Pleno del Congreso n.º 85 · XIV legislatura

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. Simplemente deseo manifestar nuestro apoyo a la proposición, después del acuerdo plenamente satisfactorio alcanzado en Comisión. Muchas gracias.

Edmundo Bal Francés Cs

Buenos días a todos. Gracias, presidenta. Estamos ya en la recta final de la tramitación de la Ley del Registro Civil, ahora con esta ley complementaria a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para fijar cuáles son las competencias en materia de Registro Civil de los letrados de la Administración de Justicia. Creo que no está de más recordar la historia de la tramitación de esta ley, que comienza con una ley hace diez años del Gobierno de Zapatero. Después, el Gobierno del Partido Popular siguió con la técnica de darle la patada hacia adelante; nadie toma el toro por los cuernos y nadie quiere resolver el problema, se prorroga, se prorroga y se prorroga su entrada en vigor. Cuando hemos estado tramitando esta ley en la Comisión, creo que todos hemos sido conscientes del problema que en los últimos diez años los dos grupos que han gobernado España nos han creado en un servicio público que es imprescindible e indispensable, que se refiere al estado civil de las personas; a cómo se integran las personas en el Estado, en la familia; a cuál es su capacidad de obrar. Y también indispensable para los numerosos colectivos que trabajan en estos registros civiles en todos los pueblos de España, quienes creo que a todos los grupos parlamentarios nos han venido a contar sus penas. Precisamente estas han sido las enmiendas que nosotros hemos presentado en materia de Registro Civil, aquellas que nos expresaron los colectivos que se encontraban afectados por los primeros esbozos de la ley, porque cuando el proyecto de ley fue presentado a la toma en consideración, efectivamente, adolecía de muchos defectos y planteaba muchos problemas. Incidía incluso en la despoblación al privar de servicios administrativos a núcleos rurales pequeños. Se ha hecho esperar mucho, pero desde luego quiero felicitar desde aquí al ministro de Justicia, del Partido Socialista, por haber encarado el problema, por haber tenido talante negociador, por el gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio Justicia por transaccionar e incluir la mayor parte de las enmiendas que, de buena fe y sobre una materia además tan técnica, que en general tiene que quedar alejada de la política, todos los grupos hemos planteado, y también las de Ciudadanos. Sí quiero llamar la atención en este sentido en cómo este proyecto de ley incurre en uno de los vicios característicos del Partido Socialista, y es que presenta siempre proposiciones de ley a través del grupo parlamentario y no proyectos de ley a través del Gobierno, y nos priva, en definitiva, de conocer el criterio técnico de los órganos especializados en la materia, por no referirme de nuevo, porque parece que ya se nos ha olvidado, a que incluso nos oculta los dictámenes del Consejo de Estado y no los sigue en otro tipo de materias, pero presenten proyectos de ley, porque parece que ustedes van siempre utilizando estas trampas para privarnos de este criterio técnico. Como digo, se ha planteado o se establece en este proyecto de ley la necesidad de mantener como un servicio público al Registro Civil; ya desaparecieron las pretensiones que apuntaban hacia una privatización del servicio y de un acceso de todos los ciudadanos universal, público y gratuito, un Registro Civil del siglo XXI. También quiero poner de manifiesto el problema que se nos ha planteado en la Comisión, y es que el Gobierno vetó por poder suponer incremento de gasto público muchas de las enmiendas que planteamos los grupos. No está aquí, pero se lo digo desde aquí y se lo diré una y mil veces al ministro de Justicia, tanto en Pleno como en Comisión: la justicia necesita dinero. Está muy bien la organización, ha quedado muy bonito el Registro Civil, se han aceptado las enmiendas de los grupos, pero como no pongamos dinero esto se va a quedar en papel mojado, y estos vetos que se han planteado respecto de aquellas enmiendas que planteaban el incremento de gasto, efectivamente también nos ponen de manifiesto que el Gobierno no parece tener mucho interés en poner dinero, sobre todo en desarrollar la herramienta informática de los registros, sobre todo en dotar de plantilla suficiente a los registros, sobre todo en aumentar la red de oficinas del registro, que es como verdaderamente conseguiremos que el Registro Civil funcione y sea efectivamente un servicio público. Yo de esto saco una idea, y es que me temo que no va a haber demasiado dinero para la justicia, tal y como estamos acostumbrados desde hace cuarenta años. Se han corregido muchas cosas, se ha dejado en manos de los letrados de la Administración de Justicia el puesto de encargado del Registro Civil, como era lógico, dado que el proyecto inicial no contemplaba esta posibilidad. Ya he indicado cuáles son algunos de los defectos, pero hay una cosa, una sola cosa en la que discrepamos y que desde luego no justifica una oposición en este ambiente de consenso que hemos conseguido, y que es algo que hemos puesto de manifiesto muchos grupos parlamentarios, y es que los encargados del Registro Civil que sean oficinas exclusivas sean nombrados por el sistema de libre designación, cuando lo lógico —y precisamente el proyecto de ley de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial que estamos viendo aquí lo que pretende es que los letrados de la Administración de Justicia tengan el mismo régimen jurídico cuando estén en los registros civiles que cuando estén en el servicio público de la justicia, en los juzgados y tribunales— hubiera sido que esa provisión de estos puestos se hubiera realizado por el régimen ordinario de provisión y no por el sistema de libre designación. Aquí el ministerio no ha cedido, porque ha dicho que esta era la única forma de dar entrada, de dar algún papel a las comunidades autónomas, yo creo que de una forma errónea, absolutamente errónea, porque al final hemos diseñado un Registro Civil que es un órgano administrativo que depende de la Administración del Estado y las competencias de dotación de medios personales y materiales de las comunidades autónomas, tampoco en la justicia, no llevan consigo el que se participe en el nombramiento de los jueces ni de ningún otro cargo. No sé por qué en el Registro Civil tenemos que establecer esta provisión. En todo caso, y termino ya, me alegro del consenso y les digo que deberíamos repetir este consenso todas las veces que hiciera falta, que deberíamos acabar con el guerracivilismo, con la política de bandos porque de esta forma desde luego contarán con Ciudadanos para todos los proyectos que sean útiles para los ciudadanos. Muchas gracias.

Pedro Antonio Honrubia Hurtado UP

Gracias, señora presidenta. Nos sumamos a las felicitaciones al conjunto de esta Cámara por la forma en que se ha trabajado esta ley en general. Creemos importante el trabajo que se ha desarrollado desde el ministerio y desde el grupo proponente para tratar de integrar, en diferentes propuestas transaccionales, todas las enmiendas que se habían presentado por los distintos grupos, más allá de la posición de VOX, que presentó una serie de enmiendas que no se podían aceptar por cuestiones puramente ideológicas y que probablemente no era al ámbito donde se tenían que plantear. El resto de los grupos de la Cámara creo que han actuado con responsabilidad y ajustándose a la seriedad que requería el tema. En lo relativo a la proposición de ley orgánica complementaria que hoy se debate, simplemente, como ya se ha dicho previamente, mostramos nuestro criterio favorable, primero, porque hubo un consenso general para la misma, y segundo, porque entendemos que con ella se constituye la plena consolidación del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia y su llevanza por el personal de dicha Administración, que era una de nuestras pretensiones y uno de nuestros planteamientos. A nivel general —ya lo dijimos aquí— entendíamos que la reforma de la Ley del Registro Civil de 2011, antes de su entrada en vigor efectiva, era necesaria. Dijimos también que nos parecía que lo que se había planteado por el grupo proponente iba en la buena dirección, y que aun así habría que trabajar algún aspecto durante su proceso de tramitación. Así se ha hecho. Presentamos veintitrés enmiendas de forma conjunta con el grupo proponente y la mayoría de ellas se han acabado integrando finalmente en el texto definitivo que se ha remitido ya al Senado. Por tanto, estamos satisfechos de que se hayan cumplido algunos de los objetivos que entendíamos prioritarios: por supuesto que se le siguiera dando un carácter público, gratuito y gestionado por empleados públicos al registro; que el Registro Civil, dentro de que estuviera desjudicializado, estuviera igualmente incardinado organizativamente dentro de la Administración de Justicia y que tuviera una visión de servicio público; asimismo, las dudas que había sobre la vertebración territorial del registro con la primera propuesta. Nosotros entendíamos que era necesario que se garantizara la plena accesibilidad territorial y la continuidad, sobre todo, de los puestos de trabajo. Fueron cuestiones que nos preocuparon durante todo el proceso, asegurar los derechos laborales de todos y todas las trabajadoras, y entendemos que finalmente eso también ha quedado recogido y estamos satisfechos por ello. Y también por supuesto el marco de colaboración entre las diferentes administraciones públicas dentro de un sistema de cogobernanza, respetando las competencias que ya tenían algunas comunidades en este ámbito y dándoles continuidad. Así que en general estamos satisfechos del proceso, de los cambios que se han llevado a cabo. Hay algunas pequeñas cuestiones que intentamos que estuvieran y que finalmente no hemos logrado. Por ejemplo, lo que ya se ha citado sobre la libre designación de los encargados de la oficina central y exclusiva del registro, y también una cuestión que nos preocupaba que aparecía en una enmienda de Bildu, que era el papel que van a tener los notarios a la hora de tramitar expedientes previos al matrimonio civil. Nosotros entendíamos, como proponía la enmienda del Grupo Euskal Herria Bildu, que esto puede suponer de alguna forma una pequeña privatización del servicio, en tanto que personas que se lo puedan pagar tendrán prioridad frente a otras personas que no puedan hacerlo. Y como ya ha expresado también el portavoz del Grupo Ciudadanos, en ningún caso son motivos para estar en contra de la ley y, por tanto, votaremos a favor. Sin más, simplemente quiero volver a dar las gracias al grupo proponente por el trabajo de colaboración, al ministerio y al conjunto de los grupos, y esperamos que esta dinámica sea posible y se repita en nuevas leyes que se tramiten, y en general a VOX he de decirle que entendemos que quieran dar la patada ideológica pero, por favor, háganlo cuando toque. Muchas gracias. .

Eduardo Luis Ruiz Navarro VOX

Señorías, señor Honrubia, no es una batalla ideológica, es en realidad una intervención técnica la que hemos hecho en la ponencia del Registro Civil. . Ya sabemos cuál es el modelo de Registro Civil que gusta a socialistas y comunistas: un Registro Civil Frankenstein, Frankenstein como el Gobierno de España. VOX ha intervenido en la ponencia con la mejor voluntad de llegar a acuerdos y de aportar cosas buenas para el modelo del Registro Civil, pero, para variar, nos hemos encontrado con el muro de la intolerancia y del sectarismo. Será por aquello de que —como ha dicho algún dirigente socialista— nosotros no somos humanos. Entre contar con un registro eficiente, profesionalizado y bien estructurado o contentar a los socios filoetarras y golpistas, ustedes han escogido lo segundo; les da igual poner un servicio público esencial para la vida de los españoles en manos de quienes odian a España, porque para sus señorías es más importante la ideología que la calidad de los servicios públicos. . Hoy nos traen aquí esta torpe proposición de ley orgánica de reforma de la del Poder Judicial —sí que es cierto que adherida a otra del Código Penal contra la que no tenemos nada, pero que han sellado ustedes en unidad de destino—, y desde el principio les hemos venido insistiendo en que se equivocan ustedes en la naturaleza que atribuyen a la oficina del Registro Civil. Si algo es evidente es que el nuevo Registro Civil ya no es Administración de Justicia, señor Honrubia, no es Administración de Justicia y ustedes lo saben. Por eso el artículo nuevo 439 bis hace una definición rocambolesca de la oficina del Registro Civil. Y dice que es una unidad no integrada en la Oficina Judicial, que se constituye en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia. Esto no hay quien lo entienda. ¿No sería más sencillo reconocer que el nuevo modelo del Registro Civil es un servicio público de naturaleza gubernativa, integrado en el Ministerio de Justicia? ¿Es más sencillo, verdad? Es que responde a la realidad. Pues no, todo vale para que las autonomías metan mano, todo vale para construir su Registro Civil Frankenstein. . Pero, sin duda, el premio se lo lleva la caótica y lamentable regulación que han realizado ustedes de la figura del encargado del Registro Civil. Se equivocan al establecer un régimen de libre designación como forma de provisión de estas plazas, y se equivocan al dar a las autonomías el poder para proponer el nombramiento de encargados. ¿Saben por qué? Porque con este sistema abocan ustedes al sistema registral a la inseguridad jurídica y a la politización. Hubiera sido bueno que echaran un ojo a los artículos 450 y 460 de la ley orgánica para que vieran ustedes cuál es la realidad jurídica del cuerpo de letrados de Justicia, pero quizá esto sea pedir demasiado. En un modelo pensado para desjudicializar los registros civiles no tiene sentido mantener a jueces en puestos de encargado. ¿Desde cuándo es aceptable que miembros del Poder Judicial estén a las órdenes del Poder Ejecutivo? Pero ustedes lo hacen tan mal que se les ha olvidado incluso reformar el artículo 351 de la ley orgánica y, sin esta reforma, los jueces no podrán ser encargados del servicio del Registro Civil en situación de servicios especiales. Tampoco se han acordado de que el artículo 378 garantiza la inamovilidad de los miembros del Poder Judicial respecto de las plazas que ocupan y, por supuesto, no han caído en el detalle de que no es ajustado a derecho discriminar a los jueces por razón del tiempo que lleven en un destino. Tanta prisa tienen ustedes por someter a los jueces que ya no guardan ni las formas. Con el modelo que nos proponen van a tener ustedes, vamos a tener todos dos tipos de encargado del Registro Civil, según el sueldo que cobren: los pobres, que serán los letrados de Justicia, y los menos pobres, que serán los jueces, pese a ocupar un mismo puesto y pese a realizar un mismo trabajo. La consecuencia será discriminación salarial y, por tanto, brecha salarial, pero de verdad , y no introduciendo una enmienda para vincular retribuciones a RPT que no cambia nada. Pero, ¿por qué se meten ustedes en este lío? ¿Qué ganan ustedes con todo esto? Por último, en las reformas introducidas en los artículos 520 y 522 de la ley orgánica han suprimido ustedes de un plumazo dos dependencias de la Administración de Justicia donde, hasta hoy, podían servir los funcionarios de Justicia, que son los institutos de Medicina Legal y el de Toxicología. Nos dice el Ministerio de Justicia, el gabinete del ministro, que, gracias a la alerta que VOX dio en su momento, esto lo van a corregir. Bienvenido sea; nos parece muy bien que corrijan este error gracias a nuestra aportación que, como ven ustedes, por lo menos ha sido valiosa; pero, sin duda, hubiera sido mucho mejor que lo corrigieran todo desde el principio. Nada más y muchas gracias. .

Javier Merino Martínez PP

Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. El actual Registro Civil en España comenzó a funcionar el 1 de enero de 1871; casualidad o no, estamos en 2021 y vamos a conmemorar —o estamos conmemorando— el 150.º aniversario de la creación del mismo, con implantación en toda España; un hito que demuestra la compleja y extraordinaria herramienta que lleva dando fe, publicidad registral y seguridad jurídica a todos los hechos relativos al estado civil de las personas. Este martes, en la Comisión de Justicia, con una amplia mayoría, aprobamos la proposición de ley que modificará la actual Ley del Registro Civil de 2011; y hoy en Pleno se aprobará también con amplia mayoría la proposición de ley orgánica que modificará los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afectan al Registro Civil. Como les decía, fue en 2011 cuando comenzó esa profunda reforma del Registro Civil, cuya ley anterior databa de 1957, tarea no sencilla porque, como les decía, la institución registral debía acomodarse a la nueva realidad social, política, económica, fruto de nuestra España moderna, fruto de nuestra España constitucional. Miren, como dato curioso para aquellos a quienes les gusten las coincidencias en las fechas y en los hechos, casualidad o no, la anterior reforma del Registro Civil, de la que hoy estamos hablando, de 2011, la podrán encontrar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de un mayo de 2011, con un Gobierno en España socialista, previo a unos comicios autonómicos, previo a unas elecciones generales; y el final ya lo saben; casualidad o no, además de votar a favor de la reforma, ustedes ya saben que los españoles ese año eligieron libertad frente a socialismo, y por supuesto libertad frente a comunismo. . Casualidad o no, pero hoy también estamos aquí. . Y lo que sí es una realidad, y el diputado que les habla en el mes de septiembre así lo estableció en esta tribuna, es que en la toma en consideración de la proposición de ley del Registro Civil presentada por el Grupo Socialista votamos a favor, con el objetivo de enriquecer con nuestras enmiendas el texto en la ponencia, a través de tres objetivos. El primero, mantener el Registro Civil como un servicio público, gratuito y moderno. Esta reforma del Registro Civil efectivamente hay que reconocer que preserva la naturaleza del Registro Civil como servicio público y gratuito. No les niego que nos preocupa y que estaremos atentos a la digitalización de los datos registrales, y recuerden que ya desde la fase de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en mi grupo reclamamos incrementar los recursos para facilitar y agilizar el servicio efectivo de las aplicaciones informáticas que deben funcionar a la entrada en vigor de esta ley, que está próxima en el calendario. El segundo de los objetivos fue mantener el Registro Civil como servicio público, gratuito y moderno en el territorio, sobre todo en los núcleos de población más despoblados; hablo del ámbito municipal. En la ya conocida estructura del Registro Civil, oficina central, oficinas generales y consulares, con la reforma adquieren un papel fundamental las oficinas colaboradoras del Registro Civil y los puntos de acceso en los ayuntamientos. Desde el Partido Popular hemos realizado todos los esfuerzos posibles para que el grupo proponente entendiera la realidad de nuestro territorio, una línea roja infranqueable para nosotros, porque quien no conoce nuestros pueblos no conoce España y desconoce la importancia de los servicios públicos que tienen que estar allí, para que allí haya vida. . Y lo hemos conseguido, señorías, lo hemos conseguido y hoy es un día importante gracias a las enmiendas del Partido Popular y su posterior consenso con el grupo proponente y el Ministerio de Justicia. El grupo del Partido Popular hoy va a garantizar que la red y los servicios del Registro Civil sigan implantados en los municipios, tal y como ya propusimos y establecimos desde 2019, en el mes de septiembre. Además, se plasman sus funciones expresamente en la reforma, tal como pedimos: recibir de forma presencial y electrónica solicitudes, declaraciones o formularios del Registro Civil, informar a los ciudadanos de los procedimientos del Registro Civil, expedir certificados de los asientos registrales. Y la tercera de nuestras condiciones era el personal encargado del Registro Civil, la protección de los letrados de la Administración de Justicia, que dan garantía al cumplimiento de los principios de legalidad, de oficialidad, de publicidad y de exactitud que cualquier ciudadano exige en su inscripción registral, una figura que en esta reforma exige un reconocimiento a la labor que van a tener que sumar a la ya jurisdiccional que los letrados de la Administración de Justicia van a tener que hacer, por lo que nos parece razonable la revisión de sus retribuciones, que conocíamos en el último momento a través de una enmienda que el Partido Popular también trasladó al ministerio. En definitiva, señorías, tal y como hicimos en la Comisión de Justicia el martes y como hicimos en 2011, votaremos a favor por las razones que les acabo de exponer, y también por la voluntad de acuerdo y consenso que ha habido en la ponencia. Quiero además dar las gracias —y transmítanselo, porque no los veo— al señor Aranda, a la señora Fernández, pero también por supuesto al equipo de Justicia de mi grupo, encabezado por el señor Rojas, y por supuesto al portavoz de Justicia, al señor Luis Santamaría. Votaremos a favor y, además, votaremos por consenso una ley que es fundamental para la vertebración de nuestro territorio. Muchas gracias, señorías. .

María Dolores Narváez Bandera PSOE

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Traemos esta mañana a aprobación la proposición de ley orgánica complementaria de la ley por la que se modifica la Ley 20/2011 del Registro Civil y que modifica también algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal. Esta proposición contiene dos artículos: el primero de ellos se incluye con el objetivo de complementar la trasposición de una directiva europea relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, regulado ya en los artículos 301 a 304 del Código Penal, y otro artículo como consecuencia, como hemos dicho ya todos, de la modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil para la implementación del nuevo modelo de Registro Civil Único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente. Este nuevo modelo exige un ajuste de la Ley Orgánica del Poder Judicial y es lo que traemos hoy a este Pleno, cuyo dictamen, el de la Ley 20/2011, ya se aprobó el martes en la Comisión de Justicia con el acuerdo mayoritario de todas las fuerzas políticas, excepto, cómo no, del Grupo Parlamentario VOX. El Registro Civil ha sido y es un elemento vertebrador de la sociedad española, está presente en todo nuestro territorio y es indudable la utilidad social de los más de 8000 registros civiles, 7667 en juzgados de paz. La ley de 2011 contribuyó a que ese nuevo modelo de Registro Civil fuese único para toda España, informatizado, accesible electrónicamente y llevado por funcionarios públicos que llevan a cabo una tenaz labor de información a los ciudadanos y en esta norma se respeta de forma escrupulosa y completa sus derechos y expectativas profesionales durante el periodo de implementación de este nuevo registro. España cuenta con uno de los sistemas de identidad más fiables del mundo, ya que su meta ha sido avanzar hacia un Registro Civil Único y moderno que ofrezca mucha más seguridad. Como saben, esta ley contenía un período de vacatio legis que finalizaba el 30 de abril y que ha tenido en vilo a trabajadores del Registro Civil y a vecinos y a vecinas de muchos de nuestros municipios, a los que se les informaba desde distintos medios que cerraban las oficinas de los juzgados de paz. Es un ejercicio de responsabilidad y de seguridad jurídica poner fin a ese periodo de vacío legal y que, por fin, entre en vigor la norma. Afortunadamente, el Registro Civil seguirá siendo un servicio público gratuito y orientado a las personas porque son las personas y sus trayectorias vitales el eje central de este servicio, desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Este compromiso ha llevado también al mantenimiento de las oficinas del Registro Civil en todos nuestros pueblos, pasando los juzgados de paz a ser oficinas colaboradoras y este es un punto que me gustaría resaltar, señorías, porque si hay un partido que conoce nuestros pueblos y ciudades ese es el Partido Socialista. Recordemos el anteproyecto de ley que el Partido Popular y el señor Gallardón presentaron en el año 2013 y que pretendía privatizar los registros civiles y dejarlos en manos de notarios y registradores. Durante años han estado muy preocupados nuestros alcaldes y alcaldesas, ayer mismo me mandaba un wasap un compañero alcalde de Casarabonela preguntándome, al ver la noticia de la Ley de Registro civil, si finalmente iban a cerrar los juzgados de paz en nuestros pueblos. No, señorías, no se van a cerrar los juzgados de paz en nuestros pueblos porque es un servicio muy necesario para todos nuestros vecinos, sobre todo para las personas mayores que van por su partida de nacimiento, su fe de vida o los certificados de matrimonio. Aquí hay que poner de relieve el compromiso del Gobierno y del Partido Socialista —partido profundamente municipalista— con la España rural, con lo local, con las personas que vivimos en los pueblos, para que no seamos ciudadanos de segunda , en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. . Este largo plazo en el que se ha prorrogado la entrada en vigor de esta norma ha servido para el adecuado desarrollo de la plataforma electrónica sobre la cual se inscribirán todos los hechos relativos al estado civil de las personas que deban acceder al registro. También se organizará la publicidad de la información registral en formato electrónico y se posibilitará el acceso telemático al mismo mediante su certificación electrónica. Se mantiene un Registro Civil al servicio del ciudadano, que suprime cargas administrativas y consagra el principio de gratuidad; en definitiva, propuestas para la mejora de la digitalización y la igualdad de oportunidades. Y ello es fruto, como ya se ha dicho aquí también, del diálogo y del consenso entre todas las fuerzas políticas, de la voluntad negociadora del Ministerio de Justicia. Ha sido un trabajo intenso e importante que el martes en la Comisión los y las portavoces de todos los grupos reconocieron y se felicitaron por ello, y ese, señorías, es el parlamentarismo útil. La épica que sea la de legislar y llegar a la ciudadanía, que se hagan leyes que perduren en el tiempo y que hagan la vida más fácil a los ciudadanos, para eso estamos aquí. En ese sentido, se ha planteado también una novedad en la Ley de Registro Civil que es digna de que la mencionemos aquí, consecuencia de una enmienda presentada por el Grupo Socialista, y es que los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de ese terrorismo machista que algunos partidos niegan en esta Cámara, los hijos e hijas de esas 1081 mujeres asesinadas tengan la posibilidad de cambiar el apellido e incluso de identidad de manera rápida. . Aquí también está el compromiso de nuestro Gobierno por la igualdad y contra la violencia machista, el compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con el feminismo. Para finalizar, señorías, quiero recordar de nuevo que esto es lo que la ciudadanía espera de nosotros: los acuerdos, el consenso, el diálogo y la política útil. Muchas gracias. .

Carlos García Adanero NA+

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. La verdad es que una vez más el interés del Gobierno en este caso por una proposición de ley de la importancia que tiene esta no le supone importancia a la ministra de Sanidad aunque esta ley suponga que lo que hasta ahora estaba encaminado y puesto al servicio de la vida, como era todo el servicio a través de los diferentes servicios de las comunidades y del Servicio Nacional de Salud, se cambian los parámetros para ponerlo al servicio de la muerte. En ese sentido, hay que decir que con una ley de estas características llama la atención que no se haya dejado que se expresen los expertos sobre la materia en esta Cámara, y los afectados, los que van a tener que cumplir con esta ley, como es todo el personal sanitario, desde los de más alto escalafón hasta los de más bajo escalafón, o los comités que existen como el de Bioética, al que tampoco se le ha dado voz en este tema; teniendo en cuenta, además, que es curioso, porque este Gobierno en aquello donde no tiene comités de expertos se los inventa, como ha sido con el coronavirus, y donde tiene comités de expertos no les deja hablar porque no le interesa y no le interesa la opinión. El año pasado en España —esta noticia es de estos días— hubo más de 50 000 personas que murieron esperando ayudas a la dependencia. En España en estos momentos la mayoría de los centros hospitalarios no tiene los medios adecuados para cuidados paliativos, no existen. En España en estos momentos no existe una especialidad médica en cuidados paliativos. Con estos mimbres no se puede hacer el otro cesto en ningún caso, porque entonces estamos haciendo ciudadanos de primera y de segunda. Pongamos el ejemplo de una persona sin medios económicos que está en su casa, tratada por su familia a la que no le llega el dinero, que no pueden atenderle, que solicitan unas ayudas y no se las dan, que van a un centro médico y les dicen que no pueden ir porque no le pueden proporcionar cuidados paliativos. La presión a la que se somete a esa persona no tiene nada que ver con la de otra persona que se puede permitir cuidados paliativos, que se puede permitir una atención personalizada y que está cuidada veinticuatro horas al día. Esas dos situaciones no tienen nada que ver y no es que eso se vaya a producir, sino que ya se produce hoy en España. Eso no se quiere corregir porque cuesta dinero; cuesta muchísimo dinero y, desde luego, es mucho más fácil meterle la presión a la persona llegado el momento. Imaginen ustedes el escenario: una persona que está en una mala situación, que es totalmente dependiente y que ve que su familia sufre para poder cuidarla. Con la responsabilidad que tienen las personas que hay hoy en España, sobre todo las de ese sector de la población que ha sufrido mucho a lo largo de los años y que ha sacrificado mucho en su vida, ¿qué decisión van a tomar? Van a tomar la decisión de decir: Quítenme de en medio, que no hago más que molestar. Eso es así, eso va a ocurrir y a eso estamos abocando, porque cambia totalmente el criterio. No es lo mismo si cuando entras en un hospital te preguntan si quieres que te curen o quieres que acaben con tu vida, no es lo mismo que si todos los médicos están al servicio de la salud y de salvar esa vida, porque están para acompañar, para ayudar y para que no se sufra. Eso existe y existe la sedación paliativa. Existen muchos métodos y se está estudiando mucho, pero para eso hay que poner medios y dinero, y es mucho más fácil lo otro; siempre es mucho más fácil lo otro. Siempre es más fácil dejar abandonada a la persona. Aquí cuando se habla de este tema, ¿cómo se hace? Pues se busca el caso extremo. Se pone un caso muy extremo al que no se le han dado las ayudas necesarias —también hay que decirlo— y, ante ese caso extremo, mucha gente dice: Bueno, si es su voluntad, ¡qué vamos a hacer! Que se haga su voluntad. Pero, como ya dijimos el otro día, si nos vamos al problema de la voluntad y cada uno tiene derecho a decidir sobre su vida —porque hay gente que dice que sí; ahora mismo veo que hay gente que me dice que sí—, pues no sé por qué le ponen límites. Si de verdad se creen eso, a partir de los dieciocho años que cada uno haga con su vida lo que le dé la gana. Evidentemente, ese es un criterio; no es el mío, pero es un criterio. Entonces, no le pongan límites a nada. Pónganlo así: A partir de los dieciocho años, que cada uno haga con su vida lo que le dé la gana. Eso sí, que no llame al médico para que lo haga, que lo haga él. Creo que esta ley no ha cumplido ninguno de los requisitos que tiene que cumplir una ley de esta importancia. En países cercanos, como Portugal, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley. En los países donde ya está en marcha, ¿qué está ocurriendo? Pues algo muy sencillo. Al principio son los casos extremos, que son los ejemplos que ponen aquí, pero los casos extremos van desapareciendo y va bajando el escalafón. Esto es igual que cuando a uno se le mueren los padres y se suele decir que se queda en primera fila. Pues esto es lo mismo. Cuando ya hemos acabado con el caso extremo, ya no es el caso extremo, sino que es el anterior, el anterior y el anterior. Entonces, ya no es gente en un estado muy extremo, sino personas jóvenes o niños en una situación difícil a los que cuesta mucho esfuerzo cuidar porque hay que atenderles veinticuatro horas al día y eso a la familia le cuesta mucho. La solución es quitarlo de en medio. Matarlo, vaya, matarlo, quitarlo de en medio, sí, esa es la solución. Y si no se les dan medios, eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, más cuidados paliativos, especialidad en cuidados paliativos, más ayuda a la dependencia —existió un vicepresidente que se dedicaba a eso, que ahora parece que ya no va a estar—, muchos más cuidados a la dependencia. Es una vergüenza que el año pasado 50 000 personas se quedaran sin recibir el dinero de la dependencia en España. Eso es una vergüenza, porque eso nos aboca a situaciones como la que están planteando ustedes. Muchas gracias. .

Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano EH Bildu

Egun on. Buenos días. La aprobación de esta ley ha sido un paso importante. Son ya veinte años de intentos en este Parlamento, después de que se hayan realizado muchas demandas e iniciativas desde diferentes instituciones e incluso de aprobaciones de leyes —como es en el caso del Parlamento foral de Navarra o del Parlamento vasco— de fin de vida digna, que siempre chocaban contra la limitación de las leyes del Estado español. Por eso, después de veinte años de mala andadura, lo que quiero hacer es un reconocimiento expreso a todas las personas, a todas las familias a las que se les ha hecho sufrir inútilmente. Por esta aprobación tan tardía quiero recordar, precisamente, a estas personas que deseaban y desean dejar de sufrir, a esas familias, a esos profesionales de medicina que les han estado ayudando y les ayudan, a esos servicios. Casi siempre, lo comentaba anteriormente, ese sufrimiento lo han estado llevando en privado, pero en algunos casos lo han hecho público. Es gracias a esos testimonios, a esas familias, a esas personas, que se ha hecho posible la concienciación y la sensibilización en esta sociedad que nos ha llevado al día de hoy a que este Parlamento apruebe por mayoría esta ley. Estos testimonios lo que dejan es precisamente la evidencia, la necesidad, de regular legalmente el derecho de las personas a elegir el final de sus vidas. Porque de eso se trata fundamentalmente, de que las personas podamos elegir cómo tiene que ser el final de nuestras vidas y que no sea determinado por unas circunstancias sino por las propias voluntades de las personas. De eso se trata. Vivir bien, y vivir bien también el final de nuestras vidas; y para vivir bien es importantísimo sentirte dueña de esos momentos. De eso se trata y en eso consiste la dignidad. Ahora tenemos un reto, ahora corresponde el desarrollo de esta ley; aquí no termina nada, aquí comienza. Este es precisamente el momento en que quiero decirles a esas familias que han estado aguantando el sufrimiento que nos comprometemos como partidos políticos, como instituciones —todas las instituciones del Estado—, a desarrollar esta ley para que el derecho se convierta realmente en un poder para llevarlo adelante. Es importante que seamos capaces, que la sociedad en general sea capaz, de poner en el centro de las decisiones políticas a la persona y a su bienestar emocional y social. Y siguiendo este imperativo debemos trabajar para que todas las personas tengamos una vida digna y, en consecuencia, podamos disponer de los medios que puedan garantizarnos un fin de vida con dignidad. Porque han sido muchos años de desigualdad, muchos años de desigualdad a la hora de poder decidir cómo terminar esos últimos momentos de la vida. Por eso, en el Parlamento foral de Navarra se insistía en que tenía que darse este derecho. En esa ley de cuidados paliativos, que se aprobó con mayoría, se decía y se insistía en el derecho a la eutanasia también. Porque no son elementos contrapuestos, sino complementarios y lo conocemos muy bien en Navarra y también en el País Vasco, donde se está haciendo un esfuerzo importante en el desarrollo de los cuidados paliativos. ¿Qué es lo que nos dicen la mayor parte de los especialistas? Que llegamos a donde llegamos. Además, solo será una minoría la que nos pedirá que les ayudemos a morir, pero esas personas tendrán el derecho a que les ayudemos a morir en el momento que deseen y cómo deseen. Y de eso trata esta ley, de dar ese derecho y de reconocer la dignidad. Cogemos el testigo de las familias que nos han traído esta ley aquí y nos comprometemos a desarrollarlo. Muchas gracias. .

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, familiares de personas a las que seguramente les ha llegado esta ley muy tarde —que sé que nos están escuchando—, un abrazo a todos ellos porque la persistencia de esas personas ha hecho que nosotros también hayamos sido más eficaces en nuestro trabajo. Quizás hemos llegado un poco tarde. No voy a extenderme porque todo lo que se tenía que haber dicho sobre este tema ya se ha dicho más de una vez. Yo mismo ya no sé cuántas veces he subido a esta tribuna a defender nuestra posición. Hoy concluimos un largo y complejo proceso, un camino que hemos realizado entre diferentes, algunos se han quedado en el camino en su lucha y sin ver el resultado que deseaban. Esto es la consecución de un derecho, repito, la consecución de un derecho y no de una obligación. Porque, desgraciadamente, muchos han subido a esta tribuna argumentando que los que hemos defendido que exista una ley de muerte digna casi obligábamos a las personas a tener una muerte indigna, precisamente cambiando los términos del propósito de los que hemos defendido esta necesidad. Repito, es un derecho y no una obligación. Es una respuesta legal y segura a una situación angustiosa y terrible para muchas personas, porque es muy fácil subir a esta tribuna y hablar como si esas personas fueran incapaces de decidir por sí mismas, como si fueran personas totalmente manipuladas, como si fueran personas que no saben cuál es su futuro, como si fueran personas perdidas a las que solo un cuidado paliativo solventara su situación. Seguramente estamos pensando en personas muy diferentes. No podemos legislar solo —lo hemos dicho más de una vez— sobre la base de los códigos éticos y morales de cada uno, y eso es lo que ustedes plantean; la solidaridad, la generosidad, todo eso es empatizar también legislativamente con quien sufre, porque se puede empatizar no solamente estando al lado —eso hay que hacerlo, evidentemente—, sino que nosotros tenemos la obligación de empatizar legislativamente, ya que somos los únicos capaces de hacerlo porque nos han elegido para ello. Por lo tanto, los códigos éticos y morales de cada uno tienen que servir, evidentemente, para guiarnos, pero a la hora de legislar tenemos que pensar también que puede que haya otros con otros códigos éticos y morales. Y eso es lo que hemos intentado hacer. No hay que añadir sufrimiento moral y jurídico a quien de por sí sufre por otras desgracias que ojalá nadie las tuviera. Espero y deseo de verdad que nadie tenga la necesidad de recurrir a este derecho, a este servicio, a esta opción que brinda la ley, pero, llegado el momento, por la razón que sea, que esa puerta esté garantizada. No confundamos las cosas. Los paliativos se utilizan como si fueran la otra cara de la misma moneda. ¿Hay alguien aquí que no defienda los paliativos? ¿Hay alguien aquí que no crea que los cuidados paliativos son, hoy en día, una necesidad fundamental en la medicina y en el tratamiento de las personas enfermas? Por eso, hace mucho tiempo que algunos los hemos desarrollado aprobando leyes propias y el ejercicio de las mismas. ¿Pero ustedes verdaderamente creen que, en determinadas situaciones, los paliativos llegan? Hay paliativos que no superan el sufrimiento. Precisamente esta ley es para esas personas, para las que no hay paliativos para su sufrimiento. No podemos engañar a la sociedad haciéndoles creer que los que defendemos una ley de muerte digna es porque no queremos que haya paliativos o, como en algún momento se dijo aquí, para economizar la sanidad. Eso es un engaño muy cruel. No hay nada mejor que vivir cuando se puede vivir, pero no hay nada peor que no poder morir por no poder vivir. Apoyaremos por supuesto esta proposición, como hemos hecho hasta ahora. Un abrazo muy fuerte a las personas que han padecido, que han sufrido y han tenido que vivir con este estigma. Muchas gracias a todos. .

Sara Giménez Giménez Cs

Gracias, presidente. Gracias, señorías. Con este debate ponemos hoy fin a la tramitación parlamentaria de la ley de eutanasia, una ley que no recibirá el apoyo unánime de esta Cámara, pese a tenerlo, prácticamente, de toda la sociedad. Es una ley que supone un avance en derechos, en un derecho muy relevante para todos aquellos que sufren: el derecho a decidir. Esta ley es un hito histórico para España y refuerza nuestro compromiso en materia de libertades. Actualmente, en la Unión Europea hay tres países que reconocen este derecho en su normativa, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y, fuera de la Unión Europea, Canadá. Desde hoy España sumará su nombre a esta lista, y estoy segura de que después lo harán muchos más, porque el avance en derechos en estos momentos es imparable. Cuando aprobemos esta ley, aquellas personas mayores de edad que padecen una enfermedad grave e incurable, un padecimiento grave crónico e irreversible que les marca su día a día, que tienen un gran sufrimiento físico y psíquico intolerable y sin posibilidad de curación van a poder decidir, señorías. En esta ley marcamos la importancia de ese derecho a decidir, porque contraponer el derecho a la eutanasia, a decidir, con el derecho a los cuidados paliativos es totalmente incorrecto, señorías. Mi grupo parlamentario está claramente a favor de los cuidados paliativos y claramente a favor del derecho a decidir si alguien quiere poner fin a ese sufrimiento. Señorías, la esencia de esta ley es que la persona pueda decidir. Mientras que sus señorías de VOX quieren imponer su moral a esta Cámara, a todos los españoles, nosotros queremos dar libertad a las personas para que puedan decidir en qué condiciones quieren vivir y no imponemos nuestra moral, sino que respetamos las decisiones de las personas y no entramos a juzgarlas. Bastante tienen con su sufrimiento, señorías. Solo les digo que espero que nadie de su entorno se pueda ver en una situación de este tipo y tenga que plantearse este tipo de decisiones. Esto es precisamente lo que hace esta ley que acabará siendo aprobada en el Congreso gracias a los votos de Ciudadanos: regular el procedimiento a través del cual cualquier persona mayor de edad que esté en las circunstancias prejudiciales graves e irreversibles antes señaladas pueda solicitar de los servicios sanitarios una prestación y una ayuda para morir. . Lamentamos también que el Partido Popular se oponga esta ley, pero no es la primera vez que, en avance en derechos, el Partido Popular muestra su oposición. Ustedes, cuando todavía estaban bajo el nombre de Alianza Popular , se opusieron a la Ley del divorcio en 1981 y a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el año 1985. Ya como PP, votaron en contra del matrimonio igualitario en el año 2005 y de la Ley sexual y reproductiva en el año 2010. . Ustedes siempre han estado en contra del avance en derechos y, por eso, hoy lo que ustedes quieren plantear es ir al Tribunal Constitucional con esta legislación, porque no quieren derecho a la libertad de decisión, porque no quieren la libertad de decidir. . Todos esos derechos los tienen hoy los españoles, a pesar de ustedes, señorías. Ustedes mismos disfrutan de muchos de esos derechos. Ustedes darán a ese botón rojo, pero España va a reconocer este derecho a pesar de su oposición. En cuanto al procedimiento, creo que es importante dejar claro que esta es una ley garantista. A aquellos que tengan cualquier duda y, además, para no difundir bulos sobre lo que supone esta legislación, les invito a que se lean el articulado. . ¿Por qué?

Sara Giménez Giménez Cs

Porque es relevante que las personas que tiene estos derechos sean personas que tengan mayoría de edad, que tengan la nacionalidad española o hayan residido de manera legal durante los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud, que estén en pleno uso de sus facultades y que sufran una enfermedad grave e irreversible o un padecimiento grave o crónico que haga que pueda solicitar estos servicios sanitarios. Además, se puede conceder a pacientes que no estuvieran en condiciones de poder efectuar esta solicitud, siempre que hayan dejado constancia de su deseo mediante un testamento vital. En ese caso, sus gestiones se van a hacer a través de su representante. Se designa un médico responsable, se brinda al paciente la oportunidad de recibir cuidados paliativos y se vuelve a revisar el expediente. En lo que se basa todo el procedimiento de la norma, con responsables médicos y jurídicos a su cargo, es en que haya un verdadero derecho de decisión y en el respeto a la voluntad de esa persona que está pasando por una situación muy grave, irreversible y por muchísimo sufrimiento en su vida. Es lo que tiene que quedar claro a todos los españoles; es una ley garantista. He querido dejarlo muy claro porque a veces hay cierta confusión con discursos que salen hacia fuera que son inciertos, y creo que merece la pena que todos los españoles conozcan que es garantista con la voluntad del paciente. En Ciudadanos celebramos que esta ley de eutanasia obtenga un mayor respaldo definitivo en el Congreso. Estamos satisfechos de haber participado en el proceso de tramitación, de haber llegado a acuerdos, de hacer esta política útil de la que nosotros estamos orgullosos, siempre que, además, esté fundamentada en avances en derechos y en libertades. También me habría gustado —y lamento que no haya sido así— que aquellas reclamaciones que ha hecho Cermi estuviesen más presentes dentro de esta legislación, y creo que es hacia donde tendremos que pensar en alguna mejora. Pero quiero terminar diciendo que hoy los españoles tienen un nuevo derecho y que me siento orgullosa, que nos sentimos orgullosos en mi grupo de haber participado en el avance en derechos de todas las personas. Gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Empiezo por manifestar la satisfacción del BNG por este paso decisivo para ampliar derechos y reconocer como uno de ellos el de elegir cómo finalizar, lo que es parte sustancial de reconocer y garantizar el derecho a una vida digna. En tres meses tendremos en vigor la ley de la eutanasia, que, como hemos dicho en anteriores ocasiones, se ha hecho esperar demasiado, prolongando innecesariamente el sufrimiento de muchas personas. Hoy la lucha de muchas de ellas, como la de nuestro compatriota Ramón Sampedro, tiene justa recompensa en una norma que, si no es perfecta, permite un avance significativo, un avance fundamental. Es un triunfo, además, frente a aquellos, la ultraderecha y la derecha ultra, que sacralizan la vida, pero que no solo no se preocupan por garantizar una vida digna, sino que la imposibilitan con sus políticas al servicio de las clases dominantes a costa de la calidad de vida y bienestar de las mayorías sociales, de las clases populares de nuestros pueblos. No se preocupan, como vimos ayer, por el acceso a una vivienda digna o por salarios y pensiones justas o por los servicios públicos y esenciales y mucho menos por los derechos sociales, democráticos y las libertades públicas, pero sí por cosas tan peregrinas y absurdas como poder registrar a los hijos desde el momento de la concepción. Sinceramente —supongo que como les sucedió a muchas otras personas—, cuando leí esto tuve que comprobar si ya estábamos a 1 de abril, día da Mentira, o en su español día de los Santos Inocentes, pero no, es la última ocurrencia de la ultraderecha. Ya nos explicarán cómo y sobre todo para qué, aunque el para qué ya lo sospechamos: de lo que se trata una vez más es de coartar e impedir un derecho fundamental de la mujer, como es el de decidir sobre su propio cuerpo y su propia maternidad. Porque una de las obsesiones de esta ultraderecha y de esta derecha ultra es la de limitar derechos en lugar de ampliarlos. Frente a ellos, frente a todos aquellos que quieren anteponer la, según ellos, voluntad de Dios a la voluntad de las personas, esta ley significa poner fin al chantaje y al tabú de que la vida es propiedad divina y, por lo tanto, debe ser administrada según criterios de la jerarquía religiosa. El derecho a una muerte digna, como el de la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio igualitario, no obligan a nadie y negar esos derechos sí obliga y causa dolor y sufrimiento. Por eso esta ley es tan importante. Lo decimos nosotros, el BNG, que presentamos diversas enmiendas con el objetivo de mejorarla, que en unos casos fueron atendidas, pero en otros, no. Por ejemplo, enmiendas para que las cautelas precisas que garanticen que se trata de una decisión libre y consciente no imposibiliten el derecho a ver reconocida esa situación o no supongan poner trabas burocráticas que alarguen en el tiempo de manera innecesaria ese momento. También para que ningún organismo tenga la última palabra sobre si la persona reúne o no las condiciones para poder ejercer ese derecho, que entendemos que es personal e intransferible. Presentamos enmiendas también para que una vez la ley entre en vigor y la eutanasia esté regulada se pueda garantizar su ejercicio en la sanidad pública y que ningún profesional pueda negarse a ello alegando objeción de conciencia, y también para garantizar este derecho con carácter universal, sin excluir a nadie: inmigrantes en situación regular, pensionistas, residentes en otros países, trabajadores transfronterizos, etcétera. Como he dicho, algunas fueron atendidas y otras no, y entre estas últimas está, por ejemplo, la que hace referencia a la objeción de conciencia, que nos parecía importante porque que un profesional no pueda negarse es lo que garantiza que la persona interesada pueda ser atendida debidamente. Como decíamos, la ley no es perfecta, pero entendemos que estamos ante un paso decisivo, que celebramos como un triunfo de los derechos de todos y de todas frente a la intolerancia. Obrigado. .

Carolina Telechea i Lozano ERC-S

Gràcies, presidenta. Bon día, diputades y diputats. Soy dueña de mi vida y también lo soy de mi muerte y nadie nadie tiene derecho a decirme cómo debo vivir, pero tampoco cómo debo morir. Hasta ahora las leyes de este Estado condenaban a vivir a las personas que padecían un sufrimiento inhumano, insoportable e irreversible, pero por suerte hoy esto va terminar. No solo impedían las prácticas eutanásicas, sino que las tipificaban como delito, castigando con penas de prisión a quienes en un acto de compasión ayudaban a morir a una persona, aunque esta lo hubiera pedido libremente por estar sometida a un sufrimiento insoportable e irreversible. No podemos permitir ni un minuto más que personas que llevan a cabo actos de amor, de respeto y de dignidad humana tengan que hacer frente a una condena de entre dos y seis años de cárcel. Esquerra Republicana siempre lo ha defendido ante esta Cámara, incluso cuando nadie lo hacía. Fuimos pioneras en reivindicar este derecho con Joan Puigcercós, en 2001; con Rosa María Bonàs, en 2004; con Joan Ridao y Joan Tardà, en 2010; con Esther Capella, en 2018, y todas y todos toparon con el muro del PP y del PSOE. . Hoy por fin, por fin, hemos logrado asegurar el derecho de que las personas que están padeciendo injustamente por una enfermedad grave e incurable puedan decidir cuándo terminar con este sufrimiento, y por si alguien tiene intención de hacer demagogia, esta ley no obliga a nadie, a nadie, lo único que hace es que pueda escoger. A eso se le llama democracia, que frecuentemente brilla por su ausencia entre estas paredes; que cada uno pueda decidir en virtud de la libre independencia y la autodeterminación de la persona. Ya basta de que los partidos de la derecha autoritaria, como PP y VOX, manipulen la opinión pública con mentiras. Ya basta. La proposición de ley que hoy aprobamos es un avance en derechos y libertades y no crea ningún derecho, sino que lo reconoce, porque el derecho a una muerte digna es un reflejo del derecho a la dignidad de una persona. Como ya he dicho, esta ley es un avance, pero queremos recordarles la importancia de la participación de las enfermeras y los enfermeros en todo el proceso —que me consta que en el trámite del Senado se ha especificado— y también la burocratización y los largos trámites para ejercer este derecho. También nos hubiera gustado dar voz y voto a los menores de dieciséis años. Hoy damos un paso muy importante para acabar con la criminalización que hasta ahora condenaba a aquellos que elegían vivir y morir con dignidad, porque morir hasta el día de hoy es inevitable, pero morir mal debe dejar de serlo, y todo ello no es incompatible con los cuidados paliativos que nuestro sistema de salud ya proporciona. Por último, no quiero terminar sin volver a reivindicar el gran trabajo de la Associació pel Dret a Morir Dignament de Catalunya y de todas las personas que en silencio y en anonimato, mediante su desobediencia civil, llevan batallando durante muchos años para conseguir la despenalización de la eutanasia, algo que se debería haber hecho hace muchísimo tiempo y que solo la cerrazón y el bloqueo parlamentario han impedido, pero que por fin hoy será una realidad. Y quiero terminar con una cita de un maravilloso libro escrito por un escritor perseguido por la Inquisición, El Quijote, que ha iluminado y defendido mi intervención, y dice así: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, …». Muchas gracias. .

Rosa María Medel Pérez UP

Buenos días. Decía hace tres meses que el derecho a una muerte digna ha existido siempre para algunas personas, y ahora este derecho existirá para todas aquellas personas que deseen ejercerlo. . La ley ha sido aprobada en el Senado y ahora la tenemos aquí de nuevo. Es una ley muy perseguida por la ultraderecha, porque el pensamiento totalitario de la ultraderecha no tolera la democracia, el punto de vista de los otros; porque democracia no es solo votar, es respetar a los que no piensan como tú, aunque no compartas su punto de vista. Pero como son rabiosamente intolerantes, llenan su discurso de insultos, descalificaciones, odio, que es el recurso cuando no tienes ningún argumento, o sencillamente amenazan desde el escaño; amenazas que hemos oído aquí, como por ejemplo: cuando yo gobierne, te ilegalizaré. Esa es su democracia. Su intolerancia llega a tal extremo que quieren imponer a los otros cómo deben morir; quieren colocar sus opiniones por encima de los derechos de todos. La ley dice: aquel que quiera morir porque no quiere seguir viviendo en determinadas circunstancias de padecimiento físico o psíquico insoportable e irreversible puede pedir ayuda a los médicos y morir sin dolor. Bienvenido sea este derecho, bienvenido sea. La ley de eutanasia es totalmente garantista y solo tiene como finalidad garantizar los derechos individuales y el ejercicio de la autonomía personal hasta el último momento de la vida de las personas, cualquiera que sea su situación o condición. Por eso se opone la derecha, porque nos hace a todos un poco más libres y eso no lo pueden soportar. Quiero resaltar que este es un día histórico, y debemos estar contentos porque tenemos el reconocimiento de un derecho en este país. Le doy la enhorabuena definitivamente, por fin, a todas las asociaciones que han defendido y defienden el derecho a la muerte digna y que han sido fundamentales para el éxito de este proyecto. Quiero recordar, cómo no, a Ramón Sampedro y a María José Carrasco y a su marido, Ángel Hernández, y al doctor Carlos Montes, cómo no. . No importa repetir esto, no; no importa repetirlo. Y quiero agradecer de nuevo el logro de este derecho a toda la buena gente de este país, porque hay un consenso a favor de la eutanasia. Quiero volver a repetir el dato. A la pregunta de Metroscopia en 2019: ¿Cree usted que un enfermo incurable tiene derecho a pedir a los médicos que le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor? El 87 % de los ciudadanos que respondieron a la encuesta dijeron: sí. Pues, quiero darle la enhorabuena a toda esta buena gente, tengan o no la intención de hacer uso de la Ley de Eutanasia. Miren, yo creo que todos los seres humanos aspiramos a ser dueños de nuestra vida, porque es algo inherente al ser humano, necesitamos ese control, sentir que controlamos la vida. Esto no puede dejar de ser así en el momento de enfrentarnos con la muerte, porque creo que en realidad la eutanasia es el derecho a vivir hasta cuando uno quiera, por supuesto, en la medida de lo posible. Muchas gracias. .

Lourdes Méndez Monasterio VOX

Señorías, hoy es un día que pasará a la historia de la ignominia en España. Hoy se consuma su plan de implantar la cultura del descarte y de la muerte. España, señorías, es el cuarto país en Europa en legislar la eutanasia y el trigésimo primero en cuidados paliativos. Ustedes han optado por la muerte, en lugar de por los cuidados. Hablar de libertad y de compasión o de derecho a decidir es una burla, señorías, es una burla a los españoles, igual que traer aquí el Quijote para defender esto, cuando han rechazado implantar cuidados paliativos para aliviar el dolor y el sufrimiento en enfermos terminales y ese consentimiento, sin aliviar el dolor, no tiene ningún tipo de justificación. El cambio que se produce en España, señorías, con esta ley, es un cambio muy profundo. Su ataque va dirigido al corazón mismo de nuestra sociedad y al corazón de nuestro sistema sanitario. Ya no es el valor de la vida el que informará nuestro ordenamiento jurídico, pero, sobre todo, quedarán desprotegidas las personas más débiles y las personas más vulnerables. Jérôme Lejeune decía que la calidad de una sociedad se mide por el respeto que profesa al más débil de sus miembros. Señorías, esta es una muy profunda modificación. El Estado ya no tiene en sus manos la salud de los ciudadanos, sino la propia vida, sobrepasando, señorías, uno de los principales límites del Estado en un sistema democrático, el que la vida no puede estar a disposición de los poderes públicos. Decimos adiós, señorías, a más de veinte siglos de cultura a favor de la vida; adiós a los derechos humanos; adiós al constitucionalismo moderno. Es el fracaso de una civilización. Con el procedimiento elegido, han evitado los dictámenes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, que no cabe la más mínima duda de que hubieran cuestionado la esencia, el fondo y las medidas que proponen. Además, también han ignorado el trámite de audiencia a los interesados y a los diferentes expertos, porque a ustedes no les interesa garantizar los derechos de los posibles afectados ni el interés público. Esta ley ha sido concebida y cocinada por su Gobierno sociocomunista y, como tal, aprueba su ideología perversa de forma antidemocrática y dictatorial. Y, aunque han querido ignorarlos, les vamos a recordar algunos de ellos, para que en el Diario de Sesiones de esta sesión quede reflejada su existencia; así, la historia recordará su infamia. No quieren oír, desprecian e ignoran la declaración pública de un importante número de juristas y académicos de legislación y jurisprudencia, que afirma que es contraria a la Constitución en diversos artículos que protegen la dignidad de toda persona humana y sus derechos irrenunciables a la conservación de la propia vida, a la igualdad y no discriminación, a la protección de la salud, aun cuando pueda encontrarse reducida y, especialmente, cuando se trata de personas con discapacidad o de ciudadanos en su tercera edad. Ustedes también han ignorado a la Asociación Médica Mundial, que dice que la eutanasia es contraria a la ética. Ustedes han despreciado lo que dice el Consejo general de médicos, que ha expresado rotundamente que el Código de Deontología Médica establece que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa de este, siendo contrario también a dicho código avalar por ley que la eutanasia es un acto médico. Ustedes han ignorado y no han querido oír tampoco al Colegio de médicos de Madrid, al de odontólogos y al de farmacéuticos, que se expresan en la misma medida diciendo que la demanda de la eutanasia es nula o mínima cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales expertos, pero en vez de potenciar unos cuidados paliativos infradesarrollados, la única alternativa que propone esta ley a pacientes con enfermedades avanzadas es matarles. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos así también lo reitera, y dice que pone en riesgo a todos los pacientes ingresados, que en el caso de muerte inminente, precisamente para aliviar los síntomas refractarios, si estos existen, estaría indicada la sedación paliativa sin ninguna necesidad de aplicar la eutanasia. También han ignorado y han despreciado al Comité de bioética nacional, que afirma que esto supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas consecuencias son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra. Ustedes también han despreciado a la Sociedad Española de Psiquiatría, que declara la incongruencia que supone, en sociedades en las que la prevención del suicidio se considera una responsabilidad global, plantear la ayuda a morir en personas que sufren trastornos que tienen entre sus propios síntomas, formando parte de la patología, el deseo de morir. Ustedes también han ignorado, han despreciado y no han querido oír al Cermi, que dice que la norma contiene aspectos para el colectivo con discapacidad contrarios a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo esto, señorías, y más es lo que desprecian, lo que han querido ignorar y lo que no han querido escuchar. Podemos concluir que esta ley vulnera la Constitución y la ética, es eugenésica, es ilegítima y es un ataque a una profesión milenaria como es la médica. Por cierto, es repulsivo y es repugnante en un momento como este, en el que hemos contraído una deuda con las personas fallecidas y en especial si estas han sido médicos o enfermeras que han entregado su vida para salvar otras vidas. Desde aquí, nuestro homenaje. . Pues bien, señorías, los cincuenta y dos diputados de VOX no descansaremos hasta conseguir que en el final de su vida pueda morir dignamente todo enfermo, sin dolor y sin que le maten; pueden estar seguros. Presentaremos un recurso ante el Tribunal Constitucional y además solicitaremos la paralización de su aplicación en tanto no se dicte la sentencia oportuna, que exigiremos que la dicten, por producir daños irreparables. . En VOX les haremos frente, y más pronto que tarde les ganaremos, y reconstruiremos todo lo que han destruido, y daremos esperanza a quien la ha perdido. Protegeremos la vida de todos los españoles y devolveremos la admiración a nuestros médicos, a nuestros enfermeros y enfermeras. Revertiremos estas leyes ―pueden estar seguros― y en nuestra sociedad será la vida la que triunfe y no la muerte. . Señorías, desde aquí les hacemos esta promesa a todos los españoles. Pueden estar seguros de que ganaremos y pueden estar seguros de que lo haremos. Solo VOX es la esperanza de España. .

José Ignacio Echániz Salgado PP

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, vuelve del Senado este texto, que podría convertirse hoy en ley y que viene empeorado de como se fue, con plazos más cortos y con la posibilidad de que los médicos apliquen la eutanasia sin contar con la familia; una ley que es un paradigma de cómo no debe legislarse nunca, evitando informes de cualquier tipo, sin escuchar a la sociedad ni a sus instituciones y teniendo en cuenta que ninguna de las organizaciones sociales, médicas, profesionales, bioéticas o de discapacidad han podido versar su opinión, y a la contra de lo que están haciendo las grandes naciones de nuestro entorno europeo y el 99 % de los países del mundo, de una forma exprés en una pandemia, con 65 000 jubilados fallecidos más que en el año 2019, cuando el último estudio científico pone de manifiesto que no existe demanda social objetiva y cuando todos los elementos ponen de manifiesto, hasta el Cermi, que esta ley discrimina, estigmatiza, destruye trabajo de décadas en favor de la dignidad de los discapacitados y cuando el relator de Naciones Unidas les ha sacado la tarjeta roja por actuar en contra de la convención. ¿Se quedan ustedes tranquilos, señorías, cuando 160 catedráticos, profesores de derecho constitucional, académicos de jurisprudencia y legislación dicen que es inconstitucional? ¿Se quedan tranquilos cuando los médicos españoles afirman que se va a aplicar sin garantías? ¿Se quedan tranquilos cuando el Comité de Bioética de España está en contra? ¿O cuando la Sociedad Española de Psiquiatría dice que es imprescindible que haya una valoración psiquiátrica previa? ¿Se quedan tranquilos cuando nunca tantas instituciones, organizaciones o asociaciones de todo tipo de la sociedad civil han dicho que paren esta innecesaria locura? ¿Cuando hace dos días el Tribunal Constitucional de Portugal ha tumbado una ley menos lesiva que la que hoy debatimos? ¿Cuando los comités de bioética dicen que esta ley abre la puerta a eutanasias no solicitadas? ¿Cuando afirman que España puede convertirse con esta ley en un país de turismo eutanásico? Señorías, el sufrimiento en la etapa final de la vida no es algo nuevo. Desde los inicios de la medicina los profesionales han aplicado la lex artis, la buena práctica, buscando lo mejor para los pacientes sobre la base de la ley natural, y nunca ha existido, como ahora, más remedios contra el sufrimiento. El padre de la medicina, Hipócrates, se opuso a la eutanasia y, bajo el principio de primum non nocere, lo primero no hacer daño, formuló el juramento hipocrático que hoy es el origen del código deontológico que realizamos los médicos. «Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me lo pida, ni sugeriré un tal uso». Este juramento, señorías, ha permitido a la medicina durante siglos proteger a los más vulnerables. Hoy ustedes, por primera vez, quieren obligar a lo contrario: un atentado al respeto a la dignidad humana, a la vida humana y al cuidado de la salud; un acto antimédico y antiprofesional. Y lo hacen con la coacción, con la intimidación de una ley tan negra de objetores que es un insulto a los profesionales, a los que la sociedad ha aplaudido unánimemente a lo largo de toda esta pandemia; un chantaje intolerable que seguro que se les volverá en contra. Señorías, la eutanasia no se solicita desde la autonomía, desde la decisión libre, sino desde la dependencia, desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad, desde la enfermedad, desde la depresión, desde la falta de lucidez, de comprensión o de juicio, desde la falta de voluntad, desde la falta de plenas facultades entre los más influenciables. La presencia de trastornos mentales es por sí misma un motivo de sufrimiento subjetivo insoportable que hace a veces solicitar la ayuda para morir. Pero cuando son tratadas estas personas, señorías, el deseo de morir desaparece, porque en muchos de estos casos es sencillamente un síntoma, habitual por otra parte, en los trastornos mentales y de muchos de los que acompañan también a las enfermedades físicas. Señorías, esta ley no está diseñada para los casos excepcionales, sino para ofrecer la eutanasia en el contexto de la fragilidad progresiva y el sufrimiento crónico y, por lo tanto, supone un poderoso efecto llamada a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que deberían estar protegidas por nosotros. Empujarles a la eutanasia es un vergonzoso acto de abandono social, que encubre una negación a la mejor asistencia sociosanitaria. Por eso, señorías, seguimos defendiendo, ahora más que nunca, nuestra alternativa, nuestra alternativa médica, nuestra alternativa social, nuestra alternativa humanitaria, nuestra Ley de cuidados paliativos, nuestra ley para universalizar los derechos y las garantías de la dignidad de la persona en los instantes finales de la vida, porque cuando ya no se puede hacer nada hay, sin embargo, todavía mucho que hacer. Señorías, nuestra propuesta es una alternativas justa, positiva, útil, oportuna, que defiende la mayor parte de nuestra sociedad. Y es una gran temeridad, una irresponsabilidad aprobar la eutanasia sin coadyuvar antes con nuestros indispensables, aunque raquíticos, cuidados paliativos, porque sin cuidados paliativos el paciente no puede elegir. Y, paradójicamente, con su ley no habrá cuidados paliativos a domicilio, fíjense, pero sí habrá eutanasia en casa. Señorías, si ustedes aprueban esta ley, se producirán graves consecuencias familiares, sociales, médicas, éticas; promoverán la desconfianza entre padres e hijos, entre hermanos, entre médicos y pacientes y entre los médicos, y se producirá un efecto dominó, porque siempre habrá un siguiente paso: de los terminales a los crónicos, de ahí a los dependientes, a los discapacitados, a los enfermos mentales, a las personas cansadas de vivir, incluso a los niños, como en Holanda; sin salvaguarda y sin control, como en Holanda; con atajos y con abusos, como en Holanda; incluso de forma no voluntaria, como en Holanda. Por eso hoy, señorías, una cuarta parte de las personas mayores en Holanda, si pueden, huyen a vivir fuera de su país. Señorías, podrán decir que esta es una muerte natural, pero nunca dejará de ser una muerte provocada. A partir de hoy los más frágiles de la sociedad tienen motivos para el miedo, el desasosiego, la inquietud y la desconfianza. Ustedes hoy deciden renunciar a la defensa de los más vulnerables, y nosotros, en el Partido Popular, nos seguiremos esforzando, señorías, por construir una sociedad en la que al débil se le proteja, en la que se luche por todas las vidas, también por aquellas que ustedes ven con menos valor o indignas, y en la que al enfermo se le ofrezca alivio, escucha, afecto y la mejor medicina. Muchas gracias, señora presidenta. .

María Luisa Carcedo Roces PSOE

Muchas gracias, señora presidenta. «En este país contraer una enfermedad terminal degenerativa al parecer es delito. La condena que te imponen es un final cruel y doloroso, desprovisto de toda integridad y dignidad. Tu dolor y sufrimiento es moneda de cambio entre los que debieran legislar para mitigarlo.» Son palabras del hijo de Maribel Tellaetxe; una promesa no cumplida, porque ella prefirió sufrir durante años, para evitar las consecuencias penales a su familia. «Le presté mis manos». Ángel Hernández a María José después de que sus manos la cuidaran, la acarician, la alimentaran por amor, dedicándole treinta años de su vida, que no podrá volver a vivir, para acabar acusado de violencia de género. Señorías, con la aprobación de esta ley desaparece del Código Penal la sanción de la ayuda para morir según las condiciones de esta ley. . «Que los políticos alguna vez piensen en los ciudadanos que sufren», Fernando Cuesta. Señorías, hoy una mayoría de las Cortes Generales hemos cogido el testigo de estas y otras personas enfermas y sus familiares, que llevan años clamando por la regulación de este nuevo derecho. «El que quiera vivir que viva, pero que nos dejen morir con dignidad. No sé qué músculo no moveré mañana. No quiero ese final». También son palabras de Fernando Cuesta. Señorías, esta ley establece que la persona decida con libertad cuándo hace uso de este nuevo derecho. Libertad con mayúsculas, señorías, porque esta ley da una nueva dimensión a la Ley de autonomía del paciente. Una libertad para decidir, no una libertad para incumplir las leyes o hacer lo que a uno le da la gana en pandemia o para mantener los privilegios, que es el eslogan de la derecha. . También para los que hoy, a pesar de su situación, aman la vida pero temen que la progresión de su situación no se lo ponga fácil. Aunque quieren seguir viviendo, aspiran a tener una ley para cuando les resulte insoportable. «Me da tranquilidad, quiero una bala en la recámara», Rafa, treinta y cinco años, quince con tetraplejia. Señorías, a todas estas personas y a otras muchas anónimas, como a sus familiares, que pasan por experiencias similares a esta, a pesar de los cuidados curativos o paliativos, les toca esperar su final de sufrimiento y con un pronóstico de vida limitado. ¿Cuidados paliativos? Señores de la derecha, señores del PP, ¡por tres veces impidieron que la ley de cuidados paliativos fuera aprobada en esta Cámara! . Pero, más allá de eso, ni con la ley ni con proclamas en esta tribuna se proporcionan servicios paliativos. Hay que dar recursos, y usted recortaron 12 000 millones en el Sistema Nacional de Salud y 4600 en dependencia, para que vengan ahora a decir aquí que se mueren las personas sin tener ayuda a la dependencia. No quiero deslizarme por este debate, que ya mantuvimos, y voy a dedicarme a las personas que sufren o que sufrieron. «Por favor, no dejéis que no sea yo, no dejéis que pierda mi dignidad, que viva sin saber quiénes sois», Maribel Tellaetxe. Ramón Sampedro: «La muerte deseada para librarse del dolor es un bien». Señorías, ciertamente el derecho a la vida va ligado indisolublemente a la dignidad humana, a la integridad física y moral, a la intimidad y al derecho a la propia imagen y, sobre todo, a la libertad individual de sus creencias, de su ideología y de sus valores. En esta intervención tomo la palabra de estas personas que decidieron contar su intimidad para lograr este nuevo derecho, compartirlo con toda la ciudadanía. Ellas y otras muchas anónimas, sus familiares —algunas que ya no pelean por los suyos porque se fueron, con tristeza y con dolor—, pelean por otras personas, por los demás, y son los verdaderos artífices de la conciencia colectiva sobre la necesidad de este nuevo derecho. De forma especial quiero recordar al señor doctor Luis Montes, como símbolo de muchos profesionales que perseveran a pesar de las crueles persecuciones y de los intentos gravísimos de desprestigio profesional y personal. . Y también a las asociaciones por el derecho a morir dignamente, por el amparo ante la desesperación de muchas personas. A todos ellos, gracias. Termino esta intervención, señorías, con la despedida que Luis de Marcos hizo a su mujer, Asun: «Simplemente quiero decir que creo que todos venimos al mundo con una misión, para desempeñar algún papel, y a mí me ha tocado sufrir una enfermedad que me ha llevado a luchar por uno de los derechos más básicos. Ahora tengo plena conciencia de que el mínimo exigible a una sociedad desarrollada, civilizada y moderna es el derecho a disponer del final de tu propia vida. Muchas gracias a todos los que de alguna manera habéis apoyado esta causa, que no es solo mía, sino de cualquier ser humano. Ojalá podáis tener esa salida si llegáis a necesitarla. Muchísimas gracias a todos los que llevaron hasta aquí esta ley». . Con la aprobación de esta ley la tendrán. Por supuesto, apoyaremos todas las enmiendas que vienen del Senado. .

Carolina Darias San Sebastián

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en nombre del Gobierno, quiero hacer uso de la palabra para expresar nuestro agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por el trabajo realizado, especialmente a los que con su voto van a permitir la aprobación de esta proposición de ley. Me van a permitir que dé las gracias expresamente al Grupo Parlamentario Socialista, al grupo proponente, y de manera particular a las personas que me han precedido en el ministerio, a María Luisa Carcedo y a Salvador Illa, por su intenso trabajo y la convicción con la que han defendido esta proposición de ley. Señorías, como dijo en su momento Salvador Illa, en su intervención de diciembre, creo que hoy es un día importante. Y es un día importante porque avanzamos en el reconocimiento de los derechos. Es un día importante para toda la ciudadanía porque avanzamos hacia una sociedad más humana y más justa, pero, sobre todo, es un día importante para aquellas personas que se encuentran en una situación de grave padecimiento, y también lo es para sus familias y las personas cercanas. Lo cierto es que, más allá de las legítimas diferencias de opinión, la legalización y la regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales, que son el basamento de los derechos de las personas y así son recogidos en nuestra Constitución española: de un lado, son los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y, de otro, bienes constitucionalmente protegidos, como la dignidad, la libertad y la autonomía de la voluntad. Por eso, señorías, hoy damos un paso más en ese camino de progreso iniciado con la presidencia de Pedro Sánchez, un camino de progreso que hará de la sociedad española no solo una sociedad más justa, como decía Orwell, sino una sociedad más decente, una sociedad que se preocupa por evitar el sufrimiento de todos sus miembros, en definitiva una sociedad comprometida en la búsqueda permanente de una vida digna para quienes viven y mueren en ella. Quiero recordarles, señorías, que la presente proposición de ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista y, además, atiende a una demanda importante de la sociedad española. Reconocimiento a los que han dado voz y a los que han hecho posible que hoy estamos aquí, a todos los grupos parlamentarios, pero también a todas las entidades de la sociedad civil que llevan años luchando por una regulación en España por el derecho a morir con dignidad. Concluyo, señorías. Hoy no solo empezamos a legalizar la eutanasia y a conquistar un derecho, hoy también emprendemos el camino para que este derecho esté incluido como una prestación más en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, mejorando de este modo nuestra capacidad asistencial. Muchas gracias. .

Guillermo Díaz Gómez Cs

Gracias, presidenta. Seré muy breve. La tramitación de este decreto-ley ha sido accidentada, no por culpa de nadie sino porque cuando se pensó en este real decreto-ley no conocíamos en su totalidad la pandemia a la que nos enfrentábamos, y ya arrasaba muchas de las premisas que teníamos. Fuimos aprendiendo sobre la marcha. Quienes hemos estado en la ponencia de este real decreto hemos visto cómo, con el paso de las semanas, se iban haciendo inútiles muchas de las cosas que planteábamos, porque íbamos aprendiendo cosas nuevas, porque cuando comenzamos a trabajar en este real decreto no sabíamos del coronavirus lo que fuimos aprendiendo posteriormente. Esta lentitud, que nos da garantías, por supuesto, como sistema legislativo, nos tiene que hacer aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos volver a enfrentarnos a una pandemia con reales decretos-leyes, salvo para matizar una norma que ya exista. Con esto quiero pedir al Gobierno y a los grupos mayoritarios que lo sostienen que se planteen establecer una legislación que nos permita en un futuro responder mejor a una situación como esta. Creo que una de las lecciones que tenemos que sacar es la necesidad de un corpus legislativo estable para una situación como esta, de manera que no tengamos que estar con legislación de urgencia permanentemente. Por ser muy honestos, esto no es culpa de nadie, no sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esta situación. Hay cosas que se podían haber hecho mucho mejor, pero creo que no es el momento de decir esto. Mientras, en la tramitación de este real decreto, ¿qué podíamos hacer que fuera útil? Tengo que decir también que un día nos llevamos la sorpresa de que se cerraba la ponencia y nos tumbaban muchas enmiendas, con lo que yo iba a hacer esta intervención muy enfadado. Sin embargo, han cambiado algunas circunstancias y tenemos alguna buena noticia que hace que también cambie la percepción que yo tengo de esta situación. La actitud del Grupo Ciudadanos durante toda la pandemia ha sido la de tender la mano, tender puentes e intentar estar a la altura de las circunstancias. Lo demostramos con nuestro apoyo a un primer estado de alarma ―hoy sabemos lo que hubiera pasado si hubiese decaído en marzo― y también a las últimas prórrogas más cercanas al verano. Además, nos enfrentamos a una situación absolutamente inédita en la que creímos que teníamos que ser responsables. También lo hicimos con los presupuestos, que negociamos hasta el final y en los que conseguimos algún logro importante, como la tarjeta sanitaria única. En este real decreto que viene hoy aquí, según me han comunicado, parece que también se va a aprobar una enmienda de Ciudadanos. Creo que es una muy buena noticia porque se va a aprobar la suspensión, mientras dure la pandemia, del triple visado de tratamiento de la EPOC. ¿Qué es la EPOC? Muy brevemente, saben que es una enfermedad respiratoria cuyos pacientes describen como respirar a través de una pajita en los casos más graves. Imaginen que una persona tan afectada contraiga la COVID. Son unos de los pacientes más delicados ante esta enfermedad. Esta enmienda evitará trámites burocráticos para acceder al mejor de los tratamientos. Quiero agradecer a la mayoría de los grupos que hayan aceptado nuestra enmienda. Ciudadanos presentó esta enmienda, pero no es una enmienda de Ciudadanos, sino que es de todos los grupos que la han hecho suya. Y quiero agradecerlo a todos los grupos, pero especialmente al Grupo Socialista, que sé que ha hecho un esfuerzo importante a la hora de hacer suya esta enmienda. Con cuestiones así, demostramos que cuando nos ponemos y hablamos, somos capaces de sacar adelante cosas de mucha utilidad entre todos. Así que muchas gracias. Les anuncio también que votaremos a favor de todas las enmiendas, tanto de las dos que se votarán por separado como del resto del bloque de enmiendas. Muchas gracias. .

María Márquez Guerrero UP

Gracias, presidenta. Hoy nos toca hablar de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria, pero me van a permitir que, en primer lugar, envíe un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía, que está cumpliendo con las medidas sanitarias. Por supuesto, hay algunos casos de incumplimiento, pero creo que debemos remarcar y agradecer el buen comportamiento de la mayoría social de nuestro país. También me gustaría enviar un mensaje de prudencia y de cautela, porque tenemos que seguir cumpliendo con las medidas acordadas por nuestras autoridades sanitarias. Estamos en el camino de vencer al virus, pero no nos podemos desviar de ese camino ni un milímetro, porque no hay nada que merezca más la pena que salvar la vida. Dentro del marco legal de la lucha contra la pandemia, hoy debatimos las enmiendas del Senado a un proyecto de ley de gran importancia para la vida cotidiana de la ciudadanía. Señorías, las enmiendas del Senado son en su conjunto modificaciones razonables que van a permitir fijar el texto definitivo, y que nosotros apoyamos. No obstante, me gustaría añadir un contrapunto en este debate. Es cierto que los poderes públicos tenemos la responsabilidad de dar una respuesta urgente a la crisis sanitaria, y así ha ocurrido, pero también es verdad que debemos ser capaces de abordar los cambios estructurales que necesita nuestro país. Por ejemplo, está muy bien, y lo apoyamos, prorrogar los contratos de investigación que expiran en las próximas semanas, como propone una de las enmiendas del Senado. Sin embargo, señorías, es necesario abordar el problema estructural de la precariedad y la temporalidad en el ámbito de la investigación científica, porque incluso el personal de investigación que está trabajando para elaborar una vacuna en nuestro país tiene contratos temporales y esto es inaceptable. El pacto por la ciencia puede ser una oportunidad para poner fin a la lacra de la temporalidad y para garantizar la estabilidad de nuestros científicos, pero de verdad, sin trampa ni cartón. Otro ejemplo. Es positivo, como propone otra enmienda del Senado, que incorporemos en la ley la mención expresa a la prevención, pero también es necesario, señorías, saber qué ha pasado con la prevención y con la salud pública en España. Si queremos enfrentarnos a problemas estructurales y queremos modificar la raíz de los problemas, tenemos que analizar y evaluar qué es lo que ha sucedido. Aunque son conceptos diferentes, suelen confundirse sanidad pública y salud pública. Como es sabido, sanidad pública es simplemente una forma de prestar la atención sanitaria, sin duda la única que garantiza la igualdad y la cohesión social; salud pública es la especialidad médica que se ocupa de las funciones de vigilancia, prevención y control epidemiológico. Existe un consenso entre los expertos, en cuanto a que las funciones de prevención y salud pública son decisivas para hacer frente a una pandemia y, sin embargo, los recortes de la última década se cebaron con la salud pública. En 2018 aún no se había recuperado el nivel de inversión en salud pública previo a la crisis de 2008. Para hacernos una idea, el agregado nacional en términos per cápita era de 21,4 euros en 2007 frente a 17,1 euros en 2018, y el agregado respecto del PIB, fue del 0,08 % en 2007 frente al 0,07 % en 2018. El artículo 43 de nuestra Constitución garantiza el derecho a la salud, el problema es que este concepto de la salud se ha interpretado de una manera muy estrecha. Así, se ha hecho una medicina casi exclusivamente curativa dejando de lado las funciones relacionadas con la prevención o, por ejemplo, con la educación sanitaria. El hecho de fomentar una sanidad más bien consumista es un signo de identidad de la derecha. Para muestra vale un botón. No hay más que ver los objetivos del PP con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Gracias al Gobierno de coalición, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 prevén un aumento notable en recursos en Función pública y contemplan la creación de un centro estatal de salud pública. Tenemos una oportunidad histórica para acometer reformas estructurales que garanticen la cohesión social. Podemos hacer frente con los fondos europeos a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales, yendo a la raíz de los problemas. Señorías, tenemos la oportunidad, podemos cambiar nuestro modelo productivo. Pero eso no lo podemos hacer de cualquier manera. Para eso la Unión Europea nos ha fijado con mucha claridad cuáles son los seis objetivos principales o ejes de acción: transición ecológica, transición digitalización, empleo y crecimiento sostenible, cohesión social y territorial, infancia y juventud, y por supuesto, la salud y la resiliencia social y económica, todo ello enmarcado en el pilar de los derechos sociales y de la perspectiva de género. Los fondos europeos son una oportunidad para reforzar y modernizar nuestro sistema, nuestros servicios de sanidad y de salud pública. . Termino ya, señorías. Siempre que hablemos de la pandemia y de las medidas para hacer frente a ella conviene que tengamos muy presente que las mujeres están sufriendo mucho más que los hombres y que la clase trabajadora está padeciendo las consecuencias más crueles de esta crisis sanitaria y económica. Por eso tenemos que seguir trabajando en perfeccionar las medidas sanitarias, sí, pero también en fortalecer el escudo social y en garantizar las transformaciones económicas que nos permiten avanzar en democracia y en justicia social. Muchas gracias. .

Juan Luis Steegmann Olmedillas VOX

Muchas gracias. Con la venia, señor presidente. Buenos días, señorías. Permítanme una previa. Si el Gobierno no hubiese sido tan negligente, hoy los españoles no estarían ni infectados ni encerrados ni en paro y, por consiguiente, no tendrían tantos problemas de salud física ni de salud mental ―no veo al señor Errejón―. Por cierto, nunca es mala recomendación ir al médico. Se lo dice un médico y además un hipocondríaco. . Señorías, exponemos hoy la crónica de un engaño continuado. Primero, la del real decreto y la ponencia correspondiente en el Congreso, en la que se han rechazado todas las enmiendas de la oposición, y también las de Ciudadanos. En el Congreso los socialcomunistas y separatistas han retirado sus veintidós enmiendas y han añadido una, se conoce que para que no se note que no han trabajado nada. Observamos que en el Senado ha pasado algo parecido, si bien hay algunas mejoras, no donde dice el señor Díaz, de Ciudadanos, sino en los artículos 24, 25 y 27.2. La historia de este despropósito empieza el 10 de junio, cuando se publicaba en el BOE el Real Decreto 21/2020, de 9 de junio, y el 25 de junio, cuando el Grupo de VOX utilizó el turno en contra de su convalidación. El entonces señor ministro, don Salvador Illa, felizmente y cómodamente retirado ahora en Barcelona, se dirigía a esta Cámara. Le advertimos entonces al Gobierno de que era un nuevo acto de propaganda política, una inadmisible defensa de su negligencia, y le reprochamos que el real decreto declarando el estado de alarma era inconstitucional, era una congelación de la democracia, un arresto domiciliario que paralizó nuestra nación, arruinó nuestra economía y no detuvo al virus. Durante su alocución, el señor Illa utilizó la expresión ‘nueva normalidad’ siete veces. Como le anunciamos, esa nueva normalidad que dictaba no era más que un ninot, que iba a consumirse en las llamas de la epidemia, la consecuencia de un desconfinamiento caótico que se había hecho con la intención de traspasar la responsabilidad a los españoles de a pie ―engañados y asustados― y a las comunidades autónomas ―infladas de desmesura―. El Gobierno hacía dejación de su principal responsabilidad y los reinos de taifas se creían más listos que el vecino y por supuesto que el virus, del que pensaban que era como un boxeador grogui. Ya, ya… Advertimos entonces, hace nueve meses, que se deberían hacer más PCR, que si no establecíamos controles microbiológicos en fronteras nos entrarían virus mutados más peligrosos, y el virus pilló desprevenido al Estado autonómico de confusión, y los españoles fueron los que lo pagaron. Por eso votamos en contra y la Hibris, la desmesura, tiene su consecuencia en Némesis. El resultado es el siguiente, nada menos que desde entonces, desde junio, 169 conciudadanos han muerto cada día. A esa hecatombe cotidiana la querían llamar ustedes, señorías de la izquierda, ‘nueva normalidad’; una normalidad, así con comillas, en la que el Gobierno y los reinos de taifas siguen a lo único que saben hacer: el confinamiento y la reclusión. Utilizan la expresión cierre perimetral para que penetre en nuestras mentes la idea nefasta de que España tiene fronteras internas, que solo hacen las delicias de los separatistas y que no está demostrado que sirvan para nada. . Tienen a los españoles encerrados en sus regiones mientras pueden venir turistas de todas las naciones europeas con más incidencia. Y, por supuesto, diseminan inmigrantes ilegales con nocturnidad mientras tienen a todos los españoles infectados, asustados y sin vacunar. A esta nueva normalidad de la izquierda se le llama infección, paro y, desde hoy, eutanasia. . La ponencia, señorías, era una oportunidad para enmendar los errores cometidos y, sin embargo, ha sido un ejemplo manifiesto de lo que son capaces de hacer la izquierda y el separatismo para obstruir un trabajo parlamentario. Unas veces no querían trabajar, otras destejían y tejían enmiendas, otras veces esperaban la llamada del ministerio. El caso es que decían que había que tomarse las cosas con parsimonia, lentitud y sosiego. Mentira; en realidad, pereza, ineptitud y obstruccionismo. Mientras tanto, nuestro grupo parlamentario ha propuesto dieciséis enmiendas de calado, que van desde la exención de la aportación económica de las mascarillas hasta la modificación de protocolos de detección mediante PCR, los test antigénicos o PCR grupales en residencias para evitar la mortandad que se ocasionó bajo el mandato del señor Iglesias . Insistíamos en que se tenían que comunicar las PCR en veinticuatro horas para frenar los contagios, proponíamos un sistema de vigilancia de infecciones importadas en localidades de alta presencia de migrantes procedentes de zonas de alta incidencia. Era procedente exigir PCR negativa con menos de cuarenta y ocho horas antes de entrar a España y la realización de test antigénicos a los viajeros procedentes de países extracomunitarios y especialmente de países no fiables, como la China comunista. Además, les sugerimos intentar realizar estudios de secuenciación, que vemos que es una herramienta absolutamente importante para combatir la epidemia. Lo predijimos entonces y ahora lo vemos hecho una realidad. Cualquiera de estas propuestas hubiese disminuido la incidencia de la epidemia, y juntas, la hubiesen parado. El resultado de este trabajo ―pongámoslo entre comillas― ha sido parir un ratón. Sin embargo, si hubiesen hecho caso a nuestras proposiciones, la epidemia al menos se hubiese detenido. Pero la izquierda no reconoce sus equivocaciones, y su empeño es que los españoles sigan encerrados e infectados, para que el miedo y el alivio por haber sobrevivido les hagan olvidar a los muertos que fallecieron por su negligencia, la de ustedes, señorías de la izquierda.

Juan Luis Steegmann Olmedillas VOX

Termino en dos segundos, señora presidenta. Les dijimos en junio que en VOX no vamos a olvidar ni a los muertos ni a sus familiares. Hoy se lo repito de nuevo; mañana, si hay justicia en este mundo, se lo dirán ustedes a un juez. Muchas gracias. .

Ana María Pastor Julián PP

Gracias, presidenta. Señora ministra, señorías, subo a esta tribuna para decirles, en primer lugar, que nunca el Parlamento de España había sido ninguneado más que en esta legislatura. . Los decretos-leyes del Gobierno se han convertido en la norma, como ha ocurrido en este caso. Y subo también para decirles que la tomadura de pelo no ha podido ser mayor, que no hay nada más importante en la vida que tener palabra, y desde luego, cumplirla. Se dijo en esta Cámara que este real decreto-ley se tramitaría como proyecto de ley, para incorporar ―como dijo el ministro Illa― las aportaciones de todos los grupos. Pues bien, de las 45 enmiendas de mi grupo parlamentario, no han aceptado ni una. El balance, señorías, de lo que llamó el Gobierno ―no yo― la nueva normalidad, yo lo llamé el decreto del metro y medio. Ellos lo llamaron de la nueva normalidad. En nueve meses, fíjense lo que ha pasado, es el concepto del Gobierno de la nueva normalidad. Entonces, había 247 486 infectados, hoy hay 3,2 millones; hoy existen 130 000 profesionales contagiados, entonces 52 000; y los fallecidos ―palabra tabú que nunca pronuncian―, el exceso de mortalidad, se ha más que duplicado, de 47 617 a 100 000 fallecidos. Además, hay 6 millones de desempleados, 300 000 autónomos que han sido obligados a bajar la persiana y más de 200 000 empresas destruidas. No hemos superado la crisis, señorías, ni la sanitaria ni la social ni la económica. . Decían que salimos más fuertes, pero salimos más débiles. El sistema sanitario, hoy, es más débil que antes de la pandemia, y lo podíamos haber evitado. . Hemos hecho propuestas y hemos planteado planes sanitarios, jurídicos, económicos y sobre empleo. Sin embargo, el Gobierno no ha llevado adelante ni una sola de las iniciativas que pusimos en marcha en la Comisión de Recuperación. Sigue sin haber un plan único de vacunación, siguen sin poner en marcha la auditoría independiente, siguen sin reducir a cero el IVA de las mascarillas, siguen sin tener un plan, que debe ser B, no sé si C, para que el 70 % de los españoles, según nos han dicho, estemos inmunizados al terminar el verano. Menos mal que el ministro dijo que el objetivo de la ley era dotarnos de medidas de prevención. ¿Qué concepto de prevención tiene el Gobierno? Como ven, una gran eficacia. ¿No hay nada que mejorar en el sistema sanitario? ¿No se ha dado cuenta el Gobierno de que este decreto llega aquí igual que salió, que apenas han incorporado cinco enmiendas? Este Gobierno ha sido incapaz de aprovechar el instrumento que le ofrecía este proyecto normativo para incorporar aquello que necesita con urgencia el sistema sanitario ―así lo dije entonces y así lo digo ahora―: fortalecer el Sistema Nacional de Salud, fortalecer el sistema sanitario de mi país. Han dicho no a los profesionales, han dicho no a los científicos, han dicho no a contar con un sistema de salud pública más fuerte, han dicho no a que España ante otra crisis como esta esté en las mismas condiciones o peores que ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué no han apoyado nuestras enmiendas, señores de Podemos y del Partido Socialista? ¿Por qué dicen no a la creación de una agencia estatal de salud pública y de calidad asistencial? Debe ser que es muy de derechas. Debe ser que es muy de derechas un plan de recursos humanos para mejorar las condiciones retributivas de los profesionales y darles estabilidad. Debe ser muy de derechas reforzar el Centro Nacional de Microbiología y tener un verdadero sistema de vigilancia epidemiológica. Señorías, debe ser también muy de derechas tener una reserva estratégica de material sanitario, o el plan de atención psicológica que incluimos en nuestras enmiendas, o las medidas dirigidas a los servicios sociales de nuestro país, o la estrategia de coordinación sanitaria. En este sentido, por qué no hablarles de ese esfuerzo tan importante que ha hecho este Gobierno ―permítanme la ironía―, ese control maravilloso en los aeropuertos que todos hemos vivido. Tampoco han apoyado la reserva estratégica de productos sanitarios ni la enmienda 110, que muchos pacientes seguro que entienden, para que los pacientes que necesitan tratamientos de anticoagulación tengan este tratamiento, de acuerdo con la Guía de práctica clínica. Señorías, voy concluyendo. Hoy constatamos no solo lo que ha pasado en este decreto-ley ―por cierto, nos convocaron el 28 de diciembre para decirnos que no admitían ni una sola enmienda, nunca lo olvidaremos―, esto refleja cómo hace el Gobierno en materia legislativa. ¿El decreto-ley de la nueva normalidad ha servido para poco? No, no ha servido para nada, parece una broma. Del metro y medio, ahora tendré que decir metro y medio y un milímetro, si es que puedo decirlo. No admitir ninguna enmienda del principal partido de la oposición es la voluntad constatada de diálogo, de acercamiento, de entendimiento, de dialogar, de consensuar; una falacia, una auténtica falacia. En lugar de acordar con el Grupo Popular la agencia estatal de salud pública y calidad asistencial que reclaman todos los expertos y profesionales, pues no, negocian una ley de amnistía; en lugar de pactar un plan de recursos humanos que reconozca los derechos de los profesionales sanitarios, pues no, se reparten carteras y nos cuesta a los españoles su plan de recursos humanos, el de altos cargos de los ministerios, un 47 % más de altos cargos, 7,5 millones de euros, por no hablar del Plan Plus Ultra ―no tengo tiempo, pero podría decir más cosas―; en lugar de negociar un plan de atención psicológica y diseñar protocolos para los pacientes, protegen a los okupas. Esa ha sido su elección, la de los grupos que apoyan al Gobierno, pero no se equivoquen. No es la elección de los españoles, no es la elección de los sanitarios, no es la elección de los pacientes, no es la elección de los ciudadanos, y pronto lo vamos a ver; muy pronto, señorías. A nadie extraña, y con esto concluyo, que lejos de ser la solución ustedes sean cada día más el problema. Este Gobierno será recordado por su gestión de la pandemia y por la Ley de eutanasia. Muchísimas gracias. .

Carmen Andrés Añón PSC-PSOE

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hace un año que convivimos con la pandemia y estos días recordamos sus inicios y sus devastadores efectos en nuestra salud y en las vidas, muchas de las cuales siempre tendremos en nuestro recuerdo. Hoy en nuestro país podemos decir que las personas que han recibido dosis de vacunas son más que las personas contagiadas desde el inicio de la pandemia. Han recibido dosis de vacunas 5700 000 personas, pero hemos de continuar en alerta para evitar una cuarta ola. Este es un progreso inimaginable hace un año; un progreso en cuya primera línea ha estado nuestro personal sanitario, que es el auténtico puntal del Sistema Nacional de Salud; un personal sanitario clave en este momento y clave en la primera ola de la pandemia que recibieron con los recortes practicados por el Partido Popular, 12 000 millones de euros. Clave fue y es la ciencia minimizada en España por el Gobierno de derechas, pues el Gobierno Rajoy eliminó el Ministerio de Ciencia y recortó solo en el Instituto de Investigación Carlos III más de 100 000 millones de euros. Clave una ciudadanía que es responsable y que está haciendo muchos sacrificios para salir de la pandemia y clave, y en primera línea, un Gobierno que ha tenido como prioridad absoluta la salud, la vida y la recuperación, el Gobierno de coalición de nuestro presidente Pedro Sánchez. . Es un Gobierno que ha tenido claro que salir de la crisis sanitaria y de la crisis económica requiere ir de la mano de Europa y de las comunidades; cogobernanza para garantizar la protección de la salud en el propio territorio, pero también en todos y cada uno de los demás; solidaridad en la acción política, en sintonía con las grandes lecciones de solidaridad que nos da cada día la ciudadanía. Y aquí permítanme una referencia personal. Soy de Barcelona, pero mi origen es de Teruel, de Calanda, y en Teruel tenemos un refrán que dice: A la persona mayor, hazle honor. Yo quiero hacer honor desde esta tribuna hoy a una de las primeras mujeres mayores vacunadas en España que dijo: Me vacuno para proteger a los demás, me vacuno para no contagiar. Se trata de eso, de parar el virus, que es algo muy distinto, algo muy distinto, señorías del PP, que abrirle paso, como intenta hacer su presidenta de la Comunidad de Madrid, rompiendo el consenso del Consejo Interterritorial. . Una presidenta desafortunada en comparaciones, pero muy desafortunada en tomar decisiones que, además de insolidarias, sitúan a Madrid en el foco epicentro de la pandemia en España y la alejan de la nueva normalidad que regula esta ley. Una ley que nace con la voluntad de ser un marco de coordinación territorial que garantice una respuesta común y urgente mientras perdure la crisis. Las enmiendas aprobadas en el Senado encajan en esta vocación, respetan la naturaleza de la norma y contribuyen a aprobar una ley útil, respetuosa con la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Y muy lejos de ello estaban las enmiendas del Grupo Popular, las del Senado y las del Congreso, que pretendían una regulación exhaustiva de todas las situaciones posibles e imposibles de prever, y de esta manera atar y maniatar al Consejo Interterritorial en su toma de decisiones. Además, la mayoría de enmiendas entraban en claro conflicto de competencias con las comunidades autónomas. Señorías del PP, están muy lejos del espíritu de la ley y muy lejos de la Constitución de la cual ustedes cada día los tres alejan más cuando votan en contra del estado de alarma, que tiene como único objetivo salvaguardar el derecho constitucional a la protección de la salud; cuando votan en contra de unos presupuestos generales imprescindibles para articular la mayor inversión en políticas sociales de nuestra historia que garanticen derechos sociales que están protegidos constitucionalmente como la propia salud, la vivienda, la educación, pensiones, prestaciones sociales como el desempleo, el salario mínimo digno o el ingreso vital. Y también se alejan de la Constitución cuando votan en contra de fondos europeos que han de permitir la reconstrucción económica de nuestro país. Ustedes se posicionan en un lado que no es constructivo ni responsable, que es lo que necesita hoy este país para salir de la crisis y alejar al virus, sino que van al acoso y derribo de un Gobierno que, entre otras cosas, recupera la protección sanitaria universal que ustedes eliminaron, y elimina los copagos farmacéuticos que ustedes impusieron a pensionistas, menores con discapacidad y familias vulnerables. El historial de sus Gobiernos, señorías del Partido Popular, nos dice que para ustedes la salud no ha sido un derecho a proteger, solo una oportunidad de negocio, pero en este año de pandemia sus acciones superan con creces el historial que les precede. Nuestro grupo votará a favor de todas las enmiendas al Senado. .

Carolina Darias San Sebastián

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, intervengo para agradecer, en nombre del Gobierno, la aprobación definitiva de la Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, más comúnmente conocida como Ley de nueva normalidad. La normativa que el Gobierno trajo a esta Cámara a través del Real Decreto-ley 21/2020 en el mes de junio del año pasado cristaliza hoy definitivamente en una nueva ley; una nueva ley que recoge las aportaciones que sus señorías han realizado y también, por supuesto, las de la Cámara alta. Como saben, señorías, el Gobierno ha querido acompasar el proceso final de desescalada de las medidas de contención con el mantenimiento del estado de alarma de manera que el levantamiento gradual y coordinado de las mismas, tal y como se prevé en el plan para la transición hacia la nueva normalidad, no comprometa el logro de los objetivos de contención de la pandemia fijados desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. A este respecto, señorías, quiero destacar la evolución favorable de la situación registrada hasta el momento y poner en valor el compromiso y la colaboración de todas las autoridades competentes delegadas. Al mismo tiempo, aprovecho para recordar la necesidad de seguir cultivando la cultura del cuidado y de la prevención. Quiero recordarles, señorías, que esta ley va a permitir avanzar en el control de la pandemia, que corresponderá a todas las administraciones con competencia en este país en sus respectivos ámbitos, y también en las funciones de vigilancia, de inspección y de control del correcto cumplimiento de las medidas que establece esta nueva ley. Esto significa que esta norma será medular en la gestión de la pandemia hasta que sea declarada su finalización por las autoridades sanitarias. Si me lo permiten, señorías, quisiera subrayar que esta norma recoge buena parte del conocimiento adquirido durante la gestión de esta triste y dolorosa situación. He dicho en múltiples ocasiones que entramos en esta pandemia sin cartas de navegación y sin el conocimiento necesario. Pues bien, esta norma está llamada a ser una fuente permanente de conocimiento y también de orientaciones no solo para este Gobierno. sino para todos aquellos que tengan que tomar decisiones en condiciones similares; será, sin duda alguna, la guía de navegación de la que este Gobierno no pudo disponer al comienzo de esta pandemia. Señorías, creo que esta norma, acompañada de los documentos que aprobamos en el seno del Consejo Interterritorial, del Sistema Nacional de Salud, y del esfuerzo que seguimos realizando, va a ampliar y reforzar las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud y mejorará nuestra respuesta como país en el futuro para ser mucho más resilientes. La situación está cambiando y, pese a que todavía van a ser necesarios algunos esfuerzos colectivos importantes, como la reducción de la movilidad que hemos aprobado recientemente en el seno del Consejo, con la Estrategia de Vacunación, se abre para toda la sociedad un horizonte de esperanza. La vacunación avanza a buen ritmo, señorías, todavía es necesario un marco regulatorio como el que tiene esta ley, porque la afección del virus a nuestra vida cotidiana y en el entorno aún pervive. Les reitero, en nombre del Gobierno, el agradecimiento por la aprobación de esta ley que como real decreto-ley nos ha dado seguridad y estabilidad, y como ley nos va a seguir proveyendo de un marco básico con la esperanza y el empeño de todos nosotros en la superación de esta crisis sanitaria, social y económica. Muchas gracias, señorías. .