Pleno del Congreso n.º 196 · XV legislatura

Pedro Muñoz Abrines PP

Gracias, señora presidenta. Bienvenidos a todos los representantes del pueblo saharaui. Señorías, la política exterior debe ser una política de Estado, y para que sea una política de Estado resulta imprescindible que cuente con el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas de un país. Es imperativo que las posiciones y relaciones internacionales mantengan una sólida constancia y coherencia. Además, ese consenso y esa constancia requieren un diálogo permanente, transparente y leal del Gobierno con la oposición. Y, por supuesto, hay que tener muy claro cuáles son los verdaderos intereses nacionales. Por el contrario, señorías, una política exterior basada fundamentalmente en decisiones y ocurrencias coyunturales solo genera bandazos difíciles de justificar y transmite, además, una imagen muy débil de país. Por desgracia, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido una política de Estado en un instrumento de confrontación. El actual Gobierno ha cambiado la defensa del interés nacional por la promoción exclusivamente del interés particular del presidente para salvar su política interior; y Pedro Sánchez, señorías, ha hecho que nuestra política exterior quede subordinada, por ejemplo, a los intereses comerciales de José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso, señorías, tienen consecuencias: falta de transparencia, desconfianza, sospechas de intereses ocultos, recelo de los principales socios y aliados y desprestigio. Un ejemplo claro de esta situación, señorías, es lo que ha hecho Pedro Sánchez, el Gobierno de España y el PSOE, con el Sáhara Occidental. Señorías, España, durante cuarenta años, mantuvo una política constante y coherente respecto al Sáhara. Durante todos los gobiernos de la democracia hubo un amplio consenso ―más allá de ciertos matices― respecto a la posición que España debía tener al respecto, lo que se conoce como neutralidad activa. Sin embargo, esa posición tradicional y ampliamente respaldada fue modificada por el Gobierno de Pedro Sánchez. En marzo de 2022, con la famosa y clandestina carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos, el Gobierno acabó con la neutralidad española y se alineó definitivamente con Rabat. En marzo del 2022, el PSOE abandonó la defensa del Sáhara por un plan de autonomía bajo la soberanía de Marruecos; y, en marzo de 2022, el socialismo español consumó un innegable bandazo y lo hizo con nocturnidad y alevosía: lo hizo sin informar previamente a las Cortes Generales, ni siquiera a sus socios de gobierno; y lo hizo, por supuesto, sin explicar las verdaderas causas de tal claudicación ante Marruecos. Hay quien dice que esto tal vez formaba parte de un pacto, de un acuerdo ―que, por cierto, nadie conoce―, para asegurar una colaboración real y eficaz en la lucha contra el tráfico de drogas y el control de flujos migratorios. A la vista de la realidad en ambos aspectos, eso es algo difícil de creer, porque todos vemos qué es lo que ocurre todos los días en el estrecho con las mafias de la droga, y ya sabemos lo que está pasando desgraciadamente en Ceuta desde el pasado mes de julio. . Por lo tanto, señorías, seguimos sin saber, seguimos sin conocer a cambio de qué Pedro Sánchez, de manera personal, unilateral y sin informar a las Cortes, cedió el Sáhara a Marruecos. Y hoy, señorías, debatimos el dictamen de una proposición de ley que también, por desgracia, es un ejemplo de esa inconsistencia y esa desconfianza que rodea todo lo que hace el Gobierno socialista. Ya sabemos que SUMAR impulsó esta iniciativa, además de por convicción, en parte, posiblemente también, para limpiar algo su conciencia por haber preferido mantener la moqueta y el coche oficial en vez de la dignidad que suponía salir de un gobierno que había abandonado la causa saharaui. . Pero, señorías, ¿qué es lo que ha hecho cambiar ahora al PSOE y al Gobierno su posición respecto a esta iniciativa legislativa? Porque tengo que recordar que votaron en contra de la toma en consideración de esta ley, y tengo que recordar lo que inicialmente dijo el portavoz del PSOE, que llegó a decir ―abro comillas―: «Tengo claro que existió un consenso político en el año 2016 de todos los grupos parlamentarios por equiparar el proceso del Sáhara al de Guinea Ecuatorial. No estamos de acuerdo con que el proceso general sea por carta de naturaleza». Por lo tanto, señorías socialistas, digan qué es lo que hay detrás de ese cambio: ¿una maniobra de último momento para congraciarse con sus socios de Gobierno?, ¿remordimientos por la traición al Sáhara?, ―eso lo dudo―, ¿o tal vez estamos ante un proceso que, supuestamente, puede molestar a un tercero, pero, en realidad, estamos ante todo lo contrario? En todo caso, señorías del Gobierno, del PSOE, expliquen sus bandazos, porque, cuando se trata de temas que afectan al país vecino, ustedes no son precisamente de fiar. El pueblo saharaui no necesita que les demos una mano mientras le atamos la otra a los intereses del reino alauita. Fíjense, en el Gobierno están tan sometidos a los intereses de Marruecos, lo tienen tan interiorizado, que hasta en la presentación de su portal de vivienda el visor cartográfico representaba un mapa enormemente satisfactorio para las intenciones redentoristas de nuestro vecino meridional. Sin embargo, señorías, hay una gran diferencia: el Grupo Popular y el Partido Popular seguimos exactamente en la misma posición, mantenemos la misma posición respecto al Sáhara y respecto a Marruecos, seguimos defendiendo lo mismo que España había hecho durante los últimos cuarenta años. . Señorías, mantenemos la misma posición que en el año 2016, defendiendo que puede haber nacionalizaciones ―claro que sí―, pero no por carta de naturaleza, sino por residencia de dos años, equiparando el sistema al de Guinea Ecuatorial o los países iberoamericanos. Ese es, señorías, el propósito de nuestras enmiendas, y lo defendemos así por congruencia política, histórica y jurídica. Congruencia política, señorías, porque es lo que llevamos defendiendo al menos durante los últimos diez años. Coherencia política, porque es seguir en la misma posición, que contaba con un amplio respaldo y consenso parlamentario, y eso es lo que debe ser cuando alguien cree que la política exterior en realidad es una política de Estado. Coherencia histórica, porque se trata de dar continuidad a las mismas respuestas para situaciones parecidas, tal y como ya figura en el artículo 22 del Código Civil. Y coherencia jurídica, porque la carta de naturaleza es y debe seguir siendo algo excepcional y de concesión limitada tras el análisis de casos individualizados. Además, señorías, teniendo en cuenta cómo ha quedado de momento la ley, ustedes no ofrecen ninguna garantía de que esta norma se pueda aplicar adecuadamente y en eso, por desgracia, ya nos están dando muchas lecciones. Así que, señorías socialistas, ¿quieren ustedes despejar sospechas?, ¿quieren ampliar consensos? Es muy fácil, expliquen por qué entregaron el Sáhara a la soberanía de Marruecos, ¿por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos? Señorías, algo huele mal, muy mal, y no precisamente en Dinamarca. Muchas gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, presidenta. Hoy quiero hablarles de Fatimetu. Fati tiene diez años y vive en Auserd. Este verano llegó a Valencia desde los campamentos de refugiados saharauis gracias al programa «Vacaciones en Paz». Durante dos meses ha descubierto el mar jugando sin sentir que era una frontera. La semana pasada Fati volvió al desierto con su familia para empezar ya el nuevo curso en la madrasa. Mientras, sigue esperando el día para poder volver a su casa de verdad, para poder volver a su tierra. Y pienso en Tesh Sidi, porque ella hizo ese camino hace veinticuatro años. Llegó con ocho años desde los mismos campamentos. Hoy está aquí, en el Congreso, luchando para que Fati no espere un día, una vida entera, para que se reconozcan sus derechos. . Entre Fati y Tesh hay veintidós años de diferencia, pero las dos llevan viviendo cincuenta años de abandono. España administró el Sáhara Occidental, allí nacieron, estudiaron y trabajaron personas bajo la responsabilidad española. Cuando España se marchó, dejó un territorio a merced de la ocupación marroquí y se ha querido compensar con dos meses de vacaciones en paz al año. Y no, señorías, la solidaridad es necesaria y puede ser infinita, pero no puede sustituir la responsabilidad de un Estado. Por eso es tan importante la ley que hoy vamos a aprobar, porque reconoce la nacionalidad a quienes nacieron bajo la administración española del Sáhara, mientras empiezan a hacer un poco, solo un poco, de justicia. Llega cincuenta años tarde y llega porque Tesh la ha peleado hasta la saciedad. Aunque hoy aquí esta ley salga adelante, un voto no borra cincuenta años ni acaba con la ocupación, ni les devuelve la tierra, su tierra, pero al menos abre una puerta. Y cuando miro a Tesh, también pienso en Fati y quiero decirles a las dos y a todo el pueblo saharaui que si Marruecos se enfada por ofrecerles justicia, que se enfade, y si tenemos que soportar sus presiones, las soportaremos; pero lo que no vamos a consentir, lo que no consentiremos es que el miedo a Marruecos siga diciendo cuánto vale vuestra dignidad, la dignidad de todo un pueblo. Por Fati, por Tesh, por sus familias, por quienes llevan cincuenta años esperando este momento, visca el Sàhara lliure. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Moi bo día. Antes de máis, un saúdo solidario aos representantes do pobo saharauí que hoxe nos acompañan en nome do Bloque Nacionalista Galego e, atrévome a dicir tamén, en nome do pobo galego, que sempre foi absolutamente solidario co Sáhara e coa súa loita pola independencia e pola paz. Isto que hoxe traemos aquí é un acto de xustiza e de reparación necesario máis insuficiente, porque hai unha responsabilidade histórica do Estado español na entrega — porque hai que chamarlle así— na entrega do Sáhara a Marrocos. Neses acordos, nese acordo tripartito de Madrid vergoñento que sabemos ademais que foi declarado xuridicamente non vinculante pola ONU, hai unha responsabilidade por non proceder á descolonización e permitir, a posibilitar que houbese un Estado saharauí libre e democrático e, polo tanto, 50 anos despois hai que seguir, o pobo saharauí ten que seguir traballando e loitando pola súa liberdade. Nese sentido, o Bloque Nacionalista Galego entende que este paso que hoxe se dá é un paso simbolicamente moi importante, mais que non suple, que non substitúe en absoluto esa responsabilidade do Estado español e, nesa medida, non chamamos ao goberno a que rectifique, a que volva, a que rectifique ese apoio que deu ás pretensións marroquinas — inexplicabelmente, porque aínda non foi explicado, entre outras cousas— e que volte o apoio ao proceso de descolonización do Sáhara, que pase polo recoñecemento da República Árabe Saharauí Democrática e que permita avanzar para a plena descolonización e para ver o antes posíbel unha República saharauí recoñecida internacionalmente, en que o pobo saharauí poda vivir en paz, en liberdade, no seu territorio. Esperando ese momento, hoxe, evidentemente, votaremos a favor desta proposta e continuaremos apoiando un Sáhara libre. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Antes de empezar, quiero enviar un saludo solidario al representante del pueblo saharaui, que hoy está aquí con nosotros. En nombre del BNG me atrevo a decir ―también en nombre del pueblo gallego, que siempre ha sido absolutamente solidario con el Sáhara y con su lucha por la independencia y por la paz― que esto que hoy traemos aquí es un acto de justicia y de reparación necesario, pero insuficiente, porque hay una responsabilidad histórica del Estado español en la entrega, porque hay que llamarlo así, la entrega del Sáhara a Marruecos en ese acuerdo tripartito de Madrid vergonzoso que sabemos, además, que fue declarado jurídicamente no vinculante por la ONU. Hay una responsabilidad por no proceder a la descolonización y permitir la posibilidad de que hubiese un Estado saharaui libre y democrático. Por tanto, cincuenta años después hay que seguir, el pueblo saharaui tiene que seguir trabajando y luchando por su libertad. En ese sentido, el BNG entiende que este paso que hoy aquí se da es simbólicamente muy importante, pero no suple, no sustituye para nada esa responsabilidad del Estado español. Por tanto, llamamos al Gobierno a que rectifique, a que vuelva y no dé ese apoyo a Marruecos ―porque ahí todavía no se ha explicado por qué no ha vuelto el apoyo al proceso de descolonización del Sáhara―, que se reconozca la República Árabe Saharaui Democrática, que se permita avanzar para la plena descolonización y para ver lo antes posible una república saharaui reconocida internacionalmente y que el pueblo saharaui pueda vivir en paz y libertad en su territorio. Esperamos ese momento. Hoy, evidentemente, votaremos a favor de esta propuesta y continuaremos apoyando el Sáhara libre. Gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Buenos días, señorías. Bienvenidos y bienvenidas hoy a esta Cámara. Esta ley no nació ayer, Unidas Podemos ha traído esta iniciativa durante mucho tiempo al Congreso; también la pasada legislatura. Su admisión a trámite salió adelante, pero decayó con el final de la legislatura. Hoy volvemos a estar aquí, por eso resulta especialmente llamativo que quienes entonces pusieron obstáculos sean ahora quienes pretenden presentarse como defensores y defensoras de esta reparación, cuando llevamos años de retraso y bloqueo hasta llegar a una comisión en la que hemos tenido que discutir enmiendas transaccionales prácticamente sobre la marcha. Señorías, la reparación de una injusticia histórica no puede tramitarse como si fuese un trámite cualquiera, un trámite incómodo que hay que quitarse de encima rapidito. Lo más preocupante de todo ―bajo mi punto de vista― son las enmiendas infames del Grupo Socialista, se lo digo, señorías del Partido Socialista. Y todo porque el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere molestar a Marruecos. Por eso presentaron las enmiendas en la comisión, pero fue Podemos quien tumbó esas enmiendas. Por eso no se han atrevido a traerlas otra vez hoy aquí y las han retirado. Además, les falta valor para defenderlas delante de toda esta gente, señorías del Grupo Socialista. Seamos claras: este Gobierno ha convertido la relación con Marruecos en una prioridad. Y pregunto: ¿dónde queda el pueblo saharaui en esta ecuación, señorías del Grupo Socialista? En Podemos lo tenemos muy claro: la nacionalidad española no puede convertirse en una moneda de cambio diplomática. No le estamos haciendo ningún favor al pueblo saharaui, solo intentamos reparar, aunque sea parcialmente, una injusticia que tiene su origen en la propia responsabilidad histórica de España, que administró el Sahara Occidental y lo abandonó. Esa responsabilidad no desaparece porque ustedes quieran llevarse bien ahora con Marruecos. Vamos a apoyar esta ley, por supuesto, porque es una ley en la que nosotras ya trabajamos, que trajimos aquí, pero que quede muy claro: mientras que Podemos esté aquí no van a utilizar esta ley para blanquear la política del Gobierno con Marruecos. No vamos a aceptar dar un pasaporte que al final pueda convertirse en una excusa para retirar el apoyo político al derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, porque una cosa es reconocer la nacionalidad española y otra muy distinta renunciar a la defensa de la autodeterminación. . La nacionalidad no puede sustituir a la autodeterminación, a la memoria y, por supuesto, cómo no, a la justicia. Señorías, eso es lo que hemos defendido siempre nosotras, cuando era difícil hacerlo, cuando el Gobierno socialista votaba en contra. Por eso no vamos a permitir que se utilice al pueblo saharaui como moneda de cambio en sus relaciones con Marruecos. No se pueden sacrificar los derechos ―termino― de un pueblo para mantener una buena relación con el ocupante. El pueblo saharaui merece recuperar sus derechos, su memoria y, por supuesto, sus vínculos con España, pero sobre todo merece algo que ningún Gobierno español debería volver a poner en cuestión: el derecho a decidir libremente su propio futuro. Ahí, señorías, nos encontrarán siempre, con el pueblo saharaui, con la legalidad internacional, con la justicia, aunque eso incomode, enfade y moleste a Marruecos. ¡Viva el Sahara hurra! Gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidente. Egun on, jaun-andreok, y también a los representantes del pueblo saharaui que hoy nos acompañan. Señorías, debatimos sobre el dictamen de la comisión en relación con una proposición de ley de acceso a la nacionalidad española por carta de naturaleza especial de las personas saharauis nacidas bajo Administración española, y para que sus descendientes en primer grado de consanguinidad puedan optar a la misma, en el plazo de cinco años, desde que cualquiera de sus progenitores la haya adquirido conforme a esta ley; también para reducir el plazo de residencia requerido a las personas saharauis para la adquisición de la nacionalidad, equiparándolo al actual vigente para los nacionales de países con los que España ha mantenido una histórica relación y para con los sefardíes nacionales de esos anteriores países o de países de la diáspora histórica o actual sefardí. Señorías, queremos volver a repetir que con esta ley se viene a reparar una indudable responsabilidad histórica y una profunda deuda moral de España para con el pueblo del Sáhara Occidental, que desde 1958 ―ya se ha dicho― y hasta febrero de 1976 se encontraba bajo soberanía española y disponía de su nacionalidad. Tras los acuerdos tripartitos de Madrid, se entrega el Sáhara Occidental a Mauritania y Marruecos, se abandona el territorio y se oficializa la pérdida de la nacionalidad española de la población saharaui aunque dando, seis meses después del abandono, el plazo de un año para que puedan adquirirla de nuevo, opción que, como es conocido por todos, buena parte de ellos no pudo ejercitar al haber ya abandonado la Administración española el territorio y estar este ocupado por Mauritania y Marruecos. Señorías, este es el marco de algunas de las responsabilidades incumplidas del Estado español para con el pueblo del Sáhara Occidental que ahora, como les decía, se viene a reparar, al menos parcialmente, con esta iniciativa legislativa. La situación que ahora abordamos pudo resolverse, entre otros momentos, en 2015, cuando se tramitaba la que luego fue la Ley 12/2015 para la adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza de los sefardíes originarios de España. También es preciso recordar, señorías, que el abandono del Sáhara Occidental en 1976 vino precedido, entre otros, de hechos destacables en el siglo XX: las resoluciones y recomendaciones de Naciones Unidas para descolonizar el territorio; el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui manifestado por Naciones Unidas, también por el Tribunal Internacional de Justicia en opinión consultiva y de la negativa de esta corte a reconocer derecho de soberanía alguno a Marruecos sobre el Sáhara Occidental; de las revueltas nacionalistas saharauis y su represión; de la creación del Frente Polisario; de la comunicación de España a la ONU de su intención de celebrar un referéndum de autodeterminación en 1975 y de cómo esta intención, cierta o incierta, quedó truncada tras la invasión marroquí del Sáhara Occidental con la «marcha verde», y del posterior abandono por España del territorio y sus obligaciones internacionales. También recordaremos que el casus belli de esta invasión marroquí fue, precisamente, el anuncio de ese referéndum de autodeterminación que Marruecos consideró un ataque a la reivindicación de su soberanía sobre el Sáhara. Todo este marco de abandono de responsabilidades del Estado español para con el pueblo saharaui en el siglo XX ha tenido ―también se ha recordado― un último capítulo en este siglo XXI con el giro ―tenemos que recordarlo― unilateral, copernicano y por sorpresa del presidente Sánchez respecto a la postura histórica del Gobierno, de estas Cortes y del conjunto de la ciudadanía en relación con el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, reconociendo indirectamente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara cuando considera que su propuesta de autonomía es la base más realista, sólida y seria para la resolución del conflicto entre Marruecos y el pueblo saharaui. En estas últimas semanas todos lo hemos recordado con ocasión de la actual policrisis de Ceuta con trasfondo marroquí por evocar los hechos ocurridos en Ceuta en 2021 y el giro radical del presidente Sánchez respecto a la pretensión de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. En este sentido, reclamamos una vez más del presidente Sánchez revertir lo manifestado al rey de Marruecos en su carta de marzo de 2022 y que se posicione lo más lejos posible de la postura del presidente Macron, que no es que considere la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como la más realista, sólida y seria, sino que va mucho más allá considerándola la única realista, seria y viable. Finalizo, presidenta. Señorías, al igual que con los sefardíes originarios de España y para cerrar un capítulo doloroso y con entidad suficiente, se aprobó una ley específica, la 12/2015, en la que las circunstancias excepcionales que se exigen en el artículo 21.1 del Código Civil para adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza se consideran cumplidas cuando prueben dicha condición, ahora, con igual razón de política legislativa, respecto a los saharauis nacidos en el territorio del Sáhara antes del 29 de septiembre de 1977 que puedan probarlo, se entiende, ope legis ―por virtud de la ley―, que cumplen esas circunstancias excepcionales para la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza, extendiéndose tal posibilidad de adquisición de nacionalidad como opción para los descendientes en primer grado de consanguinidad de cualquiera de sus progenitores que la hayan adquirido por carta de naturaleza establecida en esta ley, también reduciendo el plazo de adquisición por residencia a dos años, equiparándolo, como les decía al principio de nuestra intervención, a los nacionales de países con los que España ha mantenido una relación histórica y con los sefardíes. En definitiva, señorías, confiamos y deseamos que esta iniciativa cuente con el apoyo de la Cámara. Nada más y muchas gracias. .

Jon Iñarritu García EH Bildu

Presidenta, muchas gracias. Señorías, buenos días, egun on. En primer lugar, quería saludar a los representantes del pueblo saharaui y al representante del Frente Polisario en el Estado español. Buenos días, egun on. Señorías, esta medida que a todas luces se va a aprobar hoy, aunque llega tarde, es positiva y justa; repara, de alguna manera, una situación injusta que se produjo en contra de la decisión del pueblo saharaui hace más de cincuenta años. Así, se concede la nacionalidad o, mejor dicho, se restituye la nacionalidad de todas esas personas que tenían documentación española, tenían DNI, tenían pasaportes y libros de familia. Teniendo en cuenta la situación que se produjo tras el abandono del pueblo saharaui y la ocupación por parte de Mauritania y de Marruecos, una situación en la que la inmensa mayoría perdió la nacionalidad en ese lapso de tiempo en que no pudieron solicitarla, ahora, cincuenta años después, se corrige esta injusticia, se repara esta deuda política y de justicia que se tenía con los saharauis. Ahora bien, no nos engañemos, esta reparación individual para aquellas personas que soliciten la recuperación de esa nacionalidad o la concesión para sus descendientes directos no corrige la situación injusta a la que se ve sometido el pueblo saharaui desde hace más de cincuenta años. Es un pueblo que durante un siglo prácticamente sufrió una colonización, que posteriormente sufrió un abandono y una ocupación por parte de dos Estados y actualmente se encuentra bajo una situación de ocupación, de represión, de partición de familias y de exilio. Por eso, siendo positiva esta medida, no exime al Estado español de dar pasos en aras de corregir la situación a la que llevó a los y las saharauis. Los ilegales acuerdos de Madrid abandonaron a ese pueblo a su suerte. Por eso, cuando algunos representantes del Gobierno dicen que España es un Estado más o que toma medidas como han hecho otros Estados de la Unión Europea, no nos confundamos; no es un Estado más, no es un Estado observador más, es responsable de la situación de este pueblo. Por ello, y a colación de la medida unilateral que tomó el Gobierno en el año 2022, y como ha pedido esta Cámara en numerosas ocasiones, solicitamos hoy al Gobierno que corrija esa posición incomprensible y en contra del criterio mayoritario de esta Cámara y que se vuelva a la situación anterior. Se nos ha dicho que aquel cambio de posición fue para lograr un mayor entendimiento con Marruecos. Está bien que todos los Estados tengan buenas relaciones de cordialidad con sus vecinos, ahora bien, el precio a pagar no puede ser el pueblo saharaui. El Gobierno español parece que creyó que iba a lograr mantener acuerdos con relación a varios asuntos, entre ellos, la migración. Sin embargo, en mayo de 2021 hubo una entrada masiva de personas en Ceuta impulsada y apoyada por Marruecos, según informes en ese momento de la inteligencia española, y hace apenas un mes ha vuelto a ocurrir lo mismo. ¿Para qué ha servido ese cambio de posición, para quedar como auténticos pagafantas? El Grupo Popular les reprochaba que hubieran cambiado de opinión; yo no, creo que es positivo el cambio de opinión que han tenido sobre esta medida que se aprueba hoy; creo que es valiente y de sentido común. Ahora bien, les animo a que corrijan ese error que se tomó en 2022, que no entiende la mayoría de la sociedad del Estado español ni esta Cámara, que se lo ha reprochado en varias ocasiones, y que no entienden la mayoría de los y las saharauis. Corregir es de sabios. Otra cosa es que vayan a ser ustedes quienes consigan que se apruebe la restitución de la nacionalidad. El Grupo Popular, que ahora les reprocha ese cambio de opinión, durante sus mandatos y Gobiernos no lo hicieron. Bienvenido sea este cambio. El Estado español ha sido valiente en política exterior con situaciones lacerantes como en Ucrania y en Gaza, pero no se puede tener una doble vara de medir. Teniendo en cuenta cuál es la situación que está padeciendo el pueblo saharaui, hay que ser valientes y reconocer el derecho internacional y los derechos humanos siempre, en todo lugar, sin dobles varas de medir. Eta, jaun-andreok, amaitzeko, eta laburbilduz, gaur egun emango den pausoa, nahiz eta berandu heldu, ona da, positiboa, justua da, eta horrexegatik babestuko du. Hori bai, honek ez du konpontzen Mendebaldeko Saharako herriak pairatzen duen egoera. Saharako herriak bere etorkizuna askatasunean erabaki behar du. Eta amaitzeko, gure elkartasuna eta babesa adierazi nahi diogu Saharako herriari. Sahara hurra! Señorías, para finalizar y resumiendo, este paso que se va a dar hoy, aunque llegue tarde, es positivo, es justo, por ello, votaremos a favor. Eso sí, esto no resuelve la situación que sufre el pueblo del Sáhara Occidental. El pueblo saharaui debe ser capaz de decidir con libertad sobre su futuro. Y con esto, nuestra solidaridad y cariño al pueblo saharaui. .

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Presidenta, senyories, representants del poble saharaui que avui ens acompanyen. El poble sahrauí mereix justícia, reparació històrica i responsabilitat humanitària per part de l’Estat espanyol. En canvi, el que ha trobat sempre ha estat menyspreu, abandonament i supeditació de la seva antiga metròpoli als interessos del seu ocupant. Al Marroc, el Partit Socialista, els militants del qual s’enorgulleixen legítimament d’acollir els nens sahrauís, ha estat el primer a desentendre’s del seu futur. L’any 2022, en un gir diplomàtic inexplicable d’esquena a la majoria d’aquesta cambra per carta personal al rei del Marroc, en contra del que sempre havia defensat el seu partit, el senyor Pedro Sánchez va renunciar a la legalitat internacional i al dret a l’autodeterminació del poble sahrauí per acceptar el Pla d’Autonomia del Marroc. En aquesta línia, en la passada legislatura el PSOE va votar en contra emparant -se en motius jurídics de la concessió de la nacionalitat i va repetir el vot en contra el febrer de l’any passat en la presa en consideració d’aquesta llei. Sorpresivament, ningú ha explicat per què el passat mes de juliol va decidir impulsar la tramitació. Una setmana després es produïa l’entrada massiva a Ceuta de 80 000 persones amb 140 morts. Uns fets que segurament han fet replantejar, a més d’algú al Govern l’aprovació d’aquesta llei. Davant d’aquest escenari, la pregunta que ens fem és quin joc porten entre mans vostès i el Marroc? Ens amaguen alguna cosa? Què ens amaguen? És Pegasus? El que ens amaguen són els 9 gigabytes d’informació que els serveis secrets marroquins han extret dels mòbils, dels senyors Sánchez i dels seus ministres Robles i Marlaska. O com li vaig preguntar al senyor Bolaños a la Comissió de Seguretat Nacional per on els té agafats el Marroc, per on els tenen agafats als serveis secrets marroquins? I la segona pregunta derivada de l’anterior, pretenen que donem per bona la instrumentalització que vostès fan de la causa del poble marroquí al poble saharaui? Perdó. Pretenen que donem per bona la instrumentalització que fan de la causa justa i legítima del poble saharaui? Pretenen que ens empassem el seu tacticisme? El seu oportunisme, el seu menyspreu per aquest Parlament, la seva incoherència amb tot el que té a veure amb el Marroc i que a sobre aplaudim com a bons palmeros? Per qui ens prenen? Mirin, nosaltres el que pensem és que vostès ara volen aprofitar una causa justa i la nostra bona predisposició amb les causes justes per donar una mica d’oxigen a aquesta legislatura. Perquè això sembla que és l’únic que els interessa. I si és per això, senyories del PSOE, no comptin amb nosaltres. El Regne d’Espanya, maltractat històricament. El poble sahrauí com a potència colonial, no va fer el que tocava i va deixar a les mans del Marroc el seu futur. Més de 50 anys després dels acords de Madrid de l’annexió del Sàhara Occidental pel Marroc i Mauritània i de l’inici del conflicte armat entre el Front Polisario i el Marroc. Més de trenta anys després de l’alto el foc promogut per les Nacions Unides, el poble sahrauí continua sent un poble abandonat per l’Estat espanyol, que, a més, sota el govern socialista de Pedro Sánchez, s’ha decantat clarament pels interessos de la dictadura marroquí. Com dèiem abans, Pedro Sánchez, per carta personal, sense passar per aquesta cambra, sense passar pel Consell de Ministres, va abandonar a la seva sort, canviant pel seu compte i risc 50 anys de posició d’Estat sobre el Sàhara Occidental, una posició d’estat obligada, segons recordava l’ONU el 2022 per la seva condició d’única potència administradora del territori no colonitzat com és el Sàhara Occidental. Una posició basada en el dret d’autodeterminació del poble sahrauí, reconegut per les Nacions Unides i ratificat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea el 2024. Un canvi que algú algun dia ens haurà d’explicar. En tot cas, un canvi que ha donat a la dictadura alauita la sensació d’impunitat que hi ha darrere de l’augment de la repressió contra el poble sahrauí, amb les vagues de fam dels presos polítics Gaspar i Mohamed Lamine a dir què hi ha darrere de l’escalada de les autoritats militars dels darrers mesos per part del Marroc, com l’assassinat amb drons de diversos membres del Front Polisario o, naturalment, què hi ha darrere del cop geopolític viscut a Ceuta el passat mes de juliol? El que defensem des de Junts per Catalunya és una solució negociada i duradora del conflicte, que passa necessàriament d’acord amb les resolucions de les Nacions Unides per a la celebració per la celebració d’un referèndum d’autodeterminació. Per cert, exactament el mateix que demana el Partit Popular a Catalunya en una proposta de resolució publicada el 13 de juliol passat al Butlletí del Parlament de Catalunya i que és que se celebri un referèndum. No podem estar més d’acord. Els pobles sense Estat tenen dret a decidir el seu futur mitjançant un referèndum d’autodeterminació. Dit això, i més enllà dels aspectes polítics i militars del conflicte, la població sahrauí pateix i continua depenent de l’ajuda humanitària. Davant d’aquest escenari, la concessió de la nacionalitat espanyola als i les saharauis és una qüestió de justícia, de reparació històrica i de responsabilitat humanitària. I precisament per això, per la transcendència de la qüestió que ens ocupa, encara és més lamentable la incoherència i l’oportunisme del Partit Socialista. Aquesta proposta s’ha passat un any i mig al congelador. No hi havia cap pressa per activar-la. Aparentment, i en ple mes de juliol, amb presses i fora del període de sessions, es van recordar dels sahrauís de rebot, hi entenc jo, perquè no hi ha una altra explicació per pur i simple interès polític i electoral. Una instrumentalització política que demostra el menyspreu del Govern per aquesta cambra. El poc interès que té per la causa del poble sahrauí i la seva submissió als llargs tentacles del govern del Marroc. Acabo, tal com vaig dir en la Comissió, la intromissió abusiva del Govern en el procediment legislatiu ha impedit debatre qüestions rellevants d’enorme importància per als mateixos beneficiaris de la llei, com la definició legal dels requisits o de la condició mateixa de sahraui, posant en risc el rigor jurídic d’una llei que, recordem-ho, modifica el Codi Civil. I que quedi clar que ho dic sabent que els tempos, que la pressió, que les presses, que aquesta tramitació no pròpia d’un procediment legislatiu les ha imposat el Govern i no els companys diputats dels altres grups parlamentaris, inclosos els diputats socialistes. Moltes gràcies. Presidenta, señorías, representantes del pueblo saharaui que nos acompañan hoy. El pueblo saharaui merece justicia, reparación histórica y responsabilidad humanitaria por parte del Estado español. Sin embargo, lo que se ha encontrado siempre ha sido menosprecio, abandono y supeditación de su antigua metrópolis a los intereses de Marruecos, su ocupante. El Partido Socialista, cuyos militantes se enorgullecían legítimamente de acoger a los niños saharauis, ha sido el primero en desentenderse de su futuro. En 2022, en un giro diplomático inexplicable y de espaldas a la mayoría de esta Cámara, por carta al rey de Marruecos, el señor Pedro Sánchez renunció a la legalidad internacional y al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui para aceptar el plan de autonomía de Marruecos. En esta línea, en la pasada legislatura, el Grupo Socialista votó en contra de la concesión de la nacionalidad, amparándose en motivos jurídicos y repitió el voto en contra en febrero del año pasado con la toma en consideración de esta ley. Sorpresivamente, nadie ha explicado por qué el pasado mes de julio se decidió impulsar la tramitación. Una semana después se producía la entrada masiva de 80 000 personas en Ceuta con 140 muertos, unos hechos que seguramente han hecho replantearse a más de uno en el Gobierno la aprobación de esta ley. Ante este escenario, la pregunta que nos formulamos es: ¿qué juego se traen entre manos ustedes y Marruecos? ¿Nos esconden alguna cosa? ¿Qué nos esconden? ¿Es Pegasus lo que nos esconden? ¿Son los 9 gigabytes de información que los servicios secretos marroquíes han extraído de los móviles del señor Sánchez y de sus ministros la señora Robles y el señor Marlaska? ¿O, como le pregunté al señor Bolaños en la Comisión de Seguridad Nacional, por dónde los tiene cogidos Marruecos? ¿Por dónde los tienen cogidos los servicios secretos marroquís? Y la segunda pregunta, derivada de la anterior: ¿pretenden que demos por buena la instrumentalización que hacen ustedes de la causa del pueblo saharaui? ¿Pretenden que nos traguemos su tacticismo de la causa justa y legítima del pueblo saharaui? ¿Pretenden que pasemos frente a su tacticismo, su menosprecio por este Parlamento, su incoherencia con todo lo que tiene que ver con Marruecos y que además aplaudamos como buenos palmeros? ¿Por quiénes nos toman? Nosotros lo que creemos es que ustedes ahora quieren aprovechar una causa justa y nuestra buena predisposición con las causas justas para dar un poco de oxígeno a esta legislatura, porque parece que es lo único que les interesa. Y si es por eso, señorías del Grupo Socialista, no cuenten con nosotros. El Reino de España ha maltratado históricamente al pueblo saharaui, como potencia colonial no hizo lo que correspondía y dejó a los saharauis en manos de Marruecos. Más de cincuenta años después de los acuerdos de Madrid, ante la anexión del Sáhara Occidental por Marruecos y Mauritania y ante el inicio del conflicto del Frente Polisario de Marruecos, más de treinta años después del alto el fuego de Naciones Unidas, el pueblo saharaui sigue siendo un pueblo abandonado por el Estado español, y además el Gobierno socialista de Pedro Sánchez se ha decantado por los deseos de la Dictadura marroquí. Como decíamos antes, Pedro Sánchez, por carta personal, sin pasar por esta Cámara, sin pasar por el Consejo de Ministros, abandonó al pueblo saharaui a su suerte, cambiando por su cuenta y riesgo cincuenta años de posición de Estado sobre el Sáhara Occidental, una posición de Estado obligada, según recordaba la ONU en 2022, por su condición de única potencia administradora de un territorio no descolonizado como es el Sáhara Occidental; una posición basada en el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, reconocido por Naciones Unidas y ratificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2024; un cambio que alguien nos tendrá que explicar algún día. En cualquier caso, un cambio que ha dado a la dictadura alauita la sensación de impunidad que hay detrás del aumento de la represión contra el pueblo saharaui, con las huelgas de hambre de los presos políticos Naậma Asfari y Mohamed Lamine Haddi, de la escalada de las hostilidades de los últimos meses por parte de Marruecos, como el asesinato con drones de diversos miembros del Frente Polisario, y naturalmente está detrás el golpe geopolítico vivido en Ceuta a finales del mes de julio. Lo que defendemos desde Junts per Catalunya es una solución negociada y duradera del conflicto, que pasa necesariamente, de acuerdo con la resolución de Naciones Unidas, por la celebración de un referéndum de autodeterminación; por cierto, exactamente lo mismo que pide el Partido Popular en Cataluña en una propuesta de resolución publicada el 13 de julio pasado en el Boletín del Parlament de Catalunya, que se celebre un referéndum. No podemos estar más de acuerdo. Los pueblos sin Estado tienen derecho a decidir su futuro mediante un referéndum de autodeterminación. Dicho esto, y más allá de los aspectos políticos y militares del conflicto, la población saharaui sufre y sigue dependiendo de la ayuda humanitaria. Ante este escenario, la concesión de la nacionalidad española a los y a las saharauis es una cuestión de justicia, de reparación histórica y de responsabilidad humanitaria. Y precisamente por eso, por la trascendencia de la cuestión que nos ocupa, aún es más lamentable la incoherencia y el oportunismo del Partido Socialista. Esta propuesta se ha pasado un año y medio en el congelador, no había ninguna prisa para activarla, aparentemente, y en pleno mes de julio, con prisas y fuera del periodo de sesiones, se acordaron de los saharauis de rebote, y entiendo yo, porque no hay otra explicación, por puro y simple interés político y electoral, una instrumentalización política que demuestra el menosprecio del Gobierno por esta Cámara, el poco interés que tiene por la causa del pueblo saharaui y su sumisión a los tentáculos largos del Gobierno marroquí. Acabo. Tal y como dije en comisión, la intromisión abusiva del Gobierno en el procedimiento legislativo ha impedido debatir cuestiones relevantes, de enorme importancia para los mismos beneficiarios de la ley, como la definición legal de los requisitos o de la condición propia de saharaui, poniendo en riesgo el rigor jurídico de una ley que, recordémoslo, modifica el Código Civil. Y que quede claro que lo digo a sabiendas de que los tempos, la presión, las prisas de esta tramitación, no propios de un procedimiento legislativo, los ha impuesto el Gobierno y no los compañeros diputados de los demás grupos parlamentarios, incluidos los diputados socialistas. Muchas gracias.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

Bon dia, presidenta, senyories. Benvolguts amics saharauis és un plaer saludar-vos en nom d’Esquerra Republicana i també de molts ciutadans de Catalunya que, com saben, estan al seu costat, han estat i estaran. Gràcies per ser aquí. Gràcies per la seva lluita. Com deia algun diputat que m’ha precedit. El que avui fem en aquesta cambra és una mesura necessària però insuficient. Podríem dir que és una solució pal·liativa perquè diguem-ho clar, l’aspiració de les persones saharauis no és esdevenir espanyols, és esdevenir lliures de ple dret com a ciutadans del Sàhara Occidental. Això és el que volen. Volen ser un poble lliure més entre tots els pobles del món, amb una bandera reconeguda no només com a observadors a Nacions Unides i, per tant, un poble reconegut d’igual a igual. Això és el que volen i això és el que nosaltres volem ajudar a que tinguin. Però bé, considerant que l’estat espanyol va ser la potència colonial que, arran del repartiment d’Àfrica que es va fer a finals del XIX, va tenir el domini sobre aquest territori. Entenem que l’Estat espanyol tenia i té una responsabilitat històrica sobre la sort i la vida de les persones que ocupen aquest territori i, per tant, el que fem avui, senyories, és un acte de justícia insuficient, repeteixo, però necessari, que és donar, per tant, unes garanties mínimes, una seguretat jurídica, un accés a drets bàsics de dones i homes que en el seu moment van formar part de les províncies espanyoles. Perquè si, segons ens explica la història, hi va haver un moment que el Sàhara Occidental era una província de l’Estat, s’ha repassat la història, però és bo que ho torni a fer arran del Tractat de Madrid i de l’anterior Marxa Verda, que va ser una maniobra del règim marroquí per ocupar el Sàhara Occidental, desplaçant la potència colonial espanyola per una nova potència. El poble saharaui va quedar en una mena de llimbs, en un nou lloc de la història i, senyories, els podria suggerir avui que facin una breu reflexió sobre què representa per a un poble del món quedar en els llimbs de la història, quedar en un no lloc. Perquè el drama del poble saharaui és que han quedat arraconats en la història, han perdut el focus. I, senyories del PSOE, els he de dir amb amargor i amb tristesa, però també amb duresa, que vostès han contribuït a això. Vostès denigren la condició progressista quan han abandonat la causa del poble saharaui. Vostès han contribuït terriblement a partir de l’any 2022 a deixar el poble saharaui en un racó del món. Sí, sí, senyories, se’ls ha de dir així de clar. I aquesta vergonya pesarà sobre el PSOE, per molt que avui votin aquesta mesura. Perquè vostès saben que han traït les esperances i els anhels de dones i homes saharauis. És així. Senyories, el que fem avui no substitueix la qüestió important, que és el dret d’autodeterminació del poble saharaui. No el substitueix, per bé que, com em va dir un bon amic saharaui, atenció perquè la concessió de la nacionalitat pot ser la porta d’entrada al nostre definitiu oblit. Atenció, perquè el que fem avui per alguns pot significar justament la condemna. I tinguem‑ho, clar, repeteixo, existeix la resolució 690 del Consell de Seguretat de Nacions Unides de l’any 1991, per la qual el poble saharaui tenia dret a votar en un referèndum habilitat i reconegut la seva sort i el seu futur. Repeteixo: resolució 690 de l’any 1991. Però vet aquí que, com sabem, hi va haver després, a l’any 2025, la resolució 2797, també del Consell de Seguretat, en la que o estranys girs de la geopolítica es va dir que la proposta d’autonomia del Marroc era la més viable per resoldre el conflicte. I justament, senyories del PSOE, ja abans, el 30 de març de l’any 2022, el president Sánchez es va adherir a aquesta maniobra. Va dir el president Sánchez que la proposta marroquina d’autonomia era la base més seriosa, realista i creïble per resoldre el contenciós del Sàhara Occidental. Quina decepció. Senyories socialistes, quina enorme decepció, perquè jo em pregunto una qüestió que segur que els colpeja dins del seu cap: per què tot el que el president Sánchez aplica al digníssim poble palestí, d’Ucraïna, no aplica al poble saharaui? Expliqui’m més, senyories del PSOE, aquest terrible misteri de la geopolítica mundial i de la pobra política espanyola. Expliqui’m això, perquè no ho puc entendre. Vostès, com ha dit el company Iñarritu, han corregit la jugada pel que fa a la nacionalitat, però haurien de corregir la qüestió de fons. Encara hi són a temps, però sempre se’ls en va la mà. Vull informar la cambra sencera que en el moment en què es van entrar esmenes a última hora a la ponència per ordre del Ministeri d’Exteriors, les senyories socialistes van canviar la denominació de poble saharaui per saharauis. I aquí és inevitable, senyories, que pregunti sense que jo participi de cap idea conspiratòria que els demana el Marroc perquè facin aquestes coses. Jo ja sé que el Marroc és un veí i un veí difícil. Jo ja sé que la realpolitik presideix les relacions internacionals, però el paperot, el paperot que Rabat els obliga a fer sobre això, és totalment indigne. Acabo, presidenta. L’atorgament de nacionalitat al poble saharaui no modifica ni un punt l’aspiració legítima d’aquesta nació africana a la seva llibertat, com Esquerra Republicana, com a catalans, com a sobiranistes i com a republicans. Som i serem al costat de la plena llibertat del poble saharaui. Visca el Sàhara Lliure! Buenos días, presidenta, señorías. Bienvenidos, amigos saharauis. Es un placer saludarles en nombre de Esquerra Republicana y también de muchos ciudadanos de Cataluña que, como saben, están a su lado, lo han estado y lo estarán. Gracias por estar aquí. Gracias por su lucha. . Como decía algún diputado que me ha precedido, la que abordamos hoy en esta Cámara es una medida necesaria, pero insuficiente. Podríamos decir que se trata de una solución paliativa, porque, digámoslo claro, la aspiración de las personas saharauis no es ser españoles, es pasar a ser libres de pleno derecho como ciudadanos del Sáhara Occidental; eso es lo que quieren. Quieren ser un pueblo libre más entre todos los pueblos libres del mundo, con una bandera reconocida, no solo como observadores en Naciones Unidas, y, por tanto, un pueblo reconocido de igual a igual. Eso es lo que quieren y eso es lo que nosotros queremos ayudarles a que tengan. Pero, considerando que el Estado español fue la potencia colonial que, a raíz del reparto de África que se hizo a finales del XIX, tuvo el dominio sobre ese territorio, entendemos que el Estado español tenía y tiene una responsabilidad histórica sobre la suerte y la vida de las personas que ocupan dicho territorio. Por tanto, lo que hoy hacemos, señorías, es un acto de justicia, insuficiente, repito, pero necesario, que es dar unas garantías mínimas, una seguridad jurídica, un acceso a derechos básicos de hombres y mujeres que en su momento formaron parte de las provincias españolas, porque, sí, según nos cuenta la historia, hubo un momento en el que el Sáhara Occidental era una provincia del Estado. Se ha repasado la historia, pero es bueno que lo vuelva a hacer. A raíz del tratado de Madrid y de la anterior Marcha Verde, que fue ya una maniobra del régimen marroquí para ocupar el Sáhara Occidental, desplazando la potencia colonial española por una nueva potencia, el pueblo saharaui se quedó en un tipo de limbo, en un no lugar, en un no lugar de la historia. Y, señorías, quería sugerirles hoy que hagan una breve reflexión sobre qué representa para un pueblo del mundo quedarse en el limbo, en los limbos de la historia, quedarse en un no lugar, porque el drama del pueblo saharaui es que se ha quedado arrinconado en la historia, han perdido el foco. Señorías del Grupo Socialista, tengo que decirles con amargura y tristeza, pero también con dureza, que ustedes han contribuido a eso, ustedes denigran la condición progresista cuando han abandonado la causa del pueblo saharaui. Ustedes han contribuido terriblemente a partir del año 2022 a dejar al pueblo saharaui en un rincón del mundo. Sí, sí, señorías, hay que decírselo así de claro, y esta vergüenza pesará sobre el PSOE, por mucho que hoy voten esta medida, porque ustedes saben que han traicionado las esperanzas y los anhelos de mujeres y hombres saharauis. Es así. Señorías, lo que hoy hacemos no sustituye la cuestión importante, que es el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, no lo sustituye, porque, como dijo un buen amigo saharaui, atención, porque la concesión de la nacionalidad puede ser la puerta de entrada a nuestro olvido definitivo. Atención, porque lo que hacemos hoy para algunos puede significar justamente la condena. Y tengámoslo claro, repito, existe la resolución 690 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del año 1991, por la cual el pueblo saharaui tenía derecho a votar su destino, su futuro en un referéndum habilitado y reconocido. Resolución 690 del año 1991, repito. Pero luego, en el año 2025, hubo la resolución 2797 del Consejo de Seguridad también, en la que, oh, extraños giros de la geopolítica, se dijo que la propuesta de autonomía de Marruecos era la más viable para la resolución del conflicto. Y justamente, señorías del Grupo Socialista, ya antes, el 30 de marzo del año 2022, el presidente Sánchez se adhirió a esta maniobra. Dijo el presidente Sánchez que la propuesta marroquí de autonomía era la base más seria, realista y creíble para resolver el contencioso en el Sáhara Occidental. ¡Qué decepción, señorías socialistas! ¡Qué enorme decepción! Porque yo me pregunto una cuestión que seguramente les golpea en sus cabezas: ¿por qué todo lo que el presidente Sánchez aplica al dignísimo pueblo palestino, por qué todo lo que el presidente Sánchez aplica al dignísimo pueblo de Ucrania no se lo aplica al pueblo saharaui? Explíquenme, señorías del Grupo Socialista, este terrible misterio de la geopolítica mundial y de la pobre política española. Explíquenme eso, porque no lo puedo entender. Ustedes, como ha dicho el compañero Iñarritu, han corregido la jugada por lo que se refiere a la nacionalidad, pero tendrían que corregir la cuestión de fondo. Aún están a tiempo, pero siempre se les va la mano. Quiero informar a la Cámara completa de que en el momento en el que se presentaron enmiendas a última hora en la ponencia, por orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, las señorías socialistas cambiaron la denominación de pueblo saharaui por saharauis. Y aquí es inevitable que pregunte, señorías, sin que yo participe de ninguna idea de conspiraciones: ¿qué les pide Marruecos para que hagan estas cosas? Yo ya sé que Marruecos es un vecino y un vecino difícil; yo ya sé que la realpolitik preside las relaciones internacionales, pero el papelazo que les obliga a hacer Rabat sobre eso es totalmente indigno, indigno. Acabo, presidenta. El otorgamiento de la nacionalidad al pueblo saharaui no modifica ni un punto la aspiración legítima de esta nación africana a su libertad. Como Esquerra Republicana, como catalanes, como soberanistas y como republicanos, estamos y estaremos al lado de la plena libertad del pueblo saharaui. ¡Viva el Sáhara libre! .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Muchas gracias, presidenta. Vamos a aprobar la recuperación de la nacionalidad española por parte de las y los saharauis; la nacionalidad que la Dictadura de Franco, ya moribunda, les arrebató en un acto de traición y cobardía: la entrega del Sáhara a Marruecos. . Hace años que impulsamos esta ley que hace justicia al pueblo saharaui. Bienvenidos hoy sus legítimos representantes. Durante la tramitación en 2014 de la ley de nacionalidad española a los sefardíes, Izquierda Unida ya propuso que también se le concediera al pueblo saharaui y que se redujera a dos años el tiempo de residencia para concederles la nacionalidad. No se aprobó. En 2016, la diputada de Esquerra Republicana Ester Capella consiguió que esta Cámara pidiera al Gobierno la recuperación de la nacionalidad española para los y las saharauis. . En la anterior legislatura, registramos esta proposición de ley que impulsó el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, fue tomada en consideración, pero no llegó a aprobarse. En 2023, este Grupo Parlamentario de SUMAR presentó otra vez esta proposición de ley que por fin ha sido tramitada. Un gran esfuerzo colectivo que agradecemos a todos y a todas. . Las fuerzas políticas de esta Cámara han variado su voto: del no al sí, el Grupo Socialista y del sí a la abstención el Grupo Popular. VOX ha sido la única fuerza política que hasta ahora nunca ha votado a favor, en ninguna legislatura. Para no incomodar a Marruecos, VOX no apoya al pueblo saharaui. . Un pueblo que ha sido abandonado por la comunidad internacional en su territorio ocupado y en los campos de refugiados, impidiéndose que ejerza su derecho a la libre determinación. Agradecemos la solidaridad de años de la Coordinadora Estatal de amistad con el Sáhara y de la campaña Vacaciones en Paz, iniciada hace décadas por el Partido Comunista de España y por el poeta Marcos Ana. Pedimos a la Cámara aprobar por unanimidad esta ley para reparar al pueblo saharaui y enviar un mensaje contundente de defensa de la legalidad internacional. Nadie mejor para convencer a los que todavía dudan que nuestra diputada saharaui, Tesh Ubbi. Muchas gracias. .

Teslem Andala Ubbi SUMAR

Por lo visto, Enrique y yo tenemos que presentar las campanadas de Nochevieja. Así que muchísimas gracias por esa presentación. Gracias, presidenta. Gracias, señorías. Bienvenidos, amigos, compañeros, todos los que habéis estado al lado del pueblo saharaui estos cincuenta años y que hoy nos acompañáis en un día histórico. Probablemente sea favorable y de celebración, pero es un día histórico llegar aquí, a esta Cámara del Congreso. . Cuando entró en trámite esta ley, como bien sabéis, hice una analogía para poder expresaros la complejidad que atraviesa cualquier saharaui para conseguir no solo la nacionalidad, sino para tener una simple residencia y vivir en igualdad de condiciones en este territorio, en el Estado español; más aún cuando sus padres un día tuvieron, nada más y nada menos que hace cincuenta años, el DNI español. Para ello, no sé si os acordáis de que hice una alusión a la película La Terminal, de Tom Hanks; una analogía que hoy quiero recuperar. Tom Hanks procede de un país muy pequeño y quiere cumplir la promesa de su padre yendo a Estados Unidos, pero durante el vuelo su país entra en guerra; por lo tanto, su pasaporte deja de ser reconocido y no puede entrar ni en Estados Unidos ni volver a su país. Pasa meses en una terminal. En esa terminal lleva el pueblo saharaui cincuenta años. En colas de extranjería con menores saharauis en las que un funcionario te termina despidiendo con un ‘no existes’. Por eso, señorías, cincuenta años después hoy hablamos del limbo jurídico y legal. Y con la aprobación de esta norma devolvemos — y recalco, devolvemos— el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este Estado se lo quitó ; a un pueblo saharaui que no era un territorio sin más: era la provincia cincuenta y tres del Estado español y la abandonaron. La segunda parte más importante de la norma es que igualamos derechos. Reparamos una injusticia histórica respecto a reducir a dos años la tramitación una vez que tienes una residencia legal en España, porque, en cambio, hasta ahora los saharauis tardaban entre diez, catorce y veinticuatro años al solicitar la nacionalidad española teniendo padre español y con residencia legal. Por eso es un detalle fundamental. Nadie me puede poner hoy la excusa de que esto es una regularización extraordinaria, que es una invención o que es por carta de naturaleza. Señorías del Grupo Popular, en cuanto a sus enmiendas, una primera pide la supresión total de la norma y la otra dice que la carta de naturaleza no es el camino. ¿Por qué no presentaron la enmienda de carta por origen? Porque los saharauis, por origen, eran españoles. Y lo que presentáis es una enmienda para que los saharauis sean españoles después de residir dos años aquí. ¡Es que eso ya pasa, pero tardamos diez años! Los saharauis que nacieron durante la Dictadura eran españoles por origen, efectivamente, y no por carta de naturaleza. Pero, aplicando pragmatismo, ha sido el único mecanismo en la negociación colectiva que hemos conseguido. Hoy esta norma puede salir adelante. Por eso, sinceramente, no comparto ninguna abstención. El pueblo saharaui necesita y merece hechos. El pueblo saharaui está cansado del apoyo reiterado, de las palabras. Hoy tenemos la capacidad de hacer memoria, de cumplir con hechos un reclamo histórico. Esta ley no es solo de nuestro grupo parlamentario: es de todas estas personas que nos acompañan (señalando hacia la tribuna de invitados). Es una ley de hace cincuenta años. Es una ley de todos los que están en la sala Ernest Lluch, que son más de un centenar de saharauis; de todos los saharauis en territorios ocupados, en los campos de refugiados de Tinduf, que están siguiendo esta sesión de manera telemática. . Por eso, señorías, no nos vale una abstención. Merecemos valentía, que no nos tiemble el pulso. Apoyar esta ley hoy es apoyar al pueblo saharaui. Una abstención o un no es estar del lado de Marruecos. No nos vale una abstención. Necesitamos, por unanimidad, que se reconozca lo que muchos habéis utilizado contra el Partido Socialista, y con razón, señalando su hipocresía; insisto, y con razón, señalando su hipocresía. Pero, señores, volviendo a la metáfora de La Terminal con la que iniciaba esta intervención, Tom Hanks al final consiguió entrar en Estados Unidos de visita para cumplir la promesa que hizo a su padre de conseguir de un cantante de jazz la última firma que le faltaba porque su padre ya había fallecido, pero para llegar hasta ahí estuvo meses en una terminal de un aeropuerto, y lo consiguió gracias a buenas personas en esa terminal. Y hoy, si sale adelante esta ley, es un logro colectivo. Por eso, señorías, no quiero bajar de esta tribuna sin expresar un agradecimiento por la buena política, y, sobre todo, un agradecimiento a las buenas personas que tiene cada partido: a Enrique Santiago, mi compañero — hemos tenido muchos debates— ; a Martina, de Podemos; a Jon, de Euskal Herria Bildu; a Josep, de Junts; también a Francesc-Marc, del Grupo Republicano; a Artemi, del Grupo Socialista — hemos debatido, y mucho— y también a la señora Moro, del Grupo Popular, porque también gracias a ella se consiguió pasar del no a la abstención. Por eso hoy quiero reivindicar la buena política y que todas y todos votéis a favor en nombre del pueblo saharaui, porque esta ley no es de ningún Gobierno: es de todo un pueblo. Puede que el pueblo saharaui hoy inicie el camino para recuperar la memoria, que inicie el camino de ese Tom Hanks para volver a casa. ¡Y ojalá que la foto se complete con justicia, con reparación! Para eso queda mucho, pero confío en que hoy empecemos ese camino. Gracias, señorías. . He dejado sin mencionar a una persona importante por los nervios lógicos de hoy, que es la presidenta de esta Cámara , que no tiene nunca la oportunidad de hablar. Y es que entre esas buenas personas socialistas está la presidenta de esta Cámara, que es el mejor ejemplo de una madre de acogida… . Perdonen, respeto. … una madre de acogida que representa a todas las madres de acogida que hoy nos acompañan; una madre de acogida que ha comprendido que acoger a un niño saharaui no es un mero acto de solidaridad, es un acto político, y, es más, que, cuando hay que ejercer el poder, tenemos la obligación de hacerlo. Gracias, presidenta. .

Ignacio Hoces Íñiguez VOX

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, esta Cámara puede reconocer hoy una injusticia histórica sin necesidad de cometer una nueva irresponsabilidad. Podemos honrar nuestra historia, podemos apoyar al pueblo saharaui, pero también debemos proteger el enorme valor de la nacionalidad española. Podemos reconocer, y es bueno, a todas aquellas personas que lucharon bajo nuestras banderas. Y podemos ayudar al pueblo del Sáhara sin necesidad de someter nuestras decisiones ni a Marruecos ni a Argelia. . El Sáhara forma parte de nuestra historia, y no como una simple nota al pie. La presencia española en el Sáhara comenzó después del Tratado de Tetuán, en 1860, y, en particular, después de las expediciones de Emilio Bonelli, allá por 1884, en la costa de Río de Oro. Y en 1958 fue constituido como una provincia, y por eso el Sáhara tuvo procuradores en Cortes aquí, en esta misma Cámara. Y por eso mismo quiero traer al recuerdo de esta Cámara unas palabras pronunciadas por el exprocurador saharaui y exalcalde de Villa Cisneros, Suilem Ahmed Brahim, cuando dijo: «Hoy, como ayer, como mañana, queremos seguir unidos a España». . Pero llegó el 6 de noviembre de 1975 y la Marcha Verde y el Real Decreto de 10 de agosto de 1976, por el cual los saharauis pudieron optar a la nacionalidad española; repito, el Real Decreto de 10 de agosto de 1976, por el cual los saharauis ya pudieron optar a la nacionalidad española. Y perdimos de forma injusta y dolorosa una provincia. Y perdimos fuerza ante Marruecos, se debilitó nuestra seguridad estratégica de Canarias y se multiplicaron los contenciosos con Marruecos. Y dejamos allí trabajo y el cariño de miles y miles de personas, como, por ejemplo, aquellas que ayudaron a construir el hospital de El Aaiún y muchas más estructuras e infraestructuras. . Pero recordar nuestra historia común y lo que supone el Sahara para España no significa que podamos cambiar la historia por medio del Boletín Oficial del Estado, algo que ustedes siempre intentan hacer, y, además, entregando la nacionalidad española, porque la nacionalidad española no puede ser una indemnización de hoy por la historia de ayer. No es un gesto estratégico o electoral: es el vínculo más preciado que existe con una patria; en este caso, con España. Es pertenecer a España, participar en sus derechos y asumir todos y cada uno de sus deberes, incluyendo el deber de defender solo a España. . Señorías, esta ley permite conceder la nacionalidad española a personas del Sáhara sin necesidad de haber residido legalmente en el territorio nacional y, además, que puedan optar directamente a ella sus hijos. Además, no se exige en todos los casos aportar el certificado de antecedentes penales. Y, además, se tienen que aportar documentos expedidos hace décadas, que son de fácil falsificación y cuya fuerza probatoria no queda suficientemente acreditada en esta ley. Y, además, señorías, de acuerdo con lo que ustedes han establecido en este dictamen, pueden solicitar la nacionalidad española las personas nacidas en el Sáhara hasta septiembre de 1977, cuando ya se había producido la ocupación marroquí. En consecuencia, solicitarán la nacionalidad española hijos de colonos marroquíes que habían ya causado la ocupación. . Y, por tanto, es absolutamente urgente y necesario que existan muchas más garantías y controles, porque, cuando hablamos de la nacionalidad, es eso: más garantías y controles. Y es verdad que ustedes llevan regalando la nacionalidad y despreciando la nacionalidad española desde hace ya demasiado tiempo, porque desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa en el año 2018 se ha entregado la nacionalidad española a más de un millón y medio de extranjeros, de los cuales 350 000 son marroquíes, que, como todo el mundo sabe, no renuncian a la nacionalidad marroquí porque no se lo permiten en su nación. . Y por eso hablamos con absoluta claridad cuando hablamos de la nacionalidad. Es necesario exigir muchísimo más. Cuando se entrega la nacionalidad española, evidentemente es obligatorio que esas personas conozcan nuestra historia, nuestra lengua común, que respeten nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestra cultura y, sobre todo, nuestro modo de vida. Y la segunda consideración también sobre la nacionalidad en todo caso y en todo lugar es que cualquier persona que ha adquirido la nacionalidad, cualquier extranjero que ha adquirido la nacionalidad española debe perderla si comete delito en España. . Cuando un nuevo nacional viola la confianza que le ha otorgado el pueblo español concediéndole la nacionalidad española, debe, por tanto, ser expulsado y perder la nacionalidad española. Así que, señorías, ¡basta ya de tratar la nacionalidad española como si fuera simplemente un folleto que entregar por las calles! ¡Basta ya de que el Gobierno entregue la nacionalidad que no le pertenece! Y, hablando de esto, señorías del PSOE, ¡menudas trampas, menuda estafa y menudo engaño detrás de su ley de nietos! Tuvo que venir VOX, denunciarlo, presentarlo ante los tribunales, y así han suspendido los efectos electorales. . Pero ustedes han retorcido absolutamente todo con una instrucción de Sofía Puente, que sabe perfectamente que es ilegal, y se siguen concediendo las nacionalidades. Por tanto, ustedes siguen permitiendo que se aporten para adquirir la nacionalidad española documentos de fácil falsificación. Y, además, permiten — y por eso nosotros vamos a seguir insistiendo— que — mientras que, cuando un español residente en España quiere votar por correo, se tiene que identificar a la hora de solicitar el voto por correo, a la hora de recibirlo y a la hora de depositar el voto delante del funcionario de correos— ya nada de esto ocurre cuando un español quiere votar por correo en el extranjero. Por eso, nosotros vamos a seguir denunciando todavía todo esto. Y nadie con sentido común puede creer en la transparencia de las oficinas postales de países como Brasil, Nicaragua o Cuba. Por eso, nosotros vamos a seguir dando la batalla contra este fraude que ustedes quieren seguir perpetrando. . En definitiva, señorías, después de todo, después de haber estado regalando nuestra nacionalidad desde hace ya demasiado tiempo, después de la ley de nietos, nosotros tampoco vamos a aceptar hoy esta ley. Pero que nadie confunda nuestra posición: todo nuestro reconocimiento al pueblo saharaui, toda la ayuda que sea posible, sobre todo a aquellas personas que defendieron nuestras banderas y que además mantuvieron su lealtad a España, y todo nuestro honor también a todos aquellos españoles peninsulares que fueron allí a dar lo mejor de sí mismos, cuando no directamente entregaron su vida. Pero una cosa es honrar, recordar, ayudar, y otra cosa muy diferente es entregar el vínculo más preciado que tiene un español, que es la nacionalidad española. Muchísimas gracias. .

Artemi Rallo Lombarte PSOE

Señora presidenta. Las derechas nunca sorprenden. La derecha extrema, la derecha ultra nunca sorprende. No sorprende VOX una vez más, en ponencia, en comisión, hoy en este pleno, con un discurso hiriente, de desprecio y burla hacia los saharauis. . Siempre en el lado oscuro de la historia, de la humanidad, de la dignidad y de la decencia. . Y tampoco sorprende el Partido Popular, señorías. Jugaron a confundir en el debate de la toma en consideración, por oportunismo, contra el PSOE, instrumentalizando a los saharauis, pero desde la indiferencia más evidente, siempre insensibles a las causas justas; insisto, con una indiferencia absoluta. Votaron a favor en la toma en consideración, votaron en contra en ponencia y se abstuvieron en comisión. ¡Quién sabe qué votará hoy el PP de Feijóo! . ¡Siempre tan fiable y coherente! Pero hoy, señorías, nadie nos va a aguar la fiesta. Quienes hoy nos acompañan desde la tribuna, quienes hoy nos acompañan y nos siguen desde la distancia tienen derecho a disfrutar de este día histórico. Reciban todos ustedes un afectuoso y fraternal saludo; sí, señorías, porque es un día histórico, hoy estamos ante un hito histórico: el Congreso de los Diputados, el Parlamento Español, los representantes de la soberanía reconoceremos la nacionalidad española a los saharauis que nacieron durante la Administración española y a sus descendientes. . Señorías, este es un acto de soberanía de un Parlamento democrático, libre, sin servidumbres ni complejos; un acto de soberanía de una nación respetada en el orden internacional, de una democracia ejemplar, una democracia de principios y valores, una democracia con los derechos humanos por bandera. ¡Nada que ver con la España posfranquista de hace medio siglo que algunos aún añoran! Hoy es un día histórico. Cincuenta años después del Decreto de 10 de agosto de 1976, saharauis nacidos bajo Administración española y sus descendientes podrán solicitar la nacionalidad española. Hoy les restituimos en su derecho a la nacionalidad española. No se trata de una concesión graciosa ni tampoco de una perversa estratagema de adulteración del censo electoral: se trata de reponer un derecho que se les reconoció hace medio siglo y que nunca pudieron ejercer. Felizmente, hoy arranca el camino definitivo e irreversible para su acceso a la nacionalidad, medio siglo después. La ley les posibilitará acceder a la nacionalidad tras dos años de residencia legal en España, equiparándolos a los originarios de otras comunidades hermanas: iberoamericanos, portugueses, andorranos, sefardíes, guineanos, filipinos. Y no solo: también podrán acceder a la nacionalidad, por acuerdo del Consejo de Ministros, atendiendo a las circunstancias históricas excepcionales que acreditan este vínculo fraternal entre españoles y saharauis. Hoy, señorías, reparamos una injusticia histórica. Pero no solo reconocemos un derecho, también atendemos una causa humanitaria. Muchos ojos nos miran; con nostalgia y añoranza unos, y con legítimo orgullo otros, con la satisfacción de creer alcanzado un sueño. Sin duda, nuestro primer pensamiento tiene que ser para quienes han ansiado y anhelado este momento durante décadas, a lo largo de una vida repleta de privaciones y penosidad, de sufrimiento provocado por un conflicto cuya resolución dura ya demasiado. Así lo entienden el Gobierno de España y la Unión Europea, en una posición respaldada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su Resolución 2797. Y, además, señorías, hoy resulta insoslayable rememorar el inmenso caudal de solidaridad que ha acompañado a esta penosa realidad durante casi medio siglo. Por ello, entre quienes hoy nos acompañan, señorías, merecen un emocionado recuerdo las miles y miles de familias españolas que durante décadas han acogido a miles y miles de niños saharauis en sus hogares. . Más de cien mil, señorías; más de cien mil. Familias solidarias, de extraordinaria calidad humana, que les han proporcionado el calor y los cuidados que su realidad les negaba; ejemplos, señorías, de solidaridad, de dignidad y de humanidad. A ellos queremos expresar nuestra inmensa gratitud y reconocimiento, como también a las personas que hoy los representan en este hemiciclo y en los salones anexos. Muchos han contribuido a hacer posible la aprobación de esta ley: muchas personas, familias, organizaciones, la sociedad civil, partidos y grupos parlamentarios. Hoy no podemos ser cicateros; debemos honrar y reconocer a tantas miradas cómplices. Desde la izquierda, señorías, todo éxito político es un logro colectivo, sin protagonismos personales. Pero hoy me resulta imposible no mencionar el nombre de una diputada de esta Cámara, a la que ya se ha mencionado, cuyo empeño y perseverancia han contribuido decisivamente a hacer posible esta ley: Tesh Sidi. Querida Tesh, ¡enhorabuena! Tienes sobrados motivos para sentirte muy orgullosa. Tus padres y tu familia lo estarán. ¡Enhorabuena! . Y, sí, señorías, esta ley será posible hoy gracias a muchas personas y organizaciones. También gracias al Partido Socialista Obrero Español, porque esta ley, señorías, no sería hoy posible si no contara con el impulso y el liderazgo de un Gobierno progresista presidido por el Partido Socialista Obrero Español. . Esta ley, señorías, será hoy posible gracias al compromiso histórico del PSOE con los y las saharauis desde hace cincuenta años. . Y esta ley será posible hoy, señorías, gracias a décadas de apoyo humanitario de miles y miles de militantes, concejales y alcaldes socialistas. . Por ello, señorías, me cabe hoy el honor de proclamar con orgullo que mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, como siempre, está en el lado correcto de la historia. . Señora presidenta, termino dándole a usted las gracias no solo por concederme hoy la palabra, sino especialmente en el día de hoy y en esta hora por dejar una huella indeleble de humanidad en el desempeño de su cargo como diputada y presidenta de esta Cámara. Muchas gracias, señora presidenta. .

Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP

Señorías, lo sabían. El CNI alertó el 29 de julio al Gobierno y a Marruecos de un asalto masivo. Marruecos dejó abierta la frontera, el Gobierno dejó indefensa a Ceuta y Sánchez se fue de vacaciones un mes, a descansar y a mentir, a mentir contra el Estado. . No voy a especular sobre las razones de su humillante sumisión a Marruecos. Presumen hoy de amor a los saharauis. Pero ¡si entregaron el Sáhara! .

Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP

Ni tampoco sobre el ministro Albares. ¡Tanta condecoración para tan poco coraje! Mi objetivo es hoy otro. Vengo a combatir un mal todavía peor que este Gobierno: la resignación, la idea de que Ceuta y, por tanto, España están condenadas. No lo están. Les hago, señorías, una pregunta, la única que importa: ¿qué estamos dispuestos a hacer si Marruecos vuelve a invadir Ceuta? El Gobierno ya ha respondido: nada. Nosotros respondemos: todo , todo lo que un Estado debe hacer para defender su soberanía, proteger su territorio y garantizar sus fronteras. Primero, decir la verdad: lo que vemos en Ceuta no es una crisis migratoria, es una invasión, no una invasión convencional, sino una invasión híbrida. Entre quienes cruzaron, habrá víctimas, claro; entre quienes los empujaron, no; y eso desplaza el debate de la inmigración a la soberanía. La cuestión es muy concreta: ¿puede consentirse que un Estado extranjero abra una frontera española, lance contra ella a 70 000 personas y obtenga a cambio impunidad y ventajas políticas? Rotundamente, no. Marruecos nos impone un chantaje perverso: o rendidos o desalmados. Quiere hacernos rehenes de nuestros propios principios, pero el dilema es falso: la piedad no obliga a la indefensión, el derecho no impone la rendición. Se lo decimos a Marruecos con autoridad y sin rodeos: Ceuta y Melilla son España , no se negocian, no se comparten, no habrá cosoberanía. Las amenazas pueden ser híbridas, la soberanía no. Y ninguna agresión obtendrá recompensa política; al revés, tendrá respuesta. Marruecos entiende perfectamente el lenguaje de la firmeza, el problema es que Sánchez solo habla el dialecto de la sumisión. Segundo, devolución de todos los asaltantes, todos, con expediente individual conforme a la ley, pero todos. Sí, también los menores. Un niño utilizado como ariete sigue siendo un niño, y precisamente por eso debe volver con su familia, para protegerle y para que en Rabat tomen nota: su chantaje no funciona ni funcionará jamás. Y no busquen excusas, ni materiales ni jurídicas. El Gobierno presumió de tramitar 609 737 expedientes de regularización en dos meses y medio; en Ceuta, apenas mil triajes en cuarenta días. ¿Para regularizar sí hay Estado, pero para devolver no? No faltan medios, falta voluntad. . Paralicen la regularización masiva y vuelquen esos recursos en Ceuta. ¿Y por qué no pelear en Bruselas? Europa ya fijó el criterio cuando Lukashenko lanzó a miles de personas contra Polonia, Lituania y Letonia; lo llamó por su nombre, instrumentalización, y aprobó un reglamento que permite acelerar las devoluciones; aplíquenlo en España. ¿O es que reservamos las defensas para el este y la resignación para el sur? Si cae Ceuta, cae Europa. Tercero, blindar la frontera. Nos da igual que la ministra de Defensa aplauda o no al presidente, ninguno de los dos defiende como debe a los militares. Hay que otorgar a los desplegados en Ceuta el carácter de agentes de la autoridad y hacerlo ya. Quien protege al Estado debe estar protegido por el Estado. Y ahora, el fondo. Señorías, primero aquí, luego ayer en su televisión particular, el señor Sánchez nos ha lanzado ya dos veces la misma pregunta: ¿y qué habría hecho el PP?, ¿habrían disparado? Con 141 muertos hay que ser muy cínico. . Su buenismo mata y arruina. Pero yo le devuelvo la pregunta en sus verdaderos términos, sin eufemismos migratorios: señor Sánchez, si mañana o el día 20 o dentro de unos meses Marruecos vuelve a invadir Ceuta, ¿ordenará usted el uso legítimo de la fuerza para defender la soberanía nacional? ¿Sí o no? Artículo 8 de la Constitución: Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. No es una opinión, es un mandato. ¿También va a incumplirlo? José Bono, ministro socialista de Defensa, dijo una vez: Prefiero que me maten a matar. Es una frase para una homilía, no para un Consejo de Ministros. . España no es una ONG, es un Estado de derecho, y un Estado de derecho no renuncia a la fuerza legítima, la ejerce cuando es necesario para defender la ley, la libertad y las fronteras. Sánchez ensalza el heroísmo de Zelenski ―muere por hacerse fotos con él―, ovaciona a quienes arriesgan la vida por defender sus fronteras a 3000 kilómetros de aquí. Su doctrina es resistencia para los demás, rendición para España; rendición preventiva, eso sí, muy humanitaria. Ayer dijo que Ceuta debe asumir una realidad estructural, es decir, condenó a España el destino que imponga Rabat. La única realidad estructural es la deserción de un Gobierno terminal. . Sánchez habla ya, señorías ―fíjense―, a título póstumo. Es un presidente híbrido: mitad de España, mitad de Marruecos; un pie en la Moncloa, otro fuera. Gobierna como quien ya ha hecho las maletas, con la tranquilidad del que sabe que la factura la pagarán otros; haremos que la pague él. Y termino. El Gobierno ha intentado desacreditar al presidente de Ceuta, es su penúltima fechoría, Nerón llamando desleal al jefe de los bomberos, y a la policía, a los jueces, a la corona, al CNI; todo el que defiende al Estado acaba en la diana de Sánchez, en la diana del presidente póstumo. Yo sí quiero dar las gracias a Juan Jesús Vivas y a todos los ceutíes , pero digámoslo bien…

Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP

Voy acabando. La señora presidenta ha dado dos minutos…

Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP

Hoy, la solidaridad no se dirige hacia Ceuta, viene de Ceuta, de las madres, de los maestros, de los comerciantes, de los niños que van al colegio con escolta, porque son los ceutíes quienes están sosteniendo nuestra frontera…

Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP

… nuestro territorio, nuestro derecho a seguir siendo una nación. Y no solo eso, Ceuta está defendiendo también a Europa, con coraje, y todavía más ―y acabo―…

Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP

… Ceuta está defendiendo una idea esencial y luminosa: no hay libertad sin orden, no hay convivencia sin ley.

Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP

Las fronteras no decoran mapas, aseguran la paz civil. . Señorías, Ceuta no pide ayuda, pide Estado…

Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP

… y se lo vamos a dar. .

Isidre Gavin i Valls JxCAT-JUNTS

President, senyores i senyors diputats, en aquest afer de Ceuta s’han produït gravíssims i múltiples deficiències de gestió i errors. El Govern ha estat incapaç d’anticipar-se als fets, malgrat els avisos i les alertes, hi ha hagut una competència terrible entre Interior i Defensa competint a veure qui tenia raó amb la guerra, dels informes de si hi havia informes d’intel·ligència o no. Tirant al cap els uns pels altres per intentar treure’s del damunt la responsabilitat de per què ningú no havia fet res. I ara ja tenim la confirmació. Probablement no era un informe formal d’intel·ligència, però sí que hi havia avisos, alertes i informacions prèvies suficients com per prendre decisions. El president del Govern va anar a fer una visita. Se’n va tornar de vacances. Els ministres van anar passant per allà per anar a fer-se una foto fins al final de l’agost. El Govern no es va prendre en serio la dimensió d’aquesta crisi i no va començar a actuar en un moment en el que ja estava totalment sobrepassat. Va infravalorar les amenaces híbrides per la seguretat com la utilització de la frontera, no va establir capacitats dissuasòries per evitar que això pogués passar. Ha fracassat totalment en l’enfocament, en la relació amb el Marroc i són els únics que estan defensant que el Marroc no va tenir cap paper. Una política de comunicació estratègica, errada, plena de falsedats i de mentides, marca de la casa. Primer era la màfia, després era Rússia, Israel, la ultradreta i ningú sense assumir responsabilitats polítiques. Ningú, ni en aquesta crisi, ni en Rodalies, ni en l’alta velocitat, ni en actuacions excessives de la policia requisant estelades, ni en tantes altres qüestions. Aquest Govern mai ningú assumeix responsabilitats i una política d’immigració que genera efecte crida. Evidentment que sí. Els únics al món desenvolupat que no controlen les seves fronteres. Els únics. Cap país d’Europa, ni de dretes ni d’esquerres. I cap país del món que s’apreciï els drets humans que lluita contra la xenofòbia, com Austràlia, Canadà, Japó, no fan el que fa l’Estat espanyol i una política migratòria massiva, sense control ni previsió acaba generant problemes de seguretat, d’acollida i de cohesió. I per això Junts per Catalunya demanem les competències d’immigració per a Catalunya, entre altres coses perquè vostès exerceixin una gestió incompetent. Catalunya ha de tenir totes les eines i recursos per gestionar la immigració perquè la societat catalana no pagui els plats trencats. Perquè els recursos no són infinits. Que els recursos per atendre la immigració no són infinits es veu cada dia a Ceuta, però també es veu a Catalunya. I si no, mirin com està l’ensenyament, la salut, l’habitatge. En canvi, les regularitzacions que vostès fan sí que són gairebé infinites. Van parlar inicialment de 500 000 persones. Hi ha 1 300 000 sol·licituds que pot acabar sent amb el reagrupament familiar 2 o 3 milions de persones. Vostès condemnen amb el seu model a l’arribada massiva de la immigració, sense control ni criteris ni recursos, sense exigència d’obligacions, i això posa l’estat del benestar i la convivència en perill. I dir això no és racisme, com ens diuen continuadament el bloc d’esquerres per estigmatitzar-nos. Nosaltres no som de cap dels dos blocs. Les esquerres només parlen de drets i de regularitzacions massives sense control de fronteres ni a Ceuta ni als aeroports. Les dretes només parlen de fer fora als immigrants i que són la causa de tots els mals. I això és fals i és totalment impossible. Nosaltres parlem de governar. Ni racisme, ni xenofòbia, ni descontrol, sinó ordre i, per tant, gestió, deures i drets. Control, fronteres i gestió de proximitat. Gestió de la Generalitat de Catalunya. Les polítiques del bloc d’esquerres en temes d’immigració i la seva incompetència és el que realment farà que arribin governs de dretes i d’ultradreta, potser amb majories mai vistes. I finalment, tenim una PNL avui del Partit Popular, que el seu text queda una mica extemporani perquè es va presentar el 24 d’agost i moltes de les coses que demana, de fet, el Govern ja les ha activat tard i malament, però moltes ja les ha activat i es deixen conceptes tan importants com, per exemple quan parlen de Frontex, del concepte de frontera europea. Ceuta és frontera europea. Nosaltres el que hem fet és presentar una esmena que ens sembla que és realment important, que és, tal com s’ha dit en el punt anterior, recordar que amb tot el que fa referència a la relació amb el Marroc, s’ha de fer respectar la resolució de l’ONU, relativa a un referèndum d’autodeterminació del Sàhara Occidental. I respecte dels altres punts, estarem amatents a veure què en fan amb les esmenes i si es pot votar per punts. Moltes gràcies. Presidente, señoras y señores diputados, en este asunto de Ceuta se han producido gravísimas y múltiples deficiencias de gestión y errores, y el Gobierno ha sido incapaz de anticiparse a los hechos, a pesar de los avisos y alertas. Ha habido una competencia terrible entre Interior y Defensa: competían a ver quién tenía razón con la guerra de los informes, que si había informes de inteligencia o no; se echaban a la cabeza los unos a los otros lo que tenían en la mano para intentar quitarse de encima la responsabilidad de por qué nadie había hecho nada. Y ahora ya contamos con la confirmación. Probablemente no era un informe formal de inteligencia, pero sí había avisos, alertas e informaciones previas suficientes como para tomar decisiones. El presidente del Gobierno se fue a hacer una visita y se volvió a sus vacaciones. Los ministros fueron pasando por ahí para sacarse las fotos. Y hasta fines de agosto el Gobierno no se tomó en serio la dimensión de esta crisis y no empezó a actuar, en un momento en que ya estaba completamente abrumado. Infravaloró las amenazas híbridas a la seguridad, como la autorización en la frontera. No ha establecido capacidades disuasorias para evitar que se pudiera producir esta situación. Ha fracasado completamente en el enfoque de la relación con Marruecos, son los únicos que defienden que Marruecos no tuvo ningún papel. Una política de comunicación estratégica errada, llena de falsedades y mentiras, marca de la casa. Primero la mafia, luego Rusia, Israel y la ultraderecha. Nadie asumió responsabilidades políticas, nadie, ni en esta crisis ni en rodalies ni en alta velocidad ni en actuaciones excesivas de la Policía requisando esteladas, ni en tantos otros casos. En este Gobierno nunca nadie asume responsabilidades. Y una política de migración que genera un efecto llamada. Sí, está claro. Los únicos en el mundo desarrollado que no controlamos nuestras fronteras, somos los únicos. Ningún país de Europa, ni de derechas ni de izquierdas, ni ningún país del mundo que aprecie los derechos humanos y que luche contra la xenofobia, como Australia, Canadá, Japón, nadie hace lo que hace el Estado español. Una política migratoria masiva, sin control ni previsión, termina generando problemas de seguridad, de acogida, de cohesión. Por ello, en Junts per Catalunya pedimos las competencias en migración para Cataluña, entre otras cosas, porque ustedes hacen una gestión incompetente. Cataluña debe contar con todas las herramientas y recursos para gestionar la inmigración, porque la sociedad catalana no debe pagar los platos rotos, porque los recursos no son infinitos y los recursos para atender a la inmigración no lo son. Se ve todos los días en Ceuta, pero también se puede ver en Cataluña. Si no, fíjense en cómo está la enseñanza, la salud o la vivienda. En cambio, las regularizaciones que ustedes ponen en marcha sí son prácticamente infinitas. Hablaron en un principio de 500 000 personas y hay 1 300 000 solicitudes, y con el reagrupamiento familiar podemos estar hablando de 2 o 3 millones de personas. Ustedes, con su modelo, condenan a una llegada masiva de inmigración sin control ni criterios ni recursos, sin exigencias ni obligaciones. Esto hace que el estado del bienestar y la convivencia estén en peligro. Decir esto no es racismo, como se nos dice continuamente desde el bloque de izquierdas para estigmatizarnos. Nosotros no somos ni de un bloque ni de otro. Las izquierdas solo hablan de derechos y de regularizaciones masivas sin control de fronteras ―ni en Ceuta, ni en los aeropuertos―, y las derechas solo hablan de echar a los inmigrantes y de que son la causa de todos los males; esto es falso y es completamente imposible. Nosotros hablamos de gobernar; ni racismo ni xenofobia ni descontrol, sino orden. Por lo tanto, gestión, derechos y deberes, control en las fronteras y gestión de proximidad, gestión de la Generalitat de Catalunya. Las políticas del bloque de izquierdas en materia de inmigración y su incompetencia son lo que realmente va a hacer que lleguen gobiernos de derecha y ultraderecha, tal vez con mayorías nunca vistas. Por último, hoy tenemos una PNL del Partido Popular cuyo texto es un poco extemporáneo, porque se presentó el 24 de agosto y muchas de las cosas que pide, de hecho, ya las ha activado el Gobierno, tarde y mal, pero ya ha activado muchas. Se dejan conceptos tan importantes como, por ejemplo, al hablar de Frontex, el concepto de frontera europea ―Ceuta es frontera europea―. Nosotros lo que hemos hecho es presentar una enmienda que nos parece que es importante. Como hemos dicho en el punto anterior, hay que recordar que, en todo lo referente a la relación con Marruecos, tiene que respetar la resolución de la ONU relativa al derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental. Con respecto a los demás puntos, estaremos atentos a las enmiendas y a ver si se puede votar por puntos. Muchas gracias.

Alberto Asarta Cuevas VOX

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Por fin el Gobierno declaró la situación de Ceuta como de interés para la seguridad nacional. Ahora la cuestión es qué está haciendo realmente con los instrumentos que esa declaración pone en sus manos, porque esa declaración por sí misma no resuelve la crisis. El propio real decreto reconoce que se trata de una situación que ha superado las capacidades ordinarias y exige una coordinación reforzada. Cuarenta y dos días después del asalto a nuestras fronteras y de la invasión del territorio español por unos 80 000 inmigrantes, en su mayoría jóvenes marroquíes, y activado el sistema de seguridad nacional, la situación de caos, inseguridad, insalubridad, falta de respuesta ágil del Estado y presión constante sobre nuestras fronteras y servicios públicos sigue siendo patente en Ceuta. . El Gobierno debería explicar a esta Cámara qué reuniones ha celebrado la autoridad funcional y la célula de coordinación, qué decisiones ha adoptado, qué recursos ha coordinado realmente y qué resultados ha obtenido. Hasta ahora las comparecencias de los ministros y del propio Sánchez el jueves de la semana pasada no han convencido a nadie, poniendo en evidencia su falta de coordinación y de previsión con mensajes contradictorios. Incluso parece que en Europa también piensan que el Gobierno español va con el paso cambiado. No basta con que exista una estructura sobre el papel ―ya sabemos todos que el papel lo aguanta todo―, hay que demostrar que sirve para recuperar la normalidad de Ceuta y, sobre todo, para que actos como los que está sufriendo España, y en particular los ceutíes, no vuelvan a repetirse nunca más. En VOX creemos que hay preguntas todavía más importantes: ¿qué evaluación de riesgos ha realizado el Gobierno?, ¿qué escenarios de repetición contempla?, ¿qué medidas preventivas ha adoptado?, ¿qué papel desempeñan Defensa, Interior y los servicios de inteligencia e información del Estado? En cuanto al Ministerio de Defensa, la situación de nuestros soldados, además de llevar una carga de trabajo excesiva y mal remunerada, presenta una imagen que no corresponde con la responsabilidad que el artículo 8 de nuestra Constitución les asigna. Desarmados, sin autoridad, sin reglas de enfrentamiento claras, su imagen es vejatoria y patética. Eso es algo que las asociaciones militares y VOX venimos denunciando. Un soldado puede hacer de todo, desde repartir alimentos hasta lo más duro y estresante que es el combate; pero exponerle a situaciones que corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin sus herramientas de trabajo, que son las armas, es decir, sin capacidad siquiera de defenderse, es, además de imprudente y degradante, criminal. . Ya lo han visto estos días con las repetidas emboscadas a nuestros soldados, policías y bomberos, con riesgo para sus propias vidas. Señorías, la verdadera política de seguridad nacional no es solamente la capacidad de reaccionar cuando la crisis ya se ha producido. Este Gobierno siempre llega tarde porque no se anticipa. Ante una agresión a nuestras fronteras e invasión del territorio español, que a su vez es europeo, un Gobierno serio debería tener la capacidad de anticiparse, prevenirla y, sobre todo, disuadir a quien pudiera volver a poner a prueba nuestra frontera y nuestra soberanía. La seguridad nacional no entiende de vacaciones y la defensa de la nación no tiene que descansar nunca, porque las amenazas tampoco lo hacen. Es por eso que las misiones de las Fuerzas Armadas son permanentes. Hablemos claro, estamos ante una guerra híbrida en la que Marruecos lleva poniendo a prueba la voluntad de España desde su independencia en 1956. Basta recordar sus reivindicaciones territoriales y marítimas: la Marcha Verde de noviembre de 1975, la ocupación del islote de Perejil y el asalto e invasión de Ceuta en 2021, así como la declaración de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas. Mientras, el Gobierno sanchista vuelve a transmitir el mismo mensaje: resignación, pasividad y ausencia de autoridad. Señorías, la buena vecindad solo puede construirse desde el respeto mutuo y no con concesiones unilaterales, y esa falta de respeto por parte de Marruecos no podemos seguir ignorándola ni consintiéndola. Ahora sabemos que, a través de los informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, el Gobierno ya tenía constancia de que la invasión se iba a producir. Por ello, VOX ha llevado al Congreso la activación del artículo 102 de la Constitución, poniendo a disposición los votos de sus diputados. Solo se necesitan cincuenta y seis votos más para activarlo. ¿Algún diputado de otros grupos está dispuesto? ¿No consideran que estamos ante un Gobierno traidor? Ceuta es el paradigma de una política migratoria suicida, que está generando un peligroso efecto llamada y la muerte de cientos de inmigrantes en mar y tierra. La iniciativa del Grupo Popular nos parece insuficiente, y por eso, VOX ha presentado unas enmiendas orientadas fundamentalmente al despliegue y refuerzo permanente de nuestras Fuerzas Armadas, dotándolas de los medios, autoridad y reglas claras de enfrentamiento tanto en Ceuta como en Melilla, para que la disuasión sea realmente efectiva , y a que el Gobierno solicite a la Unión Europea que reconsidere el acuerdo preferente y principal de 1996 entre la Unión y Marruecos, porque el Gobierno marroquí ha sido desleal y todo apunta a su implicación.

Alberto Asarta Cuevas VOX

Termino ya. Por ello, solicitamos suspender temporalmente el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos y todo tipo de relaciones que lleva consigo. Señorías, termino. Una frontera no empieza a perderse cuando miles de personas consiguen asaltarla y cruzarla, empieza a perderse cuando un Estado deja de demostrar que está dispuesto a defenderla. Muchas gracias. .

María Carmen Sánchez Díaz PSOE

Gracias, señor presidente. El Grupo Popular ha elegido para este debate a su punta de lanza más ultra: la profesora de las mentiras del 11M viene a darnos lecciones de verdad y rigor. . Señora Álvarez de Toledo, desde luego, humor no le falta. Permítanme que yo les hable de dos historias. La primera es la historia de una niña que un día llega a Ceuta, no sabemos quién es ni de dónde viene ni qué es de su familia, solo sabemos una cosa: es una menor que está sola. Para esa niña España empieza en Ceuta. Ceuta es su paraíso. La segunda historia es la de un niño ceutí que va al colegio, que quiere formarse, que quiere construir su futuro y que quiere vivir y permanecer en la ciudad que nació. Dos niños ―una niña que llega y un niño que ya está―, dos historias diferentes, pero un mismo deseo: crecer seguros, cumplir sus sueños y tener las mismas oportunidades, vengan de donde vengan y vivan donde vivan. . Esta historia explica perfectamente de qué estamos hablando, porque Ceuta y Melilla son ciudades españolas, pero tienen una realidad singular y necesitan respuestas propias y especiales. Por eso, su situación es responsabilidad de todos: de Europa, del Gobierno de España, del Gobierno de la ciudad autónoma y de todas las comunidades autónomas. Y esa responsabilidad exige unidad. Estos días hemos escuchado todos: estamos con Ceuta. Muchas pancartas, muchas concentraciones, muchos golpes de pecho, pero yo me pregunto qué significa para el Partido Popular estar con Ceuta. Hace una semana que convocaron manifestaciones, pero hoy todavía seguimos sin ver a ningún alcalde o alcaldesa del PP ni a ningún presidente de la comunidad autónoma ofrecer espacios de acogimiento para los niños de Ceuta. . Ahí es donde el PP debe dejar de hablar y empezar a actuar, porque mientras tanto la niña sigue ahí. ¿Qué hacemos con ella? Una pancarta no la identifica, un manifiesto no la protege, una concentración no la devuelve con su familia. Lo que necesita es que alguien se haga cargo de ella. Por eso, el señor Vivas debe ser valiente y debe autorizar el traslado de las menores a otras comunidades. Yo sé que eso significa discrepar de la estrategia de su partido, pero ayudaría mucho a aliviar la situación de Ceuta. Estar con Ceuta es que el señor Feijóo, por ejemplo, coja el teléfono, llame a sus comunidades y diga: oye, que hay que colaborar, que tenéis que acoger a los menores, que hay que cumplir la ley, diga lo que diga VOX. Pero eso no lo hace el señor Feijóo, y no lo hace porque no quiere enfrentarse a VOX ni poner en riesgo los gobiernos autonómicos. Por tanto, ¿qué está por encima para el Partido Popular: Ceuta y el cumplimiento de la ley o los intereses de su partido? Yo creo que los intereses de su partido. Está claro que están instrumentalizando este tema de la inmigración porque quieren ser VOX. Saben perfectamente que no se pueden devolver los migrantes sin cumplir la ley, que las devoluciones que procedan exigen también hablar con Marruecos. Esa es la diferencia entre una política de Estado y hacer política a golpes de mentiras y ocurrencias, porque el señor Feijóo tiene ocurrencias. Sí, le hemos escuchado hablar esta semana de invasiones, de cesiones a Marruecos y hasta de una respuesta armada. ¿A quién va a responder con armas? ¿A esa niña? ¿A esa niña de la que estamos hablando van a responder con armas? Miren, Ceuta necesita responsabilidad, serenidad y política de Estado (el señor De Olano Vela: Ciento cuarenta muertos; responsabilidad), porque ese niño ceutí no necesita que le metan miedo ni que le digan que su ciudad está perdida, necesita saber que Ceuta tiene futuro. Y frente a quienes hablan de abandono, este Gobierno ha sido el más inversor de la historia de Ceuta. Responde con soluciones, pero sobre todo con apoyos y proyectos para que Ceuta salga más fuerte de esta situación. El presidente también ha dicho que es una prioridad saber qué ha pasado para que no vuelva a suceder. Quizás esa niña un día no recuerde nuestras intervenciones aquí ni nuestras pancartas en la calle o ese niño tampoco recuerde las consignas ni las manifestaciones, pero espero que ambos recuerden algo mucho más importante: que en un momento difícil no le dimos la espalda, que ella encontró protección, que él encontró seguridad y oportunidades, que las instituciones estuvieron ahí, que su sociedad permaneció unida, que quienes tenían la responsabilidad de cuidar de ellos estuvieron a la altura y que, a pesar de los problemas, los aciertos y los fallos, fuimos capaces de superarlos juntos, porque hablar de Ceuta es hablar de su gente, de su presente y de su futuro. Por eso, este Gobierno estuvo, está y seguirá estando con Ceuta y Melilla, y lo está con hechos, con recursos y buscando soluciones para protegerlos y para garantizar una cosa muy importante: que los niños y las niñas que nazcan, vivan o lleguen a Ceuta puedan mirar al futuro con tolerancia, con esperanza y con oportunidades. Eso lo conseguirá este Gobierno seguro. Muchas gracias. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Señores del Grupo Socialista, fue el Gobierno quien dijo que todos los asaltantes iban a ser expulsados de manera inmediata. Eso lo dijo el Gobierno. Lo que los españoles se preguntan es a qué chantajes está sometido este Gobierno por la postura que está manteniendo. El ministro Marlaska sigue sin dimitir y sin ser cesado, cuando se ha demostrado que tanto él como el resto del Gobierno y el presidente del Gobierno mintieron, y ahí están los informes. La única que no mintió fue la ministra de Defensa, que ustedes han despreciado. Además, el presidente del Gobierno en esta Cámara manifestó que se había llamado y convocado a la embajadora de Marruecos. Ocultó intencionadamente que la embajadora no acudió a la cita. Doble humillación y mentira. Es vergonzoso. Señorías, ¿recuerdan aquella frase del entonces secretario general del Partido Socialista tras las inundaciones del río Ebro en la ribera de Navarra, en La Rioja y en Aragón? Dijo: ¿Qué coño tiene que pasar en este país ―decía así― para que el señor Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Pues bien, del dicho al hecho, el señor Sánchez ha estado desaparecido en el momento más crucial de los últimos años de nuestra historia, de vacaciones. Pero hay otra frase todavía más miserable que pronunció cuando la dana: Si necesitan más recursos, que los pidan. El presidente de Ceuta estuvo implorando auxilio y la respuesta del Gobierno fue la indiferencia y el abandono. Esa es la triste realidad que está padeciendo Ceuta y, con Ceuta, el resto de España. Muchas gracias.

Cristina Valido García CCa

Buenos días, señorías. Estamos absolutamente de acuerdo con que se dote a Ceuta de todos los recursos humanos y materiales que necesiten también para su protección y puedan superar lo antes posible este gravísimo momento, este día a día tan tremendo para todas las familias de Ceuta. Pero, si este texto se vota de manera integral, nosotros nos abstendremos porque hay puntos que no podemos compartir. Es decir, el automatismo de todos los que lleguen, el «todos» no nos gusta. Y no nos gusta porque los derechos humanos son una causa, no son una cuestión ideológica. No son de derechas, no son de izquierdas, son una causa. Son leyes internacionales que debemos cumplir, y un solo error en la derivación a la muerte, a la desgracia, al abandono de cualquier persona con derecho a cuidados, a refugio y a asilo no es permisible. Hoy quiero reclamar con claridad que Ceuta, Melilla y Canarias tienen que ser escuchadas de manera directa en la Unión Europea, que tienen que ser atendidas, que tienen que participar, que tienen que conocer de primera mano y estar presentes en las mesas donde se toman las decisiones que afectan a su frontera sur. Son decisiones cuyas consecuencias pagamos en la frontera sur. Hoy denunciamos que la Unión Europea no despliega el mismo esfuerzo en su frontera sur que en su frontera norte o en la este. Hoy denunciamos que exista la intención de convertir a Ceuta, a Melilla y a Canarias en grandes centros de retención. Queremos voz propia y presencia. Los territorios de la frontera sur tenemos derecho a participar, a opinar y, además, a ser escuchados. Insisto, nosotros pagamos las consecuencias de lo que se decide a miles de kilómetros sin conocimiento de lo que significa eso para nuestros pequeños territorios. Gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Señora Álvarez de Toledo, usted también puede ser una diputada híbrida, ¿no? Mitad francesa, mitad argentina y muy poquito, muy poquito, una mijita, española, porque usted defiende más los intereses de Milei, los de Netanyahu o los de Trump que los de los españoles y las españolas. ¡Así que está usted aquí como para hablar de migración! . Su propuesta, la propuesta del Grupo Popular, es su única receta cuando se habla de migrantes: miedo, excepcionalidad, militarización y racismo. Porque sí, señores del Grupo Popular, su discurso migratorio es racista. Bueno, es racista cuando hablan de invasión. Es racista cuando convierten a quienes llegan huyendo de la pobreza, de la guerra o de la persecución en el enemigo. Nosotras no vamos a aceptar que normalicen este discurso desde la Cámara, porque su discurso es el del disparo con perdigones a los niños. Ceuta necesita seguridad. Por supuesto que sí, pero seguridad significa también poder acceder a una vivienda digna, a una sanidad pública de calidad y, por supuesto, protección a las personas migrantes. Esa es la seguridad que necesita Ceuta, pero también todos los territorios. Esa es la seguridad que necesita Ceuta, pero también todos los territorios. Una persona que llega a una frontera ―lo voy a decir una vez más― no deja de ser persona. Tiene derecho a pedir asilo, a que se estudie individualmente su situación y a no ser devuelta allí donde pueda sufrir persecución o vulneración de derechos. Y esto no es buenismo, señoría. Esto es democracia y Estado de derecho. Hay algo que ustedes deberían entender. Una frontera segura no es aquella en la que se vulneran los derechos con más rapidez, sino aquella en la que no muere nadie intentando cruzarla, en la que se protege a los menores, en la que se garantiza el derecho al asilo y en la que España cumple también con sus obligaciones internacionales. Ustedes quieren que hablemos de migración desde el miedo y nosotras vamos a hablar de migración desde los derechos humanos. Ustedes quieren que veamos una amenaza donde hay personas y nosotras nos negamos una vez más a ello. Además, hay una enorme hipocresía en su discurso, porque jamás les he oído quejarse de los extranjeros que han comprado nuestros barrios, nuestros pueblos y nuestras ciudades como en la Costa del Sol, en Cádiz, en las Islas Baleares o aquí, en el barrio de Salamanca. Tampoco de que nos hayan expulsado de nuestras casas, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Jamás tampoco les hemos oído condenar las verdaderas invasiones cuando un Estado ocupa militarmente un territorio, expulsa a su población y mata a civiles. Invasión es lo que ha hecho el Estado genocida de Israel con Gaza. Ubicaína, señores del Grupo Popular; ubíquense. Y les voy a decir una cosa, como dijo Ione Belarra: con su discurso, con ese discurso que dispara perdigones a niños, [váyanse al carajo]1. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidente. Señorías, como conocen, hemos censurado ampliamente la gestión del Gobierno del presidente Sánchez por la crisis vivida en Ceuta este verano, tanto por no haber tomado medidas a raíz de la sentencia del Supremo para el rechazo en frontera, lo que tuvo un evidente efecto llamada, como por su falta de actuación los días previos al 30 y 31 de julio y por la inacción durante prácticamente todo el mes de agosto. Igualmente, como conocen, hemos censurado al Gobierno del presidente Sánchez por su timorata consideración con Marruecos. Una cosa es mantener buenas relaciones con un vecino y otra cosa muy distinta es no mostrar fortaleza cuando la situación lo requiere bien por sus declaraciones, acciones u omisiones. También hemos censurado al presidente Sánchez por externalizar en demasía la protección de la frontera en un socio que, aun siendo inevitable, resulta cuando menos brumosamente confiable. E igualmente hemos censurado al Gobierno del presidente Sánchez por su bamboleante política migratoria y por el legado que nos deja y se sufre por esta crisis no solo en geopolítica internacional y por su naturaleza híbrida, sino también en la misma construcción europea, por los efectos en la construcción Europea y también a nivel interno y doméstico por su dimensión de crisis humanitaria, por la percepción de quiebra de la seguridad y convivencia en Ceuta y por la pérdida de confianza en las instituciones. También tenemos que censurar al Gobierno y al presidente Sánchez por la falta de tensión en las alertas emitidas por los servicios públicos de información y seguridad y correlativa laxitud de su recepción por el Gobierno y su Administración, y por seguir diciendo que todo se hizo razonablemente bien cuando, según nos parece, todo se hizo razonablemente mal. Sin perjuicio de lo señalado, señorías, también llevamos reclamando insistentemente que lo inmediatamente urgente es la recuperación en todo lo posible de la normalidad en Ceuta. Para ello, es imprescindible que todos los migrantes entrados irregularmente tengan 1 Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. alojamiento, medios de subsistencia y cuidados básicos, que no se visualicen como una presencia perturbadora deambulando por la ciudad y alrededores a su suerte, para que también así pueda afiliárseles e iniciar los procedimientos de expulsión de acuerdo con el ordenamiento jurídico, salvo aquellos acreedores de protección internacional. Somos conocedores también de que la situación de los menores no acompañados resultará jurídicamente más compleja y lenta. Pero respecto a estos casos de los menores, también llevamos tiempo señalando que las comunidades autónomas debieran arrimar el hombro con Ceuta, tal y como ha reclamado y ofrecido también, entre otros, el lehendakari, pensando de manera inmediata no solo en distender la situación en Ceuta para que recupere la normalidad y la convivencia en la medida de lo posible, sino también para una mejor asistencia a estos menores no acompañados dado el desbordamiento asistencial de la ciudad autónoma. Sin embargo, señorías del Grupo Popular, no vemos en ustedes, con ocasión de su iniciativa, una actitud real con la realidad y la situación de Ceuta. No facilitan ni colaboran en la localización y puesta a disposición de ubicaciones para alojar provisionalmente a los migrantes; reclaman que los migrantes irregulares sean expulsados, pero tampoco facilitan los pasos previos para que puedan iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes; cuando podría relajarse a Ceuta de una presencia importante de menores no acompañados mientras se gestiona su situación, ustedes, señorías del Grupo Popular, se oponen a su traslado y reparto entre las comunidades autónomas e incluso a su asistencia por el tercer sector social en la península. Señorías del Grupo Popular, ustedes nos proponen una serie de medidas para Ceuta para paliar sus debilidades y carencias, pero se niegan a abordar lo más urgente e inmediato. Ustedes proponen el paso B sin querer dar antes el paso A. A ustedes parece que les importa más deteriorar al Gobierno del presidente Sánchez que paliar en la medida de lo posible la situación de anormalidad que se vive en la ciudad de Ceuta. Señorías del Grupo Popular ―finalizo―, no dudamos de su voluntad y preocupación por la viabilidad y futuro de Ceuta y de Melilla, pero eso también requiere hacerse cargo de su presente de manera eficiente, eficaz y realista, y eso no lo vemos tan claramente en ustedes, señorías del Grupo Popular. Nada más y muchas gracias.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

President, senyories, els fets dels dies 30 i 31 de juliol d’aquest any a Ceuta hem de dir que són una tragèdia humana i són també una crisi. Una crisi en moltes dimensions que exigeix responsabilitat, protecció de la ciutadania i una resposta coordinada de l’Estat. Malauradament, com sabem, la gestió ha estat dolenta i la narrativa posterior ha estat pitjor. Vull expressar també en nom d’Esquerra Republicana, la nostra empatia, primer amb les persones migrants i les famílies dels desapareguts, i també amb els ciutadans de Ceuta que pateixen una situació anòmala. Dit això, senyories, la proposició no de llei que presenta avui el Grup Popular la pensem i la veiem com una acció oportunista, sens dubte que no respon ni a la complexitat del problema i que, a més a més, consolida una visió centralista de la seguretat i el que fa és instrumentalitzar realitats molt complexes. No resol la inseguretat. No resol res. Simplement és un brindis al sol que apareix com una resposta davant la millorable, la deficient gestió del govern de coalició. Mirin, la seguretat de Ceuta i Melilla segurament exigeix ordre públic, però també proximitat, recursos i transparència democràtica. No només una visió positivista o militaritzada, ni tampoc grans declaracions grandiloqüents. Exigim al Govern responsabilitat política, però també exigim a l’oposició serietat. Si vostès, senyories del PP i del PSOE, es diuen partits d’Estat i s’ho diuen sovint, han de tenir una visió d’Estat. Posaré un exemple de la gran contradicció del Partit Popular en aquesta gestió, on aquest enfocament, el PP parla de retornar a tothom de manera immediata, però la forma de treure pressió a la ciutat de Ceuta sense deportar il·legalment és portar la gent a la península. Un tabú que el PSOE tampoc s’atreveix per pressió de la Comissió Europea o del propi PP, perquè aquí només hi ha dues solucions senyories, dues solucions. O es viola la llei retornant sol·licitants d’asil menors i altres automàticament, o s’envia a la península a les persones per treure pressió a Ceuta. Per cert, senyories del PP m’haurien d’explicar algun dia com poden defensar a la vegada que estan al costat de la ciutat de Ceuta, on tenen la presidència de la ciutat i que la majoria o gairebé totes, totes les comunitats autònomes que vostès governen, no volen acollir cap infant migrant. Com es pot defensar les dues coses alhora si no és des d’un cinisme extraordinari, senyories del PP? Però senyories del PSOE, és un bon moment en aquest punt per repassar, no només la gestió que vostès han fet d’eficient, sinó la pèssima narrativa posterior. Pèssima narrativa dels ministres que van comparèixer en aquesta cambra la setmana última i penúltima d’agost. Pèssima narrativa del president Pedro Sánchez quan ha anat apareixent. Pèssima narrativa de tots els altaveus que vostès tenen. No hi ha hagut ni un bri d’autocrítica. Presidente, señorías, los hechos de los días 30 y 31 de julio de este año en Ceuta, hay que decirlo, son una tragedia humana y son también una crisis, una multicrisis con numerosas dimensiones, que exige responsabilidad, protección de la ciudadanía y una respuesta coordinada del Estado. Desgraciadamente, como sabemos, la gestión ha sido mala y la narrativa posterior, peor. Quiero expresar también, en nombre de Esquerra Republicana, nuestra empatía, primero, para con las personas migrantes y las familias de los desaparecidos y también para con los ciudadanos de Ceuta, que sufren una situación anómala. Dicho esto, señorías, la proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Popular la pensamos y la vemos como una acción oportunista que no responde a la complejidad del problema y que además consolida una visión centralista de la seguridad y lo que hace es instrumentalizar realidades muy complejas. No resuelve la inseguridad, no resuelve nada, simplemente es un brindis al sol que aparece como una respuesta ante la mejorable y deficiente gestión del Gobierno de coalición. La seguridad de Ceuta y Melilla seguramente exige orden público, pero también proximidad, recursos y transparencia democrática, no solo una visión punitivista o militarizada ni tampoco grandes declaraciones grandilocuentes. Exigimos al Gobierno responsabilidad política, pero también exigimos a la oposición seriedad. Si ustedes, señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, se llaman partidos de Estado, y lo dicen muy a menudo, deben tener una visión de Estado. Pondré un ejemplo de la gran contradicción del Partido Popular en esta gestión con este enfoque. El PP habla de devolver a todo el mundo de manera inmediata, pero la forma de sacarle presión a la ciudad de Ceuta sin deportar ilegalmente es llevar a la gente a la península, un tabú al que el PSOE tampoco se atreve por presión de la Comisión Europea o por el propio Partido Popular. Aquí hay dos soluciones, señorías, o se vulnera la ley retornando solicitantes de asilo, menores y otros automáticamente, o se envía a la península a las personas para sacar presión a Ceuta. Por cierto, señorías del Grupo Popular, tendrían que explicarme algún día cómo pueden defender a la vez que están del lado de la ciudad de Ceuta, donde ostentan la Presidencia de la ciudad, y que la mayoría o casi todas, por no decir todas, las comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan no quieran acoger a ningún niño inmigrante. ¿Cómo se pueden defender las dos cosas a la vez si no es desde un cinismo extraordinario, señorías del Grupo Popular? Señorías del Grupo Socialista, es un buen momento en este punto para repasar no solo la gestión que han hecho ustedes, deficiente, sino la pésima narrativa posterior, pésima narrativa de los ministros que comparecieron en esta Cámara la última y penúltima semanas de agosto, pésima narrativa del presidente Sánchez cuando ha ido compareciendo, pésima narrativa de todos los altavoces que tienen ustedes. No ha habido ni un atisbo de autocrítica. Señorías del Grupo Socialista ―lo voy a decir en castellano, en español, para que se me entienda allende esta Cámara también―, no han estado al nivel. Esta mañana he tenido el honor de escuchar en la Cadena SER cómo entrevistaban al delegado del Gobierno en Ceuta, el señor Miguel Ángel Pérez Triano. Inenarrable. Inenarrable. Un señor que no puede explicar la llamada que se produjo entre alguien del CNI y su jefe de gabinete. Yo me pregunto lo siguiente. En el Reino Unido, en Francia o en Alemania este señor supongo que habría dimitido. Me imagino que lo mantienen en el cargo de delegado porque además es el representante más importante del PSOE en la ciudad autónoma, porque es un escándalo. También es incomprensible que ningún miembro del gabinete haya dimitido y que además su actitud sea tan arrogante en este asunto. Les digo una cosa sin acritud. La actitud que mantienen ustedes en la cuestión de Ceuta será fatal para su recorrido, no tiene nada que ver con los escándalos que les han precedido, está en otro nivel.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

Y esto será grave para ustedes. Gracias. .

Lander Martínez Hierro SUMAR

Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que voy a hacer es fijar la posición de nuestro grupo sobre esta proposición no de ley, que vamos a votar en contra, obviamente. Lo explicaré punto por punto, porque la verdad es que la proposición no de ley y la propia exposición de motivos delatan al proponente, esto es, al Partido Popular. Empecemos por lo primero, y se lo digo claramente, no les da vergüenza nada. No les da vergüenza votar a favor de externalizar fronteras, vender nuestra soberanía en Europa, aprobar pagarle al régimen marroquí una tonelada de dinero por ser la policía del Estrecho y venir ahora a este Parlamento a exigir que se garantice la inviolabilidad de la frontera. Yo me pregunto, ¿ustedes se creen que somos tontos? ¿Creen que no vemos lo que hacen con la mano derecha mientras mueven la izquierda? Esto no es una cuestión menor, porque de esta contradicción nace todo lo demás, porque tenemos una diferencia de base con ustedes. Ustedes creen que tenemos una amenaza para la seguridad nacional. Nosotros creemos que lo que tenemos es una crisis humanitaria, porque no estamos hablando de lo que pasó a finales de julio. No estamos hablando de lo que pasó a finales de julio y ustedes lo saben perfectamente. Hoy en Ceuta queda una minoría de personas, una minoría, y en su mayoría son adolescentes, niños y niñas. La seguridad nacional de este país no está en peligro. Y como su diagnóstico es falso, el remedio que proponen también lo es. Además, ustedes quieren que incumplamos la ley, porque hay personas en Ceuta que tienen derecho al asilo. Hay menores que obviamente no pueden ser devueltos y que tienen que ser acogidos y con esta norma en la mano estaríamos haciendo devoluciones en caliente, lo cual es ilegal. Además, dicen en su punto tercero que hay que redefinir la relación con Marruecos. Nosotros también creemos que hay que redefinir nuestra relación con Marruecos, señorías, ¡faltaría más! Pero es que las llaves de la frontera se las entregan a Marruecos los mismos partidos que votan a favor de externalizar fronteras. Ustedes siempre hacen igual: saltan en el suelo, muy en silencio, hasta que hay un terremoto, y cuando hay un terremoto la culpa es de todo el mundo menos de sus saltos. No pueden pedirnos ahora firmeza frente a Marruecos cuando han sido ustedes quienes han normalizado depender de su voluntad. Pero en todo caso, la mejor forma de hacer una declaración de intenciones con respecto a las relaciones con Marruecos es votar hoy a favor de la ley de nacionalidad saharaui que ha presentado mi Grupo SUMAR. . Además, señorías, su proposición no de ley obvia el hecho más evidente, tan evidente como que la inmensa mayoría de las 80 000 personas que entraron en Ceuta en julio se dieron la vuelta en menos de 24 horas porque la promesa que les habían hecho era falsa, porque lo que mueve a esas personas no es el deseo de invadir España, sino el deseo de vivir mejor y tener más oportunidades. Por eso les niego la mayor, porque mientras la frontera marroquí permitía que entraran todas esas personas, la frontera española tuvo el efecto disuasorio que ustedes ahora dicen perseguir. Lo terrible, lo que de verdad debería ocuparnos en este Pleno, es que ese día murieron más de 140 personas y que nadie se hará cargo de ese crimen. Desde luego, ustedes no, porque prefieren hablar de fronteras inviolables antes que de las personas que mueren intentando cruzar esas fronteras. Así que, por todo ello, señorías, por partir de un diagnóstico equivocado, por exigirnos incumplir la ley y por mirar hacia otro lado ante lo que de verdad ha ocurrido en Ceuta, votaremos que no a esta proposición no de ley. Eskerrik asko. .

Montse Mínguez García PSC-PSOE

Gracias, presidente. Hoy queremos hablar de transparencia y queremos hablar de transparencia de los señores diputados y diputadas. Vamos a demostrar cómo aquí hay diputados y diputadas del Grupo Popular que incumplen la ley. El artículo 160 de la LOREG, el artículo 18 del Reglamento del Congreso, la Ley 19/2013 y la Ley 3/2015 son herramientas, normas y leyes que nos obligan a todos a ser transparentes. . Por si no me han entendido, se lo voy a explicar en lenguaje Ayuso: al pan, pan y al Viso, Viso. Vamos a empezar con una pregunta muy sencillita. ¿Cuánto cobra el señor Feijóo? No cuánto cobraba hace tres años, no cuánto cobraba cuando estaba en el Senado, sino cuánto cobra hoy, porque las normas nos obligan a que cuando tenemos cambios sustanciales, y el señor Feijóo ha tenido cambios sustanciales, lo tenemos que declarar para cumplir la ley. ¿Sigue cobrando del Senado? No. Pues cumplan la ley. ¿Cobra ahora del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso? Sí. ¿Cuánto? ¿Más o menos de lo que cobraba en el Senado? Cumplan la ley. Pónganlo. Además de su sueldo de diputado, además de su sueldo como presidente del Grupo Parlamentario Popular, ¿cobra también del Partido Popular? Sí. ¿Cuánto? ¿Más o menos que hace tres años? Cumplan la ley. Confiésenlo que para eso estamos aquí y tenemos que ser transparentes. No estamos pidiendo nada extravagante. Al Partido Popular esto siempre se les atraganta. Siempre se les atraganta. Ya sabemos que ustedes son los de los sobresueldos. Una persona, tres sueldos. Ya lo sabemos. También les pasaba a otros presidentes del Partido Popular. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen miedo a escandalizar a los españoles. Miren, el señor Aznar, entre los años 1990 y 1996, era jefe de la oposición y hace treinta años le pagaba el Partido Popular 130 000 euros al año. ¡Hace treinta años! Al señor Rajoy, 200 000 euros al año cuando era jefe de la oposición. El señor Casado también cobraba. Bueno, aquí, cobrar, cobraba y declarar, declaraba. Declaró 47 700 euros al año. Visto lo visto y teniendo los precedentes de lo que cobraban los jefes de la oposición y presidentes del Partido Popular, a mí me da que al señor Casado ya le tenían manía antes de clavarle el cuchillo. Así que la pregunta es: ¿en qué tarifa está el señor Feijóo? ¿Está en la tarifa prémium de Aznar y Rajoy o está en la tarifa de los que le tienen manía, que es la tarifa Casado? . Si no cuesta nada. Esto es muy sencillito. Cumplan la ley, sean transparentes y no me chillen tanto. . De paso, los doce diputados que están en el comité de dirección, los doce apóstoles que acompañan al señor Feijóo en el comité de dirección, que ya sabemos, porque lo dicen ustedes mucho, que cobran, ¿cuánto cobran? A ver si se obra el milagro y un año después pueden declarar lo que están cobrando. ¿Por qué esto es importante? Claro que es importante. Uno, porque es cumplir la ley y la están incumpliendo. Dos, porque los ciudadanos tienen que saberlo de todos, de los 350, no de los 350 menos uno, ni de los 350 menos los doce apóstoles. De todos. Así entenderíamos algunas cosas y las cuentas nos saldrían más claras, porque esto no cuadra. . No cuadra, señor Bravo. No me mire así. Es una cuestión de sumar y restar. Esto es muy facilito. El señor Feijóo declara unos ingresos y el señor Feijóo tiene unos gastos. Nos enteramos de que vive en el barrio de El Viso, uno de los barrios más exclusivos de Madrid ―unos 25 euros el metro cuadrado de alquiler, casi 30, casi 30―. Fíjese, lo he sacado consultando algunos portales ―por cierto, siempre aparecen en portales de lujo, de inmobiliarias de lujo―: el alquiler más barato, porque los he encontrado de hasta 8000 euros, el más barato es un piso en el barrio de El Viso de 5500 euros al mes de alquiler. ¡Pero si es que yo me considero una persona privilegiada, muy privilegiada, y esto no hay quien lo pague! O si no, a ver, expliquen los 350 diputados si podrían ustedes pagar un alquiler de 5500 euros al mes. ¡El más barato! ¡El más barato! . Así que la pregunta es ¿quién paga ese piso? ¿Quién lo paga? ¿Lo paga el señor Feijóo? ¿Lo paga el Partido Popular? Porque aquí tenemos diferentes versiones. En el año 2023, para justificar ese sueldo que le pagaba el Grupo Parlamentario Popular del Senado, se dijo que lo pagaba el Partido Popular. . En junio de 2026, en los pasillos el señor Feijóo dijo que lo pagaban él y su familia. A su familia no la hemos traído nosotros al debate, la ha traído él. Entonces, la pregunta es ¿quién es el propietario? ¿Es una empresa? ¿Es una sociedad? ¿Cuánto paga? ¿Paga precio de mercado? ¿Paga precio amigo? ¿A cambio de qué pagan el precio amigo? ¿Existe alguna relación profesional o empresarial entre la propiedad y el señor Feijóo? ¿Han consultado si a lo mejor es posible que haya un conflicto de intereses? Es que no lo sabemos. Todo esto sería tan fácil como ser transparentes y cumplir las leyes. Ustedes tienen una relación con la transparencia muy curiosa, muy curiosa. Para los demás, la lupa y para ustedes la persiana, la persiana. . Bueno, la persiana y las versiones. La persiana y las versiones, porque lo del caso de Ayuso, en cuanto a versiones y en cuanto a lo que ha hecho, vamos a decir que superarla es muy difícil, porque se ha pasado el juego. Es que, señorías, se han gastado 6,3 millones de euros de dinero público. ¿Qué menos que se pongan todos ustedes de acuerdo en qué narices han comprado y para qué lo han comprado? Porque si comprarlo fue una buena idea en el mes de abril, ¿para qué lo venden? Y si lo venden tres meses después, ¿para qué lo compran? . Es que las dos excusas, las dos versiones, no caben en ese ático, por muchos 485 metros cuadrados que tenga. Acabo. La transparencia se tiene que llevar puesta. La transparencia no consiste en cambiar de versión hasta encontrar una que nos encaje mejor. Es que eso no es transparencia, eso es ir probando contraseñas, como cuando uno viene de vacaciones. El jefe de la oposición no es un ciudadano particular normal. El jefe de la oposición es una autoridad institucional. Y encima, para más inri, el jefe de la oposición, en nuestro país, es el presidente del partido condenado por corrupción.

Montse Mínguez García PSC-PSOE

Así que la pregunta es muy sencilla, porque la pregunta no es por qué queremos saber tanto de Feijóo, sino que la pregunta es por qué el Partido Popular quiere que sepamos tan poco. ¿No lo están haciendo bien? ¿No es todo legal? ¡Hala!, volvamos al principio: al pan, pan, al Viso, Viso y que todos declaren su piso. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. Señorías, les tengo que hacer una confesión: en los casi once años que llevo en la Cámara va a ser la primera vez que suba a la tribuna sin traer una intervención escrita, y es que me gusta ser más o menos preciso en la expresión. Sin embargo, tengo que confesarles que he leído varias veces esta iniciativa y realmente me parece que es algo extravagante ―no lo digo peyorativamente― tanto en el fondo como en la forma. En cuanto a la forma, las PNL son un instrumento parlamentario de impulso y control del Gobierno, y aquí se nos trae una iniciativa que tiene materialmente el contenido de una especie de declaración institucional de la Cámara, porque se pide a la Cámara que sobre sí misma se manifieste sobre una voluntad. Tengo que decir que para hacer declaraciones institucionales en la Cámara se requiere la unanimidad. Si alguien considera que habría que cambiar la normativa, se trae por el grupo parlamentario que lo considere ―porque somos los que tenemos la iniciativa legislativa en la Cámara― una iniciativa. Pero no viene un grupo parlamentario sin traer una iniciativa de regulación, en su caso, del Reglamento. Tengo que recordar que, en un breve espacio de tiempo, hemos modificado tres veces el Reglamento a instancias del Grupo Socialista. Yo no sé si lo de aquí, a efectos dialécticos, tiene o no algún sentido, que creo que no lo tiene, pero ¿qué les ha pasado?, porque tres veces hemos traído esto y nunca se les ha ocurrido. En cuanto al fondo, no tiene sentido ―y es un bumerán para el prestigio de las instituciones― autoexigirnos un compromiso ―en todo caso, será a la Mesa― de que se cumpla el ordenamiento, o sea, que se cumpla el Reglamento y que se cumpla el código de conducta respecto a los diputados y las diputadas. Si no se cumple, la que tendrá que actuar es la Mesa y exigir el cumplimiento; no venir aquí y exigir a la Cámara que nos comprometamos a impulsar reformas para que se cumpla lo que ya está regulado. Por eso le decía que lo vemos, con el respeto debido, un poco extravagante y creemos que es un bumerán contra la actuación de las instituciones y, en este caso, de la Cámara, porque aquí lo que se está diciendo es que hay una laxitud en la exigencia del cumplimiento del Reglamento y del código de conducta. Porque hemos regulado bienes, actividades e intereses y hemos hecho modificaciones en este sentido. Con respecto al segundo punto, que dice que el Congreso se comprometa a promover reformas legislativas, el Parlamento no se puede comprometer a reformas legislativas. Esta Cámara puede tramitar y aprobar, o no, una iniciativa que traigan los grupos, en este caso, porque se trata del Reglamento, pero el Gobierno no puede tener iniciativa legislativa en cuanto al Reglamento, creo yo. Entonces, se nos dice: ostente o no la condición de miembro, que haya una declaración de bienes, actividades e intereses. Con respecto a los miembros ya existe el Reglamento. Si no se cumple, señora portavoz, lo que habrá que pedirle a la Mesa y a la Presidencia es que exijan el cumplimiento, y no venir aquí a pedir que declaremos que se cumpla. ¡Pues háganlo cumplir ustedes, que están en la Mesa! Por cierto, nosotros no estamos; ustedes sí están, y los titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia forman parte de su grupo parlamentario. Por otra parte, dice: promover reformas legislativas respecto al que sea líder de la oposición. Bueno, ¿quién es líder de la oposición? Vamos a ver, imagínense que el partido mayoritario en la Cámara tuviera una regulación orgánica como la nuestra, según la cual el presidente del partido no puede tener cargos públicos, ni parlamentarios, ni gubernamentales, ni de ningún tipo, y aquí hubiera un portavoz o una portavoz. ¿Quién sería el líder de la oposición en ese caso, el portavoz o el presidente? ¿Es razonable exigir el Reglamento de la Cámara y el código de buena conducta a alguien que no es miembro de la Cámara? Tendrá el reproche social que ustedes quieran, pero ustedes han venido aquí a hacer un reproche a un miembro de la Cámara que, en este caso, es portavoz y responsable máximo del Partido Popular. ¡Pues que se cumpla! Pero que vengan aquí con una suerte de declaración institucional... La verdad, creemos que, en este momento, hay cuestiones muchísimo más importantes que estas para plantearlas de esta manera tanto en el fondo como en la forma. No podremos dar el apoyo a esta iniciativa. Nada más y muchas gracias.

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Senyories, la transparència en política hauria de ser obligada per a tothom. Vostès mateixos diuen que els ciutadans tenen dret a disposar d’una informació veraç i completa. Però avui ens porten una iniciativa que, ja els ha dit el diputat Legarda, és surrealista en el fons i en la forma. I que consti que nosaltres no tenim cap problema a elevar els estàndards de transparència per als responsables polítics. Però per a tots. I si el que volen és parlar de transparència, parlem-ne. Perquè Junts per Catalunya fa molts anys que reclamem transparència. Transparència per saber què ha fet i què fan els governs i l’Estat espanyol. Una transparència que sovint incomoda tant a la bancada de la dreta com a la bancada de l’esquerra. I és aquí, senyories socialistes, on comencen les seves contradiccions. Perquè, què han fet vostès per revertir de veritat la cultura del secret d’Estat que arrosseguem des del franquisme? Amb vostès continua havent-hi moltes dificultats per desclassificar documentació. Amb vostès continuen havent-hi molts episodis de la nostra història esperant que hi posem llum. Per això nosaltres hem reclamat transparència reiteradament. Ho hem fet sobre els atemptats de l’agost del 2017, forçant una comissió d’investigació i reclamant aclarir l’abast de les relacions entre el CNI i l’imam Es-Satty, perquè les víctimes i la societat catalana també tenen dret a saber. Això també és transparència. Senyories socialistes, com ho és el que té a veure amb Pegasus. Saber qui va decidir espiar els representants independentistes. Qui ho va autoritzar? Amb quina cobertura? I amb quins recursos públics es va pagar? O amb l’operació Catalunya? Volem saber què van fer les clavegueres de l’Estat quan governaven els populars, però també què va passar després quan ja governaven vostès. I per posar un darrer exemple, des de fa uns mesos reclamem investigar els abusos i les morts durant el servei militar obligatori. Parlem de joves que estaven sota la responsabilitat de l’Estat espanyol i de famílies que dècades després encara intenten saber què va passar. Mirin, el dret a saber no el té només el ciutadà que vol conèixer el patrimoni i els interessos del cap de l’oposició. També el té una mare, un pare que fa 30 o 40 anys que intenten saber en quines circumstàncies va morir el seu fill mentre feia la mili. Això obliga a l’Estat a explicar‑se. També és transparència i saben que no és transparència el que fan vostès, senyories, el que fan els socialistes que setmana rere setmana voten amb el PP i VOX en contra de la creació d’una comissió d’investigació sobre les morts durant el servei militar. Mirin, l’any 2024, després de cinc dies de reflexió del president Sánchez per condicionar les eleccions al Parlament de Catalunya, el seu Govern va presentar el Plan de Acción por la Democracia. Trenta‑una mesures de regeneració democràtica, ens deien. Ja preveien llavors reformar el reglament de les Corts Generals en relació a les declaracions dels diputats i senadors. Parlem del 2024. Som al 2026. Què han fet durant aquests dos anys? Han culminat aquella reforma? I quina és la gran novetat que ens presenten avui? Només assenyalar específicament al cap de l’oposició, senyories socialistes, s’han d’esforçar una mica més i fer normes que vagin més enllà dels càrrecs a qui els ocupa. Perquè la transparència ho és per a tothom o deixa de ser un principi per convertir-se en una arma partidista. I una última consideració. Avui és gairebé obscè que el PSOE pretengui donar lliçons de transparència quan arrosseguen Koldo, Ávalos, Cerdán, Aldama, després Leire Díez i fins i tot el seu far moral, Zapatero. Un Zapatero que 180 dies després de trobar una caixa forta plena de joies, encara ens ha d’explicar d’on han sortit. És aquesta la seva transparència, senyories socialistes? No correspon a la política determinar si hi ha responsabilitats penals, però sí donar totes les explicacions. I sí que correspon al Partit Socialista aplicar-se a si mateix el nivell de transparència que exigeix als altres. Perquè quan tens la corrupció a casa teu, la transparència deixa de ser màrqueting i es converteix en una necessitat. Així que no ens demanin transparència a la carta. No pot haver-hi transparència quan només serveix per fiscalitzar l’oposició i opacitat quan serveix per fiscalitzar el seu partit als governs i a les estructures de l’Estat espanyol. Gracias, presidente. Señorías, la transparencia en política debería ser obligada para todo el mundo. Ustedes mismos dicen que los ciudadanos tienen derecho a disponer de una información veraz y completa, pero hoy nos traen una iniciativa que, ya lo ha dicho el diputado Legarda, es surrealista en el fondo y en la forma. Y que conste que nosotros no tenemos ningún problema en elevar los estándares de transparencia para los responsables políticos, pero para todos. Y si lo que quieren es hablar de transparencia, hablemos. En Junts per Catalunya hace muchos años que venimos reclamando transparencia; transparencia para saber qué ha hecho y qué hacen los Gobiernos y el Estado español; una transparencia que, a menudo, incomoda tanto a la bancada de la derecha como a la bancada de la izquierda. Y es aquí, señorías socialistas, donde empiezan sus contradicciones. Porque ¿qué han hecho ustedes para revertir de verdad la cultura del secreto de Estado que arrastramos desde el franquismo? Con ustedes sigue habiendo muchas dificultades para desclasificar documentación. Con ustedes sigue habiendo muchos episodios de nuestra historia esperando que arrojemos luz. Por eso, nosotros hemos reclamado transparencia reiteradamente. Lo hemos hecho sobre los atentados de agosto de 2017, forzando una comisión de investigación y reclamando que se aclare el alcance de las relaciones entre el CNI y el imán Es Satty, porque las víctimas y la sociedad catalana también tienen derecho a saber. Eso también es transparencia, señorías socialistas, como lo es aquello que tiene que ver con Pegasus, saber quién decidió espiar a representantes independentistas, quién lo autorizó, con qué cobertura y con qué recursos públicos se pagó. O, en la operación Cataluña, queremos saber qué hicieron las cloacas del Estado cuando gobernaban los populares, pero también qué sucedió después, cuando ya gobernaban ustedes. Y, para poner un último ejemplo, desde hace unos meses reclamamos que se investiguen los abusos, las vejaciones y las muertes producidas durante el servicio militar obligatorio. Hablamos de jóvenes que estaban bajo la responsabilidad del Estado español y de familias que, décadas después, aún intentan saber qué pasó. Miren, el derecho a saber no lo tiene solo el ciudadano que quiere conocer el patrimonio y los intereses del jefe de la oposición, también lo tienen una madre o un padre que hace treinta o cuarenta años que intentan saber en qué circunstancias murió su hijo mientras hacía la mili. Eso, obligar al Estado a explicarse, también es transparencia. ¿Saben qué no es transparencia? Lo que hacen ustedes, señorías, lo que hacen los socialistas, que semana tras semana votan con el PP y VOX en contra de la creación de una comisión de investigación sobre las muertes durante el servicio militar. En el año 2024, tras cinco días de reflexión del presidente Sánchez para condicionar las elecciones del Parlamento de Cataluña, su Gobierno presentó el Plan de Acción por la Democracia. Treinta y una medidas de regeneración democrática, nos decían. Ya preveían entonces la reforma de los Reglamentos de las Cortes Generales para forzar y mejorar la presentación de las declaraciones de bienes de los diputados y senadores. Hablamos del 2024. ¿Qué han hecho ahora, en 2026, año en que estamos, para esa reforma? ¿Se ha culminado? Y cuál es la novedad que nos presentan hoy, ¿solo señalar específicamente al jefe de la oposición? Señorías socialistas, tienen que esforzarse un poco más y hacer normas que vayan más allá de los cargos de quienes los ocupan, porque la transparencia, o es para todos, o deja de ser un principio y se convierte en un arma partidista. Una última consideración. Hoy es casi obsceno que el Partido Socialista pretenda dar lecciones de transparencia si nos fijamos en Koldo, Ábalos, Cerdán, Aldama y después Leire Díez, e incluso en Zapatero, que, 108 días después de que se le encontrara una caja fuerte llena de joyas, todavía nos tiene que explicar de dónde han salido. ¿Es esa su transparencia, señorías socialistas? No, no corresponde a la política determinar si hay responsabilidades penales, pero sí dar todas las explicaciones, y sí que corresponde al Partido Socialista aplicarse a sí mismo el nivel de transparencia que exige a los demás, porque, cuando tienes la corrupción en tu casa, la transparencia deja de ser marketing y se convierte en una necesidad. Así que no nos pidan transparencia a la carta. No puede haber transparencia cuando solo sirve para fiscalizar a la oposición y opacidad cuando sirve para fiscalizar a su partido, los Gobiernos y las estructuras del Estado.

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

I acabo, president. La veritable transparència és la que assumeix que els ciutadans tenen dret de debò, a saber també tot allò que incomoda als que ens governen. I aquesta és la transparència que defensem Junts per Catalunya. Moltes gràcies, president. Ya acabo, presidente. La verdadera transparencia es la que asume que los ciudadanos tienen derecho de verdad a saber también todo aquello que incomoda a los que nos gobiernan, y esa es la transparencia que defendemos en Junts per Catalunya. Muchas gracias. Gracias, presidente.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

President, senyories, senyora Mínguez. Són valents vostès, eh? Algú els va explicar que la millor defensa era un atac? No sé si va ser Iván Redondo o algun altre guru, però no sempre la defensa passa per un bon atac, sobretot quan l’atac, pot esdevenir un boomerang. Això ja li ho explicaran en el seu grup, segur. Però jo crec que avui s’han equivocat. Vostès s’han equivocat portant això. Primera, perquè, com deia, amb la seva elegància suprema el senyor Legarda, és una mesura, una proposició extravagant. Senyor Legarda, ha estat fi. Jo el que vull ser tan fi com senyor Legarda, diré peculiar, però podríem entrar en terrenys de adjectivació més dura i una reflexió prèvia. Vostè sap que la paraula transparència ha esdevingut en el món contemporani una mena de conjur i en molts discursos polítics, empresarials, tècnics es col·loca la paraula transparència com una mena de bena abans de la ferida. Som transparents i ja hem complert. No som transparents. I en el fons, la paradoxa, senyories, és que vivim una societat molt opaca. Més opaca que mai. I un exemple jo no és que vulgui portar l’aigua d’aquest hemicicle cap al mateix molí tot el matí, però és inevitable. Ens hem passat quinze dies preguntant al Govern d’Espanya si el Marroc havia tingut alguna participació en els fets de Ceuta. Transparència. Bé, hem arribat a la conclusió que no. Ahir el president del Govern d’Espanya va arribar a la necessitat de fer un tuit perquè es veu que els ciutadans som tontets i no som capaços de llegir els documents desclassificats per explicar-nos que, no, miri, això no és transparència i no és transparència que no hàgim aclarit la diferència entre un informe i una nota i una comunicación verbal entre el CNI i un cargo de menor rango de la Delegación del Gobierno. Per cert, un cap de gabinet de la Delegación del Gobierno no és un cap de menor rango. No accepto això. És una figura important. Home, per favor. Llavors vostès avui ens porten aquí una PNL que si no hi hagués tot això que estic explicant nosaltres, diríem «Bravo!» Perquè vull recordar novament que Esquerra Republicana és un partit que no té casos de corrupció. Serà que hem governat poc bé o som virtuosos, però no tenim casos de corrupció. Que vostès vinguin aquí a fer això és estrany perquè a més a més, ja sabem que el Partit Popular és el partit de la Gürtel. El partit de la Kitchen és el partit, en fi, de Naseiro i Palop per anar a la prehistòria ja sabem que és el Partit Popular, evidentment. Però vostès avui venen a fer oposició de l’oposició. Amb un exercici una mica, seguiré el senyor Legarda, peculiar i extravagant. I és curiós que facin aquest exercici d’oposició a l’oposició quan venim de casos que vostès tenen de corrupteles més o menys reals o no, però en tot cas, Ábalos. I altres Cerdán i altres. I després d’un estiu on vostès han patit i estan patint encara la disbauxa de la gestió per Ceuta. Per tant, podríem dir, senyora Mínguez, sense forçar gaire la màquina, que aquesta PNL és oportunista i que intenta crear una cortina de fum intentant fer un vestit a mida al senyor Feijóo, que no hi és. Però bé, jo el veig aquí, ben representat per il·lustres diputats del PP. Una dada, senyora Mínguez, la famosa llei de lobbys que el diputat Acebes, al qual saludo amb carinyo, havia portat. Ara vostès han convertit la llei de lobbys en un Reial Decret. Sí, per un imperatiu europeu, d’acord. Però aquest Reial Decret rebaixa l’ambició de la Llei de Lobbys. Per tant, ens estan venent aquí transparència i, el tio Paco con las rebajas. Bé, què hem de fer? Acabo, president. A Catalunya, per cert, hem fet la feina perquè com vostè sap, senyora Mínguez, a Catalunya tenim feina feta amb transparència i amb reglament de grup d’interès. Això existeix. Ara vostès arriben, com diuen aquí, a Madrid, tarde i mal a regular de manera oportunista la figura del senyor Feijóo. El senyor Feijóo té molts problemes, però la mesura de vostès no els arreglarà. Moltes gràcies. Presidente, señorías. Señora Mínguez, son valientes ustedes, ¿eh? Alguien decía que la mejor defensa es un ataque. No sé si fue Iván Redondo o de otro grupo, pero no siempre la defensa pasa por un buen ataque, sobre todo cuando el ataque ―lo siento― puede convertirse en un bumerán. Eso ya se lo explicarán en su grupo, seguro. Yo creo que hoy se han equivocado ustedes. Se han equivocado trayendo esto, primero, porque, como decía con su elegancia suprema el señor Legarda, es una proposición extravagante. El señor Legarda ha estado muy fino, y yo, que quiero ser tan fino como el señor Legarda, diré peculiar, pero podríamos adentrarnos en terrenos con terminología más dura. Una reflexión previa. Usted sabe que la palabra transparencia se ha convertido, en el mundo contemporáneo, en un tipo de conjuro, y en muchos discursos políticos, empresariales y técnicos se coloca la palabra transparencia como una suerte de venda antes de la herida. Somos transparentes, ya hemos cumplido, ¿no? Somos transparentes. En el fondo, la paradoja, señorías, es que vivimos en una sociedad muy opaca, más opaca que nunca. Un ejemplo ―no es que quiera llevar el agua de este hemiciclo al mismo molino cada día, pero es que es inevitable―: nos hemos pasado quince días preguntando al Gobierno de España si Marruecos había tenido alguna participación en los hechos de Ceuta. Transparencia. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que no. Ayer, el presidente del Gobierno de España llegó a la necesidad de hacer un tuit ―porque parece que los ciudadanos somos tontitos y no somos capaces de leer los documentos desclasificados― para explicarnos que no. Mire, eso no es transparencia. Y no es transparencia que no hayamos aclarado la diferencia entre un informe, una nota y una comunicación verbal entre el CNI y un cargo de menor rango de la Delegación del Gobierno. Por cierto, un jefe de gabinete de una Delegación del Gobierno no es un jefe de menor rango. No acepto eso. Es una figura importante. ¡Hombre, por favor! Entonces, ustedes hoy nos traen aquí una PNL que, si no estuviera todo eso que estoy explicando ahora, diríamos: ¡bravo! Quiero recordar de nuevo que Esquerra Republicana es un partido que no tiene casos de corrupción. Será que hemos gobernado poco, bueno, o que somos virtuosos, pero no tenemos casos de corrupción. Que ustedes vengan aquí ahora a hacer esto es extraño, porque además ya sabemos que el Partido Popular es el partido de la Gürtel, es el partido de la Kitchen, es el partido, en fin, de Naseiro y Palop, por irnos a la prehistoria. Ya sabemos lo que es el Partido Popular, evidentemente, pero ustedes, hoy, vienen a hacer oposición de la oposición; oposición de la oposición con un ejercicio un poco ―voy a seguir al señor Legarda― peculiar y extravagante, y es curioso que hagan este ejercicio de oposición a la oposición cuando venimos de casos que tienen ustedes de corruptelas más o menos reales o no. . Pero, en todo caso, Ábalos y otros, Cerdán y otros, y después de un verano donde ustedes han sufrido y siguen sufriendo aún el desastre de la gestión de Ceuta. Así que podríamos decir, señora Mínguez, sin forzar demasiado la máquina, que esta PNL es oportunista, intentando hacerle un traje a medida al señor Feijóo, que no está, pero me lo imagino y lo veo aquí bien representado por ilustres diputados del PP. . Un dato, señora Mínguez. La ley famosa de los lobbies del diputado Aceves, a quien saludo con cariño. Ustedes ahora han convertido la ley de lobbies en un real decreto. ¿Por un imperativo europeo? Sí, de acuerdo, pero este real decreto rebaja la ambición de la ley de lobbies. Por lo tanto, nos vienen aquí hablando de transparencia y viene el tío Paco con las rebajas. Bueno, ¿qué hay que hacer? Acabo, presidente. En Cataluña, por cierto, hemos hecho el trabajo, porque, como sabe usted, señora Mínguez, en Cataluña tenemos el trabajo hecho con transparencia y con el Reglamento de Grupos de Interés. Eso existe. Ahora llegan ustedes tarde y mal, como dirían en Madrid, para organizar de manera oportunista. El señor Feijóo tiene muchos problemas, pero lo que quieren hacer ustedes no los va a arreglar. Gracias.

Francisco Sierra Caballero SUMAR

Decía el bueno de Jesús Ibáñez que en nuestro sistema democrático se extrae habitualmente información de las bases para que las cúpulas inyecten neguentropía en forma de publicidad y propaganda. Saber y poder se muestran como dos caras de lo mismo. El saber extrae información y el poder inyecta neguentropía. En el caso de nuestro país, la oligarquía económica y la derecha política siempre han impuesto por doquier un régimen de ‘invisualidad’, un régimen de ocultamiento, incluidas las operaciones encubiertas contra nuestra democracia. En otras palabras, las derechas en España son de la hermandad del silencio, de la ilustración oscura, de la política del secreto y de las cajas negras. Pedirle transparencia al Partido Popular y a sus entusiastas costaleros de VOX es, como mínimo, un acto de fe. Viven en la penumbra del reservado, el susurro de los pasillos de los tribunales de justicia y la mística del destino manifiesto para ocultar lo que, desde Fernando VII, vienen haciendo la monarquía y sus cortesanos: robar y depredar sin descanso. Así que exigirles luz y taquígrafos es casi un atentado contra la subsistencia como especie en extinción, empezando por los Borbones, la peor plaga que ha asolado España. . Señorías de las derechas coaligadas, entiendo su incomodidad con esta PNL. Es difícil defender la patria por la mañana y tener que justificar las facturas por la tarde. Mejor el modelo Montoro, que es el que han seguido habitualmente desde la dictadura y los tiempos de Aznar hasta el presente: siempre ocultando el rastro del dinero. Lo irónico de la bancada de los ‘sobrados’ ―se entiende, de los sobres M. Rajoy― es que ustedes se vanaglorian de ser constitucionalistas, pero a la hora de que se tomen iniciativas de salud democrática, de reforma, están sistemáticamente en contra. Estamos de acuerdo en que la PNL que presenta el PSOE es ciertamente un intento menor. Se ha calificado por muchos portavoces en este sentido; yo añadiría otro elemento: extemporánea. La próxima semana hemos de validar el decreto de grupos de interés y avanzar en el Plan de Acción por la Democracia. Sería, señorías ultramontanas, una buena ocasión para una suerte de aggiornamento. No sé si conocen el fenómeno «farmear el aura». En tiempos de simulación, de postureo, de la era Instagram, en tiempos de filtros y de producción artificial de la inteligencia generativa, en las calles se disputa la exigencia de autenticidad; del trumpismo a la búsqueda de lo verdadero. Y ustedes parece que no quieren enterarse: siguen falseando currículos ―ya lo de Moreno Bonilla da vergüenza ajena, de posgraduado a tener solo un taller de protocolo― y han tenido que hacer dimitir a algún que otro cargo público por inventarse méritos inexistentes como posgrados por la Universidad de Oxford en Pozuelo de Alarcón. En fin, a falta de capital simbólico se inventan y registran en esta Cámara títulos que no existen y, cuando se trata de dar cuenta de su capital económico, de su patrimonio, silencio y ocultación. Y, a falta de razonamiento, ataques ad hominem; la política del señalamiento. En fin, señora Mínguez, la lógica que ha prevalecido en nuestro sistema político, como la ley mordaza o la regulación de secretos oficiales, es la de la opacidad. El Plan de Acción por la Democracia tiene pendientes muchas medidas de mejora en esta dirección, que podrían haber presentado. Por señalar algunos: regulación de la publicidad institucional, la información sobre propiedad y accionista de los medios, el plan de gobierno abierto, la participación ciudadana, el derecho de petición, el desbloqueo de las cajas negras en políticas públicas, por no señalar los contratos de defensa con Israel o de algunas instituciones del Estado en ciencia y tecnología. Tenemos la obligación de fomentar una cultura de la información accesible y agilizar los cauces para ofrecerla frente a la opacidad y cierta tradición arbitraria en el manejo de información del dominio público. Pero lo han dicho otros portavoces en el uso de la palabra: se trata de cumplir las normas de que nos hemos dotado, y si no se cumplen, sancionar. Nosotros vamos a seguir defendiendo como grupo parlamentario libertad, responsabilidad y sanción como garantía contra los liberticidas que minan sistemáticamente la confianza de la población. Así que solicitamos al Grupo Socialista un poco de congruencia. No es justificable avanzar con reformas como proponen en esta PNL y no regular aspectos sustanciales como la información del Banco de España, por poner un ejemplo muy elemental. O la siempre postergada reforma de los secretos oficiales. Sean leales con el principio de la palabra verdadera y del buen gobierno. Y ustedes, señorías del PP, hágannos un favor: voten en contra de la PNL, se lo ruego. Sean fieles a su modus operandi, no se desorienten. Ustedes, siempre en blanco y negro, enredados en maniobras orquestadas en la oscuridad, en el golpismo, y no cambien ahora el relato, que con tanto cambio y desorientación ya sus portavoces no saben qué decir y a qué atenerse. Al fin y al cabo, ustedes de popular solo tienen el nombre, están en contra de la gente y la gente tiene las ideas muy claras: quieren más democracia , mayor transparencia de sus representantes, garantías en el cumplimiento de las obligaciones, fiscalización social de los diputados, calidad democrática. En suma: Parlamento abierto, transparencia, contundencia y ejemplaridad. Pues eso, a cultivar, si pueden, el aura para garantizar la confianza de la ciudadanía. .

Emilio Jesús Del Valle Rodríguez VOX

Con la venia de la Presidencia. Señorías, lo primero que tengo que decir es que coincido con el señor Legarda en que esta proposición no de ley no hay por dónde cogerla, ni en cuanto a la forma ni en cuanto al fondo. De la intervención de la portavoz del Grupo Socialista ha quedado claro que lo único que pretenden es, de alguna forma, abrir un debate sobre quién paga el alquiler del piso en el que vive el señor Feijóo. Y para eso han hecho nada más y nada menos que una proposición no de ley en la que se insta al Congreso y no al Gobierno ―repito, como apuntaba el señor Legarda―, que a mí no me cabe en la cabeza ni cómo ha sido admitida a trámite; pero, en fin... . En la exposición de motivos de la proposición no de ley se dicen cosas relativas a la transparencia con las que estamos todos de acuerdo. Dice: «La transparencia se ha convertido en las últimas décadas en un elemento fundamental para medir la calidad de una democracia». «La transparencia permite que la ciudadanía conozca cómo se gestionan los recursos públicos y cómo se adoptan las decisiones que les afectan, lo que fortalece la confianza de la sociedad en las instituciones». «La transparencia, a su vez, impulsa la participación ciudadana en los asuntos públicos». «El acceso a información veraz y completa permite que los ciudadanos formen una opinión fundamentada, intervengan en los procesos de toma de decisiones y ejerzan sus derechos de manera más efectiva». Miren, señorías, que el partido mayoritario en la formación del Gobierno más opaco de la historia democrática española hable de transparencia en estos términos clama al cielo. . Señorías, este Gobierno nombró en el año 2020 presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a José Luis Rodríguez Álvarez, el cual ha desempeñado el cargo hasta marzo de este mismo año, del 2026, y lo fue con el rechazo unánime de todo el sector afectado. La mayoría de las asociaciones protransparencia valoraron negativamente el nombramiento de una persona, de un órgano que tiene que controlar al Gobierno, con vinculaciones políticas previas y sin experiencia relevante en la materia. Así se recogió en todos los medios de comunicación y se puso en duda su independencia y objetividad. Este señor lo primero que hizo, a la semana de haber jurado y tomado posesión del nombramiento, fue dirigirse al Palacio de la Moncloa. Se reunió con la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y, a continuación, se reunió con Félix Bolaños, a la sazón secretario general de Presidencia del Gobierno y uno de los hombres de máxima confianza del presidente Sánchez. A los tres meses de su nombramiento cesó a Esperanza Zambrano, que era la subdirectora de reclamaciones del Consejo, y nombró en su lugar a una persona de la confianza del señor Bolaños. Resulta que la señora Zambrano lo único que había hecho era trasladar al Gobierno que informara de los viajes en Falcon del presidente del Gobierno y que informara sobre quiénes integraban el famoso comité de expertos que asesoraba al Gobierno en la pandemia del COVID. Seguimos sin saber qué había en las maletas de Delcy; no sabemos de dónde han salido las joyas de Zapatero; no se ha facilitado información sobre los gastos de los viajes de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y su comitiva a festivales y premios de cine; desconocemos el coste de las vacaciones de Sánchez en la Mareta y cuántos parientes y amigos, como Calleja, se hospedan allí con ellos a costa de todos los españoles. . Tampoco informan de cuando disfruta las vacaciones en Doñana. Eso sí, de Doñana al menos sabemos que consume productos de cercanía, como jamón de jabugo, langostinos de Sanlúcar, gambas de Huelva, a costa de todos los españoles. . No sabemos cuántos vuelos han hecho el presidente del Gobierno y su cónyuge en los Falcon, ni su destino ni su justificación. No sabemos ―porque se niegan― qué retribuciones cobra el personal directivo y el directivo de Radiotelevisión Española, número de colaboradores, coste de la producción externalizada, etcétera. ¿De qué presumen ustedes? ¿De qué transparencia presumen ustedes? Ustedes ahora dicen: somos transparentes y feministas porque somos socialistas, como el señor Ábalos. . Y este señor, este sí era un experto en transparencias: le encantaban las transparencias de los picardías de las prostitutas que pagaba con las mordidas de la corrupción. . ¡Qué cinismo, señorías, qué cinismo!

Emilio Jesús Del Valle Rodríguez VOX

Son un gobierno de la mafia y, además, corrupto. Nada más. Muchas gracias. .

Ángel Ibáñez Hernando PP

Buenos días, señorías. Se reunió un conclave de sesudos socialistas para presentar alguna iniciativa a este Pleno y mejorar la vida de los españoles, pero, ante la lluvia de casos de corrupción, de condenas que les están asolando, idearon una estrategia brillante: vamos a desviar la atención y presentar una proposición no de ley que vaya directamente contra Feijóo. Dicho y hecho: la escriben, pero la verdad es que no la debió de redactar el lapicero más afilado del estuche socialista, , porque los servicios de la Cámara se la tiraron para atrás y tuvieron que hacer otra vez una nueva. Y en esta eliminan nombres, pero mantienen el objetivo político, que no es otro que el de transformar una insinuación en una norma ad hominem y tratar así de desviar la atención de todo lo que está ocurriendo en España. Esta es la génesis del debate que tenemos ahora. Les preocupa una vivienda concreta, pero les dan igual los miles de jóvenes en España que no pueden acceder a una vivienda porque los están dejando tirados. .Si quisieran hablar de transparencia y de su impulso, contarían con nuestro apoyo, pero esta es la legislatura de la no transparencia. Y para mostrar algunos ejemplos, les contaré algunas cuestiones. En los antecedentes del proyecto de ley de integridad pública, el intento por hacer una gran ley de regeneración democrática y anticorrupción, hay documentos que se le han ocultado al Congreso. El dictamen del Consejo de Estado certificó que el Gobierno les había enviado unos documentos, pero al Congreso no. Y nosotros nos hemos visto obligados a hacer una solicitud expresa de esa información porque no nos la están entregando. . ¡Cumplan la ley, señora Mínguez! ¡Cumplan la ley! . Otro ejemplo: el proyecto anticorrupción del Gobierno ―que es la ley de prevención de blanqueo de capitales― ha empezado su audiencia pública, pero han colgado el texto a pelo, sin memoria explicativa, y de nuevo nos hemos visto obligados a presentar una solicitud expresa en esa memoria. ¡Cumplan la ley, señora Mínguez! ¡Cumplan la ley! . Un último ejemplo: en la mesa del Congreso hemos tenido que protestar porque tenemos 156 solicitudes de información y documentación, y, de todas ellas, más de cien están sin atender; dos de cada tres están sin atender. Y nosotros tenemos que pedir amparo a la Mesa. Señora Mínguez, ¡cumplan la ley! ¡Cumplan la ley! . A pesar de todo, tienen el cuajo de pedir transparencia. Pero ¿cómo entiende la transparencia el Grupo Socialista? ¿La transparencia del puesto de trabajo del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz? . ¿La transparencia a la que fue sometida la tarjeta de datos del teléfono del fiscal general del Estado? . ¿La transparencia de la declaración de bienes de Zapatero cuando dijo que sus joyas no tenían ni uso, ni destino, ni afán patrimonial? . ¿La transparencia, como se decía aquí, de esa ropa que Ábalos regalaba a sus amiguitas, comprada con presuntas mordidas de contratos cuando era ministro? ¿O la transparencia de las aguas de La Mareta, en las que chapoteaba Sánchez mientras invadían Ceuta 70 000 personas? . ¿Y qué me dicen de la transparencia de un secretario general del Partido Socialista al que no le consta si sus primarias fueron financiadas con dinero procedente de las saunas y la prostitución? ¿Es eso transparencia también, señora Mínguez? ¿Es transparencia? . España atraviesa una situación crítica, una cesta de la compra disparada, vivienda inaccesible para todos nuestros jóvenes; falta sangrante de inversión en las infraestructuras; servicios públicos completamente deteriorados; los médicos en huelga, los peores datos en los informes PISA de educación; un gobierno que está asolado por los casos de corrupción; una vergonzosa falta de nuestra soberanía nacional y un Consejo de Ministros que está plagado de indolentes, de incapaces, de mentirosos y que están a años luz de lo que un país como España merece. Y, mientras tanto, lo que a ustedes les ocupa resulta que es traer una iniciativa de chiste, una huida hacia adelante que no lleva a ninguna parte. Si pretendían legislar contra alguien, yo creo que, con esta iniciativa ―y se lo han dicho bastantes grupos en la Cámara― van a dejar más claro que nunca que son ustedes los que tienen mucho que esconder. La decencia, señora Mínguez, no es de izquierdas o de derechas, pero da la casualidad de que una parte de la izquierda en nuestro país ni la tiene ni se la exige a sus amigos. Y, por cierto, el Partido Popular es el partido de la gente, y es popular; los que tienen que cambiarse de nombre son SUMAR, que están en la fase de restar. . Hoy, España necesita más que nunca una política y un gobierno decente. Alberto Núñez Feijóo va a dárselo. Así que, por favor, dejen de hacer el ridículo, entreguen las joyas y den la voz a los españoles para que otros se ocupen de lo que de verdad importa a este país. .

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

Muchas gracias. Desde la llegada del Partido Socialista al Gobierno en el año 2018, los españoles son cada día más pobres, y ello a pesar de todos los fuegos artificiales y todo el marketing que el Gobierno intenta lanzar para tratar de ocultar esta realidad, para vendernos una realidad paralela que no coincide con la que se vive en las calles. Desde que ustedes gobiernan, señores socialistas, los salarios reales en España han caído un 3,2 % entre el año 2018 y el año 2025. No es que no hayamos crecido, o que hayamos crecido poco, es que estamos perdiendo poder adquisitivo. El 75 % de los españoles cobra dos veces el SMI o menos; repito, el 75 % El nivel de empobrecimiento de España es brutal, nos encontramos con una España en la que el salario modal ―es decir, el salario más frecuente (muestra un gráfico)―, ronda los 16 000 euros. ¿Cómo puede cualquier español pretender construir una vida, un futuro, ganarse el pan y formar una familia cuando el salario más frecuente de España son 16 000 euros? . Esta es la España que ustedes nos están dejando. El ministerio ha publicado recientemente datos. El ingreso mínimo vital ha llegado a 894 000 hogares; 128 000 hogares más que en agosto del año pasado. Son 128 000 hogares más que el año pasado los que han tenido que recurrir al ingreso mínimo vital para poder subsistir. El nivel de empobrecimiento de España es brutal. En España 2,7 millones de personas tienen que recurrir al ingreso mínimo vital; 390 000 personas más que en agosto del año pasado. El deterioro económico que están padeciendo los españoles por causa de sus políticas es terrible. Está demostrado que todo lo que ustedes están haciendo les va mal a los españoles, no funciona. Cada día somos más pobres; cada día el futuro de los españoles es más oscuro. El de los españoles, porque, sin embargo, hablando del ingreso mínimo vital, en provincias como Almería, Teruel, Gerona, Lérida, Tarragona, Álava o Guipúzcoa el número de beneficiarios extranjeros del ingreso mínimo vital fue superior al de los españoles. Mientras que los españoles cada día son más pobres, nos encontramos con esa dicotomía en la que para los de aquí no hay nada y para los de fuera lo hay todo. . Sin ir más lejos, solo el Ministerio de Inclusión gastó en sus políticas migratorias, para el último ejercicio, 1000 millones de euros directamente en inmigración. Además, todos los ministerios tienen partidas directamente relacionadas para el pago de ONG que se dedican directamente a la trata de seres humanos, que es lo que ahora llaman ayudas a la inmigración. Entre 2018 y 2025, desde que ustedes gobiernan, han entrado en España 7,8 millones de inmigrantes; 7,8 millones de personas. . ¿Qué es mentira?, ¿qué es mentira? Estos son datos oficiales del Gobierno: 7,8 millones de personas han entrado en España desde el año 2018. Mientras tanto, vemos que nuestros jóvenes tienen que ir a buscarse un futuro mejor fuera de España. Mientras tanto, vemos como las salas de urgencias de nuestros hospitales públicos están absolutamente saturadas, porque no se puede atender a toda África en España. . Mientras tanto, vemos como los colegios de España, la educación pública, cada día sufre un deterioro mayor. Cada día vemos como es más frecuente la exigencia del menú halal, cada día vemos como es más frecuente la exigencia de una educación específica de la lengua árabe o de cultura árabe en las escuelas de España, pagadas con los impuestos de los españoles. . Si hacemos un análisis específico ―porque ya veo que dicen ustedes que es mentira― de la concesión de ayudas a la vivienda, la Comunidad de Madrid es un ejemplo; por cierto, muy de la fruta esta comunidad. La lista de excluidos definitivos por agotamiento del presupuesto deja fuera a Almudena, María, Raquel, María Victoria, Cristina, Lorena, María Dolores, Alejandro, Joaquín, Sara, Ángel. Para ellos no hay presupuesto: excluidos definitivos. Sin embargo, entre los admitidos definitivos están Jacqueline Paula, Desiré Carmen, Milton Enrique, Otman, Fátima, Imane, Hansa, Riquía, Daimara, Samira, Yacine. Para ellos sí hay presupuesto. Mientras, desde que ustedes gobiernan, los españoles han sufrido más de 140 subidas de impuestos y creaciones de nuevas figuras tributarias; repito, 140 subidas de impuestos. Vivimos en la España... . Estos son datos del Ministerio de Hacienda; si alguien miente, será el Ministerio de Hacienda. Son 140 subidas de impuestos o creación de nuevas figuras tributarias. Vivimos en la España que más impuestos ha recaudado de la historia. A pesar de que los españoles son cada día más pobres, a pesar de que cada día hay una menor renta media real, a pesar de que el sueldo más frecuente en España son 16 000 euros, a pesar de eso, ustedes cada día recaudan más. Ustedes cada día gastan más en inmigración, en chiringuitos inimaginables que ya hemos leído aquí. : La Asociación de Jueces de Mozambique, la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca…

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

En definitiva, lo que nosotros les traemos es una propuesta para rebajar radicalmente los impuestos… .

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

… y para darle un giro de ciento ochenta grados a la política nacional para que España vuelva a ser y a garantizar el futuro y las raíces de los españoles. Muchísimas gracias.

Carlos Martín Urriza SUMAR

Muchas gracias. Decía Emilio Romero ―un correligionario suyo, señor Figaredo― que las derechas trabajan para las doscientas familias más ricas del país, pero como eso no da suficientes votos para ganar unas elecciones, tienen que mentir. Esta moción y lo que ha contado usted en esta tribuna es un magnífico ejemplo de ello, es un rosario de mentiras. La primera mentira que ha dicho usted, señor Figaredo, y que pone en la moción, es que este Gobierno ha provocado un empobrecimiento generalizado de los españoles. Los datos, señor Figaredo, dicen exactamente lo contrario. Según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, desde 2018 ha bajado la población en riesgo de pobreza y la población en carencia material y social severa, ha disminuido también el número de hogares con baja intensidad laboral y también se ha reducido la desigualdad en la distribución de la renta. El motivo de esta mejora es que la renta disponible de los hogares, después de pagar impuestos y de recibir prestaciones del sector público, ha crecido un 9,4 % entre 2018 y 2025 en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación. ¿Y cómo se ha producido este importante aumento de la renta de los hogares? Todos los ciudadanos lo saben, excepto ustedes que están instalados en la mentira. Ha sido posible gracias a una intensa creación de empleo y a una mejora de la calidad del empleo. Hoy hay en nuestro país 3,4 millones de personas más trabajando que en 2018. Hemos alcanzado un récord de empleo con 22,7 millones de ocupados. El desempleo ha bajado en casi un millón de personas al tiempo que nuestro mercado de trabajo se ensanchaba. La tasa de paro ya está por debajo del 10 %. Ya no somos el país de la Unión Europea con la tasa de desempleo más alta. Asimismo, se ha desplomado la temporalidad en el sector privado. La mitad del empleo creado se localiza en ocupaciones con un salario por encima del salario medio. El salario mínimo ha aumentado un 66 %. Además, hemos protegido el poder adquisitivo de las pensiones e incrementado el poder de compra de las pensiones mínimas, de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital. Todo esto es lo que ha aumentado el ingreso de las familias y reducido la pobreza de nuestro país. La segunda mentira que dicen ustedes es que defienden a las familias y que, para defenderlas, les van a bajar los impuestos; pero tampoco es cierto. Señor Figaredo, cuando este Gobierno ha aprobado paquetes de medidas para bajar los impuestos a los hogares, para bajarles el IVA de los alimentos, de la electricidad, del gas o los impuestos sobre la gasolina y el gasóleo, ustedes han votado sistemáticamente en contra. Cuando el Gobierno ha propuesto que contribuyan más los que más tienen, ustedes siempre se han opuesto. Votaron en contra del impuesto a las grandes fortunas. Votaron en contra de los gravámenes extraordinarios a la banca y a las energéticas y de establecer una tributación mínima del 15 % a las grandes empresas y multinacionales. Ese es su modelo fiscal, señor Figaredo: menos impuestos para los de arriba y mentiras fiscales para los de abajo. . La tercera mentira de su moción es que los inmigrantes son responsables de los alquileres abusivos, de las listas de espera en sanidad y de las malas condiciones de trabajo. Ustedes señalan constantemente a los inmigrantes porque necesitan desviar la atención de los verdaderos responsables, pero los ciudadanos saben perfectamente que los alquileres abusivos no los ponen los inmigrantes. Los ponen los grandes rentistas, los fondos buitres, las inmobiliarias y las SOCIMI. Y las listas de espera de la sanidad pública las provocan ustedes en las comunidades autónomas donde gobiernan, porque encarecen la sanidad pública desviando recursos a la cuenta de resultados de Quirón y compañía. . La pérdida de poder adquisitivo de los salarios pactados en los convenios colectivos no la provocan los inmigrantes, la provocan los patronos mediante una doble mordida a los salarios: apropiándose primero de la productividad del trabajo y, después, con precios abusivos cuando el salario se gasta en el supermercado. Ustedes, señorías de VOX, están especializados en la innoble tarea de descalificar y culpar a las personas débiles de los abusos de los poderosos. Su estrategia es siempre la misma: enfrentar a quienes viven de su trabajo para tapar el abuso de quienes se apropian de él. Y termino con su propuesta fiscal, que no es populista, señor Figaredo. Ustedes han abierto un nuevo género, el de la economía fantástica. Su reforma del IRPF supondría un recorte de los ingresos de 43 000 millones de euros.

Carlos Martín Urriza SUMAR

Con ese recorte, habría que terminar con gran parte de nuestro estado de bienestar. Lo dicho, se trata de una economía fantástica basada constantemente en mentiras, mentiras y mentiras, que es en lo que ustedes están especializados. Gracias. .

Obdulia Taboadela Álvarez PsdeG-PSOE

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, iba también a rebatir al señor Figaredo con unos cuantos datos, pero mi compañero del Grupo SUMAR lo ha hecho con una precisión y profesionalidad apabullantes, así que simplemente voy a decirle que la llegada de la ultraderecha a este país no ha hecho más que empeorar este país. El discurso que ha hecho el señor Figaredo hoy en las Cortes Generales hubiera sido imposible sin esa presencia de la ultraderecha, que hace del racismo, de la exclusión y de la desigualdad sus señas de identidad. ¡Qué pena! . ¡Qué pena, señor Figaredo! ¡Qué pena! Efectivamente, ustedes fabulan un país que no existe y lo hacen porque, para que a ustedes les vaya bien, necesitan que todo parezca que va mal. A lo mejor el problema no es España, señores de VOX y del Grupo Popular, a lo mejor el problema es su proyecto político. Díganle la verdad a ese trabajador nacional, al que quieren enfrentar con el trabajador extranjero: que la mejor forma de mejorar las condiciones sociales, laborales y vitales de la clase media y trabajadora es una política fiscal progresiva y una política económica socialdemócrata. Díganselo porque esa es la verdad. O si no, comparen esa política socialdemócrata con lo que ustedes, señores de VOX, dicen en su programa: recortes de más de 64 000 millones de euros en recaudación fiscal y una auténtica motosierra para la Administración del Estado. . ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo van a mejorar la vida de las personas reduciendo la recaudación fiscal en más de 64 000 millones de euros? ¿Cómo van a mejorar la vida de la gente haciendo de la motosierra su arma para, supuestamente, mejorar el funcionamiento de la Administración del Estado? Señores de VOX y del Grupo Popular, rebajar los impuestos sin perjudicar el bienestar es un auténtico oxímoron. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cómo aplicarían ustedes la motosierra en Ceuta? Cuando dicen que sobra Estado, ¿qué Estado, señorías del Grupo Popular y de VOX, sobra en Ceuta? ¿Sobran policías? ¿Sobran guardias civiles? ¿Sobra personal sanitario? ¿Sobran profesores? . ¿Sobran funcionarios que hacen expedientes? ¿Sobra el Ejército? Todo eso, señor Figaredo, señores de VOX y del Grupo Popular, se paga con impuestos y, si quieren reducir los impuestos, a ver cómo supuestamente mejoramos la vida de la gente. . Ese no es el plan de los socialistas. Y no es el plan de los socialistas, porque los socialistas y los progresistas pensamos que el Estado hay que conservarlo porque es el patrimonio de los que no tienen patrimonio. Por eso, vamos a seguir trabajando en una política fiscal y en una política progresista económica que realmente mejore las condiciones de la vida de los trabajadores y las trabajadoras de este país, que, por cierto, claro que tienen que mejorar, pero no en el sentido que lo hacen ustedes. Es completamente mentira lo que están diciendo. Su política fiscal es de un partido de rentistas, que se enteren los ciudadanos, no de un partido que vaya a repartir nada entre la clase media y la clase trabajadora. . Por eso, señores de VOX y del Grupo Popular, no al odio, no a los recortes, no a las falsas promesas, no a los cantos de sirena. Parece que ustedes necesitan una España enfadada, una España dividida, una España convencida de que el problema siempre está en el vecino, pero nosotros no vamos a aceptar esa España. No vamos a aceptar esa España porque no es nuestro país. Nuestro país, España, está hecha de muchas Españas, de muchas historias. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros: que ustedes necesitan dividir España para explicar problemas y nosotros lo que queremos seguir haciendo es unirla para resolverlos. . No conviertan el malestar en odio. No destruyan la convivencia. Quiero mandarles un mensaje a los ciudadanos y ciudadanas: nunca deberíamos regalar nuestro desacuerdo a quien quiere convertirlo en odio. ¿Saben por qué? Porque el odio nunca mejora un salario. El odio no construye una vivienda. El odio no abre un hospital. El odio no crea plazas en las escuelas. El odio tampoco aumenta las pensiones. El odio lo único que hace es que personas que deberían tener intereses comunes se sientan no reconocidas en ese proyecto común. Y ahora sí termino, señorías. Bajo el diapasón para decirles que es mi última intervención en esta Cámara. Me despido cordialísimamente de todos y de todas ustedes. Ha sido un honor estar aquí y un privilegio representar a los ciudadanos y defender las ideas en las que creo. Les pediría un último favor: no dejemos de reconocernos unos a otros. . Miro a esta parte de la Cámara porque nos lo creemos más. Lo mejor de España siempre lo hemos hecho juntos y lo hemos hecho además con corazón, corazón en el sentido clásico, el mismo que tiene la etimología de la palabra cordialidad, la palabra concordia, la palabra acuerdo, la palabra recuerdo. Todo eso nos define. Por eso, señorías, cuiden esta Cámara y, sobre todo, cuiden el país que esta Cámara representa con mucho corazón. Muchísimas gracias. .

María Mercedes Fernández González PP

Muchas gracias, señor presidente. Traemos hoy a análisis del Pleno una iniciativa donde se plantea como cuestión fundamental el empobrecimiento que vivimos los españoles, y en el Grupo Popular no podemos estar más de acuerdo: el Gobierno se enriquece y los españoles nos empobrecemos, sin ningún género de dudas. . Hay otra cuestión, señorías, que llama poderosamente la atención. Parece que el Gobierno ―por cierto, ausente casi de forma permanente de esta Cámara― iniciase su andadura, parece que llevase ocho meses gobernando. No, no, son ocho años de gobierno y con un Gobierno a la deriva, un Gobierno dividido y que no da soluciones a los españoles. Ese es el triste balance que ustedes pueden presentar después de ocho años. Claro, hablamos de políticas progresistas, señoría, y yo me pregunto: ¿es progreso que España sea el país de la Unión Europea con una mayor tasa de pobreza infantil y que un Gobierno progresista no haga nada para combatir ese extremo? Esos progresos no los queremos, ¡no los queremos! . Señorías, se hablaba aquí de calidad en el ámbito laboral, y nosotros nos preguntamos: ¿es calidad que existan tantos trabajadores fijos discontinuos con pretensiones por parte de la señora vicepresidenta de que sean de carácter fijo, que no lo son? Lo que tienen es un derecho preferente de llamamiento. Y nosotros nos preguntamos: ¿las facturas son discontinuas? ¿Las hipotecas son discontinuas? ¿El alquiler de los españoles es discontinuo? Llevar la crisis como ustedes la llevan es querer engañar a los españoles, con una crisis de Gobierno que no da respuestas a la ciudadanía. . Se ha dicho aquí en anteriores intervenciones, si hay un problema fundamental — y lo digo para los coleccionistas de datos— que en el año 2018 ocupaba la preocupación número 18 de los españoles es la vivienda, pero hoy ustedes han tenido la fortuna de darle protagonismo y que sea inalcanzable la adquisición de vivienda y también el pago de alquileres. ¿Eso es un Gobierno progresista? ¡Pues tampoco lo queremos, señorías, tampoco lo queremos! El señor presidente de Gobierno presentó el otro día una plataforma de viviendas disponibles. Tenemos un déficit de 800 000 viviendas en este país ―no lo dice el Partido Popular, lo dice el Banco de España― y ha presentado 800 viviendas disponibles. Si no fuese serio, sería una broma de mal gusto. Y les voy a poner un ejemplo más: en Gijón, mi ciudad, con 270 000 habitantes, han presentado 18 viviendas disponibles. ¿Ese es el portal del señor Sánchez? Como todo lo suyo: trampa y cartón piedra, señorías. . Otra pregunta que nos deberíamos hacer es: con tantos impuestos que pagamos, ¿tenemos mayor calidad en la prestación de los servicios públicos? Les voy a poner un ejemplo paradigmático: la prestación por ferrocarril que tenemos los españoles. A algunos, los trenes no nos entran ni por los túneles, como es el caso de Asturias y Cantabria, ¡llevamos esperando siete años a que hagan ustedes un proyecto nuevo! Pero es que a los que sí les entran los trenes por los túneles, llegan tarde o no llegan. Esa es la calidad de servicios públicos que, con tantísimos impuestos que pagamos, ofrece el Gobierno socialista y de SUMAR. Señorías, siendo muy importante, importantísimo, lo económico, lo que necesitamos es tener un Gobierno decente; un Gobierno de menos discursos, de menos pancartas y de más soluciones. Pero ese Gobierno ya no será el de Pedro Sánchez. Ese Gobierno decente, señorías, estará liderado por Alberto Núñez Feijóo tan pronto como ustedes se atrevan a tocar la campanilla, convocar elecciones limpias y que los españoles vayan a las urnas a depositar la papeleta que, sin ningún género de duda, señorías, ¡será popular!

Cristina Agüera Gago PP

Vicepresidente, señorías, el Gobierno de Sánchez anunció que esta sería la legislatura de la vivienda y lo ha sido, sí, pero muy a nuestro pesar, por el fracaso absoluto de sus políticas intervencionistas e ideológicas. Ha habido diecinueve barómetros del CIS consecutivos — diecinueve— que han situado la vivienda como el principal problema, la principal preocupación de los españoles. Y no pueden decir que no estaban advertidos, los resultados estaban ahí y están aquí. También las soluciones del Grupo Popular para cambiar el rumbo. Pero han preferido anteponer su ideología y bloquear nuestras propuestas aquí en la Mesa del Congreso presidida por la señora Armengol. Ustedes desprecian al Parlamento y desprecian esta democracia. Esta ha sido una legislatura perdida para la vivienda. Después de ocho años del señor Sánchez, el problema no es que eso siga ahí, es que cada vez es más grave. Los hechos son incontestables. La oferta de alquiler ha caído en picado. Los precios cada vez son más altos. No hay vivienda disponible. Y los jóvenes son los grandes perjudicados; no pueden emanciparse y están retrasando su proyecto de vida porque no pueden independizarse. Y luego está esa complicidad hipócrita que el señor Sánchez pretende mostrar con los jóvenes, intentando aparentar que los entiende y hablando de ‘farmear aura’. Pero los jóvenes no necesitan anuncios, los jóvenes necesitan viviendas, porque no se puede presumir de estar al lado de los jóvenes mientras las políticas de su Gobierno les hacen cada vez más difícil, casi imposible, poder independizarse y, por tanto, construir libremente su futuro. Menos tiktoks, menos anuncios y más vivienda para los jóvenes. . ¿Cuántas viviendas han construido? Y yo no hablo de los 184 000 pisos prometidos a bombo y platillo en campaña electoral, que luego nunca existieron. ¿Saben qué sucede? Que a estas alturas la propaganda ya no les sirve, porque los españoles conocen perfectamente su gestión. Y ahora, ocho años después ―lo decía mi compañera―, salen a presentar un portal con una oferta de 700 pisos para toda España cuando arrastramos un déficit acumulado de 800 000 viviendas. Un teléfono público, un portal público, pero ¿y las viviendas? Ante esa realidad, lo más grave es que el mismo señor Sánchez vuelve a la misma receta: más intervención. Siguen con las políticas que continúan agravando este problema, y es que, ante sus resultados, lo normal, lo lógico sería que un Gobierno decidiera cambiar de rumbo, pero no, ustedes insisten, insisten, y han llegado a un punto especialmente significativo. Sus políticas no funcionan y ahora ni siquiera tienen los apoyos parlamentarios de sus socios para seguir aplicándolas. Un ejemplo claro: anunciaron antes del verano un nuevo real decreto en materia de alquiler con nuevas prórrogas y nuevas medidas de intervención; lo presentaron como urgente, pero tuvieron que aplazarlo porque no tenían el apoyo para convalidarlo. Llegamos a septiembre y siguen buscando los apoyos. Y esto no es una anécdota parlamentaria, esta es la expresión política del agotamiento de un modelo, del agotamiento de su Gobierno. . Y siguen empeñados en la misma dirección: intervenir, limitar precios, penalizar al propietario y multiplicar la inseguridad jurídica. ¿Saben qué pasa? Que ninguno de sus decretos crea las viviendas que faltan, y una vivienda que abandona el alquiler residencial deja de ser una opción para cualquier inquilino, porque desaparece del mercado, y esa incertidumbre regulatoria que ustedes provocan deteriora la confianza y provoca que más propietarios retiren sus viviendas del mercado. Y si quieren comprobar los resultados de su modelo, miren a Cataluña, la primera en aplicar las zonas tensionadas y laboratorio de las políticas intervencionistas que después han querido extender al conjunto de España. En Barcelona ciudad, dos años después de la declaración de zonas tensionadas, la oferta de viviendas de alquiler se ha reducido un 69 %, hay más de 400 solicitudes de candidatos para cada piso que sale en alquiler. Desde la entrada en vigor de las zonas tensionadas, la oferta de alquiler se ha desplomado prácticamente tres veces más en las ciudades tensionadas que en las no tensionadas. Habrá que hacérselo mirar. Y luego hay otro grave problema que este Gobierno se empeña en ignorar: la ocupación ilegal. En España año tras año se siguen produciendo miles de nuevos casos con consecuencias para los propietarios, para los vecinos y para la convivencia del entorno, y tiene una especial incidencia en Cataluña, donde se dan cuatro de cada diez casos de toda España. No se puede pedir a los propietarios que incorporen viviendas al mercado y al mismo tiempo transmitirles que ante una okupación no recuperarán fácilmente su propiedad. Es una gran inseguridad jurídica que genera un Gobierno que no respeta la propiedad privada, y ahí están las consecuencias, porque resulta que el Gobierno de Sánchez está del lado de los okupas, minimiza el problema y abandona a quien sufre sus consecuencias. Yo les pregunto cuántas viviendas más tienen que ser okupadas mientras ustedes tienen bloqueada aquí en la Mesa del Congreso, por los votos del Grupo Socialista y SUMAR, la ley contra la okupación del Partido Popular. Basta ya de tolerancia con la ocupación ilegal, defiendan a quien cumple la ley, respeten la propiedad privada, estén al lado de las víctimas, que nosotros tenemos muy claro quiénes son: los propietarios, el inquilino cumplidor, los vecinos, que sufren las consecuencias. Por eso tenemos claro que con nuestra ley antiokupación las desokupaciones serán en veinticuatro horas. . Señorías, frente a su modelo ideológico y fracasado, existe una alternativa. Si el principal problema es la falta de oferta, la solución empieza por conseguir que haya más vivienda. Por eso proponemos reformar la ley del suelo, que también tienen bloqueada aquí por la Mesa del Congreso; simplificar procedimientos y, por supuesto, derogar una ley de vivienda que ya ha demostrado sus efectos y cuya derogación se ha votado y se ha aprobado en este Parlamento. Más vivienda, más suelo disponible, menos burocracia, seguridad jurídica, más facilidades para los jóvenes. España necesita el cambio, necesita un Gobierno del Partido Popular para resolver problemas y no tener un presidente que cuando las cosas se complican en lugar de dar la cara se esconde en La Mareta, porque los ciudadanos no necesitan más anuncios, necesitan más vivienda, soluciones y un Gobierno que gobierne. Gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Grácies, president. Bueno, así de chula se ha puesto la ministra de Vivienda después de las críticas que ha recibido el portal Casa47. Dice: ¿cómo las adjudicarían ustedes? ¿A dedo, como el PP de Alicante, haciendo cola como en un concierto o como si fuese un bingo? Y no creo que usted, con la crisis de vivienda que tenemos, esté en condiciones de ir tan sobrada. Pero como nos pregunta cómo lo haríamos nosotras, cómo repartiríamos las viviendas, se lo voy a explicar. Nuestra solución es hacer un registro de demandantes y ponderar para dárselas a quienes más lo necesitan por los recursos que tiene la familia y su situación personal, menores a cargo, personas con discapacidad, víctimas de violencia machista o de delitos de odio y por situaciones de especial vulnerabilidad, y a partir de ahí establecer un orden de prioridad y adjudicar según ese orden, porque queremos un sistema de puntuación justo y no un bingo a ciegas. Pero es que, ministra, tengo más propuestas para usted, porque Casa47 sin medidas que se ataquen de verdad el problema no sirve para nada. Lo que tienen que hacer es prohibir Airbnb y los alquileres de temporada en zonas tensionadas, limitar la compra de vivienda por parte de los grandes fondos y de los grandes tenedores, limitar la concentración de viviendas, gravar las viviendas vacías y dedicar ese dinero a vivienda pública y prohibir la compra de fondos extranjeros en zonas tensionadas. Con esto pasaríamos de las 645 viviendas en Casa47 a las 50 000 viviendas que harían falta para empezar. Y no se lo digo yo, ministra, se lo ha dicho también la Unión Europea, pero parece que aquí le hacemos los deberes y usted sigue empeñada en que se los ha comido el perro. Usted es más de ponerse chula con los que reclaman más vivienda pública y, mientras, hacerles bízum a los caseros con el dinero de todas y todos. Gràcies. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. Sen dúbida, o acceso á vivenda é hoxe un dos principais problemas que ten a sociedade, especialmente a mocidade, que ve impedido poder realizar os seus proxectos de vida precisamente por esa imposibilidade de acceder a unha vivenda digna. E claro, esa mesma mocidade indígnase cando o que comproba é que aquí nesta cámara, por exemplo, ou nas administracións públicas, parece que o problema da vivenda se utiliza case exclusivamente ou como arma arreboladiza de uns contra outros, como estamos vendo hoxe, ou cando se limita a anuncios que nunca teñen concreción de ningún tipo, e cando no fondo ambas forzas políticas, Partido Popular e Partido Socialista, se opoñen a medidas que realmente poderían contribuír a solucionar o problema da vivenda, como limitar o prezo dos alugueiros, limitar a compra de vivenda especulativa, fondos voitre ou, efectivamente, limitar as vivendas de uso turístico. En todo caso, o Partido Popular, claro, presenta aquí unha proposta con algunhas medidas que poden parecer razoábeis, outras que evidentemente non o son, pero sempre está nesa dialéctica de fai o que eu digo e non o que eu fago porque o Partido Popular — hai que lembrar que a vivenda é competencia autonómica— onde goberna non fai vivendas. Na Galiza durante dez anos, practicamente as vivendas públicas que fixo o Partido Popular resúmense nunha cifra que é cero e, por tanto, non ten lexitimidade o Partido Popular para iso. E coas posicións que defendeu aquí o Partido Socialista, a parte do que xa teño dito, claro, ten á súa disposición vivendas que en vez de poñelas para un parque, para uso público de vivenda pública, e especialmente en aluguer, pois especulan con elas. O presidente do Goberno leva anunciado máis de 100 000 vivendas por distintos medios. A concreción práctica é que, despois, as vivendas que ten a SAREB especulan con elas, as vivendas que ten defensa especulan con elas en vez de poñelas a uso, a disposición dun parque de vivenda pública. Poño dous exemplos. vivendas de defensa en Ferrol e Narón, máis de 278, segundo resposta ao BNG, están en fase de adxudicación, en proceso de adxudicación. Con esa resposta calquera podería pensar que é a adxudicación con criterios públicos, non, é venda a especuladores para que despois efectivamente poidan facer negocio con esas vivendas. Vivendas da Sareb en Ribeira: 34 vivendas acabadas que saen cun prezo de 100 000 euros e que son adxudicadas en poxa pública, en subasta pública propia. Declaracións da inmobiliaria, din: «evidentemente, isto é un chollo porque só no verán poden alugar cada unha desas vivendas por máis de 10 000 euros». Isto é o que está facendo a Sareb. Por favor, rectifiquen as súas políticas de vivenda pública e deixen facer o ridículo con portais de 600 vivendas. Moito obrigado. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Sin duda, es este uno de los principales problemas que tiene la sociedad, sobre todo la juventud, que ve que se le impide realizar sus proyectos de vida precisamente por esa imposibilidad de acceder a una vivienda digna. Y, claro, esa misma juventud se indigna cuando comprueba que aquí, en esta Cámara, por ejemplo, o en las Administraciones públicas parece que el problema de la vivienda se usa casi exclusivamente como arma arrojadiza de unos contra otros, como vemos hoy, o que se limita a anuncios que nunca tienen una concreción de ningún tipo, cuando en el fondo las fuerzas políticas ―las dos, el Partido Popular y el Socialista― se oponen a medidas que realmente podrían contribuir a solucionar el problema de la vivienda, como limitar los precios del alquiler, limitar la compra de vivienda especulativa a fondos buitre o, efectivamente, limitar las viviendas de uso turístico. En todo caso, el Grupo Popular presenta aquí una propuesta con algunas medidas que pueden parecer razonables, otras que evidentemente no lo son, pero siempre en esa dialéctica de haz lo que digo y no lo que hago, porque el Partido Popular ―hay que recordar que la competencia es autonómica― donde gobierna no hace viviendas. En Galicia, durante diez años, prácticamente las viviendas públicas que hizo el Partido Popular se resumen en una cifra que es cero y, por tanto, no tiene legitimidad. Y con las posiciones que defendió aquí el Grupo Socialista, aparte de lo que ya he dicho, tiene a su disposición viviendas que en lugar de ponerlas en un parque para uso público, de vivienda pública, especialmente en alquiler, pues especula con ellas. El presidente del Gobierno lleva anunciadas ya más de 100 000 viviendas por distintos medios pero la concreción práctica es que, después, las viviendas que tiene la Sareb especula con ellas, las que tiene Defensa especula con ellas, en vez de ponerlas a disposición de un parque de vivienda pública. Pongo dos ejemplos: viviendas de Defensa en Ferrol y Narón más de 200 y 68, según la respuesta al BNG, están en fase de adjudicación o en proceso de adjudicación. Con esa respuesta cualquiera podría pensar que es una adjudicación con criterios públicos. Pues no, es venta a especuladores para que después, efectivamente, puedan hacer negocio con esas viviendas. Viviendas de la Sareb en Ribeira: 34 terminadas, que salen con un precio de 100 000 euros y que son adjudicadas en subasta pública. En la propia declaración de la inmobiliaria incluso dicen, evidentemente, que esto es un chollo, porque solo en el verano pueden alquilar cada una de esas viviendas por más de 10 000 euros. Esto es lo que está haciendo la Sareb. Por favor, rectifiquen sus políticas de vivienda pública y dejen de hacer el ridículo con portales de 600 viviendas. Muchas gracias.

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Eguerdi on, guztioi! Ia lau hilabete beranduago, Alderdi Popularrak datorkigu etxebizitzaren inguruko mozio berri batekin. Berria bai, baina maiatzean eta otsailean eztabaidatu genituen beste mozioekin antzekotasun handia duena. Oraingo honetan, puntu nagusi batean biltzen ditu bere eskaerak, eta gobernuari eskatzen dio Ganbera honetan onartu diren akordioak betetzea, ez lege akordioak, baizik eta onartutako legez besteko proposamenak eta mozioak. Koherentziaz bozkatu beharko bagenu, ezezkoa izango litzateke gure botoa, horrela egin baikenuen maiatzean. Legez besteko proposamen bat edota mozio bat onartzeak badu bere garrantzia: Gobernuari, gai baten inguruan, botere legegileak ekintza jakin bat egin dezan eskatzen baitio. Baina mandatu politiko horrek, denok dakigun bezala, ez du suposatzen gobernuarentzako betebehar juridiko bat. Hala ere, azpimarratzen dut, bere garrantzia politikoa du, gehiengo baten posizio politikoa islatzen duelako. Hau esanda, bai, komentatu nahiko nituzke proposamenean jasotzen diren puntu batzuk. Lurzoru legearen erreforma eskatzen da. Urbanizazio prozesuak eta lurren garapena azkartzeko, batez ere etxebizitza promozioei bide emateko. Kasu honetan, berriro ere errepikatuko dut, aukera ederra galdu zenuten gizarte interesen kontra alderdi interesagatik gure taldeak, talde sozialistarekin batera, aurkeztu zuen lege proposamenaren tramitazioari ezezko botoa eman zenutenean. Dagoeneko onartuta beharko litzateke orain urgentziaz eskatzen duzuen hori. Denok bat egiten baitugu etxebizitza gehiago behar dela, bai, baina horretarako trabak, urbanistikoak, ere ezabatu behar dira. Okupazioari dagokionez, zaku berdinean sartzen dituzue kontzeptualki desberdinak diren kasuak eta desberdina den hori legalki ere irtenbide desberdina beharko luke. Bestalde, etxebizitzaren krisiari aurre egiteko neurriak hartu behar direla diogu. Neurriak zentzu guztietan, baita ere etxebizitza duin bat lortzeko laguntzen dutenak. Horregatik, ados gaude aurrezkia errazten duten neurri fiskalekin eta, oro har, gazteen emantzipazioari begira hartu daitezkeen beste hainbatekin ere. Euskal instituzioek egiten duten bezala, baita alokairuaren inguruko fidantza bermatzeko abalekin, ados ere. Muy buenos días, señoras y señores. Casi cuatro meses más tarde nos viene el PP con una nueva moción sobre la vivienda. Es nueva, sí, pero se parece mucho al resto de mociones que debatimos en mayo y febrero. En esta ocasión, reúne sus peticiones en un punto central y pide al Gobierno que cumpla los acuerdos que se han aprobado en esta Cámara, no acuerdos legislativos, sino el cumplimiento de proposiciones no de ley y mociones consecuencia de interpelación. Si tuviéramos que votar por coherencia, votaríamos que no, ya que así lo hicimos en mayo. La aprobación de una proposición no de ley o de una moción tiene su importancia, sí, ya que implica que el Poder Legislativo solicita al Gobierno que realice una acción concreta sobre un tema, pero como todos y todas sabemos, ese mandato político no implica obligación jurídica alguna para el Gobierno. No obstante, y subrayo, tiene su importancia política, puesto que refleja la posición política de una mayoría. Y dicho esto, quisiera detenerme en algunos de los puntos que se recogen en la propuesta. Se solicita la reforma de la ley del suelo para acelerar procesos de urbanización y desarrollo de terrenos, sobre todo para facilitar promociones de vivienda. Y en este caso, repito, perdieron una gran oportunidad cuando, en contra de los intereses sociales y por interés partidista, votaron en contra de la tramitación de la proposición de ley que presentó nuestro grupo junto con el Grupo Socialista. A estas alturas ya debería haberse aprobado lo que ahora solicitan con tanta urgencia, porque estamos de acuerdo en que hace falta más vivienda, sí, pero sabemos que para ello se deben eliminar los obstáculos también urbanísticos. En cuanto a la okupación, meten en el mismo saco casos que son distintos conceptualmente, y eso que es diferente implica también una solución legal diferente. Por otro lado, decimos que se deben tomar medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda, medidas en todos los sentidos, también medidas que contribuyan a una vivienda digna. Por eso, estamos de acuerdo con las medidas fiscales que facilitan el ahorro y, en general, estamos de acuerdo con otras medidas que se puedan adoptar para la emancipación de la juventud, tal y como hacen las instituciones vascas, también con avales para garantizar la fianza sobre el alquiler. Evidentemente, estamos de acuerdo con que se tienen que simplificar los procedimientos administrativos, reduciendo cargas burocráticas, y en este punto no queda tan clara la intención del grupo proponente. En la moción consecuencia de interpelación de mayo se hablaba claramente del silencio administrativo positivo como solución en caso de no respuesta y esta es una cuestión que en nuestro grupo entendemos que requiere de una mayor matización y aclaración, tal vez por ello se haya eliminado de esta proposición. Por el contrario, nos dirige a las recomendaciones de la Comisión Europea, pero esta no es la única de las recomendaciones que realiza Europa y sobre las cuales el Grupo Popular no dice nada, tal vez porque no le gusten tanto. La Comisión Europea ha hecho una propuesta en vivienda y plantea medidas concretas para las zonas tensionadas, que también define. Habla de políticas proporcionadas, adaptadas caso por caso, justificadas y limitadas en el tiempo. Por lo tanto, las recomendaciones propuestas son varias y tal vez no sean del agrado de todos los que estamos aquí. Diagnósticos hay, falta interpretarlos conforme a la realidad y no al relato que más nos interesa. Y lo que falta es la voluntad política para llegar a acuerdos, si no es sobre el todo, sí sobre medidas concretas. Acuerdos desde una perspectiva integral que no supongan parchear un problema para crear otro, en los que la intervención y el control no provoquen efectos negativos que imposibiliten el fin perseguido, como tristemente ha ocurrido cuando se han tomado ciertas medidas para proteger al inquilino vulnerable, que ha repercutido en la persona todavía más vulnerable que necesita acceder a una vivienda, protegiendo a unos y desprotegiendo a otros. En Euskadi hemos entendido que los acuerdos son necesarios y hemos llegado a ellos para adoptar medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, porque la crisis habitacional lo exige y la falta de vivienda nos obliga a todos y a todas; sin embargo, aquí reina la polarización. También la vivienda es un tema que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Se alimenta la diferencia en lugar de buscar los mínimos acuerdos que faciliten el acceso a una vivienda digna. Para ello son necesarios acuerdos que doten de seguridad jurídica a propietarios, arrendadores y arrendatarios. Evaluar y readaptar está bien, pero sin dar volantazos y crear inseguridad. También facilitar el acceso al alquiler y a la compra, sobre todo a las personas jóvenes que desean emanciparse e iniciar un nuevo proyecto de vida. Falta vivienda, por lo tanto, las medidas a adoptar deberían ir encaminadas o dirigidas a la consecución de dos objetivos: sacar al mercado toda la vivienda posible, sobre todo al de alquiler, dando garantías jurídicas, ayudas fiscales tanto a propietarios como a inquilinos y no culpabilizando a aquel, necesario colaborador, y construir más vivienda desde la colaboración público-privada. El problema no es la falta de suelo calificado, sino los procedimientos administrativos prolongados que alargan indebidamente el desarrollo urbanístico. Finalizo. No debería ser tan complicado llegar a un acuerdo de mínimos en estos dos puntos que guardan relación con la moción que ustedes proponen, pero me temo que en este clima tan polarizador y en eterna campaña electoral sea difícil lograr un mínimo común denominador, y en serio les digo que me gustaría poder equivocarme. Mila esker.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidente, eguerdi on. Se suele decir que el papel lo aguanta todo, y viendo esta moción que hoy nos presentan uno encuentra un perfecto ejemplo de aterrizaje en la realidad de esa expresión, porque nosotros vemos en esta iniciativa un cúmulo de imprecisiones, flagrantes contradicciones, mentiras y olvidos intencionados, todo ello aderezado con altas dosis de hipocresía y cinismo. Pero no todo va a ser malo, también reconozco que vemos sinceridad en algunas de las medidas que plantean. Iré explicando el porqué de estos epítetos que le he dedicado. Cuando hablamos de imprecisiones que encontramos en el texto, las vemos, por ejemplo, cuando dicen en la primera línea de la moción, en la explicación de motivos, en la justificación de motivos, que la vivienda atraviesa una situación extrema o una situación de extrema gravedad. Y en el mismo primer párrafo señala que los informes del CIS sitúan la vivienda como principal preocupación, refiriéndolo a una fecha concreta, 2024. Pues yo creo que ahí hay una imprecisión evidente, porque el problema de la vivienda viene siendo un problema para millones de personas en el Estado español, en cualquier lugar del actual Estado español desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Fíjese, si no lo es que los desahucios se llevaron por delante las esperanzas, la vida, los ahorros y el futuro de millones de personas gracias a la acción de Gobiernos que miraban más por los intereses de los bancos que por los de esas personas a las que decían que querían defender. Y no solo eso, porque también habla de la demanda de vivienda necesaria, y la cifra en torno a 750 000. El dato puede ser cierto, no lo voy a cuestionar, pero se olvida de manera voluntaria y premeditada de las 3 400 000 viviendas vacías que hay en el Estado español, que rebasan en una cantidad bastante amplia el número de demandantes; se olvida de la intervención y el papel de los bancos y fondos buitre, que muchos son propietarios de esas viviendas vacías, y, por supuesto, se olvida del afán de lucro ilimitado que muchos, también particulares, quieren obtener con las viviendas turísticas. Señalaba antes que el texto viene con muchas contradicciones; desde mi punto de vista, flagrantes contradicciones. Usted, el proponente o quien haya elaborado la moción habla de que España o diferentes instituciones del Estado español y de Europa se quejan de la intervención del Gobierno en materia de vivienda. Yo sé que este texto está hecho hace unos días; seguramente lo habrían redactado de otra manera si hubieran leído lo que ha dicho la Unión Europea ayer y anteayer sobre este tema, porque la Unión Europea propone restringir la compra de segunda residencia en determinados supuestos, en las zonas tensionadas ―en las zonas tensionadas, que a ustedes les parece tan mal, y en Europa no―, y penalizar fiscalmente las viviendas vacías. Dígame si esto no es una contradicción de libro. Y hay más. Yo decía que ustedes vierten mentiras en este texto, y lo sostengo. Ustedes dicen que los efectos de la Ley 12/2023, la conocida como ley de vivienda, han sido un fracaso evidente allí donde se han aplicado las zonas tensionadas y la limitación de precios. Y pone un ejemplo concreto, el de Barcelona, respecto del que supongo que tendrá réplica por los compañeros y las compañeras de Cataluña. Se olvida de manera intencionada de otra realidad, y es que donde se ha aplicado, que es en las comunidades donde no gobierna el Partido Popular, se han contenido los precios y han empezado a bajar. Léase, por ejemplo, la Comunidad Foral de Navarra. Fíjese si es tan así que en la comunidad de la que yo provengo, en la Comunidad Autónoma vasca el lehendakari — el presidente de la Comunidad Autónoma vasca, para que me entienda bien—, que no pertenece a un partido que apoyara la ley de vivienda, ha reconocido esta misma semana que ha tenido un efecto positivo esta declaración de zonas tensionadas y que ha contenido los precios. Ha dicho también que no es suficiente y que hay que hacer más, y lo sostenemos y lo defendemos también, pero no ha vertido esa crítica negativa que usted ha señalado. Yo no voy a perder mucho tiempo, porque el que tengo aquí es escaso, en explicarle que la inquiokupación que ustedes creen que han inventado no es sino la morosidad de toda la vida, que tiene un procedimiento administrativo, que no penal. No voy a perder tampoco tiempo en explicarles la diferencia entre el allanamiento de morada y la usurpación. No voy a tardar ningún tiempo en explicarles cómo se produce un desahucio, un desalojo o un alzamiento y cuándo es allanamiento de morada o usurpación. Pero, hombre, que ni siquiera conozcan ustedes la ley que quieren imponernos a todos es preocupante. Y, como digo, también hay olvidos intencionados, como, por ejemplo, cuando menciona el artículo 47 la Constitución española para decir que este reconoce el derecho a la vivienda de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y es cierto, y, sin embargo, se olvida de manera evidente de que también ese mismo artículo 47 de la Constitución española — por la que usted supongo que tendrá veneración; no es mi caso, pero supongo que un partido de Estado como el suyo sí se la tendrá— también dice que los poderes públicos deben garantizar las condiciones necesarias y crear las normas para hacer efectivo ese derecho a la vivienda. Eso es intervención, cuando dice que hay que regular el uso del suelo para evitar especulación. Y dice también que las plusvalías tienen que revertir en la comunidad. Solo a quien confunde la comunidad con la persona se le puede ocurrir que un aticazo es un beneficio para la comunidad; pero este no es el caso. Y termino con otra cuestión. Son sinceros, porque ustedes plantean beneficios a la carta; beneficios, exenciones fiscales y avales para todos, con independencia del origen y la situación personal de cada uno. Le diré que esto ya lo definía Aristóteles hace mucho tiempo, mucho antes de que naciéramos usted, yo y cualquiera de los que están en esta Cámara. Aristóteles decía que no hay nada más desigual que tratar de forma igual a los desiguales. Es decir, no puedes tratar a todo el mundo de la misma manera, porque no todo el mundo parte del mismo punto si quieres buscar la justicia. Si es el caso en que no quieren buscar la justicia, sino el mantenimiento de determinados estatus y privilegios, entonces, sí, entonces ustedes pueden olvidarse de Aristóteles, como seguramente se olvidan de muchísima gente. Gracias. .

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies. Molt bon dia. Avui el Partit Popular ens porta a una moció que de fet demana una cosa bastant elemental i és que el Govern compleixi allò que aquesta cambra ja ha aprovat. I aquest és probablement el millor resum d’aquesta legislatura. Hem arribat al punt que el Congrés ha de tornar a votar perquè el Govern compleixi el que ja s’ha aprovat en el Congrés, perquè aquest govern té una relació molt particular amb les votacions quan guanyen. És un mandat. Quan perden és paper mullat. I en habitatge passa exactament el mateix. El president Sánchez, efectivament, va anunciar que aquesta seria la legislatura de l’habitatge i ho va encertar. A fe de Déu que ho va encertar. Ho ha estat, però no pels motius que ell imaginava o que pretenia permetre’ns. Ha estat la legislatura en què milers de joves no es poden emancipar. L’oferta de lloguer s’ha reduït enormement i els preus no paren d’augmentar. Sí, senyor Matutes, també a Catalunya, amb les dades oficials dels darrers semestres, els preus pugen molt i es redueix l’oferta i comprar un habitatge s’ha convertit també en una missió impossible. I quan les seves polítiques no funcionen, el problema sempre són els propietaris, els inversors, les societats, els promotors. És a dir, qualsevol que passi per allà menys el mateix Govern. I aquests dies n’hem tingut un altre exemple extraordinari. El Govern havia compromès, dins del Pla de Recuperació Europeu, gairebé 25 000 habitatges de lloguer social molt ambiciós. 25 000 nous habitatges per tot l’Estat. Doncs ni aquests, ara són 15 000. Acaben de comunicar que seran 15 000 i que ja no cal ni tan sols que siguin nous habitatges. Ara ja hi entraran a comptar també la rehabilitacions. Un exitàs del govern socialista. Falten 750 800 habitatges i el Govern es compromet 15 000. Aquest ritme només necessitaran 50 plans de recuperació per poder donar sortida a les famílies que busquen habitatge quan no poden complir l’objectiu. No canvien la política, no canvien l’objectiu a la baixa, és clar. Aquest és el problema de fons. S’ha volgut gestionar l’escassetat d’habitatge en lloc de combatre-la. A Catalunya ens falten entre 125 000 i 140 000 habitatges i el Govern continua pensant que l’habitatge es resol des del BOE imposant més regulacions sobre un parc absolutament insuficient i s’equivoca. El que cal és aconseguir més habitatges i més solucions residencials. Construint habitatge públic, també privat, rehabilitant, recuperant habitatges buits, mobilitzant el patrimoni públic, facilitant la col·laboració publico privada. És clar, sí, però sobretot entenent que no tothom necessita el mateix tipus d’habitatge. No té sentit que un estudiant, una persona gran que ja viu sola, un treballador temporal o una situació d’emergència hagi de competir pel mateix pis que necessita una família. Hem de prioritzar residències d’estudiants, habitatges amb serveis per a la gent gran i allotjaments temporals dignes per a les emergències. Solucions adaptades a cada necessitat que permeten reservar els habitatges convencionals per a qui necessita una llar estable. Aquesta és també una diferència principal amb la moció de vostès. Ens diu que cal més oferta mobilitzar sòl, bé, però continua pensant essencialment en l’habitatge convencional i sense concretar, doncs, ni tan sols en quins recursos perquè s’esgoti amb indecent dèficit fiscal que patim els catalans ens és absolutament impossible. Ampliar el parc d’habitatge. I vostès es neguen recurrentment a revertir. O per exemple, i a sobre, quan concreta, reapareix un vell costum del Partit Popular de voler decidir des de Madrid allò que correspon decidir a Catalunya. No, nosaltres no volem substituir el supra intervencionisme del PSOE per la recentralització del PP. Però mentre uns ho regulen i els altres centralitzen. Hi ha persones que necessiten solucions avui. Anunciar 15 000 nous habitatges no paga el lloguer ni la hipoteca del mes que ve. Per això, Junts hem registrat propostes que van a ajudar a la butxaca de les persones. Desgravacions de les persones que paguen el lloguer, desgravacions a la hipoteca i els interessos de les persones que poden comprar també. És també que els pares que ajudin a l’entrada que no es vegin sotmesos a un doble esforç fiscal. En definitiva, menys impostos sobre l’habitatge i més diners a la butxaca de les famílies. I també cal, d’una vegada que l’Estat cedeixi ja els immobles de la Sareb i del mateix Estat. Aquesta és la política d’habitatge que Junts defensem. Per això no votarem sí, perquè no convertirem aquesta moció en la nostra política d’habitatge. La nostra és molt més ambiciosa, completa, pensada des de Catalunya i per a Catalunya. Catalunya no necessita que Madrid ens expliqui com es gestiona l’escassetat. Necessitem eines, recursos i llibertat per deixar de tenir-ne. Perquè al final, per Junts la política d’habitatge només té una mesura de l’èxit que pagar l’habitatge no s’emporti la tranquil·litat de les famílies catalanes, que treballar i tenir un sou torni a ser suficient per viure bé i arribar a final de mes. Muchas gracias. Muy buenos días. Hoy el Partido Popular nos trae una moción que, de hecho, pide una cosa que es tan elemental como que el Gobierno cumpla aquello que esta Cámara ya ha aprobado. Y este es probablemente el mejor resumen de esta legislatura: hemos llegado al punto en el que el Congreso tiene que volver a votar para que el Gobierno cumpla lo que ya se ha aprobado en el Congreso, porque este Gobierno tiene una relación muy particular con las votaciones: cuando gana es un mandato, y cuando pierde es papel mojado. Y en vivienda pasa exactamente lo mismo. El presidente Sánchez, efectivamente, anunció que esta sería la legislatura de la vivienda, y acertó; desde luego que acertó, ha sido así, pero no por los motivos que él imaginaba o que pretendía prometernos. Ha sido la legislatura en la que miles de jóvenes no se pueden emancipar, cuando la oferta de alquiler se ha reducido enormemente y los precios no paran de aumentar. Sí, señor Matutes, también en Cataluña, con los datos oficiales de los últimos semestres, los precios suben mucho; se reduce la oferta y comprar una vivienda se ha convertido también en una misión imposible. Y cuando sus políticas no funcionan, el problema siempre son los propietarios, los inversores, la sociedad, los promotores, es decir, cualquiera que pase por ahí, menos el propio Gobierno. Y en estos días hemos tenido otro ejemplo extraordinario. El Gobierno había comprometido en el plan de ocupación europeo viviendas de protección social; muy ambicioso, 25 000 nuevas viviendas para todo el Estado. Pues ni siquiera eso: ahora son 15 000. Acaban de comunicar que van a ser 15 000 y que ni siquiera hace falta que sea vivienda de obra nueva; ahora hay que contar también con las rehabilitaciones. ¡Un exitazo del Gobierno socialista! Faltan 750 000, 800 000 viviendas y el Gobierno compromete 15 000. ¡A este ritmo solo les van a hacer falta 50 planes de recuperación para poder dar salida a las familias que buscan vivienda! Cuando no pueden cumplir el objetivo no cambian la política; no, cambian el objetivo, y a la baja, claro. Ese es el problema de fondo. Se ha querido gestionar la escasez de vivienda, en lugar de combatirla. En Cataluña nos faltan entre 125 000 y 140 000 viviendas, y el Gobierno sigue pensando que la vivienda se resuelve desde el BOE, imponiendo más regulaciones sobre un parque absolutamente insuficiente, y se equivoca. Lo que hace falta es conseguir más vivienda, más soluciones residenciales, construir vivienda pública, también privada, y rehabilitando, recuperando viviendas vacías o facilitando la cooperación público‑privada, claro que sí, pero, sobre todo, entendiendo que no todo el mundo necesita el mismo tipo de vivienda. No tiene sentido entender que un estudiante, una persona mayor que ya vive sola, un trabajador temporal o alguien en situación de emergencia tengan que competir por el mismo piso que necesita una familia. Hay que priorizar residencias de estudiantes, viviendas con servicios para las personas mayores y alojamientos temporales dignos para las emergencias; soluciones adaptadas a cada necesidad, que permiten reservar las viviendas convencionales para quienes necesitan hogares estables. Esta también es una diferencia principal con la moción de ustedes. Nos dicen que hace falta más oferta y movilizar suelo. Sí, muy bien, pero siguen pensando esencialmente en la vivienda convencional, sin concretar siquiera con qué recursos, y, con el déficit fiscal que recientemente sufrimos los catalanes, resulta totalmente imposible ampliar el parque de vivienda y ustedes se niegan de forma recurrente a revertirlo. Además, cuando se concreta aparece una vieja costumbre del Partido Popular, que es meterse en lo que le compete a Cataluña. Nosotros no pretendemos que se haga eso mediante la intervención del PSOE o mediante lo que plantea el PP, pero, mientras que unos sobrerregulan y otros recentralizan, hay personas que necesitan soluciones, y anunciar 15 000 nuevas viviendas no paga el alquiler ni la hipoteca del mes que viene a nadie. Por eso, hemos presentado propuestas que ayudan al bolsillo de las personas: desgravaciones para quienes pagan el alquiler, desgravaciones por las hipotecas de aquellos que pueden comprar y también, respecto a los padres que ayuden a la entrada de los hijos, que no se vean sometidos a un doble esfuerzo fiscal. En definitiva, menos impuestos sobre la vivienda y más dinero en el bolsillo de las familias. Y también, de una vez por todas, hace falta que el Estado ceda ya los inmuebles de la Sareb y del propio Estado. Esta es la política de vivienda que defendemos desde Junts, y por eso no vamos a votar a favor, porque no vamos a convertir esta moción en nuestra política de vivienda, cuando la nuestra es mucho más ambiciosa y pensada desde Cataluña para Cataluña, que no necesita que Madrid nos explique cómo hay que gestionar la escasez. Necesitamos herramientas, recursos y libertad para actuar, porque para Junts al final la política de vivienda solo tiene una medida para el éxito, y es que el pagar la vivienda no se lleve por delante la tranquilidad de las familias catalanas, que trabajar y tener un sueldo vuelva a ser suficiente para vivir bien y llegar a fin de mes…

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Hi ha massa gent que no pot i això és el que Junts venim a canviar. Moltes gràcies. Hoy hay demasiada gente que no puede hacer eso y es lo que venimos a cambiar desde Junts. Muchas gracias.

Etna Estrems Fayos ERC

Bona tarda. Ja trobava a faltar aquestes boniques tardes on el Partit Popular repeteix fins a la sacietat que hem de derogar la Llei d’Habitatge perquè no funciona. Ho repeteixen tant que ja començo a sentir un disc ratllat d’aquells dels 80 que ara estan tan de moda a Instagram. Avui jo els vull fer una pregunta, senyories del Partit Popular: vostès com poden afirmar tan rotundament que no funciona una llei que no apliquen a les comunitats on governen? De fet, avui m’he proposat sortir aquí amb tantes dades contrastades que, com a mínim, se’n vagin amb una mica de vergonya, si és que encara els hi queda. Les dades de l’INE, que jo no sé d’on treuen les dades dels altres, però en tot cas són unes dades que són diferents a les que nosaltres tenim. Tinc dades de l’INE clares l’any 2024, el primer any en què Catalunya va començar a aplicar la contenció, els lloguers van pujar un 3,1 % a Catalunya. Cert. Però mirem com van anar les comunitats del PP que no van aplicar la norma a les Balears. Van créixer un 4 %. El País Valencià va créixer un 5 %. De fet, al País Valencià va ser la comunitat on més van créixer de tot l’Estat. Però mirin, no cal ni tant sols comparar amb comunitats que mana el Partit Popular. Comparem Catalunya amb Catalunya. Comparem Catalunya amb les zones tensionades i amb les zones no tensionades. A les zones tensionades els lloguers han baixat un 1,3 %. De fet, a Barcelona un 4,7 %. En canvi, els municipis catalans on no s’aplica la contenció han pujat un 9,5 %. Per tant, senyories del Partit Popular, expliquin-me a mi on està exactament el fracàs de la llei. On està? Està a València, està a Madrid, està a Palma. Però en tot cas no està on s’està aplicant la llei. Catalunya va decidir utilitzar les eines de la Llei d’Habitatge i aplicar la contenció de rendes. Madrid no ho ha fet. Les Illes Balears no ho han fet. El País Valencià no ho ha fet. I curiosament, resulta que és allà on governa el Partit Popular. On més han pujat els lloguers i l’habitatge s’ha encarit més que qualsevol altre lloc del territori de l’Estat. I llavors ens surten amb allò que ha desaparegut l’oferta. Però les dades diuen que des de l’inici de la contenció, el parc de lloguer habitual a Catalunya ha crescut en 20 994 contractes. Potser hauríem de començar a parlar de rotació, perquè si una família pot continuar vivint en el mateix pis perquè el seu propietari no li pot apujar el lloguer desmesuradament, aquell pis no torna al mercat. I, evidentment, els portals immobiliaris, hi ha menys pisos? És que mirin l’èxit de la política d’habitatge. Potser no s’hauria de mesurar amb quantes vegades una família fa les maletes, sinó en quant de temps pot viure tranquil·la a casa seva. Ara bé, que el Partit Popular s’equivoqui quan diu que regular no funciona, no significa que nosaltres considerem que regular n’hi ha prou. No n’hi ha prou. Necessitem molt més parc públic i això és responsabilitat del Govern, que, evidentment, no està fent bé ni de llarg la seva feina. Aquesta setmana, sense anar més lluny, han presentat el nou portal de Casa47, que vull recordar perquè ens diran que té nou mesos, que és la transformació de CPS que està creada el 30 d’octubre del 1981. Per tant, una entitat que porta 45 anys d’història. Això sí, 9 mesos després de la seva transformació, el Govern ens parla de més de 42 000 habitatges i 2500 solars procedents de la Sareb i incorporats a Casa47. Però quan la ciutadania entra al portal no arriba a 800 a tot l’Estat, a Catalunya, d’aquests ens en toquen 93: 5 a Girona, 7 a Lleida, 25 a Barcelona i 56 a Tarragona. Només a Lleida, a la capital, la resta de municipis que no són la capital de província. Senyories del Partit Socialista, posem aquestes xifres en perspectiva. Si calculem tres persones per habitatge a comarques gironines, aquests pisos poden donar resposta a 15 persones entre més de 830 000 habitants. Això dona un 0,0018 % de la població a Barcelona. 75 entre gairebé 6 milions. Un 0,0013 %. A Lleida, 21 persones, un 0,0046 % i a Tarragona, que és on més habitatges han posat a disposició a 168 persones, que és un 0,019 % de la població. I una pregunta més important que els fai: el Govern parla d’arribar a un parc procedent de la Sareb. De 120 000 habitatges. Si prenem com a referència els més o menys 800 habitatges posats a disposició en aquests nou mesos, el ritme seria de 89 habitatges al mes. Aquest ritme dona 112 anys per posar els 120 000 pisos a disposició. És més d’una vida sencera. I mirin, ara l’esperança de vida és llarga. I per anar acabant, no puc parlar de parc públic de la Sareb sense dir que portem anys preguntant quin és exactament el patrimoni que hi ha localitzat, on es troba i que es pot mobilitzar. Ara ens diuen que a Casa47 hi ha incorporat 42 000 habitatges de la Sareb. Diguin-nos on estan. Buenas tardes, señorías. Ya me faltaban a mí estas bonitas tardes, en las que el Grupo Popular repite hasta la saciedad que tenemos que derogar la ley de la vivienda porque no funciona. Lo repiten tanto que empiezo a sentirme ya como un disco rayado de aquellos de los años ochenta que ahora están tan de moda en Instagram. Hoy quiero hacerles una pregunta, señorías del Grupo Popular: ¿Cómo pueden afirmar ustedes de forma tan rotunda que no funciona una ley que no aplican en las comunidades donde gobiernan? De hecho, hoy me he propuesto hablar aquí con tantos datos contrastados que, como mínimo, hará que sientan ustedes con un poco de vergüenza, si aún les queda. Y, en cuanto a los datos del INE, no sé de dónde los sacan ustedes, pero son diferentes de los que nosotros tenemos, y tengo datos claros del INE. En 2024, en el primer año en que Cataluña empezó a aplicar la contención, los alquileres subieron un 3,1 % en Cataluña. Cierto, pero veamos qué pasó en las demás comunidades, en las del PP, que no aplicaron la norma: por ejemplo, en Baleares crecieron un 4 % y en el país valenciano un 5 %, la comunidad de todo el Estado donde más crecieron. Pero, miren, no hace falta ni siquiera comparar con comunidades en las que manda el Partido Popular. Comparemos Cataluña con Cataluña, comparemos las zonas tensionadas y las no tensionadas. Y en las tensionadas los alquileres han bajado un 1,3 %, incluso un 4 % en Barcelona, mientras que en los municipios catalanes donde no se aplica la contención han subido un 9 %. Por tanto, señorías del Grupo Popular, explíquenme dónde está exactamente el fracaso de la ley. ¿Dónde está? Está en Valencia, en Madrid o en Palma, pero en cualquier caso no donde se está aplicando la ley. Cataluña decidió utilizar las herramientas de la ley de vivienda y aplicar la contención, mientras que Madrid no lo ha hecho, Baleares tampoco y el país valenciano tampoco, y, curiosamente, resulta que allí donde gobierna el Partido Popular es donde más han subido los alquileres y la vivienda se ha encarecido más que en cualquier otro lugar del territorio del Estado. Ahora salen con aquello de que ha desaparecido la oferta, pero los datos dicen que desde el inicio de la contención el parque de vivienda habitual en alquiler en Cataluña ha crecido en 20 944 contratos. Entonces, quizás habría que empezar a hablar de rotación, dado que, si una familia puede seguir viviendo en el mismo piso porque su propietario no le puede subir el alquiler de forma desmesurada, ese piso no vuelve al mercado y, evidentemente, los portales inmobiliarios tienen menos pisos. Quizás no habría que medir el éxito de la política de vivienda por el número de veces que una familia tiene que hacer maletas, sino por el tiempo que puede vivir tranquila en su casa. Ahora bien, que el Partido Popular se equivoque cuando dice que regular no funciona no significa que nosotros creamos que con regular es suficiente. No, no es suficiente, hace falta mucho más parque público, y eso es responsabilidad del Gobierno, que, evidentemente, no está haciendo bien, ni de lejos, su trabajo. Esta semana, sin ir más allá, han presentado el nuevo portal de Casa47, que quiero recordarles ―porque nos dirán que tiene nueve meses― que es la transformación de SEPES, que se creó el 30 de octubre de 1981, y, por tanto, es una entidad que lleva cuarenta y cinco años de historia. Eso sí, nueve meses después de su transformación, el Gobierno nos habla de más de 42 000 viviendas y de otros solares procedentes de la Sareb en Casa47, pero, cuando la ciudadanía entre en el portal, verá que no llegan a ochocientos en todo el Estado. Y, de estos, en Cataluña nos tocan noventa y tres: cinco en Gerona, siete en Lérida, veinticinco en Barcelona y cincuenta y seis en Tarragona. Y solo en Lérida en la capital; respecto al resto, en municipios que no son capital de provincia. Señorías del Grupo Socialista, pongamos estas cifras en perspectiva. Si calculamos tres personas por vivienda en comarcas de Gerona, esto puede dar respuesta a quince personas, entre más de 830 000 habitantes, lo cual da un 0,00018 % de la población en Barcelona, 75 entre 6 millones casi, un 0,0013 %; y en Lleida a 21 personas, a un 0,0046 %, y en Tarragona, que es donde más viviendas se han puesto a disposición, a 168 personas, que es un 0,019 % de la población. Y una pregunta más importante que les hago al respecto. El Gobierno habla de llegar a un parque procedente de la Sareb de 120 000 viviendas. Si tomamos como referencia las 800 viviendas, más o menos, que han puesto a disposición en estos nueve meses, el ritmo sería de 89 al mes, un ritmo que da 112 años ―repito, 112 años― para poner esos 120 000 pisos a disposición, lo cual es más que una vida entera, y miren que ahora la esperanza de vida es larga. Por ir acabando, no puedo hablar del parque público de la Sareb sin decir que llevamos años preguntando cuál es exactamente el patrimonio que hay localizado, dónde se encuentra y qué es lo que se puede movilizar. Ahora nos dicen que Casa47 ha incorporado 42 000 viviendas de la Sareb. Díganos: ¿Dónde están?

Etna Estrems Fayos ERC

Sí, acabo president. On estan? Quants estan buits? Quants necessiten rehabilitació? Quants estan ocupats? Quants són habitables i, sobretot, quan arribaran a les famílies? Un ajuntament? Evidentment parlaré del de l’escala si vol posar a disposició els pisos de la Sareb a la seva ciutadania. On ha d’anar a preguntar-los a vostès perquè li diguin quins són els habitatges procedents d’aquest organisme que estan, que podrien estar a disposició de la gent? Si us plau, els queden pocs mesos. Facin el favor de fer la seva feina. Gràcies. Acabo, presidente. ¿Dónde están? ¿Cuántas están vacías? ¿Cuántas necesitan rehabilitación? ¿Cuántas están ocupadas? ¿Cuántas son habitables? Y, sobre todo, ¿cuándo van a llegar a las familias? Cualquier Ayuntamiento ―evidentemente, hablaré del de La Escala―, si quiere poner a disposición los pisos de la Sareb para su ciudadanía, ¿a dónde tiene que ir a preguntarles a ustedes para que le informen sobre cuáles son las viviendas procedentes de ese organismo que podrían estar a disposición de la gente? Señorías, les quedan pocos meses: hagan el favor de hacer su trabajo. Gracias. .

Gerardo Pisarello Prados SUMAR

Gracias, presidente. Sin sorpresas. Escuchar al PP y a VOX hablar de políticas de vivienda es sumirse en el esperpento de Valle-Inclán, porque aquí o se combinan los elogios a las viejas políticas franquistas del yugo y la flecha o, si no, el eterno retorno a las políticas del pelotazo urbanístico y de la corrupción del Partido Popular, aderezadas siempre, eso sí, con el clasismo y el racismo propios de los partidos de señoritos o de los grandes rentistas. Con VOX, ya lo sabemos: si suben los alquileres, culpa de los migrantes; si falta vivienda, culpa de los migrantes o de los rojos o de los separatistas o de las personas LGTBI o de los nietos de los represaliados franquistas, que ni siquiera tienen derecho al voto. Y la propuesta, ya la sabemos, ya nos la avanza siempre el egregio sobrino del corrupto Rodrigo Rato: lo que hay que hacer es salir a cazar a los más vulnerables, dejando libres, eso sí, a los buitres, a las hienas, a los tiburones, que acaparan cientos, miles de viviendas, mientras que la gente que vive de su trabajo — que se llaman Fátima, Maricarmen, Lamine o Manel— tiene que dedicar más de la mitad de su salario a poder pagar un alquiler. . ¿Y qué decir, señorías, del Partido Popular? Llevan toda la legislatura sumidos en la nostalgia de las políticas del todo urbanizable de Aznar, de los pelotazos urbanísticos y la corrupción rampante para enriquecimiento personal y financiación ilegal. Este domingo lo pudimos ver en Salvados, en esa retrospectiva dedicada a Rita Barberá, donde pudimos volver a recordar lo que era aquella época de oro, con Camps, con Fabra, con Zaplana, condenados por casos de corrupción que remitían inequívocamente a ese modelo urbanístico que todavía quieren reeditar. Pero, frente a eso, ¿qué? Esta es la pregunta, porque no basta con subir a esta tribuna para denunciar lo cutres, lo inescrupulosas, lo corruptas que son las propuestas de las derechas extremas de esta Cámara. Hay que actuar, y hay que hacerlo con urgencia y sin frivolidad, que es todo lo contrario ―hay que decirlo― al portal del Ministerio de Vivienda, que lleva el nombre del artículo 47 cuando solamente promete ochocientas míseras viviendas públicas asequibles y no menciona ni una sola medida para luchar contra la especulación, que es lo que ordena el propio artículo 47. Frente a eso, lo que nos falta es actuar, y nos falta hacerlo con valentía, porque esta gente está tocando a la puerta, y tenemos que hacerlo siendo conscientes de que de poco nos servirá construir, rehabilitar ―que hay que hacerlo― si no ponemos coto a los fondos buitre y a los grandes rentistas que acaparan vivienda y son los primeros en financiar y animar a las derechas extremas. La propia Comisión Europea, que no es precisamente un nido de comunistas, acaba de reconocer que, frente a la emergencia habitacional, es legítimo penalizar las viviendas injustamente vacías, que es legítimo y necesario limitar las compras especulativas, que es legítimo y necesario poner coto a los pisos turísticos y a los alquileres de temporada. Por tanto, ¿a qué esperamos, señorías? ¿De verdad pensamos que vamos a parar los aticazos de Ayuso o los pelotazos de Aznar con fuegos de artificio y con simples condenas morales? El capital financiero, el capital rentista es el principal puntal de la extrema derecha y, si no lo ponemos límites, van a acabar con nosotros y van a acabar con la democracia. Por lo tanto, vivienda digna o barbarie; distribución de la riqueza o barbarie; una familia, una casa o barbarie. El tiempo se agota: hay que decir las cosas claras y, sobre todo, hay que actuar. I no vull acabar president com a net d’andalusos i com a diputat orgullosament llatinoamericà, orgullosament català, sense dir unes paraules a propòsit de la Diada Nacional de l’11 de Setembre. Catalunya sempre ha estat un país divers, amants de la llibertat que s’ha construït amb gent nascuda a la terra i amb gent vinguda d’altres indrets de la península i del món. L’11 de setembre de 1714, milers de catalans de generacions van plantar cara al despotisme borbònic de la mà d’aragonesos, valencians, castellans, fills de Gallecs. I en defensar les llibertats catalanes, asseguraven defensar també la llibertat de tots els pobles d’Espanya davant el neofeixisme que ens voldria. Partits per la precarietat i pel racisme, sense llengua pròpia i sotmesos a la consigna franquista de la una, grande y libre. Tornem a reivindicar‑nos com una nació diversa i dempeus davant dels propagadors de l’odi i dels privilegis. Com diu el nostre himne, estarem alertes i si ens ataquen, esmolem les nostres eines, que avui més que mai han de ser l’autoorganització popular en defensa de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Amb Salvador Allende, president màrtir també al cor. Visca la Catalunya republicana i internacionalista! Gràcies. Y no quiero acabar, señor presidente, como nieto de andaluces y diputado orgulloso catalán y latinoamericano, sin decir unas palabras a propósito de la Diada Nacional, del 11 de septiembre. Cataluña siempre ha sido un país diverso en manos de la libertad, construido con gente nacida en la tierra y con gente llegada de otros rincones de la península y del mundo. El 11 de septiembre de 1714 miles de catalanes plantaron cara al despotismo borbónico, también junto a gallegos, valencianos, castellanos, defendiendo las libertades catalanas, defendiendo también la libertad de todos los pueblos de España, como aseguraban. Ante el neofascismo que nos quería partidos por la precariedad y el racismo, sin lengua propia y sometidos a la consigna franquista de «Una, grande y libre», volvemos a reivindicarnos como una nación diversa y en pie ante los que defienden el odio y los privilegios. Como dice nuestro himno, estaremos alerta y, sin tacha, alzaremos nuestras herramientas, que serán la autoorganización popular en defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Con Salvador Allende también en el corazón, ¡viva la Cataluña republicana, diversa e internacionalista! Gracias. .

Carlos Hernández Quero VOX

Muchas gracias. Dice el señor Pisarello: «Una familia, una casa o barbarie». Ese es el problema, que han cogido ustedes el BOE y tenemos la barbarie. . Toda política pública consiste en hacer coincidir dos realidades. La política laboral intenta unir a quien quiere trabajo y a quien lo ofrece, a empleador y empleado: por eso nos preocupamos por que haya incentivos a la contratación, de un lado, y buenos programas formativos, de otro. La política sanitaria intenta casar las necesidades de la población con sus hospitales y sus médicos, a pacientes e infraestructuras. Solo hay una política en la que esto no rija, que es la de vivienda, porque ninguno de ustedes, ninguno en esta Cámara observa el problema contemplando oferta y demanda, es decir, contemplando casas y personas. El PSOE niega la escasez de oferta. Para ellos no importa el número de viviendas que haya en el mercado. Por eso se ufanan de su web chusca, con cuatro pisos y medio, y celebran como positiva una ley de vivienda que ha sido una calamidad para la oferta. Pero es que en el Partido Popular se tapan el otro ojo. El Partido Popular niega la presión de la demanda o hace como si no existiera, que al final es exactamente lo mismo. Para ellos el número de personas que quiere una casa no importa, es irrelevante, es algo secundario, algo sobre lo que no hay que reflexionar y da igual ocho que ochenta: basta con ampliar oferta, o, desde luego, eso se deduce de esta iniciativa. . Traen una moción cargada de buenas palabras, pero totalmente desconectada de la realidad, y es que los números son tozudamente claros: España construye noventa mil viviendas al año y entran más de un millón de personas al año que también buscan vivienda. Noventa mil y un millón. En el Partido Popular tienen claro que noventa mil son pocas. Efectivamente, son pocas. Ahí hay un problema. Pero ¿un millón de nuevos demandantes no son muchos? ¿Cinco millones de nuevos demandantes cada cinco años no son muchos? ¿Esto no distorsiona el mercado? ¿Esto no genera efectos perversos? ¿De verdad que no? . ¿Podemos estar fantaseando sobre cuántas viviendas hay que construir sin dedicar un mísero renglón al crecimiento de la demanda, sin pensar en cómo detenerla, en cómo revertirla, en cómo atajarla, en cómo acabar con ello? ¿De verdad? Aquí está el quid de la cuestión, en la conexión directa que existe entre lo que pasa en Canarias, en El Prat o en Barajas y lo que luego vemos en Idealista. Es algo muy simple. Cuando la población crece de forma explosiva, muy por encima de su parque residencial, el resultado es siempre el mismo: escasez, encarecimiento, hacinamiento y expulsión del mercado de quien ni puede pagar ni puede permitirse una degradación de sus estándares habitacionales hasta niveles desconocidos en Europa. Y eso es en lo que estamos: en el subarriendo, en el realquilado, en el piso patera, en los salones convertidos en dormitorio, en cuatro o cinco familias en un pisucho de 50 metros cuadrados. En el chabolismo vertical. En eso estamos, en el chabolismo vertical. . Por tanto, volvamos al inicio, y es que hay que aumentar la oferta. Pero ¿para quién? La abrumadora mayoría de gente que busca una vivienda tiene entre 20 y 39 años. ¿Sabían ustedes que en España hay cuatro millones y medio menos de españoles entre 20 y 39 años que hace dos décadas? Cuatro millones y medio de españoles menos buscando vivienda. Según estos datos, deberían sobrar las casas como churros, y, sin embargo, estamos en el momento más dramático de acceso a la vivienda. . ¿Por qué? Porque la demanda nacional ha sido sustituida y superada por millones de nuevos demandantes llegados del exterior. O, dicho de otro modo, haber permitido o haber fomentado irresponsablemente la entrada masiva de millones de inmigrantes durante estos años lo que ha supuesto en la práctica ha sido impedir a nuestros jóvenes emanciparse, acceder a una vivienda digna y disfrutar de una vida plena. Entonces, teniendo todo esto claro, reincidimos. De verdad, ¿creemos que se puede seguir hablando de vivienda sin mencionar la inmigración y la demanda? ¿De verdad? Hay que construir, claro que sí, hay que construir, pero para las necesidades de los españoles, para que vivan bien los españoles. Y ya está. España no puede estar adaptando permanentemente su urbanismo, su política residencial y sus barrios a una inmigración masiva, que nunca debería haberse producido y aún estamos a tiempo de revertir. . Volver a la situación demográfica de hace diez o quince años no tiene nada de radical. Lo es pretender transformar indefinidamente nuestras ciudades y nuestra forma de vida para acomodarnos cada año a un millón de nuevos demandantes. O a dos, o a tres, o a los que vengan, ¿verdad? Y eso no solo es radical; también es iluso, porque no hay política de oferta ―ni siquiera la más agresiva, ni siquiera la más ambiciosa― capaz de compensar una política de fronteras abiertas. Y una cosa más: si existiera, tampoco la querríamos, porque no queremos convertir España en una gran colmena, donde nuestros jóvenes tengan que amontonarse en cajas de zapatos y ratoneras para hacer sitio indefinidamente a quienes llegan de todo el mundo. Decíamos al principio que toda política tiene como objeto unir oferta y demanda. Por eso, señorías del Grupo Popular, junto a todas sus propuestas, es muy importante que tengan claro que la política migratoria tiene que ser el primer peldaño de la futura política de vivienda. Control férreo de fronteras, ni una entrada más y un proceso riguroso de retorno y remigración, porque no basta con decidir qué hay que construir ni cuántas casas construir: hay que decidir para quién, y la respuesta en España no puede ser otra que para los españoles. Gracias. .

Javier Rodríguez Palacios PSOE

Lo bueno de intervenir el último en un punto es que ya se han dicho muchas cosas, muchas con las que estoy de acuerdo. El Partido Popular nos trae unas propuestas que son un refrito, las mismas que nos trajeron en el mes de mayo, así que «trabajar, poquito». Creo que ese es el titular de lo que quiere aportar hoy el Grupo Popular aquí. También he escuchado a compañeros de distintas regiones defender lo que ocurre allí. La cuestión es que yo soy madrileño y creo que puedo hablar no de las palabras que ustedes han traído, sino de los hechos: de cuál es la política de vivienda del Partido Popular con los hechos. Y los hechos aquí, en Madrid, son el aticazo, el aticazo de la señora Ayuso, gastándose 6 millones de euros de los madrileños para lograr la vivienda que no tienen los jóvenes de la Comunidad de Madrid. . Decía usted: ¿cómo le explicamos a los jóvenes la política de vivienda? Yo le digo: ¿cómo se explica aquí, en Madrid, el aticazo de Ayuso? Y también quiero comentar las palabras de VOX. Qué valiente es usted, señor Quero, con los inmigrantes, que parece que son los que nos quitan la vivienda. Seguro que usted ha desayunado hoy algún tipo de fruta u hortaliza; que sepa que esa fruta u hortaliza ha llegado a su mesa por personas de origen extranjero. . Se habrá tomado un café, que probablemente se lo haya servido una persona de origen extranjero. Y si usted quiere que los que trabajan en España no puedan vivir en una casa, dígalo con claridad, porque es lo que usted propone. Racismo y clasismo. Una vergüenza. Y la pregunta al Grupo Popular es la siguiente: ¿Están orgullosos de la política de vivienda de Ayuso? Porque, desde luego, el señor Feijóo lo está. El señor Feijóo hace apenas una semana, en Getafe ―aquí, en Madrid―, dijo: Estoy muy orgulloso del Partido Popular de Madrid. ¿Está, por lo tanto, el señor Feijóo orgulloso de que alguien decidiera comprar una vivienda de 6 millones de euros con dinero público? ¿Está el señor Feijóo orgulloso de que se decidiera que no era un piso, sino un ático lo que había que comprar y que tuviera una gran terraza? ¿Está el señor Feijóo orgulloso de que ese ático esté justo enfrente de la casa de la madre de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Y, por último, ¿está el señor Feijóo orgulloso de que la propia presidenta visitara ese ático? Porque es que lo visitó; lo visitó para, digo yo, ver las medidas, para ver si le cabían los muebles de teca, si podía poner una decoración u otra, porque eso es lo que ha pasado en Madrid. ¿Están ustedes orgullosos de eso? Porque la mayoría de los madrileños estamos avergonzados, avergonzados de la señora Ayuso y avergonzados del señor Feijóo. En el año 2023, la señora Ayuso nos dijo que Madrid molaba mucho porque era muy grande y no te encontrabas con tu exnovio. Ahora, en el 2026, Madrid se ha convertido en algo pequeñito: te regalan un ático y te lo regalan delante de la casa de tu madre. Qué vergüenza y cuánta cara dura. Pero ustedes, señores del Grupo Popular, señorías del Grupo Popular, callan, gesticulan, pero callan. Es normal que callen, porque la última vez que se confrontó con la señora Ayuso algunos tuvieron problemas. Ustedes callan porque los que de verdad mandan en el Partido Popular se cargaron a la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, a la señora Cifuentes; se la cargaron, tuvo que dimitir por un vídeo en el que salía con un problemita con dos cremas, por 42 euros. Por 42 euros Cifuentes a calle y por 6 millones de euros Ayuso dentro de la Comunidad de Madrid. . ¡Vaya vara de medir! Ustedes callan porque la última vez que un presidente nacional dijo algo de la señora Ayuso ―dijo que era indecente cobrar comisiones por parte de su hermano en plena pandemia― fue dimitió y la señora Ayuso se quedó. En definitiva, el que va contra Ayuso se marcha y el que se queda con Ayuso se queda dentro del Partido Popular. Por tanto, probablemente lo que el señor Feijóo ha entendido es que el ‘chao pescao’ de la señora Ayuso iba hacia él, y por eso, de manera vergonzante, hace dos días, el señor Feijóo nos dijo en Antena 3 que la señora Ayuso estaba buscando un lugar para poner una oficina. Qué vergüenza, qué cara más dura del señor Feijóo por querer vendernos esto. Y voy a la moción. . Aquí, en el Congreso, ustedes votan en contra de regular alquileres y votan en contra de las zonas tensionadas, pero las zonas tensionadas funcionan. En sus gobiernos, no aplican la ley de vivienda, pero la ley de vivienda está funcionando. Está bajando el precio del alquiler en Guipúzcoa, en Barcelona. Y ¿saben qué pasa? Que aquí, en Madrid, está subiendo. En mi ciudad, en Alcalá de Henares, en el último año ha subido un 10 % el precio del alquiler. Apliquen la ley de vivienda, hagan caso a los municipios que lo están solicitando y abandonen estas posiciones de no intervenir en el mercado más que para comprar áticos. Madrid necesita otro Gobierno. Y España no necesita un Gobierno del señor Feijóo, plegado a la especulación, a la compra de aticazos y a dejar abandonadas a las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias. .

Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo PP

Gracias, presidente. Señorías, si algo está caracterizando al Gobierno de Pedro Sánchez durante sus ya ocho años de vida es su constante ataque al resto de los poderes del Estado. Esto es lo único en lo que no ha cambiado de opinión. Ataques contra el Poder Legislativo, contra el Poder Judicial y contra el cuarto poder, es decir, los medios de comunicación. Ahora hemos sabido ―es lo último de esta semana― de la existencia de listas negras de periodistas para marcarlos ideológicamente. ¿Cabe mayor criterio antidemocrático? Señorías, están llegando ustedes a unos límites que en el futuro tendremos que jurar que todo esto que estamos viviendo ha ocurrido. Pero ¿a qué se deben estos constantes ataques? A una verdad incontestable: este Gobierno tiene tanto que tapar que quiere evitar a toda costa ser controlado: no le gusta someterse al control del Parlamento ni al de los medios de comunicación ni a la ley a través de la justicia. No es solo que quiera gobernar sin el concurso del Parlamento, como ya nos anunció el presidente Sánchez, es que lo que pretende es hacerlo sin las investigaciones de los medios de comunicación o sin las instrucciones, en aplicación de la ley, de los tribunales. Y ahora también atacando a los funcionarios del Estado, como estamos viendo en las últimas horas, por ejemplo, a los funcionarios del CNI, de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Guardia Civil; ellos, los que avisaron de la invasión de Ceuta en los días previos al 30 de julio. La única defensa del presidente, el que no hizo su trabajo en Ceuta, es atacar a los funcionarios públicos que sí hicieron el suyo. . Por eso hoy quiero aprovechar este momento para reconocer, honrar y agradecer el trabajo de todos los servidores del Estado, que cuando no había Gobierno sí estaban ellos, cumpliendo con su deber y haciéndolo por España y por Ceuta. No nos podemos referir lamentablemente al Gobierno, porque ni Pedro Sánchez ni sus ministros estaban ahí. Al mentir y negar todos los avisos que recibieron, lo que pretenden es, por un lado, justificar sus vacaciones, pero, no seamos tan ingenuos, también exonerar sus responsabilidades penales, si las hubiera, y la dejación de funciones de esta invasión de España. . Demuestran una vez más que la mentira es el más fiel aliado de este Gobierno; no saben hablar sin mentir, como tampoco saben gobernar sin robar, por lo que estamos viendo. . Pero lo que nos trae aquí hoy, justamente el día de la apertura del año judicial, son los constantes ataques del Gobierno al Poder Judicial. En estos momentos, el Poder Judicial, en la propia apertura del año judicial, alza la voz para denunciar la extrema gravedad de las acusaciones de lawfare; un alzar la voz con un compromiso firme: el de seguir defendiendo la independencia del Poder Judicial. Y hoy también, desde aquí, lo que queremos es trasladar nuestro apoyo y reconocer la labor que están haciendo jueces, magistrados y fiscales, valientes y comprometidos, que sirven a su país y que defienden con su actitud un Poder Judicial independiente e impecable en la aplicación de la ley, es decir, de la igualdad de la ley en España para todos los españoles, se apellide como se apellide y sea presidente del Gobierno de España o sea cualquier otra cosa. . Hace ya años que el presidente es incapaz de dar una entrevista sin atacar al Poder Judicial: acusa a jueces de prevaricar al investigar a su entorno más cercano, y ayer mismo lo volvió a hacer. Cuando Sánchez nos dice que se investiga a su mujer y a su hermano por ser familiares suyos, en el fondo, lo que nos está diciendo a todos los españoles es que no se les deberían investigar porque son su familia. Es decir, que ellos están por encima de la ley, que a ellos no se les aplica la igualdad ante la ley. Sánchez lo que está exigiendo es impunidad para los suyos y reclama que la justicia ponga a sus seres queridos por encima de la ley. . Pero va mucho más allá, no solo es una declaración, ojalá fuera solo eso; el presidente del Gobierno ha dirigido desde la Moncloa una operación para someter al Poder Judicial a sus intereses personales. Las acusaciones de lawfare, los ataques y difamaciones a jueces y magistrados, los señalamientos, las presiones, las cloacas dirigidas desde Ferraz, el sometimiento de la Fiscalía General del Estado, las opiniones sincronizadas para acusar de prevaricación y calificar de fachas con toga a los jueces… todo esto es una estrategia para buscar su impunidad, la suya, no nos engañemos. Señorías, frente a un Gobierno que quiere romper las costuras del Estado de derecho, nuestra principal obligación es reforzarlo; frente a un Gobierno sometido a la mentira, necesitamos una justicia aliada de la verdad; frente a un Gobierno sin límites morales, lo que debemos asegurar es una justicia que imponga límites legales. Es tan urgente como importante abordar un proceso de regeneración de las instituciones que devuelva la fortaleza a nuestro Estado de derecho, y ―sí, señorías―, que los jueces elijan a los jueces. Este es el principio que garantiza la independencia de la justicia y es el principio sobre el que se asienta la proposición de ley que hoy presentamos. Esta forma parte del acuerdo alcanzado en el año 2024 para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, entendemos que aquellos que firmaron ese acuerdo no tendrán hoy ningún inconveniente en cumplir lo que firmaban y, por tanto, votar a favor de su toma en consideración. Tras el acuerdo, el Gobierno lo que no pudo fue controlar ―como quería― el Consejo General del Poder Judicial. Pero también el Consejo cumplió con sus deberes, presentó dos opciones para la reforma del sistema de elección de sus vocales. De estas dos opciones, la Unión Europea solo avaló aquella que despolitizaba la elección. Este es el modelo que está incluido en esta proposición de ley que sometemos a la consideración de esta Cámara. Es el único que respeta los estándares europeos del Estado de derecho, y no porque lo diga el Partido Popular, sino porque así ya lo han señalado sucesivos pronunciamientos públicos de los organismos comunitarios: el GRECO, cuyo informe publicado el 16 de abril del 2024 reitera la necesidad de eliminar la participación política en la elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial; la Comisión de Venecia, que visitó España en septiembre de 2025 y que estuvo en esta Cámara con la misión de analizar las propuestas del Consejo General del Poder Judicial; la Comisión Europea, cuyo informe de 13 de octubre de 2025 concluye que solo cumple con el estándar europeo la opción que otorga a los jueces la facultad de elegir directamente a los miembros judiciales del Consejo. Además, señorías, el más reciente informe sobre la situación del Estado de derecho en España de la Comisión Europea de 17 de julio ―es decir, de anteayer― dice textualmente lo siguiente: Se recomienda a España que impulse el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial teniendo en cuenta las normas europeas por las que se rigen estos órganos y las orientaciones de la Comisión de Venecia sobre la mejora del sistema actual. Cristalino. Pero, por si había alguna duda, este último informe de julio de 2026 se refiere expresamente a nuestra proposición de ley, que fue registrada el 24 de octubre pasado y que hoy sometemos a la consideración de esta Cámara. Por tanto, quienes se opongan a este cambio de modelo no se oponen al modelo del Partido Popular, se oponen a los principios de la Unión Europea. Señorías del Grupo Socialista, no solo se han aislado de Europa y de nuestros socios naturales, sino que, si no apoyan esta iniciativa, lo que estarán haciendo será despreciar abiertamente lo que representa y defiende la Unión Europea. Están empeñados en degradar nuestra democracia para mantenerse en el poder. Entre el modelo europeo y cualquier modelo autoritario, están eligiendo constantemente el modelo autoritario. El último ejemplo lo hemos podido ver también esta misma semana: intentar alterar el censo electoral para adaptarlo a sus necesidades políticas. . Y aquí, una vez más, la justicia les ha parado los pies y ha suspendido cautelarmente la aplicación de una instrucción en lo referido a la inscripción en el censo electoral. La mejor prueba de que la justicia ha acertado ha sido la propia reacción del ministro de Justicia. Esos pataleos lo que demuestran es que se alejan en su esperanza de mantener el poder por la vía de la manipulación , mientras la justicia actúa y se convierte en ese poder independiente que da independencia y seguridad a los españoles. Señorías, el Estado de derecho es la garantía de los gobernados frente a los gobernantes, es el seguro de los débiles frente a la arbitrariedad de los fuertes. Ningún ciudadano que quiera una sociedad mejor podría entender que teniendo la oportunidad de fortalecer hoy el Estado de derecho, elijan debilitarlo, ―aunque tampoco se sorprenderá―, y que, teniendo la oportunidad de consolidar la independencia de la justicia tal y como nos pide y exige Europa, opten por un modelo politizado y sumiso a los intereses particulares. Señorías, la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas depende también de que perciban una justicia independiente y sin interferencias políticas. En este sentido, pasar de los veinte vocales elegidos políticamente en esta Cámara a los ocho que la Constitución reserva al Parlamento es sin duda un avance indudable. Porque esta reforma no solo va en el sentido de lo que pide Europa, sino que encaja mucho mejor con la propia letra, el espíritu y la lógica del artículo 122.3 de nuestra Constitución. En este sentido, si la intención del constituyente hubiera sido que todos los vocales del Consejo fueran elegidos por las Cortes lo hubiera recogido expresamente así, pero distinguió dos posibles procedimientos ―los elegidos por esta Cámara y los elegidos por el propio Poder Judicial―, y lo hizo para establecer unos equilibrios complejos propios del Estado de derecho avanzado, ese Estado de derecho avanzado que materializó la Constitución del 78. . La propuesta, además de descartar posibles injerencias políticas del Ejecutivo y del Legislativo durante todo el proceso de elección, establece cuatro principios fundamentales: neutraliza cualquier riesgo de politización interna con el reconocimiento de las candidaturas independientes, garantiza la representación de todas las categorías judiciales, exige la representación equilibrada de hombres y mujeres y establece un sistema electoral enormemente garantista al que dota de máxima transparencia. Por tanto, señorías, no hay razones objetivas para oponerse a una reforma que fortalece el Estado de derecho. . Una reforma de la que los beneficiados serán la totalidad de los españoles. . Una reforma que lanza un mensaje definitivo de independencia de la justicia. Una reforma que integra algo más grande, una reforma que integra un proyecto de futuro, un proyecto de reconstrucción y de regeneración institucional con el que volvamos a recuperar la calidad democrática de nuestro país. Esto es una urgencia democrática en estos momentos. Con el próximo Gobierno no habrá ataques a los jueces, se garantizará la independencia del fiscal general, que no será ya un fiscal general del Gobierno, sino del Estado, al servicio de los ciudadanos. . Un Parlamento que recuperará ―sí― su función legislativa, esa que ustedes hurtan constantemente. Un Parlamento que respetará los procedimientos, que aprobará en tiempo y forma, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado. Unos recursos públicos que serán para proteger a los ciudadanos, no para que el Gobierno se proteja a sí mismo, como está ocurriendo en estos momentos. En definitiva, está ya en marcha un proyecto liderado por Alberto Núñez Feijóo para hacer una España mejor. Señorías, ese cambio ya está en marcha. Muchas gracias. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. En Unión del Pueblo Navarro siempre hemos defendido la independencia del Poder Judicial de los ataques del propio Gobierno y también de sus socios. Esos insultos y esas descalificaciones que se vienen realizando contra jueces y a fiscales nos parecen inaceptables e impropios del sistema de derecho y el Estado de derecho del que disfrutamos los españoles. Es llamativo también cómo en este país hasta el fiscal general del Estado es condenado o cómo el propio partido que está en el Gobierno, el Partido Socialista, monta tramas para ir en contra de procedimientos judiciales que lo único que persiguen es la corrupción del Partido Socialista y del Gobierno. Eso es algo muy muy grave. Por lo tanto, señorías, nosotros seguiremos defendiendo esa independencia del Poder Judicial. También es inadmisible que el Gobierno se dedique a colonizar las instituciones y quiera romper con la independencia que hoy tienen. Por eso, hay que acabar con esa imagen de politización de la justicia y de estar al servicio de los partidos políticos. Hay que acabar con esa imagen que rompe la independencia del Poder Judicial que viene consagrada en la Constitución. Por eso, señorías, Unión de Pueblo Navarro no apoyó la última renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Seguimos apostando por la que venía consagrada y recogida en la propia Constitución ―salió de la Constitución― y que fue modificada en el año 1985 con una frase célebre que se imputa al que entonces era vicepresidente del Gobierno, señor Alfonso Guerra, aunque él descarta esa autoría, que expresivamente evidenciaba lo que era romper con la independencia del Poder Judicial: aquello de que Montesquieu ha muerto. Pues bien, debe quedar claro que Unión de Pueblo Navarro, apoyando esa defensa a ultranza de la independencia del Poder Judicial, nosotros seguimos considerando que a Montesquieu hay que resucitarlo. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Hai lawfare, si, señora Gamarra, claro que hai cando hai xuíces que actúan con criterios políticos e coa intención evidente de intervir e de condicionar as decisións públicas. E isto non acontece nos últimos cinco anos co goberno de Pedro Sánchez, lamentabelmente isto leva acontecido desde hai cincuenta anos porque a transición non pasou pola xustiza ou si pasou, evidentemente, fíxoo como unha suave brisa. O que fixo foi cambiar os nomes de tribunal de orde público franquista, a Audiencia Nacional. Os xuíces continuaron sendo os mesmos, salvo os que pasaron ao Tribunal Supremo e a partir de aí houbo unha reprodución ideolóxica en chave non só conservadora, senón reaccionaria, moitas veces mesmo porque as normas de acceso o foron permitindo, unha reprodución case biolóxica, fillos e netos, fillas e netas de xuíces franquistas que actúan ao ditado daquelas forzas como a súa, como o Partido Popular ou como VOX lles mandan, e que controlan. Evidentemente, e agora pretenden — porque, claro, si teñen esta característica— o aparello xudicial ten outra que tamén, é indiscutíbel, que é o corporativismo e vostedes pretenden acentuar aínda máis ese corporativismo, facendo que os xuíces elixan os xuíces, din coa intención de despolitizar. Despolitizar a xustiza? Por Deus! Que pouca credibilidade teñen as súas palabras e as súas intencións, sobre todo cando vostedes mesmos declaran que controlan a xustiza, o Tribunal Supremo, pola porta de atrás. Pero miren, é que a xustiza debe ser independente, pero non por iso ten que estar á marxe do control político democrático. E ese control neste momento é mínimo, vostedes queren que ese mínimo control que exista coa dominación dos vocais xudiciais por parte das cámaras elixidas por voto popular desapareza. É dicir, queren unha xustiza aínda máis reaccionaria, unha xustiza máis controlada polos poderes fácticos e pola ultradereita, unha xustiza que se afaste aínda máis da cidadanía con sentenzas que despois resultan incomprensíbeis para a maioría. E con esa obsesión en vez de defender o dereito dos cidadáns e cidadás de coartalos permanentemente, especialmente o dereito á liberdade de expresión, para iso, desde logo, creo que sobra o que vostede propón aquí. Desde logo, non vai contar co apoio do Bloque Nacionalista Galego. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Hay lawfare, señora Gamarra, claro que sí. Lo hay cuando hay jueces que actúan con criterios políticos y con la intención evidente de intervenir y condicionar las decisiones públicas. Esto no ha pasado en los últimos cinco años con el Gobierno de Pedro Sánchez, esto lleva pasando desde hace cincuenta años. La transición no pasó por la justicia y, si pasó, lo hizo como una suave brisa. Cambió los nombres franquistas a la Audiencia Nacional, pero los jueces eran los mismos; lo mismo con el Tribunal Supremo. Después hubo una reproducción ideológica en clave conservadora e incluso muchas veces reaccionaria. Incluso las normas de acceso fueron permitiendo una reproducción casi biológica: nietos e hijos de franquistas, que siguen actuando al dictado de fuerzas como las suyas, como las del PP o las de VOX, que son quienes los mandan y los controlan. Ahora el Poder Judicial tiene otra característica judicial clara, que es el corporativismo. Eso hace que los jueces elijan a los jueces con la intención de despolitizar la justicia. Por Dios, qué poca credibilidad tienen sus palabras y sus intenciones, especialmente cuando ustedes mismos declaran que controlan la justicia, el Tribunal Supremo, por la puerta de atrás. La justicia debe ser independiente, pero no por eso tiene que estar al margen del control político democrático. Ese control en este momento es mínimo. Ustedes quieren que ese mínimo control que existe con la designación de los vocales judiciales por parte de las Cámaras, elegidas por voto popular, desaparezca, es decir, quieren una justicia más reaccionaria y todavía más controlada por los poderes fácticos y la ultraderecha; una justicia que se aleje de la ciudadanía con sentencias que después resultan incomprensibles para la mayoría y con esa obsesión de, en vez de defender los derechos de los ciudadanos, coartarlos permanentemente, especialmente el derecho a la libertad de expresión. Para eso, desde luego, sobra lo que usted propone aquí. Desde luego, no cuente con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego.

Noemí Santana Perera SUMAR

Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores del Grupo Popular, ustedes nos traen esta reforma diciendo que quieren despolitizar la justicia, pero nada más lejos de la realidad. El objetivo que ustedes persiguen es que la cúpula judicial conservadora se perpetúe sin pasar por la soberanía popular. Ustedes no quieren jueces y juezas independientes, ustedes lo que quieren es jueces que elijan a otros jueces afines. Quieren convertir esa mayoría corporativa y conservadora en un poder casi hereditario, y ya sabemos qué ocurre cuando parte de la justicia abandona la imparcialidad y entra en la batalla política. Nosotras lo sabemos bien porque lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. En Canarias tenemos un ejemplo bien significativo de todo esto: el juez Salvador Alba, un juez condenado por utilizar un procedimiento penal contra Victoria Rosell, la que fuera diputada de Podemos, y favorecer la querella presentada por el exministro del Partido Popular canario José Manuel Soria. Esto no es una sospecha, no es parte de una propaganda política de Podemos. El juez Alba fue condenado a, nada más y nada menos, que seis años de prisión y dieciocho años de inhabilitación por prevaricación, cohecho y falsedad documental. También hemos visto cómo Enrique López y Concepción Espejel tuvieron que ser apartados de las causas de la Gürtel y de los papeles de Bárcenas porque fue probada, y más que probada, su falta de imparcialidad. Ahora el Grupo Popular pretende que, después de lo vivido y de los hechos constatados, una élite judicial sea quien decida quienes deben estar al frente. Sinceramente, señores y señoras del Grupo Popular, eso sí que es politizar la justicia. Es privatizar la justicia para una minoría conservadora, para una élite. Es proteger a quienes llevan años judicializando la política, persiguiendo adversarios políticos y convirtiendo procedimientos judiciales en condenas mediáticas, aunque afortunadamente después la mayoría de ellas quedaban archivadas. En Podemos vamos a defender una justicia independiente, transparente y democrática. Por tanto, no vamos a entrar en el juego, no vamos a ser como otros, no vamos a ser como el Partido Socialista, que pactó con ustedes el Consejo General del Poder Judicial, aunque supongo que estarán bien arrepentidos; no será porque muchas no se lo advertimos antes. Evidentemente, vamos a votar en contra de esta iniciativa. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidenta. Como sus señorías conocen, el informe sobre el Estado de derecho en España publicado el julio pasado por la Comisión Europea en lo relativo al procedimiento de nombramiento de los vocales del Consejo General de Poder Judicial, recuerda que este Consejo General, tras su renovación en 2024, presentó en febrero de 2025 dos modelos alternativos: uno en el que los vocales de procedencia judicial serían elegidos directa y exclusivamente por los jueces y magistrados, y otro en el que las Cortes Generales elegirían a estos vocales de entre una preselección realizada por la carrera judicial. Como conocen sus señorías, la Comisión Europea, en ese informe que les citaba ―que ya ha sido recordado por otros portavoces―, hace suya la valoración que la Comisión de Venecia realiza sobre ambos modelos a petición del consejo general, destacando el riesgo de politización de ambos. Así, respecto al modelo de elección de los vocales del consejo general de procedencia judicial, solo por sus pares, por la capacidad de las asociaciones judiciales ―leo literalmente― para ejercer una influencia no desdeñable sobre los candidatos y las campañas, condicionando el proceso electoral. Por lo que se refiere al segundo modelo, este, el participado por la carrera judicial y las Cortes, observó que, a los riesgos de politización interna del primer modelo, se añadiría la posible vulnerabilidad política externa derivada de la participación del Parlamento. Señorías, ahora el Grupo Parlamentario Popular nos presenta una iniciativa legislativa cercana al primero de los modelos que plantea el Consejo General del Poder Judicial, que, ciertamente, se alinea más genéricamente con las orientaciones de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia, sin perjuicio del señalado riesgo de politización interna a manos de las asociaciones judiciales, como ya conocemos. Sin embargo, señorías, no consideramos que el modelo que recoge la iniciativa del Grupo Popular sea el único posible para ajustarse a la Comisión Europea y a la Comisión de Venecia ―tal y como se nos dice en el último párrafo del apartado 1 de la exposición de motivos de la iniciativa debatida―, ya que si en el modelo en el que se da participación al Parlamento sobre una preselección realizada por la carrera judicial se limitara el amplio margen de discrecionalidad que se le concede a las Cámaras para la elección de los candidatos, que es la tacha que precisamente pone la Comisión Europea y la Comisión de Venecia en su informe de octubre de 2025, podríamos concluir que este segundo modelo de elección de los vocales del consejo también cumpliría los estándares de la Comisión de Venecia y de la Comisión Europea, si proporcionara motivación suficiente, posibilitara vías de recurso efectivas para impugnar los nombramientos y articulara mecanismos adecuados contra el bloqueo. En cualquier caso, señorías, no podemos olvidar que el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial del consejo general, desde que se reformó en 1985 el modelo de la Ley Orgánica 1/1980 y en los distintos ajustes posteriores, ha sido un caballo de batalla que ha polarizado políticamente el debate sobre qué modelo sería el más conveniente y que ha tenido manifestación sistemática en los recurrentes bloqueos que tanto en este Congreso como en el Senado se han ido produciendo para su renovación y, tenemos que decirlo también, siempre a manos del Partido Popular cuando se encontraba en la oposición. Además, estos bloqueos también han tenido siempre el mismo trasfondo. A saber: el futuro ejercicio de los vocales en función de su supuesta adscripción ideológica a la hora de ejercitar sus competencias de nombramiento de los cargos gubernativos judiciales; es decir, de la cúpula judicial, a excepción de los decanatos. Como todas sus señorías conocen, esto ha generado una apariencia de politización que ha calado no solo en la opinión pública, sino que también subyace en la misma carrera judicial, que considera que estos cargos de la cúpula judicial no recaen en función del esfuerzo y del buen trabajo, sino por la afinidad política a los partidos políticos que han propiciado el nombramiento de los distintos vocales o por la afinidad a las asociaciones judiciales representadas en el consejo que, tengo que recordar, copan todas las vocalías de procedencia judicial entre sus afiliados. También tenemos que recordar que los no afiliados en la carrera suponen prácticamente el 50 %, entre jueces y magistrados. Por último, también señala la misma carrera que una de las maneras de acceder a estos puestos de la cúpula judicial son las relaciones de amistad con alguno de los vocales del consejo. Por esto, señorías, quizá la superación de este debate del modelo de 1980 o de 1985 ―en términos esquemáticos señalado el modelo de 1980 o 1985, y del que no conseguimos salir desde hace cuarenta y cinco años― sería, tal y como propuso el anterior presidente del consejo, el señor Vicente Guilarte en junio de 2024, la ruptura del vínculo de los vocales del consejo con los nombramientos de los cargos gubernativos judiciales, dando ―sin mediación alguna, decía― protagonismo directo en estos nombramientos a la carrera judicial, siendo sus electores los jueces y magistrados del territorio respectivo sobre los que los tribunales, audiencias o sala tengan competencia gubernativa. Un modelo que, por cierto ―también nos recordaba―, rige con éxito en la elección de otros cargos gubernativos judiciales, como son los decanatos de los juzgados, y reserva, eso sí, en todo caso el consejo la organización de los procesos selectivos y sus garantías, diluyendo de este modo el percibido interés de captación de los vocales del consejo, tanto por los partidos políticos, singularmente los mayoritarios de esta Cámara o del Senado, como por las asociaciones judiciales. Así, se refuerza el Gobierno de los jueces, se acerca los electos a los electores y se rompe ese percibido vínculo de sectores ideológicos que representan tanto los partidos políticos como las asociaciones en los nombramientos, con un alto cargo de discrecionalidad para ocupar cargos gubernativos judiciales. Finalizo, presidenta. Señorías, por lo señalado, no daremos apoyo a la iniciativa. Como señaló el señor Guilarte, discurre sobre el dilema de confrontar dos modelos de elección de los vocales del consejo que difícilmente confluirán, salvo en el infinito, por lo que se hace necesario ―ya lo señalé en otra ocasión en esta tribuna― pensar la cuestión desde ―como se dice― fuera de la caja, buscando soluciones a ciertos problemas que no han encontrado si no se afrontan desde un punto de vista distinto. Nada más y muchas gracias. .

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Bona tarda, senyora presidenta, senyories. Sota l’aparença de proposta de consens avalada per Europa, el que tenim en realitat és, una vegada més, molt postureig i molt poques ganes d’entrar al fons del problema de la justícia a l’Estat espanyol, perquè el model de justícia mereix ser tractat amb seriositat. Nosaltres voldríem entrar en aquest debat perquè ens hi van els nostres drets i llibertats, però al final, quan parlem de justícia, sempre anem a parar allà mateix, a una confrontació estèril i retòrica entre els dos bàndols, el dels interessos ideològics, però sobretot econòmics i corporatius, de la dreta judicial i del Partit Popular, i el dels interessos ideològics, però sobretot econòmics i corporatius, de la progressia judicial i del PSOE. Cap dels dos partits que s’autoanomenen d’Estat defensen una justícia independent i imparcial, despolititzada, professionalitzada, eficaç i connectada amb la realitat. Cap dels dos defensa una justícia europea. No la defensa el PSOE amb les seves lleis. Bolaños, on en lloc de plantejar solucions estructurals, sota l’aparença de mesures modernitzadores, promou mesures partidistes que, per defensar-se en la batalla amb la dreta judicial tampoc. Naturalment, el PP defensa una justícia independent, imparcial i europea. Sí que fa servir aquesta retòrica, però ho fa amb la mateixa finalitat que el senyor Bolaños i companyia per defensar mesures favorables al seu interès parcial. Això és exactament el que passa amb la proposició de llei del Partit Popular que ens ocupa, que a més a més, és un exemple perfecte de com fer -se trampes al solitari perquè s’empara en una concatenació d’arguments fal·laç per arribar a la conclusió que li interessa. Primer comencen amb un autoengany amb la Llei Orgànica 3/2024, una tapadora que ningú es va creure i que només servia per disfressar de consens institucional un dels espectacles més repugnants que ha viscut el bipartidisme espanyol. Ni més ni menys que el repartiment de llocs al Consell General que van pactar Bolaños i González Pons en un quarto fosc de Brussel·les per posar fi a un bloqueig de més de cinc anys. El famós acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal de juny de 25 de juny de 2024. Un acord on el tema no era cap reforma del poder judicial. El tema, com tothom sap, era molt més prosaic. El tema era el repartiment de càrrecs en el Consell General del Poder Judicial, que figurava a l’annex 2 de l’acord 10 pels uns i 10 pels altres. Perquè, naturalment, per molt que ho digués la Llei 3/2024, no hi ha hagut cap proposta de consens del Consell General del Poder Judicial per reformar el Poder Judicial. El que hi ha hagut, lògicament, són dues propostes, una per cada bàndol obedientment signades pels membres de cada quota partidista. Per tant, la pretensió del PP de treure les conseqüències que li interessen dels informes del Consell General de la Comissió Europea, del Greco i de la Comissió de Venècia no té cap justificació. Si hi ha un òrgan polititzat, per definició, aquest òrgan és precisament el Consell General del Poder Judicial, un òrgan format per quotes partidistes la principal funció del qual és designar jutges d’acord amb quotes partidistes. Un òrgan on el que preval és la fidelitat política. Un òrgan que funciona a base de consignes i qui no les segueix per la cadira és un òrgan disfuncional fins a la medul·la que, en lloc de fer de govern del poder judicial, que és el que hauria de fer, fa de controlador polític del poder judicial. I la proposta del PP no pretén canviar. Això pretén només perpetuar el seu predomini i el dels seus acòlits en aquest òrgan, amb el tòpic fals i suat de que siguin els jutges els que elegeixin els jutges. Per això, des d’una perspectiva catalana independentista, no ens posem al costat ni dels uns ni dels altres. Abominen de l’acord del 2024 entre els uns i els altres, perquè sota la disfressa d’un pacte d’Estat i d’un consens institucional, el que van fer va ser resetejar durant uns anys més de marge a un règim, a un repartiment de quotes que fa olor de corporativisme podrit. Mirin, si volen una reforma de veritat del Consell General, nosaltres els proposem ara mateix que els seus membres perdin el càrrec i que deixin de cobrar quan acaba el mandat. Això també ho ha dit algun magistrat del Tribunal Suprem i que els nomenaments no es facin per afiliació política i mercadeig de favors i que es regeixin per criteris objectius i transparents. A l’Estat espanyol la imparcialitat i la independència judicial són pura ficció. I els partits del bipartidisme, el PSOE i el PP, el PP i el PSOE són els que mantenen aquesta afició. Aquesta ficció, els encarregats de mantenir aquesta ficció també davant de les autoritats europees i fins i tot a vegades aconsegueixen enganyar-los i tot. I sabem de què parlem, perquè el disseny de la justícia espanyola, inclòs el del seu òrgan de govern, ha permès criminalitzar l’independentisme a través de criminalitzar l’exercici dels drets polítics més bàsics, com votar, manifestar-se, exercir el dret de representació que donen les urnes. La justícia espanyola no garanteix els drets fonamentals de les minories polítiques. Ben al contrari, els persegueix i per això hem hagut d’anar a Europa i els tribunals internacionals a buscar la justícia que l’Estat espanyol ens ha negat, que l’Estat espanyol es nega a donar-nos. I per cert, hem anat a Europa, hem anat als tribunals internacionals amb bastant èxit, com podem veure, per exemple, en les sentències del Tribunal de Justícia de juliol passat que amb la mà plana retornen a la justícia espanyola. Avala que no hi va haver delicte en l’1 d’octubre i estableix que l’1 d’octubre va ser un referèndum d’independència sense qualificar-ho, d’il·legal o il·legítim. Acabo. Demà és la Diada Nacional de Catalunya. Els carrers s’ompliran d’estelades i d’esperança per un futur lliure i digne per al nostre país. I els aviso. No hi haurà mai ni policia espanyola, no hi haurà mai ni justícia espanyola que pugui acabar amb l’anhel de llibertat del nostre poble. Visca Catalunya lliure! Moltes gràcies. Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, bajo la apariencia de una propuesta de consenso avalada por Europa, lo que tenemos en realidad es, de nuevo, mucho postureo y muy pocas ganas de entrar en el fondo del problema de la justicia en el Estado español, porque el modelo de justicia merece ser tratado con seriedad. Nosotros quisiéramos entrar en este debate, porque en ello nos van los derechos y las libertades, pero, al final, cuando hablamos de justicia siempre terminamos en el mismo lado, en una confrontación estéril y retórica entre los dos bandos: el de los intereses ideológicos, pero sobre todo económicos y corporativos de la derecha judicial y del Partido Popular, y el de los intereses ideológicos, pero, sobre todo, económicos y corporativos de la progresía judicial y del PSOE. Ninguno de los dos partidos que se autodenominan de Estado defienden una justicia independiente e imparcial, despolitizada, profesionalizada, eficaz y conectada con la realidad. Ninguno de los dos defiende una justicia europea. No la defiende el PSOE con sus leyes Bolaños. En vez de plantear soluciones estructurales, bajo la apariencia de medidas modernizadoras, promueve medidas partidistas para defenderse en la batalla con la derecha judicial. Naturalmente, tampoco lo hace el PP, que dice defender una justicia independiente, imparcial y europea. Dice seguir esta retórica, pero lo hace con la misma finalidad que el señor Bolaños y compañía: defender medidas por su interés parcial. Es exactamente lo que ocurre con la proposición de ley del Grupo Popular que nos ocupa y que, además, es un perfecto ejemplo de cómo hacerse trampas al solitario, porque se ampara en una concatenación falaz de argumentos para llegar a la conclusión de que no interesa. Primero, empiezan con un autoengaño. La Ley Orgánica 3/2024, una tapadera que nadie se creyó y que no servía para nada más que para disfrazar de consenso institucional uno de los espectáculos más repugnantes que ha vivido el bipartidismo español, ni más ni menos que el reparto de puestos en el consejo general que pactaron Bolaños y González Pons en una habitación oscura de Bruselas para poner fin así a un bloqueo de más de cinco años. Es el famoso acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el estatuto fiscal del 25 de junio de 2024. En ese acuerdo el tema no era la reforma del Poder Judicial, el tema era, como sabemos todos, mucho más prosaico, no era otro que el reparto de cargos en el Consejo General del Poder Judicial que figuraba en el anexo segundo del acuerdo, diez para unos y diez para los otros, porque, naturalmente, por mucho que lo dijera la Ley 3/2024, no ha habido propuesta alguna del Consejo General del Poder Judicial para reformar el Poder Judicial. Lo que ha habido, como es lógico, son dos propuestas, una por bando, firmadas, evidentemente, por los miembros de cada cuota partidista. Por tanto, la pretensión del PP de sacar las consecuencias que le interesan de los informes del consejo general, de la Comisión Europea, del GRECO y de la Comisión de Venecia no tiene justificación alguna. Si existe un órgano politizado por definición, no es otro que el Consejo General del Poder Judicial, un órgano formado por jueces partidistas, cuya principal función es designar jueces de acuerdo con cuotas partidistas. Lo que prevalece es la fidelidad política, funciona a base de consignas, y quien no las sigue, pierde la silla, un órgano disfuncional hasta la médula, que, en lugar de hacer de gobierno del Poder Judicial, que es lo que debería hacer, hace de controlador político del Poder Judicial. Y la propuesta del Grupo Popular no pretende cambiarlo, únicamente pretende perpetuar su predominio y el de sus acólitos de este órgano con un tópico falso y sobado, que es que deben ser los jueces quienes eligen a los jueces. Por ello, desde una perspectiva catalana e independentista, no nos ponemos al lado ni de unos ni de los otros. Abominamos del acuerdo de 2024 entre unos y otros, porque bajo el disfraz de un pacto de Estado y un consenso institucional, lo que hicieron fue resetear, es decir, dar unos años más de margen a un régimen, a un reparto de cuotas que huele a corporativismo podrido. Si desean una auténtica reforma del Consejo General del Poder Judicial, se la proponemos ahora mismo: que los miembros pierdan el cargo y dejen de cobrar cuando terminan mandato ―esto también lo ha dicho algún magistrado del Tribunal Supremo― y que los nombramientos no se hagan por filiación política y mercadería de favores, sino que se rijan por criterios objetivos y transparentes. En el Estado español, la imparcialidad y la independencia judicial son pura ficción y los partidos del bipartidismo, PSOE y PP, PP y PSOE, son quienes mantienen esta ficción, son los encargados de mantener esta ficción, también ante las autoridades europeas, e incluso a veces consiguen engañarlas. Y sabemos de qué hablamos, ¿eh?, porque el diseño de la justicia española, también el de su órgano de gobierno, ha permitido criminalizar al independentismo a través de la criminalización del ejercicio de los derechos políticos más básicos, como votar, manifestarse o ejercer el derecho de representación que otorgan las urnas. La justicia española no garantiza los derechos fundamentales de las minorías políticas, todo lo contrario, los persigue. Por ello, hemos tenido que recurrir a Europa y a los tribunales internacionales para buscar la justicia que el Estado español nos ha negado y que nos niega. Por cierto, hemos ido a Europa, hemos ido a los tribunales internacionales con bastante éxito, como podemos ver, por ejemplo, en las sentencias del Tribunal de Justicia de julio pasado, que con toda contundencia riñe a la justicia española, dice que no hubo delito el 1 de octubre y dice que fue un referéndum de independencia el del 1 de octubre, sin calificarlo de ilegal ni de ilegítimo. Termino. Mañana es la Diada Nacional de Cataluña. Las calles se van a llenar de esteladas y de esperanza por un futuro libre y digno para nuestro país. Y se lo aviso, no habrá policía española ni justicia española que puedan terminar con el anhelo de libertad de nuestro pueblo. ¡Visca Catalunya lliure! Muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades. La veritat és que tinc la diputada, la senyoria Cuca Gamarra com a diputada intel·ligent i una diputada molt, molt, molt contundent i molt sòlida. Vam coincidir a Sanitat durant la pandèmia i això sempre deixa una mica de petjada, però avui la càrrega de cinisme que ha fet aquí explicant-nos la seva proposta, a mi em sembla fins i tot excessiva i sorprenent després de set anys de ser diputada d’aquesta cambra. És a dir, que algú del PP pugui pujar aquí i omplir-se la boca d’independència, de no politització de la justícia i parlar dels jutges i dels magistrats i dels fiscals com si fossin éssers de llum. Que los malvados políticos manipulen. Em sembla que insulta bastant la nostra intel·ligència. Per tant, no entraré en el model i no entraré en el model per tres motius. El primer motiu és perquè voldria recordar en aquesta cambra que quan es va fer l’Estatut d’Autonomia, abans de ser passat pel ribot del infumable senyor Guerra, s’hi recordaran. Contenia uns apartats de justícia, un consell general propi i una administració de justícia pròpia. Aquell és el meu model. Per tant, parlant del model que ha de ser el Consell General del Poder Judicial espanyol. La veritat és que crec que com a independentista no em pertoca. Vostès ja saben com està la seva justícia i, francament, no és la que jo voldria tenir a casa meva, però són vostès els que els hi estan fent, el que estan fent, deia la senyora Gamarra el Gobierno ataca la justicia, señora Gamarra. Per l’amor de Déu que tots sabem llegir. I la justícia no s’està precisament quieta respecte al Gobierno. L’exemple que ha posat de la dona i del germà. Jo ni entro ni surto, perquè a mi m’és igual tot això, però la veritat és que a veure que és un il·lícit administratiu com el del germà i el de la senyora esposa. Home, és que ens fan sortir els colors a tots els que hem estudiat dret. Llavors, a partir d’aquí, que facin el que vulguin amb el seu estat, l’estan destrossant vostès mateixos. Escolti, miri, com a molt els aplaudirem perquè era part del meu objectiu al venir aquí. Dit això, per tant, no entraré en si han de ser els uns i els altres perquè vostès estan confonent partidisme amb politització. Estem veient cada dia del món com una jutgessa que resulta que havia sigut regidora de no sé quin poble, que per cert, era del PP, va encomanar un informe que va dir que no podia passar als superiors d’Interior i que no es podia fer públic. Hombre, por favor. En castellà diríem que nos salen los colores. Cada vegada que agafem un diari, el jutge Peinado, jo des d’aquesta tribuna és igual si li dic prevaricador o no dic prevaricador. Quart torn es jubila. Cap responsabilitat, cap responsabilitat. I ara ve el partit, el senador del qual, el senyor Cosidó, va dir que controlarien la sala Segona a dir-nos que hem de buscar un sistema perquè tot sigui imparcial. Home, és que sincerament, acaben una mica amb la paciència de tots els que els puguin escoltar. Llavors, dit això, a mi el que em sembla més important de tot plegat és el desastre reputacional que està tenint la justícia a través de la manipulació que els uns i els altres, però en una mesura més petita fan dels seus lacais amb toga. I els hi dic perquè una de les funcions essencials del Consell General del Poder Judicial, a part de ser l’òrgan de Govern, és el tema sancionador. Miri, fa molta vergonya quan llegeixes que el 91 % de les denúncies contra jutges han estat arxivades, que si es jutja i se impune en la teva feina és gairebé equivalent. Perquè això el que fa és que ningú cregui que cap actuació contra la justícia pugui tenir un bon recorregut. Que un jutge condemna algú en condemna? Algú no disposa presó provisional per a algú durant dos anys? I després la absolen? Aquí no ha pasado nada. Se li posa una querella, però el Consejo General del Poder Judicial considera, en aquest cas va ser el Tribunal Suprem president del qual és també president del Consell General del Poder Judicial. Bé, considera que no hi va haver mala fe. És que es va equivocar de veritat. Vostès creuen que això es pot aguantar en un estat que es diu democràtic i de dret, que no hi hagi cap conseqüència per decisions en l’exercici de la funció jurisdiccional que trenquen absolutament vides? Vostès realment creuen que això dona alguna mesura d’una justícia no independent? No. Perquè s’obliden de la paraula essencial, imparcial, que no prejutja en funció de la identitat dels intervinents. Quin serà el resultat? I sap què passa? Que ho deien abans, però provenint com provenim d’una aplicació absolutament total del dret penal de l’enemic. Els independentistes, doncs home, la imparcialitat ni hi és ni se l’espera. Per tant, no ens faci entrar a parlar d’aquests temes. Segueixo una mica amb lo del Consell General del Poder Judicial i la seva funció sancionadora. Mirin, arriben de l’ordre d’unes 18 000 queixes, entre 18 000 i 20 000 queixes. El Consell General del Poder Judicial, moltes d’elles tenen queixes de la ciutadania i, per tant, van per la banda més administrativa. Arriben aproximadament pel que jo he estat veient de les pròpies memòries del Consell General del Poder Judicial. Arriben a això unes 20, més o menys. Es tramiten i finalment 4 poden acabar en sanció. Home, entre el total de jutges que hi ha o són molt perfectes o no cometre cap error amb conseqüències de la seva pròpia funció jurisdiccional. A mi em sembla que no s’aguanta per enlloc. Per tant, dit això, ara mateix els meus ulls i els ulls del meu partit, el Consell General, no és que no tingui prestigi, és que no té cap credibilitat. El Consell General és simplement una peça més del joc polític que vostès han decidit tirar endavant per acabar amb la mínima credibilitat democràtica que tenia aquest estat. I sap què passa? Que de credibilitat en tenia molt poca. I en tenia molt poca, perquè la transició en realitat va ser una farsa. I per això un dels poders que no va democratitzar va ser, a part del militar, que potser ho va fer fins i tot més a part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, va ser precisament al judicial i a l’àmbit judicial. Vostès estan jugant la partida del poder? I en l’àmbit del poder judicial igual la guanyaran. Però darrere de guanyar la deixaran el seu estat sense cap. En castellà dirien vista de credibilitat democràtica. És el joc que vostès fan. Nosaltres ho portem denunciant des de fa molts anys i creiem que amb les seves actuacions s’estan donant la raó. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputados, diputadas. Lo cierto es que tengo a la señoría Cuca Gamarra por una diputada inteligente, por una diputada muy contundente y muy sólida. Coincidimos en la Comisión de Sanidad durante la pandemia y eso siempre deja un poco de huella, pero hoy la carga de cinismo de la que ha hecho gala explicándonos su propuesta en esta tribuna me parece excesiva, especialmente después de siete años de ser diputada de esta Cámara. Es decir, que alguien del Grupo Popular pueda subir aquí y llenarse la boca de independencia, de no politización de la justicia y de hablar de los jueces, magistrados y fiscales como si fueran seres luminosos que manipulan los malvados políticos, me parece que viene a insultar un poco nuestra inteligencia. Por tanto, no voy a entrar en el modelo, y lo haré por tres motivos. Quisiera recordar en esta Cámara que, cuando se elaboró el estatuto de autonomía, antes de pasarlo por el cepillo del infumable señor Guerra, si lo recuerdan, contenía una serie de apartados relativos a la justicia, un consejo general propio y una Administración de Justicia propia. Ese es mi modelo. Por tanto, hablar en el vacío del modelo que debe tener el Consejo General del Poder Judicial español me parece que como independentista no me corresponde. Ustedes ya saben cómo está su justicia y, francamente, no es la que yo quisiera en mi casa, pero son ustedes quienes le hacen lo que le hacen. Decía la señora Gamarra que el Gobierno ataca a la justicia. Señora Gamarra, por favor, que sabemos leer todos, ¿eh? La justicia no está precisamente quieta con respecto al Gobierno. En el ejemplo que ha puesto de la mujer y el hermano, en fin, yo ni entro ni salgo, porque todo esto me da igual, pero lo cierto es que es una cuestión administrativa lo del hermano como mucho, y lo de la señora esposa es que nos hace sonrojar a todos los que hemos estudiado Derecho. Así pues, a partir de aquí, que hagan lo que quieran con su Estado. Lo están diciendo ustedes mismos, pero escuche, como mucho les voy a aplaudir, porque formaba parte de mi objetivo al venir aquí. Dicho esto, no voy a entrar en si tienen que ser los unos o los otros, porque ustedes confunden partidismo con politización. Estamos viendo todos los días, sin excepción, cómo una jueza que resulta que fue concejala de no sé qué pueblo, en el que, por cierto, estaba el PP, encargó un informe que dijo que no podía pasar a los superiores de Interior y que no se podía hacer público. Hombre, por favor, en castellano se diría que nos salen los colores cada vez que cogemos un periódico. Da igual si al juez Peinado desde esta tribuna se le llamó prevaricador o no. En fin, se jubila, ninguna responsabilidad. Y ahora viene el partido cuyo senador Cosidó vino a decirnos que hay que buscar un sistema para que todo sea imparcial. A ver, es que, sinceramente, terminan un poco con la paciencia de todos los que les pueden estar escuchando. Dicho esto, a mí lo que me parece más importante de todo es el desastre reputacional al que se somete a la justicia por la manipulación que unos y otros, aunque los otros en una medida menor, hacen de sus lacayos con toga, por así decirlo. Y se lo digo porque una de las funciones esenciales del Consejo General del Poder Judicial, aparte de ser el órgano de gobierno, es la de sanción, es el órgano sancionador. Da muchísima vergüenza leer que el 91 % de las denuncias contra jueces se han archivado, que ser juez y ser impune en tu trabajo es prácticamente equivalente, porque eso lo que hace es que nadie crea que las actuaciones contra la justicia puedan tener un buen recorrido. ¿Que una jueza dispone cárcel provisional para alguien durante dos años y luego le absuelven? Pues aquí no ha pasado nada. Se le pone una querella, pero el Consejo General del Poder Judicial considera, aunque en este caso fue el Tribunal Supremo, cuyo presidente también es presidente del Consejo General del Poder Judicial, que no hubo mala fe, que se equivocó, sin más. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que se puede aguantar esto en un Estado que se llama democrático y de derecho? ¿Que no haya ninguna consecuencia por decisiones en el ejercicio de la función jurisdiccional que rompen completamente vidas? ¿Ustedes realmente creen que esto da en medida alguna algo de justicia ―no independiente, porque se olvida de la palabra esencial, imparcial―, que no prejuzgue en función de la identidad de los intervinientes cuál va a ser el resultado? ¿Y sabe qué pasa? Se lo han dicho antes. Viniendo como venimos de una, digamos, aplicación absolutamente total del derecho penal del enemigo contra los independentistas, pues bien, la imparcialidad ni está ni se la espera. Por lo tanto, en fin, no nos haga entrar a hablar de estos temas. Sigo un poco con lo del Consejo General del Poder Judicial y su función sancionadora. Llegan unas 18 000 quejas ―entre 18 000 y 20 000― al Consejo General del Poder Judicial y muchas de ellas son de la ciudadanía, por lo tanto, van por la vía más administrativa. Luego llegan ―por lo que he visto de las propias memorias del Consejo General del Poder Judicial― del orden de veinte que se tramitan y, por último, cuatro pueden terminar en sanción. Es decir, en el total de jueces que hay, que sean muy perfectos o que no cometan ningún error con consecuencias para su propia función jurisdiccional no se aguanta por ningún lado, no se sostiene. Dicho esto, a mis ojos y a los de mi partido, en estos momentos, el consejo general no es que no tenga prestigio, es que no tiene credibilidad alguna. Es sencillamente una pieza más del juego político que ustedes han decidido sacar adelante para terminar con la mínima credibilidad democrática que tenía este Estado. ¿Y sabe que ocurre? Que ya tenía poca credibilidad. Y tenía poca porque la Transición en realidad fue una farsa y, por eso, uno de los poderes que no se democratizó, aparte del militar ―que quizás incluso lo hizo más― y aparte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fue precisamente el judicial. Y en el ámbito judicial, están jugando ustedes la partida del poder. Y en el ámbito del Poder Judicial, tal vez la ganen, pero tras ganarla, van a dejar a su Estado sin ningún viso de credibilidad democrática. Es el juego de ustedes. Llevamos muchos años denunciándolo y creemos que con sus actuaciones van por ese camino. Muchas gracias. .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Gracias, presidenta. Durante cuarenta años y diferentes Gobiernos, los vocales del Consejo General del Poder Judicial se han elegido con intervención de las Cortes Generales, pero el PP se empeña en su mantra antidemocrático de que los jueces elijan a los jueces. Tan antidemocrático como proponer que los diputados elijan al siguiente Congreso o que los ministros y ministras elijan el siguiente Consejo de Ministros. Los poderes del Estado en democracia se eligen con intervención del soberano, del pueblo, mediante el voto de todos los españoles y españolas, no solo de aquellos a los que el Tribunal Supremo les permite votar. El Grupo Popular ha bloqueado la renovación del consejo durante once años, cada vez que no podía controlarlo. La reforma de la elección de los vocales del consejo, aprobada por la Ley Orgánica 3/2024, conforme al acuerdo que ustedes impusieron al Grupo Socialista para acabar con su secuestro del consejo, obligó a pagar un rescate excesivamente alto: una sucesión de nombramientos de jueces por el consejo del que el 70 % ha recaído sobre jueces y juezas avalados o vinculados a las organizaciones judiciales conservadoras. Pero un 70 % para el Partido Popular no es suficiente y tienen el descaro de presentar una proposición de ley para que también los vocales jueces del consejo se elijan casi exclusivamente entre jueces conservadores. El Partido Popular dice que el Poder Judicial está politizado, pero no lo dice por el gran número de nombramientos de jueces conservadores que hace el consejo, sino porque los vocales del consejo se eligen por las Cortes, por la soberanía popular. Con la excusa de la politización, proponen acabar con la intervención democrática en la elección de un órgano constitucional. Eso que ustedes llaman politización es la pluralidad de la democracia. Es una conquista de las fuerzas políticas y sociales democráticas que ha costado mucho sufrimiento conseguir, porque los partidos del búnker franquista, como Alianza Popular, intentaron que no hubiera pluralidad ni politización democrática. «Usted haga como yo, no se meta en política», decía el dictador. Para el Grupo Popular no es suficiente controlar más del 70 % de los nombramientos de jueces en audiencias provinciales, en tribunales superiores de justicia, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, quieren controlar el 100 % de los nombramientos para poner a la justicia aún más a su servicio. Con la actual ley, la independencia en el ejercicio de la jurisdicción está garantizada. Tiene independencia, evidentemente, el juez Peinado para perseguir a Begoña Gómez. Tuvo independencia el juez Escalonilla para abrir doce piezas separadas, doce, para investigar la supuesta financiación irregular de Unidas Podemos, que nunca llegó a juicio, aunque el instructor sí llegó a la Audiencia Provincial, donde continúa ejerciendo su independencia. Tiene independencia la Audiencia Provincial de Valencia cada vez que reabre la causa contra Mónica Oltra, porque algo tendrá que haber. Y tiene independencia judicial la Sala segunda del Supremo cuando se niega a aplicar la ley de amnistía aprobada por el Parlamento y validada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia Europeo. La independencia del Supremo llega al extremo de privar de derechos electorales a miles de españoles que ahora son españoles de segunda clase. Así, el Tribunal Supremo se ha sumado a una campaña de mentiras de VOX y del Partido Popular que asegura que los procesos electorales son fraudulentos, salvo que ganen ustedes, por supuesto. No es de extrañar que el 65 % de los españoles opine que existe lawfare. Animo al Grupo Popular a que señale un solo caso, uno, en el que, a consecuencia del actual sistema de elección de vocales del consejo, se haya impedido la independencia judicial. Esta reforma que nos traen tiene como única finalidad que las derechas controlen el 100 % de los nombramientos de jueces que realiza el consejo. El Tribunal Constitucional ha avalado el sistema actual de participación de la soberanía popular en la elección de vocales. La Sentencia 108 del año 1986 declara que existe un mandato constitucional para que el modo de elección de los vocales judiciales represente el pluralismo de la sociedad española. Afirma el Tribunal Constitucional que nuestro actual sistema es perfectamente homologable a los distintos modelos que hay en Europa, que son varios: un modelo atribuye al Ministerio de Justicia la competencia exclusiva para elegir el órgano de dirección del Poder Judicial, en otro modelo esas funciones se otorgan al propio Poder Judicial y otro modelo atribuye la competencia a un órgano constitucional como este. Afirma nuestro Tribunal Constitucional que cualquiera de los tres sistemas es susceptible de politizar la elección. Regalar la elección de los vocales a los jueces es una distorsión democrática. Crea un sistema de elección censitaria ―un órgano constitucional elegido por el 0,001 % de la población―, politiza al máximo la carrera judicial, al convertir el consejo en un órgano de representación profesional, y crea un sistema de confrontación entre asociaciones de jueces, todas ideologizadas. Las asociaciones de jueces pueden además ser financiadas por el sector privado. Es una temeridad que un poder del Estado, el Poder Judicial, pueda ser elegido con intervención del sector privado, empresas o fondos de inversiones nacionales y extranjeros. El Grupo Popular fundamenta su propuesta en las opiniones de la Comisión de Venecia, un grupo de expertos que realizan informes a petición del Consejo de Europa con opiniones que solo representan a quienes componen esa comisión. No es un órgano del Consejo de Europa, ni de la Unión Europea, ni se elige con participación democrática. El Grupo Popular convierte en criterio indiscutible el informe emitido por esa comisión. En el texto presentado no dudan en manipular la opinión de la Comisión de Venecia. Incluyen literalmente el punto 67 del informe, que se pronuncia contra la intervención de la soberanía popular en la elección de los vocales del consejo, pero solo incluyen parcialmente el punto 66, de forma que el informe parezca avalar su propuesta de que los jueces elijan a los jueces. Por lo que sea, se les ha caído un párrafo. Aquel que dice que el mecanismo propuesto por el Partido Popular tiene un alto riesgo de ―literal― politización interna del consejo. Se nos ocurren propuestas de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial mucho más democráticas; por ejemplo, que sean elegidos directamente por toda la ciudadanía en voto directo y secreto. Animamos al Partido Popular a apoyarlo. Mientras tanto, nosotros votaremos que no a su propuesta. Gracias. .

José María Sánchez García VOX

Con la venia. No debería estar permitido subir a esta tribuna para no decir nunca la verdad o para decir siempre mentiras, que es lo que han hecho todos los portavoces que me han precedido. . Pero ya sabemos que el gobernante que se siente llamado a reprimir la mentira acaba como el presidente del Gobierno; es decir, queriendo censurar también la verdad. Y, por lo tanto, aquí hay que buscar un cierto equilibrio y, como siempre, va a ser VOX quien ponga un punto de sensatez en este conjunto de disparates que acabamos de oír. . Doña Cuca, oradora en nombre del Grupo Proponente, tampoco le puedo a usted eximir de las muchas culpas de su partido en esta degeneración espantosa ―como la televisión, en palabras de doña Rosa María Mateo― del Poder Judicial en España. No, no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo por muchos motivos. Principalmente, por uno — aunque luego voy a mencionar otros—, principalmente, porque esta proposición de ley que ustedes presentan y que se debate hoy, al menos al efecto de su toma en consideración, omite lo principal; omite lo principal. Lo he dicho ya varias veces, pero, claro, ya comprenderán que, como todos ustedes mienten, no me van a hacer caso, porque como subo a esta tribuna a decir la verdad y ustedes mienten, la verdad les repugna, a todos; y cuando digo a todos digo a todos, sin excepción. . Vamos a ver, el problema de la independencia del Poder Judicial no radica principalmente en el modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre otras cosas porque los vocales de dicho Consejo no ejercen la función jurisdiccional. Luego aquí ya hay una limitación severa, conceptual, insalvable. El problema se cifra en la afectada independencia que puedan tener los jueces y magistrados que ejercen la función jurisdiccional, principalmente los de los órganos más altos de la magistratura. Y ese defecto de independencia que puedan sufrir puede depender del modo de su elección. Y el modo de su elección hoy en día sigue siendo discrecional por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial lo constituyen veinte vocales designados por los partidos políticos. Aquí hay un problema de transitividad en la dependencia política. Entonces, si ustedes no abordan este problema ―el señor Legarda me mira con cara de asombro; es, de todos los que han hablado, el único que sabe de qué estoy hablando y, además, está completamente de acuerdo, pero no lo dirá ― pues no resolveremos nada o muy poco. Lo que urge es reformar las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regulan los nombramientos de los magistrados de las salas del Tribunal Supremo, los nombramientos de los presidentes de las salas de audiencias provinciales, de Tribunales Superiores de Justicia, etcétera, y que esos nombramientos no se hagan con arreglo a criterios discrecionales que aplique el consejo. Tienen que ser criterios reglados. Uno de ellos puede ser, a modo de tratamiento de choque, el de la antigüedad. No digo que tenga que ser el único, sino que puede ser. Pero ustedes de esto no quieren oír ni hablar. El señor De Rosa, que está ahí también, magistrado de carrera, en este momento en servicios especiales, que ha sido vicepresidente de ese consejo y que ha sido no sé cuántas cosas en el ámbito de la Justicia, en alguna ocasión me ha dicho que no, que esto no es posible, que lo de la antigüedad no. Lo que no me ha dicho es por qué no es posible. Pues yo les digo por qué no es posible: ¡porque todos ustedes quieren seguir controlando los nombramientos! . ¡Todos! También usted, señor Legarda, del partido nacionalista, porque, si no, no se entiende su intervención de hoy. Y aquí nos encontramos ante discursos incendiarios de un comunismo irredento del señor Santiago, que dice que los jueces y magistrados tienen que ser elegidos por el pueblo en las urnas ―¡ah, qué descubrimiento ha hecho usted, qué descubrimiento tan extraordinario!― en orden a la garantía de la independencia del Poder Judicial. ¡Ya, ya, ya! ¿Y usted, que ha estudiado Derecho ―interpreto, aunque no lo parece―, no ha observado que existe en las democracias parlamentarias una confusión entre poder ejecutivo y poder legislativo? . ¿Y eso no sabe usted a qué se debe? Se debe a la partitocracia. O sea, que usted, para terminar de cerrar el círculo de la partitocracia y, por lo tanto, de la limitación de la libertad y de la negación de la democracia, también la parlamentaria, quiere meter en ese círculo también al Poder Judicial. ¡Qué listo es usted! ¡Qué listo es usted! . Deseablemente, claro, para que los ciudadanos elijan a partidos como el suyo, que participa en este extraño experimento que vivimos a principios del siglo XXI, por obra y gracia del Partido Socialista, de que en dicho siglo y en su primer cuarto gobierne ―en una democracia occidental europea o de la Europa occidental, porque si hubiera sido en Bulgaria nos hubiera llamado menos la atención en España― un partido comunista como el suyo. Ya está bien de experimentos. Ya parece que llega a su fin; parece que llega a su fin. Lo esperamos. Pero ya está bien de experimentos, entre otras cosas porque ustedes lo que han demostrado, aparte de que son comunistas irredentos, es que son de una ineptitud y de una inutilidad en el ejercicio del Gobierno que ha dejado temblando a los españoles. Y así están ustedes en las encuestas, porque todos ustedes del PSOE, con ese señor que tienen al frente, son los que han permitido este experimento letal. Bueno, letal no porque no habremos muerto, pero, en fin, casi, casi. . Y algún error más ―y concluyo, señora presidenta―, porque, doña Cuca, vamos a ver, ¿si esta ley en vigor es tan mala y llevamos debatiendo sobre esto cuarenta y un años ―cuarenta y un años dan para mucho, y ni una originalidad de pensamiento; ¡cuarenta y un años hablando de lo mismo! ¿Usted se da cuenta? Desde 1965―, ¿por qué no se les ocurrió a ustedes cuando gobernaron con mayoría absoluta, dos veces, con Aznar y Rajoy, reformar la ley? . Le rogaría a usted que cuando vuelva a subir a esta tribuna ―no sé si tiene oportunidad de hacerlo ― nos lo explique. Porque a lo que se limitaron fue a firmar un absurdo Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de diez paginitas el 28 de mayo de 2001. Ahí se hicieron una foto el señor López Aguilar y el señor Michavila, que luego, por cierto, se sucedieron en la Cartera de Justicia, como à tour de rôle, uno detrás de otro. ¡Y aquello lo firmaron como si fuera la Cumbre de Yalta! Vamos, ¡la Cumbre de Yalta era aquello! . ¿Y eso para qué sirvió a la independencia del Poder Judicial? Pues para nada porque no disponía nada. Sí, una reforma en el procedimiento por el cual las Cortes elegían, con arreglo a la ley de 1985 ―que a ustedes les repugna ― los doce vocales de extracción judicial; un procedimiento a través de ―¡ah, sorpresa!― las asociaciones judiciales, que, como se ha dicho aquí ―una de las pocas cosas que se han dicho ―, están todas ideologizadas y son correa de transmisión de los partidos políticos, más o menos.

José María Sánchez García VOX

Bien, para concluir, para concluir... .

José María Sánchez García VOX

¿Son todos ustedes unos mentirosos? . ¿ No creen en la independencia del Poder Judicial? ¿Lo que desean es controlar a jueces y magistrados? Lo ha dicho claramente el señor Santiago, que no le gusta lo que hacen los jueces. Claro, cuando instruyen e investigan su financiación, no le gusta. ¿Y a quién le va a gustar? Pero eso no significa que el juez sea independiente, señor mío. ¡Pero qué cosas tiene usted! Dice unas cosas tremendas.

José María Sánchez García VOX

O sea, usted deja de pagar la renta de su casa, hay una demanda y dice: Claro, este juez no es independiente, está juzgando una demanda de desahucio... .

Francisco Aranda Vargas PSC-PSOE

Gracias, señora presidenta. Esto no está pagado; salir después del señor Sánchez no está pagado. . Señor Aizcorbe, esto es otro nivel, es otra cosa. Señora Gamarra, yo sí la llamaré por su apellido, como es costumbre en esta Cámara, para seguir lo que tiene que ser y no entrar en otras cosas. . Quiero criticarla de verdad, no desde la falta de respeto. Señora Gamarra, fuera caretas. Nos han traído un adelanto de su programa electoral y su programa de gobierno, y ya les digo que quedará en papel mojado. Este es el plan del PP en tres actos para la justicia si llegan al Gobierno de la mano de la ultraderecha: primero, puentear la Constitución; segundo, hurtar a las Cortes Generales el nombramiento de los vocales del consejo; y, tercero ―importante―, entregar la justicia a las asociaciones conservadoras. Y a eso le llaman defensa de la independencia judicial. Menudo cinismo. Por cierto, señora Gamarra, de su intervención me quedo con una leve Pausa.Cuando usted ha dicho: queremos una justicia aliada ―pausa― de la verdad. En esa pausa está todo su pensamiento. Ustedes quieren una justicia aliada del PP. Esa es la justicia que ustedes quieren. . Permítanme una pregunta sencilla: ¿dónde estaban ustedes y su independencia entre el año 2018 y el 2024? ¿Dónde estaban ustedes y su independencia mientras bloqueaban el consejo casi más de cinco años? Porque ustedes, entonces y ahora, están siempre en el uso partidista de la justicia, para intentar llegar por fuera adonde no pueden llegar por dentro. Déjenme decirlo claramente: señora Gamarra, esto no es un proyecto de ley, esto es un pago en especie. ¿Desde cuándo un partido de Estado, que además es necesario e imprescindible para renovar el consejo, desde cuándo ―repito― un partido como el suyo decide gratuita y altruistamente traspasar una competencia del Legislativo a las asociaciones judiciales? No se entiende desde ningún punto de vista, ni legal ni político ni constitucional. . No se entiende, a no ser que pensemos como ustedes, un partido ya anclado a VOX, con unas prisas destructivas para llegar al Gobierno, donde todo les vale, donde creen que España es su cortijo. No se entiende, a no ser que hagamos un repaso a su historia. Porque ustedes regalaron el suelo de la vivienda a fondos buitre; ustedes regalaron empresas públicas a sus amiguetes y compañeros de pupitre; ustedes regalaron amnistías fiscales a defraudadores; ustedes regalan la sanidad y la educación pública ―y, si no, que se lo digan a Madrid―; ustedes usaron el Ministerio del Interior para tapar sus corruptelas. Ustedes, que usan todo lo que está fuera de estas paredes para volver al poder, ¿cómo no van a entregar la justicia? ¿Cómo no? Ustedes, a España, señora Gamarra, no la defienden; ustedes a España la venden por fascículos. . ¿Y por qué hoy esta proposición? Bueno, yo imagino que ya han recibido la instrucción y ahora lo ponen negro sobre blanco para que nos hagamos una idea de qué pasará en este país el año que viene si los ciudadanos no lo impiden con su voto y llegan al Gobierno. Señorías del PP, ¿a quién se deben? ¿Para quién trabajan? ¿A quién le hacen los favores? Miren, señorías, cero lecciones de independencia judicial de aquellos que usan la justicia a su antojo; cero lecciones de cómo elegir al consejo de quienes lo bloquearon seis años. Pero vamos a hablar del fondo. La Constitución y el Tribunal Constitucional validan que estas Cortes Generales, sede de la soberanía nacional, tengan un papel determinante en la elección de los vocales del consejo. Les diré más, es que esta intervención de las Cortes en esta designación no es una injerencia política en el Poder Judicial, es el mecanismo que vincula al Poder Judicial con el Poder Constituyente. Es eso. Señorías, aunque a ustedes no les guste, todos los poderes del Estado emanan del pueblo español, también el Poder Judicial. . Por cierto, hoy mismo ―y no lo digo yo―, un vocal del consejo y juez ha dicho lo siguiente: Algunos jueces están actuando como operadores políticos en determinadas situaciones. Imagino que no lo ha dicho por jueces con sesgo progresista. Señorías, ustedes nos hablan también en su proposición y en su intervención de la Comisión de Venecia y de cómo se elige en Europa a los miembros de los consejos de magistratura. Bueno, pues hablemos. Esta Comisión de Venecia nunca ha dicho ni ha emitido un veredicto a favor de la autoelección judicial. No es así, señorías. Incluso la Comisión ha advertido ―eso sí que lo omiten― del riesgo de politización interna a través de las asociaciones judiciales. Y digo algo más, algo que ustedes también omiten: no existe un estándar único europeo para elegir a los miembros de los consejos de magistratura. No es verdad, no existe. Hagamos un repaso. Alemania: elección de los jueces de los tribunales superiores por una comisión de consejeros de Justicia de los Länder y miembros del Parlamento. Francia: elige dos miembros el presidente de la República; dos, el presidente de la Asamblea Nacional; dos, el presidente del Senado. Italia: el Parlamento italiano, en sesión conjunta de la Cámara, elige directamente a un tercio y el presidente de la República es miembro nato. Imaginemos que aquí el presidente del Gobierno también lo fuera. Señorías, yo imagino que nadie en esta Cámara puede sostener seriamente que en Alemania en Francia o en Italia no existe independencia judicial. . Señora Gamarra, señorías del PP, voy acabando, pero esto creo que es lo más importante, porque también afecta al sistema que tenemos. Nuestro modelo actual no nació de un decreto de un Gobierno de turno, nació de un pacto de Estado suscrito por partidos que representaban a más del 90 % del electorado. Usted ahora habla, señora Gamarra, de modelo autoritario. ¡Pero si lo han pactado con ustedes! ¿Qué autoritarismo? ¡Pero si fue pactado hace cuatro días! Ahora, ustedes se desmarcan. Porque ese es el modelo que quieren romper en su deriva por romperlo todo, y no por convicción jurídica, como es obvio, sino por interés político. Señorías, la conexión entre el gobierno del Poder Judicial y las Cortes, lejos de corromper, legitima y dignifica al Poder Judicial. Esta proposición no refuerza esta independencia, sino que la disfraza de autogobierno para entregarla a la lógica de las asociaciones judiciales. Y, frente a esto, mi grupo ―y así acabo, señora presidenta― defiende un modelo que vincula el Poder Judicial con la soberanía nacional, que exige mayorías cualificadas y que ha sido validado reiteradamente por el Tribunal Constitucional y por casi cuatro décadas de práctica democrática. Muchas gracias. .

Margarita Martín Rodríguez PsdeG-PSOE

Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. Permítanme que mis primeras palabras sean para saludar y dar la bienvenida a los representantes de los colegios oficiales de biólogos y biólogas y de Trabajo Social que hoy nos acompañan desde la tribuna. . Gracias, gracias por estar aquí hoy, pero sobre todo gracias por el trabajo realizado, por la tenacidad demostrada durante tantos años para que el reconocimiento de estas profesiones como profesiones sanitarias llegue finalmente al Pleno de este Congreso de los Diputados. Porque el debate que hoy mantenemos no nace de la improvisación: detrás hay años de trabajo, de reivindicación y de diálogo y, sobre todo, años de ejercicio profesional que han demostrado que la realidad sanitaria ha avanzado más deprisa que la legislación. Hay debates parlamentarios que sirven para crear nuevas realidades y hay otros, como este, en los que nuestra obligación es reconocer una realidad que ya existe, pero a la que la ley todavía no ha dado la respuesta adecuada. De eso hablamos hoy, de hacer que la ley avance al ritmo que ha avanzado la ciencia, la sociedad y nuestra manera de entender la salud. Y quiero poner en valor algo especialmente importante. Esto no es una iniciativa de un único grupo parlamentario. Esta proposición de ley nace del acuerdo entre distintos grupos de esta Cámara, en diálogo con el Gobierno, y eso importa. En un tiempo en el que demasiadas veces se presenta la política como un sinónimo de confrontación, hoy demostramos que existe otra política: la que escucha, la que dialoga y la que es capaz de construir acuerdos ante una causa justa. . En el Grupo Parlamentario Socialista queremos contribuir a ampliar ese consenso. Lo hacemos también desde una convicción profundamente política. Los socialistas y las socialistas creemos que la política sirve para reconocer derechos, para ampliarlos y para conseguir que las leyes respondan a la vida real de las personas. Pero conviene dejar algo claro. Aquí no estamos regalando una condición profesional ni creando artificialmente una realidad que no existe. Estamos reconociendo jurídicamente funciones que ya se desarrollan todos los días en el ámbito sanitario. La sanidad del siglo XXI no es la misma que la de los años noventa. Han avanzado la genética, la biología molecular, la reproducción humana asistida, las técnicas diagnósticas, y también ha cambiado nuestra manera de entender la salud. Hoy sabemos que las condiciones sociales, familiares, económicas y comunitarias pueden determinar cómo enfermamos y cuáles son nuestros resultados en salud. Por tanto, también han cambiado los equipos que necesitamos. Una sanidad moderna es necesariamente una sanidad multidisciplinar, y ahí encontramos a los biólogos y a las biólogas, profesionales que llevan décadas desarrollando funciones esenciales en laboratorios clínicos, en diagnóstico genético y genómico, en biología molecular, en microbiología o inmunología; funciones con incidencia directa en el diagnóstico, en el pronóstico y en la toma de decisiones clínicas. No hablamos de una posibilidad futura, hablamos de profesionales que ya están ahí; profesionales que trabajan en genética, en reproducción humana asistida, en terapia celular, en biobancos, en investigación biomédica o en salud pública. No parece razonable beneficiarnos de su conocimiento, de su especialización y de su trabajo y mantener al mismo tiempo un marco normativo que no reconoce adecuadamente la naturaleza sanitaria de las funciones que desempeñan. Algo semejante ocurre con el trabajo social sanitario. Hablamos de profesionales que identifican, que estudian, que valoran e intervienen sobre los factores sociales, familiares, económicos y comunitarios que inciden en la salud y en la enfermedad; realizan la valoración social y elaboran un diagnóstico social sanitario complementario al diagnóstico clínico; intervienen sobre los determinantes sociales de la salud; trabajan en prevención y detección de situaciones de riesgo; desarrollan intervención familiar y comunitaria y realizan una labor fundamental de coordinación sociosanitaria. El trabajo social forma parte desde hace décadas de hospitales, de la atención primaria, de la salud mental y de otros dispositivos sanitarios. Nuestra propia legislación ha ido reconociendo esa presencia. Según los datos que maneja el Consejo General de Colegios de Biólogos y biólogas, cerca del 40 % de los y las tituladas en Biología ejercen funciones sanitarias, lo que supone que no menos de 30 000 de estos profesionales trabajan en el sistema sanitario de nuestro país. Por lo que respecta al trabajo social, el consejo general de colegios de trabajadoras sociales estima que un 20 % de los y las tituladas ejercen funciones en el ámbito sanitario. Por lo tanto, estamos hablando de más de 40 000 personas de estos dos ámbitos profesionales que estarían afectados por este reconocimiento. Señorías, la pregunta es sencilla: ¿debe la legislación ignorar la realidad o debe adaptarse a ella? Para nosotros la respuesta es clara: debe adaptarse. Porque este reconocimiento no afecta únicamente a quienes ejercen estas profesiones, afecta también a la calidad del sistema y a la seguridad de los pacientes. Un marco jurídico claro permite definir responsabilidades, ordenar competencias, establecer requisitos de cualificación y ofrecer mayor seguridad. Esta proposición lo hace con prudencia. El reconocimiento se vincula al ejercicio profesional en el ámbito sanitario y establece requisitos específicos. Se hace, además, sin perjuicio de las competencias correspondientes a otras profesiones y preservando el carácter multiprofesional de los equipos. Por tanto, reconocer no significa invadir. No se trata de quitar espacio a nadie, se trata de ordenar, de reconocer y de sumar conocimiento; un planteamiento compartido y reivindicado por los propios colegios profesionales. En el caso de los biólogos y las biólogas, en esta reforma optamos por hacer compatible el reconocimiento tanto de la realidad de los profesionales que ya trabajan en la sanidad como el valor de las y los especialistas y de las competencias que tienen atribuidas. De ahí que esta proposición de ley establezca vías de habilitación normativa para los y las profesionales que trabajan actualmente en el ámbito sanitario, siempre que dichas actividades no se encuentren incluidas entre las competencias propias de los especialistas en ciencias de la salud. Señorías, con esta proposición respondemos a una deuda histórica con estos profesionales, que ya no pueden esperar más. La modernización del sistema, la salud pública, la seguridad de los pacientes y la justicia con estos profesionales no admite más demora. Esta iniciativa representa también una determinada manera de hacer política: la de ampliar derechos. Lo hicimos incrementando los derechos civiles, lo hacemos fortaleciendo los derechos sociales y debemos hacerlo también reconociendo derechos profesionales, cuando ese reconocimiento contribuye a mejorar la vida de la ciudadanía. . Porque esta iniciativa no beneficia únicamente a biólogos y biólogas o a trabajadores y trabajadoras sociales: nos beneficia a todos como sociedad. Significa equipos sanitarios mejor ordenados, mayor seguridad jurídica y una sanidad capaz de asumir plenamente la multidisciplinaridad que exige nuestro tiempo. Por eso, termino apelando a todos los grupos de esta Cámara. Esta proposición nació desde el acuerdo. Hagamos que ese acuerdo sea todavía mayor, que una iniciativa que ha llegado hasta aquí gracias al entendimiento entre diferentes fuerzas políticas continúe su camino con un respaldo aún más amplio. Porque, cuando somos capaces de ponernos de acuerdo para mejorar nuestro sistema sanitario no gana un grupo parlamentario, gana la ciudadanía. No se trata de conceder un privilegio, se trata de reconocer una responsabilidad que estos profesionales ya ejercen. Por eso desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos el apoyo de esta Cámara a la toma en consideración. Abramos el debate, mejoremos el texto entre todos, ampliemos el consenso con el que esta iniciativa llegó al Congreso y demos un paso más hacia una sanidad más moderna, más multidisciplinar, más segura y más justa. Señorías, hagamos que la ley reconozca por fin lo que la realidad lleva años demostrando. Muchas gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, president. Aquesta llei és sobretot un reconeixement als milers de biòlegs i biòlogues, treballadores i treballadors socials dins de la nostra sanitat i que fins ara no han tingut en la legislació el lloc que realment ocupen en la pràctica. Perquè quan una persona entra a un hospital i li prenen una mostra, darrere d’aquesta mostra hi ha un professional. Quan es detecta una malaltia genètica, quan s’analitza un tumor, quan es confirma el diagnòstic o quan una família aconsegueix fer realitat el seu desig de tenir un fill o una filla. Darrere d’aquests processos també hi ha biòlegs, biòlogues, treballadors i treballadores socials. Treballen en laboratoris clínics, en genètica, microbiologia, reproducció humana assistida, investigació, salut pública i indústria farmacèutica. I no parlem simplement de ciència o de tecnologia. Parlem de persones. Les persones a les que han d’atendre, de qui espera una diagnosi, de qui necessita saber què li passa. De famílies que esperen una resposta. I de decisions clíniques que depenen de la precisió i de la responsabilitat de tots eixos professionals. Per això, esta iniciativa no crea una realitat nova, sinó que la realitat ja existeix. Ja fa molt de temps que existeix. Si volem que la sanitat estiga a l’altura de la ciència i de les necessitats que té la ciutadania, hem de reconèixer també, com no podria ser d’una altra manera, a totes les persones que fan possible que la sanitat siga pública i de qualitat per a tots i per a totes. Per això, des de Compromís hem donat suport i anem a votar a favor d’esta llei perquè no els estem donant un lloc que no teníem. Estem posant la llei al lloc que ocupa la realitat dels biòlegs, biòlogues, treballadors i treballadores socials. Així que moltes gràcies per la vostra feina. Gracias, presidente. Esta ley es, sobre todo, un reconocimiento para los miles de biólogos y biólogas y trabajadores y trabajadoras sociales de nuestra sociedad que hasta ahora en la legislación no han tenido el lugar que ocupan en la práctica realmente, porque, cuando una persona entra en un hospital y le toman una muestra, tras esa muestra hay un profesional. Cuando se detecta una enfermedad genética, cuando se analiza un tumor, cuando se confirma un diagnóstico, cuando una familia consigue hacer realidad su deseo de tener un hijo o una hija tras esos procesos también hay biólogos, biólogas, trabajadores y trabajadoras sociales. Trabajan en laboratorios, clínicas, genética, microbiología, reproducción humana asistida, investigación, salud pública, industria farmacéutica. No hablamos únicamente de ciencia o de tecnología, hablamos de personas, de las personas a las que tienen que atender, del que espera un diagnóstico, del que tiene que saber qué le pasa, de familias que esperan una respuesta y decisiones clínicas que dependen de la precisión y de la responsabilidad de todos esos profesionales. Por eso esta iniciativa no crea una realidad nueva, sino que es una realidad que ya existe hace mucho tiempo. Si queremos que la sanidad esté a la altura de la ciencia y de las necesidades que tiene la ciudadanía, hemos de reconocer también, como no podía ser de otra manera, a todas las personas que hacen posible que la sanidad sea pública y de calidad para todos y para todas. Por eso, desde Compromís hemos dado el apoyo y vamos a votar a favor de esta ley, porque no es que les estemos dando un lugar que no tenían, estamos poniendo la ley en el lugar que ocupan ya en la realidad los biólogos, biólogas, trabajadores y trabajadoras sociales. Así que, muchas gracias por vuestro trabajo.

Cristina Valido García CCa

Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a los profesionales que nos acompañan hoy, profesionales presentes en nuestros hospitales, en centros sanitarios, en centros de investigación que son invisibles. Cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de cuidados, cuando hablamos de tratamiento, de diagnóstico, hablamos de muchos profesionales, pero nos olvidamos del papel fundamental que en esa cadena juega el eslabón que componen biólogos, biólogas o trabajadores sociales. Ya se ha dicho, no lo voy a repetir. Es fundamental el papel de la investigación, el papel del acierto en tiempo no solo del diagnóstico, sino del tratamiento, así como el papel de un trabajador social en una sociedad que envejece, donde tenemos no sé cuántos miles de mayores en nuestros hospitales esperando la tramitación de una dependencia o cualquier otra cuestión como una ayuda a domicilio o un acompañamiento; en una sociedad en la que, además, nuestros mayores están solos. El papel del trabajador social es clave, absolutamente clave. Están ahí y no se les reconoce. Pero es que, además, estamos hablando de salud mental. Una sociedad que cada vez acude más a nuestros centros sanitarios por problemas de salud mental. Estamos hablando de enfermedades cronificadas, estamos hablando de nuevas enfermedades y en esta cadena del cuidado sanitario, en esta cadena del diagnóstico, del tratamiento de la enfermedad ambas profesiones son absolutamente fundamentales. Por eso nosotros vamos a apoyar la tramitación de esta proposición de ley, pero trabajaremos para que esta proposición de ley de verdad resuelva los problemas que tienen, les dote de un marco jurídico adecuado, no nos sitúe en un debate y una discusión de marco competencial y ―¡ojo!― establezca la financiación necesaria porque sin financiación no hay reconocimiento, y esto será fundamental. Apoyamos el trámite, reconocemos hoy y queremos dar el protagonismo a estos profesionales y trabajaremos para que el resultado final sea lo que nos están demandando. Gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Boa tarde de novo. De forma moi breve, simplemente para expresar o apoio a toma en consideración da proposición de Lei para o recoñecemento da profesión de biólogo e traballador social como profesións sanitarias, unha iniciativa que xa contou na súa presentación coa sinatura do BNG, do Bloque Nacionalista Galego, e que hoxe tamén, como dicía, votaremos a favor neste trámite porque é unha realidade innegábel que ambas as profesións teñen a día de hoxe un papel fundamental no sistema sanitario e que, en consecuencia, debe actualizarse a lei 44/2003, de ordenación de profesións sanitarias, para incorporar de forma expresa as persoas biólogas e traballadoras sociais que prestan ese labor asistencial. Trátase, como xa foi dito, de recoñecer o que xa é unha realidade no sistema sanitario e facéndoo con garantías e dereitos profesionais. As e os biólogos son fundamentais para o diagnóstico, análise de resultados e a adopción de decisións clínicas. Pola súa parte, as e os traballadores sociais permiten integrar os factores sociais no plan de tratamento e asegurar a eficacia deste. Así pois, agardamos que hoxe exista un amplo consenso para avanzar na tramitación. Ao mesmo tempo, anunciamos tamén a nosa vontade de presentar emendas para, por unha parte asegurar que todos aqueles biólogos e traballadoras sociais que exercen no sistema sanitario queden incluídos no ámbito da lei e que se valore tamén a incorporación de aquelas outras profesións que aínda continúan fóra desta categoría de recoñecemento profesional e que ao noso xuízo deben telo. En todo caso, insisto, votaremos a favor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes otra vez. De forma breve, simplemente para expresar el apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley para reconocer las profesiones de biólogo y trabajador social como profesiones sanitarias. Una iniciativa que ya contó en su presentación con la firma del BNG y hoy también, como decía, votaremos a favor de este trámite, porque es una realidad innegable que ambas profesiones tienen a día de hoy un papel fundamental en los sistemas sanitarios y, en consecuencia, debe actualizarse la Ley 44/2003, sobre las profesiones sanitarias, para incorporar de forma expresa a las personas biólogas y trabajadores sociales que prestan esa labor asistencial. Se trata, como ya se ha dicho, de reconocer lo que es ya una realidad en el sistema sanitario, pero haciéndolo con garantías y derechos profesionales. Los y las biólogas son fundamentales para el diagnóstico, análisis de resultados y toma de decisiones clínicas. Por su parte, los trabajadores sociales permiten integrar los factores sociales en el plan de tratamiento y asegurar la eficacia del mismo. Así pues, esperamos que hoy exista un amplio consenso para avanzar en la tramitación. Al mismo tiempo, anunciamos también nuestra voluntad de presentar enmiendas para, por una parte, asegurar que todos aquellos biólogos y trabajadores sociales que ejercen en el sistema sanitario queden incluidos en el ámbito de la ley y que se valore también la incorporación de aquellas otras profesiones que todavía siguen fuera de esta categoría de reconocimiento profesional y que, a nuestro juicio, deberían estar. En cualquier caso, como he dicho, votaremos a favor. Gracias.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Arratsalde on, guztioi! Gaur ez dugu eztabaidatzen biologoen eta gizarte -langileen garrantzia gure osasun sistemarako zenbatekoa den. Hori inork ez du eztabaidatzen. Bere ekarpena baliotsua da, beharrezkoa da eta arlo askotan ezinbestekoa. Biologoek funtsezko lana egiten dute gaur egun medikuntzako eta osasun arretarako guztiz beharrezkoak diren esparru askotan. Bere ezagutza zientifikoa eta espezializatua erabakigarria da eta laborategi klinikoetan, biologia molekularrean, genetikan eta diagnostiko genetiko eta genomikoetan, eta baita mikrobiologian edo immunologian. Profesional horien jarduerak zuzenean laguntzen du diagnostiko zehatzagoak lortzen, gaixotasunak hobeto ezagutzen eta erabaki klinikoak bideratzen. Osasun sistemari egiten dion ekarpena eztabaidaezina da eta gure errekonozimendu osoa merezi du. Gizarte-langileek ere funtsezko eginkizuna betetzen dute osasun arreta benetan integrala izan dadin, pazienteen arazo sozialei helduz eta osasun eta gizarte sistemen arteko koordinazioa erraztuz. Buenas tardes, señorías. Hoy no debatimos la importancia para el sistema sanitario de biólogos y trabajadores sociales. Nadie lo pone en duda. Su contribución es fundamental y, bueno, muy importante. Su labor es fundamental en muchos sectores sanitarios. Su conocimiento especializado y científico es decisivo en los laboratorios, en la biología molecular, en genética, en diagnóstico genético y genómico, en microbiología o en inmunología. Su labor ayuda a lograr diagnósticos más certeros, a tomar decisiones médicas y clínicas. Por tanto, no hay dudas sobre su contribución y merece todo nuestro reconocimiento. También los trabajadores sociales llevan a cabo una tarea fundamental para que ese servicio sanitario sea integral, facilitando la coordinación entre los pacientes y el sistema sanitario. Por tanto, no estamos discutiendo el valor de estas profesiones ni cuestionando su aportación; al contrario, creemos que su trabajo debe ser reconocido y puesto en valor. El debate es cómo debemos reconocer y encajar jurídicamente esta realidad dentro de nuestro sistema sanitario, garantizando al mismo tiempo que se respeten las funciones y competencias de cada profesión, los requisitos de formación y especialización y, por encima de todo, la calidad y la seguridad de la atención que recibe el paciente. La cuestión, entonces, es si la modificación de la actual ley es la vía más adecuada para conseguir ese reconocimiento y si en este momento existe el consenso necesario para hacerlo con todas las garantías. Y no es una cuestión menor. Estamos hablando de una ley que establece el marco de ordenación de las profesiones sanitarias, que determina aspectos relacionados con sus titulaciones, su formación y sus competencias y que, en definitiva, también establece garantías de calidad y seguridad para los pacientes. Por eso, cualquier modificación de este marco debe abordarse con rigor y con especial prudencia, asegurándonos de que el reconocimiento de nuevas realidades profesionales se haga sin generar inseguridad jurídica, sin solapar competencias y preservando en todo momento la formación, la especialización y las garantías que requiere la atención sanitaria. En el caso de los biólogos, creemos que también es importante partir de cómo está configurado actualmente nuestro ordenamiento. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias no vincula la consideración de profesión sanitaria simplemente al hecho de participar en un equipo asistencial o desarrollar determinadas actividades dentro de un sistema sanitario, sino que la vincula a una formación específica sanitaria. Y esto tiene razón de ser. La propia LOPS ―o Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias― ya contempla que los biólogos puedan tener la consideración de profesionales sanitarios cuando cuentan con un título oficial de especialista en ciencias de la salud. Es decir, existe un reconocimiento jurídico de aquellos profesionales que, además de su formación de base, han adquirido la especialización sanitaria necesaria para desarrollar determinadas funciones. Aquí creemos que debemos ser especialmente cuidadosos, porque estamos hablando de ámbitos como el laboratorio clínico, la genética, el diagnóstico molecular o la reproducción asistida, donde las actuaciones profesionales pueden tener consecuencias directas sobre el diagnóstico, el pronóstico y las decisiones clínicas que se toman sobre un paciente. En estos ámbitos, la formación y la especialización sanitarias regladas son una garantía de calidad y de seguridad para el paciente. Y precisamente aquí nos surge una preocupación lógica, y es que, bajo el objetivo legítimo de reconocer determinadas realidades profesionales, terminemos modificando los criterios que han servido hasta ahora para determinar qué profesiones tienen que ser consideradas sanitarias y en qué condiciones. Por eso creemos que cualquier cambio que se dé debe asegurar que el reconocimiento profesional vaya acompañado de las correspondientes garantías formativas, competenciales y de responsabilidad. También nos preocupa que algunos de los efectos concretos de esta reforma queden pendientes de un desarrollo reglamentario posterior. Esto dificulta conocer hoy cuál será exactamente su alcance y cuáles serán sus consecuencias prácticas. Y creemos que, cuando hablamos de una modificación de esta importancia, el Parlamento debería disponer de la máxima claridad posible sobre sus efectos antes de aprobarla. Horrelako aldaketa bat adostasunetik eraiki behar da. Lanbide sanitarioen arkitektura juridikoa aldatzen ari gara, edo aldatzeaz ari gara, eta horrelako erabaki batek elkarrizketa zabala izan beharko luke profesional elkargoekin, osasun erakundeekin, elkarte zientifikoekin, autonomia erkidegoekin eta zuzenean eragindako kolektibo guztiekin. Gizarte-langileei dagokienez, gure jarrera ere argia da, osasun sistemaren barruan garrantzia handia dutela aitortu nahi dugu. Kontua da funtzio horiek guztiek nahitaez ekarri behar ote duten lanbide hori Osasun Lanbideen Lege Organikoak ezartzen duen osasun lanbidearen kontzeptu juridiko berean sartzea, kontuan hartuta lanbide izaera eta jarduera-eremua desberdinak direla. Lanbide bat aitortzeak ez du esan nahi osasun arloan lan egiten duten lanbide guztiak juridikoki modu berean kokatu behar direnik. Un cambio tal debe basarse en el acuerdo. Estamos cambiando la arquitectura jurídica de las profesiones sanitarias; estamos hablando sobre ello. Y esto necesita una amplia conversación con las asociaciones científicas, con las comunidades autónomas, con las asociaciones de profesionales y con todos los implicados. En cuanto a los trabajadores sociales, somos claros, su importancia es fundamental dentro del sistema sanitario. El tema es que hay que tener en cuenta el concepto jurídico de las profesiones sanitarias. Reconocer una profesión no significa que haya que tratar igualmente todas las profesiones sanitarias. El sistema sanitario es, afortunadamente, cada vez más multiprofesional. Médicos, enfermeros, farmacéuticas, psicólogos, biólogas, trabajadoras sociales, técnicos y muchos otros profesionales trabajan conjuntamente. Precisamente por eso creemos que debemos buscar un modelo que reconozca las aportaciones específicas de cada profesión sin generar confusión sobre sus competencias, responsabilidades y requisitos de acceso y ejercicio. Creemos que el reconocimiento de estos profesionales puede y debe abordarse, pero mediante un proceso que permita escuchar a todos los implicados, analizar las alternativas existentes y garantizar que cualquier cambio preserve la calidad, la seguridad del paciente y la claridad en las competencias profesionales. Termino, señor presidente. Lo que sí le pedimos al Gobierno es que no haga promesas a estos profesionales que luego no pueda cumplir y que tenga en consideración también a otros colectivos profesionales que puedan estar en una situación análoga. Nuestro grupo siempre estará a favor de todas aquellas modificaciones que, por los cambios sociales y nuevas realidades científicas y sanitarias, sea preciso, sea necesario llevar a cabo.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Aun con todas estas observaciones ―señor presidente, acabo―, no nos vamos a oponer a la toma en consideración, ya que consideramos que se puede enriquecer en la fase de enmiendas. Muchas gracias.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Mahaiburu jauna, jaun-andreok, SUMAR, PSOE, BNG, Compromís, ERC eta Euskal Herria Bilduren talde parlamentariook gaur eztabaidatzen ari garen lege proposamena erregistratu genuen uztailaren 14ean. Eta aurkezpen hori gaur ere gurekin dauden elkarte eta elkargo profesionalen ordezkarien eskutik egin genuen. Ongi etorriak eta agur bero bat eta milesker guztioi! Lege proposamen honen aurkezpenak jarraipena ematen dio Monica Garciak, Osasun ministroak, Senatuan apirilean iragarritako konpromisoari, zeinak Euskal Herria Bilduk egindako proposamenei erantzunez, aurreratu baitzuen lege ekimen espezifiko bat bultzatuko zuela osasunean lan egiten duten gizarte- langileak eta biologoak osasun lanbide gisara aitortzeko. Señor presidente, señorías, los grupos parlamentarios de SUMAR, PSOE, BNG, Compromís, ERC y Euskal Herria Bildu registramos el 14 de julio la proposición de ley que hoy debatimos, y esa presentación la hicimos de la mano de los representantes de las asociaciones y colegios profesionales que nos acompañan hoy. Aprovecho para saludarlos y darles las gracias. La presentación de esta proposición de ley da continuidad al compromiso anunciado en el Senado en abril por la ministra de Sanidad, Mónica García, que, en respuesta a las propuestas de Euskal Herria Bildu, adelantó que impulsaría una iniciativa legislativa específica para reconocer como profesionales sanitarios a los trabajadores sociales y biólogos que trabajan en el sector sanitario. Pero, sobre todo, responde a años de reclamaciones, incidencia política y peticiones por parte de estos colectivos profesionales ―por cierto, mayoritariamente feminizados―, a los que hoy queremos agradecer también su esfuerzo por avanzar en eso que llamamos el modelo biopsicosocial de la salud, que no es otra cosa que entender a la persona como un todo, en el que nuestra salud o enfermedad dependerán de nuestra situación física, emocional y psicológica, pero también de nuestros niveles de integración y bienestar socioeconómicos. Por lo tanto, señorías, como ya se ha dicho, hoy estamos hablando de algo que consideramos más que razonable; estamos hablando de reconocer jurídicamente una realidad que existe desde hace muchos años. Y hoy hablamos de dos profesiones, la biología y el trabajo social, que llevan mucho tiempo dentro de nuestro sistema sanitario y que todavía no tienen el reconocimiento que les corresponde como profesiones sanitarias. Podríamos hablar, además, de otras profesiones que, en nuestra opinión, merecen también este reconocimiento. Podríamos hablar, entre otras, de psicología o educación física, y probablemente lo hagamos durante el debate que nos queda por delante. Pero hoy vamos a limitarnos a hablar del reconocimiento de las profesiones que ya recoge el proyecto que desde Euskal Herria Bildu, junto con otros grupos, venimos impulsando durante este último año: biología y trabajo social. Y lo hacemos porque creemos que es lo justo, porque son profesiones que se llevan desarrollando décadas en los sistemas sanitarios, que llevan décadas reivindicando que este trabajo se les reconozca también jurídicamente. E impulsamos esta proposición de ley porque, además, nos permite hablar de algo que consideramos muy importante: de qué entendemos por salud y de qué modelo de sanidad queremos. Porque para nosotras la sanidad no puede reducirse a curar una enfermedad, la salud es mucho más. Creo que el trabajo que hacen las y los profesionales de la biología y el trabajo social lo demuestra muy bien. En el caso de los y las biólogas, estamos hablando de personas que llevan décadas trabajando, por mencionar algunos ámbitos, en laboratorios clínicos, embriología, biología molecular, diagnóstico genético y genómico, reproducción humana asistida, biotecnología, investigación biomédica, etcétera. Es decir, no estamos hablando de trabajos periféricos a la sanidad, sino de actividades que cumplen funciones nucleares en ámbitos asistenciales y que tienen impacto directo sobre el diagnóstico, el pronóstico y las decisiones clínicas. Sin embargo, durante años han estado haciendo esos trabajos sin tener el reconocimiento jurídico que corresponde a la función que desempeñan. Y con el trabajo social, tres cuartos de lo mismo. Hoy los y las trabajadoras sociales sanitarias, presentes en nuestros sistemas de salud desde la década de los 50, desempeñan una función esencial en hospitales, centros de atención primaria, servicios de salud mental, recursos sociosanitarios y dispositivos especializados. Son profesionales que identifican, evalúan e intervienen sobre los factores sociales que condicionan la salud, favorecen la continuidad asistencial y actúan como puente entre el sistema sanitario y otros sistemas de protección social. Esta es una cuestión que para nosotros es fundamental. Cuando hablamos de salud, tenemos que hablar también de cómo vive la gente, porque una persona no deja sus problemas en la puerta del hospital o de la consulta médica. Si tiene una vivienda o si no la tiene, si puede pagarla o no, si vive sola, si tiene una red familiar o no de apoyo, si puede acceder a los recursos que necesita, si tiene o no autonomía... Todo eso influye en su salud, y por eso el trabajo social tiene que formar parte de la atención sanitaria, y no como un servicio al que se recurre cuando ya no queda otra, sino como parte del propio sistema. Esto es importante porque significa reconocer algo que en realidad todas y todos sabemos, que muchas, muchísimas veces, para asistir bien a una persona no basta con tratar su enfermedad. Por eso estamos convencidas de que necesitamos equipos donde diferentes profesionales trabajen juntos, porque una persona no vive su salud por partes. Esta proposición da un paso en esa dirección. Es evidentemente mejorable: le falta concreción, le faltan plazos y condiciones de desarrollo y aplicación, pero es un principio; un principio que, por nuestra parte, intentaremos mejorar en lo que podamos durante su tramitación. Y, por supuesto, estaremos atentas a su desarrollo. Eta bukatzeko, jaun-andreok, esan den moduan, gaur ez dugu bolbora asmatu, noski. Biologiako profesionalak eta gizarte-langileak osasuna egiten ari dira aspalditik. Gaur egiten duguna errealitate hori aitortzea baino ez da, eta hori garrantzitsua dela uste dugu, baina pixka bat harago joateko aitzakia ere ematen digu honek. Euskal Herria Bildutik lehen eta bigarren mailako lanbiderik gabeko osasuna nahi dugu. Ezagutza zientifikoa baloratzen duen, baina baita ezagutza soziala aitortzen duen osasuna, prebentzioa, sendatzea beste baloratzen duen osasuna eta kontsulta edo ospitaletik etxera itzultzen denean, pertsona hori nola bizi ahal izango denaren jarraipena egitea ere zaintza dela ulertzen duen osasuna. Zeren, azkenean, pertsonez ari gara, gaixotzen diren pertsonez, diagnostiko bat behar duten pertsonez, zainketak behar dituzten pertsonez, ospitaletik irtetzean bizitza bat duten pertsonez, eta bizitza horrek axola du. Horregatik babestu dugu proposamen hau. Berandu dator, bai, baina norabide onean doa eta bi lanbide horiek aitortzea osasuna ulertzeko beste eredu bat behar dugula onartzea ere bada. Gaixotasunari bakarrik begiratzen ez dion osasun eredua, pertsonari begiratzen diona, sendatzera mugatzen ez dena prebenitu, lagundu eta zaindu ere egiten duena, eta guretzat funtsezkoa den zerbait ulertzen duen osasun eredua: bizi-baldintza duinik gabe ez dagoela osasun onik. Besterik ez. Mila esker. Para terminar, señorías, como mencionaba hoy, no hemos inventado la pólvora, está claro. Los profesionales de la biología y el trabajo social llevan trabajando en sanidad desde hace tiempo. Lo que hacemos hoy no es más que reconocer esa realidad, y creemos que eso es importante. Pero esto también nos da una excusa para ir un poco más allá. Desde Euskal Herria Bildu, queremos una sanidad sin profesionales de primer y segundo nivel; queremos una sanidad que valore el conocimiento científico, pero también reconozca el conocimiento social; una sanidad que valore tanto la prevención como la cura y el tratamiento; una sanidad que entienda que también forma parte del cuidado hacer un seguimiento de cómo va a poder vivir una persona cuando vuelva del hospital a su casa. Porque, al fin y al cabo, hablamos de personas, personas que enferman, que necesitan un diagnóstico, que necesitan cuidados, personas que tienen una vida al salir del hospital. Y esas vidas importan. Por eso apoyamos esta propuesta. Llega tarde, sí, pero va en la dirección correcta; y reconocer estas dos profesiones es también reconocer que necesitamos otro modelo de entender la salud, un modelo que no se fije solo en la enfermedad, un modelo de sanidad que se fije también en la persona, que no se limite a curar, que prevenga, ayude y cuide. Un modelo de sanidad que entienda algo que para nosotros es fundamental: sin condiciones dignas de vida no hay buena salud. Nada más. Muchas gracias. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Bé, abans que res, donar la benvinguda a les associacions de biòlegs, de treballadors socials i deixar molt clar des del primer minut que des de Junts per Catalunya no ens oposem al reconeixement professional de biòlegs i treballadors socials quan exerceixen les funcions clarament assistencials dins de la sanitat. I també seríem partidaris d’estudiar la incorporació d’altres perfils professionals, com ara dels audiòfons. El que sí que qüestionem, en la línia també de la intervenció del diputat del PNB, és el com i el des d’on es fa aquest reconeixement. La proposició de llei del PSOE és una nova mostra del model centralista que pretén ordenar les professions sanitàries des de Madrid, ignorant les competències de la Generalitat en matèria de sanitat i ordenació professional i sense tenir en compte la realitat del sistema sanitari català. I ara, m’entendran. Aquesta proposició s’empara en la Llei 44/2003 d’ordenació de les professions sanitàries. Però justament el que nosaltres defensem és una modificació d’aquesta llei per fer possible que es tingui en compte, per exemple, el Consell Interterritorial i, per tant, les diferents comunitats autònomes a l’hora d’establir quines són les professions sanitàries titulades i regulades. La Constitució atribueix a l’Estat les bases i la coordinació general de la sanitat, però no l’ordenació de les professions sanitàries en el seu exercici quotidià ni la regulació de les especialitats quan aquestes s’exerceixen dins del sistema sanitari, per exemple, català. I aquesta iniciativa no es limita a reconèixer els biòlegs o els treballadors socials com a professions sanitàries. Va molt més enllà. Determina amb detall què poden i què no poden fer. Estableix un autèntic catàleg de funcions. I aquí és on es traspassa clarament la línia vermella. Perquè una cosa és establir les bases de l’ordenació de les professions sanitàries i un altra determinar exhaustivament com s’organitzen funcionalment els professionals dins dels serveis sanitaris de cada comunitat autònoma. És una clara ingerència que oblida que la Generalitat té competència en sanitat i ordenació de les professions. En segon lloc, el model de professió sanitària que proposen no respecta la realitat multiprofessional catalana. A Catalunya, els biòlegs, especialment en laboratoris clínics, genètica, microbiologia i reproducció assistida, i els treballadors socials sanitaris ja estan integrats des de fa anys en equips assistencials. La proposició vincula el reconeixement del biòleg a l’obtenció del títol d’especialista en Ciències de la Salut sense preveure vies de regularització, per exemple per als professionals que ja estan exercint amb qualificació i experiència i, per tant, amb un molt bon rendiment a Catalunya. A més, deixa el desenvolupament reglamentari del treball social sanitari en mans d’un Reial Decret estatal, en lloc de permetre que a Catalunya estableixi els seus propis requisits adaptant-los a la realitat del SISCAT del sistema català. Això genera inseguretat jurídica i pot acabar imposant un model rígid contraposat a l’organització catalana. Estem parlant de l’ICS, de centres concertats, de model, d’atenció integrada, social, sanitària i, per tant, d’una realitat catalana multifactorial. I com no, no podia faltar el punt de la centralització en aquesta proposició de llei. En aquest cas del Registre Nacional d’Especialistes, l’article 3 modifica l’article 30 2.4 de la Llei 4/2003, per reforçar que tots els registres d’especialistes en ciències de la salut es gestionin exclusivament des del Ministeri de Sanitat. I això és simplement inacceptable. Catalunya disposa d’instruments propis de registre i acreditació professional. Transferir o subordinar aquesta informació al Ministeri és un pas més en la recentralització de dades sanitàries i en el control de les plantilles de professionals. Una vegada més, plantegen una llei amb conseqüències econòmiques importants. Potser hauria d’haver estat un projecte de llei perquè vostès presenten aquesta proposició sense cap tipus de memòria econòmica ni d’impacte sobre els sistemes sanitaris de les comunitats autònomes. La proposició no quantifica quant costarà incorporar aquests professionals com a sanitaris titulats, quines retribucions, categories, formació especialitzada, places, etcètera. A Catalunya, on ja hi ha tensió de personal i dèficit de finançament sanitari, una mesura d’aquest tipus sense transferència de recursos és senzillament un xec en blanc que acabarà pagant el Govern de la Generalitat. Per últim, i per respecte al conjunt de les professions sanitàries d’altres professions sanitàries, considerem necessària una revisió més àmplia i profunda de la Llei 4/2003, especialment dels articles 6 i 7, per tal d’adaptar el contingut de l’actual ordenació de les titulacions universitàries i el marc espanyol de qualificacions per a l’Educació Superior, així com per garantir, i això és força important, una correspondència adequada entre la formació i les competències professionals, les funcions efectivament desenvolupades i el seu reconeixement laboral. Per tant, i suposant que aquesta proposta segueixi endavant, ja els deixem clar que no tindrà el nostre suport si no s’adapta a les reivindicacions que els acabem de fer. Recordin: reconeixement, sí, però comptant amb les comunitats autònomes, també des de Catalunya. Qualsevol regulació de noves professions sanitàries ha de respectar les competències de la Generalitat i permetre desenvolupaments propis. Tenim el decret català. Categories professionals pròpies del SISCAT. Vies de regularització per a professionals amb experiència acreditada. Els diem no a la subordinació del registre d’especialistes al Ministeri. El registre ha de ser compartit, o com a mínim, respectant les competències de gestió de dades de les comunitats amb sistema sanitari propi. I per acabar, negociació prèvia al Consell Interterritorial i amb els col·legis professionals catalans abans de tramitar qualsevol mesura d’aquest abast. Gràcies. Gracias, presidente. Bien, antes que nada, quería dar la bienvenida a las asociaciones de biólogos, biólogas y trabajadores sociales. Desde el primer minuto queremos decir que desde Junts per Catalunya no nos oponemos al reconocimiento profesional de biólogos y trabajadores sociales cuando ejercen las funciones claramente asistenciales dentro de la sanidad. Y también seríamos partidarios de estudiar la incorporación de otros perfiles profesionales como, por ejemplo, los de los audiólogos. Lo que sí cuestionamos, en línea también de la intervención del diputado del PNV, es el cómo y el desde dónde se realiza este reconocimiento. La proposición de ley del PSOE es una nueva muestra del modelo centralista que pretende ordenar las profesiones sanitarias desde Madrid, ignorando las competencias de la Generalitat en materia de sanidad y ordenación profesional y sin tener en cuenta la realidad del sistema sanitario catalán. Y ahora me van a entender. Esta proposición se ampara en la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, pero justamente lo que nosotros defenderíamos es una modificación de esta ley para hacer posible que se tenga en cuenta, por ejemplo, al consejo interterritorial y, por lo tanto, a las diferentes comunidades autónomas a la hora de establecer cuáles son las profesiones sanitarias tituladas y reguladas. La Constitución atribuye al Estado las bases y la coordinación general de la sanidad, pero no el ordenamiento de las profesiones sanitarias en su ejercicio cotidiano ni la regulación de las especialidades cuando éstas se ejercen dentro del sistema sanitario, por ejemplo, el catalán. Y esta iniciativa no se limita a reconocer a los biólogos o a los trabajadores sociales como profesiones sanitarias, va mucho más allá: determina en detalle qué pueden y qué no pueden hacer, establece un auténtico catálogo de funciones, y aquí es donde se cruzan claramente las líneas rojas, porque una cosa es establecer las bases del ordenamiento de las profesiones sanitarias y otra, determinar exhaustivamente cómo se organizan funcionalmente los profesionales dentro de los servicios sanitarios de cada comunidad autónoma. Es una clara injerencia que olvida que la Generalitat tiene competencias en sanidad y en ordenación de las profesiones. En segundo lugar, el modelo de profesión sanitaria que proponen no respeta la realidad multiprofesional catalana. En Cataluña, los biólogos, ―especialmente en laboratorios clínicos, genética, microbiología y reproducción asistida― y los trabajadores sociales sanitarios ya están integrados desde hace años en equipos asistenciales. La proposición vincula el reconocimiento del biólogo a la obtención del título de especialista en ciencias de la salud sin prever vías de regularización, por ejemplo, para los profesionales que ya están ejerciendo con cualificación y experiencia y, por lo tanto, con un muy buen rendimiento en Cataluña. Además, deja el desarrollo reglamentario del trabajo social sanitario en manos de un real decreto estatal en lugar de permitir que Cataluña establezca sus propios requisitos adaptándolos a la realidad del SISCAT, el sistema catalán. Esto genera inseguridad jurídica y puede acabar imponiendo un modelo rígido contrapuesto a la organización catalana. Estamos hablando del ICS, de centros concertados, del modelo de atención integrada social y sanitaria y, por lo tanto, de una realidad catalana multifactorial. Y, cómo no, no podía faltar el grupo de la centralización en esta proposición de ley. En este caso, el Registro Nacional de Especialistas. El artículo 3 modifica el artículo 32.4 de la Ley 44/2003 para reforzar que todos los registros de especialistas en ciencias de la salud se gestionen exclusivamente desde el Ministerio de Sanidad. Y eso es simple y llanamente inaceptable. Cataluña dispone de instrumentos propios de registro y acreditación profesional. Transferir o subordinar esta información al ministerio es un paso más en la recentralización de datos sanitarios y en el control de las plantillas de profesionales. Una vez más, plantean una ley con consecuencias económicas importantes. Quizás tendría que haber sido un proyecto de ley, porque ustedes presentan esta proposición sin ningún tipo de memoria económica ni de impacto sobre los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas. La proposición no cuantifica cuánto costará incorporar a estos profesionales como sanitarios titulados, qué retribuciones, categorías, formación especializada, plazas, etcétera. En Cataluña, donde ya existe tensión de personal y déficit de financiación sanitaria, una medida de este tipo sin transferencia de recursos es sencillamente un cheque en blanco que acabará pagando el Govern de la Generalitat. Por último, con respecto al conjunto de otras profesiones sanitarias, consideramos que es necesaria una revisión más amplia y profunda de la Ley 44/2003, especialmente de los artículos 6 y 7, para adaptar el contenido al actual ordenamiento de las titulaciones universitarias y al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, así como para garantizar ―y eso es importantísimo― una correspondencia adecuada entre la formación y las competencias profesionales, las funciones efectivamente desempeñadas y su reconocimiento laboral. Por lo tanto, suponiendo ―suponiendo― que esta propuesta siga hacia delante, ya les dejamos claro que no van a contar con nuestro apoyo si no se adapta a las reivindicaciones que acabamos de hacer. Recuerden, reconocimiento sí, pero con las comunidades autónomas, también con Cataluña. Cualquier regulación de nuevas profesiones sanitarias tiene que respetar las competencias de la Generalitat y permitir desarrollos propios. Tenemos el decreto catalán, categorías profesionales propias del SISCAT y vías de regularización para profesionales con experiencia ya acreditada. Dos, les decimos no a la subordinación del registro de especialistas en el Ministerio. No. El registro debe ser compartido y, como mínimo, ha de respetar las competencias de gestión de datos de las comunidades con un sistema sanitario propio. Y para acabar, tres, negociación previa en el Consejo Interterritorial y con los colegios profesionales catalanes antes de tramitar cualquier medida de este alcance. Gracias.

Etna Estrems Fayos ERC

Bé, bona tarda. De la llei que avui debatem i de la qual també n’és proposant. Esquerra Republicana arriba al Congrés amb la voluntat de reconèixer com a professionals sanitaris a moltes persones que treballen cada dia en la cura de la nostra salut i que avui ens acompanyen en aquesta tribuna. Estem conjuntament amb els altres partits proposants aquest reconeixement perquè és insostenible que a data de 2026 estiguem ordenant les professions sanitàries amb una llei de l’any 2003. Han passat més de 20 anys des de l’aprovació de la Llei d’Ordenació de Professions Sanitàries. Més de 20 anys en què ha canviat la societat. Ha canviat la ciència, han canviat les noves tecnologies i, sobretot, ha canviat la manera com entenem la salut i com s’organitza l’atenció sanitària. Avui, la genòmica, la salut mental, l’atenció comunitària o els determinants socials tenen un pes molt més important i es treballa amb equips cada vegada més multidisciplinaris. La realitat ha avançat. El problema és que la regulació no ha fet el mateix ritme i quasi podríem dir que ha anat al contrari. Amb aquesta proposició s’intenta corregir una part reconeixent com a professionals sanitàries titulades i regulades la biologia i el treball social. Quan aquestes professions desenvolupen la seva activitat en l’àmbit sanitari, sense invents, només reconeixent jurídicament el que ara ja existeix. Els biòlegs i les biòlogues ja treballen en laboratoris clínics, microbiologia, immunologia, reproducció assistida, genètica o genòmica, desenvolupant funcions que tenen incidència directa en el diagnòstic, el pronòstic i en la presa de decisions clíniques. I reconèixer aquesta realitat no significa rebaixar els requisits de formació. La proposició manté l’especialització per a aquelles funcions que la requereixen i permet estudiar habilitacions per a altres activitats. Perquè reconèixer també vol dir ordenar, definir les funcions, la formació, les competències i les responsabilitats. Passa el mateix amb el treball social sanitari. Durant massa temps hem actuat com si la salut acabés a la porta d’una consulta, però sabem que temes com l’habitatge, la pobresa, la dependència, la situació familiar o la xarxa de suport condicionen directament la salut i no només la mental. Podem tenir un diagnòstic clínic impecable, prescriure el millor tractament. Però si una persona no té unes condicions de vida que li permetin seguir-lo, fracassarem. Els treballadors i treballadores socials sanitàries ja intervenen en aquesta realitat als hospitals, a l’atenció primària, a la salut mental o a les cures pal·liatives. Reconèixer-los és també assumir una determinada mirada de la salut. Una salut integral que no separi artificialment la malaltia de les condicions de vida de les persones. Però he de dir que sobretot el que volem és que aquesta llei serveixi per avançar i per això també és important parlar del que passa l’endemà d’aprovar una llei o un informe o una resolució en aquesta cambra. I ho dic perquè ja tenim massa experiència aprovant coses que després no s’acaben executant. Ho tenim amb els testos, per exemple, professionals que durant anys han exercit funcions pròpies de la psicologia clínica dins el Sistema Nacional de Salut, sense disposar del títol oficial d’especialista corresponent. L’informe de la Subcomissió de Salut Mental, aprovat pel ple del setembre del 2025 en aquesta Cambra va recollir expressament la necessitat de continuar amb la regulació dels testos i resoldre el seu encaix com a professionals que presten serveis inclosos en la cartera del Sistema Nacional de Salut. No és que no haguem parlat, és que ho hem escrit i fins i tot ens hem posat d’acord. Però ha passat gairebé un any i continuem esperant que s’executi. I no és l’únic exemple. La veterinària, per exemple, ja és una professió sanitària si reconeguda a la LOGSE. Però aquest cas demostra perfectament que una cosa és el reconeixement sobre el paper i una altra que tingui conseqüències reals. Fa més d’un any que el Govern es va comprometre a revisar la normativa que afecta l’exercici veterinari. Entre d’altres qüestions, el Reial Decret 666/2023 i fer‑ho en sis mesos. N’han passat 13 i la revisió continua bloquejada pel Ministeri d’Agricultura. Ara hem tancat les compareixences de la subcomissió sobre la professió veterinària i n’hem de fer un informe. Sí, però no podem seguir amb aquest ritme d’aprovar coses que acaben en un calaix. Per nosaltres hi ha una qüestió que ha de ser i quedar ben clara: els veterinaris i les veterinàries són professionals. Personal sanitari essencial. Ho són davant les zoonosis, les resistències antimicrobianes, la seguretat alimentària i la salut pública. No podem defensar el concepte One Health en els discursos i oblidar-lo quan toca prendre decisions. I encara tenim altres realitats que la legislació haurà d’abordar, com els assessors genètics o els educadors i educadores socials que treballen en salut mental, drogodependències, prevenció o rehabilitació. Per això aquesta llei ha de ser un pas endavant per la biologia i el treball social, però no una nova promesa pendent. I serem molt exigents en la part del desplegament que deixa a mans del govern que no haguem de tornar a venir aquí d’aquí 2 o 5 anys a preguntar per un reglament que encara no ha arribat. Aprovat una legislatura anterior que no tornem a tenir professionals als quals aquesta cambra ha donat la raó, però als quals el Govern encara no ha donat una resposta. Avui fem un pas endavant amb la biologia i el treball social sanitari. Evidentment, Esquerra Republicana va signar aquesta proposició de llei i avui hi votarà a favor. Aquesta llei, com dic, també és nostra. I ho és perquè creiem en el que proposa, però precisament perquè hi creiem, exigirem i molt, que es compleixi. Moltes gràcies. Buenas tardes. De la ley que debatimos hoy y que también propone el Grupo Republicano, llegamos al Congreso con la voluntad de reconocer como profesionales sanitarios a muchas personas que hoy en día cuidan de nuestra salud, y que hoy nos acompañan en la tribuna. Conjuntamente con los demás grupos proponentes, queremos hacer este reconocimiento, porque es insostenible que a fecha de 2026 estemos ordenando las profesiones sanitarias con una ley del año 2003. Han pasado más de veinte años desde la aprobación de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, más de veinte años, y han cambiado la sociedad, la ciencia y las nuevas tecnologías, y sobre todo ha cambiado la forma en la que entendemos la salud y cómo se organiza la atención sanitaria. Hoy la genómica, la salud mental, la asistencia comunitaria o determinantes sociales tienen un peso mucho más importante y se trabaja en equipos cada vez más multidisciplinares. La realidad ha avanzado, pero el problema es que la regulación no lo ha hecho al mismo ritmo y casi podríamos decir que ha ido a la contra. Con esta proposición se intenta corregir una parte, reconociendo como profesiones sanitarias tituladas y reguladas a la biología y el trabajo social, cuando estas profesiones desarrollan su actividad en el ámbito sanitario, sin más, reconociendo jurídicamente lo que ya existe. Los biólogos y las biólogas ya trabajan en laboratorios clínicos, microbiología, inmunología, reproducción asistida, genética o genómica, desarrollando funciones que tienen incidencia directa en el diagnóstico, el pronóstico y en la toma de decisiones clínicas, y reconocer esa realidad no significa rebajar los requisitos de formación. La proposición mantiene la especialización para aquellas funciones que la requieren y permite estudiar habilitaciones para otras actividades, porque reconocer también quiere decir ordenar y definir las funciones, la formación, las competencias y las responsabilidades. Sucede lo mismo con el trabajo social sanitario. Durante demasiado tiempo hemos actuado como si la salud acabara en la puerta de una consulta, pero sabemos que temas como la vivienda, la pobreza, la dependencia, la situación familiar o la red de apoyo condicionan de forma directa la salud, y no solo la mental. Podemos tener un diagnóstico clínico impecable para prescribir el mejor tratamiento, pero si una persona no tiene unas condiciones de vida que le permitan seguirlo, vamos a fracasar. Las trabajadoras y los trabajadores sociales y sanitarios ya intervienen en esta realidad en los hospitales, en atención primaria, en salud mental o en curas paliativas. Reconocerles es asumir también una determinada mirada de la salud, una salud que sea integral, que no separe artificialmente la enfermedad de las condiciones de vida de las personas. Debo decir que, sobre todo, lo que queremos es que esta ley sirva para avanzar. Por eso también es importante hablar de lo que pasa al día siguiente de aprobar una ley, una reforma o una resolución en esta Cámara. Y lo digo porque ya tenemos demasiada experiencia aprobando cosas que después no se acaban ejecutando. Lo tenemos con los puestos profesionales que durante años han ejercido funciones de la psicología clínica en el sistema de salud sin disponer del título oficial de especialista correspondiente. El informe de la subcomisión sobre salud mental aprobado en septiembre de 2025 en esta Cámara ―hace un año― hablaba del reconocimiento de la necesidad de esta regulación y de solucionar su encaje para profesionales que prestan servicios incluidos en la cartera del Sistema Nacional de Salud. No es que no hayamos hablado de ello, es que lo hemos escrito y además nos hemos puesto de acuerdo, pero ha pasado casi un año y seguimos esperando a que se ejecute. Y no es el único ejemplo, pues la veterinaria ya es una profesión sanitaria reconocida en la legislación, sí, pero en este caso se demuestra perfectamente que una cosa es el reconocimiento sobre el papel y otra que eso tenga consecuencias reales. Hace más de un año que el Gobierno se comprometió a revisar la normativa que afecta al ejercicio veterinario, entre otras cuestiones, el Real Decreto 666/2023, y hacerlo en seis meses, pero han pasado trece y la revisión sigue bloqueada por el Ministerio de Agricultura. Ahora hemos cerrado las comparecencias de la subcomisión sobre la profesión veterinaria y tenemos que redactar un informe, sí, pero no podemos seguir a este ritmo de aprobar cosas que después acaban en un cajón. Para nosotros hay una cuestión que debe ser y debe quedar muy clara: los veterinarios y las veterinarias son personal sanitario esencial. Lo son ante la zoonosis, las resistencias antimicrobianas, la seguridad alimentaria y la salud pública. No podemos defender el concepto de one health en los discursos y olvidarnos de él cuando toca adoptar decisiones. Luego hay otras realidades que la legislación tiene que abordar, como por ejemplo, los educadores y las educadoras sociales que ya trabajan en salud mental, drogodependencias, prevención o rehabilitación. Por eso esta ley tiene que ser un paso adelante para la biología y el trabajo social, pero no una nueva promesa pendiente. Y vamos a ser muy exigentes en la parte del despliegue que queda en manos del Gobierno, para que no volvamos otra vez aquí en dos, tres o cinco años para preguntar por un reglamento que no ha llegado y que fue aprobado en una legislatura anterior, o para que no nos encontremos con profesionales a los que ha dado la razón esta Cámara, pero para los que el Gobierno no ha puesto medios. Hoy damos un paso adelante para la biología y el trabajo social en el ámbito sanitario, vamos a votar a favor. Hemos copropuesto esta proposición y es nuestra también, y lo es porque creemos en lo que propone, pero precisamente porque creemos en ello, exigiremos y mucho que se cumpla. Muchas gracias. .

Alda Recas Martín SUMAR

Buenas tardes, presidente, señorías. Representantes de los biólogos y las trabajadoras sociales, bienvenidos. Hoy tomamos en consideración una proposición de ley del Grupo Socialista, del Grupo Republicano, del Grupo Bildu ―gracias, Bildu―, de la señora Micó y del señor Rego del Grupo Mixto, y, por supuesto, de mi grupo parlamentario, y los autores lo tenemos claro: la evolución de la práctica asistencial y de la participación estable de diferentes perfiles dentro de los equipos multiprofesionales requería y requiere ―lo lleva haciendo muchos años― un reconocimiento que lleve a mejorar dicha práctica. En este caso, el reconocimiento normativo de biólogos y trabajadoras sociales sanitarias. La verdad es que es un honor hablar en sede parlamentaria de las profesiones sanitarias, más allá de los médicos y de las enfermeras. En el Ministerio de Sanidad y, por supuesto, en el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, trabajamos para visibilizar a las enfermeras y las TCAE con la creación y el desarrollo del Comité de Cuidados en Salud y con normas como la proposición de ley sobre ratios de enfermeras, que estamos negociando arduamente. Hemos trabajado con los técnicos superiores para la adecuación y clasificación en ese estatuto marco y con grupos de trabajo que han demandado que se los incluya también, junto con otros colectivos, en esa reforma del artículo 76 del EBEP, que está en la Comisión de Hacienda y Función Pública. Se está trabajando también desde el Comisionado de Salud Mental con los psicólogos; en la subcomisión de salud mental aquí en el Congreso, o escuchando al sector veterinario y poniendo de manifiesto cómo mejorar su formación y condiciones a través de la subcomisión que tenemos aquí. Asimismo, se está apostando por el aumento de la formación sanitaria especializada, por potenciar las competencias de todos dentro del equipo de salud y por mejorar sus condiciones laborales en el estatuto marco. Hoy toca hablar sobre los biólogos y trabajadoras sociales dentro del ámbito sanitario para el reconocimiento pleno de ambas profesiones, para poder adecuar la ordenación legal de las profesiones sanitarias a la realidad asistencial actual y para seguir avanzando en nuestro Sistema Nacional de Salud. Mientras unos, los de VOX, creen que el Sistema Nacional de Salud se sigue financiando con cotizaciones en vez de con impuestos y no conocen más profesionales que los de siempre ―que seguro que quieren volver a fumar puro en las consultas y que, sin duda, huelen a Varon Dandy―; otros, las señorías del Grupo Popular, creen oler a Chanel N.º 5, pero, claro, solo para unos pocos. Un sistema de salud solo para unos pocos, privatizando y precarizando a los profesionales que trabajan en las comunidades autónomas donde gobiernan. Mientras ellos hacen eso, otros ―aquí somos muchos― creemos en un sistema sanitario público y multiprofesional donde la conjunción y la potenciación de las competencias de todos lo hacen más grande, mejor y más justo. . Sé que ustedes, señorías del Grupo Popular, tienen una concepción muy concreta de lo público: para unas cosas lo público es maravilloso y para otras hay que privatizarlo, como cuando se utiliza el dinero público para el ático, la Fórmula 1, sus palcos VIP… Vaya, ahí son todos unos expertos en usar el dinero público: 6 millones casi el ático, 500 millones para la Fórmula 1…, ¿verdad, compañeros de Compromís? Y todo basándose en palcos VIP para los suyos. Estas son sus prioridades e intereses, y no hablemos de las residencias con las plagas que hay ahora. Nosotros, sin embargo, sí sabemos dónde están nuestras prioridades: empezando por el paciente y los profesionales y sin dejarnos a nadie atrás. La sanidad no es para quien pueda pagarla; la sanidad es el laboratorio donde un biólogo va a confirmar un diagnóstico, la sanidad es la trabajadora social que detecta que detrás de una enfermedad hay una situación de vulnerabilidad que hay que atender, son las enfermeras que en Ceuta están atendiendo a todo el mundo sin pedirle el DNI y son los psicólogos que atienden al personal sanitario que lleva más de un mes viviendo situaciones muy muy complicadas debido a una crisis humanitaria. La sanidad no es su palco VIP, señorías del Grupo Popular, la sanidad es de todas. Sé lo que van a decir: que si el estatuto marco, que si solo creamos conflictos, que si la formación sanitaria especializada ―lean bien la proposición, porque habla de habilitar―…, y van a hablar de todo eso porque es lo único que saben decir ustedes ante cualquier proposición. ¿Pero saben? La mejor manera de trabajar es escuchar e identificar las cosas para cambiar, entre ellas este reconocimiento y esta ordenación jurídica. Las y los profesionales de la biología desempeñan desde hace años funciones nucleares en el ámbito inequívocamente asistenciales, en particular, en laboratorios clínicos, diagnóstico genético y genómico, biología molecular, la microbiología, la inmunología y la reproducción humana asistida entre otros. Su actividad resulta esencial para la correcta caracterización de los procesos de salud y enfermedad; la implantación, validación y control de las técnicas analíticas; sin embargo, no cuenta todavía con el reconocimiento pleno como profesión sanitaria titulada y regulada. Por su parte, el trabajo social ha adquirido un papel estructural en el ámbito sanitario, desarrollando funciones propias diferenciadas que inciden directamente en el proceso asistencial: valoración social sanitaria, el diagnóstico social complementario al clínico, la intervención sobre determinantes sociales de la salud y la coordinación sociosanitaria… Cualquiera que haya tenido a alguien con una dependencia o que haya trabajado en el sistema sabe de la importancia de estos profesionales, pero, pese a esa integración estable de los dispositivos sanitarios, sigue faltando ese reconocimiento. Hoy, los autores de esta proposición de ley esperamos celebrar que se ha dado un paso más para construir un mejor Sistema Nacional de Salud. Hoy, señorías del Grupo Popular, vengo a pedirles algo, y es que no obstaculicen más, no retrasen más. Y no me refiero ―o no solo― a las mamografías y a las 19 000 mujeres que están esperando en Madrid una mamografía o a los datos sobre la compra del ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid — ahora están retrasando que se sepa quién ha ofertado; esperemos que se acerque a los 6 millones de nuestro dinero público que nos hemos gastado, y supongo que están intentando encontrar a alguien con ocho apellidos madrileños u ocho apellidos compuestos o incluso algún venezolano pudiente. Ojo, que a lo mejor al señor Fijóo le interesa cambiar de El Viso a Chamberí. Ojo, que estamos hablando de 200 metros cuadrados, de un pedazo de terraza que, si ponemos a lo mejor así unos cuantos , pueden ponerlo en Airbnb o alquilarlo al precio que ellos quieran, ¡quién sabe! —, me refiero, señorías del Grupo Popular, a que hagan el favor de dejar que las leyes avancen, que para eso nos han votado y, además, para eso nos pagan. Esto no es su palco VIP, y sabemos que, cuando quieren, encuentran la vía rápida. Vamos a utilizar todos esa vía rápida, porque, en este caso, los biólogos y los trabajadores sociales deben estar reconocidos como profesionales sanitarios y nuestro ordenamiento jurídico debe estar a la altura de su trabajo. Sigamos avanzando. Gracias. .

David García Gomis VOX

Muchas gracias, señor presidente. Darle las gracias a Bildu con esa alegría la semana en que se ha soltado a Henri Parot ―a ese asesino terrorista que mató a más de 85 personas― y darle las gracias con esa alegría a Bildu, que mató a más de 850 españoles, es escupir en la memoria de todas las víctimas de ETA. . Como hoy aquí cada uno viene a contarnos que su abuelo tenía un ciruelo, quiero aprovechar mis minutos para abordar varias cuestiones previas. La primera es que, ante la gravedad de lo que estamos viviendo en Ceuta, no podemos mirar impasibles cuando hablamos de profesionales sanitarios. Es necesario recordar que, hace unos días, la ministra nos dijo que todo estaba correcto y nosotros le dijimos que estaban llevando la maquinaria al límite. Nuestros sanitarios están haciendo horas y horas extra y están cubriendo los turnos bajo una presión enorme, sacrificando no solamente su salud, sino también su vida familiar para que el sistema siga funcionando. Como siempre, la respuesta de la ministra es que todo está de maravilla y que hay normalidad, pero solo hace falta pasearse por las playas de Ceuta para ver cómo está todo aquello. . A día de hoy, hay sanitarios de toda España dispuestos a ir voluntariamente con el único fin de dar descanso a sus compañeros ante las jornadas maratonianas, a darles descanso, porque la plantilla ceutí lleva semanas soportando jornadas extenuantes y una intensa presión asistencial. Por lo cual, si semanas después hace falta que los propios compañeros vayan voluntariamente, aquello no está solucionado a día de hoy, ¡no lo está! ¡Punto! En materia sanitaria, Ceuta está aguantando porque sus sanitarios la están aguantando a pulso. ¡A pulso! . Se han realizado 10 725 asistencias a inmigrantes en un mes: 335 al día. La ministra nos puede despreciar e insultar ―como hizo ayer a todos los diputados de esta Cámara―, pero lo que no puede es tapar la realidad, ni siquiera con esas estadísticas edulcoradas que nos quiere vender siempre, porque lo que no puede manipular ni puede negar es la realidad. Desde aquí se lo digo claro a la ministra: las estadísticas no dan descanso a las enfermeras y no cubren la guardia de ningún médico, no, señor, no lo hacen; lo único que hacen es tapar su ignominia y la traición que está cometiendo hacia los sanitarios en Ceuta y en toda España. . ¡Están llevando a los sanitarios al límite! Tanto que se suben aquí y se jactan de las leyes y, hoy, día 10, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ni una sola palabra para recordar una de las lacras que está azotando a los españoles. En 2024, 3953 compatriotas se quitaron la vida; en el anterior, 4100. Cerca de once personas al día ven tal desesperanza que deciden quitarse la vida. Y este ministerio guarda silencio y mira para otro lado sin dar la dotación suficiente para intentar paliarla. Y no me refiero a estas muertes como arma arrojadiza y a esas tragedias, todo lo contrario, lo que quiero es que pensemos en ellas. Y quiero que pensemos también en quienes están y nos cuidan en esta situación laboral tan grave que están sufriendo. Y se lo llevan advirtiendo años, que la sobrecarga de trabajo, el desgaste profesional y el burnout afectan seriamente a la salud física y mental de nuestros sanitarios y uno de cada cuatro sanitarios está al límite. Reflexionen, se lo pido, por favor. Ni una sola palabra de uno solo de los portavoces de Sanidad sobre el Día para la Prevención del Suicidio; debería darles vergüenza. Mucha foto ahí fuera, pero ningún trabajo, ninguna dotación económica por parte del ministerio, no se ha hecho prácticamente nada. Cada año, 4000 personas se quitan la vida, 11 al día. Dramático. Voy a dejar clara la posición de VOX. Esto no va ni contra los biólogos ni contra los trabajadores sociales, que hacen un trabajo maravilloso, fundamental, esencial, va contra la forma de legislar de este Gobierno. No puede ser que el ministerio hace unos meses estuviera hablando de que quería regular las profesiones sanitarias y, de repente, aparece por la puerta de atrás nuevamente con esta proposición, que saben ustedes que evita mucho de los trámites que darían una seguridad jurídica y un informe económico necesario, para intentar legislar lo que saben, que como no tienen mayorías no pueden tirar hacia delante y porque saben que tienen un ministerio incompetente que lleva tres años haciéndose la campaña electoral, en lugar de ocuparse de los sanitarios y de los españoles. . Y es lo que no entendemos. Si el ministerio anunció ―y hemos tenido aquí a la portavoz de SUMAR, que formó parte del propio ministerio― que iba a reformar las profesiones, ¿por qué ustedes van por la puerta de atrás? ¿Por qué trocearla? ¿Por qué esta cuestión llega separada mediante esta proposición de los grupos parlamentarios? ¿Qué razón hay? ¿Me pueden decir qué personas del ministerio tienen ese interés oculto en que esto se haga por trozos? ¿Por qué sale esto por otra parte? Porque no tiene otra explicación, si quieren reformar las profesiones sanitarias, háganlo bien, escuchen a todos, delimiten las competencias y determinen antes las formaciones necesarias. Y, si hacen falta especialistas, formen especialistas. Si hacen falta plazas, créenlas. Si una profesión debe asumir nuevas competencias sanitarias, démosles esa formación necesaria para hacerlo con todas las garantías. Y mientras lo hacen, recuerden esto: 4000 españoles al año se quitan la vida, abandonados por este Gobierno, once cada día. Uno de cada cuatro sanitarios está al límite. En Ceuta, siguen necesitando relevos. Dejen de llamar estabilidad al agotamiento de quienes mantienen el sistema en pie. Porque un sistema sanitario no se sostiene con comunicados de una ministra ausente. El sistema sanitario se sostiene con profesionales, con sanitarios y Ceuta es un ejemplo. Como les he dicho, está aguantando porque al sanitario lo están sujetando a pulso. Y ahora que le toca a este Gobierno ayudarlos, está más preocupado en sálvese quien pueda que en salvar a nuestros sanitarios. Y les da igual que nuestros sanitarios estén allí, dándolo todo a costa de su salud, incluso de la vida. Todo nuestro apoyo a nuestros sanitarios, especialmente a los de Ceuta. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Y, José Alcaraz, todo mi apoyo y reconocimiento. Ese asesino lo pagará. Muchas gracias. .

Rosa Quintana Carballo PP

Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan desde la tribuna, en representación de la sociedad científica, de la Asociación Española de Genética Humana, del Consejo General del Colegio de Biólogos y de los trabajadores sociales. . Señorías, reconocer a los biólogos y a los trabajadores sociales como profesiones sanitarias es una consecuencia lógica de la extraordinaria transformación que ha experimentado la sanidad en las últimas décadas. La sanidad es hoy una realidad profundamente interprofesional, en la que convergen conocimientos, capacidades y perfiles profesionales diversos y en la que biólogos y trabajadores sociales desempeñan un papel cada vez más relevante. La Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias fue aprobada bajo un Gobierno del Partido Popular. Fue una buena ley que permitió ordenar un ámbito extraordinariamente complejo sobre principios que siguen siendo plenamente válidos: cualificación, cooperación multiprofesional, seguridad jurídica y seguridad para los pacientes. Pero han pasado más de veinte años y, en este tiempo, la ciencia, la tecnología y la propia organización de la asistencia sanitaria han evolucionado de manera extraordinaria. Como bióloga, permítanme que me detenga especialmente en esta cuestión. Hoy, los biólogos desarrollan funciones esenciales en genética y genómica, biología molecular, microbiología, inmunología, reproducción humana asistida o diagnósticos de laboratorio. Participan en la caracterización molecular de enfermedades, identifican alteraciones genéticas, validan técnicas diagnósticas e interpretan resultados que pueden condicionar directamente una decisión clínica. La medicina de precisión que todos queremos impulsar sería sencillamente imposible sin muchas de esas disciplinas. Por eso, debemos decirlo claramente, el debate no es si los biólogos forman parte de la realidad sanitaria de nuestro país, hace muchos años que forman parte de ella; el debate es cómo trasladamos adecuadamente esa realidad al marco jurídico con rigor, con seguridad jurídica y con respeto al conjunto de las profesiones sanitarias. . Y también consideramos necesario reconocer adecuadamente el papel de los trabajadores sociales, porque la salud no depende exclusivamente de un diagnóstico o de un tratamiento. La dependencia, la vulnerabilidad, el entorno familiar, las condiciones sociales o la capacidad para seguir un tratamiento condicionan también la salud de las personas. La coordinación sanitaria es hoy imprescindible y los trabajadores sociales desempeñan en ella una función fundamental. Por tanto, compartimos el objetivo, pero precisamente porque estamos hablando de profesionales sanitarios, este debate no puede separarse de una pregunta mucho más amplia: ¿qué política de recursos humanos está desarrollando el Ministerio de Sanidad? Porque España no necesita solamente tener buenos profesionales, necesita protegerlos, atraerlos y fidelizarlos. Y los datos deberían preocupar seriamente a la ministra: miles de médicos solicitan cada año el certificado de idoneidad necesario para poder ejercer fuera de España. En el año 2023 se expidieron más de 5500 certificados. Es cierto que solicitarlo no significa necesariamente marcharse, pero debería preocupar a cualquier Gobierno responsable que tantos profesionales contemplen esa posibilidad. . Porque formar un especialista requiere años, esfuerzo y una enorme inversión en recursos públicos. El éxito de una política de recursos humanos no consiste solamente en formar talento, consiste en que el talento quiera quedarse. ¿Cuál ha sido la respuesta del ministerio? Un estatuto marco que debería servir para atraer y fidelizar profesionales y que, sin embargo, ha provocado huelgas nacionales y un rechazo frontal de los médicos. Y ahora conocemos que las objeciones llegan incluso desde dentro del propio Gobierno. Los informes de Hacienda y Economía incorporados al expediente cuestionan la memoria económica y la falta de cualificación de su impacto presupuestario. Cuando los profesionales rechazan su estatuto y hasta dentro de su propio Gobierno cuestionan su planificación económica, quizás debería preguntarse la señora ministra si el problema siempre es de los demás. . Porque tampoco puede responsabilizar permanentemente a las comunidades autónomas de los problemas del Sistema Nacional de Salud. Tenemos un ejemplo donde esa excusa no sirve: Ceuta. Allí, la asistencia sanitaria depende directamente del Estado y, cuando los profesionales alertaron de la enorme presión asistencial, la ministra negó que existiera colapso y llegó a calificar de xenófobo vincular inmigración y enfermedad. Mientras tanto, los propios sanitarios denunciaban sobrecarga y falta de recursos. Señorías, aquellos profesionales merecían ser escuchados, no desacreditados. . Y así llegamos a la proposición que hoy debatimos. En marzo, el propio ministerio abrió formalmente el proceso para reformar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y dijo que esa reforma serviría para revisar la clasificación de las profesiones, sus funciones, la formación especializada y mejorar la ordenación de los recursos humanos. Entonces, ¿dónde está esa reforma de la LOPS? ¿Por qué, en lugar de abordar una reforma integral y coherente, son los grupos que sostienen al Gobierno quienes traen hoy una proposición de ley para resolver exclusivamente la situación de dos profesiones? Y, sobre todo, ¿por qué debemos considerar que una reforma parcial es la mejor manera de abordar una cuestión que afecta al conjunto de la ordenación de las profesiones sanitarias? . Quiero evitar aquí cualquier equívoco. Reconocer adecuadamente a los biólogos y a los trabajadores sociales es justo y es necesario, pero una cosa es compartir ese objetivo y otra muy distinta es aceptar cualquier texto, cualquier procedimiento y cualquier solución normativa que no sean necesariamente adecuados. Porque estamos legislando sobre profesiones sanitarias, y eso exige rigor. Exige definir adecuadamente la formación y la especialización requeridas. Exige delimitar las competencias y los procedimientos de habilitación. Exige resolver qué ocurre con quienes llevan años desempeñando estas funciones y exige garantizar la seguridad jurídica y una adecuada coordinación con el resto de las profesiones sanitarias. Lo que no queremos es que una reivindicación legítima…

Rosa Quintana Carballo PP

Un segundo.

Rosa Quintana Carballo PP

… termine convirtiéndose en un nuevo parche mientras continúa pendiente una verdadera política de ordenación profesional y de recursos humanos para el Sistema Nacional de Salud. Señora Recas, en el Grupo Popular no queremos una sanidad ni de Chanel N.º 5 ni de pachuli. Queremos una sanidad pública para todos y, por ello, trabajaremos para defender una sanidad pública siempre para todos. Nuestro máximo respeto y seguridad jurídica para los biólogos y trabajadores sociales. . Pero a la señora ministra le pedimos que dimita ya, porque no es capaz de solucionar los problemas que tiene la sanidad pública.

José María Sánchez García VOX

Con la venia. .

José María Sánchez García VOX

Vamos a votar en contra de la autorización... .

José María Sánchez García VOX

Vamos a votar en contra de la autorización del acuerdo que tiene por objeto definir las modalidades de colaboración entre la Unesco y España en relación con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Esta fundación es una institución constituida por iniciativa española y marroquí en 1999. En el caso de España, su promotor fue el Gobierno de Andalucía, entonces del Partido Socialista, como tantos años antes y después, y tiene su sede en Sevilla y su ámbito de actuación comprende Andalucía y todo el territorio del Reino de Marruecos. Cuenta con subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla y del Reino de Marruecos. Pues no, no es el momento propicio para acuerdo ninguno con una fundación de estas características. Sobre la Unesco, es decir, la otra parte de este acuerdo, solo cabe recordar que ya en 1984 dicha organización fue abandonada por los Estados Unidos, cuando era entonces presidente Ronald Reagan. Y lo ha sido después, en 2017, y de nuevo lo será en el próximo mes de diciembre, por la misma nación, con la Presidencia de Trump. Nosotros no compartimos el islamismo cultural andalusí cultivado por el señor Moreno Bonilla, también conocido como Juanma. Nosotros, a las aportaciones intelectuales del señor Moreno Bonilla, o Juanma, preferimos las de Sánchez-Albornoz. Y Sánchez-Albornoz decía exactamente en su obra De la Andalucía islámica a la de hoy, 1983, es decir, después de concluido su exilio en Argentina: «Hoy sabemos, por ejemplo, que los musulmanes destruyeron el fabuloso templo de Hércules en Cádiz en busca de tesoros. Los islamitas conquistadores, unos millares de berberiscos y mucho menor número de aventureros orientales, no pudieron importar magnas novedades culturales porque no las tenían. Está probado que el arte hispanoárabe continúa viejas tradiciones andaluzas; incluso son preislámicos el arco de herradura y las bellas yeserías. Fueron los españoles conversos al islam quienes crearon la civilización hispanoárabe». Y dice también, en otro momento de esa obra: «No olvidéis, dirigiéndoos a los andaluces, que no descendéis de los musulmanes que otrora poblaron nuestra tierra, sino de los cristianos que la ganaron para la civilización occidental.» Sabemos hoy con certeza documental que Fernando III y Alfonso X expulsaron del valle del Guadalquivir a la morisma. Consta el vaciamiento de Córdoba y Sevilla y que esta estuvo tres días silenciosa y desierta, siendo repoblada por cristianos del norte, como en todo el país.

José María Sánchez García VOX

Concluyo, señor presidente. Recuerdo a la progresía que Claudio Sánchez-Albornoz fue ministro de Estado durante la Segunda República y presidente de la República en el exilio hasta 1971. Nada más. .

Pepe Mercadal Baquero PSIB-PSOE

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Votaremos a favor de los tres convenios, y destaco también el acuerdo con la Unesco. Ser centro de categoría 2 de la Unesco no es solo un reconocimiento a la labor de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, sino que servirá especialmente para que esta organización tenga el apoyo técnico del personal de la Unesco, lo que le ayudará a dar un salto de calidad. La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo tiene su sede en Sevilla y está muy presente en toda Andalucía, organizando actividades culturales, divulgando y recuperando patrimonio histórico y ofertando formación, siempre con el objetivo de promover el diálogo y la convivencia entre las culturas del Mediterráneo. Esta es, por tanto, una organización dedicada a la diplomacia cultural, que es tan necesaria para la paz y la cooperación. Por eso pensamos que es positivo reforzarla con el apoyo que significará ser centro categoría 2 de la Unesco. Muchas gracias. .

Ricardo Tarno Blanco PP

Gracias, señor presidente. Se traen tres convenios. En primer lugar, uno relativo a la designación de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo como centro Unesco, que yo creo que es una excelente noticia para la ciudad de Sevilla y para la provincia de Sevilla. Es una fundación de prestigio y reconocimiento, de la que es impulsora la Junta de Andalucía, de cuyo Gobierno forma parte el partido VOX. En segundo lugar, un acuerdo del Reino de España y Australia sobre seguridad en materia de defensa. En este tipo de acuerdos suele votar en contra la izquierda cuando se trata de información reservada. Mucha información de este tipo entre países es esencial para evitar acontecimientos como la invasión de Ceuta que hemos visto en el último mes. La información entre países occidentales, entre países rigurosos, en materia de defensa e inteligencia es esencial para evitar este tipo de asuntos. Y, en tercer lugar, la renovación del convenio de la Albufeira. En este punto, el Partido Popular se va a abstener porque el Gobierno no ha incluido a la Junta de Andalucía en la negociación del convenio, a pesar de la solicitud por parte de esta y de ser un claro actor en la gestión de los recursos hídricos en el estuario del Guadiana y en la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras. También este acuerdo representa un perjuicio para la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras al limitar el volumen susceptible de ser captado para riego de los agricultores, fundamentalmente onubenses. No establece un periodo transitorio que permita el desarrollo de infraestructuras para la gestión de los recursos hídricos en la parte española, que son esenciales. Son recursos hídricos que tiene que gestionar la Administración General del Estado, como el túnel de San Silvestre, que viene retrasándose año tras año. El acuerdo pone en riesgo el volumen de agua a captar en la zona regable del Bocachanza, que afecta a miles de agricultores onubenses, ya que no prevé el incremento del límite tasado hasta ahora de 90 hectómetros metro cuadrado. Y tampoco contempla la participación de la Junta de Andalucía como administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica del Tinto en los órganos de gestión del convenio, como así recoge y prevé el Real Decreto 1560/2005. Por ello, porque entendemos que este convenio perjudica de manera clara a los intereses de la Demarcación Hidrográfica del Tinto y a los agricultores onubenses, este grupo parlamentario va a abstenerse. Gracias. .

Esther Gil de Reboleño Lastortres SUMAR

Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos el presupuesto de esta Cámara, y un presupuesto puede parecer una sucesión de cifras, partidas y capítulos, pero un presupuesto es mucho más que eso. Un presupuesto dice qué consideramos importante, dice cuáles son nuestras prioridades y dice, sobre todo, cómo tratamos a las personas que hacen posible que esta institución funcione. Por eso hoy quiero dedicar mi intervención a los trabajadores y a las trabajadoras de esta Cámara. No es un saludo protocolario ni una mención de cortesía antes de entrar en materia, porque detrás de cada partida hay condiciones de trabajo, derechos, horarios, recursos y vidas. Y cuando hablamos del presupuesto y del funcionamiento de esta Cámara, no podemos entenderlo sin todas esas personas que nos sostienen cada día y que hacen posible que todos nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Quiero acordarme, en primer lugar, de las limpiadoras, de quienes trabajan cuando este edificio todavía está casi a oscuras y lo dejan todo preparado antes de que muchos de nosotros crucemos la puerta. Gracias a Ana, Rosa y Teresa, y gracias a todas las compañeras , porque vuestro trabajo muchas veces solo se nota cuando falta, y ya es hora de que también se note cuando está. A los y las ujieres que nos guiais por estos pasillos, nos abrís las puertas y nos acompañáis con una paciencia que casi nunca agradecemos. Gracias a Crispín, Diego, Natalia e Irene, porque, si no fuera por vosotros, yo todavía estaría buscando una sala por estos pasillos como una loca. A quienes interpretáis y traducís, que conseguís que nuestras palabras puedan ser entendidas y que ninguna voz se quede fuera. Somos un Estado plurilingüe y hoy la riqueza de nuestras lenguas está más presente que nunca en nuestro trabajo. Yo voy aprendiendo galego y catalán, pero el euskera lo voy a dejar para la próxima legislatura. A los letrados y letradas, que con vuestro rigor y vuestro conocimiento jurídico sostenéis buena parte de lo que aquí hacemos, aunque casi nunca aparecéis en la foto. Gracias, Ángeles, Mercedes, Fernando, Silvia… Y, hablando de quienes aparecen poco en estas fotos, también quiero acordarme de quien está muchas veces detrás de ellas. Gracias, Verónica, por tu mirada y por acompañarnos cámara en mano en tantos momentos de esta Cámara, porque también construís la memoria de esta institución quienes documentáis lo que ocurre dentro de ella, como el área de comunicación: Charo, Eva, Enrique, Cristóbal… Al servicio de guías, que con tanto cariño mostráis el Congreso a la ciudadanía. A quienes hacéis que la tecnología funcione, gracias por vuestra infinita paciencia, porque cuando he metido cien veces mi contraseña me he dado cuenta de que la te era minúscula. A los equipos de protocolo, que cuidáis hasta el último detalle para que todo pueda ocurrir con orden. A los técnicos de mantenimiento y conservación y al cuerpo de taquígrafos. A las trabajadoras y trabajadores de la cafetería: Carlos, Jorge, Susana, Mamen, Alfonsi o Juani. A los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A mis queridos conductores: Pepe, Carlos, Luis, Óscar, Víctor, José María. Y a todos los que no he nombrado. Gracias, de verdad, muchas gracias. Pero hoy estamos hablando de presupuestos, y precisamente por eso dar las gracias no basta, porque el mejor reconocimiento que podemos hacer desde esta Cámara no es el aplauso, es garantizar los recursos necesarios para que quienes trabajan aquí lo hagan con derechos, con seguridad y con dignidad. En SUMAR llevamos tiempo trabajando, muchas veces silenciosamente, para que esta Cámara sea también un entorno de trabajo seguro y accesible. Trabajamos por un nuevo plan de igualdad para las personas trabajadoras; trabajamos en accesibilidad para las personas con discapacidad; trabajamos para que esta Cámara sea más transparente, más sostenible y respetuosa con el medioambiente, para que las más de mil personas que trabajáis aquí podáis hacerlo en las condiciones más dignas posibles y para que esta casa sea ejemplo de lo que debería de ser cualquier entorno laboral, con condiciones dignas y derechos. Pero tenemos un reto especialmente importante por delante: la conciliación. ¿Cuánto tiempo os hemos robado sin ni siquiera daros las gracias? ¿Cuántas veces os habréis ido a casa sin poder dar las buenas noches a vuestros hijos o a vuestras hijas porque ya estaban dormidos? Eso también es servicio público y hoy quiero que se sepa, pero tampoco nos vale solo con reconocerlo. Tenemos que cambiarlo y cambiarlo también exige decisiones presupuestarias, porque conciliar no puede depender de la buena voluntad. Organizar mejor los horarios, reforzar los servicios cuando sea necesario y garantizar una jornada razonable exige planificación, recursos y prioridad. Y por eso, señorías, cuando aprobamos un presupuesto no estamos simplemente decidiendo cuánto cuesta que funcione el Congreso, estamos decidiendo cómo queremos que funcione. Señorías, vivimos demasiados días de gritos, de crispación y de una política que parece olvidar a las personas, y yo hoy quiero hacer justo lo contrario: recordar que detrás de cada jornada, de cada debate y de cada sesión hay trabajadores y trabajadoras que sostienen esta Cámara. Por eso este agradecimiento no puede quedarse en palabras.

Esther Gil de Reboleño Lastortres SUMAR

Voy terminando. La política que transforma no nace del desprecio ni del insulto, nace del cuidado, de mirar a cada persona como igual y de entender que ningún servicio público puede construirse sobre el cansancio, la invisibilidad o la renuncia a la vida. Una Cámara que legisla sobre derechos laborales tiene que ser la primera en garantizarlos dentro de sus propias paredes, y un presupuesto que se dice comprometido con esta institución tiene que estar también comprometido con quienes la sostienen. Así que, gracias por sostenernos, por cuidarnos…

Esther Gil de Reboleño Lastortres SUMAR

… y por hacer posible que esta institución funcione...

Esther Gil de Reboleño Lastortres SUMAR

… pero, sobre todo , gracias por recordarnos que los derechos no se agradecen. Se reconocen, se protegen, se financian y se cumplen. Esta también es vuestra casa. Muchas gracias, .

Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

Gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría agradecer, en nombre de todo el Grupo Parlamentario VOX, el trabajo de los funcionarios, personal laboral y personal eventual de esta Cámara. Nos ha presentado el informe de cumplimiento del presupuesto de la Cámara el secretario primero de la Mesa, una Mesa en la que no está representada la tercera fuerza política de España. Es una verdadera vergüenza. . Quiero hacer unos comentarios sobre el informe. Primero, se evidencian importantes deficiencias de estimación. Partimos de un presupuesto inicialmente prorrogado de 110,4 millones de euros, que, después de las modificaciones, subió a 112,3 millones de euros. De ellos, solamente se ejecutaron 98,68 millones, es decir, 13,64 millones de euros quedaron sin comprometer, nada menos que el 12,14 % del presupuesto definitivo, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿por qué presupuestamos sistemáticamente recursos que no somos capaces de ejecutar? Segundo, se evidencian importantes deficiencias de gestión. En inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios, la ejecución es apenas del 36,35 %, y en el concepto concreto de inversión nueva para funcionamiento de los servicios baja hasta un extraordinariamente pobre 13,52 %. De 280 000 euros presupuestados, solo se comprometen 37 851 euros. Presupuestar una actuación y después no ejecutarla no es ahorro, es mala gestión. . Y lo que vemos en este informe es que aquello que exige planificación, contratación y gestión presenta niveles de ejecución muy bajos. Tercero, sobre los gastos de personal. Con fecha 21 de octubre de 2025, la Mesa de la Cámara autorizó la incorporación de crédito, desde el fondo de remanentes presupuestarios, por importe de 1,9 millones de euros al concepto de personal eventual. Nos gustaría saber, por transparencia, a cuánto asciende el mencionado fondo de remanentes presupuestarios. Cuarto, el uso de transferencias de crédito. Las modificaciones presupuestarias son instrumentos perfectamente legales y necesarios. Lo que nos debemos preguntar es si están dejando de ser un mecanismo excepcional y empiezan a convertirse en una forma ordinaria de gestionar un presupuesto deficientemente calculado. Vemos transferencias desde energía para financiar protocolo, reuniones, prensa, mantenimiento de edificios, comunicaciones e indemnizaciones. Quinto, respecto a los gastos diversos. Se transfieren 350 000 euros adicionales a viajes de comisiones y delegaciones oficiales, incrementando el crédito final hasta los 850 000 euros. El crédito comprometido finalmente ha superado los 885 000 euros; ninguna explicación al respecto. El gasto por reuniones, conferencias y cursos, con una previsión de 18 000 euros, termina en 83 222 euros, el 462 % de lo presupuestado; ninguna explicación al respecto. Y los viajes, reuniones y cursos vinculados a proyectos de cooperación parlamentaria pasan de los 200 000 euros previstos a 290 504 euros. Crecen un 145 %; ninguna explicación al respecto. Sexto, gastos superfluos e innecesarios. En este informe nos dicen cuánto cuestan la electricidad, la cafetería, la prensa e incluso los regalos institucionales, pero no nos dicen cuánto ha costado introducir el uso generalizado del catalán, el gallego y el vasco en esta Cámara. La Mesa debería informar sobre el coste específico de al menos los siguientes gastos: interpretación de lenguas cooficiales; traducción escrita y revisión lingüística; transcripción del Diario de Sesiones y comisiones; personal o servicios externos de intérpretes-traductores; sobrecostes en equipos, canales de audio, cabinas, receptores y sistemas de interpretación; adaptaciones del canal Parlamento y retransmisiones por Internet. Si la Mesa decidió implantar este sistema, lo mínimo exigible, por transparencia, es que los españoles sepamos cuánto nos cuesta. . Señorías, la pluralidad de lenguas habladas en nuestro territorio es una riqueza cultural que todos los españoles apreciamos y queremos preservar, pero no olvidemos que nuestra mayor riqueza es que poseemos una lengua común en la que nos entendemos todos los españoles sin excepción. Muchas gracias. .

Patricia Blanquer Alcaraz PSOE

Gracias, presidente. Señorías, hoy debatimos el informe de cumplimiento del presupuesto del Congreso de los Diputados de 2025 y este debate debería servir para señalar lo mejorable, por supuesto, pero también para poner en valor una institución que es de todas y de todos. Sin embargo, VOX y el Partido Popular llevan toda la legislatura confundiendo fiscalización del presupuesto con confrontación institucional, han abandonado sus puestos institucionales en la Mesa para hacer una utilización partidista. . De hecho, a los Diarios de Sesiones me remito, desde el principio de la legislatura han atacado desde esta tribuna a la presidenta del Congreso, la tercera autoridad del Estado, sabiendo que desde esa posición no podía responderles; han amparado y hasta promocionado en mítines a quien, como Vito Quiles, incumple normas básicas de convivencia y funcionamiento de esta Cámara, y han cuestionado hasta la extenuación la mayoría de la Mesa. Lo ha vuelto a hacer el señor de VOX. Pues sí, señor de VOX, esto es democracia y aunque no le guste, en este Congreso la mayoría es plural y nos obliga a hablar, a negociar y a acordar. Por el contrario, en el Senado la mayoría la impone un único partido, el Partido Popular. Por cierto, una mayoría que sí ha convertido el Senado en un instrumento recurrente de confrontación política contra el Congreso y contra el Gobierno. . Han convertido el Senado en el órgano que más procesos jurisdiccionales ha iniciado en esta legislatura y, por cierto, los ha perdido en su inmensa mayoría; han planteado más conflictos de atribuciones en dos años que en todas las legislaturas anteriores juntas, y, por primera vez en democracia, se ha declarado inconstitucional una reforma del reglamento del Senado. Así que lecciones de quienes hacen del bulo, la descalificación, la propagación del odio y la confrontación institucional su forma de hacer política, ninguna. . Una aclaración. Decía VOX que la mala ejecución o el porcentaje reducido de la ejecución es como consecuencia de mala gestión. Yo le diría que la prórroga presupuestaria no significa ni parálisis ni que no se esté ejecutando el presupuesto. De hecho, este presupuesto lo demuestra. El presupuesto de 2025 está condicionado por la prórroga del presupuesto de 2023, pero una prórroga presupuestaria no paraliza una institución ni impide gestionarla. De hecho, se ha dicho que el porcentaje de ejecución es un 87,86 % del presupuesto consolidado y a mí me parece un nivel de ejecución más que razonable. Por cierto, se producen modificaciones presupuestarias igual que en otras instituciones, igual que se han producido en el Senado. Por tanto, el funcionamiento de la Cámara se da con normalidad. Quiero destacar que hay porcentajes de ejecución bajos ―por ejemplo, en agua o en electricidad― porque cada vez esta Cámara es más eficiente energéticamente. . Por último, quiero decirles que este presupuesto es más que cifras. No se mide solo por cuánto se gasta, se mide sobre todo por para qué sirve y este presupuesto sirve para sostener un Congreso que está vivo y que es plural, respetuoso con las normas, sí, con las lenguas cooficiales y con la convivencia, y hay que ponerlo en valor. La presidenta impulsó el uso de las lenguas cooficiales en los Plenos y ha hecho que el Congreso se parezca a la España diversa y plurilingüe que somos y que reconoce y ampara la Constitución. Sostiene a un Congreso que legisla y da respuestas a la ciudadanía. Solo en 2025 aprobamos veintiocho normas con rango de ley, cinco más que el año anterior en un Parlamento profundamente plural en el que cada ley exige diálogo, negociación y acuerdos. Por cierto, en el que ustedes nunca se ponen del lado de los ciudadanos y votan en contra continuamente a las leyes que dan respuesta a la ciudadanía. . En lo que llevamos de legislatura hemos alcanzado setenta y cinco iniciativas legislativas aprobadas y publicadas en el BOE, entre ellas dos reformas de la Constitución. Pero este presupuesto sirve también para que este Parlamento sea hoy más abierto a la ciudadanía. En 2025 se aprobó el I Plan de Parlamento Abierto con medidas para buscar fortalecer la transparencia, mejorar la trazabilidad de la actividad legislativa y fomentar una auténtica pedagogía democrática. Más de 17 000 personas participaron en dos jornadas de puertas abiertas. Por fin ha habido un reconocimiento de las parlamentarias constituyentes. Por primera vez hay una mujer en la galería de políticos ilustres del vestíbulo de la Reina y se han aprobado ocho retratos más de parlamentarias de la II República. . Se ha presentado también ya el Plan de Mejora de la Accesibilidad, que responde a una reivindicación histórica de las entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad entre otras diversas mejoras y ya existe un proyecto en trámite para instalar energía solar. Por tanto, el balance es este: frente al relato de algunos ―en el que hablan de ocultación y parálisis―, los hechos, la realidad es que hay negociación, hay acuerdos, hay transparencia y hay apertura hacia la ciudadanía que representamos. Muchísimas gracias. .

Carmen Navarro Lacoba PP

Gracias, presidenta. Señorías, la legitimidad de este Parlamento no solo reside en que sus miembros seamos elegidos democráticamente ni en su buen funcionamiento mediante la aprobación cada año de forma puntual ―en virtud de una autonomía presupuestaria que reconocen la Constitución y el Reglamento― de los presupuestos de esta Cámara, sino que depende mucho de cómo ejerzamos el mandato recibido por los españoles en las urnas. Señorías, ¿hoy tenemos presupuestos? Sí. ¿Tenemos presupuestos? Sí. ¿La Cámara funciona? Sí, se encienden las luces, pagamos las nóminas, los servicios se contratan puntualmente, pero ¿funciona la institución? Porque, claro, la institución la hacemos entre todos y de este presupuesto se pagan nuestras nóminas. Les recuerdo que nuestra nómina se paga para legislar, para controlar al Gobierno, para representar a los españoles y es precisamente ahí donde esta institución presenta su peor grado de ejecución: en el ejercicio de sus funciones constitucionales, que no las estamos cumpliendo. El Grupo Parlamentario Popular ya les advirtió de que construir una mayoría parlamentaria sobre acuerdos de conveniencia, cesiones permanentes y una dependencia constante de sus socios, a quienes poco les importa España, terminaría convirtiendo esta legislatura en un ejercicio de bloqueo institucional. Efectivamente, ni siquiera los 12 millones de euros presupuestados y consignados en este presupuesto a lo largo de todos los años de la legislatura ―según sumamos― para pagar los pinganillos y para comprar el sillón de la presidencia de esta Cámara han servido para que ustedes se entiendan. Ni siquiera eso, la legislatura ha estado y está bloqueada. Ustedes pueden hablar en el idioma que quieran, se escuchan, pero no se entienden. Esa es la verdadera realidad. . Esta legislatura es la menos productiva de la historia de la democracia. Hemos hecho menos leyes que casos de corrupción conocemos del Partido Socialista. Apenas treinta y dos proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Socialista ―o proyectos de ley del Gobierno― y falta todavía la más importante de todas ellas, la que les importa a todos los españoles ahí fuera: la Ley de Presupuestos Generales. Esa no la hemos conocido ni este año ni el año anterior ni el anterior del anterior. Los españoles no conocen cuáles son las cuentas que atañen a los problemas que les acucian y que es importante resolver, porque aquí las únicas cuentas que se han conocido han sido las de las bolsas de Ferraz, las de Zapatero con Plus Ultra, las de Santos Cerdán con Servinabar y las de Koldo y Ábalos con las mascarillas. Señorías, las cuentas de la corrupción del Partido Socialista las llevamos todos al día. . Hoy venimos aquí a rendir cuentas de qué. De un presupuesto que elaboró y aprobó no la Mesa, sino una mayoría de la Mesa, que puede presumir hoy de ejercicio de transparencia y de ejercicio de buen Gobierno, pero esa mayoría de la Mesa ha sido la colaboradora necesaria para el bloqueo de la función normativa. Hay más de setenta iniciativas legislativas en el congelador de la señora Armengol y nosotros, señorías, cobramos todos los meses. ¡Claro que sí! Miren, cuando la legislación tarda demasiado en tramitarse, cuando los proyectos permanecen meses sometidos a sucesivas ampliaciones de plazos y cuando determinadas reformas se sustituyen recurrentemente por medidas de carácter urgente ―y sí, también tienen cifra récord en esto porque el presidente de este Gobierno, Pedro Sánchez, tiene cifra récord en muchas cosas, también en reales decretos leyes, más de ciento noventa― corremos un riesgo: debilitar la función ordinaria de este Parlamento, que les recuerdo que no es solo legislar, sino que es también que el Gobierno se someta al control de la oposición. Tampoco hemos ejercido nuestra labor de control. Les podría poner muchísimos ejemplos, pero les voy a poner solo el último y el más reciente. Cuando Ceuta sufría una invasión sin precedentes, España estaba en riesgo y la soberanía nacional amenazada, todo ello no fue suficiente para que la Presidencia de esta Cámara convocase la Junta de Portavoces como le reclamaba el Grupo Parlamentario Popular, porque con ello obligaba a Pedro Sánchez a suspender sus inaplazables vacaciones y a venir a rendir cuentas a la casa de todos los españoles sobre qué estaba pasando en tiempo y forma en Ceuta: qué sabía, qué no sabía o qué sabía y nos estaba ocultando. . La señora Armengol tenía que elegir entre facilitar el control al Ejecutivo o proteger políticamente a Pedro Sánchez, y eligió proteger a Pedro Sánchez. Esta mañana aquí se hablaba de solidaridad de la presidenta de la Cámara, especialmente con el pueblo saharaui. Pues mire, esta es la Cámara de la soberanía nacional, es la Presidencia de la Cámara la tercera institución del Estado, y ni atisbo de solidaridad con Ceuta ni con España. . Sí. Ayer la presidenta del Parlamento Europeo, Metsola, recibía a Juan Vivas, el presidente de todos los ceutíes. Tome nota quien ejerce hoy la Presidencia de la Cámara. La pregunta es muy sencilla: ¿la Cámara tiene presupuestos? Sí. ¿La institución funciona? . No. Y no funciona mientras España siga sin presupuestos generales del Estado; no funciona mientras la actividad legislativa permanezca bloqueada; no funciona mientras las mayorías parlamentarias sirvan para controlar los tiempos y los procedimientos en beneficio del Gobierno ; no mientras el Gobierno siga haciendo listas parapoliciales de políticos y de periodistas, y no mientras una parte de España, que es Ceuta, pueda sentirse abandonada por la institución que debería representar la soberanía nacional. . El debate no son solo los presupuestos generales de esta Cámara para 2025; el debate es qué Congreso queremos. Y queremos un Congreso que legisle, un Congreso donde la oposición pueda controlar al Gobierno, un Congreso que cumpla con sus obligaciones constitucionales, no un Congreso que sea la sucursal de la Moncloa de Pedro Sánchez. Muchas gracias. .

María Pilar Alía Aguado PP

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Llega a este Pleno el dictamen de la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2024, así como una resolución adoptada por la comisión mixta. La cuenta general de 2024 fue aprobada por el Tribunal de Cuentas en su reunión de 29 de abril de 2026 y, desde que se conoció, en el Grupo Popular lo hemos tenido muy claro: por su contenido, por sus omisiones, pero sobre todo por sus graves irregularidades, la cuenta general del Estado de 2024 debe ser rechazada. Hoy debatimos un dictamen sin precedentes en esta Cámara, por el que acordamos rechazar la declaración de la cuenta general del ejercicio 2024, y en el Grupo Popular vamos a votar a favor de ese rechazo. Presentamos una propuesta de resolución ante la comisión mixta, que fue votada en Comisión el pasado 23 de junio, en la que hacíamos referencia al artículo 136 de la Constitución española, que dice que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Además, se deben tener en cuenta los preceptos de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, en cuyo artículo 13.1 queda muy claro que el informe o memoria anual que el tribunal debe remitir a las Cortes Generales en virtud del artículo 136 de la Constitución comprenderá el análisis de la cuenta general del Estado y de las demás del sector público, siempre manteniendo la observancia de la Constitución. Lo deja muy claro, hay que cumplir con el artículo 134 de la Constitución española, que establece que corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Y no es una potestad, es una obligación constitucional. . Asimismo, cita que los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, debiendo el Gobierno presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Pues bien, el Pleno del Tribunal de Cuentas no ha tenido en cuenta el contenido del artículo 13 de la ley orgánica que lo regula cuando ha elaborado el informe de fiscalización de la cuenta general del Estado de 2024. Por ello, en el Partido Popular lo tenemos muy claro: el dictamen sobre la cuenta general de 2024 debe ser rechazado. Repito, debe ser rechazado. Y es que no pueden ustedes, diputados del Grupo Socialista ―ni ustedes, sus socios en el Gobierno―, seguir sentados en sus escaños consintiendo que el presidente Sánchez siga al frente de un Gobierno incapaz de presentar para su aprobación los presupuestos generales del Estado desde el año 2024. . Además, la Ley General Presupuestaria, en su artículo 130, cita que la cuenta general del Estado deberá suministrar información sobre la ejecución del presupuesto. Pues bien, si después de todo lo que estamos leyendo, vamos al informe de la declaración de la cuenta general, en la página 9 se cita textualmente: Excepto por los efectos de las salvedades señaladas, la cuenta general de 2024 presenta fielmente en todos sus aspectos la imagen de la situación económica, financiera y patrimonial y la ejecución y liquidación del presupuesto. Pero ¿qué imagen fiel? ¿Qué presupuesto? ¡Si no existe! ¡Cuánta osadía en un informe del Tribunal de Cuentas! . ¡Es una auténtica vergüenza! Se lo dijimos a la presidenta del tribunal hace ya tres meses en comisión cuando vino a defender esta afirmación, y todos ustedes calladitos. Seamos sinceros, esta cuenta no representa la imagen fiel. Está muy claro. Ante la magnitud de las salvedades del informe, la existencia de votos particulares de los consejeros del tribunal debió haber dado lugar a un informe con otro resultado y precisamente no de imagen fiel. No se puede ir a lo sencillo ―errores identificados y cuantificados que consideran salvedades para lavar la cara del informe―, habría que haber aplicado la normativa correspondiente a la hora de elaborar el informe por el Tribunal de Cuentas y no jugar con salvedades, párrafos de énfasis e incertidumbres en función del interés del Gobierno, llegando a una conclusión y a una opinión interesada. Como ejemplo más que evidente, hay un párrafo de énfasis, que es la no presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado de 2024, lo que supone una prórroga automática de los de 2023. ¿Por qué esta omisión no es una salvedad? ¿Por qué lo consideran párrafo de énfasis? Muy sencillo, porque así simplemente el Tribunal de Cuentas llama la atención, como dice la norma, pero no cambia la opinión y sigue con su empeño de que la cuenta general del Estado es correcta y representa la imagen fiel. Esto no se puede permitir, no todo vale, porque les recuerdo que estamos ante un incumplimiento constitucional. Esto no es una incertidumbre de auditoría, es un incumplimiento legal que, por cierto, tampoco explican en la memoria que como tal debería afectar a la opinión. El Gobierno no es que no apruebe presupuestos, es que ni tan siquiera los presenta. Pedro Sánchez toma posesión un 21 de noviembre del año 2023. ¿Podía haberlos presentado? Sí. Al no presentarlos, ¿qué ocurre? Impidió el debate parlamentario y hoy, lo que se dejó de hacer en el año 2023 es ya costumbre de este Gobierno sin escrúpulos por mantenerse en el poder con sus socios, sin presupuestos. Ustedes de los incumplimientos constitucionales hacen costumbres. Ustedes utilizan órdenes ministeriales y acuerdos del Consejo de Ministros intentando suplir la falta de presupuestos. No nos mientan más, esto no se puede soportar más en democracia. El Tribunal de Cuentas denomina textualmente esta situación lagunas jurídicas. De eso nada, aquí no hay lagunas, aquí hay un mar de despropósitos. Son infracciones, consideraciones que afectan a la soberanía parlamentaria. Por consiguiente, hoy, con tres prórrogas presupuestarias, se les ha ido de las manos. Hablamos de una gravedad total y absoluta en democracia. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Modificaciones presupuestarias masivas, se superaron los créditos iniciales en más de 77 000 millones de euros, y todo por un acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023 que ni se publica. ¿Esto qué es? ¿Cómo un Tribunal de Cuentas puede avalar todo esto? . Además, está el uso de fondos europeos ―y esto no lo digo yo, lo ha constatado en su informe el propio Tribunal de Cuentas― por valor de 2389 millones de euros para financiar el pago de las pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos. Algunos consejeros del tribunal manifestaron que debía ser una salvedad formal y no una simple incidencia contable. Esta desviación de fondos, que figuraba inicialmente como salvedad, desaparece después de que ustedes, el Gobierno, presentaran alegaciones al Tribunal de Cuentas, se las admitieran y dejara de ser salvedad para ser advertencia. A esto se le llama cara y muy dura, señorías del Grupo Socialista, y es indicativo de cómo el Tribunal de Cuentas escucha al Gobierno y reduce la gravedad de los hechos para conseguir la imagen fiel. . Una cuenta general del Estado que es un despropósito, con párrafos de énfasis sin desperdicio; una cifra de deuda pública por importe de más de 1,4 billones de euros, un 4 % más que en el año 2023, que conlleva además 32 362 millones de euros en intereses, el importe más elevado de los últimos trece años; un patrimonio neto negativo de la Seguridad Social que supera los 106 millones de euros financiado a través de préstamos del Estado, con importe acumulado de más de 126 000 millones de euros, un 7,9 % del PIB. Está claro que supone un riesgo estructural para la sostenibilidad financiera que afecta a la solvencia del Estado. Un cúmulo de salvedades a lo largo de toda la cuenta general del Estado. Y, por sectores, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de 265 millones de euros en gastos sin justificar; SEPES, más de 880 millones sin respaldo documental. ¿Qué piensan votar los socios de Gobierno a esta cuenta general del Estado? Son cómplices del Gobierno si no rechazan esta cuenta. Para finalizar, estamos ante una situación que nunca se ha dado en esta Cámara, el rechazo de una cuenta general del Estado. En mi grupo siempre lo tuvimos muy claro y animo a los socios de este Gobierno a votar a favor del dictamen pues esta deriva no puede continuar. Ellos, el Partido Socialista, no pueden seguir engañando a los españoles, no pueden seguir con prórrogas presupuestarias reiteradas incumpliendo el mandato constitucional. En definitiva, no pueden seguir al frente del Gobierno de España. Si esta es la cuenta general del Estado del ejercicio 2024, no quiero pensar cómo vendrán las de ejercicios sucesivos, pero conociéndolos, ustedes pueden superarse a peor, ustedes son así. No son aptos para gobernar España, no están cualificados, y sus socios, si se lo consienten, demostrarán que tampoco. Convoquen elecciones y déjennos al Partido Popular presentar los presupuestos generales del Estado para el año 2027. Muchas gracias. .

Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, presidenta. Quin és el cicle normal d’un pressupost? El Govern elabora el projecte. El Congrés, el debat, l’esmena i el vota, el Govern l’executa. Durant l’any, el 31 de desembre es tanca l’exercici. La Intervenció General elabora el compte general. El Tribunal de Comptes fiscalitza i, finalment, les Corts el voten per tancar el cicle pressupostari. Això és el que hauria de passar en qualsevol democràcia parlamentària normal. I està passant aquí. Doncs no. Els últims pressupostos es van aprovar el novembre del 2022, fa gairebé quatre anys, tota una legislatura sense uns nous pressupostos. Quatre anys governant amb uns comptes pensats per a una realitat política, social i econòmica que ja no existeix a dia d’avui. I no és només que el Govern no hagi aconseguit aprovar uns pressupostos en tota la legislatura. És que fa gairebé quatre anys que ni tan sols presenta davant aquesta cambra un projecte de pressupostos perquè els puguem debatre. Però encara n’hi ha més. Quan ha arribat aquí l’informe del Tribunal de Comptes ens trobem que vostès, per quadrar els números, van imputar les pensions del mes de desembre d’aquell any al pressupost següent o que van sobrevalorar els resultats en 4000 milions d’euros, o que van deixar de reconèixer les obligacions per més de 5000 milions d’euros, o que van inflar els drets sobre deutors per valor de 13 900 milions d’euros. Tot això per quadrar els números. I si a més a més, considerem que aquests comptes són els d’uns pressupostos que van executar la meitat del que tocava a Catalunya i el doble del que tocava a Madrid, comprendran que no els blanquegem votant a favor. Però a més a més, aquests quatre anys sense pressupostos han impedit reduir l’ofec fiscal que pateixen els ciutadans, deixar més recursos a les famílies i impulsar polítiques d’habitatge efectives. Quatre anys sense uns pressupostos que garanteixin una sanitat adequada, un ensenyament de qualitat o un transport públic eficient. Quatre anys sense pressupostos que generin oportunitats per als ciutadans en lloc de subsidis que premiïn la cultura de l’esforç, en lloc de castigar -la, que estimulin l’emprenedoria dels autònoms en lloc d’ofegar-los, que reconeguin el paper dels petits propietaris d’habitatges, en lloc de criminalitzar-los perquè l’economia real no és l’economia de les seves rodes de premsa. L’economia real és el que queda al compte corrent d’una família després de pagar l’hipoteca o de pagar el lloguer, el que li queda un autònom després de pagar les factures, les quotes i els impostos. És la capacitat d’una parella jove per poder-se emancipar o la capacitat d’uns pares per poder ajudar els seus fills. És la tranquil·litat d’una persona gran que necessita ser atesa pel sistema sanitari. Aquesta és l’economia que importa i no la de grans titulars de la que vostès presumeixen. I tot això, tot en el seu conjunt, acredita amb tota contundència la incapacitat del Govern i la dels seus socis. Però, això sí, després tot seran lamentacions entre les seves files. De fet, ahir ja en vam sentir per part dels seus socis. Perquè ara tot és escandalitzar-se pel creixement de l’extrema dreta i fan bé de preocupar-se. De fet, nosaltres fa temps que hi estem lluitant i que hi estem preocupats perquè el creixement dels extrems ha de ser la preocupació per qualsevol que tingui clar que fora dels valors democràtics només hi ha autoritarisme i barbàrie. Però cal dir una cosa amb tota claredat: els extrems no creixen en el buit, creixen quan les seves institucions, les que vostès governen, deixen de donar resposta als problemes de la gent. Creixen quan els seus governs neguen la realitat que pateixen. Els ciutadans creixen quan alguns actors públics polítics deixen de ser útils. I això és exactament el que vostès, socialistes, republicans i comuns no volen entendre. Vostès no poden presentar-se com el mur de contenció dels extrems quan les seves polítiques diàries són el combustible que fa precisament créixer i avançar els extrems. Perquè vostès, senyors del Govern i socis, són els responsables de tot això que està passant. El seu bonisme fa créixer els extrems, les seves polítiques sectàries, fa créixer els extrems. La seva obsessió per buscar titulars bonics en lloc de resoldre els problemes de la gent, fa créixer els extrems. La seva necessitat permanent de negar la realitat, fa créixer als extrems; la seva incapacitat per atendre les pors, els problemes i els patiments legítims de la gent fa créixer els extrems i la seva corrupció imparable. També la corrupció fa créixer els extrems. Tota aquesta manera d’actuar és la que no ha funcionat en molts altres llocs, no ha funcionat a França, no funcionat a Alemanya, com hem vist darrerament, i per això nosaltres fem política d’una manera diferent, mirant, per exemple, el que fan a Dinamarca. I, evidentment, els assenyalem a vostès per la seva incapacitat. I tant, faltaria més. Però nosaltres no som només aquí per denunciar els problemes. Som aquí, sobretot per posar solucions damunt de la taula. Volen frenar els extrems? Tramitin la llei de Junts contra les okupacions, tramitin la llei de Junts a favor dels autònoms, tramitin les nostres propostes sobre habitatge. Volen aturar els extrems? Tramitin les nostres mesures per rebaixar la pressió fiscal sobre la classe mitjana i treballadora, tramitin la llei de Junts per transferir a Catalunya les competències en immigració, tramitin la llei de Junts per dotar Catalunya del concert econòmic que es mateix que es mereix. Nosaltres proposem polítiques concretes, lleis concretes, solucions concretes, no titulars bonics com fan vostès. Negar la realitat, com també fan vostès, no els servirà. I repetir constantment que vostès són l’única alternativa als extrems tampoc els servirà, com no els han servit a França o Alemanya. No els servirà ni ara ni els servirà quan arribin les eleccions, perquè si estan al Govern, com estan de totes les institucions del país, no han estat capaços d’aturar el creixement de l’extrema dreta que podran oferir els ciutadans durant les eleccions per fer-los creure que llavors sí que podran aturar-los. Doncs res, no els podran oferir res, només intentar enganyar de nou la gent i això no els hi servirà. Muchas gracias, presidenta. ¿Cuál es el ciclo normal de un presupuesto? El Gobierno elabora el proyecto, el Congreso lo debate, lo enmienda y lo vota, el Gobierno lo ejecuta durante el año, el 31 de diciembre se cierra el ejercicio, la Intervención General elabora la cuenta general, el Tribunal de Cuentas la fiscaliza y finalmente las Cortes la votan para cerrar el ciclo presupuestario. Eso es lo que debería pasar en cualquier democracia parlamentaria normal. ¿Y está ocurriendo aquí? Pues no, no, lo cierto es que no. Los últimos presupuestos se aprobaron en noviembre de 2022, hace casi cuatro años. Una legislatura entera sin nuevos presupuestos. Cuatro años gobernando con unas cuentas pensadas para una realidad política, social y económica que ya no existe a día de hoy. Y no es solo que el Gobierno no haya conseguido aprobar unos presupuestos en toda la legislatura, es que hace casi cuatro años que ni siquiera presenta ante esta Cámara un proyecto de presupuestos para que los podamos debatir. Pero es que todavía hay más. Cuando ha llegado el informe del Tribunal de Cuentas, nos hemos encontrado con que ustedes, para cuadrar los números, imputaron las pensiones del mes de diciembre de ese año al presupuesto siguiente, o que sobrevaloraron los resultados en 4000 millones de euros, o que dejaron de reconocer las obligaciones por más de... (se produce un fallo técnico)…, porque la economía real no es la economía de sus ruedas de prensa, la economía real es lo que queda en la cuenta corriente de una familia tras pagar la hipoteca o pagar el alquiler, y lo que le queda a un autónomo tras pagar las facturas, las cuotas y los impuestos. Es la capacidad de una pareja joven para emanciparse o la capacidad de unos padres para poder ayudar a sus hijos. Es la tranquilidad de una persona mayor que necesita que el sistema sanitario la atienda. Esta es la economía que importa y no la de los grandes titulares de la que ustedes presumen. Todo ello, todo en conjunto, viene a acreditar con total contundencia la incapacidad del Gobierno y de sus socios. Eso sí, luego todo van a ser lamentaciones entre sus filas. De hecho, ayer ya oímos algunas por parte de sus socios, porque ahora todo es escandalizarse por el crecimiento de la extrema derecha. Hacen bien en preocuparse. De hecho, nosotros hace tiempo que luchamos contra ello y estamos preocupados, porque el crecimiento de los extremos debe ser una preocupación para cualquiera que tenga claro que fuera de los valores democráticos solo hay autoritarismo y barbarie. Pero hay que decir algo con toda claridad: los extremos no crecen en el vacío. Crecen cuando sus instituciones, las que ustedes gobiernan, dejan de dar respuesta a los problemas de la gente; crecen cuando sus Gobiernos niegan la realidad que sufre la ciudadanía; crecen cuando algunos actores políticos dejan de ser útiles. Eso es exactamente lo que ustedes, socialistas, republicanos y comunes, no quieren entender. Ustedes no pueden presentarse como el muro de contención de los extremos cuando sus políticas diarias son precisamente el combustible que hace que avancen y que crezcan los extremos. Ustedes, señores del Gobierno y socios, son los responsables de todo lo que está ocurriendo. Su buenismo hace crecer a los extremos. Sus políticas sectarias hacen crecer a los extremos. Su obsesión por buscar titulares bonitos, en lugar de resolver los problemas de la gente, hace crecer a los extremos. Su necesidad permanente de negar la realidad también hace crecer a los extremos. Su incapacidad de atender a los miedos, los problemas y los sufrimientos legítimos de la gente hace crecer a los extremos. Y también su corrupción imparable hace crecer a los extremos. Esta forma de actuar suya no ha funcionado en muchos otros lugares: no ha funcionado en Francia y no ha funcionado en Alemania, como hemos visto últimamente; por ello, nosotros hacemos política de otra forma, de una forma distinta, fijándonos, por ejemplo, en lo que se hace en Dinamarca, y, evidentemente, los señalamos a ustedes por su incapacidad. Claro que sí, faltaría más, pero nosotros no estamos aquí solo para denunciar problemas. Estamos aquí, sobre todo, para poner soluciones sobre la mesa. ¿Quieren frenar a los extremos? Fíjense en la ley de Junts contra las okupaciones. Tramiten nuestra ley a favor de los autónomos. Tramiten nuestras propuestas sobre vivienda. ¿Quieren parar a los extremos? Tramiten nuestras medidas para rebajar la presión fiscal sobre la clase media y trabajadora. Tramiten la ley de Junts para transferir a Cataluña las competencias en inmigración. Tramiten la ley de Junts para dotar a Cataluña del concierto económico que merece. Nosotros proponemos políticas concretas, leyes concretas y soluciones concretas; no titulares bonitos, como hacen ustedes. Negar la realidad, como hacen ustedes también, no les va a servir. Y repetir constantemente que son ustedes la única alternativa a los extremos, tampoco les va a servir, como no ha servido ni en Francia ni en Alemania. No les va a servir ni ahora ni cuando lleguen las elecciones, porque si están en el Gobierno, como están en todas las instituciones del país, y no han sido capaces de parar el crecimiento de la extrema derecha, ¿qué podrán ofrecer a los ciudadanos en las elecciones para hacerles creer que entonces sí que podrán pararlos? No, no les podrán ofrecer nada, solo intentar engañarlos de nuevo, y eso no les va a servir.

Engracia Rivera Arias SUMAR

Buenas tardes, señorías. Normalmente, cuando viene la Cuenta General del Estado a este Pleno, debatimos, exponemos lo positivo y lo negativo del informe y aspiramos a mejorar la gestión pública con un objetivo fundamental: el bienestar de la ciudadanía. Me gustaría denunciar aquí que, lamentablemente, estos últimos meses hemos visto una serie de maniobras del Grupo Popular y de VOX que buscaban desvirtuar esta cuenta general. Por mucho que se definan como los que velan por el bienestar fiscal del Estado, a ustedes no les importa en absoluto ni la rendición de cuentas, ni el debate parlamentario, ni el bienestar de la ciudadanía; solo persiguen el poder político, enfangar y tumbar iniciativas que mejoran la vida de la gente, para parecer la única alternativa. Pero ustedes, señores de la derecha, no son alternativa a nada, son solo los mismos señoritos conservadores que llevan décadas resistiendo y retrasando el progreso social y económico de este país. Les informo de algo: se lo vamos a poner muy difícil. Este país está lleno de gente que no se va a resignar al sufrimiento y a los recortes que tanto les gustan al Partido Popular. El Grupo Popular no quiere que recordemos aquellos viernes negros, pero a muchos y a muchas no se nos van a olvidar nunca aquellos viernes negros ni las consecuencias que provocaron en muchísimas familias trabajadoras. . Vamos a seguir progresando, señorías de la derecha, y vamos a impulsar políticas de izquierda, señores del Grupo Socialista, porque se lo debemos a la clase trabajadora, que busca vivir más y vivir mejor. Dicho esto, me gustaría comentar el dictamen que votaremos, que ya les adelanto que supone un ataque directo al Tribunal de Cuentas como institución. Se diría que es un nuevo acto del mandato de ese cruel y oscuro apóstol que tienen: El que pueda hacer que haga. En este grupo parlamentario sabemos que el Tribunal de Cuentas es una institución consolidada e independiente, que realiza una labor excepcional de fiscalización y control democrático de la situación económica, financiera y patrimonial del Estado. La tarea que realiza el tribunal es indispensable para la transparencia y para asegurar el compromiso político con la buena gestión de los fondos públicos. Para su cumplimiento o su deficiencia, por supuesto. Lo que relata esta institución no son solo números en columnas de gastos e ingresos, sino el cumplimiento y la ejecución de políticas públicas para proteger a la ciudadanía. Lo que han hecho y hacen el Grupo Popular y VOX con esta declaración y esta resolución es directamente cuestionar el sistema democrático y las instituciones de las que nos hemos dotado. Por ello, es importante advertir lo preocupante que resulta lo que ha ocurrido en la comisión mixta: que un informe técnico de fiscalización se haya convertido en el campo de batalla de una confrontación política. La resolución de esta comisión afirma que el deterioro institucional que atraviesa España se manifiesta en una declaración de la Cuenta General del Estado, que no es capaz de reflejar la verdadera situación política y social a la que este Gobierno nos ha abocado. Señorías de la derecha, el problema no es que la declaración de la cuenta general no refleje la situación política y social de España, el problema es que no refleja la España que ustedes nos quieren vender , porque una Cuenta General del Estado no está ni para certificar sus consignas políticas, ni sus bulos, ni sus delirios. Ustedes llevan años intentando construir el relato de una España rota, arruinada y condenada al desastre; pero mientras ustedes hablan de catástrofe, España tiene hoy una tasa de desempleo en niveles históricamente bajos, un salario mínimo interprofesional que ha alcanzado máximos históricos, un sistema de pensiones cuya revalorización está garantizada por ley, y millones de personas que han pasado a formar parte del mercado laboral formal, cotizando y generando derechos donde antes existía precariedad y economía sumergida. Les tengo que recordar que su última ministra de Empleo, la señora Fátima Báñez, como política pública, se encomendaba a la virgen del Rocío para generar empleo. . Sííí. Y cuando se ponen en marcha políticas para proteger a las familias vulnerables, para garantizar el bono social eléctrico y el transporte público, o para impedir que una familia vulnerable sea expulsada de su vivienda, ustedes están sistemáticamente en contra o buscan la manera de frenarlo. Ése es el verdadero problema de su discurso: que ustedes no discuten los datos, sino que intentan sustituirlos por un relato. Y no combaten las políticas de justicia social con argumentos, sino con bulos, miedo y discursos de odio. El Tribunal de Cuentas no está para decirles a ustedes que España está rota, ni tampoco para decirle al Gobierno que España está maravillosamente gobernada; está para fiscalizar el dinero público. Se llega incluso a afirmar que el tribunal no ha tenido en cuenta el artículo 134 de la Constitución, pero el tribunal sí ha analizado la prórroga presupuestaria. La declaración dedica expresamente un apartado a sus efectos, analiza su incidencia sobre la ejecución presupuestaria, cuantifica las modificaciones de crédito y examina las operaciones realizadas durante el ejercicio. Que ustedes consideren que ese análisis debería haber sido otro no significa que no exista. . Y aquí aparece una deriva que nos preocupa especialmente: si cada vez que el Tribunal de Cuentas emite una conclusión que no conviene a los intereses de determinados grupos políticos le devolvemos su trabajo para que lo complete hasta alcanzar la conclusión que políticamente se pretende obtener, entonces estaremos dejando de hablar de control parlamentario y estaremos hablando de tutela política de un órgano fiscalizador independiente. . Esta deriva no solo ha afectado a la cuenta general; hay más asuntos paralizados en la comisión mixta porque el Tribunal de Cuentas no dice lo que quiere el Grupo Popular . Por eso nuestro voto no puede respaldar esta operación, que pretende convertir la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en una comisión de censura política a esta institución. . Los grupos parlamentarios pueden discrepar de las conclusiones, exigir rigor, pedirle al Tribunal que profundice en determinadas cuestiones y utilizar sus informes para exigir responsabilidades al Gobierno; pero lo que no pueden pretender, señores, es que el órgano fiscalizador diga aquello que políticamente les interesa a ustedes. Porque, cuando se politiza al árbitro porque no gusta el resultado, lo que se está destruyendo no es al Gobierno de turno: se están destruyendo la institución y la democracia. La democracia no consiste en conseguir que las instituciones nos den siempre la razón; consiste en tener instituciones capaces de decirnos la verdad aunque esta sea incómoda. Esa es precisamente la diferencia entre la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas y el espectáculo político que ustedes nos traen hoy aquí con este dictamen y la resolución presentada. Votaremos en contra de su dictamen. Muchas gracias. .

Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

Gracias, señora presidenta. Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario VOX para defender nuestro voto favorable al dictamen de rechazo de la declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024. Nuestra posición es clara: la declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024 no ofrece el nivel de análisis, exigencia y rigor que debería tener. Nuestra posición es consistente: en el Grupo Parlamentario VOX, desde el año 2019 ―primer año completo de legislatura de Pedro Sánchez―, siempre hemos rechazado la declaración. No es el caso del Grupo Popular, que votó a favor de la declaración los años 2019 a 2022 y que este año cambia de opinión. Nuestro rechazo se basa en las razones siguientes. Primera, VOX rechaza la declaración porque considera escaso el énfasis dado en la declaración a la no presentación de los Presupuestos Generales del Estado y creemos que hay que remarcar que la no presentación constituye un incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 134.3 de la Constitución. Segunda. VOX rechaza la declaración porque considera que falta un análisis detallado de las consecuencias que ha tenido la prórroga presupuestaria para la correcta gestión del presupuesto y su financiación. Tercera. VOX rechaza la declaración porque considera que falta un mayor énfasis explicando que, bajo presupuestos prorrogados, se provoca una dependencia creciente de modificaciones presupuestarias para financiar gastos estructurales y previsibles. Cuarta. VOX rechaza la declaración porque el patrimonio neto sigue empeorando año tras año y, al cierre del año 2024, se sitúa en cifras negativas de 776 136 millones de euros. Se trata de un patrimonio neto negativo que con los Gobiernos de Pedro Sánchez ha empeorado en 305 630 millones de euros ; no obstante, la declaración no incluye un párrafo de énfasis por el importe del patrimonio neto negativo. Señorías, si 106 138 millones de euros de patrimonio neto negativo de la Seguridad Social justifican un párrafo de énfasis, ¿por qué 776 136 millones de euros de patrimonio neto negativo consolidado no lo justifican? Quinta. VOX rechaza la declaración porque no explica las consecuencias de la sobrevaloración de 4000 millones de euros del resultado presupuestario consolidado. Son consecuencias importantes, ya que es el punto de partida de la fijación del déficit o superávit en términos de contabilidad nacional; es decir, a efectos de estabilidad presupuestaria. Sexta. VOX rechaza la declaración porque, aunque menciona el elevado endeudamiento total de la Administración General del Estado, que asciende a 1,46 billones de euros, no explica lo que ello supone, y es que un elevado nivel de endeudamiento pone en riesgo la financiación de servicios básicos como son la asistencia sanitaria, las pensiones o el gasto en dependencia. No lo dice VOX, lo dice la AIReF. Séptima. VOX rechaza la declaración porque, en el párrafo de énfasis sobre el endeudamiento, omite hacer referencia al importe de los intereses de la deuda, que han supuesto 32 362 millones de euros en 2024. Hablamos de una elevada carga de intereses, que es un coste estructural que condiciona el equilibrio de las cuentas públicas. Octava. VOX rechaza la declaración porque no basta incluir una salvedad acerca del número muy elevado de entidades ―103 en 2024― que no hayan integrado sus cuentas en la cuenta general. No basta decir que su relevancia económica no es significativa, hay que mostrarlo. Novena. VOX rechaza la declaración porque considera insuficiente el párrafo de énfasis sobre las cuentas de la Seguridad Social, unas cuentas que, si eliminamos las transferencias recibidas ―como corresponde en toda consolidación―, registrarían un patrimonio neto negativo de 209 000 millones de euros. La declaración debería explicar que, en consolidación, las transferencias se anulan y la situación de las cuentas de la Seguridad Social es muchísimo peor. Décima. VOX rechaza la declaración porque no siempre el Tribunal de Cuentas tiene el mismo concepto de imagen fiel. En esta cuenta general se incluyen 24 salvedades en 19 puntos. Hablamos de miles de millones incorrectamente imputados, activos que no pueden comprobarse, inventarios incompletos, derechos de cobro mal valorados, saldos sin soporte suficiente, criterios contables no homogéneos, obligaciones desplazadas entre ejercicios y errores que se reproducen año tras año. Pero el Tribunal de Cuentas concluye que, salvo por estas excepciones ―salvedades―, la cuenta general presenta la imagen fiel del sector público estatal. Undécima. VOX rechaza la declaración porque considera que las modificaciones presupuestarias, por un importe de 2389 millones de euros para pagar las pensiones de clases pasivas y los complementos a mínimos de pensiones de la Seguridad Social, financiadas mediante bajas en créditos del Servicio 50 de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es un asunto que se debería mencionar al menos en un párrafo de énfasis. Aceptar la excepcionalidad de la utilización de esta fuente de financiación para pagar gastos estructurales, cuantificables y previsibles, debería haberse reflejado con un mayor énfasis en la opinión, porque si existe una duda jurídica, un auditor no puede limitarse a decir que algo debería haberse justificado mejor. Decimosegunda. VOX rechaza la declaración porque, cuando el desequilibrio patrimonial y el endeudamiento aumentan ejercicio tras ejercicio, el deber de un órgano fiscalizador no puede agotarse en describir la cifra. Debe analizar sus causas, advertir sobre su evolución y recomendar al gestor público tomar medidas que, como mínimo, impidan que continúe deteriorándose la posición patrimonial del Estado y aumentando el endeudamiento. Señorías, esta declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024 debe ser devuelta para exigir una rendición de cuentas más completa, más transparente, más rigurosa y útil para esta Cámara. Porque la credibilidad del Tribunal de Cuentas depende de que sus conclusiones sean coherentes, consistentes, reproducibles y estén basadas en evidencias objetivas. Muchas gracias. .

Josep Paré Aregall PSC-PSOE

Bona tarda, presidenta. Abans de començar vull desitjar, demà, onze de setembre, una bona diada a tots els catalans i catalanes i especialment els Centellencs i Centellencs, que aquesta tarda començaran commemorant els actes a la vila, enguany commemorant el centenari del naixement de Marta Mata i Garriga, la pedagoga i exdiputada que va saber sempre reivindicar la llengua, l’educació i el país amb vocació de progrés i d’igualtat. Buenas tardes, presidenta. Antes de empezar, quiero desear para mañana, 11 de septiembre, una buena Diada a todos los catalanes y catalanas, sobre todo a los centellencs y centellenques que esta tarde van a empezar conmemorando el acto en la vilà, conmemorando el centenario del nacimiento de Marta Mata i Garriga, la pedagoga y exdiputada que siempre supo reivindicar la lengua, la educación y el país con vocación de progreso y de igualdad. . Señorías, buenas tardes. Señoría, si hay presupuesto prorrogado, hay presupuesto. Y si hay Cuenta General, es porque la Intervención General la ha elaborado. Señorías de VOX y del PP, ustedes, que son tan patriotas, a ver si se enteran, el debate no va sobre la gestión del Gobierno. Yo, como alcalde, siempre hago la misma comparativa: votar a favor de la Cuenta General del Estado es avalar el trabajo técnico y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas con su trámite. Y aquí es donde nos preocupa su actitud y su odio. Están cuestionando al Tribunal de Cuentas, un tribunal independiente que, de sus doce consejeros, once votaron a favor. Y centrándonos en la Cuenta General del Estado, se ha dicho, según el Tribunal de Cuentas, que representa fielmente la situación económica, patrimonial y presupuestaria del sector público estatal. Y centrándonos en su argumentario, o sea, en sus bulos, en el año 2019 no hubo presupuestos y prosperó la cuenta general, con su voto a favor. Y, por cierto, VOX se abstuvo. Lo mismo pasó en el año 2020, que no se llegaron a presentar los presupuestos. Y lo mismo, PP votó a favor y VOX se abstuvo. ¿Y saben cuál es el paralelismo? Que además de ser el año de la COVID, fue un año post electoral. Hay que recordar que el año 2023 es el año del «no soy presidente porque no quiero». . Señorías del PP, ustedes saben que no hay ningún problema con las cuentas del año 2024, que la Constitución posibilita prorrogar las cuentas; que cuentas prorrogadas las tienen el Estado y las comunidades autónomas, y que cuentas prorrogadas las han tenido Gobiernos progresistas y Gobiernos del PP. Y hablando de lo que saben, han hablado de Europa y han vuelto a mentir. La Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas han aportado la información que desmiente su argumentario. El vicepresidente de la Comisión Europea lo explicó. Se trata de operaciones temporales de tesorería. El Gobierno no desvió fondos europeos para pagar las pensiones. Como ven, su argumentación es un bulo. No dejaré pasar la oportunidad otra vez de decir que el estado del bienestar y los avances sociales son compatibles con el progreso económico. Y no se pongan nerviosos, lo dice el ranking anual de The Economist: España en 2024 fue clasificada como la economía de mejor desempeño del mundo. Y también lo dice Goldman Sachs: La economía de España crece con calidad, no solo con cantidad. Ambos informes destacan que el crecimiento económico bate récords de creación de empleo. España tiene menos déficit que Alemania o Francia por primera vez en veinte años. Este crecimiento se ha visto impulsado por el gasto público, las deducciones fiscales y las ayudas a hogares y empresas. Además, lamento decirles que España está entre la minoría de países que han reducido la deuda pública del Estado. . Así como lo oyen, con este Gobierno progresista, la deuda pública sobre el PIB es menor ahora que la que dejó el PP de M. Rajoy. Ustedes aumentaron la deuda empobreciendo. Este Gobierno la ha reducido creciendo. Esa es la diferencia. Ustedes destruyen y nosotros avanzamos. . Señorías del PP y de VOX, sé que no han venido a hablar de datos económicos, sino que hoy otra vez han mostrado un claro ejemplo de la política inútil que practica el PP, de la política de falta de respeto institucional a que nos tienen acostumbrados PP y VOX y, lo más grave, la política de los bulos basada en difundir mentiras y falsedades. Ya lo dijo Enric Juliana: Cuando la economía va bien y encima acompañada de medidas sociales, hay que hacer ruido para que el pueblo no lo descubra o no lo entienda. Y si la gente que nos sigue se pregunta ¿pero, qué pasa? Pues que esta oposición ha convertido en normal aprovechar todas las crisis para esparcir odio. Aprovechan la mayoría del PP y VOX en la comisión mixta para distorsionar la realidad, contribuyendo al descrédito de las instituciones y que la política mediática se aleje de las preocupaciones de la ciudadanía. Ustedes, la derecha cada vez más ultra y una ultraderecha cada vez más crecida, solo aportan recortar derechos y libertades, privatizar el estado del bienestar y fracturar la convivencia. Y, para ejemplo, Madrid y su gestión del gasto social y los aticazos con vistas a Chamberí. Se lo digo con toda sinceridad y respeto: es una vergüenza lo que hacen. Lo estamos viendo en Cataluña, España y Europa y lo estamos viendo en el conjunto del mundo. Están atacando a este Gobierno y a las instituciones del Estado y están yendo en contra de los intereses de la ciudadanía. Al final, su objetivo es claro: atacar por tierra, mar y aire a este Gobierno. Y aquí es donde los demócratas y los socialistas les diremos hoy y siempre: Aquí estamos nosotros, avanzando, reforzando los servicios públicos y protegiendo al conjunto de la ciudadanía. . Y aunque el PP no lo entienda, lo contrario al odio es el avance. Y no hay un gobierno por encima de la ley, sino una oposición al margen de la realidad. .