Pleno del Congreso n.º 262 · XIV legislatura

Maria Josep Picó Garcés MÉS COMPROMÍS

Con plena lealtad al pueblo valenciano y por la conservación de la biodiversidad, sí, prometo. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. Intervendré de forma muy breve. Hoy vamos a votar las enmiendas que quedan vivas al proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, dando cumplimiento a dos objetivos: por un lado, facilitar al ciudadano o ciudadana y a las pymes un medio alternativo de procedimiento judicial ágil para resolver las discrepancias en los asuntos relacionados con los operadores financieros, en consonancia con la disposición adicional primera de la Directiva 2013/11 de la Unión Europea que permite la creación de este tipo de entidades, y, por otro lado, descongestionar o sacar de la vía judicial este tipo de discrepancias. Creo que es una respuesta necesaria para avanzar y mejorar la protección de la ciudadanía en las relaciones con el sistema financiero y sus servicios en un ámbito donde hay una asimetría de información y donde los servicios financieros son cada día mucho más complejos. Es un proyecto de ley que ha sido sustancialmente mejorado y que evita determinados problemas que se hubieran originado de permanecer el texto en su redacción original. Se trata de un texto mejorado, por tanto, con las aportaciones que hemos realizado los distintos grupos parlamentarios — hay que decirlo—, llegando a un amplísimo consenso que creo que deberíamos destacar. Por ello, quiero dar las gracias al secretario de Estado de Economía, a su equipo y a la vicepresidenta por atender nuestras demandas, así como al portavoz del Grupo Socialista y al resto de grupos y portavoces por apoyarlas, y, por supuesto, también a nuestra letrada, Mónica, que nos lo pone todo muy fácil. . Dicho esto, me gustaría destacar que en este proyecto había dos grandes demandas. Una era la relativa a la tasa y hemos conseguido que el organismo distribuya los costes proporcionalmente entre las entidades afectadas en función del número de reclamaciones resueltas frente a cada entidad, todo ello para evitar los efectos indeseados derivados del establecimiento de una tasa fija sin ningún tipo de ponderación y sin estar condicionada a su resultado. El otro gran tema era el relativo a la jurisdicción aplicable, por cuanto que la autoridad es una autoridad administrativa, y, finalmente, se ha optado por la jurisdicción civil. Eran estas modificaciones en el sentido que proponía mi grupo y también el resto de grupos. . Asimismo, se ha conseguido garantizar más y mejor el acceso a las cuentas de pago básicas por parte de todas las personas vulnerables, los que están en riesgo de exclusión financiera. Se contemplan también artículos relativos a las personas mayores. Y, por último, también hemos conseguido aclarar la Ley General de Subvenciones, que está dando problemas a la hora de solicitarlas en lo relativo al artículo 13.2. Podríamos hablar de muchas más mejoras, pero estoy segura de que otros portavoces hoy complementarán lo que yo acabo de apuntar. Doy por defendidas las únicas dos enmiendas que mi grupo mantiene vivas y, desde luego, votaremos a favor del dictamen, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. .

Edmundo Bal Francés Cs

Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Como ha dicho la señora Sagastizabal del PNV, efectivamente, hemos mejorado muchísimo esta ley gracias a la racionalidad del Gobierno que, por una vez, me he encontrado con que ha querido negociar y mejorar esta norma que vino a la Cámara con un montón de defectos que habían puesto de manifiesto los propios protagonistas de los tres sectores del ámbito financiero: bancario, seguros y valores mobiliarios. En este sentido, hay que alabar esta conducta y este talante pactista que ha tenido el Gobierno y también todos los grupos parlamentarios en el seno de la Comisión de Economía, donde tengo que decir que verdaderamente se producen milagros y, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo con Podemos. Efectivamente, hemos conseguido el texto de una norma que, como le dije al señor Manso cuando contesté a su enmienda a la totalidad, entendemos que es necesaria. Es una norma buena, una norma que incorpora un sistema de arbitraje y de resolución administrativa de consultas en una entidad, la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que permitirá que los ciudadanos, cuando tengan quejas en relación con las entidades del sector financiero, puedan recurrir a un procedimiento administrativo, gratuito y ágil al que la entidad financiera tendrá que acudir de forma obligatoria y que, por debajo de determinadas cuantías, puede ya dar por resuelta su reclamación ante la entidad financiera. Por lo tanto, es un sistema que amplía los derechos del ciudadano frente a las entidades financieras sin limitar o restringir el derecho a la tutela judicial efectiva de las entidades financieras si no están de acuerdo. . Me siento especialmente orgulloso de las cuatro cosas que el Gobierno nos ha dado en exclusiva a Ciudadanos, porque el resto de cosas, como bien ha dicho la señora Sagastizabal, las hemos pactado un poco entre todos los grupos parlamentarios con la inestimable colaboración, ayuda y trabajo infatigable del señor Casares, el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista. No quiero dejar de citar tampoco a Celso Delgado, el presidente de la Comisión, del Partido Popular, que impone su talante moderado que hace que lleguemos a estos acuerdos. Gracias, Celso. Respecto a estas cuatro cosas, mencionaré, en primer lugar, las dudas que teníamos en relación con la posible inconstitucionalidad de un sistema de arbitraje obligatorio para las entidades financieras. Ciudadanos ha pedido y el Gobierno ha aceptado que la entidad financiera, cuando obtenga una resolución estimatoria de las pretensiones del cliente, tenga también derecho a acudir a la jurisdicción civil al objeto de poder discutir el fondo de este asunto. En segundo lugar, también criticábamos el hecho de que las grandes empresas pudieran acudir como clientes de otras grandes empresas a este sistema. No tiene ninguna lógica, porque ahí no hay una situación de desequilibrio entre las fuerzas. No veíamos en este sistema al Banco Santander, por ejemplo, poniéndole una reclamación al BBVA. En este sentido, también el Gobierno nos ha aceptado esta enmienda de acuerdo con la definición europea de las pequeñas, las medianas y las microempresas. .

Edmundo Bal Francés Cs

En tercer lugar, también el Gobierno ha aceptado que las propias entidades del sector financiero colaboren en la redacción de los códigos de buenas prácticas de autorregulación. Por último, ha considerado la objeción que planteábamos en relación con los daños punitivos que se podían plantear como indemnizaciones en los supuestos de pretensiones de cuantía indeterminada, que se van a poder regular a través de los códigos de buenas prácticas. La señora Sagastizabal ha puesto también en valor algunas otras cosas muy razonables, como que todos los recursos ante la jurisdicción lo sean ante la jurisdicción civil, dado que se trata de resolver pretensiones entre particulares y no tenía ningún sentido que pudiera haber jurisprudencia contradictoria que generara inseguridad jurídica entre la jurisdicción civil y la jurisdicción contencioso-administrativa. También está el tema de la regulación de la tasa, con un sistema de financiación de los costes de funcionamiento que nos parece razonable, puesto que penaliza a aquellas entidades financieras que peor se portan, que peor lo hacen, que más resoluciones ven dictadas en su contra. Cabe señalar también el tema de las multas por temeridad, que se establecen en una gradación de proporcionalidad en los supuestos de reincidencia, yendo después a la jurisdicción contencioso-administrativa. Y he de poner en valor —¡cómo no!— las enmiendas del señor Guijarro, de Unidas Podemos, en relación con que tengan que valorarse circunstancias personales de los clientes en materia de discapacidad, en materia de extranjería o en materia de situación administrativa. Me queda por referirme al señor Manso. Aunque no votamos a favor de su enmienda a la totalidad, sí que hizo un diagnóstico muy correcto de los problemas que tenía esta norma. No compartíamos algunas de las soluciones que él planteaba, pero le alabo su pericia a la hora de analizar el contenido de esta ley, porque en parte eso fue lo que al final forzó al Gobierno a entrar en una negociación y mejorar esta norma. Como ven, es un milagro: el diputado de Ciudadanos diciendo que todos los grupos parlamentarios son magníficos, que somos capaces de llegar a acuerdos y que, en contra de lo que el ciudadano opina, no es verdad que aquí estemos todo el día insultándonos y en un ambiente de crispación. Al final, hemos hecho un texto que va a beneficiar a todos los ciudadanos españoles. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Creo que es importante establecer mecanismos para que los ciudadanos nunca se vean desprotegidos frente a los abusos del poder, ya sea este de índole privada, como el bancario, ya sea público. Por eso, yo quiero empezar por traer aquí un caso muy reciente — conocido ayer mismo— que considero dramático y terrible. Es dramático porque afecta a veintiuna víctimas, las del naufragio del Villa de Pitanxo, y es terrible porque quien está detrás de ese abuso es la propia Administración pública, en concreto, el Ministerio de Transportes. Ayer el ministerio, desoyendo ocho requerimientos de la Audiencia Nacional, ordenó zarpar al barco Ártabro, el barco contratado para bajar al pecio del Villa de Pitanxo, sin que vayan a bordo todos los peritos judiciales, incluidos los peritos de parte, como el que designaron las familias. Esto claramente pone en riesgo la validez de las pruebas que puedan ser utilizadas en un procedimiento judicial , que será fundamental para esclarecer las causas y para hacer justicia, porque este naufragio está siendo investigado por la Audiencia Nacional como veintiún delitos de homicidio imprudente. Es inaudito que el ministerio desobedezca a la Audiencia Nacional. . Por lo tanto, reclamamos que haga volver al barco y que atienda a los requerimientos de la Audiencia Nacional en cuanto a los protocolos y al personal que debe ir a bordo para garantizar la fiabilidad de las pruebas recogidas. .

Néstor Rego Candamil BNG

Me parece que esta es la cuestión, porque precisamente estamos hablando de una situación de indefensión gravísima que no debería producirse. Reitero ese llamamiento al ministerio para que haga volver el barco y atienda a los requerimientos de la Audiencia Nacional. En cuanto a la ley, yo simplemente quiero reiterar lo que dijimos en su momento. En primer lugar, nos genera dudas, porque la ley se centra en regular mecanismos de defensa del cliente financiero de arbitrio extrajudicial, en vez de regular obligaciones para las entidades bancarias y financieras para que esos abusos no puedan ser posibles; por ejemplo, para obligar a los bancos a que no cierren oficinas, a que no recorten la atención presencial y a que no cobren comisiones abusivas; incluso para controlar el encarecimiento de las hipotecas, que pesan como una losa en la economía de muchas familias, o para crear una banca pública, lo que sería, evidentemente, una alternativa muy buena. En segundo lugar, también nos genera dudas en relación con esa autoridad independiente, porque en el fondo no deja ser un procedimiento más de centralización, ya que la competencia en materia de defensa del consumidor es de las comunidades autónomas.

Néstor Rego Candamil BNG

Por lo tanto, insistimos en que es una ley con aspectos positivos, pero que también tiene otros que no juzgamos como tales. Obrigado.

Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Gracias, presidenta. Señorías, en primer lugar yo me uno a las palabras de agradecimiento a todos los que han hecho posible que esta ley se apruebe con un amplio consenso. Evidentemente, ha mejorado muchísimo, ha mejorado de forma sustancial. Ha habido temas que para nosotros eran importantes, como la reconfiguración absoluta de la tasa que va a permitir la financiación de la autoridad independiente y también la cuestión del órgano jurisdiccional al cual se debe recurrir. Por tanto, por eso y por otras mejoras que hemos incluido, estamos satisfechos. Me uno al agradecimiento a todos los ponentes y miembros de la Comisión; evidentemente, a la capacidad de generar consenso del señor Pedro Casares y su grupo parlamentario y del secretario de Estado de Economía. También he de mencionar especialmente a nuestro presidente, don Celso, que es una persona que genera ambiente de consenso, y no quiero olvidarme de nuestra letrada. Dicho esto, todavía quedan enmiendas pendientes de aprobar y, como yo soy incansable y casi incombustible, voy a intentar hacerles reflexionar aunque sea en el último momento. Hay una enmienda muy interesante, la 187, que este grupo parlamentario había presentado ya hace unos meses y que retiramos a efectos de que las partes fueran capaces de llegar a un acuerdo. Como esto no ha sido posible, la hemos vuelto a presentar. Esta enmienda pretende establecer un cierto ámbito regulatorio en las relaciones económicas entre dos agentes económicos con una fuerza absolutamente descompensada que, aunque durante muchos años no haya generado problemas, sí los ha empezado a generar para una de las partes no de forma generalizada pero sí de una manera relevante. De lo que se trata es de que, cuando exista una descompensación de las partes, podamos regular este caso para intentar proteger a las pymes de las grandes empresas. Por ello, les pido apoyo. Es una enmienda que se ha rebajado en sus propósitos iniciales y a la estoy seguro de que todos los que están preocupados por la descompensación de fuerzas entre los agentes económicos — esta ley es un ejemplo— se pueden suscribir. Finalmente, un comentario. Hemos modificado a través de una técnica legislativa muy habitual a lo largo de esta legislatura, que es la transaccional exprés — aquella transaccional que se incluye en el último momento en la Comisión o la ponencia; en este caso, en la Comisión—, la Ley General de Subvenciones en un aspecto que ya modificamos en la ley crea y crece: a efectos de que las empresas que no cumplan la ley de morosidad no puedan acceder a determinadas subvenciones públicas. Ahora matizamos lo que habíamos dicho para facilitarlo. De todas formas, debo volver a reivindicar la necesidad de trabajar en un régimen sancionador a la morosidad. Tenemos una iniciativa que está presentada y que tenemos paralizada. Espero que antes del final de la legislatura todos los grupos nos podamos poner de acuerdo.

Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Termino en diez segundos. Hemos aprobado el régimen sancionador a la morosidad en el transporte de mercancías y ha sido un éxito. Deberíamos extenderlo al resto del sector empresarial. Muchísimas gracias.

Joan Capdevila i Esteve ERC-S

Muchas gracias, señora presidenta, es usted siempre muy amable conmigo. Señorías, bon dia. La tramitación de este proyecto de ley empezó algo ajetreada. Como bien recordarán, Esquerra presentó una enmienda a la totalidad del proyecto de ley. Si bien estábamos y estamos plenamente de acuerdo con reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras ante los abusos de las entidades bancarias, pensábamos que el modelo planteado no era el mejor para este fin, se quedaba muy corto en muchos aspectos y respondía a un modelo jacobino de Estado lento, ineficiente, burocrático y anacrónico. Sin embargo, nos arremangamos y negociamos artículo a artículo para mejorar todo lo posible el actual proyecto de ley y, tras el compromiso de los partidos del Gobierno, retiramos la enmienda a la totalidad. Nos pusimos a trabajar dispuestos a dejar pelos en la gatera hasta el día de hoy en que tenemos que sumarnos a este acuerdo bastante general que yo diría que no debiéramos llamar inaudito. Quiero agradecer a Pedro Casares y a Chema Guijarro la tenacidad para buscar puntos de encuentro. Expreso nuestro agradecimiento al resto de los ponentes y también al secretario de Estado de Economía y su equipo por ser capaces de pensar fuera de la caja. Empiezo a perder la cuenta de las veces que he tenido interés en hacer constar en el Diario de Sesiones el agradecimiento a los servicios de la Cámara por su ayuda para un buen curso legislativo. Mónica Moreno y su gente, a quienes tampoco debemos olvidar, son insuperables. Gracias. En plena campaña, por si le pudiese perjudicar, dudo si agradecer también al presidente de la Comisión, pero voy a hacerlo. Estamos medianamente satisfechos con el resultado. Queríamos haber llegado más allá, pero hemos conseguido diversos avances y, desde nuestro humilde punto de vista, el texto que aprobamos hoy es cualitativa y manifiestamente mejor que el que nos encontramos al principio. ¿En qué hemos trabajado? Visto y constatado que el Gobierno se mantenía en la creación de una nueva entidad, nos hemos centrado en ella para la defensa del cliente financiero y hemos empeñado en ello la discreta fuerza de los trece votos que Esquerra tiene en esta Cámara. Hemos mejorado las condiciones… Digámoslo al revés: como la nueva autoridad tenía que venir, lo que hemos hecho es encomendarle cosas importantes a supervisar y a sancionar si no se cumplen, mejorando las condiciones para facilitar el acceso a la cuenta de pago básica; consiguiendo rebajas en las llamadas multas a los usuarios por reclamaciones de «mala fe» — entrecomíllese «mala fe», por favor—; posibilitando el cobro de una tasa a las compañías con alto volumen de reclamaciones; consiguiendo que se puedan presentar reclamaciones ante la autoridad desde los distintos territorios mediante convenios con las instituciones de consumo autonómicas, y mejorando las condiciones de atención y asistencia a los colectivos más vulnerables, como las personas en edad avanzada, las personas en situación de discapacidad o las personas migrantes. Parte de la ciudadanía lo desconoce — porque creo que así interesa a las entidades bancarias—, pero existe un producto financiero que son las cuentas de pago básicas. Son unas cuentas para poder acceder a los servicios bancarios más básicos: retirar e ingresar dinero o efectuar transferencias. Las entidades bancarias están obligadas por ley a ofrecer este servicio. ¿Qué ocurre en la actualidad? En la práctica, el acceso a estas cuentas es complicado. A las numerosas dificultades para la apertura de este tipo de cuentas se suman las múltiples trabas en el proceso de reclamación cuando son denegadas, porque dicha denegación se realiza sin notificación escrita alguna. Es un atropello. Desde aquí queremos agradecer a la asociación Red Acoge por sus propuestas que recogimos como enmiendas. . Hoy podemos ver algunas de ellas — no todas— incorporadas en el proyecto de ley; por ejemplo, que una persona que se encuentre en el Estado español en cualquier situación administrativa pueda abrirse una cuenta y que, para esa circunstancia, baste con aportar presencialmente la documentación que acredite su identidad. Otra enmienda de Esquerra permitirá que determinadas ONG puedan certificar el riesgo de vulnerabilidad o de exclusión financiera con el fin de facilitar y agilizar el proceso. Tampoco podemos dejar de celebrar que, gracias a Esquerra, se incluya la posibilidad de que las diferentes administraciones aprueben tasas en otros servicios de carácter básico con un alto volumen de reclamaciones. Finalizando, aunque se ha avanzado en algunos aspectos relativos a la atención a los colectivos más vulnerables, se podría haber hecho mucho más. Por eso, mantenemos vivas nuestras enmiendas referentes a la atención personalizada, a las reclamaciones o a ampliar el ámbito de aplicación del proyecto de ley. Ya ven que no escondemos las cartas con las que partiremos en el Senado si en la votación de hoy no prosperan las enmiendas que mantenemos. De momento, esperamos que este proyecto de ley que aprobamos hoy sea un paso adelante para acabar con las innumerables vulneraciones de derechos de los usuarios por parte de las entidades bancarias. Muchas gracias. .

Txema Guijarro García UP

Señorías, presidenta, buenos días a todas y a todos. Ya habíamos lamentado la tardanza del legislador español en atender una demanda tan perentoria como la que hoy atendemos en esta tramitación: la creación, al fin, de una autoridad estatal para la vigilancia y defensa del cliente financiero, es decir, para la defensa de todas y de todos; por cierto, una demanda que no es solo legal, en tanto que nace de la disposición adicional aprobada en la Ley 7/2017 por estas mismas Cortes, sino que se hunde de lleno en la historia reciente de nuestro país, en las heridas de nuestro pueblo. Y es que al echar la mirada atrás, algunos aún nos acordamos, y nos resulta imposible olvidar, la tendencia que arrastra el sector financiero, sobre todo el sector bancario, desde hace algo más de una década y por cuya senda no ha dejado de transitar hasta nuestros días: cláusulas suelo, tarjetas revolving, comisiones fraudulentas, delegación de cuentas de pago básicas… Por otro lado, ha habido más de 100 000 empleos perdidos, más de 70 despidos colectivos en el sector desde el año 2009, sumado a un proceso de concentración, es decir, de oligopolio y de cierre de oficinas como no habíamos visto nunca. Pudimos completar, además, este dramático cuadro con las estadísticas que nos presentó el magistrado de lo Mercantil, José María Fernández Seijo, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos para la tramitación de esta ley: hubo 420 154 sentencias favorables al cliente dictadas por los tribunales españoles entre los años 2017 y 2021, es decir, el 97,4 % de todas las sentencias dictadas; a finales de ese año quedaban pendientes de resolver 212 969 asuntos. Es decir, nuestro sistema judicial actualmente no es capaz de repartir tal cosa, justicia, y, por tanto, se requiere con urgencia una vía extrajudicial y ágil de resolución de conflictos. Si después de conocer este panorama, alguien piensa que no es necesario una autoridad estatal que imponga algo de orden y concierto en esta selva, si con estos mimbres alguien hoy aquí no se siente obligado a trasladar algo de seguridad y protección a nuestros conciudadanos, y prefiere así ponerse del lado de los que abusan, ese alguien no merece ocupar el escaño que ocupa. Por su parte, creo que el Gobierno trasladó a este Congreso un proyecto de ley que recogía en parte las demandas originarias que lo inspiraron. En todo caso, creo también que el texto se ha perfeccionado en la tramitación parlamentaria, y esto ha sido debido, desde luego, a un encuentro de actitudes, como ya se ha destacado hoy aquí: por un lado, la de los grupos de la Cámara, pues, sin duda, la mayoría han dado un debate franco marcado por la voluntad clara de atender los intereses ciudadanos; pero, por otro lado, también la del Ministerio de Asuntos Económicos, que ha sabido escuchar, encajar y sumar propuestas sin el celo que a veces nos hemos encontrado en otras instancias gubernamentales. En este sentido, quiero dar las gracias al secretario de Estado, el señor Gonzalo García Andrés, y a todo su equipo, así como al portavoz del Grupo Socialista, Pedro Casares, y por supuesto al resto de portavoces de la Comisión, que creo que también han tenido un papel destacado. No quiero dejar de mencionar al presidente de la Comisión, a Celso Delgado, y a nuestra querida letrada, Mónica Moreno, sin cuyo trabajo creo que hubiera sido mucho más complicado el resultado que hoy podemos presentar a este hemiciclo. Creo, honestamente, que se han introducido mejoras que redundarán en un mejor servicio a la ciudadanía, entre otras, por ejemplo, el diseño de un nuevo sistema de financiación de la propia autoridad a partir de una tasa general que no solo garantiza su sustento, sino que castiga aquellos comportamientos y desanima a aquellas entidades que no han sido precisamente un ejemplo de comportamiento hasta la fecha. Hemos avanzado sustancialmente también en el reconocimiento de las cuentas de pago básicas como servicio al que tiene derecho toda persona que se encuentra en nuestro país. Adicionalmente, se refuerzan los mecanismos de control y supervisión del Banco de España, que esperamos que aseguren la prestación real de este servicio y destierren, al fin, las prácticas que se han cebado hasta ahora, especialmente, con la población vulnerable. También se introducen mejoras en la composición del comité consultivo para garantizar la representación de las asociaciones representativas de personas mayores de sesenta y cinco años y personas con discapacidad, aunque nos hubiera gustado poder arrancar mayores compromisos sobre la atención presencial que deben prestar las entidades bancarias en zonas rurales y a determinados sectores sociales. De igual modo, lamentamos no haber podido elevar al rango de norma algunos elementos del código de buenas prácticas que hoy rigen el sector, y es que, a diferencia de nuestro socio, nosotras reconocemos que no nos fiamos demasiado del compromiso que han demostrado tener los bancos españoles para el bien común. Por último, diré que mi grupo parlamentario se va a abstener en la enmienda presentada por el PDeCAT, relativa a los contratos de agencia que afectan al sector de la automoción. Ciertamente, no se trata de una iniciativa alineada con los objetivos declarados por esta ley, pero desde luego nos parece que las pymes comercializadoras españolas deben gozar de unas mínimas garantías frente a los grandes productores en un contexto de rápida transformación hacia el vehículo eléctrico. Por lo demás, damos por pertinente la incorporación de última hora para recalibrar algunos elementos de la Ley General de Subvenciones que se modificaron a partir de la ley crea y crece con el objetivo de eliminar la morosidad. En todo caso, aún nos queda por legislar en esta materia, de modo que esperamos poder convocar la ponencia que establezca los elementos para un régimen sancionador, de la manera que hemos hecho ya en el sector del transporte; y es que creemos que si esta Cámara aprobó en su momento su toma en consideración, lo justo es tomarla en consideración y trabajarla, señorías. Por tanto, nos veremos y nos encontraremos ahí. Muchas gracias. .

Miguel Ángel Castellón Rubio PP

Presidenta, señorías, en el Grupo Popular compartimos la necesidad que han expresado aquí los grupos parlamentarios de poner encima de la mesa medidas de protección de consumidores en todos los ámbitos y, sobre todo, en el financiero, como también creemos que es necesario establecer mecanismos que sirvan para descargar a los tribunales ordinarios de litigios que, desgraciadamente, se acumulan en las mesas de los juzgados. Para conseguir tales fines, fue el Partido Popular cuando, estando en el Gobierno, promulgó en la Ley 7/2017 la necesidad de establecer un órgano único centralizado de resolución alternativa de conflictos entre los consumidores y las entidades financieras para poder mejorar así el sistema actual, en el que cohabitan los tres servicios de reclamaciones, y cumpliendo también, por supuesto, con la Directiva europea 11/2013. Lo cierto es que tenemos un modelo que es mejorable, pero que no podemos decir que no funcione; un modelo, por cierto, similar al resto de Europa. Otra opción podría haber sido apostar por un sistema en el que hubiéramos centralizado la regulación de la conducta en uno de los organismos existentes, dotándolo de más medios humanos y materiales, y, a la vez, centralizar las funciones de supervisión prudencial en otro de ellos, una solución también perfectamente compatible con la ley y con la directiva. Lo que sin duda no era obligatorio, y bajo el punto de vista del Grupo Popular tampoco era necesario, era crear un mamotreto administrativo que para echar a andar necesita, como mínimo, trescientos funcionarios y que, por supuesto, vamos a acabar pagando todos los consumidores. Señorías, nos hubiera gustado que el diseño de una nueva institución como esta hubiese surgido de un proceso legislativo pausado y más riguroso, pero es que — permítanme la expresión casi vulgar— este Gobierno se ha acostumbrado a hacer leyes como churros, y luego salen leyes que son churros. Porque el departamento de la señora Calviño no solamente ha utilizado en este caso el procedimiento de urgencia, sino que además ha inventado el procedimiento legislativo exprés, término que ya se ha utilizado en la tribuna. Señorías del PSOE, aceptar una enmienda no es dialogar; hacerle llegar al principal partido de la oposición, cinco minutos antes de tener que votarlas, siete enmiendas transaccionales con un contenido árido tampoco es ni lo más transparente ni lo más dialogante ni tampoco lo más riguroso. Luego, está la recurrencia a la perversión del sistema legislativo a la que ustedes están acostumbrados, cuando veinticinco minutos antes de la Comisión de Economía ustedes incluyen otras tantas enmiendas que nada tienen que ver ni con la creación de la nueva autoridad ni con el sistema financiero ni con nada parecido. . Ya se lo advertimos, señorías del PSOE, con la ley crea y crece. Les dijimos que con las enmiendas de última hora iban a perjudicar a las empresas e imposibilitar que accediesen a subvenciones de fondos europeos y a contratos públicos, y hoy estamos aquí, seis meses después — el tiempo nos ha vuelto a dar la razón—, intentando modificar — y vamos a hacerlo— de nuevo la Ley General de Subvenciones para tapar aquel parche. Pero es que, además, hoy también vamos a votar y a modificar los presupuestos generales del Estado, porque el Gobierno se ha mostrado incapaz de asignar los fondos europeos, en este caso en el PERTE Chip, y pretende tener, con una enmienda que aquí se vota, más flexibilidad para la introducción y la cesión de los mismos a la SEPI, en otra muestra más del rigor legislativo de este caótico Gobierno. Pero vamos a la cuestión de fondo, porque con la urgencia legislativa que demuestra tener el Gobierno, yo no sé si intentando buscar un titular antes del 28-M, creemos que al Gobierno se le han pasado algunas cosas importantes por alto. La principal y más importante es que no sabemos hasta qué punto esta ley aporta más seguridad jurídica al sistema, a los consumidores y a las entidades, porque el proyecto que se introdujo en las Cortes nada tiene que ver con el proyecto que hoy sometemos a votación, y es que el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, ha tenido que modificar la parte nuclear, la parte esencial del proyecto de ley, tras el varapalo del Consejo General del Poder Judicial, que dijo hace unos días nada más y nada menos que no encajaba en el marco constitucional porque la nueva autoridad invadía un espacio reservado al Poder Judicial, como también puso en solfa, por ejemplo, el intento de sustituir el orden civil por el administrativo, dudando de esa resolución coactiva de controversia que corresponde, en todo caso, al ámbito del derecho privado. Y todo esto se podía haber evitado si el Gobierno hubiese esperado a que fuese emitido ese informe por el Consejo General del Poder Judicial antes de traer el proyecto de ley a las Cortes. Pero es que, tras ese informe tan demoledor, que atacaba lo sustancial del proyecto de ley, lo lógico hubiera sido haber retirado el proyecto de ley y haberlo rehecho de nuevo, y no intentar subsanarlo a toda prisa en la Comisión, porque ahora surge el problema de que, vía enmienda, estamos cambiando la Ley de Enjuiciamiento Civil e introduciendo en la misma un nuevo procedimiento especial sobre el cual no sabemos la opinión del Poder Judicial. .

Miguel Ángel Castellón Rubio PP

Gracias, señora presidenta. Como tampoco ayuda que, por ejemplo, el Gobierno se haya empeñado en mantener en el ámbito subjetivo de la aplicación de la autoridad la figura del cliente potencial, que nos suscita muchas dudas, como un concepto jurídico absolutamente indeterminado. Estamos de acuerdo en el fondo, señores diputados, pero se nos siguen presentando dudas con las reclamaciones sin cuantía, con la posibilidad de reclamaciones espurias por colectivos o despachos especializados en ello. Por eso, el Grupo Popular presentó en su día numerosas enmiendas, algunas de las cuales mantenemos hoy, para intentar diseñar un ente más racional, con mayor seguridad jurídica, con procedimientos fiables que de verdad protejan a los consumidores, o incluso hemos presentado enmiendas también en la línea de otro grupo para garantizar el acceso a la cuenta de pago básica por parte de consumidores vulnerables. El texto que hoy se aprueba, por supuesto, es mejor que el que llegó a la Cámara, que era inconstitucional, pero adolece de vicios que el Gobierno está repitiendo proyecto de ley tras proyecto de ley. Al menos sabemos que este no va a rebajar las condenas de los asesinos. En definitiva, vamos a cambiar el sistema actual por uno que no sabemos si funcionará, que no sabemos cuánto nos costará, que será muy difícil poner en marcha y que nos aleja del modelo europeo. No sé si esto es motivo para estar de enhorabuena. Compartiendo la necesidad de mejorar el sistema actual, pero no las formas, y teniendo dudas de calado, vamos a abstenernos, como ya hicimos en la Comisión. Muchas gracias. .

Rubén Silvano Manso Olivar VOX

Buenos días, señorías. Con la urgencia que caracteriza a este Gobierno, el pasado 9 de marzo, como se ha indicado aquí, debatimos la enmienda a la totalidad que presentamos a este proyecto de ley para la creación de una Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Se lo repito porque, después de la intervención de Rego, a lo mejor pensaban que estábamos hablando de barcos. ¿La urgencia era necesaria? Pues la verdad es que no, como bien ha indicado el señor Castellón, pero, como ustedes habrán visto tantas veces en la vida, los ociosos tienen mucha prisa para hacer algo que no saben exactamente lo que es. . Desde nuestra enmienda a la totalidad y como consecuencia de la misma — le agradezco al señor Bal el reconocimiento que ha hecho a la actuación de mi grupo—, se han introducido evidentes mejoras en el texto original. Muchas de estas van en la línea adecuada. En este sentido las hemos apoyado y las apoyaremos hoy, porque lo que queremos en cualquier caso, aunque no estamos a favor de este proyecto de ley, es facilitar la mejora del mismo lo más posible para el caso de que salga aprobado, como creo que va a ocurrir. Sin embargo, quería hablar de otras enmiendas, no solo de aquellas que no compartimos pero que tienen que ver con el contenido de la ley, no. Quiero hablar de todas esas enmiendas que se aprovecha para introducir en este texto y que no tienen nada que ver con el mismo y se introducen por el Gobierno o por otros grupos parlamentarios. Ahí tenemos el caso del señor Bel, defendiendo por enésima vez una enmienda que va intentando colocar por todos los proyectos de ley que se traen a esta Cámara. . Todas estas disposiciones son extemporáneas e inoportunas. Comprendemos que a veces quieren solucionar problemas que requieren una solución y que la requieren ya, pero es que no es el sitio ni la hora, y aquí lo que se ve es muy poco respeto a la técnica legislativa. Sin embargo, la buena técnica legislativa, como bien ha dicho también el señor Castellón, del Partido Popular, que es la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos, no es esperable de un Gobierno que no distingue lo importante de lo urgente y que abusa del real decreto. La creación de la autoridad que se propone ahora trae causa en la conflictividad jurídica de la crisis anterior, la de 2008. Los servicios de reclamaciones de las entidades bancarias y los supervisores se vieron, como ustedes saben, en principio colapsados, en parte porque los acuerdos que tomaban no podían ser vinculantes, y en ese sentido la norma actual, dando carácter vinculante a algunos de los acuerdos que toma la nueva autoridad, va a descongestionar mucho los tribunales. Sobre todo hemos conseguido una cosa importante que ya se ha indicado, que es eliminar el doble orden jurisdiccional civil que traía el texto al comienzo del proceso de estudio de este proyecto de ley. En cualquier caso, nos oponemos a la creación de esta autoridad porque, a diferencia de lo que ha dicho usted, señor Guijarro, esto no lo exige la directiva europea, no exige este modelo, y la prueba es que solo Reino Unido, que además no es Unión Europea, lo ha apoyado. . Estamos en contra, primero, porque para alcanzar los objetivos de separación de las supervisiones de solvencia y conducta, como bien nos indicaban el gobernador del Banco de España, el presidente de la CNMV o el profesor Arruñada en dos artículos muy interesantes en The Objective y en FEDEA, que les recomiendo leer, no es necesario crear una nueva institución. Les voy a repetir una cosa: no es necesario crear un organismo público nuevo cada vez que tenemos un problema, que últimamente es lo que parece que pasa. . Y nos oponemos porque, a pesar de la mejora que se ha producido en la tasa, el sistema de financiación del nuevo organismo crea todos los incentivos para su crecimiento constante y continuo — incentivos perversos—, y una instancia u organismo que necesita no solo para existir, sino para crecer, que la conflictividad jurídica suba, no va a reducir la conflictividad jurídica , y la reducción de la conflictividad jurídica debiera ser el principal objetivo de esta norma. Claro que sabemos que siempre existirá el conflicto social, es normal, pero una buena regulación contractual, una buena exigencia efectiva de responsabilidades, basándonos en lo que ya teníamos o, en todo caso, en el modelo twin peaks que nos proponían el gobernador del Banco de España y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores habría sido suficiente. Pero este nuevo organismo lleva el germen del crecimiento constante y continuo sin solucionar el problema para el que se ha creado. . Como ejemplo, tienen ustedes lo que ha pasado con la FCA británica, que ha sido un modelo de éxito empresarial para los burócratas, porque se han multiplicado por veinte el número de burócratas en diez años; una maravilla. Miren, el exceso de conflictividad jurídica que padecimos tuvo su origen en la actuación de los organismos públicos y en la falta de administración de justicia — no habría estado de más que hablásemos de administración de justicia aquí y de proveerla de medios— y ustedes, sin embargo, no paran de hablar de fallos de mercado. Algunos de los productos que se comercializaron fueron promovidos por la regulación y los reguladores, y les voy a citar tres. Por ejemplo, la obligación impuesta por el artículo 19 de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, que obligó a ofrecer productos para la cobertura del riesgo de tipo de interés a los deudores hipotecarios a tipo variable; las recomendaciones del Banco de España de incluir cláusulas de tipo mínimo en los préstamos hipotecarios a tipo variable; o las recomendaciones del Banco de España de comercialización de preferentes y cuotas de participaciones entre el público como modo de reforzar la solvencia de las cajas de ahorros. Todo esto que les digo no es popular, pero es la verdad, lo siento mucho. . Voy concluyendo, señorías. De nuevo, con la excusa de solucionar lo que ustedes llaman con mucha alegría fallos de mercado, van a incurrir en un nuevo fallo de la política, porque quieren crear un organismo nuevo con todos los incentivos para crecer a costa del aumento de la conflictividad. Atajando las consecuencias no se soluciona nada, el problema está siempre en las causas, y la causa del crecimiento...

Rubén Silvano Manso Olivar VOX

… desproporcionado e insostenible de lo público — termino, señoría— siempre está en su irresponsabilidad, y este mecanismo nuevo nace sin responsabilidad, al menos la financiera. No sean irresponsables, señorías. .

Pedro Casares Hontañón PSOE

Buenos días, presidenta. Señorías, hoy vamos a aprobar una de esas leyes que cambian a mejor la vida de la sociedad a la que debemos representar con responsabilidad en este Congreso de los Diputados. El proyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero es un paso más para hacer un país mejor para quienes más necesitan de la buena política, para que se les proteja, se defiendan sus derechos y se vele por sus intereses. Es una ley ambiciosa que aprobó el Consejo de Ministros a propuesta de la vicepresidenta Nadia Calviño y que sale hoy de este Congreso de los Diputados tras meses de mucho trabajo y diálogo; diálogo que nos ha permitido aprobar 48 enmiendas, transaccionar 89 o que se retiren 44 fruto de ese acuerdo, de un total de 250. Detrás de todo esto hay muchos debates, análisis, reuniones con los sectores implicados y acuerdos parlamentarios, pero muchas discusiones también, con Edmundo, con María, con Ferran, con Idoia, con Joan o con Txema, que han hecho de esta una ley mejor que la que ya aprobó el Consejo de Ministros; una ley que vuelve a demostrar la apuesta de este Gobierno y del PSOE por el acuerdo. Por eso, si me lo permiten, quiero comenzar esta intervención agradeciendo, precisamente a los grupos parlamentarios y a sus portavoces, el trabajo, sus propuestas y su debate sereno y responsable en la Comisión de Asuntos Económicos, que hace posible que hoy esta ley salga con un amplio consenso; por supuesto, a Gonzalo y a todo el equipo de la Secretaría de Estado de Economía, que hoy nos acompañan; también al presidente de la Comisión, Celso, a nuestra querida letrada, Mónica, y a todo el personal técnico de la Comisión. Señorías, todos los que han querido acordar están y votarán hoy a favor de este proyecto de ley. No estará VOX, pero lamentablemente tampoco el Partido Popular. Han buscado — lo han vuelto a demostrar hoy— muchas excusas, pero la verdad es que no hemos podido contar con ustedes en demasiadas ocasiones en esta legislatura. El Partido Popular ha dicho no a revalorizar las pensiones, a subir el salario mínimo interprofesional, a aprobar esta misma semana la ley de vivienda, a seguir aprobando y desarrollando los fondos europeos o a una reforma laboral con la que estamos creando más empleo de calidad; son demasiadas veces no, señorías del Partido Popular. . Si consiguiéramos entre todos cambiar ese ruido, por el que tantas veces es famosa esta tribuna, por los acuerdos que alcanzamos, la política y la democracia ganarían. Y esta reflexión inicial me lleva a otra: frente a un contexto internacional como el que estamos viviendo, derivado de la pandemia y ahora de las consecuencias de la guerra en Ucrania, nuestro país ha resistido y lo ha hecho mejor que los demás. España es hoy el país que más crece de la Unión Europea, somos uno de los países con la menor tasa de inflación de la zona euro y estamos creando más empleo que nunca, con ese dato adelantado del mes de mayo que sitúa ya la afiliación a la Seguridad Social en 20,8 millones de personas trabajando. Y esto es fruto de la buena política económica del Gobierno de España y de Pedro Sánchez, pero también, señorías, del trabajo que hacemos en este Parlamento, que en tiempos tan difíciles como los que vivimos nos ha permitido también aprobar más de doscientas leyes para mejorar la vida de la ciudadanía. Reivindiquemos esa, la buena política, la que también aquí, señora presidenta, hacemos en el Congreso de los Diputados ; una buena política como la que hoy permite también aprobar esta ley, la ley por la que protegemos a los clientes financieros, dando mayores garantías y mayor seguridad, sobre todo, señorías, a los más vulnerables, a los mayores de sesenta y cinco años y a las personas con discapacidad, preocupados cuando tienen que hacer una gestión bancaria y solo se les habla de aplicaciones móviles o digitales, o a las personas migrantes y a quienes solicitan una cuenta de pago básica para poder, por ejemplo, recibir el ingreso mínimo vital y no se les escuchaba. Hoy damos un paso más para dar dignidad a todos esos colectivos, hoy damos un paso para la protección de millones de españoles que contratan una hipoteca, un fondo de inversión, abren una cuenta bancaria o firman un seguro. Esta ley es fundamental y con ella avanzamos en la protección de los clientes de los sectores de la banca, los seguros y los fondos de inversión. Con esta ley, señorías, si la hubiésemos tenido, hubiéramos protegido más y mejor a todos los afectados por las preferentes, a todas esas personas a las que se les ha denegado una cuenta de pago básica, a nuestros mayores o a cualquiera de los millones de españoles que cada año contrataban un seguro, una hipoteca o un producto financiero. Es una ley, señorías, que crea un sistema de reclamaciones vinculante, gratuito y más rápido, unificando criterios ante un mismo organismo de supervisión; una ley, señorías, que financiará íntegramente el sector con una tasa anual; una ley que es fruto del acuerdo y que deja solo en una jurisdicción — la civil— aquellos casos que no se resuelvan y facilita así que la mayoría de conflictos puedan solucionarse de una forma más económica para ambas partes y sin largos procesos judiciales. Termino con una reflexión final. Esta ley demuestra una cuestión más: la voluntad firme de este Gobierno, del Gobierno de España, de modernizar la estructura económica de nuestro país para tener una economía más competitiva, más sostenible y más resiliente, pero también más justa e inclusiva. Estas leyes hacen de España un país mejor. En eso estamos y en eso va a continuar todo lo que queda de legislatura el Grupo Parlamentario Socialista y este Gobierno. Muchas gracias, señorías. .

María Carmen Martínez Granados Cs

Gracias, presidenta. Señorías, desde Ciudadanos no nos vamos a oponer a la aprobación de este proyecto, porque se trata de una trasposición de una directiva europea en materia de cooperación fiscal entre Estados, con la que realmente estamos de acuerdo. Esta norma persigue mejorar el intercambio de información y la cooperación administrativa en Europa, extendiéndola a nuevos ámbitos como la de los operadores digitales. . Encontramos muy positiva la nueva regulación que contiene este proyecto, como digo, una trasposición de directiva, sobre los controles simultáneos y las inspecciones conjuntas, así como la nueva obligación de información a los operadores de plataformas digitales. . En Ciudadanos siempre estamos de acuerdo y apoyamos medidas que persigan recaudar no necesariamente más… .

María Carmen Martínez Granados Cs

Gracias, presidenta. Como decía, en Ciudadanos siempre estamos a favor de medidas que persigan recaudar no necesariamente más, pero sí de una manera mejor y más eficiente, persiguiendo el fraude o tratando de evitarlo allí donde tenga potencialidad para producirse. En este sentido, el desarrollo de la economía digital puede constituir un pozo importante de fraude, deslocalizaciones ficticias y ausencia de recaudación. De ahí, la importancia de la nueva obligación de información que se impone a los operadores de plataformas digitales por las transacciones que realicen los usuarios de las mismas. Pero, a pesar de no oponernos a la aprobación de esta norma por la importancia de muchas de las cuestiones que regulan, no podemos dejar de denunciar los modos parlamentarios con los que se maneja este Gobierno y su muy cuestionable técnica legislativa que entorpece totalmente el debate, el rigor parlamentario y la labor de los grupos de la oposición. No hace mucho tiempo, experimentamos en un último proyecto, donde se traspusieron cinco directivas europeas, inconexas totalmente y sin ninguna relación entre sí, que se trataban desde cuestiones tributarias hasta migratorias, jurídicas e incluso medioambientales; y estas últimas fueron introducidas vía enmienda por parte del Gobierno. El Consejo de Estado ya ha tenido que denunciar en varias ocasiones el modo de legislar de este Gobierno, y volvemos a experimentarlo de nuevo con este proyecto. Podríamos, perfectamente, apoyar su contenido primitivo, pero tenemos que denunciar que se haya modificado hasta con veinticinco autoenmiendas de los grupos representantes del Gobierno, la mitad introducidas en el Congreso y el resto introducidas en el Senado. El Gobierno se enmienda a sí mismo una semana en el Congreso y otra semana en el Senado, y no solo con cambios al texto original de este proyecto aprobado por el Consejo de Ministros y verificado por el Consejo de Estado, sino a normas aprobadas por él mismo hace apenas unos meses, y cuya tramitación, además, se encuentra paralizada en el Congreso. Me refiero, por ejemplo, a las modificaciones que se han introducido a los reales decretos leyes 14/2022 y 11/2022, de medidas de sostenibilidad económica y para responder a las consecuencias de la guerra, que siguen en tramitación como proyecto de ley en esta Cámara. El Gobierno introduce, mediante enmiendas, a este proyecto sobre cooperación administrativa internacional, cambios en el ámbito del IVA, del impuesto de sociedades o en el impuesto sobre las personas no residentes, que ninguna relación guarda con el objeto principal de la norma. Tenemos un Gobierno enmendado por el Consejo de Estado sobre su forma de legislar, con normas reiteradamente autoenmendadas y corregidas apenas unos meses después de su aprobación, con la paralización de normas cuya tramitación sí ha sido bendecida por el Parlamento, como puede ser, en este caso, la ley ELA, que lleva más de cuarenta y ocho ampliaciones de plazo y todavía sigue en el cajón, porque este Gobierno no cree que las personas con ELA tengan derecho a que se tramite dicha ley. También están el uso y el abuso de la figura del real decreto ley, como hemos denunciado desde Ciudadanos en numerosas ocasiones, y con el indebido uso de la proposición de ley, en lugar del proyecto de ley, para evitar informes relevantes de órganos independientes. El uso abusivo del veto presupuestario es algo que también hay que destacar en esta tramitación, y es que el Gobierno hace electoralismo en forma de regalos injustificados con dinero público, con dinero de todos los españoles, mientras vetan en la tramitación enmiendas que son totalmente justas con las que nosotros hubiéramos estado de acuerdo y hubiéramos votado a favor, como, por ejemplo, la referente a la rebaja del IVA de las peluquerías, asunto sobre el que el sector lleva peleando y demandando durante mucho tiempo, y que, en Ciudadanos, siempre hemos estado a favor de dicho cambio. También, por ejemplo, hay una enmienda del Partido Popular para eximir la tributación de los intereses de demora pagado por la Administración tributaria a los contribuyentes, aspectos sobre los que nosotros ya hemos pedido explicaciones al Gobierno y hemos registrado una proposición de ley. Como digo, al tratarse de una trasposición de una directiva europea que persigue mejorar el intercambio de información y la cooperación administrativa en la Unión Europea, así como extenderla a estos nuevos ámbitos con los operadores digitales, Ciudadanos votará que sí a este proyecto de ley. Muchísimas gracias. .

Ferran Bel Accensi JxCat-JUNTS (PDeCAT)

Gracias, señora presidenta. Señorías, hace un momento el señor Rubén Manso — no está en estos momentos en la sala, pero seguro que amablemente alguno de sus compañeros de VOX le va a transmitir mi reflexión al respecto— me afeaba que yo presentara enmiendas con cierta perseverancia en diferentes proyectos de ley y, además, que algunas enmiendas no tenían que ver estrictamente con lo que se trataba con la ley. Me lo pone un poco fácil el señor Rubén Manso. Habrá que ver quién aporta más a la ciudadanía, habrá que sumar todas las enmiendas que al señor Rubén Manso le habrán aprobado a lo largo de esta legislatura. Bueno, me vengo arriba. Sumen todas las que han aprobado al Grupo Parlamentario VOX y compárenlas con las que me han aprobado sus señorías, con la oposición y con el Gobierno. Eso seguramente le sabe mal. . Sí. Veo que tienen la piel muy fina los señores de VOX. Sí. Ustedes, cuando termine la legislatura, tendrán que subir a esta tribuna o ir a los mítines y decir: nosotros llevamos cincuenta y dos diputados a pisar moqueta en el Congreso de los Diputados y hemos conseguido esto. . Bueno, esto no; han conseguido esto (junta el dedo pulgar con el dedo índice de una mano indicando cero) en cuatro años. . Y eso se lo tendrán que explicar a sus conciudadanos. Vayamos al asunto, que les va a gustar. Aquellas enmiendas que se han presentado en reiteradas ocasiones o que se presentan a leyes que no son específicamente del tema. Vamos a ver qué hemos conseguido en esta ocasión, después de reiterados temas que no son estrictamente de la cuestión de la ley. Había una situación que yo entiendo que a los diputados de VOX no les preocupaba ni una migaja y era la siguiente. En el año 2003 se aprobó la Ley 41/2003, de protección patrimonial para los patrimonios protegidos de la gente con discapacidad. Posteriormente, en el año 2010 se modificó el libro segundo del Código Civil catalán, donde se regulaba la creación de los patrimonios protegidos para la gente con discapacidad. Según una interpretación por parte de diferentes órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, todos los beneficios fiscales que se aprobaron con la Ley 41/2003 no eran de aplicación en Cataluña a todos aquellos patrimonios protegidos creados de acuerdo con el Código Civil catalán, y esto había generado de forma reiterada muchísimas actas. En la práctica, ¿qué supuso? Supuso que cuando las personas en Cataluña, aplicando su Código Civil, el que les es de aplicación, creaban un patrimonio protegido para sus hijos o para sus familiares, no podían tener los beneficios fiscales como cualquier otra persona que lo hacía en el resto del Estado español. ¿Con esta enmienda qué hemos conseguido? Con esta enmienda conseguimos que todas las aportaciones que se realicen en todo el territorio estatal, independientemente de la fórmula con la que se hayan constituido estos patrimonios protegidos, ya sea con el Código Civil español o con los códigos civiles de cada una de las comunidades autónomas que tengan competencia al respecto, tengan el mismo trato fiscal. Es decir, este humilde diputado ha conseguido que cuando una persona haga una aportación de 15 000 euros para el patrimonio protegido de su hijo o de su hija con discapacidad, para que cuando él falte no le falte de nada a su hijo o a su hija, se pueda beneficiar del mismo trato en el IRPF, por ejemplo, en Madrid, en Toledo o en Barcelona. Aquí quiero expresar mi agradecimiento al Ministerio de Hacienda, concretamente a la ministra y a todo su equipo, porque, a diferencia de otras ocasiones y otros gobiernos, han entendido la problemática y han hecho posible que se solucione mediante esta disposición adicional que se incorpora a la Ley 41/2003. Y también quiero mostrar mi agradecimiento a diferentes colectivos — si este grupo parlamentario se caracteriza por algo es por escuchar las problemáticas de los diferentes colectivos para intentar resolverlas—, especialmente a Dincat, una entidad que agrupa a diferentes entidades y asociaciones en Cataluña que trabajan en el ámbito de la discapacidad, y al Colegio Notarial Cataluña, porque nos han ayudado a proponer esta enmienda que va a solucionar un problema que algunos seguramente ni conocían y para otros no era importante, pero para la gente afectada en Cataluña era muy importante. En todo caso, gracias a todos ustedes, sobre todo a los miembros de la Comisión de Hacienda que votaron favorablemente, con la única excepción de los amigos y compañeros de VOX. Muchísimas gracias.

Roser Maestro Moliner UP

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia. Señorías, concluye hoy la tramitación de un proyecto de ley que, como ya se ha dicho, traspone una directiva europea a nuestro ordenamiento jurídico, concretamente la relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y el modelo de reglas aprobado en el seno de la OCDE. Estamos hablando de un conjunto de medidas elaboradas para luchar de manera efectiva contra el fraude y la elusión fiscal y que contribuyen, sin ninguna duda, a avanzar en materia tributaria para lograr, al menos en el espacio comunitario, sistemas fiscales más justos y progresivos. . Para todo eso, es necesario estructurar un marco adecuado para un intercambio de información y una cooperación administrativa dentro del seno de la Unión Europea, pero muy concretamente para abordar nuevos problemas con los que nos iremos encontrando que giran en torno a la digitalización de la economía. Con las distintas medidas que se incorporan en este proyecto, que vamos a aprobar definitivamente — o eso se estima— durante la sesión de hoy, uno de los puntos fundamentales debe ser potenciar los recursos públicos, ya que por fin la Administración tributaria va a poder tener acceso a más información que garantizará, de una manera u otra, un mayor control tributario tan necesario en estos momentos y que procura una mayor transparencia a todos los niveles, algo en lo que solo podíamos estar de acuerdo. Además, las pasadas y recientes crisis en las que nos hemos encontrado han demostrado que es esencial contar con recursos públicos suficientes para poder dar una respuesta o mejorarla en los casos que sea necesario por parte del Estado, evitando que la desigualdad aumente, y no solo apostar por los servicios públicos, como siempre ha hecho mi grupo y seguirá haciendo desde todos los niveles y seguiremos denunciándolo en ese sentido, porque entendemos firmemente que garantizar los servicios públicos es la única forma real de cohesionar y beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Necesitamos, en definitiva, señorías, un sistema tributario que asegure una financiación suficiente para mejorar nuestras políticas de sanidad, de educación, de vivienda y también nuestros servicios sociales. Seguiremos luchando por ello, pero también — y me parece de justicia recordarlo— seguiremos luchando, como lo hemos hecho hasta ahora, porque llevamos esperando más de ocho años, por una financiación justa para el país valencià. Seguimos siendo las más agraviadas. . Por favor, corresponde ya. Llevamos mucho tiempo esperando y no podemos seguir dejando pasar esta oportunidad. Ya sabemos también que el fraude y la elusión fiscal son las lacras que están deteriorando la suficiencia y la equidad en cualquier sistema fiscal, y es condición necesaria para la viabilidad de todo el sistema, de todo nuestro país, luchar con garantías contra aquellas. Pero, claro, lo que también sabemos es que no todos los grupos de esta Cámara van a estar dispuestos a esto. Desde luego, así lo han demostrado. No solo es que no lo compartan, sino que todo indica que son más de defraudar y, sobre todo, de amnistiar; de amnistiar, por supuesto o posiblemente, a corruptos amiguitos, pero hacerlo también, por supuesto y posiblemente, con corruptos reyes. Así que me parece que también es el momento de poner en valor todo esto y de que no aceptaremos no solo amnistiados, sino corrupciones, vengan de la Corona o vengan de donde vengan. . En nuestro grupo parlamentario creemos que es imprescindible seguir apostando por estas medidas organizativas que aseguren la reducción del fraude fiscal en el conjunto del Estado y para eso también es imprescindible una colaboración total con las administraciones tributarias autonómicas y forales. Pensarlo de otra manera sería, sencillamente, dejarnos una parte olvidada. También pensamos que a nivel europeo es muy importante agilizar todos los trabajos para el desarrollo normativo del tipo mínimo del 15 % en el impuesto sobre sociedades para las empresas de mayor dimensión. Igualmente, sabemos que esto no es compartido por muchos de los grupos. En varias ocasiones lo hemos manifestado y lo hemos defendido; sin embargo, ni siquiera hemos encontrado todo el apoyo de izquierdas, o de quienes dicen ser de izquierdas, que esperábamos. Con esto también se evidencia uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Estamos hablando del dumping fiscal. Trataremos de evitarlo a nivel europeo y seguiremos luchando para que así sea, pero no olvidemos que uno de nuestros principales problemas, que nos está causando graves deficiencias de suficiencia de recursos, es el dumping fiscal a nivel del territorio español. Así que ya está bien. Ya está bien de que determinadas comunidades autónomas decidan reducir su nivel de ingresos para después exigir que el Estado no le transfiere suficiente. Ya está bien, y seguiremos luchando a todos los niveles. Como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, animamos al Gobierno de coalición a que aproveche esta Presidencia de la Unión Europea para impulsar todos los acuerdos que permitan avanzar en materia tributaria, que sirvan para hacer frente a distintos retos, como el cambio climático o la digitalización, y que promuevan la reducción de las desigualdades sociales, económicas, de género o territoriales. Y con todo esto, que suponga en esencia la pieza angular para empezar a funcionar en una verdadera reforma fiscal. Votaremos a favor. Lo haremos respecto a las enmiendas que incorpora el Senado, considerando además que esta ley es un paso más dentro del largo camino que nos queda por recorrer en materia fiscal para conseguir sistemas tributarios más justos, suficientes y progresivos. Aquí seguiremos luchando, sin olvidar todo lo que queda pendiente, y desde luego garantizar los servicios públicos siempre va a ser nuestra gran referencia. Sin más, muchas gracias, señorías. .

Víctor González Coello de Portugal VOX

Con la venia, señor presidente. Nos traen aquí un proyecto de ley que es una trasposición de una directiva europea, la 2021/514, la denominada DAC7, que básicamente habla de las inspecciones conjuntas y del intercambio de información transfronterizo. Hasta ahí todo muy bien. Esto ha sido presentado en la Comisión de Hacienda, donde, por cierto, nuestras enmiendas fueron rechazadas en su totalidad. Esto lo digo por el señor que ha hablado antes. Para nosotros que los grupos separatistas, golpistas y terroristas nos mencionen en esta Cámara es una medalla y ya nos da una razón de estar y poder hablar aquí. . O sea, que le agradezco el tiempo que nos ha dedicado y la mención explícita a un compañero nuestro, cuya labor, por cierto, usted mismo ha reconocido en la Comisión de Hacienda y también ha sido reconocida por otro portavoz esta mañana aquí mismo. Así que muchas gracias por su tiempo, por su mención y por los desvelos que le traemos. Se lo digo, por supuesto, con cordialidad. El Gobierno viene abusando de manera sistemática de los decretos leyes con tramitaciones difíciles de entender que producen textos caóticos, inconexos y chapuceros. Ya se han mencionado — por lo tanto, no me voy a detener— las más de veinte autoenmiendas que el propio Gobierno, a través de sus grupos, ha metido en este proceso y cómo ha metido enmiendas que ni siquiera hemos podido discutir en la Comisión de Hacienda. Y esto no solo lo digo yo, sino que también lo dice el Consejo de Estado, y no sé por qué este Gobierno ignora las recomendaciones del Consejo de Estado dadas las consecuencias que está teniendo. Lo más claro es la ley del solo sí es si, con más de cien violadores y maltratadores en la calle. Esto se lo advirtió que iba a ocurrir el Consejo de Estado y se lo vuelve a advertir aquí. Esto es una chapuza. Y les quiero leer literalmente lo que dicen algunas de las notas del informe del Consejo de Estado, que habla de fragmentación normativa existente en la regulación legal de una materia tan sensible como los pilares fundamentales del sistema tributario — lo estoy leyendo literalmente— y que, por tanto, hace falta aprobar un texto refundido. También hace referencia el Consejo de Estado con este proyecto de ley a que realmente queda deferida la directiva a una simple norma reglamentaria y que, por lo tanto, habrá que sacar más decretos leyes — ya que ustedes gobiernan a través de decretos, más de cincuenta, algo que no había ocurrido nunca en la historia de la democracia— para poder apañar la chapuza que significa lo que hoy ustedes quieren aprobar. ¿Qué significa este aviso, esta alerta de esta fragmentación legislativa? Que hace la vida más complicada. La hace más complicada y trae inseguridad jurídica porque hay una mayor fragmentación legal. También esto significa costes. Están los costes de cumplimiento de todos los que pagamos impuestos, a los que nos es casi imposible saber cómo debemos hacer para poder pagar los impuestos de una manera correcta. Y están los costes de la propia Administración, que están realmente fuera de la media de la Unión Europea. Les vuelvo a hablar del informe Mirrlees — lo he mencionado muchas veces— y de la certeza empírica que existe en el caso español del coste marginal de los fondos públicos, que dice que para poder dedicar 1 euro más a carreteras, a pagar sanidad y a hacer nuevos hospitales el Estado tiene que recaudar entre 1,4 y 2,13 euros. Es decir, algunas veces tiene que recaudar más del doble de lo que luego va a poder destinar realmente para el bienestar de los ciudadanos , y la fragmentación legislativa que ustedes nos traen nos lleva a que esos costes marginales de los fondos públicos — lo vuelvo a decir: certeza empírica—se disparen aún más. Solo por eso, además de la inseguridad jurídica, ustedes deberían hacer las cosas mejor e intentar evitar las chapuzas. Avisa el Consejo de Estado también al Gobierno de que el uso de justificaciones de manera fraudulenta significa que se está menoscabando el control de la legalidad y la constitucionalidad, pero ya sabemos que esto a ustedes les da igual, y aquí están los hechos de esta legislatura. De las cuatro directivas, solo una, la digitalidad de las sociedades, tenía realmente un vencimiento, pero sin que hubiera recurso de la Comisión Europea por retraso de estas normas. Por lo tanto, el requisito de urgencia que ustedes utilizan para hacer esta chapuza de decreto es falso y es una mentira más de su Gobierno, a las que ya nos tienen ustedes acostumbrados, a nosotros y a todos los españoles. El Gobierno de la mentira. No podemos estar de acuerdo con este popurrí de textos inconexos, que nada tienen que ver con la realidad. Muy especialmente, no podemos estar de acuerdo con el reconocimiento de las facultades que quieren dar al órgano de gestión tributario, que hasta ahora estaba otorgado específicamente al órgano de inspección. No puede ser que el órgano de gestión se presente en una pyme — por ejemplo, en la tienda de encuadernación que tenemos aquí, en la esquina— a revisar la contabilidad cuando no es una inspección. Eso es un verdadero disparate: dispara los costes, crea inseguridad y, sobre todo, saca del marco jurídico la protección que tiene el contribuyente en la inspección. Se lo hemos dicho, no nos han hecho caso y creo que realmente es un asalto. Estas cosas me hubiese gustado hablarlas con la señora ministra en la Comisión, pero lleva más de dos años — dos años y dos meses— sin aparecer por la Comisión de Hacienda, algo que no ha ocurrido nunca en la historia de la democracia; no ha ocurrido nunca. La verdad es que yo he ido al CIS para ver qué significa esto de complicar las cosas con decretos que no tienen ni pies ni cabeza y resulta que más del 40 % de los españoles no entienden el destino de sus impuestos, que más del 60 % de los españoles creen que sus impuestos están mal utilizados y que más del 51 % de los españoles dicen que pagan más de lo que reciben de las administraciones públicas. Eso lo dice el CIS ; el CIS, señoría. Y si nos vamos a la inseguridad jurídica, que es importante, la gente que está dispuesta a recurrir a la Agencia Tributaria, verán ustedes que más del 45 % de los españoles ganan en los TEAC y más del 60 % en los tribunales autonómicos; y cuando van por la vía ordinaria, son más del 60 %. Ya está bien. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Dónde están los 40 000 millones de los procesos de digitalización, que nadie sabe en qué se los están gastando? Hay 3 526 000 empleados públicos, el mayor número que ha existido en la historia; hay 40 000 millones, en relación con los cuales la Unión Europea pregunta en qué se los están gastando ustedes; y todos los presupuestos que ustedes han aprobado traían fondos para digitalizar. Ya estamos cansados. Lo que es seguro es que su Gobierno es un caos y que VOX es el único partido del voto seguro, de lo que vamos a defender y de lo que vamos a traer. Muchísimas gracias. .

Gabriel Elorriaga Pisarik PP

Gracias, presidente. Estamos ante un proyecto de ley de naturaleza básicamente técnica que no debería haber suscitado demasiados problemas en su tramitación. En esencia — como se ha repetido—, está integrado por la trasposición de unas directivas de la Unión Europea en materia de inspecciones fiscales conjuntas y de intercambios de información que no admiten excesivos debates. No obstante, el texto en su tramitación ha puesto de manifiesto algunos de los vicios que vienen siendo ya muy habituales, lamentablemente, a lo largo de esta legislatura. En su paso por el Congreso y por el Senado el texto ha sido prácticamente impermeable a cualquier enmienda de los grupos de la oposición. Se ha hecho un abusivo ejercicio de la capacidad de veto, impidiendo el debate de numerosas enmiendas de varios grupos parlamentarios, en esta ocasión precisamente la referida — se ha hecho mención a ella— a la no tributación de los intereses de demora pagados por la Administración. Eso sí, se han ido introduciendo, tanto en el Congreso como en el Senado, múltiples enmiendas por los grupos del Gobierno. Esto ha hecho que el texto varíe significativamente y que el que sale de la Cámara en muchos aspectos tenga poco que ver con el que ingresó. Lo cierto es que lo que antes era trasposición de una directiva ahora es la trasposición de tres o cuatro y esto, que puede parecer anecdótico, no deja de ser una muestra más de un deterioro institucional que parece ser que ya es la costumbre. El traslado al ordenamiento interno de las directivas emanadas de la Unión Europea debe seguir un cauce reglado, que es el que garantiza el derecho de participación política de los ciudadanos a través de los sistemas de participación pública que están establecidos. También es el que permite la calidad normativa de las normas a través de su debate interno dentro del Gobierno, en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y el que permite garantizar su perfecta adecuación al ordenamiento a través del dictamen obligatorio del Consejo de Estado. Pues bien, todos estos trámites quedan obviados al introducir a través de enmiendas la trasposición de directivas, que por otro lado ni vencían en plazo ni eran de excesiva urgencia. Podían haber sido perfectamente incluidas en el proyecto original, podían haber sido perfectamente incluidas en proyectos posteriores y en ningún momento en la tramitación se explica por qué aterrizan aquí de esta manera. Por otro lado, se introducen en el Senado dos enmiendas que afectan a dos proyectos de ley que actualmente están en tramitación en el Congreso, lo cual no deja de ser una cosa también bastante sorprendente. El Real Decreto Ley 11/2022, de respuesta a la guerra de Ucrania, lleva treinta prórrogas en esta Cámara y sigue con el plazo de enmiendas abierto, y ahora se modifica a través de este proyecto de ley. Y el Real Decreto Ley 14/2022, de medidas de sostenibilidad económica, es un caso todavía más sorprendente. Se cerró el plazo de enmiendas el 13 de octubre del año pasado y no se ha reunido la ponencia para tramitarlo; sin embargo, ahora es enmendado en el Senado. Ahora bien, quizás lo más llamativo son dos enmiendas que evidencian sobre todo la incapacidad de gestión de este Gobierno. Una enmienda, que se introduce como disposición adicional, establece que aquellos que hayan recibido una subvención de 200 euros para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad económica no tendrán que reintegrarla aunque la hayan cobrado indebidamente. Y otra norma, una nueva disposición adicional, establece que aquellos que hayan recibido las ayudas complementarias para becas de enseñanza posobligatorias o para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, aun cuando no cumplieran las condiciones establecidas en la ley para recibirlas, no tendrán que devolverlas. Es decir, son dos medidas que afectan a una cantidad indeterminada de recursos públicos, porque en ningún sitio se explica y no sabemos quiénes son los beneficiarios ni cuál es la razón por la que se les perdona — digámoslo así— la obligación que tendrían de reintegrar al erario público las cantidades. Les voy a explicar yo el porqué de esta norma, que no es para beneficiar a un número desconocido de personas por cuantía indeterminada. Se convalidan una serie de pagos indebidos en becas y ayudas porque no son capaces de comprobar quiénes recibieron las ayudas y si cumplían o no los requisitos exigidos en la ley; y sobre todo para tratar de eludir su responsabilidad, dando por bueno todo lo pagado sin comprobar si había derecho o no a recibirlo. Es decir, se aprueban normas de imposible ejecución — no se sabe si por ignorancia o por mala fe— y luego se ven obligados a sortearlas para evitar incurrir en responsabilidad por el mal uso de fondos públicos, y todo esto se hace a través de enmiendas en el Senado. . La cosa llama todavía más la atención si tenemos en cuenta que hay otras muchas situaciones equivalentes donde no se utiliza este sistema de permitir a la gente que cobre las ayudas indebidamente, como puede comprobar cualquier ciudadano en la declaración de la renta que estará realizando en estas fechas, donde está perfectamente establecido el sistema para devolver las ayudas que han recibido los autónomos, las que se han recibido por maternidad o las que se han recibido en la isla de La Palma como consecuencia de la catástrofe volcánica. Esas sí se devuelven; sin embargo, estas otras no. Y nadie explica por qué; no hay ninguna justificación en la enmienda que se presentó en el Senado, que se dice que es meramente técnica, y no se dice a qué cuantía afecta esto ni a quién beneficia. Es decir, una norma que inicialmente carece de toda polémica, una mera trasposición de directivas de la Unión Europea — insisto— en materias eminentemente técnicas que permiten el funcionamiento habitual de la Administración Tributaria, sobre todo en sus relaciones internacionales dentro de la Unión Europea, se convierte en una chapuza legislativa más por una especie de incapacidad perseverante de hacer las cosas bien cuando no hay ninguna necesidad de hacerlas mal. Insisto, con esta norma salvaremos la responsabilidad en la que incurrirían los miembros del Gobierno y los centros directivos de la Administración del Estado por haber hecho pagos indebidos por una cuantía indeterminada a personas que se desconocen por un mandato de la ley. Desde luego, es una forma realmente inédita de solucionar los problemas de gestión en la Administración pública. Nada más. Muchas gracias. .

Patricia Blanquer Alcaraz PSOE

Muchas gracias, presidente. Las enmiendas que vienen del Senado y que ahora debatimos persiguen una doble finalidad: por un lado, cumplir con Europa y completar la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de normativa europea, y, por otro, introducir mejoras técnicas en diferentes normas para simplificarlas y facilitar así su gestión. Todas y cada una de estas enmiendas responden a necesidades inaplazables, suponen la oportunidad de cumplir plazos en tiempo, reducir posibles distorsiones territoriales y ser más eficaces en el cumplimiento de la normativa. Por todo ello, señorías, a pesar de las críticas de algunos, han contado con un amplísimo respaldo en la Cámara Alta, más del 98 % de apoyos en el Senado. Señorías, el Senado cumple con su función legislativa de doble lectura y el Gobierno hace uso de las capacidades de veto que la Constitución le otorga. Por tanto, ni caos ni abuso ni chapuza. Además, incorporamos enmiendas que responden a soluciones de gestión de las ayudas extraordinarias concedidas ante circunstancias extraordinarias, y muchas veces las críticas que hace la derecha no son precisamente por las formas, sino por el contenido en sí mismo. De hecho, critican mucho una de las medidas incorporadas en el Senado reclamando un texto original que nunca apoyaron, lo que además demuestra que siempre están en contra de cualquier mejora a las becas, y lo digo así porque lo demostraron también votando en contra del mayor incremento de becas de la historia de este país incorporado en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, no engañen a nadie, para ustedes las becas en sí mismas son poco menos que un regalo. Además, se incorporan enmiendas que modifican la Ley del IVA, entre otras cuestiones para permitir a empresarios y profesionales de Canarias, Ceuta y Melilla acogerse al régimen de importación en el comercio electrónico en el IVA, sin necesidad de contar con un representante establecido allí, lo que repercutirá en menos cargas para el contribuyente. Señorías, las enmiendas que debatimos se han presentado a un proyecto de ley que supone la trasposición de una directiva europea, la conocida como DAC7, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, un proyecto de ley con el que avanzamos en la coordinación europea e internacional con las autoridades tributarias de los Estados miembros y de países con los que España ha suscrito acuerdos multilaterales en el ámbito de la OCDE para detectar y combatir el fraude, la evasión y la elusión fiscal. Avanzamos porque incorporamos la obligación de intercambiar con otros países la información sobre la renta obtenida a través de las plataformas digitales. Permitimos inspecciones conjuntas con la presencia de funcionarios de otros Estados y viceversa. Afrontamos el reto de la digitalización para la fiscalidad en los términos ajustados a la directiva y con plazos garantistas y, además, mejoramos el control y la asistencia al contribuyente e incorporamos una mejora ampliamente reivindicada, posibilitándose al contribuyente que pueda modificar, completar o rectificar de forma más sencilla una declaración de un impuesto presentada sin necesidad de esperar a una resolución administrativa previa. Asimismo, facilitamos que la Administración pueda cotejar los datos de que dispone con la contabilidad del contribuyente. Sé que a algunos esto no les gusta, pero lo cierto es que la asistencia al contribuyente por parte de la Agencia Tributaria y por parte de la política tributaria de este Gobierno está siendo mayor y mejor que nunca. Se están incorporando asistentes virtuales y se está dando facilidad de liquidez mejorando las condiciones de aplazamiento de impuestos y flexibilizando el pago de deudas tributarias. En definitiva, se está gestionando mucho mejor. Con las medidas de lucha contra el fraude y con la recuperación económica que está teniendo España, con el récord de afiliación, el control y las medidas para fomentar lo que es el cumplimiento voluntario, estamos consiguiendo incrementar los ingresos tributarios, siempre intentando que se destinen a quienes más benefician, que son la mayoría de este país, porque son imprescindibles los ingresos tributarios para financiar políticas públicas con las que reducir las desigualdades y prestar en condiciones los servicios públicos. Señorías, entiendo que al Partido Popular no le guste que este Gobierno cumpla los plazos. De hecho, fue el Partido Popular quien dejó a este Gobierno en herencia más de setenta directivas sin trasponer. Este Gobierno va a hacer todo lo posible para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, siempre cumpliendo los plazos, cumpliendo con Europa y cumpliendo con la tramitación de las normativas europeas. Termino diciendo que hoy culminamos un proyecto de ley que se suma a la intensa actividad legislativa de este Parlamento por la que, a iniciativa del Gobierno, estamos haciendo frente a los desafíos de la realidad económica y social de nuestro país, y lo estamos haciendo y lo hemos hecho en tiempos extraordinarios y en circunstancias extraordinarias. Por tanto, quiero agradecérselo a quienes contribuyen a hacerlo posible, a los miembros de la Comisión de Hacienda que han votado a favor y que han permitido siempre que las leyes avancen y, fundamentalmente, a mis compañeros y a mis compañeras, porque este Gobierno progresista, este grupo parlamentario, gobierna y legisla. Estamos impulsando e impulsaremos siempre mejoras y soluciones. A esto es a lo que nos dedicamos, a la política útil; los socialistas nos dedicamos siempre a trabajar para dar respuestas y soluciones y lo hacemos con orgullo, con convicción y siempre con respeto, el respeto que se merecen todos los días los españoles y las españolas. Muchísimas gracias a todos. .