Pleno del Congreso n.º 201 · XV legislatura

Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo PP

Gracias, presidenta. Señorías, esta legislatura será recordada por muchas razones, y muy pocas serán buenas. Una de ellas es el ataque sistemático del Gobierno y de sus socios a los jueces y otra, sin duda alguna, es el intento de control de la justicia, erosionando así la separación de poderes. Pese a las promesas del partido del Gobierno de colaborar con la justicia y la defensa de la inocencia de los investigados, el Gobierno ha intentado constantemente sabotear la acción de la justicia a todos los niveles. Los jueces no solo han tenido que soportar sus ataques, ya habituales, sino que también han tenido y tienen que afrontar las consecuencias de sus mal llamadas leyes modernizadoras de la justicia. La ley de eficiencia, popularmente conocida entre el mundo jurídico como la ley de ineficiencia, ha resultado ser una catástrofe en toda regla. Prometieron una gran transformación de la justicia, pero lo hicieron sin planificación, sin medios, sin plazas y sin contar con las comunidades autónomas. El resultado ha sido el previsible: más retrasos, más confusión, más trámites burocráticos y, en general, más enfado del ciudadano de a pie con la justicia. Y, sí, han hecho más difícil el acceso de los ciudadanos a los tribunales con esos MASC erróneos que se han negado a cambiar, pese al clamor de todos los profesionales jurídicos. Bien es cierto que la mayoría de esta Cámara ya ha apoyado una reforma de estos MASC, y el Grupo Socialista parece haberse sumado al cambio, tarde y a regañadientes, como hace siempre. Esto demuestra que aciertan cuando rectifican. Ahora pedimos, en relación con esta reforma, celeridad. La segunda de las cuestiones claves ha sido que los tribunales de instancia en España hoy están saturados. Eso hace que la frustración se apodere de jueces, fiscales, letrados y funcionarios, sobrecargados de trabajo, y que los ciudadanos vivan con desesperación cómo los plazos de la resolución son cada vez más largos y sufran unas barreras de acceso que están ahí y que no entienden. La pregunta está clara: ¿dónde queda el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución? Señorías, está claro que hacen falta más jueces ―hasta ustedes, señorías del Grupo Socialista, han terminado por reconocerlo―, pero esto no se resuelve con la propaganda vacía a la que nos tiene habitualmente acostumbrados el señor Bolaños, sino que se resuelve con medidas y con reformas para proveer plazas judiciales, para incorporar a jueces con medios y con formación suficiente y garantizar el acceso sin rebajar las garantías de conocimiento, mérito, igualdad, capacidad y formación. Señorías, en este contexto de asedio político a la justicia es en el que el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición de ley, con el propósito básico de mejorar el servicio público de una justicia que tiene que ser independiente e imparcial. Mediante la reforma del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativo a la formación inicial de la carrera judicial, buscamos optimizar el desarrollo del proceso de formación de los futuros jueces. Con ello, se lograría una mayor agilidad en la cobertura de las plazas judiciales y se garantizaría, por supuesto, la formación adecuada. Buscamos, en definitiva, corregir algunos de los problemas que ha creado la nefasta ley de eficiencia y, de esta forma, dar una respuesta más efectiva al derecho que tienen todos los españoles al acceso a la justicia. La reforma que traemos a esta Cámara gira en torno a la Escuela Judicial, el centro de selección y formación de jueces y magistrados, que se encuentra hoy desgajada de la órbita del Ministerio de Justicia y que depende en exclusiva del Consejo General del Poder Judicial. La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, recogió expresamente su objeto: La Escuela Judicial tiene como objeto proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la carrera judicial, así como a los aspirantes a entrar en ella, tanto en la enseñanza inicial como en la formación continua. Señorías, la reforma parte del Consejo General del Poder Judicial, es decir, del propio Poder Judicial, que insta reformas. Tenemos, con respeto a su independencia, la responsabilidad de atenderlas. El pleno del Consejo aprobó por unanimidad el 12 de marzo pasado ―reitero: por unanimidad― una reforma para la adecuación extraordinaria del sistema de formación inicial de la carrera judicial a las necesidades derivadas de la implementación de los tribunales de instancia. No se trata, por tanto, de una cuestión ideológica o de partido, sino de una iniciativa que parte de quien mejor conoce las necesidades de los tribunales españoles, pero también del respeto a la independencia que debemos tener desde el Poder Legislativo. Entendemos que esta unanimidad resulta insoportable para el sanchismo del muro, para quienes buscan la polarización hasta en las cuestiones más neutrales del día a día de la sociedad española, pero quienes estamos pensando, desde la regeneración y la reconstrucción política de España, en políticas de Estado, como tiene que ser la política de justicia, creemos en las iniciativas del acuerdo, del consenso y del pacto por la justicia, como creo que comparte una inmensa mayoría de los españoles, que no quieren la enésima pelea estéril, sino soluciones a sus problemas del día a día. Señorías, en segundo lugar, la proposición de ley que hoy presentamos plantea una reforma garantista, tanto en la forma como en el contenido. Aquí no hay atajo en la carrera judicial, ni reforma por la puerta de atrás, ni objetivos ocultos distintos de los objetivos declarados, como ha pretendido durante toda esta legislatura el Ministerio de Justicia. Aquí hay una justicia servida por profesionales formados en la oposición y en la Escuela Judicial bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad, conocimiento y formación. Hay una propuesta sin riesgos de selección ideológica ni interferencias del Poder Ejecutivo; es decir, el Grupo Popular hace todo lo contrario de lo que hace este Gobierno, cuyas reformas siempre vienen con trampas. Aquí no hay disposiciones intrusas que eliminen garantías o que sometan a algún órgano independiente a la voluntad del Gobierno, no. Esta modificación quiere, simple y llanamente, adecuar el texto de la ley a las necesidades actuales de la justicia española. . Para ello, garantiza los mejores estándares de formación y contenidos, incluyendo el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas, así como la legislación nacional e internacional sobre derechos de la infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño. En tercer lugar, la reforma proporciona eficiencia de verdad. En la actualidad, los aspirantes a la carrera judicial deben superar un sistema formativo de fases sucesivas compuesto por un periodo teórico, un periodo de prácticas tuteladas y un periodo de prácticas con funciones de sustitución y refuerzo, lo que supone una duración mínima total de diecisiete meses, pero la experiencia acumulada por la Escuela Judicial demuestra que es perfectamente factible, sin menoscabar la calidad de la preparación, que la fase teórica de la formación multidisciplinar y el periodo de prácticas tuteladas se desarrollen de manera simultánea mediante un modelo inclusivo e integrado y sin merma alguna de la calidad, todo ello con una adecuada planificación pedagógica y una evaluación continua. En esta línea, la proposición recoge un sistema formativo intensivo de carácter teórico-práctico, con una duración mínima de nueve meses y una fase de prácticas tuteladas en diferentes órganos de todos los órdenes jurisdiccionales, cuya duración mínima sería de cuatro meses, lo que podría realizarse incluso de forma simultánea. Con ello, señorías, podríamos reducir hasta en nueve meses el plazo de incorporación de los nuevos jueces a los tribunales de instancia. Por tanto, se mantendría, como les decía, la calidad de la formación teórico-práctica de los futuros jueces, y se reforzarían, además, los mecanismos de evaluación. Es un modelo, por tanto, que responde a un principio de eficiencia que, al adoptarse en este momento, puede permitir paliar, con la reducción de tiempos, la situación de déficit de jueces que existe hoy por la falta de planificación en la aplicación de la ley de eficiencia. Permite lograr una más ágil y eficaz cobertura de las plazas judiciales, que es una emergencia en estos momentos, para dar una respuesta satisfactoria al derecho a la justicia y, por tanto, al artículo 24.2 de la Constitución, sin afectar a la formación de jueces y magistrados. Señorías, esta proposición de ley no es para gloria de una facción o de un bloque, sino a mayor gloria del funcionamiento de la justicia en toda España, y, por lo tanto, para que la puedan disfrutar cincuenta millones de españoles. Ellos serán los únicos beneficiados por ella. Basta de atacar, por tanto, a la separación de poderes, basta de perseguir jueces, basta de degradar instituciones y basta de cloacas, como estamos conociendo. Si el Gobierno no es capaz de mejorar la justicia, por lo menos que no bloquee hoy que otros podamos hacerlo. . Dejen de poner barreras y de bloquear reformas positivas para la sociedad, porque los españoles merecen una política útil. Esa política útil y de servicio es la que impulsa y promueve el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo. Así que les pedimos a sus señorías del Grupo Socialista que no le hurten una justicia ágil y mejor a la gente porque ustedes tengan problemas con la justicia. Muchísimas gracias. .

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, presidenta. Un mensaje desde aquí a los sindicatos de inquilinas y a toda la gente acampada que ha ido a apoyar las protestas por la vivienda: Las leyes cobardes con la vivienda echaron a Maricarmen de su casa y vosotras la habéis vuelto a meter en ella. Lo que estáis haciendo está despertando ilusión y esperanza. Gracias, gracias y gracias. Lo que el PSOE no ha querido hacer en ocho años se ha visto forzado a meterlo en una semana en estos dos decretos, que deberían haber sido uno y sin los beneficios para los caseros. . Ahora mismo en los despachos de la derecha y en muchas redacciones están buscando la manera de reventar, de la forma que sea, toda esa ilusión que habéis despertado. No os lo van a poner fácil, son profesionales. Ya os han mandado matones disfrazados de periodistas: Lucía Etxebarria, grabando mientras decían que eran cuatro perroflautas; Ndongo, con una botella de gas pimienta; Vito Quiles, provocando y escoltado por la Policía Municipal de Madrid. También han empezado ya las campañas de desprestigio a los portavoces y las portavoces del Sindicato de Inquilinas: grandes exclusivas sobre que un chico es sobrino de una marquesa y sobre que otra ha estudiado en un colegio de élite o en una universidad privada, como si eso os quitara la razón. Pues, miren, si fuera cierto, prefiero mil veces que jóvenes de buena familia estén luchando por un techo digno para todas a que el pijales del hijo de Bárcenas tenga un micrófono para criticar que se hacen demasiadas películas sobre la guerra civil española. Ánimo, fuerza, y no os rindáis. La derecha está en esta campaña de acoso y difamación cuando tiene miedo, y tiene mucho miedo a que le ganemos la batalla a los especuladores. Moltes gràcies. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes. Miren, señorías, estamos ante un Gobierno obsesionado por colonizar todas las instituciones y, por supuesto, también las judiciales. Es evidente que, en un país democrático, en un Estado de derecho, es inadmisible que se ataque la separación de poderes que consagra la propia Constitución española, incluso que se haga desde el propio Ministerio de Justicia, con el ministro a la cabeza. Pero es que, claro, evidentemente, el Partido Socialista y el Gobierno están rodeados de corrupción. Decenas y decenas de cargos, tanto del Gobierno como del Partido Socialista, están imputados. Un exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista, condenado, y el propio fiscal general del Estado, condenado. Y, para dinamitar todo este tipo de investigaciones judiciales que van contra las causas de la corrupción del Partido Socialista y del Gobierno, el propio Partido Socialista ha financiado la persecución, la amenaza y la coacción de jueces, fiscales y Policía judicial. Incluso ha contactado con delincuentes para asustar a una jueza en Extremadura. Por lo tanto, en esa línea, señorías, nosotros consideramos que el Poder Judicial tiene que ser también respetado y protegido. De ahí que nosotros votemos a favor de esta iniciativa. Porque es inadmisible que las cloacas se hayan convertido en unas mafias organizadas para delinquir, al más puro estilo de la Camorra. Y todo le ha servido al Partido Socialista para su relato. Incluso las propias declaraciones de la ministra portavoz del Gobierno diciendo cómo se tenían que dictar las sentencias en los casos de corrupción del Partido Socialista. No, señorías, así no. Así no se gobierna un país. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. A proposición de lei que trae hoxe o Partido Popular limítase a propor a modificación do artigo 307 da Lei Orgánica do Poder Xudicial para axilizar o curso de selección das persoas aspirantes a ingresar na carreira xudicial, permitindo reducir prazo de incorporación efectiva aos xulgados tras a oposición, mais sen xurisdición plena como xuíces adxuntos, con funcións de mero auxilio e colaboración. A necesidade de dar cobertura plena ás actuais prazas xudiciais é unha realidade innegábel, mais esta proposta omite os verdadeiros problemas da Administración de xustiza. Mesmo centrándonos unicamente no acceso á xudicatura, a mera axilización dos tempos de formación despois da superación da fase de oposición non servirá para algo que para nós é fundamental que é democratizar o acceso á xudicatura. É preciso, pois, revisar o actual sistema para asegurar que calquera persoa con capacidade e formación pode optar, con independencia do seu nivel económico ou dos seus contactos ou relacións familiares, porque é xustamente isto o que explica esa reprodución ideolóxica e mesmo biolóxica que se ven arrastrando xa desde os xuíces da ditadura franquista e é o que explica tamén as prácticas de lawfare que estamos vendo todos os días. Así mesmo, o sistema de acceso debe garantir que as e os maxistrados que exercen as súas funcións en territorios con lingua propia distinta do español teñan un dominio desa lingua que permita que o desenvolvemento do proceso poida realizarse na lingua de elección das partes e non necesariamente en español. Isto non fica resolto, evidentemente cun mero punto extra na baremación. Do mesmo modo, a formación en dereito civil propio, no noso caso en Dereito Civil galego, debe ser tamén un requisito previo de acceso. En definitiva — acabo— calquera modificación que pretenda mellorar o sistema de selección sen abordar a fenda de clase no acceso nin o respecto ao dereito lingüístico e nacional da Galiza será unha oportunidade perdida para avanzar nunha xustiza moderna, próxima e verdadeiramente democrática. E señoras e señores do Partido Socialista, que foi da súa proposición de Lei de acceso á xudicatura que tanta présa tiñan por aprobar no pasado mes de xullo e que polo visto quedou gardada nunha gabeta? En algún momento deberían recuperala. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. La proposición de ley que trae hoy el Partido Popular se limita a proponer la modificación del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para controlar la selección de los aspirantes a la entrada en la carrera judicial, permitiendo reducir el plazo desde la aprobación de la oposición, sin desarrollar el capítulo de jueces auxiliares en cuanto a ayuda y admisión. La carrera judicial necesita una reforma, eso es innegable, pero con la propuesta lo que se está haciendo es obviar los problemas reales de la Administración de Justicia. Aun si nos limitamos a la mera agilización de los plazos de formación tras la oposición, no servirá para algo que para nosotros es fundamental, que es democratizar el acceso a la judicatura. Por eso es necesario revisar el sistema actual para asegurar que cualquier persona con capacidad y formación pueda optar a la carrera judicial, con independencia de su nivel económico o de sus contactos o de sus relaciones familiares. Porque, justamente, eso es lo que explica esa reproducción ideológica, incluso biológica, que se viene arrastrando desde los jueces de la dictadura franquista. Y eso es lo que explica también las prácticas de lawfare que estamos viviendo todos los días. Asimismo, el sistema de acceso debe garantizar que los magistrados y las magistradas que ejercen sus funciones en territorios con lengua propia distinta del español tengan un dominio de esa lengua que permita que el desarrollo del proceso pueda realizarse en la lengua de todas las partes y no necesariamente en español. Eso no queda resuelto, por supuesto, con un simple punto extra en la baremación. De igual modo, la formación en derecho civil propio — en nuestro caso, en derecho civil gallego— debe ser un requisito previo para el acceso. En definitiva ―y con esto acabo―, cualquier modificación que pretenda mejorar el sistema de selección sin abordar la brecha de clases en el acceso y el respeto al derecho lingüístico nacional de Galicia será una oportunidad perdida para avanzar en una justicia moderna, próxima y realmente democrática. Y, señoras y señores del Partido Socialista, ¿qué ha sido de su propuesta de ley de acceso a la judicatura, que tanta prisa tenían para aprobar el pasado mes de julio y que, por lo visto, ha quedado guardada en un cajón? En algún momento deberían recuperarla. Gracias.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Gracias, presidenta. Señorías, todo mi apoyo al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y a todas las mujeres valientes que están hoy acampadas aquí al lado, en la Puerta del Sol, aguantando la presión y luchando por el derecho a la vivienda de todos y de todas. Yendo a la ley que nos proponen, señora Gamarra, sintiéndolo mucho, la verdad es que cualquier propuesta que traiga el Partido Popular con respecto a la justicia carece de legitimidad, carece de credibilidad, porque ustedes eran los que presumían de que controlaban la Sala segunda por la puerta de atrás. Por lo tanto, nos traen una reforma aparentemente técnica, pero que tiene una enorme importancia, sobre cómo formamos a quienes van a tener en sus manos decisiones que afectan directamente a los derechos y a la vida de las personas. Es una propuesta, y lo sé, que viene del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, desde Podemos no creemos que el debate sea entre quienes quieren modernizar la justicia y quienes quieren mantenerla anclada en el pasado, sino que el debate es cómo modernizamos la formación judicial sin convertir la urgencia por cubrir las plazas en una rebaja de las garantías de la formación. Y la propuesta plantea simultanear la formación teórica y las prácticas tuteladas, y eliminar también la actual fase de sustitución y de refuerzo. Y aquí tenemos algunas dudas. La primera: la simultaneidad no puede significar saturación. Formar a un juez no es meter más contenido en menos tiempo; es garantizar que tienen tiempo para estudiar, para asimilar los conocimientos, para aprender a resolver casos y para adquirir, por supuesto, criterios jurídicos. La segunda: ¿qué recursos se van a poner encima de la mesa? Porque eso tampoco lo traen. Porque, si los nuevos jueces en formación se incorporan a juzgados como jueces adjuntos, alguien tendrá que tutelarlos. Y ese alguien son los jueces que ya trabajan en órganos judiciales sometidos a una enorme carga de trabajo. Por lo tanto, no podemos solucionar la falta de medios de la justicia poniendo más tareas sobre quienes ya están sosteniendo el sistema. Y la tercera: nos preocupa también la eliminación de la fase de sustitución y de refuerzo, porque la justicia no puede reformarse a golpe de urgencia, sino que necesitamos una Escuela Judicial suficientemente dotada, jueces tutores con tiempo, con recursos, planificación estable y una formación que incorpore de manera real los derechos humanos, la igualdad, la violencia machista y los derechos también de la infancia. Porque quienes van a decidir sobre un desahucio, sobre la custodia de un menor, sobre la víctima de violencia machista o sobre la libertad de una persona necesitan muchísimo más que haber aprobado una oposición: necesitan formación, necesitan experiencia y necesitan garantías. Por lo tanto, defendemos que cualquier reforma de la formación judicial tenga como prioridad la calidad de la justicia y no únicamente la velocidad de incorporación de nuevos jueces. La justicia no necesita atajos; necesita recursos, tiempo y garantías. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on, jaun-andreak. Señorías, brevemente quiero señalar que debatimos la toma en consideración de una iniciativa para la reforma de las fases formativas en la Escuela Judicial de los aspirantes a la carrera judicial; iniciativa, señorías, para la reforma del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que trae causa de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado por unanimidad de sus miembros el 12 de marzo pasado, y que fue remitido tanto al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como a las Presidencias de esta Cámara y del Senado. Resumidamente, el Consejo General expone que la implantación de los tribunales de instancia, prevista en la Ley Orgánica 1/2025, que, a su juicio, constituye una reforma estructural de gran alcance para racionalizar la organización judicial y mejorar la eficiencia del servicio público de la justicia, depende de manera inmediata de una adecuada dotación de jueces de los tribunales de instancia que permita su funcionamiento pleno. Reclamación, por otra parte, atendida por el Ministerio de Justicia con una anunciada oferta extraordinaria de 375 plazas de jueces destinada específicamente a cubrir las necesidades derivadas de la puesta en marcha de los nuevos tribunales de instancia, y que el consejo general considera que responde a un diagnóstico compartido sobre el incremento de las cargas de trabajo y la necesidad de reformar la planta judicial para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En este contexto, señorías, es donde el consejo general propone la reforma del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer efectiva la oferta extraordinaria de esas 375 plazas anunciadas por el ministerio a fin de garantizar ―sigue diciendo― una incorporación ágil y rápida de nuevos jueces y juezas a la carrera judicial y a su destino en los tribunales de instancia, sin menoscabo de la calidad formativa y de los principios constitucionales que rigen el acceso a la carrera judicial. Esta es la razón que justifica la reforma propuesta del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Grupo Parlamentario Popular hace suya y que nuestro grupo, el Grupo Vasco, comparte y dará su apoyo. Compartimos también que, aunque la reforma nace como respuesta extraordinaria, como les decía, a una oferta de plazas en la carrera judicial para atender el incremento de las cargas de trabajo y reforzar la planta judicial de los nuevos tribunales de instancia, se plantea con carácter estructural a fin de optimizar el tiempo formativo en la escuela judicial sin merma de los estándares de calidad y eliminando fases, a nuestro juicio, impropias del curso de selección de los aspirantes a incorporarse a la carrera, como era hasta ahora la fase de sustitución y refuerzo. Y no por carecer de autonomía formativa real, como nos dice el consejo general, sino porque, a nuestro juicio, señorías, esta fase de sustitución y refuerzo supone dotar de plena capacidad jurisdiccional a personas que todavía no forman parte de la carrera judicial, además de no cumplir estos aspirantes a la carrera del requisito de independencia en esta función de sustitución y refuerzo al ser objeto de valoración para el acceso a la carrera, esta fase jurisdiccional del proceso selectivo. Como les decía, apoyaremos la iniciativa. Nada más y muchas gracias.

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Bona tarda, senyora presidenta, senyories. El Partit Popular ens proposa una reforma molt concreta sobre el curs de selecció dels aspirants a ingressar a la carrera judicial. És la mateixa proposta que el Consell General del Poder Judicial va aprovar per unanimitat el març passat i hem de dir d’entrada que hi estem d’acord. Ens sembla bona idea agilitzar i compactar el curs de selecció, reforçar les pràctiques, canviar les fases successives per una avaluació contínua. I també, evidentment, ens sembla bona idea suprimir la fase de substitució i reforç que s’ha constatat que no funciona perquè no sembla bona idea destinar jutges en pràctiques a un jutjat on ningú vol anar, que és el que sol passar en aquesta fase, i menys que aquests jutges dictin sentències sense haver ingressat formalment a la carrera judicial. De fet, el PSOE també ha proposat reformar l’article 307. Ho ha fet en el seu projecte de llei d’accés a les carreres judicials, judicial i fiscal. I encara hi ha volgut fer una volta més presentant una esmena al seu propi projecte de llei on proposa reforçar el curs de selecció per als jutges que provenen del quart torn. Hem de dir que estem a favor del quart torn. Estem a favor d’aportar l’experiència jurídica a la magistratura, però no veiem clar això de deixar en mans del senyor Bolaños una via d’accés a la carrera judicial on la discrecionalitat pugui tenir tant o més paper que el mèrit i la capacitat, com s’ha confirmat en el discurs de la senyora Gamarra, que ha presentat la proposició de llei, sigui parlant del Consell General del Poder Judicial, sigui parlant de la formació dels jutges, sempre anem a parar a una lluita eterna, a una guerra civil en miniatura entre el bàndol dels interessos ideològics, però sobretot econòmics i corporatius del Partit Popular i de la dreta judicial, i al corresponent bàndol del PSOE i de la progressia judicial i fiscal. Perquè hem de dir una cosa i ningú se n’ha d’estranyar: a nosaltres, els independentistes catalans, tant ens ha perseguit els uns com els altres. Per a nosaltres, tan tòxics i antidemocràtics han estat els uns com els altres. I per això, quan parlem del poder judicial, l’únic que volem és sortir d’aquesta batalla, no anar a buscar la protecció dels uns i dels altres. Sortir d’aquesta batalla i anar allà on realment hi ha justícia, que és Europa. Cap dels dos partits que s’autoanomenen d’Estat defensa una justícia realment independent, imparcial, despolititzada, professionalitzada, eficaç i connectada amb la realitat, i encara menys amb la realitat nacional i lingüística del conjunt de l’Estat i en concret, de Catalunya. Cap dels dos defensa una justícia europea. No la defensa el PSOE amb les seves lleis Bolaños, que sota l’aparença de mesures modernitzadores, en lloc de plantejar solucions estructurals, es limita a promoure mesures partidistes per defensar-se en la batalla amb la dreta judicial. Però tampoc, evidentment, no la defensa el Partit Popular, que encara que plantegi mesures raonables com la que avui ens proposa, al cap i a la fi, l’únic que li preocupa és apuntalar aquest artefacte polititzat i corcat i corcat pel corporativisme que és el poder judicial espanyol. I si es tracta de parlar de l’accés a la carrera judicial, parlem-ne. Però estaria bé elevar la perspectiva i fugir dels tòpics d’un bàndol i de l’altre. Uns, la dreta política i judicial obsessionats en conservar les essències pàtries identificades pel que fa a l’accés a la carrera judicial amb l’arquitectura tradicional d’accés, memorització, oposició, centralització, preparadors amics del tribunal d’oposició. Un sistema que apel·la als principis de mèrit i capacitat, però que perpetua una casta judicial que ens ha portat al desastre actual. I uns altres a la progressia judicial i fiscal que vol colar per la finestra del quart torn els seus no per canviar res, únicament per fer fora els que ja hi són per fer fora els altres. Nosaltres creiem que debats com el d’avui són estèrils si no es va a l’arrel del problema i per això res millor que anar a Europa. No només perquè Europa ens ha donat la raó i ens la dona constantment, sinó perquè hi trobem models de justícia connectats amb els principis democràtics i socials del segle XXI que contrasten amb el tribalisme de la justícia espanyola, per exemple. I no és la primera vegada que hi faig referència. A nosaltres ens agrada el model alemany d’accés a la judicatura. Un itinerari formatiu extens, pràctiques remunerades, avaluació contínua, experiència en jutjats, en fiscalies, en despatxos professionals abans d’accedir a la carrera. Un model que, per cert, deixa en mal lloc els que s’omplen tant la boca amb el tòpic de que Espanya és el país més descentralitzat d’Europa. Perquè nosaltres pensem que un dels mals, potser el pitjor, és el centralisme extrem en totes les capes de la justícia espanyola. Doncs bé, Alemanya són els länder els que tutelen la formació dels jutges i els que s’encarreguen de la prova final per accedir a la judicatura. Per això, mentre no siguem un Estat independent, Catalunya ha de tenir una Administració de justícia pròpia en la qual el coneixement del dret propi de la realitat institucional i de la llengua catalana no siguin una anècdota. Siguin un requisit, siguin una obligació. Això, encara que sembli estrany, és perfectament possible. Hi ha les bases jurídiques per fer-ho. El que no hi ha és la voluntat política. Els posaré tres exemples. En primer lloc, crear el Consell de Justícia de Catalunya. Això ja està previst a l’Estatut. Nosaltres, Junts per Catalunya tenim presentada una proposta legislativa en aquest sentit per recuperar via llei orgànica estatal les atribucions que li va treure el Tribunal Constitucional en la sentència de l’Estatut, inclosos la formació i els nomenaments. En segon lloc, desenvolupar la justícia de pau i de proximitat de Catalunya. Els jutges de pau formen part del poder judicial. Són jutges i, a més a més, és una competència de la Generalitat. Per cert, i no ens cansarem de dir-ho: cal que el Govern espanyol esmeni l’error monumental d’haver oblidat la competència dels jutges de pau per fer casaments. És una vergonya. Ho torno a dir, ho vaig dir fa dues setmanes. Ho torno a dir ara acabar la legislatura sense resoldre aquest problema. És molt senzill: aprovin un Reial decret llei, com ja n’han aprovat d’altres. De fet, han aprovat desenes. Si no ho fan, si no ho han fet fins ara és perquè senzillament no els interessa. En tercer lloc, el català a la justícia viu una situació de menyspreu intolerable. Passa cada dia i també ho vam veure fa unes setmanes en el judici en el qual Roger Español, en aquest judici on ha aconseguit portar davant de la justícia els policies que l’1 d’octubre li van disparar a la cara una bala de goma. Doncs bé, aquest judici tots vam poder veure com els advocats de l’acusació es van veure obligats a traduir-se a ells mateixos al castellà perquè els que se n’havien d’encarregar no tenien la competència necessària per fer-ho. Ho tornem a dir: davant la vulneració dels drets lingüístics, la qüestió no passa per gastar més en traduccions, no passa per més contractes, no passa per més diners per empreses amigues que ofereixen serveis de contractació. Passa perquè mentre no tinguem una justícia independent en una Catalunya independent, l’Estat compleixi amb els tractats internacionals que ell mateix ha signat, compleixi amb la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que fa 20 anys que incompleix frontalment. Passa perquè aquest Parlament modifiqui la Llei Orgànica del Poder Judicial i cap jutge fiscal o funcionari no pugui exercir a Catalunya si no entén, si no sap, si no comprèn el català. Moltes gràcies. Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, el Grupo Popular nos propone una reforma muy concreta sobre el curso de selección de los aspirantes a ingresar en la carrera judicial. Es la misma propuesta que el Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad el marzo pasado. Y tenemos que decir de entrada que estamos de acuerdo. Nos parece una buena idea agilizar y compactar el curso de selección, reforzar las prácticas y cambiar las fases sucesivas por una evaluación continua y, evidentemente, también nos parece buena idea suprimir la fase de sustitución y refuerzo, que se ha constatado que no funciona, porque no parece buena idea destinar a jueces en prácticas a un juzgado al que nadie quiere ir, que es lo que suele pasar en esta fase, y menos que estos jueces dicten sentencias sin haber ingresado formalmente en la carrera judicial. De hecho, el PSOE también ha propuesto reformar el artículo 307, y lo ha hecho en su proyecto de ley de acceso a las carreras judicial y fiscal y aún ha querido darle una vuelta más presentando una autoenmienda a su propio proyecto de ley, donde propone reforzar el curso de selección para los jueces procedentes del cuarto turno. Tenemos que decir que estamos a favor del cuarto turno. Estamos a favor de llevar la experiencia jurídica a la magistratura, pero no vemos claro eso de dejar en manos del señor Bolaños una vía de acceso a la carrera judicial donde la discrecionalidad pueda tener tanto o más papel que el mérito y la capacidad. Como se ha confirmado en el discurso de la señora Gamarra, que ha presentado la proposición de ley, cuando se habla del Consejo General del Poder Judicial o de la formación de los jueces, y siempre vamos a parar a una lucha eterna, a una guerra civil en miniatura entre el bando de los intereses ideológicos, pero, sobre todo, económicos y corporativos del Partido Popular y de la derecha judicial y el correspondiente bando del PSOE y de la progresía judicial y fiscal. Porque tenemos que decir una cosa y nadie tiene que extrañarse: a nosotros, los independentistas catalanes, tanto nos han perseguido los unos como los otros; para nosotros, tan tóxicos y antidemocráticos han sido los unos como los otros. Por eso, cuando hablamos del Poder Judicial, lo único que queremos es salir de esta batalla, no ir a buscar la protección de los unos o de los otros, sino salir de esta batalla e ir ahí donde realmente hay justicia, que es a Europa. Ninguno de los dos partidos que se autollaman de Estado defiende una justicia realmente independiente, imparcial, despolitizada, profesionalizada, eficaz y conectada con la realidad y, aún menos, con la realidad nacional y lingüística del conjunto del Estado y, en concreto, de Cataluña. Ninguno de los dos defiende una justicia europea: no la defiende el PSOE con sus leyes Bolaños, que, bajo la apariencia de medidas modernizadoras, en lugar de plantear soluciones estructurales, se limita a promover medidas partidistas para defenderse en la batalla con la derecha judicial; pero evidentemente tampoco la defiende el Partido Popular, que, aunque plantea medidas razonables como la que hoy nos propone, al fin y al cabo, lo único que le preocupa es justamente consolidar este artefacto que está ya dañado por el corporativismo, que es el Poder Judicial español. Y si se trata de hablar del acceso a la carrera judicial, hablemos, pero estaría bien verlo también desde otra perspectiva y huir de los tópicos de un bando y de otro. Unos, la derecha política y judicial, obsesionados en conservar las esencias patrias identificadas, en lo que se refiere al acceso a la carrera judicial, con la arquitectura tradicional de acceso: memorización, oposición, centralización, preparadores amigos del tribunal de oposición. Un sistema que apela a los principios de mérito y capacidad, pero que perpetúa una casta judicial que nos ha traído al desastre actual. Y los otros, la progresía judicial y fiscal, que quiere colar por la ventana del cuarto turno a los suyos no para cambiar nada, sino únicamente para expulsar a los que ya están, para expulsar a los demás. Nosotros creemos que los debates como los de hoy son estériles si no se va a la raíz del problema. Por eso, nada mejor que ir a Europa. No solo porque Europa nos ha dado la razón y nos la da constantemente, sino porque encontramos modelos de justicia conectados con los principios democráticos y sociales del siglo XXI, que contrastan con el tribalismo de la justicia española. Por ejemplo ―y no es la primera vez que lo digo―, a nosotros nos gusta el modelo alemán de acceso a la judicatura: un itinerario formativo extenso, prácticas remuneradas, evaluación continua y experiencia en juzgados, en fiscalías y en despachos profesionales antes de acceder a la carrera. Un modelo que, por cierto, deja en mal sitio a los que se llenan la boca con el tópico de que España es el país más descentralizado de Europa, porque nosotros creemos que uno de los males ―quizás el peor― es el centralismo extremo en todas las capas de la justicia española. Pues bien, en Alemania son los länder los que tutelan la formación de los jueces y los que se encargan de la prueba final para acceder a la judicatura. Por eso, mientras no seamos un Estado independiente, Cataluña tiene que tener una Administración de Justicia propia en la que el conocimiento del derecho propio, de la realidad institucional y de la lengua catalana no sean una anécdota, sean un requisito, sean una obligación. Esto, aunque parezca extraño, es perfectamente posible, están las bases jurídicas para hacerlo, lo que no hay es voluntad política. Les voy a poner tres ejemplos. Primero, crear el consejo de justicia de Cataluña. Esto ya está previsto en el estatut. Nosotros, Junts per Catalunya, tenemos presentada una propuesta legislativa en este sentido para recuperar, vía ley orgánica estatal, las atribuciones que le quitó el Tribunal Constitucional en la sentencia del estatut, incluidos la formación y los nombramientos. En segundo lugar, desarrollar la justicia de paz y proximidad de Cataluña. Los jueces de paz forman parte del Poder Judicial, son jueces. Además, es una competencia de la Generalitat. Por cierto ―y no nos cansaremos de decirlo―, es importante que el Gobierno español enmiende el error monumental de haberle quitado la competencia de hacer bodas a los jueces de paz. Ya lo dije hace dos semanas. Es una locura acabar la legislatura sin resolver este problema y es muy sencillo: aprueben un real decreto ley como ya han aprobado otros. De hecho, han aprobado decenas, y si no lo han hecho hasta ahora es porque, sencillamente, no les interesa. En tercer lugar, el catalán en la justicia vive una situación de menosprecio intolerable; pasa cada día. También lo vimos hace unas semanas en el juicio de Roger Español, ese juicio en el que ha conseguido llevar ante la justicia a los policías que el 1 de octubre le dispararon a la cara una bala de goma. En este juicio se pudo ver cómo los abogados de la acusación se vieron obligados a traducirse a sí mismos al castellano porque los que se tenían que encargar no tenían la competencia necesaria para hacerlo. Lo volvemos a decir: ante la vulneración de los derechos lingüísticos, la cuestión no pasa por gastar más en traducciones, no pasa por más contratos, no pasa por más dinero para empresas amigas que ofrecen servicios de contratación; pasa por que, mientras no tengamos una justicia independiente con una Cataluña independiente, el Estado cumpla con los tratados internacionales que ha firmado, cumpla con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que hace veinte años que incumple frontalmente, y pasa por que este Parlamento modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial y que ningún juez fiscal o funcionario pueda ejercer en Cataluña si no entiende o no sabe el catalán. Muchas gracias. .

Pilar Vallugera Balañà ERC

Moltes gràcies. Bona tarda, presidenta. Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades. La proposició que ens porta avui aquí té bastant a veure amb coses que s’han introduït ja en la proposta que havíem fet. Em sembla que era un projecte de llei, una proposició de llei sobre l’accés a les carreres judicial i fiscal. En aquell moment nosaltres ens mostrem disposats a negociar aquesta llei i per tant, seria també una incongruència per part nostra que ara els votem en contra una proposició tan senzilla com aquesta, que, per cert, em sorprèn que portin una proposició amb tan poc contingut, perquè podrien haver afegit diverses coses més. I a part, per acabar d’aprovar-ho i, per tant, no els hi votarem en contra. Ens abstindrem perquè considerem que falten moltes coses, però el que plantegen no és cap barbaritat. El que plantegen no és cap cosa estranya, ni és cap cosa gaire diferent de la que ja venia proposant-se. Però, és clar, és irrisòria amb respecte al problema que tenim a l’Administració de Justícia. Al final ens hem acabat posant tots d’acord i gràcies a negociacions bastant forçades, hem tingut més jutges que han anat a parar a Catalunya. Ha sigut un dels elements d’acord per aprovar algunes disposicions, però és que en realitat jo crec que estem perdent de vista que si ens creiem això de que el poder judicial és la tercera pota de la separació de poders, la tercera pota o el tercer poder o la tercera pota d’un Estat democràtic de veritat, de benestar de veritat amb imperi de la llei, de veritat, és obvi que la inversió que es fa tant en mitjans materials com en mitjans humans, com en jutges, com en fiscals, és insuficient. I és insuficient perquè al final és el que garanteix si la ciutadania, quan té un problema o una controvèrsia o un conflicte, pot anar a resoldre-la dintre d’una racionalitat esperable de sentència o no. I aquí vaig al que és la meva obsessió, jo diria que gairebé personal. El Consell General del Poder Judicial, que té les atribucions de sanció, té a la Llei Orgànica del Poder Judicial quins són els elements de règim intern pels quals es poden sancionar jutges. I és obvi que l’error no s’inclou entre aquestes. Entre aquests motius de sanció, és obvi també que l’error pot generar una responsabilitat patrimonial de l’Administració. I és obvi també que es treu de l’ordenament a través de successius recursos. Fins aquí és l’estructura que tenim ara, però el que és cert és que això no s’està complint. El que és cert és que la importància que té l’activitat jurisdiccional i l’impacte que té a la vida de la ciutadania, per bé que tots el tenim molt clar, de vegades sembla que els propis jutjats no en siguin conscients. És a dir, quan t’arriba un desnonament on tens la certesa de que hi ha un anunci de suïcidi, si es produeix aquest desnonament amb una persona vulnerable, el jutge o la jutgessa no pot obviar-ho. I si el suïcidi s’acaba produint, com va passar ara fa una setmana i mitja o dues a l’Hospitalet, perdoneu, però alguna responsabilitat hi ha d’haver. Alguna responsabilitat hi ha d’haver. El que no pot ser és que, malgrat que tinguem un espai per l’error, no siguin mai responsables dels efectes a la vida que tenen les seves sentències. Per tant, això sí que penso que és una cosa fonamental en què ens hauríem de posar d’acord i digna. de ser una modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial. I qui diu això diu sentències que sembla que siguin tan innòcues com una sentència de consumidors amb hipoteques on una audiència va i condemna en costes al demandant, a l’usuari. A veure, senyors, que fins i tot els estudiants de la facultat saben que a la Unió Europea, quan és un plet per consumidors, no hi ha condemna en costes perquè és dissuasiu de l’exercici dels consumidors. Escolti’m, això ha passat ara fa dos mesos i no amb una persona raríssima, no, no, amb mi. A mi m’han condemnat en costes per dret dels consumidors. Clar, dius home, doncs no sé jo si el que hem de discutir són les setmanetes que han d’estar fent substitucions o hem de discutir que el sistema judicial no pot estar sistemàticament en rebel·lia contra determinada legislació, perquè no els sembla bé o perquè no compleix determinats interessos que jo no sé i, per tant, no puc dir des d’aquí. Però és que hi ha moltes sentències idèntiques i sempre és en el mateix sentit. I sempre a favor dels bancs, és clar. A mi digui’m, desconfiada, però començo a dubtar que l’element impartició de justícia no sigui repartiment d’interessos. I em preocupa. Em preocupa perquè més enllà de que vull un Estat independent, més enllà de que farem una justícia en aquest estat independent i del Consell de Justícia de Catalunya, que sí que ho farem, més enllà de tot això, mentrestant, em jutgen els jutges espanyols i, per tant, em preocupa estar subjecte a una judicatura que no es guia pels principis d’imparcialitat i sobretot per la legislació que de vegades fan governs progressistes o que es diuen progressistes i de vegades governs de dretes o molt de dretes. Però la llei és la que és. La llei és la que és i la seva interpretació sempre cau a favor dels mateixos. I d’això la gent n’és molt conscient. Això qui ho atempera a vegades: el quart torn és cert. A vegades l’atempera, però aleshores potser és que la tria de jutges i jutgesses no l’estem fent correctament. Potser que els principis només de mèrit, capacitat i pagament en el teu preparador particular, que per cert és un jutge de no sé on i que cobra en negre, no és el sistema. Potser és que les beques que es proposaven són l’element imprescindible perquè gent que no prové d’aquestes famílies puguin accedir a l’exercici de la jurisdicció. I jo el que els dic és que si realment aquest Estat vol seguir passant, per mi, ja els dic que incompleix algun dels paràmetres fonamentals, però vol passar per un Estat democràtic i de dret i subjecta a la llei, repensin la justícia. Perquè la justícia ara mateix actua com un element ideològic. I parlo de la sensació de la gent que a vegades és molt més important que la realitat com un element carpetovetònic, decimonònic d’aplicació d’una normativa que, d’alguna manera a la vida i la tria de la gent a través del poder legislatiu, modifica però, que no arriba mai a les sales de justícia. Per mi el gran exemple d’això va ser la interpretació que s’ha donat tant a les sentències dels interins, que volia fer un comentari sobre jutges i jutgesses substituts però no tindré temps, com amb el tema de les hipoteques. El Suprem ha actuat sempre a favor de la interpretació més restrictiva de drets que pogués haver-hi. I això traspua a la societat. Traspua i, a més a més, és que controla les seves sales. Vull dir que alguna cosa hi deu haver de veritat. Moltes gràcies. Muchas gracias. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, diputados y buenas tardes, diputadas. La proposición que nos traen hoy aquí tiene bastante que ver con cosas que ya se habían introducido en la propuesta que habíamos hecho ―creo que era un proyecto de ley o una proposición de ley― sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal. En aquel momento nosotros estábamos dispuestos a negociar esta ley y, por tanto, sería una incongruencia por nuestra parte que ahora votemos en contra de una proposición tan sencilla como esta. Por cierto, me sorprende que traigan una proposición con tan poco contenido porque podrían haber añadido varias cosas más para acabar de aprobarla. Y no vamos a votar en contra, nos vamos a abstener porque consideramos que faltan muchas cosas, pero lo que plantean no es ninguna barbaridad. Lo que plantean no es nada extraño ni diferente de lo que ya se había propuesto, pero es irrisorio con respecto al problema que tenemos en la Administración de Justicia. Al final nos hemos puesto todos de acuerdo gracias a negociaciones bastante forzadas, y hemos tenido a más jueces que han ido a parar a Cataluña; ha sido uno de los elementos de acuerdo para aprobar algunas disposiciones. Pero es que, en realidad, creo que estamos perdiendo de vista que, si nos creemos esto de que el Poder Judicial es la tercera pata de la separación de poderes, el tercer poder o la tercera pata de un Estado democrático de verdad, de bienestar de verdad y con el imperio de la ley de verdad, es obvio que la inversión que se hace, tanto en medios materiales como en medios humanos ―como jueces y fiscales― es insuficiente. Y es insuficiente porque al final es lo que garantiza si la ciudadanía cuando tiene un problema, una controversia o un conflicto puede ir a resolverlo dentro de una racionalidad esperable de sentencia o no. Y aquí voy a lo que es mi obsesión, diría que casi personal. El Consejo General del Poder Judicial, que tiene las atribuciones de sanción, en la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene los elementos de régimen interno por los que se puede sancionar a los jueces. Es obvio que entre estos motivos no se introduce este error, y el error puede generar una responsabilidad patrimonial de la Administración; y es obvio, también, que se saca del ordenamiento a través de sucesivos recursos. Vale, hasta aquí la estructura que tenemos, pero lo cierto es que esto no se está cumpliendo. Es cierta la importancia que tiene la actividad jurisdiccional y el impacto que tiene en la vida de la ciudadanía, aunque todos lo tengamos muy claro parece que los propios juzgados no sean conscientes de ello. Es decir, cuando te llega un desahucio donde tienes la certeza de que hay un anuncio de suicidio si se produce este desahucio con una persona vulnerable, el juez o la jueza no puede obviarlo. Y si el suicidio se acaba produciendo, como pasó hace ahora una semana y media o dos en Hospitalet, perdonad, alguna responsabilidad tiene que haber; repito, alguna responsabilidad tiene que haber. Lo que no puede ser es que, a pesar de que tengamos un espacio para el error, nunca sean responsables de los efectos en la vida que tienen sus sentencias. Por tanto, creo que esto es algo fundamental en lo que deberíamos ponernos de acuerdo, y es digno de ser una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y quien dice esto, dice sentencias que parece que sean tan inocuas, como una sentencia de consumidores con hipotecas en las que una audiencia va y condena con costas al demandante, al usuario. A ver, señores, que incluso los estudiantes de la facultad saben que la Unión Europea, cuando hay un pleito de consumidores, no hay condena con costas porque es disuasorio del ejercicio de los consumidores. Esto ha pasado hace dos meses y no con una persona rarísima, no, conmigo; a mí me han condenado con costas. No sé si tenemos que discutir sobre las semanitas que tienen que hacer sustituciones o tenemos que discutir que el sistema judicial no puede estar sistemáticamente en rebeldía contra determinada legislación porque no les parece bien o porque no cumple con determinados intereses, Yo no sé y no puedo decirlo desde aquí, pero hay muchas sentencias idénticas y siempre van en el mismo sentido, siempre a favor de los bancos. Claro, a mí díganme desconfiada, pero empiezo a dudar que la impartición de justicia no sea más que el reparto de intereses, y me preocupa. Me preocupa porque más allá de un Estado independiente, más allá de que vamos a hacer una justicia de este Estado independiente, del consejo de justicia de Cataluña ―que sí, que lo vamos a hacer―, más allá de todo esto, mientras tanto, nos juzgan los jueces españoles, y me preocupa estar sujeta a una judicatura que no se guía por los principios de imparcialidad y, sobre todo, por la legislación que a veces hacen Gobiernos progresistas ―o que se llaman progresistas― y a veces Gobiernos de derechas o muy de derechas. Pero la ley es la que es y su interpretación siempre cae a favor de los mismos, de eso la gente es muy consciente. ¿Y quién lo atempera a veces? Bueno, el cuarto turno, es cierto, que a veces lo atempera, pero, entonces, quizá es que la selección de jueces y juezas no la hacemos correctamente. Quizá los principios de mérito, capacidad y pago a tu preparador particular ―que cobra en negro, además― no es el sistema. Quizá es que las becas que se proponían son el elemento imprescindible para que la gente que no viene de estas familias pueda acceder al ejercicio de la jurisdicción. Y yo lo que les digo es que si realmente este Estado quiere seguir pasando ―que para mí, ya les digo, que incumple algunos de los parámetros fundamentales― por un Estado democrático y de derechos sujeto a la ley, repiensen la justicia, porque la justicia ahora mismo actúa como un elemento ideológico ―y hablo de la sensación de la gente, que a veces es mucho más importante que la realidad―, como un elemento carpetovetónico y decimonónico de aplicación de una normativa que de alguna forma en la vida y en la selección de la gente a través del poder legislativo modifica, pero que no llega nunca a las salas de justicia. Para mí, el gran ejemplo de esto fue la interpretación que se ha dado tanto a las sentencias de los interinos ―quería hacer un comentario sobre jueces, juezas y sustitutos, pero no voy a tener tiempo― como con el tema de las hipotecas. El Supremo ha actuado siempre a favor de la interpretación más restrictiva de derechos que existiera, y esto pasa y llega a la sociedad. Y si lo escuchan en las salas, algo habrá de verdad. Muchas gracias. .

Verónica Martínez Barbero SUMAR

Muchas gracias, presidenta. Antes de empezar con el tema objeto del debate, hoy quería celebrar una victoria, quería celebrar la victoria de los cientos de personas que llevan meses organizándose y movilizándose para decirnos que la vivienda es un derecho y no un activo financiero. . A todas esas personas, muchas de ellas acampadas a 600 metros de aquí, otras tantas manifestándose en las plazas de nuestros pueblos, en nuestras ciudades, tenemos que darles las gracias por empujar para que la política esté a la altura. Esperemos, señorías, que este viernes la Cámara de representantes de la ciudadanía haga honor a su nombre y vote en consecuencia con lo que esa ciudadanía quiere. Señorías, el Grupo Popular trae hoy una proposición para modificar la formación en la escuela judicial. Lo que pasa es que, antes que discutir lo que ocurre en la escuela judicial, hay una pregunta un poquito más importante: ¿quién consigue llegar hasta ahí? Hoy una persona termina Derecho y, si quiere ser jueza, tiene por delante de media cuatro o cinco años estudiando una oposición. Ahí la igualdad formal empieza a chocar con la realidad porque para dedicar cuatro o cinco años a estudiar una oposición, hay que poder vivir dedicándole cuatro o cinco años. Hay que poder comer, hay que poder pagar el alquiler, hay que poder pagar a quien te prepara. Y difícilmente se puede trabajar porque prepararse una oposición ya es una jornada completa. Nosotras queremos que la judicatura se parezca más a la sociedad a la que sirve, que puedan llegar a ser jueces y juezas personas de familias humildes y trabajadoras, que puedan llegar a ser jueces y juezas personas que son las primeras en su casa y en su familia que estudian Derecho. Esto no cuestiona el enorme mérito que tienen todas aquellas que aprueban una oposición durísima, pero sí señala el problema, que son todas aquellas personas con mucho mérito y mucha capacidad y que ni siquiera van a poder intentarlo. Señorías, la Constitución habla de igualdad, mérito y capacidad, y nosotras queremos tomarnos en serio las tres cosas. No creemos que la capacidad para ejercer de juez o jueza pueda medirse exclusivamente por la capacidad para memorizar y cantar cientos de temas. Un juez no trabaja recitando una ley de memoria; tiene que interpretar, argumentar, valorar hechos y pruebas contradictorias, escuchar y decidir. Todo eso exige efectivamente muchísimo conocimiento jurídico, pero también exige capacidad de análisis, razonamiento, criterio, comprensión de la realidad social y capacidad para relacionarse con todas las personas que entran por el juzgado. La memoria es una capacidad, señorías, pero no es, ni mucho menos, la medida del resto de capacidades. Por eso nuestra propuesta sobre la escuela judicial parte de idea completamente diferente. No creemos que la formación pública deba empezar cuando ya hemos hecho toda la selección. Hoy en día, durante años, el Estado prácticamente desaparece de la preparación de quienes quieren ser jueces. Todo esto queda, en buena medida, en manos privadas. Solo cuando una persona ya accede a la oposición, aparece el Estado y comienza la formación pública. Nosotras queremos revertir esa lógica, que la formación pública forme parte del propio proceso de acceso: una formación teórica y práctica, evaluación continuada y, después, un proceso selectivo exigente que permita valorar conocimientos y capacidad. Señorías, todo esto del acceso a la carrera judicial importa por algunas cosas más. La democracia española transformó profundamente muchas de las instituciones del Estado, pero el Poder Judicial lo transformó un poquito menos. Llevamos décadas con un sistema de acceso extraordinariamente cerrado, basado en años de preparación individual ―en buena medida privada, como ya he dicho― y en el que quienes ya forman parte de la carrera judicial preparan a quienes aspiran a entrar en ella. Eso no es inocuo. Las instituciones también construyen culturas, las transmiten, las reproducen, y cuanto más cerrado es el mecanismo de entrada, más difícil es cambiar esa cultura. Señorías, esto no es una discusión abstracta. La semana pasada una comisión judicial ejecutó el desahucio de Maricarmen, y, ante una situación como esta, tenemos que preguntarnos también cómo administra justicia nuestra justicia. Claro que jueces y juezas aplican la ley, pero aplicar el derecho no es apretar un botón. Hay interpretación, hay ponderación y decisiones procesales, hay posibilidades de suspensión y aplazamiento previstas por nuestro ordenamiento. De hecho, el propio procedimiento de Maricarmen tuvo lanzamientos anteriores que fueron aplazados judicialmente. . Nadie nadie nadie interpreta la realidad desde el vacío, por eso, cuando hablamos de uno de los poderes del Estado, importa qué experiencias vitales, qué realidades sociales y qué formas de ver el mundo están presentes. Queremos una judicatura que conozca también esas vidas, porque el derecho se aplica sobre la vida de la gente, sobre quien pierde un empleo, sobre quien no puede pagar el alquiler y sobre una mujer de 87 años que acaba saliendo en camilla de un piso en el que ha vivido setenta años por un desahucio. Señorías, incluso hay algo más: la justicia tiene un poder enorme y, precisamente por eso, sus límites también importan. Cuando desde los tribunales se pretende intervenir en la disputa política, condicionar decisiones democráticas o perseguir lo que no corresponde perseguir judicialmente, tenemos un problema que va mucho más allá de una sola sentencia, y en esas estamos desde hace tiempo. Por todo esto, no podemos reducir el acceso a la carrera judicial a una discusión sobre tipos de exámenes o pruebas; es una discusión sobre democratización de uno de los poderes del Estado. Quizá por eso ustedes, señorías del Grupo Popular, nunca quieren llegar hasta el fondo de ese debate, porque si hablamos de democratizar la justicia, tenemos que hablar también de su relación con las instituciones. Señorías del Grupo Popular, mantuvieron bloqueada durante casi seis años la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora están haciendo exactamente lo mismo con el Tribunal Constitucional desde el Senado. Esto empieza a ser una costumbre bastante peligrosa, señorías. Si a sus señorías del Grupo Popular la mayoría que hay les gusta, el órgano se queda como está, no hay renovación que el mandato se quede ahí, todo lo caducado que esté. Ustedes tienen un problema con una regla bastante elemental de la democracia, que las mayorías cambian, y a veces, señorías del Grupo Popular, ustedes pierden, pero no lo aceptan. Las señorías del Grupo Popular no aceptan que la democracia tiene cambios y estos tienen consecuencias. Por eso bloquean, por eso estiran mandatos caducados, porque han llegado a considerar que determinados espacios del Estado son suyos, como si las instituciones tuvieran propietario. Y no, señorías, el Estado no es del Partido Popular y el Poder Judicial tampoco. El problema, señorías, no es que el sistema no funcione; el problema es que funciona exactamente como a ustedes les conviene, y ya va siendo hora de que funcione para todas las demás. Muchas gracias. .

Juan José Aizcorbe Torra VOX

Con la venia, señora presidenta. El artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite que un juez en prácticas sustituya a un titular y ejerza la jurisdicción con la misma amplitud que él. Puede dictar sentencias cuando aún no ha terminado el curso de selección ni ha ingresado formalmente en la carrera judicial. Cuesta explicar que pueda juzgar por su cuenta mientras sigue superando el curso que le habilitará formalmente para hacerlo. Juzgar, obviamente, exige conocer el derecho y respetar las garantías del procedimiento; exige estudiar el caso concreto hasta estar en condiciones de decidir conforme a derecho. La resolución lleva la firma del juez, que asume también una responsabilidad de conciencia. Puede contar con ayuda en el tribunal, pero el juicio sobre el asunto le corresponde a él. Por eso importa tanto su buena preparación como juez antes de ejercer la jurisdicción por su cuenta. En 2012 el Gobierno del Partido Popular, que al menos tenía presupuestos aprobados, impuso cuatro meses de sustituciones por razones de austeridad y formación. Ahora el propio Grupo Popular propone suprimir esta fase siguiendo la propuesta unánime del Consejo General del Poder Judicial, que considera que no aporta una formación más relevante y retrasa la incorporación plena a la carrera judicial. El Consejo propone que la formación en la escuela judicial, una vez superada la oposición, coincida con las prácticas tuteladas. El aspirante seguirá aprendiendo junto a un juez titular y tendrá que superar una evaluación continua. Sostiene que así se acorta el curso, sin perjudicar la preparación, y eso lo compartimos. Necesitamos que los nuevos jueces lleguen, que lleguen bien y que lleguen pronto. Su selección debe seguir fundada en la independencia, la igualdad, el mérito y la capacidad, y acortar la formación no puede rebajar, bajo ningún concepto, la preparación con la que comiencen a juzgar. La falta de jueces pesa aún más con la puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El señor Bolaños afirmó en esta Cámara, con gran pompa y circunstancia, que había hecho la mayor reforma de estructura judicial española en dos siglos. En julio llegó a proclamar el triunfo del reformismo sobre el inmovilismo. El ministro tiene una opinión excelente de su ley y aún mejor de sí mismo: yerra, sin duda, en ambas cuestiones. . Bastante peor es la opinión que trasladan quienes tienen que trabajar con ella. Las asociaciones judiciales y los profesionales han advertido de los problemas en la puesta en marcha de los tribunales de instancia. Desde el inicio las profesiones jurídicas trasladaron al ministerio las dificultades para comunicarse con los órganos judiciales y sus innumerables quejas de cómo estaba funcionando la reforma, los plazos de implantación los fijó el Gobierno, las advertencias se hicieron previamente y por todos, Bolaños estaba avisado y siguió adelante: pues tenemos el caos servido. También fue advertido de la falta de jueces. Las asociaciones judiciales y fiscales se lo dijeron al ministerio cuando comenzaba la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025. En julio el Gobierno aprobó quinientas plazas judiciales; según han señalado las asociaciones de jueces, la mayoría no entrará en funcionamiento hasta el 2027. El 12 de marzo el Consejo aprobó por unanimidad esta propuesta y acordó enviársela al Ministerio de Justicia: ni caso. En junio tuvo que recordársela: ni caso. Es más, el Gobierno tiene un proyecto de reforma de la carrera judicial en tramitación cuyo texto sigue manteniendo los cuatro meses de sustitución con capacidad jurisdiccional antes de ser nombrados los jueces que el Consejo propone suprimir, pero al señor ministro le trae al pairo. Volvamos a la proposición del Grupo Popular. La exposición de motivos está bien elaborada. Precisamente por eso sorprende que el articulado deje intactos dos preceptos a los que afecta esta reforma: el artículo 210.1.c) permite llamar a los futuros jueces en prácticas para sustituciones y el artículo 216 bis 3 permite adscribirlos como jueces de apoyo, y ambos remiten al artículo 307.2, que ustedes proponen modificar. Esta revisión debería haberse hecho en esta misma proposición: ignoramos por qué. Si se toma en consideración la proposición, habrá que tenerlo en cuenta, y examinaremos también la enumeración de materias que conserva el artículo 307.3. A nuestro juicio, responde a una selección ideológica impropia de la formación judicial. Un juez debe conocer todo el derecho que está obligado a aplicar. El Consejo General del Poder Judicial — insisto, por unanimidad— ha propuesto una forma de acortar la incorporación de nuevos jueces, manteniendo las prácticas tuteladas, sin rebajar el rigor y la preparación. Trabajaremos sobre ella, y complementemos y completemos las modificaciones legislativas que el PP ha dejado sin resolver, porque, como escribió Machado en Proverbios y cantares, «despacito y buena letra, el hacer las cosas bien importa más que hacerlas», aunque entiendo que, con la grave situación actual de España, despacito es complicado. Muchas gracias. .

Raúl Díaz Marín PSOE

Muchas gracias, presidenta. ¿No tendré paisanos, señora Gamarra? Bien, tengo que coincidir con usted, señora Vallugera, porque, efectivamente, cuando Maricarmen fue expulsada en ambulancia de su casa, interpeló a todo un país, pero primero a nosotros, 350. Habló de la tarea pendiente de la justicia, y esta es una proposición de ley orgánica sobre justicia. Nos pide el Grupo Popular a través de ella que los jueces lleguen antes a los tribunales de instancia, pero ¿de qué sirve, si luego la justicia llega tarde a quien debe servirse de ella? . ¿De qué sirve, si después llegamos tarde a dar respuesta a una mujer de 87 años y a todas y cada una de las personas, que, como ella, son a quienes nos debemos? En su caso concreto, parece ser una solución extrajudicial la que no solo ha llegado tarde, sino que además no ha llegado a la puerta de su casa, sino a la puerta de un hospital. Y estas cosas pasan cuando en esta casa, nuestra casa, la casa común de todos los españoles se vota por quitar protección, se vota por castigar y no cuidar. Y eso es justo lo que hicieron ustedes con su voto, señorías del Grupo Popular: castigar y no cuidar, votando en contra del decreto antidesahucios, votando en contra de la actualización de las pensiones o de la rebaja de veinte céntimos al gasoil. . Señorías del Grupo Popular, dejen de sentirse dueños y empiecen a sentir como pueblo, que nos irá mejor a todos como sociedad. Y, señor Aizcorbe, agradezco que usted se ajuste al texto de la proposición, pero tampoco podemos pasar por alto lo que ocurrió en el pasado Pleno, cuando una señoría de su grupo deseó el suicidio de un compañero del Grupo Parlamentario Socialista al haber salido del armario. . Hoy tampoco se han referido ustedes al caso de Maricarmen, y es que, al final, ustedes, señorías de VOX, son mucho de hablar de España, de defender España ―España suya o de nadie―, pero, a la hora de la verdad, a la hora de ponernos serios y tener que votar para proteger a los españoles de a pie, ustedes siempre han votado en contra de cuidar a los compatriotas. Ustedes votan sistemáticamente en contra de todas y cada una de las personas que les sobran en este país, sin darse cuenta de que quienes sobran no son ni tan siquiera ustedes: solamente sobra el odio que sale de sus bocas, señorías de ultraderecha. . Y, sobre el fondo de la iniciativa, poco que aportar. Señora Gamarra, está copiada de la propuesta unánimemente aceptada por el Consejo General del Poder Judicial, y es algo que ya se contempla en el proyecto de ley de fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal que tiene registrada el Gobierno antes que ustedes. Estamos de acuerdo en eliminar en la Escuela Judicial la fase de sustitución y refuerzo y que la formación teórico-práctica sea simultánea a la de prácticas tuteladas, y todo con un objetivo: cubrir cuanto antes los puestos y las vacantes en los tribunales de instancia. Por tanto, novedad poca, aunque más interesante que el petitum de esta proposición creo que es la exposición de motivos, donde ustedes dibujan el iter legislativo que ha seguido nuestra Escuela Judicial, y es que esta es una oportunidad perfecta, señorías del Grupo Popular, para retratar lo que es una constante en el PP, ese partido que empezó sin tutelas ni tutías, que después empezó a hacer su viaje hacia el centro, pero que, como a Odiseo, parece que se les complicó, y ahora están ustedes a la deriva, hacia ninguna parte, con Abascal como único GPS; bueno, ni GPS, como astrolabio, tan antiguo como las cosas que dice. . Díganme, señores del Grupo Popular, ¿no eran ustedes los que se oponían tantísimo a los jueces adjuntos? Es una figura que se introdujo en el año 1994. ¿Y qué decían ustedes? Diario de Sesiones de aquella época: «Nos parece totalmente fuera de lugar esa idea de juez adjunto, una macabra incorporación de terminologías que lo que hacen es traicionar al propio concepto». ¿Y qué han hecho ustedes en su proposición de hoy? ¿Qué han hecho ustedes treinta y dos años después? En su ley de hoy, del año 2026, dicen: «Fue una transformación importante». Señora Gamarra, tan importante debió ser esa transformación que no solo no modifican lo que criticaban, sino que lo asumen como propio en su proposición. Ya lo ven, hay cosas que no cambian: nos llamaban traidores hace treinta y dos años y hoy. Eso no cambia, pero, al menos, tres décadas después ustedes nos dan la razón: al ritmo al que ustedes van, señorías, en otros treinta y dos años, allá por el año 2058, reivindicarán como propia la ley de eficiencia, la ley del divorcio o, por ejemplo, también la ley de amnistía. Y comprobarán ustedes que lo llegaremos a ver. Pero — atención, redoble de tambores— ustedes también han criticado siempre la figura de los jueces sustitutos, tampoco les gustan. ¡Pero, bueno! Algo que nació como excepción en 1994 ustedes, señores del PP, en 2012 lo incorporaron como obligación en la fase de preparación en la Escuela Judicial. Además, expresamente atribuían la misma jurisdicción, con idéntica amplitud, a los titulares de los órganos judiciales, y ahora vienen con esta ley y lo modifican. ¡Increíble! Gol en Las Gaunas, ya que somos de Logroño, señora Gamarra. Es decir, en el proyecto de ley del Gobierno, del señor Bolaños, de fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, se propone esto mismo; ustedes lo enmiendan para hacerlo desaparecer, y nos vienen hoy y copian el mismo texto. Señorías, es que esto es el PP contra el PP. Parece ser que su inconsistencia no solo se fuga de un espray pimienta: parece que también llega a su hilo discursivo. . Y, si no, se lo podemos preguntar a la señora Álvarez de Toledo, que, cuando el señor Bolaños vino a presentar este proyecto de ley, dijo: «Este es un paso decisivo para mutar a España de democracia plena a democracia fallida». ¡Y ustedes ahora traen lo mismo que trajo el Gobierno! Yo no sé si es un lío entre ustedes, señores del Partido Popular, pero está claro que aquí solo falla su propia coherencia. Por tanto, tras este tatachín, al final lo único que podemos sacar en claro es lo siguiente: que en esta autoenmienda a la totalidad que se hace el Partido Popular a sí mismo hay que destacar que ustedes están en lo de siempre, en exportar y dar intranquilidad y desasosiego a los opositores, mientras que los socialistas democratizamos su acceso a la carrera judicial y fiscal a través de becas y, además, multiplicamos por cinco la última convocatoria de jueces que ustedes dejaron cuando presidían este país. . Y acabo, señora presidenta. Ya que andan ustedes, señorías del Grupo Popular, estrenando ánimo constructivo por primera vez a estas alturas de la legislatura con esta proposición de ley y como en mi pueblo se suele decir que hay que regar cuando baje agua, queremos aprovechar esta vía colaboracionista del Partido Popular para pedirles dos cosas más. La primera, que contagien a sus compañeros del Senado, que llevan bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional desde hace ya un año. . Y la segunda cuestión que les pedimos: ya que presentan hoy ustedes aquí una ley para agilizar y que se cumpla una ley del peligroso Gobierno sanchista con los tribunales de instancia como protagonistas, no se queden ustedes solo en el ámbito de la justicia, señorías del Grupo Popular: muévanse, háganlo también en materia de vivienda y saquen del cajón de las doce comunidades autónomas donde gobiernan precisamente la ley que puede ayudar a otorgar una solución habitacional a nuestros miles de ciudadanos y de ciudadanas, que son a quienes nos debemos. Muchas gracias. .

Manuel Arribas Maroto PSOE

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hay decisiones políticas que son fáciles y hay decisiones políticas que son necesarias. Las primeras de ellas, señorías, pueden dar tranquilidad; las segundas pueden generar críticas, incomprensión e incluso tener un coste electoral. Pero, cuando decidimos apoyar una decisión que puede contribuir a salvar una vida, nuestra obligación no es preguntarnos cuánto cuesta políticamente; nuestra obligación moral y nuestra responsabilidad es tomarla. En el pasado mes de marzo, este Congreso tuvo la oportunidad de avanzar en materia de seguridad vial, pero no salió adelante. Hoy tenemos de nuevo una oportunidad. En estos meses seguro que han cambiado muchas cosas en nuestro país, pero hay otras cosas que no han cambiado. No ha cambiado el efecto del alcohol sobre la conducción, no ha cambiado el riesgo, no han cambiado sus consecuencias y, desgraciadamente, tampoco han dejado de llegar víctimas a nuestras carreteras. Por eso volvemos, señorías, no para rebatir un debate, no para repetirlo, no para ajustar cuentas, no para reprochar a nadie lo que votaron hace seis meses. Volvemos porque creemos en esta medida, porque creemos que puede contribuir a salvar vidas y porque la seguridad vial no puede resignarse. Mientras que exista una sola decisión que pueda evitar una muerte en nuestras carreteras, esta Cámara tiene la obligación de intentarlo. Y volvemos después de un verano que debe hacernos reflexionar, señorías. Durante los meses de julio y agosto se produjeron 218 siniestros mortales; 240 personas perdieron la vida en las carreteras, 10 más que en el verano anterior, y otras 926 personas tuvieron que ser hospitalizadas. Todo llegó en un verano en el que España ha vuelto a batir récords en cuanto a movilidad, con más de 100 millones de desplazamientos. Y hay otro dato que debería preocuparnos especialmente, y es que, entre jóvenes de 15 y 24 años, murieron 31 personas, 8 más que el año anterior. Señorías, detrás de las estadísticas hay una realidad mucho más sencilla, y es que en este verano cada día cuatro personas salieron de su casa y no regresaron nunca más. España ha recorrido un enorme camino en seguridad vial. Pero no ha sido fruto de la casualidad; ha sido fruto de decisiones políticas, de decisiones valientes, de decisiones difíciles, algunas de ellas discutidas y algunas de ellas seguro que consideradas impopulares. Señorías, hicimos obligatorio el uso del cinturón de seguridad; hubo quien lo consideró una intromisión en la libertad del conductor, pero hoy nadie concibe subirse a un vehículo y no abrocharse el cinturón. . Hicimos obligatorio el casco, y hoy nos resultaría completamente anómalo y extraño circular por una carretera y que nos adelantase un motorista sin llevarlo puesto. Después llegó el carné por puntos. También hubo críticas, hubo quien opuso resistencia. También escuchamos que queríamos perseguir a los conductores. Hoy forma parte de la más absoluta normalidad de nuestra cultura de seguridad vial. Hemos reducido velocidades, hemos aumentado los controles, hemos mejorado las carreteras, hemos apostado por la prevención y por la educación, y cada una de estas decisiones ha ido colocando una barrera frente a la muerte en las carreteras. . Hemos ido cerrando el círculo, y ahora nos toca cerrarlo un poco más. Señorías, sé que para algunos de ustedes pensar en reducir la tasa de alcohol puede suponer una medida incómoda, incluso impopular, que puede molestar ―y puede ser―. Pero nosotros, señorías, no hemos venido a esta Cámara solo a tomar decisiones populares; hemos venido a tomar decisiones responsables. Y seguramente alguien pensó que hacer obligatorio el cinturón quitaría votos, seguramente alguien pensó que hacer obligatorio el casco quitaría votos y seguro que también lo pensaron cuando el carné de conducir. Pero hoy seguro que ninguno de ustedes piensa cuántos votos costaron aquellas medidas. Y hoy lo que sí podemos preguntarnos es cuántas vidas ayudamos a salvar con esa toma de decisiones. . Señorías, esto es gobernar, esto es legislar, es tener la valentía de adoptar decisiones respecto de las que quizá dentro de veinte años nadie sea capaz de entender cómo podíamos discutir sobre ellas, porque hay decisiones políticas que se miden en votos, pero también hay otras que son mucho más importantes, las que se miden en vidas. Y aquí quiero regresar a los datos, porque este debate no nace de una ocurrencia, no nace de una percepción, no nace del capricho del Ministerio del Interior, no nace del capricho del director general de Tráfico, no nace del capricho de las asociaciones de víctimas, que hoy veo que nos acompañan aquí y a las que quiero dar las gracias: a Aesleme, a Stop Accidentes, a Ponle Freno, a P T; a todos y cada uno de vosotros, que ayudáis a las víctimas y nos alentáis a seguir en esta carrera de fondo. . Esta medida, señorías, no nace de la casualidad. Uno de cada tres fallecidos en carretera presentaba alcohol en sangre; repito, uno de cada tres. Y sabemos que el alcohol continúa siendo uno de los principales factores concurrentes en los siniestros mortales. Llevamos años haciendo campañas, realizando controles, educando, concienciando, sancionando también, y debemos seguir haciéndolo, pero, si el alcohol continúa apareciendo detrás de demasiadas tragedias, tenemos la obligación de hacernos una pregunta: ¿Podemos hacer algo más, señorías? Y la respuesta es sí, sí podemos hacerlo, porque la seguridad vial nunca ha avanzado conformándose, ha avanzado tomando decisiones. Este verano se han vuelto a perder 240 vidas, entre ellas, las de 31 jóvenes entre 15 y 24 años. No podemos aceptar estos datos como si fuesen inevitables; una muerte evitable nunca puede convertirse en parte de una estadística asumible. Por eso nuestra propuesta es clara: establecer la tasa máxima de alcohol en sangre a 0,2 gramos por litro, a 0,10 miligramos en aire expirado para todos los conductores; una tasa común, una regla sencilla, un mensaje comprensible. Tenemos que acabar con ese concepto de que el consumo moderado de alcohol al volante es aceptado y tenemos que dejar de hacernos esas preguntas acerca de cuánto puedo beber, si una cerveza o una copa, cuánto mido, cuánto peso y cuánto he comido. La pregunta debe ser que, si voy a conducir, puedo beber. Y la respuesta debe ser inequívoca y no debe dar lugar a dudas: la respuesta debe ser no; si voy a conducir, no puedo beber. . Hoy estamos en esta Cámara porque esta cuestión no consiste simplemente en cifras. Tenemos que hacerlo con rigor, tenemos que hacerlo con seguridad jurídica y tenemos que blindarlo por ley. Y este también es el camino que debemos seguir para modificar las conductas de algunos conductores. Seguro que para algunos de vosotros esto no será suficiente, y claro que no es suficiente: una ley no va a terminar con los siniestros viales, tampoco un radar, ni el cinturón, ni el casco; necesitamos hacerlo todo, en su conjunto. Por eso la pregunta no es si esta medida va a resolver todos los problemas. La pregunta es mucho más sencilla, es si esta ley reduce el riesgo, y la respuesta es sí. Y, como es sí, debemos seguir avanzando, y mañana seguir haciendo el resto. No utilicemos el hecho de que esta medida es insuficiente para usarlo como excusa y no hacer nada. También escucharemos que detrás de esta medida existe afán recaudatorio. Lo escuchamos en la comisión y en ponencia. Quiero decirles cuánto queremos recaudar exactamente con esta ley: queremos recaudar cero euros. El mayor éxito sería no recaudar ni un solo euro con esta modificación, porque eso significaría que ningún ciudadano ha decidido beber y después ponerse al volante. No queremos recaudar más, no queremos más accidentes, no queremos más heridos, no queremos más muertos, no queremos más familias destrozadas. . Y, señorías, tampoco estamos hablando de prohibir beber a una persona adulta, que tiene la libertad para hacerlo; lo que regulamos son las condiciones en las que después de haber bebido coge un coche y sale a una carretera, que es una vía compartida. Sí, señorías, porque la decisión de beber puede ser una decisión individual, pero, si uno después se pone al volante, las consecuencias dejan de ser así automáticamente. Y demasiadas veces vemos cómo quienes pagan las consecuencias son personas inocentes, como aquel joven de 21 años para cuya familia el pasado 16 de agosto a las 6:10 de la mañana se paró el reloj. Un vehículo se salió en la M-404, en Madrid, y volcó. Dentro viajaban cuatro jóvenes, y uno de ellos murió; tenía 21 años. No sabemos qué quería hacer con su vida, pero sí sabemos que prácticamente tenía toda su vida por delante. Seguramente, tenía la edad de terminar sus estudios, de encontrar su primer trabajo, de enamorarse, de viajar, de equivocarse, de empezar otra vez de nuevo, de celebrar comidas familiares, de ver envejecer a sus padres, y todo eso desapareció aquella madrugada. Historias como estas no son extrañas, ocurren cada fin de semana. Detrás de cada estadística hay personas, no números, señorías; no se queden con los números, las historias deben continuar. Y termino, presidenta. Ahora quiero pedirles algo, no como diputados, sino como padres, como madres y como personas. Seguro que muchos de ustedes tienen hijos. Imagínense por un instante que ese chaval de 21 años era uno de ellos. Imaginen su habitación, sus fotografías, sus estudios y, también cómo en unos segundos desaparece todo. Pónganse en el lugar de esa madre que no volverá a abrazar a su hijo, de esa madre que cada noche antes de irse a dormir recuerda aquella fatídica llamada del guardiacivil diciéndole que su hijo había fallecido, de esa madre que cada vez que mira su fotografía piensa en todo aquello que le quedaba por vivir. Nosotros, señorías, hoy no vamos a poder devolverle la vida, ni tampoco para sus padres, pero podemos intentar evitar la siguiente llamada. En marzo esta votación se perdió por un solo voto. Pero marzo ya pasó, y hoy tenemos la segunda oportunidad. Muchas víctimas, todos aquellos que perdieron la vida en la carretera no la han tenido. Señorías, detrás de cada decisión que tomamos aquí puede haber una familia que nunca conoceremos, una familia que quizá nunca sepa que una ley evitó que recibiese esa llamada. Eso, señorías, también es legislar: salvar la vida de personas que nunca sabrán que la decisión se tomó aquí. Por eso les pido un voto con responsabilidad, desde la conciencia, desde la humanidad. No hagamos de esto una victoria de uno y una derrota de otros. Esto no va de derrotar al Gobierno ni al grupo que propone esta iniciativa. Esto va de conseguir una victoria para el conjunto de la sociedad. Cerremos el círculo: señorías, os pido el voto favorable para la toma en consideración de esta proposición. Gracias. .

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Molt bona tarda. Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc voldria fer un reconeixement. Reconèixer la feina que durant molts anys han fet tantíssimes associacions de víctimes, entitats de prevenció i moltes persones, totes aquelles persones que han treballat per canviar de fet, la nostra manera d’entendre la seguretat viària. Perquè tots hem vist casos en què els grans avenços socials no comencen sempre al BOE. Moltes vegades comencen abans a la societat, quan conductes que durant anys semblaven normals deixen de semblar-nos mínimament acceptables. I amb l’alcohol i la conducció, senyories, ha passat exactament això. Durant massa temps es va assumir en el passat que el problema era haver begut massa. Haver begut massa. No haver begut i prou. Que per una copa o dues no passava res. Que cadascú coneixia els seus límits. Que jo sé fins on puc arribar. Que jo sí que controlo. Avui aquest discurs ha quedat, afortunadament molt enrere. La societat ha canviat. Hem canviat la manera d’entendre què significa conduir responsablement i cada vegada tenim molt més interioritzada una idea molt senzilla. Si has de conduir, no has de beure alcohol abans. Perquè l’alcohol afecta precisament algunes de les capacitats que necessitem per conduir. No ho diu ningú d’aquí. Ho diu la ciència. Augmenta el temps de reacció, altera la percepció de les distàncies i la velocitat, redueix la tensió, perjudica la coordinació i afecta, en definitiva, la presa de decisions. Hi ha una paradoxa especialment important, que és que també altera la pròpia percepció del risc del conductor que ha begut. Per tant, no podem fer descansar la seguretat de tots, de tota la col·lectivitat en la sensació subjectiva d’algú que després d’una o dues copes considera que continua controlant perfectament, precisament perquè allò que ha consumit pot estar afectant la seva capacitat per valorar-ho. I això la societat ja ho ha entès fa molt temps. Ho veiem en famílies, en grups d’amics, en sopars, en celebracions. Avui ja és absolutament habitual decidir abans qui conduirà i per tant, qui no beurà. I ho veiem especialment entre molts joves que s’han incorporat a la conducció amb uns hàbits molt diferents. De fet, molt millors. Dels de les generacions anteriors, dels de la nostra generació o la meva. Aquest canvi no l’ha imposat cap llei. És un canvi cultural que la societat ja ha fet seu. I crec que és important dir, perquè també hem de saber reconèixer una ciutadania responsable, madura i conscient de les conseqüències que tindrà els seus actes enfront tercers. Perquè conduir tots sabem que comporta una enorme responsabilitat. Quan ens posem davant del volant tenim les mans a una màquina de més de mil quilos capaç de circular a una velocitat enorme també, i capaç de matar. I des d’aquell moment les nostres decisions ja no afecten només la nostra vida, la vida del conductor, afecten la vida de les persones que viatgen amb nosaltres i de totes aquelles amb qui compartim la carretera, de totes aquelles amb qui coincidim a la carretera. I aquí és on la llibertat individual ha de trobar un límit. En una societat lliure, òbviament, cadascú pot decidir si consumeix o no vol consumir alcohol, però la llibertat individual no pot significar traslladar als altres un risc que era evitable. La llibertat d’un no pot convertir-se en inseguretat per als altres. I això és convivència, això és responsabilitat, això és ciutadania madura. I si abans d’obtenir un permís de conduir exigim saber conduir, conèixer les normes, haver practicat i demostrar unes aptituds mínimes, és coherent que una vegada obtingut, exigim que el conductor preservi també aquestes capacitats intactes quan es posa al volant. Per això compartim l’objectiu d’aquesta proposició. De fet, no és una posició nova. Ja vam donar suport a la reducció en l’anterior tramitació. Ara bé, durant la tramitació és cert que hi haurà algunes petites qüestions que probablement s’hauran de corregir. Ja en parlarem. Especialment, possiblement no tindria gaire sentit abaixar la taxa i que, al mateix temps, alguns determinats conductors més sensibles, com poden ser els novells o els conductors professionals amb la mateixa conducta, acabessin perdent menys punts dels que ara perdrien. Possiblement és un error o no sabem si s’hauria de corregir, perquè sobretot els conductors professionals que tenen interioritzat que òbviament no poden conduir sota els efectes de l’alcohol, sobretot quan porten passatgers. I són així i són professionals. I ho tenen interioritzat. Però passen moltes hores a les carreteres i, per tant, no té sentit que ara la sanció sigui menor que fins avui. També haurem de revisar durant la tramitació altres aspectes que potser van una mica en una direcció diferent de la que diu la Unió Europea. Però són petites revisions, però aquestes qüestions no alteraran el debat de fons. Per nosaltres no l’altera. La millor política de seguretat viària no és la que s’aconsegueix per més sancions, és la que aconsegueix que cada vegada calgui sancionar menys perquè una determinada conducta ja ha deixat de tenir qualsevol mena d’acceptació social. És a dir, es converteix en absolutament inacceptable amb l’alcohol i la conducció. Aquest canvi nosaltres entenem que ja fa molt temps que ha començat, l’ha fet la mateixa societat i ara correspon que la norma s’hi adeqüi. Moltes gràcies. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera reconocer el trabajo que durante muchos años han hecho tantísimas asociaciones de víctimas, entidades de prevención y personas que han trabajado por cambiar nuestra forma de entender la seguridad vial. Todos hemos visto casos en los que los grandes avances sociales no empezaron en el BOE; muchas veces empiezan antes, en la sociedad, cuando conductas que durante años parecían normales dejan de parecernos mínimamente aceptables, y con el alcohol y la conducción, señorías, ha pasado exactamente eso. Durante demasiado tiempo se asumió que el problema era haber bebido demasiado — no solo haber bebido—, que por una copa o dos no pasaba nada, que cada uno conocía sus límites, que sé hasta dónde puedo llegar, que yo sí controlo. Hoy, afortunadamente, ese discurso ha quedado muy atrás. La sociedad ha cambiado, hemos cambiado la forma de entender lo que significa conducir responsablemente y cada vez tenemos mucho más interiorizada una idea muy simple, y es que, si vas a conducir, no tienes que beber alcohol, porque precisamente afecta a algunas de las capacidades que necesitamos para conducir. No lo dice nadie de aquí, lo dice la ciencia: aumenta el tiempo de reacción, altera la percepción de las distancias y la velocidad, reduce la atención, perjudica la coordinación y, en definitiva, afecta a la toma de decisiones. Además, hay una paradoja especialmente importante, y es que también altera la propia percepción del riesgo del conductor que ha bebido. Por eso no podemos hacer descansar la seguridad de todos, de toda la colectividad en la sensación subjetiva de alguien que después de una o dos copas cree que continúa controlando perfectamente, precisamente porque eso que ha consumido puede estar afectando a su capacidad para valorarlo. Y esto la sociedad ya lo ha entendido y hace mucho tiempo que lo vemos en familias, en grupos de amigos, en cenas, en celebraciones. Hoy ya es absolutamente habitual decidir antes quién va a conducir y quién no va a beber. Y lo vemos especialmente entre los jóvenes, que se han incorporado a la conducción con unos hábitos muy diferentes ―de hecho, mucho mejores― a los de las generaciones anteriores, a los de mi generación, la nuestra. Este es un cambio que no ha impuesto ninguna ley, es un cambio cultural que la sociedad ya ha hecho suyo. Y creo que es importante decirlo, porque hay que saber reconocerlo ante una ciudadanía responsable, madura y consciente de las consecuencias que van a tener sus actos frente a terceros, porque conducir ―todos lo sabemos― comporta una enorme responsabilidad. Cuando nos ponemos tras el volante, tenemos entre las manos una máquina de más de mil kilos capaz de circular a una velocidad enorme y capaz también de matar. Y desde ese momento nuestras decisiones ya no afectan solo a nuestra vida, a la vida del conductor; también afectan a la vida de las personas que viajan con nosotros y a la de todos aquellos con los que compartimos la carretera, con quienes coincidimos en la carretera. Y aquí es donde la libertad individual tiene que encontrar un límite. En una sociedad libre, obviamente, cada uno puede decidir si consume o si no quiere consumir alcohol, pero la libertad individual no puede significar trasladar a los demás un riesgo que era evitable. La libertad de uno no puede convertirse en inseguridad para los demás. Y eso es convivencia, eso es responsabilidad, eso es ciudadanía madura. Y si antes de obtener un carné de conducir nos exigen que sepamos conducir, que conozcamos las normas, que hayamos practicado, que demostremos unas aptitudes mínimas, es coherente que, una vez obtenido, exijamos que ese conductor preserve también esas capacidades intactas cuando se pone frente al volante. Por eso, compartimos el objetivo de esta proposición. De hecho, no es una posición nueva, ya dimos apoyo a la reducción en la anterior tramitación. Ahora bien, durante la tramitación es cierto que habrá algunas pequeñas cuestiones que probablemente habrá que corregir. Ya hablaremos de ello. Posiblemente, no tiene demasiado sentido que se baje la tasa y que, al mismo tiempo, determinados conductores más sensibles, como los noveles o los profesionales, con esa misma conducta acaben perdiendo menos puntos de los que perderían ahora. No sé, ¿será un error quizá? No sabemos si hay que corregirlo porque, sobre todo en el caso de los conductores profesionales, que tienen interiorizado que. Obviamente. no pueden conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente cuando llevan pasajeros, pasan muchas horas en las carreteras; por lo tanto, no tiene sentido que ahora la sanción sea menor de lo que era hasta hoy. Lo que también tenemos que revisar durante la tramitación son otros aspectos que quizás van en una dirección distinta a la que marca la Unión Europea, pero son pequeñas revisiones. En cualquier caso, estas cuestiones no van a alterar el debate de fondo; para nosotros no se altera. La seguridad vial no es la que se consigue con más sanciones, sino la que consigue que cada vez se sancione menos porque una determinada conducta ya ha dejado de tener cualquier tipo de aceptación social. Es decir, se convierte en absolutamente inaceptable el alcohol y la conducción. Nosotros entendemos que este cambio hace ya mucho tiempo que ha empezado. Lo ha hecho la propia sociedad, y ahora lo que toca es que la norma sea coherente. Muchas gracias.

Inés Granollers Cunillera ERC

Gràcies, presidenta. Bona tarda. El PSOE ens torna a portar a debat una presa en consideració per tramitar un projecte de llei per rebaixar la taxa d’alcoholèmia al volant. I m’agradaria començar amb una idea molt senzilla perquè conduir és una responsabilitat. I conduir bé vol dir moltes coses. Vol dir estar atent a la carretera, vol dir respectar els senyals, adaptar la velocitat, mantenir la distància de seguretat, descansar quan toca i evidentment, tampoc mirar el mòbil quan conduïm. Tots sabem que una distracció o una imprudència o una decisió equivocada poden tenir conseqüències que duren tota la vida o que, malauradament, acaben amb aquesta vida. Per tant, també vol dir entendre que alcohol i conducció no són una bona combinació. Així mateix, ho vam dir l’altra vegada. Ara, d’això se n’ha de parlar amb normalitat i sense criminalitzar ningú, perquè la nostra societat celebra. Ens agrada trobar-nos amb els amics, fer un vermut el diumenge, prendre una cervesa en una terrassa a l’estiu, sopar amb una copa de vi, brindar un aniversari o acabar una festa amb una copa de cava. I això forma part de la nostra vida social. I no es tracta de prohibir aquests hàbits, sinó que és posar una línia molt clara entre gaudir i conduir. I sobretot, entendre que quan ens posem al volant no assumim només el risc nosaltres, que també posem en risc les persones que comparteixen en aquell moment la carretera. Per tant, el debat no és si podem celebrar o no podem celebrar si podem prendre una copa de cervesa o una copa de cava. El debat és què fem quan després hem de conduir. I aquí hem de ser clars. Si hem de conduir, l’alcohol no hi té lloc i té sentit reduir la taxa d’alcoholèmia. No podem fer com amb les drogues no hi ha una taxa o ets positiu o negatiu. Durant molts anys hem normalitzat aquella frase de només n’he pres una o estic bé per conduir, Però és que el problema que tenim de la percepció de nosaltres mateixos no sempre coincideix amb els efectes que l’alcohol té sobre la conducció i el missatge ha de ser molt senzill: si has de conduir zero alcohol i si volem continuar celebrant, que evidentment tothom ho vol fer, hem de posar fàcil que les persones puguin tornar a casa sense conduir també més transport públic. alternatives de mobilitat i responsabilitat col·lectiva. Perquè no es tracta d’escollir entre celebrar o tenir seguretat a les carreteres. Ho podem fer tot, però quan toca conduir crec que això està ha de ser claríssim. Quan toca conduir, toca conduir sense alcohol i aquí és on els falta la valentia, senyories del PSOE, perquè la cultura de la responsabilitat és aquesta la que hem de construir. Perquè, si parlem de seguretat viària, també hem de parlar de tota la resta. La mortalitat associada a l’alcohol es concentra sobretot en alcoholèmies molt elevades. Perquè no estem parlant de pujar molt les multes a aquestes alcoholèmies molt elevades? Mentre que el factor de risc avui en dia és el policonsum d’alcohol i drogues, que apareix com un risc especialment rellevant. En canvi, les drogues no tenen una taxa, o sigui, tu no pots dir que no et pots fumar tres canuts de maria. No, tu no pots fumar maria, si has de conduir; no pots beure, si has de conduir. I també convé parlar de distraccions de mòbil, de la velocitat del cansament, del respecte als senyals, de l’estat de les carreteres, de la formació dels conductors. I aquí crec que també hem de demanar responsabilitat a la direcció i a la Direcció General de Trànsit, perquè ara mateix tenim tres modificacions legislatives en tramitació i són totes tres reformes importants. Totes les persones que han mort en un sinistre viari tenen una família al darrere, totes, sigui per excés de velocitat, sigui per estar mirant el mòbil, o sigui per una simple distracció. I el que hauríem d’estar treballant és perquè surtin endavant totes tres iniciatives. Millorar-les quan calgui i donar una resposta als problemes reals que té la ciutadania. I aquí seré crítica amb la direcció de la DGT perquè tinc la sensació que està massa pendent d’enfrontar col·lectius, de generar polèmiques i de buscar titulars i no prou pendent de solucionar els problemes que genera la mateixa DGT i problemes en tenim. Tenim persones que esperen mesos per poder fer un examen. Tenim problemes de recursos, de gestió, de capacitat. Tenim ciutadans que necessiten fer un tràmit i que massa sovint es troben davant d’una Administració que no dona la resposta que hauria de donar. I això també és seguretat viària, perquè la seguretat no es construeix només fent més normes, es construeix també en que després sigui fàcil aplicar-les. Es construeix amb prevenció, amb educació, amb recursos, amb una Administració que funcioni i amb normes que després es compleixin. I aquí crec que la DGT hauria de dedicar menys temps a enfrontar i més temps a solucionar. No els hi sembla? Estan totalment segurs que això no es podia fer via reglament i no hauríem d’estar tenint aquest debat aquí? I aquest cap de setmana la taxa d’alcoholèmia hi hauria pogut estar baixa perquè la ciutadania ara mateix no demana més problemàtiques que ja en tenim prou temps. Ens demana poder conduir amb seguretat, poder fer els seus tràmits quan toca i saber que darrere de les normes hi ha una Administració que funciona. I nosaltres volem una cosa molt senzilla: que puguem continuar celebrant trobant-nos, fent un vermut, prenent una cervesa o brindant amb cava, però que quan arribi el moment de tornar a casa tots puguem tornar. I jo crec que aquí o tots ho tenim molt clar. Si beus, no condueixis. Per tant, no enganyin amb la taxa d’alcoholèmia. Siguin valents i, si volen canviar la taxa d’alcoholèmia, l’única taxa viable és el zero. Si beus, no pots conduir. És igual si beus una cervesa, si beus una copa de vi. És igual. Quan has begut, no pots conduir. Jo no voldria que el meu cirurgià es prengués només una cerveseta abans d’operar-me, ho tindria claríssim. Preferiria que no m’operés. Per tant, donem opcions a tothom i després, inverteixin també en un transport públic que funcioni. Una carretera que no sembli un port o un parc d’atraccions, com per exemple PortAventura. I aquí em referiré a la carretera que tenim entre Cervera i Lleida, que sembla ben bé a un parc d’atraccions que també ens porta molts accidents que no fem treballar amb un transportista. Hores i hores sense ni tan sols es pugui acollir a una jubilació anticipada, perquè això també provoca accidents. No cal que la gent begui per tenir un accident. Hi ha molts factors i això, senyories del PSOE, depèn del seu Govern, depèn dels seus ministeris i no es poden escudar només en que les majories no són prou fortes. Ara mateix tenen a la seva mà poder jubilar els transportistes professionals. Per què no ho estan fent? Perquè això també pot fer que demà una família hagi de lamentar la mort del seu fill de 21 anys, i és molt trist lamentar aquestes morts, molt. Però és que les morts les provoquen moltes altres coses. I repeteixo, nosaltres estem a favor del 0 0. No hi hauria d’haver cap més taxa, però també tenint en compte que vostès han abocat a tothom a tenir un cotxe privat per poder simplement viure, perquè la gent no ens podem traslladar en transport públic i això també fa que hi hagi moltes més oportunitats de tenir un accident. Per tant, ens agradaria tirar endavant amb aquest projecte de llei. Els demanarem que siguin valents i que rebaixin la taxa allà on hauria de ser. I si condueixes, no beguis. Si condueixes, no vagis amb excés de velocitat. Si condueixes, no et miris al mòbil, si condueixes, no estiguis distret. Si tens molta son, no condueixis i moltes vegades els recomanaria que no escoltessin populismes si condueixes, perquè també poden provocar accidents. Gràcies. Gracias, presidenta. Buenas tardes. El PSOE nos vuelve a traer a debate una toma en consideración para tramitar un proyecto de ley para bajar la tasa de alcoholemia al volante. Y quisiera empezar con una idea muy sencilla: conducir es una responsabilidad. Conducir bien significa muchas cosas: estar atento a la carretera, respetar las señales de tráfico, adaptar la velocidad, mantener la distancia de seguridad, descansar cuando corresponde y, evidentemente, que no se mire el móvil cuando conducimos. Todos sabemos que una distracción, una imprudencia, una decisión equivocada pueden tener consecuencias durante toda la vida o que, desgraciadamente, acaben con esta vida. Por lo tanto, también quiere decir que hay que entender que alcohol y conducción no son una buena combinación. Así lo dijimos en la otra ocasión. Ahora bien, de esto hay que hablar con normalidad y sin criminalizar a nadie, porque nuestra sociedad celebra: nos gusta encontrarnos con los amigos y tomarnos el aperitivo el domingo con un vermú; cenar en una terraza en verano y tomarnos una copa con un amigo; celebrar un cumpleaños, una verbena y tomarnos una copa de cava. Esa es nuestra vida social. No se trata de prohibir esos hábitos, sino de poner una línea muy clara entre disfrutar y conducir. Y, sobre todo, hay que entender que cuando nos ponemos al volante no asumimos solo nosotros el riesgo, también ponemos en riesgo a aquellas personas que comparten en ese momento la carretera. Por lo tanto, el debate no es si podemos o no celebrar, si podemos tomar una copa de cerveza o una copa de cava. El debate es ¿qué hacemos cuando después hay que conducir? Y aquí tenemos que ser claros: si vamos a conducir, el alcohol no ocupa lugar. ¿Tiene sentido reducir la tasa de alcoholemia? No podemos hacer como con las drogas, no hay una tasa, o eres positivo o negativo. Durante mucho tiempo hemos normalizado esa frase de «solo me he tomado una» o «estoy bien para conducir», y el problema es que la percepción que tenemos de nosotros mismos no siempre coincide con los efectos que tiene el alcohol sobre la conducción. En el mensaje tenemos que ser muy sencillos: si vas a conducir, cero alcohol. Y si queremos seguir celebrando ―que, evidentemente, todo el mundo lo quiere hacer―, tenemos que poner fácil que las personas puedan volver a sus casas sin conducir; por tanto, más transporte público, alternativas de movilidad y responsabilidad colectiva. Porque no se trata de escoger entre celebrar o tener seguridad en las carreteras, podemos hacerlo todo; pero cuando toca conducir ―creo que eso tiene que estar clarísimo―, toca conducir sin alcohol. Y aquí es donde les falta valentía, señorías del PSOE, porque la cultura de la responsabilidad es la que tenemos que construir; si hablamos de seguridad vial, tenemos que hablar también de la mortalidad asociada al alcohol, que se concentra sobre todo en alcoholemias muy elevadas. ¿Por qué no estamos hablando de subir mucho las multas para esas alcoholemias muy elevadas? Mientras que hoy en día uno de los factores de riesgo especialmente relevante es alcohol y drogas, en el caso de las drogas no hay una tasa. Tú no puedes decir: «No te puedes fumar tres canutos de maría». No, no puedes fumar «maría» si tienes que conducir; y no puedes beber si tienes que conducir. Y lo mismo sucede con las distracciones del móvil, con el cansancio, con el estado de las carreteras o el estado de los conductores. Yo creo que aquí tenemos que exigir también responsabilidades a la Dirección General de Tráfico, porque ahora tenemos tres modificaciones legislativas en tramitación, y las tres son todas reformas importantes. Todas las personas que mueren en un siniestro en la carretera tienen una familia detrás, todas, sea por exceso de velocidad, por estar viendo el móvil o por una simple distracción. Tendríamos que estar trabajando para que las tres iniciativas salgan adelante; mejorarlas cuando haga falta y dar una respuesta a los problemas reales que tiene la ciudadanía. Y aquí voy a ser crítica con la DGT, porque tengo la sensación de que están demasiado pendientes de generar polémicas, de enfrentar colectivos, de buscar titulares y no de buscar soluciones a problemas que genera la propia DGT. Y problemas tenemos. Tenemos personas que esperan durante meses para poder hacer un examen; hay problemas de recursos, de gestión de capacidad; tenemos ciudadanos que necesitan hacer un trámite, que demasiadas veces se encuentran ante una Administración que no da la respuesta que tendría que dar. Eso también tiene que ver con seguridad vial; porque la seguridad no se construye haciendo nuevas normas, se construye haciendo que sea fácil aplicarlas con prevención, con educación, con recursos, con una Administración que funcione y con normas que después se cumplan. Y aquí creo que la DGT tendría que dedicar menos tiempo a enfrentar y más a solucionar. ¿Están ustedes completamente seguros de que esto no se podía hacer vía un reglamento y que entonces no tendríamos que estar en este debate aquí, y este fin de semana la tasa de alcoholemia ya podría haber bajado? Porque la ciudadanía ahora no pide más problemas, que ya tenemos bastantes; nos pide conducir con seguridad, hacer los trámites cuando corresponde, y saber que detrás de las normas hay una Administración que funciona. Nosotros queremos algo muy sencillo: poder seguir celebrando, encontrándonos, tomando el aperitivo, tomar una cerveza y brindar con cava; pero que cuando llegue el momento de volver a casa, que todos podamos volver. Yo creo que aquí todos lo tenemos muy claro: si bebes, no conduzcas. Por lo tanto, no engañen con la tasa de alcoholemia; sean valientes. Y si quieren cambiar la tasa de alcoholemia, la única tasa viable es cero. Si bebes, no puedes conducir. Da igual una cerveza, una copa de vino. Es igual. Cuando has bebido, no puedes conducir. Yo no querría que mi cirujano se tomara solo una cervecita antes de operarme. Lo tendría clarísimo: preferiría que no me operase. Así que, por lo tanto, vamos a dar opciones a todos. Y, por supuesto, inviertan también en un transporte público que funcione, en una carretera que no parezca un parque de atracciones, como la de Port Aventura ―y aquí me referiré a la carretera que tenemos entre Cervera y Lleida, que parece un parque de atracciones―, que es algo que también lleva a muchos accidentes; que no hagan trabajar a un transportista horas y horas sin que ni siquiera pueda acogerse a una jubilación decente; porque eso también provoca accidentes. No hace falta que la gente beba para tener un accidente, hay muchos factores. Y eso, señorías del PSOE, depende de su Gobierno, depende de sus ministerios, y no se puede decir solo que las mayorías no son suficientemente fuertes. Ahora tienen ustedes en sus manos la jubilación de los transportistas profesionales a tiempo. ¿Por qué no? Porque eso hará que, a lo mejor, una familia el día de mañana no tenga que lamentar la muerte de su hijo de 21 años. Es muy triste tener que lamentar estas muertes, pero es que las muertes las provocan muchas otras cosas. Y repito, nosotros estamos a favor del 0,0. No tendría que haber ninguna tasa más. Sin embargo, tengan en cuenta también que ustedes han abocado a todo el mundo a tener un coche privado simplemente para poder vivir, porque la gente no se puede trasladar en transporte público, y eso también hace que haya muchas más oportunidades de sufrir un accidente. Por lo tanto, nos gustaría impulsar este proyecto de ley. Les vamos a pedir que sean valientes y que rebajen la tasa a donde tendría que estar y que, si conduces, no bebas; si conduces, no vayas con exceso de velocidad; si conduces, no mires el móvil; si conduces, no estés distraído; y, si tienes mucho sueño, no conduzcas. Y muchas veces les recomendaría que no escuchen populismos si conducen, porque eso también puede provocar accidentes. Muchas gracias. .

Laura Vergara Román SUMAR

Estas son unas llaves (muestra unas llaves), las de una casa, las de un hogar, el lugar al que tenemos derecho y el lugar al que esperamos volver. Por eso hoy hablamos también del derecho a llegar a casa. Señorías, hoy debatimos una medida sencilla de explicar y fundamentada en una evidencia que lleva años acumulándose. Cuando hay alcohol al volante, aumenta el riesgo. Cuando reducimos ese riesgo, salvamos vidas. Por eso apoyamos esta toma en consideración. La rebaja de la tasa máxima permitida en la conducción avanza hacia un modelo de mayor protección para todas las personas usuarias de las vías públicas. ¡Qué casualidad! Somos todas y cada una de las personas que convivimos en España. Permítanme comenzar reconociendo el trabajo realizado por nuestro compañero Félix Alonso, anterior portavoz en materia de seguridad vial , que defendió esta misma orientación política durante la anterior tramitación. Sin duda, su contribución ayudó a situar este debate donde debe estar: en la defensa de la vida, la prevención y la seguridad vial como política pública prioritaria. Señorías, sabemos que esta medida puede no generar unanimidad; que en todos nuestros pueblos, barrios y ciudades pueden quedar personas con dudas. También sabemos que forma parte de un debate social mucho más amplio sobre determinados hábitos culturales que están profundamente arraigados. Pero es que no queremos mirar a otro lado. Abramos ese nuevo espacio de conversación con la toma en consideración. Conviene dejar algo muy claro: esta reforma no va contra nadie. No va contra el mundo rural, no va contra nuestras cooperativas, no va contra los productores de vino, de cerveza o de otras actividades agroalimentarias que forman parte de nuestro patrimonio económico, cultural y gastronómico. Va a favor de la responsabilidad, va a favor de la seguridad, va a favor de que, cuando una persona decide ponerse al volante, lo haga con todos sus sentidos puestos en proteger la vida, la de quienes comparten las vías. . Porque el mensaje de esta iniciativa no es prohibir ningún consumo; es no normalizar la mezcla entre consumo y conducción. Y eso es compatible con defender a nuestro sector agroalimentario, con apoyar su producción y con seguir impulsando políticas agrarias que garanticen el futuro del campo y de quienes viven de él. La inmensa mayoría de las personas que producen vino en nuestro país saben perfectamente que disfrutar de un producto de calidad y conducir son decisiones que deben producirse en momentos distintos. Señorías, los datos son contundentes: más del 33 % de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tráfico presentaban alcohol en sangre. Además, incluso consumos relativamente bajos incrementan el riesgo de sufrir un accidente grave o mortal. Por eso, esta propuesta conecta con las recomendaciones de organismos especializados, de la estrategia conocida como Visión Cero. Y precisamente desde esa visión, queremos señalar que esta medida es necesaria, aunque no suficiente; hay que seguir trabajando. La reducción de víctimas exige una política integral y transversal. Necesitamos más prevención, más educación vial, más infraestructuras seguras, más protección de peatones y ciclistas, más transporte público y más movilidad activa. Y eso se sigue reforzando a través del transporte público con la integración en el billete único , para que sean opciones seguras, accesibles y atractivas. Necesitamos seguir incorporando la justicia restaurativa a nuestras políticas públicas, situando a las víctimas en el centro para una mejor protección. Necesitamos avanzar hacia un modelo sancionador más justo, donde las consecuencias económicas de las infracciones estén vinculadas de forma más equitativa a la capacidad económica de cada persona, porque, si no, pasan sin pena ni gloria. Y es que la seguridad vial no se construye fundamentalmente con sanciones; se construye generando responsabilidad colectiva. Y hacia esto podemos avanzar hoy aquí. Señorías, esta iniciativa no pretende señalar hábitos, sino crear sinergias con amplios sectores sociales, prevenir el alcoholismo y conectar esa prevención con la seguridad vial. Pretende recordar algo muy sencillo: conducir exige atención, prudencia y capacidad de reacción. Reducir a cero la presencia de alcohol al volante significa agudizar nuestros sentidos, prevenir mejor los riesgos y actuar con mayor responsabilidad hacia el resto. Ese es el verdadero sentido de esta reforma. Y por eso, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, la apoyamos con convicción, para que ya no haya lugar a dudas. Si bebes, no conduzcas; si vas a conducir, bebe sin alcohol. Porque ninguna muerte es aceptable, porque la seguridad vial debe abordarse desde una perspectiva integral, transversal a todas las políticas y responsable, y porque construir una nueva cultura de movilidad más segura es una tarea colectiva que merece un compromiso colectivo y unánime. Muchas gracias a todos los grupos que hoy se van a comprometer en ese sentido y que hoy pueden hacer avanzar la seguridad vial para que mañana no sea demasiado tarde y para que, junto al derecho a la vivienda, consigamos el derecho a llegar a casa. Y apoyen el derecho a la movilidad; que nadie tenga dudas. Gracias. .

Francisco José Alcaraz Martos VOX

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Dice usted, señor portavoz del Grupo Socialista, que las carreteras están muy bien con ustedes. De verdad que no en vano ustedes se han ganado la merecida fama de ser el Gobierno más trilero, autoritario y manipulador de nuestra historia reciente. . Porque si de verdad les hubieran importado las víctimas de los accidentes, no hubieran traído aquí una proposición de ley, sino un proyecto de ley para no hurtar a la Cámara un debate de los especialistas en la materia y los preceptivos informes técnicos que puedan justificar este cambio legislativo. Porque, señorías, si todos estos datos, todos estos informes que dice usted tener, aprueban que hay que bajar la tasa para evitar los accidentes para quien toma una cerveza, ustedes están reconociendo una responsabilidad mortal de todos los accidentes que se han producido con una cerveza, ya que durante estos ocho años, que han tenido ustedes mayoría absoluta, no han hecho nada. ¿Están ustedes reconociendo su responsabilidad de no haber hecho nada durante los ocho años? . Eso es lo que vienen ustedes a decir aquí. Mire, estos son los informes de toxicología. . No sé si usted lo ha leído, pero aquí, en este informe, viene que efectivamente los accidentes por alcohol son con tasas elevadas, no por quien toma una cerveza; eso dice el informe. Es más, el informe dice que la mayoría viene asociada también a un consumo de drogas. Y, claro, el aumento por las drogas eleva el dato (muestra otro documento), y el 38,5 % de los conductores que son sometidos a un análisis de droga da positivo, el 38,5 %. Son de su ministerio, ¿eh? Esto frente al 1,8 de los conductores consumidores de alcohol. Pero ¿qué hace la DGT? Como consumen más drogas que alcohol, la DGT ―aquí está el gráfico― (muestra un gráfico) hace estas pruebas. Eso que se ve ahí debajo ―que casi no lo verán― son las pruebas que hacen para la droga. Por cierto, el año pasado hicieron siete millones para el alcohol y este año han hecho seis millones, nada más. Incluso si ven que realmente es un problema el exceso de alcohol, ¿qué hace su ministerio bajando el control y las pruebas de alcohol a los conductores? Ustedes tienen una responsabilidad. ¿Y con las drogas qué pasa? Que como aquí los amigos de sus socios, los proetarras de Bildu, están diciendo que en las fiestas hay que tomar drogas, ustedes les siguen el camino, ¿no? . A lo mejor por eso, ante las iniciativas que varias veces ha expuesto VOX en este hemiciclo de hacer controles de drogas a los senadores y diputados, ustedes siempre las han mirado mal. No sé por qué será, pero, visto lo que hacen, sería conveniente. . Además, si tan convencidos están ustedes, les hago una pregunta: ¿por qué cuando vamos a terminar y nos vamos a ir a nuestras casas ―que los he visto muchas veces a ustedes a mediodía― se toman ustedes una cerveza? En la cafetería de aquí, en la de fuera del hemiciclo, en los alrededores… Y lo hacen sus concejales, sus alcaldes, sus representantes de las distintas instituciones… ¿Por qué no dan ejemplo? No esperen a que se apruebe la nueva ley; dejen de beber antes de coger el coche, que es lo que observamos cada día. . Realmente, a ustedes no les importan nada las víctimas, no les importan absolutamente nada las víctimas. . Les voy a poner algún ejemplo. ¿Estuvieron ustedes con las víctimas de la inundación de Valencia? No, dejaron que se ahogaran, porque no hicieron ninguna obra hidráulica para evitar la masacre del barranco del Poyo. ¿Qué hacen ustedes con las víctimas que están sufriendo en Ceuta incluso violaciones? Nada. Eso es inseguridad subjetiva, según su ministro. . ¿Qué hacen ustedes con las víctimas de Adamuz y los trenes de Óscar Puente? Dicen ustedes que están con las víctimas de los accidentes. Y lo dice el fiscal de seguridad vial: una de cada tres muertes es responsabilidad de ustedes; uno de cada tres accidentes que se producen en carretera es responsabilidad de cómo tienen ustedes las carreteras. . Y no dicen ustedes nada. Por no hablar de las víctimas de violencia hacia la mujer, que ustedes compran las pulseras más baratas y dejan a las mujeres expuestas a la inseguridad frente a los maltratadores. Eso sí, chiringuito de punto morado para que una socialista que trabaja en el Instituto de la Mujer sea imputada por lucrarse. Y si me quiere poner un ejemplo de un conductor… Mire, le voy a enseñar un conductor. ¿Lo conoce? . Si me permite, le voy a contar la historia de este conductor. Este conductor llegó a tener catorce vehículos. Asesinó con los catorce vehículos a ochenta y dos personas, entre ellas, seis niños. ¿Y saben lo que ha hecho su partido? Dejarlo en libertad. Es Henri Parot, el amigo de esos proetarras que hay allí. . ¿Y ustedes dicen que muestran simpatía por las víctimas? Si, pero con las víctimas del terrorismo; ustedes persiguen a todas las víctimas de las que no puedan hacer uso. . Con este historial, vienen ustedes a fingir que tienen empatía con las víctimas. . Eso ya no se lo cree nadie, porque lo único que quieren hacer con las víctimas es utilizar su dolor, su desgracia, su muerte para tapar la corrupción de este Gobierno traidor. Porque ustedes, como les he dicho en otras ocasiones, son el Gobierno de la muerte. .

Bella Verano Domínguez PP

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, vuelve esta Cámara a encontrarse hoy ante una iniciativa que regresa con el mismo propósito y las mismas carencias que ya analizamos en su día. Nos trae de nuevo el Grupo Socialista una proposición de ley sobre la tasa de alcoholemia que ya demostró que carecía de las soluciones reales ante una modificación de calado en materia de seguridad vial. Vuelven a la carga, y lo hacen, además, utilizando el procedimiento de urgencia; un procedimiento acelerado que nos obliga a preguntarnos cuál es la verdadera prisa. Porque, señorías, cuando un Gobierno tiene una urgencia tan inusual por desviar la atención, uno no puede evitar mirar el mapa político y comprobar cómo el foco mediático quema en los ministerios. Hoy la urgencia no es la seguridad vial, ojalá lo fuera; la urgencia real del señor Marlaska es apartar los focos de Ceuta y de su propia gestión insostenible. . Nos presentan esta iniciativa eludiendo los informes preceptivos, evitando los filtros institucionales y despreciando el dictamen riguroso de los expertos. Pero miren, señorías del Grupo Socialista, la historia del procedimiento parlamentario es testaruda. Cuando en el año 1998 un Gobierno del Partido Popular redujo los límites de alcoholemia en nuestro país, contó con informes técnicos y con el preceptivo dictamen favorable del Consejo de Estado, publicado expresamente en el BOE. Lo hizo a iniciativa del Gobierno y asumiendo su responsabilidad. . Señorías, las cosas se hacían con rigor, con luz y taquígrafos, y no hurtando el debate institucional a esta Cámara mediante atajos. Ustedes, en cambio, prefieren el camino fácil: eludir los controles y evitar la tramitación como proyecto de ley, con sus informes y controles preceptivos, esquivando así la responsabilidad que corresponde a un Ejecutivo serio. Y esto resulta especialmente revelador. Llevamos escuchando, desde septiembre del año 2024, al ministro de Interior, el señor Marlaska, y al director general de Tráfico anunciar, reclamar y exigir públicamente esta bajada de la tasa de alcoholemia. Si el Gobierno hubiera querido reducir estas tasas por vía reglamentaria, podría haber aprovechado precisamente la reciente modificación del Reglamento General de Circulación, aprobado por real decreto y presentado hace apenas cinco días por el director general de Tráfico, para incorporar en su artículo 20 la reducción de las tasas de alcoholemia. Sin embargo, no lo ha hecho. Ha preferido otro camino; ha preferido utilizar al Grupo Parlamentario Socialista para volver a registrar una proposición de ley que el propio Gobierno no ha querido asumir como proyecto de ley, aprobarlo en el Consejo de Ministros y remitirlo a las Cortes. . Señorías, acabo de escuchar al señor Arribas, al portavoz del Grupo Socialista, apelar a datos de siniestros viales y a titulares trágicos. Usar el dolor humano de esta manera en la tribuna no cambia la realidad de los datos. Las estadísticas de los accidentes relacionados con el alcohol hay que explicarlas enteras, sin omitir qué tasas llevaban realmente esos conductores. La inmensa mayoría de los trágicos accidentes que sufrimos en nuestras carreteras no los provoca el ciudadano que cumple con la norma, sino aquellos irresponsables que multiplican por dos, por tres o por cuatro el límite legal. Es contra esas auténticas temeridades contra las que debemos actuar con contundencia. Además, conviene poner este debate en su contexto europeo. La tasa general vigente en España es 0,5 gramos por litro de sangre o 0,25 miligramos por aire expirado. Es la misma que tienen Francia, Portugal, Italia o Alemania. Incluso en Inglaterra y Gales es superior, es de 0,8. Por tanto, España parte de unos límites plenamente equiparables a los de los principales países de nuestro entorno europeo. Y, fíjense, quizá debemos preguntarnos también si estamos poniendo el foco exactamente donde debemos, porque quien cumple hoy con la norma, quien conduce responsablemente y se mantiene por debajo de los límites establecidos puede legítimamente preguntarse si es sobre él sobre quien debe recaer prioritariamente una nueva reducción. Tal vez debamos concentrar aún más nuestros esfuerzos en las conductas que entrañan un riesgo especialmente grave, en quien reincide, en quien conduce con tasas muy elevadas de alcohol, en quien mezcla alcohol y drogas o determinados fármacos, en los accidentes provocados por fauna silvestre — que se han duplicado desde que estáis vosotros—, en aquellos colectivos que requieren una protección especial, como los conductores noveles o los conductores profesionales. Porque una política eficaz de seguridad vial no consiste únicamente en reducir un número, consiste en identificar dónde está el mayor riesgo y actuar sobre él. Y hay una cuestión que para nosotros es esencial y de puro sentido común. Si se propone reducir la tasa general de 0,5 a 0,2 gramos por litro de sangre, esa cifra tiene que venir acompañada de una justificación técnica, sólida y transparente. ¿Por qué 0,2? ¿O por qué no? ¿Por qué no 0,15 o 0,10? ¿Por qué no 0,25 o 0,30? . Señorías, una decisión de esta magnitud no puede basarse simplemente en sacar una cifra al azar, sino en informes de expertos, en evidencias científicas contrastadas y en una evaluación rigurosa que demuestre qué umbral mejora de verdad la seguridad en la carretera. Si vamos a cambiar una regla que afecta directamente a millones de conductores, lo razonable es saber no solo el límite que se propone, sino por qué ese número concreto es el adecuado. Por eso pedimos prudencia, señorías, y que se escuche a todos los sectores. Es legítimo que existan entidades que pidan bajar la tasa, por supuesto, como también lo es que profesionales, asociaciones y expertos reclamen estudios científicos y el aval toxicológico. En el Partido Popular exigimos rigor, evaluación técnica independiente, informes completos y comparecencias de expertos y profesionales del sector. Hoy mismo hemos registrado una batería de solitudes de comparecencia al respecto. ¿No creen ustedes que es importante conocer la opinión del Instituto Nacional de Toxicología, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, de la Fiscalía General del Estado o de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil? Que sean la ciencia y el análisis riguroso los que guíen la decisión y no las prisas políticas. Señorías, legislar sobre la vida y la seguridad de las personas exige altura de miras y respeto institucional. No se puede legislar de espaldas a los transportistas profesionales, no se puede legislar ignorando el deficiente estado de las carreteras estatales y no se puede mirar hacia otro lado ante el colapso que sufren las autoescuelas por la falta de examinadores prácticos en nuestro país. . Lo fácil es dar vía libre a una norma que nace sin el informe necesario. Lo verdaderamente útil es exigir rigor, escuchar a los profesionales y defender una seguridad vial basada en la eficacia, la prevención real y el respeto a las reglas del Estado de derecho y a la separación de poderes. Nada más y muchas gracias. .

Maribel Sánchez Torregrosa PP

Gracias, presidente. Señorías, hablar tal día como hoy del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo no es hablar de algo lejano que se ha decidido en Bruselas, es hablar de España, es hablar de la realidad que hoy vive Ceuta. Ceuta está sufriendo una situación extraordinariamente grave, un ataque a la integridad territorial de España, que ha sumido a esta ciudad autónoma en un caos por la incompetencia del Gobierno de Sánchez; y aun teniendo los avisos de esa invasión, como se ha demostrado ―ayer lo volvió a confirmar el ya exdelegado del Gobierno de Ceuta―, Pedro Sánchez prefirió irse de vacaciones, meterse en La Mareta y mirar para otro lado. . Señorías, situaciones como la que viven actualmente en Ceuta es donde cobra especial relevancia el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Este pacto fue aprobado en mayo de 2024 y ha supuesto un paso de gigante hacia una política migratoria común, segura y ordenada en el seno de la Unión Europea. Después de más de diez años de debate, los Veintisiete Estados miembros al fin han conseguido dotarse de unas reglas comunes para ordenar la inmigración. Reglas como reforzar el control de las fronteras exteriores, identificar a quienes llegan, hacerles controles de seguridad, agilizar las solicitudes de asilo, luchar contra las mafias y, por supuesto, acelerar el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer. Pero, además, añade un principio fundamental para España: solidaridad y responsabilidad compartida entre todos los Estados miembros. España es frontera sur de Europa y, por supuesto, necesitamos de Europa. Y un ejemplo claro y contundente de este compromiso lo hemos visto hace apenas un par de semanas en el Parlamento Europeo, cuando ha aprobado una resolución histórica que define lo que está viviendo Ceuta como una invasión, un acto de guerra híbrida de Marruecos contra España y, por tanto, contra la Unión Europea. Y ahí están hasta las propias palabras de la presidenta de la Comisión Europea: La frontera de Ceuta es una frontera europea, porque Ceuta es España, Ceuta es Europa. . Este compromiso es fruto del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, pacto que el Partido Popular Europeo ha liderado, hasta el punto de haber contribuido a poner fin a años de bloqueo, consiguiendo un gran acuerdo. Pero ahora viene lo realmente importante, y es que este pacto funcione. Y eso es precisamente lo que plantea esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que hoy presentamos aquí. Y la traemos a esta Cámara porque el Gobierno no ha hecho su trabajo, señorías. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo entró en vigor el pasado 12 de junio, y el Gobierno de España, habiendo tenido dos años desde que se aprobó para hacer todas las reformas legislativas necesarias ―dos años, señorías―, ha vuelto a actuar como un incompetente y hoy tiene todo a medio camino. . Y no es que lo diga esta diputada del Grupo Popular, es que nos lo confirma el propio Gobierno en esta respuesta parlamentaria (muestra un documento), en esta respuesta escrita que nos envió al Grupo Parlamentario Popular a solicitud de una batería de preguntas sobre el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo con fecha 22 de septiembre. Aquí, su Gobierno confirma que no han hecho su trabajo. Aquí ustedes, el Gobierno, con su puño y letra, nos confirman que tienen todo a medio hacer. Registrada y publicada, la pueden ver todos ustedes. . El Gobierno tiene pendiente todo lo importante: los triajes, las infraestructuras, el refuerzo de los agentes en frontera, tiene pendiente los nuevos procedimientos de asilo y retorno y, además, no está aprovechando los nueve reglamentos del pacto, que son de aplicación directa desde el pasado 12 de junio, señorías; ¡desde el pasado 12 de junio, de obligado cumplimiento y no lo están utilizando! Y con todo esto, con la insostenible situación que está viviendo Ceuta, se hace más necesario que nunca que de una vez implementen íntegramente el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Y, en cambio, señorías, ¿qué vemos por parte del Gobierno? Pues, además de no hacer absolutamente nada en estos dos años que han tenido para aplicar el pacto y para implementarlo, vemos una política de bandazos. Unos días presumen del pacto y votan que sí; otros reniegan de él y votan en contra. En este mismo plenario lo hemos visto y en las comisiones donde han votado en contra de algo que ustedes llegaron a aprobar. Esa es su coherencia, señorías del Grupo Socialista. El Gobierno de España, además, es el único Gobierno de la Unión Europea, de los veintisiete Estados miembros, que ha votado en contra y que está en contra del reglamento de retorno. Señorías, uno contra 26. ¿Dónde está la razón? ¿Quién lleva razón, señorías? . Señorías del Grupo Socialista, ustedes han abandonado a 83 000 españoles. Tenían los recursos, tenían los avisos y tenían los instrumentos legales, pero no han hecho nada, y eso se llama dejación de funciones. Demuestran que les da igual cronificar la situación que está viviendo Ceuta, aunque se lleve a esta ciudad y a su gente por delante. Eso es mezquino y miserable, señorías. Veo que todos están con la cabeza gacha; tienen mucho de lo que avergonzarse , porque, insisto, el Gobierno, señorías del Grupo Socialista, tiene en su mano todos los instrumentos jurídicos y legales para devolverlos a todos, mayores y menores, ¡a todos! Y si no lo hacen es porque no quieren. Cuando sí quieren sí ponen todos los recursos: 657 personas en los consulados para las nacionalizaciones a la carta de la ley de nietos ―para eso sí hay recursos―, otras 550 personas para la regularización extraordinaria, además de habilitar 450 oficinas con sus horas extras correspondientes, con sus pluses de productividad correspondientes ―para eso sí hay recursos―. ¡Estas son sus prioridades! ¡¿Y con Ceuta qué?! Pues con Ceuta ustedes han puesto solamente 25 agentes de refuerzo y 20 ordenadores. ¡Es para que se les caiga la cara de vergüenza! . Acabo, señor presidente. Señorías, ¿por qué encuentran personal y recursos cuando se trata de regularizar o nacionalizar a extranjeros, pero no para retornar a Marruecos a todos los que entraron ilegalmente? Se lo digo yo: porque ustedes, señorías del Grupo Socialista, no persiguen el interés general, ustedes solamente persiguen el interés de una persona, del uno. Porque sí tienen amo…

Maribel Sánchez Torregrosa PP

… lo que no tienen es un plan para gestionar el país y defender a los españoles. Así que, apártense de una vez, disuelvan las Cortes y convoquen elecciones. Muchas gracias. .

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. El Pacte Europeu sobre Migració i Asil ja és una realitat. Per tant, el debat ja no és només què diu i que preveu Europa, sinó com diuen vostès, com s’aplica correctament i amb quins recursos i per Junts per Catalunya també qui disposa de les eines per fer-ho? La iniciativa del Partit Popular ens planteja que calen recursos humans, materials i tecnològics els necessaris per aplicar el que Europa decideix. O també ens diu que cal reforçar els procediments de control, identificació, asil i retorn. D’acord. Perquè, per a nosaltres, la política migratòria seriosa és aquella capaç de garantir condicions a qui té dret a quedar-se, però també la que és capaç de fer efectives les decisions de retorn de qui no té dret a romandre a la Unió. El nou Reglament europeu de retorns, malgrat Espanya, avança precisament en aquesta direcció. Però, senyories, com sempre, la PNL del Partit Popular té, des de la nostra perspectiva, una mancança important, perquè, per bé que parla de la col·laboració amb les comunitats autònomes, ho fa des de la concepció de les dretes, però també de les esquerres espanyoles que comparteixen aquell principi de que la política migratòria, amb encert o sense, es decideix a Madrid. I punt. I aquest model per a Catalunya ja s’ha demostrat que no serveix i que no té cap sentit. Perquè senyories, si Catalunya avui és responsable de l’acollida, de la integració dels serveis socials, de l’educació, de la sanitat, de la protecció dels menors, de la seguretat ciutadana, és evident que necessita disposar de totes les eines per intervenir de manera integral en la política migratòria. Les necessita per revertir les conseqüències del descontrol generat per les polítiques de l’actual Govern d’Espanya que han portat al límit el nostre país, Catalunya. El setembre del 2025, vostès, senyories del Partit Popular, amb la inestimable ajuda dels jacobins de Podemos, van negar a Catalunya les competències en immigració. Però ho saben la gent de la gent de Junts no ens rendim mai. Per això vàrem tornar a registrar la llei per aquesta delegació. Per això avui hem presentat una esmena a aquesta iniciativa. Perquè si certament són els estats membres que han de garantir el nou marc europeu, però no és menys cert que enlloc s’imposa que les funcions les hagi d’exercir necessàriament l’Administració central. I d’aquí la nostra proposta d’esmena perquè a Catalunya l’autoritat competent prevista en el pacte europeu sigui la Generalitat. No els estem proposant que Catalunya incompleixi el pacte europeu. Fem just el contrari; dotar-nos de les eines per complir amb el marc comú que fixa Europa. Perquè des de Junts per Catalunya defensem una política migratòria ordenada. Defensem el control dels fluxos migratoris. Defensem que els procediments d’asil funcionin. Defensem que les decisions administratives es compleixin i que, quan toquin, els retorns siguin efectius. Però sobretot, senyories del Partit Popular, defensem que la política migratòria que impacta i de quina manera sobre la realitat catalana no es faci a 600 quilòmetres de distància. Vostès, senyories del Partit Popular, reclamen en aquesta PNL menys improvisació, més eficàcia, més capacitat de gestió, més recursos i una participació efectiva de les administracions territorials per aplicar les eines que ofereix el nou marc europeu. Mirin, si de veritat ho volen, siguin valents, facin un pas més, acceptin la nostra esmena i, quan sigui l’hora, deleguin les competències en immigració a Catalunya. Gràcies. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo ya es una realidad, por lo tanto, el debate ya no es solo qué dice y qué prevé Europa, sino, como dicen ustedes, cómo se aplica correctamente y con qué recursos. Y para Junts per Catalunya también quién dispone de las herramientas para hacerlo. La iniciativa del Partido Popular nos plantea que hacen falta recursos humanos, materiales y tecnológicos, los necesarios, para aplicar lo que Europa decide. También nos dice que hay que reforzar los procedimientos de control, identificación, asilo y retorno. De acuerdo. Porque para nosotros la política migratoria seria es aquella capaz de garantizar condiciones a quien tiene derecho de quedarse, pero también la que es capaz de hacer efectivas las decisiones de retorno de quien no tiene derecho a permanecer en la Unión. El nuevo Reglamento europeo de retorno, a pesar de España, avanza precisamente en esta dirección. Pero, señorías, como siempre, la PNL del PP tiene para nosotros un déficit importante, porque, aunque habla de la colaboración con las comunidades autónomas, lo hace desde la concepción de las derechas, pero también de las izquierdas españolas, que comparten ese principio de que la política migratoria, con acierto o sin él, se decide en Madrid y punto. Y este modelo para Cataluña ya se ha demostrado que no sirve, que no tiene ningún sentido, porque, señorías, si Cataluña hoy es responsable de la acogida, de la integración, de los servicios sociales, de la educación, de la sanidad, de la protección de los menores, de la seguridad ciudadana, es evidente que necesita disponer de todas las herramientas para intervenir de forma integrada en la política migratoria. Pero las necesita para revertir las consecuencias del descontrol generado por las políticas del actual Gobierno de España, que han llevado al límite nuestro país, Cataluña. En septiembre de 2025, ustedes, señorías del Partido Popular, con la inestimable ayuda de los jacobinos de Podemos, negaron a Cataluña las competencias en inmigración. Pero lo saben, la gente de Junts no nos rendimos nunca. Por eso volvimos a registrar la ley para esta delegación, por esto hoy hemos presentado una enmienda a esta iniciativa. Porque sí, ciertamente, son los Estados miembros los que deben garantizar el nuevo marco europeo, pero no es menos cierto que en ningún lado se impone que las funciones las tenga que ejercer necesariamente la Administración central. Y de ahí nuestra propuesta de enmienda para que en Cataluña la autoridad competente prevista en el pacto europeo sea la Generalitat. No les estamos proponiendo que Cataluña incumpla el pacto europeo; hacemos justo lo contrario: dotarnos de las herramientas para cumplir con el marco común que fija Europa. Porque en Junts per Catalunya defendemos una política migratoria ordenada, defendemos el control de los flujos migratorios, defendemos que los procedimientos de asilo funcionen, defendemos que las decisiones administrativas se cumplan, y que cuando toquen, los retornos sean efectivos. Pero, sobre todo, señorías del Partido Popular, defendemos que la política migratoria que impacta ―y de qué manera― sobre la realidad catalana no se haga a 600 kilómetros de distancia. Ustedes, señorías del Partido Popular, reclaman en esta PNL menos improvisación, más eficacia, más capacidad de gestión, más recursos y una participación efectiva de las Administraciones territoriales para aplicar las herramientas que ofrece el nuevo marco europeo. Miren, si de verdad lo quieren, sean valientes, den un paso más, acepten nuestra enmienda y, cuando sea el momento, deleguen las competencias en inmigración a Cataluña. Gracias.

Carlos Flores Juberías VOX

Con la venia, señor presidente. Señorías, estoy seguro de que más de uno entre quienes nos estén escuchando pensará que la que hoy trae esta Cámara el Grupo Popular es una iniciativa oportunista, hilvanada aprisa y corriendo para sacar rédito político de los lamentables sucesos acaecidos en Ceuta el 30 y el 31 de julio pasados, denunciando la torpeza del Gobierno Sánchez para hacer frente a la creciente presión migratoria que padece España y a su pasividad a la hora de implementar las medidas de control a la que nos obligan nuestros acuerdos en Europa. Por mi parte, sé que no es una propuesta oportunista desde el momento en que lleva por fecha la del 14 de julio, dos semanas antes de la invasión migratoria, pero tampoco creo que sea una postura oportuna. No lo es porque llega tarde, muy tarde, y porque se queda corta, muy corta. Llega tarde, muy tarde, porque su objeto es poner en valor un documento, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que quedó obsoleto apenas tres semanas después de su adopción, las que transcurrieron desde la votación del Consejo Europeo del 14 de mayo hasta las elecciones europeas del 9 de junio del año 2024. Fueron unas elecciones que revelaron bien a las claras que el consenso entre socialistas y populares que las habían gestado no era representativo del estado actual de la opinión pública europea, y que los europeos del siglo XXI querían más que lo que los partidos del siglo XX estaban dispuestos a ofrecerles. Y se queda corta, muy corta, porque en el momento actual no es suficiente con condenar la cada vez más obvia connivencia del Gobierno Sánchez con las mafias que acarrean inmigrantes hasta nuestras fronteras y con las que les dan cobijo en nuestros pueblos y ciudades. De hecho, ni siquiera basta con exigir la inmediata y total aplicación de las reformas en la política migratoria que el pacto europeo recoge, o con demandar más medios materiales o humanos con las que ponerlas en marcha. Y es que la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha torpedeado este mismo año todos los consensos posibles y ha convertido en papel mojado el contenido de este pacto. ¿Qué otra cosa cabe decir de una iniciativa que preveía regularizar 30 000 inmigrantes por año en toda Europa, cuando un solo país, el nuestro, ha cubierto ya el cupo de toda la Unión Europea para los próximos diecisiete años? ¿O qué decir de la masiva expedición de nacionalidades fake al amparo de la ley de nietos y la circular puente que va a convertir, no ya en inmigrantes regulares, sino en españoles, y por ende en europeos, a la mitad de Buenos Aires, a la tercera parte de La Habana y a un buen pellizco de Ciudad de México? Su propuesta, señorías de la bancada popular, llega tarde y se queda corta. Y ustedes lo saben tan bien como nosotros. Cómo, si no, interpretar su propuesta de que el Gobierno de España vote a favor del acuerdo provisional sobre el reglamento de retornos y garantice su aplicación efectiva desde el momento de su entrada en vigor; o su apuesta por un reglamento nuevo, salido de una mayoría nueva, al objeto de implementar una política de retornos también nueva, más ágil, más eficaz, más garantista, más disuasoria. Admítanlo en esta Cámara, como ya lo han admitido en Bruselas: el reglamento de retorno es una suerte de enmienda a la totalidad del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, una confesión de que este nació lastrado por los penúltimos resabios del wokismo y que ha devenido insuficiente ante las últimas amenazas del globalismo. Se trata de una enmienda que aspira a agilizar los procedimientos de expulsión de nacionales de terceros países en situación irregular, que crea un sistema más homogéneo y vinculante para los Estados miembros, que pone el punto de mira en los movimientos no autorizados dentro del territorio comunitario, que abre la posibilidad de establecer acuerdos con terceros países para la creación en sus territorios de centros de retorno, que introduce un formulario normalizado de la orden europea de retorno a fin de que cualquier Estado miembro pueda ejecutar la decisión adoptada por otro país de la Unión y que alargue la duración máxima de los períodos de internamiento de los inmigrantes sospechosos de quererse sustraer a la acción de la justicia. Voten nuestras enmiendas y súmense a ese grupo cada vez más numeroso de ciudadanos, de partidos, de parlamentos y de gobiernos europeos que ya se han dado cuenta de que la presente coyuntura exige cada vez más la efectiva restauración del papel de las fronteras exteriores de la Unión Europea y de las de cada uno de sus Estados miembros. Súmense antes de que sea demasiado tarde para sus intereses de partido — para los intereses de Europa ya lo es— y apuesten por medidas como las contenidas en la declaración de Budapest, aprobada en diciembre de 2024, que proponía, entre otras cosas: la creación de un fondo de estabilidad para el asilo, la exigencia de que las solicitudes de asilo se presenten en el primer país seguro en el tránsito del inmigrante, la consideración de la entrada ilegal de un inmigrante en un país como razón suficiente para denegarle el asilo, la adopción de una política estricta de retorno, la expulsión inmediata de los solicitantes de asilo o refugiados que hayan cometido crímenes hallándose acogidos en un país miembro, la adopción de medidas estrictas de lucha contra las mafias que trafican con inmigrantes ilegales, la revisión de la directiva de reagrupación familiar y, naturalmente, la puesta en marcha de políticas familiares robustas que combatan con decisión el invierno demográfico en el que nos hallamos sumidos y que refuercen la autosuficiencia y la estabilidad interna de nuestros países. Termino, señor presidente. Es la hora, señorías, de que Europa empiece a tomarse en serio la tarea urgente de proteger su cultura, su identidad y su seguridad. Señorías del Grupo Popular, señorías del Grupo Socialista…

Carlos Flores Juberías VOX

… no lleguen tarde a esa cita. VOX está ya ahí, esperándoles desde hace mucho tiempo…

Carlos Flores Juberías VOX

… pero no crean que los europeos van a tener muchísima más paciencia. Gracias. .

Cristina Valido García CCa

Gracias, presidente. Señorías, Coalición Canaria celebró que por fin Europa tuviera una mirada conjunta; eso es lo que esperábamos del Pacto sobre Migración y Asilo. Por fin una mirada conjunta al sur tantas veces ignorado, después de décadas de advertencias, porque las crisis migratorias no empezaron el otro día. Llevamos décadas advirtiendo desde Canarias, desde Ceuta y desde Melilla lo que venía desde el sur, sin que nada se hiciera, ignorando y no planificando lo que sin duda nos iba a afectar, que es el éxodo de millones de personas huyendo de sus países de origen. España llega tarde y Europa llega tarde, y ahora estamos sumidos en la improvisación y en ver qué hacemos. No negaremos que este pacto plantea avances. Aquí se hablaba de la solidaridad, una solidaridad que me van a permitir que les diga que en Canarias hemos tenido que recurrir a una ley para que fuera real; una solidaridad que Ceuta siente también de boquilla; una solidaridad que muchos países europeos nos han dicho que no esperemos en documentos firmados, negándose a recibir a ninguna de las personas que han llegado a Ceuta, ni siquiera menores; o un país como Italia saliendo del territorio Schengen y levantando fronteras. Esa es la solidaridad. Los territorios frontera no pueden seguir asumiendo las consecuencias de la negligencia, del fracaso de las políticas migratorias de Europa y de los estados que la componen. Los territorios frontera tienen derecho a ser escuchados y no lo han sido, tienen derecho a participar en las decisiones, tienen derecho a expresar cuáles son las demandas y las necesidades, porque llevan conviviendo con esta realidad muchísimo tiempo y no pueden seguir siendo ignorados. Este Pacto sobre Migración y Asilo, además, recoge cosas que ya hemos dicho que no nos gustan nada, y no vamos a permitir que nos conviertan en grandes centros de retención. Dispongan de los medios y los recursos que necesitamos para que se pueda documentar a las personas y proceder a la derivación que establece la ley. No pueden de ninguna manera seguir pensando que somos nosotros quienes tenemos que hacernos cargo de equipos de triaje, porque es imposible que los territorios frontera asuman esa responsabilidad. Por supuesto que estamos de acuerdo con muchas de las medidas que plantea esta proposición: reconocimiento a los efectivos, prevención y control, medios, garantías para los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero vamos a pedir la votación separada porque hay puntos que no nos dan ninguna certeza…

Cristina Valido García CCa

… y no haremos un cheque en blanco a un pacto de asilo y de inmigración que cuestionamos en parte. Por ello, pido votación separada y apoyaremos, cómo no, muchas medidas que compartimos.

Noemí Santana Perera SUMAR

Muchas gracias, señor presidente. Antes de comenzar mi intervención, me gustaría transmitir nuestro apoyo y cariño a todas aquellas personas que están luchando a lo largo y ancho del país por el derecho de nuestra ciudadanía a tener acceso a una vivienda digna. Cuando el Grupo Popular nos habla de implementar correctamente el Pacto sobre Inmigración y Asilo, podríamos pensar que habla solamente de cuestiones técnicas, pero lo real es que este pacto aborda cuestiones humanas y en el trasfondo de todo ello está el modelo de Europa que queremos construir, señorías del Grupo Popular. Ya desde Podemos fuimos muy críticas con este pacto de migración y asilo, porque nosotras entendemos que consolida una política migratoria basada fundamentalmente en el control de fronteras, en externalizar a terceros países, en los procedimientos acelerados y en esos retornos acelerados también. Canarias, como bien ustedes saben, es una frontera exterior de Europa y quienes vivimos allí sabemos lo que significa. Sabemos en qué se traduce esto, sabemos qué significa, qué es que una persona llegue tras atravesar el Atlántico en una embarcación precaria, sabemos lo que significa atender a personas que huyen de la guerra, de conflictos armados, de persecuciones, que huyen de la pobreza o, simplemente, sabemos lo que es recibir a personas que están buscando una vida mejor, y también sabemos lo que significa tener que atender a niños y a niñas que llegan solos a nuestras costas. Por eso, este debate sobre el pacto de Estado no se puede limitar a cómo se aplica más rápido y mejor y cómo tener más mecanismos de control, señores del Partido Popular. Y se lo digo porque habría que empezar hablando de la insolidaridad de sus Gobiernos, de los Gobiernos del Partido Popular, con los territorios receptores como Canarias, como Ceuta y como Melilla, porque nos han dejado absolutamente solos. Hablemos del pacto de migración, hablemos del pacto de asilo que nos propone Europa, pero ¿por qué no empezamos hablando de lo que se puede hacer desde nuestro país? ¿Por qué no empiezan hablando de lo que pueden hacer ustedes? Porque, si no, sinceramente, lo que nos proponen nos parece una auténtica farsa.

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Eskerrik asko, presidente. Como conocen, señorías, el 14 de mayo de 2024 se aprobó el Pacto Europeo de Migración y Asilo a través de nuevos reglamentos y una directiva, que es la segunda generación del Sistema Común de Asilo, estableciendo un nuevo procedimiento común. Este nuevo pacto sobre migración y asilo, con entrada en vigor en dos fechas distintas, de junio y julio del pasado verano, requería que los Estados miembros adaptaran su normativa, sus sistemas, sus equipamientos y se pusieran al día en medios humanos y materiales. Y, a tal fin, la Comisión requirió en 2024 a los Estados miembros que presentaran sus planes nacionales de implementación del pacto europeo. Por ello, el Gobierno, el Gobierno del Estado, presentó a la Comisión, el 12 de diciembre de 2024, el Plan Nacional de Implementación del PEMA en un documento con cuarenta y tres páginas, en el que se recogen todas las actuaciones que se consideraban necesarias para facilitar la aplicación de los nuevos reglamentos y directivas del pacto europeo: acciones en materia de reformas normativas y legislativas, citándose la ley de asilo y su reglamento en veintitrés aspectos; la ley de extranjería y su reglamento en siete aspectos, además de vincularlo a una correcta trasposición de la directiva de retorno que está en proceso de infracción; la normativa vinculada a reglamentos y tratamiento de datos de Eurodac; la ley de jurisdicción contenciosa; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Y, junto a estas reformas legislativas, también se citaban numerosas adaptaciones en los procesos organizativos y administrativos. Y voy a citar algunos: Eurodac, se citaba en veintinueve acciones; un plan muy importante, el Plan de contingencia de gestión de las fronteras de la Unión, cuya responsabilidad corresponde al Estado, con procedimientos de decisión, asignación de responsabilidades, personal, infraestructuras, refuerzo y reorganización de la Oficina de Asilo, protocolo marco de determinación de la edad, designación rápida de representantes de menores. También se acompañaban necesidades de dotación de recursos humanos y formación en Policía Nacional, en diversas secciones y unidades, en la Oficina de Asilo, incremento de traductores, personal interdisciplinar, con una mención especial a Eurodac, que, como conocen, es la base de datos biométricos de la Unión, que compara y almacena imágenes faciales, huellas y otros datos de identidad básicos de los solicitantes de asilo e inmigrantes irregulares. Y también, en este plan nacional, se hacía descripción de las necesidades de tecnologías de la información y de infraestructuras. Aquí tengo que destacar la necesidad que se establecía de crear 6750 plazas de acogida en gestión directa para el segundo semestre de 2026, con un coste que ya adelanto que se cifraba entre 1000 y 1300 millones al año solo en este plan de gestión. Pues bien, señorías, de todo ese Plan de Implementación del Pacto de Migración y Asilo, ni siquiera están aprobados los proyectos de ley que se estimaban necesarios. El único paso que hemos visto han sido dos instrucciones de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, de 12 de junio de 2026, en aplicación del pacto. Una, sobre la tramitación de solicitudes de protección internacional, consecuencia de los procedimientos previstos en los reglamentos 1348 y 1351 de 2024, y otra, sobre la supresión de recursos de reposición en el ámbito de la protección internacional. Señorías, es un Plan de Implementación del Pacto de Migración y Asilo que ha acabado en once páginas de instrucciones de una subsecretaría, de las que cinco son exposición de motivos. Por eso, consideramos ―y voy finalizando, presidente― que por el Gobierno se debiera dar cumplimiento a lo que se le insta desde la iniciativa debatida, excepto en lo relativo al reglamento de retorno, en el que, a nuestro juicio, no se consideran suficientemente los derechos humanos y el acervo comunitario, como puso de manifiesto nuestro representante en el Parlamento Europeo. Nada más y muchas gracias.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Presidente, muchas gracias. Señorías, arratsalde on, buenas tardes. Nuestra formación, Euskal Herria Bildu, en el debate o, mejor dicho, en los debates que se dieron en el Parlamento Europeo sobre el PEMA, se mostró contraria. ¿Y por qué se mostró contraria? Pues porque el PEMA priorizaba el control de fronteras, la disuasión, el retorno, en detrimento de los derechos de las personas migrantes y de los y las refugiadas. Se dejaban de lado las vías seguras y legales y, en algunas ocasiones, los corredores humanitarios, que tanto se han solicitado en los casos de crisis que se han visto en Europa, frente a una Europa que prefería la militarización de esos procesos migratorios. No negamos que la migración es un fenómeno poliédrico, que tiene varias vertientes, pero, especialmente, tiene un carácter humanitario. Y es ahí, desde nuestro punto de vista, donde hay que poner el foco. Por cierto, señora Sánchez, cuando ha hablado usted de solidaridad, a mí me venía a la cabeza la carta de los veintidós Estados miembros de la Unión Europea tras el ataque híbrido, como decía usted, que se produjo el 30 de julio. Yo creo que eso es lo más opuesto a la solidaridad en términos europeos que pudo haber. Eso fue un ataque a la solidaridad y a todo aquello que se debería contemplar desde Estados miembros, Estados socios de la Unión Europea. Por cierto, también hablando de solidaridad, si esa solidaridad se debe dar entre Estados miembros, también se debería dar dentro de un Estado, ¿no? Usted señalaba que el Gobierno está haciendo todo lo posible por cronificar la situación en Ceuta, pero aquello que está en su mano, como es el traslado a la península de los 2500 menores, ¿por qué no lo facilitan? ¿Por qué no lo impulsan? ¿No es eso cronificar la situación? Es cierto que puede haber más de 12 000 personas migrantes en Ceuta, pero con esos 2500 menores, los más vulnerables, que están en su mano ¿ahí no se aplica el principio de solidaridad? ¿No sería de sentido común ese reparto entre otras comunidades autónomas para aliviar, de alguna manera, tanto a las instituciones de Ceuta como a los vecinos y las vecinas, a los funcionarios y las funcionarias, a los voluntarios y también a esas personas migrantes? Pero, bueno, hay quienes prefieren hacer de esto batalla política. Más allá de las chapuzas que haya podido realizar el Gobierno en esa gestión de la crisis en Ceuta ―lo hemos señalado―, ustedes están prefiriendo hacer de ello un caballo de batalla. En relación con las medidas que piden, que son de diferente tipo, nosotros estuvimos en contra del PEMA, pero en todo lo que tiene que ver con más medios, transparencia o coordinación pues, bueno, sin más. Ahora bien, el punto 6, aquello que tiene que ver con el reglamento de retorno, creemos que es especialmente dañino, porque eso que se viene a llamar de tercer país seguro es enviar a personas migrantes a países que no tienen nada que ver ni con su origen ni con su tránsito ni tienen ningún vínculo con él. Esto lo vemos especialmente peligroso porque se priva de derechos y se dificulta la acogida o la solicitud de asilo. Si son malos, desde nuestro punto de vista, los centros Meloni en Albania, son igual de malos los centros Marlaska en Mauritania, señores del Partido Socialista. Hay que poner el foco en lo que está ocurriendo en Mauritania, se están abriendo centros de retención de personas migrantes financiados por el Ministerio del Interior. Revísenlo, porque, si está mal lo que hace la señora Meloni, también está mal lo que está fomentando el señor Marlaska. El Partido Popular reprochaba al Partido Socialista no haber aprobado gran parte de las medidas, pero si es que hoy tenemos noticias de que lo que está proponiendo en este momento el Gobierno es todavía peor que lo que se contempla en ese acuerdo de retorno. Es peor, porque se está intentando aprobar ―hoy no ha llegado el Consejo de Ministros, pero parece ser que va a ir en breve― un régimen de excepción del derecho de asilo. No busquen atajos a la situación que se está dando en Ceuta. Sabemos que es una crisis que es de difícil gestión, pero ya les dijimos que no busquen atajos. No se puede privar ni recortar el derecho de asilo, tienen que ser casos individualizados y se debe respetar el principio de non‑refoulement. No se puede violar el derecho internacional para hacer ahora lo que no se ha hecho en dos meses. Las personas migrantes que están en Ceuta tienen derechos y hay que gestionar esto individualizadamente. No se puede empeorar lo que ya se contempla en ese acuerdo del reglamento de retorno que les afea el Partido Popular que no hayan puesto en marcha.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Sin más, dependiendo de cómo se vote esta iniciativa, si punto por punto o de manera global, pensaremos el sentido del voto. Muchas gracias. .

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

President, senyories. Bona tarda. El Pacte Europeu de Migració i Asil, des del primer dia, sempre ho hem dit des del grup d’Esquerra, és un projecte de la dreta i de l’extrema dreta que vostès, senyories socialistes, han acabat comprant. És així. I la PNL que ens porta avui el Partit Popular és simplement endurir, intensificar i cargolar encara més tot el que es deriva d’aquest pacte. Per tant, hi estem en contra perquè hem estat sempre en contra d’un pacte europeu de migració que traeix l’esperit fundacional de la Unió Europea, que traeix l’esperit sobre el qual l’Europa actual neix de les cendres de l’any 1945, del desastre de l’Holocaust i la Segona Guerra Mundial, i que ha de tenir en el centre de la seva vida pública els drets humans. Per tant, senyories del PP, vostès el que volen és acabar d’endurir encara més una cosa que en origen ja és absolutament contrària a l’esperit que ens informa com a col·lectivitat europea. I a més a més, senyories socialistes, els he de dir que vostès ja fa molt de temps que, com els recordava el senyor Iñarritu, han traït aquest esperit. És així i, per tant, el debat que tenen avui els dos grans partits suposadament d’Estat en aquesta cambra és un debat fals, perquè és un debat, com dirien en espanyol, entre lo malo y lo peor. Es a dir, dues maneres dolentes d’enfocar un problema molt important que és la gestió migratòria i la gestió de les fronteres. A més a més, no ens enganyem, tot el debat sobre les fronteres no el volem menystenir, és rellevant, però no deixa de ser una cortina de fum perquè no es parli del canvi climàtic, de la transició energètica o de la intervenció en sectors clau o de l’habitatge que ara hem descobert tot passant pel pis de la pobra senyora Mari Carmen, que era molt important. Ara hem descobert que l’habitatge era molt important. Per cert, el grup republicà ja els havia dit que era molt important. Sí, senyories del PP, els he de dir que hi ha dos punts on podríem estar d’acord. En principi, tot i que vostès fan trampes. Que és en demanar el primer punt, demanar més transparència en les reformes reglamentàries derivades del pacte europeu. Sí, nosaltres volem transparència perquè la transparència és el que ens porta a una garantia respecte als drets. I també coincidim, senyories del PP, en que calen més recursos per a l’acollida, per a l’acollida de les persones migrants i que l’Estat hauria de facilitar clarament això a les comunitats autònomes. Òbviament, les comunitats autònomes que en aquest moment no poden gestionar una matèria de gran interès per a elles com és la gestió migratòria. Però en canvi, com hem constatat, a Catalunya sí que tenim la segona part d’aquesta qüestió, que és totes les polítiques d’integració i d’acollida. I aprofito per dir que vostès, senyories del PP, també gestionen comunitats autònomes. Fixin-se bé quin contrasentit. que les autonomies han de fer el més delicat, que és la integració i l’acollida del migrant, i no poden dir res quant a la gestió de l’arribada d’aquests migrants. Evidentment, el PP, pel que fa a això, ho fa perquè està absolutament presoner de VOX. Senyories del PP, no anem a descobrir el que cada setmana constatem des d’aquesta tribuna. Vostès són presoners de VOX. Per cert, ja sé que el canceller Merz és bastant impopular. Ja sé que el canceller Merz a Alemanya està com es diu en els minuts de les escombraries, en el bàsquet o en català diem ja té el capellà al quarto. És a dir, aquest home està acabat, però ja que vostès en un moment donat volien ser un partit europeu, mirin una mica més el senyor Merz i no. I no mirin tan el senyor Abascal que els té encaterinats. Per cert, senyories del PSOE. Aprofito aquest punt per dir abans d’acabar que al marge del pacte de migració i asil i al marge dels centres encoberts a Mauritània que els recordava el senyor Iñarritu, és bastant vergonyós que vostès tolerin com a Govern progressista les pallisses de militars espanyols emigrants a la ciutat de Ceuta. És inacceptable per a una societat democràtica que els seus militars es dediquin a apallissar migrants. Inacceptable. Si governés el PP, vostès ho dirien. Presidente, señorías, buenas tardes. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo ―desde el primer día, lo hemos dicho siempre― es un proyecto de la derecha y de la extrema derecha que ustedes, señorías socialistas, han acabado comprando. Es así. La PNL que nos trae hoy el Partido Popular simplemente endurece, intensifica y retuerce aún más todo lo que se deriva de este pacto. Por lo tanto, estamos en contra. Siempre hemos estado en contra de un pacto europeo de migración que traiciona el espíritu fundacional de la Unión Europea; que traiciona el espíritu sobre el cual la Europa actual nace de las cenizas del año 1945, del desastre, del holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene que tener en el centro de su vida pública los derechos humanos. Por lo tanto, señorías del PP, ustedes lo que quieren es acabar de endurecer aún más algo que de origen ya es absolutamente contrario al espíritu que nos informa como colectividad europea. Además, señorías socialistas, tengo que decirles que ustedes hace ya tiempo que ―como les recordaba el señor Iñarritu― han traicionado este espíritu. Es así. Por lo tanto, el debate que tienen hoy los dos grandes partidos supuestamente de Estado en esta Cámara es un debate falso, porque es un debate ―como dirían en español― entre lo malo y lo peor. Es decir, dos maneras malas de enfocar un problema muy importante, como es la gestión migratoria y la gestión de las fronteras. Además, no nos engañemos, porque no queremos menospreciar todo el debate sobre las fronteras, es relevante, pero no deja de ser una cortina de humo para que no se hable del cambio climático, de la transición energética o de la intervención en sectores clave o bien de la vivienda que ahora hemos descubierto, pasando por el piso de la pobre señora Maricarmen, que era muy importante. Ahora hemos descubierto que la vivienda era muy importante. Por cierto, el Grupo Republicano ya les había dicho que era muy importante. Sí, señorías del PP, les tengo que decir que hay dos puntos en los que podríamos estar de acuerdo en principio, aunque ustedes hacen trampas. El primer punto es el de pedir más transparencia en las reformas reglamentarias derivadas del pacto europeo. Sí, nosotros queremos transparencia, porque la transparencia es lo que nos lleva a una garantía respecto a los derechos. También coincidimos, señorías del PP, en que son necesarios más recursos para la acogida de las personas migrantes y que el Estado tendría que facilitar claramente esto a las comunidades autónomas. Obviamente, las comunidades autónomas en este momento no pueden gestionar una materia de gran interés para ellas como es la gestión migratoria, pero, en cambio, tal y como hemos comprobado en Cataluña, sí pueden hacer la segunda parte de esta cuestión, que son todas las políticas de integración y de acogida. Aprovecho que ustedes, señorías del PP, también gestionan comunidades autónomas para que se fijen bien en el contrasentido: las autonomías tienen que hacer lo más delicado, que es la integración y la acogida del migrante, pero no pueden decir nada en cuanto a la gestión de la llegada de estos migrantes. ¿Por qué hace esto el PP? Lo hace porque está absolutamente prisionero de VOX. Señorías del PP, no vamos a descubrir lo que cada semana constatamos desde esta tribuna, ustedes son prisioneros de VOX. Por cierto, ya sé que el canciller Merz es bastante impopular, sé que el canciller Merz, en Alemania, está, como se dice en el baloncesto, en los minutos basura o que tiene casi al cura en el cuarto, que está acabado, pero ya que ustedes, en un momento dado, querían ser un partido europeo, miren un poco más al señor Merz y no tanto al señor Abascal, que los tiene muy admirados. Por cierto, señorías del PSOE, aprovecho este punto para decir antes de terminar que, al margen del Pacto sobre Migración y Asilo y al margen de los centros encubiertos en Mauritania que les recordaba el señor Iñárritu, es bastante vergonzoso que ustedes toleren como Gobierno progresista las palizas de militares españoles a migrantes en la ciudad de Ceuta. Es inaceptable para una sociedad democrática que sus militares se dediquen a apalizar a migrantes. Inaceptable. Si gobernara el PP, ustedes lo dirían.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

Governen vostès, per cert, amb les senyories de SUMAR. I ho estan fent i nosaltres ho denunciem impresentable. Ho faci qui ho faci. Gràcies. Gobiernan ustedes ―por cierto, con las señorías de SUMAR― y lo están haciendo. Nosotros lo denunciamos. Impresentable, lo haga quien lo haga. Gracias. .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Señor presidente, señoras y señores diputados, al Partido Popular le entran las prisas cuando se trata de restringir derechos, como ahora para que se implemente el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en lo relativo al reglamento de retorno, el traslado de personas perseguidas que han solicitado protección internacional a centros de internamiento fuera de la Unión Europea donde no se aplica el derecho comunitario, es decir, el modelo Guantánamo. Ojalá tuviera el Partido Popular la misma prisa para acabar con la especulación de la vivienda y sumarse al bloque parlamentario que trabaja para acabar con los desahucios de personas vulnerables como Maricarmen , o para garantizar que la gente pueda acceder a una vivienda digna. PP y VOX se quejan de que los índices de natalidad en España son bajos. No se puede tener una familia viviendo en una habitación en un piso compartido que no tiene ni cuarto de estar. A los racistas de VOX hay que recordarles la doctrina social de la Iglesia y la Biblia. El tuit de VOX ayer sobre «Morocarmen» seguro que es un pecado, además de puro racismo. Y, sobre todo, es mentira, pues el 70 % de los desahucios de este país afectan a extranjeros. El PEMA regula unos mínimos de garantías y derechos para los extranjeros que llegan o intentan llegar a Europa. El PEMA no impide que la legislación nacional mejore esos mínimos. Y España debe mejorar las garantías y derechos que ya existen en nuestra legislación. No vamos a aceptar un derecho de excepción aplicado a la protección internacional o a los flujos migratorios. La legislación internacional, la carta europea de derechos humanos, ordena que todas las personas disfruten de derechos fundamentales y tengan garantías de protección. Los migrantes vienen a Europa porque las empresas los reclaman. Las únicas invasiones que nosotros vemos son las del capital extranjero, que se quedan con nuestras viviendas a precio de saldo y desahucian a las Maricármenes. . Por cierto, da la impresión, por la pregunta que hacía ayer, que la señora Ayuso no ha necesitado hacerse mayor para no pagar un solo alquiler desde hace bastantes años. En todo caso, el reglamento de retorno debería contemplar sacar de nuestro país y de toda la Unión Europea a esos fondos buitre que especulan con las casas de la gente e impiden que la vivienda sea un derecho. En lugar de expulsar a los buitres, el Partido Popular apoya echar a trabajadores. España ha votado en contra del reglamento de retorno porque no respeta los derechos de las personas, porque crea centros de detención fuera de la Unión Europea donde las leyes europeas no se aplican y no se respetan los derechos de los recluidos. Nuestro ministro del Interior expresó serias dudas sobre la legalidad de esos centros de confinamiento y criticó la posibilidad de privación de libertad de hasta veinticuatro meses con prórrogas indefinidas. En una democracia no se puede detener a nadie indefinidamente y menos por una situación administrativa. Es una vergüenza que ese reglamento fuera aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026. El Gobierno de izquierdas ha recogido el sentir mayoritario de las organizaciones sociales que atienden a migrantes y refugiados. Amnistía Internacional, Oxfam y CEAR consideran que el reglamento supone un retroceso en derechos y garantías legales y consolida un modelo basado en la externalización ―y en Ceuta ya hemos visto que las políticas de externalización son temerarias y dejan en indefensión la soberanía de los países europeos―, y critican la detención administrativa de veinticuatro meses o que se acabe con las garantías de no devolución de personas perseguidas. Rechazan, en general, los centros de internamiento fuera de la Unión Europea por el riesgo de detención arbitraria, de malos tratos y de restricciones al acceso de un recurso judicial efectivo. Y, sobre todo, las organizaciones sociales reclaman vías legales y seguras para migrantes y refugiados y la reagrupación familiar. Y es que nada de eso se contempla en el PEMA. Save the Children y Unicef afirman que la detención de niños y niñas por ser migrantes no es propia de una democracia. Las familias con menores deben quedar protegidas frente a las deportaciones. Y ACNUR se muestra igualmente muy preocupada por el no respeto al principio de devolución. España debe adaptar su legislación al PEMA, pero manteniendo un enfoque garantista, prestando atención a quienes tienen fundado temor de persecución. Y nada de eso dice el Grupo Popular en su PNL. Y el debate no es el retorno como instrumento de la política migratoria, sino sus límites, duración, condiciones de la detención, garantía de los recursos, principio de no devolución y la protección de niños, familias y otras personas vulnerables. Acabo. Tampoco vamos a apoyar un régimen de excepción para Ceuta. En la ley en vigor están todos los mecanismos para aliviar la situación de la ciudad. No hay que inventarse ningún reglamento ni decreto de excepción. Esos mecanismos, además de expulsar y devolver, deben incluir los traslados a la península, especialmente de refugiados y niños y niñas en acompañamiento familiar.

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Es inevitable; y cuanto antes se haga, antes arreglaremos la situación en Ceuta. Muchas gracias. .

Luc Andre Diouf Dioh PSOE

Presidente, señorías del Partido Popular, antes de comenzar, quiero dar mi apoyo a los miles de personas que reaccionan ante la injusticia, las que dicen hasta aquí porque no podemos más; porque Maricarmen, afortunadamente, cuenta con el apoyo de su familia, de gran parte de esta sociedad y también de todo el Gobierno. . Quiero denunciar el peligroso circo al que nos están acostumbrando en esta Cámara. Es su modus operandi ahí donde gobiernan. Ustedes viven instalados en una función teatral constante. La gran duda es cuál va a ser su próximo número y si lo veremos aquí en Madrid, en Valencia o en Ceuta, o si le van a dejar el trabajo sucio otra vez a Manos Limpias. Con su estrategia han conseguido que el odio, al igual que el gas pimienta, termine intoxicando a toda la sociedad. Pero la realidad es tozuda: cuando su violencia verbal y su pésima gestión les saltan a la cara, su única respuesta es la mentira. Mienten como Ana Vázquez, denigran y mienten como Mazón, insultan y mienten como Ayuso, y faltan a la verdad cada día como Juan Vivas. . Señorías del PP y de VOX, qué fácil es difamar a quienes no pueden defenderse; qué extrema crueldad es hablar de invasión ante una crisis humanitaria, mientras sus cargos territoriales muestran su peor rostro racista, negándose a mover un dedo para ayudar a Ceuta. Déjense de circo, asuman la gestión y respeten la dignidad de las personas, acojan y reubiquen a la infancia no acompañada. Presentan hoy una iniciativa totalmente innecesaria, y, además, con mentiras. Ustedes deberían saber que la reforma para la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo ya se ha aprobado o tramitado en las Cortes, y que el grado de ejecución se detalla pormenorizadamente por el Estado miembro y en los informes de la Comisión. En España, los recursos humanos, materiales y tecnológicos han sido reforzados. Como les consta, la Dirección General de Protección Internacional cuenta con tres subdirecciones para asumir este reto. . Solo en 2025 se cerraron más de 160 000 expedientes, la cifra más alta de nuestra historia en la materia migratoria. La coordinación interadministrativa opera a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y ya se han desplegado, en primer lugar, el plan nacional de implementación; en segundo lugar, la estrategia nacional de gestión de la migración y el asilo; en tercer lugar, los planes de contingencia específicos, y, en cuarto lugar, las instrucciones de la subsecretaría del Interior para la tramitación de solicitudes y recursos. . Están publicados en el BOE y son accesibles a través de la web del ministerio. Paralelamente, el Ministerio de Inclusión impulsa una red de centros con 10 000 plazas, superando con creces las 3301 asignadas a nuestro país. Además, a finales de agosto se aprobaron dos anteproyectos clave: el de la ley de asilo y la reforma de la Ley 4/2000. Señorías del Grupo Popular, cuando la oposición renuncia a su responsabilidad de debatir y presentar alternativas, no deja un vacío neutral. Ese espacio lo ocupa inmediatamente la ultraderecha. El resultado son simplificaciones que reducen las complejidades políticas y también eslóganes. Fomentan identidades excluyentes que dividen y apuestan por los discursos de odio y agresiones racistas, y prometen una seguridad utópica a costa de la verdad, la convivencia y el interés general. Con su ruido, su confrontación estéril y el relato del miedo instalado permanentemente en nuestra frontera sur y, sobre todo, en Ceuta, convierten la gestión pública en un espectáculo. Por ello, gobernar les queda grande. Señorías del Grupo Popular y de VOX, nuestra sociedad exige rigor, respeto al ordenamiento jurídico, plena vigencia de los derechos humanos y altura de miras. Y nuestro Gobierno pone en valor la política útil, trabaja para la solidaridad interterritorial y por la integración de todas las personas que pueden estar residiendo y viviendo en España. Muchas gracias. .

Juan Antonio González Gracia PSOE

Gracias, presidente. Con el real decreto que hoy se ha aprobado se baja el IVA de la electricidad al 10 %, se topa la tarifa del gas y del butano, y se mantienen rebajas fiscales a los carburantes. El señor Feijóo y el señor Tellado hablaban la pasada semana de poner medidas, y aquí están. Ahora les preguntamos nosotros al Grupo Popular: ¿van a apoyar ustedes estas medidas? Porque no han aprobado ni una sola medida en lo que va de legislatura. Los españoles y las españolas deben saber que el Grupo Popular nunca ha votado a favor de rebajar el diésel o la gasolina en este país. . Es más, si fuera por el Grupo Popular, hoy el diésel y la gasolina estarían más caros en España. El Gobierno también ha aprobado hoy dos decretos muy importantes sobre vivienda que el viernes pasarán por este Congreso, y los 350 que estamos aquí tenemos que dar la cara ante la ciudadanía. ¿Qué va a hacer el Grupo Popular? Va a votar en contra. Lo que hace el Grupo Popular es reírse de la dignidad del pueblo español. . Es indecente, señorías, que la presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid, a la que le habían comprado un ático de 6 millones de euros para que fuera su residencia, diga: Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar el alquiler a mis caseros. Eso es reírse de la dignidad de trabajadores y de trabajadoras honrados y honestos que tienen que hacer encajes de bolillos para pagar su alquiler y llegar a fin de mes. . Señorías, en el año 2025 las cuatro grandes energéticas de este país tuvieron un beneficio de más de 12 000 millones de euros. En este primer semestre de 2026 el beneficio ya va por 9222 millones, un 45 % más. Mientras el Gobierno de España pone medidas ―como el real decreto aprobado hoy― para intentar atajar la inflación energética, mientras los consumidores, los autónomos o las pymes sufren estas subidas debido a las caprichosas guerras de Putin y de Trump, las energéticas se están forrando. ¿No creen, señorías, que ha llegado el momento de que estas empresas sean solidarias con los ciudadanos de este país? En el Grupo Socialista creemos que sí. Las guerras injustas no pueden servir para que se forren las energéticas a costa del bolsillo de los ciudadanos. . Y señorías del Grupo Popular, ¿van a apoyar esto? Fanatismo o coherencia. ¿Qué van a hacer? ¿Les parece a ustedes que Alemania, Austria, Italia o Portugal son países radicales de izquierda? No. En todos ellos gobiernan partidos conservadores, y los cuatro países, junto a España, han pedido a la Unión Europea gravámenes extraordinarios a las energéticas por los beneficios extras derivados fundamentalmente de la guerra. Y eso es lo que nosotros hoy estamos pidiendo en este Congreso. Señorías del Grupo Popular, ¿se van a alinear ustedes con estos países o prefieren las guerras de Putin y de Trump? En el siglo XIX, Benito Pérez Galdós, en sus Episodios Nacionales, retrató este país. En ese retrato aparecían dos almas de la derecha del siglo XIX: por un lado, había una derecha liberal, abierta a la razón y con ciertas aspiraciones europeístas; por otro lado, existía una derecha fanática, absolutista e intransigente, lo que algunos denominaron el garrulismo de derechas. Dos siglos después, no ha cambiado mucho la derecha patria: sigue con las dos almas. El problema, la tragedia, es que en estos momentos una se ha impuesto a la otra, y el señor Feijóo ha decidido que el garrulismo domine la acción del principal partido de la oposición. . Por eso el señor Tellado se convirtió en el máximo lacayo, porque a su vez es el representante máximo del garrulismo de derechas en España que, un día sí y otro también, incendia la convivencia entre españoles. Decía el bueno de don Antonio Machado que es propio de aquellas mentes estrechas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Y esto es precisamente lo que hace el garrulismo de derechas: como no les cabe en la cabeza que gente progresista pueda gobernar, ¿qué hacen? Embestir todo el día. El PP actual no piensa, embiste. A lo largo de la legislatura se han traído a esta Cámara muchos proyectos, muchos decretos leyes para mejorar la vida de los españoles y de las españolas, y ustedes, con su garrulismo de derechas, no han movido ni un solo dedo para apoyarlos. El fanatismo les ciega; por eso no piensan, embisten. Embisten, señorías del Partido Popular, cuando una diputada de su partido ―que tendría, por cierto, que haber dimitido ya― se presenta con un bote de gas pimienta en este hemiciclo y se arma el caos, teniendo que ser tratadas por sanitarios y llevadas al hospital varias personas, mientras ustedes aplaudían a rabiar. Embisten, señorías del Partido Popular, cuando se trae un tratado de buena vecindad entre España y Francia y ustedes votan en contra. ¿En qué lógica entra que el principal partido de la oposición se oponga a un tratado de buena vecindad con Francia? La intransigencia, el fanatismo y el garrulismo les pierden, señorías del Partido Popular. Su lealtad a España solamente la ejercen cuando pueden mangonear a este país y, si ustedes no gobiernan, se convierte en su peor enemigo. Somos conscientes de que no van a echar ni una sola mano con el problema en Ceuta, con la vivienda o con la crisis climática, porque ustedes van a utilizar para desestabilizar España a las comunidades autónomas, al Senado y a todo aquel que pueda. Solamente les vamos a señalar lo que piensan millones de españoles y miles de socialistas y que dijo Marcelino Camacho: Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Siempre hay una España que se levanta pensando en un futuro de progreso, en un futuro mejor. Muchas gracias. .

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

España se merece un Gobierno y unos gobernantes que no traten a los españoles como si fuesen idiotas, que es lo que hacen ustedes. . Tenemos un Gobierno que renuncia a gobernar. Tenemos un Ejecutivo y un Partido Socialista que, ante su propia corrupción y su propia incapacidad, han renunciado a gobernar. No quieren legislar, no quieren hacer nada por los españoles, porque saben que no pueden, que son incapaces, que son ineptos, que no tienen el control de la situación. Por eso hoy el Grupo Socialista nos trae aquí una PNL, una proposición no de ley. A los españoles que nos escuchan desde sus casas esto les suena a chino. Una proposición no de ley es una norma con la que el Gobierno se va a limpiar el culo. . Lo saben ustedes, lo sabemos nosotros y lo sabe todo el mundo que tiene el más mínimo conocimiento de la legislación parlamentaria. Es que ustedes trajeron aquí, a esta misma Cámara, un real decreto ley. Un real decreto ley es una norma que directamente aprueba el Consejo de Ministros; que firma directamente el Consejo de Ministros y que la aprueba, y esa norma entra en vigor en el momento de su publicación. ¿Y saben para qué hicieron eso? Para regular a los grupos y empresas de relaciones institucionales. Para eso sí movilizaron toda la maquinaria legislativa, para poner una norma en circulación publicada en el BOE. Y para esto, para hablar de los impuestos a las energéticas, se les llena la boca ―hablan de autores españoles, citan poesía― y nos traen una porquería de PNL. . Debería darles vergüenza tratar a los españoles como si fuesen idiotas. Además de esto ―ya entrando en el fondo del asunto―, la realidad es que ustedes no engañan a nadie. Cada vez que ponen un impuesto nuevo, directamente lo que sucede es que se traslada al bolsillo de los españoles. Eso es lo que pasa siempre. Cada vez que ustedes aplican una nueva tasa, un nuevo gravamen, un nuevo impuesto o cualquier invento que se les ponga por delante, quienes pagan el pato son los españoles. Es que hay que pagar impuestos ―desde luego que hay que pagar impuestos―, pero hay que pagarlos para mantener unas infraestructuras decentes, para mantener una red eléctrica decente, para mantener unas carreteras decentes, para mantener unas vías ferroviarias en las que no mueran los españoles. Para eso hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos para tener una sanidad pública en la que te atiendan sin tener que estar esperando seis horas en una sala de espera. . Ustedes no están haciendo nada de eso. Los españoles se mueren en los trenes. Los españoles no pueden circular por las autovías. Los españoles se mueren esperando las ayudas a la dependencia. Los españoles son los últimos en las filas de espera en la sanidad pública. Los españoles son los últimos en el acceso a la vivienda pública. Esa es la España que ustedes dibujan. . Aun así, en estas circunstancias, vienen ustedes a inventarse un nuevo impuesto para hundir un poco más y saquear un poco más los bolsillos de los españoles. Ahora nos dicen que es un impuesto a las eléctricas. Quizás haya que ponerles un impuesto, pero para los españoles, no para engordar sus cuentas, porque ¿saben los españoles que ya existe un impuesto sobre el valor de la producción eléctrica del 7 % por cada unidad de consumo en su factura? ¿Ustedes lo saben? Es del 7 %. Además, ese impuesto devenga el IVA. Por cierto, ese impuesto se aprobó para pagar el déficit que provocó Zapatero en el sistema eléctrico. Pero hay más. No sé si saben ustedes que el sistema eléctrico, que ustedes han deteriorado hasta niveles insospechados, gasta en una cuestión llamada los servicios de ajuste: cuando el sistema tiene determinadas dificultades, tiene que pagar a las eléctricas para que dejen de generar energía cuya venta tenían apalabrada. Pues bien, en el año 2021, estábamos hablando de 724 millones de euros y, hasta agosto de 2026 ―solo en esa parte de 2026―, ya hemos llegado a 3375 millones de euros por su ineptitud. Ese es el problema. Ustedes están generando auténticos agujeros en las infraestructuras en España. . Ustedes han deteriorado tanto el sistema que han tenido que activar el sistema de interrumpibilidad hasta siete veces en lo que va de año.

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

Sí, ya termino. ¡Siete veces en lo que va de año! Entre el año 2022 y el año 2026 solo se había activado cinco veces y, en lo que va de año, ya se ha tenido que activar siete veces. ¡Es que ustedes están hundiendo los servicios públicos en España! Entonces, hasta que no empiecen a prestar unos servicios públicos razonables para los españoles, ni se les ocurra hablar de subir aún más los impuestos.

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

Desde luego, con nosotros no cuenten. Muchísimas gracias.

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gràcies, president. Señorías del Partido Socialista, menuda propuesta traen hoy aquí para gravar los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas. Esperen, que voy a leerla, porque esto es cine: Seguir impulsando la posibilidad de implantar la puesta en marcha de un instrumento de solidaridad temporal europeo. ¿Qué? Como sea tan temporal el instrumento que plantean como concreta es esta propuesta, cuando acabemos de leerla ya se habrán forrado, pero bien, las energéticas. Menudo triple salto mortal con voltereta han hecho ustedes para no decir absolutamente nada. ¿Seguir impulsando la posibilidad de implantar la puesta en marcha? Pero si es que ustedes están gobernando, señorías del Partido Socialista. ¿Qué van a hacer después? ¿Impulsar la posibilidad de estudiar la opción de plantearse la puesta en marcha? Pues, miren, la gente no necesita que ustedes sigan impulsando posibilidades. La gente quiere llegar a final de mes; la gente quiere pagar el alquiler sin tener que trabajar para su casero; la gente quiere pagar la luz sin engordar los beneficios a las eléctricas, y quieren ir al supermercado y llenar más la cesta de la compra con menos dinero. Y ustedes, que gobiernan, ¿traen una declaración para estudiar si se puede hacer algo? Graven los beneficios extraordinarios, y no con decretos temporales; háganlo por ley. Y dejen de tratar como una posibilidad lo que debería ser una prioridad política para este Gobierno, porque gobernar desde la izquierda no es redactar una frase con muchas subordinadas; gobernar desde la izquierda es enfrentarse a quienes se enriquecen en contra del sufrimiento de la mayoría. Gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. Señoras e señores do Partido Socialista, polo menos empezan cunha cousa que é verdade: din sempre a guerra de Irán, polo menos nesta iniciativa din a Guerra dos Estados Unidos e Israel contra Irán. A partir de aí podemos estar de acordo en que é indecente. Os beneficios son indecentes, os beneficios das grandes enerxéticas, porque ademais é que cantas máis dificultades teñen os traballadores e traballadoras, as clases populares, para chegar a final de mes, máis gañan as enerxéticas. E deben contribuír? Evidentemente que deben contribuír, mais non só por lucros extraordinarios porque na realidade extraordinarios son todos, son os lucros habituais, como dicía, escandalosos, indecentes. Fíxense e Iberdrola. 6285 millóns de euros o ano pasado máis un 12 %; Repsol, 2568, Naturgy de 2000 millóns de euros e seguro con absoluta certeza en 2026 será superior. Vostedes falan do antecedente de 2022 da lei 38 de gravame extraordinario ás enerxéticas e os bancos. Lembrarán que naquela altura o BNG e outras forzas políticas o que diciamos é que non podía ser temporal, que tiña que ser estrutural, que tiña que ser permanente, pois iso é o que lles propomos tamén agora. E desde logo non ten ningún sentido que se escuden en reclamar a posibilidade, como xa se dixo, a un instrumento de solidariedade temporal europeo, porque vostedes son goberno e, por tanto, actúen como tal, poñan en marcha xa de novo ese gravame ás enerxéticas, á banca e tamén aos grandes patrimonios, ás grandes fortunas, porque isto é o que é unha fiscalidade xusta e distributiva. Mentres as enerxéticas se forran, os traballadores, as clases populares non teñen como pagar a luz, como pagar o gasóleo ou como pagar o aluguer e non é nin xusto nin sustentábel. Por tanto, chamámolos a que muden esa política por políticas estruturais e permanentes. Obrigado. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores del Partido Socialista. Por lo menos empiezan ustedes con una cosa que es verdad. La guerra de Irán. En esta iniciativa hablan de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. A partir de ahí, podemos estar de acuerdo en que los beneficios de las grandes energéticas son indecentes. Cuantas más dificultades tienen los trabajadores y las trabajadoras y las clases populares para llegar a final de mes, más ganan las energéticas. Tienen que contribuir, obviamente, pero no solo por beneficios extraordinarios, porque en realidad extraordinarios son todos los beneficios. Son beneficios habituales, escandalosos, indecentes: Iberdrola, 6285 millones de euros el año pasado, un 12 % más; Repsol, 2168 millones de euros; Naturgy, 2000 millones de euros. Y con total seguridad en 2026 las cifras serán superiores. Hablan ustedes del antecedente de 2022, de la Ley 38/2022, de gravamen extraordinario a las energéticas. Recordarán que en aquellos momentos el BNG y otras fuerzas políticas dijimos que no podía ser temporal, que tenía que ser estructural, que tenía que ser permanente. Pues eso es lo que les proponemos también ahora. Y, desde luego, no tiene ningún sentido que se escuden en reclamar la posibilidad, como ya se ha dicho, de recurrir a un instrumento de solidaridad temporal europeo. Son ustedes un Gobierno y, por tanto, actúen como tal y pongan en marcha ya, de nuevo, ese gravamen a las energéticas, a la banca, a los grandes patrimonios y a las grandes fortunas, porque en eso consiste una fiscalidad justa y distributiva. Mientras las energéticas se forran, los trabajadores y las clases populares no tienen cómo pagar la luz, cómo pagar el gasóleo o cómo pagar el alquiler, y eso no es ni justo ni sostenible. Por tanto, les llamamos a que cambien esa política por políticas estructurales y permanentes. Gracias.

Javier Sánchez Serna SUMAR

Gracias, presidente. El Grupo Socialista nos trae una proposición no de ley para que el Gobierno le pida a la Unión Europea la posibilidad de un impuesto extraordinario a las eléctricas. La pregunta que surge es obvia. ¿Esto es una broma? ¿Es una broma? ¿A estas alturas nos quieren convencer de que necesitan el permiso de Von der Leyen para poner en marcha un impuesto a las eléctricas? ¡Pero si se hizo en 2022 y luego se quitó! ¿De quién depende intervenir el mercado para que las subvenciones que se les da a los carburantes no acaben en el margen de beneficios de las petroleras? ¿Depende de la Unión Europea? ¿Depende de la Unión Europea poner las bases para una empresa pública de energía? Ustedes tienen el BOE. ¿Para qué quieren el BOE? Miren, mientras presentan proposiciones no de ley vacías como esta, en cada gasolinera de España el diésel ya supera los 2 euros y el megavatio, que en febrero costaba 14 euros, hoy roza los 140, casi diez veces más. Mientras las familias trabajadoras se desangran, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol se han embolsado más de 9000 millones de euros de beneficios. La guerra imperialista de Trump y Netanyahu claramente la está pagando la gente de abajo, la gente trabajadora, mientras los de arriba se forran. Señorías del Partido Socialista, no hace falta ir pidiendo permiso a Europa; como tantas veces, es una cuestión de voluntad política. El problema de fondo que tienen ustedes con la energía es que piensan que la tiene que controlar un oligopolio formado por cuatro empresas, igual que piensan que la vivienda es un bien de mercado y la tiene que gestionar el mercado, pero ya está a la vista de todo el mundo que ese mercado autorregulado ni proporciona luz barata ni garantiza el acceso a la vivienda a la mayoría social. Por eso, señorías del PSOE, este país de nuevo ha dicho basta. El desahucio de Maricarmen a manos de un fondo buitre ha vuelto a levantar a la gente, y lo que se denuncia en las plazas es muy fácil de entender: los rentistas y las eléctricas se están comiendo el salario de las clases trabajadoras y no se puede vivir pagando alquileres imposibles y facturas imposibles. Con esto acabo. Miren, señorías del Partido Socialista, llega un otoño caliente y este Gobierno, si se empeña en no oír el clamor de las calles, va a cavar su propia tumba. Nada más y muchas gracias.

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

La situación que afrontamos es excepcional. La guerra con Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz están alterando los mercados internacionales, el petróleo y los carburantes y vuelve a evidenciar una de las grandes vulnerabilidades de Europa: la dependencia energética exterior. Por tanto, compartimos el diagnóstico que plantea la iniciativa. La cuestión es saber qué respuesta necesitan el Estado y Europa ante una crisis de esta naturaleza. Nos gustaría también que nos aclarasen el papel que se pide hoy a esta Cámara, porque el Gobierno ya ha defendido en Europa la creación de un instrumento fiscal excepcional para gravar los beneficios extraordinarios de determinadas compañías energéticas, y lo ha hecho antes de solicitar el respaldo de este Congreso. Por eso, creo que es legítimo preguntarse si hoy se nos pide orientar una posición política, ratificar una decisión ya tomada o abrir un debate mucho más amplio sobre cómo deben actuar el Estado y Europa ante crisis energéticas de dimensiones geopolíticas o si simplemente esta es una PNL de marketing. Entro en el fondo. Me gustaría decir, primero, que necesitamos empresas rentables, empresas que inviertan, que generen empleo, que produzcan y contribuyan a la riqueza de un país. Necesitamos que esa rentabilidad se traduzca también en una contribución fiscal justa, porque con esos beneficios se financian las políticas públicas. Si existen lagunas que permiten a determinadas compañías reducir su tributación efectiva, lo que se debería reformar, como siempre hemos dicho, es el impuesto de sociedades. Si circunstancias excepcionales generan beneficios extraordinarios que merecen tratamiento fiscal específico, también se puede regular, pero hagámoslo con reglas generales claras, previsibles y preferentemente dentro del impuesto de sociedades. Señorías, el sistema tributario no es un mecano, no se puede desmontar y volver a montar cada vez que surja una crisis. Un sistema tributario serio debe disponer de mecanismos estables para afrontar situaciones excepcionales, no improvisarlos cada vez que aparece una. También se afirma que este gravamen permitiría reducir la factura energética de los ciudadanos. De acuerdo, pero entonces sería necesario también demostrar el efecto neto, cuánto se espera recaudar, cuánto llegará realmente al consumidor, qué efectos puede tener sobre la inversión y cómo se evitará que el gravamen se traslade a los precios. La propia iniciativa reconoce este riesgo y es importante abordarlo con rigor; si no, es lo comido por lo servido. En tercer lugar, conviene también recordar algo esencial. Un impuesto puede compensar temporalmente una factura elevada, pero no hará que los carburantes sean estructuralmente más baratos. Un impuesto no abre el estrecho de Ormuz, un impuesto no incrementa nuestras reservas estratégicas. Lo que hará a Europa menos vulnerable será disponer de más producción propia, mejores redes, más almacenamiento, más interconexiones y mayor diversificación de suministros, que redundarán en precios mucho más competitivos y mucho más económicos. Todo esto requiere inversión. Por eso, debemos valorar cuidadosamente cualquier medida que pueda introducir incertidumbre fiscal en un momento en el que Europa necesita movilizar enormes cantidades de capital. También es relevante atender los datos disponibles, porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha analizado los márgenes de la cadena de valor y ha concluido que la rentabilidad media se mantiene en niveles moderados y que no observa una tendencia estructural de incremento de la rentabilidad, aunque existan segmentos que deben seguir bajo supervisión. Si queremos actuar con rigor, también estos datos deben formar parte del debate. Se ha dicho que necesitamos un mecanismo que garantice que quienes se han beneficiado de las consecuencias de la guerra contribuyan a aliviar la carga que soporta el conjunto de la ciudadanía. Compartimos la lógica, pero precisamente por eso creemos que la respuesta no puede limitarse a un mecanismo puntual diseñado para responder a circunstancias coyunturales. Si queremos garantizar que esa contribución sea efectiva, equitativa y no genere distorsiones, Europa necesita algo mucho más profundo: un marco fiscal europeo estable, con reglas claras, con criterios homogéneos y con capacidad real para actuar cuando una crisis tiene dimensión continental. También conviene señalar algo más. Habrá quien defienda que este impuesto debería ser nacional, pero también conviene recordar que en un mercado global la fiscalidad también es competitividad y, si el Estado actúa solo o se introducen gravámenes que no existen en otros Estados miembros, nos hacemos menos competitivos frente a Europa, pero sobre todo también frente a países como Estados Unidos o China, cuyos sectores energéticos operan con marcos fiscales más estables y con una escala de inversión mucho mayor. Precisamente ahora, cuando Europa necesita movilizar cientos de miles de millones para reforzar la seguridad energética para no ser dependientes energéticamente, no podemos permitirnos medidas que introduzcan incertidumbre en un sector que debe invertir masivamente en redes, almacenamiento, interconexiones y diversificación de suministros. Un mecanismo excepcional puede aliviar una situación concreta, pero una arquitectura fiscal europea sólida puede proteger a la ciudadanía de todas las crisis futuras. Europa afronta crisis que no respetan fronteras nacionales, crisis energéticas, geopolíticas, industriales y climáticas, y cada una de ellas exige instrumentos que hoy no están plenamente desarrollados. Por eso creemos que este debate no debería limitarse a decidir si se activa o no un gravamen temporal. Europa necesita una reforma mucho más profunda, como he dicho, que vaya más allá de medidas excepcionales y que construya una arquitectura fiscal capaz de responder a crisis europeas con instrumentos europeos. Una capacidad fiscal europea limitada, con reglas claras, con control democrático y destinada a financiar todo lo que ya hemos dicho hasta ahora. Ese es el debate que el Estado y Europa necesitan. Un debate que no se resuelve con parches, sino con una visión estructural de cómo debe financiarse la seguridad energética del continente. Eskerrik asko.

Mikel Otero Gabirondo EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Buenas tardes. Empezaré con lo que estamos de acuerdo, señor González. Como se dice en el diagnóstico que acompaña a esta propuesta y usted ha expuesto, aunque solo en parte, hay una guerra en curso que estrangula las arterias energéticas, encarece la energía, encarece todo vía IPC y asfixia a muchísimas personas y a sectores productivos vulnerables; una guerra que la derecha aquí o no cuestiona o incluso aplaude, pero de cuyas consecuencias no se responsabiliza. Compartimos también la idea de que los esfuerzos para hacer frente a esta situación no pueden recaer solamente en los usuarios finales y en el erario. Hay sectores que engordan en beneficios en esta situación y deben contribuir a las soluciones. También compartimos que la situación actual tiene muchas similitudes con el shock energético del año 2022. Pero, precisamente porque compartimos estos supuestos, tenemos que ser coherentes con las propuestas y formular, a nuestro entender, al menos instrumentos equivalentes a los que hubo entonces. Y aquí está el problema. Ustedes parten de un diagnóstico correcto para terminar haciendo una propuesta muy insuficiente, nada comparable a lo que se hizo en la crisis anterior. Solamente piden un instrumento de solidaridad temporal dirigido a las grandes empresas energéticas, pedir que el Gobierno pida en Europa lo que ya ha pedido. Les quiero explicar por qué esto no es suficiente. Primero, hay que aclarar algunas cifras; se han hecho un poco de lío y en miles de millones puede salir caro. Ustedes nos dicen que en dos años se recaudaron 2859 millones de euros por el gravamen energético. No es así, ese dato existe, pero es el dato de Hacienda para la recaudación combinada del gravamen energético y del sector financiero concretamente del año 2024, no en dos años para el gravamen energético. Si vamos a los datos consolidados de Hacienda, para los dos ejercicios con los gravámenes a energéticas y al sector financiero en vigor, la cifra es otra, es una recaudación combinada de 5767 millones de euros; es decir, es diferente hablar de 2800 o 5700, de hecho, es más del doble. Pero la cosa no acaba ahí, porque también entonces se puso en marcha el mecanismo ibérico ―o el tope al gas, para entendernos―, que limitó la influencia del gas en el precio eléctrico. Esta es una cuestión de alto impacto. De hecho, el propio ministerio, el MITECO, estimó que para febrero de 2023 había supuesto más de 5000 millones de ahorro, de alivio, en las facturas de la luz; 5100 millones de ahorro en la factura de la luz. No podemos no exigir esto. Son las tres medidas combinadas las que tuvieron un efecto de al menos 11 000 millones de euros: el gravamen a las energéticas, el gravamen a la banca y el tope al gas. Esto fue lo que permitió desplegar el escudo social y contener la factura eléctrica. Lo que ustedes nos traen hoy es una sola pata de ese escudo, que para ser estable necesita de las tres. Más aún cuando reconocen que esta situación es equiparable a la de 2022. En 2022 hubo protección financiada con recursos públicos, hubo intervención sobre el funcionamiento del mercado eléctrico y hubo contribución extraordinaria de sectores con beneficios extraordinarios. El estándar de 2022 tiene que ser el punto de partida de las propuestas de 2026, no una versión mutilada de aquello. Aquí llegamos a otra cuestión importante: ¿pueden asumir el gravamen? Y aquí me dirijo sobre todo a quienes siempre encuentran un motivo o más bien una excusa para defender a los que se lo están llevando crudo en la crisis y lo quieren solucionar todo con rebajas de impuestos. Doy un par de datos para ilustrar esto. El primero, el gasoil, que tanto preocupa. Según el último boletín oficial de la Unión Europea, el precio medio del gasoil antes de impuestos es aquí el sexto más caro de los 27 Estados, y después de impuestos, el tercero más barato. Repito: antes de impuestos, el sexto más caro; después de impuestos, el tercero más barato. Esto significa que el grueso del problema no son los impuestos, sino el margen de beneficio de las empresas que controlan la cadena de los combustibles, con Repsol a la cabeza. Ahí hay que poner el foco. Hay que aclarar que quien pone el foco en los impuestos y no en el margen de beneficio, está despistándonos y trabajando para los que se enriquecen con la crisis energética a costa de todos. El segundo dato: solo diez de las principales empresas de ambos sectores, energético y financiero ―nos sabemos sus nombres―, tuvieron casi 30 000 millones de euros de beneficios en este primer semestre. Si se exige una contribución equivalente a la de la anterior crisis, estamos hablando de menos de un 5 % de ese beneficio, gravando solo beneficio, no volumen de negocio. Un 5 % no es ni mucho menos confiscatorio, es lo mínimo exigible en un momento en el que sectores productivos enteros y millones de hogares están en la cuerda floja. Así que sí, solidaridad. Y también tope al gas para contener el precio eléctrico y evitar que sean los consumidores quienes carguen con todo el coste de esta nueva crisis energética. Por eso insistimos, si compartimos el diagnóstico, si compartimos que quien se beneficie de una situación extraordinaria debe contribuir a afrontar sus consecuencias y si creemos en proteger sectores vulnerables sin tumbar el equilibrio fiscal, tenemos que pedir al menos las tres patas que posibilitaron el escudo efectivo: gravamen energético, gravamen financiero y mecanismo ibérico. Creemos que eso es lo mínimo que tenemos que pedir aquí, porque pedir menos que eso sería retroceder. Y nosotros creemos que retroceder ni para coger impulso. Besterik ez. Eskerrik asko. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Bé, aquests dies hem vist Yolanda Díaz invocant a la ciutadania perquè es manifesti contra el govern que ella mateixa vicepresident. Jo no sé si això ha passat en altres governs de l’entorn europeu. Sincerament, ho dubto. Crec que tenen més consciència de la responsabilitat de Govern que la que té Yolanda Díaz. I és de vergonya aliena que un membre de l’executiu tregui la pancarta de l’activisme per tapar el desastre de les seves polítiques d’habitatge, seves perquè governen en coalició i són solidàriament responsables de tot el que fan i de tot el que han fet uns i altres: PSOE, SUMAR, Unidas Podemos o els Comuns, amb Ada Colau al capdavant en una Barcelona on, mentre ella era l’alcaldessa hi va haver 14 000 desnonaments. I els dic això perquè això és una falta de respecte a la ciutadania i també al treball parlamentari. També ho és que torni a passar una vegada més, que un grup parlamentari de Govern s’insti a si mateix a través d’una iniciativa no vinculant. No s’adonen que és ridícul. Encara més quan en la mateixa exposició de motius d’aquesta PNL, Proposició no de llei, hi insistim no vinculant, per crear un instrument europeu temporal de solidaritat sobre els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques. Com deia, l’exposició de motius explica que cinc governs europeus, entre ells l’espanyol, ja han adreçat una carta a la Comissió Europea demanant que estudiï aquest instrument. Ja només per això el vot seria un no. Però és que a més, recordem que Junts prioritza la defensa de l’economia productiva, la indústria i les inversions a Catalunya. I aquí tenim un precedent molt clar: a finals del 2024 ja vam advertir que no donaríem suport a mesures que posessin en risc inversions estratègiques, especialment al Camp de Tarragona. En aquell moment vam denunciar els riscos que el gravamen energètic comportava per al projecte de la planta i per milers de llocs de treball directes i indirectes. Els vots de Junts van ser decisius per garantir la inversió de 800 milions d’euros de l’ecoplanta de Tarragona. I per coherència, no donarem suport, lògicament, a instruments que puguin tornar a posar en risc o en qüestió inversions industrials estratègiques a Catalunya. D’altra banda, un instrument europeu no resol el problema. Que sigui europeu i homogeni pot reduir algunes distorsions, Però si no coneixem encara el seu disseny, ni la base imposable, ni la durada, ni el tractament de la reinversió, ni les garanties per a la indústria, no donarem un xec en blanc. Sense aquestes garanties es poden reproduir els mateixos riscos que Junts ja va combatre el 2024. Es posen a la boca la defensa dels més vulnerables, però aquesta defensa, quan la fa l’executiu, no pot ser una pancarta activista, sinó polítiques que no destrueixin economia i llocs de treball. No acceptem que es presenti com a justícia fiscal qualsevol gravamen que no garanteixi que, efectivament, es grava qui obté els beneficis extraordinaris i que, en canvi, pugui acabar repercutint sobre l’economia productiva. I en aquest mateix sentit, mantindrem els arguments pels quals no donarem suport ni a aquesta iniciativa i que també serveixen per dir que no donarem suport a la moció que ha presentat Unidas Podemos. La defensa dels consumidors vulnerables és una prioritat, però s’ha de fer amb ajudes directes, amb reducció estructural dels costos energètics amb més generació i més capacitat industrial. Per què no redueixen l’IVA de l’electricitat? Per què no eliminem d’una vegada l’impost del 7 % del valor de la producció d’energia elèctrica? Per què no es rebaixen els peatges elèctrics que les empreses i indústries catalanes paguen més cars que la majoria de l’Estat? Governar des de l’activisme de les esquerres més radicals en lloc de fer-ho, des del seny o des del sentit comú, no pot tenir premi. Que ho tinguin molt clar. Sí, Junts diu sí a protegir els consumidors, sí a una fiscalitat justa però ben dissenyada, i no a mesures que introdueixin incertesa, penalitzin la reinversió o posin en risc el teixit industrial català. Votarem no a la PNL i a mesures futures que vagin en contra de Catalunya. Gràcies. Gracias, presidente. Estos días hemos visto a Yolanda Díaz invocando a la ciudadanía para que se manifieste contra el Gobierno que ella misma vicepreside. Yo no sé si esto ha pasado en otros Gobiernos del entorno europeo; sinceramente, lo dudo. Creo que tienen más conciencia de la responsabilidad de Gobierno que la que tiene Yolanda Díaz. Y es de vergüenza ajena que un miembro del Ejecutivo saque la pancarta del activismo para tapar el desastre de sus políticas de vivienda, suyas, porque gobiernan en coalición y son solidariamente responsables de todo lo que hacen y de todo lo que han hecho unos y otros: PSOE, SUMAR, Unidas Podemos o los Comunes, con Ada Colau a la cabecera en una Barcelona donde, mientras ella era la alcaldesa, hubo 14 000 desahucios. Y digo esto porque esto es una falta de respeto a la ciudadanía y también al trabajo parlamentario. También lo es que vuelva a suceder una vez más que un grupo parlamentario de Gobierno se inste a sí mismo a través de una iniciativa no vinculante. ¿No se dan cuenta de que es ridículo? Aún más cuando en la propia exposición de motivos de esta PNL ―proposición no de ley, insistimos, no vinculante― para crear un instrumento europeo temporal de solidaridad sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, se explica que cinco Gobiernos europeos, entre ellos el español, ya han dirigido una carta a la Comisión Europea pidiendo que se estudie este instrumento. Ya solo por eso el voto sería un no. Pero es que, además, recordémoslo, Junts prioriza la defensa de la economía productiva, la industria y las inversiones en Cataluña. Y aquí tenemos un precedente muy claro, a finales de 2024 ya advertimos que no daríamos apoyo a medidas que pusieran en riesgo inversiones estratégicas, especialmente en el Camp de Tarragona. En aquel momento denunciamos los riesgos del gravamen energético que comportaban para el proyecto de la ecoplanta y para los miles de trabajos directos e indirectos. Los votos de Junts fueron decisivos para garantizar la inversión de 800 millones de euros de la ecoplanta de Tarragona, y por coherencia no vamos a dar apoyo, lógicamente, a instrumentos que puedan volver a poner en riesgo o en cuestión inversiones industriales estratégicas en Cataluña. Por otra parte, un instrumento europeo no resuelve el problema. Que sea europeo y homogéneo puede reducir algunas distorsiones, pero si no conocemos aún cuál es su diseño ni la base imponible ni la duración ni el tratamiento de la reinversión ni las garantías para la industria, no vamos a darles un cheque en blanco. Sin esas garantías se pueden reproducir los mismos riesgos que Junts ya combatió en 2024. Se pone en la boca la defensa de los más vulnerables, pero esta defensa, cuando la hace el Ejecutivo, no puede ser una pancarta activista, tienen que ser políticas que no destruyan puestos de trabajo. No se puede presentar como justicia fiscal cualquier gravamen que no garantice que se grava realmente a quien obtiene los beneficios extraordinarios y que, en cambio, pueda acabar repercutiendo sobre la economía productiva. Y, en este mismo sentido, los argumentos los vamos a mantener, los argumentos con los que explicamos por qué no damos apoyo a esta iniciativa y que utilizaremos cuando expliquemos por qué no daremos apoyo a lo que ha presentado Unidas Podemos. Es una prioridad todo esto, pero hay que hacerlo con ayudas directas, con reducción estructural de los costes energéticos, con más generación y con más capacidad industrial. ¿Por qué no reducen el IVA de la electricidad? ¿Por qué no eliminan de una vez el impuesto del 7 % al valor de la producción de energía eléctrica? ¿Por qué no rebajan los peajes eléctricos que las empresas e industrias catalanas pagan más caros que la mayoría del Estado? Gobernar desde el activismo, desde las izquierdas más radicales, en lugar de hacerlo desde el sentido común o desde la razón, es algo que no se puede premiar. Que lo tengan muy claro: Junts dice sí a proteger a los consumidores, sí a una fiscalidad justa pero bien diseñada y no a medidas que introduzcan incertidumbre, penalicen la reinversión o pongan en riesgo el tejido industrial catalán. Votaremos no a la PNL y a medidas futuras que vayan en contra de Cataluña. Gracias.

Teresa Jordà i Roura ERC

Bona tarda. Moltes gràcies. President, senyories, avui parlem d’un impost a les grans energètiques, però jo, si em permeteu, voldria començar parlant de la gent, de la gent que paga el rebut de la llum, de la gent que omple el dipòsit mirant com pugen els números de les famílies, que sí que paguen lloguers impossibles, de treballadors i treballadores que tot i treballar, arriben justos i arriben a final de mes, dels joves que no poden marxar de casa seva. Perquè mentre tota aquesta gent fa números per arribar a final de mes, si les grans energètiques i els especuladors fan números. Senyories per comptar beneficis extraordinaris. I aquesta és la realitat. I davant d’aquesta realitat només hi ha dues opcions, només dues. La primera, governar per protegir la majoria social o protegir els beneficis d’uns quants. No n’hi ha cap més. Nosaltres, des d’Esquerra Republicana, si em permeten tenir molt clar de quin costat estem i també sabem de quin costat es van posar alguns quan va arribar l’hora de votar, perquè avui també convé fer memòria. De fet, sempre va bé fer memòria. Esquerra Republicana fa anys que defensa que el gravamen a les grans energètiques sigui un gravamen permanent. Ho vam defensar durant la negociació del paquet fiscal. Ho vam exigir a aquest Govern i, quan finalment, es va aprovar el Reial decret llei per mantenir el gravamen energètic durant l’any 2025, aquest va arribar aquí al Congrés dels Diputats i què va passar? Doncs que es va tombar. I qui el va tombar? Doncs el Partit Popular, VOX i Junts per Catalunya, que ara han desaparegut i el Partit Nacionalista Basc. Això va passar, si li anava a dir a la senyora Calvo en aquell moment també van ser molt decisius, senyora Calvo. Ara no la tinc aquí present i no és res personal la senyora Calvo. Però mirin per als de Junts és molt fàcil tornar a casa, tornar a Catalunya i explicar que defenses les famílies a ultrança, que defenses els autònoms, les classes mitjanes i la butxaca dels teus conciutadans. Però després va venir a Madrid i arriba el moment de prémer el botó i resulta que prems el botó que el Partit Popular i que VOX per tombar un gravamen a les grans energètiques. I això, senyories, també s’ha d’explicar. I això també s’ha de recordar, perquè defensar Catalunya no és embolicar-se amb la bandera. Defensar Catalunya és defensar la gent que paga la llum a Ripoll, la gent que la paga a Lleida, la gent que la paga a Reus, a Girona o a l’Hospitalet. No defensar els beneficis de les grans energètiques. I mentre moltes famílies han de decidir què retallen en el seu dia a dia mentre tenim salaris que no han absorbit, ni de bon tros, l’increment del cost de la vida. Mentre l’habitatge és una autèntica emergència, i mentre la inflació continua castigant especialment i com sempre, les classes populars, les grans empreses energètiques continuen obtenint marges extraordinaris. A mi no se m’acut cap més nom que titllar això de pornogràfic. Això és pornografia pura, senyories, i als senyors del PSOE tampoc el regalarem avui l’aplaudiment, perquè aquesta proposició no de llei, ja s’ha dit, és insuficient i molt insuficient. De fet, és un molt deficient. Vostès ens proposen seguir impulsant, Però què coi és això? Cachondeo? No és que vostès governen, no impulsin i facin, si us plau, creïn un impost permanent sobre els beneficis extraordinaris de les grans energètiques. De fet, és que són obscens aquests beneficis. Cal gravar-los i cal destinar el que recapti a ajudar. Si a la ciutadania que pateix una inflació desbocada precisament per l’augment de preus, entre altres, dels combustibles i de l’energia. També important coordinar aquesta iniciativa amb la Unió Europea, ja sigui per establir una figura comuna per harmonitzar aquest impost o bé, com ens proposaven els companys de Bildu, per posar un límit al preu màxim del gas que paguen les famílies facin alguna cosa. I aquest últim minut no voldria acabar sense parlar mínimament del gran problema social que ens ocupa des de des de fa massa temps l’habitatge. Ho deia abans el meu company de mar. La meva companya interpel·larà també a la ministra l’habitatge que no ens ocupa avui, que Esquerra Republicana fa molt temps que diu que això és un problema. I també em dirigeixo a les senyories de Junts que no hi són. Escoltin, si us plau, el que reclama el carrer. Hi ha un consens social cada vegada més ampli en què cal garantir el dret a un habitatge digne. I davant d’aquesta realitat, senyories de Junts han de decidir en quin costat estan. No es poden posar més de perfil o estan al costat de la gent o estan al costat dels especuladors. Però aquest problema també té més responsables: els de Junts que tomben una vegada i una altra de la mà del PP i de VOX. Mesures que poden evitar el patiment de persones com l’Olga o com la Mari Carmen, però també el Partit Socialista. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Señorías, hoy hablamos de un impuesto a las grandes energéticas, pero, si me lo permiten, querría empezar hablando de la gente que paga el recibo de la luz, de la gente que llena el depósito mirando cómo van subiendo los números, de las familias que sí, que pagan alquileres imposibles, de trabajadores y de trabajadoras que, aunque trabajen, llegan justos ―si llegan― a final de mes, de los jóvenes que no se pueden ir de su casa. Mientras toda esta gente hace números para llegar a final de mes, las grandes energéticas hacen números, señorías, para contar beneficios extraordinarios. Esta es la realidad. Y ante esta realidad solo hay dos opciones, solo hay dos: la primera, gobernar para proteger la mayoría social o proteger los beneficios de unos cuantos. No hay más. Nosotros, desde Esquerra Republicana, si me lo permiten, tenemos muy claro del lado de quién estamos y también sabemos del lado del que se pusieron algunos cuando llegó la hora de votar. Hoy también conviene hacer memoria, de hecho, siempre viene bien hacer memoria: Esquerra Republicana hace años que defiende que el gravamen a las energéticas sea un gravamen permanente. Lo defendimos durante la negociación del paquete fiscal, lo exigimos a este Gobierno, y cuando se aprobó finalmente el real decreto ley con el gravamen energético actual en 2025, llegó aquí al Congreso de los Diputados y ¿qué pasó? Pues que se tumbó. ¿Y quién lo tumbó? El Partido Popular, VOX, Junts per Catalunya ―que ahora han desaparecido― y el Partido Nacionalista Vasco. Eso pasó, sí. Se lo iba a decir a la señora Calvo: en aquel momento fueron muy decisivos, pero ahora no la tengo aquí presente a la señora Calvo. Y no es nada personal con la señora Calvo, pero ―para los de Junts― es muy fácil volver a casa, a Cataluña, y explicar que defiendes a las familias, a los autónomos, a las clases medias y al bolsillo de tus conciudadanos, pero luego vienes a Madrid y en el momento de darle al botón del voto resulta que le das al mismo botón al que le han dado el Partido Popular y VOX para vetar un gravamen a las grandes empresas, a las grandes eléctricas. Sí, señorías, eso hay que explicarlo. Y se tiene que recordar, porque defender Cataluña no es envolverse en la bandera, es defender a las personas que pagan la luz en Ripoll, la gente que la paga en Lleida, en Reus, en Girona o en Hospitalet, no defender los beneficios de las grandes energéticas. Y mientras muchas familias tienen que decidir qué es lo que van a recortar en su día a día, con salarios que no han podido absorber ni de lejos el encarecimiento de la vida, con la vivienda que es una auténtica emergencia y con la inflación que sigue castigando, especialmente, como siempre, a las clases populares, las grandes empresas energéticas siguen consiguiendo márgenes extraordinarios. A mí no se me ocurre más nombre que tildar esto de pornografía. Esto es pornografía pura, señorías. Y, señores del PSOE, no vamos a darles un aplauso hoy, ya se ha dicho que esta proposición es insuficiente, es muy insuficiente, es muy deficiente. De hecho, ustedes proponen seguir impulsando. Pero ¿qué es esto?, ¿cachondeo? Ustedes gobiernan, no impulsen, hagan cosas, creen un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas. Es que son obscenos esos beneficios, hay que gravarlos y hay que destinar lo que se recaude, sí, a la ciudadanía que sufre una inflación desbocada precisamente por el aumento de precios ―entre otros― de los combustibles y de la energía. También es importante coordinar esta iniciativa con la Unión Europea, ya sea para establecer una figura común para armonizar este impuesto o bien, como nos proponían los compañeros de Bildu, para fijar un límite al precio máximo del gas que pagan las familias. Hagan alguna cosa. Y este último minuto no querría acabarlo sin hablar del gran problema social que nos ocupa desde hace demasiado tiempo: la vivienda; lo decía antes mi compañero y mañana mi compañera interpelará también al ministro: la vivienda, que no nos ocupa solo hoy, Esquerra Republicana hace mucho tiempo que dice que esto es un problema. Y también me dirijo a las señorías de Junts ―que no están―: escuchen, por favor, lo que reclaman las calles. Hay un consenso social cada vez más amplio de que es preciso garantizar el derecho a una vivienda digna. Y ante esta realidad, señorías de Junts, tienen que decidir del lado de quién están. No se pueden poner más de perfil, o están al lado de la gente o están al lado de los especuladores. Este problema también tiene más responsables: los de Junts, que tumban una y otra vez de la mano de PP y VOX medidas que podrían evitar el sufrimiento de personas como Olga y Maricarmen, pero también el Partido Socialista.

Teresa Jordà i Roura ERC

Acabo president. El Partit Socialista, també, per la seva manca d’ambició a l’hora de donar resposta a l’emergència habitacional. I des d’Esquerra, això igual que el gravamen als beneficis de les energètiques, també ho tenim molt clar. Estem disposats a arribar fins al final en la defensa d’un habitatge digne, absolutament per a tothom, perquè per sobre dels beneficis, siguin quins siguin aquests beneficis d’uns quants, hi ha d’haver, sens dubte, sempre, sempre, sempre, el dret a una vida digna per a totes i per a tots. Res més. Moltes gràcies. Acabo presidente. El Partido Socialista también, por su falta de decisión al dar respuesta a este problema. E igual que el gravamen, los beneficios de las grandes energéticas; también lo tenemos claro en ERC: estamos dispuestos a llegar hasta el final en la defensa de una vivienda digna absolutamente para todos, porque por encima de los beneficios, sean cuales sean esos beneficios de unos cuantos, tiene que haber, sin duda, siempre siempre siempre el derecho a una vida digna para todas y para todos. Muchas gracias. .

Carlos Martín Urriza SUMAR

Trump y Netanyahu han subido el precio de la gasolina, del gasóleo y del gas a los ciudadanos españoles con su guerra ilegal en Irán. El brent ha vuelto a superar los cien dólares el barril y el gas está disparado en Europa. Como en todas las guerras, han vuelto a aparecer los oportunistas, como ya ocurrió durante la invasión rusa de Ucrania. Se trata de grandes petroleras y gasísticas que están aprovechando el río revuelto para aumentar sus márgenes de beneficio a costa del bolsillo de los consumidores. . Un reciente informe del gabinete económico de Comisiones Obreras, elaborado a partir del Observatorio de Márgenes Empresariales de la Agencia Tributaria, muestra que los márgenes de beneficio de las empresas energéticas están disparados. . El observatorio es una fuente muy fiable para medir esto, pues se construye a partir de las declaraciones tributarias que hacen las propias empresas y tiene una cobertura prácticamente censal. ¿Y qué dice el observatorio? . Dice que el margen sobre ventas, el beneficio sobre ventas…

Carlos Martín Urriza SUMAR

Gracias. Dice que el margen sobre ventas del sector energético está en máximos históricos, el margen de las empresas de refino de petróleo alcanza el 28,4 % y el margen del comercio mayorista de combustibles supera el 30 %. 300 euros de beneficio por cada 1000 euros de facturación es un margen abusivo, que no se observa en ninguna otra actividad económica. No estamos, por tanto, viendo únicamente empresas que trasladan a sus clientes el encarecimiento del petróleo, estamos viendo empresas que suben sus precios más de lo que suben sus costes, lo que amplía sus márgenes de beneficio. Eso, señorías, además de un abuso, genera más inflación, cuando la inflación ya roza el 5 %. Esta inflación añadida no la podemos tolerar. Es una inflación que no nace de salarios o de pensiones disparados, tampoco es una inflación generada por un exceso de consumo por parte de las familias. La originan empresas con poder de mercado que aprovechan la crisis para ampliar los márgenes entre lo que les cuesta comprar y lo que cobran cuando venden. Impulsan así aún más el alza de los precios, provocando una inflación de beneficios con origen en la codicia. ¿Y qué podemos hacer ante este asalto al bolsillo de los consumidores? La proposición que discutimos plantea una medida que compartimos: reclamar de nuevo en Europa un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas. Esto está muy bien, pero no es suficiente para mi grupo, para el Grupo Plurinacional SUMAR. El Gobierno de coalición puede y debe actuar con más beligerancia en la defensa de los hogares y las empresas. No queremos esperar a que Europa se ponga de acuerdo, queremos que se vuelva a votar en esta Cámara un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas, y queremos hacer algo incluso mejor: topar los márgenes de las energéticas para terminar con los precios abusivos en los carburantes, como ya han hecho Austria, Eslovenia y Croacia. Dos ejemplos todavía más reveladores son el de ENI, una compañía controlada por el Estado italiano, y TotalEnergies, en Francia, que acaban de anunciar que aplicarán precios máximos a la gasolina y al gasóleo. Si Italia, Francia, Austria, Eslovenia y Croacia pueden actuar para impedir que una guerra termine convertida en una máquina de extraer renta de los ciudadanos, España también puede hacerlo. . En SUMAR, pensamos además que la protección frente a la inflación con origen en los beneficios y en la codicia debe extenderse más allá de la energía. Y, así, queremos contratos de alquiler como los laborales, indefinidos, como ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros, para evitar que los rentistas sigan sangrando a las familias trabajadoras. Queremos, asimismo, proteger a las familias con hipotecas a tipo variable, desconectándolas del Euribor y del IRPH y topar también su subida. Y queremos suprimir los márgenes abusivos de las grandes empresas a lo largo de la cadena de la alimentación. No vamos a permitir que los ciudadanos, además de soportar las consecuencias de una guerra ilegal, paguen también la factura de oportunistas y codiciosos, por muy blanco que tengan el cuello de la camisa. .

Pedro Puy Fraga PP

Muchas gracias, presidente. Señorías, como ya ha sido leída la proposición no de ley que debatimos y lo más suave que se ha dicho de ella es que es de marketing, voy a recordarles simplemente que lo que nos está pidiendo el Grupo Socialista es que le pidamos a su Gobierno que siga impulsando lo que se probó ya en 2023 y fracasó, lo que ya rechazó esta Cámara en 2025 y lo que la Comisión Europea acaba de rechazar en la pasada cumbre de Dublín. . Un rechazo muy mayoritario en esta Cámara ―183 votos―, porque ustedes cambiaron el Reglamento europeo: incluyeron a todas las eléctricas en vez de dedicarse solo a los fósiles y basaron el impuesto en la cifra de negocio y no en los beneficios sobre la media de años anteriores, como decía el Reglamento. Todo eso provocó un freno a la inversión en las renovables, se produjeron incongruencias, ya que se daban fondos Next Generation y se les ponía impuestos a las mismas empresas y, además, hubo recaudaciones inferiores a lo previsto, pero, sobre todo, porque vulneraron principios básicos de la imposición, como, por ejemplo, el primero dentro de la justicia fiscal, que es el de generalidad. Se dijo aquí en algún debate que este impuesto grava a cinco contribuyentes, a cinco empresas, lo cual, cuando todos pagan el impuesto de sociedades, pues no deja de llamar la atención. Además, se construyó sobre una hipótesis que era evitar la traslación a los precios al consumidor, cuando todos sabemos que la traslación al consumidor no se hace solo a través de los precios, se hace a través del servicio presente que disminuye en calidad, a través del empeoramiento del servicio futuro por falta de inversión o se puede trasladar hacia atrás, apretando a los proveedores, reduciendo empleo o reduciendo salarios. Por eso, la Unión Europea está en otra onda, más coherente, favorece la descarbonización y la transición energética, lo cual no conlleva ponerles a las empresas energéticas impuestos adicionales, y, por el alargamiento de la guerra Irán-Estados Unidos-Israel, propone reducir el consumo de fósiles, especialmente el gas, coherente con lo que es un problema de oferta. Pero ustedes vienen y piden que insistamos en Europa. ¿Y por qué en Europa? En primer lugar, Europa les ha dicho que lo pueden poner aquí ―y algún portavoz se lo ha recordado― sin necesidad de recurrir a la Unión Europea. Pero, además, es que tienen recursos para hacer ayuda. Los datos de recaudación de la Agencia Tributaria estatal del primer semestre de este año nos dicen que la recaudación del IRPF ha subido un 14 % ―casi un 15 %―, un 8 % el IVA y un 80 % el impuesto de sociedades. Son 14 000 millones más que el año pasado. Y el 80 % de sociedades es porque, cuando sus beneficios se incrementan, de acuerdo con la Agencia Tributaria, un 13,8 %, los ingresos a cuenta, en coherencia con la aplicación de un impuesto general y lógico como es el impuesto de sociedades, suben un 13,6 %, perfectamente alineados. ¿El problema cuál es? Que tienen recursos, pero no los pueden gastar, y de ahí el recurso a Europa para traernos como coartada que Europa nos deja poner un nuevo tributo. Están a punto de incumplir las reglas fiscales europeas de sostenibilidad presupuestaria. Ustedes lo saben, la AIReF se lo advirtió, la Comisión en primavera se lo advirtió, y no pueden financiar nuevo gasto público a riesgo de incumplir las nuevas normas europeas de estabilidad presupuestaria ya este mismo año si no tienen la coartada de que Europa les facilita poner un nuevo impuesto, pese al rechazo que suscita en esta Cámara. El resumen de la situación es que, en primer lugar, hay una crisis de precios, 4,9 % de inflación, el último dato. Recuerden que la inflación es el mayor disolvente de la democracia, históricamente así lo fue. En segundo lugar, pese a esta crisis de precios, tienen el margen fiscal agotado de acuerdo con las reglas europeas, la deuda sigue en el 100 % del PIB, los tipos de interés están al alza y se ha acabado el maná de los Fondos Next Generation. En este contexto, piden que animemos al Gobierno a que ponga un nuevo impuesto en Europa. Hombre, puestos a animar al Gobierno, ya que pensamos, se nos ocurren varias cosas. Por ejemplo, en el mercado de hidrocarburos ―y como dijo el señor Martín― podrían analizar por qué hay distorsiones en el mercado y hay menos competencia de la que debiera haber en la comercialización mayorista. ¿Por qué no se controlan los márgenes del refino? ¿Por qué no se actualiza la normativa de conformación de precios de los combustibles, también la fiscal? ¿O por qué no se actúa decididamente contra esa distorsión que es el fraude multimillonario del IVA en los hidrocarburos? . Esta última a mí me parecería una opción muy chévere. O medidas generales, como ayudas a los productores del campo, más vulnerables a la subida de precios, o a los consumidores más vulnerables. Y ya puestos a animar al Gobierno a que tome medidas, podríamos animarle a que presente de una vez los presupuestos. Mañana concluye el plazo constitucional para traer a esta Cámara los presupuestos del Estado. Lo van a volver a incumplir. Una legislatura entera sin presupuestos. Pero animar a algo que va a fracasar va a conducir a la frustración y la frustración, como saben, genera irascibilidad, rigidez mental para adaptarse a la realidad y proyección de los fallos propios en los demás; y no estoy describiendo lo que hace alguna vicepresidenta manifestándose de forma bastante airada contra su propio Gobierno. Mi intención al hablar de frustración es recordar a todos aquellos que se puedan sentir frustrados por este Gobierno y por la situación política que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo ofrecen una alternativa sensata. Muchas gracias. .

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias, presidente. Señorías, 56 000 millones de euros, 56 000 millones de euros son los beneficios que han acaparado las cuatro grandes empresas energéticas en este país desde 2022: Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol. ¿Saben, señorías, todo lo que podríamos hacer con 56 000 millones de euros? Les voy a poner solo dos ejemplos: duplicar el número de profesoras y profesores en la pública en los próximos dos años o comprar — eso que no le gusta al señor Puente— la mayor parte de las viviendas que los fondos de inversión, la banca y los grandes propietarios tienen en este país para ponerlas en alquiler social. . Estas cuatro empresas ―Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol― han acumulado más de 9000 millones de euros de beneficio…

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias. Decía que Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol han acumulado más de 9000 millones de euros de beneficio solo en lo que va de 2026 y planean terminar este año con un nuevo récord de beneficios, como han hecho en 2022, 2023, 2024 y 2025. Señorías, esto no puede seguir así. Lo hemos escuchado claro en la acampada de Sol, con los cientos de miles de personas que han salido a la calle este fin de semana para exigir una vivienda digna y una educación pública de calidad. Este sistema no funciona, y no funciona porque es profundamente injusto, porque el dinero solo sube hacia arriba, señorías, y nunca vuelve a bajar. El dinero sube de los bolsillos de la gente trabajadora, de quien está pagando cien euros por llenar un tanque de gasolina o de diésel ―más de dos euros por litro― y sube de quien está pagando diez veces más caro el megavatio que hace seis meses hacia los jefazos de Repsol y Naturgy. Es profundamente injusto, señorías, y ese dinero tiene que bajar y se tiene que redistribuir la riqueza. Tenemos que mirar hacia arriba, porque ya sabemos que la derecha y la ultraderecha nos van a hacer mirar hacia el lado, hacia nuestra vecina, hacia nuestro vecino migrante; van a decir que es ahí donde está el problema. Pero no, el problema está arriba, señorías, en quien está acumulando beneficios espurios gracias a la mayor crisis energética que ha vivido este país en décadas. ¿Y cómo podemos redistribuir esa riqueza? Muy sencillo, con las medidas que Podemos trae hoy aquí y que traen a mal andar al ministro Puente, que no sabe si se pueden expropiar viviendas o no, si se puede nacionalizar Repsol o no. Estas medidas son perfectamente posibles si no dedicas el dinero a hacer el mayor rearme de la historia de este país y si exiges a la banca que devuelva el rescate bancario que todavía no ha devuelto. . Que devuelvan hasta el último euro, señorías, de los beneficios espurios que llevan haciendo desde que comenzó la guerra de Ucrania, que no ha servido más que para aumentar nuestra dependencia de los Estados Unidos. Por eso nadie habla de esto, porque el Partido Popular y VOX son lacayos de Estados Unidos y están encantados con nuestra dependencia energética de los Estados Unidos, y el Partido Socialista no se atreve, no se atreve contra el oligopolio energético de este país, y así sigue y sigue, dejando desprotegida a la gente en el peor momento posible. Y, además de recuperar esos beneficios absolutamente espurios que han acumulado las grandes energéticas en estos años, la gente tiene que recuperar el control público de la economía, el control público de los sectores estratégicos. Es una cuestión de justicia, señorías, pero también una cuestión de pura soberanía, de recuperar el control sobre nuestro país. Fíjense, este debate sobre la creación de una empresa pública de energía que trae hoy Podemos de nuevo a esta Cámara lo propusimos en febrero del año 2022 y Pedro Sánchez nos dijo que no, y lo propusimos también en mayo del año pasado, cuando el Partido Socialista unió sus votos al Partido Popular y VOX contra esta propuesta. Esta iniciativa, que les parece tan bolchevique, es exactamente lo que ha hecho la Francia de Macron. Hay muchos países de la Unión Europea que ya tienen una empresa energética pública, y la tienen para recuperar el control público de la energía. Y eso, en plena crisis energética, cuando Trump y Netanyahu están sembrando de guerras el mundo, es el primer mecanismo de seguridad que tiene que construir un país. No podemos permitir que las grandes empresas energéticas se vayan a embolsar 20 000 millones de euros este año, señorías, mientras que la gente no puede pagar la electricidad, mientras que la gente se va a dormir en invierno antes de la hora y poniendo doble pijama a sus hijos para no usar la calefacción. Es absolutamente intolerable. Y eso se frena con una empresa pública energética y se frena también topando los precios. Eso es, señorías, lo que hay que hacer. Y me van a permitir que utilice los últimos segundos de mi tiempo para pedirles una cosa. Yo creo que el Gobierno tiene que escuchar, tiene que escuchar a la gente, tiene que escuchar a la acampada de Sol, tiene que escuchar a los cientos de miles de personas que están clamando en las calles para que termine de una vez por todas el negocio de la vivienda. Y ustedes no están escuchando, están intentando lavarse la cara. Por eso voy a utilizar estos segundos para el silencio, para ver si así escuchan. . Muchas gracias. .

Andrés Alberto Rodríguez Almeida VOX

Muchas gracias, señor presidente. Señora Belarra, una de las primeras cosas que ha dicho es que cuántas cosas podrían hacerse con 56 000 millones de euros. Es lo que ha dicho usted, ¿verdad? . Bien, creo que uno de los puntos de partida referente a los bolcheviques — usted se acaba de autodenominar así— es que para poder hacer algo con esos millones primero hay que generarlos, señora Belarra. Y este es el problema, que ustedes destruyen cualquier tipo de capacidad productiva y de generación de riqueza. Ustedes nunca podrían manejar 56 000 millones de euros porque nunca los habrían creado. . En cuanto a las medidas que proponen — un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas y petroleras en el apartado 1, mecanismos de intervención y limitación de los precios de carburantes y de la electricidad en el apartado 2 y constituir una empresa pública de generación de energía—, tendrían el efecto contrario del deseado, es decir, en vez de reducir el coste energético, se dispararía. Esto es exactamente lo que han conseguido con leyes como la de vivienda que ustedes han promovido. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda por las medidas que ustedes han tomado. En primer lugar, son totalmente incoherentes las dos primeras medidas. Si crean un nuevo impuesto y limitan los precios, evidentemente los márgenes de esa actividad se estrecharán tanto que será imposible prestar ese servicio, y, por tanto, cerrarán esas empresas o venderán a pérdidas. Es algo absolutamente inviable e insostenible. Es una incoherencia de primero de economía, señora Belarra. . En cuanto al apartado 3, creación de una empresa pública, seguramente que solo serviría para colocar a los dirigentes del Gobierno y sus socios y generar ineficiencias que terminaríamos pagando todos a través de nuestros impuestos, y, por supuesto, sin contribuir a la bajada de la luz. Y, si tiene alguna duda, respóndase analizando qué ha pasado con la empresa pública encargada de la operación del sistema eléctrico, ya que, si no lo ha olvidado todavía, hace poco hemos sufrido un cero energético en España precisamente por eso, porque está colonizada por ustedes, los políticos. VOX ha presentado una enmienda con medidas que permitirían abaratar el precio de los combustibles de manera eficaz e inmediata. En primer lugar, se deben adoptar todas las medidas necesarias dirigidas a eliminar la doble imposición fiscal en el precio final de los hidrocarburos, porque les recuerdo, señorías, que, por cada euro de combustible, unos sesenta céntimos son impuestos. Por tanto, el Gobierno es el principal responsable del precio de los combustibles en este país. . Desde VOX exigimos, si no se elimina esa doble imposición, la reducción de cada uno de esos dos impuestos. También incorpora nuestra enmienda acciones para combatir medidas del fanatismo climático que comparten el Partido Popular y el PSOE y han pactado en Bruselas y que también son las responsables del encarecimiento de la energía, como la demonización de la energía nuclear y una utópica e ingenuamente pueril descarbonización, que ha lastrado la competitividad de nuestra industria y ha disparado el precio de la factura eléctrica de todos los hogares españoles. . En resumen, señorías, en su populismo bolivariano barato, creen o quieren hacer creer a los españoles que el BOE es capaz de cambiar la ley de la gravedad o las leyes económicas más elementales, como las interacciones entre la oferta y la demanda. Es mentira, y ustedes lo saben. Pero no les importa, porque mientras que consigan seguir engañando a cada vez más españoles, especialmente a los más vulnerables y dependientes — que se han esforzado en multiplicar con sus leyes socialcomunistas—, conseguirán perpetuarse en el poder y alcanzar el totalitarismo bolivariano, en donde todos son pobres, engañados por una clase dirigente mafiosa, corrupta y despiadada. Desde VOX seguiremos combatiéndoles hasta echarlos y ponerlos a disposición judicial para que paguen por todos sus crímenes. Muchas gracias. .

Mikel Otero Gabirondo EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Señora Belarra, diría que partimos de preocupaciones similares: estamos en una nueva crisis energética, el precio de la energía se está disparando y está generando un descalabro social, un descalabro industrial y un drama para millones de personas, y es verdad que la guerra provoca la crisis energética. Pero la decisión sobre qué medidas se toman y quién carga con las consecuencias es una cuestión política. En 2022 se desplegó un escudo eficaz, y, efectivamente, se intervino el mercado y se limitaron precios y se exigió contribuir a quienes se estaban beneficiando extraordinariamente. Hoy en su primer punto piden mecanismos de intervención y limitación de precios, y, aunque no los explicitan, estamos de acuerdo, porque las medidas activas no son suficientes si no contienen bien los precios, y hay que ir más allá. Además, hay que hablar de quién sufraga esas intervenciones y cómo, porque el diferencial entre los precios de mercado y los precios intervenidos hay que abordarlo. De hecho, hay intervenciones activas: hoy se ha topado el butano, se ha topado la tarifa regulada del gas, los combustibles tienen subvención y, aunque caro, no se paga a precio de mercado. Pero, en comparación con 2022, hay una medida de intervención de mercado que no se está poniendo en marcha y es urgente, el tope al gas, que fue la medida que, con diferencia, más alivio produjo en la factura eléctrica. Hoy el coste de las medidas recae íntegro en las arcas públicas, y el coste de no tomar las medidas como el tope al gas recae directamente sobre los consumidores, así que aquí aparecen varios debates. ¿Hay que tomar medidas de intervención adicionales? Nuestra respuesta es que sí. Habrá más, pero la principal y más efectiva es volver a activar el tope del gas; una medida concreta, efectiva, sencilla y con eficacia aprobada. Y la segunda pregunta es si el coste de las medidas lo tienen que pagar los sectores que se están beneficiando de manera extraordinaria, y nuestra respuesta es sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es? El energético; pero no solo, también el financiero. Creo que, en general, podemos estar de acuerdo en esto. Respecto a su segunda petición, la constitución de una empresa pública de energía, nuestra respuesta es que sí, pero definiendo un poco mejor sus objetivos, sobre todo para no pedir a una empresa pública de energía lo que no puede dar hoy en día, y me explico. La semana pasada, en la interpelación, el señor Sánchez Serna explicó con claridad que Podemos lleva años reclamando la existencia de una energética pública que podría ir quedándose, entre otros, con activos hidráulicos cuyas concesiones fueran caducando, etcétera. Si hablamos de eso, perfecto. Pero en la petición de hoy se va a una empresa pública de generación de energía que garantice el control público sobre el sector energético en la integridad del proceso, desde la generación hasta la energía que llega a los consumidores, y creemos que esto pide algún matiz, porque ese es un universo que hay que desgranar, aunque sea en un mínimo, o incluso aunque pasáramos por alto nuestro marco europeo. La empresa pública que han propuesto hasta ahora, con los activos de generación hidráulica rescatados, es una idea buenísima, pero, teniendo en cuenta los volúmenes que se manejan, hacerse con cuotas significativas sería de largo alcance, a no ser que se propongan nacionalizaciones, que es otro debate. Comercializarla públicamente puede tener interés, y nosotros lo defendemos, sobre todo para atender a los vulnerables, pero también es una acción de mirada larga. Por eso, esta medida, como propuesta de largo alcance es buena, pero yo no la esgrimiría como ariete para aliviar este momento preciso, porque afirmar eso supone algo de salto en el vacío. Pero, incluso, aunque se tuviera un músculo público energético importante, y no el desierto que dejó aquí la ola de privatizaciones de los años noventa, de cara al precio final tampoco es una panacea. Y, si no, basta con mirar a Francia, que tiene una presencia abrumadoramente pública desde la generación hasta la comercialización, y hoy el megavatio/hora en la península ibérica está a 130 euros y en Francia a 167 euros, o sea, que no hay una solución mágica. Y también hay otra cosa a tener en cuenta, que es la mirada centralista. Ojo con esto, porque ¿cómo se compagina una empresa pública que controle íntegramente todo el sector con lo público ya existente? Nosotros, por ejemplo, tenemos el Ente Vasco de la Energía, en Navarra está creándose una agencia, hay redes de distribución locales públicas, y en Cataluña está L’ Energètica, creada por impulso de Esquerra, que, por cierto, a nuestro entender, hoy por hoy es el mejor modelo a seguir respecto a la energía pública que tenemos. Por eso, les decimos que sí a la empresa pública, sin duda, pero afinando un poco más su contenido y su propósito, explicando cómo cohabita con los demás, y, sobre todo, sin atribuirla unos objetivos que no pueda cumplir en el corto y el medio plazo para no generar frustración. Y cierro, porque ha habido dos puntos seguidos. En resumen, las facturas eléctricas de septiembre van a dejar claro que ningún hogar se escapa ya de la crisis energética. Es una consecuencia directa más de una guerra ilegal que ha estrangulado los flujos energéticos. Hay que seguir señalando a los que apoyan o justifican estas escaladas bélicas que están perjudicando a todos. Hay que proteger aún más a las personas y a los sectores vulnerables. Hay margen de actuación para intervenir el mercado, como el tope al gas: funcionó y hay que recuperarlo. La crisis está empobreciendo a muchos y está engordando a un puñado de empresas, y esos beneficios extraordinarios hay que minimizarlos y capturarlos para mejorar el escudo.

Mikel Otero Gabirondo EH Bildu

Termino diciendo que para Euskal Herria Bildu nuestra principal labor política en estos momentos es lograr que las consecuencias de la crisis energética no recaigan en los de siempre. Besterik ez. Eskerrik asko.

Inés Granollers Cunillera ERC

Bona tarda. Gràcies, president. Quan parlem del preu de l’energia, sovint parlem de mercats, de costos, de preus, de majoristes, de beneficis empresarials, però crec que hem de començar parlant de les famílies i de la gent que hauríem d’estar representant perquè darrere de cada pujada de la llum, del gas i dels carburants hi ha una família que ha de fer números per arribar a final de mes. Una família que paga la hipoteca o el lloguer, que ha de fer la compra, que té fills, que ha de pagar el transport per anar a treballar i que quan arriben factures més altes no té gaire marge per poder retallar. I això és el que crec que hem de posar al centre d’aquest debat, perquè l’energia no és cap luxe, sinó que és un bé essencial, és encendre la calefacció a l’hivern, és poder cuinar, és tenir la nevera en funcionament, és poder anar a treballar, és poder mantenir una llar amb unes condicions dignes. Segons les últimes estimacions, la inflació ha superat el 4 % per primer cop des de l’abril del 2023. L’augment es deu principalment al preu dels combustibles, però també al gas i l’electricitat. La moció ho recull. Quan l’energia puja no només puja la factura de la llum, puja també el cost del transport, el cost de produir, el de distribuir aliments i, en definitiva, el que fa és pujar el cost de la vida: és un exemple clar d’efecte de segona ronda d’inflació. Per tant, aquesta és una qüestió que afecta tota la societat, però que no l’afecta de la mateixa manera. Una família amb pocs ingressos no pot absorbir una pujada de 50 o de 100 euros al mes, de la mateixa manera que una família amb una renda elevada. I aquí és on hem de posar aquesta mirada d’esquerres, perquè quan un bé essencial es converteix en una despesa que moltes famílies no poden assumir, no podem limitar-nos a dir que han d’estalviar més o que han de mirar allà on gasten o no. Hem de preguntar-nos com funciona el sistema i qui està assumint el cost d’aquesta situació. I és aquí on aquesta iniciativa posa sobre la taula un debat que considerem que és molt important. Mentre les famílies han hagut de contenir despeses, les grans empreses energètiques han obtingut beneficis extraordinaris. I això nosaltres hi hem d’estar totalment en contra. I s’ha dit moltes vegades. Aquesta tarda ja es va presentar un Reial decret perquè aquestes empreses tinguessin els impostos que es mereixen. I repetim que Junts, PP i VOX ho van votar en contra mentre les famílies tenen seriosos problemes per pagar la llum. Per tant, l’Observatori de Marges Empresarials identifica aquests marges amplíssims del subministrament de l’electricitat del gas com a combustible i refinament de petroli. Aquests marges cada vegada s’estan ampliant i, per tant, cada vegada són més grans els beneficis d’aquestes energètiques i no és raonable que una família hagi de renunciar a coses bàsiques mentre una empresa obté beneficis extraordinaris en un moment de crisi energètica. Per tant, creiem que aquesta situació no és normal. La setmana passada, a la compareixença del ministre Cuerpo, ja li vam dir: ha d’acabar amb aquests beneficis a les grans energètiques i revertir aquest impost a les famílies. Per tant, la primera: un impost permanent sobre els beneficis extraordinaris que proposa la seva moció, ens sembla bé. La segona, poder intervenir i limitar el preu quan es produeixen escalades que fan impossible assumir-los per moltes famílies ja creiem que és del tot imprescindible. I la tercera, que és obrir un debat sobre el control públic de l’energia amb la creació d’una empresa pública estatal de generació d’energia ens sembla molt bé. De fet, el Govern republicà d’Esquerra Republicana ja ho va impulsar això. Però ens cal una mica més de rigor en el moment que estem i aquí hem de ser clars. La solució per abordar la pujada d’energia que ens ve ara mateix no es resoldrà només decidint qui produeix l’electricitat. Es tracta de decidir quin model energètic volem. I des d’Esquerra és evident que volem un model energètic descentralitzat, públic i descarbonitzat. Però això exigim al Govern espanyol que en matèria d’energies renovables que poden ajudar a abaixar els preus i nosaltres, per exemple, Esquerra Republicana, quan i quan impulsa des de la Generalitat l’energètica, el que fem és que una empresa pública ajudi a assolir els objectius de neutralitat climàtica que ara mateix són els més urgents. Si l’energia és un servei essencial, l’interès general no pot quedar sempre en segon pla davant de la lògica del benefici. Perquè nosaltres defensem una economia que genera riquesa, però també defensem que aquesta riquesa serveixi per garantir una vida digna. Que es promoguin salaris alts, adaptats a la realitat del cost de la vida de cada territori i que es prioritzin les indústries d’alt valor afegit per sobre del monocultiu turístic. Això ha d’ajudar a que una família no hagi de triar entre pagar la factura de la llum i omplir la nevera. Acabo president. I, en definitiva, quan parlem d’energia, en aquest cas estem parlant de drets. I crec que aquesta és la qüestió que hauríem de tenir sempre present. L’energia és una necessitat, oi que sí? El que hem de fer, doncs, és que sigui urgent i aplicable. Però les famílies no han de poder triar entre si poden enxufar una nevera si poden posar la calefacció o si han d’omplir la nevera. Gràcies. Gracias, presidente. Buenas tardes. Cuando hablamos del precio de la energía, a menudo hablamos de mercados, costes, precios mayoristas o beneficios empresariales, pero creo que tenemos que empezar hablando de las familias y de la gente que deberíamos estar representando, porque detrás de cada subida de la luz, del gas, de los carburantes, hay una familia que tiene que hacer números para llegar a final de mes; una familia que paga la hipoteca o el alquiler, que tiene que hacer la compra, que tiene hijos, que tiene que pagar el transporte para ir a trabajar y que, cuando llegan facturas más altas, no tiene mucho margen para recortar. Y eso es lo que creo que debemos poner en el centro de este debate, porque la energía no es un lujo, sino un bien esencial. Es encender la calefacción en invierno, es poder cocinar, es tener la nevera en funcionamiento, es poder ir a trabajar y poder mantener un hogar en condiciones dignas. Según las últimas estimaciones, la inflación ha superado el 4 % por primera vez desde abril de 2023. El aumento se debe principalmente al precio de los combustibles, pero también al gas y a la electricidad. La moción lo recoge: cuando la energía sube, no solo sube la factura de la luz; también sube el coste del transporte, el coste de producir y el de distribuir alimentos y, en definitiva, sube el coste de la vida. Es un ejemplo claro de efecto de segunda ronda de inflación. Por lo tanto, esta es una cuestión que afecta a toda la sociedad, pero no la afecta de la misma manera. Una familia con pocos ingresos no puede absorber una subida de 50 o 100 euros al mes de la misma forma que una familia con una renta elevada. Y aquí es donde tenemos que poner esta mirada de izquierdas, porque cuando un bien esencial se convierte en un gasto que muchas familias no pueden asumir, no podemos limitarnos a decir que tienen que ahorrar más o que tienen que ver dónde gastan y dónde no. Tenemos que preguntarnos cómo funciona el sistema y quién está asumiendo el coste de esta situación. Y aquí es donde esta iniciativa pone sobre la mesa un debate que consideramos que es muy importante. Mientras las familias han tenido que reducir gastos, las grandes empresas energéticas han obtenido beneficios extraordinarios, y ante eso nosotros tenemos que estar totalmente en contra. Y se ha dicho muchas veces aquí esta tarde: ya se presentó un real decreto para que estas empresas tuvieran los impuestos que se merecen, y repetimos que Junts, PP y VOX votaron en contra, mientras que las familias tienen serios problemas para pagar la luz. El Observatorio de Márgenes Empresariales identifica estos márgenes amplísimos en el suministro de electricidad y de gas, en el comercio de combustible y en el refinamiento de petróleo. Estos márgenes cada vez se están ampliando más y, por lo tanto, cada vez son más grandes los beneficios de estas energéticas. No es razonable que una familia tenga que renunciar a cosas básicas mientras que una empresa obtiene beneficios extraordinarios en un momento de crisis energética. Por lo tanto, creemos que esta situación no es normal. La semana pasada, en la comparecencia del ministro Cuerpo, ya se lo dijimos: tiene que terminar con estos beneficios a las grandes energéticas y revertir este impuesto a las familias. Por lo tanto, primero, el impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios que propone su moción nos parece bien. Segundo, creemos que es imprescindible intervenir y limitar el precio cuando se producen escaladas que hacen que para muchas familias sea imposible asumirlo. Y tercero, nos parece muy bien abrir un debate sobre el control público de la energía con la creación de una empresa pública estatal de generación de energía. De hecho, el Gobierno republicano de Esquerra Republicana ya lo impulsó, pero necesitamos un poco más de rigor en el momento en el que estamos. Y aquí tenemos que ser claros: la subida de energía que nos viene ahora mismo no se va a resolver únicamente decidiendo quién produce la electricidad; se trata de decidir qué modelo energético queremos. Y en Esquerra tenemos claro que queremos un modelo descentralizado, público y descarbonizado. Por eso exigimos al Gobierno español que actúe en materia de energías renovables, que pueden ayudar a reducir los precios. Y, por ejemplo, cuando Esquerra Republicana impulsa desde la Generalitat L’Energètica, lo que hacemos es que una empresa pública ayude a conseguir los objetivos de neutralidad climática, que son de los más urgentes. Si la energía es un servicio esencial, el interés general no puede quedar siempre en segundo plano ante la lógica del beneficio, porque nosotros defendemos una economía que genere riqueza, sí, pero también defendemos que esta riqueza sirva para garantizar una vida digna, que se promuevan salarios altos adaptados a la realidad del coste de la vida de cada territorio y que se prioricen las industrias del valor añadido por encima del monocultivo turístico. Esto tiene que ayudar a que una familia no tenga que escoger entre pagar la factura de la luz o llenar la nevera. Y acabo, señor presidente. En definitiva, cuando hablamos de energía, en este caso estamos hablando de derechos, y creo que esta es la cuestión que deberíamos tener siempre presente. La energía es una necesidad, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, entonces, es que sea urgente y aplicable. Pero las familias no deben tener que escoger entre poner la calefacción o llenar la nevera. Gracias. .

Júlia Boada Danés SUMAR

Gracias, presidente. Esta mañana nos hemos despertado con esperanza al constatar que la lucha de Maricarmen, la de los centenares de personas que acampan en la Puerta del Sol y la de los miles de personas que llevan años manifestándose por el derecho a una vivienda digna y asequible, se materializaba en dos reales decretos que nos acercan un poco más a la consecución de este derecho constitucional. Unas normas que desarrollan una serie de medidas que abordan algunas de las prácticas que han derivado en una crisis de la vivienda que se percibe como el principal problema de la ciudadanía de este país. Por lo tanto, sí, la política sirve, si bien es cierto que necesita de la movilización social, de conquistar calles y plazas, para que esta reaccione con la contundencia necesaria para frenar fondos buitre y especuladores como Urbagestión, que mercadean con un derecho fundamental. . Y hoy, también hoy, nos hemos levantado con la información de que la inflación sube hasta casi el 5 % debido al aumento del precio de los carburantes. O, dicho de otra manera, debido a la guerra ilegal de Trump y Netanyahu en Irán y a las empresas del oligopolio energético, que aprovechan para especular con el precio del barril y se forran a costa de la gente. Y estas empresas tienen nombre: Repsol y Moeve, multinacionales españolas que han multiplicado sus beneficios por cuatro respecto al año anterior. En los seis primeros meses de 2025 ganaron 285 millones de euros. Ahora, en 2026, con la guerra, han ganado 2847 millones durante el mismo periodo: 2000 millones más gracias a la guerra. ¿Y quién los paga? La gente, la ciudadanía. El aumento del precio del barril repercute en los costes de producción de las empresas, lo que produce una subida general de los precios, especialmente en los alimentos, que son un bien básico en todos los hogares y que tienen mucho más peso en las familias con menos ingresos. También repercute en el precio de la gasolina, en el transporte, en cómo nos movemos. Ante esta situación, en SUMAR lo tenemos clarísimo. Primero ―ya lo dijo mi compañero Manuel Lago en esta tribuna hace quince días―, el Gobierno tiene que intervenir el mercado estableciendo un precio máximo de la gasolina y del gasóleo, como ya hacemos con el precio de la bombona de butano. La avaricia de la industria petrolera se combate con ambición política. Hay que establecer un precio máximo, regulado por el Gobierno, para evitar el empobrecimiento de la sociedad española; hay que topar los precios, como ya han hecho otros Estados y como, de hecho, también ha explicado mi compañero Carlos Martín. Segundo, tenemos que ponernos las pilas para conseguir la neutralidad climática y dejar de depender de los combustibles fósiles que contaminan nuestras vidas, y de los matones como Trump, que ignoran la legalidad internacional de la que nos hemos dotado como Estados. Y esto, señorías, de hecho, es una cuestión de justicia social y justicia climática. Es hora de tasar los beneficios caídos del cielo de estas multinacionales. Toca recuperar aquel impuesto de 2023 y de 2024 que impulsó el Gobierno de coalición para gravar de forma extraordinaria los ingresos de las grandes compañías del sector energético. Se recaudaron más de 2000 millones de euros anuales para financiar medidas anticrisis para las familias. Y no, señorías del Grupo Socialista, la solución no es ir a Europa a pedir este mismo impuesto, pero a escala europea; la solución es hacerlo aquí, como hicimos hace un par de años. . Es así. Igual que hay que nombrar el fondo buitre de Maricarmen, Urbagestión. Igual que hay que nombrar las energéticas que cuadriplican beneficios, como Repsol o Moeve, también hay que nombrar a quiénes tumbaron el impuesto de las energéticas: PP, Vox, PNV y Junts. Hay que nombrarlos. Por lo tanto, sí, estamos a favor de esta moción de Podemos; de gravar los beneficios extraordinarios de las multinacionales energéticas; de limitar los precios de los carburantes y de una empresa de energía pública, aunque el problema no es tanto la generación de energía, sino hacer pública la distribución, que las redes sean de titularidad pública; crear una tarifa eléctrica con mínimo energético vital, con una garantía de acceso universal y progresiva en el consumo y, por lo tanto, articular una política fiscal adecuada en la electricidad y diferencial en los combustibles. Todo esto es posible. Lo es con voluntad política; lo es cuando la calle aprieta; lo es cuando hay que dar respuesta a la gente trabajadora, que no quiere dejarse la totalidad de su salario en vivienda, comida y transporte, en el mejor de los casos, mientras otros se lucran especulando con la situación en Oriente Medio. Hasta ahora, hemos normalizado expulsar de su casa a ancianas vulnerables que pagan religiosamente su alquiler. Hemos normalizado que multinacionales cuadrupliquen sus beneficios. El mercado se ha apoderado del debate público normalizando acontecimientos que no lo son. Pero es hora de decir basta, y no existe mejor instrumento que la política para acabar con estas dinámicas abusivas de mercado y devolver el sentido común y el bien común al centro del debate público, al centro de la política. Termino. La responsabilidad es nuestra, es del Gobierno, es hacer una política útil. Y hoy hacer política útil es que la crisis energética, la crisis de la vivienda, no la paguen los de siempre. Muchas gracias. .

Ana González Herdaro PSOE

Gracias, presidente. Estamos viviendo una sucesión de crisis energéticas que, aunque se originan a miles de kilómetros, terminan teniendo consecuencias muy concretas en nuestras vidas. La subida de los precios energéticos, provocada por las guerras de Irán y de Ucrania, afecta directamente a los hogares, encarece el transporte, la cesta de la compra y dificulta llegar a final de mes. Cuando suben los precios de la energía, quienes más sufren son las familias trabajadoras, los autónomos, la industria, el campo, la pesca y el transporte. Ante esta situación, el Gobierno de España está siempre a la altura, aprobando medidas para proteger a las familias, contener la inflación y reforzar la autonomía energética de nuestro país. . Hoy mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado los decretos de nuevas medidas para paliar la subida de precios, los de la vivienda y el de ayudas para afectados por la dana. Y, ante una crisis, hay dos maneras de hacer política: una, la de los que solo exigen y nunca tienen voluntad de acuerdo ―y ejemplos tenemos muchos en esta Cámara― y, otra, la de los que actúan dando soluciones rápidas y efectivas para los hogares y las empresas, como hace el Gobierno de España. . Ya son tres los decretos que han creado un escudo social de medidas económicas y sociales. La primera respuesta fue en tan solo veinte días, cuando se pusieron en marcha más de ochenta medidas que supusieron movilizar 5000 millones de euros que impactaron en veinte millones de hogares y tres millones de empresas. En el mes de julio se renovaron la mayoría de las medidas hasta llegar a los 10 000 millones de euros. Y hoy se han prorrogado las ayudas y se han aprobado nuevas iniciativas, como la limitación de la tarifa del gas, el precio del butano y el IVA de la electricidad, que supondrán otros 2000 millones de euros. . Por eso, con este Gobierno se protege a los sectores más afectados con la rebaja del impuesto a los hidrocarburos, con ayudas a la agricultura, a la pesca y al transporte, en compras de fertilizantes o bonificaciones en el combustible para los transportistas. Gracias a este Gobierno, se protege también a los hogares más vulnerables y a la industria, con descuentos extraordinarios como el bono social eléctrico, el incremento de las ayudas en el bono social térmico o la prohibición del corte de suministros básicos y del despido de los trabajadores en las empresas beneficiarias de ayudas. Pero también se transforma con iniciativas para avanzar hacia la soberanía energética mediante el impulso de energías renovables o el fomento del vehículo eléctrico. Siete meses después, podemos decir que las medidas están amortiguando buena parte del impacto inflacionario. El plan está funcionando y se están cumpliendo los objetivos: proteger y fortalecer nuestra economía en el presente para prepararnos para el futuro. . En esta misma sesión, el Grupo Parlamentario Socialista ha defendido el impuesto europeo, una iniciativa liderada por este Gobierno y compartida por otros Estados miembros. Señorías, estamos de acuerdo en que, cuando la sociedad soporta los costes de una crisis extraordinaria, quienes obtienen beneficios extraordinarios también deben contribuir de manera extraordinaria para aliviar la carga de la ciudadanía. Y en todo esto está trabajando el Gobierno de España. Tal como anunció desde el primer día el presidente del Gobierno, si la evolución del conflicto lo requiere, renovaremos el compromiso de este escudo social, que permitirá seguir protegiendo a las familias y a los sectores afectados. Tenemos la firme convicción de garantizar que nadie tenga que afrontar solo las consecuencias de una crisis que no ha provocado. De VOX no esperamos nada, pero ahora ya sabemos que tampoco podemos contar con el Partido Popular de Feijóo, que vota sistemáticamente en contra de todas las medidas que propone el Gobierno y que mejoran la vida de la ciudadanía. . Y aún van más allá donde gobiernan, porque en la Comunidad Valenciana, el consell del no candidato Pérez Llorca aprueba rebajas fiscales para las rentas altas: 500 millones de euros para los 26 000 valencianos más ricos y 62 millones a los grandes patrimonios mientras recorta en educación y en sanidad. Está en el ADN del Partido Socialista seguir protegiendo a la ciudadanía, y hemos demostrado que sabemos hacerlo. Señorías, unámonos ante el reto de garantizar el bienestar y el progreso de las personas. Solo de esta manera cobra sentido la política y la función de este Parlamento. Muchas gracias. .

Cristina Teniente Sánchez PP

Señora Belarra, muy efectista ese minuto de silencio al terminar la intervención. No está mal que guarden silencio de vez en cuando, porque la última vez que tuvieron voz en el Consejo de Ministros fue para aprobar una ley que rebajaba las penas a violadores y pederastas. . Ante tanto silencio argumental, voy a empezar con una pregunta. Un autónomo que llene el depósito de gasolina o una familia que pague su recibo de la luz, ¿cuánto se va a ahorrar con la propuesta que nos ha traído hoy aquí Podemos? No lo saben, ¿verdad? No lo saben porque ustedes describen un gran problema, un problema urgente en su exposición de motivos, pero la solución que describen no puede aportar soluciones directas e inmediatas porque ni siquiera son cuantificables. Ese es el problema de esta moción. La situación de España no está ni para brindis al sol ni para más inventos. Voy a repasar unos datos. Datos de hoy: IPC 4,9 % interanual, impulsado especialmente por los precios de la energía y del carburante. Desde 2018, el precio de la energía en los hogares se ha incrementado un 30 %, la gasolina un 20 %, el gasoil un 25 % y el gas natural se ha incrementado alrededor del 35 %. Vuelve a tensionarse el precio de la energía y hoy llenar el depósito de gasolina cuesta en torno a 100 euros. Y atiendan a un dato más: hoy, el 16 % de los hogares españoles no puede permitirse mantener una vivienda a temperatura adecuada, cuando en 2017 era un 8 %; es decir, este Gobierno progresista ha duplicado la pobreza energética. . De esto señora Belarra, usted ha guardado también su minuto de silencio. Ante esto, nos proponen un impuesto permanente a las energéticas, intervenir los precios de los carburantes y crear una nueva empresa pública de energía. De verdad, ¿ustedes creen que esta es la respuesta que merecen los españoles? Díganle a un transportista que va a llenar su depósito, a un agricultor que tiene que pagar el gasóleo o a una familia que tiene que pagar el recibo de la luz que esperen, que lo que los españoles necesitamos es una nueva empresa pública de energía, un nuevo impuesto o un Estado cada vez más intervencionista. Vaya, señora Belarra, por ejemplo, a Extremadura y cuéntele esto a los agricultores a la vez que les dice que quieren cerrar a Almaraz para abaratar el precio de la energía. ¡Pero qué despropósito! ¡Qué despropósito! ¿No han visto lo que están haciendo otros países de nuestro entorno europeo? Están prorrogando las reducciones del impuesto sobre combustibles y ayudas para los sectores más castigados en Francia, Alemania, Portugal, en nuestro entorno, para sectores especialmente expuestos. En definitiva, rebajar impuestos para que las familias puedan llegar a fin de mes, para que se pueda trabajar y producir cada día no más caro, sino más barato, digo yo, o para que el Estado deje ya de hacer caja con la subida de los precios. Entiendan de una vez, por favor, que no se puede pedir más esfuerzo a los españoles. Entiendan que este Gobierno ha convertido la inflación en un instrumento de recaudación. Y de esto tampoco ha hablado la señora Belarra. Nuestro grupo propone lo que están proponiendo otros países europeos. Hay que reducir el IVA a los carburantes, nuestra propuesta es del 21 % al 10 %; hay que aplicar esto al gas y a la electricidad; hay que revisar al alza las ayudas del gasóleo destinado a agricultores, ganaderos, pescadores y sectores vulnerables; hay que aliviar el IRPF de las familias españolas. Esto es lo urgente. Y lo urgente es, además, que acabe esta pesadilla de Gobierno. Eso es lo urgente: un Gobierno paralizado, consumido por una crisis ―o por todas las crisis que está provocando― y por los escándalos que le rodean. ¿Han hablado del escándalo de los carburantes? No, no han hablado, señora Belarra; minuto de silencio. La Audiencia Nacional investiga una trama de fraude del IVA en los carburantes de más de 180 millones de euros. Mientras los españoles cumplen y pagan sus impuestos, soportan cada día una subida de impuestos en los carburantes, en la electricidad, millones de euros son defraudados al Estado y se suceden los intentos de influir ilícitamente en la Administración en una de las múltiples tramas, una más. ¿Dónde están ustedes, señores socios del Gobierno, para decir que la corrupción también la pagan los españoles de sus bolsillos y que la inacción del Gobierno también se paga, que no aplicar medidas a tiempo también se paga? Solo aciertan cuando rectifican. Mañana ―y termino―, una familia volverá a llenar su depósito, volverá a hacer la compra y volverá a pagar la luz. Y mientras sufrimos un Gobierno corrupto y paralizado, y tenemos a unos socios que están pidiendo más impuestos, más intervencionismo y más empresas públicas.

Cristina Teniente Sánchez PP

¡Qué despropósito de legislatura, señorías! .

Ignacio Hoces Íñiguez VOX

Muchas gracias, señor presidente. Caos, tráfico de drogas, emboscadas, peste, violaciones, agresiones, prostitución, incendios... Mientras el Gobierno ha convertido Ceuta en un infierno, trata con guante de seda a los invasores. . Si los ceutíes denuncian las consecuencias de la invasión, el Gobierno los llama racistas; si una madre de Ceuta denuncia que sus hijos no pueden acudir con seguridad al colegio, el Gobierno la llama mentirosa; y si eres de los que dicen que hay que proteger las fronteras y cumplir la ley, el Gobierno te llama xenófobo. Insultos y desprecios para los españoles, pero luego mimo y empatía siempre con los invasores. Señorías, como todo el mundo sabe, Marruecos lleva instrumentalizando la inmigración ilegal contra España desde hace muchísimo tiempo. Todos los años entran en España por África entre 50 000 y 80 000 inmigrantes ilegales. ¿Y el Gobierno qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho es entregar directamente nuestras fronteras. Si a esto le sumas inutilizar los informes de los servicios de inteligencia y facilitar la entrada en España de yihadistas, violadores, agresores y demás delincuentes, incluso condenados en España, la traición a la nación es tremenda. . Si a esto le añadimos que Marruecos y los Gobiernos de Marruecos llevan reclamando Ceuta y Melilla desde hace mucho tiempo, e incluso que el diario de cabecera del Partido Socialista, regado con dinero público, ha pedido entregar las ciudades de Ceuta y Melilla a Marruecos, la traición es mucho más evidente. Y no es que Marruecos pida Ceuta y Melilla desde hace tiempo, es que incluso lo ha pedido después de la invasión, recién violada nuestra frontera, recién atacada la integridad territorial de España y recién violados los derechos y libertades de los ceutíes. . Por eso, cualquier español sensato entiende que, si el Gobierno de la nación atacada se arrodilla con pleitesía ante Marruecos, es un acto de traición nacional. Ya les adelanto que no se va a rendir Ceuta y Melilla y que, por supuesto, no hay nada que negociar acerca del territorio nacional ni con Marruecos ni con ninguna otra nación. Vamos a convertir Ceuta y Melilla en la gran plaza mayor de Occidente: seguras y prósperas , donde la bandera española va a permanecer y, por supuesto, va a ondear y brillar más que nunca. Por eso vamos a proteger las fronteras y mandar un mensaje a toda África y a todo el planeta: si entras ilegalmente en España serás deportado de forma inmediata y no podrás volver a España jamás. Por eso mismo también hay que modificar la ley orgánica de extranjería, para establecer un procedimiento contundente de expulsión inmediata de los invasores cuando estamos hablando de una guerra híbrida o de una invasión al territorio nacional. Basta ya de tomar el pelo a los ceutíes, basta ya de engañar a los españoles, porque desde luego ni los tuits de Óscar Puente ni las recomendaciones musicales del presidente del Gobierno ayudan a proteger las fronteras o a defender las libertades de los ceutíes. ¿Y de los menas qué? Un incumplimiento flagrante del tratado internacional suscrito con Marruecos el 6 de marzo del año 2007. Si Marruecos puede incumplir ese tratado internacional es porque ustedes se lo permiten, porque ustedes les riegan de dinero público y luego les da exactamente igual que Marruecos acepte la entrega directamente de los menas. Nos gustaría saber, señorías del Grupo Socialista, si Sánchez ha hablado con Mohamed VI y qué le ha dicho. ¿Sánchez le ha dado las gracias a Marruecos? ¿Le ha dicho que no entren 100 000 invasores en dos días, sino que lo hagan mejor a lo largo de un año? ¿Y qué opina Sánchez sobre los 72 militares que han teledirigido directamente la invasión a Ceuta? ¿Cómo los llama Sánchez? ¿Monitores de natación? ¿Asesores de geografía fronteriza? ¡Basta ya de eufemismos y de retorcer siempre la verdad! . Los menores y los mayores ilegales de Marruecos tienen que volver de forma inmediata a Marruecos, y si los menores realmente son menores tienen que ser deportados también de forma inmediata a Marruecos para que estén en su entorno cultural, dentro de sus tradiciones, con sus amigos. ¿Por qué los tiene que tener España? ¿Por qué los tenemos que tener? ¿Por qué los tienen que tener los centros de tutela de España cuando también hay centros de tutela en Marruecos? Ahí sí que está realmente el interés superior del menor: que se desenvuelva con sus amigos y en su ámbito cultural? . Además, señorías, todos los gastos que está ocasionando esta invasión al territorio nacional hay que conocerlos, hay que auditarlos para que realmente paguen la factura los responsables. También, evidentemente, el Partido Socialista, que es quien ha rendido nuestras fronteras, el que llama constantemente a la inmigración, el que ha abandonado a los ceutíes, ya que Pedro Sánchez es precisamente el embajador de Marruecos en España. . Todo este dinero estará mucho mejor empleado en los que mantienen firmemente la dignidad nacional y enarbolan constantemente la bandera nacional. Por supuesto, sí, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también nuestras Fuerzas Armadas. Al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire, todos los medios y, por supuesto, también toda nuestra gratitud. La seguridad de España jamás se improvisa. La seguridad nacional jamás se negocia. La dignidad de España jamás se mendiga. Y las vejaciones que sufren los ceutíes ni se esconden ni se justifican. A todo esto hay que ponerle ya fin. Que la ley vuelva a la frontera, que la autoridad vuelva a nuestras plazas y barrios y que el respeto vuelva a los españoles que han sido abandonados, insultados o vejados por este Gobierno. Esa es la obligación de esta Cámara y es precisamente lo que pedimos hoy en nuestra moción. Muchísimas gracias. .

Inmaculada Marín Aparicio PP

Buenas noches, presidente, señorías. Lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio no puede volver a suceder. Por eso hay que cambiar cosas: las leyes y el Gobierno. Ceuta y Melilla son parte inseparable de España, su soberanía no se cuestiona, no se negocia y se defiende. Así lo expresaron alto y claro el 2 de septiembre los españoles, demostrando con ello que formamos parte de una gran nación que está muy por encima de quienes la gobiernan. . Empiezo mi intervención mandando un mensaje claro a los ceutíes: no estáis solos, la normalidad volverá y conoceremos la verdad. A tal fin, el Grupo Popular ha impulsado una comisión de investigación en el Senado. Queremos respuestas. ¿Qué sabía el Gobierno? ¿Cuándo lo supo? Y, sobre todo, ¿qué hizo con esa información? ¿Se podrían haber evitado tantas muertes? La avergonzante inacción del Ejecutivo ha enviado un peligroso mensaje de vulnerabilidad de nuestras fronteras y también de inseguridad a miles de ciudadanos que sienten que el Estado no ha sido capaz de protegerlos. Yo me pregunto: ¿qué tiene que ocurrir en una ciudad española para que el Gobierno de Sánchez actúe con la determinación que corresponde? Sánchez ha fallado tanto por acción como por omisión. Sus ministros tampoco han estado a la altura. Cero autocrítica. Así no se avanza. Ayer mismo dimitió el delegado del Gobierno en Ceuta, ese que asegura que avisó semanas antes al Gobierno. ¿Quién miente? ¿Qué temen y a quién? Este Gobierno ha hecho gala de una intolerable debilidad diplomática. La soberanía no basta con proclamarla, hay que ejercerla, y es que ha faltado una respuesta política a la altura de la extraordinaria fortaleza que sí han demostrado los ceutíes. Han pasado dos meses y Ceuta sigue sufriendo el abandono. Los efectos del asalto permanecen en sus colegios, en sus servicios sanitarios, en su seguridad, en sus comercios, en su vida cotidiana y hasta en la proliferación de agresiones sexuales. Y el Gobierno parece más preocupado en dedicar recursos y esfuerzos a la regularización de los inmigrantes que a la vuelta a la normalidad. . Así, mientras unos estrenaban colchones, otros tenían que taparlos para no verlos y poder dormir. Es vergonzoso. Ceuta necesita una respuesta extraordinaria, coordinada y firme, porque situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Eso, precisamente, es lo que ha reclamado el Grupo Popular, porque, señorías de VOX, les recuerdo que el pasado 16 de septiembre esta Cámara ya aprobó nuestra moción que instaba a la reprobación del señor Marlaska, pero que también solicitaba el refuerzo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas en Ceuta con más efectivos, medios materiales, alojamientos, dietas y condiciones adecuadas; la adopción de medidas para hacer efectivo el retorno urgente de los ilegales y convocar a la embajadora de Marruecos en España para exigirle explicaciones sobre la actuación de las autoridades marroquíes. Un mandato claro de las Cortes al Gobierno que no debe desobedecer. Claro que hay que reformar la ley cuanto antes, porque si las formas de entrada cambian, nuestras normas tienen que adaptarse. Necesitamos instrumentos jurídicos claros para que nuestras fuerzas de seguridad sepan qué pueden hacer y cómo, y que cuenten con plena seguridad jurídica. Como diputada por Cádiz, además, siento una especial conexión con Ceuta. Los gaditanos también vivimos mirando a África, conocemos las consecuencias de una frontera sometida a una presión constante y con pocos recursos materiales y humanos. Fue en Barbate, en el año 2024, cuando dos guardias civiles fueron asesinados por narcotraficantes mientras cumplían con su deber. Miguel Ángel y David, no os olvidamos. . Hay que reforzar Ceuta y Melilla y hay que hacerlo ya, con más recursos, más efectivos, más medios marítimos, más tecnología, mejores infraestructuras fronterizas, más capacidad de inteligencia y anticipación, así como la presencia continuada de Frontex en Ceuta, porque Ceuta es frontera exterior de la Unión Europea, y hasta el Parlamento Europeo afirma que atacar a Ceuta es atacar a Europa. Por último, quiero expresar nuestro reconocimiento a quienes siempre nos salvan: a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Local, a los servicios de emergencia, a los sanitarios, a los empleados públicos y a todos los que han trabajado hasta la extenuación durante esta semana. . También, cómo no, a Juan Vivas, por poner hasta el alma al servicio de su pueblo. Eres nuestro orgullo. . Pero sobre todo queremos expresar nuestro reconocimiento a los ceutíes, de cualquier raza y religión, porque ningún español debería sentirse abandonado por el Gobierno de su país, precisamente cuando más lo necesita. No estáis solos, y Feijóo es la esperanza. . El señor VICEPRESIDENTE : Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Nacional SUMAR, tiene la palabra el señor Pisarello Prados.

Gerardo Pisarello Prados SUMAR

Gracias. ¡Ay, qué mal veo a los patriotas de pulsera! Esperabais seguir agitando Ceuta desde vuestro racismo, con vuestra miserable crueldad contra la gente de abajo y, ¡oh sorpresa!, miles y miles en todo el Estado os han dicho que no, que nuestro problema no son los niños ni las mujeres migrantes a los que apedreáis, sino los especuladores impúdicos a los que apoyáis una y otra vez. . Queríais seguir con la cantinela indecente de la invasión, pero las acampadas y las plazas os están diciendo que los invasores son los inversores, esos fondos, a menudo extranjeros, a los que siempre protegéis. Qué fácil poner a Figaredo a hacer pam, pam y a pedir perdigones contra niños indefensos en Ceuta y luego salir a hacer chup chup con las botas de Trump y con los fondos extranjeros que desalojan a familias enteras en este país. Porque sois crueles en Ceuta y sois crueles con todas las Maricármenes de nuestras ciudades, pero, luego, qué cobardes y qué sumisos con los millonarios y los empresarios estadounidenses que tienen intereses en el estrecho o que están devastando nuestras ciudades a través de la especulación. . Y en esto sí quiero discrepar de mi compañero Gabriel Rufián ―con quien coincido en muchas otras cosas―, porque cuando sugerimos que la gente que busca una vida mejor en Ceuta, en Madrid, en Cataluña, en Francia, son los nuevos Vaquillas, ¿a quién beneficiamos? ¿Por qué comprar el marco de estos impresentables cretinos que luego salen y dicen: Maricarmen, y si tuviera piso ya sería Morocarmen, es decir, un Vaquilla más? . No, compañeros, ese no es nuestro papel, sino mostrar que los sinvergüenzas que desahucian o que precarizan a Maricarmen son los mismos que buscan desahuciar o precarizar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes que, sin ser santos, se dejan la vida en el campo, en la construcción, cuidando a nuestros mayores, y que son tan nuestros aquí como los que más. . Y que los que alientan que se apedree a un chico de origen magrebí en Tavernes de la Valldigna o a Julia Ferreras en Ceuta son los mismos que se llenan la boca con la prioridad nacional, pero priorizan su bolsillo, como hace Abascal, mientras defienden a los buitres extranjeros. .

Gerardo Pisarello Prados SUMAR

Y esta debe ser la tarea de la gente de izquierdas: denunciar una estrategia que es antiquísima…

Gerardo Pisarello Prados SUMAR

Esta debe ser la estrategia de la gente de izquierdas: denunciar este engaño antiquísimo de las grandes patronales y de los especuladores, que es dividir por cualquier vía a las clases trabajadoras para explotarlas mejor o para negarles el derecho a una vivienda digna. Porque, ¿qué es para VOX la seguridad? ¿Que la patronal agraria pueda explotar a migrantes aterrorizados en el campo o que los impresentables de Urbagestión puedan desahuciar a Maricarmen sin que nadie les moleste? No, señorías. Frente a eso, nuestra prioridad no puede ser comprar su marco. Nuestra tarea es mostrar, como están haciendo las calles que se movilizan, que las Maricármenes, los Mohamed, los Pacos del pueblo tienen algo muy básico en común, que es querer vivir dignamente, libres de rentistas y de explotadores, y también, por cierto, de los matones de desokupas, que querrían desalojar a nuestros compañeros y compañeras de la acampada de Sol y no lo van a conseguir porque los vamos a defender hasta nuestro último aliento. . Lo que genera la inseguridad de los trabajadores no es que unos hayan llegado primero y otros luego, son los explotadores, nacionales o extranjeros, que les roban su trabajo, su derecho a la vida y a la vivienda. Y cuando los grandes capitales roban impúdicamente a la gente que trabaja, lo legítimo es que el expropiador sea expropiado, como decía un gran sabio de Tréveris en el siglo XIX. Y se lo recuerdo también al ministro Puente, que tenía dudas: si se pudo rescatar a los bancos por 60 000 millones de euros, lo realista no es decir que sale caro expropiar a quienes especulan, lo realista debería ser devolver al pueblo lo que es suyo y no dar oxígeno a los que solo crecen con el racismo y el clasismo en beneficio de sus bolsillos. . Contra vuestra crueldad en Ceuta, contra vuestra crueldad con todas las Maricármenes de este país, que vivan las acampadas de la Puerta del Sol y todas las movilizaciones que, con alegría, con determinación y con enorme generosidad, están conquistando aquí y ahora el derecho a una vivienda digna de todos y todas. .

Begoña Nasarre Oliva PSOE

Gracias, presidente. Señorías, Ceuta vive una crisis humanitaria compleja que exige responsabilidad de Estado. Hablamos de nuestra frontera, de la seguridad de sus vecinos y de personas que necesitan protección, aunque ustedes, señorías de VOX y del Grupo Popular, han convertido esta responsabilidad, esta cuestión de Estado en una competición en el campo de la extrema derecha. Compiten por endurecer el lenguaje, lo estamos oyendo durante toda la tarde ―por los bulos, por las mentiras, por las falsedades―, y mientras, se resisten a compartir esfuerzos y bloquean las soluciones. . Y esa competición ¿saben quién la pierde? Los ceutís. Nosotros defendemos nuestra soberanía, la integridad territorial, aquí, en Europa y donde haga falta. Colaboración con Marruecos. Sí, multilateralismo se llama, esa palabra que tanta alergia les da; y lo hacemos cumpliendo la ley, y no solamente por los derechos humanos, sino por convicción democrática y por nuestros propios valores. Señorías de VOX, suben a esta tribuna, hablan de invasores ―que parece más La guerra de las galaxias―, de traición, de caprichos, de paguitas. Por favor, piensen lo que dicen. Alimentar a una persona, darle alojamiento o proteger a un menor no son solo mandamientos de simple y pura humanidad, que también, sino obligaciones de las Administraciones, de las instituciones , y ustedes son Gobiernos en muchas comunidades autónomas; presentarlas como privilegios sirve para desacreditar a quienes las cumplen. . Dar de comer no es un capricho, proteger a un niño no es una traición, proteger a una niña es un deber. Su moción pretende expulsar menores (continúan los rumores), devoluciones inmediatas...

Begoña Nasarre Oliva PSOE

Decía que ustedes hablaban de devoluciones inmediatas, pero saben que eso no es posible. ¡No mientan! Si un niño o una niña no puede retornar con garantías, tendrá que seguir siendo protegido en Ceuta. Esta es su propuesta: exigir normalidad en Ceuta mientras impiden que otros territorios compartan el esfuerzo, ¡aquellos territorios donde ustedes gobiernan! . Los pactos de la vergüenza de PP y VOX eran esto; a la hora de la verdad, cuando les toca arrimar el hombro, dicen no, se niegan a acoger a niños y niñas vulnerables, como ocurre en Aragón. Como aragonesa, me avergüenza esa actitud; en mi tierra se tiende la mano al vecino cuando llegan dificultades. . Señores del Grupo Popular, señor Azcón, no confunda la falta de solidaridad de su Gobierno con los valores de Aragón. Y sí, hablemos de soluciones. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto de 309 millones de euros para Ceuta, con ayudas directas a empresas y a autónomos que comenzarán a abonarse ya: este mismo 6 de octubre se harán realidad para pymes, autónomos, comercios, empresas. Cuando este apoyo en Ceuta se convierta en realidad, recuerden quién les dio la espalda. VOX dijo no, pero el PP los amparó. Porque estas actitudes no solo políticas, sino humanas, tienen consecuencias. Y tienen consecuencias en ese campo de juego de extrema derecha en el que PP y VOX están en el mismo equipo, ese equipo que presenta colectivos como enemigos, alimenta la hostilidad, el odio, la deshumanización, el lenguaje bélico contra personas que no han cometido ningún delito. . Y vemos ataques no solo en Ceuta, sino en nuestras sedes, a compañeros, al que piensa diferente. Hemos visto amenazas, acoso, agresiones, también contra quienes ayudan. Que alguien tenga miedo a repartir comida, que sean señalados es intolerable. Señorías del PP, reflexionen. Condenar las agresiones exige coherencia. La seguridad incluye a las familias ceutís, a las mujeres, a las niñas, también a las migrantes y a quienes prestan ayuda. ¡A todos! Esa es la España que defiende el Grupo Parlamentario Socialista, la que garantiza la seguridad y los derechos. Defender Ceuta exige dar soluciones. Y no basta con decirlas, hay que aplicarlas. Señorías, la bandera de España es de todos. Me duele verla utilizada. Porque ustedes, mucho España, mucho España, pero cuando toca compartir responsabilidades, entonces, Ceuta se les cae de la bandera. . Esa es la diferencia entre nuestra España y la suya. En la nuestra, no sobra nadie. Nuestra España es la de todos. Muchas gracias. .