Pleno del Congreso n.º 229 · XIV legislatura

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. Finalizamos la tramitación en esta Cámara de la trasposición de la Directiva 2019/1937, ya fuera de plazo, al haber expirado este el 17 de diciembre del pasado año. El proyecto tiene como objeto principal, como ustedes conocen, la protección de la ciudadanía que informe sobre vulneración del ordenamiento jurídico de la Unión en el marco de una relación profesional, tanto en el sector público como en el sector privado de las medianas y grandes empresas; a la vez que amplía esta protección para acciones y omisiones que puedan ser constitutivas de infracciones penales o administrativas graves o muy graves en el ordenamiento jurídico propio, distinto del comunitario; y sometiendo, a su vez, la totalidad de estos dos ámbitos a las mismas disposiciones y objetivos, entre los que no solo se encuentra — como les señalaba— la protección de los informantes para evitar que sufran represalias, sino también enfrentar la escasez de información de infracciones del derecho de la Unión y del estrictamente interno, mejorar la competencia en el mercado, contribuir a la transparencia y evitar la corrupción y el fraude. Señorías, nuestro grupo parlamentario valora positivamente el texto que debatimos en esta sesión tras su paso por Ponencia y Comisión y las numerosas enmiendas acogidas, tanto de nuestro grupo como del resto de grupos parlamentarios, sin perjuicio — como a continuación les señalaré— de que mantengamos alguna de estas para este trámite, que, brevemente, paso a exponerles. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Así, y en primer lugar, en nuestra enmienda 20 planteamos la modificación de la final sexta en relación con los títulos competenciales en que se fundamenta la competencia del Estado para la elaboración de esta ley en lo referido al apartado 1 del artículo 149, que para no convertirse en un cajón de sastre, las graves repercusiones en las competencias vascas, y en el resto de otras autonomías en general, exigiría identificar en concretos artículos del texto los derechos y deberes constitucionales cuya igualdad en su ejercicio o cumplimiento se pretende garantizar, y, además, sin haberse dado en su tramitación, a tal fin, audiencia individualizada a las comunidades autónomas. En cuanto a nuestra enmienda 14, que mantenemos, relativa a los sujetos responsables a que se refiere el artículo 63 del proyecto, hay que señalar que en este se limita la responsabilidad por las infracciones muy graves solo a las cometidas a título de dolo, mientras que en las graves y leves no se hace referencia alguna al grado de culpabilidad; lo cual plantea, a nuestro juicio, una incongruencia no justificada entre las unas y las otras, una exoneración de responsabilidad precisamente para las imprudencias en los comportamientos más graves, la imposibilidad de aplicación para graduar las infracciones muy graves según el criterio relativo a la intencionalidad y culpabilidad del autor a que se refiere precisamente el artículo 66 del proyecto, lo cual resulta una incoherencia también a juicio del Consejo de Estado. Además, se rompe el criterio general establecido en la ley de régimen jurídico, la Ley 40/2015, cuando dice que la responsabilidad administrativa puede exigirse a título de dolo o culpa. En cuanto a nuestras enmiendas 15 y 16, referidas respectivamente a la prescripción de las infracciones y sanciones contenidas en los artículos 64 y 68, venimos a señalar en ellas, señorías, la innecesariedad de estos artículos, porque reproducen literalmente lo señalado con carácter general en la ley de régimen jurídico, en su artículo 30, para la prescripción de las infracciones y sanciones; y cuando, además, el artículo 60 del proyecto de ley dice que el ejercicio de la potestad sancionadora de esta ley se llevará a cabo conforme a los principios y con sujeción a las reglas del procedimiento previsto precisamente en la ley de régimen jurídico y en la de procedimiento administrativo. Por último — y voy finalizando, presidenta—, también mantenemos la enmienda 18, referida al plazo máximo para el establecimiento de los sistemas internos de información, contenido en la disposición transitoria segunda del proyecto, que es muy exiguo, a nuestro criterio; y se refiere a la obligación que hay de un plazo determinado de tres meses para que los distintos sujetos obligados tengan que cumplir con los requisitos y garantías que se les exigen precisamente en estos sistemas internos de información. Cuando resulta incongruente también a juicio del Consejo de Estado con la disposición final novena del proyecto, por la cual el Gobierno cuenta con un plazo máximo de un año para aprobar el estatuto de la autoridad independiente de protección del informante, lo que comporta, durante ese tiempo, dependencia normativa y que no podrán ejercitarse los derechos y obligaciones para terceros, ya que sin aquella autoridad, carecen de efectividad. Muchas gracias, señorías, presidenta. Las enmiendas que les he expuesto, en cualquier caso, no condicionarán, como les he señalado al principio de mi intervención, nuestro voto favorable al conjunto del proyecto. Muchas gracias. .

Edmundo Bal Francés Cs

Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Con este acto, terminamos en el Congreso la tramitación de la llamada ley de los whistleblowers. La llamamos así, whistleblowers en inglés, porque en español queda supermal hablar de la ley de los soplones, de los chivatos, de los traidores; y como en España no existe esta cultura de del denunciante, parece que aquel que pone en conocimiento de la autoridad competente que se ha cometido algún tipo de infracción es un traidor a la comunidad o es un desleal a la persona a la que denuncia, por muy delincuente que sea la persona a la que está denunciando, por ello utilizamos ese eufemismo anglosajón de los whistleblowers. Uno de los objetos de esta ley es este precisamente: fomentar la cultura de la denuncia. Hay que denunciar los casos en los que uno ve que efectivamente se puede estar cometiendo delito. Se causa un beneficio a la comunidad cuando se pone en conocimiento de la autoridad que se están persiguiendo delitos; y de lo que se trata es de proteger a esta persona que muchas veces — y yo lo he visto en primera persona en mi trabajo profesional— tiene importantes represalias, tiene importantes ataques de todo su entorno, que trata de protegerse atacando a aquel que denuncia corrupciones. En este sentido, la corrupción es una lacra en toda Europa, y especialmente en nuestro país y es, desde luego, un obstáculo para el progreso de las sociedades; en definitiva, atenta contra la libre competencia y contra los servicios públicos. En España podemos decir, con este consuelo que podemos darnos, que estamos en la mitad de la tabla de la Unión Europea, en el puesto 14 de 27; y en el mundo, estamos en el puesto 34 de 180. Pero fíjense qué curioso, cómo el Eurobarómetro pone de manifiesto que, sin embargo, la corrupción es una preocupación para el 89 % de los españoles, y ustedes, señores del Gobierno, bajando las penas del delito de malversación. Esto, desde luego, clama al cielo. El grupo Greco — el grupo europeo de lucha contra la corrupción del Consejo de Europa— precisamente hace ya muchos años advirtió que España tenía penas muy bajas en delitos como, por ejemplo, el cohecho, y las subimos. Ustedes ahora necesitan aprobar los presupuestos generales del Estado y, en el delito más típico de corrupción, que es malversar el dinero de todos, bajan ustedes las penas. Pero es que además lo hacen con un tremendo retraso. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, en el año 2019, cuando se publicó la directiva, trajo aquí inmediatamente la trasposición de la misma y, sin embargo, nos votaron que no por supuesto a la toma en consideración, porque cómo vas a votar que sí a una cosa de Ciudadanos, aunque sea buena, con este sectarismo característico del Gobierno. Ustedes no hicieron nada, señora ministra, que es que nos pilla siempre el toro y al final tenemos que tramitar las cosas deprisa y corriendo. Y resulta que, en este caso, como en otros, nos ha abierto expediente sancionador la Comisión de la Unión Europea por no cumplir el plazo de trasposición de directivas. Tenemos treinta procedimientos abiertos por incumplimiento de la trasposición de directivas europeas. Luego nos encontramos con el consuelo, ese que viene de parte del Gobierno cuando dicen: es que muchos otros países de Europa tampoco han traspuesto la directiva y también se les ha abierto procedimiento sancionador. ¡Qué consuelo! ¡Somos igual de malos que los demás malos!, magnífico. A ver si se ponen ustedes un poquito las pilas, de verdad, en el Gobierno de España para legislar bien, que es ahora lo que está en tela de juicio en el Tribunal Constitucional. ¡Legislar bien! No cometer los fraudes legislativos que está cometiendo este Gobierno con el abuso de los reales decretos leyes, con la presentación de las iniciativas a través de las proposiciones de los grupos parlamentarios, sin los informes preceptivos, sin permitirnos comparecientes en la Comisión, aplicando de una forma arbitraria los procedimientos de urgencia, metiendo enmiendas que son inconexas con respecto al texto principal y que están lesionando los derechos de la oposición. Por eso se ha manifestado el Tribunal Constitucional en relación con esas famosas enmiendas que estamos viendo esta semana en los medios, la 61 y la 62, respecto a otro proyecto de ley. ¡Pero es que encima lo hacen tarde!, ¡que ya es el colmo que lo hagan tarde! El objeto de esta ley, como he dicho en primer lugar, es fomentar la cultura de la denuncia y, sobre todo, impedir las represalias con respecto al denunciante, procurando la Administración del Estado y de las comunidades autónomas asistencia jurídica a aquellos que denuncien delitos, a aquellos que colaboren con la realización de fines de interés general; también apoyo financiero e incluso psicológico; asimismo, la confidencialidad de la denuncia, la garantía de indemnidad del denunciante o el derecho a la resolución. Y yo no puedo evitar, desde luego, dedicarle mi trabajo en esta Comisión, nuestro trabajo en esta Comisión a personas como Ana Garrido, a personas como José Luis Peñas, que denunciaron el caso Gürtel y posibilitaron que otros pudiéramos llevar adelante la acusación; o, por ejemplo, al topo en el caso del Palau de la Música; y muchos otros casos de corrupción política que prácticamente afectan a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, menos al mío. Yo recuerdo en ese juicio las declaraciones, por ejemplo, de Paco Correa, cuando decía eso de: ¡pero, hombre, si todo el mundo lo hacía! ¡Pero cómo vas a construir en España si no sobornas a un concejal! ¡Pero, hombre, emitir unas facturitas falsas tampoco es para tanto! ¡Pero cómo voy a dar de comer y trabajo a las familias de mis trabajadores si no soborno a alguien! Estas eran las explicaciones que se oían en España hace relativamente poco por parte del Partido Popular y también por parte del Grupo Parlamentario Socialista en sus casos de corrupción. O sea, era como tratar al que corrompía como si fuera una especie de emprendedor, era: yo corrompo a los funcionarios públicos…, claro, pero es que al final resulta que los paganos éramos todos, cuando se malbarataba el patrimonio público, cuando los contratos administrativos eran más caros, cuando los servicios públicos eran de peor calidad. Termino agradeciendo a la señora Tizón, a doña Uxía, su trabajo enorme en la Comisión y la aceptación de muchas enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, como es elaborar una estrategia nacional contra la corrupción, como es poder dar recomendaciones desde la autoridad central a las autoridades autonómicas, o como es incorporar un vocal en la comisión consultiva procedente del Tribunal de Cuentas. Otras cosas no han sido aceptadas, pero, desde luego, estamos muy satisfechos por el trabajo que se ha realizado en esta Comisión. Damos las gracias al Grupo Parlamentario Socialista, sin querer causarle ningún mal a la señora Tizón por recibir una alabanza de un adversario político. Y, desde luego, estaremos ojo avizor respecto a la aplicación de esta ley. Muchas gracias. .

Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, ministra. Nos ocupa esta trasposición de una directiva europea, como se ha apuntado, una trasposición que llega prácticamente al final del plazo en el que se tendría que hacer y con algunos expedientes abiertos. Lo cierto es que si hacemos referencia al trabajo parlamentario hecho, en el PDeCAT estamos satisfechos de que alrededor de unas quince enmiendas se hayan incorporado en el contenido del dictamen. Algunas de ellas obedecen, como saben ustedes, a intentar hacer el trabajo con rigor, a un trabajo o a una tramitación parlamentaria con calma. Yo creo que cuando las leyes se hacen con este ritmo, cuando las leyes se hacen con esta interacción entre los grupos parlamentarios, es mucho más probable que salgan con éxito, que salgan mucho más trabajadas. Hay algunos contenidos que nos alegramos de haber incorporado, como son aquellos relativos a respetar mínimamente el marco competencial, aquellos relativos a articular la asistencia jurídica a los informantes o aquellos relativos al sistema de protección ante las represalias que se puedan tener. Muchos de estos contenidos, al final, han sido ajustados para articular esta ley; y la trasposición de la directiva ayuda, como se decía anteriormente, a fomentar la cultura de la alerta, en definitiva, a articular un sistema de protección a los informantes. Mantenemos vivas algunas enmiendas que creemos que realmente podrían aportar un poco más de contenido o un poco más de profundización a la ley. En este sentido, el concepto de buena fe del denunciante es una de las enmiendas — tanto nuestra como de muchos grupos parlamentarios— que continúa viva y que quizá valdría la pena considerar su incorporación, o la correspondencia con el marco normativo laboral en el caso de los trabajadores denunciantes. Por otro lado, hay otras cuestiones relativas a la supresión o no de los datos personales en las comunicaciones. Pero creo que las más trascendentes son aquellas enmiendas relativas a las disposiciones finales. Más allá de la trasposición de esta directiva, lo que conlleva es consecuencias en otras normas y, por tanto, aquellas disposiciones finales que regulan que el Gobierno articule en seis meses estas medidas de protección, así como especialmente — como les decía—, cambios en otras normas: respecto a la disposición final, la enmienda 166, que apuesta por retocar el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto de los Trabajadores. Hay todo un conjunto de normas derivadas de la trasposición de esta directiva que también tendrían que tener el reflejo en sus contenidos en aquellas normas que, en definitiva, no se incorporarán hoy a nuestro ordenamiento jurídico, y que forman parte del día a día de las personas que pueden ser susceptibles de ser amparadas por esta nueva normativa. Por tanto, creemos que este mandato de retocar estas leyes es importante. No obstante — acabo, presidenta—, nosotros mantendremos vivas las enmiendas, pidiendo, por supuesto, el voto para ellas, pero votaremos favorablemente a la aprobación del dictamen. Muchas gracias.

Josep Pagès i Massó JxCat-JUNTS (Junts)

Buenos días, señora presidenta. Señorías, la presente ley no trata un tema menor: la colaboración de los ciudadanos en el respeto al derecho y a las conductas éticas es fundamento de la eficacia del mismo derecho y de la paz social. En este sentido, queremos afirmar ante todo que las personas que poniendo en riesgo sus trabajos, su bienestar y estabilidad personal y familiar, también su buen nombre ante muchos que no comprenden lo que pasa, se arriesgan a advertir de la existencia de prácticas irregulares y de corrupción para que se investigue y se deriven las correspondientes responsabilidades no son traidores, son héroes. Vidas que quedan en suspenso, estrés, ansiedad problemas familiares, soledad, depresión, incomprensión de muchos compañeros de trabajo, de amigos, de familiares, puestos de trabajo que se pierden, el coste personal y económico para el alertador es muy elevado. Estas personas son un ejemplo de civismo. Son ciudadanos ejemplares, pero, es más, son sobre todo personas leales a la organización de la que están denunciando las prácticas irregulares y la corrupción. Los traidores son los corruptos. Esto, claro, excepto que pienses que tu organización, tu sindicato, tu partido, el ayuntamiento del que eres funcionario, la policía a la que perteneces, la empresa donde estás contratado son organizaciones mafiosas. Estamos, como decía el diputado señor Bal, en un cambio cultural. El alertador es el héroe cívico, él sí es leal a su organización; y el corrupto — quiero decirlo— y también el que con su silencio y su cobardía encubre al corrupto, el que aparta a la vista, es el traidor. En la ponencia y en la Comisión, desgraciadamente, hemos oído hablar de esos soplones o chivatos, palabras cobardes de una cultura casposa de quienes solo son capaces de entender su partido, su Administración, su empresa, el servicio público desde su egoísmo; es decir, todo lo contrario de lo que los clásicos han llamado siempre patriotismo. Desde aquí quiero recordarles a algunas de las personas que han dado el paso de dar una batalla pública, y para que vean que esto no va de ideologías, voy a recordar a los alertadores de los casos Gürtel y Malaya, José Luis Peñas y Ana Garrido, y también al exteniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura, o la sargento de la Guardia Civil, María Teresa Serrano. Centrándonos en la ley, esta ley que llega tarde y con deficiencias es un paso para cumplir con la incorporación de la Directiva 2019/1937, que ya vino a recoger los principios básicos en materia de alertadores. Debemos decir que no estamos satisfechos, nos hubiera gustado una respuesta más robusta ante la desprotección de los alertadores. Hemos presentado veinticuatro enmiendas que pensamos que precisamente robustecían la norma en relación con la consecución del objetivo de proteger a las personas informadoras. Proponíamos reforzar los procedimientos, extender la superficie, por ejemplo, hasta los cuerpos y fuerzas de seguridad, mejorar los conceptos acercándolos más al espíritu de la directiva y preservar las competencias de Cataluña en esta materia. Hemos conseguido transaccionar algunas de estas enmiendas, pero pensamos que no se evita una futura conflictividad competencial porque no acaba de quedar clara la delimitación competencial. Tampoco se ha avanzado suficientemente en las medidas de protección, por ejemplo, del artículo 38. No vemos que se adecuen debidamente las medidas previstas en la directiva en el ordenamiento interno, y lo mismo pensamos respecto a los requerimientos del órgano gestor del canal interno en el artículo 8. Apreciamos las mejoras en el redactado final de algunos artículos, como es el caso de las condiciones de protección, en relación con la autoridad independiente de protección del informante, en la ampliación y fijación de plazos, o también una mejora importante filosófica en la finalidad de la ley. En cualquier caso, no vamos a poder dar nuestro apoyo a esta ley, nuestro voto va a ser abstención. Aunque quiero agradecer desde aquí el trabajo de la diputada señora Uxía Tizón por todo su trabajo parlamentario. Muchas gracias.

María Carvalho Dantas ERC-S

Moltes gràcies, presidenta. Bo día, señorías. Las denunciantes de corrupción necesitan protección legal contra las represalias y garantizar, obviamente, su anonimato. Esta regulación está al servicio de la lucha contra la corrupción y a favor del buen gobierno. Estas causas no se pueden servir de forma centralizada, sino de forma cooperativa, por medio de una red descentralizada. Las aportaciones del Grupo Republicano han estado en la línea de contribuir en el buen gobierno de las instituciones públicas y privadas, como defiende el Gobierno de Cataluña con su apuesta por la transformación democrática y, a la vez, de preservar y potenciar nuestro autogobierno. Nosotras, el Gobierno de la Generalitat, estamos determinadas a dotarnos de nuestra propia ley de alertadores. Por lo tanto, podemos anunciar que ya tenemos en estudio el texto de esta ley para iniciar en breve la tramitación. Nuestro voto favorable también se tiene que leer como un voto de confianza, señorías del PSOE. De confianza en encontrar la misma voluntad de negociación y entendimiento que hemos mostrado nosotras en las Cortes cuando sea la hora de debatir y aprobar esta ley en el Parlament de Catalunya — estarem a l´aguait—, y de confianza también, señorías, en el intercambio de información y la colaboración leal entre los órganos de control de uno y otro nivel. En España las y los denunciantes de corrupción se encuentran — por lo menos hasta hoy, que aún no lo hemos aprobado— en una situación de absoluto desamparo, viéndose obligadas a convertirse en héroes involuntarios por el extraordinario coste personal y profesional que les acarrea su acción cívica de denuncia. Tampoco existen órganos o entidades independientes de lucha contra el fraude y la corrupción de ámbito estatal. Los denunciantes, es decir, las personas que informan dentro de la organización a una autoridad externa sobre prácticas corruptas o las revelan al público a través de los medios de comunicación, ayudan a prevenir daños y a detectar amenazas o perjuicios para el interés público, ya que, de lo contrario, los responsables podrían permanecer ocultos e impunes. No obstante, a menudo no se atreven a revelar la información de la que disponen por temor a represalias; unas represalias que ejemplos muy recientes de denunciantes evidencian que es la consecuencia habitual de denunciar prácticas corruptas, viéndose obligadas las denunciantes a hacerles frente en la más absoluta soledad y abandono institucional. De ahí la enorme importancia y urgencia de brindar una protección eficaz a los y las denunciantes en aras de salvaguardar el interés público por el que velan y que protegen con su sacrificio. Agradezco bastante a la agencia catalana antifrau Catalunya (continúa su intervención en catalán). También agradecemos a Access Info, Hay Derecho, Xnet, Blueprint for Free Speech por impulsar la iniciativa, que hemos recibido todas, que está apoyada por veintiuna organizaciones, que enviaron al Gobierno y también a los grupos parlamentarios un decálogo de mejoras del proyecto de ley. Lo hemos tenido muy en cuenta. Simona, si me estás escuchando, lo hemos tenido muy en cuenta, al igual que otros grupos parlamentarios, tengo entendido. Desde aquí doy las gracias a Simona Levi. Para mejorar esta ley y evitar que el texto legal final pudiera ir en perjuicio de las propias personas informantes, el decálogo incluye la necesidad de eliminar sesgos respecto a la motivación de quien informa y los requisitos para demostrar quién puede ser amparado por la ley. Además, exige mayor concentración en las definiciones, como la de la represalia, con el fin de limitar la posibilidad de interpretaciones restrictivas o contraproducentes para el informante o la informante, y también pide eliminar cualquier limitación temporal, ya que los informantes a menudo sufren represalias mucho tiempo después de haber comunicado los hechos. El decálogo de este conjunto de entidades y plataformas se suma a las alegaciones y comentarios al texto normativo que estas cuatro organizaciones enviaron en la consulta abierta por el Ministerio de Justicia en marzo con el fin de mejorar la normativa. La Unión Europea establecía el 17 de enero del 2021 como fecha límite para la trasposición al ordenamiento jurídico de esta directiva europea, la 2019/1937, de protección a los informantes. El retraso del Ejecutivo ha supuesto ya una sanción para España. Me queda un minuto y veintiún segundos, y quería hacer hincapié en una enmienda que presentó Esquerra Republicana para abrir el melón, por dignidad y porque es una realidad diaria que muchos y muchas no quieren ver. Hay personas migrantes y personas refugiadas informantes de delitos de corrupción que son deportadas. Tenemos muchos casos. Creemos que deben ser consideradas con una especial protección en relación con su situación de irregularidad administrativa. Ya está legislado para las mujeres que sufren violencia de género, pero es un caso también muy importante para cambiar la ley de extranjería y poner a las personas migrantes informantes de corrupción. Si al denunciarse una infracción normativa se pusiera de manifiesto la situación irregular de la persona denunciante, no se incoaría en este caso el expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a) de la ley de extranjería, se suspendería el expediente administrativo sancionador, se suspendería también la expulsión de esta persona y daría lugar a que esta pudiera tener su residencia. Acabo ya, presidenta, dando las gracias nuevamente a la agencia Antifrau de Catalunya. Hemos enmendado la ley y se nos han aceptado muchas enmiendas y también hemos transaccionado muchas.

María Carvalho Dantas ERC-S

Hemos dejado vivas las demás y votaremos que sí a las enmiendas que nos pasó Xnet ayer. Muchas gracias. .

Eduardo Luis Ruiz Navarro VOX

Buenos días, señorías, señora ministra. La verdad es que cuando me encontré con este proyecto de ley que habla de luchar contra la corrupción me quedé asombrado. No me podía creer que precisamente el PSOE, el partido más vinculado a tramas de corrupción en Europa, pudiera impulsar una iniciativa de este tipo. Ilusamente, llegué a pensar que por fin los socialistas habían decidido asumir responsabilidades por la terrible trama de corrupción de Andalucía o por el reciente Catargate o Marruecosgate, trama corrupta que afecta especialmente a su grupo parlamentario europeo, pero con ustedes no hay esperanza posible. . Ahora bien, si, como dicen, esta norma va a servir para proteger a denunciantes de corrupción, a lo mejor, señorías del PSOE, todavía tienen una oportunidad de hacer algo por su país. Veamos: ¿Puede alguno de ustedes ayudarnos a recuperar los casi 700 millones que el socialismo andaluz ha robado a todos los españoles? . ¿Puede alguno de ustedes indicarnos si hay algún alto cargo socialista que haya estado favoreciendo los intereses de Marruecos a cambio de dinero? ¿Hay algún valiente sentado en esos escaños que se anime? Parece que no, ¿verdad? En fin. He de reconocer que, como dijimos en Comisión, nos ha costado descubrir que, bajo el bonito envoltorio, el caramelo estaba envenenado, porque bajo esos titulares que hablan de proteger a denunciantes de corrupción y de luchar contra la misma, este proyecto esconde realmente un contenido altamente tóxico para la democracia y para la convivencia. Este proyecto de ley dice trasponer una directiva europea, pero lo cierto es que la acaba pervirtiendo, y lo hace porque extiende el objeto de la misma a cualquier infracción penal y a cualquier infracción administrativa grave y no solo se limita al elenco que recoge la directiva. Obsérvese — obsérvese, insisto— cómo empieza su denominación: Proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones administrativas. Que informen sobre infracciones administrativas, fíjense. Esto era lo importante, ¿verdad, señorías? Vaya vaya. Este proyecto de ley sencillamente permite abrir causas generales contra los desafectos. . Y, claro, proteger a denunciantes, incluso anónimos, en el marco de las leyes liberticidas creadas por este Gobierno, como las sectarias llamadas de memoria democrática, de igualdad, del aborto o las próximas de protección animal o trans, entre otras, nos acerca peligrosamente a la España de su Frente Popular o a la Cuba marxista, con los famosos delatores políticos, ¿verdad, señor Santiago? Las conoce usted bien. . ¿Se imaginan ustedes lo que le puede pasar, por ejemplo, a un profesor que sea escuchado por el comisario político explicando a sus alumnos que los seres humanos somos biológicamente hombres o mujeres? ¿Se imaginan ustedes lo que le puede pasar, por ejemplo, a una fundación que sea observada por un infiltrado dando una charla sobre la historia criminal del PSOE durante los años treinta del siglo pasado? Pues claro que se lo imaginan, evidentemente, por eso han ampliado el objeto de esta manera tan retorcida. Es evidente que la grave inseguridad jurídica que introduce este proyecto de ley pone en riesgo la libertad de opinión y de expresión, algo que ningún demócrata debería tolerar. . Por ello, aun estando de acuerdo con la necesidad de proteger a quienes denuncien delitos e infracciones graves relacionadas con la corrupción — con la corrupción—, la salud de nuestra democracia es incompatible con apoyar este proyecto de ley. Prueba del compromiso de VOX en la lucha contra la corrupción es el registro en febrero de 2020 de una iniciativa para la protección integral de los denunciantes de corrupción, pero, a diferencia de esta, nuestra iniciativa delimita su ámbito exclusivamente a aquellas infracciones producidas en el ámbito del sector público y de las que pudiera derivarse un perjuicio para el erario público. Nosotros no abrimos la puerta a causas generales. . Los denunciantes de corrupción deben ser denunciantes de corrupción y no chivatos ni comisarios políticos utilizados para acosar y para acusar a los disidentes. Por otra parte, hay algunos otros detalles de este proyecto de ley que tampoco nos gustan. Por ejemplo, no nos gusta la existencia de esta comisión consultiva que crea la norma, porque introduce más burocracia y, por tanto, más gasto político. Tampoco nos gusta el sistema que proponen ustedes para nombrar a la autoridad independiente, porque consideramos que no se garantiza adecuadamente su independencia. Por eso, en una de nuestras enmiendas proponíamos y proponemos que sea nombrada por el Congreso y no por el Gobierno, que es lo que ustedes han traído aquí. Entendemos que el nombramiento por el Congreso permite ampliar el campo de la protección y, por tanto, dar más seguridad a su independencia. Otro elemento que tampoco nos gusta es que con el proyecto de ley se usurpa a las diputaciones provinciales el papel que les otorga la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, especialmente — en este caso es de lo que se trata— el papel de apoyar a los pequeños municipios, porque es una labor propia y exclusiva de las diputaciones provinciales. Por último, tampoco nos parece acertado que se obligue a las empresas a designar un directivo para que asuma la función de responsable del sistema interno de comunicación. Debe darse más flexibilidad a las empresas para que escojan a la persona de su plantilla que reúna las mejores condiciones para realizar esta función, sea directivo o sea empleado, porque la clave está aquí, en que se establezcan las prevenciones legales necesarias para que cuando el responsable actúe en ejercicio de sus funciones no pueda ser inquietado, perturbado o sancionado por sus superiores. En definitiva, no vamos a apoyar esta trasposición fraudulenta de una directiva europea porque tiene tufos totalitarios. . Miren, el mejor regalo que pueden hacer ustedes a todos los españoles por Navidad es que pidan perdón por tantos años de corrupción, que pongan fin al golpe a la democracia y que devuelvan todo lo robado. Y, señora ministra, a ver si para Reyes cumple usted sus compromisos retributivos para con jueces, fiscales y letrados de Justicia. ¿Conoce usted la expresión pacta sunt servanda? Pues a cumplir. .

Jesús Postigo Quintana PP

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Debo empezar esta intervención repitiendo lo que desgraciadamente se ha convertido en habitual durante esta legislatura en relación con los modos de legislar de este Gobierno. Cada iniciativa que presentan los grupos parlamentarios que lo conforman es para ellos una oportunidad, pero una oportunidad para incluir una enmienda, una nueva ley como pago a sus acreedores de investidura, que sería el caso de la eliminación del delito de sedición o de las rebajas de la malversación. En este caso ha sido bien distinto, y nada tiene que ver con las situaciones anteriores, pero estando de acuerdo con el fondo, vía enmienda in voce y sin unanimidad, por primera vez en la historia de nuestra práctica parlamentaria introducen nada menos que una ley orgánica para desarrollar un derecho fundamental en una ley ordinaria: el recogido en el artículo 20 de la Constitución, nada más y nada menos. Respecto a este proyecto de ley, que a simple vista pareciera fácil, puesto que se trata de trasponer a nuestro ordenamiento interno una directiva europea, este Gobierno lo complica y lo empeora todo. De entrada, en cuanto a su ámbito de aplicación, la directiva solo se refiere a la denuncia de infracciones penales, dejando a los Estados miembros la decisión de hacer extensiva la aplicación de las disposiciones nacionales a otros ámbitos. Como era de esperar, el Gobierno lo extiende al máximo, generando confusión, cuando no injerencias en las funciones que ya realizan los servicios de inspección de la Administración. Materia aparte es su técnica parlamentaria para tramitar, prescindiendo de los procedimientos legislativos parlamentarios, despreciando a las minorías, las advertencias de los servicios jurídicos de la Cámara y, en definitiva, a golpe de imposición de trámites, convocatorias y tiempos. De los informes de los órganos consultivos a esta ley, el Gobierno apenas ha hecho caso. La mejor prueba es que prácticamente el 80 % de las enmiendas de mi grupo recogían en su literalidad recomendaciones del Consejo de Estado no atendidas; en otros casos eran traslación exacta de la propia directiva a la vista de la confusa redacción que nos vino del Gobierno. Pues bien, de las setenta y ocho enmiendas que presentó mi grupo, el Gobierno ha aceptado una puramente técnica. Mi grupo, como no podía ser de otra manera, apoya que se cree un sistema de protección a los informantes de los casos de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. ¡Faltaría más! Lo aprobamos en el Parlamento Europeo y fue el Gobierno del PP el que aprobó el mayor paquete de medidas para luchar contra la corrupción. . El problema con este dictamen es que crea de facto una especie de fiscalía de la Administración, que establece una obligación legal de aportar cualquier información o dato en procedimientos penales, ¡ojo!, sin control judicial de ningún tipo. Con este nuevo sistema todos los denunciados tendrán la obligación legal de facilitar cualquier tipo de documentación o información que les hayan requerido, obviando que no se trata de un procedimiento penal y que el objetivo de la ley es la protección a los denunciantes ante posibles represalias. Exigirá que todas las empresas de más de cincuenta trabajadores cuenten con esa persona, siendo una obligación muy desproporcionada para buena parte de las mismas, con las dificultades que en estos momentos tienen todas ellas. ¿Va acaso el Gobierno a pagar el coste laboral de todas ellas, puesto que es una imposición por encima de lo previsto? También quisiera señalar que no se prevé claramente la responsabilidad del informante en el supuesto de que la información denunciada no sea veraz y dañe la reputación de las personas, organismos, instituciones o empresas Sin duda, esto traerá consecuencias. Además, se otorga la presunción de veracidad al informante cuando denuncia haber sido víctima de represalias, invirtiendo con ello la carga de la prueba, algo ajeno a nuestro ordenamiento. Y cómo no aludir al modelo de la autoridad propuesto para el sector público: una autoridad administrativa independiente, adscrita funcionalmente a Justicia, con veintiocho personas laborales — es decir, elegidas a dedo por el Gobierno—, poco definida en la ley y que, conociendo a este Gobierno, será un nuevo chiringuito en el que buscar acomodo a familiares, amigos o afines para hacer política partidista. Nosotros, en cambio, proponíamos una oficina independiente similar a la Oficina de Conflictos, integrada por funcionarios, con mayor control del Parlamento y garantizando la absoluta imparcialidad y neutralidad en el tratamiento de las denuncias. Claro, esto se nos ha rechazado. Esta es una oportunidad más para la agencia de colocación del sanchismo, como decía al principio. Ya en la Comisión de Calidad Democrática se creó una ponencia para reforzar la imparcialidad e independencia de las autoridades independientes, resultando que lo que hacía el texto presentado por el Grupo Socialista y Más País era atacar frontalmente la constitucionalidad y la legitimidad de las autoridades administrativas independientes, su independencia e imparcialidad, intentando abrir las puertas a una politización de sus actividades y a un intento de sometimiento de sus fines a los intereses partidistas del Gobierno, en definitiva, un control político con la pretensión de orientar por criterios políticos o directrices de oportunidad sus decisiones. Incluso se atrevieron a calificarlas de excepción al normal funcionamiento democrático, y mira por donde aquí se crea una que va a seguir esos postulados. Es que ya no engañan, señorías del PSOE. ¿Cómo vamos a creer que el Gobierno quiere realmente luchar contra la corrupción y proteger al informante, creando una autoridad independiente que hay que controlar y orientar por criterios políticos y directrices de oportunidad? Termino ya. Nadie cree que ustedes pretendan luchar contra la corrupción cuando son sus máximos exponentes con sus rebajas del delito de malversación, que en román paladino es robar dinero público. Ya saben claramente los españoles lo que pueden esperar de ustedes: premiar a los sediciosos, que malversar dinero público salga gratis prácticamente y que la justicia que pueda pararles los pies pierda su independencia.

Jesús Postigo Quintana PP

Ya acabo, presidenta. Pierdan toda esperanza. El pueblo español, en el que reside la soberanía nacional, más pronto que tarde les dirá a todos ustedes bien alto, con los votos, que son ustedes el peor Gobierno de toda la democracia. Gracias, señorías. Les deseo a todos una muy feliz Navidad. .

Enrique Fernando Santiago Romero UP

Señorías, debatimos la norma de trasposición de la directiva europea sobre protección de alertadores de corrupción con bastante consenso, lo cual es de agradecer. La cultura de la corrupción, de enriquecerse apropiándose de lo que es de todos, solo es posible en sociedades que permiten la impunidad de los corruptos, y al permitirlo, las instituciones pierden su autoridad para exigir a la ciudadanía el respeto de las normas de convivencia social y de las leyes y se acaba con la democracia. La lucha contra la corrupción tiene, por tanto, que ser una prioridad y, por ello, es fundamental proteger a quienes denuncian irregularidades. Por primera vez en nuestro país se establece una norma de protección de los denunciantes de corrupción y se dan herramientas para que puedan denunciar. Si esta norma hubiera existido hace diez años, habríamos evitado el calvario de la alertadora, doña Ana Garrido, aquí presente hoy, a quien saludamos, por denunciar a la Gürtel, o que el alertador, José Luis Peñas, condenado a casi cinco años de cárcel en ese mismo caso, hubiera pasado por esa situación, mientras que el máximo condenado, el tesorero del PP, ya está en la calle, habiendo cumplido apenas seis años de prisión. También habríamos posibilitado que el alertador, Javier Ramos, candidato a rector de la Universidad Rey Juan Carlos, hubiera sido atendido cuando denunció cómo el exrector y ahora presidente del Tribunal Constitucional, Pedro GonzálezTrevijano, le encargó ofrecer dinero o cargos a un profesor para que retirara una demanda. Habríamos evitado los escándalos sobre los cursos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, cuando el señor GonzálezTrevijano era rector, con Cristina Cifuentes y Pablo Casado como protagonistas. Se habría evitado que durante el periodo de esa Rectoría se denunciara que varios de los familiares de González-Trevijano, como su esposa o su cuñada, fueran contratadas como personal de la universidad o de su fundación. También se habría evitado que, durante ese periodo, la Universidad Rey Juan Carlos se convirtiera en una agencia de colocación para familiares de relevantes políticos del Partido Popular, como la hermana de la señora Cifuentes, la prima del señor Ruiz-Gallardón o la cuñada de Francisco Garrido. . También se habría garantizado que cuando GonzálezTrevijano fue investigado en 2014 por contrataciones ilegales durante su etapa como rector, se hubiera atendido a otro alertador de corrupción, el profesor Salvador Perelló, quien denunció a GonzálezTrevijano — literal— por haber tejido una tupida trama clientelar y amparado contrataciones ilegales de profesores. Si esta ley se hubiera aprobado hace años, el alertador, David Ríos, exvicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, habría sido atendido cuando denunció a GonzálezTrevijano por gastar, presuntamente, 470 000 euros sin justificar en atenciones protocolarias. Y quizás hubiéramos evitado el deterioro de importantes instituciones constitucionales, que han llegado a ser presididas por personas más que inadecuadas. Nuestro sistema no puede permitir que personas vinculadas a denuncias de corrupción ocupen importantes instituciones del Estado. El deterioro de la institucionalidad constitucional conduce a situaciones de degradación de la democracia tan extremas como las que estamos viviendo estos días. Es una situación excepcional y más que discutible jurídicamente que, por ejemplo, el máximo órgano de garantías constitucionales, el Tribunal Constitucional, acuerde suspender una tramitación parlamentaria y prohíba a la sede de la soberanía nacional cumplir su labor legislativa. . Pero lo que rompe las reglas del Estado de derecho y de la democracia es que esa excepcional suspensión de la actividad de la sede de la soberanía nacional se efectúe sin ninguna fundamentación jurídica, (muestra un documento), apenas utilizando un párrafo que solo cita, que no fundamenta, la aplicación de una norma. Asimismo, carece de apariencia de legalidad que el fundamentado escrito de los servicios jurídicos del Senado de España, que reclama al Tribunal Constitucional la reanudación de su actividad legislativa, haya sido denegado con una frase, con una frase y sin citar una sola norma jurídica, rompiendo las reglas más básicas del Estado de derecho. . En todo caso, gracias a estas enmiendas que ha presentado Unidas Podemos en el proceso legislativo, esta ley va a recoger importantes avances, como que las fuerzas y cuerpos de seguridad también puedan estar protegidos para denunciar supuestos de corrupción. . También hemos considerado que se amplíe considerablemente el número de personas que pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita para hacer frente a estos supuestos de corrupción y poder denunciarlos. También se va a garantizar asistencia jurídica no solamente en procesos penales, sino también en procesos civiles transfronterizos. .

Enrique Fernando Santiago Romero UP

Se incluye — muy importante— que las infracciones penales o administrativas graves que impliquen quebranto de la Seguridad Social también puedan ser denunciadas y que se dé la debida protección a quien las hace, porque ningún tipo de represalia es posible y de lo que se trata precisamente es de garantizar que no haya represalias a quienes denuncian corrupción. Quiero acabar ofreciendo esta ley a las personas ya citadas, que han tenido la valentía de denunciar estos casos de corrupción, y a otras personas, en especial el exteniente del ejército, Luis Gonzalo Segura, quien denunció múltiples fraudes, reunió documentación sobre facturas y desajustes en contabilidad y acabó por ello expulsado del Ejército, y a doña Azahara Peralta, exdirectora de obra en la empresa estatal Acuamed, quien denunció irregularidades en compensaciones económicas acordadas en favor de empresas que aparecían en los papeles de Bárcenas y que pagó también con su empleo. Agradecemos el trabajo de todos los grupos parlamentarios y nos felicitamos por que tengamos una norma más para perseguir los supuestos de corrupción. Muchas gracias. .

Uxía Tizón Vázquez PsdeG-PSOE

Gracias, presidenta. He tenido que afrontar acoso, amenazas e incluso un despido por negarme a hacer determinadas prácticas ilegales. No ha sido un trayecto fácil. Mis propios compañeros me decían: esto es lo normal, si no lo haces tú, lo hará otro; no te metas en líos. Caso Ballesteros, dentro del caso Acuamed. Yo quería hacer las cosas bien. Como alcalde quería que mi pueblo dejase de ser el cortijo de unos pocos, donde todo se hace de cualquier manera. Tras denunciar los hechos, dos personas me abordaron en el monte y me dieron una paliza brutal que me generó un coágulo en el cerebro y varios días de hospitalización; caso Lobato, tras denunciar las malas prácticas de su partido. Dos casos, dos ejemplos que podrían contarse por centenares en el ámbito público, privado y político. Señorías, es un orgullo poder presentar hoy en este hemiciclo una asignatura pendiente, una ley innovadora y necesaria. Es una ley que promete cambiar las reglas del juego con una naturaleza única y desconocida hasta el momento, porque cuando hablamos de corrupción e infracciones del ordenamiento jurídico referimos sus causas y remedios, pero no las condiciones y circunstancias de sus denunciantes. Por ello, esta ley tiene como fin combatir estas situaciones irregulares tanto en el sector público como en el privado, pero también garantizar la transparencia. Es lógico que al Partido Popular no le guste. ¿Cómo le va a gustar? ¿Cómo les va a gustar cuando su Gobierno en 2017 no tomaba en consideración las recomendaciones de Transparencia Internacional? . ¿Cómo le va a gustar al primer partido condenado por corrupción en democracia? ¿Cómo les va a gustar a ustedes, que tienen pánico a eso de tirar de la manta? A VOX tampoco le gusta, pero nada nuevo cara al sol. . Señorías, hasta el momento la protección a los denunciantes estaba huérfana; denunciantes que, pese a su aportación social, han sufrido y sufren persecución laboral, daños en su reputación y problemas de salud. En los últimos años más del 36 % de los que hicieron públicas irregularidades manifestaron haber sufrido algún tipo de represalia. Este texto persigue crear un clima de confianza con la Administración para hacer la vida más fácil al ciudadano que cumple con sus deberes éticos y sociales. Se acaba con el estigma del chivato que se convierte en informante. ¿Por qué? Porque pequeñas informaciones a tiempo pueden evitar grandes catástrofes. Es una norma que de manera escrupulosa y garantista nos hará mejorar como país en los rankings que elaboran organizaciones internacionales como GAFI, Greco o Transparencia Internacional. Decía Cicerón ya en época romana que la honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad ni recompensa ni provecho. Con esta ley, señorías, se protege al honrado que, sin duda, será fundamental para construir un país mejor. Por eso, quiero dar las gracias al señor Bal y también al resto de partidos que sí han colaborado porque con diálogo podemos conseguir grandes cosas y, por supuesto, a mis compañeros: Paco, Gema y a mi querido Chus, porque sin ellos esta ley no podría haber sido posible. La lucha contra la corrupción es marca de este Ejecutivo, está plasmada en los objetivos del IV Plan de Gobierno Abierto y esta ley viene a dar respuesta a ese compromiso. Cualquier persona vinculada con el sector público o privado podrá poner en conocimiento de la autoridad independiente de protección al informante operaciones, subvenciones o adjudicaciones sospechosas, y se le otorgara una protección real y efectiva ante cualquier represalia personal o contra su entorno. Es un amparo, señorías, custodiado por un régimen sancionador que actuará en caso de acciones u omisiones que limiten los derechos y garantías introducidos en esta ley, obstaculizando, impidiendo o ralentizando las informaciones. Se mantienen las vías de denuncia existentes y se suman a todas las medidas antifraude desarrolladas a lo largo de esta legislatura. Esta norma no solo representa la lucha contra fraudes y violaciones del derecho español y de la Unión Europea. También representa la lucha por la regeneración democrática y por la higiene en las instituciones, esas mismas instituciones a las que muchos de ustedes, señorías de la derecha y la ultraderecha, les han perdido el respeto porque se creen ustedes propietarios de ellas , porque las bloquean y las quieren manejar a su antojo. Permítanme que les diga que eso también es una forma de corrupción, y no podemos ni consentirlo ni normalizarlo. . Señorías, ni la ciudadanía ni los poderes públicos deben permanecer impasibles ante la corrupción, las injusticias o los hechos irregulares. No debemos permanecer impasibles ante la vulneración de los principios básicos de un Estado de derecho, y esta ley marca el inicio de un camino. Como decía Sabina en sus canciones, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Muchas gracias. .

Pilar Llop Cuenca

Muchas gracias, señora presidenta. Tomo muy brevemente la palabra para agradecer a todos los grupos parlamentarios el diálogo y el alto nivel de consenso que han tenido en un texto muy importante en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Damos un paso más hoy en nuestro país, y cuando sea aprobado definitivamente en la Cámara Alta, en el Senado, en materia de lucha contra la corrupción. Realmente, encajar una figura tan novedosa como es el informante de infracciones normativas en nuestro sistema y deslindar muy bien la línea roja de la denuncia de la corrupción en el ámbito de los juzgados — en el ámbito penal— ha sido muy complicado, pero quiero felicitar a los portavoces de los grupos parlamentarios por la labor que han realizado, su comprometido trabajo y su comprometida vocación en esta área. Especialmente, quiero dar las gracias a la señora Tizón, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por sus buenas explicaciones y aclaraciones en el ámbito del debate. Rompemos así el primer eslabón de esa cadena de corrupción, y creo que es algo muy importante. Muchos países de la Unión Europea todavía no han podido abordar el encaje de esta figura precisamente, como ya digo, también por su complejidad. Por último, quería dar las gracias, cómo no, a los protagonistas de toda esta historia, a esas personas que con su valor se atrevieron en algún momento a informar y a denunciar y no encontraron en nuestro sistema una respuesta adecuada a esta problemática por parte de las instituciones. Así que, muchas gracias a todos ellos por su colaboración, porque han sido realmente el germen, el inicio de que hoy se apruebe aquí este dictamen. Y, por último, quiero felicitar las fiestas a todas sus señorías y desearles una feliz Navidad en nombre de todo el equipo del Ministerio de Justicia. Muchas gracias. .

José María Mazón Ramos PRC

Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Señorías, el PRC es un partido que siempre ha estado apegado al sector pesquero. Lo ha demostrado a lo largo de los años, especialmente otorgando ayudas para renovar la flota y haciendo grandes inversiones en infraestructuras portuarias, tanto las terrestres — lonjas, fábricas de hielo o grúas— como las marinas — nuevos puertos, diques, dragados, etcétera—, y lo hemos hecho porque estamos apegados a la tierra, al pueblo. El mar es una parte imprescindible de la idiosincrasia, y no solamente por razones económicas. . Conocido el contenido de esta ley, nos pusimos en contacto con el sector y con los responsables de la Consejería del Gobierno de Cantabria. La primera lectura fue muy negativa y, por eso, presentamos quince enmiendas intentando paliar los efectos negativos que denunciamos en la propia Comisión en la que, por cierto, muchos representantes del sector, la mayoría, expresaron una opinión muy crítica sobre el proyecto de ley. De nuestras enmiendas solo ha prosperado una, referente a la pesca recreativa en aguas interiores regulada en la ordenación autonómica. Las demás han sido rechazadas, incluidas aquellas que afectan directamente a las competencias de la comunidad autónoma, como la extracción de algas o las autorizaciones para obras, instalaciones y actividades en aguas interiores, o la de las subespecies supuestamente invasoras, ya que meten a todas en el mismo saco. Hay especies alóctonas que son beneficiosas y no perjudican a la flora autóctona, como la almeja japonesa, que no ha desplazado a la local. Es como si quisiésemos eliminar las palmeras del norte de España porque no son autóctonas. También han vetado una enmienda para beneficiar al personal de las lonjas. Yo espero que rectifiquen en otra norma. Tampoco se entiende muy bien el rechazo a ampliar en veinticuatro horas el plazo para el cierre de las pesquerías, pero lo más preocupante es la incidencia económica directa que queda sumida en una gran inseguridad jurídica. Resumo los aspectos más importantes: El Gobierno aumenta del 3 % al 5 % ―y con posibilidad de llegar al 10 %― la detracción de las posibilidades de pesca, es decir, la reserva que se asigna el Gobierno cuando hace los repartos. Como esto es un pastel a repartir, los pescadores ya nunca podrán estar seguros de su parte. Los nuevos criterios de reparto quedan tan abiertos que provocan una gran inseguridad o, lo que es lo mismo, una gran desconfianza. Lo que pretende el sector es que se mantengan los mínimos actuales y que los nuevos repartos no puedan afectar a estos. Que afecten a nuevas especies o aumentos de cuotas sí, pero no a aquellos que comprometen el diseño económico de las empresas. También resulta muy negativa la pérdida automática de los derechos de la cuota no utilizada sin compensación alguna. Hay ocasiones en que estas posibilidades de pesca son transferidas para la viabilidad de las empresas. Muchas dirigen la pesca a unas especies y utilizan las cuotas de otras que no les resultan tan viables según las circunstancias temporales, pero logran una mayor rentabilidad.

José María Mazón Ramos PRC

Ya existe el denominado mecanismo de optimización anual, que es suficiente. En conclusión, con el texto del dictamen que nos llega no podemos aprobar esta ley. Muchas gracias.

María Fernández Pérez NC-CCa-PNC

Gracias, señor presidente. Señorías, la verdad es que, al igual que uno se sube aquí y es crítico cuando toca, también toca reconocer cuando las cosas se hacen bien. Esta ley de pesca, a pesar de que el texto inicial no era el ideal — el final, tampoco―, sí que es verdad que se ha llevado con sus tiempos, con su debate, con su escucha a los expertos, con su capacidad negociadora y con todo esto que, si se hiciera en todas las leyes, no estaríamos con los líos con los que estamos. Esto no es una crítica velada al PSOE, porque en esto todos los grupos que han gobernado ―PP y PSOE― han dado feos ejemplos de legislar mal, sin debate, a través de enmiendas, esto que está tan de moda ahora. Todos son culpables. Lo que debería ser una excepción se convierte en la norma y, sin embargo, lo que debería ser la norma es una excepción. Esta ley ha sido una excepción porque se ha trabajado y se ha dialogado. Me siento especialmente orgullosa de que, a través del diálogo con la portavoz socialista, hemos conseguido convertir una ley en la que no se reconocía la especificidad canaria ―ese reconocimiento que sí tenemos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se contemplaba en un principio― ni era útil para el sector pesquero canario en una ley que sí. ¿Por qué? Porque se reconoce específicamente eso, que las normativas tienen que ser adaptadas a nuestra especial condición de región ultraperiférica. Se reconoce nuestro estatuto, las aguas canarias y se reconoce también otra cosa muy importante, la escucha al sector pesquero. Algo en lo que incidimos muchísimos grupos y para lo que presentamos muchísimas enmiendas de consulta previa al sector y todas fueron aceptadas. Esto yo lo agradezco, pero no solo yo, sino también el sector, que, no nos olvidemos, es para quien estábamos legislando. También me siento orgullosa de haber conseguido negociar la débil definición de la pesca recreativa. No es la ideal, repito, pero nos vamos acercando un poquito más a definir ese sector que, desgraciadamente, no se va a regular en esta ley, sino que se va a regular en una ley posterior, pero hemos dado pasos hacia delante. Sí que es verdad que me dolieron un poquito los vetos del Gobierno a dos enmiendas que creemos que son básicas. ¿Por qué me duele el veto del Gobierno? Porque vetando enmiendas vetas el debate, vetas la posibilidad de llegar a acuerdos, vetas que, ni siquiera, se hable de la importancia de esas enmiendas. Como bien he dicho, el sector recreativo queda delegado a una norma posterior, por lo que nos parecía injusto que en esta norma ―en la que no se les va a regular ni se reconoce la extensión de su actividad― se les impusiera una tasa. Una tasa que va a afectar a ese señor de La Restinga que sale con su cañita de pescar y que pesca para comer en su casa y para cenar en su casa. Sin embargo, luego, cuando tienes que ordenar el sector, no se ordena. Nos pareció injusto. Se veta esta enmienda cuando es una tasa de nueva creación, que no tiene ningún impacto en los presupuestos, y que si te vas a mirar la recaudación y no llega ni a los 400 000 euros. Se está vetando el debate y la posibilidad de llegar a acuerdos. Por supuesto, no quiero olvidar al buque oceanográfico con sede permanente en Canarias, que también nos han vetado la posibilidad de debatirlo y de arrancar acuerdos. En definitiva, nos sentimos muy orgullosas del trabajo que hemos hecho las diputadas canarias para convertir una ley de pesca en una ley muy poquito más útil para la pesca canaria.

María Fernández Pérez NC-CCa-PNC

Mantendremos unas enmiendas — y ya termino— que lo que vienen a decir es que se escuche también a las federaciones pesqueras, sobre todo, cuando hablamos de pesca artesanal o de pesca recreativa, que necesitan que se les escuche cuando se afecta a cuestiones básicas para su trabajo. Muchísimas gracias, señor presidente.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Gracias, señor presidente. Egun on. Buenos días a todas y a todos. Yo nací en un pueblo pesquero y marinero, un pueblo con una larga tradición, que ha vivido mirando al mar durante toda su vida. Yo he visto el pasado esplendoroso de la mar, de la pesca, de la actividad, con un puerto lleno de barcos. He visto el presente trabajoso y miro con tristeza un futuro incierto. Comparto pueblo con el Premio Nacional de Narrativa, Kirmen Uribe, que tanto escribió sobre la mar. Hay unos pasajes preciosos en su novela BilbaoNew YorkBilbao cuando habla de las peripecias de su padre, marinero, en Rockall, allí al norte de Escocia, al oeste de las Hébridas, un lugar inhóspito donde los vascos hemos ido a pescar buscando nuestro futuro. Seguramente cualquier lugar marinero y pescador ha tenido también sus historias, cada uno tiene las suyas. Por eso, me parece que en nuestro caso el tema pesquero está muy muy dentro de nuestro corazón. Él es hijo de hombre de mar, yo soy hijo de hombre de puerto, pero el mundo afectivo que tenemos es el de la mar y la pesca. No podemos distinguir la mar de la pesca y no podemos hacer un elemento nostálgico de la mar como algo bonito sin conocer lo dura que es la actividad pesquera. La pesca, como actividad económica que es, no nos olvidemos — ha dado de comer y es para dar de comer a la gente—, tiene que ser una actividad regulada. De eso no hay ninguna duda y, evidentemente, esta ley ha venido para adecuarse a la nueva realidad tanto europea como en el ámbito en el que nos movemos. Es verdad que estamos en vísperas de que se trace la nueva política pesquera común, pero el Gobierno nos ha traído una ley con el objetivo de que marquemos las líneas de una pesca sostenible. Y pregunto yo: ¿la pesca ha de ser sostenible? Sin duda alguna, pero la sostenibilidad no puede obviar sus tres aspectos: ha de ser sostenible ecológica o medioambientalmente, pero no puede dejar de ser sostenible ni económica ni socialmente; es decir, debe haber sostenibilidad en los tres ámbitos, pero a veces es muy complicado aunar los tres intereses. Por eso hemos tenido problemas con la redacción original de esta ley. Ha habido largas y duras negociaciones para poder alcanzar un acuerdo; un acuerdo en el que, desde nuestra perspectiva, lo primero que pusimos sobre la mesa eran los intereses del sector para el futuro, porque quizá habrá cada vez más peces con un planteamiento de sostenibilidad, y está bien, así ha de ser, no podemos esquilmar la mar, tenemos que mantenerla viva, pero también tenemos que hacer para que haya pescadores, porque si no, la actividad pesquera va a desaparecer, y lo que es peor, seguirá habiendo peces y pescado en las pescaderías, pero vete tú a saber de dónde han venido y cómo han sido pescados. Esta ley debe valer para todo eso. No nos olvidemos de que tenemos que hacer una ley dirigida a quienes se dedican a ello, al sector pesquero. Evidentemente, nos importa que haya pescado, pero creemos que el protagonista es el sector y es el que debe mantener la garantía de su futuro. Por tanto, la ley no puede ser una ley contra los pescadores, ha de ser una ley para los pescadores. Hemos alcanzado acuerdos, aunque nos ha costado. La ley original, el texto que trajo el Gobierno, tenía una perspectiva que en cuatro aspectos hemos conseguido modificar y estamos contentos con ello. Las negociaciones no son nunca ganar diez a cero, con un empate a cinco está bien. Hemos modificado la disposición adicional cuarta, en la que se dice ahora que la vigencia de los repartos anteriores no se verá afectada por la entrada en vigor de esta ley y creo que es un gran logro. Es una garantía, una tranquilidad y una seguridad para los pescadores que están trabajando con la perspectiva de hacer inversiones o de ampliar su flota. No pueden estar al albur de lo que en un momento dado el Gobierno pueda decidir sobre cómo van a ser sus repartos. También creo que bajar la reserva que se guardaba el Estado de un 10 a un 5 %, y en un caso excepcional al 10 % ―nosotros pedíamos el 3 %, creemos que es suficiente―, es también un buen acuerdo. Sobre las competencias de las comunidades autónomas algunos creemos que son más de las que el Gobierno cree que son, pero en cualquier caso hemos conseguido ―ya lo han dicho otras personas― que, cuando se vayan a tomar decisiones, sea consultado no solo el sector, sino también las comunidades autónomas que tienen competencias en materia pesquera. Siempre creemos que el Estado entra más de lo que le corresponde, pero es lo que está en la ley. Por último, creo que hay que poner en valor los centros de investigación. No nos olvidemos de que esto es una ley de sostenibilidad pesquera, pero también de investigación pesquera y en Euskadi contamos con uno de los centros de investigación más potentes que existen, no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo, que es AZTI. Creo que hay que poner en valor los centros de investigación para que puedan asumir ―que se ponga así en la ley, porque ya las están asumiendo de facto― capacidades de investigación y representación en los órganos más importantes de investigación pesquera a nivel mundial. Creo que ese era un reconocimiento que debía aparecer y estamos contentos de que sea así. Por último, afortunadamente la ley contempla los índices reductores de neskatillas, rederas y empacadoras; personas que han trabajado en el mundo relacionado directamente con la pesca de una manera injusta y olvidada durante tantos años. Es un reconocimiento por parte de todos a la labor de estas mujeres porque a partir de esta ley serán reconocidos esos índices reductores para una más que merecida jubilación en el futuro. Esta ley no es nuestra ley, evidentemente. Modifica cosas que no hacía falta que se modificaran y pronto tendrán que venir otros cambios nuevos por parte de Europa, y ya veremos. En cualquier caso y a raíz de los últimos acuerdos que hemos conseguido, votaremos a favor de la ley. Muchas gracias, señor presidente. .

María Carmen Martínez Granados Cs

Gracias, presidente. Señorías, hoy debatimos una ley importante. Ha sido la primera ley relacionada con la pesca que he podido tramitar como portavoz de agricultura, ganadería y pesca aquí en el Congreso. Tengo que decir que he aprendido mucho. Creo que el sector necesitaba una ley y el texto de partida era insuficiente. Desde el inicio de la tramitación de esta ley, con las comparecencias que tuvimos en la Comisión, nos dimos cuenta de que era un texto base que había que mejorar y así nos pusimos a trabajar, como hacemos siempre, para intentar mejorarla. Creemos que el sector pesquero, por su naturaleza, es fundamental como soporte de una alimentación equilibrada, propia de la dieta mediterránea, y de un sector primario fuerte, sostenible y viable. Da empleo, fija población y aporta un sello de calidad a nuestro producto, al producto que nuestros pescadores nos traen y que nos permiten disfrutar a todos los españoles. Son casi nueve mil buques operativos en el Registro General de la Flota Pesquera española, con una producción que ronda el millón de toneladas. España es uno de los países pesqueros más importantes de la Unión Europea. Por otro lado, quiero destacar también que las aguas españolas son muy ricas en términos de biodiversidad marina. Esto hace que, según la FAO, España sea el país del mundo donde más alimentos de origen marino consumen sus habitantes, pero también nos obliga a buscar siempre el equilibrio entre esa abundancia y la indispensable sostenibilidad de la actividad pesquera, siempre en relación con esos recursos naturales. Es vital apoyar al sector en momentos tan delicados como los que está atravesando y, en especial, desde la invasión de Ucrania y la fuerte escalada de sus costes. Es un apoyo que hemos demandado al Gobierno ya desde marzo, mediante diversas preguntas escritas. Precisamente por esa naturaleza específica del sector primario, reclamamos al Ejecutivo más esfuerzo para impulsar la contratación fija discontinua en este sector, dirigiendo también preguntas al Gobierno. Celebramos que se haya llegado a un acuerdo en Bruselas sobre las cuotas, pero es necesario ajustarlo mejor a las necesidades de los caladeros en territorios como Andalucía, donde con los fuertes recortes en las cuotas para el arrastre mediterráneo, la cigala atlántica o la gamba roja llueve sobre mojado. Si los cálculos del Gobierno sobre las cuotas o los factores de sostenibilidad de los caladeros se desvían tanto de la realidad, corremos el riesgo de quedar a merced de la competencia y la exportación pesquera de terceros países. En este sentido, es importante que la decisión final sobre la revisión del veto a la pesca de fondo deje de posponerse. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario ha presentado múltiples enmiendas que se agrupan en torno a tres ejes: la viabilidad, la sostenibilidad y la renovación. Así, hemos defendido una mayor participación del sector en las decisiones que determinan la política pesquera de nuestro país, así como un mejor asesoramiento científico y técnico y una gestión más cercana al caladero en cuestión. Ciudadanos ha defendido también un mayor peso de la pesca no industrial en este proyecto de ley, como son los casos de la pesca recreativa, submarina y, en especial, la pesca artesanal. Se favorecen así las técnicas de pesca más selectivas y con menor efecto sobre el medio ambiente, que son las que más contribuyen a dinamizar las sociedades costeras y las que tienen un mayor peso cultural. Además, cabe señalar que la pesca submarina es también un deporte en el que la selección española es la más laureada de todas las disciplinas. Nuestro grupo parlamentario defiende también limitar las posibilidades de transmisión temporal de las posibilidades de pesca, en beneficio, siempre y previamente, de la pesca artesanal y de la pesca de pequeña escala, con el objetivo de equilibrar la obtención de beneficios extra por parte de grandes armadores con la distribución y la penetración de riqueza y empleo en los territorios que suponen siempre estas artes menores. Hemos presentado varias enmiendas y hemos podido negociar con el Partido Socialista varias enmiendas, y hemos firmado varias enmiendas transaccionales con las que estamos muy contentos, aunque no hemos podido conseguir negociar con el Partido Socialista la asignación de posibilidades de pesca. Nosotros sí creemos — añadimos una enmienda en este sentido— que la actividad pesquera desarrollada históricamente siempre se refiere a las cifras históricas y esta ley no ayuda a ese relevo generacional que nosotros creemos que sí podría existir. Es por esto que la asignación de pesca tendría que tener otros criterios. Aun así, seguiremos trabajando en el Senado para sacar adelante alguna enmienda transaccional más. Ciudadanos apoyará este proyecto de ley. Creemos que es un primer paso, y seguiremos trabajando en el Senado. Quería dar las gracias a los ponentes del Partido Socialista, en especial a María Luisa, que ha sido la persona que ha tratado conmigo más directamente, por el buen trato. Espero, de verdad, que en el Senado podamos sacar alguna transaccional más. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Estamos delante de una ley que regula un sector muy importante en Galiza, fundamental en nuestra economía, un sector que, además, se ha visto en las últimas décadas amenazado de forma permanente: ha visto reducida su capacidad, de manera más reciente con la limitación de pesca en distintas zonas del Atlántico a las artes de fondo; por el reparto de la cuota, por ejemplo en el jurel, incluso por el oligopolio eléctrico, con proyectos de eólica marina que afectan a importantes caladeros de nuestra costa. A nuestro juicio, esta ley es insatisfactoria. Reconocemos algunos avances, como, por ejemplo, la introducción de criterios socioeconómicos para los nuevos repartos, aunque la reserva inicial del 10 % queda reducida con carácter general al 5 %. Hemos presentado cincuenta y seis enmiendas, de las cuales tres se han aceptado y se han incorporado, y son importantes: por ejemplo, la elaboración de un catálogo de enfermedades profesionales en sectores como el marisqueo, el buceo en apnea, los percebeiros, etcétera; garantizar el voto a los marineros embarcados, o el impulso a convenios colectivos que establezcan condiciones de trabajo dignas. Sin embargo, como decía, nos parece insatisfactoria porque para nosotros hay cuestiones claves que quedaron fuera: no es lógico que esta ley parta del principio de estabilidad relativa, porque se debe revisar ese principio que limita nuestra capacidad pesquera, la declaración de Galiza como zona altamente dependiente de la pesca y, en consecuencia, la representación directa ante la Unión Europea y la capacidad de negociación, porque nos afecta de forma muy directa; el respeto a las competencias de Galiza en materia pesquera y la defensa del autogobierno, es decir, esto que ustedes llaman cogobernanza, pero que a la hora de la verdad no se plasma; la prohibición de la eólica marina en nuestra plataforma continental, así como de la minería submarina; favorecer, por ejemplo, la investigación pesquera y el impulso al complejo mar-industria y a su enorme potencialidad, incluida, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, la transferencia de los centros del IEO. Pero también fueron vetadas todas las enmiendas que tenían que ver con el aumento de coeficientes reductores o su aplicación, por ejemplo, al servicio de guardacostas de Galiza. En fin, son muchas cosas muy muy importantes las que quedaron fuera. Por eso, decimos que, con algunos avances, es insatisfactoria, y por tanto, nos vamos a abstener. Obrigado.

Concep Cañadell Salvia JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Gràcies, president. Hoy finaliza el trámite parlamentario del Congreso del proyecto de ley de pesca sostenible. El PDeCAT presenta quince enmiendas con el objetivo de mejorar el texto inicial. Hemos transaccionado cinco de ellas y hoy se votarán las diez enmiendas restantes, para las que pedimos el apoyo de los grupos. Para nosotros era importante revertir la tendencia centralizadora del proyecto de ley, siendo muy esporádicas las delegaciones que se realizaban a las comunidades autónomas y al propio sector. También manifestamos nuestra preocupación por la disposición adicional cuarta, sobre los repartos de posibilidades de pesca anteriores a la entrada en vigor de esta ley, porque la redacción era ambigua, dejando abierta la posibilidad de que se pudieran modificar los repartos ya realizados hasta la fecha y generando inseguridad jurídica para las empresas. Celebramos que, con el redactado actual del texto, con la transaccional firmada, las cuotas actuales se mantengan y den la seguridad que se merece el sector. De las enmiendas pendientes de votación, me gustaría destacar las 297, 298 y 299, que hacen referencia al artículo 36, sobre cierre de pesquerías. Entendemos que es importante incluir una referencia al cumplimiento de la obligación del desembarque y ampliar el plazo de veinticuatro a cuarenta y ocho horas. Respecto al artículo 40, sobre reservas de posibilidades de pesca, nuestra enmienda 301 solicita la supresión del apartado d), relativo a permitir la entrada en una pesquería de buques que no reúnan los requisitos de actividad histórica exigidos en la misma, cuando tal circunstancia sea consecuencia de reducciones en las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España. Muchas gracias.

Francesc Xavier Eritja Ciuró ERC-S

Gracias, presidente. Trazaré el panorama de los últimos veinticinco años. Inicialmente, la Unión Europea potenciaba la sobrecapacidad con el objetivo de muscular un modelo de pesca industrial muy centrado, sobre todo, en la zona atlántica. Fue entonces cuando el propio pescador percibió que era un buen momento y que, por lo tanto, aunque las organizaciones ecologistas y de científicos ya alertaban de que con la situación de los caladeros no era recomendable aumentar la flota, lo que hacían era aumentar muchísimo los recursos y la infraestructura para la flota. Diez años más tarde, Bruselas revisó su política y reconoció que se había equivocado. Desde entonces, la Unión Europea tiene muy claro que, ante todo, se debe garantizar la sostenibilidad del sector. Nuestro grupo cree que deberíamos ir más allá y darle un enfoque sistémico a la gestión pesquera para la conservación, por un lado, de los ecosistemas, y, por otro, de los recursos pesqueros. Debemos hablar de recursos biológicos marinos, no solo de recursos pesqueros. En ese sentido, la pesca debe ser sostenible — como se ha dicho aquí— ambiental, económica y socialmente. Nosotros creemos que eso solo puede garantizarse con modelos de gestión muy próximos y descentralizados; es la única manera de garantizar, realmente, la sostenibilidad de un modelo y de una actividad. En el Mediterrani y, en particular, en Cataluña la pesca es un sector socioecológico. Tenemos unos ecosistemas explotados desde hace más de dos mil años y, por tanto, ya están definidos a partir de un cierto nivel de impacto humano. Y, al lado, tenemos una estructura social — esto es importante—, cultural e identitaria, incluso integrada por lonjas y cofradías, muy bien articulada en el territorio y, a la vez, muy frágil. Por tanto, es un verdadero ecosistema social; no es solo un ecosistema de pesca, sino un ecosistema social. Para nosotros, eso es fundamental. La flota es una flota costera, a la cual pertenece la mayoría del sector de arrastre, de cerco y de ciertos palangres. . De industrial hay muy poca y, de hecho, Cataluña es muy representativa de la típica flota mediterránea. Nuestro modelo, de hecho, defiende a ultranza la cogestión como modelo de garantía de sostenibilidad, desde la proximidad al sector y al territorio. En ese sentido, hemos presentado el grueso de nuestras enmiendas. Cataluña ha sido pionera y es la única Administración en el ámbito europeo que ha creado una normativa y un marco jurídico específico para la cogestión pesquera, es decir, descentralizar la toma de decisiones — para nosotros, esto es fundamental—, no solo territorialmente: cada pesquería se gobierna mediante un comité de cogestión formado, por un lado, por representantes de la Administración, y, por otro, el sector pesquero, las ONG del territorio y, también, los científicos. Por lo tanto, es un modelo de gestión participativo, un modelo de cogestión. Las decisiones se toman entre esos cuatro actores. Fue regulado mediante un decreto del 2018 y hoy somos un ejemplo reconocido mundialmente, tanto por la FAO como por la Unión Europea. Ahora solo nos faltaba el reconocimiento del Estado español mediante, precisamente, la inclusión de este modelo en la propia ley. A pesar de que no se ha querido reconocer el carácter vinculante y decisorio de este modelo, hemos conseguido que se reconozca el modelo de cogestión como un modelo más de gestión pesquera en el Estado español. En Cataluña, no solamente es un modelo vinculante, es el principal modelo de toma de decisiones. Este modelo se sustenta en otro elemento que para nosotros es fundamental, ya que conforma una de las cuatro patas del comité de cogestión, que es la investigación pesquera. Concretamente, el reconocimiento de IcatMar como centro de investigación de referencia supone para nosotros una prioridad política en estos momentos. El IcatMar forma parte de un proyecto político en Cataluña y supone desarrollar las competencias traspasadas hace treinta y cinco años. Evidentemente, podríamos haber decidido crear el IcatMar sin el CSIC, pero teniendo en cuenta que Barcelona contaba ya con el mejor centro oceanográfico del Mediterráneo decidimos esta fórmula mixta, un órgano de cooperación de acuerdo con la normativa catalana. En ese sentido, otro paquete de enmiendas ha ido dirigido precisamente a reforzar este reconocimiento. Finalmente, se ha podido sumar el reconocimiento del Instituto Oceanográfico como referente de investigación en el Estado, junto con otros centros de investigación de ámbitos estatal y autonómico designados para esta materia. Por lo tanto, no se limita simplemente al Instituto Oceanográfico, sino que realmente se amplía mucho más. La cultura de trabajar conjuntamente científicos y el sector, cuando en otros lugares suponen ámbitos muchas veces antagónicos, ya hace años que en Cataluña se ha implantado. Ya, para terminar, insistimos, en que el modelo de cogestión funciona porque la toma de decisiones se realiza desde donde corresponde, desde la proximidad y la descentralización. En ese sentido, creíamos que en esta ley la figura de la gestión de caladero único del Mediterráneo se iba a superar, en un intento de acercar la gestión a la realidad territorial y a las necesidades de las pesquerías, pero no ha sido así. Creemos que hoy en día no tiene ningún sentido científico ni técnico seguir manteniendo un subcaladero mediterráneo único a efectos de gestión, que comprende desde el Mar de Alborán hasta el Golfo de León. Para nuestro grupo, es vital que la gestión se pueda hacer por GSA, que son las unidades de gestión establecidas por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO y reconocidas por la Unión Europea. Son unidades de pesquería mucho más concretas, que responden realmente a las necesidades de las pesquerías. En todo caso — ya termino—, aunque creemos que esta ley podía haber sido mucho más ambiciosa y aunque vemos peligrosa la rebaja de algunos criterios ambientales y el papel poco relevante que adquiere la investigación científica, la vamos a votar favorablemente. No es nuestra ley, pero hemos conseguido reforzar y reconocer el modelo catalán, que para nosotros es un modelo que realmente funciona. Muchas gracias. .

Antonio Gómez-Reino Varela EC-UP

Bos días. Buenos días, señorías. Debatimos hoy aquí una norma fundamental para nuestro sector pesquero, como es la ley de pesca sostenible, que tiene como objetivos principales fortalecer la conservación de los recursos pesqueros, favorecer la generación de riqueza y de empleo e integrar — esto es muy importante— el conocimiento científico como elemento condicional de nuestra práctica legislativa y, sobre todo, de las políticas públicas en materia pesquera. Es una ley en la que hemos trabajado todos los grupos con intensidad y que nuestro grupo lo ha hecho entendiendo, en toda su dimensión, la importancia crucial del equilibrio entre la salud de nuestros ecosistemas y la actividad de nuestro sector pesquero, que se constituye como un elemento vertebrador fundamental de la actividad económica de nuestros territorios marítimos y de nuestras ciudades y pueblos de la costa. Recordemos que el 95 % de nuestra flota que faena en el caladero dentro del Estado español pertenece al segmento de las artes menores y concentra el mayor número de barcos —6895—. Es una flota que se caracteriza, básicamente, por el empleo de prácticas artesanales, que faena cerca de sus puertos base en nuestras costas y que aporta a nuestras lonjas productos de calidad, consumidos diariamente en nuestras casas y también en la hostelería. En definitiva, es un sector que con trabajo y con esfuerzo — como gallego lo digo con orgullo, obviamente— realiza una aportación clave a la cobertura de las necesidades básicas de la población, siendo un pilar fundamental de nuestra soberanía alimentaria… .

Antonio Gómez-Reino Varela EC-UP

Decía que el sector pesquero se ha demostrado clave, no solo para garantizar nuestra soberanía alimentaria, sino nuestra alimentación, precisamente en un tiempo tan duro como el de la pandemia, donde estos trabajadores y trabajadoras demostraron estar comprometidos con la salud y la alimentación de nuestra ciudadanía. Proteger a nuestra pesca local ha sido la sana obsesión de mi grupo parlamentario durante todo este proceso. Hemos defendido un reparto justo de las cuotas, que no solo es una reivindicación justa, sino la salida más eficiente y solvente para el mantenimiento de la actividad económica y para la pervivencia de los ecosistemas marítimos y pesqueros. En este marco, veíamos necesario implementar mecanismos de reparto justo y equilibrado en las posibilidades de pesca, con el objetivo de acabar con su uso especulativo y con la tendencia privatizadora que se venían desarrollando soterradamente en las últimas décadas en el sector. Para ello, se requería establecer sistemas de gestión que permitieran una utilización más justa, eficiente y flexible de las cuotas de pesca, y podemos decir que por fin esto está recogido en esta norma. En primer lugar, entre los criterios de asignación de posibilidades de pesca, se tendrán en cuenta aquellos que causen menor impacto a los recursos y los que contribuyan en mayor medida a la economía local, que, evidentemente, es el camino a seguir en el sector. En segundo lugar, se proponen nuevos mecanismos por los cuales se facilita la transmisión de posibilidades de pesca entre buques, con el doble objetivo de favorecer la planificación empresarial y de optimizar el uso de las cuotas y los días de esfuerzo asignados al Estado español. Y — muy importante— cuando las cuotas asignadas a un buque no hayan sido utilizadas durante un periodo determinado de tiempo, por fin las administraciones públicas podrán volver a redistribuirlas y, en definitiva, hacer algo fundamental, y es que las cuotas de pesca sean realmente para quien las trabaja y para quien las necesita pescar. Asimismo, esta ley pone en el centro de las actuaciones públicas el conocimiento científico, condición de posibilidad para una gestión pesquera eficaz, sensata y viable, tanto para el futuro de la actividad pesquera como para los ecosistemas. Para ello se requieren y disponen recursos suficientes, rigurosidad en las prácticas de investigación y la implicación de los distintos actores concernidos, incluyendo toda la cadena de valor, a las administraciones públicas y, evidentemente, a los propios consumidores. Por otro lado, a iniciativa de diferentes ámbitos del sector, pero también quiero ponerlo en valor lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo en este ámbito, esta ley propone importantes avances en materia laboral y de justicia social para aquellos trabajadores y, especialmente, trabajadoras que venían sufriendo condiciones laborales muy difíciles. Estamos hablando de que se han conseguido importantes coeficientes reductores, una demanda histórica, para trabajadores y trabajadoras, como mariscadoras a pie, redeiras, neskatillas y empacadoras. Queda camino en este sentido, pero creo que tenemos que celebrar que por fin se cumpla con esta justa demanda de todas estas trabajadoras. En lo relativo a la adopción de medidas para la correcta conservación de los recursos pesqueros, la limitación del volumen de capturas, la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso y la talla de las especies o el establecimiento de vedas, se realizará siempre en colaboración con el propio sector. De esta manera, se refuerzan los lazos entre conocimiento científico, conservación y regulación de la propia actividad económica, lo que supone una mejora sustancial en lo que tiene que ver con la dinámica del ámbito legislativo con este sector, no como teníamos en otros momentos. Ahora bien, también debemos lamentar que, pese a los avances alcanzados durante el proceso de tramitación, han empeorado o se han revertido algunas de las propuestas de mejora que aparecían recogidas en el proyecto de ley en el Consejo de Ministros. Nos referimos aquí a asuntos como el mantenimiento en parte del mercado de posibilidades de pesca, lo que, a nuestro entender, supone la exoneración de prácticas de privatización encubiertas de lo que es un recurso público como es la pesca, un mercado cautivo que consideramos interfiere de manera negativa tanto en lo referido a las nuevas incorporaciones al sector como en lo que implica de sobrecostes para aquellos trabajadores, para aquellos pescadores, que tienen que comprar cuota para poder seguir desarrollando su actividad. Lo volvemos a repetir: la pesca para quien la trabaja. Echamos de menos también un enfoque ecosistémico transversal en el conjunto de la ley, y nos parece que han quedado tibios algunos de los pasos dados en materia de democratización y territorialización a nivel local de la cuestión de la gestión pesquera. Por último, nos parece que debíamos haber ido un poco más allá en la eliminación de los injustos criterios históricos en la asignación de políticas de posibilidades de pesca, que son fuente de desequilibrios en el sector y también territoriales. En resumen, y como conclusión, es una ley que trae importantes avances y que mejora de manera significativa la normativa vigente. En todo caso, en nuestro grupo parlamentario nos vamos a dedicar a seguir trabajando de la mano del sector y de las organizaciones ambientalistas, que han hecho que esta norma mejore las cosas, pero, evidentemente, queda mucho trabajo por delante. Muchas gracias. .

Carlos José Zambrano García-Raez VOX

Con la venia, señor presidente. Quiero empezar hablando, primero, sobre las formas. Señorías, el Grupo Socialista obtuvo mayoría en las últimas elecciones y es el grupo más numeroso, con ciento veinte diputados. Esa mayoría la obtenía con engaños y con falsas promesas, pero la obtuvo, y el ejercicio de esa mayoría es una responsabilidad. Sin embargo, desde el comienzo de la legislatura, desde el minuto uno, la actitud respecto al Grupo VOX ha sido la de rechazar sistemáticamente nuestras iniciativas y enmiendas, fueren las que fueren, aun cuando fuesen de evidente y palmario sentido común, y en la tramitación de esta ley no ha sido distinto. Esa actitud solo denota soberbia en el ejercicio de esa mayoría, una absoluta falta de humildad, que luego trae los problemas que trae y que todos hemos podido comprobar. Escuchar y razonar no es malo, no hacerlo solo perjudica al propio proceso legislativo, a la propia ley, sino que les encadena al sectarismo. Por ello, lo primero que debe interesarle al Grupo Socialista es un mínimo de humildad en el ejercicio de esa responsabilidad. . Señorías, al afrontar la Ley de Pesca lo primero que debemos considerar es que los recursos pesqueros son recursos públicos y, por tanto, pertenecen a todos los españoles, sin distinción de regiones ni otra consideración parecida. Por tanto, su regulación y gestión debe responder a un interés nacional y a la igualdad de todos los españoles. La ley y su desarrollo deben responder a una estrategia y una política nacional de pesca, en la que primen los intereses de España por encima de intereses partidistas, regionalistas o intereses de sectores empresariales concretos. El sistema autonómico implica un derroche de energías y recursos: diecisiete comunidades autónomas produciendo multitud de normativas dispares y diecisiete administraciones reclamando competencias, tributos y manteniendo una descomunal clase política, con sus correspondientes clientelas y servidumbres; a ello se le une el perverso reclamo de privilegios regionalistas. Esa realidad se traduce en desigualdades entre españoles de unas y otras regiones y esas desigualdades también se pueden reflejar en esta materia, en la pesca. Por ello, con nuestras enmiendas pretendemos que se profundice en la necesidad de eliminar desequilibrios y diferencias actualmente existentes entre buques y pescadores basadas exclusivamente en criterios regionales. Todos los españoles son iguales y debemos partir de esa igualdad a la hora de considerar los derechos sobre los recursos pesqueros. Deben desaparecer privilegios regionalistas. . Además, no es razonable que se haya aumentado la consulta obligada a las comunidades autónomas hasta, al menos, en treinta situaciones distintas en esta ley. Lo que debe primar es la consulta al sector afectado. Por otro lado, una auténtica política nacional de pesca es incompatible con el sometimiento a una Agenda 2030 y a los informes de un grupo de supuestos expertos sobre cambio climático, porque dichas agendas globalistas no tienen un plan realista para nuestro sector pesquero y su decisiones son tomadas de espaldas a los españoles y, muy especialmente, de espaldas al sector pesquero, a nuestros pescadores. Curiosamente, no hace mucho, el propio ministro, señor Planas, se lamentaba de que la Comisión Europea cerrase ochenta y siete áreas para la pesca de forma equivocada y sin tener en cuenta ni información científica actualizada ni, como decía el señor ministro, las consecuencias económicas y sociales de esta medida; así lo decía antes de inaugurar la Asamblea Nacional de Cofradías de Pescadores. Ese es precisamente uno de los criterios que ha tenido en cuenta nuestro grupo para elaborar nuestra enmienda y que, sorpresivamente, vimos, en palabras del propio ministro. Se trata de nuestra enmienda al artículo 4, enmienda que, sin embargo, el Grupo Socialista ha rechazado. El principio de precaución es útil si se aplica con proporcionalidad y atendiendo a las consecuencias económicas y sociales, y ese es el objetivo de la enmienda. Es absolutamente necesario destacar en la ley como principios rectores los beneficios sociales y económicos de la actividad pesquera. Entendemos que es de interés nacional un especial apoyo a dos sectores de población fundamentales: por un lado, la pesca artesanal, a los pequeños empresarios de la pesca, y, por otro lado, a los jóvenes. Ya se ha hablado aquí de las artes menores o pesca artesanal, que genera empleo, un empleo de calidad, y que genera, sobre todo, una importante actividad económica en la costa y que destaca por su aportación al producto interior bruto nacional. En nuestras enmiendas también insistimos en el apoyo a los jóvenes, en la necesidad de facilitar su incorporación a la actividad pesquera, en el convencimiento de que debemos asegurar el relevo generacional y salvaguardar la continuidad del sector pesquero español, que es el primero de la Unión Europea, con más de 8700 buques. Jóvenes e igualdad son los principios que se defienden en nuestras enmiendas al artículo 40, que pretenden que se blinde por ley el principio de apoyo a la juventud. Las reservas deberían haberse quedado en el 10 %. No tiene sentido que se haya reducido en el trámite parlamentario al 5 %. Defendemos que esas reservas se apliquen precisamente a esas posibilidades de apoyo a la juventud y al relevo generacional, que además podrán utilizarse para compensar desequilibrios en el reparto actual entre buques y regiones. No podemos estar de acuerdo con el texto que se ha dado a la disposición adicional cuarta, a la que se refería el Grupo Vasco. El texto inicialmente dejaba claro que los repartos… .

Carlos José Zambrano García-Raez VOX

Como les decía, el texto inicialmente dejaba claro que los repartos de posibilidades de pesca anteriores a la ley podrían modificarse por razón de la nueva regulación, y era lógico, porque ese es el principio de igualdad que les decía al comienzo. Sin embargo, los señores del Grupo Socialista han cedido a las pretensiones del Grupo Vasco y la vigencia de los repartos anteriores no se verá afectada por la entrada en vigor de esta ley. Sin duda, este texto dará problemas no solo ya en su aplicación, sino también en su interpretación. En definitiva, señorías, sea como sea, esta ley establece unas bases, incluyendo nada más y nada menos que dieciséis habilitaciones expresas de desarrollo y una genérica para desarrollarla por real decreto. Solo podemos instarle al ministerio para que no deje de escuchar a los pescadores, que recuerde que todos los españoles son iguales y que no olvide los beneficios sociales y económicos del sector pesquero: igualdad, jóvenes y ayuda a la pesca artesanal. Démosles un respiro y luchemos por blindar criterios de reparto que les permitan sostener sus barcos y sus familias. Muchas gracias. .

Joaquín María García Díez PP

Buenos días, señorías. Cuando conocimos la voluntad del Gobierno de presentar este proyecto de ley, fuimos muchos los que nos preguntábamos si esta ley era necesaria y fueron también muchos los que desde el sector pesquero nos dijeron aquí en sede parlamentaria cuando comparecieron — y cito textualmente—: Esta ley no ha salido como respuesta a una petición del sector, sino como una propuesta de un despacho ministerial. También nos preguntamos si este es el momento para traer este proyecto de ley. Posiblemente no, porque estamos a las puertas de una reforma de la política pesquera común, estamos en una situación económica muy preocupante y todo ello afecta al sector pesquero, que ha visto cómo se han ido incrementando sensiblemente todos sus costes de explotación, al tiempo que caían la venta y el consumo de los productos pesqueros. Pero por si lo anterior parece poco, solo por citarles algunos acontecimientos recientes, una parte de esta flota pesquera española se ha visto expulsada de más de ochenta y siete zonas de pesca en el Atlántico, mientras que en el Mediterráneo ya se acumulan desde 2020 más de un 30 % de reducción en los días de pesca de esta flota. Por cierto, el ministro Planas, que cuando anunció este proyecto de ley dijo que era el más importante de la legislatura para su departamento, hoy está ausente. . Señorías, toda ley debe perseguir varios principios fundamentales, entre ellos, dar mayor seguridad jurídica y herramientas para resolver y solucionar los principales problemas, pero también durante su elaboración debe contar con la participación de todos los agentes implicados, y en este punto quiero recordar algunas de las expresiones que esos agentes implicados nos dijeron aquí. Fueron expresiones como: No tuvimos participación. El diálogo no existió. Se ha oído al sector, pero no se le ha escuchado. Creo que son suficientes muestras de ese ejemplo. El otro aspecto importante, como ya les digo, es la seguridad jurídica, y cuando el Consejo de Estado elaboró su informe, de lo que nos habló es de inseguridad jurídica, y leo textualmente su informe: La aprobación de una nueva norma no lleva a cabo una articulación adecuada con la ley vigente, parte de la cual se mantiene, obligando a una lectura conjunta de ambas normas, que nada beneficia a la seguridad jurídica y a la claridad normativa. Señorías, esta ley va a afectar a la actividad de más de 8700 barcos de la flota pesquera española, además de a otros profesionales de esta actividad, y en zonas altamente dependientes de la pesca, y uno de los aspectos más preocupantes de esta ley para el sector, como quedó ya puesto de manifiesto y algunas de las personas que me han precedido en la palabra lo han dicho, es el modelo de gestión de los derechos de pesca, que esta ley cambia radicalmente. Hay que recordar que estos derechos influyen, y mucho, en el valor de las empresas. También lo dijo el sector aquí. Dijo: El barco vale lo que valen las cuotas que tenga asignado un buque de pesca; no el barco, sus cuotas. La modificación de los sistemas de gestión de las cuotas de la manera que se aborda en esta ley va a acarrear riesgos para la seguridad jurídica de los propietarios y, por lo tanto, para la tripulación y para todos los que viven de la actividad de ese barco. Son motivos suficientes para requerir un amplio consenso, que no se ha conseguido. Valoro los esfuerzos que se han realizado, pero cuando hemos modificado esta ley en el 2014 y cuando se aprobó en el 2001, se aceptaron más del 50 % de las enmiendas, aquí no llegan al 25 %. . Al comienzo de mi intervención les decía que las leyes también deben servir para resolver los problemas que afectan, en este caso, al sector pesquero, como el que ya se ha citado del relevo generacional. No hay mejor manera de facilitar ese relevo que garantizando la actividad de los buques pesqueros y, para ello, eliminar la inseguridad jurídica. Con eso se eliminaría también ese problema de mantener las inversiones. Para finalizar me referiré a algunas de nuestras enmiendas, que han mejorado aspectos como clarificar competencias en las comunidades autónomas en marisqueo y acuicultura, o consultar con el sector, cuando antes se hablaba solo de oír al sector. Pero lo importante son las enmiendas que no se han aceptado, las que se han rechazado. No han querido escuchar nuestra propuesta en cuanto al porcentaje de reserva, lo han hecho parcialmente, pero sobre todo la enmienda 253, en la que nosotros pusimos la línea roja para apoyar esta ley. Seguimos pensando que todos los derechos de pesca que han adquirido con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley deben mantener en todo su vigencia, y esta ley, a pesar de los intentos y a pesar del texto final, deja serias dudas sobre si esto se va a mantener. Especialmente, claro, cómo se va a garantizar con un Gobierno que hoy dice una cosa y mañana la contraria. Lamentamos el veto del Gobierno a todas las enmiendas que tenían que ver con los coeficientes reductores. Queda viva la enmienda 257, que si tuviera el apoyo mayoritario de esta Cámara, permitiría seguir estudiando todos esos temas vinculados a los coeficientes reductores. En resumen, señorías, estamos ante una ley no demandada por el sector, inoportuna por la situación que actualmente atraviesa, que genera gran inseguridad jurídica, que no aporta herramientas para abordar los principales problemas del sector y que no contó con su participación. Por ello, no puede recibir nuestro respaldo. Finalizo dando las gracias al resto de los ponentes que escucharon nuestras propuestas, al letrado de la Comisión y a mis compañeros de esa Comisión, pero especialmente a Belén Hoyo, a Jaime de Olano y a Milagros Marcos por la ayuda que me han prestado durante este trabajo. . Mis últimas palabras son para desear a todas las mujeres y a todos los hombres que a diario trabajan duramente en condiciones muy adversas en la mar y, particularmente, a aquellos a los que la mar les arrebató este año la vida de algún ser querido, que puedan disfrutar en compañía de sus familias de una feliz Navidad y que en el año 2023 vean mejoradas las condiciones en las que desarrollan este noble oficio. A todas sus señorías, también, los mismos deseos. . Muchas gracias. .

Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano EH Bildu

Egun on. Buenos días. Son tiempos de mirar hacia adelante. Son tiempos en los que no hay que quedarse en lo que era, ni en la resignación en un sector del que venimos hablando, el de la pesca y el de la mar, en el que especialmente tenemos que unir esfuerzos y dar alternativas. Esas alternativas tienen que empezar por dar un respaldo desde toda la sociedad a un sector estratégico fundamental y de futuro. Un sector ―me habrán oído hablar de ello muchas veces― al que lo que le está caracterizando ahora, y lo que desgraciadamente le va a caracterizar en los próximos años, va a ser la incertidumbre. Es incertidumbre de viabilidad económica y de la actividad pesquera, pero es una incertidumbre que viene también por la incertidumbre alimentaria mundial a la que nos vamos a enfrentar en los próximos años. .

Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano EH Bildu

Repito, incertidumbre es lo que está caracterizando en estos momentos al sector por su viabilidad económica pero, fundamentalmente, porque viene atravesado de dos grandes crisis mundiales: la extracción de la proteína que necesitamos la humanidad en el futuro y que va a ser fuente de grandes conflictos, y una incertidumbre de cambio climático. Estas incertidumbres están creando un gran choque de intereses dentro del sector. Entonces, tenemos que tener dos miradas: una mirada en el corto plazo y una mirada hacia el largo plazo. No podemos quedarnos ―como hemos oído en la anterior intervención― en el corto plazo, no mover nada, dejarlo así para que sigan sacando provecho los de siempre. Hay que cambiar esa perspectiva. Por eso, anunciamos que hemos retirado nuestras enmiendas. Vamos a dar la aprobación a este marco porque lo consideramos un marco de partida que es fundamental; un marco al que no le damos todas las garantías, en el que solamente hemos recibido una serie de garantías personales y de promesas, pero vamos a dar esa oportunidad. Por ejemplo, esta ley no nos gusta en cuanto a que no hace caso y no atiende a uno de los elementos fundamentales: la cadena alimentaria. El control de la cadena alimentaria es un elemento fundamental en la viabilidad del sector ―como nos decían técnicos que vinieron a hablarnos―, para que cuando vayamos a comprar miremos si un tarro de bonito de medio kilo por 4 euros y otro de 8 euros corresponden a unas mismas calidades y a unas mismas condiciones de extracción, de trabajo y de explotación. En eso tendríamos que fijarnos, precisamente, para conseguir la viabilidad del sector. .

Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano EH Bildu

Gracias, presidenta. En ese choque de intereses que les estaba comentando es fundamental tener árbitros. ¿Saben cuál es el mejor árbitro que podemos tener de aquí al futuro? El conocimiento científico. Tenemos que conseguir que entre científicos y pescadoras y pescadores haya una alianza estrecha y que dé seguridades en ese arbitraje. Tenemos que conseguir que cada barco, que cada empresa, sea realmente un centro de investigación, una parte de la investigación que vamos a tener que llevar adelante. En cada barco debe haber un investigador, un colaborador de la investigación, solamente así podremos tener seguridades, certezas y buenas alianzas. Señorías, creo que el mejor regalo que les puedo dar es ser breve. En euskera la felicitación en estas fiestas se dice eguberri on. Es feliz época nueva. Eguberri on para ustedes y para los pueblos del Estado que ustedes representan. Eskerrik asko. .

Ariagona González Pérez PSOE

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hoy traemos a aprobación de este Pleno el proyecto más importante de la legislatura en materia pesquera: la nueva ley de pesca sostenible e investigación pesquera. Un proyecto de ley que responde a la necesidad de modernizar la actual Ley de Pesca Marítima del Estado promulgada en 2001, ya que a lo largo de sus más de veinte años de vigencia se han producido una serie de novedades, tanto en la legislación comunitaria como en la gobernanza internacional de los océanos, que obligan a actualizar su regulación. Pero también viene a dar, señorías del Partido Popular, una solución a una parte del sector que demanda constantemente más posibilidades de pesca para su supervivencia, a la flota artesanal, esa parte del sector que ustedes no escuchan. Esta ley también construye el marco necesario para alcanzar la triple sostenibilidad en esta materia: la sostenibilidad ambiental, social y económica. Ahora me gustaría detenerme en cada una de ellas. La sostenibilidad medioambiental viene explicitada en su definición: sostenible e investigación pesquera. En este contexto, hay que recordar que los recursos pesqueros son limitados, por lo que son necesarias estrategias para asegurar una gestión eficiente y sostenible. En esta línea la nueva ley introduce la posibilidad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y explotación sensible e inteligente de los océanos con el asesoramiento del sector y con la mejor información científica disponible. Elementos como el cambio climático, la contaminación por plástico o las especies invasoras, por citar solo algunos ejemplos, afectan al estado de los recursos y han de tenerse en cuenta en las campañas de investigación. Por eso, con este texto apostamos por el fortalecimiento del nexo entre la pesca y la ciencia, ya que el conocimiento científico es una premisa absolutamente necesaria para la actividad pesquera y en él se debe sustentar la toma de decisiones. Un caso reciente de éxito de explotación sostenible de los recursos lo constituye la cuota de merluza sur obtenida por el ministro de Agricultura en la última negociación del Consejo de Pesca de la Unión Europea: 9953 toneladas, una cifra que duplica la obtenida en 2022, que es la más alta de los últimos ocho años y que ha sido posible gracias a la recuperación de las poblaciones de esta especie derivada de las limitaciones de pesca. Me referiré ahora a la sostenibilidad económica, que también constituye un pilar fundamental sobre el que se asienta esta nueva ley. Es imprescindible garantizar el desarrollo empresarial del sector y el relevo generacional, de esta forma conseguiremos que se consolide un sector moderno y competitivo. Para ello, se actualizan los criterios de reparto de posibilidades de pesca, cobrando peso en el reparto las artes y flotas que causan un menor impacto sobre los recursos pesqueros o las que contribuyan en mayor medida a la economía local. Se introducen por primera vez mecanismos de optimización de gestión de las posibilidades de pesca. .

Ariagona González Pérez PSOE

Decía que se introducen por primera vez mecanismos de optimización de gestión de las posibilidades de pesca. Así, aquellos sobrantes no capturados podrán volver a repartirse entre las flotas dependientes de ese recurso. También se le da un nuevo uso a la reserva de posibilidades de pesca del Estado, para permitir la entrada en una pesquería de buques que no reúnan los requisitos de actividad histórica exigidos en la misma. Además, se pone fin a la especulación con las posibilidades de pesca, haciendo que desaparezcan los armadores de sofá, aquellos que en su momento pescaban pero que en la actualidad venden sus posibilidades a terceros obteniendo una rentabilidad sin ejercer la actividad. Todas estas herramientas garantizan la sostenibilidad económica de todo el sector y dan viabilidad a la flota artesanal. Esta última sostiene un importante número de actividades productivas, fija población en el territorio y mantiene vínculos de respeto y protección hacia el océano que procura su sustento. Por supuesto, no podemos hablar de pesca sin su gente, de la gente de la mar, de las mujeres y los hombres que mantienen vivos estos oficios, cuya dureza roza, en ocasiones, la heroicidad. Por ello, es indispensable que la sostenibilidad social esté recogida en esta ley, y la recogemos en forma de medidas que otorgan mayor protección a estos colectivos de trabajadoras y trabajadores. Las rederas, neskatillas y empacadoras tendrán, por primera vez, un coeficiente reductor de la edad mínima, para percibir la pensión de jubilación, de un 0,15. También entrarán dentro de este coeficiente las mariscadoras de a pie, equiparándolas así con los mariscadores de a flote, equiparación más que justa dando un paso más hacia la igualdad real en todos los aspectos. . Por primera vez también se les reconoce a los buceadores profesionales un coeficiente reductor del 0,15, una profesión dura, desconocida por muchos, pero indiscutiblemente necesaria en nuestra sociedad. Señorías, la nueva ley de pesca sostenible e investigación pesquera acaba con la especulación y abre las posibilidades de pesca a más agentes del sector, es decir, reparte la riqueza entre los distintos sectores que se dedican a los oficios de la mar, a la vez que protege a su gente. . Es, sin duda, un ejemplo más de lo que hace la izquierda cuando está al frente del país. Sin duda, en estos años de Gobierno de progreso hemos avanzado hacia un país más igualitario, más comprometido con el medio ambiente y con una mayor justicia social; un país con récord en creación de empleo y con una legislación laboral que recupera derechos y protege a los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores… .

Ariagona González Pérez PSOE

Gracias, presidenta. Decía que, sin duda, en estos años de Gobierno de progreso hemos avanzado hacia un país más igualitario, más comprometido con el medio ambiente y con una mayor justicia social; un país con récord en creación de empleo y con una legislación laboral que recupera derechos y protege a los trabajadores y a las trabajadoras de todos los sectores productivos, edades y situaciones. Hemos aprobado una reforma laboral que mejora las condiciones laborales y salariales y que lucha contra la precariedad y la temporalidad. Ha entrado en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria, para proteger a los profesionales del sector primario que prohíbe la venta a pérdidas y responde a una demanda histórica. Hemos aprobado la Ley de Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que, sin duda, va a tener una importante repercusión en nuestra economía y en la empleabilidad de la población joven. Gracias al Gobierno de la gente, hoy, en España, la ciudadanía está protegida en su día a día por un escudo social, con servicios públicos de calidad, que son garantía de igualdad de oportunidades en un país en constante transformación que afronta las incertidumbres del futuro más unidos, con más fortaleza y con más garantías. Muchas gracias. .

María Fernández Pérez NC-CCa-PNC

Gracias, señor presidente. Señorías, poco tengo que decir de esta ley — ya era hora de que se aprobara—, aunque los que amamos el deporte y los que hemos estado vinculados a él esperábamos una ley un poquito más transformadora, más transgresora. Es verdad que se avanza en derechos de igualdad de la mujer, que se avanza en discapacidad y que se avanza en muchísimas cuestiones, pero la verdad es que bastante reducidas al ámbito de la competición. En Canarias tenemos una Ley del Deporte que también habla de actividad física, que es lo que practica el 90 % de la población — actividad física, no deporte federado—. También es verdad que se reconoce ahí la actividad física como algo esencial, por lo que vamos dando pasos y se reconoce lo que ya todo el mundo sabía, y es que el deporte, la actividad física y la salud están íntimamente relacionados. En esta intervención quiero destacar la importancia de que en el Senado pudiéramos aprobar, con casi la totalidad de los votos a favor, una enmienda vital para el sector, que no excluye a nadie, pero que devuelve a unos pocos, los licenciados en Derecho, algo de seguridad jurídica y que se les llame por su nombre. Esto es algo muy beneficioso que se aprobó por una mayoría de la Cámara del Senado. Creo que hay algunos partidos que están pensando en cambiar el voto que venía del Senado. Yo les pido en esta tribuna menos hipocresía y más trabajo. Si allí han votado que sí, no cambien aquí a un voto negativo, por favor. Nos ha costado mucho sacar adelante esta enmienda, y no es mérito de Coalición Canaria, es mérito del COLEF y de las asociaciones profesionales de licenciados en Educación Física. Es algo por lo que llevan luchando años y se merecen un mínimo de respeto, se merecen que, después de esta lucha y de que se haya logrado aprobar en el Senado, revalidemos algo que es de justicia aquí, en el Congreso. Y miro al PP, porque votó en su mayoría a favor de esta enmienda. Les pido, por favor, que no cambien de posición, porque ya no es un tema político, es un tema de seguridad del sector. Termino diciéndoles que queda una enmienda transaccional que emplaza al Gobierno a regular la profesión en un plazo máximo de seis meses. Y les voy a explicar rápidamente por qué esto es de vital importancia. Tenemos muchísimas leyes, autonómicas y estatales, que hablan todo el rato de técnicos deportivos, cuando tenemos un abanico amplísimo de licenciados o de graduados en formación profesional. Tenemos un montón de gente que no está ordenada. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que, al igual que en un hospital no todo el mundo es auxiliar administrativo, en la actividad deportiva no todo el mundo es técnico deportivo. Esto es algo que se tiene que hacer y en esta ley se pone un plazo. Estaremos vigilantes para que este plazo se cumpla. Felicidades al COLEF por el trabajo y a las organizaciones que han estado detrás de la ley. Esperemos que esto sea un pequeño paso para seguir avanzando en una ley del deporte que realmente englobe todo, deporte, actividad física y a la mayoría de ciudadanos. Gracias.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Señor presidente, intervengo desde el escaño, si me permite, muy brevemente. No vamos a debatir de nuevo, no vamos a abrir el debate de la Ley del Deporte, porque ya lo debatimos aquí y ahora se trata de hablar sobre la incorporación de las enmiendas que vienen del Senado. Se ha vuelto a debatir esta ley en el Senado, creo que ampliamente, y no vamos a reproducir cosas que ya hemos dicho en su momento. Consideramos que algunas de las enmiendas incorporadas aportan cosas al texto, pero otras creo que no aportan nada de valor a la ley, incluso creo que no hacía falta incorporarlas; algunas son inocuas y otras incluso pueden llegar a ser perjudiciales, a nuestro entender. Dicho esto, pensamos que, en global, no es una ley a la que abracemos efusivamente, porque consideramos que todavía deja en la gatera muchas cuestiones y muchas peticiones que para nosotros eran muy importantes. Sí hemos logrado un acuerdo importante con el Gobierno para que algunas selecciones de ámbito autonómico, por su proyección internacional, puedan tener una representación propia, porque así lo han demostrado históricamente sus federaciones. Por lo tanto, digamos que estamos parcialmente contentos con esta ley. Nada más por nuestra parte, señor presidente,

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Intervengo para expresar que algunas enmiendas también nos parecen interesantes. En todo caso, no modifican nuestra posición respecto a una ley que sí reconoce que existe un problema en relación con las selecciones autonómicas o nacionales de Galiza — a nuestro juicio, abre una puerta, pero una puerta realmente muy estrecha—, pero no lo resuelve adecuadamente. Por lo tanto, tendremos que seguir trabajando en esa dirección. Obrigado.

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Moltes gràcies, president. Anunciamos que votaremos a favor de este dictamen. La ley es mejor, la ley mejora muchos aspectos, pero creemos, sinceramente, que se ha perdido una oportunidad para profundizar en el tema y dar más poder a las aficiones en los clubs, básicamente de fútbol, que se están despersonalizando totalmente y perdiendo lo que representaban en otro tiempo. Los clubs de fútbol de muchas ciudades hoy son negocios de personas que nada tienen que ver con esa ciudad y que responden únicamente a sus propios intereses económicos, y no a ese valor añadido que dan las aficiones y que en muchas familias se hereda de padres a hijos. Se han recogido algunas cosas, pero creemos que se ha perdido una oportunidad para profundizar en el tema. En el caso valenciano, pues luces y sombras. Estamos satisfechos de que, finalmente, la enmienda que nosotros presentamos para reconocimiento de la pilota valenciana como deporte, a pesar de los esfuerzos de VOX, se haya quedado como salió del Congreso. Y no entendemos, sinceramente, esa obcecación de no querer reconocer la Copa España Libre para un club valenciano como es el Levante. Sinceramente, no entendemos que se haya hecho la Ley de Memoria Histórica y no se reconozca de una puñetera vez la Copa España Libre para el Levante. Moltes gràcies.

Pilar Calvo Gómez JxCat-JUNTS (Junts)

Gracias, presidente. Señorías, recordemos que Junts votó en contra de esta ley aquí, en el Congreso, sencillamente porque niega a las selecciones catalanas su derecho a existir y participar en competiciones oficiales sin restricciones. Punto. En el trámite del Congreso se aceptó autorizar, puntualmente, la participación de selecciones de deportes con arraigo social en una determinada comunidad o de aquellas federaciones que formaran parte de la federación internacional antes que la federación española, y a raíz de esta enmienda entendimos que se producía una situación de riesgo, que era que a las federaciones y selecciones catalanas que ya tenían presencia en competiciones internacionales también se las obligara a contar con la autorización del CSD. Esta situación, así como que la cuota de integración de las federaciones autonómicas en las españolas sea gratuita, se ha resuelto en el Senado con las enmiendas de la Unió de Federacions Esportives catalana presentadas por Junts. Pero seguimos esperando que los recursos de las españolas lleguen a las federaciones autonómicas. Ayer, por ejemplo, se aprobó una subvención directa de 12 millones a la Asociación del Deporte Español para capacitación digital de los deportistas, y nos preguntamos qué parte de ese dinero, de esa partida, va a llegar al deporte base en las respectivas federaciones. Esta ley, además, salió del Congreso arrastrando un error, como advertimos al Grupo Socialista, y en el Senado no se ha solucionado. Es un error que deja parcialmente desprotegidas a las deportistas frente a situaciones de discriminación, acoso o abuso. En el artículo 4.5 conseguimos que se recogiera que debería ponerse en conocimiento del organismo sancionador dependiente del Consejo Superior de Deportes cualquier actuación que pueda ser considerada de discriminación, abuso o acoso sexual y/o acoso por razón de sexo o autoridad, para ser sancionada — atención—como falta grave, atendiendo a lo establecido en el artículo correspondiente, en este caso 105. Pero en ese artículo 105, en el que se da cuenta de cuáles son las infracciones graves, no hay referencia alguna a este tipo de actuaciones. Hay que corregir este error si no queremos de nuevo que la inseguridad jurídica ocupe titulares en la prensa, porque, desgraciadamente — repito: desgraciadamente—, en el deporte femenino se dan casos de discriminación y de acoso por razón de sexo, además de por razón de autoridad, hasta el punto de que el sindicato FUTPRO de mujeres futbolistas prepara un mecanismo online para poder denunciar de manera anónima este tipo de situaciones. Vamos a estar haciendo un marcaje al hombre — repito: un marcaje al hombre— para que esto sea corregido y proteger bien a las mujeres deportistas. Se ha aprobado una enmienda que reclamaban los sindicatos de las jugadoras, y es que se considere falta muy grave la no realización del informe anual de igualdad, a la que están obligadas federaciones y ligas profesionales, o que no existan protocolos de actuación contra el acoso o abuso por razones de autoridad o por sexo. Es una enmienda que se suma a las muchas mejoras introducidas también por Junts para que el deporte sea realmente igualitario. También ha salido adelante que los sindicatos de jugadores y jugadoras puedan negociar y firmar convenios. Es una pena, y lo digo una vez más, que los animales sean los grandes olvidados. No se ha aceptado que las federaciones tengan la obligación de adecuar sus reglamentos a las leyes de protección animal. Este partido lo hemos perdido todos, pero parece que solo lo lamentamos unos pocos. Gracias.

Gerard Álvarez i García ERC-S

Gràcies, president. Buenas tardes, señorías. Hoy llegamos a la final del mundial de esta Ley del Deporte, que ya tocaba también después de tantos meses de negociaciones muy duras, pero que han servido para que, por lo menos, acabemos llevando a cabo una Ley del Deporte beneficiosa entre mínimos, podríamos decir. Es una Ley del Deporte que, como hemos dicho siempre, no es nuestra Ley del Deporte, pero sí que es verdad que hay una gran cantidad de enmiendas con las que hemos conseguido mejorar de arriba abajo esta ley. Por ejemplo, en el Congreso, mejoramos las condiciones de las mujeres deportistas; mejoramos las condiciones del colectivo LGTBI en el deporte; mejoramos las condiciones de los deportistas con discapacidad; conseguimos hacer que justamente los derechos de los animales también estén protegidos, quizá no de la mejor forma, pero también lo hemos hecho; mejoramos las condiciones del medio ambiente en los eventos deportivos; y, además, aseguramos proteger el catalán en todo lo que tenga que ver en el deporte de nuestra tierra. Todo esto, y mucho más, ha conseguido hacer Esquerra Republicana en el Congreso. En el Senado, hemos conseguido proteger y proyectar a las federaciones deportivas autonómicas, algo que era totalmente indispensable, al igual que puedan competir estas federaciones a nivel internacional sin tener que volver a pedir permiso al Consejo Superior de Deportes. En Esquerra Republicana militamos en la utilidad, como decimos siempre, y todo el mundo sabe que hemos hecho lo imposible para mejorar esta ley que se nos presentó con una gran cantidad de carencias que, repito, Esquerra Republicana ha modificado de arriba abajo. Me gustaría también enviarle un mensaje al presidente del Consejo Superior de Deportes, al señor Franco. En la vida, como en todos sus aspectos, mentir no es una opción, y eso hay que dejarlo muy claro. Cuando Esquerra Republicana les dice que el CAR de Sant Cugat está infrafinanciado, no lo decimos por decir, es que es la verdad. Los fondos Next Generation son una cosa aparte y no son suficientes. Hay que incrementar la financiación anual del CAR, básicamente porque el CAR de Sant Cugat, sin ir más lejos, es el centro de alto rendimiento que forma y saca a más deportistas olímpicos de todo el Estado. Es una instalación que consigue medallas olímpicas, si no le damos importancia a esto, a qué le vamos a dar importancia. Creo que es motivo suficiente para tener mucho más en cuenta al CAR de Sant Cugat y espero que reflexionen sobre ello. Para finalizar, porque no me voy a alargar mucho más, de nuevo quiero agradecer el trabajo de la senadora Elisenda Pérez y de todo el equipo de Esquerra Republicana, que ha trabajado de sol a sol para intentar tener una Ley del Deporte como toca. Demostramos una vez más que en Esquerra Republicana hacemos que las cosas pasen. No sirve de nada cerrarse en banda, como otros hacen, los del no, porque de esta forma lo único que van a conseguir los del no a todo es que van a seguir chupando banquillo. Muchas gracias. .

Antonia Jover Díaz UP

Bon dia, president. Señorías, seré breve, porque también consideramos que no tenemos que alargarnos en lo que cada grupo ya puso negro sobre blanco hace muy pocas semanas. Hoy, previsiblemente, quedará aprobada esta ley y se podrá cumplir con el compromiso del Gobierno con la Unión Europea para poder percibir los fondos para las ayudas al deporte. Por ello, quiero reiterar que no nos vamos a extender. Creemos que sí tenemos que valorar lo que ha mejorado o no en su paso por el Senado. Algunas cosas han mejorado. Mejora al darle más visibilidad a las aficiones, al rescatar enmiendas que fueron descartadas en la Comisión. Mejora al darles más visibilidad a las personas LGTBI, y aquí me gustaría, señorías, hacer un inciso. La violencia contra las mujeres tiene nombre, un nombre que se ha eliminado en una enmienda, y se llama violencia machista. Señores, no les compren el relato al fascismo, porque les están allanando el camino. Por lo tanto, háganselo mirar. Y mejora en cuanto a orientación y apoyo para la reincorporación laboral de los deportistas una vez acabada su carrera deportiva. Pero también empeora en otros aspectos, que no vamos a apoyar, como es en la modificación del artículo 3, en el que eliminan a una parte de los profesionales del sector. Han eliminado simplemente un párrafo que incluye a todas las personas con grado universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Mi grupo no puede apoyar enmiendas que lo que hacen es repartir privilegios. Tampoco podemos apoyar la modificación de la disposición final sexta, porque esta reserva de actividad profesional, esta alusión a un solo cuerpo profesional que solo representa al 39,57 % de los profesionales y no al resto de las cualificaciones profesionales, como psicólogos deportivos, médicos deportivos, etcétera, está actuando en contra del principio de derecho, por excluir otras muchas profesiones que desarrollan su actividad en el ámbito del deporte. Señorías del PSOE y del PP, están preparando un ERTE a 182 000 trabajadores del sector, que son los que representan el 60,43 %, según el Ministerio de Cultura y Deporte, y van a quedar excluidos. Como ejemplo, los trabajadores con estudios de formación profesional. Es previsible, además, que esta ley sea recurrida por los gobiernos autonómicos por no encajar este apartado en sus legislaciones autonómicas, incluyendo la Comunidad de Madrid. Señorías del PP, ¿ustedes para quién trabajan? ¿Para las familias? No. ¿Para la transparencia del sector? No. No vamos a apoyar sus enmiendas a los artículos 46 y 57, donde eliminan la obligación estatutaria de establecer la vinculación contractual de los presidentes de las federaciones y de la Liga. Me pregunto qué posible motivo tienen ustedes para promover el oscurantismo. La transparencia en las instituciones, y más en las que reciben cualquier tipo de subvención, debía ser la base de cualquier ley. La prevención de posibles corruptelas también, pero, claro, las suyas, como decía el señor Cosidó, las arreglan controlando la Sala del Consejo General del Poder Judicial por detrás. Por cierto, usar las instituciones del Estado para impedir que se cumpla la Constitución o que en esta Cámara se puedan debatir y formar decisiones soberanas también es una forma de corrupción. .

Antonia Jover Díaz UP

Muy bien, presidente. Por lo tanto, le pedimos al PSOE y al resto de los grupos políticos que apuesten por el juego limpio, que apuesten por el deporte. Si salen aprobadas estas enmiendas, esta ley, que ya se está diciendo que no es la mejor ley del mundo, saldrá tocada. Es responsabilidad de todas y todos, y más de los partidos de izquierda, velar por la transparencia, por el buen gobierno de todas las instituciones y, también, por el deporte. La responsabilidad de que el sector pueda acceder a los fondos europeos nos obliga a la aprobación de esta ley. Una ley que ya deja fuera a las familias con menos poder adquisitivo, en la que se votaron en contra muchas de sus señorías a enmiendas que sí las favorecían en esta Cámara. Por ello, pido a los partidos progresistas que, por lo menos, contribuyan a la transparencia, que voten en contra de las enmiendas y que voten a favor del deporte. Molts d’anys a tots i molt bones festes. .

Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez VOX

Gracias, presidente. Señorías, hoy es un día triste para el deporte español; un día triste porque se va a aprobar la peor Ley del Deporte en la historia de la democracia de este país. . Aunque hoy debemos votar los cambios introducidos por el Senado, me van a permitir que recalque nuestro frontal rechazo al proyecto de ley que previsiblemente saldrá de esta Cámara. El Proyecto de Ley del Deporte se planteó desde el inicio como la herramienta para dar cumplimiento a las necesidades actuales del sector deportivo, toda vez que la ley vigente data del año 1990. Una nueva Ley del Deporte que era ciertamente necesaria y que así se venía solicitando por los diferentes actores del deporte. Sin embargo, en lugar de atender sus necesidades y peticiones, ustedes han pervertido la Ley del Deporte, utilizándola para sus propósitos y los de sus socios y amigos. Se ha elaborado con una nefasta técnica legislativa y con claras y numerosas deficiencias, tal y como han denunciado los expertos. Resultó ser que lo que había detrás eran los fondos europeos, y de ahí las prisas por sacar adelante el proyecto fuese como fuese, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades y la voz del mundo deportivo. No lo podían haber hecho peor. Han introducido la ideología de género y la Agenda 2030 en el mundo del deporte, increíble y decepcionante. Han dejado al Tribunal Administrativo del Deporte ―al TAD― casi sin competencias, plegándose ante los deseos de determinadas federaciones deportivas para las que el tribunal era molesto, una total irresponsabilidad. Permítanme la expresión: se lo han quitado de en medio. Han eliminado la posibilidad de que los clubes y deportistas puedan recurrir ante el Tribunal Administrativo del Deporte las sanciones impuestas por las federaciones deportivas, y lo han hecho sin dar la más mínima explicación porque, claro, es difícil explicar a la ciudadanía que van a dejar desamparados a clubes y deportistas mientras dan más poder a las federaciones deportivas. . Ha quedado para el Consejo Superior de Deportes la potestad de sancionar directamente a los presidentes de las federaciones deportivas o, mejor dicho, la potestad de no sancionarles, porque hasta la fecha viene siendo norma meter las denuncias que se presentan contra los dirigentes federativos en un cajón y mirar para otro lado. Con esta ley ustedes acrecientan el poder del Consejo Superior de Deportes para seguir haciéndolo. También han permitido que las selecciones deportivas autonómicas puedan competir internacionalmente a nivel oficial, una nueva concesión a los partidos independentistas y separatistas. . Les recuerdo que FIFA y UEFA rechazaron, en su momento, la solicitud formal que la Federación Vasca de Fútbol presentó en diciembre de 2020 para integrarse como miembro de pleno derecho en ambos organismos. Por otro lado ―y esto sí que es grave―, han dejado absolutamente desprotegidas a las mujeres deportistas , porque en paralelo han tramitado la ley trans; ley que permite cambiar de sexo en el Registro Civil, de manera que un hombre puede constar como mujer y participar en competiciones deportivas femeninas. Que quede muy claro. Estamos viendo que en España, por culpa de las leyes trans autonómicas aprobadas por ustedes, algunos hombres están arrebatando a las mujeres su lugar en el deporte, sus títulos, sus podios y sus premios. Concretamente, el pichichi de la liga femenina de Madrid es un hombretón de 37 años que se autoidentifica como mujer. Para que él compita en la liga femenina, señores del PSOE, una mujer se ha tenido que quedar fuera pero parece que a nadie, tampoco a ustedes, este hecho les importe. . Están jugando con el esfuerzo, la constancia, la disciplina y las ilusiones de niñas, adolescentes y mujeres que ven el deporte como una filosofía de vida. Todo esto se podría haber salvado, tal y como propuso VOX, garantizando que cuando las competiciones deportivas fueran por sexos se atendiera al sexo real, al sexo biológico. Sin embargo, inexplicablemente, todos los grupos ―el PP y absolutamente todos―, menos Ciudadanos que se abstuvo, votaron en contra. Que quede bien claro. . VOX se ha quedado solo defendiendo el deporte femenino. Y no suficiente con todo esto, nos hemos enterado por el Boletín Oficial del Estado que el Consejo de Ministros, a petición del ministro de Cultura y Deporte, don Miquel Iceta ―a quien no veo―, aprobó recientemente un real decreto por el que se concede una subvención de un millón de euros a la Fundación Deporte Joven para el desarrollo de un modelo actualizado del deporte español; fundación que pertenece al propio Consejo Superior de Deportes, una vez aprobado el Proyecto de Ley del Deporte. Es decir, ¿primero apruebo la ley reguladora de un sector y luego encargo un estudio acerca de cuál es el modelo que debo plasmar en dicha ley? Esto, señorías, es inaudito y un auténtico derroche de caudales públicos. . Señores del Gobierno, cancelen esa subvención porque se trata de un importe destinado a un trabajo inútil cuando la ley ya se va a aprobar y, por tanto, es un absoluto dispendio. Un millón de euros que debe destinarse a otros fines. En sus conciencias quedará haber sido artífices de la peor Ley del Deporte de nuestra democracia; una ley que han utilizado para meter su propaganda y contentar a sus socios en lugar de velar por el sector deportivo. Una ley que quita competencias al Tribunal Administrativo del Deporte...

Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez VOX

Voy terminando, presidente. ...y que no protege a las mujeres deportistas frente a sus leyes trans. El deporte español pagará por este grave error, el deporte español no se merece este trato. Termino, presidente. Nuestro grupo espera que todo esto pueda ser enmendado tras el vuelco electoral que cada vez está más claro que se producirá. Nuestra gloriosa nación española no puede seguir permitiendo los dislates de este Gobierno actual. Muchas gracias. .

Javier Merino Martínez PP

Buenos días, señorías. Ustedes crearon, señores del Partido Socialista, muchas expectativas ante el reto de modificar la Ley del Deporte de los años noventa. Muchos otros ya lo habían intentado, pero no lo consiguieron. Desde el Partido Popular les creímos, en un principio, en ese reto de reformar el marco deportivo de los años noventa, que llevaba vigente más de treinta. Sinceramente, creo que se podría haber llegado a un acuerdo histórico pero, lejos de ese gran acuerdo y lejos de ese consenso, ustedes hicieron y han hecho lo que tradicionalmente vienen haciendo, que es plegarse a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, el resultado que tenemos es un Proyecto de Ley del Deporte que es papel mojado y que intuyo que su vigencia no será más allá de 2025, y que un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo modificará esta Ley del Deporte. . Resumiré mi intervención en tres puntos clave por los que seguimos manteniendo nuestro voto negativo a este dictamen: la ausencia de un modelo deportivo, descafeinar la justicia deportiva y la desigualdad en el deporte. El ministro de Deporte, el señor Iceta ―que vuelve a faltar, esto ya es absentismo parlamentario―, cuando era primer secretario del PSC, nos anunció a todos que en España había ocho naciones y que él las había contado. . Esto fue en diciembre de 2019, antes de ayer. Por lo tanto, ¿cómo este ministro, con competencia en deporte, va a ser el que lidere y desarrolle el modelo del deporte español? Es algo imposible. Su visión de las ocho naciones en España ha tenido como consecuencia que las selecciones autonómicas puedan tener el mismo tratamiento que la selección española. Señorías, ¿se imaginan qué bochorno si en este mundial, además de la selección de fútbol española, hubiera competido la selección vasca de fútbol, la selección catalana de fútbol…? . No, hubieran perdido. No se preocupe. ¿Se imaginan qué bochorno? Es que, encima, están encantados, porque no creen en la unidad de la nación española. . Es que este fin de semana causaba sonrojo ver cómo miembros del Gobierno jaleaban, a través de las redes sociales, con mucha más alegría a Argentina que, en otras ocasiones, a la selección española. Es que causa sonrojo, señores del Gobierno. . Esta Ley del Deporte español carece de un modelo, carece de modelo deportivo. Hoy se decía que el 29 de noviembre han aprobado un real decreto para para regular, crear y desarrollar el nuevo modelo deportivo español: un millón de euros. Se aprueba la ley hace un mes y se van a gastar un millón de euros en crear el modelo deportivo español. Es que esto está en el Boletín Oficial del Estado del 29 de noviembre. Pero qué manera de tirar el dinero. Miren, les doy yo cuatro ideas y les ahorro el millón de euros y se lo dejo gratis: retiren la enmienda que otorga la representación internacional a las elecciones autonómicas; aprueben el estatuto del deportista en seis meses e impulsen, además, medidas para darles beneficios fiscales; apuesten por el deporte como una herramienta para que los ciudadanos tengan una mejor salud, y ayuden al sector privado, que es el que levanta este país. Les acabo de ahorrar un millón de euros. Dejen de tirar el dinero como lo están haciendo. . Descafeinar la justicia deportiva. Si estamos a favor de que tenga más competencias o menos competencias el Tribunal Administrativo del Deporte o un nuevo sistema de arbitraje que se encargue de resolver conflictos, de nada sirve si ustedes van a rebajar las penas del delito de malversación. De nada sirve y les explicaré por qué. Porque con su modificación del delito de malversación habrá presidentes de entidades deportivas, que manejan dinero público o que tienen funciones públicas delegadas, que han sido ya condenados por malversación y verán rebajadas sus penas, o quizá otros que vayan a ser condenados por malversación tendrán una pena menor. ¿Esta es su justicia deportiva? Porque a mí lo que me parece es que esta rebaja de las penas del delito de malversación en el ámbito del deporte tiene nombres y apellidos. ¿Su modelo de justicia deportiva también es regalar dinero a empresas de amigos, excargos socialistas, para que hagan campañas inexistentes? ¿Ese es el modelo también de justicia deportiva? . Porque todavía no han aclarado dónde han ido los 160 000 euros de una campaña de publicidad para informar de fondos públicos en el deporte, y solo sabemos que se lo han dado a una empresa amiga. Y hablando de desigualdad en el deporte, no paran de repetir ―y lo harán ahora― que esta Ley del Deporte trae grandes avances sociales para el deporte femenino. Pero si esto es así, ¿por qué entonces aprueban la ley trans? Si esto es así, ¿por qué aprueban hoy la ley trans? Porque la ley trans supone el mayor retroceso para las mujeres deportistas de los últimos cuarenta y cinco años en España. . Gracias a su ley, las personas trans en competiciones deportivas femeninas obtendrán muchas más medallas y premios sobre el resto de las mujeres que compiten. Por tanto, no habrá igualdad en las competiciones, habrá desigualdad. Y no es que lo diga yo, lo dicen las expertas en feminismo, lo dicen las expertas en derecho deportivo y lo dicen exdiputadas del Partido Socialista. Y también lo dicen diputadas del Partido Popular, que son un ejemplo para todos nosotros, los diputados, y que son un claro ejemplo de avances en el feminismo y en los derechos sociales. . Hoy, como diputado, quiero agradecer expresamente el trabajo que están haciendo por las mujeres de hoy, pero también por las niñas y mujeres del mañana, como padre que soy.

Javier Merino Martínez PP

Y quiero agradecérselo a Cuca Gamarra, Marga Prohens, Marta González, Elena Castillo, Bea Fanjul, y tantas y tantas diputadas del Partido Popular, porque son ellas las que nos están marcando el camino de los derechos y libertades en este país. . Por cierto, háganles caso, señorías, porque suelen acertar en los criterios y no se equivocan.

Javier Merino Martínez PP

Concluyo ya, presidente. Esta Ley del Deporte, tal como va, es un error. Se va a aprobar con un acuerdo con el PNV, con Bildu y con Esquerra Republicana, y dejará al lado un gran acuerdo histórico que se podía haber conseguido. Feliz Navidad, porque creo que soy el último que va a hablar. Muchas gracias. .

Javier Antón Cacho PSOE

Quiero agradecer su trabajo, sus aportaciones y los acuerdos alcanzados. En este sentido, la tramitación de esta ley termina como empezó, buscando el diálogo y el acuerdo, escuchando a todo el mundo que ha querido aportar: deportistas, federaciones, ligas, sindicato de deportistas, aficionados, clubs, colegios profesionales, comunidades autónomas, etcétera. Todos han aportado, todas las propuestas sensatas y constructivas han sido valoradas por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario Socialista, y muchas de ellas están recogidas en el texto. Por eso, independientemente de los posicionamientos, independientemente de si han votado a favor, en contra o se han abstenido, independientemente de que nos traigan hoy aquí al debate argumentarios de otras leyes, esta ley es de todos los grupos parlamentarios. . Y vuelo a insistir, es de todos. Eso sí, de uno no. No habéis podido escuchar la intervención del diputado de VOX, porque claramente queda completamente alejada de esta ley, es todo lo contrario de lo que representa. Señorías, este país tenía una deuda importante con el deporte femenino. En los últimos años hemos visto cómo las deportistas españolas han tenido que luchar no solamente por mejorar sus marcas, sino también por sus derechos, y hoy por fin estas mujeres ven cómo se corrige esta deuda histórica que tenía el deporte con ellas. Esta ley acaba con la pérdida de los derechos de las mujeres deportistas al quedarse embarazadas, reconoce el derecho a la conciliación y la lactancia, conserva los derechos de las deportistas de alto nivel y garantiza la presencia de las mujeres en los órganos directivos de las entidades deportivas públicas y privadas. Las deportistas —aunque alguien lo ha dudado— dispondrán de un protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de discriminación, abusos y acoso sexual que velará por la igualdad y la visibilidad en los eventos deportivos y en los medios, evitando la cosificación sexual y los estereotipos sexistas. Estos son solo algunos de los avances recogidos en esta materia, en igualdad. Es evidente que, a pesar del negacionismo que hemos vuelto a escuchar hoy por parte a algunos y algunas, queda mucho camino por recorrer hasta la igualdad real, pero espero y deseo que esta ley ayude a conseguirla. Señorías, otro de los avances significativos de esta ley es la lucha por la inclusión, y en este campo volvemos a dar las gracias al Comité Paralímpico y al CERMI por su trabajo incansable y las generosas aportaciones que han hecho a esta ley durante toda su tramitación. Estoy convencido de que estos avances en los derechos de los y las deportistas con discapacidad van a ser un referente en todo el mundo. . Solamente por estos dos apartados ya habría merecido la pena este año de trabajo, no tendríamos que buscar más excusas, pero aun así hemos avanzado mucho más. Hemos convertido el deporte en un derecho y en una actividad esencial. Las personas deportistas son las verdaderas protagonistas de esta ley. Se regulan sus derechos y sus obligaciones, que serán objeto de desarrollo reglamentario a través del estatuto del deportista. Y, sí, lo intentaremos hacer en seis meses. En concreto, protege, desde el punto de vista físico y mental, a nuestros deportistas de alto rendimiento durante y después de su carrera deportiva, impulsando la carrera dual, una transición adecuada al mercado laboral. Esta ley actualiza nuestro sistema deportivo, introduce nuevos estándares de transparencia y buena gobernanza en entidades deportivas, más allá de la malversación, y plantea, es verdad, un nuevo modelo de justicia deportiva, pactado, por cierto, con los portavoces del PP, que ahora parece que reniegan hasta de sus propios acuerdos. . Además, esta ley garantiza la cooperación entre las administraciones públicas con competencias en esta materia a través de la Conferencia Sectorial del Deporte, respetando siempre el marco competencial. Con esta ley, el deporte se convierte también en una herramienta de cohesión social y territorial, haciendo referencia a su potencial en las zonas despobladas y reforzando la visión transversal del reto demográfico. En este sentido, quiero destacar la enmienda introducida en el Senado por el Grupo Parlamentario Socialista para aplicar beneficios fiscales en actividades deportivas en el entorno rural. . Señorías, terminamos este periodo de sesiones con dos hitos históricos para el deporte español: el primero, la aprobación esta semana en el Senado de los Presupuestos Generales del Estado, que recogen una dotación de 375 millones de euros, una cifra histórica para el deporte español, lo que supone un 20 % más que el año pasado y cumplir con la palabra que el presidente dio en su día de llegar a los mil millones, que ya están superados en esta legislatura, y el segundo es la aprobación de esta ley, que demuestra una vez más que, cuando se trabaja por los derechos sociales y para que haya avances, detrás siempre está el PSOE. Me gustaría terminar dando las gracias a todos los equipos que han pasado por el Ministerio de Cultura y Deporte y el Consejo Superior. Tenemos aquí una importante representación. Aun así, si me lo permiten, quisiera personalizar este agradecimiento en el ministro Guirao, quien se sentiría feliz de ver que este proyecto por fin ha llegado a buen término. . Por último, felices fiestas a todos y todas. Y, por favor, no dejen de practicar deporte. Muchas gracias. .