Pleno del Congreso n.º 248 · XIV legislatura

Tomás Guitarte Gimeno ¡Teruel Existe!

Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, traemos hoy al Pleno del Congreso esta proposición de ley que busca incluir a los bares y pequeños establecimientos situados en municipios de menos de doscientos habitantes en la Ley de Economía Social como entidades de esta tipología. Lo hacemos, por un lado, porque queremos reconocer la función social que estos negocios ya de por sí realizan y porque nos preocupa que no se les reconozca su contribución a la cohesión territorial, creyendo, por otro lado, que se les debe ayudar mediante incentivos de todo tipo — fiscales y otros— para que puedan ser sostenibles financieramente mientras cumplen su objetivo social. Los espacios de convivencia y de socialización son importantes en cualquier lugar, ya sea del ámbito rural o del ámbito urbano, porque las personas somos esencialmente seres sociales. La convivencia, la conversación y el contacto forman parte de nuestra vida y están en la base de la comunicación, de la socialización y de la formación de comunidad. Sin ellas la vida es mucho más limitada, pero con convivencia y compañía ganamos en calidad de vida. Si carecemos de esta construcción social, el poblamiento y la actividad económica son mucho más difíciles, cuando no imposibles. Recientemente, un estudio académico irlandés realizado sobre bares en el medio rural señala — y abro comillas— que su presencia fomenta y da forma a la cohesión comunitaria y al desarrollo económico en áreas periféricas, mejorando la provisión local de servicios sociales, mientras funcionan como lugares esenciales para las comunidades y empresas ubicadas en el mundo rural. El estudio señala la importancia de los bares en el medio rural como espacios de socialización voluntaria, esenciales para la cohesión comunitaria y el fomento del capital social, y para aumentar el nivel de bienestar económico. Del mismo modo, el estudio resalta su impacto en la generación de empleo, en las compras locales, en la participación en actividades comunes de todo tipo y en la activación de las redes de apoyo social; actividades que fortalecen los puentes y los vínculos sociales entre diferentes grupos dentro de las comunidades rurales. Sucede en Irlanda, pero la observación de esta realidad social y territorial no es ajena a la realidad española. Los bares en los pueblos pequeños tienen un papel imprescindible en la socialización, en la creación de capital humano o en el estímulo para el comercio que surge precisamente por la convivencia. Esa era, por ejemplo, la explicación de la alcaldesa de Castejón, en la provincia de Cuenca, que recogía hace unos meses el diario El País: «Es el punto de encuentro. Cumple una función social». En línea con el artículo sobre Irlanda que he referido, en España la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un estudio titulado «La dimensión social de la hostelería. Convivencia y ciudadanía», con el subtítulo «Implantación de la hostelería en el territorio nacional: la España llena de bares». En sus conclusiones señala que tener un bar de referencia influye en una mayor cohesión social y en la disposición a participar en la vida vecinal y, por tanto, que facilita la satisfacción vital. El estudio cifra en 142 000 las personas que viven sin un bar de referencia en su municipio, la mayoría de menos de cien habitantes. Por esa razón, los alcaldes buscan estrategias para lograr que los locales sigan abiertos. El médico, el transporte, internet o la escuela son servicios indispensables, pero también lo es el lugar donde se socializa. Como señala esta asociación, quizás los bares son uno de los últimos reductos contra la despoblación, porque estos bares de proximidad, los tradicionales, tienen gran importancia en la vida personal y comunitaria, al ser un espacio para favorecer las relaciones sociales directas, para cultivar las amistades y el contacto con los vecinos. Evitan el aislamiento y la soledad, aportan seguridad al entorno, proporcionan servicios de comercio y de hostelería y favorecen la cohesión social y la integración. En esta misma línea, aunque pasando del análisis a la acción, cabe recordar en Francia al Groupe SOS, una entidad de economía social y solidaria creada en 1984 con el objetivo de luchar contra todas las formas de discriminación y que presta especial atención al respeto y la dignidad de las personas, a la igualdad de derechos y oportunidades y a la fraternidad; una entidad, en fin, que es líder en emprendimiento social en Europa. Pues bien, en 2020 lanzó un nuevo sector, que es Groupe SOS Acción Territorial, con la finalidad de facilitar el acceso a los servicios locales, la animación de los lazos sociales y el compromiso cívico. A través de la creación de este nuevo sector, la aspiración del Groupe SOS es construir soluciones para desarrollar y mejorar la vida local. Dentro de este sector, su proyecto Mil Cafés está inaugurando o ayudando a revitalizar cafés multifunción en pueblos franceses con menos de 3500 habitantes para recuperar un espacio que históricamente ha sido el centro de la vida social, generar puntos de encuentro y debatir los temas de interés en la comunidad. El objetivo que persiguen es simple: abrir mil cafés en mil municipios con el fin de desarrollar los lazos sociales y los servicios locales en los pueblos de Francia. Mil Cafés lanzó una convocatoria en septiembre de 2019 para quienes desearan llevar a cabo el proyecto de abrir un café multiservicio en su municipio. A día de hoy la convocatoria sigue en pie y ya se han abierto más de doscientos. Sus cafés están diseñados como lugares de recursos regionales que contribuyen a mejorar la vida cotidiana de miles de franceses. Mil Cafés cree en el potencial de estos municipios y sus habitantes para desarrollar la vida local. Por tanto, vemos que el problema se conoce o se afronta también en varios países europeos. La semana pasada debatimos en este hemiciclo una moción de censura. El hecho de que no prosperase, entre otras cosas, nos ha permitido estar hoy aquí presentando la primera proposición de ley que los turnos parlamentarios nos han permitido traer a debate en esta Cámara. Pero les hablaré de otra moción más curiosa, una moción de censura aprobada hace dos años en una localidad de menos de cien habitantes de mi provincia, Jabaloyas. Allí, mediante una moción de censura, el alcalde fue cesado y el motivo fue permitir el cierre del único bar que quedaba en el pueblo; el cierre de ese bar de manera discrecional supuso una moción de censura. El hecho puede parecer una anécdota, pero revela una realidad a la que no podemos ser ajenos. En aquellos pueblos de la España vaciada en los que se cierra el bar se vive un auténtico drama. Es más, un pueblo avanza hacia su desaparición cuando se cierran la escuela y el bar. El bar, el restaurante o los pequeños establecimientos no solo son actividades económicas importantes, sino que, como hemos visto en muchos casos, constituyen el núcleo de la vida social del municipio. Allí las personas se encuentran al principio o al final de sus jornadas, allí celebran acontecimientos, allí los vecinos coinciden y, con ello, evitan la soledad que está presente en muchos municipios poco poblados. Estos establecimientos trascienden el factor económico y prestan un servicio a los ciudadanos que debe reconocerse en la ley. Cumplen las funciones de servicios básicos en las poblaciones rurales más pequeñas, puesto que en muchas de ellas no existen otras posibilidades para la adquisición de productos de primera necesidad ni tampoco otros servicios de restauración y ocio, asimilando sus funciones a las de un centro social de convivencia o encuentro de la comunidad local. Los servicios básicos que se prestan de manera privada están desapareciendo en la España vaciada. Muchos municipios de menos de doscientos habitantes no tienen o ven peligrar la supervivencia de su bar y su comercio de alimentación, incluso de aquellas actividades que se prestan de manera ambulante. La pérdida de estos servicios en el territorio da lugar a una situación de falta de equidad en las condiciones de vida de las personas según su distrito postal y ello es especialmente acusado para las personas de mayor edad. Es una brecha socioterritorial más determinada por el lugar en el que se reside, porque esta carencia afecta al ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución, como, por ejemplo, la libertad de residencia reconocida en el artículo 19: «Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional». La libertad de residencia también es un derecho reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 13.1. La igualdad en el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, frente a la desigualdad en su ejercicio cuando se ven limitados de manera taxativa como consecuencia de condiciones materiales que se pueden modificar mediante acciones de un calado económico muy pequeño ―y este es un aspecto importante―, justifica que el Estado apoye la presencia de estos servicios en estos pequeños municipios. Por ello, es el momento de dar un salto en las iniciativas existentes en España con medidas propositivas y entendemos que es importante la iniciativa que traemos hoy aquí. Pedimos que la ley y las instituciones reconozcan la contribución social de estos servicios en tanto que son elementos propios de la economía social; que, en tanto que son actividades económicas diferenciadas que requieren de acciones sustantivas de apoyo y fomento público, debe existir una consideración en la Ley de Economía Social que reconozca su función, una función que ahora mismo estos establecimientos cumplen en los municipios de menos de doscientos habitantes y con la que contribuyen de manera sustancial a la cohesión social y territorial y a la vida de los pueblos. Pedimos el reconocimiento necesario, porque para cumplir su función llegan donde no llega el libre mercado y deben ser respaldados institucionalmente por su contribución al bien común y por el interés de la población que reside en la España vaciada. Sin embargo, esta labor no es reconocida actualmente por la legislación, que dispensa un tratamiento idéntico a estos establecimientos y a aquellos que ofrecen sus servicios en ciudades o en ámbitos con rentabilidad mucho más fácil. Para solucionar este problema, el Estado debe tratar la actividad por su condición de economía social; debe facilitar la sostenibilidad financiera y empresarial de estos establecimientos, compensando así el servicio social que prestan a la cohesión territorial y, en consecuencia, al bien común. Estos bares y comercios de alimentación en pequeños municipios consiguen la prestación de servicios allá donde no llega la libre competencia y sirven al interés general de la población. Por tanto, deben ser incluidos como entidades de la economía social; deben ser considerados elementos propios de la economía social, igual que otras actividades económicas diferenciadas que requieren de acciones sustantivas de apoyo y fomento público con incentivos y beneficios reconocidos para su viabilidad a largo plazo. De esta manera, mediante los incentivos y beneficios que las empresas de economía social tienen reconocidos, muchos de estos establecimientos serían viables, lo que salvaría del cierre a muchos de ellos y permitiría que otros abrieran allá donde no han permanecido abiertos. Como prioridad, se debe apoyar a los establecimientos ya existentes y, allí donde no los haya, el ejemplo de la creación de los multiservicios en el medio rural turolense impulsados por la Cámara de Comercio y la diputación provincial es una iniciativa muy ajustada a las necesidades a resolver. En pequeños municipios con una demanda insuficiente para sostener un bar, una pequeña tienda y otros servicios básicos, la creación de un centro que pueda ser gestionado por una persona y que incorpore todos estos servicios, junto con una vivienda para la familia, es una solución innovadora para dotar a los pueblos de estos servicios y hacerlo de manera eficiente económicamente y generando empleo. Esta idea se adecua perfectamente a los objetivos de la economía social. Ahora solo falta que garanticemos a estas iniciativas el reconocimiento legislativo, como queremos con la proposición de ley que presentamos hoy aquí. Esta proposición se debe enmarcar en el principio más amplio de que la economía social es un pilar de la lucha contra la despoblación. En este sentido, reconocemos la aportación que han venido realizando durante muchísimos años las cooperativas y las entidades de economía social. Para apoyar sus objetivos y para vincular su acción en la lucha contra la despoblación, continuaremos trabajando. Muchas gracias.

Sara Giménez Giménez Cs

Gracias, presidenta. Señorías, en nuestro país la economía social es una realidad consolidada, representa alrededor del 10 % del producto interior bruto y emplea a más de dos millones personas. Ante los desafíos que nos está planteando el llamado reto demográfico, esta actividad aporta un peso decisivo en nuestros pueblos, ya que las empresas de economía social constituyen con frecuencia el único tejido empresarial existente en amplias zonas del medio rural. Estas empresas tienen gran capacidad para generar empleo estable y de calidad y, además, no se deslocalizan, algo especialmente importante en un contexto de crisis económica como el que ha afectado a España en los últimos años. Son la principal fuente de creación de capacidades emprendedoras en zonas rurales, así como fomentan el mantenimiento del empleo y la población en dichas zonas desde un modelo empresarial que promueve la igualdad de oportunidades y la inclusión social, ya que se prioriza la creación de empleo para personas vulnerables. Ello hace que muchas personas puedan seguir viviendo en sus lugares de origen y que no se abandonen y se degraden espacios y recursos de gran valor social, ecológico, histórico y cultural. Ni qué decir tiene que, con estos datos, hablamos de un importantísimo aliado para combatir los efectos de la España vaciada. Las personas que abandonan el medio rural son mayoritariamente jóvenes y de mediana edad, lo que refuerza la pirámide de población regresiva. Por ello, las posibilidades de crecimiento y desarrollo de las zonas rurales están ligados a la permanencia de esta población con edades intermedias, pues son las personas encargadas de crear el trabajo productivo, el reproductivo y el cuidado de los mayores. Resulta obvio que la permanencia depende de las perspectivas de vida, de que tengan una serie de estándares y de servicios que estén garantizados, de que tengan posibilidades en el ámbito del empleo, la educación, la sanidad, la cultura y de que haya las suficientes coberturas sociales. Al final, señorías, resulta que todos los caminos conducen a Roma: lógicamente ese abandono de la población en el medio rural va asociado a la problemática del empleo, ya que, según el propio Consejo Económico y Social, las tasas de empleo y de paro según el grado de urbanización muestran con firmeza que la economía en el medio rural presenta problemas, debilidades mayores y, singularmente, las tasas de paro más altas en las edades jóvenes, con tasas de empleo más bajas y tasas de paro más altas además en las mujeres en el grupo de edad entre 25 y 64 años. Ante este grave problema de despoblamiento, el estudio de CEPES avala que uno de los efectos más positivos de la economía social sobre las economías locales de las zonas rurales se concreta en la creación de empleo directo que permite fijar población en estos lugares. Señorías, la oferta de puestos de trabajo de la economía social se ve apoyada, como decíamos antes, por otro aspecto que incide de forma positiva en la decisión de mantener la residencia en estas zonas: la estabilidad en el empleo. Además, dada la mayor propensión de la economía social a emplear a colectivos con dificultades de acceso al empleo, su contribución a la economía rural se ve ampliada por su mayor capacidad para crear empleo para las personas con discapacidad y trabajadores y trabajadoras de mayor edad. Esta propuesta legislativa tiene como objetivo ampliar el abanico de entidades que están consideradas como entidades de economía social a establecimientos de hostelería y restauración situados en pueblos de menos de doscientos habitantes y a los pequeños comercios; además, está incluyendo a la venta ambulante que presta sus servicios en estos pueblos. Creo que debemos trabajar esta propuesta con rigurosidad a la hora de hablar de economía social y de entidades que merecen esta consideración, porque hay que tener en cuenta que no debemos desvirtuar el concepto de economía social. Por un lado, puede haber un problema en la España vaciada en determinados entornos rurales menos poblados y con problemas de acceso al empleo, pero no por ello toda actividad que se desarrolle en este entorno tiene que ser considerada como economía social. Por lo tanto, desde un punto de vista riguroso, creo que debemos trabajar esto. Por otro lado, debemos tener en cuenta esa perspectiva desde la idea de promoción de la igualdad que tienen las entidades de economía social y de inclusión y de inserción sociolaboral de colectivos más excluidos. Así pues, creemos que debemos trabajarla con rigurosidad. Además, creemos que se queda muy corta, que tiene falta de ambición. Si bien es cierto que coincidimos con la función social que tienen estos establecimientos en la España rural y vaciada, como liberales, mi grupo parlamentario apuesta por atraer empresas y talento al mundo rural; que se genere empleo estable y se retenga el talento joven para garantizar que nuestros jóvenes puedan decidir dónde quieren emprender sus proyectos profesionales y no se vean arrastrados a renunciar a sus hogares en el entorno rural ante la falta de oferta y de oportunidades laborales. Creo que tenemos que ser ambiciosos cuando hablamos de la España vaciada y de las zonas rurales. Tenemos que potenciar la creación de empleo y la mejora de servicios, la posibilidad de que alguien se quede allí porque puede conciliar, porque puede tener los servicios sanitarios que necesita, porque puede tener los servicios educativos que necesita. No debemos tener una mirada corta o miope y, sobre todo, debemos ser respetuosos con el concepto de economía social. Por eso, mi grupo parlamentario va a decir no a poner parches y va a decir siempre sí a que tengamos una mirada amplia en el trabajo y la promoción de empleo en aquellos lugares que realmente lo necesitan, haciendo especial hincapié en las zonas rurales. Como acabamos de decir, trabajaremos esta propuesta teniendo en cuenta a los sectores que están dedicados a la economía social y cuál debe ser la postura más firme, más adecuada y más responsable en esta materia. Gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Nos parece interesante la reflexión que hay detrás de esta propuesta, tanto que en el periodo 2005-2009 desde el Gobierno de Galiza el BNG puso en marcha un programa piloto de impulso y rehabilitación de ese tipo característico de negocio mixto entre taberna y ultramarinos — por lo menos, en el rural galego— para potenciar precisamente la vinculación, la cohesión social y también el comercio de proximidad — especialmente, de alimentación— en el medio rural. Era un programa que, por cierto, fue rápidamente eliminado por Núñez Feijóo y por el Partido Popular, como muchos otros programas innovadores y buenos que puso en marcha el BNG por el simple hecho de que eran ideas del Bloque Nacionalista Galego. Sin embargo, le vemos algunos peros. Para empezar, parte de una ley que pretende regular realidades muy diferentes y de la perspectiva de la España vaciada. Para empezar, nosotros no somos la España vaciada, somos la Galiza expoliada. Precisamente la inserción en el Estado español — del Reino de Galiza en la Corona de Castilla y después en el Reino de España— provocó a partir del siglo XIX un declive económico que llevó aparejada una crisis demográfica que se mantiene hasta nuestros días. Simplemente les doy un dato. En el año 1900 la población de Galiza representaba el 10,64 % de la población del Estado español y hoy representa menos del 6 %, prácticamente la mitad; en el año 2018, el 5,78 %. En las últimas décadas marcharon de Galiza más de 300 000 personas, especialmente jóvenes, por falta de oportunidades laborales. Es decir, hay un proceso de despoblación del medio rural, pero en nuestro caso hay un proceso de despoblación del conjunto del país, un proceso de crisis demográfica que afecta al conjunto del país, que tiene causas políticas y que, por tanto, tendremos que resolver. Eso no es óbice para que veamos también el lado positivo de esta propuesta y que podemos compartir, aunque con algunos matices que creo que se pueden ir perfilando en el proceso de tramitación. En primer lugar, no tenemos claro si lo mejor es equiparar este tipo de negocios — por cierto, no solo restauración o comercio, sino también otro tipo de negocios— a las empresas de economía social o deben tener un tratamiento específico. En segundo lugar, nos parece incluso que alguna formulación no es demasiado exacta. No sabemos exactamente qué representan los pueblos de menos de doscientos habitantes. En galego no tenemos ni siquiera una palabra que traduzca exactamente lo que en castellano se entiende por pueblo. Nuestra palabra pobo hace referencia a la población, a la gente. Por lo tanto, no sabemos si son núcleos de población o si son ayuntamientos.

Néstor Rego Candamil BNG

Si son ayuntamientos, en Galiza no hay ni un solo concello de menos de doscientos habitantes, pero hay concellos con más población que tienen muchos núcleos de menos de doscientos habitantes en función de la dispersión. Por tanto, creo que sería bueno precisar estas cuestiones. En todo caso, nosotros vamos a aprobar que pueda ser debatida y que pueda ser tramitada. Obrigado.

Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Lo cierto es que la toma en consideración de esta proposición de ley que se nos plantea ahora nos genera un debate prácticamente existencial — me atrevería a decir— debido a lo que se daría curso aprobando esta propuesta. Le tengo que adelantar que nosotros no vamos a dar apoyo a que se tome en consideración, porque creemos sinceramente que el reto demográfico y la España vaciada — aplicable también, en nuestro caso, a la parte de Cataluña menos poblada— son temas sobre los que hay que empezar a tomar medidas, pero entendemos que las medidas a tomar son de carácter global. Por tanto, dando apoyo a estas reflexiones que se han hecho por su parte en relación con el papel social que juegan los bares en los núcleos poblacionales, lo cierto es que centrar solo la propuesta en el ámbito de los bares o de estos espacios sociales nos parece que puede ser un abordaje desfavorable. La realidad es que esta cuestión la vemos mucho más poliédrica. Con un enfoque poliédrico, debería tener medidas de bonificación de impuestos, medidas de apoyo al empleo, medidas de apoyo a la instalación de escuelas o a la escolarización; un paquete mucho más completo y poliédrico y, sobre todo, que no supusiera prácticamente un torpedo al concepto de la economía social. Para nosotros — y más desde la perspectiva de Cataluña, porque el Parlament de Catalunya ya ha legislado sobre la materia— definir bien qué es y qué no es economía social es relevante. Por tanto, nos podríamos encontrar ante el supuesto de que, con la puerta abierta en este sentido, se dé cabida a realidades económicas que no son exactamente economía social. Queremos reconocer el buen propósito y la buena idea de intentar fomentar el establecimiento de actividad empresarial y actividad económica, pero entendemos que el apoyo a esta actividad empresarial y económica debe seguir la línea de una política activa poliédrica en el ámbito de la educación, de los transportes y de las comunicaciones; sin duda alguna la falta de acceso a las infraestructuras de comunicaciones es una de las causas del despoblamiento. En todos estos ámbitos habría que hacer políticas activas muy claras, pero no podemos pervertir el concepto de economía social, que en nuestra legislación propia está muy definido qué es, qué valores tiene y qué reglas de funcionamiento existen en el ámbito de las cooperativas, etcétera. Nos parece que este no puede ser el mejor camino para abordar esta cuestión. Insisto en que entendemos la buena intención del planteamiento, pero el abordaje para solucionar este problema creemos que debe ser otro que no sea el de la perversión de los conceptos, el de cambiar lo que son las cosas. Por tanto, abordarlo desde la perspectiva de la economía social no creemos que sea el mejor enfoque posible. Muchas gracias.

Roberto Uriarte Torrealday UP

Querida presidenta, queridas y queridos colegas, señor Guitarte, está claro que los pequeños negocios familiares, los pequeños comercios, los bares y pequeños talleres cumplen una función social fundamental, sobre todo frente a un modelo demencial e irracional de consumo que se basa en sacar a la gente de las ciudades, de los pueblos y desplazarla en vehículos, propulsados por combustibles fósiles en el 90 % de los casos, hasta grandes superficies y obligarla a consumir masivamente, de cara a determinadas empresas multinacionales, con el único fin de concentrar mucha riqueza en pocas manos. Frente a ello, el pequeño comercio, el pequeño negocio, el bar de pueblo tienen una función fundamental, como bien ha explicado usted; una función de cohesión social, de crear comunidad, de crear vínculos y lazos comunitarios, y en el caso de los bares de los pueblos pequeños incluso de servir como refugio a las almas solitarias, permitiendo espacios de socialización en los que se organizan festejos, en los que se convive y uno puede pedir incluso ayuda en un momento determinado. Yo vivo en el campo, en un pueblo de quinientos habitantes y, afortunadamente, tengo una cafetería cerca de mi casa y sé lo que supone eso, la posibilidad y el entorno tan amable que generan y la función social que desarrollan. Hasta ahí completamente de acuerdo con el diagnóstico que usted hace, pero, aunque el objetivo sea correcto, como bien se ha dicho en la exposición anterior, aquí hay un problema claro de técnica legislativa, no es un instrumento correcto el que usted plantea. Esos objetivos son buenos, pero no se consiguen desnaturalizando el concepto de economía social. A nivel internacional, su definición tiene unos contenidos, una tradición, procede de la historia, de aquella Sociedad de Hilanderas de Fenwick que se creó en Escocia en el año 1769, veinte años antes de la Revolución Francesa, de toda la experiencia del movimiento cooperativo, que es tan importante y que, concretamente, las vascas y los vascos llevamos en el alma desde aquella primera cooperativa Alfa que se creó por parte de los obreros socialistas de Éibar en 1920 y que posteriormente trajo el movimiento de Mondragón. Es importantísima la economía social y resulta fundamental apoyarla, pero lo que no resulta correcto, para ayudar a unas empresas que no son de economía social, es llamarlas de economía social para conseguir unos incentivos fiscales. Déselas los incentivos fiscales, pero no desnaturalicemos. Esta propuesta que usted plantea, a pesar de toda la buena voluntad y aunque sea en periodo preelectoral y solo tenga un artículo, conlleva como problema que este tipo de planteamientos, sin tener una visión holística — como ha comentado la anterior interviniente—, una visión integral de la problemática, abordando solo una cuestión puntual, puede hacer que estemos gestionando mal la complejidad. Y ese es el gran problema de las democracias modernas, como bien subraya el filósofo Innerarity. Hay que gestionar bien la complejidad, y con su propuesta podemos generar efectos contraproducentes a los que usted busca. Primero, desnaturalizamos el concepto de economía social, no se lo atribuimos a quien realmente corresponde, hacemos que una sociedad limitada pueda ser considerada igual que si fuera una sociedad cooperativa, y luego, en el punto tercero del artículo nos dice que no, que se someterán a las normas materiales del tipo de sociedad que sean. Entonces, ¿para qué cambiamos la clasificación? ¿Para qué pervertimos el lenguaje, cuando podríamos hacerlo de otra forma? En definitiva, no vamos a desnaturalizar, porque desnaturalizando el concepto de economía social generamos confusión en el ámbito de las empresas participadas. Además, generamos confusión respecto a lo que debería ser la aplicación del artículo 129.2 de la Constitución, que nos obliga a tratar de forma desigual a empresas que son desiguales y preferentemente a las empresas participadas, las sociedades cooperativas y demás sociedades de ese estilo. Por lo tanto, primero, desnaturalizamos el concepto; segundo, desincentivamos, porque, si a una sociedad limitada situada en un municipio pequeño la damos la misma consideración que si fuera una cooperativa, ¿para qué va a crear la gente cooperativas? Nuestra idea es la contraria: incentivemos el cooperativismo, incentivemos realmente la economía social. Todas estas pequeñas empresas familiares, las cafeterías, los restaurantes, los pequeños talleres, las farmacias en los pueblos claro que cumplen una función social extraordinaria, pero una cosa es reconocerlo y otra es reconocerlo con confusión terminológica y mala técnica jurídica. Por tanto, no nos parece que esa sea la técnica más correcta, porque estamos desincentivando lo que pretendemos incentivar, que es la economía social, al igualarla con el modelo convencional de empresa. Por último, se derivan efectos contraproducentes del hecho de que tenga una técnica jurídica tan pobre, de que solo tenga un artículo y no prevea una visión integral de la problemática. ¿Y cuáles pueden ser los efectos negativos? Muchísimos. Por ejemplo, una franquicia de autopista o de autovía, como está situada en terrenos de un municipio que tiene menos de doscientos habitantes, la tratemos como si fuera una cooperativa. ¿Por qué? Usted mismo menciona en su propuesta las empresas que hacen venta a domicilio. ¿Por el hecho de que una de esas empresas pase por un pueblo de menos de doscientos habitantes hay que considerarla igual que si fuera una empresa de economía social? No lo vemos así. Y creemos que aquellas pequeñas empresas son importantísimas, como bien ha dicho usted, porque no solo mantienen el tejido social, el tejido comunitario y las relaciones humanas, sino porque, como dice un amigo mío, son una especie de farmacia de guardia para almas solitarias; esos bares de pueblo tienen una función magnífica. Le agradezco muchísimo, señor Guitarte, que haya traído esta cuestión, porque, por desgracia, muchas veces vivimos alejados del mundo, de las preocupaciones de la gente. Últimamente, cuando estamos mencionando tanto las enfermedades mentales y el tratamiento de esa problemática, creo que habría que atender también qué nivel de soledad genera en los pueblos pequeños la falta de estos servicios y espacios mínimos de convivencia, así que muchas gracias por haber traído la moción. Pero creemos que técnicamente es mala, que tiene una técnica jurídica bastante pobre y, además, como bien han dicho los compañeros del Grupo Plural, trata una cuestión muy amplia, que tiene muchísimas connotaciones y complejidad, de forma simplificada, pudiendo producir efectos imprevistos o no deseados. En todo caso, le agradecemos que haya traído esta iniciativa. Ya le adelantamos que vamos a votar a favor de su admisión a trámite. Y esperamos poder corregir todos estos problemas de técnica jurídica a lo largo de su tramitación. Muchísimas gracias. .

Rocío De Meer Méndez VOX

Muchas gracias, señora presidenta. Venimos esta tarde a debatir la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, en concreto del señor Guitarte, para modificar la Ley 5/2011, de Economía Social. El señor Guitarte propone incluir a los pequeños comercios, centros de restauración y bares como entidades de economía social precisamente para incentivar estos lugares en los pequeños pueblos de menos de doscientos habitantes. Es bueno para España y, por lo tanto, es bueno para VOX. Nosotros siempre votaremos afirmativamente cuando algo sea bueno para España. . No es lo que hacen ustedes, ya que, por lo general, si VOX propone cualquier cosa, siempre votan en contra. Si VOX propone que se reconozca automáticamente el 33 % de discapacidad para los enfermos de esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes o esclerosis lateral amiotrófica, automáticamente ustedes votan en contra. Si VOX propone proteger el interés superior del menor y la inocencia, ustedes votan automáticamente en contra. Si VOX propone que se proteja a las personas mayores, ustedes proponen votar que no porque lo firma VOX. Pero, al contrario que ustedes, nosotros hemos venido aquí para aprobar o intentar aprobar y contribuir con respecto a todo lo que sea bueno para España. En VOX, además, nos hemos caracterizado, especialmente en el momento más duro de la pandemia para los pequeños centros de hostelería y los pequeños bares, por apoyarlos. Cuando ustedes, señorías del Gobierno, les prohibieron trabajar, cuando ustedes les impusieron restricciones absolutamente abusivas en periodo de pandemia, reconocido además por el propio Tribunal Constitucional, nosotros nos hemos caracterizado siempre por apoyar a estos pequeños centros. . Pero, señorías, esencialmente, de lo que venimos a debatir hoy es de la España que ustedes denominan vaciada, que, en definitiva, es la España abandonada, la España traicionada por ustedes, la España sedienta y la España que ustedes han descuidado durante muchísimos años. Al final, estos lugares de la España abandonada fundamentalmente tienen una carencia, las personas. Las economías locales las podemos incentivar, podemos hacer que se reactiven, pero solamente podremos reactivar las economías locales cuando tengamos personas, cuando tengamos una comunidad, cuando tengamos familias, cuando tengamos niños, en definitiva. Y no solo podemos activar esas pequeñas economías locales incentivando los centros de hostelería, los pequeños comercios y los bares, como proponen ustedes; además, debemos ser ambiciosos y tenemos que apoyar la reindustrialización, tenemos que fomentar el consumo local, tenemos que combatir la competencia desleal, que también hace tanto daño a la España abandonada. Y la España abandonada también es la España sedienta, y también tenemos que apoyar a esos sectores primarios luchando contra la competencia desleal y promoviendo un plan hidrológico que pueda llegar a todos los lugares de España. . Siento venir aquí a romperles a ustedes el consenso, pero, en definitiva, cuando hablamos de la España abandonada hablamos de demografía, y, además, el señor proponente está de acuerdo con muchas de las iniciativas que ha apoyado y propone este Gobierno, incluido el plan 2050 y todas las versiones de la ONU sobre demografía en los próximos años en los países occidentales, del FMI y el Foro de Davos, o uno de los últimos documentos que acabamos de conocer, cuyas conclusiones son absolutamente descorazonadoras, lamentables y muy dañinas para nuestras economías y las naciones occidentales; el informe de la AIReF, que salió hace cuatro días, sobre la incidencia de la demografía en nuestro país. Este informe es tremendo, porque da luz a muchos problemas que ustedes vienen negando, sobre todo, desde hace cuatro años, mientras que nosotros venimos aquí, con luz y taquígrafos, a decirles que son problemas que realmente existen, que la inmigración masiva y descontrolada en nuestro país no es un problema menor, sino algo que verdaderamente preocupa a muchísimas personas y está transformando muchísimos de nuestros barrios. En este informe podemos observar cómo la AIReF no es ni siquiera tan ambiciosa como el Gobierno, que dijo en su plan 2050 que de aquí a aquella fecha pretende meter en nuestro país 250 000 personas al año. España sufre un invierno demográfico, por mucho que ustedes quieran negarlo. España va a perder en los próximos años el 35 % de la población. España tiene una tasa de fecundidad de un 1,2 % y no llega a la tasa de reposición, que tendría que ser el doble. España se enfrenta a una situación demográficamente lamentable, una situación que los poderes públicos tienen que combatir. El problema es que los poderes públicos ya han tomado una decisión, y, como dice la propia AIReF, ustedes proponen como única solución la inmigración masiva frente a estos problemas. El propio señor Escrivá dijo en mayo del año pasado, y lo dijo muy claramente, que impulsará la repoblación de la España vaciada con inmigrantes. Señor Guitarte, en esos pequeños pueblos probablemente no habrá bares, habrá teterías, mezquitas, locutorios. . No se rían, señorías, porque es la verdad. Es la España que sus hijos van a ver, una España en la que probablemente incluso hombres y mujeres tengan que sentarse en lugares diferentes. La propia AIReF es demoledora en cuanto a los orígenes de la inmigración masiva que vamos a tener que soportar en España en los próximos años. Dice que en 2070 el 20 % de la población española será de origen extranjero. Señorías, la decisión que ustedes han tomado de revertir la situación demográfica de España con políticas migratorias descontroladas no es solo uno de los problemas que afectan a la España abandonada, también es cómo ustedes han abandonado y traicionado a los españoles. Ya termino, señora presidenta, porque ojalá los jóvenes no tengan que marcharse de esa España abandonada, ojalá las mujeres puedan ser libres para tomar las decisiones familiares que quieran, ojalá podamos reactivar esas economías locales, pero, sobre todo, que podamos mantener nuestras raíces, que no son las teterías ni los locutorios, sino los bares. Muchísimas gracias. .

José Alberto Herrero Bono PP

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy se propone la modificación de la Ley 5/2011, de la Economía Social, por la que se pretende incluir a los bares, a multiservicios y otros establecimientos como entidades de economía social. Qué duda cabe de que estos establecimientos y servicios resultan fundamentales para mantener los municipios con vida y, de este modo, fomentar también las relaciones entre los vecinos. Por ello, como turolense y conocedor de la importancia de los mismos, ya le adelanto que mi grupo parlamentario votará a favor de su toma en consideración. Bien es cierto que tendremos que revisar y reconsiderar estas propuestas si la ley saliera adelante, como la de incluir algunos servicios básicos dentro de la economía social o, por ejemplo, recapacitar también sobre el límite poblacional, que ustedes consideran en menos de doscientos habitantes. Ya le adelanto que en mi grupo parlamentario va a trabajar en incluir municipios de mayor población, puesto que se debería entender que no porque un municipio sea menor de doscientos habitantes la viabilidad de esos servicios es suficiente. Para que ustedes entiendan su importancia, en provincias como la mía, Teruel, estamos hablando de que, de los 236 municipios que forman mi provincia, en 148 tenemos menos de doscientos habitantes y en 197 menos de quinientos. Por tanto, si esta propuesta de ley saliera adelante — ojalá que sí—, habría que contemplar este tipo de entidades sociales hasta en municipios de quinientos habitantes, tal y como la Diputación Provincial de Teruel ya los considera. Por eso digo que ojalá que esta modificación de la ley salga adelante, porque, además de necesaria, resultaría fundamental no solo para los habitantes de esos municipios, sino también para las familias que mantienen aquellos servicios. Por ello, les pediría a sus señorías que tuvieran a bien sacar adelante la tramitación de esta iniciativa, aunque no me gustaría pensar que se estuviese proponiendo como estrategia electoral ante las próximas elecciones municipales y autonómicas, porque, señorías, si ustedes hubieran querido ayudar de verdad al mundo rural, podrían haberlo hecho hace ya mucho tiempo. Señores de la izquierda, ustedes llevan gobernando desde hace ya cinco años y, sin embargo, han esperado hasta última hora y en el último momento para tomarlo en consideración. Es verdad — y ahora me dirijo a la bancada del Grupo Socialista— que ustedes tenían un supuesto programa de 130 medidas para afrontar el reto demográfico. Pero ¿nos podrían decir cuántas y qué medidas han puesto ustedes en funcionamiento durante los últimos cinco años? Si, por ejemplo, habláramos de la conectividad del mundo rural, daría mucho que pensar. En marzo de 2018 quien era presidente entonces, el señor Mariano Rajoy, presentó en Teruel el plan de banda ancha 300x100 con las empresas operadoras, solo dos meses antes de aquella moción de censura. Pues bien, ustedes, sin saber por qué, metieron ese valioso proyecto en el cajón del olvido y a día de hoy el entorno rural se queja agriamente del enorme retraso de la implantación de la banda ancha. Y eso por no hablar del despliegue del 5G, respecto del que, hasta que el Gobierno de Sánchez no saque los listados de las operadoras de riesgo, todo sigue paralizado, y eso que no es que sea fundamental, sino vital para el funcionamiento del mundo rural. Miren, lo que sí que puedo afirmar con rotundidad, tal y como se comprometió en Teruel el pasado 10 de febrero quien será el próximo presidente del Gobierno de todos los españoles, el señor Feijóo , es que vamos a implantar las siguientes medidas en el mundo rural: primero, se conectarán las políticas de todas las administraciones públicas que afecten al mundo rural para crear de este modo una discriminación positiva del mundo rural; también vamos a crear nuevas fórmulas de empadronamiento, más flexibles, para que los ayuntamientos de municipios más grandes y más pequeños compartan gastos e ingresos. No es justo, por ejemplo, que los jóvenes que hayan de ir a estudiar a las capitales de provincia tengan beneficios por empadronarse en la capital, en perjuicio de no adquirir, si no, ingresos por los tributos a las administraciones públicas. También vamos a trabajar en bajar los impuestos, en suprimir el impuesto de transmisiones, en rebajar el IVA por la compra de una vivienda en el mundo rural. Impulsaremos las políticas de rehabilitación, tan necesarias para las viviendas, suprimiendo los impuestos para este fin, y vamos a desarrollar los planes sectoriales industriales para asentar industrias en nuestro mundo rural. Y ya les adelanto que, en cuanto que Feijóo sea presidente del Gobierno de los españoles, los fondos europeos van a ir destinados al desarrollo de la banda ancha de forma prioritaria. . Y les aseguro también que no vamos a dejar de lado, como han hecho ustedes, los servicios sanitarios, al igual que el servicio de las ambulancias. Es verdad que hay escasez de profesionales, y por eso primaremos a los médicos y a los educadores que decidan ejercer en el medio rural. A ellos se les dotará con mayor número de puntos, por si después quisieran optar por otros destinos, de modo que trabajar en el mundo rural tenga un beneficio directo sobre ellos. Y por terminar, se establecerá también una fiscalidad específica para todo el medio rural, exonerando de impuestos a las personas que articulen una industria, abran un negocio, vendan, compren o permuten tierras. Ya que ustedes no lo han hecho, bonificaremos los costes laborales de Cuenca, Soria y Teruel hasta un 20 %, tal y como marca la Unión Europea. En primer lugar, ustedes han demorado la entrada en vigor de la ayuda hasta este pasado mes de enero, y hay que recordar que la Unión Europea ya permitía la entrada en vigor de esa medida desde abril de 2021; veintiún meses han tardado ustedes en aplicarla y, cuando la aplican, resulta que no llega ni a un ridículo 3 % de los costes laborales. Es decir, por señalar datos concretos, solo respecto del mes de enero, para una empresa que se ha ahorrado por trabajador y mes 20,86 euros, de media, lo que supone en el año una reducción menor a trescientos euros, ¿de verdad creen ustedes que con esta medida ínfima van a cambiar la opinión de los responsables de una compañía para trasladarse a estos territorios? Señorías de la izquierda, si de verdad quieren ayudar al mundo rural, háganlo de una vez y no lo demoren más. Por todo lo expuesto, votaremos a favor de esta toma en consideración. Muchas gracias. .

Antidio Fagúndez Campo PSOE

Gracias, presidenta. Señorías, gobernar es elegir y el Partido Socialista eligió la lucha contra la despoblación y el reto demográfico como una cuestión de Estado cuando llegó a este Gobierno hace ya más de cuatro años. Esto hay que recordarlo, porque no siempre fue así, no siempre un Gobierno de este país puso por encima y como prioridad que los derechos de los ciudadanos no dependieran del municipio donde vivieran. No siempre fue así, que un Gobierno de España asumiera las necesidades del mundo rural y sus reivindicaciones, como lo está haciendo este Gobierno, unas reivindicaciones que simplemente consisten en tener acceso a los servicios públicos básicos que tiene cualquier ciudadano y poder construir un proyecto de vida en el lugar que te ha visto nacer y donde quieres poder ver nacer y también ver crecer a tus hijos. Porque no puede ser, señorías, que suponga un esfuerzo inhumano vivir donde quieres vivir o que resulte una lucha permanente pedir oportunidades para el mundo rural. Tengan en cuenta que el futuro de nuestros pueblos y el de sus gentes es, sin duda, el futuro de este país. . Por eso, señorías, hoy debatimos aquí no solo acerca del pequeño bar del municipio, de la tienda de comestibles o de la de ultramarinos. Queremos hablar de una agenda completa, queremos hablar también de las escuelas, de los consultorios médicos, de los transportes; en definitiva, de sanidad, de educación, de oportunidad para todos estos municipios de las provincias en riesgo de despoblación de generar riqueza y fijar población. Como les decía al principio, gobernar es elegir y elegir es legislar y tomar decisiones, y eso es lo que ha hecho este Gobierno desde que llegó al poder. Hemos tomado decisiones para luchar contra la despoblación y para legislar y abordar el reto demográfico. Lo hemos hecho desde la Vicepresidencia del Gobierno impulsando los fondos europeos a través del Plan de Transformación y Resiliencia. Sí, señorías del Partido Popular, las 130 medidas que hemos aprobado, transversales en todos los ministerios, son medidas que refuerzan la cooperación entre administraciones y que nos van a permitir avanzar en cohesión social y en cohesión territorial. Pero, sobre todo, existe un hecho diferencial: las hemos dotado de presupuesto, de financiación, más de diez mil millones de euros, la cantidad más grande que en la historia de este país ha habido en los presupuestos para luchar contra el reto demográfico. Y somos conscientes de que la lucha contra la despoblación debe de ir acompañada a la vez de una transformación digital y eso es lo que estamos impulsando a través de nuestro plan de conectividad: ochocientos millones de euros puestos encima de la mesa con nuestro plan de extensión de la banda ancha y la tecnología 5G, y con nuestro compromiso, que ya se está cumpliendo, de que en los próximos dos años el cien por cien del territorio tendrá esta cobertura. . Señorías, estos son hechos, no palabras. Y es que todas las medidas que hemos puesto en marcha tienen un mismo denominador común, que es ofrecer un horizonte de progreso y bienestar a todos los españoles, vivan donde vivan, sea en el centro de esta gran ciudad o en el municipio más pequeño de nuestro país, porque es nuestra convicción; los socialistas así lo creemos, es nuestra ideología, nuestra forma de actuar. Cuando ustedes hablan de libertad aquí, en Madrid, se refieren a poder tomar una caña en la terraza de un bar, pero la libertad que nosotros defendemos es aquella por la que cada ciudadano de este país puede elegir libremente dónde vivir, de modo que no tenga que verse expulsado de su tierra y sus raíces. Esa es la libertad que nosotros defendemos. Defendemos la libertad que va de la mano de la igualdad, la que nos hace a cada uno de nosotros igualmente libres. . Señorías del Partido Popular, la diferencia entre su Gobierno y el nuestro es que ustedes encabezaron un Gobierno que durante todos los años del señor Rajoy fue incapaz de traer a esta tribuna ni una sola medida, ni una sola propuesta, ni una sola ley para luchar contra la despoblación. Pero, lo más grave: no pusieron ni un solo euro en el presupuesto para políticas de reto demográfico. Y hoy nos vienen ustedes con un programa sobre lo que va a hacer el señor Feijóo. ¿Me pueden decir cuántas de esas propuestas hizo el señor Feijóo en Galicia durante sus años de gobierno? . En materia de reto demográfico, no podemos tener un modelo más opuesto al suyo. Mientras que nosotros traemos permanentemente a esta Cámara y al Consejo de Ministros medidas para combatir, para afrontar el reto demográfico y luchar contra la despoblación, ustedes siguen torpedeando cada día todas estas medidas desde las administraciones donde gobiernan, desde las comunidades autónomas, especialmente en la mía, la de Castilla y León, deteriorando la sanidad pública, la educación, los transportes. Así es imposible que un joven o, incluso, una persona que no sea tan joven puedan quedarse en su tierra. Por eso, yo les digo, señorías del Partido Popular, que este Gobierno de España y este grupo parlamentario van a seguir trabajando por aumentar la solidaridad territorial y el progreso en nuestro país, garantizando la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. . Señorías, vamos a votar a favor de esta toma en consideración, y lo vamos a hacer para mejorarla, para ampliarla, para seguir desplegando las medidas para frenar la despoblación y avanzar en una mayor cohesión territorial y social. Los y las socialistas tenemos muy clara la hoja de ruta y somos conscientes de que, a pesar de que hemos dado muchos pasos, quedan muchas cosas por hacer. Por eso, les aseguro que vamos a seguir trabajando para hacer un futuro mejor para todos y todas los ciudadanos de este país. Muchas gracias. .

Luis Santamaría Ruiz PP

Señora presidenta, señorías, hoy es 28 de marzo, hoy mismo se cumplen ocho meses desde que se publicara en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 9/2022, que sirvió, entre otras cosas, para modificar la regulación de la multirreincidencia incluida en el Código Penal para los delitos de hurto leve, lo que se hizo mediante una enmienda transaccional pactada con el Grupo Socialista, que presentó el PDeCAT y que apoyamos la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, incluido el Grupo Parlamentario Popular. Se trataba entonces, igual que ahora, de castigar al delincuente reincidente cuando este hubiera cometido al menos tres hurtos, incluidos los que fueran considerados como leves, y siempre y cuando el montante de lo sustraído fuera superior a 400 euros. Estuvimos entonces todos de acuerdo en considerar que había que poner coto a los delitos que cometen los delincuentes reincidentes por cuanto este tipo de delitos agravan y degradan la convivencia ciudadana, porque ponen en peligro a la industria turística española, afectan gravemente a nuestros agricultores y ganaderos y afectan también muy gravemente al sector del comercio, donde se producen muchos de los hurtos de pequeña cuantía que convienen erradicar , y también delitos que complican la convivencia ciudadana en nuestros barrios y ciudades. Sin embargo, señorías, ocho meses después, desgraciadamente, estamos lejos de alcanzar los objetivos que nos proponíamos en julio del año pasado. Y digo que estamos lejos de conseguir los objetivos que perseguíamos hace ahora ocho meses para castigar al delincuente reincidente por dos razones. La primera es porque, transcurridos estos ocho meses desde la publicación de la reforma en el BOE, la práctica jurídica ha demostrado dos cosas: la primera, que la condición de superar el importe de los 400 euros acumulados del valor de los bienes sustraídos por el delincuente no es fácil, al contrario, es muy compleja, y en segundo lugar — y, por tanto—, obstaculiza la finalidad preventiva que tiene el castigo de la reincidencia. Y ello no solo porque, según manifiesta jueces y magistrados, en el caso de la multirreincidencia es enormemente complicado calcular el valor de los bienes sustraídos, sino también porque la imposición de un límite mínimo sancionable permite al delincuente planificar su actividad delincuencial. Esto redunda fundamentalmente en una cuestión, que es en el menoscabo de la finalidad disuasoria y preventiva que persigue toda norma en el ámbito penal. Así lo ha reconocido la Fiscalía General del Estado en la primera circular que aprobó en el 2022 dedicada específicamente a los delitos de hurto leve, donde pedía a los fiscales que tuvieran a su cargo el conocimiento de estas causas que intentaran transformar estos juicios en diligencias previas hasta ser capaces de poder cuantificar el valor de lo sustraído, dadas las enormes dificultades que tenían para poder hacerlo. Si la primera razón ha sido la dificultad para poder calcular el importe del valor de lo sustraído, la segunda razón por la que el Grupo Parlamentario Popular les propone modificar la redacción actualmente en vigor tiene que ver con el incremento exponencial de este tipo de delitos que reflejan las estadísticas del Ministerio del Interior recientemente publicadas. Señorías, el balance de criminalidad correspondiente al 2022 del Ministerio del Interior constata que los hurtos han crecido un 30 % respecto al 2021; de hecho, en el cuarto trimestre — fíjense, en el cuarto trimestre— de 2022, con la reforma del delito de hurto ya vigente, el número de hurtos superó en veinte mil a los que se produjeron durante ese mismo periodo en el año anterior. Por tanto, yo creo que es indudable que la eficacia de la norma que aprobamos está en cuestión. Estos datos demuestran también que la criminalidad derivada de la multirreincidencia es un problema acuciante en nuestro país al estar creciendo los delitos de forma exponencial. Son, como todos ustedes saben, los 2,3 millones los delitos que se cometen en España cada año la mejor muestra del incremento de la actividad delictiva que están sufriendo los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Si comparamos los datos hechos públicos por el Ministerio del Interior en el 2019, último año prepandemia, baste con destacar que los homicidios dolosos se han incrementado un 44,5 %, un 31,8 % las riñas tumultuarias, un 54 % las violaciones, un 24,4 % las agresiones sexuales y un 75 % las estafas informáticas. Si nos circunscribimos a la comparación con el 2022, los robos con violencia crecen un 20 %; un 14,6 % los robos con fuerza; los hurtos crecen, como ya se ha dicho, un 30 %, y los robos de vehículos, un 17,2 %. El crecimiento de los robos, pero sobre todo los hurtos y las estafas, sucede en toda España de norte a sur y de este a oeste. Valgan algunos ejemplos: en Asturias, los hurtos crecen un 44,9 en comparación con el 2022 y un 24,3 % lo hacen las estafas en comparación con el mismo periodo del año anterior. En Castilla-La Mancha, los hurtos crecen un 31,3 % en el 2022 y, en relación con el 2019, un 4,2 %; las estafas, un 39,8 % en relación al 2022, y un 112 % en comparación con el 2019. En Cataluña, los robos con violencia crecen un 20 %; los hurtos, un 36,4 %, y las estafas, un 29 %. En mi tierra, la Comunidad Valenciana, los robos, un 13 %; los robos en domicilios, un 23,5 %, y las estafas, un 19,6 %. En País Vasco, los hurtos crecen un 31,4 % y las estafas un 25 %. Creo que las cifras hablan por sí solas y podríamos continuar hasta no parar. Además, quisiera añadirles un dato, y es que para valorar si la norma que aprobamos fue eficaz basta con tener en cuenta una consideración, y es que el enjuiciamiento de este tipo de delitos va normalmente a juicio rápido y, por tanto, es muy fácil valorar si esta norma está siendo eficaz o no. Nada más hay que hablar con los profesionales de la justicia para comprobar que no está siendo eficaz. Por tanto, ambas razones, la dificultad de determinación práctica del importe mínimo exigido para clasificar la multirreincidencia y el incremento exponencial del número de delitos de hurto y de estafa que acabo de resumirles, son las razones por las que mi grupo decidió presentar la proposición de ley para cuya tramitación —¡ojo!, solo para cuya tramitación— les pedimos su voto a favor. Estamos presentándoles una reforma alejada de cualquier consideración ideológica y también alejada de cualquier tipo de electoralismo. Señorías, no nos hace falta: vamos a gobernar, lo sabemos, y sabemos que Feijóo será nuestro próximo presidente, el presidente del Gobierno de España y, por tanto, tengan la certeza de que esta no es una medida electoral, sino todo lo contrario, es un trabajo en aras del interés general que ponemos al servicio y buscando el consenso de todos, porque lo reclaman los sectores afectados. Señorías, como decía, nuestra reforma técnica apuesta por modificar cinco artículos del Código Penal, los artículos 22, 66, 80, 235 y 250. Podemos entrar en detalles si les parece. El artículo 22 sirve para modificar la agravante de reincidencia, para que se pueda aplicar a los delitos leves de hurto y estafa, exceptuando la regla general que impide que la reincidencia pueda ser apreciada en los casos de delitos leves. El artículo 66 se modifica para definir las reglas que deben seguir los jueces a la hora de aplicar las penas según haya o no circunstancias atenuantes y agravantes. El artículo 80 modifica el Código Penal para exceptuar una regla general que permite suspender el ingreso en prisión de los condenados a penas superiores a los dos años cuando se trate de la multirreincidencia por los delitos leves de hurto y estafa. El artículo 235 se modifica para poder castigar efectivamente la reincidencia en los delitos de hurto leve con una pena de uno a tres años que pueda efectivamente ser disuasoria, y que sería equiparable a las penas que se imponen por la comisión de los delitos de hurto menos graves. Por último, el artículo 250 extiende la regulación anteriormente explicada para los delitos de estafa que estamos también viendo crecer exponencialmente y cuya preocupación existe en la sociedad española. Señorías, la reforma que se introdujo en 2015 sirvió eficazmente para combatir la multirreincidencia de los delitos de hurto penados con castigos menos graves y graves, pero sigue estando pendiente una adecuada regulación de la normativa que garantice la aplicación efectiva de la reincidencia en los delitos de hurto leve y de estafa leve, porque, como todos ustedes conocen, la sentencia del Tribunal Supremo vino a cambiar el panorama que se había intentado legislar en 2015. Les proponemos no solo introducir reformas para ser eficaces a la hora de disuadir al delincuente reincidente por la comisión del delito de hurto leve, sino también, como decía — que no está en nuestro ordenamiento—, para poder castigar al delincuente reincidente por la comisión del delito de estafa que, como digo, crece exponencialmente. Señorías, saben ustedes tan bien como yo que es deber del legislador legislar bien. Sin embargo, este no es el caso. No les estamos proponiendo legislar bien, sino legislar mejor y hacerlo sobre la base de conocer los resultados de la aplicación práctica de la ley, y ello, por supuesto, después de haber analizado los datos que acabo de exponerles. Y lo hacemos — en este intento de legislar mejor— trayendo una proposición de ley que permita disuadir al delincuente multirreincidente de que cometa estos delitos. Traemos una proposición de ley ajustada a los criterios de proporcionalidad que deben presidir el proceso de fijación de las penas, según nos marcó la sentencia del Tribunal Supremo en 2015. Y lo hacemos porque nos lo pidieron los comerciantes de Barcelona, a quienes quiero agradecer el espléndido trabajo y la buena sintonía a la hora de trabajar con el Grupo Parlamentario Popular. Estos comerciantes estiman en más de 1045 millones de euros los perjuicios que les causan las sustracciones y los hurtos, tanto internos como externos, en la actividad comercial. Nos lo reclama también el movimiento vecinal, que ve cómo se deteriora la convivencia en barrios y ciudades por la proliferación de ese tipo de delitos reiterados. También nos lo reclaman asociaciones de agricultores y ganaderos como AVA-ASAJA, afectados por los robos en el campo. Sectores como el turístico, preocupados de que España no se convierta en un destino no seguro para la principal industria de nuestro país. Así que, en consecuencia, señorías, y en nombre de todos ellos, les pido su voto a favor de la tramitación de la propuesta que les presentamos. A los señores de VOX, con todo el respeto, les explicaría que votamos en contra de su propuesta porque, según los informes jurídicos con los que trabajamos entonces, la fijación de las penas que proponían excedía de los criterios de proporcionalidad que fijaba el Tribunal Supremo. Creemos que ahora sí está ajustada la nueva asignación de penas a los criterios que fija el Tribunal Supremo y, por tanto, les pediría su voto a favor de la tramitación de la proposición para poder luego perfeccionarla en Comisión. Al PDeCAT también le pediríamos que vote a favor de la tramitación, porque ello no implica reconocer que lo que ustedes nos propusieron en su día no fuera un buen texto, al contrario, sino que lo que implicaría sería reiterar su compromiso con que las cosas funcionen cada vez mejor; un compromiso que compartimos porque sigue siendo necesario atajar esta problemática. A los señores del PSOE también les pedimos que voten a favor de la tramitación, porque no implicaría reconocer el fracaso, en ningún caso, del Ministerio del Interior en materia de atajar este tipo de delitos, sino, al contrario, la voluntad de su grupo de dotar al ministerio y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de un instrumento disuasorio que permita reducir este tipo de delitos. Y al resto de grupos les pedimos exactamente lo mismo. En cuanto a Esquerra, basta con mirar el tuit que su líder, Gabriel Rufián, ha hecho hoy sobre la delincuencia en Santa Coloma para estar convencidos de que apoyarán nuestra iniciativa. Y el señor Baldoví, que proviene de un municipio eminentemente turístico, imagino que si quiere desarrollar la campaña con alguna garantía tendrá necesariamente que apoyar nuestra propuesta. Señorías, se lo pedimos a todos…

Luis Santamaría Ruiz PP

Miramos al futuro y lo que hacemos con esta propuesta es pedirles a ustedes que, por favor, también miren al futuro. Muchas gracias. .

Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. No resulta inédito el debate que se plantea con esta toma en consideración que orbita en torno a la multirreincidencia de los delitos de hurto, así como del crecimiento desatado de los de estafa, singularmente por la vía telemática. Es una buena proposición de ley que amplía y precisa los términos que permitan frenar prácticas muy dañinas. Tanto en ámbitos jurídicos como de los sectores económicos y colectivos que sufren en sus negocios y en sus economías esta grave epidemia delictiva, se vienen reclamando, insistentemente, medidas como las que se plantean, y de ahí que considere absolutamente pertinente esta iniciativa. Al respecto de la imperiosa necesidad de modificar el Código Penal, basta ojear informaciones que, por aparecer con tanta frecuencia en los medios, tal vez ya no captan demasiado la atención de la opinión pública, pero que, en todo caso, ponen en evidencia una grieta legislativa que urge corregir cuanto antes. Señorías, se reitera con desesperante frecuencia la figura del delincuente que acumula un amplísimo historial, pero que no ceja en su deleznable comportamiento por la inutilidad de las condenas, que no comportan cárcel, y de sanciones económicas que nunca se pagan por la insolvencia de quienes perpetran una y otra vez estos delitos. Tanto es así, que la simple presencia de conocidos parásitos y parásitas en zonas de afluencia tales como mercados, ejes comerciales, puntos de atracción turística, ferias, transporte público, aparcamientos y acontecimientos multitudinarios ya anticipa el riesgo de hurto, lo que aumenta más, si cabe, la alerta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de la seguridad privada, allá donde está contratada. Causa perplejidad y estupor que en España estén perfectamente identificados centenares de delincuentes multirreincidentes, cuya detención tras la comisión de delitos no recibe el tratamiento judicial que se promovió con la reforma que entró en vigor el pasado mes de agosto. Como ha recordado acertadamente el señor Santamaría Ruiz en la defensa de esta iniciativa parlamentaria, el Tribunal Supremo ha venido desestimando el salto punitivo que pasaba de la multa a la prisión en los términos que se determinaron en esta Cámara, pero es que tal fue la voluntad del legislador. Aquí se trata de perseguir y corregir al delincuente que se obstina contumazmente en la comisión de unos delitos que por sí solos tienen un perjuicio económico que no resulta de especial cuantía, pero que reiteradamente causan un gran perjuicio e inseguridad a las víctimas. Señorías, a la vista de los datos que ya se han reseñado, no deberíamos desperdiciar esta tarde la oportunidad de incorporar a nuestro marco legislativo instrumentos eficientes para que el Estado de derecho se actualice y no se vea sistemáticamente burlado una y otra vez, dejando en la indefensión a pequeños y medianos comerciantes, como claman en Barcelona, entre otros núcleos urbanos, y, en general, a todos los ciudadanos. Este asunto ya concitó un amplio respaldo cuando se planteó en las Cortes Generales en esta XIV Legislatura, a través de una enmienda impulsada desde el PDeCAT para dar respuesta a esta inquietud de la sociedad. Una enmienda que fue aceptada in extremis por el Grupo Socialista apenas unas horas antes de que se debatiese en el Pleno una proposición de ley de VOX sobre esta misma cuestión. Sin embargo, se ve que las prisas no permitieron una modificación legislativa eficaz, porque los datos oficiales siguen siendo muy preocupantes y revelan que las medidas han sido insuficientes para tratar de poner coto a estas prácticas delictivas. Hablamos de la reforma del delito de hurto operada en virtud de la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se añadió un párrafo al artículo 234 del Código Penal posibilitando la imposición de una pena de prisión entre seis y dieciocho meses a reos reincidentes. En el poco tiempo que llevan en vigor los últimos cambios legislativos hemos conocido la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y también algunos aspectos que tienen mucho margen de mejora, como es el caso de los procedimientos leves inmediatos, los denominados LEI, que están chocando con grandes dificultades para acceder a todos los datos y antecedentes de la persona enjuiciada. Es un problema común en toda España, pero que se agudiza sobremanera en aquellos partidos judiciales que, por su gran tamaño, tienen numerosos juzgados de Instrucción, sin olvidar que hay delincuentes que operan en diferentes localidades y que han cometido hurtos a lo largo y ancho de la geografía nacional. En estos casos leves de enjuiciamiento inmediato se están produciendo actuaciones que requieren cambiar la incoación de diligencias previas o que originan más carga laboral a unos juzgados ya de por sí muy saturados e incluso con cierto riesgo de prescripción del delito. Por cierto, hablando de la saturación de nuestros juzgados, no puedo dejar de mencionar el histórico desbarajuste derivado de la incapacidad del Ministerio de Justicia para resolver la huelga de los letrados de Justicia, que paralizó hasta ayer la actividad judicial en España desde finales del mes de enero y cuyo impacto se extenderá a lo largo de todo el año. Lejos de promover soluciones, la ministra Llop, en compañía de su secretario de Estado, se encargaron irresponsablemente de caldear los ánimos y de prolongar el conflicto. Señorías, junto a la preocupante multirreincidencia en los delitos de hurto, no es menor la creciente zozobra social a causa de la actividad criminal relacionada con las estafas, singularmente las denominadas criptoestafas y también las que tienen como víctimas a pensionistas y personas de edad. Los balances estadísticos sobre la cibercriminalidad aumentan exponencialmente. La trasposición de directivas europeas que se ha venido realizando en el ordenamiento jurídico español y que afecta, entre otros aspectos, al derecho penal sustantivo en materia de delincuencia informática ha resultado insuficiente; de ahí que se necesiten impulsos como los que se promueven en esta proposición de ley. Comparto plenamente que el combate contra la ciberdelincuencia reciba un respaldo tanto a la mayor eficiencia de los procedimientos de nuestras unidades policiales especializadas como a las resoluciones que se adopten en las sentencias de condena. Cada día se producen centenares de intentos de estafa cuyos autores operan masivamente en redes e, incluso, desde lugares remotos al de la localización de la víctima. En definitiva, por todos estos motivos, considero muy acertada y urgente la línea de modificación y actualización del Código Penal que promueve el Grupo Parlamentario Popular para hacer frente a la multirreincidencia del delito de hurto y del delito de estafa. De ahí mi voto a favor. Muchas gracias, señora presidenta. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. Desde la sentencia 481/17 de la Sala Segunda del Supremo, de 28 de junio, la intención de acabar con la delincuencia multirreincidente en los delitos leves de hurto que pretendía la reforma del Código Penal de 2015 quedó en papel mojado al entender el Supremo que la agravante genérica de la reincidencia y las reglas generales para la aplicación de las penas de la parte general del Código Penal establecen reglas específicas de aplicación general respecto a los delitos leves que impiden aplicar el tipo superagravado del delito de hurto de la parte del Código Penal referida a los delitos y sus penas, añadiendo, además, que el principio de proporcionalidad impide agravar con desproporción punitiva cuando todos los delitos que convergen en la multirreincidencia son leves y no se haya dicho de manera expresa en la regulación del delito de hurto que tres condenas anteriores de la misma naturaleza integran un tipo hiperagravado para un nuevo delito de hurto leve, llegándose así, por el Tribunal Supremo, a la conclusión de que el subtipo agravado de la multirreincidencia quedaba excluido para los delitos leves de hurto, es decir, aquellos en que la cuantía de lo sustraído no excediera de 400 euros. Y similar doctrina a esta del tipo agravado para la multirreincidencia en los hurtos leves estableció el Supremo — también su Sala Segunda— en la sentencia 684/19 para el tipo agravado respecto a la multirreincidencia en los delitos leves de estafa cuando todos los delitos que la integran son leves. Señorías, ahora el Grupo Parlamentario Popular nos presenta a debate — y, en su caso, toma en consideración— una iniciativa para superar esta jurisprudencia del Supremo respecto a la multirreincidencia en los delitos leves de hurto y de estafa, que son aquellos en que la cuantía de lo sustraído o defraudado no excede los 400 euros. Sin embargo, señorías, olvida la iniciativa, al menos en su exposición de motivos — no aquí, en la exposición que nos ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular—, que el Legislativo aprobó a mediados del año pasado — no con el voto favorable, sino con la abstención en el voto en conjunto de la ley orgánica—, a través de la Ley Orgánica 9/22, de 28 de julio, y en una de sus disposiciones finales, la sexta, la modificación del Código Penal, a fin de poder endurecer las penas para los delincuentes habituales de hurtos leves, aquellos condenados ejecutoriamente por tres delitos leves de hurto y cuyo objeto de enjuiciamiento sea también un nuevo delito leve de hurto, siempre que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros, y a los que ya no les corresponderá la pena del tipo atenuado del delito de hurto — es decir, una multa—, sino la correspondiente al tipo básico — es decir, entre seis y dieciocho meses de prisión— y no la del tipo hiperagravado — que va de uno a tres años—, para, de este modo, respetar el principio de proporcionalidad y pasar de multa a seis a dieciocho meses en vez de a uno a tres años. Pues bien, señorías, como les decía, el Grupo Parlamentario Popular propone ahora una iniciativa desconociendo la existencia de la referida Ley Orgánica 9/22 respecto a la multirreincidencia en los delitos leves de hurto, no considerando que el montante acumulado de las infracciones deba de ser superior a 400 euros y afectando a la parte general del Código Penal de manera, a nuestro juicio, innecesaria y desproporcionada, sobre todo en lo relativo al ingreso en prisión. Cabe señalar, a raíz de lo que nos ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, esa dificultad de determinar la cuantía de lo sustraído. Es que forma parte del Código Penal, para diferenciar entre el tipo básico, que son más de 400 euros, y el tipo leve, que son menos de 400 euros. Es indiferente a efectos de la multirreincidencia, porque eso se tiene que considerar en el primer delito que se cometa de hurto, si son de más de 400 euros o no, a fin de determinar la pena, si es de multa o de prisión de seis a dieciocho meses. Lo mismo que va a pasar y que pasa con la estafa. Por tanto, esa objeción no tiene — y discúlpeme la expresión— fundamento. Por otro lado, respecto a los efectos de la reforma de casi hace un año, todavía la ley no ha podido respirar y no tenemos referencia, porque no ha podido haber todavía ningún enjuiciamiento ni ninguna condena por multirreincidencia, y por una razón: porque deben haberse cometido tres infracciones de hurto más una más a partir de la reforma del año pasado. No computan los hurtos anteriores, por tanto, no ha habido tiempo suficiente para que a una persona la hayan enjuiciado en menos de un año de cuatro delitos leves de hurto de menos de 400 euros. Por tanto, esas estadísticas que nos está presentando son totalmente impresentables, no presentables para la defensa de su posición. Por lo que respecta a la multirreincidencia en los delitos de estafa, que, como les señalaba, presentan el mismo patrón que el problema técnico de la multirreincidencia en los delitos leves de hurto, señalo que a nuestro grupo parlamentario le parece adecuado afrontar su modificación, pero no con la propuesta contenida en la iniciativa, sino con una solución en espejo a la contenida para los hurtos leves en la Ley Orgánica 9/22, de julio del pasado año. Por ello, señorías, no nos opondremos a la tramitación de la iniciativa — y voy finalizando, presidenta—, pero ya anunciamos que si finalmente se tramita, nos opondremos a cualquier texto que para la reincidencia en los delitos leves de hurto se aparte de lo estipulado en la Ley Orgánica 9/22 y que para la reincidencia en los delitos leves de estafa no se tome como modelo esa misma ley orgánica. Nada más y muchas gracias.

Edmundo Bal Francés Cs

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Hoy estamos hablando aquí de algo del día a día, el hurto multirreincidente, no de grandes declaraciones o de grandes principios constitucionales; estamos hablando de esas cosas que son las cosas del día a día. Y, efectivamente, en materia de robo, en materia de hurto, en materia de estafa, como bien plantea el Partido Popular, como ya planteamos en Ciudadanos en la anterior legislatura mediante una proposición de ley que registramos en 2019, nos encontramos con unas cifras que ya el señor Santamaría ha puesto de manifiesto, pero que son verdaderamente alarmantes. Desde el año 2016, teniendo en cuenta ese lapso del COVID, han aumentado los robos con violencia o intimidación en un 60 % y los hurtos en un 40 %. Pero sobre todo lo que más llama la atención es que en este tipo de hurto de poca cuantía, por debajo de 400 euros, se denuncia apenas el 20 %, es decir, que existe una desconfianza general de la población en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el sistema judicial puedan encontrar solución a este hurto de escasa cuantía, a este robo de una cantidad pequeña. Aquí hay un elemento de desafección en la población que me parece tremendo. ¿Por qué? Porque las normas no generan ese poder que los técnicos llamamos de prevención general y que se entiende como la disuasión de que se cometa el delito. El 90 % de estos delitos permanecen impunes, con ningún tipo de sanción. Vamos a apoyar efectivamente esta proposición, porque lo que no puede ser en un país serio es que existan profesionales del hurto, que uno en su tarjeta de visita ponga: ladrón de profesión; que uno se dedique profesionalmente a los pequeños hurtos para conseguir ganarse el sustento y el de su familia. Es que esto no tiene un pase, aunque, claro, eso partiría también de la idea de pensar que este es un país serio en materia de Código Penal, cuando ustedes hacen códigos penales a la carta para golpistas. Pero miren, señores del Partido Popular, cuando escriban sus proposiciones de ley, conténganse, porque, claro, en su proposición de ley nos hablan de cómo afecta — y ponen ejemplos— la corrupción. Hombre, de la corrupción dejen hablar a otros, no hablen ustedes de este tema. Y luego, sobre todo, con su característica soberbia, en su proposición tampoco aceptan las críticas que la sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de junio del año 2017, les hizo en materia de proporcionalidad en la graduación de las sanciones, ni tampoco respecto al establecimiento del agravante de reincidencia en el artículo 22.8 del Código Penal. En definitiva, parece que, efectivamente, limitar en los hurtos multirreincidentes las penas a las cuantías de lo sustraído es ridículo. Es decir, cómo vamos a ir castigando delitos leves que no llevan aparejadas penas de prisión respecto a los que, por otra parte, la respuesta del sistema es absolutamente ineficiente, y permitimos que una persona cometa constantemente delitos leves por debajo de 400 euros. Es decir, que en una tarde un ladrón puede robar diez veces 400 euros y robar 4000 euros. O podría darse el caso de que alguien sustrajera una billetera y dijera: ¡Caray!, 500 euros, perdone, le devuelvo 100, no vaya a ser que incurra en un delito menos grave. Es absolutamente ridículo en los casos de multirreincidencia. Por eso, nosotros planteamos en el año 2019 una proposición de ley que firmamos Joan Mesquida y yo. En primer lugar, una solución mejor que la suya, señores del Partido Popular, respecto al tema de la proporcionalidad, porque hay que distinguir cuando entre esos tres hurtos hay algunos que son menos graves y otros que son leves, de cuando son todos leves; debería haber una gradación en ese sentido con respecto a la proporcionalidad. En segundo lugar, hay que modificar también el artículo 22.8 para que el agravante de multirreincidencia se incluya en la parte general del derecho penal. Y en tercer lugar ―que se les olvida a ustedes―, en el artículo 89, en el caso de inmigrantes irregulares, hay que sustituir la pena por la expulsión inmediata. Por eso vamos a votar que sí. Entendemos que esto puede seguir adelante y nosotros queremos mejorar esta ley con ustedes. Bueno, en esto de la multirreincidencia ocurre lo mismo que con la okupación ilegal de viviendas, que el Partido Socialista se lo quiso dar al PDeCAT, pero ahora parece que el Partido Socialista no se pone de acuerdo con Unidas Podemos y que el PDeCAT se va a quedar colgado de la brocha con respecto a que este tema se regule. Son dos temas que siempre han venido de la mano, son dos temas que afectan a la vida real de los españoles. Pero fíjense, en situaciones o en escenarios macroeconómicos se calcula que la multirreincidencia en el hurto le cuesta a la Administración, en cuanto al funcionamiento de los servicios públicos, 300 millones de euros, y a los comerciantes, 2000 millones de euros. Hay lugares, como Barcelona, en que el 22 % de los hurtos se cometen respecto a turistas, y luego nos encontramos encima con escenas virales en donde los hurtos ocurren delante de las cámaras de televisión, donde los hurtos se producen respecto a personas famosas que lo tuitean. En definitiva, parece que hay sitios que son verdaderamente territorio comanche. Y no solamente es cambiar las leyes, no solamente es castigar más; no, también es darle medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Menos mal que no ha salido adelante la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; menos mal que no han salido adelante las propuestas que Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya o Bildu tenían para demonizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, para reducir las herramientas jurídicas que tenían, por ejemplo, para los cacheos corporales, respecto a los medios que tiene la Policía para descubrir que se producen, entre otros, estos hurtos multirreincidentes. Pero es que hace falta una nueva oferta de empleo público para la Policía Nacional y para la Guardia Civil, así como el apoyo a las policías locales; hace falta la equiparación salarial de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que no puede ser es lo que vi ayer en un telediario, que en Barcelona los ciudadanos se están organizando en cuadrillas para protegerse frente a los hurtos multirreincidentes, frente a los robos; la ley de Lynch. Esto puede terminar muy mal, son personas que pagan sus impuestos y que merecen que el Estado, que las administraciones públicas, les presten el servicio público más esencial, que es el de la seguridad ciudadana. Así que les pido a todos que voten a favor de esta norma, para luego mejorarla y mejorar la vida de los ciudadanos. Gracias. .

Íñigo Errejón Galván MÁS PAÍS-EQUO

Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae aquí una medida para que una persona pueda ir a la cárcel hasta tres años si comete más de tres hurtos sea cual sea la cuantía de lo sustraído. Y me detengo aquí porque esta parte es muy importante, porque revela el corazón del espíritu clasista que subyace en la propuesta. Ya existe una norma similar, totalmente desproporcionada, a nuestro entender, para la reincidencia en hurtos, que tienen que sumar hasta 400 euros, la pactaron el PSOE y el PDeCAT, pero ahora el PP quiere asegurarse de que también vas a la cárcel si te han pillado tres veces robando comida, por ejemplo, en un supermercado, tenga esta el valor que tenga; lo repito, aunque te hayan pillado robando una vez aceite, una vez pañales y una vez pollo, aun así quieren que puedas ir tres años a la cárcel. Es una propuesta cruel e hipócrita contra los pobres y contra los más necesitados, cuando el problema es la necesidad, no los necesitados. Es el PP haciendo de PP; combatir los síntomas en lugar de combatir la causa; combatir a los pobres en lugar de combatir la pobreza. Porque si lo que ustedes quisieran hacer fuera combatir la pobreza, ustedes estarían de acuerdo en aumentar los servicios públicos para desmercantilizar derechos y necesidades, ustedes estarían de acuerdo en blindar la educación pública para garantizar la igualdad de oportunidades; si quisieran combatir la pobreza, ustedes apoyarían aquí las subidas del salario mínimo o la subida de pensiones mínimas y no contributivas, cosa que no hacen y no van a hacer. En definitiva, si lo que quisieran ustedes fuera combatir la pobreza, estarían de acuerdo en una renta básica universal que garantizara el libre derecho a la existencia, sin el cual nadie puede ser un ciudadano. Pero, en lugar de eso, lo que el Partido Popular trae es otra vez la propuesta de aumentar las penas de prisión en un Código Penal ya muy inflado; en nuestro país, a pesar de tener las tasas de criminalidad más bajas de nuestro entorno, las penas son de las más severas, especialmente ―qué casualidad― en los delitos menores. ¿Por qué digo entonces que esta es una propuesta clasista? Se entiende mucho mejor si vemos el diferente trato del PP según si el que roba es pobre, que ya hemos visto que mano durísima, o si el que roba es rico. ¿Y en este caso qué han hecho ustedes? Pues en este caso ustedes, por ejemplo, decidieron una amnistía fiscal para que los grandes patrimonios pudieran salvarse, irse de rositas, devolviendo una parte de lo que nos habían defraudado a todos, sin que pagaran ningún precio; o, por ejemplo, ustedes hicieron una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ponerle zancadillas a los jueces que juzgaban ―qué casualidad― las tramas más duras de corrupción. Ese modelo, señores del Partido Popular, es el modelo de justicia para los ricos y otra justicia para los pobres; una tela de araña que atrapa a las moscas y que deja pasar a los elefantes. Nosotros, por supuesto, votaremos que no.

Genís Boadella Esteve JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Muchas gracias, presidenta. En este punto, les habla el PDeCAT, les habla quien articuló esta enmienda que ahora el Partido Popular pretende desmontar. En este punto, déjenme recordarles que fue el PDeCAT el único que puso, a través de una proposición de ley y a través de una enmienda, esta cuestión encima de la mesa; por tanto, el PP ahora saca esta bandera pero no había hecho nada hasta el momento para intentar regularla. Lo pusimos encima de la mesa y lo acordamos no con el texto original del PDeCAT, sino con el texto de consenso que era necesario para articular una ley orgánica para modificar el Código Penal, con el texto que era de consenso con otras fuerzas políticas. En este ámbito son relevantes las críticas que le han hecho el resto de grupos políticos al texto que usted propone. Su propuesta jurídicamente no está bien articulada. La pregunta es, ¿hace falta abrir este debate?, ¿hace falta abrir otra vez la regulación del texto? Creemos que no, creemos que la configuración legal es correcta. Lo que hace falta es poner medios en el ámbito de la justicia, porque la dificultad en determinar si los 400 euros se han superado o no, la dificultad en que los jueces tengan acceso a los antecedentes penales lo que requiere es de medios telemáticos, de registros en la justicia. Esto no se soluciona cambiando el tipo penal, ya que el tipo penal es correcto; se soluciona con que el acceso que tienen los jueces a los antecedentes esté en una base de datos en el campo relativo a la cantidad. Para hacer esto no hace falta cambiar ninguna ley orgánica ni cambiar la configuración del tipo en el Código Penal, como le apuntaban anteriormente, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad y que acaben generando penas de prisión a gente que roba una barra de pan. Por tanto, nosotros mantenemos que el trabajo que se hizo es el correcto, que lo que hace falta son medios en la justicia, en el ámbito de poder consultar cuáles son los importes de las sentencias anteriores y, sobre todo — y acabo ya, presidenta—, que esta ley, como usted ha apuntado, solo tiene ocho meses de vida y, por tanto, a los efectos de esta ley todavía les queda tiempo para, en una perspectiva global y estadística, poderlos valorar. En este sentido, nosotros no apoyaremos esta toma en consideración. Muchas gracias.

Josep Pagès i Massó JxCat-JUNTS (Junts)

Buenas tardes, señora presidenta, señorías. Los Mossos d’Esquadra hicieron público el mes pasado un informe de valoración, el Pla d’Acció Tremall, el plan para la lucha contra la multirreincidencia. En este informe se pone de manifiesto que el año 2022 se cerró con 283 personas multirreincidentes, detenidas 2270 veces en Barcelona, implicadas en 5602 hechos delictivos, principalmente robos violentos y hurtos. Los 5 multirreincidentes más activos en la ciudad de Barcelona fueron detenidos 117 veces y entre todos acumulan 178 antecedentes. Datos similares se puedan extender a las localidades turísticas de la costa catalana y a las ciudades del arco que forma la segunda corona metropolitana de Barcelona, que va de Vilanova i la Geltrú a Mataró, pasando por Vilafranca, Martorell, Rubí, Terrassa, Sabadell, Mollet y Granollers. Que la multirreincidencia es uno de los problemas más importantes en materia de seguridad pública es un hecho; un hecho que preocupa a los ciudadanos y, por tanto, también a los alcaldes y alcaldesas de estas ciudades. Y añado: también es un problema de las zonas rurales, donde el hurto de productos y de material agrícola lo sufre a diario la gente del campo. No es menos importante la percepción de los ciudadanos. Y ¿qué perciben los ciudadanos? Que los grupos organizados de delincuentes que viven de la práctica sistemática del pequeño hurto, aparte de ser el germen de futuros robos con violencia e intimidación, perjudican el turismo, el comercio, la construcción, la actividad agrícola, la actividad industrial, especialmente en los pequeños talleres. En definitiva, la multirreincidencia es una losa no solo para la seguridad de los ciudadanos, sino también para la economía y crea una evidente alarma social. Miren, aún no hace un año que se aprobó por vía de enmienda la reforma que pretendía dar solución a la insuficiente respuesta penal ante los hurtos multirreincidentes leves y, a la vez, cumplir con la jurisprudencia del Supremo, que requiere congruencia entre la multirreincidencia y el concepto básico de la reincidencia y, al mismo tiempo, respeto por el principio de proporcionalidad de la pena. Esta reforma, instada por el PDeCAT, no está dando resultados, lo confirman los mossos, el Ayuntamiento de Barcelona, organizaciones empresariales y colegios profesionales. Por tanto, más allá de la evidente necesidad de cubrir las necesidades logísticas de jueces y de los juzgados, hay una serie de cuestiones que están muy claras. En primer lugar, la regulación vigente no sirve para acabar con el problema de la multirreincidencia; en segundo lugar, la pena prevista no respeta el principio de proporcionalidad; en tercer lugar, no se conceptualiza en la regulación vigente la reincidencia como un tipo autónomo, sino como un agravante; cuarto, la cuestión de si los antecedentes de la multirreincidencia son delitos leves o menos graves o graves no se resuelve. Está también pendiente entrar en la parte general del Código Penal para que los delitos leves puedan acreditar multirreincidencia, y está también la cuestión de las estafas leves, que también debe ser resuelta. En definitiva, se trata de un debate técnico que, de forma responsable, en un momento como el que nos encontramos en la tramitación legislativa, que es la toma en consideración, merece ser valorado. Muchas gracias.

Carolina Telechea i Lozano ERC-S

Gracias, presidenta. No voy a ser reiterativa sobre lo que han comentado los compañeros — el señor Legarda, el señor Errejón o el señor Boadella—, coincido perfectamente en todos los argumentos que se han dado, así que no los voy a reiterar. Simplemente, haré alguna reflexión. No tenemos datos todavía de sentencias que se han dictado en relación con la reforma de hace ocho meses, pero es curioso una cosa, que quieren modificar una reforma del Código Penal de hace ocho meses que está en vigor porque consideran que no es suficientemente disuasoria. Pero es que entonces se oponían ustedes a no reformar el Código Penal para los delitos de agresiones sexuales porque — podemos utilizar el mismo argumento— allí también hay reincidencias y allí también no es suficientemente disuasoria la ley. Entonces, no creemos conveniente esta reforma ahora, abrir este debate ahora porque es muy contradictorio con los argumentos que se han dado. Así que nosotros vemos claramente que es una proposición de ley muy electoralista y, por ello, no vamos a votar a favor de la toma en consideración. Gracias. .

Martina Velarde Gómez UP

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Nosotras, nuestro Grupo Confederal, vamos a votar no por el fondo y por la forma. Por el fondo, evidentemente, porque es una medida que criminaliza la pobreza; y por la forma, porque esta proposición de ley que nos traen no está correctamente redactada para que se pueda llevar a cabo el trámite. Tal como establecen en su exposición de motivos, esta proposición de ley trae causa de una reforma del Código Penal suya, del Partido Popular, que suponía la tipificación como delito agravado de la multirreincidencia en el hurto, cualquiera que fuese su gravedad. Les voy a recordar — ya se lo han dicho aquí— la sentencia 481/2017, de 28 de junio, del Tribunal Supremo, que deja sin efecto justamente esa reforma suya de 2015 precisamente en relación con la multirreincidencia. Se consideró que su reforma, señorías del PP, que permitía que una multa máxima de tres meses se pudiera convertir en una pena de prisión de hasta tres años, no respetaba el principio de proporcionalidad de las penas y debilitaba sustancialmente la eficacia del principio de culpabilidad. Lo dice el Tribunal Supremo, no lo digo yo ni el resto de intervinientes. En el caso de delitos leves de estafa, la distorsión penalógica que provocaba la reforma de ustedes, del Partido Popular, era aún mayor, por cuanto que una pena máxima de multa de tres meses se podía convertir, en caso de cometer un cuarto delito leve, en una pena con un techo de nada menos que seis años de prisión y una multa de hasta doce meses. Tal y como señala la Sala segunda del Tribunal Supremo en su sentencia 684/2019, de 3 de febrero, con la reforma del Partido Popular se equiparaba una estafa de menos de 400 euros con otra en la que no se aprecia multirreincidencia pero que podría llegar a alcanzar un cuarto de millón de euros. En resumidas cuentas, el Partido Popular introdujo un agravamiento tan extremo de las penas por los delitos más leves de hurto y estafa que hasta al Tribunal Supremo le resultaba imposible realizar una interpretación de la norma que fuese conforme a los principios y valores constitucionales y, por ello, se vio obligado a intervenir en un ámbito que en principio corresponde al legislador, como es la adecuación de las penas al tipo delictivo. En esta ocasión el Partido Popular propone aplicar, en los casos de multirreincidencia de delitos de hurto y estafa, la pena prevista para el tipo básico de seis a dieciocho meses de prisión en el caso de hurto y de seis meses a tres años de prisión en el caso de la estafa, en lugar del tipo hiperagravado que intentó en 2015. En relación con el delito de hurto, la Ley Orgánica 9/2022 ya introdujo el incremento de la pena cuando la persona culpable hubiera sido condenada al menos tres veces más por robar objetos de poco valor que en total sumen más de 400 euros. Por tanto, la reforma que propone el Partido Popular únicamente afecta a los hurtos reiterados que no superen el importe de 400 euros. Como también decía el señor Legarda, las estadísticas que traen aquí no tienen ningún fundamento porque esta Ley 9/2022 no ha tenido todavía los efectos para poder ser valorada. Respecto al delito de estafa, a diferencia de lo que ocurre con el de hurto, la propuesta de la reforma del Partido Popular no respeta el principio de proporcionalidad y, además, está mal planteada. Primero, está mal planteada porque en la reforma se incluye un apartado del artículo 250.1 del Código Penal, que hace referencia a los subtipos agravados del delito de estafa cuando correspondería modificar el tipo básico del artículo 248 en el último párrafo. En segundo lugar, porque tiene que aplicarse la multirreincidencia de los delitos leves de estafa únicamente cuando el importe conjunto de la cuantía defraudada supere los 400 euros — como en el anterior—, pues en otro caso se produce una desproporción entre la gravedad de los hechos y la pena prevista. Por lo tanto, volviendo a esa sentencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo, la 481/2017, la exasperación punitiva con base en la multirreincidencia no es una solución para atajar las conductas que revelan cierta habitualidad; es decir, se deben trabajar medidas de seguridad y de terapia social orientadas a la rehabilitación y reinserción también del delincuente habitual, en lugar de acudir a la severidad punitiva. Por otra parte, la reforma que plantean no responde a una necesidad objetiva; es decir, en el delito leve de hurto la multirreincidencia se ha regulado — como digo— recientemente para hacer frente a ese fenómeno de la pequeña delincuencia patrimonial no violenta de carácter habitual y, además, esta reforma del Código Penal no es ni necesaria ni por supuesto respeta la orientación resocializadora de la pena. El motivo de la reforma no es, por tanto, una cuestión de oportunidad, sino ideológica. Así, esta proposición de ley es un reflejo del populismo punitivo del Partido Popular, que lo tenía en 2015 pero también hoy con el agravamiento de las penas. Se puede decir que la política criminal del Partido Popular se concibe desde un enfoque represivo de seguridad ciudadana y que ese agravamiento se dirige de manera sistemática hacia los penados por delitos más leves en lugar de contra aquellas personas físicas y jurídicas que cometen los grandes delitos económicos. Eso se llama, señorías del Partido Popular, criminalización de la pobreza e implementación de la política de tolerancia cero. Ustedes tienen tolerancia cero y buscan combatir con singular rudeza a las personas integrantes de clases sociales mayoritariamente constituidas en situación de pobreza. Siguiendo al jurista italiano Ferrajoli, este tipo de políticas represivas transmiten un mensaje clasista, según el cual la verdadera criminalidad que atenta contra la seguridad, y que es necesario prevenir y perseguir, es solo la callejera asociada a delitos cometidos generalmente por personas en situación de pobreza, desempleadas o marginadas. Por otro lado, se desvía la atención de las infracciones de los poderosos como la corrupción, las falsificaciones contables, el lavado de dinero, los fraudes fiscales, los sobres en B o los delitos medioambientales. Nos gustaría mucho — y termino— que alguna vez el PP presentase una propuesta para luchar contra la corrupción política y los grandes delitos económicos. Sin embargo, sucede todo lo contrario, que hoy se constituye — muy a pesar del Partido Popular— una nueva Comisión de investigación para llevar a cabo más pesquisas sobre las denominadas cloacas del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Así que tenemos memoria. Ustedes piden penas más duras para los hurtos más pequeños y, de manera paralela, guardan silencio sobre la implicación de su partido en la utilización política de los aparatos del Estado para tapar las grandes tramas de corrupción. Mano de hierro con los hurtos leves, guantes de seda con los hurtos en sobres, con la corrupción sistemática de su partido…

Martina Velarde Gómez UP

… con los fraudes y las estafas de los poderosos y de los partidos políticos. Cuando quieran hablar de eso, señorías del Partido Popular, aquí nos encontrarán. .

Carlos José Zambrano García-Raez VOX

Con la venia, señora presidenta. Hemos escuchado un discurso claramente populista que califica esta iniciativa como clasista y, curiosamente, con la izquierda se multiplican los índices de pobreza. Díganme, señores de la izquierda, un país donde el socialismo o el comunismo hayan aumentado las rentas reales de la gente. . Son ustedes los verdaderos enemigos de los pobres. . Les recuerdo que estamos ante una iniciativa que es una toma en consideración, donde además entiendo que no se toca el precepto objeto de enmienda en el año 2022; una toma en consideración que, en definitiva, nos viene a hacer ver que hay un problema y que en el trámite legislativo evidentemente se podrán dar las redacciones definitivas a los preceptos. El grupo VOX ya presentó una iniciativa similar relativa al hurto en el año 2021, se debatió en 2022 y entonces explicábamos que respecto al delito de hurto se denunciaban anualmente en España más de 700 000, siendo el tercero de la Unión Europea con más hurtos en establecimientos comerciales. En Cataluña, en el año 2019 se cometieron más de 192 000; en Madrid, más de 154 000; más de 91 000 en Andalucía y más de 68 000 en Valencia. Aquel intento de VOX fue rechazado por este Pleno en mayo del año pasado, a pesar de tener el voto favorable del Grupo Popular, de Ciudadanos y de algunos miembros del Grupo Mixto. Si la iniciativa que hoy debatimos prospera, sería la tercera vez que una ley intenta reformar el Código Penal para conseguir establecer verdaderas penas a la multirreincidencia; el tercer intento. Ya se intentó en el año 2015, pero el Tribunal Supremo ha dejado claro que aquel texto no permite llegar al fin perseguido. Curiosamente, una reforma del año 2015 instada por el Partido Popular, que dejó en consideración de delito leve las situaciones de usurpación y okupación, con lo que eso significa. . Efectivamente, el año pasado se reformó el Código Penal — artículo 234— en relación con el delito de hurto, pero aquello fue aprovechando la tramitación de otra ley y no supuso una reforma coherente con el resto de preceptos que se refieren a la reincidencia. Como ha afirmado el señor Santamaría, no ha sido una reforma útil. Quizás esta, la tercera, sea la oportunidad en la que consigamos que sea la vencida, porque la tercera se supone que puede ser la vencida. Lo que sí se demuestra en todo este proceso es que aquí se legisla mal, señorías, porque lo que se legisla no cumple con las expectativas. Quizás se legisla mal porque sus señorías deban estudiar más, o quizás porque sus señorías deban centrarse más en la labor legislativa, que para eso estamos aquí, y menos en los intereses de partido o intereses populistas o electoralistas. Como ejemplo, fíjense si se legisla mal que la izquierda dijo que venía a definir correctamente la agresión sexual, que nos iba a enseñar la definición de ese tipo delictivo, y, luego, ignorando nuestras advertencias y las de distintas instituciones, ha terminado sacando a violadores a la calle y abriendo la puerta, por otra vía, a que delincuentes hombres que deciden ser mujer cumplan sus condenas en prisiones de mujeres. ¡Fíjense ustedes! . Así es que, señorías, humildemente les intereso a que estudien un poco, a que trabajen mejor en la labor de legislar y a que hagan algo de caso cuando desde VOX les advertimos aquí, en ponencias y en comisiones, porque los españoles reclaman seguridad, reclaman que el Estado les proteja frente al delito. La actual situación llega a ser un importantísimo problema — como ya se ha dicho— en zonas turísticas, con aglomeraciones en transporte público y, especialmente, en tiendas y zonas comerciales. El perjuicio económico es muy importante. Ya los españoles se enfrentan a bastantes dificultades por este desgobierno como para que también tengan que soportar una situación de inseguridad constante que les hace desconfiar de la capacidad del Estado para protegerlos. Por ello, creemos que este asunto debe afrontarse. Debemos elaborar una reforma penal que castigue con contundencia la multirreincidencia en estos delitos de hurto y estafa. Pero, señorías, no nos engañemos, no solo con este tipo de reformas conseguiremos el objetivo. La seguridad de los españoles depende de tres cosas fundamentales. En primer lugar, necesitamos que las fuerzas y cuerpos de seguridad dispongan de medios materiales y humanos suficientes, además de unas normas que les ayuden y protejan en su labor. Sin embargo, es una palpable realidad que nuestros agentes, mal pagados y con escasos medios, realizan su labor con toda la dedicación que pueden, mientras luchan por un sueldo digno y son maltratados en todos los sentidos, y hasta despreciados por elementos de este Gobierno que tenemos actualmente. . Señorías, en segundo lugar, se precisa de un Poder Judicial independiente — les destaco ‘independiente’, recuerden esa palabra—, dotado de medios y eficaz. Sin embargo, se le controla políticamente, se le mantiene en una desastrosa situación de carencia de medios, y a los magistrados y jueces se les exige un volumen de trabajo inasumible. El poder político mantiene una Administración de Justicia lenta, sin capacidad ni medios para realizar su labor. . Y, en tercer lugar, señorías, se necesita un sistema penitenciario eficaz. Sin estos tres elementos no podremos darles seguridad a los españoles. Sin embargo, igualmente, respecto al sistema penitenciario, se mantiene a los funcionarios de prisiones en situación de abandono, desprotegidos, con poco personal y con falta de medios, en una situación que hace que nuestro sistema penitenciario no sea disuasorio ni tenga un efecto rehabilitador real. No nos engañemos, la incapacidad y el desinterés de este Gobierno, como el de los anteriores, es inaceptable, y solo con reformas legales no conseguiremos el objetivo. Hay que gestionar, dotar los presupuestos y dar solución a los problemas reales. Por ello, desde aquí, conmino a los señores de la izquierda, que son los que sostienen al Gobierno, a que dejen de pensar en sus intereses partidistas, que devuelvan la seguridad a nuestras calles y barrios, que dirijamos las inversiones a solucionar problemas reales de España, como es este. Olvídense ya de politizar las instituciones y pónganse a trabajar. Muchas gracias. .

Uxía Tizón Vázquez PsdeG-PSOE

Gracias, presidenta. Agradezco, en primer lugar, el tono y la pasión con que el señor Santamaría ha defendido su iniciativa. Pero, vamos con el titular del día: Que la realidad no te estropee una buena noticia. Porque, señorías del Partido Popular, pudiendo elegir entre iniciativas que pretenden solucionar problemas sociales, eligen ustedes traer hoy aquí simple propaganda, qué novedad, propaganda electoral del Partido Popular. Señorías, en su afán de salvapatrias llegan siempre tarde, y esta vez por varios motivos. Primero, presentan una proposición de ley hermanada con la que planteaban sus señorías de VOX hace un año, para modificar en el Código Penal una iniciativa que ya estaba plagada de errores de forma y fondo, muy en la línea — como les he dicho— con la suya. Sin duda, son ustedes un matrimonio de conveniencia condenado a entenderse. Segundo, llegan ustedes tarde porque nos traen hoy una proposición de ley cuyo tema principal ya ha sido abordado, concretamente en la disposición final sexta de la Ley Orgánica, 9/22, de 28 de julio. Señorías del Grupo Popular, primero, les gusta nuestra enmienda; luego, votan abstención a una ley orgánica que en su exposición de motivos precisamente recoge la reforma necesaria del artículo 234.2 del Código Penal frente al 235, en relación con el castigo del autor cuando es multirreincidente; y ahora, ocho meses después, ¿ya no les gusta? ¡No es serio, señorías del Partido Popular, no es serio! . Hablamos de una ley que deja clara en su redacción que si se llevasen a cabo los cambios, tal como ustedes los plasman en esta iniciativa, se daría sin duda un incremento punitivo desproporcionado, algo que también ocurriría en el caso de la estafa, en la que el salto de las penas resultaría todavía más vertiginoso. Pero, por si fuera poco, su proposición presenta dos importantes errores. Primero, un error sistemático: la reforma incluye un apartado del artículo 250.1 del Código Penal que hace referencia a subtipos agravados del delito de estafa, cuando lo que correspondería modificar es el tipo básico del 248 en su último párrafo. Y, segundo, un error cuantitativo: que debe aplicarse la multirreincidencia de los delitos leves de estafa únicamente cuando el importe conjunto de la cuantía defraudada supere los 400 euros, porque, si no, existiría desproporción entre la gravedad de los hechos y la pena prevista. ¿Qué es entonces, señorías del Partido Popular, insolvencia o mala fe? Ustedes saben sobradamente que traen hoy aquí una proposición de ley oportunista, innecesaria, incoherente y confusa. Y no lo digo yo, lo dice el propio Tribunal Supremo con una interpretación exhaustiva que ya ha hecho sobre este tema. . Sabíamos que estaban faltos de propuestas, pero no como para intentar cruzar los límites marcados por el Alto Tribunal. Miren, un país que protege a la ciudadanía es aquel que trabaja por y para una convivencia social; que trabaja dentro de los límites del marco constitucional. Y permítame que le diga que ese marco es el mismo que llevan ustedes ultrajando desde hace más de cuatro años con la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial; ¡1573 días, señorías del Partido Popular! . Pueden venir ustedes a tapar sus baches con remiendos, pero un país no funciona sin la justicia a pleno rendimiento. Porque justicia y seguridad van de la mano, señorías del Partido Popular, y no se olviden que está siendo coartada y mutilada por un bloqueo sin precedentes. No hemos venido aquí a ganar titulares, señorías. Los socialistas respetamos los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, y buscamos legislar otorgando mayor capacidad intimidatoria y disuasoria del Código Penal, especialmente para casos de delincuencia habitual, pero sin alarmismos. Porque cuando hablan ustedes del llamado efecto criminógeno, da la sensación de que intentan crear un sentimiento de inseguridad ciudadana que no existe (un señor diputado: ¡Sí existe!). Y, como saben, dato mata relato, porque España mantiene una tasa de criminalidad baja: un 48,8 %, frente a los valores en países de referencia de nuestro entorno: el 79,5 % en Reino Unido; el 60,7 en Alemania o el 74,8 en Bélgica. Y, si nos centramos en los delitos contra el patrimonio, los hurtos en 2022 descendieron un 8,3 % sobre 2019. Señorías, la seguridad es un derecho de la ciudadanía. Es obvio que cualquier Gobierno serio y responsable tiene que actuar por y para protegerlo, y así se está actuando; pero no solo a golpe de reforma del Código Penal, sino dotando de medios humanos y materiales necesarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan trabajar en mejores condiciones. Y se lo digo a ustedes, señorías del Partido Popular, que se les da muy bien el juego de piedra, papel o tijera. Lanzan la piedra, hacen ustedes un papelón presentando proposiciones como esta para, después, meter la tijera cuando gobiernan. . ¿Se acuerdan cuándo recortaban uno de cada ocho policías o uno de cada catorce guardias civiles? Pues no se olviden. Eso también es seguridad. A este Gobierno le ocupa y le preocupa el impacto que pueda tener la multirreincidencia en hurtos o estafas en diferentes sectores. Por eso, en el Partido Socialista seguimos trabajando, dejando impronta y no simples palabras. Les pediría, señorías de la derecha, que dejen de hacer campaña desde esta tribuna, que dejen de hacer propuestas marcadas por el populismo punitivo, propuestas que no vamos a apoyar porque si las comprásemos en su literalidad, vulneraríamos el principio de proporcionalidad. Los y las socialistas tenemos claro que hay que continuar dando respuesta penal adecuada a las situaciones que lo requieren, actuando con responsabilidad, legislando para las preocupaciones de la ciudadanía, porque es a ella a quien nos debemos. Y tengan presente: el oportunismo político conduce siempre a un punto muerto; y tengan presente que también pasa factura. Muchas gracias. .

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Eskerrik asko, presidenta andrea. Arratsalde on. Buenas tardes. Presentamos hoy una proposición no de ley con un título inequívoco, y permítanme la inmodestia, eso ya sería de agradecer, acostumbrados, como estamos, a iniciativas que tienen títulos farragosos para ocultar intenciones a veces aviesas o títulos grandilocuentes que al final revelan poco o nada de sustancia, y es que el título muestra nuestra declaración de intenciones con esta proposición no de ley: impedir la deslocalización de empresas, la devolución de los fondos públicos que hayan obtenido y el mantenimiento del empleo. . Tampoco les negaré que el estímulo para presentar esta iniciativa tuvo que ver con la decisión tomada por Ferrovial de llevarse su sede fiscal del Estado español, pero, en cualquier caso, y más allá de Ferrovial — de la que luego hablaré—, no hacemos sino abordar una realidad que viene acompañando a los y las trabajadoras como una espada de Damocles durante décadas. Hay quien sitúa el fenómeno de la deslocalización en su fase inicial como aquella que tiene que ver con la que coincidió en el tiempo, y probablemente por ello, con la entrada en la Comunidad Económica Europea del Estado español o con la primera reconversión industrial, la reconversión industrial de la década de los ochenta del siglo XX. Hay quien sitúa la segunda oleada de las deslocalizaciones en la ampliación de la Unión Europea y en la colisión de intereses que se producían entre Estados miembros con mano de obra y con manufactura más barata. Pero, en cualquier caso, y por buscar un terreno neutro, no necesariamente el que más nos gusta, podríamos decir que la deslocalización no es sino la sustitución de la producción propia por producción extranjera, alimentada por la liberalización de los movimientos o flujos de capital. Y no es menos extraño que si aceptamos un terreno común para definir lo que es la deslocalización, haya quienes se abonen a la teoría de David Ricardo, cuando hablaba de la ventaja comparativa para señalar que estos son fenómenos inherentes al mundo del capital; o incluso los más osados hablen de la teoría de Schumpeter, quien fue ministro austriaco a principios del siglo XX, para hablar de la destrucción creativa. Como digo, me parece más osado. A mí por destrucción creativa solo me viene a la cabeza y, en todo caso, la quiebra del canal ultraderechista 7NN, porque sí que creo que eso es creativo. Como decía, esta realidad nos acompaña desde hace décadas, y no es sino una espada de Damocles, una amenaza verdadera sobre el horizonte de vida de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en el Estado español y, por ende, en Euskal Herria también. Creemos que esto tiene que ver con la escasa o nula participación del poder público en los sectores estratégicos, porque, en definitiva, las deslocalizaciones, si uno las disecciona siquiera levemente, se producen de dos maneras fundamentalmente: las primeras deslocalizaciones — hablo del Estado español—, en torno al 63 %, tienen que ver con empresas que realizan operaciones de deslocalización y que están en manos de no residentes, fondos de inversión extranjeros o consejos de administración con residencias fiscales fuera del Estado español, y el 37 % las llevan a cabo residentes, en este caso, y ahora sí, porque les toca, como a Ferrovial, y creo que es bueno que hablemos de Ferrovial y de sus orígenes. Ferrovial antes se llamaba Vías y Construcciones; fue fundada por dos personas: Rafael del Pino Moreno, voluntario en el alzamiento fascista de 1936 en el bando sublevado, y José María López de Letona y Núñez del Pino, a la sazón ministro de Franco. Seguramente la prestación de valor y servicio debido a uno y su papel en la administración del dictador franquista del otro les sirvió para llevarse muchos contratos que hicieron que la empresa creciera de manera sustanciosa. Entiendo que ahí sí eran patriotas, que ahí sí lo daban todo por y para España, hasta el punto de que, primero, les ayudó el franquismo y, después, el propio Estado español, a través de Renfe, que siguió alimentando el tamaño de la que entonces ya sí pasó a llamarse Ferrovial. Conviene señalar que quien ha tomado la decisión de irse del Estado español para tributar en otro lugar es la persona que ostenta la tercera fortuna del Estado español, estimada en 3800 millones de euros, estoy hablando del señor Rafael del Pino Calvo Sotelo, apellidos ilustres de esta democracia. Pero es que la gente que dirige Ferrovial es la misma gente que ha sido condenada por el Estado español, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a pagar 38,5 millones de euros por una práctica irregular. Es más, y son palabras de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: por constituirse en un cártel para alterar el proceso competitivo a través de las licitaciones de construcción de infraestructuras, hospitales, carreteras, aeropuertos o cualquier otra. Estas son las realidades que actúan también en la deslocalización, y nosotros creemos que ante esta realidad, la de la deslocalización, que, como digo, amenaza la vida de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, hay tres posibilidades. Una, quedarse estáticos, seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, confiar en que la iniciativa tibia, tímida que ha tomado la Unión Europea sirva para algo, aunque los datos nos demuestren lo contrario. Pondré encima de la mesa algunos ejemplos, no ya de décadas anteriores, sino de esta última, donde podemos decir que los factores dentro de nuestra propia realidad poco o nada se han alterado: Faurecia en Burlada, en 2017; Miesa, en 2018, en Iruña; Cabelte Incasa, en 2018, en Egüés; Apoyos Metálicos, en 2019, en Olazti; Siemens Gamesa, en 2020, en Aoiz y Berantevilla; Trenasa en Castejón, en 2020; General Electric en Ortuella, en 2019. Miles de trabajadoras y trabajadores vascos expulsados de sus empresas y mandados a la calle por las deslocalizaciones, y todavía sigue y persiste la amenaza a través de nuevas deslocalizaciones, como la que amenaza a Molycop, en Gallarta — para quien no lo ubique, el pueblo donde nació Dolores Ibárruri, la Pasionaria—, o Autoglass-Glavista en Laudio o, incluso, Tubacex, que libró una batalla heroica para defender los puestos de trabajo y que todavía hoy se ve amenazada por la deslocalización a través del acuerdo firmado con Abu Dabi. Pero hay otra opción a la de quedarse estático o en parálisis permanente, que es la de la involución. Probablemente esa es la teoría a la que Fátima Báñez, anterior ministra de Trabajo, se encomendaba cuando le rezaba a la Virgen del Rocío para que creciera el empleo, o a la que se encomiendan dirigentes actuales del Partido Popular cuando algún domingo que otro lanzan aleluyas e invocan a un tal Joshua. Y hay otra tercera, y es en la que nosotros creemos, que es avanzar, no retroceder y dar pasos en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Para eso presentamos nuestra proposición no de ley, que tiene tres puntos, que lo que plantea es que se elabore, se desarrolle y se apruebe la legislación necesaria para impedir la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública, y que no puedan despedir a nadie en los cinco años posteriores a la captación de fondos públicos. Esto es parecido a lo que se hace con los ERTE. Por tanto, no es imposible. El segundo punto nos habla de elaborar la legislación necesaria para que quien ha recibido dinero en los diez años anteriores a irse lo devuelva. Esto ya lo está intentando poner en práctica la Diputación Foral de Vizcaya desde 2007, luego tampoco es imposible, que nadie nos diga que Europa no lo permite. El tercer punto — y termino ya— es elaborar la legislación necesaria para proteger y asegurar los puestos de trabajo en caso de deslocalización. Porque, en definitiva, con cada caso de deslocalización el empresario gana, pero la clase trabajadora pierde. Besterik ez. Mila esker. .

Cristina López Zamora PSOE

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hace cuarenta años, desde esta misma tribuna, Felipe González pronunciaba su discurso de investidura y hablaba de tres principios. Me detendré en uno de ellos y citaré textualmente: «El progreso como un instrumento al servicio de la justicia, como un concepto que va más allá del mero desarrollo económico, que incluye el incremento de la riqueza nacional, pero que atiende a las necesidades vitales de los seres humanos, a su profundo afán de comprensión, de dignidad, de igualdad». Es el Partido Socialista quien lleva luchando no solo desde hace cuarenta años, sino desde los ciento cuarenta y cuatro años de historia, contra las injusticias y a favor del progreso social. . Evidentemente, el Grupo Parlamentario Socialista comparte la preocupación que subyace a esta iniciativa, si bien las medidas propuestas nos generan dudas, no solo por su efecto de desincentivo para la constitución de empresas en España, sino por su encaje en la normativa europea. Por ello presentamos una enmienda orientada a seguir trabajando en la configuración de un entorno regulatorio atractivo y, a su vez, y dentro de la normativa de la Unión Europea, que condicione con carácter excepcional la posible recepción de apoyo público para determinadas modalidades, para que no haya reubicación o deslocalización de la actividad durante un determinado periodo de tiempo. Señorías, los empresarios juegan un papel importante en la sociedad donde nacen y desarrollan su actividad. Gracias a ellos y a ellas España puede crecer y generar empleo. Tanto lo creemos así en el Partido Socialista y en el Gobierno de Pedro Sánchez que lo hemos reconocido y apoyado en los momentos más difíciles, tanto en la pandemia como en la guerra, con instrumentos como los ERTE o los avales ICO. Ahora vendrá el Partido Popular y criticará mi intervención y sacará todo fuera de contexto, pero solo lo harán por un motivo, porque ellos no tienen gestión que vender , porque donde esta vez ha habido ERTE, con el PP había ERE; porque donde esta vez ha habido ICO, con el Partido Popular hubo abandono; y porque donde esta vez ha habido una reforma laboral consensuada con los sindicatos y los empresarios que está generando empleo de calidad, con el Partido Popular había precariedad laboral. . Señorías, constantemente se les llena la boca diciendo que somos su enemigo, que el Partido Socialista es su enemigo; claramente, para nosotros ustedes son nuestro adversario político. Pero lo que sí debéis saber, trabajador, autónomo, pequeño empresario, es que el enemigo de vuestros avances es la derecha de este país, que cada vez que tiene opción de votar en contra de vuestros avances, lo hace; que cada vez que tiene la opción de gobernar, recorta o elimina los avances conseguidos; y, por supuesto, cada vez que tiene la opción de posicionarse, se posiciona al lado de los poderosos. A la derecha le pasa como al señor Del Pino, que con este planteamiento que está haciendo, señorías, no se hace patria, solo se hace patrimonio personal. Esta empresa y este señor le deben todo a España. Ha crecido gracias a enormes contratos con la Administración pública y a inversiones financiadas por los ciudadanos de nuestro país. Los datos de exportaciones récord, la seguridad jurídica o las inversiones nacionales e internacionales avalan que los motivos esgrimidos por la compañía no se sostienen por ningún sitio y, por supuesto, que no representa a los empresarios y a las empresarias de este país, a empresarios y empresarias que con su esfuerzo levantan diariamente la persiana, y no solamente hacen eso, sino que contribuyen a nuestro Estado del bienestar. Hablo de Raquel, una hostelera; hablo también de Damián, un empresario de una empresa de audiovisuales; y también hablo de Laura, una autónoma emprendedora que hoy nos acompaña en tribuna. Muchísimas gracias, porque vosotros sois los que construís la patria. . Presidente, finalizo mi intervención. El modelo de país de la derecha es el de la precariedad, la defensa de los sectores más privilegiados de la sociedad, el modelo de que solo estudie o se cure el que tiene dinero. Frente a ese modelo estaremos siempre los socialistas con la justicia fiscal, con la defensa del Estado del bienestar fuerte, con empresas altamente competitivas y, por supuesto, siempre con la defensa de las clases medias y trabajadoras. Esa es la sociedad que queremos, esa es la sociedad por la que trabajamos y, sobre todo, esa es la sociedad que defiende el Partido Socialista Obrero Español. Muchísimas gracias. .

Carlos García Adanero NA+

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, decía la portavoz del Grupo Socialista que no se metían con los empresarios, pero el Gobierno de España ha dicho que los empresarios en España eran unos despiadados y unos explotadores. Lo ha dicho el Gobierno de España, porque si lo dice una ministra de España y nadie le dice que no piensa así, evidentemente es palabra del Gobierno de España. Pero lo que llama la atención de esta propuesta es que Bildu Batasuna salga a hablar de la deslocalización de empresas, ¡es que hasta ahí podíamos llegar! Y que hable de la espada de Damocles. Pero ¿de verdad ustedes saben cuántos empresarios fueron asesinados por la banda terrorista ETA? . ¿Ustedes saben cuántas empresas tuvieron que salir de la Comunidad autónoma vasca y de la Comunidad Foral de Navarra? ¿Ustedes saben a cuántos empresarios se extorsionó? ¿Ustedes saben cuánto empleo se perdió en esas comunidades españolas? ¿Ustedes saben cómo se hundió la economía por la banda terrorista ETA? ¿No lo saben? ¿No saben todo el sufrimiento que muchísimos empresarios, empresas y trabajadores padecieron? ¿Eso no cuenta? ¿Ahí no se deslocalizaban las empresas? ¿No salieron huyendo porque, si no, les mataban? Y ustedes, ¡¿qué hacían entonces, qué hacían entonces?! ¡Y viene aquí ahora a hablar de la deslocalización! ¡Hombre, por favor! Por favor, dejen que hablen de la deslocalización otros, ¡no cojan ustedes ese debate! Ustedes saben que no están legitimados para hablar de eso, por aquellos que apoyaban y por aquellos que aplaudían. De la Comunidad autónoma vasca, de la Comunidad Foral de Navarra y del conjunto de España tuvieron que huir empresas, asesinaron a empresarios y hundieron a muchas personas. Por lo tanto, lecciones sobre deslocalización de ustedes, aquí, ninguna. Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias. Arratsalde on. Señor Matute, hoy ustedes vienen aquí apostando por el arraigo de las empresas. Ahora se preocupan por la deslocalización, pero solo lo hacen desde el punto de vista sancionador, sin mención alguna de las posibles causas. Es interesante ver su preocupación por que las empresas no se vayan, y entiendo que también las empresarias y empresarios, pero lo cierto es que hubiera sido deseable que hubieran tenido esta preocupación también hace unos cuantos años. Las deslocalizaciones supusieron la pérdida de tejido empresarial, la pérdida de pequeñas y medianas empresas que afectó de forma importante, desde luego, en algunas zonas o localidades, por no hablar de todos los costes directos e indirectos que esto supuso y que tanto ha costado recuperar. Algunos llevamos tiempo remando a favor de la industria y de las empresas, tratando de crear un entorno atractivo para la actividad económica, porque no hay que olvidar que las empresas son las principales generadoras de riqueza, pero también previendo las causas y efectos de las posibles deslocalizaciones. Pero, además — usted lo ha dicho—, ustedes nos traen aquí una propuesta que es fruto del oportunismo y del marketing político, formulada por la deslocalización de una empresa determinada de España que se llama Ferrovial. No seremos nosotros quienes defendamos las deslocalizaciones, ¿pero estamos hablando de un número importante en estos momentos de deslocalizaciones que hacen necesaria ya una normativa legal general para toda España? ¿Están intentando solucionar una problemática particular desde la generalidad? Y si esto es así, de verdad, ¿una PNL es la mejor propuesta para resolverlo? Creemos que no, porque la PNL no es un mandato que obliga al Gobierno. Al menos podrían haber presentado una proposición de ley, al igual que lo han hecho en el Parlamento vasco. Por cierto, presentaron una propuesta basada en la norma foral vizcaína del año 2007, de deslocalizaciones. Yo me he tomado tiempo para revisarla y, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que hay artículos que son prácticamente calcados, sobre todo en lo referente a lo que se entiende por deslocalización, declaración de deslocalización, reintegro e incluso articular un estudio de investigación acerca de este fenómeno. La única diferencia está en el ámbito temporal, que en Vizcaya se habla de un plazo de ocho años y ustedes hablan de un plazo de diez años, claro, que hay que tener en cuenta que es una norma del año 2007. Por lo tanto, entiendo que para ustedes el PNV, en este caso, lo ha hecho bien y será un referente a copiar, porque si no, no hubieran calcado esa normativa que han presentado en el Parlamento vasco. Ustedes hablan de deslocalización como un problema que es nuevo, como si hubiera un vacío legal al que no se ha dado solución, y no lo hay, no hay un vacío legal. Hay que ser honestos y hay que reconocer que en la Unión Europea hemos aceptado unas reglas de juego y, en este caso, hemos aceptado la libertad de circulación de capitales y la libertad de establecimiento. Y esto quiere decir que una empresa, por los motivos que sean, puede trasladarse a otros lugares de Europa. Otra cosa es la competencia fiscal que pueda existir entre países que haga que un territorio sea más atractivo que otro, pero esto lo conocemos. Mi grupo entiende que es una asignatura pendiente de abordar en la Unión Europea y habría que intentar modificar esas reglas de gobernanza europea. Por tanto, apelar a la responsabilidad, a la seguridad jurídica o a otras causas, como estamos oyendo, de poco sirve. Y yo me pregunto, si una empresa alemana traslada su sede a España, ¿cómo se vería esto desde la perspectiva estatal? ¿Y desde la perspectiva alemana? Pero aun reconociendo que las empresas pueden optar por deslocalizar sus actividades en función de numerosas motivaciones — de las cuales algunas no están en absoluto relacionadas con cuestiones de productividad, eficacia o viabilidad económica—, no podemos obviar que dichas deslocalizaciones pueden provocar la supresión de numerosos puestos de trabajo y generar dificultades económicas importantes, además, en el ámbito local, comarcal o incluso regional. Por eso, es necesaria una regulación que ya existe, pero no hay un vacío legal. La Ley de Subvenciones, en su artículo 31.4, ya dice que las bases reguladoras fijarán el periodo durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto por el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años, en el caso de bienes e inscribirse en un registro público, ni a dos para el resto de bienes. Y por otro lado, el Reglamento 651/2014, de la Comisión Europea, habla de las ayudas regionales a la inversión. Y sobre la base de esta regulación, se pueden recoger cláusulas específicas y explícitamente las diferentes líneas de ayuda. Se pueden acoger, recoger y desarrollar las consecuencias de una deslocalización, la obligación de mantenimiento de los proyectos o qué se considera motivo de incumplimiento y, en su caso, reintegro de una subvención. Porque, efectivamente, las ayudas públicas deben contribuir a la creación de puestos de trabajo duraderos y no deben facilitar la deslocalización de actividades económicas. Esto lo estamos haciendo ya en Euskadi y les pongo ejemplos. En todos los programas del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente se recogen este tipo de cláusulas. También en la normativa específica del año 2007 de la Diputación Foral de Vizcaya. En definitiva, el tema de deslocalizaciones está recogido en normativa europea, estatal, autonómica y local. Las principales líneas subvencionables lanzadas por la industria y la tecnología pueden establecer requisitos específicos en cuanto a deslocalizaciones y reintegros. Su propuesta solo se refiere al periodo contemplado para la devolución, una vez identificado el incumplimiento por parte de una compañía. La propuesta tampoco se focaliza en ningún momento en…

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

… —acabo— los porqués asociados a la deslocalización, sino que se focaliza más en la penalización, llegado el caso. Podríamos decir que no aporta ninguna novedad al régimen actual y lo deseable sería mantener una regulación para dar una señal y avanzar en el análisis de las razones asociadas a posibles deslocalizaciones para ver si se pudieran poner en marcha mecanismos adicionales que incentiven positiva o negativamente…

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

... la no deslocalización. La discusión no puede reducirse solo a cuántos años recogemos en la base de cálculo y devolución de ayudas. Nada más y muchas gracias.

María Muñoz Vidal Cs

Presidente, muchas gracias. Buenas tardes. Señor Matute, lo que es inequívoco no es el título de su proposición, sino que es una proposición de primero de populismo. Podría subir aquí a decir que vamos a votar en contra porque su iniciativa tiene una forma vergonzosa y un contenido nefasto, salir y marcharme; pero es que todo el mundo ha de saber que ustedes vuelven a utilizar las instituciones de todos los españoles para señalar a una compañía española y a empresarios con nombres y apellidos. Y estas son las formas que llevan ustedes en el ADN, ¿no? Lo del señalamiento lo traen de casa y lo de meter miedo, pues también, ustedes ya saben. Miren, hablamos de una iniciativa impulsada exclusivamente para atacar a Ferrovial, enmascarándolo en una generalización que no hace sino amenazar el ecosistema económico de nuestro país. Ustedes tienen un plan sin fisuras, ¿verdad? Porque si hubiera alguna empresa que estuviera pensando abandonar nuestro país, esta iniciativa que presentan ustedes hoy es la que les daría el empujoncito final para ello e, incluso, para que aquellas empresas que no lo estuvieran pensando, comiencen a hacerlo. Ese es su plan sin fisuras. Miren, su iniciativa no tiene como fin impulsar un cambio en la política económica — algo perfectamente legítimo, aunque nosotros nos situemos en las antípodas del modelo económico de Bildu—, su iniciativa solo tiene como fin señalar y demonizar a las empresas españolas, y solo tiene como fin coartar la libertad de los españoles y eso está feo. Está feo porque no es una forma de un pensamiento moderno y liberal de entender España ni su política, ni es, afortunadamente, la que quiere la mayoría de los ciudadanos españoles. Pero decía que esta iniciativa es nefasta también en el fondo y que también nos impide acercarnos a sus postulados. Es una iniciativa nociva para la seguridad jurídica, es contraproducente para la actividad económica, pero es que además, probablemente, sea hasta ilegal. Porque cualquier política económica de cualquier gobierno, señor Matute, debería tener como objetivo fomentar que las empresas inviertan en nuestro territorio, creen empleo, generen riqueza y retengan el talento. Sin embargo, en el momento en el que remotamente esta iniciativa pudiera ser aprobada en sus términos hoy aquí, seguro que tendríamos el mayor traslado de sedes sociales fuera del territorio nacional que jamás hayamos visto. ¿Y saben por qué? Porque con los postulados radicales y comunistas que tienen, las empresas que tienen capacidad de huir, huyen, escapan, se piran, se abren de este sistema económico y social que el Gobierno — señoría socialista— y sus socios, ustedes, quieren instaurar. Ese modelo que es un lodazal de populismo antiempresarial, señor Matute. España es un país serio y debe dar certidumbre a los trabajadores, a las empresas y a los inversores. España es un gran destino inversor y las instituciones solo tienen que preocuparse de no molestar, estableciendo unas reglas de juego claras y predecibles; es decir, el trabajo que tenemos por delante debería consistir en crear seguridad jurídica y no repartir carnés de patriotas, como dice la portavoz socialista. Pero además, tratar de impedir que Ferrovial pueda irse es hasta discutible en su legalidad. ¿Desconocen acaso ustedes el derecho comunitario, señor Matute? La libertad de circulación de personas, de bienes y de capitales es la piedra angular del mercado único de la Unión Europea. No se puede aplicar a una empresa que se va a los Países Bajos, Estonia o Portugal un tratamiento diferente del que aplicaríamos a una empresa que se muda o cambia su sede social de Valencia a Málaga. ¿O es que, por casualidad, lo que ustedes quieren es justamente eso? Porque igual es que a ustedes también les gustaría impedir cambios de sede en el territorio nacional. ¿Es eso? Y lo de devolver ya los fondos públicos es de cum laude populista en esta iniciativa. Señorías de Bildu y demás señorías que tienen el pensamiento único en esta dirección, España no necesita gente con sus postulados, España necesita más empresarios anónimos, trabajadores, más empresarios como del Pino, como Juan Roig, como Amancio Ortega y tantos otros a los que deberían seducir con un marco jurídico estable…

María Muñoz Vidal Cs

… por el respeto que merecen, en lugar de arremeter contra ellos con insultos y descalificaciones propias de una pelea tabernaria, todo lo contrario de lo que ustedes proponen aquí. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Nos parece oportuna la propuesta. El caso Ferrovial hizo saltar algunas alarmas en un fenómeno como la deslocalización, que no es en absoluto nuevo. Creo que, además, es consustancial a este capitalismo del Estado español en que grandes empresas viven de las ayudas públicas, del dinero público, cuando no del saqueo de los recursos públicos, como este cártel de seis empresas que amañan contratos de obra pública durante veinticinco años y salen con 203 millones de euros de multa y a seguir saqueando. Entre ellos, por cierto, Ferrovial. En Galiza, hay muchos casos de deslocalización en los últimos años. No sé si este caso de Ferrovial puede también traer a colación lo que sucede con la deslocalización de empresas entre comunidades. En el caso de Galiza, solo en el año 2022 tenemos 158 empresas, algunas subvencionadas con dinero público que se instalaron…

Néstor Rego Candamil BNG

… en otras comunidades; la mayoría, por cierto, en Madrid, que es, además, el refugio de la tercera parte de las empresas que cambiaron de sede fiscal en el año 2022. ¡Claro que hay que adoptar medidas! Obrigado.

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Moltes gràcies, president. Votaremos a favor de la propuesta porque es de sentido común y razonable. Si cuando tienen beneficios se los llevan, cuando tienen ayudas que lo devuelvan. Yo creo que esto es elemental, querido Watson. Vamos a ver un ejemplo valenciano: Ford Almussafes. Ha recibido 172 millones de todos en ayudas públicas de la Generalitat desde 2012 y 56 desde el año 2019. Es decir, en los últimos cuatro años, 56 del Estado y de la Generalitat. Y ahora piensa reducir la plantilla un 20 %, 1100 trabajadores a la calle. En tres años, de 7000 a menos de 5000. Y cabe hacerse una pregunta: ¿es lícito recibir ayudas públicas y llevarse la empresa a otro país? No. ¿Es lícito recibir ayudas públicas y plantear recortes de empleo tan sangrantes —1100 trabajadores a la calle— y no exigir la devolución? Había una publicidad que decía: ¿estamos tontos? ¿Estamos tontos? Cabe legislar para vincular las ayudas públicas al mantenimiento de las empresas en el país o para el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y en caso de deslocalización, en caso de grandes despidos, obligar a estas empresas a devolver estas ayudas públicas. Sentido común. Razonable.

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Creo que los políticos estamos justamente para eso, para legislar en sentido común. Moltes gràcies.

Míriam Nogueras i Camero JxCat-JUNTS (Junts)

Gràcies, president. Los mismos que hoy está llorando porque una empresa de origen franquista se va de España son los mismos que aplaudían cuando cuatro empresas se iban de Cataluña, y digo cuatro empresas porque hoy Cataluña lidera, por ejemplo, el número de empresas industriales de todo el Estado español, con más del 18 %. Estas empresas que se fueron de Cataluña principalmente se fueron por un motivo: porque el Partido Popular y el Partido Socialista hicieron un real decreto exprés para facilitar que las empresas de Cataluña se fueran de Cataluña. Esto no pasa en ningún país democrático del mundo. ¿Y por qué hicieron este real decreto el Partido Popular y el Partido Socialista? Lo hicieron porque en 2017 se dieron cuenta de que la independencia de Cataluña es una realidad. . Al fascismo español vestido de derechas y al fascismo español vestido de izquierdas. Pero como la unidad de España va siempre por delante de todo, también de la democracia y de los derechos fundamentales, ustedes encendieron el rodillo y empezaron a machacarlo todo, y algo sí que dejaron machacado, pero no todo, y no a todos. Pero sí han conseguido ustedes que en una parte pequeñita de la política catalana, que ya acaba acomplexada, impere esa cosa tan terrible, ese impulso, que jo mai he entès, a tenerles a ustedes contentos, a pensar que portándose bien ustedes les van a respetar, a creer que obedecerles a ustedes, aunque vaya contra los intereses de Cataluña, les va a recompensar de alguna manera. Y voy terminando, presidente. Al catalanisme desacomplexat, al catalanismo desacomplejado, ese catalanismo que os desesperó, que les hizo a ustedes pequeñitos, vulnerables y acomplejados, aquell catalanisme ha tornat. Y termino. Yo, de ustedes, me preocuparía un poco menos por intentar aplastar la actividad económica de Cataluña, porque nosotros siempre acabamos flotando. Me preocuparía más de los últimos datos que se publican sobre su país: España registra el mayor…

Míriam Nogueras i Camero JxCat-JUNTS (Junts)

Termino. … de la Unión Europea. Ben tornada, consellera Ponsatí. Visca Catalunya lliure!

Jordi Salvador i Duch ERC-S

Bona tarda. Buenas tardes. ¡Cuántas barbaridades desde la derecha y algunas desde la izquierda! Vamos a ver, ¿es bueno que las empresas se deslocalicen? Pues no, no es bueno. ¿Por qué no es bueno? No es bueno porque desindustrializan el país. En la pandemia se vio muy claramente: en un país que es una potencia textil, según algunas empresas, en cambio, no había mascarillas, o ahora el problema de los chips. ¿Es bueno que se deslocalicen? No. ¿Es bueno para los trabajadores que pierdan el trabajo? Pues no. Que un partido como Bildu quiera regular que no se produzcan deslocalizaciones me parece muy bien. Pues sí. ¿Que son rojos? Yo también. Nosotros somos también rojos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se marchan las empresas y por qué se deslocalizan? ¿Se deslocalizan por qué? Por qué hay otros sitios que bajan los impuestos. ¿Esto lo encuentran ustedes bien? Porque siempre habrá un país que tendrá los impuestos más bajos. ¿Y con esto quién gana? ¿Salarios más bajos? Siempre habrá un país con salarios más bajos, siempre habrá un país con salarios más bajos y podrán deslocalizarse, irse a Tánger y donde quieran. ¿Regular eso está mal? Habrá empresas que irán a países con problemas medioambientales y siempre habrá países que tendrán menos regulación medioambiental. ¿Eso es bueno? ¿Eso es muy bueno? O habrá países, por ejemplo, con menos derechos laborales. ¿Y eso es bueno? ¿Es bueno intentar regular esto, como quiere hacer el partido de Bildu? Si tenían que estar todos aplaudiendo con palmas, porque estamos hablando de cosas buenas para un país, patriotas, y buenas para la gente que trabaja, me parece a mí. Regular esto para mí es elemental. Ir en contra lo encuentro una barbarie, simplemente. Dicen algunos que para que no se marchen lo que han hecho es dar subvenciones a la formación, subvenciones para un montón de cosas; y resulta que se marchan. ¿Qué propone Bildu? Que si se marchan, devuelvan el dinero que les han dado para que se queden aquí. ¿Esto es malo? ¿Regular esto es malo? Nos dicen que en Europa es ilegal, que en Europa no se legisla así, y aquí tampoco. Oye, pues para eso estamos aquí, para legislar y cambiarlo. Hombre, no vamos a ser súbditos de la legislación europea si esta la encontramos mal; me parece también bastante lamentable. Por cierto, algunos de izquierdas han tenido una vez más varias ocasiones para poder frenar las deslocalizaciones de una manera legal. Antes había una cosa que se llamaba la autorización administrativa, que dificultaba un poco que empresas con beneficios, que empresas con causas poco claras se marcharan, se les ponía un poco de dificultades. ¿Qué pasó con la reforma laboral? Que como no se podía tocar una coma porque lo dictaba el señor Garamendi, tampoco pudimos nosotros ni debatir. Oye, quizás hace falta la autorización administrativa. Es que solo lo tiene Grecia; eso es lo que nos dijeron. Bueno, pues ahora lo tiene Grecia y el Estado español. Pero es que luego han tenido otra ocasión. Presentamos las izquierdas soberanistas una ley, una reforma laboral en la cual, entre otros muchos derechos, se recuperaba el derecho que venía dado por la autorización administrativa para evitar deslocalizaciones. ¿Y que votó el Partido Socialista, este que tiene 140 años de historia, pero que parece que cada vez son más rosas, más rositas, menos rojos y más rosas? Pues votaron que no. ¿Y hoy qué van a votar? Hoy han presentado una enmienda ―y eso que es una PNL y ya sabemos la vinculación que tiene una PNL―, y también votarán que no o abstención; por favor, señorías, por favor. Pues nada, sigamos con esta legislación y que ocurra con otras empresas, y ya no Ferrovial, a mí me da igual de dónde sea la empresa. Fantástico, champán y pastas. Bona tarda. .

Antonio Gómez-Reino Varela EC-UP

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Debatimos una proposición no de ley que trae el Grupo Parlamentario Bildu, que habla de algo que creo que a día de hoy es de puro sentido común y que todo el mundo, la ciudadanía, entiende y defiende perfectamente, y es que de una vez por todas se pongan límites, se limite que haya empresas, además grandes empresas, que han recibido muchos contratos públicos, que han recibido financiación pública, y que se puedan ir, bien con su producción, bien con su actividad financiera y fiscal, a otros países. En todo caso, antes de eso, es cierto que hoy ha tomado posesión un nuevo ministro, el señor Héctor Gómez, y, en ese sentido, yo creo que sí que es importante poner hoy de relieve que, en lo que tiene que ver con la materia industrial, es trascendental que en lo que queda de legislatura seamos capaces de sacar la ley de industria; y digo más, como están pidiendo los sindicatos y también, en este caso, la patronal, que de una vez por todas firmemos un pacto de Estado por la industria, que creo que sería más que necesario en un contexto como el actual, en un contexto en el que lo que tenemos que hacer es relocalizar y reindustrializar el país y, por lo tanto, que lleguemos a ese acuerdo. Dicho esto, evidentemente, vamos a apoyar esta PNL, entre otras cuestiones, porque nosotros mismos, el Grupo Confederal, en las últimas semanas hemos presentado no una PNL, sino un proyecto de ley que precisamente habla de lo mismo, que habla de que después de lo sucedido con Ferrovial, así como con otras empresas ―después hablaré de ello―, el legislador de una vez limite lo que está aconteciendo a efectos de empresas que se van a tributar o que se van con la producción a otros países. Vamos a apoyar esta PNL, en primer lugar, por un criterio de igualdad de oportunidades. Yo creo que es evidente que los millones de empresas, de trabajadores de este país, que con su empeño diario, con su trabajo diario articulan nuestra economía y ayudan a construir un futuro, no merecen la desigualdad de que algunas grandes compañías transnacionales y grupos de inversión abusen de los derechos y libertades económicos existentes. No se puede permitir ―y, por lo tanto, hay que legislar de una vez por todas― que una multinacional perciba ayudas públicas en este país y pretenda luego pagar sus impuestos o pagar muy pocos impuestos en un paraíso fiscal. Esto ni es justo, ni es proporcional, ni ofrece garantías jurídicas a inversores y a empresas. Esto equivale a permitir una competencia desleal entre los grandes y los pequeños, entre las grandes empresas y los pequeños y medianos empresarios. Con respecto a quien alega que la Unión Europea prohíbe cualquier restricción a la circulación de capitales o a la libertad de establecimiento, hay que aclararles que no se trata en ningún caso de restringir las libertades de inversores y empresas, no se está proponiendo prohibir la entrada de capitales, ni la salida de estos, ni la decisión legítima de una empresa de organizarse como vea oportuno. Con esta PNL, y con el proyecto de ley que hemos presentado también con Unidas Podemos, se trata de dar seguridad jurídica a las empresas, pero a todas, no a las que pretenden abusar, y también a los trabajadores y trabajadoras, a la sociedad española que paga con sus impuestos muchos de estos contratos, muchas de estas ayudas; en definitiva, dar seguridad y certeza de que no va a haber empresas que se vuelvan a aprovechar de ayudas y contratos públicos si lo que pretenden es coger el dinero y luego deslocalizar acto seguido su actividad. En definitiva, normas que permitan evitar que las Nissan, Alcoa, Acciona, Ferroatlántica, Vestas, Poligal, Isobar, etcétera, puedan irse con su actividad económica a otros países, destruir puestos de empleo y golpear nuestro tejido productivo. Ya he dicho que vamos a apoyar esta PNL. Y con relación también a esta iniciativa, creemos que la ley de industria puede ser una magnífica oportunidad para que se legisle a este respecto y que en esa norma, que esperemos que salga en los próximos meses, pueda ir la normativa adecuada para acabar con esta lacra que tenemos ahora mismo de las grandes empresas que se llevan, como digo, capital y proyecto industrial o, en definitiva, proyecto económico. Un proyecto de ley como este es imprescindible en este momento e, insisto, vamos a apoyar esta PNL. Muchas gracias. .

Inés María Cañizares Pacheco VOX

Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. El Grupo EH Bildu propone con esta iniciativa una cuestión avalada por su probada experiencia, como es el secuestro y la extorsión, y me refiero en este caso particular a secuestrar empresas pretendiendo impedir el principio que rige no solo en España, sino en el mundo libre, cual es la libre circulación de capitales, imponiendo una suerte de prohibición a las empresas a establecerse legalmente en aquellos territorios donde libremente decidan, porque ustedes tienen un verdadero problema con la libertad. . Y el pretexto que ustedes invocan es la percepción de fondos públicos, de manera que las empresas que los hayan recibido no puedan traspasar nuestras fronteras, exigiéndoles el pago de un impuesto revolucionario, previa publicación en el BOE, si decidiesen abrirse a nuevos mercados o crecer en otras plazas. Pero seamos serios y rigurosos. En España ya tenemos un marco jurídico que regula y garantiza sobradamente el reintegro de subvenciones y ayudas públicas ante el posible incumplimiento por parte de las empresas en cuanto a los compromisos que estas deben asumir cuando reciben esas ayudas o subvenciones públicas. En primer lugar, el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones dispone que se exigirá el reintegro de las cantidades percibidas por las empresas si se produce el incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de esa subvención. Y en segundo lugar, tenemos la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 1/2023, que establece el reintegro de subvenciones y beneficios de Seguridad Social en materia de contratación y empleo en supuestos de deslocalización empresarial, de modo que las empresas que procedan al traslado de su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios fuera del Espacio Económico Europeo, devolverán esas cantidades dejadas de ingresar. Además, en su iniciativa esgrimen erróneamente la globalización como único fenómeno causante de la deslocalización de empresas. Ante esto, tengo que decirles que en España concurren otros elementos que de modo particular han propiciado la deslocalización de empresas y que, para remediarlo, la solución no reside en prácticas basadas en la extorsión, la prohibición y el secuestro, sino en apelar, como propone VOX, al incentivo y al estímulo dentro de un marco de prosperidad y de libertad. . Así, ante el coste de financiación que soportan las empresas españolas, superior al de otros países por la calificación de nuestra deuda soberana — dicho sea de paso, provocada por las malas políticas de este Gobierno—, VOX insta a emprender acciones necesarias para eliminar el déficit público y reducir la deuda pública con el fin de mejorar la solvencia de España. Frente a la arquitectura fiscal española ineficiente y desincentivadora de la inversión, frente a un marco fiscal cambiante al arbitrio político con cada vez más figuras tributarias, nosotros abogamos por un marco tributario estable y eficiente que introduzca simplificación en el impuesto de sociedades, atraiga los beneficios generados por empresas españolas en el exterior, incentive el retorno a España de aquellas empresas que se deslocalizaron y, por supuesto, proteja y cuide a las empresas con sede en España y que tributen efectivamente aquí. Ante la volatilidad del marco normativo en España, apelamos al establecimiento de otro que otorgue certidumbre y predictibilidad a las empresas y a sus decisiones de inversión, manteniendo estables las reglas del juego. En el marco laboral, lo mismo: abogamos por generar un marco laboral que fomente precisamente la contratación. Lo que ningún español debe olvidar es que, como ya se ha dicho aquí antes por algún otro portavoz, la mayor deslocalización de empresas y de familias que se produjo en España fue aquella que sucedió durante los cruentos años de ETA y Batasuna. . El Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto estimó que el coste directo de ETABatasuna fue de 25 000 millones, con entre 10 000 y 15 000 empresarios y directivos que fueron extorsionados. Según el Instituto Vasco de Criminología, entre 60 000 y 200 000 personas fueron obligadas a exiliarse de las provincias vascas, lo que convertiría a España en uno de los países con más desplazados internos de la Unión Europea. Asimismo, un análisis publicado por la Universidad Pontificia Comillas estimó que el impacto negativo indirecto sobre la economía vasca de las acciones de ETA-Batasuna ha sido de un promedio del 21,3 % del PIB regional en el período 1993-2002. Por tanto, señores de Bildu, no vengan ustedes a dar lecciones a quienes tuvieron que deslocalizar su vida, sus familias y sus raíces a causa de la violencia y de la extorsión. Gracias. .

Víctor Valentín Píriz Maya PP

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. «Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo repito cinco veces o veinte». «Con Bildu no vamos a pactar». «Con Bildu no se acuerda nada». Pedro Sánchez, fin de las citas. Resulta cuando menos sorprendente leer a Bildu escribir sobre deslocalización de empresas; ellos son más expertos en deslocalizar presos de ETA y concentrarlos a todos en el País Vasco, gracias a la negociación de presos por presupuestos con Sánchez. . Leída la PNL que debatimos en profundidad, me reafirmo aún más en que en cuanto les sacan del círculo vicioso de sus negociaciones con Sánchez sobre presos de ETA se pierden. Permítanme comenzar esta intervención con un recuerdo a las víctimas del terrorismo, humilladas estos días por el Gobierno de Sánchez, ese que nunca iba a pactar con Bildu. . Señorías, centran su propuesta en Ferrovial, y tengo que decirles que es una muy mala noticia para nuestro país todo lo que está pasando con esta empresa. Tras conseguir crecer, convertirse en una gran multinacional y ser una de las grandes empresas de España, el cambio de sede social es una noticia muy triste para todos, una pésima noticia para los españoles. Dicho esto, todo lo que ha pasado con el Gobierno tras esta decisión libre y soberana de la empresa ha sido lamentable, comenzando por la ministra de Economía o por la de Trabajo con sus declaraciones incendiarias y, sobre todo, por el propio presidente del Gobierno, que lleva semanas dedicándose a señalar a empresas y empresarios, con nombres y apellidos, comportándose más como un hooligan que como el presidente de todos los españoles. En lugar de mirar hacia su propio Gobierno para buscar culpables; en lugar de asumir que sus políticas populistas son un lastre para la competitividad y confianza de las empresas en nuestro país; en lugar de asumir que algo tienen que ver las cuarenta y dos subidas de impuestos aprobadas, los incrementos de los impuestos al trabajo o la voracidad fiscal del Gobierno con las decisiones de las empresas a las que están empujando a irse, se dedican a insultar a empresas y a empresarios y a repartir carnés de patriotas. Sánchez repartiendo carnés de patriotas, el mundo al revés; y su grupo parlamentario hablando hoy aquí de los ERE, 679 millones de euros después. El principal problema es la falta de seguridad jurídica de las empresas ante un Gobierno que se dedica a insultarlas. Mientras hay casi 70 000 empresas menos que en 2020, la inversión extranjera está un 45 % por debajo de la de 2018 y quiebran cuatro veces más empresas que entonces, me hace gracia escuchar a una vicepresidenta hablando de dumping fiscal en Holanda. Entiendo que, tras convertir España en un infierno fiscal, cualquier sistema le parecerá que tiene menos impuestos que el nuestro. Por ejemplo, Portugal, ¿también le parece a la izquierda de este país que hace dumping fiscal? ¿Les cuento las medidas de apoyo a emprendedores e inversión extranjera que tienen? En lugar de subir impuestos o poner multas, ¿por qué no preparamos la economía para que sea competitiva? Ya está bien de odiar a las empresas que alcanzan beneficios — que, por cierto, es su objetivo— y que son el motor de la economía y la base propia del sistema. En lugar de atraer empresas, este Gobierno populista se dedica a estacarlas y a expulsarlas. Ponerles barreras para irse es equiparable a poner barreras para que vengan , y acusar a las empresas y empresarios de ganar concursos públicos, de la inflación, de los sueldos o del desempleo es una estrategia profundamente errónea. Los países prosperan por la energía de sus empresas, de sus startups y de sus emprendedores. Muchos millones de compatriotas vieron en el emprendimiento una forma de generar riqueza y, a día de hoy, cientos de miles de ellos viven con la soga al cuello y les cuesta llegar a fin de mes. Mientras ellos arriesgan, tienen que escuchar al Gobierno echarles la culpa de todos los males y acusarles de ser las élites de este país. Esa es la realidad que viven las empresas de este país y nuestros empresarios con este Gobierno populista. Señorías, no hay más recetas que la libertad, la seguridad jurídica, la fiscalidad justa y responsable y la atracción de talento para generar un país competitivo. El resto de ideas, como las que plantea esta PNL, forma parte de una miopía intelectual y política de la que mi grupo no va a participar. Muchas gracias. .

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Estamos hablando.

Manuel Mariscal Zabala VOX

Gracias, presidente. Señorías, desde hace unos años los españoles se preguntan por qué las televisiones dedican tantas horas a algunas noticias y, sin embargo, tan pocas horas a otras. Se preguntan por qué las televisiones hablan tanto tiempo de los problemas de los políticos y tan poco tiempo de los problemas que afectan a los españoles. Se preguntan por qué algunos enfoques se repiten en todas las tertulias de televisión y, sin embargo, se silencian, se demonizan o se caricaturizan otros enfoques. . Y se preguntan por qué los informativos de todas las televisiones, tanto públicas como privadas, coinciden tanto: mismos temas, mismos enfoques y mismos protagonistas. Todas estas preguntas que se hacen los espectadores evidencian que el panorama televisivo español carece de pluralidad política, un déficit que durante la pandemia se notó especialmente. ¿Lo recuerdan? Durante la pandemia todos los canales de televisión, tanto públicos como privados, transmitieron la versión oficial del Gobierno, una verdad oficial que ninguna televisión generalista cuestionó, como tampoco cuestionaron aquellas medidas que después fueron consideradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. . Antes de la pandemia, todas las televisiones generalistas restaron importancia a la expansión del COVID, igual que hizo el Gobierno; durante la pandemia, todas las televisiones generalistas demonizaron a los españoles que no se sometieron a medidas totalitarias — cuando no disparatadas—, igual que hizo el Gobierno; y, actualmente, todas las televisiones generalistas ocultan las consecuencias económicas y sanitarias de aquellas medidas, igual que hace el Gobierno. Sin duda, esta anomalía que ocurre en España pasa por algo. Claramente hay una pretensión de condicionar a la opinión pública desde las televisiones del duopolio y las televisiones públicas, y con ello se limita el pluralismo político. Es importante recordar que el pluralismo político es considerado uno de los pilares básicos de la democracia. De hecho, en el artículo 1 de nuestra Constitución se dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, donde se fija como valor superior el pluralismo político. Este principio constitucional se señala como requisito fundamental para el cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de la ley que regula Radiotelevisión Española y de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Por eso, el Grupo Parlamentario VOX presenta hoy esta iniciativa para que se respete y se fomente el pluralismo político en Televisión Española y en las televisiones privadas que operan a través de una licencia pública. Es decir, lo que hoy VOX trata de hacer es proteger un principio constitucional atacado. . Todas las afirmaciones que he realizado al principio de mi intervención no son sospechas ni indicios ni hipótesis, son conclusiones sostenidas por estudios objetivos que aportan datos. En nuestra iniciativa se nombran dos estudios. En primer lugar, el informe realizado por la consultoría GECA. En este informe se demuestra que durante 2022 hubo un seguimiento tremendamente desproporcionado de los líderes políticos en los informativos de Televisión Española, Antena 3, Telecinco y La Sexta, de tal forma que representantes de la cuarta fuerza política de España aparecieron en las noticias de Televisión Española hasta siete veces más — repito, hasta siete veces más— que los portavoces del tercer partido de España. Y no se trata solo de cantidad, sino también de contenido. Este estudio aborda igualmente los temas que se trataron en los informativos. Así, nos encontramos con que los informativos de los canales generalistas concedieron durante 2022 más minutos a la muerte de Isabel II que a la subida de precios o a la crisis energética, y el tema que más minutos se llevó con mucha diferencia fue un conflicto internacional: la guerra de Ucrania. Por otro lado, un segundo estudio confirma esa sospecha que tienen muchos españoles. En este segundo estudio, realizado por el investigador David Rozado, se comprueba el incremento exponencial en las principales televisiones españolas del número de referencias a conceptos que forman parte de la agenda ideológica de los partidos que sustentan el actual Gobierno. Palabras como machismo, misoginia, homofobia, transfobia, racismo e islamofobia se han incrementado hasta en un 500 % en los últimos años, tanto que las televisiones españolas son las televisiones del mundo que más utilizan este vocabulario, según este estudio. Llegados a este punto, cabe preguntarse por qué en las televisiones se dedican tantas horas y de manera tan obsesiva a planteamientos feministas y de perspectiva de género, pero después dedican tan poco tiempo a informar sobre el incremento del número de violaciones que se está produciendo en España desde que gobierna Pedro Sánchez. . Y otra pregunta: ¿por qué se habla tanto en los programas de televisión de que los españoles tienen actitudes machistas y racistas, mientras después esas mismas televisiones ocultan el origen de esos violadores? Y de los datos y las preguntas a las conclusiones. Señorías, no podemos admitir que esta situación sea normal, porque no lo es. Esta brecha tan grande entre la opinión televisada y la opinión pública convierte a la democracia española en una entelequia. Que en las televisiones no se les diese espacio a sanitarios que cuestionaban las medidas políticas que se tomaron durante la pandemia silenció a millones de españoles. Que en las televisiones no se hable de las víctimas de la violencia provocada por las políticas de fronteras abiertas silencia a millones de españoles. Que en las televisiones no se hable de las víctimas económicas de las políticas del alarmismo climático silencia a millones de españoles. Que en las televisiones solo se cuente una versión de la historia reciente de España silencia a millones de españoles. Y que en las televisiones de manera sistemática se oculten o se manipulen convicciones políticas de una mayoría de votantes silencia a millones de españoles. . Hoy los partidos políticos tenemos la oportunidad y el deber de proteger el pluralismo político y, con ello, uno de los pilares de la democracia. Si se oponen a esta iniciativa de VOX, los partidos políticos que están aquí representados demostrarán que con ellos la opinión real de los españoles no va, que la opinión real de los españoles les da miedo, porque elegirán que la opinión televisada siga siendo un club donde solo accedan los que piensan de una determinada manera. Por el contrario, si apoyan esta iniciativa de VOX, demostrarán con ello que realmente creen en la democracia y que quieren que la opinión real de los españoles pueda tener reflejo en las televisiones. En definitiva, hoy tienen ustedes la oportunidad de hacer que en las televisiones de España se vea la misma realidad y se escuche la misma diversidad de opiniones que en sus calles, en sus plazas, en sus hogares, en sus bares y en sus sobremesas. Se trata, en definitiva, de que la opinión televisada se parezca a la opinión pública real. Muchas gracias. .

Guillermo Díaz Gómez Cs

Gracias, presidente. Tenemos aquí una propuesta que pide que el Gobierno inste a los medios públicos y privados a que respeten el pluralismo político y se tenga en cuenta la cuota de representatividad de los partidos en esos medios públicos y privados. Me voy a parar aquí, en lo de privados. Es muy peligroso pedir al Gobierno que inste a los medios de comunicación privados a nada; ni a este Gobierno ni a ninguno, pero a este especialmente. Hay cierta querencia en la clase política a intentar tutelar los medios de comunicación. Se ha aprovechado la crisis de los medios de comunicación, acentuada por cambios de modelo, por el error del «todo es gratis» y por los propios ciclos económicos, para meter cuchara la clase política en las editoriales y en las informaciones de los medios de comunicación. Por ejemplo, un político de una institución firma publicidad institucional con un medio privado, tratando de influir en la información y en la línea editorial de este medio privado. Es verdad que esto sucede, pero la solución no es más intervención política — como se pide en esta propuesta—, sino todo lo contrario, menos intervención política. La solución es alejar, la solución no es poner otra mano donde ya hay una mano de los políticos, sino sacar las dos. Nosotros apostamos por la transparencia y el rigor presupuestarios. Si una institución contrata a un medio, que se sepa bien para qué, qué cantidad, quién paga y que sea publicado en el medio y en la institución. Además, esto tiene que ser perfectamente accesible al ciudadano. Esto debería estar regulado por ley, de forma que no dependa de la voluntad del político de turno o de que el Gobierno decida si le da o le quita a un medio dinero público. Esto es importante; esto daría más libertad a los medios y al ejercicio del periodismo. Hemos presentado una enmienda que elimina las menciones a los medios privados. De aceptarla, votaremos a favor; de lo contrario, lo haremos en contra. Creemos muy peligroso instar al Gobierno a hacer nada en esta materia. Por otro lado — y en esta parte estamos muy de acuerdo con el grupo proponente—, se insta al Gobierno a que promueva que los medios públicos respeten la representatividad de las diferentes fuerzas políticas. Como les digo, esto lo compartimos, aunque es cierto que nuestro modelo en origen era otro. En opinión de Ciudadanos, lo que tenía que hacer el Gobierno es salir de las televisiones y de los medios públicos. El Gobierno no puede tomar al asalto los medios públicos. No tiene que instar a Radiotelevisión Española, lo que hay que hacer es desalojar al Gobierno de una Radiotelevisión Española que ha tomado al asalto. Ya saben que desde que entramos en el Congreso Ciudadanos defiende el concurso público y un perímetro de seguridad que defienda la televisión y la radio públicas de la clase política. Veamos cuál es el panorama actual. Se ha publicado un informe, el estudio GECA de 2022, que lo que hace es recopilar las apariciones de los políticos y temáticas en las televisiones. ¿Qué nos cuenta este informe? Pues bien, Pedro Sánchez — él solo— ocupa más espacio en La 1 que todos los demás políticos juntos, más que todos. Esto no sucede en ninguna otra cadena en España. El 50,5 % del tiempo dedicado a información política la ocupa Pedro Sánchez; si sumamos al resto del Gobierno, es el 65 %. Esto en 2022. Veamos en 2023 qué tal ha ido la cosa. Pongo el ejemplo de un día. Aquellos incautos que sintonizaron el Canal 24 horas en la mañana del 18 de marzo — esos héroes sin capa que se atrevieron a poner el Canal 24 horas aquella mañana— se encontraron con que desde las 11:01:26 hasta las 11:46:34 tuvieron de forma ininterrumpida el Comité Federal del PSOE; cuarenta y cinco minutos de Comité Federal del Partido Socialista, según me informan varias víctimas de aquella mañana. ¿Les parece normal? Aquí tengo las capturas del televisor que hizo mi compañera de Ciudadanos de Castilla y León, Gemma Villarroel, donde vemos que conectan a las 11:01:26 y empieza la homilía de Pedro Sánchez (muestra una fotografía) y la desconexión se produce a las 11:46:34 (muestra otra fotografía); es decir, cuarenta y cinco minutos de Comité Federal del PSOE. Esto es inaceptable por caciquismo, es inaceptable por la ausencia de pluralismo y también — permítanme que lo diga— es inaceptable por piedad. ¿Qué necesidad hay de darles el sábado por la mañana a los pobres españoles de esta manera? Les propongo directamente que abran un canal para el PSOE, un reality, un canal ‘Su Sanchidad’, y vayan siguiendo al presidente para ver cómo juega a la petanca con militantes socialistas disfrazados o cómo va con un grupo de jubilados — que son los mismos que los de la petanca, pero con bigote y gafas postizas— o con un grupo de jóvenes escogidos al azar entre los que salen de Ferraz número 70. Pueden rodar escenas a cámara lenta de Sánchez: el presidente medita sobre el futuro de España y sobre la fortuna de ser guapo.

Guillermo Díaz Gómez Cs

Termino, señor presidente. No obstante, si hacen este canal, tengan cuidado, porque si van a rodar un personaje como Tito Berni los españoles pueden pensar que Torrente está inspirado en esta Cámara. Muchas gracias. .

Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

Muchas gracias, señor presidente. Don Guillermo, no dé usted ideas, que hablando de televisión y manipulación las cazan al vuelo. Señorías, en los tres puntos de esta iniciativa legislativa que ha defendido el señor Mariscal Zabala se plantea una materia nuclear para la democracia y que atañe al cumplimiento de la Constitución española, que en su artículo 20 señala, entre otros aspectos, el reconocimiento y la protección del derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. En España no se está cumpliendo este mandato y en la actual XIV Legislatura se han vivido momentos muy oscuros para la libertad informativa. Ni siquiera en los pretéritos tiempos teleamañados de José María Calviño, allá por los ochenta, se vivieron peripecias semejantes a las que han sucedido en estos tiempos recientes. Basta ver cómo, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en junio de 2018, Radiotelevisión Española ha sido presidida por una administradora provisional única, tan provisional que se pasó dos años y medio purgando a profesionales y arrinconando informativamente a la oposición. Ahora, tras cargarse el Gobierno a un presidente elegido aquí por el Congreso de los Diputados, continúa otra presidenta — dicen que también provisional— que en medio año ha hecho trizas la vigente ley que lleva en su mismísimo título «recuperar la independencia […] y el pluralismo». No solamente no se han recuperado, sino que el Consejo de Ministros reformó en vísperas de un año electoral, como es el actual 2023, los estatutos sociales de Radiotelevisión Española para otorgar a su presidenta — también interina, repito— plenos por poderes. Y los está ejerciendo. ¡Vaya si los está ejerciendo con premeditación y alevosía! Y lo que nos quedará por ver, aunque sea a costa de arruinar al ente público y espantar a la audiencia, que huye de la manipulación y de la falta de pluralismo y de neutralidad. Señorías, el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado la quiebra de la veracidad en su beneficio y ha sometido a los medios informativos públicos — lo intenta continuamente con los privados y, en algunos casos, lo ha conseguido—, haciéndolos penetrar por el aro de la manipulación. Baste recordar los repetidos publirreportajes y episodios al estilo de Aló Presidente que se emitieron desde la Moncloa durante los meses de pandemia en horario de prime time, con periodistas seleccionados y preguntas limitadas e incluso sometidas a filtro previo, y que fueron protagonizados tanto por el máximo responsable del Consejo de Ministros como por otros responsables del Gobierno, incluso amparándose en funcionarios públicos. Viene al caso comentar un edificante vídeo que circula por las redes sociales estos días, aunque ya es de hace dos años, que muestra cómo el jefe del Estado Mayor neozelandés indica a varios de sus generales que se aparten de un ministro que en un acto público responde a cuestiones políticas planteadas por los medios de comunicación. En la España de Sánchez ha sido al revés. La pasada semana vimos a la directora general de la Guardia Civil parapetarse tras los uniformes para atenuar una destitución de la que se empiezan a conocer datos escandalosos y que están siendo maquillados por los medios públicos. Señorías, reitero que el Gobierno nos arrastra hacia la transformación de la nación española, habilitando paulatinamente un régimen plurinacional de corte confederal y que hará fosfatina la Constitución. La presión sobre los medios de comunicación es una pieza clave en esa deriva perversa, denunciada incluso por personajes históricos del socialismo, que se acompaña del blanqueamiento del separatismo que ha garantizado en nuestra Cámara la supervivencia del Gobierno. La proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX sobre la política informativa en la que se recurre constantemente a periodistas afines y tertulianos al contado permite comprobar que se remarcan presuntos logros del Gobierno, mientras se zarandea a la oposición y a sus líderes. Esta es una constante en los programas de Televisión Española en los que se realizan análisis de la actualidad política. En definitiva, no tenemos un Gobierno respetuoso de la independencia de los medios de comunicación; tenemos un Gobierno que ha hecho de la consigna política en los medios públicos una pauta de conducta y de la presión en los medios privados una constante. Los próximos dos meses, que anteceden a la celebración de un proceso democrático de enorme relevancia como son las elecciones municipales y autonómicas, serán de constante manipulación.

Isidro Manuel Martínez Oblanca PP-FORO

Agradeceré que el grupo parlamentario proponente elabore un texto transaccional que permita votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Gracias, señor presidente. Seré breve. No dejan de sorprenderme nunca, señoras y señores de VOX. Cada semana tenemos una cuestión más de saltimbanqui que la otra. Piden respeto al pluralismo político, ¡oh!, paradoja, ustedes, que en su ideario político no lo tienen. Si no existiera respeto al pluralismo político, ustedes no estarían aquí. Es más, si de ustedes dependiera, no habría pluralismo político y mi partido, por ejemplo, estaría ilegalizado, y quizá mis compañeros, yo y otros muchos estaríamos incluso en la cárcel. ¿A qué llaman ustedes pluralismo político? Hay que tener jeta, cuando ustedes no ejercen el pluralismo político y los demás sí. Y, como los demás sí lo ejercen, ustedes, con las ideas que tienen, pueden estar aquí. Ustedes, que vetan a periodistas y medios de comunicación, tienen el morro de pedir que se les respete, como si fueran angelitos de la caridad, que solo quieren que se les respete. Por supuesto que hay que respetar, pero ¿ustedes qué ejemplo están dando en esta materia? Ustedes han vetado a medios como Público, eldiario.es, La Marea, El Plural, El Español, infoLibre, El Mundo — con exclusión expresa de dos periodistas que todos sabemos cuáles son—, El País, programas concretos de Cuatro o La Sexta, Cadena SER, Onda Cero, Huffington Post, Los desayunos de Televisión Española. No sé, creo que les quedará El Mueble o al go así por no vetar, o El Alcázar. ¿Ustedes defienden la pluralidad, cuando no permiten que haya periodistas y medios que no les gustan en sus ruedas de prensa? ¿Qué credibilidad tienen para ofrecernos esta propuesta que están haciendo ustedes? Otros ya sé que utilizarán esto para sus cuestiones, como hemos escuchado, pero yo me estoy centrando en lo que ustedes piden y en el grupo político que lo pide. Hablan de información veraz. Es que para ustedes hablar de LGTBI o de violencia de género o de plurinacionalidad o de derechos lingüísticos o de memoria histórica o de esclarecimiento de crímenes de Estado o de llamar dictadura fascista al franquismo o de derecho a decidir eso es desinformar, es adoctrinar; que les gusta mucho eso del adoctrinamiento. Por lo tanto, cada vez que se informa de eso ustedes dicen que no se está dando una información veraz. Claro, ustedes están en contra de ello; por lo tanto, consideran que eso no es veraz. Por cierto, además, señor Mariscal, usted ha dicho que los españoles se preguntan. ¿Ha preguntado usted a cada uno de los españoles para saber eso o entra en su mente, tiene capacidad telequinética para hablar de que los españoles están diciendo eso? Señoría, un poquito de humildad a la hora de plantear. ¡Cómo si usted hubiera preguntado a cada uno de los españoles que están al otro lado de la televisión! Su modelo informativo es el que le gustaría, por ejemplo, a Putin o a Orbán o a Erdogan o a Trump, porque se parece mucho. Fíjese que aquel también veía a todos los que informaban como él quería, a algunos como el demonio, porque consideraba que esos eran los enemigos. Ustedes han cogido un ejemplo maravilloso, el trumpismo; eso sí, sus intoxicadores lacayos para preguntas de pesebre, esos sí les gustan. Pero veo en su propuesta otra vertiente que va más allá, y tiene que ver más con sus disputas informativo-electorales y medios amigos que han dejado de serlo, y parece que, según se aproximan a las elecciones, están ustedes un poco mosqueados con el vecino de al lado. ¿Qué va a pasar ahora, que hasta don Federico les ha abandonado? Decía Edward Barrow en sus disputas con McCarthy — creo que les gustaría mucho el senador McCarthy— aquello de buenas noches y buena suerte.

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Citando a Castelao, non vos riades que o conto é triste, porque, efectivamente, sería para reírse si no fuese grave ver a los profesionales de la mentira y del bulo hablando de manipulación informativa. Claro que tanto la ultraderecha como la derecha ultra de Feijóo comparten el mismo esquema. No hace mucho veíamos a Alberto Núñez Feijóo denunciar la manipulación de Televisión Española. ¡Qué sarcasmo!, este mismo Feijóo, campeón de la manipulación, que desde hace catorce años amordaza de forma férrea, con un control absoluto y con una censura total, a los medios de comunicación públicos galegos, hasta convertirlos en un aparato al servicio de la propaganda del Partido Popular; una censura y una manipulación denunciada por numerosos colectivos sociales y políticos y, particularmente, por la plataforma Defende a Galega, compuesta por profesionales del propio medio, que llevan 253 venres negros, 253 semanas, cinco años continuados denunciando la manipulación, a pesar de las represalias, a pesar de las sanciones, a pesar de las actuaciones ilegales del Gobierno de Núñez Feijóo y del PP, como acredita el hecho de que tienen ya más de cuatrocientas sentencias por vulneración de derechos laborales vinculados precisamente a estas denuncias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Obrigado.

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Moltes gràcies, president. Una pregunta ingenua. Esta propuesta de VOX, que habla de pluralismo, cuando ellos, si pudieran, ilegalizarían a media Cámara —¡ellos hablando de pluralismo!—, y que demanda información veraz, ¿tiene algo que ver con que el presentador de radio Federico Jiménez Losantos les está dando todos los días hasta en el carné de identidad? Pregunta ingenua. . Bueno, Federico y todos los medios de derechas, que les están dando. Pero ¿ustedes no pasaban de los medios de comunicación? ¿Ustedes no se hacían los chulos y vetaban a todos los medios para que no entraran en sus mítines? Entonces, ¿a qué viene esto ahora? . ¡Me enternece!, de verdad. Ahora, esto contrasta con lo que he visto esta misma mañana y casi todas las mañanas: el cariño, la franca camaradería que existe entre VOX y un medio — por decir algo— acreditado aquí, que siempre que pregunta a su portavoz, al señor Espinosa, le llama querido portavoz; un medio cuyo director y algunos de sus periodistas han sido condenados repetidamente por difundir bulos, y han sido condenados a publicar las rectificaciones; un medio que permite que un reportero, antiguo asesor de VOX, tome fotografías de menores sin el consentimiento de sus padres.

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Su partido está lleno de apóstatas del PP, que nunca han dicho nada cuando el PP asaltaba la televisión pública española, cuando asaltaba Canal Nou y ahora, cuando está asaltando Telemadrid. Señores de VOX, a llorar, a la llorería. . El señor VICEPRESIDENTE : Tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.

Inés Sabanés Nadal MÁS PAÍS-EQUO

Gracias, presidente. Vienen hoy aquí a defender el pluralismo en Radiotelevisión Española y en la comunicación y las televisiones privadas. Pretenden defender el pluralismo político, mientras que aquí niegan la legitimidad al Gobierno, la legitimidad a quienes lo apoyan. Pretenden ilegalizar a partidos que tienen por su ideología más de dos millones de votos. Pero ¿esto qué es? Además, para reforzar su argumentación hablan de la diversidad cultural y lingüística; esto después de haber escuchado a la señora De Meer. Hablan ustedes aquí de la defensa de la diversidad cultural y lingüística. Esto es un ejercicio de cinismo o es qué hay de lo mío, que vienen elecciones, que yo creo que es lo que es. Pero plantean y quieren promover, recomendar el pluralismo en los medios privados. Esto ya sí que es rizar el rizo: en los medios privados, cuando ustedes han vetado a todos los medios privados que han querido, a pesar de las advertencias del Supremo, para que entren en sus ruedas de prensa y tengan información. ¿Cómo se atreve, señor Mariscal? ¿Cómo se atreve a venir aquí a reclamar pluralismo a los medios privados, cuando ustedes no permiten que hagan su tarea ni los periodistas ni los medios, cualquiera que no sea de su cuerda, por decirlo de alguna manera? Lo hicieron, les llamaron la atención y lo siguen haciendo. Por eso yo les digo: Hoy ustedes han venido aquí agachando la cabeza a decir qué hay de lo mío, que vienen elecciones y queremos cuota de pantallas en lo público y en lo privado. Pues el cinismo para ustedes, señorías.

Gerard Álvarez i García ERC-S

Gràcies, president. Buenas tardes, señorías. Hoy el grupo de la extrema derecha de la Cámara parece que nos trae de nuevo una iniciativa reciclada. Empiezan a coger los tics de la derechita cobarde, como ustedes la llaman. Es una iniciativa muy parecida a tres que nos han traído ya a esta Cámara. Yo entiendo que se está acabando la legislatura, pero podrían ser un poquito más originales, la verdad. Concretamente, en esta iniciativa se centran en lo de siempre, pero con una clara voluntad electoral, podríamos decir. No sé si es que están nerviosos por las lecciones que vienen — lo entiendo, yo lo estaría si fuera ustedes—, pero es lo que parece. Me gustaría fijarme en parte del punto segundo de esta proposición no de ley, como ya lo ha hecho antes el señor Díaz. Dice, exactamente: «Favorecer que la información emitida por las distintas cadenas de televisión, tanto públicas como privadas, sea veraz». Que sea veraz. ¡Y lo piden ustedes! Ustedes piden que sea veraz la información, cuando son el partido más hinchado por sus medios de comunicación, que no son pocos. . Y son especialistas en crear fake news. Tengan un poquito más de vergüenza, por favor. . Esta PNL es una falta de respeto para muchos medios de comunicación, para muchos periodistas, que se dedican día a día a intentar hacer su trabajo de la manera más profesional, veraz, de verdad, y con pluralidad política. Pero dejen que les diga una cosa: Esta PNL también es una falta de respeto para los periodistas y las periodistas que trabajan en esta casa, en el Congreso de los Diputados, porque muchas veces sus medios de comunicación intentan pasarles por encima, les insultan y les menosprecian por el simple hecho de no pensar como ellos o como el grupo proponente de esta iniciativa. . Luego, claro, se ponen nerviosos cuando nosotros decimos que la televisión pública en Cataluña es profesional, es diversa y es plural. . ¡Ahí está lo nerviosos que se ponen! No creo que jamás entiendan que los medios de comunicación profesionales no manipulan. Se lo puedo decir más alto, más claro, se lo puedo poner en mayúsculas o en negrita: los medios profesionales no manipulan, a pesar de que ustedes estén acostumbrados a hacerlo. Señorías, no voy a perder más tiempo con una PNL totalmente fuera de lugar y sin sentido, así que ustedes sigan presentando estas chuminadas o frikadas, como la que vivimos la semana pasada, que nosotros seguimos trabajando. Muchas gracias. .

Joan Mena Arca ECP-GUANYEM EL CANVI

Gracias, presidente. La ultraderecha se supera en cada Pleno. La moción de censura fake de la semana pasada no fue su cénit del esperpento porque hoy traen una PNL que dice — y leo, textualmente—: «para el fomento del respeto de la pluralidad política en el espacio televisivo y del tratamiento veraz de la información por parte de los medios de comunicación». VOX, respeto, pluralidad, tratamiento veraz, información: todo en la misma frase. Les confieso que nunca había visto tanto cinismo político concentrado. . Pero esperen ustedes a que analicemos los puntos de esta PNL. Uno, asegurar el respeto al pluralismo político. ¡Ustedes, que querrían ilegalizar a casi todas las formaciones políticas que tienen representación en esta Cámara! Dos, favorecer que la información emitida por las televisiones sea veraz. Los que vinieron aquí la semana pasada a hablar del virus chino, de las entidades de generados LGTBI o del código de vestimenta hablan ahora de información veraz. Y tres, impulsar el cumplimiento estricto de los mandatos legales. ¿Qué legalidad, la que ejemplifica el señor Espinosa de los Monteros, que tiene una sentencia firme del Supremo por eludir el pago de parte de las obras de la casa que tiene con la señora Monasterio? ¿Esa es la legalidad a la que apela VOX? Es mejor que digan ustedes la verdad. Este texto no es para defender la pluralidad ni la diversidad. Es más, a ustedes se les va a quemar el dedo de tanto votar en contra de la diversidad, ya sea lingüística, sexual o de cualquier tipo. En realidad, ustedes lo que quieren es salir más en la tele, que es lo que están pidiendo en esta PNL. Además, lo hacen ustedes insultando a los periodistas y llamándoles voceros subvencionados — con los dueños ya no se atreven tanto, con los periodistas les resulta más fácil— y utilizan esta PNL justamente para blanquear que, en realidad, ustedes están tejiendo un entramado de medios que se dedica a inventar bulos y a generar odio, que es la estrategia de la ultraderecha. A ver si les suena: 7NN, esa pseudotelevisión que justamente hoy hemos conocido que va a cerrar — otro entierro más del señor Toni Cantó; proyecto que toca, proyecto que se carga—, y los dueños son dos ex altos cargos de la Fundación Francisco Franco, con un director candidato de VOX que tuvo que dimitir por dar una conferencia en la sede de Falange, un biógrafo de Abascal y un miembro de El Yunque; Decisión Radio, con un presidente que es yerno de Blas Piñar, ese del que la semana pasada el señor Tamames no se acordaba de quién era, o ERA TV, un streaming dirigido por un personaje condenado por publicar una entrevista con una supuesta víctima de violencia machista. ¿Les suena la pluralidad y la diversidad de estos medios de comunicación que les he citado? Se trata, nada más y nada menos, que del entramado mediático que ustedes están creando, supuestamente con recursos iraníes y con ingresos públicos de este Congreso. Y eso, señorías de VOX, no lo digo yo; no soy yo quien les está acusando de utilizar recursos para ese entramado mediático que genera bulos y odio. Eso no lo digo yo, que ya sé que soy un socialcomunista peligroso; eso lo ha dicho en prime time, en horario de máxima audiencia en este país la que fuera secretaria general de su grupo parlamentario y candidata de su partido en Andalucía. Por lo tanto, si alguien sabe cómo funcionan las cloacas de VOX, supongo que es la que fue secretaria general del grupo parlamentario. . Así es que, señorías de la ultraderecha, hagan ustedes caso a la señora Olona, presenten ustedes el modelo 347 de la Agencia Tributaria para que haya absoluta transparencia en torno a en qué se han gastado ustedes esos 4,5 millones de euros de subvenciones a su partido, porque quizás nos podemos llevar una sorpresa con los vínculos y la financiación que hay hacia esos altavoces mediáticos ultras que ustedes están promocionando. Por tanto, señorías, menos PNL de cartón piedra como esta y más modelos 347, como les dice su ex secretaria general. .

Macarena Montesinos de Miguel PP

Gracias, presidente. Señorías de VOX, son ustedes muy libres de presentar la iniciativa que consideren, ¡faltaría más! Pero ¿son ustedes conscientes de que están instando al Gobierno, al mismo Gobierno que preside Pedro Sánchez a que resuelva su situación mediática y sea el garante, el que asegure, promueva y favorezca el pluralismo, el reparto justo de los tiempos y la neutralidad en todos los medios de comunicación? ¿Son ustedes conscientes de lo que están pidiendo a Pedro Sánchez? Estoy convencida de que Sánchez y sus socios deben estar en estos momentos encantados con esta iniciativa, y lo normal sería que, desde luego, la apoyaran. Esto es lo que Pedro Sánchez llamó monitorizar, lo que nos hizo a todos nosotros durante la pandemia. Señoría, es una ingenuidad, y se lo digo con todo el respeto, porque es como poner al lobo a cuidar de las gallinas. Ustedes instan al Gobierno a que asegure el pluralismo político en los medios públicos. Pero ¿de verdad son conscientes de la intromisión y la barbaridad que están pidiendo? Para eso la Constitución establece otros mecanismos, y precisamente esos mecanismos no son instrumentos del Gobierno. Incluso, instan al Gobierno a promover el pluralismo informativo y el reparto justo de los tiempos de emisión dedicados a las fuerzas políticas en los medios privados de comunicación; insisto, en los medios privados. Vamos a ver, si están ustedes hablando de la campaña electoral, corresponderá a la Junta Electoral marcar cuáles son las pautas que deben seguirse en las distintas campañas. Y además están instando a este Gobierno a que garantice que la información en las cadenas de televisión, tanto públicas como privadas, sea siempre veraz y contrastada. Pero ¿de verdad creen ustedes que corresponde al Gobierno socialista este cometido? ¿Lo han pensado bien? ¿De verdad quieren dar este regalo a Sánchez? Desde luego, si Sánchez tuviera que escribir una carta a los Reyes Magos, lo primero que pediría es lo que ustedes le pretenden conceder en el día de hoy. . En cuanto al tercer punto del petitum, nosotros desde el Partido Popular apoyaremos siempre, como no podía ser de otra manera, el cumplimiento de la ley electoral. Pero ¿son conscientes de que se lo están pidiendo de nuevo al mismo Gobierno al que la Junta Electoral Central incoó expediente sancionador porque había vulnerado la prohibición de realizar campañas de logros, al mismo Gobierno al que había apercibido para que se abstuviera de vulnerar el principio de neutralidad? ¿O no recuerdan ya las ruedas de prensa al finalizar el Consejo de Ministros en plena campaña electoral? ¿Recuerdan los viernes sociales? Pues bien, esto es lo que pretende el Gobierno, continuar en esa misma línea, y eso es lo que nosotros pretendemos evitar. Seríamos unos ingenuos si diéramos un cheque en blanco al Gobierno proponiendo lo mismo que Iglesias pretendía, que es, al fin y al cabo, el control absoluto de todos los medios de comunicación. No se puede ser más intervencionista que como están siendo ustedes con esta iniciativa, lamentablemente. Nosotros, en el Grupo Parlamentario Popular, defendemos, por encima de todo, la libertad y la independencia de los medios a la hora de ejercer una tarea informativa, sin intromisiones gubernamentales y con respeto absoluto a su autonomía. La creación y la libertad de los medios de comunicación es una manifestación de la libertad de expresión y no puede condicionarse por el abuso político insaciable o la manipulación de un Gobierno como el de Pedro Sánchez, proclive al uso más sectario de todas las instituciones. Estamos hablando de un derecho fundamental recogido en el artículo 20 de la Constitución, el mismo artículo que recoge cuáles son los instrumentos para velar por ese cumplimiento, y, desde luego, esos instrumentos no corresponden en ningún caso al Gobierno, porque este Gobierno no tiene ninguna voluntad ni interés en garantizar, impulsar o defender ningún pluralismo informativo, como demuestra día a día en Radiotelevisión Española, a la que asaltó, como a tantas otras instituciones del Estado, y en la que ejerce un control férreo de los informativos y de los contenidos, beneficiando a las productoras amigas. Precisamente, esta colonización del Gobierno sobre Radiotelevisión Española la ha convertido en el último recurso para informarse de todos los españoles, es el último recurso en medio audiovisual en el que se informan y buscan información los españoles. El abuso del Gobierno en Radiotelevisión Española en términos de manipulación informativa, de injerencia en la programación y de contratar a productoras amigas es tan burdo y descarado que no admite otra cosa que instarles, sí, pero a que saquen sus manos cuanto antes y sus intereses electorales de Radiotelevisión Española. No compartimos que a los medios privados los tenga que tutelar, bajo ningún concepto, este Gobierno ni que se convierta en ningún activo ni árbitro de la veracidad. En esta materia no puede haber otro árbitro que la inteligencia y la libertad de los ciudadanos a la hora de elegir uno u otro medio para informarse. Muchas gracias. .

María Tamara Raya Rodríguez PSOE

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señorías de VOX, la verdad es que no salgo de mi asombro con la PNL que nos traen hoy a este Pleno. Mi sorpresa no es solo por su contenido y la falta de rigor, sino porque es surrealista que un grupo parlamentario que veta a periodistas y medios de comunicación y se dedica a difundir bulos apele a la libertad de expresión y al tratamiento veraz de la información. . Vayamos por partes: en primer lugar, está la falta de rigor. Ustedes con esta PNL se refieren tanto a medios públicos como privados y nos piden cosas que directamente atentan contra la libertad de expresión de los medios de comunicación privados. Ustedes aluden a la Constitución al señalar su artículo 1 para traer a colación el pluralismo político y denunciar que, supuestamente, los partidos políticos no son tratados por igual por los medios de comunicación, y, sin embargo, no se detienen en su artículo 20.1, donde se blinda la libertad de expresión. Permítanme que se lo lea. «Se reconocen y protegen los derechos: a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Tal y como expresa la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, aunque a algunos les pese, la libertad de expresión no puede restringirse. . En la Constitución únicamente se hace referencia al control parlamentario de comunicación social dependiente del Estado en su artículo 20.3. En segundo lugar, vamos a ver cómo entiende VOX la libertad de expresión y el trato que considera que se merecen los medios de comunicación y periodistas de nuestro país. Hace unos días, la Asociación de la Prensa de Madrid, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de Periodistas Parlamentarios, esos que ustedes llaman cloaca, difundieron un comunicado en el que calificaban de inaceptable el trato a los representantes de algunos medios de comunicación en la rueda de prensa celebrada por VOX en el Congreso para presentar la moción de censura contra el Gobierno. En dicha rueda de prensa ustedes no podían prohibir la asistencia a ningún periodista, pero no dudaron en mermar su trabajo. De hecho, no dieron la oportunidad de realizar preguntas a varios medios de comunicación nacionales. Las tres asociaciones, señorías de VOX, afirman que ustedes no respetan los principios democráticos ni el ejercicio de la libertad de expresión. Y no son los únicos que lo piensan. Nosotros, también. . Recuerdo hace tres años, en 2019, que VOX iniciaba su primera legislatura en el Congreso y redactó un documento con órdenes para vetar a medios, ya que ninguno — decían entonces— son medios de comunicación ni periodistas, son activistas. Solamente hablarán mal de nosotros, porque somos su enemigo — decía un texto enviado al grupo de WhatsApp de su formación—. Entre ellos estaban: P úblico, elDiario.es, La Marea, El Plural, El Español, Infolibre, El Mundo, El País, y también aparecían dos programas de televisión, como Todo es mentira y El intermedio. Más tarde, añadieron a la lista negra a otros medios de comunicación: la Cadena SER, Onda Cero, HufftingtonPost, Newtral, Cuatro y La Sexta, por cierto, una cadena que ustedes han defendido en varias ocasiones que habría que cerrar. Su proyecto para los medios de comunicación es el mismo que para el país: ninguno. Pero aquí no acaba la cosa, VOX no solo veta a medios de comunicación, también insulta y veta a periodistas: Miguel González, Antonio García Ferreras, Ana Pastor, Susanna Griso, Carme Chaparro, Jorge Javier Vázquez, Àngels Barceló, Julia Otero, Diego Losada, Jordi Évole, Pablo Simón, Laura Rosell, Javier Ruiz, Andreu Buenafuente, Cristina Pedroche, Cristina Pardo o Iñaki Gabilondo, entre otros. Una de las últimas, la redactora de La Razón Marta Maldonado, que denunció su acoso en el mitin que hicieron este mes en Sevilla. Señorías de la derecha y señorías de la ultraderecha, ¿de verdad ustedes creen que después de escuchar todo esto alguien que crea realmente en la libertad de expresión y en una información plural y veraz puede apoyar esta iniciativa? . ¿Ustedes no tienen vergüenza?

Manuel Mariscal Zabala VOX

Vamos a pedir que se vote por puntos.

Miguel Ángel Castellón Rubio PP

Muchas gracias, presidente. Hace dos semanas, señorías, mi grupo interpelaba a la vicepresidenta económica con el fin de conocer las medidas previstas por el Gobierno para recuperar la confianza en la economía de nuestro país. La señora Calviño, sin embargo, evitó realizar un diagnóstico realista de la situación económica y se subió a esta tribuna con el fin de darnos ese discurso triunfalista a que nos tiene acostumbrados en los últimos meses. Hoy, por eso, el Grupo Popular presenta esta moción con el objetivo de pedir al Gobierno que adopte algunas de las iniciativas que presentamos, que creemos pueden ser claves para recuperar la confianza en nuestra economía. Y es que en la España de Sánchez, la España del crecimiento robusto, los españoles no solamente seguimos siendo los únicos europeos, junto con los checos, que no hemos recuperado los niveles de PIB anteriores a 2019. Es que, además, según Eurostat, desde ese año no hemos dejado de alejarnos del resto de Europa en términos de renta per cápita. Por eso, con la inversión privada en pleno retroceso, con el consumo de las familias cayendo un 1,2 % no se puede entender el tono triunfalista de la vicepresidenta. Que el Banco de España revise sus previsiones de crecimiento para este año al alza hasta un 1,4 % no debe ser motivo de jolgorio, es simplemente la constatación del fracaso de las previsiones que hizo el Gobierno, que siguen estando en un 2,1 %. Y, por cierto, también el fracaso de la consecución de esos objetivos planteados en el plan presupuestario. Por ello, señorías, proponemos hoy pedir al Gobierno que formule una agenda de reformas que mejoren la competitividad y que aporten seguridad jurídica junto con una gestión más transparente y eficaz de los fondos europeos, para que de verdad podamos modernizar nuestro sistema productivo. Tristemente, hemos conocido que España lidera el índice de declaraciones de empresas en bancarrota, algo que no debería de extrañarnos, señoría, teniendo en cuenta que desde los últimos meses se han especializado en el Gobierno en insultar a los empresarios, además de subirles la presión fiscal. Y por eso tenemos una lógica destrucción del tejido empresarial, algo que ha provocado el cierre en lo que va de año de 15 000 empresas. Como también es consecuente que el año pasado 111 000 autónomos echaran el cierre a sus persianas. Por eso, señorías, no podemos permitirnos el lujo de la autocomplacencia, y menos aún después de tener una tasa de paro que dobla la media europea, porque tener un paro efectivo de 3,5 millones de personas debería de ser motivo de sonrojo para cualquier Gobierno decente. Máxime, después de saber que tenían ustedes escondidos a 443 000 fijos discontinuos en las estadísticas. . Y subirán ahora, señorías del PSOE, a esta tribuna a decirnos que tenemos 900 000 ocupados más. No gustaría que nos contaran si las horas trabajadas efectivas son las mismas ahora que en 2019. Pero hablemos de la política económica que más están sufriendo las familias en su día a día, de esa que refleja la subida de los alimentos de un 24 %, o de esa que suma una inflación acumulada del 13,5 %, de una subida media del recibo de las hipotecas de 300 euros al mes, una combinación, esta sí, que le está quitando el sueño a la gran mayoría de las familias. En España, señores del PSOE, hoy solo duermen aquellos que pueden comprar un piso al contado, y aunque en los últimos días hayamos conocido alguno o alguna que lo hace, no crean ustedes que son demasiados en este país. Por eso, les proponemos aprobar un plan en defensa de las familias, con el objetivo de que las clases medias recuperen los niveles económicos y sociales que tenían en 2018. Para ello, por supuesto, resulta imprescindible acometer una reducción del gasto público superfluo, del que no vale, para liberar recursos económicos y ponerlos a disposición de las empresas y de las familias. Pero si algo es necesario — y nadie entendería que ningún grupo apoyase esta medida— es que nos centremos en focalizar la ayuda en los más vulnerables, con el objetivo inmediato de revertir el incremento de la desigualdad y la pobreza que ha venido descabalgado en los últimos cuatro años. Señores del PSOE, la crudeza de las cifras constata el fracaso de lo que ustedes han venido en denominar el escudo social, que no ha pasado de ser un eslogan de campaña. Y es que si España se ha convertido en el país de toda la OCDE en el que más ha bajado la renta disponible de las familias, un 7,85 %, no solamente es por una subida desbocada de los precios, es porque a ella le han sumado ustedes un sablazo fiscal de 7 puntos del PIB, y esa política tenía que tener unas consecuencias. . Consecuencias como que el 27 % de los ciudadanos, 13 millones, estén en riesgo de pobreza, o consecuencias como que haya 4 millones de españoles en situación de carencia material y social severa. Por eso, si algo se ha ganado Pedro Sánchez es un hueco en la historia, algo que le preocupaba mucho. Va a pasar a la historia por ser el presidente de los pobres, no el presidente que los reduzca, sino el presidente que los multiplique, porque hoy hay un millón de pobres más que en 2018, un millón de pobres más que cuando el Gobierno de Sánchez tomó posesión. Señoría, 2024 está a la vuelta de la esquina y es necesario, por tanto, que conozcamos cuál es la estrategia de consolidación fiscal que el Gobierno tiene diseñada para los próximos meses, porque suponemos que están diseñando esa estrategia, a no ser que ustedes también tengan claro que van a abandonar la Moncloa y, por tanto, pretendan eludir esa responsabilidad. Lo cierto es que el fin de la cláusula de escape en 2024 y la vuelta de las reglas fiscales hacen que tengamos que cumplir con nuestras obligaciones en el marco del pacto de estabilidad. Por eso tendremos que diseñar un pacto, unas reglas fiscales, y tendremos que hacer cumplir esas obligaciones con una situación de partida bastante más vulnerable que el resto de nuestros socios como consecuencia de la irresponsabilidad de este Gobierno, que no ha aprovechado esa recaudación récord de 257 000 millones de euros para contener el déficit o para disminuir la deuda. Señorías, esta es la foto de la situación, a lo que se suma un gobierno dividido en tres que, fruto de su populismo, fruto de sus ataques a aquellos que cada mañana pagan el salario de miles de trabajadores, ha provocado una sensación de inestabilidad sin precedentes. Por eso, proponemos estas medidas recogidas en esta moción que esperamos nos hagan volver a la senda de la sensatez, esa sensatez que nunca deberíamos haber abandonado. Muchas gracias. .

Andrés Alberto Rodríguez Almeida VOX

Muchas gracias, señor presidente. Señor Castellón, presentan una iniciativa para instar al Gobierno a recuperar la confianza en la economía española sin un gran nivel de detalle o con unas medidas muy genéricas. Hemos presentado enmiendas precisamente para concretar ese plan de medidas. En el punto 5 de la iniciativa hablan de la aprobación de un plan de defensa de la familia. Y, bien, para defender la familia no solo hay que querer hacerlo, sino que también hay que saber hacerlo. Una de las propuestas que les hemos hecho tiene que ver con el concepto de renta familiar per cápita. Es un concepto que hasta ahora solo se ha usado en nuestro sistema tributario en el ámbito de las becas y de las ayudas al estudio, y creo que ha tomado una reciente actualidad por lo acontecido en la Asamblea de Madrid, en donde se ha suscitado cierta polémica porque algunos parlamentarios de esa asamblea recibían o se beneficiaban del bono social de electricidad por su condición de familias numerosas. No han tardado mucho los partidos de la izquierda en decir que iban a revisar esa medida para acabar con esa ayuda a las familias numerosas. Y, antes de que continúen con sus planes antifamilia y antinatalistas, les proponemos este criterio de mesura. Cuando se planteen excluir a alguien de alguna ayuda social, tener un criterio de renta familiar es algo muy injusto. Cualquier persona con recta intención es capaz de darse cuenta de que no es lo mismo un hogar familiar con dos miembros, con dos perceptores de rentas, dos personas que generan ingresos, a un hogar familiar con ocho miembros, en donde hay seis hijos, por ejemplo, que dependen de los ingresos de sus padres. Por lo tanto, es muy injusto excluirlos teniendo en cuenta la renta familiar. . Deben ser excluidos, en todo caso, después de haber dividido su renta disponible entre el total del número de los miembros. Bien, esto es una cosa de sentido común, y esperamos que en el Partido Popular la suscriban, la apoyen. En su iniciativa tienen otras cosas curiosas, y parece que nos han querido plagiar, porque están usando exactamente la literalidad de muchas medidas económicas de VOX, por ejemplo, la reducción del gasto político superfluo e innecesario. Esto me recuerda cuando se pusieron a defender la inmigración legal y ordenada, que de repente salió en todos los titulares, y con esas mismas palabras se acusaba en esta Cámara y en todos los medios, al servicio del bipartidismo, a nuestro grupo parlamentario. . Además, señorías del Grupo Parlamentario Popular, en la última de sus propuestas han asumido el postulado de la izquierda de luchar contra la desigualdad. Esto es un auténtico disparate y es lo que ellos usan para igualar siempre o para arruinar a los países. Es decir, habrá que combatir la desigualdad si es una desigualdad injusta, como ocurre, por ejemplo, con las comunidades autónomas en España, que son la causa que genera más desigualdad entre los españoles, y ustedes son uno de sus grandes promotores. . Efectivamente, ahí es donde está, además de la generación de desigualdad, la producción de un gasto improductivo. Señor Castellón, confío en que se avengan a aceptar estas propuestas, estas enmiendas de sentido común, porque les animamos a sumarse al mayor crecimiento que va a experimentar un partido político en las próximas elecciones de mayo de 2023, que es el de VOX. El partido VOX va a ser el que más va a crecer con diferencia , es inevitable la entrada del sentido común en las instituciones. Si nos quieren apoyar, fantástico, y si no, al menos, no nos molesten. Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. No me voy a alargar porque creo que volvemos a debatir una moción que, en esencia, es una moción desagregada de otras ya presentadas por el Grupo Popular. Es obvio que hay una ralentización del crecimiento, una elevada inflación y gasto público y niveles de deuda también altos, pero todos y todas conocemos las causas de esta situación que, desde luego, yo no voy a volver a explicar. Nos presentan seis medidas genéricas, sin detallar. En cuanto a la estrategia de consolidación fiscal, efectivamente, se va a tener que desarrollar, porque la cláusula de escape tiene su fin y la Comisión Europea va a retomar la disciplina fiscal, pero recuerdo que desconocemos las nuevas reglas fiscales y su rediseño, y eso también es necesario para abordar la sostenibilidad de la deuda, que se hará de una u otra manera dependiendo de cómo sean esas reglas fiscales; en definitiva, para poder abordar ese plan de consolidación que solicitan para no descuidar la deuda, para reconstruir los márgenes de actuación fiscal ante futuras crisis y que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pero tampoco hay que olvidar que hay que generar las condiciones adecuadas para un crecimiento sólido. Cuando hablan de reducir gastos superfluos no nos dicen a qué se refieren, no sabemos si siguen en sus trece de reducir el número de ministerios, de sociedades públicas, porque no lo concretan. Y cuando hablan de recuperar una agenda reformista, me gustaría saber cuál es esta agenda, si es bajar impuestos o la aprobación de un plan de estímulos fiscales y ayudas, porque no lo detallan, y los cierto es que el Gobierno está desplegando una agenda reformista, otra cosa es que no guste. Y tampoco pueden hablar de que no haya habido ninguna reforma, porque solo hay que ver el plan de recuperación y resiliencia y las reformas abordadas y acordadas con Europa. En cuanto a focalizar un plan de ayudas, podríamos estar de acuerdo, ya que siempre hemos abogado por ayudas mucho más focalizadas en quienes verdaderamente lo necesitan, porque lo cierto es que medidas generalistas que no tienen en cuenta la renta de las personas y que favorecen, por tanto, a todas las personas, son muy caras fiscalmente y regresivas, pero tampoco nos detallan a qué clase media se refieren ustedes. En definitiva, una moción genérica que aporta muy poco.

María Muñoz Vidal Cs

Gracias, presidente. Señorías, efectivamente, como se ha dicho aquí ya, la semana pasada la vicepresidenta Calviño compareció en esta Cámara, en la Comisión de Asuntos Económicos, y logró suscitar un consenso, el consenso en forma de crítica común y transversal de todos los grupos parlamentarios. El Gobierno peca de complacencia en todo lo relacionado con la economía y, como consecuencia de ello, está asentado en el conformismo y la inercia. Justo también la semana pasada el Banco de España avisaba elevando el crecimiento económico para este año 2023 del 1,3 % al 1,6, pero advertía que rebajaba en 4 décimas, del 2,7 al 2,3, el crecimiento para 2024. Así, mirando hacia adelante, los efectos del cóctel formado por inercia, complacencia y malas decisiones se hará notable unos meses después de lo previsto. Poco consuelo. Pero si miramos por el retrovisor, si miramos hacia atrás, encontraremos que desde que la señora Calviño asumió el Ministerio de Economía, en junio de 2018, el crecimiento del producto interior bruto de España es el tercero menor de toda la Unión Europea, y si lo miramos en términos nominales, España es el segundo por la cola, según datos de Eurostat; además, según datos de Eurostat también, los españoles somos los últimos en el PIB per cápita real. Estamos en cifras del PIB per cápita real de 2007, señorías, pero salimos más fuertes. Así pues, si miramos hacia adelante o miramos por el retrovisor hacia atrás, resulta evidente que, por mucho optimismo que quiera vender el Gobierno, España se ha quedado rezagada frente al resto de Europa. No podemos más que estar de acuerdo con esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular en que es necesario tomar acciones decididas para recuperar la confianza en nuestra economía. Queda claro que este Gobierno no es idóneo para eso. Pero, señorías del Partido Popular, he entrado a buscar o intentar encontrar en esta moción sus propuestas y me ha resultado difícil, porque, realmente, lo de proponer se queda escueto, muy generalista. Hablan ustedes de reducir el gasto superfluo e improductivo, cosa en la que podemos estar de acuerdo, y les pregunto: ¿cómo lo hacemos, como en Castilla y León, raudos en poner cargos y asesores y no les importa mantener un vicepresidente florero? Punto 2, mejorar la gestión de los fondos europeos. ¿Y cómo lo hacemos, señorías del PP?, ¿cómo lo hacen en las comunidades autónomas que ustedes están gobernando? ¿Lo hacen bien? Porque el Gobierno dice que la cogobernanza funciona perfecto y que los fondos están en manos de las comunidades autónomas. ¿Por qué no llegan los fondos?, ¿qué nos tienen que decir ustedes al respecto de esto de las comunidades en las que gobiernan? Propuesta 3, focalizar las ayudas en colectivos vulnerables. Y les pregunto: ¿qué van a hacer con las ayudas a familias numerosas, por ejemplo, con el bono social térmico?, ¿cómo lo van a hacer? En la parte propositiva, en el número 4, hablan de un plan de defensa para las familias de clase media española. Yo estaba leyendo esto y me acuerdo de cuando llegó el señor Montoro a Moncloa con el hacha y los impuestos. Hablan también de recuperar la agenda reformista. Aquí, señorías del PP, me he reído en mi despacho y he dicho: ¡jo!, podría haber escrito yo esta proposición. Igual yo hubiera resultado más creíble, porque la agenda reformista, la profunda agenda reformista la llevamos defendiendo nosotros mucho más tiempo que ustedes. Reformas como la del mercado de trabajo para reducir la temporalidad, a la que el PP se opuso; reformas para el reconocimiento automático de los títulos universitarios de países de la Unión Europea para atraer talento, a lo que sus señorías del PP y del Partido Socialista se opusieron; reforma del sistema de pensiones para que sea equitativo y no castigue a las generaciones más jóvenes. ¿Qué harán ustedes el jueves, señorías del PP? Porque, señorías del PP, ustedes pueden ser muchas cosas, pero reformistas reformistas… Van ahí, arrastrando los pies. España necesita recuperar la confianza en nuestra economía y eso no se logra con un quítate tú que me pongo yo. Se logra con trabajo, con reformas valientes y pensando en las próximas generaciones. No se logra ni con conformismo ni con desidia.

María Muñoz Vidal Cs

Muchas gracias. .

Joan Capdevila i Esteve ERC-S

. Bona tarda, buenas tardes. Leía con atención la moción del PP — sin recochineo—, la leía con atención y, sin saber cómo, se me ocurrió, me pregunté — con el debido respeto—, al ser tan chata, tan blanda, tan ramploncita y repetitiva, que — perdóneme la maldad su señoría— si habían recurrido a ChatGPT para elaborarla. Con todo respeto, repito. Ante la duda entre no intervenir o simplemente votar que no, me propuse el ejercicio de recurrir también al ChatGPT para ensayar una respuesta a la altura. Fíjense a la altura que queda — comillas—: «Las propuestas del Partido Popular están vacías de contenido y solo favorecen a las élites; su estrategia de consolidación fiscal profundiza la desigualdad y el sufrimiento de las personas comunes; la reducción del gasto público pretendidamente improductivo solo beneficia a los poderosos; la recuperación de la competitividad empresarial no debe ser la excusa para favorecer a las grandes empresas; sus planes de defensa de las familias no solo buscan recuperar el nivel económico de — comillas también— determinada clase media; necesitamos políticas públicas que pongan a las personas en el centro y que permitan construir una sociedad más justa y solidaria para todas y todos». No sé cómo se dirá: fin de la cita o del ChatGPT. Ya ven ustedes, señores del PP, la máquina les conoce bien y la máquina es más progre que ustedes. . Gracias. Con estas palabras seguramente inauguramos una incierta era. ¡Quién sabe si esta es la primera vez que en esta Cámara se usa el ChatGPT para componer un discurso! O no. Declarada y abiertamente, creo que esta es la primera. Dudoso honor, debo admitir, y repito mis excusas, pero, señores del PP, sus propuestas están tan vacías de contenido que con un ratito de inteligencia artificial se les puede responder a ustedes. Vamos a votar que no. Muchas gracias. .

Laura López Domínguez ECP-GUANYEM EL CANVI

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, personas en tribuna. Sería un placer poder tener el clásico debate sobre medidas económicas con la derecha de este país. Lo sería si la derecha de este país fuese seria y responsable, si tuviese un poco de respeto para esta institución o para las personas a las que representa. Sería más interesante y seguramente sería un debate útil. A pesar de esta situación, que no se da, en mi grupo sí nos tomamos en serio esta institución y a la gente que representamos: sus problemas, sus anhelos y sus problemas del día a día. Es por eso que intentaré analizar, a modo de debate, el contenido de esta moción. Se refiere a la evolución de datos macroeconómicos y, ciertamente, algunos como los referidos a la inflación no son buenos. No obstante, si los comparamos con los datos registrados en otros países de la Unión Europea podemos ver que, al contrario de lo que dice la derecha de este país, este Gobierno progresista sí que está haciendo algo bien. Incluso el mismo Partido Popular dice que los datos macroeconómicos no siempre reflejan el día a día de la gente. Es verdad, en eso estamos de acuerdo, así que vamos a pasar a analizar problemas concretos con sus soluciones concretas. Uno de ellos, a los que se refiere el Partido Popular, es la subida de las hipotecas variables. Ciertamente, es un problema para muchas familias de este país. La solución de Unidas Podemos es reducir la variable aplicable a estas hipotecas pero no, el PP no quiere ni oír hablar de reducir este diferencial. ¿Por qué? Porque esto es tocar el beneficio de los bancos. La propuesta de su patrón Feijóo más bien va a crear un fondo con dinero público, eso sí, para que se continúen pagando los ingentes ingresos a la banca. Lo de siempre: cuando hay escasez las pérdidas las pagamos entre todos y cuando hay beneficios se los quedan unos pocos. Por cierto, hablando de vivienda tampoco veo en esta moción ninguna referencia a los 2,8 millones de hogares que viven en régimen de alquiler. ¿Qué pasa, que a estos no les han subido los precios? Pues me parece que sí. Y todavía es peor, porque están en una situación mucho más vulnerable. Pero esos no les importan a la derecha de este país, porque generalmente las personas que viven en alquiler son las que tienen menos recursos o las que han nacido fuera de España, y esas no les interesan porque sus amigos son otros. Ustedes se han referido a la renta per cápita. La renta per cápita no dice nada de desigualdad y no les he oído a hablar del índice de Gini. Sí, señores, hay que poner un poco de sociología en la economía. También pueden decirme que se han referido al riesgo de pobreza y exclusión social medida por la tasa AROPE, ¿pero realmente se han referido a ella o bien la han malutilizado para intentar una vez más, torpe y deshonestamente, quitar sin éxito prestigio a este Gobierno? Si quieren hablar de la tasa AROPE vamos a hablar de ella: 27,8. Este es el último valor que tenemos para este país. No me gusta la realidad que define este valor pero les voy a contar, para que estén al corriente, cómo era este valor en 2014 — año oficial de la finalización de la crisis iniciada en 2008—, bajo el Gobierno del Partido Popular: 30,2. Sin crisis y bajo el Gobierno del Partido Popular más de 2 puntos por encima de lo que nos encontramos ahora, en plena doble crisis. Y por si no les ha quedado claro, les voy a detallar los componentes de la tasa AROPE. Riesgo de pobreza: 22,2 con el Partido Popular — sin crisis, les recuerdo— frente al 21,7 actual. Carencia material y social severa: 10,7 con el Partido Popular frente al 8,3 actual. Baja intensidad de empleo: 16,9 con el Partido Popular frente a 11,6 con nosotras. Repito, baja intensidad de empleo: con el Partido Popular 16,9 y 11,6 actualmente. ¿Todavía se atreven a decir que la reforma laboral, los ERTE, el ingreso mínimo vital, el aumento del salario mínimo y de las pensiones no son buenos para este país? ¿Todavía se atrevan a decir que este Gobierno progresista no es bueno para este país? ¿No es buena tampoco la reforma universitaria, que sube las becas y limita los precios? ¿Prefieren el modelo de Madrid, que empuja a los estudiantes a pedir préstamos privados a los bancos? No, señor. Como ven, las derechas no son buenas para este país. Si ustedes fueran serios y responsables podríamos tener ese debate porque, si no, lo que hacen es generar desconfianza a la sociedad y luego se tienen que inventar mociones y cuentos chinos para desprestigiar el Gobierno. Muchas gracias. .

Antonio Hurtado Zurera PSOE

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Una previa. Señor Castellón, coincido con usted. Es una vergüenza que alguien pueda vender, como fue el caso de la alcaldesa de Marbella, e ingresar en un banco de Luxemburgo un millón de euros de una vez. La verdad es que es una vergüenza que sea una alcaldesa la que haga esos trapicheos y no pase nada en este país. Me da lástima. . Pero, bueno, vamos al grano, vamos al grano si os parece. Señor Castellón, su tibieza demuestra que ni usted se cree lo que estaba diciendo. No se lo cree, señor Castellón. Le tengo mucho aprecio y cariño y se lo noto. ¡Qué falta de convencimiento! Es la séptima vez que ustedes presentan una moción parecida. Le voy a decir que hay algo novedoso en la moción que se lo compro, y es lo que dice. Una frase dice: el paso primero para hacer una buena política económica es hacer un buen diagnóstico. Se lo compro. Es totalmente cierto. Por eso le digo que lo que usted propone ahora — que es lo que propuso hace dos meses, seis meses, ocho meses— evidentemente es una muy mala política económica, porque obedece a un muy mal diagnóstico del Partido Popular. Le voy a sacar nada más que una portada. : El PP da por hecho que España encara ya un escenario de recesión. Esto lo decía el señor Feijóo, lo decía la portavoz del grupo parlamentario en el debate de presupuestos del mes de octubre y lo decía el gran gurú, el señor Bravo, el gran gurú económico del Partido Popular; por cierto, el que se llevaba 124 000 euros del presupuesto de la Junta de Andalucía sin saberlo nadie y que creo que fue la causa para que dejase de ser consejero de Economía. Eso no lo sabe el resto de España. Pero vamos al grano. Por tanto, su diagnóstico es malo, ha fallado, no estamos en recesión. Pésimo diagnóstico. Políticas acordes con ese pésimo diagnóstico. Señor Castellón, este Gobierno está haciendo una política económica rigurosa, una política económica coherente basada en tres ejes fundamentales. En primer lugar, responsabilidad fiscal, reconocimiento internacional y confianza de todos los mercados internacionales. Nuestras cuentas públicas son creíbles. En segundo lugar, justicia social. Se invierte dinero público, 45 000 millones de euros, en ayudar a las familias más vulnerables en una situación crítica. El tercer eje de la política económica es transformación, reformas, Next Generation y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A todo han votado ustedes que no, han votado que no a toda esta política económica que ha dado magníficos resultados. Me voy a los resultados. . Último PIB, el de 2022: 5,5 %. Previsiones del Banco de España al alza: 1,8 % para 2024 y 2025. Es decir, nada de recesión, señor Castellón. Al contrario, de los países que más crecemos en Europa y en el mundo ahora — en 2022, con las cuentas— y en el futuro. Siguiente dato: prima de riesgo. Señor Castellón, estamos con una prima de riesgo estable en torno a los 100 puntos básicos. ¿Saben ustedes a cuánto llegó la prima de riesgo con el Gobierno del PP? Superó los 500 puntos básicos. Eso sí era desconfianza por parte de los mercados financieros. En cuanto al empleo, se han creado un millón de puestos de trabajo, catorce millones de contratos indefinidos, un 4 % de incremento del empleo; ha bajado la temporalidad en el empleo 10 puntos, un éxito. Otros datos significativos de la política económica son las exportaciones, que han aumentado un 15 %. La inversión extranjera ha aumentado un 55 %. La balanza de saldo por cuenta corriente positiva de 25 000 millones de euros es garantía de estabilidad, de futuro y de progreso. Son políticas económicas rigurosas, creíbles y de confianza en el exterior, lo que no hicieron ustedes. .

Miguel Ángel Castellón Rubio PP

Para evitar que nos llamen plagiadores, vamos a votarla en sus términos y por puntos, señor presidente.

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

Muy buenas tardes, señorías. VOX va a hacer hoy una cosa que es posible que incomode a muchos partidos de los aquí representados. Es posible que, de alguna forma, pongamos a sus señorías en un brete. Y para que quienes nos escuchen nos entiendan, voy a explicarme un poco. Defendemos una moción consecuencia de interpelación urgente. La interpelación urgente le plantea a la ministra de Hacienda una serie de cuestiones en torno a la corrupción que parece que está carcomiendo al Partido Socialista. No es que sea nuevo; de hecho, es casi ya una tradición socialista esa de la corrupción. . Pero, bueno, le propuse una serie de una serie de iniciativas que, probablemente, ayudasen mucho al Partido Socialista. Le sugerí que, de alguna forma, persiguiesen la corrupción internamente. Le sugerí también que arrojase luz sobre los casos de corrupción que han ido surgiendo en los últimos meses; que explicasen en qué estaba consistiendo la investigación interna que estaban llevando. Sin embargo, la ministra me respondió en un tono ciertamente desagradable, haciendo alusiones personales, que es también costumbre de la ministra de Hacienda hacerlo. Y hoy viene la moción consecuencia de la interpelación. Hoy todos los partidos van a tener que votar. Y esto es interesante, porque cuando preguntemos si van ustedes a impulsar al Partido Socialista a una búsqueda, un examen y una fiscalización de esos fondos públicos gastados en cuestiones de corrupción, ustedes van a tener que decirles a los españoles si sí o si no. ¿Están ustedes dispuestos a investigar la corrupción? Y van a tener que votar sí o no. . ¿Van ustedes a depurar las responsabilidades de aquellas personas que han estado involucradas en tramas de corrupción? Y ustedes van a tener que votar sí o no. Y los españoles, en sus casas, lo van a ver. Van a tener ustedes la oportunidad de decirles a los españoles si van a promover, tanto internamente como partido, como a nivel de Gobierno, aquellos mecanismos necesarios para que la Administración pueda rastrear esos fondos, precisamente esos fondos que la Comisión Europea dice que no logra encontrar. Pues, ustedes hoy van a poder decirles a los españoles: vamos a trabajar para ser transparentes; vamos a trabajar para localizar dónde están esos fondos gastados en ese entramado de corrupción; vamos a hacerlo. Ustedes, hoy, van a tener esa oportunidad. Y, por último, ¿van ustedes a impulsar medidas legislativas para evitar que esto vuelva a suceder y para castigar penalmente, con fuerza, a aquellas personas que dilapiden dinero público en tramas de corrupción? . De nuevo, les damos una gran oportunidad, porque van a poder decirle a toda España que ustedes sí van a combatir esta lacra que hoy asola al Partido Socialista y al Gobierno socialista, pero que, en otras ocasiones, también ha afectado a otros gobiernos de España. Así que, hoy, señores del Partido Socialista y de Podemos, sobre todo, que son los miembros del Gobierno, van a poder mirar a los ojos a los españoles, apretar el botón verde del sí para, de verdad, adoptar medidas contra la corrupción. . Porque en las últimas semanas nos estamos encontrando con informaciones que preocupan muchísimo a los españoles y ustedes deberían arrojar luz sobre ellas. ¿Quiénes acudían a aquellas cenas pagadas por empresarios de la trama Mediador? ¿Quiénes eran? Si aquellas cenas eran algo totalmente inocuo, ¿qué más da dar los nombres? ¿Por qué no explican de verdad que eran cenas ordinarias, en las que cada cual se pagaba lo suyo? . Arrojen luz sobre eso, y la sospecha y la suspicacia que los españoles legítimamente tienen desaparecerá. ¿Cómo puede ser que dimita de repente la cabeza de la Guardia Civil por esa relación de su marido con el caso de los ERE de Andalucía? Y ¿cómo puede ser que la versión oficial que dan ustedes sea todo, salvo esa relación con la corrupción? ¿Por qué no lo dicen abiertamente? Y la otra pregunta es ¿por qué ponen a oficiales de la Guardia Civil para parapetar a esa política que se ve obligada a dimitir por su relación con la corrupción? ¿Por qué lanzan ustedes bombas de humo y sombras de sospecha contra nuestra querida Guardia Civil, cuando es evidente que el foco de la corrupción estaba en el Partido Socialista? . Pues bien, hoy, señores del Partido Socialista y de Podemos, pueden hacer, de verdad, una labor de lucha contra la corrupción y decirles a los españoles que hoy le dicen no a la corrupción…

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

… y, por lo tanto, dicen sí a esta moción consecuencia de interpelación urgente. Muchísimas gracias. .

Edmundo Bal Francés Cs

Gracias, presidente. Buenas noches, ya, a todos. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa de VOX. . Nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser un grupo que ha peleado contra la corrupción y verdaderamente entendemos que la corrupción se trata de uno de esos males endémicos que ha sufrido nuestra democracia durante cuarenta años como consecuencia del turnismo en el poder, como consecuencia del bipartidismo, pero es que no mejora, es que Transparencia Internacional, que es la organización que se dedica a medir la corrupción, resulta que desde el año 2019 nos baja 9 puestos en el ranking mundial y que de 100 puestos estamos en el número 60. Los tres mejores países del mundo, los países más claros, los que menos corrupción sufren son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. ¿Y por qué España no se parece a estos tres países y, sin embargo, se encuentra de la mitad de la tabla para abajo? Claro, es que la corrupción produce desafección, produce descreimiento de la gente en las instituciones democráticas y nos encontramos con que en los dos partidos que han gobernado España tenemos palabras como los ERE, la Gürtel, el Mediador, Granados, Lezo, Púnica, Acuamed, Kitchen, Marismas, Noelia Posse en Móstoles, el 3 % por cierto en Cataluña, Mikel del PNV, Neurona, en fin, palabras de las que ahora los jóvenes ya no se acordarán, como de Luis Roldán, no se acordarán de los papeles del BOE, de Filesa, de los GAL, de las comisiones del AVE; o sea, que esto es lo de toda la vida y, cuando les preguntan a los dirigentes políticos dicen: bueno, eso es de otra época; eso a mí no me afecta, es que mi partido ya ha cambiado. Pues no parece, desde luego no parece que esto se arregle. Hoy nos encontramos con que se presenta una comisión de investigación para ver la trama Mediador y el Tito Berni, que sucede aquí, en el Congreso de los Diputados, y votan que no, incluso los cómplices del Gobierno, Unidas Podemos, que tanto sacaban pecho en su lucha contra la corrupción; y se lo tienen que comer con patatas. Eso sí, vamos a investigar al Partido Popular por la Operación Cataluña. Oiga, las cloacas ¿huelen mejor o peor según que sean del Partido Socialista o del Partido Popular? ¿En unas cloacas hay ratas y en las otras no? ¿Son unas buenas y las otras son malas? Porque, claro, nos encontramos con que toda la cúpula del Partido Popular de Baleares hace cuatro días, cuando sale en permiso penitenciario un condenado por corrupción, se reúne con este señor. No sé, será eso de que el criminal vuelve al lugar del crimen reiteradamente. Será que, a lo mejor, nos encontraremos con que el señor Bárcenas volverá a entrar en Génova, en esa sede que está rehabilitada con dinero negro, en un permiso penitenciario. Desde luego, los dos partidos, tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista y, ahora, Unidas Podemos, en su lucha contra la corrupción, se definen con una sola palabra: hipocresía. Hacen un Código Penal a medida, rebajan los delitos de malversación, Unidas Podemos mira ahora para otro lado frente a la corrupción del Gobierno, el Partido Socialista llega al poder precisamente por una trama de corrupción del Partido Popular, pero, después, pacta con Bildu, pacta con Esquerra, indulta a los malversadores del 1 de octubre del procés, porque esos son delitillos menores, lo de los indultos no tiene problema, se puede abusar de los indultos e, incluso, están pensando en indultar a Griñán. ¡Hombre! Que ya nos gustaría saber a los españoles si, cuando vayamos a las urnas, el señor Griñán va a estar en prisión, va a estar en libertad o va a estar indultado. Ya podrían ustedes contárnoslo. Hemos enmendado su moción porque entendemos que hay que introducir todo el paquete contra la corrupción. Hay que separar de forma inmediata los cargos públicos que estén acusados por corrupción, hay que establecer la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos por la responsabilidad civil, hay que establecer dentro de los partidos políticos órganos específicos que prevengan la corrupción, hay que establecer la reforma del delito de tráfico de influencias, hay que establecer el delito del incremento de patrimonio en los políticos, hay que establecer la prohibición de los indultos para los casos de corrupción, hay que obtener la devolución de lo que se roba a todos los españoles, hay que conseguir que se reintegre al patrimonio de todos aquello que sale de este patrimonio por culpa de la corrupción y que este dinero se pueda dedicar a lo importante, a las reformas que este país necesita desde hace tantos años. La corrupción nos hace perder no solamente dinero, sino también tiempo. Gracias. .

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Moltes gràcies, senyor president. Me encanta esta moción de VOX, me encanta; una moción que habla de corrupción. Vamos a ver, ir a un chiringuito, donde te colocan a dedo, y no hacer nada en todo el día, ¿es o no es corrupción? . Cobrar dinero público sin hacer absolutamente nada. A los autónomos no les pagan si no trabajan, a los trabajadores no les pagan si no trabajan. En cambio, al señor Abascal, le pagaban sin hacer nada; dinero público. ¿Le pedimos al señor Abascal que devuelva todo lo que cobró? Porque él mismo lo reconoció: iba a no hacer nada y no se conoce nada de ese chiringuito. ¿Eso es corrupción? Ustedes, que son tan cristianos, en lo de tirar la primera piedra, empiecen por ustedes mismos. .

Joan Baldoví Roda MÉS COMPROMÍS

Veo que a los señores de VOX les gusta mucho mi apelación al señor Abascal. Gracias, señores de VOX, son ustedes muy amables. Nosotros tenemos absoluta disposición a luchar contra la corrupción; de hecho, lo hemos dicho públicamente, votaremos sí a cualquier iniciativa que vaya contra la corrupción. Lo hemos dicho, pero he visto que el señor Figaredo solo hacía referencia al Tito y, bueno, sí, es una trama de corrupción, claro que sí, y hay que estar en contra, pero aquí hay tramas de corrupción mucho mayores, mucho más graves y ustedes no dicen nada. . ¿Es que ya ha empezado el noviazgo, para después del día 29 pactar alcaldías, pactar comunidades autónomas? O sea, la corrupción, pero solo la de estos; la de estos otros, no, ahí no hay corrupción; Oiga, que todo un ministerio del Interior utilizaba a la Policía para espiar a periodistas, para espiar a adversarios políticos, para destruir pruebas; ni una sola mención al Partido Popular. Señor Figaredo, lo que está bien está bien. Hay que hacer referencia a toda la corrupción. Me parece que el noviazgo, efectivamente, va por buen camino y por eso no hacen referencia a sus socios del día 29. En fin, cada uno ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. . Moltes gràcies.

Pedro Antonio Honrubia Hurtado UP

Gracias, señor presidente. Obviamente, vamos a votar en contra de esta moción oportunista, sesgada , que tiene la intención de mezclar al Gobierno con unos hechos que no tienen que ver absolutamente nada con el Gobierno. Pero ya que la cuestión va de hacernos preguntas entre nosotros, le diría al señor Figaredo que me responda a algunas también. Como ya comentó antes mi compañero Joan Mena, la primera que les podría hacer es si ustedes van a dar algún tipo de explicación sobre lo que contó la señora Macarena Olona en el programa Lo de Évole; si van a dar alguna explicación, si van a presentar el formulario 347 de Hacienda, ¿sí o no? Otra pregunta que se les podría hacer, por ejemplo, es si ustedes tienen pensado personarse alguna vez en alguna causa del Partido Popular, porque, que sepamos, ustedes son muy aficionados a personarse en cualquier causa que se abra, por ejemplo, contra mi grupo, causas que se derivan de informaciones falsas, de informaciones que provienen de las cloacas del Estado, de campañas mediáticas que luego determinados jueces elevan a procesos judiciales que al final se acaban archivando; pero ahí están ustedes en todos esos procedimientos haciendo escritos o pidiendo cosas. Sin embargo, que sepamos, en las causas del Partido Popular, que tienen abiertas un montón, que han tenido los escándalos de corrupción más graves que se han dado en este Estado, no están ustedes absolutamente en ninguna. Por tanto, respóndannos a esta pregunta: ¿van ustedes a personarse alguna vez en alguna causa de corrupción abierta al Partido Popular? ¿Sí o no? . Por otro lado, también podríamos hablar, por ejemplo, de la cuestión relacionada con la [corrupción de la monarquía]1. Tenemos un rey emérito que se encuentra en el exilio por [delincuente] 1. Es verdad que [delincuente inviolable, pero delincuente]1, es decir, que está probado. Se han archivado las investigaciones, pero en ese archivo se ha dicho que los delitos se habían cometido, y que si no se le puede perseguir es por la cuestión, por un lado, de la inviolabilidad y, por otro, de que algunos estaban prescritos, como cuestiones de cohecho o cuestiones de defraudación fiscal. Sin embargo, tampoco hemos visto nunca que ustedes hayan dicho una sola palabra sobre la cuestión de la [corrupción de la monarquía] 1. Jamás han dicho ustedes absolutamente nada de la cuestión de la inviolabilidad, de que tengamos una figura como el rey — o próximamente, ya veremos si pasa, la reina— que pueda hacer absolutamente lo que quiera, que pueda robarnos a todos y a todas y que no se le pueda hacer absolutamente nada porque es inviolable. O que es evidente que en estos años que llevan de reinado, después de que Franco les dejara en herencia la Jefatura del Estado, ha habido un montón de escándalos de corrupción que deberían avergonzarnos a todos y todas y, sin embargo, ustedes no han dicho absolutamente nada. Por tanto, les hago la pregunta: ¿van a decir ustedes alguna vez algo sobre la [corrupción de la monarquía]1? ¿Sí o no? 1 Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. Otra cuestión que le podríamos señalar, por ejemplo, es el asuntillo aquel de su excandidato en la Junta de Andalucía, el señor Serrano. Por cierto, vaya suerte que tienen ustedes con los candidatos que ponen en Andalucía, uno le sale ladrón y la otra le sale casi ‘testiga’ protegida de casos de corrupción (el señor Espinosa de los Monteros de Simón: ¡Nosotros tenemos candidatos!), que ya veremos en qué acaba eso. Pero, bueno, la cuestión es qué pasó. . Cuando el señor Rubén Sánchez, de FACUA, se atrevió a denunciar lo que estaba pasando con este señor, ustedes le montaron una campaña de acoso, de amenaza, de desprestigio, simplemente porque se había atrevido a denunciar la corrupción — en este caso no corrupción pública, pero sí de un asunto privado— que tenía que ver con un candidato suyo en Andalucía. ¿De esa forma están luchando ustedes contra la corrupción? Otra pregunta. Cuando salgan escándalos o salgan causas relacionadas con gente de su partido en temas de corrupción o temas privados, como el del señor Espinosa de los Monteros, ¿van ustedes a seguir amenazando, desprestigiando y persiguiendo a quien se atreva a denunciarlo? ¿Sí o no? Creo que las respuestas son claras, porque ustedes son un partido intrínsecamente corrupto. . ¿Por qué? Porque la corrupción tiene que ver con una cosa, que es la relación entre el poder económico y parte del poder político al que compran; lo pueden comprar a través de mordidas o a través de otras cuestiones, por ejemplo legales, como son las puertas giratorias. En el fondo lo que hacen es defender sus intereses, y en esta Cámara hay un partido que ejerce de embajador de los ricos y de las grandes empresas que son ustedes, el partido de los señoritos. Ustedes sistemáticamente vienen a esta Cámara a votar en favor de los intereses de los grandes poderes económicos. ¿Lo hacen de forma gratuita? Ya veremos. A mí no me cabe duda de que muchos de ustedes acabarán atravesando esas puertas giratorias y cobrándose los favores que les prestan aquí a todos esos poderes económicos día a día en sus votaciones sociales. Por tanto, antes de presentar este tipo de moción oportunista y sesgada, lo primero que haría sería responder a las preguntas que le he hecho y, por supuesto, empezar de una vez a trabajar en beneficio de la mayoría y dejar de ser el partido representante de los intereses de los ricos y de los señoritos en esta Cámara. Nada más y muchas gracias. .

Javier Bas Corugeira PP

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. . La moción que debatimos busca que se adopten medidas para el rastreo de fondos públicos utilizados en las tramas de corrupción, y la votaremos a favor. En ella se hacen referencias a algunos de los numerosos casos de corrupción que afectan al PSOE de Pedro Sánchez. Entre ellos, se citan los ERE de Andalucía, señor Hurtado, el mayor caso de corrupción de la democracia, ¡con dos expresidentes andaluces del PSOE condenados por malversar más de 680 millones de euros! , y donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, formaba parte de aquellos Gobiernos. Se cita también la trama que apunta a los hermanos de Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana. Otra trama que no se cita, pero la incluyo yo, es la que relaciona a la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, con un presunto enriquecimiento ilícito — señor Hurtado, nombrada por este Gobierno—; el caso Azud, por supuesta financiación ilegal del PSOE valenciano, o el caso que afecta directamente a los diputados socialistas de esta Cámara y a Pedro Sánchez como presidente del Grupo Parlamentario Socialista en este Congreso. Hablo del llamado caso Tito Berni, cuyo presunto cabecilla de esta trama corrupta era un relevante miembro del PSOE, a quien el Grupo Parlamentario Socialista hizo ponente, ni más ni menos, que de la ley contra el fraude fiscal. Según se ha sabido, el entonces diputado socialista recibía en el Congreso a empresarios para la comisión de presuntas actividades ilícitas, y luego, incluso durante la pandemia, se iba de fiesta con ellos a gastos pagados. Por cierto, como en el caso de los ERE de Andalucía, parece que en las fiestas del socialista Tito Berni no podían faltar ni la cocaína ni las prostitutas. Por eso, ante el desprestigio provocado a la labor de los diputados de esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular solicitó la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la trama Tito Berni, eso sí, con respeto escrupuloso a las actuaciones que en vía judicial se están llevando a cabo. Los objetivos eran bien claros: uno, identificar y conocer si había algún miembro más del Grupo Socialista que presuntamente pudiera haber participado de esta trama criminal; dos, salvaguardar el honor de las Cortes Generales y del resto de diputados de esta Cámara; y tres, determinar si se ha dañado la Hacienda pública española y la de la Unión Europea. Curiosamente, fue rechazada por los mismos grupos que en su día apoyaron la moción de censura para hacer presidente a Pedro Sánchez. Aquello de «contra la corrupción, tolerancia cero» no es aplicable si la corrupción afecta al PSOE. . Y es que en el seno del PSOE se sienten impunes ante la corrupción. Cito como ejemplo el caso de la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra y concejala en el Ayuntamiento de Vigo con Abel Caballero, Carmela Silva. En él, el funcionario condenado incluyó entre sus alegaciones para solicitar el indulto el ser un militante ejemplar del Partido Socialista. ¡Ver para creer! . Por eso, ya nadie duda de que la rebaja de las penas por malversación también buscó beneficiar a corruptos del PSOE. Pero, señorías, aun con el rechazo de esta Cámara a la creación de la comisión de investigación, la verdad del caso Tito Berni saldrá a la luz. Ustedes saben, señores socialistas, que las sospechas se extienden a más diputados de su grupo y también a altos cargos del PSOE. . Igual de ahí viene el tremendo nerviosismo mostrado por el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, cuando le preguntaron si había estado en ese conocido restaurante durante la famosa cena. Solo le faltó contestar: ¿y a ti qué más te da? . Señorías, los escándalos de corrupción se han ido sucediendo dentro del PSOE y han desbordado y arrinconado a Pedro Sánchez. Es bochornoso para esta Cámara que se tengan que entregar a la Guardia Civil los efectos que pudiera tener en su despacho el entonces diputado Fuentes Curbelo por su presunta implicación en una trama de corrupción. Por eso, Sánchez será recordado por haber rebajado las penas a violadores y a malversadores y también por haber permitido que la corrupción se extendiera dentro del PSOE, llegando incluso al propio Grupo Parlamentario Socialista que él mismo preside. . Y termino ya, presidenta…

Javier Bas Corugeira PP

Termino ya, presidenta, citando precisamente al propio Pedro Sánchez, quien dijo que no hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción. Pues bien, señor Sánchez, haga honor a sus palabras y convoque elecciones inmediatamente. . Su situación es insostenible. Muchas gracias. .

Isaura Leal Fernández PSOE

Gracias, presidenta. Con base en el artículo 71 del Reglamento, le pido la rectificación de las palabras injuriosas que ha dedicado el diputado del Grupo Popular a los miembros de este Grupo Parlamentario Socialista y a nuestro portavoz, Patxi López. .

Noemí Villagrasa Quero PSOE

Gracias, señora presidenta. Señorías, quienes nos escuchen hoy desde sus casas tienen que entender que estamos aquí ante una moción de VOX basada en mentiras, rumores y apriorismos , con muchas ganas de sacar un corte en las redes sociales, pero con pocas ganas de acabar con la corrupción. Señor Figaredo, abusando del aforamiento, usted se ha dedicado a calumniar y a verter falsas acusaciones sobre el Grupo Parlamentario Socialista y sobre el Partido Socialista Obrero Español, que ha sido, de largo, el partido que ha contado con más apoyo en más ocasiones cada vez que los españoles y las españolas han podido votar libremente. . Le hablo de un Partido Socialista — al que hoy yo represento— que ha sido la base del Estado de bienestar español, aquel que construyó un sistema público de educación, sanitario y de servicios sociales de primer nivel mundial. . Aquel que desarrolló el Estado autonómico, permitiendo el autogobierno en determinadas materias a los distintos territorios; aquel que nos metió en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea; aquel que cada vez que gobierna, trabaja para que la ciudadanía tenga más derechos y libertades. . Miren, nosotros sí creemos en la Constitución y en sus valores, porque la apoyamos y la defendimos desde el principio; no como sus padres políticos, que la repudiaron y la combatieron. Señor Figaredo, con esta intervención suya no ha insultado solo al Partido Socialista, a la ministra de Hacienda o al Gobierno; fundamentalmente, lo que ha hecho ha sido insultar a la Intervención General del Estado, a los técnicos del Ministerio de Hacienda y al Tribunal de Cuentas. . Señorías de VOX, son ustedes unos antisistema. Pero no nos extraña, ¡no nos extraña nada! Como no nos extraña tampoco que traigan esta moción o que presenten mociones de censura como la de la semana pasada, porque ustedes necesitan debilitar a las instituciones para alcanzar sus objetivos. . Sí. Necesitan cuestionar a las estructuras del Estado, la legislación y hasta la separación de poderes para debilitar nuestra democracia. Porque solo en democracias débiles puede triunfar la autocracia. . Lo que realmente les molesta, señorías de VOX — y muy a la vista está—, es que gracias a esta democracia, la gente corriente podemos legislar y podemos gobernar. Y por cierto, señorías del PP, ¿saben lo que también debilita las democracias y deja que así entre la extrema derecha? Legitimar mociones de censura no propositivas como la de la semana pasada, votando abstención. . Señorías de VOX, no se hagan los despistados, porque en los presupuestos generales de 2023 se regula el procedimiento de riesgo del conflicto de interés en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y ustedes lo saben. Señorías de VOX, no siembren la duda, permítanme que les ponga solamente un ejemplo. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha creado Minerva, una aplicación para analizar, entre otras cosas, el riesgo de que existan conflictos de intereses en las subvenciones públicas que proceden de los fondos europeos. . Es un sistema integralmente desarrollado, por cierto, por trabajadores y trabajadoras de la Agencia Tributaria. Señorías de VOX, el control es riguroso y garantista y ustedes lo saben, pero les renta mucho más el lodo. . En vez de intentar confundir a la ciudadanía, ¿por qué no prueban, por ejemplo — como ya se les ha invitado en esta Cámara—, a resolver algunas de las sombras de sospecha que existen en su formación? No sé, pregúntenle a su líder en Baleares o, por ejemplo, pregúntenle a la exdiputada y exdirigente de su grupo parlamentario, la señora Olona — que ustedes conocen bien—, que ha afirmado que su partido ha desviado 4,5 millones de euros a la Fundación Disenso, que, casualmente, preside su presidente. Sí, su presidente, el mismo señor Abascal. . A ustedes les parecerá muy normal este entramado mercantil y societario. Y si no es cierto, como ustedes dicen, ¿se han personado ustedes contra la señora Olona en los tribunales ante estas acusaciones? En este Parlamento tienen una comisaría disponible veinticuatro horas para que se pueden acercar a hacerlo en este mismo instante. . Señor Figaredo, puede que esto a ustedes les incomode, a ustedes que les preocupan tanto los códigos de vestimenta, ¿les suenan los delitos de cuello blanco, de fraude, alzamiento de bienes y blanqueamiento de capital? Señorías del PP, ¿les suenan los papeles de Panamá, el caso Bankia, las tarjetas black? . Pues pregúntenle ustedes a Rodrigo Rato, a ver cómo iba vestido. . Porque el milagro económico de la derecha, su milagro económico, ha estado en cada uno de estos escándalos y porque el Tribunal Supremo les ha condenado en reiteradas ocasiones. Así que, les pido, señorías de VOX, señor Figaredo, que dejen de sembrar dudas y de manchar las instituciones… .

Noemí Villagrasa Quero PSOE

Sí, señora presidenta, enseguida. Dejen de manchar las instituciones, a sus trabajadores y de deteriorar la democracia — de paso, señorías del PP, súmense ustedes también a esto—; hoy tienen la oportunidad de tomar mi invitación. Déjennos trabajar en favor de esa mayoría social, como ustedes dicen, de todos los españoles y las españolas. Gracias, señora presidenta. .

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

Votaremos por puntos.