar también el control de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás. También quiero preguntar al excelentísimo diputado que ha presentado esta iniciativa si cuando, si no recuerdo mal, el juez decano de Valencia vuelva a la judicatura nos hará creer que no tiene ideología y que es imparcial. Me lo pregunto. Bueno, será un poco lo mismo que todos ¿no? A mí, si me lo permiten, me gustaría verlo desde otra perspectiva. Tengo que suponer, porque soy buena persona, que ustedes tienen un cierto interés en el funcionamiento de la justicia. Tengo que suponer que ustedes tienen un cierto interés por el prestigio del Consejo General del Poder Judicial. Pero me voy de este atril también un poco espantada, porque lo primero que han dicho es que han condenado a la señora Belarra a pagar 1000 euros. Ahora tengo un poco de miedo de decir lo que pienso en mi derecho de expresión como diputada. ¿En lugar de decir que creo que hay muchos jueces prevaricadores, tengo que decir que hay muchos jueces que dictan sentencias manifiestamente injustas, a sabiendas de que lo son? Pues lo digo, porque creo que es así. No puedo decir que hay muchos jueces que son corruptos, que es lo que ella dijo y por eso se la llevaron por delante. Por eso tengo que decir que creo que hay muchos jueces que sentencian por motivos espurios, no necesariamente vinculados con el hecho de la causa ni con los hechos y actos probados. Lo diré de esta manera, a ver si así hay más suerte y no se me llevan por delante. Pero ¿ustedes se están dando cuenta de lo que están haciendo con la justicia de este país, más allá de los que estamos aquí sentados, de los que ejercen, los que tienen toga? ¿Se dan cuenta de que, con esta tensión entre ustedes por controlar el Estado, con esta tensión de los mismos perros con otros collares, lo único que hacen es desmontar completamente cualquier apariencia de neutralidad e imparcialidad en la justicia, de su propia Administración de Justicia? A mí ya me va bien, porque mi trabajo aquí era poner al Estado en contradicción para explicar a la gente de mi país que no merece la pena formar parte de este Estado. Pero déjenme hacerlo a mí, no lo hagan ustedes, porque entonces es un contrasentido y es aburridísimo. Dicho esto, hemos visto manifestaciones de jueces con toga contra una ley que ni siquiera se había aprobado. Hemos visto sentencias en las que el derecho europeo no solo no se aplica, sino que se aplica en contra de lo que dice el derecho europeo. Hemos visto manifiestos de jueces explicando cómo se tumba una ley y haciendo un manual de cómo interponer las querellas contra la ley o las demandas contra esa ley. ¿Y ustedes quieren que nos creamos, de verdad, que hay algún interés en cómo se elige a los jueces para que no estén politizados? Hablo de las cúpulas, que básicamente lo que hacen es política, porque hacer política es encausar a la mujer del presidente del Gobierno. Es lo que han hecho con el fiscal general del Estado. Hacer política es lo que está pasando en los tribunales de este Estado desde hace cuatro años y medio, y hacer política de la mala. Porque ¿sabe qué pasa? Que no quedará títere con cabeza. Ustedes tampoco. Al final, afectará a todos. No quedarán ustedes, porque cuando se destroza la credibilidad del supuesto poder independiente, que es la judicatura, ya no queda nada. Les diré algo. Ustedes siempre dicen que es de sentido común que los jueces se elijan entre ellos, porque entonces serán más neutrales, más imparciales. Eso es una barbaridad, porque también del poder de la judicatura se deriva un fundamento democrático; también de ese poder. No hay ningún poder que no esté sometido a los principios democráticos. Y ¿saben cuál es su gran problema? La impunidad absoluta con quien aquí sentencia lo que se considera oportuno sin consecuencias. Hablo, por ejemplo, de prisiones preventivas de dos años y después absoluciones totales por falta de pruebas. Como hablo de hipotecas también, de cláusulas IRPH abusivas. No se hacen cargo de que el derecho europeo es derecho interno también, y no lo aplican. Pues ya me explicarán ustedes de qué me están hablando. Para terminar, ¿ustedes realmente tienen algún tipo de interés en la justicia? Pues muy bien, hablemos del tema de los interinos. Ya es hora de que digamos que el Gobierno lo está haciendo mal. Ustedes lo dicen, pero hay que aportar una solución. El Supremo ya lo ha dicho. Y hablemos del corporativismo. ¿Qué pasa con los juzgados y los fiscales sustitutos? Pues pasa que son buenos para sustituir a los jueces cuando están de vacaciones o de viaje, pero no son buenos para acceder a la carrera. En cambio, sus sentencias tienen exactamente el mismo valor que las de los jueces de carrera. Por favor, ¿me pueden explicar eso de una vez? Porque no se entiende. No se entiende este corporativismo, que no permite regularizar unas situaciones que, en la práctica, hacen exactamente las mismas funciones. Y tres cuartos de lo mismo pasa con el acceso a la Administración de Justicia. Por tanto, Gobierno, pónganse las pilas en el tema de los interinos para renovar la estructura de la Administración de Justicia de aquí a un mes. Porque no solo es injusta esta situación, no solo va en contra de las personas, sino que dejarán todos los servicios desiertos. Así que, pónganse las pilas con los jueces y fiscales sustitutos de una vez. Y después les diría que, si yo realmente me sintiera parte de la casta política de este hemiciclo, si realmente me sintiera de este Estado, empezaría a pensar cómo refundo la justicia de este Estado, porque no funciona en ningún sitio. No es ni justa ni imparcial ni neutral ni independiente ni ninguno de estos epítetos que se solían predicar. La han destrozado. Por tanto, ustedes sabrán si hay que refundar su estructura o si quieren seguir peleándose y utilizando a los jueces como actores políticos en un ring de fango. Porque, al final, es como una lucha de perros, pero entre togados. Muchas gracias. .

Engracia Rivera Arias SUMAR

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy, el Grupo Popular trae a esta Cámara la toma en consideración de una proposición para modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La justificación de esta propuesta se sitúa en lo establecido por el Consejo de Europa en su Resolución 2648, del pasado 26 de abril, en la que la Asamblea Parlamentaria adoptó una serie de recomendaciones sobre cómo deben escogerse por los Estados miembros las candidatas a ocupar un puesto en algún tribunal internacional. La Asamblea Parlamentaria del Consejo subraya que, aunque los Estados disponen de cierto margen para organizar sus procedimientos de selección, deben aplicar plenamente las directrices del Comité de Ministros y las resoluciones pertinentes de la Asamblea. En concreto, en las líneas maestras sobre la selección de candidatas para el puesto de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aprobadas por el Comité de Ministros el 28 de marzo de 2012 en el apartado IV.1, que ya ha sido nombrado, se indica claramente lo siguiente: «El órgano encargado de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada. Sus miembros deben poseer, en conjunto, suficientes conocimientos técnicos e inspirar respeto y confianza. Deben provenir de diversos ámbitos, tener una trayectoria profesional similar y estar libres de influencias indebidas, aunque podrán solicitar información pertinente de fuentes externas». Parece que el Partido Popular está muy preocupado por la falta de transparencia y por la excesiva presencia del Poder Ejecutivo en el procedimiento de selección actualmente regulado y cree que no cumple con las recomendaciones del Consejo de Europa y del Comité de Ministros. Y hasta ahí podemos estar de acuerdo, pero, claro, si el verdadero objetivo es garantizar la transparencia y que las mejores profesionales representen a nuestro país en tribunales internacionales, la última resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa arroja muchísima luz sobre cómo debe estar compuesto el órgano de recomendación de candidatas: deben acreditar conocimientos técnicos, procedencia diversa, trayectoria profesional acreditada y estar libres de influencias indebidas. Esos son los requisitos. A nuestro entender, la composición que garantice estas exigencias debe reconocer la presencia del Poder Judicial, pero también representación de las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, las universidades, organizaciones defensoras de los derechos humanos, colegios profesionales y, por supuesto, la sociedad civil. . Eso sería lo más acorde a lo que exigen las instituciones europeas para garantizar que el órgano de selección tenga capacidad técnica-jurídica y absoluta imparcialidad. Ahora bien, a lo mejor la intención del Partido Popular en esta propuesta no es seguir las recomendaciones del Consejo de Europa sobre imparcialidad, porque lo que proponen es una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y atribuir la competencia de la designación al Consejo General del Poder Judicial, un órgano que, desde que entró en funcionamiento hasta la fecha, ha realizado casi un 80 % de sus nombramientos entre sectores abiertamente conservadores de la judicatura. Permitan que no nos merezca ninguna confianza un Consejo General del Poder Judicial que no respeta la diversidad del país y al que se le pretende atribuir la competencia de elegir todos los jueces y juezas que corresponde designar por nuestro país en tribunales internacionales. Un consejo que, además, destaca por la ausencia de procedimientos disciplinarios que acaben en sanción, a pesar de las barbaridades que hacen o dicen algunos jueces y algunas juezas en nuestro país. Para muestra, un botón. El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, el señor Maman, en el marco de una charla que versaba sobre los criterios de competencia en materia penal y civil, dedicó parte de su disertación a hablar, con otras palabras, del síndrome de alienación parental, que no tiene base científica y es un posicionamiento ideológico que deriva la presión del denunciado a la víctima de violencia que ha denunciado. Se dedicó también a minimizar la violencia machista y a decir que las mujeres no quieren la custodia compartida porque quieren quedarse la casa y el dinero. Y todo esto en un país donde uno de los problemas principales de la lucha contra la violencia de género es la infradenuncia, entre otras cosas por falta de confianza en el sistema, y parece justificado. . A la vista está que el Consejo General del Poder Judicial tiene muchísimo trabajo que hacer en formación en perspectiva de género y que no lo está haciendo, y tampoco está aplicando medidas disciplinarias. Pero el Partido Popular quiere darle más competencias mientras hacen dejación de las que ya tienen. En definitiva, no creemos que su propuesta concreta de ampliar competencias pueda servir para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Europa, porque adolece de los mismos fallos que el que pretenden sustituir. No garantiza la imparcialidad necesaria para el nombramiento de las personas que van a representar a nuestro país en los tribunales internacionales. Por ello, van a tener nuestro voto en contra. Muchas gracias. .

José María Sánchez García VOX

Con la venia. Los oradores que me han precedido han dedicado el 90 % del tiempo a tratar cuestiones ajenas a este punto del orden del día y no han sido llamados a la cuestión. Han venido aquí a hacer una intervención mitinera, esencialmente, por resumir, porque ya hemos tenido bastante escuchándolos como para ahora recrearnos en la suerte, para atacar a los jueces españoles, por unos motivos y por otros, cada cual de su padre y de su madre. Y esto ya es raro, impropio. Luego, ha habido dos intervenciones que me han dejado perplejo: la del PNV y la de Junts. Sus portavoces se han alargado para decir, en síntesis, que era absolutamente imposible votar a favor de la toma en consideración de la propuesta de reforma del Grupo Popular. Vamos a ver, imposible no es. Creo que ustedes, por alguna razón, se han equivocado y piensan que esto es como una moción de censura, a la que le tienen tanto miedo. No, no, no, no. Si ustedes votan a favor de la toma en consideración, sigue este señor presidiendo el Gobierno. O sea, no es tan arriesgado, no tiene este alcance político. Podrían ustedes votar a favor y nada más. Ustedes pueden decir lo que les dé la realísima gana, pero es evidente que lo que propone el Grupo Popular ―que a mí no me gusta de modo plenamente satisfactorio― es mejor, en orden a la independencia de los jueces seleccionados para integrar la terna por elevar al Consejo de Europa y en orden a la independencia del órgano de selección, que el procedimiento actual regulado por ese malhadado Real Decreto 972/2020, que es el que se ha aplicado en la última convocatoria para seleccionar la terna para cubrir la vacante que dejará la señora Elósegui en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a final de este año. Esto es evidente, y como es evidente y es trivial, no lo voy a explicar porque no hace falta. Ustedes lo saben perfectamente, igual que yo. Por lo tanto, esto no lo entiendo. Hay un temor reverencial a la moción de censura, pero esto no es una moción de censura, luego sobra el temor reverencial. Bien, sabido es que el Partido Socialista y el Gobierno están muy preocupados por el derecho internacional, en proporción inversa a sus desvelos por el derecho interno al que someten constantemente a patadas y violan sin tasa, especialmente cuando es la Constitución. Pues en este asunto de la independencia de los jueces no es así, en este asunto la posición del Gobierno, del Partido Socialista y de los que lo acompañan es enteriza, es monocolor; es decir, hay que impedir que sean independientes tanto los jueces nacionales como los internacionales. Todos. Este es el deseo que late en ese decreto en vigor desde el año 2020 que ―esto ya se ha dicho― no se acomoda exactamente a las leyes y directrices aprobadas por el Consejo de Europa en 2012 y luego reformadas en 2014. Vamos a ver, para que nos entendamos todos, porque esto es no fácil, es un juego de niños: el órgano selector de la terna que se eleva por España a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que esta vote un magistrado que represente a España en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es un comité establecido por el tantas veces ya citado decreto, constituido por tres altos cargos del Gobierno ―dos secretarios de Estado y un subsecretario, carentes de toda independencia del Gobierno, como ya comprenderán ustedes; ¿es trivial también o quieren que no se lo explique?, porque me cuesta trabajo, ¿eh?, me cuesta trabajo explicárselo ― y, además, un magistrado designado por el Consejo General del Poder Judicial ―que está allí de Miranda de Ebro, como ustedes comprenderán― y otro jurista de reconocida competencia con más de quince años de experiencia que designa el Gobierno. Curiosa coincidencia. O sea, cuatro contra uno ―por eso digo que el magistrado designado por el Consejo está de Miranda de Ebro―. Esta elección en modo alguno está garantizada en su independencia. No digo la elección de estos señores, que evidentemente no está garantizada en su independencia porque ya tres son altos cargos en el Gobierno y otro designado por el Gobierno, es que lo que no está garantizada es la independencia de los jueces que vayan a seleccionar estos señores constituidos en comité para, en número de tres, elevar a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. A cambio, el Grupo Popular propone que esa terna elevada a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sea elaborada por el Consejo General del Poder Judicial. Tampoco nos apasiona, pero al menos sabemos que el Consejo General del Poder Judicial, a día de hoy, se divide en diez vocales del PP y diez vocales del PSOE, lo que hace que la terna que vaya a elaborar el Consejo sea también dependiente de los partidos políticos, pero, por lo menos, vamos a decir que está elaborada por el partido del Gobierno y por un partido de la oposición. Algo es algo, algo es algo. Yo voy a poner otro ejemplo de derecho comparado, que es el de Francia, para que veamos hasta qué punto aquí hacemos mal las cosas y que el Grupo Popular también podría haber propuesto algo mejor. En Francia, la selección de la terna se hace por un comité ad hoc que nombra el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ustedes me dirán: Oh, horror, todo lo hace el Gobierno. Sí, sí. Pues no es así, porque en el comité de 2019, en el que se eligió al actual magistrado francés que era un consejero de Estado hasta ese momento, los miembros eran ―no les voy a decir los nombres, no merece la pena, no los conocen ustedes, ¿para qué?―: un señor que había sido presidente del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ―había sido presidente, un señor mayor, de una cierta edad―, una señora consejera de Estado emérita ―es decir, honoraria, también de una cierta edad, ya jubilada―, un tercer miembro que era otra señora, madame Burdeau ―catedrática emérita de Derecho Internacional Público de la Sorbona―, un cuarto miembro que era un expresidente, también emérito, de la Sala de lo Penal de la Corte de Casación Francesa ―que es el equivalente de nuestro Tribunal Supremo― y un quinto miembro, que era el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés ―el equivalente al jefe de la Seguridad Jurídica Internacional de Asuntos Exteriores―, que, además, era el abogado de la República Francesa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ustedes comprenderán que comparado con el Comité Español ―no voy a dar nombres― en lo que es categoría facultativa e independencia, los comentarios huelgan. Esto es una nación seria. Además ―y concluyo, señora presidente (una señora diputada: ¡Presidenta!), se lo prometo―, la terna que eleva ese comité ad hoc al Consejo de Ministros francés es vinculante. En España ni siquiera la terna que elabora ese comité dependiente del Gobierno por cuatro a uno es vinculante, el Gobierno la puede devolver al comité y pedir otra terna que le guste o agrade más. Esto es una falta de seriedad y una vergüenza más de España en el orden internacional. Nada más, gracias. .

Francisco Aranda Vargas PSC-PSOE

Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Popular hablando de independencia judicial. El chiste se cuenta solo. Nos traen una proposición de ley oportunista, hipócrita y alarmista, que nace además de una polémica fabricada, construida con titulares de urgencia, con indignación de encargo y una memoria selectiva que, francamente, ya nos resulta muy familiar cuando viene de la bancada popular. El Grupo Popular quiere que sea el Consejo General del Poder Judicial y no el Gobierno quien designe los candidatos españoles al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros órganos internacionales. Lo presentan aquí como una suerte de cuestión de independencia tras esa pátina engolada de pretendido pero falso sentido de Estado. Yo durante cuatro minutos, señor De Rosa, pensé de verdad que eso era un tema técnico, pero no, toda su intervención después es una enmienda total a su propuesta. Ya sabemos por qué querían esta propuesta. O sea, a ver si yo lo entiendo. Ustedes quieren gobernar de aquí a un año, pero quieren quitarle al Gobierno competencias y dárselas al consejo. Ustedes. ¿Y quieren gobernar de aquí a un año? Hombre, yo creo que algo no cuadra. A ustedes lo que les pasa es que de verdad sabían que esto no iba a ir a ningún lado, con lo cual, es la excusa para venir aquí una vez más a soltar a las tres y media de la tarde todas esas falsedades, bulos e insultos, esa decadencia verbal solo para hundir al adversario y acabar con el Gobierno. Es lo que ustedes hacen siempre, es lo mismo. . Les interesa nada el Poder Judicial. Además, ustedes descubren esta independencia judicial cuando están en la oposición, pero cuando gobiernan, pues se les olvida. Ustedes son expertos en usar esa palanca política de la justicia cuando les conviene, y cuando no, creen que son rehenes de la justicia. Además, tengo una curiosidad. ¿Desde cuándo les preocupa la composición de estos comités? ¿Desde la semana pasada? ¿Hace un mes? ¿Tres años? ¿Es repentina o es una preocupación, digamos, ya consolidada? Porque déjenme que les haga memoria. El acuerdo del Consejo de Ministros del 20 de enero de 2017 establecía que este comité de selección estaba compuesto exclusivamente por altos cargos del Gobierno. Cinco miembros, los cinco del Ejecutivo. Ni un vocal del Consejo ni un jurista externo, solo Gobierno. ¿Y qué hicieron ustedes para reformarlo? ¿Quién escribió crónicas parlamentarias? Nada. Cero patatero. Ni una línea. Pero es que para eso habría que saber que ese acuerdo lo hizo el Gobierno de Mariano Rajoy. El suyo. Porque, una vez más, con ustedes no es el qué, es el quién, es nosotros, es la ley del embudo. Por eso ahora, cuando este Gobierno mejora el modelo, incorpora un vocal del Consejo y un jurista de reconocido prestigio al comité, nos traen ese texto aquí, con su correspondiente sinfonía mediática. Y no, señorías, esto no es rigor; esto es hipocresía, es oportunismo con toga prestada. Además, les voy a dar algún argumento técnico. Como ya se ha dicho aquí en la intervención, el decreto que regula el procedimiento de 2020, efectivamente, dotó de mayor transparencia y seguridad jurídica a este proceso, que hasta entonces se regulaba por ese simple acuerdo del Consejo de Ministros. Lo mejoró, lo reguló formalmente y añadió garantías que antes no existían. Y ustedes quieren transferir esta competencia al Consejo y quieren gobernar de aquí a un año. Y aquí aparece el primer problema jurídico de fondo: estos candidatos no tienen por qué ser jueces. El artículo 22 del Convenio Europeo de Derechos Humanos permite que sean juristas de reconocida competencia, no necesariamente miembros de la carrera judicial. Entonces, ¿qué sentido tiene que el Consejo — este órgano de gobierno— designe candidatos que no lo son? ¿Que el Consejo determine quién representa a España como abogado general ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Solo desde un corporativismo extremo tiene alguna lógica. Además ―aquí también se ha dicho―, esta designación es una atribución que corresponde al Gobierno en el ejercicio de su función constitucional de la política exterior, tal y como establece el artículo 97 de la Constitución. No es un capricho del Ejecutivo; es una competencia constitucional. Y sacarla del Gobierno para llevarla al Consejo es una operación, digamos, que no mejora la independencia; si acaso, la desplaza. ¿Hacia dónde? Hacia un órgano que el propio PP ―ustedes― ha usado como instrumento de bloqueo durante años, cada vez que ha estado en la oposición. Y, miren, hablemos también de la justicia en España, pero no de la justicia abstracta, neutral, perfecta. Hablemos de la justicia real, la que se transforma con leyes valientes y con convocatorias de jueces y fiscales, como la que salió en el BOE el lunes, con 700 nuevas plazas y la incorporación al cuarto turno; de la justicia que defiende a los jueces sustitutos, esos que ustedes hacen de menos; de la justicia que dispone de medios materiales. Sí, yo defiendo la justicia de verdad, no como un instrumento ni de boquilla. Por eso me preocupa ver al PP cuando propone ese tipo de reformas que lo que hacen es desplazar esa independencia hacia otro lugar. Es que ustedes, señorías, se pasaron cinco años bloqueando el Consejo. ¡Cinco años! Que tenemos memoria. Y ahora quieren que ese mismo órgano, que ustedes bloquearon y mantuvieron como rehén negociador, sea quien designe a los magistrados españoles en Europa. Miren, señorías, creo que ustedes hacen piruetas verbales muy curiosas. Además―también quiero decirlo―, yo defiendo la justicia porque creo que también hay que defender un proceso justo. Y hoy día hay personas honradas que se encuentran ante tribunales sin condena, mientras se presume su culpabilidad con escándalo mediático diario. Y hay quienes han sido condenados por corrupción sistémica ―por la Gürtel, la Púnica y sobresueldos― que vienen aquí a dar lecciones. . Pues mire, no, ni una. Es que al oírles hablar de independencia judicial te tienes que reír. Como decía una compañera, no es para tomárselo a risa, porque además su odio les ciega. Porque hace poco hemos oído que nos quieren con las manos en alto. Hablan de sogas. Esa es su prioridad nazi… nacional. . Vamos a votar que no, porque el sistema funciona. Porque los argumentos no son nuevos, son antiguos. Ustedes usaron modelos más opacos cuando gobernaron. Y porque no se puede legislar en función de polémicas artificiales que ustedes inventan. Déjenme acabar con una concesión personal. Yo no he sido juez, no lo soy ni lo seré cuando acabe este mandato en el Congreso, un día de estos, pero debe de ser, imagino, un triunfo de la democracia que jueces en excedencia vengan aquí a dar lecciones de independencia judicial. .

Lídia Guinart Moreno PSC-PSOE

Gracias, presidenta. Señorías, el Instituto de las Mujeres es una institución clave en la promoción de la defensa de los derechos de las mujeres en España. En sus más de cuarenta años de historia, ha estado detrás del impulso de absolutamente todos los avances hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres que se han dado en este país, claro referente desde hace muchos años en políticas públicas de igualdad con legislación pionera y avanzada. Hoy traemos a esta Cámara la modificación de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Instituto de la Mujer y de determinadas leyes procesales dentro de su ámbito competencial. Se trata de la trasposición necesaria de dos directivas de la Unión Europea que permitirán, a su vez, una puesta al día del instituto con el refuerzo de su arquitectura institucional. Y se trata también del fortalecimiento de un modelo de organismos de igualdad en unos momentos convulsos, difíciles y amenazantes para los derechos de más de la mitad de la población. Desde la creación del instituto, hace, como decía, más de cuatro décadas, se han ido incorporando diferentes normas al marco regulatorio de este país. Las políticas de igualdad son hoy muy distintas a las de 1983, de manera que el marco legal del instituto no refleja ya esa realidad. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad, no solo ante una necesidad de trasposición de directivas europeas. Vamos a hacer de la necesidad virtud al actualizar las competencias de este organismo para que pueda seguir desarrollando, con plenas garantías, su papel como organismo de igualdad. Recordemos que fue la ley de igualdad la que le otorgó este carácter hace casi veinte años. Debemos avanzar hacia un modelo sólido, coherente, en el que coexistan diversos organismos de igualdad con la capacidad de actuar de manera especializada ante vulneraciones de derechos. Fue un Gobierno socialista el que creó esta institución. Corría 1983, en la II Legislatura, y entonces se denominaba Organismo Autónomo Instituto de la Mujer. Su primera directora fue la diputada constituyente, la recordada y añorada Carlota Bustelo. . Bustelo permitió la conexión de las incipientes políticas de igualdad españolas con las políticas europeas e incluso con las de América Latina. Así lo recordaba tras su fallecimiento la Fundación Mujeres, de la que precisamente era presidenta de honor. El impulso legislativo hacia la igualdad lo efectúa siempre un Gobierno socialista y lo rechaza de manera sistemática el Partido Popular, que ha remado siempre en contra de estos avances, pero, en cambio, se ha beneficiado de ellos. Por supuesto que se ha beneficiado. Beneficiarse, siempre; votarlos a favor, nunca. Ese es su doble rasero, señorías del Partido Popular. Se han aprovechado ustedes de todas y cada una de las leyes que han hecho avanzar los derechos de las mujeres, desde la del aborto a las leyes de paridad o la ley de igualdad; derechos que hoy en día la sociedad española ha hecho suyos y a los que de ninguna manera está dispuesta a renunciar. Señorías, en la actualidad, el Instituto de las Mujeres es un organismo autónomo adherido al Ministerio de Igualdad. Es, sin ninguna duda, una institución clave en la promoción de la defensa de los derechos de las mujeres en España. En sus cuarenta años de historia el instituto ha estado detrás del impulso de todos esos avances hacia la igualdad que se han dado en el país. Y lo ha hecho siempre de la mano de la sociedad civil, siempre de la mano del feminismo, que siempre y en todo momento empuja hacia adelante, que siempre está, que siempre es imprescindible para construir, para sustentar una sociedad cada vez más democrática y más justa. . Porque sin el feminismo, señorías, sin su aliento, sin su fuerza, serían impensables todas y cada una de esas transformaciones sociales y legislativas que hemos vivido y que nos quedan todavía por hacer realidad. El Instituto de las Mujeres ha sido y es el responsable de políticas tales como los planes para la igualdad de las mujeres; el centro de información de los derechos de la mujer; programas de educación; campañas de sensibilización, de información, de asesoramiento para empresarias y emprendedoras; programas de salud y de servicios sociales; la gestión de fondos europeos o subvenciones para entidades que trabajan en el ámbito de la igualdad o también del Observatorio sobre la Imagen de las Mujeres, creado hace ya treinta y dos años y que vela por que la información y la publicidad no sean sexistas. En estos tiempos en los que la inteligencia artificial nos hace más fácil la vida, pero que, a su vez, supone una amenaza real por el uso de las deepfakes, de la pornografía, del ciberacoso, de la cosificación del cuerpo de las mujeres y otras formas de violencia, el instituto está trabajando en políticas de igualdad avanzadas. Sin ir más lejos, recientemente ha firmado un convenio con la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la AESIA, con la finalidad de corregir los sesgos de género y combatir la violencia digital. El instituto actúa como organismo clave en su doble papel de impulso, promoción, desarrollo, coordinación y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como de prevención de la discriminación, asistencia y apoyo independiente y especializado a víctimas de discriminación por razón de sexo. Por su parte, la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación actúa en defensa de diversos motivos de discriminación. Ambos organismos deben cooperar de manera estructurada en el ejercicio de sus respectivas y diferenciadas funciones como organismos nacionales de igualdad, y deben hacerlo también a partir de la aprobación de esta ley que hoy les presentamos de conformidad con las directivas europeas en la materia. Así, tanto la autoridad independiente como el propio instituto tendrán legitimación procesal en situaciones análogas dentro de sus ámbitos de aplicación. Ahora, en el segundo cuarto del siglo XXI, las nuevas directivas europeas sobre organismos de igualdad requieren necesariamente que estos organismos estén habilitados para actuar en procedimientos judiciales y, en determinados supuestos, iniciar acciones en nombre propio para defender el interés público. Es una exigencia europea, señorías, sí, lo es, pero la modificación de las leyes procesales no responde solo a esa exigencia, sino que con esta reforma el instituto amplía sus funciones en respuesta a una necesidad que es política y también jurídica: podrá actuar en situaciones de discriminación cuando se vean afectados intereses colectivos o difusos, y lo podrá hacer con coherencia y con capacidad estratégica. Por otra parte, la regulación de la presidencia del instituto obedece también a una adaptación normativa, en concreto, a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Este cambio refuerza su capacitación y su autonomía personal, respondiendo así a otra de las exigencias de las directivas europeas que estamos trasponiendo. La presidencia se equipara al rango de otros organismos de igualdad equivalentes. Deberá elegirse mediante un procedimiento más abierto que en la actualidad, siempre entre personas de reconocido prestigio que acrediten idoneidad, competencia profesional y experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres y en la promoción de la igualdad; además, para esa elección deberá contarse con el Consejo de Participación de la Mujer. Esta reforma se impulsa de manera paralela a la elaboración de los nuevos estatutos del Instituto de las Mujeres que acaban de someterse a audiencia pública. España no solo ha hecho los deberes, sino que está mucho más avanzada que la inmensa mayoría de países de la Unión en el cumplimiento de lo que dictan las directivas europeas que ahora trasponemos. Con esta proposición de ley completamos el cumplimiento del mandato de las directivas, especialmente en lo que se refiere a la parte procesal a la que ya nos hemos referido. Las víctimas de discriminación ―de cualquier discriminación― merecen un sistema de protección robusto que les garantice atención especializada y adecuada al motivo de la discriminación; un sistema coherente con el papel central que las políticas de igualdad ocupan en el Gobierno de España; un sistema que en el futuro nos continúe situando a la vanguardia europea. Reforzar el Instituto de las Mujeres es fortalecer el Estado democrático de derecho, es garantizar más y mejor los derechos fundamentales, más aún en un contexto de cuestionamiento creciente de los avances de igualdad, de discursos cargados de misoginia, de negacionismo e incluso de odio, y con el difícil reto de instaurar los derechos digitales frente a los riesgos de la sociedad digitalizada, que ya no es futuro, señorías, ya es presente. No hay espacio para los retrocesos en derechos. Hay que trabajar, remangarse, empujar, no dejar de empujar hacia la plena igualdad entre mujeres y hombres, porque la amenaza de involución es real, lamentablemente. Las mujeres lo sabemos y el instituto trabaja para que los avances estén asegurados, y lo hará, señorías, en el ámbito de sus competencias y de la mano de todos los organismos autonómicos de igualdad: del Institut Català de les Dones, ICD; del Institut Valencià de les Dones; del Emakunde, Instituto vasco de la mujer; del IAM andaluz; del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y de todos los demás organismos, porque este es un país de autonomías, un país descentralizado. . Dolors Renau fue una psicóloga catalana, feminista referente, diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya y presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres. En su blog escribió hace ya algún tiempo algo que resulta plenamente vigente: Les dones rondinem, protestem, som massa obedients o massa poc. Però entretant ens ocupem de la vida, de que no falti res, del dia a dia, de la cura. I és més difícil que decreten la fi del món i el desastre general. I mentre es declara gairebé la fi del món, s’intenta acabar amb l’esperança. I aquesta és justament el motor que belluga tot el canvi. Casual, oi? Doncs em declaro esperançada i, si hi ha un pessimisme il·lustrat o no, tenim dret a tenir un optimisme il·lustrat o no. Ens cal per ajudar-nos a viure. Las mujeres protestamos, pero, entre tanto, nos ocupamos de la vida, de que no falte nada, del día a día, del cuidado, y es más difícil que paremos el desastre general y el fin del mundo. Al declarar el fin del mundo, se intenta acabar con la esperanza, y esta es justamente el motor que mueve todo el cambio. Casual, ¿no? Pues yo me declaro esperanzada. Y si hay un pesimismo, tenemos derecho a tener el optimismo ilustrado o no. Lo necesitamos para ayudarnos a vivir. Eso es precisamente, ayudarnos a vivir en plena igualdad, lo que hace y seguirá haciendo el Instituto de las Mujeres más fortalecido. Por eso, les pido el voto a favor para la toma en consideración de esta proposición de ley. Muchas gracias. .

Noemí Santana Perera SUMAR

Muchas gracias, señora presidenta. Cuando tuve la oportunidad de leer esta proposición de ley, me vinieron a la cabeza varias preguntas; entre otras, cómo va a mejorar esta reforma la vida de una camarera de piso o la vida de una madre que se tiene que hacer cargo en solitario de sus niños y de sus niñas o cómo va a afectar esto a la vida de una mujer que tiene a su cargo a un padre dependiente y que, además, debe intentar no perder su puesto de trabajo. Lo cierto es que muchas veces en esta Cámara hablamos de igualdad en términos jurídicos, en términos administrativos e incluso en términos institucionales, pero la igualdad, fuera de aquí, fuera de nuestra burbuja, se mide de otra forma: se mide, por ejemplo, sabiendo si se puede o no llegar a final de mes; se mide sabiendo si se puede pedir o no una excedencia para hacerse cargo de un familiar que está enfermo o que requiere cuidados, o se mide, por ejemplo, siendo una pensionista y no teniendo que elegir entre poder llenar la nevera o encender el aire acondicionado en estos días de verano. Creo que es por eso por lo que conviene aterrizar el debate que estamos teniendo en el día de hoy. Nosotras, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar la tramitación de esta proposición de ley, porque creemos que las instituciones que trabajan y defienden los derechos de las mujeres tienen que ser unas instituciones fuertes y tienen que estar actualizadas. Y también sabemos perfectamente que hay quienes están cuestionando este tipo de organismos y les gustaría que no existieran organismos públicos dedicados a la igualdad, y, evidentemente, ante esta ofensiva reaccionaria, nosotras sabemos de qué lado vamos a estar. Pero también queremos decir algo, y es que nos resulta difícil escuchar determinados discursos triunfalistas respecto de la igualdad que vengan de este Gobierno, porque la realidad es que los avances que conseguimos en el ámbito de la igualdad y las políticas feministas que se desarrollaron en la pasada legislatura se están viendo apagadas en la actual, y no es una cuestión que solo señale Podemos, porque lo visibilizan también distintas entidades que cada día luchan por el feminismo en este país. Lo están diciendo las activistas y también muchas mujeres, que ya no ven que el feminismo esté en el centro de la agenda política. Durante la legislatura anterior España fue un referente internacional en el ámbito de la igualdad. Se aprobaron leyes que ampliaron derechos para las mujeres. Se abrió el debate público, que era tan necesario, aunque a veces pudieran resultar duro los ataques recibidos por quien dio la cara, que en este caso fue la ministra Irene Montero. Y lo cierto es que el feminismo estuvo más presente que nunca. Sin embargo, a nosotras hoy nos cuesta identificar cuál es el gran proyecto feminista del actual Gobierno. Nos cuesta saber dónde está a día de hoy el Ministerio de Igualdad. Y esta es una realidad que nos debería preocupar y que especialmente debería preocupar al Gobierno, porque, si los derechos de las mujeres no avanzan — y no lo van a hacer por inercia—, si no se empuja para que las mujeres sigamos conquistando derechos, lo que ocurrirá será todo lo contrario, es decir, que vamos a retroceder. Por tanto, claro que a nosotras nos parece bien reforzar el Instituto de las Mujeres, pero también creemos que no basta con eso. No solo es suficiente con estos organismos — que sí son muy necesarios—, sino que hay que mostrar liderazgo político y mayor ambición, poque ninguna institución por sí sola va a acabar con los problemas que tenemos las mujeres, ninguna institución por sí sola va a acabar con la discriminación, con la precariedad, con la brecha salarial, con que las mujeres sigamos cargando a nuestras espaldas con los cuidados de nuestras familias. Por tanto, hay que hacer algo más. Evidentemente, este es un paso más allá, pero no podemos quedarnos solo en ello. Hay que hacer políticas con valentía, así que, nuestro voto será favorable, si bien esperamos algo más. Gracias. .

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Arratsalde on guztioi. Quiero comenzar mi intervención situando con claridad la posición del Partido Nacionalista Vasco. Y el compromiso del Partido Nacionalista Vasco con las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres, con la erradicación de la violencia machista y el acompañamiento institucional a las mujeres víctimas de violencia machista es una línea política que no admite matices ni condicionantes. No es una posición táctica, es una convicción que atraviesa décadas de trabajo del Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, en las instituciones vascas y también en esta Cámara. Por eso, cuando analizamos esta proposición de ley, lo hacemos desde un análisis constructivo, en defensa de las políticas públicas de igualdad y desde la experiencia de unas instituciones, las vascas, con el Gobierno, las diputaciones, ayuntamientos, asociaciones de mujeres y el movimiento feminista, que han construido un modelo propio que está dando resultados en Euskadi, y también desde un análisis crítico, porque entendemos que una trasposición mal hecha de las directivas europeas no mejora las políticas de igualdad ni la erradicación de la violencia contra las mujeres; además, supone una erosión competencial, crea confusión, duplicidades y, en último término, debilita la efectividad de sistemas ya consolidados. Antes de entrar al fondo de la cuestión, voy a hacer una valoración previa sobre la iniciativa. El plazo de trasposición de las directivas alegadas es el 19 de junio de 2026, y, por tanto, estamos debatiendo una toma en consideración a tres días de este vencimiento, con lo que el Estado va a incumplirlo, con toda certeza, lo cual nos lleva a una valoración no menor, y es por qué estamos debatiendo una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, y no un proyecto de ley del Gobierno; dónde está la acción del Ministerio de Igualdad, dónde está el diálogo con el resto de grupos políticos, dónde está el proyecto de ley que el Ejecutivo tenía obligación de preparar con antelación suficiente para cumplir el plazo europeo, dónde están las consultas propias al movimiento feminista y con los Gobiernos autonómicos, en los que residen las competencias de igualdad. Las directivas de la Unión Europea tienen una estructura compartida y un contenido sustancialmente idéntico. Sus exigencias son razonables: independencia, recursos suficientes garantizados por ley, asistencia integral a las víctimas, capacidad de investigación, emisión de dictámenes y derecho a litigar activamente en defensa de los derechos de las mujeres. Pero hay artículos de la directiva que la proposición no desarrolla, como el considerando 16 de la Directiva 2024/1500, que establece que los Estados miembros pueden repartir las competencias entre varios organismos de igualdad. El segundo y más importante es el artículo 14, que obliga a los Estados a garantizar que los organismos de igualdad dispongan de mecanismos adecuados para cooperar con otros organismos de igualdad del mismo Estado miembro a escala nacional, regional y local. Y esa referencia no es decorativa, es la forma en que las directivas reconocen que en los Estados descentralizados, federales o autonómicos, los organismos subestatales, en terminología europea, forman parte del sistema de garantía de la igualdad y deben ser formalmente reconocidos e integrados en la trasposición, pero la proposición de ley no lo hace. La proposición de ley también omite la prohibición expresa de las directivas de reducir el nivel de protección ya garantizado en los Estados miembros. En Euskadi ese nivel de protección es superior al que hoy garantiza la Ley 16/1983, incluso con esta modificación. El Grupo Parlamentario Vasco defiende el modelo institucional vasco no porque sea más eficiente — y también lo es—, sino porque el autogobierno es parte constitutiva de nuestro proyecto político. El Partido Nacionalista Vasco no condiciona la defensa de las competencias autonómicas a que los resultados sean mejores que los del Estado: las defenderíamos aunque los resultados fueran equivalentes, porque para nosotras nuestro autogobierno, nuestro pueblo no son un instrumento de gestión, sino una expresión de identidad política. Emakunde responde al ejercicio de la competencia exclusiva que el Estatuto de Gernika atribuye a la comunidad autónoma en materia de igualdad y la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Euskadi, concreta ese mandato en un sistema institucional de tres niveles: Emakunde, diputaciones forales y ayuntamientos. Es el modelo de cooperación multinivel que las directivas europeas exigen y que la proposición de ley no articula. Emakunde ya ejerce hoy en Euskadi las funciones que las directivas exigen a los organismos de igualdad, y todo ello financiado con fondos propios, derivados del concierto económico, sin depender de transferencias estatales condicionadas. Y, en relación con la proposición, nuestro equipo quiere señalar cuatro aspectos que pueden producir lo que denominamos erosión silenciosa del autogobierno, un desplazamiento gradual de las competencias autonómicas no por confrontación directa, sino por acumulación de actuaciones estatales en espacios que el marco constitucional y el estatutario reservan a Euskadi. El primero hace referencia a la asistencia integral a las víctimas de discriminación, que en Euskadi la ley atribuye expresamente a Emakunde. No hay vacío competencial que llenar; si el instituto actúa en este espacio sin coordinación previa, hay desplazamiento. El segundo se refiere al informe de proyectos normativos, dado que la proposición atribuye al instituto la emisión de informes sobre cualquier legislación con impacto de género, sin excepción territorial, y en Euskadi es competencia de Emakunde. El tercero es el referido al litigio activo por intereses difusos, ya que, antes de esta proposición el Instituto de las Mujeres no tenía esta capacidad, era un organismo de fomento y promoción, no un litigante activo. Sin embargo, la proposición le otorga esa capacidad, sin límite territorial y sin mecanismo de coordinación con Emakunde, lo que significa que el instituto puede iniciar acciones judiciales en Euskadi contra empresas vascas, contra convenios colectivos bajo jurisdicción vasca, incluso contra actos administrativos de la Administración autonómica vasca en materias respecto de las que la competencia ejecutiva corresponde a Euskadi, sin que Emakunde haya sido consultada ni tenga posibilidad de intervenir previamente. Y, por último, la supervisión de sesgo de género en inteligencia artificial. El Instituto queda designado para supervisar los algoritmos utilizados por las Administraciones públicas y el sector privado. Pero supervisar el uso de la inteligencia artificial en las instituciones vascas en materia de competencia exclusiva vasca exige que sean las Administraciones de Euskadi las que desarrollen esta supervisión. En todos estos casos el problema no es que el instituto actúe, es que la proposición no establece cómo se articula esta actuación con las Administraciones competentes autonómicas, y esta omisión es precisamente lo que las directivas exigen, es decir, que haya mecanismos de cooperación. En definitiva, si esta proposición avanzara en su tramitación parlamentaria, el Grupo Parlamentario Vasco presentaría las enmiendas necesarias para incorporar lo que la proposición omite: el reconocimiento formal de Emakunde y del resto de institutos como organismos que dirigen las políticas de igualdad; la articulación de mecanismos de cooperación, conforme al artículo 14 de esas mismas directivas, y la delimitación precisa de las funciones, que en Euskadi corresponden a sus instituciones bajo la coordinación de Emakunde, y no al Instituto de las Mujeres. No pedimos nada que las directivas no digan; pedimos que la transposición sea completa y fiel al texto europeo. Mil esker.

Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi. Hoy debatimos una reforma que pretende actualizar la Ley 16/1983, de Creación del Organismo Autónomo Instituto de la Mujer, y quiero empezar reconociendo algo evidente, y es que las desigualdades de género no solo persisten, sino que se transforman y se agravan en ámbitos nuevos, desde la precariedad laboral hasta los sesgos algorítmicos. Sin duda, es necesario actualizar las políticas de igualdad, pero eso no significa aceptar una reforma que profundiza en un modelo institucional que lleva años mostrando límites muy claros. Señorías, el feminismo social ―el que se organiza en los pueblos, en los colectivos de base, en los centros de estudio― lleva años señalando una realidad incómoda, y es que las instituciones hablan en nombre de las mujeres pero no escuchan a las mujeres; a las mujeres jóvenes, que encadenan trabajos precarios; a las mujeres migrantes, que sostienen los cuidados; a las mujeres rurales, que siguen invisibilizadas; a las mujeres que no ven cambios reales más allá de campañas institucionales llenas de eslóganes. Este feminismo social denuncia que demasiadas veces las instituciones practican el pinkwashing: mucho color violeta, mucha foto, mucha campaña, pero poca transformación real. Y, señorías, esta reforma corre el riesgo de reforzar esas dinámicas, porque amplía la estructura del instituto, pero no la legitimidad social; no incorpora mecanismos de participación real del movimiento feminista y no abre espacios para que las organizaciones de base puedan influir en las políticas públicas. Señorías, sin feminismo social, el feminismo institucional se convierte en un ejercicio de autoafirmación burocrática. Eta argi utzi nahi dut arazoa ez dela estatuko institutua bakarrik, arazoa da feminismo instituzionalaren eredua, maila guztietan emakumeen izenean hitz egiten duten egiturak eraikitzen joan dena, baina ez beti haien errealitatearekin lotuta daudenak. Genero Berdintasunerako Nafarroako Institutua edo Emakunde gure tokiko arazoei aurre egiteko daude, hurbiltasunagatik, beren komunitateetako emakumeen errealitatearekin harreman zuzenagoa izan dezaketen erakundeak, baina horrek ez ditu arazoak salbuesten. Y quiero dejar claro que el problema no es solo el instituto estatal, sino también el modelo de feminismo institucional en todos sus niveles, que ha ido construyendo estructuras que hablan en nombre de la mujer, aunque no siempre estén ligadas a su realidad. El Instituto Navarro para la Igualdad y Emakunde buscan enfrentarse a nuestros problemas a nivel local, y, por su cercanía, son instituciones que pueden mantener una relación más directa con la realidad de las mujeres de sus comunidades. No obstante, esto no las exime de problemas. Siguen siendo feminismo institucional, con sus propias inercias, sus propias limitaciones y en muchos casos la misma distancia respecto al feminismo social que critico en este modelo. Y, como he dicho, quiero ser clara: el problema no es solo el instituto estatal, el problema es un modelo de feminismo institucional que en todos los niveles ha ido construyendo estructuras que hablan en nombre de las mujeres pero que no siempre están conectadas con la vida real. La proximidad no siempre garantiza la escucha. La descentralización no siempre garantiza la participación. Por eso, señorías, no se trata de elegir entre un feminismo institucional, estatal o autonómico. Se trata de cuestionar un modelo que, en su conjunto, corre el riesgo de alejarse del feminismo vivo, del feminismo que sostiene la lucha feminista cotidiana. La reforma que debatimos hoy amplía las competencias del Instituto de las Mujeres en ámbitos tan complejos como la supervisión de algoritmos o la intervención procesal, pero no explica cómo se hará, con qué recursos, con qué metodología, con qué garantías. Jaun-andreok, algoritmoen alborapenaren aurka borrokatzeak espezializazio teknikoa, erakunde espezializatuekin koordinatzea eta esparru argi bat eskatzen ditu. Lege batean aipatzea besterik ez da nahikoa, eta institutuari prozesu judizialetan esku hartzeko aukera emateak, aktore tekniko bat gehiago izanez, prozedura politiko eragile bihur dezake, beste organo batzuek dagoeneko betetzen dituzten funtzioak bikoiztuz. Eskumen gehiagok ez du berdintasun gehiago esan nahi. Egitura gehiagok ez du eraginkortasun handiagoa esan nahi. Señorías, la lucha contra los sesgos algorítmicos exige especialización técnica, coordinación con instituciones especializadas y un marco claro. Una mención legal no basta, y dotar al instituto de la facultad de intervención en procesos judiciales lo puede convertir en un actor técnico en procedimientos políticos por una duplicidad de funciones que ya cumplen otros organismos. Más competencias no significa más igualdad, y más estructuras no significa mayor eficiencia. Si queremos políticas de igualdad que funcionen, deben ser cercanas a la vida real de la gente. Las mujeres no necesitamos un instituto más grande; necesitamos empleo digno, corresponsabilidad real, vivienda accesible, protección efectiva frente a la violencia, igualdad en el ámbito rural, conciliación que no recaiga solo en nosotras. Desde un planteamiento soberanista, quiero decirlo con claridad: las políticas de igualdad deben construirse desde la proximidad, desde el autogobierno, desde la realidad concreta en cada territorio, pero eso no significa reproducir estructuras que repiten los mismos errores a escala más pequeña; significa repensar el modelo, no ampliarlo. Por todo ello, mostramos nuestra posición crítica. Sí a actualizar la ley, sí a combatir las nuevas formas de discriminación, sí a reforzar las políticas de igualdad, pero no a hacerlo reforzando un feminismo institucional que no se revisa, no a hacerlo sin escuchar al feminismo que está a pie de calle en la lucha cotidiana, no a ampliar estructuras que pueden alejarse aún más de la ciudadanía, no a un modelo que confunde presencia institucional con transformación real. La igualdad no es un logo, no es una campaña, no es un eslogan; la igualdad es un compromiso político profundo que se construye desde abajo, desde los territorios, desde las mujeres que sostienen la vida. Hori da defendatzen dugun feminismoa, eta hori da behar dugun feminismoa. Mila esker. Ese es el feminismo que defendemos y ese es el feminismo que necesitamos. Mil esker. .

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Gràcies, presidenta, senyories. La proposició de llei que ens ocupa considerem que té una certa trampa, perquè sota l’aparença d’una necessària adaptació de l’ordenament estatal a les directives europees en matèria d’igualtat, hi veiem amagada una ampliació de les competències, del poder i de la capacitat d’intervenció d’un organisme estatal, l’Institut de las Mujeres, que en un estat descentralitzat no ens sembla de rebut. Per Junts per Catalunya, la igualtat efectiva entre dones i homes és un principi irrenunciable. Forma part dels valors democràtics que defensem i que tot el catalanisme polític ha impulsat des de les institucions catalanes i també des d’aquesta tribuna. Ho ha fet amb perseverança i amb molta valentia la nostra companya Pilar Calvo, que avui no pot ser aquí. Però Catalunya disposa d’un marc normatiu propi, d’institucions pròpies i d’una trajectòria pròpia en matèria de polítiques d’igualtat. Ho demostren l’existència de l’Institut Català de les Dones, de les lleis catalanes d’igualtat, dels plans de promoció de la igualtat d’oportunitats i d’iniciatives desenvolupades pels governs locals en aquesta matèria. Per tant, volem deixar molt clar que no ens interpel·la la seva retòrica, la retòrica d’aquesta iniciativa sobre l’avenç en la lluita contra la discriminació. Això nosaltres ho portem de sèrie. La qüestió és: com es fa aquesta lluita? Qui la fa? Quin és el model institucional? I si es respecta la pluralitat territorial i competencial que hi ha a l’Estat? Doncs bé, per molt que vostès ho vulguin vendre així, senyories del PSOE, les directives europees que pretenen transposar, sí, és veritat que estableixen l’obligació que els estats membres disposin d’organismes d’igualtat efectius, independents i dotats de recursos suficients, però enlloc diu que hi hagi d’haver una concentració de competències en una institució estatal, que és el que, en definitiva, la seva proposta planteja. No considerem de rebut, més aviat considerem que és un risc, per altre costat, que es converteixi l’Instituto de las Mujeres en l’organisme de referència també en àmbits emergents, com la supervisió de sistemes d’intel·ligència artificial i que s’atribueixi a aquest organisme funcions de vigilància dels algoritmes i dels sistemes d’alt risc per detectar possibles biaixos de gènere. La intel·ligència artificial ha de respectar els drets fonamentals i evitar qualsevol forma de discriminació, però això no justifica crear una mena de «nova burocràcia» amb capacitat d’intervenció des d’interpretacions ideològiques que, com a mínim, com a mínim, són molt subjectives. La innovació tecnològica necessita seguretat jurídica, criteris objectius i reguladors independents. El que no necessita segur és organismes que actuïn com a guardians d’una determinada concepció política, cultural i ideològica de la realitat. També ens preocupa especialment que conceptes jurídicament indeterminats acabin convertint-se en instruments d’intervenció discrecional. Pensem que, quan la supervisió pública es fonamenta més en categories ideològiques que no pas en criteris tècnics verificables, el risc d’arbitrarietat augmenta de forma considerable. També ens genera seriosos dubtes l’ampliació de la legitimació activa de l’Instituto de las Mujeres per intervenir davant dels tribunals en defensa d’interessos no sempre concrets i específics, sinó moltes vegades difusos i col·lectius. Permetre que aquest organisme actuï judicialment sense necessitat d’una autorització individual i concreta de les persones presumptament afectades quan es consideri que existeix un interès col·lectiu, no trobem que sigui una fórmula adequada. La protecció dels drets és imprescindible, però també ho és preservar els equilibris institucionals i evitar processos de judicialització excessiva de debats polítics, socials o culturals. No volem una policia de la moral i aquesta és l’aroma que, volent-ho o no, desprèn la seva proposta. Quan una administració pública adquireix una capacitat d’intervenció com la que vostès proposen, acaba — i ho sabem, en som conscients, ho hem vist i ho hem viscut— acaba convertint-se en un actor polític més que, a més a més a més, disposa de recursos públics i d’una enorme capacitat d’influir sobre la configuració del debat públic amb l’excusa de la defensa dels interessos públics legítims. Torno a la qüestió competencial. Catalunya disposa de competències pròpies en àmbits directament vinculats a les polítiques d’igualtat com l’educació, l’ocupació, els serveis socials, la promoció de les dones o els mitjans de comunicació públics. Es nota la poca predisposició a respectar aquestes competències en la seva proposta, perquè la seva proposta no incorpora d’entrada cap clàusula que hi faci referència, a les competències de Catalunya, ni preveu tampoc, ni en general a les competències de cap comunitat autònoma, ni es preveu tampoc cap mecanisme per garantir un equilibri entre els organismes estatals i els organismes territorials. El que veiem és el de sempre: davant qualsevol nou repte, la resposta del Govern espanyol consisteix a concentrar més competències, més recursos i més poder, no diria on? A Madrid. I nosaltres, per si no havia quedat clar, defensem exactament el contrari. Defensem que és Catalunya i no Madrid qui ha de fer efectiva la política d’igualtat. Considerem que la igualtat es construeix des de la proximitat, des del coneixement de la realitat social i des de la capacitat d’adaptar les polítiques públiques a aquesta realitat social. L’experiència ens demostra, a més, que concentrar massa poder en un organisme estatal d’aquest tipus és sinònim de politització. I potser és això el que busquen, polaritzar i impulsar un debat orientat des del Govern, és a dir, contribuir a allò que ara s’anomenen les guerres culturals. Doncs bé, els he de dir que no comptin amb nosaltres per acompanyar -los de comparses en aquestes guerres culturals i que són unes guerres que també es fan a base de convocatòries i línies de subvenció impulsades des del Ministeri d’Igualtat i que generen la percepció que l’accés als recursos públics està condicionat a una determinada ideologia. Les polítiques públiques han de servir a tota la ciutadania, no per obrir debats i confrontació i tampoc no només aquells col·lectius que comparteixen la visió del govern de torn. Des de Junts per Catalunya creiem que hi havia una alternativa millor a la que vostès presenten: una transposició del Govern i no d’un grup parlamentari, una transposició estricta i ajustada a les exigències europees, un reconeixement explícit del paper dels organismes autonòmics d’igualtat, una delimitació més precisa de les funcions de supervisió en matèria d’intel·ligència artificial, una limitació de la capacitat litigiosa en aquells supòsits que afecten interessos difusos i, sobretot, una garantia efectiva de respecte a les competències de Catalunya i de la resta de comunitats autònomes. No compartim l’orientació centralitzadora d’aquesta norma ni l’expansió competencial que impulsa. Per acabar, tampoc volem convertir la necessària adaptació de les directives europees en una confrontació ideològica. Igualtat sí, defensa dels drets de les dones també, però amb més centralisme, més concentració de poder i més tutela sobre les competències de Catalunya, definitivament no. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Señorías, consideramos que la proposición de ley que nos ocupa tiene una cierta trampa, porque, tras la apariencia de una determinada adaptación del ordenamiento jurídico a las directivas europeas en materia de igualdad, vemos que se esconde una ampliación de las competencias del poder y de la capacidad de intervención de un organismo estatal, el Instituto de las Mujeres, que en un Estado descentralizado no nos parece de recibo. Para Junts per Cataluña la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es un principio irrenunciable: forma parte de los valores democráticos que defendemos y que todo el catalanismo político ha impulsado desde las instituciones catalanas, y también desde esta tribuna lo ha hecho con perseverancia y mucha valentía nuestra compañera Pilar Calvo, que hoy no puede estar aquí. Y Cataluña dispone de un marco normativo propio, de instituciones propias y de una trayectoria propia en materia de políticas de igualdad. Lo demuestra en la existencia del Institut Català de les Dones, el Instituto Catalán de las Mujeres, las leyes catalanas de igualdad, los planes de promoción de la igualdad de oportunidades y de las iniciativas desarrolladas por Gobiernos locales en esta materia. Por tanto, queremos dejar muy claro que no nos interpela la retórica de esta iniciativa sobre el avance en la lucha contra la discriminación: nosotros eso lo llevamos de serie. La cuestión es cómo se hace esta lucha, quién la hace, cuál es el modelo institucional y si se respeta la pluralidad territorial y competencial que hay en el Estado. Pues bien, por mucho que ustedes lo quieran vender así, señorías del Grupo Socialista, las directivas europeas que se pretenden transponer es verdad que establecen la obligación de que los Estados miembros dispongan de organismos de igualdad efectivos, independientes y dotados de recursos suficientes, pero en ningún caso dicen que tenga que haber una concentración de competencias en una institución estatal, que, en definitiva, es lo que plantea su propuesta. No lo consideramos de recibo, y, por otra parte, más bien consideramos un riesgo que el Instituto de las Mujeres se convierta en el organismo de referencia también en ámbitos emergentes, como es la supervisión de sistemas de inteligencia artificial, y atribuir a este organismo funciones de vigilancia de los algoritmos y de los sistemas de alto riesgo para detectar posibles sesgos de género. La inteligencia artificial debe respetar los derechos fundamentales y evitar cualquier forma de discriminación, pero eso no justifica crear un tipo de nueva burocracia con capacidad de intervención desde interpretaciones ideológicas, que, como mínimo, son muy subjetivas. La innovación tecnológica necesita seguridad jurídica, criterios objetivos y reguladores independientes. Lo que no necesita, sin duda, son organismos que actúen como guardianes de una determinada concepción política, cultural o ideológica de la realidad. También nos preocupa especialmente que conceptos jurídicamente indeterminados acaben convirtiéndose en instrumentos de intervención discrecional. Creemos que, cuando la supervisión pública se fundamenta más en categorías ideológicas que en criterios técnicos verificables, el riesgo de arbitrariedad aumenta de forma considerable. Y también nos genera grandes dudas la ampliación de la legitimación activa del Instituto de las Mujeres para intervenir ante los tribunales en defensa de intereses, que no siempre son concretos y específicos, sino que muchas veces son difusos o colectivos. Permitir que este organismo actúe judicialmente sin necesidad de una autorización individual y concreta de las personas presuntamente afectadas cuando se considere que existe un interés colectivo es algo que no nos parece que sea una forma adecuada. La protección de los derechos es imprescindible, pero también lo es conservar o preservar los equilibrios institucionales y evitar procesos de judicialización excesiva de los debates políticos, sociales o culturales. No queremos una policía de la moral, y este es el aroma que vemos que desprende su propuesta. Cuando una Administración pública adquiere una capacidad de intervención como la que ustedes proponen―lo sabemos, lo hemos vivido y somos conscientes de ello―, acaba convirtiéndose en un actor político más, que, por otra parte, dispone de recursos públicos y de una enorme capacidad de influir sobre la configuración del debate público, con la excusa de la defensa de los intereses públicos legítimos. Y vuelvo a la cuestión de las competencias. Cataluña dispone de competencias propias en hábitos directamente vinculados a las políticas de igualdad, como la educación, el empleo, los servicios sociales, la promoción de las mujeres o los medios de comunicación públicos. Se nota la poca predisposición a respetar estas competencias en su propuesta, porque, de entrada, no incorpora ninguna cláusula que haga referencia a dichas competencias de Cataluña ni tampoco prevé — y, en general, tampoco respecto a las competencias de ninguna comunidad autónoma— ningún mecanismo para garantizar un equilibrio entre los organismos estatales y los organismos territoriales. Lo que vemos es lo de siempre, y es que, ante cualquier nuevo desafío, la respuesta del Gobierno español consiste en concentrar más competencias, más recursos y más poder en Madrid, como diría alguien. Y nosotros, por si no había quedado claro, defendemos exactamente lo contrario. Defendemos que es Cataluña, y no Madrid, la que debe hacer efectiva la política de igualdad. Consideramos que la igualdad se construye desde la proximidad, desde el conocimiento de la realidad social y la capacidad de adaptar las políticas públicas a dicha realidad social. Además, la experiencia nos demuestra que, cuando se concentra demasiado poder en un único organismo estatal, eso es sinónimo de politización, y quizás es lo que buscan, polarizar e impulsar un debate orientado desde el Gobierno, es decir, contribuir a aquello que ahora se llaman las guerras culturales. Pues bien, debo decirles que no cuenten con nosotros para acompañarlos en estas guerras culturales, que también se libran sobre la base de convocatorias y subvenciones impulsadas por el Ministerio de Igualdad, que generan la percepción de que el acceso a los recursos públicos está condicionado a una determinada ideología. Las políticas públicas deben servir para toda la ciudadanía, y no para abrir debates y confrontación, como tampoco para aquellos colectivos que compartan la visión del Gobierno de turno. Junts per Catalunya cree que hay una alternativa mejor a la que ustedes presentan, una transposición del Gobierno, y no de un grupo parlamentario; una transposición estricta y ajustada a las exigencias europeas, un reconocimiento explícito del papel de los organismos autonómicos de igualdad, una delimitación más precisa de las funciones de supervisión en materia de inteligencia artificial, una limitación de la capacidad de litigios en aquellos supuestos que afecten a intereses difusos y, sobre todo, una garantía efectiva de respeto a las competencias de Cataluña y del resto de las comunidades autónomas. No compartimos la orientación centralizadora de esta norma ni la expansión competencial que impulsa. Y, para acabar, tampoco queremos convertir la necesaria adaptación a las directivas europeas en una confrontación ideológica. Igualdad, sí, y defensa de los derechos de las mujeres, también. Pero más centralismo, más concentración de poder y más tutela sobre las competencias de Cataluña, definitivamente, no. Muchas gracias.

Etna Estrems Fayos ERC

Bona tarda. Gràcies. La proposició de llei que ens presenta avui el Partit Socialista, que pretén reforçar el Instituto de la Mujer i adaptar-lo a les noves regulacions i normes europees, nosaltres considerem que és força tècnica i no m’entretindré massa en la literalitat del text en sí. Des d’Esquerra Republicana, compartim l’objectiu de continuar avançant en la defensa dels drets de les dones i en la necessitat de disposar de totes les eines per combatre les discriminacions, desigualtats i violències masclistes. I, evidentment, per fer això, totes les institucions, totes les institucions, han d’estar al màxim de preparades per afrontar aquestes situacions. Però crec que més enllà del text en si, aquest debat ens hauria de fer reflexionar més profundament sobre com el sistema està responent als casos reals de dones assetjades, discriminades i atacades, de com el context global actual està patint un retrocés brutal en tot allò que donàvem per aconseguit i de com d’important és defensar els nostres drets, perquè en molt poc poden deixar de ser-ho. La setmana passada vaig tenir l’oportunitat de visitar l’OCDE, on ens van explicar que actualment s’està donant una situació insòlita, que és que els Estats Units està pressionant perquè desapareguin les referències a la igualtat de gènere i els drets sexuals i reproductius dels documents, dels programes i dels espais de treball internacionals. Un intent d’esborrar una realitat tossuda que mata cada dia, des dels organismes internacionals que teòricament treballen amb dades i de forma objectiva i no partidista. Que desapareguin aquests conceptes no només ens porta a una batalla dialèctica, sinó que fa que fent desaparèixer les paraules també desapareguin les prioritats polítiques i els recursos econòmics. De fet, res nou. Fa mesos que veiem com els programes de cooperació internacional que durant anys han estat essencials per garantir els drets bàsics de milions de dones i nenes, de salut sexual i reproductiva, de la prevenció de matrimonis forçats, de la lluita contra la violència masclista o de la promoció de l’autonomia econòmica de les dones, estan patint una pressió brutal per aquesta desaparició dels recursos que aportava els Estats Units i d’altres països amb aquesta ideologia, que estan retirant tots els recursos dels programes, generant una pèrdua total d’oportunitats a milers i milions de dones i nenes al món. Però no només tenim problemes a escala internacional. En els llocs del món on suposadament els sistemes de protecció contra les violències masclistes són més sòlids, no paren d’assassinar dones cada setmana. No cal anar massa lluny. Cada setmana en aquesta cambra dediquem minuts de silenci a dones que han mort a mans dels seus agressors. Per tot això, és important reforçar les institucions de protecció i dotar-les de recursos, però jo em faig una pregunta, amb tot això, estem més protegides o no estem més protegides? Perquè fa pocs dies a Figueres, a la meva comarca, hem tornat a viure una tragèdia que ens ha colpit de forma profunda. Parlo de l’assassinat de la Kimberli, una dona assassinada a plena llum del dia, enmig d’una plaça, davant de testimonis i després d’un llarg historial d’amenaces, agressions i avisos. Una dona que havia demanat ajuda, que havia denunciat, que havia confiat en el sistema i que, tot i així, va morir de forma brutal amb una sensació d’impunitat absoluta del seu assassí. El sistema va fallar. El sistema no va entendre els senyals que hi havia i va actuar sense empatia i sense responsabilitat. Hi va haver errors acumulats, decisions equivocades, alertes que no es van tenir en compte i les conseqüències que podien tenir. I el resultat és que la Kimberli va ser assassinada d’una manera brutal davant de la mirada de tothom. Quan passen aquestes coses així, és impossible no recordar que les víctimes no necessiten només bones lleis. Les víctimes necessiten un sistema que funcioni, escolti i es prengui seriosament i les acompanyi amb recursos professionals, temps i coordinació. No necessiten haver de demostrar una vegada i una altra que tenen por, que estan en risc i que les amenaces són reals. Per això crec que aquest debat també ens ha de servir per recordar que no n’hi ha prou amb reforçar les estructures si després les dones continuen trobant obstacles quan demanen ajuda. No n’hi ha prou amb crear organismes si les víctimes continuen sent revictimitzades. No n’hi ha prou amb aprovar normes si els mecanismes de protecció fallen quan més se’ls necessita. I fetes aquestes reflexions, vull deixar clar que, tot i compartir bona part dels objectius que planteja el text de la proposició de llei, Catalunya no parteix de zero en aquest tema. Fa anys que al nostre país es va fer un pas endavant importantíssim en matèria d’igualtat i feminismes, creant la primera conselleria de l’Estat en aquest àmbit. El govern d’Esquerra Republicana va situar la lluita contra la violència de gènere al centre de les seves polítiques i el Departament va desplegar polítiques pioneres en àmbits com la lluita contra les violències masclistes, la igualtat de tracte i no- discriminació, els drets LGTBI+ o la incorporació de la perspectiva feminista al conjunt de les polítiques públiques, igual que som l’única administració que reconeix la violència institucional com a tal. Per això, tot i que recolzarem la presa en consideració, mantindrem els ulls molt oberts a qualsevol temptació de convertir l’Institut estatal de les Dones en un organisme recentralitzador que pugui afectar les competències de la Generalitat, perquè considerem que les exercim amb responsabilitat. Per això, afrontem aquesta presa en consideració amb una actitud constructiva. Compartim l’objectiu de reforçar la defensa dels drets de les dones. Compartim la necessitat de continuar avançant, però també creiem que aquest debat ens ha de servir per recordar una cosa molt bàsica: el feminisme no es mesura pel nombre d’organismes que tenim, sinó per la capacitat real de protegir les dones, d’acompanyar les víctimes i de garantir que cap dona quedi sola quan demana ajuda. Els drets no existeixen perquè creem una estructura. Existeixen perquè, quan una dona demana ajuda, el sistema arriba a temps. És el nostre dret que el sistema ens protegeixi quan demanem ajuda. I avui, pensant en la Kimberli i en tantes altres dones, crec que tots hauríem d’exercir aquesta responsabilitat. Moltes gràcies. Gracias. Buenas tardes. La proposición de ley que nos presenta hoy el Grupo Socialista, que pretende reforzar el Instituto de la Mujer y adaptarlo a las nuevas regulaciones y normas europeas, consideramos que es demasiado técnica, y no me entretendré mucho en la literalidad del texto. Esquerra Republicana comparte el objetivo de continuar avanzando en la defensa de los derechos de las mujeres y tener todas las herramientas para combatir las discriminaciones, desigualdades y violencias machistas. Y, evidentemente, para eso todas las instituciones tienen que estar preparadas al máximo, para afrontar estas situaciones. Pero creo que, más allá de este texto, este debate debería hacernos reflexionar más profundamente sobre cómo el sistema está respondiendo ante los casos reales de mujeres acosadas, discriminadas y atacadas, acerca de cómo el contexto global actual está sufriendo un retroceso brutal en todo aquello que dábamos por conseguido y lo importante que es defender nuestros derechos, porque con muy poco pueden dejar de serlo. La semana pasada pude visitar la OCDE, donde nos explicaron que actualmente se está dando una situación insólita al saber que los Estados Unidos están presionando para que desaparezcan las referencias a la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos de los documentos, programas y espacios de trabajo internacionales; un intento de borrar una realidad tozuda y que mata cada día desde los organismos internacionales, que teóricamente trabajan con datos y de forma objetiva, y no partidista. Que desaparezcan estos conceptos no solo nos lleva a una batalla dialéctica, sino que, además de desaparecer las palabras, también hace que desaparezcan las prioridades políticas y los recursos económicos. De hecho, nada nuevo; hace meses que vemos cómo los programas de cooperación internacional, que durante años han sido esenciales para garantizar los derechos básicos de millones de mujeres y niñas a la salud sexual y reproductiva, la prevención de matrimonios forzados, la lucha contra la violencia machista o la promoción de la autonomía económica de las mujeres, están sufriendo una represión brutal por esta desaparición de los recursos que aportaba Estados Unidos y también otros países a partir de esa ideología por la que están retirando todos los recursos de los programas, generando una pérdida total de oportunidades a miles y millones de mujeres del mundo. Pero no solo tenemos problemas a escala internacional. En los lugares del mundo donde, supuestamente, los sistemas de protección contra las violencias machistas son más sólidos no paran de asesinar a mujeres cada semana. No hay que ir muy lejos. Cada semana en esta Cámara dedicamos minutos de silencio a mujeres que han muerto a manos de sus agresores. Por todo eso es importante reforzar las instituciones de protección y dotarlas de recursos. Yo me planteo una pregunta. ¿Con todo eso estamos más protegidas o no? Me la planteo porque hace pocos días en Figueres, mi comarca, hemos vuelto a vivir una tragedia que nos ha golpeado de forma profunda. Hablo del asesinato de Kimberli, una mujer asesinada a plena luz del día y en medio de una plaza ante testigos y después de un largo historial de amenazas, agresiones y avisos. Esta mujer había pedido ayuda, había denunciado, había confiado en el sistema y, a pesar de todo, murió de forma brutal, con una sensación de impunidad absoluta por parte de su asesino. El sistema falló. El sistema no entendió las señales que había y actuó sin empatía y sin responsabilidad. Hubo errores acumulados, decisiones equivocadas, alertas que no se tuvieron en cuenta, tampoco las consecuencias. El resultado es que Kimberli fue asesinada de una manera brutal ante los ojos de todo el mundo. Cuando ocurren estas cosas es imposible no recordar que las víctimas no necesitan solo buenas leyes. Las víctimas necesitan un sistema que funcione, que las escuche, las acompañe y las tome en serio, con recursos y coordinación. . No necesitan tener que demostrar una y otra vez que tienen miedo, que están en riesgo y que las amenazas son reales. Por eso creo que este debate también nos tiene que servir para recordar algo. No basta con reforzar las estructuras si después las mujeres siguen encontrando obstáculos cuando piden ayuda. No basta con crear organismos si las víctimas siguen siendo revictimizadas. No basta con aprobar normas si los mecanismos de protección fallan cuando más se necesitan. Hechas estas reflexiones, quiero dejar claro que, aunque compartamos buena parte de los objetivos de este texto de la proposición de ley, Cataluña no parte de cero en este tema. Hace años que nuestro país dio un paso adelante importantísimo en materia de igualdad y feminismos creando la primera consejería del Estado en este ámbito. El Gobierno de Esquerra Republicana situó la lucha contra la violencia de género en el centro de sus políticas y el departamento desplegó políticas pioneras en ámbitos como la lucha contra las violencias machistas, la igualdad de trato y no discriminación, los derechos LGTBI+ o la incorporación de la perspectiva feminista en el conjunto de las políticas públicas. Somos la única Administración que reconoce la violencia institucional como tal. Por eso, aunque respaldaremos la toma en consideración, mantendremos los ojos muy abiertos ante cualquier tentación de convertir el Instituto de las Mujeres estatal en un organismo recentralizador que pueda afectar a las competencias de la Generalitat, porque consideramos que las ejercemos con responsabilidad. Por eso, afrontamos esta toma en consideración con una actitud constructiva. Compartimos el objetivo de reforzar la defensa de los derechos de las mujeres, de seguir avanzando en esa necesidad, pero creemos que este debate también nos tiene que servir para reafirmar algo muy básico: el feminismo no se mide por el número de organismos, sino por la efectividad real de proteger a las mujeres, de defender a las víctimas y que ninguna se quede sola. No basta con crear una estructura, sino que el sistema llegue a tiempo cuando la mujer pida ayuda. Nuestro derecho es que el sistema nos proteja cuando pedimos ayuda. Hoy, pensando en Kimberli y en muchas otras mujeres, creo que todos deberíamos ejercer esta responsabilidad. Muchas gracias. .

Júlia Boada Danés SUMAR

Gracias, presidente. La toma en consideración de esta proposición de ley no es un mero trámite para adaptar el ordenamiento español a las nuevas obligaciones europeas, que también, sino para actualizar y modernizar un organismo imprescindible que contribuye a fortalecer la arquitectura institucional de la igualdad, un organismo que, por lo tanto, refuerza nuestra democracia. Este organismo es el Instituto de las Mujeres y debe impulsar, coordinar, evaluar y defender las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y, sobre todo, debe tener las herramientas necesarias para hacerlo. Cal destacar que aquest enfortiment no va en detriment d’organismes ja existents, com l’Institut Català de la Dona, que fa dècades que treballen per eixamplar els drets de les dones, per ser referents en polítiques feministes, per ser pioneres en la lluita per la igualtat, sinó que cal aprofitar l’expertesa i experiència dels organismes ja existents en diferents parts de l’Estat per tal que aquesta lluita, que no entén de territoris, tingui un impacte positiu en la vida de totes les dones, que aquest és l’objectiu últim. No es tracta de competir pels recursos, sinó de col·laborar i ampliar-los per poder fer efectiu aquesta igualtat que busquen. Hay que destacar que este refuerzo no va en detrimento de organismos ya existentes como el Instituto Catalán de las Mujeres, que ya hace décadas que trabaja a favor de las mujeres para ser referente en políticas feministas y pionero en la lucha por la igualdad, sino que hay que aprovechar la experiencia de los organismos ya existentes en diferentes partes del Estado para que esta lucha, que no entiende de territorios, tenga un impacto positivo en la vida de todas las mujeres. Este es el objetivo útil. No se trata de competir por recursos, sino de colaborar y ampliarlos para poder hacer efectiva esta igualdad. . Estas herramientas de las que se va a dotar el Instituto de las Mujeres son necesarias porque la brecha salarial sigue ahí. Las necesita porque las mujeres siguen soportando más parcialidad, más temporalidad, más paro, pensiones más bajas y más riesgo de pobreza, aunque las medidas impulsadas por este Gobierno, especialmente por el Ministerio de Trabajo, como la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional, han reducido estas desigualdades. Queda mucho camino por recorrer. El instituto necesita más herramientas porque las discriminaciones no solo no han desaparecido, sino que se han sofisticado, y aquí entra uno de los elementos centrales de esta proposición de ley. El Instituto de las Mujeres debe trabajar para una inteligencia artificial ética y feminista, sí, aunque les pete la cabeza a las señorías de VOX. La inteligencia artificial se alimenta de enormes cantidades de datos, pero más datos no significa necesariamente mejores datos. La inteligencia artificial recibe el conocimiento humano con todos sus sesgos y con toda su falta de diversidad y de representatividad y los hereda, los multiplica y los disfraza de neutralidad. Para que nos entendamos, la inteligencia artificial es un señor blanco, heterosexual, de mediana edad, de clase media alta, un señor que nos proporciona información volcada por otros señores como él y que se entrena con más señores como ellos, pero al final tiene voz de mujer. Mucho mejor que te sirva una voz femenina. Estos sesgos refuerzan la discriminación de las mujeres en el empleo cuando un algoritmo de selección descarta currículums de mujeres porque históricamente ese puesto lo ocuparon hombres y aprende que lo idóneo es seguir contratando hombres. En la salud, cuando un sistema de diagnóstico entrenado mayoritariamente sobre cuerpos masculinos lee peor los síntomas de las mujeres y llega tarde, por ejemplo, a un infarto, que en nosotras se manifiesta de otra manera. En las finanzas, cuando un modelo de concesión de crédito penaliza las trayectorias laborales interrumpidas por la maternidad o los cuidados, que casi siempre asumimos nosotras. Estos sesgos también pueden propiciar que las mujeres sean víctimas de la violencia machista digital, de acoso, de contenidos misóginos amplificados por plataformas y tecnologías que muchas veces van más rápido que nuestras leyes. Así que, ante una inteligencia artificial que no incluye la perspectiva de género, los poderes públicos deben velar por que esta herramienta que está transformando el mundo lo haga de manera justa. Frente a la discriminación que se esconde en los algoritmos, más control público y más derechos. Esta proposición de ley también dota de competencias reforzadas, funciones ampliadas y autonomía efectiva al instituto, al que se le reconoce la capacidad para instar acciones judiciales en defensa de los derechos relacionados con la igualdad de trato y la no discriminación cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación. Este elemento es especialmente relevante. La igualdad real exige instituciones fuertes, exige recursos, exige capacidad de intervención, exige que los organismos públicos puedan acompañar, asistir y, cuando sea necesario, litigar para defender nuestros derechos. Frente a quienes quieren que las mujeres peleen solas, más instituciones que acompañen. Voy terminando, señorías. El movimiento feminista siempre ha estado en la vanguardia de la transformación social de este país. Los derechos de las mujeres, de los que hoy gozamos y que hemos consolidado, aunque algunos los cuestionen, han sido previamente batallados por centenares de miles de mujeres. El movimiento feminista ha empujado para que la igualdad dejara de ser una promesa y se convirtiera en política pública. Así que hoy avanzamos al reforzar un organismo que debe tener todas las herramientas para ser vanguardia, para acompañar y para defender los derechos de las mujeres. Hay mucho trabajo por hacer y, por eso, desde el Grupo Plurinacional SUMAR pedimos a quienes dirigen el instituto que se tomen en serio esta reforma, que se la tomen como una oportunidad para reimpulsar un organismo que debería ser mucho más representativo y capaz de incorporar todos los feminismos, más útil a las mujeres de este país, especialmente en un contexto donde la lucha por la igualdad de género ha dejado de ser un consenso político y social debido a su dinamitación por la extrema derecha. Finalizo como empecé. Reforzar el Instituto de las Mujeres es fortalecer la democracia. No votar a favor es no votar a favor de la democracia. Muchas gracias. .

María de los Reyes Romero Vilches VOX

Gracias, señor presidente. Señorías, hoy debatimos una proposición de ley del Grupo Socialista que, una vez más, se nos presenta bajo la apariencia de una reforma técnica y administrativa, aunque en realidad lo que pretende es seguir reforzando el entramado ideológico construido durante décadas alrededor de las políticas de género. Hablan ustedes de la necesidad de adaptar la legislación española a la normativa europea, pero lo que pretenden, en realidad, es dar pasos en asegurar su control ideológico de género sobre la sociedad española. . Conviene que los españoles sepan de qué estamos hablando. No estamos ante una iniciativa destinada a mejorar la vida de las mujeres que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que sufren problemas de conciliación, que no encuentran vivienda o que ven cómo la inseguridad crece en sus barrios. No. Estamos ante una reforma cuyo principal objetivo es ampliar su ya atosigante papel y la influencia del Instituto de las Mujeres dentro de la Administración, incluso en distintos procedimientos judiciales. En resumen, lo que ustedes pretenden con esta proposición de ley, señorías del Grupo Socialista, se puede sintetizar en tres objetivos. Primero, profundizar en el intervencionismo administrativo en torno a esos conceptos fantasma de los que ustedes tanto hablan, como son la brecha de género, los techos de cristal o ese rollo del heteropatriarcado. Segundo, censurar y controlar la inteligencia artificial, de la que por lo visto no se fían ni ustedes mismos, pero a la que pretenderán manipular para su propio beneficio. . Tercero, acaparar la protección de la mujer en asuntos judiciales que son de la exclusiva incumbencia de las personas concretas que luchan por sus derechos individuales, de nadie más. VOX no cree que las mujeres españolas seamos un colectivo víctima, como ustedes nos presentan, ni que estemos necesitadas de la tutela oficial de los poderes públicos. VOX defiende la igualdad real de todos los españoles ante la ley, una igualdad que no depende del sexo ni de la ideología o de la pertenencia a un determinado colectivo. Nosotros lo que defendemos es la igualdad que se reconoce en el artículo 14 de nuestra Constitución, que parece que ustedes quieren derogar por la vía de los hechos. A pesar de lo que quieran aparentar, señorías del Grupo Socialista, ustedes siguen insistiendo en una política que divide a los ciudadanos entre hombres y mujeres, que enfrenta a unos contra otras y que considera a las personas no por lo que hacen, sino por el grupo al que pertenecen, con el objetivo único de controlar y manipular a la población. . Llevamos años viendo cómo se multiplican observatorios, institutos, comisionados, planes estratégicos y campañas de propaganda y, sin embargo, los problemas reales de las mujeres siguen siendo los mismos, pero incrementados; la seguridad está entre ellos. Hace apenas unos días hemos conocido las estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior referentes a delincuencia. En el primer trimestre de 2026, el índice de agresiones sexuales cometidas en mi provincia, Sevilla, se ha multiplicado por tres. Sigo con los datos publicados por el Ministerio del Interior. Si nos extendemos un poquito más en el tiempo, vemos (muestra los datos en un folio con el logo del Ministerio del Interior) cómo la criminalidad ha aumentado desde que Pedro Sánchez o P. S. llegó al poder. Concretamente, los delitos contra la libertad sexual se han incrementado un 85 % y las agresiones sexuales con penetración más del 286 %. . Esas son las cifras. No son bulos de VOX, sino cifras del Ministerio del Interior. Estas cifras habría que analizarlas, porque son los frutos que estamos cosechando tras sus políticas feministas y buenistas. La realidad es tozuda. Los datos casan bien con el hecho de que su absurda ley del solo sí es sí puso en la calle o rebajó las penas a más de 1200 condenados por delitos sexuales. Así que ¿a alguien le pueden extrañar estos resultados? Como es evidente y hemos dicho en muchas ocasiones, el descontrol de nuestras fronteras ha llenado nuestros barrios de personas procedentes de culturas en las que no se respeta a la mujer, en las que se ve a la mujer inferior al varón y en las que se trata a estas como un mero objeto sexual, sobre todo las que no profesamos determinada religión. Para VOX cada víctima importa, sea hombre o mujer, y merecen la misma protección y cada delito merece la misma condena, no en función de quién sea el agredido o el agresor. Por eso, rechazamos las políticas que sustituyen la igualdad jurídica por categorías ideológicas. Señorías del Grupo Socialista, llevan años presentando cualquier discrepancia con sus ineficientes, ineficaces y contraproducentes políticas de género como si fueran un ataque a las mujeres, a las que dicen ustedes representar, pero ese monopolio que ustedes atribuyen no es así, porque defender la igualdad ante la ley no es atacar a las mujeres; defender la maternidad no es atacar a las mujeres; defender la familia no es atacar a las mujeres; exigir que los recursos públicos se destinen a resolver los problemas reales y no a alimentar estructuras ideológicas tampoco es atacar a las mujeres, muy al contrario. . Lo que perjudica a las mujeres es utilizar sus problemas como excusa para ampliar chiringuitos de género en los que enchufar a sus afines. Los minutos de silencio no bastan para detener la violencia ni tampoco sus puntos violetas. La señora Guinart, ya que hablamos de puntos violetas, nos ha recordado aquí el nombre de la primera directora del Instituto de las Mujeres y yo voy a recordar a una directora más reciente, la señora Isabel García, que, hablando de casos de corrupción, fue cesada por su mismo Gobierno por irregularidades en contratos públicos. Así que ya sabemos que corrupción y socialismo van siempre de la mano. El hecho es que, aunque no hubiera corrupción, en nada beneficia a las mujeres el aumento del gasto público para seguir manteniendo estos chiringuitos inútiles a costa de los bolsillos de todos los españoles. Censura, intervencionismo, discriminación, corrupción, delirios ideológicos y, sobre todo, muchos sueldos públicos que pagan los españoles con los resultados que estamos viendo. Eso es en lo que se resume su política feminista y lo que pretenden afianzar con esta proposición de ley. Señorías, las mujeres españolas no necesitamos más organismos, más burocracia ni más ingeniería social. Lo que necesitamos las mujeres españolas es seguridad, oportunidades, conciliación familiar y laboral y respeto a nuestra dignidad.

María de los Reyes Romero Vilches VOX

El Instituto de las Mujeres y esta proposición de ley del Grupo Socialista no abordan ninguno de estos problemas. Voy terminando, señorías.

María de los Reyes Romero Vilches VOX

VOX sigue defendiendo la igualdad real ante la ley, la protección de todas las víctimas sin distinciones y una institución al servicio de los ciudadanos y no de una ideología, porque la igualdad se defiende aplicando la misma ley para todos, con justicia y sin complejos. Desde luego, VOX promoverá todas estas políticas en cuanto tenga ocasión, que va a ser más pronto que tarde. Muchas gracias. .

Silvia Franco González PP

Gracias, señor presidente. Señorías, hoy no debatimos aquí una memoria técnica o una reforma técnica, como se ha dicho, hoy decidimos quién vigila de verdad la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Es un órgano independiente o uno sometido a las órdenes o al servicio del Gobierno de turno? La pregunta es inevitable. ¿Alguien puede sostener que el Instituto de las Mujeres, tal y como está configurado hoy, es ese garante independiente que exige el derecho de la Unión Europea? Esta es una cuestión a la que nadie se ha referido y que a mí me parece capital. Llamar independiente a una estructura jerárquicamente sometida a este Gobierno es una ficción. La igualdad no se defiende con organismos dóciles, sino con instituciones libres frente al Gobierno. Me van a permitir que hable con claridad. Nos traen aquí, señorías del Grupo Socialista, una arquitectura institucional dependiente de un Gobierno, el de P. S., que se proclama feminista pero que arrastra el caso Koldo-Ábalos con informaciones graves sobre abuso de mujeres prostituidas, que guarda silencio por las acusaciones de acoso sexual a trabajadoras de la propia Moncloa y que vive bajo la sombra del caso Leire Díez, investigada por presuntas maniobras para desacreditar, entre otros, a juezas independientes. . Resulta obsceno que quien protagoniza estos escándalos se presente como garante de los derechos de las mujeres. Si sumamos, además, que el Ministerio de Igualdad está cuestionado por el propio feminismo al contribuir al vaciado de las políticas de igualdad y al borrado de las mujeres, yo creo que comprenderán que nos formulemos diferentes preguntas. Estamos ante una redefinición profunda del Instituto de las Mujeres y llama mucho la atención que, cuando se va a convertir este instituto en un organismo de igualdad, de acuerdo con lo que dicen las dos directivas, la 1499 y la 1500, del año 2024, además de en un organismo nacional de supervisión de la no discriminación por razón de sexo en el ámbito de la inteligencia artificial, al amparo del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, hayan acudido ustedes a una proposición de ley. Llama mucho la atención. Además, es una proposición de ley que se tramita deprisa ―se ha registrado el 29 de mayo y el plazo de transposición termina dentro de tres días, el 19 de junio―, cuya exposición de motivos es descaradamente ideológica y que no cuenta con las garantías de calidad normativa que se hubieran garantizado si se hubiera tramitado como proyecto de ley, porque tendríamos aquí los informes de los órganos consultivos y, además, las aportaciones del proceso participativo. Es incomprensible que hayan elegido ustedes esta vía. Me van a permitir que ordene nuestras objeciones. La primera es esa ausencia de la independencia del instituto, a la que ya me he referido y que me parece un presupuesto esencial. Las dos directivas y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial señalan expresamente que estas funciones se tienen que atribuir a organismos con verdadera autonomía funcional, sin interferencias externas, con estabilidad y recursos propios. Por tanto, surge esa gran duda. El instituto es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad y, por mucho que esta proposición nos hable programáticamente de imparcialidad, objetividad o integridad, no cambia la naturaleza jurídica del Instituto, no le blinda frente a injerencias o interferencias externas y no le otorga un estatuto de independencia real. Ya no se trata solo de impulsar aquí o de fomentar políticas de igualdad, sino que estamos hablando de supervisión, de atención a las víctimas de discriminación y, también, de legitimación para litigar de una forma muy amplia por intereses difusos y colectivos. Es decir, estamos hablando de un conjunto de garantías que exigen una distancia real y efectiva respecto al poder político, porque a lo mejor el peligro puede venir del poder político, precisamente. . Además, esa duda no nace del vacío: diversas voces feministas han criticado en los últimos años el sesgo ideológico de determinados posicionamientos y estudios del Instituto de las Mujeres. Si esta institución va a ser un ente central en la supervisión y en la tutela, lo primero que hay que hacer es garantizar de una forma exquisita esa neutralidad, esa profesionalidad y esa independencia, y esta proposición de ley no lo hace. Señorías, no olvidemos, además, que detrás de una persona discriminada hay una vida real. Una mujer puede ser discriminada por el hecho de ser mujer, pero también por otro conjunto de circunstancias que se incluyen dentro de esa discriminación intersectorial. Cuando esto ocurre, esta víctima no piensa en reglamentos o competencias, sino dónde tiene que acudir y que la atiendan correctamente, con la diligencia debida. Si la perdemos entre organismos, derivaciones, competencias o ventanillas distintas, la estamos dejando sola, le estamos fallando otra vez. Esto me lleva a la siguiente objeción, que es precisamente la incoherencia de sus señorías del Grupo Socialista. Ustedes elevaron la Ley 15/2022, la ley Zerolo, a un hito histórico, con una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como eje central. Hoy, sabemos que, más que un hito, fue un gran titular, porque su despliegue ha sido lentísimo ―años de retraso, un estatuto tardío, presupuestos aplazados o una estructura improvisada―. Ahora trasladan parte del protagonismo al Instituto de las Mujeres y vacían en la práctica esta ley Zerolo, y lo hacen precisamente esta semana, cuando empezamos las celebraciones del orgullo. Esta polémica no surge ahora, sino que ha surgido fuera del hemiciclo. Hay un sector del feminismo que se preocupó mucho cuando se aprobó el estatuto de la autoridad independiente ―la ministra viene encadenando polémicas constantes―, y fortalecer al Instituto de las Mujeres es una forma de aplacarlo, pero vacían de contenido y rectifican, de una manera encubierta, esta ley Zerolo. La tercera crítica es precisamente que esta proposición convierte al instituto en un organismo nacional encargado de supervisar y hacer respetar la no discriminación por razón de sexo en los sistemas de IA de alto riesgo. Le encarga velar por la eliminación de los sesgos de género, cuando se le ha acusado por sectores del feminismo de sesgo ideológico, y por la transparencia y rendición de cuentas de los algoritmos públicos y privados. Me parece genial, a ver si por fin conocemos cuál es el código fuente del algoritmo de VioGén y por una vez superamos la falta de transparencia que hay al respecto, pero lo que están haciendo nuevamente es un solapamiento competencial, porque ya existe la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Si me permiten un símil futbolístico, ya tenemos un árbitro en este ámbito, no necesitamos en este partido un conjunto de linieres peleándose por el silbato. Termino ya. Si de verdad quieren fortalecer el Instituto de las Mujeres, lo que tienen que hacer es trabajar para devolverle la autoridad, el prestigio y la influencia dañados por controversias y escándalos como el de los puntos violeta. Esta ley no es una buena ley, sino un intento apresurado de recomponer equilibrios. La seguridad jurídica exige una buena técnica legislativa, mayor claridad competencial, no duplicar organismos ―esto sale del erario público, del bolsillo de los ciudadanos, y es muy caro― y ordenar adecuadamente las funciones y competencias en esta materia. Fortalecer la igualdad es construir instituciones sólidas, independientes y respetadas, y esta proposición de ley, …

Silvia Franco González PP

… tal y como está redactada no lo hace. Muchas gracias. .

Maribel García López PSOE

Señorías, hay quienes todavía intentan justificar determinados comportamientos en el deporte apelando a la pasión, a la rivalidad o a la emoción en la competición. Pero conviene decirlo con claridad: el racismo, la misoginia, la xenofobia, el odio nunca son pasión, y una democracia madura no puede permitir normalizarlos. Porque cuando una persona es insultada por el color de su piel, cuando una deportista es humillada por ser mujer, cuando un niño recibe gritos racistas en un campo de fútbol base, no hablamos de discriminación en el deporte: hablamos de qué sociedad queremos ser. El deporte es una de las mejores herramientas de cohesión social que existen y en él aprendemos valores que nos acompañan toda la vida: el respeto, el esfuerzo, la igualdad de oportunidades, la convivencia con quien es diferente. Por eso resulta grave que esos espacios se estén convirtiendo en altavoces del odio. Los datos son contundentes: solo en una temporada se detectaron más de 33 000 mensajes de odio vinculados al fútbol. Durante el año 2025 se registraron 779 000 contenidos racistas y xenófobos en redes sociales en España y apenas la mitad fueron retirados. Detrás de cada cifra hay una persona, alguien que recibe el mensaje de que no pertenece a ese espacio. Y eso es exactamente lo que persigue el odio: señalar, intimidar, silenciar y expulsar. Cuando Lamine Yamal saltó al campo para defender la camiseta de España, millones de personas vieron talento, esfuerzo y futuro; pero hubo quienes solo vieron el color de su piel o el origen de su familia. Algunos intentaron presentarlo como algo anecdótico, pero no lo era, porque cuando un joven deportista que representa a nuestro país recibe ataques por ser quien es, el problema ya no es individual, es un problema colectivo; es el reflejo de prejuicios que siguen presentes en nuestra sociedad y que no podemos tolerar ni en las gradas, ni en las redes sociales, ni en ningún espacio público. . Y si hablamos de machismo en el deporte, todas y todos recordamos lo que ocurrió el día más importante de la historia del fútbol femenino español. Mientras nuestras jugadoras levantaban una copa del mundo para la historia, Jenni Hermoso veía cómo su éxito y el de todas sus compañeras quedaba eclipsado por un comportamiento que millones de hombres y mujeres condenamos inmediatamente. Aquel episodio nos obligó a mirar de frente una realidad incómoda: que todavía hay quienes creen que las mujeres debemos soportar lo que jamás aceptarían los hombres. . Precisamente por eso la respuesta de la sociedad fue contundente, porque las mujeres españolas ya no estamos dispuestas a dar ni un solo paso atrás en igualdad. Lamine Yamal y Jenni Hermoso representan dos de las mejores caras de la España actual, una España diversa, igualitaria, una España que avanza, y por eso se convierten en objetivo de quienes siguen sin aceptar esa España. Nuestra obligación es decirles con claridad que no van a marcar el camino. Cuando se ataca a Lamine Yamal por sus orígenes o se cuestiona a Jenni Hermoso por exigir respeto, pierde el deporte, pero sobre todo, pierde la sociedad. . Señorías, hay una realidad que merece una atención específica: el odio tiene género y tiene consecuencias. Nueve de cada diez mujeres afirman haber escuchado comentarios sexistas en entornos deportivos y una de cada tres reconoce haber sufrido situaciones de acoso o discriminación. Las mujeres deportistas no reciben únicamente críticas deportivas: reciben insultos por su aspecto físico, sufren sexualización, se cuestionan constantemente sus logros, se pone en duda que merezcan estar donde están y se les exige demostrar una y otra vez su valía, algo que a los hombres se les presupone. Señorías, no habrá igualdad real mientras una mujer siga pensando que determinados espacios no están hechos para ella; no habrá igualdad real mientras el talento femenino tenga que abrirse camino soportando una carga adicional de violencia y desprecio; no habrá igualdad real mientras algunos pretendan disfrazar de opinión lo que en realidad es discriminación y machismo. Combatir el odio no es censurar; combatir el odio es proteger derechos, es defender la convivencia, es defender la dignidad humana y es defender los valores constitucionales que compartimos. Y por eso hacen falta más herramientas, más prevención, más educación, más protección y más responsabilidad; responsabilidad de las instituciones, de las organizaciones deportivas, de las plataformas digitales y responsabilidad colectiva como sociedad. Por eso proponemos mejorar los mecanismos de actuación frente al odio en redes sociales, impulsar programas educativos en el deporte base, acompañar mejor a las víctimas y seguir avanzando para que ninguna instalación deportiva y ninguna competición se convierta en refugio de la discriminación. Señorías, la igualdad no es una meta alcanzada, es una tarea permanente y cada generación tiene la responsabilidad de ampliarla un poco más que la anterior. Esa ha sido siempre la historia de los avances en nuestro país. Las socialistas y los socialistas somos la historia de quienes se negaron a aceptar que la discriminación fuera normal; la historia de quienes ampliamos derechos, derribamos barreras y construimos una sociedad más libre y más justa. Y esa es también la responsabilidad que hoy tenemos aquí. . Las victorias más importantes del deporte español no son solo los títulos que levantamos, son también los derechos que conquistamos. Frente a quienes quieren levantar muros de intolerancia, el Partido Socialista Obrero Español y todos los progresistas de este país seguiremos tendiendo puentes y defendiendo una España más libre, más feminista, más diversa y más igualitaria, donde nadie sea insultado por ser quién es o por el color de su piel; donde nadie sea excluido por su origen; donde ninguna mujer tenga que pedir permiso o soportar violencia por ocupar el lugar que le corresponde; y donde ninguna niña abandone sus sueños porque alguien le hizo creer que el deporte no era para ella: una España donde el respeto gane siempre al odio. Muchas gracias. .

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Bona tarda, senyories. Junts per Catalunya compartim plenament la necessitat de combatre qualsevol forma de racisme, de xenofòbia, de misogínia o discriminació en l’esport. Però perquè aquesta lluita sigui creïble ha de ser completa i aquí és on falla la seva iniciativa perquè, senyors i senyores socialistes, hi ha una forma d’odi que continua sent invisibilitzada, perquè les institucions de l’Estat la invisibilitzen i vostès, des d’aquí, també. Està invisibilitzada i sovint és aplaudida per alguns dels seus votants i per algun que altre electe seu. Em refereixo a la catalanofòbia. Parlen dels discursos d’odi als estadis, a les xarxes socials, però no hi ha ni una sola referència als insults, càntics i expressions de menyspreu contra Catalunya i els catalans, contra la llengua catalana, contra els símbols nacionals catalans o contra els clubs i aficionats catalans. Durant anys hem sentit el crit de «puta Catalunya». A quin camp no han sentit cridar «puta Barça» i «puta Catalunya»? A molt pocs, molt pocs no s’ha cridat. Insults a la nostra identitat col·lectiva, manifestacions de menyspreu que massa sovint han justificat com a rivalitat esportiva. Quan la víctima és Catalunya, allò que se li diria intolerància, en qualsevol altre context, es converteix en un folklòric fet menor. I això no és acceptable. La lluita contra l’odi no pot funcionar amb una doble vara de mesurar. No és creïble perseguir unes discriminacions i ignorar-ne unes altres. No és creïble parlar de diversitat mentre s’exclou la diversitat nacional i lingüística. Per això reclamem que qualsevol estratègia pública contra els discursos d’odi incorpori de manera explícita la discriminació per identitat nacional, per llengua o origen territorial. Senyories, d’exemples en trobaríem per donar i vendre. Fa només uns mesos, durant els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina, es va denunciar la retirada de senyeres i estelades durant la competició on l’Oriol Cardona es proclamava campió olímpic. Quan els símbols d’una col·lectivitat reconeguda són objecte d’un tracte diferenciat, estem davant un problema de respecte, de discriminació i de vulneració de drets. I saben quina seria una bona manera de revertir aquesta situació? Doncs garantint el respecte a la identitat esportiva catalana i permetre que Catalunya pugui competir internacionalment amb normalitat. Disposem a casa nostra d’una llarga tradició esportiva, d’un teixit federatiu potent i d’esportistes reconeguts arreu del món. Però, malgrat això, l’ordenament esportiu espanyol continua impedint que moltes federacions catalanes puguin participar oficialment en competicions internacionals. I això és una anomalia. I ho saben: Escòcia, Gal·les, Irlanda del Nord, les illes Fèroe o Groenlàndia competeixen internacionalment amb normalitat. Ningú les considera una amenaça. Al contrari, el reconeixement de la pluralitat reforça la convivència. Per això, denunciem també des d’aquí el bloqueig permanent del PSOE i del PSC, que mantenen respecte a l’oficialitat de les seleccions catalanes. Fan el de sempre, pacten i no compleixen. Propaganda i declaracions, però cap avenç real. Mirin, la diversitat que vostès invoquen no és només una qüestió de gènere, d’origen o orientació sexual. Insistim, la diversitat també és cultural, lingüística i nacional. Per això reclamem incorporar explícitament la catalanofòbia entre les conductes objecte de prevenció i sanció, reconèixer la discriminació lingüística com a forma específica d’intolerància i defensar el dret dels esportistes catalans a competir internacionalment sobre les seves pròpies seleccions. És en aquest sentit que van les nostres esmenes, perquè no es pot construir una societat veritablement inclusiva deixant fora milions de ciutadans que també tenen dret a veure respectada la seva identitat, la seva llengua, els seus símbols i les seves aspiracions esportives. Per tot això, reclamem una política de tolerància zero contra totes les formes d’odi, també contra la catalanofòbia. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En Junts per Catalunya compartimos plenamente la necesidad de combatir cualquier tipo de racismo, xenofobia, misoginia o discriminación en el deporte. Pero para que esta lucha sea creíble tiene que ser completa, y aquí es donde falla su iniciativa. Porque, señoras y señores socialistas, hay una forma de odio que sigue viéndose invisibilizada porque las instituciones del Estado la invisibilizan y ustedes, desde aquí, también. Está invisibilizada y a menudo es aplaudida por algunos de sus votantes y por algún que otro cargo electo de ustedes. Me refiero a la catalanofobia. Hablan de discursos de odio sectarios en las redes, pero no hay ninguna referencia a los cánticos de desprecio contra la identidad catalana, las lenguas, los símbolos, los aficionados y clubes catalanes. Durante años, hemos oído el grito de «¡Puta Cataluña!» ¿Y en qué campo no se ha oído ese canto de «¡Puta Barça, puta Cataluña!» En muy pocos no se ha gritado eso. Insultos a nuestra identidad colectiva, manifestaciones de desprecio que con demasiada frecuencia han justificado como rivalidad deportiva. Cuando la víctima es Cataluña, lo que se llamaría intolerancia en cualquier otro contexto se convierte en un hecho menor folclórico, y eso no es aceptable. La lucha contra el odio no puede funcionar con una doble vara de medir. No es creíble perseguir unas discriminaciones e ignorar otras. No es creíble hablar de diversidad mientras se excluye la diversidad nacional y lingüística. Por eso reclamamos que cualquier estrategia pública contra los discursos de odio incorpore de manera explícita la discriminación por identidad nacional, por lengua u origen territorial. Señorías, ejemplos tenemos para dar y tomar. Solo hace unos meses, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán‑Cortina, se denunció la retirada de senyeras y esteladas durante una competición en la que Oriol Cardona se proclamaba campeón olímpico. Cuando los símbolos de una colectividad reconocida son objeto de un trato diferenciado, estamos ante un problema de respeto, de discriminación y de vulneración de derechos. ¿Y saben cuál sería una buena manera de revertir esta situación? Pues garantizar el respeto a la identidad deportiva catalana y permitir que Cataluña pueda competir internacionalmente con normalidad. Disponemos en nuestra casa de una larga tradición deportiva, de un tejido federativo potente y de deportistas reconocidos en todo el mundo. A pesar de eso, el ordenamiento deportivo español sigue impidiendo que muchas federaciones catalanas puedan participar oficialmente en competiciones internacionales. Eso es una anomalía, y lo saben. Escocia, Gales, Irlanda del Norte, las Islas Feroe o Groenlandia compiten internacionalmente con normalidad. Nadie las considera una amenaza. Al contrario, el reconocimiento de la pluralidad refuerza la convivencia. Por eso denunciamos también desde aquí el bloqueo permanente del PSOE y del PSC que mantienen respecto a la oficialidad de las selecciones catalanas. Hacen lo de siempre: pactan y no cumplen. Propaganda y declaraciones, pero ningún avance real. Miren, la diversidad que ustedes invocan no es solo una cuestión de género, origen u orientación sexual. Insistimos: la diversidad también es cultural, lingüística y nacional. Por eso reclamamos incorporar explícitamente la catalanofobia entre las conductas objeto de prevención y sanción, reconocer la discriminación lingüística como forma específica de intolerancia y defender el derecho de los deportistas catalanes a competir internacionalmente bajo sus propias selecciones. En este sentido van nuestras enmiendas, porque no se puede construir una sociedad verdaderamente inclusiva dejando fuera a millones de ciudadanos que también tienen derecho a ver respetada su identidad, su lengua, sus símbolos y sus aspiraciones deportivas. Por todo eso, reclamamos una política de tolerancia cero contra todas las formas de odio, también contra la catalanofobia. Muchas gracias.

Etna Estrems Fayos ERC

Bé, gràcies, president. Vull començar pel final. Compartim completament l’objectiu d’aquesta iniciativa. Els discursos d’odi no poden tenir cabuda en l’esport i hem de treballar per acabar amb ells. Però si volem combatre l’odi, hem de combatre totes les formes d’odi i hem de ser capaços de reconèixer-les totes. És per això que hem presentat aquesta esmena, amb la qual volem incorporar explícitament la discriminació i l’estigmatització per motius lingüístics o culturals. I ho fem perquè sabem de què parlem, perquè ho hem patit massa sovint, també en l’àmbit de l’esport. I parlaré de fets. L’any 2010, un periodista català va formular una pregunta en català després d’un partit de la selecció espanyola. La resposta de Sergio Ramos va ser: «Que responda en andaluz también, si quieres», una llengua oficial d’aquest estat era ridiculitzada públicament. L’any 2016, durant el Mundial de Trail Running, l’atleta Núria Picas denunciava que no li permetien exhibir la senyera. Aquell mateix any, en un partit entre l’Atlètic de Madrid i el Barça, es van sentir càntics de «puta Catalunya» des de la graderia. No anaven dirigits a un jugador ni a un equip. Anaven dirigits a una comunitat sencera. L’any 2017 el Club Futbol Reus denunciava públicament el que considerava un tracte discriminatori envers el futbol català. Ho feia alertant d’un possible tracte de favor i d’una dinàmica que, segons el club, perjudicava els equips catalans. 2019, Pep Lluís Martí es convertia en un protagonista d’una polèmica simplement per respondre en català durant una roda de premsa. Parlar la seva llengua es va convertir en notícia. El febrer del 2024, a Mallorca, un entrenador era expulsat arran d’un incident relacionat amb l’ús del català durant un partit de futbol base, donant un exemple pèssim als nens. Pocs mesos després, un jugador del Còrdova protagonitzava comentaris catalanòfobs que durant la celebració de l’ascens de Còrdova al camp del Barça Atlètic. Desembre del 24, el Nàstic de Tarragona es convertia en el primer club de l’Estat que presentava una querella criminal contra un àrbitre, un fet extraordinari que va tornar a situar sobre la taula el debat sobre els perjudicis i els tractes discriminatoris en l’àmbit esportiu. I aquest any hem continuat acumulant exemples. L’ex àrbitre internacional Xavier Estrada Fernández denunciava públicament l’existència de catalanofòbia dins l’arbitratge espanyol. Poc després es coneixia la sanció a un col·legiat per comentaris catalanòfobs dirigits contra ell. També aquest any s’ha denunciat la censura de símbols catalans als Jocs Olímpics d’Hivern. I seguim. Fa només unes setmanes, el porter d’Algesires es dirigia als jugadors de l’Europa amb una frase plena d’odi: «Morireu tots sent espanyols». La setmana passada vam poder veure un vídeo gravat des de dins de l’autobús del Real Madrid Castilla, arribant al camp del Sabadell, amb els jugadors a crits de «hijos de puta catalanes de mierda». I això només són uns exemples, perquè tinc poc temps, però són il·lustratius i reveladors, episodis diferents en moments diferents i protagonitzats per persones diferents, però tots compartint una mateixa lògica: convertir una llengua, una cultura o una identitat en objecte de menyspreu. Els exemples que he exposat són casos vinculats a la catalanofòbia, sí, però aquesta esmena no neix d’una realitat concreta amb la comunitat catalana. Neix de la convicció que qualsevol forma de discriminació mereix el mateix rebuig. I passa també amb els jugadors i jugadores basques i gallegues en les estructures actuals. La institució ha de garantir, també en l’esport, que tothom pugui viure en la seva llengua i la seva identitat cultural amb plena normalitat. Vull acabar la meva intervenció tornant una mica a l’arrel de la PNL. Mentre aquesta tarda debatem aquí sobre discursos d’odi, aquests dies hem conegut també el cas de l’àrbitre somalí Omar Abdulkadir Artan, designat per la FIFA per xiular un partit del Mundial i que resulta que els Estats Units no han deixat entrar al país. Durant anys ens hem acostumat a veure com grans competicions esportives es celebraven en països on els drets humans, els drets de les dones i LGTBI no estaven garantits. Però ara ja hem fet un pas més enllà. Ara hi ha competicions on ni tan sols es garanteix l’entrada a una persona acreditada per la mateixa organització esportiva, una persona convidada per la pròpia competició, un àrbitre designat per la FIFA. Fins aquest punt arriba l’odi d’alguns. I abans d’acabar, president, vull fer esment, perquè l’he llegit abans de baixar a l’esmena que ha presentat el Partit Popular. Increïble! És una esmena que ens retorna a temps immemorials. Una esmena que, resumint, el que vol dir és: Si us plau, que el Futbol Club Barcelona no deixi cridar «independència» als partits del Barça al minut 17:14. Aquest és el rotllo del Partit Popular. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Quiero comenzar por el final. Compartimos completamente el objetivo de esta iniciativa. Los discursos de odio no pueden tener cabida en el deporte, y tenemos que trabajar para terminar con ellos. Pero si queremos combatir el odio, tenemos que combatir todas las formas de odio y tenemos que poder reconocerlas todas. Por eso hemos presentado esta enmienda, en la que queremos incorporar explícitamente la discriminación y la estigmatización por motivos lingüísticos o culturales. Porque sabemos de qué hablamos; lo hemos sufrido con demasiada frecuencia en el ámbito del deporte. Hechos. En el año 2010, un periodista catalán hizo una pregunta en catalán después de un partido de la selección española. La respuesta de Sergio Ramos fue: Que responda en andaluz también. Una lengua oficial de este Estado se veía ridiculizada. En 2016, la atleta Picas denunció que no le permitían exhibir la senyera. En un partido entre el Atlético de Madrid y el Barça se oyeron cánticos de «¡Puta Barça, puta Cataluña!» desde las gradas, no contra un jugador o un equipo, sino contra toda una comunidad. En 2017, el Club de Fútbol de Reus denunciaba públicamente lo que era un trato discriminatorio contra el deporte catalán; un trato de favor y una dinámica que, según el club, perjudicaba a los equipos catalanes. En 2019, Pep Lluís Martí se convertía en protagonista de una polémica simplemente por responder en catalán durante una rueda de prensa. Hablar su lengua se convirtió en noticia. En febrero de 2024, en Mallorca, un entrenador era expulsado a raíz de un incidente por el uso del catalán durante un partido de fútbol base, dando un ejemplo pésimo a los niños. Meses después, un jugador del Córdoba hizo comentarios catalanófobos durante la celebración del ascenso del Córdoba. En diciembre de 2024, el Nàstic de Tarragona se convirtió en el primer club del Estado que presentaba una querella criminal contra un árbitro, un hecho extraordinario que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los prejuicios y tratos discriminatorios en el ámbito deportivo. Y en este año hemos seguido acumulando ejemplos. El exárbitro internacional, Xavier Estrada Fernández, denunciaba públicamente la existencia de catalanofobia dentro del arbitraje español. Poco después, se conocía la sanción a un colegiado por comentarios catalanófobos dirigidos contra él. También este año se ha denunciado la censura de símbolos catalanes en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y seguimos. Hace solo unas semanas, el portero del Algeciras se dirigió a los jugadores del Europa con una frase llena de odio: Moriréis todos siendo españoles. La semana pasada pudimos ver un vídeo grabado desde dentro del autobús del Real Madrid Castilla en Sabadell, con los gritos de: ¡catalanes, hijos de puta! Y esos solo son algunos ejemplos, porque tengo poco tiempo, pero son ilustrativos y reveladores de momentos, lugares y personas diferentes. Pero todos comparten una misma lógica: convertir una lengua, una cultura o una identidad en un objeto de desprecio. Los ejemplos que he expuesto son casos vinculados a la catalanofobia, sí. Pero esta enmienda no nace de una realidad concreta, la catalana, sino de la convicción de que cualquier forma de discriminación merece el mismo rechazo. Y pasa también con las jugadoras y los jugadores vascos y gallegos en las estructuras actuales. Las instituciones tienen que garantizar que también en el deporte se pueda vivir con la propia lengua y también con la identidad cultural con plena normalidad. Quiero terminar mi intervención volviendo a la raíz de la PNL. Mientras esta tarde debatimos sobre discursos de odio, estos días hemos conocido también el caso del árbitro Omar Abdulkadir, somalí, designado por la FIFA para arbitrar un partido del Mundial, y resulta que Estados Unidos no le deja entrar en el país. Durante años nos hemos acostumbrado a ver cómo grandes competiciones deportivas se celebraban en países donde los derechos humanos de las mujeres o del colectivo LGTBI no estaban garantizados. Pero ahora hemos ido un paso más allá. Ahora hay competiciones en las que ni tan solo se garantiza la entrada a una persona acreditada por la misma organización deportiva, una persona invitada por la propia competición, un árbitro designado por la FIFA. ¡Hasta qué punto llega el odio de algunos! Y antes de terminar, presidente, quiero mencionar, porque lo he leído antes de bajar, la enmienda del PP. Increíble. Es una enmienda que nos devuelve a tiempos inmemoriales. Una enmienda que, resumiendo, lo que quiere decir es: por favor, que el Fútbol Club Barcelona no deje gritar «independencia» en los partidos del Barça en el minuto 17:14. Este es el rollo del Partido Popular. Muchas gracias. .

María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez PP

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Vaya por delante que el Partido Popular comparte la necesidad de combatir cualquier discurso de odio en el deporte, y también en todos los demás ámbitos. Ese es el rollo del Partido Popular, señorías. Lo que sí que discutimos es la credibilidad de quien trae hoy aquí esta iniciativa. En ocho años de Gobierno socialista han tenido seis ministros de Deporte. Todos hablaron de respeto, de igualdad, de tolerancia, de lucha contra el racismo: grandes declaraciones, cero resultados. Ustedes presentan hoy una PNL para reforzar la lucha contra los discursos de odio cuando la propia Ley del Deporte, aprobada por este Gobierno, ya reforzó las competencias de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Si tienen ley, si tienen competencias y tienen los instrumentos, ¿por qué no lo han hecho? Yo se lo digo: porque esta PNL es en realidad la confesión de un fracaso. . Si tan preocupados están, ¿por qué el Gobierno no ha incorporado ninguna iniciativa legislativa relevante en materia de lucha contra los discursos de odio en el deporte en sus planes normativos más recientes? Señora García, es que gobiernan ustedes y los datos son tozudos: según el sistema estadístico de criminalidad, los delitos contra las personas y contra la libertad en los campos de fútbol se han incrementado en más de un 68 %, han aumentado las amenazas, las agresiones y, mientras tanto, ustedes, el Gobierno, siguen sin desarrollar el régimen sancionador de la Ley del Deporte. Hablan ustedes de la lucha contra el odio, pero este Gobierno pierde toda credibilidad cuando se aplica con doble rasero. No se puede combatir el odio mientras se tolera la falta de respeto a los símbolos que representan a todos los españoles, porque Cataluña también es España, o utilizar el deporte para alimentar proyectos identitarios excluyentes. No tienen ninguna credibilidad cuando hablan de igualdad en el deporte femenino. La presidenta de la liga femenina llegó a denunciar la decepción del fútbol femenino con la actuación de este Gobierno. Las mujeres representan únicamente el 24,9 % de las licencias federativas, solo tres mujeres presiden federaciones deportivas españolas y apenas el 12 % de los clubes deportivos están presididos por mujeres. Y lo que es más llamativo es que la propia Ley del Deporte ―su ley― establece la obligación de avanzar hacia una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno de las entidades deportivas. Es decir, ni siquiera están consiguiendo los objetivos de igualdad que ustedes mismos incorporaron a su propia ley. Sus leyes no protegen a las mujeres, y no solo lo dice el Grupo Popular, el propio Comité Olímpico Internacional reservará la categoría femenina de los próximos Juegos Olímpicos 2028 a deportistas de sexo biológico femenino. . La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres ha defendido que las categorías deportivas femeninas sean exclusivas para personas de sexo biológico femenino. Frente a una PNL declarativa e insuficiente, que evidencia su falta de compromiso en el deporte, el Grupo Popular ha presentado una enmienda que sí representa las medidas necesarias para erradicar los discursos de odio en el deporte español, en la que podremos reforzar la detección, la prevención y la sanción de los actos violentos en los campos de fútbol; establecer recomendaciones para garantizar que equipaciones, símbolos y elementos exhibidos en las competiciones respeten los principios de neutralidad institucional, adoptando medidas hacia los responsables que los vulneren; proteger y hacer respetar los símbolos tradicionales, evitando la instrumentalización separatista de las entidades deportivas; garantizar la igualdad de la mujer en las competiciones deportivas mediante su clasificación por sexo biológico; y asegurar el respeto a los símbolos del Estado, incluido el himno nacional, cuando su menosprecio altere el normal desarrollo de los eventos deportivos, estableciendo las sanciones compatibles con el derecho y la libertad de expresión. Señorías socialistas, apoyen esta enmienda o demuestren su compromiso con el deporte. Y si quieren hablar de discursos de odio, empiecen a mirar dentro de su propio Gobierno. Odio es lo que destilan ustedes y sus ministros en las redes sociales; odio es el muro que Pedro Sánchez ha levantado entre los españoles para tapar la corrupción que le rodea, acoso sexual, oro, petróleo, joyas, redadas, comisiones, mordidas, prevaricación; odio es promover reformas para la despenalización de las injurias a la Corona y a los sentimientos religiosos. Váyanse y dejen trabajar a los que realmente sí creemos en las necesidades reales del deporte. . El deporte debería ser una de las grandes joyas de cualquier Gobierno, pero ya sabemos lo que pasa con las joyas cuando pasan por manos socialistas. Muchas gracias. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Es inadmisible que un equipo deportivo incumpla la normativa que le exige neutralidad política y que prohíbe mensajes políticos en las equipaciones deportivas. Eso es lo que está haciendo el Atlético (sic) Club de Bilbao con Navarra. Señorías, Euskal Herria como ente político institucional con la incorporación de Navarra no ha existido nunca, menos aún bajo un símbolo como la ikurriña. El Atlético (sic) de Bilbao, señorías, está manteniendo y defendiendo posturas secesionistas, está faltando al respeto a miles y miles de navarros, a la historia y también a los tribunales de Justicia, que han dejado muy claro que Navarra no es Euskal Herria y que esta cuestión no es un tema meramente cultural, simbólico y ornamental, sino que comporta una concepción política e ideológica que, además, conlleva la integración de Navarra en una realidad inexistente y es un menosprecio a la singularidad histórica de Navarra como comunidad foral diferenciada. Señorías, provocador no es el que denuncia la intolerancia, la ignominia y la falta de respeto. Provocador es aquel que toma decisiones absurdas y que falta a la verdad y al respeto. Luego, no nos extrañe que la Comunidad Autónoma vasca o la Comunidad Foral de Navarra sean las comunidades españolas donde más se denuncian los delitos de odio; tampoco, que durante años los de motivación ideológica hayan sido destacados también en el deporte. Allá aquellos, señorías, que miran para otro lado por intereses políticos, económicos o deportivos. No nos calló en su día ETA a la hora de denunciar esta situación ni tampoco nos va a callar ahora ni el presidente del Bilbao ni el terrorista Otegi. Muchas gracias. .

Cristina Valido García CCa

Señorías, este no es un asunto menor. No voy a hablar del deporte profesional, voy a hablar del deporte base, porque me preocupa sobremanera que cuando hablamos de violencia en el fútbol, de acoso, de machismo, de racismo, nos olvidemos en los discursos de la importancia que tiene el deporte base, esos encuentros entre niños, niñas, menores que contemplan en la grada espectáculos deleznables. Es una situación que no debería permitirse. ¿Para cuándo las sanciones que contempla la ley? ¿Para cuándo se va a actuar de manera decidida para impedir esos espectáculos? Miren: árbitras refugiadas en la caseta; partidos suspendidos por insultos machistas en fútbol base; incidentes racistas en Tercera División; insultos a una árbitra en un partido de juveniles; se suspenden partidos por insultos racistas en partidos infantiles. Esto es una vergüenza y una radiografía de una sociedad fracasada y enferma, y tenemos una ley que establece unas sanciones que no se desarrollan. Ya está bien de discursos bonitos como los que traemos en tantas y tantas PNL que no sirven para nada. Traigamos de una vez el desarrollo de la norma, las sanciones. Tenemos que impedir que cualquier persona que cometa un delito a plena luz del día, como los que cometen en ocasiones incluso padres y madres de estos chicos, puedan volver a entrar a un recinto deportivo.

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. Como acontece moitas veces, o PSOE trae hoxe aquí unha proposta que soa moi ben, que é louvábel, que loce ben, pero que despois en moitas ocasións non conduce cunha práctica coherente no combate ao fascismo que está detrás dese discursos de odio. Porque claro que hai discurso de odio no deporte e claro que hai discurso de odio nas redes, que hai racismo, que hai machismo, que hai supremacismo españolista, pero iso é porque existe fascismo na sociedade, que se combate con políticas transformadoras e de esquerda valentes e que se debe combater con todos os instrumentos do Estado. O que acontece é que nin se ven enfrontes das políticas nin moitas veces quen ten que combatelo só fai, senón que polo contrario, resulta que colabora. É habitual que a policía retire, por exemplo, o simboloxía patriótica galega, simboloxía galega como unha bandeira da patria, ou mesmo que, como aconteceu recentemente, haxa seareiros que son denunciados e sancionados ao abeiro da Lei do Deporte por levar unha bandeira palestina cualificada como símbolo de odio. Señores e señoras do Partido Socialista, se este Estado recoñeza o estado palestino, como vai ser unha bandeira palestina, símbolo de odio? Por tanto, é moito efectivamente o que hai que facer, pero é moi coñecida esa actitude dos corpos policiais de dous pesos e dúas medidas, cando se trata de ultras fascistas ou cando se trata das torcidas de equipos galegos, vascos, cataláns, polo xeral con valores democráticos, antifascistas e de identificación cos seus pobos. Eu poño, exemplos hai moitísimos, eu poño só un: 2014 Madrid, partido entre o Atlético de Madrid e o Deportivo da Coruña, unha turba fascista ataca os seareiros do Deportivo da Coruña e como resultado unha persoa, Jimmy, resulta morta, Francisco Xabier Romero, matárono entre unha multitude. Nin a policía fixo nada nin o xuíz fixo nada. Despois de dous anos deixárono nun crime, nun delito de «riña tumultuaria» e oitenta e sete persoas procesadas, reparen oitenta e sete fronte a unha. Unha verdadeira cacería. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Como pasa muchas veces, el PSOE trae hoy aquí una propuesta que suena muy bien, que es loable, que luce bien, pero que luego, en muchas ocasiones, no concuerda con una práctica coherente de combate al fascismo que está detrás de esos discursos de odio. Porque claro que hay discurso de odio en el deporte, claro que lo hay en las redes, que hay racismo, que hay machismo, que hay supremacismo españolista. Pero eso es porque existe fascismo en la sociedad, que se combate con políticas transformadoras y de izquierdas valientes, y que se debe combatir con todos los instrumentos del Estado. Lo que pasa es que ni se ven enfrente esas políticas ni muchas veces quien tiene que combatirlos lo hace, sino que, por el contrario, resulta que colabora. Es habitual que la policía retire, por ejemplo, simbología patriótica gallega, simbología gallega, como una bandera de la patria o, como ha pasado incluso recientemente, que haya jugadores o fans que han sido denunciados o sancionados por llevar una bandera del Estado palestino, considerándolo como símbolo de odio. Por tanto, es mucho lo que hay que hacer, pero es muy conocida esa actitud de los cuerpos policiales de dos pesos y dos medidas cuando se trata de ultras fascistas o cuando se trata de grupos de apoyo de equipos gallegos, vascos o catalanes, por lo general con valores democráticos antifascistas y de identificación con sus pueblos. Ejemplos hay muchísimos, yo pongo solo uno. En 2014, en Madrid, partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña, una turba fascista ataca a los seguidores del Deportivo de La Coruña. Como resultado, una persona, Jimmy, Francisco Javier Romero, fallece. Lo mataron entre una multitud. Ni la policía hizo nada, ni los jueces hicieron nada. Después de dos años lo dejaron en un crimen, un delito de riña tumultuaria. Son ochenta y siete personas procesadas. Fíjense, ochenta y siete frente a uno, una verdadera cacería.

Néstor Rego Candamil BNG

Saíron sen pagar practicamente ningún custo por ese delito, polo que foi un linchamento, por tanto. Señoras e señores si educación, concienciación, traballo nas redes sociais, pero hai moito máis que facer e este goberno se quere cambiar algo debe facelo. Moito obrigado. Salieron sin pagar prácticamente por ese delito, lo que fue un linchamiento. Por tanto, señoras y señores, sí: educación, concienciación, trabajo en las redes sociales, pero hay mucho más que hacer. Este Gobierno, si quiere cambiar algo, debe hacerlo. Muchas gracias.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Arratsalde on, buenas tardes. Señor Catalán, sus obsesiones les corroen. No sé si odio o no, pero fobia a lo vasco, increíble la que tienen. Por cierto, el señor Uriarte no es presidente del Bilbao, es del Athletic Club. Kirola beti izan da lehiaketa bat baino askoz gehiago. Hizkuntza unibertsala da kultura eta jatorri ezberdinetako pertsonak batzeko balio izan du. Oztopoak hausten ditu eta funtsezko balioak irakasten dizkigu, hala nola errespetua, gainditzea eta bizikidetza. Hala ere, gaur egun errealitate deseroso bat aitortu behar dugu, balio horiek gero eta gehiago mehatxatzen dituzte gorroto diskurtsoak, bai estadioetan eta baita ingurune digitalean ere. Ez gara hitzez bakarrik ari, diskriminazioa normalizatzen duten jarrerez ari gara, arrazismoa, xenofobia, matxismoa eta intolerantzia elikatzen dituzten diskurtsoez. Pertsonak beren jatorriagatik, orientazioagatik, nortasunagatik edo sinesmenengatik gizatasuna kentzen dieten mezuez ari gara. Eta kezkagarriena sare sozialetan esponentzialki anplifikatzen diren dinamikez ari gara, non anonimotasunak eta biraltasuna gorrotoa ikuskizun bihurtzen duten. Ezin dugu onartu kirolari bat iraintzea bere azalaren koloreagatik. Ezin dugu normalizatu kirolari batek emakume izateagatik erasoak jasotzea, eta ezin dugu beste aldera begiratu eraso horiek Interneten milaka aldiz errepikatzen direnean. El deporte siempre ha sido mucho más que una competición, es un idioma universal que une a personas de distintas culturas y procedencias, supera obstáculos y también nos enseña valores fundamentales como el respeto, la superación y la convivencia. De todas maneras, hoy en día debemos reconocer una realidad incómoda, porque estos valores se ven amenazados por los discursos de odio, tanto en estadios como en entornos digitales. No hablamos solo de palabras, sino de comportamientos que normalizan la discriminación, como el racismo o la xenofobia, que se ven alimentados por estos discursos. Discriminar a las personas por su identidad, por su procedencia o por sus creencias es, al fin y al cabo, quitarles su humanidad, y se van amplificando estas dinámicas cada vez más mediante la viralidad. No podemos admitir que se falte a alguien por su color de piel o que una deportista sufra agresiones por ser mujer. Tampoco podemos mirar a otro lado cuando estas cuestiones se repiten en Internet una y otra vez. Hoy nos presenta el Grupo Socialista una proposición no de ley contra los discursos de odio en el deporte. Decía en euskera que el deporte ha sido, en su concepción ―o, por lo menos, así hemos querido que sea― un espacio donde la competición y el respeto caminaran juntos, donde las diferencias no fueran obstáculo, donde los mejores valores humanos de solidaridad, tolerancia o respeto debían ser los estándares. Desgraciadamente, no siempre es así; ni han de pagar los justos por pecadores, porque el deporte de hoy no es un charco de maldades, ni tampoco es el edén de las virtudes humanas. El deporte no es ni más ni menos que el reflejo real de la sociedad, con sus luces y con sus sombras. La proposición no de ley plantea un enfoque integral para erradicar los discursos de odio en el deporte, reforzando sanciones, responsabilizando a las plataformas digitales, protegiendo a las víctimas y apostando por la educación y la igualdad. Estando de acuerdo por obvio, que no trae nada nuevo, más allá de una declaración de principios que, quizá en los tiempos que corren, no es poco, pero como algunos con los años nos vamos haciendo cada vez más escépticos y menos impresionables, me permitirá la pequeña chanza de que últimamente ustedes solo traen textos que son más de principios sociales y políticos que de cambios legislativos, porque quizá estos requieran más negociación o requieran más trabajo. En fin, pero tampoco planteemos hoy aquí un ¡oh, sorpresa!, como si denunciáramos algo que de repente fuera una novedad. No es nuevo. ¿Acaso los hooligans, los disturbios, los insultos, las amenazas, las violencias en el deporte para los que tenemos cierta edad no nos son ajenas? En absoluto. ¿Acaso el acoso, insultos y violencia contra árbitros es nuevo? ¿Acaso el que en algunos campos llamaran terrorista, puto vasco o etarra a futbolistas vascos es nuevo? Podría seguir. Es más, diría yo que tuvo épocas donde esta gente campaba más a sus anchas, con tolerancia y beneplácito de muchos clubs a los que se supone defendían a capa y espada sus colores y ninguna directiva se quería enfrentar. Hoy en día algunos clubes, no todos, han tenido el coraje de hacerles frente e incluso expulsarlos de sus campos, y merecen un aplauso; otros son más tibios y templan gaitas con excusas arbitrarias. Como todos sabemos, hay ciertas gradas a las que la gente no va a ver fútbol, sino a volcar todos sus odios, frustraciones e impotencias envueltos en banderas y cánticos que dan bastante grima. Eso pasa aquí y en otros lugares. Hay otra cuestión que no se ha citado, el papel de los padres y las madres. ¿Cuántas veces hemos visto padres ―digo padres, masculino en el 95 % de los casos― que deberían ser expulsados de campos de deportes, donde sus hijos o hijas compiten, por instigadores a la violencia, irrespetuosos y frustrados porque su hijo no es Messi, que insultan e incluso son capaces de generar actos de violencia contra árbitros de 15 años? ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, no todo el campo es zarzal y estamos denunciando lo denunciable. Acabo. El deporte debe ser ejemplo dentro y fuera del campo. Los clubs, las instituciones, las deportistas, los medios de comunicación y la ciudadanía tenemos una responsabilidad compartida. No basta con condenar estos comportamientos, debemos prevenirlos, denunciarlos y erradicarlos. Muchas gracias.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidente, señorías, arratsalde on. En líneas generales, nosotros valoramos positivamente el contenido de la iniciativa con algún matiz. Lo que no sabemos es si es un buen momento para presentar esto porque generalmente se confunde la parte por el todo, y porque todo el mundo siempre pone el foco en el deporte rey, que en estas latitudes no es sino el fútbol, y hacerlo en un mundial de fútbol parece que no era el mejor momento. Si después, encima, parece que tenemos que ser los paganos de un empate, que ni siquiera fue una derrota, de la selección española, ya ve la que nos ha caído, con todo tipo de lindezas. Intentaré no abstraerme de la iniciativa. Me parece muy importante que pongamos el foco en el deporte base. Lo acaba de hacer el representante del PNV y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Podemos hablar de las portadas y de las veces que se insulta a los grandes jugadores en los campos de fútbol, de las actitudes muy deplorables que se viven en muchos campos de fútbol, pero no podemos olvidar algo que seguramente a muchos de nosotros y nosotras les ha tocado vivir en primera persona. A todos aquellos que hemos tenido algún hijo o hija haciendo deporte escolar y los hemos acompañado por los campos de nuestro territorio ―en mi caso, Vizcaya― hemos visto, como se ha señalado, comportamientos absolutamente deplorables en padres que no fomentan esos valores deportivos que en teoría vienen asociados a la práctica del deporte, sino más bien los competitivos, los insolidarios, incluso aquellos del «pisale» o «dale antes de que te dé». Seguramente esto que estoy diciendo le suena mucho a la gente. Por eso, nos parece que es oportuno lo que señala, igual que lo que tiene que ver con la tremenda diferencia que hay entre el deporte que practican las mujeres y el deporte que practican los hombres, en el foco, en la dimensión, en la ayuda y en los apoyos. Es importante también que se vaya corrigiendo y equilibrando, que sea normal que el ámbito de influencia y de presencia sea el mismo, porque la igualdad consiste en eso y no en graciosas dádivas que se da hacia una parte de la población. Como decía, también existía un riesgo en esta iniciativa, y era que alguien aprovechara que se abre este debate para meter todo aquello que le molesta. Este debate plantea que se cumpla todo aquello que tiene que ver con las leyes ya existentes para que no se permitan conductas ilícitas, y hay gente que en este debate pretende colar de rondón conductas que son lícitas y que pueden ser criticables o que incluso pueden ser no compartidas, como pitar un himno determinado o lucir una u otra referencia en una camiseta. Eso es lo que ha traído el Grupo Popular con el acompañamiento de Unión del Pueblo Navarro. Al señor de Unión del Pueblo Navarro se lo he dicho muchas veces y se lo voy a decir de una manera muy didáctica: es bastante infantil cerrar los ojos y negar la evidencia. Usted decía que nadie le va a callar. Perfecto. Lo que sería positivo es que, al menos, alguien le ayudara a leer un libro, a comprender la legislación y a entender que Euskal Herria viene reflejada en el artículo primero del estatuto de autonomía de Gernika, que está incorporado al texto legal del ordenamiento jurídico español y en el que se dice: Euskal Herria o pueblo vasco. Por tanto, existe: es una referencia cultural y política no establecida legalmente todavía pero existente. Por eso le digo que es bastante infantil cerrar los ojos y negar la evidencia. Yo podría cerrar los ojos y decir que no existe el tradicionalismo Requeté, pero no me ayudaría en nada porque los abro, lo entiendo y veo que existe el tradicionalismo Requeté. Existía hasta 1936 y con fuerza. Ahora, por desgracia para ustedes y por fortuna para nosotros y nosotras, con una fuerza menguante. Por tanto, esa es una manera de afrontamiento activo también de las situaciones. No voy a perder más tiempo respecto a la camiseta. Gracias, porque venderá más camisetas. Supongo que la directiva del Athletic Club de Bilbao estará enormemente agradecida a la publicidad que les ha hecho porque aumentará el número de camisetas que venderá; y al palo al que están, desde luego, va a ser una buena ayuda para sus arcas públicas. Como decía, ya hay leyes, y lo que tendríamos que ver es si esas leyes están siendo efectivas o no, y no intentar, al calor de este debate, meter más sanciones y elevar más el listón de lo posible y lo permitido en un campo de fútbol, porque la Ley del Deporte ya establece sanciones muy graves, graves y leves. Entre las muy graves, habla de la violencia y discriminación con comportamientos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes. En las graves, de acoso o abuso por razón de sexo, edad, discapacidad, religión u orientación sexual. En las leves, de conductas que alteren levemente la convivencia o el respeto debido a deportistas, técnicos o árbitros, no a sus señorías; a deportistas, a técnicos y a árbitros. Por tanto, eso es lo que tendríamos que ver. También el Código Penal, en su artículo 510 y en el 510 bis, habla de los delitos de odio. Dice: racismo, xenofobia o etnia, orientación sexual o identidad de género, ideológica o religión, enfermedad o discapacidad, sexo o razones de género, situación familiar o condición social. Ya ve, aquí no habla nada de pitar himnos, aquí no habla nada de lucir no sé qué mapas de no sé qué ensoñaciones. Habla del mapa de Euskal Herria en la camiseta del Athletic Club de Bilbao, que así se llama, y no de otra manera. Por tanto, ese es el debate, si con esto se está consiguiendo, y la respuesta probablemente sea que no porque, como ya se ha dicho, en el fútbol ―y ya otra vez estamos hablando del deporte rey, olvidándonos de otras dimensiones deportivas que no dan el mismo problema― todo alcanza un realce. Estoy de acuerdo con algunas de las enmiendas que señala la plurinacionalidad porque está muy bien exigir respeto, pero también sería bueno que el mismo respeto que uno exige para sí se lo mostrara a los demás y a las selecciones deportivas, en este caso a Euskal Selekzioa, para que pudiera competir en régimen de igualdad. Termino con dos cosas en diez segundos. Se puede ser futbolero y odiar el fútbol moderno. Solo comparto que se sea intolerante con los intolerantes, por eso respeto a Eric Cantona y, desde luego, estaré siempre a favor de que se utilice el foco que tiene el gran deporte para visibilizar situaciones injustas, como el genocidio en Palestina o como en su día era la ilegalización de la ikurriña cuando Inaxio Kortabarria y José Ángel Iribar la lucieron siendo ilegal. Besterik ez, mil esker. .

Laura Vergara Román SUMAR

Gracias. Buenas tardes. Odio: antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Cuando hablamos de discursos de odio, hablamos de apología de la violencia, una violencia que se ejerce en primera persona o a través del lenguaje o que se ejercerá a través de otras personas. Por eso, es tan importante aprobar esta propuesta y hacer todo lo posible para detener los discursos de odio, porque las palabras hirientes de hoy son actos que nos harán daño en el futuro. . En este marco, proteger a las víctimas es nuestro deber y nuestra responsabilidad estableciendo protocolos, como ya han diseñado la liga femenina y la liga masculina, y que se apliquen para facilitar la denuncia, acompañarlos y dar apoyo psicológico y/o legal en los casos que corresponda. Promover la denuncia es clave para dimensionar el problema, dado que, según el estudio El Impacto del Racismo en España en 2024, solo se denuncia en torno al 22 % de las discriminaciones. Otro elemento importante es ampliar la visibilidad del deporte femenino, poner en valor hoy su esfuerzo y dar respuesta a los miles de personas y familias que apoyan a las deportistas de base, a nuestras profesionales y deportistas de alto rendimiento, a todas ellas, para que sean referentes del futuro del deporte; un deporte más diverso ―también en género, también trans― y en disciplinas deportivas. Asimismo, es importante legitimar su contribución a la historia del deporte y reconocer a las educadoras físico-deportivas, a las técnicas superiores en enseñanza y animación sociodeportiva, a fisioterapeutas, árbitras y profesionales pioneras. Por ello, necesitamos desarrollar herramientas que actúen de forma inmediata ante cánticos o conductas de odio para que instalaciones y eventos deportivos se conviertan en espacios seguros dentro y fuera del campo, con acciones que se han comenzado a aplicar, por ejemplo, durante el Mundial, como prevenir insultos o garantizar la capacidad para sancionar de forma inmediata acabando con la impunidad. Esta propuesta incluye, además, un refuerzo de la gobernanza, con el trabajo de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Aplicar sanciones efectivas y homogéneas ante el racismo, la misoginia u otros discursos de odio no es para que nadie se lo tome a la ligera, puesto que este órgano puede derivar casos al Tribunal Administrativo del Deporte, que requiere legitimidad y seguridad jurídica también para sus equipos, que hoy están siendo acusados. La vida hoy también ocurre en entornos digitales, por eso considero que tiene un gran valor mencionar la responsabilidad de las plataformas digitales y que debatamos y apliquemos tecnologías para proteger a las víctimas de los discursos de odio. Y víctimas podemos ser cualquiera. Sin embargo, quien porta discursos de odio hoy no se puede sentar en cualquier rincón del mundo con impunidad. Los espacios digitales deben dejar de ser cómplices. . Frente a los discursos de odio, que nuestros mejores cómplices sean la afición, los clubes y federaciones, aquellas que no miran hacia otro lado cuando fondos de inversión buscan defender sus intereses geopolíticos a través de inversiones en el deporte. El deporte nos ha mostrado las dinámicas del racismo vetando la entrada a reconocidos profesionales, a aficiones y a árbitros, como si las personas pudieran ser inadmisibles y señaladas por su origen. Hagámoslo de manera transversal, con un enfoque preventivo, que aplique valores que defiende nuestra Constitución y que son intrínsecos a la defensa de los derechos humanos, como la igualdad, el respeto y la diversidad, contando con diferentes agentes sociales como los docentes, que están defendiendo la educación pública, o el personal técnico encargado de juzgar y arbitrar los entornos deportivos y que en demasiadas ocasiones son testigos o víctimas de los discursos de odio. Recordemos que también el Instituto de las Mujeres cuenta con una línea de atención gratuita sobre derechos y denuncias por discriminación que también puede acoger los casos del deporte. El deporte puede unir personas de diferentes continentes y del mundo. No permitamos que sea un escenario más de la violencia que generan. No al odio y que el deporte sea nuestro mejor embajador de un amor libre, de integración, de mezcla, de igualdad, de paz y de escucha. .

Jacobo González-Robatto Perote VOX

Señorías, hoy debatimos una iniciativa sobre los llamados discursos de odio en el deporte y conviene empezar por lo evidente: todos queremos estadios seguros, todos queremos respeto y todos queremos que los niños puedan ir a jugar al fútbol, al baloncesto, al rugby o a cualquier deporte sin escuchar barbaridades. Pero ustedes no traen aquí una propuesta contra el odio. Traen aquí una propuesta contra el odio que les molesta, contra el odio que pueden usar políticamente, contra aquel que les permite señalar al adversario , y ahí está el problema. Porque cuando en el España-Egipto se escuchó aquel canto de «musulmán el que no bote», ustedes actuaron como si se hubiera producido una emergencia nacional. Tuvimos condenas inmediatas, investigaciones, declaraciones solemnes, lecciones morales... Pero la pregunta es muy sencilla: ¿dónde están ustedes cuando en algunos estadios se grita contra España, cuando se insulta a su bandera? ¿Dónde están cuando se pita el himno nacional, cuando se dispara la violencia en la Copa del Rey? ¿Dónde están cuando se escuchan cánticos de «puta España, puta selección»? ¿Dónde están cuando se corean las siglas de una banda terrorista? Aquí ya no hay tanta prisa. . Aquí tampoco hay ruedas de prensa. Aquí no hay, por supuesto, ministros indignados. Aquí no hay portadas ni fiscalías corriendo. Aquí aparece el silencio, un silencio cómplice y un silencio cómodo. El silencio de quien necesita a los separatistas para seguir en el poder. Porque esa es la doble vara de medir. Si el insulto sirve para atacar a España, se llama entonces libertad de expresión. Si el insulto viene de una grada separatista, lo llaman contexto. Si se pita el himno español, lo llaman reivindicación política. Y si se insulta a la selección española, ustedes miran al suelo. Si se grita contra otros colectivos, los que ustedes utilizan políticamente, entonces activan toda la maquinaria moral del Estado. Y si no, ¿sería usted capaz, señoría socialista, de decirme cómo se llamaba la portera que mantuvo intacta la portería contra Inglaterra en el Mundial Femenino? No, ¿verdad? Porque no les interesa el deporte. Les interesa el relato. . Y, por eso, menciona a Jenni Hermoso. No menciona, desde luego, a Olga Carmona, que no creo que sepa quién es, o a Cata Coll. No lo busque ahora. . Señoría, aquí no se puede venir a dar lecciones de convivencia, mientras se blanquea a quienes llevan años convirtiendo el deporte en un mitin contra España. Lo hemos visto en gradas con el separatismo vasco, lo hemos visto en gradas con el separatismo catalán. Lo hemos visto con insultos a España, con ataques a nuestros símbolos y con cánticos que jamás serán tolerados si fuera contra cualesquiera de las causas que ustedes dicen proteger. Y aquí está el fondo de todo. Frente a quienes quieren convertir las gradas en una trinchera de las dos Españas, nosotros defendemos una España entera, unida y en paz. Y el problema no es que quieran combatir el odio. El problema es que quieren administrarlo. Quieren decidir qué odio indigna y qué odio se perdona. Qué ofensa merece sanción y qué ofensa merece comprensión. Qué víctima cuenta y qué víctima no cuenta. Y aquí, así, no se defiende el deporte, así se utiliza el deporte. Demasiado daño ha hecho ya en nuestra historia la política y la división, como para permitir ahora que lleven también esto a los estadios. Hablan de respeto, pero callan ante quienes odian a España. Hablan de inclusión, pero excluyen de su protección a millones de españoles que también tienen el derecho a verse respetados sus símbolos, su himno y su nación. Hablan de convivencia, pero pactan con quienes han hecho de la ruptura y el resentimiento su forma de vida política. Y ya que hablamos de cánticos, permítanme, señorías, una ironía. A ustedes no les molesta realmente lo de «musulmán el que no bote». A ustedes, políticamente, les funciona mucho mejor «musulmán el que me vote», «separatista el que me vote» o «Txapote el que me vote». Porque esa es su verdadera política. No es la convivencia, no es el respeto, no es la igualdad ante la ley, sino la papeleta. Es el cálculo, la permanencia en el poder. Y España necesita otra cosa. Necesita un respeto a los símbolos que nos representan a todos. Necesita autoridad y necesita que el deporte vuelva a ser lo que siempre debió ser, un lugar de esfuerzo, de mérito. Señorías, hubo una noche en la que España entera saltó unida. Fue en el gol de Iniesta. No había dos Españas, no había bandos. Había un pueblo celebrando bajo una misma bandera. Ese es el deporte que defendemos, el que une, el que emociona y recuerda que España está muy por encima del sectarismo; no el deporte convertido en trinchera; no el deporte usado para insultar nuestros símbolos y no el deporte manipulado por quienes solo condenan el odio cuando no viene de sus socios. Reivindicamos la España de Iniesta, la de todos, contra la anti-España del odio del señor Otegi. Muchas gracias. .

Tomás Cabezón Casas PP

Gracias, presidente. Señorías, hoy al Grupo Popular trae a esta Cámara una iniciativa sencilla, yo diría que muy sencilla. Solo pedimos al Gobierno que cumpla la ley, nada más y nada menos, porque comprenderán que la movilidad no es un eslogan para colocar en un cartel. Es poder llegar al médico, es poder ir a estudiar, es poder volver a casa, es poder vivir en un pueblo sin pedir perdón por no vivir en una gran ciudad. Cuando debatimos sobre la Ley de Movilidad Sostenible dijimos que una ley de movilidad que se olvida de los pueblos no es sostenible, es injusta. Por eso, incorporamos en las enmiendas el derecho a la movilidad, viva uno donde viva. Incorporamos la garantía de paradas, horarios, frecuencias y rutas de autobús. Incorporamos un plan de convergencia para corregir los desequilibrios territoriales e incorporamos también la recuperación de las indemnizaciones de Renfe por retrasos y también un plan de choque ferroviario, provincia por provincia, con coste, con calendario y obligación de rendición de cuentas. Eso está en la ley, no está en un tuit, no es una propuesta, no es una idea para una rueda de prensa. Está en la ley, salió publicado en el BOE y, por tanto, no es una recomendación, es una obligación. . Y la ley, aunque les parezca mentira a los socialistas, especialmente a los socialistas sanchistas, obliga también al Gobierno de Pedro Sánchez. La ley les obliga a aprobar un plan de choque ferroviario, les obliga a aprobar un plan de atención urgente a los pasajeros y les obliga a recuperar devoluciones de Renfe por retrasos de quince y treinta minutos. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Pues lo de siempre, dejar pasar los plazos, mirar hacia otro lado y actuar como si el Parlamento no hubiera hablado. Por eso, señorías, no pedimos nada imposible. Pedimos que se cumpla lo que se votó, que se publique lo que se comprometió, que se diga, provincia por provincia, qué falla, cuánto cuesta arreglarlo y cuándo se va a arreglar. Y permítanme un recuerdo para las víctimas de las localidades de Adamuz y Gelida, para sus familias, para los heridos, para todos los que subieron a un tren y no llegaron a su destino. . No podemos aceptar que se pase página como si nada hubiera ocurrido. Las víctimas merecen verdad, dignidad, una investigación hasta el final y, por supuesto, responsabilidades políticas. Claro que sí. Precisamente por ellas, por las víctimas, hablamos hoy de seguridad, de mantenimiento, de protocolos y de saber quién responde cuando algo falla. Porque, permítanme que les recuerde que no hablamos de casos aislados. La red ferroviaria acumula más de mil limitaciones temporales de velocidad. Cuando son tantas, durante tanto tiempo y en tantos territorios, no hablamos de una anécdota. Hablamos de una red tensionada, de un mantenimiento insuficiente y de una gestión que llega tarde, y todo eso lo sufren las personas. Un viajero parado en el andén no necesita un tuit, necesita información. Una familia atrapada en un tren no necesita soberbia, necesita una alternativa. Y un estudiante que pierde una conexión no necesita propaganda, necesita atención. Señores socialistas, España no necesita un ministro de Transportes convertido en comentarista de actualidad. Necesita un ministro que gestione, que planifique, que dé explicaciones y que cumpla. . Al señor Puente le han reprobado en el Congreso y en el Senado una y otra vez, y cuando un ministro acumula tantas reprobaciones debería saber que el problema no son los demás, igual el problema es su gestión, igual el problema es su soberbia o igual es que se dedica más tiempo a pelear en redes que a arreglar las redes ferroviarias. Cuando aprobamos recuperar las compensaciones por retraso, el ministro las calificó de populistas y las despreció. Pues, señores socialistas, para un usuario que no llega a una reunión, al médico o a un examen, que Renfe le devuelva el dinero no es populismo, es justicia y es tratar al ciudadano como a un adulto. Y si quieren un ejemplo de lo que significa quedarse fuera de las prioridades del Gobierno, miren a Soria. Llevamos casi quince meses sin tren a Madrid, que era nuestra única conexión. Nos comprometieron la electrificación de la línea Soria-Torralba y ahora dicen que no tenemos capacidad energética. Nos comprometieron la reapertura de la línea Soria-Castejón y en ocho años dos estudios de viabilidad y cero trenes. Nos dijeron hace dos años que la A-15 se iba a licitar y todavía estamos esperando. La A-11 está sin acabar después de más de treinta años y la alta velocidad cruza por la provincia, pero Soria sigue sin estar conectada. No ser prioritarios es la diferencia entre tener oportunidades o perderlas, entre poder vivir en tu provincia o tener que marcharte. Por ello, señores socialistas, entenderán que Soria no pide privilegios; pide igualdad y conexiones dignas. Y esta iniciativa habla de Soria, sí, pero habla también de muchas provincias que llevan demasiado tiempo escuchando anuncios y recibiendo excusas. Por eso Alberto Núñez Feijóo lo dijo con mucha claridad: España necesita una política seria en infraestructuras, con auditoría de la red ferroviaria, con mantenimiento certificado, con calendarios vinculantes, con recuperación de indemnizaciones a los usuarios y con rendición de cuentas ante esta Cámara. No se puede recaudar como si fuéramos un país nórdico y prestar servicios como un país tercermundista. Esta es la diferencia entre ustedes y nosotros, señores socialistas. Ustedes buscan titulares y nosotros pedimos presupuestos y licitaciones ; ustedes se refugian en excusas y nosotros pedimos plazos y responsabilidad. Señorías, España necesita menos corrupción y más gestión, menos mordidas y más mantenimiento, menos redes sociales y más redes ferroviarias y menos soberbia y más puntualidad. Señorías, esta proposición es constructiva porque pide aprobar y publicar un plan de choque ferroviario, pide un plan de atención urgente a pasajeros, pide recuperar las compensaciones de Renfe, pide el plan de renovación del parque automovilístico, pide el plan de convergencia territorial y pide garantizar paradas, rutas y frecuencias de autobús. En definitiva, pide que el Gobierno haga su trabajo. Y yo les pregunto: ¿quién puede votar en contra de que se cumpla la ley? ¿Quién puede votar en contra de que se atienda a los pasajeros? ¿Quién puede votar en contra de que una provincia olvidada tenga las mismas oportunidades que los demás? Por lo tanto, hoy no votamos una ocurrencia del Partido Popular. Hoy votamos si el BOE obliga o es papel mojado. Hoy votamos si la movilidad es un derecho de todos o un privilegio de quien viva donde al Gobierno le interesa. España no se vertebra con tuits, se vertebra con trenes que llegan, con autobuses que paran, con presupuesto, con mantenimiento y con palabra. . Por eso ―y ya concluyo― el Grupo Popular pide el voto favorable. Por los usuarios, por la seguridad, por la España rural y por algo muy muy sencillo: cumplir la ley y respetar a los españoles. Muchas gracias. .

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

Molt bé. Moltes gràcies, president. Complir lleis està molt bé. En la seua proposta parla d’algunes. Jo li’n diré dos. Estaria bé complir l’article 47 de la Constitució espanyola que diu que les administracions públiques han de garantir el dret a l’habitatge. Malauradament, allà on vostés governen açò se’ls oblida i no els pareix una rebel·lia inconstitucional. O l’article 128, que ve a dir que tota la riquesa del país, en qualsevol de les seues maneres, està subordinada a l’interès general. Veient els pressupostos que han presentat, per exemple, al País Valencià, on van a regar de perdonar impostos als més rics, mentre retallen els serveis públics i la classe treballadora, tampoc vostés van a complir. Però mire, fixes, vosté, senyor Cabezón, ha dit una cosa que jo crec que està bé: «¿Quién en este hemiciclo puede votar en contra del derecho a la movilidad e incluso que haya equidad entre provincias?» Anem a pensar... Vostés que van votar en contra de esta llei que diu que la mobilitat és un dret! Per tant, n’hi ha que tindre molta barra per vindre ací hui a defensar el dret a la mobilitat sostenible que vostés van votar en contra. I ho van fer o per sectarisme o perquè, efectivament, vostés entenen que el transport no és una prioritat i no és un dret. Però miren, hem presentat unes esmenes que nosaltres pensàvem que eren rellevants, entre altres qüestions, perquè vosté ha dit: «se incumplen algunos plazos». I tenen raó. Muy mal, señor Puente, hoy que no está, hay que cumplir los plazos, per miren, se’ls ha oblidat casualment un termini que diu la llei que per a nosaltres era important, que era que havia d’estar ja en marxa la prohibició dels vols curts al nostre país quan existeix una alternativa amb ferrocarril i ahí no han fet res, probablement perquè els seus socis negacionistes enyoren allò de «el turista un millón». Fa setanta-cinc anys que allò ho defensava el franquisme. Saben quina és la realitat hui? Miren, només el País Valencià, en el 2015, van arribar 15,6 milions de turistes entre l’aeroport de Castelló, de Manises i de l’Altet. Sabem quants van arribar l’any passat, l’últim any que tenim dades? Deu anys després, 32,2 milions de turistes, és a dir, el doble. Açò és profundament insostenible. I saben què passa? Que estos turistes també col·lapsen desprès el metro, el rodalies i les nostres ciutats. Per tant, aquesta era una de les qüestions de la llei que vostés havien de defensar per a complir i que no està fent el ministre Puente, però vostés tampoc estan fent. Nosaltres demanem complir açò i també demanem estudiar la possibilitat de que el sector de l’aviació pagui impostos. Anualment se li perdonen 6000 milions d’euros al sector de l’aviació, 6000 milions d’euros que podrien anar a l’àmbit del tren per a fer un país de tren. Perquè efectivament, vostés tenen raó en això i nosaltres ho diem: fatal el funcionament de rodalies al nostre país. La gent treballadora, la gent que estudia, no pot arribar cansada al seu lloc de treball o a l’aula, perquè el rodalies arriba tard, perquè els rodalies s’ha trencat o ha hagut de cancel·lar-se. Segona qüestió que nosaltres hem proposat: vostés també s’han oblidat d’un termini que per a nosaltres era molt important. I és que les empreses privades estan obligades a fer plans de mobilitat al treball per a fomentar polítiques de ciutats més amables, per a fomentar l’ús de la bicicleta, per a fomentar l’ús de la mobilitat sostenible. Això tampoc els importa. Però, per últim, una esmena que nosaltres creiem que és clau i en esta esmena, el senyor Feijóo i la resta de diputats del PP han de decidir si estan amb Ayuso i Abascal o estan amb la dreta europea. Què diu aquesta esmena? Molt senzill, exigim el Partit Socialista i esperem el suport del Partit Popular en el compliment de l’article 42 de la llei de mobilitat sostenible. Saben què diu? Que cal un bitllet únic per al transport al nostre país. I saben què? L’esmena deixa molt clar que aquelles administracions públiques en rebel·lia, que no aposten pel bitllet únic que respecta l’àmbit competencial i així ho vam garantir des de la plurinacionalitat i que discrimina per raó d’origen als usuaris i, per tant, fa racisme deixa de rebre diners de l’Estat. Però miren vostés no només van a castigar a les persones migrants, que és un exercici que els agrada fer habitualment allà on governen. Van a castigar també als estudiants, i això ens indigna profundament als valencians. I és que Madrid té el millor sistema de transport de l’Estat, entre altres coses, perquè l’Administració General de l’Estat ha sobrefinançat a la Comunitat de Madrid mentre ofegava i infrafinançava altres comunitats, com per exemple el País Valencià. I vostés ara lo que van fer és que un estudiant valencià, si ve ací, no puga adherir-se a aquest bono. I per últim i acabe, senyor president. Senyora Esther Muñoz, n’hi ha que tindre barra i n’hi ha que estar desubicada i n’hi ha que tindre odi de classe per a dir que «es lo mismo quitarle el bono tren o bono bus a un estudiante o a una persona inmigrante que no llega a final de mes que ella, que es diputada de León, no le da la tarjeta de residente para aparcar el Audi delante de su puerta». N’hi ha que estar desubicat. I, per tant, la seua proposta dels que van votar que no i van intentar tombar, junt a la resta de la dreta de l’hemicicle, la llei de la mobilitat sostenible és evident que no tindrà el suport del nostre grup parlamentari, però si realment volen complir amb la llei, recorden l’article 42 per a la senyora Ayuso: billet únic sense discriminar a la gent d’on naix. Muchas gracias, presidente. Cumplir leyes está muy bien. En su propuesta habla de algunas. Yo le voy a mencionar dos. Estaría bien cumplir el artículo 47 de la Constitución española, que dice que las Administraciones públicas deben garantizar el derecho a la vivienda. Desgraciadamente, allí donde ustedes gobiernan no les parece una rebeldía inconstitucional. . O el artículo 128, que viene a decir que toda la riqueza del país en cualquiera de sus formas está subordinada al interés general. Viendo los presupuestos que han presentado en el país valenciano, donde perdonaron los impuestos a los más ricos mientras había muchos impuestos para la clase trabajadora, eso no les preocupaba. Pero, mire, usted ha dicho una cosa que está bien, señor Cabezón: ¿Quién en este hemiciclo puede votar en contra del derecho a la movilidad e incluso que haya equidad entre provincias? Vamos a pensar… ¡Ustedes, que votaron en contra de esta ley que dice que la movilidad es un derecho! . Por lo tanto, hay que tener mucho morro para venir hoy aquí a defender el derecho a la movilidad sostenible cuando ustedes votaron en contra. ¿Y lo hicieron por sectarismo o porque, efectivamente, entienden que el transporte no es una prioridad y no es un derecho? Hemos presentado unas enmiendas que pensábamos que eran relevantes, entre otras cuestiones porque usted ha dicho: si incumplen algunos plazos. Y tienen razón. Muy mal, señor Puente, que hoy no está, hay que cumplir los plazos. Pero se les ha olvidado, casualmente, un plazo que la ley dice, que para nosotros era importante, que tenía que estar ya en marcha la prohibición de los vuelos cortos en nuestro país cuando exista una alternativa al ferrocarril. . Y ahí no han hecho nada, probablemente porque sus socios negacionistas ignoran aquello del turista un millón. Hace setenta y cinco años que eso lo defendía ya el franquismo. ¿Saben cuál es la realidad hoy? Solo en el país valenciano, en 2015 llegaron 15,6 millones de turistas entre los aeropuertos de Castellón, de Manises y de El Altet. ¿Saben cuántos llegaron el año pasado, el último año del que tenemos datos? Diez años después, 32,2 millones de turistas. Es decir, el doble. Eso es profundamente insostenible. Y ¿saben qué pasa? Que esos turistas luego colapsan el metro, rodalies, cercanías y nuestras ciudades. Y por eso es una de las cuestiones de la ley que ustedes tendrían que haber podido defender para cumplirla, cosa que no está haciendo el ministro Puente, pero que ustedes tampoco están haciendo. Nosotros pedimos que se cumpla eso y también pedimos que se estudie la posibilidad de que el sector de la aviación pague impuestos. . Anualmente se le perdonan 6000 millones de euros al sector de la aviación; 6000 millones de euros que podrían ir al ámbito del tren para hacer un país de tren. Porque, efectivamente, tienen razón ustedes en eso, y lo decimos nosotros: muy mal el funcionamiento de cercanías en nuestro país. La gente trabajadora o la que estudia no puede llegar cansada a su puesto de trabajo o a las aulas porque cercanías ha llegado tarde, porque se ha roto o porque ha habido que cancelar el tren. Segunda cuestión que hemos propuesto. Ustedes también se han olvidado de algo que para nosotros era muy importante y es que las empresas están obligadas a hacer planes de movilidad al trabajo para fomentar las políticas de ciudades más amables, para fomentar el uso de la bicicleta, para fomentar el uso de la movilidad sostenible. Eso tampoco les importa. Por último, hay una enmienda que nosotros creemos que es clave, y en esta enmienda el señor Feijóo y el resto de los diputados del Grupo Popular deben decidir si están con Ayuso y Abascal o si están con la derecha europea. ¿Qué dice esta enmienda? Es muy fácil. Exigimos al Grupo Socialista, y esperamos el apoyo del Grupo Popular, el cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Movilidad Sostenible. ¿Saben qué dice? Que hace falta un billete único para el transporte en nuestro país. . ¿Y saben qué? La enmienda deja muy claro que las Administraciones en rebeldía que no apuestan por el billete único y que respetan el ámbito competencial ―eso lo garantizamos desde la plurinacionalidad―, que discriminen por razón de origen y hagan racismo, dejen de recibir dinero del Estado. . Pero, miren, ustedes no solo van a castigar a los migrantes, que es un ejercicio que les gusta mucho hacer allí donde gobiernan, van a castigar también a los estudiantes, y eso nos indigna profundamente a los valencianos. Y es que Madrid dispone del mejor sistema de transporte del Estado, entre otras cosas porque la Administración General del Estado ha sobrefinanciado a la Comunidad de Madrid mientras ahogaba con infrafinanciación a otras comunidades, como, por ejemplo, al país valenciano. Eso hará que una persona que venga de Valencia no pueda acogerse a ese bono en Madrid. ¡Pero hay que tener morro y hay que estar desubicada y hay que tener odio de clase para decir que es lo mismo quitarle el bonotrén o el bonobús a un estudiante o a una persona inmigrante que no llega a final de mes que a ella, que es diputada por León, no le den la tarjeta de residente para aparcar el Audi delante de su puerta! Hay que estar desubicada. Por lo tanto, su propuesta desde que votaron aquella ley que intentaron tumbar con el resto del hemiciclo de la derecha es de un nivel que no va a contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Pero si realmente quieren cumplir la ley, acuérdense: artículo 42 para la señora Ayuso, billete único sin discriminar.

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

I, per últim, fomentar la bicicleta. I, senyories el Partit Socialista, no retarden la lluita climàtica, acaben amb els vols curts i posen impostos a l’aviació. Moltes gràcies. Y, por último, fomentar la bicicleta. Y, señorías del Grupo Socialista, no retrasen la lucha climática. Acaben con los vuelos cortos y pongan impuestos a la aviación. Muchas gracias. . El señor VICEPRESIDENTE : Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Rueda Perelló. .

Patricia Rueda Perelló VOX

Con el respeto que nos da esta Cámara a todos los parlamentarios del Grupo Parlamentario VOX, ¡qué vergüenza escuchar, por ejemplo, al representante de SUMAR llamar desubicada a una representante de otro partido político cuando se queja de la falta de infraestructura! Y parece que se les olvida a los de SUMAR, aquí o en comisión, que SUMAR es socio del Gobierno. Si tiene reivindicaciones sobre lo mal que funciona el sistema ferroviario español, menos hablar y más hacer, porque es lo único que sabe hacer: eslóganes baratos. . El 5 de diciembre de 2025 entra en vigor la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible: votos a favor de SUMAR, PSOE, Junts, Bildu y Ábalos; bancada socialista. ¿Se acuerdan de Ábalos? Estaba en el Grupo Mixto. Sí, su colega que ahora está en la cárcel. . Pues es una ley que entra en vigor y que, ¡oh, sorpresa! ―para los que nos están escuchando fuera de esta Cámara―, el Gobierno incumple. . Sí, el Gobierno redacta una ley y la incumple, y esto es tan intolerable como irritante. Un Gobierno que incumple sus propias leyes, que gobierna con unos presupuestos generales prorrogados, que degrada las instituciones, que pisotea la Constitución, que les pone alfombra roja a terroristas y narcodictadores, que pretende amordazar al disidente y que pone en peligro el Estado de derecho, la paz, el bienestar, la seguridad y la vida de los españoles. Omisión del deber de socorro: dana, apagón, accidente de Adamuz. Lo dijimos desde esta tribuna y lo repetimos: la corrupción mata, la negligencia mata. . Y lo denunciamos en los tribunales. Por cierto, nueva querella contra Zapatero, al igual que nos querellamos en el accidente de Adamuz. El hedor de la corrupción no solo está en las cloacas del Partido Socialista, en Ferraz o en los ministerios. El hedor de la corrupción está en toda la bancada socialista: en el Consejo de Ministros, con el caso Plus Ultra; en la Moncloa, con Begoña, con el hermanísimo, con el ‘1’, P. S. Y, señorías del PP, traen esta iniciativa y su representante dice que no es imposible. Hombre, pedirle a este Partido Socialista que cumpla la ley sí que es imposible. Y vienen a decir que Feijóo viene a hacer una política seria. ¿Es serio ser el balón de oxígeno del Partido Socialista? ¿Es serio no presentar una moción de censura? . ¿Es serio votar a favor de las leyes socialistas? Esa regulación masiva de inmigrantes ilegales; esa ley de cambio climático; ese reparto de jueces y Radiotelevisión Española. ¿Dónde está la responsabilidad política? Los brazos caídos no es responsabilidad política. La alternancia en el poder no es responsabilidad política. Los eslóganes no es responsabilidad política. Porque este Partido Popular, que ahora le echa en cara al Partido Socialista que incumple la ley, es el mismo Partido Popular que pacta en Bruselas, Madrid o Ceuta. Y sí, señorías del Grupo Popular, su iniciativa se queda corta. Se queda corta porque denuncian ese incumplimiento, pero se les olvida una vez más que si quieren defender el transporte, y más en concreto el transporte ferroviario en España, lo que tienen que hacer es pedir el cese fulminante del ministro de Transportes. . Hasta que este criminal no abandone el Gobierno, los usuarios del sistema ferroviario siguen en peligro. . Esta mañana, traslado Málaga-Madrid. No saben el miedo de los pasajeros cuando en dos ocasiones se ha ido la red eléctrica. Y desde aquí quiero alabar el trabajo del personal de a bordo, manteniendo la templanza ante situaciones de caos, que ya se está normalizando en muchos trayectos. ¿Para qué pagan impuestos los españoles? Cada día más impuestos y cada día peores servicios públicos, servicios tercermundistas. Así que espero que el Grupo Popular acepte la enmienda de VOX, porque a este ministro garrapata, que aún no ha dimitido, hay que echarlo. No se puede normalizar lo anormal; no se puede normalizar la inseguridad en las carreteras y en los trenes; no se puede normalizar la degradación democrática institucional, la corrupción ni las víctimas por negligencia. Pero hay esperanza, sí. Y ya que no tienen la valentía y que son unos tibios, nosotros, desde VOX, recuperaremos…

Patricia Rueda Perelló VOX

… ese futuro que se le está robando a los españoles. Ya lo estamos haciendo en muchos municipios, en muchas regiones, y próximamente en el Gobierno de España. .

Ignacio López Cano PSOE

Muchas gracias, presidente. Antes de comenzar, tengo que hacer referencia a la señora Rueda, porque ha comenzado reprochando al representante de SUMAR que llamase desubicada a una representante del Partido Popular, como un insulto, y viene aquí y llama criminal y garrapata al ministro Puente. Pido a esta Presidencia que retire esas palabras del Diario de Sesiones , por faltar no ya al decoro de esta Cámara, sino al mayor significado de la palabra respeto entre las personas. Subo aquí con cierta perplejidad e ironía, me lo van a permitir, porque es legítima ironía. Porque lo que nos presenta hoy el Grupo Popular, aunque lo ha hecho con solemnidad, pero, sin duda alguna, es de las piezas parlamentarias más llamativas que se han podido ver en estos últimos años, es que está preocupado, preocupadísimo por que cumplamos con la Ley de Movilidad Sostenible. Ojo a esto, y no vale reírse ¿eh? La misma Ley de Movilidad Sostenible que votaron en contra, piden hoy aquí que se cumpla. ¡Si es que esto, señorías, esta definición parece una greguería de Gómez de la Serna o un esperpento del señor Valle Inclán, señorías! ¡No hay por dónde cogerlo! . Pero ¿cómo se puede votar en contra de una ley y seis meses después venir aquí a pedir que se cumpla? ¿Cómo llamamos a esto? Le podemos llamar, con decoro parlamentario, cinismo o, en lenguaje coloquial, poca vergüenza, señoría. Seré preciso. Es verdad que son artículos suyos, enmiendas suyas, cierto, pero son preceptos ―se lo dijimos ya― que son de imposible cumplimiento. En los meses en los que metieron ustedes esas enmiendas se lo advertimos. Porque ustedes piden cumplimiento inmediato de un plan de choque, de un plan de atención, de un protocolo aquí, un plan nacional allí, un plan de convergencia aquí; dieciocho planes para hacer en seis meses. Imposible, y lo sabían. Y les voy a decir algo. En vez de pedir a los demás cosas que saben que no se pueden cumplir en un plazo de seis meses, donde gobiernan ustedes pónganse a trabajar. Porque piden aquí que en seis meses hagamos dieciocho planes, pero ustedes en Andalucía, por ejemplo, en ocho años han sido incapaces de hacer un nuevo mapa concesional de transporte por carretera; incapaces en ocho años. Tan es así que se han dado cinco años más ―trece años― para hacer un mapa concesional nuevo. Y en ese tiempo sacan ustedes unas licitaciones nuevas con servicios de transporte exactamente igual que hace veinticinco años. En la provincia de Málaga, para toda la Costa del Sol, fíjense lo que han hecho ustedes: en el año 2000 teníamos dos municipios en la Costa del Sol con más de 50 000 habitantes y en el año 2025 son nueve. Pues ustedes quieren el mismo servicio de transporte público de hace veinticinco años para el doble de población en la Costa del Sol. Y vienen ustedes aquí a dar lecciones, a pedir que hagamos planes y que se cumplan. Pero, por favor, pónganse ustedes a trabajar antes, cumplan con su obligación y después exijan al resto. . Y ya que se ponen ustedes ahora muy dignos con esto, ¿van a respaldar y a apoyar la implantación del billete único para el transporte público para todo este país o lo van a obstaculizar? ¿Qué es lo que van a hacer en las instituciones donde están gobernando? ¿Se van a hacer defensores de la movilidad sostenible hoy o van a serlo siempre? ¿O van a hacer como hacen con todas las políticas en beneficio de la gente, que les da exactamente igual, porque ustedes lo que vienen a hacer aquí es puro teatro, señorías? ¿Qué es lo que van a hacer? . Porque nosotros sí defendemos esta ley. ¡Claro que defendemos esta ley! ¡Toda la ley! Si la hemos impulsado nosotros y estamos trabajando en ella, pero son cambios profundos que necesitan tiempo. Nosotros hemos presentado enmiendas y vamos a ver si están dispuestos ustedes a trabajar de verdad o, como siempre, teatro, puro teatro. Ustedes tienen todo el derecho ―lo tienen― a controlar la acción del Gobierno de España. ¡Claro que sí! Pero el control gana legitimidad cuando hay coherencia, y en esta proposición no de ley no la hay. Quien vota contra una ley y luego sube aquí a exigir su cumplimiento como si fuera su obra más querida, señorías, no la está defendiendo, la está utilizando. Porque no les importa la movilidad sostenible y no les ha importado nunca. Ustedes a lo único que vienen aquí es a hacer ruido, que es lo único que saben hacer, porque no son útiles para nadie más que para ustedes mismos y para esos poderes en la sombra que defienden. Hoy aquí no están haciendo control parlamentario, es teatro político. Y las gentes de este país que cada día cogen el tren, el autobús o el metro merecen una oposición responsable que aporte soluciones a su movilidad y no teatro, puro teatro, además del malo, que es lo que ustedes han hecho aquí hoy. Muchísimas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Obrigado, señor presidente. Moi boa tarde. Xa foi dito, mais a verdade é que merece ser remarcado porque non deixa de sorprender que o Partido Popular, que votou con VOX en contra da Lei de Mobilidade Sustentábel, reclame en nove ocasións, en nove ocasións, que se cumpra a lei. Ben, a nós parécenos ben, podemos mesmo coincidir na maior parte do que vostedes din. Sorpréndenos, no entanto, que entre esas reclamacións de cumprimento da lei non estea, por exemplo, a disposición adicional dezanove, que reclama algo tan importante para Galiza como que se realice no prazo de seis meses un estudo sobre a implantación da cercanía ferroviaria, do tren de proximidade, que de maneira inmediata se poña en funcionamento ese servizo do que carece o noso país. Mais non sorprende, na práctica realmente non sorprende se temos en conta que o PP o que fixo cando a lei saíu do Congreso e foi ao Senado, foi unha emenda riscando, colocando unha raia por riba de Galiza, para eliminar esa disposición que pretendía, nada máis e nada menos, que corrixir unha discriminación histórica porque supoño que todos e todas aquí saben que Galiza é o único país, ou se queren en termos comparativos, a única comunidade autónoma con áreas metropolitanas e urbanas de máis de 500 000 habitantes que carece de servizo de cercanías, que carece de tren de mobilidade. Pero, ao PP iso preocúpalle? Non, o que lle preocupaba ao PP é que figurase esa disposición que obriga o goberno, a calquera goberno, a implantar o tren de proximidade na Galiza e intentou borralo, aprobando unha emenda no Senado, que non conseguiu sacar adiante porque foi corrixida de novo no Congreso. Pero claro, tampouco sorprende porque esa é a súa práctica. Reparemos, por exemplo, que cando vostedes gobernaban do programa de implantación do tren de alta velocidade da conexión con Galiza, do tren de alta velocidade, vostedes fixeron recorte tras recorte até deixar varios tramos en vía única, cousa que hoxe é motivo de moitas complicacións, de moitos problemas, de moitos retrasos no funcionamento desa vía. Ou vostedes mesmos foron cómplices desa discriminación, no caso de cercanías, ou da modernización da rede ferroviaria interna do noso país. E sabe cal é a preocupación do goberno do Partido Popular na Galiza? Pois non é precisamente o de cercanías, se non o chega a reclamar o BNG poñer na axenda, o Goberno galego non se lle ocorre a reclamar o servizo de cercanías. A preocupación de Alfonso Rueda era saber cando chegaban os trens Avril, porque parece que o fundamental para os galegos e galegas é chegar cinco minutos antes a Madrid, non que os galegos e galegas poidan moverse todos os días nos seus ámbitos urbanos e non chegar cinco minutos antes a Madrid. E agora que xa hai os trens Avril, saben cal é a preocupación do Partido Popular e do seu presidente Alfonso Rueda? A ver cando se cambia o ancho ibérico para o ancho internacional para ganar, se cadra, outros cinco minutos na conexión entre Ourense e Santiago de Compostela e a Coruña. A nós parécenos ben, pero evidentemente non é unha prioridade para o Bloque Nacionalista Galego, que pensa naquilo que pode beneficiar a mobilidade para unha grande maioría de galegos e galegas que teñen todos os días que deslocarse para ir ao seu traballo, o seu centro de estudo, pola razón que for. Pero para iso non podemos contar nunca, nunca co Partido Popular, porque o Partido Popular é tamén responsábel de que nesa conexión ferroviaria de alta velocidade, pois se fixesen as cousas mal, non só recortando para vía única, senón recortando tamén en seguranza. Eu quero lembrarlles que a ministra Ana Pastor foi directamente responsábel de que non existise o sistema de seguranza RTMS no AVE na alta velocidade a Galiza e polo tanto, do fatídico accidente de Angrois. Para iso é para o que está o Partido Popular, claro agora están na oposición e reclaman que se melloren os servizos ferroviarios ao conxunto da cidadanía. Non, se nos parece moi ben, volvo a dicir, parece que a súa campaña permanente de acoso e derribo contra o goberno social comunista, pois acaba facendo milagres, non tal milagre como que pidan que se cumpra unha lei que vostedes non votaron a favor, ou mellor dito que vostedes votaron en contra. A nós, o que nos gustaría é que fosen un mínimo coherentes á hora de reclamar aquilo que é de xustiza, en concreto para o noso país, en concreto para a Galiza, para mellorar o transporte e a mobilidade, moi particularmente un servizo ferroviario que aínda son claramente deficitarios. Só quero dicir unha cousa e finalizo, pasaron, acaban de pasar os seis meses que daba a lei. Dinos o Ministerio de Transporte que faltan uns días. Confiamos en que efectivamente sexan uns días en que non se transformen en semanas e menos en meses e que canto antes poidamos ver o tren de mobilidade en funcionamento na Galiza. Moito obrigado. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Ya se ha dicho, pero la verdad es que merece ser remarcado, porque no deja de sorprender que el Grupo Popular, que votó con VOX en contra de la Ley de Movilidad Sostenible en nueve ocasiones, reclame que se cumpla la ley. Bueno, a nosotros nos parece bien, podemos incluso coincidir en la mayor parte de lo que dicen ustedes. Sorprende, sin embargo, que entre esas reclamaciones de cumplimiento de la ley no esté la disposición adicional diecinueve, por ejemplo, que reclama algo tan importante para Galicia como que se realice en el plazo de seis meses un estudio sobre la implantación de las cercanías ferroviarias, el tren de proximidad, y que de manera inmediata se ponga en funcionamiento ese servicio del que carece nuestro país. Pero en la práctica no sorprende realmente si tenemos en cuenta que el PP lo que hizo, cuando la ley salió del Congreso y fue al Senado, fue una enmienda con la que puso una raya por encima de Galicia para eliminar esa disposición que pretendía nada más y nada menos que corregir una discriminación histórica. Porque supongo que todos y todas aquí saben que Galicia es el único país ―o si quieren, en términos comparativos, la única comunidad autónoma― con áreas metropolitanas de más de 500 000 habitantes que carece de servicios de cercanías, que carece de tren de movilidad. ¿Pero le preocupa al PP? No. Lo que le preocupaba es que figurase esa disposición que obliga al Gobierno, al Gobierno que sea, a implantar el tren de proximidad en Galicia. E intentaron borrarlo aprobando una enmienda en el Senado, que no consiguieron sacar adelante porque fue corregida de nuevo en el Congreso. Pero, claro, tampoco sorprende, porque esa es su práctica. Fijémonos, por ejemplo, cuando ustedes gobernaban, en el programa de implantación del tren de alta velocidad, la conexión con Galicia a través del tren de alta velocidad. Lo que hicieron ustedes fue recorte tras recorte hasta dejar varios tramos en vía única, cosa que hoy es motivo de muchas complicaciones, problemas y retrasos en el funcionamiento de esa vía. O sea, ustedes mismos fueron cómplices de esa discriminación, en el caso de cercanías o de la modernización de la red ferroviaria interna de nuestro país. ¿Y sabe cuál es la preocupación del Gobierno del Partido Popular en Galicia? Pues no es precisamente lo de cercanías. Si no lo llega a reclamar el BNG y ponerlo en la agenda, al Gobierno gallego no se le ocurría reclamar el servicio de cercanías. La preocupación de Alfonso Rueda era ver cuándo llegaban los trenes Avril, porque lo fundamental ―parece― para gallegos y gallegas es llegar cinco minutos antes a Madrid; no que los gallegos y gallegas puedan moverse todos los días en sus ámbitos urbanos, sino llegar cinco minutos antes a Madrid. Y ahora que están los trenes Avril, ¿sabe cuál es la preocupación del Partido Popular y de su presidente Alfonso Rueda? A ver cuándo se cambia el ancho ibérico a ancho internacional para quizá ganar otros cinco minutos en la conexión entre Orense y Santiago de Compostela y La Coruña. A nosotros nos parece bien, pero, evidentemente, no es una prioridad para el Bloque Nacionalista Galego, que piensa en aquello que puede beneficiar a la movilidad para una gran mayoría de gallegos y gallegas que tienen todos los días que trasladarse para ir a su trabajo, a estudiar o por la razón que sea. Pero para eso no podemos contar nunca ― nunca― con el Partido Popular, porque el Partido Popular es también responsable de que en esa conexión ferroviaria de alta velocidad se hiciesen las cosas mal, no solo recortando para vía única, sino recortando también en seguridad. Quiero recordarles que la ministra Ana Pastor fue directamente responsable de que no existiese un sistema de seguridad ERTMS en el AVE, en la alta velocidad de Galicia, y, por tanto, del fatídico accidente de Angrois. Por eso no protesta el Partido Popular, pero ahora está en la oposición y, claro, reclama que se mejoren los servicios ferroviarios al conjunto de la ciudadanía. Nos parece muy bien. Si nos parece muy bien, vuelvo a decirlo. Parece que su campaña permanente de acoso y derribo contra el Gobierno socialcomunista acaba haciendo milagros, milagros como el que pidan que se cumpla una ley que ustedes no votaron a favor o, mejor dicho, que ustedes votaron en contra. A nosotros nos gustaría que fuesen un mínimo coherentes a la hora de reclamar lo que es de justicia, en concreto para nuestro país, en concreto para Galicia, para mejorar el transporte y la movilidad, muy particularmente el servicio ferroviario, que aún es claramente deficitario. Solo una cosa y finalizo. Acaban de pasar los seis meses que daba la ley. El Ministerio de Transportes nos dice que faltan unos días. Confiamos en que, efectivamente, sean unos días y que no se transformen en semanas, y menos en meses, y que cuanto antes podamos ver el tren de movilidad en funcionamiento en Galicia. Muchas gracias.

Nerea Renteria Lasanta EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidente. Arrtasalde on guztioi. Debatimos hoy una proposición no de ley relativa a la defensa del transporte ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible. Y hay momentos en esta Cámara en que da la sensación de estar viviendo una situación similar a la de la película de El día de la marmota. En esta PNL hay un hecho que resulta significativo y es que los nueve puntos de la proposición comienzan exactamente de la misma manera: cumplir la ley. Cuando una iniciativa tiene que repetir nueve veces «cumplir la ley», quizá la pregunta que deberíamos hacernos no es solamente qué medidas faltan por adoptar, sino por qué seguimos debatiendo sobre el incumplimiento de mandatos que ya fueron aprobados. Y es que, una vez más, volvemos a debatir sobre retrasos ferroviarios, sobre planes pendientes de ejecución, sobre compromisos que siguen sin materializarse y sobre problemas que aparecen una y otra vez en esta Cámara. Porque lo que se está planteando en el fondo de este debate es si los compromisos, los planes y los instrumentos previstos por una ley ya aprobada están siendo desarrollados en los plazos y condiciones establecidos. Debatimos, una vez más, sobre planes pendientes, sobre actuaciones comprometidas que no terminan de materializarse y sobre obligaciones cuya ejecución sigue siendo objeto de discusión parlamentaria cuando, en realidad, la fortaleza de las instituciones debe medirse por la capacidad de convertir las leyes en realidades efectivas para la ciudadanía. Señorías, los cinco primeros puntos ya han sido debatidos en diversas ocasiones. El primer punto, relativo a la primera fase del plan de choque ferroviario, no constituye una reivindicación nueva. Esta Cámara ya ha debatido e incluso se ha pronunciado sobre la necesidad de aprobar dicho plan. Por eso, cuando volvemos a debatir sobre esta cuestión, quizá la pregunta no sea si el problema está identificado, sino por qué seguimos discutiendo sobre medidas cuya necesidad ya ha sido señalada reiteradamente por el propio Parlamento. Lo mismo ocurre con el segundo punto; la segunda fase del plan de choque ferroviario tampoco aparece hoy por primera vez en esta Cámara, ya fue objeto de debate en iniciativas anteriores e incluso en acuerdos ya aprobados. Por eso, cuando el Parlamento vuelve a debatir sobre medidas que han sido identificadas, discutidas o incluso respaldadas previamente, la cuestión deja de ser qué hay que hacer, la cuestión pasa a ser por qué sigue pendiente de hacerse. El tercer punto tampoco es una novedad para esta Cámara. Ya hemos debatido sobre la necesidad de disponer de un plan de atención urgente a los pasajeros cuando se producen incidencias extraordinarias; sin embargo, hoy seguimos hablando de su puesta en marcha. Lo mismo sucede con el cuarto punto. También hemos debatido sobre la necesidad de disponer de protocolos de análisis de incidencias que permitan conocer las causas de los problemas, evaluar sus consecuencias y establecer mecanismos correctores. Por eso sorprende que sigamos discutiendo sobre herramientas cuya utilidad nadie parece cuestionar. Quizá el mejor ejemplo sea el quinto punto, el relativo a los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe. Hemos debatido esta cuestión en iniciativas específicas, ha vuelto a aparecer en debates posteriores y vuelve hoy nuevamente a esta Cámara. Cuando un mismo asunto regresa una y otra vez al debate parlamentario, probablemente no estemos ante un problema de diagnóstico, sino ante uno de ejecución. Por eso decía al comienzo que existe una cierta sensación de estar viviendo el día de la marmota, porque los cinco primeros puntos de esta iniciativa no responden a problemas recién descubiertos ni a propuestas novedosas, son cuestiones que esta Cámara ya ha debatido reiteradamente. La cuestión de fondo no es si conocemos el problema, porque los problemas los conocemos, no es si sabemos cuáles son las medidas, que también las conocemos; la cuestión es por qué seguimos debatiendo sobre actuaciones cuya necesidad ya ha sido señalada una y otra vez en este Parlamento. Los cuatro últimos puntos de la iniciativa amplían el foco hacia otros ámbitos de la movilidad: la renovación del parque automovilístico, el acceso básico a la movilidad, el transporte público regular por carretera y el transporte marítimo. Aquí aparece una segunda reflexión que en el Grupo Vasco consideramos importante. La movilidad debe abordarse desde una perspectiva integral, pero también desde una perspectiva territorial. Por eso resulta imprescindible reforzar la colaboración entre Administraciones, respetar los ámbitos competenciales existentes y reconocer la experiencia de aquellas instituciones que gestionan directamente infraestructuras y servicios de transporte. La coordinación no debe confundirse con uniformidad. Una buena política de movilidad exige cooperación, lealtad institucional y capacidad de adaptar las soluciones a las necesidades concretas de cada territorio. La cohesión territorial no consiste en aplicar exactamente las mismas respuestas en todas partes, sino en garantizar que cada territorio disponga de los instrumentos necesarios para responder adecuadamente a sus propios retos de movilidad. Desde esa perspectiva, cuestiones como el acceso básico a la movilidad, la conectividad de los entornos rurales, el diseño de los mapas concesionales de transporte por carretera o la competitividad de nuestros puertos requieren una adecuada coordinación institucional y un respeto efectivo al reparto competencial, avanzando en la gestión directa por parte de las comunidades autónomas de aquellas infraestructuras cuya titularidad o interés territorial así lo justifique. Señorías, la movilidad sostenible constituye uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Nos enfrentamos a retos de descarbonización, competitividad, transformación tecnológica, cohesión territorial y calidad de los servicios públicos. Afrontar estos retos exige capacidad de gestión, cooperación institucional y visión estratégica. El Grupo Vasco seguirá defendiendo una política de movilidad basada en la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad; pero, por supuesto, también desde el respeto competencial y la atención a las necesidades reales de la ciudadanía y de los sectores productivos.

Nerea Renteria Lasanta EAJ-PNV

Acabo. Porque, al final, el objetivo no debe ser otro que disponer de un sistema de transporte moderno, fiable y capaz de responder a las exigencias de una sociedad avanzada. Eskerrik asko.

Mikel Otero Gabirondo EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Creo que seré breve porque la PNL que trae hoy a debate el Grupo Popular no tiene, desde luego, especial interés, ni mucho menos ningún afán constructivo, como se ha dicho. Respondo también a la pregunta retórica que hacía la señora Renteria: ¿por qué seguimos debatiendo esto? Pues seguimos debatiendo esto porque no se trata de solucionar nada. Aquí el único objetivo es generar ruido ―es más, ruido sobre ruido―, utilizando cualquier cosa para generar una sensación de desastre generalizado a través de esa hiperventilación permanente en la que han convertido su seña de identidad política y su tono habitual también aquí. El tema abordado, los incumplimientos en los plazos de la Ley de Movilidad Sostenible, no es más que una excusa, una palanca para despotricar, hasta tal punto, esto es así, que ustedes dedican casi toda la exposición de motivos a hablar un poco de todo, en realidad: de degradación democrática, de deterioro o eliminación de servicios públicos, de colapso de infraestructuras, de anticonstitucionalismo… haciendo de notarios de apocalipsis, en realidad. Y, sin embargo, dedican esto (acerca los dedos índice y pulgar indicando muy poco), un minúsculo párrafo, para explicar lo que después piden realmente en la proposición no de ley. Una parte propositiva, el petitum, que se extiende farragosamente a través de miles de caracteres y hasta nueve puntos para pedir algo que en realidad se podía haber resumido en una frase muy simple: pedir que se cumplan los plazos que se establecen en la Ley de Movilidad Sostenible. Era tan sencillo como eso y no hacía falta castigarnos con semejante chapa acerca de una ley a la que, además, votaron en contra. No hacía falta hacernos tragar toda esa paja para ofrecer tan poco grano, para pedir simplemente cumplir con una ley que se aprobó el año pasado y está desplegándose. Pero a ustedes todo esto les da igual, porque mientras se meta ruido el objetivo está cumplido, ¿verdad? Lo más curioso es que, con ese afán de dar la sensación de que todo va mal con base en los incumplimientos de un plazo de una ley, ustedes no hacen otra cosa que escupir hacia arriba porque el incumplimiento de plazos de disposiciones legales ha sido precisamente la seña de identidad del Partido Popular. Y aquí podría invocar una retahíla de incumplimientos de plazos legales de su último periodo a cargo del Gobierno del Estado. Incumplimientos constantes, por cierto, reincidentes. Solo por dar una muestra, voy a nombrar los incumplimientos del marco legal europeo en materia de medioambiente o de agua que tantas sanciones han obligado a pagar al Estado. Y este es solo un ejemplo de cientos que puedo poner. ¿De verdad creen que les conviene hablar de incumplimientos de plazos de las leyes? ¿De verdad creen que les conviene hablar de falta de inversión ferroviaria? Porque si hablamos de infrafinanciación de infraestructura ferroviaria, que es a lo que ustedes atribuyen el deterioro o hasta incluso el colapso del servicio ferroviario, no tienen más que mirar los presupuestos de los últimos quince años, donde en el ranking de menor inversión ferroviaria ustedes se llevan la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce. Están buenos ustedes para hablar de escasa inversión ferroviaria. Pero, además, esto de los incumplimientos de las leyes no es una cosa del PP del pasado. Me he tomado la molestia de mirar comunidad autónoma a comunidad autónoma en las que gobierna hoy el Partido Popular las leyes que se han aprobado en los últimos tiempos y cuál es el grado de cumplimiento de los plazos de desarrollo establecidos en esas leyes, eso que ustedes precisamente están pidiendo que se cumpla hoy. El resultado se lo pueden imaginar, ¿verdad? Efectivamente, el incumplimiento de los plazos establecidos en las leyes aprobadas en los últimos años es constante y sistemático por parte de los Gobiernos del Partido Popular. Así que, si esa es la vara de medir, si el incumplimiento a tiempo de una disposición adicional equis o y en una determinada ley es la prueba irrefutable de una insoportable degradación democrática ―como dicen―, de actuar anticonstitucionalmente, de provocar una hecatombe, entonces el PP la verdad es que está haciendo esto con un indudable entusiasmo. Desde Castilla y León hasta Andalucía y desde Galicia hasta Valencia, pasando, por supuesto, por Madrid ―que precisamente en movilidad está destacando estos días por intentar aplicar políticas de segregación―, ¿les parece que todo esto es hiperbólico? Pues es lo que hacen ustedes cada día. Lo dicho y, en resumen, ¿les parece importante cumplir con los plazos legales que marcan las leyes? Entonces prediquen con el ejemplo. Besterik ez, eskerrik asko.

Isidre Gavin i Valls JxCAT-JUNTS

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. En aquesta iniciativa el grup presentant el que reclama és que es compleixin determinats apartats de la Llei de Mobilitat Sostenible, que preveien uns terminis de compliment esgotats fa dos, quatre mesos, depenent dels casos. Un observador exterior podria afirmar que un incompliment d’aquest termini no és gaire. Un observador de la política espanyola diria que això no és res, que és normal incomplir i fer-ho amb terminis molt superiors. I la realitat és aquesta. Si bé el Partit Popular té arguments per exigir el compliment de determinats preceptes de la llei, la realitat és que no té gaire legitimitat. El PP, quan governava, incomplia el que li convenia sense cap problema. Incomplia uns quants principis legals i també ètics i morals quan encarregava informes falsos a la policia patriòtica i els filtrava per perjudicar contrincants polítics, especialment normalment de Junts per Catalunya, desacreditant-los amb mentides i falsedats. Incomplia també els seus compromisos i els seus pressupostos d’inversió en allò que feia referència a infraestructures del transport, ja que això va d’aquest tema, amb un especial interès, això sí, amb incomplir a Catalunya. I aquesta és una de les raons, per cert, també del desastre de les infraestructures ferroviàries de rodalies i de que l’Estat espanyol sigui el darrer país de la Unió Europea en el transport de mercaderies per ferrocarril. Incomplia també en la renovació, per exemple, d’un model de finançament caducat durant molts anys, el finançament de les comunitats autònomes. I així podríem fer una llista llarguíssima d’incompliments del PP quan governava. Per tant, no hi ha molta credibilitat per part del PP quan es queixa dels incompliments del PSOE. La denúncia d’aquesta PNL és una crítica oportunista i hipòcrita. El problema, per a nosaltres, de fons, mentre depenguem d’aquest Estat és el maltractament crònic de l’Estat espanyol a les infraestructures de Catalunya, especialment de rodalies, una centralització en la inversió i en la gestió que alhora és ineficient, tant si governa el PP com si governa el PSOE. El desastre del transport ferroviari espanyol és un fracàs compartit, tant del PSOE com del PP. Per això, defensem la independència de Catalunya i mentrestant, transferències integrals de competències i inversions justes i gestions pròpies. El servei ferroviari a Catalunya funciona bé només quan es gestiona des de Catalunya íntegrament, com és el cas de Ferrocarrils de la Generalitat, del metro i del tramvia, fins i tot quan plou, com vostès ja saben. Però senyors del PP, sí, incompleixen. I no pateixin, si no compleixen la llei, tampoc no compliran una proposició no de llei que té un rang inferior. Sí, el PSOE tampoc no té legitimitat en criticar el PP perquè quan governaven no complien les inversions ferroviàries ni els terminis del corredor mediterrani, ells tampoc no ho fan. En aquest moment, és un govern que no està gens preocupat pels seus incompliments. Quan incompleix els seus pressupostos, pel que fa a les inversions en infraestructures ferroviàries, demostra que no està gaire preocupat pels ciutadans que pateixen el desastrós servei de Rodalies cada dia. Quan continuen amb un esquema d’inversió totalment centralitzat, beneficiant sistemàticament a Madrid i perjudicant a Catalunya i a altres perifèries, no demostren cap voluntat de corregir la injustícia que això representa. No els preocupa. Quan continuen invertint al corredor central, per on passen la meitat de les mercaderies que el corredor mediterrani, i aquest continua inacabat, demostren no estar preocupats per la competitivitat de les empreses, l’eficiència logística i les emissions del transport. Es conformen en dir que ho fan una mica menys malament que el Partit Popular. Per exemple, jo ho vaig dir no fa massa setmanes. El Govern diu: «Estem desenvolupant el pla de Rodalies i invertim més del que s’invertia en altres èpoques», doncs el pla de Rodalies inclou actuacions de fa més de vint anys, com el desdoblament de la R3. I els deia fa poques setmanes que aquest mateix obra necessitarà encara deu o dotze anys més. Doncs bé, avui hem sabut que ja es compleixen uns altres terminis, s’incompleixen i obres que havien d’acabar el mes de maig acabaran a final d’any. I també incompleixen coses proposades per Junts per Catalunya i votades aquí tan importants com la supressió de l’impost de successions, la deflactació de l’IRPF o que s’apliqui la directiva dels autònoms, aquells que facturen menys de 85 000 euros, i s’ha aprovat aquí i el Govern no ho aplica. Quan el Govern incompleix sistemàticament els acords del Congrés de Diputats, no porta lleis, no porta pressupostos perquè no té majoria i segueix governant és que la seva prioritat és la supervivència política, a qualsevol preu. Fa unes setmanes la meva portaveu — i acabo ja president— la Míriam Nogueras preguntava al president del Govern que quins motius té per no convocar eleccions, i jo em pregunto el mateix. Veig que als senyor socialistes no els interessa gaire, tot això. Els deu interessar més parlar d’altres coses. Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, en esta iniciativa el grupo que la presenta lo que quiere es que se cumplan determinados apartados de la Ley de Movilidad Sostenible, con plazos agotados desde hace dos o cuatro meses. Un observador exterior podría decir que un incumplimiento de este plazo no es mucho. Un observador de la política española diría que eso no es nada, que normalmente los incumplimientos de los plazos son todavía superiores. Y la realidad es esa. Aunque el Partido Popular tiene argumentos para exigir el cumplimiento de determinados preceptos de la ley, la realidad es que no tiene ninguna legitimidad, o no demasiada. El PP, cuando gobernaba, incumplía lo que le convenía, sin ningún problema. Incumplía unos cuantos principios legales, y también éticos y morales, cuando encargaba informes falsos a la policía patriótica y los filtraba para perjudicar a contrincantes políticos, normalmente de Junts per Catalunya, desacreditándolos con mentiras y falsedades. Incumplía también sus compromisos y sus presupuestos de inversión en lo que tenía que ver con infraestructuras y transporte — y de eso va este tema—, con un especial interés, eso sí, por incumplir en Cataluña. Y esta es una de las razones, por cierto, también del desastre de las infraestructuras ferroviarias de rodalies, y de que el Estado español sea el último Estado de la Unión Europea en transporte de mercancías por ferrocarril. Incumplía también, por ejemplo, la renovación del modelo de financiación caducado durante muchos años para las comunidades autónomas. Y así podríamos seguir haciendo larga la lista de incumplimientos del PP cuando gobernaba. Por tanto, no hay mucha credibilidad por parte del PP cuando se queja de los incumplimientos del PSOE. La denuncia de esta PNL es una crítica oportunista e hipócrita. El problema de fondo, para nosotros, es que mientras dependamos de este Estado, tendremos ese maltrato crónico del Estado español hacia las infraestructuras de Cataluña, en especial rodalies; una centralización en la inversión y en la gestión que a la vez es ineficiente, tanto si gobierna el PP como si gobierna el PSOE. El desastre del transporte ferroviario español es un fracaso compartido, tanto del PSOE como del PP. Por eso defendemos la independencia de Cataluña. Mientras tanto, transferencias integrales de competencias, gestiones propias y transmisiones justas. El transporte ferroviario de Cataluña solo funciona bien si se gestiona íntegramente desde Cataluña, como es el caso de Ferrocarrils de la Generalitat, el metro y el tranvía, incluso cuando llueve, como ustedes saben. Pero, señorías del PP, sí, incumplen. Y no sufran: si no cumplen una ley, tampoco cumplirán la proposición no de ley, que tiene un rango inferior. El PSOE tampoco tiene legitimidad para criticar al PP, porque cuando gobernaba no cumplía las inversiones ferroviarias y los servicios mínimos del corredor mediterráneo, porque ellos tampoco lo hacen. En estos momentos tenemos un Gobierno que no está muy preocupado por sus incumplimientos. Cuando incumple sus presupuestos en inversiones ferroviarias demuestra que no se preocupa demasiado por lo que sufren los ciudadanos por los incumplimientos del sistema de ferrocarriles cada día, en especial de rodalies. Cuando tenemos un sistema centralizado en Madrid que perjudica a Cataluña y a otras periferias, eso no demuestra la voluntad de corregir las injusticias que eso representa; eso no les preocupa. Cuando siguen invirtiendo en el corredor central, pero pasan la mitad de las mercancías por el corredor mediterráneo y este sigue inacabado, demuestra que no está muy preocupado ni por las empresas, ni por la eficiencia logística, ni por la eficiencia del transporte. Ellos dicen que lo hacen un poco menos que el Partido Popular. Por ejemplo, lo hemos dicho hace pocas semanas: el Gobierno dice que estamos desarrollando el Plan de Rodalies, invirtiendo más de lo que se invertía en otras épocas. Pues bien, el Plan de Rodalies incluye actuaciones de hace más de veinte años, como el desdoblamiento de la R3. Y hace pocas semanas ―se lo podemos decir― se ha podido ver que ahora harán falta doce años más para esta misma obra. Si se incumplen los plazos, obras que deberían haber terminado en mayo acabarán a final de año. Y también incumplen cosas que ha propuesto Junts per Catalunya y que han sido votadas aquí, tan importantes como la supresión del impuesto sobre sucesiones, la deflactación del IRPF o que se aplique la directiva de los autónomos a aquellos que facturen menos de 85 000 euros. Se ha aprobado aquí y el Gobierno no lo aplica.Cuando incumple lo que aprueba el Congreso de los Diputados, no saca adelante leyes, pero sigue gobernando, es que su prioridad es la supervivencia política a cualquier precio. Hace unas semanas, mi portavoz — y acabo ya, presidente—, Míriam Nogueras, preguntaba al presidente del Gobierno qué motivos tiene para no convocar elecciones. Yo me pregunto lo mismo. Veo que los señores socialistas no están muy interesados por esto; les debe interesar más hablar de otras cosas.

Isidre Gavin i Valls JxCAT-JUNTS

Jo em pregunto el mateix, però la resposta és senzilla i cada dia és més clara: la supervivència. Gràcies. Me pregunto lo mismo, pero la respuesta es sencilla y cada día está más clara: la supervivencia. Gracias.

Inés Granollers Cunillera ERC

Gràcies, president. Bona tarda, diputats i diputades. Debatem avui una iniciativa que posa sobre la taula una qüestió que hauria de ser elemental en qualsevol democràcia: el compliment de les lleis aprovades per aquesta cambra. He de reconèixer que la proposta del Partit Popular té un punt de valentia, perquè estan demanant al Govern que compleixi estrictament tots els terminis de la llei, que executi tots els plans previstos, que comparegui davant del part del Parlament i que assumeixi responsabilitats per qualsevol retard. Tots els punts que vam esmenar conjuntament amb la Llei de Mobilitat Sostenible. Però, un moment! Una llei que vostès van votar en contra. I la veritat és que faria riure si no fos perquè fa llàstima. La veritat és que els admiro. Els admiro perquè o són uns cínics — que ho són— o deuen estar totalment convençuts que no tornaran a governar mai més a la vida, perquè vostès són el partit que durant dècades van convertir l’austeritat en dogma i la privatització en recepta universal. Vostès són els que van apostar per les autopistes radials, per als grans aeroports, per a tot a costa del transport de la classe treballadora. I aquí vull fer un incís, perquè no és només culpa seva. La mobilitat pública sostenible comença quan en aquest estat s’acaba el bipartidisme. Uns governs PP-PSOE que no tenien res més en compte que el seu propi benefici. I ha estat gràcies a la feina d’Esquerra Republicana, junt amb d’altres partits com BNG, com Bildu, com Compromís, que la Llei de Mobilitat Sostenible va avançar, una llei que la vam treballar amb l’objectiu de garantir un sistema de transport més segur, més eficient, més accessible i més sostenible. Però la llei no transforma la realitat només per la seva aprovació. Necessita desplegament, necessita recursos, planificació i voluntat política. I és evident que hi ha aspectes del desplegament de la llei que acumulen retards i incompliments que cal corregir. En primer lloc, voldria parlar del ferrocarril, que vostès en parlen a aquell ferrocarril, el que utilitza la classe treballadora que a vostès, fins que no han estat a l’oposició, els ha importat el més mínim. El tren ha de ser la columna vertebral de la mobilitat sostenible. Ens fem un tip de dir-ho en aquesta cambra, per convertir-lo en una alternativa real al vehicle privat i als vols de curta distància, perquè cal garantir aquesta fiabilitat, aquests vols a curta distància que vostès ni tan sols n’han parlat. Les incidències recurrents, les limitacions temporals de velocitat derivades de la mancança de manteniment de quan vostès estaven al govern, però també de les majories absolutes del PSOE i els problemes que pateixen cada dia milers d’usuaris, posant la necessitat d’accelerar les inversions perquè els usuaris no necessiten les excuses que els hi donem cada dia. Necessiten que els trens funcionin i, per això, compartim la necessitat d’identificar i corregir de manera urgent aquests punts crítics i també recuperar la confiança amb els usuaris, la confiança que aquests usuaris han perdut. La puntualitat no és un luxe, hauria de ser una obligació. I avui aquí també vull recordar les incidències de la setmana passada. Primer dia de les proves de la selectivitat, coincidint a més a més amb la visita del papa: dues caigudes del sistema i deixa una vegada més per tot Catalunya el trànsit del servei ferroviari. I quan parlem d’igualtat d’oportunitats, senyories, depèn d’això, de la confiança de poder arribar al teu examen, de poder accedir a un centre sanitari o un centre educatiu, o a un lloc de treball, o simplement poder-te moure amb fiabilitat. I això afecta tot Catalunya, però especialment afecta a les terres de Lleida, del Pirineu i també a les terres de l’Ebre, on el transport públic continua sent una assignatura pendent. En massa ocasions. Voldria referir-me també, que avui se n’ha parlat molt poc, a un punt que vostès posen, que és la renovació del parc automobilístic. Hi ha un aspecte de la seva proposta que em sembla especialment interessant, perquè quan parlen de renovar flotes de vehicles, de donar suport als autònoms, als transportistes, a les petites empreses i a les famílies perquè puguin accedir a vehicles més segurs i menys contaminants estan parlant de política industrial. I resulta curiós veure el Partit Popular descobrint que els mercats per si sols no es regulen ni sempre resolen els problemes. Benvinguts al meravellós món de les polítiques públiques! La descarbonització del transport és imprescindible, clar que ho és. Però aquesta transformació no pot recaure sobre les espatlles de les famílies treballadores. I si la llei preveu un pla nacional de renovació del parc automobilístic, aquest, senyories del PSOE, ha d’arribar amb criteris de justícia social, perquè no es tracta només de substituir vehicles antics per vehicles nous, sinó d’ajudar famílies, autònoms i petites empreses a accedir a vehicles més segurs i menys contaminants. Acabo, president. La mobilitat és un dret, una eina de cohesió territorial i un instrument fonamental per a la lluita contra el canvi climàtic. Per això, votarem a favor d’aquesta iniciativa. Demanar al Govern que compleixi els compromisos adquirits. És el mínim que hem de demanar; que ho faci el Partit Popular fins i tot em semblaria revolucionari, si no és que només ho fan per pur cinisme. Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Debatimos hoy una iniciativa que pone sobre la mesa una cuestión que debería ser elemental en cualquier democracia: el cumplimiento de las leyes aprobadas por esta Cámara. He de reconocer que la propuesta del Partido Popular tiene un punto de valentía, porque están pidiendo al Gobierno que cumpla estrictamente todos los términos de la ley, todos los plazos, que ejecute todos los planes previstos, que comparezca ante el Parlamento y que asuma responsabilidades por cualquier retraso; todos los puntos que enmendamos conjuntamente en la Ley de Movilidad Sostenible. Pero un momento: una ley contra la que ustedes votaron. Y la verdad es que daría risa si no fuera porque da lástima. La realidad es que los admiro. Los admiro porque o son unos cínicos — que lo son— o deben estar totalmente convencidos de que no volverán a gobernar nunca más en la vida. Porque ustedes son el partido que durante décadas convirtió la austeridad en dogma y la privatización en una receta universal. Ustedes son los que apostaron por las autopistas radiales y los grandes aeropuertos, pero todo a costa del transporte de la clase trabajadora. Y aquí quiero hacer un inciso, porque no es solo culpa suya. La movilidad pública sostenible comienza cuando en este Estado se acaba el bipartidismo, con unos Gobiernos del PP y del PSOE que solo tenían en cuenta su beneficio propio. Y gracias al trabajo de Esquerra Republicana y de otros partidos como el BNG, Bildu y Compromís, la Ley de Movilidad Sostenible avanzó. Una ley que trabajamos con el objetivo de garantizar un sistema de transporte más seguro, más eficiente, más accesible y más sostenible. Pero la ley no transforma la realidad solo por su aprobación; necesita despliegue, recursos, planificación y voluntad política. Y es evidente que hay aspectos del despliegue de la ley que acumulan retrasos e incumplimientos que hay que corregir. En primer lugar, me gustaría hablar del ferrocarril. Ustedes hablan del ferrocarril que utiliza la clase trabajadora, pero hasta que no han estado en la oposición no les ha importado lo más mínimo. El tren ha sido la columna vertebral de la movilidad sostenible. Queremos convertirlo en una alternativa real a los vuelos de corta distancia; no queremos acabar con esos vuelos de los que ustedes ni siquiera han hablado. Las incidencias recurrentes, las limitaciones temporales de velocidad derivadas de la falta de mantenimiento cuando ustedes gobernaban, pero también de las mayorías absolutas del PSOE, y los problemas que sufren cada día miles de usuarios ponen sobre la mesa la necesidad de acelerar las inversiones, porque los usuarios no necesitan las excusas que les dan cada día, sino que funcionen los trenes. Por eso compartimos la necesidad de identificar y corregir urgentemente estos puntos críticos y también recuperar la confianza de los usuarios, la confianza que estos usuarios han perdido. La puntualidad no es un lujo, debería ser una obligación. Y hoy aquí también quiero recordar las incidencias de la semana pasada: primer día de las pruebas de selectividad ―coincidían, además, con la visita del Papa― y dos caídas del sistema que dejan parada una vez más Cataluña, con todo el tráfico del servicio ferroviario. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades también hablamos de eso, de la confianza de poder llegar a tu examen, de poder acceder a un centro sanitario, a un centro educativo, a un lugar de trabajo o simplemente poder moverte con fiabilidad. Eso afecta a toda Cataluña, pero especialmente afecta a las tierras del Lleida, del Pirineo y también a las tierras del Ebro, donde el transporte público sigue siendo una asignatura pendiente en demasiadas ocasiones. Quería referirme también, y hoy se ha hablado muy poco de ello, a un punto que ustedes mencionan: la renovación del parque automovilístico. Hay un aspecto de su propuesta que me parece especialmente interesante, porque, cuando hablan de renovar flotas de vehículos, de apoyar a los autónomos, a los transportistas, a las pequeñas empresas y a las familias para que puedan acceder a vehículos más seguros y menos contaminantes, están hablando de política industrial. Y resulta curioso ver al Grupo Popular descubriendo que los mercados por sí solos no se regulan ni siempre resuelven los problemas. Bienvenidos al maravilloso mundo de las políticas públicas. La descarbonización del transporte es imprescindible, claro, pero esta transformación no puede recaer sobre los hombros de las familias trabajadoras. Y si la ley prevé un plan nacional de renovación del parque automovilístico, este, señorías del PSOE, tiene que llegar con criterios de justicia social, porque no se trata solo de sustituir vehículos antiguos por nuevos, sino de ayudar a familias, autónomos y pequeñas empresas a acceder a vehículos más seguros y menos contaminantes. Acabo, presidente. La movilidad es un derecho, una herramienta de cohesión territorial y un instrumento fundamental para la lucha contra el cambio climático. Por eso votaremos a favor de esta iniciativa. Pedir al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos es lo mínimo que se puede pedir; que lo haga el Grupo Popular nos parecería incluso revolucionario, si no fuera porque solo lo hacen por puro cinismo.

Inés Granollers Cunillera ERC

Però no pateixin, ho tindrem apuntat per recordar-los, si mai espero que no passi, però si mai tornen a estar al govern, espero poder-los recordar que vostès no han complit mai de la vida. Gràcies. Pero no se preocupen, lo tendremos apuntado para recordárselo. Si alguna vez ―y espero que no pase― vuelven a estar en el Gobierno, espero poder recordarles que ustedes no han cumplido nunca en la vida. Gracias. .

Nerea Renteria Lasanta EAJ-PNV

Gracias, presidente. Señorías, traemos hoy a esta Cámara esta moción con un objetivo muy claro: garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por cuidado de menores con enfermedades graves ―CUME― y dar respuesta a las dificultades que desde hace años vienen denunciando las familias. Lo hacemos desde una constatación evidente: no partimos de cero, prácticamente todos los puntos que hoy recoge esta moción ya fueron aceptados en comisión a través de una proposición no de ley. Existe, por tanto, un diagnóstico compartido sobre los problemas existentes y sobre las soluciones que es necesario adoptar. Y precisamente esta iniciativa trata de volver a constatar ese amplio consenso y de emplazar al Gobierno a dar un paso más, porque todos sabemos que una moción no tiene carácter vinculante y que por sí sola no obliga al Gobierno a actuar, pero sí expresa la voluntad política de esta Cámara y fija una hoja de ruta que no debería quedar en una mera declaración de intenciones. Y si existe voluntad política, tenemos una oportunidad inmediata para avanzar, ya que varias de estas medidas podrían incorporarse mediante acuerdos transaccionales en la ley de discapacidad y dependencia que actualmente se está debatiendo. Señorías, cuando hablamos de esta prestación tenemos que ser conscientes de que detrás de ella hay personas: hay madres y padres que cada mañana se levantan sabiendo que la enfermedad de su hijo o de su hija no entiende de plazos administrativos. Hay familias que organizan su vida alrededor de tratamientos, terapias, consultas médicas e ingresos hospitalarios; familias que han tenido que reducir su jornada laboral, renunciar a oportunidades profesionales o reorganizar completamente su proyecto de vida para poder garantizar unos cuidados que nadie más puede proporcionar; familias que viven pendientes de una prueba médica, de una revisión o de una llamada del hospital; y familias que, además de afrontar esa realidad, se encuentran obligadas a justificar una y otra vez una situación que ya es conocida y acreditada, que no entienden por qué una mutua reconoce un derecho y otra lo cuestiona, que tampoco entienden por qué tienen que acudir a los tribunales para defender una prestación creada precisamente para protegerlas y, por lo tanto, no entienden por qué el sistema les exige esfuerzos burocráticos adicionales cuando toda su energía debería estar centrada en cuidar. Creo que esa es la cuestión fundamental. Para nosotras y nosotros, una modificación normativa puede formar parte de un procedimiento administrativo, pero para esas familias significa algo mucho más importante: significa tranquilidad, significa seguridad y significa saber que podrán seguir dedicando tiempo a sus hijos e hijas sin vivir permanentemente con la incertidumbre de si mantendrán una prestación imprescindible para su día a día. La prestación CUME nació para garantizar que ninguna familia tuviera que elegir entre cuidar de un hijo gravemente enfermo y mantener unos ingresos suficientes para sostener su hogar. Por eso, creemos que esta prestación debe reforzarse y adaptarse a la realidad actual. Nos referimos en particular a dos de las medidas. Por un lado, la ampliación de la prestación más allá de los 26 años para aquellas personas con elevados grados de discapacidad y dependencia, porque la realidad clínica no cambia por cumplir años. De hecho, mantener una extinción automática que no responde a la situación real de estos jóvenes genera una desprotección que debemos corregir; no podemos obligar a las familias a elegir entre cuidar o trabajar. Y, por otro lado, la creación de una unidad de resolución que aporte seguridad jurídica, unifique criterios y evite la judicialización a la que hoy se ven abocadas demasiadas familias. Son dos medidas que se complementan y que, además, se suman a otra baza importante: el compromiso asumido por la ministra de revisar el reglamento que desarrolla esta prestación, un compromiso que fue asumido precisamente como consecuencia de la interpelación impulsada por nuestro grupo. En tercer lugar, la moción también propone clarificar definitivamente el concepto de situación protegida, porque las familias deben tener garantizado que la reducción de la jornada y la prestación económica sean derechos independientes y compatibles, y esos derechos deben aplicarse de forma homogénea en todo el sistema. . En el cuarto punto reclamamos que la normativa se adapte a la realidad asistencial actual, porque hoy existen hospitalizaciones domiciliarias, hospitales de día y tratamientos ambulatorios complejos que exigen una dedicación familiar tan intensa como muchos ingresos hospitalarios tradicionales. La regulación debe reconocer expresamente esta situación cuando exista una necesidad acreditada de cuidados directos y continuados, porque lo importante no es dónde se recibe la atención, lo importante es la intensidad de los cuidados que se necesitan. . En quinto lugar, proponemos actualizar el catálogo de enfermedades graves y mantener un enfoque abierto que evite interpretaciones restrictivas, porque las enfermedades raras, las patologías sindrómicas o determinadas situaciones vinculadas al trastorno del espectro autista severo requieren respuestas adecuadas por parte del sistema de protección social. .

Nerea Renteria Lasanta EAJ-PNV

Gracias, presidente. Con el sexto punto queremos reforzar la protección de las familias monoparentales, de las familias separadas y de las situaciones de custodia compartida. La realidad familiar ha evolucionado y las normas deben responder a esa diversidad. En séptimo lugar, quiero aclarar, además, que tampoco nos olvidamos de los empleados y empleadas públicas, porque, aunque no fue un aspecto central de nuestra interpelación, esta moción también incorpora su inclusión, porque el acceso a esta prestación no puede depender del régimen laboral de cada persona. En octavo lugar, proponemos homogenización y transparencia en los criterios de cálculo de las bases reguladoras, para que todas las familias reciban un trato equivalente con independencia de la entidad que gestione su expediente. En noveno lugar, planteamos racionalizar las renovaciones médicas, extendiendo la vigencia de los informes a aquellos casos de enfermedades crónicas irreversibles y sin expectativas de mejoría a un periodo mínimo de doce meses, porque no tiene sentido imponer cargas burocráticas innecesarias a familias cuya situación clínica está sobradamente acreditada. En décimo lugar, proponemos el establecimiento de sanciones ante incumplimientos reiterados por parte de las mutuas colaboradoras para garantizar el correcto cumplimiento de sus obligaciones. Y, finalmente, planteamos corregir la situación de desigualdad que afecta actualmente a muchas personas trabajadoras autónomas beneficiarias de esta prestación, garantizando un tratamiento equiparable al existente en otras prestaciones de protección social. Señorías, el problema ya está identificado. Las familias no necesitan más diagnósticos ni más declaraciones de intenciones. Necesitan respuestas concretas, seguridad jurídica y una prestación adaptada a la realidad actual de los cuidados. No es razonable que el acceso al mantenimiento de un derecho dependa del criterio interpretativo de cada mutua ni que las familias tengan que dedicar tiempo, recursos y energía a litigar para obtener una protección que debería estar plenamente garantizada. . Nuestro grupo no se ha limitado a señalar los problemas. Hemos hecho preguntas, hemos impulsado una interpelación y, al menos, hemos conseguido que la ministra asuma el compromiso de revisar el reglamento, y hoy tenemos esta moción para seguir avanzando en soluciones concretas. Valoramos que se vaya a abrir la audiencia pública del nuevo reglamento, valoramos que exista voluntad de reforma y valoramos que se hayan escuchado muchas de las reivindicaciones planteadas por las familias. Pero, precisamente porque valoramos ese paso, creemos que ahora es el momento de acelerar. Las familias llevan demasiado tiempo esperando. Han esperado mientras se acumulaban interpretaciones contradictorias, han esperado mientras se evidenciaban las limitaciones de la regulación vigente y han esperado mientras reclamaban soluciones que hoy siguen siendo necesarias. Señorías, la audiencia pública es una buena noticia, pero no confundamos el inicio del camino con la llegada al destino. Las familias necesitan de forma urgente un reglamento aprobado. Por todo ello, les pedimos el voto favorable a esta moción. Como he expresado al principio de mi intervención, tenemos una oportunidad inmediata para avanzar, ya que varias de estas medidas podrían incorporarse mediante acuerdos transaccionales en la ley de discapacidad y dependencia que actualmente se está debatiendo. Eskerrik asko.

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Doncs, gràcies, presidenta. Bona tarda de nou, senyories. Des de Junts per Catalunya, compartim com vostè, diputada, plenament la preocupació per les famílies que conviuen amb situacions de malaltia greu, crònica o discapacitat severa dels seus fills i filles. I la CUME va néixer per donar-hi resposta garantint que els progenitors puguin dedicar el temps necessari a la cura dels seus fills sense veure compromesa la seva situació econòmica. Parlem d’una qüestió de dignitat humana, de justícia social i de protecció efectiva de les famílies. Ara bé, la realitat demostra que massa famílies es troben atrapades en una burocràcia excessiva, amb requisits absurds i criteris interpretatius desiguals i amb procediments que sovint les obliguen a litigar per defensar un dret que hauria de ser reconegut de forma àgil i efectiva. I això no és acceptable. La prestació CUME no pot convertir-se en una cursa d’obstacles administratius quan existeixen malalties greus, discapacitats severes o situacions de gran dependència. En aquests casos, l’administració ha d’evitar ser una càrrega afegida. Per això, compartim la necessitat d’unificar criteris entre les diferents mútues col·laboradores, de reforçar-ne el control i de garantir que en situacions idèntiques rebin respostes idèntiques, evitant interpretacions excessivament restrictives. És de sentit comú reduir la càrrega burocràtica. No té cap justificació obligar famílies amb fills afectats per malalties irreversibles o sense expectativa de millora a renovar constantment informes i documentació que no alteren la realitat clínica del menor. Igualment, és necessari adaptar la normativa a la situació social i assistencial actual, de la mateixa manera que compartim amb vostè la revisió dels límits de les edats actuals, perquè una malaltia greu o una discapacitat severa no desapareixen simplement perquè una persona compleixi una edat determinada. Igualment, hem de ser capaços de donar resposta a les noves realitats familiars, a les famílies monoparentals, les situacions de custòdia compartida i a les noves formes de convivència per evitar situacions de desprotecció. Un altre element rellevant és l’actualització permanent del Catàleg de malalties greus, per ajustar la norma a la realitat mèdica, que evoluciona molt més ràpid que l’administració. Voldria referir-me en aquest moment a una qüestió especialment important per a Catalunya, la situació dels treballadors autònoms. Som un país d’autònoms, de petites empreses i d’emprenedors. No té sentit que una prestació creada per protegir situacions de vulnerabilitat generi efectes diferents segons si la persona treballa per compte propi o per compte d’altri. Per tant, compartim la necessitat que vostè expressa de corregir aquesta situació. Dit tot això, vull acabar fent referència a la nostra esmena, una esmena que insta el Govern a modificar l’article 190.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, per eliminar l’obligació que ambdós progenitors estiguin treballant, estiguin donats d’alta a la Seguretat Social per accedir a les prestació CUME. Per què la necessitat de cura d’un menor amb una malaltia greu no disminueix perquè un dels progenitors estigui a l’atur, sigui pensionista o estigui incapacitat per treballar. El centre de la norma ha de ser el menor i les seves necessitats de cura, no la situació administrativa dels seus pares. I malgrat avui vostè no accepti la nostra esmena i els pares de la Iris i la mateixa Iris, com tants altres, quedin a la intempèrie, des de Junts, continuarem treballant i impulsant totes aquelles reformes que permetin millorar la vida de les famílies que conviuen amb aquestes situacions tan complexes. Perquè darrere de cada expedient hi ha una família, hi ha un menor i hi ha una realitat humana que mereix tota la nostra atenció. Moltes gràcies. Desde Junts per Catalunya compartimos plenamente la preocupación por las familias que conviven con situaciones de enfermedad grave, crónica o discapacidad grave de sus hijos e hijas. Y la CUME nació para dar una respuesta y garantizar que los progenitores puedan dedicar el tiempo necesario al cuidado de sus hijos sin ver comprometida su situación económica. Hablamos de una cuestión de dignidad humana, de justicia social y de protección efectiva de las familias. Ahora bien, la realidad nos demuestra que demasiadas familias se encuentran atrapadas en una burocracia excesiva, en requisitos absurdos, criterios interpretativos desiguales y procedimientos que a menudo las obligan a litigar para defender un derecho que debería estar reconocido de manera ágil y efectiva, y eso no es aceptable. La prestación CUME no puede convertirse en una carrera de obstáculos administrativos. Cuando existen enfermedades graves, discapacidades severas o situaciones de gran dependencia, en esos casos la Administración tiene que evitar ser una carga añadida. Por eso compartimos la necesidad de unificar criterios entre las diferentes mutuas colaboradoras, reforzar su control y garantizar que situaciones idénticas reciban respuestas idénticas, evitando interpretaciones excesivamente restrictivas. También es de sentido común reducir la carga burocrática. No tiene ninguna justificación obligar a familias con hijos afectados por enfermedades irreversibles o sin expectativa de mejora a renovar constantemente informes y documentación que no alteran la realidad clínica del menor. Y, asimismo, es necesario adaptar la normativa a la realidad social y asistencial actual. De la misma manera que compartimos con usted la revisión de los límites de las edades actuales porque una enfermedad grave o una discapacidad severa no desaparecen simplemente porque una persona cumpla una determinada edad, igualmente tenemos que ser capaces de dar respuesta a las nuevas realidades familiares, a las familias monoparentales, a las situaciones de custodia compartida y a las nuevas formas de convivencia para evitar situaciones de desprotección. Otro elemento relevante es la actualización permanente del catálogo de enfermedades graves, para ajustar la norma a la realidad médica, que evoluciona mucho más rápido que la Administración. Y querría referirme en este momento a una cuestión especialmente importante para Cataluña, la de la situación de los trabajadores autónomos. Somos un país de autónomos, de pequeñas empresas y emprendedores, por lo que no tiene sentido que una prestación creada para proteger situaciones de vulnerabilidad genere efectos diferentes si la persona trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena. Por tanto, compartimos la necesidad que usted expresa de corregir esta situación. Dicho todo esto, quiero terminar haciendo referencia a nuestra enmienda, que insta al Gobierno a modificar el artículo 190.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para eliminar la obligación de que ambos progenitores estén trabajando, estén dados de alta en la Seguridad Social para acceder a la prestación CUME, porque la necesidad de cuidado de un menor con una enfermedad grave no disminuye porque uno de los progenitores esté en el paro, sea pensionista o esté incapacitado para trabajar. El centro de la norma tiene que ser el menor y sus necesidades de cuidado, no la situación administrativa de sus padres. Y, a pesar de que usted no acepte hoy nuestra enmienda y que los padres de Iris y la propia Iris, como tantos otros, queden a la intemperie, desde Junts seguiremos trabajando e impulsando todas esas reformas que permitan mejorar la vida de las familias que conviven con estas situaciones tan complejas, porque detrás de cada expediente hay una familia, hay un menor y hay una realidad humana que merece toda nuestra atención. Muchas gracias.

María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. ¿Qué no harían unos padres por sus hijos? ¿Hasta dónde serían capaces de sacrificarse por ellos, de luchar por ellos? Pero, si hoy tuvieran la desgracia de que esos hijos enfermaran, ¿no deberían contar además con la ayuda inmediata de sus Gobiernos? Nosotros creemos que sí, y por eso nos parece tan injusto y mezquino que nunca sea así y que tengamos que estar hoy aquí enmendando una ley para forzar al Gobierno a cumplir con sus obligaciones. Hoy estamos debatiendo sobre una prestación cuya justicia jamás podría ponerse en duda, una prestación para el cuidado de menores con enfermedades graves que se conoce popularmente como CUME y que nació en 2011 con el mejor de los espíritus, el de las asociaciones que la promovieron pero que pronto se convirtió en un auténtico calvario burocrático y administrativo para las familias con hijos gravemente enfermos. Y nosotros nos preguntamos cómo es posible que no sea prioritario ayudar a estas familias, cómo es posible que se escatimen recursos, cómo es posible que se pongan trabas, cómo es posible que, en lugar de dar seguridad a estas familias en su particular calvario, se les añada sufrimiento, desesperación e incertidumbre. Nos gustaría saber en qué momento se decidió hacerles sentir que se les está haciendo un favor, en qué momento se consideró que tenían que mendigar ayuda como si a ellos no les correspondiera, en qué momento se pusieron las cosas tan difíciles como para que muchas familias se planteen rendirse y renunciar a la ayuda que tanto necesitan porque la única alternativa que les queda es la de pleitear contra la Administración, con todo lo que eso significa. Señorías, una ayuda como esta debería ser automática, y no depender de mil papeleos, intermediarios e informes que siempre se interpretan para perjudicar la adjudicación de la ayuda, y nunca para favorecerla. ¿Cuál es la prioridad de este Gobierno? . Eso es lo que nosotros nos preguntamos, porque, desde luego, no es la de resolver los verdaderos problemas de nuestras familias, no es la de resolver lo básico, lo importante para que los nuestros tengan una vida digna. Desde luego, su prioridad no es nacional, como la nuestra, porque ni creen en la nación ni creen en los nuestros. Y, para colmo, el maltrato institucional, ese que para unas cosas les importa tanto y para otras tan poco. Escuchen bien: «Tú has decidido traer al mundo a este niño, sabiendo que venía enfermo, para cobrar una paguita, y eso no va a pasar». Esto es lo que una familia denuncia haber tenido que escuchar de un empleado de la Administración en la pelea por esta prestación: el mundo al revés. Mientras que hay quien literalmente estafa al Estado y a todos los españoles acaparando prestaciones que no le corresponden sin apenas control y fiscalización, tenemos familias españolas mendigando lo que no debería escatimárselas de ninguna manera. . Y es que siempre hay dinero para todos los que vienen de fuera — solidaridad, lo llaman—, y nunca para los de casa; falta de caridad, lo llamamos nosotros. Para los de casa, interpretaciones restrictivas, revisiones recurrentes y procesos administrativos complejos que llevan a la pérdida temporal o definitiva del derecho. Para los de casa, desgaste emocional y económico, por si no tuvieran suficiente con la terrible situación de ver a un hijo sufrir y tener que dejarlo todo para cuidarle. No hay derecho a que, con la que tienen encima, se vean obligados a vivir siempre con el miedo a que les extingan la CUME, con la ansiedad por lo que pueda pasar tras cada revisión, con la posibilidad de perder el salario de un día para otro. Cuidar de un hijo enfermo no es un capricho. Como muy bien dicen los afectados por esta situación, es una necesidad, una necesidad vital, una necesidad que no está siendo atendida como merece. ¡Qué hipocresía la de un Gobierno al que se le llena la boca diciendo que hay que cuidar a quienes cuidan, para luego abandonarlos a su suerte! . ¡Solo política de gestos, solo política de titulares vacíos! ¡Eso es lo único que saben ustedes hacer bien! Señorías, esta propuesta que nos trae hoy el Grupo Vasco no es más que el conjunto de las reivindicaciones de estas familias heroicas, que no merecen seguir peleando contra la Administración porque ya tienen bastante con luchar por la vida de sus hijos, que es tan valiosa como la de cualquiera, por muy enfermos que estén. Y por eso no solo queremos apoyarla, sino que también queremos poner nuestro granito de arena para mejorarla añadiendo una enmienda que solicita, en aras de la igualdad real entre los padres y las madres, permitir que en el seno de la familia sean los padres quienes escojan cómo se reducirá la jornada laboral para atender al cuidado, pudiendo percibir el subsidio de forma prorrateada entre ambos y en proporción a la reducción solicitada. Como verán sus señorías, se trata de una propuesta que no tendría sentido que el resto de los grupos políticos no apoyara, de la misma manera que no tendría ningún sentido que nosotros no hiciéramos lo mismo con esta moción, a no ser que su sectarismo esté por delante de su responsabilidad con aquellos a los que tenemos la obligación de servir. Y termino reiterando que todas las vidas merecen ser vividas con dignidad y que el Estado y los Gobiernos tienen la obligación moral y política de garantizar que así sea. Muchas gracias. .

Esther Peña Camarero PSOE

Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Y es que hoy es un muy buen día. Entre tanto ruido, tanto invento, tanta necedad, lo que de verdad importa, lo que es realmente necesario, lo que sí o sí tenía que resolverse se hace realidad. . El Gobierno de España acaba de sacar hoy, 16 de junio, a información pública el proyecto del Real Decreto de Desarrollo del Régimen Jurídico de la Prestación Económica por Cuidado de Menores, conocida como CUME. . ¿Y esto qué significa? Pues que la política está al servicio de las familias, que, aunque nadie puede consolar a una madre o un padre cuando ve a su hijo sufrir, al menos es obligación de todos no generar más dolor y que toda ayuda es poca para conseguir ver a tu hija plena y sana. ¿Y cómo materializamos esta mejora? Pues con un nuevo reglamento para actualizar la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave y de esa manera proteger mejor a las familias; un reglamento que responde a tres objetivos: ampliar y adaptar la protección a la realidad clínica actual, reforzar la seguridad jurídica de las nuevas realidades familiares y laborales y mejorar la transparencia, la eficacia en la gestión y la homogeneidad. Y llegamos aquí con una estrategia de escucha, diálogo, empatía y acción sin precedentes para blindar, ampliar y humanizar el funcionamiento de esta prestación, que, como bien recordarán, estableció también un Gobierno socialista en el año 2010 por primera vez y que desde entonces ha beneficiado a más de 40 000 familias y ha movilizado más de 1300 millones de euros; una nueva norma que responde a una cuestión netamente humana, la dar respuesta a una de las situaciones más difíciles que se pueden vivir en un hogar, porque nada es tan duro como ver a tu hija sufrir. Y desde 2010, claro que sí, ha cambiado la realidad sanitaria, laboral y familiar, y, cuando la realidad cambia, las normas tienen que hacerlo también para seguir siendo eficaces. Por eso, quiero agradecer hoy esta propuesta del PNV, que se entronca en el marco más amplio que el Gobierno de España pone ya hoy en marcha, porque estamos de acuerdo en que hay que revisar y mejorar el régimen de duración y prórroga del subsidio, como así reflejamos en nuestra enmienda. Pero la nueva regulación incorpora las demandas concretas que garantizan la seguridad de las familias, actualizando el concepto de situación protegida, porque la medicina evoluciona, la organización sanitaria evoluciona y las necesidades asistenciales también lo hacen. Esta nueva norma incluye a los niños con hospitalización domiciliaria, con tratamientos ambulatorios continuados, con vigilancia clínica o cuidados en el hogar derivados de terapias especializadas. Y claro que una familia cambia, que se separa o se divorcia, pero debe seguir protegida, y así lo hace esta nueva norma también para las familias monoparentales. Y, además de estos cambios, el proyecto introduce ajustes en la acreditación médica y en los sistemas de evaluación. Se incorpora al propio reglamento el modelo oficial de declaración médica, que, como saben, hasta ahora se regulaba aparte, y se refuerza su contenido para que quede mejor acreditada la necesidad de un cuidado directo, continuo y permanente, y es que las personas trabajadoras autónomas ―como se ha dicho desde este estrado― tendrán desde ya mejor seguridad y previsibilidad para que puedan acceder a este derecho en condiciones más claras. Se responde también a una de las demandas más repetidas por las familias: la actualización del catálogo de enfermedades graves que den acceso a la prestación, incorporando nuevas patologías, como el trastorno del espectro autista. Y terminaré este buen día con una buena y bonita historia. Hace 530 000 años vivió en la Sima de los Huesos, en Atapuerca, Benjamina, una niña que vivió hasta los doce años con una malformación craneal. A pesar de su incapacidad para caminar y alimentarse por sí misma, logró sobrevivir, y lo hizo porque su familia, su grupo social, su tribu se organizó para darle soporte, empatía, cuidado y protección. La primera evidencia humana de empatía, cuidado y protección se dio en Burgos, en nuestro país, y el último compromiso justo del Gobierno de España con el cuidado y la protección de menores y sus familias lo recibimos hoy con alegría y respeto por tantas familias que llevan luchando y sacrificándose para mejorar la vida de los suyos. . Hoy esas más de 40 000 familias, los socialistas y la inmensa mayoría de la ciudadanía seguimos la estela de las mujeres y hombres de Atapuerca, de todas las Benjaminas y todas las tribus que en lo largo y ancho de España protegen y cuidan y que desde hoy cuentan con un Gobierno aliado a su lado, con las mismas preocupaciones y ganas de tirar para adelante. Por todos ellos y porque merece la pena, hagámoslo. Muchas gracias. .

Jordi Salvador i Duch ERC

Bona tarda a tothom. Gràcies, presidenta. Les famílies necessiten drets i no només promeses. Avui parlem de la CUME. La CUME és una prestació pública per a pares i mares que han de reduir la jornada per cuidar un fill o una filla amb una malaltia greu. Serveix per compensar el salari que perden. Serveix o ha de servir perquè cuidar no condemni a una família a la pobresa o a la misèria. I avui tornem a parlar-ne, una altra vegada. Des d’Esquerra hem fet PNLs. Hem fet mocions als ajuntaments. Hem portat el tema al Parlament, hem fet preguntes orals, hem fet preguntes escrites i sembla que no serveix per a res. Ja és un clàssic del parlamentarisme, el tema de la CUME, malauradament. I això no és casualitat. És una estratègia d’ajornar allò que és just. El que cal fer no és complicat i, a més, és de justícia, com ara els hi diré. Hi ha gent que no els interessa, perquè estan de tertúlia aquí a l’hemicicle i haurien d’anar al bar, com a mínim. Però bé, sembla que en fi, són cristians, diuen. Primer, cal posar fi al poder arbitrari de les mútues. Cal posar fi al poder arbitrari de les mútues. Les mútues no són el metge dels nostres fills i les nostres filles. Són associacions privades d’empresaris que gestionen prestacions públiques. I aquí hi ha el conflicte. I aquí hi ha el conflicte, entitats privades que poden condicionar un dret públic mentre les famílies carreguen amb la malaltia. Quan una mútua talla la CUME, no talla un expedient, talla cures, salari i vida. La mútua no és el metge del teu fill. La mútua no és el metge del teu fill. Les mútues són entitats col·laboradores de la Seguretat Social que tramiten i controlen aquesta prestació, però massa sovint interpreten informes, qüestionen diagnòstics i tallen pagaments. Qui ha de dir si un menor necessita cura directa, contínua i permanent és el metge públic que el tracta i punt. Ningú més ha de dir res més sobre aquest tema. El metge públic que el tracta i punt. No una mútua que mira més l’expedient com si fos una factura. Segon, cal adaptar la llei a la vida real. Hi ha joves que fan vint-i-tres anys, vint-i-sis anys i continuen necessitant cures: alta discapacitat, alta dependència, malalties cròniques, situacions irreversibles. És a dir, que la necessitat contínua, però el dret s’acaba. El fill continua necessitant cures, la mare continua cuidant, però l’Estat desapareix. I una mare m’ho explicava millor que qualsevol informe. Literal, el que diré: «Què passa als vint-i-sis anys? Es cura el meu fill als vint-i-sis anys? Es cura el meu fill als vint-i-sis anys? No, no es cura». El que passa és que la família queda sola perquè ja no hi ha prestacions. Tercer, cal simplificar tràmits i acabar amb la judicialització. Una prestació que obliga a litigar no protegeix, abandona. Hi ha famílies que han de demostrar una vegada i una altra que el seu fill continua estant malalt, com si una malaltia degenerativa fos una sospita, com si una família demanés un privilegi, com si cuidar fos una trampa, com si les famílies que demanen aquesta prestació fossin delinqüents. Aquesta és la realitat. Si es tallen les prestacions, pots estar mesos o anys de judicis i mentrestant has de pagar el lloguer, teràpies, rebuts i menjar. I aquí els governs, tots els governs han estat còmplices, també l’actual, deixant que cada mútua interpreti. Dos, demanant papers sense parar. La trampa és convertir la cura en una cursa d’obstacles. I aquí cal dir noms polítics, no fer poesia ni promeses. Quan el Govern no reforma el Reial decret del 2011, manté el problema. Manté el problema. Quan no crea una unitat de teràpia ràpida i vinculant, força les famílies a anar als jutjats. Quan no sanciona les mútues que incompleixen, mira cap a una altra banda. I qui ho paga? Ho paga, com sempre, la gent treballadora, una infermera que redueix jornada, un autònom que perd ingressos i cotització, una família monoparental que no té marge, una mare que dorm poc, treballa menys i cuida sempre. I per acabar, també cal protegir el personal funcionari en el sector públic. El permís de l’article 49 de l’EBEP s’aplica de manera desigual, segons qui interpreta l’expedient. Cal una instrucció única, clara i obligatòria per a tots, per a tothom, per a tot el sector públic que garanteixi que ni l’escolarització del menor, ni el tractament domiciliari o ambulatori puguin servir per denegar, reduir o revocar aquest dret. Mateixes necessitats de cura, mateixos drets, mateixes garanties. La vida no és un mercat i els infants no són expedients. Les famílies no són números. Per això, votarem que sí. Gràcies. Buenas tardes a todos. Gracias presidenta. Las familias necesitan derechos, y no solo promesas. Hoy hablamos de la CUME, que es una prestación pública para padres y madres que tienen que reducir su jornada para cuidar a un hijo o hija con una enfermedad grave. Sirve para compensar el salario que pierden. Sirve o debe servir para que cuidar no condene a una familia a la pobreza o a la miseria. Y hoy volvemos a hablar de ello otra vez. Desde Esquerra hemos presentados distintas PNL, mociones en muchos ayuntamientos, hemos llevado el tema al Parlament, hemos formulado preguntas orales y escritas, y parece que no sirve para nada; desgraciadamente, ya es un caso del parlamentarismo este de la CUME. Y no es una casualidad, responde a la estrategia de aplazar lo que es justo. Pero lo que hay que hacer no es complicado, y además es de justicia, como les voy a decir ahora. Y a los que no les interesa, que están de tertulia aquí, en el hemiciclo, que se vayan al bar. En fin, son cristianos, dicen. Bien hay que poner fin al poder arbitrario de las mutuas. Estas no son el médico de nuestros hijos e hijas, son asociaciones privadas de empresarios que gestionan prestaciones públicas. Y aquí está el conflicto: son entidades privadas que pueden condicionar un derecho público, mientras que las familias cargan con la enfermedad. Cuando una mutua corta la CUME, no corta el expediente, corta curas, salario y vida. La mutua no es el médico de tu hijo; las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social que tramitan y controlan esta prestación. Pero demasiadas veces interpretan informes, cuestionan diagnósticos y cortan y recortan pagos. Quien tiene que decir si un menor necesita cuidado directo, continuo y permanente es el médico público que le trata, y punto. Nadie más tiene nada que decir sobre este tema; el médico público que lo trata, y punto. No una mutua, que mira más el expediente como si fuera una factura. En segundo lugar, hay que adaptar la ley a la vida real. Hay jóvenes que cumplen 23, 26 años y siguen necesitando cuidados por alta discapacidad, alta dependencia, enfermedades crónicas, situaciones irreversibles. Es decir, la necesidad sigue, pero el derecho se acaba. El hijo sigue necesitando cuidados, la madre sigue cuidando, pero el Estado desaparece. Una madre me lo explicaba mejor que cualquier informe. Es literal lo que voy a decir. «¿Qué pasa a los 26 años? ¿Se cura mi hijo a los 26 años? No, no se cura. Lo que pasa es que la familia se queda sola porque ya no hay prestaciones». En tercer lugar, hay que simplificar trámites y acabar con la judicialización. Una prestación que obliga a litigar no protege, abandona. Hay familias que tienen que demostrar una y otra vez que su hijo sigue enfermo, como si una enfermedad degenerativa fuera una sospecha, como si esa familia pidiera un privilegio, como si cuidar fuera una trampa, como si las familias que piden esta prestación fueran delincuentes. Esta es la realidad. Si se cortan las prestaciones, puedes estar meses o años de juicios, y mientras tanto tienes que pagar el alquiler, las terapias, los recibos y la comida. Aquí los Gobiernos, todos los Gobiernos, han sido cómplices, también el actual, dejando que cada mutua interprete y, dos, pidiendo papeles sin parar. La trampa es convertir el cuidado en una carrera de obstáculos. Y aquí hay que decir nombres políticos, no hacer poesía ni promesas. Cuando un Gobierno no reforma el real decreto de 2011, mantiene el problema; cuando no crea una unidad de terapia rápida, fuerza a las familias a ir a los juzgados; cuando no sanciona a las mutuas que incumplen, mira hacia otro lado. ¿Y quién lo paga? Lo paga, como siempre, la gente trabajadora: una enfermera que reduce jornada; un autónomo que pierde ingresos y cotización; una familia monoparental que no tiene margen; una madre que duerme poco, trabaja menos y cuida siempre. También hay que proteger al personal funcionario en el sector público. El artículo 49 del EBEP creo que se aplica de manera desigual, según quién interpreta el expediente. Hace falta una instrucción única, clara y obligatoria para todo el mundo, para todo el sector público, que garantice que ni la escolarización del menor ni la atención ambulatoria sirvan para denegar, reducir o revocar ese derecho. Mismas necesidades de cuidados, mismos derechos, mismas garantías. La vida no es un mercado, los niños no son expedientes y las familias no son números. Por eso votaremos que sí. Gracias. .

Lander Martínez Hierro SUMAR

Hoy el Grupo Parlamentario Vasco presenta una iniciativa relacionada con la prestación por el cuidado de menores con enfermedad grave que a nosotros nos parece oportuna y adecuada. Como primera consideración, es imprescindible destacar el espíritu de esta prestación, que supuso un hito en la protección de las familias en la legislación de este país. Fue una normativa pionera en Europa al crear, en 2011, un subsidio destinado a facilitar que padres y madres pudieran cuidar a menores en situaciones muy graves, con cáncer o trasplantes, por ejemplo. Ha habido varios esfuerzos por mejorar y ampliar esta norma y otros que todavía hace falta que lleguen. En 2023, por ejemplo, un real decreto amplió las situaciones protegidas con el reconocimiento y la cobertura de los afectados hasta los 23 años y, en los casos de discapacidad igual o superior al 65 %, hasta los 26. Muy recientemente, la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Vasco, anunció que se someterá a audiencia pública un nuevo reglamento con el objetivo de actualizar la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave. Reconoció, además, como reconocemos en este grupo, que con el paso de los años se ha hecho evidente la necesidad de abordar la reforma de un reglamento que, como es normal, requiere actualizarse para afrontar los nuevos desafíos que plantea la sociedad. ¿Cuáles son esos desafíos y por qué nosotros consideramos que la moción del Grupo Vasco es oportuna y ajustada a lo que necesita la gente de este país? Podemos resumirlo en una sola idea: las necesidades de la sociedad en materia de cuidados han desbordado la capacidad del modelo de cuidados para satisfacerlas. Es cierto que, si miramos la historia reciente con perspectiva, muchas cosas han cambiado, incluso el propio concepto de lo que es la protección social. Hace menos de dos décadas, la idea de que los cuidados debían estar en el centro de nuestro sistema de protección social no resultaba ni mucho menos tan evidente como nos resulta ahora. Un símbolo de que los cuidados han pasado a ocupar un lugar prominente en las políticas públicas lo encontramos en que durante los últimos diez años se ha triplicado la financiación de los cuidados. Es un cambio de paradigma clave tras un periodo muy complejo, aunque aún hará falta trabajar mucho, claro está, para lograr que el nuevo paradigma de cuidados alcance a toda la población que necesita apoyo, trabajar mucho de manera muy coordinada, me permito añadir, porque no podemos perder de vista que las principales competencias en materia de protección social son autonómicas y que solo en colaboración con las comunidades autónomas podremos avanzar de manera decidida y, sobre todo, duradera en materia de cuidados. . Hay muchas situaciones a las que se debe responder de manera urgente. Una de ellas la identifica la propia moción y no es más que una de las manifestaciones de las dificultades que atraviesan muchas de las personas cuidadoras en este país. Como bien saben sus señorías, las personas cuidadoras son, en un alto porcentaje, mujeres y, como bien saben también, el Congreso está trabajando en la tramitación del proyecto de ley por la que se modifican las leyes de discapacidad y dependencia conforme al artículo 49 de la Constitución Española. Uno de los principales objetivos de este proyecto de ley es mejorar la situación de las personas cuidadoras no profesionales y personas cuidadoras principales. Gracias al trabajo de los grupos parlamentarios, estamos profundizando en el reconocimiento de la deuda que, como sociedad, tenemos hacia estas personas. Durante la tramitación de este proyecto de ley se están debatiendo reformas para que mejoren la información y acompañamiento recibidos por las personas cuidadoras no profesionales, para que las cuidadoras principales puedan ser colectivo de atención prioritaria para las políticas de empleo, y ―muy importante―, entre otras medidas, para que se facilite la conciliación de la vida personal, familiar y laboral con las responsabilidades de cuidado de las personas con dependencia. En definitiva, señorías, la sociedad necesita no solo que estemos de acuerdo, sino que trabajemos rápido; no solo que logremos cambiar el paradigma de los cuidados, sino que se implemente sin exclusión; no solo que aprobemos normas, sino que estas lleguen a cualquier persona que las necesite. Por eso creo que es legítimo agradecer el impulso que esta iniciativa imprima al debate sobre los cuidados en el país. Asimismo, debemos reconocer el esfuerzo que todos los grupos parlamentarios y las entidades están haciendo para lograr que el Proyecto de ley 121/64, de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, se convierta en la norma que la gente de este país necesita. Eskerrik asko. .

Ana Isabel Alós López PP

Gracias, presidenta. Señorías, hay prestaciones que tienen una vocación profundamente humana. La CUME es una de ellas. Es el instrumento con el que el Estado le dice a una madre y a un padre lo siguiente: «Cuando tu hijo está gravemente enfermo, no estás solo. No tienes que elegir entre estar a su lado o mantener el empleo, el Estado te acompaña». Pocas cosas nos atemorizan más en la vida que la enfermedad grave de un hijo. En ese momento, todo lo demás desaparece. La prioridad absoluta pasa a ser una sola: su cuidado, su presencia, su vida. Pero sin apoyo económico eso es imposible, porque la familia también necesita subsistir, y es ahí donde el Estado tiene que estar, donde la CUME tiene que funcionar; sin embargo, en muchas ocasiones no funciona como debería. Detrás de cada expediente hay una familia que ha reorganizado su vida entera, madres ―son mayoritariamente madres― que han reducido su jornada, que han renunciado a ingresos, que han asumido un sacrificio enorme y que se encuentran con un muro en lugar de con un escudo, un muro de criterios arbitrarios, de interpretaciones restrictivas, de denegaciones de derechos que los tribunales después reconocen, de renovaciones absurdas cada pocos meses para enfermedades que no tienen cura. Este no es un problema nuevo, señorías. Las familias llevan tiempo planteando los problemas que se encuentran en este camino. Hemos trabajado a su lado con las asociaciones que las representan y en todo este tiempo la medicina ha avanzado, los modelos asistenciales han cambiado, las realidades familiares se han diversificado y el Tribunal Supremo ha tenido que corregir en múltiples ocasiones las interpretaciones restrictivas que el propio texto propiciaba. También hay que señalar ―no podemos olvidarlo― que el Pacto de Toledo ya advirtió en 2020, en sus recomendaciones, que las prestaciones vinculadas al cuidado de menores deberían financiarse, al menos en parte, con cargo al Estado dado su interés público, y de esto nada se ha hecho. El Grupo Popular ha trabajado con propuestas; de hecho, tenemos registrada en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones una proposición no de ley con medidas concretas para reforzar la seguridad jurídica de las familias, simplificar los procedimientos y corregir los problemas de aplicación que arrastra esta prestación desde hace años. . También nuestra proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad, que se registró en esta Cámara y fue vetada por el Gobierno, incorporaba medidas al respecto. Nuestra iniciativa planteaba que el informe del especialista del Sistema Nacional de Salud sea vinculante y no pueda ser cuestionado por los médicos de las mutuas; que se reconozca expresamente la especialización domiciliaria, el hospital de día y los tratamientos ambulatorios; que las renovaciones para enfermedades crónicas e irreversibles se extiendan al menos a seis meses; que se proteja a las personas cuidadoras cuando la prestación termina; y que se corrija la desigualdad que sufren los funcionarios públicos, que hoy no tienen garantizado el mismo acceso que un trabajador del régimen general. La pasada semana, durante la interpelación, la ministra, en esta misma Cámara, anunció que en los próximos días se elevaría a audiencia pública un nuevo reglamento. La representante del PNV salió satisfecha pensando que el Gobierno iba a aprobar la reforma, pero cuando la ministra volvió a la tribuna dijo que lo que harían sería exponerla a información pública, y efectivamente hoy lo han hecho. En esta Cámara, señorías, sabemos perfectamente lo que significa eso. La intervención de la portavoz del Grupo Socialista hoy ha sido conmovedora, pero sabemos perfectamente en qué acabará ese anuncio. Les recuerdo que el real decreto de accesibilidad cognitiva elevado a audiencia pública en 2023 está paralizado y que el de acogimiento especializado, anunciado en 2022, está congelado. Solo son dos ejemplos de los múltiples que se han producido. Señorías, este Gobierno tiene un método muy perfeccionado: anuncian, sacan el texto a consulta, generan titulares y expectativas a los afectados y, después, el texto desaparece en un cajón. . Podemos recordar lo que han hecho con los enfermos de ELA y con los celíacos, que llevan esperando más de un año para poder hacer realidad lo que se aprobó en esta Cámara. El máximo exponente de estas prácticas es el congelador de la presidenta del Congreso, que perpetúa los periodos de enmiendas de todas las iniciativas que no les interesa tramitar, coartando el derecho del Poder Legislativo a legislar. Sí, señorías, ampliar la edad de prestación de la CUME cuesta dinero e incluir nuevas patologías cuesta dinero, y este Gobierno lleva toda la legislatura sin presupuestos generales del Estado, sin mayoría para aprobarlos y sin voluntad real de resolver los problemas de los ciudadanos. . Señorías, anunciar reformas que no se van a aprobar es una forma más de engañar ―este Gobierno ya nos tiene acostumbrados a eso―, pero hacerlo con familias que están atravesando una de las situaciones más duras que puede vivir un ser humano es algo más que lamentable, es una falta de respeto imperdonable. Señorías del PSOE, ya sabemos que para ustedes lo de gobernar y resolver los problemas de las familias no es lo importante, sino que lo único prioritario es resistir, mantenerse en el poder, salvar a Pedro Sánchez, y que para sus socios todo vale mientras no gobierne la derecha, pero las familias con hijos gravemente enfermos necesitan certezas, necesitan que la norma funcione, necesitan un Gobierno de verdad, un Gobierno que resuelva los problemas, y este no lo hace. Muchas gracias. .