Pleno del Congreso n.º 199 · XV legislatura

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on, jaun-andreok. Como conocen, señorías, y hemos manifestado en otras ocasiones, la introducción en la Ley Orgánica 1/2025 de los medios alternativos de solución de controversias, los llamados MASC, ha supuesto un cambio legislativo — también en lo cultural— hacia una justicia más humana y sostenible, que fomente una cultura del diálogo entre las partes en litigio para la búsqueda de acuerdos, concretándose este cambio legislativo y cultural de la Ley Orgánica 1/2025 en el llamado requisito de procedibilidad, por el cual no cabe presentar una demanda civil o mercantil sin haber intentado previamente solucionar el conflicto a través de vías extrajudiciales, tales como, entre otras, la mediación, la conciliación, el diálogo entre las partes, etcétera, lo que, además de propiciar acuerdos tempranos que eviten procedimientos judiciales, permite a las partes mantener el control sobre el conflicto y su resultado mejor que con los rígidos procedimientos judiciales y aumentar su satisfacción con la solución alcanzada. Sin embargo, señorías, esta habilitación legislativa que en su momento apoyamos, tras un tiempo de aplicación ha puesto de manifiesto alguno de sus efectos adversos, lo que aconseja su modificación puntual para exonerar del requisito de procedibilidad a los procedimientos civiles de familia en los que se vean involucrados menores, tal y como reclaman diversos operadores jurídicos y de manera unánime la Asociación Española de Abogados de Familia por conocer de primera mano los efectos negativos del requisito de procedibilidad en el interés superior del menor cuando se ven inmersos en los conflictos entre sus progenitores. La Asociación Española de Abogados de Familia — cuya demanda unánime es relevante en esta cuestión por su implantación en todas las comunidades autónomas, con más de tres mil asociados, abogados y abogadas en ejercicio y de todas las ideologías— traslada una visión capilar de una problemática procesal común en el conjunto del mapa judicial español que hizo llegar a esta Cámara en ejercicio de su derecho a petición, y este Pleno el 11 de noviembre del año pasado, a través de la aprobación de una PNL del Grupo Parlamentario Popular sobre diversos aspectos de los MASC, tuvo a bien incorporar una enmienda de este grupo en su formulación definitiva sobre este mismo asunto, y ahora, diez meses después, volvemos a traerla a este Pleno en forma de proposición de ley para su toma en consideración y, si así fuera, su tramitación. Señorías, todas y todos conocemos las peculiaridades emocionales que presentan las rupturas inamistosas de las parejas o las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad. Son casi siempre situaciones de duelo, en las que en no pocas ocasiones se practica una suerte de vandalismo emocional, agravado cuando en él se ven involucrados menores. Por ello, señorías, el filtro de la racionalidad que con carácter general puede suponer el requisito de procedibilidad para propiciar acuerdos tempranos que eviten la apertura de los procedimientos judiciales, en los procedimientos de familia — que en más ocasiones de las deseables son conflictos emocionales envenenados— la presencia de menores, que es el bien jurídico superior a proteger, reclama no dilatar estas situaciones de alta conflictividad a través de un obligatorio trámite previo a la demanda, porque, además de añadir tensión a las relaciones entre la pareja, expone a los menores a situaciones perjudiciales de incertidumbre que les desprotegen. Y por ello se reclama no retrasar judicialmente la respuesta a problemas inmediatos y de cierta gravedad, que no siempre encajan, como a veces se ha sostenido en esta Cámara, en el artículo 158 del Código Civil, ya que este precepto solo es utilizable judicialmente para situaciones de gravísimo e inminente riesgo para el menor. Señorías, los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre disoluciones matrimoniales y parejas de hecho confirman que la obligatoriedad de los MASC no se ha transformado como herramienta eficiente de los litigios en pactos. No hay un descenso sostenido de los asuntos judiciales en favor de un crecimiento equivalente de los mutuos acuerdos. En la práctica, se estima que existen más de 17 000 demandas en los despachos de los abogados pendientes de formalización de la demanda previo cumplimiento del requisito del MASC. Señorías, anualmente en España aproximadamente 300 000 menores se encuentran afectados por procesos judiciales de familia como consecuencia de rupturas de parejas matrimoniales, y, de hecho, en no pocos casos inamistosas, o discrepancias de sus progenitores en el ejercicio de la patria potestad. Y en estos casos, en los que los derechos de los menores se ven afectados por conflictos entre sus padres, lo más importante es la tutela con urgencia del interés superior del menor. Pensemos en pensiones alimenticias, en el uso del domicilio familiar, en las relaciones con sus padres y familiares, las custodias, el régimen de visitas o discrepancias en el ejercicio de la patria potestad, la elección del centro escolar, actividades extraescolares, tratamientos médicos y psicológicos no graves, la práctica o no de determinados actos religiosos ―como la primera comunión u otros―, vacaciones escolares y un largo etcétera de cuestiones que todos los que tienen hijos e hijas conocen. En estos casos, y en otros muchos, señorías, la exigencia de acudir aún antes de la presentación de la demanda e incluso antes de la solicitud de las medidas provisionales previas a la demanda del 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dilata innecesariamente la resolución judicial, provocando ―como les decía― la desprotección de los hijos menores, que quedan durante largo tiempo sin respuesta a sus necesidades si los padres se encuentran enfrentados; incluso casos en los que, cuando finalmente el juez se pronuncia, la controversia ya no tiene objeto, como, por ejemplo, cuando ha finalizado el plazo para realizar una petición o para una actividad que ya ha concluido ―piénsese en el plazo de una matrícula, etcétera―. Señorías, las rupturas más conflictivas, aquellas que nacen con un alto nivel de confrontación o aquellas donde hay un notable desequilibrio de poder entre los miembros de la pareja, no se pacifican con la aplicación de los MASC. Las demandas llegan finalmente al juzgado con la misma o mayor carga contenciosa que con la que empezaron pero con mucho tiempo perdido, en detrimento de los niños y de las niñas y del progenitor que está en la situación más débil. Y es en este tipo de rupturas más conflictivas donde no es infrecuente también encontrarse ―aunque no exclusivamente― con progenitores que aprovechan el requisito de procedibilidad para dilatar o retrasar el cumplimiento de sus obligaciones legales derivadas del régimen de familia, haciendo un uso abusivo del proceso de negociación con el único objetivo de dilatarlo al máximo y así retrasar la presentación de la demanda por la otra parte y la solicitud de medidas provisionales previas, con la consiguiente desprotección del menor y beneficio espurio de la parte incumplidora. Señorías, tampoco quiero dejar de señalar que la exigencia de un MASC antes del planteamiento de la demanda en procesos de familia con menores de un nacional español y un nacional de un país tercero sin ese requisito de procedibilidad deja en desventaja a los juzgados españoles, ya que el nacional del país tercero puede adelantarse en el tiempo de presentación de la demanda, ganando así el fuero de sus tribunales. Voy finalizando, presidente, con una breve reflexión de derecho comparado en la Unión Europea sobre el asunto que nos ocupa. Como conocen, la influencia e inspiración de los MASC como requisito de procedibilidad de la Ley Orgánica 1/2025 en asuntos civiles y mercantiles lo fue de manera singular del modelo italiano, que durante años constituyó ―como se ha escrito― el laboratorio europeo de la mediación obligatoria. Sin embargo, en Italia, con inicio en la Ley 206/2021 y desarrollo con los decretos legislativos 149/2022 y 164/2024, se ha producido una reconfiguración profunda del sistema del proceso civil en materia de familia cuando se ven involucrados menores con la llamada reforma Cartabia, impulsada por la que fue ministra de Justicia en el Gobierno del presidente Draghi, Marta Cartabia; un cambio profundo ―les decía― en el derecho de familia que sitúa el interés superior del menor y su protección en el centro absoluto del proceso judicial, transitando desde un modelo adversarial, guiado por los acuerdos en los aspectos patrimoniales y personales entre los padres, a un sistema de garantías específico para los hijos menores de edad de indisponibilidad procesal, y suprimiéndose, entre otras medidas, el requisito de procedibilidad obligatorio genérico para poder demandar en los procedimientos de familia con menores, a diferencia de otros ámbitos civiles y mercantiles en Italia. Así, la mediación ha dejado de ser forzosa y previa al proceso en Italia y pasa a ser voluntaria e incentivada, algo parcialmente similar a como sucedía en Francia, Alemania y Estonia, que cuentan con un modelo mixto de voluntariedad promovida o judicialmente derivada, aunque en otros muchos países, como Bélgica, Países Bajos, etcétera, el acceso previo a los tribunales no está condicionado por trámite negociador obligatorio alguno. Incluso países nórdicos, como Suecia, y otros escandinavos, con gran tradición de mediación familiar, no prevén tampoco obligatoriedad alguna. Concluyo, señorías. Si con la ley orgánica de 2025 nos miramos en el espejo de Italia, mirémonos de nuevo en la reforma Cartabia y suprimamos el requisito de procedibilidad en los procedimientos de familia con menores, ya que tanto allí como aquí es eje central de cualquier decisión legislativa el interés superior del menor y su protección. Muchas gracias.

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. O Grupo Parlamentar Vasco (PNV) trae a toma en consideración unha proposición de lei para modificar o artigo 5.3 da lei 1/2025 para excluír da aplicación obrigatoria dos medios adecuados para a solución de controversias en determinados casos de ámbito civil. Antes de entrar a valorar a proposta concreta, cabe lembrar que o BNG foi moi crítico no seu momento coa introdución como requisito de procedibilidade a orde xurisdicional civil do uso previo obrigatorio dun mecanismo extraxudicial, como pode ser o intento de conciliación ou a mediación para permitir a presentación dunha demanda xudicial. Considerabamos que en todo caso, os recursos MASC podería establecerse como voluntarios, mais que como medida de obrigado cumprimento só viría a ralentizar e ou dificultar o acceso á tutela xudicial efectiva. Preocupábanos tamén que no caso das persoas con menos recursos, o acceso a estes sistemas puidese converterse nunha traba, unha cuestión que foi solventada — de verdade— coa incorporación da emenda que nós mesmo presentamos, que presentou o BNG, para asegurar a existencia de mecanismos públicos para a solución de conflitos de acceso gratuíto para as partes. En todo caso, unha vez que a necesidade e unha vez que a necesidade de intentar a resolución do conflito a través do MASC como paso previo para o acceso á vía xudicial foi regulada como obrigatoria, podemos compartir a necesidade de matizar esta regulación e excluír ademais daquelas materias xa inicialmente previstas, outras que, como as que se indican na proposición, non se adecúan ao noso xuízo co funcionamento dos MAS, isto é, nos casos de demanda de separación, divorcio ou nulidade matrimonial, medidas paternofiliais, medidas cautelares, solicitudes exequátor ou de recoñecemento de resolucións estranxeiras, en que entendemos que fai todo o sentido que non teñan a obrigatoriedade de acudir a un MASC para poder presentar a demanda. A exclusión dos MASC como requisito de parcialidade no proceso de familia transcende a mera técnica procesual, porque se trata dunha cuestión de garantía de dereitos fundamentais ante a tutela xudicial efectiva para as persoas máis vulnerábeis. Así mesmo, a imposición dun proceso negociador previo no litixios que afectan á patria potestade e ás medidas paternofiliais implica unha barreira burocrática cando o interese superior do menor esixe a máxima axilidade na toma de decisión por parte dos poderes públicos. Cando se debate a garda, a custodia ou medida de urxencia sobre a custodia do menor, o tempo é un factor crítico. Así entendemos que dilatar o proceso e dilatar, por tanto, o acceso ao xuíz impondo fases de mediación forzosa previa corre o risco de converter en obsoleto o obxecto de controversia, xerando un prexuízo irreparábel para o núcleo familiar, como ben indica o grupo propoñente, o PNV. A axilidade temporal nestes casos é, de facto, un dereito material. No plano estritamente técnico e do dereito internacional privado, a proposta mostra un pragmatismo necesario porque esixir o requisito dos MASC para admitir unha demanda social carece de lóxica xurídica. Se o obxectivo é recoñecer e executar un título ou resolución xa ditada por un tribunal estranxeiro, introducir unha nova fase de negociación só serve para encarecer e entorpecer a execución. Porén, a eliminación destas trabas burocráticas non pode ocultar o problema de fondo, isto é, o colapso en que se encontra a administración de xustiza. A imposición obrigada a mecanismos extraxudiciais para a resolución dos conflitos non é a panacea para a redución da litixiosidade e o número de casos tramitados nos tribunais, como moi ben indicou o propoñente, e a eliminación das trabas burocráticas nalgunhas materias pode axilizar certos procedementos, mais tampouco dará solución aos atascos e retrasos que caracterizan a xustiza hoxe en día. Como xa dixemos no debate da Lei de Eficiencia, lograr unha xustiza eficaz, áxil, rápida só pode conseguirse coa aposta decidida por incrementar a dotación de persoal e de medios técnicos, mantendo os servizos distribuídos territorialmente, rematando coa tendencia no servizo distribuídos territorialmente e rematando coa tendencia de concentración dos órganos xudiciais que impulsou esa lei. En todo caso, votaremos a favor. Moito obrigado. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) trae a tomar en consideración una proposición de ley para modificar el artículo 53 de la ley 1/2025 para excluir la aplicación obligatoria de los medios adecuados para la solución de controversias en determinados casos de ámbito civil. Antes de valorar la propuesta, quiero recordar que el BNG ha sido muy crítico en su momento con la introducción como requisito de procedibilidad la orden de uso previo de un mecanismo judicial, como puede ser el intento de conciliación o la mediación para permitir la presentación de una demanda judicial. Considerábamos que en todos los casos los recursos MASC podrían establecerse como voluntarios, pero como medida de obligado cumplimiento solo ralentizarían o dificultarían el acceso a una tutela judicial efectiva. Nos preocupaba también que en el caso de las personas con menos recursos el acceso a ese sistema pudiese convertirse en un obstáculo, que se solventó ―es cierto― con la incorporación de la enmienda que nosotros presentamos para asegurar la existencia de mecanismos públicos para la solución de conflictos de acceso gratuito para las partes. En cualquier caso, una vez que la necesidad de intentar la resolución de los conflictos a través del MASC como paso previo para el acceso a la vía judicial se reguló como obligatoria, podemos compartir la necesidad de matizar esta regulación y excluir, además de aquellas materias ya previstas, otras que, como las que se indican en la proposición, no se adecúan a nuestro juicio al funcionamiento de los MASC: los casos de demanda de separación, divorcio o nulidad matrimonial, medidas paternofiliales, cautelares, solicitud exequatur o de reconocimiento de resoluciones extranjeras, en las que tiene todo el sentido que no tengan la obligatoriedad de acudir a un MASC para poder presentar la demanda. La exclusión de los MASC como requisito en los procesos de familia transciende lo procesual, porque es una cuestión de garantía de derechos fundamentales ante la tutela judicial efectiva para las personas más vulnerables. Asimismo, la imposición de un proceso negociador previo en los litigios que afectan a la patria potestad y a las medidas paternofiliales implica una barrera burocrática cuando el interés superior del menor exige la máxima agilidad a la hora de tomar decisiones por parte de los poderes públicos. Cuando se debate la guardia, la custodia del menor, el tiempo es un factor crucial. Por eso entendemos que dilatar el proceso y, por tanto, el acceso al juez imponiendo fases de mediación forzosa previa corre el riesgo de convertir en obsoleto el objeto de controversia, generando un perjuicio irreparable para el grupo familiar, como así indica el grupo proponente, el PNV. La agilidad temporal es en estos casos un derecho material. En lo que se refiere a lo técnico, el derecho internacional privado muestra un pragmatismo necesario. Exigir requisitos MASC para admitir una demanda no tiene lógica jurídica. Si el objetivo es reconocer y ejecutar un título de resolución dictado por un tribunal extranjero, introducir una fase de negociación solo encarecerá y entorpecerá el proceso. Sin embargo, la eliminación de estas trabas burocráticas no puede ocultar el problema de fondo, que es el colapso en el que se encuentra la Administración de justicia. La imposición obligada de recurrir a estos mecanismos extrajudiciales sobre conflictos no es la panacea para reducir la litigiosidad y el número de casos tramitados en los juzgados, como ya indicó el proponente. La eliminación de las trabas burocráticas en algunas materias puede agilizar ciertos procedimientos, pero tampoco solucionará los atascos y retrasos que caracterizan a la justicia hoy en día. Como ya hemos dicho en el debate de la ley de eficiencia, conseguir una justicia eficaz, ágil y rápida solo puede lograrse con una apuesta decidida por incrementar la dotación de personal y de medios técnicos, manteniendo los servicios distribuidos territorialmente, rematando con la tendencia de concentrar los órganos judiciales que impulsa esa ley. Por tanto, votaremos a favor. Muchas gracias.

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Molt bona tarda. El Ministeri de Justícia ha implantat un nou model de justícia sense planificació, sense coordinació amb els professionals i sobretot, sense dotació pressupostària, deixant, per cert, milers de jutges i fiscals substituts i funcionaris interins a l’estacada. Resultat: milers de judicis suspesos i de mesos de retard afegit. Però no és només la implantació del model judicial, és la llei mateixa d’eficiència en la justícia, que necessita un replantejament general i, en alguns casos, solucions immediates a problemes que afecten directament a les persones. Ens hem referit una vegada i una altra a l’error monumental d’haver oblidat la competència dels jutges de pau per fer casaments. Un error cent per cent imputable a la supèrbia del ministeri en la negociació de la llei. Però avui el que ens ocupa és una altra qüestió: la generalització indiscriminada dels mitjans adequats o alternatius de resolució de conflictes com a requisit de procedibilitat en els processos civils. Aquesta generalització, insisteixo, indiscriminada ha estat un greu error. Estem d’acord que cal reduir la litigiositat, agilitzar procediments, fomentar la resolució consensuada dels conflictes jurídics, però a la pràctica, en alguns casos els MASC han acabat sent un obstacle per a la defensa dels drets dels justiciables. En aquest sentit, nosaltres hem recollit i portat aquí, en les intervencions en ple i en comissió i en esmenes a les lleis de justícia, les demandes de l’Advocacia Catalana per ampliar les excepcions als procediments monitori, impagaments de quotes a comunitats de propietaris, desnonaments per impagaments de rendes, s’han d’agilitzar i no han d’estar subjectes a una negociació prèvia. Però hi ha un supòsit que és encara més greu que tots aquests que hem dit, perquè és una qüestió d’ordre públic, que és l’efecte negatiu que té aquesta obligatorietat indiscriminada dels MASC. En els judicis amb menors implicats en separacions, en divorcis, quan es discuteixen mesures paternofilials sobre pensions, règim de custòdia, visites, ús de l’habitatge familiar. L’aplicació automàtica dels MASC és un error. De fet, Junts per Catalunya, a instàncies del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ha presentat esmenes a la Llei Orgànica d’Accés a la Judicatura a la proposició no de llei presentada pel Partit Popular l’any passat. Sempre que hem tingut ocasió hem presentat esmenes per tal que els processos de família amb nens, nenes i adolescents deixin d’estar subjectes per sistema a aquest requisit de procedibilitat perquè, tal com constaten els advocats, en els procediments de jurisdicció voluntària de responsabilitat parental, de pàtria potestat, etcètera, és prioritària la ràpida intervenció del jutge i en qüestions especialment sensibles, com les mesures cautelars o mesures provisionals prèvies per fixar pensions d’aliments, règims de custòdia, ús del domicili, el requisit de procedir habilitat en lloc de protegir els menors, el que fa generar retards i augmentar el conflicte. Però sobretot, tal com assenyalen els advocats, els efectes perjudicials del requisit de possibilitat es posen en evidència quan en els judicis de família hi ha l’element d’estrangeria, quan un dels pares és estranger, perquè llavors la negociació prèvia al MASC, el que serveix és d’alerta, és d’avís perquè el pare o mare que resideix a l’estranger, sigui a Suïssa, sigui els Estats Units, sigui el Marroc, tant li fa. Aquest pare resident a l’estranger, s’avanci i reclami per als jutjats del seu país la competència i, en conseqüència, aquesta competència la perden als jutjats d’aquí. I el progenitor? I el progenitor de qui ha d’anar a litigar pel seu fill o filla a l’estranger? Amb tot el que això comporta a nivell personal, a nivell econòmic, etcètera. També volem dir, i volem deixar clar, que el debat per donar els marcs per als menors en els judicis on hi ha menors implicats no és un debat tancat. El benestar dels menors és l’interès superior. Per això cal escoltar tothom. Veure tots els matisos quan hi ha violència, quan hi ha intimidació, una necessitat urgent o l’element d’estrangeria el que abans ens referíem. És evident que la justícia ha d’actuar per evitar qualsevol risc en la resta de procediments familiars, tal com assenyalen els professionals de la psicologia de Catalunya. Cal valorar la utilitat d’una intervenció professional segura. Una intervenció que ajudi a reduir l’escalada en uns conflictes dominats per l’emoció, la visceralitat, l’hostilitat, perquè, com assenyalen aquests professionals de la psicologia, experts en família i experts en aquestes situacions, una sentència pot tancar un judici, però no sempre resol el conflicte familiar. Finalment, una qüestió que precisament s’ha posat en relleu al Congrés de Dret de Família celebrat pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona aquest darrer cap de setmana. Fa pocs dies que és la inseguretat jurídica en la pràctica de la prova dels judicis verbals el resultat d’una legislació deficient en la llei d’eficiència a la justícia. No pot ser que, segons el jutge que et toqui, es practiqui o no la prova, especialment en judicis de família amb menors implicats perquè, com hem dit, són una qüestió d’ordre públic. Per això entenem que cal anar una mica més enllà de la proposta del Partit Nacionalista Basc i que s’estableixi de forma indiscutible que la prova s’haurà de poder practicar sempre que es demani. Acabo. La setmana passada en el judici en el que Roger Español, després de 9 anys, ha aconseguit portar davant de la justícia als policies que l’1 d’octubre li van disparar a la cara una bala de goma i el van mutilar, es va produir una situació de menyspreu a la nostra llengua intolerable a l’Audiència de Barcelona. Els advocats de l’acusació es van veure obligats a traduir‑se ells mateixos el castellà perquè les persones que teòricament s’havien d’encarregar de la traducció, les persones encarregades a les quals s’havia contractat, no tenien la competència mínima en català per traduir als advocats que parlaven en català a l’Audiència de Barcelona, a Catalunya. Donem tot el suport a Roger Español, Irídia, Òmnium i l’ANC, que han denunciat aquesta vulneració de drets lingüístics. I volem deixar clar que el que va passar no és una anècdota, no és un error puntual. És la demostració del menyspreu sistemàtic de la justícia espanyola pel català. La solució no passa per gastar més en traduccions a Catalunya. No tant de traduir. Si parles en català t’han d’entendre. Per tant, la solució ha de ser estructural. I mentre no tinguem una justícia independent en una Catalunya independent, el que s’ha de fer és modificar la Llei Orgànica del Poder Judicial al seu article 231, per tal que jutges i personal judicial a Catalunya destinats a Catalunya, que exerceix les seves funcions a Catalunya, tingui l’obligació d’entendre el català. Muy buenas tardes. El Ministerio de Justicia ha implantado un nuevo modelo de justicia sin planificación, sin coordinación con los profesionales y, sobre todo, sin dotación presupuestaria, y dejando, por cierto, a miles de jueces, sustitutos y funcionarios interinos solos, con miles de juicios suspendidos y retrasos añadidos. Pero no solo es la implantación del modelo judicial; es la ley de eficiencia de la justicia la que necesita un replanteamiento general y en algunos casos soluciones inmediatas a problemas que afectan directamente a las personas. Nos hemos referido una y otra vez al error monumental de haber olvidado la competencia de los jueces de paz para bodas, un error cien por cien imputable a la soberbia del ministerio en la negociación de la ley. Pero hoy lo que nos ocupa es otra cuestión: la generalización indiscriminada de los medios adecuados o alternativos de resolución de conflictos como requisito de procedibilidad en los procesos civiles. Esta generalización ―insisto― indiscriminada ha sido un grave error. Estamos de acuerdo en que hay que reducir la litigiosidad, agilizar procedimientos, fomentar la resolución consensuada de los conflictos jurídicos, pero en la práctica en algunos casos todo esto ha acabado siendo un obstáculo para la defensa de los derechos de los justiciables. En este sentido, nosotros hemos recogido y hemos traído aquí, con las intervenciones en Pleno y Comisión y enmiendas a las leyes de justicia, las demandas de la abogacía catalana para poder ampliar las excepciones a los MASC. Procedimientos monitorios, impagos de cuotas de comunidades de propietarios, desahucios por impago de rentas tienen que agilizarse, no tienen que estar sujetos a una negociación previa. Y hay un supuesto que aún es más grave que todos los que hemos señalado, porque es una cuestión de orden público, que es el efecto negativo que tiene esta obligatoriedad indiscriminada de los MASC en los juicios con menores implicados. En separaciones y divorcios, cuando se discuten medidas paternofiliales sobre pensiones, régimen de custodia, visitas, uso de la vivienda familiar, la aplicación automática de los MASC es un error. De hecho, Junts per Catalunya, a instancias del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha presentado enmiendas a la proposición no de ley de modificación de la ley orgánica de acceso a la judicatura propuesta por el Grupo Popular el año pasado. Siempre que hemos tenido ocasión hemos presentado enmiendas para que los procesos de familia con niños, niñas y adolescentes dejen de estar sujetos por sistema a este requisito de procedibilidad, porque, tal y como constatan los abogados, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria de responsabilidad parental, la patria potestad, etcétera, es prioritaria la rápida intervención del juez, y, en cuestiones especialmente sensibles, como las medidas cautelares o provisionales previas para fijar pensiones de alimentos, régimen de custodia, uso de la vivienda, el requisito de procedibilidad, en lugar de proteger a los menores, lo que hace es ocasionar retrasos y aumentar el conflicto. Pero, sobre todo, tal como señalan los abogados, los efectos perjudiciales del requisito de procedibilidad se ponen en evidencia cuando en los juicios de familia hay ese elemento de extranjería, cuando uno de los padres es extranjero, porque entonces en la negociación previa el MASC sirve de alerta, sirve de aviso para que el padre o la madre que reside en el extranjero ―ya sea en Suiza, Estados Unidos o Marruecos, da igual― se adelante y reclame en los juzgados de su país la competencia. En consecuencia, esta competencia la pierden los juzgados de aquí, y el progenitor de aquí tiene que ir a litigar por su hijo o hija al extranjero, con todo lo que eso conlleva a nivel personal, económico, etcétera. También queremos señalar y dejar claro que el debate para excepcionar los MASC en los juicios en los que hay menores implicados no es un debate cerrado. El bienestar de los menores es el interés superior y por eso hay que escuchar a todos y ver todos los matices. Cuando hay violencia, intimidación, una necesidad urgente o el elemento de extranjería al que nos referíamos antes, es evidente que la justicia tiene que actuar para evitar cualquier riesgo. En el resto de los procedimientos familiares, tal y como señalan los profesionales de la psicología en Cataluña, hay que valorar la utilidad de una intervención profesional segura, de una intervención que ayude a reducir la escalada en unos conflictos dominados por la emoción, la visceralidad y la hostilidad, porque, como señalan estos profesionales de psicología expertos en familia y en estas situaciones, una sentencia puede cerrar un juicio, pero no siempre resuelve el conflicto familiar. Finalmente, una cuestión que precisamente se ha puesto de relieve en el Congreso del Derecho de Familia celebrado por el Colegio de la Abogacía de Cataluña en este último fin de semana ―hace pocos días― es la inseguridad jurídica en la práctica de la prueba de los juicios verbales, resultado de una legislación deficiente respecto a la ley de eficiencia en la justicia. No puede ser que, según el juez que te toque, se practique o no la prueba, especialmente en juicios de familia con menores implicados, porque, como hemos dicho, son una cuestión de orden público. Por eso entendemos que hay que ir un poco más allá de la propuesta del Grupo Nacionalista Vasco y que se establezca de forma indiscutible que la prueba tendrá que poderse practicar siempre que se pida. Acabo. La semana pasada en el juicio en el que Roger Español, después de nueve años, ha conseguido llevar ante la justicia a los policías que el 1 de octubre le dispararon en la cara una bala de goma y lo mutilaron se produjo una situación de menosprecio a nuestra lengua intolerable. En la Audiencia de Barcelona los abogados de la acusación se vieron obligados a traducirse ellos mismos al castellano porque las personas que teóricamente tenían que encargarse de la traducción, aquellas que se habían contratado, no tenían la competencia mínima en catalán para traducirlos. Damos todo nuestro apoyo a Roger Español, Irídia, Òmnium y la ANC, que han denunciado esta vulneración de derechos lingüísticos, y queremos dejar claro que lo que pasó no es una anécdota, no es un error puntual: es la demostración del menosprecio sistemático de la justicia española hacia el catalán. Y la solución no pasa por gastar más en traducciones. En Cataluña no te tienen que traducir si hablas en catalán, te tienen que entender. Por lo tanto, la solución tiene que ser estructural. Y, mientras que no tengamos una justicia independiente en una Cataluña independiente, lo que hay que hacer es modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 231, para que los jueces y el personal judicial destinado en Cataluña, que ejerce sus funciones en Cataluña, tenga la obligación de entender el catalán. Eso es exactamente lo que dice la Carta Europea…

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

I això és exactament, senyor president, el que diu la Carta Europea. Això és exactament el que diu la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que fa 20 anys que Espanya va ratificar i que incompleix frontalment. I això és el que proposem des de Junts per Catalunya. Que cap jutge que cap fiscal que cap funcionari pugui exercir a Catalunya si no entén el català. Gràcies. Sí, señor presidente. Eso es lo que dice exactamente la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, que hace veinte años que España ratificó y que incumple frontalmente. Y esto es lo que proponemos Junts per Cataluña: que ningún juez, ningún fiscal, ningún funcionario pueda ejercer en Cataluña si no entiende el catalán. Gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Sí, bona tarda. Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, ara fa uns mesos, aquest mateix debat es va produir en seu del Parlament de Catalunya. Dins d’una moció, si no recordo malament, de diferents punts presentades pel Partit Popular i ara fa uns mesos, davant de la moció exactament idèntica que aquesta, hi vam votar en contra. Nosaltres, com a partit, tenim el mal costum de ser coherents en tot allò que fem i, per tant, avui que es planteja la mateixa sol·licitud que es va plantejar al Parlament de Catalunya, seguirem donant la mateixa resposta. És a dir, hi votarem en contra. Sé i soc conscient perfectament de que segurament serem l’únic grup que hi votarà en contra, però aquí hi ha alguns elements que hem de tenir presents. I és que si fem una aposta per un model on s’hi incorporen els MASC. Com a elements fonamentals previs al procés jurisdiccional, la fem. Han passat set mesos des que l’aplicació d’aquesta llei s’està fent als tribunals. Ha passat un any i mig, però vostès saben perfectament que s’està modificant tant les estructures més funcionaris que després en faré un esment com les estructures de les pròpies dels mateixos tribunals i que, per tant, l’aplicació d’aquesta llei en veurem els fruits d’aquí a un temps. Deixi’m dir també que parlen vostès com si els temes de família es solucionessin en tres dies i ara, en canvi, estiguem trigant una eternitat. I això no és així. Tots els que treballem amb famílies sabem perfectament que hi havia dilacions importants en tots aquests temes i, per tant, el MASC, els mitjans de resolució alternativa de conflictes és evident que poden anar molt més ràpid. Aquí l’únic que hi ha és si apostem o no apostem per un sistema de pacte previ entre els ciutadans que pugui d’alguna manera descongestionar els litigis, però que, per altra banda, els faci artífexs de la seva pròpia voluntat negociadora i s’encamini la resolució de problemes. Per una altra banda, nosaltres, des del Departament de Justícia, ho vam tenir molt clar i vam apostar per aquest sistema i, per tant, ara no canviarem l’opinió perquè creiem que és el mateix i que és el millor i que és el millor tant per a l’Administració de Justícia com per a les mateixes persones, els mateixos ciutadans, que són els receptors del dret. Per tant, encara que ens quedem sols, creiem que el que pertoca és votar‑hi en contra. I ens hem reunit amb l’Advocacia Catalana i ens hem reunit amb els mediadors. I la veritat és que tant els uns com els altres apunten a que aquest no és només un problema de model o un problema de com pensem que s’administra millor la justícia i que és més democràtica, sinó també d’interessos i, per tant, no hi entrarem. És veritat que hi ha un únic moment en què nosaltres som partidaris d’aquesta modificació i és en els temes d’estrangeria. Per això es podria fer d’una altra manera. No cal introduir tot aquí. El més sorprenent des de la meva perspectiva, ja em perdonaran, és que se m’ha fet arribar que hi ha partits que ara fa quatre mesos al Parlament de Catalunya hi van votar en contra. Ara hi votaran a favor. Bé, endavant, doncs. Facin vostès el que considerin, però creiem que fer legislació que és realment modificador de situacions realment transformadora en l’àmbit de la justícia per retirar la poteta quan ho demanen els col·legis d’advocats. No sé si és la millor manera de conduir un procés de transformació i de democratització d’aquesta mateixa justícia. Són complicats els processos matrimonials? Sí, ho són. Efectivament, ho són i ho són molt. I quan hi ha menors també, però ho són tant amb mediació prèvia a la interposició de la demanda com sense ella. I en canvi, donem un espai per a que aquests conflictes deixin de tenir aquesta hostilitat i puguin permetre un petit moment de parada en que els uns entenguin el que passa en els altres. I això és el que creiem que hem d’aconseguir. Per tant, més enllà de l’excepció que permet perdre la competència dels jutges dels tribunals de l’Estat en favor d’un tercer Estat que, en aquest cas, sí que entenem que potser s›hauria de fer aquesta modificació i tenint en compte que, com que prosperarà, com que reeixirà aquesta tramitació, ja la podrem fer a partir d’esmenes. Crec que toca que algú digui el model de resolució de conflictes per mitjans alternatius és el nostre model i si ens toca fer‑ho nosaltres ho farem nosaltres, encara que ens quedem sols. Dit això, dos elements més: el que sí que és evident és que el que es va produir amb els jutges de pau i en la competència per fer els matrimonis civils va ser un error. No era un tema de model. És evident també que hi coincidim tant el PSC o el PSOE, en aquest cas amb Junts, amb tota una sèrie de grups, amb SUMAR amb tota una sèrie de grups. Resolguem d’una vegada ja, encara que sigui a través d’un Reial Decret, sol o acompanyat d’alguna altra cosa. M’és igual. Però acabar aquesta legislatura mantenint l’error dels Jutjats de Pau és una molt mala notícia per a tota la ciutadania, especialment per la de Catalunya. I segon element, de traductors. I em refereixo al darrer que ha dit el meu comentari anterior. De traductors en necessitarem perquè en aquest cas això es va produir amb l’interrogatori a uns testimonis i als testimonis. si que pot ser que no entenguin el català, el que s’ha de mirar són els plecs que han permès que les traduccions es facin per a persones no capacitades i no siguin traductors jurats de català, castellà que en tenim a patades. En tenim per parar un tren, però hi estem com sempre. Si el que pretenem és concursos, licitacions amb molt poc preu acaba passant el que acaba passant. De tota manera, demanarem explicacions perquè és impresentable el que va passar. Absolutament impresentable. I a més a més, és una falta de garantia per a Roger Español que, com efectivament dius, li donem tot el suport del mon a ell, a Irídia, a Òmnium i a l’Assemblea. I dit això, deixi’m introduir un petit element. Tot això està molt bé, però qui ho ha d’aplicar són els interins, els funcionaris que acaben de ser una gran part d’ells acomiadats almenys a l’administració de Justícia de Catalunya. Jo ja no sé com explicar en aquesta cambra que és la vergonya dels nostres temps que no haguem sigut capaços en 7 anys de resoldre el tema dels interins i del seu abús que es va fer amb els seus contractes. I és que ja no sé com explicar‑ho tenint un partit d’esquerres que se suposa que defensa la classe treballadora, o almenys mínimament, els hi hem donat tot tipus de possibilitats per esmenar aquest error. I no hi ha hagut manera. Sembla ser que s’estan reunint comunitats autònomes i governs. Molt bé. Jo ja els ho dic ara, si l’acord que es produeix és a base d’aquests tres principis i impedeix l’accés dels abusats a les seves places, nosaltres no hi estarem d’acord. Per tant, per favor, la justícia el que necessita són treballadors ben pagats, fixos, estables i ben tractats. I això és exactament el que no estem fent. Moltes gràcies. Buenas tardes. Gracias, presidente. Diputados, diputadas, hace ya unos meses se produjo este mismo debate en el Parlamento de Cataluña, dentro de una moción ―si no recuerdo mal― con diferentes puntos presentada por el Grupo Popular, en contra de la cual votamos. En nuestro partido tenemos la mala costumbre de ser coherentes en todo lo que hacemos y, por tanto, hoy, que se plantea la misma solicitud que se planteó ante el Parlamento de Cataluña, seguiremos dando la misma respuesta; es decir, votaremos en contra. Soy perfectamente consciente de que seguramente seremos el único grupo que va a votar en contra, pero aquí hay algunos elementos que hay que tener presentes. Si apostamos por un modelo que incorpora los MASC como elementos fundamentales previos al proceso jurisdiccional, lo hacemos. Desde que se está aplicando esta ley en los tribunales ha pasado un año y medio, pero ustedes saben perfectamente que se están modificando tanto las estructuras de funcionarios ―luego voy a mencionarlo― como las estructuras de los propios tribunales y que, por tanto, en la aplicación de esta ley veremos sus frutos dentro de un tiempo. Permítanme decir también que ustedes hablan como si antes los temas de familia se solucionaran en tres días y ahora, en cambio, estuviéramos tardando una eternidad, y eso no es así. Todos los que trabajaban en familia saben perfectamente que había dilaciones importantes. Por tanto, con los MASC, los medios de resolución alternativos de conflictos, es evidente que pueden ir mucho más rápidos. Aquí lo único que hay es o apostar o no apostar por un sistema de pacto previo entre los ciudadanos que, de alguna forma, pueda descongestionar los litigios y, por otro lado, los haga artífices de su propia voluntad negociadora y que se encarrile la resolución de problemas. Nosotros, en el Departament de Justícia lo tuvimos muy claro y apostamos por este sistema. Por tanto, ahora no vamos a cambiar de opinión, porque creemos que es lo mejor tanto para la Administración de Justicia como para las propias personas y los ciudadanos, que son los receptores del derecho. En consecuencia, aunque nos quedemos solos, creemos que lo que toca es votar en contra. Nos hemos reunido con la abogacía catalana y con los mediadores, y la verdad es que tanto unos como otros opinan que este no es solo un problema de modelo o un problema de cómo pensamos que se administra mejor la justicia y más democráticamente, sino también de intereses; por tanto, no vamos a entrar. Es verdad que hay un único momento en el que somos partidarios de esta modificación, que es en los temas de extranjería, pero eso se podría hacer de otra forma, no hace falta introducirlo todo aquí. Lo más sorprendente desde mi perspectiva ―ya me perdonarán― es que, como se me ha hecho llegar, hay partidos que hace cuatro meses en Cataluña votaron en contra y que ahora van a votar a favor. Bueno, pues adelante, hagan lo que consideren, pero consideramos que hacer una legislación que realmente es modificadora de situaciones, realmente transformadora en el ámbito de la justicia, y retirar la patita cuando te lo piden los colegios de abogados no es la mejor manera de conducir un proceso de transformación y democratización de esa misma justicia. Son complicados los procesos matrimoniales, efectivamente, y mucho, y más cuando hay menores, pero lo son tanto en mediación previa a la interposición de la demanda como sin ella. Damos un espacio para que estos conflictos dejen de tener esta hostilidad y puedan permitir un pequeño momento de parón en el que unos y otros entiendan lo que está pasando, y eso es lo que creemos que tenemos que conseguir. Por tanto, más allá de la excepción que permite perder la competencia de los tribunales del Estado a favor de un tercer Estado ―en este caso sí que entendemos que quizá habría que hacer esta modificación― y teniendo en cuenta que, como va a prosperar y va a salir esta tramitación, ya lo podremos hacer mediante enmiendas, creo que lo que toca es que alguien diga que el modelo de resolución de conflictos por medios alternativos es nuestro modelo. Y si nos toca hacerlo a nosotros, lo vamos a hacer, aunque nos quedemos solos. Dos elementos más. Es evidente que lo que pasó con los jueces de paz y en la competencia para matrimonios civiles fue un error; no era un tema de modelo. Es evidente también que coincidimos tanto con el PSC ―o el PSOE en este caso―, como con Junts y toda una serie de grupos, como SUMAR, etcétera, en que hay que resolverlo de una vez, aunque sea a través de un real decreto, solo o acompañado de otra cosa, me da igual. Acabar esta legislatura manteniendo el error de los juzgados de paz es una muy mala noticia para toda la ciudadanía, especialmente para la de Cataluña. Segundo elemento. Los traductores. Me refiero a lo último que ha dicho el parlamentario anterior. Traductores vamos a necesitar. En este caso, en el interrogatorio puede ser que no entiendan el catalán. Lo que hay que ver son los pliegos que han permitido que las traducciones se hagan por personas no capacitadas, por traductores que no sean jurados de catalán y castellano, que los hay a patadas, para parar un tren. Estamos como siempre: si lo que pretendemos son concursos y licitaciones de bajo precio, acaba pasando lo que pasa. De todos modos, vamos a pedir explicaciones, porque es impresentable lo que pasó, absolutamente impresentable, y además una falta de garantía para Roger Español, a quien, como efectivamente dice, le damos todo el apoyo del mundo y también a Irídia, a Òmnium y a la ANC. Dicho esto, voy a introducir un pequeño elemento. Todo esto está muy bien, pero quienes tienen que aplicarlo son los interinos, los funcionarios, y una gran parte de ellos acaban de ser despedidos, al menos en la Administración de Justicia de Cataluña. Yo ya no sé cómo explicar ante esta Cámara que la vergüenza de nuestros tiempos es que no hayamos sido capaces en siete años de resolver el tema de los interinos y del abuso que se hizo con sus contratos. Es que ya no sé cómo explicarlo. Tenemos un partido de izquierdas que se supone que defiende a la clase trabajadora, al menos mínimamente. Les hemos dado todo tipo de posibilidades para enmendar el error, pero no ha habido manera. Parece ser que se están reuniendo comunidades autónomas y Gobiernos. Muy bien. Ahora, le digo que, si el acuerdo que se produce es a base de impedir el acceso de los abusados a sus plazas, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Por favor, la justicia lo que necesita son trabajadores bien pagados, fijos, estables y bien tratados, y eso es exactamente lo que no estamos haciendo. Gracias. .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Señor presidente, la proposición de ley que hoy debatimos se centra en ampliar las excepciones al requisito de acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias antes de demandar y en un par de cuestiones más. Las excepciones al requisito de procedibilidad vienen recogidas en la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La propuesta del Partido Nacionalista Vasco ordena adecuadamente el precepto aplicable y amplía las excepciones al exequatur y a los procesos de separación, divorcio, nulidad matrimonial o cualquier otro de familia en el que intervengan menores. Modifica el artículo 7 para que el inicio del proceso de negociación a través de cualquier medio alternativo tenga la consideración de inicio del procedimiento ante los tribunales, una vez admitida a trámite la demanda, y propone que, en los casos en los que estén involucrados derechos de menores, la vista siempre sea preceptiva, para mayor garantía de sus derechos. Desde luego, compartimos la preocupación por garantizar la máxima protección en los procesos de familia en los que hay menores implicados. El interés superior del menor debe ser la prioridad. Nos genera dudas la propuesta que pretende la eliminación del requisito de procedibilidad en procesos de familia, en especial si afecta a menores. Aunque la implementación de esta ley es cierto que está teniendo problemas, a pesar de ello no compartimos el cuestionamiento general de los medios adecuados de solución de controversias en los procesos de familia con menores. Defendemos los mecanismos de acuerdo extrajudicial en los procedimientos civiles y mercantiles. Antes de demandar, debe intentarse el acuerdo entre partes; antes de suprimir los MASC como requisito de procedibilidad, se deben incentivar otras medidas que mejoren el proceso previo, como un eficaz servicio público de mediación procesal que cuente con medios para funcionar de forma ágil y efectiva. Y defendemos un modelo alternativo de resolución de conflictos que ofrezca alternativas al litigio, que promueva la cultura del acuerdo y la resolución dialogada de conflictos. Ese es el espíritu de la ley: pasar del enfrentamiento a un diálogo para construir acuerdo. Y los fines de esta ley orgánica son: agilizar los procedimientos, reducir la litigiosidad y descongestionar los tribunales. Para nuestro grupo parlamentario, los medios adecuados de solución de controversias no son ni mucho menos un obstáculo para ello; son una herramienta para hacer la justicia más accesible, ágil y más adecuada a la realidad de las familias. Y no habiendo pasado ni un mes desde que entró en vigor este requisito de procedibilidad, creemos que es prematuro desestimarlo. Los MASC tendrán un impacto muy positivo, ya que incluyen la perspectiva de género, orientación sexual y atención a la discapacidad e infancia para los mediadores que actúen en el ámbito del derecho de familia. Pero hay que invertir para dotar a estos medios de recursos suficientes para garantizar la agilidad. En los procesos de familia, cuando hay menores, una solución impuesta judicialmente no siempre es lo mejor. Debe primar el interés superior del menor y no existe evidencia de que acudir a mecanismos de mediación suponga un riesgo para el menor. En situaciones de urgencia o riesgo, los jueces deben aplicar vías inmediatas de protección, como las previstas en el artículo 158 del Código Civil y las medidas cautelares habituales que quedan fuera del requisito de procedibilidad. Apoyamos la creación de la especialidad de familia, infancia y capacidad dentro del orden jurisdiccional civil, como piden las asociaciones de abogados y abogadas de familia, y una mayor inversión en juzgados especializados, en equipos técnicos, psicosociales y fiscales. Pero para eso hace falta aprobar unos presupuestos generales del Estado. Mientras tanto, la solución no es eliminar los MASC, sino exigir que se acompañen de los recursos que necesita. Cualquier ley reciente requiere tiempo para ser evaluada y estamos dispuestos a cambios para mejorar el servicio de justicia, pero no a desmontar los avances de esta ley prematuramente. Excluir el exequator del requisito de procedibilidad es razonable, porque son resoluciones con efecto de cosa juzgada. También nos parece adecuado eliminar problemas de litispendencia, precisando el momento de inicio del procedimiento judicial y así asegurar que las pensiones de alimentos se imputen desde ese momento; o establecer el carácter preceptivo de la vista en procesos con menores, porque la oralidad también es garantía de mejor justicia. La proposición merece ser tomada en consideración para poder debatir con mayor profundidad sobre las mejoras propuestas y sobre otras que se consideran imprescindibles, como la dignificación, en general, del turno de oficio, su mejor adecuación a los contenidos de la Ley Orgánica 1/2025 y una mejor regulación de la justicia gratuita en la asignación de los medios alternativos de resolución de conflictos, porque estos dos objetivos son uno de los mayores retos que tienen por delante estos medios alternativos para ser eficaces. Dos días después, VOX no ha condenado el intento de linchamiento de la diputada Julia Ferreras y de los abogados Rafael Borrego y Sofía Cánovas. La causa de esta violencia es el discurso deshumanizador y de odio expandido por VOX y el Partido Popular contra las personas que entraron en Ceuta el 30 y 31 de julio. . Tener rasgos magrebíes en Ceuta se ha convertido en un riesgo también para los y las españolas de cultura musulmana. Ser parte de una ONG, o parecerlo, es tan arriesgado hoy como acercarse a una persona migrante o ayudar a alguno de los jóvenes tirados en las calles de Ceuta: acarrea insultos, agresiones, hostigamientos… Las y los periodistas se han convertido en objeto de esos ataques. Ninguna persona decente puede justificar actos de violencia ni contra la población migrante ni contra miembros de las ONG que desempeñan trabajo humanitario o en defensa de los derechos humanos. Las imágenes de ataques y bloqueos contra vehículos de la Cruz Roja que reparten comida son una pésima imagen para España; incluso pueden constituir un crimen. El portavoz de VOX, el señor Fúster, esta mañana amenazaba a las organizaciones de trabajo humanitario, citando expresamente a las de la Iglesia Católica. Organizaciones como Comisión Católica de Migraciones, Cáritas o el Servicio Jesuita de Refugiados han sido colocadas en la diana de la violencia por VOX. El Ministerio del Interior debe llevar ante los tribunales a los violentos que han participado en el linchamiento del domingo, y tomar medidas para que la Policía impida la grave violencia racista y ultraderechista…

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

… que se expande por Ceuta, antes de que sea tarde y ocurra una desgracia irreparable. Muchas gracias. .

Carina Mejías Sánchez VOX

Muchas gracias, presidente. Mire, señor Santiago, no le he oído ni una sola palabra de condena por las agresiones que han sufrido el presidente nacional de VOX en Cataluña, ni los concejales en Cataluña, ni por la salvajada que hicieron ayer los militantes de ultraizquierda en Galicia amedrentando a nuestros diputados que fueron allí a hablar de cosas muy interesantes. No le he oído ni una sola palabra de condena. Pero es que tampoco le he oído ni una sola palabra de apoyo al pueblo ceutí. ¿A usted le interesan los ceutíes? ¿Le preocupan? ¿O solo le interesan los invasores? Porque tampoco he oído por su parte ni una sola palabra de apoyo. . Pero mire, yo no he venido aquí a dar altavoz a las tonterías que dicen los violentos de ultraizquierda; he venido aquí a hablar de una ley que se aprobó hace poco más de siete meses, la ley Bolaños, que venía aquí a transformar la justicia, a remodelarla y a descongestionarla. Y resulta que, siete meses después, el señor Legarda nos trae la reforma de uno de los instrumentos sustanciales de esta ley, que son los medios alternativos de solución de conflictos. Y la verdad es que tengo que reconocerle, señor Legarda, que tienen ustedes una cierta habilidad, porque consiguen apoyar una ley, cobrarse su chantaje político por anticipado y, cuando aparecen sus consecuencias negativas, ustedes vienen aquí con las enmiendas a hacerse los grandes salvadores. Porque ustedes aprobaron esta ley. En aquel montón de enmiendas que usted trajo en la segunda sesión de ponencia para una ley tan importante como esta, ¿iba la supresión de los MASC o usted los aprobó en la votación que hubo definitiva? . Usted sabía perfectamente cuando apoyó esta ley que los jueces, los fiscales y los operadores jurídicos ya advertían de sus riesgos. Todo el mundo alzó la voz para decir que más trámites provocaban inseguridad jurídica, dificultades para acceder a los tribunales y peligro de colapso en un sistema judicial ya saturado. El colapso lo tenemos ahora. Y a ustedes esas advertencias no les interesaron para nada, porque para ustedes lo importante era cobrarse el botín político: esa disposición final séptima, con la transferencia al País Vasco de las competencias sobre los secretarios, los interventores y los tesoreros municipales, que hasta ahora habían sido de habilitación nacional y que tienen funciones esenciales para garantizar la legalidad y la fiscalización, que a ustedes les interesaba mucho coger bajo su poder. Ustedes obtuvieron lo que querían y el Gobierno obtuvo los votos que necesitaba para aprobar una ley que, lejos de conseguir los objetivos que perseguía de modernización, ha conseguido más retrasos y más inseguridad jurídica, en opinión de todos los operadores jurídicos hoy en día. . Ustedes no fueron unos espectadores de esta ley, señor Legarda. Ustedes no estaban ahí de paso. No, no, ustedes fueron cómplices de esta ley, como lo son en todo. En todo son ustedes una pieza principal que sostiene a este Gobierno en su corrupción, en sus arremetidas constantes contra la justicia y en su blanqueamiento del terrorismo. Porque para ustedes lo importante, señor Legarda, es sacar tajada de cada una de las leyes que se aprueban en este Congreso. . Ahora nos traen una modificación de una ley ―como digo, estos medios alternativos de solución de conflictos están en vigor desde hace poco más de siete meses, y ustedes los votaron de forma entusiasta―, cuando la Asociación Española de Abogados de Familia califica a los MASC de auténtico fiasco. Los divorcios se acumulan en los cajones porque la gente no quiere acudir a los MASC. Un conflicto que afecta a menores sobre alimentos, custodia, colegio o tratamientos debe resolverse con urgencia y no quedar atrapado en un trámite previo, porque, en tal caso, se estaría premiando a los incumplidores y facilitaría, a través de ese retraso de pagos, impedir las relaciones paternofiliales y permitir que ellos pudieran beneficiarse. Además, asociaciones de familia alertan que, en los procedimientos de dimensión internacional, la pérdida de jurisdicción puede obligar a litigar en otro Estado, con los gastos que eso conllevaría para las familias, además de limitar o impedir el derecho a la tutela judicial efectiva de los menores. Incluso el Tribunal Europeo de Justicia ha tenido que pronunciarse dos veces, una por una cuestión italiana y otra hace poco, en una sentencia del 2026, aplicando el principio de efectividad y diciendo clarísimamente que un MASC obligatorio es admisible mientras facilite la solución del conflicto, pero que deja de serlo cuando se convierte en un obstáculo que retrasa sustancialmente o dificulta el acceso a la tutela judicial efectiva. La crítica, además, señor Legarda, no se limita simplemente a sus consecuencias, no; alcanza también a lo que los profesionales han denunciado como una pésima técnica legislativa; en todos los foros lo han dicho. Yo recuerdo que usted llegó con ese montón de enmiendas para firmarlas de la mano del diputado socialista y de portavoces en esa ponencia. Por tanto, son ustedes directamente responsables de esa mala técnica legislativa de introducir enmiendas que nada tienen que ver con el objeto de la ley y que luego resultan un fiasco en el momento de su aplicación. . Esta ley ha dado lugar a miles de recursos y criterios contradictorios, y todas esas advertencias, señor Legarda, ya estaban encima de la mesa cuando ustedes la aprobaron. VOX lo advirtió muchas veces, y ahora resulta que teníamos razón. Mire, le vamos a dar una buena noticia. Precisamente porque teníamos razón entonces, hoy vamos a apoyar esta reforma, ya que estamos de acuerdo en eliminar esa obligatoriedad de los MASC en aquellos procedimientos de familia donde está en juego la tutela judicial efectiva de los menores, que necesitan una respuesta judicial inmediata. La pregunta es sencilla, señor Legarda. ¿Qué ha cambiado para ustedes desde entonces hasta ahora? ¿El fiasco ya les resulta políticamente incómodo? ¿Es eso? ¿Los jueces en el País Vasco ya les están diciendo que esto es inaplicable? ¿Han hablado ustedes con las asociaciones de familia y entonces, como es incómodo, ahora ya les viene bien modificarlo? Eso sería puro oportunismo, señor Legarda, no trabajar las leyes con rigor. Para ustedes el voto no es la expresión de una convicción, no; es una mercancía, una oportunidad para que ustedes consigan un nuevo botín político. Por eso, su súbita preocupación por los derechos de los menores y por las víctimas de este fiasco nos resulta, cuando menos, bastante hipócrita e impostada, sobre todo cuando durante décadas ustedes fueron incapaces de mantener una posición clara sobre las víctimas del terrorismo, a los que solo destinaron olvido y desatención. . Ustedes no tienen ningún tipo de autoridad para dar lecciones sobre coherencia. Quienes apoyaron esta ley fueron ustedes, después de negociar un precio. Ignoraron las advertencias de los profesionales y solo reaccionan cuando los problemas ya son tan dañinos que les resultan incómodos. Por eso, no tienen autoridad para hablar de víctimas y por eso, antes de presentarse como los salvadores de esta ley, expliquen por qué la aprobaron, expliquen qué recibieron a cambio, expliquen sus chantajes…

Carina Mejías Sánchez VOX

… y, sobre todo, expliquen por qué debemos creer ahora en su preocupación por la justicia cuando ayer estuvieron dispuestos a ponerla al servicio de un chantaje político y a ser cómplices de este Gobierno corrupto y traidor. Nada más y muchas gracias. .

Joaquín Martínez Salmerón PSOE

Presidente, señorías, cuando una familia acude a la justicia, lo que para la Administración puede ser simplemente un procedimiento para esa familia puede ser su vida entera, y, cuando hay menores, cada decisión debe tener muy presente esa diferencia. Compartimos la preocupación que inspira la iniciativa que debatimos hoy: que ningún trámite dificulte la protección de un menor. Los MASC permiten a las partes una solución a sus conflictos antes de acudir a los tribunales. Son un instrumento útil. En el ámbito familiar pueden evitar que una ruptura termine convirtiéndose en años de enfrentamiento. Una pareja puede dejar de serlo, pero van a seguir siendo padres y, si existen condiciones para alcanzar un acuerdo, facilitarlo también significa proteger a sus hijos. La Ley Orgánica 1/2025 ya establece excepciones para las medidas de protección del artículo 158 del Código Civil, y en su artículo 4.1 dispone que los conflictos sobre materias que no están a disposición de las partes no pueden someterse a un MASC, ni siquiera por derivación judicial. La pregunta es si debemos ampliar ahora esas excepciones. Nuestra posición es clara: no nos negamos a ello, pero debemos actuar con prudencia, y prudencia no significa inmovilismo. Esta ley lleva muy poco tiempo en aplicación efectiva, y, antes de modificar sus reglas, debemos comprobar cómo están funcionando, escuchar a quienes la aplican cada día y analizar los datos. Por lo tanto, el debate hoy nos lleva también a una reflexión más amplia, y es qué justicia queremos para nuestro país. Modernizar nuestra Administración de Justicia y traerla definitivamente al siglo XXI no era una opción, sino una necesidad. La ley de eficiencia ha supuesto un cambio profundo, una planta judicial más flexible, mayor especialización y procedimientos más ágiles. Ya están en funcionamiento los tribunales de instancia y, como señaló el propio Consejo General del Poder Judicial en marzo, su implantación no ha provocado suspensiones de carácter general. Esta transformación va acompañada de recursos económicos: más de 1120 millones de euros en medios personales, digitalización e infraestructuras, además de quinientas nuevas plazas judiciales y doscientas de fiscales en 2026. . Tenemos que mirar también, señorías, otros datos que han sido obviados por algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra. Los primeros disponibles apuntan a una evolución positiva: la litigiosidad ha bajado casi un 30 %, mientras que los señalamientos de los juicios celebrados han aumentado. Esta evolución es especialmente relevante en los procesos que mayor retraso generan en nuestros tribunales, sobre todo litigación masiva, procesos monitorios y juicios verbales. Son datos importantes que invitan al optimismo, pero también a la prudencia. Evaluar una ley no significa cuestionarla, sino que significa tomarla en serio, y, si la realidad demuestra que algo necesita corregirse, habrá que corregirlo. Eso, señorías, es legislar con responsabilidad. . Los tribunales ya están interpretando las nuevas reglas y existen criterios de diferentes audiencias provinciales sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, llama la atención que la Audiencia Provincial de Murcia, en una resolución de julio del 2026, considere que los MASC no son aplicables a las medidas provisionales, que es lo que precisamente plantea esta proposición de ley. Por lo tanto, debemos permitir que la doctrina se consolide y, si la experiencia demuestra que las excepciones actuales no son suficientes o que este requisito está afectando a la protección de los menores, tendremos que actuar. Modificar una ley no es improvisar, sino escuchar, evaluar y corregir cuando hace falta, y llama la atención que suba VOX a dar lecciones cuando, de más de 1300 enmiendas, presentaron 7 a esta ley y 6 de ellas eran para cambiar una a por una e. . Señorías, la ley de eficiencia procesal no puede ser el punto final. Tenemos importantes reformas por delante y todas necesitan algo fundamental: el consenso de todas las fuerzas parlamentarias. Debemos fortalecer la carrera judicial y fiscal, mejorar el acceso y consolidar el sistema de becas, acordar la situación de quienes ejercen estas funciones en régimen de sustitución, avanzar en la autonomía del Ministerio Fiscal y en la transparencia de las asociaciones judiciales y aprobar una ley orgánica de enjuiciamiento criminal que atribuya la instrucción al Ministerio Fiscal bajo el control del juez de garantías. Son reformas diferentes, pero todas persiguen un mismo objetivo: que la justicia funcione mejor. Los problemas de la justicia son problemas públicos y, por lo tanto, requieren de respuestas públicas. Pero mejorar la justicia no consiste solamente en aprobar o modificar nuevas leyes, consiste en que las leyes funcionen. Mejorar la justicia consiste en que una madre o un padre que necesite una respuesta urgente la reciba a tiempo; consiste en que un menor vulnerable, aunque venga de un país extranjero, esté protegido cuando lo necesita, y consiste en que cualquier ciudadano encuentre una justicia más cercana, más ágil y más eficaz. . También significa, señorías, combatir desigualdades, porque las demoras no afectan a todos por igual: quien tiene recursos puede soportar mejor un procedimiento largo, pero quien llega justo a final de mes puede verse obligado a renunciar antes de obtener una respuesta. Para un socialista, mejorar la justicia significa también que nadie tenga que preguntarse cuánto tiempo puede permitirse defender un derecho. Por eso, señorías, hago un llamamiento a todos los grupos políticos. Podemos discrepar sobre los instrumentos y sobre las soluciones, es legítimo y forma parte de la democracia, pero también tenemos que estar dispuestos a abordar las reformas necesarias para que la justicia funcione mejor. Termino. Mi padre fue mi principal referente político y me enseñó que la política merece la pena cuando sirve para mejorar la vida de las personas. Desgraciadamente, no pudo disfrutar plenamente de verme intervenir en este hemiciclo, pero su enseñanza me acompaña cada vez que tomo la palabra. Y me enseñó algo mejor: el mejor antídoto para la crispación no es hablar más alto, sino demostrar que la política sirve para resolver problemas, proteger derechos y ofrecer soluciones. Señorías, el valor de lo que decidimos aquí se comprueba fuera de esta Cámara: en una familia que encuentra ayuda, en un menor que recibe protección, en una persona que comprueba que sus instituciones responden cuando las necesita. Reconocer un derecho no basta, también tenemos la obligación de conseguir que quien lo necesita pueda ejercerlo realmente. Muchas gracias y votaremos a favor. .

María Jesús Moro Almaraz PP

Buenas tardes, señorías, presidente. Dos cuestiones previas que no son menores. Primera, no estamos en contra de los MASC, y menos en derecho de familia. Segunda, según mis cuentas, han pasado diecisiete meses desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, no son siete meses ni es un mes, y estamos sin saber el daño que algunas deficiencias de esta ley han causado. Como se ha dicho, la iniciativa que debatimos propone reformar la ley para evitar que la negociación previa obligatoria retrase los procedimientos de familia cuando estén en juego los derechos de los menores y que no se pueda prescindir de la autorización del juez, de la intervención del juez. Esto es muy significativo porque aquí se siguen oyendo cuestiones muy confusas. La proposición plantea que este requisito, como hemos denunciado una y otra vez haciéndonos eco de la reclamación de la abogacía y de la procura ―sí―, de los especialistas en derecho de familia y de los jueces, está provocando demoras, inseguridad jurídica y nuevos obstáculos para acceder a la justicia. El problema es especialmente grave en decisiones que requieren una respuesta rápida ―se ha dicho―, como el pago de alimentos, la vivienda familiar, la custodia, un cambio de colegio, un viaje al extranjero o el inicio de una terapia. Aún más, es grave que se imponga en procedimientos, como he dicho, donde la intervención del juez es indisponible e insalvable, incluso tiene su aquel constitucional. Por eso, ante la resistencia del Gobierno a rectificar, apoyamos que se agilice esta modificación sobre todas las necesarias y justas que deberían realizarse por las deficiencias de la regulación de los MASC como requisito de procedibilidad y otros extremos procesales, porque la reforma no ha tenido en cuenta las graves consecuencias de no excepcionar de manera clara e inequívoca procedimientos en los que, existiendo hijos menores, es preciso que el juez resuelva. Creemos que la proposición aún necesita la incorporación de los procedimientos de familia transfronterizos y con componente internacional de forma expresa entre las excepciones, como reivindica la abogacía y como hemos planteado en alguna iniciativa. En todo caso, esto, que coloca, en un momento en el que son muchos los procedimientos transfronterizos, en peor situación al demandante en beneficio, una vez más, del que no quiere cumplir, arriesgando incluso la pérdida de la jurisdicción española, con los trámites y costes que ello implica, podemos incorporarlo en la tramitación. Señorías, estamos de acuerdo en que hagamos algo útil, una intervención de cirugía fina y de urgencia, pero cuyo apoyo no puede entenderse como que es lo único que se debe modificar de la normativa vigente tras la Ley Orgánica 1/2025 ni como una renuncia a promover oportunamente todos los cambios que se necesiten. Desde luego, el Grupo Popular no renuncia a ello. . Señorías, también quiero decir que esta no es la mejor manera de legislar, pero es la única a la que nos está obligando este Gobierno, que ni internamente coordina las propuestas normativas y que no admite que ciertos grupos, en particular el que ahora represento, le enmienden la plana. Hay que denunciar que la constante reforma de los mismos artículos en materia de derecho de familia, sustantivos o procesales, está generando una inseguridad intolerable, con perjuicios en ocasiones irreparables en materias tan sensibles para las personas. El manoseo constante de ciertos artículos del Código Civil o de la ley de enjuiciamiento les hace perder la perspectiva, pero lo más importante es que en la práctica provocan un efecto contrario al que supuestamente algunas de sus reformas tratan de alcanzar. La terquedad del Gobierno se une al enésimo incumplimiento de sus propios compromisos: la no tramitación en un año del estatuto del tercero neutral, que hubiera permitido, entre otras cosas, introducir claridad de criterios y corregir las disfunciones de la redacción de la ley y de las excepciones al requisito de procedibilidad. Como ya dije en esta tribuna, señorías, la cultura del acuerdo se construye, no se impone, y mucho menos si no beneficia al justiciable, que es lo que ha hecho este Gobierno. Con ello tenemos que afirmar lo que dirían los socialistas de 2014 ―utilizando las palabras de Rosa Aguilar, por ejemplo―: Con esta ley están atacando un derecho constitucional que se considera fundamental: el derecho a la tutela judicial efectiva; que es lo que han dicho ya algunas audiencias provinciales y tribunales en sus resoluciones. Por desgracia, la marca de este Gobierno es esta: imponer, no escuchar y hacer justo lo contrario de lo que dice. El efecto contrario que han causado los MASC como requisito obligatorio en el derecho de familia es significativo, muy significativo. Precisamente, ese efecto contrario es llamativo en el derecho de familia, donde la mediación, entre otros, se había consolidado más y donde tiene que consolidarse, pero lo están confundiendo. Lo dijo muy claro un juez de un tribunal de instancia de Cáceres cuando el 14 de noviembre de 2025 promovió una cuestión de constitucionalidad. Este juez dijo que la planteaba por entender que esta norma podía incurrir en vulneración de la tutela judicial efectiva de los derechos de los menores, por obligar a los medios alternativos en estos procesos. Un supuesto de modificación de medidas paternofiliales le llevó a ello, pero, como han visto ―y no voy a entretenerme a detallarlos ya al finalizar mi tiempo―, son otros los aspectos que deben figurar. No me citen el 158, ya han dicho los tribunales que no es aplicable. No me citen el artículo 4, porque se contradice con el artículo 5.2. Por eso es necesaria esta reforma, porque está afectando a normas de derecho imperativo, porque está afectando a la necesidad de que intervenga un juez. Por lo tanto, demorar un acuerdo que no puede ser en sí mismo aplicable ni ejecutable es una traición a los más vulnerables: a los menores y a sus padres. .

María Jesús Moro Almaraz PP

Todo lo que ha traído son más conflictos, más retrasos, y por esa razón ―termino, presidente― apoyaremos la toma en consideración. Pedimos que se agilice, porque demasiado tiempo hemos perdido ya. Muchas gracias. .

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Antes de comenzar, quiero exigir desde esta tribuna la liberación inmediata de Fergie Chambers, el primer preso político en España por la causa palestina. . Fergie está encarcelado por orden de Donald Trump en España y hoy el Gobierno, en vez de ponerlo en libertad y oponerse a su extradición, ha dado continuidad al procedimiento. Basta ya de colaboración con los sionistas. Hay que romper todas las relaciones con el Estado genocida de Israel y hay que liberar a Fergie. . Antes de comenzar, quería dar la bienvenida a las personas que nos están siguiendo desde la tribuna, representantes de ASJUBI40. Quiero daros las gracias, compañeros y compañeras, por vuestra lucha, por vuestro compromiso incansable, por vuestra perseverancia. Todo lo que se consiga hoy en esta Cámara va a ser gracias a vosotros y a vosotras. Hoy, Podemos trae, de mano de ASJUBI40, a este Congreso una cuestión de la más básica justicia social. ¿Cómo es posible, señorías, que en pleno siglo XXI, en la cuarta economía del euro, con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del Gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de cuarenta años a la Seguridad Social y que ven su pensión recortada? ¿Ustedes se imaginan, señorías, lo que es cotizar durante cuarenta años, trabajar durante cuarenta años cotizando a la Seguridad Social? Estamos hablando de personas que no solo han cumplido con sus familias, no solo han cumplido con la Seguridad Social, han cumplido con este país, han sido quienes más y durante más tiempo han contribuido al sostenimiento de lo público, de la sanidad pública, de la educación pública, de los servicios públicos que están ahí para cuidarnos cuando las cosas se ponen difíciles. Hoy, señorías, queremos hacer un llamamiento en nombre de Podemos a una alianza entre generaciones: jóvenes, adultos en edad de trabajar, niños y niñas y personas mayores. Hoy es el momento de darnos la mano y alzar la voz para exigir pensiones dignas. Las personas que están en edad de jubilarse y que se jubilan tienen derecho a descansar, señorías, se lo han ganado de sobra. Hoy es el momento de decir en este Congreso que, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, señorías. . Muchas de nosotras no olvidamos que cuando la crisis económica golpeó con dureza a este país, mientras muchas de mi generación se iban a Reino Unido a estudiar, cuando había decenas de desahucios en este país, cuando cada viernes se recortaba en sanidad y en educación, en ese momento fueron nuestros abuelos y abuelas con sus pensiones quienes sostuvieron en sus brazos cientos de miles de familias en este país. Nosotras no nos olvidamos. Los y las pensionistas fueron los primeros en conseguir y en demostrar en este país que sí se puede. Fueron los que le torcieron el brazo al señor Montoro y exigieron que las pensiones se actualizaran conforme al IPC en plena ola de recortes. Después de eso, los hemos visto cada semana en las plazas, en las calles, exigiendo pensiones dignas. No hay manifestación, señorías, en la que los y las pensionistas no estén apoyando la sanidad pública, a las educadoras infantiles, una vivienda digna. Señorías, quienes hoy peinan canas en nuestro país no olvidan cómo se consiguen las cosas, y las cosas se consiguen peleando, con pancartas, haciendo ruido. Así es como se logró la democracia, con el esfuerzo, el sufrimiento y miles de vidas entregadas para que hoy podamos disfrutar de la vida decente que tenemos. Por eso, hoy traemos aquí esta ley, porque es justo, señorías, pero también porque pelear por los derechos de las personas que reciben una pensión es la mínima justicia social, es el mínimo agradecimiento que le debemos a una generación que lo dio todo por nosotros y por nosotras. Esta es una ley para Antonio, que empezó a trabajar muy joven a la vez que estudiaba. Con su esfuerzo se formó como delineante. Durante la crisis, su empresa quebró y terminó su vida laboral pintando fachadas y trabajando de jornalero en el campo. Hoy Antonio tiene 72 años, ha cotizado más de cuarenta a la Seguridad Social. En nueve años de jubilación ha perdido 40 000 euros, señorías, 40 000 euros, 300 euros cada mes. Porque ustedes, señorías, decidieron que Antonio no merece su pensión completa por jubilarse dos años antes de lo que le correspondía. Espero que les dé vergüenza. Esta ley es también para Lola que, a los 14 años ―ese momento en el que hoy consideraríamos que era una niña― empezó a trabajar en una imprenta con jornadas de diez horas, de lunes a sábado. Se jubiló después de cuarenta y siete años cotizando a la Seguridad Social porque ya no podía más y perdió en su pensión 200 euros al mes. Esta ley es también para Santiago, que lleva perdidos 45 000 euros de pensión, que también empezó a trabajar con 14 años de botones, señorías, con un solo día libre a la semana. Hoy, señorías, antes de votar, piensen. Piensen en Santiago, piensen en Lola, piensen en Antonio, piensen en eso y voten lo que es justo, porque nuestro país está mirando y no se va a olvidar de lo que voten hoy. Sobre todo, quería pedirles que sean consecuentes con su voto el día de mañana, porque no me gustaría ver al Gobierno del Partido Socialista y SUMAR votando hoy sí a esta proposición de ley y mañana metiendo en el cajón de la prórroga de enmiendas esta proposición, como ya han hecho con tantas normas sociales en esta legislatura. . No me gustaría ver al Grupo Popular y VOX votando a favor de esta proposición de ley ―también al Grupo Socialista―, y mañana apoyando el mayor rearme de la historia de este país, que está destinando el dinero de nuestras pensiones a armas y a tanques por orden de Donald Trump. . Señorías, es muy sencillo de entender: cada euro que nos estamos gastando en armas y tanques en el mayor rearme de la historia es dinero que no le estamos dedicando a tener pensiones dignas, a tener unas pensiones que, por ejemplo, sean como el salario mínimo interprofesional, que se actualicen al IPC, que sean dignas de verdad, pensiones públicas. Cada euro que le destinamos a un nuevo Eurofighter o a un nuevo dron es un euro que le estamos robando a la sanidad pública y a la educación. Pero es que nos lo está dejando claro la señora Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que ha dicho que las familias trabajadoras europeas tenemos demasiados ahorros y que tenemos que poner nuestros ahorros al servicio de la industria armamentística y de su rearme. Lo ha dicho más claro todavía, por si no estaba claro, el secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte, que ha dicho que tenemos que recortar nuestros servicios, nuestros sistemas de pensiones y de salud, para financiar el mayor rearme de Europa. Me parece, señorías, que hay que dejarlo muy claro: si quieren guerra, que vayan ellos; si queréis guerra, id vosotros, porque la gente trabajadora de este país, especialmente quienes peinan canas, saben perfectamente que a la mili ―al servicio militar obligatorio― y a la guerra no va a ir el señor Abascal, van a ir nuestros hijos. Por eso, si quieren guerra, que la paguen ellos y que vayan ellos. . Y si alguien se quiere gastar el dinero en un rearme, que lo ponga de sus ahorros, como dice la señora Von der Leyen, porque la gente trabajadora de este país sabe perfectamente que no hay nada que se parezca más a una camarera de nuestro país que una camarera del Líbano; que un trabajador de la SEAT en España se parece mucho más a un trabajador de la SEAT en Moscú, lo sabemos perfectamente, y que la paz es cuestión de pura supervivencia para la clase trabajadora, porque es cuestión de vida o muerte, literalmente, señorías. Por eso, nosotras lo tenemos claro: tenemos que destinar todo ese dinero que se está dedicando al rearme a fortalecer lo público. Y termino. Mucha gente en su casa se está preguntando cómo es posible que esta barbaridad, esta auténtica injusticia, siga en vigor todavía en este país, cómo es posible que personas que han cotizado más de cuarenta años a la Seguridad Social vean recortada su pensión en 200 o en 300 euros todos los meses. Es una absoluta injusticia. Y la explicación es muy sencilla, señorías, y es porque vivimos en un sistema económico y social que es profundamente injusto, es un sistema que está diseñado para exprimir a la gente hasta la última gota, para asfixiar a la gente, para que si has trabajado más de cuarenta años encima te recorten la pensión, para que destines todo tu sueldo a pagar un alquiler o una hipoteca, para trabajar horas y horas cada día para que acabes viendo más a tu jefe que a tus hijos o a tus hijas. Ese es el sistema. Por eso es imprescindible, señorías, que cambiemos el sistema de arriba abajo, porque este sistema, tal y como está diseñado, no tiene solución. Tenemos un sistema que está haciendo cada vez más ricas a las empresas del IBEX 35, que no paran de tener beneficios récord. Tenemos un sistema, señorías, tan injusto que mañana se va a producir, si la movilización social no lo impide, el desahucio de una señora de 87 años, que lleva setenta años viviendo en la misma casa, porque a una empresa, Urbagestión, se le ha puesto en la nariz quedarse con su casa, y ni la jueza ni la señora Ayuso ni el Gobierno hacen nada para evitar el desahucio de una señora de, insisto, 87 años, a pesar de que Naciones Unidas ha pedido la paralización de ese desahucio. ¿Vamos a empezar a trabajar y a gobernar para la gente o vamos a seguir reforzando y respaldando este sistema injusto? Este sistema tiene ganadores, unos pocos, y muchos perdedores, pero también tiene vasallos, muchos que votan en este Parlamento y también muchos que están en la calle. Lo vemos con esa Policía que se permite empujar a una profesora jubilada en Valencia rompiéndole la nariz, y luego, apedreando el coche de una diputada de Ceuta Ya! La Policía mira hacia otro lado y no hace nada contra el terrorismo fascista. ¡Así nos va, señorías! Este sistema hay que cambiarlo de arriba abajo. Muchas gracias. [Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Mixto , puestos en pie].

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias. Señorías, hoy tenemos encima de la mesa una proposición de ley que plantea un debate concreto y también necesario, que viene a responder a si es proporcionado penalizar de por vida la pensión de una persona que ha cotizado cuarenta años o más por haberse jubilado anticipadamente. El Pacto de Toledo pidió analizar esta cuestión y, en cumplimiento de esa recomendación, el ministerio elaboró un informe. Ese informe reconoce la existencia de carreras laborales muy largas y la falta de proporcionalidad de los coeficientes reductores, pero concluye que deben mantenerse los mismos por razones de equidad y sostenibilidad. Esta posición la hemos visto recientemente también en esta Cámara, ya que hubo grupos que votaron en contra de una enmienda a una proposición de ley que planteaba precisamente eliminar los coeficientes reductores para quienes acreditasen cuarenta años de cotización. Conocemos los argumentos contrarios. El informe del ministerio habla de coste para la Seguridad Social, recuerda que quien se jubila antes comienza a cobrar antes y plantea también un posible agravio respecto a quienes continúan trabajando hasta la edad ordinaria. Son argumentos que debemos tener en cuenta, pero no pueden ser los únicos, porque hay una realidad que las cifras generales no reflejan, y es que no todo el que se jubila antes lo hace porque quiere o lo hizo porque quería. Durante las crisis económicas, muchos trabajadores y trabajadoras mayores de 55 años perdieron su empleo, agotaron sus prestaciones y se encontraron con enormes dificultades para volver al mercado laboral. Entonces, debemos preguntarnos hasta qué punto podemos hablar de una jubilación voluntaria cuando una persona quiere trabajar, pero el mercado laboral ya no le ofrece una oportunidad real. Además, entre los afectados nos encontramos también con personas de generaciones que comenzaron a trabajar con 14 o 15 años y que llegan a los 60 años con cuarenta y cinco años o más de vida laboral a sus espaldas; personas que han sufrido accidentes, enfermedades o el desgaste de trabajos físicamente exigentes que ya no podían seguir realizando. En estos casos, la jubilación anticipada no siempre es una elección libre, puede ser el resultado, como he dicho, de trayectorias laborales largas, intensas y en muchos casos físicamente desgastadoras. Esta reflexión no es extraña en nuestro entorno europeo, ya que hay países que reconocen específicamente las carreras contributivas muy largas, como por ejemplo Alemania, que contempla una jubilación sin coeficientes reductores para quienes acreditan cuarenta y cinco años de seguro, o Portugal, que permite jubilarse desde los 60 años sin penalización a quienes acreditan cuarenta y ocho años de cotización o cuarenta y seis en determinados supuestos de personas que comenzaron a cotizar muy jóvenes. Se constata, por tanto, que en otros países no solo tienen en cuenta la edad a la que una persona se jubila, sino también todos los años que lleva trabajando y contribuyendo. Si miramos nuestra realidad, como he dicho, nos encontramos personas con carreras laborales larguísimas que, después de décadas de esfuerzo, terminan acogiéndose a la jubilación anticipada por motivos ajenos a su voluntad; personas, como he dicho, que han trabajado durante cuarenta, cuarenta y cinco e incluso cuarenta y siete años y que, sin embargo, arrastran una penalización permanente en su pensión, una penalización que no distingue entre trayectorias laborales cortas y trayectorias extraordinariamente largas. No queremos evadir el problema del coste de la medida. La sostenibilidad del sistema público de pensiones es fundamental, pero el coste tampoco puede cerrar el debate, tiene que formar parte del debate, porque si hablamos de equidad tenemos que mirar las dos partes. El ministerio nos dice que quien se jubila antes cobrará previsiblemente durante más años, de acuerdo, pero también puede haber cotizado durante muchos más años, y esta proposición de ley plantea precisamente una referencia: cuarenta años cotizados. A partir de ahí, propone que no se apliquen coeficientes reductores en los supuestos de jubilación anticipada que regula y contempla también a quienes ya están jubilados, permitiéndoles solicitar al INSS el recálculo de su pensión. Podemos estar de acuerdo o no en dicha referencia, pero lo cierto es que hoy tenemos delante preguntas que merecen ser debatidas. ¿Toda jubilación anticipada denominada voluntaria es realmente voluntaria? ¿Es lo mismo llegar a la jubilación anticipada con treinta y cinco años cotizados que hacerlo con cuarenta y cinco o cuarenta y siete? ¿Debemos mirar solamente cuándo una persona deja de trabajar o también cuándo empezó? Y sobre todo, ¿es proporcionado que alguien que ha contribuido durante cuarenta, cuarenta y cinco, cuarenta y seis o cuarenta y siete años arrastre una penalización durante toda su jubilación? Jaun‑andreok, eztabaida hau funtsezkoa da. Justizia kontributiboaz ari gara. Kotizazio justiziari buruz ari gara. Berrogei, berrogeita bost edo berrogeita zazpi urtez sistemari eutsi diotenak aitortzeaz ari gara. Haien lan ibilbide luzeei bizitza osorako zigorra aplikatzea ez da proportzionala, ez da bidezkoa eta ez dago hamarkadetan zehar kotizatu dutenen benetako ahalegina islatzen. Izan ere, erretiro aurreratu guztiak ez direlako borondatez hartutako erabaki baten ondorioz. Eta hala ere, penalizazioa, zigorra, automatikoa eta iraunkorra da. Horregatik, gaur Ganbera honek erabaki behar du ea bizitza osoan kotizatu dutenen egoerak eztabaida honek jarraitzea merezi duen ala ez. Eskerrik asko. Señorías, este debate es algo esencial hablando de justicia contributiva. Estamos hablando de reconocer a quienes han sostenido el sistema durante cuarenta, cuarenta y cinco e incluso cuarenta y siete años. Aplicar una penalización de por vida a trayectorias laborales tan largas no es proporcional, no es equitativo y no refleja el esfuerzo real de quienes han contribuido durante décadas al sistema, porque no todas las jubilaciones anticipadas responden a una elección libre y, aun así, la penalización es automática y permanente. Por ello, esta Cámara debe decidir hoy si las circunstancias de quienes han contribuido toda una vida merecen que este debate continúe o no. Muchas gracias.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidente jauna, diputatuak, arratsalde on. Hoy, al igual que en otras ocasiones, en esta misma tribuna y en este mismo hemiciclo, y muchas más en las calles de Euskal Herria, acompañando a los y las pensionistas vascas del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, volveremos a mostrar nuestra adhesión y nuestro acuerdo con sus reivindicaciones. Volveremos a seguir apoyando sus reivindicaciones porque nos parecen justas, razonables y legítimas. Por el contrario, no es justo ni razonable, ni mucho menos legítimo, la pervivencia o vigencia aún hoy de los coeficientes reductores de jubilación anticipada con cuarenta años o más cotizados, por eso nos sumamos a la petición de su derogación. Aunque luego argumentaré por qué creemos que mantener esta penalización es injusto, no es razonable y es profundamente ilegítimo, permítanme que primero tenga la oportunidad de situar un poco el contexto, porque hablamos y hablamos, pero la tangibilidad de los números a veces acerca más la comprensión a la gente. Estamos hablando de más de 870 574 personas en el Estado español que ven mermada su dignidad y su capacidad para desarrollar un proyecto de vida digna. Estamos hablando de 290 927 mujeres dentro de esas 870 574 personas; más del 25 % de las personas que sufren esta injusticia son mujeres. Si lo aterrizamos a nuestra propia realidad, en Euskal Herria son 83 694 personas, el 9,61 del total de afectados o de personas afectadas. Quizás ese dato les diga poco, pero baste una comparación. Somos el 5,91 % de los habitantes del actual Estado español, sin embargo, tenemos el 9,61 del total de damnificados por esta realidad, seguramente fruto de nuestro pasado. También lo digo para ponerlo en contexto. En Euskal Herria somos el 5,92 % de los habitantes del actual Estado español, y dado que no tenemos el don de la ubicuidad, me parece que nos ven en demasiados sitios donde no estamos. Por centrarme en los argumentos, señalaba que nos parece un contrasentido mantener los coeficientes reductores o penalización actual para este colectivo, toda vez que cuarenta años de cotización son más de los necesarios para percibir el cien por cien de la jubilación ordinaria. Es decir, la jubilación ordinaria en el Estado español se calcula con menos de cuarenta años, se calcula con treinta y siete años ―así va a ser en el 2027― y, sin embargo, a personas con cuarenta años se les penaliza. Esta penalización es injusta para este colectivo que ha aportado durante más tiempo que otra mucha gente y que otros muchos trabajadores y trabajadoras. Para que también lo entiendan, es una penalización que puede alcanzar el 26 % de la reducción de la pensión de manera permanente, más allá de la edad de jubilación ordinaria. Aunque no nos parece la solución como mal menor y frente al agravio actual, bien podrían haber planteado alguna cuestión relativa a una jubilación anticipada que se revisase cuando la persona accede a la edad ordinaria de jubilación y que cuente los años necesarios para acceder al cien por cien de la base reguladora, pero esto no es así. Lo que hoy están sufriendo todas las personas a las que me he referido es un castigo para toda la vida. Les decía que no es razonable, además de ser injusto, porque la gran mayoría de estas personas comenzaron a trabajar muy jóvenes y en trabajos físicamente duros, relacionados en muchas ocasiones o en muchos lugares, como el del que yo provengo, con la industria. Eran aquellos tiempos en que las leyes de protección y seguridad laboral o de salud laboral ni estaban, ni se las esperaban. Y son realidades de desarrollo y desempeño de una profesión que han incidido negativamente en su calidad y esperanza de vida, lo que justifica o debería justificar una jubilación digna y sin recortes. Así, vemos que quienes han desempeñado los trabajos más duros eran, son y parece que van a seguir siendo maltratados también en su jubilación, creándose además un agravio para con otros trabajadores de grandes empresas que, mediante pactos con esas grandes empresas, han conseguido unas condiciones de jubilación objetivamente mejores. Grandes empresas se podrían citar muchas. Véase la reconversión industrial que sufrió nuestro territorio, junto con otros, en el año 1986 ―cuando se hablaba de los 800 000 puestos de trabajo, a nosotros no nos tocó ni la pedrea, nos tocaron los despidos y los cierres de empresas― o las propias fusiones bancarias, donde hemos podido ver cómo la gente accede, a través de una pasarela pactada, a una jubilación que no supone merma alguna en sus ingresos. Pero no se trata de igualar por abajo y de decir que eso que han conseguido otros está mal, sino de que eso que ha sido posible para algunos sectores lo sea para todos y para todas para acabar con la precariedad y con la dificultad para subsistir. Por eso, lo justo y razonable es resarcir al colectivo discriminado, en este caso a todas estas personas a las que nos estamos refiriendo, porque miles de estas personas trabajadoras no han exigido dejar de trabajar anticipadamente, han sido expulsados del mercado de trabajo y la jubilación anticipada ha sido la única forma de subsistir. Según un sindicato del Estado español, Unión General de Trabajadores, tal como sostuvo en el Pacto de Toledo, el 81 % de las personas trabajadoras que acceden a esta jubilación anticipada lo hacen en situación de desempleo. Se han señalado algunos ejemplos de nuestro entorno. Añado yo otro más, el de Francia. En Francia se blindan las carreras largas de cotización para que la gente que comenzó a trabajar muy joven pueda jubilarse con el cien por cien, jubilándose entre dos y cuatro años antes de la edad legal establecida. Un Estado en el que, dicho sea de paso, la edad de jubilación oscila entre los 62 años para quienes nacieron antes de 1961 y los 64 para los posteriores a 1968. Eso sí da una cierta envidia. Concluyo. Que la situación general de revalorización de las pensiones sea constatable en líneas generales ―es decir, que se hayan mejorado las cuantías de las pensiones― es objetivo, es constatable, pero eso no obsta para que en torno a las pensiones aún pervivan situaciones profundamente injustas, como esta que hoy estamos debatiendo o como la de las pensiones de viudedad, que en ningún lugar del territorio español alcanzan el salario mínimo interprofesional. Es decir, tenemos decenas, cientos de miles de viudas que están cobrando menos del SMI, y eso tampoco es justo. Tampoco es justo que no se aborden los coeficientes reductores para que se puedan jubilar antes personas que pertenecen a colectivos que también realizan esfuerzos ímprobos para desempeñar su tarea, ya sea en la construcción, ya sea en el mantenimiento industrial o ya sean las llamadas ‘kellys’ o las camareras de planta. Termino con otra deuda histórica que tenemos, que es con los y las trabajadoras del amianto, que vienen señalando la injusticia que se perpetró con ellos y que todavía hoy no ha sido reparada. En definitiva, toca levantar una infraestructura democrática al servicio del bienestar de todos y todas, y no solo de aquellos que siempre lo han tenido demasiado fácil. No se trata de repartir las migajas del pastel, sino de distribuir y repartir el pastel entre todos y todas. .

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Bona tarda, senyories. No és aquesta la primera vegada que en aquesta cambra debatem sobre una reivindicació que fa massa anys que espera una resposta. Per tant, aquest no és un debat nou. Per aquest debat no falta informació, no falta diagnòstic. Tampoc ha faltat iniciativa i fins i tot per no faltar. No han faltat ni majories en aquesta cambra. El que ha faltat és convertir aquestes majories en una solució de parlar, denunciar i gesticular. Alguns en saben molt. Però això no és sinònim de solució. I hem de ser conscients que parlem d’una generació que va començar a treballar molt jove. Ens ho deien ara persones que van començar a treballar i a cotitzar amb 14, 15 o 16 anys, amb jornades més llargues, amb menys drets laborals que no tenim avui i sovint amb feines especialment dures a la indústria, a la construcció o al camp o en molts altres sectors exigents. I com ja vam dir des d’aquesta tribuna, tampoc podem oblidar que no totes les jubilacions que jurídicament es qualifiquen de voluntàries ho han estat realment. Al darrere hi ha acomiadaments, expedients de regulació, reconversions industrials, tancaments d’empreses. Persones que després de quaranta anys treballant, senzillament no han pogut continuar. Aprofito en aquest moment per saludar al col·lectiu ASJUBI40, que fa anys que posa veu a aquesta realitat i lidera la reivindicació sense descans. Ells saben que en els de Junts ens han tingut, ens tenen i ens tindran al seu costat, perquè el que exigeixen és de justícia. Però avui, a més de parlar de la seva reivindicació, també estem obligats a fer memòria perquè alguns dels grups amb responsabilitats de Govern durant els mandats del president Sánchez, com el mateix grup Parlamentari Socialista. L’any 2020 ja va presentar un text per millorar la protecció de les persones que es jubilen anticipadament després de llargues carreres de cotització. Per tant, vostès ja fa temps que coneixien el problema i malgrat que el coneixien el 2021 van desaprofitar una oportunitat extraordinària per donar‑hi resposta. De fet, el Govern del PSOE i Unidas Podemos a aquest col·lectiu els hi va mantenir la penalització. Perquè vostès, senyora Belarra l’anterior legislatura estaven al Govern, era Unidas Podemos al Govern? I què va fer, doncs? Tapar els ulls i fer veure que no passava res mimetitzant Rajoy, que sense fer res també feia? Ho vam dir fa uns mesos i ho repetim avui. Si aquesta mesura és necessària, avui també ho era quan vostès, senyors de Podemos, eren al Govern. Però ja sabem que vostès, els de Podemos, quan son al Govern, empassen i quan no gesticulen i exigeixen. El novembre del 2025 ja vàrem debatre una moció que reclamava impulsar reformes legislatives necessàries perquè no s’apliquin els coeficients reductors a les persones amb carreres llargues, tant a les que ja estan jubilades com a les que hi accediran en el futur. És important explicar què va passar aquell dia. La moció es va aprovar amb 180 vots a favor, cap en contra i entre ells 180 vots favorables. Hi havia els dels socialistes van votar a favor d’impulsar les reformes perquè no s’apliquessin coeficients reductors a les persones que hagin cotitzat durant 40 anys. I què ha passat des d’aleshores? Res. I això ja ens ho coneixem. L’executiu de Pedro Sánchez continua governant d’esquenes al Parlament quan volen, desatenent els mandats legislatius i quan volen saltar‑se el Parlament. Ho fan per la porta del darrere, amb reials decrets. I jo em pregunto, per què han volgut desobeir el mandat d’aquesta cambra? Què hi ha hagut una trucada del Ministerio de Hacienda? Hem hagut d’esperar que sigui una proposició de llei d’un grup parlamentari la que intenti convertir en llei allò que la cambra ja va aprovar. I sobretot, de què serveix aprovar un text si després qui té la responsabilitat de Govern no ho aplica? Aquesta és una pregunta que el Grup Socialista ens hauria de respondre perquè el recorregut comença a ser massa llarg. Anys de reivindicacions, d’iniciatives parlamentàries, de reformes a mig gas, de bones intencions i avui tornem‑hi. Senyories, des de Junts considerem que cal donar resposta a les persones que després d’haver contribuït al sistema durant 40 anys o més, no poden veure reduïda de per vida la seva jubilació. Ha arribat el moment que les paraules, les mocions i els compromisos es converteixin en norma, en llei, perquè darrere dels articles 207 i 208 no només hi ha coeficients, percentatges i taules. Hi ha persones, persones que no pot ser que després de treballar i pagar durant 40 anys, tinguin per recompensa una retallada de la pensió de per vida. Qui ha complert tota la vida es mereix una jubilació digna? Sí, digna. Perquè treballar 40 anys no mereix un càstig. Mereix un monument. Mereix un reconeixement. Així que ara els toca complir a vostès. A vostès, que s’autoanomenen els més progressistes, senyories socialistes, que han tingut vuit anys, vuit per resoldre la situació d’aquests centenars de milers de persones i no ho han fet. I és perquè no han volgut. Senyor Mayoral, no vagi aquí a explicar‑nos més sopars de duro. Ja sabem a què juga amb vostès. Avui votaran que sí i automàticament demà puntada de peu a la pilota a veure si la deixen fora del camp mentre duri aquest partit que tots sabem que fa dies que és a la pròrroga. I, acabo. Senyora Belarra, nosaltres no serem l’escull a la seva iniciativa perquè a diferència de vostès, no busquem excuses per tombar iniciatives només perquè no ens agrada qui les presenta. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. No es esta la primera vez que en esta Cámara debatimos sobre una reivindicación que hace demasiados años que espera una respuesta, por lo tanto, este no es un debate nuevo. Para este debate no falta información, no falta diagnóstico, tampoco ha faltado iniciativa e, incluso, por no faltar, no han faltado ni mayorías en esta Cámara; lo que ha faltado es convertir esas mayorías en una solución de hablar, de anunciar y gesticular. Algunos saben mucho, pero eso no es sinónimo de solución. Debemos ser conscientes de que hablamos de una generación que empezó a trabajar muy joven ―nos lo decían ahora―, personas que empezaron a trabajar y a cotizar con 14, 15, 16 años, en jornadas más largas, con menos derechos laborales que tenemos hoy y con trabajos especialmente duros en la industria, en la construcción o en el campo o en muchos otros sectores exigentes. Y como ya dijimos en esta tribuna, tampoco podemos olvidar que muchas de las jubilaciones que jurídicamente se califican como voluntarias no lo han sido realmente. Detrás de ellas hay despidos, expedientes de regulación, reconversiones industriales, cierres de empresas, personas que después de cuarenta años trabajando simplemente no han podido seguir. Aprovecho en este momento para saludar al colectivo ASJUBI40, que hace años que da voz a esta realidad y que lidera la reivindicación sin descanso. Ellos saben que a los de Junts nos han tenido, nos tienen y nos tendrán a su lado porque lo que exigen es de justicia. Pero hoy, además de hablar de su reivindicación, también nos vemos obligados a hacer memoria, porque algunos de los grupos con responsabilidades de gobierno durante los mandatos del presidente Sánchez, como el propio Grupo Parlamentario Socialista, en 2020 ya presentó un texto para mejorar la protección de las personas que se jubilaban anticipadamente después de largas carreras de cotización. Por lo tanto, ustedes ya hace tiempo que conocían el problema y, a pesar de que lo conocían, en 2021 desaprovecharon una oportunidad extraordinaria para darle respuesta. De hecho, el Gobierno del PSOE y de Podemos, de Unidas Podemos, a este colectivo les mantuvo la penalización, porque ustedes, señora Belarra, en la anterior legislatura estaban en el Gobierno. Eran Unidas Podemos y estaban en el Gobierno. ¿Y qué hicieron? Pues cerrar los ojos y hacer como si no pasara nada. Por no hablar de Rajoy, que sin hacer nada también hacía. Lo dijimos hace unos meses y lo repetimos hoy: si esta medida es necesaria hoy, también lo era cuando ustedes, señores de Podemos, estaban en el Gobierno. Pero ya sabemos que ustedes, los de Podemos, cuando están en el Gobierno pasan las cosas, tragan y, cuando no, gesticulan. En 2025 ya debatimos una moción que reclamaba impulsar las reformas legislativas necesarias para que no se aplicaran los coeficientes reductores a las personas con carreras largas, tanto a las que ya están jubiladas como a las que lo estarán en el futuro. Es importante contar lo que sucedió aquel día. La moción se aprobó con 180 votos a favor, ningún voto en contra, y entre esos 180 votos favorables estaban los de los socialistas. Votaron a favor de impulsar las reformas para que no se aplicasen coeficientes reductores a las personas que hubieran cotizado durante cuarenta años. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Nada. Eso ya nos lo conocemos. El ejecutivo de Pedro Sánchez sigue gobernando de espaldas al Parlamento. Cuando quieren, desatendiendo los mandatos legislativos, y cuando quieren saltarse al Parlamento, lo hacen por la puerta de atrás con reales decretos. Y yo me pregunto: ¿por qué han querido desobedecer el mandato de esta Cámara? ¿Es que ha habido una llamada del Ministerio de Hacienda? Hemos tenido que esperar a que sea una proposición de ley de un grupo parlamentario la que intente convertir en ley aquello que la Cámara ya aprobó. Y, sobre todo, ¿de qué sirve aprobar un texto si después quien ostenta la responsabilidad de gobierno no lo aplica? Esta es una pregunta que el Grupo Socialista debería respondernos, porque el recorrido empieza a ser demasiado largo: años de reivindicación, de iniciativas parlamentarias, de reformas a medio gas, de buenas intenciones, y hoy volvemos, señorías. En Junts consideramos que hay que dar respuesta a las personas que, después de haber contribuido al sistema durante cuarenta años o más, no pueden ver reducida de por vida su jubilación. Ha llegado el momento de que las palabras, las mociones y los compromisos se conviertan en norma, en ley. Porque detrás de los artículos 207 y 208 no hay solo coeficientes, porcentajes y tablas; hay personas que no puede ser que tras trabajar y pagar durante cuarenta años tengan como recompensa un recorte de su pensión de por vida. Quien ha cumplido toda la vida se merece una jubilación digna. Sí, digna, porque trabajar cuarenta años no merece un castigo, merece un monumento, merece un reconocimiento. Así que ahora les corresponde a ustedes cumplir. A ustedes, que se autodenominan los más progresistas, señorías socialistas, que han tenido ocho años, ocho, para resolver esta situación de centenares de miles de personas. No lo han hecho y es porque no han querido. Señor Mayoral, no venga aquí a explicarnos más cosas de estas; ya sabemos a qué juegan. Hoy votarán que sí y mañana le echarán la pelota fuera, a otro, a ver si queda fuera del campo mientras dure este partido, porque todos sabemos que ya hace días que se encuentra en la prórroga. Acabo. Señora Belarra, nosotros, a diferencia de ustedes, no buscamos excusas para tumbar iniciativas solo porque no nos gusta quien las presenta. Por eso, votaremos a favor. Gracias.

Jordi Salvador i Duch ERC

Bona tarda, president. Avanço el nostre vot. Esquerra Republicana votarà a favor de la presa en consideració. Ara bé, també cal dir les coses com són. Agraïm que Podemos porti aquesta qüestió al ple, però ningú ha inventat la sopa d’all avui. 24 de maig del 2018, a instàncies d’Esquerra Republicana, a instàncies d’aquest diputat que el parla, vam presentar la primera iniciativa en aquest sentit. Exactament la proposició no de llei 161/003309, ja demanàvem reduir els coeficients a partir dels 35 anys cotitzats i eliminar‑los als 40 anys, tant a les jubilacions voluntàries com a les forçoses. Va ser votat i vam guanyar. 2018: la iniciativa es va aprovar el 26 de setembre, dos mesos després. El 2020, amb el diputat Iñaki Ruiz de Pinedo, a qui aprofito per saludar amb Euskadiko Ezkerra Bildu i Esquerra Republicana, el Pacte de Toledo, vam presentar 17 vots particulars. Un d’aquests vots particulars era el de les llargues carreres de cotització. I aquesta cambra va votar en contra. A la hemeroteca està. El 2021, vam presentar aquesta esmena a la llei. També vam votar en contra i la vam perdre. Era una llei, una llei. Recordin qui estava al Govern. Aquesta proposició de llei es presenta el 2024, quan Podemos surt del Govern. Bé, estem al 2026. Però, recordo: nosaltres no farem pagar aquesta contradicció. Tots en tenim. No farem pagar aquestes contradiccions a aquest col·lectiu de jubilats a qui aprofito per saludar a l’ASJUBI40. No farem pagar aquestes contradiccions. Aquesta causa parla de les persones que van començar a treballar amb 14 o 15 anys, amb jornades llargues i feines dures. I qui comença a treballar amb 14 o 15 anys i 16 anys és perquè ho necessitava. No acostumava a ser per plaer. Han cotitzat, com hem dit abans, 42 o 45 anys, i poden reduir fins al 30 % pràcticament quan es jubilen anticipadament. La reducció no desapareix en arribar a l’edat ordinària de jubilació. És un càstig per vida. És un càstig per vida a gent que ha treballat 42 i 45 anys i que han començat sent criatures de 16 i 17 anys. La jubilació, anomenada voluntària, no sempre és una decisió lliure. Hi ha acomiadaments, expedients de regulació, atur de llarga durada de salut. Segons ASJUBI40, prop de 900 000 persones pateixen aquesta situació i el sistema ens diu que malgrat haver cotitzat més de 40 anys, encara no han fet prou. Això contradiu el principi de contribuitat. Si l’esforç de cotització ha de guardar relació amb la prestació, no és raonable que qui ha cotitzat durant més anys pugui acabar cobrant menys. I això és una decisió política. La proposició de llei que es presenta elimina els coeficients reductors a les jubilacions anticipades, voluntàries quan acreditin 40 anys de cotització. Bé, també permeten recalcular les pensions ja reconegudes. Bé, compartim aquests objectius durant la tramitació. Caldrà millorar el text perquè tenim alguna cosa que crec que grinyola. El reconeixement a les persones ja jubilades hauria de ser d’ofici quan l’Administració disposi de les dades. No podem obligar a persones grans a superar tot un laberint d’obstacles. I aquí vull recordar una cosa fonamental que moltes vegades ningú ha reconegut: fins ara l’única millora que ha rebut aquest col·lectiu legal, l’única millora que ha rebut ASJUBI40 i des d’aquí ho poden corroborar, va ser per Esquerra Republicana. I faig record. Quan el 2022 va entrar en vigor els nous coeficients reductors, algunes persones ja jubilades haurien tingut una pensió inicial més alta que si els haguessin aplicat els coeficients. El complement servia per pagar aquestes diferències. Qui podia accedir? La regla general exigia 44 anys i 6 mesos cotitzats. Què hi va incorporar Esquerra a aquesta llei? A banda l’auditoria, a banda d’altres temes que són avui dia crucials i molt importants. En el cas que ens ocupa, és que si la pensió era inferior a 900 euros, l’1 de gener de 2022 n’hi havia prou amb 40 anys cotitzats. És a dir, que no és res de l’altre món. Són 900 euros, però no els tenien. I això es va aconseguir perquè era una condició igual que l’auditoria, igual que alguns punts més — que ara no convé aquí perquè no tinc temps per explicar‑ho— sense això no s’aprovava la llei de pensions. Tot això està a l’hemeroteca. Tot això està al diari de sessions. Que quedi clar, doncs. Aquesta reivindicació és una reivindicació justa. Gràcies a aquest col·lectiu, també a COESPE i altres col·lectius de pensionistes que han estat durant aquests anys els grups més actius per lluitar contra aquesta injustícia. Què ens fa por? Ens fa por que torni a passar, amb totes aquestes coses que he explicat, que torni a passar el de sempre. Avui és molt possiblement s’aprovarà. S’aprovarà com es va aprovar la moció que explicàvem abans, preguntes a la ministra, abans al ministre Escrivà també... S’aprovarà. Estic convençut que avui s’aprovarà. Ara, el que no estic convençut i per això els hi dic que han de continuar lluitant i ho dic, malauradament, hauran de continuar lluitant. Serà que això passi la tramitació i que sigui llei. Perquè ja estem acostumats a que moltes vegades quan guanyem coses no sempre arriben a ser realitat. Jo quan vaig guanyar la proposició no de llei dels coeficients reductors, i vostès ho recordaran, em vaig alegrar molt. Encara creia en el parlamentarisme. Avui ja no crec tant. Avui ja no crec tant. Ara espero equivocar‑me. Espero equivocar‑me i que no haguem d’estar aquí el pròxim any una altra vegada parlant del mateix perquè ja hem parlat moltíssimes vegades. Moltes gràcies. Visca la classe treballadora! Visca la lluita de la classe treballadora i visca el moviment de pensionistes! Moltes gràcies. Buenas tardes, presidente. Les avanzo nuestro voto: Esquerra Republicana va a votar a favor de la toma en consideración. Ahora bien, también hay que decir las cosas como son. Agradecemos que Podemos traiga esta cuestión al Pleno, pero nadie ha inventado las sopas de ajo hoy. El 24 de mayo de 2018, a instancias de Esquerra Republicana, a instancias de este diputado que les habla ahora, presentamos la primera iniciativa en este sentido, concretamente la Proposición no de Ley 161/003309, y pedimos que se redujeran los coeficientes a partir de los treinta y cinco años cotizados y eliminarlos a los cuarenta, tanto en las jubilaciones voluntarias como en las forzosas. Fue votado y ganamos. Se votó y se ganó. En 2018. La iniciativa se aprobó el 26 de septiembre, unos meses después. En 2020, con el diputado Iñaki Ruiz de Pinedo, a quien aprovecho para saludar, con Euskadiko Ezkerra, Bildu y Esquerra Republicana, en el Pacto de Toledo presentamos diecisiete votos particulares. Uno de esos votos particulares era el de las largas carreras de cotización y esta Cámara votó en contra. La hemeroteca está ahí. Por eso nos abstuvimos. En 2021 presentamos esta enmienda a la ley. También votaron en contra. Votaron en contra y la perdimos. Era una ley; una ley, ¿eh? Acuérdense de quién estaba en el Gobierno. Esta proposición de ley se presenta en el 2024, cuando sale Podemos del Gobierno, bien; ahora estamos en 2026. Pero, recordemos una cosa, nosotros no vamos a hacer pagar esas contradicciones ―todos tenemos contradicciones―, no haremos pagar estas contradicciones a este colectivo de jubilados, a quien aprovecho para saludar, ASJUBI40. Esta causa habla de las personas que empezaron a trabajar a los 14, 15 años con jornadas largas y en trabajos duros. Quien empieza a trabajar a los 14, 15, 16 años es porque lo necesita; no lo hacían por placer, no acostumbraba a ser eso. Cotizaron cuarenta y dos, cuarenta y cinco años ―como hemos dicho antes― y pueden reducir hasta el 30 % prácticamente cuando se jubilan anticipadamente. La reducción no desaparece cuando llega la fecha ordinaria de jubilación. Es un castigo de por vida. Es un castigo de por vida a gente que ha trabajado cuarenta y dos y cuarenta y cinco años, cuando eran criaturas de 14, 15 y 16 años. La jubilación denominada voluntaria no siempre es una decisión libre: despidos, expedientes de regulación, paro de larga duración, de salud. Según ASJUBI40, más de novecientas mil personas sufren esta situación. El sistema les dice que, a pesar de haber cotizado más de cuarenta años, todavía no lo han hecho lo suficiente. Esto contradice el principio de contributividad: si la cotización tiene que guardar relación con la prestación, es razonable que quien haya cotizado esos años tenga que acabar cotizando menos. Y eso es una decisión política. Es una decisión política. La proposición de ley que se presenta elimina los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas voluntarias y no voluntarias cuando acrediten cuarenta años de jubilación y también permite recalcular las pensiones ya reconocidas. Bien, compartimos esos objetivos durante la tramitación. Habrá que mejorar el texto porque queda alguna cosa que creo que chirría. El derecho de las personas ya jubiladas debería ser automático cuando la Administración tenga los datos. No podemos obligar a las personas mayores a que superen todo un laberinto de trabas burocráticas. Y aquí hay que recordar una cosa que muchas veces nadie ha reconocido. Hasta ahora, la única mejora que ha recibido ese colectivo que está ahí arriba, ASJUBI40 ―y lo pueden corroborar los que están aquí―, fue gracias a Esquerra Republicana. Se lo voy a recordar. Cuando en 2022 entraron en vigor los nuevos coeficientes reductores, algunas personas ya jubiladas habrían tenido una pensión inicial más alta que si se les hubieran aplicado esos coeficientes. El complemento servía para pagar esas diferencias. ¿Quién podía acceder? La regla general exigía cuarenta y cuatro años y seis meses cotizados. ¿Qué incorporó Esquerra en esta ley? Además de la auditoría y de otros temas que hoy en día son cruciales y muy importantes, en el caso que nos ocupa que, si la pensión era inferior a 900 euros el 1 de enero de 2022, bastaba con cuarenta años cotizados. No es nada del otro mundo, son 900 euros. Eso se consiguió porque era una condición ―igual que otros puntos más, que ahora no hace falta que lo expliquemos porque no hay tiempo― y sin eso no se aprobaba esa ley. Todo eso está en la hemeroteca, está en el Diario de Sesiones. Que quede claro, por lo tanto. Esta es una reivindicación justa gracias a este colectivo. También gracias a COESPE y a otros colectivos de pensionistas que durante estos años han sido los grupos más activos para luchar contra esta injusticia. ¿Qué nos da miedo? Que con todo esto que acabo de explicar vuelva a pasar lo de siempre. Hoy muy posiblemente se va a aprobar, se aprobará como se aprobó la moción de la que les hablábamos antes, preguntas a la ministra, antes al ministro Escrivá también. Se aprobará, estoy seguro de que se va a aprobar. Ahora bien, de lo que no estoy tan convencido ―y por eso se lo digo, que tienen que seguir luchando― es de que no tengan que seguir luchando, desgraciadamente. Hace falta que esto pase la tramitación y que pase a ser ley, porque ya estamos acostumbrados a que muchas veces cuando ganamos cosas eso no siempre llega a convertirse en una realidad. Cuando yo gané la proposición no de ley de los coeficientes reductores ―ustedes lo recordarán― me alegré muchísimo. Todavía creíamos en el Parlamento, pero ya no creo tanto en ello. Ahora espero equivocarme y que no tengamos que estar aquí el año que viene otra vez hablando de lo mismo, porque ya hemos hablado muchísimas veces de ello. ¡Viva la clase trabajadora, viva la lucha de la clase trabajadora y viva el movimiento de los pensionistas! Muchas gracias. .

Aina Vidal Sáez SUMAR

¡Qué alegría veros! . Yo sí que creo en la política y creo que la prueba en realidad es la reforma de pensiones del 2021 que supuso un gran cambio en nuestro sistema. Recuperó derechos y además reforzó ingresos y sostenibilidad. Entre otras cosas recuperó la revalorización vinculada al IPC, sustituyó el perjudicial factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional e introdujo medidas para mejorar la situación de las personas que habían accedido a la jubilación anticipada después de largas carreras de cotización. Esa reforma la conoce muy bien la señora Belarra, porque fueron personas del ministerio que ella dirigía las que, cuando estaba en el Gobierno, llegaron a ese buen acuerdo. Debería estar orgullosa en realidad. Han pasado cinco años y debemos abordar una nueva etapa que corrija las deficiencias que todavía existen en nuestro sistema público de pensiones. Debemos seguir reduciendo la brecha de género; debemos seguir mejorando la suficiencia, es decir, la dignidad de las pensiones; debemos dar una respuesta adecuada a las profesiones especialmente penosas, peligrosas o insalubres ―hoy hemos tenido una muy buena victoria en la Comisión de Trabajo para las tripulantes de cabina―; y tenemos que abordar, evidentemente, la situación de las personas con largas carreras de cotización que son expulsadas del mercado de trabajo en los últimos años de su vida profesional y que terminan jubilándose de forma anticipada con una reducción de su pensión porque, evidentemente, este problema existe y es real, si no hoy no nos encontraríamos aquí. Nos hemos reunido en muchísimas ocasiones con ASJUBI40 y hoy quiero volver a saludaros una y mil veces. Además, nos volveremos a ver tantas veces como queráis. Hemos escuchado muchas veces vuestras reivindicaciones y nos hemos intercambiado propuestas. Hemos estado de acuerdo en algunas y en otras no ―lo normal―, pero, evidentemente, compartimos la razón de vuestra reivindicación. Hay personas que comenzaron a trabajar muy jóvenes y que han cotizado durante cuatro décadas o más incluso y cuando fueron expulsadas del mercado laboral accedieron a una jubilación anticipada con una reducción permanente ―como usted ha destacado― de su pensión. La propia reforma del 2021 intentó dar respuesta parcial a una parte de este colectivo mediante un complemento específico. Cerca de cien mil pensionistas llegaron a tener reconocido ese complemento, pero es evidente que esa respuesta se quedó muy corta. Claro que vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición. Después de tantos años de reivindicar esto en esta Cámara solo faltaría que el Congreso de los Diputados no debatiera esta cuestión. ¡Solo faltaría! Pero precisamente porque queremos resolver el problema, tenemos que decir con claridad que el texto que hoy se nos presenta necesita ser mejorado sustancialmente. Una cosa es reconocer una injusticia y otra muy diferente es encontrar la solución adecuada. Fíjense, esta propuesta utiliza una regla excesivamente rígida: la de los cuarenta años. El texto establece que tanto en una jubilación anticipada involuntaria como en una voluntaria no se aplicará reducción alguna cuando lleguen a los cuarenta años de cotización. Aquí aparecen problemas, señorías. Claro que los hay. ¿De verdad podemos decir que una persona con cuarenta años cotizados ha tenido una carrera larga y otra con treinta y nueve años y once meses no? ¡Hombre! ¿Es razonable que unos pocos meses puedan producir una diferencia tan enorme en la cuantía de la pensión? Me dirán ustedes. El texto establece una frontera por debajo de los cuarenta años, en que se aplican coeficientes reductores, y al alcanzar los cuarenta años ya desaparecen. No habla de una diferencia gradual, pasa un poco de todo a nada y eso no responde bien, evidentemente, al principio de equidad. Hay otra cuestión que es más importante. No podemos tratar de la misma manera a quien se jubila de forma anticipada porque le da la gana y porque quiere y a quien se jubila anticipadamente porque ha sido expulsado injustamente del mercado de trabajo, porque no es lo mismo. Simplemente no es lo mismo. Una persona que después de cuarenta años trabajando pierde su empleo cuando tiene 61 o 62 años y no encuentra una nueva oportunidad laboral, no está en la misma situación que quien decide voluntariamente abandonar su empleo y anticipar su jubilación. Es un hecho. La legislación, de hecho, ya lo distingue. Y creo que aquí está una de las claves del debate, porque no debemos preguntarnos solo si cuarenta años son muchos años. Por supuesto que lo son, claro que lo son cuarenta años currando. La pregunta es cómo debemos ponderar el esfuerzo contributivo de una persona, la causa que la lleva a abandonar el mercado de trabajo, el tiempo que anticipa su jubilación y el impacto que todo eso tiene sobre el sistema. Los años cotizados importan, pero no son el único factor, señorías, ni el único elemento a tener en cuenta. Debemos combinar contributividad, equidad, sostenibilidad y sobre todo cuando la contributividad ―las feministas hace mucho que lo decimos, señora Belarra― sería como una especie de bomba sobre las mujeres. Fíjese, las mujeres trabajamos mucho más que los hombres, pero no cotizamos igual y una regla construida exclusivamente alrededor de alcanzar cuarenta años de cotización deja fuera, precisamente, a muchas personas que han tenido carreras laborales más interrumpidas. Por eso, si queremos hacer una reforma justa, no podemos resolver una desigualdad creando otra. No podemos solucionar el problema de las personas con carreras largas mediante una regla que premie exclusivamente haber alcanzado una cifra determinada y que ignore las distintas trayectorias laborales. Nuestro sistema de pensiones tiene que seguir corrigiendo la brecha de género que todavía existe y las desigualdades en las carreras profesionales siguen teniendo unas consecuencias muy claras en las pensiones. Creo que podemos coincidir en el diagnóstico sin tener que coincidir necesariamente en la misma solución. Claro que hay que revisar la penalización a las largas cotizaciones, claro que hay que dar una respuesta específica a quienes fueron expulsados involuntariamente teniendo más de cuarenta años de cotización y claro que debemos revisar si es razonable mantener de por vida reducciones que pueden llegar a ser francamente muy injustas. Claro que sí. Pero la respuesta no puede ser una frontera rígida entre los treinta y nueve años y once meses y los cuarenta años. Tenemos que construir un mecanismo que sea gradual, que tenga en cuenta los años cotizados, los meses de anticipación, la causa de jubilación y las diferencias y discriminaciones que afectan al mercado laboral. Las pensiones no son solamente un derecho individual, son un compromiso colectivo, señorías, entre generaciones. Por eso, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta, porque esta cuestión, después de tantos años de reivindicación, evidentemente, se merece ser debatida en esta Cámara, y porque creemos que el trámite parlamentario debe ser precisamente para mejorar el texto, para escuchar a los colectivos afectados, para escuchar a los agentes sociales y para construir una solución que repare una injusticia sin generar otros problemas y más desigualdades. Es el compromiso que hoy deberíamos adquirir todas, no elegir entre reconocer el problema o rechazarlo, como me temo que algunos pueden intentar hacer.

Aina Vidal Sáez SUMAR

Termino. Debemos reconocerlo y trabajar para resolverlo bien, pero una cosa les voy a decir, señorías de Junts: ¡faltaría más que en esta Cámara tuviéramos que aceptar lecciones de pensiones de ustedes! ¡Faltaría más, que tenemos memoria! .

Juan José Aizcorbe Torra VOX

Muchas gracias, señor presidente. Lo que Podemos nos trae hoy aquí es un paripé sin escrúpulos, porque ha reducido una reclamación seria, muy seria, que afecta a miles de personas de buena fe, a siete páginas que no se sostienen, y se nos pide que tomemos en consideración la proposición y que ya la arreglaremos luego. Comprendemos la desazón de algunos interesados ―es comprensible, por supuesto― que se aferran a cualquier posibilidad, pero una esperanza legítima no convierte una mala regla en una buena ley. Podemos ha colocado una frontera en los cuarenta años sin explicar por qué. Quien acredita treinta y nueve años y once meses conserva durante toda su jubilación el coeficiente reductor; quien suma un mes más, queda exento. Veámoslo con cifras: con una pensión de 2000 euros, quien se jubila voluntariamente dos años antes, con treinta y nueve años y once meses cotizados, cobraría 1620 euros, y con un mes más, 2000 euros. Son 380 euros mensuales de diferencia. Si la jubilación fuese involuntaria y se adelantara cuatro años, la diferencia llegaría a 560 euros mensuales. Un mes cotizado decide de por vida, ese es el criterio que se nos pide aceptar. . Cumplidos los cuarenta años, la proposición elimina por igual el coeficiente a quien se retira voluntariamente y a quien se jubila después de un despido o un ERE, al que anticipa su retiro unos meses y a quien lo hace cuatro años. Para conceder la exención, también prescinde de las bases; una carrera más corta puede haber aportado mucho más que otra situada por encima del umbral. Corregirlo exige extirpar el criterio central de la norma y escribir otra ley. Recordemos a los indoctos proponentes cómo funciona la Seguridad Social en España. España tiene un sistema de reparto. Las cotizaciones actuales pagan las pensiones actuales, generan derechos, expectativas, pero no se guardan en una cuenta individual. Entonces, a tenor de su iniciativa, ¿quieren ustedes, señores de Podemos, un sistema de reparto o un sistema de capitalización? Porque su proposición finge que, cumplidos cuarenta años, cada trabajador ya ha pagado su propia pensión, y no es así ―otros son temas de justicia que no se plantean en su proposición― , y acaba poniendo en evidencia que ni siquiera conocen el sistema que pretenden administrar. Además, permiten solicitar el recálculo de pensiones ya reconocidas sin resolver las desigualdades que crean y sin una memoria económica que permita conocer su coste. Pretenden que la Cámara acepte su ocurrencia y que otros calculen después, en su caso, sus efectos. Ya se ha dicho, Podemos fue Gobierno y se opuso en varias ocasiones a lo que ahora pide defectuosamente. Y ahora sostiene al Gobierno. Tras los aspavientos de rigor, colabora con el Ejecutivo que mantiene estos coeficientes, endeuda a la Seguridad Social y castiga el empleo. Ahora comparece como jurisconsulto de quienes han tenido una larga carrera cotizando. Participan en el daño y después señalan a un culpable del que son coadyuvantes para alimentar el enfrentamiento del que viven permanentemente. Podemos y el Gobierno llevan años dejando muy claro a quién destinan y a quién quieren destinar el dinero de los españoles: miles de millones para sostener la inmigración ilegal, pagar la red de entidades de ONG y las catervas que viven de ellas, extender prestaciones a los últimos que han llegado de forma ilegal, mantener el efecto llamada y acelerar un cambio demográfico que nadie ha votado. También los hay para sus agendas de colores, sus chiringuitos ideológicos y las campañas con las que pretenden convertir su fanatismo en política pública. Pero, claro, para los afectados por largas carreras de cotización ya no queda. . Hay que ser muy atrevida, señora Belarra, para venir aquí, en un doctorado demagógico, haber vivido siempre del dinero ajeno, despreciar profundamente el esfuerzo de los demás y actuar con semejante desvergüenza. Ustedes eligieron hace mucho tiempo entre los españoles que han sostenido la Seguridad Social durante cuarenta años y cualquiera que acaba de llegar; siempre dejan atrás al español. Nuestra prioridad, la prioridad debe ser justamente la contraria: los españoles primero. . Cuando esta cuestión apareció como una enmienda en una ley ajena nos abstuvimos para estudiarla por separado. Lo hemos hecho, la fórmula elegida crea dificultades y diferencias que son difíciles de defender y parte de una concepción falsa del sistema. Entiendo que algunos nos piden que apoyemos cualquier iniciativa que mantenga abierta una posibilidad, pero no nos pidan que demos por buena una norma sin sentido porque su situación merece algo mucho mejor que este texto. A quienes llevan años reclamando unas revisiones les digo que este debate continúa. Asumimos el compromiso de trabajar sobre las largas carreras de cotización. Hay que atender especialmente a quienes llegaron a la jubilación anticipada por un despido o un ERE, valorar los años y las bases realmente cotizadas y distinguir según el tiempo en que se adelanta la jubilación. También debemos reconocer mejor a quienes continúan trabajando después de la edad ordinaria y siguen aportando cuando ya podrían retirarse. Premiar ese esfuerzo fortalece el sistema y responde a la justicia contributiva. Si quieren hablar de largas carreras de cotización, hablemos seriamente. Algunos grupos tomarán hoy en consideración este texto confiando en que ya se arreglará durante la tramitación, pero nosotros no compartimos este criterio. Conformarse con el mal menor sigue siendo aceptar un mal, sobre todo cuando todavía es posible hacer las cosas bien. Las largas carreras de cotización merecen una solución, una solución seria. Trabajaremos para alcanzarla y si la Cámara abre la tramitación, contribuiremos a mejorar el texto, pero seguimos creyendo que partir del texto presentado es un error. Esto, en definitiva, señorías, creemos que es una patada hacia adelante y, si no, al tiempo. Muchas gracias. .

Alberto Mayoral de Lamo PSOE

Gracias, presidente. Escuchando a todos los intervinientes, de lo que estamos hablando, señoría, es de aquellos españoles y españolas que, siendo niños o jóvenes, empezaron a trabajar porque había que llevar un jornal a su casa y entregarlo a sus padres y a sus madres. Estamos hablando de aquellos que se dejaron lo mejor de su juventud para empezar a cotizar porque, si no, perdemos la perspectiva. Cuando hablamos de carreras de larga cotización, de coeficientes reductores, hablamos de aquellos españoles y españolas que, muy jovencitos, empezaron a trabajar para construir la España que hoy conocemos. Fruto de ese debate en el seno del Grupo Socialista, quiero anunciar que vamos a votar que sí a esta proposición porque creemos que hay que hablar de aquellos españoles y españolas que eran muy mayores para reincorporarse al mercado laboral y demasiado jóvenes para no ser penalizados. Tenemos que dar un debate serio sobre esas largas carreras de cotización. Pero, claro, uno escucha durante toda la semana a la derecha hablar de pensiones y no puede dejar de subir a la tribuna con serenidad, pero para establecer el debate, realmente, sobre lo que hacen sus señorías cuando tienen el poder. El Partido Popular tiene un sello al hablar de pensiones que se llama Boletín Oficial del Estado. . En ese Boletín Oficial del Estado uno recuerda y no cae en esa amnesia colectiva, en ese olvido sobre lo que ustedes hacen con los pensionistas. Miren, en el año 2013 ustedes subieron a treinta y cinco los años necesarios para la jubilación voluntaria y subieron el tramo de edad. Ustedes dejaron de revalorizar las pensiones. Que parece que se les olvida. Hay que darles dignidad a los pensionistas. . Porque sus cartas, las cartas que les mandaban a los pensionistas, eran más caras que lo que realmente les subían. ¿Qué hacía el Partido Popular con los pensionistas? Para recordárselo, para que sepamos de que, cuando hablamos de pensiones públicas, al pensionista que cobraba 1000 euros le subían dos euros y medio. Dos euros y medio. Claro, es que parece que, cuando hablamos de pensiones, se hacen grandes discursos, grandilocuentes y parece que el BOE, su BOE, lo que ustedes hacían, no cuenta. Porque también quiero hablar de un eufemismo que usaban al hablar de estos debates, que era el factor de sostenibilidad. ¿Se acuerdan? Si tenías más edad, ibas a cobrar menos. Es decir, cuando está el Partido Popular, cuando intentan lanzar alternativas a las pensiones, si tienes más edad, cobras menos; no se revaloriza con el coste de vida y, con suerte, con muchísima suerte, podrás acceder a debates como el que tenemos hoy aquí porque te suben la edad. Y después, VOX. Yo cojo la bandera imperial, esta que estamos viendo en los últimos días, y afirmo que las pensiones no se venden, las pensiones se defienden. Miren, parafraseando al señor Aizcorbe, las cotizaciones de hoy pagan las pensiones de nuestros mayores. Pero claro, uno ha tenido la manía de leerse el informe económico de VOX, y parece que uno dice: bueno, ¿qué plantea esta gente sobre las pensiones? Y se va uno a la página 38, por ser concreto. Ustedes lo que quieren es poner en manos de fondos privados, en manos privadas, la hucha de las pensiones. Ustedes quieren que con el esfuerzo de los españoles se juegue a la bolsa. . Eso es lo que quieren con los mayores. Ustedes quieren ventajas fiscales para aquellos que paguen a fondos privados; es decir, para aquellos que se lo permiten. ¡Ay de aquellos mayores que no llegan a fin de mes, que tienen para pagar el alquiler, para llenar la nevera y no pueden pagar a esos fondos privados! A esos, señor Aizcorbe, ustedes no les dan beneficio. Pero, claro, hay que seguir analizando cuando hablamos de la sostenibilidad del sistema, porque ya les adelanto que este «sí» tiene un espíritu: el de analizarlo en el Pacto de Toledo y poner las herramientas para que se haga sostenible la defensa de las pensiones públicas. Porque cuando nosotros gobernamos, sí actualizamos las pensiones. Cuando hacemos reformas como en el 2021, fueron más de 100 000 españoles y españolas ―y digo las españolas, las mujeres, las grandes olvidadas cuando hablamos del mercado laboral y de las pensiones― los que se vieron beneficiados. Es cierto que tenemos que seguir avanzando, es cierto que tenemos que seguir poniendo mecanismos para la mejora, y de ahí nuestro «sí». Nuestro «sí» no puede ir a las políticas de quienes, cuando hablamos de pensiones, nos traen al recuerdo su última gestión: los grandes gestores, los que vienen a salvar España. ¿Saben, señorías del Grupo Popular, cuántos millones de euros les dejó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a ustedes? 67 000 millones en la hucha de las pensiones. ¡67 000 millones! . Tranquilos, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Son buenos gestores y, además, tienen buena voz a la hora de chillar. Bien, lo dejaron con 8000 millones de euros. ¿Y saben lo que hicieron en esa legislatura? Rescatar a la banca privada y pagar autopistas, como si nuestros mayores ―a esos a quienes les subían dos euros y medio― fueran los culpables de sus políticas al vaciar la hucha de las pensiones. Eso es lo que hacía el Partido Popular. Miren, este «sí», como les decía, tiene un espíritu. Tiene el espíritu de mirar a esos españoles y españolas que han tenido una larga carrera de cotización y decirles que el Partido Socialista está dispuesto a debatir, que está dispuesto a poner los mecanismos para mejorar su pensión. Estamos dispuestos a hacerlo, eso sí, dentro del Pacto de Toledo, que nos lleve a un gran acuerdo que haga que esos españoles y españolas que se han dejado lo mejor de sí lo consigan. Pero a lo que no estamos dispuestos los socialistas ―y lo digo hoy con mucho orgullo, lo dice el hijo de un ferroviario de la clase trabajadora― es a que la pensión de mi padre, sus ahorros, vayan a fondos de pensiones privados, vayan a jugar en la bolsa. . A lo que no estamos dispuestos ―y miro a los jóvenes que están en la tribuna― es a permitir que nadie les diga a los jóvenes que están hoy en la tribuna que no van a tener derecho a una pensión pública, porque sí vais a tener derecho a una pensión pública. Porque mientras estemos los socialistas, los progresistas, mientras la izquierda de este país defienda las pensiones públicas y su sostenibilidad, no se pondrán en juego las pensiones con inversiones en fondos privados que solo benefician a sus amigos. Muchísimas gracias. .

Miguel Ángel Paniagua Núñez PP

Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Tenía curiosidad por saber cómo nos iba a criticar en esta intervención el Grupo Socialista; sabía que lo iba a hacer, y la verdad es que no me ha sorprendido, porque ha vuelto a hablar de hace más de trece años. Con mentiras, como siempre; con mentiras. Nos dice que revalorizábamos las pensiones un 0,25 %, pero se le ha olvidado decir que la inflación era negativa. . En cambio, se le ha olvidado recordar que en 2010 el señor Rodríguez Zapatero congeló las pensiones con una inflación cercana al 5 %. . De hecho, no pensaba que fuera a presumir del señor Rodríguez Zapatero, la verdad. . No me cabía en la cabeza. Antes de empezar con la proposición de ley, quería saludar a ASJUBI40 por su presencia, por su esfuerzo y por su trabajo en difundir su situación y sus propuestas. Para mí son un ejemplo. Y yo, que conozco muchos de los casos de sus asociados, debo reconocer que hay muchas injusticias en esas vidas. Por eso deseo que muchas de sus reivindicaciones puedan ser satisfechas. También debemos hablar del populismo de Podemos, del que todos tenemos muchos ejemplos. Y, por supuesto, quiero agradecer a la señora Belarra que haya podido dedicar un pequeño ratito de su intervención a la proposición de ley que hoy debatimos. . Y también les trasladaré los riesgos que el señor Sánchez, su Gobierno y el Partido Socialista están creando en nuestro sistema de pensiones. Podemos defiende que aplicar coeficientes reductores a las personas jubiladas con largas carreras de cotización supone una injusticia con efectos muy negativos, y tiene razón, pero la reforma de las pensiones de 2021 del Gobierno socialista se hizo con Podemos sentado en el Consejo de Ministros. ¿Y qué hicieron? Callaron. . De partida, hay dos cosas del proyecto con las que un partido de Gobierno como el Partido Popular no puede estar de acuerdo: extienden la reforma a las prejubilaciones voluntarias, algo inasumible, y, además, recogen unos efectos retroactivos amplísimos sin ni siquiera haber aportado ningún impacto económico ni dato ni análisis de ningún tipo. Me gustaría saber por qué Podemos presenta un proyecto de ley que puede ser inasumible. ¿Les interesa que fracase? ¿Les interesan de verdad ASJUBI40 y sus asociados? ¿O simplemente los están utilizando, como les he visto hacer y todos les hemos visto hacer a ustedes con otros colectivos? Nuestro grupo valora mucho el trabajo de ASJUBI40 y las situaciones personales que hemos conocido, pero pensamos que corresponde al Pacto de Toledo su estudio y análisis en los términos que recoge su recomendación segunda, porque exige un análisis y estudio de datos, una identificación del colectivo y un análisis de los costes financieros y de equidad actuarial. Desde aquí transmitimos ese interés y espero que el resto de los grupos lo acojan favorablemente y que podamos hacerlo cuanto antes en la comisión. El interés de la Seguridad Social es dar un tratamiento más favorable a las largas carreras de cotización, y el aumento de la esperanza de vida no puede obviarse en este debate. Por ejemplo, en treinta años, de 1991 a 2020, la esperanza de vida de los hombres ha aumentado en más de seis años y, en el caso de las mujeres, en cuatro y medio: actualmente, alrededor de 80 y 85 años respectivamente. En el caso de un prejubilado a los 63 años, un hombre de media cobrará diecisiete años de pensión y una mujer, veintidós. Pero también debemos ser conscientes de que muchos de los integrantes de ASJUBI40 no merecen su situación porque no han tenido otra opción y la penalización que se les aplica parece realmente injusta: es realmente injusta. Los intervinientes de otros partidos, por lo que hemos escuchado esta tarde aquí, son muy pesimistas. Es bastante factible que salga adelante la toma en consideración de esta proposición de ley, pero es bastante factible también que se quede en un cajón durante el resto de la legislatura, porque ni el portavoz del Grupo Socialista ni la portavoz del de SUMAR han hablado sobre esto ni nos han quitado esas dudas que todos los grupos parlamentarios tenemos. También debemos recordar a todas sus señorías, en especial a los proponentes, la recomendación 12 del Pacto de Toledo sobre la edad de jubilación, que termina diciendo: A la vista de dicho análisis, una vez determinada la situación de aquellas jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores pueda producir un efecto inequitativo, el Gobierno propondrá una respuesta en el plazo máximo de tres meses a la Comisión del Pacto de Toledo. Pues el Gobierno socialista, en el que estaba Podemos, no propuso ninguna respuesta, y sigue sin hacerlo seis años después. Esta recomendación, como el resto de las recomendaciones de los acuerdos del Pacto de Toledo, es la que dirige nuestra actuación política, pero no es así en el caso del Partido Socialista, por desgracia para nuestro país, para nuestros jubilados y para la estabilidad de las cuentas públicas que nos garantizan un presente eficiente y un futuro próspero, algo que debe importar e importa mucho a nuestros jóvenes. Por eso, una gran mayoría de ellos no confía en el futuro de sus pensiones, por la utilización torticera de las pensiones por parte del Partido Socialista y por la puesta en riesgo de las cuentas públicas debido de este Gobierno. . Todos sabemos que la sostenibilidad del sistema depende de la estabilidad de las cuentas públicas y del mercado laboral, por eso no se está garantizando la sostenibilidad del sistema cuando, en el caso de las cuentas públicas, se mantiene un déficit estructural inasumible. No se presentan presupuestos en cuatro años en una legislatura completa, por lo que no hay planes presupuestarios ni a corto ni a medio ni a largo plazo, o se mantiene una deuda pública en el 100 % del PIB, cuando debe situarse en el 60 %. Tampoco se está garantizando la sostenibilidad del sistema en el caso del mercado laboral cuando la precariedad la han instalado como algo inevitable, cuando tampoco se afrontan los problemas que están llegando provenientes de la inteligencia artificial o del avance tecnológico, o cuando no se han aprovechado los fondos europeos para cambiar nuestro sistema productivo, que sigue dependiendo de trabajos de servicios personales, turismo y construcción. Estos trabajos aguantarán, pero del resto muchos están en peligro, y no se ha anticipado ni organizado nada para cuando ocurra, que será en breve. Es decir, tenemos trabajos precarios y trabajos en riesgo de desaparición, además de la educación, con los resultados que hemos visto recientemente. Por todas estas razones, la sostenibilidad de las cuentas públicas está en riesgo y la del mercado laboral también. Por lo tanto, este Gobierno, este Partido Socialista, está poniendo en riesgo el futuro de las pensiones y, cuanto más gobierne, más en riesgo estará. Hay muchísimas razones ―todos ustedes las conocen―, pero, por el presente y el futuro de las pensiones, necesitamos que el señor Sánchez deje de gobernar cuanto antes. Muchas gracias. .

Nerea Renteria Lasanta EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. Arratsalde on, jaun-andreok. En primer lugar, me gustaría saludar a los representantes de algunos de los municipios que se ven afectados por esta PNL y que hoy nos acompañan. Eskerrik asko etortzeagatik. El Grupo Vasco ha presentado esta proposición no de ley para impulsar la Variante Sur Ferroviaria, aprovechar la Y vasca para el transporte de mercancías y proteger a los municipios afectados por el incremento de las circulaciones en la línea C3. Quiero comenzar dejando clara nuestra posición: EAJ‑PNV siempre ha apoyado la Variante Sur Ferroviaria y va a seguir apoyándola. Es una infraestructura necesaria para mejorar la conexión ferroviaria del puerto de Bilbao con los corredores de la Península y de Europa. La variante sur ofrece un doble beneficio: por una parte, mejora la competitividad del puerto de Bilbao al proporcionarle un acceso ferroviario más robusto y segregado; y, por otra, permite liberar de circulaciones pesadas las líneas C1 y C2 a su paso por los municipios de la margen izquierda. Esto significa disponer de más capacidad, reducir los conflictos de explotación y mejorar la regularidad de los servicios de viajeros. Por lo tanto, defender la Variante Sur Ferroviaria es defender la actividad del puerto, la competitividad de nuestra industria y una mayor utilización del ferrocarril frente a la carretera. Pero su puesta en servicio también va a provocar un incremento importante de las mercancías que circulen por la línea C3. Esa es una cuestión que queremos abordar hoy, porque Arrigorriaga, Ugao‑Miraballes, Arrankudiaga‑Zollo, Laudio, Aiara, Amurrio y Orduña pueden ver prácticamente triplicado el paso de trenes de mercancías. Serán trenes más largos, de hasta 750 metros, que atravesarán los núcleos urbanos y circularán muy cerca de numerosas viviendas, y esto significa más ruido, más vibraciones, más circulaciones nocturnas y una mayor presión sobre una línea que también presta servicios a los viajeros de cercanías. No estamos cuestionando el transporte ferroviario de mercancías ni mucho menos; al contrario: queremos que aumente y que sustituya progresivamente al transporte pesado por carretera. Pero ese crecimiento debe planificarse correctamente, sin hacer recaer sus consecuencias sobre los municipios. Por eso, defendemos una solución estructural: aprovechar la Y vasca para canalizar el mayor volumen posible de mercancías. A diferencia de otras líneas de alta velocidad del Estado, la Y vasca está diseñada para tráfico mixto ―de viajeros y de mercancías― y en ancho europeo. Esa característica no es un elemento secundario; es una parte esencial de su función dentro del Corredor Atlántico. Se trata de una misma infraestructura para dos usos: una infraestructura que debe conectar con Europa y con la Península tanto a las personas como a las mercancías, que debe contribuir a reducir el transporte pesado por carretera y que debe aprovechar todas sus capacidades sociales, económicas y medioambientales. Nuestra posición puede resumirse de manera muy sencilla: Variante Sur Ferroviaria, sí; mercancías por el TAV, por el tren de alta velocidad, por la Y vasca. Queremos sacar mercancías de la carretera para trasladarlas al ferrocarril, pero también queremos retirar progresivamente las mercancías de los corredores ferroviarios urbanos y llevarlas a una infraestructura preparada para acogerlas. Sin embargo, para que esto sea posible, no basta con conectar la variante sur con la Y vasca. Es imprescindible que el tráfico de mercancías en ancho europeo tenga continuidad hacia el sur. La Y vasca permitirá su conexión hacia el norte y hacia Europa, pero también necesitamos que el corredor atlántico continúe desde Jundiz hacia Miranda de Ebro, Burgos y la Meseta. Y, para conseguirlo, es necesario garantizar la continuidad técnica y operativa del tráfico ferroviario. El Gobierno vasco ha impulsado la conexión ferroviaria hasta Jundiz en ancho europeo y ya ha hecho su parte. Ahora corresponde al Estado completar el corredor atlántico, garantizando la interoperabilidad y la continuidad efectiva de los tráficos ferroviarios. Pero esa continuidad no puede limitarse a una conexión física. La infraestructura debe estar preparada para admitir todo tipo de trenes de mercancías, incluidos los de 750 metros y los servicios de autopista ferroviaria. Para ello, deben tenerse en cuenta los gálibos, el perfil de la línea y el resto de los requisitos necesarios para una explotación eficaz. Y deben determinarse las medidas que deben aplicarse para garantizar la continuidad de las mercancías entre la Y vasca y la Meseta y resolver los obstáculos que todavía dificultan la interoperabilidad. Además, deben priorizarse las actuaciones sobre la red básica del corredor atlántico, especialmente en el eje que une Irún y Bilbao con Vitoria‑Gasteiz, Jundiz, Burgos y Valladolid, continuando desde ahí hacia Portugal, Madrid y Algeciras. La normativa europea fija 2030 como horizonte para completar esta red básica. Por lo tanto, no estamos planteando una actuación aislada, sino el cumplimiento de una planificación ya establecida para un corredor estratégico. Y tampoco basta con disponer de la infraestructura. Son necesarias condiciones que favorezcan su utilización, actuaciones técnicas que garanticen la circulación de estos tráficos y una política de cánones ferroviarios que incentive a los operadores de mercancías a utilizar el corredor atlántico. Pero mientras se alcanza esa solución estructural, debemos ofrecer respuestas inmediatas a las personas que viven junto a la C3. Nuestra iniciativa reclama medidas de protección frente al ruido y las vibraciones, así como actuaciones de integración ferroviaria y mejora de la permeabilidad urbana. Además, establecemos un criterio claro: la entrada en servicio de la nueva infraestructura no debe provocar que los municipios afectados soporten una contaminación acústica superior a la que soportan actualmente. Y como no todos los municipios tienen la misma configuración ni sufren las mismas afecciones, proponemos la creación de una mesa técnica con ADIF, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos afectados que analice, municipio por municipio, los problemas concretos y acuerde las soluciones correspondientes. También deben estudiarse medidas para la explotación que permitan compatibilizar las mercancías con la calidad del servicio de viajeros, prestando especial atención a las circulaciones nocturnas. No queremos que nuestros vecinos y vecinas aprendan a convivir con más ruido, con más vibraciones y más trenes durante la noche. No queremos únicamente hacer más soportable el problema; queremos solucionarlo. Señorías, esta iniciativa plantea una propuesta equilibrada: avanzar en una infraestructura necesaria, impulsar el transporte ferroviario de mercancías y proteger a los municipios afectados. Por eso pedimos el apoyo de todos los grupos. En cuanto a las enmiendas presentadas por otros grupos políticos, quiero destacar la enmienda de EH Bildu, que propone una mesa de coordinación, pero con sus omisiones queda claro que no apuesta por sacar las mercancías ni de los núcleos urbanos ni de la carretera. Eskerrik asko.

Mikel Otero Gabirondo EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Arratsalde on, guztioi! Oso interesgarria gaurko jeltzaleen ekimena. Ongi ulertzen bada, hogeita hamar urtetako ipuinari amaiera ematen dio, onartuz Euskal Herriko tren sare berrian funtsezkoak diren gauzak soluziorik gabe jarraitzen dutela. Luzea litzake dena kontatzea, baina esan daiteke duela hogeita hamar urte premisa egokietatik hasi zinetela bide tamalgarri bat jorratzeko. Tren sarea zaharkitua zegoen, trena etorkizuneko garraioa zen eta merkantziak errepideetatik atera behar ziren. Ados, hortik aurrera sen ona galdu zenuten. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy interesante la iniciativa de hoy. Si se entiende bien, es una enmienda a la totalidad al cuento de treinta años, aceptando que en la nueva red las cosas que son fundamentales siguen sin solución. Sería largo contarlo todo, pero se puede decir que hace treinta años empezasteis desde las premisas adecuadas para abordar soluciones lamentables. La red ferroviaria estaba obsoleta, el tren era el transporte del futuro y había que sacar las mercancías de las carreteras. De acuerdo, pero de ahí en adelante perdieron el sentido común. Y treinta años y 5000 millones de euros después, y después de vender la piel del oso sin cazarlo, de prometer inauguraciones para pasado mañana desde 2010, en vez de una buena red ferroviaria para viajeros y mercancías, tenemos una red del siglo XIX, cercanías decadentes, una cuota de mercancías en tren menor del 2 % y muchas incertidumbres fruto de improvisaciones y berrinches, como conectar el corredor navarro con Ezkio ―con el que siguen―, que ha provocado un retraso de diez años, sin definir entradas a capitales ni la conexión con Nafarroa, con una estación fantasma en Ezkio, sin solución para las mercancías hacia el sur ―como reconocen hoy―, y ahora la Variante Sur Ferroviaria, que es gastar mil millones para mover los problemas de unos pueblos a otros ―de Ezkerraldea a Arrigorriaga, Laudio y Amurrio; lo ha dicho― y para mover mercancías a alta velocidad durante veinte kilómetros y luego tirar del freno de mano. Y, después de todos los errores, esta PNL, un brindis al sol con las mercancías y un guiño al enfado de los pueblos. ¿Para endosar la responsabilidad a otros? Va a ser que no. Aquí hay dos peticiones. Primera, mitigar los impactos de la variante sur. Piden una mesa técnica entre Administraciones para valorar soluciones. Es muy bonito todo, pero dígame: ¿cuántas mesas impulsaron allí donde les ha tocado la lotería de la ejecución del TAV? Muchos lo hubieran agradecido. Pero hay más. ¿Ustedes no han tomado parte en el diseño? Porque, en todos los debates que he tenido yo sobre la nueva red ferroviaria en el Parlamento Vasco ―y han sido muchos―, los consejeros del PNV han insistido en que han codecidido trazados, diseños y prestaciones, pero justo aquí no. Ahora que la gente se ha cabreado, ¿insinúan que todo se decide en Madrid para salvar las elecciones municipales? Pero hay más. Piden mitigar, no piden eliminar impactos; es decir, esto se hace sí o sí y, si os molesta mucho, ya os pondremos unas pantallitas. No, no, no. Estamos a tiempo de eliminar las afecciones. No vale con ponerse la venda ante la herida que saben que viene. Y segunda petición: garantizar el ancho europeo para las mercancías hasta la Meseta. Esto tiene tela. Primero, ¿se da cuenta de lo que supone lo que ha dicho? Reconocen lo que nos negaron durante décadas. Les dijimos mil veces en balde que la alta velocidad no era para mercancías. En balde. Ahí está la hemeroteca. La consejera Tapia dijo que se iban a montar las mercancías en la Y vasca e iban a ir a Algeciras y a Valencia, donde hiciera falta, y que esa era la razón principal de hacer el TAV. Hoy, después de treinta años de esa matraca, al pedirlo, ustedes reconocen que esto no está garantizado. Más: ustedes saben que el único ancho europeo para conectar con la Meseta es la línea de alta velocidad Gasteiz‑Burgos. La primera página de su declaración de impacto ambiental lo deja claro: trazado diseñado para ancho UIC europeo y exclusivo de viajeros. ¡Exclusivo de viajeros! Entonces, ustedes vienen y dicen que se garantice mediante las soluciones técnicas que sean necesarias. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿que pongan un tercer hilo hasta la Meseta? Imaginen que hoy se acepta lo que ustedes dicen. Se piensa, se diseña, se evalúa, se licita y se construye. ¿Y en cuánto tiempo? ¿En unos quince años llegamos a Burgos en ancho europeo para mercancías? ¿Y qué hacemos? Porque habrá que seguir, ¿no? Entonces, ¿que pongan el ancho europeo también hasta Valladolid en la red convencional y luego hasta Madrid, Valencia, Sevilla y Algeciras? Es decir, que para que funcionen las mercancías de la Y vasca, les pedimos a los españoles que pongan ancho europeo en 10 000 kilómetros de vía convencional. ¿Y eso para cuándo dicen que lo quieren? Porque esto es lo que están pidiendo hoy, después de treinta años. Insistimos: hay alternativas a este despropósito; alternativas viables, asequibles, solventes y avaladas por ayuntamientos, movimientos sociales, sindicatos ferroviarios, etcétera. Quizá ahora, que por fin admiten que su proyecto es inviable y que no cumplirán con lo que ustedes han prometido durante tres décadas, se abran a considerar alternativas. Porque, señorías del Grupo Vasco, ¿se dan cuenta de que admiten que llevan treinta años vendiendo un proyecto que no es viable, treinta años diciendo que la Y vasca sería algo que no será, que es irrealizable? Lo sabían, pero, huyendo hacia adelante, escogieron ocultarlo y seguir gastando miles de millones para acabar aquí, en esta autoenmienda a la totalidad de su relato de treinta años. ¿Han pensado que tal vez algún día alguien debiera asumir responsabilidades por el tiempo y el dinero que, por codicia o incompetencia, nos han hecho perder a todos? Gure gonbitak mahai gainean jarraitzen du. Bultza dezagun etorkizuneko Euskal Herriak behar duen tren sarearen inguruko proposamen zintzo eta egingarria; gure gizarteak eta salgaiak behar duten sare eraginkorra. Gaur onartu duzue planifikatua dagoenak ez dituela beharrak asetzen. Zuzendu dezagun norabidea eta ez ditzagun beste hamar urte galdu bide antzuetan. Besterik ez. Eskerrik asko. Nuestra invitación sigue sobre la mesa: impulsemos una propuesta honesta y factible en torno a la red ferroviaria que necesita el pueblo vasco del futuro; una red eficaz que necesita nuestra sociedad y nuestras mercancías. Hoy han reconocido que lo que está planificado no satisface las necesidades. Enderecemos el rumbo y no perdamos otros diez años en cambios estériles. Nada más. Muchas gracias. .

Patricia Rueda Perelló VOX

El Grupo Vasco trae una iniciativa sobre la conocida Y vasca. Esto es una infraestructura ferroviaria que une tres capitales vascas y que se denomina Y por la forma de su trazado. El Grupo Vasco insta al Gobierno a una serie de actuaciones, como garantizar la continuidad del corredor atlántico en ancho europeo para el transporte de mercancías. Ellos dicen entre la Y vasca y la Meseta; nosotros, en las enmiendas que hemos registrado para mejorar, obviamente, el texto, hablamos del resto de la red ferroviaria española. Ellos hablan de una prioridad; nosotros, en VOX, en nuestras enmiendas, reconocemos el carácter estratégico para la soberanía y la competitividad nacional. Pero en VOX somos aún más ambiciosos. ¿Y qué queremos? Completar las actuaciones para dotarlas de plena funcionalidad y garantizar su explotación, y resulta que esto al PNV no le gusta porque no va a aceptar nuestras enmiendas. Y siento vergüenza. Siento vergüenza al escuchar a la portavoz del Grupo Vasco dirigirse a Bildu y decirle textualmente sobre sus enmiendas: destaco la de Bildu. Y sale Bildu, que no debería estar sentado aquí, que está sentado gracias a la connivencia de populares y socialistas , a ponerle ¿el qué? A ponerle ¿el qué? Da vergüenza. ¿Qué hizo Bildu cuando se empezó este proyecto allá por los años ochenta y que se materializó en los años noventa? Bombas. Bombas. Eso ha hecho Bildu. . Eso ha hecho el brazo político de ETA. De esa manera, ¿qué hacía? Atemorizar a trabajadores con coches y furgonetas bomba. Y en la enmienda que ha registrado Bildu habla del impacto. El impacto era el sonido de esas bombas y el impacto eran esos disparos que mataron a un empresario. No tienen vergüenza, no tienen dignidad. El PNV también tendría que haber dicho que sí a la enmienda que ha registrado VOX, que habla de que tendrían que reconocer el sufrimiento y los ataques que ocasionó esta banda terrorista a esos trabajadores y empresarios, a esas empresas que estaban vinculadas a la construcción de la Y vasca. Llegados a este punto tenemos que reflexionar sobre el sistema perverso de la política española, donde todo vale a cambio de poder. Lo de Bildu es asqueroso, pero es que ahora seguimos con el PNV, que ha sido la muleta de Aznar. Recordemos ese pacto PNV‑PP en el año 1996, donde ya hablaban de un pacto que consolidaba el autogobierno. Pero es que ahora el PNV es la muleta de Sánchez. Y vienen aquí con esta iniciativa donde dicen que les preocupa. Pues la factura del PNV a Sánchez, es decir, a los españoles, hasta ahora ha estado en una cárcel, en el traspaso de cercanías, en el troceo de la Seguridad Social y en cientos de funcionarios. En definitiva, ha estado en facilitarles el autogobierno. Sobre la mesa me pusieron esta cuestión y ahora vienen, en un ejercicio de hipocresía, a decir que la Y les preocupa. Hablar de transporte ferroviario en España es hablar de hipocresía ―PNV―; es hablar de negligencia, con un accidente en Adamuz con cuarenta y seis fallecidos, víctimas de la falta de inversión, tal cual reconoce la UCO ―quiero felicitar aquí a nuestra Guardia Civil―. Hablar del transporte ferroviario es hablar de corrupción. Les recuerdo los contratos amañados de Koldo. Pero también podríamos hablar de la corrupción del hermanísimo, Begoña, etcétera. Y es hablar de la traición al pueblo español. Porque el negligente Óscar Puente sigue sin dimitir y sigue sin ser cesado por su jefe. El pasado jueves, ¿saben qué sucedió en Málaga de nuevo? Averías. Averías que se tradujeron en caos y en retrasos, y esto es inadmisible. Los españoles no pagan impuestos para servicios públicos tercermundistas o incluso para que pongan en riesgo su vida, no pagan impuestos para financiarle trenes a Marruecos, no pagan impuestos para que el puerto de Ceuta sea convertido en un gran campamento de inmigrantes, no pagan impuestos para que les paguen el todo incluido mientras siembran el caos por las calles de Ceuta y por muchos barrios españoles. Hoy no debatimos sobre la mejora del sistema ferroviario; hoy se debate sobre civilización o barbarie, entre estado del bienestar o ruina, entre Estado de derecho o narcodictadura ―las cloacas del PSOE señalando a jueces―, entre prosperidad y libertad o Sánchez. Y finalizo mandando nuestra solidaridad a los compatriotas de Ceuta y a los compañeros de VOX, quienes recientemente, en Galicia y Tarragona, han sufrido ataques. Esto es consecuencia del señalamiento que hacen diputados separatistas y de izquierda. Pero, ojo, abandonen cualquier esperanza, porque no van a callar a millones de españoles. Gracias. .

Daniel Senderos Oraá PSE-EE (PSOE)

Gracias, presidente. Hoy el Grupo Vasco nos trae a esta Cámara una iniciativa sobre la variante sur ferroviaria de Bilbao. Señorías, estamos ante un debate recurrente en las instituciones vascas, donde ya es conocida la postura de los diferentes grupos al respecto. En el Grupo Parlamentario Socialista queremos comenzar señalando algo claro: compartimos el objetivo de mejorar las conexiones ferroviarias, de modernizar nuestras infraestructuras y de apostar decididamente por el ferrocarril como elemento vertebrador de una movilidad más sostenible y más eficiente y cohesionadora para Euskadi. Como ustedes saben, el tren no es solo un medio de transporte; es una herramienta estratégica para la competitividad económica, para la descarbonización y para la cohesión territorial. En este sentido, la conexión entre Burgos, Vitoria y Pamplona es clave. Repito, es clave , tanto para la movilidad de pasajeros como para el transporte de mercancías y la integración en los corredores europeos. Por otro lado, el Gobierno de España ha impulsado la mayor inversión en infraestructuras ferroviarias de las últimas décadas. Todo lo contrario de lo que hacían los Gobiernos del Partido Popular. Estamos apostando por el transporte de mercancías por tren, por el desarrollo de la alta velocidad y por el refuerzo de los servicios de cercanías con una visión integral y sostenible. Señorías, el compromiso del Gobierno de España con la conexión ferroviaria de Euskadi no se mide por las palabras que decimos en esta Cámara, se mide por los proyectos que se redactan, los estudios que se tramitan, las obras que se ejecutan y las infraestructuras que se ponen en marcha. Ni más ni menos. . Por tanto, hay una gran diferencia entre pedir una infraestructura y hacer que esa infraestructura avance. Nosotros creemos que hoy debemos hablar de hechos. Y los hechos son que, gracias al Gobierno de España, se está construyendo la primera fase de la variante sur ferroviaria en Bilbao. También se está avanzando en la segunda fase y se está trabajando en el corredor de acceso de la nueva línea de alta velocidad a Bilbao. Una gran infraestructura no se mide solamente por los kilómetros de vía que se construyen, se mide por las oportunidades que genera y por cómo mejora la vida de la gente. Algunos vienen hoy aquí a pedir al Gobierno que haga lo que ya está haciendo y nosotros preferimos algo muy sencillo, mucho más sencillo: que las infraestructuras avancen, que las obras continúen y que Euskadi tenga por fin la conexión que se merece. . Señorías, la transición ecológica de la economía pasa por el tren, sin ninguna duda, pero también pasa por hacer las cosas bien, con planificación, con seguridad jurídica, con solvencia técnica y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con los municipios que hoy nos acompañan, tal y como recoge la enmienda que hemos presentado a su iniciativa. Los socialistas lo tenemos claro, muy claro: apostamos por infraestructuras útiles, sostenibles, realistas y, algo muy importante, resilientes. Apostamos por un tren que conecte territorios, genere oportunidades y reduzca emisiones, y lo hacemos desde el compromiso con el interés general de Euskadi, de España y de Europa, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. .

Carmelo Barrio Baroja PP

Gracias, señor presidente. Arratsalde on, Renteria andrea. Y también quiero saludar a los representantes de los municipios que nos acompañan. He estado con algunos de ellos por allí, por Amurrio, así que les saludo. Hoy vamos a abordar un tema importante para el País Vasco: la Y vasca, la Variante Sur Ferroviaria y sus conexiones entre sí y a todos los niveles. Estamos hablando de muchas cosas: de centros de mercancías, del puerto de Bilbao, de la estación de Jundiz, de las conexiones con el resto de España, de las redes europeas… No es un tema menor. Ayuntamientos, cámaras de comercio, empresarios, los referidos centros de mercancías y logísticos esperan una respuesta definitiva para incrementar y mejorar un transporte de cercanías alternativo a la carretera, mejorar ese transporte y hacerlo mejorando también la vida de los ciudadanos, de muchas e importantes poblaciones afectadas, que ven comprometido el transporte de cercanías o la seguridad, la contaminación acústica, las vibraciones, etcétera. Eso requiere grandes planes y acuerdos. Pero, señores del Partido Nacionalista Vasco, ¿qué han estado haciendo todo este tiempo? ¿La solución es una proposición no de ley, siendo ustedes y el Partido Socialista Obrero Español socios a todos los niveles posibles? Una PNL para un asunto que debieran haber madurado ya hace ocho años por sus pactos. Se han olvidado de este desarrollo ferroviario con Ábalos y con Puente al frente del ministerio, y ustedes, partidos y Gobierno autonómico, dando largas y no cumpliendo con el necesario esfuerzo presupuestario. . Sé que tiene que ser muy difícil mantener una relación seria con el ministerio de la corrupción, y no de la ejecución y la buena gestión. Tiene que ser incómodo tener que negociar con ese Gobierno y con ese ministerio tuitero y gamberro, pero ustedes son socios preferentes y entusiastas. Lo han demostrado muchas veces aquí: socios en el Gobierno Vasco, socios desde hace muchos años y, en el Gobierno de España, socios fijos y permanentes. En el Gobierno Vasco, incluso, el Partido Socialista de Euskadi tiene la cartera de Movilidad Sostenible y Transportes, con la señora García Chueca, consejera, y la capacidad de acordar con ayuntamientos y otras instituciones ámbitos económicos y todo lo relativo a las infraestructuras proyectadas. Y no digamos nada de la relación con los ayuntamientos afectados. En eso están fallando, y teniendo además en la actualidad a secretarios de Estado como el señor Santano, que es vasco. Localidades como Llodio, Ayala o Amurrio necesitan muchas garantías, y todavía esas no están sobre la mesa. Han actuado los dos partidos con mucha desidia, poca claridad, mucha falta de celeridad y transparencia en lo que se refiere a la evolución de las infraestructuras ferroviarias. Como ejemplo, en 2024 tenían 128 millones de crédito para la variante sur y reconocieron poco más de un millón. Desde luego, antes de dar lecciones de planificación, expliquen ese 0,88 %. En lo referido a la Y vasca, el Partido Popular vasco ya ha puesto sobre la mesa esos incumplimientos y retrasos. El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, le envió un importante recordatorio al lehendakari Pradales en forma de carta el pasado 25 de julio. Resulta que el lehendakari le manda una carta a Macron, presidente de la República Francesa, para pedirle una mayor implicación de Francia en el desarrollo de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Hendaya, Dax y Burdeos. Sin embargo, no se ha aplicado en la gestión de las responsabilidades propias. Oyéndole a usted hablar, parece que no han incumplido sus compromisos, y es todo lo contrario. Los datos oficiales de ejecución presupuestaria revelan una situación que no puede despacharse como una incidencia administrativa ni atribuirse exclusivamente a dificultades externas. Entre 2020 y 2025, el Gobierno Vasco consignó inicialmente más de 456 millones. Sin embargo, las obligaciones reconocidas son de 247 millones: casi el 50 % de incumplimientos, y eso es responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco, señora Renteria. El PNV no puede presentarse aquí, en Madrid, como un reivindicador y esquivar el balance de su Gobierno en Vitoria, y el Partido Socialista no es un espectador: dirige Movilidad Sostenible en ese Gobierno y el ministerio aquí. Señora Renteria, yo estuve el pasado día 17 en el pleno de política general en el Parlamento Vasco, y la variante sur y la Y vasca no formaron parte del discurso fundamental del lehendakari. No formaron parte de ese discurso. Solo a instancias del presidente del Partido Popular tuvo que hacer una referencia de breves segundos en la réplica. Es por ello por lo que mi grupo ha presentado una proposición no de ley que enfoca, que concreta plazos y que, yo creo, es una importante mejora técnica.

Carmelo Barrio Baroja PP

Acabo, señor presidente. Señora Renteria, está claro que el PNV y su socio podrían haber hecho en estos últimos años mucho más de lo que han hecho. Y también está claro que Bildu solo pone palos en la rueda de nuestro desarrollo en esa política ‘pinchatrenes’ que siempre plantea. Desde luego, tiene que avanzar mucho más en las relaciones con un ministerio que hace agua por todos lados, y no digamos nada desde Adamuz. Muchas gracias. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Nosotros no vamos a votar en contra de esta propuesta porque entendemos el fondo de la misma, porque lo compartimos, porque nosotros también estamos padeciendo algo similar en la ciudad de Tudela, donde las mercancías circulan por el casco urbano de la ciudad. Lo hemos venido reivindicando y hemos pedido al ministerio que se suprima y que, sobre todo, se aprovechen las obras de alta velocidad para desviarlo. Evidentemente, el ministerio, como en su caso, oídos sordos. Pero es que, además, cuando se le pregunta por los porcentajes de mercancías que se van a incrementar ahora porque se va a utilizar el ferrocarril en vez del transporte ―eso es lo que se pretende―, no será menos del 75 %. ¡Qué barbaridad si esos siguen siendo los datos del propio ministerio! Pero, ante esta proposición, nosotros sí queremos hacer dos consideraciones. Hablar del tren de alta velocidad en Navarra es nuestra obligación y también nuestro derecho, en nombre de la Comunidad Foral de Navarra o de los votantes de Unión del Pueblo Navarro, para reivindicar y denunciar el comportamiento del ministerio con lo que es el propio Corredor Navarro de Alta Velocidad. A nosotros nos parece vergonzoso que 4000 kilómetros de alta velocidad estén en nuestro país en funcionamiento y ninguno sea en la Comunidad Foral de Navarra. Pero es que, además, el propio ministerio y el Gobierno de España vienen incumpliendo todos sus compromisos y los plazos que establecen y que fijan ellos mismos. Y, sobre todo, señorías, también es curioso observar cómo, con la conexión de la denominada Y vasca con el Corredor Navarro de Alta Velocidad, siguen tomando el pelo no solo a los habitantes de la Comunidad Autónoma vasca, sino también a los de la Comunidad Foral de Navarra. Incumplen todos sus compromisos, sus plazos y, sobre todo, al final es curioso observar cómo denuncian, por ejemplo ―les voy a poner un ejemplo concreto―, los sondeos y los sabotajes que se hacen de los sondeos y de los informes técnicos que se tienen que elaborar y, luego, cuando se lleva una condena a las instituciones, no lo condenan. ¿Y por qué no lo condena el Partido Socialista? Fundamentalmente, porque no quiere molestar a sus socios de la izquierda radical vasca, que son los que están fomentando estos sabotajes. Y, por lo tanto, se queda y permanece en silencio. Por otro lado, es evidente que lo que ha hecho el ministerio en relación con la estación de Tudela es de auténtica vergüenza: romper el consenso alcanzado hace ya veintitrés años de manera unilateral y sin ningún tipo de explicación. Pero, junto a esto, nosotros también tenemos y queremos dejar clara hoy otra consideración, y es que ustedes, señores del Partido Nacionalista Vasco, como también los señores de Bildu — que no dicen absolutamente nada; solo critican, pero nada más—, y en este caso concreto, siempre van a estar en contra de los proyectos de futuro no solo de la comunidad autónoma vasca ―les recordaba aquí los sabotajes y el asesinato de un empresario vasco que estaba participando en la construcción del tren de alta velocidad en la comunidad autónoma vasca―, sino también en la Comunidad Foral de Navarra. Todo son pegas, todo son boicots, todo son coordinadores del no, y luego los primeros en subirse al tren o abrir el grifo de Itoiz. Por lo tanto, esta es una realidad. Pero, por otro lado, señores del Partido Nacionalista Vasco, no tienen que olvidar que ustedes son los que han posibilitado con su voto ―lo mismo que los de Bildu― que en este momento el Gobierno esté ostentado por el Partido Socialista y SUMAR y que el presidente sea el señor Sánchez. Además, con sus votos están sustentando a este Gobierno, al que le acecha la corrupción; y tanto al Gobierno como al propio Partido Socialista. Podríamos decir lo mismo de la Comunidad Foral de Navarra. La mayor inversión, la mayor infraestructura de los últimos años, de 76 millones de euros de adjudicación, está paralizada. Una vez más se va a tener que licitar con las obras al 50 %, porque se han descubierto unos modificados ilegales. ¿Y qué hace el PNV? Sustentar al Gobierno y formar parte del mismo. ¿Y qué hace Bildu? Calladito, sumiso y obediente a las corruptelas del propio Partido Socialista y del Gobierno de Navarra, al que sustenta. Por tanto, señorías, esta es la cruda realidad que se vive en la comunidad autónoma vasca y en la Comunidad Foral de Navarra. Respecto a cualquier proyecto de cara al futuro de interés para la comunidad, la izquierda radical vasca siempre en contra; nunca a favor, siempre constituyendo y creando coordinadoras del no. Y luego, a la hora de la verdad, son los primeros en beneficiarse. Por tanto, en esa línea, ustedes, señores del Partido Nacionalista Vasco, apoyan y sustentan a este Gobierno para lo bueno — a la hora de tomar decisiones y acciones— y también para lo malo, para aguantar y consentir que se siga manteniendo con toda la corrupción que acecha al mismo, tanto al Gobierno como al Partido Socialista. Y Bildu también, calladito, sumiso y obediente. Muchas gracias.

Isidre Gavin i Valls JxCAT-JUNTS

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, aquesta proposició no de llei parla de criteris i d’orientacions en relació amb les infraestructures dels corredors d’alta velocitat europeus que són amb els quals ens identifiquem. Nosaltres vam presentar una moció sobre el Corredor Mediterrani que incorpora algunes de les reflexions que vostès posen en aquest text: la importància de les mercaderies. L’Estat espanyol és el darrer de tota Europa. La necessitat de fer conviure amb un model antic i totalment ineficient, que és passar mercaderies pels amples ibèrics, per la xarxa ibèrica per buscar la manera de fer compatible aquest potenciament de les mercaderies amb els diferents trams de via d’ample internacional i d’ample mixt d’ample ibèric, i també buscar la integració territorial i urbanística i d’intentar evitar les afectacions a la població. Per tant, com a criteris ens hi podem sentir perfectament identificats. Hi ha moltes esmenes en aquest text i, per tant, estarem amatents a veure com queda el text final, si és que hi ha algun tipus d’incorporació, alguna esmena o d’algun acord. El que sí que volem és aprofitar per dir que el que denunciem nosaltres és que el que no pot ser és que el Corredor Atlàntic es converteixi en una prioritat amb tota la legitimitat que vostès tenen per reivindicar. I òbviament, mentre el Corredor Mediterrani segueixi sent la germaneta pobra de les infraestructures estratègiques d’aquest Estat, el Corredor Mediterrani que porta 25 anys d’endarreriment, que només té un 36 % del seu tram en servei, que té trams crítics sense cap data clara de finalització i continuen acumulant endarreriments com el València‑Castelló, com el Múrcia‑Cartagena com l’Almeria‑Granada com el Castellbisbal,‑Vilaseca. I què és el corredor que porta més mercaderies de tot l’Estat i què porta més passatgers de tot l’Estat. Per tant, avisem que nosaltres el que no tolerarem és que el Govern espanyol i el senyor Puente va fer unes declaracions no fa gaire dient: «Aquest serà l’any del Corredor Atlàntic». Doncs escolti, d’acord, sí, és l’any del Corredor Atlàntic, d’acord, però acabin el Corredor Mediterrani d’una punyetera vegada, però sempre, parlem d’infraestructures i jo vull aprofitar per parlar del servei, perquè al final les infraestructures són perquè hi passin coses al damunt, òbviament. I del servei els vull parlar d’això. Els usuaris denuncien el deteriorament continuat de la qualitat i la fiabilitat de l’alta velocitat de Lleida i Barcelona. Miri, en el Corredor Lleida‑Tarragona‑Barcelona, els serveis d’alta velocitat de mobilitat quotidiana, els serveis Avant tenen un nivell de deteriorament acumulat durant molts anys, que també és un escàndol. Nosaltres hem parlat moltes vegades aquí de l’efecte negatiu que té sobre la gent el mal servei i el catastròfic servei de Rodalies que encara segueix sent catastròfic en la qualitat de la vida de la gent i inclús en la salut mental de la gent. Doncs això és el que està passant també en aquesta línia de l’alta velocitat en els serveis Avant. Miri, acaben de retirar per segona vegada els trens Talgo AVRIL una altra vegada per esquerdes dels bugies d’avui per demà, perdent 400 places diàries sense informació anticipada, bloquejant la compra de bitllets. Els bitllets d’un dilluns no s’han pogut començar a comprar fins el divendres a la tarda sense reassignació de seients als trens substitutius, trens amb vibracions exagerades abans i ara i ja veurem què passarà. I la meva pregunta és senyors del PSOE, vostès han utilitzat mai del PSC‑PSOE? Han utilitzat mai el tren diàriament per anar a treballar? I aprofito per contestar algun portaveu demagog. Jo ho he fet durant gairebé vuit anys de la meva vida professional i vostès no crec que tinguin ni idea de l’estrès, de l’angoixa que representa per als usuaris diaris no saber si tindran plaça en un tren fins al darrer moment. No tenen ni idea del mal que fa el transport públic tenir un servei tan deficient i s’ho fan vostès tot solets. I aquest és el resultat. El tren d’alta velocitat amb parada a Lleida perd 675 000 viatgers en nou mesos. Senyors socialistes, aquest és el resultat també per la pèrdua de freqüències d’alta velocitat que encara ara no s’han recuperat. La seva incompetència és el pitjor enemic per al foment del transport públic. Senyor diputat del Grup Socialista que ha intervingut en aquest punt i el millor amic de les emissions de CO2. La pèrdua de 400 places diàries davant fa que la gent se’n torni al cotxe privat, el Blablacar i el cotxe privat. Aquest és el resultat de les seves polítiques. Però quan la incompetència i el mal servei es perpetuen en el temps, durant anys i anys, l’única explicació és el centralisme. Només s’explica que els anys de denúncies, de manifestacions, de reunions, fins i tot d’incompliment d’una proposició no de llei que el nostre grup va presentar fa dos anys i que es va aprovar desatendre. Tot això només té l’explicació que els responsables són a 500 metres de distància de la realitat. I a vostès els deu patinar. I els senyors de Renfe el que els hi passa a la gent cada dia que desespera perquè es troba sense transport públic per anar a treballar. Felicitacions, senyors del Govern i dels grups que li donen suport. Després es queixaran de que ve la dreta. Gràcies. Señor presidente, señoras y señores diputados, esta proposición no de ley habla de criterios y de orientaciones en relación con las infraestructuras de los corredores de las ciudades europeas, con lo que nos identificamos. Nosotros presentamos una moción sobre el corredor mediterráneo que incluye algunas de las reflexiones que ustedes introducen en este texto. En cuanto a la importancia de las mercancías ―España está a la cola de Europa―, la necesidad de hacer convivir un modelo antiguo y totalmente ineficiente que es hacer que por la red de ibéricos pasen las mercancías para buscar la manera de hacer compatible esta potenciación de las mercaderías con la vía de amplio mixto y amplio ibérico, y la búsqueda de la cohesión territorial e intentar evitar los efectos sobre la población, estamos perfectamente identificados, como criterios, con todo eso. Hay muchas enmiendas en este texto y, por lo tanto, tendremos tiempo de ver cómo queda el texto final, si es que hay algún tipo de incorporación de alguna enmienda. Pero sí queremos aprovechar para decir que lo que denunciamos nosotros es que no puede ser que el corredor atlántico se convierta en una prioridad, con toda la legitimidad que tienen ustedes para reivindicarlo, mientras que el corredor del mediterráneo sigue siendo la hermanita pobre de las infraestructuras estratégicas de este Estado; el corredor del mediterráneo, que lleva veinticinco años de retraso, que solo lleva un 36 % de su tramo en servicio — con tramos críticos sin fecha límite clara de ejecución, como el de Valencia‑Castellón, el de Murcia‑Cartagena, el de Castellbisbal‑Vilaseca o el de Granada— y que es el que lleva más mercaderías y más pasajeros de todo el Estado. El señor Puente no hace mucho hizo unas declaraciones diciendo que sería el año del corredor atlántico. Pues, escuchen, de acuerdo, si es el año del corredor atlántico, vale, pero acaben el corredor del mediterráneo de una puñetera vez. Siempre hablamos de infraestructuras, y yo quiero aprovechar para hablar del servicio, porque las infraestructuras son para que pasen cosas por encima, obviamente. Y del servicio les quiero hablar de esto: los usuarios denuncian el deterioro continuo de la calidad y la fiabilidad de la alta velocidad. . Miren, en el corredor Lleida‑Tarragona‑Barcelona los servicios de alta velocidad de movilidad cotidiana, los Avant, tienen un nivel de deterioro acumulado durante muchos años que también es un escándalo. Nosotros hemos hablado aquí muchas veces del efecto negativo que tiene sobre la gente el mal servicio, del catastrófico servicio de rodalies, que aún sigue siendo catastrófico, y también en referencia a la calidad de vida de las personas, incluso para la salud mental de las personas. Y esto es lo que está sucediendo ahora en esta línea de alta velocidad con los servicios Avant. Miren, acaban de retirar por segunda vez los trenes Talgo AVRIL, de hoy para mañana, perdiendo 400 plazas diarias, sin información adelantada, bloqueando la compra de billetes ―los billetes de un lunes no se han podido empezar a comprar hasta el viernes por la tarde―, sin reasignación de asientos en los trenes sustitutivos y con trenes con vibraciones exageradas antes y ahora y ya veremos qué pasará. Y mi pregunta es: ¿Ustedes, señores del PSC‑PSOE, han utilizado alguna vez diariamente el tren para ir a trabajar? Aprovecho para contestar también a algún portavoz demagogo, y yo lo he hecho durante casi ocho años de mi vida profesional. Y creo que ustedes no tienen ni idea del estrés, de la angustia que supone para los usuarios diarios no saber si van a tener plaza en un tren hasta el último momento. No tienen ni idea del daño que hace al transporte público tener un servicio tan deficiente. Y se lo hacen ustedes solos todo, y este es el resultado. El tren de alta velocidad con parada en Lleida pierde 675 000 viajeros en nueve meses, señores socialistas. Este es el resultado. . Y también por la pérdida de frecuencias de alta velocidad que no se han recuperado aún. Su incompetencia es el peor enemigo del fomento del transporte público, señor diputado del Grupo Socialista que ha intervenido en este punto, y el mejor amigo de las emisiones de CO2. . La pérdida de 400 plazas diarias de Avant hace que la gente vuelva al coche privado; al BlaBlaCar y al coche privado. Ese es el resultado de sus políticas. . Pero, cuando la incompetencia del servicio se perpetúa durante años y años, la única solución aquí es el centralismo. En cuanto a los años de denuncias, de manifestaciones, de reuniones, incluso de incumplimiento de una proposición que presentó nuestro grupo hace unos años y que se aprobó, el desatender todo eso la única explicación que tiene es que los responsables están a quinientos metros de distancia de la realidad y a ustedes les debe patinar y a los señores de Renfe les debe dar exactamente igual lo que le pasa a la gente cada día, que se desespera porque se encuentra sin transporte público para ir a trabajar. Felicidades, señores del Gobierno y a los grupos que les dan apoyo. Después se van a quejar de que venga la derecha.

Inés Granollers Cunillera ERC

Gràcies, presidenta. Salutacions, diputades i diputats. Avui parlem d’una proposta del PNB sobre el transport ferroviari de mercaderies i crec que és interessant mirar què plantegen per al seu territori, perquè el punt de partida és compartit també amb Catalunya. Si volem una economia industrial competitiva i una logística eficient i alhora reduir la congestió de les carreteres, necessitem que una part molt més important de les mercaderies es moguin per ferrocarril. La realitat és que la quota del ferrocarril en el transport de mercaderies és aproximadament d’un 4 %, molt per sota de la mitjana europea, que està en un 12 %. I això no és només un problema ambiental, és un problema industrial, econòmic i també territorial. Però per solucionar el problema primer hem d’entendre d’on ve. Ve d’estacions obsoletes, massa petites en obres, infraestructures que no estan pensades per assumir el volum de trànsit que avui necessita la nostra economia i que no han crescut al mateix ritme que les necessitats de la indústria i la logística. I això té conseqüències molt concretes. Un cas real, els explicaré i, malauradament, repetitiu. Un conductor de mercaderies ferroviàries pot començar la seva jornada a les dotze de la nit i acabar a les nou del dematí i continuar exactament al mateix lloc on va començar perquè el tren no li ha pogut donar sortida. Això a algú li pot semblar exagerat, per això jo els recomano que parlin amb les persones que cada dia han de conviure i treballar en una infraestructura col·lapsada i dir obsoleta, perquè aquesta és la realitat que tenim. I quan una mercaderia no té alternativa ferroviària, doncs passa cap a la carretera. I per això també crec que hem de dir una cosa molt clara: el col·lapse de les carreteres tampoc és una casualitat. És en bona part la conseqüència d’anys en què no s’han fet inversions ferroviàries quan tocava. Quan no construeixes una alternativa, sigui per mercaderies o per passatgers, aquests no desapareixen, Van per carretera i avui això significa més camions, més autobusos, més congestió, més cotxes, més contaminació, més costos logístics i més pressió sobre unes carreteres que en molts punts ja estan prou saturades. I aquí és on la comparació amb Euskadi és especialment interessant. La proposta que avui ens planteja la variant ferroviària de Bilbao per treure els trens de mercaderies pesants dels nuclis urbans, alliberar capacitat de transport de passatgers i connectar millor amb el corredor atlàntic. Plantegen una xarxa pensada per les necessitats del territori, de la indústria i de la ciutadania, i nosaltres hem de fer exactament el mateix per Catalunya, perquè Catalunya és un dels grans territoris industrials i logístics del sud d’Europa. Tenim el port de Barcelona, el de Tarragona, una indústria exportadora potent com la indústria química o agroalimentària, zones logístiques i moltes empreses que necessiten moure mercaderies cada dia. O sigui, una activitat industrial i logística de primer nivell, però amb una xarxa ferroviària de mercaderies que no està a l’alçada d’aquesta realitat. I això ho hem de resoldre primer amb accessos ferroviaris als Ports. No té cap sentit que parlem de Catalunya com una gran porta logística d’Europa. Si les connexions ferroviàries amb els nostres ports no tenen la capacitat necessària, però tampoc n’hi ha prou en que el tren arribi al port. El tren ha d’arribar a les zones industrials i logístiques, com per exemple ens trobem a Lleida i aquí també tenim un altre problema: la saturació de Rodalies. A Catalunya hi ha línies on el tren de passatgers comparteixen infraestructures amb les mercaderies i això ens planteja una doble necessitat. Necessitem més capacitat per als trens de mercaderies, però també necessitem alliberar capacitat per Rodalies. Per això reclamem variants i itineraris específics de mercaderies per treure pressió dels nusos urbans i metropolitans. No podem fer passar cada vegada més mercaderies per unes vies que ja no donen més de sí. El transport de passatgers i això ens porta al Corredor Mediterrani. I per a nosaltres el Corredor Mediterrani no és només una línia dibuixada en un mapa europeu. Ha de permetre que una mercaderia pugui sortir de Barcelona o de Tarragona pels seus ports, travessar Catalunya i arribar a Europa d’una manera competitiva. Això vol dir avançar en totes les solucions tècniques que permetin que els trens de mercaderies circulin sense interrupcions innecessàries i sense traslladar les molèsties a les poblacions que al costat de les vies. Mesures contra el soroll, mesures contra les vibracions, coordinació entre l’Estat, la Generalitat, Adif i els ajuntaments. I sobretot, el que cal sempre és sempre i amb totes les lleis, escoltar els territoris afectats, que són qui ho coneixen. Però sobretot cal deixar treballar sempre a remolc dels problemes. Si tenim les carreteres col·lapsades, rodalies saturades i les empreses logístiques necessiten més capacitat i més fiabilitat que fem avui, encara debatent una PNL. I no està precisament treballant per acabar amb aquests corredors que tanta falta fan. Catalunya no pot continuar pagant, a més a més, el col·lapse de les carreteres i a les vies el preu d’unes inversions ferroviàries que no es van fer quan tocava. Això és el que reclamem per a Catalunya que el ferrocarril de mercaderies deixi de ser una assignatura pendent i es converteixi d’una vegada en una peça central en la política industrial i logística. I acabo, perquè si som capaços d’alleugerir aquestes mercaderies, també llegirem el transport de viatgers que tanta falta fa per unes rodalies dignes a Catalunya i sobretot a Lleida. Gràcies. Gracias, presidenta. Saludos, diputadas y diputados. Hoy hablamos de una propuesta del PNV sobre el transporte ferroviario de mercancías y creo que es interesante ver lo que plantea para su territorio, porque el punto de partida es algo que compartimos en Cataluña también. Si queremos una economía industrial competitiva, una logística eficiente y a la vez reducir la congestión de las carreteras, necesitamos que una parte mucho más importante de las mercancías se mueva en ferrocarril. Pero la realidad es que la cota del ferrocarril en el transporte de mercancías es aproximadamente del 4 %, muy por debajo de la media europea, que está en un 12 %, y eso no solo es un problema ambiental: es un problema industrial, económico y también territorial. Pero, para solucionar el problema, primero debemos entender de dónde viene, y viene de estaciones obsoletas, demasiado pequeñas, en obras, de infraestructuras que no han sido pensadas para asumir el volumen de tránsito que hoy necesita nuestra economía y que no han crecido al mismo ritmo que las necesidades de la industria y la logística. Y eso tiene unas consecuencias muy concretas; les voy a explicar un caso real, que, desgraciadamente, es repetitivo. Un conductor de mercancías ferroviarias puede empezar su jornada a las doce de la noche y acabar a las nueve de la mañana y seguir exactamente en el mismo lugar en el que empezó porque al tren no le han podido dar salida. Quizás esto a alguien le pueda parecer exagerado, así que les recomiendo que hablen con las personas que cada día tienen que convivir y trabajar con una infraestructura colapsada y obsoleta, porque esa es la realidad que tenemos. Y cuando una mercancía no tiene alternativa ferroviaria, pasa a la carretera. Y por eso creo que también tenemos que señalar algo muy claramente, y es que el colapso de las carreteras tampoco es una casualidad; en gran parte, es la consecuencia de años en los que no se han hecho inversiones ferroviarias cuando correspondía. Cuando no construyes una alternativa, ya sea para mercancías o para pasajeros, no desaparecen: van por la carretera. Y hoy eso significa más camiones, más autobuses, más congestión, más coches, más contaminación, más problemas logísticos y más problemas sobre unas carreteras que ya están demasiado saturadas en muchos puntos. Y aquí es donde la comparación con Euskadi resulta especialmente interesante. En la propuesta que hoy nos plantean para la variante sur ferroviaria de Bilbao para sacar los trenes de mercancías de los núcleos urbanos, liberar capacidad de transporte de pasajeros y conectar mejor con el corredor atlántico consideran una red pensada para las necesidades del territorio, de la industria y la ciudadanía, y nosotros tenemos que hacer lo mismo para Cataluña, porque Cataluña es uno de los grandes territorios industriales y logísticos del sur de Europa. Tenemos el puerto de Barcelona, el de Tarragona, una industria exportadora potente, como la química o la agroalimentaria, zonas logísticas y muchas empresas que necesitan mover mercancías cada día, es decir, una actividad industrial y logística de primer nivel para una red ferroviaria de mercancías que no está a la altura de esta realidad, y esto es algo que tenemos que resolver primero con accesos ferroviarios a los puertos, porque no tiene ningún sentido que hablemos de Cataluña como de una gran parte logística de Europa si las conexiones con los puertos de las vías ferroviarias no tienen la amplitud necesaria. Y no basta con que el tren llegue al puerto; el tren tiene que llegar a las zonas industriales y logísticas, como, por ejemplo, nos pasa en Lleida. Y aquí tenemos otro problema, que es la saturación de cercanías, de rodalies. Hay líneas en Cataluña donde los trenes de pasajeros comparten infraestructura con mercancías, y eso nos plantea una doble necesidad. Necesitamos más capacidad para los trenes de mercancías, pero también necesitamos liberar capacidad para rodalies. Por eso reclamamos variantes, itinerarios específicos de mercancías, para sacar presión de los nudos urbanos y metropolitanos. No podemos hacer que cada vez pasen más mercancías por unas vías que ya no dan más de sí en el transporte de pasajeros. Y esto nos lleva al corredor mediterráneo, que para nosotros no solo es una línea dibujada en un mapa europeo. Debe permitir que una mercancía pueda salir de Barcelona o Tarragona, de sus puertos, atravesar Cataluña y llegar a Europa de una forma competitiva. Eso implica avanzar en todas las soluciones técnicas que permitan que los trenes de mercancías circulen sin interrupciones innecesarias y sin trasladar las molestias a las poblaciones que hay al lado de las vías, como las referidas a medidas contra el ruido, vibraciones o la Generalitat y ADIF coordinados. Y lo que hace falta siempre siempre, en todas las leyes, es escuchar a los territorios afectados, que son los que lo conocen, pero, sobre todo, hay que dejar de trabajar siempre a remolque de los problemas. Si tenemos unas carreteras colapsadas, vías soterradas y necesitamos más capacidad y más fiabilidad, ¿qué hacemos hoy todavía debatiendo una PNL, y no estar precisamente trabajando para acabar esos corredores que tanta falta hacen? Además, Cataluña no puede seguir pagando el colapso de las carreteras y las vías con unas inversiones ferroviarias que no se hicieron cuando correspondía hacerlas. Eso es lo que pedimos para Cataluña, que el ferrocarril de mercancías deje de ser una asignatura pendiente y se convierta de una vez por todas en un elemento central de la política industrial y logística, porque, si somos capaces de aligerar esas mercancías, también aligeraremos el transporte de viajeros, cosa que tanta falta nos hace para tener unas cercanías, unas rodalies dignas en Cataluña. Muchas gracias. .

Lander Martínez Hierro SUMAR

Presidenta, señorías, arratsalde on. Este es un debate, entre otros muchos, sobre la cuestión ferroviaria en Euskadi que ya lleva tiempo. Pareciera que solo es un debate sobre trazado ferroviario, pero la realidad es que no lo es. Es un debate sobre cómo se toman las decisiones, sobre cómo se condiciona la vida de generaciones y generaciones, sobre territorios o sobre quién tiene voz real en estas decisiones, porque, para empezar, el proyecto del que se habla en esta PNL ―hablo de la variante sur ferroviaria, no del tren de alta velocidad― parte como parte, y parte también de una negociación presupuestaria y también con poca escucha y con una negociación política ajena al territorio al que afecta. Y el resultado es precisamente este, que se sacrifican lugares de gran valor ―ecológico en este caso― para trasladar un problema o para repartirlo, y no para resolverlo, porque el tráfico pesado seguirá pasando por los mismos lugares de siempre y, además, ahora pasa por más sitios, y a quienes viven en barrios como Gorostiza o Castrejana nadie les preguntó si estaban dispuestos a asumir ese coste. Esto no responde a una limitación técnica, y no hablamos solo de esta infraestructura, sino de muchas otras que cubren Euskadi. Habla de una cuestión de prioridades, es decir, primero el hormigón y luego la gente. Se decide y se ejecuta, y después, si hay alegaciones, si hay movilización, se empieza a hablar de medidas de mitigación, que no es lo que piden las personas en estos lugares. Ese orden condiciona el resultado, porque, cuando la ciudadanía es finalmente escuchada, el margen de decisión ya es mínimo y la afectación sigue siendo mayor. Durante años la sociedad organizada de muchos municipios, especialmente Barakaldo, ha hecho su parte con seriedad: ha estudiado alternativas, ha presentado informes técnicos, ha recogido miles de firmas, ha agotado vías de alegación, y, pese a ello, la respuesta ha sido mínima. Pero, cuando la ciudadanía cumple con cada uno de los cauces institucionales y no se le ofrece la respuesta que necesita, al final lo que quedan son las vías judiciales, y esto debería preocupar a esta Cámara tanto como respecto a los proyectos. Además, conviene señalar las incoherencias que presenta esta proposición no de ley: la postura que plantea el Partido Nacionalista Vasco ―muy diferente en algunos casos la postura que plantea en algunos ayuntamientos en los que gobierna con la que plantea en esta propia Cámara―, así como el hecho de eximirse de toda responsabilidad sobre los trazados y lo que sucede con este proyecto, cuando ―ya se ha dicho en intervenciones anteriores― muchas de las personas que están en órganos ejecutivos del Partido Nacionalista Vasco han sido copartícipes de las decisiones que acompañan al proyecto de la variante sur ferroviaria. Y, además, se presenta un texto que no recoge compromisos parecidos a algunos de los que ha planteado el Partido Nacionalista Vasco en sus municipios y ni siquiera menciona cosas como soterramientos que los propios municipios defienden. Esta distancia entre el discurso local y el discurso estatal o el discurso del Congreso no es un detalle menor y, desde luego, merece una explicación. Las explicaciones tienen mucho que ver también con la proximidad de las elecciones locales, por supuesto, en todo el Estado. No se cuestiona la necesidad de mejorar la conexión ferroviaria de mercancías; lo que se necesita es reducir su paso por los lugares en donde hoy vive la gente. Lo que pedimos también es que estos objetivos se alcancen de otra manera, consolidando alternativas que el propio territorio lleva años trabajando y planteando, en lugar de imponer un trazado que reparte el impacto en vez de reducirlo, y, desde luego, este debate va a seguir abierto mientras que estas decisiones se tomen sin atender a las necesidades, a las demandas, a los estudios, a las delegaciones y a todo el trabajo que están haciendo muchísimas personas en los municipios afectados por este trazado. Esquerrik asko. .

Noemí Santana Perera SUMAR

Muchas gracias, señora presidenta. Las familias de hoy no son como las de hace unas décadas. Y eso no es ningún problema, es una realidad que nuestra sociedad ha construido y que nuestras leyes también deberían reconocer. Hay familias que tienen hijos e hijas, hay familias que no los tienen, familias monomarentales, familias numerosas, familias ensambladas, familias reconstruidas, familias que cuidan a personas dependientes. Hay muchas formas de construir una familia hoy en día, y detrás de todas ellas hay algo que nos une: el cuidado, el cariño y la responsabilidad de estar cuando nuestra familia nos necesita. Por eso creemos que hablar de una Ley de Familias no puede quedarse únicamente en reconocer esta diversidad y estas distintas realidades que existen. Lo que debemos hacer es una ley que proteja a todas estas familias y que también las acompañe. Y hoy queremos poner el foco especialmente en las familias diversas y en las cuidadoras principales, porque cuidar, señorías, también sostiene nuestras vidas y, por supuesto, nuestra sociedad. Y detrás de cada cuidado hay una historia: hay alguien que acompaña a una persona mayor, alguien que ayuda a una persona dependiente en su día a día, alguien que organiza una medicación, que lleva a los niños al cole, a las actividades extraescolares, a una cita médica, a una comida; hay alguien que adapta su vida y su trabajo y además da su tiempo para estar donde se le necesita. Son tareas que muchas veces nosotras hacemos con naturalidad, con amor y toda la responsabilidad, pero, porque lo hagas con amor, eso no significa que no sean también parte del trabajo. Cuidar requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Y durante mucho tiempo este trabajo de cuidados ha sido absolutamente invisibilizado. Por eso una de las cuestiones que nosotras queríamos plantear en nuestras enmiendas es precisamente ese reconocimiento a las cuidadoras principales, que finalmente quedó fuera de las leyes de dependencia y discapacidad. Queremos ese reconocimiento no solo porque sea una palabra bonita, sino porque queremos que tenga una traducción económica y permita a quienes dedican una parte fundamental de sus vidas a cuidar hacerlo con dignidad. Por eso proponemos una prestación económica vinculada, cómo no, al salario mínimo interprofesional, y planteamos también que estas prestaciones para los cuidados en el entorno familiar sean del cien por cien del SMI cuando la persona dependiente tenga el grado 3, del 70 % con el grado 2 y del 40 % para el grado 1, actualizándose también, cómo no, el SMI, porque una persona no debería tener que elegir entre cuidar a alguien que quiere o poder mantener sus condiciones de vida o desarrollar una vida en condiciones dignas. Y es que muchas veces hablamos de conciliar como si esto fuera una simple cuestión de organizar el tiempo, pero nada más lejos de la realidad. Conciliar es mucho más: es poder acompañar a nuestros hijos e hijas, es poder cuidar a nuestros mayores, es poder estar al lado de las personas dependientes, es poder trabajar sin sentir que estamos abandonando a nuestra propia familia, y también es poder cuidar sin tener que renunciar a nuestra propia vida. Por eso, cuando hablamos de familia tenemos que hablar también de esas madres monomarentales. Desde Podemos no hemos parado de hablar de ellas en toda esta legislatura, y queremos seguir reconociendo su realidad dentro de la diversidad familiar. Son familias en las que una persona asume prácticamente sola todas las responsabilidades, y necesita que las instituciones puedan acompañarla, puedan protegerla y puedan apoyarla, porque una política de familia no puede decir simplemente que cada familia se organice como pueda; tiene que decir que, cuando usted necesite apoyo, ahí van a estar sus instituciones. Ese es el cambio que nosotras queremos impulsar. Queremos unas políticas públicas que miren por las familias tal y como son, y no como nos gustaría que fueran; familias diversas, familias que cuidan, familias que también ellas necesitan ser cuidadas. Y también queremos cambiar la manera en la que entendemos los cuidados, porque estos no se dan exclusivamente en el ámbito privado. Cuando una persona cuida durante años, cuando adapta a ello su jornada laboral, cuando deja de trabajar o dedica prácticamente todo el tiempo de su vida al cuidado de otra persona, eso al final tiene unas consecuencias económicas y también sociales. Los cuidados, como les decía, tienen que ser una responsabilidad compartida, señorías. Una sociedad también se define por cómo cuida, por cómo trata a las personas que lo necesitan, por cómo ayuda y, sobre todo, por cómo trata a aquellas personas que dedican su tiempo a ayudar a los demás. Y por eso es esta proposición no de ley, por eso estas enmiendas que hemos presentado, que sí acarrean dinero y, por supuesto, hablan de una remuneración económica, pero también hablan de algo mucho más importante, que es el reconocimiento, la dignidad y los derechos, porque cuidar, señorías, nos hace humanos, y reconocer y proteger a quienes cuidan nos hace mejores como sociedad. Por eso, con nuestra proposición no de ley vamos a defender a las familias diversas, a las familias para que estén protegidas y los cuidados con derechos. Porque las familias no necesitan que las digamos cómo tienen que ser; lo que necesitan es poder ser como quieran ser y que sepan que sus instituciones van a estar ahí, siempre de su lado. Muchas gracias. .

Júlia Boada Danés SUMAR

Gracias, presidenta. Podemos nos trae hoy una PNL que insta al Gobierno a aprobar de forma inmediata el proyecto de Ley de Familias que permita el reconocimiento de la diversidad familiar, la protección social de todas las familias y la garantía del derecho a la conciliación. Bien, no podríamos estar más de acuerdo con la importancia de esta ley, y por eso, de hecho, el 27 de febrero de 2024, hace más de dos años, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Familias. Desde entonces esta norma se encuentra en este Parlamento para ser debatida, acordada, votada y aprobada por los grupos de esta Cámara, así que el Gobierno, concretamente el Ministerio de Derechos Sociales, ya ha hecho su trabajo, y por eso hemos enmendado el redactado, para enfatizar que la responsabilidad de su aprobación se encuentra en nuestras manos, radica en la capacidad de negociación y acuerdo de las diputadas y diputados. La Ley de Familias resume la razón por la que SUMAR está en el Gobierno de coalición progresista: conquistar derechos y hacer visibles las realidades que otros niegan y condenan a la precariedad. Esta ley crea por primera vez un marco legal común que reconoce la diversidad familiar que ya existe en el Estado y garantiza a todas las familias la misma protección social. Uno de sus pilares se sustenta en la creación del título estatal de familia monoparental, un reconocimiento oficial válido en todo el Estado para acceder en igualdad de derechos a prestaciones y ayudas específicas. Y no es un detalle administrativo, señorías, sino que tiene un objetivo claro porque el 50 % de los hogares monoparentales está en riesgo de pobreza o exclusión social, la mitad, y además tiene el rostro de mujer: de todos los hogares monoparentales, ocho de cada diez están encabezados por una mujer. El otro pilar de esta ley es la prestación universal de crianza, la PUC, para las familias con menores de 3 años con el fin de garantizar el bienestar de niños y niñas en sus primeros años de vida. Es universal porque no es asistencialismo, sino un derecho que llega automáticamente a quien más lo necesita, sin trabas ni burocracia. Hoy el 34,6 % de los niños, las niñas y adolescentes vive en riesgo de pobreza o exclusión social, más de 2,7 millones de menores. La PUC es el instrumento más eficaz para combatirlo y es urgente aprobarla. Seguramente la gente que sigue este debate se preguntará quién puede estar en contra de proteger a las familias monoparentales o de desarrollar una prestación que contribuya a erradicar la pobreza infantil. Pues VOX, porque no solo está en contra de cualquier medida que implique mejorar la vida de la gente, sino especialmente de aquellas familias que no encajan con su canon conservador de familia. Para VOX solo existe un modelo de familia, pero la realidad es otra, les guste o no. También el PP, al que le encanta señalar todos los retos que tenemos como sociedad y culpar de ellos al Gobierno, como se esperaría de cualquier oposición, pero sin ninguna propuesta constructiva, nada. Nunca está dispuesto a remangarse para pactar unas políticas que mejoren las condiciones materiales de vida de la gente. Y finalmente está Junts… Les senyories de Junts, segurament esgrimint un problema d’invasió de competències, tot i que s’ha redactat una llei escrupolosament curosa pel que fa a les competències de cada administració, com no podria ser de cap altra manera. Però és que forma part d’aquell paquet d’iniciatives bloquejades per Junts per forçar el Govern de l’Estat a no se sap ben bé què. Senyories de Junts, què els hi diran les quasi 400 000 famílies catalanes monomarentals què els diran a les més de 290 000 mares que es fan càrrec soles de la seva família i a les famílies monoparentals amb criatures a càrrec, on el 43 % viu sota el llindar de pobresa? Dades del 2024. Tenen alguna proposta per a aquests catalans i catalanes? O és que simplement no són una prioritat per vostès? … que seguramente hablará de un problema de invasión de competencias. Hay que ser muy escrupuloso en cuanto a las competencias de cada Administración, como no podía ser de otra manera, pero es que forma parte de las iniciativas de Junts para bloquear al Estado, que no se sabe muy bien qué hacen. Señorías de Junts, ¿qué les dirán a las más de 400 000 familias monoparentales, a las más de 290 000 madres que se ocupan solas de su familia y a las familias monoparentales con criaturas a su cargo, en las que un porcentaje altísimo vive bajo el umbral de la pobreza? ¿Tienen alguna propuesta para esos catalanes y esas catalanas, o es que simplemente no son una prioridad para ustedes? Así que, conociendo la dificultad para encontrar la voluntad de debatir esta norma, el Gobierno ha avanzado materializando muchas de las medidas que contiene la Ley de Familias: ampliamos el permiso de nacimiento y cuidado de dieciséis a diecinueve semanas, hasta treinta y dos semanas de permiso en familias monomarentales; creamos el permiso parental de ocho semanas, como nos obliga la Unión Europea, consiguiendo que dos de las ocho semanas sean retribuidas por el cuidado de hijos, hijas o menores acogidos hasta los 8 años; aprobamos un nuevo permiso retribuido de cinco días para cuidados por accidente o enfermedad grave; conseguimos la equiparación de las parejas de hecho; ampliamos el permiso por fallecimiento; reformamos el permiso de lactancia y ampliamos este derecho; o, la semana pasada, sin ir más lejos, aprobamos definitivamente las leyes de discapacidad y dependencia que reconocen expresamente el derecho a una atención temprana de calidad, eficaz y gratuita para los niños y niñas de 0 a 6 años. Debemos seguir avanzando y conseguir la aprobación de la Ley de Familias. El Grupo Plurinacional SUMAR está decididamente dispuesto a intentarlo, igual que vamos a intentar pactar con Podemos una reformulación de sus autoenmiendas. Las cuidadoras principales de personas en situación de dependencia deben ser reconocidas y apoyadas. Desarrollan un trabajo esencial para garantizar una vida digna a las personas que quieren y cuidan. Pero debe existir una alternativa, unos servicios públicos robustos y unas prestaciones dignas que no incentiven a las mujeres ―la mayoría de las que cuidan son mujeres― a quedarse en el hogar. Cuidar de un ser querido dependiente no es un trabajo, sino que es una función social que debe ser reconocida y apoyada, pero debe ser la última de las opciones para que estas mujeres no dediquen todo su tiempo y su vida a cuidar en el hogar. Aquí estamos para aprobar esta ley imprescindible, para sumar, debatir y conseguirlo. Muchas gracias. .

Nerea Renteria Lasanta EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. Muy brevemente. Arratsalde on, jaun-andreok. No vamos a participar en la votación de esta proposición no de ley. De hecho, no entendemos cómo es posible que incluso se haya calificado y se pueda debatir y votar una iniciativa cuyo planteamiento, a nuestro entender, tiene un grave defecto que la hace inaceptable e incomprensible. El grupo proponente, la señora Belarra, propone que se inste al Gobierno a aprobar de forma inmediata el Proyecto de Ley de Familias, sin entrar al fondo del proyecto, que está en fase de interminable tramitación. No podemos votar en sede parlamentaria que se inste al Gobierno a que apruebe de forma inmediata un proyecto de ley que, por cierto, ya se ha presentado por segunda vez. La primera vez lo hicieron ustedes, señora Belarra, cuando estaban en el Gobierno, a finales de 2023. Por cierto, tardaron más de tres años en presentar esta ley ―casi al final de la legislatura― tan necesaria e importante, sabiendo que no había tiempo material para su aprobación, y otros dos años han tardado desde que la registraron en traer a su debate esta proposición en la que piden inmediatez. De verdad que no entendemos ni sus formas ni sus urgencias. Ustedes hacen lo contrario a lo que piden. Para que nadie interprete la postura del PNV, quiero aclarar que desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley dejamos claro que era un proyecto manifiestamente invasivo en lo competencial, por lo que ya entonces anunciamos una enmienda a la totalidad. Sin embargo, sabiendo de la importancia de la cuestión, logramos acordar con el Gobierno las líneas rojas competenciales, lo que salvaba la enmienda a la totalidad, y empezamos a trabajar sobre enmiendas parciales, y en ello estamos y seguimos. Si la tramitación de este proyecto de ley no sigue adelante es porque entendemos que no tiene un apoyo suficiente de los grupos de esta Cámara y que, por ello, se alargan sine die los plazos y se prorroga semana tras semana su tramitación. Nosotras, como ya he dicho, estamos dispuestas a hablar y a negociar en sede parlamentaria, pero esta iniciativa que hoy debatimos está mal planteada. El Gobierno no aprueba los proyectos de ley, sino que lo hace este Parlamento, y para que se apruebe es necesario el acuerdo de los grupos, del suyo y del mío también. ¿Y qué está haciendo usted, señora Belarra, para que esta ley salga adelante? Por lo menos con nosotros, con mi grupo, no ha hablado. Presidenta, por todo lo anterior, no vamos a participar en esta votación por considerarla absurda. Eskerrik asko.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Mahaiburu andrea, jaun‑andreak, has gaitezen batzen gaituenetik. Zalantzarik gabe, bat gatoz familien babesean, haien aniztasuna aitortzean eta kontziliazioa hobetzean aurrera egiteko beharrekin. Hain zuzen ere, helburu horien garrantziagatik, uste dugu legez besteko proposamen honi errealismotik eta erantzukizunetik heldu behar diogula. Gobernuak familien lege proiektua aurkeztu zuen, eta Bustinduy ministroak proiektua aurrera ateratzeko borondatea adierazi du. Neurriak eta hobekuntzak lehenbailehen gauzatzeko konpromiso argia daukagun Ganbera honetako talde askok bezala. Guk, beste talde batzuek egin duten moduan, parte hartu dugu emendakinen negoziazio parlamentarioan. Gure eskaerak ministerioari helarazi dizkiogu, eta gehienak jasoak izan dira prozesu horretan. Horrela, hasierako proposamena hobetzea lortu dugu eta baita babesa zein kontziliazioa zabaltzen lagun dezaketen neurri berriak sartzea ere. Señora presidenta, señorías, empecemos por lo que nos une. Sin duda, compartimos la necesidad de avanzar en la protección de las familias, en el reconocimiento de su diversidad y también en la mejora de la conciliación, y precisamente por la importancia de estos objetivos creemos que deberíamos abordar esta proposición no de ley desde el realismo y la responsabilidad. El Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Familias y el ministro Bustinduy ha expresado su voluntad de sacarlo adelante, al igual que muchos grupos de esta Cámara que tenemos un compromiso claro de llevar a cabo medidas y mejoras cuanto antes sea posible. Nosotras, como han hecho el resto de los grupos, hemos participado en la negociación parlamentaria de las enmiendas. Hemos trasladado nuestras peticiones al ministerio y en su mayoría han sido recogidas en ese proceso. Así, hemos conseguido mejorar una propuesta inicial y también hemos conseguido introducir nuevas medidas que puedan ayudar a ampliar la protección y la conciliación. Por eso creemos que sí, que hay que instar al Gobierno a hacer todos los esfuerzos negociadores para continuar con la tramitación y aprobar esta necesaria ley, pero tampoco podemos obviar que hoy el problema reside también en la falta de apoyos suficientes para aprobarla. Mientras la Ley de Familias continúa pendiente, se ha avanzado en algunas políticas relacionadas con sus objetivos, especialmente en materia de conciliación, permisos y apoyo a las familias, y eso es positivo, pero efectivamente, ni sustituyen a la Ley de Familias ni su alcance resuelve todas las cuestiones que siguen pendientes. Como he dicho, no existe una mayoría suficiente para sacar adelante este proyecto, esa es la realidad parlamentaria hoy, porque hay grupos que mantienen discrepancias con el proyecto que aún no se han solucionado, al igual que ustedes, señorías de Podemos, que mantienen bloqueadas tramitaciones de otras leyes porque tienen discrepancias con ellas. Y precisamente por eso, si queremos aprovechar el tiempo que queda de legislatura, necesitamos más negociación y más acuerdos para avanzar cuanto antes. Se deberá hacer un esfuerzo adicional para articular la mayoría parlamentaria que haga posible la aprobación; un esfuerzo para resolver las discrepancias existentes, para así lograr que el texto que finalmente se apruebe sea eficaz, aplicable y respetuoso con las competencias de las distintas Administraciones. Y con esto llegamos a una cuestión fundamental para nuestro grupo: el autogobierno. Navarra y la Comunidad Autónoma vasca no parten de cero en materia de políticas de familia. Nafarroan familiak babesteko eta laguntzeko esparru propio bat dago. Familia ugariak eta guraso bakarrekoak berariaz arautzen dituena eta kontziliaziorako eta familiei laguntzeko politikak dituena. Izan ere, Nafarroak familiei, haurrei eta nerabeei laguntzeko 2026‑2030 aldirako estrategia integrala onartu berri du. Eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere familia politika propioa dago, hezkuntzarako laguntzekin, kontziliazio neurriekin eta guraso bakarreko familientzako araubide espezifikoekin. Neurri horiek ez dira nahikoak, hala da, baina gure tresna eta gaitasunetatik aldatu, hobetu eta zabaldu ahal izatea da defendatzen duguna, eta hori errespetatu egin behar zaigu. Alegia, gure eskumenak defendatzen ditugunean ez gara ezereza defendatzen ari; dagoeneko egon dauden politikak defendatzen ari gara, dagoeneko aplikatzen ari direnak eta gure erakundeetatik hobetzen jarraitu nahi ditugunak Negoziazioan zehar, ministerioak jakinarazi digu Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko eskumenak bermatuta daudela. Guretzat hori funtsezkoa da. En Navarra existe un marco propio de protección y apoyo a las familias que regula específicamente las familias numerosas y monoparentales, y que incluye políticas de conciliación y apoyo a las familias. Navarra, de hecho, acaba de aprobar la Estrategia Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia para el periodo 2026‑2030. Y en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa también hay una política familiar propia con ayudas para la crianza, medidas de conciliación y un régimen específico para las familias monoparentales. Estas medidas no son suficientes ―estamos de acuerdo―, pero lo que defendemos es poder cambiar, mejorar y ampliar nuestras herramientas y capacidades, y eso hay que respetarlo. Es decir, cuando defendemos nuestras competencias, no estamos defendiendo una insignificancia; estamos defendiendo políticas que ya están en marcha, que ya se están aplicando y que desde nuestras instituciones queremos seguir mejorando. Durante la negociación, el ministerio nos ha informado de que las competencias de Navarra y de la Comunidad Autónoma vasca estaban garantizadas. Para nosotras esto es fundamental. Porque no queremos que una ley estatal sustituya lo que ya hacemos en nuestros territorios; queremos que, allí donde corresponda, el Estado establezca derechos y garantías comunes, y que nuestras instituciones puedan seguir desarrollando sus políticas propias de familia dentro de sus competencias. Nosotras nunca vamos a elegir entre proteger a las familias o defender nuestro autogobierno, porque evidentemente defendemos ambos. Y precisamente por eso hemos negociado y hemos logrado aunar ambas cuestiones. En definitiva, nuestra posición es clara: queremos que la ley de familias avance, queremos que incorpore las mejoras que hemos defendido, queremos que se protejan los derechos de las familias y que se avance en conciliación. Pero queremos hacerlo mediante la negociación parlamentaria, respetando las competencias de Navarra y de la Comunidad Autónoma vasca, y buscando los acuerdos necesarios para que aquello que aprobemos pueda convertirse realmente en derechos efectivos. Kontua ez delako gizarte‑eskubideen eta autogobernuaren artean aukeratzea bi gauzak bateragarri egitea da kontua, hala direlako. Horregatik eskatzen dugu guztiok, gobernutik hasi eta talde parlamentarioetara, gai izan gaitezen hori guztia lortzeko eta errespetatzeko behar den negoziazio ahalegina egiteko. Beraz, ados gaude familien legea lehenbailehen onartu ahal izatearekin, baina horretarako, talde guztien ahalegin gehigarria beharko da, baita Gobernuarena ere, nola ez. Eta, hain zuzen ere, hori da gure aldetik egiten jarraituko dugun lana. Besterik ez. Milesker! Porque no se trata de elegir entre derechos sociales y autogobierno; se trata de compatibilizar ambas cosas, porque son compatibles. Por eso pedimos que todos y todas, desde el Gobierno hasta los grupos parlamentarios, seamos capaces de conseguir y respetar todos los objetivos y que hagamos el esfuerzo negociador necesario. Por tanto, estamos de acuerdo en que la ley de familias se pueda aprobar cuanto antes, pero para ello es necesario un esfuerzo adicional de todos los grupos, incluido el del Gobierno, cómo no. Y, precisamente, ese es el trabajo que seguiremos haciendo por nuestra parte. Nada más. Muchas gracias.

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Bé. Gràcies, presidenta. No deixa de ser curiós que Unidas Podemos insti al Govern espanyol a aprovar de manera immediata la Llei de Famílies. Com poden instar a l’aprovació immediata d’una iniciativa al Govern? A més a més, a un govern que no té majories i, a més a més, tenint en compte, com li acaben de recordar que és el Congrés qui vota no al Govern. O és que vostès no han fet els números? No han calculat les majories d’un i altre costat si els han fet? Queda clar que el que pretenen amb aquesta iniciativa és tenir un titular, recurs electoralista i per això SUMAR, responsable del Ministeri de Drets Socials, s’hi suma, valgui la redundància. Resulta que ha presentat una esmena per instar‑se a si mateixos el Govern del qual en formen part, a impulsar el diàleg per desbloquejar la llei de famílies. Mirin, uns i altres quan els interessa, desbloquegen perquè ho hem vist amb la Llei de Discapacitat i Dependència i, a més a més, cal recordar, diputada Boada que Junts no controla el calendari de tramitació de les lleis que arriben aquí al Congrés. No ho controlem nosaltres de cap de les maneres. Però vaja, a més, fins on sabem, la intenció és tramitar aquesta llei de manera fragmentada. I ho estem veient per iniciatives que hi ha en paral·lel. Certament, la llei de famílies està tancada en un calaix. El projecte, com també s’ha recordat, es va registrar el 29 de febrer del 2024. Han passat 900 dies. En aquest temps s’ha prorrogat 93 vegades el termini de presentació d’esmenes. Però insistim, frega el ridícul que això ho denunciï la formació del congrés que lidera Ione Belarra. I ho dic perquè frega el ridícul. Que ho denunciï la formació de Ione Belarra perquè Belarra va ser la ministra de Drets Socials la legislatura anterior i no pot donar lliçons d’urgència a la llei de famílies. Va ser la ministra que la va d’impulsar. Potser no és la paraula que la va registrar, però repassem el calendari d’urgència i «urgència», evidentment, ho diem des de la ironia, perquè va entrar l’avantprojecte el gener del 2020, però no el van presentar davant del Consell de Ministres fins al desembre del 2022. És a dir, van trigar gairebé tres anys a tancar el projecte i presentar‑lo al seu govern. No corria pressa la llei de famílies. Aleshores segur que sí, però és avui quan, per electoralisme, insistim, necessiten agafar la bandera d’una llei que no van tenir tanta pressa a tramitar la legislatura anterior. Vostès mateixos van salvar una part de la llei a cop de Reial Decret Llei i a última hora, recordem‑ho, un exemple: el permís parental de 8 setmanes i segur que el mateix poden fer els governadors actuals. Mirin, els de Junts som al costat de les famílies. Prova d’això és que, les famílies CUME, que han estat una de les prioritats de Junts durant la tramitació de la reforma de la Llei de Discapacitat i Dependència al Senat, hem treballat perquè la prestació per cura de menors amb càncer o malaltia greu s’adapti a la realitat dels pares i les mares que continuen necessitant cuidar dels seus fills quan arriben a la majoria d’edat i més enllà. Però el Govern espanyol ha estat qui s’ha posat d’esquena a les famílies. Per tant, les nostres mesures ens han vetat garantir una protecció CUME més enllà dels 26 anys, quan persisteixi la necessitat de cura. Ens han vetat crear una comissió CUME específica per malalties cròniques degeneratives irreversibles. Ens han vetat protegir el dret a la prestació davant la pèrdua de feina o el cessament d’activitat de l’altre progenitor. I si hi ha hagut algunes coses que hem aconseguit. Per exemple, que l’escolarització per sí sola no comporti la pèrdua de la prestació. Però també ens han vetat altres esmenes que busquen protegir justament les famílies, per exemple, les famílies de les persones amb dependència extrema amb una ELA, un Alzheimer o un Parkinson que arriben a la recta final arruïnades. A elles, aquest govern tan sensible els aplica el copagament. A elles, aquest govern tant sensible els aplica un 21 % d’IVA a persones que estan en situació de discapacitat, que necessiten comprar productes per millorar la seva qualitat de vida, la seva autonomia. I saben per què? Perquè al darrere d’aquest govern hi ha un ministeri, que és el Ministeri d’Hisenda, que és al final qui acaba manant en aquestes decisions tan sensibles. Per tant, aquest govern, el més progressista de la història, doncs al final, a l’hora de la veritat, fa cas del que diu Hisenda. I al darrere d’Hisenda, evidentment, hi ha el president del Govern, Pedro Sánchez. Ha fet xifres rècord d’ingressos a les arques públiques mitjançant la inflació i els nous gravàmens sectorials. Però davant dels més vulnerables, segueixen estant en números vermells, en empatia. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. No deja de ser curioso que Podemos inste al Gobierno español a aprobar de forma inmediata la ley de familias. ¿Cómo pueden instar a la aprobación inmediata de una iniciativa al Gobierno, a un Gobierno que, además, no tiene mayoría y teniendo en cuenta, como le acaban de recordar, que es el Congreso quien vota, no el Gobierno? ¿O es que ustedes no han hecho los números, no han calculado las mayorías de una y otra banda? Si los han hecho, queda claro que lo que pretenden con esta iniciativa es tener un titular como recurso electoralista. Y por eso SUMAR, responsable del Ministerio de Derechos Sociales ―si suma, valga la redundancia―, resulta que ha presentado una enmienda para instarse a sí mismos, al Gobierno del que forman parte, a impulsar el diálogo para desbloquear la ley de familias. Miren, unos y otros, cuando les interesa, desbloquean, porque lo hemos visto con las leyes de discapacidad y dependencia. Y, además, hay que recordar, diputada Boada, que Junts no controla el calendario de tramitación de las leyes que llegan aquí, al Congreso. No, no, no lo controlamos nosotros en absoluto. Pero, vaya, hasta donde sabemos, al menos, la intención es tramitar esta ley de forma fragmentada, y lo sabemos por otras iniciativas que hay. Sin duda, la ley de familias está guardada en un cajón. El proyecto, como también se ha recordado, se registró el 29 de febrero de 2024. Han pasado 900 días y en este tiempo se ha prorrogado 93 veces el plazo de presentación de enmiendas. Pero insistimos: raya el ridículo que esto lo denuncie la formación del Congreso que lidera Ione Belarra. Y digo que raya el ridículo que lo denuncie la formación de Ione Belarra, porque Belarra fue precisamente la ministra de Derechos Sociales la legislatura anterior. Y, hombre, no puede dar lecciones de urgencia en la ley de familias. Fue la ministra que la impulsó. Quizás «impulsó» no es la palabra; es la que la registró. Pero vamos a repasar el calendario de urgencia. Urgencia, evidentemente, lo decimos desde la ironía, porque entró el anteproyecto en enero de 2020, pero no lo presentaron ante el Consejo de Ministros hasta diciembre de 2022. Es decir, le llevó casi tres años cerrar el proyecto y presentarlo a su Gobierno. ¿No corría prisa entonces la ley de familias? Seguro que sí. Pero es hoy, por electoralismo, insistimos, cuando necesitan alzar la bandera de una ley que no tuvieron tanta prisa en tramitar. En la legislatura anterior, ustedes mismos salvaron una parte de la ley a golpe de real decreto ley a última hora; recordémoslo: el permiso parental de ocho semanas. Y seguro que lo mismo pueden hacer los Gobiernos actuales. Miren, Junts estamos al lado de las familias. Prueba de ello es que las familias CUME han sido una de las prioridades de Junts durante la tramitación de la reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia en el Senado. Hemos trabajado para que la prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave se adapte a la realidad de los padres y madres que siguen necesitando cuidar a sus hijos cuando llegan a la mayoría de edad y más allá de ella. Pero el Gobierno español ha sido quien se ha puesto de espaldas a las familias vetando nuestras medidas. Nos han vetado garantizar una protección CUME más allá de los 26 años cuando siga la necesidad de cuidados. Nos han vetado crear una CUME específica para enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles. Nos han vetado proteger el derecho a la prestación ante la pérdida del trabajo o al cese de actividad del otro progenitor. Y sí, ha habido algunas cosas que hemos conseguido. Por ejemplo, que la escolarización por sí sola no comporte la pérdida de la prestación. Pero también nos han vetado otras enmiendas que buscan proteger precisamente a las familias. Por ejemplo, a las familias de las personas con dependencia extrema, con ELA, con Alzheimer o con Parkinson, que llegan a la recta final arruinadas. A ellas, este Gobierno tan sensible les aplica el copago. A ellas, este Gobierno tan sensible les aplica un 21 % de IVA cuando son personas que están en situación de discapacidad y que tienen que comprar productos para mejorar su calidad de vida y su autonomía. ¿Y saben por qué? Porque detrás de este Gobierno hay un ministerio, el Ministerio de Hacienda, que es al final quien acaba mandando en estas decisiones tan sensibles. Por lo tanto, este Gobierno, el más progresista de la historia, al final, a la hora de la verdad, hace caso a lo que le dice Hacienda. Y detrás de Hacienda está, evidentemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Han tenido cifras récords en ingresos en las arcas públicas mediante la inflación y los nuevos gravámenes sectoriales, pero, ante los más vulnerables, siguen estando en números rojos en empatía. Muchas gracias.

Jordi Salvador i Duch ERC

Bona tarda, presidenta, senyories. Un altre clàssic. Avui també fa anys que estem amb la llei de famílies i continuem igual. Ja saben les condicions d’Esquerra Republicana respecte a les competències. Ja li vam dir al Govern quan era dependència seva. Ho hem dit, si hi ha un Reial Decret Llei, si és un projecte de llei, si és una proposta de llei, si hi ha competències respectades a la negociació i si la negociació va per bon camí, passava a aprovació. En el cas d’aquesta PNL, doncs bé, què hem de fer? No estarem en contra de la PNL a favor de la Llei de Famílies i votarem a favor. Ho farem perquè reconèixer totes les famílies per protegir la infància, per avançar en corresponsabilitat és una bona llei i perquè cuidar no sigui mai una condemna laboral ni econòmica. Votarem a favor d’aquesta proposició no de llei, perquè compartim una idea molt clara: totes les famílies mereixen el mateix reconeixement i la mateixa protecció i totes les persones han de poder cuidar‑se sense haver de renunciar al seu projecte de vida. És la Llei de Famílies. És necessària. Som escèptics que tiri endavant, malauradament, perquè malgrat ser necessària, però el que estem veient no arriba mai i la realitat social ha canviat en aquests últims anys. Les famílies són diverses, però els drets no poden dependre de la forma que tingui cada família. El que importa és que els infants creixin protegits, que les persones adultes disposin de seguretat jurídica, que ningú quedi fora de la protecció pública, etcètera, etcètera, etcètera. També és una llei imprescindible per avançar en conciliació, com bé diu amb claredat. Conciliar no pot voler dir que les dones treballin menys per cuidar més. Segons l’associació Yo No Renuncio a sis de cada deu dones renuncien a la seva carrera professional quan són mares. Aquesta dada descriu desigualtat concreta. Menys ingressos vol dir menys cotitzacions, menys opcions de promoció i a llarg termini, pensions més baixes. Els darrers anys s’han ampliat els permisos, és veritat, i reconeixem a aquest Govern que en aquest tema, concretament, sí que hi ha hagut millores dels últims anys. Drets vinculats a les cures, no el cas de la CUME, que també penjava d’aquesta Llei de Famílies que va decaure l’altra legislatura i porta no sé quantes setmanes de pròrroga d’esmenes. En fi, volem destacar també de manera especial la situació de les cuidadores principals. Moltes persones dediquen al menys anys a cuidar almenys un familiar dependent, i ho fan amb poc reconeixement, poca protecció i un cost molt alt per a la seva salut, la seva autonomia, la seva trajectòria laboral i, en definitiva, la seva vida. Celebrem, per tant, l’auto esmena presentada per Podemos d’incorporar aquesta realitat que abans no estaven. Les cuidadores principals necessiten reconeixement jurídic, econòmic i social i necessiten suport públic abans d’arribar a l’esgotament. Aprovar la Llei de Famílies és urgent. Però quant fa que ho diem? És urgent i urgent i urgent. I la gent que ens escolta ja no s’ho creu. És el que passava amb la llei abans de les llargues carreres, etcètera, etcètera. Llavors a vegades penso que avui també suposo que es tornarà a aprovar i potser tornarem a fer una altra vegada una falsa expectativa a moltíssima gent que està esperant aquesta llei amb candeletes. Bé, també cal protegir els infants amb independència de la família en què creixen, les seves oportunitats, etcètera, etcètera, etcètera. No vull allargar‑me més perquè no hi ha més història. Avui podem donar un missatge clar: la diversitat familiar forma part de la nostra societat i mereix plena protecció. És el moment de votar i, sobretot, és el moment que això tiri endavant d’una vegada per totes, perquè la credibilitat va baixar en picat. Moltíssimes gràcies. Buenas tardes, presidenta. Señorías, otro clásico hoy. Hace años que estamos con la Ley de Familias, y seguimos igual. Ya saben las condiciones de Esquerra Republicana con respecto a las competencias ―se lo dijimos al Gobierno en su día―: sea un real decreto, una propuesta no de ley o una propuesta de ley, si hay competencias respetadas, habrá negociación, y, si la negociación va por buen camino, habrá aprobación. En el caso de esta PNL, ¿qué hay que hacer? No vamos a estar en contra de una PNL a favor de la Ley de Familias. Votaremos a favor porque reconocemos el derecho a la protección a la infancia, para avanzar en la corresponsabilidad con la protección a las familias. Es una nueva ley para que nunca haya una condena laboral ni económica. Votaremos a favor de esa proposición no de ley porque creemos que todas las familias merecen el mismo reconocimiento, la misma protección y que todas las personas tienen que poder cuidarse sin renunciar a sus proyectos de vida. La Ley de Familias es necesaria, pero, desgraciadamente, somos escépticos respecto a que vaya a salir adelante porque, a pesar de que es necesaria, lo estamos viendo, no llega nunca. La realidad social ha cambiado en estos últimos años: las familias son diversas, pero los derechos no pueden depender de la forma de cada familia. Lo que importa es que los niños crezcan protegidos, que los adultos tengan seguridad jurídica, que haya protección pública, etcétera. También es una ley imprescindible para avanzar en conciliación. Hay que decir con claridad que conciliar no puede querer decir que las mujeres trabajen menos para cuidar más. Según la asociación Yo No Renuncio, seis de cada diez mujeres renuncian a su carrera profesional cuando son madres. Este dato describe una desigualdad concreta. Menos ingresos quiere decir menos cotizaciones, menos opciones de promoción y, a largo plazo, pensiones más bajas. En los últimos años se han ampliado los permisos, es cierto, y le reconocemos a este Gobierno que en este tema concreto sí que ha habido, con respecto a los años anteriores, mejoras vinculadas a los cuidados. La CUME dependía de esa Ley de Familias que se cayó en la última legislatura y cuyas enmiendas llevan no sé cuántas semanas de prórrogas. Queremos destacar también de forma especial la situación de las cuidadoras principales. Muchas personas dedican años a cuidar de, al menos, un familiar dependiente, y lo hacen con poco reconocimiento, poca protección y un coste altísimo para su salud, su autonomía, su trayectoria laboral y, en definitiva, su vida. Celebramos, por lo tanto, la autoenmienda presentada por Podemos para incorporar esta realidad que antes no figuraba. Las cuidadoras principales necesitan un reconocimiento jurídico, económico y social y apoyo público antes de llegar al agotamiento. Por lo tanto, aprobar la Ley de Familias es urgente. Decimos muchísimo que es urgente, y los que nos escuchan ya no se lo creen. Es lo que pasaba antes con la ley de las largas carreras, etcétera. A veces creo que hoy se volverá a aprobar y que quizás volvamos a dar falsas expectativas a muchísimas personas que esperan esta ley que ahora está en el candelero. En cuanto a los niños, con independencia de la familia en la que crecen, también hay que protegerlos y garantizar que tengan oportunidades. No quiero alargarme más porque no hay más historia que esto. La diversidad familiar forma parte de nuestra sociedad y merece protección. Hoy es el momento de votar y, sobre todo, de que esto tire hacia adelante de una vez por todas, porque la credibilidad va cayendo en picado. Muchas gracias. .

María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

Buenas tardes. Gracias, presidenta. Señorías de Podemos, la verdad es que resulta bastante penoso verles hoy aquí exigiendo a este Gobierno tramposo y traidor que cumpla con lo pactado, a este Gobierno capaz de vender su alma al diablo por un día más en el sillón. De verdad que es penoso. Ahora resulta que lamentan que la Ley de Familias lleve en plazo de enmiendas desde el 18 de marzo de 2024, denuncian que haya habido catorce ampliaciones de plazo y creen que el Gobierno puede estar desplegando una estrategia de filibusterismo político para seguir prorrogando plazos hasta el final de la legislatura y paralizar definitivamente su tramitación. Pues claro. ¿Acaso les extraña? ¿Es que todavía no saben ustedes con quién pactaron y a quién entregaron el Gobierno? ¿Todavía no han asumido que los utilizaron, los engañaron, los compraron con un par de ministerios y los dejaron estrellarse y que ahora los desprecian y los ningunean? . Señorías, siento decirles que ustedes ya no están en disposición de exigir nada, que ya no son relevantes. Ustedes fueron tercera fuerza nacional. Setenta y un escaños ocupaban en esta Cámara. Eran setenta y un diputados y ahora son solo cuatro: el descalabro ha sido monumental ―monumental―, señorías. La señora Belarra ha sido ministra ―nada menos que ministra del Gobierno de España―, y lo fue después de que su predecesor en el cargo, el señor Pablo Iglesias, saliera corriendo sin haber dado un palo al agua, saliera literalmente huyendo, incapaz de gestionar absolutamente nada. Tuvieron ustedes una oportunidad política única. Pudieron hacer muchas cosas que no hicieron, y ahora reclaman cínicamente a los demás aquello que no hicieron. Además, lo que hicieron no lo hicieron bien y, por eso, salieron del Gobierno. Igual que al señor Iglesias, a ustedes les venía grande. Resultó que ni pudieron ni supieron, y ahora ya solo les queda a ustedes el recurso de la pataleta. Y en eso están, en salir aquí a vomitar barbaridades un día sí y otro también, sin ninguna posibilidad de solucionar los problemas de nadie y con el único objetivo de seguir alimentando el odio y de sostener los prejuicios contra cualquiera que no piense como ustedes. . Señorías, su realidad es que ya nadie confía en ustedes, y la culpa es solo suya, de nadie más que de ustedes. Si su formación política ha dejado de tener el apoyo de la gente es porque la gente ya ha visto lo que han hecho con su apoyo; ya ha visto que, con ustedes en el Gobierno, las cosas solo pueden empeorar y que, cuando se legisla desde la ideología y desde el analfabetismo jurídico, como hacen ustedes, salen violadores a la calle, se desprotege a las mujeres, se abandona a los jóvenes, se dilapidan los recursos públicos y solo parece haber derechos y ayudas para los delincuentes y para los vagos. Lo mismo pasaría con esta ley de aprobarse algún día ―Dios no lo quiera―. Cuando ustedes hablan de reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia para equiparar derechos, de reconocimiento de la diversidad familiar, de la protección social de las familias y de las garantías del derecho de conciliación, de lo que están hablando en realidad es de abolir la familia tradicional, porque la odian. . Para ustedes, la familia tradicional es una institución represiva, racista y heterosexista que refuerza y reproduce el capitalismo. Para ustedes, la familia tradicional es eso tan antiguo de un padre y una madre. En lo que están es en abolir la feminidad y la masculinidad, en enfrentar a las mujeres con los hombres, a los ancianos con sus hijos y a los adolescentes con sus padres. Quieren que vivamos solos y que muramos solos porque solos estamos a merced del Estado, débiles, vulnerables y manejables. Ustedes pretenden destruir el concepto de familia para redefinirla según sus dogmas ideológicos, y para eso es esta ley, aunque envuelvan esta píldora con algunas medidas buenas como la renta de crianza o las que favorecen la conciliación, la atención temprana o la promoción de la salud mental, o con medidas como las que han incluido en sus autoenmiendas para que nos las traguemos sin apreciar su amargo sabor. Por eso argumentan que la ley debe adaptarse a las transformaciones demográficas y sociales o al avance del feminismo y de los derechos LGTBI. Pero ¿de qué transformaciones demográficas y sociales hablan, señorías? ¿De la invasión y la suplantación del pueblo español por inmigrantes de otras culturas? . ¿De qué feminismo hablan? ¿Del que clama cuando las mujeres son violadas y maltratadas por los nacionales, pero que calla cuando son violadas y maltratadas por inmigrantes extranjeros? ¿De qué derechos LGTBI? ¿De los que permiten que cualquier hombre pueda ser una mujer borrando de un plumazo nuestra identidad, nuestro carisma, nuestro ser? Señorías, pretender que no existe una única definición de familia y sustituirla por una pluralidad de modelos de familia es de locos. Es de locos inventarse dieciséis modelos distintos de familia con la excusa de dar protección o derechos a las personas que lo necesitan. No es necesario semejante esperpento jurídico ―hasta el Consejo de Estado lo ha denunciado por discriminatorio―. Todos sabemos lo que es una familia. La familia no necesita definición, y menos una clasificación tan delirante. Ustedes hablan de familia biparental, familia inmigrante, familia monomarental o monoparental, familia en el exterior, familia joven, familia en situación de vulnerabilidad, familia LGTBI, familia retornada, familia intercultural, familia múltiple, personas solas, familia reconstituida, familia transnacional... Eso sí, la familia numerosa desaparece y se diluye dentro de la categoría de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza junto a familias monoparentales con dos hijos o con dos hijos y un progenitor víctima de violencia de género o con un cónyuge con guarda y custodia exclusiva. Tienen un enfermizo prejuicio contra todo lo que huela a familia tradicional. . Es muy evidente, señorías, muy evidente cuál es su propósito: si todo es familia, nada es familia, ¿verdad? De eso se trata. Pero tengo malas noticias para ustedes, señorías, su lucha será estéril. El individualismo salvaje que promueven nunca va a acabar con la institución más amorosa y más solidaria que existe, la que nos construye, la que nos defiende, la que siempre está cuando llegan los problemas económicos, de salud o de cualquier otro tipo, dejando siempre en evidencia al Estado, que jamás ha estado ni estará a la altura. No parece que esta ley vaya a ver nunca la luz ―ojalá―, porque no es la ley que las familias españolas necesitan. Una ley no puede ser buena para nuestras familias si se construye desde el prejuicio. Nosotros sí tenemos claro que las familias…

María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

Termino, señora presidenta. Nosotros sí tenemos claro que todas las familias, sin necesidad de etiquetas absurdas, deben estar en el centro de las políticas de un gobierno, muy especialmente si lo están pasando mal. Nosotros queremos poder garantizar a nuestras familias la libertad de cuidar, el privilegio de cuidar, el derecho a cuidar, porque cuidar es amar y no hay mejor forma de amar que poder cuidar. Señorías, término. No manchemos con ideología sectaria lo que debería ser el principal mandato de todos los que nos sentamos en esta Cámara: cuidar a nuestras familias para que nuestras familias puedan cuidar de los suyos. Muchas gracias. .

Lázaro Azorín Salar PSOE

Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señorías. El Grupo Socialista lleva décadas ampliando derechos y haciendo posible que nuestra sociedad reconozca realidades familiares que antes no tenían el mismo reconocimiento jurídico y social. Muchos de los avances que hoy hemos normalizado nacieron de leyes socialistas. Precisamente por eso, porque creemos en una sociedad que reconoce, protege y acompaña a las familias, vamos a estar del lado de esta iniciativa, que también impulsó el Gobierno. Cuando hablamos de familias hablamos de derechos, de igualdad y de dignidad. Aquí no venimos a decidir qué familias merecen ser reconocidas y cuáles no, venimos a reconocerlas, porque ninguna vale más que otra. Esta ley supone avanzar en visibilizar esa diversidad de familias y proteger mejor a quienes más lo necesitan. También avanza en conciliación, corresponsabilidad y protección social y económica , porque en este país todas las familias cuentan. Permítanme que me dirija también a quienes hace una semana hablaban en esta misma Cámara del alarmante aumento de casos de homosexualidad. Señorías de VOX, señora Ruiz Solás, la homosexualidad no es un caso, la homosexualidad no es una enfermedad, la homosexualidad no es una moda y, desde luego, no es una epidemia. . Es una realidad que forma parte de nuestra sociedad. Se lo digo desde mi propia experiencia. A los 14, 15 o 16 años yo no quería aceptar que era homosexual. No lo elegí. Tuve miedo, dudas y quise esconderme, a veces desaparecer. . Me pregunté muchas veces por qué no podía ser como los demás. Quizá por eso me cuesta escuchar que se hable de homosexualidad como si fuera un problema que hay que combatir, porque, señorías de VOX, yo no soy un problema , y mi familia tampoco, señor Robles. Hoy estoy aquí delante de ustedes y puedo decir algo que durante mucho tiempo pensé que nunca podría decir con tranquilidad; volví a sonreír, volví a ser feliz, también gracias a mi familia. Hoy les he de reconocer que tengo miedo, mucho miedo. . Tengo mucho miedo al odio. Tengo miedo a que determinadas palabras repetidas una y otra vez terminen dando permiso a otros para señalar, insultar o agredir. Muchas personas sabemos lo que significa tener miedo a no ser aceptados y no queremos que se repita. . Cuando hablamos de diversidad familiar no hablamos de estadísticas, hablamos de personas, de vidas, de familias, de niños y niñas que merecen crecer sabiendo que su familia es tan válida y digna como la de los demás. . Señorías, yo les he de reconocer que tardé muchos años en poder decir que era homosexual. Estoy felizmente casado, construyendo un proyecto junto a mi marido. Somos los papás de Marina, una niña hermosa, maravillosa, sana y feliz y, cuando los miro, sé que no hay nada en mi vida que tenga que esconder. Quiero vivir en un país donde nadie tenga que volver a sentir vergüenza, miedo o dolor por ser quien es. . Y si algún día mi hija me pregunta qué defendíamos aquí, en el Congreso de los Diputados, quiero poder decirle alto y claro: Hija, defendíamos que todas las familias puedan vivir con libertad, con dignidad y con amor. Y, hablando de familia, permítanme que les cuente una historia. La semana pasada un amigo me dijo que quería que sus hijos le hiciesen abuelo, pero que respetaría su decisión. Eso también es familia: querer por encima de todo que tus hijos sean quienes quieran ser. Respecto a las familias, es de justicia que termine hablando de memoria, de todas esas familias que durante demasiado tiempo tuvieron que esconderse, porque para entender lo que hoy somos, también tenemos que recordar de dónde venimos, y ahí aparece esa ‘bola negra’, la que sirvió para señalar a quienes querían vivir y amar en libertad. Javier Ambrossi, Javier Calvo y todo el excepcional equipo: qué orgullosos estamos de vosotros y de que representéis a nuestro país, España; de que hayáis decidido rescatar del silencio esas vidas, esos amores y a esas familias. Nos pusieron el color rosa para señalarnos, pero nosotros se lo devolvemos convertido en memoria, orgullo y lucha, porque hay historias de amor bajo la tierra que todavía esperan ser contadas, como la de Federico García Lorca. Quizá haya que arañar para encontrarlas, arañémosla. Arañemos la tierra para sacarlas, por todas las historias de amor que quisieron enterrar, por todas las familias que no se pudieron formar y por las que hoy podemos vivir en libertad. Muchas gracias. .

María Sandra Moneo Díez PP

Gracias, señora presidenta. Señora Santana, ¿quiere explicar a esta Cámara qué clase de PNL trae usted aquí? ¿Tan poco respeto le merecemos los diputados de esta Cámara? ¿Tan poco respeto le merecen las familias españolas, a las que pretende usted utilizar como si esto fuese un bazar turco? A ustedes les han preocupado tanto las cuidadoras de las personas dependientes que, en vez de traer aquí una iniciativa perfectamente cuantificada, valorada, presupuestada y analizada, la han hecho colgar vía enmienda de una proposición de hace dos años. Dos años, señora Santana. . Una vagancia considerable. Así que quítense la careta, quítense ya de una vez la careta. Ustedes forman parte del bloque de investidura, esa es la realidad. No necesitan PNL para que el señor Bustinduy apruebe una ley de familias, no lo necesitan; basta que vayan donde él, que llamen a su puerta. Pónganse de acuerdo. Los señores de SUMAR ya se lo han dicho en su enmienda: dialoguemos todos. Qué bien, ¿no? Abramos un proceso de diálogo. Tengan valor. Aprueben los presupuestos generales del Estado, los primeros de la legislatura de la era Sánchez. . Explique a los ciudadanos españoles, a las familias, cómo piensa usted pagar la carta a los Reyes Magos y saquen su ley de familias. Pero esto no va a suceder, ¿verdad? Ustedes simplemente han retomado esta iniciativa porque necesitan recuperar el trozo de la tarta de la política social, y sus amigos o compañeros ―o lo que sea― de SUMAR, exactamente igual. Ustedes, señorías de Podemos, están en pleno proceso de primarias y tienen que demostrar a sus afiliados que sirven para algo. Al fin y al cabo, la señora Belarra ―que hoy no nos acompaña―, como ministra del Gobierno de Sánchez, fue la autora de un proyecto de ley de familias, ese que suprimía el término familias numerosas. Yo creo que nos debiera contar algún día qué tiene en contra de que cada familia tenga los hijos que quiera, sobre todo en un país como España, con una tasa de fecundidad de 1,1 hijo por mujer, cuando realmente se necesitarían, para garantizar el relevo generacional, 2 hijos como mínimo. Pero el señor Bustinduy no se queda atrás. Acaba de anunciar una prestación universal por crianza, a la vez que hace todo lo posible para que la ley quede estancada en el Congreso. Nueva ampliación de enmiendas, señorías; 94 ampliaciones de enmiendas. ¿Y hablan ustedes de filibusterismo parlamentario? Mientras, el Partido Socialista espectador de lujo en este sainete. Sabe perfectamente que la ley de familias no va a salir adelante porque no cuenta con el apoyo de todos los socios de investidura ―de hecho, se lo dijeron al ministro en la primera comparecencia en el Congreso―, ni tampoco tiene unos presupuestos con los que hacer frente a su carrera de promesas electorales. Porque prometer es gratis, ¿verdad, señorías del Grupo Socialista? Si la situación no fuese tan grave, su puesta en escena llamaría a la carcajada más amplia. Pero la situación es grave, extremadamente grave. Gracias a las políticas de la izquierda de este país ―de ahí (señalando los escaños de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista) y de ahí (señalando los escaños de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR)― más de 12 millones de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social. Tenemos el dudoso honor de ser el país con mayor tasa de pobreza infantil. Dos de cada cinco personas pobres se encuentran en pobreza severa. Cerca de cuatro millones de personas viven con menos de 680 euros al mes. Portavoz del Grupo Socialista, esas familias también tienen miedo. . La inflación está disparada, la cesta de la compra ha subido un 40 %, cada vez hay más trabajadores pobres, la vivienda se ha convertido en un nuevo factor de vulnerabilidad social, los jóvenes no pueden emanciparse ni las familias tener el número de hijos que quieren por razones económicas y problemas de conciliación. Mientras, ustedes, la izquierda de este hemiciclo, se permiten el lujo de votar en contra de la gratuidad, entre otras cosas, del primer ciclo de Educación Infantil, que no solo responde a una medida de conciliación, señorías, sino que responde a una medida de equidad para que ese niño que pertenece a un entorno más vulnerable pueda, con una escolarización temprana, romper la barrera que le separa de un niño con un entorno familiar más favorable. Porque la pobreza, señorías, también se hereda, y si las medidas que pueden romper esa deriva no se aplican desde las edades más tempranas, será difícil alcanzar el éxito luego. En fin, también votaron en contra de la ampliación de los permisos y el uso alternativo de estos, en contra de las desgravaciones fiscales para las familias, de la cuota cero durante veinticuatro meses para las autónomas que se incorporen después de una excedencia por cuidado de hijos o mayores, en contra de la flexibilidad de horarios… Ustedes se oponen frontalmente a todo aquello que implique una verdadera y necesaria política que proteja a las familias. Presidenta, voy terminando. Señorías, la familia es la institución más valorada por los españoles, el mayor núcleo de apoyo, solidaridad y confianza. Tenemos el deber de protegerla para que cada persona pueda desarrollar su proyecto familiar con total libertad. Nosotros no somos como ustedes, señorías, creemos en la libertad del individuo con un único límite: los derechos de la otra persona y el respeto a la ley. No estamos interesados en diseñar operaciones de ingeniería social. Eso lo dejamos en manos de los herederos del comunismo más rancio. Este país, señorías, tendrá más pronto que tarde una ley de familias que valore la conciliación, la corresponsabilidad, cómo educar y trabajar sin renunciar a la carrera profesional y a diseñar nuestra propia vida profesional. Lo que sí que les recomiendo es una cuestión: si no son capaces de mejorar la vida de los españoles, apártense, váyanse a un lado, porque les aseguro que las urnas les van a arrollar. .

Cristina Valido García CCa

Buenas tardes, señorías. Quiero empezar diciéndoles que la moción que traemos hoy no es una moción de Coalición Canaria, es una moción de más de 20 000 profesionales en Canarias, pero de también unos cuantos cientos de miles de personas en el resto del Estado. Personas que forman parte del engranaje sanitario, que son clave fundamental para que cada día nuestros hospitales se abran, nuestros quirófanos se abran o nuestros doctores y doctoras hagan un diagnóstico a partir de pruebas clínicas. Estamos hablando de técnicos sanitarios, de técnicos en cuidados de enfermería, de celadores, de personal de gestión y servicios, de administrativos… En definitiva, muchas de las profesiones de formación profesional, entre otras, que no son reconocidas ni reclasificadas como se demanda desde hace muchísimo tiempo. En la interpelación de la semana pasada hablábamos de cada uno de ellos y de su importantísimo papel en el sistema sanitario. Pretendíamos con la interpelación visibilizar a estos colectivos, denunciar su situación y, de alguna manera, comprometer a esta Cámara en el apoyo a las medidas que requieren para tener el tratamiento justo y coherente con las funciones que han ido asumiendo. Porque ya decía yo la semana pasada, y repito, que las funciones que desempeñan hoy nada tienen que ver con las que desempeñaban hace dos décadas. Porque sus responsabilidades cada vez son mayores. Porque la presión asistencial crece. Porque están obligados a la formación y a la evaluación continua. Si hablamos de técnicos sanitarios, las nuevas tecnologías les hacen estar en continua formación con maquinarias, con tecnologías cada vez más exigentes. Los técnicos en cuidados de enfermería son personas que están encargadas de lo más íntimo de nuestros pacientes: no solo de su higiene, de su alimentación, de su medicación, sino que muchas veces son su única compañía y las únicas personas que, en muchos casos, los acompañan, que los escuchan. Estamos hablando de personas que están jugando el papel que hace no mucho tiempo jugaban familias que hoy ya no están porque no tienen tiempo o porque tienen otras obligaciones y otras ocupaciones. Nuestros hospitales se llenan cada vez de más personas mayores auxiliadas por estos profesionales. Celadores que ya no solo nos trasladan al quirófano, sino que tienen otras muchas funciones. Todo un entramado de profesionales en los servicios de hostelería, de limpieza y de gestión del hospital sin los cuales no hay operación posible. No hay intervención ni resonancia magnética ni TAC ni ninguna otra prueba que no necesite del trabajo previo de todos estos profesionales. Son claves, como he dicho, y claves también en el éxito de esos procesos complejos que muchos pacientes soportan. Estamos en un momento en el que el debate sobre el estatuto marco de sanidad parece anclarse en las reclamaciones de médicos y en este momento nos olvidamos de otros profesionales que están en el sistema y que son igual de fundamentales. Insisto, sin ellos tampoco nuestros hospitales pueden funcionar. La semana pasada en la interpelación la ministra me reconocía su situación, cómo se les prometió desde el año 2023 la reclasificación ―estamos en 2026, no se ha hecho nada―; me reconocía también cómo no se ha terminado de catalogarles como C1 cuando se les ha obligado a la formación necesaria para ello y siguen siendo considerados C2 con la retribución de esa clase inferior y, además, cuando cambian de categoría, fruto del esfuerzo personal de estos profesionales, no se les reconoce la experiencia anterior ni los años de trabajo desempeñados. Por todo ello, parece lógico acompañarles en esa demanda de que el estatuto marco también recoja sus requerimientos, sus peticiones. Parece de justicia considerarles también parte del sistema sanitario con derechos, con deberes y con las retribuciones justas por el papel que juegan y su función diaria. Ante la moción que traemos hoy, muchos dirán: Bueno, pero ya dijo la ministra que eso estaba en manos del Congreso. Y es cierto, ya ha entrado aquí, y ahora nos tocará a nosotros, y probablemente tengamos enmiendas a la totalidad, pero yo creo que lo que vamos a votar mañana es un compromiso con cientos de miles de personas de pelear para que las enmiendas necesarias cuenten con el apoyo de todos ustedes y puedan verse reconocidos y adecuadamente recogidos en las nuevas condiciones para el sistema sanitario. Estamos hablando de cosas muy básicas que no se negarían a ninguna profesión. Creo que pedirles el compromiso de apoyar esta moción como forma de implicarse y de asumir el apoyo a las enmiendas que registraremos ―y que seguro no registraré yo sola― no me parece pedir demasiado. Si quieren también podemos considerarlo una forma de llamar la atención al Gobierno, que, aunque el Estatuto Marco ahora esté en manos del Congreso, siempre tiene la posibilidad, y lo hace de vez en cuando, de vetar enmiendas. Creo que para todos estos profesionales sería bueno ver que los grupos del Gobierno se comprometen en la votación de esta moción y, así, puedan despejar su miedo a que las enmiendas que les afecten puedan ser luego vetadas por el Gobierno. Yo espero que eso no ocurra, pero ese margen siempre existe, y no es cierto que a partir de ahora todo es decisión nuestra, porque ya son muchas las leyes en las que hemos visto cómo el Gobierno ha vetado enmiendas fundamentales. Así que creo que, más allá de que el estatuto marco haya entrado en el Congreso y que a través de enmiendas reclamemos estas modificaciones, es una buena oportunidad para retratarse ante cientos de miles de personas que esperan ver en su voto su consideración a su trabajo diario. Gracias.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Arratsalde on, guztioi! Gaur eztabaidatuko dugun mozioak gure osasunaren etorkizunari buruzko eztabaidaren parte izan behar duten gai garrantzitsu batzuk planteatzen ditu. Errealitate profesional ezberdinen aitortza, kolektibo bakoitzak bere gain hartzen dituen erantzukizunak edota gure profesionalek beren lana garatzeko dituzten baldintzak, besteak beste. Baina uste dugu eztabaida ezin dela hor bakarrik geratu. Sakoneko arazo bat dagoelako, osasun sistema osoari eragiten diona eta Estatuto Marco delakoaren erreformarekin zerikusia duena. Buenas tardes a todas y a todos. La moción que vamos a debatir hoy plantea algunos de los temas fundamentales sobre nuestra salud. Es el reconocimiento de realidades profesionales, responsabilidades que asumen diferentes colectivos o establece las condiciones que tendrán nuestros profesionales a la hora de realizar su labor. Pero creemos que no puede quedar solo ahí, porque hay un problema de fondo que afecta a todo el sistema de la salud y que tiene que ver con la reforma del estatuto marco. En consecuencia de lo que acabo de decir en euskera, mi grupo ha presentado una enmienda que plantea retirar el proyecto actualmente en tramitación y volver a iniciar su elaboración desde la negociación y el consenso entre todas las partes implicadas. Me refiero, efectivamente, al estatuto marco. No somos los únicos en pedirlo, lo han pedido muchas comunidades autónomas y lo ha pedido el Gobierno vasco. Independientemente del quid de la cuestión no resuelta, que es el papel de los médicos, hay cuestiones que siguen sin estar suficientemente resueltas, como la ausencia de una memoria económica que permita conocer el coste real de las medidas y garantizar su financiación, así como la necesidad de respetar las competencias de las comunidades autónomas en la organización y gestión de sus servicios sanitarios. El propio consejero de Sanidad de Castilla‑La Mancha ―que no es del PNV, es del Partido Socialista― ha pedido que se retire la propuesta actual y que se vuelva a empezar. Recuerdo sus palabras. Dice: La huelga es un fracaso en cualquier negociación y esto obliga a empezar de nuevo; empezar de nuevo no es un fracaso, la huelga sí. Los profesionales llevan meses reclamando una negociación real sobre las condiciones en las que desarrollar su trabajo. Las comunidades autónomas, que son quienes después tienen que gestionar y aplicar lo que se decida, también han reclamado una mayor participación. Mientras tanto, tenemos una huelga médica sobre la mesa que sigue sin encontrar una salida clara, porque, cuando hay un conflicto de estas características, son las comunidades autónomas y sus servicios de salud los que tienen que soportar todas las consecuencias de esta situación. Son ellas las que tienen que reorganizar las plantillas, son ellas las que tienen que garantizar la asistencia y las que tienen que hacer frente a las necesidades de los centros sanitarios y las que, en última instancia, tienen que intentar que un conflicto que no han provocado ellas no termine repercutiendo sobre los pacientes, y son las que no han podido negociar, las comunidades autónomas. Y es que una reforma como la que se plantea no puede hacerse sin escuchar a los profesionales y tampoco puede hacerse sin que las comunidades autónomas tengan una participación efectiva en su elaboración. Cuando un conflicto se prolonga durante meses, cuando las partes reclaman mayor diálogo y cuando las posiciones siguen alejadas, continuar adelante exactamente por el mismo camino no parece la mejor forma de alcanzar un acuerdo. Funtsezko akordio bat behar da gure osasun sistemari egunero eusten dioten pertsonez ari garelako, ospitale eta osasun zentroetan lan egiten duten profesionalak, pazienteak artatzen dituztenak, erabakiak hartzen dituztenak, erantzukizunak hartzen dituztenak eta askotan presio asistentzial handiarekin lan egiten dutenak. Profesionalek gure osasun sisteman jarraitzea, gazteek sistema horretan sartu nahi izatea eta profesionalak gehien behar diren lekuetan erakartzeko gai izan nahi baldin badugu, eskatzen ari gatzaizkien erantzukizunekin bat datozen baldintzak eskaini behar dizkiegu, eta horrek elkarrizketa eskatzen du. Necesitamos un acuerdo fundamental para los centros hospitalarios, los profesionales que trabajan en centros hospitalarios, que atienden a los pacientes, que toman las decisiones, que tienen las responsabilidades y que muchas veces tienen gran presión asistencial y tienen que trabajar con ella. Para que los profesionales puedan seguir trabajando en ese sistema, para que los jóvenes quieran acceder a ese sistema, para todo ello, tenemos que ser capaces de ofrecer las condiciones de trabajo que correspondan a esas condiciones, a esa responsabilidad. La realidad es que tenemos a profesionales que reclaman respuestas, tenemos una huelga convocada y a las comunidades autónomas tratando de gestionar las consecuencias de un conflicto que sigue sin resolverse. Y mientras esto ocurre, el Gobierno mantiene su intención de continuar con la tramitación del estatuto marco. Cuando mi grupo apeló a la ministra pidiéndole rectificación, ella se desentendió de su responsabilidad, dejando que seamos nosotros, con nuestras enmiendas, quienes elaboremos el texto final. Entonces, ¿qué sentido ha tenido que estuvieran negociando más de un año si la responsabilidad va a ser nuestra? Podría haber traído el primer día un texto y punto. Pero no, con su actitud consiguió que el texto final fuera un fracaso y no el resultado del consenso. Ella quiso imponer un criterio y, al no conseguirlo, con la negociación fracasada y acordada con una de las partes, nos la ha plantado aquí. Nosotros creemos que todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. Nuestra enmienda plantea precisamente eso, retirar la propuesta actual, volver a sentarse y construir un nuevo texto desde el acuerdo. Eskerrik asko, presidenta andrea.

Alda Recas Martín SUMAR

Buenas tardes. Presidenta, señorías, quería comenzar saludando a las profesionales que hoy nos acompañan y muy especialmente a las responsables del Comité de Cuidados del Ministerio de Sanidad, que también están hoy aquí. Y, cómo no, quería agradecer a Cristina Valido que traiga aquí esta iniciativa para hablar de una parte tan imprescindible del sistema, de unos profesionales que, aun perteneciendo a esos equipos multidisciplinares, muchas veces se nos olvidan. Estamos hablando de las TCAE, de los técnicos superiores, de los administrativos, de los celadores, de los de gestión, y es que no siempre se habla y se trabaja para mejorar el reconocimiento, las condiciones o las funciones de todos los colectivos. ¿Saben quiénes sí trabajamos para todos y para todas? Este grupo parlamentario (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR) y, por supuesto, el Ministerio de Sanidad. Se habla en la moción sobre Formación Profesional, clasificación adecuada en el estatuto marco, competencias, funciones, formación, responsabilidades, adecuada retribución, reconocimiento. Vamos por partes. Tras la creación del Comité de Cuidados del Ministerio de Sanidad, las aquí presentes apostamos por incluir a las TCAE entre sus asesoras, las cuales están colaborando, por ejemplo, para actualizar ese real decreto con Educación que llevan demandando tanto tanto tiempo, esas dos mil horas que permitan una formación más reglada. Espero que lo veamos muy pronto. Trabajan todas las líneas estratégicas de este Comité de Cuidados. Hablamos sobre funciones, responsabilidades y liderazgos. Todo esto ha dado como resultado el primer marco estratégico para los cuidados de enfermería, todo lógicamente con las TCAE. Por ejemplo, también se publicó en julio la mayor encuesta a estas profesionales, más de treinta mil respuestas, donde reflejan muchas de las cosas que hoy Coalición Canaria nos ha traído aquí. Y, cómo no, el famoso proyecto de ley del estatuto marco. Ahí aparecen todos los profesionales que usted está comentando, señora Valido, que hace veinte años que lo están demandando. Absolutamente todos se clasifican según su formación, incluidos los técnicos superiores. Además, también tienen grupos de trabajo específicos para muchas de sus otras demandas. También administrativos, enfermeras y, por supuesto, médicos. Muchos trabajamos para todos y para todas, como, por ejemplo, con una apuesta firme para que la retribución ―como usted bien ha dicho― tanto de las TCAE como de los técnicos superiores, que llevan tantos años demandando y que incluso lo han ganado en los tribunales, estén en los presupuestos generales del Estado que nos tocará negociar aquí. Y ¿se acuerdan de esa iniciativa que nos trajo el Gobierno de Cantabria aquí al Congreso para modificar el famoso artículo 76 del EBEP para enfermeras y fisios? Unos, los del Partido Popular, quisieron meter a los médicos y luego, encima, se abstuvieron en la votación; sin embargo, otros, nosotros, apostamos por incluir absolutamente a todos. Esto pasó y ahora está en la Comisión de Función Pública. Se tomó en consideración. Usted habla de que el sistema sanitario ha cambiado, y tiene toda la razón; de que las necesidades de cuidados han cambiado, y tiene toda la razón. Habla de esa complejidad de atención y aquí me quiero detener. Cuando uno legisla para todos y tiene voluntad para ello, hace cosas como las que algunos estamos haciendo aquí. Una iniciativa legislativa popular que llevaba en el cajón desde el 2018 ―hablo de ratios de enfermería―; una proposición de ley gracias a la evidencia que nos ha proporcionado el Instituto de Salud Carlos III; unos fondos conseguidos gracias al Comité de Cuidados del Ministerio de Sanidad, que ha sido un trabajo conjunto. Aquí quiero agradecérselo sobre todo a Esquerra Republicana y a Bildu, porque hemos conseguido tener una proposición de ley que esperamos pronto lleguemos al siguiente paso de cerrar la enmienda al articulado. Una proposición que habla de la complejidad de cuidados, que habla de dotación segura del personal basado en esos cuidados y en esa complejidad, y no solo de enfermeras, sino que hemos metido a las TCAE que antes no estaban metidas. Gracias de nuevo, Mayte Moreno y Paloma Calleja, por ceder todo ese trabajo de evidencia, regalárnoslo a todos los grupos parlamentarios que hemos decidido trabajarlo. Cuando os escuchamos en la Comisión de Sanidad, recogimos vuestros datos y nos hemos puesto a trabajar en ello. Para finalizar, aunque hemos propuesto una enmienda que ha sido rechazada para señalar que no se puede instar al Gobierno a una normativa que ya la tenemos aquí en el Congreso de los Diputados, que es el estatuto marco, y que varias de las cosas que se piden ya se están consiguiendo, no seremos nosotras las que nos neguemos a destacar el trabajo de un personal imprescindible para el sistema de salud, más allá de los médicos y de las enfermeras, porque todos y todas existimos y debemos legislar para todos y todas. Muchas gracias. .

David García Gomis VOX

Muchas gracias, señora presidenta. Señora Alda, para todos no, para los médicos ustedes no legislan. Mire, señora Valido, hoy viene usted a exigir al Gobierno que cumpla y el problema es que ese Gobierno está ahí porque usted decidió que estuviera. El 11 de octubre de 2023 dijo públicamente que Pedro Sánchez no tendría su voto afirmativo y, un mes después, cambió de posición y Coalición Canarias firmó un acuerdo de legislatura con el PSOE y usted votó a favor de esa investidura. Coalición Canaria se comprometió a votar a Sánchez y a aprobar los presupuestos de 2024, 2025 y 2026, a aprobar las leyes vinculadas a los compromisos europeos y negociar y aprobar todos los reales decretos leyes urgentes del Gobierno, ese es el documento que usted firmó, y ahora viene usted a decirnos que Sánchez incumple con Canarias. Señora Valido, usted traicionó a los canarios y condenó a los españoles. . Explique por qué después de investirlo, después de acometer su apoyo parlamentario durante la legislatura, después de anunciar incumplimientos, Coalición Canaria y usted han seguido respaldando las actuaciones concretas de este Ejecutivo. Si tanto ha abandonado a los canarios, si tanto ha abandonado a los sanitarios y tanto ha desprotegido la frontera sur, ¿por qué usted sigue apoyando? Dígamelo. ¿Por qué en julio volvió a apoyar dos reales decretos a este Gobierno? Si tan traidor es, ¿por qué usted lo apoya? Puede hacer como que se enfada con Sánchez y reprocharle sus incumplimientos, intentar marcar distancias, pero ¿sabe qué no puede? Borrar sus votos. . Usted ha formado parte de los 179 votos que hicieron presidente a Pedro Sánchez y no puede presentarse ahora como una espectadora en la legislatura en la que decidió intervenir desde el primer día. Lo dicho, traición a los canarios y condena a los españoles y, por ende, traición y abandono a los sanitarios de Canarias. Si hoy sostiene que este Gobierno ha incumplido con Canarias, la pregunta es inevitable: ¿qué responsabilidad política asume usted por haber investido y por haber seguido pactando con él? Lo digo porque si usted viene aquí a exigir ahora acuerdos y cumplimientos en materia de sanidad, debería empezar explicando por qué en mayo de 2025, cuando VOX llevó al Parlamento de Canarias una proposición no de ley para restituir el cien por cien de la paga adicional del personal del Servicio Canario de la Salud, Coalición Canaria sostuvo entonces que utilizar una PNL para la cuestión retributiva era ―y abro comillas (hace el signo de comillas con los dedos)― «un error y un mal precedente» ―cierro comillas―. Su voto en contra de los sanitarios. Y hoy Coalición Canaria trae al Congreso una iniciativa para reclamar reclasificación profesional, adecuación retributiva, carrera profesional y financiación estatal; lo mismo que pide VOX, lo mismo que pedía y lo mismo que llevamos pidiendo toda la legislatura, y usted ha ido votando no tras no voto tras voto. . La contradicción es evidente, como todo en usted y en Coalición Canaria. Cuando lo propone VOX en Canarias, una PNL no sirve; cuando lo plantea Coalición Canaria en Madrid, entonces sí que sirve. Todavía hay más. Usted anunció, y hoy lo ha vuelto a decir, que presentará enmiendas al estatuto marco cuando llegue al Congreso. Aquí está el proyecto, usted se ha comprometido. Cumpla, negócielas y vote. Pero, por una vez, haga que su voto cuente, porque los profesionales sanitarios no necesitan ni buenas intenciones ni necesitan mentiras por parte de este Gobierno ni de sus socios; necesitan hechos y realidades. Y aclárese con quién está, o con los sanitarios o con Sánchez; con los dos es imposible. Por ejemplo, nosotros defendemos un estatuto médico propio. Cuando esa propuesta llegó al Parlamento de Canarias, Coalición Canaria pudo apoyarla. ¿Qué hizo? Se abstuvo. Y ¿aquí qué ha hecho usted? Votar en contra. Por eso, señora Valido, antes de repartir certificados de quién defiende a los sanitarios, explique primero sus votos. Termino con sus propias palabras, señora Valido: «Acordar, anunciar y cumplir son cosas diferentes». Exactamente, cumplir lo que se dice. Usted dijo en octubre que no apoyaría a Sánchez y usted en noviembre firmó un acuerdo de investidura y lo invistió. Ahora usted nos denuncia los incumplimientos, pero sigue pulsando el botón que le dice el señor Patxi López y ha seguido apoyando a este Gobierno prácticamente en todo. ¿Sabe usted quién es igual de leal que usted? Los amigos de Otegi, que le votan a todo que sí, igual que está haciendo usted. Pero lo peor, señora Valido, es que usted invistió a Sánchez gratis. Ha vendido a los canarios y condenado a los españoles a cambio de nada. Al menos a Judas le dieron treinta monedas de plata. Pero usted tiene una oportunidad, se puede redimir, y si tan traidor es el señor Sánchez, pida que se aplique el 102, apoye a los diputados de VOX y denuncie a Pedro Sánchez. Si usted sigue apoyando a Sánchez por acción o por omisión, se hace corresponsable no solamente del abandono de los canarios, sino de toda la corrupción y la inacción de este Gobierno. Dudo, señora Valido, que los canarios le dieran sus votos para aplicar políticas de las peores izquierdas de la historia de la democracia, pero, sobre todo, dudo que le votaran para que usted los traicionara, como va a hacer siempre en esta Cámara. Muchas gracias. .

Valle Mellado Sierra PSC-PSOE

Gracias, presidenta. Señorías, disfrutamos de un sistema sanitario público que se ha construido con voluntad política, como la del gran ministro Ernest Lluch, con muchos recursos que siempre aspiran a ser más y, ante todo, con mucha vocación de servicio público, con el esfuerzo de miles y miles de profesionales del sector sanitario que cada día dan lo mejor de sí mismos. Llevamos meses también de mucho ruido de algunos sectores médicos y políticos ante la ley de reforma del estatuto marco, una ley que viene para organizar, reconocer y dignificar el trabajo de todos y todas las profesionales que intervienen en la gestión de la atención sanitaria. De todos y todas; es muy importante remarcarlo. Aunque me voy a parar esta tarde en las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería, un colectivo fundamental ―que tenemos aquí representado― en un contexto de envejecimiento de la población y de cronicidad de muchas enfermedades. Somos conscientes del cansancio que sienten estas profesionales por las plantillas insuficientes, los problemas de conciliación o la falta de tiempo para dedicar a los pacientes. Por todo ello, señora Valido, quiero dejar claro que en el Grupo Socialista reconocemos la necesidad de actualizar la clasificación profesional y retributiva del personal sanitario y del personal de gestión y de servicios. De ahí nuestra apuesta por un nuevo estatuto marco como la mejor fórmula para reconocer, de una vez, a todo el personal ahora mal clasificado y garantizar mejores condiciones laborales a todos y todas. . Señorías, el origen de estas reclamaciones no se entendería sin el éxito de una ley impulsada por este grupo y el Gobierno progresista. Me refiero a la nueva ley de Formación Profesional. Una revolución que, en solo cuatro años, nos ha permitido pasar de aquel país de ninis ―¿se acuerdan ustedes de los ninis?― a un país de jóvenes que sí estudian y sí trabajan y que aportan talento a nuestras empresas y a nuestros servicios públicos, como el sistema de salud. Todo un éxito de país al que ―¡sorpresa!― no se sumó el Partido Popular. Señorías, gracias a este Gobierno, el sistema de Formación Profesional se ha actualizado y puesto a la altura de la calidad del mercado de trabajo. Pero la cuestión ahora es: ¿qué van a hacer cada uno de ustedes cuando tengamos que votar el nuevo estatuto marco para ordenar las profesiones sanitarias, especialmente las de Formación Profesional? Porque ese es el instrumento para mejorar sus condiciones laborales, y ya saben que necesitaremos 176 votos. Espero que todos se acuerden del reconocimiento que han hecho hoy aquí casi todos los grupos de todos profesionales del sistema de salud, que ese día sí que se van a jugar su reconocimiento laboral y retributivo. Por lo tanto, la pregunta ―vuelvo a ello― es qué harán ese día, porque lo que hacen ahora ya lo sabemos, señorías de VOX y del Grupo Popular. Ahora ya sabemos que apoyan a los que impiden un nuevo estatuto marco sin dar ninguna alternativa real después de veintitrés años de inmovilismo. Y lo peor es ―señorías del Grupo Popular, no nos engañen― que con los más de 300 000 millones transferidos por el Estado a las comunidades autónomas, ya podrían haber aumentado los complementos y las plantillas, y no lo hacen. . Ustedes, señorías del Grupo Popular, han elegido renunciar a los 83 000 millones de la quita de la deuda, ¡83 000! Y lo peor, también, es que renuncian a que el Gobierno pueda transferir otros 21 000 millones más a las comunidades autónomas con el nuevo sistema de financiación. Y ustedes gestionan once de ellas, que parece que se les olvida. Dejen, por favor, de cargarse y de devaluar los servicios públicos. . Es evidente que representamos dos modelos completamente diferentes. Mientras nosotros creamos, ustedes destruyen. Mientras el PSOE destina 1400 millones al año a la FP, el PP destinaba una miseria de 187 millones. Mientras el PSOE crea cuatrocientas mil plazas públicas de FP, el PP los abandona completamente. Mientras el PSOE baja 10 puntos el paro juvenil, el PP dejó tirados en la calle a tres de cada diez jóvenes. . Ahora tenemos delante un nuevo estatuto marco que revolucionará el sistema público de salud. Así que les vuelvo a preguntar ―y voy acabando―: ¿qué van a hacer ustedes? ¿Repetir el error que cometieron con la ley de Formación Profesional o mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud? Porque, señorías del Grupo Popular, al paso que van, con su nula utilidad política, acabarán destruyéndose ustedes mismos. Muchas gracias. .

María Lourdes Ramírez Martín PP

Gracias, presidenta. Señorías, ¿cuánto tiempo más tienen que esperar nuestros profesionales sanitarios, que sostienen nuestro Sistema Nacional de Salud, para recibir el reconocimiento que merecen? ¿De qué sirve reformar el estatuto marco si nace sin consenso, sin garantía y sin financiación? Los profesionales merecen reconocimiento, recursos y respeto, y una ministra que no los escucha ni alcanza acuerdos no puede seguir al frente de la sanidad española. Señora García, dimita ya. . ¿Y cómo llega al Congreso el proyecto del estatuto marco? Pues llega después de un año y medio de conflictos, de numerosas huelgas ―desde el 2025― y una huelga indefinida convocada a partir del 28 de octubre. Señora García, ¿cuántas huelgas necesita para reconocer que no hay consenso? ¿Cómo tiene el cuaje de presentar, como fruto de un diálogo, el texto que provoca una huelga indefinida antes de iniciar su tramitación parlamentaria? Ante su fracaso dice que ahora corresponde al Congreso debatirlo. Lo haremos, sí, lo haremos; pero usted nos traslada la negociación y el consenso que fue incapaz de alcanzar. ¿Y para qué está el ministerio? Digo yo. ¿Para qué está? ¿Para resolver o para trasladar al Congreso los problemas que su incompetencia deja pendientes? . Frente a esta forma de actuar el Partido Popular hemos mantenido una posición muy clara: exigir memorias técnicas, jurídicas y económicas rigurosas. En diciembre de 2025 ya pedimos, mediante una proposición no de ley, retirar la propuesta y elaborar otra con los profesionales. El Senado reprobó a la ministra y las comunidades autónomas reclamaron en el consejo interterritorial empezar de cero. Nuestras críticas encuentran respaldo en los informes desfavorables del propio Gobierno, del Ministerio de Hacienda, Economía, Función Pública, Trabajo, Política Territorial. ¿Cómo pide confianza en un proyecto cuestionado por su propio Gobierno? ¿Cómo es capaz? Estas deficiencias, señorías, tienen consecuencias. Sí, tienen consecuencias porque ¿quién paga? ¿Quién va a pagar? ¿Cuánto va a aportar el Estado? ¿Cómo va a garantizar una financiación estable? Aprobar derechos sin aportar recursos es trasladar la factura, es el yo invito y tú pagas al que este desgobierno nos tiene acostumbrados. . Señorías, esta incertidumbre se agrava sin presupuestos generales del Estado. Vamos a ver cómo es esto. ¿Las comunidades deben planificar plantillas, sustituciones, jornadas, guardias, retribuciones sin conocer los recursos que van a recibir? Y los ayuntamientos responsables, como es el Ayuntamiento de Churriana de la Vega del que yo soy concejal de Economía y Hacienda, que sí elaboramos cada año nuestros presupuestos cumpliendo con la ley y cumpliendo con nuestros vecinos, ¿tenemos que hacer previsiones sin conocer con certeza las entregas a cuentas, las liquidaciones y las decisiones financieras de este Estado? Este Gobierno tiene la desfachatez de exigir planificación mientras gobierna desde la improvisación y el abandono de sus obligaciones. . Señorías, no vamos a aceptar que la ministra acuse al Partido Popular de convertir las reivindicaciones de los profesionales en un arma arrojadiza. No lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque se movilizaron médicos, enfermeras, técnicos, sindicatos, colegios, sociedades científicas. Las asociaciones de pacientes han pedido retirar el proyecto ante más de cuatro millones de actos asistenciales suspendidos. Los profesionales reclaman una respuesta de Estado. Escucharlos, señorías, no es instrumentalizarlos. Instrumentalizarlos es ignorarlos y atacar a la oposición para ocultar su fracaso. Eso es lo que hace usted, señora ministra: acusar al Partido Popular para ocultar su fracaso. Y si alguien quiere volver a comprobar la distancia entre el relato de la ministra y la realidad, miremos a Ceuta. Sí, Ceuta, donde la asistencia sanitaria depende directamente del ministerio a través del INGESA. En la comparecencia del 26 de agosto la ministra negó el colapso y presentó como normalidad la resistencia de profesionales sometidos a una enorme presión. Médicos y enfermeros, señorías, han convocado huelga general pasado mañana en Ceuta; una huelga general denunciando colapso, falta de personal y malas condiciones laborales. ¿Todos se equivocan? ¿Todos? ¿Todos mienten menos usted, señora García? No confunda resistencia con normalidad. Que no se cerrara un quirófano demuestra el compromiso profesional y no la eficacia de este ministerio. Tenemos a día de hoy la ministra de Sanidad más incompetente de toda la historia, pero esta incompetencia no empieza ni termina en esta ministra; esta incompetencia lleva el nombre de Pedro Sánchez, responsable de un Gobierno incompetente, mentiroso y corrupto. . Un Gobierno agotado, sin presupuestos, sin diálogo y sin soluciones, y para sacar a España de este desbloqueo solo hay una salida, señorías: las urnas, y solo hay una solución: Alberto Núñez Feijóo. . Convoquen elecciones ya. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Diputada Valido, bé, per començar a dir que podem compartir gran part de les propostes que vostè fa en aquesta moció respecte a com ha de ser l›Estatut Marc de les professions sanitàries. Però com sabem molts d›aquesta cambra, nosaltres, la nostra posició davant d›aquest projecte en concret és l›esmena a la totalitat. Per això no hem entrat ni esmenar la seva moció perquè ho hem dit molt clarament: la nostra posició és l’esmena a la totalitat i és i és així perquè el Ministeri de Sanitat ha generat tal situació de confrontació. Tal situació de confrontació que a hores d’ara l’Estatut Marc ja no és un projecte viable. Ja no. I no és que ho digui Junts, ho diuen els professionals. A l’octubre tindrem una vaga indefinida de metges que impacta de ple a la ciutadania de Catalunya i, evidentment, d’altres comunitats autònomes, i que trasllada la pressió i el greuge justament a les comunitats autònomes, que som les que tenim la responsabilitat directa de gestionar i sostenir el sistema sanitari. Per tant, haurem d’afrontar des de Catalunya un problema generat des del Ministeri de Sanitat espanyol. Un autèntic nus gordià. La veritat és que respecte de l’Estatut Marc, ho sentim, però és que no es podia fer pitjor. Perquè hem arribat a un punt, a una situació que obliga a fer un reset, com diem a Catalunya. Taula rasa. Perquè el problema que tenim sobre la taula ja no és només de caràcter competencial o de finançament, que també és un problema de fons d’un govern estatal que actua de manera uniforme, impositiva, d’esquena a la realitat dels professionals que han acabat indignats. En lloc d’oferir un marc flexible que respecti la singularitat de cada col·lectiu, la diversitat dels territoris, el ministeri ha aconseguit un fet insòlit enfrontar col·lectius professionals entre ells, justament quan volia fer un Estatut marc per a tots. Des de Junts ho tenim molt clar: el nostre model sanitari necessita respecte, finançament i sobirania en la gestió i no imposicions des de Madrid. A més, donem suport als molts professionals de la salut que reclamen amb tota la raó que es reconegui la seva categoria. La realitat actual de la seva formació, de les seves funcions i de les seves responsabilitats. I els metges i metgesses que reclamen que es reconegui la seva singularitat professional, el seu lideratge clínic i que aquestes condicions s’abordin en un espai específic de negociació. Uns i altres, certament, tenen raó, però no volen una raó buida, sinó un marc ajustat i amb els recursos necessaris per convertir la raó en fets. Ja coneixem la pràctica habitual de Madrid. El Govern central legisla, fa titulars, reconeix drets sobre el paper i després li envia la factura a les comunitats autònomes sense posar ni un sol euro. L’Estat no pot utilitzar la reforma de l’Estatut Marc per fer legislació, una vegada més, d’imposició. Aquesta legislació que volen imposar atempta contra l’article 136 de l’Estatut d’Autonomia, centralitza les dades i la presa de decisions i ens vol dir com hem d’organitzar els nostres hospitals sense posar‑hi els diners. Per això la nostra resposta serà una esmena a la totalitat, perquè fins i tot aquest Ministeri de Sanitat em sembla que és conscient que aquesta realitat és comparable a la d’un vaixell que ha patit tantes reparacions que arriba a un punt que el casc ja no només no admet més soldadura. Per tant, estem davant d’un vaixell que senzillament s’enfonsa. No pot seguir navegant. Diputada Valido, para empezar quiero decir que podemos compartir la mayor parte de cosas que usted plantea en esta moción con respecto a cómo debe ser el estatuto marco de las prestaciones sanitarias, pero como saben muchos de esta Cámara, nuestra posición ante este proyecto en concreto es de enmienda a la totalidad. Por eso, no hemos entrado ni a enmendar su moción, porque lo hemos dicho muy claramente: nuestra posición es de enmienda a la totalidad. Es así porque el Ministerio de Sanidad ha generado tal situación de enfrentamiento, de confrontación que ahora el estatuto marco ya no es un proyecto viable, ya no. No es que lo diga Junts, lo dicen los profesionales. En octubre tendremos una huelga indefinida de médicos que impacta de lleno en la ciudadanía de Cataluña ―y, evidentemente, en otras comunidades autónomas― y que traslada la presión y el agravio precisamente a las comunidades autónomas, que somos las que tenemos la responsabilidad directa de gestionar y de sostener el sistema sanitario. Por lo tanto, habremos afrontado en Cataluña un problema generado en el Ministerio de Sanidad español. Un auténtico nudo gordiano. La verdad es que con respecto al estatuto marco lo sentimos, pero no se podía hacer peor, porque hemos llegado a una situación que obliga a que hagamos un reset. Tabla rasa, como decimos en Cataluña, porque lo que tenemos sobre el tapete ya no es de carácter competencial o de financiación ―que también lo es―, es un problema de fondo de un Gobierno estatal que actúa de forma uniforme, impositiva, de espaldas a la realidad de los profesionales, que han acabado indignados. En lugar de ofrecer un marco flexible que respete las singularidades de cada colectivo, la diversidad de los territorios, el ministerio ha conseguido algo insólito: enfrentar a colectivos profesionales entre ellos justamente cuando quería un estatuto marco para todos. Junts lo tenemos muy claro: nuestro modelo sanitario requiere respeto, financiación y soberanía en la gestión y no imposiciones desde Madrid. Además, damos apoyo a los profesionales de la salud que con toda la razón reclaman que se reconozca su categoría, la realidad actual de su formación, de sus funciones y de sus responsabilidades. Los médicos y doctoras reclaman que se reconozca su singularidad profesional, su liderazgo clínico y que estas condiciones se aborden en un espacio específico de negociación. Unos y otros ciertamente tienen razón, pero no quieren una razón vacía, sino un marco ajustado y con los recursos necesarios para convertir la razón en hechos. Ya conocemos la práctica habitual de Madrid: el Gobierno central legisla, hace titulares, reconoce derechos sobre el papel y después envía la factura a las comunidades autónomas sin poner ni un solo euro. El Estado no puede utilizar la reforma del estatuto marco para hacer legislación una vez más de imposición. Esta legislación que quieren imponer atenta contra el artículo 136 del Estatuto de Autonomía, recentraliza los datos y la toma de decisiones y nos quiere decir cómo tenemos que organizar nuestros hospitales sin poner el dinero. Por eso, nuestra respuesta será una enmienda a la totalidad, porque incluso ese Ministerio de Sanidad me parece que es consciente de que esta realidad es comparable a la de un barco que ha sufrido tantas reparaciones que llega un momento en el que el casco ya no admite más soldadura. Por lo tanto, estamos ante un barco que sencillamente se hunde y que ya no puede seguir navegando.

Etna Estrems Fayos ERC

Bé. Gràcies, presidenta. Bona tarda. Aquesta moció, tot i que els punts literals pot semblar molt tècnica i que només parla de classificacions professionals, grups, salaris, en el fons jo penso que cal posar el focus, perquè parla de reconèixer la feina que fan milers de professionals cada dia al sistema públic de salut. Parlem de tècnics i tècniques en cures auxiliars d’infermeria, dels tècnics especialistes sanitaris, dels auxiliars administratius, dels zeladors i de molts altres professionals imprescindibles perquè un hospital, un CAP o qualsevol servei sanitari funcioni. Professionals que han vist com durant anys evolucionaven les seves funcions, augmentaven les seves responsabilitats i canviava la seva formació mentre la seva classificació professional no evolucionava al mateix ritme. Avui parlem d’ells. Fa uns dies parlàvem dels biòlegs i dels treballadors socials. I podríem seguir amb una llarga llista de professionals del sistema de salut que mereixen que la seua categoria s’adeqüi a la feina que realment fan, com poden ser també els psicòlegs. Des d’Esquerra Republicana creiem que hi ha una màxima que hauria de ser elemental quan canvien la formació, les funcions i les responsabilitats. També s’ha d’actualitzar el reconeixement professional i salarial. Dit això, avui vull posar especialment en valor la feina dels tècnics i tècniques en cures auxiliars d’infermeria, que són un col·lectiu essencial en l’atenció quotidiana dels pacients, en les cures, en la higiene, en la mobilització i en l’acompanyament i en el suport de les persones. Un sector, a més, molt feminitzat, que crec que ens hauríem de preguntar per què massa sovint les professions vinculades a les cures exercides majoritàriament per dones, triguen tant a obtenir el reconeixement professional i econòmic que mereixen. Reclassificar no és simplement canviar d’un C2 a un C1. És reconèixer la qualificació, la responsabilitat i el valor de la feina que fan és dignificar les condicions laborals de qui sosté cada dia els nostres serveis públics. I aquest reconeixement no el defensem només avui l’hem defensat també en la tramitació de la Iniciativa Legislativa Popular sobre ràtios d’infermeria. Hem treballat perquè les TCAE siguin incloses, perquè quan parlem de dotacions segures, professionals i de qualitat de les cures, no podem deixar fora una part fonamental dels equips que les presten. I ho hem fet resolent alhora, una qüestió fonamental per a nosaltres que aquesta llei pugui tirar endavant respectant les competències de Catalunya. Ho hem treballat amb SUMAR i amb Bildu buscant una fórmula que permeti avançar en drets i en qualitat assistencial sense envair les competències de la Generalitat, demostrant que quan hi ha voluntat política és possible arribar a acords per fer bones normes, protegint els professionals i respectant l’autogovern del nostre país. Compartim, com diu la moció, que cal revisar el sistema de la carrera professional, que l’experiència acumulada compti que una promoció interna no comporti perdre els drets adquirits i que existeixin mecanismes per progressar professionalment perquè el sistema públic de salut és més fort quan cuida els professionals que en formen part. Ara bé, des d’Esquerra Republicana volem deixar molt clara una altra cosa: defensar més drets laborals no pot voler dir menys autogovern. L’Estat té competències per establir les bases del règim estatutari, del personal, dels serveis de salut i les bases de la sanitat. Però Catalunya té competències pròpies sobre l’organització, l’ordenació, la planificació i l’execució dels serveis sanitaris. Per tant, qualsevol reforma s’ha de fer amb respecte escrupolós del marc competencial i a la capacitat del nostre país per organitzar i gestionar el seu propi sistema sanitari. Les bases estatals han de ser això, bases ho diem sempre i no poden convertir se en una regulació tan profunda que acabi buidant de contingut les competències pròpies. I aquí hi ha una tercera qüestió igualment important el finançament. No és acceptable que l’Estat aprovi una millora professional i retributiva que compartim i després traslladi íntegrament el cost de les administracions que han d’aplicar‑la, com acostuma a fer, tot sigui dit, si es generen noves obligacions econòmiques, hi ha d’haver també els recursos necessaris per fer‑les efectives, perquè els drets que s’aproven en aquesta cambra han de poder arribar després a la nòmina i a les condicions laborals dels professionals i no quedar en una declaració de bones intencions, tal com vam apuntar fa uns dies amb la proposició de llei. Per a nosaltres, per tant, no hi ha contradiccions. Volem més drets laborals? Sí, i també volem més autogovern. De fet, volem tot l’autogovern, volem professionals reconeguts i ben retribuïts. I volem que Catalunya pugui decidir com organitza el seu sistema sanitari. I volem també que si es decideix una nova obligació, es garanteixi també els recursos per poder‑la complir. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Esta moción, aunque los puntos literales pueden hacer que parezca muy técnica y que solo habla de clasificaciones profesionales, de grupos y de salarios, en el fondo creo que hay que poner el foco en ella porque habla del reconocimiento del trabajo de miles de profesionales cada día en el sistema público de salud. Hablamos de técnicos y técnicas, de auxiliares de enfermería, de técnicos especialistas sanitarios, de auxiliares administrativos, de celadores y de muchos otros profesionales imprescindibles para que un hospital, un CAP o cualquier otro servicio sanitario funcione. Son profesionales que han visto cómo durante años evolucionaban sus funciones, aumentaban sus responsabilidades y cambiaba su formación, mientras su clasificación profesional no evolucionaba al mismo ritmo. Hoy hablamos de ellos, hace unos días hablábamos de biólogos y de trabajadores sociales y podríamos seguir con una larga lista de profesionales del sistema de salud que merecen que su categoría se adecue al trabajo que realmente desempeñan, como pueden ser también los psicólogos. En Esquerra Republicana creemos que hay una máxima que tendría que ser elemental: cuando cambian la formación, las funciones y las responsabilidades también tiene que actualizarse el reconocimiento profesional y salarial. Dicho esto, hoy quiero poner en valor especialmente el trabajo de técnicos y técnicas de cuidados auxiliares de enfermería, que son un colectivo esencial en la atención cotidiana de los pacientes en las curas, la higiene, la movilización y en el acompañamiento y apoyo de las personas. Es un sector, además, muy feminizado. Creo que tendríamos que preguntarnos por qué demasiadas veces las profesiones vinculadas a las curas, vinculadas a las mujeres, sobre todo, tardan tanto en obtener el reconocimiento social y económico que merecen. Reclasificar no se trata simplemente de pasar de un C2 a un C1, es reconocer la cualificación, las responsabilidades y el valor del trabajo que desempeñan; es dignificar las condiciones laborales de quienes cada día sostienen nuestros servicios públicos. Y este reconocimiento no lo defendemos solo hoy. Lo hemos defendido también en la tramitación de la iniciativa legislativa popular sobre ratios de enfermería. Hemos trabajado para que se incluya a las TCAE, porque cuando hablamos de dotaciones seguras, profesionales y de calidad de las curas no podemos dejar fuera una parte fundamental de los equipos que las prestan. Y lo hemos hecho resolviendo a la vez una cuestión fundamental para nosotros: que esta ley pueda tirar hacia adelante respetando las competencias de Cataluña. Lo hemos trabajado con SUMAR y Bildu, buscando una fórmula que permita avanzar en derechos y calidad asistencial sin invadir las competencias de la Generalitat, demostrando que cuando existe voluntad política es posible llegar a acuerdos para hacer buenas normas, protegiendo a los profesionales y respetando el autogobierno de nuestro país. Compartimos, como dice la moción, que hay que revisar la carrera profesional, que la experiencia acumulada cuente, que una promoción interna no comporte perder los derechos adquiridos y que existen mecanismos para progresar profesionalmente, porque el sistema público de salud es más fuerte cuando cuida a los profesionales que forman parte de él. Ahora bien, en Esquerra Republicana queremos dejar muy clara otra cosa: defender más derechos laborales no puede implicar menos autogobierno. El Estado tiene competencias para establecer las bases del régimen estatutario, del personal de servicios de salud y las bases de la sanidad, pero Cataluña tiene competencias propias sobre la organización, la ordenación, la planificación y la ejecución de los servicios sanitarios. Por tanto, cualquier reforma tiene que hacerse con un respeto escrupuloso del marco competencial y de la capacidad de nuestro país para organizar y gestionar su propio sistema sanitario. Las bases estatales tienen que ser eso, bases, lo decimos siempre, y no pueden convertirse en una regulación tan profunda que acabe vaciando de contenido las competencias propias. Y hay una tercera cuestión igualmente importante: la financiación. No es aceptable que el Estado apruebe una mejora profesional retributiva ―que compartimos― y luego traslade íntegramente el coste a las Administraciones que deben aplicarla, como acostumbran a hacer a continuación. ¿Se generan nuevas obligaciones económicas? Pues entonces tiene que haber los recursos necesarios para que sean efectivas, porque los derechos que se aprueban en esta Cámara tienen que poder llegar después a la nómina y a las condiciones laborales de los profesionales y no quedarse en una declaración de buenas intenciones, tal y como apuntamos hace unos días con la proposición de ley. Para nosotros, por tanto, no hay contradicciones. Queremos más derechos laborales, sí, y también queremos más autogobierno; de hecho, queremos todo el autogobierno. Queremos profesionales reconocidos y bien retribuidos; queremos que Cataluña pueda decidir cómo organiza su sistema sanitario; y queremos también que si se decide una nueva obligación, se garanticen también los recursos necesarios para poderla cumplir. Muchas gracias. .

Joaquín Robles López VOX

Muchas gracias, presidente. Señorías, en nuestra pasada intervención ofrecimos una serie de razones objetivas ―no de tipo emocional o sensiblero, que aquí se da mucho― que explican el desastre de la enseñanza en España. Las primeras tienen que ver con un modelo sustanciado en la LOGSE que culmina en la LOMLOE, donde la adquisición de conocimientos parece algo secundario. Las segundas proceden de la transferencia a las comunidades autónomas de las competencias educativas y, sobre todo, a aquellas que tienen como fin formar una nación cultural mediante la inmersión lingüística. Y, en tercer lugar, la manifiesta incapacidad del actual ministerio para dar respuesta al aumento de la violencia escolar, a la inclusión en el sistema de más de un millón de alumnos inmigrantes, a los retos que plantea el uso inadecuado de las herramientas informáticas, a los problemas con una falsa inclusividad, etcétera. En el desarrollo reglamentario de la LOMLOE, el Ejecutivo introdujo un enfoque socioemocional y con perspectiva de género en todas las asignaturas, excepto, por supuesto, en la de Cultura Islámica. ¿Me equivoco? Es decir, aspectos ideológicos y nada relacionados con la materia. . En ese mismo desarrollo de la ley se introdujeron nuevos criterios de evaluación, promoción y titulación de Educación Secundaria Obligatoria, estableciendo que las decisiones sobre la promoción correspondían al equipo docente y permitiendo, en todo caso, pasar de curso con una o dos materias no superadas. Y además introdujeron la evaluación por competencias, un sistema absolutamente fracasado que ya han rectificado en muchos países, como por ejemplo Escocia, cuando se hundieron precisamente en PISA. Ahora PISA nos revela una vez más la magnitud del desastre: la falta de conocimiento de los alumnos españoles. Sin embargo, el Gobierno se conforma afirmando que el alumnado puntúa bien en áreas que también son importantes, como la curiosidad por aprender o el sentido de pertenencia al centro. Vamos, como el chiste de la lechuza que metieron en una clase y dijo el maestro: Aprender no aprende, pero se fija mucho. . La escuela debe proporcionar a todos los alumnos una base sólida de conocimientos que les permitan desenvolverse con autonomía y continuar su formación en igualdad de condiciones, y no puede ser una eterna sucesión de festivales emocionales y de extrañas habilidades competenciales que no resisten un mínimo examen de conocimientos como la evaluación PISA. La adquisición de conocimientos en materias fundamentales que evalúa PISA, como las matemáticas, la lectura y las ciencias, no puede quedar relegada frente a lo lúdico y lo ideológico, frente a esa idea del Gobierno de formar activistas que luego van a los actos de VOX a lanzarnos tuercas, que intentan agredir a nuestro presidente, o a cientos de activistas que impiden que VOX realice un acto público. . La gravedad de los resultados en PISA hace igualmente necesario recuperar un sistema sólido de evaluación externa, objetiva y común a toda la nación. La mentira, señores socialistas, es constatable y un hecho objetivo. El año en que la propaganda autonómica y del Gobierno se ufana por haber reducido la tasa de fracaso escolar y por presentar las mejores notas en la ESO, Bachillerato y Selectividad de la historia, PISA revela que los españoles estamos en el pelotón de los torpes en matemáticas, lectura y ciencias. Ustedes mienten a las familias españolas, mienten a los alumnos y nos mienten aquí. . En cuanto al segundo punto, la educación transferida ha propiciado que las autonomías catalana y vasca hagan y deshagan a sus anchas, utilizando la educación para inculcar en los alumnos el odio a España. Y, con tal fin, han falseado la historia y han utilizado a los alumnos como cobayas de la inmersión lingüística. El resultado: un desastre. A los socialistas y separatistas se les ha caído la careta, y solo pueden engañar ya a quienes cierren los ojos y no quieran ver la triste realidad. Todos los alumnos pagan el pato de la inmersión, de la LOGSE y de las leyes derivadas, como la LOMLOE, pero lo pagan especialmente las clases bajas. Los alumnos de familias con rentas más bajas del País Vasco han obtenido las peores notas de España. Las peores. . Si a esto le sumamos que los alumnos de familias con rentas más altas han caído mucho más en proporción, entonces esa excusa tan manida que tienen ustedes de que las notas dependen del nivel de renta aquí no vale, porque han caído todos. A esto lleva la inmersión lingüística y a esto llevan sus leyes educativas. El Gobierno vasco, obsesionado con la implantación artificial del euskera batua en una región donde la abrumadora mayoría tiene como lengua habitual y materna el español, obsesionado con escolarizar a todos en el modelo D de inmersión total en euskera, ha sacrificado la escuela vasca en el altar del orate de Sabino Arana. ¿Podrían explicar los señores del PNV o de Bildu cuál es la razón que justifica los datos que a continuación les muestro? Atención. Hispanohablantes que hicieron la prueba de PISA en español: comprensión lectora, la cuarta mejor nota de España. Hispanohablantes que hicieron la prueba en euskera, un 57 % de los que se matricularon: 391 puntos, la peor de España. . Euskaldunes que hicieron la prueba en euskera: 424 puntos, 60 puntos — que equivalen a tres cursos— por debajo de los que hicieron la prueba en español. Enhorabuena, señores. . Ustedes, que dicen proteger a las clases más desfavorecidas, les están haciendo un flaco favor al intentar construir su nación fraccionaria. Un flaco favor. Y por lo que se refiere al Gobierno, el desplome de la educación es un caso más del desplome de una nación gobernada por incompetentes, además de imprudentes y corruptos. El peso de los conocimientos y de la exigencia académica en las leyes educativas del PSOE — nunca bien enmendada por el PP— ha ido disminuyendo en la misma medida en la que ha crecido el adoctrinamiento ideológico. Los resultados de PISA deben servir como punto de partida para que ustedes reflexionen y cambien el modelo educativo. Nosotros proponemos una serie de medidas ―que no me da tiempo a leer porque ya está la luz en rojo― que implican recuperar y reforzar las evaluaciones externas objetivas, etcétera. Fundamentalmente, quería comentar la número 16, que dice: Garantizar la escolarización de los alumnos en Ceuta tras la invasión sufrida a finales del mes de julio , llevando a cabo las medidas oportunas para reforzar la seguridad en los centros educativos que son competencia directa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. A ustedes no les gustará mucho lo que digo, pero son datos objetivos y es la realidad, la pobre realidad del sistema educativo español que ustedes han arruinado con sus políticas educativas, tanto los socialistas como los separatistas. Muchas gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gracias, presidenta. Hace poco, en un concierto de Love of Lesbian, Santi Balmes recordó una frase italiana de los años cuarenta: Hay tres cosas que son incompatibles entre sí: la inteligencia, la honradez y el fascismo. Quien es inteligente y fascista no es honrado; quien es honrado y fascista no es inteligente; y quien es inteligente y honrado no es fascista. Señorías de VOX, les voy a hacer un pequeño examen de lo que acaban de presentar: tres preguntas fáciles como un test de Vacaciones Santillana. Primera pregunta, sobre la honradez: ¿es honrado decir que con la LOMLOE cualquier alumno que pasa de curso lo hace porque sí? No es honrado. Por tanto, suspendidos en honradez. Segunda: inteligencia. ¿Cree usted, señor Robles, que es inteligente concluir que un informe que anuncia una bajada de resultados es consecuencia de una ley que solo lleva vigente cuatro años? Más allá de que encima las competencias son autonómicas y la mayoría de las autonomías están gobernadas por el Partido Popular, o más allá de que hay cambios tecnológicos que han reducido nuestra capacidad de concentración, hubiesen podido mirar, señorías de VOX, que estos mismos alumnos han estado más tiempo dando clases con una ley cocinada por el Partido Popular que con una ley a la que ustedes ahora culpan de todo. Por tanto, suspendidos en inteligencia. Y tercera pregunta: fascismo. ¿Qué creen que es un partido político que, para salvar la educación, culpa a los inmigrantes de todo lo que pasa, persiguen a los maestros y profesoras, y propone como única solución eliminar las lenguas que no sean el español y recentralizar todas las competencias? ¿Qué es un partido político que se inventa la historia y que viene a decir que lo de Franco fue un paseo en barca y que no fue una dictadura? ¿Qué es un partido político que va en contra de la ciencia cuando dicen que el cambio climático no existe? ¿Qué es un partido político que va en contra de las matemáticas cuando ven los números y niegan la violencia machista y el aumento de los delitos de odio contra la población LGTBI y ahora ya contra toda la población, contra cualquier persona? Pues eso, señor Robles: aprobados en fascismo. Eso sí, señorías de VOX: aprobados en fascismo. Y, señor Robles, después de leer esta propuesta de VOX para salvar la educación, creo que si sus compañeras diputadas volvieran a esa escuela soñada, solo aprobarían costura. Y sus compañeros diputados solo aprobarían tauromaquia. Hasta Religión suspenderían ustedes. Pienso que los maestros de Religión verían incompatible animar a cazar inmigrantes con el mandamiento de «no matarás». Gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. Na ofensiva conxunta que están a desenvolver as dereitas ultras, PP e VOX, — que ten como leitmotiv central Ceuta, con resultados como o apadriñamento do coche en que viaxa unha deputada da que por certo vostedes conxuntamente son autores intelectuais, porque teñen que saber que quen trafica con odio tamén é responsábel das consecuencias de quen se intoxica con odio—, agora puxeron o foco e puxéronse de acordo tamén para traer aquí PISA como pretexto nesa campaña de desgaste, como se as competencias non fosen das comunidades. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. En la ofensiva conjunta que están desarrollando las derechas ultras, Partido Popular y VOX ―que tiene como leitmotiv central Ceuta, con resultados como el apedreamiento del coche en el que viajaba una diputada y del que, por cierto, ustedes conjuntamente son los autores intelectuales, porque tienen que saber que quien trafica con odio también es responsable de las consecuencias de quien se intoxica con odio—, ahora han puesto el foco, se han puesto de acuerdo para traer aquí PISA como pretexto en esta campaña de desgaste, como si las competencias no fuesen de las comunidades… .

Néstor Rego Candamil BNG

Como se as competencias non fosen das comunidades autónomas e como se o PP non tivese a responsabilidade de goberno, nalgún caso con VOX, de once comunidades autónomas. En todo caso, xa sabemos que a vostedes a realidade non lles estraga unha boa campaña. Xa o fixeron cando foi aprobada a LOMLOE, — que, por certo, o BNG non votou a favor— con tres elementos absolutamente falsos, pero que utilizaron igual, dicindo que quitaba a relixión das escolas, que eliminaba o español como lingua vehicular — non sei que irían falar en Madrid— e que eliminaba tamén a ensinanza concertada Infelizmente ningunha das tres foi verdade. Digo infelizmente porque a relixión tiña que estar fóra das escolas, o diñeiro público debe ser para o ensino público e evidentemente en nacións como Galiza a lingua vehicular debe ser a lingua propia de Galiza, que é o galego. Claro, parece que agora lles preocupa o adoutrinamento. E iso que é o que quere dicir exactamente? Quere dicir que lles preocupa que se explique nada co que vostedes non estean de acordo. Por iso me gustaría a min aclarar que é o que entenden por adoutrinamento. Por exemplo, a relixión desde educación infantil, iso é adoutrinamento? Evidentemente, non. Explicar a filosofía materialista? Pois está claro que si. E se falamos de materialismo dialéctico xa lles pode dar a vostedes directamente un infarto. Defender que a civilización europea católica é superior? Non, iso é unha verdade incuestionábel. Explicar a teoría da evolución ou defender que só hai unha raza, que é a raza humana, está claro que é adoutrinar. España hai cincuenta, non unha, cincuenta e unha, normal. Que Galiza foi un pobo diferenciado que foi ademais o primeiro reino que se constituíu na Europa occidental cos suevos no ano 410? Está claro que iso é unha intoxicación nacionalista. O español como lingua común e universal? É evidente. O galego como lingua propia de Galiza? É un invento. E claro, se lle digo que tamén é universal, falada en catro continentes, en países como Brasil, con 200 millóns de persoas e xa lles pode estourar directamente a cabeza. O que vostedes fan é unha proxección, pretendendo tratar como adoutrinamento o que son contidos cientificamente obxectivos e como realidade aquilo que vostedes inventan porque o que non lles preocupa — e acabo— o que non lles preocupa é nin PISA nin educación, nin moito menos fomentar un pensamento crítico. O único que lles preocupa son as súas campañas ideolóxicas e unha educación clasista boa para as elites, pero que forme mesmo súper especializados, traballadores, dóciles e útiles para o mercado laboral. O que acontece é que non nos enganan, polo menos a sociedade galega que xa os colocou a vostedes onde deben estar en representación e menos a mocidade galega que onte en Santiago deu un exemplo de firmeza democrática fronte ao fascismo. Moito obrigado. Como si las competencias no fuesen de las comunidades autónomas y como si el PP no tuviese la responsabilidad de gobierno, en algún caso con VOX, de once comunidades autónomas. En todo caso, ya sabemos que a ustedes la realidad no les estropea una buena campaña. Ya lo hicieron cuando se aprobó la LOMLOE ―a la que, por cierto, el BNG no votó a favor― con tres elementos absolutamente falsos, pero que utilizaron igual, diciendo que sacaba la religión de las escuelas, que eliminaba el español como lengua vehicular ―no sé qué irían a hablar en Madrid― y que eliminaba también la enseñanza concertada. Ninguno de los tres fue verdad, infelizmente, y digo infelizmente porque la religión debería estar fuera de las escuelas, el dinero público es para la enseñanza pública y, evidentemente, en naciones como Galicia el idioma vehicular debe ser el idioma propio de Galicia, que es el gallego. Parece que ahora les preocupa el adoctrinamiento. ¿Y esto qué quiere decir exactamente? Quiere decir que les preocupa que se explique nada con lo que ustedes no están de acuerdo. Por eso me gustaría aclarar qué es lo que entienden por adoctrinamiento. Por ejemplo, ¿la religión desde Educación Infantil es adoctrinamiento? Evidentemente, no. ¿Explicar la filosofía materialista? Pues está claro que sí. Y si hablamos de materialismo dialéctico, a ustedes ya les puede dar un infarto directamente. ¿Defender que la civilización europea y católica es superior? No, eso es una verdad incuestionable. Explicar la teoría de la evolución o defender que solo hay una raza, que es la raza humana, está claro que es adoctrinar. España, una y no cincuenta y una, pues lo normal. ¿Que Galicia es un pueblo diferenciado que, además, fue el primer reino que se constituyó en Europa occidental con los suevos en el año 410? Evidentemente, es una intoxicación nacionalista. ¿El español como lengua común y universal? Evidentemente. ¿El gallego como lengua propia de Galicia? Un invento. Y, claro, si les digo que también es universal hablar en cuatro continentes y que podemos hablar este idioma en otros países ―en países como Brasil, con 200 millones de personas―, pues ya les explota la cabeza. Lo que ustedes hacen es una proyección pretendiendo tratar como adoctrinamiento lo que son contenidos científicamente objetivos y como realidad aquello que ustedes inventan. . Lo que les preocupa ―y acabo― no es PISA ni la educación ni mucho menos fomentar un pensamiento crítico; lo único que les preocupa son sus campañas ideológicas y una educación clasista, buena para las élites, pero que forme e incluso superespecialice a trabajadores dóciles para un mercado laboral. . Lo que ocurre es que no nos engañan, por lo menos a la sociedad gallega, que ya les colocó donde deben estar: en cero representación. Y menos la juventud gallega, que ayer en Santiago dio ejemplo de firmeza democrática frente al fascismo. Muchísimas gracias. .

Juan Antonio Valero Morales SUMAR

Buenas noches ya, señorías. Señorías de VOX, llamáis a cazar a personas por ser extranjeras y pobres, os paseáis por el hemiciclo de este Congreso con un puro en la boca, ¿y vosotros tenéis la cara de decir que os preocupáis por la educación de este país? . Yo os invito a que superéis vuestros complejos con más terapia y no faltando el respeto a la soberanía popular. Hoy traen propuestas que o son inútiles, o son contraproducentes, o son directamente anticonstitucionales: controlar y vigilar al profesorado para que en el aula no se hable de cambio climático ni de igualdad entre mujeres y hombres ni de la represión franquista; eliminar las lenguas cooficiales y quitar las competencias a las comunidades autónomas; obligar a repetir curso aunque el equipo educativo considere que ese alumno puede pasar con alguna materia pendiente; o, como hacen donde gobiernan ―en Andalucía y Aragón―, su gran solución: privatizar el bachillerato. Ustedes, señorías de VOX, no tienen ninguna medida para mejorar el sistema educativo; tienen un plan para que se adoctrine en el negacionismo y en el nacionalcatolicismo y para fabricar mano de obra sumisa y barata. Por ello y para ello, hoy traen aquí el informe PISA. . En primer lugar, niego la mayor. El informe PISA es cuestionable. . PISA no puede decidir qué es una buena educación cuando mide de forma estandarizada determinados aprendizajes, pero no la diversidad de ritmos, capacidades y procesos educativos. . Estamos hablando de educación, señora diputada, dé alguna muestra de que le importa. . PISA deja fuera dimensiones esenciales como el pensamiento crítico, la creatividad y una cosa que quizá allí falta un poco: la participación democrática. En segundo lugar, no seré yo ―como decía― quien vaya a defender el informe PISA, pero es que VOX lo interpreta torticeramente: convierte resultados parciales y estandarizados en una sentencia sobre todo el sistema educativo dejando fuera factores decisivos como la desigualdad, el nivel socioeconómico o el entorno familiar. Así que abordemos con seriedad y con rigor el debate educativo. ¿Qué hay que hacer en la escuela y qué hay que hacer fuera de la escuela? ¿Qué necesita la escuela? En primer lugar, mejorar la inclusión educativa. Cada vez hay más alumnado diverso en el aula y cada vez hay más alumnado vulnerable por distintas razones, y eso requiere más recursos y más profesionales para que el profesorado haga su labor como debe hacerla, para que el alumnado reciba la atención que merece y para que las familias no vivan en la angustia y en la desesperación. Para eso, el ministerio ha planteado un plan estratégico de educación inclusiva que esperamos que no siga boicoteando el Partido Popular desde las comunidades autónomas. En segundo lugar, reducir la segregación educativa. Hay un proceso acelerado de privatización del sistema educativo en nuestro país: cada vez se cierran más aulas públicas y aumentan los conciertos con la privada concertada, y eso a pesar de que los países con mejores resultados educativos son los que dan más peso a la red pública en su sistema educativo. En tercer lugar, hay que mejorar las condiciones de la escuela pública: bajar las ratios, reducir la jornada lectiva, desburocratizar la función docente, estabilizar al profesorado y favorecer la jubilación anticipada. Por eso hay que aprobar la ley de ratios, esa que, a buen seguro, va a votar en contra el Grupo Parlamentario VOX. ¿Qué otras medidas hay que tomar fuera de la escuela, pero que sabemos que determinan, que inciden, que influyen en el sistema educativo? Por ejemplo, favorecer la conciliación familiar para que niños y niñas puedan estar por las tardes con sus padres y con sus madres. Eso significa reducir la jornada laboral y a eso se opone VOX. . Garantizar que los hijos e hijas de las familias de clase trabajadora tengan condiciones materiales dignas. Eso significa subir salarios, limitar el precio de la vivienda y reforzar las becas, y a todo eso ha votado en contra VOX. Fuera de la escuela también es importante proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas de las pantallas y de las redes sociales, y eso significa poner límites, regular, pero eso va en contra de esos tecnoligarcas que están aupando a VOX y a la internacional reaccionaria. En definitiva, todo lo que mejora la escuela pública o las condiciones de las familias trabajadoras tiene enfrente a VOX. Por tanto, señorías, conviene desmontar una idea que se repite muy a menudo: no existe una educación neutral; toda ley educativa transmite valores y proyecta una sociedad. La diferencia está en qué sociedad queremos construir, y desde la izquierda lo tenemos claro: queremos una educación pública e inclusiva para tener una sociedad más justa y más democrática y queremos una escuela pública para que quien no ha nacido con un pan debajo del brazo y tiene más dificultades pueda progresar. Cuando VOX habla de acabar con el adoctrinamiento, no propone eliminar los valores de la escuela, sino sustituir unos valores por otros para utilizar la escuela para construir una sociedad autoritaria, desigual y patriarcal , al servicio de la reacción y la barbarie. .

María Luz Martínez Seijo PSOE

Gracias, presidenta. Señor Robles, tranquilidad. Usted es docente, igual que yo, y sabe que, desde la pandemia, todo ha cambiado en las aulas. Y junto con el desproporcionado uso de los móviles y de todo tipo de pantallas, y con la entrada en nuestras vidas ―también en los centros educativos― de la inteligencia artificial, todo ha cambiado. Las aulas son distintas porque nuestra sociedad ha cambiado, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de entendernos. Las familias también disponen de menos tiempo para dedicarse, día a día, al apoyo de los estudios de sus hijos. Esto lo dice PISA y yo lo suscribo. Y fíjese que todos estos factores no son educativos; son factores sociales y familiares, pero tienen una incidencia enorme en los resultados educativos y también en los resultados del informe PISA. ¿Sabe usted que los jóvenes españoles utilizan más la inteligencia artificial que los del entorno europeo? ¿Que la inteligencia artificial nos hace más cómodos y nos lleva a utilizar menos nuestra mente, y que los procesos de razonamiento y lógica, por tanto, se reducen? ¿Y que la inteligencia artificial se utiliza mucho más en el entorno familiar que en los centros educativos? ¿Sabe usted que los jóvenes que se han examinado de PISA tenían diez años durante la pandemia, una edad esencial en el proceso madurativo y, por supuesto, una edad esencial para el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Y sabe usted también que los estudiantes que más han bajado en los resultados de PISA son aquellos que provienen de contextos socioeconómicamente favorables y que, además, son los que más utilizan recursos tecnológicos y la inteligencia artificial? ¡Qué casualidad! Por eso, señor Robles, no se puede hacer un análisis de brocha gorda y culpar de todo al Gobierno; por cierto, y a todos los demás, porque no solo ha culpado al Gobierno, sino que ha culpado al resto de las comunidades autónomas, de todos los partidos políticos. En fin, no ha dejado títere con cabeza. Mentir con educación, señor Robles, hace mucho daño. Hace mucho daño a la credibilidad del sistema educativo y, además, no ayuda en nada a mejorar los resultados, que es precisamente lo que usted debería haber tratado en esta moción. Señor Robles, debo decirle, además, que su crítica al aprendizaje competencial no se puede sostener. En primer lugar, porque lo que evalúa PISA es la puesta en práctica de conocimientos y la capacidad para resolver problemas. Y precisamente eso es lo que hace el aprendizaje competencial, que es la base de la LOMLOE. Pero, además, el alumnado evaluado apenas ha cursado tres cursos con la LOMLOE. Por tanto, los resultados de PISA no son resultados LOMLOE ; son resultados LOMCE, señoría, Y también se olvida de los buenos indicadores que PISA nos ha mostrado. Aquí se ha hablado antes de equidad. Bueno, pues PISA nos ha colocado al mismo nivel que Finlandia en equidad y hemos mejorado mucho en inclusión educativa. Y nuestros jóvenes, cosa que usted no ha dicho, sufren menos acoso escolar y tienen mejor convivencia en los centros que otros países. ¿Hay que mejorar? Por supuesto que hay que mejorar, porque en educación siempre hay que aspirar a mejorar resultados. Por eso, precisamente, este Gobierno ha puesto en marcha los programas de refuerzo de matemáticas y lectura. ¿Hay que analizar los efectos de la inteligencia artificial en el sistema educativo y en la juventud? Por supuesto. Y precisamente por eso este Gobierno está tramitando un proyecto de ley que trata de proteger a los menores en entornos digitales. Ya hizo lo mismo con el uso de los móviles en los centros. Y sí, yo le doy la razón: la lectura es fundamental y transversal para lograr el éxito educativo. Pero no es solo una labor educativa. Usted sabe tan bien como yo que donde más influye es en las familias y que estas también tienen que apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos en el entorno familiar. Y PISA, precisamente, nos dice que, en aquellas familias donde más libros hay, mejores resultados se obtienen. Y no olvidemos que las comunidades autónomas tienen una parte muy importante de responsabilidad, porque son las competentes en materia educativa. Son responsables de dotar a los centros de recursos suficientes, de facilitar la formación al profesorado y, por supuesto, de impulsar programas de refuerzo, como están haciendo ahora ―ahora que tienen precisamente los resultados de PISA de sus comunidades autónomas―, anunciando a bombo y platillo nuevos programas de refuerzo en lectura o matemáticas. Y también son responsables de reducir la carga burocrática, que usted ha mencionado. Sí, las comunidades autónomas son responsables de ello. Y ¿sabe dónde hay más carga burocrática en nuestro país? En Castilla y León y en Andalucía, donde ustedes están en un Gobierno de coalición. Así que ahí también pueden reducirla. Y tampoco han señalado que las comunidades autónomas que más han bajado son aquellas que en otras ediciones de PISA han sobresalido. Cuando les iba bien, curiosamente, nunca decían que era responsabilidad de la ley que estaba en vigor y, ahora que les va mal, culpan a la LOMLOE. En fin, más seriedad, más rigor y, desde luego, más coherencia. Por cierto, no es nuevo que el alumnado promocione con dos asignaturas. Lo lleva haciendo desde hace décadas, señor Robles, y usted lo sabe perfectamente, así que dejen de mentir. Y dejen de tener esa obsesión con la centralización: con centralizar la EvAU, con centralizar el currículum, con centralizar absolutamente todo lo que se pueda centralizar. En fin, yo le diría que lo suyo, lo de esta moción, es una nostalgia absoluta de la educación franquista, y eso no es lo que queremos para la educación española, señoría. . Finalmente, el derecho a la educación está garantizado en el artículo 27 de la Constitución. Y me parece indecente que cuestionen ese derecho a la educación, como se ha hecho con lo que está pasando en Ceuta, alentando en redes sociales a que el alumnado no asistiese a los centros y se viese privado de ese derecho a seguir escolarizado. Ustedes han estado alentando el miedo para que los niños no asistiesen a las aulas y eso, señoría, es indecente. Eso es mentir.

María Luz Martínez Seijo PSOE

En eso es en lo que se basa su política: la política del miedo, la política de la confrontación, la política de que falle el sistema. Pues ¿sabe qué le digo? Que se equivocan, y mucho. Que este Gobierno va a seguir trabajando para que siga existiendo una educación de calidad para todos y todas, porque la educación es mucho más poderosa que su ideología de confrontación. Gracias. .

Ana Martínez Labella PP

Gracias, señora presidenta. Señorías, una cosa es cometer errores al gobernar y otra cosa muy distinta es construir un modelo sobre un error. Lo primero puede corregirse; lo segundo puede marcar a una generación. El informe PISA, que ha venido a poner negro sobre blanco las deficiencias de nuestro sistema educativo, no es una estadística más. No es una tabla que comentamos durante unos días y que después guardamos en un cajón. El informe PISA es una señal de alarma y, ante una señal de alarma, un Gobierno responsable debería preguntarse qué está fallando. Desde el Grupo Popular ya advertimos en su momento que el camino que emprendía este Gobierno con la LOMLOE era el camino equivocado. Nos opusimos a su aprobación. Presentamos una enmienda a la totalidad y denunciamos que aquella ley, esta ley, salía adelante sin el consenso necesario. Ignoraron a la comunidad educativa, ignoraron al Consejo de Estado e ignoraron las numerosas movilizaciones que les decían e insistían en que se estaban equivocando. La crónica de un fracaso anunciado. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, ante esta señal de alarma, ha hecho lo de siempre. En lugar de asumir responsabilidades, ha intentado escurrir el bulto, culpando, como siempre, a las comunidades autónomas. Porque, claro, reconocer el problema obligaría a reconocer también que ustedes están tomando decisiones equivocadas y, cuando hablamos de educación, las consecuencias de esas malas decisiones no se corrigen en una legislatura, sino que las arrastra una generación entera. . Sin duda, la peor de las excusas la ha encontrado la ministra Tolón ―y, con ella, todo el Gobierno― en una palabra: equidad. Señorías, la equidad consiste en garantizar oportunidades, no en bajar el nivel educativo para que todos los alumnos lleguen a un mismo sitio. . Si el resultado de lo que ustedes entienden por equidad es que todos los alumnos aprendan menos, ustedes no están a favor del progreso; ustedes están a favor de la mediocridad. Así que, señorías, busquen ustedes cuantas palabras quieran para maquillar los resultados, porque no van a poder ocultar lo que PISA nos está diciendo, que no es otra cosa que el hecho de que nuestros alumnos están retrocediendo en competencias esenciales que necesitan para comprender el mundo en el que viven. Esa es la gran cuestión que ustedes no quieren afrontar. Un alumno que suspende en matemáticas o en comprensión lectora no pierde solamente en puntos PISA; pierde oportunidades de futuro. Y cuando esto ya no es cosa de un solo alumno, sino de miles de jóvenes, de millones de chavales, dejamos de hablar únicamente de un problema educativo y hablamos de un problema de país que tiene responsables políticos. Déjenme que les cuente una pequeña anécdota. En mi época escolar, cuando intentábamos justificar una mala nota o una tarea que se nos había olvidado entregar, siempre utilizábamos la muletilla «creí que, pensé que», y la seño siempre zanjaba la cuestión diciéndonos: Creí que y pensé que son hijos de Burriqueque. . Y ¿saben qué? Que, oyéndolos a ustedes esta tarde y a la ministra la pasada semana, he llegado a pensar que en el Consejo de Ministros ha llegado a sentarse Burriqueque. Señorías, España está cansada del Gobierno del «creí y pensé que», está cansada del Gobierno de la excusa permanente, de un Pedro Sánchez que lleva demasiados años gobernando a base de pretextos y de lo que ustedes llaman cambios de opinión. Si hay un apagón, la responsabilidad es de las suministradoras; si hay un accidente de tren, la culpa es de la herencia política; si hay un problema en Ceuta, que le pregunten a Vivas. Para ustedes siempre hay otro culpable. Ustedes nunca asumen responsabilidades. Concluyo, señora presidenta. Dicen que por donde pasaba Atila no volvía a crecer la hierba, pero Atila, al menos, pasaba y se marchaba. Pedro Sánchez deja todo devastado y se queda sentado, sentado en ese sillón (señalando el sillón azul asignado al señor presidente del Gobierno, Sánchez Pérez‑Castejón), al que se aferra, contemplando su destrucción. Señorías, hoy queda un día menos para que llegue el cambio y, frente a la resignación que ustedes pretenden imponer, nosotros elegimos la esperanza. Los españoles merecen muchísimo más. Y un último apunte muy importante: para que nuestros jóvenes puedan volver a mirar el futuro con ambición, este Gobierno tiene que empezar a formar parte del pasado ya. Hoy mejor que mañana. Muchísimas gracias. .