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Sesión

Pleno del Congreso n.º 192 · XV legislatura

. Diario de Sesiones DSCD-15-PL-198. Original ↗

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  1. Arcadi España García

    Gràcies, presidenta. Gracias, presidenta. Señorías, comparezco ante esta Cámara para defender la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2027-2029. Lo hago desde una convicción profunda, y es que la estabilidad de las cuentas públicas no es un fin en sí misma, sino el instrumento que nos permite sostener y fortalecer aquello que realmente importa a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país: la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones, la vivienda; en definitiva, nuestro estado de bienestar. La estabilidad presupuestaria no es solo un compromiso adquirido con nuestros socios europeos, es también una herramienta de soberanía económica. Cuanto más solventes son nuestras cuentas, más capacidad tiene nuestro país de decidir su propio rumbo. Por tanto, reducir el déficit y contener el endeudamiento significa depender menos de la financiación exterior; significa depender menos de las fluctuaciones del mercado, menores costes financieros que pueden imponernos circunstancias ajenas a nuestras decisiones. Cada euro que dejamos de destinar al pago de intereses es un euro que podemos destinar a mejorar la vida de nuestros ciudadanos. La estabilidad presupuestaria nos permite afrontar las crisis con mayor fortaleza, reaccionar con más rapidez ante situaciones imprevistas y proteger mejor nuestro estado de bienestar. Por eso, el debate de hoy no es exclusivamente un debate en términos de cifras económicas, es también un debate sobre el modelo de país que queremos construir y sobre la responsabilidad institucional que debemos ejercer quienes representamos legítimamente a los ciudadanos y las ciudadanas. España ha demostrado en estos últimos años que es posible combinar crecimiento económico, cohesión social y responsabilidad fiscal. Hemos afrontado circunstancias extraordinarias, desde la pandemia a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, ahora también en Irán, y tensiones presupuestarias inflacionistas globales en un contexto internacional marcado con una palabra: la incertidumbre. Sin embargo, nuestro país ha respondido con resiliencia ante una serie de crisis concatenadas. Hoy, la economía española crece por encima de las principales economías de la zona euro y así lo hará los próximos años, de acuerdo con todos los organismos internacionales. Medido en términos reales ― esto es, descontando la inflación ―, el PIB español se situará, en 2027, en alrededor de 15 puntos por encima de su nivel de 2019; una recuperación muy superior a la de Alemania, Francia, Italia o la de la media de la zona euro. Además, la afiliación a la Seguridad Social está en máximos, supera los 22,4 millones de ocupados, con 65 meses consecutivos de creación de empleo. Por tanto, los datos demuestran que nuestra política económica está funcionando y nos permite afrontar con solvencia los retos que tenemos por delante. Instrumentos y medidas aprobadas por este Parlamento como el plan de respuesta a la guerra de Irán, con 6800 millones de euros movilizados, la aprobación de 6200 millones de euros adicionales para la dependencia ― luego habrá un interesante debate en esta Cámara ―, la asignación de 7000 millones de euros para el Plan Estatal de Vivienda y decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional un 66 % o la revalorización de las pensiones conforme al IPC son algunos ejemplos de las medidas aprobadas en lo que va de esta legislatura, muchas de ellas con apoyo de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Aun así, persisten — lo sabemos— retos muy importantes, como la vivienda, seguir incrementando los salarios o reducir la desigualdad en nuestro país. Por otro lado, además de aprobar esas medidas en esta Cámara por parte del Consejo de Ministros, hemos conseguido reducir el déficit público y disminuir significativamente el peso de nuestra deuda. El déficit se ha reducido a su nivel más bajo en dieciocho años; tenemos un déficit inferior a la media de la zona euro y también de países referentes como Italia, Francia o Alemania. Fíjense que la última vez que España tuvo un saldo fiscal mejor que Alemania fue en el año 2007. La deuda pública ha descendido en más de 20 puntos respecto al máximo alcanzado durante la pandemia, y todo ello sin desmantelar los servicios públicos, sin abandonar a familias, pymes, autónomos y empresas. Y es en este contexto económico en el que debemos analizar los objetivos de estabilidad que hoy presentamos. Son unos resultados económicos que han tenido una consecuencia directa en el incremento de recursos de todas las Administraciones públicas y, obviamente, también en las comunidades autónomas, que nunca habían contado con tantos recursos como en la actualidad. Estos son los hechos. Les daré algunas cifras: las comunidades autónomas recibieron 30 000 millones de euros a través del Fondo COVID-19; se mantuvieron las entregas a cuenta durante la pandemia pese al desplome de la actividad económica; el Estado asumió liquidaciones negativas por importe de 4000 millones de euros; se han transferido más de 40 000 millones de euros estos años en conferencias sectoriales, además de reforzar los mecanismos extraordinarios de liquidez a aquellas comunidades que lo necesitaban y la actualización de entregas a cuenta desligada de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Son decisiones que reflejan el compromiso permanente del Gobierno de España con el Estado autonómico y las competencias que ejercen las comunidades autónomas, fundamentales en nuestro Estado de bienestar. Señorías, la consecuencia de esta política económica exitosa y que funciona es que las comunidades autónomas volverán a disponer el año que viene, en 2027, de la mayor financiación de su historia. Los recursos crecerán más de un 8 % con respecto a este año si sumamos entregas a cuenta y liquidación, un incremento extraordinariamente importante que permite seguir reforzando las competencias autonómicas en sanidad pública, en educación, en ayuda a las personas y a las familias dependientes, en más servicios sociales o en políticas de vivienda. Precisamente porque creemos en el fortalecimiento de los servicios públicos presentamos, primero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y posteriormente en el Consejo de Ministros y ministras, una senda de estabilidad que protege y ofrece mayor margen presupuestario a las comunidades autónomas. La propuesta que hoy defendemos y planteamos establece una reducción progresiva y realista del déficit público del 1,8 del PIB en 2027 al 1,6 en 2028 y al 1,5 en 2029, unos objetivos plenamente compatibles con las nuevas reglas fiscales europeas y con la necesidad de seguir reduciendo la deuda pública de manera sostenida. La responsabilidad fiscal consiste en eso, en gestionar de forma eficiente los recursos públicos, reducir gradualmente los desequilibrios y hacerlo sin poner en riesgo ni el crecimiento económico ni el bienestar de la ciudadanía, y eso es exactamente lo que hace la senda que proponemos hoy a esta Cámara. Para las comunidades autónomas se establece un objetivo del déficit del 0,1 % del PIB durante los años 2027, 2028 y 2029. Permítanme hacer una reflexión sobre esta parte. Las comunidades autónomas no tendrán que realizar esfuerzos adicionales durante este periodo; mantendrán el mismo margen fiscal durante tres años consecutivos. Mientras tanto, la Administración General del Estado será la que asumirá la mayor parte del esfuerzo de la consolidación fiscal. El déficit del Estado se reducirá progresivamente desde el 1,8 previsto para este año al 1,3 en 2029, una reducción de 5 décimas que asume la Administración General del Estado. Pero no solo esto. Del 1,5 que establece el acuerdo para la Administración General del Estado, si tenemos en cuenta… .

  2. Arcadi España García

    Gracias. … si tenemos en cuenta la transferencia que el Pacto de Toledo obliga al Gobierno de España a hacer a la Seguridad Social del 1,2 y el impuesto del 0,1 a la banca, que saben que se recauda y se transfiere a las comunidades autónomas, estaríamos en que ese margen fiscal, ese objetivo fiscal ajustado para la Administración General del Estado, sería del 0,2, la misma cifra que si ajustamos el 0,1 y le sumamos la parte del impuesto a la banca. Es el mismo objetivo que el de las comunidades autónomas. Señorías, también debemos hablar de los ayuntamientos. Primero, presentamos la senda de estabilidad en la Comisión Nacional de Administración Local con la propuesta de que las entidades locales tengan una situación de equilibrio presupuestario durante los próximos tres años y garantizando, al mismo tiempo, un incremento de recursos, y no solo de recursos, sino también de medidas largamente demandadas por los ayuntamientos y por la Federación Española de Municipios y Provincias; desde la actualización de entregas a cuenta hasta situar en el año 2026 la financiación local en 30 276 millones de euros, la cifra más elevada de la historia. Además, las previsiones para 2027 suponen un aumento de la financiación total entre el 10 y el 11,9 %. Hemos continuado con medidas de apoyo a los ayuntamientos con difíciles situaciones financieras; hemos flexibilizado las reglas fiscales, como también nos pedían muchísimos ayuntamientos, y hemos vuelto a autorizar, con el apoyo también de esta Cámara, las inversiones financieramente sostenibles, haciendo una regulación específica para las materias de vivienda y posibilitando la tramitación de estas inversiones como gasto plurianual. Tampoco quiero olvidar las medidas extraordinarias de apoyo a los municipios en el caso de catástrofes naturales como la dana o los episodios de lluvia e inundaciones. En definitiva, hablamos de más recursos, menos deuda, mayor autonomía financiera y más capacidad de inversión de nuestros ayuntamientos, gobierne quien gobierne en cada uno de ellos. Señorías, la aprobación de estos objetivos supone que las comunidades autónomas dispondrán, si así sale hoy, de un margen fiscal adicional estimado en 5850 millones de euros durante los próximos tres años. Son 5850 millones de euros adicionales si la senda de estabilidad se aprueba; si se rechaza, perderían ese margen fiscal tan importante para todas las comunidades autónomas. Por eso, resulta totalmente incomprensible desde el punto de vista racional que determinados Gobiernos autonómicos votaran en contra de esta senda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Porque conviene recordar que cuando este Gobierno lo planteó anteriormente, con el mismo objetivo del 0,1, se abstuvieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es más, en alguna comunidad autónoma, como Galicia, se justificó la abstención en que se hacía por responsabilidad, para evitar un escenario más restrictivo para las comunidades autónomas. Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y, desde luego, no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y, después, votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos. Lo que hoy planteamos es una oportunidad de disponer de más recursos, no de recortarlos; una oportunidad de reforzar el estado del bienestar, no de debilitarlo; una oportunidad de dotar de mayor estabilidad financiera a las Administraciones territoriales. Además, la senda de estabilidad cuyo debate se propone hoy viene acompañada de una reducción continuada de la deuda pública. El objetivo es situarla en el 97,6 % del PIB en 2027, 96,4 % en 2028 y 95,3 % en 2029. Es una trayectoria creíble y gradual que fortalece la confianza internacional en nuestra economía, reduce vulnerabilidades futuras y mejora nuestra capacidad de responder ante posibles crisis externas. Porque quien gobierna no tiene que pensar únicamente en el presente, también tiene que pensar en la sostenibilidad de las cuentas para las próximas generaciones. Decía un ex alto cargo, el execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, que la política fiscal debe orientarse a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero la reducción de la deuda no es un objetivo en sí mismo. No podemos limitar la capacidad de inversión y de respuesta ante los desafíos económicos y sociales. La senda que hoy sometemos a consideración de esta Cámara cumple estos objetivos: favorece la estabilidad presupuestaria a medio plazo, refuerza la confianza y la credibilidad en nuestro país, garantiza la sostenibilidad financiera y protege el crecimiento de la inversión pública y las políticas sociales. Lo que hoy corresponde decir es si queremos dotar a las comunidades autónomas de más capacidad financiera o privarlas de esos recursos. Ese es el verdadero debate de esta mañana: dejar a un lado las diferencias políticas legítimas, las posiciones partidistas y la confrontación política coyuntural y debatir sobre lo verdaderamente importante. También les informo de la aprobación del límite de gasto no financiero para el año 2027, el denominado techo de gasto, que, como saben, no se somete a votación, pero marca el umbral máximo con el que afrontar los próximos presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de la capacidad para financiar las políticas públicas que mejoran la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, desde vivienda, becas, dependencia, seguridad, infraestructuras y servicios públicos. Para ello, el Gobierno propone para 2027 un límite de gasto no financiero de 226 032 millones de euros, la cifra más alta de nuestra historia, que supone 14 006 millones de euros más que en 2026, con un incremento del 6,6 %. Algunos intentarán presentar este dato de forma aislada, pero tenemos que hacerlo en su contexto. Este techo de gasto no es resultado de la improvisación, es consecuencia de una economía que crece, que crea empleo, que recauda más y que ha demostrado durante los últimos años una enorme capacidad de resistencia. Hay quien sostiene que cualquier aumento del gasto público es negativo por definición. Nosotros creemos que la verdadera cuestión no es solo el tamaño del gasto público, sino también cómo se gasta y cómo se financia. No es riguroso medir el éxito de una política exclusivamente por el tamaño del gasto público, que es relevante, es condición necesaria, pero no es suficiente. También es igual de importante que ese gasto sea eficaz, eficiente y compatible con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Este techo de gasto permitirá presentar unos presupuestos generales del Estado ambiciosos socialmente y responsables fiscalmente. Señorías, hoy algunos intentarán presentar esta votación como una victoria o una derrota del Gobierno. Se equivocan. La verdadera cuestión es si queremos que las comunidades autónomas dispongan de más recursos o de menos recursos; si queremos dotar de mayor certidumbre y estabilidad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos; si queremos una senda compatible con el crecimiento y la cohesión social o una más restrictiva; si queremos un margen fiscal de 5849 millones de euros o no contar con él. Y por eso reitero el llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que actúen con responsabilidad, pensando en el interés general y evitando debates estériles. Señora presidenta, señorías, España ha demostrado en estos años que es capaz de crecer, crear empleo, reducir el déficit y reforzar simultáneamente la protección social. La senda de estabilidad que hoy defendemos forma parte de este modelo de éxito compartido también con el voto de sus señorías, un modelo basado en la responsabilidad, el diálogo y la defensa de los servicios públicos. Por ello, les solicito el voto favorable, porque son unas buenas cuentas para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, son buenas para nuestras finanzas públicas y son buenas para nuestro país. Muchas gracias. .

  3. José Vicente Marí Bosó PP

    Gracias, señora presidenta. Ha subido usted a la tribuna, señor España, investido del relativismo que preside esta legislatura: nada es un fin en sí mismo, nada importa, todo trasciende. En fin... Ha venido a presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria, cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones. . Sí, ya sabemos que ustedes son tan demócratas que no se encuentran concernidos por nada de lo que decida esta Cámara. De hecho, la mayoría de la soberanía nacional pide que se celebren elecciones y, en cambio, la Mesa ― siempre firmes, unos auténticos demócratas ― impide el debate. La mayoría de la soberanía nacional pide la dimisión del señor Sánchez ― pasó hace dos semanas ― y, el señor Sánchez, como quien oye llover. La mayoría de la soberanía nacional, por enésima vez, va a votar en contra de los objetivos de estabilidad y ustedes ya han anunciado que les da igual, que seguirán hasta el final de la legislatura. En esta situación de un Gobierno en rebeldía ante la mayoría de la soberanía nacional, que además anuncia que le da igual lo que piense la mayoría, ¿qué teatrillo viene usted a representar hoy aquí, señor España? . A ustedes y al señor Sánchez les da igual lo que se vote hoy, por eso traen una senda de estabilidad que no garantiza la estabilidad de nada. Les da tan igual que proponen una senda de estabilidad incompatible. Proponen el sinsentido de una regla de gasto que exigiría superávit en las cuentas mientras ustedes proponen déficit. ¡Atención al trile! Dicen: una décima de déficit para las comunidades autónomas, 5800 millones más para gastar; pero resulta que la regla de gasto les impide gastar porque cumplirla requeriría superávit. Así pues, señoría, hoy no votamos la senda de estabilidad, porque ya vemos que está mal; hoy sobre lo que votamos, en realidad, es sobre la existencia misma de este Gobierno incapaz. Eso es lo que votamos hoy. . Y nosotros, señoría, votamos no. Nosotros votamos no a este Gobierno que es perjudicial para los españoles. Este Gobierno no es buen gestor en lo económico, es perjudicial en lo social y es irresponsable en lo fiscal. ¿Es responsable fiscalmente, señorías, no aprobar ni un presupuesto en una legislatura? ¿Es responsable fiscalmente, señor España, un Gobierno que en los tres ejercicios en que los objetivos de estabilidad han sido obligatorios no ha cumplido nunca con la regla de gasto? De hecho, ustedes la descontrolan: la regla de gasto del 2025 era del 3,2 % y ustedes la descontrolaron hasta el 8 %. ¿Es eso responsable fiscalmente? No, ustedes no son responsables fiscalmente: ustedes son los irresponsables del gasto público descontrolado. Y, ojo, digo gasto público descontrolado. Ustedes han gozado de la mayor expansión de gasto público de la historia: 180 000 millones más de recaudación; medio billón ― con be ― más de deuda pública; 160 000 millones de fondos Next Generation; la mayor expansión de gasto público y el resultado más pírrico de la historia. Con toda esta expansión de gasto nos han traído una economía de salarios bajos, precariedad, intervención asfixiante, infierno fiscal y cada vez más alejada de la riqueza de los países punteros de nuestro entorno. Gasto público descontrolado y, en cambio, han estrechado dieciocho puntos la clase media obrera (un señor diputado: ¡Muy bien!) para multiplicar por seis la clase baja y pobre ― según los datos del CIS ― desde 2018. . Gasto público descontrolado y, en cambio, con este Gobierno, hay 3,2 millones de personas que dependen de prestaciones por desempleo, 2,6 millones cobran el salario mínimo o menos y 2,5 millones dependen del ingreso mínimo vital. Es decir, señor España, ocho millones de españoles dependen de subsidios o de salarios muy precarios, ¿y usted nos dice que es el Gobierno más social y fiscalmente responsable? ¡Hombre, por favor! . No son fiscalmente responsables, y su irresponsabilidad fiscal, además, la han cargado sobre las espaldas de los españoles, a quienes han sumido en un infierno fiscal. Somos los que más han subido la presión fiscal desde la pandemia: 2,9 puntos, dice la Comisión en su Informe de Fiscalidad 2026. Y lo peor es que el esfuerzo fiscal de cada español es un 17 % superior a la media de la Unión. Puede ser, señor España, que cada español tenga una tasa de presión fiscal inferior a cada alemán, pero resulta que cada alemán tiene un 50 % más de sueldo que un español; es decir, al alemán le queda muchísimo más sueldo para poder vivir. Pero es que, además, la propia Comisión señala que este incremento de presión fiscal es en su totalidad contra las rentas del trabajo; que la recaudación derivada del capital apenas se ha movido. Vamos, que ni el eslogan de los ricos les va a quedar a ustedes, señor España. . Por tanto, señorías, señor España, un gran esfuerzo fiscal exigido a los españoles y la mayor expansión de gasto público de la historia para conseguir el pobre resultado de la precariedad, de los sueldos bajos, del escudo social que no protege, de los servicios públicos estatales que no funcionan, de la productividad estancada. Es posible que usted y su Gobierno ya estén resignados o que quieran que los españoles se resignen, pero ni nosotros ni los españoles nos resignamos a esta situación. Hay que dejar de perder el tiempo en la parálisis y la corrupción de esta legislatura, porque nuestro país es mucho mejor que la resignación que nos proponen. Hay que volver a poner el país en marcha y convocar a todos a un mejor progreso y a un mayor bienestar. Hay que volver a poner el país en marcha, porque eso significa hacer otra política económica y presupuestaria que empiece por cumplir los planes y los objetivos que nos marcamos; significa hacer una reforma fiscal a la baja como primera medida de estímulo, no para bajar por bajar, pero sí para ajustar los impuestos a las necesidades de gasto en políticas públicas eficientes y eficaces. Volver a poner el país en marcha es apostar por el estímulo en lugar de la asfixia, por la modernización en lugar de la subsidiación; apostar por la capitalización en lugar del apalancamiento descontrolado público o privado. Volver a poner el país en marcha es allegar más recursos para nuestras infraestructuras y atender mejor a nuestros agricultores, ganaderos y a la gente de nuestra mar. Volver a poner el país en marcha es hacer que nuestros jóvenes puedan aspirar a una vivienda y que las mujeres puedan romper los techos de cristal que se les imponen y que atendamos a los que sufren la discapacidad y la dependencia. Volver a poner el país en marcha, todo eso es lo que hemos de hacer, y lo haremos gracias a la confianza de los españoles, Dios mediante. Muchas gracias, señora presidenta. .

  4. José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

    Señor ministro, como quien dice, acaba usted de tomar posesión del cargo y no querría estar ya en sus zapatos de tener que limpiar el desaguisado que la señora María Jesús Montero, su predecesora, montó en la Agencia Tributaria y en el Ministerio de Hacienda. Menudo lío tienen ustedes que tener ahí. La prueba es que viene usted y nos cuenta una sarta de mentiras o errores. Yo no sé si es incapacidad o es maldad. Le presumo, por ahora, la duda. De su predecesora sí sabíamos que todas sus mentiras iban dirigidas a engañar; era maldad pura. En usted podemos creer todavía que está confundido, que está siendo engañado. Lo cierto es que ha dado usted una serie de datos que son absolutamente erróneos o falsos. Viene usted y nos habla de la deuda, y como siempre hacen ustedes trampa, porque muestra la deuda como porcentaje del PIB y dice: España nunca ha tenido menos deuda. Es objetivamente falso. El momento en el que España ha tenido más deuda de su democracia ha sido en abril de 2026, que son los últimos datos publicados, el récord de endeudamiento de España, y viene usted aquí a decirnos que tener menos deuda es parte de la responsabilidad. ¿Qué nos está usted contando? ¿Cómo se atreve usted a mentir así a los españoles? Pero vamos a más. Viene usted y nos habla de las bondades de los presupuestos, que ustedes se ven obligados a presentar presupuestos porque es lo que mueve el país, es la responsabilidad... Oiga, que su Gobierno ha aprobado tres presupuestos y llevan gobernando desde el año 2018. . ¿Con qué cara viene usted a decirnos que los presupuestos son lo que mueve el país? ¿Qué han estado haciendo hasta ahora? Hundirnos, señor ministro, hundirnos. Viene usted y nos dice: los presupuestos más sociales. Bueno, claro, se ve que tenían que llegar ahora. Es la típica historia del socialismo: estamos en ruina, nos hemos arruinado, llevamos gobernando desde 2018, los servicios públicos están hechos un asco, no hay vivienda, pero ahora es justo el momento en el que vamos a aplicar el auténtico socialismo y ahora sí van a mejorar las cosas. . Lo cierto es que, según los últimos datos de pobreza infantil, España está a la cabeza de Europa en pobreza infantil. ¡A la cabeza de Europa! Es que somos un puñetero desastre, y usted, señor ministro, es el que está gestionando la Hacienda pública en este auténtico desastre. Está hundiéndose el barco con usted al timón. Pero el gasto de España para paliar la pobreza infantil ― porque hay determinados fondos sociales que se dedican a paliar la pobreza infantil ― está en niveles de Suiza y el impacto de este gasto está en niveles de Rumanía. Esa es su gestión, señor ministro. Mientras que ustedes recaudan y gastan como si estuviésemos en Suiza, la eficacia, la eficiencia y la productividad de sus políticas está a niveles de políticas de Rumanía. Con todos los respetos, si queremos converger en una dirección, entiendo que querremos acercarnos mucho más a Suiza o Alemania que a Rumanía. Viene usted y nos habla de que el PIB de España ha crecido y, de nuevo, la trampa... Hay un señor ahí que está sacando fotografías del Congreso cuando esto está específicamente prohibido. Señora presidenta, tenemos a un señor que está sacando fotografías del Congreso cuando está específicamente prohibido. Le ruego, por favor, que llame al orden a los señores diputados que incumplen el Reglamento. Muchísimas gracias. . Viene usted, señor ministro, nos habla del crecimiento del PIB y, como siempre, hacen la trampa: habla usted del crecimiento del PIB en bruto porque han metido ustedes en los últimos cinco años a cinco millones de personas, lo que supone consumo, supone mayor movimiento de dinero y supone un incremento falso del PIB. Pero si hacemos un análisis del PIB per cápita, los españoles son más pobres que nunca. Los salarios netos reales están completamente estancados en España. Y seguimos. Viene usted y da una cifra y dice: desde el COVID, claro. Es que España fue el país que más cayó durante el COVID. La caída fue tan pronunciada que desde ese pozo en el que estábamos, efectivamente, España ha sido el país que más ha subido. Pero lo cierto es que si hacemos un análisis de los salarios netos reales de los españoles comparados con 2018, a día de hoy estamos peor que cuando ustedes llegaron al Gobierno. Esa es la realidad. Nos habla usted asimismo de que van a ser los presupuestos más expansivos, de mayor gasto social, y cita específicamente el real decreto ley de las ayudas a la dependencia. Verá usted, señor ministro ― para que nos entiendan todos los españoles ―, en ese real decreto ley se introduce una medida de tal forma que aquellas personas que están en situación irregular pero acogidas al proceso de regularización según determinadas condiciones van a poder ser beneficiarias de las ayudas a la dependencia. Es decir, que los españoles ya no tienen que competir entre ellos para recibir unas ayudas que son mínimas, además tienen que competir con todos los extranjeros que están regularizados y, además, a partir de ahora, con todos los extranjeros que están pendientes de regularización. . Señor ministro, son ustedes unos auténticos estafadores. Están ustedes sistemáticamente colocando a los españoles los últimos en la cola de esas ayudas sociales. Así que serán los presupuestos más expansivos para otros. La prueba es la siguiente, que no le incumbe directamente a usted, puesto que esto es de la Administración de la Comunidad de Madrid, pero afecta a todas las Administraciones y la política es igual en toda España: Ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid. Listado de admitidos definitivos: Odman, Jill, Susan, Fatimah, Imane, Hamza, Rquia, Daymara, Shamira, Yazine, Zohra, Joisi Patricia... Admitidos. Vamos al listado de excluidos definitivos por agotamiento de presupuesto: Almudena, María de la Paz, Raquel, María Victoria, Cristina, Lorena, María Dolores, Alejandro, Joaquín... . Somos los últimos. ¿En qué momento el Partido Socialista Obrero y, supuestamente, Español decidió dejar a los españoles los últimos en la cola de las ayudas, de los servicios sociales, de la vivienda pública, de las ayudas a la dependencia? ¿Por qué? ¿Por qué hacen ustedes esto? ¿Por qué vienen con los presupuestos ― ahora con el techo de gasto ― que más impuestos van a recaudar de la historia de España, que más van a sangrar a los españoles de la historia de España para luego dedicarse a repartir ayudas por medio mundo? ¿Por qué? ¿Por qué tienen los españoles que ser castigados en su propio país? ¿Por qué? ¿Por qué los trabajadores españoles no tienen derecho a las ayudas que en determinados momentos necesitan? ¿Por qué? Respóndanos, señor ministro, porque ustedes, mientras están aquí presumiendo de gasto, nos esconden cuál es el gasto real. Del año 2025 tenemos una parte de los datos en subvenciones que ustedes han concedido; una parte. Estamos en niveles récord de concesión de subvenciones. Y los españoles piensan ¿a dónde se va el dinero? A las infraestructuras no va. Los ferrocarriles de alta velocidad españoles descarrilan y mueren los españoles. A las infraestructuras hídricas tampoco, puesto que fallan y mueren los españoles. A los afectados por los volcanes en Canarias tampoco, puesto que siguen viviendo en barracones. ¿A dónde se van? A las infraestructuras eléctricas tampoco, puesto que sufrimos apagones que solo se sufren en Pakistán. Las ayudas se van al Fondo Conjunto para Objetivos de Desarrollo Sostenible, Fondo de Adaptación al Cambio Climático, Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, Organización Internacional para las Migraciones, Ministerio de Salud de Etiopía ― ese sí ―, Ministerio de Agricultura de Etiopía, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, Ministerio de Salud de Jordania, Instituto de Salud de Mozambique, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Universidad del Nilo. ¡Universidad del Nilo!, ¿de verdad? . Y usted viene y nos dice que van a tener los presupuestos más expansivos de la historia para dárselos al Instituto Caboverdiano para la Igualdad y Equidad de Género, a la Asociación de Mujeres Afrocolombianas, a la Organización Internacional del Bambú y el Ratán. ¿De verdad, señor ministro?

  5. José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

    ¿De verdad quiere decirles a los españoles que van a pagar más impuestos que nunca ― ¡que nunca! ― para ser los últimos de la cola en su propio país y para que su dinero se destine a esto? . ¿De verdad? ¡No cuenten con nosotros! .

  6. Carlos Martín Urriza SUMAR

    Muchas gracias. Señor ministro, nosotros vamos a votar a favor de la senda de estabilidad, pero nos hubiera gustado que dicha senda incluyera objetivos asimétricos de déficit para las comunidades autónomas. . Creemos que tiene que haber una compensación por los desequilibrios del sistema de financiación actual y que, al menos temporalmente, a través de la senda, tendríamos que haber conseguido esa compensación para comunidades como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana. Dicho esto, el alcalde de Zamora y el Gobierno de coalición han conseguido algo extraordinario: reducir el déficit público, reducir la deuda pública sin recortar el gasto social y, además, impulsando la inversión y el crecimiento económico. La economía española vive un crecimiento vigoroso de la actividad y también del empleo, y lo vive gracias a una nueva política económica desarrollada por el Gobierno de coalición. Ha tenido éxito incluso en un contexto de estancamiento europeo y de gran incertidumbre internacional generada por el derechista Trump. Nuestro crecimiento económico, no obstante, se encuentra en un momento crítico porque alguno de sus pilares se está agotando. De ahí la necesidad de contar con una senda, un techo de gasto y unos presupuestos generales del Estado. Es un ejercicio de responsabilidad. Nuestro crecimiento económico diferencial con Europa se está basando en cuatro pilares. El primer pilar es un significativo aumento de la inversión pública. Los fondos Next Generation EU, junto con otros instrumentos, han servido para impulsarla, pero es cierto que se acaban este año. El año que viene contaremos con el Fondo España Crece y el Plan Estatal de Vivienda como elementos compensadores, pero necesitamos unos presupuestos para seguir manteniendo los niveles de inversión pública y continuar financiando la transición verde, la revolución digital y la cohesión social. El segundo pilar de nuestro crecimiento diferencial ha sido la clara mejora de las condiciones de trabajo. Ha habido un aumento del 66 % del salario mínimo, hemos conseguido estabilizar el empleo en el sector privado y, además, hemos combatido la figura de los falsos autónomos. Esto ha enviado una clara señal a los mercados: ya no es posible obtener beneficios a partir de las malas condiciones de trabajo; es el momento de invertir, innovar y arriesgar. No vamos a parar aquí. La siguiente medida que vamos a aprobar para seguir mejorando las condiciones de trabajo será el registro horario. Esto permitirá eliminar los 2,5 millones de horas extraordinarias que los patronos no pagan a los trabajadores ni compensan con descanso. . Señorías del Grupo Popular, esta es una de las verdaderas razones que está detrás de las bajas laborales, y no el absentismo laboral inventado, que no existe en nuestro mercado de trabajo. En nuestro mercado de trabajo nadie deja de ir a trabajar sin una justificación. El tercer pilar de nuestro crecimiento económico es una energía cada vez más limpia y barata gracias a las energías renovables y una alta seguridad de abastecimiento energético. Y, en cuarto lugar, ese crecimiento diferencial se explica por la inmigración. Somos afortunados porque recibimos inmigrantes que seleccionamos positivamente de sus poblaciones de origen. Son más productivos, resilientes y emprendedores. Y vamos a consolidar esa inmigración con la regularización de más de un millón de personas que aún no tienen normalizada su situación, para reducir el ámbito de la economía sumergida, para que con sus cotizaciones sostengan las pensiones públicas y para que paguen el IRPF y contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos. La nueva política económica del Gobierno ha conseguido un crecimiento extensivo, efectivamente gracias al aumento de la población y de la ocupación, pero también un crecimiento intensivo. Nuestra productividad por hora está creciendo más que la de los grandes países de nuestro entorno. Hay una gran novedad en nuestro modelo de crecimiento: por primera vez en décadas, nuestra productividad y nuestro empleo crecen simultáneamente. Esto no ocurría desde hace décadas. Antes, con el antiguo modelo de crecimiento, para que aumentara la productividad había que destruir empleo en nuestro país. Esto lo ha cambiado el Gobierno de coalición. La nueva política económica está transformando nuestro modelo productivo y está dejando atrás el modelo de bajo valor añadido de ladrillo y playa. Hay claros indicios de ello. Les voy a dar cuatro. En primer lugar, está aumentando el tamaño medio de nuestras empresas. Esto significa que los proyectos empresariales son más eficientes. En segundo lugar, más de la mitad del empleo que hemos generado se ubica en sectores de alto valor añadido, que pagan salarios por encima de la media. En tercer lugar, los ingresos por los servicios empresariales que exportamos a otros países ya superan los 100 000 millones de euros que obtenemos por turismo. Y, en cuarto lugar, nos hemos convertido en un polo de atracción de inversión extranjera directa gracias a nuestra energía barata y a una fuerza de trabajo cualificada. Efectivamente, como dice el señor ministro, necesitamos una senda de estabilidad fiscal que permita aprobar un techo de gasto y unos presupuestos; un techo de gasto suficientemente holgado para seguir sosteniendo este modelo de crecimiento innovador, que está situando a nuestro país donde no ha estado nunca. Necesitamos unos presupuestos para seguir manteniendo la inversión pública, el gasto en I+D e invertir en educación y formación profesional, en vivienda y en electrificación. Pero también necesitamos seguir avanzando en la protección social. Esta Cámara tiene hoy la oportunidad de conseguir otro gran hito en este ámbito: que el Estado financie, por primera vez, el 50 % de la ayuda a la dependencia. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Hoy deberíamos aprobar eso. Solo las personas sin alma no estarán a favor de esta medida. . También tenemos que aprobar una prestación universal por crianza, porque tenemos unos niveles de pobreza infantil que no se corresponden con el nivel de desarrollo de este país ni con el nivel de renta per cápita. Además de los presupuestos, necesitamos medidas fuera de ellos, como, por ejemplo, repartir mejor la productividad en las empresas, llevando la información del Observatorio de Márgenes Empresariales a las mesas de negociación de los convenios colectivos. Tenemos que reducir las altísimas rentabilidades del sector inmobiliario para frenar la extracción de rentas. Aquí el Banco de España tiene mucho que decir y que hacer, porque tenemos otra burbuja inmobiliaria y dispone de instrumentos para pincharla. Y necesitamos avanzar en una fiscalidad más justa y progresiva para, entre otras cosas, terminar con los precios abusivos de los supermercados. El Partido Popular se equivoca si cree que un bloqueo institucional que promueva el deterioro económico constituye un atajo electoral. Los ciudadanos castigan a quienes aspiran al poder con estrategias de «cuanto peor, mejor». El acceso al Gobierno se gana demostrando que se dispone de una propuesta más sólida y eficaz que la del Gobierno que gobierna, no bloqueando y destruyendo el futuro del país. Gracias. .

  7. Teresa Jordà i Roura ERC

    Hola, bon dia. Diputades i diputats, molt bon dia. Gràcies, presidenta. Senyor ministre, permeti’m començar amb una afirmació. Aquest, aquest debat que estem tenint aquest matí, no és un debat sobre unes dècimes de dèficit. Aquest és, sobretot, un debat sobre qui té la capacitat de donar resposta als problemes dels ciutadans i de les ciutadanes. És un debat sobre qui disposa dels recursos. És un debat sobre qui pot governar. És un debat, en definitiva, sobre qui pot exercir la seva responsabilitat i aquestes, aquestes responsabilitats, exercir-les amb dignitat i amb solvència. Perquè avui, senyores i senyors diputats, no discutim només una xifra o no només una xifra. Avui discutim qui podrà construir més habitatge públic. Avui també estem discutint qui podrà reforçar o muscular la sanitat pública. Avui parlem de qui podrà invertir en educació o de qui podrà millorar rodalies. En definitiva, qui tindrà les eines per millorar la vida de la gent, perquè d’això deu anar la política, no? Almenys aquí som uns quants que l’entenem així. D’això deu anar la política, de millorar la vida de la gent. Mirin, hi ha debats que es presenten com si fossin debats estrictament tècnics. Però aquest, ho repeteixo, és sobretot un debat profundament polític, profundament polític. Ho és perquè parla de poder. Sí, parla de poder. Ho és perquè parla de recursos. I parla també de la capacitat de les institucions per donar resposta — em faré pesada en això, però crec que és important— per donar resposta a la ciutadania, a la ciutadania. Però parla també de la capacitat de les institucions, no només de donar resposta a la ciutadania, sinó de fer veure o entreveure que la política serveix o juga a favor dels ciutadans i de les ciutadanes. I aquí és on rau el veritable problema, perquè no és només que el repartiment sigui insuficient, que ho és, senyor ministre, i vull pensar que ho sap, és que respon a un model que fa massa temps que no funciona, i això també ho sap. I si no ho sap, cagada pastoreta, diguéssim, perquè anem fatal, perquè anem fatal. Un model que continua concentrant els recursos en mans de l’Estat, mentre sí que són els territoris, són les comunitats autònomes i els ajuntaments els que assumeixen bona part dels serveis públics. Un model construït sobre una lògica aplastant d’austeritat, que limita la capacitat de governar d’aquells que són més a prop dels ciutadans, d’aquells que coneixen les problemàtiques, d’aquells i aquelles que coneixen les deficiències, que coneixen, els neguits, les il·lusions i, per què no dir-ho també?, les esperances de la seva gent. I aquest model, senyor ministre, s’ha d’acabar d’una vegada per totes. Catalunya, no és cap sorpresa, continua — al costat d’altres territoris, eh?— però Catalunya continua infrafinançada. Continua aportant més del que rep, molt més del que rep i continua sostenint serveis essencials amb un marge d’actuació absolutament, absolutament insuficient. I això no és només una injustícia financera. Això, si m’ho permeten, és un límit permanent de la capacitat de fer política útil. Repeteixo, és un límit permanent de la capacitat de fer política útil. Per això, Esquerra Republicana defensem un altre model. Un model on els recursos sí acompanyin les competències. Un model on qui presta els serveis públics tingui també la capacitat de finançar-los. I hi torno, de finançar-los de manera digna. Perquè més autonomia financera no és cap privilegi, no és cap privilegi, és una condició indispensable perquè els serveis públics puguin funcionar. Senyor ministre, malgrat tot, miri, avui votarem a favor. Però ho farem, òbviament, sense cap triomfalisme i sense cap satisfacció. De fet, ho fem emprenyats, perquè aquest vot no resol el problema de fons, perquè el que cal és canviar el model. El que cal és deixar enrere una arquitectura financera basada en la desconfiança cap als territoris i, sobretot, substituir-la per un sistema que faci tot el contrari, que garanteixi recursos suficients i capacitat real de decisió. Perquè res del que hem denunciat avui ha deixat de ser cert. Catalunya — hi torno— continua estant infrafinançada. Els compromisos, senyor ministre, continuen sense complir-se al ritme que els correspon i la confiança continua malmesa. I miri vostè, senyor España, això ho sap. La confiança no es demana. La confiança es construeix. Es construeix d’una manera molt fàcil, complint acords, respectant la paraula donada i convertint anuncis, mers anuncis, en decisions fermes. I encara avui queda molta feina per fer. Nosaltres no votarem a favor perquè pensem que el Govern de l’Estat ja ha complert, ni molt menys, ni perquè, com he dit abans, hagi desaparegut com per art d’encantament el nostre malestar i la nostra indignació, al contrari. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents. I continuem reclamant que es resolguin les moltes carpetes obertes amb Esquerra Republicana que afecten a Catalunya, entre elles una de les que ja no pot continuar eternament oberta, que és el fons de liquiditat autonòmica. Perquè el FLA, senyor ministre, va néixer com un mecanisme extraordinari, o això algun dia ens van explicar. I, en conseqüència, com que és un mecanisme o era un mecanisme extraordinari — que encara avui el tenim aquí perpetuat— doncs no pot convertir-se, no pot esdevenir en una forma permanent de dependència financera, no pot. I també aquesta carpeta s’ha de tancar i s’ha de tancar ja, com s’han de complir la resta dels acords, perquè Catalunya necessita recursos propis i, sobretot, necessita més capacitat de decisió i també respecte institucional. Nosaltres sempre, sempre prenem les decisions pensant en la gent que representem, que són els catalans i les catalanes, pensant en allò que és útil pel país, no pensant en titulars ni amb càlculs a curt termini, que acaben explotant sempre a la cara. Per això avui el nostre vot serà favorable. Però li aconsello, senyor ministre, que no ho interpreti com un aval. És un vot de responsabilitat, no de conformitat, perquè el diagnòstic continua sent exactament el mateix. I acabo, presidenta. Catalunya necessita més recursos i molta més capacitat de decisió. Necessitem ja un nou model de finançament. I quan dic ja vull dir per abans d’ahir, per abans d’ahir. Anem molt tard, ministre. Necessitem que s’acabin les lògiques d’austeritat que han condicionat durant massa anys l’autogovern. I un govern de l’Estat que compleixi allò que acorda. Nosaltres, ministre, continuarem exigint, continuarem negociant, continuarem denunciant sempre els incompliments, però sobretot, continuarem defensant Catalunya amb la mateixa fermesa que sempre. Res més. Moltes gràcies. Diputadas, diputados, muy buenos días. Gracias, presidenta. Señor ministro, permítame empezar con una afirmación. Este debate que estamos celebrando esta mañana no es un debate sobre unas décimas de déficit. Este es, sobre todo, un debate sobre quién tiene la capacidad de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es un debate acerca de quién dispone de los recursos. Es un debate sobre quién puede gobernar. Es, en definitiva, un debate sobre quién puede ejercer su responsabilidad y estas responsabilidades ejercerlas con dignidad y solvencia. Porque hoy, señoras y señores diputados, no discutimos solo una cifra ― o no solo una cifra ―, hoy discutimos quién podrá construir más vivienda pública. Hoy también estamos discutiendo quién p odrá reforzar o muscular la sanidad pública. Hoy hablamos de quién podrá invertir en educación o de quién podrá mejorar cercanías. Es decir, quién va a tener las herramientas para mejorar la vida de la gente. Porque de eso debe ir la política, ¿no? Al menos aquí estamos unos cuantos que la entendemos así. De eso debe ir la política, de mejorar la vida de la gente. Y hay debates que se presentan como si fueran estrictamente técnicos, pero este ― repito ― es, sobre todo, un debate profundamente político, profundamente político. Lo es porque habla de poder ― sí, habla de poder ―. Lo es porque habla de recursos. Y habla también de la capacidad de las instituciones para dar respuesta ― me voy a hacer pesada con esto, ¿eh?, pero creo que es importante ― a la ciudadanía― . Pero también de la capacidad de las instituciones no solo para dar respuesta a la ciudadanía, sino para hacer ver o entrever que la política sirve o juega a favor de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y aquí es donde estriba el verdadero problema. Porque no es que el reparto sea insuficiente, que lo es, señor ministro ―quiero pensar que usted lo sabe―, es que responde a un modelo que hace demasiado tiempo ya que no funciona. Eso también lo sabe, y si no lo sabe la hemos cagado, porque vamos fatal, ¿eh? Vamos fatal. Una concentración de recursos en manos del Estado mientras, sí, son los territorios, las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes asumen buena parte ― buena parte ― de los servicios públicos. Un modelo construido sobre una lógica aplastante de austeridad que limita la capacidad de gobernar de aquellos que están más cerca de los ciudadanos, de aquellos que conocen los problemas, de aquellos y aquellas que conocen las deficiencias, que conocen los problemas, las preocupaciones, las desilusiones y ― por qué no decirlo también ― las esperanzas de sus gentes. Y este modelo, señor ministro, tiene que acabar de una vez por todas. Cataluña, no es una sorpresa ― sigue al lado de otros territorios, ¿eh? ―, sigue hoy infrafinanciada. Continúa aportando más de lo que recibe, mucho más de lo que recibe, y sigue sosteniendo servicios esenciales con un margen de actuación absolutamente insuficiente. Y eso no es solo una injusticia financiera. Eso, si me lo permiten, es un límite permanente de la capacidad de hacer política que sea útil. Repito: es un límite permanente de la capacidad de hacer política útil. Por eso en Esquerra Republicana defendemos otro modelo. Un modelo en el que los recursos sí que acompañan a las competencias. Un modelo en el que quien presta los servicios públicos tenga también la capacidad de financiarlos ― y vuelvo ―, de financiarlos de manera digna, porque más autonomía financiera no es ningún privilegio. No es ningún privilegio, es una condición indispensable para que los servicios públicos puedan funcionar. Señor ministro, a pesar de todo, hoy votaremos a favor, pero lo haremos, obviamente, sin ningún triunfalismo y sin ninguna satisfacción. De hecho, lo hacemos enfadados, porque este voto no resuelve el problema de fondo. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo, hay que dejar atrás una arquitectura financiera basada en la desconfianza hacia los territorios y, sobre todo, sustituirla por un sistema que haga todo lo contrario: que garantice recursos suficientes y capacidad real de decisión. Porque nada de lo que hemos denunciado hoy ha de dejar de ser cierto. Cataluña ― vuelvo a ello ― sigue estando infrafinanciada. Los compromisos, señor ministro, siguen sin cumplirse al ritmo que corresponde y la confianza sigue ahí estropeada. España lo sabe. La confianza no es algo que se pida., la confianza se construye y se hace de una forma muy fácil: cumpliendo acuerdos, respetando la palabra que se ha dado y convirtiendo más anuncios en decisiones firmes. Y aún hoy queda mucho trabajo por hacer. Nosotros no vamos a votar a favor porque pensamos que el Gobierno del Estado ya ha cumplido, ni muchísimo menos, ni porque, como he dicho antes, haya desaparecido nuestro malestar o nuestra indignación; al contrario, nosotros seguimos exigiendo el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos pendientes. Y seguimos reclamando que se resuelvan las muchas carpetas que quedan abiertas con Esquerra Republicana que afectan a Cataluña. Entre ellas, una de las que ya no puede seguir abierta es el Fondo de Liquidez Autonómica. El FLA, señor ministro, nació como un instrumento extraordinario ― algún día nos lo explicaron así ―. En consecuencia, como era un mecanismo extraordinario que aún hoy tenemos aquí, no puede erigirse en una forma permanente de dependencia financiera. No puede ser. Es una carpeta que tiene que cerrarse y se tiene que cerrar ya, como se tienen que cumplir el resto de los acuerdos. Porque Cataluña necesita recursos propios y, sobre todo, más capacidad de decisión. Y también respeto institucional. Nosotros siempre adoptamos las decisiones pensando en las personas a las que representamos, los catalanes y las catalanas, en aquello que es útil para el país. No pensamos en los titulares ni en cálculos a corto plazo, que acaban explotando siempre a la cara. Por eso nuestro voto hoy será favorable. Pero se lo aconsejo, señor ministro, no lo interprete como un aval. Es un voto no de conformidad, porque el diagnóstico sigue siendo exactamente el mismo y ― acabo, presidenta ― Cataluña necesita más recursos y mucha más capacidad de decisión. Necesitamos ya un nuevo modelo de financiación. Y cuando digo ya, quiero decir para antes de ayer. Vamos muy tarde, señor ministro. Hace falta que acaben las lógicas de la austeridad que han condicionado durante demasiados años el autogobierno y un Gobierno del Estado que cumpla con lo que acuerda. Nosotros, señor ministro, seguiremos exigiendo, seguiremos negociando, seguiremos denunciando siempre los incumplimientos, pero, sobre todo, seguiremos defendiendo a Cataluña con la misma firmeza de siempre. Muchas gracias. .

  8. Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

    Moltes gràcies presidenta. Senyor ministre, fa temps que el Govern de l’Estat, i en especial el Ministeri d’Hisenda, s’ha convertit en un veritable depredador. Ja sigui pels ciutadans, ja sigui per les famílies, per les empreses o per les altres administracions públiques, siguis qui siguis, fa temps que quan et relaciones amb l’Estat ho fas patint l’assetjament d’un estat depredador, perquè vostès només tenen una obsessió: augmentar al màxim la recaptació i quedar-se tots els recursos que puguin ofegant a la resta. Alguns diran que, amb les seves circumstàncies, les del Govern, és lògic que sigui així. I potser és cert, perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i, de passada, intentar obtenir algun vot més dels ciutadans. Però no els funcionarà, perquè a la pràctica tothom sap que aquesta manera de fer del Govern és letal per a la gent, perquè vol dir pagar més en forma d’impostos i seguir tenint uns serveis absolutament precaris. Mirem dades. Avui vostès venen aquí amb una proposta de quedar-se el Govern de l’Estat el 95 euros de cada 100 que Europa ha autoritzat en forma de dèficit, 95 euros de cada 100, que vol dir que es volen quedar 32 000 milions d’euros dels 33 600 autoritzats per Europa. I a la pràctica, què vol dir això per Catalunya i pels catalans? Doncs que pagarem el 21 % d’aquests dèficit amb els nostres impostos, és a dir, 7064 milions d’euros, però a la vegada només rebrem 325 milions d’euros com a dèficit autoritzat. És a dir, de cada 100 euros que es repartiran vostès pretenen donar-ne només un — un— a Catalunya. Això sí, quan hem de pagar, de cada 100 euros, els catalans n’hem de pagar 21. Per tant, el que vostès proposen avui és evident que és una estafa per Catalunya i que vostès no poden comptar amb els set vots de Junts per Catalunya per aprovar-ho. Des de Junts per Catalunya, hem proposat que el dèficit autoritzat per les comunitats autònomes sigui del 0,6 per cent. Això representa multiplicar per sis els recursos que vostès pretenen assignar-nos. Però en lloc d’això, i malgrat saber que necessiten els nostres set vots per poder aprovar — no aquest punt d’avui— per poder aprovar els pressupostos, avui venen aquí i fan aquesta proposta. És diferent de la de l’any passat, senyor ministre, aquesta proposta? No. És diferent de la de fa dos anys i que tampoc va prosperar? No. És diferent de la de fa tres anys i que tampoc va prosperar? No. És exactament la mateixa. La seva proposta ha incorporat el que va aprovar el Parlament de Catalunya amb els vots del PSC? No, no ho ha incorporat. Han incorporat alguna de les demandes que li van fer des de Junts per Catalunya als anys anteriors, quan li votàvem en contra de la proposta? No, no l’ha incorporat. Hi ha més recursos econòmics per als catalans, de veritat? No. Hi ha més recursos per millorar rodalies de veritat? No. Es podrà fer més habitatge públic? No. Es podran reduir els impostos que paguem els ciutadans? No. Doncs llavors, senyor ministre, per què presenta el mateix que ja va fracassar en els anys anteriors? Però encara hi ha més preguntes. Ha publicat vostè l’execució pressupostària territorial com li obliga la llei? No, des de fa molts anys. Ha publicat vostè les balances fiscals? No. Creu que podrà aprovar uns nous pressupostos gràcies a aquesta proposta d’avui? És evident que no, perquè si fan el mateix obtindran el mateix. A aquestes alçades vostès ja no enganyen a ningú, senyor ministre. Estem davant d’una operació de màrqueting per amagar les seves febleses, una operació de màrqueting pur i dur per amagar les seves febleses, que és que no tenen majoria parlamentària, que no poden aprovar pressupostos i que estan cada dia més envoltats per la corrupció. I com li deia, vostès ja no poden enganyar a ningú. Poden fer el teatre que vulguin, eh? Poden tornar a portar la setmana que ve a aprovació quan aquesta no prosperi i, de fet, poden portar els pressupostos en contra de la voluntat d’aquest hemicicle. Ho poden fer, però això no serà res més que teatre, perquè tothom sap que no tindran pressupostos. I vostè també ho sap. Per tant, deixin d’enganyar la gent. Moltes gràcies. Muchas gracias, presidenta. . Señor ministro, hace tiempo que el Gobierno del Estado, y en especial el Ministerio de Hacienda, se ha convertido en un verdadero depredador, ya sea para los ciudadanos, para las familias, para las empresas o para las demás Administraciones públicas. Seas quien seas, hace tiempo que cuando te relacionas con el Estado lo haces sufriendo el acoso de un Estado depredador, porque ustedes tienen solo una obsesión: aumentar al máximo la recaudación y quedarse con todos los recursos que puedan, ahogando al resto. Habrá quienes digan que en sus circunstancias ― las del Gobierno ― es lógico que así sea y quizás es cierto, porque a un Gobierno asediado por la corrupción solo le queda hacer ver que gasta cantidades ingentes de dinero para ver si así puede ocultar el latrocinio de los suyos y de paso intentar obtener algún voto más de los ciudadanos. Pero no les va a funcionar, porque, en la práctica, todo el mundo sabe que esta manera de actuar del Gobierno es letal para la gente, ya que significa pagar más en forma de impuestos y seguir teniendo unos servicios absolutamente precarios. Miremos los datos. Hoy ustedes vienen aquí con una propuesta para que el Gobierno del Estado se quede con 95 de cada 100 euros que Europa ha autorizado en forma de déficit; 95 euros de cada 100, lo que significa que quieren quedarse con 32 000 millones de euros de los 33 600 autorizados por Europa. Y, en la práctica, ¿qué significa esto para Cataluña y para los catalanes? Pues que pagaremos el 21 % de este déficit con nuestros impuestos, es decir, 7064 millones de euros, pero, a la vez, solo recibiremos 325 millones de euros como déficit autorizado. Es decir, de cada 100 euros que se repartirán, ustedes proponen dar solo uno ― uno solo ― a Cataluña. Eso sí, cuando nos toca pagar, de cada 100 euros los catalanes tendremos que pagar 21. Por tanto, lo que ustedes proponen hoy es evidente que es una estafa para Cataluña y no pueden contar con los siete votos de Junts per Catalunya para aprobarlo. En Junts per Catalunya hemos propuesto que el déficit autorizado para las comunidades autónomas sea del 0,6 %. Esto implica multiplicar por seis los recursos que ustedes pretenden asignarnos, pero, en lugar de ello, y a pesar de que saben ustedes que necesitan nuestros siete votos para poder aprobar no este punto de hoy, sino para poder aprobar los presupuestos, vienen ustedes hoy aquí con esta propuesta. ¿Es distinta a la propuesta del año pasado, señor ministro? No. ¿Es distinta a la propuesta de hace dos años, que no prosperó? No. ¿Es distinta a la de hace tres años, que tampoco prosperó? No, es exactamente la misma. ¿Su propuesta ha incorporado lo que aprobó el Parlamento de Cataluña con los votos del PSC? No, no lo ha incorporado. ¿Ha incorporado alguna de las demandas que Junts per Catalunya trasladó en años anteriores, cuando votábamos en contra de la propuesta? No, no las ha incorporado. ¿Hay más recursos económicos para los catalanes, de verdad? No. ¿Hay más recursos para mejorar, de verdad, las cercanías? No. ¿Habrá más vivienda pública? No. ¿Se podrán reducir los impuestos que pagamos los ciudadanos? No. Pues entonces, señor ministro, ¿por qué presenta lo mismo que ya fracasó en años anteriores? Pero todavía hay más preguntas. ¿Ha publicado usted la ejecución presupuestaria territorial, tal y como le obliga la ley? No, desde hace muchos años. ¿Ha publicado usted las balanzas fiscales? No. ¿Cree que podrá aprobar unos nuevos presupuestos gracias a la propuesta de hoy? Es evidente que no, porque si hacen lo mismo obtendrán lo mismo. A estas alturas, ustedes ya no engañan a nadie, señor ministro. Estamos ante una operación de marketing para esconder sus flaquezas, una operación de marketing puro y duro para esconder sus flaquezas, que es que no tienen mayoría parlamentaria, que no pueden aprobar presupuestos y que cada día se ven más envueltos por la corrupción. Como le decía, ustedes ya no engañan a nadie. Pueden hacer el teatro que quieran. La semana que viene pueden volver a traer esta propuesta a aprobación si no prospera. Y, de hecho, pueden aprobar los presupuestos en contra de la voluntad de este hemiciclo. Lo pueden hacer, pero esto no será nada más que teatro, porque todo el mundo sabe que no tendrán presupuestos, y usted también lo sabe. Por tanto, dejen de engañar a la gente. Muchas gracias.

  9. Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

    Presidente, señorías, buenos días. Nos enfrentamos a uno de los debates más clásicos de esta legislatura. Han sido varias las veces que hemos afrontado este debate y, probablemente, vamos a escuchar los mismos argumentos ― yo, seguramente, tampoco seré la excepción ― que ya hemos expuesto en anteriores ocasiones sobre esta misma cuestión, que tiene que ver con la estabilidad presupuestaria y el gasto no financiero. Y, seguramente, nos encontraremos con un resultado parecido. Así que, si este es el escenario, empezaré de la misma manera que empezaba en noviembre de 2025 en este mismo debate, con una cita de Antonio Gramsci: «Soy pesimista por la inteligencia, pero optimista por la voluntad». Y es que, probablemente, en este escenario y ante esta hipotética realidad, lo que toca es insistir y no desistir. Y no se trata solo de resistir, porque frente a quienes amenazan los derechos de los trabajadores abonándose a tesis empresariales que no se sostienen, como la del absentismo laboral; frente a esos mismos que niegan recursos a las personas dependientes cuando llega la hora de asignarlos y luego se llenan la boca diciendo que les defienden; frente a aquellos que reclaman, por ejemplo, derechos para los del instante después de la concepción, pero niegan el pan y la sal a las personas que viven entre nosotros porque no quieren regularizarlas, con esa gente no hay camino posible, más aún cuando, además, sustentan tesis que directamente son un abono racista para nuestras sociedades. La izquierda soberanista e independentista vasca no se plantea ni como mera hipótesis que el señor Feijóo sea el faro moral de la democracia, de los derechos y de la libertad. Y nótese aquí, sí, el sarcasmo; no lo confundan con la ironía, como parece que hizo el inefable señor Rajoy cuando habló de faro moral, refiriéndose al señor Feijóo. Porque sí, en el sarcasmo cabe la burla, y hay burla en esa definición de faro por nuestra parte. Pero, como decía, toca profundizar en derechos, empujar cambios, proyectar transformaciones y hacer más fácil la vida a la gente, a todos, no solo a quienes siempre la tienen de cara y demasiado fácil. Y es que, pese a la dificultad que pueda suponer el retorno a las reglas fiscales que impone la Unión Europea ― lo sabemos porque han limitado capacidades locales y eso ha servido de pretexto para recortes y para reducir la inversión pública ―, toca hacer de verdad un servicio útil desde la política para la ciudadanía. Y no se trata de hablar en abstracto, porque seguramente con estas palabras podría coincidir cualquier o casi cualquier diputado o diputada de esta Cámara; se trata de aterrizar en lo concreto. Las cuentas sirven para ayudar a las personas. Por ejemplo, y tomando datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en los últimos cinco años, de 2020 a 2025, con la pandemia de la COVID de por medio, se aumentó el gasto en políticas sociales porque había más personas que necesitaban más ayudas. Pues bien, mientras la Comunidad Autónoma vasca en su conjunto ― es decir, el Gobierno vasco, los ayuntamientos y las diputaciones ― destinaba el 26,3 % y la Comunidad Foral de Navarra, también en su conjunto ― Gobierno de Navarra y ayuntamientos ―, el 26,5 %, la Comunidad de Madrid destinaba el 5,6 %. Un 25 % frente a un 5 %. Eso es voluntad y lo otro es dejación. Pero voy a ser más claro todavía para que se me entienda mejor. El gasto medio por cada persona que vive en un territorio también se puede medir. Y el gasto medio por habitante en la Comunidad de Madrid, en políticas sociales, es de 2699 euros; el de la Comunidad Foral de Navarra es de 4549 y el de la Comunidad Autónoma vasca es de 4455. Casi el doble. Eso es acción política y no palabrería. Porque está muy bien hablar aquí de que las rentas del trabajo pagan mucho y las del capital poco, pero ¿qué hacen ustedes cuando aquí se votan los impuestos a la banca y a las eléctricas? Votar a favor de las grandes corporaciones. Por tanto, es un poco cínico, por no decir hipócrita, que alguien venga aquí a rasgarse las vestiduras por unas elevadas tasas impositivas a la clase trabajadora cuando están poniendo en práctica políticas para pisotear los derechos de la clase trabajadora y defender los intereses de los de siempre. Eso no es gasto público controlado ni descontrolado; es racanería, la racanería del modelo del Partido Popular, nunca mejor representada que en la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso. ¿Y saben cuál es la receta para acabar con eso? Pues la receta es, efectivamente, aumentar la recaudación y hacerlo con algo tan sencillo que todo el mundo entiende: que quien más tenga, más pague. Pero quienes más tienen son quienes obtienen beneficios récord y extraordinarios, o caídos del cielo, y a esos ustedes les defienden. Probablemente, si tuviéramos más recursos, podríamos contar con un escudo social permanente, con una subida del SMI por ley. Y ya sé que muchas de sus señorías hoy tienen en la cabeza a Francia por no sé qué cosa, pero en Francia la subida del SMI es por ley, año tras año; podríamos, al menos, copiarles en eso. Podríamos subir las pensiones de una manera estable, también las de viudedad, que siempre son las grandes olvidadas. Podríamos afrontar el coste de la vida y podríamos multiplicar la acción en políticas de vivienda, porque, sinceramente, no se me ocurre mejor exponente de la desigualdad social, de lo que es la lucha de clases, que la dificultad entre una mayoría que quiere acceder a una vivienda y no puede y unos pocos que las tienen para especular. Pero toca también invertir, y cada vez más, en educación, en sanidad y en igualdad. Es verdad que todas esas dimensiones se tienen que hacer sin olvidar una matriz de cambio necesaria en el modelo económico, que es la de la transición energética, y con estas olas de calor tan sucesivas y tan recurrentes que hemos tenido, no me faltan ganas para emular el vídeo viral aquel y decir eso de ¿dónde están los negacionistas del cambio climático? A ver, que yo los vea. ¿Dónde están ahora? Porque, además, invertir en transición ecosocial es apostar por la sostenibilidad del planeta; hacerlo en gastos militares, por acelerar su destrucción. Es verdad también que en este año son 226 000 millones los que se destinan frente a los 216 000 del año pasado, luego algo ya ha cambiado: 10 000 millones más. Habría que ver si, en todo caso, es el reparto más adecuado o no, pero estamos hablando, en definitiva, de voluntad y de asumir una función en el terreno político: la de ser útiles a la ciudadanía y la de servir al pueblo o, por contra, la de ser absolutamente inútiles a la ciudadanía y servirnos del pueblo. De esta hay sobrados ejemplos. En cualquier caso ― y termino ya ―, para las gentes de Euskal Herria Bildu no hay novedad en este debate. Actuaremos con responsabilidad, con rigor, con seriedad y con voluntad sincera de alcanzar acuerdos, probablemente porque seguimos pensando, y lo vamos a seguir pensando siempre, que primero está nuestro pueblo y luego está nuestro partido. Como es de esperar ante esta reiteración de posiciones, si he empezado con una cita que ya dije en noviembre, voy a terminar también con una cita que también empleé en noviembre. Hay quien dice que, si no puedes tener la razón y la fuerza, escoge siempre la razón y deja que el enemigo tenga siempre la fuerza. El poderoso nunca podrá sacar razón de su fuerza, pero nosotros y nosotras siempre podremos obtener fuerza de la razón. Relatos del viejo Antonio, Subcomandante Marcos. .

  10. Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

    Gracias. Señor ministro, usted llega hoy a este debate con una mochila muy pesada: tres años sin presupuestos, una mayoría cada vez más estrecha y una senda prácticamente idéntica a la que este Congreso ya rechazó el año pasado. Además, llega sin una mayoría asegurada, y hoy el panorama parlamentario no augura nada bueno. Al igual que el señor Martín, me gustaría hacer una primera reflexión respecto a la senda aprobada, porque fijar un objetivo uniforme para todas las Administraciones no refleja la realidad financiera de cada territorio. No todas parten de la misma situación ni afrontan las mismas necesidades: algunas podrán cumplir sin dificultad; otras, en cambio, soportan mayores necesidades estructurales y requieren más margen para sostener sus servicios públicos. Tratar igual a quienes parten de situaciones diferentes solo genera injusticias e inequidad. Por eso, el Grupo Vasco ha defendido siempre objetivos asimétricos, porque reconocen la diversidad fiscal, evitan que la uniformidad genere desigualdad y permiten que las Administraciones con mayores necesidades dispongan del margen suficiente para sostener servicios esenciales. La flexibilidad fiscal no es un cheque para gastar más, no equivale a despilfarro; es una herramienta para gestionar mejor. De hecho, la experiencia durante la suspensión de las reglas fiscales lo ha demostrado, porque los ayuntamientos gestionaron ese mayor margen con responsabilidad, reforzando servicios públicos, impulsando inversiones útiles y protegiendo a la ciudadanía. En este sentido, nosotros valoramos que usted, ministro, haya abierto esta puerta a debatir objetivos asimétricos, pero también tengo que decirle que llega tarde. Quizá podía haberlo planteado antes para evitar parte del bloqueo político que hoy condicione este debate. También debemos señalar que, aunque los objetivos aprobados permiten algo más de margen a las comunidades autónomas y entidades locales, ese margen es insuficiente mientras la regla de gasto limite el crecimiento del gasto al 4 % incluso en un contexto de recaudación récord. Por tanto, la regla de gasto hoy es el verdadero corsé fiscal de las Administraciones, porque, aunque haya más déficit teórico, las Administraciones no pueden aumentar inversión y gasto más allá de ese umbral. A esta limitación, además, se suma una incoherencia normativa, y es que hoy el Estado convive con dos marcos fiscales incompatibles: el nuevo marco europeo, más flexible, orientado a garantizar una senda responsable sin renunciar a la inversión; y la ley orgánica de estabilidad, rígida, anual y basada en indicadores que Europa ya no utiliza, además de una regla de gasto nominal que impide crecer incluso cuando existe capacidad financiera. Por eso, mientras no se resuelva esta incompatibilidad mediante una reforma de la ley de estabilidad que adapte la regla de gasto, es imprescindible habilitar los remanentes y superávit para inversiones financieramente sostenibles. Sin esa reforma, las restricciones seguirán siendo las mismas y el Estado tendrá que seguir recurriendo a soluciones excepcionales para dotar de mayor margen a las Administraciones para que puedan invertir y atender a las necesidades de su ciudadanía. Asimismo, conviene aclarar algo que ha dicho hoy: hoy no se vota el techo de gasto. Que aumente un 6,6 y alcance un máximo histórico no equivale ni a gastar más ni a una política fiscal expansiva, porque la orientación fiscal depende del gasto ejecutado, de la evolución de los ingresos y del impacto de las decisiones del Gobierno sobre el consumo, inversión y actividad económica. Confundir techo de gasto con expansión fiscal o gasto excesivo, como hacen algunos, es una lectura incompleta y deliberadamente sesgada. Por eso insistimos: lo que hoy votamos es la senda de estabilidad y, si no prospera, seguirá vigente la remitida a Bruselas, mucho más restrictiva. Además, la no aprobación de la senda no paraliza la tramitación de los presupuestos, pero sí afecta al reparto del esfuerzo fiscal, lo que llevará a las Administraciones a un recorte de alrededor de unos 5000 millones de margen. Por eso quiero ser clara también con quienes van a votar que no. Resulta sorprendente y preocupante que algunos grupos reclamen más gasto, más inversión y más políticas públicas, pero voten en contra de la senda que permita avanzar en esa dirección. Creen que castigan al Gobierno, sí, pero la realidad es más cruda: castigan a la ciudadanía de las comunidades y ayuntamientos en los que esos grupos también gobiernan. Quien hoy vota no está eligiendo conscientemente un escenario peor para quienes dependen cada día de los servicios públicos esenciales. También quiero dirigirme claramente al Gobierno. El presidente ha afirmado que el Gobierno se va a batir el cobre para sacar adelante unos presupuestos rigurosos en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y ecológico, pero, señor ministro, ¿cómo pretenden hacerlo si hoy no logran los apoyos para aprobar la senda, que es el primer paso para elaborarlos? Un Ejecutivo que anuncie este tipo de cuentas rigurosas, expansivas y transformadoras sin haber asegurado este paso previo transmite la impresión de que los presupuestos pueden terminar respondiendo más a una lógica electoral que a una verdadera herramienta para sostener servicios públicos, inversión y estabilidad institucional. Este debate de hoy, además, revela una falta de anticipación política que creemos que el Ejecutivo debe corregir; evidencia que el Gobierno ha llegado tarde a construir los consensos necesarios. La responsabilidad fiscal exige rigor técnico; la política, rigor negociador. No basta con anunciar objetivos más ambiciosos, hay que garantizar las condiciones para que estos salgan adelante. Además, si aspiran a tener unos nuevos presupuestos, deben demostrar que saben construir mayorías estables. Finalizo. Mi grupo va a votar a favor porque, entre los escenarios posibles, este es el menos perjudicial. La alternativa es peor, son objetivos mucho más restrictivos. También votamos a favor por coherencia, porque, si hemos exigido al Gobierno que cumpliera con su obligación de presentar nuevos presupuestos, lo lógico es facilitar el primer paso para tramitarlos; porque esta senda permite invertir en el futuro sin dejar atrás las políticas sociales esenciales; porque el Gobierno aún tiene una agenda fiscal pendiente que no puede seguir aplazando, reformar la regla del gasto y la ley de estabilidad, y porque la ciudadanía necesita instituciones que avancen y no que se instalen en el bloqueo permanente. Pero también quiero dejar claro que nuestro voto favorable no anticipa ni condiciona nuestro voto sobre los presupuestos: no es un cheque en blanco ni un apoyo automático. Esperamos que después de este debate el Gobierno haga lo que le corresponde: dialogar, negociar y construir una mayoría que permita aprobar esta senda, aunque sea en segunda vuelta, y, sobre todo, sacar adelante unos presupuestos que den estabilidad al conjunto de la economía. La estabilidad no se proclama; se demuestra alcanzando acuerdos, esa es la principal obligación de cualquier Gobierno. Si esa mayoría existe, contará con todo nuestro respeto, y, si no existe, como dijo nuestra portavoz, habrá llegado el momento de devolver la palabra a la ciudadanía. Amaitzeko, gure taldeak alde bozkatuko du posible diren aukeren artean, hau da, halako kalterik txikiena eragiten duena. Gainera, koherentziaz jokatzen dugu gobernuari aurrekontu orokor barriak aurkezteko eskatu badiogu, logikoa da horiek izapidetzeko lehen urratsa babestea. Bide honek etorkizunean inbertitzen jarraitzeko aukera ematen dutelako, politika sozialak arriskuan jarri barik. Argi itxi nahi dut, halan be, gure aldeko botoak ez duela aurrekontuei buruzko gure jarrera aurrezten, ezta baldintzatzen ere. Ez da txeke zuri bat, ez da babes automatikoa. Herritarrek ziurtasuna behar dute; autonomia erkidegoak eta toki erakundeek, egonkortasuna; eta erakundeek sinesgarritasuna. Espero dugu gaurko eztabaida honen ondoren Gobernuak dagokiona egitea, elkarrizketa, negoziazioa eta gehiengo nahikoa eraikitzea, bai egonkortasun bidea ateratzeko, bai aurrekontu orokorrak aurrera ateratzeko. Gehiengo hori badago, gure errespetua izango duzue eta existitzen ez bada, gure bozeramaileak esan duen moduan, herritarrei berba itzultzeko unea helduko da. Eskerrik asko. Finalizo. Nuestro grupo va a votar a favor porque, entre los escenarios posibles, este es el menos perjudicial, y también por coherencia: si hemos exigido al Gobierno que cumpliera con su obligación de presentar nuevos presupuestos, lo lógico es facilitar el primer paso para tramitarlos. Esta senda permite invertir en el futuro sin dejar atrás las políticas sociales. También quiero dejar claro que nuestro voto favorable no anticipa ni condiciona nuestro voto sobre los presupuestos, no es un cheque en blanco ni un apoyo automático. La ciudadanía necesita certezas; las comunidades y los ayuntamientos, estabilidad, y las instituciones, credibilidad. Esperamos que después de este debate el Gobierno haga lo que le corresponde: dialogar, negociar y construir una mayoría que permita lograr una estabilidad y sacar adelante los presupuestos generales. Si existe esa mayoría, contará con nuestro respeto, y, si no existe, como dijo nuestra portavoz, habrá llegado el momento de devolver la palabra a la ciudadanía. Muchas gracias.

  11. Javier Sánchez Serna SUMAR

    Gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. Nos presenta una propuesta sobre objetivo de estabilidad que presume de muchas cosas: cifra récord, inversión sin precedentes, blindaje del estado del bienestar. Quizá resulte un tanto excesivo tanto anuncio para hablar de lo que hablamos, de un incremento del 0,5 % respecto al que presentaron en 2025. Seguramente, debatir sobre el techo de gasto sea importante; desde luego, así nos lo impusieron los señores de negro, que nos cambiaron la Constitución en el verano de 2011, pero para mi grupo es más importante debatir sobre las prioridades de gasto, sobre la orientación general de estos próximos presupuestos. Hace tres semanas el presidente Sánchez anunciaba también una inversión récord en el sistema de dependencia: 6200 millones de euros más en 2026 y 2027. Algunos ya advertimos entonces que se trataba de un anuncio meramente electoral y poco tardaron en darnos la razón, apenas dos semanas. El martes pasado, a estas horas, el Consejo de Ministros aprobaba por sorpresa una partida, ¡ojo!, de 6287 millones de euros más en defensa. ¿Qué tenemos aquí? Los 6200 millones para dependencia, para residencias, para centros de día y ayuda a las personas dependientes han acabado de nuevo en la cartera de Margarita Robles. Por cierto, señor ministro, ¿cuál es el origen de esos 6200 millones? ¿Se han detraído de partidas sociales no ejecutadas por otros ministerios? De todo esto nunca nos dicen nada, pero estaría bien que hoy aprovechara usted y lo aclarara. Se lo pregunto porque, lejos de ser una excepción, este goteo de millones para el Ministerio de Defensa se ha convertido en una constante a lo largo de la legislatura. Por supuesto, sin debate parlamentario y sin aprobación de presupuestos. El pasado mes de marzo ya se convalidó un decreto de más de 1000 millones de euros bajo la etiqueta de necesidades ineludibles. En mayo, otros 124 millones transferidos desde Hacienda. Hay un dato esclarecedor: el gasto en nuevo armamento ya alcanza el 44 % del presupuesto de defensa, más del doble de lo que nos exige ahora mismo la OTAN. ¿Todo esto para qué? Para presentarse en Ankara como los alumnos aplicados de la OTAN y que nos den una palmadita en la espalda. ¡Normal que Donald Trump vuelva a estar encantado con el Gobierno de España! Nosotros creemos que esta es la verdad de su techo de gasto: mucha retórica social, pero después aumento y consolidación del gasto militar. Como usted sabe, nosotros no compartimos esa orientación. En Podemos, al contrario, vamos a defender una propuesta presupuestaria que sirva para cortar el negocio de la industria armamentística y que destine el dinero público a los servicios públicos, a la dependencia, a la sanidad y a la construcción de vivienda pública. El problema de fondo, señor ministro, es que este Gobierno carece de voluntad para abrir ese debate. Por eso, no han negociado con nosotros estos objetivos de estabilidad. Es más, presentan una propuesta sabiendo que fracasará. Quizá porque necesitan este fracaso como justificación, como salida ordenada de una legislatura que ya todo el mundo considera agotada. Le pedimos que no disfracen de debate presupuestario lo que no es sino el pistoletazo de salida de la campaña electoral, porque lo terrible, mientras tanto, es que todos sus anuncios sociales siguen sin llegar a la gente porque el presupuesto de guerra ya lo devora todo. Nada más y muchas gracias. .

  12. Cristina Valido García CCa

    Presidente, señorías, Coalición Canaria ha pedido hasta la saciedad presupuestos generales del Estado. Hemos pedido el cumplimiento de ese mandato constitucional. Además, hemos votado a favor de todas las iniciativas que han llegado a esta Cámara, exigiendo la entrada de las cuentas del Estado. Hoy estamos en el primer paso para que eso se produzca. Por primera vez, tres años después, estamos dando un paso para poder conocer, para poder estudiar, para poder leer con luz y taquígrafos los presupuestos generales del Estado. No es verdad que se pueda gobernar de manera sistemática, como ha ocurrido en estos años, a base de real decreto, con presupuestos prorrogados. Hay situaciones muy dolorosas en el sector público. La semana pasada cayó un decreto que buscaba inyectar economía a empresas que lo están pasando mal, entre otras SASEMAR, que los canarios conocemos bien porque es nuestro salvamento marítimo. Nuestra primera responsabilidad, la primera responsabilidad de esta Cámara, es aprobar o rechazar las cuentas. Por tanto, no seremos un obstáculo para que este primer paso pueda prosperar, pero sí lo seremos, señor ministro, si esos presupuestos entran en esta Cámara y no están perfectamente recogidos nuestros acuerdos, los acuerdos firmados, si además no se respetan nuestros derechos como región ultraperiférica o si se trata de maquillar nuestras cuentas con la financiación del régimen económico y fiscal. El ridículo crecimiento que se nos ha otorgado de déficit tiene que ir acompañado de flexibilidad de gasto porque sí, Canarias, cada una de las islas, cada una de sus Administraciones, necesita más recursos, pero también poder disponer de ese dinero. En este momento tenemos islas como La Palma, a las que no se les permite utilizar superávit para terminar obras de reconstrucción mientras el dinero no llega.

  13. Cristina Valido García CCa

    No podemos seguir hablando de más y más ingresos si nuestros servicios públicos colapsan. Para que esto cambie necesitamos unas cuentas. Insisto, hoy no seremos un obstáculo. Veremos qué presupuestos nos trae, pero no aceptaremos que se premie a los incumplidores y se castigue a quienes hemos hecho la tarea.

  14. Néstor Rego Candamil BNG

    Grazas, señor presidente. Moi boa tarde xa. Señor ministro, veremos o que acontece con esta nova proposta, mais o certo é que este é un debate recorrente nos últimos catro anos até agora sempre infrutuoso. Por que? Ou non foi aprobada ou non serviu para que houbese orzamento do Estado e os argumentos do BNG non mudaron. Concordamos coa proposta que hoxe presenta o goberno? Evidentemente, non. Para comezar porque non partillamos a rixidez imposta pola Unión Europea sobre límites de gasto e déficit máximo cando esa rixidez só se quebra cunha excepción que é o gasto militar, quere dicir que entre as posibilidades de endebedamento a Unión Europea ten claro que prioriza a compra de armamento e a escalada belicista fronte ao investimento social, a creación de emprego ou os servizos públicos, mais ese será un debate que deamos co proxecto de orzamentos do Estado e chegamos aló, evidentemente. Aí a posición do BNG é coñecida e firme no sentido de rexeitar o incremento do gasto militar e privilexiar o investimento e a protección social. En todo caso, estamos nun momento, nun escenario estatal, europeo e internacional en que se manteñen aínda moitas incertezas e, por tanto, achamos que é precisa unha política económica e fiscal expansiva para incentivar o desenvolvemento económico e reforzar os servizos públicos e potenciar o emprego. Con todo, como fixemos en ocasións anteriores, priorizamos a posibilidade de que haxa orzamentos porque consideramos fundamental que o Goberno cumpra os compromisos coa Galiza establecidos a través do acordo de investidura co BNG e especialmente aqueles no ámbito das infraestruturas e servizos, sobre todo ferroviarios, que precisan partidas específicas. E por iso esta é a razón de peso pola que o BNG non vai obstaculizar que sexa aprobada esta proposta e a pesar da nosa visión crítica, imos facilitar que poida saír adiante. Moito obrigado. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. Veremos lo que sucede con esta nueva propuesta, pero lo cierto es que este es un debate recurrente en los últimos cuatro años. Hasta ahora siempre es infructuoso porque o no se aprobaba o no servía para que hubiese presupuestos del Estado. Y los argumentos del BNG no han cambiado. ¿Concordamos con la propuesta que hoy presenta el Gobierno? Pues evidentemente no. Para empezar, porque no compartimos la rigidez impuesta por la Unión Europea sobre límites de gasto y de déficit, especialmente cuando esa rigidez solamente se quiebra con una excepción, que es el gasto militar. Quiere decir que entre las posibilidades de endeudamiento, la Unión Europea tiene claro que prioriza la compra de armamento y la escalada belicista frente a la inversión social, la creación de empleo o los servicios públicos. Pero ese será un debate que veremos con el proyecto de presupuestos del Estado si llegamos allí, claro. Ahí la posición del BNG es conocida y firme en el sentido de rechazar el incremento de gasto militar y dar prioridad a la inversión y a la protección social. En todo caso, estamos en un momento y en un escenario estatal, europeo e internacional en el que todavía hay mucha incertidumbre y, por tanto, consideramos que es necesaria una política económica y fiscal expansiva para incentivar el desarrollo económico, reforzar los servicios públicos y potenciar el empleo. Con todo, como hemos hecho en ocasiones anteriores, priorizamos la posibilidad de que haya presupuestos porque consideramos fundamental que el Gobierno cumpla los compromisos establecidos con Galicia a través del acuerdo de investidura del BNG, especialmente aquellos en el ámbito de infraestructuras y servicios, sobre todo ferroviarios, que necesitan partidas específicas. Y por ello, esta es la razón de peso por la que el BNG no va a obstaculizar que se apruebe esta propuesta a pesar de nuestra visión crítica, así que vamos a facilitar que pueda salir adelante.

  15. Alberto Catalán Higueras UPN

    Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Señor ministro, como usted mismo reconocía, no es una cuestión solamente de cifras, sino también de modelo de Gobierno. Por lo tanto, en Unión de Pueblo Navarro no vamos a apoyar este nuevo trampantojo del Gobierno, un Gobierno que ha hecho del trilerismo, de la falsedad y de la mentira su forma de hacer política. Nosotros no vamos a contribuir en esta nueva estrategia electoral de un Gobierno agónico y, sobre todo, de un Gobierno que ha caído en la corrupción. Los españoles, señor ministro, están hartos; hartos de tanta ignominia, hartos de comprobar cómo se condena al fiscal general del Estado, cómo se imputa al expresidente Zapatero, cómo se condena por corrupción a la mano derecha del presidente, cómo se imputa a su exjefe de gabinete, a la directora general, al DAO de la Guardia Civil y nada más y nada menos que a tres presidentes de la mayor sociedad pública de España que gestiona miles de millones de euros. Los españoles están hartos de las cesiones que se hacen al secesionismo y a los herederos políticos de ETA. Los españoles están hartos de comprobar cómo el presidente es capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder. Los españoles están hartos de pagar más impuestos y tener peores servicios. Es imposible acceder a una vivienda y a una sanidad digna. Los españoles están hartos de regulaciones masivas de inmigración sin ningún tipo de consenso ni de garantías. Los españoles, señor ministro, están hartos de las presiones, las coacciones e incluso las amenazas por parte, también, de miembros del Gobierno a jueces, fiscales, Guardia Civil y Policía Nacional por defender la libertad y sobre todo por perseguir el delito. En definitiva, señor ministro, los españoles están en contra de que se pongan en riesgo principios y valores de nuestra democracia, y como no es una cuestión solamente de cifras, sino también de modelo de Gobierno, con nuestro voto no cuente. Muchas gracias.

  16. Àgueda Micó Micó SUMAR

    Gràcies, president. Son las 13:32 de la tarde y estamos debatiendo el primer punto del orden del día. ¿Alguien sabe dónde está Feijóo? . No está aquí con nosotras. . Senyor ministre, quan parlem de finançament o quan parlem de pressupostos o quan parlem de defensa pública, estem parlant de l’estat de benestar, estem parlant dels serveis públics. Quien se pica, ajos come. Estem parlant de benestar, de serveis públics. Estem parlant de la vida de la gent i sobretot de la gent que té necessitats… Señor ministro, cuando hablamos de financiación o cuando hablamos de presupuestos o de defensa pública hablamos del estado de bienestar, de servicios públicos… . Quien se pica, ajos come. . Estamos hablando de bienestar, de servicios públicos, de la vida de la gente y, sobre todo, de gente que tiene necesidades… .

  17. Àgueda Micó Micó SUMAR

    Vinga. Estem parlant de les necessitats de la gent que necessita serveis públics per a viure. La distribució de l’objectiu de dèficit que vostès ens proposen hui des del Govern no té absolutament res a vore amb les necessitats de la gent, almenys de les valencianes i valencians, en un estat com el nostre, on la distribució de competències fa que el govern central en tinga unes poques, però la majoria de l’estat del benestar depenga de les comunitats autònomes i dels ajuntaments. El 90 %, en la proposta que ens fan, del dèficit s’adjudica al Govern central. Si atengueren a la despesa pública que realitzem les diferents comunitats autònomes, els diferents territoris, ens tocaria un 0,6 % en termes generals, però si, a més a més, tenim en compte que el sistema de finançament ens infrafinança a molts territoris, com el seu i el meu, no pot ser que no ens proposen hui uns objectius de dèficit asimètric per a compensar la discriminació que patim els territoris que estem infrafinançats. Ja ho hem dit, li ho vam dir a la senyora Montero i li ho diguem a vostè: no pot ser que hi haja una diferència de més de 30 punts entre les comunitats més suprafinançades i el nostre territori, el País Valencià. Per això, ja li vam dir la senyora Montero que nosaltres volíem una distribució asimètrica dels objectius del dèficit. Estamos hablando de las necesidades de gente que necesita servicios públicos para vivir. La distribución del objetivo de déficit que ustedes nos proponen hoy desde el Gobierno no tiene absolutamente nada que ver con las necesidades de la gente, al menos de las valencianas y valencianos, en un Estado como el nuestro, donde la distribución de competencias hace que el Gobierno central tenga unas pocas, pero la mayoría del estado del bienestar sea dependiente de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. El 90 % del déficit, en la propuesta que nos hacen, se adjudica al Gobierno central, ¿de acuerdo? Si nos atuviéramos al gasto público de las distintas comunidades autónomas y territorios, nos tocaría el 0,6 % en términos generales, pero si, además, tenemos en cuenta que el sistema de financiación nos infrafinancia a muchos territorios, como el suyo y el mío, no puede ser que hoy no nos propongan unos objetivos de déficit asimétricos para compensar la discriminación que sufrimos los territorios infrafinanciados. Ya lo hemos dicho ― se lo dijimos a la señora Montero y a usted ahora ―: No puede ser que haya una diferencia de más de 30 puntos entre las comunidades más suprafinanciadas y nuestro territorio, el país valencià. Pero ya se lo dijimos a la señora Montero, que nosotros queríamos una distribución asimétrica de los objetivos de déficit.

  18. Àgueda Micó Micó SUMAR

    Acabe ja, senyor president. Per a nosaltres un 0,9 % hauria de ser per als que estem per baix de la mitjana, per baix del 95 % de la mitjana, un 0,8 % per als que estiguen entre el 95 % i el 100 % i un 0,4 % per als que estiguen igual o per damunt del cent per cent. Li ho vam explicar a la ministra Montero. Li ho expliquem també a vostè, senyor España: mentre que este Govern no deixe de discriminar a les valencianes i els valencians, nosaltres no podem votar a favor d’estos objectius de dèficit. Gràcies. Ya termino, señor presidente. Para nosotros, un 0,9 % tendría que ser para los que estamos por debajo de la media ― es decir, por debajo del 95 % de la media ―, un 0,8 % para los que estén entre el 95 % y el 100 % y un 0,4 % para quienes estén igual o por encima del 100 %. Ya se lo contamos a la ministra Montero y se lo contamos también a usted, señor España: Mientras este Gobierno no deje de discriminar a las valencianas y los valencianos nosotros no podremos votar a favor de estos objetivos de déficit. Gracias.

  19. Juan Antonio González Gracia PSOE

    Gracias, presidente. Vayan mis primeras palabras para los ciudadanos de Almería, a los que mandamos todo nuestro apoyo y todo nuestro afecto por parte del Grupo Parlamentario Socialista. . Señorías, la pasada semana, como ha dicho el ministro, el Gobierno aprobó el techo de gasto para el año 2027. Como ustedes bien saben, el techo de gasto es el límite máximo de recursos que pueden llevar a cabo el Gobierno central, las comunidades y los ayuntamientos para el próximo año. Nunca en la historia de este país, ni el Gobierno ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos habían tenido tantos recursos como habrá en el año 2027, 226 000 millones de euros, la mayor cifra jamás aprobada. Eso supone 14 000 millones de euros más para el próximo año, pero eso también supone que hoy el techo de gasto de este país es 100 000 millones de euros más que cuando gobernaba Mariano Rajoy. Y eso significa que, durante estos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, España ha crecido, pero sobre todo significa que, frente a los recortes y a los Viernes de Dolores a los que nos acostumbró el Partido Popular, hoy hay un Gobierno progresista, el de Pedro Sánchez, que puede presentar unos buenos números porque ha hecho las cosas bien. . Señorías, quería lanzarles una pregunta. Ante este techo de gasto que propone el Gobierno, el mayor de la historia de este país, que nos permitirá aumentar los recursos en viviendas, en becas, en dependencia, con el que podremos aumentar el gasto en I+D+i, con el que tendremos más recursos en la lucha contra la violencia machista, ante toda esa cantidad de recursos, ¿los grupos parlamentarios estamos dispuestos a hablar, a negociar y a poder llegar a acuerdos? El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a ello. Porque ante los mayores recursos que nunca hemos tenido, los andaluces, los catalanes, los vascos, los extremeños, los madrileños, en definitiva, los españoles y las españolas merecen que nos sentemos, dialoguemos y seamos capaces de apuntalar nuestro estado del bienestar. No hay excusas, señorías. Hay recursos, lo que tiene que haber es voluntad, y toda esa la tiene el Grupo Parlamentario Socialista. Nuestro objetivo, como digo, es apuntalar nuestro estado del bienestar y por eso, en España, desde que gobierna Pedro Sánchez, se han creado tres millones de puestos de trabajo. Repito: tres millones de puestos de trabajo. . La tasa de paro cerró por debajo del 10 % por primera vez en dieciocho años, se han revalorizado las pensiones como nunca, el salario mínimo interprofesional ha subido un 66 % y se acaban de aprobar 6200 millones de euros para la dependencia. Esta es la España que le molesta a la derecha, la misma España que es el motor de crecimiento de la Unión Europea. Y les lanzo otra pregunta: Los objetivos de estabilidad que hoy votamos, ¿son buenos para nuestros territorios? ¿Son buenos para nuestras comunidades autónomas? La respuesta es rotunda: sí, señorías. Los objetivos de estabilidad recogen algo que tanto el Partido Popular como algún grupo parlamentario pedían no hace mucho tiempo, y es la posibilidad de que las comunidades autónomas tuvieran margen de déficit, y aquí está recogido. Las comunidades autónomas, si votan estos objetivos, tendrán 5849 millones de euros de margen fiscal, y si no los votan, no los tendrán. Con estos objetivos, las comunidades autónomas se están jugando 5849 millones de euros. ¿Para qué? Para poder reducir las listas de espera, para mejorar la dependencia, para mejorar las condiciones de los servicios de extinción de incendios o para mejorar también las condiciones de nuestros profesores y profesoras. Quien vote hoy que no, estará votando no a 5849 millones para nuestras comunidades autónomas, porque aquí ― lo ha dicho el ministro ― no se vota hoy el presupuesto, aquí lo que se vota hoy realmente es la posibilidad de que las comunidades autónomas de este país tengan o no 6000 millones de euros más para recursos. . Así que nadie invente, que nadie invente. Y el que vote que no, que vaya luego a los territorios y lo explique. Señorías del Grupo Popular, ¿qué nuevo truco se van a inventar para decir no a casi 6000 millones para las comunidades autónomas? Esto no es un no al Gobierno. El Partido Popular está diciendo no a los ciudadanos, está diciendo no a los españoles y a las españolas. En esta legislatura, señores del Grupo Popular, han votado en contra de la revalorización de las pensiones, han votado en contra de mejorar la financiación para los ayuntamientos, han votado en contra de bajar el IVA a los productos básicos, la semana pasada votaron en comisión en contra de los derechos de los dependientes. ¿Esta es la alternativa que tiene este país? Considero que mi país es un territorio rico en gente con muchas ideas como para tener una oposición tan pobre. Por cierto, señorías del Grupo Popular, es la una y cuarenta y un minutos de la tarde: ¿a qué está esperando el señor Feijóo para disculparse ante millones de trabajadores de este país? . Porque decir que las bajas laborales son un cáncer es faltar el respeto a millones de trabajadores y trabajadoras, pero también a miles de enfermos que tienen esta enfermedad. Este país no merece el peor líder de la oposición que ha habido durante toda la democracia. Poner en cuestión las bajas laborales es insultar a millones de trabajadores que no pueden asistir a sus centros de trabajo porque están enfermos, pero también poner en cuestión al sistema sanitario es poner en cuestión a nuestros médicos, que son los que profesionalmente emiten esas bajas. . Los millones de trabajadores y trabajadoras de este país tienen que saber ― y voy acabando ― que lo que ha dicho Feijóo sobre las bajas laborales no es un error, sino que es la antesala de los recortes laborales. Esto ya lo hizo Rajoy en el año 2012.

  20. Juan Antonio González Gracia PSOE

    Sí. Y lo van a volver a hacer. Por eso, a todo el mundo que le importe sus derechos laborales tiene que saber que los derechos se defienden con uñas y dientes, y ahí siempre van a encontrar al Partido Socialista Obrero Español. . Muchas gracias.

  21. Arcadi España García

    Gracias. Señorías, comparezco nuevamente ante esta Cámara para defender la convalidación del Real Decreto Ley 16/2026, de 16 de junio, de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a la Corporación Radiotelevisión Española. Esta norma responde a una necesidad concreta, inmediata y perfectamente identificable: garantizar la estabilidad financiera de una institución a la que nuestro ordenamiento encomienda la prestación de un servicio público esencial para nuestro país. Radiotelevisión Española no es una empresa cualquiera. La Ley 17/2006, de 5 de junio, le atribuye una misión de servicio público que resulta fundamental para asegurar el acceso a la ciudadanía a una información plural, veraz y de calidad, así como promover la cultura, las lenguas y la diversidad territorial de España y garantizar una oferta audiovisual accesible para todos los ciudadanos. La propia ley califica este servicio como esencial para la cohesión de una sociedad democrática. Precisamente por esta razón, el Estado tiene la obligación de proporcionar una financiación suficiente que permita el adecuado cumplimiento de esta facultad. El equilibrio económico -financiero de Radiotelevisión Española no es una cuestión meramente contable, es una condición necesaria para que el servicio público pueda prestarse con normalidad, independencia y continuidad. La situación que aborda este real decreto ley es conocida por todos ustedes: existen controversias tributarias pendientes sobre la deducibilidad de determinadas cuotas impositivas soportadas por la corporación y recientes pronunciamientos judiciales han generado una incertidumbre jurídica que puede tener importantes consecuencias económicas para Radiotelevisión Española. El Gobierno no pretende interferir en estos procedimientos ni anticipar su resultado, lo que hace es algo mucho más sencillo y razonable: garantizar que, si determinados impuestos resultan finalmente no deducibles, ese coste no recaiga sobre la capacidad de Televisión Española para prestar el servicio público que la ley le exige. La solución adoptada es sencilla y clara: se incorpora un nuevo artículo 33 bis en la Ley 17/2006 que establece que los impuestos no deducibles soportados por Radiotelevisión Española tendrán la consideración de coste del servicio público audiovisual estatal, y, si este coste surge por circunstancias sobrevenidas ― incluidas resoluciones administrativas o judiciales relativas a ejercicios anteriores ―, nace simultáneamente un derecho a la compensación por parte del Estado. Estamos, por tanto, ante una medida lógica, de lógica financiera y coherencia institucional. Si la ley encomienda una obligación de servicio público al ente público estatal, resulta razonable que los costes inevitables derivados de esa prestación formen parte del coste financiable del propio servicio. Además, la norma introduce importantes garantías. En primer lugar, establece que el registro contable del coste y el de la compensación deberán realizarse de forma simultánea, para evitar distorsiones en las cuentas de la corporación. En segundo lugar, determina expresamente que esta compensación se integrará en el cálculo del coste neto del servicio público. Y, en tercer lugar, señala de manera inequívoca que en ningún caso podrá producirse una situación de sobrecompensación a Radiotelevisión Española. Quiero insistir en este punto. No estamos aprobando ningún privilegio ni ningún mecanismo excepcional de financiación, estamos garantizando que Radiotelevisión Española ni gane ni pierda patrimonio por la existencia de impuestos no deducibles vinculados a la prestación del servicio público. Es una medida de neutralidad económica que busca preservar el equilibrio financiero de una institución estratégica para nuestro sistema democrático. Concurren obviamente las razones también de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la Constitución. En definitiva, la reforma que hoy sometemos a convalidación permite que los impuestos no deducibles soportados por Radiotelevisión Española se consideren un coste del servicio público y, por tanto, sean financiados o compensados por el Estado para garantizar la sostenibilidad económica de la corporación con efectos retroactivos. Señorías, la votación de hoy no trata de posiciones políticas ― legítimas ― respecto al modelo audiovisual público, persigue algo más básico: garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad financiera y la continuidad de un servicio que el legislador ha considerado esencial para todos los ciudadanos. Por responsabilidad institucional, por respeto a la función de servicio público de Radiotelevisión Española y por la necesidad de preservar su equilibrio económico-patrimonial ante contingencias tributarias que no deben comprometer su misión, les solicito el voto favorable para la convalidación de este real decreto ley. Gracias. .

  22. Àgueda Micó Micó SUMAR

    Gràcies, president. Son las 13:49 horas, estamos debatiendo ya el segundo punto del orden del día, llevamos casi dos horas de Pleno y Feijóo sigue sin aparecer. . Senyor ministre, des de Compromís anem a votar a favor d’este reial decret llei perquè nosaltres creiem en els serveis públics i també perquè creiem en els mitjans públics. En plena era de la desinformació, de les fake news, dels discursos d’odi dels Vito Quiles i dels algorismes que volen decidir per nosaltres el que veiem i el que no veiem, disposar d’uns mitjans de comunicació forts, independents i ben finançats són una necessitat democràtica. Defensar la radiotelevisió pública és un dret del conjunt de la ciutadania, perquè tenim el dret a una informació rigorosa, plural i de qualitat. És la base de la democràcia, és disposar d’unes fonts d’informació plurals. Però els mitjans públics no només no només es defensen amb recursos, també es defensen respectant la seua independència, protegint els seus professionals i entenent que estan al servei de la ciutadania, no del govern de torn. I ací és on el Partit Popular no està en condicions de donar-nos cap lliçons, perquè ja sabem el que fan, perquè han convertit À Punt al meu país, el País Valencià, en l’última peça de la seua ofensiva contra la cultura i contra el valencià. Han recuperat la censura per la porta de darrere, han apartat els professionals que els incomoden, han matat el valencià i han substituït la promoció de la cultura per els bous que venen de Madrid i el que han fet és intentar convertir la nostra radiotelevisió pública en un instrument al servei del relat del Consell de la Generalitat. Per això nosaltres anem a donar suport a este decret perquè no volem que passe el que ja ens passa allà, perquè necessitem mitjans de comunicació públics que siguen forts, independents i plurals. I, senyories del Partit Popular, anem a fer-los fora de la Generalitat Valenciana i tornarem À Punt a que siga un referent de la nostra cultura, de la nostra llengua i dels serveis d’informació de qualitat per al conjunt de la ciutadania valenciana, i no un altaveu de les obsessions ideològiques de Mazón i de Pérez Llorca. Davant de la desinformació que estem patint, la millor resposta sempre serà més democràcia i per això fan falta serveis públics de qualitat, millor periodisme i que la radiotelevisió pública siga de totes i per a totes. Gràcies. Señor ministro, desde Compromís votaremos a favor de este real decreto ley porque nosotros creemos en los poderos públicos y también porque creemos en los medios públicos. En plena era de la desinformación, de las fake news, los bulos, los discursos de odio, los Vito Quiles y los algoritmos que quieren decidir por nosotros lo que vemos y lo que no, disponer de medios de comunicación fuertes, independientes y bien financiados es una necesidad democrática. Defender la radiotelevisión pública es un derecho del conjunto de la ciudadanía porque tenemos derecho a una información rigurosa, plural y de calidad. Es la base de la democracia. Es disponer de fuentes de información plurales. Pero los medios públicos no se defienden solo con recursos, también se defienden respetando su independencia, protegiendo a sus profesionales y entendiendo que están al servicio de la ciudadanía, no del Gobierno de turno. Ahí es donde el Partido Popular no está en condiciones de darnos ninguna lección porque ya sabemos lo que hacen. Han convertido À Punt en mi país, en el país valenciano, en la última pieza de su ofensiva contra la cultura y contra el valenciano. Han recuperado la censura por la puerta de atrás, han apartado a los profesionales que les incomodan, han matado el valenciano, han sustituido la promoción de la cultura por los bous, los toros que vienen de Madrid, y han intentado convertir nuestra radiotelevisión pública en un instrumento al servicio del relato del Consell de la Generalitat. Por ello, nosotros vamos a dar apoyo a este decreto, porque no queremos que ocurra lo que ya nos ocurre ahí, porque necesitamos medios de comunicación públicos fuertes, independientes y plurales. Señorías del Partido Popular, les vamos a echar de la Generalitat Valenciana, vamos a hacer que À Punt vuelva a ser un referente de nuestra cultura, de nuestra lengua y de unos servicios de información de calidad para el conjunto de la ciudadanía valenciana y no un altavoz de las obsesiones ideológicas de Mazón y de Pérez Llorca. Ante la desinformación que estamos sufriendo, la mejor respuesta siempre será más democracia y para ello hacen falta servicios públicos de calidad, mejor periodismo y que la radiotelevisión pública sea de todas y para todas. Gracias. .

  23. Alberto Catalán Higueras UPN

    Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Es una triste realidad que programas de la televisión pública española se hayan convertido en emisiones sectarias a las órdenes fundamentalmente de los intereses del Gobierno y también de sus socios. Es llamativo comprobar cómo hay programas de análisis de la actualidad que se han entregado a productoras externas relegando a los propios profesionales de la cadena. Pero esta deriva y esta vergüenza se produjo ya en el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración mientras se iban acumulando los muertos de la dana, lo que motivó la suspensión de la sesión de control, aunque el Gobierno y sus socios estuvieron empeñados en esos nombramientos. Por otro lado, señorías, es evidente que hoy, 14 de julio, como durante los últimos veinticinco años, mi corazón y mi alma están hoy en Leiza, en Navarra, acompañando a Reyes Zubeldia, a Francisco, a Daniel y a Raquel, viuda e hijos de José Javier Múgica Astibia , concejal de Unión del Pueblo Navarro en el ayuntamiento de dicha ciudad, que fue asesinado por la banda terrorista ETA tal día como hoy por defender la libertad y la democracia, por representar a sus vecinos y hacerlo en nombre de Unión del Pueblo Navarro. Sus compañeros continúan con su legado y mantienen encendida esa llama de la esperanza a pesar de las dificultades. El trabajo y el esfuerzo de José Javier perdurará en el tiempo. Pero hoy también, 14 de julio, con el recuerdo a José Javier tenemos que recordar a dieciséis personas más asesinadas por una banda terrorista, por el FRAP y por la banda terrorista ETA. Y con ellas, a todas las víctimas del terrorismo. Y con estos recuerdos, señorías, también una denuncia. Es una vergüenza, es repugnante y una ignominia que todavía haya partidos políticos o colectivos que siguen sin condenar los asesinatos de ETA, que siguen teniendo entre sus dirigentes a terroristas, que los llevan en sus listas electorales y que no colaboran con la justicia en el esclarecimiento de más de trescientos atentados de ETA. .

  24. Alberto Catalán Higueras UPN

    Hoy, en el 25.º aniversario del asesinato de José Javier Múgica y en el 40.º aniversario del asesinato de doce guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid…

  25. Alberto Catalán Higueras UPN

    … una vez más tenemos que denunciar, señorías, que todavía haya actos de enaltecimiento del terrorismo y que se siga excarcelando fraudulentamente a etarras.

  26. Alberto Catalán Higueras UPN

    Hoy, para todos ellos: ¡Verdad, memoria, dignidad y justicia! .

  27. Néstor Rego Candamil BNG

    Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. De novo teño a certeza de que este debate non vai ir de diñeiro, non vai ir de financiamento da televisión española a pesar de que ese sexa o motivo fundamental do Real Decreto, senón que vai tomar outro cariz. Eu teño a certeza de que subirán aquí PP e VOX para denunciar a manipulación e a falta de pluralismo da televisión pública española, polo menos no caso do PP nun evidente exercicio de proxección, que é como se chama agora o vello principio de propaganda nazi de Goebbels de acusar aos outros do que un propio fai. Pois aí están exemplos, que máis coñezo da actuación do Partido Popular desta etapa de Núñez Feijóo como presidente coa Televisión de Galicia en que manipulación e falta de pluralismo político é realmente quedar moi curto e ademais eu teño a certeza de que é probábel que, pois isto o fagan traendo a conto un caso recente dunha tertuliana que se levantou en directo dunha tertulia para poñelo como exemplo. Eu si que lle quero dicir ó PP, que é verdade que isto na Televisión de Galicia non pasaría ou, para ser máis exacto, na Televisión de Galicia non podería pasar por que porque na Televisión de Galicia nas tertulias da Televisión de Galicia non hai ninguén que defenda a oposición, non hai ninguén que non sexa pro-PP, non hai absolutamente ninguén que discrepe minimamente do pensamento único, porque a Televisión de Galicia non é unha televisión que falte pluralismo é directamente un aparello de propaganda do Partido Popular. E que temos que dicirnos sobre a televisión española? Imos defendela? Evidentemente, non. Claro que falta pluralismo na televisión española, especialmente non xa político ideolóxico, especialmente no pluralismo nacional, porque a televisión española pagámola todos e todas os que falan español e os que falamos galego, os que falan catalán ou os que falan eúscaro e, por tanto, a televisión española debe reflectir esa realidade plurinacional, pluricultural e plurilingue do Estado español. Ten a obriga de reflectir con normalidade as producións culturais e artísticas que se producen, por exemplo, en galego ou en eúscaro ou en catalán. Aquelas producións na nosa lingua que teñan que ver con literatura, con música, con teatro, con cinema e que infelizmente non están na televisión, española e tamén, e tamén — acabo señor presidente— nas tertulias porque non só ten importancia o que acontece en Madrid e, por tanto, eu acabo preguntando, para cando o cumprimento de compromisos como que a televisión española 2, a 2 de televisión española, estea en galego, como que ClanTV teña programación en galego ou que TVPlay teña un catálogo suficiente na nosa lingua? Iso para nós é o que realmente importa. Moito obrigado. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes una vez más. Tengo la certeza de que este debate no va de dinero, de financiación de la Televisión Española, a pesar de que ese sea el motivo fundamental del real decreto, sino que va a tomar otro cariz. Tengo la certeza de que aquí subirán PP y VOX para denunciar la falta de pluralismo de la Televisión Española. Por lo menos en el caso del PP en un ejercicio de proyección, que es lo que se llama ahora ― antes era propaganda nazi de Goebbels ―, de acusar a los demás de lo que está haciendo uno mismo. Aquí hay ejemplos. Yo conozco más de la actuación del Partido Popular en la etapa de Núñez Feijóo como presidente con la televisión de Galicia que es manipulación y falta de pluralismo político. Y me quedo corto. Tengo la certeza o, bueno, es probable que esto se haga trayendo a cuento el caso de una tertuliana que se levantó en directo de una tertulia para ponerlo como ejemplo. Aquí le quiero decir al PP que es cierto que esto en la televisión de Galicia no pasaría; más exactamente en la televisión de Galicia no podría haber pasado. ¿Por qué? Porque en la televisión de Galicia en las tertulias de la televisión no hay nadie que defienda a la oposición; no hay nadie que no sea pro‑PP, no hay nadie que discrepe mínimamente del pensamiento único. Porque la televisión de Galicia no es una televisión en donde falte pluralismo, es directamente un aparatón de propaganda del Partido Popular. ¿Y nosotros qué tenemos que decir acerca de Televisión Española? Evidentemente no la vamos a defender. Claro que falta pluralismo en Televisión Española, especialmente no ya político‑ideológico, sino pluralismo nacional, porque la televisión española la pagamos todos y todas: los que hablan español y los que hablamos gallego, los que hablan catalán o los que hablan euskera. Por tanto, Televisión Española tiene que reflejar esa realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado español. Tiene la obligación de reflejar con normalidad las producciones culturales y artísticas que se producen, por ejemplo, en gallego, en euskera o en catalán; aquellas producciones en nuestra lengua que estén relacionadas con la literatura, música, teatro, cine y que desafortunadamente no están en Televisión Española. También ― y con esto finalizo, señor presidente ― con las tertulias, porque aquí no solamente tiene importancia lo que sucede en Madrid. Yo pregunto: ¿para cuándo la obligación de compromiso para que la Televisión Española y La 2 estén también en gallego, que Clan Televisión también tenga programas en gallego? Eso es lo que realmente nos importa a nosotros. Muchas gracias.

  28. Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

    Moltes gràcies, president. Senyor ministre, vostès porten a convalidació un nou reial decret, en aquest cas relacionat amb Radiotelevisió Espanyola, que pateix exactament dels mateixos vicis que típicament pateix les iniciatives del Govern. L’han escrit pensant que tenen una majoria absoluta en aquest hemicicle que en realitat no tenen. L’han escrit pensant en Madrid i, per tant, girant l’esquena a Catalunya. I l’han escrit pensant que s’aprovarà segur i no serà així i serà la segona vegada que li passa, senyor ministre, que no se’n surt d’aprovar les seves iniciatives, perquè és evident que Radiotelevisió Espanyola pateix econòmicament les conseqüències de no poder-se deduir els impostos que paga al portar a terme la seva activitat ordinària i que, per tant, a la pràctica és evident que això no deixa de ser un sobrecost afegit a l’activitat diària de Radiotelevisió Espanyola. Però també és evident que aquest mateix problema el pateixen TV3 i Catalunya Ràdio i que, per tant, a nosaltres el que ens importa és aplicar una solució que també — que— també resulti d’utilitat al conjunt de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Perquè aquest reial decret llei no estableix un mecanisme general de protecció dels serveis públics audiovisuals, sinó que pretén crear una cobertura específica i exclusiva per Ràdio i Televisió Espanyola. Molt bé. I TV3? I Catalunya Ràdio? I les televisions locals catalanes que pateixen exactament el mateix problema que està patint Radiotelevisió Espanyola amb els temes fiscals? Sense anar més lluny, Hisenda ha realitzat en els darrers anys tres grans ofensives fiscals contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, inspeccions que poden acabar sumant una devolució de més de 360 milions d’euros, inspeccions amb el risc evident de generar a la corporació una intencionada asfíxia financera. Però atenció! Ara que resulta que la compensació de l’IVA amenaça Radiotelevisió Espanyola, hem d’aprovar un reial decret llei a corre-cuita i només per Ràdio i Televisió Espanyola. I, en canvi, quan l’amenaça és per TV3 i Catalunya Ràdio, llavors no cal fer res. Doncs miri, no. TV3 i Catalunya Ràdio són els mitjans de comunicació públics i nacionals de Catalunya i, juntament amb les televisions locals, necessiten la mateixa protecció que vostès pretenen donar a Radiotelevisió Espanyola. Queda això resolt en la seva proposta? No. Doncs per tant, és fàcil. Els vots de Junts per Catalunya no sumaran per l’aprovació d’aquest reial decret que deixa al descobert Catalunya Ràdio i TV3, perquè està fet d’esquena, com deia, a Catalunya, perquè no protegeix TV3 ni Catalunya Ràdio i perquè l’han portat sense majoria parlamentària. Des de Junts per Catalunya posem molt en valor el paper de TV3 i Catalunya Ràdio en garantir la presència del català en els mitjans, en impulsar la indústria audiovisual catalana i en assegurar una informació de proximitat. De fet, TV3 i Catalunya Ràdio són molt més que un mitjà de comunicació generalista. Són la veu, la mirada i la companyia de generacions de catalans que s’han fet grans al seu costat. TV3 i Catalunya Ràdio han entrat cada dia a les nostres llars per explicar-nos la vida en la nostra pròpia llengua i, per això, formen part del nostre patrimoni col·lectiu com a país. I, per tant, sense resoldre el problema fiscal de l’IVA per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, vostès, com li deia, senyor ministre, no tindran els nostres set vots i aquest reial decret no es validarà. Volen protegir fiscalment Radiotelevisió Espanyola? Cap problema. Agafin la nostra proposta que nosaltres tenim registrada en la Llei del cinema, que també dona protecció a TV3 i Catalunya Ràdio i, en aquest cas, tindran segur els nostres set vots. Moltes gràcies. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, ustedes traen para su convalidación un nuevo real decreto ley, en esta ocasión relacionado con Radiotelevisión Española, que sufre exactamente los mismos vicios de los que típicamente adolece su Gobierno. Lo han escrito pensando que tienen una mayoría absoluta que en realidad no tienen. Lo han escrito pensando en Madrid y, por lo tanto, dando la espalda a Cataluña. Y lo han escrito pensando en que se aprobará seguro, cuando no será así. Será la segunda vez que le suceda hoy, señor ministro. No consigue aprobar sus iniciativas. Es evidente que Radiotelevisión Española sufre económicamente las consecuencias de no poderse deducir los impuestos que paga al llevar a cabo su actividad ordinaria. Por lo tanto, en la práctica, es evidente que esto no deja de ser un sobrecoste añadido a la actividad diaria de Radiotelevisión Española. Pero también es evidente que este mismo problema lo sufren TV3 y Catalunya Ràdio. Por lo tanto, a nosotros lo que nos importa es aplicar una solución que también sea de utilidad al conjunto de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Este real decreto ley no establece un mecanismo general de protección de los servicios públicos audiovisuales, sino que pretende crear una cobertura específica y exclusiva para Radiotelevisión Española. Muy bien, ¿y TV3, Catalunya Ràdio y las televisiones locales que sufren exactamente el mismo problema que sufre Radiotelevisión Española con los temas fiscales? Sin ir más lejos, en los últimos años, Hacienda ha realizado tres grandes ofensivas fiscales contra la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales; inspecciones que pueden acabar sumando una devolución de más de 360 millones de euros; inspecciones con el riesgo evidente de generar para la corporación una intencionada asfixia financiera. Pero, atención, ahora que resulta que la compensación del IVA amenaza a Radiotelevisión Española, tenemos que aprobar un real decreto ley deprisa y corriendo y solo para Radiotelevisión Española. En cambio, cuando la amenaza es para TV3 y Catalunya Ràdio, no hay que hacer nada. Pues, mire usted, no. TV3 y Catalunya Ràdio son los medios de comunicación públicos y nacionales de Cataluña y junto con las televisiones locales necesitan la misma protección que ustedes quieren dar a Radiotelevisión Española. ¿Queda esto resuelto en su propuesta de hoy? No. Por lo tanto, es fácil: los votos de Junts per Catalunya no sumarán para la aprobación de este real decreto, que deja al descubierto a Catalunya Ràdio y TV3. Se ha hecho dando la espalda a Cataluña, porque no protege a TV3 ni a Catalunya Ràdio y porque lo han traído sin tener mayoría parlamentaria. Desde Junts per Catalunya ponemos muy en valor el papel de TV3 y Catalunya Ràdio a la hora de garantizar la presencia del catalán en los medios, para impulsar la industria audiovisual catalana y para garantizar información de proximidad. De hecho, TV3 y Catalunya Ràdio son mucho más que unos medios de comunicación generalistas. Son la voz, la mirada y la compañía de generaciones de catalanes, que han crecido a su lado. TV3 y Catalunya Ràdio han entrado cada día en nuestros hogares para contarnos la vida en nuestra propia lengua y, por eso, forman parte de nuestro patrimonio colectivo como país. Por lo tanto, sin resolver el problema fiscal del IVA para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ustedes, como decía, señor ministro, no tendrán nuestros siete votos y este real decreto no se convalidará. ¿Quieren proteger fiscalmente a Radiotelevisión Española? No hay problema, tomen la propuesta que tenemos registrada en la ley del cine, que también da protección a TV3 y a Catalunya Ràdio; en ese caso, tendrán ustedes seguro nuestros siete votos. Muchas gracias.

  29. Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

    Bona tarda, president. Senyories. Aquest reial decret respon a una necessitat clara, concreta i urgent, que és, com s’ha dit, garantir la sostenibilitat econòmica de la corporació RTVE, davant la incertesa generada per litigis i per la interpretació i ocasional canvi de doctrina tributària que poden deixar determinats impostos suportats per Radiotelevisió Espanyola, sense deducció. Aquesta situació, senyor ministre, si no es tracta, com vostè ha dit, posa en risc l’equilibri patrimonial de la corporació i, en conseqüència, la continuïtat del servei públic que presta. No serà per nosaltres que això no tiri endavant. Tenim clar el servei que presta Radiotelevisió Espanyola i els seus professionals. Recordem també el centre de producció, important, de Sant Cugat a Catalunya i el canal La 2 Cat, important també per a la difusió de la llengua catalana. Bo i més senyories, en un moment en què hi ha una gran preeminència de les notícies falses i les postveritats. Tres punts faran que el nostre grup voti a favor d’aquest reial decret. En primer lloc, la defensa del servei públic i la pluralitat. La mesura preserva l’existència d’un mitjà públic important, capaç de garantir pluralitat d’informació, espais culturals i continguts en totes les llengües oficials. A Catalunya sabem bé la importància d’un espai mediàtic que reconegui i faci visible la nostra llengua i la nostra realitat. Una corporació econòmicament sanejada és també una garantia que aquestes realitats no quedaran relegades per criteris mercantils. En segon lloc, senyor ministre, votarem a favor per la seguretat jurídica i la previsibilitat financera. La inclusió d’un mecanisme de compensació davant circumstàncies sobrevingudes, com sentències o resolucions que alteren la deducció d’impostos, aporta previsibilitat comptable i evita que la gestió ordinària hagi de carregar amb riscos extemporanis que no depenen de l’activitat normal de la corporació. Això facilitarà una gestió més eficient i evitarà tensions en la plantilla i en la programació. I en tercer lloc, senyories, votarem a favor perquè entenem que és una mesura proporcional i adequada i que arriba en un moment urgent. Entenem que el Govern, en aquest cas, ha utilitzat un instrument d’urgència, el decret llei, que sempre és un instrument discutible, perquè calia actuar abans de l’aprovació de comptes el primer semestre de l’any 2026 i perquè l’absència d’aquella cobertura hauria comportat un perjudici greu per al servei públic. No obstant, senyor ministre, seguirem vigilants perquè les mesures adoptades siguin proporcionals i no esdevinguin una porta oberta per a intervencions que minvin l’autonomia editorial i la independència d’aquest servei públic. Però, atenció, senyories, especialment senyories del PSOE, seria bo que es busqués una solució generalitzable també per a altres mitjans de caràcter anomenats autonòmics o local. Reclamem amb fermesa que aquesta mesura també s’adopti per a aquells casos en què mitjans autonòmics o locals tenen dificultats similars. En particular, senyor ministre, parlo dels mitjans que depenen de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, singularment, TV3 i Catalunya Ràdio, que reflecteixen també la nostra realitat i són un mitjà robust. Els mitjans TV3 i Catalunya Ràdio tenen també costos derivats de decisions tributàries o judicials sobrevingudes. I, per tant, estan en un problema que podríem dir equivalent. TV3 i Catalunya Ràdio són institucions fonamentals per a la llengua, la cultura i la informació pròpia de la nostra nació. La seva estabilitat financera no és només una qüestió tècnica. És una garantia perquè la ciutadania tingui accés a continguts de qualitat en català, a informació de proximitat i a espais que promoguin el debat públic i la cohesió social. El paper que fa TV3 o Catalunya Ràdio no és un paper afegit o sobrevingut. És un mitjà que articula la conversa social a Catalunya i, per tant, demanem, senyor ministre, que aquesta mesura sigui també contemplable en altres àmbits. I demanem des d’aquí també que la Generalitat i les administracions corresponents treballin amb el Govern de l’Estat i amb els agents implicats per establir mecanismes de compensació i protecció similars als que aprovarem avui, o que intentarem aprovar. Apel·lo directament a la senyoria socialistes perquè són responsables d’això i apel·lo, a més a més, els representants del socialisme català que s’asseuen en aquesta cambra. Vull recordar que el Partit Socialista a Catalunya ostenta la presidència de la Generalitat en la persona del molt honorable Salvador Illa. Per tant, senyories socialistes, toca espavilar-se, perquè vostès són responsables tant de la Corporació Radiotelevisión Española com de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que depèn del Govern de Catalunya. No s’hi val, senyories socialistes, posar-se de perfil. Senyor ministre, votarem a favor d’aquest decret, però també li dic, amb exigències clares de control parlamentari rigorós, màxima transparència en la comptabilització i en els mecanismes de transparència pressupostària i garantia que els recursos assignats siguin efectivament destinats a preservar el servei públic, la qualitat informativa i els drets laborals de la magnífica plantilla de la Corporació. Toca garantir l’estabilitat immediata de Radiotelevisió Espanyola i guanyar temps, però, atenció, per treballar solucions estructurals, senyor ministre, per anar una mica més enllà, per no haver de fer més reals decrets que improvisen el que podem anomenar pedaços. Així mateix, reitero, ho torno a dir, exigim que aquestes mesures que ara adoptarem aquí tinguin un reflex i un complement en les polítiques que depenen dels mitjans de les comunitats autònomes i del món local, singularment pel que fa al grup republicà, TV3 i Catalunya Ràdio. Aquesta és una visió lògica d’un estat compost on tan important és el que fa l’administració central, senyor ministre, com el que fan les administracions autonòmiques. Gràcies. Buenas tardes, presidente, señorías. Este real decreto responde a una necesidad clara, concreta y urgente, que es, como se ha dicho, garantizar la sostenibilidad económica de la corporación RTVE ante la incertidumbre suscitada por litigios y por la interpretación y el ocasional cambio de doctrina tributaria, que pueden dejar ciertos impuestos soportados por RTVE sin deducción. Señor ministro, si no se trata esta situación, como ha dicho usted, se pone en riesgo el equilibrio patrimonial de la corporación y, por consiguiente, la continuidad del servicio público que presta. No será por nosotros que esto no salga adelante. Tenemos claro el servicio que prestan RTVE y sus profesionales. Recordamos también el importante centro de producción de San Cugat, en Cataluña y el canal La 2 Cat, importante para divulgar la lengua catalana, más todavía, señoras y señores, donde predominan las noticias falsas y la posverdad. Tres puntos harán que nuestro grupo vote a favor de este real decreto. En primer lugar, la defensa del servicio público y la pluralidad. La medida preserva la existencia de un medio público importante, capaz de garantizar la pluralidad de la información, espacios culturales y contenidos en todas las lenguas oficiales. En Cataluña sabemos bien de la importancia de tener un espacio mediático que reconozca y haga visible nuestra lengua y nuestra realidad. Una corporación económicamente saneada es también una garantía de que estas realidades no quedarán relegadas por criterios mercantiles. En segundo lugar, señor ministro, votaremos a favor por la seguridad jurídica y la previsibilidad financiera. La inclusión de un mecanismo de compensación ante circunstancias sobrevenidas, como sentencias o resoluciones que alteran la deducción de impuestos, aporta previsibilidad contable y evita que la gestión ordinaria deba cargar con riesgos extemporáneos, que no dependen de la actividad normal de la corporación. Esto facilitará una gestión más eficiente y evitará tensiones en la plantilla y en la programación. Y, en tercer lugar, señorías, votaremos a favor porque entendemos que es una medida proporcional y adecuada y que llega en un momento urgente. Entendemos que en este caso el Gobierno ha utilizado un instrumento de urgencia, el decreto ley, que siempre es un instrumento discutible, porque había que actuar antes de la aprobación de las cuentas del primer semestre de 2026 y que la ausencia de esa cobertura habría conllevado un perjuicio grave para el servicio público. No obstante, señor ministro, seguiremos atentos para que las medidas sean proporcionadas y no una puerta abierta a intervenciones que socaven la autonomía territorial y la independencia de este servicio público. Pero, atención, señorías ― en especial las señorías del PSOE ―, estaría bien que buscaran una solución generalizada también para otros medios de carácter denominados autonómicos o local. Reclamamos firmemente que esta medida se adopte también en aquellos casos en los que medios autonómicos o locales tienen dificultades parecidas. En particular, señor ministro, le hablo de los medios que dependen de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y, en particular, de TV3 y Catalunya Ràdio, que reflejan nuestra realidad y son un medio robusto. Los medios TV3 y Catalunya Ràdio también tienen costes derivados de decisiones tributarias o judiciales sobrevenidas y, por lo tanto, podríamos decir que se encuentran en un problema equivalente. TV3 y Catalunya Ràdio son instituciones fundamentales para la lengua, la cultura y la información propia de nuestra nación. Su estabilidad financiera no es solo una cuestión técnica, es una garantía para que la ciudadanía tenga acceso a contenido de calidad en catalán, a información de proximidad y a espacios que fomenten el debate público y la cohesión social. El papel que desempeña Catalunya Ràdio y TV3 no es un papel añadido o sobrevenido, es un medio que articula la conversación social en Cataluña. Por lo tanto, señor ministro, pedimos que esta medida se pueda contemplar también en otros ámbitos. Desde aquí pedimos que la Generalitat y las Administraciones correspondientes trabajen con el Gobierno del Estado y con los agentes implicados para establecer mecanismos de compensación y protección similares a los que aprobaremos o intentaremos aprobar hoy. Interpelo directamente a las señorías socialistas porque son responsables de esto y, además, interpelo a los representantes del socialismo catalán que se encuentran en esta Cámara. Quiero recordar que el Partido Socialista en Cataluña ostenta la presidencia de la Generalitat en la persona del Muy Honorable Salvador Illa. Por lo tanto, señorías socialistas, hay que darse prisa porque ustedes son responsables tanto de la Corporación Radiotelevisión Española como de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que depende del Gobierno de Cataluña. No se vale, sus señorías socialistas, ponerse de perfil. Señor ministro, votaremos a favor de este decreto, pero también se lo digo: lo haremos con exigencias claras. Exigimos control parlamentario riguroso, máxima transparencia en la contabilización y en los mecanismos de transferencia presupuestaria y que se garantice que los recursos asignados se destinen efectivamente a preservar el servicio público, la calidad informativa y los derechos laborales de la magnífica plantilla de la Corporación. Ahora corresponde garantizar la estabilidad inmediata de Radiotelevisión Española y ganar tiempo. Pero, atención, para trabajar en soluciones estructurales, señor ministro; para ir un poco más allá, para no tener que recurrir a más reales decretos que improvisen lo que podríamos llamar parches. Y reitero ― lo vuelvo a decir ―: estas medidas que hoy aprobaremos deben tener un reflejo y un complemento en las políticas que dependen de los medios de las comunidades autónomas y del mundo local, singularmente, en lo concerniente al Grupo Republicano, TV3 y Catalunya Ràdio. Esta es una visión lógica de un Estado compuesto donde, igual de importante es lo que hace la Administración central, señor ministro, como lo que hacen las Administraciones autonómicas. Gracias. .

  30. Francisco Sierra Caballero SUMAR

    Gracias, presidente. . Este reloj es para medir el tiempo de los ausentes en sala, sino para recordarles que el tiempo se agota, se acaba para el pueblo palestino y necesitamos el proyecto de ley de embargo de armas contra el genocidio de Israel, necesariamente. . Señorías, aunque les parezca increíble, en el último año, por dos ocasiones, me han confundido con el cantante Antonio Carmona , un guitarrista de flamenco, un cantaor y con el líder de una banda de rock argentina, Los Estelares. Yo no me lo explico. En el caso de Carmona debe ser por la nariz, porque otra explicación no cabe. Pero, en fin, los que me abordaron insistían repetidas veces en que yo era quien no era. Y así opera la percepción y las proyecciones. ¿Saben quién es Mario Monti? No, no fue comisario europeo de la Competencia. Fue empleado de Silvio Berlusconi, del imperio Mediaset, trabajó para la Comisión Trilateral y para Goldman Sachs, y fue el responsable de la campaña europea más importante de desregulación y privatización de los medios públicos en el Espacio Común Europeo; lecciones de Maquiavelo sobre los espejos, la imagen y las apariencias. Señorías, las apariencias engañan. En el Partido Popular dicen defender el servicio público radiotelevisivo, pero actúan como VOX, con una continua desestabilización, en un claro ejemplo de intentar desmantelar la tele de todos. No trabajan por el bien común. Carecen de integridad pública, de frónesis, de prudencia política y de enkrateia, de responsabilidad y autocontrol. Y también diría yo, de bonhomía. Con un solo cuarto de bondad y trabajo por los demás de personas comunes, como mi tío Francisco Pleguezuelos, al que despedimos esta semana pasada, la vida en este país mejoraría notablemente. Pero no están por la labor. Señorías, defender Radiotelevisión Española es legislar con visión de futuro, garantizando su financiación independiente y brindando a sus profesionales frente a las presiones continuas de la ultraderecha. La prudencia política nos exige protegerla para asegurar el derecho a la información. Porque defender Radiotelevisión Española es defender la frónesis frente a la mala política que destruye lo común y es ejercer también el principio de enkrateia frente al autoritarismo que busca silenciar la diferencia. Este real decreto ― lo han dicho quienes han utilizado la palabra por otros grupos parlamentarios ―, efectivamente no resuelve el problema de financiación de los medios públicos, pero preserva el sistema para garantizar su continuidad de posibles consecuencias económicas adversas por una controversia tributaria que viene de los tiempos del Gobierno Rajoy. O, si sus señorías del Partido Popular lo prefieren, mejor hablamos del señor Montoro. Porque el señor Montoro es justamente la viva expresión de cuál es su apuesta legisladora en esta Cámara. Ustedes, los hombres de negro, con permiso del señor Rajoy, son aquellos de los recortes que hicieron popular el falso dilema de elección, ¿recuerdan? Elijan: ¿Un quirófano o una televisión pública? Una falsa dicotomía porque con usted nos quedamos sin salud pública y sin medios públicos. Si de usted dependiera, el mejor modelo es el de Trump: todo privado, sin ningún servicio público audiovisual. Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR traemos de nuevo a esta tribuna la exigencia de una política de Estado, y se lo recordamos al señor ministro porque, efectivamente, este real decreto de urgencia resuelve lo que resuelve ― se lo han señalado ―, no cubre los medios públicos tanto autonómicos como locales. Pero frente a los Mario Monti y los oligarcas de los medios de comunicación como Rupert Murdoch necesitamos otro marco normativo, otro desarrollo. Urge la defensa y mejora de la financiación de Radiotelevisión Española y del conjunto de los medios públicos, también, como decía, de los entes autonómicos y locales. ¿Por qué? Esta es una cuestión que hay que recordar: la financiación de los medios públicos en España es de las más bajas de Europa. A día de hoy, el PP y el partido del diccionario de los que no leen basculan entre falsos compromisos, amenazas y continuos ataques al servicio público audiovisual. Vamos, que actúan ustedes como portavoces de UTECA y del duopolio audiovisual. Al igual que hacen en otras materias legislativas en el debate en esta Cámara. Si hablamos del oligopolio eléctrico, de regulación de los mercados, de derechos sociales y de los trabajadores, invariablemente ustedes siempre están con la oligarquía y los intereses económicos del gran capital. Por eso se han embarcado en una campaña de acoso y desprestigio institucional contra Radiotelevisión Española. Su proyecto de servicio público audiovisual pasó del franquismo sociológico del ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, y el monopolio estatal y antidemocrático de la Corporación, al modelo neoliberal de los señores Rato y Aznar, que abogaban por el modelo PBS, el de Estados Unidos: un canal elitista, de poco alcance, nula presencia en la esfera pública, siempre en beneficio de las grandes networks. Es normal, es normal, ¿para quién trabaja el señor Aznar? ¿Quién le paga su salario? . Pues el grupo Fox News Corporation. Por eso ustedes, como el señor Macron, están por la labor de debilitar la fortaleza económica y la competencia de Radiotelevisión Española. Han impulsado la comisión de investigación del Senado a fin de conseguir la reducción de la financiación, y, si pudieran, llegarían a plantear, como hizo Álvarez Cascos, que Radiotelevisión Española no es un servicio público esencial; de modo que quien quiera ver a la selección española tenga que hacerlo por un canal de pago o privado, como ocurre con Milei en Argentina. Ahora, como ironizaba Umberto Eco, les voy a dar una noticia que no les dejará muy contento. Una noticia del mañana, señorías del PP: los perros andaluces, el perral, como dicen en México, los descamisados, los nadies no lo vamos a permitir. No van a poder con la tele de todos, ni en Radiotelevisión Española, ni en Canal Sur, ni en TVG. . Recuperaremos lo que es de todos de su voracidad privativa y patrimonialista, como ya logramos en Valencia. Lo decimos alto y claro: Sin medios públicos no hay democracia. Por ello vindicamos en esta tribuna las demandas de la plataforma de Radiotelevisiones Públicas en Lucha, en línea con el espíritu del Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Los derechos de los profesionales de radiotelevisión que ustedes atacan pasan por poner fin a la externalización. Privatizar los medios públicos es romper con el principio de igualdad y da lugar, como en Canal Sur, al acoso y el nepotismo al que nos tienen acostumbrados Moreno Bonilla y los socios del señor Zancajo. Seguiremos defendiendo el derecho a la información plural, contrastada y veraz, y para eso es necesaria una financiación plurianual. Los medios públicos en España están por debajo de la media de recursos de las cadenas de la UER en Europa. Concluyo, presidente. Señorías del PP, estamos trabajando en un mandato marco que garantice el contrato programa de Radiotelevisión Española, y lo estamos haciendo con voluntad de acuerdo, entendimiento y diálogo. No sigan militando en la razón cínica, no son pendejos asintomáticos ni pelotudos disimulados, pero me temo que siguen presos de los intereses privados y padecen no solo el síndrome de la enfermedad infantil del franquismo sociológico, sino especialmente de la cultura retardataria. Llegan tarde al concierto de las autonomías…

  31. Francisco Sierra Caballero SUMAR

    … a la ley del aborto ― voy terminando ―, al matrimonio igualitario y a la defensa de una muerte digna, como a tantos y tantos otros derechos. En fin, es lo que tiene la naturaleza de la razón cínica, que ni es razón ni sostenible en el tiempo. Y terminarán, quizá, con muchos debates, jornadas, discusiones y defendiendo hasta el Estado plurinacional.

  32. Francisco Sierra Caballero SUMAR

    Nuestra formación política va a seguir trabajando por los medios públicos y para abrir una ventana de oportunidad para encender la imaginación…

  33. Francisco Sierra Caballero SUMAR

    … frente a Fox News, por el derecho a la comunicación, por la gente y por lo común. Gracias. .

  34. Carina Mejías Sánchez VOX

    Muchas gracias. Son las dos y veinte de la tarde: Acaban de condenar al hermano del presidente del Gobierno y me pregunto si la televisión pública va a hacer de esto un titular en prime time. . Señor ministro, este real decreto que usted nos presenta hoy aquí es el enésimo ejercicio de desfachatez de este Gobierno. De este real decreto es falso hasta el título. No sé cómo no les da vergüenza. Mire, en España no hay un servicio público de radio y televisión, sino que es un enorme aparato de propaganda al servicio de Sánchez y su banda del que usted empieza a ser un alumno aventajado; empiéceselo a mirar. Ustedes dicen que este es el decreto ley de medidas para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión, y ya el título, ya solo el título en sí mismo es una falsedad. Oiga, ¿de qué servicio público nos hablan ustedes? Este decreto no nace para garantizar el servicio público, señor ministro. Nace para esconder un agujero de 941 millones de euros, evitar que radiotelevisión pública entre en causa de disolución, mantener un gigantesco aparato de propaganda del Gobierno y trasladar esa factura al bolsillo de todos los españoles. . El origen de este decreto, señor ministro, es tan simple como vergonzoso. Radiotelevisión Española está en bancarrota ― reconózcanlo, por lo menos ― como consecuencia de una gestión manifiestamente irresponsable, y en lugar de que dimitan los responsables que han provocado una deuda monumental con la Agencia Tributaria, que no pueden pagar, ahora pretenden que esa deuda la paguen todos los españoles. En cualquier rincón de la España real si un autónomo, un hostelero o un comerciante se equivoca en un céntimo en su declaración de la renta, Hacienda le va a caer encima con todo el peso de la ley, con intereses, con sanciones y sin piedad. Para el español de a pie, Hacienda somos todos; pero para los amigos del Gobierno, Hacienda es una especie de ONG que puede perdonar deudas de 900 millones de euros. Pues mire, no, señor ministro, no. ¿Van a incluir a la radiotelevisión pública en ese listado de morosos que han hecho de la Hacienda pública? Abusan una vez más de la urgencia del decreto ley para, de manera espuria, ocultar un agujero de 941 millones antes de que la Corporación entre en causa de disolución, que es lo que dice la ley. ¿Y cuál ha sido la genialidad de este Gobierno? ¿Aplicar la motosierra y recortar? No, eso no. Se han inventado una especie de trampa contable para establecer por ley que los impuestos que RTVE no pueda pagar pasen a registrarse automáticamente como coste de servicio público. Y ese coste, ¡oh sorpresa!, genera un derecho directo de compensación a cargo de los presupuestos generales del Estado que se nutren de los impuestos que pagan todos los españoles. . Es decir, señor ministro, que la deuda fiscal de su aparato de agitación y propaganda la trasladan íntegra por real decreto al bolsillo de todos los españoles. Es la quintaesencia del sanchismo, oiga: socializar las pérdidas de sus desmanes, blindar su aparato de opinión sincronizada, pagar sueldazos a los colaboradores y obligar al contribuyente a pagarles la fiesta. Pues mire, no cuenten con VOX, porque nos vamos a oponer radicalmente a este atraco y se lo vamos a contar, además, a todos los españoles. Porque esta televisión ya no es pública, es simplemente la televisión del régimen. Es un aparato secuestrado para el interés privado de productoras externas que, por cierto, con los beneficios que obtienen están ya montando una cadena propia ― la séptima, que ya la anuncian ―, y además para el interés particular de Pedro Sánchez y su banda. Les vamos a contar a los españoles todos los desmanes y las razones por las que la televisión pública tiene un agujero. Les vamos a contar que la Moncloa llegó a presionar para cerrar una planta entera de Radio Nacional de España con el único fin de que Begoña Gómez grabase un podcast para promocionar su cátedra por la que hoy está imputada. . Les vamos a contar cómo se despilfarran 28 millones de euros por dos temporadas en fichajes estrella como el de David Broncano, blindado en una cena privada con el presidente del Gobierno, solo para que de esta manera se pudiera competir con las cadenas privadas que osaban criticar al «puto amo», al líder. O cómo se despilfarraron 5 millones de euros que se tiraron a la basura en ese desfile de personajes grotescos que fue La Familia de la Tele, que tuvieron que suprimir por el rotundo fracaso de audiencia. Según ustedes, ¿este es el servicio público que defienden, un servicio esencial con estos contenidos? ¿Es el de Silvia Intxaurrondo, demandando a la propia casa para subirse el sueldo hasta los 269 000 euros al año, y que dedica sus programas a jalear y encubrir a quienes roban a manos llenas? Es la señora de la imputación con pinzas de Zapatero. ¿O el de Mercedes Milá, que ya tiene nuevo programa y que dice que las denuncias a Zapatero, que vienen de la Fiscalía Suiza y de la Fiscalía Francesa, son solo un montaje? ¿El del tren de vida de directores, presentadores y productoras externas que cobran millonadas mientras se asfixia a los medios internos? ¿Y qué decir de los colaboradores? Pagan a personajes inmorales como Bob Pop para que insulte a diputadas como Júlia Calvet, con comentarios machistas y misóginos ante el silencio sepulcral de las de «compañera, yo sí te creo». Permiten que se viertan ofensas gratuitas contra los católicos, como los de Lalachus, o que personajes como Jesús Cintora humillen a profesionales en directo sin que haya ni una sola consecuencia. Mire, ustedes han convertido la televisión de todos en un reducto donde el propio Consejo de Informativos emite unos informes demoledores acusando a sus propios programas de tener un sesgo de izquierdas insoportable y de violar sistemáticamente la neutralidad exigible a un medio público. Es una televisión tan plural tan plural que entrevista al exfiscal general del Estado, hoy condenado, como si fuera un personaje de la prensa rosa. Es una televisión tan neutral que envía equipos a Villán de Tordesillas para perseguir y señalar con el dedo a los vecinos que han cometido el crimen de votar a VOX. Es tan patriótica que recibe presiones de la Moncloa para censurar las pitadas a Sánchez, pero, en cambio, jalea y blanquea las pitadas al himno nacional, ante el estupor y la perplejidad de sus propios trabajadores, señor ministro. . La televisión pública española ha llegado a tal nivel de delirio que, informando sobre el accidente de Adamuz, elaboraron un ranking de accidentes para meter con calzador a Franco y así desviar la atención sobre su negligencia criminal, con un resultado de 47 muertos en el accidente de Adamuz. Pero, para colmo, destinan uno de cada cuatro euros ― según palabras ayer del propio presidente de la Corporación ― a cumplir el chantaje lingüístico de sus socios separatistas, que ya tienen televisiones públicas tan deficitarias como esta y que hoy, además, le han pedido que también el Estado asuma sus deudas, cargándolas al bolsillo de los españoles. Ministro, es una absoluta indecencia que un Gobierno que asfixia a impuestos a los españoles pretenda que estos, además, rescaten con su dinero el millonario aparato de propaganda que Sánchez y su banda utilizan a diario para blanquear su corrupción. Ustedes han hundido el prestigio de la televisión pública, convirtiéndola en un aparato de propaganda para encubrir y jalear la corrupción de este Gobierno. Además, han arruinado las cuentas y ahora pretenden endosarnos la deuda a todos los españoles. Sepan, pues, que VOX no va a contribuir a legalizar esta estafa ni este atraco a los españoles, que no vamos a permitir que este despilfarro quede sin consecuencias y que no vamos a parar hasta que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de haber destruido un servicio público esencial como es la radio y la televisión pública. Si ustedes quieren telebasura, se la pagan ustedes. . El señor VICEPRESIDENTE . Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sarrià Morell.

  35. Vicent Manuel Sarrià Morell PSOE

    Gracias, señor presidente. Señorías, empezaré por lo esencial después de las sandeces que acabamos de escuchar. El real decreto ley que hoy nos trae el Gobierno para su convalidación no pretende otra cosa que garantizar el principio de suficiencia financiera que la Ley 8/2009 establece para la prestación del servicio público que Radiotelevisión Española tiene encomendado por ley. No se trata de rescatar a la corporación pública ― hay que recordar que Radiotelevisión Española cerró 2025 con un beneficio de 55,7 millones de euros ― y no estamos hablando de cubrir insolvencias o pérdidas en la gestión; únicamente se pretende compensar a Radiotelevisión Española por los costes que eventualmente tuviera que asumir por impuestos soportados no deducibles. En definitiva, que esos impuestos tengan la consideración de costes derivados por la prestación de un servicio público que, obviamente, tiene que sufragar el Estado. Se trata de dar respuesta a una controversia tributaria que se inició tras la modificación de la ley del IVA en 2015. La diferente interpretación de la norma por parte de Radiotelevisión Española, por un lado, y la Agencia Tributaria, por el otro, se tradujo en un proceso administrativo y judicial iniciado en 2017 en relación con los ejercicios de 2015 y 2016 y que aún está pendiente de resolución definitiva. Sí, han oído bien: de 2015 y 2016, aunque el Partido Popular haya esperado a los ejercicios de esta legislatura para descubrir un problema que creó el señor Montoro y que su equipo económico se ve que no pudo solucionar. . Señorías, estamos ante dos cuestiones totalmente distintas: una, el método de cómo se liquida un impuesto, si es deducible o no, que lo resolverán los tribunales cuando toque; y otra, que sea cual sea esta resolución no puede afectar al sistema de financiación del servicio público que establecieron estas cortes. La controversia ha tenido idas y venidas. Conviene recordar los informes prejudiciales del Tribunal de Justicia Europeo que fueron favorables a las tesis de las televisiones públicas. Sin embargo, otras sentencias han sido desfavorables, como la que este año ha dictado la Audiencia Nacional en relación con Radiotelevisión de Madrid. Hay que recordar ― como efectivamente se ha dicho ― que estamos ante un litigio que afecta a la totalidad del sector público de radiotelevisión, no únicamente a Radiotelevisión española, pero corresponde al Gobierno de España la financiación de Radiotelevisión española, no de las televisiones autonómicas, para las que seguramente habrá que buscar otro tipo de soluciones en el seno de las propias comunidades autónomas. Resulta aún más incomprensible, si cabe, la demagogia ― especialmente del PP, aunque también de la derecha en general ― en un tema que supone una seria amenaza para la viabilidad económica de las cadenas públicas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y por VOX. Porque quieren cerrar todas las cadenas públicas, pero la realidad es que, cuando tienen ocasión, procuran controlarlas. Sería ingenuo pedirles que garanticen el equilibrio económico financiero de Radiotelevisión Española. Para ustedes, señorías del PP, la prioridad es otra: es la salvaje campaña de desprestigio a la que están sometiendo tanto a la Corporación como a sus profesionales con ataques de todo tipo. . Llevan meses anunciando la quiebra, la disolución, sabiendo perfectamente como saben que el auditor ha acreditado hasta la fecha que Radiotelevisión Española se ha adecuado en todo momento a la normativa contable en la elaboración de sus estados financieros y en los criterios seguidos para reflejar en estos sus discrepancias con la Agencia Tributaria. Por cierto, los mismos criterios que usaron ustedes hasta 2018, no sé qué cuestionan ahora. Pero en ningún momento hemos oído cómo resolverían ustedes el problema que crearon y que podría comprometer gravemente la viabilidad de Radiotelevisión Española. Y ¡qué casualidad! , lo hacen cuando esta registra sus mejores datos de audiencia, de aceptación pública y de resultados económicos en muchos años. Me temo que, precisamente, es por eso, por el buen momento de la cadena. Si fuera mal, no les preocuparía tanto, mal que le pese al señor Feijóo, que no ha tenido otra ocurrencia que cuestionar el sistema de medición de audiencias que utiliza todo el sector. . Se ve que no tenía bastante con cuestionar el voto por correo, los datos del paro, la ley de nietos… El Gobierno manipula hasta las audiencias, eso sí, únicamente cuando no le gustan a él. Ni ustedes ni los intereses privados que les silban a la oreja pueden soportar una cadena pública de calidad y competitiva, y por eso han abierto una causa general en el Senado ― inquisitorial ― en forma de comisión de investigación en la que ni ustedes mismos saben que van a investigar. Eso sí, van a hacer pasar por allí hasta al apuntador. Han pedido toneladas de documentación con el único objetivo de contribuir a su campaña de acoso y derribo contra el servicio público y, de paso, ver si paralizan el funcionamiento administrativo de la Corporación. Casualmente, fíjense, es lo mismo que ha hecho la ultraderecha francesa en la Asamblea Nacional con France Télévisions, con el descarado objetivo de jibarizarla hasta su mínima expresión y convertirla en subsidiaria de las cadenas privadas. La diferencia es que allí la derecha democrática homologable ha sido la primera en denunciarlo y aquí ustedes son cada vez más indistinguibles de VOX. Concluyo, presidente. En resumen, con este real decreto se soluciona un problema que no creó este Gobierno. . No entramos en cuál será la resolución judicial última de un procedimiento que sigue su curso, pero garantizamos que, sea cual sea, Radiotelevisión Española podrá seguir prestando el servicio público que tiene encomendado por estas Cortes con suficiencia financiera, de acuerdo con la ley de financiación de la Corporación. Este es nuestro compromiso con la Radiotelevisión pública y con sus profesionales; el de ustedes, no lo conocemos. Muchas gracias. .

  36. Macarena Montesinos de Miguel PP

    Señorías, les quiero comunicar una información absolutamente veraz, que no la escucharán ni la verán en los programas informativos de la productora afín en Radiotelevisión Española: un tribunal independiente, formado por varios magistrados, con pruebas y sin lawfare, ha condenado por prevaricación al hermano de P.S. — Sánchez— y a su exlíder en Extremadura. . Son las tres menos veinte (señala el reloj de la parte central del hemiciclo) y Pedro Sánchez no ha convocado aún elecciones. ¿Qué más tiene que pasar, señorías? . Este real decreto constituye una auténtica confesión de culpa por parte del Gobierno. La Corporación de Radiotelevisión Española y la SEPI llevan siete años, ¡siete años!, desde 2019, aprobando unas cuentas que incluyen un balance falseado, que incluyen un activo ficticio y ocultan un pasivo real. ¡Y no es responsabilidad de Montoro ni de un Gobierno del Partido Popular, porque esto es del año 2019, cuando gobernaba el Partido Socialista!, ¡y ustedes han venido maquillando las cuentas desde entonces! . Otra cosa les digo, si ustedes dicen que es de Montoro y por una vez en siete años no mintiesen ― cosa que, evidentemente, no es así ―, hubieran tenido tiempo más que suficiente para haber resuelto el problema. Pero ustedes ¿qué han hecho? Incluir un supuesto crédito a favor de Radiotelevisión Española frente a la Agencia Tributaria, que es absolutamente ficticio; y ocultan la existencia de una deuda real de Radiotelevisión Española con la Agencia Tributaria, tremendo. Y con estas dos falsedades ocultan la causa legal de disolución en la que podría estar incursa la corporación. Señorías, la manipulación contable ha sido desacreditada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, pero le ha dado absolutamente igual a este Gobierno. A Televisión, porque su casi exclusiva ocupación y preocupación ha sido la manipulación informativa al servicio de este Gobierno, y a la SEPI, porque sus gestores andaban ocupados ― eso lo saben ustedes muy bien ― y preocupados por las andanzas y negocios de los que están ahora imputados. Así, enlodados como están en la manipulación y en el business, desatender un quebranto de más de 900 millones de euros ― que se dice pronto, señorías, ¡900 millones de euros! ― les ha parecido un tema menor. . ¡Pues no es menor, ni mucho menos! Que una empresa pública falsee sus cuentas —¡falsee sus cuentas!— y presente un balance falso tiene una enorme gravedad. Señorías, ¿con tanta falsedad hay algo de verdad en este Gobierno, ministro? Yo creo que no. Como excusa, Radiotelevisión y la SEPI dijeron que no era preciso contabilizar el caso IVA, porque a fin de cuentas, la corporación iba a ganar ― porque eso sí, tienen la bolita ― el juicio a la Agencia Tributaria. Así de frívola y de irresponsable ha sido la excusa utilizada para ocultar a los españoles la gravedad de la situación. Fue la propia Intervención del Estado la que le avisó de lo infundado del optimismo sobre la victoria judicial ante la Agencia Tributaria. Para ellos lo importante era seguir manipulando la información y seguir haciendo caja en los bolsillos particulares de los gestores de la SEPI y de todos sus amigos. ¡¿Cuándo van a sacar las garras de Radiotelevisión Española, que es un medio público de todos los españoles?! . Señorías, no olvidemos que la sentencia de la Audiencia Nacional, que se cita en el decreto, juzgó un caso semejante dando la razón a la Agencia Tributaria. Y ahora, en lugar de asumir o depurar responsabilidades políticas, el Gobierno hace lo de siempre: nos trae un real decreto ley que, además de una confesión, es una auténtica chapuza. Lo es porque ni da solución a la actual falsedad del balance ni resuelve a futuro la situación financiera de la entidad. Es así. Las cuentas anuales de Radiotelevisión Española, formuladas solamente por parte de su Consejo de Administración y aprobadas por la SEPI, siguen incluyendo un balance que refleja un activo ficticio de más de 500 millones de euros y ocultan una deuda real con la Agencia Tributaria. Además, el real decreto prevé que, cuando se concreten las sucesivas derrotas judiciales en el caso IVA, el problema se arregle con una mera anotación contable por la que Radiotelevisión Española reconozca su derecho a una futura subvención. Subvención que no habrá cobrado pero que tampoco estará aprobada, y aún más, cuya tramitación no habrá sido ni tan siquiera iniciada. Una chapuza monumental. Es más, en la memoria se afirma que la norma no tiene repercusión económica, cero euros, y tan solo una mera anotación contable. Repito, una chapuza integral que ni resuelve la falsedad actual de las cuentas ni soluciona su crisis financiera. Lo de siempre con ustedes, nada original. Lo que ocurre con todas las empresas públicas que han infectado: las ponen en manos de gestores ineptos al servicio de Sánchez y acaban arruinándolas. Y a la cabeza la SEPI, a la que pertenece la corporación. No lo olvidemos: sus tres presidentes (hace el número tres con los dedos de la mano derecha) de la etapa socialista imputados y veintitantos más con rescates y adjudicaciones bajo sospecha. . O el caso de Correos, al que arruinó su entonces presidente y hoy persona de rabiosa actualidad judicial e íntimo amigo de Sánchez. Y es que no solo se esconde la verdad, se manipula sin rubor alguno, se injuria y se calumnia a jueces, a periodistas, a la oposición, a la UCO, a la UDEF y al sursuncorda; en definitiva, a todo aquel que no se pliegue a los intereses de Sánchez. Además, incumplen todos sus fines, porque ni es independiente, ni es objetiva, ni es neutral, ni es plural, ni tan siquiera es saludable. Eso fue lo que nos dijo ayer en un lapsus ― imagino, debió ser ― el presidente de Radiotelevisión Española, cuando nos dijo que ver Televisión Española no es bueno para la salud. Eso lo dijo el presidente de Radiotelevisión Española. En la corporación existen grandes profesionales, por supuesto que sí, a los que desde aquí hacemos un merecido reconocimiento, pero lamentablemente hay gran parte de «opinión sincronizada» que, como sabemos, interviene al dictado de Moncloa. Los argumentarios les llegan incluso antes de que se haya publicado una sentencia o un auto; lo conocen todo y ellos salen automáticamente a defenderlo sin tener conocimiento de ninguno de los argumentos que dice el auto o la sentencia. Pero bueno, da igual, la cuestión es salvar a Moncloa a toda costa. Todos ellos están presentes en los informativos de productora que se emiten en Radiotelevisión Española, como La Hora de La 1, Mañaneros, Malas Lenguas o Directo. Algunos de los presentadores, como Intxaurrondo, Javier Ruiz, Cintora o Miró, no dudan en esparcir bulos, calumniar y humillar a los discrepantes en una constante desacreditación. Ahí están las denuncias públicas del Consejo de Informativos, que todos conocen, y la de la CNMC, que concluye su informe sobre el incumplimiento de las obligaciones de pluralismo por Radiotelevisión Española diciendo que los porcentajes de tiempo dedicados al Gobierno nada tienen que ver con el bloque de la oposición, así como las intervenciones en los programas informativos. Claro, como Sánchez no puede pisar la calle, utiliza la televisión pública como altavoz con el dinero de todos. . Los españoles merecen una televisión independiente y sólida. Y la pregunta sigue en pie, porque todavía se preguntan ustedes por qué hemos impulsado una comisión de investigación en el Senado sobre Radiotelevisión Española, pues a los hechos me remito. Para ustedes, por su concepto patrimonialista del Estado, el uso instrumental de las instituciones y empresas públicas para ponerlas al servicio del jefe de la banda se hace con devoción, devoción mesiánica, y no tienen límite moral alguno porque están administrando dinero de todos para proyectos de la banda. La ineptitud envuelta en el fanatismo hacia Pedro Sánchez ha llevado a España a una situación insostenible. No queda institución, ni organismo, ni empresa pública que no hayan colonizado, manoseado y hundido. Y las consecuencias las pagan todos los españoles, hartos de que ustedes no convoquen elecciones. Todos los españoles, millones y millones de españoles, ¡están reclamando elecciones generales ya! Nada más y muchas gracias. .

  37. Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agendasin identificar

    2030 : Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Creo que es difícil sobrestimar la importancia, la profundidad y el calado de los dos debates que van a tener lugar a continuación en esta sesión. De hecho, tomar la palabra en nombre del Gobierno para defender este real decreto ley para el incremento estructural de la financiación de nuestro sistema de la dependencia y, a continuación, en el debate sobre las nuevas leyes de dependencia y discapacidad es un verdadero privilegio. Lo es para mí y creo que lo será también para todos ustedes, para todos los grupos parlamentarios que intervengan. Es gracias al empuje de las organizaciones de personas con discapacidad y de sus familiares, muchas de ellas presentes en este Pleno, y gracias al buen trabajo, e incesante, de todos los grupos parlamentarios que hoy en esta Cámara va a tener lugar el debate sobre la que es — y creo que no hay exageración en estas palabras— la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo. . Lo digo con total convicción y con total determinación también. La refundación de nuestro sistema público de cuidados, la construcción de un verdadero sistema público universal de ciudadanía llamado a cubrir las necesidades crecientes de nuestra sociedad en este ámbito supone la mayor expansión de nuestro estado del bienestar en décadas. Creo que, hoy, todos los aquí presentes debemos tener esto en mente a la hora de exponer nuestros argumentos y, en su caso, de elegir la dirección de voto, porque se cuentan por millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata en función de lo que salga hoy de esta Cámara. Antes de profundizar en detalles, me van a permitir que desde esta tribuna enuncie una idea general. Hace ochenta y cuatro años, en este continente, en Europa, el curso de la protección de los derechos sociales dio un salto cualitativo, dio un giro excepcional; al calor de las luchas sindicales y obreras se sentaron entonces las bases del constitucionalismo social. Hace ochenta y cuatro años de la publicación del famoso Informe Beveridge y, con él, de la cristalización de un nuevo enfoque de la política social que dejaba atrás una tradición milenaria de beneficencia o de caridad y elevaba su categoría a una obligación de cualquier Estado democrático, a la sustancia misma de la condición de ciudadanía. En torno a la protección del trabajo vieron la luz entonces los sistemas de protección de los derechos de trabajadores y trabajadoras, de los sistemas de pensiones, los gérmenes de lo que serían los sistemas públicos de educación o de salud, en torno a los cuales se configuró el imaginario del bienestar de los Estados sociales, que han dado identidad a nuestro continente. Hoy, en torno al concepto de autonomía personal, en torno al concepto de los cuidados, estamos afrontando algo parecido a lo que sucedió entonces en la posguerra europea; estamos afrontando la misma responsabilidad que se afrontó entonces para con la sociedad del presente y la sociedad del futuro. Esto es lo que hoy debatimos aquí, señorías. Porque la mirada asistencialista y paternalista sobre las personas con discapacidad o en situación de dependencia ya no nos sirve. . Porque el modelo de las macrorresidencias alejadas de las comunidades locales que privan a las personas que requieren cuidados de participar en ellas ya no nos sirve. Porque condenar a cientos de miles de compatriotas a vivir de forma no elegida, desatendiendo o ignorando sus preferencias y deseos, ya no nos sirve. Por eso este es un momento trascendental, es un momento fundacional para lo que debe ser el estado del bienestar en España en el siglo XXI. Ante ese desafío, no se pueden dar pasos tímidos ni titubeos, porque lo que nos enseña también la historia del avance en materia de derechos sociales en España y en cualquier parte del mundo es que la tibieza o el gradualismo es la antesala de la incompletud o del fracaso. Por eso lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación. Las dos cuestiones que se van a debatir y votar aquí hoy, la convalidación del real decreto ley de financiación y la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, son piedras angulares de la que es la mayor reforma social que nuestro país ha visto en décadas, la refundación de un sistema público de cuidados fuerte, capaz de atender las necesidades crecientes de nuestra población y cercano. Quizás se pregunten con qué base puedo hacer tal afirmación, y me gustaría poder fundamentarla. Hacerlo es tan sencillo como responder a dos cuestiones fundamentales: de dónde venimos — en este ámbito— y hacia dónde queremos ir. ¿De dónde venimos? Tenemos que abordar, en este sentido, dos características principales de nuestro sistema de cuidados, una que es general, que se plantea en los modelos de cuidados de larga duración en todo el mundo, y otra que es específica, propia del caso español. Primero la general. Es algo que ha sido sujeto de debate en organizaciones como la OCDE o como la Organización Mundial de la Salud y tiene que ver con la necesidad de cambiar el paradigma que sirve de base a nuestros sistemas de cuidados, con pasar de un modelo asistencialista a uno que esté centrado en una concepción de derechos de ciudadanía. Lo explico. Los sistemas de cuidados en todo el mundo han estado históricamente lastrados por un modelo anclado en una cultura asistencialista e institucional. Esto es, las personas cuidadas bajo este modelo viven aisladas, separadas de la comunidad, en instituciones y, por tanto, segregadas socialmente. No tienen control sobre sus propias vidas, no pueden adoptar decisiones cotidianas porque los requisitos organizativos de esas instituciones prevalecen sobre las necesidades, los deseos y las preferencias de las personas que viven en ellas. Lo que estamos haciendo hoy es dejar atrás ese planteamiento, porque entendemos que lo esencial, lo central de cualquier servicio público no deben ser las cuestiones logísticas ni organizativas ni la gestión de los costes, sino las necesidades de las personas que los integran. Es por ello por lo que proponemos una transformación profunda del sistema que responda a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes les cuidan, poniendo su autonomía, sus preferencias y sus deseos por delante. Porque es nuestro sistema de cuidados el que debe adaptarse a la realidad social de las personas con discapacidad y dependencia y no al revés, como ha venido siendo hasta ahora. Pero a este cambio de fondo, a este giro en la mirada que deja de tratar a las personas como a números y las dota de derechos, de voluntad y de autonomía, se suma la necesidad de otra transformación que es consecuencia del contexto específico español. Porque el sistema de la dependencia en España ha venido lastrado casi desde su despegue, desde su fundación, por las consecuencias de la política fiscal y la infrafinanciación estructural de la década de la austeridad. Ese es el contexto del que venimos y el que ha producido la realidad actual de nuestro sistema de cuidados, un sistema completamente preso de una lógica de optimización de recursos y de una financiación nítidamente insuficiente. Sobre ese diagnóstico deben cruzarse las proyecciones a futuro sobre nuestra sociedad, empezando por un hecho irrebatible: cada vez va a haber más personas que necesiten cuidados y, por tanto, también mayor demanda de personas cuidadoras. De hecho, de acuerdo con la estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030 realizada por el ministerio, pensamos que, alcanzando una cobertura universal, para el año 2030 vamos a necesitar unas 900 000 trabajadoras en el sector profesional de los cuidados, casi el doble de las que hay ahora, que atiendan a cerca de 2 500 000 personas, 800 000 personas más de las que atendemos hoy. El desafío al que se enfrenta nuestro sistema de cuidados, por tanto, es triple: debemos transformar su concepción, sus objetivos y su funcionamiento. Debemos garantizar una financiación suficiente y debemos hacerlo sabiendo que cada vez más personas se van a incorporar al sistema, tanto para dar cuidados y apoyos como para recibirlos. Hay quien prefiere no hablar de un desafío, sino de una carga, y quisiera hacer dos apuntes al respecto. Que la vida se alargue, que las personas mayores y con discapacidad tengan posibilidades de tener cada vez más bienestar y más calidad de vida durante más tiempo, sin barreras y con apoyos jamás será una carga. Jamás. Es, con todas las letras, un logro democrático, y debería ser motivo de orgullo para cualquier agente político que se precie — casi de orgullo patrio, me atrevería a decir— saber que en este país cada vez más personas gozan de una vida mejor y más larga, sin peros y sin apostillas. . Ahora bien, les diré para quién sí es hoy una carga. Si desde los poderes públicos no intervenimos para dar opciones reales de cuidados y apoyo a todas esas personas, serán las mujeres de este país — porque lo son— las que sistemáticamente paguen la cuenta. Porque las necesidades de cuidados, aunque han cambiado, aunque se están transformando, no son nuevas, siempre han estado ahí; y si no se han percibido de forma tan marcada como una responsabilidad pública, si no han emergido siquiera como un objeto de debate político, es porque han sido las mujeres quienes las han asumido, en sectores feminizados, precarizados o no monetizados, atravesados por distintas formas de explotación dentro y fuera de sus propias familias y sin tener reconocimiento ni valorización alguna por ello. Pero este diagnóstico que hago no busca ser alarmante, busca ser realista y, al mismo tiempo, esperanzador, porque tenemos plena capacidad para dar respuesta a tales desafíos. De eso trata la segunda parte de mi intervención y las dos votaciones que ustedes van a afrontar hoy en esta Cámara. Entendiendo de dónde venimos, se trata de ver hacia dónde queremos ir. El diagnóstico, como decía, muestra dos elementos claros, uno de planteamiento y otro de financiación; y la respuesta, por tanto, debe tener dos claves fundamentales, que son las que hoy se debaten aquí: una inversión sin precedentes para fortalecer el sistema de cuidados y una refundación normativa para transformar todo su andamiaje normativo y blindarlo a futuro. Abordaré las dos, una detrás de otra, empezando por la financiación. Antes de este real decreto ley que se va a debatir hoy aquí, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo inédito, importantísimo, para poder mejorar el sistema por medio de distintos instrumentos. Uno de los más vitales fue el plan de choque en la pasada legislatura, que supuso el primer esfuerzo de tal magnitud en nuestro país, y que hizo posible, entre otras cosas, que España fuera el único país de la Unión Europea que decidiera utilizar una parte significativa de los fondos de recuperación para transformar y modernizar los servicios sociales e invertir en la infraestructura social de nuestro sistema de cuidados. En esta misma legislatura, hemos aprobado también un real decreto ley de financiación extraordinaria para la aplicación de la ley ELA, que supuso una inyección adicional al sistema. Pero ahora, con este real decreto ley, vamos a lograr un cambio estructural y permanente en la financiación del sistema, de tal modo que vamos a duplicar la financiación por parte de la Administración General del Estado al sistema de cuidados, alcanzando ya este año los 5513 millones de euros y el año que viene superando los 7200 millones. . Por poner estas cifras en perspectiva, en la década anterior, en la década ominosa de los recortes, cuando se eliminó el nivel acordado de la dependencia, la financiación por parte de la Administración General del Estado estuvo alrededor de los 1200 millones de euros anuales. En su momento más bajo, en el año 2014, se situaba en 1128. De 1128 se ha pasado a 7239 millones de euros. Creo que estas cifras hablan por sí mismas y suponen un argumento irrebatible para la convalidación de este real decreto ley. Es un aumento total de 6200 millones de euros de aquí al cierre de la legislatura, que consigue, por la vía de los hechos, que la aportación estatal alcance el 50 % respecto al gasto certificado por las comunidades autónomas. Por tanto, es una financiación que tiene tres características principales: es estructural, es suficiente y supone el cumplimiento del compromiso político que asumimos al llegar al Gobierno. Es estructural porque modifica por ley las cuantías mínimas que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por grado y persona usuaria del sistema. No es un parche, no es una inyección extraordinaria, es un cambio que hace que la financiación aumente de forma sistemática conforme crezcan las necesidades de cuidados en el sistema. Es suficiente porque implica un incremento tremendamente significativo de cada grado, que llega a más del cien por cien en el caso del grado III, que pasará a aumentar un 126 % su cuantía. En tercer lugar, cumple con el compromiso político que asumimos al entrar en el Gobierno, recogido en el acuerdo de coalición, y concede a las comunidades autónomas y a todos los grupos parlamentarios y los partidos políticos que lo llevan reclamando toda la legislatura alcanzar el 50 % de la financiación a final del año 2027. Creo, señorías, que es difícil, como les decía, sobrestimar la importancia económica que adquiere este decreto ley de financiación. De hecho, un informe realizado con datos del plan de choque estimaba que para una inversión de 10 600 millones de euros, realizada en el año 2023 en prestaciones de dependencia, se generó un impacto total sobre el PIB español de 17 200 millones de euros; y que por cada euro de inversión adicional en el sector de los cuidados, las Administraciones públicas ingresaron 49 céntimos de retorno fiscal. Una estimación conservadora que hemos hecho en el ministerio respecto al impacto económico que va a tener sobre nuestro tejido productivo y nuestro mercado laboral esta inyección de 6200 millones de euros en el sistema cifra en 108 000 los nuevos empleos que se pueden crear solo de aquí a final del año 2027. Es decir, al mismo tiempo que se puede facilitar la eliminación completa de las listas de espera, que se puede mejorar la intensidad y el número de las prestaciones, que se pueden mejorar de una vez las condiciones laborales en un sector estratégico para el futuro de nuestro país, el desarrollo económico que propicia esta inversión tiene difícil comparación en otros sectores económicos. Poniendo esta financiación por delante, cumpliendo también el compromiso de hacerlo, sentamos las condiciones para poder aprobar el segundo de los ejes, que es la refundación normativa de nuestro sistema de dependencia y la aprobación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que van a debatir ustedes a continuación en este mismo Pleno. Con esta votación va a culminar un proceso largo, complejo, pero del que las personas que se beneficiarán de forma directa se cuentan por millones, ya sean personas con discapacidad o en situación de dependencia, familiares y personas cercanas o trabajadoras que ofrecen cuidados y apoyos de manera profesional. Creo que es importante poner el foco en su realidad, sus necesidades y sus historias de vida en lugar de dejarnos llevar por la coyuntura o por cierta abstracción de los razonamientos de lo que puede suponer esta votación. Porque votar hoy sí a las nuevas leyes de dependencia y discapacidad implica que millones de familias en este país van a despertar con nuevos derechos reconocidos, como el derecho a la teleasistencia o a la accesibilidad universal, es decir, a no encontrarse barreras institucionales, cognitivas o físicas para poder vivir de forma plena y autónoma; y que van a poder exigirlo cuando se les vulnere ese derecho. Votar sí implica que una persona a quien se le reconozca un grado de dependencia no va a tener que hacer más papeleos ni trámites burocráticos adicionales para acceder también al reconocimiento del nivel de discapacidad que le corresponda, con una pasarela de asimilación directa, sin cargas administrativas adicionales. Votar sí es que cualquier persona con discapacidad tenga, al fin, garantizada la tutela judicial efectiva, creando el derecho a un facilitador judicial que impida inequidades en los procesos judiciales por razón de discapacidad. Votar sí es también que a las personas cercanas, aunque no sean familiares directos, que se encargan de cuidar y apoyar a una persona en situación de dependencia se les reconozca su labor, haciendo que al fin puedan tener también derecho a la prestación económica por cuidados. . Votar sí hoy es votar sí a hacer posible modelos de viviendas asistidas, de la implantación de la domótica, de crear un banco de productos de apoyo, de crear un fondo estatal de accesibilidad para sufragar las obras que sean necesarias en los espacios públicos y en los lugares representativos de nuestro patrimonio nacional; es votar sí al derecho subjetivo a la atención temprana, a los nuevos modelos de cuidados comunitarios, a mejorar la ayuda a domicilio para que una persona no se quede encerrada en un hogar y que pueda servir para ir al médico o para hacer la compra; es votar sí a la creación de una prestación transitoria mientras espera el recurso que se ha elegido porque es el que mejor conviene a una situación; es votar sí a la compatibilidad entre prestaciones; es votar sí a que la asistencia personal pase a ser un servicio; es votar sí al desarrollo tecnológico en el ámbito de los cuidados como uno de los sectores de política industrial en los que España está llamada a ocupar un papel de vanguardia en la esfera económica internacional. En definitiva, votar sí no es una cuestión partidista, no es un sucedáneo o un significante de otros debates, no es un capítulo más de los enfrentamientos que tienen lugar de manera cotidiana en esta arena política, votar sí es dar una vida mejor a millones de personas en nuestro país; potencialmente, a todos y a todas, porque nos vamos a encontrar en algún momento en la situación de requerir cuidados. Y votar no es retirar la posibilidad de todo lo anterior. La realidad es esa, no existen motivos para no enunciarla de forma clara y no existirá excusa ni disimulo posible para darle la espalda a esta ampliación extraordinaria de los derechos de ciudadanía en nuestro país. . Si estas votaciones, y la votación de las leyes en particular, van a tener tanta importancia es también ― lo quiero reconocer y reivindicar aquí ― porque el trabajo parlamentario que se ha hecho para poder lograr el texto más ambicioso posible es digno de elogio. Los grupos políticos han contribuido a la conformación de la reforma que hoy se vota aquí de una manera ejemplar, y es de agradecer esa forma en la que lo han hecho, con responsabilidad, con compromiso, con disposición, sirviendo y atendiendo al interés general. Quiero agradecerles hoy aquí a todos ellos su disposición y su buena labor y, muy especialmente, quiero reconocer el trabajo del diputado Lander Martínez, que ha sido fundamental para traer aquí la norma y que ha dado ejemplo de buen hacer. . Y, por supuesto, por encima de todo lo anterior, quiero aprovechar este momento para reconocer y agradecer al movimiento de la discapacidad y la organización social de las personas mayores la labor y el papel que han desempeñado en este proceso. . La sociedad civil lleva años organizándose, luchando por sus derechos, para garantizar que las personas con discapacidad y en situación de dependencia puedan desarrollar sus proyectos vitales de forma autónoma y elegida. Lo hacen aunando conocimiento, evidencia, capacidad de incidencia política, de persuasión, de negociación, de diálogo. Lo han hecho en este proceso y en tantos otros anteriores. Y, a menudo, en este tiempo en el que se habla tanto de degradación democrática y de crisis de las democracias y se centra mucho la atención en figuras concretas, como si fueran los únicos artífices del declive y del daño que se hace a las democracias, se pasa por alto el papel esencial que tiene la sociedad civil organizada para articular, vehicular y presionar a sus representantes políticos para que avancen en la dirección que propicia mejores condiciones de vida para la ciudadanía. Cuando existe una fuerza social organizada, cuando se manifiesta y se articula con inteligencia, como ha sido el caso en esta ocasión, las democracias son más fuertes y los resultados son mejores, y yo quiero agradecerlo hoy desde esta tribuna. Concluyo haciendo, una vez más, un llamamiento explícito a todos los grupos parlamentarios para que den su apoyo, para que voten sí al decreto ley de financiación del sistema de la dependencia y a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Lo hago sumando simplemente dos argumentos finales. El primero es que esto es un avance incuestionable ― incuestionable ―, que traduce un enorme consenso social absolutamente transversal en nuestro país. Ojalá la votación parlamentaria en este Congreso refleje ese consenso de la sociedad española. Ojalá esta Cámara hoy se parezca al país al que representa. . Mi última reflexión se la quiero trasladar a todos ustedes, a todos los grupos parlamentarios. Cuando esta Cámara aprobó por unanimidad la ley ELA, cuando esta Cámara aprobó la reforma constitucional del artículo 49, cuando aprobó sin oposición ninguna también la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados, ninguno de los grupos políticos que se hicieron partícipes con su voto de esos avances sociales sufrió merma alguna ni pagó precio alguno ni perdió nada en esas votaciones. Al revés, se hicieron partícipes y, por tanto, se apropiaron políticamente, también de cara a sus votantes, de logros objetivos e incuestionables, de avances necesarios para hacer que la gente de este país viva un poco mejor. Yo les invito, en nombre de millones de personas, a que hoy hagan lo mismo. Muchas gracias. .

  38. Àgueda Micó Micó SUMAR

    Gràcies, presidenta. Son las 15:15 de la tarde, estamos debatiendo el tercer punto del orden del día, llevamos más de tres horas de Pleno y Feijóo todavía no ha aparecido por aquí. . Senyor ministre, hola. Després parlarem de drets. Ara parlem de la condició imprescindible perquè eixos drets siguin una realitat, i és el finançament. Ja m’agradaria que arribara algun moment en què Compromís posarem ací a parlar i no parlarem de finançament, però eixe dia encara no ha arribat. Des de Compromís valorem molt positivament aquest reial decret llei que augmenta l’aportació de l’Estat al sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència. De fet, és un dels compromisos que teníem amb Compromís i que formava part de l’acord d’investidura. Per tant, celebrem que hui es faça realitat, perquè la dependència, com molt bé ha explicat el ministre Bustinduy, no és una ajuda assistencial, és un dret subjectiu que tenim tots i totes i que les administracions públiques han de garantir. Ho tenen clar, senyories del Partit Popular, açò? Ho dic perquè igual estaria bé que ho explicaren als seus companys i companyes del PP valencià, perquè no saben de què va la cosa. Però clar, tot este esforç no pot dependre de decrets puntuals, perquè el que necessitem és un finançament estable i suficient. I això també passa, i ho sabem totes, per un nou sistema de finançament autonòmic, perquè sense justícia financera, territoris infrafinançats com el meu continuarem fent equilibris per a sostenir els serveis públics. I nosaltres ho sabem de primera persona, perquè durant el Govern del Botànic nosaltres vam tindre que fer autèntics malabars per a poder reforçar la dependència malgrat els pocs diners que ens arribaven de l’Estat. De fet, amb sols un 11 % d’inversions del Govern central vam fer un canvi de paradigma brutal de la mà de Mónica Oltra a la Generalitat Valenciana. I permetin-me acabar amb una evidència: resulta difícil prendre’s seriosament al Partit Popular quan hui critiquen el que sempre han defensat: que l’Estat pagui el 50 % de la dependència. En tot cas, senyor ministre, nosaltres anem a votar a favor d’este reial decret llei i continuarem sent exigents en qüestions com tindre més recursos, un finançament autonòmic just per a tots i totes i que el model aposte per la proximitat, per l’atenció domiciliària i per la vida independent. Gràcies. Señor ministro, hola. Después hablaremos de derechos; ahora hablaremos de la condición imprescindible para que esos derechos sean una realidad: la financiación. Me gustaría que llegara un momento en el que Compromís subiera aquí y no hablásemos de financiación, pero este momento todavía no ha llegado. Desde Compromís, valoramos como muy positivo este real decreto ley, que aumenta la aportación del Estado al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. De hecho, es uno de los compromisos que teníamos en Compromís y que formaba parte del acuerdo de investidura. Por lo tanto, celebramos que hoy se haga realidad. La dependencia, como muy bien ha explicado el ministro Bustinduy, no es una ayuda asistencial, es un derecho subjetivo que tenemos todos y todas y que las Administraciones públicas deben garantizar. ¿Lo tienen claro, señorías del Partido Popular? Lo digo porque, quizá, estaría bien que se lo explicaran a sus compañeros y compañeras del PP valenciano, porque no saben de qué va la cosa. Pero, claro, todo este esfuerzo no puede depender de decretos puntuales, porque lo que necesitamos es financiación estable y suficiente, y eso también pasa ― lo sabemos todos ― por un nuevo sistema de financiación autonómica, porque sin justicia financiera, territorios infrafinanciados como el mío seguirán haciendo equilibrios para sostener los servicios públicos. Nosotros lo sabemos en primera persona, porque durante el Gobierno del Botánico tuvimos que realizar auténticos malabares para reforzar la dependencia, a pesar del poco dinero que nos llegaba del Estado. Con solo un 11 % de inversión del Gobierno central logramos un cambio de paradigma brutal de la mano de Mónica Oltra en la Generalitat Valenciana. Permítanme terminar con una evidencia: resulta difícil tomarse en serio al Partido Popular cuando hoy critican lo que siempre han defendido: que el Estado pague el 50 % de la dependencia. Señor ministro, nosotros votaremos a favor de este real decreto ley y seguiremos siendo exigentes en cuestiones como más recursos, financiación autonómica justa para todos y todas y que el modelo apueste por la proximidad, por la atención domiciliaria y por la vida independiente. Gracias. .

  39. Cristina Valido García CCa

    Señorías. Señor ministro, desde que empezó a aplicarse la ley, hace veinte años, venimos las comunidades autónomas pidiendo al Gobierno del Estado que cumpla con el 50 % prometido, y durante veinte años las comunidades autónomas han asumido el gran peso del cumplimiento de la ley de dependencia. Es verdad que en los últimos años ha crecido, pero, incluso en el año pasado, estábamos hablando del 25 %. La media de estos veinte años ha sido del 19 % y el año que más aportaron, en el caso de Canarias, recibimos 87 millones, frente a 218 que ponía la comunidad autónoma. El último año, 302 millones la comunidad autónoma, 100 millones el Estado. ¿Cómo no nos vamos a alegrar y cómo no vamos a apoyar una mejora como la que se nos está planteando hoy? Por supuesto que lo hacemos, veinte años después. Pero, señor ministro, hay dos cosas que le tengo que pedir. Más allá de que vayamos a apoyar ― cómo no ― esta mejora importante que por fin lleva la apuesta del Estado a lo que debió ser desde un inicio, es muy importante, para que no sigan cargando a las comunidades autónomas con la responsabilidad de lo que sale mal, con los incumplimientos, con los malos datos de la dependencia, mientras que el Estado no ha aportado históricamente lo que tenía que aportar, que seamos realistas cuando generemos expectativas. Porque, aunque mejoramos mucho en inversión, es verdad que ese sistema de cuidados de calidad, ese deseo de «el dependiente antes que la economía» pasa por mucho más dinero, y usted lo sabe. Pasa por cambiar los centros y que dispongamos de habitaciones individuales y dupliquemos las ratios; pasa por mejorar los convenios de los trabajadores dedicados a la dependencia, de las cuidadoras. Termino. Cuando hablen de financiación y de leyes, no se olviden de que no cuesta lo mismo una plaza en una isla ― y menos a 2000 kilómetros ― que en Guadalajara, que en Toledo o que en cualquier territorio peninsular. Ya no le quiero contar lo que significa atender a dependientes en El Hierro, Lanzarote o Fuerteventura. No hay siquiera profesionales cualificados y, para traerlos de otros lugares, hay que pagarles una vivienda que tampoco existe. Por eso nosotros necesitamos una mirada diferente, porque nuestro territorio es diferente y porque la dependencia de Canarias es mucho más cara. Estamos absolutamente comprometidos a que todos los canarios, vivan donde vivan, sean atendidos con calidad. Sin embargo, tenemos dificultades que pasan por que el Estado también lo entienda e, insisto, de manera específica y diferente en un territorio que tiene circunstancias diferentes. Contará con nuestro apoyo tanto ahora como en el punto que viene a continuación. Insisto, celebramos la mejora, pero creo que tenemos que darle una pensada al futuro que viene. La población está envejeciendo de manera alarmante y los recursos no son suficientes. Me sorprende que este Congreso, que este hemiciclo se llene para debates estériles y que cuando hablamos de algo que afecta a millones de personas ― incluidos todos nosotros, que seremos dependientes ― haya tantos escaños vacíos. .

  40. Néstor Rego Candamil BNG

    Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Señor ministro, somos consciente, creo que todos e todas, que o principal problema da atención ás persoas dependentes en todas as súas facetas é o financiamento. Mellor dito, vén sendo a falta de financiamento suficiente. O servizo de asistencia no fogar, os centros de día, residencias, prestacións, axudas para as persoas coidadoras, precisan de máis recursos para garantir a dignidade dos servizos e a cobertura das necesidades. Segundo os últimos datos achegados polo propio Ministerio e referidos a 2024, o que financiou a Administración Xeral do Estado na Galiza, en relación á dependencia pasou de 32,64 % a case 41 %, mais ficou igualmente lonxe do obxectivo comprometido co BNG de 50 %. Porén, segundo os datos procedentes do informe da Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais en 2025 o financiamento por parte do Estado viuse novamente reducido, pois o gasto en dependencia na Galiza alcanzou a cifra de 733,7 millóns, dos cales o Estado achegou só 241 millóns e o resto a Xunta. Quere dicir que se sitúa arredor de 33 %. Así pois, non podemos deixar de apoiar calquera medida que incremente os fondos destinados á dependencia, como se fai neste Real Decreto lei, que propón a actualización das contías de nivel mínimo de protección, un suplemento de crédito que permitirá aumentar o investimento social para atender ás persoas dependentes e familias. Mais seguiremos a esixir, a defender que ese incremento chegue no mínimo a 50 %, cumprir con ese obxectivo que agora pasará, veremos aprobar a lei a continuación a unha obriga legal de forma expresa é fundamental para que o sistema de atención e coidados sexa máis xusto e máis digno. Polo tanto, estamos falando dun avance e nesa medida o BNG vaino apoiar. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Señor ministro, somos conscientes ― creo que todos ― de que el principal problema de la atención a las personas dependientes en todas sus facetas es la financiación o, mejor dicho, es la falta de financiación, no hay la suficiente. El servicio de asistencia en el hogar, los centros de día, las residencias, las prestaciones y las ayudas para las personas cuidadoras necesitan de más recursos para garantizar la dignidad de los servicios y la cobertura de las necesidades. Según los últimos datos ofrecidos por el propio ministerio y referidos a 2024, lo que financió la Administración General del Estado en Galicia en relación con la dependencia pasó del 32,64 % a casi el 41 %, pero se quedó igualmente lejos del objetivo comprometido con el BNG del 50 %. Sin embargo, según los datos procedentes del informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en 2025 la financiación por parte del Estado se redujo dado que el gasto en dependencia en Galicia alcanzó la cifra de 733,7 millones, de los cuales el Estado aportó 241 millones y el resto la Xunta; es decir, que se sitúa alrededor del 33 %. Así pues, no podemos dejar de apoyar cualquier medida que aumente los fondos destinados a la dependencia, como se hace en este real decreto ley que propone la actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección y el suplemento de crédito, que permitirá aumentar la inversión social para atender a personas dependientes y a las familias. Pero seguiremos exigiendo y defendiendo que ese aumento llegue como mínimo al 50 %. Cumplir ese objetivo, que ahora pasará a ser una obligación legal de forma expresa si se aprueba el dictamen de reforma de la ley de dependencia, es fundamental para un sistema de atención a los cuidados más justo y más digno. Hablamos, por tanto, de un avance en esa medida. Por tanto, nosotros estamos a favor. Gracias.

  41. Noemí Santana Perera SUMAR

    Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a la Cámara a las entidades del tercer sector, los movimientos sociales y la sociedad civil organizada que nos acompañan, especialmente a mi querida Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales. En breves minutos vamos a debatir también la ley que reforma el sistema de dependencia y la ley de discapacidad de nuestro país. Y está claro que una ley que, como usted ha dicho, señor ministro, avanza en garantizar derechos a nuestra ciudadanía y, además, cambia todo el modelo de cuidados que hemos conocido hasta ahora se debe acompañar de recursos suficientes para hacerlos efectivos. Yo entiendo que ese es el objetivo de aprobar este decreto ley. Durante todo el debate y el trabajo parlamentario que hemos hecho para que hoy en día esto sea una realidad he hecho varias reflexiones. Una de ellas me apena muchísimo, y es la postura de algunos grupos en la Cámara, entre otros del Grupo Popular, el cinismo del que han hecho gala. Un Partido Popular que, cuando estuvo en el poder, recortó más de 5000 millones de euros en el ámbito de la dependencia. ¿Y eso en qué se tradujo? Se tradujo en peores prestaciones, menores cuantías, en más listas de espera, en muchísimas personas desprotegidas, en que las cuidadoras fueran invisibles. Y eso no fue porque no dieran importancia suficiente a los cuidados; ellos cuidaban, pero cuidaban a los suyos, como hizo el señor Rajoy, que, mientras recortaba en dependencia para la ciudadanía en general, utilizaba recursos públicos que son de todos para cuidar a su padre desde la Moncloa. . Por eso me parece tan cínico el discurso que ha tenido el Partido Popular. Espero, les pido y les tiendo la mano para que no solo aprueben el decreto ley, sino que también aprueben las reformas de la ley de dependencia y discapacidad que tantas personas están esperando en este país. No me puedo extender más porque se me agota el tiempo. Vamos a tener la oportunidad de hablar de la reforma de la ley en el próximo punto, de cuáles son las cuestiones que nosotras vemos muy ventajosas y positivas, pero también de las deudas pendientes que nos quedan con muchas personas y del trabajo que nos queda por hacer. Porque, señor ministro, es verdad que es un paso adelante, es verdad que es un avance, pero todavía queda mucha gente atrás. Muchas gracias. .

  42. Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

    Bona tarda, senyories. Per començar, volem donar la benvinguda a totes les associacions i entitats de la societat civil que ens acompanyen avui i que representen milions de persones, milions de persones que pateixen una discapacitat o que es troben en situació de dependència. Sabem que al darrere de cada associació hi ha persones que viuen el seu drama particular. Vosaltres, millor que ningú, podeu, per tant, entendre la situació que vivim a Catalunya. El nostre sistema de dependència està al límit des de fa tant de temps que ja no és notícia. És on hi ha més persones en llista d’espera, més de 80 000 persones, gairebé la tercera part de les persones en llista d’espera de tot l’Estat. Moltes esperen valoració o prestacions ja reconegudes. L’any 2025, 10 000 persones van morir justament esperant aquestes prestacions i en els primers cinc mesos del 2026 ja portàvem més de 4000 persones esperant, que van morir esperant, com dèiem, aquestes prestacions, gairebé la meitat del total de l’Estat. La llei diu que el temps màxim d’espera ha de ser de 180 dies. A Catalunya tenim una mitjana de 266 dies. I sabeu què passa? Que hem normalitzat tant aquesta situació que, com us deia, ja no és notícia. I no és que individualment no siguem sensibles a la desgràcia de l’altre, ho som. El problema és que socialment patim, com en tants altres temes que afecten milers, el que els psicòlegs en diuen la fatiga de la compassió, perquè és més fàcil sentir empatia quan parlem del problema del Joan o de la Maria. Per tant, potser cal posar-li nom, al problema. Potser cal tenir present que tots, absolutament tots, hi estem exposats a una situació així, de dependència, a què la teva mare o al teu pare no li estiguin pagant la prestació que tant necessita i a la que té dret. Porta tota la vida cotitzant i ara el posen a la llista d’espera, potser per acabar morint desesperat. Això és una situació de vergonya. A Junts no acceptem aquesta normalitat. Mai, mai ens quedarem de braços plegats davant d’una situació així d’injusta. Per això, com després podrem explicar amb més detall, hem forçat el Govern espanyol a rectificar la relació econòmica Estat-Comunitats autònomes en la llei de dependència, però ara voldria centrar-me en el reial decret llei que aporta recursos extres per cobrir els graus II i III de dependència. I sí, he dit recursos extres, no extraordinaris. I m’explico. Extraordinaris ho serien si per un moment servissin per corregir i compensar el dèficit històric de la dependència que pateix Catalunya des de fa vint anys. Vint anys pagant el 70 % o el 80 % de les prestacions a què ens obliga l’Estat, mentre el Govern espanyol, a sobre, ens segueix aplicant el seu espoli fiscal de 22 000 milions d’euros cada any. Hem volgut que el Govern reconegui i compensi aquest dèficit històric de la dependència, però no ho han acceptat. No fos cas, oi? Per tant, avui no ens aporten res d’extraordinari. Són recursos extres, perquè tampoc han posat a disposició una partida extraordinària suficient perquè aquest reial decret llei aportés des de ja el 50 % del cost de les prestacions de la dependència. Això no ha passat. Només hi ha 2218 milions i dic només — només— perquè repartits per tot l’Estat no serviran per fer canvis realment significatius en les llistes d’espera ni en la millora de l’atenció a les persones dependents. I no serà perquè el Govern espanyol no tingui diners. En té molts. Mirin, des que governa Pedro Sánchez al 2018, la recaptació d’impostos de l’Estat ha augmentat en un 36 %. Ara, ara, atenció recapten 117 000 milions d’euros més que al 2018, entre l’IRPF i l’IVA, l’impost de societats i altres impostos. Per tant, que no ens vinguin a vendre com a cosa extraordinària el que no ho és. Tot ajuda, ho entenem segur. I aquest és el principal argument de les associacions, però demanem que analitzin la situació. Ens estan dient per terra, mar i aire que l’Estat espanyol és una de les economies que més creix a la Unió Europea. Però de què serveix que l’Estat cada cop tingui més diners si aquests no arriben a la ciutadania just quan més ho necessita? A banda d’increments pressupostaris, volem un canvi de model que sigui més just i de pas més transparent, perquè el reial decret llei incrementa les aportacions de l’Estat, però no sabem quin és el cost global de les prestacions i, per tant, no sabem quina factura hauran d’acabar pagant les comunitats autònomes. Per això era línia vermella que l’Estat assumís de manera literal el 50 % del cost per votar a favor la llei de dependència. Des de l’entrada en vigor de la llei de dependència, la 39/2006, hem suportat la seva política de «Jo convido i tu pagues». Vostès, des de Madrid, ampliant prestacions. Nosaltres, des de Catalunya, encaixant-les. Aquest reial decret llei forma part d’aquesta manera de fer, perquè ni la llei de dependència ni aquest reial decret llei modifiquen l’arquitectura financera amb què l’Estat ofega econòmicament Catalunya en dependència, en sanitat, en tot, sempre aprofitant-se de les comunitats autònomes. Un ofec que va arribar a màxims històrics entre el 2011, després de la crisi econòmica, i el 2020. Vostès mateixos reconeixen, en el preàmbul d’aquest reial decret llei, que l’any 2016 l’Estat va aportar 1191 milions d’euros, mentre que les comunitats autònomes van aportar 6113 milions d’euros. Saben quin percentatge correspon a aquesta diferència? Doncs bé, les comunitats autònomes van aportar el 80 %. I ara el Govern espanyol, sobretot la part econòmica d’Hisenda, ens venen amb l’enganyifa del nou model financer Estat-autonomies, a fer-nos creure, com sempre explica molt bé el Josep Maria Cruset, que ens regalen 4700 milions d’euros quan ens donen allò que ja ens corresponia. Potser els altres els compren aquesta moto, nosaltres no. Però evidentment necessitem més recursos per a la dependència. I aquest reial decret llei aporta un extra que, com deia, no és extraordinari. Gràcies. Buenas tardes, señorías. Para empezar, queremos dar la bienvenida a todas las asociaciones y entidades de la sociedad civil que nos acompañan hoy y que representan a millones de personas; millones de personas que sufren una discapacidad o que se encuentran en una situación de dependencia. Sabemos que detrás de cada asociación hay personas que viven su drama particular. Vosotros, mejor que nadie, podéis entender, por lo tanto, la situación que vivimos en Cataluña. Nuestro sistema de dependencia está al límite desde hace tanto tiempo que ya no es noticia. Es donde hay más personas en lista de espera, más de 88 000 personas, casi una tercera parte de las personas en lista de espera de todo el Estado. Muchas esperan valoración o prestaciones ya reconocidas. En 2025, murieron 10 000 personas precisamente esperando las prestaciones, y en los primeros cinco meses de 2026 llevamos ya más de 4000 personas que fallecieron esperando, como decía, las prestaciones, casi la mitad del total del Estado. La ley dice que el tiempo máximo de espera tiene que ser de 180 días. En Cataluña tenemos un promedio de 266 días. ¿Y sabéis qué pasa? Que hemos normalizado tanto esta situación que, como os decía, ya no es noticia. Y no es que individualmente no seamos sensibles a la desgracia del otro; lo somos. El problema es que socialmente sufrimos, como en tantos otros temas que afectan a miles de personas, de aquello que los psicólogos llaman la fatiga de la compasión, porque es más fácil sentir empatía cuando hablamos del problema de Joan o de María. Por lo tanto, quizás hay que poner nombre al problema y tener presente que todos, absolutamente todos, estamos expuestos a una situación así, de dependencia, a que a tu madre o a tu padre no les paguen la prestación que tanto necesitan y a la que tienen derecho. Llevan toda la vida cotizando y ahora los ponen en lista de espera, quizás para acabar muriendo desesperados. Esto es una situación de vergüenza. En Junts no aceptamos esta normalidad. Nunca, jamás, nos quedaremos de brazos cruzados ante una situación así de injusta. Por eso ― como después podremos explicar con mayor detalle ― hemos forzado al Gobierno español a modificar la relación autonómica entre Estado y comunidades autónomas en la ley de dependencia. Ahora quiero centrarme en el real decreto ley que trae recursos extras para cubrir los grados 2 y 3 de dependencia. Y, sí, he dicho recursos extras, no extraordinarios. Me explico: extraordinarios serían si por un momento sirvieran para corregir y compensar el déficit histórico de la dependencia que sufre Cataluña desde hace veinte años. Esto es, veinte años pagando el 70 o el 80 % de las prestaciones a las que nos obliga el Estado mientras el Gobierno español, encima, nos sigue aplicando su expolio fiscal de 22 000 millones de euros al año. Hemos querido que el Gobierno reconozca y compense el déficit histórico de la dependencia, pero no lo han aceptado, ¿verdad? Hoy, por lo tanto, no nos aportan nada extraordinario, son recursos extras porque tampoco han puesto a disposición una partida extraordinaria suficiente para que este real decreto ley aportara desde ya el 50 % del coste de las prestaciones de la dependencia. Esto no ha ocurrido, solo hay 2218 millones. Digo solo, porque repartidos para todo el Estado no servirán para impulsar cambios realmente significativos en las listas de espera ni en la mejora de la atención a las personas dependientes. Y no será porque el Gobierno español no tenga dinero, que tiene mucho. De hecho, desde que gobierna Pedro Sánchez, desde 2018, la recaudación de impuestos del Estado ha aumentado en un 36 %. Ahora ― atención ― recaudan 117 000 millones de euros más que en 2018 entre IRPF, IVA, impuesto de sociedades y otros impuestos. Por lo tanto, no quieran vendernos como algo extraordinario aquello que no lo es. No dirán que todo ayuda; sí, eso lo entendemos, seguro, y este es el principal argumento de las asociaciones, pero pedimos que analicen la situación. Nos dicen por tierra, mar y aire que el Estado español es una de las economías que más crece en la Unión Europea, pero ¿de qué sirve que el Estado tenga más dinero cada vez si este dinero no llega a la ciudadanía, precisamente, cuando más lo necesita? Además de aumentos presupuestarios, queremos un cambio de modelo que sea más justo y, de paso, más transparente. Porque el real decreto ley aumenta las aportaciones del Estado, pero no sabemos cuál es el coste global de las prestaciones y, por lo tanto, no sabemos cuál es la factura que acabarán pagando las comunidades autónomas. Por eso, era una línea roja que el Estado asumiera de forma literal el 50 % del coste para votar a favor de la ley de dependencia. Desde la entrada en vigor de la ley de dependencia, la Ley 39/2006, hemos soportado su política de «yo invito y tú pagas». Ustedes desde Madrid amplían prestaciones; nosotros desde Cataluña las encajamos. Este real decreto ley forma parte de esta manera de hacer, porque ni la ley de dependencia ni este real decreto ley modifican la arquitectura financiera con la que el Estado ahoga económicamente a Cataluña en dependencia, sanidad y en todo, siempre aprovechándose de las comunidades autónomas. Un ahogo que llegó a máximos históricos entre el 2011 ― después de la crisis económica ― y el 2020. Ustedes mismos reconocen en el preámbulo del real decreto ley que en 2016 el Estado aportó 1191 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas aportaron 6113 millones de euros. ¿Saben cuál es el porcentaje que corresponde a esta diferencia? Pues bien, las comunidades aportaron el 80 %. Y ahora el Gobierno español ― sobre todo el lado económico de Hacienda ― nos viene con el engaño del nuevo modelo financiero del Estado de las autonomías para hacernos creer, como siempre explica muy bien Josep Maria Cruset, que nos regalan 4700 millones de euros cuando nos dan aquello que ya nos correspondía. Quizás los demás les compren esta moto, nosotros no. Pero, evidentemente, necesitamos más recursos para la dependencia y este real decreto ley aporta un extra que, como les decía, no es extraordinario. Gracias.

  43. Jordi Salvador i Duch ERC

    Bona tarda, presidenta. Gràcies, senyories. Una salutació especial a totes les entitats que ens estan seguint avui dels dos punts del dia, primer dels calers i després la llei de dependència, que són, com ha dit el ministre, possiblement una de les lleis més importants, si més no, d’aquesta legislatura. Gràcies especialment, com deia, a les entitats, i sobretot — aprofiteu-me que tiri cap a casa— al Toni Guillem i a la Laura Recha, que han vingut de casa meva, infatigables i imprescindibles. La dependència en diners no és una qüestió tècnica, són la diferència entre tenir un dret o no tenir-lo. La dependència es paga de tres butxaques: la de l’Estat, comunitats autònomes i la de les famílies. L’any 2006 la llei va prometre que l’Estat i les comunitats aniríem a mitges. Això no ha estat així. Evidentment que no és responsabilitat seva, senyor ministre, però és una realitat de la qual partim. Vint anys després, la realitat és aquesta: de cada quatre euros que costa el sistema, l’Estat ha pagat poc més d’un 27 %. L’any passat, 3750 milions d’euros d’un cost de més de 13 500 milions, poc més del 27 %, com deia. Això encara — i aquí sí que seré una mica més dur amb els partits del Govern i amb el Govern— si entra vostè a la pàgina del Ministeri de Defensa, el Ministeri de Defensa veurà que hi ha 79 programes compromesos per valor de 94 000 milions d’euros. I aquí estem discutint per aquests diners, que són molts, però comparat amb l’altre. I per la classe treballadora, la seguretat és també la llei de dependència, no només la seguretat militar. Ahí lo dejo. Com deia abans, l’Estat espanyol dedica a les cures de llarga durada la meitat que la mitjana europea, 0,8 % del PIB, quan a Europa supera el 1,15. No és una feina d’un dia, és responsabilitat dels diferents governs, però també és una realitat la que estem vivint. Ens ho van dir els experts a la ponència. El nostre no és un sistema car, és un sistema, en tot cas de low cost. Què fa, doncs, aquest reial decret llei? Tres coses, primera, injecta 2218 milions d’euros addicionals aquest mateix 2026, no l’any que ve, ara. Bé, amb això l’aportació de l’Estat arriba enguany als 5513 milions. Segona, puja el mínim de l’Estat, que garanteix per cada persona. La gran dependència passa de 296 euros al mes a més del doble. El grau II se multiplica de 130 a 260. La tercera, garanteix 4930 euros mensuals per a les persones amb dependència extrema, l’ELA i les malalties equiparables, perquè hi ha malalties que no poden esperar cap tràmit. I això no és caritat, senyories, és començar a tornar el que se’ns deu. Val a dir que aquest decret no ha caigut el cel. Com deia abans, existeixen perquè milers d’entitats han pressionat, però també hem posat Esquerra Republicana el nostre gra de sorra, amb tota humilitat. Vam dir una cosa molt senzilla mentre estàvem tramitant aquesta llei: sense diners no hi hauria cap vot. I aquí, senyor ministre, li vull donar les gràcies, senyor Bustinduy, perquè realment vostè ha complit la seua paraula. Vam dir que perquè tirés aquesta llei endavant, volíem un document signat. El va signar el 23 de juny. Ho va aprovar, perdó, ho va signar el 14 de juny. Ho va aprovar, com vostè va dir, el 23 de juny i es compleix la paraula donada i des de l’1 de juliol ja s’està aplicant. Així que gràcies i això l’honora. Aquesta és la política que ens interessa, la que acaba en una nòmina, no la que acaba en una foto. Ara bé, que ningú confongui, aquest sí amb un xec en blanc. Aquest decret millora el present però encara no garanteix el futur i vostès ho saben. Quatre lletres petites tretes al mateix BOE. Primera, és un suplement de crèdit al 2026, només per al 2026. Els més de 7200 milions anunciats pel 2027 són avui un anunci i els compromisos s’haurien d’escriure; si no, són de poc de fiar. Però li donem un vot de confiança també amb aquests 7200 milions d’euros anunciats pel 2027. Segona, les quanties no són xifres fixes, sense clàusula d’actualització. I aquí sí que permeti’m que és una de les espines clavades que tinc amb la negociació d’aquest reial decret llei. Nosaltres vam demanar al Ministeri una revisió anual lligada als costos i a la demanda. La inflació, l’envelliment, els diners es devoren calladament, com va passar a partir de l’any 2011. Un dret que no s’actualitza és un dret que es retalla a càmera lenta. És una espina clavada amb el ministeri que tenim present i tenim memòria, senyor Bustinduy i això s’hauria d’haver arreglat. S’ha d’arreglar. S’ha d’actualitzar perquè si no, els diners perden valor. Tercera, el cinquanta per cent avui deixa de ser una promesa — l’escrivim a la llei— però té clau de pas: una certificació de despesa que encara s’ha de definir per un grup de treball. Vigilarem perquè això es compleixi i, de fet, no faria falta que estigués aquestes esmenes que estem ficant en diferents grups, perquè l’Estatut ja ho diu i que, bé, que s’hauria de complir. Però bé, si ho posem és perquè no es compleix. Quarta, el repartiment territorial continua sec a la demografia. Es paga per beneficiari reconegut, però no per necessitat real, i això penalitza Catalunya, 4442 persones mortes en llista d’espera només fins al maig i 320 dies de mitjana per resoldre un expedient. No demanem cap privilegi. Demanem que la llei es compleixi, com deia abans. Hi ha qui aquests dies diuen que això és un pedaç, que 2200 milions d’euros és un pedaç. Un pedaç és retallar més de 5000 milions d’euros, com va fer el Partit Popular a partir del 2012. Això sí que és un pedaç i, a més, d’una mala costurera o costurera. I per acabar, hi ha qui compta la dependència com una despesa. Nosaltres la comptem com el que és: el salari indirecte de la classe treballadora, allò que sosté aquella persona que emmalalteix, que es fa gran, quan algú de casa ja no es pot valdre sol. Defensar aquest finançament és defensar el sou de la gent encara que no surti de la nòmina. I és alhora lluita social i lluita nacional, perquè finalment, finançar els drets de la gent i respectar les competències de Catalunya no són dues coses, són per a nosaltres, per a Esquerra Republicana, la mateixa. Per tot això, Esquerra Republicana votarà sí a la convalidació d’aquest reial decret llei i a partir de demà mateix vigilarem que cada euro, cada termini i cada transferència estigui ben empleada, perquè la dignitat no es decreta, es finança. Moltes gràcies. Buenas tardes, presidenta. Gracias, señorías. Un saludo especial a todas las entidades que nos siguen hoy en estos dos puntos del orden del día, dinero y ley de dependencia, que son, como ha dicho el ministro, tal vez de las leyes más importantes, al menos de esta legislatura. Gracias especialmente a las entidades, como decía, y sobre todo ― permítanme que barra para casa ― a Toni Guillem y a Laura Recha, que han venido de mi casa, de mi tierra, infatigables e imprescindibles. La dependencia en dinero no es algo técnico, es la diferencia entre tener un derecho o no tenerlo. La dependencia se paga de tres bolsillos: familias, comunidades autónomas y Estado. En 2006, la ley prometió que el Estado y las comunidades iríamos a medias, y eso no ha sido así. Evidentemente, no es su responsabilidad, señor ministro, pero es una realidad de la que partimos. Veinte años después, la realidad es esta: de cada cuatro euros de nuestro sistema, el Estado tiene que pagar poco más del 27 %. Concretamente, el año pasado pagó 3657 millones de euros de un coste de más de 13 600 millones. Esto es, poco más del 27 %, como decía hace un momento. Y aquí voy a ser un poco más duro con los partidos del Gobierno y con el Gobierno. Si usted se mete en la página del Ministerio de Defensa, verá que hay setenta y nueve programas comprometidos por valor de 94 000 millones de euros. Y estamos ahora debatiendo de este dinero, que es mucho, pero comparado con este otro, no es tanto. Y para la clase trabajadora, la seguridad también es la ley de dependencia, no es solo la seguridad en sentido militar. Ahí lo dejo. Como decía antes, el Estado español dedica a los cuidados de larga duración la mitad de la media europea: 0,8 % del PIB, cuando en Europa se supera el 1,15 %. No es trabajo de un día, es responsabilidad de los distintos Gobiernos, pero es la realidad en la que vivimos. Los expertos de la ponencia dijeron que nuestro sistema no es caro, de hecho, es un sistema, en todo caso, de bajo coste. Entonces, ¿qué hace este real decreto ley? Tres cosas. Primero, inyecta 2218 millones de euros adicionales este 2026 ― no el año que viene, sino ahora ― y con esto la aportación del Estado llega este año a los 5613 millones. En segundo lugar, sube el mínimo que el Estado garantiza para cada persona. Se pasa de 130 a 260 por cada grado y se multiplica también para las personas de dependencia extrema y enfermedades equiparables, porque hay enfermedades que no pueden esperar. Pero esto no es caridad, es empezar a devolver lo que se nos debe. Hay que decir que este es un decreto que no ha caído del cielo, existe porque hay miles de entidades que han presionado, y nosotros, Esquerra Republicana, también hemos puesto nuestro grano de arena, con toda humildad. Cuando se tramitaba esta ley, dijimos algo muy sencillo: sin dinero no habría votos. Aquí, señor ministro Bustinduy, le quiero dar las gracias porque realmente usted ha cumplido su palabra. Dijimos que, para que esta ley saliera adelante, queríamos un documento firmado y lo firmó el 14 de junio y lo aprobó ― como decía usted ― el 23 de junio. Por tanto, se cumple la palabra dada y desde el 1 de julio está en aplicación. Así que, gracias, esto le honra. Esta es la política que nos interesa, la que termina en una nómina, no la que termina en una foto. Ahora bien, que nadie confunda este sí con un cheque en blanco. Este decreto mejora el presente, pero todavía no garantiza el futuro, y ustedes lo saben. Cuatro letras pequeñas que salen del primer BOE. Primero, es un suplemento de crédito del 2026. Es decir, solo para 2026, porque los más de 7200 millones anunciados para el 2027 son, en este momento, un anuncio. Los compromisos habría que escribirlos, pero vamos a dar un voto de confianza a estos 7200 millones anunciados para el 2027. Segundo, las cuantías nuevas son cifras fijas sin cláusula de actualización. Ahí sí que quisiera decirle que es una de las espinas clavadas que tengo en la negociación de este real decreto ley. Nosotros pedimos al ministerio una revisión anual vinculada a los costes y a la demanda: la inflación, el envejecimiento… El dinero se devora calladamente, como ocurrió desde 2011. Este es un derecho que no se actualiza y se va recortando a cámara lenta. Es una espina clavada con el ministerio que tenemos presente ― lo tenemos en la memoria ― y esto, señor Bustinduy, habría que arreglarlo. Hay que actualizarlo, porque de lo contrario el dinero pierde valor. En tercer lugar, el 50 % hoy deja de ser una promesa. Se pone por escrito en la ley, pero tiene una llave de paso, una certificación del gasto que todavía tendría que definir un grupo de trabajo. Vamos a estar atentos para que se cumpla. De hecho, no haría falta que estas enmiendas estuvieran, porque ya lo dice el estatuto y habría que cumplirlo. Pero, bueno, si lo decimos es porque no se cumple. En cuarto lugar, el reparto territorial sigue siendo ciego con respecto a la demografía. Se paga por beneficiario reconocido, pero no por la necesidad real y esto penaliza a Cataluña: 4442 personas muertas en lista de espera solo hasta mayo y 320 días de media para resolver un expediente. No pedimos ningún privilegio; pedimos que se cumpla la ley, como decía antes. Estos días hay quien dice que esto no es más que un parche, que estos 2200 millones de euros son un parche. No, un parche es recortar miles de millones de euros, como hizo el Partido Popular desde 2012. Eso sí que es un parche de una mala costurera o costurero. Para terminar, diré que nosotros entendemos este gasto como lo que es: el salario indirecto de la clase trabajadora. La dependencia ayuda a quien se pone enfermo, a quien se hace mayor o cuando alguien en casa ya no puede valerse por sí mismo. Defender esta financiación es defender el salario de las personas, aunque no salga de la nómina. Hay quien ve, sin embargo, la dependencia como un gasto, y esto tiene que ver con la lucha social y la lucha nacional. Porque financiar los derechos de la gente y respetar las competencias de Cataluña no son dos cosas, sino que son lo mismo. Por todo ello, Esquerra Republicana va a votar sí a la convalidación de este real decreto ley. Y, a partir de mañana mismo, vamos a vigilar para que cada euro, cada plazo y cada transferencia se cumplan y estén bien empleados. Porque la dignidad no se decreta, se financia. Muchas gracias. .

  44. Alda Recas Martín SUMAR

    Buenas tardes, presidenta. Ministro, señorías, quería empezar saludando a toda la buena gente que hoy nos acompaña en tribuna y a toda la buena gente que está en la sala Cánovas, personas que se dedican a mejorar la vida y el entorno de la discapacidad y la dependencia. Bienvenidos a todas y a todos, y muchísimas gracias por estar aquí. . Y es que hoy nos jugamos algo muy, muy importante. Y no hablo de Francia-España, o no solo de Francia-España, sino de que hoy todos los ciudadanos nos jugamos apostar por un sistema de cuidados que no deje a nadie atrás, y no solo a los no nacidos, que diría el Partido Popular, tanto con este real decreto ley del que hablamos ahora como, después, con la ley de dependencia y de discapacidad. Y no hubiéramos llegado hasta aquí sin vosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. . Hoy el Gobierno, de la mano del ministro Bustinduy, nos trae un real decreto ley de esos que marcan un antes y un después, tanto en las políticas de la Administración General del Estado como en las de las comunidades autónomas. Pero, sobre todo, puede marcar un antes y un después en la vida de las personas con algún tipo de discapacidad o dependencia y, sobre todo, en la de sus cuidadores o, mejor dicho, cuidadoras, porque una mayoría aplastante son mujeres. Es una norma con la que, como bien ha explicado el ministro, se duplica la financiación respecto a 2025, superando los 7200 millones en 2027 y alcanzando ya los 5513 millones en 2026. En total, la inversión aumentará en 6200 millones de euros de aquí al final de la legislatura, de modo que la aportación estatal alcanzará el 50 % de la financiación de las comunidades autónomas, justo lo que tanto lleva pidiendo el Partido Popular. Esperemos que voten en consonancia. Eso se llama compromiso político, una rara avis en estos tiempos que corren. Se amplían por ley las cuantías correspondientes a cada uno de los grados de dependencia. En el grado I, un 18,4 %; en el grado II, un 100 %; y en el grado III, la prestación mínima aumenta un 127 %. Sin duda alguna, se trata de un salto cuantitativo para lograr un salto cualitativo en materia de cuidados. Estos días, que estamos tan futboleros, hay que recordar y destacar que también existen diferentes ligas en esto de los cuidados y la dependencia. Si uno tiene recursos, tu familia y tú estaréis en una liga; pero, si no los tenéis, os tocará vivir en una liga inferior. Y es que, desde los recortes de 2011, el sistema de dependencia ha ido sufriendo y ha ido asfixiando a mucha gente. Ha dejado atrás a muchas personas, aunque en los últimos años hemos ido mejorando. Eso lo hemos podido ver en los barrios. Seguro que el señor Feijóo, en El Viso, no lo ha visto, pero quienes llevamos toda la vida en nuestro barrio, quienes hemos tenido la suerte de crecer y vivir siempre allí, sabemos lo que significa intentar cuidar en comunidad. Hemos visto cómo las familias debían enfrentarse, primero, a la burocracia, a las listas de espera y a unas ayudas que tardaban en llegar, mientras trataban de compaginar los cuidados con la casa y el trabajo. Hemos visto cómo esa hija, esa madre, iba asumiendo las tareas de cuidados hasta el punto de dejar incluso de trabajar, perdiendo una capacidad adquisitiva fundamental. Hemos pasado de saludarlas en el bus, yendo al curro, a saludarlas en la cola de Cáritas para recibir alimentos esenciales. Y si ya eres migrante, la cosa es muchísimo peor. Y en este mismo barrio, que es el mío, basta con cruzar una calle para encontrarnos en la otra liga. Gente que tiene recursos, que tiene dinero y que, con la misma preocupación por su familia, puede cuidar de los suyos de una manera muy muy diferente. No normalicemos esta diferencia sin más, señorías. No normalicemos esta inequidad. Por esto, entre otras muchas razones, tanto este real decreto como la nueva ley de dependencia y discapacidad que vendrá después deben salir adelante, y espero que con un consenso generalizado. Por justicia, por feminismo ― sí, por feminismo ―, por responsabilidad política y ciudadana y también, cómo no, por necesidad social. Sigamos generando comunidad, pero también garantizando derechos universales y creando oportunidades para todos y todas. Pero para todo ello hacen falta respuestas sin evasivas; financiación para reforzar el sistema de cuidados; financiación para reducir la burocracia; financiación para disminuir los copagos, señorías del Grupo Popular; financiación para reducir las listas de espera; financiación para una mejor atención; financiación para la creación de empleo digno para las trabajadoras de los cuidados, y financiación para afianzar derechos, muchos derechos. Como decía, a partir de 2011 los fondos destinados a la atención a la dependencia se redujeron. ¿Quién gobernaba en esa época? Se lo puedo decir yo: el Partido Popular. El esfuerzo financiero se trasladó a las comunidades autónomas y a la ciudadanía. Esto ha mejorado en los últimos años. Según los datos, España va mejor. Vamos bien. Pues bien, ha llegado el momento de devolver a la sociedad lo que nunca se debió recortar: la dignidad de las personas y de sus cuidadoras , y la dependencia como verdadero cuarto pilar del estado del bienestar. Y un detalle para el Grupo Popular y para VOX. Esta financiación, ¿de dónde viene? ¿Viene de Quirón? ¿Viene de los bancos rescatados que nunca devolvieron las ayudas? ¿O de empresas como Madrid Network? No. Viene de nuestros impuestos, bien gestionados. . Para terminar, vuelvo a lo futbolístico. Cuando algunos querían dar por acabado este partido que es la legislatura, o más bien creían que ya había terminado, muchos tomamos decisiones. Unos seríamos centrocampistas y otros defensas de las políticas progresistas. Y mientras defendíamos la portería, nuestro estado del bienestar, frente a la derecha y la ultraderecha, alguien subía por la banda, llegaba hasta el Ministerio de Hacienda y conseguía lo que todavía hoy sorprende a muchos: una financiación millonaria. Entonces pregunté a Tesh, que es experta en fútbol, y puedo afirmar, ministro Bustinduy, que usted es nuestro Cucurella. . Enhorabuena a usted y a todo su equipo. Enhorabuena. . Porque no sé cómo lo han conseguido, pero yo quiero lo mismo también para la sanidad y para otras cosas. Enhorabuena. Dicho esto, aún queda partido, señorías del Grupo Popular. Pero, sin duda, hoy el gol y la victoria es para la sociedad civil y para los colectivos. Quería terminar con una mención especial a mi ahijada Nina y a su luchadora madre, Ana. Porque todos los que estamos aquí tenemos a alguien que cuida. Todos conocemos a alguien que cuida de una persona con discapacidad o en situación de dependencia. Todos nos hemos reunido con esas madres, hijas y mujeres cuidadoras y hemos escuchado sus necesidades. Pues bien, hoy es el día de seguir mejorando sus vidas. Hoy es el día de pulsar el botón verde del sí. Por días como hoy merece la pena estar en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. .

  45. María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

    Gracias, presidenta. Buenas tardes. Señorías, qué fácil es votar a favor de esta propuesta. Qué fácil es quedar bien con todo el mundo y colgarse esta medalla. Qué fácil es votar a favor y mirar para otro lado. Qué fácil es lavarse las manos y dejar que las personas con discapacidad y sus familias crean que, por fin, van a mejorar sus condiciones de vida, cuando todos sabemos que no será así. Porque, desgraciadamente, este es el modus operandi que impera en la política de siempre, la que ustedes llevan años practicando: proponer para quedar bien con el ciudadano que reclama una necesidad y, después, si te he visto, no me acuerdo; apoyar para no quedar mal, huyendo de la responsabilidad de decirle a la gente la verdad, de enfrentarla a la realidad: que la mayoría de las veces lo que se aprueba no se cumple. Señorías, todos aquí sabemos que esto no es más que otro engaño de este Gobierno miserable. Porque hay que ser muy miserable para hacer creer a quienes viven una situación desesperada que las cosas van a mejorar para luego dejarles en la estacada, como han hecho siempre. Como hicieron con los enfermos de ELA. . Como han hecho hace apenas unos días con las familias de la CUME y como van a hacer ahora con tantos y tantos españoles necesitados de ayuda urgente. Este aumento en la cuantía de las ayudas a la dependencia que propone el Gobierno no es un gran avance del que sentirse orgullosos. No lo es porque venimos de un mínimo indecente y no lo es porque, a pesar del aumento, seguimos estando muy por debajo de la media europea. Pero ni siquiera es esta la cuestión, porque de nada sirve aprobar un aumento de las ayudas si el Gobierno no está en condiciones de garantizar que lleguen a quienes tienen que llegar, en tiempo y forma. Por tanto, lo que debemos plantearnos hoy aquí no es si aprobemos o no un aumento de la cuantía de unas ayudas que, por supuesto, son absolutamente necesarias. La pregunta que debemos hacerle a este Gobierno es si, una vez aprobado este real decreto, las ayudas llegarán a las familias, a todas las familias. . ¿Están ustedes en disposición de asegurarnos que será así? Nosotros creemos que no, y lo creemos porque los datos que manejamos son absolutamente demoledores. Porque la realidad es que hoy mueren noventa dependientes al día sin recibir la asistencia que les corresponde por ley: uno cada dieciséis minutos. La realidad es que, en los cinco primeros meses del año, la lista de espera ha aumentado en más de siete mil personas, hasta alcanzar la cifra de 265 503 dependientes que necesitan atención y no la tienen. La realidad es que el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de 320 días, cuando la ley establece 180. Así que la pregunta es muy clara: ¿van a ser capaces de reducir las listas de espera? Porque ¿de qué sirve una ayuda, por muy cuantiosa que sea, si no va a llegar a tiempo? Señorías, hay cálculos que dicen que harían falta ochenta y seis años para eliminar las listas de espera. ¿Pueden decirnos cómo van a cambiar esta situación? Y, ya de paso, ¿podrían decirnos cómo van a resolver la desigualdad territorial? ¿Cómo van a garantizar que todos los dependientes, vivan en la comunidad que vivan, tengan la posibilidad de recibir las mismas ayudas? Y, por último, ¿qué va a pasar con los miles de nuevos dependientes que se van a ir sumando, irremediablemente, a la petición de ayuda como consecuencia, entre otras cosas, de sus regularizaciones masivas? ¿Han tenido en cuenta el aumento constante del número de posibles beneficiarios? ¿Habrá dinero para todos, teniendo en cuenta que ni tienen ni van a tener ustedes presupuestos? Señorías, ustedes ni siquiera son capaces de dotar a nuestros mayores de plazas públicas y concertadas en las residencias. Sabemos que la población mayor de 65 años ha aumentado en más de ochocientas mil personas y que el crecimiento de la demanda va muy por delante del ritmo de creación de plazas. Hoy faltan más de cincuenta mil plazas para atender la lista de espera de las personas con dependencia severa y gran dependencia, y cerca de cien mil para alcanzar el mínimo recomendado de cinco plazas por cada cien mayores de 65. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de lo mismo de siempre: de titulares electoralmente rentables, de política de gestos. Estamos hablando de una gran mentira. Estamos hablando de cómo blanquear la corrupción del Partido Socialista mientras todo se desmorona a su alrededor, a costa de las expectativas de personas necesitadas de ayuda. De eso estamos hablando. Y por eso nosotros, en conciencia, no podemos seguir participando en este cruel engaño. Y por eso nosotros, por responsabilidad y por decencia, tenemos que decir que no vamos a participar en este juego macabro. Señorías, lo fácil es votar a favor y ponerse de perfil. Claro que sí. Lo fácil es votar a favor y hacer como si creyéramos que estas ayudas van a llegar a los españoles que las necesitan. Lo fácil es votar a favor, recibir la aprobación social y eludir la crítica. Pero, a veces, hay que escoger el mejor camino, aunque sea el más difícil. Y lo difícil, señorías, es votar en contra de este real decreto. Lo difícil es decirles a tantos españoles que esperan una ayuda que no se dejen engañar, que están jugando con sus expectativas por puro interés partidista. Lo difícil es decirles que el papel lo aguanta todo, pero que se arruga rápido y que rápido acaba en el fondo de una papelera. Que el Gobierno solo gana tiempo y que, por mucho que aprobemos hoy este real decreto, la inmensa mayoría de los afectados no va a recibir esta ayuda. Es mucho más difícil asumir la responsabilidad de decirle a este Gobierno, asediado por la corrupción, que no; que ya está bien de engañar a los ciudadanos; que no nos creemos nada; que esto de repartir dinero sin garantía alguna de que llegue a sus destinatarios es una vergüenza y una obscenidad. Lo difícil es mantenerse firme cuando te acusan falsamente de votar en contra de las mujeres, de los niños, de las personas mayores o de las personas con discapacidad solo por votar en contra de medidas bonitas por fuera, pero muy dañinas por dentro, que no solucionan nada y se quedan en un titular. . No, nosotros nunca vamos a votar en contra de los ciudadanos, como quieren hacer ustedes creer, cada vez con menos éxito, gracias a Dios. Nosotros votamos en contra de este Gobierno indecente. Votamos en contra de sus mentiras, de sus malas artes y de la utilización partidista que hacen de las personas más vulnerables. Que a nadie se le olvide que este Gobierno es el máximo responsable de la precariedad de la dependencia en España; que durante ocho años ha permitido y promovido las listas de espera, el abandono de los mayores, la desigualdad territorial y la escasez de plazas en residencias y centros de día. Y solo ahora, al final de una de las peores legislaturas de la historia, cuando agoniza contra las cuerdas de la corrupción, se acuerda de los enfermos y de los dependientes. Pero no se engañen. No lo hacen por humanidad; lo hacen por necesidad. Lo hacen por puro interés partidista. No hay nada más indigno. Muchas gracias. .

  46. Inés Plaza García PSOE

    Gracias, presidente. Señorías, permítanme que comience con unas palabras de cariño hacia mis compañeros, mis vecinos de Almería, que han sufrido ese terrible incendio este fin de semana. . Quiero trasladar todo nuestro apoyo a las familias de los fallecidos, a quienes lo han perdido todo, y desear una pronta recuperación a las personas heridas. Y también quiero mostrar nuestro reconocimiento a todos los profesionales, a los servicios de emergencia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las personas voluntarias y a los ayuntamientos que han trabajado sin descanso para proteger a la población. Señorías, ya entrando en el objeto de este debate, quiero saludar y agradecer la presencia, tanto en tribuna como en la sala, de las organizaciones que trabajan para las personas en situación de dependencia y con discapacidad. Quiero dar las gracias a las familias, a las personas cuidadoras y a todas las entidades que llevan tantos años luchando por mejorar la vida de las personas en situación de dependencia y de las personas con discapacidad. . Sin duda, la reforma de la ley de dependencia y discapacidad y este decreto llevan también su nombre, porque, si hoy estamos aquí, es gracias a todo el trabajo que han realizado durante tantos años y a esa perseverancia y constancia que nos han hecho muchas veces entender que necesitábamos mejorar la vida de las personas con discapacidad y dependientes. Gracias. Hoy damos un paso decisivo, convalidamos un real decreto ley con una inversión de 6200 millones de euros adicionales para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Es la mayor financiación de la historia para consolidar un sistema que atiende a millones de personas y que necesita recursos para seguir creciendo. Este decreto garantiza que los nuevos derechos de la reforma de la ley de dependencia, que vamos a aprobar hoy aquí, se hagan efectivos porque dota a las comunidades autónomas de recursos necesarios para ampliar prestaciones, reforzar servicios y seguir reduciendo las listas de espera. Señorías, durante la tramitación de la ley, el Grupo Popular nos dijo que no podían aprobar la reforma de la ley de dependencia porque su problema era la financiación. Hoy, se trae aquí financiación y al Grupo Popular no le vale. Saben ustedes que este año el Gobierno de España ha aportado la mayor financiación en dependencia de la historia. Además, se van a aportar 6200 millones de euros extras en los próximos dos años, y dice el Grupo Popular que no le vale. Hay algo más importante y es que se pone dinero sobre la mesa, puesto que este decreto modifica la ley de presupuestos para incrementar las cuantías del nivel mínimo garantizado de la financiación de la dependencia, y al Grupo Popular sigue sin valerle. . Por lo tanto, no estamos hablando de promesas, estamos hablando de hechos, de una norma con rango de ley. Eso significa que, si en un futuro se quiere cambiar, tiene que modificarse en esta Cámara con una mayoría parlamentaria. Si a ustedes les parece esto insuficiente, me pregunto, señorías del Grupo Popular, qué les pareció cuando Rajoy dejó la financiación de la ley de dependencia en mínimos históricos. ¿Eso no les parecía insuficiente? Hay que tener memoria, señorías del Grupo Popular , hay que tener memoria. Tengo que recordarles que quienes recortaron, quienes eliminaron el nivel acordado y quienes quitaron la cotización a las mujeres, a las madres, a las hijas o a las hermanas fueron ustedes, y ahora vienen aquí a darnos lecciones de financiación. Hay que tener memoria. . Pero es que hay más. Llevan años diciendo que el Estado debía financiar el sistema al 50 % (la señora Acedo Reyes: Y no lo hace), y en política hay que decir también la verdad: la ley de dependencia de 2006 en ningún momento dice que el 50 % sea competencia del Gobierno. . Por favor, no, es la realidad. La ley de dependencia dice que las comunidades autónomas aportarán, como mínimo, lo mismo que el Gobierno de España. . Al Partido Popular le ha convenido hacer bandera de esto porque han llevado a los ayuntamientos, a las diputaciones y a todas las comunidades autónomas mociones pidiendo el 50 %, y ahora que hay un acuerdo histórico ― pero no gracias a ustedes, porque no han pactado absolutamente nada de la ley ― con los demás partidos políticos tampoco les vale y votan en contra. Además, dicen que votan en contra porque ahora resulta que no saben de dónde vamos a sacar el dinero. Ustedes dicen que tienen un problema con la financiación, pero su problema de verdad no es con la financiación, tienen un problema gordo porque, por un lado, los colectivos sociales están pidiendo desde hace muchos años financiación y más apoyos para ellos y, por otro lado, tienen al señor Feijóo que está diciendo que voten en contra de todo lo que el Gobierno progresista haga, aunque sea beneficioso para la ciudadanía. Por lo tanto, tienen ustedes un papelón muy gordo. . Tienen ustedes un papelón. . Sí, señorías, tienen un papelón muy gordo. Sin embargo, nosotros, el Grupo Socialista y el Gobierno de coalición, lo tenemos muy claro: elegimos a las personas, elegimos reforzar el sistema, ampliar derechos y poner recursos donde ustedes solamente pusieron recortes. Las personas que hoy nos acompañan en tribuna y en la sala esperan que todos estemos a la altura, esperan respuestas, esperan compromisos y esperan hechos. Precisamente, eso es lo que hoy trae este Gobierno aquí, porque trae financiación, derechos y un sistema fuerte para quienes más lo necesitan. A VOX ni siquiera se lo voy a decir, porque a ustedes nunca les han importado las personas con discapacidad ni en situación de dependencia, y lo han demostrado hoy aquí también, pero a las señorías del Grupo Popular les diría que están todavía a tiempo de rectificar; todavía están a tiempo de demostrar que, cuando ustedes hablaban de financiación, lo decían de verdad; todavía están a tiempo de ponerse del lado de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. No hagan caso al señor Feijóo, de verdad, hagan caso ― no a mí, que lógicamente no lo van a hacer ― a los ciudadanos y las ciudadanas. Por respeto a las personas en situación de dependencia y discapacidad y por respeto a todas las organizaciones que día a día se dejan la piel deben votar que sí. Por respeto a eso nada más. Señorías, dejen de una vez de pensar solo en su estrategia de partido y voten a favor de un decreto que es beneficioso para todas las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. Gracias. .

  47. Carmen Fúnez de Gregorio PP

    Gracias, señor presidente. Señorías, permítanme comenzar dirigiéndome a quienes hoy nos acompañan desde la tribuna: entidades que representan a personas con discapacidad, a personas en situación de dependencia, a sus familias y a cuidadores. Gracias por estar aquí. . Su presencia nos recuerda que no podemos defraudar su esperanza. En dependencia y en discapacidad lo importante no es la fotografía histórica de la aprobación, sino la realidad diaria de la prestación. Señorías, hay debates en este Parlamento que hablan de presupuesto, otros que hablan de leyes y otros hablan de personas, y este pertenece a la última categoría. Venimos a hablar de personas en situación de dependencia, de personas con discapacidad y también de sus familias, de sus cuidadores que reorganizan su tiempo, su trabajo e incluso su proyecto de vida para atender a aquellas personas que más quieren. Porque la dependencia nunca afecta a una sola persona ― eso creo que lo sabemos todos ―, cuando entra en un hogar transforma a toda una familia. Este debate también habla de futuro ― lo decía el ministro ―, porque efectivamente somos un país envejecido y, por lo tanto, vamos a necesitar más servicios y cuidados en el ámbito de la dependencia. Por ello, no venimos a hablar de otros, venimos a hablar de todos, porque necesitamos una sociedad que garantice cuidados. Hoy, el Grupo Parlamentario Popular afronta el debate de este real decreto ley con claridad y sin ambigüedades. Quiero explicar bien desde el principio los dos conceptos de claridad y ambigüedad. No confundamos a la gente, en este punto del orden del día de lo que estamos hablando es de un real decreto ley que viene a financiar la ley de dependencia vigente y después tendremos el debate sobre el proyecto de ley de reforma de discapacidad y dependencia. Este real decreto ley no viene a sustituir la memoria económica que le hemos venido pidiendo, señor ministro, desde que presentó usted esta ley en el Consejo de Ministros. Cualquier recurso que llega al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia es positivo, porque detrás de cada euro hay personas que esperan una prestación, hay familias que sostienen unos cuidados, hay trabajadores y profesionales que prestan unos servicios y hay comunidades autónomas y ayuntamientos que sostienen la asistencia y la atención a domicilio, la teleasistencia, los centros de día y las residencias de mayores. Nadie debería utilizar esa realidad para construir un relato partidista, pero ustedes, señorías del Gobierno, hoy no someten a votación solo la convalidación de un real decreto, ustedes, miembros del Gobierno, quieren que convalidemos su manera de gobernar, que son dos cosas distintas. . Gobernar no es solo anunciar nuevos derechos; no, gobernar consiste en hacerlos posible. Anunciar es relativamente sencillo, lo difícil es financiarlos, sostenerlos y que aquello que un ministro promete desde esta tribuna acabe llegando a la puerta de la casa de aquellas personas que lo necesitan, y eso es otra cuestión. Señorías, voy a resumir nuestra posición en cinco verdades, en cinco hechos, y no en cinco opiniones, porque la dependencia no necesita propaganda. La primera de las verdades que quiero poner encima de la mesa en la tarde de hoy es que este real decreto no cambia el sistema de financiación de la dependencia; puede aprobar un suplemento de crédito ― que lo hace ―, puede incrementar las cuantías del nivel mínimo, puede incorporar recursos extraordinarios, pero no puede hacer algo que jurídicamente es imposible: convertir en estructural una financiación que seguirá dependiendo de la aprobación año a año de los presupuestos generales del Estado, donde precisamente ustedes tienen poca credibilidad. . La financiación de los 2218 millones del real decreto ley solo sirve para financiar este año, el año en curso, para nada los 6200 millones de los que usted hablaba aquí y han aparecido en notas de prensa, pero no en el real decreto, porque es solo un titular político. ¿Cómo puede garantizar financiación estable para mantener estos derechos un Gobierno incapaz de garantizar estabilidad presupuestaria y que lleva incumpliendo la Constitución toda una legislatura, sin presentar una ley de presupuestos generales del Estado? . La dependencia necesita certezas y no parches. Segunda verdad. Hoy ustedes desmienten su propio discurso, ministro. Usted lo dijo en varias ocasiones en la sala de prensa del Consejo de Ministros y en el Senado. . ¿Qué decía y qué justificaba? Que con unos presupuestos prorrogados no podía aumentar la financiación para la dependencia. Pues bien, hoy demuestran exactamente lo contrario. Parece que sí podían. Si podían hacerlo, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué han permitido durante tres años que las comunidades autónomas aporten tres euros de cada cuatro que se dedican al sistema de dependencia? . ¿Por qué han permitido que crezca la deuda en 20 000 millones de euros con las comunidades autónomas? . ¿Qué ha cambiado realmente? Ni ha cambiado la situación presupuestaria ni tenemos nuevos presupuestos. ¿Sabe qué es lo único que ha cambiado? ¿Sabe qué es? Que ahora mismo tienen menos votos en la calle porque forman parte de un Gobierno que tiene 126 imputados, el hermano del presidente del Gobierno condenado, secretarios de organización de su compañero en el Consejo de Ministros en la cárcel, un millón trescientos mil euros de Zapatero en joyas ― que no ha sido capaz de aclarar su origen ― y un presidente del Gobierno absolutamente acorralado por la corrupción. . Señor ministro, les faltan votos y por eso han venido. Tercera verdad. Nos pide un acto de fe. ¿Qué creemos?, ¿la exposición de motivos del real decreto donde dicen que con este real decreto se financia el 50 %?, ¿o creemos esa enmienda transaccional que han firmado con el resto de los grupos que sostienen al Gobierno donde dicen ― fíjense, señorías ― que, después de aprobar la ley y de su entrada en vigor, el Gobierno de España tendrá doce meses para realizar un estudio donde se vea la posibilidad de financiar el sistema de dependencia y hacerlo sostenible? Señor ministro, ¿al final qué votamos, una garantía o una intención? Dejen de engañar, porque los derechos sociales no pueden construirse sobre un acto de fe, sino sobre memoria económica, planificación, financiación y presupuestos. Cuatro factores que ustedes no ponen encima de la mesa. . Cuarta verdad, y voy terminando. Al final, ustedes primero anuncian y después calculan. Es aquello que decía una portavoz anteriormente: yo invito y tú pagas. El problema es que el tú pagas no se refiere solo a las comunidades autónomas, sino a todos los españoles, a los que nos están subiendo los impuestos de manera constante desde que Pedro Sánchez llegó.

  48. Carmen Fúnez de Gregorio PP

    Voy terminando, señor presidente. ¿Cómo vamos a pagar a los entre 261 000 y 640 000 nuevos profesionales que serán necesarios? ¿Dónde está el cálculo? ¿Dónde está el coste? Termino con la quinta verdad. Nosotros también queremos el 50 %, efectivamente, y queremos el 50 % que ustedes cerraron con el Gobierno vasco. Donde hay reglas claras, donde hay calendario…

  49. Carmen Fúnez de Gregorio PP

    Termino, presidente. Termino ya, presidente.

  50. Carmen Fúnez de Gregorio PP

    Queremos el mismo 50 % que el Gobierno vasco, y que no utilice la dependencia para pagar una semana más en el Palacio de la Moncloa, que eso es lo que ha hecho con ese pacto. . Señorías, vamos a votar a favor porque entendemos la importancia de los recursos públicos para financiar el sistema de dependencia, pero no vamos a convalidar ni su forma de gobernar ni vamos a participar nunca en una política que promete lo que sabe que mañana no va a poder pagar. Muchas gracias. .

  51. Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agendasin identificar

    2030 : Gracias, señor presidente. Intervengo ahora para dar una réplica que condensaré. No intervendré en la apertura del próximo debate porque, efectivamente, lo he planteado desde una lógica de profunda coherencia y unidad. Estos dos debates van a la par. Así lo hemos trabajado en toda la legislatura. Así me comprometí ― lo ha recordado el portavoz de Esquerra, pero también lo hemos dicho públicamente durante toda la legislatura ―, dije que no traeríamos las leyes a esta Cámara hasta que la financiación no fuera un hecho garantizado. El orden del día de hoy refleja el cumplimiento de ese compromiso. Creo que de la mayor parte de las intervenciones se deduce una reflexión general, y luego atenderé muy rápidamente algunas cuestiones particulares que se han mencionado. La primera es que, evidentemente, toda mi intervención iba encaminada a diseñar la proporción, la magnitud del desafío que nuestro orden social, nuestro contrato social va a afrontar en las próximas décadas. Lo que tenemos que decidir ahora es si desarrollamos la infraestructura, la red de protección social para poder dar una respuesta desde una óptica de derechos de ciudadanía. Es una evidencia que ni un decreto ley de financiación extraordinaria sin precedentes ― como este en su magnitud ― ni una reforma que llega todo lo lejos que ha podido llegar van a ser un chasquido de dedos que mágicamente resuelva las insuficiencias y las limitaciones de un sistema que tiene solo veinte años de historia y que ha vivido más de la mitad de esa historia bajo unas condiciones de infrafinanciación, de precariedad y de insuficiente desarrollo. No va a ser un chasquido de dedos, no va a ser mágico, pero hay tres elementos inesquivables con los que sentar las bases para darle respuesta. La primera ― es evidente ― son los recursos, es la financiación. El 50 % no es una proclama o un objetivo suspendido en el vacío, es la condición de posibilidad para poder desarrollar un sistema de cuidados a la altura de las necesidades que va a tener nuestra sociedad en las próximas décadas. Pero solo con recursos no basta, no basta, necesitamos un modelo diferente. Eso es lo que hacen las reformas de las leyes, sentar las bases que hagan posible desarrollar ― exactamente igual que hicimos con nuestro sistema público de educación, de salud o de pensiones ― en el futuro el sistema público de cuidados que sea capaz de hacer real lo que hoy es un objetivo, que es ser capaz de garantizar un entorno de apoyos y cuidados que permita que la ciudadanía vea, conquiste el derecho y traduzca en realidad lo que es su deseo. El 90 % de los españoles y españolas, cuando les preguntan cómo quieren envejecer, dicen que en su casa, en su pueblo, en su barrio, en su ciudad. Eso requiere de lo público, eso requiere del Estado social, eso requiere de garantizar derechos en un proceso de construcción que va a llevar tiempo. Hacen falta recursos, hace falta un modelo y ustedes van a votar hoy esas dos cosas. El tercer elemento es el trabajo, es dignificar las condiciones de trabajo en el sector de los cuidados, es revalorizar ― que viene antes que las condiciones salariales ― y que como sociedad reconozcamos la importancia absolutamente esencial e imprescindible que la labor de cuidados tiene para el mantenimiento de la sociedad. Ha sido siempre así, pero ha estado invisibilizada, relegada a la esfera de lo privado, de lo doméstico, porque lo hacían las mujeres, porque no estaba monetizado y porque no estaba reconocido. . Cuando ese trabajo ha pasado a la esfera económica formal, ¡oh, sorpresa!, las condiciones son de precariedad, salarios de miseria y condiciones profesionales inaguantables. Hay que hacer las tres cosas a la vez. Los recursos son condición de posibilidad para ello, no son el fin en sí mismo. Por eso van aparejados, por eso he intervenido de manera conjunta sobre los recursos y el cambio de modelo que esos recursos tienen que hacer posible. Varios de ustedes han significado que es un avance y que es importante, pero que hace falta mucho más. Estoy de acuerdo. Llego donde llego y hacemos lo que se puede. El primer Gobierno de coalición asumió unas condiciones en las que la Administración General del Estado financiaba el 18 % del gasto en dependencia y dicho gasto se ha aumentado de manera exponencial, porque así aumentan las necesidades. Cuando empezó esta legislatura ese porcentaje estaba en el 28 % y cuando la termine estará en el 50 %. . Es el compromiso que adquirimos y hoy lo cumplimos. Repito, hoy lo cumplimos. Y, como digo, no es un fin en sí mismo; es la condición para hacer posible algo que es un consenso social, unánime y transversal ahí fuera, que el sistema, tal y como lo tenemos, no nos vale, no responde a lo que queremos, no nos aporta las condiciones en las que envejecer o en las que afrontar situaciones de vulnerabilidad con la dignidad, con la autonomía y con el bienestar que queremos. Tenemos que hacerlo posible y esa es una tarea conjunta, es una responsabilidad conjunta de todas las Administraciones, de todos los niveles de gobernanza y de todos los grupos políticos. Por eso insisto tanto. Por eso insisto tanto. No es, no es… sacar esto hoy adelante, esto y las leyes, no es un objetivo político de mi ministerio, no es un objetivo político del Gobierno; es de la sociedad española en su conjunto, es una necesidad de la sociedad española en su conjunto. Y hoy, de verdad, no es el día ― será que no hay ocasiones, será que no tienen espacio para hablar ustedes de Zapatero o de lo que quieran ―, no es el debate para eso, de verdad que no lo es. Sería muy fácil entrar en la refriega o en el postureo lacrimógeno de «lo fácil es votar a favor de dignificar el sistema de cuidados y transferir 6200 millones de euros para hacer reales los derechos». «Lo fácil es eso». Lo difícil es decir que no ¿verdad? ¡Qué grande les queda a España, de verdad! No le llegan a la altura de los zapatos a la sociedad española. . ¡Pero si ya lo hicieron con el artículo 49 del que trae causa esta reforma! Lo hicieron con la prórroga de los alquileres, lo han hecho con las pensiones, lo han hecho tantas veces… ¡Qué grande les queda España! ¡Qué grande les queda la palabra patria! ¡Y qué demostración permanente hacen de eso! Pero es que este no es el debate para eso, ni hoy es el día para eso. Y, señoría del Grupo Popular, ha hecho usted una defensa de la palabra claridad en su intervención inicial, pero hasta la última frase no había entendido yo que van a votar a favor. Se lo agradezco, de verdad que se lo agradezco, creo que es importante y que hacen ustedes bien en hacerlo. Y, luego, pues todos los aspavientos y los vericuetos sobre que no hay memoria económica… . Tienen ustedes hoy ― otras veces igual no ― 6200 millones de razones por las que ese argumento va a ser difícil que prospere. Pueden decir que son anuncios, que son titulares. Pueden decir que qué fácil es anunciar derechos, cuando lo difícil es financiarlos. Bueno, pues hoy justo lo que estamos haciendo es poner la financiación por delante para hacer ese cambio de modelo posible. Ahora da la sensación de que les parece mal el 50 %. ¡Madre mía! ¡Si tengo un cajón lleno de cartas de todas sus consejeras y responsables autonómicos y locales exigiéndolo una y otra vez! ¡Tengo una hemeroteca llena de declaraciones de todos sus cargos políticos, de sus cargos públicos exigiéndolo! . Bueno, pues ahora hacemos dos cosas, lo cumplimos materialmente con los recursos que hoy se votan y además lo blindamos en la ley, de tal manera que sea imposible que en el futuro vuelva a suceder lo que pasó en el pasado, que es que la financiación de la dependencia sea moneda de cambio o variable de ajuste para recortes. . No, no, estamos generando un derecho y, por eso, es estructural el cambio de paradigma que planteamos. ¿Qué quieren que les diga? Está en la ley, las cuantías nuevas están en la ley. No es una declaración de intenciones para el año 2027, para que en el año 2027 no se sustanciaran esos 7239 millones de euros para la dependencia debería suceder algo, y es que alguien viniera y modificara la ley para minorar esas cuantías, cosa que le aseguro ― y me comprometo ― que mientras yo esté al cargo de este ministerio no va a suceder, no se va a volver a recortar nunca jamás en dependencia. . Estoy de acuerdo en que este no es un punto de llegada, es un punto de partida, y yo espero que el resultado que reflejen las votaciones de hoy nos haga corresponsables a todos los grupos políticos de esta Cámara para llevar adelante el que yo creo que es el principal desafío que tiene el Estado social y, por tanto, la democracia en nuestro país en el futuro, que es hacer de los cuidados ― que no son otra cosa que las condiciones suficientes para poder desarrollar en libertad una vida autónoma, que es equivalente a la ciudadanía y en condiciones de igualdad como un derecho subjetivo de ciudadanía ― se conviertan en realidad. Ese es el único propósito, eso es lo único que estamos haciendo. Y luego, efectivamente, se generan expectativas, las tiene ya la sociedad española, que ya quiere que se atienda de manera real las necesidades, que se acaben las listas de espera, que se acabe la incompatibilidad entre prestaciones, que se acaben esos tiempos, esos trámites burocráticos eternos. Hoy hay una gran oportunidad ― y no sucede tan a menudo en las responsabilidades que compartimos en esta Cámara ― para transformar este país ahora y para las décadas que vienen. De verdad lo pienso, creo que es una ocasión solemne y agradezco todas las contribuciones que se han hecho a lo largo de todo el proceso, a lo largo de toda la tramitación de las leyes. Agradezco todas las contribuciones a este debate y espero, de verdad, que el mensaje que hoy salga de cara a la sociedad española sea el de un avance del país, que dibuje un horizonte en estos tiempos de incertidumbre, peligrosos, complejos; un horizonte de igualdad, un horizonte de libertad, un horizonte de ciudadanía y de prosperidad. Eso es lo que se está votando aquí. Agradezco mucho sus contribuciones y escucharé muy atentamente el debate sobre el contenido de las leyes. Gracias. .

  52. Àgueda Micó Micó SUMAR

    Gràcies, president. Son las cuatro y media de la tarde, estamos en el punto cuarto, llevamos ya más de cuatro horas de Pleno y Feijóo todavía no ha aparecido. . El señor Feijóo tiene la cara de cemento armado, porque ni siquiera mientras denuncia el absentismo laboral se pasa por aquí, aunque sea un ratito, por su puesto de trabajo por el que cobra todos los días. . Y a mí no me sorprende que el Partido Popular esté vigilante con el absentismo laboral o con las bajas falsas, porque al Partido Popular no le preocupa que haya derechos que no se cumplen, solo le preocupa si hay alguien que tiene unos poquitos más de los que ellos creen que les corresponden. En todo caso, señorías del Grupo Popular, ¿de verdad?, ¿absentismo laboral?, ¿ustedes? Es que ustedes mantienen a Mazón de diputado con un sueldo de expresidente, con chófer, con un asesor, cobrando un complemento de una comisión que no se convoca nunca. No va nunca a trabajar, una persona que un martes por la mañana está tomando el sol en la playa de San Joan d’Alacant; ese es Mazón. Y este tío, Mazón, «su tío», que ahora está cobrando por no trabajar en horario laboral, se estaba hinchando a cubatas mientras doscientas treinta personas ― valencianos y valencianas ― se ahogaban porque no llegaba la alerta roja. Así que no nos hablen ustedes de absentismo laboral porque bastante finas hemos sido con la que está cayendo. Porque si la persona que estuvo desaparecida hubiese sido un líder de izquierdas, no sabríamos solo la marca de ginebra que se estaba tomando en ese momento. Mazón es un sinvergüenza y, ustedes, si lo encubren, también lo son. .

  53. Néstor Rego Candamil BNG

    Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. As emendas presentadas polo BNG á lei de dependencia e discapacidade pretendían, en liñas xerais, asegurar e incrementar o financiamento e, ao tempo, a ampliación e mellora das prestacións, servizos e sistemas de atención ás persoas dependentes. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Las enmiendas presentadas por el BNG a esta ley de dependencia y discapacidad pretendían, en líneas generales, asegurar e incrementar la financiación, el tiempo y la mejora de las prestaciones, servicios y sistema de atención a las personas dependientes. .

  54. Néstor Rego Candamil BNG

    Algunhas das emendas, precisamente na maioría procedente de colectivos e organizacións que traballan na defensa dos dereitos das persoas con dependencia, xa foron incorporadas no texto, quer directamente, quer mediante emendas transaccionais. E as que non o foron, mantémolas vivas para hoxe, para este debate e esta votación.Infelizmente as propostas relativas ao incremento de fondos destinados ao financiamento da dependencia foron vetadas e non puideron ser obxecto de votación. Porén, resultado dunha demanda case unánime de distintas forzas políticas e colectivos sociais, a lei recolle de forma expresa algo que levaba moitos anos reclamando, o financiamento de 50 % do gasto total certificado. Un compromiso que até o de agora non se fixo efectivo e que agardamos que como obriga legal sexa cumprido finalmente estritamente. Amplíanse as prestacións e a súa compatibilidade, mellórase a asistencia persoal e céntrase a norma en garantir un proxecto de vida independente e a atención non institucionalizada. Partillamos estas medidas, aínda que no momento actual poderían ter sido máis ambiciosas. En todo caso, máis unha vez defendemos asegurar recursos suficientes para garantir prestacións dignas, atención integral e unha remuneración digna e con dereitos sociais a todas as persoas coidadoras, tanto no ámbito familiar como das persoas traballadoras, fundamentalmente que integran o Servizo de Atención no Fogar, o SAF, que, cando menos no caso de Galicia, están a desenvolver as súas funcións de forma precaria, precisamente pola falta de financiamento dos concellos, que son os que están a asumir este servizo, aínda que non debería ser así. En definitiva, votaremos a favor, porque aínda que nalgúns aspectos nos pareza insuficiente, achamos que incorpora medidas que van na boa dirección e para nós, para o BNG, mellorar a calidade de vida e o benestar da poboación das clases populares galegas é un obxectivo fundamental. Moito obrigado. Algunas de las enmiendas, precisamente la mayoría procedentes de colectivos y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas con dependencia, ya se han incorporado al texto, directamente o a través de enmiendas transaccionales, pero las que no lo han sido se mantienen vivas para este debate y para esta votación. Desafortunadamente, las propuestas relativas al incremento del fondo destinado a la financiación de la dependencia han sido vetadas y no han podido ser objeto de votación. Sin embargo, resultado de una demanda casi unánime de las distintas fuerzas políticas y colectivos sociales, la ley recoge de forma expresa algo que llevábamos mucho tiempo reclamando: la financiación del 50 % del gasto total certificado, un compromiso que hasta ahora no se ha hecho efectivo y que esperamos que se cumpla estrictamente. Se amplían las prestaciones y la compatibilidad de las mejoras a la asistencia personal, y se centra la norma en garantizar un proyecto de vida independiente y la atención no institucionalizada. Compartimos estas medidas, aunque en el momento actual podrían haber sido más ambiciosas. En todo caso, una vez más, defendemos asegurar recursos suficientes para garantizar prestaciones dignas, atención integral y una remuneración digna y con derechos sociales para todas las personas cuidadoras, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de las personas trabajadoras que integran el servicio de atención en el hogar, que en Galicia están desarrollando sus funciones de forma precaria precisamente por la falta de financiación de los municipios, que son los que asumen este servicio, aunque no debería ser así. En definitiva, vamos a votar a favor de este texto porque, aunque en algunos aspectos nos parece insuficiente, creemos que incorpora medidas que van en la buena dirección, y para nosotros, para el BNG, mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población de las clases populares gallegas es un objetivo fundamental. Muchas gracias.

  55. Noemí Santana Perera SUMAR

    Muchas gracias, señor presidente. Durante muchos años, en nuestro país se ha construido el Estado del bienestar sobre un pilar invisible: los millones de mujeres que cuidan sin descansos y sin derechos. Eso, sin lugar a dudas, había que cambiarlo y es lo que hoy vamos a debatir: el modelo de cuidados, cómo queremos cuidar en nuestro país. Por eso, esta ley supone un cambio importante, porque detrás está el paso de un modelo asistencial a la apuesta por un modelo de vida independiente, a la apuesta por que las personas puedan decidir cómo y dónde envejecer, porque la mayoría de nosotras, si nos dan a elegir, queremos envejecer en nuestro entorno, queremos ser cuidadas en nuestro entorno, en nuestra comunidad, y, eso sí, que se nos brinden los apoyos necesarios por parte de las Administraciones. Este modelo que queremos construir lo que pone en el centro es el proyecto de vida de las personas y que el sistema acompañe para ello. También, corrige situaciones que veníamos denunciando durante años; por ejemplo, elimina incompatibilidades de prestaciones para que las personas no tengan que elegir entre unas y otras; reconoce automáticamente el grado de discapacidad de aquellas personas que ya tengan reconocido el grado de dependencia y así se evita duplicar trámites y se agilizan muchísimo los procedimientos, y por primera vez se reconoce de manera expresa la figura de la cuidadora principal. Porque algo que me resultaba absolutamente paradójico en este sistema, que, como les decía, se sostenía en las espaldas de las mujeres cuidadoras, es que en la ley anterior apenas se hablaba de ellas. Hoy, por fin, pasan a ser una figura reconocida, con derecho a formación, acompañamiento, conciliación y mayor protección, y eso, sin lugar a dudas, es un avance. Pero también debemos decir la verdad, y es que la ley no ha sido todo lo ambiciosa que nos hubiera gustado, pues no se ha reconocido a las cuidadoras como una figura imprescindible. Por eso, en Podemos mantenemos nuestras enmiendas, porque entendemos que debe haber un reconocimiento económico de los cuidados para avanzar hacia una prestación de cuidados en el entorno familiar que sea digna, que no tengan que renunciar a su empleo, que no tengan que renunciar a las cotizaciones, que estas madres o estas cuidadoras principales no tengan que renunciar a la autonomía económica. Esa, señor ministro, es la principal pena que me queda con relación a esta ley ― como decimos en Canarias, esa es la principal magua ―, porque ellas no buscan medallas ni premios, ni mucho menos, lo que buscan es que se les trate con dignidad, a ellas y a sus familiares.

  56. Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

    Arratsalde on guztioi. Todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitaremos cuidar o ser cuidadas, por ello, además de reforzar los servicios públicos y la colaboración con el tercer sector y el ámbito comunitario, debemos situar los cuidados en el centro de las políticas públicas. Porque cuando una persona en situación de dependencia recibe una atención digna, cuando una persona cuidadora encuentra apoyo o cuando una persona con discapacidad puede participar plenamente en la vida social toda la comunidad sale fortalecida. Ese es el modelo vasco de cuidados, que avanza para ser un modelo cada vez más personalizado, comunitario y centrado en las personas. Jaun-andreok, gaur garrantzi handiko bi lege aldatzen dituen lege proiektu bat eztabaidatzen ari gara. Lehenik eta behin, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorra. Lege proiektuan jasotako erreformak, bereziki ponentzia fasean egindako lanen ondoren txertatutakoak, bat datoz Konstituzioaren 49. artikuluaren erreformarekin eta 2006ko desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioarekin. Señorías, hoy debatimos un proyecto de ley que modifica dos leyes de gran importancia, en primer lugar, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Las reformas recogidas en el proyecto de ley, especialmente las incorporadas tras los trabajos realizados en la fase de ponencia, se corresponden con la reforma del artículo 49 de la Constitución y con la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Esta parte del proyecto de ley ha contado desde el principio con una valoración positiva por parte de nuestro grupo. No obstante, mantenemos dos enmiendas relativas a la creación del programa estatal de promoción de la accesibilidad universal, porque entendemos que debe configurarse como un fondo de financiación cuya gestión cuente con la participación de las comunidades autónomas. En segundo lugar, el proyecto modifica la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. El Grupo Vasco presentó una enmienda a la totalidad de devolución, sustentada por dos cuestiones fundamentales. La primera era el respeto al reparto competencial. El reiteradamente invocado artículo 149.1.1.ª de la Constitución no habilita al Estado para homogeneizar materias que corresponden a las comunidades autónomas. Las condiciones básicas deben garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos, pero no imponer uniformidad. La segunda cuestión era la financiación. La ampliación del catálogo de prestaciones y el resto de las modificaciones previstas implicaban un incremento evidente del gasto público; sin embargo, la memoria económica posponía la cuantificación de ese impacto. Por ello, exigíamos un compromiso claro del Gobierno del Estado para avanzar hacia el nivel de cofinanciación previsto en la ley de 2006, compromiso que, pese al paso de distintos Gobiernos, nunca se había cumplido. Bi horiek izan ziren Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, lege proiektu honen tramitazioan aurrera egin ahal izateko ezinbesteko bi baldintzak: eskumenen errespetua eta finantzaketa. Bi puntu horietan Gobernuaren konpromisoa lortu ondoren, gure taldeak hainbat hobekuntza proposatu zituen aurkeztutako zuzenketen bidez. Horietako batzuk onartu dira eta beste batzuk, berriz, gaurko osoko bilkurarako bizirik mantentzen ditugun zuzenketak dira. Estas fueron las dos condiciones imprescindibles del PNV para poder avanzar en la tramitación de este proyecto de ley: el respeto competencial y la financiación. Una vez alcanzado el compromiso del Gobierno en estos dos puntos, nuestro grupo propuso una serie de mejoras a través de las enmiendas presentadas. Algunas de ellas han sido aprobadas y otras son enmiendas que mantenemos vivas para el Pleno de hoy. Por ofrecer algunos datos que ilustran la magnitud del sistema, actualmente el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia atiende a 1 700 000 personas en todo el Estado. En 2024, el gasto total del sistema fue de 12 843 millones de euros y, de esa cantidad, las comunidades autónomas financiaron el 72,9 %, mientras que el Estado aportó únicamente el 27,1 %. Tras la crisis de 2008, el Estado retrasó el calendario de implantación de la ley y dejó de financiar el denominado nivel convenido. Esa infrafinanciación persiste y el esfuerzo económico recae sobre las comunidades autónomas. Quiero destacar en concreto el trabajo y el esfuerzo realizado por las instituciones vascas, que es lo que me corresponde. Los datos demuestran que las políticas sociales, en especial las de dependencia, han sido y son una prioridad en Euskadi. En 2024, Euskadi destinó 1020 millones de euros a la dependencia; el Estado aportó únicamente el 15 % de ese total. Son datos que se repiten en 2025. Las instituciones vascas han cumplido íntegramente con la cartera de servicios y prestaciones exigida por la legislación estatal e incluso la han mejorado con la propia. Aun así, han llegado a asumir en algunos ejercicios hasta el 92 % del gasto total. Aunque en la Comisión Mixta del Concierto Económico se alcanzó un acuerdo sobre esta cuestión en 2025, es necesario ajustar el cálculo del cupo para reflejar correctamente esa cofinanciación, tal y como se establece en la ley. Por todo ello, dado que la financiación de Euskadi y Nafarroa se articula a través del concierto y del convenio económico, nuestro grupo no ha participado en el debate de convalidación del real decreto ley. No obstante, anuncio que votaremos favorablemente a su convalidación porque el compromiso alcanzado en materia de financiación ha sido una condición esencial y previa a la aprobación de este proyecto de ley. El proyecto de ley incorpora un mejor encaje competencial, existe un compromiso político sobre la financiación y, además, se han introducido importantes mejoras gracias a las enmiendas aprobadas. Entre ellas, destacamos apoyar económicamente a la persona cuidadora y favorecer la permanencia de la persona dependiente en su entorno habitual; mejoras en materia de la calidad de los servicios y condiciones de empleo; la garantía de continuidad de los cuidados cuando la persona cuidadora principal se encuentre hospitalizada o padezca una enfermedad grave, evitando que ninguna persona dependiente quede desatendida; medidas específicas de protección para las personas cuidadoras principales, y la creación de una ventanilla única. No obstante, seguimos manteniendo varias enmiendas vivas porque entendemos que responden a necesidades que aún no han sido resueltas: proponemos la creación de un tejido asistencial específico para personas dependientes menores de 65 años, reclamamos una atención integral para las personas afectadas por la polio, también defendemos una compensación ágil y justa a todas las víctimas del amianto, mantenemos las enmiendas sobre la prestación CUME ― seguimos teniendo pendientes con las familias cuidadoras ― y, por último, proponemos corregir una situación injusta y que las víctimas de violencia sexual puedan compaginar su pensión no contributiva con la indemnización judicial, ya que esta no constituye un ingreso destinado a cubrir necesidades básicas, sino una reparación del daño moral sufrido. Amaitzen dut. Zaintza ez da kontu pribatu bat, gizarte justu eta demokratiko baten oinarrietako bat baizik, pertsona guztiok gure bizitzako uneren batean zaintzaren beharra izango dugulako haurtzaroan, zahartzaroan, gaixotasun baten aurrean edo mendekotasun egoera baten aurrean. Joan Tronto, politologo eta unibertsitateko irakasleak dioen bezala, zaintza auzi politikoa da, eta, horrenbestez, leku nagusia izan behar du gure erakunde demokratikoetan. Zaintza politika publikoak erantzukizunak modu bidezkoan banatzeko antolatu behar dira, zaintzaren zama nagusia emakumeen gain modu neurrigabean erortzen jarrai ez dezan. Mila esker. Finalizo. El cuidado no es una cuestión privada, sino uno de los pilares de una sociedad justa y democrática, porque todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitaremos cuidados ― en la infancia, en la vejez, ante alguna enfermedad o en alguna situación de dependencia ―. Como dice la politóloga y profesora universitaria Joan Tronto, el cuidado es una cuestión política y, por lo tanto, debe ocupar un lugar central en nuestras instituciones democráticas. Las políticas públicas de cuidados deben articularse para un reparto equitativo de responsabilidades que evite que la carga principal de los cuidados siga recayendo desmesuradamente sobre las mujeres. Muchísimas gracias.

  57. Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

    Gracias, señor presidente, señor ministro. Un saludo a las entidades y asociaciones del sector. Agradecemos real y sinceramente vuestro trabajo de años y vuestro trabajo día a día. Hoy llegamos a la votación final de una ley que afecta directamente a miles de personas y de familias. Quiero poner en valor los avances que hemos conseguido incorporar en esta ley. Hemos avanzado en el respeto competencial; hemos mejorado el procedimiento de valoración, fijando un plazo máximo de tres meses. Este avance es especialmente relevante para la ciudadanía de Nafarroa, donde las valoraciones se alargan hasta los seis meses, pero lo es aún más en muchas comunidades del Estado, donde miles de personas esperan más de un año a ser valoradas, llegando incluso a fallecer sin haber recibido ningún apoyo. Reducir esta espera es una cuestión de justicia y de dignidad. Incorporamos también un avance sustancial: el reconocimiento de la figura del asistente personal como derecho. Además, con el objetivo de reforzar dicho derecho hemos aprobado un marco formativo para el acceso al empleo y desempeño de los y las profesionales que prestan la asistencia personal. La asistencia personal no es un recurso accesorio, es una herramienta decisiva para garantizar la autonomía, la libertad y la capacidad de elección; permite estudiar, trabajar, participar en la comunidad y organizar la vida desde la dignidad y la autodeterminación. Y, mirando a Euskal Herria, este derecho tendrá un impacto enorme en Bizkaia, donde por decisión política solo tienen acceso a esta prestación las personas con discapacidad y no con dependencia. Esta ley corregirá esta injusticia. Se incorpora la definición de derecho a la vida independiente, tal y como las propias personas afectadas entienden que debe ser. La definición que recogerá la ley propuesta por Euskal Herria Bildu es la que nos trasladó Elkartu, la Federación de Personas con Discapacidad de Gipuzkoa. A ellas les agradecemos el trabajo, su claridad y su compromiso político. Avanzamos en la transparencia sobre la información del catálogo de servicios, ya que hemos conseguido introducir en el listado de datos esenciales la titularidad de la plaza en la contabilidad de las plazas, diferenciando claramente entre plazas públicas y privadas, incluyendo aquellas que, aunque privadas, funcionan mediante conciertos o modelos de cheques servicio. Esta diferenciación es esencial para conocer la realidad del sistema y evitar que la oferta pública quede diluida en cifras que no reflejan su verdadero peso. Una plaza privada pagada con dinero público y con ánimo de lucro no puede considerarse como un modelo válido de atención. Subrayamos la temporalidad de la prestación económica y remarcamos en el propio texto que se dotará de prestación económica mientras no se disponga de una plaza pública. Incluimos también la perspectiva de género, un elemento imprescindible para transformar el sistema de cuidados. Durante décadas, el peso de los cuidados, como ya se ha comentado, ha recaído casi exclusivamente sobre las mujeres, fruto de una discriminación histórica que ha limitado sus oportunidades laborales, económicas y vitales. Nuestra aportación ha sido clara: avanzar hacia un modelo basado en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, reconociendo que los cuidados son una responsabilidad colectiva y no una carga que deba recaer sobre la mitad de la población. Con esta perspectiva, damos un paso hacia un sistema que garantice derechos sin reproducir desigualdades estructurales. Hemos incorporado también lenguaje no sexista, el reconocimiento de la figura de la persona cuidadora, el blindaje del cupo de vivienda protegida y el nuevo artículo 4 bis, que introduce el concepto de cuidar a quien cuida y el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia. Señorías, quiero señalar aquello que seguimos defendiendo. Persisten deudas históricas con colectivos como las personas afectadas por la polio o quienes sufrieron esterilización forzada. Defendemos que las prestaciones económicas tengan efecto retroactivo desde la fecha de solicitud. No lo hemos conseguido y lo seguiremos reclamando. Y quiero ser especialmente clara: defendemos una concepción de la dependencia que reconozca también las situaciones laborales, momentos concretos de la vida en los que una persona necesita apoyo sin que ello implique la condición crónica. Un sistema de cuidados justo debe atender estas necesidades cotidianas y cambiantes que afectan a miles de personas y familias y que hoy siguen quedando fuera de los criterios rígidos del sistema. Finalmente, quiero reforzar un eje central de nuestra visión sobre el copago. Igual que sucede en la sanidad o la educación, defendemos que la cobertura social y de cuidados debe ser pública, universal y gratuita. Sabemos que es un horizonte ambicioso, pero es el horizonte hacia el que debemos avanzar. Por eso proponemos la exención completa del copago en los cuidados residenciales y domiciliarios. Las tareas directamente relacionadas con el cuidado personal deben estar cubiertas de manera pública, sin contraprestación por parte de la persona reconocida del derecho. Y, señorías, si queremos que todo esto sea real, debemos hablar de financiación. Lo hemos repetido en numerosas ocasiones: sin una financiación suficiente y estable, los derechos quedan en papel. Hoy, en esta sesión, prevemos la convalidación del real decreto ley de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que incrementa el nivel mínimo garantizado. Es un paso importante y esperado, pero insuficiente si no se consolidan los próximos presupuestos generales del Estado porque el esfuerzo financiero sigue siendo asimétrico. La gestión y la prestación de los servicios recae en las comunidades autónomas, que deben asumir aproximadamente el 50 % del coste. En territorios con mayor demanda esto tensiona los presupuestos y dificulta desplegar todos los derechos que esta ley reconoce. Además, el éxito de esta norma depende de que las comunidades autónomas puedan contratar más personal y agilizar la burocracia. La lista de espera sigue siendo muy numerosa y la inyección estatal no se traduce automáticamente en un aumento equivalente en la prestación final que recibe el usuario.

  58. Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

    La financiación debe servir para reforzar el sistema. Por eso insistimos en que para que este blindaje sea real y duradero debe consolidarse de una manera estructural en los próximos ejercicios presupuestarios. Señorías, esta ley no es perfecta, pero sí es un paso adelante, un paso que mejora la vida de miles de personas y que abre la puerta a seguir construyendo un sistema de cuidados público, justo y basado en derechos. Mila esker.

  59. Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

    Gràcies, president. Senyor ministre, i de nou també agrair la presència de les entitats del tercer sector, gràcies per ser presents aquesta tarda. Gràcies a tots. El primer que us vull dir és que som molt conscients del neguit que us ha suposat veure com aquesta llei caminava per la corda fluixa fins a comptar amb els vots de Junts. Però també us hem de dir que ha estat difícil per a aquest grup de només set diputats mantenir la posició, perquè aquesta llei no fos un xec sense fons ni l’eina per ofegar encara més Catalunya ni altres comunitats autònomes. No podíem ser de cap de les maneres corresponsables d’una reforma que mantenia una situació injusta, perversa i insuportable. Al final, com sabeu, hem forçat el Govern espanyol a canviar aquesta situació i prova d’això, prova d’això és que ens van vetar vint-i -dues esmenes. El primer dia de ponència vam arribar amb vint-i-dues esmenes vetades, incloses les nostres línies vermelles, que ara sí que s’han acceptat, que era el respecte competencial que Catalunya controli al cent per cent els seus serveis socials i la corresponsabilitat econòmica equitativa al 50 % en les prestacions de dependència. Aguantar la posició, una vegada més, ha fet possible que la primera gran reforma de la dependència en vint anys signifiqui una nova relació econòmica més justa entre l’Estat i Catalunya de què es beneficiaran totes les comunitats autònomes. A Junts no podíem seguir acceptant que a Catalunya hi hagi 80 000 persones en llista d’espera d’una prestació a la que tenen dret i que, com dèiem abans, a l’anterior punt, que l’any passat hagin mort 10 000 persones esperant aquesta prestació. Era una qüestió de dignitat, després de 20 anys assumint el 70 i fins i tot el 80 % del cost de la dependència. Aquesta situació, això, arruïna qualsevol departament de serveis socials. En una situació, com dèiem, perversa, perquè l’Estat obliga a les comunitats autònomes a cobrir unes prestacions, però no hi aporta els mateixos recursos. I això, com dèiem, s’ha acabat. A partir d’ara haurà d’aportar el 50 %. En la tramitació, hem patit el xantatge emocional del Govern espanyol. Érem els dolents de la pel·lícula, perquè no els aprovàvem un text que, insistim, era inacceptable. Només ho hem fet, aprovar -ho, quan han acceptat les nostres condicions sense xantatge emocional que valgui, sense xantatge emocional. Perquè com s’atreveixen a fer-nos xantatge emocional quan som membres d’un govern que, per exemple, es nega a reduir l’IVA dels aparells destinats a millorar la vida de les persones amb discapacitat? Un malalt d’ELA, per exemple, que necessita una tablet per poder comunicar-se amb altres persones, ha de suportar el 21 % d’IVA. El Govern Sánchez també li ha negat els usuaris de gossos guia deduir-se les despeses d’alimentació i cures veterinàries, quan estem parlant d’un cost estimat per l’Estat que és inferior a un milió d’euros a l’any. Aquestes dues esmenes formen part de les vint-i-dues que ens han vetat. Prou de dir que són l’economia que més creix mentre tenen l’empatia en números vermells. Una altra cosa que no pot seguir passant: que el Govern espanyol ampliï prestacions que arrosseguen a les comunitats autònomes sense saber quin cost tindran. El Govern ha presentat la llei sense memòria econòmica i, de fet, per no saber no saben ni quin serà el cost de la dependència en el futur, per exemple, com a efecte de l’envelliment de la població. Per calcular-ho, hem acordat la creació d’un grup d’estudi que havia d’analitzar també el dèficit històric que ha patit Catalunya. Però el Govern espanyol no ho ha volgut posar llum al gran forat negre de milers de milions d’euros que la falta de finançament de la dependència ens ha causat. I bé, ara els parlaré d’una esmena molt especial, tan especial, tan especial, que porta nom. És l’esmena Javi Gámez. El Javi és comissari dels Mossos d’Esquadra i malalt d’ELA des del 2018. La seva situació no li permet acompanyar-nos presencialment avui, com sí que ha pogut fer el Pepe, el Pepe Jiménez, el president de ConELA, a qui de nou li donem les gràcies per ser present, i de ben segur que també ens acompanya des del cel el Carlos de Pablo, el malalt d’ELA que ens va deixar fa unes setmanes i que ens havia acompanyat, que havia estat present aquí també, durant tota la tramitació de la llei ELA. Gràcies per seguir acompanyant-nos, Carlos. A tots us he d’explicar l’esmena Xavi Gámez. El Xavi Gámez ha lluitat i treballat més que ningú amb la Fundació Catalana Miquel Valls i amb el nostre company al Parlament de Catalunya, Jordi Fàbrega, els textos per eliminar el copagament a Catalunya, que ara serà només del 5 % i només en els casos de persones que tinguin ingressos superiors als 55 000 euros a l’any. I això i això té molt de mèrit, perquè el Xavi escriu amb la veu, però tenint en compte greus problemes de respiració, com dic, té molt de mèrit. El Xavi no ha parat perquè ell volia resoldre una gran injustícia: una de cada tres persones amb dependència extrema en risc de mort evitable no demana les prestacions per pagar cuidadors perquè aleshores li descompten altres prestacions i no arriben a final de mes. O sigui, l’Estat els paga una prestació amb la mà dreta i els descompta una altra amb la mà esquerra. A partir d’ara, a les persones en situació de grau III+ no els reduiran les prestacions per cuidadors ni el complement de gran invalidesa, ni el d’assignació per fill a càrrec major de 18 anys amb un grau de minusvàlua igual o superior al 75 %, ni el de la pensió d’invalidesa no contributiva ni el subsidi d’ajut a tercera persona. Catalunya ja tenia les competències per fer -ho, però ara ja no tindrà l’excusa per no aplicar aquestes deduccions. I això és gràcies, com dèiem, a l’esmena Xavi Gámez. Senyor Illa, ja no hi ha excusa que valgui. El que tu has fet, Xavi, tindrà conseqüències en milers de persones en dependència extrema, ja sigui per una ELA, per un Alzheimer, per un Parkinson o per una altra malaltia. És el teu llegat, gladiador, perquè avui, com diu l’Ilde, doncs, és el millor dia. I també hi ha una esmena — i acabo— que li devíem als companys de les sectorials de discapacitat i d’esports de Junts. Fa un any i mig, vàrem acordar que el Govern espanyol bonifiqués el 90 % en les quotes de la Seguretat Social dels entrenadors de l’esport base de clubs no professionals, per afavorir la pràctica esportiva dels nens i les nenes i els adolescents. Ha estat un èxit que a Catalunya li ha suposat un estalvi als clubs modestos de 20 milions d’euros, 120 milions d’euros a tot l’Estat. Doncs bé, ara hem aconseguit que s’ampliï als monitors… Gracias, presidente. Gracias, señor ministro, y de nuevo quiero agradecer también su presencia a las entidades del tercer sector; gracias por estar presentes esta tarde, gracias a todos. Lo primero que quiero decirles es que somos muy conscientes de la inquietud que les ha supuesto ver cómo esta ley caminaba por la cuerda floja hasta contar con los votos de Junts. Pero también os tenemos que decir que para este grupo de solo siete diputados ha sido difícil mantener nuestra posición para que esta ley no fuera un cheque sin fondos ni la herramienta para ahogar todavía más a Cataluña y otras comunidades autónomas. No podíamos ser de ningún modo corresponsables de una reforma que mantenía una situación injusta, perversa e insoportable. Al final, como sabéis, hemos forzado al Gobierno español a cambiar esta situación, y buena prueba de ello es que nos vetaron veintidós enmiendas; el primer día de ponencia llegamos con veintidós enmiendas vetadas, incluidas nuestras líneas rojas, que ahora sí se han aceptado: el respeto competencial, es decir, que Cataluña controle el cien por cien de sus servicios sociales, y la corresponsabilidad económica equitativa al 50 % en las prestaciones de dependencia. De nuevo, aguantar la posición ha hecho posible que la primera gran reforma de la dependencia en veinte años signifique una relación económica más justa entre el Estado y Cataluña y de la que se van a beneficiar todas las comunidades autónomas. En Junts no podíamos seguir aceptando que en Cataluña hubiera 80 000 personas en lista de espera para una prestación a la que tienen derecho y, como decíamos en el punto anterior, que el año pasado murieran 10 000 personas esperando dicha prestación. Era una cuestión de dignidad tras veinte años asumiendo el 70 e incluso el 80 % del costo de la dependencia. Esta situación arruina cualquier departamento de servicios sociales. Es una situación perversa, como decíamos, porque el Estado obliga a las comunidades autónomas a cubrir unas prestaciones, pero no aporta los mismos recursos. Eso se ha terminado. A partir de ahora, tendrá que aportar el 50 %. Pero en la tramitación hemos sufrido el chantaje emocional del Gobierno español. Éramos los malos de la película porque no les aprobábamos un texto que, insistimos, era inaceptable. Solo lo hemos hecho ― aprobarlo ― cuando han aceptado nuestras condiciones, sin chantaje emocional que valga. Porque ¿cómo se atreven a hacernos chantaje emocional cuando son miembros de un Gobierno que, por ejemplo, se niega a reducir el IVA de los aparatos destinados a mejorar la vida de las personas con discapacidad? Un enfermo de ELA, por ejemplo, que necesita una táblet para comunicarse con otros, tiene que soportar el 21 % de IVA. El Gobierno de Sánchez también ha negado a los usuarios de perros guía la deducción de los gastos de alimentación y cuidados veterinarios, cuando estamos hablando de un coste estimado para el Estado que es inferior a un millón de euros anuales. Pues estas dos enmiendas forman parte de las veintidós que nos vetaron. Basta ya de decir que somos la economía que más crece mientras tienen la empatía en números rojos. Otra cosa que no puede seguir pasando es que el Gobierno español amplíe prestaciones que arrastran a las comunidades autónomas sin saber qué coste tendrán. El Gobierno ha presentado la ley sin memoria económica; de hecho, por no saber, no saben ni cuál será el coste de la dependencia en el futuro, por ejemplo a causa del envejecimiento de la población. Para calcularlo, hemos acordado la creación de un grupo de estudio que tendría que analizar también del déficit histórico que ha sufrido Cataluña. Pero el Gobierno español no ha querido arrojar luz al gran agujero negro de miles de millones de euros que nos ha provocado la falta de atención de la dependencia. Y ahora les voy a hablar de una enmienda muy especial; tan especial, tanto, que lleva nombre. Es la enmienda Xavi Gámez. Xavi es comisario de los Mossos d’Esquadra y enfermo de ELA desde 2018. Su situación no le permite acompañarnos presencialmente hoy, como sí lo ha podido hacer Pepe Jiménez, presidente de ConELA, a quien de nuevo le agradecemos que esté presente. Y a buen seguro que también nos acompaña desde el cielo Carlos de Pablo, enfermo de ELA que nos dejó hace unas semanas y que nos ha acompañado y estado aquí presente durante toda la tramitación de la ley ELA. Gracias por seguir acompañándonos, Carlos. A todos os tengo que contar la enmienda Xavi Gámez. Xavi Gámez ha luchado y trabajado más que nadie con la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls y con nuestro compañero en el Parlamento de Cataluña Jordi Fàbrega los textos para poner fin al copago en Cataluña, que ahora será solo del 5 % y únicamente en los casos de personas con ingresos superiores a los 55 000 euros anuales. Y eso tiene mucho mérito, porque Xavi escribe con la voz, pero teniendo ― como tiene ― graves problemas de respiración, tiene mucho mérito. Xavi no ha parado porque él quería resolver una gran injusticia: una de cada tres personas con dependencia extrema en riesgo de muerte evitable no pide las prestaciones para pagar a cuidadores porque, en tal caso, le van a descontar otras prestaciones y no van a llegar a final de mes. Es decir, con la mano derecha el Estado les paga una prestación y con la izquierda les descuenta otra. A partir de ahora, a las personas en situación de grado III+ no les van a deducir de las prestaciones para cuidadores ni el complemento de gran invalidez, ni el de asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 72 %, ni el de la pensión de invalidez no contributiva, ni el subsidio de ayuda a tercera persona. Cataluña ya tenía las competencias para hacerlo, pero ahora ya no tendrá la excusa para no aplicar estas deducciones. Y eso es gracias, como decíamos, a la enmienda Xavi Gámez. Señor Illa, ya no hay excusa que valga. Lo que tú has hecho, Xavi, va a tener consecuencias en miles de personas en situación de dependencia extrema por una ELA, por un alzhéimer, por un párkinson o por otra enfermedad. Es tu legado, gladiador, porque, como dice el Ilde, «Hoy es el mejor día». Hay otra enmienda ― y termino ― que les debemos a los compañeros de las sectoriales de discapacidad y de deporte de Junts. Hace un año y medio acordamos una bonificación del 80 % en las cuotas de la Seguridad Social de los entrenadores de base de los clubes no profesionales con el fin de favorecer la práctica deportiva de los niños, las niñas y los adolescentes. Ha sido un éxito que a Cataluña y a los clubes modestos les ha supuesto un ahorro de 20 millones de euros en Cataluña, 120 en todo el Estado.

  60. Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

    …que s’ampliï als monitors de l’esport adaptat i inclusiu, sense límit d’edat. Un èxit que volem compartir amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Gràcies. Así que vamos a conseguir que se amplíe también a los monitores de deporte adaptado e inclusivo sin límite de edad. Este es un éxito que queremos compartir con la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña. Gracias.

  61. Jordi Salvador i Duch ERC

    Gràcies, president. Senyories, gràcies al ponent. Gràcies a tots els diputats que han contribuït a fer aquesta llei millor. Gràcies, ministre. Gràcies a la lletrada Mercedes Cabrera, que sense ella això hagués sigut molt diferent i molt més complicat. I bé, agrair-los la seva feina. Fa vint anys aquesta cambra va prometre a la gent treballadora que cuidar deixaria de ser un problema privat, que quan a casa no es pogués més hi hauria un estat al darrere. Aquella promesa es va escriure, però no es va pagar mai del tot. I una promesa que no es paga es converteix en una mentida fatídica en aquest cas. Mentre tramitàvem aquesta reforma, una persona cada disset minuts ha mort esperant aquesta ajuda, 85 cada dia i gairebé 8000 sense haver estat ni tan sols valorades; a Catalunya 4342 persones mortes només fins al maig, gairebé una de cada tres a tot l’Estat. Darrere de cada xifra hi ha una mare, un pare, una veïna que va cuidar tothom i que ningú va cuidar quan a ella li feia falta, gent que va aixecar els nostres països i que ha mort fent cua a la porta de l’estat del benestar. Per això els avala el nostre vot. Esquerra Republicana votarà sí aquesta llei, un sí a memòria, amb condicions i amb vigilància. La memòria primer. La llei del 2006, va néixer amb una gran promesa i una caixa buida. Les retallades del 2012 la van acabar de buidar. Millor dit, les polítiques del 2012 la va acabar de buidar. El resultat el coneixem tots: llistes d’espera, cròniques, prestacions de misèria i famílies, dones sobretot, fent de franc la feina que l’Estat no pagava. I una llei sense finançament no és un dret, és una declaració d’intencions i amb declaració d’intencions no es dutxa ningú, no es vesteix ningú i no es cuida ningú. Per això aquest grup va posar una condició innegociable: sense diners no hi ha vot i els diners hi són — ho he explicat abans— signat el 14 de juny amb el ministre, complert al Consell de Ministres el 23 i vigent des de l’1 de juliol. Honorem la seva paraula i això l’honora, com deia abans. Per primera vegada en vint anys els drets venen amb diners; no suficients, però venen en diners. I què canvia aquesta llei a la vida real? Baixem-lo al carrer. La teleassistència es torna un dret per a tothom, important. L’ajuda a domicili inclourà que t’acompanyin al metge i a comprar i una veïna o un amic podran ser reconeguts com a cuidadors sense conviure-hi, això és important. S’acaben les contencions com a rutina. Estem parlant de la llei de dependència. S’acaben les contencions com a rutina. Deixar de sedar persones grans és simplement més humanitat, que tinguin la dependència reconeguda i tindran també la discapacitat reconeguda sense repetir el calvari. L’habitatge habitual no comptarà i cap família no haurà de tornar la prestació del mes de la defunció, mai més aquesta carta. I en aquesta llei hi ha l’empremta republicana, sí, també n’hi ha una empremta republicana, no l’única, he dit que és una cosa col·lectiva. Hem posat negre sobre blanc, sobre blanc la perspectiva de gènere. El treball de cures està feminitzat i invisibilitzat i mal pagat. Per fi, l’Estat haurà de mesurar quant aporta a l’economia el treball no remunerat de les dones i estudiar una prestació per dignificar les treballadores de la llar. La reserva del 4 % de l’habitatge protegit, la vida independent i l’emancipació escrites a la llei, viure la teva vida, no que la gestionin altres. Les dades públiques i desagregades, perquè només es pot exigir allò que es pot comptar i que no quedi ningú fora, ni les persones migrants ni el món rural. L’altre gran bloc és el blindatge de les competències de la Generalitat: sancions, consell territorial, el dret propi. En això ningú ha anat tan lluny com Esquerra Republicana, diguin el que diguin alguns, i ho dic amb complicitat d’altres grups com el basc o com Bildu. Els drets socials es defensen millor des de l’autogovern. A Madrid aquesta obvietat costa a vegades que s’entengui i cal lluitar-la sempre. Ara, la vigilància, a l’article 32 hi ha escrita la conquesta que s’espera des del 2006: l’Estat garantirà el 50 % de la despesa certificada i cap ampliació del catàleg sense memòria econòmica. Però aquestes 50 % té una clau de pas, un grup de treball que ha de definir com es certifica la despesa. Vigilarem perquè la clau de pas no es converteixi en un pany. És una llàstima que haguem de fer aquestes esmenes, perquè això amb l’Estatut ja hauria d’estar clar, com he dit abans, però no ho és. I una paraula dita amb serenitat sobre la paternitat d’aquesta llei: no té propietaris. Gràcies a tots els grups parlamentaris. Qui vulgui saber què hi ha posat cadascú, no cal que escolti els mítings, que miri el BOE. Els drets són el dictamen. Els diners, el decret i les medalles per a la gent que fa vint anys que aguanta aquesta situació. El grup Popular i VOX van votar que no dient que faltaven diners. Ja són al BOE, ja són els BOE, com a mínim els pròxims dos anys. Només els queda triar entre la gent que espera i el soroll. Em sembla que una vegada més triaran el soroll. I si algú pregunta per què no hem anat més lluny, si algú pregunta per què no hem anat més lluny, doncs per una cosa molt senzilla, perquè a la balança hi ha el clam de la societat civil i sobretot de la gent que espera, per tota la gent que espera. Aquest és el clam. Els hem escoltat i, malgrat podíem haver anat més lluny o ho hauríem intentat combatre anar més lluny, entre quedar-se amb la puresa, entre quedar amb el tot i això que ens reclamava la societat civil, hem escollit la segona part. Nosaltres no fem política pel titular ni per tindre una coma més que els altres, o per fer veure que tens una coma més que els altres. Això ho deixem per altres. La fem per la gent que no pot esperar. I acabo. Avui guanyem una batalla. El combat continuarà al Senat, als pressupostos i a cada transferència, però avui votem sí per la senyora que espera la plaça de residencia. Avui votem sí per la senyora que espera a la plaça de residència, el noi Amela, que necessita el suport les vint-i-quatre hores, a la treballadora familiar que cobra 1000 euros per una feina que en val molt més. Aquesta és una altra assignatura pendent d’aquesta societat: paguem molt poc i tenim molt males condicions per les persones que cuiden dels nostres avis i els nostres malalts. Perquè les lleis per sí soles no cuiden a ningú, cuiden les persones amb sous dignes, amb serveis públics i finançament garantit. Moltes gràcies. Hem fet un pas, però com deia abans, la guerra continua. Gracias, presidente. Señorías, quiero dar las gracias al ponente, a todos los diputados que han contribuido a hacer mejor esta ley, al ministro y a la letrada Mercedes Cabrera, que sin ella esto habría sido muy diferente y mucho más complicado. Y, bueno, también quiero darles las gracias a todos por su trabajo. Hace veinte años esta Cámara prometió a la gente trabajadora que cuidar dejaría de ser un problema privado, que cuando en casa no se pudiera más habría un Estado detrás. Esa promesa se escribió, pero no se terminó de pagar, y una promesa que no se paga se convierte en una mentira fatídica. Mientras tramitábamos esta reforma, una persona cada diecisiete minutos ha muerto esperando esta ayuda, 85 al día y casi 8000 sin haber sido siquiera valoradas. En Cataluña, han muerto 4342 personas solo hasta mayo, una de cada tres casi de todo el Estado. Tras cada cifra hay una madre, un padre o una vecina que cuidó a todo el mundo y a quien nadie cuidó cuando lo necesitaba. Gente que levantó nuestros países y que ha muerto haciendo cola ante la puerta del estado del bienestar. Por eso les pido nuestro voto. Esquerra Republicana va a votar sí. Un sí con memoria, con condiciones y con vigilancia. En primer lugar, la memoria. La ley nació con una gran promesa y una caja vacía. Los recortes de 2012 acabaron de vaciarla, o, mejor dicho, las políticas de 2012 acabaron vaciándola. El resultado ya lo conocemos todos: listas de espera crónicas, prestaciones de miseria y familias ― mujeres, sobre todo ― haciendo gratis el trabajo que el Estado no pagaba. Una ley sin financiación no es un derecho, es una declaración de intenciones, y con declaración de intenciones no se ducha nadie, no se viste nadie y no se cuida a nadie. Por eso este grupo ha puesto una condición que es innegociable: sin dinero no hay voto. Y el dinero está ― lo he explicado antes ―, firmado el 14 de junio con el ministro, cumplido por el Consejo de Ministros y vigente desde el 1 de julio. Contaremos con su palabra, honramos esa palabra. Por primera vez en veinte años los derechos vienen con dinero; no suficiente, pero vienen con dinero. ¿Qué cambia esta ley en la vida real? La teleasistencia ha sido un derecho para todos ― importante ―; la ayuda a domicilio incluirá que te acompañen al médico y a comprar; una vecina y un amigo podrán ser reconocidos como cuidadores sin convivir ― y esto es importante ―; se acaban las contenciones como rutina… . Estamos hablando de la ley de dependencia. … se acaban las contenciones como rutina; más humanidad para las personas mayores que tengan la dependencia reconocida y que tendrán también reconocida la discapacidad sin repetir el calvario; la vivienda habitual no contará, y ninguna familia tendrá que devolver la prestación del mes de la defunción ― nunca más esa carta ―. En esta ley, además, también hay una huella republicana ― no la única, ya he dicho que es una cosa colectiva ―, porque hemos puesto negro sobre blanco la perspectiva de género. El trabajo de cuidados está feminizado, invisibilizado y mal pagado y, por fin, el Estado tendrá que medir cuánto aporta a la economía ese trabajo no remunerado de las mujeres y estudiar una prestación para dignificar a las trabajadoras del hogar. Asimismo, la reserva del 4 % de la vivienda protegida; la emancipación y la vida independiente, que constan en la ley, significan que vivas de manera independiente y que no te gestione nadie tu vida; los datos públicos y desagregados, porque solo se puede medir aquello que se puede contar, y que no se quede nadie fuera, ni las personas migrantes ni el mundo rural. El otro gran bloque es el blindaje de las competencias de la Generalitat: sanciones, consejo interterritorial, derecho propio… Nadie ha ido tan lejos en esto como Esquerra Republicana, digan lo que digan algunos. Lo digo con la complicidad de otros grupos, como el Grupo Vasco o Bildu: los derechos sociales se defienden mejor desde el autogobierno. A veces cuesta entender esto y hay que luchar por ello siempre. En segundo lugar, la vigilancia. En la ley se escribe la conquista que se espera desde 2006: el Estado garantizará el 50 % del gasto certificado y ninguna ampliación del catálogo sin memoria económica. Pero este 50 % tiene una clave de paso y es que tiene que definir cómo se identifica el gasto. Vigilaremos para que la clave de paso no se convierta en un cerrojo. Es una lástima que tengamos que hacer estas enmiendas, porque eso tendría que estar claro en el estatuto, pero no está claro. Unas palabras dichas con serenidad sobre la paternidad de esta ley: no tiene propietarios. Por ello, gracias a todos los grupos parlamentarios. Quien quiera saber qué ha puesto cada uno, no hace falta que vaya a los mítines, sino que vaya al BOE. Los derechos son el dictamen, el dinero, el decreto y las medallas para la gente que aguanta esta situación desde hace veinte años. El Grupo Popular y VOX votaron que no diciendo que faltaba dinero. Este ya está en el BOE, al menos para los próximos dos años. Ahora solo nos queda escoger entre los que esperan y el ruido, y parece que una vez más escogerán el ruido. Y si alguien pregunta por qué no hemos ido más lejos, pues por una cosa muy sencilla: porque en la balanza tenemos el clamor de la sociedad civil y, sobre todo, de los que esperan, de todas las personas que esperan. Ese es el clamor y los hemos escuchado. Aunque podríamos haber ido más lejos o tendríamos que haber intentado luchar por más, entre quedarse en el todo y la pureza o lo que reclama la sociedad civil, hemos escogido la segunda parte. Nosotros no hacemos política de titulares, ni partimos de una coma más como los otros, ni queremos una coma más que los demás. No, eso que lo hagan los demás. Lo hacemos por la gente que no puede esperar más. Acabo. Hoy ganamos una batalla. El combate seguirá en el Senado y los presupuestos se quedarán en transferencia, pero hoy votamos sí por la señora que necesita y espera una plaza de residencia; por el chico con ELA que necesita cuidados veinticuatro horas, y por la trabajadora o el familiar que cobra mil euros por un trabajo que vale mucho más. De hecho, esta es otra asignatura pendiente de esta sociedad, pagamos muy poco y tenemos muy malas condiciones para las personas que cuidan a nuestros abuelos y a nuestros enfermos. Porque las leyes por sí mismas no cuidan a nadie, a las personas las cuidan los sueldos dignos, los servicios públicos y la financiación garantizada. Muchas gracias. La lucha por los que padecen ELA continúa. .

  62. Júlia Boada Danés SUMAR

    . Gracias, presidente. Quiero empezar mandando un saludo a las personas que siguen este debate desde la tribuna de invitados y desde la sala Cánovas. Esta reforma es vuestra. Son muchas las veces que, militando en el movimiento feminista, hemos debatido y reflexionado en torno a la afirmación de que el cuarto pilar del estado del bienestar son las mujeres. Esta pata, que corresponde a la de los cuidados y apoyos, es el trabajo reproductivo que asegura el trabajo productivo y que tradicionalmente han desarrollado las mujeres en la esfera privada. Absolutamente todas las personas ― la humanidad ― necesitamos ser cuidadas a lo largo de nuestro ciclo vital. Y también cuidamos, como seguramente está haciendo ahora mismo nuestro compañero Lander Martínez, ponente de esta ley, con su recién nacido y con su pareja, a quienes mandamos un abrazo desde aquí. . El avance de la democracia ha ido logrando, poco a poco y con muchos parches y déficits de cuidados, que las instituciones públicas se hagan cargo de dar respuesta a esta necesidad humana y que no solamente lo hagan las mujeres de la familia. En este avance a trompicones del estado del bienestar como garante de cuidados y apoyos, hoy nos toca dar la zancada de gigante, significa la refundación del sistema de cuidados y apoyos, pasar de un sistema caduco, arraigado en el asistencialismo, a otro que desinstitucionaliza los cuidados y apoyos. Esta es la vocación de la reforma de estas dos normas y del incremento estructural tan significativo de los recursos disponibles que hemos debatido en el punto anterior. Proponemos actualizar un sistema que tenga todas las herramientas para afrontar los nuevos desafíos de una sociedad que celebra la democratización de la longevidad como éxito del progreso, pero a la que hay que responder con un sistema del bienestar capaz. Atender a más gente y atenderla mejor, con profesionales mejor retribuidas y valoradas, son los pilares de esta reforma. Con el real decreto ley de financiación de la dependencia, el Gobierno ha hecho su parte, incrementando significativamente y de forma estructural el presupuesto. Ahora les toca a las comunidades autónomas, que son las que gestionan y las que pilotarán este cambio de modelo. A partir de ahora se pueden dar las condiciones para dar mejor cuidado a las personas: más horas de ayuda a domicilio, mejores prestaciones y complementariedad de estas. Destaco dos cambios que están en el tejado de las comunidades autónomas y sobre los que ya no hay excusas. Una reducción y ordenación significativa de los copagos para garantizar que nadie se queda fuera por no poder afrontar los costes del cuidado y unas condiciones laborales más dignas para las profesionales ― la mayoría mujeres ― que cuidan. El dinero está sobre la mesa, ahora les toca a las comunidades autónomas mejorar las condiciones salariales y dignificar su trabajo. . Nuevas licitaciones, nuevos conciertos, más ratios. Porque un estado del bienestar robusto nos obliga a construir un sistema que responda a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan. Y así lo hacemos hoy, también con la reforma de la ley de discapacidad, mandato derivado del cambio del artículo 49 de la Constitución, normativa esencial para el reconocimiento de derechos de los más de cuatro millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad. Hoy también votamos y reforzamos de manera integral los derechos laborales de las personas con discapacidad garantizando el acceso, la permanencia y unas condiciones dignas en el empleo o su expulsión del mercado laboral. Hoy decidimos si establecemos las bases para un cuidado cercano y en comunidad basado en derechos, autonomía personal y vida independiente o si seguimos planificando macrorresidencias. Si aprobamos nuevos servicios, respuestas más flexibles, con menos burocracia, que permitan una atención centrada en las personas y desde las comunidades para que todas y todos podamos controlar nuestros proyectos de vida hasta el final de esta. Porque de esto se trata, de poder elegir. «Nada sobre nosotras sin nosotras», este es uno de los grandes lemas que reivindican. . La mayoría de las personas con discapacidad o personas mayores quiere vivir en su domicilio, con sus cosas y recuerdos, con la gente que quieren cerca, en su barrio, y por esto esta reforma revolucionaria. Giramos todo el sistema creando ecosistemas de apoyo donde las personas residen; ponemos las bases para responder de manera distinta a unas necesidades que son claras: ser dueñas de nuestras vidas y asegurar una buena vida, digna y con derechos. Hoy cristaliza una de las reformas más trascendentes de la política social del país, y lo hace con el aval de los agentes sociales y de entidades del tercer sector, de colectivos de personas afectadas, del movimiento de la discapacidad, que se han dejado la piel para mejorar esta reforma y para que salga adelante. Agradecemos el trabajo ingente de las trabajadoras del sector, de los proveedores de servicios, de las entidades, muchas de las cuales nos siguen hoy y nos acompañan aquí, y, evidentemente, agradecemos también a los grupos parlamentarios el buen trabajo que se ha hecho en el marco de la ponencia y comisión para consensuar el texto final. También queremos agradecer a la letrada Mercedes Cabrera su profesionalidad y paciencia con todas nosotras. . Permítanme también dar las gracias al magnífico equipo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que lleva años entregado para que esta transformación del sistema de cuidados sea una realidad. Quisiera mencionar también a Celia, al equipo del grupo, a Eva. Señorías, hoy debería ser un día histórico, un día donde se demuestre que un Gobierno de coalición progresista amplía derechos y construye un horizonte deseable para todas. Y sí, somos la izquierda alternativa la que redacta reformas que dan más derechos a las personas cuidadas y a las que cuidan. Para eso hemos venido. Muchas gracias. .

  63. Juan José Aizcorbe Torra VOX

    Con la venia, señor presidente. En primer lugar, saludos respetuosos y considerados a todos los miembros del tercer sector que nos acompañan aquí, en las Cortes españolas, y telemáticamente. Señores y señorías, hace casi dos mil años, Seneca escribió en una de sus cartas a Lucilio, en expresiones propias de su tiempo, que no hay por qué despreciar la virtud en un cuerpo falto ni admirarla más en uno sano. Es una loa, sin duda, a la dignidad inherente a toda persona con independencia de sus discapacidades o de las limitaciones que la vida pueda imponerle, y de eso trata, en el fondo, el debate que hoy nos ocupa. Durante las últimas semanas hemos dedicado muchas horas al estudio de este proyecto. Hemos analizado centenares de enmiendas, debatido cuestiones técnicas, jurídicas, competenciales e intentado mejorar el texto que aborda una realidad especialmente sensible para cualquier sociedad que aspire a llamarse civilizada. Pero, precisamente por la importancia de la materia, conviene evitar una tentación cada vez más frecuente, confundir el progreso real con la acumulación de teóricos nuevos derechos en una ley. En esta norma hay una realidad previa e incuestionable: detrás de casi todas las situaciones de discapacidad y dependencia están los miembros de una familia, sus cuidadores principales, mayoritariamente mujeres. Los que hemos tenido la fortuna de convivir con nuestros mayores o algún dependiente sabemos bien de qué hablamos y probablemente casi todas vuestras señorías, o muchas, y los que nos escuchan también. Con mayor o menor ayuda pública ahí estaba y ahí sigue estando la familia, siempre la familia. . Por eso conviene ser prudentes cuando legislamos sobre estas materias. Porque cualquier sistema que ignore ese papel esencial o pretenda sustituirlo por completo acabará chocando con una realidad que ninguna estructura administrativa puede reemplazar. Durante esta legislatura y la anterior, en VOX hemos presentado numerosas iniciativas para mejorar la situación de las personas con discapacidad, de las personas dependientes y de sus familias. Todas ellas fueron rechazadas, vetadas por el Gobierno, incluso cuando tenían un coste perfectamente asumible presupuestariamente y un impacto directo sobre quienes más lo necesitaban. Es la lógica insensata de este Gobierno. En comisión, mi compañera Blanca Armario dejó una atinada advertencia, el peligro de convertir las expectativas en frustración. Y ahí es donde el debate abandona el terreno de las declaraciones pomposas y entra en el de la realidad. Porque la pregunta termina apareciendo inevitablemente: cómo se va a pagar esto o cómo se garantiza el pago de todo esto. . Los derechos que se incorporan a una ley terminan convirtiéndose en prestaciones, servicios profesionales, plazas asistenciales y recursos económicos concretos, y serán principalmente las comunidades autónomas quienes deberán asumir buena parte de estas obligaciones, en muchas ocasiones sin conocer con certeza los recursos de los que dispondrá para hacerlo. Por eso, nos preocupa que el proyecto avance mucho más deprisa en la proclamación formal de derechos que en la garantía efectiva de los recursos necesarios para hacerlo realidad. Una ley puede estar llena de buenas intenciones, lo difícil viene después; lo difícil es pasar de las palabras a los hechos. Como he recordado en alguna ocasión desde esta tribuna y me lo han oído decir, más allá del texto respetado y respetable de una ley, obras son amores y no buenas razones. Cuando se gobierna, las palabras deben convertirse en decisiones. Ahí está Aragón, donde desde la vicepresidencia de VOX se han impulsado en tiempo récord ayudas que cubren íntegramente los cuidados de todos los enfermos de ELA en esa región en las fases más avanzadas de la enfermedad. Y, precisamente por respeto a las personas con discapacidad y dependencia, creemos que una ley de esta naturaleza debería concentrarse en resolver problemas reales y no en satisfacer determinadas obsesiones ideológicas. Buena parte de las modificaciones incorporadas durante la tramitación responden a una característica muy propia del ridículo progresismo contemporáneo, la creencia de que alterando el lenguaje se modifica la realidad. Se cambian las palabras, se reinventan conceptos y se presentan como avances o transformaciones que muchas veces son meramente nominales. Hace apenas unos días, el Papa León advertía de que uno de los grandes retos de nuestro tiempo consiste en redescubrir el significado de las palabras. Porque cuando las palabras pierden su conexión con la realidad, la propia realidad termina volviéndose discutible. Eso es exactamente lo que sucede cuando se pone más empeño en modificar o pervertir el lenguaje que en resolver los problemas reales o dar soluciones. . Ninguna persona dependiente recibirá antes una prestación porque el BOE incorpore nuevas etiquetas o categorías pretendidamente inclusivas. La dignidad humana no depende de construcciones ideológicas cambiantes, pertenece a cada persona por el mero hecho de ser persona. Tampoco compartimos algunas propuestas iniciales y modificaciones introducidas durante la tramitación con respecto a los favorecidos por este proyecto de ley. Se reconocen los beneficios a todos aquellos solicitantes del derecho de asilo. En este sentido, es preciso recordar el uso fraudulento que se hace del derecho de asilo por parte de muchos inmigrantes ilegales que acceden a nuestro país, que se convierten así en beneficiarios de esta ley, provocando nuevamente el colapso de nuestros servicios sociales, que a su vez provoca un irresponsable efecto llamada. Nuestra prioridad nacional es otra, y más cuando los recursos son escasos. Y tampoco ignoramos que muchas de las obligaciones que aquí se anuncian terminarán recayendo sobre comunidades autónomas con capacidades y recursos muy distintos, profundizando desigualdades entre ellas que ningún español debería sufrir por razón del territorio en el que vive y convertir todo esto en unos indeseables juegos del hambre. Sí, parafraseando a Séneca, la dignidad de una persona no depende de su discapacidad, ni siquiera de su apariencia. Por esa razón, pese al trabajo realizado durante la ponencia y el respeto que nos merece la finalidad declarada de este proyecto, nuestro grupo, lamentablemente, no puede apoyarlo tal como está, porque sería un acto de fe que por sus hechos, obras y acciones no se merecen. Porque tan peligroso es abandonar a quien necesita ayuda, como generar falsas expectativas que después no puedan convertirse en una realidad. Muchas gracias. .

  64. Margarita Martín Rodríguez PsdeG-PSOE

    Gracias, presidente. Hoy debatimos aquí algo más que una reforma legislativa. Hoy hablamos de cómo queremos vivir, de cómo queremos ser cuidados y de qué sociedad queremos construir. Y hablamos de algo que no debemos perder de vista nunca en política, algo a lo que deberíamos dirigir siempre todas nuestras decisiones, hoy hablamos de mejorar la vida de las personas. . Ese es el sentido profundo de este proyecto de ley, porque las leyes importan cuando transforman la realidad; cuando una persona con discapacidad puede elegir cómo vivir; cuando una persona mayor puede permanecer en su domicilio, si eso es lo que desea; cuando una familia encuentra apoyos en lugar de soledad; cuando una mujer deja de renunciar a su puesto de trabajo porque tiene un sistema público de cuidados que responde; cuando una persona cuidadora recibe formación, apoyo y reconocimiento. De eso estamos hablando, de derechos que se convierten en vida cotidiana y en dignidad. . Quiero hacer un reconocimiento que creo que esta Cámara tiene la obligación moral y política de realizar, no habríamos llegado hasta aquí sin la sociedad civil organizada, sin las asociaciones de personas con discapacidad, sin las entidades de personas mayores, sin las organizaciones de familiares, sin quienes representan a las personas cuidadoras, sin tantos profesionales que conocen el sistema porque cada día viven sus fortalezas y también sus dificultades. Han sido ellas quienes han mantenido viva la reivindicación durante años, quienes alzaron la voz cuando en el año 2012 se produjeron los recortes y los retrocesos, quienes han empujado cuando parecía que los avances eran demasiado lentos y quienes nos han recordado que detrás de cada artículo de una ley hay una persona esperando una respuesta. Por eso, hoy queremos decirles gracias. Gracias por no resignarse nunca, por exigirnos más. Porque cuando la sociedad civil empuja, las instituciones tienen la obligación de responder. Y eso es, precisamente, lo que hace hoy esta ley. Lo hace dejando atrás una visión excesivamente asistencialista para avanzar hacia un modelo basado en derechos, en autonomía personal, en la accesibilidad universal, en la desinstitucionalización y en los cuidados centrados en la persona. Lo hace, además, reconociendo nuevos derechos y eliminando barreras que demasiadas personas siguen encontrando cada día. Lo hace, además, reforzando la ayuda a domicilio, consolidando la teleasistencia como un derecho, ampliando los apoyos para que las personas puedan vivir en su domicilio, si eso es lo que desean. También lo hace facilitando la compatibilidad en las prestaciones y poniendo el foco en la vida independiente y en la participación en la comunidad. Lo hace también reconociendo algo que durante demasiado tiempo permaneció invisible: el enorme valor de los cuidados. Porque cuidar sostiene la vida y durante demasiados años ese trabajo, desempeñado casi exclusivamente por mujeres, no ha recibido el reconocimiento social ni institucional que merece. Esta ley también dignifica los cuidados, mejora la protección de las personas cuidadoras y reconoce que no puede haber un buen sistema de dependencia sin empleo digno, sin formación y sin mejores condiciones laborales para los que cuidan. . Señorías, para los y las socialistas, gobernar significa precisamente eso: escuchar las demandas sociales y convertirlas en derechos. Lo hicimos cuando construimos el sistema público de pensiones, cuando garantizamos la educación pública de calidad, cuando universalizamos la sanidad, cuando aprobamos la ley de dependencia, cuando impulsamos las reformas del artículo 49 de nuestra Constitución. Y lo hacemos ahora, dando un nuevo paso adelante en el reconocimiento de la autonomía personal, porque las sociedades cambian y las leyes tienen que seguir avanzando con ellas. España envejece, vivimos más años y esto es una extraordinaria conquista colectiva. Pero vivir más exige también pensar cómo queremos vivir esos años y cómo organizamos socialmente los cuidados. La respuesta no puede ser que cada familia se arregle como pueda. La respuesta no puede seguir descansando fundamentalmente sobre las mujeres. No puede depender del código postal, de la renta o de la capacidad económica de una familia. Una sociedad democrática y avanzada tiene que ampliar derechos, servicios públicos y una red de cuidados capaz de acompañar a las personas durante toda su vida. Este proyecto de ley nos hace ver qué dos tipos de modelos políticos tenemos. Hay quienes consideran los cuidados un problema privado. Nosotros lo consideramos una responsabilidad colectiva. Hay quienes hablan de libertad, pero entienden que la libertad consiste simplemente en que los poderes públicos no intervengan. Nosotros creemos que una persona solo es verdaderamente libre cuando dispone de apoyos necesarios para decidir sobre su vida. Este proyecto de ley, además, viene acompañado de una financiación que supone la mayor inversión en dependencia de la democracia. Este Gobierno ha demostrado con hechos que cuando habla de dependencia habla también de recursos humanos y materiales. Son 2218 millones extra para este año, por lo que casi se multiplica por cinco la financiación estatal del año 2018. Por lo tanto, se cumple uno de los compromisos de este Gobierno de coalición: que la dependencia se va a pagar al 50 % por parte de la Administración General del Estado. . Y, además, lo blindamos por ley. Y ahora viene aquí el Partido Popular y nos dice que el Gobierno tiene decreto de financiación, pero no tiene presupuestos. Oiga, ¿de qué les sirvió a ustedes tener presupuestos si dejaron de financiar la dependencia hasta límites insostenibles? . ¿De qué les sirvió? . ¡Por favor! Quiero reivindicar aquí la política, quiero reivindicar todo el trabajo que se ha hecho en esta comisión, quiero realmente decir muchas cosas.

  65. Margarita Martín Rodríguez PsdeG-PSOE

    Sí. Es verdaderamente importante este problema, porque aquí hay quienes pretenden bloquear cualquier avance social simplemente porque procede de un Gobierno socialista. Señores del Grupo Popular, les quiero recordar que detrás de este proyecto no solo está el Gobierno, detrás de este proyecto están las personas, las familias, todo el sistema de dependencia y todas las personas del tercer sector. Además, esta sociedad lleva muchos años reclamando un modelo de cuidados más humano, más flexible y más justo.

  66. Margarita Martín Rodríguez PsdeG-PSOE

    Y ustedes, de nuevo, se han puesto en el lugar equivocado de la historia y van a volver a votar que no a mejorar la vida de millones de personas. Están aún a tiempo de corregirlo. .

  67. Enrique Belda Pérez-Pedrero PP

    Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a las compañeras que han trabajado conmigo, la diputada Patricia Rodríguez y la diputada Violante Tomás, y a los que han trabajado desde fuera, como la representación del tercer sector ― amigos del CERMI ―; tanta gente que está aquí y en la sala Cánovas. Señorías, estamos anclados en la primera mitad del siglo XXI y no nos damos cuenta de que el reinado de los derechos humanos nos ha unido en una misma causa: en su promoción, en su defensa y en su garantía; y que, precisamente, en la protección de las personas con discapacidad o con una dependencia partidos de todo tipo o muy críticos con el sistema están dispuestos a colaborar. Aportar distintas soluciones económicas a cada problema es lo que en 2026 sustituye a la antigua lucha ideológica. Aquí el problema, señor ministro, no es el qué ni los derechos, prestaciones o beneficios, sino el de dónde, el cómo y, sobre todo, el hasta cuándo. Nadie duda de que, con la cantidad de dinero que se pone antes de unas elecciones encima de la mesa, podemos llegar al año que viene; el problema son los años siguientes. Es la economía, señor ministro, lo que incumbe a la política y diferencia al vendedor de crecepelos del médico especialista. . Gracias. Me asusta bastante la simpleza del debate en muchas intervenciones en las que se han glosado cuestiones que están fuera de toda duda. En primer lugar, hay gente que se ha solazado en los avances que todos perseguimos, ¡como si hubiera alguien en esta Cámara que opinara que los derechos han de menguar! Me sumo a las consideraciones sobre las bondades de la ley y también resalto lo que otros grupos han echado en falta y sobre lo que nosotros seguiremos trabajando en la fase del Senado. Felipe González ― referente hoy de la inexistente socialdemocracia en España ― advertía décadas atrás sobre las propuestas sin soporte económico tirando de marxismo del bueno, el de Groucho Marx, cuando preguntaba a los que a su izquierda proponían más sin saber cómo se pagaba, él decía: Pues yo lo mismo más dos huevos duros. Es muy fácil estar aquí proponiendo cuestiones sin saber cómo las va a afrontar el siguiente Gobierno. . Segunda cuestión. Resulta un poco sonrojante esa carrera por regalar los oídos a los interlocutores sociales, que todos escuchamos y apreciamos. Deberían pensar sus señorías que la representación del tercer sector está haciendo en este proceso todo lo que debe, exigiendo mejoras a cada oportunidad que encuentra, pero probablemente se sorprenderían de cómo este sector y quienes están en sus casas ― representados por ellos y por nosotros ― valoran mucho más a las fuerzas políticas que dan la cara en lo más difícil de sus reivindicaciones, a aquellas que no van a tener un aplauso inmediato, aquellas que se centran en prevenir la frustración y garantizar que los avances, que se permiten con una mera foto al político de turno, no van a cambiar en el futuro y van a mejorar su calidad de vida. ¿De verdad creen que el colectivo no nos exige mantener derechos y no solo crearlos, después de la elocuente experiencia de la dependencia de los últimos veinte años? ¿No han aprendido nada ustedes ― que además lo sacan en el debate y en el punto anterior ― del primer recortador de derechos, Zapatero, el ideólogo de la dependencia sin dinero? . ¡Toda una joya de presidente! En 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Zapatero, tuvo que abordar los primeros recortes de su ley a través del Real Decreto Ley 8/2010. . Eliminó la retroactividad de las ayudas y redujo en 234 millones la financiación de la dependencia para el año 2011. . Al Gobierno del PP le tocó gestionar esa ruina y el agujero de las cuentas públicas, pero ustedes lo siguen sacando quince años después. Entre otras, había una deuda con la seguridad social de 1000 millones por el impago de las cuotas de los cuidadores no profesionales y más de 300 000 personas en lista de espera. El presidente Sánchez, que recibió en 2018 un país que estaba creciendo y con las cuentas saneadas y sin reglas fiscales durante los años de la pandemia y con una ingente cantidad de fondos europeos, ha sido incapaz de hacer frente al 50 % del gasto de la dependencia, justo hasta este momento que está en el borde del precipicio. ¿Por qué han engañado tanto a las comunidades autónomas? ¿Por qué se van a creer que más allá de 2026 va a haber dinero? . Ya conocemos las consecuencias de aprobar derechos sin una previsión financiera suficiente. Entonces, España afrontaba una crisis económica de una intensidad que pocos habían anticipado ― ni siquiera Zapatero la podía prever ―, pero hoy no podemos alegar ese desconocimiento. Señorías, a principios de junio la AIReF nos decía que incluso sin aprobar esta reforma y aplicando únicamente la legislación vigente el gasto en cuidados de larga duración se duplicaría en 2050. El deterioro de las finanzas públicas se acelerará especialmente a partir de 2035 por el envejecimiento de la población debido a la llegada a esa edad de los del baby boom. No estamos hablando de un riesgo hipotético, señor ministro, sabemos que el gasto va a crecer y hasta sabemos cuándo va a comenzar a acelerarse; sabemos que pensiones, sanidad y dependencia competirán por un espacio fiscal cada vez más limitado. Señor ministro, solo el Gobierno de Sánchez será responsable de lo que pase con las nuevas prestaciones a partir del año que viene. No creemos en su palabra, a lo mejor un poco en la suya, pero no en la de un presidente que nos tiene en un país sin presupuestos, aunque ahora ha dicho la portavoz del PSOE que para qué queremos presupuestos. La certeza de sus predicciones sobre la marcha de la economía está por demostrar. La diferencia de lo que pensamos nosotros y usted es que para nosotros la dependencia se trata de un derecho que hay que garantizar, y el derecho solo aguanta hasta la siguiente convocatoria electoral. Para el Gobierno y buena parte de la sociedad, la correcta planificación económica y el rigor financiero es un obstáculo, pero para un partido centrado de Estado es la llave única que garantiza los derechos. Finalmente, por favor, no discutan lo que ya han reconocido y confesado. Han repetido hasta en veintitrés ocasiones ― ustedes y la mayoría de investidura ― que hay dinero. Tengo delante de mí la enmienda transaccional que a todos nos pasaron en la ponencia. . Dice textualmente: El Gobierno, en el plazo máximo de dieciocho meses ― ahora se ha quedado en doce ― a partir de la entrada en vigor de la ley, elaborará un estudio analizando distintas vías de financiación del sistema de la autonomía y dependencia. No tienen papeles, lo reconocen ustedes en esta enmienda. Pretenden con nosotros un acto de fe que, desde luego, no van a conseguir, pero seguimos con la mano tendida. Esperemos que a lo largo de la tramitación de esta norma en la otra Cámara podamos seguir avanzando en algún documento que según ustedes existe y que todavía no está entregado. Gracias. .

  68. Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agendasin identificar

    2030 : Muchas gracias, presidenta. .

  69. Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agendasin identificar

    2030 : Tomo la palabra en la conclusión de estos dos debates tan importantes para agradecer de manera sincera y convencida las aportaciones que han hecho todos los grupos parlamentarios, todos los ponentes, en un trabajo que ha sido arduo, ímprobo y cuyo resultado creo que es extraordinario. Quiero agradecer a Noemí Santana, a Maribel Vaquero, a Isabel Pozueta, a Pilar Calvo y, por supuesto, a Lander Martínez, a Inés Plaza y a Jordi Salvador por haber hecho posible que llegue aquí un proyecto de ley de esta envergadura. Mire, señor Belda, yo le agradezco su tono y la disposición a poder estudiar en profundidad los desafíos que, efectivamente, este país y el conjunto de los países europeos van a abordar en las próximas décadas; creo que es necesario. Y lo que se recoge en esa enmienda es, precisamente, la articulación institucional allí donde debe ser, en el seno del consejo territorial, con participación de todas las Administraciones, para que podamos realmente poner en común esos diagnósticos, esos análisis y garantizar la sostenibilidad del sistema a futuro. También transparentar el coste real del sistema, porque una de las cosas que va a permitir esta reforma es que aflore realmente cuál es el porcentaje del coste general del sistema que están afrontando las familias, algo de lo que hoy no tenemos la información precisa, en ninguna comunidad autónoma ni a nivel estatal. Por tanto, sí, hay mucho trabajo que hacer y hay que hacerlo de manera conjunta. Durante este proceso, que ha sido largo, el Grupo Parlamentario Popular ha esgrimido dos argumentos, dos razones para no apoyar la tramitación de estas nuevas leyes. La primera es que el contenido de las leyes está bien, pero sin financiación eran en papel mojado, cito textualmente sus palabras. Yo me comprometí a traer estas leyes a esta Cámara con la nueva financiación en vigor, aprobada, 6200 millones de euros. El segundo argumento que han esgrimido de manera reiterada es la necesidad de garantizar que las comunidades autónomas reciban el 50 % del total del gasto certificado, y lo hemos metido en la ley. Ustedes mismos tenían enmiendas en ese sentido. . Lo reclamaban mediante enmiendas, y el jueves pasado, en la comisión, votaron en contra de sus propias enmiendas. . Yo les pido que no hagan eso mismo hoy, que recapaciten, no por lo que implica el resultado de esta votación para este ministerio o para el Gobierno, sino por lo que implica para el país. Es importante; ustedes representan a mucha gente y es importante que sean copartícipes de la construcción, de la refundación de este sistema de cuidados. Solo treinta segundos para decirle al señor Aizcorbe, a quien le agradezco también el tono, que ha citado a Séneca y las Cartas a Lucilio, para, a continuación, decir que la dignidad de todos los seres humanos es independiente de la circunstancia que la vida les ha otorgado; y, a continuación, decir que está muy bien atender a las personas con discapacidad que lo necesitan o a las personas en situaciones de dependencia, salvo que sean solicitantes de asilo o que no tengan los nombres y los apellidos que usted considera adecuados. Mire, hay otro párrafo de las Cartas a Lucilio, de Séneca, que dice: Por encima de todo, recuerda que aquel a quien llamas esclavo nació de la misma semilla que tú, goza del mismo cielo, respira igual que tú, vive como tú y muere como tú. Ojalá reflexionen ustedes sobre esas palabras. . Y termino como empecé, con un reconocimiento explícito al trabajo arduo, constante, impagable e inteligente de la sociedad civil, del CERMI, de la Fundación Once, de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, de Plena Inclusión, de la PTS, muchísimas gracias por propiciar este día. El 18 de enero de 2024 se produjo la primera reforma social de la Constitución española; la reforma del artículo 49 que nos ubicó a la vanguardia de los derechos sociales en materia de discapacidad en el mundo entero. Hoy, 14 de julio de 2026, esta Cámara tiene ante sí la posibilidad de traducir ese mandato constitucional en ley; de afirmar que cuidar y ser cuidado no es una cuestión privada, es una cosa común, es un derecho de ciudadanía y lo es para todos y para todas en igualdad, en dignidad y en autonomía. Ustedes, hoy, con su voto, pueden dignificar esta Cámara y honrar su mandato, y hacer que este país se acerque más a ser un Estado social y democrático de derecho digno de ese nombre. Muchas gracias. .

  70. Manuel Mariscal Zabala VOX

    Gracias, presidenta. No sé si lo recuerdan, pero en septiembre del año 2023 SUMAR presentó una proposición de ley para que en España saliese gratis insultar a España, insultar a los católicos y humillar a las víctimas de ETA. Y es importante recordar la fecha: septiembre del año 2023, es decir, dos meses después de las elecciones generales y antes de que se formase Gobierno en España. Lo que le preocupaba a SUMAR, después de las elecciones, no era mejorar la vida de los españoles, sino priorizar su política del odio a España y la división y enfrentamiento entre los españoles. . Esto nos dice mucho de lo que ha pasado en España en estos tres años en los que SUMAR ha estado en el Gobierno: los españoles honrados no viven mejor, quienes viven mejor son los amigos del Gobierno socialista. Para eso ha servido la presencia de SUMAR en el Gobierno. De las primeras iniciativas que presentó SUMAR en esta legislatura ― insisto ― una fue esta proposición de ley en la que se pide que haya barra libre en España para que se pueda quemar nuestra bandera nacional; para que se pueda pitar al himno de nuestra nación; y para cosas tan indignantes como que raperos comunistas puedan humillar a las víctimas de ETA. Y cosas tan ridículas como, por ejemplo ― está en su iniciativa y lo cito textualmente ―, que en España se pueda garantizar que se celebre la «procesión del coño insumiso». Esto es lo que presentaron ustedes nada más llegar al Congreso de los Diputados. . Pues bien, esto que presentó SUMAR en el año 2023 quedó guardado en un cajón; y ahora los jefes de SUMAR ― es decir, el Partido Socialista ― lo traen de nuevo a debate en el Congreso de los Diputados. Podríamos caer en la tentación de pensar, de una manera simplista, que esto se debe a que el Gobierno quiere tapar su corrupción y los problemas reales que hay en España. Es decir, podríamos reducirlo todo a que esto es una cortina de humo, pero no, esto es grave. Es grave porque demuestra que, en España, como en otras etapas de la historia, hay un brazo ― un frente político formado por el PSOE y por el comunismo ― que pretende disolver España como si fuese un azucarillo. . Como han demostrado en otros momentos de nuestra historia, el Partido Socialista utiliza el brazo comunista para atacar a todo lo que huele a España, para atacar los símbolos nacionales, la Corona, las creencias católicas de millones de españoles, es decir, los pilares que contribuyen a la permanencia histórica de España y a todo lo que fortalece su unidad. Para eso están ustedes en política, no para mejorar la vida de los españoles. Estamos en el año 2026 y los españoles tienen graves problemas vitales, y ustedes, que están gobernando, parece que no se han enterado aún. Porque, mientras ustedes nos tienen hablando de la ideología tan caduca de la anti-España, la realidad ahí afuera es muy diferente. Ustedes ahora se irán de vacaciones, pero hay millones de españoles que, aun habiendo trabajado todo el año, no se pueden ir de vacaciones con sus hijos. Hay millones de jóvenes sin poder acceder a una vivienda digna. Hay millones de españoles con una enfermedad que, después de meses, siguen en lista de espera para ser operados; hay millones de españoles que están sufriendo en sus barrios la mayor inseguridad que ha existido en España . Hay millones de autónomos que están siendo saqueados a impuestos y a multas por el Gobierno, que luego se gasta ese dinero en salvar a Radiotelevisión Española, perdonándole un IVA de 490 millones de euros, y que también malgasta el dinero de los españoles en camisetas con la agenda ideológica de este Gobierno por 400 000 euros. Y toda España está atónita ― también sus votantes ― al comprobar cómo, mientras todo esto sucede, el principal problema del partido que gobierna es cómo robar más y mejor. Con todo este programa, a ustedes lo que les preocupa y ocupa ― insisto, señores de SUMAR ― es que se pueda pitar el himno de España, que unas chaladas puedan humillar a los católicos y que unos malnacidos puedan humillar a las víctimas de ETA. . Las encuestas les auguran el mismo futuro que a Podemos: la nada, y se lo tienen bien merecido. En VOX vamos a votar en contra de su iniciativa, ya lo hicimos en el año 2023, y ahora vamos a presentar una enmienda a la totalidad para que en el Código Penal se penalice todo lo que ustedes quieren perdonar. Queremos que se castigue como corresponde en el Código Penal a los malnacidos que hagan apología del terrorismo y humillen a las víctimas. También que se castigue a los desquiciados de odio, cuya única motivación sea denigrar a los católicos. Y añadiremos en el Código Penal, por un lado, que los políticos que atenten contra los símbolos nacionales sean inhabilitados para el ejercicio público. Es decir, que el señor Pisarello ― que no está, normalmente no está en su puesto en la Mesa ―, que hace unos años, no sé si se acuerdan, arrancó de las manos de un representante del pueblo español la bandera de España y la quiso tirar por el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, con VOX, no estaría ahí sentado (señala el escaño vacío del señor secretario, Pisarello Prados) malrepresentando a España y cobrando dinero público de todos los españoles. . VOX también incluirá en el Código Penal algo tan de puro sentido común como que a los extranjeros nacionalizados que levanten la mano contra España y nuestros símbolos nacionales se les retire la nacionalidad y se les expulse. Se acabó. . El extranjero que no respete a España, a nuestros símbolos, a nuestras leyes y a nuestras costumbres se va fuera. En nuestra enmienda, además, también contemplamos añadir una disposición en la Ley del Deporte para que se expulse de los estadios a los separatistas que piten el himno nacional durante las competiciones deportivas. Se acabó el bochornoso espectáculo de ver pitar a nuestro himno en nuestro país. Se acabó que los herederos de ETA y los separatistas utilicen las competiciones deportivas para promocionar su odio a España. . Es decir, España dejará de ser el único país del mundo donde, cuando se quema la bandera nacional y se pita nuestro himno, no pasa absolutamente nada. Esta es la verdadera alternativa que cada día cuenta con el apoyo de más españoles. Ustedes quieren estadios donde se muestre el odio a España, donde las competiciones deportivas se utilicen para dividir y enfrentar a los españoles de distintas regiones. Pero siento decirles que VOX y una mayoría de españoles quieren lo contrario. Una mayoría de españoles queremos que los estadios sirvan para mostrar al mundo entero lo orgullosos que estamos de nuestro país, de nuestros símbolos, de nuestra historia y de nuestros deportistas. Ustedes quieren una España donde gente oscura de alma y llena de odio pueda libremente hacer una de las cosas más crueles que se pueden hacer en política, que es humillar a un padre o a una madre que ha perdido a su hijo en un atentado de ETA. Nosotros lo que queremos es que sientan el abrazo y el consuelo de todo el pueblo español , que los terroristas estén donde se merecen, en la cárcel, y que los partidos que representan a ETA estén como se merecen, ilegalizados. Ustedes quieren que gente sin alegría y sin fe pueda insultar y humillar las creencias de los católicos que hay en nuestro país, y VOX y una mayoría de españoles lo que queremos es que la fe católica, tan unida a nuestra identidad, a nuestra cultura y a nuestras tradiciones, brille siempre con todo su esplendor en las calles y plazas de España. En definitiva, ustedes quieren que se proteja la libertad de expresión de delincuentes, de admiradores del terrorismo, de gente oscura de alma, de los promotores del odio a España, y nosotros queremos que la libertad de expresión la puedan ejercer los españoles que defienden las cosas más importantes que puede defender un pueblo y también que puedan defenderse de las mentiras y los abusos de este Gobierno. Porque sí, ustedes solo quieren que se proteja la libertad de expresión para los suyos, y nosotros queremos que se defienda la libertad de expresión de todos los españoles. . Queremos que los españoles puedan ser libres para denunciar que los hospitales están colapsados porque han entrado cinco millones de inmigrantes en los últimos años, que han traído ustedes, y ustedes no construyen más hospitales. Ustedes, a los españoles que se quejan de toda esta situación, les quieren tapar la boca con todo tipo de etiquetas. Queremos que los jóvenes españoles puedan ser libres para denunciar que no hay vivienda asequible porque en España ustedes no construyen vivienda pública y tampoco dejan que se construya vivienda privada. Ustedes se burlan de esos jóvenes y los llaman «fachavales». Queremos que los trabajadores puedan expresar libremente sus dudas sobre un sistema fiscal que hace que cada vez paguen más impuestos mientras cada vez reciben peores servicios públicos. Ustedes se burlan de esos trabajadores llamándoles «fachapobres». Queremos que los padres puedan ser libres para denunciar que no pueden llevar a sus hijos a una guardería pública porque no hay suficientes plazas y se prioriza a los que acaban de llegar. Ustedes a esos padres les quieren callar la boca llamándoles racistas. Queremos que las mujeres puedan denunciar que en España no paran de aumentar los delitos sexuales porque ustedes abren las fronteras a hombres que proceden de culturas donde no se respeta a la mujer. Ustedes, a los españoles que dicen esto, les acusan de mentir, a pesar de que todas las estadísticas oficiales dicen lo mismo. Queremos que los españoles que piensan que el islamismo es incompatible con nuestra cultura puedan decirlo sin que sean perseguidos por delitos de odio. Para ustedes decir que Pedro Sánchez está rodeado por la corrupción es fango, ataca gravemente la calidad democrática y es desinformación y, en lugar de defender su libertad de expresión, mandan a Óscar Puente a que los ataque en X o utilizan un presentador de la televisión pública para humillar en directo a los profesionales independientes. . En definitiva, como decía, ustedes quieren cambiar el Código Penal para proteger a delincuentes, a admiradores del terrorismo, a los promotores de la leyenda negra de la anti-España, y nosotros queremos proteger la libertad de expresión del pueblo español honrado. Ustedes están con los pocos amargados que este fin de semana llevaron una pancarta a la plaza de toros de Pamplona que decía «Puta España y puta selección»; nosotros estamos con la mayoría de los españoles que les silbaron en las plazas y los echaron. . Ustedes están con el loco que quiso arrancar la bandera de España de las manos de un joven que la mostraba orgullosamente en los sanfermines de este fin de semana; nosotros estamos con ese chico y con la mayoría de los españoles que lo vieron y lo defendieron. . Afortunadamente ― y voy terminando ―, ustedes y nosotros no somos lo mismo. Ustedes sirven a la ideología caduca de la anti-España y la división entre españoles, y nosotros somos una opción política que sirve al bien común del pueblo español y de su libertad. Ustedes trabajan para que España se disuelva como un azucarillo, y nosotros trabajamos para que España permanezca unida y cada vez sea más próspera y fuerte. .

  71. Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP

    Señorías, no pensé que se atreverían. Después de noventa y dos prórrogas y precisamente ahora, en la cima de su corrupción, se destapa la cloaca del Gobierno contra el Estado y traen una ley para desarmar al Estado. Ya ni disimulan. Fíjense en la secuencia, porque es su método. Primero, lo colonizaron todo: de la SEPI al CIS; de la Fiscalía a la Guardia Civil. Colocaron a sus amigos, a sus parientes, a sus leales y hasta a sus prostitutas: Jésica en Ineco; Nicoleta en ADIF; Leire en Filatelia y el maestro Azagra en Badajoz, hoy por fin condenado. ¿Qué hacen ustedes? Gritan: ¡lawfare!, ¡prevaricación!, ¡cacería! Cálmense, señorías. Se lo voy a poner muy fácil: dejen de delinquir y los jueces dejarán de imputarles. . Segundo paso: atacaron al Estado por arriba y por abajo. Por arriba, ministros insultando a jueces con nombre y apellido. Por abajo, las cloacas fabricando dosieres para destruirlos. El último imputado es el íntimo amigo del presidente, enchufado en Correos. La pregunta es: ¿quién es el siguiente? ¿Alguno de ustedes o el que los nombró a todos? Sánchez los cría y el delito los junta. Prometió una democracia regenerada y ha traído una cleptocracia al desnudo. Y encima se carcajea. Por cierto, señor Rufián ― dónde esté ―, ¿qué fue de sus líneas rojas? ¡Ah!, eran de goma, elásticas. Es usted el Groucho Marx de la política española: estas son mis líneas rojas; si no le gustan a Sánchez, tengo otras. Y ahora el tercer paso: esta ley. ¿Para qué sirve? Para que los ministros puedan injuriar a los jueces sin que el Estado los ampare; para que sus socios puedan atacar al rey sin que el Estado responda; para que sus amigos puedan homenajear a un terrorista ante los ojos de sus víctimas. Y a esto lo llaman proteger la libertad de expresión. Puro Orwell. Invocan la libertad para desarmar a quienes la aseguran. Y aquí un inciso. En circunstancias normales, con un Gobierno leal a las instituciones y a un suelo moral compartido, este debate podría tener sentido: discutir la frontera entre la ofensa y el delito. Yo lo haría con gusto, pero no es el caso. Aquí hay fuerzas que trabajan para destruir el Estado constitucional. Y lo grave no es que existan; es dónde están. No en los márgenes del sistema, sino en el corazón del poder. España tiene hoy algo insólito en una democracia: un Gobierno contra el Estado. Y un Estado atacado necesita más protección; no menos. Y ahora sí, vamos al texto, porque cada supresión los retrata. Primero, suprimen las injurias a la corona, y para justificarlo invocan a Otegi. ¡A Otegi, señorías! , ese paladín de la libertad de expresión condenado por pertenencia a ETA. Periodistas baleados; concejales ejecutados; la corona tres veces en la diana. ¿Y el PSOE apoya esto? ¿Saben cuál es su verdadero problema con el rey, señorías de SUMAR? Que es el jefe del Estado, el símbolo de su unidad y permanencia; que defiende la libertad, la igualdad y la fraternidad mucho mejor que ustedes, republicanos de hojalata , como demostró en Cataluña frente al tribalismo identitario, y que no le tiene miedo al pueblo, como vimos en Paiporta. El rey se quedó; el presidente huyó. Lo dije un día desde esta tribuna y lo repito: es una gran razón para la esperanza. Sánchez pasará y Leonor prevalecerá. Segundo, suprimen los ultrajes a España y a sus símbolos. Esa vieja tara española: odiar lo que nos une. El himno les incomoda. La bandera les perturba. No sé cómo aguantan la alegría rojigualda del mundial. . Permítanme un consejo: hagan las paces con España, reconcíliense con lo común. Porque el problema no es que la bandera sea un tótem intocable; es que en demasiados ayuntamientos ni siquiera ondea. No cambien la ley; cúmplanla. . Tercero, suprimen la protección a los jueces. El objetivo es evidente: poder lincharlos impunemente. Y aquí coinciden todos, porque todos tienen cuentas pendientes con la justicia: Bildu, sus presos; Junts, sus prófugos; Esquerra, sus inhabilitados; el PSOE, sus corruptos. Y SUMAR no tiene causas ― bueno, alguna sí tiene ―, pero, sobre todo, tiene pánico a perder el coche oficial. Por eso corean todos: ¡lawfare!, ¡fachas con toga! Se lo repito: tranquilícense, no es una cacería; es el Código Penal, igual para todos, incluso para ustedes. . Cuarto, suprimen la ofensa a los sentimientos religiosos. Ahora bien, fíjense qué curioso: se ríen, se burlan del crucifijo, pero nunca del Corán; jalean la profanación de iglesias, pero a las mezquitas ni se acercan. Valientes con los católicos; prudentísimos con el islam. ¿Saben qué limita de verdad su libertad de expresión? No la ley, su cobardía. . Y quinto, la guinda, suprimen el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Fíjense bien, los mismos que exigen cárcel para quien reza ante una clínica abortista, reclaman impunidad para quien grita ¡gora ETA! a la cara de una viuda. Rezar es acoso; humillar es libertad. Esa es su averiada moral asimétrica. . Señorías, el Gobierno y sus socios quieren desarmar el Estado; nosotros vamos a rearmarlo. Este es el objetivo de la enmienda que hemos presentado. Primero, mantenemos todos los tipos penales que ellos derogan; todos. España no es una democracia militante, pero tampoco será una democracia suicida. Y, segundo ― decisivo ―, reforzamos la protección a las víctimas. Y aquí quiero detenerme. Al parecer, el PSOE y SUMAR han pactado mantener, de momento, el delito de enaltecimiento ― era lo mínimo ― por dos razones. La primera, el terrorismo yihadista. Cuarenta y dos condenas por enaltecimiento ha impuesto la Audiencia Nacional en diez años; cuarenta y dos. No por venganza, por prevención, para evitar atentados. ¿Qué pretendían ustedes? ¿Desarmarnos también frente a quienes matan en nombre del islam? Segunda, ETA se disolvió; sus enaltecedores no. Lean el último informe de Covite: 374 actos de enaltecimiento de ETA solo en 2025. Pancartas, pintadas, homenajes a terroristas muertos y a terroristas excarcelados, por cierto, gracias a su aplicación fraudulenta del artículo 100.2. Y, detrás de cada acto, una víctima obligada a soportarlo. Para eso exactamente es nuestra enmienda. Hoy el Código Penal mezcla en un solo artículo dos delitos: enaltecimiento y humillación. Como la jurisprudencia exige un riesgo cierto de violencia, un grupo terrorista operativo, la humillación queda indefectiblemente sin castigo. Nosotros los separamos. Un delito para quien enaltece y otro autónomo y con prisión para quien humilla a las víctimas. Ningún homenaje quedará impune. Ningún «ongi etorri» volverá a quedar sin consecuencia. Y los jueces podrán prohibirlos antes de celebrarse para que ninguna viuda vuelva a cruzarse con la pancarta que celebra el asesinato de su marido. No castigamos ideas; protegemos la dignidad de las víctimas y cumplimos con Europa. . ¿O tampoco han leído la directiva aprobada hace un mes? Exige a los Estados que protejan a las víctimas del terrorismo de actos que puedan atentar contra su dignidad. Voten nuestra enmienda o expliquen a Europa por qué en España el escarnio sale gratis. Ahora bien, señorías, ¿saben cuál es el drama? Que, aunque apoyaran nuestra enmienda, no bastaría. Porque la mayor humillación a las víctimas no la redactó SUMAR, la firmó Pedro Sánchez en 2018 y sigue más vigente que nunca: su pacto con Bildu. El pacto ha evolucionado; de presos por presupuestos a la nación por la impunidad. Otegi le dice a Sánchez: Yo te tapo a ti tu corrupción y tú me das a mí mi nación. Vamos a llamarlo plurinacionalidad, que disimula mejor la traición. Es una transacción mefistofélica. ¿Y qué hará Sánchez? Lo que ha hecho siempre: firmar. Ese es el precio de este Gobierno: las víctimas ayer y España hoy. Y ahora quiero dirigirme por primera vez a sus señorías de Bildu. Ayer se cumplieron veintinueve años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquel día Otegi estaba en la playa. «Con mi mujer y mis hijos, como un día normal» ― dijo ―. Un día normal. Nunca ha condenado el asesinato, ni entonces ni después. ¿Cómo me pueden pedir que condene una cosa del pasado? — ha llegado a decir—, ¿condenan ustedes a Franco? Y usted, señora Aizpurua, que era entonces editora del diario Egin, publicó esta portada infame culpando al Gobierno del asesinato. . Tampoco usted ha condenado ni la portada ni el crimen. No es capaz de pronunciar tres palabras: matar estuvo mal. Sin contexto, sin coartadas, sin conflicto. Y estos son los que hablan de libertad de expresión. La reclaman para enaltecer a ETA, pero jamás la han utilizado para condenarla. Serán legales, pero no son legítimos. . Ahora me dirijo al Grupo Socialista. Señorías del PSOE, quiero hacerles una pregunta y no es retórica, me lleva años rondando, observando sus fotos con Bildu, su afinidad con Bildu y su normalidad con Bildu: ¿cómo pueden pactar con quienes no condenan el asesinato de sus propios compañeros? . ¿Cómo pueden tener de socios a quienes justifican el tiro en la nuca y el coche bomba? El asesinato de Fernando Múgica, el secuestro de Ortega Lara, la masacre de Hipercor… ¿Cómo se lo explican a ustedes mismos de noche, sin taquígrafos? Ellos lo dieron todo por España; ustedes, todo por el poder. ¿Les compensa? El pacto con Bildu era la última frontera moral de la democracia española. Una vez cruzada, todo se hizo posible: mentir, robar, dividir, demoler. Fue el punto de no retorno. Por eso se lo digo con más pena que ira: de ahí no se vuelve intacto, de ahí solo se vuelve con una enmienda a la totalidad. Sánchez pasará, sí, y ese día su partido afrontará la tarea más difícil de su historia: una refundación total, no solo orgánica, sino moral. Uno de ustedes, tal vez, se levantará en este hemiciclo y dirá en voz alta: Nunca debimos pactar con Bildu, y ahí estaremos nosotros, donde hemos estado siempre: en la defensa del Estado y de las víctimas, porque son uno y lo mismo. Señorías, sus socios exigen impunidad para gritar Gora ETA; nosotros decimos serenamente viva el Rey, viva la Justicia, viva España y viva ― porque haremos que viva ― la memoria luminosa de quienes murieron por nuestra libertad. Muchas gracias. .

  72. Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

    Presidenta. . Señorías, la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Convención Europea de los Derechos Humanos y por la Constitución española. Al Partido Popular y a VOX parece que les duele, no aceptan ese derecho, como acabamos de oír. Traen dos enmiendas a la totalidad, coordinadas y complementarias, para continuar recortando aún más la libertad de expresión. Un intento estéril para impedir la derogación de la mordaza que el Partido Popular impuso a la libertad de expresión en sus reformas de los años 2000, 2004 y 2015. La enmienda a la totalidad de VOX recorta la libertad de expresión todavía más, con más penas contra quienes ejercen esa libertad y con castigos más duros a las críticas o a los comentarios sobre cuestiones religiosas cuando casi el 50 % de los españoles se declara sin ideas religiosas o no católico. Pero la ultraderecha quiere imponer un delito totalmente subjetivo: actuar por motivos anticristianos, por supuesto, sin proponer la misma penalidad para la misma conducta cuando los motivos sean anti otras confesiones religiosas o anti ideologías de izquierdas, a las que constantemente insultan. El arzobispo Argüello podrá seguir calumniando o insultando al Gobierno de coalición sin ninguna consecuencia, pero, si cualquiera que nos oiga realiza un comentario o crítica que se considere ofensiva para la Iglesia o para el cristianismo, estará cometiendo un delito. Esto es una justicia que no es igual para todos. También convierten en delito más conductas que la ultraderecha considera ofensas o ultrajes a España, pero se olvidan de sancionar la misma conducta cuando se refiere al resto de nacionalidades o de las comunidades autónomas del Estado, que también están contempladas en la Constitución. Convierten en delito exhibir una bandera republicana o independentista en un evento o en un edificio público o no colocar la bandera española en el lugar que la ultraderecha considera adecuado, según indican. Multiplican la criminalización de comportamientos que consideran enaltecimiento del terrorismo, mientras dejan desprotegidas a víctimas de otras violaciones de derechos humanos. Inventan nuevas sanciones administrativas para aplicar en concentraciones deportivas, pero no por casos de racismo o de violencia, sino cuando se profieran lemas o se muestren símbolos de carácter político contrarios a la ideología de la extrema derecha. Y sin que tenga que ver con la libertad de expresión, intentan endurecer el Código Penal con nuevas penas privativas de derechos en la línea de su prioridad nacional. VOX empezó por proponer recortar derechos y libertades de los extranjeros y ya está en recortar a los españoles que no son lo suficientemente puros para ellos. . Tras defender quitar el derecho de voto a los españoles que residen en el extranjero, ahora proponen una sanción de pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen. Recuerden que para la ultraderecha no son españoles de origen puro quienes, a pesar de haber nacido en España, no tienen padre y madre españoles. Esto es lo que defiende el portavoz de VOX, el señor Joan Garriga. Así, su racismo hace que propongan un nuevo delito con destinatario ― derecho penal del enemigo se llama eso ―, solo aplicable a quienes no consideran españoles puros. El nuevo artículo 604 del Código Penal que quieren aprobar castigaría retirando la nacionalidad, por ejemplo, a quien ofenda al jefe del Estado o al que blasfeme, pero solo aplicable a extranjeros naturalizados en España. Señores y señoras de VOX, no son extranjeros, ¡los naturalizados en España son españoles y españolas! . Es una definición insultante, porque VOX no reconoce como compatriotas a quienes adquirieron la nacionalidad española tras su nacimiento. La enmienda del Grupo Popular también tiene tela, porque pretende impedir recuperar la libertad de expresión que los Gobiernos del PP recortaron en 2000 y en 2015; incluso proponen endurecer los delitos que queremos derogar. El Grupo Popular también se esconde ― lo acabamos de oír ― tras las víctimas del terrorismo para endurecer el Código Penal, olvidándose sistemáticamente de otras víctimas de violaciones de los derechos humanos que para el Partido Popular o para VOX no merecen ninguna protección, como son las víctimas de la violencia machista contra las mujeres ― víctimas de la violencia de género ―, las víctimas de los delitos de odio, las víctimas del racismo, las víctimas de los grupos armados ultraderechistas o las víctimas de la Dictadura franquista. . En nuestra proposición de ley ― que no se han leído ― incluimos un nuevo agravante en el Código Penal aplicable a cualquier delito que se cometa que humille u ofenda a las víctimas de cualquier violación de los derechos humanos. Por supuesto, protegiendo a las víctimas de la grave violación de los derechos humanos que suponen actos terroristas, pero sin olvidarnos de que a ustedes siempre se les olvida proteger a las víctimas de las demás gravísimas violaciones de los derechos humanos. Porque todas las víctimas son iguales en derechos y la ideología y las creencias no pueden ser un delito. Pero VOX y el Partido Popular quieren convertir en delito cualquier expresión o creencia que no coincida con su ideología. No defendemos que se permitan las ofensas a los sentimientos religiosos o a las instituciones del Estado, sino que reivindicamos el principio democrático de mínima intervención del derecho penal, porque nuestra legislación, que es muy sabia, contempla exigir responsabilidades por vía civil ante cualquier ataque al derecho, al honor o a la propia imagen. La derecha quiere convertir en delito — y aumentar los castigos— cualquier expresión que se aparte de sus criterios ideológicos, algo contradictorio, por cierto, con la costumbre que tienen de descalificar peyorativamente por ideológicas las propuestas políticas del Gobierno o de las fuerzas de izquierdas. Insultar y blasfemar es de muy mal gusto, es un pecado para la Iglesia, yo en eso no entro, pero lo que el Partido Popular y VOX no pueden pretender es imponer su ideología convirtiendo una blasfemia en un delito. Estas dos enmiendas a la totalidad muestran también la sumisión del Partido Popular a VOX para impulsar las políticas racistas y discriminatorias de prioridad nacional. VOX las ha impuesto en los Gobiernos de cuatro comunidades autónomas y al Partido Popular le han gustado tanto que han sido incluso más radicales, como al proponer la retirada del derecho de voto a españoles que residen fuera de nuestro país, también de origen, solo por residir fuera de nuestro país, sin diferenciar entre españoles de nacimiento o por naturalización. Están desatados. Rajoy también se suma al nuevo artículo 604 del Código Penal que propone VOX al afirmar que la nacionalidad depende de la pureza racial y no del nacimiento o de la nacionalidad de los padres. ¡Y no estoy exagerando! El Partido Popular y VOX cada día lanzan una nueva propuesta racista y discriminatoria. A la prioridad nacional, a la retirada del voto a españoles emigrados o a la restricción de la nacionalidad española por falta de pureza racial de padres o madres añadan su política de impedir el acceso al padrón municipal a los extranjeros que sean residentes legales en España. ¿El siguiente paso cuál va a ser? ¿La exclusión del padrón de todos los españoles que no consideran suficientemente puros? ¿O, como hizo Hitler, van a proponer leyes que discriminen por ideología? ¿O a las personas discapacitadas? Evitar que tengan mayoría para gobernar es una urgencia democrática. . Para el Partido Popular y para VOX cualquier derecho puede ser recortado. Ambos partidos se opusieron a la subida del salario mínimo, a la subida de las pensiones de jubilación, a la reforma laboral para acabar con la precariedad, a la reducción de la jornada laboral y ahora han puesto en marcha una nueva cruzada para privar de derechos a quien enferme. Señor Feijóo, el absentismo no es un cáncer. ¡Ah, que no ha venido a trabajar! . El cáncer o cualquier enfermedad es motivo para no ir a trabajar hasta que se recupere la salud y, mientras tanto, claro que debe existir el derecho a cobrar el mismo salario, algo que no siempre ocurre, por desgracia. Señor Feijóo ― vaya, que no está, ¿no? ―, en lugar de castigar a las personas trabajadoras por enfermedad, dejen de hundir la sanidad pública en las comunidades autónomas donde gobiernan. . ¡Acaben con las listas de espera que han provocado! Y por mucho que la portavoz Esther Muñoz lo diga, los trabajadores enfermos no son unos jetas. . Cuando Feijóo dice que las vacaciones están sobrevaloradas nos está advirtiendo de lo que hizo el partido hermano del Partido Popular en Grecia: incrementar la jornada laboral hasta doce horas al día y ampliar la jornada laboral a seis días a la semana. Cuando repiten que tal derecho laboral es un fraude es que pretenden acabar con él. Ya nos lo sabemos. El Partido Popular de Casado votó en contra de la reforma laboral. En 2012, el Partido Popular de Rajoy abarató el despido de cuarenta y cinco a treinta y tres días por año trabajado, eliminó los salarios de tramitación y legalizó el despido por bajas médicas. Tuvo que llegar la izquierda al Gobierno de coalición para recuperar derechos. Aumentamos a cinco días el permiso retribuido por enfermedad de un familiar; ampliamos los permisos parentales, primero a dieciséis semanas y, más tarde, de dieciséis a diecinueve semanas para padre y madre; y también implantamos la baja por menstruación incapacitante. Tanto si hablamos de libertad de expresión como de derechos laborales, el Partido Popular y VOX eliminan derechos y la izquierda plurinacional gobierna para recuperarlos. . Desde la anterior Legislatura hemos trabajado por la derogación de los delitos contra la libertad de expresión. Hoy esta medida de recuperación de libertades públicas cuenta con más que suficiente apoyo en las calles, en la sociedad y en el Congreso. Pero el Partido Popular y VOX pretenden hacerla fracasar. El Código Penal no puede ser utilizado para limitar expresiones, al margen de que puedan resultar más o menos inapropiadas en una democracia, no pueden convertirlas en delito habiendo otras vías para defender el honor o el prestigio de personas o instituciones. Por eso esta reforma es una urgencia democrática, para que no se vuelva a someter a procedimiento penal o a condenar a cantantes, a dibujantes de cómic o a cómicos, y porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar la libertad de expresión con el delito de injurias a la Corona, por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos ― 525 del Código Penal ―, por el delito del 543, ofensas o ultrajes a símbolos nacionales, y el Tribunal Constitucional ha declarado en incontables ocasiones que la libertad de expresión también puede comprender la crítica a la conducta del otro, aunque esta crítica sea desabrida y pueda molestar o inquietar. A pesar de ello, estos delitos han sido interpretados de forma muy represiva por los tribunales de España, por los mismos jueces a los que las reformas del 2015 de Rajoy impidieron que se les exigiera responsabilidad civil, por ejemplo, por inhabilitar nueve años o por exigir pruebas de hechos negativos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar la libertad de expresión al aplicar estos artículos, por lo que urge afrontar su derogación. Vamos a votar en contra de sus enmiendas y vamos a hundirlas. .

  73. Manuel Mariscal Zabala VOX

    Gracias, presidenta. Señor Enrique Santiago, le veo a usted muy nervioso, muy enfadado. ¿Esto por qué es? ¿Porque sus amigos de las FARC han perdido en Colombia y ya no mandan? . Ya no mandan y, claro, usted tenía muchos intereses en Colombia. Nos hemos enterado de que a Zapatero le pagaban con joyas millonarias, ¿a usted cómo le pagaban? ¿Nos lo puede aclarar? . La semana pasada usted trajo aquí al líder de la banda terrorista de las FARC y le paseó por aquí, por el Congreso de los Diputados. Sabemos que Delcy Rodríguez trajo maletas. Este señor, Timochenko, ¿qué trajo? ¿Qué le trajo? . Y tengo otra duda: usted le paseó aquí por el Congreso, nos gustaría saber si la Presidencia de las Cortes le puso alfombra roja o ¿pasó el detector de metales y también algún control antidroga? Estaría bien saberlo. Porque, insisto, aquí en el Congreso de los Diputados se está expulsando a españoles por hacer preguntas y usted trae a un terrorista de Colombia. . Esto hay que denunciarlo y pedimos a la Presidencia de esta Cámara que no vuelva a suceder. Después, la verdad es que es bastante sonrojante ver aquí a todo un comunista defender la libertad de expresión. ¿Qué va a ser lo siguiente, defender la propiedad privada? En fin. . Señor Santiago, usted se piensa que es muy revolucionario, que está de moda ser comunista y siento decirle que en la España del año 2026 lo más carca que se puede ser en España es (los señores Lago Peña, Vidal Matas, Valero Morales y González López: ¡Fascista!) comunista. Eso es lo más carca que se puede ser en España en estos momentos: comunista. . Y es que no sé si usted se ha dado cuenta, pero los jóvenes cada vez se declaran más patriotas y hay muy poquitos que se declaran comunistas; siento decírselo, pero es así. Y hay dos motivos principales: en primer lugar, porque ustedes hablan como si estuviésemos en el siglo pasado; y, en segundo lugar, porque los jóvenes están viendo cómo, por ejemplo usted, que nació el 18 de julio de 1964, ha podido progresar; y, sin embargo, los jóvenes que nacen ahora no pueden progresar como lo hizo usted. Porque los jóvenes ven en su casa cómo sus padres han podido progresar, han podido tener una vivienda en propiedad aun teniendo trabajos normales. Y, sin embargo... . Les veo muy intranquilos, pero esto es así , esto es la pura realidad. Lo que pasa es que los jóvenes están viendo cómo ustedes, que están gobernando, que llevan tres años en el poder, señores de SUMAR, no han hecho absolutamente nada para que en España haya más vivienda. . Los jóvenes en sus casas cuando se secuestró a Miguel Ángel o cuando se secuestró a Ortega Lara vieron cómo sus padres lloraban emocionados viendo la televisión o escuchando la radio. Y esos jóvenes ahora ven cómo ustedes pactan con el brazo político de ETA. Por eso los jóvenes ya no les votan. . Y los jóvenes, ahora que se está jugando el Mundial, ven cómo los ciudadanos de otros países pueden exhibir su orgullo de ser español, pueden sacar su bandera sin que haya un carca como usted que les llame facha. . Y eso es lo que ocurre. Por eso, los jóvenes han dejado de votarles. . Por último, siento decirle que en España hay una ola de esperanza y de patriotismo que se nota en las calles, que se nota en las plazas, que se nota en las redes sociales y que muy pronto se va a notar en las urnas. Ustedes vinieron a la política a intentar disolver a España como un azucarillo y, finalmente, quienes se están disolviendo como un azucarillo son ustedes. .

  74. Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP

    Señorías, el señor Santiago ha subido a esta tribuna a darnos lecciones de libertad de expresión. ¿Usted? . ¿El secretario general del Partido Comunista? Cien millones de muertos lo contemplan ; el Gulag, la Cheka y el paredón. El defensor de la Dictadura cubana: sesenta y siete años sin elecciones libres, más de mil presos políticos hoy y un solo periódico, el decrépito Granma. El valedor del chavismo: el Helicoide, el SEBIN, 8 millones de exiliados, una nación saqueada que hoy está bajo los escombros. Y cuando Maduro robó las elecciones fue corriendo a felicitarlo. El asesor de las FARC, no de oficio, por convicción; una organización terrorista que hizo del secuestro una industria que reclutaba a niños soldados, que asesinó a miles de personas. . Mire, señor Santiago, usted solo puede dar lecciones de libertad de expresión a una persona de toda esta Cámara: a la señora Aizpurua, la directora del periódico que señalaba objetivos para ETA. Entre ustedes, lecciones las que quieran. A nosotros, ni lo sueñe. . Segundo, ha mencionado al señor Rajoy, ¿no? Efectivamente, la nacionalidad no depende de la raza ni del origen ni del apellido, ni siquiera de los sentimientos; lo determina la ley. Pero fíjense qué curioso. Esto mismo que ustedes reivindican para Francia, lo pisotean en España. Multan a comerciantes por rotular en castellano. Impiden a los niños estudiar en su lengua materna en Cataluña. . Consienten que llamen colonos a los españoles que viven allí. Indultan a quienes dieron un golpe para convertir a vecinos en extranjeros. Y blanquean a quienes justifican el asesinato de vascos por sentirse también españoles. Esa es la xenofobia institucional que sí existe en España , la que se ejerce contra los españoles no separatistas. Y la ejercen ustedes: la izquierda reaccionaria. . Sustituyeron la igualdad por la identidad y perdieron las dos, la identidad y los votos. Prioridad nacional, el señor Santiago se ha escandalizado con la expresión prioridad nacional. Claro, él prefiere la prioridad nacionalista: indultar golpistas, amnistiar prófugos, excarcelar terroristas. Este Gobierno nunca ha tenido la nación como prioridad. Su única prioridad ha sido la impunidad, la de sus socios y la suya. Ahora, en realidad, señorías, el señor Santiago es lo de menos, ¿no? . Tengo mis dos minutos, tranquilos. Representa a un partido residual que la historia ya juzgó y condenó. Lo grave es que el PSOE haya terminado asumiendo sus objetivos y, peor aún — como he dicho ya—, los de Bildu. Lo dije antes: transacción mefistofélica, impunidad por soberanía. España no está a la venta, pero Sánchez sí. Y ahora sí voy a acabar. La etapa de Pedro Sánchez ha sido una larga humillación para España ; una humillación. Los indultos, la amnistía, la corrupción, la condena del fiscal general, hoy mismo la de su hermano: un prevaricador, nueve años inhabilitado. Ustedes quieren un Estado desarmado y un Gobierno impune. Nosotros queremos un Estado fuerte y un Gobierno decente. Ese es nuestro proyecto político. . Vamos a rearmar el Estado. Vamos a regenerar la democracia. . Vamos a reunir la nación. . Y lo primero de todo: vamos a reconstruir el suelo moral español. . España necesita, más que nada, una revolución de la decencia. . Y esa revolución debe empezar por la zona cero: las víctimas del terrorismo. Una nación decente no puede consentir que sus muertos sean humillados, que se borren sus nombres, que se blanqueen los de sus asesinos. La verdad es muy sencilla: ETA asesinó, hubo víctimas y hubo verdugos y nada, absolutamente nada, justificó jamás uno solo de aquellos crímenes. Sobre esa verdad levantaremos un nuevo consenso ético, democrático y, sí, también nacional. Un suelo firme para una nueva etapa en la historia de España. Señorías, España no está condenada a la decadencia, a la degradación y a la división. Vive un eclipse moral, pero los eclipses pasan. Volverá a salir el sol. Muchas gracias. .

  75. Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

    Señora presidenta, voy a apartar la «cara del sol» para que no me deslumbre, porque me han dejado ustedes impresionado. . Tras cinco minutos entre los dos bla, bla, bla, insultando ad hominem, insultándome a mí, lo que ha quedado claro es que ustedes pretenden convertir en delito las ideologías distintas a la de ustedes. . Ha quedado claro que ustedes no son demócratas y, francamente, tampoco entiendo cómo pueden llegar a tener dentro tantísimo odio. . No lo entiendo. En los años que llevo aquí lo que he constatado es que cada vez que un portavoz de la derecha se queda sin argumentos, recurre al listado ya famoso y manido del insulto anticomunista primario, básico. La verdad, lamentable, repetido hasta la saciedad. Si tuvieran argumentos, me imagino que no me darían tanta importancia, pero ya que ustedes me dan la importancia, pues, sí, lo confieso: soy comunista, secretario general del Partido Comunista de España. Un partido heroico. . Un partido… . ¡A callar! .

  76. Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

    Un partido… .

  77. Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

    Es un partido con cientos de miles de víctimas causadas por el fascismo. . Muchas de estas víctimas causadas por expresarse, victimizadas simplemente por tener una ideología distinta a la que tenían los fundadores del Partido Popular , a la de esos seis ministros de Franco que fundaron el Partido Popular. En esta vida, cada uno responde por lo que ha hecho su partido. Mi partido solo ha actuado en España, mi partido tiene un pasado heroico ; el de ustedes tiene un pasado imbricado en una dictadura franquista atroz. . A pesar de esto y de todas las provocaciones, yo, a diferencia de ustedes, respeto a todas las víctimas: a las víctimas del terrorismo y a las víctimas del resto de las violaciones de los derechos humanos. . Ahora mismo, todo este Pleno ha podido comprobar cómo, cuando he hablado de los cientos de miles de víctimas de mi partido ocasionadas por la dictadura, no han tenido el mínimo respeto ni han sido capaces de cerrar la boca. Ese es el respeto que tienen ustedes a las víctimas. . En todo caso, señor Mariscal, cuando tenga usted un ratito, échese las manos a los bolsillos, a ver si encuentra ese millón de euros que recaudó su organización para las víctimas de la dana de Valencia y que nunca les llegó, señor Mariscal. . Luego, me cuenta usted a mí de qué cobro o de qué no cobro, señor Mariscal. No obstante, por hacer un debate un tanto serio sobre lo que estamos discutiendo, vamos a aclarar a los ciudadanos que hayan podido quedar muy preocupados después de oír tanta salvajada como hemos oído en esta réplica que, cuando deroguemos las injurias a la Corona, la Casa Real va a tener a su disposición las mismas normas de protección civil o penal frente a la calumnia o la injuria que cualquier ciudadano, exactamente con las mismas sanciones que se contemplan en el artículo que vamos a derogar. En relación con otros delitos que vamos a derogar, es increíble que el Grupo Popular no sea consciente de que hasta dirigentes de su partido ― cuando su partido era demócrata ― como el señor Ollero, que ejercían de jueces del Tribunal Constitucional y de portavoces de su grupo en la Comisión de Justicia, han dicho que era imprescindible derogar estos artículos para atender las condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No nos hagan caso a nosotros, hagan caso a su antiguo portavoz de Justicia, al exmagistrado del Tribunal Constitucional, señor Ollero, y deroguen los delitos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está pidiendo que deroguemos. Pueden, a cambio, seguir insultándome hasta que se aburran. .

  78. Àgueda Micó Micó SUMAR

    Gràcies, presidenta. Finalmente, a las 17:44, Feijóo ha venido a votar. ¡Sí se puede! . Francia tiene una buena selección, pero sin franceses. Lo ha escrito M. Rajoy haciendo alusión a que si eres negro no eres francés. Mariano Rajoy, para quien no lo conozca, es expresidente del Gobierno de Españita. Esto lo escribió justo ayer. Ester Expósito es un 10, pero no compensa, prefiero estar con una de 6, no quiero estar con una tía que esté adoctrinada. Esto dijo el Xokas, todólogo, youtuber e imagen de la nueva hamburguesa de Burger King. Esto lo dijo la semana pasada. Repito, la semana pasada. Entiendo el rechazo al desfile de brujas de carnaval y tarascas hipersexualizadas, Federico Jiménez Losantos en el artículo «Orgullo pedófilo comunista y putañero socialista» hace exactamente ocho días en El Mundo, el segundo periódico más leído del Estado. Todas estas racistadas, machistadas y barbaridades homófobas se han dicho en las principales cabeceras o en prime time mientras ustedes denunciaban la falta de libertad de expresión. Hoy han venido aquí las señorías del Grupo Popular y de VOX, como hemos podido padecer ― que ustedes tienen sueños húmedos con esos líderes espirituales ―, para decirnos a nosotras que opinar de la monarquía es una herejía, y que qué vamos a hacer queriendo dejar de considerar delito penal las expresiones ofensivas hacia la familia real o la ofensa a los sentimientos religiosos. Todo esto, señorías del Grupo Popular y VOX, mientras ustedes corean ― eso sí, educadamente y con mucha clase ―: «Pedro Sánchez, hijo de puta». . Por si acaso no tienen el algoritmo entrenado y entre tanto facha no les ha salido el vídeo de Mariang ― la de La pija y la quinqui ―, permítanme que hoy, haciendo uso de mi libertad de expresión aquí en el Congreso, reproduzca sus palabras: No me gustaría que alguien pensase que estoy intentando reeducar. Igual estamos en una época en la que hay que empezar a llamar tonto de mierda a los tontos de mierda. Muchas gracias. .

  79. Alberto Catalán Higueras UPN

    Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes ya. Señorías, ¿son libertad de expresión los actos de enaltecimiento del franquismo? ¿Lo son los actos de enaltecimiento del terrorismo? Entonces, ¿por qué se pueden sancionar unos y no otros? ¿Por qué se puede disolver una asociación que enaltece el franquismo y no a las asociaciones que enaltecen el terrorismo? ¿Es libertad de expresión, por ejemplo, insultar y agredir al cabildo de la catedral de Pamplona y a los concejales del Ayuntamiento de Pamplona en la calle Curia, en la procesión de San Fermín? ¿Es libertad de expresión desplegar pancartas en la plaza de toros de Pamplona insultando a la selección y también a España? ¿Lo es amedrentar o agredir en las calles a personas que portan la camiseta o la bandera de España? No, señorías, no es libertad de expresión; es odio, intolerancia, falta de respeto, persecución ideológica y religiosa y, en el caso de Navarra, los máximos responsables, como casi siempre, son de la izquierda radical vasca. Ya no matan ― ya no nos matan ―, pero siguen y continúan con sus comportamientos fascistas. Paradojas de la vida, aunque a alguno le duela ― y más hoy, 14 de julio, aniversario del asesinato de José Javier Múgica y de doce guardias civiles en Madrid ―, hoy también es el día de la selección española de fútbol. Como digo, paradojas de la vida, a algunos les duele y les molesta, pero un navarro es uno de los héroes de la selección nacional de fútbol y por eso hoy digo: ¡Viva San Fermín!, ¡viva Navarra! y ¡viva España! . Nosotros, con Merino y con la selección. Muchas gracias. .

  80. Néstor Rego Candamil BNG

    Grazas, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, non sei por que esa última frase coa que vostede acabou o seu discurso ultra, ese «en España volverá saír el sol» me trouxo reminiscencias do pasado. Verá, cando eu era neno, naquel adoutrinamento oficial e formal que se chamaba Formación del Espírito Nacional, obrigábanos a cantar cancións fascistas. Lembro só como acababa unha delas, algo así como «arriba escuadras a vencer que en España empieza a amanecer». Algo similar ao que vostede dixo, non lembro máis. Pero si lembro bastante mellor outra, polas veces que me obrigaron a cantala, a que vostede tamén veu aludindo esa que se chamaba Cara al sol. Non sei por que me dá a impresión de que tivo un lapsus de nostalxia da ditadura franquista na medida en que, como xa foi dito, o seu partido nunca condenou o seu partido foi fundado precisamente por ministros franquistas e iso é exactamente o que son. Porque cando se trae aquí unha proposta para fortalecer a liberdade de expresión para eliminar o que son delitos de opinión, realmente delitos contra os sentimentos relixiosos, contra a coroa ultraxes a España e aos seus símbolos ou inxurias ao goberno, vostedes reaccionan subindo a aposta e facendo aínda a proposta de coartar máis a liberdade de expresión. Esa é a súa reacción. No fondo, o que están facendo é anunciar cal vai ser o seu programa, porque a pesar de que formalmente a proposta do Partido Popular é máis prudente, a de VOX é clarísima no sentido de que é o que pretenden facer na hipótese e nós asegurarémonos de que non se cumpra esa hipótese, que cheguen ao goberno. Eu teño a certeza de que se se dese esa posibilidade, o Partido Popular acabaría asumindo totalmente ese programa de VOX, que pretende non só coartar aínda máis a liberdade de expresión, senón directamente perseguir aos disidentes e ao discrepantes e moi especialmente ás forzas soberanistas, como recollen na súa proposta. Por tanto, aquí nos van ter enfronte pelexando para facer posíbel que nunca haxa un goberno do Partido Popular e de VOX. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, no sé por qué esa última frase con la que usted acabó su discurso ― otra vez en España volverá a salir el sol ― me trajo reminiscencias del pasado. Cuando era pequeño, en ese adoctrinamiento oficial y formal que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, nos obligaban a cantar canciones fascistas. Me acuerdo yo de cómo acababa una de ellas. Algo así como: Arriba escuadras a vencer //que en España empieza a amanecer. Algo similar a lo que usted ha dicho, y no recuerdo más. Pero sí me acuerdo bastante mejor de otra, por las veces que me obligaron a cantarla, a la que usted también ha aludido. La que se llamaba Cara al sol. No sé por qué me ha parecido que ha tenido un lapsus de nostalgia de la dictadura franquista en la medida en la que ― ya se ha dicho ― su partido nunca condenó cuando fue fundado por ministros franquistas. Y eso es exactamente lo que son, porque cuando se trae aquí una propuesta para fortalecer la libertad de expresión, para eliminar lo que son delitos de opinión ― realmente delitos contra el sentimiento religioso, contra la Corona, ultraje a España y a sus símbolos, o injurias al Gobierno ― ustedes reaccionan subiendo la apuesta y haciendo aún la propuesta de coartar más la libertad de expresión. Esa es su reacción. En el fondo, lo que están haciendo es anunciar cuál va a ser su programa, porque a pesar de que formalmente la propuesta del Partido Popular es más prudente, la de VOX es clarísima en el sentido de lo que pretenden hacer ― es la hipótesis y nosotros nos aseguraremos de que no se cumpla esa hipótesis ― cuando lleguen al Gobierno. Y yo tengo la certeza de que, si se diera esa posibilidad, el Partido Popular acabaría asumiendo totalmente ese programa de VOX que pretende no solo coartar aún más la libertad de expresión, sino directamente perseguir a los disidentes y a los discrepantes y, muy especialmente, a las fuerzas soberanistas, tal y como se recoge en su propuesta. Por lo tanto, nos van a tener aquí delante peleando para hacer posible que nunca haya un Gobierno del Partido Popular y de VOX. Muchas gracias.

  81. Martina Velarde Gómez SUMAR

    Gracias, presidente. Señora Álvarez de Toledo ... Ah, que está hablando por teléfono. La voy a molestar. Señora Álvarez de Toledo, no se preocupe usted porque «todos los días sale el sol y ustedes siempre están de cara», así que no se quejen tanto. . También nos ha dicho que nosotras no nos ponemos alegres ni contentas con la selección de nuestro país. Vamos a ver, señora Álvarez de Toledo, son ustedes, los ultras, los que están amargaditos perdidos porque Borja Iglesias se pinta las uñas, como yo; porque dicen que Lamine Yamal no es español, es de Mataró; también porque dicen que la selección está llena de vascos y de catalanes y que para eso es mejor que no ganemos. Por favor, si están ustedes amargaditos perdidos. . Como diría el dúo cómico Alpilpil, cállense, cállense y, por favor, disfruten y celebren sin insultar, que es lo único que han hecho hoy aquí esta tarde, insultar. Ustedes están muy beligerantes hoy. Nunca los he visto así, ni para hablar de cómo están los precios de los alquileres ni para hablar de la vivienda ni para hablar de los salarios precarios ni para hablar de la crisis climática. Para eso ustedes no son nada beligerantes. Ahora, venimos a hablar de la libertad de expresión y ustedes, que están todo el día insultando, vienen aquí y se ponen como se ponen. VOX pretende con su enmienda convertir el Código Penal en un manual para blindar la bandera, la Corona y determinados símbolos frente a la crítica política. Quieren más delitos de opinión, más castigo y más miedo. El Grupo Popular va exactamente en el mismo sentido en el que van luego en Madrid, de adalides de la libertad, pero resulta que determinadas instituciones merecen una protección penal especial frente a todas nosotras, frente a la ciudadanía. Señorías, las instituciones ― se lo recuerdo ― no tienen derecho al honor, las instituciones tienen la obligación de soportar la crítica. Lo hemos visto ya muchas veces. Hemos visto cómo Pablo Hasél ha entrado en prisión por el contenido de sus canciones o por tuitear. Pero ustedes, ¿qué van a decir de la libertad de expresión? La extrema derecha lleva años difundiendo discursos racistas, señalando a colectivos vulnerables, propagando bulos y alimentando el odio. Y también, por supuesto, resulta paradójico que quienes banalizan…

  82. Martina Velarde Gómez SUMAR

    Termino. … el fascismo y convierten la mentira en una herramienta política vengan ahora a darnos lecciones. Se lo voy a decir claramente: la democracia se debilita cuando el poder utiliza el Código Penal para protegerse de la crítica de la ciudadanía. Votaremos que no a sus dos enmiendas. Muchas gracias. .

  83. Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

    Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on, jaun-andreok. Señorías, el debate sobre la libertad de expresión en relación con algunos tipos penales es un debate recurrente en el Pleno de esta Cámara y singularmente con ocasión de proposiciones de ley de reforma del Código Penal y de enmiendas de totalidad a estas. Por no remontarnos mucho tiempo atrás, quiero citar que desde la Legislatura XII hasta la XV presente hemos debatido no menos de seis veces la toma en consideración de cinco iniciativas legislativas de distintos grupos parlamentarios y una iniciativa proveniente del Senado, y tres enmiendas de totalidad contra esta última. Sin embargo, señorías, nunca se ha llegado a abordar la reforma del Código Penal en relación con la libertad de expresión, ni en ponencia ni en comisión. Ahora debatimos dos enmiendas de totalidad presentadas por el Grupo Popular y por VOX contra la proposición de reforma del Código Penal presentada por el Grupo Parlamentario SUMAR en esta Legislatura XV y tomada en consideración el pasado diciembre de 2023; enmiendas de totalidad mediante las que se propone no confrontar la libertad de expresión con distintos tipos penales, y que ya adelantamos que no tendrá el voto favorable de nuestro Grupo Parlamentario, pues consideramos que existen sólidas y serias dudas de que ciertos tipos penales no se adecúan al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así, en su día, en 2021, lo puso de manifiesto la comisaria europea para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, que reclamó al Estado español la reforma del Código Penal para evitar condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el ejercicio de la libertad de expresión, para fortalecer las garantías existentes de este derecho y para facilitar la labor de los tribunales españoles en la toma de decisiones, en plena consonancia con el artículo 10 de la convención europea para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta reclamación al Estado español se cohonesta con la doctrina que preconiza el Consejo de Europa cuando demanda que la protección penal de los intereses de las instituciones debe evitar a toda costa limitar la libertad crítica de la ciudadanía. En igual sentido se manifiesta el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando muestra preocupación por la existencia de delitos que protegen banderas, símbolos e instituciones contra la crítica política o ideológica, por muy destemplada e impropia que sea. Esta también es la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recordemos que va acumulando ― ya se ha dicho ― condenas a España por no respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este tribunal sostiene que en una sociedad democrática, frente a la protección de la colectividad a través de sus instituciones, debe prevalecer la libertad de expresión pues ayuda a confrontar el debate político y la libre participación ciudadana. Prevalencia, señorías, que protege a quien exprese ideas u opiniones contra las instituciones o creencias ― incluso de manera injusta, impropia, ofensiva u oprobiosa ― pues en una sociedad democrática debe primar el espíritu de tolerancia, sobre todo cuando se trata de crítica en materia política o ideológica, incluso con expresiones simbólicas como la quema de retratos o banderas. Unos comportamientos, señorías, que también tenemos que señalar que nuestro grupo parlamentario no comparte, ni tampoco cuando las críticas se hacen en un tono o con actos desabridos u ofensivos, incluso con críticas alejadas de la realidad, pero que, aun así, si se producen en contextos de crítica política o ideológica, reclaman una reconsideración de la vigente perspectiva penal. Aunque, señorías, también tenemos que señalar que la prevalencia de la libertad de expresión en modo alguno puede suponer protección a quien incite a la violencia, al odio, a la hostilidad o a la discriminación; prevalencia de la libertad de expresión que también debe ceder cuando, como señala el artículo 20.4 de la Constitución, se atente contra otros derechos fundamentales y especialmente contra el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen de individuos o personas concretas, que también tienen derecho ― ocupen el cargo o función pública que ocupen ― a que se los proteja de injurias y calumnias en cuanto personas físicas merecedoras de respeto a su dignidad y reputación personal. En fin, señorías ― y voy finalizando, presidente ―, como adelantábamos al principio de nuestra intervención, no daremos nuestro voto favorable a las enmiendas de totalidad presentadas. Existe un debate social, jurídico y político que no debemos rehuir, ya que con él se afrontará una de las cuestiones claves en un sistema democrático, puesto que en la libertad de expresión se funda, y por ello identifica, a los sistemas democráticos frente a los autoritarios, y permite a la ciudadanía y a sus representantes articular opiniones e ideologías sin temor a represalias, censura o sanciones. Señorías, como ya hemos hecho en otras ocasiones cuando se han producido debates sobre esta cuestión, nuestro voto siempre irá dirigido a la promoción del debate y de un examen técnico y jurídico en profundidad, tanto de las propuestas que se hacen en la iniciativa que ahora se enmienda de totalidad con contexto alternativo ― si se reconducen a enmiendas parciales y en su momento ― como otras que también pudieran presentarse por otros grupos parlamentarios contra el texto de la proposición de ley. Muchas gracias.

  84. Jon Iñarritu García EH Bildu

    Señor presidente, señorías, jaun-andreok, arratsalde on. Buenas tardes. Creo que es relevante, que es importante, que este debate que se ha repetido a lo largo de las últimas legislaturas hoy dé un paso más y vayamos a debatir las enmiendas a la totalidad, y en próximas fechas debatamos en comisión, en ponencia y se concluya con una reforma de esta ley. ¿Por qué? Porque, como es sabido, España tiene un Código Penal de los más severos de la Unión Europea. Y hay un problema con la libertad de expresión, porque, si bien es cierto que todos los derechos tienen límites, en España se ha legislado para que esos límites vayan en contra de ese derecho principal, apoyando y reforzando instituciones o símbolos que no deberían ser más protegidos, sino lo contrario porque deberían tener un nivel de crítica mayor. He escuchado a la portavoz del Grupo Popular, que nos mencionaba mucho y nos hacía responsables, y decía que teníamos mucha influencia en este Gobierno ― eso me alegra, ojalá fuera cierto ―. Esta propuesta no es nuestra, pero en Euskal Herria Bildu sí la vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque va en línea con lo que también dicen Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quería preguntarle a la portavoz del Grupo Popular si para ella estas instituciones están también influenciadas por ETA o por Bildu, porque dicen y defienden exactamente lo mismo que nosotros pensamos. ¿O es que están ustedes en unas posiciones ultras, retrógradas? Creo que sí. Parece que no están abordando un debate serio ― que en cualquier democracia madura se debería abordar ― sobre dónde están los límites, sino que se posicionan más allá, más a la derecha que VOX, que ya es decir. Sobre la propuesta parecía que no, parecía que la suya era más moderada ― aun siendo retrógrada ―, pero en el discurso ya hemos visto que no es así. El peligro de hacer estos discursos ad hominem es cómo les deja a ustedes, porque si un portavoz que es presidente del Partido Comunista es responsable de muchísimos muertos, si Euskal Herria Bildu es responsable de parte de lo que pasó en Euskal Herria en el pasado, ¿ustedes de qué son responsables? Ustedes, viendo quiénes son sus fundadores y siguiendo su propia lógica ― no la del «y tú más», sino su propia lógica ―, ¿de qué son responsables?, ¿de qué tienen que pedir perdón a todos los españoles y españolas, como dicen ustedes? De algo, de la dictadura más grave que ha habido en este Estado, que causó más de 140 000 muertos y millones de represaliados. . Ustedes son los responsables, según su lógica. Es su lógica, es la que han empleado en este debate. Y a las víctimas más numerosas que ha habido en este Estado ni las mencionan, porque les dan igual; y a las de ETA, únicamente para utilizarlas contra el Gobierno o contra una mayoría que vaya a reformar esta norma. Únicamente, utilización espuria de las víctimas. Les da igual la libertad de expresión, les da igual este debate. Yendo al fondo, la prueba del algodón de la libertad de expresión no se mide por aprobar o permitir aquellos debates con los que estamos más o menos de acuerdo. No, no, la libertad de expresión de un Estado se mide precisamente en cómo se toleran aquellas manifestaciones, aquellas expresiones que puedan ser inmorales, que puedan ser reprobables, que sean de mal gusto, que sean ofensivas. Ahí está la calidad democrática de un Estado. En un debate normal, nadie se va a sorprender, nadie se va a alterar, pero precisamente la madurez y la calidad democrática de un Estado se miden ahí, cuando escuchamos declaraciones que sean abyectas, que sean reprobables, que nos choquen; ahí está. Ustedes recordarán cuando fanáticos religiosos cometieron el atentado en París del Charlie Hebdo. Muchos y muchas dijimos «Nous sommes Charlie» ― nosotros, nosotras somos Charlie ―. ¿Ustedes alguna vez han visto cómo son esas portadas o han visto Charlie Hebdo ? Es una revista satírica dura, que choca muchas veces. Pero si defendemos la libertad de expresión, debemos defender lo que pueda publicar Charlie Hebdo o lo que pueda publicar la revista El Jueves cuando hace sátira o bromas sobre la Casa Real. ¿O ahí no? Ahí hay que secuestrar revistas, hay que condenar a dibujantes, hay que perseguir a titiriteros, hay que perseguir a tuiteros con varias operaciones Araña. Miren, esta reforma, cuando se consiga, va a hacer de su Estado, del Estado español, un Estado más digno. Les va a ahorrar vergüenzas a nivel exterior, les va a ahorrar condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, esta reforma va a ser positiva incluso para ustedes. Ya verán, si algún día llegan al Gobierno ― esperemos que eso no ocurra y, si de nosotros y nosotras depende, eso no ocurrirá ―, como no la modifican. No la modificarán porque esta reforma recoge las recomendaciones, las solicitudes y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mencionaban también a nuestro secretario general. Decían que el Partido Socialista había traído al señor Otegi. No; lo que han traído es una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la base de que se limitó la capacidad de expresión, la libertad de expresión del señor Otegi, y eso es una condena al Reino de España, como dice la sentencia. Por eso, esto les debería hacer reflexionar, porque, como decía, estas medidas van en la línea que defiende el sentido común y la mayoría de esta Cámara, pero también instituciones como órganos de Naciones Unidas, del Consejo de Europa o las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente. .

  85. Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

    Senyor president, senyories, molt bona tarda. Durant el darrer període de sessions hem vist com un govern sense majoria, amb una legislatura morta, moltes vegades ha segrestat aquest parlament amb formes inimaginables: l’incompliment del deure Constitucional de presentar pressupostos, la pròrroga infinita de les lleis en tràmit, l’abús del reial decret llei, la vulneració d’un dels drets bàsics de tot diputat, com és el dret a l’esmena amb l’ús indiscriminat del veto pressupostari del Govern i de les esmenes heterogènies. I ens pensàvem que ho havíem vist tot, però resulta que el Govern del PSOE i de SUMAR, fora del període de sessions ordinari, ens tenia preparada una sorpresa. I amb què ens ha sorprès en aquest mes de juliol? Doncs amb una argúcia més que augmenta i millora — si se’m permet la ironia— l’ús partidista de les institucions i la deslleialtat institucional del govern amb aquesta cambra i la seva majoria. Una argúcia que consisteix en treure del congelador en ple mes de juliol i, per tant, fora del període de sessions ordinari, una proposició de llei presa en consideració ni més ni menys que al desembre de l’any 2023, a l’inici d’aquesta legislatura. Una llei que, per tant, ha estat bloquejada dos anys i set mesos, una iniciativa que, a més, ja s’havia presentat i pres en consideració repetidament en legislatures anteriors, concretament a la dotzena i la catorzena legislatura, i que amb variacions, ha estat també impulsada una vegada i una altra per diferents grups parlamentaris, inclòs Junts per Catalunya. Un bloqueig de dos anys i mig i això que no es tracta d’una llei menor, sinó d’una llei clau perquè proposa derogar la reforma del Partit Popular del Codi Penal de 2015 i, per tant, eliminar els delictes del Codi Penal que criminalitzen la llibertat d’expressió en lloc de protegir-la. I una reforma que, per tant, vindria a posar en sintonia la legislació espanyola amb la jurisprudència europea i la jurisprudència del Tribunal de Drets Humans, del Tribunal Europeu de Drets Humans. I no només hem deixat passar dos anys i mig i no només activen el procediment fora del període de sessions, sinó que a més a més, tot i ser una proposició de llei i, per tant, una iniciativa legislativa que ha nascut en aquesta cambra, qui habilita el mes de juliol no són els 176 diputats que requereix el reglament per habilitar, d’acord amb la normativa que regeix aquesta cambra, sinó que qui habilita és el Govern de l’Estat, amb una utilització jurídicament forçada i molt discutible del reglament i demostrant que políticament manté una posició de deslleialtat amb la sobirania d’aquesta cambra. Tot plegat deixa veure molt poc entusiasme per part del PSOE per derogar una reforma del Codi Penal del Partit Popular del 2015, exactament el mateix poc entusiasme que li veiem a l’hora de derogar la llei mordassa, l’altra gran eina de repressió de la llibertat d’expressió aprovada per la majoria absoluta del PP en aquell fatídic any legislativament parlant de 2015. Entrant ja a les totalitats, la totalitat de VOX és un compendi de tòpics polítics de la ultradreta, una caricatura només superada pel discurs tronat del seu portaveu avui. Per resumir, el que proposa VOX és supeditar la llibertat d’expressió al que ells en diuen «el aseguramiento de la propia existencia y continuidad de la comunidad nacional, que se organiza en forma de Estado». Hi ha algunas parts realment pintoresques. M’ha cridat l’atenció la frase que diu: «Nuestra civilización se encuentra amenazada por fuerzas que persiguen su destrucción». Una frase que podria encapçalar Soy leyenda o qualsevol altre blockbuster apocalíptic americà. O una altra frase que jo crec que és més seriosa i que val la pena analitzar: «La tradición nacional es el eje de la conducta de los miembros de la comunidad nacional y de las relaciones entre ellos». Una tradició nacional suposadament vinculada, segons VOX, a la cultura grecoromana i a l’herència espiritual del cristianisme i que, per tant, d’acord amb aquesta tradició que fa referència VOX, el que cal fer és doblar l’aposta i expandir la repressió penal contra la llibertat d’expressió sense límits, sempre en defensa d’aquesta comunitat nacional amenaçada. Sincerament, senyories de VOX, més val que deixin de banda això de la cultura grecoromana i l’herència espiritual del cristianisme, perquè el que vostès volen és exactament la mateixa llibertat d’expressió que practica no dirien mai qui: el Govern del Marroc. Tant fotre la tabarra amb la civilització occidental i resulta que el seu model és el d’un país musulmà, el règim alauita del rei Mohammed VI. No ho dic perquè sí. Ahir el Govern del Marroc va detenir a Tànger el periodista i veí de Barcelona Ali Lmrabet, una veu lliure i crítica amb el règim dictatorial del Marroc únicament per haver exercit la llibertat d’expressió, en un exemple perfecte de criminalització de l’exercici del periodisme i la llibertat d’informació. Des d’aquí aprofitem per preguntar al Govern i concretament al seu ministre d’Exteriors si pensen fer alguna cosa perquè el periodista Ali Lmrabet sigui alliberat de les urpes de la dictadura marroquí. Tornant a l’esmena a la totalitat de VOX, com diu Carl Schmitt, la comunitat política descansa en una vigorosa consciència d’homogeneïtat física i moral. I bé, em sembla que aquest és el punt de partida perfecte de la idea que tenen a VOX de supeditació dels drets fonamentals. La totalitat del Partit Popular, del Partit Popular. Cita profusament el preàmbul de la Constitució, la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, la jurisprudència constitucional i internacional, tot plegat, per no dir res. Res que no coneixem i res que no digués en la seva reforma penal del 2015: que els drets tenen límits, que els drets els corresponen responsabilitats i que, en definitiva, la legislació del 2015 es va fer amb especial mesura i que, per tant, no s’ha de tocar. Tot això en defensa d’una regulació de l’any 2015, insistim, que formava part del marc del seu programa legislatiu per a la repressió del moviment independentista a Catalunya. Al cap i a la fi, voldria assenyalar que l’esmena a la totalitat del PP també remet a l’ordre polític per acceptar diferències, però el que no permet de cap manera és posar en dubte la part més important de la Constitució, que, segons ells, és la unitat, la indissoluble unitat de la nació espanyola. Això se supedita, evidentment, tots els drets i també el dret a la llibertat d’expressió. Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Durante el último periodo de sesiones, hemos visto cómo un Gobierno sin mayoría, con una legislatura muerta, muchas veces ha secuestrado este Parlamento con formas inimaginables: el incumplimiento del deber constitucional de presentar presupuestos; la prórroga infinita de las leyes en trámite; el abuso del real decreto ley; la vulneración de los derechos básicos de todo diputado, por ejemplo, el derecho a la enmienda con el uso indiscriminado del veto presupuestario del Gobierno y de las enmiendas heterogéneas. Y nos creíamos que lo habíamos visto todo, pero resulta que el Gobierno del PSOE y de SUMAR, fuera del periodo de sesiones ordinario, nos tenía preparada una sorpresa. ¿Con qué nos ha sorprendido en este mes de julio? Con una argucia más que aumenta y mejora, si me permite la ironía, el uso partidista de las instituciones y la deslealtad institucional del Gobierno con esta Cámara y su mayoría; una argucia que consiste en sacar del congelador en pleno mes de julio, y por lo tanto fuera del periodo de sesiones ordinario, una proposición de ley tomada en consideración ni más ni menos que en diciembre de 2023, al inicio de esta legislatura. Es una ley que, por lo tanto, lleva dos años y siete meses bloqueada; una iniciativa que, además, ya se había presentado y tomado en consideración repetidamente en legislaturas anteriores, concretamente en las legislaturas XII y XIV, y que han ido impulsando diferentes grupos parlamentarios, también Junts per Catalunya. Un bloqueo de dos años y medio, y eso que no es una ley menor, es una ley clave, porque propone derogar la reforma del Código Penal de 2015 del Partido Popular y, por lo tanto, eliminar los delitos del Código Penal que criminalizan la libertad de expresión, en lugar de protegerla. Es una reforma que, por lo tanto, vendría a poner en sintonía la legislación española con la jurisprudencia europea y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no solo hemos dejado pasar dos años y medio, no solo activan el procedimiento fuera del periodo de sesiones, sino que además, a pesar de ser una proposición de ley y, por lo tanto, una iniciativa legislativa que ha nacido en esta Cámara, quien habilita el mes de julio no son los 176 diputados que requiere el Reglamento para habilitar de acuerdo con la normativa que rige esta Cámara, sino que quien habilita es el Gobierno del Estado, con una utilización jurídicamente forzada y muy discutible del Reglamento y demostrando que políticamente mantiene una posición de deslealtad con la soberanía de esta Cámara. Todo ello da a entender que hay muy poco entusiasmo por parte del PSOE para derogar una reforma del Código Penal de 2015 del Partido Popular, el mismo poco entusiasmo que le vemos a la hora de derogar la ley mordaza, la otra gran herramienta de represión de la libertad de expresión aprobada por la mayoría absoluta del PP en ese fatídico año, legislativamente hablando, de 2015. Entrando en la enmienda a la totalidad de VOX, diré que es un compendio de tópicos políticos de la ultraderecha, una caricatura solo superada por el discurso tronado de su portavoz en el día de hoy. Para resumir, lo que propone VOX es supeditar la libertad de expresión a lo que ellos llaman el aseguramiento de la propia existencia y continuidad de la comunidad nacional, que se organiza en forma de Estado. Hay algunas partes realmente pintorescas. Me ha llamado la atención la frase: Nuestra civilización se encuentra amenazada por fuerzas que persiguen su destrucción. Es una frase que podría encabezar Soy leyenda o cualquier otro blockbuster apocalíptico estadounidense. Otra frase que a mí me parece que es más seria y vale la pena analizar: La tradición nacional es el eje de la conducta de los miembros de la comunidad nacional y de las relaciones entre ellos. Una tradición nacional supuestamente vinculada, según VOX, con la cultura grecorromana y la herencia espiritual del cristianismo y que, por lo tanto, de acuerdo con esta tradición a la que se refiere VOX, lo que hay que hacer es doblar la apuesta y expandir la represión penal contra la libertad de expresión sin límites, siempre en defensa de esta comunidad nacional amenazada. Sinceramente, señorías de VOX, más vale que dejen de lado esto de la cultura grecorromana y la herencia espiritual del cristianismo, porque lo que ustedes quieren es exactamente la misma libertad de expresión que practica… a ver si lo adivinan: ¡El gobierno de Marruecos! Tanto dar la lata con la civilización occidental y resulta que su modelo es el de un país musulmán, el régimen alauita del rey Mohamed VI. Y no lo digo porque sí. Ayer, en Tánger, el Gobierno de Marruecos detuvo a Ali Lmrabet, periodista y vecino de Barcelona, una voz libre y crítica con el régimen dictatorial de Marruecos, solo por haber ejercido la libertad de expresión. Es un ejemplo perfecto de criminalización del ejercicio del periodismo y la libertad de información. Desde aquí aprovechamos para preguntarle al Gobierno, concretamente a su ministro de Exteriores, si piensa hacer algo para que el periodista Ali Lmrabet sea liberado de las garras de la dictadura marroquí. Volviendo a la enmienda a la totalidad de VOX, como dice Carl Schmitt, la comunidad política descansa en una vigorosa conciencia de homogeneidad física y moral. Me parece que este es el punto de partida perfecto de la idea que tienen en VOX de supeditación de los derechos fundamentales. La enmienda a la totalidad del Partido Popular cita profusamente el preámbulo de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia constitucional internacional, y todo para no decir nada. No dice nada que no sepamos ya y que no dijera en su reforma penal de 2015: que los derechos tienen límites, que los derechos van aparejados a responsabilidades y que, en definitiva, la legislación de 2015 se hizo con una mesura especial y, por lo tanto, no hay que tocarla. Y todo ello en defensa de una regulación del año 2015 que formaba parte del marco de su programa legislativo para la represión del movimiento independentista en Cataluña. Al fin y al cabo, quisiera señalar que la enmienda a la totalidad del Partido Popular también remite al orden político para aceptar diferencias, pero lo que no permite de ninguna forma es poner en duda la parte más importante de la Constitución, que, a su parecer, es la unidad indisoluble de la nación española. Y a esto se supeditan, evidentemente, todos los derechos y también el derecho a la libertad de expresión.

  86. Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

    La mateixa idea que va emetre el senyor Carlos Lesmes en plena efervescència del procés, quan va dir que la unitat d’Espanya, i no els drets fonamentals, és la veritable base de l’Estat de dret. L’esmena a la totalitat del Partit Popular amaga el ridícul internacional amb repetides sentències desfavorables contra els tribunals espanyols, amaga les resolucions del Consell d’Europa… Lo mismo que dijo el señor Carlos Lesmes en plena efervescencia del procés cuando dijo que la unidad de España, y no los derechos fundamentales, es la auténtica base del Estado de derecho. La enmienda a la totalidad del Grupo Popular esconde el ridículo internacional con repetidas sentencias desfavorables para los tribunales españoles…

  87. Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

    Acabo, president, vint segons. Amaga els informes d’Amnistia Internacional. Amaga la presó injustificable a Pablo Hasél i a Miquel Arenas, simplement per escriure cançons, i per l’independentisme català, l’esmena a la totalitat del PP amaga una repressió sistemàtica i que es va expressar contra la llibertat d’expressió... … esconde ― acabo ― las resoluciones del Consejo de Europa, esconde los informes de Amnistía Internacional, esconde la prisión injustificable de Pablo Hasél y Miquel Arenas por el único motivo de haber escrito canciones y por el independentismo catalán. La enmienda a la totalidad del PP esconde una represión sistemática contra la libertad de expresión…

  88. Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

    … no només a través del Codi Penal, sinó a través, per exemple, de la Junta Electoral i amb la persecució de mestres, professors, pallassos, periodistes, etcètera. … no solo a través del Código Penal, sino también a través de la Junta Electoral y la persecución de profesores, maestros y demás.

  89. Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

    Moltes gràcies. Muchas gracias.

  90. Pilar Vallugera Balañà ERC

    Bona tarda. Gràcies, presidenta. Diputats, diputades. Sé perfectament que tothom té una mica de pressa perquè accelerem un pèl aquest debat, perquè els trens se’n van. I parlant de trens, en concret el meu, sembla ser que no m’ha portat de Barcelona a Madrid, sinó que m’ha portat 300 anys enrere o 30 anys enrere i m’ha clavat el Madrid del 1920 o 30 perquè si no, no s’explica les coses que he arribat a sentir aquesta tarda a la bancada de les dretes. I això em sembla important marcar-ho, remarcar-ho, perquè aquesta gent, si no ho fem bé, igual van i guanyen! Igual van i no només tornen a posar els delictes que hi ha contra la llibertat d’expressió, sinó que a sobre els reforcen. I no només això, sinó que en lloc d’anar-se’n a un convent, per molt aristocràtica que siguis, a explicar el que és la moral, creuen que ho han de fer des d’aquesta tribuna, per tant, és per posar-se a tremolar. Dit això, tres consideracions. Possiblement perquè tinc amics i amigues encausats, alguns culpables, d’altres absolts, en gairebé tots els tipus que intentem derogar i perquè soc una persona eminentment pràctica, el que demanaria és que això no només es rebutgin les seves esmenes a la totalitat, sinó que, per favor, ho aprovem ràpidament. En el que queda de legislatura és imprescindible que deroguen aquests tipus penals. I el retret que li puc fer és que s’hagin esperat tant. Nosaltres ho portem demanant des del 2007, 2016, 2020, 2022, 2023, totes les esmenes de lleis articulades que tenien algun tipus de connexió amb la llibertat d’expressió, hem introduït aquests drets. Per tant, el prec és: com aquests guanyin, almenys que tinguin la feinada de tornar-ho a posar el codi Penal. No els hi deixem la feina ja feta. Perquè, és clar, permeti’m una observació prèvia: delitos de injurias a la Corona. El problema no és el delitos de injurias contra la Corona. El problema és la Corona! Jo voldria recordar en aquest hemicicle que mai s’ha votat com a sistema de govern, per tant, a mi que facin el que vulguin, però, hombre! És que no m’han preguntat mai si volen tenir rei. Els catalans sempre diem que no en volem, de rei, ni de rei ni de reina, que amb això tampoc tenim problemes de gènere. Però és que hi ha un element que aquí no hem estat capaços, que per mi és del que va la discussió, d’explicar que la institució monàrquica és l’entronització — mai més ben dit— de la desigualtat en les bases estructurals d’un estat. No pot ser democràtic de cap manera un estat que tingui monarquia, perquè es basa la seva forma d’estat en la desigualtat entre persones. ¿Usted nace en esta familia? Pues nada, pa rey. Vostè neix en una altra família? Pues escolti’m, ja es buscarà la vida. No entenen que això fa que la democràcia sigui només un element d’eleccions formal? Que no impregna l’estructura de l’Estat, que no la pot impregnar de cap manera? I per tant, el debat sobre la monarquia, senyors del PSOE, un dia o altre l’hauran de fer perquè els recordo que vostès eren republicans i republicans en aquest sentit. Ningú, ningú, pot ocupar un lloc preeminent o diferent d’un altre per dret de naixement. Perquè aleshores s’explica que el dret de naixement sigui el que converteix altres persones en il·legals. Perquè és l’equivalent a tenir rei tenir gent il·legal, dret de naixement. Dit això, la segona consideració, la llibertat d’expressió es predica d’allò que ens molesta, no d’allò que ens agrada. La llibertat d’expressió es predica amb major amplitud respecte dels qui tenen una posició preeminent, sigui buscada perquè et presentes a les eleccions, ets periodista, tens les teves opinions penjades a la xarxa, sigui això, no? Consell General del Poder Judicial, institucions de l’Estat. És evident que tenen un camí molt més llarg, un recorregut molt més llarg d’admissió de crítiques. És clar que sí! I és evident també que aquestes crítiques poden ser fetes d’una manera que no ens agradin. És clar que sí! Però és llibertat d’expressió. I quan no s’entén això és quan has pertangut sempre a les classes que han constituït aquests poders: l’aristocràcia, el jutjat… Aquest tipus d’elements són els que fan que resulti tan estrany una cosa com la llibertat d’expressió. Jo he de poder dir que, sota la meva visió, un jutge o algú del Consell General del Poder Judicial és prevaricador. Ho he de poder dir. I, a més a més, els hi dic una cosa: tal com està el Consell General del Poder Judicial, mai a la vida recaurà una sentència que em doni la raó, perquè perro no come perro. No sé com explicar-ho d’una altra manera. I el molt corporativistes que són impedeix qualsevol crítica, qualsevol validació de la seva feina, la qual cosa, per cert, els està matxacant la seva democràcia. Deixin-me també dir i vull fer d’alguna manera una reflexió i és que aquí s ’han comportat tots vostès com a hooligans. Jo no sé si és que anaven agafant ja una mica de caloreta per al partit d’aquesta nit, però el que no pot ser és que no es pugui fer un debat sobre la llibertat d’expressió sense que l’un sigui displicent i absolutament menyspreadora de la resta dels diputats i l’altre sembli un cadell de les antigues SS i tota la graderia cridant de mala manera, que no hem sentit a la meitat dels diputats que han intervingut. Això no pot ser. I això està baixant la seva democràcia. Jo he de poder pujar aquí i dir tranquil·lament que la bandera espanyola és un drap i és un drap que vostès deuen tenir problemes amb el tèxtil perquè la porten a tot arreu oposada, que és que no se’n recorden d’on són, que han d’anar amb tota la bandereta per saber a quin país pertanyen? Aquesta és la nació mil·lenària, amb tanta, tanta, tanta solera i tant orgull de pertinença? Que semblen vostès pavos reales: quan no porten els tirants, porten la bandera, quan no porten el coll de la camisa… Que són un Estat per l’amor de Déu! I, per tant tots aquests plantejaments el que són és ridículs. Els únics que tenim dret, per dir-ho d’alguna manera, a reivindicar una bandera som els que vivim absolutament oprimits per un altre estat. I jo crec que és així i tinc tot el dret a treure la bandera espanyola del meu despatx, tot, i tinc tot el dret d’anar, si em sembla en contra de la bandera, en contra de la selecció. Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Sé perfectamente que todo el mundo tiene un poco de prisa, que se trata de que aceleremos un pelo el debate porque los trenes se van. Y, hablando de trenes, el mío en concreto parece ser que no me ha traído de Barcelona a Madrid, sino que me ha traído trescientos años atrás o treinta años atrás y me ha puesto en el Madrid de 1920 o 1930, porque si no, no me explico lo que he llegado a oír esa tarde en la bancada de las derechas. Y esto me parece importante recalcarlo, porque esta gente, si no lo hacemos bien, tal vez ganarán; igual van y ganan. Igual van y no solo vuelven a imponer los delitos contra la libertad de expresión, sino que encima los refuerzan. Y no solo eso, sino que, en lugar de irse a un convento, por muy aristocrática que seas, a explicar lo que es lo moral, creen que lo tienen que hacer desde esta tribuna. Así que es para ponerse a temblar. Dicho esto, tres consideraciones. Tal vez porque tengo amigos y amigas encausados ― algunos culpables y otros absueltos ― con casi todos los tipos que intentamos derogar y porque soy una persona eminentemente práctica, pediría no solo que se rechacen sus enmiendas a la totalidad, sino que además, por favor, lo aprobemos rápidamente. En lo que nos queda de legislatura es imprescindible que deroguemos estos tipos penales. Y el reproche que les puedo hacer es que se haya esperado tanto. Nosotros lo llevamos pidiendo desde 2007, en 2016, 2020, 2022, 2023; en todas las enmiendas, en todas las leyes que tenían algún tipo de conexión con la libertad de expresión hemos introducido estos derechos. Por lo tanto, ¿cuál es mi ruego? Que, como ganen, por lo menos tengan todo el montón de trabajo de volver a introducirlo en el Código Penal. No les hagamos ya el trabajo. Permítanme una observación previa. Delitos de injurias a la Corona. El problema no es el delito de injurias contra la Corona, sino la Corona. Yo quisiera recordar en este hemiciclo que nunca se ha votado como sistema de Gobierno, así que, por mí, hagan lo que quieran, pero resulta que nunca han preguntado si quieren tener rey. Nosotros, los catalanes, siempre decimos que no queremos ni rey ni reina, que para eso tampoco tenemos problemas de género, pero es que hay un elemento que aquí no hemos sido capaces de explicar, de eso va la discusión. No hemos sido capaces de explicar que la institución monárquica es la entronización ― nunca mejor dicho ― de la desigualdad en las bases estructurales de un Estado. No puede ser democrático en modo alguno un Estado que tenga monarquía, porque su forma de Estado se basa en la desigualdad entre personas: que usted nace en esta familia, pues para rey; que usted nace en otra familia, pues ya se buscará la vida. ¿Esto no lo entienden? ¿No entienden que esto hace que la democracia sea solo un elemento de elecciones formal, que no impregna la estructura del Estado, que no la puede impregnar en modo alguno? Por lo tanto, el debate sobre la monarquía, señores del PSOE, un día u otro tendrá que celebrarse, porque les recuerdo que ustedes eran republicanos, y republicanos en este sentido. Nadie puede ocupar un cargo o un lugar preeminente o diferente de otro por derecho de nacimiento, porque entonces se explica que el derecho de nacimiento sea el que convierte a otras personas en ilegales; el equivalente a tener rey es tener luego gente ilegal, derecho de nacimiento. Segunda consideración. La libertad de expresión se predica de lo que nos molesta, no de lo que nos gusta. La libertad de expresión se predica con mayor amplitud con respecto a quienes tienen una posición preeminente, sea buscada ― porque te presentas en las elecciones, eres periodista, tienes tus opiniones colgadas en la red ― sea por ser del Consejo General del Poder Judicial o instituciones del Estado. Es evidente que tienen un recorrido, un camino mucho más largo de admisión de críticas, claro que sí. Y también es evidente que estas críticas pueden hacerse de una forma que no nos guste, pues claro que sí. Pero es libertad de expresión; cuando esto no se entiende es cuando uno siempre ha pertenecido a las clases que han constituido estos poderes: la aristocracia, el juzgado… Este tipo de elementos hacen que les resulte tan raro algo como la libertad de expresión. Yo tengo que poder decir que, en mi opinión, un juez o alguien del Consejo General del Poder Judicial es prevaricador; lo tengo que poder decir. Además, les digo algo: tal y como está el Consejo General del Poder Judicial, nunca jamás va a recaer una sentencia que me dé la razón, porque perro no come perro ― no sé cómo decírselo de otro modo ―, y lo muy corporativistas que son impide que haya cualquier crítica y cualquier validación de su trabajo, lo cual, por cierto, les está machacando su democracia. Permítanme que diga, además ― y de algún modo quisiera hacer una reflexión ―, que aquí todos ustedes se han comportado como hooligans . No sé si es que ya iban calentándose para el partido de esta noche, pero lo que no puede ser es que no se pueda celebrar un debate sobre libertad de expresión sin que el uno sea displicente y absolutamente despreciador ante el resto de los diputados y el otro parezca un cachorro de las antiguas SS, y toda la galería chillando de mala forma, que no hemos oído a la mitad de los diputados que han intervenido. Esto no puede ser y esto perjudica su democracia. Yo puedo venir aquí y decir que la bandera española es un trapo y que tienen ustedes problemas con el textil, porque la llevan en todos lados. ¿No se acuerdan de dónde están, que tienen que ir todo el rato con la banderita para saber a qué país pertenecen? ¿Esta es la nación milenaria con tanta solera y tanto orgullo de pertenencia? Parecen ustedes pavos reales: cuando no llevan los tirantes, llevan la bandera y, cuando no, el cuello de la camisa. Son un Estado, por el amor de Dios y, por lo tanto, todos estos planteamientos son ridículos. Los únicos que tenemos derecho ― por decirlo de algún modo ― a reivindicar una bandera somos los que vivimos absolutamente oprimidos por otro Estado. Yo creo que es así y tengo todo el derecho a sacar la bandera española de mi despacho y tengo todo el derecho a ir, si me parece, en contra de la selección.

  91. Pilar Vallugera Balañà ERC

    Acabo immediatament. Perquè això és la meva llibertat d’expressió. Però sap què passa? Que responc uns vots i tota aquesta gent té els mateixos drets polítics que vostès. Això és el que els fa mal. Moltes gràcies. Termino inmediatamente. Es mi libertad de expresión. Porque, ¿saben qué pasa? Que yo respondo a unos votos y toda esa gente tiene los mismos derechos políticos que ustedes. Esto es lo que les duele. Muchas gracias. .

  92. Artemi Rallo Lombarte PSOE

    Gracias, señor presidente. Señorías, hoy no hemos sido convocados a un debate sobre la monarquía, sobre la confesionalidad del Estado o sobre la lacra terrorista que afortunadamente desapareció de España hace quince años de la mano de un Gobierno socialista. . No, señorías, no. No hay nada que discutir sobre la legitimidad de la jefatura del Estado; a los socialistas nada nos impide hoy reafirmar nuestro compromiso indeleble con el pacto constituyente de 1978, que consagra la monarquía parlamentaria, dicho sin reservas ni complejos porque nuestro inequívoco compromiso constitucional no admite lecciones ni necesita justificación. Ustedes, Partido Popular, sí deberían dar algunas explicaciones por unir su destino a quienes se manifestaban en la calle Ferraz al grito de «Borbones a los tiburones». Lo cierto es que nosotros y solo nosotros hoy defendemos todas las instituciones constitucionales. Tampoco hoy hemos venido a debatir sobre laicismo y libertad religiosa, nada de ello está en peligro en España; si acaso, por algún obispo despreciando las palabras del papa León en este hemiciclo. Mejor les iría releyendo su discurso y acompañándolo de un acto de contrición.

  93. Artemi Rallo Lombarte PSOE

    Gracias, presidente. No, señorías, hoy no debatimos ni la forma de la jefatura del Estado ni la protección de las creencias religiosas, que ustedes sí ofenden a menudo con mezquina hipocresía cuando no coinciden con las suyas. Hoy, señorías, hemos venido aquí a debatir sobre calidad democrática y formación de una opinión pública libre; en definitiva, sobre libertad de expresión. La libertad de expresión es la esencia de una democracia, de una sociedad libre, pluralista y democrática; corazón entre las tradiciones y valores constitucionales comunes de Europa. Por ello, hoy el Grupo Socialista coincide en reformar el Código Penal para fortalecer la libertad de expresión. . Compartimos la supresión de las injurias y calumnias a la Corona y a todas las instituciones del Estado, señorías. . A todas sin excepción, también a las Cortes Generales, al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y a los Parlamentos, Gobiernos y tribunales autonómicos. Compartimos la despenalización de la utilización de la imagen de la familia real o de los ultrajes a España y sus símbolos, y de las ofensas a los sentimientos religiosos. Pero que no exista ninguna duda en esta Cámara: mantendremos el delito de enaltecimiento del terrorismo, como se verá en las enmiendas parciales que presentaremos tras el debate de hoy. Señorías, esta reforma busca fortalecer la democracia española, una democracia plena y de calidad, y busca alinear España con los estándares internacionales, con las Naciones Unidas y con el Consejo de Europa. Ni podemos ni debemos seguir mirando hacia otro lado, hay que cumplir con nuestras obligaciones internacionales. Hay que cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los dictámenes de la Comisión de Venecia y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto aquellas en las que se condena a España y que dicen ― nos guste o no ― que la libertad de expresión proclamada en el convenio ampara tanto la quema de fotografías del rey como las críticas a la Corona o las ofensas a la bandera. Señorías, nos guste o no, es así. El Tribunal Europeo ha afirmado que otorgar al jefe del Estado una protección penal reforzada frente a las críticas constituye un privilegio incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que los límites a la crítica política deben ser más amplios respecto de los cargos públicos e instituciones y que los Estados no deben impedir la crítica a las instituciones ni imponer penas más severas según la persona criticada. Así, el Tribunal Europeo ha concluido que la libertad de expresión ampara actos como la quema de banderas, que sin duda ofenden, escandalizan o perturban al Estado, pero no solo en España, también en Turquía, en Moldavia… Estrasburgo, además, ha sentenciado que las personas que profesan una religión deben tolerar a quienes rechazan públicamente sus creencias, y lo ha dicho en Polonia, Lituania y Austria. Señorías, sobran los argumentos jurídicos para acometer la reforma del Código Penal que se propone y hacerlo sin debilitar la defensa de nuestras instituciones, porque a ellas las siguen protegiendo tanto los delitos de injurias y calumnias, que amparan a toda la ciudadanía, como los delitos de odio. Además, la libertad religiosa sigue especialmente protegida civil y penalmente. Señorías, lo ha dicho el Tribunal Constitucional: los límites a la libertad de expresión deben ponderar la colisión con otros derechos, deben ser justificados y proporcionados y nunca restringir el debate público. Y lo ha reiterado muy recientemente en su sentencia de 28 de abril de 2025, afirmando que la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto, por supuesto, pero tampoco se limita a la crítica inofensiva. Son multitud las expresiones y palabras del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos a través de las cuales se afirma que la libertad de expresión protege tanto la crítica desabrida, molesta e inquietante como la crítica ofensiva, chocante o perturbadora, o la crítica dura, exagerada, irónica, satírica, ácida, virulenta, provocadora y la crítica mordaz. Lo han dicho los tribunales, la libertad de expresión, señorías, ampara incluso el mal gusto. Esa es una visión generosa de la libertad de expresión, como no podría ser de otra forma; es la generosidad propia de una democracia plena, en la que el derecho penal no puede ser un indeseable factor de disuasión de la libertad de expresión. Señorías, así lo ha dicho Europa, así lo ha proclamado el Tribunal Constitucional y así debe recogerlo nuestro Código Penal. Finalizo, señora presidenta. Termino diciéndole al Grupo Popular que hoy es 14 de julio, Fiesta Nacional de Francia. Ustedes han bloqueado el tratado de amistad de Francia con España. Rajoy ― su brújula moral, señorías ― insulta a Francia. . Hoy ustedes y el señor Feijóo, a quien todavía no tenemos el gusto de saludar en esta sesión , tienen la obligación, sin perder un minuto, de denunciar esa afrenta y pedir disculpas, señorías. No se puede aspirar a presidir el Gobierno de España, señor Feijóo, amparando gratuitamente el racismo y la hostilidad contra nuestros países vecinos. Nada más y muchas gracias. .