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Sesión

Pleno del Congreso n.º 186 · XIV legislatura

. Diario de Sesiones DSCD-14-PL-193. Original ↗

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  1. Óscar Gamazo Micó PP

    Gracias, presidenta. Señorías, muy buenos días. Una de las prioridades del Partido Popular es extinguir la violencia vial de nuestra sociedad y, en aras de alcanzar este objetivo, durante la tramitación parlamentaria de esta proposición, los populares hemos tendido puentes al Grupo Socialista con la firme voluntad de llegar a acuerdos mediante enmiendas y propuestas de transaccionales que han sido una y otra vez rechazadas sin motivación alguna por la arrogancia socialista. Algunas de las personas que hoy nos acompañan, representantes de la sociedad civil, de colectivos ciclistas y de asociaciones de víctimas ―a los que aprovecho para saludar afectuosamente―, saben que siempre el Grupo Parlamentario Popular ha abogado por mejorar los mecanismos de justicia, de reparación de los perjuicios y de compensación a las víctimas. Y saben que cuentan con nosotros, con la bancada popular, para seguir avanzando, para que ninguna víctima ni sus familiares tengan la percepción de que el Estado les ha dejado de acompañar en su duelo personal y para evitarles de nuevo un duelo en la victimización secundaria. Señorías socialistas, ustedes no nos presentaron un proyecto de ley de su Gobierno respaldado con todos los informes pertinentes, nos trajeron una proposición con graves deficiencias técnicas y jurídicas que se carga la apreciación subjetiva, discrecional y no arbitraria del juez o tribunal y que vuelve a la imprudencia simple con infracción de reglamentos. Su iniciativa ha sido duramente criticada por los comparecientes en la Comisión y algunos de ellos señalaron que su proposición podría conculcar principios fundamentales de la Constitución como el de seguridad jurídica, el de no indefensión o la presunción de inocencia. ¿Pueden explicarnos, señorías del PSOE, cómo sustentan en esta reforma las palabras del fiscal de Seguridad Vial y no osan pedirle informe alguno? Y se lo pregunto porque sobre esta reforma, el fiscal, en su última comparecencia en el Congreso, nos informó de que no se le había llamado para informar y, por tanto, el Ministerio Fiscal no había podido emitir ningún informe al respecto y de que la doctrina del Tribunal Supremo no casa realmente con su proposición de ley. Nos dijo que eso había que planteárselo y se preguntaba en qué sentido en esa comparecencia. Nos dijo que el Tribunal Supremo entiende históricamente que no puede vincular la imprudencia a una infracción reglamentaria en todos los ámbitos imprudentes, no solamente en el tráfico, y ustedes hicieron caso omiso. Señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora García, la técnica legislativa de su iniciativa era tan mala, tan mala, un churro jurídico, que hasta ustedes tuvieron que presentar una autoenmienda a la totalidad, que empeoró aún más la propuesta inicial, obteniendo un texto con escaso rigor técnico y jurídico. Señorías, en este punto del iter de la tramitación conviene aquí en el Pleno denunciar la celeridad inaudita e incomprensible de la tramitación parlamentaria, sin apenas diálogo y sin la existencia de un debate sereno y tranquilo, ya que la Ponencia se ventiló en una única sesión de menos de media hora. Con esas prisas hoy el PSOE rompe el consenso alcanzado en 2018, que contó con el respaldo del 80 % de la Cámara y numerosas reuniones previas de los ponentes y de la Ponencia, nada que ver, absolutamente nada que ver, con la metodología que han utilizado en esta tramitación. Y, señorías de Podemos, ustedes que en 2018 votaron en contra de esa reforma porque estaban en contra del populismo punitivo, hoy son la comparsa de ese populismo punitivo que tanto criticaron. ¡Las vueltas que da la vida, pero sobre todo las vueltas que dan las señorías de Podemos! Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular siempre hemos trabajado para que las víctimas y sus familiares se sientan más protegidas y más arropadas por todas las instituciones del Estado. En ese sentido van nuestras enmiendas, en el de proteger más y mejor a las víctimas. Les recuerdo que fue mi grupo el que en 2017 defendió a ultranza que la conducta de aquel que causara un accidente y se diera a la fuga fuera merecedora de un reproche penal con el fin de defender y proteger mejor la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas. Por eso, aprovechando esta tramitación, hemos presentado una enmienda que modifica y mejora el artículo 382 bis, refiriéndonos directamente a las lesiones en los artículos donde se contemplan esas lesiones, y todo ello para evitar cualquier desprotección de las víctimas por interpretaciones alejadas de la voluntad del legislador, del Poder Legislativo, como ha ocurrido recientemente en alguna resolución judicial en mi tierra, en Valencia. Señorías, también en el Grupo Parlamentario Popular abogamos por mejorar la protección de las víctimas en la tramitación de los accidentes dentro del ámbito de la responsabilidad exclusivamente civil que dé respuestas satisfactorias a las víctimas con particularidades semejantes a las que se ofrecen en el derecho procesal penal mediante un procedimiento rápido, gratuito y garantista. Con esta enmienda mejoramos la defensa de los derechos morales y económicos de las víctimas de la siniestralidad vial, ofreciéndoles instrumentos civiles adecuados para evitar buscar en el refugio penal exclusivamente la agilización de los procesos, atendiendo con ello al interés de las víctimas ―a su interés (señalando la tribuna de invitados)―, sin abusar de la tipificación penal que ha de ser siempre la última ratio. Y le recuerdo a la bancada socialista que el fiscal de Seguridad Vial, en el que basan esta proposición, sugirió aquí en el Congreso que era necesario abordar sin dilación una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer los juicios de faltas civiles mediante un simplificado trámite procesal. Entonces, ¿por qué se oponen a nuestra enmienda? ¿Porque la propone el Partido Popular? En otra enmienda proponemos la revisión de los tipos y condenas por parte del Gobierno, porque resulta imprescindible proceder a una revisión del conjunto del Código Penal para eliminar incoherencias y desproporción en la tramitación de las penas; una revisión que comparten los socialistas en privado, pero que en público la soberbia de su Gobierno les impide reconocer. Voy terminando, presidenta. La forma en que los socialistas entienden el acuerdo, el diálogo y el consenso ha quedado reflejada en la tramitación de esta proposición porque no han aceptado ninguna enmienda del Partido Popular. Y frenar la violencia vial y sus consecuencias es una cuestión de Estado, y en las cuestiones de Estado siempre ha estado y siempre estará el Partido Popular. Le voy a dar un dato terrible. A fecha de 7 de junio ―hace dos días― por violencia vial en nuestro país han fallecido un 22 % más de personas que el año pasado. Por eso, a pesar de la falta de la sensibilidad de los socialistas, seguiremos firmes en la voluntad de llegar a acuerdos en la tramitación en el Senado. Les anuncio que continuaremos esforzándonos para alcanzar un entendimiento, para mejorar técnicamente esta proposición y la protección de la vida y la integridad física y moral de las víctimas y para garantizar los derechos de todos los usuarios de la red viaria. Finalizo, presidenta. Señorías del PSOE, en la Cámara Alta, en el Senado, volveremos a tenderles puentes para el entendimiento y el acuerdo. De su soberbia, exclusivamente de su soberbia, dependerá que los vuelvan a destruir o no. .

  2. José María Mazón Ramos PRC

    Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Señorías, nosotros no somos muy partidarios de hacer modificaciones continuamente del Código Penal de forma puntual dependiendo del caso de cada día, como está ocurriendo últimamente. En primer lugar, porque no se puede legislar en respuesta a peticiones de las víctimas, porque es humano y normal que las víctimas siempre pretendan un castigo mayor, pues realmente ellos tienen un punto de vista muy personal y parcial. Por eso, en muchas ocasiones se pierde la proporcionalidad entre las penas de unos delitos u otros dependiendo de cuál sea el último que se ha modificado. En este caso, estamos ante un nuevo supuesto, algo diferente, que viene motivado, al parecer, por el gran número de accidentes que se producen con daños importantes causados por vehículos y la indefensión de las víctimas en ciertos casos. Ya se ha explicado, pero, en resumen, consiste en transformar los delitos leves en delitos menos graves cuando se producen por una infracción de tráfico que es considerada grave. En este caso, al menos se reduce una pena, con la consecuencia de que no sea preceptivo estar asistido de abogado y procurador, y que el proceso además lo pueda hacer un juez de instrucción, aunque se obliga también a que el juez imponga la pena de privación del carné de conducir de manera obligatoria, eliminando esa cierta subjetividad que podía tener. Con esta modificación se beneficia a la víctima al obligar a la existencia de atestado y a que la autoridad administrativa, además, lo comunique obligatoriamente a la autoridad judicial. No se trata de una persecución mayor del que ha cometido el delito, sino de una mayor protección de la víctima del daño. Y, también, en el caso de muerte, la consideración de delito público, evitando la exigencia de denuncia por parte de los agraviados. Aprovecho para hacer una reflexión sobre determinadas formas de actuar prohibiendo conductas, de modo que o no se consigue prohibir o se consigue el efecto contrario. Un ejemplo reciente lo tenemos con una prohibición del Código de Circulación que ya fue polémica, pues realmente se ha visto que habría sido poco meditada, como es la de superar el límite de velocidad en 20 kilómetros/hora en los adelantamientos. Porque este tema ya ha sido tratado por gente competente que ha hecho sus estudios serios y ha llegado a la conclusión de que en la mayoría de las carreteras convencionales o bien no se respeta la norma, o bien obliga a incumplirla y, además, aumenta el riesgo de accidentes. Un ejemplo típico es una carretera convencional con una limitación a 100 kilómetros/hora; como no se puede superar a cualquier coche que vaya entre 80 o 90 kilómetros/hora, pongamos a 85, la distancia de adelantamiento hace prácticamente imposible que en muchísimos tramos se pueda adelantar, y la consecuencia es que el riesgo aumenta enormemente. Esta tabla que me han pasado unos matemáticos (muestra una tabla) demuestra cómo el riesgo y las distancias de adelantamiento son muchísimo mayores y hay momentos en los que, al final, es imposible adelantar. Con lo cual, basta que un coche vaya a 80 o 70 kilómetros/hora para que organice una caravana y toda esa limitación de 100 kilómetros/hora se convierta en una de 80 o de 70 kilómetros/ hora. Este es un ejemplo que quiero poner porque hay veces que no deberíamos tomar medidas tan radicales sin estudiar estrictamente cuáles son las consecuencias. Por lo demás, vamos a votar a favor de la propuesta, pero quería dejar constancia de nuestro criterio con carácter general. Muchas gracias.

  3. Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

    Muchas gracias, presidenta. Debatimos sobre la modificación del Código Penal en materia de imprudencia menos grave en la conducción de vehículos a motor. Señorías, como ya es conocido, la reforma del Código Penal de 2015 despenalizó los juicios de faltas en los que las víctimas tenían informe forense y atestado policial, podían negociar con las compañías de seguro, contaban con presencia del Ministerio Fiscal y obtenían una respuesta penal. También, en esta reforma del Código Penal de 2015, se cambió el concepto de imprudencia simple por el de menos grave y desapareció la imprudencia con infracción de reglamentos. Por su parte, la Ley Orgánica 2/2019, de modificación del Código Penal, entre otras cuestiones, abordó la imprudencia menos grave en la conducción de vehículos a motor y, como ya se ha señalado, la penalización del abandono del lugar del accidente por el causante del mismo. Esta ley trató de proporcionar una mayor tutela penal en el tráfico de vehículos a motor, aunque proporcionada, eso sí, al grado de imprudencia del conductor, dejando a la valoración judicial, a tenor de lo señalado en el artículo 14 del Código Penal, las circunstancias del hecho, incluido el comportamiento del afectado, las personales del autor y la relación causal entre la imprudencia y el resultado lesivo. Esta Ley Orgánica 2/2019, como es conocido por todos, tuvo una aplicación asimétrica en el territorio, pero en general se derivaron muchos asuntos a la vía civil, incluso con archivos cuasi sumarios, es decir, con poca investigación, salvo en los casos de muerte, de delitos muy graves y en los que concurrían otros delitos contra el tráfico como la conducción bajo los efectos de sustancias que alteran la percepción como el alcohol, las drogas, etcétera. Como consecuencia de esta praxis de derivación, el número de atestados policiales disminuyó en vista de que acababan en un archivo, lo que a su vez retroalimentó las derivaciones a la vía civil. En vista de esta situación, la Sala Segunda del Tribunal Supremo en Pleno, unificando doctrina en la sentencia 421/2020 y de una aplicación de la jurisdicción penal respecto a este tipo de delitos que manifestaba una práctica, como señalaba, de los archivos de plano muy generalizada, señaló que, cuando haya indicios de haberse producido una infracción grave de la ley de tráfico, debiera abrirse un procedimiento penal en todo caso, habría que escuchar a las víctimas, lo que era muy importante y, también, lo que era aún más importante, investigar y no archivar de plano, pero dejando al juez, eso sí, la valoración de las circunstancias del hecho, las personales del autor y la relación causal entre la infracción del Código de Circulación y el resultado lesivo. Sin embargo, y sin tiempo real de valorar los efectos de esta sentencia del Pleno que intentaba poner remedio a la situación descrita y que se dictó en julio de 2020, se presentó la iniciativa que ahora debatimos en la que, por cierto, como ya se ha señalado, no se recabó la opinión del fiscal coordinador en materia de Seguridad Vial, lo que ha dado lugar, a nuestro juicio, como pusimos de manifiesto en la toma de consideración de esta iniciativa, a una reforma precipitada y que desajusta el concepto de imprudencia penal y la propia función de la jurisdicción penal en su valoración, a través de un automatismo en la aplicación de las sanciones penales una vez cometida la infracción administrativa, recuperando la ya desaparecida imprudencia simple con infracción de reglamentos, pero haciéndose solo — y esto es importante— para las imprudencias en la conducción de vehículos a motor causantes de lesiones o muerte mediando una infracción grave del Código de Circulación. Señorías, yo me pregunto si en otros ámbitos en los que la falta del deber de cuidado produce graves daños personales y en los que concurra la vulneración de normativa administrativa, como, por ejemplo, en este caso podría ser la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la LISOS, también habríamos de derivarlo siempre a la vía penal, no quedando nada para reconducir a la vía civil, como hemos hecho ahora con los accidentes de tráfico imprudentes en los que concurre o media una infracción grave de tráfico y en la que no se tienen en cuenta las circunstancias del hecho ni el comportamiento, en su caso, de la víctima ni del causante del daño en su deber de cuidado, ya que en las infracciones de tráfico y en otras normas administrativas la culpabilidad es objetivada. Señorías, nos preguntamos si es razonable convertir en vicaria la norma penal de la norma administrativa. En definitiva — y finalizo, presidenta—, al modo en como lo dije en Comisión, poniendo en la balanza, no solo en el platillo de la lógica la técnica y la homogeneidad en la aplicación del Código Penal, sino también en el otro platillo el de la preocupación social por la indefensión de las víctimas frente a las grandes compañías de seguros y teniendo que costearse todas las periciales en relación con las profesiones sanitarias, quiero manifestar que no daremos nuestro apoyo a la proposición, aunque, como les decía y señalé en Comisión, tampoco plantearemos una oposición radical a la misma. Muchas gracias.

  4. Edmundo Bal Francés Cs

    Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Estamos en el trámite final de la ley por la cual vuelve al ámbito de la jurisdicción penal lo que nunca debió salir de ella: los accidentes que causan lesiones graves y que se causan a través de imprudencia menos grave, con infracción de normas del Código de Circulación que antes, por la práctica de los jueces, siempre saturados de trabajo y nunca dotados suficientemente de medios, terminaban en la vía civil a consecuencia, señor Gamazo, de la reforma que el Partido Popular hizo, y respecto de la que los que estábamos en ese momento ejerciendo el derecho en la Abogacía del Estado o en cualquiera otra profesión, la verdad, nos llevábamos las manos a la cabeza. Suponía, lisa y llanamente, la absoluta indefensión de las víctimas de los accidentes de tráfico, sin más. Tampoco nos sorprendió mucho porque en aquella época el Partido Popular trataba de desatascar la justicia, en lugar de aportando recursos humanos y materiales al servicio público de la misma, denegando el derecho a la tutela judicial efectiva de los españoles, como demostró, primero, con esta despenalización de los accidentes de tráfico y, segundo, con la imposición de ese concepto aberrante de las tasas judiciales. El resultado fue — lo ha dicho también el señor Legarda, aunque no compartimos el análisis de la norma, con un fino análisis jurídico— la absoluta desprotección de la víctima. En Comisión se nos acusó de que decíamos que los jueces prevaricaban, pero no, los jueces no prevaricaban, los jueces interpretaban la norma para quitarse los asuntos de en medio como consecuencia de que bastante tienen con todos los que inundan los juzgados. En definitiva, al final toda la doctrina científica, toda, con insignes magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo como Vicente Magro o Antonio del Moral, toda la doctrina jurisprudencial y todas las asociaciones de víctimas, todas, denunciaban la desprotección de las víctimas y que la balanza se inclinaba en favor de las aseguradoras. Usted sube aquí y dice que estamos adoptando esta ley en contra de la doctrina, en contra de opiniones autorizadas y la única opinión autorizada que tuvimos en Comisión, según usted, es la de la compareciente de su propio grupo parlamentario, que fue diputada de esta Cámara y autora de su propia reforma en el año 2015. Esa es la opinión autorizada. Ya se ha puesto de manifiesto cómo se produce esta indefensión cuando se derivan a la vía civil estos sucesos lesivos para la integridad e incluso para la vida de las personas. Hace falta abogado y procurador, no tenemos la colaboración del Ministerio Fiscal, hace falta pagarse un informe de valoración de daños corporales que cuesta un dinerito, no tenemos la tutela del fiscal, no tenemos la tutela del juez de instrucción, tenemos un procedimiento absolutamente lento, hace falta una reclamación previa a la aseguradora y los institutos de medicina legal no funcionan. ¿Y cuál es el resultado? Al final el resultado es que la aseguradora te hace una oferta, siempre a la baja, y como tú necesites el dinero, sobre todo porque puedes pertenecer a un colectivo vulnerable y encima por las lesiones no puedes trabajar, coges la indemnización sin pelear y sin meterte en los gastos del proceso civil. Esto es así de fácil. Aquí, o se está del lado de las aseguradoras o se está del lado de las víctimas. Ustedes están del lado de las aseguradoras y los demás estamos del lado de las víctimas, y no me diga que no. Le voy a poner mi caso. Soy víctima de accidente de tráfico, de un accidente de tráfico grave. La aseguradora me ofreció 15 000 euros. Gracias a Dios, no pertenezco a un colectivo vulnerable y pude pelear. ¿Sabe cuánto conseguí? Conseguí 45 000 euros. Esa es la diferencia que existe entre su propuesta y la nuestra, que las víctimas podamos ser indemnizadas de forma justa o que el dinerito se lo quede la aseguradora. Respecto a esta reforma, señor Legarda, nos dice que estamos volviendo a la imprudencia con infracción de reglamentos y yo — que le tengo un gran respeto al análisis jurídico del señor Legarda— se lo discuto. Esto de las leyes penales en blanco no es una cosa rara en el derecho penal, existe en el delito contra la Hacienda pública; existe en el caso que usted ha puesto de las infracciones laborales graves, que se remiten a la LISOS y existe en muchos otros supuestos. Pero es que, además, el Partido Socialista en sus transaccionales — que, por cierto, agradezco— ha mejorado esta redacción. ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor. Intenté que fuera mejor y no lo conseguí. ¿Por qué lo ha mejorado? Pues lo ha mejorado porque establece la necesidad de que el juez en el auto determine la conexión de causa a efecto entre la infracción de la norma administrativa y la valoración de la imprudencia menos grave. Le pongo un ejemplo. Una infracción administrativa del Código de Circulación grave es conducir sin permiso de circulación pero, claro, no va a haber una relación de causa efecto entre tener un defecto documental en tu coche y luego causar una lesión. Pues en este caso se da usted cuenta de cómo probablemente esa infracción administrativa no determine la calificación de la imprudencia como menos grave. También se ha citado la necesidad de que la Policía municipal funcione bien en la remisión de los atestados y también se ha citado esa mejora del delito de huir del lugar del accidente. En definitiva, en mi opinión es muy importante que se pueda perseguir de oficio este tipo de delito sin necesidad de que sea la víctima la que tenga que denunciar. Como digo, mejoras en las que ha participado Ciudadanos, los liberales, porque consideramos que hay que estar del lado de las víctimas. Uno de los comparecientes, el propuesto precisamente por Ciudadanos, puso de manifiesto cómo antes de 2015, antes de la reforma, había 250 000 procedimientos de juicios de faltas ahora de delito leve, o de procedimiento abreviado, de los cuales el 90 % se resolvían sin necesidad de procedimiento judicial. Es decir, que la reforma del Partido Popular, al llevarlo a la vía civil, lo que hizo fue saturar los juzgados civiles respecto al procedimiento más rápido que se veía ante la jurisdicción penal. Termino diciendo, y con esto estoy de acuerdo con el Partido Popular, que estamos haciendo hoy una buena ley pero, efectivamente, el Partido Socialista — lo mismo que ustedes hicieron cuando les tocó gobernar— no dota de medios personales y materiales suficientes al servicio público de la justicia, y eso es algo que tenemos que arreglar entre todos. Gracias. .

  5. Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Bon dia. Muchas gracias, presidenta. Señorías, la proposición que hoy termina su curso de tramitación parlamentaria afecta a uno de aquellos temas que creo que debe ser prioritario en nuestra acción política, que es el tema relativo a la seguridad vial. Es cierto que estamos modificando el Código Penal, pero esta configuración que hoy saldrá adelante, espero, afecta directamente a los temas de seguridad vial, y aquí yo creo que hay que poner en valor no solo el objetivo de la proposición, sino también la forma de trabajo que se ha realizado en este ámbito, con una propuesta que tuvo aquí su toma en consideración, con comparecencias en la Comisión de Justicia, con consenso y voluntad de acuerdo con todos los grupos, intercambiando propuestas y, finalmente, la ley que puede acabar saliendo publicada en el BOE si todo esto sale bien. Creo sinceramente que este es el método de trabajo, que a veces no es el que se da en otras comisiones, en otras propuestas, y creo que es necesario señalar esta cuestión, porque las comparecencias y el trabajo con calma en las diferentes leyes nos permiten también hacer leyes mucho más apuradas, mucho más trabajadas y más acertadas. En todo caso, este es sin duda alguna un tema polémico. Vale la pena señalar que en estas comparecencias se produjo la ironía de que el fiscal en materia de seguridad vial compareció cuando ya estaban cerrados los plazos de enmiendas, con lo cual aquí también alguna reflexión habrá que hacer sobre estas cuestiones, y compareció en la Comisión de Seguridad Vial y no en la Comisión de Justicia. Como digo, tema polémico que, como apuntamos en su día en la toma en consideración, había dado lugar a diferentes sentencias que acababan generando una situación de indefensión, tanto desde el punto de vista de la impunidad que se producía en estos supuestos, como, sobre todo, desde el punto de vista de la protección jurídica, como se apuntaba anteriormente, a las víctimas de accidentes de tráfico. Los archivos sistemáticos que se producían en este ámbito sin duda alguna nos obligaban a hacer una reflexión a fondo sobre qué configuración jurídica había para proteger a las víctimas de estos accidentes de tráfico. En este ámbito, por nuestra parte creemos que con la nueva regulación se produce una oportunidad, una oportunidad con un ajuste técnico al Código Penal que va a suponer también la valoración por parte del juez de las infracciones; yo creo que esta coletilla que apunta a la necesidad de que exista una resolución motivada puede salvar muchas cuestiones relativas a la valoración que queda todavía en manos del juez en estas infracciones administrativas y, por tanto, es una oportunidad que sin duda alguna cambia el régimen en el que las nuevas víctimas de accidentes de tráfico van a abordar la reparación de su daño. Tenemos especial confianza — votaremos a favor de esta propuesta— en que esta nueva regulación pueda ofrecer más garantías, menos archivos sistemáticos y, en definitiva, una mejor reparación de las víctimas de accidentes de tráfico. Muchas gracias.

  6. Josep Pagès i Massó JxCat-JUNTS (Junts)

    Buenos días, señora presidenta. Señorías, el mundo de la bicicleta está especialmente preocupado por la cantidad de accidentes con ciclistas muertos o gravemente lesionados. Demasiados fines de semana acabamos con la noticia de accidentes terribles. Todos hemos perdido demasiados amigos y conocidos que vivían para la bici. Hoy nos proponemos hacer frente a una demanda social extensa, justificada, que merece una respuesta. Se debe dar solución a la falta de consecuencias penales de los accidentes de tráfico por imprudencia con consecuencias graves como muerte o lesiones graves, que afectan principalmente a víctimas usuarios de las bicicletas, generando una enorme inseguridad jurídica y sensación de indefensión. Este problema intentó solucionarse sin éxito con la reforma de 2019, una reforma que tenía la finalidad explícita de reducir el margen de apreciación de los jueces estableciendo unas presunciones que la jurisprudencia posterior no tuvo en cuenta, se apartó de estas presunciones. La praxis judicial, aprovechándose de la literalidad de la reforma de 2019, esta literalidad que ahora queremos cambiar, volvió a sus inercias y, por tanto, a eludir las consecuencias penales para las imprudencias de los conductores. Repito, el legislador, nosotros, debemos actuar para poner fin a una situación que no se puede mantener, debemos recoger la demanda de las plataformas y asociaciones del sector, entre ellos Amics de la Bici — a quien agradezco su colaboración—, y sobre todo debemos hacer frente a un hecho lamentable, pero cierto, que constituye el fondo de la cuestión: que los jueces que deben aplicar la ley no son conscientes de la vulnerabilidad de los ciclistas; una falta de conciencia que refleja, creo yo, la de buena parte de la ciudadanía. Este es el problema de fondo, un problema prejurídico, no un problema técnico, sino un problema social, que se traduce incluso, como explicó muy bien el profesor Bastida en las comparecencias en Comisión, en una banalización de la vida y de la integridad física y moral de las víctimas de los accidentes de tráfico, porque lo que tenemos son sentencias renuentes, les cuesta otorgar consecuencias penales y se limitan a remitir la solución del problema a una vía civil que no es la adecuada para resolver los problemas de las víctimas de los accidentes de tráfico y favorece, como ya se ha dicho, a las aseguradoras. Esta renuencia, esta banalización, está acompañada también de una cierta suspicacia ante la conducta de los ciclistas y peatones, sobre todo ciclistas en la vía pública, y, por el contrario, cuenta con la empatía social del legislador y de los jueces con el conductor procesado por imprudencia. Todos nos vemos conductores, todos pensamos que podemos tener un despiste en la carretera. Este es un enfoque muy interiorizado en la sociedad, el prejuicio de que quien actúa debidamente es el conductor y quien en principio actúa de forma irregular es el ciclista, y en este prejuicio social entronca una cultura jurídica con una inercia equivocada, que es precisamente lo que esta ley debe revertir. Debemos evitar que los operadores jurídicos se parapeten en tecnicismos de esta cultura jurídica que han impedido hasta el momento que se generalicen consecuencias penales para conductas que merecen reproche penal y, en cambio, se dicten por sistema autos de archivo basados en una jurisprudencia que, con el argumento de la valoración subjetiva, abre la puerta a considerar leves y carentes de responsabilidad penal conductas imprudentes graves. Ante la dimensión social del problema, ante la enorme sensación de indefensión del colectivo de ciclistas, la única opción que cabe es vincular ope legis, por ley, consecuencias penales a las imprudencias con resultado de muerte o lesiones graves. Se debe establecer una vía de dirección obligatoria para evitar las habituales resoluciones de sobreseimiento libre sin tan siquiera una mínima actividad instructora. Debemos hacer prevalecer el bien jurídico de la vida e integridad física de ciclistas y peatones, forzar las resoluciones dirigidas a tomar conciencia de la indefensión de los ciclistas.

  7. Josep Pagès i Massó JxCat-JUNTS (Junts)

    Para eso estamos aquí, para hacer leyes que los jueces deban aplicar, no para transformar en leyes lo que ya están aplicando los juzgados. Muchas gracias.

  8. Carolina Telechea i Lozano ERC-S

    Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. Voy a intentar ser breve porque los oradores que me han precedido en el turno de la palabra ya lo han dicho prácticamente todo y no voy a ser reiterativa en un día que nos espera muy largo. Quisiera apuntar cuatro notas. Hemos hecho dos reformas del Código Penal en poco tiempo justamente sobre el mismo tema, hecho que nos lleva a pensar en que a veces no hacemos nuestro trabajo como legisladores correctamente. Dicho esto, más vale tarde que nunca y se ha rectificado y mejorado la reforma anterior, gracias justamente a las presiones de las organizaciones de ciclistas, algunas de las cuales están hoy aquí y a quienes les mando un saludo desde esta tribuna. . Ellas nos hicieron llegar un problema que se estaba dando en los juzgados: que estaban sufriendo desprotección y por tanto se les estaba vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, y justamente nuestro trabajo consiste en no dejar desprotegido a nadie, así que de entrada ya avanzo que nuestro voto va a ser positivo en esta reforma. Como ya saben, no digo nada que no se sepa, digo una evidencia, los colectivos vulnerables en la carretera son los peatones, los ciclistas y los motoristas, que representan el 50 % de las víctimas mortales en el conjunto de siniestros en 2021, y son especialmente vulnerables porque ya sabemos que el chasis es la propia persona. Las medidas disuasorias y las medidas punitivas están bien, pero — lo hemos dicho muchas veces, nuestro grupo parlamentario lo ha defendido muchas veces— antes de acudir a la vía penal creemos que deberíamos poner más atención, sobre todo en este caso, en las políticas preventivas. El señor Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català de Trànsit del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, actualmente bajo la dirección de Esquerra Republicana, puso de relieve en su comparecencia las distintas medidas que se están adoptando en Cataluña, como, por ejemplo, la importancia de las medidas preventivas. El Departament d’Interior de la Generalitat lleva a cabo un plan de seguridad vial cuyo compromiso es reducir el 50 % de las víctimas mortales en 2030 y la visión cero víctimas en 2050. Puso de ejemplo algunas de las medidas, como la presencia policial en distintos focos de gran riesgo en la carretera o los sistemas de inteligencia artificial; incluso también nos habló de que se va a iniciar una prueba piloto de aviso en los túneles alertando de que se pueden encontrar un ciclista en su interior. Presidenta, no quiero acabar sin hacer referencia a la formación. Nuestra compañera Inés Granollers ha puesto también de manifiesto en diversas ocasiones que la formación es indispensable en las políticas de prevención, es un eje primordial. Los tiempos cambian, las personas debemos adaptarnos y la formación debe ser imprescindible. Muchas gracias. .

  9. Antonia Jover Díaz UP

    Bon dia, presidenta. Señorías, posiblemente en este punto todas vamos a ser muy reiterativas. Voy a comenzar diciendo que vamos a votar a favor de esta proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal. La reforma de 2015 del Código Penal en esta materia fue un fiasco. Difícilmente pueden comprender las víctimas la ineptitud legislativa del Partido Popular, que lo único que consiguió fue crear indefensión en las víctimas. No se trata de la opinión de este grupo, sino de las declaraciones realizadas en 2017 por don Bartolomé Vargas, el entonces fiscal coordinador de Seguridad Vial, quien hablaba de — literalmente— «la situación de desprotección, desamparo y abandono que sufren las víctimas de siniestros viales» y que ha sido acentuada por las nuevas reformas legales. Consejos vendo que para mí no tengo. Existe la constatación de que muchos juzgados archivan los casos de accidentes por imprudencia, incluso con indicios de imprudencia grave como atropellos de peatones, o el dictado indiscriminado de resoluciones de sobreseimiento libre sin una sola instrucción. Constata esta indefensión el hecho de que en algunas provincias no se haya celebrado un solo juicio por delito leve en materia de imprudencia menos grave en el ámbito de la siniestralidad. En su comparecencia, don Pedro Delgado, representante de la Asociación de Ciclistas Profesionales, manifestaba la ilusión con que habían acogido la modificación de 2019 también y se lamentaba por los resultados, mostrando su decepción al no acabar de cumplir con la protección esperada. En este mismo sentido se han manifestado diferentes colectivos consultados. Las pretensiones de la modificación que hoy nos ocupa son, simplemente, eliminar que el juez o el tribunal pueda subjetivamente apreciar la inexistencia de delito; si las lesiones son relevantes o se causa la muerte, que se considere objetivamente delito si el causante comete una infracción considerada como grave por la ley de seguridad vial; la reducción de la pena a un mes de multa en caso de provocarse por imprudencia menos grave lesiones que necesitan tratamiento médico o quirúrgico que no son invalidantes pero sí relevantes, con el objetivo de que no sea preceptivo estar asistido por abogado y procurador y que el proceso se juzgue por un juez de Instrucción, pero sin menoscabo de todas las garantías para la víctima. Más de la mitad de las defunciones por accidentes de tránsito afectan a usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, peatones, ciclistas, y motociclistas, y afectan en especial a niños y jóvenes de entre 5 y 29 años. Si realmente queremos aumentar la seguridad vial, si realmente queremos que no haya víctimas, ¿no creen sus señorías que esta Cámara debería reflexionar sobre la necesidad de implementar otras medidas y no solo las punitivas? A expensas de que se nos pueda calificar de adoctrinamiento, si realmente queremos más seguridad vial, entre otras cosas, ¿no creen ustedes que hay que invertir más en educación, concienciar a nuestros niños de la responsabilidad que supone el acto de conducir un vehículo? ¿No creen ustedes que debería aumentar la concienciación en la fase de formación de nuevos conductores? A pesar de que el uso de un vehículo acaba convirtiéndose en una rutina, debe ser un acto de responsabilidad, ya que una distracción implica la posibilidad de lesionar o quitar la vida a un peatón o a un ciclista. En definitiva — hoy el día es muy largo—, esta modificación pretende mejorar la seguridad vial de las víctimas y corregir los requisitos existentes, y aquí estará siempre nuestro grupo parlamentario. .

  10. Francisco José Alcaraz Martos VOX

    Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señorías del Gobierno, ustedes nos decepcionan, como siempre, nunca responden a una demanda social para mejorar; ustedes no pierden oportunidad de perjudicar de forma colateral al resto de ciudadanos bajo el pretexto de ofrecer más protección. De hecho, la estadística de accidentes, tal como se ha comentado aquí, va en aumento. Háganse mirar por qué, con ustedes en el Gobierno, año tras año los accidentes de tráfico van aumentando. De hecho, en la toma en consideración de esta proposición de ley, VOX considera que lo oportuno era mejorar la atención en los procesos judiciales a las víctimas de accidentes de tráfico. Lo vimos como una oportunidad para recoger su demanda, pero de una forma justa y adaptada a la realidad. Pensar que ustedes puedan hacer algo de forma justa y responder a necesidades reales es algo en lo que ya no creen millones de españoles que en su día les votaron. Tengo que reconocerles a ustedes que son unos expertos en la mentira, pero no lo son menos en la propaganda, como la que pretenden ustedes vender con esta modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor y ciclomotores. En primer lugar, con esta proposición de ley ustedes rebajan la pena del delito por imprudencia, dándole el carácter de leve sin justificación alguna. En la exposición de motivos simplemente se limitan a aclarar que las consecuencias de este cambio de modificación es que el abogado y el procurador no sean preceptivos, lo que supone, en definitiva, una reducción de las garantías del acusado. En segundo lugar, nuevamente menos garantías del procedimiento, porque eliminan que sean los jueces los que puedan determinar la conducta si es penalmente relevante, teniendo en consideración las circunstancias concretas que han dado lugar a ese accidente. Esto supone una anticipación excesiva en la intervención penal, puesto que no se permite al juez valorar si verdaderamente el caso en concreto de la imprudencia merece una respuesta penal o queda limitada a la jurisdicción civil. De esta forma, puede dar lugar a que todos los supuestos de imprudencia de conducción sean equiparables, sean todos penalmente reprochables. Pero proponen que en un caso en el que durante la actuación imprudente hayan podido influir diversos factores ajenos totalmente a la conducción, sea igual de reprochable que en un caso en el que en la imprudencia haya intervenido exclusivamente el conductor. Es así y así lo recogen ustedes en el texto. De hecho, en el texto se dice: tras la reforma del 2015, que ha deparado, por diferentes motivos, un incremento del dictado de auto de archivo y, al tiempo, una reducción de la respuesta penal ante los siniestros viales. De esto se deduce, como estamos acostumbrados con este Gobierno, que parece desprenderse un cierto reproche hacia nuestro Poder Judicial. Dudan de la profesionalidad de nuestro Consejo General del Poder Judicial y dudan ustedes de nuestros jueces. Es la mayor muestra de poco respeto que tienen ustedes a nuestras instituciones. Ya lo han demostrado ustedes aquí en esta Cámara tomando decisiones que van en contra de la Constitución; decisiones inconstitucionales que solo VOX ha denunciado. . Señorías del Gobierno, ustedes lo que deben hacer es dotar de más medios y apoyos a la Administración de Justicia, no despreciar las instituciones ni legislar en perjuicio de garantías procesales de todos los españoles. Señorías del PSOE y de Podemos, dejen de modificar leyes, porque todo lo que tocan ustedes lo empeoran, y lo estamos viendo. El único cambio real que se necesita no son las leyes que están tocando ustedes. El único cambio real que se necesita es el de Macarena Olona el 19 de junio en Andalucía. . Más pronto que tarde, también el de Santiago Abascal en el Gobierno de España. Gracias. .

  11. Maribel García López PSOE

    Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señorías, 38 años, cogió su ciclomotor para regresar a casa, la esperaban su marido y sus hijos de 4 y 6 años, circulaba por el carril moto. Cuando despertó no sentía nada y lo sentía todo. Un coche no cedió el paso y chocó. Este primer impacto provocó que el manillar se clavara en su ingle, para salir después despedida más de 30 metros como una muñeca rota. Su cuerpo inerte terminó impactando contra otro coche que se encontraba mal estacionado. Los bomberos tuvieron que levantar el vehículo a pulso para que los servicios sanitarios pudieran acceder al cuerpo. Está claro que el casco la salvó. Fueron dos impactos muy fuertes que provocaron múltiples lesiones y quemaduras por todo el cuerpo; cuatro meses inmovilizada, un año de tratamientos y de sufrimiento. Su espalda se fue deteriorando y seis años más tarde dijo basta. Resultado: seis tornillos y entumecimiento permanente de la pierna y del pie del accidente. Tuvo suerte, rehízo su vida, pero no todas las personas que han sufrido un siniestro de tráfico han tenido la misma fortuna. María, 15 años, entrenaba en su bicicleta, un coche la embistió al adelantarla, la lanzo 35 metros, murió en el acto. David, 48 años, embestido por un coche, no consiguió retomar su hábito de ir en bicicleta. Ana, 54 años, arrollada en un paso de peatones. Antonio, 14 años, arrollado en una travesía. Un coche atropella a una madre y a sus hijos de 4 y 8 años a la entrada del colegio. ¿Qué más tenemos que esperar para cambiar y modificar el Código Penal? . En 2021, 3728 personas fueron heridas gravemente, 1004 fallecieron, el 38 % vulnerables. Todas estas cifras son personas como ustedes, como yo, víctimas de siniestros viales que merecen estar protegidas por derecho, que no podemos dejar desamparadas, olvidadas en una estadística. El Poder Legislativo tiene la obligación de ejercer su potestad por el bien común. Las leyes que salen de este hemiciclo deben servir a la ciudadanía, deben ser útiles, justas y eficaces. Cuando en julio de 2021 el Grupo Parlamentario Socialista registró esta iniciativa ese era su convencimiento, porque todas las diputadas y diputados de esta bancada trabajan sin descanso cada día y dan lo mejor de sí mismos para que este país prospere, gane en derechos y libertades y no dé ni un paso atrás. . La injusta reforma del Partido Popular de 2015 — Gamazo, eso sí que fue un churro jurídico— eliminó de un plumazo los juicios de faltas, lo que provocó consecuencias tremendas para las víctimas: aumentó el retraso de la justicia, negó el derecho al reconocimiento forense, desapareció la posibilidad de transacción y aumentaron los costes para las víctimas por la vía civil. Esas son las políticas del Partido Popular, las que abandonan a la ciudadanía a su suerte. Esas son las políticas. En el año 2019 la ley volvió a modificarse por una ley justa. ¿Se acuerdan? Pero el inciso incluido, cómo no, por el Partido Popular interpreta sistemáticamente para archivar las denuncias de siniestralidad vial por considerar que la imprudencia siempre es leve y, por tanto, sin responsabilidad penal. Señorías, nadie quiere ser responsable de un siniestro, pero cuando no respetamos un stop o un semáforo, cuando miramos el móvil, cuando no cedemos el paso o nos despistamos porque estamos pensando en nuestras cosas, ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. Cuando cojan el coche hoy piénsenlo, por favor. Cometer infracciones graves de tráfico sí provoca accidentes y si hay una causalidad directa y objetiva sí merecen un reproche penal, porque hemos desatendido lo más importante que estábamos haciendo: conducir. Los despistes al volante destrozan vidas y el «no va conmigo» o «ya se hará cargo el seguro» suponen una irresponsabilidad y un desprecio a la vida. Esta modificación establece una responsabilidad objetiva que permite al juez valorar equilibradamente el nexo entre el acto imprudente — es decir, una infracción tipificada como grave en la ley de tráfico que comporte un daño a las personas—, el accidente y el resultado de muerte o lesiones relevantes y, por tanto, que se califique como imprudencia menos grave. Es hora de dar una respuesta a la absoluta indefensión de las víctimas de siniestros viales. Esta modificación contiene la pena de multa de uno a dos meses en caso de provocarse por imprudencia menos grave lesiones que necesiten tratamiento médico o quirúrgico que no sean invalidantes pero sí relevantes. Se dispone que sea preceptiva en estos casos la sanción de privación del derecho a conducir. Se refuerza el artículo 382, incluyendo el 147.1, de tal forma que la persona será castigada como autora de un delito de abandono del lugar del accidente. Finalmente, planteamos dos medidas más: la primera, establecer la obligatoriedad del oportuno atestado y, la segunda, que la autoridad judicial pueda investigar los hechos directamente. El Grupo Parlamentario Socialista queremos dar las gracias a las asociaciones de víctimas como Aesleme o Stop Accidentes, que hoy nos acompañan; a la sociedad civil organizada; a Mesa Española de la Bicicleta, que nos ayudó a entender el problema; a Asociación de Ciclistas Profesionales; a Real Federación Española de Ciclismo; a ConBici; a Asociación de Ciclojuristas; a Red de Ciudades por la Bicicleta; a juristas, expertos y abogacía especializada, que nos han asesorado a lo largo del trámite parlamentario y nos han permitido ser muy rigurosos en la redacción del texto; a las instituciones: Dirección General de Tráfico, fiscal de Seguridad Vial, Comisión de Seguridad Vial de la FEMP, Consejo Superior de Deportes; y, por último, a todos los grupos políticos que dan su apoyo a esta reforma y que ven como nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, que como sociedad hay que acabar con este drama, porque nos toca a todas y a todos en lo más profundo de nuestro ser. Aquellos grupos políticos que no voten a favor, reflexionen sobre qué tipo de sociedad quieren construir. Nosotros lo tenemos claro. Queremos una sociedad más justa, donde se garantice la igualdad de oportunidades, plural, solidaria, libre y respetuosa con los derechos civiles que hemos ido consolidando, que protege a los más débiles. . ¿Qué sociedad quieren ustedes? En definitiva, el objetivo de esta modificación del Código Penal es proteger a las víctimas que ven truncadas sus vidas y las de sus familias.

  12. Maribel García López PSOE

    Termino. Merecen nuestra atención, una respuesta rápida, ágil y segura. Merecen seguridad jurídica.

  13. Maribel García López PSOE

    Y merecen recuperar la vida cuando sea posible. Nosotros… .

  14. Néstor Rego Candamil BNG

    Grazas, señora presidenta. Somos muy conscientes en el BNG, precisamente porque somos representantes de un país con miles de galegos y galegas fuera, de que el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero debe facilitarse, pero siempre asegurando el máximo de garantías. En ese sentido iban las enmiendas del BNG. Creemos que lo más seguro es equiparar el ejercicio de voto al que se ejerce en el Estado, es decir, voto presencial, acreditando la personalidad y en urnas… .

  15. Néstor Rego Candamil BNG

    Para ello es imprescindible habilitar el máximo número de lugares, repartidos territorialmente, que permitan un acceso fácil de las personas electoras. Aunque se ha recogido la posibilidad de habilitar otros lugares fuera de las embajadas y consulados, no se obliga a hacerlo, tal y como proponíamos. En segundo lugar, consideramos que el ejercicio del voto por correo en el extranjero no puede asegurar la identificación personal del elector. ¿Cómo se acreditará que la persona que atiende el servicio postal de un determinado país ha identificado y acredita que quien lo entrega es quien vota? No se puede. Esto podría facilitar prácticas que en el pasado ya supusieron fraude electoral masivo, una práctica en la que en Galiza estaba especializado el Partido Popular, con una red de personas que se dedicaban a recoger y enviar los votos de muchos otros votantes. Tampoco se recogió nuestra propuesta para equiparar a los residentes temporales con los inscritos en el CERA. Los desplazados temporales tendrán que seguir rogando el voto y hacerlo personalmente en la embajada o consulado, una diferenciación que no nos parece justa. Y, por último, hay que destacar una enmienda del BNG completamente ignorada, que pedía resolver una demanda histórica, como la de facilitar el ejercicio del voto de los marineros embarcados, que mediante el actual sistema de voto por correo se ven de facto impedidos de ejercer su derecho a votar. Por todo ello, nos abstendremos. Obrigado.

  16. Mariona Illamola Dausà JxCat-JUNTS (Junts)

    Bon dia. Una de las prioridades que Junts per Catalunya nos marcamos al inicio de la legislatura fue garantizar el ejercicio del derecho de voto de los residentes en el exterior, ayudarles a que se respete su derecho fundamental de sufragio activo, un derecho que se ha visto vulnerado en todos los comicios, provocando baja participación o que los votos no llegasen o se perdiesen simplemente. Era una petición esta que nos había llegado desde distintos sectores afectados. Por eso, la primera PNL que defendí en la Comisión de Exteriores, ya en octubre de 2020, antes de que se presentasen las dos propuestas legislativas de reforma de la LOREG, tenía dos objetivos. De una parte, eliminar el sistema de voto rogado y, de otra, establecer un sistema de votación electrónico que facilitase el voto. Las enmiendas al proyecto de ley presentado en febrero de 2021, que junto con la FIEC, Marea Granate y otras personas hemos trabajado y defendido, responden a ambos objetivos y las registramos ya en junio de 2021 porque creíamos que era importante y que era una cuestión urgente. Y nunca hemos entendido por qué, incomprensiblemente, el periodo de enmiendas se ha ido alargando y alargando hasta llegar a la primavera o casi verano de 2022. Nuestras enmiendas, que se podían agrupar en diversos grupos, iban dirigidas a eliminar el voto rogado, a garantizar que los votos llegasen a ser escrutados — aplazando plazos y retocando procedimientos—, a establecer una trazabilidad de los votos. En definitiva, pretendían solventar distintos problemas que existen para poder ejercer de forma fiable y de forma efectiva el voto. Varias de estas enmiendas se encuentran recogidas, directa o indirectamente, en el texto y por eso hemos retirado algunas de nuestras enmiendas. No obstante, mantenemos otras vivas, para las que les pido el voto favorable. La 14, con el objetivo de ser más transparentes y ofrecer trazabilidad del envío del voto y que el elector pueda saber si su voto acaba llegando o no. La 15 y la 16, que amplían plazos. La 22 y la 24, que pretenden mejorar el servicio que se presta en los lugares de votación. Y la 4, la 12, la 25, la 26 y la 27, que comportan la llegada del siglo XXI, el uso de las nuevas tecnologías; prevén la posibilidad — que no exclusividad— del voto delegado y del voto telemático. Uno de los comparecientes en la Subcomisión dijo que ninguno de los procedimientos de voto es perfecto, ni el voto en papel ni el delegado ni el telemático. Todos son perfeccionables, todos tienen pros y contras, por lo que, consecuentemente, ninguno tiene más peligros que otro. Como ven, estas últimas enmiendas pretenden, como les decía antes, llegar al siglo XXI, algo — el voto telemático— que en Estonia es habitual y que, por citar otro ejemplo, Francia utilizó la semana pasada en las elecciones a la Asamblea Nacional para los residentes en el exterior. ¿Que este proyecto de ley mejora la situación anterior? Sí, es cierto, como mínimo deroga el voto rogado. Ahora bien, ya que se reforma el procedimiento, ¿por qué no se es más ambicioso? ¿Por qué simplemente se hacen algunos retoques? Sinceramente, no entendemos esta forma de legislar, esta pérdida de oportunidades de avanzar más, esta aversión a dar un paso más y a utilizar las nuevas tecnologías como garantes del ejercicio de un derecho fundamental, tal como utilizamos las nuevas tecnologías en todo momento. Incluso ahora que yo estoy hablando seguro que muchos de ustedes están con sus dispositivos móviles o tablets analizando enmiendas. Pues es exactamente lo mismo, uso de las TIC. Señorías, las TIC están en el mundo. Es una pena que no quieran ni tan siquiera utilizarlas junto a los demás procedimientos para garantizar el derecho fundamental de sufragio activo. En realidad sí que pueden hacerlo, porque todavía están a tiempo de votar nuestras enmiendas. Muchas gracias.

  17. Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

    Moltes gràcies, presidenta. Hace tiempo recibí un mensaje de un exalumno que está trabajando fuera. Me dijo: Valió la pena haber hecho 200 kilómetros para votarte. Eso, evidentemente, produce una satisfacción grande en uno que ha sido profesor de un alumno tan brillante como él, pero otros no pudieron ejercer ese derecho al voto por todas las trabas que tenían para hacerlo. Ayer yo le planteaba al Gobierno a qué vino este Gobierno al mundo; evidentemente, también tenía que haber venido para acabar con el voto rogado de una vez por todas, porque impedía a muchísimos ciudadanos, muchos jóvenes, ejercer un derecho fundamental, el derecho al voto. Todos vemos programas de televisión en nuestras televisiones autonómicas, en la valenciana Valencians pel món y en TVE 1 Españoles por el mundo, personas que un día tuvieron que tomar una decisión y marchar fuera a trabajar o a estudiar: estudiantes, enfermeros, científicas, profesores… En fin, en total un millón y medio de ciudadanos del Estado viven fuera de su tierra, el 3 % de la población. Creo que esta propuesta de ley es un gran avance. Es un avance, sin duda, pero — insistimos— creemos que se podía haber ido un poco más lejos, como estaba diciendo ahora la señora Illamola. Se podía haber aprovechado esta ocasión para facilitar aún más un derecho fundamental, como es el derecho a participar en la vida y en las decisiones de tu país. Votaremos a favor y también anunciamos que votaremos muchísimas enmiendas que nos parece que mejoran el texto.

  18. Marta Rosique i Saltor ERC-S

    Bon dia. Gràcies, presidenta. Hoy celebramos, como no puede ser de otra manera, haber puesto fin de una vez al voto rogado, esta práctica tan antidemocrática que suponía que se debía solicitar poder votar para ejercer el voto en el exterior. Por fin lo hemos conseguido; hemos conseguido hacerlo, aunque demasiado tarde, después de distintas instancias. También celebramos haber eliminado el hecho de tener que pagar para votar, esta práctica tan injusta que de alguna forma generaba una desigualdad económica a la hora de votar, una práctica también tan antidemocrática. Asimismo, celebramos que se hayan retocado los plazos para el voto en el exterior, agilizando así los períodos del voto. Esta no es una victoria de los representantes políticos que estamos hoy aquí; es una victoria de las entidades en la comunidad en el exterior, que llevan tanto tiempo trabajando para ello. . En especial, quería dar la bienvenida también a las entidades que hoy están aquí, sin cuyo trabajo esto no habría llegado. También queríamos decir que sigue habiendo cuestiones pendientes y que existe la opción de votar algunos retoques en las votaciones que vamos a hacer esta tarde aquí. A veces es demasiado difícil poder llegar a reformar la LOREG. Por tanto, teniendo la experiencia de los plazos y de cómo ha ido todo el proceso para reformar la LOREG para el voto en el exterior, deberíamos tener presente que si hoy no añadimos estas cuestiones pendientes, va a ser increíblemente difícil poder retomarlas en el futuro. Por eso, nosotros queremos seguir poniendo sobre la mesa la necesidad, tal y como establecimos en la proposición de ley que presentamos aquí, en el Congreso de los Diputados, y que, como saben, no fue discutida porque el Gobierno decidió calificar primero la proposición de ley que habían presentado los partidos del Gobierno, de apostar por el voto delegado, un voto que ya existe en Francia y cuyo modelo ha demostrado que es útil para poder poner la comunidad en el exterior en el centro, para poder garantizar que las peticiones de la comunidad en el exterior estén en el centro de la agenda política. También seguimos solicitando que se garantice la trazabilidad del voto. Hay que garantizar que todos los votos se pueden ejercer, hay que garantizar que llegan y hay que garantizar que son recontados. Esto en la actualidad sigue siendo una complicación y por eso creemos que hay que aprobar varias de las enmiendas que siguen vivas. Asimismo, consideramos que hay que equiparar los derechos entre los CERA y los ERTA, tal y como vienen reclamando, de hecho, las entidades de la comunidad en el exterior. Esta sigue siendo una cuestión pendiente y, por tanto, hay que incluirla en esta ley. Y hay que mejorar aún más los plazos para poder agilizar el voto en el exterior. Sin duda alguna, hoy celebramos varias victorias, pero también sin duda alguna debemos seguir luchando. Este pacto de Estado que hemos visto en esta ley también complica que pueda haber ciertos retoques que vayan más allá y que pongan a la comunidad en el exterior en el centro, tal y como merecen. Nosotros y nosotras seguiremos luchando por los derechos de la comunidad en el exterior, y por los derechos de los catalanes en especial en el exterior, al tiempo que trabajamos en el Parlament de Catalunya para una ley electoral propia, tal y como siempre hemos reclamado, y al mismo tiempo que en el Congreso seguimos apostando para que haya una reforma de la LOREG en su totalidad que incluya que también se retoque una cuestión tan antidemocrática como el hecho de que en la actualidad muchas personas migrantes no puedan llegar a votar o que los jóvenes de dieciséis y diecisiete años puedan ejercer su derecho al voto, equiparando los derechos con los deberes, una cuestión puramente democrática que ya debería haberse puesto encima de la mesa. Esperamos que con esta Subcomisión de reforma de la LOREG no se alarguen aún más los plazos. Hemos visto cómo los periodos de enmiendas en esta ley se alargaban indefinidamente hasta que hubiese un pacto de Estado entre PP y el PSOE que llegase a hacer esta ley. Nosotras venimos aquí a cambiar las cosas. Venimos aquí a poner encima de la mesa las prioridades políticas de la comunidad en el exterior y también las de todas las personas que actualmente no tienen garantizado su derecho al voto. Así seguiremos luchando, luchando para ellos. .

  19. Carlos García Adanero NA+

    Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Creo que es un día importante porque, al final, aunque este debate seguramente no tenga mucho interés en la calle, es fundamental en la democracia. En una democracia, la ley electoral es una de las leyes más importante, ya que es la que permite, entre otras cosas, que estemos nosotros aquí y los concejales, los alcaldes, las diputaciones y, evidentemente, los parlamentos autonómicos. Es una ley fundamental y por eso necesita un consenso amplísimo, pues estamos hablando de las reglas del juego y cuando se habla de las reglas del juego, aunque haya costado más de lo que hubiera sido bueno, lo importante es que, como se vio en el dictamen, se aprueben por una amplísima mayoría. Espero que hoy también aquí se pueda aprobar por una amplísima mayoría, porque de eso se trata, de que estemos de acuerdo en las reglas del juego. Lo que no se puede hacer es cambiarlas con unas mayorías justas, como se ha hecho en alguna ocasión, y hace poco en el propio Congreso, porque pone de manifiesto que se está actuando a instancia de parte y no pensando en el interés general. Es una ley fundamental. ¿Que puede ser todavía mejorable? Pues el tiempo lo dirá. La última reforma que se hizo desde luego no fue la más acertada, y lo que hay que conseguir es que los ciudadanos que viven fuera de España puedan ejercer su derecho al voto, que es uno de los derechos fundamentales, como aquí se ha repetido, y para eso hay que facilitar las cosas. Es verdad que los plazos electorales, como todo el mundo sabe, son muy ajustados; es verdad que cuando hay reclamaciones respecto a las listas electorales, etcétera, todavía esos plazos son más complicados, pero, evidentemente, también hay que garantizar la seguridad de lo que se vota y del voto. El objetivo es que la mayoría de las personas que viven fuera, si tienen interés en votar, puedan hacerlo como las personas que viven en el propio territorio nacional y para eso han puesto todos los medios adecuados. Y con respecto al tema del voto telemático, ya se dijo también por expertos que todavía es una cuestión en la que hay que atinar más porque no podemos correr el riesgo de que al final se produzca un voto no deseado o pueda ser manipulado. Por tanto, creo que hoy, desde luego, es un día importante para la democracia en España, porque va a permitir — el tiempo dirá si es acertado o no y habrá tiempo para corregir— que aquellas personas que viven en el extranjero y que quieren participar en los problemas y en resolver las cuestiones que afectan a su país y al conjunto de los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto con más facilidad y con libertad y así elegir a su propio Gobierno del país y a aquellos gobiernos de las comunidades autónomas. Muchas gracias.

  20. Ana María Oramas González-Moro CCa-PNC-NC

    Gracias, señora presidenta. Por fin llegó el día después de tantos años. Pero yo quiero hoy recordar aquí a Gaspar Llamazares, que conmigo fue la única persona que denunció aquel acuerdo PSOE-PP que quitaba el voto a los españoles que estaban en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Alemania y en Holanda. Se pusieron de acuerdo el PSOE y el PP. Y argumentaban cosas como que la gente que estaba fuera qué tenía que ver en el caso de las elecciones municipales con su municipio, en las generales, en no sé qué. Recuerdo a Gaspar y a mí defender que a la gente le afectaba cuando tenía su propiedad en Tenerife qué tipo de alcalde había. ¡Claro que afectaba al tema de pensiones el color político del país! ¡Claro que afectaba a muchísimas cosas quién era el presidente del cabildo! Entre otras cosas, porque había políticas para los emigrantes retornados dependiendo de las comunidades autónomas. Nosotros, Coalición Canaria, logramos en su momento que en el estatuto de autonomía se reconociera el derecho al voto de los canarios en el exterior en el Parlamento de Canarias. Y eso salvó a muchísimos parlamentos, porque resulta que, como en Canarias no se podía quitar, decidieron que era el único que no se quitaba en un determinado momento, y pusieron el voto rogado. El voto rogado era imposible que se pudiera votar con la legislación en la mano. Y era muy gracioso porque Gaspar Llamazares y yo decíamos que debíamos de ser el país más torpe del mundo, porque todos estábamos acostumbrados a que cuando son las selecciones americanas se vota en todo el mundo, cuando son las elecciones de Argentina se vota en todo el mundo — en Canarias incluso hay pabellones para que voten los venezolanos, los argentinos, los bolivianos, los ecuatorianos—, pero en España no. España era el único al que le era una complicación el voto de los españoles en el exterior, y no les digo cuando era menos gente que ahora, porque ahora está toda la gente joven que salió con la crisis, pero antes era otro tipo de emigración. Yo hoy estoy contenta, y estoy contenta de que se haya aprobado la enmienda de Coalición Canaria para que la gente pueda votar presencialmente en los consulados honorarios a lo largo de toda Venezuela, en Barquisimeto, en Ciudad Bolívar; presencialmente, que es de lo que se trata. Y, sobre todo, que esos españoles que tanto han ayudado, por lo menos en mi tierra, en los momentos de más hambruna recuperen sus derechos como canarios, como españoles, igual que, seguramente, extremeños y gallegos. Hoy aquel estropicio que hizo el PSOE y el PP queda resuelto, y hoy quiero recordar a Gaspar Llamazares, que conmigo fuimos los únicos que alzamos la voz. Muchas gracias, señora presidenta.

  21. Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

    Muchas gracias, presidenta. Debatimos sobre la aprobación de una reforma parcial del sistema electoral, que, como es sabido, constituye uno de los pilares estructurales del sistema democrático, ya que traduce la voluntad ciudadana en representación política con el objetivo de ordenar la futura gobernabilidad y estabilidad. Por esto mismo, no es una hipérbole afirmar que el sistema electoral en las democracias liberales tiene naturaleza constitucional, pues consolida y fortalece la democracia, garantiza la representación del pueblo, promueve la participación política, acerca la política a la ciudadanía, facilita la gobernabilidad, como les decía, y la estabilidad, visualiza el territorio y su defensa, articula y cohesiona Estados con realidades nacionales o de otras índoles diversas y, como en esta reforma que hoy tratamos, conecta mejor al electorado residente en el extranjero con su percepción de la calidad de la representación política. Señorías, la reforma del artículo 75 viene a reconsiderar la realizada en 2011 sobre este mismo precepto, que — no hemos de olvidar— vino motivada por acusaciones y sospechas de fraude electoral, entre otros motivos, por suplantaciones de identidad, por deficiencias en las cadenas de custodia y por deficiencias en el censo electoral en relación con las fe de vida, lo que condujo al legislador a extremar los requisitos y garantías para participar en las elecciones, dando como resultado, aunque no buscado, bien la reducción de la participación, bien que no pudiese emitirse el voto o que, emitido, no llegase a tiempo. Todo ello por el escaso tiempo en que habían de realizarse todas las operaciones electorales, por la dependencia de los servicios de correos extranjeros, de funcionamiento y eficiencia diversa, por las limitaciones de las oficinas consulares y por la misma carga que supone rogar el voto. Señorías, esta reforma tomó como documento base de trabajo la iniciativa que recogía a su vez un borrador elaborado en la XII Legislatura por distintos ministerios expertos en el voto de residentes ausentes por encargo de la Subcomisión creada para este mismo fin en el seno de la Comisión Constitucional. Esta reforma, ahora sí, como les decía, viene a dar un paso cuasi definitivo, a expensas de su tramitación en el Senado, en la superación de los problemas asociados al voto rogado, facilitando el ejercicio del sufragio, mejorando las garantías sin las sospechas del pasado y estableciendo revisiones quinquenales del censo sobre la base de las fes de vida. En definitiva, señorías, creemos que tenemos motivos suficientes para congratularnos con el paso que hoy damos para reformar el artículo 75 de la LOREG. Es un cambio de modelo basado — ya se ha dicho— en un debate amplio y sosegado, concitando una gran transversalidad entre los distintos grupos parlamentarios, como el que presidió — tengo que recordarlo— la LOREG del año 1985 y las veinticuatro reformas habidas hasta el momento, tal y como reclama, como señalaba al principio, un pilar estructural del sistema democrático. Es un cambio del modelo basado en el principio de ensayo-error y en el de la mejora constante, un cambio de modelo que en el futuro, casi con toda certeza, nos volverá a interpelar a través de la comprobación de si se vuelven a producir aquellas sospechas y reclamaciones de fraudes o a través de un fenómeno creciente tanto en la doctrina electoral como en las reflexiones políticas en el mundo occidental, a través del fenómeno que supone la deslocalización creciente y acusada en el tiempo de los nacionales de su país de nacionalidad, lo que supone — y esto es un debate— una pérdida de contacto permanente con la realidad de origen, suscitando el debate sobre la legitimidad para condicionar con su voto políticas públicas que no les afectan en el país de elección, a salvo del espacio de la Unión para los nacionales de los países miembros, dado el derecho de libertad de movimiento y establecimiento. Presidenta, finalizo recordando que en pos del logro de esa mayoría transversal en que debe basarse toda reforma del sistema electoral, nuestro grupo parlamentario ha retirado para este Pleno las enmiendas que propusimos con ocasión de la reforma del voto rogado para los residentes en el extranjero, y me refiero a las referidas a las elecciones al Parlamento Europeo. Desde nuestro punto de vista, la modificación operada en el año 1985 para introducir la regulación, como les decía, a las elecciones al Parlamento Europeo basada en la circunscripción única estatal se compadece mal con la finalidad del Parlamento Europeo, que no es la de formar Gobierno, sino permitir la mayor representatividad para garantizar la presencia de las distintas opciones y particularidades ideológicas, culturales, sociológicas y nacionales y para establecer vínculos directos entre los lectores y los elegidos. También entendemos que se compadece mal la circunscripción única con la estructura y realidad del estado autonómico. Y por eso, durante el debate de la Ley Orgánica 1/1987 ya propusimos ―y vamos a volver a propugnar― que las circunscripciones electorales deban coincidir con las comunidades autónomas, que la distribución de escaños se haga asignando un mínimo por circunscripción y el resto en función de la población con arreglo al sistema proporcional simple y no al método D’Hondt ―cuya única justificación es formar mayorías estables de Gobierno, que no es la finalidad del Parlamento Europeo― y, por fin, la atribución a las juntas electorales de comunidad autónoma del papel más relevante en el proceso electoral. Muchas gracias, señorías; muchas gracias, presidenta.

  22. Jon Iñarritu García EH Bildu

    Muchas gracias, presidenta. Intervendré desde el escaño porque seré breve. Miren, desde Euskal Herria Bildu creemos que hoy se da un paso positivo que hacía falta, teniendo en cuenta que el voto rogado no ha sido más que una carrera de obstáculos, esto que se ha venido a llamar una yincana administrativa a la hora de ejercer un derecho. Es cierto que en el año 2011, cuando se aprobó la medida, se alegó que evitaría el fraude en la votación, pero lo que se ha conseguido es reducir en las elecciones la participación del 20 al 30 % a ni siquiera el 5 o 6 %, algo que a todas luces es ridículo. . Si tenemos en cuenta que en aquel año, en 2011, había una población de ciudadanos en el exterior de 1 700 000 y que hoy en día, en 2022, es cercana a los 2 700 000 ―esto es, un millón de ciudadanos más―, hacía necesario a todas luces garantizar lo que no es otra cosa que un derecho. Hay Estados en la Unión Europea que no reconocen el derecho al voto a sus ciudadanos en el exterior, España sí lo hacía, pero a la vez instauraba una serie de obstáculos que lo dificultaba sobremanera. Por ello, la eliminación de la solicitud de voto creemos que es una muy buena noticia, a todas luces necesaria. De igual forma, otros elementos que se han instaurado, como la ampliación de plazos o el hecho de poder descargar las papeletas, es algo que facilita sobremanera el ejercicio de este derecho. Pero es cierto que creemos que otras enmiendas que se han presentado por algunos grupos, que eran solicitudes que hacían Marea Granate o la FIEC ―en el caso de las federaciones de Cataluña―, hubieran beneficiado esta reforma. Aun así, votaremos a favor, ya digo, porque estamos de acuerdo con las medidas que se aprueban, pero creemos que se podía ir más allá y se puede ir más allá. Y por eso, votaremos a favor de esas enmiendas. Para acabar, quiero decir que creemos de igual forma que la LOREG ―a la que la señora Rosique hacía mención― no se modifica tan fácilmente y que hay solicitudes, como es la del voto a las personas mayores de dieciséis años, que a todas luces creemos que es un derecho que se debe reconocer a estas personas. . Por ello, seguiremos abogando por que se reconozcan más derechos, y decimos que hoy se da un paso, un paso importante, pero que quedan muchos por dar. Muchas gracias, señora presidenta.

  23. Juan Ignacio López-Bas Valero Cs

    Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Hoy hacemos algo que debería ser siempre nuestro objetivo: hacer leyes o modificarlas para garantizar que los ciudadanos ejerzan sus derechos de la mejor manera. Modificamos la ley para modificar el derecho más fundamental en democracia, que es el de votar y participar así en la vida pública eligiendo a nuestros representantes. Más concretamente, hoy cambiamos la regulación del voto de los españoles residentes en el extranjero para que ese hecho ―vivir fuera de España― no llegue a privarlos en la práctica de su derecho constitucional a votar. Reformamos el artículo 75 de la LOREG para corregir un procedimiento ineficaz y, por tanto, injusto para tantos españoles residentes fuera de nuestro país. Los números así lo demuestran en la última década, con solo un 5 o 6 % de electores que hicieron uso de su derecho al voto en varias citas electorales desde la reforma de 2011. Es obvio que era necesario fomentar y permitir más fácilmente el voto exterior, pero garantizando al mismo tiempo la seguridad e integridad del proceso, con las dificultades que conllevan la distancia, los servicios postales distintos al español o la ubicación y disponibilidad de nuestros propios servicios consulares en el extranjero. En Ciudadanos creemos que esta modificación es aceptable formalmente y que tendremos que esperar a ver su resultado. Por ello, hemos hecho nuestras aportaciones y reconocemos el trabajo realizado por todos los grupos parlamentarios. Hemos conseguido incorporar al texto definitivo del dictamen, por la vía de transacción de enmiendas, varias cuestiones: que la descarga telemática de las papeletas de las diferentes candidaturas sea única y para todas, y así evitar el rastreo de descargas individuales de papeletas y con ello el riesgo para el secreto del voto; que el elector deba depositar ese voto personalmente, si opta por remitirlo por correo, garantizándose la trazabilidad y la identidad; e igualmente, en último lugar, hemos aclarado el tema de los plazos al Gobierno para desarrollar esta nueva normativa. Por todo ello, señorías, creemos que estamos ante una reforma necesaria y, por tanto, una buena reforma. Pero al mismo tiempo, como ya expresaron en esta tribuna mis compañeros Miguel Gutiérrez y José María Espejo en los debates previos y como Ciudadanos ha dicho siempre, esta no es toda la reforma que el sistema electoral necesita en España. Jefferson dijo que no tenemos Gobierno por la mayoría, sino que tenemos un Gobierno por la mayoría que participa, una verdad objetiva indiscutible que nos demuestra que la falta de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos es una deficiencia de esos sistemas. Pero no votar por tener un procedimiento excesivamente gravoso o complicado para el elector es una auténtica injusticia. Señorías, esa mayoría participa y debe hacerlo en régimen de igualdad, y por eso los liberales, aun dando hoy solución a un problema muy concreto ―el del voto de los residentes en el extranjero―, no olvidamos que aún hay mucho que no funciona bien y que debemos cambiar. La LOREG es una ley de 1985, desarrollo legal de la Constitución de 1978 y del derecho previsto en su artículo 23 a participar en los asuntos públicos. Pero esa participación se hace de manera individual por la libre voluntad de cada uno de todos los españoles por sí mismo, votando y eligiendo a sus representantes. Esa es la manera como se conforma la soberanía nacional, que el artículo 1.2 de la Constitución deposita en el pueblo español. Y el pueblo español no es una suma de territorios, es una suma de las personas, de todos los españoles que viven en España ―sin excepción―, de extranjeros ―sin excepción―, desde el primero al último de ellos, vivan donde vivan, y en régimen de igualdad. Y esto sí nos preocupa. Esa igualdad real en términos de sufragio activo ―es decir, de derecho al voto― es la que desde Ciudadanos hemos cuestionado que se respete con la vigente LOREG. Porque si no hay igualdad real entre los españoles es porque su voto no vale igual por depender de donde vivan. Y además, esto se comprueba fácilmente, cuando los datos muestran que 10 escaños de Ciudadanos se obtienen con algo más de un 1 650 000 votos, pero que bastan 875 000 votos ―poco más de la mitad― para que Esquerra obtenga 13 diputados; o que Junts y PDeCAT logren 8 diputados con solo 530 000 votos. O, más gráficamente, que un escaño de Más País cueste 192 000 votos; uno de Ciudadanos, 163 000; cuando PP y PSOE tienen escaño por 56 000 votos, 55 000 en el caso de Bildu, 54 000 en el caso del PNV o, en el caso de Teruel Existe, apenas 20 000. Señorías, nosotros hemos sido leales con el trabajo de la Subcomisión creada en la Comisión Constitucional para la reforma del Régimen Electoral General. Lo hemos sido no manteniendo para este momento enmiendas relativas a modificar en profundidad ese régimen, porque ahora tocaba centrarse en el voto de los residentes en el extranjero, pero sí las propusimos para introducir en el debate de la Subcomisión ―precisamente prorrogada con esta finalidad― todo aquello que creemos que hay que cambiar aún, y no por intereses de partido sino por el mejor ejercicio posible de los españoles de su derecho a voto; es decir, por los españoles y por sus derechos. . Y por eso, vamos a insistir en una regulación legal modificada, que formalizamos mediante una proposición de ley orgánica que garantice un Congreso más proporcional, reduciendo a uno el mínimo de diputados por provincia y cambiando el sistema D’Hont por el del cociente Hare, Como proponemos también una reforma en la elección de los senadores para que realmente ―y aquí sí― tengamos un Senado con una representación de naturaleza territorial, pero mejorando al mismo tiempo la representatividad de los ciudadanos que habitan en los territorios menos poblados, generando una mayor vinculación y responsabilidad del Senado ante sus electores en su circunscripción territorial. Nuestra propuesta incide igualmente en dar transparencia a la elección de los diputados provinciales, que no se percibe precisamente como democrática por la ciudadanía y que carece del principio de rendición de cuentas ante el votante. Creemos, por ello, adecuado asimilar ese sistema de elección de las diputaciones provinciales, ya existente, para los cabildos insulares canarios. Planteamos también que prófugos de la justicia no puedan ser candidatos o que no haya subvenciones electorales para formaciones que mantengan a corruptos condenados en sus listas. Cosas tan lógicas como estas o tan prácticas como que por norma las elecciones sean siempre en domingo y nunca en periodos vacacionales de Semana Santa o Navidad. Creemos que hay que modificar las campañas electorales para adecuarlas a las nuevas tecnologías, reducir gastos con un envío único de publicidad y papeletas electorales, regular los debates entre candidatos y su número, así como reducir el límite temporal de los sondeos y vigilar si quien realiza estas encuestas lo hace bajo pago de formaciones políticas. Finalmente, entre otras propuestas, queremos modificar el régimen sancionador en materia electoral para que un presidente de Gobierno como Pedro Sánchez o una presidenta de comunidad autónoma como Isabel Díaz Ayuso no se permitan infringir normativa electoral pagando simples multas de 2420 euros, el primero, o 960 euros, la segunda. Nuestra propuesta estaba en nuestras enmiendas a esta iniciativa y está en esa proposición de ley orgánica registrada. Hay una subcomisión para trabajar, si hay voluntad. La pregunta es si ustedes están de verdad dispuestos o si su interés por la igualdad de los españoles a la hora de votar es solo un interés partidista. En Ciudadanos hemos estado, estamos y seguiremos estando, no tengan dudas, por esta reforma. Muchas gracias. .

  24. Martina Velarde Gómez UP

    Gracias, presidente. Señorías, tenemos aquí a la comunidad del exterior. . Gracias. Para mi grupo parlamentario hoy es un día histórico y así lo tengo que decir sin paliativos. Estoy, de verdad, emocionada y muy muy agradecida porque se me haya brindado la oportunidad de haber sido ponente en esta modificación legislativa, que ha sido una de las batallas más importantes que hemos dado en las calles, en el extranjero, en el Congreso y en nuestro Grupo Confederal. En 2016 solicitamos una subcomisión de estudio para la reforma de la LOREG, el 15 de febrero de 2019 presentamos un proyecto de ley y, con la repetición de elecciones, siendo siempre una de nuestras prioridades en los programas, una vez se conformó el Gobierno de coalición, presentamos esta reforma el 12 de febrero de 2021. Ha sido un camino largo y, como he dicho más veces sobre otras aprobaciones de leyes fundamentales para los derechos democráticos, llegamos tarde, llegamos muy tarde. De hecho, no podrán disfrutar de esta derogación del voto rogado en la próxima cita electoral ni los andaluces ni las andaluzas que han tenido que emigrar, y eso me duele especialmente. Y llegamos tarde también, porque voy a recordar que no solo les obligaron o nos obligaron a marcharnos por esas políticas de recortes, de precariedad laboral, de desahucios y de dolor que no olvidamos, sino que además se hizo una ley para que quienes se marchaban no pudiesen votar en contra de aquellos que los expulsaron de nuestro país. Esta vez no voy a ser políticamente correcta y voy a decir con determinación que hemos tenido que llegar nosotras a este Gobierno para presionar y para acabar con esta vergüenza democrática , que ha supuesto que las tasas de participación desde 2008 pasasen de un 30 % a menos de un 8 %, en una clara vulneración de derechos democráticos, a raíz de aquella nefasta reforma de 2011. Hoy aseguramos los derechos de la participación política para los residentes en el extranjero de forma estable y permanente, gobierne quien gobierne. Os voy a concretar rápido en qué se traduce esta reforma. . No puedo concentrarme, presidente, de verdad. No se puede estar así con tanta gente haciendo ruido. Por favor, en la bancada de la derecha, si pueden estar en silencio…

  25. Martina Velarde Gómez UP

    Es que no paran de gritar. Así no se puede. .

  26. Martina Velarde Gómez UP

    Voy a concretar... .

  27. Martina Velarde Gómez UP

    Gracias. ... en qué se traduce esta reforma. Lo principal es que se elimina, evidentemente, el ruego del voto; se permite la descarga de los juegos de las papeletas de forma telemática; se adelantan los plazos de envío de la documentación electoral; se amplía el plazo para el escrutinio general para asegurar que los votos lleguen; se va a actualizar de forma periódica el censo electoral CERA cada cinco años; se incluye la valija diplomática para envíos electorales; y también se incluyen medidas para reducir la brecha digital, manteniendo el envío de las papeletas físicas de oficio a los residentes en el extranjero. Acabar con el voto rogado es acabar con un candado antidemocrático que impedía que los españoles y las españolas residentes en el exterior pudieran ejercer su derecho al voto de la misma manera y de la misma forma que lo ejercemos quienes vivimos en nuestro país. Se acabó, como ya dije en la Comisión, esa yincana de impedimentos y los miles de testimonios denunciando esos impedimentos burocráticos para que los residentes en el extranjero no pudiesen ejercer el derecho fundamental más importante — y lo recuerdo— de todos en democracia. En mi grupo queremos reconocer el trabajo inmenso de los colectivos como Marea Granate, que aglutina a la juventud, y también a toda la comunidad española que está organizada en el exterior, a Podemos Exterior y a Izquierda Unida Exterior, que nos han acompañado en todo este proceso. . Es de justicia que se lo agradezca a todos estos colectivos que llevan años luchando por la derogación del voto rogado, que nos han marcado el camino y que han sido el motor, porque nosotras solamente somos una herramienta para traer al Congreso sus reivindicaciones y transformarlas en derechos. Es, por tanto, un éxito democrático de la ciudadanía organizada y así quiero reconocerlo. Quiero también dar las gracias a los ponentes de esta reforma, a los miembros de la Comisión por el trabajo y por la voluntad de acuerdo, al letrado, a todas las comparecientes que nos han ayudado con su experiencia a legislar con criterio, con solvencia y con seguridad jurídica, y, por supuesto, a mi grupo parlamentario, a mis compañeros de ponencia y a nuestros técnicos, por el esfuerzo, la tenacidad y el gran trabajo que llevan haciendo desde 2016, cuando yo todavía no estaba aquí, y que está plasmado en esta reforma. Por último, quiero enviar todo mi cariño y toda mi admiración por su valentía a todas esas personas — muchas muy cercanas— que se vieron obligadas a emigrar para buscar un futuro mejor por las políticas que durante años hemos tenido de austeridad, de recortes y de desprecio al talento de nuestro pueblo que les obligó a irse, a marcharse. En nuestro grupo vamos a seguir trabajando, como no puede ser de otra manera, de manera incansable para dejar un país mejor al que todos y todas las que os habéis ido podáis regresar, sin temor a trabajos precarios, sin temor a un país sin oportunidades y a un país sin futuro. Necesitamos vuestra presencia y necesitamos vuestro talento de vuelta, porque un país que expulsa la valentía y el talento es un país mediocre, pero hoy nuestro país tendrá una mejor democracia. No os voy a engañar, la política es dura, gobernar es difícil, también lo es gestionar una crisis o gestionar contradicciones, pero hoy es de esos días en los que, de corazón, os digo que todos todos los esfuerzos cobran sentido y merecen la pena. Hoy se acabó rogar el voto, porque los derechos no se ruegan, los derechos se ejercen con dignidad. Desde hoy, vuestros derechos no valdrán menos que los de aquellos y aquellas que tuvimos la fortuna de poder quedarnos y no tener que marcharnos. Muchas gracias. .

  28. Carlos José Zambrano García-Raez VOX

    Con la venia, señor presidente. Señorías, hace más de once años el Partido Popular y el PSOE, el PSOE y el Partido Popular, se pusieron de acuerdo para la reforma de la legislación electoral; una reforma a la que también se unieron PNV y Convergencia i Unió. Estos partidos impusieron el sistema de voto rogado a los que hoy ya son más, con mucho, de dos millones de españoles censados como residentes en el extranjero, y lo hicieron limitando sus derechos políticos durante ya más de once años. ¿Por qué? ¿Por qué aquella reforma? Porque eran clamorosas e insoportables las denuncias y acusaciones por fraude electoral en el voto desde el extranjero, especialmente en el voto de emigrantes gallegos; y es que en Galicia el voto exterior daba y quitaba mayorías, como se decía aquí, en el Congreso. El fraude era tal que por aquellos años los votos ya no venían solo de otros países, es que llegaban del más allá, pues conseguían que incluso terminaran votando españoles fallecidos que aún constaban inscritos en el censo. Una auténtica vergüenza. . La imposición del voto rogado ha sido una injusticia, una clara injusticia, que ha estado de hecho impidiendo ejercer el voto a millones de españoles. Así lo hemos denunciado desde VOX en cada oportunidad, como hizo mi compañero Julio Utrilla ante el Defensor del Pueblo en el mes de marzo, cuando le indicaba que en las últimas elecciones en Castilla y León solo pudieron votar el 1,87 % de los castellanos y leoneses residentes en el extranjero, ¡el 1,87 %! Una auténtica vergüenza. Y es que durante más de once años no ha habido democracia para los españoles residentes en el extranjero, una situación especialmente dolorosa al afectar a millones de españoles que tuvieron que salir fuera de su país a buscar un porvenir que las políticas del Partido Popular y del PSOE les habían arrebatado. . El Grupo VOX ha apoyado esta reforma desde el primer momento; una reforma absolutamente de justicia y necesaria que llega tarde, pero que llega. El nuevo sistema permitirá descargar papeletas telemáticamente, habilitará más centros para votar en urna y también dará más plazo para la votación y para el recuento, para así posibilitar que los sufragios del exterior lleguen a tiempo. Galicia será la comunidad más afectada por el peso de su emigración, que en la actualidad se acerca ya a los 480 000 residentes en el extranjero. Se va a acabar así, por fin, con una situación absurdamente prolongada en el tiempo y provocada por estos partidos tan democráticos y que tantas lecciones de democracia nos dan. Pero, señorías, quiero aprovechar esta ocasión para que hagan una reflexión, porque esta reforma y los futuros trabajos de la Subcomisión no pueden ocultar ni maquillar lo que es una verdadera necesidad para nuestro sistema de libertades. El Partido Popular y el PSOE les deben a los españoles mucho más que una reforma de la LOREG, les deben nada más y nada menos que una democracia, una auténtica democracia. . La Constitución, en su artículo 6, consagra los partidos políticos como pieza fundamental de nuestro sistema al indicar que expresan el pluralismo político, que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y que son instrumento fundamental para la participación política. Se configuraba a partir de ello un sistema que sobre el papel aparecía lleno de virtudes democráticas, pero un sistema que ha sido absolutamente deformado por la falta de honestidad y las ambiciones personales del bipartidismo que hemos sufrido durante décadas. Los aparatos de los partidos impusieron sus dictaduras internas, la política se transformó en una suerte de equilibrios de intereses personales, las candidaturas en listas cerradas se nutrieron de mediocres obedientes y la democracia nos fue hurtada en un proceso de décadas de soberbias. Los intereses de la nación quedaron a un lado, imponiéndose, simplemente, la ambición por el poder. Los gobiernos, de la mano de sus partidos, sometieron al Poder Legislativo, absolutamente ya dependiente de los dictados de Moncloa. La figura del diputado quedó en un mero ejecutor de instrucciones sin espíritu ni criterio, sin personalidad propia. Ninguna reforma de la LOREG puede ser la excusa para disfrazar esta realidad, que es evidente desde hace ya años y que en esta legislatura hemos lamentado cuando un candidato a presidente del Gobierno recibía aplausos de sus compañeros candidatos al prometer no pactar con separatistas golpistas, no pactar con comunistas y no pactar con herederos de ETA. Luego, esos mismos compañeros candidatos, ya diputados obedientes, le aplaudieron aún más fuerte cuando hizo lo contrario y sometió a la nación a los dictados de intereses indeseables. . Ninguna reforma de la LOREG será útil si no va acompañada de una actitud valiente y honesta de sus señorías. España se merece un cambio real en la clase política. España se merece una verdadera democracia en la que españoles honestos antepongan los intereses de la nación a los intereses partidistas o personales, y VOX traerá ese cambio real que tanto anhela España. Muchas gracias. .

  29. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández PP

    Gracias, presidente. Señorías, si en algo podemos coincidir esta mañana la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios es en que hoy vamos a dar un paso adelante para mejorar nuestra democracia. Y lo vamos a dar porque, después de muchos debates a lo largo de los últimos años, de algunos intentos fallidos, pero sobre todo después de mucha reflexión y de mucho diálogo, hoy vamos a aprobar por consenso un nuevo procedimiento de voto para los españoles en el exterior, que busca hacer compatibles las medidas para facilitar su participación electoral con la necesidad de preservar las garantías del procedimiento, y que busca también corregir parte de la reforma operada en el año 2011, que introdujo el voto rogado para garantizar la personalidad del sufragio como respuesta a las reiteradas acusaciones de fraude que, elección tras elección, lanzaban algunas fuerzas políticas de izquierda sobre el voto de nuestros compatriotas en el exterior. Una medida que, sin embargo, tuvo un efecto ni previsto ni querido por el legislador: un descenso inaceptable de la participación de nuestros compatriotas en los procesos electorales, lo que obligaba a revisar dicha reforma. En eso todos estuvimos de acuerdo desde el principio. Tuvimos, además, el acierto de llevar el tema y reflexionar sobre ello en la Subcomisión creada al efecto en el seno de la Comisión Constitucional, porque nos permitió abrir un trámite de comparecencias y solicitar un informe a la Junta Electoral Central; comparecencias en las que recibimos mucha información y que nos aproximaron más a la realidad, e informe de la Junta Electoral Central que nos dio reglas y criterios para mejorar el procedimiento, recordándonos también la necesidad de preservar las garantías en el mismo. A partir de ahí, diálogo, diálogo, mucho diálogo de mi grupo, especialmente con el Grupo Socialista y con otras fuerzas políticas, para trabar un acuerdo. Un acuerdo que, afortunadamente, hemos alcanzado y que tiene reflejo en el texto del dictamen que hoy debatimos. Eso es muy importante, señorías, porque la ley electoral no es una ley cualquiera, es una de las leyes que conforman las reglas del juego de nuestro sistema democrático, por lo que cualquier modificación debe hacerse por consenso. Así lo hemos hecho siempre y así lo tenemos que seguir haciendo en el futuro. . Un texto nacido del consenso pero también, y ese era el objetivo, un texto que pretende dar soluciones a los principales problemas y dificultades que se han venido detectando en el voto exterior en los últimos procesos electorales y eso, reitero, es bueno para mejorar la democracia. Para ello, hemos incluido medidas que responden a los siguientes principios. El primer principio es facilitar la participación de nuestros compatriotas en los procesos electorales. Así, suprimimos la necesidad de solicitar el voto y adelantamos los plazos de la puesta a disposición de la documentación para el voto, conjugando la posibilidad de descarga telemática de aquella con el mantenimiento del envío tradicional de dicha documentación y papeletas, pues la brecha digital sigue existiendo, y con ello garantizamos que los compatriotas tengan acceso a toda la documentación y que sea accesible para todos. Por último, apostamos de manera decidida por el voto en urna, aumentando de tres a seis los días para depositar el voto en los consulados, es decir, el doble, mandatando además al Gobierno para que habilite más centros de votación. Esa era una de las principales reivindicaciones del Partido Popular que hemos conseguido introducir en la reforma. El segundo principio es asegurar la personalidad de voto y preservar las garantías que corresponden al ejercicio de un derecho fundamental. Para ello, se contempla que los sobres de votación cuenten con sistemas de seguridad adecuados para evitar manipulaciones y se refuerzan las garantías de identidad del elector para evitar suplantaciones de voluntad o gestión masiva de votos. Así lo hacemos en el voto presencial, pero también en el voto por correo, optando en este último caso, entre las diferentes fórmulas posibles, por una fórmula de confianza en el elector, que consiste en que sea el propio elector quien garantice su identidad, firmando en el reverso del certificado de inscripción en el censo que ha recibido con la documentación para el voto, y quien entregue personalmente el voto en la oficina de Correos. Y el tercer principio es garantizar la efectividad de voto, porque de nada serviría todo lo anterior si al final ese voto no se contabiliza. Para lograr ese objetivo queremos que los envíos de los votos desde los distintos países para el escrutinio general se realicen por valija diplomática, escrutinio además que retrasamos del tercer al quinto día posterior a la votación para facilitar que los votos lleguen y se puedan contabilizar. Estos son los tres principios que nos han guiado en esta reforma: mejorar la participación, reforzar las garantías del procedimiento y asegurar la efectividad del voto. Junto a ello, hemos establecido que la Junta Electoral Central tenga un papel activo y emita un informe que debe ser previo, favorable y vinculante de todas cuantas disposiciones deba dictar el Gobierno en aplicación o modulación de este nuevo procedimiento, incluida la actualización del censo, pues no olvidemos, señorías, que estamos hablando del ejercicio de un derecho individual y fundamental, como es el derecho de sufragio, y ese principio de personalidad del voto choca frontalmente con las enmiendas de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya de admitir el voto por delegación, algo que no tiene cabida en nuestra tradición parlamentaria al estar expresamente prohibido en el artículo 79 de nuestra Carta Magna, ni tampoco entre ciudadanos, al ser manifiestamente contrario al mecanismo de ejercicio de los derechos fundamentales de carácter individual. Se lo ha recordado hace apenas unos días el Tribunal Constitucional, que ha reiterado el carácter personal e indelegable del voto, declarando inconstitucionales los acuerdos de la Mesa del Parlament de Catalunya que permitieron en su día el voto delegado de los prófugos y huidos Puigdemont y Comín. Ahora entendemos por qué tenían tanto empeño en que se introdujera el voto por delegación. . De la misma manera, tampoco vamos a admitir las enmiendas que abogan por introducir el voto electrónico. El propio Centro Criptológico Nacional desaconseja introducir dicho sistema de voto porque siguen viendo en el mismo muchos riesgos al no ofrecer aún las suficientes garantías de seguridad. En definitiva, señorías, creo que hemos alcanzado un buen acuerdo, que demuestra que, cuando hay voluntad, el consenso se puede alcanzar y que desde la diferencia también se pueden encontrar soluciones que sean útiles para nuestros compatriotas. Ese era el compromiso que desde el Partido Popular teníamos con los españoles que residen fuera de nuestras fronteras, un compromiso con aquellos españoles que viven en ocasiones muy lejos de nosotros, pero que sienten a España muy cerca, que sienten a su país en el corazón y que quieren seguir participando en la construcción del futuro de esta gran nación que es España. Pues bien, con esta reforma creo que podemos decirles con satisfacción que hemos cumplido con ese compromiso. Muchas gracias. .

  30. Ana Belén Fernández Casero PSOE

    Gracias, presidente. Señorías, ha tenido que pasar más de una década para que hoy podamos decir que estamos ante un día de celebración. Hoy cumplimos con una demandada reivindicación de la ciudadanía española residente en el exterior y también cumplimos con un compromiso político que llega demasiado tarde, pero que muestra que con determinación y con diálogo es posible cambiar la realidad y ser útiles a la ciudadanía. Señorías, hoy, por fin, derogamos el voto rogado, y es que todos hemos coincidido en que restringir los derechos políticos y de representación es restringir la esencia de la democracia; todos coincidimos en que asegurar el pleno ejercicio del derecho al voto de nuestros compatriotas residentes en el exterior pasa por acabar con el ruego, pero también por optimizar el proceso de votación y mejorar los plazos para el envío de la documentación, el depósito del voto y el escrutinio, ampliar los centros de votación o garantizar toda la seguridad jurídica para evitar posibles casos de fraude electoral. Y, señorías, todo eso es lo que hemos hecho. El texto que hoy aprobamos es un texto de todas y todos, que incorpora un amplio consenso para la mejora de nuestra calidad democrática, y es que, efectivamente, en el año 2011 la reforma llevada a cabo por la Ley 2/2011, que modificaba el artículo 75 de la LOREG, fue una reforma que en aquel tiempo se entendió necesaria y fue apoyada por una amplísima mayoría de esta Cámara. El único objetivo que motivó aquella reforma fue dar mayores garantías al voto de los españoles y españolas residentes en el exterior debido a las entonces reiteradas denuncias de posible fraude electoral por partidos políticos, sí, pero también por la representatividad de la ciudadanía residente en el exterior. Señorías del Partido Popular, durante todo este tiempo ustedes han puesto el foco de atención en que esta reforma se llevó bajo el mandato de un presidente del Gobierno socialista. Yo espero que ahora su grupo sea igual de vehemente a la hora de reconocer que bajo el mandato de un presidente del Gobierno socialista se acaba con esta anomalía democrática que, por otro lado, hemos de recordar que ustedes, con sus mayorías, mantuvieron. . La diferencia entre nosotros y ustedes ha sido clara. Nosotros, tan pronto detectamos que lo que pretendía ser una garantía se había convertido en una carrera de obstáculos burocráticos insalvables, nos pusimos a trabajar para revertirlo, y desde el año 2012 el Grupo Socialista está denunciando esta situación y trabajando para corregir los errores. Por el contrario, ustedes, desde el año 2011, con sus mayorías, son muy responsables también de que hoy tengamos que pedir disculpas a nuestros compatriotas por llegar tarde y haberles tratado durante más de una década como ciudadanos de segunda. Hablo de mujeres y hombres españoles que tuvieron que buscar oportunidades fuera de su país, personas que emigraron a las que debemos mucho de lo que hoy somos como país. Gracias a su esfuerzo y trabajo se ha reforzado la buena imagen de España en el exterior y hemos podido avanzar hacia la construcción de un país mejor, un número de hombres y mujeres que creció de manera alarmante durante los gobiernos del Partido Popular, por una parte, por la gestión de la crisis de 2008, pero, por otra, por esas políticas neoliberales que todavía hoy reivindican. Y es que los datos son claros: si en 2011 teníamos 1 400 000 españoles residentes en el exterior, cuando el Partido Popular salió del Gobierno en el CERA quedaban 2 500 000 españoles emigrados. Señorías, lo decía antes, esta no es una reforma de parte, es una reforma de todas y todos, y así lo corroboran las enmiendas que se incorporan al dictamen de todos los grupos políticos. Y es que las enmiendas que han quedado vivas hoy obedecen principalmente a dos factores: el primero es que, o bien no hacen referencia a la derogación del voto rogado ni a la reforma del proceso de votación de los españoles y españolas en el exterior y, por tanto, son objeto de debate en otro foro, o bien aquellas a las que se han referido diferentes expertos, ya sea como propuestas contrarias al ordenamiento jurídico español — y en este caso me refiero a aquellas que tienen que ver con la delegación del voto—, o bien propuestas que están carentes de seguridad jurídica, como las que tienen que ver con la emisión del voto telemático. Con todo ello, este texto mejora sustancialmente el proceso para la participación democrática de nuestros compatriotas en el exterior. Señorías, derogamos el voto rogado, pero también acortamos el plazo de remisión de la documentación; se habilitan nuevos centros de votación para garantizar el acceso a todos los electores; para reducir los plazos se ofrece la posibilidad adicional de descargar telemáticamente un juego completo de papeletas que garantice el secreto del voto; se mantiene la opción de voto por correo y de voto presencial, pero se adelantan y amplían los plazos para su emisión; se amplía también el plazo de escrutinio hasta el quinto día posterior al día de las elecciones; establecemos un procedimiento para complementar o sustituir de manera progresiva los envíos postales por envíos telemáticos que cumplan con todas las garantías que requiere la legislación electoral, y habrá un procedimiento extraordinario de verificación de datos y limpieza del CERA que el Gobierno y la Administración consular deberán iniciar en los próximos seis meses y que se repetirá periódicamente con un intervalo mínimo de cinco años. Señorías, el Grupo Socialista tiene en su haber ser el partido que ha defendido siempre a la ciudadanía española en el exterior. Hemos sido quienes pusimos en marcha los instrumentos de participación y representación de nuestros emigrantes, quienes reconocimos sus derechos culturales, educativos, las pensiones, la dependencia y sus derechos sanitarios. Hoy corregimos un error que ha limitado sus derechos políticos, que son derechos democráticos básicos, y lo hacemos con un gran acuerdo de consenso, demostrando la importancia de la política útil que asegura todos los derechos para todos nuestros compatriotas, residan donde residan. Señorías, por ellas, por ellos y porque hoy damos un paso más en calidad democrática, hemos de felicitarnos, porque estamos demostrando estar a la altura de lo que la ciudadanía española espera de nosotros y nosotras. Muchas gracias. .

  31. Félix Bolaños García

    Buenos días, señorías. Tomo brevemente la palabra en esta tribuna para agradecer a todos los grupos parlamentarios el trabajo que han hecho para que salga adelante esta iniciativa; a todos los grupos, porque todos han flexibilizado sus posturas y todos han conseguido que podamos adoptar este acuerdo. Eso hace que hoy sea, en opinión del Gobierno, un día especial en esta Cámara, un día en el que los derechos vuelven a ganar espacio; un día como cuando se extendió la universalidad en el derecho a la salud y cuando se consiguió que se universalizaran de nuevo las prestaciones sanitarias; también cuando se ganó el derecho a una vida digna al garantizarse por ley las pensiones y sus subidas conforme al IPC; como cuando ganó espacio el derecho a la igualdad al equipararse los permisos de paternidad y de maternidad. Hoy, con esta ley, también ganan derechos nuestros compatriotas, en particular los que viven fuera de nuestras fronteras, y pierde terreno la exclusión al derecho a la participación política que sentían desde hace una década nuestros compatriotas que viven fuera de nuestro país. Con esta reforma damos plenitud a un derecho constitucional, en concreto, al artículo 23 de la Constitución, el derecho a la participación en los asuntos públicos. En democracia, y esa es la base fundamental de esta reforma, los derechos no se ruegan, los derechos se ejercen. A los poderes públicos no les corresponde decidir cuándo se ejercen esos derechos, les corresponde simplemente garantizarlos con todos los medios técnicos a su alcance, como se hace a través de esta reforma. Esa es la filosofía que inspira esta proposición de ley, que ha sido redactada con una buena técnica jurídica y llegando a un grandísimo consenso en esta Cámara. Se busca que se ejerza el derecho de voto con las mismas garantías y, al menos, las mismas facilidades, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La remisión de oficio de la documentación, la ampliación de plazos, la posibilidad de ampliar y de descargar las papeletas va a suponer un vuelco en la relación de nuestros compatriotas con la Administración a la hora de ejercer el voto fuera de nuestras fronteras. Antes todo eran dificultades y ahora todo van a ser facilidades para que nuestros conciudadanos puedan ejercer el derecho al voto en el exterior. Los residentes en el exterior van a comprobar cómo la Administración es ahora un aliado y no un muro a la hora de hacer sentir su voz con el voto. Son medidas de puro sentido común, pero, sobre todo, de un profundo sentido democrático. Se lo debemos a todas esas personas, a todos esos compatriotas que han tenido que salir de nuestro país, muchas veces forzados por sus circunstancias personales o laborales, a buscar mejores oportunidades y más dignas, gente que es joven y gente que es menos joven. En España queremos contar con su voto, queremos contar con ellos. También he de decirles que estamos construyendo un país al que les va a gustar volver y en el que les hubiera gustado quedarse. Un país al que pueden volver sabiendo que cada día se ofrece más y mejor empleo; sabiendo que la tasa de paro es la que no veíamos desde el año 2008; sabiendo que los contratos indefinidos en nuestro país ya no son una excepción; sabiendo que el salario mínimo ha aumentado a 1000 euros, y sabiendo que la mayor inversión en investigación, desarrollo e innovación, de 13 000 millones de euros, es la que contiene esta Ley de Presupuestos Generales del Estado. Un país que aspira a ser mejor, un país que con esta reforma es mejor y da mayores oportunidades. Es un ejemplo de política útil lo que ustedes, señorías, han hecho hoy; una política acordada y dirigida a resolver problemas, en este caso, los problemas a la hora de ejercer el voto de los ciudadanos en el exterior. Hoy podemos decir, al igual que el lunes tuve ocasión de manifestar ante el Defensor del Pueblo a propósito de la gestión que hemos hecho de la emergencia del volcán de La Palma, que todas las administraciones públicas de distintos colores políticos, todos los grupos parlamentarios de diferentes ideologías están unidos para proteger a la ciudadanía y están unidos hoy para facilitar el ejercicio de sus derechos. Si hemos sido capaces de alcanzar este acuerdo, no me cabe duda de que no puede haber excusas para cumplir otras obligaciones legales y constitucionales que también tenemos pendientes de cumplir. Concluyo mi intervención, señorías, para decirles que creo que esta reforma es un ejemplo de patriotismo, del mejor patriotismo; un patriotismo que acerca España a quienes han tenido que vivir fuera y que, por tanto, han podido sentir fuera a su país, no solo geográficamente, sino también políticamente. Son reformas que honran a esta Cámara y que honran a este país; es una España que ahora estará más presente en las vidas de los ciudadanos que viven fuera de nuestras fronteras; una España más amplia, en la que nadie considerará que tiene que superar una yincana para votar y que lo que tiene que hacer es facilitar su ejercicio del derecho a voto; una España más digna, más facilitadora de los derechos, una España donde los que viven fuera podrán decidir nuestro futuro al igual que los que vivimos dentro. Gracias a todos, señorías. Gracias por este acuerdo. .

  32. José María Mazón Ramos PRC

    Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Voy a defender una enmienda que se mantiene viva mediante una transaccional sobre la 148. Es una enmienda técnica que corrige las tablas que estaban en el proyecto de ley para eliminar un error de salto que se produce en los tramos que asignan los coeficientes que se aplican a las aportaciones de los trabajadores. Esta enmienda, al mismo tiempo, corrige la incoherencia del dictamen que se produjo en la caótica votación de la Comisión y es compatible y complementaria con los votos particulares del Partido Socialista, de Ciudadanos y con otras enmiendas. Espero que todos voten a favor. Por otro lado, en relación con la ley, en general, estamos de acuerdo. En esta materia hay dos posiciones opuestas: haciendo una caricatura, diríamos que está la de aquellos que todo lo relacionado con las pensiones quieren que sea público, y la otra cara de la moneda, la de quienes pretenden que el sistema se base en el ahorro privado mediante incentivos fiscales. Al final, hablamos de dos sistemas básicos: el sistema de reparto y el sistema de capitalización. Los dos tienen ventajas e inconvenientes. El primero, porque se basa en la solidaridad intergeneracional, pero carga las obligaciones en generaciones futuras y es vulnerable a crisis profundas. El segundo incentiva al ahorro y descarga la presión al sistema público, pero se basa, en gran medida, en la renta disponible de cada trabajador y no está exento de riesgos financieros. La ley que se vota hoy sirve para combinar ambos sistemas y compensar los inconvenientes de cada uno y está en línea con muchos países europeos, además de que, probablemente, sirva para contentar a la Comisión Europea y facilite la entrega de los fondos que necesitamos para la recuperación. En todo caso, es necesario recordar que el tratamiento fiscal de los planes de pensiones actualmente no es muy favorable y la Hacienda pública no sale prácticamente perjudicada. De hecho, en las prestaciones todo tributa y los intereses generados a lo largo del tiempo por las aportaciones tributan al tipo marginal de las rentas del trabajo, que es superior al tipo marginal de las rentas del ahorro. Nada más. Muchas gracias.

  33. Albert Botran Pahissa CUP-PR

    Gracias, presidente, señor ministro. El proyecto de ley es menos malo que el que salió inicialmente del Gobierno, pero sigue siendo un peligro el hecho de consolidar las pensiones de empleo como modelo, puesto que supone la entrada de la banca y de otras empresas privadas en el sistema público de pensiones. Por esta razón, votaremos en contra. Todas las medidas que se nos traen sobre pensiones se mueven en un marco establecido por el neoliberalismo. La ofensiva ideológica de las últimas décadas es enorme y ese relato de que no hay dinero para pensiones, de que el sistema público es insostenible, va calando. En ese marco es en el que se mueven la mayoría de las contrarreformas que, Gobierno tras Gobierno, van trayendo aquí. Por eso, siempre que se habla de pensiones hay que recordar lo básico. Lo básico es que no es un conflicto entre generaciones, sino entre clases. Es decir, el problema no son los jubilados de hoy o que haya demasiados; el problema no son los boomers; el problema no es de ninguna generación, puesto que han trabajado y están recibiendo la pensión que merecen después de décadas de estar trabajando y cotizando. El problema, si acaso, para nuestra generación no son ellos; el problema para nuestra generación es el paro y el empleo precario. Si hay cotizaciones bajas es, o bien porque hay salarios bajos, salarios precarios, o porque, directamente, hay gente que no percibe un salario puesto que está en el paro. Esto no es culpa de ningún jubilado de hoy ni de pasado mañana. Esto es culpa de los que dirigen la economía, principalmente, las patronales, que pagan sueldos bajos, y también la banca, que decide invertir su dinero en especulación y no en economía productiva. Esta, y no otra, es la única amenaza sobre el sistema público de pensiones, ninguna pirámide generacional, ninguna generación en concreto. La única amenaza para las pensiones de nuestra generación es el actual paro y la precariedad laboral. Muchas gracias.

  34. Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano EH Bildu

    Egun on. Buenos días. Primero, quiero dejar claro que en nuestro grupo no compartimos una idea central de esta ley. Los planes de pensiones, aunque sean de empresa, no son el instrumento que nos va a garantizar unas pensiones dignas en el futuro. Por ello, en Euskal Herria Bildu teníamos y tenemos muchas diferencias con el cuerpo de esta ley y lo que la ley representa. Los fondos de pensiones no son una demanda social extendida en estos momentos. Este fondo viene motivado por una exigencia europea, de ahí estas urgencias para desarrollar los sistemas de pensiones personales. Este proyecto incide especialmente en el desarrollo del segundo pilar, el de los fondos de pensiones de empresa de iniciativa pública; un segundo pilar que en nuestro país conocemos bien, ya que el sistema de EPSV lleva muchos años desarrollándose y alcanza a sectores muy amplios de la población en nuestro país y que, sin duda, han aportado beneficios individuales a algunas personas, pero no todas las consecuencias de este sistema han sido positivas. Por ello, existen críticas profundas en sectores de nuestra sociedad y en la misma mayoría sindical y son críticas con las que coincidimos en su mayor parte. Las mismas reticencias que hemos tenido con nuestros fondos, y que siempre hemos mostrado, las tenemos frente a este proyecto de fondo estatal, especialmente, en lo que era la formulación original. Primero, considerábamos y seguimos considerando que no existe demanda para su puesta en marcha. Segundo, no se tenían suficientemente en cuenta los fondos existentes, con el impacto centralista que ello suponía en el modelo de pensiones. Tercero, alertábamos del riesgo de pérdida de ingresos para la Seguridad Social. Y, por último, temíamos que las políticas de fondos complementarios condenaran a quienes viven con pensiones más bajas a seguir en la misma situación de desprotección. Hemos tenido en cuenta lo que era este objetivo de sacar la ley a toda costa. Ese ha sido un elemento para nosotros crucial. Existía el riesgo de que el Gobierno pactara el proyecto con los sectores de derecha que pretenden reforzar sector de los planes privados, todo el tercer pilar especialmente. Decidimos incidir, por ello, en la redacción de ese plan en tres aspectos básicamente: impedir la imposición de las enmiendas de la derecha en favor de los planes de pensiones para las rentas más altas y de los planes privados; evitar el debilitamiento de los ingresos de la Seguridad Social en favor de la promoción de los fondos de pensiones, e introducir elementos de reforzamiento del primer pilar, especialmente, en favor de los sectores de pensionistas más castigados por la crisis. Los términos del acuerdo alcanzado han rectificado y han mejorado alguno de estos elementos más lesivos para el sistema público de pensiones, un acuerdo que consideramos que beneficia al conjunto de la sociedad. Primero, el acuerdo alcanzado desbarata la intención de las derechas y de los fondos de pensiones de utilizar esta ley para extender más ventajas a los fondos de pensiones privados. Segundo, este acuerdo asegura que los ingresos de la Seguridad Social no van a ir destinados a fondos de pensiones, evitando así un debilitamiento de los ingresos y reforzando así la sostenibilidad del sistema. Y, tercero — y creemos de vital importancia—, se ha puesto en marcha una iniciativa importante en el fortalecimiento del primer pilar, en este caso en el sector de las pensiones no contributivas. El acuerdo alcanzado recoge un incremento de un 15 % para estas pensiones no contributivas destinadas a personas que no tienen suficientes años de cotización, una medida de incremento de las pensiones no contributivas que será incluida en el próximo decreto anticrisis que el Gobierno aprobará próximamente, y se prorrogará mínimo hasta el 31 de diciembre de 2022 cuando sean los presupuestos generales del Estado de 2023 los que deban determinar las cuantías y revalorización de las mismas. Queremos subrayar el enorme beneficio que esta medida va a suponer para más de 440 000 pensionistas en el conjunto del Estado, van a ser 15 000 en nuestro país, muchas de ellas mujeres que cobran pensiones de miseria. Con este acuerdo lo que queremos es llamar la atención hacia el problema social que supone la existencia de cientos de miles de pensiones de pobreza. Actualmente, la pensión no contributiva está en poco más de 450 euros al mes, incluso con estos incrementos importantes van a seguir siendo pensiones insuficientes. Sí, y por eso somos conscientes de que aún queda mucho por mejorar. Por eso reclamamos que es urgente que se aceleren los procesos de dignificación de las pensiones, recuerden que ya en los programas de Gobierno y desde el Pacto de Toledo, su Gobierno, el Gobierno de coalición, tiene la promesa de responder al problema de la insuficiencia económica de las pensiones y recordarles — que ya lo saben— que durante este año 2022 las pensiones van a perder una media de 8 puntos porcentuales de poder adquisitivo. Les emplazo a cumplir esas promesas que realizó el Gobierno y que los movimientos de pensionistas nos lo recuerdan diariamente. Quiero poner en valor esta lucha incansable de los movimientos de pensionistas, que siguen reclamando en todo este tiempo y con dignidad, la misma dignidad para las pensiones y que nos recuerdan que lo prioritario es dignificar todas las pensiones. Hoy damos un paso más en este sentido. Nuestro objetivo es y sigue siendo contribuir a blindar el sistema público de pensiones y dignificar las vidas de las personas pensionistas que más lo necesitan. Quiero insistir en que el futuro del sistema de pensiones no va a estar en las pensiones privadas sino en el sistema público. No estamos en contra del ahorro, pero no compartimos la construcción y promoción de terceros pilares privatizadores; fortalecer el sistema público es la única garantía de futuro. La reforma de la Seguridad Social es necesaria, pero tiene que ser una reforma redistributiva y solidaria, que garantice unas pensiones dignas a las actuales y a las futuras generaciones. Esperemos que a partir de hoy podamos seguir dando pasos para alcanzar el objetivo compartido de pensiones dignas que aseguren vidas dignas para todos y todas. Dados los acuerdos alcanzados…

  35. Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano EH Bildu

    … solo quiero comunicar que nos vamos a abstener en esta votación al dictamen. Muchas gracias. .

  36. María Muñoz Vidal Cs

    Presidente, ministro, señorías, cuando este proyecto de ley y su regulación llegó a esta Cámara, desde Ciudadanos lo vimos con buenos ojos. En términos generales el objetivo que persigue este proyecto de ley es positivo y plenamente compartido por los liberales. A pesar del fuerte peso de la negociación colectiva en la arquitectura institucional del mercado de trabajo español, lo cierto es que los planes de pensiones, en el marco de las relaciones laborales, nunca han acabado de coger el peso que sí vemos en otros países de nuestro entorno. Mientras en países con sistemas equivalentes, como Alemania y Bélgica, la cobertura a través de estos planes llega a más del 40 % de los trabajadores, en España alcanza apenas el 10 %. Cuando el BNG presentó su enmienda a la totalidad de devolución, nosotros la rechazamos por la sencilla razón de que parte de una premisa falsa. Impulsar los planes de pensiones, ya sea de empleo o individuales, al margen del sistema de público de la Seguridad Social, no supone en absoluto una merma de este último. Es más, son actuaciones por definición complementarias: el primer pilar, la Seguridad Social; el segundo pilar, los planes de empresa, y el tercer pilar, los planes individuales. Lo que he de decirles es que lo que sí merma y amenaza al sistema público de pensiones es la negación de la realidad demográfica en la que viven inmersos algunos grupos de esta Cámara, como el Bloque, que es el que presentó la enmienda, y algunos más que ya hemos escuchado esta mañana. Lo que sí merma y amenaza el sistema público de pensiones es una reforma como la aprobada en diciembre, que carece de la más mínima solidaridad intergeneracional, y por eso Ciudadanos votó en contra. Cuando debatimos la enmienda a la totalidad del Bloque dijimos que lo que nos preocupaba — pese a gustarnos el objetivo y el fin último de esta ley— eran las cuestiones de la articulación concreta del proyecto, objeciones cuya solución se debía plantear en un trámite de enmiendas posterior y una negociación. Dijimos entonces que Ciudadanos encaraba esta negociación con espíritu constructivo, con el deseo de que este proyecto de ley saliera adelante, y que esperábamos que por parte del Gobierno también hubiera una mínima predisposición y se estableciera un diálogo sincero con los grupos de la Cámara, y he de decir que así ha sido, ministro. Debo reconocer que la predisposición de su ministerio, conmigo personalmente y con mi grupo, ha sido buena. Hemos hablado, hemos acordado cosas que mejoran, sin duda, la situación de trabajadores, autónomos y empresas. Gracias a Ciudadanos, el Gobierno introduce una deducción en la cuota íntegra del 10 % en el impuesto de sociedades para las empresas que aporten a los planes de pensiones de empleo. Esta ley ya prevé deducciones en el IRPF y en las cotizaciones. Sociedades era el único impuesto sin deducciones al respecto y es el impuesto clave para que se impulse y se dé ese impulso desde las empresas a crear los planes. Gracias a Ciudadanos también se elimina el poder de veto del Gobierno en las decisiones más sensibles de las políticas de inversión. Gracias a Ciudadanos se establece el requisito de una experiencia profesional mínima en la gestión de los planes de pensiones para evitar que sean gestionados por enchufados del Gobierno o de los sindicatos. Y gracias a Ciudadanos dotamos de flexibilidad a las empresas para que puedan desarrollar sus propios planes de pensiones de empleo, independientemente del plan de empleo sectorial. Por todo ello, señorías, el proyecto de ley, en los términos que los liberales habíamos acordado con el Gobierno, aunque no es el que nosotros hubiéramos hecho, es bueno para los españoles. Por supuesto que quedan cosas pendientes, como mejorar el régimen de autónomos, eliminar criterios que no son estrictamente económicos de las inversiones en los planes, mejorar la representatividad sindical en la negociación colectiva, y lo lucharemos en el trámite del Senado. Pero, ¡ay!, si el Gobierno no solo hubiera dialogado con otros grupos de la Cámara sino que hubiera dialogado también dentro del propio Gobierno. Porque todo ha sido un auténtico carajal, señorías, la tramitación de este proyecto de ley ha sido un despropósito absoluto: una Ponencia despachada sin acordar nada más, con ciento cincuenta enmiendas vivas en la Comisión; una Comisión que ha sido de las más caóticas y vergonzosas en las que esta diputada, en los tres años que lleva ejerciendo este cargo, jamás ha participado; un error del Partido Socialista al votar las enmiendas de su socio, Podemos, que convierte todo lo acordado en un incumplimiento por parte del Gobierno y en un bochorno. Ahora tenemos la última oportunidad de corregir ese embrollo votando a favor de los votos particulares que ha presentado Ciudadanos. No apoyarlos, señorías, es apoyar el recorte a las aportaciones a planes de pensiones de 8500 a 4250 euros. No apoyar los votos particulares es apoyar una subida masiva de cotizaciones debido al destope de las cotizaciones máximas, calculada por la propia CEOE en 5000 millones de euros. A quienes aún tengan dudas de si apoyar los votos particulares, ¿van a apoyar ustedes un sablazo de 5000 millones de euros a empresas y a trabajadores? ¿De verdad? Deberían repensar su postura, porque votar en contra de los votos particulares es estar a favor de los postulados de Podemos. La tramitación de este proyecto de ley ha dejado al descubierto los vicios tradicionales del bipartidismo. La inoperancia e incompetencia de la mano del Partido Socialista y el burdo tacticismo del no por el no de otros partidos a costa de los españoles. Ahí a Ciudadanos no nos encontrarán. Nacimos para regenerar y para poner a trabajadores, autónomos y empresas en el centro del debate político y las propuestas. Ese es nuestro sitio y así lo mantenemos. Muchas gracias. .

  37. Néstor Rego Candamil BNG

    Grazas, señor presidente. Señor ministro, como saben, el BNG presentó una enmienda a la totalidad de esta ley de fomento de los planes de pensiones de empresa. Lo hicimos fundamentalmente porque sabemos que estos planes que la ley define como mixtos y complementarios son en realidad el caballo de Troya para la privatización de las pensiones futuras, para conseguir aquello que no consiguieron con anterioridad los planes privados a pesar de los ingentes recursos públicos destinados a promocionarlos vía deducciones fiscales. Es decir, un horizonte en el que los planes puramente privados y de empresas sean el soporte fundamental de las pensiones futuras y el sistema público funcione como complementario, como un sistema de garantía de protección social, en realidad, una especie de ingreso mínimo vital para pensionistas. Se trata, en definitiva, de ir introduciendo un sistema de capitalización frente al modelo de reparto del sistema público, que verá, además, reducido sus ingresos. En todo caso, el BNG presentó enmiendas para intentar modificar en positivo aquellos aspectos más lesivos. Por ejemplo, para garantizar que la gestión de estos fondos de pensiones de empleo pudiera ser realizada directamente por la Tesorería General de la Seguridad Social, porque no hay ningún problema para que esto pudiese ser así. No fueron aceptadas, dejando claro que detrás de todo esto está el interés y un gran nicho de negocio por parte de la banca y las aseguradoras También aquí podemos decir que la banca nunca pierde. Es evidente que mantenemos el voto en contra. Obrigado.

  38. Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

    Moltes gràcies, senyor president. Señor ministro, siguiendo el hilo que abrí ayer, creemos que este Gobierno no vino aquí a hacer planes de pensiones de empresa. Entendemos que esa no era o no debería ser una prioridad de este Gobierno; de hecho, no es una prioridad para los representantes de los trabajadores. No he visto sindicatos defendiendo ardientemente la necesidad de crear estos fondos de pensiones de empresa; por supuesto, no he visto a los pensionistas defender esto — de hecho, justamente hoy se están manifestando en plazas y calles de todo el Estado y aquí en la puerta del Congreso—, y tampoco he visto que sea un clamor de la calle, de los ciudadanos, demandar ardientemente estos planes de pensiones. ¿Qué son estos planes de pensiones? Son planes privados de pensiones. Los va a gestionar el sector privado, no los va a gestionar el sector público. El sector privado. Es decir, el Estado los promociona, los promueve, pero — y eso es lo importante— no los garantiza. Ya hemos visto cómo acaban muchos fondos de pensiones privados: mal. Mal. Entonces, ¿a quién beneficia fundamentalmente esto? Desde nuestro humilde punto de vista, puede beneficiar a las empresas, que se podrán ahorrar un dinero cada año; beneficia a los bancos, a las aseguradoras y a los comisionistas, que cobrarán por la gestión y el depósito de estos fondos, y, fundamentalmente, entendemos que a los particulares que tienen ya grandes salarios y que pueden hacer grandes aportaciones. Sinceramente, creemos — y no somos sospechosos de nada— que con la privatización de estos fondos públicos se abre una puerta a la privatización de la Seguridad Social, creemos que se abre una puerta a la reducción de los salarios por las aportaciones que se tendrán que hacer a estos fondos de pensiones, y creemos que va a haber una reducción de las aportaciones a la Seguridad Social. Por tanto, yo creo que justamente se está abriendo la caja de Pandora. Me gustaría equivocarme, y lo digo sinceramente, pero se está abriendo la caja de Pandora a la privatización de las pensiones. Por eso, votaremos no de manera consciente, tajante y rotunda. Moltes gràcies.

  39. Josep Pagès i Massó JxCat-JUNTS (Junts)

    Buenos días, señor presidente, señorías. En Junts per Catalunya estamos a favor de los instrumentos de previsión social complementarios; es una demanda de la Unión Europea que todo país desarrollado debe promover, y más en el contexto de incertidumbre actual y de endeudamiento del sector público. No solo son una garantía ante el riesgo de que el Estado meta mano en la caja de la Seguridad Social, sino que, además, y esto es importante para nosotros, estos fondos quedarán a salvo para los contribuyentes catalanes en el momento de la independencia. No negaremos que esta ley, que ha mejorado en su trámite parlamentario, actualiza aspectos como los incentivos y mejoras fiscales o la equiparación de los autónomos a los trabajadores por cuenta ajena; sin embargo, vamos a votar no a esta ley. Para nosotros hay una condición indispensable para empezar a negociar, que al menos se ponga el contador a cero en afectaciones competenciales. En Junts per Catalunya no estamos aquí para mejorar las leyes sin más; en todo caso, estamos aquí para mejorar las leyes a partir del momento en que estas leyes no afecten nuestras competencias o dejen de limitar las posibilidades de tener un modelo propio. Y esta ley limita la posibilidad de que Cataluña pueda desarrollar un instrumento de naturaleza mutualista. Las nuevas condiciones que se imponen acaban limitando de facto las posibilidades de desarrollo competencial. Como pasó con la LOMLOE, que tenía que blindar el catalán, como pasó con la ley audiovisual, que tenía que garantizar las lenguas en las plataformas, el Gobierno vende una ley que acaba imposibilitando que Cataluña pueda desarrollar un sistema propio en materia de previsión social complementaria. Acabo. En Cataluña hay una importante tradición mutualista que se remonta a siglos, enraizada en la economía del país, donde autónomos y pymes tienen un gran protagonismo, amparada por unas competencias que, aunque laminadas por la sentencia del estatut, hacían posible la existencia de un sistema propio basado en las mutualidades en el tercer sector. Y Junts no participará en su liquidación a costa de unos cambios que desde el principio se han dado por descontados. Muchas gracias.

  40. Jordi Salvador i Duch ERC-S

    Gràcies, president. Bon dia tothom. Señor ministro, ha tenido usted más tiempo para hablar que yo en toda la tramitación de esta ley. Bien saben de qué va los compañeros y cómo fue, y usted también. Señor Escrivá, un gran académico, un sabio que tiene usted en su equipo, uno de los dirigentes actuales de su ministerio, criticaba lo siguiente en el año 2018, y citó literal — le puedo dar la cita. Abro comillas—: «En el sector financiero la apuesta es la de un sistema multipolar: con pensiones públicas pero donde también haya pensiones privadas. ¿Qué interesa? Generar incertidumbre, meter miedo de que el sistema de pensiones no es sostenible, para que la gente empiece a contratar planes de pensiones. Esto viene, en general, de personas que trabajan para empresas o instituciones vinculadas a este sector financiero a las que les resultaría muy rentable un cambio de modelo. Es triste decirlo así, pero es así». Cierro comillas porque es literal lo que dice este sabio. Pues bien, aquello que ustedes criticaban en 2018 es exactamente lo que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos está haciendo hoy. Lejos de defender y garantizar el sistema público de pensiones, están abriendo la puerta a la privatización de las pensiones y estimulando los planes de pensiones privados, y lo que es peor, con dinero público, con fondos de los presupuestos del Estado, con rebajas fiscales e incentivos en las aportaciones a la Seguridad Social. Es decir, con el dinero que debería servir para mejorar las pensiones, y especialmente las pensiones mínimas a medio y largo plazo, el Gobierno está trasladando el mismo mensaje de muchos medios de comunicación y economistas a sueldo del sistema financiero dirigido a los trabajadores y a los jóvenes: si quieres una pensión cuando te jubiles, ve ahorrando e invierte en fondos de gestión privada parte de tu sueldo. . Esto es lo que ustedes dicen. Señores del Gobierno, la izquierda debe garantizar unas pensiones públicas y un Estado del bienestar que permita a todos los pensionistas una vida digna. El Gobierno no debe decir a la gente que van a tener unas pensiones públicas de miseria y que si quieren una vida digna deben hacerse planes de pensiones privados. La izquierda no puede decirles a las clases trabajadoras que hoy generan riqueza — porque son ellos los que generan riqueza— que mañana tendrán una vejez de pobreza y que solo quien hoy, en un contexto de precarización social y salarial, puede permitirse — muy pocos— pagar un plan de pensiones tendrá un plácido final de su vida. Ese no es un discurso de izquierdas, es un discurso de derechas. Además, es un discurso de derechas que es falso, porque no hay un problema de sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que hay un problema histórico de expolio a la caja de las pensiones; porque las pensiones privadas nunca van a garantizar una vida digna a la mayoría de los trabajadores, ¡nunca lo van a garantizar! Si hasta lo reconoce el artículo 52.2 de su ley cuando dice literal — abro comillas—: «La promoción de los fondos de pensiones de empleo por parte del Ministerio […] no supondrá en ningún caso garantía de la preservación del valor de las aportaciones o contribuciones efectuadas al plan de pensiones ni de la rentabilidad asignada a dichas aportaciones y contribuciones». Me parece acollonant. Señoras y señores, el objetivo de la banca y de las aseguradoras a los que rescatamos con más de 100 000 millones de euros, el objetivo de las aseguradoras y de los bancos que generaron miles y miles de parados, de los que desahuciaron y desahucian a miles de personas, su objetivo no es garantizar una vida digna a la gente, sino hacer negocio. ¡Ese es su objetivo! Y aquí la paradoja es el sistema privado de pensiones. Es el sistema privado de pensiones, y no el público, el que es insostenible, ¡si no, ya lo habrían cambiado!, porque para que sea rentable para los buitres la rentabilidad debe ser un 3 % superior a la inflación. Y con una inflación del 8 %, eso es imposible, ¿o en qué van a tener ustedes que invertir para hacer esta inflación? ¡No quiero ni saberlo! Y si la banca y las grandes aseguradoras juegan es porque la banca siempre gana, porque saben que si quiebran el Gobierno les va a volver a rescatar a ellos, no a las miles de personas que arruinen. No en vano, la ley no explica qué pasará si el fondo de pensiones privado quiebra. No lo sabemos, como muchísimas otras cosas, porque eso se hizo a correcuita, que diríamos en catalán. Esta ley no responde a una demanda social, sino a una demanda del sector financiero histórica. Lo que sí es una demanda social es la ley de pensiones públicas para los autónomos, el RETA. Esta tenía que haber venido primero, esta es la importante, entre otras. En cambio, la ley actual no garantiza el sistema público de pensiones. ¿Por qué? Porque esta ley inicia su privatización y su empobrecimiento desviando fondos de pensiones públicas a pensiones privadas. Todo aquello que no va a la caja única y va a planes de pensiones privados; evidentemente, son pérdidas para los demás. Como decía, vamos a votar en contra de esta ley porque el único sistema en el que creemos es el sistema de pensiones público, gestionado desde el punto de vista público y con dinero público, nada más. . Y quien quiera un producto financiero, que se lo pague de su bolsillo. No tenemos por qué pagarlo los que no podemos o a los que nos va muy mal, ¡no! Ustedes tienen mayoría en esta Cámara para hacer políticas de izquierdas — una y otra vez se lo decimos—. Que garanticen las pensiones es una de ellas, ¿por qué no lo hacen? Y ya que está aquí, ministro, y tiene usted más tiempo que yo, porque yo he tenido muy poco, usted lo sabe, le haré un recordatorio, señor Escrivá: Deben cumplir la ley y no la están cumpliendo. Necesitamos la auditoría a la Seguridad Social, que fue una concesión que hizo Esquerra Republicana para votar sí a la reforma de pensiones del pasado diciembre. Se tenía que enviar, y usted lo sabe, antes de junio y no lo ha hecho. Si hubieran enviado esta auditoría de la Seguridad Social, se entendería perfectamente que el sistema social es sostenible y no hace falta que sea complementado con pensiones de carácter mixto público-privadas. Esta auditoría demostraría, una vez más, que el sistema público de pensiones, aun habiendo sido saqueado como se ha demostrado claramente, es sostenible y viable, y que no precisa de esta ley, que no es ninguna demanda ni de los sindicatos ni de los trabajadores ni de otra gente. Y aprovecho para dar ánimos a los que están aquí fuera defendiendo el sistema de pensiones, defendiendo lo que es nuestro y lo que han ganado con su sudor, porque todo lo que va a pensiones es salario diferido, que nadie les ha regalado nada. Así que, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Muchas gracias. .

  41. Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

    Gracias, señor presidente, señorías, señor ministro. Proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, un proyecto de ley que, como viene siendo habitual, no ha pasado previamente por el Pacto de Toledo, lo que demuestra una falta de consideración por parte del Gobierno. Un proyecto de ley sobre el que existen votos particulares para rechazar dos asuntos introducidos por Unidas Podemos. El primero, el destope en las bases máximas de cotización a la Seguridad Social. Destopar las cotizaciones supone elevar los costes al trabajo, con el consiguiente efecto sobre el empleo y sobre la inversión. El segundo, reducir las deducciones en la base imponible del impuesto sobre la renta por las aportaciones a planes de pensiones de empresa y así equipararlas a las aportaciones de los autónomos. Apoyar a los autónomos, señorías de Unidas Podemos, no es igualar a la baja, sino igualar al alza. . Aunque ya sabemos que igualar a la baja es una característica típica de la izquierda. Un proyecto de ley que ha incorporado un incentivo adicional a las aportaciones, consistente en una deducción del 10 % en la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades en determinados casos. Es un incentivo fiscal que ya existía y que el Partido Popular eliminó, y que ahora vuelve a apoyar. Es un claro ejemplo de un PP que actúa diferente cuando está en el Gobierno y cuando está en la oposición. . Un proyecto de ley, sin embargo, que presenta importantes aspectos negativos. Primero, se discrimina a los trabajadores autónomos por dos motivos: uno, que solo se podrán deducir un máximo de 5750 euros al año frente a los 10 000 euros de los trabajadores por cuenta ajena; dos, no pueden beneficiarse de la nueva deducción en el impuesto sobre sociedades. Segundo, un proyecto de ley que consolida la desigualdad entre los españoles al mantener los privilegios de los territorios forales, ya que, uno, el límite de la aportación anual al sistema de previsión social individual es de 5000 euros frente a los 1500 euros del resto de España; dos, el límite conjunto de las aportaciones en los territorios forales es de 12 000 euros, frente a 10 000 euros en el resto de España. Tercero, un proyecto de ley sin sincronía en los cambios, falta de sincronía que se pone de manifiesto al consolidar la reducción del límite de los 1500 euros para las aportaciones a planes individuales sin asegurarse de que los planes de empleo han llegado a todos los trabajadores. Cuarto, un proyecto de ley que apuesta por el control por parte del Gobierno, control que se demuestra en el nombramiento por distintos ministerios de los miembros de la comisión promotora de los fondos de pensiones de promoción pública — todos ellos deben ser funcionarios de carrera— y control al ser los anteriores quienes nombran a los miembros de la comisión de control especial. Una comisión de control con cuotas mínimas por género del 40 %, pero donde se exige que dos de los tres directores deben ser mujeres y, por tanto, uno será hombre. Uno de tres es un 33,3 %, lo que supone no respetar el mínimo del 40 %, digan lo que digan las matemáticas con perspectiva de género. . Quinto, un proyecto de ley que refuerza el intervencionismo por parte del Gobierno, intervencionismo que se demuestra al establecer la obligatoriedad de evaluar el impacto social y medioambiental de las inversiones de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública y su posible efecto sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que la estrategia de inversión se condicione a criterios políticos supondrá, uno, que se introduzcan distorsiones políticas en la asignación del ahorro; dos, que se comprometa la rentabilidad de los fondos; tres, que se traslade a los partícipes parte de los costes de perseguir objetivos políticos que se deberían financiar por otras vías. Que la estrategia de inversión la decida el Gobierno supondrá poder obligar a comprar deuda pública española en un momento en el que el Banco Central Europeo ―comprador actualmente de su práctica totalidad― ha manifestado su intención de poner fin a esta práctica. En definitiva, al Grupo Parlamentario VOX y a muchos españoles nos preocupa que se discrimine a un colectivo que agrupa a más de 3,3 millones de personas. Al Grupo Parlamentario VOX y a muchos españoles nos preocupa que se consoliden privilegios a españoles en función del territorio en el que vivan. Al Grupo Parlamentario VOX y a muchos españoles nos preocupa que la estrategia de inversión la decidan gobiernos que han demostrado su incompetencia para equilibrar las cuentas públicas y para reducir el nivel de deuda pública. . Recordemos que las cuentas públicas presentan déficits continuados desde el año 2008. Recordemos que la deuda pública per cápita ha crecido de 9211 euros en el año 2000 a 30 722 euros en el mes de marzo del año 2022, un incremento de la deuda pública del 233,5 %, mientras los salarios reales ―o sea, sin contar el efecto de la inflación― apenas han mejorado un 2 % en lo que llevamos de siglo XXI. Al Grupo Parlamentario VOX y a muchos españoles nos preocupa que se condicione la estrategia de inversión al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más aún con un Gobierno que no sabe fijar objetivos, como vemos en los cambios continuos en las estimaciones de crecimiento del PIB, inflación o déficit. Un Gobierno que ignora el significado de la palabra desarrollo, ya que España se encuentra a la cola de Europa en recuperar los niveles de riqueza previos a la crisis.

  42. Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

    Un Gobierno que habla de sostenibilidad — voy terminando— y se apoya en comunistas, independentistas y filoetarras. . Al Grupo Parlamentario VOX y a muchos españoles, nos motiva, nos anima, nos ilusiona comprobar que cada día…

  43. Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

    … está más cerca un verdadero cambio real. Muchas gracias. .

  44. Jaime Eduardo de Olano Vela PP

    Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Con el proyecto de regulación para el impulso de los planes de pensiones en el empleo estamos hablando de uno de los temas capitales para el futuro de España, estamos hablando de las pensiones. Y una vez más ―como en todo lo importante―, el Gobierno de Sánchez actúa con absoluta irresponsabilidad, descoordinado e incapaz de ponerse de acuerdo ni siquiera entre los socios de gobierno y convirtiendo en un despropósito lo que debería haber sido la tramitación pausada y serena de un asunto tan importante. Al final, y como siempre ocurre con el Gobierno de Sánchez, se trata únicamente de sumar los votos para aprobar algo, aunque ese algo no sea lo que nuestro sistema de pensiones necesita. Mi grupo parlamentario no va a apoyar este proyecto de ley, y no lo haremos por cuestiones de forma, pero también y fundamentalmente por cuestiones de fondo. En cuanto a las formas, señorías, no podemos aceptar, señor Escrivá, la displicencia con que ha tratado al Congreso y a los diputados que representamos al conjunto de los españoles, incluido el Grupo Parlamentario Socialista, y muy especialmente a los miembros de la ponencia, que estaban realizando un gran trabajo hasta que usted decidió despreciar ese trabajo y pasar directamente a votación. Aunque hace cinco minutos tuvimos que ver al señor Bolaños entrar en el Pleno a dar un mitin; estuvo en el Pleno cinco minutos, dio un mitin de cuatro minutos y se marchó, algo absolutamente intolerable. Deberían tener un poco más de decoro, señorías del Partido Socialista. . Tal y como manifestó en la comisión mi compañero Tomás Cabezón el pasado 2 de junio, este es el ejemplo de cómo no se debe tramitar un proyecto de ley. La tramitación ha sido una verdadera chapuza, señor Escrivá. Y no es una percepción del Partido Popular, basta visualizar los vídeos del desarrollo de la comisión y las votaciones para sonrojar a cualquiera. Ha habido una improvisación absoluta por parte de los partidos que conforman el Gobierno y sus socios, improvisación que debería abochornarles y que, desde luego, causa estupor al tratarse de un tema tan importante como el que nos ocupa. Señorías, en aquella comisión los partidos del Gobierno, y singularmente el Grupo Socialista, llegaron a votar en tres ocasiones sin saber qué era lo que estaban votando, y la prueba está en los votos particulares que han presentado para intentar arreglar los despropósitos que allí votaron a favor. Señorías, estamos hablando de pensiones, creo que no es mucho pedir un poquito de rigor cuando hablamos de temas tan importantes. Claro que pedir rigor y seriedad a este Gobierno empieza a resultar una mera ilusión. ¿Se merecen los españoles un Gobierno que no tome en serio sus pensiones? Mi grupo parlamentario cree que no. Señorías, una vez más este Gobierno ha actuado de manera unilateral, no lo han apoyado ni los sindicatos ni la patronal ni el sector ni los autónomos. Además, tampoco ha ido al Pacto de Toledo, señor Escrivá, despreciando esa comisión que nació precisamente para buscar el consenso entre todos los partidos políticos en un asunto de capital importancia como son las pensiones. Este proyecto de ley es una oportunidad perdida, que se queda corto en sus medidas y que, por lo tanto, nace cojo. El nuevo sistema planteado ahora es discriminatorio con los trabajadores autónomos — más de 3 millones en nuestro país—, que solo se podrán deducir un máximo de 5750 euros al año entre el plan de empleo y el individual, en lugar de los 10 000 que se podrá deducir un asalariado. ¿Qué justifica este agravio comparativo? Nuestras enmiendas presentadas para resarcir esta injusticia fueron vetadas por el Gobierno una vez más. Con esta nueva ley se penalizan los planes de pensiones individuales — una herramienta muy utilizada por el colectivo de los trabajadores autónomos como fórmula de ahorro— ya que las aportaciones con derecho a desgravación en el IRPF se mantienen en 1500 euros. Por un lado, les suben ustedes la cuota para — dicen— mejorar su pensión de jubilación, pero por el otro les limitan radicalmente la posibilidad de ahorro para este fin, algo, señor Escrivá, que resulta incomprensible. .

  45. Jaime Eduardo de Olano Vela PP

    Nuestro grupo, señorías, se pregunta qué tiene el Gobierno contra los autónomos. Es cierto que el Pacto de Toledo en su recomendación 16 establece que es necesario impulsar los planes de pensiones de empleo, pero no necesariamente en detrimento de los planes individuales. Mi grupo parlamentario defiende las deducciones fiscales a los planes de pensiones individuales como incentivos al ahorro. Hay 7 millones de españoles que tienen planes de pensiones privados, señorías de la izquierda, y creo que no todos son ricos en esos 7 millones de españoles. Simplemente se trata de respetar la libertad de cualquier ciudadano para decidir qué es lo mejor para él. Esta ley pretende mejorar el segundo pilar, y no nos oponemos a ello. De hecho, hemos presentado enmiendas para mejorarla, como la enmienda 41, vetada inicialmente por el Gobierno, veto que se levantó el mismo día de la comisión y finalmente fue aprobada. Es una enmienda muy importante que permitirá deducir en el impuesto de sociedades el 10 % de la cuota íntegra de las contribuciones empresariales a los planes de pensiones para sueldos brutos inferiores a 27 000 euros. Una enmienda del Partido Popular, señora María Muñoz. Esta norma que hoy votamos está diseñada más pensando en las grandes empresas que en las pymes y los autónomos, y España es un país de pymes y autónomos, señorías del Partido Socialista. Estos tendrán mucho más complicado cumplir con las nuevas obligaciones. Por eso, para mi grupo era absolutamente esencial la aprobación de un régimen transitorio para los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y los autónomos que a la entrada en vigor de esta ley no estén adscritos a un plan de empleo y, por lo tanto, no puedan beneficiarse de los límites de aportación ampliados. La finalidad de esta ley es fomentar el ahorro a través de los planes de pensiones de empleo, pero si no se aprueba un régimen transitorio, se estará perjudicando el ahorro de millones de trabajadores y se estaría consiguiendo el efecto contrario al que se persigue. Señorías, esta ley que puede aprobarse hoy establece diferencias injustificables entre los autónomos societarios y los que son personas físicas. Así, por ejemplo, los societarios con empleados tienen un 10 % de reducción en el impuesto de sociedades; sin embargo, si ese autónomo es persona física con empleados y su convenio le obliga a plan de empleo, no tiene ningún incentivo en el IRPF. Estoy seguro de que Ciudadanos o el PSOE explicarán esto convenientemente a los autónomos. Señorías, como ya he adelantado, no podemos apoyar esta ley, pero somos un partido de Estado, un partido serio, y por eso vamos a votar a favor de los votos particulares presentados para evitar el disparate del destope de cotizaciones sociales aprobado por el propio Grupo Socialista y por sus socios , que una vez más votan en sentido contrario en asuntos de capital importancia para nuestro país. Tal es el grado de descomposición de este Gobierno. Por el bien de los españoles, ayudaremos a solventar este dislate y la eliminación de algunas deducciones, y también por el bien del bolsillo de los españoles. Señorías, la tramitación de esta ley demuestra que aquí los que estorban no somos los miembros del Partido Popular, los que estorban son los socios del Gobierno y sus socios parlamentarios, que una vez más demuestran una absoluta irresponsabilidad. El señor Sánchez eligió voluntariamente los peores compañeros de viaje y, lo que es peor, está decidido a mantener sus alianzas aun a costa del bienestar de unos españoles que asisten atónitos a la descomposición de este Gobierno en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Nada más y muchas gracias. .

  46. Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

    Señora presidenta, señorías, señoras y señores diputados, egun on. Ley de pensiones de empleo. No es ninguna extrañeza ni ninguna frivolidad, es la recomendación número 16 del Pacto de Toledo. Existía en las recomendaciones del año 2011 y se ha vuelto a repetir en la última edición de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Por lo tanto, en primer lugar, hablemos con propiedad: estamos concretando una recomendación reiterada por el Pacto de Toledo cuyo desarrollo legislativo corresponde a esta Cámara. En segundo lugar, artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, relativo a las competencias exclusivas en materia de mutualidades no integradas en la Seguridad Social. .

  47. Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

    Les hablaba del artículo 10.23 del estatuto, pero también está el artículo 41 de la Constitución española. La Ley 25/1983 ya desarrolló para el País Vasco una ley de entidades de previsión social voluntaria. Hoy esa ley es la Ley 5/2012 y desarrolla un modelo que ha servido, además, para aquella recomendación de 2016 que ha servido como paradigma de lo que podría suponer un modelo social de protección existente en el ámbito de la Unión Europea. La Directiva 2003/41 ha definido los fondos de pensiones de empleo como toda institución, con independencia de su forma jurídica, que opere mediante sistemas de capitalización y cuya actividad consista en proporcionar prestaciones complementarias a la jubilación en el contexto de una actividad laboral y sobre la base de un acuerdo individual y colectivo, y, ojo, con origen en el contrato de trabajo. Pues bien, esa definición fue la que sustentó en su momento y ha reiterado la recomendación 16 del Pacto de Toledo, que habla del impulso de los planes de pensiones de empleo sustentados en la negociación colectiva y con carácter complementario y no sustitutivo del sistema público de pensiones. Repito, reitero y resalto, sustentados en la negociación colectiva — no la desdeñen—, con carácter complementario y no sustitutivo del sistema de pensiones, pero del sistema público de pensiones. No confundamos ni contrapongamos el pilar número uno del sistema público con el pilar número dos, no es esa la cuestión a la que se debe conducir este debate, como han pretendido y como reiteradamente determinados partidos han venido realizando. Por eso, esta ley pretende coadyuvar a generalizar la previsión social complementaria sustentada en los sistemas colectivos y de empleo e implementando mecanismos — entiendo las críticas que algunos han realizado, pero existen mecanismos— que son, primero, de transparencia; segundo, de eficiencia y solvencia, y, sobre todo, de control de los poderes públicos. Porque se les ha olvidado este último aspecto a todos en sus intervenciones. Hay una proyección desde la propia ley vasca a la actual ley, y también a la anterior ley de previsión social voluntaria en el ámbito del Estado, de control de los poderes públicos que no se puede dejar de tener en cuenta. Y no se puede dejar de tener en cuenta porque, además, nos basamos en un modelo concreto — y eso lo saben ustedes—, el modelo Geroa del País Vasco, que no solo ha tenido éxito sino que ha sido un modelo de control y rentabilidad que ha permitido, además, participar en esa iniciativa al sector público. Ese es también otro pequeño detalle que se está intentando obviar, olvidar. Por ello, nuestro grupo ha participado, impulsó y yo creo que hasta ideó de alguna manera este proyecto de ley, no obstante lo cual también participamos en forma de enmiendas dirigidas sobre todo, primero, a que su contenido estuviera alineado con la recomendación 16, impulsando la fórmula de empleo en los sistemas de previsión social; es decir, favoreciéndolas. Son esos sistemas y no otros los que creemos que impulsa esta ley. En segundo lugar, a la salvaguarda y protección de los instrumentos existentes de previsión social en las comunidades autónomas allí donde ya existieran, como era el caso de Euskadi. Y, tercero, a la adopción de medidas que supongan impulso del sistema para que en el marco de la negociación colectiva se favorezca que empresarios y trabajadores, pero, ojo, también autónomos, adopten decisiones dirigidas bien a la creación de estos mecanismos, bien a su integración en otros ya existentes. .

  48. Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

    Gracias. Porque, efectivamente, a mi modo de ver la gran novedad o una de las grandes novedades de este proyecto de ley o de esta ley — esperemos hoy ya— es precisamente la posibilidad de integración de los autónomos en estos sistemas de empleo a través de nuevos mecanismos, y no solo ya en ese hipotético proyecto de sistema público o de entidades públicas sustitutorias de otras derivadas de la negociación colectiva, sino también en otras derivadas de la negociación colectiva. Es decir, esa novedad, esa caracterización de los sistemas de empleo no se puede obviar, no se puede dejar de tener en cuenta para no entender que es precisamente algo que innova por completo en el ordenamiento jurídico y que lo caracteriza como integrador de cualquier actividad laboral, cualquiera que sea su forma jurídica. Es cierto, como han dicho algunos también, que no se puede olvidar algo que por desgracia la ha caracterizado, que ha sido su desastrosa tramitación. Señor ministro, aplíquese el cuento. Se lo digo con todo respeto, pero con toda crudeza. Esto no se ha hecho bien. Se podía hacer mejor, mucho mejor. Pero también es cierto que se ha querido correr — entendemos que al hilo de compromisos ante la Unión Europea— y es verdad que creemos que eso ha negado el debate y ha llevado a la conclusión de producir errores que se podían haber evitado. Por contra, quiero poner en valor el trabajo parlamentario, el esfuerzo que se ha realizado por parte de la Ponencia, incluso cuando se ha pasado directamente a la Comisión. El esfuerzo que hemos hecho los grupos parlamentarios y muchos portavoces para superar esas dificultades nos lleva a que hoy tengamos un texto que no solo creemos que es válido, sino que creemos que puede ser una referencia, pero, ojo, una referencia que va a ser también homologada u homologable al ámbito europeo. No olvidemos que si en Europa la sujeción a este ámbito de actividad supone entre el 25 y el 90 % de la población, dependiendo de qué espacio estemos hablando, en España es alrededor del 10 % nada más el colectivo de personas que están sujetas a este tipo de regímenes. En Euskadi, por cierto, es cerca del 40 %. Pues bien, no entendiendo algunas críticas, como las que ha hecho el PP — lo siento—, entendiendo que la contraposición en el debate entre el primero…

  49. Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

    Termino. Quiero sobre todo decir que esa atribución a la gestión privada de fondos… No, señorías, la gestión de esos fondos derivados de negociación colectiva no es privada, sino concertada a través de esos organismos que se crean en el marco de ese diálogo social. Nosotros vamos a apoyarlo, pero no solo vamos a apoyarlo, sino que creemos que este proyecto sirve para introducirnos en un ámbito de protección social homologable al resto de la Unión Europea. Muchas gracias.

  50. Isabel Franco Carmona UP

    Gracias, presidenta. La ley que hoy debatimos ha sido una de las más complicadas por la importancia que tiene, y es que de fondo no hay ni más ni menos que el modelo de sistema de pensiones que va a tener nuestro país. Se lo adelanto, nosotras queremos un modelo de pensiones basado principalmente en las pensiones públicas. Esta propuesta sale de un compromiso derivado del informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo que aprobamos el 19 de noviembre de 2020, y también de un compromiso con la Comisión Europea. Y no nos engañemos. Sabemos cuál es la propuesta de la Comisión Europea sobre las pensiones públicas, lo sabemos desde el año 2008: debilitar el sistema público de pensiones — el llamado primer pilar— y fortalecer las pensiones privadas. Por eso, el Partido Popular sacó su reforma de las pensiones de 2013. Nosotras no damos la espalda al segundo pilar, a los planes de pensiones salidos de las negociaciones colectivas, porque sabemos que es un derecho de los trabajadores y trabajadoras, pero sí es cierto que nos gusta mucho más que los convenios colectivos acuerden otro tipo de cosas como, por ejemplo, la mejora de los salarios, las condiciones de trabajo o los derechos de conciliación y cuidados. Esos son los acuerdos de negociaciones colectivas que nos gustan más. Entendemos que era mucho más importante traer hoy una ley que garantice las pensiones públicas. Creemos que eso es lo que hoy deberíamos estar debatiendo, una ley que garantice la subida de las pensiones mínimas y no contributivas para que lleguen hasta el 60 % del salario medio, como dice la Carta Social Europea, y que garantice las pensiones públicas de los autónomos. Esa era, como digo, la ley que nos hubiese gustado debatir hoy aquí: sobre las pensiones públicas y no sobre las pensiones privadas. El ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá — y lo tengo que decir—, ha jugado con fuego. Primero, porque ha traído una ley sobre planes de pensiones que se acuerdan en negociación colectiva, pero la trae sin acuerdo con el diálogo social, y esa no es forma de hacer las cosas. Segundo, porque prefirió negociar con la derecha de esta Cámara antes de sacar un acuerdo con la mayoría progresista, y aquí se ve cuáles van a ser los votos, mayoría progresista, he de recordarlo, que posibilitó este Gobierno de coalición, gracias al cual se han conseguido unos enormes avances en este país, avances que, si no, no se hubiesen visto en muchos años. . Si eso hubiese sido así, hoy tendríamos una ley más garantista con los trabajadores y trabajadoras y también con las pensiones públicas. Y, tercero, porque la propuesta inicial era excluir la cotización de las aportaciones de los empresarios a los planes de empresa, la famosa disposición final cuarta, algo que incluso Montoro derogó en 2013 y algo — lo tengo que decir, señorías— que hemos frenado Unidas Podemos. Ahí tuvimos que entrar nosotras, como bien digo. Ahí tuvimos que entrar Unidas Podemos porque sabíamos que, de no ser así, el acuerdo sería el de la gran coalición PSOE y Partido Popular, con el acuerdo, desgraciadamente, de Ciudadanos y VOX. Por eso mismo, nuestro trabajo ha sido evitar a toda costa un debilitamiento de las pensiones públicas. Gracias, como digo, a Unidas Podemos la caja de la Seguridad Social no va a perder ni un solo euro de las cotizaciones, ni un solo euro va a salir de la Seguridad Social. Nosotras, además, llevábamos otras enmiendas, como los límites a las aportaciones de los planes de pensiones, límites también a las deducciones del IRPF y el destope de las cotizaciones máximas para financiar las públicas. Ahí el PSOE, en Comisión, se equivocó y las votó a favor sin quererlo. Es una pena. A nosotras nos hubiese gustado que el PSOE hubiese votado a favor por convicción y no por error. Pero hoy, señorías, os puedo anunciar una buena noticia, una enorme noticia. Aunque con la inestimable ayuda del Partido Popular salga nuestra enmienda sobre el destope de las cotizaciones máximas de esta ley, hoy os puedo anunciar que hay un acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social, con el señor Escrivá, para destopar las pensiones públicas. Es el mejor acuerdo al que podíamos llegar en mucho tiempo. . Y no es eso lo único que hemos conseguido, ya conseguimos el año pasado revalorizarlas conforme al IPC. Y, ¡ojo!, hay personas, como, por ejemplo, el gobernador del Banco de España, y también organismos como la Comisión Europea, que están diciendo, con la excusa de la guerra de Putin en Ucrania y con la excusa de la COVID y de la subida de precios, que este año no se deberían subir las pensiones conforme al IPC. Pues bien, lo que os digo es que esa es la misma gente que se posicionó a favor de la reforma de las pensiones del Partido Popular y la misma que quiere debilitar el sistema público de pensiones, pero, señorías, Unidas Podemos no va a consentir eso, y sabemos que este Gobierno tampoco lo va a consentir. Unidas Podemos va a garantizar que todas las pensiones públicas se revaloricen conforme al IPC. .

  51. Isabel Franco Carmona UP

    Y lo vamos a hacer por democracia, pero, sobre todo, porque quienes trajeron la democracia fueron los actuales pensionistas, los mismos que sacaron a sus familias y a todo el país adelante durante la crisis de 2008, los mismos que están sacando el país adelante durante la pandemia, los mismos que lo están sacando ahora ante la guerra de Putin en Ucrania y la crisis que ha derivado y los mismos que lo están sacando adelante ante la subida de los precios. Esa gente se merece la subida de las pensiones y que garanticemos que no van a perder ni un solo euro de poder adquisitivo, y lo van a tener garantizado con nosotras en el Gobierno. Las pensiones privadas son insolidarias y van dirigidas al sector minoritario de la población, al que más tiene. En Unidas Podemos defendemos, como bien saben, nuestro sistema público de pensiones basado en las pensiones públicas, sobre todo porque tiene notas de universalidad, reparto, solidaridad intergeneracional y contributividad y porque es el que es capaz de garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas pensiones suficientes y periódicamente actualizadas, como bien dice nuestro texto constitucional. Es el único que respeta la igualdad y el único sistema justo. Termino, presidenta. Lo vamos a hacer por las mujeres, que son quienes menos pensiones cobran; lo vamos a hacer por los jóvenes, que no saben qué pasará con su futuro; lo vamos a hacer por las y los pobres de nuestro país; lo vamos a hacer por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país: lo vamos a hacer por quienes están defendiendo las pensiones públicas en su pueblo y aquí fuera, en las puertas del Congreso, y, sobre todo, lo vamos a hacer por la dignidad de nuestro pueblo. Échenle una pensada.

  52. Isabel Franco Carmona UP

    Termino. Échenle una pensada todos y todas, señorías, cuando se vayan a sus casas.

  53. Isabel Franco Carmona UP

    Las pensiones públicas no se venden, se defienden. .

  54. María Mercè Perea i Conillas PSC-PSOE

    Gracias, presidenta. En primer lugar, hoy tenemos que lamentar un nuevo asesinato por violencia de género en la provincia de Soria , 19 en 2022 y 1149 desde 2013. Me subo a esta tribuna para ratificar el apoyo del Grupo Socialista al Proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y de Fondos de Pensiones, texto que ha sido debatido y aprobado en esta Comisión. Votaremos a favor de las transaccionales, igual que votaremos por convicción de los votos particulares, como no puede ser de otra manera. En primer lugar, quisiera agradecer al resto de grupos parlamentarios su esfuerzo por compartir sus distintas miradas sobre los esquemas de previsión social para la vejez, todo ello con el fin de mejorar el bienestar de la ciudadanía en los momentos en que el cobro de la pensión constituye para la mayoría de las personas trabajadoras su básica y única fuente de ingresos. La génesis del proyecto de ley — lo ha dicho el señor Barandiaran— trae causa de la recomendación decimosexta, que dejaba muy claro ya en su frontispicio que el sistema público de pensiones es irremplazable, un sistema con pensiones suficientes y debidamente revalorizadas para el presente y para el futuro y, desde luego, sostenible con un déficit al acabar 2023, pero ello no es óbice para que no se pueda hacer una apuesta decidida por el segundo pilar de aseguramiento, esto es, el de la previsión social derivado de la negociación colectiva. Este proyecto de ley reconfigura los basamentos de la protección social fomentando el segundo pilar frente al tercero. Por tanto, estamos hablando de fomentar lo colectivo frente a lo individual. . Señorías, estamos ante un sistema complementario, no sustitutivo. No engañen ni hagan demagogia, estamos ante un sistema complementario y no va a sustituir al sistema de reparto. Este proyecto de ley actúa de palanca para el fortalecimiento de la negociación colectiva, desmantelada en 2012 por el Partido Popular con su reforma laboral, pero, además, actúa en un tercer vértice con la igualdad de oportunidades, por cuanto extiende a otros planes de pensiones la aportación definida para la jubilación a más personas trabajadoras. Este proyecto de ley centra su estructura en la voluntariedad y, por tanto, quien se quiera adherir lo podrá hacer y quien no, pues no, porque nadie está obligado. Este proyecto de ley es una oportunidad única para canalizar el ahorro privado de los planes individuales de pensiones a los planes colectivos. ¿Por qué el Grupo Parlamentario Socialista tiene esta fijación con los planes colectivos? Pues porque ya hemos visto que los individuales son un fiasco, ya que se han cobrado comisiones desproporcionadas y, cuando las personas llegaban a la jubilación, se encontraban con unas cantidades paupérrimas que ni esperaban ni habían sido las que habían aportado. Por tanto, el Grupo Socialista apuesta con convicción por los planes de pensiones colectivos, porque son una salida importante para el ahorro, y parece mentira que el Grupo Parlamentario Popular no lo vea con mayor claridad. Es falsa la dicotomía entre pensiones públicas y sistemas complementarios, no hay datos que lo atestigüen. Hay un gran desconocimiento de estos instrumentos y los tendremos que explicar, pero es importante no montar falacias sobre una cuestión. Los planes individuales se basaban en el control de las entidades financieras y los planes de empleo se basan en el reforzamiento de la negociación colectiva, en el control por parte de los trabajadores y empresarios, y no en las entidades financieras. . Además, hasta ahora a los planes de empleo solo pueden acceder 2,2 millones de trabajadores, y tenemos 20 millones de afiliados. ¿Qué hacemos con el resto, señores del Partido Popular? ¿Los dejamos ahí, abandonados, al albur de lo que les pueda pasar? Este proyecto de ley los integra para que tengan acceso no solo los trabajadores, además con bajos y medios salarios, sino las mujeres, los jóvenes, los autónomos , sí, señorías, los autónomos, es decir, para que tengan acceso más personas y puedan beneficiarse para que el día de mañana tengan mayor bienestar. Agradecemos los apoyos que tendremos a esta ley y también las aportaciones de otros grupos parlamentarios. Señor Olano, al Grupo Socialista no le hace falta que le defienda nadie, se defiende solo. Se agradecen las palabras, pero se defiende solo. ¿Dónde están ustedes? ¿Están en el no? ¿En el no de qué? ¿En el no porque sí? Es que ustedes no negocian, ustedes imponen y lo decía ayer el presidente del Gobierno : o son mis enmiendas o voto que no. Ustedes están perjudicando a más de 18 millones de personas que por su culpa…

  55. María Mercè Perea i Conillas PSC-PSOE

    … No pueden acogerse a un plan de empleo. Ustedes no aprenden — voy acabando— , quieren bajar impuestos para recortar pensiones y quieren fomentar el pilar privado para que se beneficien cuatro más las entidades financieras. ¡Y es que ustedes tienen problemas con los pensionistas! Ahora les quieren quitar otra vez el IPC. Tienen una fijación obsesiva con el IPC. Dejen que las pensiones se puedan revalorizar de acuerdo con lo que dice la ley. ¡Es que lo dice la ley! Ustedes pretenden saltársela. Miren, ustedes tienen un problema con los pensionistas (el señor Herrero Bono: Sí, eres tú), con los que ahora trabajan , y tienen un problema, sí, señor, con los más débiles. .

  56. María Mercè Perea i Conillas PSC-PSOE

    Lo quiero decir alto y claro. Tienen problemas con los jóvenes, con las mujeres, con aquellos que tienen salarios medios y bajos, y con los empleados públicos, a quienes integra toda esta ley. . Ustedes votaron en contra de las pensiones, la reforma laboral y el salario mínimo, porque, en el fondo, ustedes desprecian a los más débiles. . Y ya lo histriónico del caso es que el señor Moreno Bonilla haga alarde de sus buenos datos salariales cuando resulta que votaron en contra del salario mínimo. . Están utilizando las mejoras del Gobierno en beneficio propio cuando ustedes no las apoyaron. Acabo. Que quede claro que para el Grupo Socialista, como dice el Pacto de Toledo y también la ley, y según está actuando el Gobierno, el sistema público de pensiones es irremplazable.

  57. María Mercè Perea i Conillas PSC-PSOE

    Acabo. Evidentemente, el sistema ha de ser sostenible económica y financieramente, pero también con pensiones justas, y más las mínimas, que deberán ser incrementadas de acuerdo con lo que dice la ley y tal y como la acción del Gobierno ha hecho. Este es un compromiso de Pedro Sánchez, de este Gobierno y, por supuesto, de nuestro grupo parlamentario.

  58. Teresa Ribera Rodríguez

    Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes ya. Me dirijo a todos ustedes para solicitarles la convalidación de un real decreto-ley que consideramos necesario y capital para reducir la factura eléctrica de las familias y de las empresas. Es un real decreto-ley que presenta un hito importante, pues es la primera vez que en el ámbito europeo se autoriza una excepción como la que se regula en este decreto ley. Se trata de una excepción al funcionamiento habitual de la fijación de precios del mercado eléctrico. Se trata de la creación de un mecanismo que permite desacoplar de manera temporal y extraordinaria el precio del gas en la configuración del precio de la electricidad y que funciona, por tanto, como un cortafuegos ante la volatilidad y las subidas abruptas del gas natural en los mercados organizados internacionales. Es una medida esencial, ya que desde verano de 2021 estamos asistiendo a una crisis sin precedentes y particularmente compleja en lo relativo al precio del gas, que se ha multiplicado casi por cinco en los últimos doce meses, llegando en algún momento al precio récord de 241,36 euros el megavatio/hora. Yo diría que es una situación insostenible que ha generado un efecto contagio en los precios de la electricidad, alcanzando también máximos históricos, reiterados una y otra vez, a lo largo de los últimos meses en la mayor parte de las plazas europeas. El precio medio del mercado mayorista de la electricidad en los cuatro primeros meses del año 2022 se ha situado en 219,19 euros el megavatio/hora, duplicando el precio medio del mercado mayorista de 2021 y cuadruplicado el de 2019. Ciertamente, es el resultado de la invasión de Ucrania, que tensiona sobremanera una situación ya de por sí enormemente compleja de desajuste entre oferta y demanda de gas en los mercados internacionales y, por tanto, la necesidad de reducir drásticamente la dependencia del primer proveedor de gas a Europa genera una coyuntura excepcional que precisa de soluciones eficaces e innovadoras para amortiguar su impacto en la economía, asegurando que no sean de nuevo los mismos quienes paguen y los mismos quienes se beneficien. Hay medidas que se pueden adoptar a nivel nacional, hay otras que requieren una regulación, una autorización, una modificación de la normativa europea. Por ello, desde hace meses el Gobierno de España viene trabajando en el diseño de este mecanismo, que ayer fue definitivamente autorizado por la Comisión, permitiéndonos su aplicación a partir de la semana que viene hasta el 31 de mayo de 2023. Se trata de un mecanismo resultado de intensas negociaciones en el marco del Consejo Europeo de los días 24 y 25 del pasado mes de marzo, en el que el presidente del Gobierno y el primer ministro de Portugal lograron que el Consejo reconociese de manera explícita la singularidad del mercado eléctrico ibérico, sus limitaciones a causa de la baja interconexión de la península con el resto del continente y, como consecuencia, una minoración en el acceso a los beneficios del mercado interior, limitaciones en materia de competencia, limitaciones en materia de liquidez. Es una limitación física probablemente sin precedentes en relación con ningún otro bien o servicio que participe o disfrute del mercado interior y del comercio entre Estados miembros a nivel europeo; una limitación física que impide a los consumidores españoles y portugueses beneficiarse de las ventajas de estar integrados en un mercado interior de la electricidad que reduce nuestra liquidez y la posibilidad, por tanto, de mayor competencia, de mayores alternativas. Han sido semanas de un trabajo muy intenso, riguroso, que da como resultado una medida de protección para los consumidores hoy, una medida de protección para los consumidores a lo largo de los próximos meses. Como bien saben, hace más de un año que venimos defendiendo la necesidad de reaccionar a esta situación excepcional en el mercado europeo, suscitando un debate profundo sobre su reforma con el objetivo de actualizar el diseño del mercado europeo de manera que pueda adaptarse a las evoluciones recientes y futuras y, por tanto, resiliente a los desafíos de presente y de futuro, ofreciendo la señales adecuadas y anticipando los beneficios de la transición energética a los consumidores y a las economías nacionales. Venimos reivindicando la necesidad de facilitar una asignación eficiente de rentas en situaciones de extrema volatilidad y tensiones en el mercado como las que estamos experimentando. Las propuestas que hemos ido presentando a lo largo del último año han inspirado en gran medida la reacción de Europa en este contexto de precios energéticos elevados y alta volatilidad. Un debate liderado por el Gobierno español al que se han sumado y en el que hemos contado con otros muchos gobiernos, que han venido incorporando otras alternativas que aparecen finalmente reconocidas en la propuesta de la Comisión, respaldada por el Consejo Europeo extraordinario, REPower EU. Ha venido contando con un apoyo creciente de los países, ha venido contando con un apoyo creciente de los distintos actores económicos y los distintos Estados miembros. De hecho, ayer la propia presidenta de la Comisión Europea en su intervención ante el Parlamento reclamaba por fin la revisión, la actualización, del diseño del mercado eléctrico para Europa. La Comisión, a través de la comunicación REPower EU, incluye entre las alternativas de actuación analizadas la posibilidad de establecer limitaciones en los precios de los generadores que utilizan combustibles fósiles, es decir, algo parecido al mecanismo ibérico, como una vía para abordar los altos precios y responder a la volatilidad del mercado mayorista. También el informe de la agencia de reguladores energéticos europeos sobre el diseño del mercado mayorista de electricidad esboza algunas consideraciones relevantes sobre la necesidad de introducir liquidez en los mercados a plazo y fomentar la proliferación de instrumentos de cobertura. Ahora, España y Portugal serán países pioneros en poner en práctica este tipo de actuaciones, dando mayor protección a sus consumidores domésticos e industriales. El mensaje más importante que me gustaría destacar es que por primera vez en una crisis de esta magnitud la respuesta no se salda cargando contra los mismos de siempre y cubriendo a los mismos de siempre. Esta situación no puede ser resuelta exclusivamente a partir de aportaciones de los presupuestos generales del estado o de disminuciones de sus ingresos reduciendo la carga fiscal. Es obvio que hay que hacerlo; es obvio que no es suficiente; es obvio que se requiere un reparto equitativo de los costes, un acceso equitativo a los beneficios. En esta ocasión, las medidas que se adoptan buscan reducir los beneficios extraordinarios que venían siendo generados por el diseño del mercado en favor de las grandes compañías, de modo que el ajuste que haya que introducir beneficie a todos los consumidores reduciendo los beneficios de las grandes corporaciones. Es un paso más en el compromiso del Gobierno con la protección de los consumidores domésticos e industriales en situaciones complejas, que, por cierto, no nos han faltado en estos dos últimos años. ¿En qué consiste? Se trata de una medida temporal, de doce meses de duración, que limita el impacto de la escalada del precio del gas natural en el mercado mayorista de electricidad. Se crea un mecanismo de ajuste que limita el precio al que pueden ofertar las plantas de gas para la generación eléctrica y, por tanto, el coste de producción de las tecnologías fósiles marginales, que son las que en principio establecen el precio del mercado mayorista o la estimación a la que otras tecnologías ofertan al mercado. Es decir, el efecto inmediato es que la única electricidad que se va a pagar al coste del gas es la electricidad que se genere con gas natural. Eliminamos, por tanto, el indeseado efecto contagio sobre el resto de las tecnologías. Esto supone por sí mismo una reducción muy importante de los beneficios extraordinarios, como apuntaba antes, produciendo una reducción en la factura del 37 % de los consumidores domésticos y del 70 % del consumo industrial de electricidad en el primer mes de aplicación del mecanismo; porcentajes que irán en ascenso a medida que se vayan renovando los contratos existentes durante su periodo de aplicación. Para los demás consumidores con contratos de precio fijo la rebaja final dependerá de las condiciones pactadas con la compañía eléctrica, pero evitarán que con ocasión de las actualizaciones se use como referencia de precio el que marque un mercado mayorista sin el tope al gas que hemos introducido. La financiación del ajuste se repartirá entre la demanda que se beneficie de la medida, que irá, como decía antes, ampliándose de manera progresiva tanto a aquellos consumidores con un contrato indexado a mercado como a aquellos que firmen o renueven un contrato teniendo ya en cuenta el efecto beneficioso del mecanismo sobre los precios mayoristas. Se exime de la contribución del ajuste la energía sujeta a instrumentos de cobertura a plazo firmados con anterioridad al 26 de abril de 2022 preservando, por tanto, las condiciones beneficiosas que hubieran quedado pactadas con anterioridad a esta fecha. Conforme se vaya produciendo el vencimiento o renovación de las coberturas, la nueva energía que aflora contribuirá al ajuste de conformidad con las especificidades del diseño regulado en este decreto ley. ¿Cuánto representa ese ajuste ex post? Será la diferencia entre el precio de referencia del gas empleado en el mercado eléctrico y el precio del mercado ibérico de gas natural en cada día. De esta manera, las centrales de gas recuperarán los costes, no producirán a pérdidas, pero no se alterarán tampoco las reglas del mercado. El precio de referencia del gas que aplicará el mercado en un primer momento ha sido el acordado entre España, Portugal y la Comisión Europea. Será variable. Comenzará con un valor de 40 euros megavatio/hora — les recuerdo que ha llegado a superar los 240 euros el megavatio/hora—. Estos 40 euros serán la referencia en los primeros seis meses, incrementándose paulatinamente después, a razón de 5 euros megavatio/hora al mes, hasta alcanzar un valor de 70 en el último mes de aplicación. De este modo, iremos adaptando gradualmente el precio conforme nos vayamos acercando al momento en el que el mecanismo dejará de aplicarse, favoreciendo la planificación del gasto energético por los hogares y las empresas a medida que se acerca la fecha final de aplicación. En cuanto al impacto del mecanismo en frontera, es probable que genere una diferencia de precio entre el mercado ibérico y el mercado francés y, por tanto, un aumento de la demanda en el sentido exportador. Pero permítanme incidir en un mensaje esencial sobre el que se ha querido introducir confusión: los consumidores españoles no van a subvencionar el precio de la energía en Francia. Los consumidores franceses contribuirán al pago del ajuste en la misma medida que lo hacen los consumidores ibéricos. Por otro lado, el mecanismo prevé una vía excepcional para poder hacer uso de las rentas de congestión adicionales de la interconexión España-Francia, reduciendo el coste total del mecanismo de ajuste; una posibilidad expresamente autorizada por la Comisión Europea. Me gustaría, por tanto, destacar el hecho de que la Comisión ha sido contundente en su valoración. La Comisión considera que este mecanismo es compatible con los tratados, es respetuoso con los principios del mercado interior, es beneficioso para los consumidores, es proporcionado y justificado y no genera distorsiones, permitiendo reducir el precio de la factura eléctrica de los consumidores finales, logrando precios asumibles para consumidores y, consecuentemente, facilitando mantener un incentivo para la electrificación de la economía. En paralelo, mientras este mecanismo extraordinario despliega sus efectos, el Gobierno continuará con la reforma de la actual tarifa regulada, precio voluntario para el pequeño consumidor, directamente indexada a la evolución del precio en el mercado mayorista. Somos conscientes de que la alta volatilidad del mercado ha perjudicado especialmente a los consumidores acogidos a esta tarifa, tradicionalmente la más barata, la más competitiva, mucho más eficaz que las que se ofrecen en el mercado libre y que, sin embargo, ha sufrido una regresión importante en estos meses. Es, además, una tarifa a la que se acogen los consumidores vulnerables perceptores del bono social, haciéndose más necesaria que cualquier otra circunstancia una reforma que estabilice sus facturas. Con el objetivo de reducir la tarifa PVPC, se establece un mandato para que antes de octubre de este año se realicen las modificaciones necesarias en la metodología de cálculo para introducir una referencia de precios más estable, que permita reducir la volatilidad incorporando una componente de precio basada en una cesta de productos de mercados a plazo y una componente de precio del mercado diario e intradiario. Y nuestra previsión es que esta nueva fórmula de fijación de coste de la energía pueda empezar a aplicarse a principios de 2023. Para poder impulsar esta reforma era imprescindible operar sobre dos variables, las dos variables incorporadas en este decreto ley: las referencias a precio — no es posible una cesta de precios más ventajosa si esos precios no existen en el mercado— y la liquidez en el mercado, una liquidez, como digo, restringida por razones físicas y regulatorias, motivo por el cual era imprescindible intervenir, facilitar de modo transitorio un cambio en las previsiones sobre cómo funcionan los sistemas de incentivos de cobertura de las plantas de energías renovables, cogeneración y residuos acogidos al régimen extraordinario que se conoce como Recore. La falta de integración de España en el mercado interior de la electricidad por la baja interconexión ha supuesto un menor desarrollo de los mercados a plazo. Y a esto se suma la falta de liquidez en los mercados, que está viéndose agravada por la extensión en el tiempo de la guerra en Ucrania y la incertidumbre que ello conlleva. Altos precios y volatilidad en los mercados energéticos, que encarecen el coste de las garantías iniciales y dinámicas exigidas en las contrataciones a plazo. Para revertir esta situación se prevé una modificación del mecanismo de ajuste por desviaciones en el precio del mercado para el Recore, orientada a fomentar la participación de las instalaciones con régimen retributivo específico en los mercados de energía eléctrica a plazo, un mercado a plazo más líquido y profundo al que podrán acceder en el medio plazo un mayor volumen de consumidores industriales y comercializadoras pequeñas e independientes para obtener energía a precios estables y competitivos. Por último, este real decreto-ley también recoge la modificación del artículo 31 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Con esta modificación se refuerza el sistema de acogida de personas migrantes y solicitantes de protección internacional desde diversas perspectivas al disponer de un sistema más estable y previsible institucional y financieramente, con capacidad estructural de acogida de los diferentes perfiles y dotado de la flexibilidad necesaria para adaptarse a la evolución de los flujos migratorios. El sistema de acogida del Gobierno español está siendo reforzado en un momento de gran importancia, en un momento delicado, sensible, tras haber respondido con rapidez y eficiencia al reto que supuso la acogida de familias procedentes de Afganistán el pasado verano y el que está suponiendo la llegada de familias procedentes de la guerra en Ucrania tras la activación de la directiva de protección temporal. Por todo lo expuesto, en un aspecto tan importante como es la responsabilidad de las instituciones para que en las crisis las respuestas generen la protección adecuada a los consumidores más vulnerables, para que en las crisis, por razones humanitarias, podamos contar con instrumentos adecuados para acoger a personas que huyen de la guerra, es fundamental el respaldo de esta Cámara para así poder aplicar con total garantía el mecanismo que les acabo de detallar y que el Gobierno considera proporcional e imprescindible para atender el interés general de nuestro país y seguir protegiendo a las personas más vulnerables. Este mecanismo que se aprueba hoy se suma a las numerosas actuaciones que en el ámbito nacional, europeo e internacional estamos impulsando desde el pasado verano, un paquete de medidas que incluye la respuesta estructural imprescindible con la cobertura coyuntural, excepcional, para una crisis enormemente grave que debemos atajar con una perspectiva de justicia social y de redistribución. Por todo lo expuesto, finalizo solicitando a sus señorías el voto favorable para la convalidación de este Real Decreto-ley 10/2022. Muchas gracias. .

  59. Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

    Muchas gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta tercera, por aquello de seguir siendo consecuente frente a los disparates energéticos del Gobierno, votaré en contra de la convalidación del real decreto-ley que usted acaba de explicar. Parche va, parche viene, este mecanismo de ajuste no resuelve el tremebundo problema eléctrico, económico y social al que nos han arrastrado los que hace dos años y medio aquí mismo prometieron rebajar el recibo de la luz, que hoy bate récords. Entonces, estas medidas ni son cortafuegos ni garantes de solución para la escalada de precios, ni antes ni ahora ni después. Señora Ribera, le reitero una vez más que su gestión está resultando una calamidad para España. A diferencia de otros países, su ecofundamentalismo ha demolido centrales térmicas de generación eléctrica, arrastrando a precios más altos y dificultades de suministro. Por otra parte, la histórica torpeza diplomática de Sánchez en el tema del Sáhara ha provocado una colosal crisis con Argelia, que esta misma mañana ha prohibido las relaciones comerciales con España, lo que añade mayor inquietud al preocupante panorama energético y nos ha desplazado como socios preferentes en beneficio de terceros países. Irresponsablemente, no ha dedicado usted un solo instante a hablar de Argelia, el tema que ahora mismo preocupa a la opinión pública.

  60. Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

    Concluyo, señora presidenta. El creciente empobrecimiento los españoles refleja el resultado de cuatro años de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, esto no es ni justicia social ni…

  61. Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

    Gracias, señora presidenta. .

  62. José María Mazón Ramos PRC

    Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora vicepresidenta, otro decreto-ley relativo a la electricidad para intentar reducir el precio de la factura. Nosotros siempre estamos apoyando estas medidas y, como ya viene siendo habitual, vamos a convalidar este decreto ley. Y si no funciona, pues también sabemos lo que hay que hacer, otro decreto ley y no andar tramitándolo como proyectos de ley, que sabemos que enseguida se quedan obsoletos. Además, en esta legislatura todo es de extraordinaria y urgente necesidad, así que no nos debe extrañar. Yo voy a insistir en algo que vengo repitiendo en todas las intervenciones sobre la factura eléctrica, que es lo siguiente: señora vicepresidenta, hay que establecer en la electricidad y en el gas un mínimo de consumo con un precio fijo y, a partir de ese mínimo, que opere el mercado, porque, además de proteger las necesidades de los más vulnerables, fomentaría el ahorro de energía. Ya está inventado en otros servicios básicos, no me hablen del libre mercado, Europa, etcétera. Este es un sector que está intervenido ya — lo está hoy y lo ha estado siempre— y se puede seguir interviniendo en este sentido. Respecto al tope del gas, para formar el precio eléctrico creemos que es un buen sistema. El gas habrá que pagarlo a su precio, pero sirve para corregir las disfunciones del sistema marginalista en situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo. Con lo cual, por eso vamos a votar a favor. Muchas gracias.

  63. Pedro Quevedo Iturbe NC-CCa-PNC

    Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Señora ministra, nada en contra de la reducción de la factura eléctrica y nada en contra del reconocimiento de la singularidad española y portuguesa en el ámbito de la Unión Europea. Los canarios sabemos mucho de singularidades y de aislamiento, ¿verdad? Así que nada en contra de eso. Otra cosa es que nos parezca bien la intervención en la política energética canaria a través de un real decreto-ley. Me explico. Ya en el real decreto-ley sobre el asunto de Ucrania advertimos que íbamos a votar a favor porque había un conjunto de medidas a las que no podíamos votar en contra, pero señalamos que la disposición final cuarta hacía una intromisión en la política energética de Canarias liberalizando la instalación de regasificadoras en Canarias. Este es un asunto en el que la primera pregunta que nos hicimos fue: ¿Quién ha pedido esto? Y, en segundo lugar, ¿a quién interesa? Porque, desde luego, no lo ha pedido ninguna institución canaria, eso se lo puedo garantizar. La posición absolutamente mayoritaria en Canarias, creo que social e institucionalmente, es estar en contra de la introducción de regasificadoras en el territorio. Por lo tanto, aprobamos la convalidación de aquel real decreto-ley advirtiendo que en su tramitación como proyecto de ley plantearíamos una enmienda de supresión de esa disposición final cuarta. Nos encontramos ahora con una disposición adicional cuarta que trata, teóricamente, de arreglar esto por vía de otro real decreto-ley, con un texto que le puedo asegurar que no acabamos de entender a qué se refiere. Lo que sí sabemos es que vuelve a insistir en un asunto que hemos rechazado tajantemente, y menos aún que se regule a través de un real decreto-ley. Por ese motivo, Nueva Canarias votará en contra de la convalidación de este real decreto-ley, porque no nos han dejado otra opción. Ni el proyecto de ley sobre el tema de Ucrania se desarrolla oportunamente ni una enmienda de supresión serviría para nada porque en realidad hay una nueva enmienda que parece hablar de lo mismo, aunque de otra manera. Gracias, señora presidenta.

  64. Mireia Vehí Cantenys CUP-PR

    Gracias, presidenta. Ministra, a nosotras este real decreto nos parece que tiene cosas buenas y cosas que no son suficientes. Las buenas es que ustedes limitan precios; es una buena noticia y esperamos que esto se traduzca a la gasolina y a los alquileres, que es lo que necesita la gente. Y nos parece que no es suficiente por tres razones. La primera es que el control de precios podría ser bastante más ambicioso; ustedes empezaron con un control casi del 50 % y estamos ahora en un 15 %. La segunda razón es que nos cuelan la disposición adicional sexta de beneficios fiscales a un festival — South Summit se llama— de empresarios ricos que dicen que son emprendedores; nos parece que no tiene ningún sentido. Y la tercera razón es que ayer la Comisión Europea aprobó que la rebaja irá en formato de subvenciones a las eléctricas para no alterar el mercado, como ha dicho usted ahora. Subvenciones a Endesa, a Iberdrola. ¿Ustedes creen que las grandes corporaciones de la electricidad necesitan subvenciones? No tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque en una situación como esta no se puede ser — no diría neutral— poco determinado, porque la situación es gravísima y porque los beneficios de las grandes corporaciones son tan enormes como la crisis económica que tienen las familias más humildes. Si ustedes no son un poco más determinados, lo que pasa es que están jugando para los fuertes. Acabo con una cita que dijo Warren Buffett, un multimillonario norteamericano, en 2014: Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra. Y dijo: Y vamos ganando. Ministra, si ustedes no tienen más determinación, le regalan el partido a los ricos, que ellos sí que saben que esto es una guerra.

  65. Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

    Presidenta, señorías, eguerdi on guztioi. Hoy, por fin, tras el plácet de las instituciones europeas, podemos votar la posibilidad de topar el precio del gas. Nosotros vamos a votar a favor por coherencia con la exigencia que hemos venido sosteniendo en esta Cámara desde hace ya bastantes meses, pero creemos que lo que tendría que hacer, señora ministra, es preparar y planificar una buena campaña de información, sobre todo para que la gente entienda realmente lo que supone topar el precio del gas, porque hay quien piensa que topar el precio del gas a 40 euros el megavatio/hora al inicio para en el plazo un año alcanzar la cifra de 50 euros el megavatio/ hora va a suponer idéntica rebaja en su factura de la luz, y no es del todo cierto. Tendrá que saber la gente que para producir ese megavatio/hora se tiene que emplear más cantidad de energía y que esa cantidad de energía aumenta el precio de esos 40 o 50 euros megavatio/hora. Es decir, que de los aproximadamente más de 200 euros megavatio/hora en los que está en la actualidad, por lo que hay que toparlo, lo que vamos a hacer es bajar hasta en torno a 100 o 110 euros, con los gastos de producción y demás, el megavatio/hora. Eso es lo que va a impactar en la rebaja de la factura eléctrica y no más. Es bueno que la gente sepa eso, dado que la transparencia y la honestidad son buenas en política, y por eso creo que tienen que hacer un esfuerzo. Me alegra oír que la rebaja en la tarifa regulada va a ser del orden del 37 %. Yo había leído que iba a impactar en torno al 15 o el 20 %, pero en cualquier caso, si es el 37 %, como usted ha señalado, será mejor. Y creemos, en coincidencia con lo que le acaban de señalar, que este es solo un paso y que no puede acabar todo el debate en este paso. Este es un paso, no diré que pequeño, pero es un paso en una larga marcha hacia un modelo energético y un mercado donde la dignidad sea el valor de cambio y no el beneficio que se pueda obtener con una u otra operación. Y digo que es un paso porque, como seguramente usted también ha señalado, faltan muchos más. Creo que faltan muchos más en un contexto en el que se nos ha venido diciendo durante muchos años y de manera sistemática que no se podía tocar ni uno solo de los dogmas neoliberales porque o era pecado o era imposible, y lo que estamos viendo es que se pueden cambiar esos dogmas neoliberales y que se puede cambiar esta realidad haciendo cosas. Como se dice en euskera, ezina, ekinez egina; haciendo posible lo imposible. Nos decían que no se podían topar precios y hoy, por fortuna, con cierto retraso y una cierta ansia por que se pudiera hacer, se va a hacer. Nos decían que si a un Estado se le ocurría montar una empresa pública de energía o recuperar una empresa pública de electricidad, esto podría ser sancionado por la Unión Europea o podría encontrarse con elementos de contrapeso a la Unión Europea porque podía alterar las reglas del mercado, y hete aquí que vemos que hay Estados nada lejanos de nosotros, como Francia, Italia, Suecia, Países Bajos, Suiza o Alemania, que cuentan con empresas públicas de energía y allí sus analistas determinan que la presencia de esa empresa pública de energía permite controlar los precios del mercado porque tiene un papel activo en la determinación de los precios y en la garantía de acceso a la energía — la electricidad en este caso— del conjunto de sus ciudadanos. Nos decían también, dentro de esos mantras o dogmas neoliberales, que no se podían generar impuestos extraordinarios a la carta para penalizar a aquellos sectores que en la economía estaban haciendo tan bien su trabajo que estaban obteniendo beneficios; beneficios caídos del cielo los hemos llamado aquí, beneficios extraordinarios en otros lugares. Pero resulta que Italia también ha decidido que va a poner un impuesto a esos beneficios extraordinarios del 25 % y no pasa nada, y no parece que Europa se lo vaya a impedir. Se nos decía también que no había ninguna alternativa al mercado marginalista y nos encontramos con que no ya nosotros y nosotras, las gentes de izquierda, que podemos llevar años pidiendo salir de esta espiral de locura de precios, sino que la propia comisaria, la señora Ursula von der Leyen, que no creo que por lo general coincida mucho con nuestros planteamientos, dice que hace falta una reforma enorme del sistema, porque en lo estructural el mercado marginalista es un mercado que obedecía a una coyuntura anterior que ya no se da, que era la de la necesidad de implementar el peso de las renovables, y lo que hace ahora es distorsionar el mercado. Por tanto, creo que ese es el elemento. Es más, dice que lo que llamaron la caja de herramientas de la Unión Europea para hacer frente a la crisis energética no cambia nada realmente en la estructura del mercado y que, por tanto, más allá de un efecto paliativo, no sirve para mucho más. Señala de ese modo que lo que hay que hacer son cambios profundos. Pues eso es lo que creemos que toca. Creemos que tienen que hacerle caso. Creemos que en este caso — quizá solo en este caso— tienen que hacerle caso y provocar cambios más profundos que realmente — hay que ser conscientes— les enfrentarán al oligopolio eléctrico, pero es que creo que ustedes están gobernando para la ciudadanía y no para los miembros de los consejos de administración del oligopolio eléctrico, o eso quisiéramos pensar todos y todas. Y creemos que, de la misma manera que hace tiempo decíamos que hay que indexar el gas, habría que recuperar una lógica que nos hiciera salirnos de ese control y dominio sobre nuestras vidas que ejerce el oligopolio eléctrico a través de la distribución y generación de la propia electricidad, que es el autoconsumo eléctrico. Esa es la próxima contienda que hay que sostener para salir de esta lógica de control y chantaje a la que somete el oligopolio eléctrico a la ciudadanía, que es la del autoconsumo eléctrico, que los ciudadanos y ciudadanas puedan generar electricidad, puedan valerse de ella y puedan así, de alguna manera, salirse, como digo, de los circuitos del oligopolio eléctrico. Eso ya se está haciendo en lugares como Alemania, sin ir más lejos, donde tienen una experiencia bastante dilatada y ya son muchos, miles, por no decir cientos de miles, los ciudadanos y ciudadanas que consiguen hacer frente a esa realidad de este modo. Termino con una cuestión que es una alerta. Señalando que vamos a votar a favor y que los dogmas neoliberales no son más que mantras, en muchos casos sin ningún tipo de solidez argumental y, desde luego, sin ninguna razón de verdad absoluta, le diré que tenemos que estar alerta porque la situación actual nos hace depender de Estados Unidos. Si la energía es necesaria para mover el mundo y quien controla la energía y abastece a otros es alguien que tiene una visión de imperio sobre el planeta, yo creo que nos pone a todos en una seria advertencia. No creo que sea bueno que el Estado español dependa prácticamente en exclusiva del gas y del petróleo de Estados Unidos, porque la visión de Estados Unidos nunca es de colaboración, sino que es una visión de cooptación y a veces — en muchos casos— de sumisión. .

  66. Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

    Gracias, presidenta. Eguerdi on. Hoy debatimos el decreto para convalidar esa medida, que nosotros tachábamos de estrella, para reducir el precio de la electricidad — el desacople del gas o la llamada excepción ibérica—, a la que Europa finalmente dio su visto bueno y autorizó ayer. Decía: una medida adecuada, necesaria y proporcionada que, además, respeta el funcionamiento del mercado eléctrico, que sigue funcionando como un mercado marginalista. Mi grupo va a votar a favor de la convalidación, básicamente por tres motivos: porque va a posibilitar la reducción de la factura — según nuestros cálculos, vicepresidenta, en torno a un 15 o un 20 %, aunque igual es algo más—; porque incluye el mandato de modificar la metodología del cálculo de la PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos a plazo y el mercado spot o diario, que va a hacer que los precios sean mucho más justos y, desde luego, mucho más equilibrados; y también porque va a poner algo de liquidez, de demanda en los mercados a plazo. Ante esta escalada de precios, es necesario que los consumidores domésticos — pymes, industria, los consumidores de electricidad— consigan precios mucho más competitivos que hoy no tienen porque el precio del mercado mayorista, como todos sabemos, se fija en un mercado marginal en el que la tecnología más cara es la que está marcando el precio para todos los generadores: el gas, un gas que en los últimos meses ha subido muchísimo de precio, un aumento de precio que ya no es coyuntural en un mercado del gas muy congestionado y con una demanda que va a seguir siendo alta. Por eso, es necesario desacoplar el precio del gas natural en el mercado diario y para ello el Gobierno nos ha propuesto esta medida, una medida compleja, pero necesaria ante la complicada situación energética derivada de la recuperación, recrudecida también por la guerra en Ucrania, que está viviendo Europa, y en particular en el Estado que ha hecho que los precios de la energía hayan aumentado de forma alarmante. Una medida temporal — doce meses, hasta el 31 de mayo de 2023— que ha sido ideada para amortiguar la brusca escalada de precios de la electricidad, que se traduce en muchos casos en una factura muy difícil de asumir por los consumidores domésticos y empresas y, en particular, por los industriales y que va a beneficiar a todos los consumidores de electricidad, tanto a los que tengan contratos con precios variables indexados al pool, como PVPC, como a los que tengan contratos con precios fijos, que lo percibirán si renuevan o los cambian durante el año de vigencia del mecanismo. Únicamente los consumidores con contratos a precios fijos a largo plazo suscritos antes del 26 de abril de 2022 y con vencimiento de precios a largo plazo, después del año de aplicación de la medida, no se van a ver afectados por esta medida. El coste del ajuste, además, se asume por los consumidores que se beneficien de la reducción del precio. Una medida necesaria en tanto en cuanto no se aborde esa reforma del mercado marginalista, un mercado que implica un mismo precio, como he dicho, para la electricidad, con independencia de la tecnología y de los costes de generación; un mercado que fue pensado cuando los costes fijos y variables de las distintas tecnologías eran muy similares, pero que ahora debería ser modificado porque dichos costes son muy distintos dependiendo de la tecnología; un mercado que ahora, como dijo ayer la comisaria, está siendo cuestionado por Bruselas y que la presidenta de la Comisión Europea ve necesario reformar. Desde luego, contará con el apoyo de mi grupo. Una medida, además, que Europa tampoco ha descartado aplicar en caso de turbulencias mucho más severas. Como he dicho, es una medida necesaria que hará que el precio se reduzca, pero que es temporal, no estructural. Lo cierto es que mi grupo siempre ha creído que era el momento de ir más allá y ha abogado aquí en varias iniciativas por otras dos reformas que ya se vislumbran en el decreto y que no necesitan autorización europea: reformular la tarifa PVPC y hacer que el mercado a plazo tenga mayor liquidez. Reformular esa tarifa PVPC para poder tener precios menos volátiles, que no esté indexada exclusivamente al pool — eso es lo que llamamos nosotros diversificar el aprovisionamiento—, sino que esté indexada parte al pool y parte a mercado de futuros. Y hay que hacer también que el mercado a plazo tenga mayor liquidez o demanda, para que los generadores tengan el incentivo de acudir a este mercado a cerrar posiciones, porque no acuden porque todos los contratos se cierran entre los contratos intragrupos, entre generación y comercializadores. Por eso hay que provocar mayor liquidez también por el lado de la oferta, para poder tener esos precios mucho más competitivos y más ciertos en competencia. Son dos reformas que ya se vislumbran en el decreto, porque a partir del año 2023 obliga a modificar el cálculo de la tarifa regulada y modifica la retribución de las tecnologías adheridas al Recore, dejando de ser la referencia única de retribución el mercado spot y añadiendo referencias al mercado a plazo. Fíjese, ministra o vicepresidenta, que sin haber estado en vigor esta medida, desde que se anunció por Europa que iba a estudiar esta propuesta de tope del precio de gas para la generación eléctrica en España y Portugal, los precios de los mercados a futuro, sin estar en aplicación, se han estabilizado aquí mientras que en el resto de Europa siguen su tendencia al alza. Por ejemplo, el precio del segundo semestre de 2022 cotiza aquí a 150 euros megavatio/hora mientras que en Francia supera los 350 euros megavatio/hora. Por eso es necesario hacer que ese mercado tenga mucha mayor liquidez. Por poner una pega al decreto, ministra, solamente diré que no recoge una memoria económica sobre el impacto que puede tener esta medida en el sector y en los consumidores eléctricos y que se incluye algún otro tipo de medida que ya han dicho aquí que nada tiene que ver con este mercado. Por tanto, medida paliativa — desacople de gas—, pero también mandato para reformular la tarifa PVPC, y medida para hacer que el mercado de futuros tenga liquidez. Es un paso, pero creo que es un gran paso que hasta ahora nadie se había atrevido a dar. Muchísimas gracias.

  67. María Carmen Martínez Granados Cs

    Gracias, presidenta. Señorías, vicepresidenta, una vez más traemos aquí un tema muy importante, como puede ser plantear iniciativas que nos ayuden a reducir la factura de la luz. En esta ocasión es una medida que se anunció hace muchísimas semanas, pero que hasta hoy no llega a esta Cámara. Llega tarde, ministra, hace mucho que lo anunciaron, y ustedes lo saben, porque llevan meses vendiendo como una gran victoria esta llamada excepción ibérica, pero los españoles han tenido que ver cómo pasaban las semanas y el prometido alivio se seguía retrasando. Ya hace mucho, como les digo, que el Consejo Europeo autorizó a los Estados miembros a tomar medidas excepcionales para bajar el precio de la electricidad, y ustedes utilizaron el Consejo Europeo del día 25 justamente para decir que habían conseguido algo fantástico, que era topar el gas, y que lo habían conseguido con la excepcionalidad ibérica, cosa que después hemos visto que no era así, porque justo hasta ayer no dieron el visto bueno desde Europa al tope del gas. El 13 de mayo, después de las también habituales disputas dentro de su Gobierno de coalición, llevaron este mecanismo al Consejo de Ministros para rubricar el límite del precio del gas. Entonces, la ministra Ribera decía que en unos diez días ya lo tendríamos aquí, porque lo único que necesitaba era el okey de Europa, pero es que finalmente ha llegado dos meses más tarde, dos meses de facturas para empresas y para familias, pues vamos a encontrarnos con que hasta junio no va a tener efecto real en las facturas de los españoles. En todo caso, pensando además que han perdido un tiempo muy valioso, tienen que saber y saben que los ciudadanos han visto cómo estos meses les ha afectado la inflación, lo que les iba limitando su poder adquisitivo, y que seguía sin bajar mientras la factura de la luz seguía creciendo. Ustedes llegan tarde, pero celebramos realmente que hayan tomado alguna medida, aunque ya estamos acostumbrados a que su historial de promesas incumplidas no se limita solo a la fecha en la que supuestamente van a entrar en vigor los mecanismos de control, sino que la hemeroteca no miente, el Gobierno siempre llega tarde. En su momento decían que el mecanismo de ajuste para topar el precio del gas reduciría el precio medio del mercado en 80 euros megavatio/hora durante los siguientes doce meses, pero, como siempre, sus predicciones están basadas en el optimismo y no en la realidad. Con el precio de gas actualmente previsto en los mercados a plazo, el mecanismo reducirá el precio de la electricidad en poco más de 50 euros el megavatio/hora. Sin embargo, dado que los consumidores se benefician de la caída en el precio del mercado, deberán sufragar las subvenciones a las centrales, tal y como prevé el real decreto. La reducción real, por tanto, no llegará ni a 25 euros el megavatio/hora. Pero todo esto ya lo sabe usted, lo sabe el señor Sánchez y ahora tienen que saberlo las familias. De hecho, por eso ayer mismo rebajó las expectativas de la rebaja para consumidores y empresas hasta el 15 % o el 20 %, la mitad de lo que su Gobierno prometió a todos los españoles, como digo, a bombo y platillo. Señores del Gobierno, ¿se han preguntado en algún momento qué impacto tendrá en el precio del gas el reciente anuncio de la decisión del Gobierno de Argelia de suspender el tratado de amistad y buena vecindad con nuestro país tras las declaraciones del señor Sánchez aquí, en esta Cámara? ¿Se lo han preguntado? Yo creo que no, porque llevan diciendo meses que no había ningún problema con Argelia, y ahora podemos decir que suceden dos cosas, o bien que mentían o bien que son unos incompetentes y no han sabido solucionar este problema. Apenas unas horas después de que el Gobierno sacase pecho en esta misma Cámara con la excepción ibérica, el señor Sánchez consigue poner en jaque las importaciones de gas por parte de Argelia por sus declaraciones. Son expertos en no salir de un charco para meterse en el siguiente. . Parece que la comparecencia del señor Sánchez sobre Marruecos dejó con dudas a todo el mundo, pero a Argelia no le quedó ninguna duda; ellos lo han visto claro, porque conocen ya al señor Sánchez, conocen cómo actúa y saben cómo se las gasta. Otra pregunta. ¿Ustedes han pensado cómo van a evitar que países vecinos compren esta energía subvencionada a España? Usted ha comentado que no la vamos a pagar los españoles, pero sí, señora ministra, la vamos a pagar todos en nuestra factura de la luz y estaremos pagando esta reducción de energía que usted ha buscado para esa excepción ibérica a los franceses, que nos comprarán a nosotros la energía más barata, y aquí todos contentos, porque, ¿quién paga? Pagan los ciudadanos. Desde Bruselas ya se rechazó esta medida que ustedes quisieron implantar, porque ustedes quisieron poner un límite más alto a las exportaciones de gas hacia Francia. Si ustedes lo hicieron, sería porque realmente pensaban que esto iba a suceder y ahora quieren taparlo y quieren negarlo, y eso no es así. De hecho, ya se empieza a hablar sobre la posibilidad de que Francia, con unos precios que se aproximan a los 500 euros el megavatio/hora, ponga sus ojos en comprar la energía a España aprovechándose de que el precio será más bajo, algo que va a tener consecuencias también con el resto de países europeos. A pesar de todo esto, desde Ciudadanos apoyaremos este real decreto-ley, y lo hacemos porque se ha dado el visto bueno desde Bruselas, no por otros motivos. Aprovecho para recordarle lo que le ha recordado ya la Comisión Europea: que además de permitir a España y Portugal reducir el precio de la electricidad, con esta medida se le solicita que haga una serie de reformas estructurales que solucionen los problemas que puedan llegar en el futuro. Desde Ciudadanos hemos planteado muchísimas iniciativas, y volvemos a dejárselas encima de la mesa, para que vayan solucionando el problema de base que tiene el sistema eléctrico español. Llevamos tiempo advirtiendo de la necesidad de solventar los problemas que tiene el sector eléctrico y, sobre todo, cómo redunda en el pago de las facturas de todos los ciudadanos. Desde Ciudadanos, como le digo, apoyaremos esta iniciativa, pero creemos que es el momento de que el Gobierno reaccione, cumpla con la Comisión Europea y tome medidas decididas que tengan un impacto real en la factura de los españoles. Muchas gracias. .

  68. Néstor Rego Candamil BNG

    Grazas, señor presidente. Señora vicepresidenta, la principal modificación propuesta en este real decreto — digo la principal porque, como ya escuchamos, hay otras— se centra en topar el precio del gas para la generación eléctrica. Este tope estaría en funcionamiento durante seis meses, después iría subiendo en tramos de 5 euros megavatio cada mes durante otros seis meses, y solo será de aplicación hasta el 31 de mayo de 2023, es decir, es una medida temporal, todo ello con el objetivo declarado de bajar el precio de la luz a los consumidores y consumidoras. El primer gran problema que vemos es que la diferencia entre el precio real del gas y el precio topado la van a acabar pagando las personas consumidoras, en primer lugar las del mercado regulado, y posteriormente se va a trasladar al mercado libre, según se vayan renovando contratos. Es decir, vamos a pagar, sí o sí, las clases populares. A pesar de la retórica aquí, en tribuna, realmente los beneficios de las grandes energéticas nunca se tocan. El segundo es que, una vez más, se opta por una medida puntual, parcial, en vez de abordar una reforma en profundidad del mercado eléctrico, especialmente del sistema marginalista. Con estas medidas el precio en el pool debería quedar en torno a los 125 euros megavatio, que, no lo olvidemos, es el doble del precio del año más caro, 2018, con 58 euros megavatio. Sigue siendo muy caro. En todo caso, es verdad que podría resultar una bajada, probablemente más cerca del 15 % que del 30 % o 37 %…

  69. Néstor Rego Candamil BNG

    … del que usted hablaba, pero importante en estos momentos. Tenemos claro que es una medida insuficiente, pero absolutamente necesaria. Obrigado.

  70. Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Gracias, presidente. Vicepresidenta, señorías, intervendré brevemente. Ya sé que no es habitual y no lo escuchan mucho, pero, en todo caso, yo quiero felicitar al Gobierno porque, visto en perspectiva, no era fácil conseguir esta excepción ibérica. Veremos los resultados. No era fácil, pero en el marco de la negociación en la Unión Europea, Portugal y España lo han conseguido y, por tanto, se debe reconocer. Ahora se debe implementar. Veremos a partir del martes próximo, que es cuando va a entrar en vigor, el efecto real sobre esta estimación de un 15 o un 20 %, que seguro que a todos nos parece poco, pero que es un paso muy importante y, por tanto, va a contar con nuestro voto. Me es difícil entender que alguien no lo apoye, más allá de que seguramente todos quisiéramos mucho más. Hasta aquí la primera parte. La segunda parte es la que nos quedó pendiente ayer, vicepresidenta. Yo le pregunté al presidente del Gobierno en mi intervención, a raíz de la declaración conjunta con Marruecos y la carta que envió al rey de Marruecos, los efectos que podía tener en las relaciones con Argelia. Con mucha tranquilidad — realmente yo quedé tranquilo hasta dos o tres horas más tarde—, el presidente del Gobierno me dice: Esté tranquilo porque no nos afecta para nada en nuestras relaciones con Argelia. A las pocas horas, por no decir pocos minutos, Argelia suspende el acuerdo de amistad y cooperación del año 2002, si no recuerdo mal. Vamos a ver si esto tiene realmente unos efectos sobre el suministro del gas que no compensen, desgraciadamente, una parte del efecto positivo de esta medida que hoy aprobamos. Muchísimas gracias.

  71. Pilar Calvo Gómez JxCat-JUNTS (Junts)

    Veníamos a hablar del mecanismo de ajuste de producción eléctrica por el topado del gas, pero la actualidad se impone. Ayer, Argelia, país suministrador del 25 % del gas que se consume en el Estado, rompió relaciones con España, señora vicepresidenta, pero escuchamos al ministro de Exteriores decir que está tranquilo. Hoy los bancos argelinos han congelado las domiciliaciones bancarias relacionadas con operaciones de comercio exterior, la exportación de gas es una… ¿De verdad hay que estar tranquilos? Una última hora, la portavoz de Exteriores de la Unión Europea acaba de decir que está extremadamente preocupada. Ha dicho Albares — insisto— que están tranquilos porque el Gobierno argelino es conocido por ser un socio fiable, justo lo que no se puede decir de este Gobierno. Vaya embrollo que han organizado con Argelia, que va ampliando acuerdos de explotación de gas, pero con Italia. Vamos al real decreto. Los expertos de prestigio en la materia me comentan que es intencionadamente opaco y denso. Es imposible determinar en detalle el impacto de las medidas que proponen para crear un mecanismo de ajuste del coste de producción de la electricidad que depende de las tecnologías que utilizan el gas. Casi podemos decir — o hacer la broma— que vamos a necesitar un mecanismo para entender el mecanismo. Ese ajuste debe gestionar la diferencia entre el precio del gas en el mercado spot y el precio topado que España y Portugal han pactado con la Unión Europea durante doce meses, que va de 40 a 70 euros megavatio/hora. Lo que se pretende es que la diferencia de coste de producción — lo que le cuesta a la empresa producir la electricidad y lo que en realidad se le va a permitir repercutir— se reparta entre las distribuidoras, las comercializadoras y los consumidores. Vamos a ver los pros y los contras. El mecanismo bajará el precio de la subasta, pero no de manera ostensible. Esto es así porque el diferencial en el coste solo lo van a soportar algunos actores del mercado. Por ejemplo, las nucleares, que han pactado contratos a precio fijo con determinados clientes, se librarán de ir, como suele decirse, a escote. Y nada impide a las hidráulicas marcar precios desorbitados, como ya hicieron durante la crisis, beneficiándose ellas y también las generadoras de ciclo combinado. A favor. Se promete cambiar la formación de la tarifa regulada para el pequeño consumidor para incentivar que las comercializadoras de último recurso compren la energía a largo plazo y eviten la volatilidad de precios, pero se quejan los pequeños comercializadores de que el Gobierno les provoca inestabilidad y les va a hacer quedar como los malos de la película, porque van a tener que ser ellos los que notifiquen la subida de la factura al cliente. Ese es, sin duda, también un gran punto en contra porque, para más inri, las cinco grandes compañías, cuando vieron que les iban a cortar los beneficios caídos del cielo, hicieron contratos bilaterales con sus propios grupos y venden la energía a 171 euros megavatio/hora. Además, a pesar de vender a sus clientes mes a mes, como los contratos que no se modifican se pueden prorrogar automáticamente, los cuelan como contratos a largo plazo y se libran también de compensar solidariamente el ajuste, por lo menos de momento. Vamos a ver si el mercado spot, gracias al mecanismo, acaba corrigiendo la situación, pero tenemos muchas dudas. Tantas dudas como las que suscita la diplomacia del señor Albares en que no vaya a seguir poniendo en riesgo los acuerdos con Argelia para el gas. Nos abstendremos.

  72. Joan Capdevila i Esteve ERC-S

    ¡Qué suerte que el PP cuida de mi outfit! . Yo se lo agradezco porque seguro que mi madre me reñiría. Buenas tardes, señora vicepresidenta; buenas tardes, señorías. Una jornada particular — traduciendo literalmente del italiano— que los enfermos de la energía, los convencidos de que la transformación energética puede ser una potente palanca también de cambio social, seguramente anotaremos en nuestro dietario, aunque el aforo no parezca acreditar que esa opinión sea compartida. Hoy traen a debate una de sus medidas estrella para bajar el precio de la luz, que es topar el límite del precio del gas. Como les gusta a ustedes la emoción, ayer mismo en el último minuto, a última hora de la tarde conocíamos que la Comisión Europea, por fin, había dado el visto bueno a la llamada excepción ibérica. No hay ironía en mi comentario, lo celebramos. Compartimos, y así se lo hemos hecho saber en numerosas ocasiones, la necesidad de limitar el precio del gas, que lleva meses registrando unos precios insostenibles, pero quedamos a la espera de ver la letra pequeña y sus efectos. La situación es crítica, llevábamos meses viendo disparados los precios de la electricidad. Está claro que deben implementar medidas de calado. Creemos que esta medida tendrá efectos positivos claros al reducir el precio medio del mercado mayorista y de futuros, que, con la que está cayendo, nos hace falta. También nos preguntamos, y se lo han preguntado diversos oradores, qué efectos tendrá sobre la estructura del mercado. ¿Se reducirá la competencia? ¿Lo han evaluado? Le ampara a usted el Reglamento y no tiene que responderme hoy, pero en próximas comparecencias espero que podamos hablar de ello. Hemos insistido, por activa y por pasiva, que el principal problema de la actual configuración del mercado eléctrico es su escasa competencia, que es un mercado oligopólico. Estamos preocupados por los efectos que esta medida pueda comportar sobre la competencia del mercado. Según datos publicados por la CNMC, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Total ganan, entre enero y marzo, en plena crisis de precios, alrededor de 360 000 clientes más, mientras que las comercializadoras independientes pierden más de 320 000 usuarios. Creo que compartimos que ese no es el camino hacia la disrupción del oligopolio. Entendemos, asimismo, que es hora de no poner más parches y de poner las bases del modelo energético que nos permita llegar al día 30 de cada mes y, a la vez, avanzar hacia el 2030 con plena garantía de seguridad de suministro, de reducción de emisiones y, sobre todo, que permita hacer de la energía un factor de competitividad para las empresas y de seguridad para las familias. ¿Cómo? Se dice fácil y reconozco que es difícil, pero combinando fiscalidad y reforma del mercado. Como tantas veces, estamos ante el peligro de dejar que lo urgente pase por delante de lo importante. Sobre lo importante, tienen ustedes, señora vicepresidente, ya la orden y el instrumento: la ley de cambio climático. Se lo hemos preguntado por escrito y, por tanto, tampoco tiene por qué responderlo hoy, pero son más de veinte los incumplimientos de los deberes de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que nos dimos entre todos. Ha pasado más de un año y muchas de ellas creemos que estarían ayudando contra el cambio climático y por una energía más limpia, más justa y más barata. No se los puedo enumerar en un minuto y treinta y nueve segundos, pero sí le voy a citar la disposición final undécima de reforma del sector eléctrico, en la que se establece que, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ejercicio de sus respectivas competencias, presentarán una propuesta de reforma del marco normativo en materia de energía. Sí me queda tiempo, hablando de incumplimientos, para decirle que sigue su ministerio dejando que se pudra, a un coste de oportunidad incalculable pero cienmillonario, la resolución de la regulación de las redes cerradas en los polígonos industriales. Este desorden es culpa de la señora Lagarde. He tenido que tachar muchas cosas. . Ya ha contado usted cómo lo va a hacer. Señalar que este real decreto tiene o incluye otros compromisos: revisar el PVPC antes de 1 de octubre, incluyendo referencias de mercados de futuros; corregir el RECORE; y otras sobre la tarifa social y vulnerables. Permítame que, invocando lo que hace un minuto he señalado como su capacidad de cumplimiento de sus propias normas, le diga que vamos a estar, tanto como podamos, atentos a su cumplimiento. Muchas gracias. .

  73. Juan Antonio López de Uralde Garmendia UP

    Muchas gracias, presidente. Vicepresidenta, señorías, quisiera empezar esta intervención recordando que todavía no hemos llegado al verano en el calendario y ya estamos sufriendo un enorme incendio forestal, nada menos que en la Sierra Bermeja de Málaga. Quiero enviar todo nuestro apoyo a las personas que están en este momento luchando en primera línea contra ese terrible incendio forestal y recordar aquella demanda que debemos retomar, aprobada muy recientemente, de que Sierra Bermeja se integre dentro del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. El gas es el más caro y define todo el precio. Este sistema de mercado ya no funciona, tenemos que reformarlo. Seguramente han escuchado ustedes estas palabras con anterioridad en muchas ocasiones y las han escuchado, la mayor parte de las veces, en boca de portavoces de Unidas Podemos. En esta ocasión estas palabras son, nada menos, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Una vez más, constatamos que sí se puede, que es posible conseguir avances, a pesar de que nos digan que es imposible, que la burocracia lo impide, que Bruselas lo impide. Creo que es necesario en política reconocer el buen hacer y cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo. En este caso, tanto la vicepresidenta como el presidente del Gobierno han hecho un enorme esfuerzo de viajes, de negociaciones con los distintos gobiernos europeos para conseguir esto que hoy tenemos sobre la mesa y que, sin lugar a dudas, es una buena noticia para nuestro país y es una buena noticia para los consumidores, y así lo tenemos que reconocer porque creo que cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo. Muchas gracias, vicepresidenta; muchas gracias, presidente del Gobierno. Nosotros, evidentemente, compartimos la reflexión de quienes piensan que hay que ir mucho más allá. Por supuesto que sí. Esto es una medida provisional, es una medida que tiene un plazo hasta el final del próximo invierno y, por lo tanto, nosotros creemos que esta reforma del sistema del mercado eléctrico tiene que consolidarse y tiene que ir mucho más allá. Además, vamos a insistir, una vez más, en otra demanda que consideramos imprescindible, que es la demanda de una empresa pública de energía. También se nos ha dicho muchas veces que es imposible, pero creemos que es imprescindible. Por eso, vamos a seguir trabajando para que esa demanda se convierta en realidad. Porque, desgraciadamente, el oligopolio sigue beneficiándose en nuestra cara, el oligopolio eléctrico se permite llamar tontos a los consumidores que tienen una tarifa PVPC y el lobby de las eléctricas ha intentado enfangar estas negociaciones al considerar injusta la propuesta hispanolusa de topar el gas porque recorta sus beneficios caídos del cielo. De hecho, las empresas del oligopolio han interferido con estas negociaciones, enviado cartas a Bruselas y han tratado de evitar que esto fuera para adelante. Estas presiones son inaceptables, pero no son nuevas. Ya hemos vivido cómo, cuando no se aceptan las presiones para reducir los impuestos de las nucleares, la respuesta del oligopolio es amenazar con el cierre de las centrales nucleares y así sucesivamente. Por lo tanto, es imprescindible acabar con este oligopolio y es imprescindible hacerlo a través de la conformación de una empresa pública de energía. Cuanto más tardemos en hacerlo será peor. . Quería dedicar alguna reflexión a las recetas que vienen desde la derecha. Claro, aquí se critican los esfuerzos que se hacen desde el Gobierno para conseguir reducir el precio de la luz y se hacen propuestas que son absolutamente disparatadas por parte de la derecha. Empecemos, por ejemplo, por la receta nuclear. Se ha hablado aquí de la cuestión de la exportación de energía a Francia. ¿Saben ustedes por qué estamos exportando energía a Francia? Porque la mitad de sus centrales nucleares están paradas por problemas técnicos o por problemas de seguridad. Esa receta que ustedes proponen es una receta fracasada. Por eso, en las últimas semanas se está exportando energía a Francia e, indudablemente, eso puede tener una repercusión, si no se aborda, sobre el coste para el consumidor español. Es decir, los fallos de las nucleares francesas, si no se abordan, tendrán un impacto negativo para el consumidor español. Pero es que la receta nuclear es una receta fracasada, y recientemente hemos conocido el último caso. Ya hablamos en su día de Flamanville III; ahora podemos hablar de la británica Hinkley Point C, que ha anunciado el aumento de 3000 millones de euros y otro retraso en su puesta en marcha, hasta mediados de 2027. Es decir, que si la respuesta a la crisis energética que tenemos fueran sus centrales nucleares, nos costaría muchísimo más caro y además no llegarían a tiempo. Otra receta que ustedes han puesto sobre la mesa ha sido la derogación — ayer lo dijo el representante de VOX— de la ley de cambio climático. He mencionado el incendio en Sierra Bermeja, que es sin lugar a dudas uno más de los muchos efectos que estamos teniendo del cambio climático, y toda la receta que ustedes aportan ante este problema es la derogación de la única ley que tenemos que trata de hacer frente a esta situación. Niegan ustedes la evidencia científica y niegan la realidad de las medidas que se están tomando por parte de este Gobierno para sacar a nuestro país adelante ante una crisis energética global que tiene raíces muy profundas en temas diversos, uno de ellos la guerra de Ucrania, pero que no es el único, desde luego. En definitiva, en esta encrucijada en la que estamos nosotros continuamos apostando por acelerar la transición energética. Aquí no hay otra salida que acelerar la transición hacia un modelo basado en las fuentes de energías renovables, que son las que pueden sacarnos de esta continua crisis en la que estamos inmersos. Mientras tanto, este esfuerzo que ha hecho el Gobierno y esta medida que hoy aprobaremos hay que reconocerlos, hay que valorarlos y hay que apoyarlos. Muchas gracias. .

  74. Mireia Borrás Pabón VOX

    Señora ministra, hoy asistimos a un nuevo juego de trileros del Gobierno, que es la intervención de precios del gas para intentar rebajar la escalada de precios de la factura eléctrica. En un momento en el que, nada más terminar de hablar Pedro Sánchez ayer en esta misma tribuna, Argelia suspende el tratado de amistad y decide cortar relaciones comerciales con España; Argelia, que nos suministra casi la mitad del gas a los españoles, rompe desde hoy mismo relaciones con España. Claro, no se podía saber. . Siendo este el punto de partida, cuando lo primero que está en riesgo es el propio suministro del gas y lo segundo el mayor encarecimiento de su precio, este real decreto pasa a ser como otra hoja parroquial de la Moncloa que no van a leer ni los feligreses del PSOE, porque ya saben de antemano que no va a servir de absolutamente nada. Pero es que esto, señora ministra, ya se lo advirtió ayer Santiago Abascal a Sánchez, el autócrata, al igual que VOX fue el único grupo parlamentario en advertir las consecuencias de su fanatismo climático, que hoy sufrimos todos; un país como España, bendecido de recursos, talento y oportunidades, pero al que quieren condenar a no poder aprovecharlos. Y en medio de toda esta incompetencia, asistimos al nuevo timo energético del Gobierno, un timo que acabarán pagando los de siempre, con un real decreto-ley en el que además no salen las cuentas, porque hablaban inicialmente de una rebaja en la factura de un 30 %, luego cambiaron su posición a un 15 % y los expertos ya empezaban a hablar de una rebaja de tan solo un 5 %. Veremos en qué queda realmente esta rebaja o si, por el contrario, finalmente va a suponer un incremento de la factura a todos los españoles, tanto los de mercado libre como los de mercado regulado. Como saben, el gas cotiza diariamente en el mercado ibérico del gas y ha cotizado una media de unos 95 euros megavatio/hora en los primeros cuatro meses del año. Prepárense ahora para los precios que vienen a raíz de la últimas noticias de Argelia, porque, como usted ha explicado, ministra, en este real decreto-ley efectivamente pretenden limitar el precio del gas durante un año, empezando por 40 euros megavatio/hora, para ir incrementándolo mensualmente hasta los 70 euros megavatio/hora, hasta que quede más o menos una media en todo el periodo de unos 50 euros megavatio/hora. Es decir, esto a priori sonaría muy bien si no fuera porque es tan solo un espejismo. ¿Y por qué es un espejismo? Porque, aunque efectivamente aparece un precio más bajo en el mercado mayorista de la electricidad, este recorte no se ve reflejado en una rebaja efectiva de los contratos o facturas, porque lo que plantea el Gobierno es subvencionar el precio real del gas a las centrales fósiles, a las centrales de ciclo combinado, al carbón y a la cogeneración, para que así estas centrales puedan percibir el precio real del gas aunque en el mercado mayorista figure el precio limitado. Y aquí está la trampa. ¿Quién ha decidido el Gobierno que va a ser el que pague esta subvención o diferencial de precio a las centrales? ¿Ustedes, señores del Gobierno? No, por supuesto, claro que no. ¿Cómo va a ser el Gobierno? Son los de siempre, los ciudadanos , los consumidores de electricidad, los que ha decidido el Gobierno que lleven sobre sus hombros el coste de esta subvención. ¿Y cuáles son las consecuencias para ellos? En primer lugar, el incremento de precios de las facturas y de los contratos en el mercado libre, que a medida que se vayan renovando verán incrementado su precio. Y, en segundo lugar, un precio final en el mercado mayorista de electricidad que, según las estimaciones del propio Gobierno, roza los 130 euros megavatio/ hora; 130 euros megavatio/hora. ¿Y ustedes, señores socialistas y comunistas, son los que van a acabar con los beneficios extraordinarios de las eléctricas, a 130 euros megavatio/hora? . Pero es que, además, en la factura que pagan los españoles tenemos que sumar, aparte de estos 130 euros megavatio/hora, el coste de la subvención. Y, en definitiva, sumando costes y descontando las rentas de cogestión, nos daría como resultado casi 170 euros megavatio/hora. Señora ministra, las cuentas no salen, no salen las cuentas que ha hecho este Gobierno. Y es que con su deriva chavista han normalizado que paguemos más de 2 euros por litro de gasolina, que paguemos un 30 % más en la cesta de la compra, y ahora quieren que también normalicemos unos precios de la luz de casi 200 euros megavatio/hora. Y no lo vamos a normalizar, señorías , no lo vamos a normalizar. ¿Saben por qué? Porque en España se puede bajar el precio de la factura energética drásticamente, se puede hacer, en primer lugar, si eliminamos de la factura eléctrica el buroprecio, el precio que todos los españoles estamos pagando en burocracia inútil, en impuestos verdes y en sus juegos de trileros, como este déficit del gas que ahora nos querrán imponer. En segundo lugar, se puede reducir si podemos disponer de todos nuestros recursos y yacimientos necesarios para el futuro de la energía en España, en vez de — como hace Sánchez, el autócrata— regalárselo todo a Marruecos, dios sabe a cambio de qué. Y, en tercer lugar, si hubieran acudido los diputados de esta Cámara — y la incluyo también a usted, señora ministra— a las ponencias que este grupo parlamentario ofreció la semana pasada en este mismo Congreso, con máximos expertos de energía, con geólogos, ingenieros, expertos en renovables, en hidrógeno, en nuclear, expertos de todas las tecnologías — sí, de todas las tecnologías, porque, a diferencia de ustedes, nosotros no somos sectarios—, si hubieran acudido — que no les hubiera venido mal a muchos de los que están hoy aquí presentes, por otra parte— sabrían que España tiene todo, absolutamente todo, para ser un país mucho más soberano energéticamente, mucho más de lo que es actualmente, con una dependencia del 70 %. . Porque, señorías, existe una realidad técnica inherente a nuestro potencial energético y esta realidad es precisamente la que ustedes niegan de forma sectaria y kamikaze: que la energía nuclear es necesaria en nuestra transición energética; que no sirve de nada prohibir el fracking, la nuclear o el carbón si luego importamos de Estados Unidos, Francia y Marruecos energía producida con fracking, nuclear y carbón; que más del 60 % de la factura son impuestos que les benefician solo a ustedes; que el bono de 20 céntimos de gasoil no funciona porque los españoles ya están pagando más de 2 euros el litro, y ahora, con la tramitación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, todavía les va a subir 10 céntimos más por litro. Pero, ustedes, ¿en qué realidad viven, señora ministra? ¿En qué realidad viven? Vienen ustedes del más absoluto inmovilismo y ahora son activos en querer sabotear este país. Termino. Los españoles están hartos de ustedes y de sus políticas que les arruinan y ¿saben lo que gritan? Gritan desesperadamente por un cambio real. Y, sí, tengan mucho miedo…

  75. Mireia Borrás Pabón VOX

    Ya termino, presidente, muchas gracias.

  76. Mireia Borrás Pabón VOX

    Desde luego, tengan mucho miedo, porque el cambio real viene para quedarse y para echarles a todos ustedes, sus chiringuitos y su fanatismo de la Moncloa. Muchas gracias. .

  77. Guillermo Mariscal Anaya PP

    Gracias, presidente. Desgraciadamente, tenemos un presidente del Gobierno que carece de factores inhibitorios y, por tanto, cada vez que interviene y hace mención al Sáhara nos mete a todos los españoles en problemas. En octubre consiguió que se cerrara el gasoducto que atraviesa Marruecos y ayer, con su intervención, ha puesto en riesgo el 30 % del gas que utiliza nuestro país. . Diez BCM u once teravatios, elijan ustedes la medida que consideren oportuna. Un error más que pone en riesgo el abastecimiento energético de nuestro país. La excepción ibérica no es un triunfo, señora vicepresidenta, es la manifestación inequívoca de un fracaso de política energética. Se lo he dicho muchas veces y se lo voy a explicar detalladamente. En primer lugar, porque tenemos una escasa interconexión. ¿Cuántos metros de gasoducto o de transporte eléctrico han aumentado en interconexiones entre España y estos países que están en la frontera? Cero. Usted dijo en el Consejo de junio — no de este año, sino del año pasado— que no había por qué alargar innecesariamente infraestructuras como estas. También dijo que no habría que hacer ningún tipo de referencia al gas, marcada como siempre por un sectarismo y unos principios ideológicos que impiden dar garantía al trilema energético, es decir, un precio razonable veinticuatro horas/siete días a la semana y manteniendo la sostenibilidad medioambiental. Por su ideología radical, que hace un año tuvo que rectificar y ha vuelto a rectificar en el día de ayer. Y no solamente interconexiones, también dice que hay un exceso de dependencia del gas. ¿Eso de quién es responsabilidad? Desde que llegó aquí usted ha tratado de reducir la oferta: ni carbón ni nuclear ni hidráulica. ¿Qué hizo? Disminuir la oferta y, por tanto, con una demanda rígida, aumentar los precios. Es usted la responsable, señora vicepresidenta, es usted la responsable. . Voy a formular preguntas, porque he escuchado a algunos de mis compañeros y aquí hay mucho turista del ideal y hay que intentar llevarles a la realidad. Los consumidores españoles, industrias y domésticos, vamos a subvencionar con 1400 millones de euros a Francia y Portugal. Es decir, habrá empresas francesas y portuguesas que paguen menos por la energía de lo que lo harán las españolas. Gracias, señora vicepresidenta, 1400 millones de euros. Segunda cuestión. El descuento iba a ser muy importante, del 40 %, luego del 30 %, ayer del 20 %, y hoy usted en la radio ha dicho que del 15 %. Por tanto, ese planteamiento que teníamos nosotros de que no iba a alcanzar más del 10 % cada día es más real. Frustración de los consumidores, que van a ver que esta medida prácticamente no va a tener reflejo en sus facturas. En segundo lugar, de manera desigual, a unos sí y a otros no; a los que están indexados al pool — mercado regulado— sí les va a afectar con un descuento, pero ¿y a los que se encuentran con precio fijo? A estos no, solamente cuando renueven los contratos. Por tanto, genera inestabilidad en aquellos que tienen fijado un contrato a un año, por ejemplo, y que cuando lo renueven verán que, de repente, les aparece un coste añadido nuevo y desconocido cuando empezaron esa inversión. ¿Sabe lo que va a conseguir con ello? Probablemente, el cierre durante un año de muchas industrias, que van a ver que sus costes, en este caso de incremento energético, son inasumibles, señora vicepresidenta. Además, nos ha contado que ha hablado con mucha gente. La falta de gobernanza y transparencia de este acuerdo es impresentable. No ha hablado con los grupos políticos de la oposición, no ha hablado con el sector, no se ha hablado con los consumidores. No sabíamos nada de este texto hasta esta mañana. Es decir, estamos convalidando un texto que tenía una cláusula de salvaguarda solamente cuando la Comisión lo aceptase. Lo hizo ayer y hoy tenemos que intentar leernos una orden ministerial que ha publicado esta mañana. ¿Usted cree que esto es razonable, que de esa manera se puede llegar a acuerdos con otras formaciones políticas? Yo creo que no, que demuestra una vez más, insisto, una autosuficiencia y una soberbia impropia de aquel que quiere dirigir la política energética de nuestro país. . Esto supone, sin lugar a dudas, una intervención radical del mercado que genera incógnitas en todos y cada uno de los agentes, productores y consumidores, que va a poner en riesgo inversiones a medio y largo plazo, por ejemplo, en energía renovable. Es decir, cualquier inversor extranjero que quiera invertir en España en energías renovables sabe que de repente les puede llegar un sobrecoste añadido que no estaba contemplado en la inversión inicial. Eso también lo consigue usted con esto. Por supuesto, aumentará la litigiosidad, es decir, aquellos inversores que entiendan que con esta norma se está violentando un contrato previo irán a los juzgados a demandar al Gobierno. Ha dicho doce meses. Hay que contar. Dijimos hasta el 31 de mayo del 2023 y creo que mayo ya pasó, estamos en junio. Once meses, no doce. La medida va a durar once meses, señora vicepresidenta. En cuanto a la cuantía, se está hablando de 6300 millones de euros que vamos a pagar para esta subvención al gas. ¡Ojo!, no es una subvención. Deriva el pago en todos y cada uno de los consumidores españoles, industria y domésticos. No es una subvención. Usted lo que obliga es a pagar entre todos, tengan el contrato que tengan y se abastezcan de la energía que sea, esta subvención o este incremento de costes. Son 6300 millones con el precio del gas de hoy, porque por cada 10 euros que aumente el gas hay que sumar 1500 millones de euros. ¿Esto está previsto en algún sitio? Eso a usted no se lo hemos escuchado. Señora vicepresidenta, ni la cuantía es la que se estipuló ni la rebaja es de la que se habló. Hay una transferencia clarísima de capital entre unos proveedores y otros. No ha informado correctamente a los españoles; el 40 % se ven afectados de inmediato, pero del resto, conforme se vayan renovando los contratos, aquellos que tengan contratos a largo plazo, a un año, tanto industriales como domésticos, van a ver de manera sorpresiva cómo se les sube el precio de la energía eléctrica. Este es el resultado de esta brillante negociación, señora vicepresidenta. Le volvemos a decir que tiene ante sí y ante su mesa la propuesta del Partido Popular que hablaba de rebaja de impuestos y de transferencia de aquellos costes que no son energéticos a los Presupuestos Generales Estado. Quien más puede, quien más capacidad tiene, que es el Gobierno, es quien debería asumir esos costes y, en ningún caso, los consumidores. Muchas gracias. .

  78. Germán Renau Martínez PSOE

    Presidente, señorías, es verdad que estamos viviendo tiempos complicados, yo diría que incluso convulsos. Vemos tensiones enormes en las cadenas de suministro de muchas materias primas, y aunque no es algo exclusivo de los mercados energéticos, sí que es verdad que se están viendo especialmente afectados. Cuando la energía estornuda, toda la economía se resfría, porque la energía está presente en todas las actividades humanas, en todas, sin excepción, y desde el inicio de la recuperación económica, tras los meses más duros de la crisis sanitaria provocada por la COVID, el sector energético se había visto sometido a tensiones importantes debido a los desequilibrios entre la oferta y la demanda. A esto se han sumado los efectos que está provocando la guerra de Putin en Ucrania y la respuesta de la Unión Europea, una respuesta en la que hemos decidido prescindir del gas natural y del petróleo ruso. Es una decisión valiente, acertada, pero que, lógicamente, va a tener consecuencias importantes en el sector de la energía y debemos protegernos, debemos proteger a nuestra ciudadanía. Y eso es lo que hace el Gobierno. El Gobierno lleva todo este tiempo haciendo frente a las consecuencias de esta subida de precios de la energía. El Gobierno ha puesto en marcha medidas para frenar los efectos de este aumento de los costes energéticos y evitar que se trasladen directamente y de forma automática al precio que pagan los consumidores en nuestras facturas. Por eso, durante este último año, el Gobierno ha impulsado muchas medidas que han servido para que los españoles pagásemos en 2021 de media lo mismo que en 2018 por nuestra electricidad. Medidas como la rebaja del IVA; el impuesto especial de la electricidad; cargos y peajes; la suspensión del impuesto a la generación eléctrica; el refuerzo del bono social, haciendo que llegue a muchas más familias y en mayor cuantía; la prohibición de cortes de suministro; la bonificación a la gasolina y al gasoil de 20 céntimos por litro, todas estas medidas, todas sin excepción, las hemos llevado a cabo sin el apoyo de la derecha. . No, sin el apoyo no, con toda su oposición y poniendo cuantos palos en la rueda podían encontrar. Pero es que ya sabemos a quién no defiende la derecha. Cuando hablamos de VOX, la verdad es que ya dije la última vez que intervine desde la tribuna que no vale la pena perder mucho el tiempo con ellos. Sus propuestas, que hasta hace un momento yo pensaba que eran simplemente retrogradas, cada vez me parecen más absurdas, sencillamente, y, sinceramente, yo no sé de dónde las sacan, pero es que ya no valen ni el papel en el que las anotan. . De verdad, no sé en qué mundo viven. . En cuanto al PP, el señor Capdevila ha dicho antes que ayer nos enteramos todos de la aprobación por Bruselas del plan del tope al gas. Bueno, todos no, como decían Uderzo y Goscinny, sobre la aldea de Astérix y Obélix, hay una reducida aldea gala, que en este caso es el señor Feijóo, que ayer parece que no se enteró de que Bruselas había aprobado el tope del precio del gas y estaba dando un discurso diciendo que ni había pasado ni iba a pasar. . Hay que leer las noticias antes de hablar. . Pero es que tampoco es ninguna novedad, no es ninguna novedad, esto le pasa bastante a menudo. Ayer fue el tope al gas, anteayer fue la prima de riesgo, la semana pasada, los fijos discontinuos. Tenemos aquí al señor ‘Fakejóo’ en todo su esplendor. . Me da la sensación de que al señor Feijóo le viene un poquito grande el puesto este nuevo que le han dado. Ya veremos, tendrá tiempo para adaptarse. Lo verdaderamente lamentable, lo auténticamente triste, no es esto, no es esta forma de actuar, es realmente lo que hay en el fondo, lo que hay detrás. Porque ahí lo que expresan son sus verdaderos deseos. Ustedes quieren que a España le vaya mal. Y lo quieren por algún motivo que no alcanzo a comprender, porque piensan que así les va a ir a ustedes mejor, y se equivocan. Si a España le va mal, le va a ir mal a todo el mundo. Y esto no solamente les hace malos políticos. . No, no se rían. Eso les hace malas personas. . Y esto creo que es, de verdad, la única forma en la que se puede explicar que voten contra todas las medidas, sin excepción, que el Gobierno pone en marcha para proteger a la ciudadanía. Esta semana pasada justo se cumplían cuatro años de la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez. Cuatro años de una moción de censura en la que este Congreso desalojó a un gobierno del PP condenado por corrupción. Cuatro años desde que este Congreso decidió devolver la dignidad a la política de este país. . Cuatro años desde que el presidente Rajoy y el bolso de la señora Sáenz de Santamaría se fueron de ese escaño azul. Viendo la actitud del PP de deslealtad constante, continúa, ya no al Gobierno, a la ciudadanía — la deslealtad que tiene es hacia la ciudadanía— y viendo su forma de actuar cuando gobierna, cómo gestionó la anterior crisis económica, viendo cómo decidió que fuera la ciudadanía la que pagara los platos que otros rompían, me pregunto qué decisiones habría tomado el Partido Popular de haber estado gobernando en este momento, en esta crisis. Y la respuesta es muy fácil, es que lo vemos todos los días, lo vemos cada jueves cuando aprietan los botones de colores de los escaños que tienen, vemos cada jueves, con sus votos, las decisiones que habrían estado tomando de haber estado en el Gobierno, que habrían sido contra la ciudadanía. . Hoy vamos a convalidar el Real Decreto 10/2022, con o sin ustedes; con o sin ustedes. Es una ley que pone tope al precio del gas para producir electricidad. Es un éxito colectivo de nuestro país, colectivo del país, excepto para ellos, que parece ser que consideran que es un fracaso porque a España le va a ir mejor, con lo cual, entiendo que, según su lógica, a ustedes les va a ir peor. Este éxito fue puesto en marcha por Pedro Sánchez en el Consejo Europeo de marzo. Y esta es una ley avalada por la Unión Europea, punto por punto y coma por coma. Dicen que no conocían el texto. Bueno, lleva un mes publicado, es que no se lo han leído, porque es exactamente como lo ha aprobado la Unión Europea. Y reconoce la excepcionalidad ibérica, que nos permite poner límites a los precios del gas y nos permitirá poner límites a los precios desbocados de la electricidad que hemos vivido. Es una ley que fomenta la liquidez en los mercados a plazo, y esto dotará de estabilidad y reducirá la volatilidad de los precios. Esta es, en definitiva, una ley que ha generado un nuevo consenso en Europa, liderado por España, para el futuro, para el futuro que viene, para un futuro inmediato donde los combustibles fósiles deben ser residuales, donde imperen las renovables. Señorías del Partido Popular — y con esto termino—, hoy tienen una nueva oportunidad. Aquí nos dedicamos a darles oportunidades: una, otra y otra. Tal vez sea la última, pero la tienen. Esta ley hará que los ciudadanos paguen menos por la electricidad, por su recibo de la luz; a cambio, las eléctricas, que están obteniendo beneficios récord, ganarán un poquito menos. Señorías del PP, nosotros tenemos muy claro de qué lado estamos, la pregunta es de qué lado están ustedes. .

  79. Tomás Guitarte Gimeno ¡Teruel Existe!

    Señor presidente, señorías, hace dos años el Pleno del Congreso aprobó una moción de Teruel Existe por un pacto de Estado por el reequilibrio territorial y contra la despoblación que, entre otras muchas medidas, contenía un acuerdo sobre digitalización para alcanzar la plena conectividad de banda ancha de alta velocidad, fijando ya en aquel momento el estándar de 100 megabits simétricos. Era la aplicación de lo que se denominaba o denominamos Plan 100/30/30, que intenta fijar estándares de calidad en las redes que vertebran el territorio. Hoy estamos debatiendo el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que viene de su tramitación en el Senado; una ley que en su preámbulo se acerca a la mencionada visión de 2020 y señala que el establecimiento de las nuevas redes, al ser palanca de vertebración territorial, puede ayudar a la fijación de población en el territorio combatiendo la despoblación rural. Este es el objetivo que ahora está recogido, en parte, en el articulado, en la nueva disposición adicional trigésima, cuyo texto dice: universalización del acceso a Internet a una velocidad mínima de 100 megabits por segundo. Y, aunque no lo dice, es de bajada. Se entiende que es un servicio universal para redes cableadas. Esta condición de velocidad en la red de banda ancha fue asumida mediante una transaccional en la ley, que recoge parcialmente una de las enmiendas presentada por los senadores de Teruel Existe, así como por las propuestas de otros grupos. El avance fue pasar de los 30 a los 100 megabits por segundo. Sin embargo, estas cifras solo hacen referencia a bajada de datos, olvidando un muy importante matiz, que aportaba nuestra enmienda, el de la simetría, es decir, de bajada y de subida y que supondría un auténtico salto de calidad en las redes de telecomunicaciones en todos los territorios. Esta simetría solo se consigue mediante fibra óptica. Por supuesto que el Congreso debe aceptar la ley con sus cambios, pero es esencial que la Cámara nos escuche y se plantee una reflexión crítica sobre cómo es el acceso a Internet y qué importancia tiene la simetría en la velocidad de acceso a Internet. La simetría en las velocidades de acceso es una cualidad determinante para la red, que se consigue mediante fibra óptica, fibra óptica que, para algunos territorios, parece un lujo, pues, a pesar de los datos de cobertura de Internet en España, la realidad es que, por ejemplo, ni la senadora de Teruel Existe ni este diputado que les habla pueden disponer de fibra en sus respectivos pueblos, Bueña y Cutanda, porque la red no llega. Es posible que a algunos de ustedes les suceda lo mismo. En telecomunicaciones, la velocidad con acceso simétrico, es decir, la igualdad de subida y de bajada en los paquetes de información, pone la red al servicio de las personas, mientras que el mero reconocimiento de los 100 megabits en el acceso, es decir, la velocidad de bajada, solamente pone el énfasis en el coste-beneficio de las compañías que prestan el servicio. Para que la ley cumpla con esa función de engranaje en una sociedad digital, debe garantizar una cualidad generalizada en la red de telecomunicaciones en todo el territorio, la universalización del acceso a Internet a una velocidad mínima de 100 megabits por segundo, pero, insistimos, debe ser una velocidad de 100 megabits por segundo simétricos. La simetría es una condición imprescindible, en la que reside la importancia de la propuesta, ya que marca la tecnología necesaria que debe soportar la banda ancha en la totalidad de los territorios y así ofrecer una velocidad mínima, que seguramente la evolución tecnológica dejará pronto empequeñecida. La red de banda ancha es una infraestructura crítica de subsistencia y, de su velocidad de acceso mínima, 100 megabits simétricos, y generalizada en el territorio, dependerá, sin duda, poder conseguir avances en la competitividad de las empresas, en la calidad de servicio de las administraciones o en la calidad y acceso a las oportunidades de los ciudadanos, residan donde residan. Una mala conectividad, sin velocidad alta ni simetría, es un factor limitante para generar oportunidades en el territorio, y su calidad es una de las causas que amplía o reduce la brecha socioterritorial entre la España vaciada y las grandes ciudades. Sin Internet de calidad, nuestros pueblos se seguirán vaciando y ninguna empresa verá atractivo instalarse fuera de las grandes ciudades y de los polos de influencia. Es una cuestión de voluntad política y de decisión del legislador, pero también es, sin duda, una cuestión de derechos ciudadanos, en el marco del Estado social y de derecho que creó la Constitución española, porque el acceso a Internet debe ser un derecho fundamental que refrende y garantice esta ley y, al igual que otros países avanzados, y España lo es, garantizar también la necesaria velocidad de conexión. El acceso a Internet es ya un derecho universal que, para ser ejercido, debe implicar el acceso con velocidad de subida de al menos 100 megabits que estamos demandando. Con la incorporación de esta condición, abriríamos un abanico de oportunidades laborales y económicas y de calidad de vida para muchos pueblos de la España vaciada. Un acceso de velocidad a Internet en las pequeñas localidades sería la llave para ser destino de quienes allí quieren ir a vivir, a teletrabajar o a hacer turismo. Teletrabajar, señorías, ya no se limita a recibir e-mails. Muchos trabajos, muchas actividades o el propio ocio requieren disponer de una capacidad de subir información a la red, que solo es posible con simetría en las tecnologías de telecomunicaciones. De no llevarse a cabo, condenamos a los residentes en estos territorios, por ejemplo, a no disfrutar de los mismos servicios de ocio, a no tener la misma calidad de servicios básicos, como la sanidad, ni aspirar a servicios telemáticos de atención a mayores ni, por supuesto, a mejorar nuestra sensación de seguridad. No solo hablamos de personas, también hablamos de las empresas que desarrollan su actividad en nuestros territorios. Sin los 100 megabits simétricos, les condenamos a tecnologías, en algunos casos, obsoletas, que no les permitirán evolucionar sus negocios hacia la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, los servicios cloud o la educación a distancia o las máquinas virtuales, por poner algunos ejemplos. Olvídense también de ver la agricultura de precisión, el turismo digital, las aulas 3.0 o una industria 4.0 en la España vaciada. Esperamos que esto no sea lo que se pretende: excluir a estos territorios para que la innovación, la industria y la actividad económica vayan a las grandes macrourbes en las que seguir concentrando actividad económica y población. Quizás, es bueno recordar que, durante la pandemia, los alumnos residentes en muchos municipios rurales tenían muchos problemas para acceder a la red con velocidad suficiente. Esto representaba una limitación añadida en sus actividades de aprendizaje. Hubo que buscar soluciones de urgencia, pero en muchos casos no fue posible ofrecer el servicio. Los 100 megabits simétricos serían un avance tecnológico, que no solo permitiría subsistir a los pueblos, sino que les permitiría avanzar, y ahí está la gran diferencia. No queremos caridad ni cuidados paliativos, sino ser tratados como iguales, de una vez por todas. Muchas gracias.

  80. María Muñoz Vidal Cs

    Gracias, presidente. Buenas tardes, ya, señorías. Por fin, la Ley General de Telecomunicaciones se enfrenta a su último trámite para poder entrar en vigor. En términos generales, Ciudadanos valora positivamente esta ley y somos conscientes de la importancia que tiene para poder dar certidumbre y seguridad a los operadores a la hora de construir el mercado de telecomunicaciones del futuro, el que posibilite de verdad la digitalización de nuestra economía. Por ello, mi grupo parlamentario plantea, tanto en los trabajos en el Congreso como ahora en el Senado, enmiendas guiadas por tres principios fundamentales: la igualdad de todos los españoles, el correcto funcionamiento del mercado y de la actividad económica, y la innovación y el futuro, como tercer pilar. Estas prioridades, más el trabajo de los liberales, de mi grupo, y la buena disposición tanto de los grupos parlamentarios como del Gobierno, han hecho que hayamos podido introducir en el texto de la ley asuntos tan importantes como, por ejemplo, que se mencionara expresamente el teletrabajo como uno de los objetivos finales de esta ley. También conseguimos, por ejemplo, eliminar barreras burocráticas para las empresas que se dedican al despliegue de redes. Por ello, hemos conseguido en esta ley que se cree esa ventanilla única, tan ansiada muchas veces en los trámites con la Administración General del Estado, donde se tramite la autorización que pueda llegar a la Administración central, a las administraciones autonómicas o a las corporaciones locales. De este modo, las empresas solo tendrán que dirigirse a un único punto para presentar estas solicitudes, facilitando, por tanto, los trámites y evitando que se tengan que enfrentar a la maraña burocrática, tan habitual en nuestra Administración. Asimismo, conseguimos reducir algunos de los plazos para evitar que las empresas queden en el limbo por parte de la Administración. Además, hemos conseguido reforzar la privacidad y la propiedad industrial, de forma que la Administración solo pueda requerir a las empresas sus algoritmos de cifrado en casos de amenaza a la seguridad o en caso de persecución de delitos. De este modo, los liberales hemos sido, una vez más, garantes de los derechos y libertades tanto de los ciudadanos como, en este caso, de las empresas. Por último, también hemos conseguido que la ley recoja la posibilidad de cambiar las infraestructuras de las cabinas telefónicas y que no desaparezcan del todo, que se reconviertan, que se conviertan en puntos de conexión wifi públicos y de envío y de recogida de paquetería, evitando así su abandono. A estas aportaciones que realizó Ciudadanos en el Congreso de los Diputados se suma una muy importante para nosotros. En el trámite del Senado, Ciudadanos ha conseguido introducir una enmienda positiva por partida triple. Por un lado, contribuye a la igualdad de oportunidades entre todos los españoles, sin importar dónde residan. Es una medida positiva, en segundo lugar, porque contribuye a que exista un mejor mercado, más dinámico, de telecomunicaciones en España. Y, en tercer lugar, es una medida que consideramos positiva porque fomenta la innovación y nos acerca a la modernidad. Esta enmienda es la que introduce una disposición adicional para fijar un objetivo de conectividad de 100 megabits para todo el territorio nacional, algo que Ciudadanos viene defendiendo desde siempre y que ya llevábamos en nuestro programa electoral en las dos elecciones generales de 2019. Esto supone que, por fin, los españoles de cualquier territorio puedan tener acceso a una conexión lo suficientemente rápida como para poder subirse al carro de la digitalización; o para que un español del interior rural, por ejemplo, de la provincia de Valencia, pueda asistir a una consulta de telemedicina y tener una interlocución fluida con el médico sin preocuparse de la mala conexión; o para, por ejemplo, avanzar en que una persona que tiene una segunda residencia en la provincia de Asturias pueda realizar su trabajo en remoto para su empresa sin tener que sufrir porque tiene una reunión online; o para, por ejemplo, avanzar también en que alguien que vive en un pueblo de Zamora pueda formarse tranquilamente online en materias como el desarrollo web, el big data u otras profesiones tecnológicas sin preocuparse por que su residencia marque sus opciones de futuro. En definitiva, señorías, esta enmienda es una demostración más de la utilidad de un partido liberal y de centro como Ciudadanos, y es también el cumplimiento de uno de nuestros compromisos electorales. Por ello y, sobre todo, por la mejora que pueda recibir la ciudadanía, esta enmienda supondrá que todos los españoles puedan realizar sus formaciones online o atender sus consultas de telemedicina o desempeñar sus trabajos en remoto. Por esto, le pedimos al resto de grupos parlamentarios que apoyen esta enmienda introducida en el Senado. Muchas gracias.

  81. Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

    Moltes gràcies, senyor president. Como ya hicimos en su momento, quiero agradecer el apoyo a las enmiendas de Compromís, y especialmente a dos personas ―y lo reitero―, Joan Capdevila, de Esquerra, y Pedro Casares, del PSOE, por la buena disposición que tuvieron al acordar nuestras enmiendas transaccionales. . Lo dijimos: creemos que eran tres enmiendas que mejoraban el texto. Además, una que parecía pequeña, a nuestro modo de entender, es muy importante. Nuestra enmienda apuesta por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, garantizar que muchos de los servicios que se prestan por las smart cities, ofrecidos a través de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, sean gratuitos para las administraciones, para los ayuntamientos y para los ciudadanos y, por eso, que se puedan favorecer e implementar sistemas alternativos de financiación que permitan que sea gratuito y, además, que se vinculen a la mejora del medio ambiente, de la salud, de la seguridad pública, de la protección civil, faciliten la vertebración y la cohesión territorial y urbana y contribuyan a una cosa muy importante en nuestros días, a la sostenibilidad logística urbana. Y, en segundo lugar, uno de los obstáculos con los que a veces tropiezan los ciudadanos y los propios gobernantes son los trámites. Nuestra enmienda va dirigida a que se faciliten y agilicen los trámites con las administraciones, con los ayuntamientos y con los titulares del dominio público para poder desplegar las redes y las instalaciones tanto en áreas urbanas como, sobre todo, en las áreas rurales. Para acabar, dos asuntos. Mire, uno pasó anoche y fue que Argelia congeló el comercio exterior. Hemos oído muchas veces al ministro Albares decir que el acuerdo con Marruecos sobre el Sáhara no tendría consecuencias, pero ahora vemos que tiene consecuencias. De hecho, esta misma mañana empresas valencianas vinculadas con las fritas y los esmaltes cerámicos y con empresas de alimentación estaban llamando a la Conselleria de Economía porque temían que todo esto pudiera afectar gravemente a las exportaciones, en definitiva, al comercio que tienen. Por tanto, yo le pediría al Gobierno que arreglen este roto. Es fundamental. Es fundamental que esto se arregle, y pronto. Por último, ayer tuvimos un debate acalorado y un diputado, que a veces parece más un consejero general del Movimiento de las antiguas Cortes franquistas, el diputado más longevo que está en esta Cámara ―lleva entre el Senado y el Congreso treinta y seis años; cuando yo empezaba a hacer la mili él ya entró de diputado aquí. Yo estaba en Carabanchel y él estaba en el distrito de las Cortes— tuvo a bien dedicarme un piropo. Me dijo que yo era una cotorra parlanchina. Bueno, cuando a uno le dedican un piropo, hay que agradecerlo. Gracias, señor Gil Lázaro. Gracias. Es de justicia agradecerlo. Prefiero ser una cotorra parlanchina…

  82. Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

    … que un chaquetero que cambia de partido. En todo caso, dijo dos imprecisiones que quedaron reflejadas en el Diario de Sesiones y que quería precisar. Yo no estuve en el acto de celebración del cuarenta aniversario del Estatuto valenciano, porque no pude, tenía otra obligación, pero hubiera querido estar.

  83. Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

    Lo último. Yo dije que un partido decía memeces, no pronuncié el nombre de VOX. Si se dio por aludido, probablemente Compromís tenía razón. Moltes gràcies. .

  84. Roberto Uriarte Torrealday UP

    Señora presidenta en funciones, queridas y queridos colegas, antes que nada, como somos gente disciplinada, vamos a atender el ruego de la Presidencia de no consumir más tiempo del estrictamente necesario. Así que, como en la primera fase de la aprobación de esta ley en esta Cámara Baja ya tuvimos oportunidad de desarrollar y desgranar nuestros argumentos, las razones por las cuales considerábamos que esta ley era pertinente aunque mejorable, y las razones de las enmiendas que habíamos propuesto para mejorarla, si en su momento ya alegamos por qué íbamos a votar a favor, después de que haya pasado el trámite parlamentario del Senado, de alguna forma nos reafirmamos en las mismas razones. Ha habido tres grupos de modificaciones, de retoques que se han introducido en el Senado: el primero de ellos hace mención al tendido de líneas subterráneas y a las excepciones para el tendido aéreo o en fachada, el segundo hace mención a la información bilingüe en aquellas comunidades donde haya una segunda lengua oficial, y el tercero introduce el límite o la exigencia de los 100 megabits como mínimo. Esto ya lo propusimos en el Congreso, pero por desgracia no se quiso aceptar. El Senado ha peinado la ley, la ha mejorado y ha aceptado esto que proponíamos desde el principio, así que, si en su momento estuvimos a favor, con más razón ahora. Creemos que esta ley es fundamental. Ya hemos pasado la primera fase, a la que por desgracia le damos mucha importancia, que es la de aprobar la ley, y ahora viene la fase importante. A la señora vicepresidenta del Gobierno, a la ministra Calviño, quiero decirle que tenga mucho éxito en la implementación de esta ley, porque en su éxito estará el éxito de nuestro país. Muchísimas gracias. .

  85. Rodrigo Jiménez Revuelta VOX

    Con la venia, presidenta. Señorías, buenas tardes. Vuelve al Congreso la ley de telecomunicaciones, después de su paso por el Senado, que debatimos hoy. Recuerdo a sus señorías que en dicha ley, al contrario de la dinámica legislativa habitual de esta Cámara, no se amplió el plazo de enmiendas, cerrándose el plazo a finales de diciembre del pasado año. Posteriormente, una vez pactadas las enmiendas con los grupos parlamentarios de casi siempre, el pasado día 26 de abril se celebró la Comisión para debatir sobre las enmiendas incorporadas, en las que, al parecer, diez minutos son suficientes. Nada más lejos de la realidad, ya que el artículo 114.1 del Reglamento de los Diputados establece que, concluido el informe de la Ponencia, comenzará el debate en Comisión, que se hará artículo por artículo. ¿Artículo por artículo? Excepto en raras ocasiones y en alguna ley en particular, nunca se ha debatido artículo por artículo, aplicando el Gobierno de turno su rodillo parlamentario. Y a la pregunta sobre por qué se realiza esta práctica legislativa, la respuesta es: porque siempre se ha hecho así. ¿Cómo que porque siempre se ha hecho así? Señorías, ¿qué argumento es este? . Es evidente que el bipartidismo ha hecho mucho daño, pero legislar de esta manera es una pésima práctica legislativa que provoca que se legisle de forma ineficaz y defectuosa. Yo les vuelvo a preguntar, señorías, ¿se legisla mal a propósito? Nuestra obligación, como legisladores, es velar no solo por el cumplimiento de las leyes, sino también para que estén bien hechas, que sean justas, adecuadas y en beneficio de todos. Es nuestra obligación tomar conciencia de dicha responsabilidad, denunciando sus excesos y carencias, porque, señorías, crear leyes con holguras significa abrir el campo de la arbitrariedad al poder y, de esta forma, debilitar el Estado de derecho. Esta ley de comunicaciones es un claro ejemplo de ello, no solo por las prisas, sino por el fondo de la misma. Y, sorprendentemente, ha tenido dos fieles aliados: el Partido Popular y Ciudadanos, y lo hacen apoyando una ley que ataca directamente nuestro artículo 20 de la Constitución española, sobre la libertad de pensamiento, idea y opinión, así como la de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y es que el artículo 4.6 del texto normativo establece una especie de estado de excepción digital. La ley anterior, la de mayo de 2014, aprobada por el Partido Popular, ya permitía el cierre cautelar de comunicaciones digitales en determinados casos, pero este artículo 4.6 de la ley de telecomunicaciones maquilla el modificado por el real decreto de medidas urgentes para la Administración digital, más conocido como el decretazo digital, y vuelve a facultar al Gobierno para intervenir redes, cortar comunicaciones o suspender páginas web. Pero, señorías, esta facultad no es propia de un sistema democrático y debe ser suprimida por más que el precepto se ponga la venda antes que la herida y señale que en ningún caso esta intervención podrá suponer una vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, o que en su último párrafo manifieste sobre la intervención de dichas redes que el Gobierno deberá comunicarlo en el plazo de 24 horas al órgano jurisdiccional competente para que en un plazo de 48 horas decida sobre si dicha intervención es o no ajustada a derecho. Señorías, les vuelvo a recordar, como ya lo hice en esta tribuna, que la particularidad del derecho recogido en el artículo 20 de nuestra carta magna — sobre la libertad de expresión y comunicación— es el momento, porque ese derecho de libertad es una libertad de hoy, es una libertad de ahora, no dentro de 48 horas. La intervención de un medio, una red, una vez se ha producido la entrada, revienta la información en ese preciso instante. La libre expresión y opinión debe poder ejercerse en cada momento y minuto, y no demorarse 48 horas, que, por cierto, en la práctica judicial pueden ser más días o incluso semanas. En todo caso, la actuación judicial debería ser ex ante, no ex post. La intervención o gestión directa de redes debería someterse a la previa autorización judicial del acuerdo y no adoptarse dicho acuerdo con la posibilidad de que el juez lo anule posteriormente. La intervención o suspensión de redes o páginas web supone una intrusión en la esfera de derechos fundamentales, que debe ser tomada, señorías, con todas las cautelas y garantías constitucionales de forma similar al derecho de la inviolabilidad del domicilio, consagrado en nuestro artículo 18.2 de nuestra carta magna. . Señorías, esta facultad de intervenir redes y medios es propia de regímenes comunistas. Así se manifestó el señor Baldoví en su intervención en la Diputación Permanente sobre el decretazo digital, que lamentó que con la modificación de la ley de telecomunicaciones se pueda llegar a intervenir Internet en España, al igual que en países tan poco democráticos como China, Arabia Saudí o Irak. . Ahora, el bufón de la Cámara aplica el silencio con esta ley y se arrastra fiel al amo que le sustenta. Señor Baldoví, es usted el fariseo número uno de esta Cámara y ha perdido toda credibilidad. . Pero esta práctica de intervenir redes no es nueva. Allá por el año 2010, Chávez en Venezuela aprobó una ley de comunicaciones que establecía que el presidente de la República Bolivariana — es decir, él— podía, cuando así lo exigiera el orden público, la seguridad o los intereses de la nación, suspender e intervenir la transmisión de comunicaciones. Y el exvicepresidente Iglesias, que se sentaba en el banco azul, allá por el año 2014 alababa la nueva ley sobre comunicación aprobada en Ecuador en el año 2013 por el expresidente Correa, que le permitía intervenir comunicaciones manifestando que debe existir una regulación de los medios y que la gestión no puede depender de hombres de negocios y su voluntad, sino que debe estar controlada. Señorías, este Gobierno es capaz de cualquier cosa y ha quedado más que demostrado. Y dejar en manos de Sánchez y el resto de correligionarios la posibilidad de intervenir redes o medios de comunicación es una práctica de países comunistas y no democráticos, que ustedes con su apoyo estarán bendiciendo. Nos quedamos solos una vez más, pero no porque VOX esté solo, es que solo queda VOX para que en España se produzca un cambio, un cambio real que empezará con Macarena Olona en Andalucía el próximo día 19 de junio. Muchísimas gracias. .

  86. Mario Cortés Carballo PP

    Gracias, presidente. Hoy aprobamos definitivamente el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones en su último trámite parlamentario, proyecto que no es más que una actualización de la Ley de 2014 del Gobierno de Mariano Rajoy, que sigue la Directiva europea de comunicaciones electrónicas del año 2018. Efectivamente, año 2018, un retraso injustificado de cuatro años. Cuatro años perdidos para la España despoblada, cuatro años en los que ya se hubiera podido llegar hasta el último rincón del país con la banda ancha de haber tenido esta ley disponible. El Gobierno que presume de trasformación digital y lucha contra la despoblación del mundo rural, ¿qué excusa le va a dar a los miles de pueblos que aún no tienen un Internet de calidad? Será culpa de Putin o, quizá, como es habitual, será culpa de la oposición. Entrando ya en la ley, después de su paso por el Senado, se han incorporado seis enmiendas; la mayoría de ellas a propuesta del Partido Popular, que servirán para agilizar aún más los despliegues, más una nueva disposición final que se incorpora en este último trámite parlamentario y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar la potestad de autorización de los permisos para intervenir las redes y los servicios de telecomunicación por parte del Gobierno. Quiero resaltar que esta ha sido una de las pocas leyes, desde que gobierna el señor Sánchez, en la que hemos podido llegar a un acuerdo los dos principales partidos: Partido Socialista y Partido Popular. Triste balance para un gobierno que presume de diálogo y no es capaz de solucionar los grandes problemas que afectan gravemente a las familias y a las empresas españolas. Y creo sinceramente que, aunque es mejorable, en conjunto es una buena ley. Es un proyecto de país que inició el Gobierno del Partido Popular para llevar la banda ancha a todos los españoles independientemente de donde vivan, para que tengan las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo, un crecimiento y desarrollo que hoy en día pasan indiscutiblemente por la conectividad y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y digo que es una buena ley porque gracias a nuestras enmiendas hemos conseguido agilizar los trámites administrativos y eliminar trabas para que los necesarios despliegues de fibra óptica, la futura red 5G o los tendidos de cables submarinos vayan más rápido, para hacer un aprovechamiento mucho más eficiente de los fondos europeos, que tan escasa ejecución están teniendo en nuestro país y que darán al fin conectividad de banda ancha a toda la España rural. Pero también nuestras enmiendas han mejorado sensiblemente los derechos de los usuarios, con especial atención a las personas con discapacidad. Se han incrementado las capacidades de nuestros ayuntamientos para dar servicios de conectividad y se ha creado un marco jurídico para los nuevos servicios de telecomunicaciones y otros muchos que están aún por llegar. El Partido Popular va a apoyar esta ley porque es una ley alejada del sectarismo ideológico, alejada de los delirios independentistas de països que no existen o identidades que solo están en las cabezas de algunos. Prueba de que algo habremos hecho bien en este sentido es que en la última votación que hubo en este Congreso no fue apoyada por el PNV, ni por Esquerra, ni por la CUP, ni por Bildu, ni por PDeCAT, ni por Junts, es decir, todos aquellos que quieren acabar con España y con el principio de igualdad de todos los españoles. . Por tanto, al igual que su antecesora, esta es una ley que hace más España y que ofrece más futuro a todos los españoles. Y quiero hacer una reflexión. Señores del Gobierno, han podido comprobar que juntos somos capaces de hacer leyes útiles con medidas que incentivan la inversión y que mejoran el bienestar de las personas. Entonces, ¿por qué siguen empeñados en dar la espalda a las medidas que les propone el Partido Popular y pactar con Bildu y Esquerra Republicana? Feijóo les ofreció un plan de medidas económicas urgente que no se han dignado ni a mirar. Estamos en la situación más compleja que vive España en la última década, con una inflación desbocada sin previsión de bajar a corto plazo, con unos costes energéticos y de combustibles disparados que están ahogando a las familias y a las empresas, y con una deuda pública irresponsable que aún pagarán nuestros tataranietos. ¿Por qué no aceptan las propuestas del Partido Popular? ¿Por qué no aceptan la bajada en las retenciones del impuesto sobre la renta para familias que precisamente están sufriendo más esta crisis, que son las rentas menores de 40 000 euros? ¿Por qué no aceptan nuestras medidas para bajar el precio de la gasolina y de la electricidad? ¿Por qué no eliminan el gasto improductivo y sectario de este Gobierno, el Gobierno con menos competencias y más ministros, secretarías de Estado, directores generales y asesores de todos los gobiernos de la historia de España? Los ciudadanos están cansados ya; cansados de gobernantes que hacen de la mentira su única gestión; cansados de gobernantes que anteponen su agenda ideológica y el mantenimiento del sillón por encima de las necesidades de los españoles; cansados de un Gobierno indolente que solo mira el corto plazo, el regate corto, el titular de prensa, la cortina de humo, en vez de trabajar y buscar medidas efectivas y duraderas para que la situación social y económica de España revierta. Señores del PSOE, ¿entienden ustedes ahora por qué en las últimas elecciones los ciudadanos mayoritariamente han elegido gobiernos responsables, serios y eficaces, que gobiernan para todos y defienden los servicios públicos, como los gobiernos de Galicia, Madrid, Castilla y León y próximamente el Gobierno de Andalucía? . Pues simplemente lo han hecho porque la gente quiere soluciones a sus problemas, no quieren pagar 2 euros por la gasolina, no quieren pagar la luz un 50 % más cara, no quieren pagar un 20 % más en el supermercado, no quieren tener que pagar más y más impuestos, y sobre todo no quieren un presidente que hace tiempo que dejó de gobernar, atrincherado en la Moncloa, con un Consejo de Ministros incapaces a los que ya no cree nadie. España no se merece el peor Gobierno en el peor momento posible. Señores del PSOE, el Partido Popular sigue con la mano tendida; cójanla por el bien de los millones de españoles que no pueden aguantar más. Muchas gracias. .

  87. Begoña Nasarre Oliva PSOE

    Muchas gracias, presidente. Agradecimientos, en primer lugar, al secretario de Estado y su equipo, que están acompañándonos; agradecimientos a los ponentes que han participado en esta ley, y agradecimientos a los servicios de la Cámara que han hecho su labor con nosotros. El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, con las enmiendas del Senado que hoy debatimos finaliza su proceso parlamentario. Son unas enmiendas que continúan en la línea de trabajo del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno liderado por Pedro Sánchez intentando buscar el mejor y el mayor de los consensos, el mejor para los ciudadanos y el sector, y el mayor con los grupos parlamentarios. Así nos lo indican estas enmiendas con el apellido de transaccionales, que en el idioma parlamentario significa acuerdo y diálogo. Señor Cortés, no solo con el Grupo Popular, sino con todos los grupos de la Cámara, excepto con VOX. . Ustedes reivindican mucho con las palabras, pero esperamos los hechos, y esperamos aquí votos cuando tengamos que debatir reales decretos importantes que ustedes no han votado para los españoles. Actualmente, el cambio tecnológico, la transformación digital, es innegable, se ha puesto de manifiesto en múltiples aspectos de nuestra sociedad que todos conocemos. En la pandemia, como ejemplo indiscutible, las comunicaciones fueron un elemento a destacar por su importancia y a recordar por su carácter imprescindible. No olvidemos el teletrabajo, el comercio o las videollamadas; fue nuestra manera de comunicarnos, no lo olvidemos, y por ello hay que preservarlo, potenciarlo y reglamentarlo de la mejor manera posible. Esta ley es una norma que apuesta por los derechos de los usuarios con diversidad sensorial y personas con discapacidad; apuesta por los derechos, reforzándolos y armonizándolos con el conjunto de la Unión Europea, para actualizar, entre otras, la normativa sobre el servicio universal, la gestión del espectro, la mejora de la seguridad de las redes, contribuyendo a la vertebración del territorio y a la lucha contra la despoblación y el cambio climático, objetivos todos ellos fundamentales e imprescindibles para el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, y para este Grupo Parlamentario Socialista. Esta ley por fin regulará el régimen general actualizando la normativa vigente adaptándonos al momento actual, siendo imperativo el despliegue de las redes de muy alta capacidad, fibra óptica y 5G. Tener una regulación más flexible con mejoras para facilitar el despliegue y acceso potenciará no solo nuestro desarrollo como país, sino que contribuirá a la lucha contra la desigualdad digital. La ley incorpora nuevas medidas para incentivar e impulsar todavía más las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, lo que contribuirá a alcanzar el objetivo de conectividad adecuada de alta velocidad al cien por cien en el año 2025 . Una norma que impulsará una mejor coordinación entre administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos, las administraciones más cercanas al ciudadano, estableciendo un punto único para la información y tramitación de permisos para el despliegue de redes, lo que agilizará su implantación eliminando burocracia. La ley introduce medidas que importan a los ciudadanos, no solo porque se habla de grandes infraestructuras o despliegues, sino que también se ponen de manifiesto cuestiones que nos importan, que vamos a notar en nuestro día a día: mejora la transparencia de contratos, la duración, el cambio de operador sin penalización, en el ámbito de la portabilidad la capacidad de desbloquear la tarjeta de móvil para facilitar el cambio de operador, conservar el saldo prepago o mantener el número un mes después de la resolución del contrato. Señorías, vivimos pegados a un móvil, su regulación es fundamental. La norma tiene en cuenta la innovación, la I+D+i, tiene luces largas; es imprescindible adaptar la normativa al futuro sin perder de vista el presente. Comenzamos el proceso de esta ley con una visión un tanto nostálgica, pues veíamos la pérdida de las cabinas de toda la vida, pero seguro que hoy acabamos este proceso dando pie a nuevos modelos basados en la actual sociedad y adaptándonos al siglo XXI con una visión vanguardista. Señorías, esta ley es un impulso para un sector que factura 28 000 millones de euros, más del 3 % del PIB, y supone 460 000 empleos en nuestro país. Esta ley forma parte de una de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar la modernización y digitalización de España y su tejido empresarial; en concreto, forma parte del componente conectividad 5G y ciberseguridad, que prevé una inversión de 4000 millones de euros de fondos públicos para extender la conectividad al cien por cien de la población e impulsar el desarrollo del 5G y del ecosistema de ciberseguridad, que es un impulso necesario porque ya tenemos el 6 G encima. Es una ley que nos potencia como país, que impulsa la economía y a nuestras empresas, y que nos protege como sociedad y a nuestras familias. Es una norma técnica que traspone una directiva, pero que entre todos, todos, hemos conseguido que sea política gracias a la palabra consenso en el Congreso, en el Senado y en la Comisión. Gracias a esa palabra hemos conseguido que esta ley salga adelante. Muchas gracias. .

  88. Ignacio Gil Lázaro VOX

    Señor presidente, por alusiones.

  89. Ignacio Gil Lázaro VOX

    Gracias, señor presidente. Le pediría la palabra brevemente en virtud del artículo 71.1, puesto que sin ser arte ni parte en este debate he sido reiteradamente aludido por el señor Baldoví.

  90. Ignacio Gil Lázaro VOX

    Hombre, si quiere le repito el 50 % de la intervención del señor Baldoví…

  91. Ignacio Gil Lázaro VOX

    Muchas gracias, señor presidente. Primero — y me dirijo a la chaqueta del señor Baldoví, que en este momento está ausente —, me reafirmo en todo lo que le dije ayer, y aun le hubiera dicho más si hubiera tenido tiempo.

  92. Mireia Vehí Cantenys CUP-PR

    Gracias, presidente. Hoy se va a aprobar el Convenio 189 de la OIT. Es una victoria histórica de las trabajadoras del hogar organizadas y del movimiento feminista; es una victoria que llega tarde, once años después, pero que ha llegado. La mayoría de las trabajadoras domésticas son mujeres y, de estas, la mayoría son migrantes. Este es el primer paso, pero el siguiente tiene que ser obligar a que se les contrate porque hay muchísimas mujeres trabajando en casas particulares sin contrato. Y el último paso, y el más importante, es abolir la Ley de Extranjería, ese chantaje permanente a las clases populares. Quiero manifestar mi agradecimiento a todas las mujeres que han trabajado incansablemente por que hoy esto sea una realidad. Visca el moviment feminista, y la lucha sirve. .

  93. Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

    Arratsalde on guztioi. Hoy es un día muy importante. Hoy, por fin, tras años de espera a que este Gobierno cumpliera, las trabajadoras y trabajadores de hogar tendrán sus derechos reconocidos y darán un gran paso hacia la protección y dignificación de sus trabajos y sus vidas. Por eso queremos felicitar y mostrar nuestro total apoyo a todas las mujeres que durante tanto tiempo han estado luchando para que esa conquista de derechos sea una realidad. Ha costado, pero lo habéis conseguido. Este logro es vuestro. Zorionak. Es un día importante y un día para celebrar, sin duda, pero queremos también advertir a este Gobierno que tienen aún muchos deberes por hacer para que los derechos y condiciones laborales de estas trabajadoras que hoy se reconocen se hagan cumplir. La mayoría de los derechos que este Convenio 189 de la OIT reconoce forman ya parte de la legislación española desde hace años, pero no se han hecho efectivos. Por eso, es deber del Gobierno poner ya en marcha todo el desarrollo legislativo y todos los instrumentos necesarios para realmente implantar y hacer cumplir estos derechos. Nos referimos a materias como seguridad y salud laboral, las condiciones en materia de Seguridad Social y de protección por desempleo, que han de ser desarrolladas e implementadas cuanto antes. Este es el compromiso que exigimos que este Gobierno adopte desde hoy porque las trabajadoras domésticas llevan demasiados años escuchando buenas palabras y ahora quieren y necesitan hechos. Esperamos que así sea. Hoy, miles de mujeres están más cerca de terminar con el sistema de semiesclavitud que durante décadas han soportado y ver por fin sus derechos respetados. Zorionak por manteneros firmes y haberlo conseguido. Milesker. .

  94. Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

    Muchas gracias. Nosotros hemos sido uno de los grupos que insistente y vehementemente hemos solicitado la suscripción de este Convenio 189 de la OIT de forma reiterada. Ya en mayo se lo exigíamos al Gobierno; ya que había un inicio en relación con diferentes obligaciones laborales, también lo debía hacer en esta materia. Y evidentemente hay un antes y un después de la suscripción de este convenio, sin perjuicio de que ya en el ordenamiento se contemplaran determinadas obligaciones que no estaban siendo cumplidas. Eso sí, también hay que advertir al Gobierno que, después de la suscripción de este convenio, queda todavía pendiente el desarrollo legislativo de la garantía laboral de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, que ha de tener un contenido concreto que ya se ha citado aquí de alguna manera. El desempleo ha sido el primero y fundamental después de la sentencia de Vigo, del Juzgado de lo Contencioso número 2, y de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero habrán de seguir otros derechos, como es el del régimen extintivo que han de poder tener, el de los riesgos laborales y algunos otros relativos a otras garantías que también corresponden a todos los trabajadores. Sin olvidar, por supuesto, que se trata de un régimen laboral de carácter especial, tal y como está regulado hoy en día, que habrá que configurar de una forma adecuada y, a poder ser, de forma consensuada entre todos los partidos. Nosotros también nos congratulamos de la suscripción de este convenio — ya era hora—, y esperamos que no sea un hasta aquí sino a partir de aquí para su desarrollo y garantía completa. Muchas gracias. .

  95. Sara Giménez Giménez Cs

    Gracias, presidente. Señorías, conmemoramos que cumplimos con las recomendaciones internacionales en el ámbito del reconocimiento del trabajo y de la precariedad laboral a las que han estado sometidas muchísimas empleadas del hogar. Era una de las peticiones que hemos realizado desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos en distintas disposiciones y me parece que supone un avance en lo relativo al reconocimiento de derechos de una gran parte de las mujeres que se dedican al trabajo de empleadas de hogar, que necesitaban de este reconocimiento. Al final, las situaciones de precariedad laboral feminizadas que han estado sufriendo, que nos han trasladado a cada uno de los grupos parlamentarios, merecían que avanzásemos en esta materia. Ahora nos queda el reto pendiente de ejecutarlo, de ponerlo en marcha, de realizar aquellas reformas que conlleve la ratificación de este convenio, porque al final lo que vamos a hacer es mejorar las condiciones laborales y abordar la precariedad laboral. Gracias.

  96. Néstor Rego Candamil BNG

    Grazas, señor presidente. El BNG se alegra de que el Estado español ratifique por fin el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Digo por fin porque hay que recordar que es del año 2011. En todo caso, el BNG advirtió en debates anteriores que la no ratificación no era impedimento para que las medidas necesarias pudiesen incorporarse a la legislación laboral del Estado español. Ahora que se ratifica, esto ya es imperativo, y en ese sentido van las propuestas del BNG. En línea con las que nos hacen llegar centrales sindicales, la Asociación de Traballadoras do Fogar Xiara o el movimiento feminista galego, creemos que esto debe implicar no solo la incorporación plena al Régimen General de la Seguridad Social, eliminando el sistema especial y con garantías de acceso al desempleo, sino todo un abanico de protección que garantice todos los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Obrigado.

  97. Inés Sabanés Nadal MÁS PAÍS-EQUO

    Gracias, presidente. Desde Más País, Verdes-Equo tomamos la palabra fundamentalmente para resaltar la importancia de este día y de dos cuestiones fundamentales. La primera, felicitar a las representantes del colectivo, que llevan años luchando y que hoy nos acompañan en esta tribuna. . No podemos olvidar que estamos hablando de uno de los colectivos más precarios en nuestro país, conformado fundamentalmente por mujeres que viven entre la economía informal y sumergida y un régimen especial de la Seguridad Social que les niega algo tan básico como el derecho al paro. La Unión Europea ya ha dicho que nuestro país ha discriminado y discrimina a este colectivo de trabajadores y que debe modificar las leyes para resolverlo. Así que, además de felicitarnos hoy — todas y todos nos felicitamos por la firma del convenio—, hay que desplegar con carácter inmediato, con urgencia, cuanto antes, la legislación que haga efectivo este convenio. Sabemos que existe por parte del Gobierno este compromiso y lo celebramos, pero tenemos que recordar que más de 500 000 mujeres dependen del despliegue de este derecho. Como hemos visto y experimentado en la pandemia, el trabajo de cuidados, como lleva años recordándonos el movimiento feminista, es fundamental para la vida y para el conjunto de la sociedad. Sería muy injusto retrasar la reparación de esta injusticia que ha permitido que a estas trabajadoras se les hayan negado los derechos durante tanto tiempo. Muchas gracias. .

  98. María Carvalho Dantas ERC-S

    Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a totes les companyes treballadoras que avui han vingut aquí al Congrés. . Tras muchos años de espera, de sufrimiento, de discriminación laboral, de racismo institucional por esta nueva forma de esclavitud, hoy ratificamos en esta casa el Convenio 189 de la OIT, pero algo debe quedar muy muy claro, y lo resumo en una frase de las compañeras trabajadoras. Abro comillas: «Hemos dado pasos de gigante y los pocos derechos que tenemos los hemos conseguido nosotras luchando». . Así que hoy es un día de conquista y de victoria colectiva de las compañeras trabajadoras del hogar, que se autoorganizaron políticamente para defender sus derechos hace muchos años, y es que toda esa discriminación ya consta en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, por cierto, se la debemos a Mariana, empleada de hogar de Galicia, que demandó a la Seguridad Social por negarle la posibilidad de cotizar para tener el paro, y gracias también, obviamente, a su abogado, Javier, que se empecinó en conseguirlo. Y lo consiguieron. . Dice la sentencia que el reglamento español contradice el derecho de la Unión Europea, que sitúa a las trabajadoras del hogar en desventaja, que España infringe la normativa comunitaria al excluir a las trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres, del derecho a la prestación por desempleo, una situación que afecta directamente a cerca de 400 000 personas. A partir de hoy, después de esta votación de hoy hace falta cambiar y crear legislación para su incorporación al Régimen General de la Seguridad Social, la eliminación del régimen especial para el empleo doméstico, la supresión del desistimiento, el derecho a paro, cotizar para el Fondo de Garantía Salarial, aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, equiparar las pensiones, reconocimiento de las enfermedades profesionales, facilitar inspecciones de trabajo, denuncias de irregularidad… Urge más protección para las trabajadoras de régimen interno, con mecanismos de control para garantizar los descansos, salarios, intimidad, medidas que faciliten los trámites para la contratación, también de las casi 200 000 trabajadoras sin contrato, con independencia de que estén o no en situación administrativa regular, porque estas compañeras no entran por el momento en los planes del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, que ultima reformas del Reglamento de la Ley de Extranjería. Por tanto, urge regularizar a todas las personas que están viviendo aquí, en el Estado español, en condición administrativa irregular; urge la regularización ya y, como hay una ILP, pido por favor que la firmemos todas. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por vuestra victoria y vuestra conquista. .

  99. Gerardo Pisarello Prados ECP-GUANYEM EL CANVI

    Gracias, presidente. Efectivamente, la ratificación del Convenio 189 de los derechos de las trabajadoras del hogar es una prueba más de que los derechos no son nunca un regalo caído del cielo, porque lo que hay detrás de esta ratificación es una historia de dignidad, de lucha, de persistencia de esos miles de mujeres que durante décadas se han dedicado a sostener la vida, a cuidar, a alimentar a niños, a padres, a familias enteras diferentes de las suyas, quitándoles el tiempo incluso para ver a las propias; de los miles de mujeres que tuvieron que afrontar jornadas de trabajo extenuantes sin descanso, sin el derecho al cuidado para ellas mismas; de los miles de mujeres migrantes racializadas, sometidas a una situación de semiesclavitud en la que al empleador le bastaba con decir ‘mañana no hace falta que vengas’ para dejarlas en la calle. Gracias a todas ellas, a todas las que nos acompañan aquí, que, a pesar de todo eso, no se rindieron y decidieron enfrentarse al miedo, no bajar la mirada, unirse entre ellas para ser más fuertes; gracias a ellas, que recurrieron a los tribunales, que presionaron a los parlamentos, que salieron a las calles tenemos hoy aquí el convenio de la Organización Internacional del Trabajo , un convenio, señorías, que seguramente debe dar más frutos: la prestación por desempleo, la eliminación de los despidos arbitrarios, las inspecciones laborales para evitar abusos, la equiparación en las pensiones, y, para las trabajadoras migradas, la regularización y poner fin a las malditas trabas que plantea la Ley de Extranjería. Las trabajadoras que han llegado hasta aquí y que hoy nos acompañan tienen claro que no van a parar hasta que su voz sea escuchada. De hecho, querría recordar hoy aquí a una de ellas, nacida en Colombia, como muchas de las que trabajan entre nosotros, que lo está demostrando al mundo entero. Esa mujer se llama Francia Márquez (muestra un cartel en el que, junto a la fotografía de Francia Márquez, se lee: ¡Mujeres! Madres, trabajadoras, maestras, cuidadoras), es afrocolombiana y su vida es la síntesis de todas las desigualdades sufridas por millones de trabajadoras en su país y en el mundo entero. . Francia Márquez tuvo que cuidar a los hijos de otros mientras los suyos estaban enfermos con su abuela; Francia Márquez, con ese trabajo, sacó fuerzas para estudiar derecho, se organizó junto a otras mujeres y se convirtió en una reconocida activista en defensa del derecho al medio ambiente, y con esa misma determinación, plantando cara al racismo, al machismo, al clasismo, Francia Márquez se apresta a ser la próxima vicepresidenta en Colombia. Para los privilegiados de siempre, eso es una pesadilla, señorías, pero para millones de trabajadoras es la prueba de que también las nadie, las Francia Márquez del mundo entero, cuando se unen, pueden ganar y hacerlo, como dicen ellas, hasta que la dignidad sea costumbre. Gracias por vuestra lucha y que así sea. .

  100. Alberto Asarta Cuevas VOX

    Gracias, presidente. En la sesión celebrada el pasado 24 de mayo se dictaminaron favorablemente, prácticamente por unanimidad, siete convenios internacionales, que por ser de interés y beneficiosos para España nuestro grupo votó a favor en todos ellos, aportando algunos comentarios que brevemente resumiré. En cuanto al relativo a la construcción y explotación de una instalación europea de láser de electrones libres de rayos X, permitirá un amplio desarrollo en la investigación atómica, lo que a su vez permitirá avances en múltiples campos. El Reino de España ya ha aportado gran parte de la inversión con la que se comprometió, sin embargo ―y hay que prestar atención a esto―, es necesario hacer constar que en este proyecto participa también la Federación Rusa. En cuanto a la renovación de la reserva formulada por España al Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa, el Ministerio de Justicia se ha pronunciado sobre la conveniencia de mantener la reserva existente en virtud de la cual se declara como necesario el requisito de la doble incriminación para infracciones realizadas en el extranjero, a fin de poder enjuiciar a nuestros nacionales por hechos punibles tipificados, como tales, por la legislación del país en el que se hayan cometido. Por lo que respecta al protocolo de Luxemburgo, sobre cuestiones específicas de los elementos de material rodante ferroviario, quiero decir que tiene por objeto proteger a los inversores y a los financiadores de los elementos rodantes que tienen un alto valor, por ejemplo, los trenes de alta velocidad, eliminando las trabas que pudiesen surgir si estos se encuentran en otros países con otras jurisdicciones en caso de litigio. Este protocolo ferroviario es el homónimo al que el Reino de España ya se comprometió en el campo aeronáutico, conocido como el Convenio de la Ciudad del Cabo. En cuanto al acuerdo sobre el Reino de España y la República de Corea sobre cooperación en el ámbito de la salud pública para la prevención y respuesta a las enfermedades, hecho en Madrid el 16 de junio del año pasado, he de decir que esta cooperación ya obtuvo sus frutos, con la colaboración de las autoridades sanitarias coreanas en la celebración de las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco, siendo además muy interesante y beneficiosa para España, toda vez que la República de Corea ha sido uno de los países que mejor ha gestionado la pandemia provocada por el COVID-19. En lo que respecta al relativo al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que data de junio de 2011, este convenio prevé regular las condiciones laborales de los trabajadores domésticos y consolida una serie de derechos básicos para ellos al objeto de evitar abusos, entre otros, destaca que aquellos trabajadores que sean menores de 18 años, pero mayores de la edad laboral mínima, tengan garantizada su escolaridad, esto es, que su trabajo no le impida completar su educación obligatoria. Y finalmente los dos acuerdos entre el Reino de España y la República Portuguesa relativos a la pesca en el tramo internacional del río Miño, así como la regulación de la caza en las aguas y márgenes de dicho tramo, nuestro grupo considera que es beneficioso solucionarlo fuera del país, fundamentalmente para España.

  101. Alberto Asarta Cuevas VOX

    Muchas gracias. .

  102. Eloy Suárez Lamata PP

    Muchas gracias, señor presidente. Tal como ya manifesté, y dada la importancia de algunas cuestiones de las que aquí se ha hablado, el Grupo Parlamentario Popular apoyará estos convenios. Ya dije en la intervención en la Comisión que para nosotros era importante, y era un modelo cómo se resuelve la pesca en el tramo internacional del río Miño. Ya nos gustaría que otros problemas de pesca que este país tiene, y de los que ayer casualmente el señor Sánchez no dijo nada, como son los problemas con Marruecos, realmente quedaran resueltos. Mucho me temo que a la vista de cómo van las relaciones diplomáticas de este país tardarán mucho tiempo en resolverse. De especial importancia, señorías ―y aquí se ha recalcado por todos los intervinientes―, es el convenio para los trabajadores y trabajadoras domésticos. Yo quiero decir que mi grupo parlamentario, en el desarrollo reglamentario, el desarrollo legislativo de este convenio ahí estará con las aportaciones que entendamos oportunas para mejorar la vida de estas personas que tanto tiempo llevan luchando por sus derechos. Señorías ―y me dirijo especialmente a los grupos que sostienen al Gobierno―, les quiero hacer una reflexión al hilo de lo que hoy hemos visto aquí en el debate sobre las pensiones, el lamentable espectáculo que ha brindado tanto Podemos como el Partido Socialista. No puede ser, señorías, que ustedes se pasen el día recabando el apoyo del Partido Popular y hoy cuando el Partido Popular ha salido al rescate de una cuestión que, desde luego es de todo menos una broma, como son las pensiones de este país, la respuesta del Partido Socialista haya sido decir que nosotros no sabemos negociar, solo sabemos imponer, y un desprecio total y absoluto. . Yo no sé en qué país viven ustedes, no lo sé. Les recuerdo que su líder es el único líder mundial que ha conseguido ser presidente de un partido con una sola frase: No es no. Se oponía a todo. Luego, lecciones de no apoyar, señorías, ni una, porque les voy a recordar que más del 50 % de las iniciativas legislativas en esta Cámara han sido apoyadas por el Grupo Parlamentario Popular. . Así que abandonen ese mantra, señorías, búsquense otra excusa porque, desde luego, ya no cuela. Muchas gracias. .

  103. María Dolores Narváez Bandera PSOE

    Muchas gracias, presidente. Antes de empezar con la intervención de este punto, como malagueña y como vecina de la Sierra de las Nieves y de la Serranía de Ronda, tengo que mostrar toda mi solidaridad y todo mi apoyo a los pueblos de Pujerra y Benahavís, que tan mal lo están pasando ahora. También quiero mostrar mi apoyo a los bomberos, a los bomberos forestales, a Protección Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están al pie del cañón, como lo estuvieron hace un año. Dicho esto, bienvenidas a este hemiciclo a las mujeres empleadas del hogar que hoy nos acompañan, que pertenecen a distintas asociaciones y lugares. Gracias a las mujeres de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, a Nosotras Granada, a las trabajadoras del hogar de Cáceres, a AIPHYC de Valencia, a la asociación del País Vasco, a Movilidad Humana de Ferrol, al Observatorio Jeanneth Beltrán, a Servicio Doméstico Activo, a Territorio Doméstico, y a todas las que les hubiese gustado venir y que, por sus obligaciones y trabajos no han podido. Bienvenidas a vuestra casa. . Hoy es un día histórico para vosotras y para las 600 000 trabajadoras del hogar que, después de más de una década, verán equiparados sus derechos a los derechos del resto de trabajadores de nuestro país. Más de diez años de espera y de lucha. La ratificación hoy de este convenio es fruto de vuestros esfuerzos y de vuestras reivindicaciones, que este Gobierno y este grupo, el Grupo Socialista, recoge y comparte, porque era y es, señorías, una cuestión de justicia y de dignidad. La dignidad de 600 000 mujeres que solo pretenden tener los mismos derechos que los trabajadores del régimen general: el derecho al desempleo, la justificación del despido, el preaviso, el derecho a la indemnización; nada fuera de lo común. El Partido Socialista es consciente de que queda camino por recorrer, quedan mejoras en la prevención de riesgos laborales, quedan mejoras en el tema de las pensiones, queda hacer aflorar el empleo no declarado y queda algo intangible, pero, a mi entender, esencial, que es la valoración de vuestro trabajo. Sin vosotras no se mueve el mundo, sin vosotras no sería posible la conciliación ni la lucha por la igualdad. . Y en ese camino, en la defensa de vuestras reivindicaciones, tendréis al Partido Socialista de vuestro lado, porque si hay algo en nuestro ADN es que aspiramos a transformar la sociedad haciéndola más justa e igualitaria desde el compromiso con los y las trabajadoras y con la defensa de los colectivos más vulnerables. Termino con una frase de Amelia Valcárcel: Difícilmente una sociedad pueden llamarse una democracia si las mujeres no tienen la capacidad de ser libres y el derecho a ser ciudadanas. Hoy estamos avanzando en ello. Muchísimas gracias. .

  104. Pilar Llop Cuenca

    Gracias, señor presidente. Señorías, permítanme también que me una a este gesto de solidaridad por parte del Gobierno de España con los vecinos y las vecinas de Sierra Bermeja, en Málaga, y también con los efectivos de bomberos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están ayudando a toda su población. . Señorías, el Grupo Parlamentario VOX trae hoy a esta Cámara el debate de su enmienda a la totalidad del proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, una enmienda a la totalidad de devolución del proyecto al Gobierno, es decir, sin texto alternativo, y toda la explicación que hacen de esa devolución y de esa enmienda a la totalidad se resume en tan solo siete folios que el grupo parlamentario ha registrado en esta Cámara. Tampoco es algo nuevo, porque el Grupo Parlamentario VOX siempre presenta enmiendas a la totalidad a presupuestos y otras leyes, pero luego no verán ustedes que presenten ningún texto alternativo. En cualquier caso, es evidente que el Grupo Parlamentario VOX lo que está haciendo es trabajar poquito para que le cunda mucho ―al menos, que le cunda políticamente― porque quienes hablan supuestamente de esa España que madruga ―que tienen su idea de España, yo no digo que no― con esta enmienda a la totalidad la verdad es que ustedes no han necesitado madrugar demasiado, porque trabajada, lo que se dice trabajada, no está. . La verdad que no nos sorprende mucho. Si recordamos el programa electoral de VOX, sobre todo en sus medidas en materia de justicia y de regeneración democrática, su finalidad, lo que ustedes proponían era suprimir el Tribunal Constitucional. Era una de sus medidas en el programa, y fíjense qué cosas, luego utilizan al Tribunal Constitucional políticamente. . No seré yo quien no diga que el Tribunal Constitucional no es un órgano de naturaleza política, ya que sí es un órgano de naturaleza política, evidentemente su naturaleza lo es por el origen del nombramiento: son magistrados nombrados por el Congreso de los Diputados, por el Senado, por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez nombra el Poder Legislativo. Pero les pediría un poco de honestidad intelectual alejada del populismo político, de ese populismo conspiranoico que ustedes constantemente utilizan para hacer política. En fin, su idea del Poder Judicial también pasaba por ignorar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso suprimir los tribunales superiores de Justicia que, como sabemos, son los altos tribunales en las comunidades autónomas que vertebran nuestro territorio y que conocen perfectamente cuál es la singularidad y las especificidades de sus territorios. Por tanto, poco se puede esperar cuando su idea del Poder Judicial no es que se remonte al franquismo, es que se remonta a antes de la Revolución francesa con esa idea del absolutismo recentralizador, porque hay a quien le gustaría que no hubiera tres poderes, sino que hubiera un poder con tres funciones. Según ustedes ―y cito textualmente―, se caracteriza este proyecto de ley por su deslealtad a la verdad y a la nación, y porque de aprobarse provoque quizá un perjuicio a la justicia. Casi hay que darles las gracias, con todos los órganos del Estado que han analizado este anteproyecto de ley, ahora proyecto, y aquí tenemos a los guardianes de la verdad, a los guardianes de la nación que nos ilustran sobre lo que nadie nunca ha visto antes, ninguno de los órganos consultivos de nuestro país: un posible perjuicio a la justicia. ¿Y saben ustedes qué es un perjuicio a la justicia? Un perjuicio a la justicia es no renovar los órganos constitucionales, como dijo abiertamente el otro día el portavoz de su partido, el señor Abascal, que aquí, en esta tribuna, dijo que no teníamos que renovar de ninguna manera y que ustedes no iban a colaborar en renovar el Consejo General del Poder Judicial; eso sí es un perjuicio a la justicia. De hecho, con esta enmienda a la totalidad ustedes quieren denunciar nuestra ―la del ministerio― obsesión por la digitalización. Señorías, yo no sé en qué mundo del derecho viven ustedes, en el mundo de los tinteros, de los manguitos, del papel secante o de los recursos que se presentan en ultramar. De verdad, entiendo que les pueda generar nostalgia, pero eso ya lo hemos superado. Ustedes viven obsesionados con echar atrás las manecillas del reloj, porque son la antítesis del progreso y la antítesis de la modernidad. Lógicamente, ustedes nunca van a querer una justicia ágil, una justicia moderna, una justicia transformadora y, sobre todo, una justicia de proximidad, una justicia que esté a mano de los ciudadanos y de las ciudadanas, que es lo que necesita España. Ya ha transcurrido más de una década desde la aprobación de la Ley 18/2011, considerando los cambios en la manera de proceder de los actores procesales, considerando también los cambios en la manera de relacionarse, de trabajar, de producir en nuestra sociedad. Permítanme que les diga que acusar al Gobierno de estar obsesionado con la digitalización, con la transformación digital de la justicia roza verdaderamente la ignorancia. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, la implantación y la mejora de herramientas digitales en el servicio público de justicia, como el acceso al expediente digital, la cita previa, comparecencias o juicios virtuales han supuesto más de 19 millones de euros de ahorro a los profesionales al evitarse desplazamientos y esperas innecesarias en los tribunales de justicia. El teletrabajo también ha traído un claro incremento de las horas dedicadas a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, y aunque ustedes sean los negacionistas del cambio climático por excelencia, las medidas implementadas hasta hoy, que nos señalan además que vamos en la buena dirección, han supuesto que se evite la emisión de más de 18 166 toneladas de CO 2, que equivalen a casi 300 000 árboles planteados. En todo caso, la digitalización de los procedimientos judiciales de ninguna de las maneras supone una merma de los derechos de acceso justicia o de los derechos de acceso a la tutela judicial efectiva. Suponen una protección de los derechos e intereses legítimos de las personas, ya que las sucesivas regulaciones que se han llevado a cabo en este sentido se han hecho con la previsión y con la conciencia de la existencia de una posible brecha digital en nuestro país y garantizando siempre a la ciudadanía la posibilidad de relacionarse con la Administración de Justicia mediante los sistemas tradicionales. Ustedes niegan mucho la tecnología, pero luego utilizan las redes sociales para difundir sobre todo esos mensajes terraplanistas, agoreros, para infundir miedo. En fin, señorías, lograr incrementar la agilidad y la eficacia de la Administración de Justicia requiere de recursos, estamos de acuerdo, pero también de inversión. Estos recursos e inversiones necesitan de un sistema que les sustente, de un andamiaje de estructuras de gestión y normas procesales que apunten en esa misma dirección. La ciudadanía merece que el gasto público se ejecute de modo eficiente, y para ello requieren también una normativa que acompañe en esa eficiencia. El proyecto de ley de eficiencia procesal, que ustedes hoy enmiendan, se basa en tres pilares claves: la inserción en nuestro ordenamiento de los medios adecuados de solución de controversias, los MASC, en vía no jurisdiccional, la reforma de las leyes procesales para aumentar la eficiencia, la efectividad y la celeridad, la agilidad de los procedimientos, que es algo tan demandado por nuestra ciudadanía, y las medidas encaminadas también a la transformación digital como antesala del todavía anteproyecto de ley de eficiencia digital, que espero que también muy pronto llegue a esta Cámara. Les estoy a hablando de inversión, de gasto y de compromiso de nuestro presidente del Gobierno con el fortalecimiento de las instituciones, el compromiso del presidente Sánchez. Este Ministerio de Justicia ha incrementado notablemente el gasto, por ejemplo, en refuerzos en los órganos judiciales, en los juzgados y tribunales, y lo ha aumentado progresivamente desde los 3 300 000 euros en el año 2015 hasta más de 10 800 euros en el año 2021, y en lo que llevamos ya de este año, de enero a junio de 2022, hemos invertido ya en refuerzos más de 9 700 000 euros. Es evidente que tenemos una finalidad: fortalecer a los tribunales de Justicia para que puedan funcionar con normalidad. Para ello, buscamos un proceso de transformación total del servicio público de justicia operando en esas brechas estructurales que tiene nuestro sistema que vienen de antiguo, no vienen de ahora. Por ejemplo, la regulación de los MASC se ha entendido por parte de todos los órganos consultivos como un elemento que contribuye a la eficiencia procesal, sobre todo, la normativa española sobre la mediación necesitaba un impulso, y también se trata de responder así a las directivas europeas en este ámbito. Porque, además, la Comisión y el Parlamento Europeo ya han puesto de manifiesto las dificultades de funcionamiento en los sistemas de mediación en los Estados miembros, principalmente relacionados con una falta de la cultura de mediación, de modo que han venido recomendando precisamente eso a los Estados miembros, que intensifiquen sus esfuerzos para fomentar y alentar el recurso a la mediación. Yo sé que esto quizá a ustedes no les gusta mucho porque de lo que se trata es de pasar de una cultura de la imposición a una cultura del acuerdo, y ustedes son más de imponer. Este proyecto de ley trata de implantar medios y mecanismos ya consolidados en el derecho comparado, tales como la conciliación, la mediación, la oferta vinculante, la opinión de expertos independientes, medios que sí han demostrado su valía en países de nuestro entorno como, por ejemplo, en Italia o en Bélgica, lo que va a contribuir a una reducción en las cargas de trabajo de los juzgados y tribunales, una descongestión de los asuntos, pero en realidad este no es el fin último que busca la norma, sino una forma adecuada para las partes en que puedan resolver sus conflictos y abordarlo desde una perspectiva muchísimo más democrática y que pueda satisfacer más a quien se ve involucrado en esas controversias. Se pretende introducir el paradigma de la adecuación, de la eficiencia y de la sostenibilidad del sistema y devolver a las partes su capacidad negociadora, gestionar su propio conflicto y que la justicia funcione como un motor de cohesión social. El ámbito de aplicación de los medios adecuados de solución de conflictos los constituyen los asuntos civiles y mercantiles, incluidos también los conflictos transfronterizos, quedando excluidas la materia concursal, la materia laboral, el proceso penal ―en el que no rige el principio dispositivo― y los asuntos de cualquier naturaleza en los que las partes sean una entidad perteneciente al sector público. No obstante, no podrán ser sometidos a medios adecuados de solución de controversias ni aún por derivación judicial conflictos que afecten a derechos y obligaciones que no estén disponibles para las partes en virtud de la legislación aplicable, ni los que versen sobre alguna de las materias excluidas de la mediación conforme a lo que dispone la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, materia de violencia sobre la mujer. Tampoco se exigirá actividad negociadora previa como requisito de procedibilidad en aquellos procedimientos que requieran de una respuesta inmediata del sistema judicial como para la adopción de medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil o en determinados procedimientos de protección de menores ni tampoco de jurisdicción voluntaria. Señorías, se hace referencia al calvario que en muchas ocasiones supone para las personas que acceden a los juzgados y tribunales para el justiciable la resolución de su reclamación debido a retrasos, dilaciones, plazos, suspensiones e incertidumbres sobre cómo funciona el propio procedimiento. Precisamente, el impulso de los medios adecuados de solución de controversia va a contribuir a que se sientan más cómodos dentro de los procesos cuando tengan que acceder a la justicia, porque esta ley pretende brindar a la ciudadanía la posibilidad de resolver su conflicto con antelación sin tener que esperar a la conclusión de un litigio ante esa incertidumbre que a la gente, sinceramente, le quita el sueño. La gente está muy preocupada cuando tiene que ir a un juzgado, a un procedimiento y, además, se ahorran costes de intervención de los profesionales que exigen los procedimientos judiciales, sobre todo cuando son complejos. Y todo ello se regula introduciendo también mecanismos jurisdiccionales de control para evitar que el requisito de la procedibilidad se convierta en un mero trámite, en un trámite puramente burocrático, porque, como se señala en la exposición de motivos del proyecto de ley, surge también una nueva noción, un concepto que es el del abuso del servicio público de justicia, una actitud incompatible desde todo punto con su sostenibilidad. Todos tenemos derecho a hacer uso de los servicios públicos, también a hacer uso de la palabra, pero no tenemos derecho a abusar ni tampoco a abusar de la palabra. No supone castigar por acudir a la jurisdicción, si no atender a la conculcación de las reglas de la buena fe procesal cuando hubiera sido posible y evidente una solución consensuada, una solución que pudiera satisfacer a las partes involucradas en esa controversia. En cuanto a los costes del nuevo sistema, se prevé específicamente la posibilidad de que las administraciones con competencias en materia de justicia puedan establecer cuanto tengan por conveniente para sufragar el coste de la intervención de dicho tercero neutral en todo o en parte con cargo a fondos públicos y para aquellas personas en quienes concurran los requisitos que se establezcan al efecto. Finalmente, respecto a las reformas en las leyes procesales tendentes a la agilización y eficiencia de los trámites contenidos en el proyecto de ley, creemos que presentamos un texto ambicioso, pero es un texto necesario. Y quiero referirme a las reformas más importantes relativas a la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objetivo de alcanzar una mayor agilización del proceso. Se amplían materias que, con independencia de su cuantía, se tramitarán por las normas del juicio verbal. Así se introducen las acciones individuales relativas a las condiciones generales de la contratación, acciones relativas a reclamaciones de cantidad en materia de propiedad horizontal, procedimientos de división de la cosa común y se eleva hasta los 15 000 euros de cuantía de los pleitos. Por otro lado, se introduce la posibilidad de que un juez o una jueza, a la vista de las peticiones en materia de prueba de las partes, pueda decidir que no haya lugar a la celebración del acto de la vista, aun cuando una de las partes o incluso ambas partes lo hayan solicitado, con el objeto de evitar dilaciones indebidas por celebración de vistas que puedan resultar innecesarias. También se articula el procedimiento testigo para dar respuesta a las demandas con una identidad sustancial de objetos sin necesidad de tramitar todas ellas, como es el caso de la litigación en masa en materia de condiciones generales de la contratación que, como bien conocen, provoca mucha congestión en algunos juzgados. En los procedimientos instados por los titulares de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad frente a quienes perturben su ejercicio sin disponer de título se agiliza su protección en el emplazamiento para contestar a la demanda, de manera que se podrá percibir a la persona demandada que si no comparece o lo hace sin haber prestado caución se dictará sentencia acordando las actuaciones para la efectividad del derecho inscrito. En materia de recursos, se adapta el sistema de recursos a la doctrina del Tribunal Constitucional, introduciendo una reforma en el recurso de apelación a los efectos de agilizar la segunda instancia y que los recursos se puedan interponer ante el órgano ad quem. Además, se suprime el recurso extraordinario por infracción procesal y se recoge una nueva regulación del recurso de casación ―esta es una muy importante novedad―, debiendo fundarse en la infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra el interés casacional con la única excepción de los procedimientos de tutela judicial de derechos fundamentales excepto los del artículo 24 de la Constitución. En suma, señorías, se trata de adaptar el servicio público de justicia al siglo XXI que, además, se ha realizado siguiendo una metodología participativa, una metodología deliberativa, escuchando a los colectivos de profesionales involucrados y también a los órganos consultivos. En la elaboración del texto se han recibido aportaciones de múltiples interlocutores y de comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, consejos generales y colegios profesionales de la Abogacía, la procura, graduados sociales, notarios, registradores, economistas, asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, organizaciones sindicales, etcétera. Durante el trámite de consulta pública previa se recibieron más de 150 aportaciones de los ciudadanos y las ciudadanas y de las organizaciones y asociaciones potencialmente afectadas por la futura norma, porque, lógicamente, a estas personas es a quienes más les va a afectar y son de quienes tenemos que preocuparnos para garantizar su tutela judicial efectiva y su derecho de acceso a la justicia. Posteriormente, durante el trámite de audiencia e información pública, el ministerio recibió, analizó y tomó en consideración más de 130 escritos de alegaciones. Y ya estamos por fin en esta fase parlamentaria. El Grupo Parlamentario VOX vive una realidad paralela a esa nostalgia de otros tiempos de posguerra. Concluyo animando al resto de la Cámara a que no entren en esos juegos. Las reformas de la eficiencia del servicio público de justicia van a redundar en un amplio beneficio para la Administración de Justicia, pero, sobre todo, para los ciudadanos y para las ciudadanas. Como digo, termino con un llamamiento al diálogo y al trabajo conjunto para unas reformas que deben gozar de un amplio consenso, porque son reformas de carácter estructural. El Gobierno está abierto a todas las aportaciones constructivas, pero no a las aportaciones que no construyen en nuestra sociedad, como esta enmienda que el Grupo Parlamentario VOX hoy nos trae aquí. Muchas gracias. .

  105. José María Sánchez García VOX

    Buenas tardes. Con la venia. Creo que hemos tenido gran razón en provocar este debate de totalidad con la presentación de esta enmienda de devolución, porque esto nos ha brindado la ocasión de que la señora ministra de Justicia de nuevo dedique esta tribuna de las Cortes a dar un mitin contra VOX. Usted es una persona que se ha comportado en este Parlamento de una forma [zafia, irresponsable, insultante y poco presentable] 1. . Usted ha dicho en un debate anterior que VOX era un monstruo y una bestia; nos ha calificado así en sus palabras. Es usted una ministra moderada del Gobierno, según parece. . Moderada en sus maneras, desde luego no; moderada en su pensamiento menos, aunque yo creo que a usted no le hace falta mucho moderar su pensamiento, porque en sus intervenciones usted está acreditando que pensar, piensa poco. . No sabemos si por instrucción del jefe de Gobierno o por una incapacidad natural; nos da igual, es igual de grave para desempeñar ese cargo. Señora ministra, si habiendo estudiado usted Derecho y habiendo hecho una oposición — que no sé qué sucedió en el tribunal aquel día en el que aprobó — usted acredita una ignorancia jurídica garrafal, no podemos esperar de usted que sepa historia. Porque decir aquí tonterías tales como que España tiene una tradición centralista anterior a la Revolución francesa indica que usted no sabe nada de historia de España. La tradición política y jurídica española, señora mía — debería usted leer un libro de bachillerato, aunque no de estos, de estos últimos no —, no es centralista. Esa es una tradición importada en el siglo XVIII con la dinastía de Borbón después de la Guerra de Sucesión. . Además, le voy a decir a usted otra cosa. Todo esto da lugar a una tergiversación de los grupos nacionalistas que reinventan la historia de España. Veo algunas caras de señores del Grupo Socialista que me escuchan con atención, porque saben que lo que estoy diciendo es verdad. Usted no, pero puede aprenderlo. No es letal la lectura de un libro de texto de bachillerato para una ministra, créame usted. Yo pensaba que iba a hablar usted de derecho, pero aquí ha hablado de bastantes tonterías. Le diré además que van siete, porque acaba de ser declarada inconstitucional otra reforma más a iniciativa del Gobierno acerca de esa autorización o aprobación ex post en materia de medidas de alcance general en materia sanitaria; como usted sabe, por una sentencia del Tribunal Constitucional cuyo contenido no conocemos, pero sí conocemos la nota de prensa que ha publicado el tribunal. Van siete , no sé si lo sabe usted. Si lo sabe, usted tendría que tener la dignidad que no ha tenido ni el presidente del Gobierno ni el ministro de propaganda jefe — que es el ministro de la Presidencia; usted es ministra de propaganda adjunta— de pedir perdón a esta Cámara y dar una explicación de cómo es posible que un Gobierno promueva iniciativas legislativas que han merecido la declaración de inconstitucionalidad; hasta siete en menos de año y medio, aunque una de ellas no es del Gobierno, es de la Presidencia de esta Cámara pero está claro que siguiendo instrucciones del Palacio de la Moncloa. Ustedes han superado un récord universal — sí, créame—y, desde luego, este es un dato histórico no controvertido ni controvertible. No hay ningún caso en la historia de Europa de algo semejante. . Y un Gobierno con este 1 Palabras retiradas por la Presidencia de conformidad con el artículo 103.1 del Reglamento de la Cámara. Ver página 93. récord de violaciones de la Constitución se permite decir que un partido de la oposición es anticonstitucional; o algo parecido, no sé qué ha dicho usted. Además, dice que es un partido que abusa porque recurre mucho ante el Tribunal Constitucional. Perdóneme, ¿y usted para qué cree que está la jurisdicción constitucional? ¿Para santificar los designios inconstitucionales de un Gobierno de signo totalitario y tiránico como aquel al que usted pertenece? Pero ¿usted qué cree? Usted puede no saber nada, pero en ese caso no hable. . Mantenga un ominoso silencio acerca de esta realidad o simplemente no acepte ser ministra. ¿Usted puede, sobre la base objetiva de una lesión constante y sostenida de la Constitución por el Gobierno, reprochar algo a VOX, que es quien ha propiciado esos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que han declarado inconstitucionales esas iniciativas? ¿Usted puede decir algo en contra de VOX? Usted no puede decir nada y, como no puede decir nada, dice lo que ha dicho, que es, en conjunto, bazofia intelectual. Nada más. . Por cierto, esta última declaración de inconstitucionalidad ya fue objeto de una advertencia por quien les habla a doña Cuca — que no entendió nada y que sostenía también que había que hacer algo idéntico a lo que hizo el Gobierno— y a su predecesor en la cartera de Justicia, el señor Campo Moreno, que me observó con cara de escepticismo. Sabido esto, se nos dirá seguro — ya lo ha dicho usted— que la enmienda es escueta. Se nos dirá que esta iniciativa responde a una condición al efecto del desembolso de los fondos europeos. Verdad y mentira al tiempo, porque lo que sabemos es — y se nos dice— que al efecto de ese desembolso en razón de un objetivo determinado — el hito CID 152 de la Medida C11.R2, que recuerda en la exposición de motivos— habrá que mejorar las condiciones de eficiencia procesal en España antes del 31 de diciembre de 2022. Pero es que, señora ministra, con esta ley sospechamos que esas condiciones de eficiencia no van a mejorar, sino que van a empeorar; y lo sospechamos con fundamento, no porque diga usted que somos antiguos, que somos decimonónicos, que somos prerrevolucionarios o no sé qué otras monsergas carentes de todo significado y de toda verdad. No, mire usted, esto es relativamente sencillo. Ustedes han planteado aquí una reforma panprocesal que abarca todos los órdenes jurisdiccionales al socaire de la introducción de la mediación obligatoria en nuestras leyes. Porque la mediación en España ya existía legalmente y hay una ley que la regula, que es la Ley 5/2012, de 6 de julio, ley promovida por el Gobierno del Partido Popular. Dicen ustedes que esa ley no ha dado los frutos deseados. Bueno, pues díganselo ustedes al Partido Popular. Pero no, en lugar de interrogarse acerca de por qué, ustedes acuden a lo que verdaderamente es pulsión autoritaria de este Gobierno, y dicen: Vamos a imponer la mediación, guste o no. Y para imponer la mediación ustedes articulan tal pulsión mediante una ley como esta. Después de esto, hay ahí una sucesión de reformas procesales, algunas probablemente lesivas de la eficiencia procesal y otras que rayan claramente en posibles violaciones del derecho a la tutela judicial efectiva. No lo digo yo, lo ha dicho la doctrina científica. Hay dos artículos publicados por dos catedráticos de Derecho Constitucional, que usted tampoco sabe quiénes son. Pues bien, para que usted no se moleste en leerlos, yo le sugiero que le diga a algún asesor de su gabinete en el ministerio que lea tales artículos. Están publicados en el dosier que prepara el Servicio de Documentación de esta Cámara, de modo que tampoco va a ser para usted un esfuerzo sobrehumano realizar esa lectura para que vea que lo que yo digo no es una ocurrencia ni mía ni de VOX, sino que es compartida por la más distinguida y autorizada doctrina procesalista española. Ya sé que a usted no le importa nada, pero debería importarle si usted quisiera cumplir debidamente con las obligaciones de su cargo. . Sí, imposición de la mediación que además responde a una idea calenturienta y rara que recorre toda la ley, que es que a los españoles les gusta litigar. Usted probablemente no ha ejercido nunca la profesión de abogado; bueno, la de magistrado o juez en un destino judicial también muy poco, porque ha estado usted siempre en destinos ajenos a la jurisdicción. Pero, en fin, hay que entender las cosas como son y usted debería saber que hay un proverbio muy conocido en el mundo de los abogados que dice que el fracaso del abogado es el pleito. Mediación hay siempre, siempre, con ley y sin ley, porque nadie en su sano juicio va a litigar — salvo que sea lo que se llama en medicina un paciente querulante— sin haber intentado previamente una solución extrajudicial de la controversia que le pueda enfrentar con otro. . Si usted no sabe esto, no es que no sepa usted derecho o no es que no sepa usted historia, es que usted no sabe nada de la experiencia propia de lo que es la vida civil de los españoles. De modo que ese planeta Marte en el que dice usted que habita VOX me parece que para usted ya no es Marte, debe ser Urano o Júpiter, que están un poco más lejos. . Imposición de la mediación. Además, ustedes cuando imponen la mediación ignoran la jurisprudencia constitucional, porque le recuerdo a usted que hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, la Sentencia 1/2018, de 11 de enero, que ya invoca sentencias anteriores — entre otras, la Sentencia 174/1995—, que ha declarado que el arbitraje obligatorio no es conforme con el artículo 24 de la Constitución. Y me dirá usted: Es que es distinto, porque, si fracasa la mediación, siempre hay acceso a la jurisdicción. Sí, pero es una limitación del derecho. Tampoco el arbitraje agota la posibilidad de acudir a la jurisdicción, porque existe lo que se llama la acción de anulación del laudo arbitral, aunque no sé si usted conoce su existencia...

  106. José María Sánchez García VOX

    ... pero está reconocida en las leyes españolas. .

  107. Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

    Muchas gracias, presidente. Si me lo permite, intervendré desde el escaño. Simplemente, quiero manifestar que no apoyaremos esta enmienda a la totalidad de devolución sin texto alternativo. La razón principal es que, si nuestro grupo hubiera querido votar una enmienda a la totalidad, habría presentado la suya y no habría esperado a que VOX presentara una. Muchas gracias.

  108. Edmundo Bal Francés Cs

    Gracias, presidente. Buenas tardes. Señor Sánchez, usted desde luego sigue fiel a su imagen. La última vez que me subí aquí después de que hablara usted tuve que regañarle por haber dirigido unas palabras bastante insultantes a doña Cuca Gamarra y hoy la verdad es que usted ha dirigido unas palabras absolutamente inaceptables a la ministra de Justicia, ¡inaceptables! . VOX hace lo que hace siempre: poner obstáculos a la tramitación de las leyes. Esto se puede demostrar fácilmente. Ellos coinciden con nosotros en el diagnóstico del problema, en que la justicia en España funciona mal, pero su solución es una enmienda a la totalidad respecto a un proyecto del Gobierno que nosotros entendemos insuficiente y que pretendemos mejorar mediante enmiendas parciales. La posición de VOX, sin embargo, es la de que no se haga nada, que no se tramite nada; tenemos muchos problemas en la justicia, pero todo lo que venga del Gobierno será malo. . Miren, aquí se viene a trabajar , aquí se viene a presentar enmiendas y a mejorar los proyectos. Aquí venimos porque nos pagan el sueldo los españoles y no me vale eso de: Todo está mal, pero que siga mal, porque yo voy a seguir sin trabajar. Le reconozco en su texto una cierta honestidad cuando dice: Y, además, es que esto el Gobierno se lo va a apuntar como un tanto. Esto es todo lo que a 2 Palabras retiradas por la Presidencia de conformidad con el artículo 103.1 del Reglamento de la Cámara. Véase página 91, ustedes les preocupa, ¿no? Que el Gobierno se ponga una medalla, nada más que eso. Están ustedes en esa idea de que ojalá a España le vaya mal. Como tienen ustedes que encontrar excusas para esta enmienda a la totalidad, se afanan en los métodos alternativos de solución de controversias y, en concreto, en la mediación. Y digo yo que también hay otros, es una lista abierta de medios; también está la conciliación, también está el arbitraje... Pero con el arbitraje mejor no nos metemos, ¿no?, porque eso da dinerito a los abogados y muchos de los de VOX son abogados y seguramente son árbitros en las listas de arbitraje. Pues, sí, la mediación obligatoria en civil. Eso es lo que se establece, y se incentiva el acuerdo mediante un sistema ponderado de costas. Usted, que me cita a catedráticos de Derecho Constitucional, ¿sabe lo que es la mediación? Usted es juez en excedencia. ¿Nunca ha entrado en un juzgado y ha escuchado al juez decir eso de: Hombre, a ver si las partes llegan a un acuerdo? Yo miles de veces. Pues lo que trata de establecer esta ley son los cauces institucionales para que se consiga ese acuerdo. Métase en una página web que se llama GEMME del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, que tiene 260 magistrados, y verá que los magistrados están en favor de la mediación. . Si se mete en esta página verá cuál es la justificación de la mediación. Dicen que la mediación es fomentar la cultura del diálogo, pero VOX no quiere la cultura del diálogo. Claro, ese es el quid de la cuestión. VOX quiere lo viejo frente a lo nuevo cuando todos los países de nuestro entorno establecen medidas de mediación, cuando la Unión Europea tiene una directiva de mediación. Pero, claro, es la Unión Europea, ¡la ciénaga multicultural, el consenso progre, las oligarquías!; todas esas cosas que dicen ustedes sobre la Unión Europea. . ¿Sabe dónde triunfa la mediación? En Italia. El 50 % de las mediaciones que se inician llegan a buen término. Llame a su amigo Salvini y pregúntele cómo funciona la mediación en Italia, o cómo funciona la mediación en Francia. ¿Y qué se cree, que esto es nuevo en España? Aquí la conciliación previa a la vía jurisdiccional social es obligatoria ¿Sabe cuántas conciliaciones sociales ha habido en el año 2021? Ha habido 332 000. ¿Cuántas han terminado con avenencia? Han sido 120 900, 120 900 pleitos menos en la jurisdicción social. Esto es lo que usted no quiere. ¿Cuántas veces se ha llegado a un acuerdo en accidentes de tráfico? De 250 000 asuntos en el año 2014, 225 000 se resolvieron con acuerdo; 225 000 pleitos menos que saturarían la jurisdicción penal y la jurisdicción social. Ministra, le digo que incluso la ley se ha quedado corta, porque no permite la mediación en una faceta en la que me parece fundamental, que es en el mecanismo de segunda oportunidad de la Ley Concursal. Hay que seguir abundando precisamente en este medio de composición procesal. Esto es algo que permite a las partes eludir la jurisdicción y llegar a un buen acuerdo. Dicen ustedes que va a haber más gastos para las partes. ¡Mentira! Una noticia de El Economista, que se hace eco de un informe de esa Unión Europea tan malvada de las oligarquías, dice que la mediación cuesta un 60 % menos que un pleito. Pero, además, hay que resaltar la duración: un pleito medio en Europa dura 566 días, una mediación dura 43 días. Efectivamente, su problema es este, que es una cosa moderna, que es una cosa europea. Y como resulta que tienen que buscar excusas, ya el colmo es que nos dicen que esto contempla una audiencia preliminar en penal, para llegar a una conformidad penal. Yo he firmado más de mil conformidades penales a lo largo de toda mi vida profesional y es la forma de terminar con un procedimiento, pero es que la audiencia preliminar penal que se establece en esta ley dice que también va a servir para depurar el procedimiento de aquellas razones que pueden determinar la suspensión del juicio oral o determinar la nulidad de las pruebas. A VOX no le gusta esto, no le gusta que haya un trámite donde se vea la validez de las pruebas penales, que es en la audiencia preliminar. Señor Sánchez, quizás únicamente podemos estar de acuerdo en el abuso que de los medios electrónicos se hace en esta ley y en que no se utilicen con un fin espurio. Podemos estar de acuerdo en que hay que dotar de medios a la Administración de Justicia. Podemos estar de acuerdo en que el Consejo General del Poder Judicial debería poder nombrar magistrados del Tribunal Supremo aunque estuviera en una situación de interinidad, pero, desde luego, sobre los medios alternativos de solución de controversias nunca vamos a estar de acuerdo. . Es la cultura del diálogo, la de los liberales, la de Ciudadanos. .

  109. Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

    Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, señorías, voy a intentar poner un poco de paz, después de lo que ha pasado hasta ahora, con una reflexión rápida y breve que espero que sea de utilidad, más allá de la bronca continua entre unos y otros. Si uno analiza la presentación de la enmienda a la totalidad, siete minutos se han dedicado a hablar de la historia del derecho, a citar sentencias del Tribunal Constitucional, a la discusión entre VOX y Gobierno, para hablar en los últimos cinco minutos de la cuestión de fondo, que es la mediación obligatoria y lo que realmente significa la ley. Por tanto, creo que lo que nos interesa hoy es valorar si es de justicia o no, si es de recibo o no, dar apoyo a esta nueva medida incluida en este proyecto de ley. La señora ministra resaltaba la apuesta por hacer una justicia — decía— ágil, de proximidad y transformadora. Ojalá sea así, señora ministra, porque la realidad actual es muy diferente. Es evidente que algunas medidas que se han tomado en el pasado, como la cuestión de los plazos; el anuncio de los recursos — se quitó el anuncio del recurso y lo que ha acabado generando es que el recurso de veinte días sea todavía más largo que cuando se anunciaban los recursos en la vía civil—; los medios y las funciones que tienen los juzgados; la conciliación de los mismos profesionales que trabajan en el ámbito de la justicia, especialmente abogados y procuradores, o la realidad de señalamientos a un año vista en muchos casos en los juzgados hacen necesario ponerse a trabajar cuanto antes en un replanteamiento del servicio de la justicia. Seguramente no coincidimos al 100 % con el proyecto de ley de eficiencia procesal, pero es cierto que puede ser una oportunidad para tratar de mejorarla, especialmente también en el ámbito de la ejecución de sentencias. Hace pocos días aparecía un estudio en el que España se sitúa en el 25 % de ejecución de sentencias, a diferencia del 65 % de Francia o el 62 % de Países Bajos. Lo mismo ocurre con los plazos de resolución de estas ejecuciones, que son de seis a doce meses en España mientras que en Bélgica son dos meses y tres o cuatro meses en Francia. Por tanto, es evidente que las reglas procesales que hoy nos ocupan — la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Procedimiento Laboral— requieren un replanteamiento a fondo para adaptarlas no solo a los nuevos tiempos, sino también a las necesidades y a un servicio de justicia mucho más eficiente en beneficio de los conciudadanos. El planteamiento relativo a las MARC, las medidas alternativas de resolución de conflictos, seguramente va a llenar buena parte de los debates sobre este proyecto de ley. En cuanto a la mediación, usted también debe saber que es un ámbito en el que Cataluña ha desarrollado competencias de manera muy amplia y, por eso, en este ámbito vamos a intentar procurar salvaguardar las competencias que la Generalitat de Cataluña tiene en este ámbito y que ha desarrollado a lo largo de muchos años. También toca de rebote la ley la parte de la eficiencia organizativa — no de la eficiencia procesal, pero sí de la eficiencia organizativa— de los juzgados de paz. Ya le anuncio que para el PDeCAT es un tema vital y es una línea roja el mantenimiento de los juzgados de paz, porque, si se apuesta por las medidas de conciliación, si se apuesta por las medidas de resolución de conflictos, los jueces de paz representan sin duda alguna la proximidad y la agilidad, es decir, la solución de conflictos de una manera mucho más ágil y mucho más próxima. Por tanto, para nosotros los jueces de paz, que hacen un trabajo fantástico en muchos municipios donde no existen más recursos, son un elemento importantísimo que ustedes eliminan en la ley de eficiencia organizativa. Sin embargo, si la apuesta es por las medidas alternativas en la resolución de conflictos y la eficiencia procesal, quizá haya que encontrar el término medio que permita solucionar la pretendida desaparición de esta figura. Por tanto, señora ministra, por nuestra parte no vamos a dar apoyo a la enmienda que se plantea. Sí que vamos a trabajar a fondo con enmiendas estos diferentes temas que le apuntaba ahora sucintamente y esperamos que esto pueda dar lugar a un trabajo conjunto y a un trabajo leal, para encontrar la mejor ley posible con el fin de mejorar el servicio de justicia que, sinceramente, creo que todos compartimos que necesita superar con mejor nota las evaluaciones por las que pasa. Muchas gracias.

  110. Carolina Telechea i Lozano ERC-S

    Gràcies, president. Bona tarda, diputades y diputats. El impacto de la crisis sanitaria en el funcionamiento de la Administración de Justicia ha mostrado la fragilidad de una arquitectura y organización obsoletas, sin capacidad de reacción eficaz ni eficiente ante un reto mayúsculo, evidenciando la imperiosa necesidad de reforma y modernización de la estructura, el gobierno y el funcionamiento de la Administración de Justicia en el Estado español. En las próximas reformas legislativas de las leyes de eficiencia, nuestro trabajo va a pivotar sobre la apuesta por un Poder Judicial territorialmente descentralizado, y no vamos a desaprovechar ninguna oportunidad para iniciar la transición pendiente de la Administración de Justicia hacia un modelo de servicio público ágil, eficaz, sostenible, de proximidad e instrumento de garantía de la cohesión social y prosperidad de la colectividad. Por lo tanto, tenemos dos alternativas: por un lado, la de dejarse llevar por las ineficiencias de un modelo de justicia caduco, arrastrar los mismos errores que en el periodo pre-COVID ya nos habían conducido al colapso de la Administración de Justicia y, por lo tanto, a la condena de la ciudadanía a la prestación deficiente de un servicio público esencial para la comunidad, y, por otro lado, la de evitar el colapso judicial en todos los territorios desde la defensa de la cohesión social como un valor prioritario de acción política y en atención, sobre todo, a los colectivos y personas más vulnerables. Los proyectos de ley de eficiencia que nos trae el Gobierno contienen una serie de propuestas que se plantean desde una perspectiva técnica jurídica y procesal con el fin de reducir al máximo la excesiva burocracia que impregna todos los procesos judiciales y circuitos procesales, que dificulta gravemente la imprescindible celeridad y capacidad efectiva con que la Administración de Justicia debe responder ante los conflictos sobre los que la ciudadanía confía en su resolución. Asimismo, creemos imprescindible incorporar la perspectiva y la mirada social en el planteamiento de resolución de conflictos, respecto de la que el ciudadano o la persona física se sitúa en un punto de partida en desventaja en la defensa de sus derechos ante la falsa neutralidad del proceso judicial por razones de vulnerabilidad social o de dimensión económica de su oponente, como, por ejemplo, sucede en el ámbito de las reclamaciones contra los abusos bancarios, tales como las cláusulas suelo o IRPH en materia de vivienda. En esta línea, hemos hecho siempre una gran defensa de los sistemas de mediación o lo que en el proyecto de ley se denomina MASC, los medios alternativos de solución de conflictos. Creemos en el papel del abogado en la mediación de conflictos, así como en el de los jueces de paz — cuestión a la que luego haré referencia—, y por ello nuestro Departament d’Justícia de la Generalitat de Catalunya ya dispone de un centro de mediación, que funciona, y funciona bien, así que, por nuestra parte, lo vamos a defender con uñas y dientes. Y veremos también la compatibilidad de los MASC con nuestro sistema competencial. Existen diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establecen que no hay problemas de inconstitucionalidad en este tema. Incluso, una sentencia del Tribunal Constitucional italiano deja claro que la no asistencia del abogado o procurador en un procedimiento de mediación es justamente inconstitucional. . Evidentemente, si queremos que el sistema MASC funcione, hay que dotarlo de más recursos. Quiero aprovechar también esta ocasión para marcar nuestro posicionamiento respecto a la tramitación de las leyes de eficiencia en algunas cuestiones que para nosotras resulta imprescindible abordar. En primer lugar, los juzgados de paz. En Cataluña están presentes en 898 de los 947 municipios que hay, y la figura del juez de paz es elegida en el pleno municipal de entre los ciudadanos del municipio, por lo que conocen la realidad del mismo y además goza de la legitimidad que le otorga el pleno a través del mandato popular. Actualmente los juzgados de paz tienen competencias en las materias de derecho civil, derecho penal y registro civil, resolviendo una cantidad ingente de trámites judiciales. Eliminarlos supone una recentralización, con la que estamos absolutamente en desacuerdo, ya que va en contra justamente de la competencia que nos otorga el artículo 108 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya y, sobre todo, provoca colapso en los juzgados, encareciendo la justicia y prestando peor servicio a la ciudadanía. El otro aspecto que consideramos importante es la especialización de los juzgados en infancia, familia y capacidad. Tenemos la oportunidad de avanzar en este tema y nuestra posición va a ser dura al respecto. Tenemos que evitar una justicia de dos velocidades, evitar que la justicia discrimine en función del lugar de residencia. Sin duda, hay otros muchos aspectos a trabajar y mejorar, como, por ejemplo, las ejecuciones civiles, que esperemos que el Gobierno atienda si realmente cree en un servicio público de justicia ágil, eficaz, sostenible y de proximidad. Por último, como verán, estamos en las antípodas respecto al concepto de servicio público de justicia que tiene el grupo proponente de esta enmienda a la totalidad, así que es evidente que votaremos en contra. Gracias. .

  111. Roberto Uriarte Torrealday UP

    Vicepresidente, queridas y queridos compañeros, querida ministra, dice aquella maldición: Pleitos tengas y los ganes. ¡Qué joya, qué maravilla la sabiduría popular de este país!, precisamente la contraria de los ruidosos. Como suele decir mi madre, el mejor desprecio es no dar aprecio, así que, cuanta menos atención al ruido, mejor, y centrémonos en lo que supone progreso. ¿Qué es lo que sabe la sabiduría popular que no conocen tantos juristas pretenciosos de este país? Señorías, lo que sabe es que los pleitos no se ganan, que el mejor litigio es el que se consigue eludir, al igual que la mejor guerra es la que se consigue eludir, porque en los litigios, en los pleitos, en las guerras generalmente pierden las dos partes. Eso lo sabe la sabiduría popular y eso lo tenemos que aprender muchas de las señorías pretenciosas y arrogantes que estamos aquí, que no hemos aprendido de la sabiduría de la gente de la calle, que conoce que hay que eludir los pleitos y que esto hay que aplicarlo. Por eso es importante esta ley, esta ley suya y también de su predecesor, que es una ley buena, una ley necesaria, que entre todas y todos vamos a mejorar. Ahí está la sociedad civil, ahí está el Consejo General de la Abogacía, con el que ya nos hemos reunido, y las asociaciones de letrados de justicia; ahí está toda la gente que sabe, que quiere aportar y quiere mejorar, de manera que la vamos a hacer mejor. ¿Por qué tenemos este paradigma basado en entender la justicia exclusivamente como poder y para litigar, basado en pleitear? Muy probablemente algo tenga que ver — se van a revolver algunos, se les va a cortar la digestión— el hecho de que hasta el año 1966 todavía las mujeres tenían prohibido el acceso a la Administración de Justicia y no podían ser juezas. Durante cientos de años, durante miles de años, la historia del derecho, la historia de la Administración de Justicia se conformó sobre la base de valores, principios, criterios y sensibilidades estrictamente masculinas y de alguna forma valorando especialmente el litigio, la idea de que hay que ganar, de que hay que imponerse a la otra parte. Y en esa cultura se nos ha enseñado a los juristas, aunque, afortunadamente, la sabiduría popular era más lista y predicaba que eso era algo a evitar. Por eso es buena su ley, y por eso vamos a sacar una ley buena. Tiene razón en su informe el Consejo General del Poder Judicial en cuanto a que en nuestra cultura jurídica va a resultar algo difícil de encajar esto. Pero precisamente lo que quizás falla es esa cultura tan volcada hacia el litigio, tan volcada hacia el pleito y tan poco volcada a buscar soluciones amistosas y transaccionales, a buscar un concepto de justicia restaurativa, que es fundamental. La idea de que el mejor pleito es el que se elude, que es mejor transigir que empeñarse en imponerse es algo absolutamente fundamental. Por lo tanto, esta es una ley lúcida, que entiende la sabiduría popular de este país, es una ley en función de cuestiones éticas, lógicas, racionales, e incluso hasta por una cuestión simplemente de interés. Es decir, no vamos a descongestionar nunca la Administración de Justicia mientras que no cambiemos esa cultura jurídica basada en el pleito, y eso hay que abordarlo desde abajo. Hay que abordar no solo la reforma legal, que la vamos a abordar y vamos a peinar esta ley, vamos a hacer una ley magnífica, sino que hay que cambiar también la cultura de los agentes, de los interlocutores jurídicos. Tenemos que cambiar la formación desde las universidades, tenemos que enseñar a quienes intervienen en el tráfico jurídico que el derecho es básicamente un instrumento para la convivencia, un instrumento de control social, una forma mediante la que las personas aprenden a encauzar sus conflictos y dejar el litigio en último lugar, por lo que el derecho penal tiene que guardarse exclusivamente para la última fase. El hecho de dejar el pleito, de dejar el litigio para la fase final, para cuando todo lo demás haya fracasado, resulta absolutamente fundamental. Por todo ello, mucho ánimo con esta iniciativa. Vamos a ayudar, vamos a estar todos para mejorar y vamos a hacer grandes consensos. Gracias, Edmundo, por tu aportación y la buena voluntad, porque claramente sobre lo que se está debatiendo hoy es entre el progreso y la reacción. La prueba del algodón ha sido el comienzo de este debate. Estas cosas le aclaran a uno mucho cuándo está en la vía del progreso, de la ciencia y del conocimiento, y en este caso es evidente. Necesitamos un nuevo paradigma, y, como bien ha dicho la compañera Telechea, necesitamos un nuevo paradigma que no se base solo en entender la justicia como poder, sino también como servicio, como servicio público, y que entienda que el particular no solo recurre a la justicia para ganar o imponerse frente a otro interés u otra persona, sino que va a interlocutar con la Administración y que durante el tiempo que dure el proceso va a sufrir en sus carnes no solo los costes materiales, sino también unos costes emocionales importantes. La Administración de Justicia tiene que tratar a la persona desde estos criterios, que, desgraciadamente, han estado excluidos en la historia del derecho y de la Administración de Justicia, relativos a cuidar a las personas sometidas a la actividad del servicio público, que es algo fundamental. También aprendíamos — o desaprendíamos— en las facultades de Derecho aquello de fiat iustitia et pereat mundus, hágase la justicia y desaparezca el mundo. ¡Qué horror, qué frase más contraria a la sabiduría popular! ¡Por favor, la justicia está para que el mundo no desaparezca! . Precisamente no está como algo para imponerse a las personas. La justicia es un instrumento de convivencia para que sepamos resolver los conflictos. La mayoría de los problemas, de los conflictos humanos no se pueden resolver, solo se pueden encauzar bien, y está para que sepamos encauzarlos bien. Su ley introduce instrumentos necesarios de mediación, de conciliación, de búsqueda de acuerdos, de soluciones extrajudiciales o soluciones previas al litigio. Tenemos que ahondar en eso y tenemos que acompañarla de muchos medios. Le digo que hay un auténtico — no voy a decir furor— ansia en la sociedad civil y los agentes jurídicos por intervenir, por mejorar esta ley y vamos a hacer una gran ley. Después, en la medida en que a usted le toca implementarla — en este país siempre estamos pensando en hacer leyes bonitas, pero lo importante es implementarla luego—, le deseo el máximo éxito, como se lo deseaba a la ministra Calviño en mi anterior intervención, porque su éxito, el éxito de su departamento implementando esta ley va a ser el éxito de nuestro país. Muchas gracias. .

  112. Miguel Ángel Jerez Juan PP

    Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señora ministra, abordamos este debate convencidos de que la justicia española necesita una modernización profunda, una revolución como nunca antes tuvo y requiere la mayor intervención estructural y procedimental de su historia. Es la propia realidad la que nos interpela a impulsar esa transformación con decisión y sin descanso hasta convertir la justicia en ese servicio público esencial de calidad irrenunciable en cualquier Estado de derecho que presuma de serlo. Estamos obligados a recorrer ese camino, porque el diagnóstico de la salud de la justicia en España es altamente preocupante. Somos el país de la Unión Europea en el que se celebran más pleitos en proporción al número de jueces por habitante. Por lo tanto, para que la justicia sea eficaz, o nos faltan más jueces o no sobran asuntos o potenciamos mecanismos alternativos, que es de lo que se trata. No existe suficiente cultura de la resolución extrajudicial de conflictos en España. El nuestro es un país en el que prácticamente todo queda reservado a la decisión de los jueces y tribunales. La existencia de procedimientos de mediación y arbitraje es insuficiente, y esto representa un retroceso que eterniza y acumula la resolución de asuntos hasta los límites del colapso. La gestión de los procedimientos es desigual, no existe un sistema de gestión de notificaciones y presentación de escritos único en todo el país, sino que muchas regiones cuentan con su propia plataforma informática; una justicia de dos velocidades en función del lugar en el que uno viva o pleitee. Y la justicia es lenta, y la lentitud en esa respuesta en muchos casos llega a convertir la justicia en un servicio público esencial inservible. Estos son algunos de los grandes nudos gordianos que estrangulan al sistema. Por lo tanto, nosotros abordaremos este debate con el propósito de ser parte, pero de ser parte también de la solución, y, para ser parte de la solución, hay que estar en la solución. A los promotores de este debate he de decirles que no hemos encontrado en su enmienda a la totalidad razones suficientes que la justifiquen, que solo hemos encontrado vaguedades y superficialidades en la argumentación. También hemos encontrado contradicciones evidentes y hemos echado de menos, eso sí, un texto alternativo que nos convenciera de que la razón la puede tener VOX. Y después de todo esto, ¿qué le queda a VOX? Se lo diré: Nada que no puedan ustedes remediar con un par de enmiendas parciales. Hemos encontrado en su texto la negación de la mayor. Afirman no entender qué clase de innovación representa una negociación entre las partes previas al litigio. Si ustedes entienden eso y lo entienden así, es que no han entendido nada. Y, sí, estamos de acuerdo y ustedes lo apuntan, es cierto, en que la digitalización requiere de medios materiales. También estamos de acuerdo en que el Gobierno llega tarde y convenimos que existen disposiciones en la ley que fían la implantación de esos recursos a un futuro tan lejano como incierto, es verdad. Pero en lo que no coincidimos o no estamos de acuerdo es en la negación de la digitalización como medio adecuado para remediar muchos de los fracasos de la justicia española, y de su enmienda a la totalidad se desprende eso, la negación de la propia tecnología en sí misma. Señorías, para modular nuestra posición nos hemos reunido con muchos operadores jurídicos, colectivos afectados y agentes sociales. Les puedo asegurar que nadie ha discutido la vocación del proyecto, no se cuestiona el modelo, lo que se cuestiona son muchos matices, cierto, y, sí, es posible que todos tengan algún reparo, pero no están en desacuerdo con el todo. Nosotros también tenemos muchas objeciones y vamos a intentar revertirlas desde dentro. Les adelanto que votaremos en contra de la enmienda a la totalidad presentada, lo que no significa, ni mucho menos, que estemos de acuerdo con la propuesta presentada por el Gobierno o con la política desarrollada por la ministra frente a su negociado. Votaremos no a la enmienda a la totalidad, sin que esta posición anticipe un voto favorable a la ley. Hemos sido críticos con las decisiones del ministro Juan Carlos Campo y mucho me temo que la señora Pilar Llop nos va a obligar a seguir siendo críticos con ella, porque, como cantaba Sabina, nos sobran los motivos. Hemos sido críticos con una política de indultos que ha permitido quitar las esposas a quienes han violado el orden constitucional y han fracturado la convivencia entre iguales en Cataluña y vamos a seguir siendo críticos, señora ministra, mientras sigan abusando del indulto cuando se den o cuando no se den las razones para concederlo. . Hemos sido críticos con el nombramiento de la fiscal general porque entendemos que el nombramiento de Dolores Delgado no respeta el principio de imparcialidad y vamos a seguir siendo críticos, señora ministra, mientras el partido del Gobierno mantenga esa obscena enmienda que premia los favores de Dolores Delgado con un ascenso en su carrera y un retiro dorado en el Tribunal Supremo. Hemos sido críticos también con la injusticia salarial que han sufrido los letrados de la Administración de Justicia y seguiremos siendo críticos mientras se mantengan las condiciones retributivas del personal al servicio de la Administración de Justicia bajo mínimos. Y vamos a seguir siendo críticos con la ministra de Justicia mientras siga usted ausentándose de esta Cámara y no permita que se sustancien quince peticiones de comparecencia que se acumulan en la Comisión. . El ministerio no es una urna de cristal en la que aislarse a la espera de mejor destino. Al ministerio se viene también a someterse a los controles que la democracia le exige en todo momento y este es uno de los controles. Señorías, Sánchez pasará, será historia, y lo será más pronto que tarde. Aun así, los españoles seguiremos necesitando de un servicio público de justicia eficaz, ágil, garantista, basado en la independencia de jueces y fiscales.

  113. Miguel Ángel Jerez Juan PP

    Acabo. Señorías, Sánchez pasará, será historia, lo será más pronto que tarde, y, cuando suceda, quedará también en el Diario de Sesiones el testimonio de quienes quisieron mejorar la justicia desde dentro y el de aquellos que se quedaron fuera, como VOX. Muchísimas gracias. .

  114. Isaura Leal Fernández PSOE

    Gracias, presidenta; ministras. Señor Sánchez García, después de escucharle, tomo prestadas las palabras del poeta Luis García Montero cuando afirma: Si uno se molesta en mirar el mundo, las cosas, las palabras te dicen quién eres. Después de escuchar sus palabras, los insultos que ha proferido hacia la ministra de Justicia, le definen a usted y lo que representa. Y bien que lo lamento. . Señorías de VOX, no esperábamos menos de ustedes, una enmienda a la totalidad. Y no sorprende que venga sin texto alternativo, con esa desgana legislativa que les caracteriza. Tras sus escenificaciones, no exentas de improperios, su actitud es una mezcla de pereza laboral y desconfianza hacia el Estado, la democracia, y, por lo que se les oye, también hacia las mujeres. Esta nueva muestra de apatía parlamentaria es una imagen clara de lo que VOX supone para la política, y se lo digo desde el respeto personal y parlamentario desde esta tribuna, en la que todos los demócratas estamos llamados a tiempo completo a confrontar dialéctica y políticamente sus teorías avejentadas y sus predicciones de futuro trasnochadas. . Por desgracia, no todos los presentes en este hemiciclo se sienten llamados con la misma fortaleza a esta tarea. Por eso, lo que nos hemos de preguntar es si vendrán otras decisiones — sin duda, importantes para nuestra democracia—, como la de pactar más entradas en gobiernos de un partido que impugna con una enmienda a la totalidad nuestro Estado de garantías y de libertades constitucionales. . A pesar de aquellos que entienden la política como una suerte de justas medievales en la confrontación permanente, la estrategia del ruido que trata de acallar los avances sociales de los Gobiernos progresistas, señorías, la voluntad política se demuestra gobernando. Esta ha sido la tarea durante los últimos cuatro años, la del Gobierno y la del Grupo Socialista, apoyando con sus trabajos la actividad parlamentaria con vocación transformadora desde el acuerdo y el diálogo con otros. En este marco, las reformas que busca el Gobierno con las leyes de eficiencia procesal y eficiencia organizativa y digital tienen como objetivo que la ciudadanía sienta que la justicia es suya y que la propia Administración de Justicia es un servicio público y eficiente. El Plan Justicia 2030 —¿verdad, ministra Llop?— transforma la justicia para hacerla más accesible, más eficiente y con ello también contribuir a la cohesión y sostenibilidad. Señorías de VOX, nosotros no reprochamos ni culpabilizamos a la ciudadanía por reivindicar sus derechos, porque, a diferencia de ustedes, nosotros creemos en ciudadanas y ciudadanos libres, que defienden sus derechos, frente a su concepción de la justicia, más propia de la Edad Media, con siervos silentes. . A diferencia de ustedes, las y los socialistas defendemos que una ciudadanía informada y exigente fortalece la democracia y que una respuesta rápida a sus demandas les acerca todavía más a la justicia. Las reformas procesales, para las que pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios, precisamente están orientadas a eso, a que la actividad de la justicia en unos momentos en que parece especialmente necesaria sea más ágil y eficiente. Estamos ante una oportunidad que debemos aprovechar para abordar los déficits estructurales y situar al servicio público de la justicia en los más altos estándares de calidad. Señorías, la justicia funciona, funciona desde el esfuerzo y la dedicación de jueces, magistrados y tantos profesionales que merecen que abordemos las reformas necesarias para mejorarla. Los juzgados y tribunales deben ser capaces de atender en tiempo razonable la tutela judicial efectiva y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio. Para conseguirlo debemos fortalecer la coordinación y la cooperación para evitar solapamientos y debemos invertir, sí, de forma decidida en la transformación digital para incrementar la cohesión social y territorial. Es verdad que las mayores novedades de estas reformas se encuentran en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, tal como ha hecho la ministra de Justicia, quisiera destacar la importante reforma que se realiza utilizando los medios adecuados para fortalecer la capacidad negociadora y el arreglo de las partes. Debemos poner los medios adecuados para que los tribunales sean el punto final del conflicto, y no la única y principal vía para resolverlos. Debemos dar voz a la ciudadanía para que se sientan protagonistas en la gestión de sus controversias y consolidar, por qué no, la cultura de la paz y la concordia también en la justicia. Más negociación y menos litigios nos harán más eficientes y más eficaces, y además reforzaremos con ello a los profesionales, a los operadores jurídicos, que adquirirán nuevas competencias como abogados, procuradores, notarios, mediadores o registradores. Señorías, miro a mi alrededor y en mi mundo veo razones, argumentos y un presidente, un Gobierno y una ministra, junto a un grupo parlamentario, el Socialista, y estoy segura que junto a muchos otros grupos, y veo también voluntad y ganas de trabajar para seguir adelante con las reformas transformadoras, como esta, que nuestro país necesita. Seguimos. .

  115. Carlos José Zambrano García-Raez VOX

    Hay un problema técnico y no puedo votar.