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Sesión

Pleno del Congreso n.º 174 · XIV legislatura

. Diario de Sesiones DSCD-14-PL-181. Original ↗

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  1. Félix Bolaños García

    Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Hoy es un día importante para esta Cámara y para el país. Debatimos la convalidación del Real Decreto-ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, una norma que solo tiene un propósito, que es proteger y ayudar a los españoles frente al impacto de una guerra en las puertas de la Unión Europea. Cuando pensábamos que habíamos recuperado una cierta normalidad en nuestras vidas, llegó una nueva agresión internacional, injustificable e injustificada, provocada por Putin, y es inevitable sentir cierta frustración. Como representantes y servidores públicos nos tenemos que hacer cargo de la situación que viven nuestros ciudadanos y tratar de darles solución. Los gobiernos no elegimos las crisis a las que nos enfrentamos, pero sí elegimos la manera en que nos enfrentamos a ellas. Por eso, nosotros vamos a seguir fortaleciendo el Estado del bienestar en la guerra de Ucrania y vamos a seguir también con la Red Nacional de Seguridad Pública, que es la única que da certezas a las personas que tienen más necesidades. Asimismo, vamos a seguir profundizando en la modernización del país con políticas en materia de digitalización y de transición ecológica, y también vamos a seguir trabajando como Gobierno en una respuesta unida de todos los países de la Unión y también en esta Cámara. En España contamos con algunas ventajas para enfrentar esta crisis. Somos uno de los países menos expuestos de la Unión Europea a esta crisis, porque tenemos muy diversificadas nuestras fuentes de energía y porque no tenemos demasiada relación financiera y comercial con Rusia y con Ucrania. En segundo lugar, tenemos una posición económica sólida, con un crecimiento consolidado, con un nivel de empleo que es el más alto desde el año 2008 y un ritmo sostenido y que va a continuar. Y por último, estamos abordando reformas estructurales bien orientadas, con un fuerte componente de digitalización y transición ecológica, que va a aprovechar el potencial energético de nuestro país. Pero conocemos la realidad. La realidad es que cuando vamos al súper y llenamos el carro de la compra es más caro, y que cuando vamos a la gasolinera y llenamos el depósito es más caro. Los agricultores, los pescadores, los transportistas han visto incrementados sus costes sin que los ingresos los compensen, conocemos la situación, por eso buscamos soluciones; desde el Gobierno hace meses que las estamos adoptando, y queremos seguir tomando medidas para proteger el crecimiento económico y también el poder adquisitivo de las personas y de los ciudadanos. En el ámbito de la energía, hemos adoptado ya medidas con efecto inmediato para reducir su precio: rebajamos el IVA de la electricidad del 21 % al 10 %, suprimimos el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que suponía un 7 %, y también redujimos el impuesto especial sobre la electricidad de un 5,11 % a un 0,5 %. Así, hemos conseguido reducir un 60 % la factura eléctrica, los impuestos de la factura eléctrica, que representaban un tercio de la factura final. Son 7000 millones de ahorro para las empresas, para las familias, para los ciudadanos desde que entraron en vigor ya en el año 2021. Pero la guerra ha hecho necesario que volvamos a actuar, y por eso nace el real decreto- ley que hoy sometemos a convalidación de todos ustedes, un decreto ley que mejora y que facilita la vida de las personas. Paso a resumirles su contenido en cuatro bloques: el primero, energético; el segundo, transportes; el tercero, apoyo a empresas y autónomos; y el cuarto, apoyo a trabajadores y personas más vulnerables. En el primer bloque, de medidas en el ámbito energético, hemos mantenido la rebaja fiscal de la que les hablaba del 60 % en la factura de la luz. Estamos respaldando la competitividad de la industria electrointensiva con la reducción hasta el final del año del 80 % de los peajes. Esto supone un ahorro de unos 225 millones de euros que beneficia a seiscientas empresas. La norma también incluye ayudas directas a empresas gasintensivas de sectores como el papel, el cartón o el vidrio; son 125 millones de euros de ahorro para estas empresas y benefician a 1600, el 88 % de ellas pymes, pequeñas y medianas empresas. También hemos regulado los beneficios de la producción eléctrica, lo que se llama incluso en la terminología comunitaria los beneficios caídos del cielo. .

  2. Félix Bolaños García

    Esta medida permite liberar 1800 millones de euros de beneficios caídos del cielo, como decía, destinados a rebajar la factura de la luz. Y en línea con esas políticas de transición ecológica y sostenibilidad, el real decreto-ley agiliza todos los proyectos de energías renovables. El segundo es el bloque en materia de transportes. En el ámbito del transporte de carretera hemos adoptado medidas con una inyección de más de 1000 millones de euros al sector de los transportistas, que tantas dificultades está sufriendo. Por ejemplo, se disponen ayudas directas por importe de 450 millones de euros a empresas y autónomos transportistas. Por cada camión los transportistas reciben 1250 euros y, por cada furgoneta, 500 euros. Eso se vota hoy, señorías. La norma también se dirige específicamente a apoyar el transporte marítimo, y por eso se rebajan las tasas portuarias. El tercer bloque son las medidas de apoyo a empresas y a autónomos. Vamos a destinar 10 000 millones de euros a avales para facilitar la liquidez y la continuidad de los negocios y de las empresas, y además hemos aprobado también ayudas directas a los sectores productivos más afectados. Por ejemplo, 169 millones de euros para los productores de leche; unos 19 000 ganaderos se van a beneficiar de esta medida, unos 11 700 de vacuno y 7300 de ovino y de caprino. Vamos a destinar 193 millones de euros para los agricultores y 68 millones de euros para los pescadores, un total de 430 millones de euros para apoyar al sector primario, tan importante en nuestro país. Además, el impacto de la reducción del precio del combustible supondrá un ahorro estimado de unos 78 millones de euros para los agricultores y de más de 17 para los pescadores. Por último, en este bloque también se adoptan medidas específicas para el sector del cine y de la propiedad industrial, otro sector de gran importancia y en pleno proceso de recuperación. El cuarto bloque son las medidas de apoyo a trabajadores y personas que más lo necesitan. Queremos proteger la economía doméstica de nuestras familias cuando tienen dificultades. Hemos aprobado un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible hasta el 30 de junio, una medida que, ni en el ámbito de la duración, ni en la cuantía, tiene parangón con otros países de nuestro entorno. Y también quiero poner en valor el esfuerzo que ha hecho la Administración para implantar esta medida. Se han abonado ya más de 300 millones de anticipo a estaciones de servicios, el 97 % de las gasolineras que lo han solicitado. Hemos puesto un límite a la subida del precio de los alquileres, fijándolo en un máximo del 2 %. En el ámbito laboral, establecemos la prohibición del despido para empresas que reciban ayudas directas o ERTE, por tanto con apoyo de dinero público. Son medidas para las personas que más lo necesitan, medidas para no dejar abandonado a nadie. En este sentido, una subida del 15 % de la prestación del ingreso mínimo vital, que da cobertura ya a un millón de personas en nuestro país; un tratamiento especial para las mujeres víctimas de trata, a las que se les está facilitando el acceso al ingreso mínimo vital y recursos asistenciales mediante un procedimiento más ágil; y también hemos ampliado el bono social eléctrico a 600 000 familias, de manera que llegará casi a dos millones de hogares. El decreto ley, por último, también incluye medidas específicas para los desplazados ucranianos, con cantidades adicionales para sufragar su atención y también la protección de los menores, acompañados o no, que sean posibles víctimas de trata y de explotación sexual. No es todo, seguimos actuando. Hemos activado el Mecanismo RED para el sector de las agencias de viaje. Al amparo de la reforma laboral y de las medidas ahí establecidas, vamos a permitir a las empresas de este sector que puedan culminar su proceso de recuperación y de readaptación. Probablemente la medida con más impacto es el acuerdo ibérico que se logró el pasado martes sobre el precio de la energía, que el Gobierno con tanto éxito ha conseguido en una negociación con la Comisión Europea. . España y Portugal hemos conseguido un acuerdo político con la Comisión Europea. Durante doce meses vamos a poder limitar el precio del gas a una media de 50 euros por megavatio —40 euros al principio—; piensen, señorías, que actualmente está en 90 euros. Muy pronto podremos adoptar en el Consejo de Ministros un nuevo real decreto que podrá reducir la factura de la luz de manera muy significativa a las empresas, a los autónomos y a los ciudadanos. En suma, señorías, es un plan muy ambicioso, el más ambicioso de Europa, moviliza 16 000 millones de euros, y no solo eso, les garantizo que el Gobierno aprobará todas las medidas que sean necesarias para que podamos superar las diferentes dificultades que tenemos. Tenemos una necesidad urgente, y este real decreto-ley la aborda de manera directa, de manera integral, de manera eficaz. Fuera de aquí, fuera de este decreto hay conjeturas, hay especulaciones, puede haber demagogia y puede haber falta de responsabilidad. Pero señorías, díganme: ¿quién de ustedes quiere que se suba la gasolina a los ciudadanos? ¿Alguno de ustedes quiere que mañana la factura de la luz sea más cara? ¿Alguno de ustedes quiere que se suba el alquiler casi un 10 % a los inquilinos que tienen contratos de arrendamiento? ¿Alguno de ustedes quiere quitar las ayudas directas a los transportistas, a los ganaderos, al sector lácteo? ¿Alguno de ustedes quiere suprimir la ayuda de 1250 euros por camión? ¿Alguna de sus señorías quiere suprimir a 600 000 familias el bono social eléctrico? .

  3. Félix Bolaños García

    ¿Alguno de ustedes quiere suprimir el incremento del 15 % del ingreso mínimo vital a las personas que tienen verdaderas dificultades para su día a día? ¿Alguno de ustedes? Entonces, coincidirán conmigo en que es incomprensible votar no a este real decreto-ley. . La votación de hoy, señorías, no va del Gobierno. La votación de hoy va de ayudar a los ciudadanos que les votaron a ustedes y que les dieron ese escaño para que les ayuden y les faciliten su vida; de eso va la votación de hoy. . Y lamento decir a algunos de ustedes que quienes hoy voten no a este real decreto-ley están perjudicando a los ciudadanos con el único fin de dañar al Gobierno, y a ustedes les han votado para hacer la vida más fácil a las personas a las que representamos en esta Cámara; esa es la finalidad de este real decreto-ley. Es tiempo de soluciones, es tiempo de responsabilidad y de liderazgo. Hoy no solo convalidamos un real decreto-ley, hoy estamos dando un mensaje a toda la sociedad de unidad, de respuesta fuerte, de un Estado que protege a sus ciudadanos. Por tanto, hoy les pido simple y llanamente que representen a las personas que les han votado, que les hagan la vida más fácil, que les ayuden en un momento de dificultades, que voten como votarían las personas si se sentaran en ese escaño y que voten pensando en las personas que trabajan duro, que cogen su coche cada día para ir a trabajar, que quieren formar una familia o que quieren iniciar un negocio. No olviden que ustedes están aquí para ayudarles a todos ellos, para hacer la vida más fácil a la ciudadanía y a las personas que les han puesto en el escaño. . Quizá ellos no tienen escaño, pero les tienen a ustedes para que les ayuden, para que les faciliten la vida, para que aprueben este decreto ley; hagamos su vida más fácil. Por eso, y solo por eso, les pido el apoyo a este real decreto-ley. Muchas gracias. .

  4. Tomás Guitarte Gimeno ¡Teruel Existe!

    Señora presidenta, señorías, el pasado martes señalábamos las importantes deficiencias que contiene el real decreto-ley relativas a la creación de un procedimiento de urgencia que elimine la necesaria participación pública en la tramitación ambiental de proyectos renovables. Hasta última hora de ayer miércoles se ha mantenido una negociación con el Gobierno, que queremos poner en valor. De esa receptividad que nos han manifestado y de las propuestas planteadas se ha consensuado que el real decreto se tramitará como proyecto de ley urgente y se contemplara la modificación de puntos concretos del articulado incluyendo, al menos para nosotros, los siguientes: garantizar la publicación en el BOE de los proyectos y la participación pública, incluyendo la presentación de alegaciones durante la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental, que deberán ser tenidas en consideración; que las exigencias de limitaciones para la tramitación de procedimiento urgente de proyectos renovables se aplicarán también en los proyectos que se encuentran fuera de la Red Natura 2000, pero que podrían tener un impacto negativo en los hábitats y especies protegidas, a la vista de sus objetivos de conservación y teniendo en cuenta los efectos acumulativos; además, que esta tramitación urgente no se aplicará en las zonas catalogadas como de sensibilidad moderada. En definitiva, en la tramitación como proyecto de ley trabajaremos especialmente en medidas que realmente y de forma rápida puedan reducir los costes de energía, incluyendo el fomento extraordinario del autoconsumo y tomando como referencia el principio de democratización de la energía.

  5. Tomás Guitarte Gimeno ¡Teruel Existe!

    España tiene un inmenso retraso en la instalación de placas fotovoltaicas respecto a otros países de la Unión Europea y desaprovecha un gran potencial para hacer a nuestras pymes y a la ciudadanía más competitivas. Muchas gracias. Apoyaremos el real decreto.

  6. Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

    Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro de la Presidencia, no les libran a ustedes de mi voto negativo algunas medidas contempladas en el real decreto-ley que resultan de necesidad social frente a otras muchas que responden exclusivamente a sus urgencias internas. Recrimino que el Gobierno desdeñe a los partidos de la oposición ante una situación crítica, que no solo viene derivada de la invasión de Ucrania, porque estamos sufriendo las secuelas de las muy desacertadas previsiones de los presupuestos generales que algunos votamos en contra, a la totalidad. Estas medidas dan continuidad al desastre sin paliativos de la política energética, como sabemos en las regiones con industria electrointensiva. El gas está por las nubes, pero la regasificadora de Gijón sigue paralizada diez años después. La inflación fustiga a toda la economía y a la cesta de la compra. El sector agroalimentario y pesquero están produciendo a pérdidas. Solo funciona a tope ―qué casualidad― la voracidad recaudatoria del Gobierno. Precisamente, porque España y los españoles precisan ayuda no seré cómplice de la funesta gestión de Pedro Sánchez. Muchas gracias.

  7. José María Mazón Ramos PRC

    Muchas gracias, buenos días, señora presidenta. Señor ministro, votaremos a favor de este decreto ley porque la alternativa es peor. Ya dijimos cuando convalidamos el decreto 3/2022 que, al menos en la revisión de precios de los contratos de obras, aquello no valía para nada y que fueran preparando otro decreto ley para corregirlo. Lo han corregido en este, como propusimos en el debate. Nos alegramos, aunque no totalmente. Estamos otra vez con soluciones incompletas. De todas formas, en el decreto que debatimos hoy hay medidas positivas ―no podemos permitirnos el lujo de que decaiga― como la reducción de los carburantes o la prórroga del IVA de la luz. Pero diré una cosa más, sean ustedes más democráticos, no hagan estas leyes ómnibus, separen cada materia con su norma específica. Esto es mejor para la dignidad del Congreso y además también para ustedes mismos. Y mejor que tramitarlos como proyectos de ley que luego nunca se tramitan, hagan ustedes nuevos decretos ley, pero procuren hacerlos con el mayor consenso posible. Y consideren también al Partido Regionalista de Cantabria para llegar a estos acuerdos. Muchas gracias.

  8. Carlos García Adanero NA+

    Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Como a nosotros nos dijo el ministro expresamente que no quería contar con nuestros votos, eso, la verdad, es que a uno le libera mucho. . En todo caso, tengo que decirle que, si de verdad quiere aliviar el bolsillo de los ciudadanos, lo que hay que hacer es deflactar la tarifa ―que es bastante sencillo― y bajar los impuestos, y así ganaría poder adquisitivo el conjunto de los ciudadanos. Porque tiene usted razón, por fin se han dado cuenta de que la cesta a la compra ahora es mucho más cara que hace unos meses. Pero, claro, pedir el voto a un decreto del Gobierno el día en que van a meter en la Comisión de secretos oficiales a Bildu-Batasuna es un insulto al conjunto de los españoles. . No hay que olvidar que en este momento Bildu-Batasuna tiene entre sus dirigentes, en su dirección, al último jefe de la banda terrorista ETA. Y ustedes hoy van a colocar al último jefe de la banda terrorista en la Comisión de secretos oficiales. Eso es un escándalo y es un paso más en el blanqueamiento de Bildu, que es como empezó la legislatura. Muchas gracias. .

  9. Pedro Quevedo Iturbe NC-CCa-PNC

    Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Señor ministro, Nueva Canarias tiene claro que en ningún caso podía votar no a este real decreto-ley. Nuestra duda estaba entre sí abstenernos o votar a favor. Votaremos a favor porque parece que estamos de acuerdo en que esto debe ser tramitado como proyecto de ley, y las razones desde la óptica canaria son dos. La primera, ¿quién ha pedido que las regasificadoras se instalen libremente en Canarias si no ha sido ni el Gobierno canario ni sus instituciones? ¿Quién define el modelo energético canario? ¿Por qué está eso en este real decreto-ley? Es inaceptable, desde nuestro punto de vista, que nos definan el modelo energético en Canarias de esta manera. Segundo, los combustibles que utilizan los portacontenedores que llevan las mercancías a Canarias — que no son tren ni camiones, como sabe― son los únicos que no tienen bonificación. No es comprensible, es que eso es el 90 % de los costos de aquellos que trasladan las mercancías en Canarias por vía marítima. Le rogamos que considere que esto tiene que ser corregido para poder aprobar el proyecto de ley en su momento. Gracias, señora presidenta.

  10. Ana María Oramas González-Moro CCa-PNC-NC

    Gracias, señora presidenta. Fui engañada por el presidente del Gobierno en la pregunta que le hice en esta Cámara cuatro días antes del Consejo de Ministros cuando me pidió que le presentara propuestas específicas para Canarias. Le presentamos treinta. Dos días antes del Consejo de Ministros el secretario de Estado, señor Simancas, me llamó por teléfono para decirme que iban seis medidas para Canarias y para Baleares. Cuando le dije que Baleares no era RUP, me dijo que me volvería a llamar. Hoy estoy aún esperando la llamada. Este decreto contiene todo cosas positivas, pero no es el decreto que necesita Canarias. No vamos a votar en contra, nos vamos a abstener. Y esperamos que en ese proceso de enmiendas parciales se puedan incluir las medidas que necesita Canaria: ayudas al POSEI, ayudas al REA, tasas portuarias de las de verdad ―no la cláusula que pusieron―, tasas aéreas en determinadas condiciones ―como hizo el Gobierno del señor Zapatero en un momento de crisis―; sobre todo, necesitamos medidas específicas para un territorio distinto, que el propio presidente y el propio ministro reconocieron. Nosotros confiamos en que en esa tramitación como proyecto de ley se recojan medidas específicas para nuestra tierra. Muchísimas gracias, señora presidenta.

  11. Albert Botran Pahissa CUP-PR

    Gracias, presidenta. En la página 58 del real decreto-ley encontramos el apartado Medidas en el ámbito de la ciberseguridad, en el que se puede leer: La incidencia de los ciberataques y ciberincidentes provocados por agentes estatales y no estatales hostiles ha aumentado en los últimos años. Sabemos por el prestigioso instituto Citizen Lab que la ciberseguridad de abogados, periodistas, científicos, militantes políticos, hasta sesenta y cinco personas ―entre las cuales hay cuatro diputados de esta Cámara―, ha sido atacada por el propio CNI. Ayer lo reconoció, a través de una pregunta retórica, la propia ministra Robles en unas palabras que se recordarán, que quedarán fijadas porque dan la medida democrática del régimen del 78. ¿Cómo vamos a confiar en un Gobierno que ante pruebas evidentes de espionaje, de ataques a los derechos civiles, de ataques al derecho de defensa, de ataques al derecho de representación política no hace nada o peor, saca pecho? Hoy este Gobierno no merece los votos del independentismo y tampoco de ningún grupo que quiera esclarecer el origen de este ataque a los derechos democráticos. Muchas gracias. .

  12. Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu

    Egun on. Buenos días, señorías. A nadie se le escapa que estamos atravesando por un momento político delicado, delicado y enormemente grave. El escándalo del espionaje cometido contra los independentistas vascos y catalanes ha abierto una brecha entre quienes conformamos la mayoría plurinacional de izquierdas en esta Cámara y el Gobierno. Una mayoría que ha posibilitado los avances sociales que se han producido en estos dos últimos años. Sí, somos las independentistas y los independentistas vascos y de izquierda quienes posibilitamos la ampliación de derechos para la ciudadanía. Y también somos los independentistas de izquierda vascos, catalanes y gallegos quienes frenamos las políticas de recorte de derechos y libertades que a la extrema derecha y a la derecha les gustaría implementar. Bajo estas premisas hemos actuado siempre con responsabilidad y altura de miras, priorizando los avances sociales y económicos para los trabajadores por encima de los intereses propios. No todos pueden decir lo mismo. Vinimos aquí para mejorar la vida de los vascos y las vascas y, por extensión, también la de la mayoría social y trabajadora de este Estado. Y, como repetimos incesantemente, nosotras decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, y hoy también lo haremos. Por eso, una vez más, actuaremos con responsabilidad, con la responsabilidad que debemos a la ciudadanía, y aprobaremos este decreto, porque la gente no puede ni debe ser quien pague las consecuencias de los graves errores de este Gobierno. La ciudadanía necesita muchas de las medidas que contiene este decreto para aliviar la situación creada por la escalada de precios y, sobre todo, por las energías. Miles de familias necesitan una protección adicional frente a la crisis que estamos viviendo y sus duras consecuencias hoy. Nosotras queremos poder ofrecérsela, pero, que nadie se confunda, aprobaremos este decreto por la gente y no por el Gobierno, porque nuestro compromiso es con la ciudadanía, no con este Gobierno. Señor Bolaños, se lo digo claramente, hoy haremos un ejercicio más de responsabilidad, pero la responsabilidad y el respeto deben ser mutuos. Creemos que espiar a quienes permitimos que este Gobierno avance no es tenernos respeto ni mostrar responsabilidad para con la ciudadanía. Como he dicho, este decreto contiene medidas necesarias para poder hacer frente a las consecuencias de la crisis que estamos viviendo, pero tiene pocas para atajar las causas de la misma. Este decreto contiene buenas medidas para proteger a quienes más lo necesitan, totalmente necesarias y que valoramos, pero prácticamente no tiene ninguna medida estructural para cambiar las causas de esta crisis, causas que vienen de mucho antes de la guerra de Ucrania y que también van mucho más allá de la misma. Obviamente, no eludimos que esta ha agravado enormemente la situación. En definitiva, valoramos positivamente el aumento del ingreso mínimo vital, la ampliación del bono eléctrico, las líneas de crédito ICO, las ayudas a las industrias electrointensivas, a los sectores agrícola y ganadero, los fondos para el transporte o la reactivación de los ERTE, y nos alegramos de que no se contemple una bajada generalizada de impuestos, como sigue pidiendo la derecha. Pero pedimos ser más ambiciosos porque queremos asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas y trabajadores, prohibir los despidos por causas derivadas del alza de precios, etcétera. Hemos planteado al Gobierno muchísimas medidas para mejorar y ampliar este decreto que, tal y como se ha aceptado, se tramitará como proyecto de ley, con lo cual negociaremos y acordaremos más medidas para mejorar y ampliar el contenido de este decreto. En cuanto a las medidas estructurales — son las grandes ausentes de este decreto—, no hay nada en materia fiscal y poco o nada en la intervención del mercado energético. Señor Bolaños, usted dirá que el acuerdo alcanzado en Bruselas para topar el gas a 50 euros es una magnífica medida; es una medida que va en la buena dirección, pero, seamos claros, el coste de generación de electricidad por medio del gas, dados los costes de generación que supone, ascenderá a unos 120 euros el kilovatio y no a 50 euros como pudiera parecer según algunas explicaciones. Esto sigue siendo el triple de lo que costaba hace tan solo un año; el triple, señorías. Es un primer paso, pero lo que hay que hacer es intervenir el mercado energético y ponerlo al servicio de la ciudadanía para asegurar lo que debe ser un bien básico. Por eso, además de topar el precio, es urgente desligar el gas del sistema de fijación de precios y meter mano a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Lo hemos pedido innumerables veces y siguen sin hacerlo, pero nosotros volveremos a pedirlo porque, ¿acaso las tienen miedo? Ellas no tienen ningún miedo, ni siquiera han tenido reparo en presionar e intentar chantajear a la propia Comisión Europea para que no permitiera topar el precio del gas. Estas grandes empresas están actuando contra este Gobierno y, lo que es más grave, contra la ciudadanía y los derechos. Quizá va siendo hora de pararles los pies, señor Bolaños. Otra cuestión: ¿cómo piensan pagar el coste de todas estas medidas? Es una pregunta que hemos hecho reiteradamente y no se nos ha contestado. ¿Con más endeudamiento? ¿Con recortes de servicios públicos? Ustedes critican a la derecha, y con razón, por los recortes que supondría la bajada de impuestos, pero tampoco ustedes aclaran su plan fiscal. Nosotros proponemos una fórmula que no toque los bolsillos de la ciudadanía y que pueda aportar los recursos necesarios: que paguen las eléctricas, los bancos, las grandes empresas y las grandes fortunas, es decir, que sean ellos quienes paguen la crisis que ellos mismos han generado. Hablaba de que la confianza está tocada, pero aún más tocada quedará la confianza de la ciudadanía en este Gobierno si ustedes no cumplen con lo que prometieron y si la ciudadanía no ve ni siente los avances y las mejoras en su vida. Más tocada quedará la confianza de la ciudadanía en este Gobierno si ve que ustedes actúan como la derecha. Porque seguimos estando aquí, señorías y señor Bolaños, con las eléctricas chantajeando, los bancos robando, los fondos desahuciando, los empresarios precarizando, el Gobierno espiando y la gente temblando sin llegar a fin de mes. No es esto lo que se espera de un Gobierno progresista.

  13. Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu

    Sí. Una última frase, presidenta. Gracias. La paciencia tiene un límite y, si siguen así, la gente acabará decepcionada y asumirá que el argumento de que viene la ultraderecha ya no es suficiente para salir a votar y pararla y entonces serán ustedes, y solo ustedes, los únicos responsables de que haya llegado. Les aseguro que podemos hacer más, mucho más, por ampliar los derechos y las libertades de la ciudadanía. Si son un Gobierno progresista, como dicen, compórtense como tal y entonces lo haremos. Gracias. Eskerrik asko. .

  14. Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

    Gracias, presidenta. Egun on. Hoy debatimos y votamos la convalidación del decreto de las medidas que el Gobierno ha propuesto para combatir los efectos económicos y sociales de la guerra de Ucrania y su impacto en los precios de la energía, lo cual ha afectado muy especialmente a determinados sectores económicos como la industria y el transporte, a los sectores primarios y también a las familias, a los trabajadores y a los colectivos vulnerables. Es un decreto que se ha visto embadurnado por el espionaje con el sistema Pegasus y que, pese a ser tan grave, mi grupo entiende que hay que separar y deslindar el alcance y el impacto de las medidas que contiene este decreto del conflicto político generado por ese espionaje, pese a que este sea muy grave. Porque, si no queremos dejar a nadie atrás, no podemos permitir que las personas y que las empresas se vean privadas de ayudas que pueden amortiguar estos efectos negativos de la crisis. Son unas medidas necesarias en un entorno marcado por la duración de la pandemia, por la guerra de Ucrania, por la alta inflación, por la caída del PIB y por el incremento de la deuda pública y que persiguen bajar los precios de la energía y estabilizar los precios, a las que difícilmente se puede decir que no, pero que no han sido consensuadas ni discutidas con anterioridad. Es cierto que el Gobierno nos trasladó — por lo menos a este grupo— una serie de ideas genéricas de lo que iba a contener este decreto en una reunión de más o menos una hora, pero cuando tuvimos mayor concreción del contenido de este decreto fue apenas un día antes de su aprobación y esto no es suficiente, sobre todo cuando hay medidas en numerosos ámbitos que hay que analizar con rigor y con la suficiente antelación si queremos que efectivamente sean eficaces. Una vez más, los grupos parlamentarios nos tenemos que posicionar bajo la disyuntiva del todo o nada ante medidas que van en la buena dirección y que quizá haya que prorrogar, pero también ante otras medidas que nada o poco tienen que ver con la situación económica ni con la guerra de Ucrania y que, sobre todo, se encuentran en las disposiciones finales a las que luego me voy a referir. No tienen mayoría absoluta, pero actúan como si la tuvieran y con poca planificación y, luego, cuando las cosas peligran, hacen recaer la responsabilidad de que se aprueben o no estas medidas en los grupos políticos. Hoy también lo ha hecho usted, señor Bolaños. El Gobierno dispone y nosotros acatamos. Ayer, en la sesión de control, se dedicaron a solicitar también continuamente el apoyo al decreto, algo que se hubieran ahorrado si hubieran hablado y consensuado antes con los grupos parlamentarios, porque la estrategia y la planificación también es clave en la política. La vicepresidenta primera nos dijo en su comparecencia del 30 de marzo que lo que suceda dependerá de nuestros actos, y estamos de acuerdo, pero los nuestros, los actos de los grupos parlamentarios, también vendrán condicionados por la forma y por los actos del Gobierno, que es quien tiene la batuta y quien tiene que asumir que para sacar adelante sus medidas necesita de otros grupos. No se puede estar continuamente transitando en la cuerda floja, porque, al final, te acabas cayendo. Es un decreto ―como he dicho― para atajar la inflación y los altos precios con medidas en el ámbito energético y con ayudas para el transporte, para el tejido empresarial e industrial, para la agricultura, la ganadería, la pesca, la cinematografía, las familias, los trabajadores y los colectivos vulnerables; es un decreto para mitigar los precios de la energía de electricidad y que, sin embargo, no incluye la medida estrella, el desacople del gas, que este grupo planteó en una moción consecuencia de interpelación en cuya votación los grupos que forman el Gobierno se abstuvieron, a pesar de que la tenían en mente. Es una medida que hoy celebramos porque cuenta con el apoyo de Europa, pero que a día de hoy desconocemos su letra pequeña y esperamos que esta vez nos la hagan llegar con antelación. Menos mal que, como usted ha dicho, señor Bolaños, el Estado no está tan expuesto a Rusia, porque, si llegamos a estarlo, no sé qué pasaría con los precios tan altos de la luz. Mi grupo votará a favor de la convalidación del decreto, pero vamos a votar también a favor de su tramitación como proyecto de ley, y esperemos que esta vez se tramite de forma rápida y de verdad, porque lo cierto es que, hasta ahora, los decretos están parados y los grupos no podemos mejorarlos. Fíjense, hoy en este decreto se modifica el decreto 36, relativo a los fondos europeos, que se iba a tramitar como proyecto de ley y que lleva más de un año sin tramitarse, y lo hace, además ―como ya lo solicitó este grupo, el Partido Nacionalista Vasco―, ampliando a todas las entidades que integran el sector público la aplicación de las especialidades previstas en materia de contratación pública, que se circunscribían únicamente a su utilización por la Administración General del Estado. Además, para mi grupo es necesario reforzar algunas medidas para la industria electrointensiva, para que más empresas tengan acceso a la reducción de los peajes prevista en este decreto, para incrementar esa cuantía respecto a la compensación de costes indirectos del CO 2 a la industria, implementando, además, un sistema de compensación a lo largo del propio año de devengo, para que puedan competir con sus homólogos europeos, para la introducción de nuevos CNAE en las ayudas a la industria gasintensiva y para ampliar, quizá, la tarifa TUR a las comunidades de vecinas y vecinos con calderas de gas comunitarias, y otras muchas más. También es necesario aclarar los problemas en relación con el diseño y la ejecución de la bonificación de los carburantes con respecto a los anticipos y la liquidación, que está haciendo que las estaciones vendan a pérdidas, según la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Se tramitará como proyecto de ley no solo para mejorar algunas medidas como las que acabo de citar, sino también para eliminar y modificar, como he dicho antes, aquellas otras que nada tienen que ver con el objeto del decreto que tratan de imponer, sí, hurtando a este Parlamento de cualquier debate y ―siento decirlo― siendo desleales con los grupos que hemos apoyado al Gobierno; porque saben y conocen que se trata de medidas que difícilmente hubiéramos aprobado si no fuesen en un decreto ómnibus de múltiples medidas como las que estamos debatiendo. Me refiero a medidas como las recogidas en las disposiciones finales 21, 22 o 30, entre otras, pero me gustaría destacar la disposición final 25, por la que modifican el decreto de seguridad de redes y sistemas, para, nada más y nada menos, que imponer a las administraciones públicas la necesidad de un informe preceptivo y vinculante del Centro Criptológico Nacional, es decir, del CNI, para poder solicitar medidas adicionales a los operadores y proveedores de servicios digitales en el ámbito de las administraciones públicas que utilizan computación en la nube. En definitiva, son unas medidas para controlar al resto de administraciones. Esto no nos gusta, no es serio, y es que, además, si no cumplen la tramitación como proyecto de ley para poder realizar estas aportaciones y modificaciones, al final, nos van a obligar a los grupos a actuar como lo hacen ustedes y a introducir enmiendas en cualquier otro proyecto de ley, aunque nada tengan que ver con el mismo. A pesar de todo lo dicho y a pesar de estas reticencias, votaremos a favor, porque no podemos enviar un mensaje erróneo a la ciudadanía y a las empresas en un momento crítico en el que está en juego un importante paquete de ayudas económicas para paliar la inflación y estabilizar los precios. Una vez más, les solicitamos que cambien el modus operandi y dialoguen y acuerden con los grupos antes de traer a esta Cámara los decretos, porque solo así evitarán los apuros de última hora, si de verdad, como usted ha dicho, señor Bolaños, hoy en día es tan importante este decreto para la ciudadanía. Muchas gracias.

  15. Edmundo Bal Francés Cs

    Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Hoy hace ocho semanas que empezó la invasión de Ucrania por Putin. Me acuerdo de aquel día como si fuera ayer; el encargado de negocios de Ucrania vino a vernos y nos dijo que necesitaban armas y que había que sancionar a Rusia. Nosotros trasladamos eso al Gobierno, hicimos una proposición no de ley y le ofrecimos al Gobierno el apoyo incondicional de Ciudadanos para tomar estas medidas contra Putin y en favor de Ucrania, todo lo contrario de lo que hicieron todos los socios de este Gobierno y todo lo contrario que hicieron los socios en los cuales el Gobierno se sustenta. ¡Y vienen ustedes aquí a exigir ahora a la oposición aquello que su Gobierno no les da! Es decir, ustedes se apoyan en el populismo, en el separatismo, en los que dicen que hay que salir de la OTAN y en los que dicen que no hay que entregar armas a Ucrania y ustedes nos piden a nosotros eso, la adhesión incondicional, la lealtad al Gobierno y que seamos acríticos con sus proposiciones. De verdad, ustedes tienen muy poca vergüenza y creen muy poco en la democracia. Ustedes traen aquí otro real decreto-ley y hay ya 120 reales decretos leyes en esta legislatura. Rechazan por completo las propuestas de la oposición. No escuchan absolutamente a nadie. La ley en España se hace desde la Moncloa directamente hasta el BOE y no escuchan a los expertos, no ven a los países de nuestro entorno y no tienen en cuenta a la oposición. Nosotros le ofrecimos, y le ofrecemos, con respecto a la invasión de Putin, este apoyo incondicional, y todos sus socios, sin embargo, no hicieron otra cosa más que dejarles solos. Nosotros acudimos a la reunión a la que nos convocaron, precisamente para este plan de choque contra los efectos de la guerra de Ucrania, con nuestros deberes hechos y con un papel que les presentamos. Señor Bolaños, cuando salimos del despacho mi compañera, María Muñoz, y yo, usted, tiró ese papel a la papelera. . Dígalo, dígalo. Lo tiró a la papelera. Se rio de nosotros; hizo una pantomima de diálogo, y no tuvo en ningún momento ninguna intención de hablar con nadie de la oposición. ¿Me dice usted a mí que tenga altura de miras y sentido de Estado? ¿Se acuerda de lo que hizo mi grupo parlamentario durante la pandemia? ¿Se acuerda de lo que hicieron sus socios durante la pandemia? Usted y yo hemos negociado cara a cara unos presupuestos generales del Estado para que no subieran los impuestos, como querían sus socios de Podemos. ¿Usted me pide a mí sentido de Estado con la reforma laboral? ¿Se acuerda de lo que hicieron sus socios con la reforma laboral? A usted le he contado lo que iba a decir cuando subiera a la tribuna y, sinceramente, le digo que me ha decepcionado, porque esperaba que, por lo menos, disimulara el chantaje al que somete a los partidos de la oposición. Usted sube a la tribuna y hace las preguntas retóricas, populistas y paternalistas siguientes: ¿Ustedes no quieren incrementar el ingreso mínimo vital? ¿Ustedes no quieren ampliar el bono social eléctrico? ¡Pues claro que queremos! Traiga usted mañana esas medidas, esas buenas medidas que tratan de evitar la subida de los precios de los combustibles, de luchar contra la inflación y de que la cesta de la compra sea más barata y se las apruebo y se las convalido del tirón, del tirón. Ustedes llegan los últimos con las medidas ―porque, claro, Pedro Sánchez se tiene que hacer una foto en Europa doblegando a la Comisión Europea―, cuando otros países de nuestro entorno adoptan medidas mucho más rápido y mucho más anticipadamente que el Gobierno de España, al que no le importa el sufrimiento de los españoles, y toman medidas que se quedan anticuadas el mismo día que se publican porque el dato de la inflación era del 9,8 % y esta mañana es del 8,4 % y, sobre todo, toman medidas insuficientes. Fuimos los primeros que les pedimos deflactar la tarifa del IRPF, como han hecho otros países de nuestro entorno para ajustarla a la inflación; les pedimos ajustar la recaudación con respecto a los impuestos de los combustibles, y les pedimos bajar los impuestos que gravan la electricidad, medidas que ustedes dicen que desmantelan el Estado del bienestar, y solo queremos que se mantenga la recaudación tributaria. Y, encima, sacan ustedes pecho de que la Agencia Tributaria está recaudando 7500 millones de euros más de lo previsto; 7500 millones de euros, señor Bolaños, que salen de aquí (se da palmadas en los bolsillos de su chaqueta), de estos bolsillos y de los bolsillos de todos, porque los pagan todos los españoles, y usted no sube aquí para prometer a los españoles una mínima medida tributaria que suponga el alivio fiscal para las familias, las empresas y los autónomos de este país. Y respecto a las nucleares, ustedes son muy románticos y se acuerdan de cuando eran jóvenes e iban a las manifestaciones con la chapita amarilla ‘nucleares, no gracias’; ustedes siguen con los dogmas de la izquierda, con ese catecismo ideológico que tienen ustedes, y no atienden a lo que hacen otros países europeos, que deben haber enloquecido ―me imagino―, y la propia Comisión Europea, modificando la taxonomía energética, al apostar por las nucleares, países irresponsables como son Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Finlandia, Eslovaquia o Rumania y otros países que apenas tienen importancia en el mundo como Estados Unidos, Rusia, Japón, China o Canadá, que apuestan por la energía nuclear. Ustedes vienen aquí y dicen que nosotros apostamos por que la solución de la energía sea la nuclear. No, señor; no hagan demagogia. No es la solución, es la transición. Tenemos que llegar a la energía renovable, pero todavía no hemos llegado y, mientras tanto, lo sufren los españoles. Lamentablemente, España es la excepción en Europa, la excepción porque tenemos un Gobierno que se sustenta en populistas, comunistas y separatistas; la excepción porque no apostamos por las nucleares, y la excepción porque llegamos los últimos en tomar las medidas contra Putin en la guerra de Ucrania. Siempre estamos perdiendo trenes tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista en el Gobierno, los dos partidos conservadores. Además, ustedes pecan de soberbia por no atender a la oposición. Quien gobierna con soberbia no cree en la democracia. Usted sale corriendo a Barcelona y le reciben con cajas destempladas para ver si rinde al CNI y si cesa a Margarita Robles, quien defendió la inocencia del CNI aquí ayer. Además, si tiene que elegir a alguien del Grupo Mixto para que esté en la Comisión de secretos oficiales, elige al señor Botran — que está muy ofendido porque a él no le han espiado— y elige también a Junts en lugar de elegir a otros partidos. Termino ya, presidenta. Si quiere contar con nosotros, suba a la tribuna cuando termine la ronda de grupos parlamentarios; diga que va a prolongar la vida útil de las nucleares; diga que en la Comisión de secretos oficiales vamos a estar aquellos que creen en España, y diga que va a tomar alguna medida de alivio fiscal.

  16. Edmundo Bal Francés Cs

    No haga depender el bienestar de los españoles del chantaje de sus socios separatistas. Gracias. .

  17. Íñigo Errejón Galván MÁS PAÍS-EQUO

    Gracias, señora presidenta. Hoy el clima en esta Cámara está enrarecido porque hemos conocido que, al menos, sesenta ciudadanos españoles han sido investigados y han sido espiados. Cuatro de ellos son diputados de este Congreso y eso significa que, al espiarles a ellos, han espiado también a los periodistas que hablaban con ellos y han espiado también al conjunto de los diputados que hablaban con ellos y eso es extraordinariamente grave. De nuevo se demuestra que en España no tenemos liberales, sino hipócritas. Hay mucha gente que en esta Cámara sistemáticamente nos dice que está muy asustada por el peligro de un Estado intervencionista que, por ejemplo, regule el alquiler o que haga justicia fiscal, pero resulta que, cuando comprobamos que hay un Estado que se mete en los teléfonos de la gente para espiarla, entonces ahí no hay riesgo de Estado intervencionista. En una entrevista de seguramente el mayor pensador liberal vivo, Michael Ignatieff, le comentan: Berlin, su maestro, se quejaba de que la libertad es una virtud fría. Y responde: «Lo es. Lo que preocupa a mucha gente hoy es si las nuevas tecnologías amenazan la libertad. Que en este mismo momento alguien, en la Agencia de Seguridad […] de cualquier país, porque seamos serios, no es solo Estados Unidos, esté escuchando. Si no queremos vivir en un mundo lleno de paranoia necesitamos nuevas reglas. […] Nos preguntamos con las nuevas tecnologías qué podemos hacer, en vez de preguntarnos si deberíamos hacerlo». Y le preguntan: ¿Cómo marcamos límites? Y responde: «Necesitamos estados liberales que protejan la libertad más que nunca. El Estado ha perdido su papel como defensor y garante de las libertades de los ciudadanos. Ahora lo vemos de hecho como el gran peligro, y es terrible». De nuevo, en España, como no hay liberales, sino hipócritas, ante esto los supuestos liberales están callados. Es gravísimo lo que ha pasado y está pasando con Pegasus y que el Gobierno salve esta votación no va a acabar con el escándalo. Esto va a seguir porque no se acaba hoy. Nosotros vamos a apoyar este decreto porque los ciudadanos, que necesitan las medidas para rebajar la factura de la luz o para pagar menos cuando llenan el depósito de combustible del coche, no tienen que pagar los platos rotos del Gobierno. .

  18. Íñigo Errejón Galván MÁS PAÍS-EQUO

    Acabo ya, presidenta. Gracias. Pero no es lo mismo sacarlo adelante con unos que con otros. Hemos dicho que la cuestión fundamental de esta legislatura es quién paga los costes de la crisis. Si se saca adelante con quienes quieren rebajar los impuestos a los ricos, eso va a significar que los costes de la crisis los acaban pagando la mayoría.

  19. Íñigo Errejón Galván MÁS PAÍS-EQUO

    No es lo mismo sacarlo adelante con unos que con otros. Muchas gracias. . ¿Por qué gritáis? Se ponen nerviosos por citar a alguien.

  20. Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, señor ministro y señorías, a lo largo de la última semana me he preguntado de forma reiterada cuál es nuestra función y cuál es nuestra prioridad aquí: ¿mejorar la vida de nuestros conciudadanos, que están sufriendo la crisis de una guerra provocada por la invasión de Ucrania por parte de Putin o castigar al Gobierno por diferentes motivos? ¿Castigar al Gobierno por su impericia? ¿Castigar al Gobierno por no saber reaccionar con la contundencia necesaria ante el mayor escándalo de espionaje que ha vivido este Estado? ¿O castigar al Gobierno por unas declaraciones impresentables en sede parlamentaria de la ministra de Defensa? Si hacemos lo segundo, si votamos en contra de este real decreto-ley, lo que estamos haciendo es que los ciudadanos que llenen el depósito de su vehículo, las empresas y el sector productivo de la industria gasintensiva o electrointensiva, los ganaderos, los agricultores y los pescadores no reciban unas ayudas. No es que nos disparemos un tiro a nuestros pies, es que estamos disparando un tiro a los pies de nuestros conciudadanos. . Por responsabilidad, nosotros vamos a votar a favor con el compromiso adquirido del Gobierno, entre otras cosas, de la incorporación del epígrafe 234 en las ayudas gasintensivas. Termino, señora presidenta. Intuyo que estamos ante una reforma laboral dos, donde la mayoría de los diputados de esta Cámara entendemos que se debe aprobar la norma, pero, por diferentes motivos, queremos que la aprueben otros. Nosotros, por segunda vez, asumimos la responsabilidad. Muchísimas gracias. .

  21. Míriam Nogueras i Camero JxCat-JUNTS (Junts)

    Gràcies, presidenta. Usted ha sabido vender muy bien el cuento del diálogo y del reencuentro, pero la realidad es que, mientras ustedes practicaban este diálogo ficticio con algunos, nos estaban espiando a todos, señor ministro. Con esto, no han engañado solo a algunos partidos, sino a todas aquellas personas que han votado a estos partidos. Hoy está todo el mundo pendiente de si se tumba o no se tumba este real decreto por el escándalo internacional de espionaje que está protagonizando el Gobierno del Estado español, un Gobierno, señor Bolaños, que incomprensiblemente se resiste a investigar la verdad. Por acción u omisión, su presidente, el señor Sánchez, es el máximo responsable del ‘catalangate’. Exigimos comisión de investigación, asunción de responsabilidades, apertura de diligencias en la Fiscalía y garantías de que el espionaje al independentismo ha terminado. Vamos a votar que no. El independentismo no puede regalar estabilidad a un Gobierno que nos espía. Dicen que este real decreto contiene medidas importantes. ¡Hombre, sí, en 180 páginas en alguna cosa aciertas! Pero se han acostumbrado ustedes a hacer las cosas mal y sin rigor, y les pongo un ejemplo. En este real decreto — algunos compañeros lo han mencionado— rebajan un 80 % los peajes a la red eléctrica para los consumidores electrointensivos. Bien. Esta medida la anuncian y llena titulares, pero lo que no cuentan es que el Gobierno va a compensar en el mismo real decreto las posibles pérdidas que con esta rebaja van a sufrir las pobres grandes eléctricas que este año han conseguido beneficios récord. Dejen de tomarnos el pelo, señoras y señores. Si este real decreto se tumba hoy, convoquen un Consejo de Ministros extraordinario esta tarde, hagan bien su trabajo y mañana por la mañana vuelve a estar en el BOE. Hoy es un buen día para recordar que cuando activaron el 155 todos aquí fueron muy rápidos. Esta manera antidemocrática de legislar solo va a terminar si todos los que hoy se han quejado se plantan. Termino. En resumen, su falta de respeto a la democracia la demuestran tanto legislando como vulnerando los derechos fundamentales. .

  22. Montserrat Bassa Coll ERC-S

    Gracias, presidenta. Conocen intimidades de nuestras familias, amigos y allegados. Multiplican así el espionaje de sesenta y cinco personas en centenares. Conocen los correos y las llamadas de periodistas y, así, sus investigaciones, sus exclusivas y sus fuentes. Conocen las estrategias de los abogados de las defensas del judici de la vergonya. Conocen los documentos, negociaciones y debates de nuestros partidos políticos. . Esta es su democracia plena, o sea que si quieren conocer qué pensamos y qué vamos a votar de este real decreto, pregunten al CNI o pregunten a la ministra Robles. .

  23. Pablo Echenique Robba UP

    Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor ministro Bolaños. Hoy se debate y se somete a aprobación de esta Cámara un real decreto-ley que en mi fuerza política hemos querido llamar nuevo escudo social. Hemos querido llamarlo así porque con este real decreto-ley ocurre algo similar a lo que pasó en tiempos del inicio de la pandemia. En esos momentos una serie de medidas políticas que siempre se nos había dicho que eran imposibles se demostró que solamente requerían voluntad política. En esas fechas de inicio de la pandemia se puso fin a la receta fracasada de la austeridad y con este real decreto-ley ocurre algo similar. Este real decreto-ley contiene, entre otras cosas, una regulación masiva de los precios de los alquileres, uno de los mercados más especulativos que hay en el sistema capitalista. De nuevo se vuelve a demostrar que con voluntad política hay cosas que nos decían que no se podían hacer y sí se pueden hacer. También en este real decreto, como entonces, como al principio de la pandemia, hay medidas muy valientes para proteger a la ciudadanía. Pensamos que el Gobierno puede estar orgulloso de este real decreto-ley. Por último, como en el principio de la pandemia, este real decreto-ley también sirve para demostrar para qué sirve que Unidas Podemos esté en el Gobierno. ¿Alguien piensa que habría en este real decreto-ley una regulación masiva del mercado del alquiler si Unidas Podemos no estuviera en el Gobierno? Yo creo que no hay nadie tan inocente en España en estos momentos. Por eso, es normal que en algunos poderes mediáticos no pare de machacarse con insistencia en que, por cualquier motivo que haya en la agenda, Unidas Podemos tiene que salir del Gobierno. Eso no sorprende. Al fin y al cabo, los mismos fondos buitre que especulan con la vivienda son propietarios de buena parte de los medios de comunicación. Lo que sorprende un poco más es que alguna diputada socialista haya dicho lo mismo recientemente utilizando el argumento de que si uno no es monárquico no puede estar en el Gobierno. Pero, bueno, eso lo dejo ahí. Volviendo al tema que nos ocupa, como digo, este real decreto-ley trae un verdadero escudo social; como he comentado, la regulación de los alquileres para que no suban con el IPC; también la bonificación al precio de los carburantes — el ministro ha desgranado las medidas—; el aumento decidido del bono social energético a seiscientas mil nuevas personas, o un aumento del ingreso mínimo vital del 15 %, entre otras medidas muy importantes. Por eso, evidentemente nosotros vamos a apoyar este real decreto-ley y, además, porque también hay un debate en nuestro país sobre cómo se para a la ultraderecha. Así se para a la ultraderecha. Así se la para, tomando medidas valientes para proteger a las familias y a la gente trabajadora. Desde luego, como no se para a la ultraderecha es tendiendo la mano al Partido Popular que pacta con la ultraderecha en el Gobierno de Castilla y León. Así no se para a la ultraderecha. . Por otro lado, este real decreto-ley también sitúa un debate al que se han referido portavoces anteriores: el debate de la mayoría de la Cámara con la que queremos sacar adelante las medidas. La mayoría plurinacional y progresista que ha aprobado unos presupuestos generales del Estado expansivos y récord en los peores momentos de la crisis económica es un objeto político a proteger en sí mismo, más allá de las diferentes medidas que se vayan tomando. Quiero dejar aquí dicho que, desde el punto de vista de nuestra fuerza parlamentaria, el escándalo de Pegasus es una vergüenza democrática. A pesar de ese escándalo, a pesar de que hay diputados y diputadas aquí que han sido expiados, hay algunos grupos parlamentarios que han sido expiados y que van a ejercer la responsabilidad de votar a favor de este real decreto-ley, y yo se lo quiero agradecer públicamente. También se lo quiero agradecer públicamente a los que no van a apoyar este real decreto-ley pero que me consta que se lo habrían planteado si hubiera habido avances y si hubiera habido algún tipo de negociación. Mi propia fuerza política ha sido espiada por las cloacas y creo que hay que agradecer la responsabilidad que están demostrando y que han demostrado en el pasado esos grupos parlamentarios que conforman la mayoría progresista y plurinacional. Por último, señor ministro, espero que el Gobierno también demuestre esa responsabilidad. Ayer aquí, entre otras cosas, vimos un intento de dinamitar la mayoría progresista y plurinacional de esta Cámara. Ser progresista no solamente es proteger los derechos sociales, también es defender la democracia, y un espionaje masivo por motivos políticos no es democracia. Muchas gracias. .

  24. Iván Espinosa de los Monteros de Simón VOX

    Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ayer le dijo Macarena Olona que como abogado le veía flojito, pues yo le digo que como portavoz tampoco arenga usted a las masas. No sé cómo pretende ser el sucesor de Pedro Sánchez si no mejora un poco en la retórica. En cualquier caso, el aún Gobierno de Pedro Sánchez llega tarde; una vez más con medidas claramente insuficientes; una vez más con mecanismos de burocratización que condicionan — y mucho— la efectividad de las medidas; una vez más con múltiples aspectos que, en vez de sumar, restan, y una vez más empleando esa técnica legislativa que tanto le gusta a usted de la macedonia agria. Ustedes mezclan ingredientes que podríamos admitir con otros que son sencillamente inadmisibles, sometiendo a este Congreso a un chantaje que no vamos a aceptar. Ustedes ya eligieron socios, eligieron a los más radicales, ustedes eligieron a los ultras ―¡esos sí que son ultras!―, y usted personalmente rindió ante ellos el Estado de derecho. Ayer, para salvar este decreto, el Poder Legislativo les dio acceso a la Comisión de Secretos Oficiales siguiendo instrucciones suyas. Tenían ustedes una oportunidad para enderezar el rumbo de una política económica desnortada con este real decreto, pero una vez más han elegido ustedes la vía del sectarismo. Es cierto que el real decreto-ley incorpora algunas medidas urgentes que recogen lo que decíamos desde VOX, pero también lo es que dejan ustedes muchas otras medidas fuera y, sobre todo, introducen elementos muy contraproducentes y peligrosos para el crecimiento a largo plazo de la economía española. Lo que necesitan España y los españoles — los autónomos, los comerciantes, las pymes, los agricultores, los transportistas y la industria— es un giro en una política económica que nos lleva a la ruina. Lo que nos trae hoy el Gobierno, por el contrario, es un conjunto de medidas de naturaleza muy desigual, muy variada y diseñada sobre todo para exculpar al Gobierno. Ayer decía la señora Calviño que el Gobierno es consciente de la dureza de la situación que les ha tocado gestionar. Ustedes son conscientes de las dificultades que tienen ustedes, pero muy poco conscientes de las dificultades que tienen los españoles. . ¿Ustedes a qué se dedican? ¿Se dedican a salvar a los españoles de la ruina o se dedican a salvar a Pedro Sánchez? ¿Lo importante es sacar adelante nuestra economía o es sacar adelante su Gobierno, cueste lo que cueste, en momentos de evidente dificultad para ustedes? La agresividad y los nervios que mostraban ayer nos hace pensar que las encuestas son probablemente aún mejores para nosotros de lo que imaginábamos hasta ayer y peores para ustedes; y peores van a ser todavía como sigan con esta táctica. Ante cualquier problema real, ustedes siempre dan la misma solución, el triángulo mágico: todo es culpa de la ultraderecha o de Franco, es culpa del virus o es culpa de Putin. Nunca se responsabilizan de una situación que han creado ustedes. Ministro, ya el título de este real decreto llama a engaño: Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. ¿No se dan cuenta de que no engañan a nadie? No es Putin. La invasión de Ucrania arrancó el 24 febrero y en ese momento la inflación en España ya estaba en el 7,4 %, la economía española seguía sin recuperar el nivel de 2019 ―y así seguimos― y ya se había frenado la creación de empleo. Claro que la invasión de Ucrania tiene consecuencias económicas; por eso, hemos visto a muchos países adoptar medidas urgentes y sensatas, como Polonia, Italia, Irlanda, Alemania o Suecia, con su bajada histórica de impuestos a la gasolina, al gas y a productos básicos ―ministro, le propusimos que siguieran esa estela, pero ustedes siguen con su triángulo: Franco y la ultraderecha, virus, Putin―; o como Bélgica, que decidió prolongar la vida de sus centrales nucleares para garantizar su soberanía energética; o como Francia y Portugal, que optaron por ayudas dirigidas a compensar el incremento de los combustibles. ¿Y qué hacía el Gobierno de España entre tanto, señor ministro? Nada, absolutamente nada, porque durante semanas ustedes sostenían que España iba a ser uno de los países menos expuestos a las consecuencias de la guerra ―eso decía la ministra de Asuntos Económicos― y que el impacto sería muy limitado; y a todos los que reclamábamos medidas urgentes, ya fuera en este Congreso, ya fuera en la calle con movilizaciones, ustedes les llamaban ultraderecha. La gente no se va a olvidar de eso, señor ministro. Le repito lo mismo que dijimos durante el virus: además de tomar las medidas acertadas y de no tomar las desacertadas, hay que saber cómo aplicarlas. Pero ustedes han hecho todo al revés, como con las ayudas directas aprobadas, de las cuales el 35 % no se han llegado a ejecutar; o como con los fondos europeos, cuya ejecución es desoladora — yo no conozco a nadie a quien le hayan llegado—; o como con el ingreso mínimo vital, tan cacareado, que dos años después ha llegado apenas al 46 % del objetivo marcado, el 54 % no las ha recibido, pero — eso sí— ha logrado la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, como ya decía VOX; o como con este mismo real decreto, porque en cuanto entró en vigor las estaciones de servicio alertaron de los problemas de liquidez ocasionados por la manera en que ustedes lo querían ejecutar y 350 gasolineras tuvieron que cerrar porque no se podían permitir adelantar 20 000 o 30 000 euros por su forma de financiar. Y todo por no rectificar una política suicida de subir los impuestos en el peor momento. Durante la pandemia España fue el único país de la Unión Europea en subir los impuestos y ahora, con esta escalada de precios, el Gobierno está aprovechando para hacer caja con unos impuestos caídos del cielo que ahogan aún más a las clases medias españolas. Este real decreto-ley renuncia de manera expresa a afrontar las reformas estructurales de fondo que permitirían afianzar el crecimiento económico, crear empleo y mejorar nuestra productividad. Y lamentamos muy seriamente que sean ustedes los que no han apoyado las medidas de sentido común que ha venido proponiendo VOX en esta casa, como apoyar a las madres trabajadoras que tenían que seguir recibiendo su subvención en medio de los ERTE; o como bajar el tramo de IRPF y deflactar las tablas con la inflación más alta de los últimos treinta años; o como, por ejemplo, apoyar a los empresarios, a los autónomos y a los comerciantes para defender nuestra soberanía industrial, para defender nuestra soberanía energética, para defender la soberanía de este país, que ustedes van poco a poco minando todos los días. . Señor ministro, lo último que necesita España es un Gobierno que castigue a los españoles a convertirse en los únicos europeos que siguen sin recuperar su nivel de vida desde 2019. Le aseguro que cuando llegue el momento de las elecciones los españoles se van a hacer una pregunta muy sencilla, muy sencilla: ¿estamos mejor o peor que cuando llegaron los socialistas al poder? Y la respuesta, señor ministro, la sabe todo el mundo, o quizá todo el mundo menos ustedes. Muchas gracias. .

  25. Jaime Eduardo de Olano Vela PP

    Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. ¡Qué decepción, señor Bolaños! Una vez más ustedes decepcionan, no al Grupo Parlamentario Popular — que también—, sino que han decepcionado hoy a la inmensa mayoría de los españoles. Tuvieron ustedes una propuesta sensata y rigurosa del Partido Popular durante más de siete días y no se han dignado siquiera a analizar ni a negociar con nosotros una sola medida. . Todavía está tiempo, puede pedir usted ahora la palabra y comprometerse con el Partido Popular. De no hacerlo así, tenemos que entender que ustedes simplemente no han querido. Y todo parece que es así, que ustedes simplemente no han querido, porque hace tiempo que han elegido socios. Hoy no votamos solo un real decreto. Hoy asistimos al cambalache del señor Sánchez con los herederos de ETA: Bildu vota afirmativamente hoy el real decreto que trae usted aquí y Sánchez les permite acceder, nada más y nada menos, que a los secretos del Estado. Sánchez ha elegido a Bildu frente a los partidos constitucionalistas y esto, señor Bolaños, es muy peligroso y muy triste. No se puede proteger al Gobierno a costa de desproteger al Estado. Se lo repito: todavía están a tiempo. Pida la palabra. Si no lo hace, tendremos que entender que ustedes simplemente no tienen palabra. Pero el Partido Popular sí la tiene, el señor Feijóo sí tiene palabra. Señor Bolaños, nos ha pedido usted confianza, pero entenderá que con sus antecedentes no es fácil fiarse del señor Sánchez ni de ninguno de ustedes. Ustedes no quieren confianza, ustedes quieren sumisión. Primero, porque han hecho del engaño y de la mentira su modus operandi estos cuatro años, y ejemplos los hay a decenas. Nos pide que confiemos en ustedes cuando sus socios de gobierno no confían en ustedes; nos piden que confiemos en ustedes cuando sus socios de investidura tampoco confían en ustedes; nos piden que confiemos en Sánchez cuando nos ocultan información sobre la realidad económica de España para que no la conozcamos antes de este debate. Han convertido ustedes la acción de gobierno en un juego de trampas, engaños e incumplimientos y, si me permite la expresión, señor Bolaños, es todo tan cutre que resulta penoso. Señor Bolaños, ¿cuánto van a recortar el crecimiento económico en la revisión que van a enviar a Bruselas esta semana? ¿Cuánto va a subir la previsión de inflación? ¿Cuánto nos vamos a empobrecer los españoles? Nos piden que confiemos en ustedes mientras se saltan todos los consensos democráticos y todos los acuerdos entre los grandes partidos que han estado en vigor durante décadas en nuestro país. Y ahora afirman comprometerse a tramitar este real decreto como proyecto de ley, pero se niegan a garantizar que no bloquearán esa tramitación en la Mesa del Congreso, como vienen haciendo repetidamente, impidiendo así la tramitación que dicen aceptar. Como diría Jung: Eres lo que haces y no lo que dices que harás. A ustedes ya les conocemos, señor Bolaños, ustedes no son de fiar. . Hablan ustedes de diálogo, ¿pero qué medida han incorporado a este real decreto que haya sido propuesta por otra Administración pública, por otro grupo parlamentario o por alguno de los sectores afectados? Ninguna. No son ustedes de fiar y además son unos incompetentes en lo que a la gestión pública se refiere. Este real decreto es un claro ejemplo. El sector de las estaciones de servicio está que trina con el caótico e injusto sistema de bonificación de los combustibles que ustedes han diseñado, y usted hoy aquí estaba presumiendo de eso, señor Bolaños. Los propietarios particulares están indignados por su intervencionismo en el mercado del alquiler de viviendas que, además, no está resultando útil para bajar los precios. Hablaba usted del precio de la luz y yo le pregunto: ¿quién va a pagar la compensación por subvencionar el precio del gas? ¿Nos puede garantizar, señor Bolaños, que los consumidores españoles, las familias y las empresas no vamos a subvencionar la energía eléctrica a nuestros vecinos franceses? ¿Puede hacerlo, señor Bolaños? Y así un larguísimo etcétera con este real decreto. Es un real decreto que, como le decía, es una decepción, una nueva decepción, porque, lejos de dar solución a los problemas por subidas de precios como no habían ocurrido antes en cuarenta años y que empobrecen a todos los españoles, lo que hacen ustedes es aplicar unas medidas paliativas de los efectos de sus políticas económicas. Dicho de otra forma, este real decreto es un parche para tapar sus errores y su incompetencia en la gestión, lo cual no es nuevo tratándose del PSOE pero no por ello deja de ser igualmente peligroso. Estamos ante un conjunto de medidas que, a juicio de los expertos, ya sea Funcas o el Banco de España, son absolutamente insuficientes; y la inflación, señor Bolaños, está en el 8,4 %. Yo les pediría que se dejen ayudar. Déjense ayudar, no sean arrogantes. Cuentan ustedes con una alternativa sensata, equilibrada y con medidas de efecto inmediato en las nóminas y en las pensiones; y, lo que es más importante, una alternativa justa con el esfuerzo que están haciendo los españoles. Si particulares y empresas se tienen que apretar el cinturón, ¿qué menos que el Gobierno haga el mismo esfuerzo? El plan del Partido Popular propone medidas de estímulo a la actividad económica, medidas que atacan las causas de la subida de los precios y medidas que además servirán para ayudar al 80 % de las familias y a la totalidad de los pensionistas. A diferencia de su real decreto, con nuestro plan no se aumenta la deuda pública y, por lo tanto, no se traslada el problema a nuestros hijos y nietos, como decía la señora Calviño en un inusual ataque de sinceridad. Señor Bolaños, hablaba usted de los más vulnerables. Acostumbran a presentarse como los paladines de la defensa de los más vulnerables, cuando la realidad es que con sus políticas económicas han convertido en vulnerables a casi todos los españoles a los que han precarizado como no ocurría antes en cuarenta años. Este es el verdadero drama, señor Bolaños. Y, en esta ocasión, al financiar este real decreto únicamente contra deuda no solo convierten en vulnerables a los españoles de hoy, sino que van a convertir en vulnerables a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es la realidad, señor Bolaños, así que no presuma de proteger a los vulnerables porque ustedes a los más vulnerables no los protegen, los multiplican. Con la deflactación del IRPF lo que proponemos es devolver a las familias un sobreimpuesto. No pedimos que se reduzcan los ingresos previstos, pedimos que el exceso de recaudación no provoque empobrecimiento de familias, especialmente de aquellas con rentas bajas o medias. Y claro que hay margen, señor Bolaños. La AIReF lo estima en 2000 millones de euros de recaudación extra por cada punto que sube la inflación, y estamos en el 8,4 %, señor Bolaños. ¿Le parece razonable que, mientras los españoles nos empobrecemos un 10 %, el Gobierno se enriquezca un 15 %? ¿Gobiernan ustedes para que los españoles vivan mejor o para tener ustedes más dinero para gastar — o quizá, mejor dicho, para malgastar—? Ustedes, que dicen ser enemigos de los beneficios caídos del cielo cuando se trata de las empresas, son en cambio muy partidarios de los ingresos llegados del infierno, del infierno fiscal que sufren los españoles por las subidas de precios y por las subidas de los impuestos. . Pedimos racionalizar el gasto público y nos dicen que esto afectaría a la sanidad y a la educación. Y yo le pregunto, señor Bolaños, ¿en que afectaría a los servicios públicos la supresión del Ministerio de Consumo o el de Universidades? Y lo mismo con el resto del gasto improductivo, que algunos cifran en decenas de miles de millones de euros. Lo que proponemos es justo y razonable y no solo lo pide el Partido Popular, lo pide también el Fondo Monetario Internacional, la AIReF o el Banco de España. No pedimos una rebaja de impuestos general, pero sí una rebaja de impuestos selectiva, inmediata y temporal a los más afectados. Pedimos mejoras en la gestión de los fondos europeos, racionalización y mayor eficiencia en el gasto público, así como un plan de consolidación fiscal creíble y, por supuesto, reformas que hagan impulsar nuestra economía.

  26. Jaime Eduardo de Olano Vela PP

    Termino ya, señora presidenta. Es el Gobierno el que dice que no a todas nuestras propuestas, a las del Partido Popular y a las de la sociedad civil. Es Sánchez el que dice una vez más «no es no» y así, señor Bolaños, entenderá que es muy difícil entenderse. Muchas gracias. .

  27. Pedro Casares Hontañón PSOE

    Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministro Bolaños. Buenos días, señorías. Señor Bal, ¿para qué quiere que esperemos a mañana si puede aprobar hoy en esta Cámara las medidas que ya están disfrutando los españoles en este país? . ¡Qué oportunidad perdida otra vez, señorías de Ciudadanos! Señor Espinosa de los Monteros, le he visto muy preocupado por cuando los españoles vayan a votar en las urnas y ¿sabe qué le digo? Que sí, que los españoles recordarán en las urnas que ustedes no han estado en ninguno de los momentos importantes para apoyar a los españoles y a las españolas. . Señor De Olano, hoy sí solo votamos un real decreto-ley para ayudar a los sectores más castigados por la guerra de Ucrania. . ¡Dejen de engañar a la ciudadanía! Y, por cierto, ustedes, que se creen tan dignos de estar en la Comisión de Secretos Oficiales, ¿de verdad lo creen cuando hoy sabemos que son un partido que ha saqueado a este país incluso en los peores momentos de la pandemia con comisiones indignantes, señorías del Partido Popular? . ¿De verdad se creen más dignos de estar en la Comisión de Secretos Oficiales? ¿De verdad? ¿De verdad? Ese es su problema, señorías del Partido Popular. ¡Ese es su problema! .

  28. Pedro Casares Hontañón PSOE

    Hoy, señorías… . ¡Sí, señorías!

  29. Pedro Casares Hontañón PSOE

    Sí, qué vergüenza, señorías…

  30. Pedro Casares Hontañón PSOE

    Gracias, presidenta. Señorías, hoy debatimos la convalidación de un real decreto de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, medidas que merecerían el apoyo unánime de las 350 diputadas y diputados de esta Cámara. Hoy no deberían estar ustedes pensando en ningún otro interés que proteger, defender y ayudar a nuestros compatriotas y a nuestra economía, pero, lamentablemente, esto no será así. Y sí, señorías, estamos ante los efectos de una guerra. Se lo recuerdo porque ninguno de ustedes ha hablado hoy de que estamos ante una guerra que ha dejado ya más de cinco millones de personas desplazadas que han huido del horror y de la destrucción de sus ciudades y hogares, a los que se les ha roto su vida; una guerra que se está produciendo a las puertas de la Unión Europea y con consecuencias directas en todo el mundo. Y ante esto, señorías, no caben distracciones. Ante un plan de respuesta que busca mitigar los efectos de esa guerra y ayudar a las empresas, a los autónomos, a la ciudadanía, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, no cabe ninguna excusa, y este plan nacional responde a eso. En este contexto, hace falta unidad de todas las fuerzas políticas pensando en quienes están fuera de estas paredes y necesitan que actuemos para que toda la política esté al servicio del interés general. Esto es lo que estamos decidiendo hoy con nuestros votos, que no es más que defender a nuestro país, pero, sobre todo, a los españoles que nos necesitan, que tienen dificultades para pagar el recibo de la luz, que tienen dificultades cuando van a un supermercado o para muchas de esas empresas que han visto cómo subían sus costes. Y en esta situación tan difícil, señorías, el Gobierno no puede resolverlo todo, pero los españoles sí deben tener la certeza de que este Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para dar una respuesta aquí y en Europa a las consecuencias de la guerra. De ahí este plan nacional de respuesta a la guerra que hemos hablado y dialogado con muchas formaciones políticas y también con los agentes sociales y económicos. Señorías, es importante que se sepa a qué están votando no las señorías que hoy decidan hacerlo en esta Cámara. Porque cada vez que uno de ustedes vote no después en esta Cámara, estará votando no a la rebaja de 20 céntimos por cada litro de combustible; estará votando no a extender a 600 000 familias más el bono social eléctrico, llegando a 1,9 millones de hogares en este país; estará votando no a la prórroga de la rebaja impositiva de un 60 % en el recibo de la luz; estará votando no a los avales para las empresas y a los autónomos de este país por valor de 10 000 millones de euros; estará votando no a subir el ingreso mínimo vital en un 15 %, que llega ya a un millón de personas en este país; estará votando no a destinar 430 millones de euros en ayudas directas a nuestros ganaderos, agricultores y pescadores; estará votando no a ayudas al sector del transporte, a los transportistas, a los conductores de ambulancia, a los conductores de autobús y a los taxistas de este país. Es a toda esa gente a la que hoy, con su voto, estarán diciendo no, señorías del Partido Popular, de Ciudadanos y de VOX. . Estarán diciendo no a quienes se levantan cada día para abrir las persianas de sus establecimientos, a quienes arrancan cada día el motor de su automóvil a quienes encienden la luz de sus empresas y de sus hogares, a quienes se desviven en el campo andaluz, extremeño y español. Es a toda esa gente a la que están diciendo que no, señorías del Partido Popular, eso es lo que harán hoy en esta sesión del Congreso de los Diputados. . Sí, señorías, eso es lo que estarán haciendo. Y en estas circunstancias, ¿qué propone el Partido Popular? Bajar impuestos, reducir la deuda, reducir el déficit… .

  31. Pedro Casares Hontañón PSOE

    ..., aumentar las ayudas, no tocar los servicios públicos… Todo esto a la vez, señorías del Partido Popular, y encima se ríen de los españoles con sus propuestas. . Pero ¿qué hizo el Partido Popular? ¿Qué hizo el Partido Popular cuando gobernaba este país? Todo lo contrario: subieron todos los impuestos, recortaron los servicios públicos, la educación, la dependencia, las políticas sociales, las pensiones, recortaron servicios a la gente que más necesitaba a la política. . Eso es lo que hizo el Partido Popular, esa es la realidad, y ahora les decimos que no. Por cierto, no vamos a permitir que vuelvan a recortar las pensiones, por eso ya es ley en este país que se actualicen con el IPC y con el coste de la vida para que nunca más los pensionistas paguen las políticas del Partido Popular. Eso es lo que está votando esta Cámara, eso es lo que los españoles tienen que saber. Por eso les digo, señorías, que se lo piensen, todavía están a tiempo, no vuelvan a fallar a España, de eso se trata, no vuelvan a fallarles. Piénsenlo, señorías del Partido Popular, y voten por los españoles. Muchas gracias. .

  32. Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

    Muchas gracias, presidenta. Intervengo para la defensa de aquellas enmiendas de nuestro grupo que no han sido aprobadas o transaccionadas en ponencia y en Comisión y que han supuesto que no hayamos podido dar, al menos por el momento, nuestro apoyo a la iniciativa proveniente del Gobierno, aunque tampoco hemos manifestado el rechazo a la misma porque, en honor a la verdad, a nuestro juicio se han realizado algunos avances, aunque no del todo suficientes, al menos por el momento. Señorías, de manera breve, expongo a su consideración nuestras observaciones aún pendientes. Dos de estas enmiendas — la 7 y la 11— pretenden introducir cláusulas de salvaguarda. La primera, a las agencias de protección de datos autonómicas y a los datos de carácter personal que les compete proteger en relación con los tratados por sus sectores públicos. . La segunda cláusula de salvaguarda se refiere a la adicional 20, a las competencias estatutarias de las comunidades autónomas respecto a la protección de la seguridad de la vida en el mar en aguas territoriales correspondientes a su litoral, a través de la prestación de servicios de telecomunicación a tal fin y a los de Salvamento Marítimo, a tenor de lo señalado en la Sentencia 40/1998, fundamentos jurídicos 46 y siguientes. Por otro lado, en relación con la enmienda número 8 a la adicional undécima, reclamamos la sustitución de un informe preceptivo ministerial por una previa comunicación de la comunidad autónoma cuando pretendan imponer a los operadores nuevas obligaciones de servicio público por razón de la ejecución de sus políticas públicas, algo mucho más adecuado al principio institucional autonómico y a los instrumentos de colaboración en él articulados. Por su parte, la enmienda número 10 se refiere a la adicional decimoséptima sobre los estímulos de las administraciones autonómicas y locales al despliegue de la banda ancha en sus territorios allá donde no llegue la iniciativa privada. En esta enmienda señalamos que esa actividad de fomento público de las administraciones autonómicas o locales no puede venir mediatizada por una función coordinadora del Estado, que es de dirección y control. Por último, señorías, sostenemos unas propuestas de modificación del Decreto Ley 12/2018, de Seguridad de las Redes y Sistemas de la Información, a través de las enmiendas 13 a 24 al decreto ley que traspone la Directiva NIS. Estas enmiendas coinciden con las presentadas durante la tramitación de este decreto ley como proyecto de ley, pero que no se pudieron debatir por la disolución anticipada de la Cámara. Ahora las volvemos a presentar como disposiciones finales. Resumidamente, señorías, en esa directiva y decreto ley se imponen obligaciones de seguridad para los operadores de redes y sistemas de la información asociados a la prestación de servicios esenciales, entre los que se encuentra la actividad de todas las administraciones públicas, sin excepción alguna, y de todos los subsectores públicos. Pero no solo se imponen obligaciones de seguridad a estas redes y sistemas de información asociados a servicios públicos de las administraciones públicas — que lo podemos comprender, pues en buena parte derivan de la Directiva de Seguridad NIS—, sino que también se determina, para concretar esas medidas, vigilar su cumplimiento, realizar inspecciones de la red y sistemas de información y responder ante incidentes e imponer sanciones, por ejemplo, a la Administración autonómica incumplidora. Se establece como autoridad competente y equipos de respuesta de referencia ante incidentes a la Secretaría de Estado de Seguridad y al CNI, a través del Centro Criptológico Nacional. Es decir, señorías, que las redes y sistemas de cualquier comunidad autónoma y subsector público quedan bajo la supervisión directa, la inspección y la sanción de la Secretaría de Estado de Seguridad o del CNI, lo cual entendemos que no es acorde con el principio de autonomía institucional. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2018 falló a favor de Cataluña, señalando que es a su agencia catalana de ciberseguridad a quien corresponde, previniendo y reaccionando ante incidentes, proteger la seguridad de sus redes, sistemas y comunicaciones electrónicas, y de los particulares y otras administraciones públicas que se relacionen por medios electrónicos con la Generalitat. Pero esta intervención de la Secretaría de Estado de Seguridad y del CNI en las redes y sistemas de información de las comunidades autónomas entendemos que tampoco se justifica en la recepción de la Directiva NIS. Tampoco consideramos que es proporcionada para la protección de esas redes de comunicación y sistemas de información de las comunidades autónomas ni tampoco esta regulación es congruente con el esquema institucional dispuesto para la protección institucional de las infraestructuras críticas que se dice tomar como modelo por este decreto ley, que sí otorga un papel activo a las comunidades autónomas en relación con la competencia sectorial correspondiente y con sus competencias en seguridad y orden público. En fin, señorías — y voy finalizando—, no vemos justificación constitucional ni de otra índole para que la Secretaría de Estado de Seguridad o el CNI, a través del Centro Criptológico Nacional, se hagan cargo de la protección de las redes y sistemas de información de las comunidades autónomas y sus sectores públicos. El Centro Criptológico Nacional, por si alguien tuviera alguna duda, es el CNI mismo y comparte con él medios, procedimientos, normativa, recursos y personal, según establece el artículo 2 de su decreto de creación. Un CNI para el que todo es secreto, con actuaciones opacas para los demás y, en ocasiones, con fuertes indicios de afección ilícita a derechos fundamentales y al que precisamente se le encarga la seguridad de redes y sistemas de información de Cataluña, por ejemplo. ¿Y por qué no, ya de paso, dar medios, oportunidad y motivos para acceder a los datos que por ellos circulan — y finalizo, presidente— sin necesidad de habilitación judicial, con solo la aplicación de este decreto ley? Señorías, no quiero, pero no puedo evitarlo, que me venga a la cabeza ―además de por lo que conocemos estos días y de que llueve sobre mojado— aquello de meter al zorro en el gallinero. Señorías, confiamos en que den apoyo a nuestras iniciativas. Muchas gracias.

  33. María Muñoz Vidal Cs

    Presidente, señorías, debatimos hoy el proyecto de ley general de las telecomunicaciones, después de que anteayer se aprobara en Comisión el informe de la ponencia y las enmiendas acordadas. Es turno ahora de votar las que han quedado vivas, que Ciudadanos da por defendidas. En términos generales, los liberales valoramos positivamente el texto que ha surgido de la Comisión de Asuntos Económicos, al que hemos incorporado una batería de enmiendas que, en nuestra opinión, mejoran el texto. Son enmiendas guiadas por nuestros tres principios fundamentales, que son la igualdad de todos los españoles, el buen funcionamiento del mercado y la innovación y el futuro. Y con esta motivación, presentamos treinta y seis enmiendas para mejorar el texto original del Gobierno, de las cuales hemos conseguido que se aceptaran tres de ellas y se transaccionaran otras trece. En definitiva, dieciséis enmiendas que aportan nuestro sello liberal a esta ley. Gracias a Ciudadanos, la ley definirá de forma más adecuada lo que son pequeñas empresas y microempresas, para asegurar así que todas las empresas españolas puedan beneficiarse de forma más sencilla de las provisiones de esta ley y evitar que sus necesidades queden encalladas en un limbo burocrático. Además, la ley mencionará expresamente el teletrabajo como uno de los objetivos fundamentales a facilitar mediante la extensión de las telecomunicaciones. El teletrabajo, señorías, llegó para quedarse en la pandemia y ya es un potencial que tiene nuestra economía y nuestra sociedad. Esta mención específica ofrecerá más flexibilidad a empresas y a trabajadores, permitirá desarrollar proyectos personales y profesionales de forma más adecuada y también una mejor conciliación de las familias. Además, el teletrabajo supone una oportunidad para cerrar la brecha entre zonas urbanas y zonas rurales, permitiendo que profesionales cualificados se instalen en partes de España que ofrecen una buena o inmejorable calidad de vida, creen riqueza, empleo y luchen a la vez contra la despoblación. Gracias a los liberales, esta ley encomienda a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el seguimiento de la calidad de conexión que se oferta en las zonas rurales y que se compare con la que se ofrece en las ciudades más grandes. De esta manera, se podrá cuantificar la brecha digital y establecer todas las medidas necesarias para reducirla, evitando que la calidad del servicio de Internet que reciben los ciudadanos no dependa de dónde residan. Gracias a Ciudadanos se reducen los plazos administrativos para resolver las solicitudes de ocupación por parte de los operadores, es decir, hemos hecho más fácil el proceso de decisión para evitar que las empresas españolas que hacen posible el despliegue de las redes como el 5G se vean obligadas a esperar indefinidamente por la lentitud de la Administración. A este respecto, hemos conseguido crear una ventanilla única de solicitudes. Por fin podremos decir que la burocracia ha llegado a su fin. Gracias a Ciudadanos, esta ley, además, defenderá la libertad en mayúsculas y, en concreto, la privacidad de la información y de los datos personales. Porque el texto original contemplaba la posibilidad de que la Administración pudiera requerir a las empresas sus algoritmos de cifrado, lo que hubiera supuesto un gran riesgo tanto para la libertad de empresa y su propiedad intelectual como también para la privacidad de la información y los datos de los usuarios. Sin embargo, gracias a nuestra enmienda, la Administración solo podrá requerir a las empresas la obtención de estos algoritmos de cifrado en los casos en los que esté en grave riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública o en los casos de persecución de delitos. Por último, también hemos conseguido algo más simbólico pero igualmente importante y que, además, nos hace caer en la nostalgia a algunos. Esta ley acababa definitivamente con las cabinas telefónicas que han poblado durante décadas nuestros pueblos y ciudades. Existía el riesgo de que esta infraestructura se convirtiera con esta ley en un resquicio abandonado, que se deteriorara e incluso que supusiera un gran problema de seguridad. Para evitarlo, hemos introducido una disposición adicional a la ley que fomenta que las cabinas telefónicas desperdigadas por la geografía española se conviertan en puntos públicos de acceso a wifi y de envío y recogida de paquetería. En definitiva, esta ley no es perfecta y podría haber sido mucho mejor si se hubieran aceptado todas las enmiendas propuestas por nuestro grupo parlamentario, como por ejemplo, la bonificación fiscal del cien por cien del impuesto a las telecomunicaciones a aquellas empresas españolas dedicadas al despliegue de las redes 5G, que sin duda hubiera supuesto un impulso mucho mayor a este despliegue. Sin embargo, hemos hecho un gran trabajo para defender los intereses de las empresas y de los ciudadanos españoles en esta negociación con otros grupos y con el Gobierno y creemos que ese esfuerzo ha dado sus frutos. La ley general de telecomunicaciones, señorías, llevará un claro sello naranja, un sello liberal, y es otro ejemplo más de la política útil de los liberales españoles. Una política que seguiremos llevando a cabo con el interés general de la ciudadanía siempre en mente y también con los principios bien claros de igualdad de todos los españoles, de fomento de la innovación y de eliminación de cuellos de botella burocráticos. Muchas gracias. .

  34. Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

    Moltes gràcies, president. Algunos, desde que llegamos aquí, siempre tenemos presente con quién es nuestra lealtad. Y nuestra lealtad no es ni con Pedro Sánchez ni con el Gobierno, nuestra lealtad es con los ciudadanos que nos hicieron llegar a este Congreso. Por eso, nosotros votaremos a favor del decreto anterior y entendemos las razones de todo el mundo, de todo el mundo. Pero entendemos también que, por encima de todos, están los intereses de las personas a las que Compromís quiere representar. Y por tanto, si una persona esta tarde tenía que ir a la gasolinera y pagar la gasolina más cara, si una persona tenía que pagar más por la luz, si una persona no podía tener las ayudas, nosotros anteponemos esto a cualquier otra consideración. En cuanto a esta ley, quiero agradecer a todos los grupos ―y cuando digo a todos es a todos― el apoyo que han dado a las enmiendas de Compromís y, especialmente, a Joan Capdevila y a Pedro Casares por su buena disposición para acordar las enmiendas transaccionales. Creemos, humildemente pero también sinceramente, que nuestras enmiendas mejoran el texto en la medida en que apuestan por dos cuestiones fundamentales, primera, garantizar que muchos servicios Smart City, ofrecidos a través de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, sean gratuitos para las administraciones, para los ayuntamientos y para los ciudadanos. Creo que es un tema absolutamente fundamental por el que valía la pena pelear; gràcies, Joan. Y, además, que todos esos servicios que pueden estar vinculados a la mejora del medio ambiente, de la salud, de la seguridad pública, de la protección civil, o que contribuyan a la sostenibilidad logística urbana puedan ser facilitados con más agilidad por las administraciones y los ayuntamientos, que son los titulares del dominio público para desplegar estas redes y estas instalaciones tanto en áreas urbanas como, sobre todo, en las áreas rurales. Acabo con una referencia. Señor Bal, últimamente Ciudadanos habla mucho de las nucleares. Mire, el año pasado el ministerio aprobó la autorización hasta el año 2030 de la central nuclear de Cofrentes, una central que empezó a funcionar en el año 1984 y que estaba previsto que funcionara veinticinco años. Llevamos ya treinta y ocho y, por tanto, es una central vieja y deteriorada. Desde el día que el Gobierno autorizó esa ampliación para esta central llevamos cuatro paradas no programadas, las tres últimas en el último mes y medio. La última fue el lunes, por un escape de agua altamente radiactiva al pozo seco de la central. Por eso, antes de que tengamos que lamentar algún accidente más peligroso, este Gobierno debería investigar a fondo si existe posibilidad de un accidente y replantearse, de una vez por todas, el cierre definitivo de la central nuclear de Cofrentes. Moltes grácies.

  35. Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Gracias, presidente, vicepresidenta, señorías. Ya no huele a sangre y como no huele a sangre, pues ya hemos recuperado la normalidad en esta Cámara. Paradójicamente, en el anterior decreto ley ―que es donde se discutían medidas que afectaban directamente a los ciudadanos, a sus bolsillos y al sector productivo― esto parecía una situación de ebullición y todo el mundo castigaba al Gobierno. Ahora recuperamos la calma. Estamos ante una ley donde la mayoría hemos transaccionado enmiendas y donde seguramente va a haber pocos votos en contra. Nosotros hemos transaccionado diez enmiendas, señora vicepresidenta. Nos han incorporado en Ponencia dos más. No es lo que queríamos, porque entendíamos que todavía se debía proteger algo más las competencias en el ámbito municipal, entendiendo la necesidad de ser ágiles en el despliegue de algunas de las redes pero, en todo caso, agradecemos el trabajo de los diferentes grupos parlamentarios. Aunque no sea con nuestro voto afirmativo, esta ley se va a aprobar hoy y nosotros lo valoramos positivamente. Vamos a ver cómo evolucionan los demás reales decretos leyes que tenemos hoy y las otras leyes, porque si se trata de castigar al Gobierno porque no responde, nosotros lo vamos a hacer, no tenga ninguna duda, pero vamos a identificar claramente las iniciativas legislativas al caso, las que tengan menos impacto en el bolsillo y en las cuentas de resultados de las pymes, de los autónomos y de los ciudadanos en general. Muchísimas gracias.

  36. Joan Capdevila i Esteve ERC-S

    Buenos días, presidente. Bon dia a tothom. Finaliza hoy, con esta votación, el primer trámite de la Ley General de Telecomunicaciones. Nuestro agradecimiento y reconocimiento al buen tono de los equipos negociadores de la Mesa de la Comisión y de su presidente, así como la simpatía, la eficiencia y la capacidad inagotable de trabajo de la letrada y de su equipo. A nadie se le escapa que el futuro, más allá de una frase hecha, es digital, y cómo gestionemos las bases de ese cambio disruptivo será esencial para un futuro que ya está aquí. De ello depende cómo vamos a ser capaces de gestionar el despliegue de tal cantidad de operadores a lo largo y ancho del territorio; de ello depende cómo seremos capaces de no crear nuevas brechas de desigualdad entre los que tienen acceso a las nuevas tecnologías y los que no; de ello depende también la conectividad de miles de pymes y de trabajadores autónomos, y de ello depende en parte el resultado de esta ley. Ante tal importancia, Esquerra presentó un total de 64 trabajadas enmiendas que, para no abusar de su paciencia ni de la paciencia de la Presidencia, resumimos en tres grandes grupos. Aunque en primer lugar no puedo evitar suscribir ipsis litteris la intervención del señor Legarda. Les perseguirá durante años. A nadie le extrañará que nuestro grupo parlamentario entendiera como esencial garantizar y reforzar las competencias territoriales de comunidades autónomas y ayuntamientos. Saben de sobra que nos creemos como pocos aquello que para algunos es ciencia ficción y que llamamos principio de subsidiariedad. En especial, queremos destacar todas aquellas enmiendas cuyo objetivo era otorgar más competencias a los ayuntamientos, porque estamos convencidos de que las entidades locales deben jugar un papel esencial en el despliegue ordenado de las infraestructuras y redes de comunicaciones electrónicas dando espacio y recorrido, por ejemplo, al concepto de cabina telefónica del siglo XXI, como se recoge en la transacción de la enmienda número 2 del señor Baldoví, que aplaudimos con entusiasmo. Mediante enmiendas a este ley hemos creído prioritario poner fin a un problema que afecta a muchísimos ayuntamientos, como el que supone que miles de cables de fibra óptica y de comunicaciones se acumulen sin criterio y sin sentido en las fachadas de los edificios, con la consecuente molestia para el vecindario que esto provoca, como han denunciado nuestros compañeros de Esquerra en el Ajuntament de Barcelona, entre otros muchos. Presentamos otros grupos de enmiendas con el objetivo de garantizar el servicio público audiovisual, y aquí hemos fracasado. Sistemáticamente se ha negado a las comunidades autónomas su capacidad de planificar, de gestionar parte del espectro, y sistemáticamente nosotros no nos cansamos de persistir y defender que a cada espacio lingüístico le pertenece una franja de espectro de su territorio. Respetar eso significa respetar la pluralidad cultural y lingüística del Estado, y eso es imposible ante el ministerio de una de las ministras más jacobinistas de la historia reciente. Sigue siendo una norma recentralizadora y no podemos votar afirmativamente. Permítanme en este punto una licencia que, aunque suene a poesía lírica, vale la pena recordar. El objetivo prioritario de esta ley debería ser optimizar el uso de un bien público limitado, como es el espectro radioeléctrico, cuyo titular último no es ni más ni menos que la ciudadanía a la que estos señores y señoras representan, no a las empresas del sector de las telecomunicaciones. Solo si interiorizamos esta idea básica seremos capaces de entender que son los derechos de estos ciudadanos, el interés general, el principal capital a respetar y proteger. Por último, aunque no por ello menos importante puesto que ha sido el bloque donde más hemos podido avanzar, quiero hacer referencia a los derechos de las personas consumidoras en materia de telecomunicaciones. No sin esfuerzo hemos conseguido convencerles y nos tenemos que congratular de haber podido introducir una enmienda para que se reconozca por ley ―aunque con demora, pero se reconocerá― el derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas, salvo consentimiento previo del consumidor. . Por otro lado, también hemos avanzado en la protección de derechos lingüísticos de las personas consumidoras y su derecho a ser atendidas siempre en el idioma oficial que corresponda: enmiendas 157, 161 y 169. Hemos contribuido también al derecho de los consumidores a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación especial y el deber de los operadores a contar con servicios de atención al cliente de forma telefónica para garantizar en todo momento una atención personal directa. No obstante, nos hemos quedado lejos de recuperar el derecho que la actual ley de comunicaciones ya prevé en su artículo 47.1: el derecho a la continuidad del servicio y el derecho a obtener una compensación automática por su interrupción. Es una enmienda que considerábamos básica en muchas zonas rurales donde el plazo de resolución de las averías telefónicas y de Internet puede demorarse muchos días. Por ello, hemos introducido ―y termino― el derecho a un tiempo de reparación de averías inferior a 48 horas, donde no han querido ustedes avanzar. Por todo ello, por sus luces y sus sombras, solo nos vemos satisfechos para pasar del no a la abstención. Nos vemos en el Senado. Gracias.

  37. Mario Cortés Carballo PP

    Buenos días a todos. La última Ley General de Telecomunicaciones se aprobó en el año 2014; una ley que propuso el Partido Popular y que se aprobó con los votos afirmativos del Grupo CiU, entonces, y del Partido Socialista, con la abstención habitual del PNV y con los votos en contra de la izquierda de la época. Los hábitos y la tecnología han cambiado drásticamente en estos ocho años. Ahora las plataformas de entretenimiento han sustituido prácticamente a la televisión convencional, el teletrabajo se ha generalizado, las televisiones son ahora smart 8K, las relaciones con la Administración, con los bancos, las compras o los viajes las hacemos ahora por Internet, y el teléfono móvil se ha convertido en la herramienta básica para relacionarse, trabajar o entretenerse. Sin embargo, esto no es una realidad para los españoles que viven en la España despoblada, porque aún no disponen de las infraestructuras básicas necesarias para estos servicios de los que sí disponemos el resto de españoles. Una de las razones fundamentales para que no haya llegado la fibra óptica y, por tanto, estos servicios al mundo rural, la encontramos en la excesiva burocracia y en las trabas administrativas. Para llevar la fibra óptica a un pueblo del mundo rural hay que pasar por una carretera comarcal, una carretera autonómica, una carretera nacional, una cuenca hidrográfica, una finca privada, y para cada uno de esos pasos hace falta un permiso que, en muchos casos, llegan a tardar dos años; dos años para poder tener los permisos para empezar a ejecutar un trazado de fibra óptica, simplemente, por la burocracia y por la falta de agilidad de la Administración. Señorías, cuando deberíamos estar aquí trabajando para ver cómo agilizar y cómo simplificar todo esto con la aplicación de esta nueva ley, pues no. Acabamos de escuchar a algunos grupos que están fuera de la realidad. Dicen defender el mundo rural, la transformación digital del país, el impulso a la España despoblada, pero es ahora, con esta ley, con estas medidas, cuando es necesario ver ese apoyo. Sin embargo, solo les preocupan las competencias para sus comunidades autónomas y su sectaria ideología, la que he escuchado antes en sus posicionamientos de voto. Esta ley tiene como principal objetivo simplificar, agilizar, eliminar trabas, como dice la propia directiva: facilitar la inversión en infraestructuras de telecomunicación. Porque esta ley contempla, por ejemplo, cosas tan importantes como la cooperación entre el sector público y privado para desplegar la red sobre infraestructuras públicas, acceso a las canalizaciones municipales, acceso a la electricidad, el uso del mobiliario urbano, todo ello esencial para poder llevar la banda ancha o dar un empuje al despliegue 5G y, por tanto, a servicios tan necesarios que va a soportar esta tecnología como puede ser el coche conectado, la telemedicina, la teleasistencia a personas mayores, una mayor seguridad o la industria 4.0. El Partido Popular ha propuesto múltiples pactos de Estado al Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de estos años. Nunca se ha aceptado ni una sola de nuestras propuestas; la última la acabamos de ver con el plan económico de Feijóo para luchar contra la inflación. Y hoy, aunque con cuatro años de retraso por una dejadez incomprensible en trasponer esta directiva europea, hasta el punto de que la propia Comisión nos ha denunciado al Tribunal de Justicia Europeo para que nos impongan sanciones por este retraso, los españoles estamos de enhorabuena. Quiero anunciar que el Gobierno se ha sentado a negociar las propuestas con el Partido Popular. El resultado de esa negociación ha sido satisfactorio en dos vertientes. Por un lado ―lo acabamos de escuchar y si cabe es la más importante―, hemos conseguido que el Gobierno no acepte las enmiendas de los socios radicales; enmiendas que solo buscaban destrozar el texto original con más y más burocracia, más y más trabas, con la excusa de la defensa de las autonomías en su delirio nacionalista. Y créanme si les digo que no ha sido fácil. Y por otro lado, en la otra vertiente, hemos introducido mejoras que agilizan los despliegues, sobre todo en el mundo rural y en la España despoblada, mediante la eliminación de la burocracia acortando plazos y con la creación de una comisión interministerial para eliminar cuellos de botella y trabas. Además, hemos acordado la urgente creación, en un plazo de tres meses, del punto de gestión único, una herramienta de cooperación para la ordenación de los despliegues de forma ágil y transparente. Asimismo, hemos podido garantizar la seguridad y la calidad técnica de los despliegues, potenciando los proyectos de telecomunicación. También se garantiza la igualdad de competencia entre empresas españolas, por parte de la CNMC, cambiando los plazos para hacer la revisión de un mercado que cambia constantemente con la incorporación de los nuevos servicios digitales que introducen los gigantes tecnológicos globales. Hemos acordado ―es algo muy importante y esperado― ampliar a 30 megabytes por segundo la velocidad mínima de acceso a Internet, garantizando así un servicio de calidad que permite el acceso a plataformas de entretenimiento, intercambio de vídeo y todas las funcionalidades necesarias para el mundo empresarial. Otro gran avance para el mundo rural. He dejado para el final los avances que hemos introducido en materia de ampliación de derechos para las personas con discapacidad en los servicios de telecomunicación. La discapacidad nos atañe a todos, nos afecta a todos y nos afectará a todos. Al menos, en los últimos quince años de nuestra vida vamos a vivir todos con algún tipo de discapacidad, ya sea auditiva, visual o de reducción de la movilidad. Esto es un hecho para estar, si cabe, más sensibilizado y garantizar los servicios de telecomunicación de manera universal. Aún hemos dejado vivas algunas enmiendas que completan el texto y que doy por defendidas. Esperando el apoyo a esas enmiendas, quiero anunciar que nuestro grupo votará sí a la ley de telecomunicaciones, una ley fruto del consenso entre los dos partidos principales de España. Hoy damos un impulso decidido a la España rural y despoblada, que mejorará sus oportunidades de futuro al disponer de una herramienta legislativa que agilizará y permitirá aprovechar eficazmente los fondos europeos para llevar la fibra óptica y el 5G a todos los rincones del país. Sin embargo, el Gobierno socialista ―lo hemos visto en la desafortunada intervención del portavoz del Grupo Socialista― debe recapacitar y alejarse del sectarismo ideológico y de la soberbia, y aceptar la ayuda del Partido Popular en forma de propuesta. Es un contexto económico y geopolítico difícil, y la verdad es que ustedes deberían dejarse ayudar. Aún siguen perdidos con los fondos europeos de reconstrucción, con una ejecución penosa, y lo más importante, sin que esté llegando un solo euro a las empresas y las pymes. Un ejemplo es la gestión penosa de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, que en lo que va de año no ha ejecutado ni un solo euro. Sobra prepotencia y falta reconocimiento y gestión pública. Les hicimos una propuesta de cómo gestionar estos fondos y no nos hicieron caso. Ahí están los resultados. Señores del PSOE, acepten nuestras propuestas. La gente no alcanza a entender cómo podemos ponernos de acuerdo en la ley de telecomunicaciones y no podamos ponernos de acuerdo en la gestión de los fondos europeos o en la lucha contra la inflación, el precio de la luz o el precio de la gasolina. Acepten nuestras propuestas, le irá mejor a este Gobierno, pero, sobre todo, les irá mejor a los españoles. Muchísimas gracias. .

  38. Txema Guijarro García UP

    Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Tras asistir algo perplejo, la verdad, a los acontecimientos que ha protagonizado el noticiario español en estos últimos días, especialmente tras la difícil sesión de control de ayer, uno se siente como si hubiera sido convocado en este punto del orden del día y en el siguiente a hablar de zoología africana. Así que, voy a intentar hacerlo sin mencionar al elefante que tenemos aquí instalado en el centro de este hemiciclo, a propósito de las telecomunicaciones y la seguridad de las mismas. Como ya se ha dicho, esta iniciativa pretende trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2018/1972, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Telecomunicaciones Electrónicas. De este modo, se regula el régimen general de las telecomunicaciones, se compendia la normativa vigente, a la vez que se actualizan aquellos aspectos que han sufrido importantes modificaciones desde la aprobación de la vigente Ley 9/2014, de 9 de mayo. Finalmente, se sientan las bases para el despliegue de las redes de muy alta capacidad. Según se anuncia en la exposición de motivos, esta ley introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones con el objetivo declarado de fomentar la inversión de los operadores en redes de muy alta capacidad y, a la vez, mejorar la protección de los derechos de los usuarios. Igualmente, se pretende actualizar, entre otras, las normativas del servicio universal, sobre gestión del espectro radioeléctrico y sobre seguridad de las redes, lo que seguramente contribuirá, de manera decidida, a la vertebración del territorio y a la lucha contra la despoblación y el cambio climático. Desde los primeros desarrollos científicos en materia de telecomunicaciones, allá por el siglo XIX, estos han demostrado ser un importante catalizador del progreso humano. Un efecto que no ha hecho sino aumentar aceleradamente a lo largo del siglo XX hasta llegar a un siglo XXI en el que, sencillamente, no podemos concebir nuestro día a día si no es conectados de algún modo u otro a una red. Por eso, en un momento de nuestra historia en la que nos vemos compelidos a inaugurar una nueva etapa económica, cuando asumimos que el tejido productivo español debe ser transformado radicalmente para atender las demandas de los y las trabajadoras, las necesidades cambiantes de la ciudadanía y, también, para adaptarse y no contribuir aún más a ese cambio climático, nos parece del todo pertinente introducir reformas sustanciales en el reglamento de las telecomunicaciones, precisamente para acompañar este proceso y robustecer así uno de sus pilares básicos. Se trata, por tanto, de alcanzar mejoras en la productividad de nuestra economía y conseguir con ello más y mejores empleos, como ya han destacado otros portavoces. Pero no solo eso, señorías, mi grupo parlamentario ha trabajado en esta iniciativa gubernamental para que el desarrollo tecnológico asociado a las telecomunicaciones venga acompañado de una mayor cohesión social y territorial y, también, de una mejora de los derechos de consumidores y usuarios. Señorías, nada habríamos conseguido si España va bien, pero los españoles y españolas no tanto. En España sigue habiendo decenas de municipios con dificultades para acceder a Internet. Se trata de núcleos de población condenados por la falta de regulaciones e incentivos hacia los operadores telefónicos. Por ello la inclusión en la ley de objetivos de conectividad de banda ancha, en línea con lo establecido en el Plan de Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios y del documento España Digital 2025, nos parece un paso fundamental en el proceso de digitalización inclusiva. Un proceso que, como decía, debe actuar como palanca para la cohesión social y territorial, promoviendo la reducción de las brechas digitales en materias de género, generacionales, territoriales y por motivos socioeconómicos. Desde luego, mi grupo parlamentario hubiera querido incorporar algunos objetivos más ambiciosos en esta ley, pero creo que una buena negociación puede medirse por un reparto equitativo de expectativas frustradas. En esta ocasión creo que el ministerio ha sabido escuchar y ha sabido ser ecuánime. Por ello, no quiero dejar de agradecer al secretario de Estado, el señor Roberto Sánchez, y a su equipo sus esfuerzos fértiles por alcanzar mayores cotas de entendimiento con y entre los diferentes grupos. También quiero aprovechar aquí para dar las gracias a los compañeros y compañeras de la Ponencia y de la Comisión, así como al presidente, a Celso Delgado, que le había visto antes por ahí. Ahí está Celso. Muchas gracias, también, por el buen trabajo desarrollado. Además, contrastando el resultado de estas negociaciones con los objetivos que nos planteamos al comienzo de estas, podemos dar por cumplidos los más importantes. A saber, se diseña un marco que debe permitir un despliegue rápido y ordenado de redes de muy alta capacidad al introducir un sistema de incentivos a las operadoras, orientado a garantizar el interés general; se establecen medidas que redundarán necesariamente en una mejora de la calidad ofrecida a consumidores y usuarios; se orientan esfuerzos no ya a evitar que un nuevo salto tecnológico produzca un aumento de la brecha tecnológica, sino más bien para reducir esa brecha y asegurar así la incorporación de los sectores más vulnerables a esta revolución en marcha. Señorías, creo honestamente que esta ley nos ofrece una nueva oportunidad para asegurar un desarrollo equilibrado, equitativo y beneficioso para todo el país. No será suficiente, seguro, pero seguro que sí será necesaria. Muchas gracias. .

  39. Rodrigo Jiménez Revuelta VOX

    Con la venia, señor presidente. Señorías, buenos días. Recién salido del horno, señorías. . Aquí tenemos el nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones, cuarenta y ocho horas después de haberse celebrado la Comisión, pendiente todavía de algunas enmiendas y tras varios días de tejes y manejes entre el partido del Gobierno y dos nuevos socios, el Partido Popular y Ciudadanos. Ambos han conseguido transaccionar con el Gobierno 9 y 13 enmiendas de las 31 que se llevaron a cabo en la Comisión, además de aceptar otras tantas. De tal forma que, de las 36 enmiendas presentadas por el Partido Popular, llegan vivas al Pleno 4, y de las 37 de Ciudadanos, llegan vivas 6. Tal es así que la formación naranja, a través de su portavoz, la señora Muñoz, manifestaba que el proyecto telecomunicaciones llevaba el sello naranja de Ciudadanos, y el portavoz del Partido Popular, el señor Cortés, se congratulaba del buen entendimiento y la buena relación con el partido del Gobierno. Ambas formaciones, por cierto, se han autoproclamado constitucionalistas. Con esta premisa, y en referencia al texto del proyecto de ley que debatimos hoy, me gustaría recordar dos artículos de la Constitución española. El primero de ellos, el artículo 18.2, sobre la inviolabilidad del domicilio, y en segundo lugar, el artículo 20, sobre la libertad de pensamiento, idea y opinión, así como comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Señorías del Partido Popular y Ciudadanos, ¿qué concepto tienen ustedes sobre la libertad de pensamiento, idea y opinión? . Me explico. El presente proyecto de ley, en su artículo 4.6, establece una especie de estado de excepción digital. La ley anterior, de mayo de 2014, aprobada por el Partido Popular, ya permitía el cierre cautelar de comunicaciones digitales en casos de la defensa de la seguridad pública, protección civil y emergencias, la vida humana o interferencia con otras redes. Posteriormente, el Gobierno de Sánchez, con el llamado decretazo digital, amplió estos supuestos recogiendo los motivos de garantía de seguridad pública y de seguridad nacional. Esta facultad para intervenir redes, cortar comunicaciones o suspender páginas web, no es propia de un sistema democrático y debe ser suprimida, por más que en el precepto se ponga la venda antes que la herida y señale que en ningún caso esta intervención podrá suponer una vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en el ordenamiento jurídico, o que en su último párrafo manifieste que la intervención de dichas redes el Gobierno deberá comunicarlo en el plazo de 24 horas al órgano jurisdiccional para que, en un plazo de 48 horas, decida sobre si dicha intervención es ajustada a derecho o no. Señorías, la particularidad del derecho recogido en el artículo 20 de nuestra carta magna sobre la libertad de expresión y comunicación es el momento. Ese derecho de libertad es una libertad de hoy, no dentro de 48 horas. . La intervención de un medio, una red o similar, una vez se ha producido, revienta la información en ese preciso instante. Señorías, relegar la modulación temporal es una prostitución del derecho. La libre expresión y opinión debe poder ejercerse en cada momento y minuto, no demorarse 48 horas; por cierto, en la práctica judicial pueden ser más días o incluso semanas. En todo caso, la actuación judicial debería ser ex ante, no ex post. La intervención o gestión directa de redes debería someterse a la previa autorización judicial del acuerdo y no adoptarse dicho acuerdo con la posibilidad de que el juez lo anule posteriormente. . La intervención o suspensión de redes o páginas web supone una intrusión en la esfera de derechos fundamentales que debe ser tomada, señorías, con todas las cautelas y garantías constitucionales, de forma similar al derecho a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 18.2 de nuestra carta magna. Señorías del Partido Popular y Ciudadanos, están poniendo ustedes una alfombra roja a Sánchez y permitiendo la censura y el secuestro de contenidos, porque, incluso en el caso de que se comunique la intervención al órgano jurisdiccional en el plazo de veinticuatro horas, yo les pregunto: ¿y la Fiscalía de quién depende? Pues eso. . Otro apartado que nos preocupa es el artículo 100.3 de la ley, que prevé que los titulares de bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos e instalaciones de telecomunicaciones deberán permitir el acceso a dichos bienes por parte del personal de inspección, requiriéndose el consentimiento de dichos titulares o mediante autorización judicial y debiéndose resolver en el plazo de setenta y dos horas. Dicho artículo es abusivo y podría violentar el derecho fundamental de inviolabilidad recogido en el artículo 18, comentado anteriormente. La redacción técnica es deficiente: ¿entrar o efectuar registros? Es evidente que la disyuntiva no es rigurosa, pero, señorías, para registrar hay que entrar. Por eso, nuestra enmienda recoge el concepto constitucional de domicilio, que es más amplio y abarca al de las personas jurídicas. Para finalizar, quiero mencionar otro apartado del presente proyecto de ley que preocupa a este grupo parlamentario, la disposición adicional duodécima, que establece la creación de una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud. En la anterior Ley General de Telecomunicaciones, de mayo de 2014, también se incluyó otra disposición adicional referente a la creación de una comisión interministerial sobre radiofrecuencia y salud. Adivinen, señorías, qué sucedió. Que no se creó. Es decir, después de ocho años implantando kilómetros y kilómetros de espectro radioeléctrico, no se ha creado dicha comisión que vele por la salud de todos los españoles. Es más, existen diversas reclamaciones del Defensor del Pueblo para que, mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, se constituyese la referida comisión, sin que, como digo, en ocho años — ocho años, señorías— se haya hecho absolutamente nada. ¿Por qué no se ha creado la comisión interministerial? ¿Se ha tenido en cuenta el impacto potencial en la salud de la exposición a emisiones radioeléctricas y electromagnéticas? Estas preguntas deben ser respondidas para que los españoles sepamos por qué no se cumplen y aplican las normas, porque, señorías, se modifican o aprueban normas no para que se integren en el Estado de derecho, sino para dar contenido al programa de reality show del Gobierno. VOX no participará nunca de ese marketing y ese maquillaje que aplica este Gobierno. El resto de formaciones deberán responder y preguntarse por qué se han dejado llevar al huerto y amenizar el show. Muchísimas gracias. .

  40. Begoña Nasarre Oliva PSOE

    Muchas gracias, presidente. Señorías, debatimos hoy el dictamen del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, una norma que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2018/1972, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, regulando el régimen general de las telecomunicaciones, recabando y sintetizando la normativa vigente, actualizando aspectos que han sufrido y sufren importantes y constantes modificaciones desde la aprobación de la vigente Ley 9/2014 y sentando las bases para el despliegue de las redes de muy alta capacidad. Señorías, siete años en política son un mundo: cambios constantes, inmediatez. Nuestra respuesta debe ser responsable y aportar estabilidad normativa. Siete años, pues, en tecnología son un mundo, además con una pandemia que puso de manifiesto muchos aspectos en nuestra sociedad, aunque, indiscutiblemente, las comunicaciones fueron elementos a destacar por su importancia y a preservar por su relevancia. Recordamos todos en el teletrabajo, la salud, el comercio, el ocio o las videollamadas lo que suponen las comunicaciones. La ley introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones con el objetivo de fomentar la inversión de los operadores en redes de muy alta capacidad para mejorar la protección de los derechos de los usuarios y actualizar, entre otras, la normativa sobre el servicio universal, la gestión del espectro y la seguridad en las redes, contribuyendo a la vertebración del territorio y a la lucha contra la despoblación y el cambio climático. Es un proyecto de ley hito del plan de recuperación por la fuerte generación de inversión para nuestro país, con un gran impacto en el sector. Las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden y deben contribuir al crecimiento, la innovación, la productividad, el empleo y, por tanto, el desarrollo económico y el bienestar social. Con este contexto, permítanme que ponga de manifiesto el desarrollo del trabajo parlamentario en torno a este proyecto de ley. En primer lugar, mi agradecimiento al Gobierno, al secretario de Estado, señor Sánchez, y a su equipo por su implicación, así como a todos los grupos parlamentarios por el trabajo realizado. Se ha transaccionado mucho tanto en la ponencia, con treinta y una transaccionales, como con los acuerdos en Comisión, hasta veintiuno, con todos los grupos parlamentarios, que presentaron enmiendas en tiempo y forma; transaccionales y acuerdos entre grupos que mejoran la ley, como los diferentes puntos de vista que nos enriquecen. Ahora que está de moda ese pensamiento único, entre comillas, recomiendo practicar el ejercicio, ir al gimnasio del diálogo y del consenso. Es saludable, no solo sienta bien para las leyes, sino también para los grupos políticos, seguro que también para el país y, por ende, para la ciudadanía, que son por quienes estamos aquí. . Así pues, en lo concreto, fomenta el despliegue de redes de muy alta capacidad, tales como fibra óptica o 5G, lo que contribuirá a la lucha contra la brecha digital y la despoblación, ampliando y mejorando la protección de los derechos de los usuarios, reforzando las obligaciones de transparencia, por ejemplo, y regulando los paquetes de ofertas. Introduce nuevas medidas en materia de seguridad destinadas a gestionar los nuevos riesgos a los que se ven sometidas las redes y los servicios. Actualiza la normativa del servicio universal de telecomunicaciones. Se establece la obligación de prestar servicios a la población con criterios de precios asequibles y universalización de los servicios, con el impulso del 5G. En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno progresista liderado por el presidente Sánchez, resalta de esta ley tanto el desarrollo económico como la protección de derechos y la seguridad de la ciudadanía, así como la igualdad de oportunidades, importante para el país pero también para las provincias, especialmente para la mía, de la España interior, Huesca, donde siempre estamos en la lucha constante para afianzar e incrementar la población. El proyecto racionaliza la adjudicación y la gestión del dominio público radioeléctrico, introduciendo medidas que facilitan el uso compartido del espectro para operadores móviles, evitando restricciones indebidas a la implantación de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas y estableciendo duración mínima para las concesiones. Esta ley no se olvida de los ciudadanos, contribuyendo a sus derechos en la protección de sus datos, en cuestiones como la portabilidad o, por ejemplo, en lo que respecta a conservar el saldo, los precios, las ofertas, en definitiva, la calidad de los servicios. Es una ley que agiliza la burocracia en la Administración, la colaboración máxima con las comunidades autónomas y los ayuntamientos — lo digo yo, que soy alcaldesa y sé muy bien lo que significa para un pequeño o gran ayuntamiento que se agilicen los trámites—, contribuyendo a la mejora de los servicios, estableciendo distintas categorías de servicios de comunicaciones electrónicas, acogiendo el principio de aproximación y reforzando — y esto es muy importante— el funcionamiento del número 112 para la llamada de emergencia a escala europea, introduciendo la posibilidad de enviar a través del mismo alertas a la población. Asimismo, esta norma también establece obligaciones de accesibilidad para personas con discapacidad y disfunciones sensoriales. Señorías, esta reforma forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, componente 15, conectividad 5G y ciberseguridad, previéndose — no lo olvidemos— cuatro mil millones en inversión para extender la conectividad al cien por cien de la población. Son cifras importantes, que nos indican que debemos seguir en el camino del consenso iniciado y conseguir así facilitar la inversión en nuestro país, ese impacto necesario, apostando por el desarrollo económico, siendo competitivos, eliminando brechas y potenciando ese sello progresista de la igualdad de oportunidades, también en las comunicaciones, para que esta ley no solo sea técnica sino política. Pido el voto afirmativo para un proyecto de ley de comunicaciones, un proyecto de país. .

  41. Nadia María Calviño Santamaría

    Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Comparezco hoy para defender la convalidación del Real Decreto-Ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación, también conocida como ley de ciberseguridad 5G. . Con esta norma se trata de desarrollar un entorno confiable para los usuarios en el despliegue de estas redes y servicios y establecer las medidas para afrontar los riesgos de seguridad a los que están expuestas estas nuevas redes y servicios de 5G. Ese real decreto-ley se vincula con el recientemente aprobado Plan Nacional de Ciberseguridad, con más de 150 iniciativas y dotado con 1000 millones de euros. Permítanme, señorías, que brevemente les recuerde que este Plan Nacional de Ciberseguridad, un tema de absoluta actualidad, prevé la creación de la plataforma nacional de notificación y seguimiento de ciberincidentes y amenazas, para poder intercambiar información en tiempo real entre organismos públicos y privados; el impulso de la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, lo que se conoce como el SOC, y el desarrollo de un sistema nacional de indicadores de ciberseguridad, además del incremento y el refuerzo de las infraestructuras de ciberseguridad en las comunidades y ciudades autónomas, en las entidades locales, que es un objetivo fundamental de las inversiones del plan de recuperación. El plan contempla el impulso de la ciberseguridad de pymes, micropymes y autónomos ―otro capítulo importante de inversión―, la promoción de una mayor cultura de ciberseguridad en el conjunto de la sociedad, y un sistema de seguimiento y control de ciberincidentes para poder hacer un seguimiento de la efectividad de las medidas y hacer un informe anual de evaluación. En definitiva, con este Plan Nacional de Ciberseguridad y el real decreto-ley que hoy viene para convalidación tratamos de reforzar la ciberseguridad de nuestras redes completando también las medidas incluidas en el real decreto-ley que ha sido debatido esta misma mañana aquí, en sede parlamentaria, para aumentar la vigilancia, para apuntalar las capacidades de planificación, de preparación, de detección y de respuesta en el ciberespacio, esta seguridad que cada vez es más importante en nuestras vidas. Y es que desde finales de los años noventa las redes móviles han sido un pilar de progreso de las telecomunicaciones y de la economía en general. La gradual extensión de su cobertura y el desarrollo de nuevas capacidades han permitido que las tecnologías de la información formen parte prácticamente de todos los ámbitos de la sociedad, y hoy es muy difícil pensar en parcelas de nuestra vida en las que no estén de forma preeminente las tecnologías de la información que se suministran a través de las telecomunicaciones basadas en redes móviles. La evolución tecnológica de estas redes ha sido muy rápida. Estamos hablando de que la primera generación de redes móviles, que surgió a finales de esos años setenta, supuso todo un avance tecnológico que nos permitía hacer llamadas, aunque fuera con una baja calidad de sonido. Con la segunda generación, el 2G, se comenzaron a emplear sistemas digitales que permitían conexiones más rápidas. Los móviles de prepago fueron sin duda el mayor éxito en esa época y surgieron también los mensajes de texto o los SMS. Más tarde surgió la generación 3G, o de alta transmisión de datos, que facilitó la transferencia de archivos multimedia, la conectividad permanente inalámbrica y una velocidad mucho más rápida que la proporcionada por la conexión telefónica estándar. Con el 4G se aumentaron exponencialmente la capacidad y la velocidad de las telecomunicaciones y se mejoraron las conexiones en tiempo real al reducir el retardo. Y ahora estamos inmersos en la quinta generación, más conocida como 5G, que puede dar a las comunicaciones móviles e inalámbricas una nueva dimensión al incrementar de nuevo la velocidad y la capacidad de las comunicaciones, incrementar el número de dispositivos que pueden conectarse a las redes simultáneamente y ofrecer una baja latencia, es decir, operar prácticamente en tiempo real, lo cual va a permitir prestar servicios de enorme valor añadido para la sociedad en ámbitos tan importantes como el de la medicina, el transporte y la energía, entre muchos otros. Pues bien, para que las redes 5G desplieguen todo su potencial y que nuestra sociedad aproveche las enormes oportunidades que ofrecen, es necesario generar un contexto de confianza en cuanto al funcionamiento y la seguridad de las comunicaciones. El desarrollo que se va a producir en los próximos cinco o diez años va a depender en gran medida de esta confianza, por lo que el objetivo de este real decreto-ley es precisamente fijar un marco de seguridad que permita dar estabilidad e impulsar el despliegue de las redes. Es cierto que las redes y servicios de 5G poseen ventajas comparativas en seguridad respecto a los de las generaciones precedentes, pero también presentan riesgos específicos, derivados de su propia arquitectura de red más compleja, más abierta, desagregada, y de su capacidad para trasladar ingentes volúmenes de información y permitir la operativa simultánea de múltiples personas, la interconexión incluso de múltiples cosas. Asimismo, la interconexión con otras redes y el previsible empleo generalizado para funciones esenciales de la economía y de la sociedad incrementará el impacto potencial de incidentes de seguridad que se pudieran sufrir sobre estas redes. También hay que tener en cuenta que en el mundo 5G los equipos y programas informáticos tienen una importancia singular, ya que las prestaciones más características de estas redes se orientan hacia los paradigmas propios de la informática y los servicios de computación en la nube, apartándose del enfoque tradicional de las arquitecturas de las redes de comunicaciones electrónicas. Por tanto, el funcionamiento de estas redes va a depender en gran medida de los sistemas informáticos y de los servicios proporcionados por los suministradores a los operadores tradicionales de telecomunicaciones, lo cual genera relaciones de dependencia que podrían aumentar el nivel de riesgo al que estaríamos expuestos. Pues bien, para minimizar todos estos riesgos, el real decreto-ley adopta una serie de medidas que van a exigir de los operadores que pongan en marcha y remitir periódicamente al Gobierno sus análisis de riesgo con medidas técnicas y organizativas diseñadas y aplicadas para gestionar y mitigar los riesgos. También tendrán que enviar una estrategia de diversificación de suministradores para minimizar los riesgos y el impacto de posibles contingencias que puedan afectar a estos suministros. Estos suministradores también estarán sometidos a estrictos controles de seguridad, tanto por los propios operadores, como por el Gobierno, para garantizar la fiabilidad técnica y la independencia de injerencias externas. Se examinará el perfil de riesgo de los suministradores más importantes de los operadores de redes y servicios 5G en España, tanto desde la perspectiva de las garantías técnicas, como desde la perspectiva de las medidas estratégicas y de su exposición a injerencias externas. Y, tras este análisis, el Consejo de Ministros podría llegar a calificar a ciertos suministradores como de alto riesgo, lo que daría lugar a que los equipos de estos suministradores no pudieran ser utilizados en los elementos de las redes públicas 5G calificados como críticos. Finalmente, en el plazo de seis meses se aprobará el esquema nacional de seguridad de redes y servicios 5G para poder tener un tratamiento integral y global de la seguridad de las redes y servicios. En conclusión, dado el avance tecnológico, aunque las nuevas redes y servicios 5G tienen indudables avances, mejoras, ventajas comparativas en términos de seguridad, por no hablar de la calidad del servicio y el impacto económico que puede tener el despliegue de estas nuevas tecnologías, no es menos cierto que sus nuevas potencialidades y las dependencias de suministradores generan nuevos retos de seguridad que precisamente son cubiertos con este real decreto-ley. En ese sentido, no hay que olvidar el contexto geopolítico en el que nos encontramos tras la agresión contra Ucrania; un contexto geopolítico que está teniendo importantes implicaciones para la Unión Europea, entre las que se encuentra el incremento considerable de riesgo de ciberataques por motivos estratégicos. De hecho, en estos meses ya hemos visto y se han constatado ciberataques que han afectado gravemente a servicios gubernamentales y bancarios tanto de Ucrania como de otros países europeos. También se han recibido diversas alertas internacionales que destacan y hacen urgente la protección de los países europeos ante ciberamenazas y, por tanto, también la urgencia de abordar todas estas medidas para garantizar la seguridad en el despliegue de las redes, de las que ya están desplegadas en nuestro país o cuyo despliegue está previsto para los próximos meses. Estas son las razones que explican la extraordinaria y urgente necesidad que ha llevado a la tramitación de este proyecto como real decreto-ley. Voy a abordar rápidamente las distintas medidas incluidas en este real decreto-ley sometido a convalidación. En primer lugar, las disposiciones generales, un amplio ámbito de aplicación que cubre todos los actores de la cadena de valor de las redes y servicios 5G. El punto de partida es que la seguridad de las redes incumbe a todos los operadores que están presentes en toda la cadena de valor. Se definen los objetivos principales de la norma: la seguridad integral del sistema; la seguridad de la instalación y operación de las redes 5G; promover un mercado de suministradores suficientemente diversificado; reforzar la protección de la seguridad nacional; fortalecer la industria. En segundo lugar, se regula el análisis de riesgos, que es el elemento esencial de toda la política de gestión de la seguridad de las redes. Hay que identificar bien los riesgos para poder adoptar las medidas adecuadas para mitigarlos o para responder, en su caso. En los operadores de las redes 5G se detalla el análisis de los riesgos que tienen que efectuar, un análisis que tendrá que ser realizado cada dos años. Dada la relevancia de los suministradores en la explotación de las tecnologías 5G, se les obliga a analizar los riesgos de los equipos, los elementos y los servicios que intervengan en las redes 5G siempre que sean requeridos para ello y, por supuesto, cuando sean calificados de alto riesgo o de riesgo medio, caso en el que deberán remitirlo en el plazo de seis meses a contar desde la calificación y llevar ese análisis de riesgo a cabo cada dos años; también se establece cuáles son las informaciones que deben aportar los usuarios corporativos que se señalan en la norma. En tercer lugar, se regula la gestión de estos riesgos. Se establece la obligación de adoptar y remitir cada dos años las medidas técnicas y de organización adecuadas para gestionar los riesgos. También se obliga a los operadores a exigir a sus suministradores el cumplimiento de estándares de seguridad, que van desde el diseño de los productos hasta su puesta en funcionamiento, así como el control de su propia cadena de suministro y la estrategia de diversificación. En concreto — y este es un tema muy importante—, los operadores 5G que exploten elementos críticos de una red pública deberán diseñar una estrategia de diversificación en la cadena de suministro, deberán remitirla al Gobierno y deberán actualizarla cada vez que sea objeto de modificación, informando cada año de su estado de ejecución. No podrán utilizar elementos críticos de red en las redes 5G públicas que provengan de suministradores que hayan sido calificados de alto riesgo y no podrán utilizar la red de acceso equipos de suministradores que hayan sido calificados de alto riesgo en las ubicaciones que, por su vinculación con la defensa, seguridad nacional o mantenimiento de servicios esenciales se determine por el Consejo de Seguridad Nacional, previo informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Además, deberán ubicar los elementos críticos de las redes 5G públicas dentro del territorio nacional. Dentro de las exigencias a los suministradores 5G, se establece la obligación de garantizar la seguridad de los equipos, los elementos y los servicios. También deberán aportar una descripción de las medidas y, en el caso de ser calificados de riesgo alto o medio, deberán enviar este análisis en el plazo de seis meses desde que hayan recibido dicha calificación y hacerlo con una frecuencia bienal, cada dos años. En el caso de los suministradores que sean calificados de riesgo alto, su calificación se realizará por acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, fijándoles un plazo en el que los operadores 5G deberán sustituir los equipos, productos y servicios proporcionados por dicho suministrador cuando ello fuera necesario. Los usuarios corporativos tendrán que enviar también sus medidas cuando sean requeridos. Finalmente, se hace una referencia a las administraciones públicas para que adopten medidas para la gestión de riesgos, no pudiendo utilizar equipos, productos o servicios proporcionados por suministradores de riesgo alto o medio. En cuarto lugar, todo el esquema nacional de seguridad de las redes y servicios 5G se basa en el análisis de riesgos a nivel nacional, que será aprobado por el Gobierno mediante real decreto y se revisará cada cuatro años o cuando las circunstancias lo aconsejen. Quizá lo más importante es, evidentemente, el que en este esquema nacional de seguridad se podrá supeditar la utilización de un equipo, programa o servicio en concreto por un operador 5G, suministrador 5G o usuario corporativo 5G a la previa obtención de una certificación, todo ello en aplicación del correspondiente Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre Ciberseguridad. Evidentemente, España va a colaborar estrechamente con el resto de nuestros socios comunitarios a la hora de definir y articular los diferentes esquemas nacionales de seguridad de las redes 5G. Por último, se dispone que será el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital quien ejercerá la aplicación y supervisión de lo establecido en este real decreto-ley, incluyendo la función inspectora, que está prevista en la Ley General de Telecomunicaciones, y se aplicará también esta ley respecto de las sanciones, si bien se tipifican nuevas infracciones que están relacionadas específicamente con la ciberseguridad 5G. Señorías, compartirán conmigo que las medidas que se incluyen en este real decreto-ley, por su naturaleza y finalidad, justifican plenamente las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuestos habilitantes para la adopción urgente de estas medidas. Se trata justamente del cumplimiento de los principios de necesidad, puesto que estamos hablando de la protección del interés general, un interés tan importante como el de la seguridad y confianza en las comunicaciones electrónicas. El real decreto-ley cumple con el principio de proporcionalidad, puesto que las medidas son adecuadas a los riesgos identificados en cada caso. Se cumple el principio de seguridad jurídica, puesto que se respeta y reconoce el marco normativo vigente en materia de seguridad y solo se añaden aquellos requisitos y controles que son imprescindibles para los riesgos en el ámbito del despliegue del 5G. Se respeta el principio de transparencia, los interesados han participado en el procedimiento de elaboración del borrador del anteproyecto de ley y, finalmente, se cumple el principio de eficiencia, puesto que se limitan las cargas administrativas al mínimo imprescindible para conseguir el fin perseguido en el ámbito de la seguridad. El objetivo es tener un ecosistema seguro en el despliegue y desarrollo futuro de las redes 5G, que van a suponer una revolución tecnológica, que van a influir en todos los aspectos de nuestras vidas, con un impacto muy significativo desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de las relaciones interpersonales entre muchas otras. La aprobación de la llamada ley de ciberseguridad 5G es una de las reformas contempladas en el plan de recuperación. Está prevista como uno de los hitos y, por tanto, es fundamental su aprobación, así que cuento con tener un apoyo unánime, cuento con que todos ustedes sabrán ver la importancia de la votación que afrontamos esta mañana y que se vote unánimemente a favor de la convalidación de este importante real decreto-ley para nuestro presente y, sobre todo, para nuestro futuro. Muchas gracias. .

  42. Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

    Gracias presidente. Hoy debatimos la convalidación del Real Decreto-ley 7/2022, sobre requisitos para garantizar la seguridad en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación. La causa que motiva la extraordinaria y urgente necesidad para la aprobación de esta norma gubernamental con rango de ley es la invasión de Ucrania y el aumento del riesgo de ciberataques, principalmente desde Rusia. Debatimos, además, un decreto de ciberseguridad en un contexto también de cierta suspicacia política y — también hay que decirlo, vicepresidenta— en un contexto en el que, al parecer, no han debido de contar con los operadores, que han mostrado sus quejas en este sentido. Es un decreto que viene a establecer, como usted ha dicho, una serie de normas adicionales a las existentes ya en la Ley General de Telecomunicaciones y el Real Decreto 12/2018, de seguridad en las redes y sistemas de información, por las que se somete a los suministradores a controles mucho más estrictos de seguridad para garantizar no solo su solvencia técnica y su independencia de injerencias externas, sino también su independencia de injerencias internas a partir de un análisis de riesgo y con la aplicación, eso sí, de estándares y esquemas de certificación internacionales europeos sobre ciberseguridad. En definitiva, establece los requisitos de seguridad para la instalación, despliegue, explotación y servicios basados en la tecnología 5G. Y es que el 5G, como bien se ha dicho aquí, es más que una mejora en la velocidad. Supone una mayor velocidad que el actual 4G y una menor latencia. Supone cambiar, desde luego, el modelo de relación de la sociedad con la tecnología durante toda esta década. Es una tecnología que permite prestar servicios de mucho valor añadido para la sociedad, por ejemplo, en ámbitos como el industrial, transporte, energía; una tecnología mucho más disruptiva en el ámbito empresarial que en el de consumo, porque va a permitir, sobre todo, mejorar la eficiencia de muchos procesos al ser una red mucho más potente y mucho más capaz. Pero, a su vez ―como se ha dicho aquí―, porque conlleva riesgos específicos, no solo aquellos derivados por esa interconexión con otras redes, sino también porque es una red más compleja y más desagregada. Y también porque, como ha dicho la vicepresidenta, tiene una capacidad para transportar ingentes volúmenes de información y permitir esa interacción simultánea entre múltiples personas y cosas. El uso generalizado de estas redes para la economía va a suponer un incremento potencial de los incidentes de seguridad que sufran, y es que, a más posibilidades, más riesgos. En este contexto, el Gobierno impone unos estándares mínimos de seguridad en la red de servicios de comunicaciones electrónicas que deben acreditar las empresas de telecomunicaciones que operan con redes de quinta generación y también aquellos servicios que se beneficien de ellos por su actividad. Así, las operadoras que introduzcan esa tecnología deberán asegurar todo el proceso. Es un requerimiento que atañe a toda la red, no solo el núcleo de las comunicaciones, y las operadoras, suministradores y usuarios corporativos estarán obligados, además, a diversificar equipos, software e instalación, asegurando todo ese proceso, como hemos dicho. Además, los operadores de 5G se convertirán en operadores críticos y, al depender de ellos sectores claves de la sociedad, deberán someterse a auditorías de seguridad, cumplir con los esquemas de certificación europeos ―como ya he dicho― y remitir su estrategia al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pero también hay que decir que para minimizar los riesgos ante un ciberataque no solo es necesaria una normativa, sino que también entendemos que hay que impulsar el desarrollo de esas capacidades de ciberseguridad en la ciudadanía, en las empresas y en las administraciones públicas; en definitiva, lo que significa educar al consumidor sobre la ciberseguridad del Internet de las cosas. Una de las cosas ―eso sí― que me ha llamado la atención es la imposición de una especie de cláusula de salvaguarda general y que destaca el carácter de complementariedad y supletoriedad de las tres normativas en materia de ciberseguridad. Es la disposición final segunda, que establece que en lo no regulado en este decreto se aplica la Ley de Telecomunicaciones y, en lo no regulado por esta, se aplica el decreto de redes y sistemas; un decreto en el que mi grupo se abstuvo, porque en ese nuevo ámbito territorial que conforma el ciberespacio este se concibe como una competencia exclusiva del Estado en cuanto a su regulación y gobernanza, excluyendo del reparto de atribuciones que contiene a las comunidades autónomas. Además, es un decreto en el que las redes y sistemas de cualquier comunidad autónoma y sector público quedan bajo la supervisión directa del CNI; lo cual, desde luego, no es acorde al principio de autonomía institucional. Como he dicho, mi grupo ―una vez más, dejando al margen otras polémicas―, votará a favor de la convalidación de este decreto, pero también votará a favor de su tramitación como proyecto de ley, sobre todo, para poder introducir mejoras y modificaciones en esta materia que se incardina en esas tres normativas a las que me he referido y para atender, quizá con mayor concreción, determinados aspectos que ha solicitado la CNMC en el informe que ha emitido respecto a este real decreto-ley. Muchas gracias.

  43. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas Cs

    Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes ya. La duda, señorías, era si en estos días, en esta semana, íbamos a hablar de verdad hoy sobre seguridad 5G, antes ―esta misma mañana― de otro real decreto sobre seguridad mundial, seguridad global, sobre la influencia de la guerra, o nos íbamos a dedicar a seguir hablando sobre una nueva ensoñación autorrevictimista e independentista, que es lo que ha pasado durante todos estos días. Yo creo que la duda está más que superada en estos momentos. Y he de decirles, señorías, que en esta ocasión ―y tras la turra que llevan ustedes dando toda la semana― han conseguido superarse a sí mismos, cosa que ―dado el nivel que han mostrado durante lo que va de legislatura― ya no resulta fácil. Pero yo creo que sí, es verdad que se han superado, señorías nacionalistas, separatistas e independentistas. Se parecen cada día más a ese delantero mediocre que, apenas siente la cercanía del jugador contrario, se desploma al suelo retorciéndose entre estertores de dolor insufrible y, evidentemente, fingido para ver si el señor de negro pica. Escucharles durante toda esta semana parlamentaria quejarse del trato que les dispensaban nuestros prestigiosos y constitucionales servicios de seguridad del Estado me recuerda a esa escena de Casablanca en la que el corrupto y poco patriota policía Renault se escandaliza al descubrir una ruleta en el bar de Rick tras haberse embolsado previamente una jugosa parte de la correspondiente recaudación como mordida por su silencio. Ese ¡qué escándalo, aquí se juega! ―¿recuerdan al policía Renault, una vez satisfecho el soborno?― es ¡qué escándalo, aquí se espía!, que nos decía el señor Rufián esta semana. Ustedes, señorías independentistas, que han robado los datos de todos los catalanes para confeccionar un censo ilegal; que han espiado a los políticos que no eran afectos a su ideología independentista; que han conspirado con los servicios de inteligencia de Putin para buscar su apoyo financiero, mediático y desinformante; ustedes, que espían a los niños catalanes en los patios de los colegios e impidieron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado alojarse en hoteles y hasta en campings en el año 2019, amenazando a sus propietarios si los aceptaban; ustedes, señorías, son nuestro Renault, nuestro mal delantero tramposo, mientras el señor de negro que se deja engañar ―nuestro Rick de Casablanca―, el señor Sánchez, les abona el nuevo peaje, el siguiente pago de la hipoteca que contrajo con ustedes el día que aceptó sus votos para investirse presidente de este Gobierno secuestrado. Señoras y señores del Partido Socialista, ¿no les indigna a ustedes la humillación constante a la que los nacionalistas someten a este Parlamento, a este país, a las instituciones de todos? ¿No les indigna, al menos, la humillación a la que les someten a ustedes, a sus compañeros de partido en este Gobierno? Cada vez que ponen en duda nuestra democracia diciendo que los servidores públicos actúan al margen de la ley, humillan a todo el Estado y ustedes lo consienten. A ustedes, que llevan una semana justificándose ante el separatismo y pidiendo perdón por existir, me gustaría decirles que los españoles no tienen dudas de que en este país hay servidores públicos íntegros y valientes que han entregado y entregarán su vida por España. De lo que dudan los españoles es de un gobierno que indulta a quienes dieron un golpe a nuestra democracia y no está dispuesto a defenderla con todas las herramientas legales. Les pido, por favor, que no vuelvan a darles la razón. Lo hicieron con los indultos, asumiendo su victimismo, ese que los llevó a decir entonces que la justicia actuaba por venganza y hoy que nuestros servidores públicos actúan ilegalmente. ¿Por qué dan más crédito a partidos que han delinquido contra nuestra democracia que a quienes velan por ella cada día? ¿Van a hacer más caso a una revista canadiense que a nuestros propios funcionarios? ¿Otorgan más crédito a esa revista que a los controles y procedimientos internos de nuestros servicios? Porque ese es el quid de la cuestión, señorías, que llevamos toda la semana hablando de un artículo de una revista canadiense, no de una denuncia en un juzgado, no de una filtración interna de los propios servicios que nos pudieran hacer dudar; no, de un artículo para el que han entrevistado al señor Iñarritu. ¡Esa es la fuente de toda confianza! Y ustedes, con esa fuente y con esa confianza, acceden a negociar con ellos, a entregarles y a tenerles presentes en la Comisión de Gastos Reservados, señorías. Si de verdad se sienten ustedes espiados, señores independentistas, si creen tener pruebas de ello, donde deben ustedes tramitar sus denuncias es en un juzgado, señorías, allí es donde deben acudir, como acude cualquier ciudadano que cree tener sus derechos vulnerados. Y allí, en un juzgado, es donde encontrarán resarcimiento, si es que hay algo que resarcir, que ya les digo yo que creo que no, como les dijo muy bien la ministra de Defensa. Ministra, sobre el real decreto del 5G, estamos a favor de su tramitación, pero nos preocupan ciertas cosas. Nos preocupa que los criterios que se han definido para los listados de suministradores de riesgo y riesgo alto no son suficientemente objetivos. Y además, creemos que nos presentan varios problemas. Primero, un problema principal que entendemos que tiene que ver con el resto de la Unión Europea. Es decir, si un país declara a un suministrador global dentro de un apartado como riesgo alto y otro no, ¿qué va a pasar con ese suministrador? Porque esto ya está pasando, señoría, ya está pasando. Tenemos en este caso la legislación sueca, donde han decidido que cualquier empresa que tenga un origen chino no pueda participar en el despliegue 5G, y un país como Hungría que ha decidido que sí que pueden participar, ¿qué vamos a hacer en este caso? Hay una indefinición clara y por tanto, evidentemente, también aquí Europa tiene que dar una solución, y creo que nosotros y nuestro Gobierno debe trasladárselo. También nos parece que hay cosas que se han quedado fuera, como son los centros de datos. Señoría, hablamos mucho de la red 5G — efectivamente, importantísima—, pero donde residan los datos también es muy importante y de esto no se menciona nada. Aquellos centros de datos, donde hay datos de europeos que se quedan fuera de la jurisdicción europea o que están fuera de jurisdicción europea, suponen o pueden suponer un importante problema. Por eso, nos gustará tramitar este real decreto como proyecto de ley para enmendarlo y añadir estas correcciones que entendemos que son muy importantes, más allá de alguna puramente técnica. Muchísimas gracias, presidente. .

  44. Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Gracias, presidente. Perdone, presidente, es que he quedado tan atónito con la intervención del señor Gutiérrez que me parecía que no me había nombrado. El señor Gutiérrez pertenece a un grupo parlamentario que cada vez que sale a esta tribuna o hace una rueda de prensa dice que son los liberales, ¡los liberales! Liberales de pacotilla. . Sí, sí, liberales de palabra. . Ustedes también me aplauden cuando les interesa. . Sí, sí. No les va a gustar lo que les voy a decir, ya se lo advierto. Esto no es un tema de independentistas o no independentistas, es un tema de calidad democrática, y es un tema… Vamos a ver cómo lo digo sin que me echen de la tribuna. . Señor Gutiérrez, cada vez que subimos aquí no podemos hacer el ridículo. Usted no puede subir aquí y decir que The New Yorker es una revista canadiense. Es que es la ignorancia personificada. Usted no puede menospreciar The New Yorker. Al menos, entre en Wikipedia e infórmese de lo que es y sobre lo que está hablando. Usted no puede menospreciar a Citizen Lab. No lo puede hacer. Un liberal no puede hacerlo. . Yo ya sé que están locos por defender a la ministra de Defensa; ustedes, el Partido Popular y alguno más que la van abrazando por estos pasillos después de oír ciertas declaraciones que ya he dicho esta mañana que desde mi perspectiva democrática son absolutamente impresentables. Pero bueno, si estos son los liberales que hay en España, pues así andan las cosas. Dicho esto, señora vicepresidenta, vamos a lo que vamos, porque yo venía a hablar aquí del Real Decreto 7/2022. Este es un real decreto — que de hecho es una ley, una ley para regular la ciberseguridad del 5G— que ustedes llevan al Consejo de Ministros, que no sé si lo habían interlocutado con algún grupo político — con el nuestro no lo habían hecho— y que habla de ciberseguridad en un ámbito muy concreto que a nosotros nos genera dudas en muchos aspectos. La urgencia derivada de la guerra de Ucrania también está cubriendo muchos flecos. Nosotros no lo compartimos. No vamos a apoyar la convalidación y sí que vamos a solicitar y a votar favorablemente la tramitación como proyecto de ley, porque esto no es un real decreto, esto es una ley con todas las palabras y, desde nuestra perspectiva, debería haberse tramitado como proyecto de ley. Por tanto, no voy a alargarlo más. Nosotros tenemos varios aspectos que espero que tengamos ocasión, si se tramita como proyecto de ley, de poder enmendar. Entendemos que hay algunos aspectos que, aunque quizá con buena intención — esta buena intención que tienen los liberales pero que después todo lo justifican—, pueden crear algunos problemas para el desarrollo y la competitividad de nuestras empresas. En todo caso, presentaremos enmiendas. Muchísimas gracias. .

  45. Joan Capdevila i Esteve ERC-S

    Muchas gracias, señor presidente. Este diputado no tiene costumbre de contestar a alusiones, pero lo largo que se me está haciendo el epitafio de Ciudadanos me obliga a recordarle al señor Gutiérrez aquel verso de Machado en Campos de Castilla: Castilla miserable, ayer dominadora, / envuelta en tus harapos desprecias cuanto ignoras. . Esta vez, señora vicepresidenta, señoras y señores del PSOE y de Podemos, no cuela. La motivación de urgencia y necesidad que ampara al Gobierno para la evacuación del real decreto-ley — vejada, manoseada hasta la náusea, no importa quién sea el inquilino de la Moncloa— colma hoy la paciencia de nuestro grupo parlamentario. Nada, absolutamente nada de lo que propone este real decreto-ley se opone a que pase por el trámite parlamentario ordinario y habitual. La prueba seguramente la tendremos ex post, si pasa el trámite de la convalidación — que nosotros votaremos que no—, porque entonces desaparecerán como por ensalmo la urgencia y la necesidad y dormirá el sueño de los justos entre tantos otros proyectos de ley que se acumulan… . Estoy en mi tiempo, duérmase usted si quiere; felices sueños. Pero eso no ocurrirá con el refrendo de nuestros votos. Eso no está bien, esta vez no cuela, y cuanto más argumente mi estimado colega don José Antonio Rodríguez — el alcalde de Jun— y cuanto más insista en que el real decreto-ley sobre el 5G no tiene nada que ver con Pegasus, menos le vamos a crear. Muchas gracias. .

  46. Txema Guijarro García UP

    Gracias, presidente. Lo primero de todo, querría mandar mi agradecimiento a la compañera Roser Maestro, diputada de nuestro grupo parlamentario, que ha trabajado este punto, pero que, por motivos de salud, no ha podido venir a defenderlo; así que gracias, Roser, y ponte buena rápido. . Justificada la extraordinaria y urgente necesidad de este real decreto-ley por el incremento del riesgo de ciberataques que puede provocar la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno establece en su texto requisitos de seguridad para la instalación, despliegue y explotación de redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas e inalámbricas basadas en la tecnología de quinta generación o 5G. Como ya se ha dicho y se explicita en la propia exposición de motivos de este real decreto, con esta regulación se persiguen básicamente cinco objetivos que quiero destacar aquí. En primer lugar, impulsar la seguridad del ecosistema generado por la tecnología 5G, fundamental, pero también otras, como reforzar la seguridad en la instalación, en las operaciones de comunicaciones electrónicas y en la prestación de los servicios de comunicación que se apoyan en redes 5G. En segundo lugar, promover un mercado de suministradores en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas 5G que sea diversificado y seguro, evitando la presencia de suministradores calificados de alto riesgo o de riesgo medio en determinados ámbitos y, desde luego, también evitando los monopolios, que ya sabemos los efectos perniciosos que estos acarrean. Otros objetivos también que quiero destacar son: reforzar la protección de la seguridad nacional — sin duda— y fortalecer la industria y las actividades de I+D+i nacionales en ciberseguridad relacionadas con la tecnología 5G. Toda esta batería de medidas se establece porque, si bien la tecnología 5G permite prestar servicios de alto valor añadido para la ciudadanía en ámbitos como el de la energía, el transporte o la medicina, presentan también riesgos específicos que, al parecer, no pueden abordarse en su totalidad con la regulación ya existente sobre seguridad e integridad de las redes de comunicaciones. Así lo entiende el Gobierno al establecer, con este real decreto-ley, normas especiales y adicionales, sometiendo a los suministradores a controles de seguridad que garanticen su fiabilidad técnica y su independencia de injerencias externas, analizando los riesgos y dando prevalencia a los estándares y esquemas de certificación internacionales y europeos sobre ciberseguridad. En todo caso, nosotros entendemos que la tecnología 5G y su desarrollo son instrumentos que deben servir para asegurar y democratizar el acceso de la ciudadanía al disfrute de estos avances científico-técnicos, siendo preciso priorizar el interés general frente a intereses empresariales o políticos ajenos a él. Por eso, es importante no sucumbir a las presiones que ejercen grandes empresas y potencias mundiales; y no hace falta que explicite demasiado, porque creo que aquí todo el mundo sabe a lo que me refiero. Así, el desarrollo de la tecnología 5G debe afrontarse desde diversos enfoques: geopolítico, medioambiental, laboral. Debemos situar el debate geopolítico en la multipolaridad para evitar dinámicas de bloques o barreras ideológicas para la instalación de esta tecnología. Las condiciones deben ser las mismas en todos los Estados, buscando mantener la soberanía tecnológica, la defensa y el control medioambiental, las garantías en el mundo laboral y asegurar la privacidad. En otras palabras, es importante mejorar la definición de las redes de comunicación que van a utilizar el espectro 5G y también asegurar que en la adjudicación se respeten formalmente todas las garantías que se recogen en este real decreto para que prime el establecimiento de controles públicos; además de asegurar que no existirán condicionamientos por presiones de cualquier potencia internacional, de manera que acabe por garantizarse la soberanía tecnológica, se proteja la privacidad y se evite su utilización para la sobreexplotación económica y laboral. Es particularmente importante para nosotros que, a la hora de analizar las medidas estratégicas y la exposición a injerencias externas de los suministradores 5G, se valoren, tal y como se establece en el real decreto, las características de la legislación y la política de ciberdefensa y el respeto al derecho internacional y a las resoluciones y acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas de este tercer Estado y el grado de adecuación de la normativa del tercer Estado sobre protección de datos personales a la de España y la Unión Europea. También es fundamental insistir en la necesidad de poner toda la atención en el respeto a las cuestiones energéticas a las que afectará el desarrollo de la tecnología 5G, sin duda, para que no se genere una dinámica de degradación medioambiental, que tanto nos preocupa en estos tiempos de cambio climático. Quiero insistir también en que la repercusión del desarrollo de esta tecnología en el mundo del trabajo es enorme y está relacionada con la consolidación de la llamada Industria 4.0; es decir, una cuarta revolución industrial que pretende combinar técnicas de producción avanzadas con el uso de tecnología inteligente. Tal y como denuncian los sindicatos, ya está siendo utilizada en muchos ámbitos para avanzar en el desarrollo de un modelo de teletrabajo precario y despojado de muchos derechos, cuya conquista costó a los trabajadores sangre, sudor y lágrimas; es decir, un modelo neoliberal. En suma, el desarrollo de las redes que soportan la tecnología 5G tiene importantes repercusiones en el conjunto de la sociedad. En este sentido, supone algo más que una mera innovación científico-técnica, por sus impactos en el ámbito geopolítico y por sus repercusiones en las relaciones laborales. Muchas gracias. .

  47. Víctor Manuel Sánchez del Real VOX

    Muchísimas gracias. Pegaso, Pegaso, cuánto Pegaso ¿verdad? Bueno, les voy a pedir, señorías, vicepresidenta ―en este caso, ejerciendo de ministra―, que miren al techo, a algún punto, y que me ayuden a buscar el oso. No busquen a Pegaso, que también hay un Pegaso por ahí representado, busquen al oso; busquen al oso porque hay un oso en la sala. De hecho, no solo hay un oso en la sala; en realidad, hay varios. Hay varios osos en la sala que nos acechan, que nos espían, que nos vigilan. Y, no, no son osos cercanos, aunque tengan algunos amigos locales, porque hay un oso, de hecho hay un oso panda escuchándonos, un oso chino, que a algunos les parece lento e inofensivo, casi como de algodón y, sin embargo, ese oso panda chino nos está espiando para atacarnos y para destruirnos. Busquen al oso, no al Pegaso, porque, miren, hay varios osos; y, ahora, usted, el Gobierno, busca la excusa del oso ruso; ¡que viene el oso! Y, por eso, hacemos esto por vía de real decreto. Pero, esto está lleno de osos, y, de hecho, lo más importante es que esto no es un decreto sobre el 5G, no lo es; es un desarrollo muy técnico, tiene implicaciones mucho más importantes. Esto no va de tecnología; esto no va de suministradores de riesgo, aunque me da la risa, don Txema Guijarro, oír hablar a un comunista de monopolios, cuando de lo que estamos hablando es de osos chinos que son monopolios comunistas; a ustedes los monopolios, si son chinos, les molan. . Esto va de soberanía nacional y de defender, señora vicepresidenta, la soberanía nacional, de tener las herramientas y luego tener el coraje de defenderlo. Evidentemente con el 5G todo es más rápido, todo está más conectado, pero esto no va solo de 5G. Tenemos más riesgos al estar más cosas conectadas a la red, evidentemente, pero hay otras cosas que ya están y que también están sometidas a la vigilancia del oso. A más oportunidades, también más riesgos; es evidente. Y, por eso, la clave es la soberanía digital. ¡Por fin se han dado cuenta! Miren ustedes, nos llevan espiando ya demasiado tiempo y no han hecho nada. ¡Es que el oso ha estado ahí desde hace mucho tiempo y no lo han visto! Ahora, eso sí, ¡que viene el oso ruso! Pero, ¿y el oso chino? Miren, esos osos ya han actuado contra los intereses de España en España. De hecho, señores ‘indepes’, ustedes han bailado la sardana con el oso ruso ―¿no se acuerdan?― contra los intereses de España. . Y vuelvo a las redes. Esto no para en el 5G; hay otros equipos. Les invito, ya que han subido la mirada, a que también la suban en sedes oficiales. Cuando visiten un cuartel, cuando visiten un centro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, miren la caja y miren de dónde viene, porque ahí hay ositos pequeños también investigándonos. Y hay que cerrar todas esas puertas de atrás, evidentemente; y, por eso, este decreto ley se queda corto, muy corto, se queda muy pequeño. Y lo más dramático ―o, quizá, lo más curioso― es que siempre acaban dando la razón a VOX, porque lo pedimos en julio del año 2020, porque lo hemos pedido en la primavera de 2021. Y ¿saben lo que nos hacían? El señor presidente del Gobierno nos hacía el baile del oso (balancea el cuerpo mientras mueve los brazos alternativamente) ridiculizándonos de estos riesgos. ¿Se acuerdan?, en esta misma tribuna. Yo no sé imitarlo; yo no soy tan alto, guapo, simpático y atractivo como es él. . Ahora, aprovechando la invasión de Ucrania, se han caído ustedes no del oso, sino del caballo camino de Kiev. Lo que es peor, están camino de Kiev en lugar de estar camino de Beijing o de Pekín para denunciar al oso chino y, por supuesto, al oso ruso que nos investiga, que nos espía y que nos ataca, porque es verdad que nos ataca. En eso contiene el real decreto una verdad. Porque ustedes criticaban a VOX (vuelve a balancear el cuerpo y a mover los brazos alternativamente), pero ustedes también criticaban a Trump — voy a hacer el bailecito de Trump (simula un baile)—, porque Trump ya lo hizo y ustedes también se reían, pero es que no lo hizo solo Trump, lo hizo Boris Johnson y también se ríen de Boris Johnson — soy incapaz de imitar a Boris Johnson, por supuesto —, pero lo hizo Australia, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Nueva Zelanda —¡su amiga de Nueva Zelanda!—, Japón, Francia o el ya mencionado Reino Unido. ¿Vemos osos o es que hay osos? Miren, ahora se caen del caballo caminito del sitio equivocado, que debería ser Pekín y Moscú. Repito, esto va de soberanía digital de España. La soberanía digital de España se defiende en las fronteras físicas y en las digitales, con herramientas y con coraje, y me da que ustedes no tienen el coraje porque ni siquiera ha sido usted capaz de subir aquí y hacer un discurso político sobre cuáles son esos riesgos para los que quiere esta herramienta. Quiere una herramienta, pero no nos dice claramente quiénes son los osos contra los que quiere utilizar esa herramienta. . Hablando de osos, también hay otros animales en las redes. Hablaré de los coyotes. Los coyotes, algunos de ellos californianos, permiten que se vulneren los derechos de los españoles, su libertad de expresión. Mire, yo hoy no voy a poder tuitear esta intervención ni voy a poderle contestar en redes porque estoy bloqueado por Twitter, pero me da igual, porque la voz de los que denunciamos esta opresión digital está aquí. Nosotros defendemos la soberanía digital, pero también la soberanía, la independencia y la libertad de los españoles; eso también lo defendemos y no tenemos tapujos en defenderlo. . Quería hablar muy rápidamente de otro tipo de animales que pululan también en este real decreto. Hablaré de los zorros. No utilizaré el lenguaje inclusivo porque me interpretarían ustedes fatal. . No hablaré tampoco de las ratas que hay en redes — repito— tirando cuentas de Internet. Volvamos a los zorros y hablemos de los zorros planteados. Hablemos de Zapatero. . El mayor comisionista en estos momentos defendiendo los intereses ¿de quién?, ¿de España como expresidente de la nación? No. Los de los chinos. El oso chino paga a Zapatero para que se meta en nuestras infraestructuras. . Y no solo logra eso, ¡qué casualidad!, el señor Pedro Sánchez, que está en este real decreto siguiendo la estela del zorro plateado, nos dice hace unas pocas semanas que había que meter la tecnología del oso chino en nuestra tecnología, en nuestras redes de quinta generación. Lo que hay que hacer es salvar a lo público de ustedes porque ustedes, para coger en lo privado, se van a por lo público y nos meten al oso en lo público. . ¡Y no digo a dónde van los osos cuando terminan la fiesta! Miren, tengan el coraje, aplíquenlo ya, no tengan miedo en darnos la razón. Ya se lo dijo Santiago Abascal en el discurso de la moción de censura. China es un problema, es un problema y un peligro que amenaza nuestra soberanía en muchos campos, uno de ellos el digital. ¿Recuerdan la postura del señor Pedro Sánchez? . Hacer el oso. Esto va de soberanía, soberanía digital. Termino. Ustedes, tan aficionados a limitar las libertades de los españoles, no tienen coraje para ir contra el oso chino, contra el oso ruso o contra otros. Al final, lo de siempre. Se lo dijimos y VOX tenía razón; acostúmbrese, porque solemos tenerla. Muchísimas gracias. .

  48. Juan Luis Pedreño Molina PP

    Buenos días, señora vicepresidenta. Quiero agradecer, en primer lugar, que usted haya presentado este texto normativo en un momento crucial para nuestro país, después de estos más de dos años sin noticias y con una ausencia inexplicable de regulación en el ámbito digital, y esto a pesar de los plazos impuestos en muchos casos por las directivas y las trasposiciones en este ámbito. Al final, siempre vamos a rebufo del resto de nuestros socios comunitarios y, entonces, pasa lo que pasa hoy, que vienen las prisas. Acabamos de debatir la nueva Ley General de Telecomunicaciones, a la que ya llegamos tarde, porque regula despliegues de redes 5G que ya comenzaron a desarrollarse en España por compañías privadas, y con las infraestructuras 5G operativas hoy en día, nos ponemos a debatir cómo ponerlo en marcha para dotar de seguridad a las comunicaciones electrónicas sobre esta tecnología, que es justo al revés de lo que hay que hacer. Decía usted, señora ministra, que hay que dar confianza a los despliegues, pero los despliegues ya están. Creo que llegamos tarde para dar confianza ahora mismo. Las redes 5G son infraestructuras esenciales para la generalización de nuevos servicios, claves para el futuro desarrollo económico y social de nuestro país, incluida la gestión de las infraestructuras críticas. Dicho de otro modo, estas infraestructuras de comunicaciones móviles son la base de la economía y de la sociedad en las próximas décadas, por eso estamos llegando muy tarde. Al menos, con este real decreto-ley se han visto en la obligación de acelerar algo que hace mucho tiempo que su Gobierno tenía que haber abordado. Ahora todo es rápido y atropellado, pero sí es cierto que es absolutamente necesario. Si se va a poner en marcha un despliegue de redes de comunicación 5G en España, tendremos primero que decidir las restricciones para dar seguridad a toda la red, a los servicios privados y públicos que se van a prestar, que es el objetivo de este real decreto-ley, y luego viene todo lo demás; luego viene la subasta de las frecuencias del espectro radioeléctrico, luego viene la Ley General de Telecomunicaciones, y va en ese orden. Señora ministra, como todo en la vida, primero hay que conocer las reglas del juego antes de iniciar la partida. Todo esto tendría que haberlo hecho mucho antes de dejar que los operadores de telecomunicación hayan arriesgado inversiones sin ninguna seguridad jurídica. La Unión Europea, de hecho, en marzo de 2019 ya era consciente de la importancia de proporcionar herramientas reguladas en el momento en que los operadores estaban planificando el despliegue de la actual infraestructura 5G. Por eso, elaboró la directiva con un ToolboX y un conjunto de recomendaciones cuya consecuencia, tres años más tarde, es este real decreto-ley que trae el Gobierno a esta Cámara. Tres años después, señora ministra. Este texto se enfoca hacia aquellos suministradores de productos y servicios 5G que no garanticen, además de las consideraciones puramente técnicas en materia de ciberseguridad, la no existencia del riesgo global de influencia de terceros países, especialmente en relación con su modelo de gobernanza. Dicho de otra manera, posibilita a un Estado miembro — a España en este caso— a excluir proveedores o suministradores de sus mercados por motivos de seguridad nacional. Como esto sigue hoy en día sin aprobarse, y por eso hoy estamos aquí, en España las operadoras se han visto obligadas a tomar una decisión propia ante la falta de directrices del Gobierno, ya que, por un lado, están pagando las frecuencias 5G — quiero recordar que el Gobierno en esto se ha llevado más de 1000 millones de euros con la subasta del espectro— y, por otro lado, necesitan comenzar los despliegues precisamente para rentabilizar dicha inversión. Es innegable — yo creo que ha salido a lo largo del debate— que la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia debe acelerar este proceso, pero ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera ocurrido? Yo creo, sinceramente, que seguiríamos aún sin actuar. Las amenazas cibernéticas no son del pasado, es una actividad muy peligrosa, delictiva absolutamente, que crece exponencialmente y que ataca las estructuras y los servicios críticos de un país, de nuestro país en este caso. Ustedes lo saben porque realmente tenemos muchos casos recientes en España. Miren, según el último Informe Anual de Seguridad Nacional — el último que se recoge es del año 2021—, durante la primera parte de ese año diferentes ataques ocasionaron — y estoy leyendo textualmente— un importante impacto en algunos organismos públicos. El del Servicio Público de Empleo Estatal ha sido el más sonoro porque se ha repetido muchas veces, pero también fue al Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital — el suyo—, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, casi nada. Por eso, en julio de 2019, tras el posicionamiento de Estados Unidos, Reino Unido o Francia limitando a proveedores de países asiáticos como suministradores de equipos de la tecnología 5G, el Grupo Parlamentario Popular preguntó al Gobierno cuál era el posicionamiento del Gobierno y si iba a establecer algún tipo de limitación o de restricción. La respuesta fue que el despliegue de redes y demás medios técnicos se lleva a cabo por las operadoras de acuerdo con sus propias estrategias técnicas y comerciales. Esto es lo que se llama escurrir el bulto, porque esto ya se lo advertimos hace más de dos años y ahora vienen las prisas. Debido a las características de las redes 5G, nos encontramos con mayores vulnerabilidades, como ya pusieron de manifiesto en 2019 el informe de la Comisión Europea, Enisa y los Estados miembros, tras el análisis coordinado de riesgos de las redes 5G. Por tanto, lo que no es normal es que caigan en la cuenta de esto hace ahora dos semanas nada más porque las amenazas cibernéticas pueden destrozar la economía de un país — esto lo hemos visto recientemente ahora con Portugal—, máxime en un momento como el de ahora, con un conflicto que amenaza a toda Europa. Con las nuevas condiciones que se establecen en esta normativa, incluida la elaboración del esquema nacional de seguridad de redes y servicios 5G, tanto los operadores como los suministradores están muy perdidos por la falta de concreción de plazos y de criterio. El Grupo Parlamentario Popular ha demandado, y nos hubiera gustado ver algún estudio o informe, cuál va ser el efecto sobre la competencia de una posible reducción de suministradores en el mercado de las redes 5G, porque esto es muy importante a la hora de establecer los artículos en este real decreto. Finalizo ya. Puesto que el listado de estos suministradores de alto riesgo no va a pasar por esta Cámara, salvo acuerdo adoptado en Consejo de Ministros y previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, que es como refleja el artículo de esta ley, le pedimos, señora ministra, que no seamos los más restrictivos de la Unión Europea y que tampoco hagamos dejación, como ya pasó en diciembre de 2020, porque es urgente garantizar la seguridad de nuestro país frente a los ataques cibernéticos y esto repercute en el empleo, las inversiones, la competencia y el desarrollo tecnológico. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la convalidación de este real decreto para que se empiecen a tomar medidas cuanto antes por la seguridad de todos y por el bien de España. Muchas gracias. .

  49. José Antonio Rodríguez Salas PSOE

    Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, quiero dirigirme al señor Sánchez del Real. ¿Me podría responder cuántas especies de animales hay en el mundo? . No solo el oso, sino cuántas especies. Hay 7,77 millones de especies. Este Gobierno no se preocupa, en la sociedad del minuto, solo del oso o del panda, sino de todos los animales que puedan atacar al Estado español. . ¿Se imaginan ustedes un escenario en el que las telecomunicaciones se vengan abajo y no existan? ¿Un escenario en un mundo apagado tradicionalmente, donde no exista lo que todo el mundo llevamos en la mano, la conectividad? Pues eso ha pasado en Ucrania. Se han caído las telecomunicaciones y eso no ha sido por casualidad; alguien ha intervenido para que eso ocurra y han tenido que intervenir terceros. Lo primero que hace el presidente Zelensky es dirigirse a Elon Musk, al fundador de Tesla, que ha comprado Twitter, y lo digo más que nada por lo de su cuenta reciente, quien pone un equipo de satélite, el Starlink, para dar servicio a una población que ha sido atacada en algo sensible, en las infraestructuras críticas. ¿Qué es lo que más puede afectar a una población? El ataque a las comunicaciones. Por eso, hay que estar presente en los grandes desafíos, en los grandes retos y, sobre todo, en las grandes amenazas de la sociedad del minuto, que es la sociedad en la que estamos inmersos, una sociedad difícil en la que constantemente sentimos amenazas. Por tanto, yo no entiendo cómo muchos de los que han intervenido hasta este momento lo han hecho sin pensar en la amenaza que puede surgir de esas 7,77 millones de especies, no solo de un oso que podamos ver pululando por aquí, sino de los que no vemos, que son los que amenazan las infraestructuras críticas, a las empresas españolas y, sobre todo ―lo hemos vivido―, a los hospitales, que han sido atacados o también, por ejemplo, las infraestructuras que, en un momento de pandemia, han sido necesarias como el SEPE, y lo hemos visto claramente. Es decir, eso es lo que ocurre cuando empezamos a ver miedos o a no entender lo que es el sentido de Estado en un país. . Por eso, es muy importante ser español en esos momentos también. Hay que ser español siempre, pero especialmente cuando se defienden los intereses de un país. Hoy venimos a esta Cámara para garantizar la ley de ciberseguridad 5G y permítanme que represente el mundo rural en una persona ―porque yo creo que el municipalismo está muy presente a la hora de juzgar o determinar cuál va a ser el final de las telecomunicaciones en España―, en Pepe Entrena, presidente de la Diputación de Granada, quien luchó por que los 174 municipios que estaban desconectados, desde las Alpujarras hasta el último lugar de la provincia de Granada, pudieran llegar a este lugar donde estamos. Además, esa lucha ha servido para, sumando muchas más experiencias, las de 8131 municipios de España, saber por dónde tenemos que ir. Hoy venimos a esta Cámara — y lo ha explicado muy bien la vicepresidenta— para garantizar la seguridad, pero en la seguridad, como en muchos aspectos de la vida, el riesgo cero no existe. Por tanto, como no existe, es necesario tomar medidas preventivas. ¿Y saben ustedes cómo está España? España está situada en el cuarto puesto a nivel mundial en ciberseguridad. Solamente están por delante de nosotros Estados Unidos, el Reino Unido, Arabia Saudí y Estonia. Estos son los países que están justo por delante de nosotros, pero en Europa, en el conjunto de los 27 países, solamente hay un país que está por delante de nosotros y es Estonia. Es decir, hemos hecho un buen trabajo, pero eso no quiere decir que nos durmamos porque, efectivamente, existen muchas amenazas, casi 7,77 millones de especies. Le agradezco mucho que haya puesto el ejemplo del oso porque me sirve muy bien para defender todo esto. Al final, se trata de crear un marco de confianza, un marco que el portavoz del Grupo Popular ha explicado, esa caja de herramientas, esa toolbox que, efectivamente, ha hecho posible consensuar entre los Estados miembros de la Unión Europea e identificar las principales amenazas y, por supuesto, las vulnerabilidades y los activos más sensibles para que podamos llevar a efecto todo esto. Este real decreto va estrechamente vinculado, como la vicepresidenta ha explicado — le agradezco que lo haya explicado tan bien, es más veía que no tenía ni que leerlo porque se lo cree y sabe perfectamente de lo que está hablando y porque conoce el riesgo que tenemos en este país y sabe de las dificultades que habría en este espacio si no lo hiciéramos—, a dotar con 1020 millones de euros el proyecto. Esto significa reforzar una seguridad en el marco de un plan nacional que da respuesta a las consecuencias económicas y sociales ante el nuevo escenario geoestratégico que supone la guerra de Ucrania, porque, al final, la guerra de Ucrania desemboca todo esto. Se enmarcan dentro del proceso 150 actuaciones del Centro de Operaciones de Ciberseguridad Nacional de la Administración General del Estado, junto con el Plan de Ciberseguridad, que refuerza la agenda para poder responder de manera adecuada al mayor riesgo geopolítico actual, y provocan ciertos fenómenos que son muy interesantes. A ver si entendemos cuáles son esos fenómenos. Verán. ¿Les suena a ustedes — ahora que todo el mundo habla de bajar impuestos— la reducción del precio de la energía para reforzar la estabilidad de los precios? ¿Les suena a ustedes la garantía de los suministros, por ejemplo? ¿Les suena a ustedes el impulso a la eficiencia energética, la estabilidad financiera, sobre todo, el apoyo a las empresas de los sectores más afectados y, por supuesto, reforzar la ciberseguridad? ¿Sabrían ustedes, por ejemplo, las consecuencias que tendría, dentro de este marco fundamental, que se atacaran las infraestructuras críticas de los grandes bancos de este país, que no solamente están en España, sino que están prácticamente por todo el mundo? Eso tendría consecuencias importantísimas, pero también si se atacan las infraestructuras críticas de una multinacional como Telefónica o como Repsol. También incluso si entran en nuestra ficha médica y pueden extraer los datos de seguridad más fundamentales que tienen los ciudadanos españoles, que son los datos médicos, por poner un ejemplo. Al final, es muy importante todo lo que hemos desarrollado en ciberseguridad, pero es mucho más importante recordar algo que es fundamental: ser español no solo cuando toca, sino cuando sea necesario, que es siempre, sobre todo en momentos críticos como los que estamos viviendo ahora. Para terminar, solo quiero decir una cosa y es que lo que más me ha gustado de todas estas intervenciones es que ha pululado el espíritu de don Fernando de los Ríos. ¿Saben ustedes cuál es el espíritu de don Fernando de los Ríos? El espíritu de la revolución del respeto; eso es muy importante en esta Cámara. Muchas gracias. .

  50. Diana Morant Ripoll

    Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Comparezco ante ustedes para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los que formamos parte de esta Cámara tenemos claro que la ciencia nos permite avanzar y valoramos su relevancia porque sus beneficios aseguran progreso social y futuro cierto. Esta concepción nos une con la ciudadanía y traspasa las puertas de este hemiciclo. Somos conscientes de que el trabajo de nuestros investigadores e investigadoras posibilita que avancemos como país. Resulta necesario fortalecer el sistema público de ciencia y garantizar condiciones laborales dignas para nuestros científicos. Debemos abrir un paréntesis en el debate parlamentario y promover un acuerdo amplio en torno a la ciencia. Esa es la voluntad de este ministerio y de esta ministra. Señorías, olvidamos con frecuencia que el sistema público de ciencia lo componen mujeres y hombres y que detrás de los descubrimientos, más allá de sus aplicaciones prácticas, existen proyectos de vida. El real decreto-ley que hoy sometemos a su convalidación actúa y sitúa a los investigadores y a las investigadoras en el centro de la acción del ministerio. Cumplimos, por tanto, nuestro compromiso con la mejora de las condiciones laborales de los científicos y apostamos decididamente por que trabajar en ciencia no sea sinónimo de inestabilidad. Cuando hace diez años la Fundación Friedrich Ebert acuñada el término precariado no solo reparaba en los salarios bajos de los trabajadores; las relaciones laborales en una sociedad en constante transformación exigen luchar contra la temporalidad. La precariedad implica la carencia o la falta de recursos, pero también se combate proporcionando seguridad y certezas. Por ello, el objetivo principal de este real decreto-ley sitúa esta necesidad como prioritaria. Queremos dotar de mayor estabilidad a la carrera profesional en instituciones públicas del ámbito de la I+D+i y proteger a los investigadores y a las investigadoras y al personal técnico y de gestión que hoy en día encadenan contratos temporales. Queremos que, al igual que cuidamos el sistema público de educación, sanidad o pensiones, reparemos en la necesidad de fortalecer el sistema público de ciencia, remarcando esa definición, su condición y calificación como sistema público. Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación y desde el Gobierno de España no nos queremos limitar a las grandes cifras; podríamos conformarnos con los más de 13 000 millones de euros destinados a la I+D+i y podríamos destacar que contamos con el presupuesto más importante en ciencia tras años de abandono y carencia de inversiones. También podríamos ser autocomplacientes y conformarnos con haber impulsado la mayor oferta pública de empleo en organismos públicos de investigación en los últimos catorce años. Sin embargo, apostamos decididamente por la mejora de la vida de los trabajadores y las expectativas de la ciudadanía. Esa es nuestra idea de futuro. Señorías, la ciencia y la innovación están repletas de historias personales de mujeres y hombres que en muchas ocasiones sintieron la dejadez y el olvido de las instituciones. Aferrados a su constancia lideraron y defendieron proyectos a veces con importantes costes familiares y con el único colchón y apoyo de su vocación científica. Este real decreto-ley pretende superar desde la acción, la propuesta y la ejecución uno de los problemas estructurales a los que se enfrenta este ministerio. No debemos permitir que trabajar en ciencia e innovación carezca de condiciones laborales dignas; no debemos ignorar las dificultades que confrontan la vida laboral de nuestros científicos, y no debemos olvidar, con especial reparo, a nuestros jóvenes investigadores. Los inicios de la carrera científica, en su mayoría plagados de dificultades, deben desarrollarse en un marco laboral seguro y estable para retener talento, para que sientan el amparo de las instituciones y para garantizar el futuro. Somos conscientes de las dificultades. No se soluciona de manera rápida recuperar años de ausencia de una política científica robusta. No disponemos de soluciones inmediatas e infalibles, pero sí tenemos un plan, una hoja de ruta por la que queremos transitar. Con este real decreto nos anticipamos al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de febrero de este año, que se encuentra en tramitación parlamentaria en esta Cámara. Ese es el plan y la guía de este ministerio: modificar la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para reparar las deficiencias del sistema nacional de ciencia y aportar soluciones con vocación de futuro. Por eso, en el proyecto de ley se contempla lo que hoy anticipamos aquí: la creación del nuevo contrato indefinido de actividades científicotécnicas, porque el escudo social, baluarte de este Gobierno, también tiene que proteger a los trabajadores de la ciencia y la innovación a todos los niveles, tanto a técnicos y científicos como al personal de gestión. Ese es nuestro modelo y nuestra voluntad: enfrentar la crisis desde lo público y desde la ciencia. En la pandemia volvimos la mirada a los científicos y a las científicas para salvar vidas. Ante catástrofes como la del volcán de La Palma demandamos sus soluciones. Buscamos en sus investigaciones alternativas de futuro para combatir el cambio climático y para afrontar el reto demográfico o las consecuencias de la guerra de Ucrania. Si en estas crisis pedimos su ayuda, es mandato y obligación actuar cuando ellos nos piden soluciones. Aquí radica la necesidad de este real decreto-ley. No solo debemos fortalecer la financiación y mejorar las condiciones materiales y logísticas del trabajo de nuestros investigadores, es preciso reparar todos y cada uno de los eslabones de la cadena de la ciencia, con especial dedicación a los más vulnerables y a los más damnificados por años de precariedad. Pero no solo eso, nuestra propuesta enlaza directamente con el Real Decreto-ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, impulsado por este Gobierno. Respondemos, por tanto, al nuevo marco de relaciones con los trabajadores y establecemos la contratación laboral indefinida en el ámbito del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Europa es nuestra referencia. Solucionamos una anomalía para alinearnos con el marco laboral de la ciencia de nuestros socios europeos. Replicamos su manera de contratar y la hacemos nuestra. En definitiva, implementamos políticas que garanticen la prosperidad y apostamos por un proyecto de transformación de país también en el ámbito de la ciencia y la innovación. Señorías, el real decreto-ley que presento sigue estos propósitos, introduciendo una modificación sustancial a la Ley 14/2011 en materia de contratación. Para ello se abordan aspectos relativos al contrato de actividades científico-técnicas para la realización de proyectos y para la ejecución de planes y programas públicos de investigación científica y técnica o de innovación. Resulta urgente acometer estas modificaciones por cinco motivos principales. El primero, porque evita la paralización de las contrataciones laborales en el ámbito de las entidades de la I+D+i; el segundo, porque dota de un instrumento jurídico eficaz para la celebración de contratos indefinidos en este ámbito; el tercero, porque garantiza la estabilidad en las relaciones del sistema español de ciencia, tecnología e innovación; el cuarto, porque con esta figura contractual se reconocen las singularidades del sistema de la I+D+i, que ya no estará sujeto a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición, y el quinto y último, porque estos contratos de duración indefinida no necesitarán autorización previa si su financiación es externa o procede de convocatorias en concurrencia competitiva y, en el caso de que el grupo de investigación continúe con financiación, los contratos se podrán prorrogar sin necesidad de una nueva contratación. Señorías, todos los refugios ante las crisis y todas sus soluciones siempre estuvieron en la ciencia. Todas las salidas y todas las garantías de futuro están en la investigación. El trabajo de nuestros científicos y científicas teje un hilo que transita por nuestro día a día que nos protege, nos salva, nos da certidumbre y seguridad. En los últimos años los hemos mirado con demasiada frecuencia y hoy son ellos quienes nos miran a nosotros. Ante ese mandato solo queda responder con hechos. No podemos renunciar a mejorar la vida de nuestros conciudadanos, más cuando nuestro futuro y nuestro progreso dependen de su trabajo. En el Ministerio de Ciencia e Innovación siempre apostaremos por el diálogo y el entendimiento como modo de actuar y proceder. Fuimos capaces de alcanzar el Pacto por la Ciencia y la Innovación, suscrito por más de ochenta organizaciones representativas de la ciencia, la universidad, la empresa y los trabajadores, un pacto al que sus señorías también se han sumado. También estamos trabajando con empeño para llegar a un amplio consenso en torno al proyecto de ley de la ciencia, hablando con la comunidad científica, integrando sus demandas y negociando en estos momentos con los distintos grupos políticos de esta Cámara. Por tanto, apoyar este real decreto-ley no es solo responder y sustentar una iniciativa de este ministerio, sino comprometerse con nuestros investigadores y nuestras investigadoras al dar su voto afirmativo. Es nuestro legado y nuestro impulso fortalecer el sistema público de ciencia y ser vanguardia para ser futuro. Voy finalizando. Un proyecto de país implica un proyecto conjunto para la ciencia. La norma que sometemos a convalidación cohesiona, protege y fortalece nuestro sistema nacional. Identificamos uno de los problemas endémicos de la ciencia y lo reparamos, sobre todo focalizándolo en los más vulnerables, proporcionándoles seguridad y certidumbre. Situamos la lucha contra la precariedad como motor y eje de la acción ministerial y planteamos una solución inmediata y urgente. Por todo ello, les pido su respaldo a este real decreto-ley. Muchas gracias por su atención. .

  51. Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

    Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra de Ciencia e Innovación. Previamente, quisiera dejar constancia de que esta mañana ni el ministro de la Presidencia ni la vicepresidenta primera ni usted, como representantes del Gobierno, han mencionado en esta tribuna una sola palabra del inquietante dato que la encuesta de población activa acaba de publicar sobre la destrucción de cien mil puestos de trabajo en el primer trimestre de este año 2022. Tampoco ha encontrado hueco ni oportunidad la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que pasó hace un momento por el banco azul a la hora de votar, para valorar aquí, en la sede de la soberanía nacional, semejante varapalo para el mercado laboral, siendo como es la creación de empleo la gran prioridad nacional. Señora Morant Ripoll, usted ha explicado un real decreto-ley que avanza en la resolución de uno de los males que históricamente han obstaculizado el desarrollo del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, que no es otro que la precariedad de nuestros investigadores. Con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno han tenido que pasar tres años y medio y dos ministros para que al fin se tomen medidas en la línea que han reclamado tanto los propios investigadores como el mundo universitario. Es el caso de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, una de cuyas reivindicaciones tradicionales ha sido la necesidad de combatir contra la fuga de talentos que hoy España tiene desparramados por el mundo ante las dificultades de amarrar aquí un contrato. Ahora, con la introducción de un nuevo contrato de actividades científico-técnicas vinculadas a la investigación, se cierra una vía, aplicando un torniquete a la sangría científica nacional de la que se han aprovechado otros países como secuela de la fuga desesperada del personal en busca de empleo fijo y futuro. Señorías, hace unas semanas que el Gobierno ya tuvo que resolver algunas carencias de la mala reforma laboral, que ha señalado la señora ministra, recurriendo también a un real decreto-ley, fórmula de la que el Consejo de Ministros abusa y que relega la principal función de las Cortes Generales, que no es otra que la de legislar. Tales carencias afectaban entonces a la cultura, pero también los contratos de investigación por obra y servicio iban a desaparecer a finales del pasado mes de marzo, afectando a casi 25 000 investigadores. Con esta nueva normativa se promueve la resolución del entuerto, estableciendo una contratación indefinida que no precisará de autorización previa cuando los contratos estén vinculados a financiación externa que provenga de convocatorias de ayudas públicas para concurrencia competitiva. Señora ministra, no quiero desaprovechar mi paso por la tribuna para confiar en que la política de su departamento recupere el mucho tiempo desperdiciado por la insulsa gestión de su antecesor, que se sumó a la anodina tarea desarrollada por el anterior ministro de Universidades. España, efectivamente, precisa de una buena ley de ciencia y existen mimbres para acometer su tramitación — actualmente en el Congreso— buscando el consenso político que reclaman quienes son sus principales protagonistas. Las medidas que contempla el proyecto de ley de ciencia serán insuficientes e incluso inútiles si no se ejecutan las partidas presupuestarias contempladas en las cuentas públicas de 2022 que totalizan 3843 millones de euros, cantidad importante, pero mejorable, y si no se elimina otro de los grandes males que atenazan la I+D+i, es decir, la burocracia y la perniciosa reconversión de nuestros científicos en expertos en dedicar su jornada laboral a la resolución del papeleo y a la tramitación administrativa.

  52. Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

    En todo caso, y con ello concluyo, hoy se da un paso a favor del personal investigador y contará con mi voto a favor la convalidación de este real decreto-ley. Muchas gracias, señor presidente.

  53. José María Mazón Ramos PRC

    Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Señora ministra, es conocido que el decreto ley de la reforma laboral contempló la desaparición de los contratos de obras y servicios y causó mucha preocupación en muchos ámbitos, en el mundo audiovisual, por ejemplo, pero sobre todo en el mundo de la ciencia y, muy en particular, en las universidades que, por las peculiaridades de su investigación, estaban sujetas a la financiación de duración determinada de muchos proyectos y no había una regulación sustitutoria de esta situación. Existía la promesa de resolverlo en la ley de la reforma de la ciencia, que aún no ha sido aprobada. Por eso, en las universidades, en concreto en la Universidad de Cantabria, se ha visto con satisfacción la publicación de este decreto ley, que avanza un nuevo marco legislativo. Además, consecuentemente despeja una parte importante de la incertidumbre en la que se encontraban miles de investigadores e investigadoras al crear esta nueva figura contractual para las actividades científico-técnicas que, por cierto, está contemplada en el decreto ley. Además, otra cosa fundamental es que desvincula el tipo de contratos de la tasa de reposición ordinaria que tanto cercenaba este trabajo. Por eso, el PRC va a dar su voto favorable a la convalidación. Pero queda un tema pendiente que es necesario resolver con la reforma de la ley de ciencia, y es clarificar de forma absoluta que la financiación vinculada a los contratos de investigación tenga una cláusula para su rescisión sin que se vea sometida a la incertidumbre de que puede ser en la financiación de la línea, las indemnizaciones, etcétera. Hay que tener en cuenta que esto no es igual en todos los casos y no es igual para todas las universidades. En concreto, la Universidad de Cantabria, que es una universidad enormemente activa en investigación, se ha visto afectada de lleno. Como usted sabe muy bien, ocupa un lugar muy destacado en el ranking CYD: es la primera en productividad investigadora en España, junto con otras dos; la tercera en publicaciones científicas de ámbito internacional; también la tercera en cuanto a volumen de ingresos por actividad, y la cuarta en cuanto a los ingresos por contratos por profesor. Así pues, toda esta norma la afecta mucho más que a otros ámbitos. Fíjese, en los últimos cuatro años ha ingresado entre 20 y 22 millones por su actividad investigadora y hay 450 personas trabajando, de las cuales aproximadamente 300 lo hacen con fondos que provienen del exterior y no de la financiación del Gobierno regional, por la captación de fondos por los propios profesores, tanto de origen privado como de origen público, siempre también en competencia competitiva. No obstante, aparte de la universidad, les recuerdo para los próximos presupuestos que en Cantabria también tenemos otras instituciones, como el Instituto de Hidráulica Ambiental, que en materia de costas y de cambio climático es de los más prestigiosos del mundo y que también tendría que verse favorecido. Aunque no esté en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, hay que apoyarlo decididamente porque este es un modelo en el que cualquier inversión es enormemente rentable; no solo por la necesidad de apoyar la ciencia y la I+D+i, sino que resulta fundamental también desde el punto de vista económico incluso a corto plazo — entre el 60 % y el 80 % de sus ingresos provienen del exterior de España— y ya no digamos desde el punto de vista laboral, con una creación de empleo de alta cualificación.

  54. José María Mazón Ramos PRC

    En resumen, les apoyaremos, pero recuerden ustedes que tienen el compromiso pendiente de ligar esta financiación de los contratos a la financiación de los proyectos, tal y como se les ha solicitado. Muchas gracias.

  55. Josune Gorospe Elezcano EAJ-PNV

    Gracias, presidente. Buenos días, ministra. Bienvenida, es un placer poder debatir desde esta tribuna con usted. Es la primera ocasión en que tenemos la oportunidad y lo único que lamento es que no voy a coincidir con la versión que ha dado del decreto ley y que yo considero edulcorada. Me voy a explicar. Creo que usted ha intentado justificar y contextualizar lo que aquí realmente se está proponiendo en el marco de la necesidad real que se plantea, pero no es este el instrumento que debiera haber regulado esta cuestión, sino que es el proyecto de ley que estamos negociando y que está ahora en proceso de tramitación parlamentaria el que realmente tendría que haber regulado y clarificado algo que ―estoy totalmente de acuerdo― es absolutamente necesario. Creo que, como ministra, se ha visto en la necesidad de hablar de algo estructural y ha realizado dos afirmaciones. En primer lugar, ha dicho: Con este real decreto nos anticipamos a la aprobación del proyecto de ley. Eso en sí ya es una anomalía, porque lo que no tiene sentido normativo ―y, si el trabajo está bien hecho, es muy difícil de justificar― es precisamente que, cuando está en proceso de negociación en la Cámara un proyecto de ley, el día anterior a que finalice el plazo para la presentación de enmiendas se apruebe un decreto ley. En segundo lugar, usted decía: Este real decreto-ley pretende resolver uno de los problemas estructurales. Pero, en realidad, no resuelve un problema estructural, sino que está resolviendo un problema coyuntural, un problema que se genera como una consecuencia negativa de la aprobación de la reforma laboral que, al eliminar y hacer desaparecer la modalidad de contrato por obra y servicio ―al desaparecer a partir de una fecha determinada y en tanto no se apruebe el texto que estamos negociando ahora―, dejaba en el limbo, en una situación complicada y sin ningún tipo de contrato al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, al sistema público. . Por tanto, yo creo que es importante contextualizar. No pasa nada, se ha aprobado un texto legal que ha tenido una consecuencia negativa, no se llega a tiempo con el texto legislativo que debe subsanarla y, en medio, se adopta una medida urgente y transitoria para que pueda resolverla. Yo creo que esa es la realidad y en ningún caso se puede justificar que con un decreto ley se adelanten a la aprobación del proyecto de ley, pues precisamente eso es algo que a nuestro grupo parlamentario no le gusta. No se puede aprobar aquí algo por decreto ley — un decreto que además junta dos materias distintas; otra cosa que tampoco nos gusta es que los decretos leyes mezclen, en este caso, temas de investigación con una cuestión sanitaria de control de viajeros internacionales― y que se hurte el debate parlamentario que tiene que existir en la tramitación del proyecto de ley. ¿Qué nos pasa en este caso, por ejemplo? En concreto, se plantea la aprobación de un artículo que nuestro grupo parlamentario ha presentado. Es decir, ¿qué se está haciendo? Poner un parche a un roto que genera la reforma laboral, pero, desde la perspectiva de nuestro grupo parlamentario, no es un parche suficiente y le digo por qué: porque esto que hoy vamos a aprobar, que nos parece importante hacerlo y nos parece que está bien, no es suficiente, porque solo se van a poder beneficiar aquellos agentes del ámbito del sistema público. Y nosotros nos preguntamos: ¿y qué pasa con los centros tecnológicos? ¿Qué pasa con aquellas universidades que tienen una tradición y un acervo de investigación importante? En Euskadi tenemos universidades muy importantes, como la de Deusto y Mondragón, que no se van a poder beneficiar de lo que aquí se regula y van a tener que esperar a que se apruebe el proyecto de ley. Por eso, le decía que es un parche que no cubre por completo el roto que la reforma laboral ha provocado con la eliminación del contrato por obra y servicios hasta que se apruebe esto. Esa es la cuestión. Si se votara a favor, no se puede interpretar que ese voto quiere decir que estamos de acuerdo con el contenido íntegro que está aquí. Hay que evitar disfunciones interpretativas y aclarar de forma expresa cuál es el fruto que de la negociación en el ámbito parlamentario pueda salir. Eso es lo que nos hace dudar de si hay que dar el voto favorable a este texto o quedarnos en una abstención. Gracias.

  56. Juan Ignacio López-Bas Valero Cs

    Gracias, presidenta. Señorías, ministra, buenas tardes. Ministra, nos trae hoy el Gobierno la convalidación del Real Decreto-ley 8/2022, que soluciona un problema derivado del desacompasamiento y el vaivén de los tiempos parlamentarios; ese que se produce al adelantar la reforma laboral y el fin de los contratos por obra y servicios sin haberse aprobado todavía la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo proyecto de ley, como nos ha comentado, está en trámite parlamentario en esta Cámara y contempla la reforma que ahora se prevé en este decreto. Esta ley de ciencia viene con retraso, porque hemos de recordar que las primeras negociaciones con el ministerio y con los grupos parlamentarios ya se han producido hace tiempo, incluso pasando por dos ministros. Entendemos que estos cambios de titulares en el ministerio son los que han hecho que esta ley se haya retrasado, una ley que en principio no habría tenido mayores problemas para su tramitación, porque es previsible que vaya a alcanzar un alto grado de consenso político. En ese aspecto, yo agradezco al ministerio la deferencia que ha tenido con los grupos parlamentarios de poder contrastar opiniones y perspectivas sobre el texto legal incluso antes de tramitaciones parlamentarias, por ejemplo, del trámite de enmiendas. Pero es verdad que ese retraso ha dejado como consecuencia, tras la reciente reforma laboral, un hueco que ahora hay que cubrir con urgencia por este decreto, porque no es de justicia que quienes estaban amparados por una fórmula contractual, como la derogada del contrato por obra y servicios, se hayan quedado en un limbo jurídico y fáctico. De alguna manera, llega el momento de poder echarles un tronco a esos náufragos que habían quedado varados en medio del océano. Ustedes solucionan un problema y entendemos que eso es bueno, pero las soluciones de verdad todavía están por llegar. Se debe actuar con decisión, para lo cual les hemos ofrecido nuestro apoyo en otras ocasiones. Tenemos que recordarles que en Ciudadanos ya fuimos los primeros en poner sobre la mesa figuras como las del contrato único con indemnización creciente, que tiene como objeto reducir la temporalidad y simplificar el menú de contratación que existe actualmente, o la mochila austriaca, que da más poder al trabajador para decidir cómo invertir su experiencia y su formación continua, como pasa también en el caso de los investigadores. Tenemos que recordar que precisamente fuimos los liberales quienes apoyamos el Real Decreto-ley 32/2021, la más reciente reforma laboral que, aunque es cierto que no es nuestro modelo ideal, sí es un avance por fin en ofrecer más certidumbre a los empleados y a los empleadores, haciendo del contrato indefinido la norma y no la excepción. Fue un paso adelante y por eso contó con el apoyo de los agentes sociales y también con el nuestro, pero entendemos que no es un paso suficiente. Una reforma laboral en España que afecte también al sector de la investigación y de la ciencia necesita todavía llegar con decisión a determinadas medidas que son necesarias y que además tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han valorado como posibles y positivas. Sin embargo, creemos que todavía se niegan en el Gobierno a ponerlas en marcha por los lastres que supone la presencia de un socio como Unidas Podemos o por los lazos que les unen a ustedes con los nacionalistas. Saben ustedes lo que hay que hacer, señorías del Partido Socialista, pero todavía no aceptan la mayoría que está por esas medidas eficaces, que funcionan y que ustedes además conocen. Con este decreto solucionamos un problema, el de la transición del contrato por obra y servicios al contrato de actividades científicotécnicas, un contrato de carácter indefinido que no necesitará autorización previa si la financiación de los proyectos es externa o se ha obtenido en un proceso de concurrencia competitiva; además, tiene la posibilidad de prolongarse en el tiempo si se prolonga igualmente esa financiación del proyecto de que se trate. También es verdad que este contrato está pensado no solo para investigadores, sino también para personal técnico de gestión y de apoyo a la investigación, aunque el Gobierno propone en principio limitar la formación que puede tener el personal que sea objeto de ese contrato. Se establece que solo podrán ser contratados por esta modalidad quienes estén en posesión de un título de licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico, grado, máster universitario, técnico superior o personal investigador con título de doctor. Entendemos que se deja fuera a perfiles técnicos o de gestión que pueden ser interesantes por su formación, experiencia y competencia y que se ajustan a determinados puestos pero que no tienen en su posesión un título universitario. Nosotros creemos, y así se lo hemos transmitido al ministerio, que esta modalidad contractual no ha de ser solo aplicable a quienes tengan una titulación determinada, sino que debe extenderse o puede extenderse también a personal técnico cuya formación, experiencia y competencias sean acordes con los requisitos y tareas de apoyo a la investigación a desempeñar en la posición que se vaya a cubrir. De hecho, por eso hemos enmendado la futura ley de ciencia. Entendemos, además, que ese trámite de la posible tramitación como proyecto de ley está cubierto con la tramitación de las enmiendas en la ley de ciencia y, por tanto, creemos que es suficiente con la convalidación de este real decreto-ley. En este sentido, apoyaremos esa convalidación, porque además creemos que la regulación a través de las enmiendas en la ley de ciencia puede ser mejorada, y así vamos a aportar. Acepten nuestra mano tendida al Gobierno, acepten medidas que creemos que son buenas y que funcionan, como aceptaron en su día iniciativas de Ciudadanos como poner en marcha la Red Cervera, facilitar que las pymes tuvieran un mejor acceso a la I+D a través de convocatorias específicas del CDTI o nuestra iniciativa de poner en marcha bancos de pruebas regulatorios, los conocidos sandboxes, para que las empresas puedan innovar de forma libre y controlada, sin preocuparse de restricciones regulatorias específicas que haya que aplicar en primera instancia. Les pedimos también que acepten la creación de un plan de atracción y retención del talento investigador y que recuerde el compromiso expresado por usted misma, señora Morant, para facilitar la contratación de investigadores expatriados para que puedan continuar con sus proyectos profesionales cuando no tengan otra forma de hacerlo en nuestro país. Creemos que de esa manera reconocemos el esfuerzo y el talento de estos investigadores y les damos la oportunidad de que, si quieren, regresen a España para seguir creciendo personal y profesionalmente, contribuyendo además al progreso y al crecimiento de la economía española. Acepten, como les he dicho, facilitar el acceso a este tipo de contratos de actividades científicotécnicas del personal de gestión y de apoyo a los científicos — los que nosotros hemos denominado gestores de la investigación—, que tienen el papel de liberar a los investigadores de trámites burocráticos y procedimientos en cuanto a plazos que les suponen un obstáculo en su verdadero cometido, que es el de investigar. Es un personal que, sin una titulación superior como la que se exige, es de gran importancia para la labor de los investigadores. Acepten esto en unas semanas, cuando tramitemos las enmiendas a la ley de ciencia y demos salida ya a este decreto. Hasta ahí llega la convicción que tenemos de la urgencia de la regulación en este momento. Es necesario adecuar la realidad laboral en el sistema de ciencia; estamos convencidos de ello y vamos a apoyar la convalidación de este decreto. Creemos que en el trámite parlamentario de la propia ley de ciencia, como he dicho, podremos conseguir mejorar incluso algunas cuestiones que están previstas en este decreto para llegar a ese objetivo de dedicar al menos el 3 % del PIB a ciencia e innovación en 2030. Muchas gracias. .

  57. Sergi Miquel i Valentí JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Buenas tardes. Gracias, presidenta. Ministra, benvinguda. Le avanzo que vamos a apoyar la convalidación de este real decreto, pero quería hacerle unas puntualizaciones previas. Este Gobierno — y eso no es responsabilidad suya, sino que es responsabilidad de sus antecesores e incluso de sus compañeros de gabinete— ha cogido la dinámica habitual de intentar colar, vía real decreto, aquellas cuestiones que no son urgentes, y esto nos parece reprochable porque es una falta de respeto a esta institución. Sin embargo, este real decreto que usted nos presenta hoy aquí nos parece de los más justificados, puesto que intenta salvar con cierta urgencia un gap, un vacío legal entre dos normas, que desprotege a una parte que ya es suficientemente débil, que está tremendamente expuesta y que debemos proteger. Por tanto, le avanzo, como he dicho, que vamos a votar a favor y que nos parece justificado este real decreto. Sin embargo, hay otra cuestión que en este Gobierno es bastante habitual y que tiene relación con las cuestiones que se abordan en los reales decretos. Igual nos presentan un real decreto que tiene relación con pensiones y nos mezclan las mascarillas, o igual nos traen, como es el caso hoy, este real decreto que en teoría debería hablar sobre condiciones laborales de investigadores y nos hablan también de pasajeros internacionales. Dada la poca o la nula posibilidad de enmendar los reales decretos por parte de los diputados y diputadas de esta Cámara, me gusta reivindicar esta cuestión, porque nos parece — o me parece al menos a mí— una falta de respeto. Dicho esto, como le decía, entendemos que este real decreto es un puente simplemente para cubrir este vacío que se genera entre la aprobación de la reforma laboral y la aprobación de la ley de ciencia, que debe corregir algunas de las disfunciones del sistema de investigación que duran y duran desde hace muchos años y, por tanto, compartimos el espíritu al que usted se refería al decir que se avanza en algunas cuestiones. La entiendo cuando usted dice que se avanza en la lucha contra la precariedad del sector y en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, como usted sabe, tenemos una capacidad nula de enmendar o de trabajar los reales decretos que no son tramitados como proyecto de ley. Entiendo que este no tiene sentido que sea tramitado como proyecto de ley, puesto que va a llegar — espero que pronto— la ley de ciencia para cubrir este este vacío normativo, pero, dada esta situación en la que no podemos enmendar, hay algunas cuestiones que nos parece que es importante plantearlas ahora para trabajarlas después. La primera tiene relación — ya se ha dicho aquí— con la exclusión de algunos perfiles técnicos a la hora de quedar protegidos por determinadas coberturas que se prevén; y la segunda — ya hemos hablado de eso y hemos presentado enmiendas en ese sentido— tiene que ver con la exclusión de algunos centros públicos sin ánimo de lucro de esta protección. Creemos que es importante y que en esta etapa transitoria puede ser soportable si no hay más remedio, pero deberíamos enmendarlo lo más pronto posible, igual vía otro real decreto si la ley se demora demasiado o igual en la tramitación parlamentaria de la ley de ciencia. . Sabe que estamos a su entera disposición para cualquier cosa que necesite. Y quiero agradecerle también — no quería dejar de hacerlo— la predisposición de su ministerio y de su gabinete a la hora de trabajar y de abordar algunos temas. Gracias, ministra. Gracias, presidenta.

  58. Mariona Illamola Dausà JxCat-JUNTS (Junts)

    Bon dia. Bon dia, señora ministra. El real decreto-ley que se presenta da respuesta, es cierto, a un problema causado por la reforma laboral. Es una respuesta que en parte auspició la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Gemma Geis, y le agradecemos muchísimo que el ministerio la tomara en consideración. No obstante, como ya se ha dicho por algún otro portavoz, el problema de los investigadores de las universidades sin ánimo de lucro queda sin resolver y, por ello, hemos presentado una enmienda al proyecto de ley que esperamos que se acepte. También hay otro tema importante para nosotros, y es que por acción o por omisión el señor Pedro Sánchez y el Gobierno del Estado de España en su totalidad es el máximo responsable del ‘catalangate’. Exigimos, como ya hemos dicho reiteradamente, que se constituya una comisión de investigación, que haya una asunción de responsabilidades, que haya una apertura de diligencias en la Fiscalía y que haya garantías de que el espionaje al independentismo ha terminado. El independentismo ―lo siento, señora ministra― no puede regalar estabilidad a un Gobierno que nos espía. Moltes gràcies.

  59. Joan Margall Sastre ERC-S

    Bona tarda, diputades i diputats. Bona tarda, ministra. Debatimos hoy el Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Queremos hacer cuatro reflexiones breves pero que nos parecen importantes. Primera reflexión, es el segundo real decreto que somete a convalidación el Gobierno, después del de cultura, para intentar paliar algunos errores de su reforma laboral. Se confirma, por tanto, que su reforma laboral no era la necesaria y dejó a la intemperie a muchos sectores, entre ellos el de la cultura y también el de la ciencia, investigación y universidades. Segunda reflexión, este real decreto llega tarde, casi un mes tarde y no es suficiente. Tendremos que extenderlo, tendríamos que ir más allá y conseguir un marco que dé seguridad y otorgue derechos laborales a todos los titulados técnicos e investigadores. Las universidades y los centros de investigación han sido afectados durante este tiempo por este motivo, y el sector les aviso y nosotros también. Tercera reflexión, es un real decreto-ley necesario porque tapa algunos agujeros en la contratación del sector, pero tememos que sea un parche legal que cronifique la precariedad de parte de los trabajadores. Vamos a vigilar que este nuevo marco no sea una excusa ni una cortina de humo para encubrir la temporalidad en vez de acabar con ella. No creemos que solucione definitivamente las deficiencias estructurales que padece el sector. Cuarta y última reflexión, este tema será objeto de debate en la ponencia de la reforma de la ley de ciencia que se ha creado recientemente y que vamos a debatir en las próximas semanas. Tenemos una oportunidad de oro para llegar a acuerdos para solucionar los problemas endémicos del sector de la ciencia y la investigación. Hay una mayoría que está dispuesta a ello y nuestro grupo también lo está. Hemos presentado más de sesenta enmiendas que van en esta línea. Tenemos, por tanto, una oportunidad. Aprovechémosla. Muchas gracias. .

  60. Javier Sánchez Serna UP

    Gracias, presidenta. La precariedad laboral, la inestabilidad y, sobre todo, la alta temporalidad han sido características anómalas de nuestro mercado de trabajo si lo comparamos con países de nuestro entorno. Esta anomalía, que afectaba a muchos sectores de la clase trabajadora, también ha sido una realidad persistente para nuestros investigadores y nuestras científicas, y podríamos decir sin temor a equivocarnos que la temporalidad en el empleo es una de las razones que explica la debilidad de nuestro Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. En concreto, la inestabilidad laboral de los investigadores y las dificultades para acceder a plazas estables de docencia, y de investigación han dificultado el relevo generacional y es algo que se traduce, por ejemplo, en que tengamos plantillas muy envejecidas, donde casi la mitad de los académicos y casi la mitad de los investigadores son mayores de cincuenta años. Hace un par de años se hizo viral la historia de Andrea Gila, una enfermera que investigaba sobre la lactancia y sobre la salud de los recién nacidos prematuros. Ante la falta de becas y de financiación pública, esta investigadora se puso en la calle a pedir limosna para terminar su investigación y lo consiguió. El caso de Andrea ejemplifica la realidad que muchos investigadores y muchas investigadoras nos cuentan, porque se encuentran en la más absoluta precariedad. Todas estas dificultades ―lo sabemos bien, lo hemos dicho mucho en esta tribuna― hicieron que en la anterior crisis entre 10 000 y 15 000 científicos y científicas españolas tuvieran que marchar al extranjero en busca de mejores condiciones laborales y de la estabilidad que no encontraban en su propio país; algo que, además de ser una injusticia con toda esta gente que se formó aquí y que hizo lo que tenía que hacer, supone una debilidad estratégica tanto para nuestro sistema científico como también para nuestro tejido productivo. Yo entiendo que Partido Popular y VOX estén más preocupados por repatriar al Borbón fugado que por traer de vuelta a los investigadores que ustedes mismos echaron con sus recortes, pero creo que las prioridades del país real son otras y que era urgente acometer una reforma estructural que fuese encaminada a revertir la precariedad y la inestabilidad de nuestro personal de investigación. En este sentido, la reforma laboral de la ministra Yolanda Díaz ha puesto las bases para acometer esa transformación. La nueva legislación laboral, como es sabido, ha supuesto un impulso a la contratación fija y, por tanto, un avance de derechos para la clase trabajadora. Como señalan los datos del SEPE, los contratos fijos se han cuadruplicado este primer trimestre del año, con un repunte especialmente entre las mujeres. Pues bien, el Real Decreto 8/2022 que estamos debatiendo hoy pretende justamente trasladar estos avances de la reforma laboral al ámbito de la ciencia, estableciendo desde este momento el modelo de contratación indefinida para el personal de investigación. Con este cambio nos adelantamos a la aprobación de la nueva ley de ciencia, que en su artículo 23 bis también va a recoger esa contratación indefinida para actividades científicotécnicas y ponemos desde ya los cimientos para una carrera investigadora previsible y estable; es decir, una carrera que ofrezca a nuestros científicos garantías para desarrollar sus investigaciones aquí y para hacer sus vidas laborales en España sin tener que marcharse del país, como sucedía durante la década del austericidio. En el Grupo Confederal de Unidas Podemos, por tanto, aplaudimos esta decisión porque entendemos que era algo que no se podía postergar más. La consolidación laboral de miles de investigadores no es una cosa menor ni es una cosa de detalle, es un factor estratégico para reforzar nuestro sistema de ciencia y aumentar así nuestra competitividad y también nuestra soberanía tecnológica. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, no es la primera vez que su partido se opone a los cambios que mejoran la vida de los jóvenes investigadores. Hace unos años ya se quedaron solos al rechazar convertir las becas de investigación en contratos con derechos. Cuando gobernaban también rechazaron las proposiciones de Unidas Podemos para reconocer la indemnización por fin de contrato a los investigadores predoctorales y posdoctorales, cosa que este Gobierno de coalición sí va a hacer en la nueva ley de ciencia; solo espero que ahora no voten también contra este real decreto para reducir la temporalidad entre nuestros científicos y científicas. En este Grupo Confederal también somos conscientes de que este real decreto-ley es solo un primer paso y que la tramitación de la nueva ley de ciencia nos va a ofrecer una oportunidad para seguir mejorando las condiciones de nuestro personal de investigación y para consolidar y ampliar derechos. Por eso, los miembros de Unidas Podemos vamos a trabajar ―ya estamos trabajando— para que durante la tramitación de la nueva ley de ciencia se incluya a todo el personal técnico y de gestión en la carrera científica. Asimismo, defenderemos reconocer dentro del sistema de ciencia a todo el personal de investigación del Sistema Nacional de Salud, igual que al personal de organismos públicos más allá de universidades y OPI, y, por último, que se garantice la contratación indefinida, independientemente del origen de los fondos que financian los proyectos de I+D+i. En definitiva, necesitamos que el sistema de ciencia reconozca, de una vez por todas, la base de investigadores, técnicos y gestores que hacen posible cada día la actividad investigadora y que hacen ciencia en nuestro país. Creo que España tiene las potencialidades necesarias para hacer de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación un motor de desarrollo y modernización, pero para ello hay dos cosas que resultan fundamentales. En primer lugar, cuidar a los que hacen ciencia, como estamos haciendo hoy aquí limitando la temporalidad en el sector, y, en segundo lugar, dedicar una mayor inversión pública a los procesos de investigación y desarrollo. Para eso va a resultar fundamental que en la nueva ley de ciencia cumplamos con los compromisos de la Agenda 2030 y aseguremos un suelo de inversión de al menos el 1,25 % del PIB sin que dicha inversión dependa de las coyunturas económicas, como sucedía hasta ahora. Hemos dicho muchas veces que sin ciencia no hay futuro. Sigamos haciendo las reformas necesarias para garantizar que nuestro sistema científico tenga presente y tenga porvenir. Nada más, muchas gracias. .

  61. Julio Utrilla Cano VOX

    Muchas gracias, presidenta. Señora ministra, nos ha pintado aquí, desde esta tribuna, un panorama idílico para la ciencia, pero, sinceramente, creo que no lo es tanto. Nos ha hablado de la mayor oferta pública de empleo para la ciencia en la historia de la democracia. Se le ha olvidado decir un pequeño detalle y es que la inmensa mayoría de sus contratos eran de científicos en fraude de ley. Es un detalle importante a tener en cuenta. . También nos ha hablado de 13 000 millones de euros en el ecosistema de I+D+i. La pregunta del millón, ministra, es cuánto va a quedar de eso cuando se retiren los fondos europeos de Next Generation. Eso es lo realmente importante. Les daré una cifra. Un 34 % de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro Gobierno en democracia, convirtiendo una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar. Estas palabras, señorías, no son mías, son del diputado Sánchez al entonces presidente Rajoy cuando todavía podía dormir tranquilo porque no estaban ni Podemos ni Bildu ni ERC entre sus socios. . Hoy, en cambio, el señor Sánchez — que suponemos que no pega ojo— duplica el número de decretos leyes por rodillo que presentó el anterior Gobierno. Esto, señorías, son datos estadísticos, no es ningún bulo de VOX. Ministra, este real decreto-ley no es más que un parche para paliar los daños colaterales que ha sufrido la ciencia por su reforma laboral. Su falta de perspectiva solo tiene un nombre: incompetencia. Señorías, nos traen ustedes aquí un decreto ley que pone de manifiesto dos cosas fundamentales. La primera, que su Gobierno carece de la más mínima coordinación y que hay una palmaria ausencia de comunicación entre los ministerios. Esta chapuza no solo ha afectado a la ciencia. Sin ir más lejos, hace un par de semanas el Ministerio de Cultura se vio obligado a crear el contrato laboral artístico para subsanar esta reforma laboral. Este Gobierno solo acierta cuando rectifica y, desgraciadamente, rectifica poco. . La segunda es algo que VOX viene denunciando desde el comienzo de la legislatura. A ustedes se les llena la boca con la importancia de la ciencia pero, a la hora de verdad, siempre la dejan relegada a un segundo plano. Ya lo demostraron cuando, sin sonrojarse, declararon a los científicos trabajadores no esenciales, confinándolos en sus casas y sin permitirles trabajar, todo esto en mitad de una pandemia donde su aportación era crítica y durante los estados de alarma — que, por cierto, fueron declarados inconstitucionales—, dejando en evidencia la querencia liberticida de este Gobierno. Una vez más, VOX tenía razón. . Este Gobierno pisoteó en ese momento a la ciencia, relegando a los investigadores a incorporarse al trabajo en la última fase, con el resto de los profesionales; bueno, se inventaron ustedes lo de la fase 0.5 para poder decir que se incorporaron unos días antes que el resto. Esto es lo que realmente les importa a ustedes la ciencia. Además, este Gobierno se negó a escuchar a los rectores de las universidades españolas, que les alertaron de que cerca de 25 000 científicos se quedaban en un limbo y que había un posible colapso real para el sistema de I+D+i. La ministra de Trabajo defendía desde esta misma tribuna su reforma laboral y sus palabras no hicieron más que crear incertidumbre y desasosiego para miles de investigadores al comprobar que desaparecían los contratos de obra y servicio sin ninguna alternativa a la vista. Pero, ministra, ni la reforma laboral ni este decreto que viene a corregirla son la solución definitiva para el mundo científico. Detrás subyace un problema endémico, de falta de financiación, estructural y predecible. Sin aportación económica continuada los grupos científicos seguirán sin poder contratar de forma estable a su personal. Señorías, no es ético generar falsas expectativas a nuestros científicos. Su maquinaria de propaganda ha vendido a bombo y platillo el blindaje de la financiación de la ciencia, que se incluye en su nueva ley, pero cuando leemos la letra pequeña comprobamos que este aumento está condicionado a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio. En román paladino, cuando vengan vacas flacas no va a haber dinero para la ciencia. . La ciencia va a tener la misma protección que los secretos oficiales en manos de Bildu y Esquerra, es decir, ninguna. Por último, dejen de utilizar a la ciencia como herramienta de propaganda. Ustedes dicen textualmente en su nueva ley que promoverán los estudios de género desde una visión inclusiva y transversal, creando un distintivo de igualdad de género para centros con criterios de excelencia en igualdad de género e integración de la dimensión de género en sus proyectos. Señorías, me ahogo diciendo esto. . Ministra, esto es lo importante. . Son las nóminas de científicos e investigadores de España. Personas con más de quince y veinte años de experiencia que cobran 1400 euros o 1600 euros. Este es el verdadero problema. Son licenciados superiores, doctorados, puro talento que reciben salarios irrisorios que no compensan para nada lo que aportan a nuestra sociedad. . Ustedes se excusarán como siempre y volverán al mantra de la famosa década perdida por el Partido Popular, pero es que en este siglo no hay ninguna década en la que el Partido Socialista no haya gobernado varios años. . Y se les olvida algo muy importante. El presidente Zapatero les bajó a nuestros científicos e investigadores un 5 % sus sueldos. Esto, señores socialistas, ¿a qué década pertenece? . ¿A la década fantasma? ¿A la década olvidada en su desmemoria? Si de verdad quieren apoyar a la ciencia dediquen los más de 20 000 millones de euros que va a despilfarrar en su plan estratégico de igualdad el ministerio de la señora Montero a, por ejemplo, la investigación del cáncer o de enfermedades raras. VOX lo apoyará sin dudar, la ciencia se lo agradecerá y España también. Muchas gracias. .

  62. Pedro Navarro López PP

    Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, bienvenida al Congreso de los Diputados. Nos ha sorprendido mucho su intervención, debo decírselo francamente, porque ha venido a presentar la solución cuando ustedes son el problema. Usted, la vicepresidenta del Gobierno, y el Gobierno de España han provocado este problema. Si hoy estamos aquí, si más de veinticinco mil investigadores se pueden ver en la calle es, exclusivamente, por culpa de la vicepresidenta del Gobierno, por culpa de la reforma laboral. . Esta situación la han provocado ustedes y, por eso, nos sorprende mucho que vengan hoy aquí a decirnos que vienen a solucionar un problema que han creado ustedes; y usted, señora Morant, lo sabe. En primer lugar, su reforma laboral es una chapuza. En segundo lugar, son incapaces de solucionarlo en cuatro meses. Y, en tercer lugar ―como veremos luego―, además, lo que plantean es hacerse trampas al solitario; es cambiarle el nombre a un contrato. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué debatimos una modificación de la ley de ciencia por decreto cuando los grupos parlamentarios estamos negociando una ley en ponencia? Porque ustedes han sido incapaces de solucionarlo en cuatro meses. Y, encima, tiene hoy las ganas de venir a decirnos que ha habido un pacto suscrito por todos los diputados. Usted sabe que eso no es verdad, que ese pacto (hace el gesto de comillas con los dedos de las manos) no lo ha suscrito ningún diputado; y eso, usted lo sabe. Por eso, nos ha sorprendido muchísimo su intervención. Dos años de pandemia, la mayor crisis energética de nuestra historia, Rusia invadiendo Ucrania, y aquellos que tienen que trabajar por una vacuna y por una solución a nuestra dependencia energética se pueden ver en la calle por la chapuza de la reforma laboral de la ministra de Podemos; y, repito, usted lo sabe. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué visión de país tienen si, entre ustedes, no son capaces de ponerse de acuerdo en cuatro meses para buscar una solución? Una chapuza en toda regla de la vicepresidenta del Gobierno, y una chapuza suya, señora ministra, porque el proyecto de ley se registró el 18 de febrero. ¡El 18 de febrero! Usted tuvo más de mes y medio para presentar un proyecto de ley con este problema solucionado; y no será porque no le avisaron. En diciembre trajeron una reforma laboral y, a mitad de febrero, trajeron una ley que incidía de nuevo en el mismo error que la reforma laboral; no tuvieron tiempo para arreglarlo. Y, hoy, vienen aquí y nos dicen: Nos anticipamos. Pero ¿a qué se ha anticipado usted? ¡Cuatro meses después dice que se han anticipado! ¿A qué se han anticipado? A la ley, sí, claro; estamos trabajando en la ley y el Gobierno dice: Os voy a modificar por decreto el artículo en el que estáis trabajando todos, por decreto. Y, además ―como veremos luego―, sin ofrecer alternativa. Mire, el 12 de enero ―¡el 12 de enero!―, doce días después, el presidente de la CRUE, en una reunión con el ministro de Universidades, le dijo que tenían un problema con esto. Señor Sánchez Serna, es obvio que Podemos con el PSOE no habla; porque usted ha dicho que nosotros estamos en contra de todo. Apoyamos la ley de ciencia y vamos a votar a favor de este decreto y la ministra lo sabe. Por lo tanto, lo que está claro es que el ministro de Universidades ―el suyo―, el 12 de enero le dijo a la CRUE que lo va a arreglar. Hoy es 28 de abril y lo aprobamos por urgencia. Si esto para ustedes es urgencia, espero que no tengan que arreglar algún problema más serio de una manera verdaderamente urgente. El 20 de enero, señora ministra, el Partido Popular le avisó de este problema en las elecciones de Castilla y León. El 14 de febrero, en subcomisión, el vicepresidente de la COSCE avisó de que esta reforma laboral se había hecho en contra del sector. . Sí, la COSCE lo dijo, no me diga que no. El 15 de febrero ―a esta le hará más caso― la consejera de Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya le dijo que lo arreglara por decreto. ¡El 15 de febrero, dos meses y medio después! Y viene a decir que van a solucionar un problema por urgencia. El 18 de febrero, la CRUE le manda esta carta. . La hago pública porque la han hecho pública ellos. El 18 de febrero la CRUE le dice: Permíteme, ministra, proponerte que lo arregles con un real decreto. ¡El 18 de febrero! Y usted ha tardado mes y medio en arreglarlo. Después, ante la falta de respuesta, el Grupo Popular presentó también una proposición no de ley. La CRUE, la COSCE, las comunidades autónomas, los investigadores y el Grupo Popular le propusimos una alternativa y usted ha tardado cuatro meses. .

  63. Pedro Navarro López PP

    Pero es que ―como le decía― usted hace trampas al solitario, porque la realidad ―y usted lo sabe― es que le han cambiado el nombre al contrato. ¿Qué hacemos para evitar el fracaso escolar en nuestro país? Que pasen los niños con dos suspensos; se ha acabado el fracaso escolar, ya no repite nadie. ¿Qué hacemos para acabar con la precariedad laboral? Le quitamos el nombre al contrato de obra y servicio y le llamamos temporal. Ahora, nuestros investigadores tienen contratos indefinidos por dos años. Y usted sabe, señora ministra, que las universidades están consignando en el presupuesto de los proyectos el despido de esos investigadores, porque ―como usted sabe― un proyecto de investigación depende de la financiación externa ―comunidad autónoma, Estado o Unión Europea― a dos, tres o cuatro años, y si se acaba la financiación, se acaba el contrato. Señora ministra, ese es el motivo por el que el Partido Nacionalista Vasco (muestra un documento) ―no solo el Partido Popular―, ese es el motivo por el que Esquerra Republicana de Catalunya (muestra otro documento) y ese es el motivo por el que el Partido Popular (muestra otro documento) han presentado enmiendas a esta ley para pedirle que esta indemnización sea a coste elegible. Usted sabe quién nos ha pedido a todos que registremos estas enmiendas. Les han cambiado el nombre al contrato y con eso creen que la contratación va a ser indefinida, pero esto, evidentemente, no es real y lo saben. Por eso, nosotros, el Grupo Popular ―que, se lo repito, como se lo he dicho más de una vez, no es la oposición, es la alternativa― se ha ofrecido a llegar a un acuerdo con ustedes. Pero, viendo lo que ha ocurrido en el día de hoy, están más cómodos llegando a un acuerdo con Bildu que con el Partido Popular. Esa es la triste realidad. Volvemos, señora ministra, a tenderle la mano. Somos el grupo político que más enmiendas ha registrado a la ley de ciencia. Queremos negociar la ley de ciencia con el Gobierno. Queremos llegar a un acuerdo con los investigadores, con las universidades, con las empresas innovadoras, con el personal técnico y de gestión y con los investigadores hospitalarios. Somos conscientes de que, para llegar a un acuerdo con esos colectivos, tenemos que llegar a un acuerdo con usted, tenemos que llegar a un acuerdo con el Gobierno. Por eso, vamos a apoyar este real decreto. Por eso, no vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley, porque ya tenemos el proyecto de ley de ciencia, pero lo que nos hemos encontrado enfrente es silencio, el suyo y el de su Gobierno. Lo que le pedimos es que recoja la mano que le tiende el Grupo Popular para llegar a un acuerdo a favor de los investigadores y a favor del país. Seguimos pidiendo que recoja la mano. Ojalá, ojalá, decidan apostar por la mayoría, como hicieron con la ley en 2011, en vez de apostar por llegar a acuerdos con aquellos que no solamente no les interesa la investigación, sino que no les interesa España. Muchas gracias. .

  64. Sandra Guaita Esteruelas PSC-PSOE

    Muchas gracias, presidenta. Bon dia, ministra, bienvenida aquí, al Congreso. .

  65. Sandra Guaita Esteruelas PSC-PSOE

    Antes de empezar, quiero recordarles que este real decreto se aplica desde el 30 de marzo, cuando se acabaron los contratos de obra y servicio, para aquellos que o no lo saben o mienten, simplemente. El Grupo Parlamentario Socialista ―como no puede ser de otra manera― apuesta por la ciencia y por su personal científico. Y lo demostramos una vez más con hechos, porque este real decreto ―como ha dicho la ministra― viene a dignificar la carrera científica y a poner el foco en las personas. Señor Navarro, usted habla de chapuzas cuando chapuzas son lo que ustedes hacen cada vez que gobiernan con la ciencia de nuestro país. . Señorías del PP, ustedes son aquellos de: que inventen otras personas, en España nosotros no inventamos, ya copiamos. Nosotros, en cambio, somos los de la España que inventa. Señorías del PP, ustedes recortaron un 40 % el presupuesto en ciencia ―eso sí es una chapuza― y nosotros lo incrementamos un 68 %, a lo que, por cierto, ustedes votaron en contra. Ustedes expulsaron al personal científico en nuestro país ―eso sí es una chapuza― y nosotros creamos medidas para la atracción del talento y para su retorno. Ustedes ni tan siquiera tenían un ministerio que dignificase la ciencia y nosotros estamos tramitando una ley para propulsar la reconversión del sistema científico de nuestro país. Ustedes precarizaron la carrera científica de todos los investigadores ―eso sí que es una chapuza― y nosotros aprobamos el estatuto del personal investigador predoctoral, con un incremento del 12 % en las retribuciones. . En definitiva, con ustedes…

  66. Sandra Guaita Esteruelas PSC-PSOE

    Gracias, presidenta. En definitiva, con ustedes no es que la ciencia no avance, sino que la ciencia retrocede. Eso sí es una auténtica chapuza. . Señor Navarro, sé que le duele que se lo diga, pero todos estos avances han sido de la mano de presidentes socialistas, todos y cada uno de ellos. Para usted es muy fácil subir aquí y hablar de la dignificación de la carrera científica y de los contratos laborales, pero ya vimos lo que pasó con la reforma laboral. Por cierto, señor Margall, si la reforma laboral no es útil, se lo pregunta a los miles de personas que tienen contratos laborales indefinidos gracias a la reforma laboral. . Nosotros votamos a favor de la reforma por los avances laborales y por el escudo social. Ustedes, la derecha, como siempre, votaron no o se abstuvieron, simplemente no votaron a favor de los derechos. Además, en este momento, este Gobierno se compromete con una inversión estable en ciencia. El compromiso es nuestro, pero tiene que ser de todos. Le pregunto, señor Navarro, ¿su grupo parlamentario, el PP, también se compromete a una inversión estable en ciencia o vamos a seguir con los presupuestos pendulares, cuando ustedes gobiernan nos vamos a pique, cuando gobernamos nosotros lo tenemos que remontar? Me gustaría que nos lo explicase. Este compromiso, el compromiso con la ciencia, una vez más y como es habitual, llega de la mano de un presidente socialista. Me sabe mal tener que decírselo otra vez. En esta legislatura nosotros hemos firmado ya el pacto por la ciencia, estamos modificando la ley de la ciencia y hemos incrementado el presupuesto de la ciencia en 2021 y en 2022. Recuerden esta cifra, y recuérdenla bien, porque parecen solo números, pero son personas. 5000. ¿Saben qué son 5000? Fueron los científicos y científicas expulsados de nuestro país entre 2011 y 2016 según la OCDE. ¿Saben qué pasó entre 2011 y 2016? ¿Saben quién gobernaba? ¿Saben quién no les dio respuesta? ¿Saben quién los expulsó? Un Gobierno del PP. . ¿Saben qué les pasó a aquellos científicos que se quedaron? Que muchos de ellos tuvieron funciones para las que estaban sobrecualificados y muchos otros dejaron la ciencia. ¿Saben quién tampoco les dio respuesta a ellos, a los que se quedaron? Un Gobierno del PP. Por lo tanto, lecciones, las justas. Nosotros, en cambio, traemos este real decreto a convalidación en el Pleno y creemos, como ha dicho la ministra, que es necesaria su aprobación hasta que se apruebe la modificación de la ley de la ciencia ―que, como ustedes saben, se aprobará en breve, ya que estamos en la ponencia―, que beneficiará a miles de investigadoras e investigadores de nuestro país que hoy en día aún encadenan contratos temporales. Porque, señora Gorospe, no, no es un problema coyuntural; lamentablemente, el problema de la ciencia en España es un problema estructural y este real decreto es el primer paso para solucionarlo. Es necesario este real decreto para dar estabilidad al personal científico y técnico de nuestro país y, además, también facilitará la atracción y la retención del talento para que no haya más expulsiones de científicos de España. Algunos grupos parlamentarios han hecho hincapié en que este real decreto llega tarde. Si quieren que les diga la verdad, yo estoy de acuerdo, en este caso llegamos tarde. De lo que también estamos súper de acuerdo todo el grupo parlamentario y la mayoría de los diputados de aquí es que con la derecha, con PP y VOX, esta solución nunca nunca se hubiese aprobado. Señorías de VOX, lecciones de ustedes sobre ciencia, las justas, también. Dicen defender la ciencia, pero, primero, votan en contra del incremento en el presupuesto del 68 % en ciencia y, segundo, basan sus soluciones en paraciencias o, diría incluso, en fenómenos paranormales. Solo les falta ―y no me extrañaría que cualquier día lo traigan a Pleno― que como solución a la sequía nos propongan la danza del vientre o la danza de la lluvia, cualquiera de ellas, cuando saben que la sequía es un problema de cambio climático; por cierto, problema reconocido por los científicos que ustedes dicen reconocer y, obviamente, no es el caso. Señorías del PP, al final, lo lamento, pero siempre les pasa lo mismo. Ahora se quejan de que llega tarde, pero cuando ustedes gobiernan nunca legislan para el personal científico; es más, aplican recortes salvajes. Así que, un poquito de humildad. Por cierto, no cometan el mismo error que con la reforma laboral y voten a favor de la ciencia en nuestro país, voten a favor de los derechos de los científicos y científicas. En definitiva, ustedes recortaron en inversión y nosotros hemos aprobado el mayor presupuesto de la historia en ciencia, ustedes precarizaron a la carrera científica y nosotros desarrollamos una carrera científica estable, y, para acabar, ustedes expulsaron a investigadores e investigadoras de nuestro país y nosotros legislamos para retornarlos. Por lo tanto, señora ministra, nosotros lo tenemos claro. Estamos al lado de la ciencia y del personal científico. Votaremos a favor. .