Pleno del Congreso n.º 240 · XIV legislatura
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Representante del Parlamento de las Illes Balearssin identificar
Muchas gracias, señora presidenta. Bon dia a totes i a tots, senyores diputades, senyors diputats. No es casualidad que seamos tres representantes del Parlament de les Illes Balears los que hoy vengamos a presentarles una iniciativa en materia de vivienda. Y esto por el simple hecho de que en estos momentos en el archipiélago formado por Menorca, Mallorca, Eivissa y Formentera el acceso a una vivienda digna es el problema más acuciante de los ciudadanos. Solo para apuntar algún dato les diré que en los últimos años el incremento del precio de la vivienda en venta ha sido superior a un 53 % y los precios del alquiler no le han ido a la zaga, sino lo contrario, han sido de un 70 %. Todo esto es debido — está bastante estudiado— a un efecto que se deriva de la estructura económica de nuestras islas, de nuestra comunidad autónoma, que — como ustedes saben— es fuertemente dependiente del turismo. Por una parte, hay en estos momentos una contracción muy importante de la oferta de vivienda por el simple hecho de que las islas son un destino deseable para muchos no residentes; es decir, residentes en la península, en el resto de Europa o en el resto del mundo adquieren una vivienda para destinarla a segunda residencia. Y, después está también el fenómeno del alquiler vacacional que, como ustedes comprenderán, también es muy intenso en las islas y, evidentemente, retira un stock muy importante de viviendas del mercado inmobiliario, dándose, por tanto, esta contracción de la oferta. Por otra parte, se ha dado un crecimiento exponencial de la demanda por el hecho evidente del incremento de población, que ha sido — podemos decirlo en estos términos— brutal en los últimos años en las Islas Baleares, básicamente protagonizado por personas que han venido atraídas por las ofertas de trabajo del sector turístico. Por tanto, menos oferta y mucha demanda es una tormenta perfecta para este incremento absolutamente exagerado de los precios. Esta población que viene a las islas, como viene a trabajar en el sector turístico, posee la característica de que tiene un poder adquisitivo relativamente bajo. Para mí el indicador de síntesis más evidente de la precariedad del acceso a la vivienda en estos momentos en las islas está en el índice de esfuerzo inmobiliario, es decir, cuántos años de sueldo necesita una persona para poder adquirir una vivienda. En estos momentos en las Illes Balears este índice se sitúa en dieciséis años, es decir, un ciudadano de las Illes Balears necesita dieciséis años de sueldo para poder adquirir una vivienda, mientras que la media estatal está en siete años y medio. Fíjense, por tanto, cómo las condiciones de dificultades para acceder a una vivienda en las Islas Baleares son realmente dramáticas, no podemos llamarlo de otra manera. Esto, evidentemente, no solo se da en las Illes Balears, se da en todo el Estado, pero en las Illes Balears es especialmente grave. Por tanto, es urgente — y yo les pido a ustedes la máxima sensibilidad— encontrar medidas a corto, a medio y a largo plazo; pero, sobre todo, que sean medidas transformadoras, no simplemente cosméticas o decorativas. Tenemos que garantizar que se pueda realizar la función social de la propiedad, tal y como consagra la Constitución. Debemos ser capaces de que la vivienda sea tratada como un derecho, no como una mercancía. Tenemos que poner a las personas y a sus necesidades en primer término, y es por esto que la propuesta que les traemos hoy — es relativamente simple— consiste en atribuir a las comunidades autónomas la posibilidad de que en condiciones determinadas puedan poner limitaciones a los precios de los alquileres. Por tanto — y confrontando con la ley de la vivienda que en estos momentos se está tramitando en este Congreso—, no queremos entrar en el detalle de cuándo es o no es una zona tensionada y de qué módulos o criterios se deben utilizar para fijar los precios de los alquileres, sino una solución mucho más sencilla y mucho más acorde con nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Tengo que recordar que las competentes en materia de vivienda son las comunidades autónomas. Por tanto, proponemos que esta cuestión pueda ser desarrollada por las comunidades autónomas. Como ustedes saben, ha habido un caso reciente en Cataluña de regulación de los precios de los alquileres, que fue declarado inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional. Nosotros, precisamente, venimos a proponer una manera de salvar esa objeción de inconstitucionalidad que puso el Tribunal Constitucional, haciendo constar en una ley estatal — en este caso en la Ley de Arrendamientos Urbanos— que las comunidades autónomas tendrán capacidad para regular estos alquileres. Para terminar, señoras y señores diputados, humildemente desde el Parlament de las Illes Balears hemos querido hacerles llegar este anhelo de dar respuesta a la necesidad imperiosa que en estos momentos tienen nuestros conciudadanos, todos los ciudadanos de las Illes Balears, de poder tener acceso a una vivienda digna. Les pido, por favor, que den apoyo a la toma en consideración de esta propuesta. Muchas gracias, señora presidenta. .
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Representante del Parlamento de las Illes Balearssin identificar
Moltes gràcies, senyora presidenta. Bon dia, diputades i diputats. El mercado inmobiliario de Baleares se vuelve cada vez más inaccesible para los jóvenes y los trabajadores locales, The Financial Times. El turismo en Baleares aumenta los precios y complica el acceso a la vivienda para los residentes, Handelsblatt, Alemania. Como pueden observar, y más allá de la exposición de motivos de la modificación legislativa que traemos a este Congreso impulsada por la mayoría progresista del Parlament de las Illes Balears, el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en un reto de primer orden, incluso mediático fuera de nuestras fronteras. Pese a las excelentes cifras de recuperación después de la pandemia — en la que nuestra economía fue de las más castigadas, si bien gracias a las ayudas del Gobierno de España y europeas hemos mantenido el tejido social y económico intacto—, conseguir un piso sigue siendo una dificultad para la gran mayoría de personas, especialmente los jóvenes. La aprobación de la Ley 5/2018 de Vivienda de las Illes Balears, progresista y modélica, incluye herramientas para poder intervenir en el mercado y prevenir algunos excesos especulativos, especialmente vinculados a la acumulación de inmuebles por parte de grandes tenedores. Con la cesión temporal forzosa, el registro de viviendas vacías o el ejercicio de tanteo y retracto el Govern balear ha erradicado determinadas prácticas lesivas para una sociedad de gente sin casa y casas sin gente, pero no basta. Por este motivo, finalizaremos la actual legislatura con un crecimiento del 72 % del parque público de vivienda, complementado con las ayudas para el alquiler a jóvenes y familias —multiplicadas por nueve desde el año 2015— y con la garantía de hipoteca, con la que el Govern facilita mediante un aval del 20 % la suscripción de un préstamo. Y hay más medidas ―aparentemente ajenas, pero que inciden en la mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos― como el escudo público para proteger a los más vulnerables durante la pandemia, el incremento del SMI o el nuevo convenio de hostelería, principal industria de Baleares, con notables subidas salariales y que mejora la vida de más de 160 000 trabajadores. Evidenciamos así que en vivienda no hay una única solución: hay que impulsar medidas en el ámbito de la construcción de nuevas promociones protegidas, colaborar con el sector privado, intensificar la colaboración con los ayuntamientos para que cedan suelo, seguir con las ayudas y, finalmente, introducir modificaciones legislativas que permitan intervenir en el mercado de la vivienda para que este pase a ser el quinto pilar del Estado del bienestar, que sea un bien básico y deje de estar sometido a los vaivenes de la especulación en una región con un enorme atractivo turístico como la nuestra. Es por ello que en Balears aplaudimos la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Dicha norma, que reforzará lo recogido en el artículo 47 de la Constitución, incorpora las medidas que traemos aquí, y que consisten, esencialmente, en la determinación de zonas de mercado residencial tensionado donde se puedan aplicar medidas de contención de precios. Al iniciar el debate de la proposición, que sometemos al juicio de sus señorías, nuestro Grupo Socialista ya advirtió a la Cámara autonómica de la necesidad de adaptarse a este nuevo proyecto de ley y también a la sentencia del Tribunal Constitucional que corregía determinados aspectos de la ley catalana de alquileres. Por ello, introdujimos en el debate legislativo enmiendas para asimilar lo más posible la proposición de ley a la futura nueva regla estatal y a la jurisprudencia constitucional. Por tanto, si esta establece que la declaración de una zona tensionada debe responder a una normativa estatal que regule su alcance temporal y territorial mediante un proceso garantista, estos procesos se cumplen ampliamente en el proyecto de ley de vivienda que permite, concretamente en su artículo 18, la declaración de estas por parte de las administraciones competentes. Adicionalmente, el proyecto también prevé que tanto la autonomía como el Estado deben elaborar planes específicos de corrección de estos desfases para garantizar el acceso a la vivienda. Además — y es ahí donde queremos incidir—, incluye medidas de contención de precios abusivos de alquiler para reequilibrar el mercado, incentiva fiscalmente precios más bajos, así como, introduce más pisos en la oferta inmobiliaria con una modulación del IBI, entre otros principios. Conscientes de que aún está en trámite parlamentario la aprobación de este proyecto de ley, al cual se han presentado múltiples enmiendas, solicitamos a estas Cortes que se ciñan a la senda que les marcamos hoy y que, junto con todos los instrumentos de mejora del acceso a la vivienda digna, se apruebe una norma estatal que permita la contención de precios de alquiler en aquellas zonas, como las Illes Balears, que presentan una doble tensión demográfica y turística; todo ello, dentro de un marco territorial limitado que queremos preservar para las generaciones futuras. Moltes gràcies, senyora presidenta. .
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Representante del Parlamento de las Illes Balearssin identificar
Señora presidenta, diputadas, diputados, en un contexto estatal de difícil acceso a la vivienda Baleares encabeza varios de los indicadores más significativos de la complicada situación habitacional. El alquiler de vivienda ha alcanzado en febrero los 14,5 euros por metro cuadrado al mes de media, lo que representa un aumento del 18,7 % con respecto al año anterior y en torno al 45 % con respeto a hace diez años. Cataluña y Madrid encabezan el listado de las comunidades más caras, por encima de los 15 euros, y Extremadura es la más barata, con 5,8 euros. Otro dato importante de la evolución al alza de los alquileres en Baleares es la compra de vivienda por los no residentes, especialmente extranjeros, que ha representado en 2021 el 39,5 % del total de compras, según el Colegio de Registradores. La crisis del acceso a la vivienda viene de lejos, y se caracteriza, sobre todo, por el ínfimo parque público de viviendas de alquiler social: en torno al 1,1 % del total, frente al 38 % de Holanda, el 17 % de Reino Unido o el 14 % de Francia; siendo esta carencia uno de los más graves problemas que lastra la respuesta de las administraciones públicas frente a la agresividad especulativa de los mercados inmobiliarios. El Estado debe ser sensible a la gravedad del momento, por lo que debe priorizar el derecho a la vivienda por encima de lo que algunos califican como un bien de mercado que genera actividad económica y considerar el blindaje social de la vivienda como primordial y reconocerlo como derecho fundamental en la Constitución. Hay que renegar de la época nefasta de los años 2012 y 2013, cuando Rajoy intervino el mercado para facilitar la absorción de los llamados activos tóxicos de los bancos y evitar así, a su parecer, la quiebra del sistema financiero; activos tóxicos que nosotros llamamos casas, lugares donde vivir y desarrollar un proyecto vital. Un momento en el que se inventa la Sareb, esa entidad que, según el PP, no iba a costar un euro a la ciudadanía y que ha servido para desviar fondos públicos a la banca; una apropiación de recursos públicos en un país con el 21,7 % de la población en riesgo de pobreza. Hay que revertir, por tanto, esta situación. El beneficio privado jamás puede estar por encima de las necesidades habitacionales de la población más vulnerable. Para garantizar el derecho a una vivienda digna, es necesario poner límites a la función económica de la vivienda cuando esta sea puramente especulativa, como es ahora el caso, algo que molesta a los que se oponen a la regulación efectiva de la vivienda y hacen lo imposible por dinamitar cualquier avance que reduzca sus incontables beneficios. Por eso, creemos que tenemos una oportunidad con el Gobierno de progreso actual y los grupos parlamentarios que lo apoyan para sacar adelante una ley de vivienda estatal que tenga repercusión en el conjunto del Estado. Una ley que paralice todo desahucio sin alternativa habitacional, que impida los cortes de suministros básicos por impago, que aborde los gastos y comisiones injustificados de las inmobiliarias, que regule las zonas turísticas tensionadas, que controle el alquiler turístico ilegal ampliando la inspección, que movilice el parque de vivienda de la Sareb para que pase a ser gestionado por las comunidades autónomas, que revise la fiscalidad sobre la vivienda, que reduzca a cinco el número de viviendas para ser considerado gran tenedor en una comunidad y a diez en el conjunto del Estado, que impida que las VPO de promoción pública puedan venderse, que restrinja la compra de viviendas a las personas físicas o jurídicas no residentes en territorios insulares y que elimine el visado de residencia conocido como Golden Visa. Por eso, esta proposición de ley que hoy traemos aquí representa una oportunidad para avanzar en estos objetivos. Es necesario que las comunidades autónomas puedan regular el régimen de contención o moderación de rentas de alquiler, dado que es una cierta anomalía tener competencia en vivienda, pero no poder adoptar medidas que supervisen su precio. Es una paradoja que se da entre esta competencia autonómica exclusiva y las dudas suscitadas sobre sus posibilidades para acometer medidas de contención de precios, dado que la Constitución reserva al Estado las competencias sobre las bases de las obligaciones contractuales recogidas en la LAU. La interpretación de esta paradoja es la que lleva a que iniciativas legislativas de algunas comunidades sobre esta cuestión puedan considerarse inconstitucionales. Por tanto, creemos que el trabajo conjunto del Estado y de las comunidades autónomas puede servir para avanzar en la resolución de un problema que tiene una base política y unas consecuencias sociales de largo alcance. Si conseguimos aunar esfuerzos con el objetivo central del reconocimiento efectivo del derecho a la vivienda para toda la población, avanzaremos en justicia social; en caso contrario, seguiremos beneficiando al negocio de unos cuantos. Moltes gràcies. .
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Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Permítanme que salude cordialmente a los tres diputados del Parlamento de las Islas Baleares que acaban de intervenir. Se plantea una proposición de ley de modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que promueve que las comunidades autónomas puedan poner topes a los precios del alquiler de una vivienda. Al respecto conviene recordar que una parte sustancial de la regulación de la vivienda en España es materia de ayuntamientos y comunidades autónomas, pero siempre hay que respetar las atribuciones del Estado, evitando episodios de invasión competencial como el que se produjo en Cataluña con la ley que topaba el precio de alquiler, que acabó siendo parcialmente anulada hace un año por el Tribunal Constitucional, como han referido el señor Castells y el señor Ferrer en sus intervenciones. Señorías, como defensor del sacrosanto derecho de la propiedad privada, pilar de libertad, votaré en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley que se apropia de competencias estatales y que incidiría, entre otros aspectos negativos, en la desigualdad entre los españoles dependiendo del territorio en el que vivan. No obstante, cabe entender la preocupación de las Islas Baleares, porque no en vano fue una de las comunidades autónomas donde el alquiler de vivienda alcanzó en 2022 máximos históricos, con una subida interanual del 21 %, frente al 8,7 % de media nacional. Cabe preguntarse por qué no se ha corregido allí el exiguo parque de viviendas sociales con medidas eficientes para aliviar este grave problema. Señorías, al hablar de vivienda hay que reiterar que estamos ante otro gran fracaso del Gobierno de coalición, que se ha instalado definitivamente en el lío: lío a cuenta de los efectos perversos de la nefasta ley que continúa rebajando penas a los delincuentes sexuales, lío por los gastos militares y lío ―como el caso que nos ocupa― por las serias discrepancias en política de vivienda. Hace unos días, en el marco del Mobile World Congress, escaparate de España ante el mundo, la vicepresidenta, señora Calviño, y la alcaldesa de Barcelona, señora Colau, se las tuvieron tiesas, precisamente, a cuenta del precio de los alquileres. Concluyo señalando que continuamos a la espera de avanzar razonablemente, sin extremismos ni pociones tóxicas, en el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, asunto que lleva dando tumbos trece meses en esta Cámara. En consecuencia, tampoco tendría mucho sentido promover esta tarde una modificación legislativa con vocación de parche y que crearía inseguridad jurídica en lo que, sin duda, es una de las grandes inquietudes de España, agudizada por la política económica del Gobierno que repercute en las familias y que lastra el acceso a la vivienda, particularmente para los jóvenes que tienen hoy las peores expectativas de encontrar trabajo de toda la Unión Europea, tal y como reflejan los últimos datos oficiales de Eurostat. Muchas gracias, señora presidenta.
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Albert Botran Pahissa CUP-PR
Gràcies, senyora presidenta. Bon dia, senyors diputats del Parlament de les Illes. Se da la circunstancia de que el día que el Parlament de las Illes aprobó esta propuesta que hoy eleva al Congreso para permitir la regulación de alquileres ―un 27 de septiembre― estábamos compareciendo aquí enfrente junto al movimiento por la vivienda para, precisamente, reclamar esto, que la ley española incluya la regulación de los alquileres junto con otras medidas de mínimos, tales como la obligatoriedad del alquiler social o la expropiación del parque de viviendas de la Sareb. Desde distintos frentes se apuntaba a un mismo objetivo, la regulación del alquiler, una medida que con distintas características ha existido en Estados Unidos ―en Massachusetts, San Francisco, Nueva York―, en Alemania y en el Estado francés, y siempre con efectos positivos. En Cataluña, mientras estuvo vigente en sesenta y un municipios, los estudios hablan de una bajada de alrededor del 6 %. Se llegó a regular el alquiler después de una importante campaña popular que incluyó el apoyo de cuatro mil entidades, entre las cuales, Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana, y en el Parlament la votó la mayoría independentista: Esquerra Republicana, Junts, la CUP y Catalunya en Comú. El PSC-PSOE estuvo en contra, como el Partido Popular, y esta ley terminó suspendida por el Constitucional, un caso más en el cual la cuestión nacional queda imbricada con la cuestión de clase. Porque, ¿qué intereses hay detrás de la negativa a regular los alquileres? ¿A quién protegen el PP, el PSOE y el Constitucional? Pues a unos pocos, a unos muy pocos. En Barcelona el 1,2 % de los caseros acapara el 24,1 % de las viviendas, tienen entre once y quince casas. Son datos que ayer mismo publicó La Hidra Cooperativa. Nos queda la duda de qué votará hoy el PSOE ante esa propuesta que le han traído sus compañeros de partido de las Illes , el PSIB. A juzgar por los pocos aplausos que se ha llevado su representante, el señor Ferrer, creo que también votarán en contra de regular los alquileres por la vía que propone el Parlament de les Illes. Estamos otra vez ante lo mismo, el Estado español ni hace ni deja hacer, en este caso en la cuestión de regular los alquileres. El Parlament de Catalunya en los últimos cuatro años ha visto recortadas o anuladas hasta seis leyes de vivienda; la última, el pasado mes de diciembre, cuando el propio Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos llevó al Constitucional la Ley catalana 1/2022, que establece la obligatoriedad del alquiler social. En Mallorca, Menorca o, en general, en las Baleares no se ha dado un proceso independentista como el catalán, pero motivos no faltan, porque ni regular los alquileres les permiten. Nosotros aspiramos a la plena independencia y, por tanto, a tener una ley catalana del suelo, una ley hipotecaria propia y la capacidad de expropiar el parque de viviendas de los bancos que han sido rescatados con dinero público. Este es nuestro programa para atajar un problema, el del acceso a la vivienda, que no debería estar en manos del mercado ni de los especuladores. Muchas gracias.
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Íñigo Barandiaran Benito EAJ-PNV
Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Arratsalde on. Vamos a ver, cinco folios del Boletín Oficial del Congreso (los muestra) para una ley con un propósito determinado: modificar los artículos 10 y 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con tres objetivos diferentes. Cuarenta y cinco folios en el mismo Boletín Oficial del Congreso (los muestra) con el mismo título, el mismo objeto y los mismos artículos a modificar, además de otros, en este caso. El fundamento en ambos es la política de vivienda, política de vivienda que la Constitución reserva para los estatutos de autonomía o, mejor dicho, los estatutos de autonomía la reservan para sí, lo que les permite el ejercicio de políticas concretas de vivienda. El objeto que se reclama por parte de los legisladores baleares ―por cierto, se me ha olvidado saludarles y darles las gracias por su intervención― permitiría tres acciones concretas: la prórroga del contrato de alquiler en términos diferentes a los previstos en la disposición final primera del proyecto de ley de vivienda que ahora nos encontramos tramitando en la Comisión del Congreso, el régimen de contención de renta que pretende ―y esa es la innovación― que sea autonómico y la cobertura para que las comunidades autónomas, además, puedan declarar zonas de mercado tensionado. Porque esa es la reclamación de quienes ejercen políticas de vivienda dirigidas a la garantía del artículo 47 de la Constitución desde las facultades a las que les habilita el bloque de constitucionalidad del estatuto de autonomía y la Constitución española, y no es tanto que el Estado deba remover esos obstáculos, sino que el Estado actúe allí donde tenga competencias, que no las tiene en materia de vivienda, pero sí en materia procesal, en materia de legislación civil y en materia de arrendamientos urbanos. Con esto quiero decir que el proyecto de ley de vivienda que se tramita en el Congreso actualmente señala la definición de derechos y deberes, la planificación y garantía del ejercicio del derecho a la vivienda, los indicadores, el seguimiento y evaluación de resultados, los porcentajes de viviendas sometidos al alquiler ―por Dios, ¿también eso tiene que decirlo?―, consecuencias de la calificación de vivienda. Que yo sepa, la Ley de Vivienda del País Vasco hace más de veintitantos años que tiene declarada ya la calificación permanente de las viviendas de VPO. O la definición de gran tenedor, otro gran debate en Baleares o en Barcelona, que es la causa de la ley de vivienda, o también en algunos otros sitios, por ejemplo, en San Sebastián, de donde vengo yo, tenemos un problema también parecido en cuanto a zonas tensionadas. Esto puede ser relevante, pero quitando determinadas actuaciones, que serían las relativas a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las relativas a la modificación de Ley de Arrendamientos Urbanos, u otras en las que el Estado sí tiene competencias exclusivas para poder actuar, la iniciativa legislativa balear nos pone sobre la mesa un debate: ¿para qué se necesita actuar en materia de vivienda, allí donde no hay competencias del Estado para actuar en materia de vivienda? ¿Por qué los partidos proponentes que apoyan la iniciativa en Baleares aquí resulta que no la van a apoyar y van a entender que van a poder actuar en el ámbito de la vivienda condicionando las políticas de vivienda que van a hacer las comunidades autónomas? Señores del Parlamento balear, a todo el pueblo balear, gracias por su iniciativa, me parece magnífica, pero sobre todo quiero ponerles en evidencia, no ya a ustedes sino a su gente, y también a esta Cámara, la incongruencia de determinadas políticas que solo son oportunistas y que no pretenden solucionar los problemas de fondo, sino solo tener el protagonismo, en este caso, desde el punto de vista de Estado, para intervenir por el mero hecho de intervenir y al margen de la eficacia de esas políticas públicas. Muchas gracias.
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Juan Ignacio López-Bas Valero Cs
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero saludar, en primer lugar, a los representantes del Parlamento balear, bienvenidos, al igual que a nuestra portavoz nacional de Ciudadanos en el Parlamento balear. Ciudadanos ya votó en el Parlamento de Baleares en contra de esta proposición de ley dirigida hoy al Congreso, y lo hicimos en el convencimiento, como hemos dicho de manera permanente, de que intervenir el mercado de alquiler poniendo un tope a las rentas no es una solución. Es evidente, claro que sí, que existe un problema en toda España para el acceso a la vivienda, tanto en régimen de propiedad como en régimen de alquiler, tan cierto como que ese problema lo tienen, principalmente, las personas con rentas más bajas y los jóvenes, justamente quienes más necesidad tienen y para quienes disponer de una vivienda es la posibilidad de iniciar un proyecto de vida autónomo e independiente. Pero hacer de ese mercado algo más pequeño, reducirlo o machacar la oferta de vivienda no es una solución, sino que precisamente agrava el problema. Y no hablamos ya de teorías, de previsiones o de políticas que no hayan sido puestas en marcha y sobre las que todavía no podamos evaluar sus consecuencias y su propia viabilidad. Es más, la pregunta hoy es: ¿por qué no se gobierna diseñando y aplicando políticas públicas en materia de vivienda, teniendo en cuenta el análisis de los hechos objetivos sobre la base de evidencias y no en consignas ideológicas previas y con la venda de los dogmas tapándonos los ojos? Si son ustedes capaces de demostrar que limitando los precios del alquiler van a solucionar de verdad el problema, los liberales seremos los primeros en reconocerles el éxito. Pero ¿saben lo que pasa? Que esto ya se ha experimentado y ya conocemos el resultado, incluso aquí en España, y no solo no ha sucedido lo que ustedes defienden ―que pasará si se reforma la ley, como ustedes pretenden―, sino todo lo contrario. Vayan ustedes a los datos objetivos, al análisis de lo que ha pasado en España con la intervención de los precios de alquiler de vivienda en Cataluña entre septiembre de 2020 y marzo de 2022, el tiempo de vigencia de la Ley catalana 11/2020, hasta que fue parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional, porque esos dieciocho meses son ya la prueba de algodón. Recuerden ustedes bien, señorías, qué pretendía aquella ley, literalmente: dar una solución a la juventud y a las personas y familias con bajo nivel de ingresos, que son quienes más han sufrido y aún sufren situaciones de exclusión residencial. Así lo decía la exposición de motivos de esa norma. ¿ ¿Y qué ha sucedido realmente entre septiembre de 2020 y febrero de 2022? Pues exactamente todo lo contrario, se diga lo que se diga. En Cataluña los alquileres bajaron, sí, señor Botran, pero solo en algunos casos, solamente para las viviendas más caras. Es decir, la ley favoreció justamente a quienes no sufrían ningún problema económico para alquilar una vivienda, o a quienes menos les condicionaba el precio para elegir piso que alquilar. Sin embargo, los efectos de la norma en Cataluña fueron la subida de los alquileres, justamente de las viviendas más baratas, es decir, aquellas que son objeto del segmento de mercado, ¿de quién? De los jóvenes y de la población con rentas medias y bajas. Bingo, señorías. Y ahora quieren ustedes que hagamos lo mismo en toda España. Esos son datos empíricos, son objetivos, los tienen ustedes a su disposición en el documento publicado por ESADE este mismo pasado mes de febrero por investigadores de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona. . Y esos datos objetivos nos dicen que la norma que venía en Cataluña a solucionar el problema del acceso a la vivienda de los jóvenes y los ciudadanos con rentas más bajas les ha perjudicado justamente a ellos, y que además ha beneficiado a los de rentas más altas, para cuyos alquileres, sí ha habido un beneficio de reducción de precio de alquiler. Por tanto, ya tenemos evidencia empírica y científica para una política pública como la que se propone, que demuestra que esa política no funciona, y no solo que no funciona, sino que empeora el cuadro de aquellos a quienes se supone pretende ayudar. Esto ya se demostró en Nueva York, en Boston, en Estocolmo, en San Francisco o en Berlín. Y ahora, que ya tenemos el ejemplo de Barcelona, la pregunta es: ¿dónde pueden ustedes decir que limitar los alquileres por ley ha funcionado? Más allá de todo esto, resulta sorprendente que tengamos ahora ante nosotros una proposición de ley que nos viene del Parlamento balear a iniciativa de Més, apoyada por los votos de PSOE y Unidas Podemos en ese Parlamento autonómico, cuando aquí en este Congreso se está tramitando un proyecto de ley, nada menos que desde hace más de un año, desde febrero de 2022, y después de más desencuentros entre los partidos que apoyan al Gobierno de los que ustedes mismos recuerdan. En ese proyecto de ley, para el que sigue sin reunirse siquiera la ponencia legislativa, y que quiero recordar que tuvo hasta cinco enmiendas a la totalidad, se contiene ya una de las dos modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos que ahora se nos propone desde Baleares. La primera es una redacción idéntica, la propuesta para el artículo 10 de la LAU, a la que ya aparece en el proyecto de ley del Gobierno en trámite. ¿Qué es entonces lo que han votado los parlamentarios de Baleares, de Podemos y de PSOE? Parece que simplemente proponen que aceleren ustedes, señorías de Podemos y PSOE en el Congreso, porque siguen ustedes enfrascados en la misma guerra interna en este tema, una más. La otra modificación propuesta es la del artículo 17 de la LAU para regular lo que ustedes llaman zonas de alquiler tensionado y ceder su competencia a las comunidades autónomas, algo muy similar a lo que ya se prevé otra vez en la modificación de ese mismo precepto, en el proyecto de ley de vivienda del Gobierno, paralizado tras la presentación de enmiendas desde mayo de 2022, sigue en ese cajón esa ley estrella de este Gobierno y además prometida para los fondos Next Generation en España. Por eso, lo suyo en esta tramitación, señorías de los partidos del Gobierno, es ―se puede decir así― algo absolutamente esperpéntico. Porque ustedes están peleados sobre cómo encontrar una solución, y la única que se les ocurre es justamente la que ha provocado efectos contrarios a lo que ustedes dicen que pretenden. Pero es que encima ahora vienen sus compañeros de Baleares a meterles prisa para seguir haciéndolo, ahora que sabemos todos que esa fórmula no funciona, les siguen apretando para que simplemente sigan haciéndolo ustedes mal. ¿Se puede hacer peor, señorías? Pues seguro que sí. Para demostrarlo es bien sencillo, voten ustedes que sí a esta proposición de ley y demostrarán que se puede hacer peor lo que ya se ha hecho mal. Muchas gracias. .
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Grazas, señor presidente. Esta proposición de ley del Parlament de les Illes Balears viene a cubrir, a nuestro juicio, un vacío en la acción del Gobierno, un ámbito en que el incumplimiento es evidente. Y lo es a pesar del creciente problema de acceso a la vivienda, con los costes de los alquileres disparados, que afecta especialmente a los jóvenes, aunque no solo a ellos, impidiendo iniciar proyectos de vida independiente; con una subida de tipos de las hipotecas que escala de mes a mes, con el euríbor ya en el límite del 4 % y que muy probablemente lo superará en las próximas semanas, añadiendo dificultades a las familias; sin una política de vivienda pública que palíe esta situación y con la Sareb, hoy una entidad enteramente pública, pretendiendo hacer negocio con su parque de viviendas. Por eso, nos parece que estas propuestas van en la buena dirección, tanto en lo que afecta a la prórroga de los contratos como a los regímenes de contención de precios por parte de las comunidades autónomas, es decir, sin ningún tipo de invasión competencial, respetando las competencias de quien las tiene. Desde el punto de vista del BNG, hay que hacer más, pero creemos que esto es una base. Hay que hacer más, entre otras cosas, con un tope a las hipotecas basado en criterios sociales, transfiriendo los activos de la Sareb, en el caso de Galiza con más de 3000 viviendas, a las comunidades autónomas, impulsando políticas activas de vivienda pública, etcétera. Hay que hacer más, pero, como digo, vamos a empezar por apoyar esta propuesta. Obrigado.
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Íñigo Errejón Galván MÁS PAÍS-EQUO
Gracias, señor presidente. Señorías, señores diputados del Parlament de les Illes, vamos a votar a favor de la propuesta que ustedes traen aquí porque nos parece que hay un encontronazo o una situación que no tiene salida entre un Estado que no deja hacer a las administraciones autonómicas lo que quieren hacer, pero que tampoco de momento hace. En nuestro país, cuando hablamos de vivienda, hablamos de una profunda escisión que llena de seguridad nuestras vidas. A todos nos enseñan de pequeñas y de pequeños que la vivienda, la casa, es el lugar de la seguridad, de la tranquilidad y de la protección, y el paso a la edad adulta es exactamente todo lo contrario, que tener una vivienda o, incluso, tener la posibilidad de tener una habitación se convierte en una fuente de sufrimiento, de ansiedad y, sobre todo, de proyectos de vida siempre en el alambre: no poder encontrar un piso con tu sueldo; no poder hacer frente a las fianzas, a los avales y al mes de la inmobiliaria, porque los alquileres se han multiplicado mientras los sueldos no lo hacían; acumular tres, cuatro o cinco mudanzas en cinco años; o estar condenado a compartir piso y no poder pensar en proyectos independientes de vida adulta. Esto sucede por una inmensa desigualdad y por la capacidad política y económica de una minoría de imponer sus intereses a una mayoría. Los rentistas normalmente se esconden detrás de un animal mitológico, que es una señora mayor que necesita el alquiler para redondear y para poder llegar a final de mes. En la realidad, los rentistas en nuestro país son un 6 % de la población española, en la inmensa mayoría de los casos multipropietarios que se lucran de una actividad no productiva, sino extractiva. En España la vivienda funciona como un impuesto al revés, que al que es rico le premia y al que es pobre le quita. Es un modelo que sirve todos los días para pasar renta de las manos de la mayoría en precario a las manos de la minoría propietaria, y esa minoría propietaria no lo es porque se haya esforzado más, no lo es porque sea más talentosa, no lo es porque haya tenido más suerte en la vida, no lo es porque haya trabajado más duro, lo es casi siempre por tener el mérito fundamental en la vida de ser hijo de propietarios que hereda las propiedades de los de antes. Acabo ya, señor presidente. André Gorz, un intelectual francés, padre por cierto del ecologismo político, acuñó el término de las reformas no reformistas o las reformas revolucionarias.
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Íñigo Errejón Galván MÁS PAÍS-EQUO
Son aquellas reformas concretas y sencillas que, sin embargo, alteran las relaciones de poder existentes y allanan el camino a transformaciones de mayor calado. Créanme que esta es una de ellas. Si en esta legislatura no se toca el mercado de la vivienda, si no se desarticula el poderoso bloque inmobiliario rentista, en España no habrá industrialización, diversificación económica, igualdad de oportunidades o justicia social. Muchas gracias.
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Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)
Gracias, presidente. Benvinguts, diputats de les Illes Balears a aquest hemicicle i moltes gràcies per haver presentat aquesta iniciativa. . Quisiera empezar corrigiendo a mi amigo portavoz del PNV, yo estoy seguro de que esta proposición de ley va a salir hoy adelante. Estoy segurísimo, porque viene con el aval del Partido Socialista y de Unidas Podemos y, por lo que he visto de cómo se están posicionando aquí los grupos, veo mayoría suficiente para que salga. Además, les avanzo que va a contar con nuestro voto favorable, porque más allá de que pensemos o no, y tenemos nuestras dudas razonables, que el problema de la vivienda se solucione solo limitando los alquileres, lo que está claro es que en el ordenamiento jurídico español, en el balear y en el catalán las competencias exclusivas en vivienda son de las comunidades autónomas, y su propuesta es absolutamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. Si alguien tiene que decidir cómo se fija, qué consecuencias tiene y cómo se regula ante un mercado residencial tensionado, son las comunidades autónomas. A diferencia de lo que hace el proyecto de ley del derecho a la vivienda, donde se dice que si se producen estas circunstancias, de acuerdo con estos parámetros y con estos porcentajes, usted, comunidad autónoma, podrá decidir qué es una zona residencial tensionada. Oiga, que el competente soy yo, que quienes tiene que hacer la legislación ―y se lo digo yo, que no estoy a favor de que se regule sin ningún tipo de limitación los alquileres― son los parlamentos autonómicos. Por tanto, ustedes lo que hacen es modificar la LAU, que es donde realmente hay problema, y se le dice a las comunidades autónomas: tú eres competente para determinar si la zona residencial está tensionada y qué medidas debes tomar. Y se nos pretende hacer tragar esto a todas las comunidades autónomas, bajo el mantra de que esto es una competencia estatal. No, no, la competencia de vivienda y actuar sobre las zonas residenciales tensionadas es una competencia estrictamente autonómica. Y no se puede aceptar de ninguna forma que, cuando la competencia es así (indica un tamaño grande separando las manos), de acuerdo con la legislación que ustedes están planteando en estos momentos dejen la competencia así (indica un tamaño pequeño acercando las manos) y vayan a las comunidades autónomas y les digan: tú tienes esta competencia (indica un tamaño grande separando las manos), pero ahora en las zonas residenciales tensionadas la fijamos aquí (indica un tamaño pequeño acercando las manos) y dentro de este parámetro haz lo que quieras. ¡No, oiga!, ¡que mi parámetro es este! (indica un tamaño grande separando las manos), ¡habilíteme para hacer lo que quiera dentro de este parámetro! Y esto es lo que defendemos. Hoy votamos a favor, esencialmente, para defender las competencias de las comunidades autónomas, porque hay algunos que aquí estamos también para defender el autogobierno de nuestro país. Muchísimas gracias.
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Pilar Vallugera Balañà ERC-S
Gràcies, president. Bona tarda diputats i diputades. . Es la suerte de ser bilingüe. A ver si la tienen ustedes algún día. . Tranquilas, tranquilas en todos los aspectos, por favor, no se me pongan nerviosas, que va a ser una tarde pesadita. Lo primero que debo hacer es agradecer la presentación de esta proposición que proviene del Parlamento balear, que desde mi punto de vista tiene la soberanía de sus representantes, de sus ciudadanos, y no reside aquí si no que reside ahí, pero da la casualidad de que tanto en espíritu como casi en redacción es casi idéntica a la enmienda a la totalidad que presentamos cuando empezamos a tramitar la ley de vivienda, y da la casualidad también de que lo hacíamos bajo la petición de que el Estado se ciñera a sus competencias y articulara un paraguas normativo que permitiera que las competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas en materia de vivienda fueran respetadas. Por tanto, les dijimos que hicieran tres cosas: uno, habiliten a las comunidades autónomas para que puedan ejecutar la contención de rentas en sus respectivos territorios; dos, modifiquen la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que sea un requisito de procedibilidad ante los desahucios la oferta de alquiler social, y tres, no se metan más en el principio de subsidiariedad, en el principio de conocimiento del territorio y en el sistema de soberanía que articula la Constitución ―esa que no comparto en absoluto, pero que lo articula y, por tanto, cúmplanlo―. Les doy el espóiler: mala suerte, no funcionó. Lo mismo que planteaban en el Parlamento balear y que votaron a favor, aquí votaron en contra, y lo mismo que plantearon en el Parlamento valenciano, aquí votaron en contra. Estamos en plena negociación de la ley de vivienda y yo me pregunto: ¿para qué sirve als països catalans votar al PSOE en sus diferentes marcas? Si votan una cosa en los parlamentos y luego la contraria en el Congreso . ¿Para qué sirve? Para nada, solo para regalarles los oídos a los ciudadanos. Es muy importante la contención de rentas, muy importante; estamos muy mal con lo de los pisos, los jóvenes no pueden acceder a ellos. Vale, pues nada, nos ponemos manos a la obra y nos presentan un anteproyecto de ley que no hay por dónde cogerlo. Pero, perdonen, es que era común el anteproyecto de ley, es que UP también votó en contra de la enmienda a la totalidad. Por tanto, y aquí viene al drama, vamos a tener elecciones dentro de poco. Lleven un registro de lo que dicen, por favor, lleven un registro de lo que todos prometemos, porque la coherencia, o su falta, es la que determina la extremada lejanía que perciben las ciudadanas y los ciudadanos respecto a los partidos políticos. ¿Estamos o no estamos por la contención de rentas? Pues entonces que el presidente coja a la ministra de Economía y le diga que manda Raquel Sánchez y que va a haber tope al incremento de alquileres, porque si no con nosotros no va a haber ley. Entonces, que coja a la ministra de Economía y le diga que los pisos que van a entrar nuevos en el mercado de alquiler van a tener un tope y una referencia, porque si no, no va a ver ley; que le diga que los gastos han de ir a cuenta del arrendador y no del arrendatario, porque si no, no va a haber ley, y que le diga que los índices que marcamos las comunidades autónomas, y que no fueron derogados por el Tribunal Constitucional, van a funcionar inmediatamente, porque si no, no va a haber ley. Y les digo otra cosa, también un poco para tomar nota todos: lo que tenemos que decir entre nosotros nos lo decimos en el atril del Parlamento o en las reuniones. Dejen ya de utilizar la prensa, porque ha sido una vergüenza ver cómo en el Gobierno se contradecían los unos a los otros y nos enterábamos a través de la prensa. Es impresentable pero es que, además, nos debilita. Debemos hacer nuestro trabajo de una manera honesta, de una manera leal, y por eso hemos estado callando todo este tiempo. Pero ya les digo que si quieren una ley de vivienda van a tener que cumplir unos mínimos. Ya que nos ponen al Tribunal Constitucional en todas partes, y según su criterio no podemos regular, lo van a tener que hacer ustedes, pero lo van a tener que hacer, porque si no, no vale la pena. Debemos transformar de verdad la realidad de los ciudadanos con leyes aplicables y no con leyes que prevean condiciones que no se pueden dar en la realidad. ¿Y saben qué pasa? Que con esta ley me he hartado de mirar dónde está la bolita, porque pactan con nosotros unas cosas y escriben otras, y eso no es buena fe negociadora. Por tanto, ¿quieren ley? Si es por nosotros habrá, pero siempre y cuando sirva para algo, porque debemos servir para algo. He venido aquí, y se lo digo con toda sinceridad, a intentar avanzar en la independencia de mi país, pero no por eso voy a dejar colgada a la ciudadanía que lo está pasando mal, porque comparto, porque soy de esa clase social que no encuentra piso, porque soy de esa clase social que tiene en su edificio los desahucios y porque, efectivamente, no vengo de hijo de propietarios. Hagan ustedes el favor, porque están dejando el Estado peor a como lo encontraron. Muchas gracias. .
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Bona tarda, president. Benvinguts, companys diputats de Balears. Ben retrobats. Señorías, la crisis habitacional de Baleares se sigue agudizando en medio de un proceso de encarecimiento de la vivienda que ni se detiene ni se limita al mercado de compraventa. El precio medio de la vivienda de alquiler sobrepasa las posibilidades del perfil mayoritario de los demandantes, de modo que a día de hoy es tremendamente complicado encontrar ofertas por debajo de 1000 euros. Esto no lo digo yo, son declaraciones del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Baleares. Por mucho que se empeñe la derecha en que la vivienda es un bien de mercado con el que especular para enriquecer a unos pocos a costa de la población y en nombre del dios mercado, la vivienda es un derecho fundamental porque sin una casa no se puede tener una vida digna y los jóvenes no pueden emanciparse, ni crear una familia ni un hogar, ni pueden tener hijos que puedan crecer con esperanzas de futuro. Por tanto, garantizar el acceso a la vivienda debe ser cuestión de Estado, cuestión de Estado para cualquier Gobierno decente que realmente trabaje para la gente. Son diversos los motivos por los que hemos llegado hasta aquí, empezando por las nefastas políticas neoliberales del Partido Popular que han impulsado un crecimiento desaforado, su corrupción urbanística y la financiación excesiva por parte del sistema financiero, que se lanzó alocada e irresponsablemente, y las vergonzosas políticas de austeridad de M. Rajoy, que salvó a los bancos con el dinero de nuestras y nuestros trabajadores, mientras familias con niños estaban siendo desahuciadas sin alternativa habitacional. . Lo que según el Partido Popular no iba a costar un euro a los ciudadanos, nos acabó costando más de 60 000 millones, y ya que lo hemos pagado es de justicia que todas las viviendas de la Sareb pasen a ser cedidas a las comunidades autónomas para poder crear parques públicos de vivienda a precios sociales y asegurar que se prohíba su venta para evitar que el Partido Popular pueda seguir malvendiendo a fondos buitres lo que es de todas — lo público—, como hizo en Madrid. Ya estamos viendo cómo ante las próximas elecciones autonómicas el Partido Popular en Baleares vuelve a prometer solucionar el problema que ha creado con las mismas recetas de siempre: ceder suelo público a las empresas promotoras y bajadas de impuestos y bonificaciones fiscales que a quienes favorecen es a los grandes tenedores que especulan o a los fondos buitres. El Partido Popular, por ejemplo, en el período 2011/2014, cuando gobernaba en Baleares, no impulsó la construcción de ninguna promoción nueva por parte del IBAVI; cero viviendas. Sin embargo, a pesar de la pandemia y de la crisis producida por la invasión de Ucrania, por lo que hemos tenido que destinar ingentes recursos a salvar vidas, familias y empresas, al final de esta legislatura en Baleares se habrán añadido al parque público 1286 viviendas de alquiler social. ¡Y claro que no es suficiente! Baleares cerró 2022 con un precio medio de alquiler de 13,85 euros el metro cuadrado, el más alto del país; Palma fue la quinta capital española más cara en diciembre de 2022. El ascenso de las rentas de alquiler parece imparable. La presión que está experimentando este mercado es muy importante, dado que mucha oferta se está retirando mientras que la demanda de inquilinos es cada vez mayor: lo asegura Ferran Font, director de Estudios y portavoz de Pisos.Com. De que Baleares es una zona tensionada no cabe ninguna duda, y que se necesitan medidas valientes y de forma urgente para garantizar el acceso a la vivienda ante esta lacra especulativa es una obviedad. Es necesario apoyar esta modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que presenta el Parlament de les Illes Balears, necesaria para dar un paso más para solucionar este abuso y que va a dejar retratados a todos los partidos, que va a demostrar quién hace política para los ciudadanos y quién sigue protegiendo a los fondos buitre y los grandes especuladores, aunque esta solo es una medida más de las muchas que se necesitan para solucionar el problema. Según la Conselleria d’Habitatge, en Baleares hay setenta mil viviendas vacías, con las que se está especulando para aumentar los precios del alquiler. Es imprescindible que se incorporen al mercado. Que nadie dude de que cuando sea la próxima presidenta de Baleares habrá un impuesto a las viviendas vacías. . ¡Ya está bien de especular con la vivienda! Se va a modificar la Ley de la Vivienda de las Illes Balears para bajar de diez a cinco la consideración de grandes tenedores para que afloren al mercado las viviendas vacías. Hacen falta cuarenta mil viviendas en alquiler social; y no hace falta construir indiscriminadamente, poniendo en peligro el equilibrio de nuestro territorio, cuando tenemos setenta mil casas vacías. También es urgente que se apruebe la ley estatal de vivienda, que tope los precios del alquiler, que paralice los desahucios sin alternativa habitacional. El suelo en Baleares es finito y los ciudadanos no queremos que las islas se conviertan en un parque temático para extranjeros ricos mientras que varias familias viven apiñadas en un piso o en caravanas porque un trabajador no puede pagar un alquiler. En Baleares el 38,95 % de la compra de viviendas es por parte de extranjeros, frente al 12,61 a nivel nacional, según datos de Estadística Registral Inmobiliaria. Por eso es necesario limitar la compra a los no residentes. Garantizar a los ciudadanos una vivienda digna es una decisión política que solamente un gobierno progresista, un gobierno decente será capaz de llevar a cabo y por eso es necesario que el Gobierno central habilite a Baleares y Canarias para poder legislar en esta materia y acabar con esta lacra. Vamos a votar a favor de esta modificación presentada por el Parlament balear, que es el que representa a los ciudadanos de las Islas Baleares. Gracias. .
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Cristina Alicia Esteban Calonje VOX
Buenas tardes. Buenas tardes, señorías del Parlamento balear. Ya nos dicen ustedes en su exposición de motivos que son conocedores de que lo que aquí traen es inconstitucional. No contentos con ello, vienen al Congreso de los Diputados para reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos e imponer así sus políticas fallidas y demagógicas a todos los españoles. Pero entremos en el fondo del asunto. Falta vivienda en España: estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y cuál es la manera de abaratar un bien? Aumentar su oferta. En los últimos veinte años ustedes han ignorado sistemáticamente todas las alertas e indicadores que estaban anunciando un aumento de población en las islas. En 1996 la población balear era de 760 000 almas, en 2006 eran un millón, en 2022 había 1 232 000 habitantes. Las islas son un territorio limitado y desde hace ya muchos años tenemos la necesidad de crear espacios para generar vivienda a precio asequible, y ahora vienen ustedes aquí, en un contexto preelectoral, con prisa, haciendo evidente lo desorientados que están y la nula política de vivienda que han llevado a cabo en estos últimos ocho años. . Falta vivienda social, como venimos advirtiendo repetidamente desde VOX. Concretamente, en España faltan 2,5 millones de viviendas sociales para situarnos solo en la media europea, y en el caso de Baleares faltan 40 000. Cuando nuestro diputado balear don Jorge Campos imploraba a la presidenta Armengol que construyera vivienda social, ella le contestó, muy airada, que nunca se habían construido tantas, cuando lo cierto es que en ocho años, de las 1800 viviendas que prometieron ustedes, no han construido ni un tercio y ahora Baleares cuenta con cuatro de los once municipios más caros de toda España. Ese es el resultado de sus políticas en Baleares. . En VOX entendemos que las políticas sociales son pilares para nuestra sociedad: pensiones, educación, sanidad y, señorías, políticas de vivienda. La media de los países de Europa en políticas sociales por habitante es de 148 euros. En Reino Unido son 439 euros por habitante, en Dinamarca son 311 euros y en Luxemburgo 253 euros, mientras que en España se invierten 35 míseros euros en políticas de vivienda por habitante. En lo que sí invierte este Gobierno es en grandes dosis de demagogia y nula dotación presupuestaria. En 2020 el Gobierno socialista, comunista y pancatalanista del Parlamento balear dictó un decreto para desclasificar suelo urbanizable en terrenos donde se podía construir vivienda, y así hasta dieciséis normas urbanísticas en los últimos cuatro años, de un plumazo y por motivos políticos, alegando el medio ambiente, pero no el medio ambiente de verdad, sino el de esa Agenda 2030, la de no tendrás nada y serás feliz, la de burócratas que juegan a la ecología sin salir de sus despachos y sin haber pisado en su vida el campo , como han hecho, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, enfangado la normativa urbanística de imposición ideológica o perspectiva de género y todos los mantras que se tragan de la izquierda y que nada tienen que ver con construir viviendas. Pero, volviendo al tema balear, sus delirios han supuesto que veinte mil viviendas no se vayan a construir. Ustedes utilizan la frustración y la indignación de las personas que no pueden acceder a una vivienda, con grandes dosis de demagogia y expresiones como alquileres abusivos, control de mercado y fondos buitre. Lo cierto es que ustedes lo que quieren es volver a la renta antigua. Y no es algo que diga solo VOX, sino también el Fondo Monetario Internacional; es algo que ya ha advertido el Banco de España y el informe de febrero de ESADE, es decir, el resultado del control de precios es que se reduce la oferta porque el propietario o vende o ya no alquila, el mantenimiento de los inmuebles se vuelve cada vez más deficiente y — lo más importante— lo que ustedes hacen con estas medidas es expulsar del mercado a las clases más humildes. . ¿A quién va a alquilar antes el propietario una vivienda, a una persona que tiene una antigüedad laboral de siete años y una nómina de dos mil euros o a una persona que tiene una nómina de mil cien euros, solo lleva dos meses trabajando y además tiene cargas familiares? Como siempre, expulsando del mercado a los más humildes. Y a todo esto vamos a poner un lazo, con la inseguridad jurídica que supone ver cómo desde este Gobierno y el Gobierno balear se ampara y se fomenta la okupación y la inquiokupación. Sus políticas erráticas son las que nos han traído hasta aquí. Asuman su responsabilidad, sin trasladarla a los particulares. Según ustedes, una persona vulnerable es aquella que tiene que destinar más del 30 % de sus ingresos al alquiler. Pues bien, en Baleares un trabajador que gana veinte mil euros brutos al año tiene una tasa tributaria del 31,4 %. Luego, ustedes son fabricantes de vulnerables. ¿Quieren ustedes ayudar a las familias a que puedan acceder a una vivienda? Liberen suelo, rebajen el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de viviendas, que en Baleares lo tienen entre un 8 y un 11 %; insten a sus compañeros del Congreso a que rebajen el IVA en la compra de vivienda; supriman el impuesto de donaciones. En Baleares, si unos padres o unos suegros quieren ayudar a sus hijos a comprar una casa, ustedes se llevan una mordida del 34 %. . Y lo mismo les digo con sucesiones. Rebajen el IRPF. Tienen infinidad de impuestos que pueden reducir para ayudar a las familias. Y den seguridad jurídica e incentivos fiscales a los arrendadores. Sus políticas intervencionistas, prohibicionistas, socialistas, comunistas y pancatalanistas han hecho del acceso a la vivienda una quimera. Salgan de esa preciosa sala de las Cariátides del Parlament y vayan a la calle, aterricen en la realidad. Gracias. .
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Gracias, presidente. Diputats des Parlament de ses Illes Balears, en primer lugar me gustaría reiterar mi solidaridad y la de todo el Partido Popular con los municipios y vecinos afectados la semana pasada por los efectos de la borrasca Juliette en Balears y reclamar mediante una iniciativa en esta Cámara la declaración de las áreas más afectadas como zona catastrófica para garantizar las ayudas y las compensaciones a los afectados, de modo que no ocurra como con fenómenos anteriores, respecto de los que esta ayuda se demora meses, cuando no años, por parte del Gobierno. . No andaré con rodeos. Estamos ante una proposición de ley con la que los partidos de izquierda vienen aquí a reconocer la incapacidad del Govern de la señora Armengol para abordar el tema que, efectivamente, más preocupa a los ciudadanos de nuestras islas, el acceso a la vivienda; de hecho, el 90 % de los ciudadanos suspenden las políticas de vivienda de Armengol según el CIS. Es una proposición de ley en la que se reconoce el fracaso de ocho años de Gobierno. Y es que los datos son claros: en ocho años de gobierno de izquierdas el precio medio de los alquileres se ha incrementado un 60 % en Baleares y se ha incrementado en un 85 % el precio de la compra. Han fracasado en todo lo que han intentado. Eso sí, decía la señora Armengol que quería que se hablara en toda España de lo que hacía en Baleares, y vaya si se ha hecho. Fuimos noticia nacional con las listas en las que ustedes consideraban a los grandes tenedores para expropiarles o amenazarles con subir el IBI, una medida en la que han fracasado. Ahora sí, quieren pasar de diez a cinco propiedades en la consideración de gran tenedor. ¡Cuidado, señora Jover, que la van a pillar a usted! Y ahora, a tres meses de las elecciones y ante su fracaso, han entrado en una deriva, en la que, a la desesperada, proponen lo primero que se les ocurre. Entre sus últimas ocurrencias, animar a la gente a vivir en contenedores. No es una broma: defendieron como idea vanguardista que se pudiera vivir en contenedores marítimos reciclados, barracones para que vivieran en ellas las familias más vulnerables. Generó tal bochorno que la idea duró cuarenta y ocho horas. . Y ahora también su gran cortina de humo: quieren prohibir la venta de viviendas a extranjeros y peninsulares, ignorando todo el ordenamiento jurídico y la propia normativa europea. Lo que en realidad buscan es limitar la propiedad privada y decir a los propietarios a quién pueden o no pueden vender. Y en medio de sus ocurrencias, nos traen hoy esta iniciativa. Ante su incapacidad para sacar vivienda al mercado, hacen lo único que saben, imponer. Y vienen aquí para que se les permita decir a los propietarios de vivienda a cuánto alquilar sus casas, porque hablan de zonas tensionadas, pero tanto en el texto de la ley como por declaraciones públicas lo que quieren hacer es declarar zona tensionada al conjunto del archipiélago y decir a todos los propietarios, a los pequeños, a las familias, a algunos que aprovechan el arrendamiento para pagar su hipoteca o compensar su pensión, a cuánto pueden alquilar su vivienda. Este ataque a la propiedad privada, a los propietarios lo es a la libertad, y tampoco funcionaría. Según un reciente estudio de ESADE realizado por dos catedráticos de la Universidad Pompeu Fabra sobre la limitación de los precios en Cataluña, las conclusiones son demoledoras: en primer lugar, la ley que limitó los alquileres en Cataluña solo redujo el precio del alquiler para las viviendas más caras, al tiempo que produjo una subida de las más baratas, y, en segundo lugar, redujo la cantidad de contratos firmados, especialmente con respecto a los pisos más caros. Esta menor oferta podría incrementar los precios a la larga, es decir, menos oferta conduce al encarecimiento de los pisos más baratos y a un perjuicio para las familias con menos recursos. De verdad, ¿esto es lo que nos proponen para Baleares? De verdad, ¿no tienen nada mejor que ofrecer ante el mayor problema que tenemos en nuestras islas? De verdad, ¿quieren gobernar las islas, si no son capaces de convencer al Partido Socialista para que les vote a favor? . Hoy incluso el Partido Socialista ha dejado sola a Francina Armengol en su deriva intervencionista y populista. Hoy vuelve a estar sola la más radical del Partido Socialista. Pero tenemos una alternativa. Hay que dar seguridad a los propietarios de las casi ochenta mil viviendas vacías que tenemos en las islas — la mayor parte, pequeños propietarios— para que saquen su vivienda al mercado de alquiler, dándoles garantías de cobro, de mantenimiento para recuperar el día de mañana su propiedad. Tenemos que hacer atractivo el alquiler de larga duración con incentivos fiscales, con deducciones en el IRPF. Tenemos que colaborar con la iniciativa privada y ceder suelo público para que puedan hacer vivienda de alquiler a precio tasado. No hablo de recalificar ni de destruir territorio, hablo de desbloquear el suelo que tienen ustedes bloqueado desde hace décadas con una ley que el propio sector pide cambiar porque actualmente no funciona. Tenemos que poner facilidades, agilizar trámites y burocracia para obras de reforma y rehabilitación. Tenemos que permitir la reconversión de locales en viviendas, dividir casas cuyas dimensiones no corresponden a las necesidades actuales, permitir crecer en altura en algunas zonas de nuestras ciudades. Tenemos que facilitar la compra de vivienda a los jóvenes priorizándolos en los avales públicos hipotecarios, eliminando el impuesto de compra en la primera vivienda para todos los jóvenes menores de treinta años y reducirlo a la mitad para los menores de treinta y cinco años. . Después de ocho años los partidos que dan apoyo al Govern de Armengol han fracasado. Y hoy vienen con esta ley a certificar este fracaso y a insistir en las políticas que han llevado al fracaso; políticas que atacan a los propietarios, políticas que atacan a la propiedad privada, políticas que han fracasado donde se han aplicado y que ahora pretenden ustedes que se apliquen también en Baleares. El Partido Popular votará en contra de la toma en consideración de esta ley. Pensamos que hay una alternativa a sus políticas intervencionistas, que hay una alternativa que da seguridad e incentivos a los propietarios para que saquen sus viviendas al mercado, que hay una alternativa que respeta la propiedad privada, que hay una alternativa que colabora con la iniciativa privada, que hay una alternativa que funciona, que atajará el problema de las Balears y que de verdad bajará el precio de la vivienda en Baleares. Señores diputados, quedan ochenta y tres días para el cambio en las políticas de vivienda en Baleares. Muchas gracias. .
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Gracias, presidenta, y gràcies an es diputats per esser avui amb noltros Señora Prohens, tengo una mala noticia: la alternativa es la presidenta Francina Armengol, que, por cierto, va a ser la primera mujer que va a tener tres mandatos en Baleares a partir de mayo del 2023. . Y voy a aprovechar para informar a la Cámara acerca de la señora Prohens — que, lógicamente, hace campaña porque es la candidata a la comunidad en mayo de 2023— con un recuerdo, y es que usted fue la portavoz de un Gobierno del PP que tiene la escalofriante cifra de cero viviendas hechas durante su último mandato. ¡Extraordinario! Por cierto, en cartera dejaron cero proyectos; bueno, dejaron una VPO que vendieron para hacer un hotel de lujo. ¡Extraordinario como política de vivienda para Baleares! . Pero ¿cómo iban a hacer vivienda, si ustedes se dedicaron a despedir docentes y sanitarios durante cuatro años? Eso es lo que hicieron, señorías. Señora Prohens, vende recetas del pasado, cuando estamos saliendo de la crisis protegiendo, en vez de recortando y empobreciendo a las clases medias y trabajadoras. De la crisis generada por la COVID, de la agresión de Putin a Ucrania estamos saliendo gracias a la respuesta pública, a las políticas socialdemócratas, a la mutualización de las pérdidas. Y, mire, los ERTE, el tope al gas, los fondos de recuperación, las medidas antinflación prueban que lo público es más necesario que nunca; en economía social primero y, por supuesto, de mercado después. En vivienda y zonas tensionadas, o intervenimos desde lo público o, efectivamente, la mano invisible del mercado actúa por nosotros. Por eso agradezco a los tres diputados su intervención, porque apuntan a la urgente necesidad de más regulación. Además, lo que han expuesto los tres diputados enlaza con una radiografía que ha hecho hoy un periódico nacional, en la que se explica que todas las comunidades, no solo Baleares, y todas las ciudades están experimentando un gran crecimiento de los alquileres. Y eso en nuestro territorio, en mi territorio tiene una traducción real: en Menorca, en Ibiza, en Formentera, en Mallorca muchas familias — es verdad— tienen dificultades para comprar y alquilar y a otras les angustia que en el futuro no lo puedan hacer, y por eso esperan medidas desde lo público. Yo se lo digo: El Gobierno de Francina Armengol actúa desde 2015, pero necesitamos más instrumentos. Y en esa línea los grupos parlamentarios de esta Cámara han trabajado, hemos trabajado en una ley que ayudará a frenar esta deriva inflacionista en zonas tensionadas. Es importante poner en contexto la emergencia habitacional de la que habla el PP. Usted habla de fracaso, pero vayamos a los datos. Baleares crece a velocidad de crucero: 3,2 para el 2024 y 3,1 para el 2023, según datos del BBVA. Paro, el más bajo del país. Récord de afiliados a la Seguridad Social, 527 000. Paz social, turismo con más ingresos que nunca, lo que, por cierto, permite subir el convenio de hostelería en un 8,5 %, que afecta a más de cien mil trabajadores de las islas. . Y, por cierto, cinco mil profesionales sanitarios más que en el 2015. Ustedes recortaban. Nosotros contratamos a más profesionales. Por tanto, señoría… Pero es verdad que este dinamismo, este éxito nos obliga a plantear soluciones innovadoras frente a los retos que tenemos ligados a la vivienda. Y creo que eso es lo que preocupa a la gente, porque le preocupa que tomemos soluciones innovadoras. Por ejemplo, si España consiguió topar el gas, ¿por qué no podemos reflexionar para contener la especulación en Baleares, o como se está haciendo en Portugal? Ustedes lo llaman criminalizar, y nosotros dar respuestas a la gente. Y son respuestas que no resultan fáciles a corto plazo porque las causas son múltiples y requieren tiempo, inversión y regulación. Son causas como la insularidad, en cuanto a las que, junto a las crisis, se suman los salarios bajos y, por tanto, un coste de vida alto, lo que, sin duda, repercute en la compra y en el alquiler, con el agravante de la escasez de suelo y de vivienda, muy orientada al vacacional. Paradójicamente, como decía otra diputada, los precios altos, en un contexto de dinamismo económico y de atractivo como destino, no impiden un crecimiento poblacional: 39 % en estos últimos veinte años, el doble de la media nacional. Todos estos son factores que, sumados, es verdad que en algunos momentos de la temporada dan sensación de saturación, y a ellos además se suma la crisis climática. Ese es el diagnóstico, no el de una catástrofe. Aquí estamos hablando de cuatro islas dinámicas, globales, que atraen a personas de todo el planeta, aunque con externalidades negativas — cierto— tanto en lo social como en lo climático. Señorías, nuestro modelo consume recursos en un territorio limitado y genera desequilibrios a sus residentes, excepto a los satisfechos, como decía John Kenneth Galbraith. Bueno, la señora Prohens ha descubierto, a noventa días de las elecciones, que hay un problema de vivienda. Nosotros llevamos ocho años haciendo vivienda pública, obligando a poner en el mercado vivienda vacía de grandes tenedores, aumentando la fiscalidad al lujo, apoyando a los jóvenes, colaborando también con la iniciativa privada, y queremos dar más pasos. Si no somos capaces de intervenir sobre los precios, como ha dicho otro diputado, se agudizará la pérdida de confianza en el futuro por parte de las clases medias y trabajadoras. Por eso damos la bienvenida a la ley de vivienda, que sumará a lo que ya se está haciendo en las islas; sí, señora Prohens, sumará. Y además será el paraguas competencial en ámbitos como la contención de los precios del alquiler. Para el Grupo Socialista el fondo de esta propuesta — y se lo vuelvo a agradecer a los diputados— enriquece el debate. Pero, ante la tramitación que va a tener lugar en pocas semanas, se antoja innecesaria. Señorías, no hay una sola solución a esta emergencia, pero cualquier solución se debe integrar en una política pública amplia de choque. Y los últimos presupuestos de este Gobierno lo reflejan. Hemos pasado de los cuatrocientos millones de euros del señor Rajoy a más de tres mil cuatrocientos en el último presupuesto general del Estado del señor Pedro Sánchez. Acabo. Respuesta pública, fondos presupuestarios, regulación, contención, mayor oferta y ley de vivienda. Señora Prohens, siga usted con los memes y los cortes para su campaña electoral. Muchas gracias. .
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Andrea Fernández Benéitez PSOE
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, ministras. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara una proposición de ley para modificar el Código Penal en lo relativo a los delitos contra la libertad sexual. El motivo por el que lo hacemos es claro: responder ante las víctimas que se han visto perjudicadas por una norma que no ha tenido los efectos deseados por el legislador. Hablo de la ley de libertad sexual. Como ustedes saben, esta es una ley integral, es una ley que aborda la violencia sexual en todas sus formas. Es una ley que acompaña y protege a las víctimas, una ley que nace gracias al empuje del movimiento feminista y que está mandatada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sin embargo — ya lo he dicho al principio—, la voluntad del legislador nunca fue que se revisasen las penas, sino exclusivamente erradicar la violencia sexual y proteger a las víctimas. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista asume la responsabilidad de modificar esta ley. . Con seriedad y rigor, hemos decidido ser el partido que lidere este cambio, precisamente porque se lo debemos a las víctimas y a todos los españoles y españolas que han confiado y que confían en la ley de libertad sexual. . Les digo esto porque merece la pena cuidar y defender la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ya que es buena por muchos motivos. Esta norma incluye medidas que siguen el trazo de la ley integral contra la violencia de género: obliga a las administraciones educativas a que incluyan entre sus principios la calidad en la coeducación y la pedagogía en igualdad; exige a todas las administraciones que prevengan y detecten la violencia sexual proactivamente; recoge y desarrolla el derecho a la asistencia integral especializada y accesible para ayudar a las víctimas a superar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y de otra índole que acarrea esta violencia; modifica el Estatuto de los Trabajadores para ofrecer a las víctimas de violencia sexual beneficios en materia de movilidad geográfica, suspensión del contrato o causa de despido, y obliga a las empresas a generar protocolos para prevenir, detectar y ayudar a las víctimas en caso de que se produzca una agresión. También modifica la Ley General de la Seguridad Social y exige planes de empleo específicos para las víctimas; incluye ayudas económicas para las víctimas de violencia sexual cuando lo requieran en función de su renta, y, además, esta ley establece requisitos de investigación y tratamiento forense especialmente protectores; sin ir más lejos, podrá solicitarse que se recojan muestras biológicas sin necesidad de garantizar que se presentará una denuncia, lo que es clave en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos. Esta ley refuerza también el acompañamiento a las víctimas durante el proceso y amplía los conceptos por los que debe ser indemnizada una víctima. Esta norma crea la Mesa de Coordinación Estatal sobre las Violencias Sexuales e impulsa los tan importantes centros de atención a víctimas de violencia sexual veinticuatro horas en cada provincia, con atención psicológica, médica y jurídica a disposición de la víctima. Esta ley, señorías, como ya he dicho, recogió las demandas de todo el movimiento feminista que en 2019 salió a las calles unido para exigir cambios en cómo se abordaba la violencia sexual. El PSOE ha manejado esta situación consciente de la complejidad que supone, con prudencia y seriedad. Por eso, abogamos inicialmente por ir valorando los pronunciamientos judiciales que íbamos conociendo. Hemos seguido con atención todos ellos, especialmente lo que ha dicho la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo. La conclusión hoy es evidente: no está funcionando adecuadamente y, por lo tanto, hay que modificarla. Hay que ser consecuentes, hay que ser responsables. . La mejor forma de legitimar esta norma es apostar por corregir aquellos errores que evidentemente contiene, fallos que han generado rechazo social, dolor a las víctimas y que el PSOE lamenta profundamente. . La reforma penal que trajo consigo la ley de libertad sexual supuso un cambio de paradigma en esta materia. Si bien es cierto que es honesto recordar que el consentimiento vertebra este delito desde 1995, también debemos reconocer que ahora el Código Penal recoge una definición positiva del consentimiento. El artículo 178.1 perfila por primera vez una definición concreta de consentimiento a efectos penales. Además, el artículo 178.2 dice que, en caso de existir violencia, intimidación o abuso de superioridad, no cabrá en ningún caso presumir el consentimiento. Es decir, es precisamente este artículo el que supone un cambio en el abordaje de los delitos contra la libertad sexual y, precisamente por eso, el Grupo Parlamentario Socialista no ha tocado ni una coma de estos preceptos. . La reforma que planteamos, señorías, tiene que ver con redefinir los tipos penales, porque es la amplitud de las horquillas lo que está generando indeterminación. Evidentemente, esta redefinición ha de apoyarse en los medios comisivos del delito, no puede ser de otro modo. Señorías, explicado esto, existe una reflexión posible sobre cómo se ha abordado públicamente un debate tan complejo. El derecho penal es aquel que interviene cuando el daño está realizado, cuando la sociedad, la familia, la educación y la costumbre han fallado. El derecho penal debe ser justo, pero rara vez es transformador y siempre tiene consecuencias muy relevantes. Es por eso que debemos ser conscientes de la seriedad que se requiere para hablar de él, más aún cuando se trata de víctimas de violencia sexual. Aquí no valen eslóganes. El PSOE lleva más de cuarenta años diseñando la arquitectura política y legal en materia de igualdad que vertebra este país. La ley de interrupción del embarazo, la ley de igualdad, la lucha contra la violencia de género y el matrimonio igualitario llevan el sello de hombres y mujeres socialistas, siempre con rigurosidad técnica, la misma con la que hemos elaborado la propuesta que hoy traemos a esta Cámara. . A quienes intenten jugar a desacreditar la hoja de servicio del PSOE, quiero decirles que hacen ustedes el ridículo. . Lamento decirles que es una estrategia que nadie cree y que nadie comparte. .
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Andrea Fernández Benéitez PSOE
Gracias, presidenta. Señorías, les invito a abandonar sus constantes ataques al PSOE. . Sí, señorías del PP, hablen ustedes de sus propuestas en materia de igualdad. Se les conoce siempre por sus envites y por su oportunismo, pero por muy pocas propuestas en materia de igualdad. . Y, en cuanto a sus señorías de Podemos, nos gustaría que hablaran ustedes de sus propuestas para mejorar esta ley. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Dejen la hipérbole y háblennos de soluciones, que es lo maduro y lo serio. Señorías, cuando se trata de cuestiones de tanta relevancia no importa el con quién, sino el para qué. Señorías, no quiero bajarme de esta tribuna — la más noble de nuestro país— sin decir que España lleva décadas siendo, por suerte, un Estado de derecho pleno. Eso hace que operen principios que van más allá de la venganza y también que empleemos procedimientos que desde su existencia son garantistas. Nunca conviene frivolizar ni generalizar cuando hablamos de justicia, pero menos aún si se trata de víctimas como a las que aquí nos referimos. Tampoco debemos caer en debates simplistas. Igualmente, merece la pena diferenciar entre dos complejas cuestiones en esta discusión: la primera, cuál es la pena justa, aquella que se corresponde con el daño causado, y la segunda — y bien distinta—, cuál es la mejor forma de prevenir la violencia sexual. Esta no es tanto una afirmación feminista, sino liberal. Las penas no nos libran de los agresores sexuales. ¡Ojalá fuera tan sencillo! Es la educación, la cultura y una sociedad ilustrada y educada en valores de igualdad y de libertad las que protegen y evitan la violencia contra las mujeres. Es por eso que esta es en esencia una buena ley. Completémosla con un abordaje penal serio y a la altura de la causa. Señorías, les pido el voto para la toma en consideración de este texto. Aquellos grupos que, en un ejercicio de responsabilidad, quieran reformar una ley que no está funcionando como debería tienen hoy la oportunidad de demostrarlo. Les pido su apoyo, señorías. Gracias, presidenta. Muchas gracias. .
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Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. No nos gustó esta ley desde el principio y por eso creemos que esta modificación es muy necesaria. En primer lugar, aporta más seguridad jurídica, que fue algo que criticamos desde el primer momento. Solo por eso ya vamos a votar a favor. Cuanto más acotados estén los delitos y las penas, más seguridad jurídica hay; este es un principio del derecho penal. Por eso, es bienvenida otra vez la clasificación de los distintos tipos penales. En segundo lugar, es difícil entender la oposición a la modificación de esta ley después de haber visto las consecuencias que está teniendo, y peor aún es justificarla diciendo que es volver al código de La Manada. Esa es una tomadura de pelo. Realmente, podemos decir que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, que ya son suficientemente maduros para dejarse llevar por este tipo de eslóganes. Muchas gracias. .
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Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. La verdad es que usted sale aquí y parece que esta ley la ha aprobado no sé quién. ¡Que la aprobó su Gobierno, eh! . La aprobó su Gobierno y se les avisó de que iba a pasar lo que ha pasado. Se les avisó con informes y se les avisó en sede parlamentaria, pero ustedes no hicieron ni caso; no solo no hicieron ni caso, sino que aplaudieron con más fuerza que con la que han aplaudido hoy la rectificación. ¿Y por qué han rectificado? Han rectificado porque socialmente esto ha sido un escándalo. Ustedes quisieron silenciar cada sentencia que rebajaba las penas a los agresores. Las han querido silenciar y, como no han podido, no han tenido más remedio que venir aquí a rectificar. Bienvenida sea la rectificación, pero esto es un escándalo. Y, si tan hartos están de Podemos, ¿qué hacen en el Gobierno? . Porque alguien tendrá que asumir responsabilidades. ¿O qué pasa? ¡Que aquí hay setecientas víctimas — sí, víctimas— que están viendo cómo se están reduciendo las penas de sus agresores! ¿Ustedes reconocen que esas personas son víctimas? Hay agresores que estaban en la cárcel y que ahora están en las calles creando un problema a todas las mujeres, que pueden sentirse en peligro, y ustedes dicen en voz baja y con buenas palabras que alguna rectificación habrá que hacer. Y Podemos dice que está bien la ley. Ustedes dicen que hay que rectificar esta ley que Sánchez dijo que era una ley maravillosa. Entonces, ¿aquí quién asume la responsabilidad? ¿Nadie? . Con setecientas sentencias que se han rectificado, con setenta agresores sexuales más en la calle, ¿y nadie dice nada en este Gobierno? ¿No pasa nada? ¿Vale solo con votar hoy aquí que sí a la toma en consideración y ya está solucionado el tema? ¡Aquí alguien tiene que asumir responsabilidades! O las asume el Gobierno haciendo dimitir a la parte de Podemos o las asume Podemos con coherencia yéndose del Gobierno. Lo que no puede ser es que esto salga adelante con Podemos en contra, con ustedes a favor, y que todo el mundo siga en su puesto. Muchas gracias. .
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Ana María Oramas González-Moro CCa-PNC-NC
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, pido perdón, y en quince años de diputada no lo había hecho. Pido perdón a las víctimas y a sus familiares por el inmenso error de haber aprobado una ley que tanto dolor ha causado no solo a mujeres, sino a miles de niños y de menores, que son las víctimas más vulnerables. Pido perdón por las declaraciones de una secretaria de Estado del Gobierno que dijo riéndose — lo vimos todos— que qué más daba, si ya estaban violadas, que fueran doce o diez. Eso es no entender cuál es el dolor. Señores del PSOE, esta no es una ley que no ha funcionado, es una ley que se hizo mal. Mi grupo y yo no tenemos los suficientes conocimientos jurídicos y se nos dieron garantías de que las cosas estaban bien. Después se dijo que eran unos jueces, después se dijo que no iba a haber reducción de sentencias, después se dijo que se esperaba al Supremo, y han tardado mucho, han tardado cinco meses. Hoy me preocupan las declaraciones del portavoz socialista, que dice que ahora tenemos tiempo para hacer las enmiendas y llegar a acuerdos. Esta modificación de la ley no va a servir para los nuevos delitos hasta que esté aprobada. Cuanto antes la aprobemos, menos daño se hará. Y no se puede mentir y decir que volvemos al Código Penal de La Manada y que se ataca el consentimiento. Eso no es cierto. No engañen a la gente. Seamos menos soberbios, seamos más humildes y pongámonos en el lugar de las víctimas. Por eso, nosotros vamos a apoyar la propuesta que hoy ha traído el Grupo Socialista y queremos que salga lo antes posible para no encontrarme otra vez a una víctima que me diga: Me han fallado. Gracias, señora presidenta.
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Mireia Vehí Cantenys CUP-PR
Gracias, presidenta. Ministras, mañana es 8M y es un despropósito llegar con este debate, porque hace meses que dura y ustedes no están aportando nuevas perspectivas, porque la propuesta del Grupo Socialista no va a solucionar nada ni a subir penas mínimas ni una transitoria a posteriori y, además, porque el debate sirve para tapar las cuestiones que el movimiento feminista, como cada 8 de marzo, trata de sacar a la palestra. ¿Qué pasa con los derechos de las trabajadoras sexuales? De esto quiere hablar el movimiento feminista. ¿Qué pasa con la ILP Regularización Ya sobre los derechos de las extranjeras? De esto quiere hablar el movimiento feminista. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer las instituciones? ¿Qué pasa con enfermedades como la endometriosis o el papiloma? ¿Las instituciones se van a comprometer para acabar con lustros de sufrimiento de las mujeres? Podríamos hablar de economía feminista, de vivienda desde una perspectiva feminista y de ecologismo. De todo esto quiere hablar el movimiento feminista. Lamentablemente, ustedes siguen con este debate, centrado en algunos casos e incluso en patrullar las fronteras del feminismo: quién puede entrar en el movimiento feminista y quién no puede entrar en el movimiento feminista. Se atreven incluso a repartir carnés de feminismo. No patrimonialicen el movimiento feminista, que es el movimiento político revolucionario más potente de todo el mundo y que, a pesar de ustedes, mañana va a inundar calles y plazas. ¡Visca el moviment feminista! .
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Isabel Pozueta Fernández EH Bildu
Señora presidenta, arratsalde on guztioi. Nos encontramos debatiendo la toma en consideración de una proposición de ley que plantea una corrección de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobada el pasado 6 de septiembre, y hoy una vez más debemos comenzar recordando los avances que la ley de libertad sexual ha supuesto para nosotras como mujeres y para la sociedad feminista que esperamos alcanzar; un gran avance, tanto en lo simbólico como en lo que supone de garantía de derechos para las mujeres. Lamentablemente, la derecha política, mediática y judicial ha querido reducir esta ley a un simple debate sobre las condenas y las penas y, entre las críticas destructivas, las mentiras y los ataques, intentan hacernos olvidar qué supone esta ley. Quienes se opusieron al consentimiento, quienes decían que haría falta un contrato para mantener relaciones sexuales consentidas, los mismos que se mofaban de nosotras por exigir que se respete nuestro cuerpo y nuestra libertad, esos mismos son los que ahora dicen ser nuestros mayores defensores. Señorías, esta ley es muy necesaria y conlleva muchos avances. La ley del solo sí es sí define claramente como eje de las relaciones sexuales el consentimiento, garantiza formación en educación sexual e igualdad para los agentes jurídicos relacionados con los delitos contra la libertad sexual, crea centros veinticuatro horas que ya se están implementando en la mayoría de los territorios, tiene en cuenta otro tipo de violencias sexuales como la digital, recoge las agresiones sexuales con sumisión, trabaja en la prevención y así hasta abarcar diferentes aspectos para impulsar nuestra libertad en todos los ámbitos de nuestra vida social, sexual y afectiva. He ahí el gran caballo de batalla de las derechas: frenar el cambio de valores y de pensamientos de esta sociedad machista hacia valores feministas en los que el movimiento feminista lleva décadas trabajando y que esta ley viene a empujar. Su gran objetivo es impedir ese cambio y el Código Penal es la herramienta que han encontrado para desacreditarlo. Se está trasladando la idea de que más penas, más años de cárcel y condenas más duras contra los agresores suponen más garantía de libertad para las mujeres, y no. Acabar con la violencia machista no es tan fácil como aplicar penas altas. Las actitudes de los hombres que atentan contra la libertad sexual de las mujeres no se van a solucionar encerrándolos en las cárceles por muchos años, porque hace falta más, mucho más, muchas más políticas y cambios sociales profundos, más allá de aplicar penas. Toda esta ofensiva contra la ley no viene dada por los artículos del Código Penal que se modifican. Y, seamos honestas, admitimos que la aplicación errónea y distinta del objetivo buscado que están haciendo algunos jueces ha generado alarma social y unas revisiones de condenas que nosotras, obviamente, ni queremos ni compartimos. Por eso es preciso hacer los retoques técnicos necesarios para no dejarles ni un resquicio a quienes quieran usar esta ley para hacer justo lo contrario de lo que se busca; pequeños cambios técnicos, no un cambio que nos devuelva al paradigma del Código Penal anterior, que lamentablemente es lo que conlleva la propuesta del Grupo Socialista. Creemos que es posible hacer los cambios técnicos necesarios manteniendo el espíritu y el pilar de esta ley, el consentimiento, sin tener que volver a demostrar si hubo o no violencia, si nos resistimos o no, si nos negamos lo suficiente o no. Por eso, hemos puesto todo nuestro empeño para que ambas fuerzas del Gobierno llegasen a un acuerdo, a una solución de consenso que recogiese estos dos principios y nos permitiera abordar los cambios de la mano de la mayoría progresista y feminista que apoyó la ley. No ha sido posible. Señorías del PSOE y de Unidas Podemos, volvemos a pedirles que actúen con responsabilidad. Dialoguen, negocien, acuerden. No debatan en los medios de comunicación, no se lancen acusaciones unos a otros, no utilicen las posiciones de las fuerzas de izquierda o del movimiento feminista para atacarse los unos a los otros, porque con esta actitud solo gana la derecha y pierden las mujeres en general y el movimiento feminista en particular. Ahora tenemos una nueva oportunidad de alcanzar ese consenso y nosotras volveremos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para facilitar este acuerdo. La sentencia de La Manada generó una profunda indignación en Nafarroa. Fue una sentencia que se sintió por todas nosotras como un ataque hacia nuestras libertades, una sentencia que creó enfado pero también compromiso para lograr que aquello no volviera a ocurrir. De esa indignación, de ese compromiso y de esa lucha nació la ley solo sí es sí y eso debe mantenerse, el mandato que desde las calles nos dieron las miles y miles de mujeres que gritábamos al unísono: ¡No es abuso, es violación! No queremos tener que recordarlo nunca más. Hoy esta reforma comenzará su trámite y lo hará de mano de la derecha. Sí, mal comienzo. Pero, por encima de la foto resultante de hoy, actuemos todas con altura de miras, modifiquemos lo que haya que modificar y preservemos lo que tanto ha costado lograr, el consentimiento. Las mujeres y el movimiento feminista no nos merecemos menos. Pedimos al PSOE y a Unidas Podemos que muestren responsabilidad y que, junto con la mayoría progresista y feminista de esta Cámara, se sienten desde hoy mismo a buscar un acuerdo que persiga ante todo la protección de las mujeres y el blindaje de nuestra libertad. Volvamos a encontrarnos, estamos a tiempo. Por todo ello, hoy no apoyaremos con nuestro voto esta reforma. Mila esker. .
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Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV
Muchas gracias, presidenta. Señorías, el derecho penal forma parte del corazón del Estado y uno democrático no puede construirse a espaldas de la ciudadanía ni de las víctimas, y ahora estas muestran su perplejidad y nos interpelan por la revisión de condenas y excarcelaciones a reos por delitos sexuales tras la reforma del Código Penal por la llamada ley del solo sí es sí. Señorías, debemos reaccionar y, reconociendo todo lo bueno de la ley en cuanto a la prevención del delito y la reparación y protección de la víctima, también debemos reconocer que, en cuanto a las penas, ha concitado un profundo desconcierto y malestar social, a nuestro juicio, sobre todo por carecer de un régimen transitorio que mitigue el tránsito desde la anterior penalidad — más gravosa— a la vigente — más liviana— con la consiguiente cascada de revisión de condenas por aplicación del principio de retroactividad de las normas penales favorables al reo. Señorías, debemos hacer frente a la gran diferencia entre los planteamientos legislativos y la visión ciudadana sobre el reproche que ciertas conductas delictivas merecen, sin afectar al ámbito del consentimiento, que debe seguir siendo afirmativo, ni a la unificación en un solo delito de agresiones con modalidades los anteriores de abuso y agresión. Porque ahora el debate se centra exclusivamente en las penas, en cómo hacerlo proponiendo un marco interpretativo a los órganos judiciales menor del que ahora disponen, y todo ello sin perjuicio de seguir con la puesta en práctica de las muchas bondades de la ley — que ya se han manifestado— e incluso complementándolas con medidas en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del resto de operadores jurídicos y asistenciales y del ámbito judicial para que la víctima pueda sentir la justicia. Porque ¿qué mayor sensación de impunidad para la víctima que la lentitud de la justicia, las dudas de las instituciones sobre ellas y el cuestionamiento en el proceso de lo que vivieron? Todo ello sin perjuicio del inderogable principio de presunción de inocencia y también arropando a la víctima para que denuncie — cuanto antes, mejor— como marchamo para que el delito no quede impune, porque, como se ha dicho recientemente, la impunidad es la gasolina de estos delitos. Todo lo señalado, señorías, desde luego ayudará a que la ley pueda respirar y desplegar todas sus potencialidades, pero la empresa que ahora tenemos entre manos es, como ha dicho una reciente editorial, buscar la mejor solución técnica a un problema real que no entiende de relatos. En este sentido, consideramos que la iniciativa que debatimos aborda el problema creado por una norma que la ciudadanía no entiende y que ha generado una sensación de impunidad cuando compara la distinta penalidad a través de las revisiones de condenas que no se deben a decisiones contrarias a la ley o al derecho transitorio de una minoría de jueces, ya que se están produciendo en prácticamente todos los tribunales superiores, las audiencias provinciales y el Supremo. Por eso compartimos con la iniciativa dejar como están las actuales penas del tipo general, añadiendo una pena más alta en cada una de las modalidades cuando se doblega el consentimiento utilizando fuerza física, intimidación grave o anulando la voluntad de la víctima por cualquier otro medio, creando al efecto un subtipo específico. Y por mucho que se diga lo contrario, señorías ―ya se ha dicho―, nada cambia en el concepto de consentimiento ni en la consideración de que todas son agresiones, ni supone volver a un esquema patriarcal, ni supone una carga probatoria más grave para la víctima porque a día de hoy, señorías, las penas más altas se asocian, aun dentro del mismo marco legal y con gran marco interpretativo para los jueces, como no puede ser de otra manera, a la mayor gravedad del hecho en función de las circunstancias que lo rodean, como puede ser el medio comisivo violento o intimidatorio en la medida que, además de lesionar la libertad sexual, se pone en peligro la vida, la salud o la integridad de la víctima, claro está, si así es aducido por la acusación y apreciado por el órgano judicial tras la práctica de la oportuna prueba en virtud del principio de presunción de inocencia. Por eso no es, como de manera falsa se ha dicho de la iniciativa que debatimos, una vuelta al Código Penal de La Manada, sino una necesidad técnica para cumplir con el principio de proporcionalidad de las penas, limitando, además, el arbitrio judicial para que a los casos más graves no les puedan corresponder penas leves. Y voy finalizando, presidenta. Cada tiempo tiene su afán y el afán de este momento no está para debatir sobre los medios y recursos que permitan avanzar en la libertad sexual ni para debatir sobre cuál es el feminismo verdadero. Estos debates han quedado ahora diluidos en el debate sobre las penas y ahora es tiempo, desde la prevención general, de reparar, a través de la revisión de las penas del Código Penal, la conmoción y la alarma social creadas por el tratamiento dado a ciertos delitos, a la vez que con ellos expresar la solidaridad con las víctimas. Sabemos, señorías, que lo único que ahora podemos hacer es una reforma a futuro que no va a servir para modificar las revisiones de condenas impuestas con anterioridad a la ley del solo sí es sí en virtud del principio de retroactividad favorable al reo, ni tampoco va a afectar a las condenas que se impongan por hechos cometidos antes de que la presente reforma se apruebe porque lo impedirá el principio de irretroactividad desfavorable, pero, señorías, más allá de estériles sectarismos, sin la percepción de la legitimidad del ordenamiento no hay base sólida para su respeto. Como señala la filósofa Martha Nussbaum y nos lo recordaba recientemente Máriam Martínez-Bascuñán, la ley solo cumple su labor cuando la gente la entiende y la del solo sí es sí, en cuanto a las penas, no ha sido entendida ni compartida por la ciudadanía ni por las víctimas. Muchas gracias.
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Gracias, presidenta. Señorías, hoy vamos a abordar la reforma de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, una ley que ha dado una nueva regulación a los delitos contra la libertad sexual para unificar los anteriores tipos de abuso y agresión sexual en un solo tipo, el de la agresión sexual, que comprende cualquier acto que atenta contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sin embargo, tras la entrada en vigor de esta ley, se ha producido un efecto no deseado en las revisiones de las condenas — creo que todos los que estamos en esta Cámara somos conscientes de que ha habido un efecto no deseado— y ha sido las reducciones de condenas siguiendo las penas mínimas impuestas en el nuevo marco legal. Y ante ello, señorías, hay que actuar con responsabilidad, con responsabilidad con las víctimas de las agresiones sexuales. Por ello lo que hay que hacer es rectificar, pero rectificar no significa volver al marco penal anterior a La Manada y vamos a empezar a poner cada cosa en su sitio. Creemos que la propuesta que el Partido Socialista nos trae es acertada, pero, señores del Partido Socialista, llega tarde, no tenían que haber esperado al 8 de marzo para traer esta reforma, debíamos haberla traído antes, y por eso en nuestro grupo parlamentario creemos que se debe tramitar con la mayor celeridad posible. Por lo tanto, apliquemos el trámite de urgencia que nuestros artículos 93 y 94 del Reglamento de la Cámara disponen, porque no debemos esperar más. Es una reforma que establece un tipo básico y otro tipo agravado para determinadas conductas de mayor antijuridicidad. Se establece en esta reforma una exhaustiva lista de agravantes, como es el caso del uso de la violencia y la intimidación, que ya es una agravante considerada en muchos ordenamientos jurídicos europeos, pero también cuando la agresión se realiza utilizando la sumisión química, cuando la agresión se ejecuta de una manera grupal, cuando la víctima es una persona con discapacidad y cuando se hace utilización de una situación de superioridad. Esta es la reforma que tenemos encima de la mesa y que hay que trabajar, y me parece importante hacerlo con responsabilidad, alejándonos de la política de baja altura a la que estamos acostumbrados y escuchamos un día sí y otro también en esta materia. La ley de libertad sexual es una norma que se elaboró para evitar los casos como La Manada. No era ajustado a derecho que cuando hubiese una agresión producida por un grupo de personas pudiese haber la mínima posibilidad de que jurídicamente fuese correcto calificarlo como un abuso sexual. En eso también estábamos todos de acuerdo y creo que es eso lo que queríamos con la reforma. También queríamos con la reforma incluir algunas circunstancias que nos preocupaban como la sumisión química o cuando se abusa o se agrede sexualmente a una mujer discapacitada. Esto es lo que queríamos con la ley. Pero además la ley introduce una serie de mejoras en la asistencia integral a las víctimas en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y en el ámbito de la sensibilización social. Claro que esta ley era necesaria, pero hay que ser conscientes de que esta ley tiene una grieta, señorías, tiene una grieta. ¿Y qué hay que hacer cuando algo tiene una grieta? . Ser responsables y modificarla. Eso es lo que tenemos que hacer y además con la mayor celeridad posible. Durante la tramitación, como recordarán, en una de mis intervenciones en Comisión yo les dije: señorías, hay que revisar los tipos y, señorías, hay que revisar la parte mínima de las penas. Pero, claro, como somos Ciudadanos, se hizo caso omiso a nuestras propuestas, que espero que algún día nos escuchen. Y finalmente, ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos meses? Pues una situación insólita y que nadie quería: reducción de penas a agresores sexuales. Si bien es cierto que una norma como esta era necesaria y suponía un gran avance, desde el punto de vista jurídico, todos tenemos que reconocer que la grieta que tiene la norma, no toda la norma, hay que corregirla y hay que hacerlo con responsabilidad. Lo que no es responsable es decir que la culpa es de los jueces que interpretan mal la ley. ¡Hasta ahí también podíamos llegar! Eso es totalmente irresponsable. Si hay un problema en el Poder Legislativo, lo resolvemos en el Poder Legislativo y dejamos que el Poder Judicial haga su trabajo. Por lo tanto, es el momento de andar y trabajar juntos por una reforma que es totalmente necesaria porque es lo que esperan las víctimas de nosotros. Por eso en mi grupo parlamentario tenemos claro que nos van a encontrar en el camino del trabajo y de la mejora de la norma. Vuelvo a decir lo mismo, esta norma era necesaria, pero también les tengo que decir, señorías de Podemos, que la propuesta del Partido Socialista no modifica el artículo 178 en materia de consentimiento y que la propuesta que nos trae hoy el Partido Socialista tampoco nos hace volver al código de La Manada. . Porque, si miran el artículo 180.1, cuando la agresión es producida por dos o más personas, lo que se produce es un tipo agravado. Por lo tanto, si nos encontráramos ante un caso como el de La Manada, lo que sucedería es que se aplicaría un tipo agravado con la propuesta que el Partido Socialista nos presenta. Por consiguiente, no digamos cosas que no son; la reforma es adecuada. Otra cosa que también hay que decir es que hay que ser conscientes de que la reforma en ningún momento va a impedir que se sigan produciendo las revisiones de condenas, porque jurídicamente sabemos que eso no va a pasar. Ahora, pensando en ello: ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados y no modificamos nada? Pues claro que no, seamos responsables para que a posteriori la tipificación sea la adecuada y la defensa sea con todas las garantías. Por eso les diría que, ya que mañana es 8 de marzo, dejen las disputas. Señorías de Podemos, apoyen la reforma y dejen el orgullo a un lado por responsabilidad. Señorías del PSOE, dejen las disputas en materia de igualdad. El feminismo, la lucha por la igualdad, la lucha por las mujeres y la protección de las mujeres es de toda la sociedad. Dejemos de hacer eslóganes con esto, pues lo único que generamos es repulsa social. Es muy grave generar repulsa social en materia de igualdad y por eso les pido un mayor compromiso. Gracias. .
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Grazas, señora presidenta. El mismo PSOE que este fin de semana se envolvía en actos públicos en la bandera del feminismo trae hoy aquí una propuesta que, de aprobarse, significaría un retroceso significativo en los derechos de las mujeres, y lo hace de la mano de VOX y del Partido Popular, de esa derecha ultra que siempre estuvo en contra de los avances en derechos feministas o que directamente niega que exista violencia sexual o violencia contra las mujeres. Esto es muy triste. El BNG lo tiene claro: hay que modificar esta ley. Sin duda, colocar el consentimiento en el centro de la nueva legislación supuso un paso decisivo que hay que defender a toda costa, pero si se constata que en su aplicación, aunque sea por la utilización perversa que hagan de ella jueces machistas y una justicia patriarcal que ya lleva muchos años escandalizándonos con sentencias que culpabilizan a las mujeres y revictimizan a las víctimas, se debe proceder a revisarla para evitar efectos indeseados como los que estamos viendo. Por eso creemos que se equivoca Podemos con su empecinamiento en decir que el problema no está en la ley, cuando es evidente que lo está, aunque sea por ese margen de interpretación que algunos jueces utilizan contra las mujeres. Se puede y se debe revisar, pero lo que no se puede hacer es volver al modelo anterior, colocando de nuevo en el centro la violencia no como agravante, sino para definir el tipo delictivo, que es lo que defiende la propuesta del PSOE. Que las mujeres tengan que demostrar de nuevo que hubo violencia y que se resistieron o no es inaceptable y es un paso atrás que rechazamos de forma rotunda. Por eso no vamos a apoyar esta propuesta y lo que pedimos a los partidos del Gobierno es que se pongan de acuerdo de una vez para traer aquí una propuesta conjunta que corrija las disfunciones de la posible ley sin alterar su elemento central, que es el consentimiento. Obrigado.
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Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Señorías, el tema que nos ocupa hoy es esta toma en consideración de la reforma de la famosa ley del sí es sí. Quería evocarles una frase inicial de Milton Friedman que decía aquello de que las políticas se tienen que evaluar en función de los resultados y no en función de las intenciones, y seguramente esta máxima la podríamos aplicar también a las leyes, analizar los resultados y no analizar las intenciones. Lo cierto es que la tramitación de ciertas leyes en esta Cámara se ha producido en unos escenarios de tensión entre socios y en unos escenarios de tramitación por parte de la Comisión que no tocaban, pero que era la vinculada al ministerio correspondiente, que sin duda alguna han contribuido también a que hayan resultado leyes como la que hoy se plantea modificar. Creo que esto pasa con la ley del sí es sí, pero también ha pasado esta tensión y este cambio de comisiones con la ley de bienestar animal y ha habido estas prisas en la tramitación de la ley de empleo. La realidad es que, cuando uno analiza esta legislación con base en la ideología, en estas tensiones entre socios y en forzar las cuestiones, luego aparecen estos resultados no deseados. En este contexto el PDeCAT ya dijo en su momento que estaba abierto a la modificación legislativa que se pudiera hacer para cambiar estos resultados. Creemos que este era un tema que requería de más rigor, de menos ideología y también de más seriedad a la hora de afrontar el resultado final en la aplicación de la ley. Por este motivo nosotros vamos a poyar que se tome en consideración para que se tramite y que, por tanto, se puedan abordar las cuestiones que ya apuntamos también en las enmiendas cuando se tramitó esta ley: las penas y los efectos que pudiera tener la nueva regulación. La enmienda que el PDeCAT presentó lamentablemente no fue estimada, pero estamos seguros de que en esta tramitación y con esta nueva configuración, que no supone una marcha atrás ni volver al Código Penal anterior, puede quedar especialmente corregida una situación no deseada por nadie. Muchas gracias.
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Pilar Calvo Gómez JxCat-JUNTS (Junts)
Gràcies, presidenta. Hace ya muchas semanas que la ley del solo sí es sí entró en campaña, primero, con las mociones de la derecha y, luego, con las disputas internas entre los socios de Gobierno, que si siguen juntos es porque están condenados a entenderse por aritméticas futuras. Unos intentaron hacer creer a la gente que reformando la ley se taponaba la herida de las revisiones de condenas, falso; otros insistieron, tras 700 revisiones y 150 noches, en que esta era la mejor de las leyes y que las rebajas de penas solo eran culpa de jueces que interpretaban mal el texto, tampoco, y todos juegan a la confusión, haciéndonos creer que hoy se vota una reforma y no una toma en consideración. Dejemos la batalla electoral y hablemos claro, defendiendo los derechos de las mujeres y respetando la verdad: van a seguir rebajándose condenas, porque esta ley se cerró mal y tiene fallos. Ha sido un efecto indeseado — esto lo reconoce todo el mundo— que primero despertó preocupación e indignación y, después de pasar por el altavoz de los medios y del populismo, ha generado una gran alarma social. Y aquí estamos viendo la ley convertida en votómetro o en una especie de arma arrojadiza electoral. Cada uno se presenta como el defensor de las mujeres víctimas de agresión sexual. Todos dicen poner el consentimiento en el centro, pero el consenso hace ya mucho tiempo que huyó despavorido ante tanto lanzamiento de eslogan electoral de uno a otro lado. Se puede mejorar la ley, pero no a golpe de encuesta o de titular. La toma en consideración saldrá adelante con el apoyo de la derecha, no con el nuestro. Sabemos que la votación de hoy no es garantía ni mucho menos de una buena solución para mañana. Por eso les recordamos que lo positivo de la ley hay que ponerlo en valor y que las mujeres no queremos que se vean recortadas nuestras libertades ni nuestra libertad sexual. Hagamos los ajustes técnicos recuperando un gran consenso sin mirar de reojo el calendario electoral, sin engañar a las mujeres haciéndolas creer que vamos a evitar más revisiones de sentencias — como cuando Pedro Sánchez habla de evitar rebajas futuras confundiendo a la audiencia— y sin hacer demagogia, como la de la ministra Llop, comparando penológicamente el robo con fuerza con un toqueteo y una paliza por separado. Las mujeres están hartas del electoralismo parlamentario y, sobre todo, del oportunismo presidencial. Hoy han aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de paridad para llevar la igualdad a las listas electorales y a los cargos directivos públicos o de las grandes empresas, pero el gabinete de Pedro Sánchez está lleno de hombres. Al presidente Sánchez se le olvida decir que la ley de paridad le viene impuesta por la legislación europea, y una vez más aplica el principio de la prensa amarilla: no dejes que la verdad te estropee un buen titular. Por cierto, todo este lío mediático les ha ido muy bien hasta ahora para no hablar de la Operación Cataluña, la persecución al independentismo desde las cloacas del Estado. La democracia les viene grande si siguen callando. . Gràcies.
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Pilar Vallugera Balañà ERC-S
Gràcies, presidenta. Diputades y diputats, pocas veces he estado en este atril con más ganas de irme a casa. . Lo voy a hacer, tranquilos, un día u otro. Pasen ustedes primero. Tengo pocas ganas de estar aquí — no voy a hablar para la bancada del PP ni para la bancada de VOX porque ya sabemos lo que piensan y, lamentablemente, también sabemos lo que votan, cosa que debería indicarles que a lo mejor, a lo mejor, no están acertando—, entre otras cosas, porque ver a un supuesto Gobierno de izquierdas que tiene un ministerio que aprueba una ley y que otro ministerio arremete contra esa ley en lugar de llegar a un acuerdo me parece decepcionante, me parece muy poco profesional y me parece que las mujeres no se lo merecen y explica también por qué votamos contra el trámite de urgencia y era para darles tiempo a entrar en razón. Llevamos tres meses intentando que, por favor, se sienten y acuerden cuál es — si es que es necesaria— la mejor solución para lo que nos está pasando. Les voy a dar nuestra visión. Es lamentable que con una hoja de servicios de cuarenta años — parece que se han quedado ahí, también se lo digo, porque con lo de los trans y con determinadas cosas no han avanzado mucho— no sean ustedes capaces de ver que el 7 de marzo de 2023 no podemos partir el feminismo como lucha de las mujeres para la consecución de sus derechos humanos mínimos como lo están haciendo. . No hay ninguna justificación, repito, ninguna justificación, para que dos ministras de un mismo Gobierno no sean capaces de aceptar que quienes sacamos adelante una ley, con el beneplácito de todo el Gobierno y de parte de los que les dimos apoyo en la investidura, fuimos todos. Hay varias cosas a tener en cuenta — ustedes pretenden que reduzcamos esto a un comentario técnico, es decir, que si el tipo agravado, que si los agravantes en lugar del tipo agravado, que si el 74, que si el 139, que si el 93, etcétera— y que son indiscutibles. ¿Ha habido revisiones de sentencias? Sí. ¿Ha habido audiencias que no han revisado? También. ¿Ha habido jueces que han entendido que la totalidad del Código Penal debía interpretarse de esta manera y que, por tanto, no han accedido a revisiones? Sí. ¿Y que han aplicado la disposición transitoria quinta? También. ¿Y la segunda? También. Y ha habido jueces que no lo han hecho. Si salgo a esta tribuna y explico que los jueces están sometidos a la misma visión patriarcal que todo el resto, no estoy diciendo ninguna mentira ni les estoy insultando, estoy describiendo la realidad. . ¿Qué debería haber pasado, sobre todo teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer hoy no va a parar ninguna revisión de sentencias y que el dolor de las víctimas que ustedes relatan con tanto ahínco va a seguir incólume porque no lo vamos a poder solucionar? También digo que ha habido revisiones de días y que ha habido revisiones de meses y lo más preocupante seguramente son las excarcelaciones, pero esas no son 751. Por tanto, ¿dónde está el quid? El quid está en que algunos jueces no lo han hecho de una manera —¿cómo diríamos?— inocente, sino con toda la determinación y el sentido político que gran parte de la judicatura en este Estado tiene todavía de pertenecer a una mirada antigua sobre la realidad, y eso no es un insulto, sino una descripción. Los medios han dicho ‘estupendo’, y se han acogido a esas excarcelaciones llegando a convencer a gran parte de la población del Estado de que tenemos a todos los violadores acechando en todas las esquinas de nuestras calles. Eso no es cierto, es una manipulación de la realidad. ¿Y qué ha pasado? Que han caído en las encuestas. ¿Y qué pasa? ¿Que son los derechos de las mujeres los que pueden ir a golpe de encuesta? Por eso para parecer que iban a protegerlos, han decidido hacer una acción sobre su propio Gobierno. . Pues eso no lo vamos a permitir porque es de vergüenza propia y es de vergüenza ajena. ¿Qué creen que piensan las mujeres? ¿De verdad les tenemos que hacer decir si quieren más a papá o a mamá? ¿Qué son ustedes? ¿Más feministas de la banda del PSOE, más feministas de la banda de UP, más feministas rollo la CUP, rollo nosotros o rollo Bildu? Lo único que necesitamos en el movimiento feminista es tener claro adónde vamos y quiénes son nuestras aliadas. Por cierto, no quiero volver a oír — que lo haré igual— la palabra sororidad ni la palabra aliança ni la palabra respeto ni la palabra reconocimiento ni las palabras vamos a tener en cuenta la sabiduría de nuestras antecesoras porque lo han roto todo. Lo han roto todo y, con gran dolor, teniendo en cuenta que he dicho cincuenta veces que no es mi proyecto de Estado, el Estado no se lo merece ni las mujeres de este Estado se lo merecen. No se merecen que hayamos pasado de lo que VOX decía, que con esto los hombres no van a poder ni salir a la calle porque es la sospecha sobre la culpabilidad de los hombres, a resultar que nos sirve para condenar a los agresores. ¿Se dan cuenta de cómo han variado el marco discursivo y cómo se lo han comprado a las derechas? No puede hacer esto el PSOE. Termino muy rápidamente dando una pequeña explicación a un tema público que se provocó el otro día. No es un consejo de amiga porque no lo conozco, pero sí de mujer: si quieren tener sexo con su pareja, por favor, despiértenla. Muchas gracias. .
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Hoy es un día triste para esta Cámara. Lo que va a pasar en unas horas es algo gravísimo. Esta tarde las señorías del PSOE se levantarán a aplaudir con el PP y con VOX una reforma de la ley solo sí es sí que elimina el consentimiento del Código Penal. . Hoy ustedes, señorías del PSOE, se han aliado con VOX y con el PP para volver al Código Penal de La Manada, para que vuelvan a preguntarnos si cerramos bien las piernas, cuántas veces dijimos no o con qué fuerza nos resistimos. Quieren volver al calvario probatorio, a un modelo que nos pedía enseñar una heridita y probar luego si había sido producida por una violación; a un modelo en el que debía ser normal que nuestro novio nos penetrase mientras dormíamos, el modelo que defiende uno de los asesores del PSOE para esta reforma, ¿lo recuerdan?: Y si estamos con la pareja que está dormida, ¿la tenemos que despertar? Esto es, les guste o no, lo que late de fondo en su reforma. No cuenten con nosotras. Señorías del PSOE, del PP, de VOX, las feministas de este país tenemos un mensaje para ustedes: el consentimiento no se toca, que solo sí es sí y que vamos a defender, aquí dentro y en las calles, las conquistas feministas con toda la fuerza organizada de nuestro movimiento, porque no hay feminismo posible pactando con quienes recurrieron el aborto al Constitucional, con la ultraderecha que niega la violencia machista, con quienes derogan leyes trans o que consideran que las personas LGTBI son una moda de Netflix. . Por eso, el aplauso de hoy será el aplauso de la vergüenza. . Quisiera dedicar unos minutos a aclarar algunos conceptos que parece que a muchos, en esta Cámara y fuera de ella, no les han quedado muy claros. Si una mujer es penetrada por su novio sin su permiso porque está dormida o porque no quiere, da igual la razón, es violación. Si estás follando con un tío y ese tío se quita el condón sin avisarte, es violación. Si una chica conoce a un tío una noche, se va con él a su casa y cuando ya están en la cama cambia de opinión y ese tío sigue, es violación, y da igual para qué fue a su casa, porque seguro que no fue para que la violaran. Y si vas en el metro de vuelta del curro y te tocan sin tu consentimiento, es agresión sexual. Y si estás perreando en una discoteca y un tío cree que eso le da derecho a meterte mano o a tocarte sin que tú quieras, es agresión sexual. Y nada lo justifica, da igual si vas borracha o si llevas minifalda, si vas sola o acompañada, si bailabas más o menos o si cerraste bien las piernas: si no hay consentimiento, es agresión sexual. Y esto es de lo que deberíamos estar hablando hoy en esta Cámara. Este fue el grito de miles de mujeres en las calles que hoy ustedes traicionan. . Hoy, señorías del PSOE, no les están fallando a sus votantes; les están dando la espalda a todas las mujeres de este país. Pero cada vez más mujeres se atreven a alzar la voz, a señalar a sus agresores, porque las mujeres de este país están perdiendo el miedo, y eso es lo que aterra a los poderosos. Tienen miedo de las mujeres y de la fuerza que tiene el movimiento feminista, porque el feminismo viene a acabar con todos y cada uno de los privilegios que sostienen su poder, porque las feministas hemos venido a disputar ese poder y a arrebatárselo para construir un mundo donde todas las personas tengan una vida que merezca la pena vivir. Por eso gritan, patalean y enfangan. Por eso judicializan a compañeras como Vicky Rosell, o a Isa Serra. Por eso insultan a Irene Montero o a Ángela Rodríguez Pam. Por eso nos quieren calladas y sumisas. Y, sí, por eso rebajan las penas de los agresores sexuales y atacan todos los días la ley solo sí es sí. Pero las feministas estamos acostumbradas al ruido y a la presión y sabemos qué es lo que realmente hay detrás. Lo que hay — lo repito— es una ofensiva contra una ley que protege a las mujeres, que pone el consentimiento en el centro y que da una respuesta y acompañamiento integral a todas las víctimas de violencias sexuales. Lo que hay es un puñado de fascistas que pretenden volver al silencio y a la culpa; a tener que resistirnos y a demostrar con heridas en la piel que hemos sido violadas; a que si no nos matan, no nos crean. Lo que hay es una reacción machista de los que veían jolgorio en que te metan en un portal y te violen en grupo. Lo que hay es miedo a que se les acabe la impunidad a todos los agresores sexuales que alguna vez han violentado a una mujer. Lo que quieren es que seamos nosotras de nuevo las que tengamos miedo a salir a la calle, de volver solas por la noche y de no llegar a casa. Y no lo vamos a permitir, ni aquí ni en las calles. . La ley solo sí es sí es una ley necesaria, pionera y celebrada a nivel internacional; es un mandato del Convenio de Estambul; es una ley buena para las mujeres, y lo demuestran los datos del Consejo General del Poder Judicial — que, por cierto, aún no son sobre condenas firmes—, que dicen que no se están rebajando las penas en un 75 % de las revisiones. Están planteando desamparar a las mujeres de este país porque hay una minoría de jueces que están interpretando la ley en el sentido contrario a la voluntad del legislador, a la voluntad de esta Cámara. . Y aun sabiendo que las críticas son ruido, aun sabiendo que es un chantaje, estamos dispuestas a negociar para reducir el margen de interpretabilidad de la ley; estamos dispuestas a subir las penas, aunque no queramos una ley punitivista; estamos dispuestas a admitir cambios. Lo que no vamos a permitir es que se saque el consentimiento del centro de la ley, porque nosotras no vamos a traicionar a las mujeres. Quienes voten a favor de esta propuesta les están mandando un mensaje muy claro a las mujeres de este país: les están diciendo que son ciudadanas de segunda, que defender sus derechos vale menos que aguantar la embestida de la derecha. Nosotras lo tenemos claro. Pueden atacar a nuestra organización, nuestras políticas; pueden atacar a nuestras compañeras, a nosotras; pueden difamarnos, meternos en juicios fake, asediar nuestra casa día sí, día también, pero no vamos a dar ni un paso atrás en nuestra defensa de los derechos de las mujeres. . Termino. Compañeras feministas, las de esta Cámara y las que estáis ahí fuera, mañana es 8M; mañana tenemos que salir todas a inundar las plazas y las calles de nuestros territorios para decirles alto y claro a los fascistas que somos muchas más, que no les vamos a permitir arrebatarnos nuestros derechos y que las feministas estamos organizadas en el movimiento con mayor potencia democrática de la actualidad. Mañana, toda la red de organización feminista, todos los colectivos, las asambleas, las sindicalistas, las profesoras, las activistas, las juezas, abogadas, periodistas, trabajadoras de los cuidados, las mujeres trans, las migradas, las madres, las abuelas, todas las feministas y los feministas de este país tenemos que gritar alto y claro que solo sí es sí, y que si esta Cámara le da la espalda a las mujeres, las mujeres volverán a pelear por sus derechos, como hicieron en 2018, como hicieron en 2014, en 2010 y tantas veces antes, y volveremos a conquistarlos, porque somos imparables. ¡Que viva la lucha de las mujeres! .
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Con la venia. El ególatra Sánchez decía que iba a pasar a la historia y, desde luego, este Gobierno sí va a pasar a la historia por ser el más dañino y perjudicial para las mujeres. . Porque cuando se legisla desoyendo informes y advertencias como las de VOX, cuando se legisla bajo una ideología infecta, pasan estas cosas. Cuando se tiene un Ministerio de Igualdad fanático y soberbio y, sobre todo, cuando te importan un bledo las víctimas, se sacan ignominias como esta ley, que beneficia a los criminales y perjudica a las víctimas. . El daño es irreparable, señorías, por eso, este Gobierno y todos los que votan a favor de estas penas son responsables de cada delito sexual y cada violación de sus excarcelados. Ustedes, el Gobierno autodenominado más feminista de la historia, que debían — dicen— defender a las mujeres, pero de noche abren la puerta de la cárcel a los violadores; de día dicen luchar contra la trata y la prostitución, y de noche… ¿Hablamos de lo que hacen de noche? . De noche son el partido que más gasta en prostitutas. . Les cito: uno de cada tres hombres paga por violar a una mujer. La prostitución es violación. ¿Les suenan esas frases? Son de su secretaria de Igualdad y de su diputado José Zaragoza. Señores del PSOE, si la prostitución es violación, a ver si va a ser por eso que rebajaron las penas. . Y así estamos, entre meretrices, violadores en la calle y leyes inconstitucionales. Este Gobierno y la ministra de Igualdad han perdido toda la autoridad moral para hablar de las mujeres, porque ahora estamos más desprotegidas que nunca y tenemos más miedo que nunca. Tenemos miedo a ir por la calle y encontrarnos con los violadores que excarcelan. Tenemos miedo a que adoctrinen y corrompan a nuestros hijos. Tenemos miedo a no poder hablar y pensar libremente. Tenemos miedo de que nuestros maridos, hijos, hermanos, amigos, sean acusados sin pruebas. ¡Claro que tenemos miedo, señores del Gobierno!, pero les tenemos miedo a ustedes y a sus aberraciones de leyes. . Pero no vamos a reducir el debate al tema de las penas, que, aunque escandalosa, no es la única infamia de esta ley. El Partido Popular, por supuesto, prefiere centrar el debate solo en el tema de las penas porque, como siempre, tienen la estrategia de poner una vela a Dios y otra al diablo. Entonces, compran las leyes de género, pero hacen algunos retoquitos técnicos para jugar a dos bandas, no sea que la izquierda les llame fascistas y machistas , y lo más triste es que, a pesar de comprar toda la basura ideológica de la izquierda, la izquierda les sigue llamando fascistas y machistas. Para que la gente nos entienda, son ustedes el clásico pagafantas. . Como nosotros no queremos ser así, nosotros venimos aquí a decir que esta ley hay que derogarla entera. En primer lugar, por innecesaria, porque la falta de consentimiento ya estaba contemplada en el título VIII del Código Penal. . Hay que derogarla porque no se nos va a proteger mientras sigan viniendo sin control inmigrantes ilegales que vienen de culturas que no respetan a la mujer. No nos protege que se nos crea sistemáticamente en plan ‘L’Oréal, porque yo lo valgo’. No nos protegen los tribunales de excepción para hombres. No nos protegen los nuevos chiringuitos, que ahora han rebautizado como centros de crisis, para que una mujer pueda acusar sin pruebas. Además, esta ley nos impone el adoctrinamiento a nuestros hijos, para que, en un flagrante delito de incitación al odio contra el hombre, nuestros hijos aprendan en el colegio que el hombre es violento por el hecho de serlo. . El único motor de esta ley es destruir la familia, por eso promueve el odio al hombre y promueve un victimismo en la mujer, eso sí, regado de subvenciones y privilegios. Señorías, las únicas formas de luchar contra la violencia sexual son, en primer lugar, dejar de frivolizar con la violencia. Déjense de violencia económica, violencia política, violencia obstétrica y todas las esdrújulas que se les ocurran. Déjense de miradas, de piropos. Dejen de llamar violencia a todo lo que no le gusta a una mujer. Esto es un auténtico insulto a las mujeres agredidas y violadas. . Tenemos que educar en que hombres y mujeres somos diferentes pero iguales en derechos, nunca enemigos. Tenemos que investigar — y en esto siempre insisto— de forma rigurosa las causas de la violencia sexual, que — aviso: espóiler— no es el patriarcado. Tenemos que cambiar el protocolo policial para atender y llegar a todas las víctimas, pero a las víctimas reales que sufren, no a la que han llamado fea o a la que han llevado la contraria en Twitter. Tenemos que proteger nuestras fronteras. Tenemos que endurecer las penas, pero no con el sistema anterior, tenemos que endurecerlas más, y tenemos que defender como sagrados los derechos fundamentales y constitucionales de todos — sí, de los hombres también—, porque sin presunción de inocencia, sin igualdad y sin tutela judicial efectiva, no hay protección ni justicia para nadie. . Señorías, hagan caso por una vez a las advertencias de VOX, que ustedes solo aciertan cuando rectifican. Aunque se reformen las penas, esta ley no nos va a proteger. Además, va a condenar social, profesional y penalmente a muchos hombres inocentes por la dificultad de demostrar el consentimiento y por la inversión de la carga de la prueba que prevé esta ley. Señores diputados, algunos de ellos pueden llegar a ser ustedes. Las mujeres no queremos protección a costa de los derechos de la mitad de la población. Queremos de una vez por todas que nos traten como a personas iguales en derechos y dignidad a los hombres, porque esa dignidad no nos las dan sus cuotas, ni sus leyes paritarias, ni los festivales de perreo feminista, ni los bancos pintados de morado, ni los despropósitos de la secretaria de Estado de… — no sé cómo decir; no lo voy a decir —, ni los 500 millones del Ministerio de Igualdad, ni las leyes de género. La dignidad la tenemos desde el momento en que somos concebidas en el vientre materno, porque todas y cada una somos únicas e irrepetibles , igual que los hombres. Señores del Gobierno, ya han demostrado que a ustedes los derechos fundamentales, la justicia y, sobre todo, las víctimas les importan un bledo. Pidan perdón y dimitan. Ya termino. Como ustedes afirman que a las mujeres hay que creernos siempre porque nunca mentimos, ya saben que todo lo que hoy he dicho en esta tribuna es la verdad. .
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Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo PP
Gracias, presidenta. Señorías, como se ha podido comprobar a lo largo de toda esta sesión, la verdad es que estamos asistiendo a un acontecimiento inédito en nuestra democracia, porque es la primera vez que un gobierno se censura a sí mismo. Aquí no estamos ante la corrección técnica o ante la rectificación de unos efectos no deseados. Aquí estamos ante una derogación por el propio Gobierno de una ley que ha impulsado. . Estamos ante una enmienda a la totalidad de Pedro Sánchez a su propia coalición, pero también es una enmienda a su propia forma de gobernar, una enmienda a la frivolidad, a la falta de solvencia, a la soberbia. Esto está detrás de la iniciativa que ustedes han traído hoy aquí. Hay que ser claros: el debate que hoy nos acompaña nada tiene que ver con la alarma social que se ha desatado por la liberación de más de 74 depredadores sexuales o por la rebaja de condenas de más de 730, y los que quedan, señorías, porque esto ni ha terminado ni va a terminar. Tampoco tiene nada que ver con todos aquellos que se van a poder acoger a un Código Penal más favorable hasta que pueda llegar al BOE esta derogación. El Grupo Socialista no ha presentado esta reforma por la alarma social generada por el goteo incesante y constante de beneficios penitenciarios y excarcelaciones de las que se están viendo beneficiados algunos. Tampoco lo ha presentado o promovido por el remordimiento por haber utilizado este asunto como campo de batalla político, ni tampoco por la humildad o la sensibilidad hacia las víctimas, que ven entre el estupor y el temor cómo los poderes públicos están actuando contra ellas y están beneficiando a sus agresores o a los agresores de sus hijos y de sus hijas. No, señores socialistas. La única causa de esta iniciativa es la alarma electoral , ni más ni menos. Es el desplome demoscópico de Pedro Sánchez, son las encuestas, y no los daños causados por una reforma del Código Penal. Para esto sí que valen algunos informes, valen los informes de Tezanos, estos sí que se tienen en cuenta a la hora de legislar por parte del Partido Socialista. Pero no se tienen en cuenta las advertencias del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado, sobre la reducción de los límites de las penas. Este no es un efecto indeseado. Para que pueda hablarse de un efecto indeseado uno no tiene que estar advertido, sin embargo, ustedes estaban advertidos por todos estos organismos , por todos y cada uno de ellos, y no les prestaron atención. Hacen más caso a Tezanos que a los organismos y a las instituciones que forman parte del Estado y que están para proteger al Estado. También se lo advertimos nosotros, se lo advirtió el Grupo Parlamentario Popular. Lo hacía mi compañera Marta González a lo largo de toda la tramitación. ¿Qué nos dijeron? Que mentíamos. ¿Y ahí qué actuó? Actuó su sectarismo ideológico y, sobre todo, el bienestar, pero no el bienestar de las mujeres, sino el bienestar de la coalición. Este es el gran problema del que estamos hablando. ¿Cuánto dolor se podría haber evitado si ustedes, en vez de estar guiados por ese sectarismo ideológico y por pensar única y exclusivamente en sí mismos, hubieran escuchado un poco? . Esta no es la ley de la ministra Montero, no; esta es la ley de Pedro Sánchez. Y yo me pregunto: ¿dónde está hoy Pedro Sánchez? ¿Dónde está la parte del Gobierno socialista que ni tan siquiera está aquí dando la cara? . Porque esta ley, esta reforma del Código Penal ha tenido un ministro socialista al frente del Ministerio de Justicia, ¿y dónde está hoy la ministra de Justicia? Lo peor de todo es que Pedro Sánchez se escuda en las mujeres para evadir la responsabilidad de esta ley. Lo hace en la ministra Montero, lo hace en la ministra Llop, y hoy lo hace en la portavoz socialista. ¿Es este el feminismo? ¿Es esta la paridad? ¡Ah! Nosotras a dar la cara mientras él se esconde detrás de las mujeres de su Gobierno y de su partido. . Pero fue él, fu él quien, incluso, promovió un cambio de Gobierno — que se lo digan a la señora Calvo— para facilitar su aprobación. Fue él quien lo llevó a un Consejo de Ministros. Fue él quien lo votó en esta Cámara. Fue él quien firmó su publicación en el BOE. Estos son los efectos provocados por un presidente del Gobierno que se llama Pedro Sánchez, porque esto responde a sus deseos de entregar el Código Penal a una parte del Gobierno para poder seguir estando él al frente del Gobierno. Permítame que desmonte algunas mentiras que se repiten cual mantras durante los últimos cinco meses. En primer lugar, el consentimiento estaba, está y seguirá estando en el centro del Código Penal. . Por supuesto que seguirá. Este Código Penal no es el Código Penal de La Manada, es el Código Penal que se bautizó como de la democracia, impulsado por un gobierno socialista. Y, por supuesto, no son los jueces y los jueces fachas los que están llevando a cabo las rebajas de las penas; es la aplicación de una ley que salió de esta Cámara y que es responsabilidad del Poder Legislativo; que es responsabilidad, señorías, de todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, y, en este caso, de aquellos que con su voto la respaldaron e hicieron que llegara al BOE y que no cumplieron con su obligación y con su responsabilidad. . El mandato que nos dan los ciudadanos, los españoles, las españolas, es que les protejamos. Para eso nos dan su confianza, no para que hagamos dejación de nuestras funciones y esto acabe en el BOE y sea aplicado, como no puede ser de otra manera, por parte de los jueces. Miren, señorías, el resultado es que se ha beneficiado a más de 730 delincuentes sexuales, depredadores sexuales, lo peor de nuestra sociedad. Y no son un número — no son un número—, son depredadores sexuales como Vicente, quien abuso de una menor con discapacidad de manera continuada; son depredadores sexuales como Francisco Javier, que, en mi ciudad, en el año 1998, asesinó a Mari Carmen después de agredirla sexualmente con una crueldad que es indescriptible y que, en un tercer grado, se topó en su camino con el pequeño Álex y volvió a asesinar. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Esto es lo que ha conseguido esta ley. Pero no solo quedó aquí. No se están asumiendo responsabilidades políticas. Señores de la coalición, señoras de Podemos y señores del partido, sí se puede, ¡claro que se puede!, se puede dimitir. . Señores del Partido Socialista, ¡claro que se puede!, sí se puede cesar. Lo que no es admisible es que mañana el Gobierno vaya a seguir estando absolutamente igual y que en el Consejo de Ministros se sigan sentando aquellas que ni tan siquiera están dispuestas a, con su voto, derogar esta ley.
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Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo PP
Voy terminando. No solo se puede, señores del Partido Socialista y señoras de Podemos, se debe. En política se deben asumir responsabilidades, máxime cuando hablamos de una ley que ha generado tanto dolor y tanto rechazo a la sociedad española. Termino ya. Mañana es el 8M… .
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Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo PP
Voy terminando. .
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Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo PP
Para terminar, les pido que dejen de utilizarnos a las mujeres, que dejen de decirnos lo que debemos decir, lo que debemos sentir o cómo debemos disfrutar; que dejen de hablar en nuestro nombre, porque hace mucho tiempo que tenemos voz propia y somos mujeres libres. También les garantizo que, cuando podamos hablar en las urnas, diremos no a este Gobierno. . El solo sí es sí ha superado todos los límites de lo soportable para la sociedad y para las mujeres españolas. .
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Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO
Muchas gracias, señora presidenta. En la red formada por los nueve centros de referencia estatal que dependen del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Imserso, hay uno construido en la localidad asturiana de Langreo, el Credine, que, en la práctica, tiene sin estrenar una parte muy importante de sus magníficas instalaciones, habitaciones y dependencias, aunque las obras de construcción ya finalizaron hace cuatro años, después de superar numerosas vicisitudes técnicas, económicas y políticas. El Credine — conviene recordarlo— nació por la tenacidad de una plataforma cívica y sindical que, desde las cuencas mineras y para combatir su desertización, promovió iniciativas ciudadanas, concentraciones y manifestaciones multitudinarias, que culminaron en 2007 con la firma de un acuerdo marco entre las tres administraciones para la construcción y gestión del centro. . Señorías, en 2011, pocas semanas antes de las elecciones generales celebradas en noviembre de aquel año, la señora Pajín Iraola, a la sazón ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, realizó, con llamativa puesta en escena, una visita a las obras, tras la que anunció, para la primavera de 2012, la terminación de las mismas y la inauguración del centro ya bautizado con el nombre del científico Stephen Hawking. Sin embargo, el nuevo Gobierno, presidido por el señor Rajoy, se encontró un desolador panorama, con las obras paralizadas, además de un complejísimo galimatías administrativo y jurídico, así como quiebras en la UTE adjudicataria, procesos concursales y modificaciones del proyecto que obligaron a cambios profundos tanto técnicos como presupuestarios. De hecho, por cambiar, hasta hubo que cambiar el gran rótulo con el nombre del centro para el que no se había contado con la autorización de la fundación depositaria del legado del inolvidable científico británico. Señorías, ya en la oposición, el Grupo Parlamentario Socialista reclamó aquí, en el Congreso de los Diputados, que se agilizasen las obras y su puesta en servicio. En una iniciativa fechada en octubre de 2012, los socialistas afirmaban que las necesidades que dieron origen al centro siguen existiendo y los destinatarios esperando atención. Han pasado más de diez años desde entonces, gobierna Pedro Sánchez, después de la censura del Gobierno de mediados de 2018, y, por utilizar el mismo argumentario socialista, las necesidades no solo siguen existiendo, sino que han aumentado. También son más los destinatarios que continúan esperando atención. El Credine es más necesario ahora que nunca. ¿Cuál es actualmente el estado del centro que tuve ocasión de visitar personalmente a finales del pasado año? Ruego que presten atención: las sesenta habitaciones construidas para uso residencial e individualizado están sin utilizar; veinte de ellas son para la atención de lesionados medulares; otras veinte para pacientes con daños cerebrales, y veinte más para discapacidades neurológicas. En total sesenta habitaciones para atención especializada y las sesenta cerradas, sin estrenar, a las que hay que sumar otras treinta plazas para el centro de día. Pero es que tampoco en el Credine está funcionando la faceta investigadora para la que también fue proyectado originalmente en 2007 y que, junto con la atención especializada, fueron calificadas por el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Caldera, como de las más avanzadas del mundo. Resulta bochornoso y fraudulento que quince años después, ahora, se pretendan rediseñar y rebajar los usos del Credine, en lugar de aplicarse a su máximo aprovechamiento y con los fines para los que fue concebido. Por supuesto, con un magnífico centro sin utilización en su mayor parte, tampoco se han generado los ciento cincuenta puestos de trabajo estimados inicialmente para prestar los servicios acordes a la importancia de este equipamiento sociosanitario, que ha visto cómo — pese a haberse gestado mucho antes— otros tres centros de referencia estatal ya han sido inauguradas por el Imserso, lo que supone otra muestra más de la desigualdad y la atención que recibe Asturias de este Gobierno con la complicidad de su homólogo del Principado. Otro clamoroso engaño que se añade a los que profundizan constantemente la decadencia de la región, su envejecimiento como en ninguna otra parte de Europa, su dramática despoblación y su declive laboral, reflejado año tras año en la tasa nacional de población activa más baja y en los peores datos de desempleo en 2022. Señoras y señores diputados, con esta proposición no de ley se insta al Gobierno a la puesta en servicio de todas las instalaciones y dependencias del Credine, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos para el tratamiento de lesiones y enfermedades medulares y, singularmente, de la esclerosis lateral amiotrófica, así como a la investigación sobre las mismas. Además de un engaño, resulta un colosal desperdicio de recursos públicos el desaprovechamiento de este centro de referencia estatal, pero más aún cuando nos referimos al tratamiento, investigación y apoyo de enfermedades que este mismo Congreso y en esta misma XIV Legislatura han encontrado el respaldo del Pleno, caso de la proposición de ley que hace un año se aprobó unánimemente por la Cámara para garantizar una vida digna de los pacientes con ELA. Lamentablemente, la iniciativa que entonces defendió la señora Giménez Giménez continúa en el refrigerador y, salvo que se acelere su tramitación, acabará en el cementerio de las iniciativas caducadas y olvidadas; casi casi como el Credine que hoy nos ocupa y cuyo incierto destino a algunos también nos preocupa. Concluyo agradeciendo la presentación de enmiendas y aceptaré las que han firmado al alimón los grupos de Unidas Podemos y Socialista; todo sea por encontrar el mayor consenso en favor de los pacientes. El punto de adición propuesto por el Grupo Parlamentario VOX, en el que se promueve la creación de un centro de referencia en el Sistema Nacional de Salud, lo anoto para apoyarla en un futuro, pero lo urgente y necesario es aprovechar un equipamiento extraordinario para ponerlo cuanto antes, cuanto antes, al servicio de todos los españoles. Muchas gracias, señora presidenta. .
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Gràcies, presidenta. Bona vesprada. La historia del Centro de Referencia Estatal para Discapacidades Neurológicas, el Credine, es larga. Como se ha dicho, desde 2007, cuando se firmó un acuerdo marco de colaboración entre el Principado de Asturias, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales — en aquel momento— y el Ayuntamiento de Langreo para la construcción y gestión del centro, han pasado quince años, con intervención de diversas administraciones, inauguraciones fallidas y múltiples vaivenes y cambios de concepción. Pero — y esto es importante— la orden ministerial que dispuso la creación del Credine es de abril de 2018, y ha sido este Gobierno de coalición el que — después de todos estos años— lo ha puesto en marcha, de acuerdo con lo que establece esta orden de 2018, como centro estatal de referencia, y a través del Imserso y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se están desplegando ya servicios y programas de innovación de manera progresiva. En marzo de 2020 las infraestructuras del centro se pusieron a disposición del Gobierno del Principado ante la emergencia sanitaria por la pandemia. En mayo de 2021 acabó esta cesión y el Credine retomó su actividad como centro de referencia estatal, ultimando la contratación de servicios y la reorganización logística para desarrollar dos proyectos enfocados a la intervención social, psicológica y de atención a la salud en situaciones de daño cerebral sobrevenido. Hoy se trabaja en la contratación del servicio de transporte para atención ambulatoria en el centro. Hay que aclarar esto, los centros de referencia estatales dependientes del Imserso se orientan hacia la gestión y difusión de conocimiento sobre modelos de intervención o de atención a diferentes afectaciones. En ese marco legal, el Credine no puede ser un centro meramente asistencial ni residencia especializada ni para ingresos de índole sanitaria. Esto no es competencia del Imserso. Este, como otros centros de referencia estatal, puede realizar atención en régimen de estancia temporal. Los primeros programas ya implantados en el Credine, de promoción de la autonomía personal y de la accesibilidad, van en la línea de la rehabilitación funcional y la promoción de la autonomía personal, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y de la Estrategia Europea de Cuidados, que promueven un modelo de cuidados y de atención en el propio entorno. Este Gobierno tiene la firme voluntad de continuar reforzando las capacidades asistenciales del centro, ampliando su cartera de servicios en colaboración con las administraciones competentes, en este caso con el Principado de Asturias, con el que se mantiene un convenio de colaboración para, entre otras cosas, la derivación de casos conforme a los servicios disponibles en el centro. Más allá de los términos de esta PNL — que contiene, como estoy diciendo, algunas afirmaciones que no se corresponden con la realidad o con la naturaleza del centro—, según la orden ministerial de 2018, sabemos que en el territorio hay una clara reivindicación ciudadana para que este centro, puesto en marcha por el actual Gobierno tras años de inactividad, continúe ampliando su cartera de servicios, que son necesarios. Tras dialogar con el grupo proponente, Unidas Podemos hemos registrado junto con el PSOE una enmienda sustituyendo la palabra «inmediatamente», que es materialmente imposible, por «la máxima prioridad» en esta activación a la que se compromete el ministerio, el Imserso y que requiere tiempo y afianzamiento de los servicios que se vayan introduciendo. Y hemos añadido la atención al daño cerebral sobrevenido, que aparece en la orden ministerial de creación del Credine y había que introducirlo. Con estos matices, que parece ser que van a ser admitidos, vamos a apoyar esta reivindicación. También somos conscientes en mi grupo parlamentario de que son muchas las necesidades de las personas afectadas por el daño cerebral sobrevenido y las enfermedades neurológicas y, en particular, por la ELA — lo hemos hablado aquí muchas veces—. Por ello, nuestro grupo y este Gobierno de coalición, tras años de recortes en los servicios públicos y en la atención a la dependencia por los gobiernos del Partido Popular, están aumentando de manera exponencial la inversión y las transferencias a las comunidades autónomas para la atención a la dependencia. Se han puesto en marcha procedimientos de urgencia en la valoración de la discapacidad y de la dependencia, largamente demandados; pero sabemos que queda mucho, mucho por hacer en relación con el apoyo sociosanitario, atención domiciliaria, ambulatoria, residencial, prestaciones de la Seguridad Social, investigación, formación y mucho más. Por tanto, Unidas Podemos y este ministerio seguiremos reforzando los servicios públicos y trabajando para que todas las personas afectadas por estas enfermedades y sus familias tengan todos los apoyos y la mejor calidad de vida. Moltes gràcies. . La señora VICEPRESIDENTA Gracias, señora Saavedra. Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas. .
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Juan Luis Steegmann Olmedillas VOX
Con la venia, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenas tardes. En mayo de 2022 se puso en marcha en Langreo el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas, Credine, que depende del Imserso. Ha costado diez años, una década en la que se ha visto cómo los fondos de la reconversión minera desaparecían, mientras aparecía un dirigente de UGT al que pillaban con 1,4 millones de euros en bolsas de supermercado. Pues bien, desde su puesta en marcha en mayo del 2022 no ha cumplido ni un 15 % de sus previsiones: con una capacidad de atención para setenta pacientes en residencia provisional y treinta en régimen ambulatorio, solo está rehabilitando a trece pacientes. Los esfuerzos del señor Martínez Oblanca y su optimismo son encomiables: ha dado origen a tres proposiciones no de ley. Esta última insta al Gobierno a que, de una vez por todas — y le defraudarán—, pongan en funcionamiento este centro de referencia estatal. Es una proposición no de ley que el Grupo Parlamentario VOX ve con simpatía y a la que hemos presentado una enmienda. Señorías, en el ámbito sociosanitario y sanitario tenemos centros de referencias nacionales, ocho en el Imserso y doscientos setenta y ocho en el Sistema Nacional de Salud, los CSUR. Tienen funciones distintas, pero se complementan, especialmente en las enfermedades neurológicas, ya que, dentro de la discapacidad, las enfermedades neurológicas son las más frecuentes. De ellas, sobresale por su número el ictus; pero por su gravedad las más terribles son, por un lado, el Alzheimer, que destruye el cerebro, y, por otro lado, la esclerosis lateral amiotrófica, que destruye las neuronas motoras, que son las que nos hacen movernos, las que nos hacen respirar y las que nos hacen tragar; y ese deterioro progresivo deja intacto un cerebro que asiste angustiado a la inmovilidad que al final le va a llevar a la muerte por asfixia. Eso, yo lo he visto. Señor Martínez Oblanca, nuestra enmienda propone que, además de la inmediata puesta en marcha del Credine, se cree un centro de referencia nacional del Sistema Nacional de Salud dedicado monográficamente a la esclerosis lateral amiotrófica, y preferiblemente en el área de Langreo. ¿Por qué? Lo hacemos porque ningún CSUR, de los cuarenta y uno dedicados a enfermedades neurológicas o lesiones, tiene a la ELA como objetivo específico de su actividad. Esa es la razón. La esclerosis lateral amiotrófica cumple todos los criterios para ser considerada objeto de la creación de un CSUR, siguiendo el Real Decreto 1302/2006, ya que entra dentro de las enfermedades raras que precisan de concentración de los casos para su adecuada atención en el centro, que actúa como apoyo para confirmación diagnóstica, definición de las estrategias terapéuticas y de seguimiento, y como consultor de las unidades clínicas que atienden a estos pacientes. Esto es absolutamente necesario, porque la ELA no solo es una enfermedad rara y terrible, desconocemos su causa, desconocemos su tratamiento y se precisa acumular suficiente casuística para realizar todos los estudios que incluye la medicina de prevención. La concentración en un centro permitirá facilitar la investigación, la evaluación de los tres diagnósticos, la evolución de los tratamientos y favorecer la realización de ensayos clínicos con nuevos tratamientos, con moléculas nuevas o con técnicas. Eso es una necesidad dramática en la ELA. . Señorías, esta Cámara ya ha aprobado una buena proposición de ley del Grupo Ciudadanos respecto a la ELA, que VOX apoyó, sin embargo, creemos que le falta esto; creemos que esta adición es importante y que nuestra propuesta de creación de un CSUR específico para la ELA es congruente con el apoyo que les dimos, y es necesaria. Unido a la propuesta del señor Martínez Oblanca, pensamos que la coincidencia en un mismo espacio geográfico con el Credine formará sinergias que redundarán en el mejor diagnóstico, en la mejor prevención, si fuese posible, en el mejor tratamiento y, en definitiva, en mejorar el bienestar y la supervivencia de los pacientes. Muchas gracias. .
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Luis Carlos Sahuquillo García PSOE
Señorías, buenas tardes. Hoy, el señor Martínez Oblanca nos trae a debate un asunto que es, y siempre ha sido, prioritario para los socialistas. Prueba de ello es que es un centro que se ideó y construyó por los socialistas, por un Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y en 2018 la ministra socialista asturiana, María Luisa Carcedo, con el Gobierno de Pedro Sánchez, lo dotó, lo presupuestó y lo puso en funcionamiento. Este Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas de Langreo fue diseñado en 2007 como un centro para la promoción de la autonomía personal para las personas con graves discapacidades neurológicas, pero fue el Gobierno de Rajoy el que puso todos los esfuerzos en modificar el proyecto inicial, marear la perdiz y retrasar intencionadamente su puesta en marcha. Permítame una licencia, señor Martínez Oblanca, sin querer molestarle, en absoluto. Dice usted en su exposición de motivos, refiriéndose al Credine, que es como se le denomina, lo siguiente: A mediados de 2011 fue inaugurado, pocas semanas antes de la celebración de las elecciones generales de aquel año, por la señora Pajín, como deslizando que fue algo electoral; y yo hoy podría decir aquí, basándome en sus mismas palabras, que usted se acuerda de este centro ahora que llegan elecciones regionales y municipales. . Lo que hizo la señora Pajín a mediados de 2011 fue visitar las obras, y le recuerdo que a finales de ese año 2011 el PSOE perdió las elecciones generales. Decir diez años después que el Credine no ha estado en servicio sin más, como culpando a alguien de ello — hoy aquí ha sido a los gobiernos socialistas, señor Martínez Oblanca—, es como si usted nada tuviera que ver, y eso no es del todo serio, ya que durante casi ocho años, de 2011 a 2018, gobernó este país el señor Rajoy y el Partido Popular. ¿Y usted dónde estaba entonces? Es que usted también tiene una parte alícuota de responsabilidad, ya que estaba en las Cortes Generales (el señor Martínez Oblanca hace signos negativos), primero como senador y después como diputado, y usted y su partido, Foro Asturias, les aprobaban al señor Rajoy los presupuestos generales del Estado y nada decía de esto. Podría decirle yo ahora que poco le interesaba. . Pero como lo que nos interesa es que este proyecto sobre este centro concreto sea una realidad, le digo que en 2018, por orden ministerial del 23 de abril — eso sí, del Partido Popular—, se plantea con dos finalidades: por una parte, promover programas que faciliten a las personas con trastornos neurológicos, personas con lesiones medulares, daño cerebral sobrevenido y ELA la transición del hospital a la vida familiar, social, educativa o laboral, e impulsar la investigación y el conocimiento; todo ello, entendido como un recurso intermedio e integrado en la comunidad, al igual que otros centros de referencia del Imserso. Como bien sabe, señoría, tras finalizar su uso como centro para atender a los pacientes enfermos de COVID durante la pandemia, entró en servicio. Actualmente, desarrolla un programa de adecuación a la vida cotidiana para personas que han sufrido un ictus, centrado en la rehabilitación funcional y la promoción de la autonomía personal. Señorías, el despliegue de los servicios se ha hecho de manera progresiva, así como la realización de las obras de adecuación de las instalaciones deterioradas tras ocho años de inacción. Señoría, podemos estar de acuerdo con usted, y así se está haciendo desde el Gobierno de Asturias, con la necesidad de dar un impulso definitivo a este centro, un impulso que tenga muy en cuenta las aportaciones de entidades y agentes sociales para optimizar los recursos disponibles, un impulso que también permita ser motor económico para el municipio de Langreo y la cuenca minera asturiana, un impulso también al nuevo modelo de cuidados de larga duración, acorde con el pilar europeo de derechos sociales. Es el modelo que defendemos y que ejemplifica muy bien la Estrategia CuidAs del Gobierno de Asturias, en el marco del desarrollo de la componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Como sabe, es un modelo centrado en la persona, respetuoso con las preferencias de las personas con discapacidad y su situación de dependencia que garantiza el ejercicio de sus derechos. Porque, señoría, no puede negar que en esta legislatura, desde que es presidente Pedro Sánchez, avanzamos con paso decidido en garantizar los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, eso sí, con escaso o nulo apoyo de su señoría. Buen ejemplo de ello es la inversión histórica de 1800 millones de euros en tres años, 600 cada año; 1800 millones más destinados al sistema de atención a la dependencia. Otro ejemplo es también la aprobación de una nueva Estrategia Española sobre Discapacidad 20222030 y la aprobación de un nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad. De este procedimiento podrán beneficiarse, por ejemplo, las personas con ELA. Señorías, termino. Hemos presentado una enmienda con la idea de promover el impulso definitivo del Credine, que tiene que ir de la mano del Gobierno del Principado de Asturias, que es con el que el Imserso mantiene los convenios de colaboración, y siempre con el objetivo compartido de mejorar la vida de las personas con lesiones y enfermedades medulares, daño cerebral sobrevenido y ELA y de sus familias. Muchas gracias. .
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Gracias, presidenta. Señorías, no quisiera comenzar mi intervención en esta tribuna sin recordar que, con hoy mismo, son treinta y ocho las veces que el Partido Socialista lleva retrasando la tramitación de la ley para las personas enfermas de la ELA. Hoy justo hemos tenido otra vez esa renovación del plazo de enmiendas, algo que es totalmente incomprensible. Señorías del Partido Socialista, es totalmente incomprensible. . Este Gobierno está batiendo todos los récords en decretos, está modificando el Código Penal sin debate y por la vía de urgencia, así es que, realmente, no lo entiendo. Vamos a cumplir mañana un año desde la presentación de la toma en consideración de una ley de acceso a la vida digna de las personas enfermas de la ELA, que además se toma en consideración y se aprueba por unanimidad, y ustedes la dejan ahí, en el cajón, sin dar explicación alguna, renovando, renovando, renovando, renovando un trámite de enmiendas; no les entiendo. ¿Son ustedes un Gobierno progresista o son ustedes un Gobierno al que le da igual la situación de las familias y de los enfermos de la ELA, porque es lo que me hacen pensar? Llevamos solicitando de manera cotidiana que, por favor, desbloqueen la ley de la ELA. Además, les digo: olvídense de los colores políticos, esta es una ley que afecta a más de tres mil personas, personas que sufren una enfermedad cruel. Además, como bien se sabe, es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que no tiene medicación, es una enfermedad que en un determinado momento de su vida necesita veinticuatro horas de atención. ¿Qué problema hay con dar un servicio especializado a las personas, a los pacientes de la ELA? ¿Qué problema hay con dar a estas personas el servicio a domicilio que se necesita, el bono social eléctrico, reconocerles sus derechos? Cualquiera conoce a personas cercanas que han tenido a un enfermo de la ELA y me parece totalmente denigrante que se esté debatiendo considerar si es mejor vivir o morir, porque se consideran una carga para sus familias. Señores del Partido Socialista, les están quitando el tiempo que no tienen a los enfermos de la ELA. Por favor, desbloqueen esta ley. Les hará grandes. Pónganse la medalla que quieran. Da igual quién la esté presentando, por favor, desbloquéenla. Hoy elevó la voz de todos los enfermos de la ELA, de sus familiares. Hay que hacerlo con rotundidad, porque creo que es una de las cuestiones que esta Cámara debe realizar. No había otra forma de iniciar este debate ante la iniciativa de Foro Asturias, una propuesta de gran relevancia para mejorar la atención y la investigación de las personas con discapacidades neurológicas, singularmente también para los pacientes con ELA. Hablamos, como bien se ha dicho, de Credine, un Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas que, como se nos ha explicado, es dependiente del Imserso y que, pese a que se inauguró en el año 2011, una década después sigue sin haber empezado a dispensar el servicio para el que fue concebido inicialmente. Otra vez se nos explicita la dejadez, la pereza y la falta de sentido de Estado del Partido Socialista y del Partido Popular, que lo tienen que pagar los ciudadanos más vulnerables. Es una auténtica infamia que el bipartidismo siga arrastrando los pies en las necesidades vitales de miles de españoles. Señorías, es importante analizar la situación de las personas que sufren algún tipo de discapacidad neurológica. De acuerdo con la Sociedad Española de Neurología, nueve de las quince enfermedades que provocan una discapacidad tienen un origen neurológico. Hablamos de auténticos dramas como el ictus, el Alzheimer, el Parkinson o la ELA, siendo esta última la que lidera esta trágica clasificación, porque son más de tres mil personas las que están luchando día a día contra esta enfermedad en España. Como ya les he explicado, la ELA es una enfermedad que no tiene cura, que no tiene todavía medicamentos apropiados para lograr su estabilidad. Lo que hay que hacer también es invertir en investigación. Sabemos que desde el diagnóstico su esperanza de vida es de dos a cinco años, y todas las cuestiones que les he explicado en relación con la intervención. Lo que también necesitan es una atención especializada, por ejemplo, en residencias como las que puede ofrecer Credine. Por ello, agradecemos la presentación de esta iniciativa. Por nuestra parte, vamos a apoyarla. Creemos que hay que ser sensibles, que hay que investigar y que hay que implicarse muchísimo más con las enfermedades neurológicas. Desde nuestro grupo parlamentario vamos a apoyarla. Gracias. .
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Paloma Gázquez Collado PP-FORO
Buenas tardes. Gracias, presidente. El proyecto Credine es otra muestra más del nulo compromiso del Gobierno socialista de Sánchez con Asturias. Este centro, además, con la influencia que tiene Podemos, francamente debería depender de Sanidad o de Ciencia, y no de la ministra Belarra, cuya eficacia y capacidad ya conocemos. Y más allá de todo esto, también muestra la nula influencia del presidente Adrián Barbón, presidente socialista, en Madrid. Hace años que este centro debería estar dedicado al objeto para el que fue construido, y fue construido para investigación ―insisto, investigación― y tratamiento de pacientes con enfermedades neurológicas. Señoría del PSOE, quien le dio impulso fue el Gobierno del Partido Popular. Una de las últimas actuaciones e iniciativas que cerró el Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura de 2018 fue precisamente la firma por parte de la ministra Dolors Montserrat de la orden ministerial que le confería al centro la característica de centro de referencia de enfermedades neurológicas, es decir, no solo se trataría a enfermos con esas patologías, también se convertiría en un centro de investigación, un proyecto ambicioso de verdad. Parecía que Asturias, al fin, tendría un proyecto ligado a la investigación, a la innovación y al desarrollo, algo fundamental para nuestra región y, en concreto, para la cuenca del Nalón, que ha sufrido la descarbonización acelerada del Gobierno de Sánchez sin un proyecto de futuro para la zona. Las cuencas mineras asturianas no tenían por qué haber sido las primeras de Europa en descarbonizarse, para después sufrir, como están sufriendo, ser las últimas zonas de Europa en desarrollo económico. No merecían ese trato por parte de los socialistas, ni de los socialistas de Madrid ni de los socialistas asturianos; ni merecen, como es el caso, el abandono del proyecto Credine. . Durante la pandemia este hospital, como muy bien se ha dicho, se puso lógicamente a disposición ―solo faltaría― de enfermos del COVID, eran absolutamente necesarios todos los medios. Pero después, pasada la pandemia, el centro volvió a ese letargo en el que se encontraba hasta que, según parece — porque no hay mucha transparencia—, se está atendiendo a pacientes con enfermedades circulatorias, con ictus; actividad por supuesto a la que se dedica y se tiene que dedicar siendo necesaria, pero que aleja al Credine del objeto para el que fue construido. Señoría de Podemos, se nota que no conoce Asturias ni el proyecto, porque estaba bastante despistada en su intervención. Y todo ello en medio de la profunda crisis que vive la sanidad asturiana. Los profesionales del sector dicen en la prensa hoy que, a este ritmo, de las manifestaciones van a pasar a la huelga. Debido a la pésima gestión de la sanidad en Asturias del Gobierno de Adrián Barbón, la sanidad, que está dotada de excelentes infraestructuras y todavía más excelentes profesionales ―aunque escasos―, está abocada a esta ineficacia que nos lleva, por supuesto, a que seamos de las peores comunidades autónomas en la materia. Y volviendo al Credine y a su alejamiento, la última noticia que ha salido recientemente en prensa es que la consejera de Derechos Sociales del Principado, la señora Melania Álvarez, anuncia que su departamento se coordinará con entidades del tercer sector y con los agentes sociales para optimizar el centro. Esta noticia nos ha causado sorpresa negativa, porque nos viene a demostrar que nunca han creído y apostado por su construcción y buscan una forma de alejarlo del objeto inicial, de la investigación y tratamiento, insistimos, de personas con discapacidades neurológicas. Aunque nada nos sorprende ya porque es una de las innumerables muestras de indolencia y apatía de los socialistas con Langreo. Este centro supuso en su día una ilusión, un futuro, empleo y desarrollo para Langreo, castigado de forma inmisericorde por los gobiernos socialistas. Asturias tiene un paro 2 o 3 puntos superior a la media española, y especialmente en lo que se refiere a los jóvenes. Estamos en un 48 %, de las regiones con más paro de toda Europa, y estos datos se agudizan en la cuenca minera, en concreto en Langreo, que ha perdido en los últimos doce años más de siete mil habitantes. Este concejo necesita proyectos de verdad, como el Credine. Pero es que Langreo llegó a tener 65 000 y ahora estamos en cerca de 38 000, y de ellos, por cierto, la inmensa mayoría personas pensionistas, personas mayores, personas que, por cierto, también quieren disfrutar de su pensión como consideren, ya que trabajaron sobradamente para ello; aquellas a las que la ministra Montero, María Jesús Montero, en este caso de Hacienda, les dice que tienen que dedicar su pensión precisamente a lo que el Gobierno no la dedica, reconociendo así el fracaso del Gobierno socialista-comunista en políticas económicas, en políticas sociales y reconociendo así que el Gobierno socialista-comunista, tanto de España como de Asturias, está arruinando a los ciudadanos españoles. Concluyo. Por favor — y esto es un ruego—, voten favorablemente esta proposición de ley todos los grupos y, sobre todo, actúen en consecuencia. El Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas de Langreo debe ser una realidad, especialmente porque Asturias lo necesita y, desde luego, porque Asturias lo merece. .
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María Inmaculada Oria López PSOE
Gracias, presidente. Buenas tardes. Señorías, gestionar de manera responsable nuestro patrimonio común, nuestras aguas, nuestro suelo, nuestra biodiversidad, todos ellos recursos limitados y frágiles, se convierte hoy más que nunca en una tarea ineludible e inaplazable; y no se trata de una moda ni de una imposición ideológica como nos trasladan algunos, es una cuestión de supervivencia, sobre todo para las áreas más ávidas de recursos y alternativas de desarrollo, como son las zonas rurales. El pasado 3 de marzo conmemorábamos el Día Mundial de la Vida Silvestre. Miles de millones de personas en países desarrollados y en vías de desarrollo se benefician diariamente del uso de especies silvestres, bien como alimento, energía o simple y llanamente como motivo de inspiración. Señorías, actualmente hay un millón de especies de plantas y animales en peligro de extinción. La región mediterránea es una de las áreas del planeta más vulnerables frente al cambio climático. España se enfrenta a importantes riesgos derivados del mismo que inciden directa o indirectamente sobre el amplísimo conjunto de sectores económicos y, sobre todo, sobre los sistemas ecológicos, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar y para la salud general. El cambio climático se considera una de las cinco presiones principales que impulsan la pérdida de la biodiversidad en el mundo, junto con la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, la contaminación y las especies exóticas invasoras. España cuenta con 85 000 especies de fauna y flora, más del 50 % de las especies animales europeas y el 80 % de las especies de plantas vasculares, y algunas de estas se encuentran fuertemente amenazadas. Por ello, la conservación y un uso sostenible de las mismas son elementos claves para avanzar hacia un modelo de economía verde y un desarrollo sostenible que minimice los impactos de las actividades humanas, reconociendo el valor y la relevancia que tienen los servicios ecosistémicos para el desarrollo y el bienestar humano. Señorías, una cosa está clara, a mayor biodiversidad, mayor resiliencia de los ecosistemas. En el presente ya solo quedan algunos fanáticos que siguen negando la evidencia. La conservación de nuestro rico y variado patrimonio natural ―de nuestra flora, nuestra fauna― no es solo un deber ético o una cuestión de estética. Convendrán conmigo, señorías, en que no tenemos, por desgracia, un planeta B, y tenemos la obligación moral y ética de legar a las generaciones futuras un planeta mejor que el que nosotros hemos recibido. Por ello, debemos trasladar una nueva orientación de la necesidad de protección de la naturaleza, de las especies y de los espacios naturales. Tenemos que pasar de considerarlos espacios protegidos a considerarlos como espacios protectores porque, además de constituir reservorios de fauna y flora, son lugares de cuya conservación depende nuestra calidad de vida. La biodiversidad que atesoran es una herramienta para la adaptación a los nuevos escenarios climáticos. Son lugares adecuados para apostar por políticas activas en lo forestal, en lo agrícola y también en las políticas turísticas que favorezcan modelos de desarrollo sostenibles que ayuden a combatir la despoblación buscando alternativas para que, sobre todo, mujeres y jóvenes no tengan que marcharse de sus lugares de origen más que porque esta sea una decisión absolutamente personal. En nuestro país contamos con experiencias de éxito en materia de adaptación y protección de la biodiversidad. La importante labor de recuperación y conservación del quebrantahuesos es un ejemplo de ello, una especie en peligro de extinción a día de hoy. Este proyecto se lleva a cabo en zonas rurales de España, como en el Parque Natural Sierra de Castril en la provincia de Granada, a la cual tengo el placer de representar, y que ha permitido trabajar con hombres y mujeres del lugar, fundamentalmente ganaderos y ganaderas, que también las hay. Esto ha permitido fijar población en este territorio y ser todo un referente turístico para la economía local y un ejemplo en materia de conservación y adaptación de la biodiversidad premiado en 2020 por la Unión Europea. Otro ejemplo es la reintroducción del lince en la Comunidad Autónoma de Andalucía, gestión de los gobiernos socialistas al frente de la Junta de Andalucía , comunidad que siempre fue un referente y una punta de lanza y cuya política medioambiental se ha volatilizado con los gobiernos de Moreno Bonilla. El PSOE siempre que gobierna defiende, protege y cuida la biodiversidad, y lo hace con hechos, como la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, del Gobierno de Rodríguez Zapatero, o la ley de cambio climático de 2021 de este Gobierno y los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Y, además, lo hace con financiación y con recursos, con 356 millones de euros para salvar Doñana y 484 millones para realizar actuaciones prioritarias y recuperar el Mar Menor. Por todo ello, presentamos al Pleno de esta Cámara esta proposición no de ley, con el objetivo fundamental de impulsar la mejora del conocimiento sobre la vulnerabilidad y la resiliencia de los espacios silvestres al cambio climático, presentar las directrices de adaptación al cambio climático de los ecosistemas naturales terrestres o marinos, presentar un cronograma sobre estos trabajos y establecer las líneas de financiación necesarias en colaboración con las comunidades autónomas, como no puede ser de otra forma. Los proyectos de adaptación al cambio climático fijan población en las zonas rurales, creando actividades y sinergias que son fundamentales en el ámbito natural, en el económico y, sobre todo, en el social. En España contamos con experiencias de éxito que nos muestran de forma clara y evidente que tenemos talento, potencial y oportunidades para ser líderes en la adaptación al cambio climático. Señorías, mientras la extrema derecha sigue negando que el cambio climático existe y el Partido Popular habla mucho pero hace poco, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue trabajando por esa España verde, fuerte y resiliente con la que muchos españoles y españolas sueñan cada día. Gracias. .
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Albert Botran Pahissa CUP-PR
Gracias, presidente. Este pasado sábado se celebró en Barcelona una manifestación contra los macroproyectos que se incluyen en el acuerdo de presupuestos entre Esquerra y el Partido de los Socialistas de Cataluña, concretamente la ampliación del aeropuerto, el quart cinturó y el complejo de casinos y hoteles del Hard Rock, a lo que podríamos añadir los juegos olímpicos, que se encuentran en una especie de estado letárgico. El PSC hacía años que no incidía en unos presupuestos de la Generalitat, concretamente desde que en 2010 tenía la Conselleria de Economía, y ahora que ha recuperado centralidad, ¿qué es lo que ha puesto el PSC sobre la mesa? ¿La fiscalidad progresiva? No. ¿Cerrar el grifo del dinero público a colegios que todavía hoy segregan por razones de sexo? Pues no, nada de eso. Lo que ha puesto sobre la mesa han sido más aviones, más autopistas, más cemento y más turismo. Y hoy nos traen una PNL sobre biodiversidad, como si esta se pudiera proteger dentro de un invernadero o como si la biodiversidad no estuviera amenazada principalmente por la actividad económica de nuestras sociedades y, en particular, por el capitalismo fósil y el calentamiento global. Más aviones, más autopistas, más cemento y más turismo significan más emisiones y, por tanto, profundizan la crisis de biodiversidad. Incluso algunas macroinstalaciones de renovables, que ustedes también defienden con entusiasmo, afectan a la conectividad de hábitats y la permeabilidad ecológica. El crecimiento capitalista y la crisis de biodiversidad están estrechamente relacionadas. Tan es así que la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas, la IPBES, es decir, integrada por Estados, incluso se ha abierto por fin a considerar el decrecimiento como una política económica efectiva de protección de la biodiversidad. Porque ya podemos ir haciendo catálogos de especies amenazadas, que si aumenta el calentamiento global, no servirán de nada. Sin embargo, la PNL propone una serie de acuerdos que son irrelevantes, teniendo en cuenta la enorme crisis de biodiversidad. Adelanta algunos plazos de los establecidos por la ley de cambio climático, pero tampoco se llega a comprometer con fechas concretas, por lo que tiene mucho de brindis al sol. Y en lo relativo a la financiación, punto 4 de la PNL, se deduce que llevan dos presupuestos generales del Estado negligentes en lo que a protección de los ecosistemas marítimos y terrestres se refiere, puesto que ni en los presupuestos generales del Estado de 2022 y de 2023 se entiende que hayan recogido la financiación necesaria que les obliga la ley de cambio climático en su artículo 24.2, que es de 2021, y por eso hoy nos traen esta PNL para reforzar la financiación. Finalmente, hemos presentado una enmienda porque es necesario que todos estos estudios sobre biodiversidad sean de acceso público. Por ciencia abierta y por emergencia en las actuaciones hace falta su publicación. Termino recordando lo obvio, seguir con el mismo modelo de transporte, de turismo o de urbanización que nos ha llevado a esta crisis climática y de biodiversidad es el principal problema. Si no hay un decrecimiento justo y planificado, es imposible imaginar un futuro de mitigación de ambas crisis. Y unos presupuestos con más aviones, más cemento, más asfalto y más turismo son diametralmente opuestos a estos objetivos. Muchas gracias.
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María Carmen Martínez Granados Cs
Gracias, presidente. Señorías, los españoles somos ricos en biodiversidad. España es rica en biodiversidad y reconocerlo nos debe llenar de orgullo a todos. En medio millón de kilómetros cuadrados de superficie gozamos de 45 reservas de la biosfera, convivimos con más de 50 000 especies animales y disfrutamos de 10 000 especies de plantas diferentes. España, señorías, es el país de la Unión Europea con mayor biodiversidad, es el número uno, y esto sucede en gran parte por el hecho de que nuestro territorio alberga 121 tipos de hábitats diferentes, de acuerdo con los datos que maneja la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad. Nuestro país alberga el mayor número de especies de vertebrados, 570, y de plantas vasculares, 7600, de todos los países europeos. La diversidad biológica, señorías, no es solo el conjunto de seres vivos que habitan en una zona, también incluye los ecosistemas y hábitats terrestres y marinos. La enorme variedad y riqueza de estos hábitats que existen en nuestro país constituye un tesoro, pero, como contrapartida, siempre que se recibe un tesoro se hace con la responsabilidad de cuidarlo y de protegerlo. Por ello, señorías, todos nosotros tenemos la obligación moral de cuidar esta diversidad que no es solo nuestra, también es de nuestros hijos, de nuestros futuros nietos y de todos los españoles del futuro. Como aspecto negativo de esta variedad, España aparece también como el país europeo con mayor porcentaje de especies amenazadas, según la Red List de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Nuestra obligación, como poderes públicos, es cuidar dicha biodiversidad no solo por nuestra responsabilidad para que las generaciones venideras puedan disfrutarla como hacemos nosotros, sino también porque la biodiversidad es un fundamento más de la prosperidad de un país. Según los datos de la WWF, nueve de los diez medicamentos más conocidos provienen de productos vegetales naturales y hasta un 40 % de la economía mundial descansa en la biodiversidad y los servicios ambientales de los ecosistemas. En este sentido, nuestro grupo parlamentario desea mejorar esta proposición no de ley incluyendo un concepto clave, los servicios ambientales de los ecosistemas a través de la infraestructura verde. La infraestructura verde es una herramienta de eficacia probada que aporta beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante soluciones naturales, y nos ayuda a comprender el valor de los beneficios que la naturaleza proporciona a la sociedad humana y a movilizar inversiones para sostenerlos y reforzarlos. Esta infraestructura verde puede ofrecer múltiples funciones y beneficios en un mismo ámbito territorial. Dichas funciones pueden ser de tipo medioambiental, como por ejemplo la conservación de la biodiversidad o la adaptación al cambio climático; pueden ser de ámbito social, como la construcción de drenajes de agua o espacios verdes, o también económico, como la creación de empleo. Este contraste con las soluciones de infraestructura gris, que generalmente cumplen una única función, hace que la infraestructura verde sea una forma muy dinámica y eficiente de cuidar nuestros ecosistemas o, al menos, de minimizar el impacto de nuestra actividad sobre ellos. En este sentido, las infraestructuras lineales de transporte y energía ―las líneas de ferrocarril, de carreteras, las líneas de transmisión— hacen un uso muy extendido del suelo, atravesándolo horizontalmente a través de multitud de ecosistemas y extendiéndose por más de 200 000 kilómetros del territorio, con sus respectivas áreas de dominio público y servidumbre. Si bien la estrategia nacional de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológica contempla la permeabilidad y restauración de hábitats para devolver dichos ecosistemas a una situación lo más parecida posible a su naturaleza, lo que pretende nuestra enmienda es ir un poco más allá, mejorando activamente los servicios ecosistémicos como la conservación de la biodiversidad, la polinización o la adaptación al cambio climático mediante la plantación de especies autóctonas. Este impacto sería especialmente positivo en las zonas más afectadas por la polución, como pueden ser las regiones urbanas o industriales. Así, esta enmienda sigue la línea de trabajo de nuestro grupo parlamentario, que ha presentado múltiples propuestas medioambientales en diversas iniciativas, como recientemente en los proyectos de la Ley de Pesca, de la PAC o los presupuestos generales del Estado. Les pedimos que por favor tengan en consideración nuestra enmienda porque creemos que es un bien para todos. Muchísimas gracias.
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Grazas, señor presidente. Siento tener que repetirme, pero es verdad que para el Partido Socialista se aplica muy bien esa máxima de que una cosa es predicar y otra dar trigo. Ustedes se dedican a predicar, se dedican mucho a la propaganda, pero no tiene mucho que ver su actuación práctica con todo esto. Proteger la biodiversidad y los espacios sensibles, ¿dónde? No sé si todos o algunos de los que no son galegos lo saben, pero en todo caso en Galiza es evidente que no. Ustedes están apoyando e incentivando un boom eólico depredador en nuestro país para beneficio de grandes empresas eléctricas, que lo que hace es arrasar espacios ambientalmente sensibles tanto en la tierra como en el mar y, por tanto, el medio de vida de muchas personas del sector agrario, ganadero o pesquero, eliminando controles ambientales, la participación social y la posibilidad de alegaciones en los parques de eólica terrestre, y aprobando un POEM que fija cinco áreas de implantación de parques eólicos marinos…
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Por cierto, el 50 % de la potencia prevista es en la costa galega, afectando a ecosistemas marinos muy sensibles y a la capacidad de nuestra flota pesquera. Por lo tanto, primero recuperen esos controles, modifiquen el POEM y después hablamos de biodiversidad. Obrigado.
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Inés Sabanés Nadal MÁS PAÍS-EQUO
Gracias, presidente. Señorías, esta propuesta del Partido Socialista no solo es oportuna, sino que también es muy necesaria para recordar una realidad muy preocupante. La realidad es que el respeto por la biodiversidad en España ha sido históricamente muy deficiente y sigue sucediendo hoy, por desgracia, en el Mar Menor o en Doñana. Por eso, queremos — y en ese sentido hemos hecho la enmienda— que, además de proteger lo que ya tenemos, busquemos y recuperemos lo que hemos perdido. Hemos planteado una enmienda para que se haga un mapeo de los espacios naturales perdidos durante los últimos noventa años y que se diseñen planes para recuperarlos en la medida en que la tecnología y los recursos para la transformación y la resiliencia lo permitan. Esto permitiría recuperar parte de nuestro patrimonio natural y también de nuestra memoria. Podríamos hacerlo con casos como la laguna de La Janda, en Cádiz, o La Laguna de Antela, en Ourense, que formaban parte de grandes humedales y que se desecaron durante el franquismo. Todo esto nos sirve como ejemplo de la irresponsabilidad con la protección de nuestro entorno: destruimos entonces lo que ahora es vital para la mitigación y la lucha contra el cambio climático. Por eso les pedimos que acepten esta enmienda para, en todo caso, enmendar errores del pasado y comprometernos con el futuro. Muchas gracias.
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Sergi Miquel i Valentí JxCat-JUNTS (PDeCAT)
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, confirmo nuestro voto a favor de esta iniciativa del Grupo Socialista, pero hay algunas cosas que quiero comentar. Estamos de acuerdo en tres de los cuatro puntos de esta iniciativa, porque todo lo que sea dar a conocer la vulnerabilidad de los ecosistemas, hablar de la fragilidad de nuestro entorno y de nuestro medio ambiente nos parece una buena iniciativa. Estamos absolutamente a favor del punto 3 de la iniciativa, que habla de establecer cronogramas, porque al final podemos hablar de muchas cosas, pero si no se establece un calendario, si no se habla de dónde estamos y a dónde queremos llegar en poco tiempo, no se avanza. Sin embargo, señorías, el punto 4 es siempre el punto de la discordia, que es cómo ponemos recursos para que esto cambie. Es verdad que en su iniciativa ustedes ya hablan de hacerlo en coordinación con las comunidades autónomas, y nos parece más que oportuno porque saben cuál es el grupo del que formo parte y qué es lo que defendemos. Sin embargo, obras son amores, señorías, porque al final han tenido ustedes no hace muchos meses un presupuesto general del Estado en el que podían haber incorporado medidas de impacto para resolver estas cuestiones, o incluso transferencias para que las administraciones autonómicas pudieran resolver con sus agencias y con sus instrumentos estas situaciones y no lo hicieron. Por tanto, les avanzo que estamos a favor de cualquier propuesta que sirva para lo que ustedes intentan resolver con esta iniciativa, sin embargo, les queríamos hacer notar eso, que creemos que para cambiar el ritmo de las cosas hay que hacer sacrificios y, en este caso, poner recursos para que esto cambie. Como ya he dicho, señorías, vamos a votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.
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Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV
Gracias, presidente. Efectivamente, tal y como se establece en la propuesta, la ley de cambio climático incluye varios apartados referidos precisamente a la adaptación al cambio climático. Hay determinados impactos del calentamiento que ya no se podrán revertir, por lo que la norma establece medidas relacionadas con este asunto y con la protección de la biodiversidad. Es más, en su artículo 6, al establecer los principios rectores, se encuentra la protección del medio ambiente, la preservación de la biodiversidad y la aplicación del principio de que quien contamina paga. Además, en su artículo 24 se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y la elaboración de una estrategia específica que incluirá las directrices básicas para la adaptación al cambio climático de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas, así como las líneas básicas de restauración y conservación de estos. En este sentido, la propuesta del PSOE básicamente insta al Gobierno a realizar lo que ya está reflejado y recogido en la propia ley de cambio climático, que fue respaldada por mi grupo y otros grupos y, por lo tanto, entendemos que el Gobierno tiene que cumplir lo establecido en la misma. Su propuesta pretende y propone impulsar la adaptación de la biodiversidad frente al cambio climático en los términos previstos en la propia ley de cambio climático. Es decir, no proponen prácticamente nada nuevo que no esté recogido en esa ley y, precisamente, se supone que los artículos de esta ley están para cumplirlos. Por tanto, entendemos que no hace falta este tipo de propuestas y menos que la presente precisamente el grupo que forma parte del Gobierno y que impulsó la ley de cambio climático. La única diferencia que observamos en esta propuesta es que se insta al Gobierno a tomar algunas de las medidas, pero con anterioridad a los plazos previstos por la ley. Veremos si se cumple, porque lo cierto es que no hay muchos meses para llevarlo a cabo y, por lo tanto, como bien decía también el señor del PDeCAT, menos reforzar, más acción y muchos más recursos. Lo lógico es que, al menos, algunas de esas medidas ya estuviesen en marcha. Dicho esto, no acabamos de comprender esta propuesta si no es, simplemente, con un fin de impulso o un fin marquetiniano de la política del Gobierno. Aun así, votaremos a favor por coherencia, ya que votamos también a favor de la ley de cambio climático, y por tanto, solicitamos que se ejecuten en plazo las medidas que en ella se contemplan y que también contempla esta propuesta. Gracias.
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Francesc Xavier Eritja Ciuró ERC-S
Muchas gracias, presidente. Ya les avanzamos que vamos a votar a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. De hecho, compartimos plenamente la necesidad real de adaptar la legislación sobre protección a la biodiversidad ante los efectos del cambio climático. Realmente, el cambio climático no solo afecta a la biodiversidad, con fenómenos meteorológicos extremos, como las mismas sequías, más frecuentes, largas e intensas, o las inundaciones, con crecidas más frecuentes y caudales máximos más fuertes, sino que tiene un impacto, según en qué territorios y en qué zonas, que transforma radicalmente todo el ecosistema por procesos como el aumento de la variabilidad climática y pluviométrica mediterránea, o una alteración importante de los patrones estacionales. Todos estos son efectos que, a un corto, medio o largo plazo van a modificar nuestro medio ambiente y va a afectar directamente a la propia biodiversidad. Sin embargo, nosotros creemos que esta PNL está totalmente vacía de contenido. Viene a ser una simple declaración de intenciones, con la que evidentemente estamos de acuerdo, sobre todo, en los tres primeros puntos, pero que, al final, tampoco acaba de concretar nada. Nosotros esperábamos alguna cierta concreción de algunos puntos. Precisamente, en el punto 4 de la proposición no de ley se habla de establecer las líneas de financiación necesarias para la adaptación al cambio climático en colaboración con las comunidades autónomas. Realmente no solo debe ser una colaboración de las comunidades, sino que se debe tener en cuenta que la gestión de la protección de la naturaleza y biodiversidad es competencia autonómica, es decir, la gestión de los territorios es competencia autonómica. En ese sentido, precisamente, quería avanzarles o comunicarles que el Govern de la Generalitat, y concretamente el Departament d’Acció Climàtica, está haciendo un gran trabajo en ese sentido. Aplica cuatro palancas de cambio que se han puesto en marcha para frenar, precisamente, la pérdida de esta biodiversidad con cuatro elementos: primero, el Observatorio del Patrimonio Natural y Biodiversidad, que sirve para generar el conocimiento y la gestión de la información sobre patrimonio natural y que ha de orientar lo que serían las políticas y acciones de conservación; un segundo punto, que sería la Estrategia de patrimonio natural y de la biodiversidad de Cataluña, que es la hoja de ruta para el año 2030 y que contribuirá a implantar un modelo territorial y económico compatible con la conservación del patrimonio natural y garantizará la provisión de servicios ecosistémicos, buscando un cierto equilibrio y una cierta sostenibilidad territorial; tercero, la l’Agència de la Natura es el instrumento necesario para hacer efectivas las políticas de conservación de la biodiversidad, generando valor añadido al territorio y fijando capital humano en el mundo rural; y, finalmente, el Fons de Patrimoni Natural, que se nutren el 50 % del impuesto sobre las emisiones de CO 2 y que servirá para financiar actuaciones de conservación. Por tanto, son cuatro pilares: conocimiento, estrategia, organismo y financiación. Más allá de lo que están planteando aquí, lo que realmente es necesario es que pongan ustedes a disposición de las comunidades autónomas aquellos recursos necesarios para poder gestionar el territorio de una manera sostenible y desde la proximidad. Miren ustedes, a pesar de sus buenas intenciones, cuando entramos al fondo de la cuestión vemos que allí donde el Gobierno del Estado tiene plena competencia muchas veces falla o no lo hace. Estoy hablando, por dar un ejemplo, del tema del Delta de l’Ebre, que fue creado en el año 1983 y es el hábitat acuático más importante de la Europa mediterránea, detrás de La Camarga francesa, y el segundo del Estado español, después de Doñana. Ha sido declarada Reserva de la Biosfera desde el año 2013 y presenta una riquísima variedad de ambientes, así como una gran biodiversidad tanto en fauna como en flora, y fue declarada también Zona Especial de Protección para las Aves, ZEPA. Por tanto, es un territorio, un espacio donde la biodiversidad tiene un papel fundamental. Sin embargo, es una de las zonas, precisamente, más vulnerables a los efectos del cambio climático. El aumento de la frecuencia de las tempestades y la subida del nivel del mar ponen en peligro la existencia del propio sistema y con él el de todas las especies y toda biodiversidad que existe. Por tanto, es importante tener en cuenta que el delta está desapareciendo bajo el Mediterráneo. Por lo tanto, es un elemento prioritario. Pero el problema de fondo no es solo este. La reducción de caudales que ha sufrido el río Ebro en los últimos años ha reducido sustancialmente la llegada de sedimentos a desembocadura. Esto es crucial. Precisamente, la última revisión que propone el Plan hidrológico de cuenca del Ebro no garantiza el caudal suficiente, a pesar de las reiteradas reivindicaciones que desde Cataluña se ha venido realizando a los diferentes Gobiernos del Estado. Por lo tanto, no me vengan luego ustedes con declaraciones de intenciones, sino que aplíquense la realidad y escuchen más al territorio, que es quien realmente sabe cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades. Muchas gracias. .
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Juan Antonio López de Uralde Garmendia UP
Gracias, presidente. Señorías, damos la bienvenida a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, porque entendemos que en esta Cámara, desgraciadamente, se habla muy poco de algo tan importante como la protección y la defensa de la biodiversidad. De nuestra biodiversidad depende el aire que respiramos, el agua que bebemos o los alimentos que comemos y, sin embargo, corren malos tiempos para esa biodiversidad en nuestro país. Las causas ya se han apuntado: la destrucción de los hábitats, la extracción insostenible de los recursos naturales ―por cierto, nosotros presentamos una modificación de la Ley de Minas para que tuviera en consideración el impacto medioambiental y, sin embargo, fue rechazada con los votos del Grupo Socialista―, las especies invasoras o la contaminación. Estas son algunas de las principales amenazas para la biodiversidad, pero sin duda el cambio climático, como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, se ha convertido en la amenaza más inminente, y por ello, evidentemente, es necesario de forma prioritaria hacer frente a las emisiones y reducirlas, y también es necesario el estudio para facilitar la adaptación y la resiliencia de las especies naturales. Esto es lo que plantea la proposición no de ley del Partido Socialista y por eso, evidentemente la votaremos a favor. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad no puede ser una cuestión, digamos, burbuja que tratemos o que se trate en el Ministerio de Medio Ambiente y que luego el resto de ministerios actúen directamente en contra de los esfuerzos que se están realizando. En ese sentido, nosotros entendemos que sería imprescindible que se realizara un análisis de las subvenciones públicas, especialmente de aquellas políticas que dañan la biodiversidad. No tiene sentido subvencionar, por un lado, la defensa de la naturaleza y, al mismo tiempo, gastar dinero público en destruirla. Por eso necesitamos auditar todas las políticas públicas, porque tenemos muchos ejemplos y algunos muy recientes, algunos actuales, de cómo las inversiones públicas pueden ir directamente en contra de la protección de la biodiversidad. Me refiero, por ejemplo, a la actual propuesta de la Junta de Andalucía de legalizar más de 1000 hectáreas de regadíos hasta ahora ilegales en Doñana. Me refiero también al proyecto impulsado por el Gobierno de Aragón y apoyado por el Gobierno central de unir las estaciones de esquí de Astún y Formigal, lo cual tendría un impacto devastador sobre el Valle de Canal Roya en el Pirineo. Me refiero a los proyectos de construcción de grandes infraestructuras que afectarían directamente a los espacios naturales, como es el caso de la ampliación del aeropuerto de El Prat, o como es el caso también de la ampliación del puerto de Valencia. Todo ello son políticas, muchas de ellas financiadas con dinero público y que van directamente en contra de la biodiversidad, como lo son también esas políticas arboricidas que vivimos en algunas ciudades, singularmente en los últimos días, lo hemos visto en Madrid; políticas que se están llevando por delante decenas, cientos y miles de árboles en la ciudad. Precisamente, la renaturalización de las ciudades y la protección de la naturaleza en las ciudades es algo que los organismos internacionales nos están reclamando para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, vemos cómo en Madrid se han perdido más de 80 000 árboles durante el mandato del actual alcalde, el señor Almeida, o cómo se han clausurado ya 2188 alcorques y se prevé que se cierren otros 2044. Es decir, se están sustituyendo los árboles, se están eliminando los alcorques y se están tapando con cemento. Esto, evidentemente no ayuda a la biodiversidad ni tampoco ayuda a adaptar las ciudades al cambio climático. Muy al contrario, necesitamos recuperar y potenciar la biodiversidad urbana y, por ello, la renaturalización de las zonas urbanas es una materia urgente de acometer. Recientemente, hace solamente unos días, en el marco de Naciones Unidas se llegó a un Acuerdo global para la protección de los océanos; un acuerdo que dedicará el 30 % de las aguas a su protección y a la conservación de la biodiversidad. Es un gran éxito de la humanidad en un momento difícil, en un momento de guerra y un momento complicado, en el cual ese compromiso por la biodiversidad ha salido adelante y creemos que debe ser un ejemplo a seguir. Por eso, nosotros pensamos que defender la biodiversidad es una prioridad porque es defendernos a nosotros y a nosotras. Déjenme terminar con una foto, porque se ha hecho referencia a la política de reintroducción del lince. Evidentemente, es una política muy efectiva, pero si, por un lado, introducimos el lince ―esta foto es de un lince atropellado, está tomada hace solo unos días en el Parque Nacional de Doñana―, y ponemos grandes esfuerzos en recuperar la biodiversidad, y por otro lado, no estamos poniendo soluciones en aquellos lugares donde se destruye...
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Juan Antonio López de Uralde Garmendia UP
…, realmente estamos haciendo un mal servicio a la humanidad. Muchas gracias. .
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Con la venia, señor presidente. Señorías, nos encontramos ante una iniciativa parlamentaria sobre el cambio climático, particularmente para impulsar la adaptación de la biodiversidad frente al cambio climático. Escucharlos hablar de cambio climático y de líneas de financiación nos preocupa mucho. A ustedes, el supuesto cambio climático les importa un bledo, lo que les importan son los tinglados alrededor de eso que llaman cambio climático, y a las pruebas nos remitimos. . En VOX estamos orgullosos de que España, junto a Italia, sea la nación europea con mayor biodiversidad. Nosotros consideramos el problema medioambiental que afecta a la biodiversidad como resultante de la pérdida del equilibrio que se produce cuando el hombre deja de ver la realidad circundante como un hogar, como una patria a la que hay que cuidar. Nosotros reivindicamos las iniciativas locales que cuidan nuestro medioambiente frente a sus planes globales; reivindicamos las asociaciones civiles, la comunidad, frente al activismo político ecorradical, y las instituciones a pequeña escala fundadas en el sentido común, frente a esas campañas a gran escala del globalismo. . Las élites, a las que ustedes sirven, fracasaron ya en sus anteriores intentos de someter las políticas nacionales y ahora, por ello, en la nueva Agenda 2030 el hilo argumental es la lucha contra el cambio climático. La directiva del clima y la ley de cambio climático de este Gobierno, a la que solo se opuso VOX, está impregnada de Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en realidad para nosotros son objetivos de destrucción social. . De entre esos 17 objetivos, los números 2, 7, 9, 11, 12, 13 y 14 se refieren al cambio climático o se justifican sobre ese presupuesto no probado de un cambio climático causado por el hombre. Que ha habido y hay cambios climáticos desde siempre es una evidencia, que por ello haya que aplastar nuestra forma de vida y a toda una civilización es otra cuestión que nosotros no vamos a aceptar. . La izquierda europea, y la española en particular, necesita constantemente pretextos para justificar su intervención en la economía y en la vida de las familias españolas. Ahora tenemos en ciernes los centros de bajas emisiones de todas las ciudades de más de 50 000 habitantes, donde las políticas verdes de esa Agenda 2030 plantean cercar los centros urbanos que estarían solo accesibles a aquellos privilegiados que se puedan comprar un coche eléctrico. En el caso de mi ciudad, Ciudad Real, se plantea levantar un perímetro de zona de bajas emisiones donde antiguamente se levantaba la muralla medieval; una zona plagada de cámaras de vigilancia, de controles de paso para hacer inaccesible el centro, es decir, volvemos otra vez al medievo donde para pasar a las ciudades tenías que pagar una tasa o ser de las castas privilegiadas. . Todas estas medidas se imponen sin tener en cuenta ni a los comerciantes, ni a los pequeños empresarios, ni a los hosteleros, ni a los vecinos. Nadie les pide opinión, nadie les deja decidir. Es una cuestión dogmática que hay que obedecer por imposición. Toda la política verde cojea del mismo pie. Las medidas que se adoptan en su nombre tienden a perjudicar a las clases populares, abocando al desempleo a miles de españoles mientras benefician a grandes poderes económicos. Además, todo esto entraña una corrupción absolutamente evidente. En las últimas noticias sobre la trama del Tito Berni y el Mediador vemos que todo comienza en la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. . Por lo tanto, concluimos que su lucha contra el cambio climático es un absoluto fraude y es corrupción. El símbolo de la corrupción climática lo llevaba Tito Berni en su solapa, es la Agenda 2030 y los objetivos de destrucción social, una agenda a la que solo se opone VOX. . Gracias. .
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Gracias, presidente. Estamos ante una iniciativa en la que el Gobierno pide al propio Gobierno que cumpla con una ley que se supone que era prioritaria para el Gobierno y que el Gobierno lleva incumpliendo casi dos años. En esta proposición no de ley hablan del necesario cumplimiento de los objetivos de la ley de cambio climático, y les reconozco que en esta materia algunos de sus compañeros han trabajado arduamente. Fíjense si están concienciados que, según hemos conocido a través de numerosos medios de comunicación, las fiestas de algunos diputados socialistas las pagó un empresario del sector de las renovables. . ¿Cómo era aquello que les decía el señor Tito Berni? «Por cada provincia donde esté la rosa, tiene que haber una fotovoltaica», esta famosa frase ya forma parte del sumario judicial de la trama y de la historia de la corrupción del Partido Socialista. Los malpensados consideran que su compañero diputado, el señor Berni, pretendía alentarles a ustedes, sus camaradas socialistas, a favorecer el despliegue de la empresa que financiaba la juerga, vamos a llamarlo así. Sin embargo, yo, que soy bien pensado, creo que les hacía esta reflexión porque se encontraba seriamente concienciado con la lucha frente al cambio climático. Ha dicho antes la portavoz socialista que la Junta de Andalucía fue un referente y una punta de lanza. Si se refería a actuaciones como las que he descrito, también estoy de acuerdo. . En la exposición de motivos del texto ustedes dan a entender que fue Zapatero, en el año 2008, el que inventó la pólvora en materia de protección de la biodiversidad. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Año 1996, el Gobierno de José María Aznar creó, por primera, vez el Ministerio de Medio Ambiente. Año 1997, España firmó el Protocolo de Kioto, cuyos objetivos se cumplieron gracias a las acciones de los Gobiernos del PP. Año 2001, un gobierno del Partido Popular crea la Oficina Española de Cambio Climático; un legado que dilapidó el Gobierno de Zapatero, ya que en 2012 España recibió una carta de la comisaria europea de Acción por el Clima en la que se señalaba que nos encontrábamos muy lejos de cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto. Es necesario recordar que la principal responsable de estos incumplimientos fue la entonces secretaria de Estado de Cambio Climático que, lejos de ser cesada por su incapacidad para cumplir con nuestros objetivos ambientales, fue premiada con un asiento en el Consejo de Ministros. Saben de quién les hablo, ¿verdad? No podía ser otra que la vicepresidenta Teresa Ribera. Es evidente que en el Partido Socialista la soberbia y el incumplimiento tienen premio. Posteriormente, gracias a un gobierno del PP, se pudo cumplir con los compromisos de Kioto a través de medidas estructurales. En 2014, un ministro del Partido Popular, el señor Cañete, fue el primer español nombrado comisario europeo de Energía y Acción para el Cambio Climático. También fuimos decisivos en la Cumbre del Clima de París, en los ODS y nuestro Gobierno fue capaz de desacoplar crecimiento económico y emisiones, ya que nuestra economía creció al ritmo del 3,6 %, pero nuestras emisiones se redujeron un 9 %. En 2018, España se encontraba en la buena dirección, cumpliendo con sus compromisos más allá de nuestras obligaciones. Sin embargo, actualmente, los resultados de las cuentas ambientales indican que la producción de energía con emisiones de CO 2 ha crecido un 22 % con respecto a 2021. En 2022, el consumo de petróleo creció más del 9 % y el gas natural destinado a la generación eléctrica creció en un 75 % hasta octubre. Esto compromete los objetivos de descarbonización previstos en la ley y muestra, una vez más, la incapacidad de la señora Ribera. Mi grupo parlamentario apoyará esta iniciativa porque, entre otras cosas, debemos recordar que la reforma de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad la realizó el Partido Popular en 2015. Me he visto en la obligación de hacer este repaso, porque sus iniciativas siempre siguen un mismo patrón: obviar el magnífico trabajo que han hecho los hombres y las mujeres del PP en materia medioambiental. La defensa de la biodiversidad no entiende de ideologías ni de cuotas, por mucho que ustedes se empeñen. Hoy es víspera del 8 de marzo y quiero recordar que en el PP hemos tenido grandísimas mujeres que han liderado la protección del medio ambiente con una eficacia admirable como, por ejemplo, mi compañera, Elvira Rodríguez, ministra de Medio Ambiente. . Mujeres de las que estoy orgulloso y que han hecho historia como Isabel Tocino, Loyola de Palacio o mi paisana y amiga, Isabel García Tejerina. También hay otras grandes mujeres que han trabajado discretamente durante muchos años como es el caso de nuestra asesora, Maite Bernedo, asesorando a estas tres grandes gigantes; mujeres que no han necesitado de cuotas para brillar. Por ello, aunque esté finalizando la legislatura, creo que ha llegado la hora de que dejen de marearnos con estrategias, planes, anuncios o estudios. Termino, presidente.
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Señorías de la izquierda, el valor de un buen político se mide por lo que vale su palabra. Yo sé que a ustedes les resultará extraño, pero quizás ha llegado la hora de que se pongan a trabajar y cumplan su propia ley. Muchas gracias. .
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María Inmaculada Oria López PSOE
Estamos viéndolo.
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Joan Margall Sastre ERC-S
Gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats. El 15 de marzo de 2020, hace exactamente tres años, se decretó un confinamiento de la población debido al grave problema de salud pública derivado de la pandemia mundial declarada por la propagación del virus de la COVID-19. En aquellos momentos de mucha angustia y en los meses posteriores se puso de relieve la necesidad imperiosa de la inversión en ciencia e investigación y desarrollo; una inversión que durante muchos años no fue la prioridad de los distintos gobiernos españoles, tanto socialistas como populares, que descuidaron durante mucho tiempo las partidas dedicadas a la investigación y a la innovación, mientras se dedicaban ingentes cantidades de dinero a la investigación de carácter armamentístico. Es evidente que en estos tres años el debate sobre la necesidad de aumentar la financiación de los centros de investigación ha avanzado, es central y transversal y es aceptado por todas las instituciones y, prácticamente, por todos los actores políticos. Resulta, pues, muy necesario dotar de un nuevo sistema de financiación basal a los centros de investigación para avanzar en esta línea de dotarlos de más recursos, medios, instrumentos y, sobre todo, de personal cualificado. Es cierto que en este último año hemos avanzado de manera importante con la aprobación de la modificación de la Ley de la Ciencia, que dota de herramientas legales importantes para avanzar en este camino, entre otras, en materia laboral y de reconocimiento de las carreras de los investigadores e investigadoras de este país, además de blindar legalmente la obligatoriedad de consignar partidas en los presupuestos generales del Estado a la inversión en investigación científica. En la tramitación de la modificación de dicha ley llegamos a varios acuerdos que han supuesto un nuevo marco que da salida e implementación a reivindicaciones históricas del sector; un sector al que nunca se le ha dado el reconocimiento necesario. Huelga decir que la investigación y el desarrollo son la única póliza de seguros realista para la supervivencia de nuestra civilización en el futuro inmediato, las cláusulas de las cuales serán usadas más tarde o más temprano. Lo que en un año puede ser improbable, en un siglo quizá sea inevitable. Uno de los acuerdos cerrados entre el ministerio y nuestro grupo parlamentario para la aprobación de la ley fue la creación de una comisión de expertos para trabajar en la elaboración de un nuevo modelo de financiación basal de los centros de investigación del Estado español. Unos trabajos que deberían haber concluido antes de fin del pasado año y que aún no han terminado. Hay modelos de éxito en la gestión y financiación de los centros de investigación. Un ejemplo es el modelo catalán de centros de investigación CERCA, un modelo de éxito desde hace años y reconocido a nivel europeo. Existen en la actualidad 41 centros CERCA, foco investigador en varias áreas, repartidos por todo el país, con unos ingresos que provienen directamente de la Generalitat; ingresos competitivos que provienen del Govern, del Estado y de la Unión Europea, mecenazgo e ingresos asociados a servicios e ingresos financieros. En este momento los centros CERCA son la séptima institución de investigación europea en captación de fondos, con 288 millones de euros y con un total de 87 ayudas que se sitúan en sexta posición europea en recepción de ayudas, captando más del 50 % de los fondos que recibe Cataluña. Se trata, por tanto, de un modelo para dar un espaldarazo a la excelencia con colaboración públicoprivada que funciona y que puede servir de ejemplo. Aunque es cierto que andamos por el camino correcto, hay muchas carencias en el conglomerado de los centros de investigación de Cataluña y del Estado español. Estos centros no son inmunes a la realidad social y económica que vivimos fruto de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Y a la necesidad creciente de más financiación para abrir nuevas líneas de investigación en varias materias se unen las consecuencias de la inflación desbocada que venimos sufriendo en este último año. Además, hay otras problemáticas que también debemos abordar, por ejemplo, la del actual marco normativo del sistema de registro de centros tecnológicos. Este marco no da cobertura a la nueva diversidad de centros tecnológicos y de investigación emergentes creados en los últimos quince años, y eso lastra sus posibilidades de acceder a la financiación y su potencial capacidad de acción. Sería interesante introducir flexibilidad en el modelo de gobernanza requerido para formar parte de este registro, ya que eso podría promover el éxito de nuevos modelos basados en una gestión compartida públicoprivada, y no eminentemente privada, como ahora sucede. Es evidente, pues, que hace falta — voy concluyendo— un nuevo modelo de financiación basal, estructural de los centros de investigación. Es necesario, hay modelos de éxito en los que fijarnos, voluntad política y del sector para que sea una realidad. Les pedimos que den apoyo a esta moción para que todo esto que hemos explicado sea una realidad en breve. Muchas gracias. .
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Gracias, señor presidente. Pablo JarrilloHerrero, María Josefa Yzuel, José Cernicharo Quintanilla, Susana Marcos Celestino y Anna Fontcuberta i Morral. ¿Saben lo que tienen en común estas cinco personas, señorías? Todas ellas son científicos españoles cuyos descubrimientos han revolucionado campos de la ciencia como la salud, la tecnología o la exploración espacial. Hablamos, por ejemplo, de las aplicaciones del grafeno en dispositivos electrónicos, de tratamientos innovadores para las enfermedades y lesiones oculares, de la formación de nuevos planetas a partir del polvo y gas que orbitan alrededor de las estrellas y de proyectos de investigación de nanoestructuras semiconductoras o nanohilos con los que se construyen las placas solares de última generación. Gracias a los programas de investigación y desarrollo impulsados por el Estado, hoy podemos presumir de decenas de científicos españoles de gran prestigio en la comunidad científica internacional a pesar de que no encabezamos el ranking mundial de inversión en I+D. Si analizamos los datos que recoge la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en su declaración sobre la financiación y gestión de investigación científica en España, los últimos datos publicados, correspondiente al año 2021, nos sitúan en el 1,43 del PIB, con 17 249 millones de euros, mientras que la media de la Unión Europea es del 2 % del PIB y la de Estados Unidos llega al 3 %. Estas enormes diferencias, señorías, demuestran una realidad que expresó nuestro premio Nobel, el profesor Severo Ochoa: Un país sin investigación es un país sin desarrollo. Así lo demuestra, por ejemplo, el Proyecto Genoma Humano, que necesitó una inversión total de 3800 millones, pero generó 796 000 millones, doscientas veces la cantidad invertida, y creó 310 000 puestos de trabajo. ¿Y por qué estamos aún tan abajo en inversión en proyectos científicos? Para responder, nos tendremos que retrotraer a la crisis inmobiliaria y analizar qué hizo Europa y qué hizo el Gobierno de entonces, el de la bancada de la derecha. Entre 2009 y 2016 el aumento de I+D en Alemania fue del 36 %, en el de Reino Unido del 29, e incluso Francia, que restringió estas inversiones, las aumentó un 2 %. ¿Adivinan lo que hizo el Gobierno de M. Rajoy? Disminuir la inversión en investigación científica nada menos que en un 12 %. Además, entre 2012 y 2016 el Gobierno del Partido Popular fulminó nada más y nada menos que a 373 científicos investigadores del CSIC, el 7 % en solo cuatro años: un récord de destrucción de talento y progreso en España. ¡Y se llaman patriotas! ¡Claro que sí! En definitiva, señorías, entre lo que se encontró este Gobierno de coalición y la situación actual, podemos afirmar que la investigación científica en nuestro país está recuperando la senda correcta y ocupando la relevancia de una de las principales economías europeas. Y debido precisamente a ello, coincidimos con la moción que nos trae a este Pleno el señor Margall en la mayor parte de sus enunciados. Es necesario establecer una financiación basal para todos los centros públicos de investigación en España que proteja a los científicos y científicas, proporcionando todos los derechos laborales, la conciliación y la estabilidad que merecen, que proteja también los proyectos que necesiten una trayectoria prolongada durante años para obtener los objetivos marcados, y, por último, que mantenga los más altos estándares de excelencia de dichos centros de investigación. Discrepamos sobre los puntos 2 y 3 de la moción en cuanto a los planes descritos, teniendo en cuenta que no es posible desarrollar los trabajos sin el concurso de las comunidades autónomas, al tener transferidas en su mayoría las competencias sobre universidades, de las cuales sabemos que dependen muchos de los centros de investigación científica existentes. Estamos inmersos en plena precampaña de las elecciones autonómicas, y por eso, señor Margall, sabemos que el panorama que tendremos en el mapa autonómico del 29 de mayo puede no coincidir con el actual. Finalmente, hemos transaccionado con el Grupo Republicano y, por tanto, votaremos a favor de la moción. Muchas gracias. .
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Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos una moción de Esquerra que versa sobre la financiación basal que reciben los centros de investigación, es decir, la financiación pública que no está ligada directamente a proyectos. La primera duda que me surge al leer esta moción es identificar si Esquerra pretende hacernos creer ahora de repente que le importan los centros de investigación en España o si se refiere exclusivamente a la financiación de los centros de investigación en Cataluña, que es lo más probable aunque no lo especifica en su moción. En cualquiera de los dos casos, el objetivo está claro: esta moción no va de mejorar la financiación en investigación, sino de incrementar la financiación autonómica con la excusa de la investigación. ¿Qué se necesita para incrementar la financiación basal? Efectivamente, más fondos públicos. Recordemos que en los presupuestos de este año Cataluña ha sido la región que más inversión ha recibido, más incluso de la que le corresponde por población: 2500 millones de euros, que van a ser destinados a reforzar la gigantesca maquinaria separatista. Señores de Esquerra, ¿quieren, de verdad, incrementar la financiación de los centros de investigación en Cataluña? Les voy a dar unas cuantas ideas: destinen a la ciencia y a la investigación los 72 millones de euros que despilfarran con su chiringuito de acción exterior, que solo sirve para divulgar bulos separatistas, o los 336 millones de euros con los que riegan a TV3 para su propaganda secesionista. . Señorías de ERC, solo entre fundaciones, consorcios y sociedades mercantiles que dependen directamente de la Generalidad catalana, es decir, de ustedes mismos, se funden miles de millones de euros para chiringuitos independentistas; eso sí, con el dinero de todos los españoles. Fíjense si les da para incrementar la financiación basal de los centros de investigación catalanes a nada que recorten de su despilfarro en chiringuitos independentistas. Por otra parte, señorías de ERC, mejorar la financiación en investigación no significa que se monten su propia NASA catalana para quemar dinero público, disparando sus ocurrencias al cielo. No obstante, desde VOX sí entendemos la necesidad de mejorar el sistema de innovación y ciencia en España, y, para empezar, queremos poner en valor la increíble labor que realizan los centros de investigación españoles. Estamos muy muy orgullosos de nuestros científicos. Y no es para menos, porque a día de hoy diez centros de investigación en España están entre los mejores del mundo. El portavoz de ERC ha hablado de la red CERCA como ejemplo a seguir en cuanto a la captación de fondos privados. Pero, si bien aplaudimos la labor que realizan en esta red catalana, señores de Esquerra, hay muchos otros centros que también podemos poner como ejemplo que realizan una labor extraordinaria y que, además, levantan bastante más dinero que la red CERCA si los comparamos con cada uno de cincuenta y tres centros y universidades que la componen. En cualquier caso, estamos de acuerdo en que es esencial promover la colaboración público-privada, y por eso desde VOX hemos propuesto una serie de enmiendas para reforzar y promover la financiación empresarial de la I+D+i teniendo en cuenta también a las pymes en los centros de investigación públicos, porque sin aumentar la financiación de ninguna manera es posible hacer ciencia de calidad, aumentar las contrataciones ni mejorar los sueldos de nuestros científicos. Actualmente un investigador en España gana aproximadamente entre 20 000 y 30 000 euros al año, esta es la triste realidad. Por mucho que la ministra Morant lo niegue, como en su intervención de la semana pasada, a los centros de investigación españoles les cuesta la vida atraer y mantener el talento, cuando los sueldos por el mismo trabajo en el exterior se duplican o, incluso, triplican. La ministra también criticó en su intervención la semana pasada el fanatismo radical en la ciencia, refiriéndose, por supuesto, a VOX. Aquí tengo las treinta y ocho enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario VOX (muestra unos documentos), que directamente nos vetó el Ministerio de Ciencia e Innovación, con la ministra Morant a la cabeza, sin ni siquiera leerlas; treinta y ocho pruebas del sectarismo reinante en este Gobierno. La próxima vez, señores socialistas, propondremos en nuestras enmiendas un centro de investigación nacional de alcohol, cocaína y viagras, a ver si ustedes las prestan más atención y se dignan a leerlas. Además, seguro que se les ocurre algún director para este centro, como podría ser Tito Berni. . Para finalizar, señores de Esquerra, mientras ustedes sueñan con cuotas de catalán en Marte, en VOX apostamos por una ciencia de calidad para todos los españoles, y solo ahí nos encontrarán. Muchas gracias. .
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Sandra Guaita Esteruelas PSC-PSOE
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor Margall, desde el Grupo Socialista nos comprometemos con los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos, y además los cumplimos. Pero lo que es más importante es que nos comprometemos con los científicos y científicas de este país, nos comprometemos con los grupos de investigación, y con ellos también cumplimos. Nuestro compromiso es con el conocimiento y la ciencia. Nuestro compromiso es con los avances sociales y laborales, no como otros, que hablan mucho, pero ejercen poco cuando les toca. Señorías del PP y de la ultraderecha, como son bastante predecibles, ya sé casi a ciencia cierta de lo que van a hablar en su intervención. Ustedes dirán que harán, harán, harán, pero su carta de presentación es lo que ya hicieron. Y algunos dirán que no hicieron nada, pero es que es mucho peor: hicieron mucho, mucho por cargarse el sistema de ciencia de este país y el personal científico, pues no se puede decir que mejorarás el sistema de ciencia si cuando gobiernas te dedicas a recortar presupuestos y derechos laborales. . Y, si no, señorías del PP, vayan a los centros de investigación y hablen con los científicos y científicas de este país y que les expliquen qué es trabajar en precario o con recortes presupuestarios; o hablen con aquellos científicos a los que ustedes expulsaron del país y durante muchos años no han podido volver; o hablen con aquellos científicos y científicas a quienes truncaron su sueño y tuvieron que dejar las carreras profesionales; o con los grupos de investigación que vieron recortados los presupuestos para proyectos científicos punteros de manera grosera y desacomplejada. O sea, que basta ya, señorías de la derecha y de la ultraderecha, de palabras vacías, y más mejorar el día a día de las personas, dándoles nuevos derechos y más y mejores condiciones laborales. ¿Y saben cómo se hace esto, señorías del PP y de la ultraderecha? Votando sí, votando sí a la ciencia y votando sí al personal científico. . El Grupo Parlamentario Socialista y la ministra Morant trabajamos, y trabajamos por los centros de excelencia, pero también trabajamos por todos los grupos de investigación excepcionales, que forman la gran base del sistema de ciencia y la innovación; trabajamos por una red capilar de centros de investigación que hagan de nuestro país un foco real de conocimiento e innovación en todo el territorio; por una ley de la ciencia y la innovación aprobada por amplio consenso; trabajamos por políticas feministas también en la ciencia y en la innovación. Por todas estas cosas son por las que apostamos y trabajamos los socialistas. Y esta, señorías del PP, esta sí que es una buena carta de presentación. Son compromisos verbales que hemos materializado en hechos aprobando leyes. El Gobierno, el presidente Sánchez y el Grupo Parlamentario Socialista hemos priorizado la ciencia y el conocimiento como base para el desarrollo social y productivo de este país. Hemos llegado en 2023 al mayor presupuesto histórico en ciencia. ¿Y saben que hacían la derecha y la ultraderecha? Votar en contra, porque, obviamente, su modelo es más el modelo del ladrillo. . Pactamos la ley con científicos y científicas, con grupos de investigación, y pactamos la ley con todos aquellos grupos parlamentarios que ponen el conocimiento y la ciencia como base de su acción política. Evidentemente, señora Borrás, a los negacionistas de todo menos de su ignorancia no les vimos ni les oímos, porque ustedes no hablan de ciencia, sino de anticiencia, por lo que no se puede pactar una ley con ustedes. Para ustedes, la ignorancia alimenta el miedo. Y el miedo alimenta los extremismos, y ahí nosotros no estaremos; estaremos con el conocimiento y con los científicos y científicas de este país. Y no nos quedamos solos en la aprobación de la ley. Seguimos trabajando para desplegarla y para incluir las mejoras recogidas en la misma, no como hizo el Partido Popular, por cierto, que guardó la ley de 2011 en un cajón. Nosotros votamos a favor — y lo hacemos con orgullo— de la indemnización por finalización del contrato de los investigadores predoctorales y posdoctorales, votamos sí al incremento de costes indirectos, votamos sí a la contratación indefinida del personal científico. ¿Y saben qué dijeron la derecha y la ultraderecha? Pusieron una falsa dicotomía, dijeron que había una dicotomía entre excelencia científica y estabilidad laboral. Pero nosotros dijimos que eso no es real, y una vez más hemos demostrado que ambas cosas son compatibles. ¿Saben qué dijeron ustedes exactamente? Dijeron que habría caos, colapso, parálisis de proyectos y, obviamente, fin de la excelencia científica. Y una vez más intentaron generar miedo y dudas en el personal científico de este país. Y nosotros vamos un paso más allá: reforzaremos la financiación basal, como nos comprometimos, asumiendo las indemnizaciones de los 18 000 investigadores de todo el país, propios del ministerio y ajenos, lo que supone setenta millones de euros en cuatro años. Y, finalmente, habrá el plan piloto que anunció la ministra, con treinta millones de euros para la financiación basal. Por lo tanto, todas estas propuestas las pusimos sobre la mesa, las trabajamos, las hemos luchado y las hemos aprobado por el sistema de ciencia y los científicos y científicas de nuestro país. .
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Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO
Muchas gracias, señora presidenta. Al hilo de la intervención de la señora portavoz del Grupo Socialista, me gustaría hacer una pequeña puntualización, dado que mañana efectivamente se celebra el 8 de marzo, Día de la Mujer. La primera mujer presidenta de las Cortes Generales en la historia de España fue del Partido Popular, Luisa Fernanda Rudi; la primera mujer presidenta del Senado en la historia de España fue una mujer del Partido Popular, Esperanza Aguirre, y la primera ministra de Ciencia y Tecnología de la historia de España fue también una mujer del Partido Popular, Anna Birulés. . Dicho esto, me gustaría señalar que cabe reconocer el interés y la tenacidad del señor Margall Sastre por traer a esta Cámara iniciativas que promueven el refuerzo de la investigación y el desarrollo y, en definitiva, de la ciencia. También es cierto que el contenido de esta moción se queda un tanto corto y sirve en bandeja al Gobierno, en este caso al Ministerio de Ciencia e Innovación, que las cosas continúen como están, más aún cuando enfilamos los meses finales de la XIV Legislatura, que vienen precedidos de un intenso y largo proceso de elecciones municipales y autonómicas, hacia el que se vuelca toda la atención política, como estamos viendo estos días. La aprobación a finales del mes de agosto del pasado año de la modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se hizo en un clima de amplio consenso, no debe ocultar la necesidad crónica que tenemos en España de dar estabilidad financiera y laboral a los investigadores. De ahí que me parezca pertinente la llamada que se hace para retomar urgentemente las actividades del grupo de trabajo para el estudio y la mejora del sistema de financiación basal, estructural de los centros de investigación y desarrollo. Sin embargo, siendo realistas, no cabe el optimismo en cuanto a los plazos para concluir y presentar aquí los resultados de este grupo de trabajo, precisamente porque el calendario político ya viene muy apretado. Y, si encima hablamos de recursos económicos, me temo que no habrá grandes entusiasmos, que permitan alcanzar y aplicar resultados tangibles respecto a algunas de las patologías crónicas que han afectado desde siempre a la ciencia y que explican la fuga de talentos al extranjero ante la incertidumbre, la precariedad de medios y la indignidad salarial. Señorías, reconociendo los incrementos presupuestarios y el nuevo impulso del ministerio, tras la apatía gestora que caracterizó la primera mitad de los Gobiernos presididos por Pedro Sánchez, con una presencia ornamental en el Consejo de Ministros y sin traducción en medidas a través del Boletín Oficial del Estado, España sigue muy alejada respecto al esfuerzo inversor de países homólogos de la Unión Europea. Plantea el señor Margall una faceta clave, como es la financiación basal, es decir, la ordinaria, la básica, porque es el pilar fundamental, pero hay otros aspectos que se han convertido en rémoras del sistema y penalizan a nuestros científicos, como son la asfixiante burocracia y las tremendas dificultades para la ejecución presupuestaria, que actúan siempre como un gran cuello de botella. Se han citado aquí muchas veces, pero siguen campando a sus anchas, penalizando los objetivos de universidades e instituciones y, en definitiva, de nuestros 16 000 científicos. Concluyo reiterando que me parece correcto el contenido de la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Republicano y que el Gobierno debería aprovechar el amplio clima político de apoyo a la ciencia para tratar de resolver algunos de los males crónicos que la aquejan. Se han presentado varias enmiendas y, señor Margall, tal vez merezca la pena el esfuerzo de intentar ampliar los objetivos de su iniciativa y mantener ese buen clima de consenso político en pos de la ciencia. Muchas gracias, señora presidenta.
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Josune Gorospe Elezcano EAJ-PNV
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Margall, señorías. La verdad es que a nuestro grupo parlamentario esta moción que usted presenta nos suscita sensaciones y sentimientos encontrados. Desde luego, compartimos con usted la necesidad de mejorar y dotar de una buena financiación a los centros de investigación. Pero, acerca de cuando usted habla de que han llegado a un acuerdo, nosotros no hemos tomado parte en ese acuerdo, al que también se ha referido la señora Guaita. Es un acuerdo entre ustedes, y algunas de las partes del acuerdo, como la creación del grupo de trabajo, las traen aquí. Pero nosotros no sabemos quién está ni con qué criterio se han elegido a las personas que puedan estar ahí. Usted hablaba de un nuevo sistema de financiación basal para los centros de investigación, y ahí está nuestra primera inquietud. ¿Es un único modelo de financiación para todos los centros de investigación? Desde nuestro punto de vista, el diseño de un modelo único siempre va a dejar de atender alguna realidad relevante. La clave de todo sistema de financiación de centros de I+D+i que aspira a ser o a mantener la referencia internacional se basa en la flexibilidad, la confianza, la libertad, la suficiencia, la evaluación y la rendición de cuentas. Como también señalaba el señor García, esto no se puede hacer sin el concurso de las comunidades autónomas. A nosotros nos hubiera gustado y nos gustaría participar en esos grupos de trabajo, aportando la experiencia que en Euskadi se puede tener, por ejemplo, en la gestión de este tipo de financiación basal de centros de investigación y centros tecnológicos. Pero también nos gustaría que esas propuestas que llegaran aquí no encorsetarán, que los centros de excelencia puedan tener margen de flexibilidad para su gobernanza, que garanticen la autonomía de las comunidades autónomas en el impulso y el desarrollo de los centros, que el Estado establezca también otros programas competitivos propios para poder aportar una financiación complementaria a esa financiación basal y también que garanticen que la flexibilidad de contratación en los centros no va a tener requisitos adicionales a los que ya existan. En la propuesta lo que se plantea es que el grupo de trabajo siga con sus trabajos. Nosotros plantearíamos que se reconfiguren y que podamos tener voz las comunidades autónomas, que quienes, en nuestra opinión, tenemos algo que decir podamos tener voz. Además dicen que se traigan al Congreso esas propuestas, aunque a nosotros nos da un poco de miedo porque desconocemos cuáles son, para que se incorporen al desarrollo normativo en un único modelo. La verdad es que nos preocupa un poco el planteamiento que se hace. No compartimos el origen de ese acuerdo. En el Senado se incorporó en su momento una enmienda del grupo del Partido Popular, que nuestro grupo apoyó, en la que se pedía la supresión de la disposición adicional décima. Dicha disposición limitaba la aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 32/2021 solo a programas de carácter temporal cuya financiación dependiera de fondos europeos no competitivos, y nosotros queríamos que fueran competitivos y no competitivos, con carácter general. Con el cambio de posición respecto al voto llegaron a ese acuerdo. Insisto en que nosotros consideramos que sí que hay que hablar, que las comunidades autónomas tenemos que hablar y que sí se tiene que mejorar la financiación basal y la complementaria con proyectos específicos de centros de investigación y centros tecnológicos; pero ojo con los modelos únicos de financiación que se puedan plantear para los centros, y más cuando vengan aquí al Congreso para que sean aprobados con carácter general. La verdad es que nos suscita dudas el planteamiento que se realiza. Por lo visto, están llegando a un acuerdo con una enmienda transaccional. Veremos cómo está, pero, en principio, y siendo generosos, nos quedaríamos en una abstención. Gracias.
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Juan Ignacio López-Bas Valero Cs
Gracias, señora presidenta. Señor Margall, déjeme que le diga que ustedes han pegado más volantazos en Esquerra en este tema que en un coche de choque en hora punta en la feria. Yo no voy a defender al Gobierno y al ministerio, porque ya lo ha hecho la señora Guaita, pero tengo que decirle que su moción nos ha sorprendido, como nos sorprendió la interpelación hace unos quince días. Me sorprende que vengan desde Esquerra a reclamar que el Gobierno cumpla con algo que se comprometió a hacer con ustedes. En el tema de la financiación basal, que es muy importante por la parte correspondiente a los gastos de personal de los investigadores, ustedes votaron en contra de la reforma laboral en febrero de 2022. Sin embargo, cuatro meses después, en junio de 2022, votaron a favor de la ley de ciencia, que precisamente extendía derechos de esa reforma laboral a investigadores científicos. Un mes más tarde, en junio de 2022, votaron ustedes a favor de una enmienda del Grupo Popular en el Senado que discriminaba a una parte de los investigadores científicos en sus derechos laborales, dependiendo de si eran contratados en proyectos financiados con fondos europeos competitivos o no. Poco después, aquí en el Congreso, se desentendían ustedes de ese voto en la Cámara Alta con el argumento de que habían llegado a un acuerdo con el Gobierno — cosa que hoy nos ha repetido también— para garantizar la financiación basal en investigación y para asegurar la estabilidad y seguridad laboral de los investigadores, votando que no a esa misma enmienda a la que habían votado que sí en el Senado. Usted mismo fue el que se congratuló de que el acuerdo con el Gobierno preveía, por un lado, un aumento de la financiación de los costes indirectos del 21 al 25 % y, por otro lado, que se formara un grupo de trabajo donde estaría Esquerra para estudiar y elaborar una propuesta de mejora del sistema de financiación basal para los grupos de investigación de excelencia. Es más, ustedes presumían de que Esquerra había obligado al Gobierno de España a tener esa propuesta lista antes del final de 2022, como hoy ha recordado. Hoy nos dicen ustedes en su moción que no se han reunido con el Gobierno desde noviembre y que hay que exigirle retomar el trabajo para que, con las conclusiones que se presenten en mayo, se haga una propuesta de sistema de financiación; a la propuesta que tenía que estar lista antes de acabar 2022 ahora le ponen ustedes fecha en octubre de 2023. Señor Margall, la pregunta es quién ha engañado aquí a quién. Porque nos están diciendo ustedes que, después de votar a favor y en contra varias veces sobre los derechos laborales de los investigadores científicos hasta forzar a un acuerdo al Gobierno en agosto pasado, el Gobierno les ha dado esquinazo. ¿O nos están diciendo ustedes que en noviembre y en diciembre de 2022 — en el Congreso y en el Senado, respectivamente— votaron ustedes a favor de los presupuestos de este Gobierno sin que en los mismos se hubiera cumplido con algo tan presupuestario como la financiación basal y estructural de los centros de investigación y de los investigadores mismos? Porque de eso se trataba cuando ustedes votaron que sí en el Senado a una enmienda del Grupo Popular y luego aquí lograron un acuerdo con el Gobierno para justificar ese «si te he visto, no me acuerdo» a aquella misma enmienda. Hoy nos piden apoyo para eso que ustedes decían que ya tenían hecho y habían conseguido con el Gobierno. Señorías de Esquerra, nosotros vamos a apoyar esta moción; es obvio que lo vamos a hacer, pero no por la moción, sino por los investigadores españoles y por sus derechos. Lo haremos porque nosotros sí hemos sido coherentes al votar la reforma laboral, al votar la ley de ciencia y al mantener la misma dirección con nuestros votos, tanto en el Senado como en el Congreso. Nosotros no hemos jugado con los derechos de los investigadores científicos ni con la financiación de los centros donde trabajan y desarrollan sus proyectos. Ha sido el Gobierno el que ha rechazado siempre nuestras propuestas para dar estabilidad y seguridad a los investigadores españoles. Pero, como creemos que eso es necesario, votaremos a favor de la moción, porque la diferencia entre ustedes y nosotros es que para los liberales los investigadores nunca han sido una moneda de cambio en pactos con el Gobierno que posiblemente tuvieran otros escenarios, otras mesas u otros contenidos. El hecho de que hoy tengan ustedes que venir con esta moción a pedir de nuevo al Gobierno lo que ustedes dicen que el Gobierno no cumple demuestra dos cosas: por un lado, las mentiras del Gobierno y, por otro lado, esa indolente flema que tienen ustedes para subir aquí a repetir que es la última vez que le votan no sé qué a este Gobierno. Pero ya sabemos que nunca será la última, será siempre la penúltima. Muchas gracias. .
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Sergi Miquel i Valentí JxCat-JUNTS (PDeCAT)
Gracias, presidenta. Buenas noches, señorías. Quiero avanzar el voto afirmativo de mi grupo a esta moción antes de hacer algunas consideraciones. Hace un rato estábamos hablando de biodiversidad, de preservar el medio ambiente y nuestro entorno natural, y yo le decía al Grupo Socialista que obras son amores y no buenas razones, porque en el anterior punto, en su iniciativa, hablaban de financiación, pero, si tenían ustedes la capacidad de incorporar en los Presupuestos Generales del Estado una partida para ayudar a preservar el medio ambiente, podrían haberlo hecho. Y ahora les digo lo mismo. Señorías, llevamos una legislatura en la que se han aprobado iniciativas muy importantes para las universidades y para la ciencia y la investigación. Sin embargo, estamos en las mismas; cuando hablamos de financiación basal, que es la clave, lo que aguanta la investigación, siguen fallando. Siguen fallando con un compromiso adquirido no con mi grupo, sino con otro grupo, pero siguen fallando en lo que es importante y estructural para poder mantener un buen sistema de investigación y de ciencia. Y les digo lo mismo que les decía antes: obras son amores y no buenas razones. Cuando quieran hablar de ciencia, cuando quieran hablar de cualquier medida de preservación del sistema universitario y de investigación, hablen también de recursos económicos, porque, si no, es un brindis al sol. Como he dicho, vamos a votar a favor de esta iniciativa. Gracias, presidenta. Gracias, señorías. .
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Mariona Illamola Dausà JxCat-JUNTS (Junts)
Bona tarda, senyora presidenta, bona tarda a tothom. Es una moción triste la que nos traen ustedes aquí, señorías del Grupo Republicano, y es triste porque confirma lo que les advertimos en agosto, cuando se discutió la aprobación de enmiendas del Senado al proyecto de ley de la ciencia. Ustedes cambiaron la postura que habían mantenido en el Senado ante una enmienda que garantizaba que se podría aplicar la disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 32/2021 a proyectos competitivos en pro de un acuerdo al que llegaron con el ministerio. Es legítimo, pero ahora vemos los resultados. En ese momento les manifestamos dudas sobre el acuerdo; entre otras, que «comprometerse a estudiar» no garantizaba nada, porque la conclusión del estudio podía ser que no procede el cambio del sistema de financiación y, entonces, ¿dónde quedan los centros de investigación? También podía pasar lo que ha pasado, que no se ha llegado a elaborar la propuesta. Ustedes mismos nos dicen que, a pesar del calendario previsto, ha habido cero reuniones desde noviembre y cero resultados. Dicen ustedes que el sector ha señalado la necesidad de revisar puntos del proyecto de ley de la ciencia. En su momento, en Junts dijimos que la ley no era mala, pero que era francamente mejorable y que por ello no le podíamos dar apoyo. Por si no lo recuerdan, en concreto, en relación con la financiación de los centros de investigación, advertimos que no se podía estar pendiente de soluciones que no iban al fondo del problema o de compromisos y promesas vagas de cuyo cumplimiento no teníamos certeza y que no tenían un impacto real y positivo ni sobre el sistema de ciencia de Cataluña, ni sobre los intereses de los centros de investigación catalanes que reciben el 2,5 % de los fondos competitivos europeos, lo que posiciona a Cataluña como el quinto país en conseguir fondos basados exclusivamente en la relevancia científica. Advertimos también que ello abocaría a cerrar centros de investigación y a su personal a emigrar a países donde realmente se apueste por la investigación, porque España, con su apuesta del 1,25 %, queda lejos de la media de la Unión Europea. Con nuestra posición apoyábamos la postura mantenida por la consellera Geis para las universitats catalanas y por más de cuarenta centros de investigación internacionales. Y la nuestra no era una postura en contra de la estabilidad porque nosotros estamos en contra de la precariedad laboral, pero entendemos que los centros de investigación tienen sus particularidades. En ese momento, el señor Margall dijo que les habían puesto en una dicotomía, o centros de investigación o derechos de trabajadores, y a nosotros nos acusó de no defender a los trabajadores. Pues ha pasado más de medio año, los trabajadores no tienen sus derechos garantizados y los centros de investigación peligran. Ahora, en su moción, proponen un nuevo calendario. Si se aprueba, ¿qué garantías tienen de que se va a cumplir? Si el Gobierno no ha cumplido un acuerdo firmado, ¿cumplirá una moción? A mí me parece que volvemos a qui dia passa, any empeny. Compartimos con ustedes que se tiene que negociar y dialogar, pero entiendan por qué en Junts siempre queremos cobrar por adelantado. Es porque no queremos ir sumando incumplimientos de grupos de trabajo, de comisiones, de mesas o como se llamen. Ciertamente, es muy triste no poder fiarse de los interlocutores con los que intentas negociar y, sinceramente — y acabo—, me hubiese gustado que esta moción no hubiese llegado y no haber hecho esta intervención, porque ello habría implicado que los centros de investigación tenían resueltos todos sus problemas...
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Mariona Illamola Dausà JxCat-JUNTS (Junts)
… de financiación, que es lo importante, y, por tanto, que la ley de la ciencia realmente solucionaba problemas, pero lo que vemos es que no es así. Nuestra posición final dependerá del texto que se someta a votación.
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Gracias, señora presidenta. Señor Margall, Esquerra llega a un acuerdo con el Partido Socialista en un despacho, el Partido Socialista no cumple —¡sorpresa!, les engañan— y viene usted ahora al Congreso a pedirnos ayuda. Ese es el resumen perfecto de la interpelación que, por cierto — permítame la broma—, le quedó muy bonita el otro día con la ministra; parecía que estaban pactando los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, porque allí no había ni pellizquitos. Aquello fue todo muy bonito, se lo digo de verdad, pero este es el resumen perfecto de esta iniciativa. Esta iniciativa le ha quedado muy madrileña, muy de Valencia, muy de Zaragoza, muy de Huesca o de Teruel, porque el Grupo Popular suscribe el cien por cien de lo que dice. No sé qué les parecerá esto en el sector independentista de Cataluña, pero la realidad es que nosotros la suscribimos al cien por cien. Pide usted financiación basal para todos los centros de investigación del país, para todos. No dice nada de ninguna zona y habla de todos los centros de investigación. Por lo tanto, le reconozco que le ha quedado inmaculada; no sé si le estoy haciendo un halago, pero la realidad es esta. La presentan porque el PSOE no cumple. Este es el resumen perfecto de lo que lleva haciendo el Gobierno del Partido Socialista en estos años; en cualquier caso, señora Guaita — la estaba buscando, pero no la veo—, es curioso cómo no pierden oportunidad para meterse con el Partido Popular. Es usted una excelente investigadora, pero como adivina no tiene precio, porque ha dicho: ¡Voten que sí! Y, mire, vamos a votar que sí. Vamos a votar que sí igual que votamos que sí a la ley de ciencia, porque sin el apoyo del Partido Popular la ley de ciencia, desde luego, no habría sido la misma. La ley de ciencia es un resumen perfecto de lo que ha hecho Pedro Sánchez. Tendimos la mano al Gobierno, se aprobó gracias al apoyo del Partido Popular y mejoramos la ley; hoy estamos hablando de financiación basal, pero ustedes saben perfectamente que si la ley de ciencia garantiza un porcentaje de inversión según el producto interior bruto en I+D+i es gracias a una enmienda del Grupo Popular. Señor Margall, entenderá que no es sorpresa — por lo menos para nosotros— que, tras pactar con el Partido Socialista, hoy veamos evidentemente que teníamos razón. Porque hemos visto que el Gobierno miente con la cifra de parados, que el Gobierno miente con los fijos discontinuos y que el Gobierno miente con la contratación fija de nuestros investigadores. Esa es exclusivamente la realidad. Lo que nos dicen hoy — yo le agradezco, señor Margall, la sinceridad— es que han estado negociando con el Partido Socialista y que ha habido un grupo de investigadores y de expertos hablando del futuro de la financiación basal de nuestro sistema. Cuando vemos a investigadores o expertos del Partido Socialista que nadie conoce reunidos con los señores de Esquerra en un despacho al que no tenemos acceso, miedo nos da. Porque usted, señor Margall, está negociando la financiación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas — usted, Esquerra— con el PSOE. La ministra Morant — que, por supuesto, no está ahora—, está negociando la financiación del Instituto de Biomedicina de Valencia — de donde es ella— y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, para ver quién se lleva más, con usted. No hay que hacer spoiler, van a ganar ustedes. Por tanto, la señora Morant va a ir a Valencia a decir que el dinero va a Barcelona. Esto es lo de siempre: Esquerra gana seguro. Ese es el resumen de lo que está ocurriendo ahora. . Por eso, repito que yo le agradezco la sinceridad. Esquerra negocia con el Partido Socialista en un despacho. Esquerra apoya la enmienda — que no era del Grupo Popular, que era de la CRUE, de las universidades públicas españolas— que solucionaba el problema de la contratación en los grupos de investigación. Esquerra nos apoyó, como hizo el PNV, en el Senado. Esquerra rectifica en un despacho, legítimamente, con el Grupo Socialista y con el ministerio. Yo no le echo nada en cara a Esquerra, no tengo por qué; se lo echo en cara a la ministra Morant, que negocia con ustedes a pesar de que el Grupo Popular le dio su apoyo a la ley. Negocia sin contarnos lo que ha negociado y ustedes retiran el apoyo a la enmienda del Grupo Popular y acaban aceptando que la reforma laboral se aplique indiscriminadamente al sector investigador. Por cierto, estamos viendo también lo que está ocurriendo con la Ley de Universidades, que es exactamente lo que venimos denunciando en los últimos meses. El resumen es que ustedes quieren mejorar la financiación basal, pactan con el Partido Socialista y el Partido Socialista, una vez más —¡hombre, usted ya tiene experiencia, señor Margall, para fiarse de ellos!—, les deja tirados. Y, como les deja tirados, vienen aquí y, tras la interpelación tan bonita del otro día, presentan una moción para que el resto del Congreso les ayudemos. Pues lo vamos a hacer porque a nosotros nos gusta la moción; eso sí, les pido una cosa, trasládenos el texto, porque estamos muy acostumbrados a que ustedes pacten con el Partido Socialista y no sabemos qué pactan. Yo le pediría que, antes de que votemos, nos diga qué van a acordar con el Grupo Socialista. Porque, si de usted depende la financiación de un centro de investigación en Salamanca, en Zaragoza o en Sevilla, nosotros queremos saber qué van a pactar con la ministra, que, por supuesto, hoy tampoco está. Muchas gracias. .
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Joan Margall Sastre ERC-S
Las de VOX no, pero con las otras estamos negociando una transaccional. Gracias.
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Presidenta, señorías, desde el pasado 24 de febrero de 2022, cuando la Federación Rusa invadió injustificadamente Ucrania, vulnerando flagrantemente el derecho internacional, el pueblo ucraniano ha venido defendiendo heroicamente su integridad territorial. Desde el primer momento, la comunidad internacional ha apoyado a Ucrania de manera clara. La Unión Europea está prestando ayuda financiera, humanitaria y una misión de asistencia militar con un coste de más de 10 000 millones de euros. Igualmente, la OTAN ha mantenido y mantiene un papel crucial en esta crisis, en cumplimiento de sus tratados. Desde el principio de esta invasión, el Grupo Parlamentario Popular ha manifestado su apoyo tanto a Ucrania como a las decisiones que ha tomado el Gobierno. Esto no impide que este grupo exija mayor implicación del Gobierno, mayor transparencia e información en las Cortes Generales sobre lo que está sucediendo en Ucrania y, en especial, sobre el papel que está jugando España en el conflicto. Hasta ahora, la información que proporciona el Gobierno sobre el apoyo a Ucrania es escasa e insuficiente. La excusa de la seguridad esgrimida por la ministra se aleja mucho de lo que están haciendo los gobiernos alemán o norteamericano, que dan semanalmente información a sus respectivos parlamentos. La seguridad no está reñida con la transparencia. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, a 15 de enero de 2023 España había enviado a Ucrania el equivalente al 0,032 % de su PIB, igual que la Hungría de Orbán, y ya saben ustedes de quién es amigo el señor Orbán. Somos el vigesimonoveno de los países donantes, con unos 380 millones de ayuda bilateral, de los cuales apenas 80 millones han sido de ayuda militar. Como ejemplo, Italia ha enviado más de 661 millones; Bulgaria, 239 millones, o Estonia, 308 millones de ayuda militar. Decía el presidente Sánchez delante del presidente Zelenski que el apoyo militar es la mejor forma para hacer frente a la invasión ilegal. Por lo que sabemos hasta ahora, el apoyo español es escaso comparado con el de nuestros socios. Nuestro apoyo es manifiestamente mejorable. Debemos y podemos hacer mucho más. Cuentan ustedes, señores del Partido Socialista — porque no pueden contar con sus socios de Podemos—, con nuestra corresponsabilidad a la hora del envío del material militar que sea necesario. Cuentan con nosotros. Señorías, no solo no debemos permitir que gane Putin, sino que debemos hacer todo lo posible para que Putin pierda. . Señorías, no solo apoyan escasamente a Ucrania, sino que además el mismo informe dice que el Gobierno español es el menos transparente; bueno, nos gana Portugal — todo hay que decirlo—, que es algo menos transparente que nosotros, el menos transparente de los cuarenta y un países que ayudan a Ucrania. Hablamos de transparencia y Parlamento. En su comparecencia del 22 de febrero, la ministra anunció el envío de una sección avanzada de Leopard; es decir, seis. Un día después, el 23 de febrero, en Kiev el presidente del Gobierno anunció diez. ¿No se habla el presidente del Gobierno tampoco con la ministra de Defensa? ¡Veinticuatro horas bastaron para contradecir a la ministra y engañar a este Parlamento! . Para el señor Sánchez primero el titular y luego la verdad. Yo entiendo que para ustedes es un tema complejo, que es incómodo. Señor López, yo sé que usted tiene muchos problemas — Tito Berni, sí es sí— y esto les incomoda a usted y al Gobierno, porque está claro que la señora Belarra, la señora Díaz, el señor Garzón, la señora Montero y el señor Subirats — al que nadie conoce, nadie sabe quién es—, todos esos miembros del Consejo de Ministros, no están de acuerdo con el apoyo militar a Ucrania. El Grupo Parlamentario Popular sí. ¿No creen ustedes que para un asunto tan serio como este deberían hablar más con el principal partido de la oposición? ¿No lo creen? Yo creo que se debe informar mucho más en este Parlamento. La Ley de la Defensa Nacional es tajante sobre el papel que tienen que jugar las Cortes Generales en cuanto a las misiones en el exterior. Nos hemos enterado por las declaraciones a un periódico nacional del ministro de Defensa estonio de que vamos a mandar una batería de NASAMS a Estonia. ¿De verdad piensan que no es relevante venir al Congreso a explicarlo? ¿De verdad piensan que no es necesaria esa transparencia? . La defensa es una política de Estado y nosotros así la consideramos, pero la ministra y el presidente del Gobierno pretenden patrimonializar el trabajo de nuestros hombres y mujeres que defienden a España en sus misiones en el exterior, obviando a las comisiones de Defensa de las Cortes. ¿Por qué la ministra no se acompaña de diputados y senadores en sus visitas a las tropas, como habitualmente se ha hecho en este país? ¿Por qué no quiere que los parlamentarios conozcan de primera mano las misiones? ¿Por qué el líder de la oposición no puede visitar a nuestras tropas en el exterior? . Para ustedes la defensa se ha convertido en un asunto incómodo porque les retrata frente a sus socios, y a ustedes les preocupa que en Europa sepan que hay un Gobierno roto y fracturado en España. Pero yo creo que en el semestre de la Presidencia comunitaria esta Cámara tiene que impulsar la integración de Ucrania en la Unión Europea. Yo creo que no hay nada mejor para apoyar a Ucrania en su lucha que los parlamentos apoyen decididamente a sus gobiernos y que estos apuesten decididamente por Ucrania. Por eso, creo que hoy es más imprescindible que nunca que en estas Cortes Generales haya un apoyo nítido al pueblo ucraniano y a los ucranianos.
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Creo que ese es el papel que nos toca a nosotros como parlamentarios. Espero que reflexionen y que haya un apoyo mayoritario a esta interpelación del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. .
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Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. De acuerdo con nuestra Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la política de defensa asigna a las Fuerzas Armadas, entre otras, la misión de contribuir a preservar la paz y seguridad internacionales en el marco de los compromisos contraídos por España. VOX condenó desde el primer momento la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, invasión que Putin ordenó el 24 de febrero del año pasado vulnerando el derecho internacional y los derechos humanos, provocando miles de muertos y heridos de ambos bandos, millones de refugiados y desplazados ucranianos y una gran destrucción de infraestructuras y viviendas. Nuestro Grupo Parlamentario VOX, al igual que la mayoría de los grupos de esta Cámara, se ha solidarizado sin ambages con Ucrania y su heroica población, y ha instado al Gobierno de España a sumarse a los esfuerzos que, tanto en el marco de la Unión Europea como de la OTAN, se están realizando mediante acogida de heridos y refugiados, apoyo financiero, equipamiento militar y sanciones a la Federación Rusa. En el ámbito de la Unión Europea cabe destacar el apoyo macrofinanciero por un total de más de 23 200 millones de euros, a los que hay que sumar la donación y canalización de millones de artículos de emergencia y, sobre todo, la concesión a Ucrania del estatus de país candidato a formar parte de la Unión. En el marco de la OTAN, y tras la cumbre de junio pasado, la alianza manifestó su más enérgica condena a la invasión por Rusia, culpando a la misma de la catástrofe humanitaria ocasionada en Ucrania, así como de la crisis energética y alimentaria que está afectando a millones de personas en todo el mundo, y reiterando el apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, que se extienden hasta sus aguas territoriales; es decir, reconoce de manera implícita su soberanía sobre la península de Crimea y las provincias de Donetsk y Lugansk. La situación creada por esta invasión constituye una amenaza para la Unión en su conjunto. Cabe destacar la buena coordinación que se está llevando a cabo entre la Unión Europea y la OTAN, mal que le pese a la izquierda socia del actual Gobierno de España. Coordinación, compromiso y unión sin fisuras, que son muy importantes y necesarios en estos momentos. . De nuevo la partida se está librando en territorio europeo. En un lado está Rusia con Putin al frente y en el otro estamos la práctica mayoría de países del mundo que, afortunadamente, disponemos de las herramientas diplomáticas, económicas, tecnológicas y militares para hacerles frente. Si triunfa Putin perdemos todos, pues está en juego nuestra seguridad y los valores democráticos que defendemos. Por ello es esencial que los Gobiernos, los parlamentos, las instituciones y la sociedad civil de la Unión Europea presten ayuda inmediata de todo tipo a Ucrania, a fin de contribuir a la resistencia y recuperación de su valiente población. Por cierto, hoy nos hemos enterado por la prensa de que la ayuda bilateral de España a Ucrania en el primer año de conflicto apenas llega al 0,03 % del PIB, como han citado los autores de la moción, siendo España el país occidental que menos ha apoyado militar, humanitaria y económicamente a aquel país, a pesar de la propaganda que se hace a sí mismo el señor Sánchez. Mediante la moción que hoy nos trae el PP se insta al Gobierno de España para que aumente los envíos de material militar a Ucrania e informe al Parlamento de las negociaciones y planes de ayuda a dicho país que se están llevando a cabo con sus socios de la Unión Europea y aliados de la OTAN. Analizada la moción, realizamos tan solo una crítica a la misma: el punto 3 somete a ultranza y de forma acrítica todo lo que se nos dicte desde la Unión Europea y la OTAN, sin tener en cuenta los intereses vitales de España, por lo que presentamos una enmienda de modificación a dicho punto para que se tengan en cuenta. Para los puntos 7, 8 y 9 debemos recordar al Partido Popular que las relaciones internacionales, la defensa y las Fuerzas Armadas son competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, nos parece pertinente que el Gobierno tenga que comparecer para informar de cualquier variación en la composición de los efectivos desplegados en las misiones de la OTAN o para la autorización del despliegue de una batería NASAMS en Estonia. La necesidad de autorización previa del Congreso para la participación de las Fuerzas Armadas solo se contempla en nuestra Ley Orgánica de Defensa Nacional para nuevas misiones en el exterior y no para modificaciones del contingente de las mismas, pudiéndose incluso obviar esta autorización por razones de máxima urgencia. Eso sí, el Gobierno debe de informar al Congreso en un plazo no superior a un año. Por tanto, el Grupo Popular se excede de lo dispuesto en la ley, pero, como decimos, parece conveniente facilitar el contacto de los miembros del Congreso y del Senado con las misiones desplegadas, especialmente aquellas que se desarrollan en el este de Europa. Muchas gracias. .
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Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO
Muchas gracias, señora presidenta. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular la presentación de esta detallada iniciativa que permite hablar de una cuestión que hoy es la principal preocupación del mundo, como es la invasión de Ucrania por tropas rusas. Resulta palmario que al Gobierno, que en asuntos relacionados con la política militar también tiene severos problemas internos, no le gusta dar muchas explicaciones y, de hecho, la interpelación a la ministra de Defensa lo puso de manifiesto con un tono desabrido de la señora Robles hacia las cuestiones correctamente planteadas por el portavoz del Grupo Popular. Señorías, es relevante resaltar que España tiene unas obligaciones, dada nuestra condición de miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que, en referéndum, los españoles refrendaron. Nos debemos a nuestros aliados, porque hay que estar a las duras y a las maduras, lo que significa cumplir siempre los compromisos de incremento presupuestario en relación con el producto interior bruto. En consecuencia, resultan acertados y pertinentes los puntos que esta amplísima y muy trabajada moción tocan en relación con el esfuerzo para aproximar el presupuesto a las necesidades reales que tenemos los aliados y también para ayudar a provisionar a las heroicas fuerzas ucranianas en su combate contra el invasor ruso. Esto es algo, insisto, a lo que estamos obligados los demócratas, porque la guerra iniciada hace un año va contra los usos democráticos; y ahora le ha tocado a Ucrania, pero, en realidad, va dirigido contra el orden internacional. Aquí celebramos una sesión histórica de las Cortes Generales, que reunió a diputados, senadores y miembros del Gobierno para escuchar al líder, Volodímir Zelenski, y también para transmitirle el apoyo de los representantes del pueblo español. Esta tarde, a través de varios puntos en la iniciativa que ha defendido el señor Tarno Blanco, lo podemos renovar y de ahí mi voto favorable al incremento de la ayuda en armamento, que se extiende hacia una de las cuestiones que se plantean en la moción, como es también la necesidad de que el Congreso los Diputados reciba información mensual sobre algo que me parece muy importante, que es que el Gobierno facilite el contacto de los miembros del Congreso y del Senado con las misiones desplazadas, especialmente con aquellos que tienen presencia en el este de Europa. Señorías, es una colosal muestra de sectarismo que el Gobierno haya vetado al líder de la oposición una visita a las tropas españolas desplegadas en Letonia. Nos hemos enterado de que el Gobierno consideró la petición como insólita, lo cual para un Ejecutivo presidido por el señor Sánchez, que siendo líder de la oposición llegó a plantear la desaparición del Ministerio de Defensa, me parece que es un monumental ejercicio de inaceptable prepotencia. Concluyo porque sospecho, señor Tarno, que la amplitud de esta moción y la ausencia de otras enmiendas, aparte de la de VOX, que me parece prudente, no augura una buena acogida a la hora de la votación. En todo caso, votaré de forma favorable. Muchas gracias, señora presidenta. .
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Aitor Esteban Bravo EAJ-PNV
Señoras y señores diputados, pobre Ucrania, pobre Ucrania. No soy yo precisamente sospechoso de cuál es mi posición y mi visión sobre el conflicto bélico en el este de Europa; desde el primer día lo dejé muy claro. Pero, sinceramente, he perdido ya la cuenta de cuántas mociones, proposiciones y votaciones llevamos para decir que estamos con Ucrania y que condenamos la invasión rusa. Lo malo de repetir una y otra vez estas cuestiones es que, cuanto más manoseadas están las cosas, menos valor parece que tienen. Hoy estamos de nuevo con algo parecido. Sorprende que alguien diga en el preámbulo que la política de defensa es una política de Estado y, después, se traiga continuamente a esta Cámara. ¿Para qué? Todos sabemos para qué, para que se evidencie una vez más lo que ya todos sabemos, que parte del Gobierno tiene una posición, que parte del Gobierno tiene otra y que hay una serie de grupos políticos en esta Cámara que están en contra. Lo traen para esto. ¿Para ayudar a Ucrania? No. ¿Para decir algo que todavía esta Cámara no haya dicho? Lo ha dicho en la Comisión Constitucional, en la de Defensa, en la de Asuntos Exteriores y en este mismo Pleno. Bueno, pues lo vuelven a traer y fíjense cómo está redactada que el punto Primero.1 dice: reiterar la condena de la injusta invasión que sufrió Ucrania. Pero luego el punto Segundo.1 — que además no es el texto original, lo han corregido ustedes— dice: condena la agresión sufrida por Ucrania. ¿En la misma dos veces? ¡Claro que la condenamos! ¡Claro que condenamos la injusta invasión y claro que apoyamos a Ucrania! El punto 2 dice: apoyar todos los esfuerzos impulsados por los aliados a través de la UE. Claro, ya se ha dicho claramente por una mayoría de esta Cámara. El punto 3 dice: enviar el material que requiera Ucrania. Pues sí, pero luego volveré sobre ello porque también veo una contradicción en algunos de sus puntos. Hay cosas que me parecen un poco extemporáneas. Hablar del ingreso de Ucrania en la UE en estos momentos no es realista. Evidentemente, hay que tener el foco en ello, pero en un momento en el que un país está en guerra y con el conflicto que tenemos, ¿vamos a iniciar un proceso de ingreso de Ucrania? Esto no es serio, señores. Habrá que preparar las cosas, pero esto no se va a dar porque no se puede calibrar la entrada del país en la Unión en una situación como en la que estamos. Claro que sí se hará cuando acabe la guerra. En cuanto a poner en marcha un plan de ayuda a la reconstrucción de Ucrania, supongo que será después, porque ahora… ¿Para que nos lancen otro misil los rusos? Habrá que ayudar a recuperar las infraestructuras eléctricas que destrocen, etcétera, pero eso no es un plan de ayuda a la reconstrucción del país, eso es otra cosa. En cuanto a la información, me parece bien que se informe y que el Gobierno deba informar, pero entramos en algunas contradicciones. Hoy en la Junta de Portavoces ustedes han votado en contra de que comparezca la ministra de Defensa para hablar de todos estos temas y no parece que esto encaje muy bien. Sí creo que el Gobierno debería informar más en sede parlamentaria. Por ejemplo, ustedes exigen que se traiga aquí a votación la batería de los NASAMS. Nunca lo han pedido de los Patriots que están en Turquía y ya se les han olvidado también. Quieren que se traigan los NASAMS que supuestamente van a ir a Estonia y, sin embargo, de los carros de combate no tenemos que hablar porque los carros de combate ya los ponen ustedes aquí con el apoyo a la ayuda financiera y el envío de carros de combate y material militar a Ucrania. Eso ya lo votamos hoy aquí con su planteamiento. Entonces, algunas cosas sí hay que pasarlas a votación y otras no. Es lo que pasa cuando hay que redactar algo y sale como sale. Por cierto, insisto en que es la segunda redacción. Entiendo que les haya molestado la negativa a la visita del señor Feijóo a las tropas españolas. Si quieren conocer mi criterio, yo entiendo que efectivamente se puede hacer una visita de ese tipo avisando y coordinando, pero también les digo que lo que no entenderían las tropas — y creo que nadie lo entendería— es que aquello se convirtiera en una especie de pasacalles continuo de representantes, porque también hablan de representantes del Parlamento, etcétera. No tiene mucho sentido en la situación en la que estamos. . Seguro que lo del señor Feijóo se puede arreglar hablando con el Gobierno. Acabo. Ustedes centraban la interpelación en el tema de más comunicación — me sorprenden esas contradicciones que he señalado— y en la visita del presidente Feijóo. Creo que esto segundo se puede solucionar, seguro que sí. No sé cómo se votará, si por puntos o no, pero nuestro apoyo a Ucrania, el apoyo en el esfuerzo bélico y asistencial también, es evidente. Creo que traer esto una y otra vez para evidenciar la división gubernamental no es una política de Estado ni ayuda a Ucrania. Muchas gracias.
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Miguel Ángel Gutiérrez Vivas Cs
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Señorías, me sorprende que algunos diputados de esta Cámara todavía puedan estar planteándose cuál debe ser la posición de este país, del Estado, ante la agresión intolerable de Putin. Me resulta sumamente penoso tener que reiterar una vez más de forma continua el apoyo de España al pueblo ucraniano. Creo que es una cuestión de Estado y, como cuestión de Estado, nos debe comprometer a todos, señorías. Es difícil entender que se busquen excusas para no solidarizarse con el pueblo ucraniano y para no ayudar al pueblo ucraniano en estos momentos. Creo que se pasa por alto que el pueblo ucraniano está perdiendo lo mejor que tiene, muchas de sus generaciones más jóvenes precisamente por defender los valores de las democracias europeas, nuestra democracia, señorías. El pueblo ucraniano, los soldados ucranianos y los civiles ucranianos están defendiendo nuestros valores y nuestra democracia y que frente a eso todavía titubeemos, resulta absolutamente inconcebible. Señorías, yo acabo de venir hace pocas fechas de pasar nueve días en Ucrania, de ir nueve días a entregar ayuda humanitaria y de estar nueve días ayudando al pueblo ucraniano. Las cosas que se ven cuando uno va allí son absolutamente dramáticas. Hay que ayudar al pueblo ucraniano con material militar, por supuesto que sí, y nosotros hemos sido los primeros que nos hemos comprometido con eso, pero también hay que ayudar con material humanitario. Hay que apoyar a todas las ONG que están trabajando en ese país porque hacen una labor increíble de apoyo a aquellos que más necesitan de todo porque no tienen nada. .
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Miguel Ángel Gutiérrez Vivas Cs
He tenido la oportunidad de ir con una ONG, que es la única ONG cien por cien española que está trabajando en Ucrania, que se llama Help To Ukraine y quiero agradecer a Javier, Carlos, Irina, Héctor, Juan, Daniel, Angie y Eugenia la ayuda que me han prestado para ver de primera mano el drama que supone para el pueblo ucraniano esta guerra injusta. Señorías, lo que nosotros fuimos a hacer allí es entregar la ayuda que todos los españoles han dado a través de esta ONG para ayudar al pueblo ucraniano, y la ayuda de todos los ciudadanos españoles es muy bien recibida por todos los ciudadanos ucranianos. No pueden imaginarse ustedes la cara que ponen cuando les llevamos comida, la cara que los niños ponen cuando les llevamos juguetes y la cara que ponen cuando somos capaces de entregar medicamentos y medicinas, lo más básico y que no hay en ningún sitio. Señorías, el pueblo ucraniano necesita grupos electrógenos, necesita medicinas y necesita sistemas de telemedicina. El drama médico es tremendo. Allí se pueden ver las ambulancias del sistema nacional de salud pública ucraniano acribilladas, muchas de ellas con más de cien balazos, en las que han perdido la vida más de 140 médicos civiles que iban a sostener, ayudar y socorrer a la población civil. Es un auténtico drama y ante ese drama nosotros tenemos que ser capaces, desde este país, de trasladar todo el esfuerzo humanitario posible para contrarrestarlo. Señorías, en una de esas visitas, en un pueblecito que se llama Komyshuvakha, que está muy cerca del frente, a 18 kilómetros, yo conocí a una mujer de cincuenta años que se llama Ira que nos explicó su drama: fue caminando más de cien kilómetros para huir del frente hasta poder llegar a un lugar de refugio. Entre muchas otras cosas, Ira nos contó su experiencia personal y lo preocupada que estaba por su hijo de diecinueve años que estaba sirviendo como voluntario. Me dijo una cosa que me impactó mucho más: nosotros no sabíamos que éramos ucranianos hasta que comenzó esta guerra; ahora seremos ucranianos para siempre o no seremos nada. Señorías, yo creo que nosotros, los españoles, tampoco sabíamos que éramos ucranianos; no sabíamos que éramos ucranianos hasta que empezó esta guerra. Hoy en día yo también les digo que yo soy ucraniano, porque yo defiendo y apoyo a aquellos que están defendiendo nuestras libertades, nuestros Estados de derecho y, a fin de cuentas, nuestras democracias. Señorías, slava Ukraini. .
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Grazas, señora presidenta. El BNG apuesta decididamente por la paz, defiende la voluntad de los pueblos, el respeto a la soberanía de los pueblos y lo hace, además, desde una posición, consecuentemente, antiimperialista. Sabemos que esta guerra está teniendo consecuencias terribles, especialmente para los pueblos de Ucrania y del Donbass que la sufren desde el año 2014, también para el pueblo de Rusia y, en otra dimensión, para los pueblos de Europa, aunque en este caso sea para pagar las consecuencias sociales y económicas de las políticas de los gobiernos europeos, sumisas a los intereses del amigo americano. Pero el interés de los pueblos es acabar con esta guerra y hacerlo cuanto antes. Para ello hay que trabajar por la paz, justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno español — al PP le parece poco y pide más— y de lo que están haciendo los gobiernos de la Unión Europea alentados, como digo, por los Estados Unidos, alimentando esta escalada belicista, enviando cada vez más armamento — ahora mandan tanques Leopard, una decisión que, por su trascendencia, por las implicaciones y por las consecuencias que puede tener, debería ser debatida y votada en este Congreso porque, efectivamente, pone en riesgo la posibilidad de una confrontación directa o de una escalada del conflicto a nivel nuclear y, por cierto, el Partido Popular esta mañana votó en contra, en la Junta de Portavoces, de la solicitud del BNG, Esquerra y Bildu para que compareciese la ministra de Defensa al respecto— o, al mismo tiempo, aumentando el gasto militar, fortaleciendo una organización militar agresiva como la OTAN, cuando la vía debe ser la vía pacífica y diplomática del diálogo y de la negociación…
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… para conseguir una paz justa y duradera que es, como digo, lo que interesa a los pueblos de Europa. Obrigado.
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Sergi Miquel i Valentí JxCat-JUNTS (PDeCAT)
Gracias, presidenta. Intervengo desde el escaño. Solo quiero poner en valor el compromiso de mi grupo — lo hemos hecho desde el primer día— con el pueblo de Ucrania, con su Gobierno y con los que están resistiendo la invasión de Putin. También quiero manifestar que la incontinencia de algunos grupos en presentar iniciativas vinculadas a Ucrania les hace, a nuestro juicio, no acertar del todo en algunas cuestiones que vamos a poner de manifiesto a la hora de votar la moción pasado mañana. Eso es todo. Gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.
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Gerard Álvarez i García ERC-S
Gracias, presidenta. Buenas noches ya, señorías. Señores del Partido Popular, creo que son especialistas en reciclar mociones. Cuantas más mejor y a la quinta nos regalan una vajilla. Lo digo porque es la tercera con el mismo contenido prácticamente. No sé si no tienen ideas o si simplemente se divierten presentando siempre lo mismo. Traen otra vez esta moción sobre la guerra con el único objetivo de intentar desgastar y dividir al Gobierno. Creo que les importa un comino Ucrania, eso es lo que creo, al igual que les importa un comino la paz o las nefastas consecuencias de esta guerra. Usan una guerra para intentar rascar votos y eso está feo. De hecho, creo que esto no ayuda nada a Ucrania. Aun así, sí que es verdad que inevitablemente tenemos que estar de acuerdo en algunos puntos de su moción como, por ejemplo, en la condena de la invasión de Putin a Ucrania — como siempre hemos condenado— o en solicitar las comparecencias de los ministros de Exteriores y Defensa. Evidentemente, es su obligación informar a esta Cámara y a la ciudadanía en estos momentos y con estos movimientos de sus ministerios. Por cierto, ya lo han dicho, han votado en contra esta mañana; no se entiende. La invasión rusa de Ucrania constituye una violación del derecho internacional. Esta devastadora guerra está provocando miles de víctimas, destrucción de infraestructuras civiles, más de 8 millones de personas ucranianas refugiadas por toda Europa y una crisis ambiental, energética y social con consecuencias planetarias que afectan, sobre todo, a los países más pobres. El Partido Popular vuelve a equivocarse en ciertos puntos de esta moción. ¡Hasta en tres puntos pide enviar más armamento letal a Ucrania! Los famosos tanques Leopard. Con todo el respeto digo que son pura chatarra. . ¡Qué ganas de enviar playmobil por el mundo! ¡Qué vergüenza! Siguen cayendo en la trampa o queriendo hacer ver que caen en la trampa de combatir el fuego con fuego. Creo que es un discurso terrible y que no soluciona nada. Díganme: ¿qué se ha solucionado en un año de guerra con enviar armas? ¿De qué ha servido? De nada. Ninguno sabe responderme porque no ha servido de nada. No lo saben. Para lo que ha servido ha sido solo para precipitar el incremento del conflicto y las víctimas civiles, que son las que siempre pagan el pato en todas las guerras. Eso es así de triste. Aquí, por supuesto, también entra el Partido Socialista que, si no fuera por la insistencia de la oposición, seguiría haciendo y deshaciendo en este asunto. Sin ir más lejos, lo que estamos viendo hoy aquí es el reflejo de lo que pasa nuevamente en la Comisión de Defensa, esa Comisión donde el bipartidismo se hace más patente que nunca, tapándose las vergüenzas entre unos y otros. Claro, si pillan unos, también pillan los otros. Por no hablar de las consecuencias de la guerra en toda Europa. ¿Cómo nos está afectando? Con la inflación que ha llenado los bolsillos de las gasolineras, mientras el porcentaje de riesgo de pobreza no deja de aumentar. .
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Gerard Álvarez i García ERC-S
Ahora parece que quieren hacer una última ofensiva militar. Sinceramente, la pregunta que nos hacemos es: ¿pueden asegurar que la OTAN, en algún momento, va a apostar por la diplomacia? ¿Dónde está el supuesto papel independiente que tanto promovían a los cuatro vientos? Recordemos que el representante europeo en el exterior es el señor Borrell que cuanto más habla, más sube el pan. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Seguimos en la misma línea de los últimos veinte años con la guerra de Irak o tomamos el ejemplo de la penosa y terrible evacuación de Afganistán? Por cierto, fue un fracaso. Lo que propone Esquerra Republicana es que se tienen que poner todos los recursos y medios de la diplomacia para hacer prevalecer el respeto al derecho internacional y reunir a los representantes de todos los gobiernos implicados para que sea posible encontrar una paz justa. Tenemos que volver al modelo de la seguridad compartida y comprometer a todos los Estados a eliminar las armas nucleares y reducir el gasto militar a favor de las inversiones para luchar contra la pobreza y para financiar la transición ecológica y el trabajo digno. Por ello hacemos un llamamiento a redoblar los esfuerzos diplomáticos duraderos en la línea de las peticiones del secretario general de las Naciones Unidas, el papa Francisco, también del presidente Gustavo Petro, de Lula da Silva y de Alberto Fernández. Hasta el presidente Lula se puso a disposición para ser un mediador. Es el ejemplo que debía tomar Europa. Para finalizar, y como dicen los compañeros de Catalunya per la Pau,… .
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Ismael Cortés Gómez ECP-GUANYEM EL CANVI
Gracias, presidenta. Señorías, un estudio realizado a primeros de año por Euroskopia concluye que el 50 % de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español creen que la guerra en Ucrania debería terminar lo antes posible mediante un acuerdo de paz. Si atendemos al conjunto de la Unión Europea, solo uno de cada tres ciudadanos se declara contrario a acelerar la consecución de la paz. Pues bien, a pesar de estos datos, que reflejan la opinión antibelicista mayoritaria de la ciudadanía europea, prevalece una opinión publicada, casi sin fisuras, empeñada en presentar la guerra como el único camino. A propósito de la moción del Partido Popular, quiero destacar que el debate real hoy no es acerca de la decisión de proporcionar tanques Leopard, puesto que esta decisión ya se tomó hace dos semanas. El debate de hoy es acerca del envío de aviones, de misiles de largo alcance, de buques de guerra. El debate de hoy es acerca del envío de submarinos. El debate de hoy es acerca del envío de tropas nacionales y americanas a territorio ucraniano. Señorías, ¿cuál es la línea roja? ¿O es que ya se ha decidido que no hay líneas rojas sin consultar a la ciudadanía y sin consultar a los parlamentos nacionales? Sabemos, porque lo hemos padecido, que la guerra en Ucrania conlleva graves consecuencias para el comercio internacional, problemas en la cadena de suministro y un fuerte aumento en los precios de las materias primas y de la energía. Por otra parte, millones de ucranianos, especialmente mujeres y niños, han huido de su país por la guerra. Decenas de miles continúan haciéndolo. .
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Ismael Cortés Gómez ECP-GUANYEM EL CANVI
Gracias, presidenta. Decía que sabemos, porque lo hemos padecido, que la guerra en Ucrania conlleva graves consecuencias para el comercio internacional, problemas en la cadena de suministro y un fuerte aumento de los precios de las materias primas y de la energía. Por otra parte, millones de ucranianos, especialmente mujeres y niños, han huido de su país por la guerra y decenas de miles continúan dejando diariamente su país. La cifra de refugiados ya habría alcanzado los 4 millones, según las cifras de ACNUR. La guerra en Ucrania ya habría causado cerca de 180 000 muertos en las filas del Ejército de Rusia y 100 000 del lado ucraniano. Cada día que la guerra se prolonga el número de víctimas aumenta y cada muerte es irreparable. Por supuesto, es una obligación condenar la invasión de Ucrania, contraria al derecho internacional, y hay que seguir condenando este ataque a la soberanía de Ucrania usando medios de presión diplomática que obliguen a Rusia a comprometerse con un alto al fuego inmediato. Es más, la realidad es que los países de la Unión Europea, incluida España, han brindado a Ucrania material militar de carácter defensivo para garantizar el legítimo derecho a resistir contra la invasión de Putin y, efectivamente, Ucrania ha resistido, lleva un año resistiendo. Pero hoy no debatimos sobre el derecho de Ucrania a resistir, hoy no debatimos sobre el legítimo derecho de defensa que tiene Ucrania. Lo que hoy debatimos es si el único objetivo posible es la victoria total de Occidente sobre Rusia — lo que alargaría el conflicto bélico y, por lo tanto, nos situaría ante un futuro incierto—, o si, por el contrario, somos capaces de alcanzar un acuerdo de paz. En Unidas Podemos-En Comú Podem entendemos que urge poner fin a esta guerra lo antes posible. Y en este momento decisivo la historia nos está mirando, porque la paz es el único escenario realista. Una victoria total de Occidente sobre Rusia no será posible sin una escalada bélica que situaría a Europa cada vez más cerca del punto de no retorno que supondría una guerra nuclear. Por otro lado, ha quedado claro que la rendición de Kiev no va a producirse, en tanto que su capacidad de resistir se ve incrementada día a día con el apoyo de los países de la OTAN, en lo que algunos analistas ya califican como una guerra por delegación. En este contexto, la disposición de la Unión Europea a entablar unas negociaciones de paz tendría un claro alcance geopolítico y supondría una verdadera victoria diplomática que Putin no podría atribuirse a sí mismo. Y la Unión Europea no está sola, países como Brasil o China ya han expresado su firme voluntad de proponer una mediación basada en el principio de soberanía de todos los países y abandonar, de una vez por todas, la mentalidad de la guerra fría. Señorías, como se trata de una iniciativa compleja, que — entiendo— se votará finalmente por puntos, estudiaremos con detenimiento cada uno de ellos. Adelanto que hay elementos que nos parecen sensatos, pero hay otros a los que nos negaremos en rotundo, porque conducen — como he dicho— al callejón sin salida de la escalada bélica. Muchas gracias. .
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Gracias, presidenta. Señor Tarno, portavoz del Grupo Popular, está muy bien que apoye al pueblo ucraniano, pero, por favor, apoye también un poco al Gobierno de España, que es el que está canalizando el apoyo al Gobierno ucraniano. . Señorías, la moción presentada por el Partido Popular sobre el apoyo militar a Ucrania es un claro ejemplo de hipocresía, de falta de sentido de Estado — lo han venido diciendo los diferentes portavoces—, sentido de Estado al que, curiosamente, apelan, y de falta de oportunidad en el grave momento por el que pasa la guerra en Ucrania. No es tiempo para jugar a mociones trampa, a mociones mal redactadas — que también se ha dicho—, al juego del escondite con las votaciones. En un tema de esta importancia no es serio ni es — yo diría— decente este formato, señorías del PP, para hablar del apoyo militar a Ucrania. Pide el portavoz del PP una política de Estado de la defensa, y la tenemos, la tenemos al más alto nivel. A no ser que el Partido Popular tenga otra referencia, como puede ser el rodillo parlamentario que en su época el señor presidente Aznar implantó en este mismo Parlamento, llevándonos arrastrados, a España y a los españoles, a una guerra indeseable del lado agresor, como fue esa coalición de la guerra de Irak. . Traen ustedes una moción en doce puntos. Con todo el respeto, señorías del PP, es la segunda moción que traen en similares términos. Si lo que quieren es que nos pronunciemos cada Pleno de cada martes, cada Pleno de cada mes, diciendo: «buenos días, estamos con Ucrania», aquí nos tendrán. Desde luego, en mi bancada, en el Grupo Socialista que apoya al Gobierno tenemos la plena convicción de que estamos en el lado real y en el lado positivo de apoyar a un pueblo que está siendo literalmente masacrado ante nuestros ojos y tenemos el deber moral de ayudarles a defenderse, con toda convicción. También piden explicaciones al Gobierno presidido por Pedro Sánchez de si ha venido suficientemente o no a pronunciarse. El Grupo Socialista y el Gobierno han estado constantemente comunicando — y también se ha dicho aquí— a la Cámara, a través de todas las comisiones, que apoyamos la defensa legítima del pueblo ucraniano. Pero nosotros no vamos a apoyarles en esta moción para que hagan, de nuevo, una especie de reglamento ad hoc, un reglamento para Ucrania del Congreso de los Diputados. Porque aquí lo que quieren es acortar los tiempos, pedir comparecencias, exigir cuándo tienen que venir el ministro de Exteriores o la ministra de Defensa. Señorías, tienen un abanico de iniciativas parlamentarias enorme para desplegar que todavía ni siquiera han explorado, incluida la declaración de ciertas comisiones como secretas. Si tanto quieren trabajar por el tema de Ucrania, apuren las comisiones parlamentarias que tenemos en este Congreso. El Reglamento da plena respuesta a todas sus necesidades. .
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Gracias, presidenta.
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Señorías, tampoco vamos a apoyar la barra libre de esta especie de nuevo turismo político por el que parecen abogar en el punto 7 de su moción. Yo creo que hay una redacción claramente desafortunada cuando dicen literalmente: Facilitar el contacto de los miembros del Congreso y del Senado con las misiones desplegadas. ¿Facilitar el contacto? ¿Con todos los miembros del Congreso y del Senado, con los más de seiscientos diputados y senadores que estamos en el Congreso y el Senado, de todos los miembros, de todo el personal que trabaja? Señorías, con tal de no decir exactamente lo que quieren son capaces de llevar al paroxismo la petición de una moción. ¿Por qué no lo dicen claro? Díganlo claro: quieren que su senador y presidente del Partido Popular pueda visitar una base. Díganlo. Es un estatus de líder de la oposición. . Pídanlo claramente; no digan que todos los miembros tendríamos que ponernos en contacto con las misiones. Señorías, díganlo. Pero, de paso, ya que piden una cosa, cuenten también el elevado número de diputados y senadores de este Congreso y del Senado que estamos visitando instalaciones, bases militares y operaciones en el exterior, porque eso también se está facilitando. Pero tendrán que convenir que hay una guerra en Ucrania, que hay un despliegue excepcional de las operaciones que se están realizando allí y que tendrá que haber unas garantías de seguridad para las personas que se desplazan y para los operativos que se realizan. Crean ustedes que el Ministerio de Defensa seguro que les va a atender en la medida en que se pueda. En definitiva, señorías, a pesar de que esta interpelación parece que goza de las mejores opiniones, realmente no deja de encerrar esa trampa que les decía de ir a una cierta frivolidad del tratamiento de la guerra en Ucrania, que contrasta mucho con la desgraciada situación de las víctimas que vemos a diario y a las que tenemos que apoyar. Les llamamos, de todo corazón, a que se activen y trabajen seriamente para apoyar al Gobierno y poder luchar en esa línea común de vencer a Putin. Muchas gracias. .
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María Dolores Marcos Moyano PP
Sí, juro. .