Pleno del Congreso n.º 227 · XIV legislatura

Rocío De Meer Méndez VOX

Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Casi cuatro millones de españoles nos han puesto en esta Cámara para frenar absolutamente todas las tropelías que lleva a cabo el Gobierno que estamos sufriendo, en todos los ámbitos, tanto en el ámbito que nos va a ocupar en el debate de ahora como en el ámbito del ataque a las instituciones tan grave que estamos viviendo en los últimos días. . Y les aseguro que no vamos a parar hasta devolverles la voz a los españoles, que es a quienes les pertenece. . El objeto del debate que iniciamos ahora es la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario VOX para la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Esta iniciativa es crucial para abordar uno de los problemas más importantes que está sufriendo nuestro país en los últimos años, que es de sobra conocido por ustedes y de sobra negado por ustedes recurrentemente, que es el problema de la inmigración masiva. Una de las circunstancias que permite una de las puertas abiertas en este sistema de las fronteras abiertas es también la puerta abierta que existe en el sistema de vecindad civil de algunos ayuntamientos, y es que en los casos de okupación y de inmigración ilegal hay algunos ayuntamientos en los cuales empadronarse resulta demasiado sencillo y al final esto constituye un fraude a nuestro sistema público y un fraude, en definitiva, a nuestro sistema de servicios sociales. Señorías, en este debate me gustaría que abordáramos un tema que está muchas veces en sus bocas y que, sin embargo, parece que la mayoría de ustedes carecen del sentido básico o de los elementos básicos de la noción más elemental de lo que constituye la justicia social. Señorías, la justicia social no es acabar con el hambre en el mundo, porque es imposible. La justicia social no es acabar con el hambre en el mundo, con unos presupuestos generales del Estado, los presupuestos generales del Estado de España, porque es imposible, y decir lo contrario, no es otra cosa que mentirles a los españoles, es un acto de hipocresía. Señorías, la justicia social no es traer a siete millones de africanos sin recursos a nuestro país, porque lo diga un ministerio, porque digan una serie de poderes económicos que, ante el declive demográfico de Europa, necesitamos mano de obra esclava y masiva para cubrir los empleos precarios. Señorías, justicia social no sería esto, porque es de sentido común; sentido común que, aunque sea común, lamentablemente es el sentido menos habitual en esta Cámara. Es de sentido común que si los próximos años traemos a siete millones de africanos sin recursos a nuestro país no estaríamos disminuyendo la pobreza, sino que la aumentamos exactamente en siete millones de personas. . Pero también es una noción muy elemental de justicia social que pretender traer a siete millones de personas sin recursos a nuestro país también es un acto de hipocresía, cuando en España, y a la luz de los últimos datos, existen trece millones de personas en riesgo de exclusión social y de pobreza. . Es un acto muy grave de hipocresía y es absolutamente contrario a la justicia social. Señorías, justicia social sería ayudar a estas trece millones de personas en riesgo de pobreza. Justicia social sería acabar con los dos millones y medio de personas en pobreza severa. Justicia social sería construir los tres millones y medio de viviendas de protección oficial que todavía hacen falta en España, solo para estar en la media de los países europeos de nuestro entorno. . Justicia social sería acabar verdaderamente con la pobreza energética. El otro día tuve ocasión de visitar, como hacemos todos frecuentemente en nuestra actividad política, un centro residencial con personas con alta discapacidad y altamente dependientes, en este caso intelectual. Vemos grandes cifras en los presupuestos generales del Estado, pero, cuando vamos a las asociaciones pequeñas, cuando vamos a las residencias pequeñas, observamos, como en este centro en concreto, cómo verdaderamente la justicia social está muy lejos de lograrse. Es un centro que tenía dificultades para pagar las facturas de la luz, facturas de la luz recientes que ascendían a 8500 euros. Es un centro que hace una labor social en cada uno de los municipios de España, y si los políticos no estamos para arreglar la vida a la gente que verdaderamente lo necesita, los políticos no servimos para nada. . Señorías, ¿no se dan cuenta de que, no solo estos trece millones de personas en riesgo de pobreza o los dos millones en pobreza severa o los pequeños centros, como el que les acabo de contar, que existen en prácticamente todos los municipios de España, si no tienen cubiertas sus necesidades básicas, no podemos permitirnos acoger a siete millones de personas sin recursos de otros países? ¿No se dan cuenta de la enorme y gigantesca hipocresía que es esto? Una consultora, GIS, recientemente ha hecho un estudio que indica que los extranjeros — que es de sobra conocido por ustedes— son más o menos el 11,4 % de la población y consumen en torno al 50 % de las ayudas públicas destinadas a la pobreza. Es decir, que la mitad de las ayudas públicas en España no las estamos utilizando para justicia social, las estamos utilizando para abrir las fronteras y dañar a los españoles más vulnerables. . Señorías, el padrón, lamentablemente, es la herramienta utilizada para el acceso a las ayudas públicas de manera fraudulenta y es una herramienta que además a ustedes les conviene, porque al fin y al cabo supone un efecto llamada y ustedes pueden seguir bailándole el agua a los poderes económicos internacionales. Señorías, ustedes viven muy bien en sus manuales de teoría política; ustedes viven muy bien en su idealismo; se lo decimos todos los días, pero cada día lo comprobamos con mayor vehemencia, viven alejados de lo que sienten y sufren los españoles en sus barrios. En sus manuales, ustedes vienen a decir que pueden venir cientos y cientos de miles de personas a integrarse y a trabajar en un eventual y mágico multiculturalismo, en el que da igual la procedencia cultural; y esto también es mentira. Si hicieran menos caso a sus manuales de teoría política y más caso a lo que sufren los españoles humildes en sus casas, se darían cuenta. Lo hemos explicado mil veces y lo vamos a volver a hacer sin cansarnos, porque para eso nos han puesto aquí tantos y tantos españoles que lo sufren día a día: inmigración y delincuencia están relacionados; esto es sentido común y es criminología elemental. Señorías, existe un factor de delincuencia que sí que es cultural. Existe la delincuencia importada. Existen formas de delincuencia que son posibles en muchos países de nuestro entorno y que no son características de nuestra cultura. Pero también existe un aumento de la delincuencia común, que también es una noción elemental de criminología, porque es normal que aumente la delincuencia común cuando traemos masivamente personas de lugares en que hay formas de delincuencia común, como puedan ser las violaciones, que se dan ochenta veces más que en nuestras sociedades autóctonas. Es criminología elemental y es sentido común, y lo diremos en todas y cada una de las ocasiones que podamos. . Sin embargo, hoy me gustaría detenerme en una de las grandes perdedoras del debate de la inmigración masiva: las mujeres. Hay una gran diferencia entre la civilización europea con otras culturas contrarias, y es que para la civilización cristiana la mujer siempre ha sido el alma de Europa. Sin embargo, para otras culturas la mujer es la esclava del hombre, y ustedes están importando masivamente personas de estas culturas. Si ustedes importan masivamente personas de Nigeria, de Malaui, se Suazilandia, de Zimbabue, de Camerún, de todos estos países, van a ver en nuestras calles costumbres de estos países. En España ya podemos ver la mutilación genital femenina. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, con arreglo a datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 3652 niñas en riesgo de sufrir mutilación genital femenina, gracias a sus políticas de fronteras abiertas. En España también estamos viendo niñas en riesgo de matrimonios forzosos. Hay otras culturas que tienen también figuras institucionales como la poligamia, que también son tremendamente injustas con las mujeres. También crímenes de honor; todos hemos visto vídeos de lapidaciones absolutamente brutales en Nigeria; y esta es una cultura que no debemos respetar, que debemos combatir, porque está en nuestros orígenes y está en nuestra naturaleza combatir una barbaridad como pueda ser una lapidación o un matrimonio forzoso. . Ahí ustedes también dicen muchas veces que son —¿cómo era?— las nietas de las brujas que no pudimos quemar, o algo así dicen ¿no? Bueno, hay países en los que verdaderamente se sigue quemando a mujeres por prácticas de brujería. Ustedes están importando masivamente gente de esos países aquí. . En sus manuales de teoría política también dicen que la okupación es un problema de los poderosos, de los bancos y de los fondos de inversión; y, sin embargo, un gran volumen de okupación lo que obedece es a otra realidad muy diferente. La okupación está en manos de mafias que se aprovechan del sufrimiento humano, que se aprovechan de la pobreza y que comercian con la gente que no tiene un techo, que no tiene un refugio. Ustedes, señorías, le bailan el agua a esas mafias que convierten edificios en supermercados de droga y prostitución, que destrozan barrios donde antes, mejor o peor, por lo menos se podía vivir. Señorías, vivir en un barrio seguro no debería ser un privilegio para ricos. . Ustedes lo han convertido en eso, lo han convertido en un lujo al alcance de muy pocos, y si algún día cierran sus manuales de política…

Rocío De Meer Méndez VOX

Termino, señor presidente. Si algún día cierran sus manuales de política, dejan de hacerle el trabajo sucio a las mafias y a los poderosos y salen a la calle, verán que tenemos razón. Muchísimas gracias. .

Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Respaldando una vez más cualquier iniciativa tendente a perseguir la ocupación ilegal de viviendas, la proposición de VOX ataca el aciago fenómeno colateral del acceso fraudulento a beneficios públicos de aquellos que perpetran los allanamientos de morada, como así se ha llamado siempre en el Código Penal. Que alguien se incorpore al padrón municipal le permite participar de su estatus ciudadano en la localidad de que se trate, además de poder ejercer sus derechos políticos. Sin embargo, en estos últimos años, determinadas administraciones gobernadas por los que tienen bastante poco aprecio por la propiedad privada, consagrada como derecho por el artículo 33 de nuestra Constitución y también por el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han llegado al colmo de valorar que los fondos sufragados con los impuestos de los contribuyentes se puedan destinar a mantener a los okupas, a través de programas destinados a colectivos desfavorecidos o sometidos a alguna clase de exclusión social. Tal circunstancia es ilegal y absolutamente injustificada, porque los poderes públicos cuentan con consignaciones presupuestarias para afrontar el problema de la vivienda sin que nadie pueda tomarse la justicia por su mano y entrar en residencias ajenas para provecho particular o extorsión mafiosa. Seguro que algo tan elemental lo comprenderán esas corporaciones de puerta abierta, como ha definido acertadamente la señora De Meer Méndez, si de buenas a primeras se encuentran un día okupadas por delincuentes allanadores de moradas. Señorías, la proposición de ley adolece, en mi opinión, de una cuestión técnica que se puede corregir. El acceso al padrón puede simplemente elaborarse consignando el domicilio habitual del interesado y, en ese caso, sería recomendable que se exigiera que tal domicilio habitual del okupa viniera acompañado de las exigencias de la inscripción de los bienes inmuebles contempladas en la letra h) del artículo 16.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. De esa manera, se concretaría aún más la incapacidad para acceder al padrón y a los beneficios que supone para esos delincuentes, allanadores de moradas, vedándoles tal posibilidad si no acreditan dónde residen habitualmente y en qué condición, lo que debiera extenderse a la acreditación de justo título en que lo hacen. Concluyo insistiendo en que cualquier propuesta que trate de atajar este fenómeno indeseable merecerá mi apoyo, pero deberíamos centrar el foco de la cuestión en los instrumentos legales en manos de la autoridad para desalojar de inmediato a los allanadores, poniéndolos a disposición judicial a la mayor brevedad posible para que respondan por sus delitos y asuman sus lógicas consecuencias, que serían las mismas en cualquier nación civilizada. Votaré a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Muchas gracias, señor presidente. .

Mireia Vehí Cantenys CUP-PR

Gracias, presidente. La proposición de ley que nos trae VOX responde a la preocupación que tiene la extrema derecha sobre las okupaciones y los migrantes sin papeles para acceder al padrón. Ustedes saben que el padrón es aquello que garantiza el acceso a la vivienda, a la sanidad, a la educación o a los programas públicos. Por lo tanto, la traducción sencilla es que VOX lo que quiere es que las personas que no tengan papeles y que no tengan acceso a una casa no tengan ni médico ni escuela. Las propuestas de VOX son malignas, quieren que haya personas de primera y de segunda. Son propuestas viles, alimentan ustedes la guerra del penúltimo contra el último sistemáticamente. Son propuestas infames, porque a ustedes lo que les molesta son los pobres. Fíjense, vayan ustedes a la web del Ministerio de Industria donde explica los supuestos de autorización de residencia para aquellas personas que realicen una inversión significativa de capital, es decir, aquellos extranjeros que no sean de países de la Unión Europea, pero tengan pasta, estos, a los señores y señoras de VOX no les molestan que estén. Dice el ministerio: Aquellos que inviertan un millón de euros en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital español, aquellos que inviertan un millón de euros en fondos de inversión, aquellos que adquieran inmuebles en España con una inversión de valor superior a 500 000 euros. Estos a VOX no les molestan, los ricos están bien. Ustedes no tienen un problema con la migración en general, ustedes tienen un problema con la gente que no es blanca y con la gente que no es rica, es decir, con los negros y con los pobres. Ustedes solo defienden a los poderosos, sistemáticamente, y alimentan la guerra del penúltimo contra el último con racismo. Hay unas quinientas mil personas en el Estado español que no podrán votar en las próximas elecciones municipales, y ustedes no solo les quieren quitar el voto, sino que les quieren quitar la sanidad y la educación. Vamos a volver a hacer un ejercicio de traducción. Sus propuestas son racistas. El problema de vivienda en el Estado español existe fundamentalmente por el papel que tienen los fondos de inversión, estos empresarios a los que ustedes les quieren abrir la puerta. El problema de falta de recursos en el Estado español no es porque haya más o menos personas de aquí o de ahí, es porque la distribución de riqueza y de recursos es muy desigual. El 1 % de la población concentra un cuarto de la riqueza del Estado español. Esto ustedes lo saben bien, porque la mayoría de ustedes, que tienen apellidos no muy españoles — diría yo, aunque no seré yo quien defienda la españolidad—, son herederos y herederas de grandes fortunas , grandes fortunas venidas de todos los lados del mundo y son ustedes los defensores de los ricos. Acabo. Sus propuestas son racistas, porque fueron ustedes los que desde esta tribuna le dijeron a Marlaska que no solo había estado bien lo de asesinar a más de veinte personas en la frontera, sino que, si fuera por ustedes, hubiera habido más mano dura. Barrios seguros, ¿saben lo que son? Barrios donde quepan todas las personas y barrios donde sus planteamientos racistas propios de la eugenesia nazi no quepan. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. Debatimos una iniciativa que propone modificar la redacción de los requisitos que son obligatorios documentar para la inscripción en el padrón municipal al entender el grupo promotor que los relativos al domicilio y a la identificación de personas extranjeras no están bien descritas en el ordenamiento jurídico, singularmente en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y esa deficiencia, a su juicio, posibilita y facilita el fenómeno okupa y la emigración ilegal. Señorías, y ya con carácter preliminar, nuestro grupo parlamentario anuncia que no apoyará la iniciativa al considerar que el vigente ordenamiento jurídico no contiene ninguna grieta en el sentido señalado por el grupo parlamentario autor de la proposición de ley debatida. Señorías, como es conocido con carácter general, toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que reside habitualmente, y el ayuntamiento tiene la correlativa obligación de inscribir a todas las personas que viven en el municipio en el registro público donde constan sus vecinos. A este registro de vecinos se le llama padrón municipal y sus datos constituyen iuris tantum prueba de la residencia en el municipio y del domicilio de los vecinos, que se mantiene por el tiempo que estos se mantengan en él sin necesidad de renovación alguna, salvo para los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, que deben renovar la inscripción cada dos años y cuyo incumplimiento es causa de declaración de caducidad de oficio de suscripción por el ayuntamiento correspondiente y sin trámite de audiencia. Para la inscripción en el padrón existen en cada municipio hojas o solicitudes de empadronamiento que deben rellenar las personas residentes en ellos y, sin embargo, esta no es una operación automática para que baste la presentación cumplimentada por la persona solicitante de la hoja de empadronamiento con los datos en ella requeridos, sino que la Administración debe comprobar que todos los datos legalmente requeridos están cumplimentados de manera veraz, como establece el artículo 59.2 del reglamento de población y demarcación y las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal, exigiendo a tal efecto documento acreditativo de la identidad, libro de familia y título que legitime la ocupación de la vivienda u otros documentos análogos, denegando las solicitudes de inscripción cuando no se cumpla con la veracidad, siquiera de manera aparente, de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico a los solicitantes. Como no podía ser de otra manera, el dato, el contenido de «los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado […] se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos», siendo anulable si infringen el ordenamiento jurídico, como establece el artículo 34 de la ley de procedimiento administrativo en desarrollo, precisamente, del artículo 103.1 de la Constitución, que establece que la Administración pública actúa con sometimiento al derecho y a la ley. Señorías, es obligación de la Administración local comprobar la veracidad de los datos requeridos a los solicitantes de inscripción, que no se agota en el momento inicial del empadronamiento, sino que pende sobre la Administración, que no queda exenta de actuar de oficio para producir la baja en el padrón si sobrevenidamente considera incumplidos los requisitos requeridos tras audiencia al interesado o sin ella para los casos de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, como establece el artículo 72 del reglamento de demarcación y planta. En definitiva, señorías — y voy finalizando—, el ordenamiento jurídico relativo al padrón, cuya norma cabecera de grupo es la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el dato requerido sobre el domicilio del solicitante reclama que este — el solicitante— acredite, al menos aparentemente, el título que legitima la ocupación de la vivienda u otros documentos análogos, y para aquellas personas que carezcan de domicilio y residan en el municipio solo podrá realizarse la inscripción en el padrón después de haber puesto el hecho en conocimiento de los servicios sociales. Además, la Administración local debe comprobar la veracidad de todos estos requisitos. Respecto a los ciudadanos de países miembros de la Unión, del Espacio Económico Europeo o de Estados con convenio internacional, se exige que aporten los solicitantes bien tarjetas de residencia, o bien documento acreditativo de identidad, o pasaporte, o número de identificación de extranjero, o número de pasaporte junto — muy importante— con el correspondiente visado para los ciudadanos de Estados distintos a los anteriores. Documento que, como les decía, la Administración local debe exigir y comprobar su veracidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y, en consecuencia, consideramos que no procede su modificación en el sentido y finalidad propuesta por la iniciativa debatida. Muchas gracias, señorías.

Edmundo Bal Francés Cs

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Escuchando a la señora De Meer, parece que esta proposición de ley no contemplaba nada respecto a la rectificación del padrón en los casos de ocupación ilegal, sino solamente en los casos de inmigración. A nosotros, realmente, lo que más nos interesa de esta proposición de ley es esa primera parte respecto a que el padrón no consolide las situaciones de posesión ilícita que se derivan de los supuestos de okupación. Porque, claro, es verdad que salimos reiteradamente a esta tribuna a hablar de los casos de okupación y parece que nos estamos acostumbrando a hablar de esto. Y se nos dice también cosas como que, bueno, no es una de las grandes preocupaciones de nuestro país. Hombre, para aquel que le están okupando la casa ya les digo yo que sí es una de las grandes preocupaciones, cuando además tiene que pagar los suministros y tiene que seguir pagando la hipoteca, y si no lo hace, resulta que el culpable es él y puede ser condenado por delito de coacciones. Se nos dicen muchas cosas en relación con esto de la ocupación ilegal, que si somos agentes de Securitas Direct, que si están los malvados bancos que se quedan con las casas y que hay muchas viviendas desocupadas. En España, no sé si lo saben, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y es que da igual que la propiedad privada sea de grandes tenedores, de pequeños tenedores, de personas físicas o de personas jurídicas, y también hay que proteger efectivamente a los colectivos vulnerables. Pero es que nuestra Constitución lo dice con meridiana claridad, dice que la función social de los derechos de propiedad se determinará de acuerdo con las leyes, que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de acuerdo con lo establecido por las leyes. Esto es de primero de liberalismo. Uno puede hacer lo que quiera en el ejercicio de su libertad, salvo que su libertad choque con la libertad de otros, y entonces nos encontramos con que la ley regula precisamente el ámbito de la libertad de cada uno. Esto se inventó hace ya muchos años, pero aquí hay grupos que parece que todavía no se lo han aprendido y que entienden que cada uno puede hacer arbitrariamente lo que considera su derecho, puede quitarle la posesión de las fincas a quien le corresponda; porque son grupos como, por ejemplo, Podemos, que entienden que la Constitución se conforma solo de un artículo, el 47, el derecho a la vivienda digna y adecuada. Los demás no los leemos. El artículo 33, el de la propiedad privada y la herencia, nos lo pasamos por ahí, porque lo único que importa es el derecho a la vivienda digna y adecuada. Por eso, en este punto la iniciativa de VOX es muy correcta. Nosotros también llevamos esta iniciativa en nuestro plan integral para defender la convivencia en materia de ocupación ilegal. Y es muy razonable que se rectifique el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, porque no tiene ningún sentido que una situación ilegal se consolide en el padrón municipal. Cómo puede ser que una herramienta jurídica consolide lo que puede llegar a constituir un delito y, en todo caso, puede ser una situación ilegal. Pues el ayuntamiento tendrá que tener los medios a su alcance para comprobar si la situación que refleja un registro administrativo es legal o ilegal, y eso descontando los efectos que puede tener para la inmatriculación en el Registro de la Propiedad la presunción, como ya se ha dicho también por el señor Legarda, respecto a que se vive en ese sitio o los derechos que puede llevar consigo esa inscripción. Pero si es un delito o puede ser un delito o, como poco, es una situación ilegal, cómo va a generar derechos amparados por el ordenamiento jurídico. Tendremos, en definitiva, que proteger mejor el derecho de propiedad y no proteger a aquel que se encuentra en una situación de ilegalidad, porque parece que en nuestro ordenamiento jurídico lo que hacemos es proteger más al delincuente que al legítimo titular, al propietario. En Barcelona a los okupas les llaman activistas sociales, no son ni siquiera delincuentes. Lo que hacen es embellecer el barrio y trabajar para la colectividad, cuando a veces precisamente nos encontramos con que lo que hacen es vender o alquilar casas okupadas a los colectivos vulnerables. En segundo lugar, lo que no vamos a comprar de ninguna manera, señores de VOX, es que haya que rectificar el catastro para que no haya inmigrantes — dicen ustedes— ilegales. Miren, en España no hay personas ilegales, puede haber gente en situación administrativa irregular, pero no se llaman ilegales, se llaman irregulares y están en una situación de marginalidad. Ustedes están intentando rectificar la regulación del padrón municipal para que los inmigrantes en situación de irregularidad no puedan acceder a los servicios sociales, cuando lo que tenemos que hacer es protegerlos y establecer los correspondientes itinerarios de inclusión social, que no sigan en situación de marginalidad. Señora De Meer, la verdad es que eso de abrir las fronteras para que nos invadan los africanos es muy de su partido, pero ¿qué pasa, que con la gente que está aquí en situación irregular en situación de marginalidad, que tienen, como todos los residentes, derecho a una vivienda digna y adecuada, lo que tenemos que hacer es marginarles todavía más? Es un despropósito no reconocer derechos a los residentes españoles, sea cual sea su situación administrativa. Eso sí, esto no es nada más que un parche en relación con el padrón municipal, porque lo que hay que hacer es establecer una solución integral, hay que establecer métodos de recuperación rápida de la posesión por parte del propietario. La media de recuperación actualmente se encuentra en 18 meses. Claro que hay que proteger a los colectivos vulnerables y claro que hay que reconocer el derecho a una vivienda digna y adecuada, pero también hay que reconocer el derecho del propietario a que se castiguen los delitos de la ocupación ilegal con penas más elevadas, a través de un enjuiciamiento rápido; que se pueda recuperar la posesión de una forma sumaria y urgente; que se den más competencias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poder instar el desalojo; mayor seguridad jurídica; proteger a los colectivos vulnerables; reconocer que el ingreso mínimo vital tiene que llegar a estos colectivos vulnerables; establecer mecanismos de segunda oportunidad con respecto a aquellos que se encuentran en una situación de insolvencia. Se puede hacer todo, se puede proteger la propiedad y se puede proteger a los colectivos vulnerables. Eso se llama ser de centro, eso se llama ser liberal y progresista. Gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Una vez más, estamos delante de una propuesta para recortar derechos; una propuesta que, además, se ceba en los más vulnerables, en las personas inmigrantes y en las personas sin solución habitacional. Esta es, lamentablemente, una especialidad de la derecha ultra y de la ultraderecha, de ese fascismo inhumano y racista que relaciona con frialdad y de forma infame inmigración y delincuencia; de esa ultraderecha y de esa derecha ultra empeñadas en un proceso de involución en derechos y en democracia, como estamos viendo estos días a partir del recurso sobre sedición o del recurso sobre la modificación del Tribunal Constitucional, a partir del cual tenemos esa decisión grave de ayer por la noche del Tribunal Constitucional que hay que calificar de verdadero golpe blando judicial , que vulnera la división de poderes, que limita la independencia del Legislativo y que supone un grave atentado contra principios democráticos básicos. Como demócratas rechazamos con rotundidad esa decisión del Tribunal Constitucional, adoptada además con miembros con mandato caducado que resuelven sobre sí mismos. . Es más, a nuestro juicio, todas las fuerzas democráticas deben actuar con la máxima unidad para parar el golpismo de la ultraderecha fascista y del Tribunal Constitucional… .

Néstor Rego Candamil BNG

Si en esta tribuna no se puede…

Néstor Rego Candamil BNG

… llamar fascistas a los fascistas o golpistas a los golpistas, no sé qué se puede decir. En todo caso, me permito recomendar al Partido Socialista que no se preocupe tanto por amordazar a este Parlamento, que de eso ya se encarga el Tribunal Constitucional. . Decía que hay que parar, y también a ese Partido Popular de Feijóo, que se apunta a la estrategia golpista, incapaz de asegurar, de asumir que no gobiernan y que pueden salir adelante decisiones que no les gustan. En todo…

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

Señor presidente, en las menciones concretas que se han vertido, se ha llamado al Grupo Parlamentario VOX directamente fascista; se ha expresado directamente — referido al Grupo Parlamentario VOX— que son parte de la ultraderecha; se le ha asociado con ideas nacionalsocialistas, y se ha formulado una serie de afirmaciones que o bien deben ser retiradas y limitadas o bien se debe permitir efectivamente cualquier tipo de afirmación. .

Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ya no sé si incluso hay que pedir o dar las gracias o saludar a los miembros del Tribunal Constitucional que nos permitan hoy hacer este debate. Pero lo cierto es que la gran cuestión sobre el Tribunal Constitucional es la homogeneidad de los textos de las enmiendas, y la señora De Meer aquí, entrando ya en la cuestión que nos ocupa, ha aprovechado, bajo el título de okupación y de inmigración ilegal, para entrar en la visita que hizo a un centro de discapacidad, en la factura de la luz, en el hambre en el mundo, que se importan mujeres —¿usted cree realmente que se importan mujeres, como si fueran mercancías? ¿Cree que esta es una expresión correcta: se importan mujeres, como si fueran mercancías?—, la poligamia, la mutilación genital; incluso este concepto de delincuencia cultural, que yo no sé si lo tenemos que equiparar a los bailes regionales o qué planteamiento tienen. Lo cierto es que si esto tenía algún criterio de homogeneidad en relación con la proposición que se planteaba, que baje Dios y lo vea, como dice la cultura popular. Más allá de esta digresión por todos estos mundos de VOX, si entramos en el contenido de la proposición ya empieza mezclando la cuestión de la okupación y la inmigración ilegal, que reiteradamente se les ha dicho que no se llama inmigración ilegal sino inmigración irregular. Incluso en alguna proposición posterior esto lo han corregido ustedes, pero de vez en cuando supongo que — tirando también de la cultura popular— la cabra tira al monte y se les continúa yendo la expresión de inmigración ilegal. Y estas dos cuestiones, que sin duda alguna son problemas que hay que abordar y a los que hay que buscar soluciones, tienen soluciones pero son por separado. Es decir, hay una cuestión, un problema que nosotros hemos apuntado muchas veces, que es la cuestión de la ocupación ilegal. Y en este sentido hemos propuesto medidas: modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificar la Ley de Bases del Régimen Local, modificar la Ley sobre Propiedad Horizontal, algunas medidas e instrumentos que podrían mejorar la lucha contra las okupaciones. Y en otro ámbito está la cuestión relativa a la inmigración irregular, para la cual también hay muchas medidas y recorridos que hacer, como la contratación en origen, velar por los corredores humanitarios, la tramitación con seguridad jurídica en tantos procedimientos de arraigo o asilo que se plantean, o la integración de estas personas con deberes y derechos, con ambos. En este sentido, pues, le quería apuntar que existen caminos para solucionar la cuestión relativa a la okupación y caminos para solucionar la cuestión relativa a la inmigración. Juntarlos como si fuera un solo mix, como si fuera un solo problema conjunto, no es más que fruto de una voluntad política de seguir hurgando en una herida que no lleva a ninguna solución en lo que se refiere al problema de fondo. En este sentido, entendemos que la proposición que se plantea, que es modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, no tiene ningún sentido, no puede tener nuestro apoyo, y menos aún cuando se ha aprovechado esta iniciativa para sacar la coletilla de recursos de VOX para hacer sus discursos totalmente discriminatorios. Muchas gracias.

María Carvalho Dantas ERC-S

Gràcies, president. La extrema derecha nos dice que cerremos nuestro manual de teoría política, pero escuchándoles parece ser que su manual de teoría política es el Mein Kampf. . Señorías, entre ayer y hoy los ultras, la extrema derecha, ha registrado o defendido en esta casa casi diez iniciativas de puro odio contra las personas migrantes, y hoy la extrema derecha habla de vivienda, habla de personas pobres cuando cada día está votando contra la gente pobre, contra el acceso a la vivienda. Me dirijo ahora directamente a las personas migrantes, que puede que me estén escuchando o que me estén viendo ahora mismo: El padrón es un derecho. Amigo, amiga migrante, no pueden negaros el padrón. El empadronamiento es un derecho tuyo, aunque no tengáis papeles, aunque no tengáis la residencia; es un derecho tuyo, persona migrante. Y, a la vez, el ayuntamiento tiene la obligación jurídica de empadronarte, querida persona migrante, aunque no tengas papeles. Si resides en el municipio y lo solicitas, el ayuntamiento te tiene que empadronar, con independencia de tu nacionalidad, persona migrante, de tu estatus legal, del título por el cual ocupes una vivienda, o de tu situación administrativa, o de la situación legal de la vivienda, o de la situación física de la vivienda. Es un derecho. El derecho a ser inscrito en el padrón es la puerta de acceso a otro conjunto de derechos y, por lo tanto, su vulneración puede suponer la vulneración de otros derechos asociados, incluso constitucionales, y sometidos a la protección del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, derechos fundamentales como el derecho a votar, a ser candidato en unas elecciones, a la participación en los asuntos públicos, a iniciar una consulta popular, como la ILP Regularización Ya, que mañana viene aquí a Madrid. . Sí, la iniciativa legislativa popular para regularizar la situación administrativa de más de 500 000 personas, que ha conseguido casi 700 000 firmas, mañana estará aquí. Como decía, es la puerta de acceso al derecho a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, a la inserción laboral, pero también a los derechos de extranjería, como el derecho a la reagrupación familiar, a la regularización, el permiso de residencia, etcétera. El padrón es un derecho. Todavía hay trabas burocráticas que aplican muchos ayuntamientos de toda España en el empadronamiento, incumpliendo la normativa vigente sobre el acceso al padrón. El Fòrum de Síndics y Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya dice que impedir o poner obstáculos al empadronamiento de las personas en el municipio donde residen no solo es dificultar el ejercicio de derechos y obligaciones, sino que también puede obstaculizar derechos fundamentales, especialmente de colectivos vulnerables. Por eso, se impone una interpretación y aplicación para la legislación de empadronamiento, especialmente en aquellos ámbitos donde hay un margen de valoración en manos municipales, guiadas o delimitadas también por varios principios del derecho. Tengo varios aquí, pero no me da tiempo a decirlos. Ninguna instrucción política dirigida a la Administración, formal o informalmente, puede utilizar el padrón para finalidades diferentes a las establecidas en el ordenamiento jurídico como, por ejemplo, para reaccionar contra okupantes de pisos, de casas, etcétera, o reducir el empadronamiento de personas extranjeras. Eso dice la normativa. Dicho eso, mi grupo parlamentario afirma lo siguiente, entre otras cosas. Primero, que todos los ayuntamientos deben limitarse a empadronar a todos y todas las vecinas inmigrantes, y no les corresponde a los ayuntamiento hacer ninguna comprobación sobre la legalidad de su residencia. Segundo, que los ayuntamientos sean flexibles con la acreditación de la identidad de la persona, que acepten fotocopia del pasaporte cuando no lo tengan vigente, que acepten el resguardo de solicitud de asilo como identificación a las personas solicitantes de asilo y menores no acompañados y que empadronen a todas las personas que no tengan contrato de alquiler o estén okupando infraviviendas; la gente que no tiene dónde vivir — asentamientos, caravanas, cuevas, parques, etcétera—, independientemente de sus condiciones legales o sanitarias, puesto que los ayuntamientos no tienen competencia para juzgar cuestiones de propiedad sobre la vivienda. Que se permita el empadronamiento sin domicilio fijo, utilizando la modalidad del domicilio ficticio, tal como recoge la resolución del 30 de enero de 2015 de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales sobre instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre gestión de patrón municipal y así cumplir la normativa en vigor anteriormente mencionada por mí misma. Que el empadronamiento sin domicilio fijo tenga el mismo reconocimiento y valor, así como la misma duración que el resto de los empadronamientos. Que las visitas de comprobación de residencia — importantísimo— sean realizadas por funcionariado sin uniforme, evitando así un trato discriminatorio e intimidante. . Es lo que se está haciendo en Melilla ahora y es importantísimo que no pase. En todo caso, señorías de la ultraderecha, no hay mayor okupa y delincuente que quien durante cuarenta años ocupó la Zarzuela. Muchas gracias. .

Rafael Mayoral Perales UP

Gracias, señor presidente. En primer lugar, quería agradecer a María Dantas la excelente explicación que ha realizado previamente, introduciendo algunos elementos jurídicos que es importante que se conozcan y que, además, ponen encima de la mesa el incumplimiento de la legalidad vigente que desde muchas administraciones locales se realiza para poder amparar situaciones de exclusión social que son abiertamente ilegales y que violan derechos fundamentales de muchas personas. A mí me gustaría que esto pudiera servirnos a las fuerzas democráticas para pensar un poco, creo que nos ayudaría mucho. Estas cosas nos podrían ayudar a pensar, más allá de los magazines de por las mañanas, y a empezar a pensar un poco más en cuáles son nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos o qué ha supuesto la pandemia y qué hemos aprendido de todo esto. Porque la propuesta que se nos trae, ¿al final qué supone? ¿Negarle el médico al enfermo? Es una buena fecha para poder hacerlo. ¡Qué gran medida ser capaces de que no tengamos la posibilidad de que el conjunto de la población de nuestro país forme parte del Sistema Nacional de Salud! ¡Qué gran conquista! Imagínense qué bien hubiera venido que centenares de miles de personas no hubieran estado en el Sistema Nacional de Salud durante la pandemia, que no tuvieran el acceso a la salud pública. ¿Quién gana con eso? ¿Alguien gana con eso? Muchas personas han sido expulsadas por centenares de miles de ejecuciones hipotecarias ilegales — ilegales—, que han sido determinadas como ejecuciones hipotecarias ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por ser contrarias al derecho comunitario; centenares de miles de personas a las cuales no se les ha reparado la violación de sus derechos fundamentales y que fueron privadas del derecho a la propiedad, señor Bal — centenares de miles de familias—, por las entidades financieras y por un sistema judicial que se negaba a cumplir con la legalidad para favorecer los intereses de las entidades financieras. ¿De verdad queremos saber cuántas personas se encuentran en situación de exclusión residencial en este país? ¿No nos interesa saber cuántas viviendas hay vacías y abandonadas en nuestro país, fruto de la crisis inmobiliaria? ¿No nos interesa? ¿No nos interesa poder abordar el fenómeno de la infravivienda? ¿No nos interesa aprender de nuestra historia? ¿Cómo hicimos nuestras ciudades? ¿Cómo se construyó Madrid? ¿Cómo se construyó Barcelona? ¿Cómo se construyó Valencia? ¿Cómo se construyó Sevilla? ¿Cuál fue la respuesta que se dio con la llegada de la democracia, precisamente, a las situaciones de exclusión residencial en las principales ciudades del país y a las situaciones de infravivienda? ¿Se les negó el empadronamiento? ¿O el empadronamiento era una herramienta útil para favorecer la inserción social y para favorecer, precisamente, que hubiera realojos de la población en situación de exclusión? Esta misma semana ha habido una nueva resolución del comité de Naciones Unidas diciendo que el reglamento de la Comunidad de Madrid, que excluye a las personas que no tienen título en la utilización de la vivienda, va en contra de los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Yo sé que los derechos humanos para algunas fuerzas políticas son diabluras globalistas, pero para las fuerzas democráticas no; las fuerzas democráticas creemos que eso tiene que informar el conjunto del ordenamiento jurídico. Por eso es muy importante que las fuerzas democráticas no compremos el discurso de la extrema derecha; por eso es tan importante la iniciativa legislativa popular para la regularización de las personas migrantes en nuestro país, porque son nuestros vecinos y nuestras vecinas. . Porque el problema es que hay quienes quieren que no tengan derechos para poder explotarles impunemente, como hacen muchos empresarios prevaliéndose precisamente de la ausencia de derechos de la población migrante en nuestro país. Nosotros y nosotras tenemos compromisos de qué modelo de sociedad es el que queremos para mirar al futuro, y nosotros tenemos claro cuál es. Nosotros creemos en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros no hubiéramos planteado mandar a Desokupa al niño Jesús la noche del 24 de diciembre. Nosotros hubiéramos pensado que era necesario que tuviera una vivienda digna y que era una obligación del conjunto de la sociedad garantizar el derecho a una vivienda digna para el conjunto de la población. . Pero es normal, primero van a por los inmigrantes, luego son los okupas, luego los sindicalistas, ¿luego quién más? ¿Quién va detrás en la lista? Piensen, sobran 26 millones, ya lo dijeron; tienen un proyecto demofóbico, les sobra la mayoría del país. Y, desgraciadamente, no solamente es la fuerza más extrema, sino que esta propuesta de excluir del padrón a mucha gente también la tiene el partido supuestamente mayoritario de la oposición. También lo han hecho, también lo han hecho atacando los pilares centrales de una sociedad democrática, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos que lo desarrollan. Nosotros nos debemos a nuestro pueblo, a todo nuestro pueblo, a intentar conseguir una sociedad democrática y a debatir aquí para intentar que la gente tenga derecho a tener unas condiciones de vida dignas, a que todos los poderes del Estado — insisto, todos los poderes del Estado— emanen del pueblo. Ni uno solo se puede poner por encima de la soberanía popular, y aquellos que se encastillan en las instituciones, sin legitimidad democrática y con su mandato caducado y que intenten limitar la capacidad del Legislativo para poder impulsar leyes, tienen que encontrar una respuesta unida de todas las fuerzas democráticas frente a los demófobos, frente a los que niegan la capacidad del pueblo para poder autogobernarse. . Y sí, defendernos jurídicamente frente a los atropellos, sin duda, pero al mismo tiempo toda la determinación para decirles a aquellos que tengan el mandato caducado que vamos a legislar para desalojarles de donde están, porque no les corresponde. Muchas gracias. .

Ana María Zurita Expósito PP

Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Hoy tratamos una proposición de ley que habla del derecho al empadronamiento de inmigrantes irregulares y de okupas; pues vamos a hablar de derechos. Señorías, hace dos semanas se debatía en esta Cámara una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular para combatir la okupación de viviendas, y no salió adelante. Y sucedió así porque los grupos que apoyan al Gobierno y sus socios han optado por decidir que apropiarse de una vivienda que no es tuya es legal. Y eso es muy fuerte, es muy fuerte para mucha gente. Pero resulta que para este Gobierno es algo absolutamente normal. Para este Gobierno es normal incitar a okupar, es normal que a un propietario jubilado que complementa su pensión con un alquiler se le despoje de ese derecho. Para este Gobierno es normal que ese mismo jubilado tenga que pagar la luz y el agua y todos los gastos del okupa, mientras que este disfruta de la propiedad. Para este Gobierno es normal que una comunidad de propietarios tenga que sufrir no solo el hurto de la vivienda, sino destrozos en las zonas comunes, molestias, actuaciones delictivas, venta de drogas; eso es normal. . Y esto se llama ahora derecho a la vivienda, se llama política de vivienda. Pues no, señorías, esto no es normal. Esto es una sucesión de delitos. Esto es un atentado contra nuestro Estado de derecho, el mismo atentado que perpetran, ninguneando los derechos de todos nosotros, al validar por la puerta de atrás el delito de malversación, el delito de sedición y el asalto al Tribunal Constitucional; es lo mismo. . Y es lo mismo porque este Gobierno ha decidido que la propiedad privada, que también se recoge como derecho constitucional, no vale nada; porque este Gobierno ha decidido que entre sus responsabilidades en vivienda está la de incitar a okupar y blindar a los okupas, mientras que los propietarios de viviendas tienen que asumir el cien por cien de esa política de vivienda que el Gobierno no hace. Pero, señorías, saben que vamos a seguir trabajando contra este atropello a nuestros derechos en la línea de esta proposición del Partido Popular, porque todo esas son actitudes delictivas, y nosotros, el Partido Popular, tenemos medidas muy claras. En primer lugar, okupar es un delito, okupar es robar, y no nos cansamos de decirlo; es apropiarse de algo que no es tuyo y que, como tal, debe ser tratado. A un okupa se le desaloja, no es un desahucio. Okupar no es la vía rápida para conseguir una vivienda pagada por todos, que quede claro. . El otro día ponía el ejemplo del coche. Pero ¿qué pensarían ustedes si, como en la sanidad pública, que se paga con los impuestos de todos, se obligara a un ciudadano cualquiera a pagar la sanidad de otro? No es lo mismo; es peor, porque en la propiedad de la vivienda están tus ahorros y también los de tus hijos, la esperanza de tu futuro y la esperanza de tu familia. Y después el desalojo en veinticuatro horas, ¡a la calle! Hay que legitimar a las comunidades de propietarios para que puedan ejercer la acción de denuncia y hay que devolver los impuestos, el IBI y el de patrimonio durante el tiempo que dure la okupación. ¡Ya está bien! No se puede permitir que el propietario corra con todos los gastos. Y hay que mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias, prohibir el empadronamiento y considerar nula la inscripción si no se tiene título habilitante, de modo que un okupa no pueda gozar de los mismos derechos que una persona que ha invertido los ahorros de toda una vida en una propiedad. . Y nos alegramos de que otros grupos políticos también estén librando esta batalla, en este caso mediante esta proposición de ley, que trata del empadronamiento de los okupas y de los inmigrantes irregulares. Vamos a votar a favor de esta toma en consideración, aunque nos parece insuficiente. Esta proposición de ley viene a ser un trocito de nuestra ley integral contra la okupación, que, en realidad, es un conjunto de medidas que tratan de solucionar todos los problemas colaterales que se producen junto a este delito. Esta iniciativa de VOX podríamos decir que, al menos, es un parche, un parche no contradictorio, porque parche contradictorio es el del PSOE, la enmienda que metieron en esa ley de eficiencia procesal. La incoherencia máxima del PSOE es proponer una medida cautelar en caso de usurpación y allanamiento para el desalojo en cuarenta y ocho horas. Yo les pregunto cómo se come eso con respecto a la protección de los okupas que ustedes han hecho desde el Real Decreto Ley 1/2021, donde legalizan, de facto, la okupación, prohibiendo el desalojo en determinadas circunstancias. Señorías, no se pueden pedir medidas cautelares de desalojo y, por otro lado, pedir la prórroga de las medidas contempladas en el Real Decreto Ley 1/2021 y todas esas sucesivas modificaciones, y ahora hasta mayo de 2024, como les está exigiendo Bildu, porque no solo están pidiendo la suspensión de los desahucios, también están pidiendo la prórroga respecto a los okupas, a los estafadores, sobre delitos de usurpación y allanamiento y del que libremente, ante esta coyuntura de protección que les está dando el Gobierno, decide no pagar. . Señorías, que apoyan al Gobierno, están apoyando la okupación, están apoyando un delito. Y el caso es que estamos con ustedes en la urgencia de las medidas cautelares, porque así lo requieren los más de cuarenta casos de okupaciones diarias, respecto de las que el desalojo es lo prioritario, porque hay un montón de situaciones colaterales que hay que resolver. Pero resolver este problema, señorías, no es establecer una medida cautelar de cuarenta y ocho horas, como hace el PSOE, o traer medidas sueltas, como hace VOX. Hay que dar una solución integral a este problema, hacer que a los delitos se les llame por su nombre y, sobre todo, que se tenga como objetivo principal la protección de la propiedad privada y la plena conciencia de que esto no es política de vivienda y de que hay que salvar nuestro Estado de derecho. Gracias, presidente. .

Gemma Araujo Morales PSOE

Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Señora De Meer, usted ha subido a esta tribuna y ha vomitado hoy un discurso de odio, racista y xenófobo, y no ha sido capaz de explicar ni siquiera en qué consiste la proposición de la modificación de ley que traen. Si no es porque el señor Legarda, casi en una clase magistral, nos ha explicado en qué consiste esta proposición, no nos habríamos enterado. Y, señora Zurita Expósito, la que no se ha enterado es usted. Es que esto no tiene nada que ver con la okupación, es que la proposición que trae VOX a este Congreso, a esta Cámara, no tiene nada que ver con la okupación, tiene que ver con el racismo y la xenofobia, tiene que ver con estar al lado de quienes defienden los derechos fundamentales. ¿Quién va a dar lecciones, Partido Popular y VOX, que vulneraban el empadronamiento en los casos de Javier Maroto o de la olvidada Macarena Olona como les daba la gana? . ¿Ustedes van a dar esas lecciones? Señorías del PP, desde luego que anunciando su voto a favor junto con la ultraderecha van a tener que dar muchas explicaciones a sus alcaldes y alcaldesas cuando tengan que decirles que pretendían cambiarles las competencias que hasta ahora tenían. Señora De Meer, evidentemente a usted le da igual traer la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que una modificación del Código Penal; la cuestión es venir aquí y, como digo, soltar su discurso de odio. Pero yo tenía anotada la pregunta: ¿Sabe usted realmente lo que es un padrón? Desde luego, con su intervención me lo ha dejado claro. Lo pregunto porque, leyendo su proposición, demuestra no tener ni idea. Toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente, y quien viva en varios solo debe inscribirse en el que habite más tiempo al cabo del año. Así, se adquiere la condición de vecino en el mismo momento de su inscripción en el padrón municipal. Para que todas y todos me entiendan — evidentemente, los que han tenido alguna responsabilidad al frente de un ayuntamiento lo tienen claro—, el padrón es la foto fija que hacemos a quienes en ese momento están viviendo en nuestro municipio. ¿Y quién es competente de hacer esa foto? La competencia de hacer esa foto, de la formación, el mantenimiento, la revisión y la custodia del padrón municipal corresponde al ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Pero es que, además, los municipios están obligados a mantenerlos actualizados para que sean lo más fiel posible a la realidad del municipio. Hasta ahí creo que lo ha entendido, ¿verdad, señora De Meer? Seguimos. Ustedes plantean modificar la normativa respecto a los casos de okupación y de inmigración, porque, según ustedes — leo literalmente—, «por el simple hecho de encontrarse empadronados en un municipio, pueden acceder a un considerable número de servicios sociales». Ustedes no quieren modificar el padrón, ustedes quieren crear una especie de lista negra donde tengamos identificados a los que, según ustedes, vienen a quitarnos lo nuestro , que, según dicen, especialmente son nocivos en materia de seguridad y relaciones laborales. Y, claro, por supuesto, hay que tener un censo de ellos, no sea que se vayan a mover y no nos vayamos a enterar. ¿Para qué vamos a contar la verdad, verdad, señorías de VOX? ¿Para qué vamos a contar que el padrón no supone un certificado acreditativo de derechos? ¿Para qué vamos a contar que los ayuntamientos piden la documentación necesaria para acreditar la condición de vecindad? ¿Para qué vamos a contar que se suele pedir título de propiedad o contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso residencial, acompañado del último recibo del alquiler? ¿Para qué vamos a contar que piden recibos de luz y agua? ¿Para qué vamos a contar que además el ayuntamiento tiene la potestad de poder comprobar todos estos datos, haciendo un informe por parte de la Policía local? ¿Para qué vamos a explicar que, en cuanto a los extranjeros residentes en España, se les pide su número de identificación para que conste, o, en su defecto, el pasaporte expedido por autoridades del país de procedencia? Es decir, se les pide NIE, y, si no lo tienen, el número de pasaporte. Y el objetivo de exigir esta documentación es exclusivamente que los datos de identificación sean los correctos, con independencia de la situación legal del extranjero en España. Si no, cuenten usted y la señora del Partido Popular a los alcaldes y alcaldesas de toda España que ahora se les va a obligar a realizar un control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia de sus vecinos, respecto de la que, además de ser ilegal, díganme en qué normativa viene establecido que sea competencia de los alcaldes o las alcaldesas de España. De verdad, señorías del PP y de VOX, ¿no se dan cuenta del ridículo que hacen presentando este tipo de iniciativas y que además sus mentiras son fácilmente demostrables? Dicen ustedes en esta proposición que estar empadronados les permite acceder a un considerable número de ayudas. Le voy a dar solo un ejemplo, una de las más trámitadas últimamente, el ingreso mínimo vital, respecto del que se establece en el artículo 7 — leo textualmente— que uno de los requisitos sea tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante, al menos, un año inmediatamente anterior a la fecha de expedición». Y este mismo requisito se aplica a la ayuda única de los doscientos euros a las personas vulnerables y al bono joven, con las excepciones correspondientes. Señorías de VOX, ¿hasta cuándo van a seguir con sus mentiras? Ser extranjero en España — ya se ha dicho por alguno de los que me han antecedido en el uso de la palabra— no es una situación delictiva, es una situación administrativa irregular. Si tuviéramos que hacer un censo de los que respetan las instituciones, los que no insultan a las mujeres, los que protegen a los más vulnerables, los que trabajan por la imagen de España en el extranjero, los que aprueban ayudas para empresarios, autónomos, jóvenes o familias vulnerables, si tuviéramos que hacerlo, desde luego, en ese censo no estaría ninguno de ustedes. . Pero los socialistas trabajamos por integrar, y no expulsar; por regular, y no castigar; por respetar las instituciones y, desde luego, por no criminalizar a los migrantes. Este fin de semana se celebraba el Día del Migrante. Alrededor de 281 millones de personas han emigrado por causas políticas. Señorías de VOX, la inmigración ilegal o el fenómeno de la okupación no se resuelven modificando el padrón municipal. Pero, desde luego, no hay más sordo que el que no quiere oír. Muchas gracias. .

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

Por el artículo 71.1, por determinadas alusiones vertidas contra este grupo parlamentario.

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

La diputada de Esquerra Republicana ha dicho que la guía política del Grupo Parlamentario VOX es el Mein Kampf, y se ha dirigido...

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

Hay otra alusión de otro grupo parlamentario. El Grupo Parlamentario Socialista ha dicho ultraderecha de forma expresa hablando de VOX.

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

El Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que VOX es ultraderecha de forma expresa, señor presidente, hay una alusión directa.

Elvira Velasco Morillo PP

Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorías. Quisiera que mis primeras palabras fueran de gratitud, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a una representación de los sanitarios que hoy nos acompaña en la tribuna por su esfuerzo, su trabajo diario y su respaldo y aportaciones a esta iniciativa que hoy presentamos. . Los profesionales sanitarios son el principal activo del Sistema Nacional de Salud, pero, a pesar de ello, son un colectivo que se ve afectado por agresiones de diferente índole en el ejercicio de la actividad profesional. Estamos hablando, señorías, de las agresiones que se producen en los centros sanitarios, por desgracia, con demasiada frecuencia, de una violencia verbal y física contra el personal sanitario o administrativo que desempeña sus cometidos con profesionalidad. Las agresiones, además de ser un problema de violencia en sí mismo, conllevan un deterioro de la relación de confianza entre el profesional sanitario y el paciente y repercuten gravemente en la salud y la calidad de vida del profesional agredido. Detrás de la violencia contra el personal sanitario existen distintos elementos que pueden precipitar su aparición, que favorecen las situaciones de conflicto en la comunicación personal entre el profesional y el paciente, pero también la presión, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial. La Organización Mundial de la Salud define la violencia en el lugar de trabajo como todos aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, con la implicación de que se amenace explícita o implícitamente su seguridad, su bienestar y su salud. Asimismo, en 1998 la Organización Internacional del Trabajo concluía en su informe basado en un amplio estudio sobre violencia en el trabajo que el riesgo de los profesionales sanitarios de sufrir agresiones durante el desempeño de sus funciones era muy elevado, en comparación con otros ámbitos laborales. A nivel europeo, se han publicado varias decisiones y directivas con el fin de elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. En el ámbito estatal, se encuentra la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que modificó el artículo 550, ampliando a los sanitarios el objeto de funcionarios protegidos como autoridad pública. Desde el Ministerio de Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, se elaboró la Instrucción 3/2017, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, creando la figura del interlocutor policial territorial sanitario. Y es a partir del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Es por ello que planteamos esta proposición de ley, con la pretensión principal de regular las medidas mínimas y básicas a implantar por el empleador en los centros de trabajo a fin de garantizar la seguridad y salud del personal sanitario a su servicio y prevenir y evitar el riesgo de sufrir daños por actos de violencia infligidos por terceras personas. Esta es una iniciativa que va en la línea de las necesidades planteadas por los profesionales sanitarios y desde los consejos de colegios de las diferentes profesiones sanitarias y organizaciones sindicales profesionales. Este es el caso del Observatorio contra las Agresiones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos o del Observatorio Nacional de Agresiones del Consejo General de Enfermería. Es una iniciativa que parte de hechos como que en el año 2021 se registraron 10 170 agresiones a profesionales en el Sistema Nacional de Salud, lo que supuso 15,71 notificaciones de agresiones por cada mil profesionales, según los datos del informe sobre agresiones a profesionales en el Sistema Nacional de Salud de aquel año, que el Ministerio de Sanidad dio a conocer en el pasado mes de junio, y un incremento de 1638 agresiones con respecto al año 2020. De las personas agredidas, el 77 % son mujeres en edades comprendidas entre los treinta y cinco y cincuenta y cinco años y, principalmente, entre el personal médico y administrativo, creciendo también su número en otras profesiones sanitarias. El 85 % de las agresiones notificadas por parte de los profesionales del Sistema Nacional de Salud se corresponde, en su mayoría, con agresiones de tipo no físico, entre las que se encuentran los insultos y las amenazas, y, aunque las agresiones físicas suponen un menor porcentaje en términos absolutos, corresponden a 1483 actos violentos de tipo físico a lo largo del año 2021, que requieren de una especial atención, e incluso observamos que las agresiones van en aumento a medida que conocemos los datos de este año 2022. Por ejemplo, en mi tierra, Zamora, se observa que las agresiones evolucionan al alza, de 32 a 42 entre los años 2021 y 2022, y hay un total de 614 trabajadores agredidos en el SACYL, frente a los 444 de 2021. Mientras, el Gobierno está entretenido en cuestiones alejadas de las que ofrecen soluciones en el ámbito profesional, como sería abordar la escasez de profesionales médicos, especialistas, de enfermería y otros, el desarrollo de las especialidades o la falta de planificación en recursos humanos. Es un Gobierno alejado de las soluciones para la atención primaria, ante la falta de médicos especialistas, en familia y comunitaria, así como enfermeras, que requieren la adopción de medidas a corto y a medio plazo, con una ministra que no atiende a la petición de los consejeros de un pleno extraordinario del consejo interterritorial con el fin de que se puedan alcanzar acuerdos relevantes para abordar el problema a corto y medio plazo; un Gobierno alejado de desarrollar las medidas acordadas en el seno del propio consejo interterritorial en 2018, como la revisión de las unidades de acreditación de centros y unidades docentes en las especialidades de medicina de familia y pediatría en atención primaria o medidas para incentivar la provisión de plazas de difícil cobertura. Son cuatro años incumpliendo este acuerdo de 2018 por parte de cuatro ministros que han pasado por el Ministerio de Sanidad en este tiempo. Es un Gobierno que no atiende a las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ni tiene en cuenta las propuestas de resolución aprobadas en el debate del estado de la nación en esta misma Cámara. Señorías, hoy traemos esta iniciativa relativa a la violencia en el ámbito sanitario, dentro de los múltiples problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud, pero podríamos hablar de las listas de espera, del acceso a las innovaciones terapéuticas, de las cifras de muertes por causas externas en 2021 que ayer mismo conocimos, con un imparable ascenso de los fallecidos por suicidio — señorías, más de cuatro mil personas—, de la inequidad en el acceso o de las explicaciones por parte del Gobierno sobre las vacunas de la COVID que se han comprado y han caducado. Estamos hablando de catorce millones, señorías, no de uno ni de dos, y el Gobierno tendría que dar explicaciones. Son problemas que la ministra Darias dejará sin solucionar, por su candidatura a la alcaldía de Las Palmas. Estamos ante un caso más de uso reiterado del Ministerio de Sanidad como plataforma electoral. Esto es lo que representa el Ministerio de Sanidad para el Gobierno de este país. Las agresiones son uno de los problemas que sufren los profesionales sanitarios, además de la falta de personal en todos los ámbitos. Y, señorías, convendrán conmigo en que, si no cuidamos a nuestros profesionales, el Sistema Nacional de Salud se debilitará aún más y perderá parte de su más que reconocida eficacia. Como todos sabemos, la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios, como de los ciudadanos, respetan los derechos y asumen los deberes, en un ámbito de mutua formalidad, confianza y respeto a nuestro sistema sanitario, aunque existen casos en que no es así. El Partido Popular y este grupo parlamentario llevamos años trabajando para frenar las agresiones. Esta proposición de ley es desarrollo de otras medidas, como las aprobadas en nuestra última etapa de Gobierno. Es el caso del reconocimiento de los profesionales sanitarios como autoridad en el año 2014, la reforma del Código Penal para que las agresiones sean consideradas atentados en el año 2015, la creación de la figura del interlocutor policial en el año 2017 o la Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre las medidas policiales a adoptar frente a las agresiones a profesionales de la salud, medidas que ayudan pero que no son suficientes, como demuestran los datos al alza que presentan el Ministerio de Sanidad o los observatorios de los consejos profesionales, y avalan la presentación de esta iniciativa parlamentaria. En opinión del Grupo Parlamentario Popular, esta iniciativa proporcionará un marco regulatorio específico para proteger a los profesionales sanitarios, de tal forma que ofrezca y refuerce su seguridad en el conjunto del Sistema Nacional de Salud al amparo del artículo 40.2 de la Constitución española, esta gran Carta Magna de todos los españoles que defendemos en el Grupo Parlamentario Popular permanentemente. Pido el apoyo a todos los grupos parlamentarios, porque votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley sería votar en contra de proteger a los que velan por nuestra salud, a los que han dado la vida por preservar la nuestra en tiempos de COVID. Muchas gracias, señorías. .

Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

Muchas gracias, señor presidente. Indudablemente, la proposición de ley que plantea el Grupo Parlamentario Popular resulta de utilidad para tratar de atajar el creciente e inquietante fenómeno de las agresiones a los profesionales sanitarios. De hecho, sobre este tipo específico de violencia que afecta a médicos, enfermeros, auxiliares y, en definitiva, a los trabajadores en el ámbito de la sanidad, ya se viene celebrando cada 12 de marzo en Europa, a modo de llamada de atención, una jornada para subrayar la intolerancia frente a los ataques físicos y verbales contra los sanitarios y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de prevenirlos. Por cierto, las víctimas son en una proporción mayoritaria mujeres, como también son mayoritariamente mujeres las que integran la mayor parte de las plantillas de los centros que integran el sistema sanitario. Informes y estadísticas muy solventes acreditan y desvelan el aumento de los actos violentos sobre los profesionales sanitarios, aunque también es una realidad que, por diferentes razones, no todo se denuncia y aún persiste cierta resistencia a comunicar una agresión o incluso restarle importancia. Cabe señalar en este sentido que en aquellas comunidades autónomas en las que se ha impartido formación adecuada o creado mecanismos preventivos, incluidos planes y guías para orientar al personal, han crecido de forma significativa el número de denuncias, lo que ha destapado el incremento de situaciones conflictivas en el ámbito de la sanidad. Es decir, no solo no cesan las agresiones, sino que van a más. Hablamos de profesiones vocacionales, que lamentablemente cada vez están más y más abocadas a sufrir el síndrome del trabajador quemado, achicharrado, al que se le penaliza el acceso voluntario a la jubilación anticipada pese a trabajar en condiciones profesionales muy arriesgadas, y ahora tiene que armarse de valor personal para afrontar la extensión de malas conductas por parte de usuarios, familiares y acompañantes, que se ha agudizado tras la pandemia, tal y como señalan colegios profesionales, sindicatos y organizaciones representativas del sector. Conviene recalcar una vez más que los trabajadores de los diferentes servicios sanitarios presentan un grado de riesgo mucho mayor que otros ámbitos laborales. Señorías, yo también quiero insistir y referirme a los diferentes estudios y encuestas que constatan la magnitud de este problema, del que persisten los datos preocupantes. Más de 10 000 agresiones se contabilizaron el pasado año 2021, lo que supuso un aumento notable respecto al año anterior, el del inicio de la pandemia de la COVID, en el que se registraron del orden de 8500 agresiones a sanitarios que, en su mayor parte, son amenazas e insultos, pero también las hubo de tipo físico, lo que justifica que se apliquen medidas, planes y protocolos de atención y protección al trabajador, incluida la coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y el refuerzo de vigilancia en centros de salud y hospitales. Mírese por donde se mire, el grupo de trabajo de estudio y análisis de las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud, creado en 2018 para adoptar medidas de prevención eficaces y eficientes, no está dando los resultados deseados. La iniciativa que ha defendido la diputada Velasco Morillo va mucho más allá de las insuficientes medidas que se han venido adoptando en España. Es básico superar la política de paños calientes y acometer desde la legislación un problema alarmante. De ahí que para combatir esta funesta deriva agresora contra los sanitarios sea necesario un nuevo impulso legislativo en los términos que se describen en esta iniciativa parlamentaria. Y no cabe parapetarse en la realización diaria de millones de atenciones y consultas en un clima de total normalidad entre usuarios y profesionales, porque, reconociendo la complejidad de este asunto, las medidas de distinta índole implantadas hasta la fecha han tenido una baja eficacia y resultan insuficientes, como es también insuficiente la legislación relativa a la prevención de riesgos laborales o como lo son las propias directivas comunitarias para la promoción de la seguridad y la salud de los trabajadores. Asimismo, la modificación que se operó hace siete años y medio sobre el artículo 550 del Código Penal, siendo adecuada y útil para considerar actos de atentados los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas, precisa de nuevas acciones administrativas en la línea que trata esta proposición de ley. Aquí y ahora de lo que se trata es de profundizar sin demora en un marco regulatorio específico que proporcione mayor protección y refuerce la seguridad en torno a los profesionales sanitarios, tanto los que trabajan en el sector público como en el privado. Finalmente, señor presidente, en favor de esta y otras medidas que revaloricen y respalden la seguridad y la prevención de riesgos laborales en la crucial función de la sanidad, concluyo reiterando el gravísimo problema que tenemos en España ante la colosal carencia de profesionales, singularmente de medicina y enfermería. Nuestro país necesita disponer de más médicos y también de más enfermeras. En la parte que le toca al Congreso de los Diputados viene al caso recordar la iniciativa legislativa popular impulsada y coordinada por el sindicato de enfermería SATSE, respaldada por más de 650 000 firmas, aprobada aquí hace dos años con entusiastas discursos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, sobre todo del Grupo Socialista, que utilizó el turno a favor, pero que se mantiene olvidada en el congelador de esta Cámara y que es urgente para que en España se apliquen los ratios de enfermeras al objeto de garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos. Como dije antes, votaré a favor de la toma en consideración de esta imprescindible y urgente proposición de ley. Muchas gracias. .

Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano EH Bildu

Señorías, arratsalde on. Buenas tardes. Después de haber oído a la portavoz del Partido Popular, parece que su partido no tiene ninguna responsabilidad en el estado de la situación actual que está generando este incremento de la violencia sanitaria, incluso ha terminado enumerando los grandes éxitos de las medidas que tomó su Gobierno, que al final ha dicho que no valieron para nada, y ha terminado con otra afirmación: votar en contra de esta proposición es votar en contra de los y las trabajadoras del sector. Mire, votar en contra de esta propuesta es precisamente votar a favor del sector, de las trabajadoras y los trabajadores, porque, al final, con este plan de prevención, ¿qué es lo que viene a poner sobre la mesa? Que se desarrollen planes de prevención que tengan que soportar las propias trabajadoras y trabajadores para evitar una violencia que además no desaparece y sin poner a través de la Administración los verdaderos elementos que tienen que afrontar el problema del incremento de la violencia sanitaria. No podemos poner el problema de la violencia sanitaria sobre los hombros de las mujeres y de los hombres que están trabajando en los centros de salud. No vamos a aprobar esta proposición y no vamos a hacerlo porque apoyamos a las trabajadoras y trabajadores del sector. Por eso, dudamos realmente de la intencionalidad de este proyecto. Este proyecto no viene a atajar de cuajo las condiciones que suponen estos incrementos de la violencia sanitaria. Con esta iniciativa quieren ocultar realmente cuál es el problema que está generando este incremento, un problema en el que ustedes tienen y han tenido una responsabilidad importante a través de sus responsabilidades políticas. Saben muy bien que la principal causa del incremento de la violencia en la sanidad es el aumento de la frustración y la angustia de muchas personas en su relación con los servicios sanitarios; es el incremento de la frustración y de la angustia de algunas personas la que ha llevado al aumento de estas situaciones, comportamientos que, afortunadamente, solo llevan a cabo una minoría de estas personas que están sufriendo el deterioro de la atención sanitaria. Y en lo político, sus políticas, las políticas del Partido Popular, han sido las principales responsables de esta situación, que también están afectando a todos los sistemas sanitarios del Estado. También incluyo aquí la Comunidad Autónoma de Euskadi y de Navarra. La frustración está creciendo debido al deterioro de la atención. Hay que atender el problema desde esta perspectiva. Resolver la violencia en el ámbito sanitario debe ser un eje prioritario en estos momentos por los y por las trabajadoras, especialmente de quienes sufren directamente esta violencia y, además, porque la violencia laboral tiene a veces altos costos organizativos y de atención. Pero también hay que tener otra perspectiva: esta violencia afecta a la calidad de vida y situación de las personas que la llevan a cabo. Esta violencia — hablo del victimario— también tiene que ser tenida en cuenta en los planes. Dar mayor rango e importancia a este problema lo que exige es adoptar estrategias que puedan solucionar el problema. ¿Quieren abordarlo de verdad? Pues hay que atenderlo en sus causas. Encontrarán que los factores de riesgo de la violencia — si revisan toda la bibliografía y los trabajos existentes— están en relación con la estructura organizativa y sus problemas, estructuras de organización rígidas, burocratizadas, autoritarias, políticas y normativas incoherentes, circuitos y canales de información inoperantes, un mal clima organizacional y falta de capacidad de respuesta del sistema. ¿Se reconocen en esto con los sistemas que ustedes están impulsando? Por supuesto que sí. Al poner medios para corregir estos factores es cuando se pueden aplicar planes de prevención de riesgos laborales que pueden ser efectivos y aplicando las medidas correspondientes en el contexto laboral a nivel personal, a nivel organizacional y a nivel personal. ¡Claro que son necesarios los planes preventivos de riesgos laborales! Pero asegurando los medios de apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras a nivel laboral, mediante el apoyo, capacitación, acceso a medios organizativos, protocolos, alarmas, refuerzos de apoyo, etcétera; a nivel social, mediante campañas y trabajando con la población y creando protocolos de atención a estos victimarios también, a las personas proclives a estos comportamientos violentos ante la frustración. ¿Quieren responder a estas situaciones de violencia? Atiendan a las causas que las provocan. Con esto, lo que vienen ustedes a hacer es, precisamente, ocultar estas causas y sus propias responsabilidades. Muchas gracias.

Josune Gorospe Elezcano EAJ-PNV

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, antes de nada, en nombre del Grupo Vasco, quiero manifestar nuestro más enérgico rechazo ante este tipo de episodios de violencia que sufren las y los profesionales en el ámbito sanitario. Desde luego, vaya desde aquí nuestro más enérgico rechazo. Dicho esto, compartimos, como exponía la señora Velasco en la proposición de ley que hoy trae a esta Cámara el Partido Popular, la necesidad — que pensamos que es acertada— de realizar campañas de sensibilización, de información y de prevención. Pero lo que no consideramos acertado es que estas campañas deban establecerse por ley. Entendemos que son las propias organizaciones sanitarias quienes lo están haciendo y quienes deben seguir haciéndolo, pero no por ley. La proposición de ley que se presenta hoy, a nuestro juicio, no supone ninguna garantía efectiva de protección adicional a las que ya existen en el marco regulatorio general. En nuestra opinión, aquí se abordan cuestiones que ya están contempladas en ese sistema general recogido en el marco de prevención de riesgos laborales, en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Existe un paralelismo entre ambos marcos: el específico que ustedes plantean y el general que para otros ámbitos también está establecido, y no consideramos que sea necesario establecer este marco específico — como decía anteriormente— por la propia naturaleza de los hechos de los cuales estamos hablando, y porque, efectivamente, en cuanto a eficacia y eficiencia, entendemos que es mucho mejor respaldar ese marco que tiene como instrumento — y que lleva al ámbito de la negociación colectiva y a una concertación entre empleadores y las personas trabajadoras en el ámbito de sus centros de trabajo— el de llegar a acuerdos para establecer planes, protocolos y demás. Las campañas de sensibilización, de las que antes hablábamos, estarán recogidas en los planes y líneas estratégicas de los departamentos de salud correspondientes, en nuestro caso, en Osakidetza, en Osasumbidea o en los departamentos de salud de Euskadi y Navarra, que están, de hecho, ya contemplados. Existe ya un observatorio de las agresiones que está trabajando, y este tipo de instrumentos o esta concertación y adecuación a los centros específicos lo que permite es una mayor flexibilización y adecuación a las necesidades de cada lugar, además de tener ese marco general al que antes hacíamos alusión en el que pueden concertarse mediante convenios y acuerdos en cada lugar. No consideramos — como decía antes— que esta proposición de ley que hoy nos traen aquí aporte ninguna protección añadida en el ámbito de la evaluación, de la prevención, de la protección e incluso en el de la reparación que en muchos de los casos deben tener esas personas que han sufrido episodios de violencia. Por tanto, no consideramos que sea necesaria. Entendemos que todas las administraciones competentes deben seguir adoptando medidas y mejorando los instrumentos y las herramientas que tienen en marcha para evitar que en adelante se den más casos y cortar ese incremento que, en algunos casos, se detecta tanto cuantitativa como cualitativamente, pero la solución no es un marco específico, sino intentar mejorar aquellos acuerdos que actualmente existen. Gracias.

Guillermo Díaz Gómez Cs

Gracias, presidente. Una previa íntimamente relacionada con el Sistema Nacional de Salud. Ayer, 19 de diciembre, conocimos los datos del Observatorio del Suicidio en España, que son estos de aquí (muestra un documento en el que se lee: SUICIDIOS España 2021), que ellos elaboran en un informe que hacen todos los años, y por primera vez en España se han superado los 4000 suicidios. En 2021 hubo 4003 personas que se quitaron la vida, 2982 hombres, 1021 mujeres; 11 suicidios al día y un suicidio cada dos horas. ¿Qué más tiene que pasar? Llevamos tres años pidiendo un plan nacional de prevención del suicidio y durante tres años se nos ha bloqueado. Quiero manifestar desde la tribuna del Congreso de los Diputados todo nuestro cariño a las familias de quienes han perdido a alguien por suicidio y a todos los supervivientes que sufren la incomprensión y un apoyo escaso por parte de la Administración. También quiero recordar a aquellos que tengan ideaciones suicidas que pidan ayuda, que llamen al 024, que no están solos, que no se rindan, que todo tiene remedio, salvo la decisión de poner fin a una vida, y que harán un daño irreparable a quienes les quieren. Les anuncio que mi grupo parlamentario, Ciudadanos, seguirá trabajando porque sabemos que ellos no quieren dejar de vivir, sino que quieren dejar de sufrir. . Traen aquí una proposición de ley para hacer frente a la lacra de las agresiones a sanitarios, pero parece más una proposición no de ley. Está llena de buenas intenciones, está cargada de brindis al sol, pero es bastante inconcreta si tuviera que aplicarse como ley, como texto legislativo, aunque tiene un fin noble. En cualquier caso, si es aprobada, nosotros vamos a apoyarla, pues sería mejorada en el trámite de enmiendas. Buscando información sobre este asunto he leído que en muchas ocasiones se citan las causas para las agresiones a sanitarios y se habla de frustración, deficiencias en el sistema sanitario… ¡Yo qué sé! Lo primero que quiero manifestar es que, en el caso de una agresión a un sanitario, hay una causa principal: la estupidez del agresor, la indecencia moral y el recurso de todo lerdo que es la violencia. No caigamos en la tentación de buscar causas que pueden sonar como justificaciones. Existen detonantes que activan a quien es violento per se, pero es violento de antemano. La prueba la tienen en que uno de cada cinco agresores es reincidente. La grandísima mayoría de los españoles, cuando sufre una atención sanitaria deficiente por falta de recursos — nunca imputables a los profesionales sanitarios—, sabe perfectamente que el sanitario que les atiende sufre exactamente el mismo problema y de forma constante que el que están sufriendo ellos en ese momento. Los sanitarios españoles ya han demostrado en la pandemia que están dispuestos a todo por la salud de los españoles, hasta lo último que pueden dar, que es la vida. ¿Qué datos tenemos sobre las agresiones a sanitarios? Un informe, el informe que se encarga sobre esta materia de 2021, dice lo siguiente: el perfil del profesional sanitario — se ha dicho aquí anteriormente— es mayoritariamente mujer — un 77 % de los casos de estas agresiones— de entre 35 y 55 años; un 40 % de las agresiones ocurren en la consulta; la tasa de notificación de agresiones en atención primaria es 3,85 veces superior a la tasa en atención hospitalaria. Respecto al perfil de la persona agresora, en un 59 % de los casos son hombres; como les he dicho antes, el 19 % son reincidentes, y el 74 % de los agresores son usuarios o pacientes y el 26 % restante son familiares o acompañantes. Si escuchamos a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria o a la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, que son quienes se han manifestado sobre este asunto últimamente, la saturación en la atención primaria y en las urgencias hospitalarias no ayudan a este sistema. La falta de medios en sanidad es un tema que debe acometerse, porque no es de recibo que los españoles pasen media vida haciendo colas para ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud. No es porque haya violentos o gente que no sabe controlar sus impulsos el motivo por el que tenemos que dotar de medios a la atención sanitaria española; el motivo es para que los españoles tengan una atención decente, no para que el tarado de turno no le pegue a alguien. Por cierto, muchas veces la clase política es corresponsable de la frustración de la población pacífica y educada en esta materia. Si escuchamos a la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, por ejemplo, señalan — y cito textualmente— que políticos de todos los colores utilizan la sanidad con fines electoralistas prometiendo a la población un estándar — con la boca llena— de la mejor sanidad del mundo sin una adecuada financiación, gestión y plantillas, y se crean unas expectativas que, al no cumplirse, descargan la frustración contra los profesionales, no contra los políticos que les prometen lo que no hay. Fin de la cita. Por otro lado, tenemos los gestores sanitarios que, como están puestos a dedo por los políticos, ejercen de colchón entre la realidad y el político responsable del asunto. El gestor sanitario, como depende del político para estar en la gestión sanitaria, prefiere no molestar y calla o maquilla muchos de estos problemas. El Partido Popular trae esto hoy aquí, pero su gestión en sanidad no siempre es ejemplar, tampoco la gestión de crisis. Por ejemplo, en medio de una pandemia en Castilla y León cesaron a la consejera de Sanidad, Verónica Casado — que, por cierto, era la mejor médico de familia del mundo—, y lo hicieron para convocar unas elecciones que el señor Mañueco creía que les convendría y que devinieron, por cierto, en una jugada maestra. Por otra parte, si a un gobernante autonómico le montan unas movilizaciones, tengan razón o no, porque normalmente siempre hay motivaciones detrás de estas cuestiones, cargar contra los profesionales no nos parece que sea la mejor forma de contribuir a una buena imagen y a la calma dentro de los centros de atención primaria. Traigan esto aquí — está bien, se lo votaremos—, pero calmen a sus dirigentes políticos cuando se enfrenten a problemas de estas características. Esto es perfectamente aplicable al Partido Socialista. Si ustedes se dedican a cargar contra la sanidad en administraciones donde no gobiernan, ustedes contribuyen a la trifulca dentro del sistema sanitario. Además, vetaron propuestas de Ciudadanos y en vez de incrementar en 500 millones de euros la atención primaria, los van a dedicar a reponer lo que los ‘golpólogos’ malversadores robaron para atacar a nuestra democracia. Eso es una gestión de los recursos, cuando menos, discutible. En fin, está muy bien la proposición de ley, pero el principal problema que tiene la sanidad son los recursos, y ustedes, señorías del PP, cesan a quienes lo hacen bien, y ustedes, señorías del PSOE, vetan a los que lo proponemos.

Guillermo Díaz Gómez Cs

Así que, mientras esto no cambie, seguirán ustedes siendo parte del problema. Muchas gracias, presidente. .

Concep Cañadell Salvia JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Gracias, presidente. Los profesionales sanitarios hace años que deben hacer frente al cansancio de los usuarios por distintos motivos, entre ellos cabe resaltar la gestión del tiempo, ya sea las listas de espera y su constante crecimiento en todas sus variantes — la lista de espera de pruebas diagnósticas, la lista de espera de consultas con especialistas, la lista de espera para operaciones quirúrgicas—, ya sea el escaso tiempo que los profesionales pueden dedicar a realizar las visitas. En ocasiones, esto dificulta la creación de un clima de cordialidad y bienestar entre pacientes y profesionales. La mayoría de las agresiones que se producen en el ámbito sanitario son agresiones verbales a los profesionales; en la atención primaria las padecen los facultativos, y en los hospitales, en su gran mayoría, el personal de enfermería. Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en 2021 se produjeron 612 agresiones en todo el Estado. Además, como alerta el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, hay que tener en cuenta la incidencia de la variable de género que afecta a las profesiones centradas en los cuidados altamente feminizadas como es la enfermería. No obstante, creemos que el actual redactado de esta proposición de ley invade el marco competencial vigente de la Generalitat de Catalunya. El artículo 4, plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, en su apartado de medidas a implantar, medidas de carácter organizativo, según el Estatut d’Autonomia de Catalunya, es competencia del Gobierno catalán la prevención de riesgos laborales y la seguridad y la salud en el trabajo, así como la organización y el funcionamiento interno de los centros sanitarios. La disposición adicional segunda de la presente proposición de ley dice: abordaje global de la violencia en el ámbito sanitario, creación de un observatorio contra la violencia en el ámbito sanitario. La Generalitat de Catalunya ya tiene el Observatorio para situaciones de violencia en el ámbito sanitario de Catalunya, que tiene como objetivo servir como instrumento de estudio, análisis, seguimiento y abordaje integral de este tipo de violencia. Entre sus funciones destacan la creación de un registro de casos de violencia contra los profesionales del sistema de salud de Cataluña, establecer planes de formación para prevenir estas situaciones de violencia o promover la tolerancia cero, entre otras; funciones todas ellas que se solapan con las que propone el Grupo Parlamentario Popular en su iniciativa. Por lo tanto, no apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley. Elvira, no puedo estar de acuerdo con la manifestación de que votar en contra de la proposición de ley es votar en contra de los que velan por nuestra salud. Siempre nos vais a encontrar trabajando para erradicar cualquier tipo de violencia, sea en el ámbito sanitario, sea en cualquier otro ámbito, pero también pedimos respeto a nuestras instituciones y a sus competencias. Para finalizar, me gustaría agradecer, en nombre del partido al que represento y en el mío propio, el trabajo ingente de todos los profesionales sanitarios antes de la pandemia, durante la pandemia y una vez finalizada la pandemia. Gracias por vuestro trabajo.

Francesc Xavier Eritja Ciuró ERC-S

Gracias, presidente. El Grupo Popular nos trae a consideración una proposición de ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario y, aunque esta iniciativa recoge una demanda muy repetida por el personal sanitario y que realmente compartimos, nos ha chocado la vertiente más punitiva que incorpora esta propuesta, pues precisamente no creemos que sea esta la forma más adecuada para combatir la violencia en el ámbito sanitario. Ya sabemos que cuando el Partido Popular, en nombre de la seguridad, focaliza la resolución de los conflictos a través de la vía penal o de la vía punitiva, algunas veces acaba utilizándola como herramienta represiva ante cualquier demanda o incluso movilización colectiva. Este enfoque no va a la raíz del problema. Debemos reconocer que una parte muy destacada de la violencia generada en los centros de salud se debe en gran parte al deterioro de los servicios sanitarios, fruto de la falta de inversiones de la última década. Digámoslo claro: fruto de la falta de inversiones de la última década. Por lo tanto, la mejor manera de evitar las situaciones de tensión y violencia es dotar de mayores recursos a la sanidad pública. Tan sencillo como esto, esta es la fórmula real. En ese sentido, la propuesta del Grupo Popular en ningún caso recoge esta consideración ni aquí en el Congreso ni tampoco en la Comunidad de Madrid. El sistema sanitario no necesita más seguridad, necesita más recursos. Vuelvo a repetir: el sistema sanitario no necesita más seguridad, necesita más recursos. . La proposición de ley propone también crear un registro nacional de los actos de violencia en el ámbito sanitario. En ese sentido, creemos que para aquellas comunidades que ya disponen de un programa al respecto supone en muchos casos una clara injerencia en su ámbito competencial. El Govern de la Generalitat ya aprobó en el mes de mayo de este año, tal y como ha comentado mi compañera del PDeCAT, la creación del Observatorio para situaciones de violencia en el ámbito sanitario de Catalunya, a propuesta precisamente del Departament de Salut por las demandas del sector. Este ente ha de servir como instrumento de estudio, análisis, seguimiento y abordaje integral de este tipo de violencia y, a la vez, también ha de contribuir a una mejor toma de decisiones, planificación y evaluación de las políticas públicas de seguridad y salud del personal de los centros y servicios asistenciales del sistema de salud de Cataluña. Ese observatorio analizará, estudiará y difundirá información que permita un mayor conocimiento de esta problemática en los centros y servicios sanitarios, así como también consensuará protocolos de actuación y emitirá recomendaciones para prevenir y actuar frente a las agresiones. En ese sentido, es una herramienta de prevención, no punitiva. Tal y como se ha señalado, otras funciones destacadas del observatorio son: impulsar precisamente la creación de un registro de casos de violencia contra los profesionales del sistema de salud en Cataluña; establecer planes de formación en prevención de situaciones de violencia entre los profesionales del ámbito de la salud; promocionar la cultura de la tolerancia cero en todos los agentes del sistema de salud, y también analizar las situaciones de riesgo y los incidentes acaecidos. La creación del observatorio en Cataluña debe suministrar la información necesaria sobre los factores socioeconómicos, de género, de edad y otros que desencadenen las situaciones de violencia en este ámbito para erradicarlas. Esta es la vía que consideramos nosotros que es la que debe trabajarse. Hay otras herramientas y otros mecanismos para intentar solucionar la violencia y la tensión interna en los centros. Por todo ello, por las diferencias en el enfoque punitivo de esta propuesta, pero también por las injerencias que puede suponer en el marco competencial de las comunidades autónomas que ya tienen programas, les avanzamos que votaremos en contra. Muchas gracias. .

Rosa María Medel Pérez UP

Buenas tardes. Las agresiones del Partido Popular hacia la sanidad pública y sus profesionales llegan a extremos realmente sorprendentes. Me refiero a actos como el del Gobierno de Madrid, que impide que llegue comida a unos profesionales sanitarios que están encerrados y protestando contra las agresiones del Gobierno de Madrid hacia la sanidad pública. . Estas agresiones del Partido Popular empezaron a ser ya claras cuando el señor Feijóo y el señor Aznar decidieron proponer una ley de privatización de la sanidad que precisamente permitía que los hospitales públicos de gestión privada contaran con muchos menos profesionales en comparación con los de gestión pública, con lo cual la carga de trabajo era muchísimo mayor. Las agresiones continuaron durante años con los terribles y famosos recortes en sanidad. Habría que proteger a todos los profesionales de estas prácticas tan agresivas, pero la proposición de ley del Grupo Popular no habla de este tipo de agresión, habla de las agresiones — digámoslo claramente— de los pacientes. El Grupo Popular reconoce que ya están penadas en la legislación, pero dice que no es suficiente. Les voy a explicar por qué no es suficiente. Porque una legislación que lo único que hace es castigar la agresión no está de ninguna manera enfocada a prevenirla, que es lo que aquí nos interesa: prevenir el daño, no castigarlo después de hecho. ¿Cómo se previene ese daño? Pues su proposición de ley no hace análisis alguno, y creo que no lo hace porque la causa del problema del maltrato a los sanitarios son las políticas del Partido Popular. Las propuestas que hacen ustedes en esta proposición de ley son absolutamente inútiles y parecen curiosamente encaminadas a facilitar la huida en un caso de agresión. Artículo 4c): evaluación integral del riesgo de violencia, ¿hay una puerta para escapar? . Quien ha hecho esto ¿ha pasado consulta alguna vez? ¡¿Hay una puerta para escapar?! Artículo 4d), un texto rocambolesco que se acerca lejanamente a una posible causa; lo retuercen de tal manera que no se entienden bien lo que dice, pero al final concretan: reducir tiempos de espera y respetar ratios establecidas internacionalmente. Claro que tenemos que reducir tiempos de espera y respetar ratios, y yo les digo que para eso necesitamos aumentar el número de profesionales sanitarios y más inversión en sanidad; para eso necesitamos una reforma fiscal que consiga que los ricos paguen impuestos, a la que se oponen furiosamente ustedes, el Partido Popular. A los ricos no hay que tocarles ni un duro; los que vayan a la sanidad pública ya se apañarán. Ya sabemos en qué consisten sus políticas. Vamos a analizar las causas de la agresión. La agresión se produce cuando se altera la relación entre sanitario y paciente, cuando se pierde la confianza. Si se pierde la confianza, hay gran desconfianza y puede generar violencia. ¿Qué produce esa desconfianza? La produce el hecho de que el paciente no tenga un área sanitaria integrada, donde estén integrados el hospital, el centro de especialidades y el centro de salud, con labores planificadas y donde el paciente reciba toda esa labor de educación, prevención y asistencia. ¿Dónde no existe tal cosa? En la Comunidad de Madrid y en todos los sitios donde gobierna el PP , donde los hospitales públicos están gestionados por empresas privadas cuyo único objetivo es ganar dinero. En esos hospitales los profesionales sanitarios son muy pocos en relación con los de gestión pública, porque, si no fuera así, no tendrían beneficios. En esos hospitales los pacientes corren más riesgo evitable en salud que en los hospitales de gestión pública. En esos hospitales se camuflan las listas de espera. Que un paciente no tenga cita médica cuando debe, que cuando va a consulta deba esperar horas o que, cuando le dicen que se tiene que operar, tenga que esperar más de un año genera desconfianza y, claro, puede generar violencia. Su proposición de ley no contempla de ninguna manera todo esto, porque ustedes, en primer lugar, están en contra de la gestión pública de la sanidad pública y, en segundo lugar, están en contra de aumentar la financiación. ¡Si es que están absolutamente en contra! Y lo han demostrado hasta la saciedad: allí donde gobiernan o donde han gobernado han privatizado la sanidad. . Sí, sí ríanse. Los recortes del PP han sido de tal envergadura que hemos tenido que afrontar esta pandemia con una sanidad destrozada. Sus ataques son de tal calibre que el aumento de las inversiones de este Gobierno no ha podido compensar ese destrozo de una manera inmediata. Ha sido imposible compensarlo por cómo nos dejaron ustedes la sanidad pública. Cuando el PP proponga que haya una reforma fiscal para que los ricos paguen impuestos, para que aumente la financiación sanitaria, para poder aumentar el número de profesionales, para disminuir la carga de trabajo y para que se disponga de más tiempo por paciente, votaremos sí. Eso evitará la agresión. . Sí, sí, no diga que no, que así es. Cuando el PP proponga una ley que impida que las empresas privadas se lleven los beneficios, en vez de repercutir ese dinero en los sanitarios y en los pacientes, votaremos sí. Eso evitará la agresión. Y cuando el PP deje de arruinar los servicios públicos, que son grandes compensadores de desigualdad, entonces votaremos sí, porque eso sí que evitará la agresión. Su plan parece que lo ha diseñado una empresa de alarmas. Muchas gracias. .

Juan Luis Steegmann Olmedillas VOX

Con la venia, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Se nos presenta hoy a nuestra consideración una proposición de ley que registró el Grupo Parlamentario Popular en el pasado marzo. La proposición de ley tiene cinco páginas con la exposición de motivos, dieciséis artículos, cuatro disposiciones adicionales, una transitoria y una final de entrada en vigor. Además, tiene un nombre desafortunado; se llama proposición de ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario. Es desafortunado porque el Grupo Parlamentario Popular en su exposición de motivos dice que el problema que se quiere solventar trae causa — y cito textualmente— en que los profesionales sanitarios están especialmente expuestos a sufrir agresiones y situaciones de violencia, y que es un peligro ocupacional que debe ser prevenido y evitado. Por lo tanto, esta proposición de ley debería haberse llamado proposición de ley relativa a la violencia contra el personal sanitario, no solo porque este nombre sí describe el objeto de la proposición, sino porque sale al paso del uso fraudulento y torticero que hace la izquierda del término violencia. Sabemos que la izquierda usa en su propaganda el principio nacionalsocialista de trasposición — de cuyo nombre en alemán no me acuerdo—, por ejemplo, acusando a la víctima de tener la intención de atentar contra el asesino. Vemos a diario en esta Cámara cómo se justifican los delitos y cómo los amigos de condenados se pavonean ante nosotros. Para el comunista, todo lo que se opone a sus fines es violencia. Señorías del Grupo Popular, ya deberían ustedes saberlo, porque abusan de ustedes desde hace décadas. Así que deberían tener cuidado al utilizar nombres tan ambiguos, ya que la izquierda hace continuas incursiones en este ámbito para dar el mensaje de que los profesionales sanitarios ejercen, por ejemplo, violencia contra las mujeres. Aunque desde una vertiente risible, no es inocente que la señora Calvo haya insinuado que los médicos en los años setenta quitaban la vesícula de forma arbitraria y, por supuesto —¡cómo no!—, franquista. . Desde la ribera más siniestra, la extrema izquierda insiste en denunciar el concepto de violencia obstétrica, por ejemplo; un concepto alumbrado en la matriz del comunismo bolivariano y cuyo implante falsario en el imaginario colectivo ha sido denunciado por la Organización Médica Colegial y por este modesto médico — lo hago aquí— por la sencilla razón, señorías, de que, al menos en España, esta es una calumnia infamante. . Señores de Podemos, señoras de Podemos, vayan ustedes a los países cuyo nombre de religión es sumisión y verán ustedes ahí de primera mano lo que es la violencia ginecológica, empezando por la mutilación genital. . Por lo tanto, concentrémonos en la violencia contra el personal sanitario, porque encontramos datos preocupantes, ya que en el año 2021, según un informe del ministerio, 1,57 de cada 100 profesionales la padecieron. Hubo 10 170 agresiones y eso que la mayoría de las agresiones verbales no se denuncian a raíz de la reforma de 2015. Iluminemos, sí, con nuestro foco la violencia contra el personal sanitario, porque está aumentando, y sepamos el contexto en que se produce. ¿Por qué la mayoría de las agresiones se dieron en la atención primaria? ¿Por qué el 90 % de las agresiones se dan en la pública y solamente un 10 % en la privada? Analicemos, pues, el contexto; mejoremos el mediocre informe del Ministerio de Sanidad; apoyémonos en la Organización Médica Colegial, que ha hecho posible que la violencia contra los médicos sea declarada atentado contra la autoridad, y denunciemos la falta de diligencia del Ministerio del Interior y el de Sanidad, que han hecho que la Instrucción 1/2017 esté sin desarrollar. ¿Hay motivos para que los españoles se sientan descontentos por la desatención sanitaria? Muchísimos. VOX lo ha denunciado desde esta tribuna, cuando se nos presentó la infumable ley Darias. Pero no hay ni uno solo para agredir al personal sanitario, ¡ninguno en absoluto! Y es intolerable que encima se les calumnie. Además, aquí se ha protegido esa violencia contra los sanitarios diciendo que hay elementos objetivos que la justifican, empezando por el señor de Bildu. ¡Cómo no!, ninguna fiesta sin la tía Juana . Señorías, aquí en la casa, por ejemplo, tenemos la esperanza de que la vocación de servicio y la devoción a la ley haga que los letrados estén a la altura del momento tan grave que vivimos. Pero de los sanitarios no esperamos eso; no, no lo esperamos, no esperamos que vayan a cumplir con su deber, no. ¿Por qué? Porque sabemos a ciencia cierta que van a cumplir con su deber, como lo han hecho a lo largo de toda la historia de la sanidad española y en la epidemia. Y lo que ya clama al cielo es que aquí todos los grupos de izquierda hayan dicho que no van a apoyar esta proposición de ley porque hay razones objetivas para pegar a los sanitarios. ¡Eso es intolerable! . Eso sí, los gobernantes no deben seguir abusando de la vocación de los profesionales sanitarios. Este abuso se ha reflejado en que los gobiernos de todo color han convertido a los médicos españoles en los peores pagados de Europa. Para empezar, los políticos deben conocer lo que son y, por ejemplo, alguna presidenta de comunidad tendría que saber —¡por Dios!— que los mires no son estudiantes, que son médicos. Y, por supuesto, dignificar las condiciones laborales es un paso imprescindible. Ese es el mensaje que tienen que dar los políticos y estas Cortes Generales, aprobando al menos la toma en consideración de esta iniciativa. Daremos nuestro apoyo a que se considere esta proposición de ley, porque creemos que puede minimizar las agresiones contra el personal sanitario, y esperamos poder introducir enmiendas en el proceso. Para empezar, yo les rogaría que cambiasen el nombre y así nos ahorran una enmienda. Muchas gracias. .

Ana Prieto Nieto PsdeG-PSOE

Buenas tardes. Gracias, presidente. En primer lugar, un saludo a todos los sanitarios que nos acompañan hoy aquí en este hemiciclo. Señora Velasco, hay que tener mucha calma para escucharla hablar de profesionales sanitarios, cuando ustedes nos dejaron una sanidad con 30 000 profesionales menos, situación con la que tuvimos que hacer frente a la pandemia. Usted lo sabe, señora Velasco, porque estuvo en el ministerio, aunque creo que le ha tocado hacer un papelón con esas argumentaciones que nos ha regalado. Señorías, debatimos hoy esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular registrada hace nueve meses. La verdad, señorías, es que mucha prisa no se dieron. Además, ese mismo día retiraban otra de parecido contenido registrada previamente, enmendándose la plana a ustedes mismos. Dos iniciativas con redacciones desconcertantes, redacciones reiterativas, párrafos sin utilidad y que generan confusión con la normativa actual vigente en prevención de riesgos laborales. Una la retiran y la otra tardan nueve meses en querer debatirla. Como decía, poca prisa o poco interés. . Para los socialistas, las agresiones a las personas que desempeñan su actividad profesional en el sector sanitario son un problema de gran relevancia que también afecta a la calidad y cohesión del propio sistema sanitario. Por ello, el Gobierno de España lleva varios años trabajando y seguirá en ello para evitar las agresiones a los profesionales sanitarios. Ustedes lo saben, señorías del Grupo Popular, porque en este sentido se ha dado respuesta escrita a las veintisiete preguntas parlamentarias presentadas en Congreso y Senado. Por ejemplo, saben que la aplicación AlertCops permite al personal sanitario solicitar ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante cualquier agresión. Saben que la ejecución de la Instrucción 3/2017 sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud está siendo implementada por los interlocutores nacionales, Policía Nacional y Guardia Civil. Conocen la figura del interlocutor policial sanitario. Saben que en 2018 se constituyó el grupo de trabajo técnico para el análisis y estudio de todas las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud con todas las comunidades autónomas; el grupo se reúne de manera periódica, la última vez el 14 de diciembre. Saben que una de las iniciativas que surgieron en estas reuniones fue la de poner en marcha una jornada el próximo día 12 de marzo, que es el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios. Y también saben que recientemente el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Ministerio del Interior, ha elaborado una campaña divulgativa dirigida a los profesionales de la salud y a la población en general para concienciar y apoyar a las víctimas que denuncien las agresiones sufridas. Señorías del Grupo Popular, no pueden ustedes subirse a esta tribuna y obviar la situación que dejaron los gobiernos del Partido Popular con los recortes realizados entre 2012 y 2018; recortes que alcanzaron a la ciudadanía en general y a los profesionales sanitarios muy en particular. No pueden ustedes subir a esta tribuna y callar ante el desmantelamiento que sufre la sanidade pública galega a consecuencia de las políticas de trece años de Feijóo como presidente de Galiza. . Monforte de Lemos, segundo municipio más poblado de Lugo, mi provincia; resulta que, de doce médicos que debería haber en el centro de salud, hubo días con uno o dos y con ningún pediatra, con lo que toda la zona de Monforte tenía que ir a Chantada, otro municipio que está a 30 kilómetros de distancia y, por cierto, igualmente saturado. Señorías del Grupo Popular, hasta el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ha condenado al Servizo Galego de Saúde por vulnerar derechos de médicos y pediatras en atención primaria. Señorías del Grupo Popular, no pueden subir a esta tribuna y callar ante la respuesta que Ayuso está dando a los médicos de Madrid , criticando que quieran negociar y negando que exista un problema sanitario en la comunidad; una presidenta que, en lugar de trabajar por un acuerdo, califica la protesta de infantil. En todo caso, lo infantil, lo bochornoso de quien agarra una rabieta, es que impida entregar comida a las médicas que se confinaron para defender la atención primaria y que las impida acceder a una sala con sillones donde podrían dormir. . Sí, señorías, eso es lo que hizo la presidenta Ayuso. Pero, eso sí, el PP cada vez que se sube a esta tribuna, a pedir elecciones. Un PP que, ante otras circunstancias de crisis, las primeras medidas que impuso fue limitar la universalidad del acceso a la sanidad pública y reducir la oferta de nuevas plazas y las tasas de reposición del personal sanitario. . Este Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, ha trabajado desde el minuto cero, con responsabilidad, con seriedad y con firmeza para revertir la situación originada por el Partido Popular y, sí, también para proteger a los sanitarios. Señora Velasco, ¿qué han votado ustedes a los 1000 millones de euros para reforzar la atención primaria? Se lo digo yo: han votado que no. Este Gobierno afronta la temporalidad con el mayor proceso de estabilización de más de 67 000 profesionales sanitarios y, para el futuro, modificando el estatuto marco para limitar la temporalidad. Desde 2018 se ha aumentado un 40 % la formación sanitaria especializada para incrementar el número de médicos y de enfermeras, ya que la falta de especialistas fue debida a una lamentable planificación de los gobiernos del Partido Popular entre 2011 y 2018. Este es un proceso que, sin duda, repercutirá directamente en una mejor atención a los pacientes. Finalizo ya, señorías. Si algo nos ha dejado claro la pandemia es el valor de lo público, la importancia de proteger a las personas, la necesidad de priorizar la equidad y la responsabilidad de fortalecer el sistema sanitario público en nuestro país. Las ciento veinte diputadas y diputados socialistas agradecemos el trabajo diario del personal sanitario, que es ejemplo de compromiso y de profesionalidad; profesionales y personal sanitario a quienes respetamos y valoramos: médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, técnicos, celadores, personal administrativo. Ellas y ellos son la columna vertebral del sistema sanitario, y ustedes también, los que están aquí hoy en el hemiciclo acompañándonos. Cuidan y protegen nuestra salud, nos cuidan y nos protegen a todos…

Ana Prieto Nieto PsdeG-PSOE

… y es nuestro deber, señorías, protegerles a ellos, y en esto está el Gobierno de España. Muchas gracias. .

Eloy Suárez Lamata PP

Señorías, señora Prieto, me subo a esta tribuna con el orgullo de tener un presidente en mi partido que ha ganado cuatro veces por mayoría absoluta las elecciones. . Por cierto, deberían ustedes reflexionar por qué son la tercera fuerza política en Galicia, señorías. A lo mejor por discursos como el que ha hecho. Señorías, esta iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario Popular tiene mucho que ver con la verdad y trasciende un poco el contenido de la misma, porque verdad es una palabra que ha desaparecido del diccionario con el Gobierno de Pedro Sánchez. Podría llevarme toda la tarde relatar las mentiras del presidente del Gobierno. También aquí se falta a la verdad; lo acabamos de ver hace dos intervenciones, cuando la portavoz del Grupo Socialista ha dicho en esta tribuna que el señor Maroto está empadronado ilegalmente. Señorías, los tribunales declararon legal ese empadronamiento. . ¿Saben qué empadronamiento no declararon legal? El de María Teresa Fernández de la Vega, ¿se acuerdan? A la que resulta que financiaron ilegalmente la campaña, según los informes de la Guardia Civil del día de hoy. . Señorías, tampoco las cifras de empleo y del paro dicen la verdad. Aquí se aprobó el Real Decreto 32/2021, de 28 de diciembre, en el que sencillamente se introducía una medida para mejorar el empleo, que era que desaparecían los trabajos por obra o servicio y desaparecían prácticamente los contratos temporales. Los empresarios, ante esa tesitura, recurrieron a la figura que les quedaba, que era la de los trabajadores fijos discontinuos. ¿Qué sucedió? Pues que los 200 000 contratos que había en el año 2021, en el año 2022 se han disparado a 2 millones. Estas modificaciones, señoría, no han resuelto el problema laboral, la dualidad del mercado de trabajo que tenemos en España. Es un simple truco: las estadísticas de Sánchez han mejorado sustancialmente; la calidad de los trabajos en España no han mejorado nada. Es un truco que, como diría la vicepresidenta del Gobierno ―que no está―, ¡es chulísimo! Sencillamente, ¿qué sucede, señorías? Que un trabajador temporal que se queda en situación de paro, computa como parado, y un trabajador fijo discontinuo que se queda sin trabajo, que está cobrando el paro, que es demandante de empleo, resulta que no computa como parado. Este Gobierno ha hecho un milagro: los parados son empleados, señorías. Para este Gobierno los parados son empleados. Este es el milagro de la famosa reforma laboral. . Es como si la ministra de Sanidad — es una idea que les regalo, señores del PSOE, para mejorar la sanidad— habla de sanos discontinuos. De repente, señorías, toda España estaría sana y no computaría un solo enfermo. Habría mejorado Sánchez la salud de todos los empleados. Pues bien, señorías, esto que estoy narrando no es una cuestión del Partido Popular, se lo acaba de decir Funcas, el BBVA, el Instituto de Empresa, el Instituto del Talento, Fedea, el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo y unos cuantos think tanks más. Resulta que el cómputo de parados y de empleo, señorías, no cuentan la verdad. Hay mucho ruido de fondo y mucho maquillaje. De ahí que propongamos, señorías, entre otras medidas — y voy a resaltar la más importante—, que se introduzca una nueva estadística — esta realmente sí que nos daría la verdad de las cifras—: elaborar un indicador complementario, no solo el del paro registrado, sino el del paro efectivo, entendiendo por paro efectivo la suma de demandantes de empleo parados, así como la suma de demandantes de empleo que tengan contrato laboral, entre ellos, los fijos discontinuos. Eso nos daría una foto exacta de la situación del empleo en este país. Les voy a decir algo: llueve sobre mojado. No es la primera vez que este Gobierno recurre al trucaje de las estadísticas. Les voy a recordar los 162 000 muertos por COVID y que este Gobierno solo contabilizó 98 000. Cuando a ustedes no les gustan las encuestas, ¿qué hacen? Nombran a Tezanos, que más que un director del CIS es un hooligan de Sánchez. Ahora no les gusta el Instituto Nacional de Estadística, no les gusta cómo se calcula el producto interior bruto, cómo se calcula la EPA, cómo se calcula el IPC, y hablan de que van a introducir nuevos criterios modificativos para el cálculo. Antiguamente, ¿saben cómo se llamaba eso, señorías? Pues sencillamente se llamaba ma-ni-pu-la-ción de los datos. . Y esta es la realidad. Todo esto que hacen, lo hacen con una finalidad, que es engañar a los ciudadanos e intentar seguir en el poder. Esa es la finalidad de no decir la verdad a los españoles, y detrás de toda esta historia está volver a manipular la realidad. Una vez más, ustedes se esmeran en cambiar la historia, pero yo les voy a recordar cuál es la historia. La historia es muy sencilla: Gobierno de Mariano Rajoy más Gobierno de José María Aznar, diez millones de empleos que se crearon, señorías. ¡Diez millones de empleos, señorías! . ¿Y saben cuál es la realidad? ¿Saben cuál es la realidad? Que el Gobierno de Zapatero y el de Felipe González: ¡diez millones de parados, señorías! Les guste más, menos o nada, esa es la realidad de sus gobiernos. . ¡Incapacidad manifiesta! ¡Gracias por aplaudirme! ¡Menos mal que hay alguien con sinceridad en el Partido Socialista! . Sobre todo ahora, cuando suban a esta tribuna, que ya se lo he oído alguna vez, no se les ocurra decir que no nos alegramos de que se cree empleo. Yo les quiero decir algo: nos alegramos de que se cree empleo y le voy a explicar por qué. Alguien que tiene empleo es una persona libre, con capacidad para decidir, que no tiene que aguantar cuando va a una ventanilla que le digan que le está pagando la pensión o que le está pagando el empleo un gobierno como el de Pedro Sánchez, señorías. Y, sobre todo, es alguien que cuando haya elecciones y vengan los populistas a decirle: No, la culpa es del capitalismo, del rey y de la OTAN y no sé cuántas historias más, sencillamente enseñe una sonrisa y diga: Votaré a quien tengo que votar. Nada más y muchas gracias, señorías. .

Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

Arratsalde on. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Permítame que le diga algo: una cosa es lo que se pide y otra cómo se pide. Desde luego, si usted quiere obtener el rechazo a cualquier cosa de las que usted pida, hágalo como lo acaba de hacer en estos momentos. . No creo que esa sea la fórmula más lógica de hacer un planteamiento serio ni de acudir a un debate que es necesario elaborar porque ese tipo de fórmulas creo que son incluso impropias de su partido. De verdad se lo digo. . Vamos a abordar el debate sobre el tema estadístico en relación con la reformas de la ley laboral, la Ley 32/2021. Conviene advertir que esa ley, evidentemente, es la premisa de la que parte un suplico de la proposición no de ley, pero también conviene advertir que esos efectos de la reforma laboral se extienden no solo a las personas e instituciones, sino también a esos efectos estadísticos que, lógicamente, deben suponer su aplicación. El más importante de ellos, conviene recordarlo, es el de consolidar la estabilidad en el empleo y relativizar la temporalidad. Dicho de otro modo, extiende y consolida la presunción de indefinición de los contratos y la excepcionalidad de los contratos temporales. Es cierto, en lo que hace al debate que nos ocupa, que uno de los efectos de la reforma laboral ha sido el crecimiento del número de fijos discontinuos, pero es evidente también que dicho efecto es consecuencia de que ese tipo de contrato ha venido a sustituir a muchos antiguos contratos temporales — es a partir de aquí donde surge la polémica o el debate que aborda esta proposición no de ley—, aunque también conviene añadir que la razón de dichas sustituciones precisamente es que la nueva caracterización jurídica de ese contrato fijo discontinuo permite añadir garantías de estabilidad a sus destinatarios, allí donde en su día respondía a la temporalidad y a la precariedad que antes les amenazaban. No obstante, es legítimo que se pretenda advertir que esa nueva realidad jurídica, por llamarlo de alguna manera, debe tener su traslación al ámbito estadístico, pero, se lo repito, no en estos términos. La proposición no de ley señala que se está alterando la objetividad estadística, ya que, al convertir en indefinidos los contratos fijos discontinuos, se está ocultando el dato del paro efectivo, entendiendo, como lo han hecho otros actores, que dicho dato debe integrar tanto a los desempleados como a los demandantes de empleo con relación laboral, que es lo que les sucedía a los contratos fijos discontinuos. Ese planteamiento puede ser una petición, pero es a su vez un error, y permítame que se lo diga. Desde la Orden de 11 de marzo de 1985 los demandantes de empleo con contrato fijo discontinuo no computan para el paro registrado. Se lo recordaba también el secretario de Estado de Empleo hace pocas fechas: los fijos discontinuos no se computan como parados, sino como demandantes de empleo. Resultaría lógico y comprensible señalar que existe un efecto indeseado para algunos como consecuencia de la nueva caracterización del contrato de fijos discontinuos. Eso sí, no es cierto, ni es lícito por ello, que se estén maquillando los datos del paro registrado, como parece apuntar, sino que responden a esa caracterización jurídica que hacía ya desde el año 1985 aquella orden que acabo de relatar. Cabría y sería comprensible solicitar que el método estadístico se adaptara a las nuevas características del nuevo contrato o de la nueva relación laboral y del mercado de trabajo, pero no para afirmar que adolece de falta de transparencia. Algún autor ha señalado como crítica que el paro registrado ha dejado de ser la mejor señal del número de personas desempleadas, y esa es una realidad que puede entenderse o no, pero respecto a la que cabe debatir. Esa es, a mi juicio, una línea de crítica sobre la que cabe debatir: pretender que la realidad estadística se modifique para que ofrezca una información más adaptada y precisa a la nueva realidad jurídica, pero no en la situación de partida de señalar que es un error, que es una ocultación o que es algo relativamente perverso, mucho menos en los términos en los que se ha efectuado. Por eso no vamos a apoyar esta proposición no de ley. Pero permítame reiterar los señalamientos que le acabo de hacer: en cualquier caso, si hubiéramos tenido alguna intención de apoyarla, porque entendemos su direccionamiento, desde luego usted nos ha quitado las ganas de poder hacerlo. Muchas gracias.

María Muñoz Vidal Cs

Presidente, señorías, vamos a ver si soy capaz de restar un poco de demagogia a este discurso y aportar un poco de sentido común. En Ciudadanos siempre hemos tenido muy claro cuál era el problema de nuestro mercado laboral y qué había que hacer al respecto: acabar con la temporalidad, que abocaba a miles de trabajadores, sobre todo a los jóvenes, a la precariedad. Nuestras propuestas siempre han estado encima de la mesa y había dos que sobresalían por encima de las demás, el contrato único y la mochila austriaca. La reforma laboral, quedándose muy corta, vino a darnos la razón. El núcleo esencial de la reforma fue la reducción del menú de contratos, acabando con el gran coladero de los contratos temporales por obra y servicio, como veníamos pidiendo desde hacía años. En este tiempo hemos visto cómo la contratación indefinida ha sufrido un crecimiento histórico en nuestro país, mientras que los contratos temporales han descendido un 43 %, son un 43 % menos que en 2019. Desde entonces, sus señorías del Grupo Popular y de VOX llevan embarcados en una cruzada absurda — me van a permitir—, diciendo que el cambio de contratos temporales a contratos fijos discontinuos es puro maquillaje contable. Y digo que es una cruzada absurda porque quien diga que es lo mismo encadenar contratos temporales que ser fijo discontinuo, aun trabajando las mismas horas, solo puede hacerlo por ignorancia o por mala fe. De cara al trabajador, le da algo fundamental ser fijo discontinuo de lo que antes carecía, que es la certidumbre, y de cara al empresario crea los incentivos para invertir en formación de sus empleados, lo que redunda en mayor productividad y, a la larga, mejores salarios. No acabaría ahí la mala fe de los populares y de VOX, porque ustedes insisten además en que las cifras de empleo están manipuladas, y de nuevo solo puede ser muestra de ignorancia, mala fe o ambas. Por un lado, respecto al paro registrado, el SEPE lleva años registrando a los fijos discontinuos de la misma manera, señor Suárez, también en los años en los que gobernaba su partido, el Partido Popular. Por otro lado, si los datos de empleo fueran una burda manipulación estadística, como insinúan, lo veríamos también en la tasa de paro de la EPA. La EPA es una encuesta armonizada a nivel europeo y se hace igual en todos los países. Por eso no tiene en cuenta el régimen contractual, sino que pregunta por la actividad laboral efectiva realizada. Pero vemos que no les parece suficiente, y nosotros no vemos nada raro en la EPA, porque no hay nada raro en los datos de empleo. Los datos están ahí. Según la EPA, la tasa de temporalidad en nuestro país ha descendido 6,5 puntos entre los terceros trimestres de 2019 y 2022. Los datos de afiliación al régimen de la Seguridad Social indican que la caída de la tasa de temporalidad ha sido de 12 puntos porcentuales en este periodo. Eso sí, hay una parte de la propuesta de los populares con la que sí que estamos de acuerdo. Cuando los contratos fijos discontinuos representaban una parte marginal del total de los contratos laborales existentes en España, importaba muy poco cómo se computase. Hoy, que suponen un peso mucho mayor, sí creemos que sería conveniente mejorar la calidad de los datos recogidos hasta ahora por el SEPE. Al igual que es indiscutible que es mejor un contrato fijo discontinuo que uno temporal, también es indiscutible que no es lo mismo estar trabajando efectivamente que estar entre periodos de trabajo y demandando empleo. Por eso estamos de acuerdo en que la nueva realidad de nuestro mercado laboral requiere mejorar los datos de los que disponemos. Cuanta más información tengamos, mejor podremos entender la economía española y mejor podremos evaluar las políticas públicas. Además de los nuevos datos desagregados que el SEPE debería aportar a partir de ahora, es importante también que el tratamiento se haga con la mayor transparencia posible. Por la serie temporal, es evidente que el pasado mes de octubre ha habido una regularización de los datos existentes en el SEPE que no fue advertida por el Gobierno debidamente. Estas regularizaciones son necesarias muchas veces, pero de no hacerse con transparencia se corre el riesgo de que se distorsionen los análisis económicos que hayan sido realizados por ellas.

María Muñoz Vidal Cs

Termino, presidente. En definitiva, trabajaremos, y trabajemos todos juntos, por mejorar los datos, pero sin negar la realidad. Muchas gracias. .

Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes de nuevo. Efectivamente, la proposición no de ley apunta a una manipulación de los datos, a un trabajo burdo para alterar las estadísticas y a esta falta de transparencia que sin duda alguna no podemos compartir. Es cierto que se ha producido un cambio de paradigma. Nosotros también denunciamos en la Comisión de Trabajo que si uno se pusiera ahora a hacer estadística sobre cuántos teléfonos fijos o cuántas cintas o películas en VH se venden, es evidente que no serían los mismos datos que anteriormente, porque las nuevas tecnologías han generado nuevos formatos. Es cierto que el cambio en la reforma laboral que se ha producido recientemente ha alterado cuáles son las modalidades contractuales predominantes, y esos gráficos tan bonitos en los que se ven tantos indefinidos es cierto que no pueden responder a la realidad cuando comparamos dos realidades que no son comparables entre ellas. Pero que no podamos comparar dos realidades entre ellas no quiere decir que estos datos estén manipulados, que haya esta falta de transparencia que se apunta. Como decíamos anteriormente, cuando ocupó en el Congreso el debate de la reforma laboral, ni la reforma laboral del PP de 2012 fue tan mala ni tampoco ha sido tan buena la reforma laboral que se ha hecho recientemente. Lo cierto es que en el término medio es donde está la concreción de una realidad. La reforma laboral que hizo el PP en 2012 duró hasta 2022, y la famosa derogación de la reforma laboral que tenían que hacer el Gobierno del PSOE y Podemos no recuperó los 45 días por año trabajado, no recuperó los salarios de tramitación, es decir, que no hubo una derogación real de la reforma laboral. Por ese motivo, nosotros nos mantenemos en que, si bien es necesario afinar mejor los criterios para hacer estadísticas, no creemos que haya en este sentido una manipulación burda o una falta de transparencia, sino que lo que requiere es más rigor en la comparación de las cifras de los años anteriores y de los años posteriores a la entrada en vigor de esta nueva modificación de la legislación laboral. Muchas gracias.

Josep Pagès i Massó JxCat-JUNTS (Junts)

Buenas tardes, señorías. Buenas tardes presidente. Más allá del discurso demagógico e inadecuado en la defensa de la iniciativa, es cierto que con la reforma laboral aprobada hace unos meses se ha pasado de un mercado de trabajo donde había una importante presencia de contratos de obra y servicio a una reconducción de estos contratos a fijos discontinuos, quedando reducidos los temporales a contadas excepciones. También es cierto que técnicamente los contratos fijos discontinuos son contratos indefinidos, tienen más garantías que los temporales, como la antigüedad o una mayor indemnización en caso de despido, pero tienen igualmente efectos intermitentes y, especialmente, por lo que aquí y ahora nos interesa, cuando el trabajador fijo discontinuo termina la temporada, la empresa le da de baja de la Seguridad Social, deja de cotizar y materialmente queda en situación de paro; esta es la realidad. En cambio, este trabajador, o trabajadora en muchos casos, tiene la condición estadística de ocupado. Esto no es nuevo — lo explicaba el diputado señor Barandiaran—, lo que sí es nuevo es que los contratos fijos discontinuos hayan prácticamente cubierto, a consecuencia de la reforma laboral, todo el espacio que antes ocupaban los temporales. Esto, se mire como se mire, es un problema, porque se falsea la realidad laboral. Se han dado ya algunas cifras, pero les voy a poner un ejemplo reciente que sirve para hacernos una idea de la magnitud del número de trabajadores discontinuos de baja de la Seguridad Social que están en casa sin cotizar, cobrando del paro y que constan como activos. En el mes de octubre se dieron de alta 53 000 personas y en noviembre 33 000 más; en dos meses 53 000 más 33 000 personas laboralmente inactivas, pero que constan en la casilla de demandantes de empleo con relación laboral, DENOS; por tanto, formalmente ocupados. Es evidente que cuando el Ministerio de Trabajo afirma que gracias a la reforma laboral se han multiplicado los contratos indefinidos y que se está reduciendo la estabilidad laboral, en realidad se está haciendo trampas al solitario. Los contratos indefinidos aumentarán o disminuirán, pero tiene que descontarse el efecto engañoso de la adaptación de las empresas al nuevo marco legal laboral. No nos vale que se nos diga que se siguen las directrices de Eurostat. El SEPE tiene que decirnos realmente dónde estamos, clarificar cuál es la ocupación efectiva y, por tanto, desagregar la información sobre los contratos fijos discontinuos. El desfase entre los desocupados registrados y los desocupados reales se calcula que llega hasta el medio millón. No es de recibo que los datos oficiales no aclaren nada, sino, más bien al contrario, que oculten la realidad. Muchas gracias.

Isabel Franco Carmona UP

Gracias, presidente. Señorías del Partido Popular, tienen ustedes muchos problemas; uno de ellos es un problema con la democracia. Sí, a ustedes no les gusta la democracia, y no es que lo diga yo, es que lo dice su propia historia. Ustedes vienen de Alianza Popular, que fue creada por Fraga y codirigida por otros seis ministros franquistas y, por eso, porque ustedes tienen tradición franquista y golpista, no soportan la incuestionable mejora de los datos de empleo y de contratación producida durante esta legislatura gracias a las políticas impulsadas por el Ministerio de Trabajo, y es por lo que mandan leyes como esta al Tribunal Constitucional, o la propia renovación del Tribunal Constitucional, intentando un golpe blando a la democracia con un mandato caducado y con una renovación bloqueada por el Partido Popular, junto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante cuatro años, con jueces conservadores fieles al Partido Popular; para que luego se diga que los jueces no tienen ideología. Todo esto lo hacen ustedes para aferrarse a las poltronas y poder seguir manteniendo el control judicial. Tienen también un problema con las leyes, sí. Les recuerdo que los datos que maneja el SEPE los maneja con las normas de la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985, es decir, que treinta y siete años se lleva trabajando y publicando las estadísticas del SEPE con estas normas, normas bajo las cuales ustedes estuvieron gobernando dieciséis años con los gobiernos de Mariano Rajoy y de Aznar. También tienen un problema con la lectura de las estadísticas. Sinceramente, no sé si es torpeza, si es inutilidad o si es mala fe, porque, señorías del Partido Popular, los datos que solicitan están ya disponibles bajo los apartados del número de trabajadores fijos discontinuos que están cobrando el paro y también como demandantes de empleo no parados. Es cuestión, señorías del Partido Popular, de que ustedes sepan sumar, nada más. Lo que les molesta es que esté gobernando Unidas Podemos y que en esa legislatura, y sobre todo desde que está vigente la reforma laboral, se haya reducido casi 10 puntos el paro registrado en toda España. Y esa reducción del desempleo es así, lo midan como lo quieran medir. Pueden ustedes acudir a la EPA, si no les gustan los datos del SEPE. La tasa del paro de 2020 fue del 16,1 %; en 2021, del 13,3 %, y en 2022, del 12,7 %, casi 4 puntos inferior, y eso que fue muy elevada por la crisis de la COVID. Ustedes llegaron en 2011 al Gobierno con una tasa de paro del 21,28 %, por una crisis económica y financiera — se lo reconozco—, pero inmediatamente, en 2012, hicieron su reforma laboral para facilitar la destrucción de empleo a bajo coste y, así, un año después de su reforma, consiguieron ustedes que en España estuvieran en la calle, sin empleo y con mucho miedo, 6 278 200 personas, cifra que batió todos los récords: el récord de paro histórico, el récord del incremento exponencial del paro en menor tiempo, el récord del desempleo juvenil y el récord del desempleo de las mujeres . . Sí, señorías, también tienen ustedes un problema con los derechos sociales, porque, para más inri, evidenciando el enorme desprecio que sienten las señorías del Partido Popular por las personas pobres, ese mismo año recortaron la prestación por desempleo al 50 % después de los primeros 180 días, eliminaron el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, y siguieron dándose cientos de desahucios, mientras que la señora Andrea Fabra — que recordarán bien— dedicó, entre aplausos de toda la bancada de las señorías del Partido Popular, aquel «¡Que se jodan!» a todas las personas paradas el 11 de julio de 2012, cuando recortaron la prestación por desempleo que ya hemos conseguido revertir. Por eso, nos traen esta proposición, a pesar de que ustedes mismos reconocen en su texto la innegable mejora que supone tener un contrato fijo discontinuo con respecto al contrato temporal. Por cierto, lo que nos vienen a decir hoy, señorías del Partido Popular, no tiene nada que ver con lo que nos decía la señora Fátima Báñez allá por 2018. Cuando la duración media de los contratos era de nueve días, nos decía la señora Báñez que estábamos en la primavera del empleo. Termino. Señorías, lo mejor que les puede pasar a las personas que en este país necesitan trabajar para poder pagar las facturas es que ustedes mantengan sus manos fuera de la regulación del mercado de trabajo y del SEPE.

Isabel Franco Carmona UP

Termino. Pero no solo eso, también del Tribunal Constitucional porque la única forma de preservar la democracia del golpismo y seguir avanzando en la calidad de vida de la población es que ustedes, señorías del Partido Popular, estén bien lejos. .

Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a modificar y a adaptar la realidad a las estadísticas de empleo publicadas por el SEPE. Se busca con esta mejorar la transparencia, proporcionar una mayor desagregación de datos y conocer la realidad de la cifra de paro efectivo, definido como la suma de los demandantes de empleo parados y aquellos demandantes de empleo con relación laboral, entre los que se encuentran los fijos discontinuos. Conocer la cifra de paro efectivo es básico para acometer el necesario análisis que hay que realizar del mercado de trabajo en España y plantear soluciones a las ineficiencias del mismo. Señorías, algo no funciona en el mercado de trabajo cuando la tasa de paro en España ha crecido desde el 8,8 % en el año 2017 hasta el 12,6 % actual, mientras en la zona euro se han recuperado los niveles del 2007 y en países como Alemania y Estados Unidos se ha reducido de forma significativa. Algo no funciona en el mercado de trabajo cuando España, a pesar de no disponer de las cifras de paro efectivo, lleva más de un año liderando las estadísticas de paro de la OCDE. . Algo no funciona en el mercado de trabajo cuando la tasa de paro juvenil en España ha crecido desde un 19,2 % en el año 2007 hasta el 32 % actual, mientras la tasa de paro juvenil en la zona euro tan solo ha crecido del 15,6 % al 16,5 % para el mismo periodo. Algo no funciona en el mercado de trabajo cuando somos el país que más empleo destruye en periodos de crisis y el que más tiempo tarda en recuperarlo. Algo no funciona en el mercado de trabajo cuando un prestigioso centro educativo, como es la Universidad de Cambridge, ha situado a España a la cola de los países de la Unión Europea en creación de puestos de trabajo, productividad o seguridad en el mercado laboral. Señorías, la baja productividad es uno de los problemas estructurales del mercado de trabajo en España. En el año 2020 se situaba en un 14,1 % por debajo de la media de los países de la zona euro y esta a su vez era el 85,5 % de la de Estados Unidos; y esta brecha de productividad del trabajo es uno de los factores que explican la distancia de la economía española en términos de bienestar con otros países de la zona euro. Debemos también recordar la conexión directa que existe entre desempleo y crecimiento económico. Es muy fácil. Estar en situación de desempleo supone la falta de ingresos económicos que limita el consumo y, por tanto, se produce una bajada de ventas de las empresas que deciden recortar personal por la reducción de ingresos. Desafortunadamente, tenemos un Gobierno que por desconocer la realidad del mercado de trabajo es incapaz de hacer proyecciones fiables de su evolución futura. . En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en su informe sobre el Programa de estabilidad del Gobierno para el periodo 2022 a 2025, cuestionó las estimaciones del Gobierno de acabar el año 2025 con una tasa de paro del 9,6 %. En el mismo sentido se manifiesta la OCDE, que no contempla que la tasa de paro baje del 12,5 % para el periodo 2022 a 2025; o la Comisión Europea; tampoco se creen las estimaciones de evolución del paro en el Fondo Monetario Internacional. Para terminar, me gustaría recordar que no fomentar la transparencia de los datos de empleo es una indignidad, que sacar de los datos de paro a los demandantes de empleo con relación laboral es una inmoralidad y una falta de sensibilidad, que hacer discursos triunfalistas con una tasa de paro del 12,6 % es una completa obscenidad. Ustedes están dando un golpe de Estado a las instituciones y también están dando un golpe a las estadísticas. Muchas gracias. .

María Luisa Vilches Ruiz PSOE

Gracias, presidenta. Le dijo don Quijote a Sancho: El miedo que tienes te hace que ni veas ni oigas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son; y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo. Señorías, la lectura de esta propuesta me ha evocado al Quijote, no por la calidad literaria de la PNL, sino más bien por el problema del Partido Popular con la realidad objetiva y la duda que siembran constantemente y, además, a conveniencia de si el testimonio de los datos es seguro o falaz, como cuando don Quijote se empecina en que la bacía del barbero era yelmo de Mambrino y que la albarda del asno eran jaeces de caballo, ustedes se empeñan en transformar la transparencia de los datos y la objetividad de datos oficiales en fango y en ruido para atacar al Gobierno. . Los datos no son engaños ni encantamientos, que por no hallar gusto en la verdad, el mentir les viene muy a cuento, decía don Miguel de Cervantes. Porque los datos oficiales de organismos oficiales — SEPE, EPA, Eurostat— que llevan contabilizándose de la misma manera sobre la base de la ley que entró en vigor en el año 1985, son incontestables y objetivos. Y sembrar la duda de la veracidad de estos es ruin como estrategia política y es peligroso para la democracia. . Se llevan treinta y siete años — treinta y siete años— publicando estadísticas mensuales y con transparencia y claridad, cuando el SEPE central recoge los datos suministrados por las comunidades autónomas. ¿O es que donde gobiernan adulteran datos? Treinta y siete años con la misma catalogación de estadísticas de trabajadores fijos discontinuos y una persona con contrato indefinido fijo discontinuo, que está en inactividad, si no busca empleo, no es desempleada. Desempleada es la que está disponible para trabajar y buscando activamente empleo para la EPA, el SEPE, Eurostat, no para el Partido Popular; treinta y siete años, contabilizando fijos discontinuos de la misma manera y en los años que han gobernado ni les ha estorbado ni les ha parecido mal, ¿verdad? Y ahora piden que lo que llaman paro efectivo sea contabilizado. Vamos a ver, si es tan sencillo como sumar demandantes parados más demandantes no parados con relación laboral, ambas cifras, contabilizadas y publicadas por el SEPE, y voilà, ahí tienen el dato. . Si es que no hay ni trampa ni cartón, señorías de la derecha. Ven gigantes cuando no son más que molinos, y nos traen esta PNL cuando tenemos los mejores datos de empleo de los últimos quince años. . Permítanme, señorías del Partido Popular, pero, como dicen en mi pueblo, no se le ocurre esto ni al que asó la manteca, porque no se alegran, señor Suárez, no se alegran de los 20,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, ni de los 77 700 ocupados más en el tercer trimestre del año, ni del crecimiento del empleo en los últimos doce meses, que ha sido del 12,57 %. ¡Si es que buscan argucias y triquiñuelas para ocultarlo! Cuando la EPA nos dice que, en España, en el tercer trimestre del año había 2 980 000 desempleados, son datos casi idénticos a los del SEPE. Y dicen que la reforma laboral no ha creado empleo. Miren, Gobierno de Mariano Rajoy, año 2013, con más de la mitad de los jóvenes en paro, tasa de desempleo, el 26 %, hoy un 12,46 %. ¿Y qué hicieron ustedes? Reforma laboral con contratos temporales, de días, sin derechos, abaratamiento de despidos, prevalencia de convenios de empresa; recortaron la prestación pública por desempleo 25 puntos en el peor momento de la crisis económica y financiera, con seis millones de parados en este país. . Concluyo, presidenta. Señorías, como decía Cervantes, cada uno es artífice de su ventura. Y la dificultad de hoy para alcanzar la verdad se debe a la arrogancia, el egoísmo y la intolerancia de una oposición que solo entiende las normas del juego cuando ellos gobiernan, de tal manera que todos debemos — como dice don Quijote— rogar a nuestro señor muy de veras nos libre de malos hechiceros y malos encantadores. Así que, compañeros, dejadlos, cuando ladran significa que estamos en camino. Gracias, presidenta. .

Sonia Guerra López PSC-PSOE

Gracias, presidenta. «Doctor, estoy sufriendo física y mentalmente. No me funciona bien nada. No tengo ilusión de vida. No tengo ni mujer ni hijos, ni dinero para ir a una residencia. Solo pienso en morir sin sufrir, para descansar y no dar trabajo ni asco.» Esta es una nota que le escribió un paciente a su médico de familia y que me ha autorizado a traer hoy aquí a este Pleno. Señorías, les voy a pedir un favor, que empaticemos con todas aquellas personas que se sienten solas entre tanta gente, y que nos centremos en uno de los problemas que más afecta a nuestra sociedad. Les voy a dar un dato; el 92,9 % de las personas piensan que la soledad no deseada es un problema social de primer orden; el 92,9 % de los españoles y españolas. Hoy les pido que focalicemos la mirada para observar el detalle y que agudicemos el oído para escuchar lo que quieren decirnos, lo que tienen que contarnos y lo que gritan en silencio aquellas personas que sienten que están condenadas a la soledad; una soledad que no desean; una soledad que las mata en vida. Y es que, señorías, la soledad no deseada mata; incrementa un 30 % el riesgo de muerte prematura por enfermedades cardiovasculares, infecciosas y de deterioro cognitivo; aumenta el riesgo de trastornos depresivos y de ansiedad y eleva las conductas suicidas. Aunque, cuando hablamos de soledad no deseada no podemos centrarnos única y exclusivamente en las personas mayores, según el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, los y las jóvenes fueron el ciclo vital en el que se sintieron más solos sin desearlo, hoy me gustaría centrarme en las personas mayores, puesto que es de ellos desde donde me llegó la petición de poner en el centro de la agenda legislativa, y, por lo tanto, en el centro de la agenda política, el derecho al acompañamiento afectivo. Concretamente, me llegó de la mano de Som Base, una entidad que trabaja desde el voluntariado, en Barcelona, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Algunos de sus miembros hoy nos acompañan aquí: Maurici, Manel, Fernando, Jesús, moltes gràcies. . Señorías, como todos ustedes saben, la población mayor de 65 años se ha triplicado en los últimos 50 años; y la mayor de 80 años se ha quintuplicado. El 20 % de la población española tiene más de 65 años, y ese tanto por ciento se incrementará al 30, en 2030. En España hay 5 millones de personas que viven solas; el 50 % son mujeres mayores de 65 años. A lo largo de los años, el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, ha trabajado para consolidar e incrementar los derechos de las personas mayores. Lo hemos hecho a través del Pacto de Toledo y el incremento de las pensiones vinculándolo al IPC, como lo haremos en 2023; haciendo las viviendas más accesibles para evitar la exclusión residencial; promoviendo la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia; creando el Imserso y la promoción del envejecimiento saludable; y, más recientemente, con el nuevo modelo de atención residencial. Pero todas y cada una de las propuestas que les acabo de citar, todas, están vinculadas con las condiciones materiales de vida. ¿Y qué ocurre con las necesidades emocionales de las personas mayores? La soledad no deseada no responde a una opción vital, sino a una imposición de vida. Es más, la soledad no deseada responde a un sistema, el capitalista, y a una forma de vida, la neoliberal, que prima el individualismo por encima del bien común. Señorías, hace unos días, la Diputación de Barcelona publicaba un estudio sobre la teleasistencia, esa pequeña alarma que los mayores llevan alrededor de su cuello o de su muñeca y que les permite contactar con un centro de emergencias ante una situación de emergencia o de necesidad. Pues bien, el 50 % de las personas mayores que utilizan la teleasistencia lo hacen para aliviar la soledad. El 50 % de las personas mayores que utilizan la teleasistencia lo hacen para hablar un ratito; para hablar un ratito, señorías, y esa afirmación nos vuelve a interpelar a todos y a todas. No podemos escuchar esas palabras y no sentir que hemos fracasado, individual y colectivamente. No podemos escuchar esas palabras y no sentir que hemos perdido el sentido de pertenencia al grupo, a la comunidad; esa comunidad que se ocupa y se preocupa de todos y todas, sobre todo, de los más vulnerables, porque entiende que el éxito solo es éxito si es colectivo. Señorías, hoy estamos aquí para decirles alto y claro a las personas que se sienten solas sin quererlo que es nuestra obligación, como poderes públicos, pero que es también nuestro compromiso, como sociedad, no condenarles a la soledad. Hoy estamos aquí para incorporar en la agenda política el derecho al acompañamiento afectivo como una obligación política. Naciones Unidas ha declarado 2020-2030 la década del envejecimiento saludable. Apoyen esta proposición y pidamos desde este Parlamento que incorpore la propuesta de Som Base, el derecho al acompañamiento afectivo como un derecho universal. Todos los esfuerzos serán pocos para acabar con la soledad no deseada. Todos los esfuerzos serán pocos si conseguimos que nadie vuelva a escribir: Solo pienso en morir sin sufrir, para descansar y no dar trabajo ni asco. Termino, presidenta. Afirmaba la filósofa malagueña María Zambrano que «El corazón es centro, porque es lo único de nuestro ser que da sonido». Llenemos la soledad no deseada de sonido, el sonido de los latidos del derecho al acompañamiento afectivo. Muchas gracias. .

Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

Muchas gracias, señora presidenta. Insta el Grupo Parlamentario Socialista a que se promueva ante la Organización de las Naciones Unidas la proclamación del derecho de las personas al acompañamiento afectivo DA+, y teniendo en cuenta que la iniciativa está registrada en junio de 2021, es decir, hace año y medio, no parece que haya habido un entusiasmo desbordante en circular algo en lo que muy probablemente toda la Cámara estará de acuerdo. Señorías, al hilo de este asunto y como comentario previo, es necesario un agradecimiento sincero hacia la tarea de las organizaciones de voluntarios que en diferentes partes de España tratan de sensibilizar a la sociedad sobre el acompañamiento afectivo. En nuestro país, además, esta labor tiene un campo muy amplio y creciente de actuación por la grave crisis demográfica que sufrimos, reflejada en un galopante envejecimiento de la población, como vienen señalando contumazmente las estadísticas ante el fracaso del Ministerio sobre el Reto Demográfico, que tiene rango de vicepresidencia, aunque no lo parezca. Lo recalco porque procedo de Asturias, una comunidad autónoma en la que el envejecimiento es de los más acusados de Europa, con su deriva en términos de soledad y de las diferentes variantes, incluidos los problemas que ha descrito la señora Guerra López y que son extensivos al conjunto del territorio nacional. Hay estudios que cifran en casi 3 millones de personas las afectadas de soledad emocional, pero este no es un fenómeno exclusivo de España, de hecho, otros países como Japón o Reino Unido han creado divisiones ministeriales específicas para combatirlo. Estoy seguro de que en la próxima cena de Nochebuena, el padre Ángel, asturiano universal, creador de Mensajeros de la Paz, volverá a pedir este año en el emblemático salón del paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid un esfuerzo público en los ámbitos estatal, autonómico y municipal para atajar la pandemia de soledad que nos afecta gravemente. Sirva también como referencia el terrible dato del Instituto Nacional de Estadística conocido ayer sobre el número de suicidios registrados en España en 2021, más de cuatro mil, la mayor cifra anual en la historia de la nación. Señoras y señores diputados, del derecho de las personas al acompañamiento afectivo ya hablo aquí en el Congreso de forma muy amplia el señor Blancafort Planas como cabeza visible de ese proyecto de reconocimiento universal. Habrán comprobado los voluntarios sociales de Som Base que nos acompañan en la tribuna de invitados, a los que saludo, que aquí resulta de aplicación el refrán referido a que las cosas de palacio van despacio, porque muy pronto se cumplirán dos años desde aquella comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales. Por eso me permitirán mi deseo a los impulsores de que sean tenaces, constantes y pacientes en su benemérita misión cívica, porque la agilidad tampoco es característica de otro palacio, el de la Moncloa, salvo para las urgencias políticas particulares de su inquilino principal, como estamos viendo estos días. Señorías, considero que, además de impulsar ante la ONU la declaración del derecho de las personas al acompañamiento afectivo, hay que poner en práctica en nuestro país el refuerzo de medios para ayudar a las organizaciones y voluntarios que se dedican a esta noble tarea humanitaria tan solidaria. De ahí, mi enmienda de adición, porque si lo que se trata es de dirigirse a la ONU para promover un nuevo derecho universal, convendría que paralelamente el Gobierno se imponga obligaciones en esta materia y facilite la sensibilización de la sociedad española, aplicando medidas contantes, sonantes y eficientes en favor de la lucha contra la soledad no deseada y la marginación por medio del acompañamiento emocional. Mi enmienda añade dos nuevos puntos a la iniciativa original. En el primero se insta al Gobierno a acompañar el impulso ante la ONU del reconocimiento del derecho de las personas al acompañamiento afectivo con medidas que intensifiquen en todos los ámbitos y niveles de la Administración las ayudas a las organizaciones y entes dedicados a combatir la soledad crónica a través del voluntariado social. El segundo de los puntos de mi enmienda de adición insta a «promover campañas informativas y de sensibilización para reforzar la importancia vital del acompañamiento afectivo». Esto cobra especial importancia ante la crítica situación demográfica que ya sufrimos en España y que se agudizará con el paso del tiempo, arrastrando el número de todas esas necesidades que se describen en la iniciativa original cuando señala que todas las personas tienen derecho a relacionarse y a ser tratadas con afecto, a sentirse acompañadas, y a que esta relación entre iguales sea efectiva, libre, bilateral, directa, respetuosa y consentida. En todo caso, mi voto será favorable. Muchas gracias, señora presidenta.

Pilar Garrido Gutiérrez UP

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Empezamos con un problema que realmente es muy grave, solo baste escuchar algunos testimonios. «Nunca me ha gustado estar sola; desde que murió mi marido y mis hijos viven lejos, no me ha quedado más remedio. Como apenas me puedo mover, salgo muy poco y hablo con muy poca gente; a veces se me pasan los días sin hablar con nadie. Es muy duro. Trato de dormir para matar el tiempo, porque, aunque la tele me hace compañía, no puedo evitar darle vueltas a la cabeza y sentirme mal, sentirme muy sola. A veces pienso que sería mejor no despertarme». «Salí del centro de acogida hace dos años, intento encontrar trabajo, pero es muy difícil y no tengo dinero para casi nada. Hablo con mi madre por WhatsApp desde que llegué y solemos llorar juntos. Cuando hablamos, es duro. Yo quiero estar con ella y ella quiere estar conmigo, pero no es posible. Le he contado que he conseguido aprender español y ella me dice que está muy orgullosa, pero me pongo muy triste cuando pienso lo solo que estoy en este país, y también me enfado porque no sé qué hacer». Estos son los testimonios de Maritxu y de Youssef. Maritxu es una amona de 80 años de Arrasate, un pueblo de Gipuzkoa, que tiene una modesta pensión con la que afronta más o menos sus gastos, está viuda y tiene una movilidad reducida. Youssef es un joven migrante que llegó a Euskadi con 15 años dejando a su familia atrás y ahora tiene 20 años. Son muchas las voces, los testimonios. La soledad no deseada afecta a muchas personas, mayores o jóvenes, cada vez a más gente. Existen muchos youssefs y muchas maritxus en nuestro país. La pandemia ha revelado con aterradora virulencia lo vulnerables que somos, ha puesto de manifiesto la necesidad de tener una red de familia, de amigos, de vecinos, de personal de los servicios públicos que nos acompañen en nuestras diferentes etapas vitales, más en momentos difíciles. Somos seres interdependientes, llevamos diciéndolo mucho tiempo las feministas. El modelo neoliberal de individuos solos autosuficientes ha quedado ya como una mera quimera. Además, la soledad no deseada no es patrimonio de ninguna generación, afecta a muchas personas y a muchos grupos sociales. Evidentemente, en la vejez es cuando esta situación se acentúa, pero existen otros tramos de edad y otras circunstancias vitales que se encuentran afectados por la soledad no deseada. Se trata de personas en situación de discapacidad, de personas migrantes, de personas con problemas de salud mental y — cómo no— de jóvenes precarios o de mujeres víctimas de la violencia machista que se han visto atrapadas por sus agresores y que han visto limitado su contacto con sus redes de apoyo. Por la gravedad de estas situaciones que vivimos, es urgente poner en marcha cuanto antes la estrategia nacional contra la soledad no deseada de las personas mayores que se encuentra en la hoja de ruta, como ya sabemos, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y en ese sentido va nuestra enmienda. Es muy importante, como decimos, el abordaje de este fenómeno, que debe hacerse con un enfoque multidisciplinar, preventivo e inclusivo, con un enfoque de género e interseccional, para detectar a través de las historias de vida los procesos que derivan o pueden derivar en soledad no deseada. El planteamiento de la soledad no deseada debe insistir en el reconocimiento de la interdependencia y en la vulnerabilidad como algo inherente a la propia vida, presente en todas las etapas de la vida. Pero tenemos una buena noticia, cada vez está más cerca ese objetivo. Desde 2019, como ustedes saben, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 viene trabajando en la estrategia nacional contra la soledad no deseada. El confinamiento y su impacto retrasaron esta estrategia, pero se reanudó inmediatamente su elaboración, y esta vez con un diagnóstico renovado más certero de la situación que incluyera las lecciones aprendidas, cómo no, de la pandemia. En este sentido, pusieron en marcha durante todo el 2021 consultas con organizaciones del tercer sector, con la academia, con la Red de ciudades y comunidades amigables de las personas mayores, y también con la red propia, cómo no, de los centros del Imserso, para explorar esta realidad a través de la experiencia de las políticas locales. Por lo tanto, esperamos que este trabajo muy pronto llegue a su fin y podamos ver aprobada esta estrategia nacional sobre soledad no deseada que tanta falta nos hace. Gracias. .

Alicia García Rodríguez PP

Muy buenas tardes. Voy a dar unos datos que ilustran la situación de muchas personas mayores en España. Según datos de la Unión Europea, el 18 % de las personas estarían socialmente aisladas. En el caso concreto de España, el 10,4 % de los hogares son unipersonales y afecta directamente a las personas mayores, pero, lo que es más grave, casi la cuarta parte de las personas mayores de 65 años vive en soledad, y esto afecta de manera mucho mayor a las mujeres que a los hombres, porque la soledad se ceba con las mujeres y con los mayores de 80 años. Además, la pandemia sanitaria ha evidenciado que estamos ante una nueva pandemia social, que es la soledad. ¿Es el momento de actuar? Sí. ¿Y de dar una respuesta eficaz? Sí, señores del Gobierno. Precisamente, ustedes han mencionado en la exposición de motivos de esta proposición no de ley que en 2018 este Congreso aprobó una proposición no de ley relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad no deseada, pero lo que no dicen es que esa proposición no de ley fue del Partido Popular, que fuimos los primeros en hablar de este problema en esta Cámara. . ¿Y desde entonces que han hecho ustedes? Absolutamente nada. Ante la inactividad de su Gobierno, mi grupo ha presentado diferentes iniciativas para que sea de una vez por todas una realidad la estrategia nacional para combatir la soledad no deseada. Hemos presentado enmiendas en los presupuestos generales del Estado de 2021, 2022 y 2023 para que precisamente se dotara y se aprobara esta estrategia nacional. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Sistemáticamente, rechazar nuestras enmiendas. Pregunté recientemente al Gobierno de España cuánto van a destinar en el año 2023 para combatir la soledad no deseada. Leo textualmente la contestación de su Gobierno: Para soportar las primeras actividades de elaboración y difusión — primeras actividades, cinco años después— se ha habilitado una partida específica en el Imserso — y dijimos: ¡Bien!— de 50 000 euros para ayudar a 2 millones de personas mayores que viven solas en España. . Son 50 000 euros, porque me lo han dicho ustedes y por escrito. ¡Esto es una vergüenza! ¿Qué tiene que pasar en España para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores? Y para decir que hacen algo, pues presentan esta iniciativa, bienintencionada, instándose a sí mismos a hacer una proposición para que la Organización de las Naciones Unidas proclame el derecho de las personas al acompañamiento afectivo. Bien, pero, claro, es que ustedes no son ejemplo de nada en España, porque sí lo son otros países, como Japón o como Reino Unido. ¿Y ustedes a qué esperan, a ser ejemplo en la ONU? Señorías, luchar contra la soledad no deseada es lo mismo que comprometerse, sí, a favor de la compañía, como proponen, pero este sesgo positivo no puede tapar la realidad y la inacción después de casi cinco años de Gobierno y tres años de Gobierno de coalición, porque así no van a tapar las vergüenzas de su inacción. Señorías del PSOE, hasta en esta proposición no de ley les ha faltado coraje, valentía y ambición. No tienen valentía porque instan a la ONU y el Gobierno no asume ni una sola responsabilidad. No tienen coraje porque no se atreven a decir al Ministerio de Derechos Sociales que apruebe de una vez por todas la estrategia nacional. Y les falta ambición porque el señor Maurici, de Som Base, desde luego, tuvo mucho más coraje solicitando al Gobierno que también hiciera estudios para poner en marcha precisamente el acompañamiento afectivo. Esto fue en febrero de 2021 y dos años después no han hecho estudio y no han hecho nada. . Por eso reiteramos, una vez más, que urge aprobar la estrategia integral y adaptarla a las diferentes situaciones de soledad, porque la soledad no deseada es una nueva necesidad social a la que las administraciones han de dar respuesta. Y tenemos un ministerio que en este tema, lamentablemente, no está ni se le espera. ¿Porque acaso no se sienten solas y abandonadas las 397 164 personas que están en la lista de espera de la dependencia o las personas que tienen que esperar una media de 378 días para recibir un servicio o una prestación? Y alguna de las 23 837 personas que fallecieron estando en la lista de espera en el primer semestre de este año también se sintieron solas, porque el plan de choque de la dependencia no les llegó. Y solas se sienten casi el centenar de víctimas que ven cómo sus agresores, delincuentes sexuales, tienen sus condenas rebajadas gracias a ustedes y a sus leyes. . Señorías socialistas, de nada sirven las palabras si no van acompañadas por hechos. Muchas gracias. .

Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV

Gracias. Buenas tardes. Arratsalde on, señora presidenta. Señoras y señores diputados, ¿recuerdan ustedes la época de confinamiento cuando a determinadas horas salíamos a los balcones e intentábamos que hubiera personas que estuvieran atendidas, porque les faltaba la comida y les teníamos que hacer las compras, o algunas cosas parecidas? Fue una época en la que la falta de relación social nos empujó a buscar soluciones a una situación que nos afectaba a todos personalmente, necesitábamos ese tipo de empatización colectiva para poder desarrollarnos y aguantar aquellas medidas que eran duras también en lo personal. Imagínense ahora que para aquellas personas que estaban en una situación de soledad absoluta en aquel momento aquello fuera una solución; es decir, eran personas que estaban solas en casa, desatendidas, como se ha expuesto ahora hace un momento, en su mayor parte mayores de determinada edad, y que, sin embargo, frente a una situación de desatención, de repente encontraron el momento en el que poder salir al balcón a hablar y poder sentirse acompañadas y pedirle a alguien que les pudiera traer, llevar o lo que fuera. Imagínense ahora que, de repente, vuelve aquella situación de soledad y vuelven a sentirse desatendidos y desprotegidos, con falta del cariño colectivo. Esa es una situación — alguno lo ha comentado— en la que como colectivo, como sociedad, salvo que vayamos precisamente a buscar algún tipo de solución para evitar que esa que ha sido calificada como la pandemia del siglo XXI o la peste del siglo XXI, la soledad, afecte de un modo duro a la salud física y mental de todas esas personas, sobre todo mayores de determinada edad, queremos que aquellas soluciones que fueron para todos los que nos movíamos bien y que, sin embargo, en otro momento podemos llegar a no tener ese tipo de capacidades, sean también efectivas para aquellos que ya se encuentran en esa situación de desprotección. Creo que es eso simplemente lo que quiere esta proposición no de ley, instar al Gobierno a que esa situación de protección colectiva que nos dimos cuando todos nos sentimos desatendidos o aislados se haga efectiva para todos para el día de mañana. Evidentemente, votaremos sí. Muchas gracias.

Sara Giménez Giménez Cs

Gracias, presidenta. Señorías, decía Hemingway en un libro maravilloso, El viejo y el mar, que nadie debiera estar solo en su vejez, pero es inevitable que así sea. En Ciudadanos trabajamos no solo para que sea evitable, sino para que ninguna persona en nuestro país esté sola, si no quiere estarlo. La soledad no deseada es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como país, teniendo en cuenta nuestra situación demográfica y las perspectivas futuras a nivel poblacional. Se calcula que dentro de veinte años España será el país más longevo del mundo. Esto implica que el número de personas mayores que viven en nuestro país irá creciendo año a año y, en paralelo, el número de personas que viven solas. Ya en 2020 había 100 000 personas más que el año anterior viviendo solas en España y, de ellas, casi la mitad tenían 65 años o más. Lo preocupante es que este número irá creciendo cada año y, con él, los problemas derivados de la soledad crónica, porque según la Organización Mundial de la Salud, la soledad es una de las causas principales del deterioro del bienestar físico y mental de las personas, especialmente de las personas mayores. De hecho, está comprobado que aquellas personas que confiesan vivir en un estado de soledad no deseada tienen un 26 % más de riesgo de desarrollar demencia en el futuro. El problema, como vemos, no radica en la soledad en sí, sino en la soledad crónica no deseada; una situación que padece sobre todo la población más envejecida y en mayor medida las mujeres, que afecta al conjunto de la población y cuyos efectos derivados van más allá de la salud física y mental. Según los datos de la Fundación La Caixa, el 20 % de las personas de entre 20 y 40 años tienen peligro de aislamiento social por soledad. Hay una soledad que en general empieza pronto, aguanta hasta los 65 años y, a partir de ahí, va aumentando considerablemente hasta los 80 años. En España, hoy hay 850 000 mayores de 80 años que viven solos, muchos de ellos porque no tienen otra opción. Y a los problemas de vivir en soledad debemos añadir las dificultades de movilidad, que les impiden, por ejemplo, salir de casa sin ayuda. Por todo ello, vemos con buenos ojos la iniciativa que hoy debatimos en este contexto de aumento de la soledad crónica y cada vez con más personas mayores falleciendo — tristemente, señorías— solas en sus casas, sin que nadie se dé cuenta de la situación y la realidad en que viven. Por eso esta iniciativa va a contar con nuestro apoyo. Eso sí, tengo que recordar una vez más a los señores del Partido Socialista que son ustedes el partido de Gobierno y que está muy bien traer aquí iniciativas declarativas como esta para luchar por el acompañamiento afectivo, pero sería más interesante que impulsaran políticas reales para luchar de verdad contra esta realidad, que legislasen de una manera coordinada con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para poner en marcha planes concretos de lucha contra esta realidad que tenemos que abordar. De verdad, les animo a ello y anticipo que contarán con el apoyo de nuestro partido, pero insto a que cumplan este derecho de las personas al acompañamiento afectivo, que nos parece positivo que realmente se pongan en marcha, pero con acciones directas. Nadie debería vivir en soledad si no lo desea, y mucho menos morir de esa forma. Por eso es necesario que desde los poderes públicos nos sumemos a las iniciativas tan enriquecedoras como la de la propuesta de la asociación Som Base, que tiene una premisa clara. La premisa que nos lanza es que todas las personas tienen derecho a relacionarse y a ser tratadas con afecto, en definitiva, a sentirse acompañadas. Si no trabajamos pronto la soledad crónica nos encontraremos con un aumento intolerable en el número de personas que mueren por soledad o que desarrollan problemas de salud mental por vivir en esta situación. Para finalizar, ya que hablamos de enfermedades crónicas, de soledad, y de situaciones de dificultad, como les he dicho en distintas ocasiones, vuelvo a decir algo relacionado con una enfermedad grave, como es la ELA; volveré a repetir cada vez que suba a esta tribuna la necesidad del desbloqueo de la ley de la ELA, porque son enfermos graves, son enfermos crónicos, que no cuentan con los servicios adecuados y esta Cámara debe desbloquear la ley de la ELA. Gracias, señorías. .

Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, de nuevo. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y las gracias a los amigos de Som Base, que no es la primera vez que nos vemos y confío en que tampoco será la última. Lo cierto es que Maurici Blancafort tuvo la ocasión, en la Comisión de Derechos Sociales, de explicar profundamente esta cuestión, cuestión que van batallando día a día y que forma parte también de las dinámicas de trabajo de Amics de la Gent Gran o de las diferentes charlas y acciones que realizan con todo el conjunto de entidades con las que se coordinan. Esta tarea no es fácil y además es hecha por voluntarios que promueven la proposición no de ley que hoy se toma en consideración, y creo que tenemos que darle nuestro apoyo de forma unánime. El acompañamiento afectivo que se apunta en la proposición no de ley supone luchar contra la soledad y aumentar también la solidaridad entre personas, en esa idea que se apunta de que las personas son un ser social, en definitiva, personas que ayudan a personas. Este escenario del trabajo del voluntariado, el apoyo para luchar contra la soledad de las personas mayores, es lo que nos tiene que preocupar como sociedad, aquello que apuntamos siempre de hacer una sociedad mejor o de hacer una sociedad donde la gente tenga una mejor calidad de vida; es evidente que en este punto la calidad de vida es un elemento que puede ganar muchos puntos para luchar contra esta soledad. Lo cierto es que hoy creo que — como comentábamos anteriormente— se genera un auténtico punto de inflexión, un lanzamiento que puede dar muchas más alas a esta iniciativa y, por tanto, que con el reconocimiento que puede hacer el Congreso de los Diputados apoyando este tipo de iniciativas puede haber un efecto multiplicador de los apoyos por parte de otros ayuntamientos, de otras diputaciones, de consells comarcals, de la Generalitat de Catalunya, del Parlament, de entidades que se sumen también a esta necesidad de apoyo y cobertura institucional a lo que es la realidad de un trabajo hecho desde hace mucho tiempo, hecho con mucha constancia, con mucha voluntad de hacer difusión del mismo, porque se trata, sin duda alguna, de una buena causa, y hecho — y hay que decirlo así de claro y así de alto— con la complicidad del PDeCAT y de tantas fuerzas políticas que le damos apoyo, y con la complicidad de muchos de los actores políticos. Creemos que el trabajo en esta línea tiene que tener continuidad y que el salto que se pueda dar hoy o el día que se vote con la aprobación de esta proposición no de ley debe servir para que se consiga alcanzar muchos éxitos más. Mucha suerte.

Pilar Calvo Gómez JxCat-JUNTS (Junts)

Benvinguts. Hace más de setenta años se descubrió que la soledad mata; observaron que los bebés de los hospicios que no recibían afecto ni atención, aunque estuvieran sanos, acababan muriendo, de marasmo, de desnutrición. La falta de afecto les hacía entrar en depresión y dejaban de comer. Al contrario, sabemos que la atención, la ternura, las caricias, una mirada amiga, el contacto, curan, y esto es así a cualquier edad, en cualquier país, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad. Vivimos más comunicados e interconectados que nunca gracias a la tecnología, pero cuanto más fácil es el contacto más duele la soledad. Por eso quiero recordar una iniciativa que puso en marcha Xavier Trias en 2014 como alcalde de Barcelona, el programa Vincles, Vínculos, para que las personas mayores que vivían solas entraran en contacto con otras personas y crearán su red de apoyo a través de una tablet. Era una manera de decirles: No esteu sols. El proyecto Vincles fue dejado de lado por el Gobierno Colau temporalmente, luego lo retomó porque era y es muy necesario, y una de las asociaciones que trabajó en él fue Amics de la Gent Gran. Ha impulsado también la iniciativa de hoy junto a Arrels, Avismón, Cáritas, Creu Roja, Les Petits Frères des Pauvres, Roure, Som Base, Federació Catalana del Voluntariat, la Fatec, la Taula del Tercer Sector. Tuvieron la idea, que expusieron en una comparecencia en el Congreso, de que todos los grupos — todos— presentaran una iniciativa para que el Congreso instara al Gobierno a pedir ante Naciones Unidas que se proclame el derecho al acompañamiento afectivo, el derecho de las personas a relacionarse y a ser tratadas con afecto para luchar contra la soledad crónica no deseada. Pero hoy más que nunca nos necesitan a todos, porque el PSOE presentó esta propuesta solo, pero hoy nos necesita a todos. Y yo estoy aquí para pedir, por favor, que se apruebe esta propuesta por unanimidad, por todas y cada una de las personas que viven sintiéndose solas; por gente con hogar y sin afecto; por gente sin gente y sin hogar; por gente que vive ahora mismo en soledad, lejos de su país. Y como dicen en el Liverpool: You’ll Never Walk Alone. No esteu sols. Muchas gracias.

Norma Pujol i Farré ERC-S

Gràcies, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista trae para su discusión en el Pleno una proposición no de ley de esas que es muy difícil no apoyar porque resulta obvia y evidente, pero no por ello es menos necesaria. Gracias a entidades sociales en Cataluña como Som Base, cada vez somos más sensibles y más empáticos al acompañamiento afectivo. En los últimos años, como sociedad hemos tomado conciencia de la importancia que tiene para el ser humano relacionarse, no estar aislado, tener contacto con otras personas de una manera libre, bilateral, directa, respetuosa y consentida. Si bien es cierto que desde las diferentes administraciones, con el imprescindible impulso de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, se desarrollan cada vez más diferentes campañas y políticas públicas con el objetivo de garantizar el acompañamiento afectivo DA+, también es verdad que necesitamos una mayor coordinación a nivel institucional y un mayor impacto a nivel internacional. Es por eso que anunciamos nuestro voto favorable a la iniciativa y apoyamos que ante Naciones Unidas proclamemos el derecho de las personas al acompañamiento afectivo DA+ como una expansión de los derechos humanos. De manera transversal en toda política pública, pero especialmente en el ámbito de los derechos sociales, es absolutamente necesario contar con la perspectiva de género. En este caso, y según datos del INE, de los aproximadamente 4,7 millones de personas que viven solas en el Estado español, más de 2 millones son mayores de 65 años y la mayoría son mujeres. Estas cifras no explican por sí solas el fenómeno, pues hay que entender bien el problema, que no es la soledad como un todo, sino la soledad crónica no deseada, que afecta especialmente a personas mayores y a mujeres. En un mundo en el cual la esperanza de vida no deja de crecer es importante anticiparse a los problemas y asumir compromisos a escala global. En Cataluña, por ejemplo, tenemos algunas buenas prácticas de una experiencia que nació en mi territorio, en la Terra Alta, y que ahora ya es referencia en todo el país, en toda Cataluña, que es el proyecto Envelliment kilómetro 0, que cuenta con el apoyo del contracte programa de la Generalitat de Catalunya. Es una oportunidad para el mundo local, porque se apuesta por una Administración próxima a la ciudadanía y, sobre todo, es una oportunidad para la gente y las personas mayores. Este programa, el Envelliment kilómetro 0, tiene distintos objetivos que os voy a nombrar sin entrar al detalle. Tiene como pilares básicos la acción comunitaria y el envejecimiento activo; la generación de servicios de proximidad que ayuden a la gente mayor a continuar viviendo en sus casas; la innovación, la flexibilidad y la mejora del acceso y la accesibilidad a los servicios utilizando, por ejemplo, la tecnología que trabaja en modalidades de atención virtual y también la atención integrada en red, una red con todos los agentes que tienen que trabajar para ello, todos los departaments del Govern de la Generalitat y también los consejos comarcales, los ayuntamientos, las entidades y — como no podría ser de otra forma— el voluntariado. Es un proyecto que tiene como prioridad a las personas y pone en el centro su atención, y es un trabajo, como decía, también cooperativo. Antes de terminar, me gustaría dedicar los últimos segundos de mi intervención a las entidades y organizaciones que velan por los derechos de las personas. En el caso del acompañamiento afectivo DA+ querría saludar a los miembros de Som Base que nos acompañan hoy en el hemiciclo, pero también a otros tantos que trabajan incansablemente como la Fundació Arrels, Amics de la Gent Gran, Avismón. . Porque estar solo puede estar bien cuando es una decisión personal, pero nunca puede serlo sentirse solo. Trabajemos conjuntamente para lograrlo. Muchas gracias. .

María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

Gracias, presidenta. Señorías del Partido Socialista, con esta propuesta suya demuestran que su buenismo no tiene límites, y me van a perdonar, pero su hipocresía tampoco. Pretenden ustedes levantar la bandera del proyecto de una asociación que se propuso luchar contra la soledad, con el objetivo de que aprobando esta PNL por unanimidad en el Congreso podamos acudir a la ONU y conseguir que el derecho a no estar solo sea considerado un derecho universal y que se proclame que todas las personas tienen derecho a relacionarse, a ser tratadas con afecto, a sentirse acompañadas y a que esta relación afectiva entre iguales sea libre, bilateral, directa, respetuosa y consentida. Verdaderamente compartimos que nadie debe estar solo, que nadie debe sentirse solo y que, efectivamente, estamos ante uno de los problemas más graves de nuestro tiempo. ¿Pero saben, señorías, cuál es el lugar en el que uno tiene más posibilidades de no sentirse solo, de ser tratado con afecto, de vivir acompañado y de tener eso que de forma tan rimbombante e ideologizante llaman ustedes una relación entre iguales, afectiva, libre, bilateral, directa, respetuosa y consentida? Ese lugar es la familia, señorías. . No hay un lugar mejor para sentirse acompañado, querido y cuidado que una familia; en la familia no hay soledad, es en la familia donde uno aprende a querer y a ser querido, a cuidar y a ser cuidado. La familia es el único lugar donde hay amor sin condiciones y, sin embargo, la familia ha sido siempre para ustedes la gran olvidada. Es por eso por lo que les digo, señorías, que su buenismo y su hipocresía no tiene límites, porque inventan derechos nuevos para esconder el mal que han hecho apartando a las familias del centro de todas sus políticas, porque hacen lo contrario de lo que dicen y fijen cualidades y sentimientos contrarios a los que demuestran cuando hablan de combatir la soledad, olvidando a la familia. Ustedes, que se han empeñado en destruir la familia como núcleo básico de la sociedad; que han fomentado los hogares unipersonales y las familias monoparentales, sin pensar en su futuro; que han normalizado las relaciones afectivas de usar y tirar, que nos abocan a terminar nuestros días solos; que han visto cómo se desplomaba la natalidad, dejando a nuestras familias sin futuro; que promueven el aborto, para que no nazcan niños que hagan crecer nuestras familias, y la eutanasia como la mejor solución para los enfermos terminales que sufren soledad; usted, señoría, nos ha contado aquí una historia real de la soledad que sufren estas personas y a las que ustedes solo les ofrecen una solución. . Ustedes, que inoculan el odio al varón, dificultando las relaciones de pareja; que dicen a las mujeres que no necesitan a nadie para ser felices, que es mejor llegar a casa solas y borrachas, que lo de tener muchos hijos es un atraso; ustedes, que van a dejar que los niños sin una disforia de género diagnosticada mutilen su cuerpo, convirtiéndolos en enfermos crónicos para toda su vida, y su vida en la crónica de una soledad anunciada, porque nunca podrán tener hijos biológicos ; ustedes, que permiten que se separe de sus familias a los menores inmigrantes que llegan ilegalmente a nuestro país, condenándolos a la peor de las soledades, que es la soledad del desarraigo, que corta los vínculos afectivos del lugar en el que fueron criados, lejos de los suyos; ustedes, precisamente ustedes son los que ahora vienen a tranquilizar sus conciencias con declaraciones de intenciones vacías, que no servirán de nada si se quedan solo en eso. En España dos millones de ancianos viven solos, y cada vez son más los encontrados días o incluso semanas después de haber muerto, sin que nadie les haya echado de menos, ante la indiferencia de una sociedad cada vez más deshumanizada. Ninguna persona debería tener que verse obligada a salir sola de su país. Ningún anciano debería acabar muriendo solo. Ningún niño o joven debería llegar a casa cada día del colegio o de la universidad y encontrar que no hay nadie para preguntarle qué tal le ha ido. Y, desde luego, nadie debería tener que renunciar a formar una familia. Todos necesitamos compartir nuestro tiempo, ser escuchados, sentir que importamos a alguien, saber que nunca estaremos solos, y todos sabemos, todos lo sabemos, que no hay mejor cura para la soledad que la familia. Así que, ¿de qué sirve proclamar un derecho por cada necesidad que somos incapaces de satisfacer? ¿Por qué ese empeño en buscar tan lejos lo que tenemos tan cerca? Señorías, no necesitamos relaciones afectivas libres, bilaterales, directas, respetuosas y consentidas. Lo que necesitamos son familias, familias en las que sentirnos queridos y acompañados, familias en las que los padres cuidan de sus hijos desde que vienen al mundo y en las que los hijos cuidan de sus padres hasta que lo dejan, rodeados de cariño y de respeto. . Fomenten ustedes la familia, apoyen a la familia. Procuren que las familias tengan los recursos que necesitan para atender a sus hijos, a sus mayores, a sus enfermos, y les aseguro que combatiremos la soledad mucho mejor que con la proclamación de nuevos derechos que no sería necesario proclamar si colocáramos a la familia donde merece, que es en el centro de todas nuestras políticas. Muchas gracias. .

Sonia Guerra López PSC-PSOE

Presidenta, estamos trabajando un texto transaccional con Foro Asturias y Unidas Podemos. Muchas gracias.

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. Arratsalde on. La Unión Europea, a raíz de la pandemia, acordó prestar apoyo financiero a gran escala para aplicar reformas e inversiones en los Estados miembros con un doble fin, el de mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia y hacer que las economías de la Unión Europea sean más sostenibles, mucho más resilientes y mejor preparadas para los retos que plantean las transiciones ecológica y digital. Así, el plan de recuperación se ha erigido como la principal política económica del Gobierno para funcionar como palanca contracíclica para impulsar la economía en el corto plazo, abordar en el medio plazo las grandes transformaciones estructurales y transformar el modelo de crecimiento hacia uno sostenible y resiliente. Es un plan complejo, en el que se diseñaron reformas y se acordó la distribución de fondos entre ministerios y comunidades autónomas, con un calendario de ejecución para el primer paquete de fondos en forma de subvenciones de en torno a 70 000 millones para el trienio 2021-2023. Sin embargo, tras más de año y medio desde la aprobación del plan de recuperación y resiliencia — y así lo dijimos en la interpelación—, surgen dudas tanto acerca de su ejecución como de su impacto en la economía real, a pesar de que hoy, y como consecuencia de la aprobación de la adenda, nos han vuelto a dar determinados datos, sí, de compromisos, que, siento decirlo, nuevamente, no son de ejecución. Por tanto, seguimos dudando de su ejecución y de su impacto, porque el diseño del plan no ha contado con las comunidades autónomas, lo que ha imposibilitado en parte su ejecución, porque las actuaciones no se ajustan a sus particularidades, e, incluso, porque había actuaciones que ya estaban materializadas y ejecutadas por las propias comunidades autónomas con sus presupuestos ordinarios. Por tanto, es un plan unilateral y centralizado, que luego verdaderamente cuesta encajar en la realidad sobre la que se intenta implantar; un plan en el que el instrumento principal para transformar la economía se basa en los denominados PERTE, proyectos tractores en áreas específicas pero que tampoco acaban de despegar, ya que la mayor parte de la inversión pública comprometida en ellos aún está sin ejecutar. Además, son PERTE que exigen trámites burocráticos excesivos y plazos de ejecución muy restrictivos, que, desde luego, están desanimado al tejido económico. Asimismo, el diseño de los PERTE, al ser anterior a la coyuntura económica actual, no han sido adaptados al nuevo contexto de incertidumbre, inflación y encarecimiento de la financiación, lo que hace que las empresas se desanimen a la hora de solicitarlos. Además, la subida de tipos de interés está obligando a las pymes a revisar sus planes de inversión, porque las cifras de rentabilidad de cada proyecto han cambiado. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Reconocemos un avance en las convocatorias de los PERTE, pero lo cierto es que su ejecución presenta barreras importantes, tal y como he dicho, sobre todo para las pymes. Los datos de los que disponemos siguen avalando que los fondos no llegan con la celeridad debida a las empresas. Además, tanto el porcentaje de ejecución como su impacto hasta ahora en el PIB ha sido menor de lo previsto, a pesar, como ya he dicho, de los datos que nos han anunciado hoy. Hablan de importes comprometidos, pero, desde luego, son datos que difieren de lo que nos llega de las empresas, pero también de los datos que nos ofrece la CEOE o, incluso, instituciones como el Sareb. Y todo ello porque seguimos sin disponer de datos ciertos sobre la ejecución efectiva de los fondos, primero, porque no hay una monitorización al respecto, y, segundo, porque tampoco está en funcionamiento la plataforma para la centralización de convocatorias y control de los fondos europeos. Todas estas cuestiones al menos a mi grupo le suscitan dudas sobre el avance del plan, la confianza en su planificación y su proceso, su impacto en la economía y, desde luego, su capacidad para abordar las grandes transformaciones estructurales y de modelo económico. Por otro lado, este plan conlleva una parte relativa a la adenda, la parte relativa a los créditos, para solicitar 80 000 millones de euros; una adenda cuyo diseño debería servir para mejorar y rectificar aquello en lo que no se ha acertado. Si, además, estos fondos se erigen como motor para movilizar la inversión pública e impulsores de la colaboración público-privada, también requerirán de una adenda bien diseñada, atendiendo a criterios regionales, como recomienda Europa, para que las comunidades autónomas participen en diseños y reformas acordes y conectadas al tejido económico y productivo. Desde luego, entendemos que es un complemento imprescindible, un hito clave para reforzar e impulsar ese plan de recuperación. Es verdad que hoy se nos ha presentado esta adenda, pero las comunidades autónomas — siento decírselo— no tienen respuesta a las propuestas presentadas. Fíjense, hablan de un fondo de sostenibilidad para las comunidades autónomas, pero ¿da respuesta este fondo a lo presentado por ellas? ¿Están en él los criterios regionales? ¿Cuál es la gobernanza de esa adenda? Todas estas cuestiones hacen necesario y urgente para nosotros garantizar la gestión, la canalización y la ejecución de los fondos Next Generation para que lleguen a la economía y tengan el impacto para el que han sido previstos. Por tanto, hay que adaptar todos estos mecanismos diseñados hasta ahora. Por todo ello, y atendiendo a lo que las comunidades autónomas pero también las empresas están reclamando, mi grupo cree necesario, y así lo establecemos en la moción, que el Gobierno, por un lado, particularmente, facilite los trámites administrativos concernientes a los PERTE; relaje las exigencias sobre la base de las ayudas Estado, como ha hecho Alemania; flexibilice los plazos de ejecución, también como ha manifestado Alemania en la adenda que ha presentado este lunes a Europa, y, por otro lado, que se adopte un proceso ágil de convocatorias e incluso se flexibilicen los avales exigidos, sobre todo para que las pymes puedan concurrir a los PERTE de forma mucho más ágil y puedan ir devolviendo los avales, en función de los hitos que vayan cumpliendo. La realidad es muy tozuda, porque no se puede gestionar un plan con un modelo administrativo obsoleto, que ha desbordado la capacidad de gestión de la Administración, sin flexibilizar determinados procedimientos para las administraciones. Y para muestra un botón, cuando, al parecer, el Gobierno está hablando con algunas auditoras para desatascar estos fondos, y también porque hay informes en algunos ministerios que están diciendo que hay una ralentización de los fondos. Por ello, como decimos, es necesario adecuar el modelo de gestión del plan a los retos que implica un nuevo modelo, lo que conlleva una participación multisectorial e implica tanto al sector público como el sector privado. Por otra parte, en lo que respecta a la adenda, creemos que al menos el Gobierno, aunque la haya diseñado y la haya presentado hoy, debe dar respuesta en el plazo de un mes a las propuestas presentadas por las comunidades autónomas, porque las formas también son importantes. Solicitamos que se incorporen criterios regionales en la adenda que va a presentar el Gobierno a Europa, así como también en cuanto a los recursos del REPowerEU. Aunque la verdad es que hoy ya hemos visto que está diseñada la adenda, como he dicho, desconocemos si hay criterios regionales y si se ha atendido a lo que dicen las comunidades autónomas. Y también solicitamos que la adenda articule medios para que las empresas y organizaciones privadas o público-privadas accedan a instrumentos financieros para facilitar la implantación de esos proyectos y se considere la posibilidad de crear un fondo o un bono MRR para financiar proyectos transformadores de carácter público, una especie de bono sostenible, con la diferencia de que, en lugar de acudir a los mercados, se acudiría a los préstamos MRR para captar financiación, una financiación que entendemos que no debería computar como endeudamiento de las comunidades autónomas siempre que sea para proyectos inversores en los ámbitos fijados por Europa. Finalizo. Pido su voto favorable, porque, si de verdad somos conscientes de lo que implica la oportunidad brindada por Europa para reformar el modelo económico, es necesaria una redefinición con el diseño de los PERTE para abordar las carencias y deficiencias, así como que las comunidades autónomas participen, cosa que creo ya un poco difícil en esa adenda, para adecuar esos préstamos a su realidad social y económica, ya que, de lo contrario, difícilmente van a contribuir al objetivo pretendido con los fondos.

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Termino. ¿De qué sirve predicar con la cogobernanza si luego esta brilla por su ausencia? Muchas gracias.

Lucía Muñoz Dalda UP

«Ojalá hubiese plena normalidad democrática en España, pero, si no la hay, es precisamente por lo que el PP ha hecho a la democracia española». Pablo Iglesias, febrero de 2021. «Parte de los jueces de este país se han erigido como oposición al Gobierno de coalición». Irene Belarra, el mes pasado. .

Lucía Muñoz Dalda UP

Hoy subo a esta tribuna preocupada por si es la última vez que el Tribunal Constitucional me permite hacerlo. Me es difícil centrarme en el trabajo parlamentario, porque me da la sensación de que continuamos como autómatas, manteniendo una ficción de normalidad democrática, mientras ahí fuera hay jueces del PP que deciden por todas nosotros y nosotras, representantes legítimos del pueblo español. . Así que hablemos de democracia, que la democracia también se amplía con más derechos, y hablemos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation EU. Recordemos de nuevo cómo hemos sido pioneros en Europa en todas las etapas de su desarrollo. España mantuvo el liderazgo desde el primer momento. . Fuimos el primer país en ver aprobado su plan de recuperación y en recibir el primer desembolso de fondos, también fuimos el primer país en recibir el segundo desembolso, y el 11 de noviembre España se convirtió en el primer Estado miembro en solicitar el tercer desembolso del Mecanismo de Transformación, Recuperación y Resiliencia, por valor de 6000 millones de euros, vinculados al cumplimiento de 29 hitos y objetivos, a los que se ha dado cumplimiento a lo largo del primer semestre de 2022. De hecho, el Gobierno de coalición ya ha aprobado y ha puesto en marcha programas de gasto por importe superior a 43 600 millones de euros, un 83 % de los planificados para 2021 y 2022. Seguimos avanzando conjuntamente y en estrecha colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales a través de las conferencias sectoriales y el constante diálogo para identificar las prioridades sectoriales y proyectos estratégicos. De hecho, las comunidades autónomas gestionarán el 54 % de los fondos del plan de recuperación para desplegar inversiones en sus ámbitos de competencias: vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación, empleo y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros. Agradecemos al PNV el tono constructivo de esta moción, y desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos compartimos algunas de las preocupaciones que en ella se reflejan. Somos conscientes de que la necesidad de celeridad y los contextos extraordinarios en los que se están ejecutando estos fondos suponen un reto constante, y siempre estamos abiertos a recibir opiniones y revisar la ejecución para hacerla más eficiente y equitativa. Seguiremos trabajando para que ello sea así y para seguir encabezando la transformación económica, energética y social de nuestros territorios para que puedan afrontar los nuevos retos que se nos presentan, pero lo haremos sin dejar de recordar que los logros de este Gobierno de coalición son incontables y referentes en nuestro contexto internacional. Hablaré ahora de mi tierra porque es la que mejor conozco y con la intención de que sirva de ejemplo sobre cómo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation han sido, son y continuarán siendo útiles para sus gentes. El Gobierno de coalición ya ha destinado a las Illes Balears un total de 1020 millones de euros de estos fondos en 2022, cifra que prácticamente cuadriplica la inversión asignada en 2021, que fue de 288 millones de euros. Los fondos se han canalizado a través de más de 35 convocatorias de ayudas ya resueltas, que han beneficiado a más de novecientos participantes, entre los que se encuentran más de 125 entidades locales y organismos públicos, más de 105 empresas y centros de investigación y más de 620 personas. Entre ellas, destacan más de 230 millones para impulsar la transformación energética de las Illes Balears, 199 millones para proyectos innovadores en energías renovables, autoconsumo y movilidad eléctrica, 50 millones para mejorar la competitividad turística, 16 millones para la rehabilitación residencial, 28 millones para la implantación del oro ambiental en Palma y del servicio de alquiler de bicicletas públicas en Eivissa, 19 millones para el Plan de Modernización de Formación Profesional y 5 millones para el Plan Corresponsables. Se han impulsado también proyectos de especial interés para la nueva depuradora de Palma, las obras del parador de Eivissa y la inauguración del plan de hidrógeno renovable en Lloseta. Seguimos, porque el bienestar social y la democracia dependen de ello, porque nos va la vida en ello. Muchas gracias. .

María Elvira Rodríguez Herrer PP

Presidente, señorías, una vez más tenemos que debatir sobre la ejecución de los fondos Next Generation, en este caso en una moción del PNV, como consecuencia de una interpelación urgente que atendió la ministra de Hacienda. Estamos en una especie de diálogo de sordos, en el que los analistas, las instituciones, la patronal, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los grupos parlamentarios, con la excepción de los que conforman el Gobierno y algunos otros que lo apoyan a cambio de cualquiera sabe qué, demandamos información, ejecución, transparencia y participación, y se nos contesta que hay de todo, pero, en realidad, no nos dan nada. La semana pasada, desde esta tribuna y al amparo de la convalidación del Real Decreto Ley 19/2022, reprochaba a la vicepresidenta Calviño que en su presentación hiciera mención a la importante modificación del Real Decreto Ley 36/2020, que es el que regula el procedimiento para la ejecución de los fondos. Se lo reprochaba porque en ese real decreto ley están reconociendo explícitamente los problemas que se están teniendo para la eficacia de las convocatorias de subvenciones, que se están quedando desiertas o con bajísimo grado de ejecución. Pero nada, porque están instalados en el que todo va muy bien, que el grado de ejecución es altísimo — se lo hemos visto decir hoy otra vez a la vicepresidenta Calviño— y que no hay de qué preocuparse. Pero el hecho es que eso no es verdad, que el grado de ejecución es muy bajo. Si no, ¿de qué autorizar en los presupuestos del año que viene que se incorporen al año 2023 las autorizaciones de 2022? ¿O que no se rindan cuentas de cuántos de los 31 000 millones de euros que ya ha recibido España han llegado a la economía real? Tenemos muy poca información, y la que tenemos es de todo punto insuficiente. Y, como señalaba la portavoz del PNV en su interpelación, el efecto sobre la economía, sobre el PIB nacional, objetivo último de estos fondos, es prácticamente inexistente, aunque se empeñen en negarlo. Normal, porque el dinero permanece en las arcas públicas, al menos contablemente. En este sentido, es muy preocupante la noticia que conocimos ayer de que una de las principales empresas españolas que cotiza en la bolsa de Nueva York se haya presentado ante la second warning por el más que probable retraso en la recepción de los fondos Next Generation, de los que sería beneficiaría. ¡Qué bochorno! ¡Y qué muestra de que lo que nos están contando es ciencia ficción, amparada en la falta de información! Estamos de acuerdo con el análisis que hace el grupo proponente de la moción y con los problemas que plantea, que, por otra parte, son los mismos que venimos señalando reiteradamente ya desde que nos negamos a convalidar el Real Decreto Ley 36/2020. Se veía venir, y ha venido. Y nos deja muy sorprendidos la contestación de la ministra Montero, María Jesús, cuando reconoce, sin rubor, que no ejerce ese papel coordinador que le concede la normativa, que tiene los mismos problemas que los consejeros coordinadores en las comunidades autónomas, pues son los distintos ministerios los que se relacionan con las consejerías, ya que son los que deciden en las distintas conferencias sectoriales. Y así cada uno a lo suyo. ¿No quedamos en que era de todos? El Real Decreto Ley 36/2020 creó una conferencia sectorial para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, presidida por la ministra de Hacienda, debería servir para la coordinación en la ejecución del plan. Hasta la fecha se ha reunido tres veces, y ninguna ha cumplido con ese cometido. Por otra parte, nos vienen contestando reiteradamente que la plataforma de información de la ejecución de los fondos, la famosa CoFFEE, que debería haberse puesto en marcha en noviembre del año pasado, ya está. Y eso la ministra sabe que es mentira, pero la semana pasada en la interpelación lo volvió a repetir. Por cierto, señora Montero, no trivialice y se ría del control que demandamos, porque sabemos lo que decimos, y usted, aunque nunca lo admitirá, también lo sabe. Y ahora llega la adenda — parece que la han aprobado hoy—, 7700 millones de subvenciones, 84 000 millones de activos financieros y algo más de 2000 millones para el REPower, y nos cogen con los deberes sin hacer y con los mismos vicios que en el primer tramo: centralización en las decisiones y falta de información y participación. Pueden entender que estemos muy preocupados, pues los españoles necesitamos que esta ingente cantidad de fondos se aplique de manera eficaz y eficiente para que se resuelvan muchos de nuestros problemas económicos, los de ahora y los del futuro. Como he señalado, podríamos estar de acuerdo con la moción, pero hemos presentado una enmienda plenamente compatible con su objetivo, que creemos que completa el texto presentado. Esperamos que el grupo proponente nos la acepte. Muchas gracias. .

José Carlos Durán Peralta PSOE

Muchas gracias, presidente. Señorías del PNV, estamos de acuerdo con que los fondos europeos son una gran oportunidad para nuestro país. Que la Unión Europea haya inyectado miles de millones de euros a la economía es una importante muestra de que hemos aprendido de los errores cometidos en el pasado, con la anterior crisis financiera, porque esta crisis no podíamos abordarla con recortes, con políticas de austeridad o con desprotección social, como se hizo en los años de Gobierno de Mariano Rajoy. Que nuestro país tenga un paquete de transferencias que supera los 27 000 millones de euros es una magnífica noticia, pero, al mismo tiempo, tenemos que reconocer que su ejecución en tres años es un reto sin precedentes. Es un reto que seamos capaces de digerir esas cantidades de recursos por parte de los ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno de España. Pero es cierto que, a pesar de la dificultad de las cosas, se está haciendo razonablemente bien por parte de todas las administraciones, y España es el país de la Unión Europea que está solicitando antes los desembolsos, lo que significa que la Comisión Europea está verificando que estamos cumpliendo los hitos y los objetivos que se habían marcado. Y la gestión de los fondos europeos se está haciendo también con la participación y colaboración de las comunidades autónomas, porque todos los criterios de distribución están acordados en el marco del nuevo órgano de cooperación con las comunidades autónomas. En cuanto a la adenda, se ha contactado también con las comunidades autónomas y las entidades locales. La vicepresidenta primera ha estado en contacto permanente con ellas y hoy se ha presentado el proyecto de adenda, en el marco del proceso de diálogo que mantienen el Ministerio de Asuntos Económicos y el de Hacienda para su preparación. En esta línea, señorías del PNV, hemos presentado una enmienda, y esperamos llegar a un acuerdo con su grupo parlamentario. Tampoco podemos olvidar que todos estos recursos tienen una hoja de ruta clara y común para realizar inversiones en transición ecológica, transformación digital y cohesión social, inversiones que potenciarán el crecimiento y el progreso de nuestro país. Por cierto, es justo reconocer el papel de nuestro presidente, Pedro Sánchez, para que la Unión Europea haya aprobado estos fondos. . Y es que hacía mucho tiempo que España no tenía el protagonismo que tiene hoy en Europa. Y ustedes, que dicen amar a su patria, deberían sentir orgullo de que el presidente de su país — porque es el presidente de todos los españoles y españolas— hoy está liderando la política de la Unión Europea. . Y también está liderando la política de nuestro país. Por eso quiero decir a la bancada de la derecha que pierden ustedes el tiempo realizando campañas de señalamiento a los diputados y diputadas socialistas; pierden ustedes el tiempo porque estamos muy orgullosos de formar parte del Grupo Parlamentario Socialista, que sustenta a este Gobierno. . Pierden ustedes el tiempo porque estamos muy orgullosos de apoyar al primer Gobierno de coalición, un Gobierno que al poco tiempo de ser elegido tuvo que enfrentarse a la mayor crisis sanitaria que ha tenido el mundo en más de cien años y ahora afronta los efectos de una guerra territorial en Europa, y lo ha hecho dando una cobertura social sin precedentes y sin dejar a nadie atrás. Estamos muy orgullosos de los ERTE, que salvaron cientos de miles de puestos de trabajo; de la reforma laboral, que ha reducido al mínimo la temporalidad y ha aumentado los contratos indefinidos; orgullosos de la subida del salario mínimo interprofesional; orgullosos de nuestra apuesta también por la educación; orgullosos de crear una sociedad que respeta y protege a nuestros mayores, que, por fin, después de tantos años de lucha, tienen unas pensiones dignas, que se revalorizan año tras año, sin perder poder adquisitivo. En definitiva, señorías, desde que empezó esta legislatura, a pesar de que nos han tocado tiempos muy difíciles, este grupo parlamentario y este Gobierno han luchado por defender los intereses de todos los españoles y españolas, y eso siempre merecerá la pena. Seguimos en la lucha porque otro mundo más justo es posible. Muchas gracias. .

José María Mazón Ramos PRC

Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Creo que no podemos estar más de acuerdo con la moción que presenta hoy el Partido Nacionalista Vasco: en la tardanza en llegar los fondos a las empresas, en la rigidez de las reglas establecidas para la gestión por las comunidades autónomas, en la poca participación real de las comunidades autónomas, porque yo creo que algunas comunidades autónomas, con plena seguridad, habrían aportado mucho en los procedimientos. En Cantabria nos vemos afectados directamente sobre todo en el sector industrial, y esto no quiere decir que no haya habido una interlocución fluida y una buena comunicación entre los equipos del Ministerio de Industria y los de la propia Consejería del Gobierno de Cantabria, pero es cierto que la receptividad final a algunas de nuestras propuestas ha sido muy limitada. Creo que es lo mismo que les ha pasado a nuestros vecinos del País Vasco, del Partido Nacionalista Vasco. Voy a repasar algunos problemas. El diseño de los programas no resulta atractivo para la mayoría de las empresas, como lo demuestra el limitado número de beneficiarios de las convocatorias. No voy a repetir las cifras de ejecución, ya las ha expuesto la ponente y esto está dicho. Las inversiones se están empleando en una gran parte para proyectos nuevos procedentes de agentes externos. Está bien atraer inversiones exteriores, pero primero hay que apoyar el tejido existente, el que está anclado en el territorio, y las ayudas, en muchos casos, son menos interesantes que las propias de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la principal ayuda para la implantación de vehículos eléctricos en Cantabria no ha sido el PERTE VEC, sino que han sido las ayudas de la propia Consejería de Industria. Hay un enorme retraso en el PERTE agroalimentario, en el PERTE naval, en el PERTE de semiconductores. Hoy en día estamos viendo el gran problema que tenemos en el puerto de Santander, con miles de coches atrapados precisamente por esta carencia. Y también quiero insistir en el PERTE de descarbonización, como tuve ocasión de hacer en nuestra moción sobre la industria en general y en particular sobre la empresa Solvay. Hay otros PERTE que han ido mejor, donde sí se ha territorializado en el mismo Ministerio de Industria. Los referentes al área de turismo podemos decir que han tenido un gran éxito y nosotros pedimos al Gobierno que territorialice el enfoque, que lleve en gran parte a las comunidades autónomas los fondos disponibles de una forma coordinada con ellas y que flexibilice los requisitos. Creo que todos somos conscientes de que ya queda muy poco tiempo para el 31 de diciembre de 2023, que hay que ejecutar estos fondos de recuperación y, si no los liberamos en estas fechas, mucho me temo que vamos a tener que devolver parte de estos fondos, como está ocurriendo ya. No está hoy el Gobierno aquí, pero instamos a los que apoyan al Gobierno para ver si le pueden meter un poco de presión y se ponen las pilas. Muchas gracias.

María Muñoz Vidal Cs

Buenas tardes de nuevo. Gracias, presidente. Hoy es 21 de diciembre y el 30 de diciembre se cumplirán dos años de la aprobación en esta Cámara del Real Decreto Ley 36/2020, que sigue durmiendo en un cajón, y me alegra mucho que tengamos hoy la posibilidad de debatir la situación en la que se encuentran los fondos europeos en nuestro país, porque en estas últimas semanas, en las que todos tenemos que hacer balance de la situación en la que nos encontramos, vemos — como decía— que el Real Decreto Ley 36/2020, para la modernización de la Administración pública y para la ejecución de los planes de resiliencia, sigue guardado en un cajón, que el Gobierno sigue paralizando, ampliando una y otra vez el plazo de enmiendas. Pero, vamos, esto ya es costumbre de este Gobierno y es costumbre de esta legislatura. Un real decreto, les recuerdo, señorías, que aprobó la mayoría de esta Cámara, que salió adelante por la abstención de VOX y también por su votación a favor, señoría del PNV. Nosotros ya lo advertimos y propusimos una enmienda a la totalidad con texto alternativo y la creación de una oficina independiente para la gestión, la fiscalización y la rendición de cuentas de los fondos europeos. La voluntad era que esa oficina formada por técnicos del sector privado y del sector público, con experiencia en gestión de fondos y de proyectos, pudiera detectar aquellos sectores y proyectos con mayor capacidad tractora. Además, nuestra propuesta de hace dos años era que esa oficina independiente descargara a la Administración pública de toda la burocracia necesaria para llevar a cabo la movilización de los fondos. Es decir, pasar de una Administración en la que la carga de la prueba la tiene el ciudadano o empresa que solicita, a una en la que la propia Administración es la que tiene la carga de la prueba a la hora de fiscalizar un buen uso de los recursos. No les voy a recordar lo que ustedes votaron hace dos años. Lo que pasa es que tenemos muy claro el gatopardismo al que juega el Gobierno: cambiar todo para que todo siga igual; una supuesta reforma profunda de la Administración, que en realidad deja a nuestra Administración en la misma situación en la que estaba: escasez de personal, excesivos trámites innecesarios, mismos cuellos de botella y, en consecuencia, una ejecución de los fondos europeos mucho menor de lo deseable. Según la CEOE, esa ejecución se queda en un raquítico 11,5 % de los fondos asignados a nuestro país y, por tanto, muy por debajo de esa capacidad transformadora de nuestra economía que deberían tener. Todo ello, además, teniendo en cuenta que eso solo se refiere a los fondos movilizados, pero que no necesariamente supone que realmente estén llegando a las empresas y a la economía real, como muchas de sus señorías han denunciado hasta ahora desde esta tribuna. Por ejemplo, cuando nosotros cuestionábamos hace unos días en las comparecencias de los presupuestos las cifras del Kit Digital, el Gobierno nos señaló por afirmar que no se estaba gestionando de forma correcta, incluso nos tachó de alarmistas. Incluso los grupos de la oposición nos miraron con incredulidad. Lo cierto es que la ejecución de ese programa, que es tan necesario para desarrollar el potencial digital de nuestro tejido productivo, se está movilizando de forma errónea, porque no tiene en cuenta las necesidades reales de las empresas ni se tiene en cuenta con los expertos adecuados. En definitiva, se hace una chapuza para que simplemente cuente como fondos movilizados, pero no es más que tirar el dinero y tomar el pelo tanto a la ciudadanía como a las propias empresas que necesitan esa ayuda y ven cómo se malgasta en algo que no les aporta nada ni les es necesario. Termino, presidente. Estamos de acuerdo en la iniciativa que propone hoy aquí el PNV porque es básicamente lo que nosotros hemos defendido siempre. El tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón y, efectivamente, el Gobierno no tenía ninguna intención de permitir mejoras en el real decreto ley a través de las enmiendas. A nosotros no nos las cuelan más. Esperamos que al menos esto sirva para que a la próxima se piensen un poco mejor su voto, porque su voto, señorías, acaba condenando a familias y a empresas a asumir que los fondos europeos no van a ser el revulsivo social y económico que necesitaba nuestro país. Muchas gracias. .

Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Gracias, señor presidente. Señorías, nosotros vamos a votar favorablemente a esta iniciativa, a los dos puntos de esta iniciativa. El primero habla sobre las modificaciones necesarias al Real Decreto 36/2020, un real decreto que cada vez que subo a esta tribuna les debo recordar que fue aprobado gracias a la amabilidad y gratuidad de VOX con el Gobierno. Aquel real decreto ley ha comportado que el Gobierno haya tenido las manos libres para, dos años después, no rectificarlo y no ejecutar correctamente la aplicación de estos fondos. Es verdad que los PERTE seguramente son la parte que cuesta más de ejecutar. Voy a discrepar otra vez, aunque no sea habitual, con la diputada Muñoz, porque creo que el Kit Digital ha resuelto 53 000 solicitudes positivamente, 530 millones de euros, y precisamente es de los apartados de la aplicación de fondos Next Generation que ha funcionado mejor, con más capilaridad. No era fácil gestionar 200 000 solicitudes y se ha resuelto una cuarta parte favorablemente y con una permeabilidad que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos agradecen. Por tanto, donde tenemos problemas es con los PERTE. Con respecto al segundo punto, también estamos de acuerdo, aunque hoy, una vez más, el Consejo de Ministros ha aprobado la adenda. Vamos a ver cómo se van a tramitar estos 7000 millones adicionales de ayudas directas y los más de 70 000 millones de ayuda financiera. En todo caso, tienen nuestro voto favorable. Muchísimas gracias.

Mariona Illamola Dausà JxCat-JUNTS (Junts)

Bona tarda. Señorías del PNV, evidentemente, vamos a apoyar su moción, como no puede ser de otra forma, porque lo que ustedes reclaman y lo que exponen hoy y expusieron la semana pasada en su interpelación es lo mismo que desde Junts per Catalunya hemos dicho desde el primer momento. El honorable conseller Giró ya manifestó que los fondos Next Generation no están llegando, que llegan pero poco y que los que llegan no son transformadores. Ello es especialmente preocupante, sobre todo, si nos fijamos en las pymes, que no acceden a los mismos, en parte, por las dificultades burocráticas. Como supongo que todos ustedes habrán visto el anuncio de los fondos Next Generation que ha hecho el Gobierno en el que dice: tus sueños se hacen realidad, como le dije a la ministra en su momento les digo ahora a ustedes que, respecto a estos fondos, mi sueño sería que estos llegasen y que realmente fuesen transformadores. Lo que no creo, lamentablemente, es que mi sueño vaya a hacerse realidad. Llegarán los fondos, sobre todo, si acaban ejecutándose, y la capacidad de ejecución ha sido siempre una constante preocupación para nosotros debido, sobre todo, a que España es el último país en la tasa de absorción de los fondos estructurales, de acuerdo con la página oficial de la Comisión Europea en el periodo 2014/2020, lo que se traduce en que en cada periodo España debe devolver dinero, y todos sabemos que compromiso de gasto, asignación u obligación reconocida no es lo mismo que ejecución, y ahí es donde está el verdadero problema, en la no ejecución. Se dice por el ministerio que en la adenda se contará con las propuestas de las comunidades autónomas. Miren, respecto del diseño del Plan España Puede, Cataluña presentó una serie de propuestas de PERTE que habían sido elaboradas por expertos independientes y fueron obviadas. Con estos antecedentes, yo no veo claro que ahora debamos confiar en que el Gobierno vaya a modificar su forma de proceder, lo que nos encantaría, pero no lo vemos muy factible. Con los Next Generation la Unión Europea facilita — se ha dicho— que las economías sean más resilientes y mejor preparadas, pero para España yo me pregunto si, visto lo visto, esta será una ocasión perdida. Si el Gobierno no cambia de procedimiento y actitud, quizá, lamentablemente, sí que nos encontraremos ante una ocasión perdida. Por el contrario, quizá debamos preguntarnos si España accederá a esta oportunidad factible y si la aprovechará realmente. Que la aproveche o no depende, en parte, del Gobierno, es cierto, pero también — y se ha dicho antes— podría depender de esta Cámara. A ver si de una vez por todas se pone fin a la prórroga de enmiendas al Real Decreto Ley 36/2020, de donde vienen muchos de los males que desde diciembre de 2020 se ponen de manifiesto. Señorías, hoy que se habla tanto de ataques a la democracia y al parlamentarismo, ¿estas prórrogas sine die al proyecto de ley no son también un ataque al parlamentarismo? Moltes gràcies.

Joan Capdevila i Esteve ERC-S

Bona tarda. Esta moción no nos puede parecer más adecuada para cerrar el año en el plano económico, un año que, sin duda, será recordado por una incipiente recuperación pospandemia que se vio interrumpida por la inversión de Rusia a Ucrania y la consecuente crisis de precios. La inflación, que ha alcanzado inusuales dos cifras durante este año, ha llevado a todos los gobiernos — estatal, autonómicos y entidades locales— a emprender medidas extraordinarias para evitar que la invasión arrase con las clases medias y trabajadoras, y no ha sido tarea fácil. Puntualizo: no está siendo tarea fácil. El Grupo Parlamentario de Esquerra ha estado aquí para negociar, para proponer mejoras, para batallarlas militando en la utilidad. Evidentemente, no han sido nuestras medidas ni es nuestro modelo. Por eso, entre otros motivos, reclamamos un Estado propio. No obstante, no podemos permitir que la actual crisis inflacionaria deje de lado debates de suma importancia que llevamos arrastrando desde finales del año 2020. Me estoy refiriendo, evidentemente, al debate de una gestión de los fondos Next Generation fácil, sencilla. Hagamos una gestión más subsidiaria, más cercana a la realidad. Deseo mejor suerte a la señora Sagastizabal con su moción que la que tuvo la proposición no de ley que este diputado, sin demasiado éxito, defendía en el mismo sentido esta misma mañana en la Comisión de Economía. No es un debate nada nuevo. De sobra saben ustedes la opinión de este diputado y de nuestro grupo parlamentario, puesto que lo hemos repetido desde que hemos tenido ocasión. Creemos que la mejor gestión es la que se ejerce desde el propio territorio, que es el mejor conocedor de su propia realidad económica y social. El Gobierno español se equivocó al adoptar — como se ha recordado, con el apoyo de VOX— una posición centralista a la hora de tomar las decisiones respecto a la gestión de los fondos europeos, y el tiempo nos ha dado toda la razón. La autocomplacencia, la ausente autocrítica del portavoz del PSOE no nos hace ser nada optimistas. Esta mañana debatíamos sobre un problema crucial que nos estamos encontrando, y es que los millones de euros de los PERTE no están llegando al tejido productivo, excepción hecha — tiene razón el señor Bel— del Kit Digital. La pregunta es: ¿de qué sirven miles de millones de euros si no somos capaces de canalizar y ejecutar tal inversión? . Un ejemplo: el Gobierno español aprobó el 13 de julio de 2021 el PERTE para desarrollar el vehículo eléctrico, 3000 millones. ¿Cuántos de esos 3000 millones se han repartido? No llegamos al 30 %. ¿De verdad creen que es eficiente? Ni eficiente ni eficaz. ¿Hay gente bastante mayor en la sala como para recordar a José María García, ese genio del siglo pasado que solía decir: «ni una mala palabra, ni una buena acción»? Eso retrata su sentido de la gobernanza. . En la adenda habrá más de lo mismo. Para garantizar un mayor grado de eficiencia de los fondos europeos y garantizar que estos lleguen con éxito a la totalidad del tejido productivo resulta imprescindible que las comunidades autónomas puedan cogestionar de verdad las convocatorias de los PERTE. Es por ello que saludamos y aplaudimos esta moción. Muchas gracias. .

Inés María Cañizares Pacheco VOX

Gracias, presidente. Señorías, el PNV critica la gestión del Gobierno, pero poco. Sabemos que se encuentran muy unidos por los lazos del interés mutuo del voto y el peaje. Si lo que el PNV pidiese fuese positivo y redundase en beneficio del conjunto de la nación, sería aceptable, pero ustedes barren siempre para su región sin importarles lo que suceda en el resto de España, generando, por tanto, enormes brechas de desigualdad entre los españoles. Ustedes tienen privilegios de los que no gozamos la mayoría de los españoles, y es que esos derechos históricos, que son muy antiguos, a ustedes les convienen cuando se trata de reclamar recursos pagados por todos los españoles, pero si se trata de repartir, nunca. Lo que está claro es que los fondos europeos deben formar parte del proyecto de impulso económico de España y no de diecisiete proyectos diferentes que sirvan para calmar el hambre insaciable del separatismo y el nacionalismo. Como decía el representante de Esquerra, deberían haber estado ustedes esta mañana en la Comisión de Asuntos Económicos, porque decía la diputada socialista, la señora Nasarre, que el Gobierno apoyaba la proposición no de ley de Esquerra Republicana en la que se pedía la gestión absoluta y absolutista para el PERTE del vehículo eléctrico por parte de las comunidades autónomas, algo similar a lo que ustedes solicitan, cuando es necesario subrayar que precisamente las comunidades autónomas han recibido de los fondos desembolsados por la Administración General del Estado el 65 %, un total de 11 578 millones de euros, de cuyo destino las propias comunidades autónomas tendrán que informar, lógicamente. La señora Nasarre ha dicho de esta proposición de Esquerra Republicana que están de acuerdo en el fondo, pero que con un mes de plazo, que es lo que solicita el proponente, no les da tiempo a legislarlo. Como pueden comprender, que digan que en un mes no les da tiempo a legislar sobre una PNL cuando en una semana quieren dar un golpe a la Constitución, otro al Código Penal y a dos leyes orgánicas con una proposición de ley, es como si pretendieran tomar el pelo a los españoles , lo cual es insultante y bochornoso. Dado que en las últimas cuarenta y ocho horas se está escuchando de forma reiterada la expresión «se están produciendo en nuestro país hechos que no tienen precedentes», me gustaría aprovechar esta intervención para decir que 50 000 millones de fondos europeos no ejecutados tampoco tiene precedentes. . Un real decreto que se tramita como proyecto de ley desde hace dos años, con 77 ampliaciones de plazo para enmendarse, tampoco tiene precedentes. Claro, ustedes tienen prisa para gestionar su interés, pero no el interés de los españoles. La información que ofrece el Gobierno a través del portal web sobre evolución y ejecución de fondos ofrece datos hasta el mes de junio, y cuando venga la ministra pasado mañana aquí, ¿entonces es cuando la actualizan? Yo creo que esto no tiene ni justificación ni precedentes tampoco. En definitiva, la finalidad de la iniciativa del PNV creemos que es de corto alcance, busca obtener del Gobierno una mayor presupuestación para sus provincias a cargo del plan de recuperación, siendo una iniciativa que, más que aportar, lo que hace es reclamar. Los fondos del mecanismo de recuperación, que deberían servir efectivamente para llevar a cabo inversiones en el sector público y en el privado para la mejora de la productividad de la economía, no están siendo una palanca para el crecimiento económico y su impacto ha sido prácticamente nulo en 2021, un 0,7 %, a pesar de que el Gobierno anunció a voz en grito que tendría un impacto en el crecimiento del PIB del 2,6. Una clara opacidad y falta de transparencia en la ejecución y el cumplimiento de los objetivos, sin contar con que el sector privado está manifestando su desánimo y reclama una mayor agilidad y simplificación en los trámites al tener también una excesiva burocracia. El destino de los fondos está siendo fundamentalmente público. Solo para el año 2022, 12 566 millones de euros, el 44 % de los fondos, irán al sector público. De hecho, el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha, como saben, el sistema CoFFEE, una herramienta de gestión del cumplimiento de hitos y objetivos definidos en el plan de recuperación que lleva 18 meses de retraso. Por último, con respecto al PERTE del vehículo eléctrico, ya sabemos que lo anunció el Gobierno a bombo y platillo y no ha tenido ningún éxito. Se han movilizado 877 millones. En cuanto a la elaboración de la adenda, dijo la ministra Calviño en su última comparecencia en Comisión que habían tenido en cuenta a las comunidades autónomas. Yo creo que esta iniciativa del PNV puede ser su coartada para que, posteriormente, salga lo que ya han negociado en cuartos oscuros, porque ustedes son la sombra detrás del Gobierno en todo y para todos los que encumbraron a Pedro Sánchez apoyando su moción de censura. Desde VOX seguiremos trabajando — y termino— para frenar el golpe de Sánchez a la democracia, a las instituciones del Estado, y firmes en la defensa del Estado de derecho, la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Estamos trabajando en ello.

Tomás Guitarte Gimeno ¡Teruel Existe!

Señor presidente, señorías, el sistema de financiación local en España contiene problemas muy importantes y deficiencias que es necesario abordar y solucionar sin posponerlas ni relegarlas, como ha venido sucediendo durante décadas. En primer lugar, la Administración local tiene muy poco peso en el conjunto del gasto público, ya que solo representa el 12,80 % del total del gasto de las administraciones públicas. Si comparamos esta participación con la que tiene en los Estados de nuestro entorno, se observa que las entidades locales en España disponen de poco más de la mitad de los recursos que tienen en los países europeos. En segundo lugar, la financiación, en especial para los pequeños municipios rurales, es insuficiente para las competencias propias y aquellas impropias que ejercen por delegación. En tercer lugar, la financiación del Estado y de las comunidades autónomas para las haciendas locales beneficia a los grandes municipios urbanos y perjudica a los pequeños municipios rurales. Es una conclusión que sostienen los expertos y que corroboran los propios datos del Ministerio de Hacienda. Seguramente, hay diferentes causas para esta situación, pero podemos acudir a una evidencia. Desde hace más de setenta años, mediante la financiación local, el Estado viene primando el gasto público en las grandes ciudades. Además, algunas políticas sectoriales que no están incluidas en la contabilidad de la financiación local han incrementado ese gasto público. Por el contrario, no ha existido un tratamiento similar para los municipios del entorno rural y de las áreas despobladas, de manera que parece razonable que esta orientación del gasto público durante un periodo de tiempo tan prolongado haya tenido sus consecuencias, como impulsar la pujanza de las grandes ciudades y sus alfoces y, por ausencia, contribuir al deterioro de otras zonas, es decir, de las áreas rurales. Por ello, los servicios y las oportunidades son muy distintos para los ciudadanos según en cuál de estos dos ámbitos se resida. Por estas razones, la financiación de las haciendas locales y la debilidad institucional de los pequeños y medianos ayuntamientos rurales han coadyuvado a la despoblación que todos queremos combatir. . La moción que traemos defiende una visión sobre el papel acerca de la importancia de la Administración local radicalmente distinta a la de ahora. Los ayuntamientos de las ciudades pequeñas y de los municipios rurales no pueden ser en manera alguna entidades cuya única acción se limite a unos servicios mínimos, sin ninguna consideración a su contribución al Estado del bienestar, a la dinamización económica y a la vertebración territorial, precisamente cuando las entidades locales son la Administración que más puede contribuir a la cohesión social y territorial en las áreas despobladas y en el medio rural. Por ello, es necesario reformar los instrumentos de financiación de las haciendas locales, en especial los relativos a la distribución de las transferencias del Estado, que deben seguir las recomendaciones del Consejo de Europa. Por tanto, es imprescindible, por un lado, que el sistema de financiación local incorpore un principio de ecualización en la capacidad de prestación de los servicios públicos locales que ofrecen las administraciones. Los municipios son los nodos terminales del Estado y deben contribuir a la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, independientemente del lugar de su residencia, y actúan como red de vertebración territorial, red a la que se ha dejado un papel residual. Así, es necesario fortalecer el papel de estos pequeños municipios en la vertebración del territorio y en la corrección de la crisis territorial. Los municipios pequeños deben prestar servicios que sean capaces de fijar y atraer nuevos vecinos. El Gobierno debe ser consciente de la sobrefinanciación de fondos públicos que perciben las grandes ciudades españolas a través de la combinación de diferentes instrumentos legales y de diferentes políticas y programas de ámbitos administrativos distintos a la propia Administración local. En buena medida, esta asignación de recursos implica una reducción de lo que perciben los pequeños municipios de las áreas despobladas. En consecuencia, la brecha social rural-urbana crece por el contraste de las condiciones de vida de los servicios públicos que proveen en territorios diferentes. Por otro lado, los pequeños y medianos municipios rurales cumplen también una función esencial en el cuidado del territorio y en su mantenimiento y mejora. Territorio y paisaje son bienes de carácter común, un valor para el conjunto del país cuya conformación y gestión está íntimamente ligada a estos municipios, en especial a la Administración local de los pequeños municipios, pero no existe una estrategia con una línea en los presupuestos públicos que apoye o financie al menos parcialmente estas actuaciones. . La moción que traemos a la Cámara propone, primero, incrementar el gasto de las entidades locales para que alcancen hasta el 20 % del gasto público; y, en segundo lugar, distribuirlo de una manera más eficiente y racional para los pequeños municipios, de manera que se conviertan en agentes activos para la cohesión social y territorial y la lucha contra la despoblación. Es necesaria una reforma estructural en la distribución del gasto total de las administraciones públicas, así como actualizar la ley de haciendas locales. Se trata de alcanzar un sistema de financiación que incremente las transferencias estatales y autonómicas destinadas a esas haciendas locales, que posibilite servicios municipales de calidad en los pequeños municipios y que potencie también el papel de la Administración local en la vertebración territorial. Del mismo modo, es necesario diversificar los criterios aplicados para la distribución de sus fondos, considerando no solo el total de población de cada municipio, sino atendiendo a la necesidad de fortalecer la capacidad de la Administración local en aquellos municipios especialmente afectados por problemas de despoblación. Además, será necesario acudir a fórmulas como las comarcas o similares, que permitan una economía de escala en la prestación de algunos servicios públicos. Por ello, proponemos la creación de dos fondos públicos con objetivos diferentes y complementarios, cuyos principios organicen la totalidad de las transferencias estatales y autonómicas. Uno, el fondo público para la financiación local básica, que gestionaría el 50 % de las transferencias estatales y autonómicas para atender necesidades del presupuesto municipal, distribuido con referencia a la población total de cada municipio, a su capacidad de recaudación y al esfuerzo fiscal aplicado. Y, otro, el fondo público de ecualización de las haciendas locales y para la cohesión territorial, que gestionaría el otro 50 % de las transferencias estatales y autonómicas, dirigido a fortalecer la capacidad presupuestaria y financiera de las administraciones locales en los municipios de áreas afectadas por la despoblación. Para fortalecer este nivel de la Administración, para frenar y revertir la despoblación, así como para contribuir a la vertebración territorial, primarán los siguientes objetivos en los presupuestos de las entidades locales. Primero, financiar los servicios de calidad en municipios de áreas rurales y apoyar los procesos de coordinación municipal. Segundo, recuperar y modernizar las actividades económicas. Tercero, apoyar a municipios con menos de 25 000 habitantes con función de centro comarcal y con dificultades objetivas para el cumplimiento de sus competencias. Y, cuarto, contribuir a la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética, la política de vivienda y la calidad del paisaje. Del mismo modo, se propone una transferencia singular en 2024 de las administraciones central y autonómicas para pequeños ayuntamientos afectados por la despoblación, cuya cuantía represente un incremento importante de las transferencias de la Administración central respecto al ejercicio 2022. . Finalmente, es necesario aprobar una legislación específica para los pequeños municipios, para revisar y mejorar las fortalezas de gestión y organización, y fortalecer su papel de agentes para la cohesión territorial con servicios municipales de calidad...

Tomás Guitarte Gimeno ¡Teruel Existe!

... mediante su contribución al Estado del bienestar y a la dinamización económica del medio rural. Muchas gracias.

José Alberto Herrero Bono PP

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos una moción para corregir la fiscalidad y la financiación de ayuntamientos rurales que bien planteada podría mejorar las economías locales, pero, ahora que estamos con espíritu navideño, siento decirle, señor Guitarte, que esta moción que usted presenta no es más que una carta a los Reyes Magos de Oriente; una carta en la que se plasman medidas que, cuando las estudias de forma seria y consensuada, entiendes que no son posibles. . Vayamos al hecho en cuestión. Ustedes reivindican desagravios con otros ayuntamientos y yo, como alcalde, coincido con usted, pero también le digo que hablar de una buena gestión en un ayuntamiento no es únicamente hablar de financiación. Ahí, por ejemplo, le ha faltado explicar en su exposición de motivos por qué en septiembre del año 2020 usted votó a favor de quitar los remanentes a los ayuntamientos, junto con el Grupo Socialista y Unidas Podemos. ¿Por qué? . ¿Por qué apoyaron con su voto quitarles los ahorros de los vecinos? ¿Por qué quitarles los remanentes a los alcaldes que con tanto esfuerzo los habían conseguido? ¿Se puede saber cuál era su objetivo, además de contentar a Sánchez? Menos mal, señor Guitarte, que estuvo aquí mi grupo parlamentario para parar aquel asalto que el Gobierno socialista quería llevar a cabo contra nuestros alcaldes siendo cómplices ustedes. Hablan en su exposición de motivos de que los ayuntamientos deberíamos recibir más dinero de otras administraciones. Por lo tanto, si usted piensa — como yo— que el dinero no es ilimitado, si los ayuntamientos tenemos más, tal y como explica en su exposición de motivos, las comunidades autónomas tendrían menos. Entonces, ¿qué les decimos, por ejemplo, a los trabajadores de la sanidad de Aragón? Porque, además, Lambán ya les ha recortado en este tiempo salario y condiciones. Y, por ejemplo, al personal de la educación, ¿qué le decimos? Por eso le decía, señor Guitarte, que no es bueno hacer propuestas sin haber sido estudiadas de verdad si luego se pretende dirigir alguna de las administraciones públicas. Y, hablando de responsabilidades, le diré desde el respeto que ustedes decidieron dar su voto a Sánchez para que fuera presidente del Gobierno de España. Por lo tanto, son ustedes y no otros quienes deberían exigir y obligar a Sánchez a poner en funcionamiento esas medidas. Lo digo porque ustedes están siendo determinantes para la aprobación de decretos e iniciativas legislativas del Gobierno que, lamentablemente, no están trayendo nada bueno ni para España ni para la provincia de Teruel, y esto nadie debería olvidarlo. Vista la situación que hoy tenemos, entenderíamos que a usted hoy también le costara dormir por las noches por lo que ha provocado con su voto en nuestro país. Por eso, no se extrañe cuando cada vez más turolenses les digan que ustedes apoyaron a Sánchez a cambio de nada. . Le voy a poner varios ejemplos. No se han iniciado las obras presupuestadas en los presupuestos generales del Estado de 2018, por ejemplo, en la N330. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, de la A68 en la que en los tres últimos años únicamente se vienen realizando estudios? Y si hablamos del ferrocarril, ¿puede decirnos hoy aquí qué se ha impulsado del eje cantábrico-mediterráneo que no estuviera ya en los presupuestos generales de 2018? Ustedes también han permitido a la vicepresidenta Ribera, por ejemplo, que se cerrara la central térmica de Andorra y que posteriormente se derribara. ¿O qué nos dice de la instalación de la Agencia Espacial que iba a estar en Teruel y que ustedes, una tarde como hoy y con una moción como esta, vendieron a todos los turolenses? De verdad, estudiando los presupuestos generales recién aprobados, no hay más inversión para Teruel que la que había en el año 2018. No obstante, ustedes se acercan a alcaldes de algunos municipios de nuestra provincia para decirles que, gracias a ustedes, han incluido enmiendas en los presupuestos generales de 2023. Les voy a hacer un resumen de las enmiendas de los presupuestos generales de 2021. Ustedes presentaron sesenta enmiendas, pero únicamente fueron incluidas once en los presupuestos generales del Estado de 2021. Pues bien, ¿saben cuántas enmiendas han dejado de ejecutarse? Siete. ¿Le parece serio, señor Guitarte? Señor portavoz de Teruel Existe, con el corazón en la mano, ¿usted de verdad se siente satisfecho con la labor que ha realizado durante todo este tiempo? Ya sé que vienen las elecciones y que ustedes han decidido no apoyar los últimos presupuestos generales del Estado porque intentan hacer creer a los turolenses que ya no apoyan a este Gobierno, pero es que ya es tarde. Los turolenses ya no les creen. Y ya acabo, presidente. Nosotros no vamos a dejar de trabajar por mejorar nuestros ayuntamientos y ahí siempre tendrá la colaboración del Partido Popular. Por eso, hemos presentado tres enmiendas de modificación, que espero, señor Guitarte, que puedan ser consideradas…

José Alberto Herrero Bono PP

… y lo hacemos con el mayor sentido de la responsabilidad y también con la experiencia de mis compañeros, alcaldes como yo de municipios humildes que estamos muy comprometidos…

José Alberto Herrero Bono PP

… por darles a nuestros vecinos lo mejor de nuestras vidas. Muchas gracias .

María Carmen Martínez Granados Cs

Gracias, presidente. Señorías hoy el Grupo Mixto, el señor Guitarte, nos trae una moción consecuencia de una interpelación que contiene un debate que hay que tener en esta Cámara. En 2021 apenas el 12 % del gasto público se dedicó a la Administración local, muy por debajo del 37 % de la financiación autonómica y del casi 50 % de la Administración central. Sabemos que la participación de las administraciones locales en el conjunto de los ingresos del Estado apenas ha subido en las últimas décadas, mientras que sus gastos y las competencias a las que han debido hacer frente no han parado de incrementarse. Estamos de acuerdo en que el gasto público de las Administraciones locales debe crecer y debe modificarse la distribución actual, pero no podemos negar que existe una relación directa entre esa baja financiación local y la despoblación. La actual participación de los municipios en los ingresos del Estado está basada fundamentalmente en el número de habitantes, lo que hace que la financiación por habitante en los municipios escasamente poblados sea muy deficiente y, por lo tanto, entramos en un círculo vicioso. Esta moción trae reformas demasiado concretas y específicas que no sabemos realmente cómo se han fundamentado ni de dónde vienen las propuestas plasmadas en ella. Por ejemplo, ¿por qué incrementar la participación local en los ingresos del Estado hasta un 20 % y no hasta un 15 o un 25 %? ¿Por qué la creación de fondos públicos de ayuda repartidos al 50 % y no otro tipo de fondos o con otro reparto porcentual? Creemos que este debate debe ser sosegado, debe estar basado en informes de expertos — con los que en realidad ya contamos, pero a los que nunca se ha hecho caso— y tendría que venir en una reforma más profunda, con una ley y con un plan para paralizar la despoblación en estos territorios, no con una moción de este tipo. . Nosotros pensamos que la despoblación del medio rural es un problema creciente — los datos están ahí— y creemos que está muy agravada por varias cosas. Primero, por la crisis de natalidad que experimenta de manera progresiva nuestro país y que allí es mucho más acusada. Y, después, por la tendencia global a urbanizar los espacios, lo que conlleva el abandono de ciertos municipios. Tenemos que decir que España es el segundo territorio nacional más extenso de la Unión Europea y cuenta con una densidad de población por debajo de la media comunitaria, con algunas regiones que incluso se encuentran en índices comparables a los de Laponia, algo bastante preocupante. Además, nuestro país es el cuarto de la Unión Europea — tras Estonia, Finlandia y Letonia— con más municipios en riesgo de despoblación, siendo cerca del 42,2 % de los municipios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que atajar el problema de raíz y trabajar para que las diversas variables que afectan a la despoblación — no solo la financiación local— mejoren y podamos conseguir este reto que nos proponemos. Sabemos que desde 2019 existen las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas por el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, pero sabemos objetivamente que la estrategia no está funcionando, porque el problema es todavía mucho más grave y es más acuciante su solución en estos momentos que cuando se aprobó. ¿Por qué creemos que no es suficiente? Porque realmente no termina de entrar en el fondo de la cuestión. Desde Ciudadanos ya presentamos hace mucho tiempo y hemos seguido presentando iniciativas para mejorar las variables que afectan directamente a la despoblación, además de la financiación local, como puede ser que se utilice la contratación pública como instrumento de desarrollo territorial, la incorporación de criterios de apoyo específico para solicitantes de subvenciones públicas en el territorio, la adaptación de incentivos administrativos profesionales y económicos en el empleo público en el medio rural, el impulso de la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos frente al reto demográfico, la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado y muchas iniciativas más que lo que buscan es que la gente no abandone esos territorios. Tenemos que darles las mismas oportunidades, las mismas infraestructuras y los mismos derechos en sanidad, educación, etcétera, con toda la Administración pública. Por todo esto, nosotros nos abstendremos en esta moción, porque creemos que concreta muchísimas cosas que deberían haber quedado más generales y que debería estar respaldada por datos de los expertos. Asimismo, creemos que la actual estrategia de reto demográfico falla, con lo cual tendríamos que entrar mucho más de lleno en este problema y seguir trabajando para solucionarlo. Muchas gracias.

Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Gracias, presidente. Señor Guitarte, no es para desanimarle, pero voy a explicarle algo. La semana pasada se cumplieron once años desde que este servidor forma parte de estas Cortes Generales. Pues bien, mi primera intervención en estas Cortes Generales — entonces en el Senado, acompañado por algunos de los aquí presentes— fue una interpelación. Yo en aquel momento era alcalde de Tortosa y mi primera interpelación al ministro Montoro fue sobre la financiación local y la necesidad de la reforma de la financiación local. Si usted tiene a bien — cuando pueda— leerse el contenido de la interpelación, se verá reflejado seguramente en muchos de sus planteamientos. ¿Qué ocurrió a partir de allí? Eso es lo que le va a desanimar. Recién llegado a las Cortes, intenté consensuar la moción consecuencia de interpelación con el grupo mayoritario, el Grupo Popular, y con el ministro Montoro, que debo decir que se implicó directamente. Acordamos que el Gobierno en el plazo de un año presentaría un proyecto de reforma de la ley de haciendas locales. ¡Un año! Han pasado once — diez desde la finalización del compromiso—, varias investiduras — eso sí, solo dos ministros de Hacienda, un ministro y una ministra— y todos los grandes grupos en sus programas electorales — porque desde entonces creo que hemos tenido hasta cuatro elecciones diferentes— se han planteado reformar la ley de haciendas locales. La ministra también dijo que en esta legislatura se reformaría la financiación de las corporaciones locales, pero ya sabe cómo están las cosas. Como no hay situación para reformar la financiación de las comunidades autónomas — craso error—, tampoco hay posibilidad de reformar las haciendas locales. Por tanto, nosotros en eso estaríamos de acuerdo. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con algunos de los planteamientos de la moción, más que nada porque no son respetuosos con las competencias de las diferentes comunidades autónomas. . El sistema de financiación que en cada comunidad autónoma se deba establecer en relación con las corporaciones locales es competencia exclusiva de cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, las transferencias que realiza la Generalitat de Catalunya a los municipios — escasas; asignatura también pendiente y no del actual Gobierno ni del anterior, sino del anterior del anterior del anterior— las debe decidir no esta Cámara, sino que las debe decidir el Parlament de Catalunya. Por tanto, este es motivo suficiente para que no podamos apoyar esta iniciativa. . Usted plantea algunas ideas que son interesantes y yo mismo he tenido la posibilidad de teorizar en diferentes ocasiones respecto a la necesidad — en eso yo creo que sí que sería bueno que al menos coincidiéramos— de que todas las transferencias que se realizan a las diferentes corporaciones locales se acaben convirtiendo en uno o dos fondos. Desde mi óptica, tendría que haber un fondo estatal y cada comunidad autónoma establecer su fondo autonómico y, como mucho, debería haber un fondo de suficiencia y un fondo de nivelación que deben tener funciones diferentes; usted plantea lo que una parte de la teoría de la Hacienda pública está manteniendo. No obstante, como entendemos que el planteamiento genera una clara invasión competencial, aun compartiendo la filosofía y la idea que usted plantea, no vamos a votar favorablemente, pero tampoco vamos a votar en contra y mantendremos una abstención respetuosa. Muchísimas gracias.

Inés Granollers Cunillera ERC-S

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades. Señor Guitarte, la solución a la infrafinanciación del mundo local en las zonas rurales y la lucha contra la despoblación pasan por tener una visión más global del mundo rural. La Declaración de Cork pone de manifiesto la importancia de mantener una política agraria y rural en la Unión Europea que impulse la economía, la gestión medioambiental, la biodiversidad y la integración social en las zonas rurales. También destaca la necesidad de mejorar el desarrollo de las zonas rurales a través de soluciones innovadoras, inclusivas y sostenibles. Esta necesidad pasa por valorar la riqueza que se produce en el mundo rural. En el mundo rural se elaboran los alimentos y las materias primas que después se consumen en todas las zonas, especialmente en las zonas urbanas, sin ni siquiera plantearse de dónde salen estos alimentos y el trabajo que hay detrás de cada uno de ellos. En la exposición de motivos de su moción explica claramente las necesidades de las zonas rurales y, especialmente, de las más despobladas. Nos habla de los servicios a los que se puede acceder en las zonas rurales y, sí, vemos y sabemos que verdaderamente son muy inferiores a los que se ofrecen en las grandes ciudades. El último párrafo de su exposición resume perfectamente la situación actual, pero obvia lo más importante, lo que cualquier concejal, alcalde o alcaldesa de una población pequeña le puede explicar muy detalladamente. .

Inés Granollers Cunillera ERC-S

Gracias, presidenta. La solución no pasa solo por incrementar los recursos económicos a las administraciones locales, sino por garantizar los medios humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo las inversiones previstas. ¿De qué le va a servir a un ayuntamiento tener el dinero necesario para ejecutar una obra si no tiene un secretario interventor que le haga los pliegos, el concurso, la adjudicación y un largo etcétera de trabajo administrativo? . Nos extraña que no mencione esta problemática en su moción, porque los alcaldes y alcaldesas de los municipios pequeños ya no saben cómo actuar. Tampoco nos parece bien condicionar las transferencias de los presupuestos de las comunidades autónomas al mundo local mediante una ley estatal. La decisión sobre la composición de los presupuestos corresponde exclusivamente a su ámbito legislativo. Por estos motivos, señor Guitarte, no vamos a dar apoyo a su moción. La moción no está bien planteada. Pensamos que hay muchas soluciones para el mundo rural, pero exclusivamente con recursos económicos transferidos a los ayuntamientos no vamos a solucionar el problema. La solución pasa, tal y como hemos explicado muchas veces, por descentralizar y democratizar la participación en la toma de decisiones; garantizar servicios públicos básicos: vivienda, servicios sanitarios, educación, infraestructuras, servicios postales y servicios bancarios; fortalecer la gobernanza y la planificación estratégica desde los municipios, y revisar el modelo de organización y gestión supramunicipal. En definitiva, romper con las políticas de despacho urbanita que han llevado al desastre a las zonas rurales. Debemos dotar a las zonas rurales de más y mejores recursos, empoderar a los ayuntamientos y a los consejos comarcales como herramientas de colaboración. Estamos hablando, al fin y al cabo, de priorizar inversiones con una visión estratégica. Tan importante debería ser una línea de metro en una gran ciudad que un sistema de riego eficiente en una zona agraria. En definitiva, hasta que no nos creamos que lo invertido en las zonas rurales finalmente va a beneficiar al conjunto de la sociedad, no vamos a solucionar el problema del reto demográfico. Gracias. .

Ezequiel García Nieto UP

Gracias, presidenta. Señor Guitarte, en nombre del Grupo Confederal al que represento, vuelvo a transmitirle las coincidencias que tenemos en cuanto a la mayor parte del diagnóstico que usted realiza sobre la gravedad de la despoblación que sufre España en municipios apartados de las grandes ciudades y capitales de provincia. La moción que nos trae a Pleno centra la causa de la financiación local y de los escasos servicios prestados como contrapartida en los municipios despoblados como el eje diferencial y máximo detonante de que, lejos de frenar la huida de las familias de su tierra, contribuyen a que el ritmo de vaciado se siga acelerando. Permítame, por tanto, analizar brevemente los factores que, en opinión de mi grupo, más están incidiendo en que este problema se siga agravando. Nos encontramos en un círculo vicioso del que es difícil salir: una población envejecida, escasez de servicios y de dotaciones que promuevan la cultura y el ocio para todas las edades, malas comunicaciones y la consecuente nula atracción empresarial, que impide la creación de empleo en actividades de mayor valor añadido que la agricultura y ganadería tradicional. Por el contrario, la emergencia sanitaria, fruto del COVID, nos permitió obtener una nueva perspectiva, donde vimos que es posible recuperar el atractivo para que las familias vean factible la repoblación de municipios casi vacíos. ¿Qué ocurrió? Pues que el confinamiento llevó a las empresas a imponer el teletrabajo como la nueva realidad productiva y, al disponer en casa de las herramientas tecnológicas necesarias para trabajar, descubrimos que el medio rural es compatible con nuestras carreras profesionales, estudios, vida familiar, etcétera. ¿Qué hemos hecho desde entonces como Gobierno, señorías? El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y el Ministerio de Política Territorial estamos trabajando en una reforma de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que se comprometerá especialmente con los municipios de menor población. Será fundamental alcanzar muy pronto la digitalización completa tanto de todas las administraciones como de todos los hogares, garantizando la disponibilidad de Internet de alta velocidad y del acceso telemático a todos los servicios públicos en todos y cada uno de los municipios. En cuanto a lo relativo a los puntos de su moción, es decir, de la financiación vía impuestos estatales y de la carga impositiva que soportan las personas físicas y jurídicas, me da la sensación de que compara el porcentaje de ingresos entre los municipios por encima de 75 000 habitantes con los ingresos por debajo de dicha población para indicar sobrefinanciación en las grandes urbes, cuando lo que en realidad debería subrayar es que cualquier municipio español se merece tener ingresos suficientes para dotar a sus vecinos de servicios públicos de calidad similar, esté más o menos poblado. En la interpelación a la ministra de Hacienda la semana pasada, recuerdo cómo hizo referencia a este asunto. .

Ezequiel García Nieto UP

Gracias, presidenta. Decía que, en la interpelación a la ministra de Hacienda la semana pasada, recuerdo que hizo referencia a este asunto aludiendo a las exenciones fiscales que algunas comunidades y ayuntamientos tienen en impuestos de gestión propia, como los de sucesiones, patrimonio, etcétera, para argumentar que las regiones más pobladas tienen excedentes de recaudación. No se equivoque, señoría, comunidades como Madrid y Andalucía, gobernadas como paraísos fiscales por el Partido Popular para favorecer a los millonarios, no reciben más financiación de la que necesitan, nada de eso. Su estrategia es la de destrozar los servicios públicos para poder privatizarlos al mejor postor. A estos gobiernos autonómicos de la derecha no les sobran ingresos, les sobra cara, caradura. Para terminar, señor Guitarte, permita que le haga las siguientes apreciaciones. De los ingresos municipales que recibe cada consistorio, como bien sabe, una parte corresponde a tasas e impuestos directos, otra a la transferencia autonómica y la tercera a la transferencia estatal. El que precisamente trae usted en esta moción, señoría, el idóneo para considerar elementos o peculiaridades territoriales, es el impuesto autonómico. Además, recuerde que, según el artículo 31 de la Ley de Bases de Régimen Local, son las diputaciones provinciales quienes deben garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, especialmente en los inferiores a 20 000 habitantes. Sobre lo que llama transferencia singular 2024, ni siquiera entraré en los porcentajes que propone, ya que la conferencia sectorial sigue trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda para alcanzar un consenso que permita modificar la Ley de Bases de Régimen Local…; Termino, presidenta.

Ezequiel García Nieto UP

… consenso imprescindible porque, señoría, nuestra nación es diversa, y tan válido es el criterio de los habitantes de Teruel, como el de los de Sevilla o de Alicante. En definitiva, votaremos no a su moción. Muchas gracias. .

Pablo Juan Calvo Liste VOX

Gracias, presidenta. Señor Guitarte, sabe que en VOX somos defensores de la metodología presupuestaria en base cero para todas las administraciones, y esto que usted propone de incrementar porcentualmente el reparto financiero a las entidades locales sin más, no lo compartimos. Su moción habla sobre la necesidad de reformar la financiación de los pequeños municipios para corregir el agravio en la España rural, y nosotros le preguntamos: ¿con qué finalidad? Pues si lo que pretende, según nos dice, es contribuir — abro comillas— «a la sostenibilidad ambiental y a la calidad del paisaje» — cierro comillas—, esto no va a impedir la sangría ni el invierno poblacional. ¿De qué agenda globalista lo ha copiado? . Ni en su interpelación ni en la respuesta de la señora ministra ni en su moción ni en su intervención hemos escuchado hoy dos palabras fundamentales: natalidad y familia. Es esencial hablar de ellas. . Si no, ¿a qué población presente o futura se refiere? ¿Para que viva quién, señor Guitarte? La familia es la institución mejor valorada por los españoles, embrión de la sociedad y garante del futuro de nuestra nación. Sin embargo, no existe un apoyo real y efectivo por parte de las administraciones. ¿Dónde están aquí los niños, las políticas de natalidad, la fiscalidad diferenciada, las comunicaciones, el transporte, la defensa de la agricultura y la ganadería, más recursos para cubrir servicios básicos en zonas despobladas? ¿Cuáles son esas zonas? ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe el Gobierno? ¿Las conoce la Unión Europea? ¿No habría que empezar por aquí? ¿No podríamos comenzar por ese mapa aceptado por el Defensor del Pueblo, que incluía gran parte de la geografía española? En un momento en el que se pisotea la Constitución, cobra especial importancia denunciar que no ha existido intención de cumplir los mandatos del artículo 138: solidaridad, cohesión y equilibrio entre las regiones de España dentro de su unidad. El Gobierno mira con desdén las zonas rurales, sus tradiciones, sus modos de vida y recursos, y en suma su misma identidad, despreciados básicamente desde la Agenda 2030, incompatible con la defensa de España y sus necesidades, causando particular perjuicio a sus habitantes, provocando un mayor vaciamiento de estos territorios. Es la España abandonada, es el fracaso del modelo autonómico, hasta seis administraciones competentes para luchar contra la despoblación, buscando la misma fórmula de financiación que usted postula, aquello de ‘siempre más es mejor’; inmenso aumento del gasto público y multiplicación presupuestaria, que son un lastre para el ciudadano, con permanentes concesiones del bipartidismo a los separatistas, siempre insatisfechos con el autogobierno alcanzado, insolidarios y desleales con el proyecto nacional, haciendo necesario hoy parar el golpe de Sánchez. . Cuarenta años de Estado autonómico han dejado una comunidad política dividida en diecisiete reinos de taifas, caos administrativo, lazos afectivos debilitados y una España desigual. En VOX pensamos que un uso inteligente de la política fiscal puede ayudar a crear estímulos que frenen la despoblación y aumenten la natalidad: minoraciones en figuras tributarias como el IRPF, el ITP, sociedades, cuotas de autónomos e incentivos a la contratación. Hay que reducir los impuestos a sus habitantes y eliminar muchos de ellos. Sin servicios y con altos impuestos, ¿quién se va a quedar en esos lugares? El dinero tiene que estar en el bolsillo de los españoles mejor que en las manos de las administraciones , pero sabemos que gracias al Gobierno y sus socios, el año que viene, 2023, estará marcado por un notable incremento de impuestos. Supresión del impuesto de plusvalía municipal o exención de la transmisión de la vivienda habitual familiar del contribuyente si se reinvierte en una nueva, y el acceso a la educación hasta los tres años, a los servicios sanitarios, a Internet y a la alta velocidad. Estas deben ser prioridades básicas. En demografía no cabe improvisar. La falta de políticas específicas nos ha llevado a esta situación muy difícil y de muy lenta reversión. Despoblación no solo significa que se vacíen determinadas zonas de España; supone pueblos vacíos sin alma, son tierras sin sembrar, son tradiciones olvidadas, son causas pérdidas, son edificios en ruina, es historia enterrada y personas desarraigadas, recuerden, familias y niños, pues, como afirma en un artículo cuya lectura recomiendo mi compañera Georgina Trías, señorías, los niños no contaminan. Muchas gracias. .

Esther Padilla Ruiz PSOE

Gracias, presidenta. Señor Guitarte, lo que usted plantea en esta moción es complejo, muy complejo, como le dijo la semana pasada la señora ministra de Hacienda y Función Pública, porque, aunque usted en el título de la moción habla de financiación de los pequeños municipios, la realidad es que habla de muchas cosas, incluso de municipios que poco tienen que ver con lo de pequeños. Lo que está planteando es mucho más complicado si se afronta desde el rigor. Implica nada más y nada menos que la reforma de la financiación local, de la financiación autonómica y de la Ley de Bases de Régimen Local, en la que ya está trabajando el Gobierno de España. Pero me tiene que reconocer que se ha centrado usted mucho en quedar bien con todo el mundo más que en hacer una propuesta realista, concreta y específica para los pequeños municipios de verdad. Me ha sonado su moción — se lo digo con todo el respeto— un poco a carta electoral a los ayuntamientos de España, porque dígame si no a qué responde que acabemos de aprobar los presupuestos generales del Estado para 2023 en esta Cámara con un presupuesto para las entidades locales de 23 500 millones de euros, que usted no ha apoyado , y ahora proponga una transferencia singular para 2024 desde la Administración central y las administraciones autonómicas. Además, establece dos categorías, una para municipios de menos de 400 habitantes y otra para municipios de 400 a 25 000 habitantes. ¿25 000 habitantes, señor Guitarte, municipios pequeños? Yo creo que este tema se le ha ido de las manos. Todos queremos más financiación, algunos lo queremos para progresar más, para más igualdad, y lo queremos todos, comunidades autónomas, ayuntamientos pequeños, grandes y medianos, pero no podemos compartir con usted el malestar que tiene porque las comunidades autónomas hayan ampliado su financiación desde 1995. Claro, es que las competencias de sanidad y educación, entre otras muchas que han asumido las comunidades autónomas en este tiempo, han conllevado necesariamente un incremento de los recursos, y me sorprende que usted lo discuta. Si de verdad queremos trabajar y queremos hablar de la lucha contra la despoblación, hay que distinguir sin complejos quién se cree de verdad estas políticas, quién apuesta por las políticas de lucha contra la despoblación, quién hace las cosas bien, quién tiene voluntad política, quién pone presupuesto y quién no lo hace. No puede meternos a todos en el mismo saco, esto no va de comunidades autónomas contra ayuntamientos ni de ayuntamientos grandes contra ayuntamientos pequeños. . Los socialistas, señor Guitarte, creemos que es necesario actuar más allá de contar cuánta gente vive en los pueblos. Nosotros creemos que hay que trabajar para que quien quiera vivir en los pueblos pueda hacerlo con dignidad, con una garantía de servicios públicos, con comunicaciones, con oportunidades económicas y de empleo. De eso se trata. En este sentido, no puedo dejar de poner en valor la importante labor que el Gobierno de España está haciendo en esta materia: primero, elevando el reto demográfico a una política transversal, poniéndolo en una vicepresidencia, pero además con medidas como las recogidas en los presupuestos generales del Estado para 2023 para reducir los costes de la Seguridad Social a los empleados o ayudas al funcionamiento de empresas en zonas de baja densidad de población. Dicho esto, las comunidades autónomas también tienen responsabilidad en este asunto y no solo pueden, sino que también deben tomar medidas, y le pongo dos buenos ejemplos: el Gobierno de Aragón con la Ley aragonesa de Dinamización del Medio Rural y el de Castilla-La Mancha con la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación , una ley pionera en este país. No somos todos iguales, por mucho que venga ahora el Partido Popular con una enmienda que no es creíble, porque además ha dejado dos cosas claras. Una es actualizar la ley de haciendas locales, para lo que se requiere un gran acuerdo. No me digan, señores del Partido Popular, que están dispuestos a consensuar algo con este Parlamento y con el Gobierno. ¡No me lo puedo creer! . Segunda, fortalecer los servicios municipales en el medio rural; ustedes, que cerraron, por ejemplo, en mi región sesenta y ocho escuelas rurales, y que si nosotros hemos podido abrir solo cuarenta es porque en el resto, donde ustedes cerraron las escuelas, se fueron las familias con los niños. Termino, presidenta. Señorías del Partido Popular, ustedes, a los que les gusta mucho señalar a quien no piensa como ustedes en los pueblos, en las redes, en los medios de comunicación, señalen el camino de sus presidentes autonómicos, especialmente el de Castilla y León, que en lugar de seguir a VOX lo que tienen que hacer es copiar las medidas del Gobierno de España y de los gobiernos socialistas para luchar contra la despoblación. .

Tomás Guitarte Gimeno ¡Teruel Existe!

Votaremos en sus términos.