Pleno del Congreso n.º 102 · XV legislatura

José María Sánchez García VOX

Con la venia, señora presidente. Dice el señor ministro que viene hoy a defender este proyecto de ley que viene a hablarnos del compromiso del Gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Pero cómo se puede comparecer en esta tribuna en la condición de ministro, en la condición de diputado, para decir cosas como esta? ¿Usted nos está insultando en nuestra cara; ese es su propósito, venir aquí a insultar a los diputados? No hay más que verle a usted y conocer su trayectoria para comprender que esto es mentira, mentira podrida. [Usted es una mentira andante]1 convertida en ministro. Usted es eso que llaman fontanero, con desprecio a los fontaneros, cuyo trabajo es muy noble y que [se ganan la vida honradamente, no como usted y políticos como usted]1. . Ustedes, su partido y su Gobierno, mienten siempre y en todo, con usted y sin usted. Mienten cuando hablan de defensa de la libertad, un Gobierno que tiene el récord de sentencias de declaración de inconstitucionalidad de decretos leyes y de un decreto de estado de alarma; un Gobierno que tiene en su haber la declaración de nulidad de un nombramiento de presidente del Consejo de Estado; un Gobierno que no destituye a un fiscal general del Estado que ya es formalmente imputado porque le ha recibido declaración el instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. . Mienten. Mienten en su feminismo cuando promueven leyes que lo que ha dado lugar es a que abandonen las prisiones sujetos condenados por agresiones sexuales. Mienten en su inexistente política económica cuando toman medidas que son siempre saltuarias y promotoras de un sentido del 1 Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. subsidio de la vida económica que es contrario a cualquier iniciativa que contribuya a construir bases robustas de la prosperidad de ninguna nación. Mienten en todo. . Y vienen a decirnos que ustedes son partidarios de la transparencia y la rendición de cuentas. Mienten y ocultan, porque el señor presidente del Gobierno, citado a declarar como testigo en una causa que se instruye y en la que está imputada su mujer, acogiéndose a que es pariente de la imputada, se negó a declarar ante el juez. Y yo le pregunto a usted que está aquí ―si estuviera el presidente del Gobierno, se lo preguntaría al presidente del Gobierno―: ¿por qué se niega a declarar ante el juez? . ¿Eso es transparencia por unos hechos de los que tuvo conocimiento?, ¿eso es rendición de cuentas en condición de testigo ante un juez instructor? . ¿Qué tenía que ocultar…?

José María Sánchez García VOX

Sí, acojo su petición, señora presidente (una señora diputada: Presidenta), no porque sea aplaudida por los diputados que se sienten afectados por lo que he dicho; razón tienen en sentírselo. . Un erudito francés del siglo pasado y de principios de este en un brillante ensayo opone a Pascal y a Voltaire. Dice: Pascal piensa que las personas de espíritu, de talento, se entienden perfectamente con el pueblo porque entre ellos hay un nexo que es un sentido natural común que contribuye a que la vida sea más fértil y sea mejor. Dice: Y hay otros que son los sujetos de medio talento o media habilidad que constantemente discurren en su caminar por caminos tortuosos. Ustedes son los del medio talento, ustedes siempre andan por caminos tortuosos. Ustedes no se entienden nunca con el pueblo porque ustedes no participan del sentido común y natural de las cosas y del hombre. Sí, ustedes son así. Y lo opone a Voltaire ―ustedes, que son volterianos―. Y dice: Voltaire, no, Voltaire piensa que el pueblo es estúpido; como ustedes, de ahí sus mentiras constantes, porque presumen la estupidez del destinatario de sus mensajes. Este proyecto de ley, por lo tanto, no merece ningún crédito, porque un proyecto de ley que trata de regular los lobbies en razón de una actividad llamada de influencia para impedir que quede afectada la integridad de las autoridades y funcionarios con los que entiendan esos tratos de influencia, teniendo por promotor a este Gobierno, ya de inicio no merece nuestra aprobación, merece nuestra desaprobación. Con mayor motivo si lo que se persigue finalmente es esa integridad de las autoridades y funcionarios públicos, porque [el Partido Socialista]2 , que es el principal elemento de esta coalición de Gobierno, [es un partido muy corrupto]2. Entonces, ¿ustedes por qué no corrigen sus vicios de corrupción constantes en lugar de contarnos ahora que lo que hay que perseguir es la integridad de los funcionarios públicos? ¿Por qué? Porque mienten. Porque son unos [mentirosos compulsivos]2. Porque toda su acción de Gobierno es una miseria política que tiene por destinatario un pueblo que lo único que hace es sufrir esa [condición miserable que ustedes revisten]2. Bien, si ustedes fueran consecuentes, consecuentes en la pretensión de defender los intereses legítimos que alientan esa actividad llamada de influencia; si fueran consecuentes, ustedes llegarían a una conclusión distinta y superior, que sería dar una relevancia a los intereses legítimos a través de la representación política, como han hecho en el pasado grandes pensadores de la izquierda. Por ejemplo, los krausistas: Giner de los Ríos, Sanz del Río, Salmerón… O krausistas residuales, ya en el siglo XX: Fernando de los Ríos, Julián Besteiro… O, contemporáneamente, Pierre Mendès France, primer ministro en la IV República Francesa, que dice que postula un Parlamento con dos Cámaras: una corporativa y otra partitocrática. Pero ¿cómo van ustedes a llegar a esa consecuencia última de su razonamiento y su postulado? Si ustedes lo que defienden a ultranza es la partitocracia. Bueno, no solo ustedes, los señores del PP también, a los que en este momento les da usted la espalda necesariamente por su posición física en relación con la parte del hemiciclo que ocupan; también política. Todos son amantes de la partitocracia, en su versión peor, contemporánea, que es el bipartidismo. Entonces, ¿cómo va a llegar a esta conclusión? En 1980 ha llegado a la misma conclusión, y lo afirmaba en un celebérrimo ensayo, Manuel García-Pelayo, en Las transformaciones del Estado contemporáneo ―García-Pelayo, no estoy 2 Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. hablando de un autor fascista ni de extrema derecha―: la conveniencia de la representación corporativa de intereses legítimos. No, ustedes no pueden llegar a esta conclusión. Ni lo entienden ni lo saben. Usted de lo que estoy hablando lo ignora absolutamente todo ; usted lo ignora, no finja manejando el móvil… Es que no sabe de qué estoy hablando y entonces hace aquí un paripé ridículo. . Además, en este proyecto — más que proyecto, criatura abortiva— encontramos cuatro elementos inaceptables. Primero, se instituye una oficina de conflictos de intereses y se dice: «con plena autonomía e independencia funcional». Pero ¿cómo va a tener plena autonomía e independencia funcional si la oficina es un organismo adscrito a un ministerio? Pero es que ustedes — insisto— mienten y además nos toman a todos por estúpidos; al pueblo español. Y usted tiene la desfachatez, también, y la indecencia, de venir a esta Cámara a defender este texto. ¿Independiente adscrito a un ministerio? No, mire usted, tiene que ser una agencia propiamente independiente. Segundo. ¡Claro!, se escandaliza usted de que pretendamos que se incluyan entre esos grupos que ejercen lobby a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que ustedes excluyen. Pues mire, ha sido la Fundación Hay Derecho la que ha postulado lo mismo; esa fundación que impugnó ante la Sala Tercera del Supremo el nombramiento de doña Magdalena Valerio. La Sala Tercera estimó legitimación y, por ello, fue declarado nulo el nombramiento de doña Magdalena Valerio como presidente del Consejo de Estado. Esa misma fundación también debe estar llena de fascistas, de extremistas, de personas antisistema, y no sé qué tonterías ha dicho usted más… No me acuerdo ya, porque, en fin… Otro elemento verdaderamente chocante en este proyecto es un registro y un régimen sancionador. ¿Un régimen sancionador habiendo Código Penal? ¿Por qué? ¿Por qué un régimen sancionador? Para otorgar una potestad administrativa sancionatoria a la autoridad ejecutiva. Es decir, un registro y una capacidad sancionadora en manos de la Administración pública, no de los jueces. ¡Claro!, usted me dirá: sí, luego sus resoluciones se podrán impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Claro, y lo que se puede hacer también es denunciar los delitos y querellarse contra delincuentes ante la jurisdicción, ante su órgano natural sancionador, que es el penal. Para eso está el Código Penal. . Y si a usted le parece que no es suficiente el artículo 429, que tipifica el tráfico de influencias, ¡tipifiquen otras conductas que sean penalmente reprochables! ¡Pero ustedes no han hecho eso! ¡Ustedes, como mentirosos que son, y [abusones]3 , y personas claramente [indecentes]3 (protestas.―El señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, López Águeda, hace un gesto con la mano pidiendo calma) han ido modificando el Código Penal al efecto de hacer menos graves ciertos cargos relacionados con la corrupción! ¿O no? ¡Porque de esto saben mucho los diputados independentistas que se sientan en esta Cámara! ¿O no? . Entonces, ¿cuál es su coherencia en esto? . ¡Sí, no pida calma! ¡Usted es muy irritante! ¡El que tiene que calmarse es usted!; deseablemente, [en una consulta médica]3. . Nada más, he concluido. .

Montse Mínguez García PSC-PSOE

Le pido la palabra por el artículo 71.3 del Reglamento, por falta de decoro a mi grupo parlamentario y, obviamente, al miembro de este Gobierno, para que se retiren todos los insultos , que yo creo es todo el discurso que acaba de hacer el diputado de VOX, ahora en la tribuna, desde «mentirosos», «indecentes», incluso una alusión a que hace falta que vaya al médico, ¿ha dicho? . Un partido político que es sancionado por el Tribunal de Cuentas con dos multas, por 230 000 euros, por financiación ilegal de su partido , yo no sé cómo se merece que haga este discurso aquí en la tribuna . . Así que, señora presidenta, rogamos que se retiren todos y cada uno de los insultos que se han proferido al Gobierno y a este grupo parlamentario. Gracias. . 3 Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta, moi boa tarde. Na anterior lexislatura, setembro de 2021, xa foi debatida neste congreso unha proposta para regular os lobbies, eufemisticamente chamados grupos de interese. É verdade que naquela altura se trataba dunha mudanza no Regulamento do Congreso, aplicábel, por tanto, á actividade de deputadas e deputados e agora é traída aquí en relación coa Administración xeral do Estado. Se callar aquí, neste caso, ten máis sentido que o que se pretendeu facer hai 4 anos, mais a xuízo, ao noso xuízo, o BNG, continúa a ser unha proposta lastrada por algunhas incongruencias. En todo caso, o BNG mantén a posición que expresei naquel momento. Como forza política defendemos a máxima transparencia na xestión pública, mais tamén que esta xestión pública deba estar ao servizo dos intereses das maiorías sociais e, particularmente, das clases populares no noso país. Por iso rexeitamos con absoluta contundencia todo tipo de inxerencia e de presión dos intereses económicos sobre os poderes públicos. Agora ben, dubidamos de que realmente sirva para acabar con esas presións unha norma destas características, que o que fai é legalizar a figura do lobbista profesional. A dúbida é aínda maior porque no Estado español algúns dos principais lobbistas son exministros e exdeputados, e exaltos cargos do bipartidismo tradicional PSOE-PP e aumenta cando escoitamos hoxe aquí o ministro afirmar literalmente: «esta lei dá forma á participación dos lobbies na política». Señor ministro, os lobbies non deben participar na política, nunca, iso é perverter as institucións aínda máis. Por iso, nesta materia, o BNG é máis prohibicionista do que regulacionista. Até agora nunca ningún dos dous partidos que se alternaron no goberno se preocupou por regular, para prohibir, que é a única regulación que realmente vale, as portas xiratorias, moi polo contrario, engraxadas coa participación directa de presidentes do goberno e ministros de ambos os partidos. Tampouco agora o fan cunha proposta nesta materia absolutamente laxa e insuficiente. Con todo, o grande problema que voltamos a ver é que para dar carta de natureza e aparencia de decencia ás relacións dos grandes poderes económicos se xeneraliza a figura do grupo de interese coas excepcións recollidas, sen reparar no terribelmente inxusto e antidemocrático que é dar o mesmo tratamento a grandes empresas ou lobbistas profesionais e a plataformas sociais que defenden o interese común e colectivo. E coloco algún exemplo: consideran vostedes razoábel tratar igual ao lobbista Acento que apadriña a implantación de Altri en Palas de Rei, non sei se por acaso o Concello de onde é o seu CEO e exministro de Fomento, e á plataforma social Altri Non ou á Plataforma en Defensa da Ría de Arousa? Consideran vostedes, non xa democrático e de esquerda, senón simplemente normal, tratar igual a Repsol ou Naturgy que a unha plataforma de xubilados? Consideran lóxico esixir o mesmo ás empresas do IBEX35 que unha asociación de veciños ou un colectivo veciñal que defende os intereses do seu barrio? É simplemente un despropósito. Dito isto, de forma breve, rexeitamos a emenda de Vox porque non está motivada por preocupacións democráticas, todo o contrario, aproveita a ultra dereita para tentar deslexitimar o papel de organizacións sindicais e dos partidos políticos nunha tan recorrente antipolítica que serve aos intereses. E é simplemente unha cortina de fume para ocultar os verdadeiros intereses que amparan, que son o dos grandes grupos económicos aos que realmente representan neste Congreso. Estamos de acordo en que se debata disto, mais xa advertimos que ou hai mudanzas importantes nos aspectos que acabo de mencionar ou non contará esta lei co apoio do BNG. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. En la anterior legislatura, en septiembre de 2021, ya fue debatida en este Congreso una propuesta para regular los lobbies, eufemísticamente llamados «grupos de interés». Es cierto que en aquel momento se trataba de un cambio en el Reglamento del Congreso, aplicable, por lo tanto, a la actividad de diputadas y diputados, y ahora se trae aquí en relación con la Administración General del Estado. Quizás aquí, en este caso, tiene más sentido que lo que se pretendió hacer hace cuatro años. Pero, a nuestro juicio, el del BNG, sigue siendo una propuesta lastrada por algunas incongruencias. En todo caso, el BNG mantiene la posición que expresé en aquel momento. Como fuerza política defendemos la máxima transparencia en la gestión pública, pero también que esta gestión pública deba estar al servicio de los intereses de las mayorías sociales y, especialmente, de las clases populares de nuestro país. Por eso rechazamos con total contundencia todo tipo de injerencia y de presión de los intereses económicos sobre los poderes públicos. Ahora bien, dudamos de que realmente sirva para acabar con esas presiones una norma de estas características, que lo que hace es legalizar la figura del lobista profesional. La duda es todavía mayor porque en el Estado español algunos de los principales lobistas son exministros, exdiputados y ex altos cargos del bipartidismo tradicional PSOE-PP, y aumenta cuando escuchamos hoy aquí al ministro afirmar, literalmente: «Esta ley da forma a la participación de los lobbies en política». Señor ministro, los lobbies no deben participar en la política nunca. Eso es pervertir las instituciones aún más. Por eso en esta materia el BNG es más prohibicionista que regulacionista. Hasta ahora nunca ninguno de los dos partidos que se han alternado en el Gobierno han regulado ―prohibido, que es la opción que realmente vale― las puertas giratorias, bien al contrario, las han engrasado con la participación directa de presidentes del Gobierno y ministros de ambos partidos. Tampoco ahora lo hacen con una propuesta en esta materia totalmente laxa e insuficiente. A pesar de ello, el gran problema que vemos de nuevo es que, para dar carta de naturaleza y apariencia de decencia en las relaciones con los grandes poderes económicos, se generalice la figura del grupo de interés, con las excepciones recogidas, sin tener en cuenta lo injusto y antidemocrático que es dar el mismo tratamiento a grandes empresas o lobistas profesionales y a plataformas sociales que defienden el interés común colectivo. Pongo algún ejemplo. ¿Consideran ustedes razonable tratar igual al lobista Acento, que apadrina la implantación de Altri en Palas de Rei ―no sé si por casualidad, el ayuntamiento de donde es su CEO y exministro de Fomento―, y a la plataforma social «Altri, Non» o a la plataforma «En Defensa de la ría de Arousa»? ¿Consideran ustedes no ya democrático y de izquierdas, sino simplemente normal tratar igual a Repsol o a Naturgy que a una plataforma de jubilados? ¿Consideran lógico exigir lo mismo a las empresas del IBEX 35 que a una asociación de vecinos o a un colectivo vecinal que defiende los intereses de su barrio? Es simplemente, un despropósito. Dicho esto, rechazamos la enmienda de VOX porque no está motivada por preocupaciones democráticas, todo lo contrario; aprovecha la ultraderecha para intentar deslegitimar el papel de las organizaciones sindicales y los partidos políticos en una tan recurrente antipolítica que sirve a sus intereses y es simplemente una cortina de humo para ocultar los verdaderos intereses: amparar a los grandes grupos económicos a los que realmente representa en este Congreso. Estamos de acuerdo en que se debata sobre esto, pero ya advertimos que o hay cambios importantes en los aspectos que acabo de mencionar o no contará esta ley con el apoyo del BNG. Muchas gracias.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Gracias, presidenta. Y digo presidenta, señor Sánchez. . Estamos hartas de que nos denominen presidente, vicepresidente o secretario. Estamos cansadas de su masculinidad tóxica aquí, en el Congreso. A partir de hoy le voy a llamar a usted señora Sánchez. . Señor ministro, gracias por la presentación. Es inquietante que para VOX los sindicatos y los partidos tengan que ser considerados fundaciones privadas, grandes empresas, como los bancos o como las grandes energéticas, pero están en contra de esta ley justamente para que no se pueda, según ellos en su enmienda a la totalidad, controlar; controlar su chiringuito, porque, en la visión de la ultraderecha trumpista, los partidos y los sindicatos no son herramientas al servicio de la ciudadanía, sino que son lobbies. Lo dicen desde su propia experiencia directa, por esa financiación ilegal a la que ahora mismo se ha hecho también alusión, porque el partido VOX sí que es una herramienta al servicio de las asociaciones católicas más reaccionarias de nuestro país y de la parte del empresariado más reacio a cumplir con los derechos laborales y con el derecho ambiental. Ustedes lo que quieren es que no se controle a chiringuitos como el suyo y su Fundación Disenso, que hace informes, viajes y encuentros con líderes ultras de Latinoamérica y de Europa. La relación de Abascal con Milei, con Bolsonaro o con Trump viene justamente por las actividades de esta fundación, que se financia ―y lo voy a recordar― con el desvío de fondos del partido, de fondos públicos, con 10 millones de euros, para que lo sepa todo el mundo. Ningún partido en democracia ha traspasado esa cantidad de dinero público a ninguna fundación como han hecho ustedes. Montaron su chiringuito en 2020, con un capital de 30 000 euros del partido, y ahora ya van por 15 millones, 10 de los cuales son de dinero público. Ustedes no hablan de chiringuitos porque ustedes ya son un chiringuito en sí mismos. Su objetivo: ilegalizar partidos y sindicatos y montar un directorio de corporaciones poniéndolo al servicio de Estados Unidos y de la internacional reaccionaria. En España, respecto a esta ley, estamos muy por detrás de los principales países de nuestro entorno y aún más lejos de lo que debería ser deseable en una democracia en materia de regulación de las actividades de grupos de intereses y lobbies. Tenemos un país donde los principales partidos han hecho ―y esto lo voy a recordar― de las puertas giratorias el camino privilegiado de los principales representantes que han pasado por el Gobierno, por el Congreso o por Gobiernos autonómicos, como puedan ser Felipe González, Aznar, Rato, Fátima Báñez y un largo etcétera. Pero las puertas giratorias y los grupos de presión ―y eso no lo vamos a olvidar― siguen funcionando hoy, y no solo afectan al bipartidismo. Lo vemos en cada iniciativa que debatimos aquí, en el Congreso, cuando afecta a los intereses de los poderosos. Lo hemos comprobado recientemente en la votación sobre el impuesto a las energéticas, en la que el Grupo Vasco y Junts han rendido pleitesía al oligopolio. Aquí las derechas siempre se cuadran y hacen lo que Repsol e Iberdrola manden. Los sillones en los consejos de administración de una eléctrica pesan mucho más que la justicia social y la igualdad. Y al hablar del acceso universal a la vivienda digna ya ni digamos, porque el rentismo no solo ejerce presión a través de lobbies, sino que, además, está representado directamente en esta Cámara. Voy terminando. En el Parlamento andaluz, con el desmantelamiento de la sanidad pública por parte de Moreno Bonilla, también se hace. Está gobernando directamente para los intereses de la sanidad privada, que patrocina sus actos de campaña, y engordando los negocios de las grandes empresas sanitarias a costa del bienestar, de la salud y de la vida de los andaluces y de las andaluzas. Esta ley no entra en los problemas estructurales del actual régimen político y en la asociación directa, porque si hay un corrupto siempre hay un corruptor. Por eso, vamos a presentar enmiendas. Apoyaremos la admisión a trámite y presentaremos enmiendas para intentar mejorarla, pero, desde luego, vamos a votar que no a la enmienda de VOX, que quiere que se devuelva todo el proyecto de ley y que ni siquiera se debata, porque son así de demócratas. Gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaunandreok. Buenas tardes, señorías. Intervengo muy brevemente. Presenta el Grupo Parlamentario VOX una enmienda a la totalidad al Proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, con devolución al Gobierno, basada en una serie de razones que nuestro grupo parlamentario no considera suficientes para tal rechazo, si acaso para enmiendas parciales. En concreto, sus tachas se refieren, según se relata en la exposición de motivos de la enmienda de totalidad, a la exclusión de determinadas personas jurídicas como grupos de interés, contenida en el apartado 2 del artículo 2; a la obligatoriedad de inscripción en un registro público de los lobbies para el ejercicio de su actividad, calificándola de censura institucionalizada ―nosotros no vemos razonable esta eliminación―; a un principio del código de conducta de estos grupos de interés, contemplado en el proyecto en el artículo 10.m), que no cabe entender, a nuestro juicio, como lo hace el proponente de la iniciativa debatida, aunque ciertamente podría mejorarse su redacción, y, por último, a una limitación de las llamadas puertas giratorias de los altos cargos que consideran insuficiente y sorteable, aunque sin dar cuenta de las razones que les conducen a predecir esas consecuencias. En definitiva, señorías, como les decía al principio de nuestra intervención, nuestro grupo parlamentario no considera estas razones suficientes para justificar la enmienda en su totalidad. Quizá, si el grupo parlamentario proponente hubiera leído los informes obrantes en la memoria del análisis de impacto normativo del anteproyecto, hubiera encontrado argumentos más sólidos para sostener lo que pretende y no argumentos tan endebles, inconsistentes e inconvenientes como los que hoy hemos visto y como los que nos exponen y tanta farfolla como a la que nos tienen acostumbrados. Nada más y muchas gracias.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

Bona tarda, presidenta, senyories. Som un partit, Esquerra Republicana, preocupats d’antuvi per la transparència. Tenim una història llarga, atzarosa, amb exilis, amb lluita contra el feixisme, però una història neta de tota corrupció, i paga la pena, quan es parla d’aquest tema, reivindicar des d’on parla cadascú. La història d’Esquerra Republicana és una història neta de corrupció, ho repeteixo. Des d’aquest punt de vista, nosaltres entenem que en les democràcies més solvents, més robustes, és normal regular la influència. Estem d’acord en una regulació que organitzi aquesta influència justament per evitar que es vagi per la porta del darrere. Per tant, el que correspon a les democràcies és fer-ho. I en aquest sentit no podem votar la totalitat del grup VOX, perquè va en contra del sentit dels temps i potser perquè les senyories de VOX el que enyoren és una democràcia orgànica, que és una democràcia que va implantar un senyor que no era demòcrata, que es deia Franco. Dit això, hem d’entendre també de què parlem quan parlem de transparència, ministre. No n’hi ha prou amb la norma. Aquesta norma pot ser millor o pitjor, però és una norma que no és condició plena del que podem fer. Em refereixo, ministre López, que hi ha l’actitud. No farem res si aprovem una llei i després no hi ha un impuls i una actitud per part de tots per aplicar-la. I deixi’m dir-li, en aquest sentit, que hi ha una cosa pitjor que no regular la influència, que és regular-la i no fer-la complir després. I en aquest sentit, el Grup Republicà creu que el més important d’aquesta norma és que tingui un règim sancionador i un control eficient. D’altra manera, la pròpia administració es desautoritza. És una cosa de llibre que qualsevol llei que no es pot aplicar erosiona l’Estat i erosiona la credibilitat de la democràcia. Per tant, nosaltres som aquí. He de dir que en tant que hem tingut responsabilitats i tenim a Catalunya, vull remarcar, vostè ho sap, senyor ministre, Catalunya va ser pionera a nivell estatal amb la creació del registre de transparència a partir de la Llei de transparència de l’any 2014. Per tant, com tantes altres vegades, la democràcia catalana ha sigut punta de llança de la democràcia en el conjunt de l’Estat, efectivament. També hem de dir que les coses no passen per casualitat. A més a més de la voluntat de transposició de la normativa europea, si som aquí és perquè la democràcia espanyola ha tingut una erosió, una erosió que significativament s’ha vist en el sorgiment de nous partits, en el moviment del 15-M i també en el moviment independentista, evidentment. Per tant, deixi’m repetir-li, ministre i senyories del PP i del PSOE i totes les senyories aquí presents, nosaltres serem molt exigents amb les definicions i l’abast de la llei. No volem que sigui paper mullat, efectivament. Volem una llei que es pugui complir. Com deia, amb una obligació de registre molt clara i amb un codi sancionador ben acotat. I a la vegada també volem recordar que s’incloguin les lliçons del que hem vist a nivell europeu. Recentment, a nivell de la Unió Europea, hem vist el conegut com Qatargate o també la suposada influència exercida per la companyia Huawei sobre diversos eurodiputats. Hem d’entendre que el que està passant a Europa ens marca el camí d’allò que hem d’evitar que passi a l’Estat espanyol. I, per tant, cal una aplicació estricta. Però no ens enganyem, no n’hi ha prou amb això. Buenas tardes, presidenta, señorías. Esquerra Republicana es un partido preocupado actualmente por la transparencia. Tenemos una larga historia, azarosa, con exilios y lucha contra el fascismo, pero una historia limpia de corrupción. Y vale la pena, cuando hablamos de estos temas, reivindicar desde donde habla cada uno. La historia de Esquerra Republicana es una historia sin corrupción ―lo repito―. Desde este punto de vista, nosotros entendemos que en las democracias más solventes, más robustas es normal regular la influencia. Estamos de acuerdo en una regulación que organice esta influencia justamente para evitar que se vaya por la puerta de atrás. Por lo tanto, lo que corresponde a las democracias es hacerlo. En ese sentido, no podemos votar a favor de la enmienda de totalidad de VOX porque va en contra del sentir de los tiempos. Quizá lo que añoran las señorías de VOX es una democracia orgánica que implementó un señor que no era demócrata y que se llamaba Franco. Dicho esto, tenemos que decir qué entendemos como transparencia cuando hablamos de transparencia. No es suficiente con una norma. Esta norma puede ser mejor o peor, pero es una norma que no es una condición plena de lo que podemos hacer. Con ello me refiero, ministro López, a que está la actitud de no hacer nada si se aprueba una ley, pero, luego, no está el esfuerzo de todos para aplicarla. En ese sentido, quisiera decirles que hay algo peor que no regular la influencia, y es regularla y no hacer cumplir esa regulación después. En ese sentido, el Grupo Republicano cree que lo más importante de esa norma es que exista un régimen sancionador y un control eficientes; si no, de otro modo, la propia Administración se desautoriza a sí misma. Es algo de libro que cualquier ley que no se puede aplicar erosiona el Estado y erosiona la credibilidad de la democracia. Por lo tanto, nosotros estamos aquí. Hemos tenido responsabilidades y tenemos responsabilidades en Cataluña. Y quiero remarcar aquí, señor ministro ―como usted sabe―, que Cataluña fue pionera a nivel estatal con la creación del registro de transparencia a partir de la ley de transparencia del año 2014. Como muchas otras veces, la democracia catalana ha sido pionera en la democracia en el conjunto del Estado, efectivamente. También tenemos que decir que las cosas no suceden por casualidad. Además de la voluntad de trasponer la normativa europea, si estamos aquí es porque la democracia española se ha visto erosionada, que se ha observado significativamente en el resurgir de algunos partidos políticos y también en el movimiento independentista y otros movimientos. Señor ministro y señorías, también, del PP, del PSOE y de todos los demás partidos políticos, nosotros vamos a ser muy exigentes con las definiciones y el alcance de la ley; no queremos que quede en papel mojado. Queremos una ley que se pueda cumplir, como decía, con una obligación de registro muy clara y con un código sancionador muy limitado y definido. A la vez, también queremos recordar que deben incluirse las lecciones aprendidas de lo que se ha visto a nivel europeo. A nivel de la Unión Europea hemos visto el Catargate, por ejemplo, o la supuesta influencia ejercida por la compañía Huawei en varios eurodiputados. Tenemos que entender que lo que sucede en Europa nos marca el camino de lo que debemos evitar que suceda en el Estado español. Por lo tanto, hay que tener una aplicación estricta. Pero no nos engañemos, con eso no basta. La transparencia no puede ser un placebo, no puede ser un espejismo, no puede ser una trampa ni una herramienta de paternalismo, hay que ser claros. Voy a citar a Daniel Innerarity, que dijo que en una democracia ocular la transparencia se revelará así como una estrategia de regeneración que no está a la altura de lo que promete e incluso en ciertas ocasiones como una verdadera distracción democrática. ¿Qué nos está diciendo este pensador? Nos está diciendo que a veces ―y hay que ser vigilantes con ello― una ley de lobbies y de grupos de influencia es una coartada en el fondo para no hacer nada. Aquí también el Grupo Republicano va a estar muy vigilante. Además, hay efectos indeseados de una ley de este tipo, por ejemplo, que los actores políticos sobreprotejan sus acciones y que, por tanto, actúen en función de un teatrillo de la transparencia que a nada lleva, a nada lleva. Por tanto, vamos a ser autocríticos desde esta tribuna. Aprobemos la ley, seamos eficientes, pero no nos hagamos trampas; que esta ley no sirva para parecer mucho más cercanos a la ciudadanía y en el fondo hacer lo de siempre. En esa trampa no va a encontrar al Grupo Republicano. Además, es un signo de esta época utilizar la transparencia como un fetiche para otras cosas. Por ejemplo, algunos han hablado de la transparencia de cotillas, el falso escándalo; otros han hablado de la transparencia de escaparate, sin contenido democrático, es decir, una actuación meramente vacua o, como dice el pensador coreano Byung-Chul Han, la democracia de espectadores, una democracia que solo se basa en el morbo. Senyories, el Grup Republicà ens creiem la participació democràtica, ens creiem la transparència, ens creiem l’ordenació de la influència i, per tant, si es tracta de legislar de debò, ens hi trobaran. Per fer jocs de mans i perquè el bipartidisme continuï fent de les seves, no ens hi trobaran. Per tant, serem severs amb la tramitació de la llei. Moltes gràcies. Señorías, el Grupo Republicano cree en la participación democrática. Nos creemos la transparencia. Creemos en la ordenación de la influencia, y, por lo tanto, si hablamos de legislar de verdad, allí estaremos; para hacer juegos de manos y para que el bipartidismo siga haciendo de las suyas, no. Por lo tanto, vamos a ser muy severos en la tramitación de la ley. Muchas gracias. .

Francisco Sierra Caballero SUMAR

Gracias, presidenta. Este año celebramos el centenario de Manuel Sacristán, uno de los mejores pensadores que hemos tenido en España; alguien que concebía la política como la ética de lo colectivo en defensa de lo justo, de lo verdadero y del bien. Mientras sofistas y escribas a sueldo adulteran la verdad y ponen en cuarentena toda razón, es hora, creo yo, de volver a la ciencia y pensar lo común, y lo común es de lo que trata esta propuesta: cubrir una laguna o carencia democrática, la información pública como derecho universal y la regulación de los grupos de presión a partir del principio de debida transparencia. La lógica que ha prevalecido en nuestro sistema político, como la ley mordaza o la regulación de los secretos oficiales, y en la propia actividad informativa ha sido normalmente la opacidad o la ausencia de norma. El plan de acción para la democracia viene a reformar parcialmente algunos de estos elementos o déficits históricos no solo en materia de transparencia, sino en derecho de acceso y desbloqueo de las opacidades y cajas negras de las políticas públicas. Desde el año 2020 la Unión Europea ha observado con preocupación como la revolución digital y el lobby del complejo industrial del Pentágono, en particular de los sectores de extrema derecha, coordinados por Steve Bannon, han venido socavando nuestras democracias, afectando sobremanera a la propia unidad comunitaria, como se pudo comprobar con el referéndum del brexit. En congruencia, la Unión Europea se ha fijado como objetivos proteger las elecciones libres y justas, sin interferencias externas, combatir la manipulación informativa y, por supuesto, la injerencia de intereses particulares. Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros se encaminan punto por punto a estas exigencias, tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas. Es una apuesta que ha dado lugar, como siempre, a una reacción desmedida en tono y forma ―lo hemos visto aquí, en tribuna― de la oposición ultramontana como también de la prensa conservadora. Esta legislatura debería servir cuando menos para que el Congreso asuma en la agenda y el país reconozca que regular la información como bien público es garantizar mediaciones democráticas y que la transparencia es una obligación de los poderes públicos; ¡ojo!, de todos los poderes públicos, no solo del Ejecutivo, también de Legislativo y del Poder Judicial. Por lo mismo, debe estar garantizado por ley con políticas activas. Decía Pierre Bordieu que el Estado es la base de la integración lógica y de la integración moral del mundo social. Por eso mismo, el consenso fundamental sobre el sentido de lo que es la propia condición de los conflictos en sociedad requiere de organización y de forma o, como decía Gramsci, de un cierto orden. Es paradójico que los partidos del orden reinante no quieran ni oír hablar de la forma de organización del Estado. Señorías de VOX, hablar con ustedes de registro, de información, de transparencia es como hablar a un obispo de la teoría de la evolución, poco menos. . A todas luces, se ve que ustedes son más bien de la involución. No evolucionan ni por la fuerza de los hechos, nostálgicos como son de un régimen que no va a volver y de un futuro distópico de supresión de todo dominio público a fuerza de un rosario de argumentos de lo mismo. En fin, vienen aquí y plantean la devolución ―además de negacionistas, devolucionistas― de toda iniciativa parlamentaria. Como el fatuo Milei, están, al parecer, con los lobbies, con los grupos de interés; debe ser porque son interesados de la ‘hermandad de la saca’, porque consideran la fiscalización de entidades privadas como una norma contra sectores contrarios al Gobierno, en otras palabras, según su argumentario, los lobbies están alineados con ustedes. Es una paradoja de su propia argumentación; ridícula, diríamos. Es una ridícula afirmación, porque proponen devolverla por no incluir a partidos y sindicatos, es decir, que toda su política se resume en: cautivo y desarmado se han alcanzado los objetivos militares. Caciquismo, dominio de la oligarquía financiera y tecnofeudalismo. . Y lo hacen con tres aporías iletradas, muy iletradas, como siempre. Primero. Toda ley es control. Mejor sin ley; las reglas que las ponga Elon Musk o el tirano de turno. Les recuerdo, señorías, el principio de la cultura jurídica que nos convoca aquí en esta Cámara: Dura lex sed lex. Segundo. Confunden soberanía con una patria única. No entienden la composición del Estado plurinacional en el que de facto vivimos y convivimos en democracia. Ya hay registros autonómicos, y lo que es necesario, como corresponde a un modelo federal, es una regulación estatal. Y tercero. No todo problema o cuestión social se resuelve con motosierra o con cárceles al estilo Bukele. Deberían saber que el punitivismo ―vigilar y castigar― es la retórica propia de la impunidad de las clases pudientes. El derecho y el parlamentarismo son una garantía y también una cuestión de clase: los diputados que estamos aquí defendiendo la transparencia y la democracia contra los comisionistas de turno y los lobbies del capital somos gente con clase, así que no engañen a la ciudadanía, no traten de confundir con el discurso del mundo al revés. Lo general no es lo especial y sus intereses especiales no son el bien común. Sabemos distinguir lo público y lo privado y conocemos de sobra las lecciones de Carl Schmitt y la panoplia de sociólogos conservadores como Daniel Bell. Por más que confundan Ejecutivo y Legislativo, la norma y la sanción, la ley y el poder político ―lo normal, por cierto, para quienes defienden el misterio de la Santísima Trinidad― carecen de toda razón. Francamente, para ser un grupo parlamentario con treinta y tres diputados trabajan más bien poco; puedo afirmarlo categóricamente después de más de un año y medio de legislatura. En las comisiones de las que soy portavoz es constante la repetición de un discurso plano, unidimensional, sin consistencia ni jurídica ni política. En este Pleno observo la indolencia y cierta holgazanería, siempre votando rojo ―en contra, se entiende―. Supongo que ese es su rol aquí: votar contra las leyes y contra toda acción soberana de este Congreso. Como ya cuentan con Musk y con Meta a su favor no necesitan esmerarse mucho, dicho sea de paso. Tampoco son de leer, como algún otro portavoz de la derecha extrema. En fin, sin acritud, por usar un lenguaje franco que alcancen a entender, disuélvanse y entreguen las actas o, al menos, procuren no hacernos perder el tiempo. No disimulen que trabajan con la motosierra, porque el mono o el peto les queda muy mal y la sutileza retórica y política de las Cortes les queda bastante grande. Nuestro grupo de la izquierda plurinacional está por los objetivos de sociedades justas y pacíficas, sociedades inclusivas, por el buen gobierno y por leyes que abundan en la calidad democrática. Tenemos ejemplos recientes del muro de Wall Street y del 5G, y lo tuvimos hace tiempo en Bruselas con la televisión de alta definición. Nosotros queremos aproximarnos al modelo nórdico ―al de Suecia, no al de Suiza, que algunos andan desnortados con su delirio autoritario―, y consideramos que la oficina de conflicto de intereses puede cumplir principios básicos para el desarrollo constitucional del principio de igualdad y transparencia. La consulta pública es contraria a la ilustración oscura, que es en verdad el imperio de la impunidad por opacidad. Por eso, quizá, los diputados de VOX no declaran sus bienes ni cumplen con el Reglamento de esta Cámara. Nosotros estamos con el interés público, con el dominio público, con la justicia e igualdad, con transparencia, con control social democrático, con ley y derecho justo ―esperemos que, con el desarrollo parlamentario, la autonomía de la oficina dependa, como la CNMC, del Poder Legislativo y no del Ejecutivo―. Como Manuel Sacristán, somos personas serias, personas de orden. Estamos en contra de la información falsa atribuida al personal público, sea fiscal, ministro o técnico superior del Estado, y defendemos con rigor el método y la ciencia por conciencia y porque todo debate contrario al registro es, como dirían en mi tierra, pura farfolla. En consecuencia, votaremos en contra de esta enmienda a la totalidad. .

José Luis Aceves Galindo PSOE

Buenas tardes. Gracias, presidenta. Señorías, la verdad es que tengo que empezar esta introducción diciendo al señor Sánchez García que ha hecho una intervención lamentable, sin decoro parlamentario y sin respeto. Seguramente es porque se ha mirado al espejo, pero desde aquí le quiero recriminar que eso demuestra lo que ustedes son. Fíjese lo que demuestra, que no vienen a escucharle ni sus compañeros ni su líder, y presenta una enmienda a la totalidad. . Eso es VOX realmente. Nos presentan una enmienda a la totalidad contra la ley de grupos de interés, que yo la calificaría muy fácilmente: es antisistema y contraria a los intereses del propio sector. Eso también es VOX, señorías. Y digamos las cosas claras, en nuestro país es necesario regular con transparencia la actividad de los grupos de interés en el ámbito de la Administración General del Estado y de su sector público institucional, ajustándose a los estándares internacionales. Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez elaboró este proyecto de ley que estamos tramitando en esta Cámara. Las pocas señorías de VOX que hay, por favor, cojan papel y lápiz, que les voy a indicar unas cuantas cuestiones para que apunten y se las trasmitan luego al señor Abascal. La primera, para la construcción de una cultura de la transparencia, participación pública y rendición de cuentas hace falta esta ley; para cumplir con el Plan de Acción por la Democracia, también; para dar cumplimiento a los objetivos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también; para dar cumplimiento a la Agenda 2030, también; para dar cumplimiento al IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024, también; y, además, para seguir las recomendaciones que en España han hecho tanto la Unión Europea como la OCDE. Así que, señorías, el proyecto de ley atiende de forma rigurosa las propuestas y recomendaciones formuladas por estas instituciones comunitarias y por organismos internacionales, como el Grupo de Estados contra la Corrupción, denominado Greco, o la OCDE. Pero da igual, VOX, en su cruzada fascistoide contra sindicatos, partidos políticos y asociaciones empresariales, solo descarga odio y falacias, eso es exclusivamente lo que hacen. Además, fíjense, vienen aquí a criticar en una enmienda a la totalidad a las centrales sindicales, pero ellos crean un sindicato vertical, y, además, son un partido político condenado por el Tribunal de Cuentas por financiación irregular. Así que lecciones de VOX, ninguna, señorías, ninguna. . Además, el Consejo de la OCDE, sobre los principios de transparencia y la integridad de las actividades de los lobbies, excluye expresamente del concepto de lobista a los partidos políticos cuando actúan en el marco de su normativa. El acuerdo interinstitucional del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea, sobre el registro de transparencia obligatorio excluye expresamente también a los interlocutores sociales cuando actúan como participantes del diálogo social. En países de nuestro entorno, como Francia, estos grupos de interés también están excluidos. Y en nuestro ordenamiento autonómico, las comunidades autónomas de Valencia y de Cataluña, por ejemplo, lo hacen en el mismo sentido. Así pues, señorías, estos constitucionalistas de pulserita y salón, apunten también leerse la Constitución, porque al respecto de la relevancia que la Constitución otorga en nuestro país a los partidos políticos y a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales demuestran también su poco conocimiento. Y respecto a la exclusión del concepto de grupo de interés de los organismos y organizaciones públicas internacionales, simplemente un poquito de lectura, señor Sánchez. Usted ha venido a hacer aquí simplemente una aparición en Pleno sin haberse estudiado ni siquiera la documentación anexa que la propia Cámara nos da a los parlamentarios para la tramitación de los proyectos de ley. Sabíamos que trabajan poquito, que su líder no está nunca en el Pleno, pero hoy han demostrado que, aparte de trabajar poquito y no estar nunca, no tienen idea ni de lo que ponen a su disposición. . En esta fábrica de bulos a la que nos tiene acostumbrados el Grupo Parlamentario VOX ―también, por favor, cojan papel y lápiz―, alguna cosita más para el señor Abascal. El presidente del Gobierno tiene la consideración de personal público susceptible de recibir influencia, según la Ley 3/2015. Por tanto, es una falacia lo que ustedes han planteado en su enmienda, porque incluso la propia página web de la Moncloa ofrece puntualmente la agenda del presidente con cualquier reunión con empresarios en cualquier ámbito, sea nacional o sea internacional. Así que, señorías, sabemos que están un poco nerviosos, que está la fiscalía anticorrupción investigándoles por financiación irregular, pero no vengan aquí a hacer exabruptos y a plantear este tipo de cuestiones cuando todo el mundo sabe perfectamente que el lado oscuro está en su lado. Les digo más. Son también nociones básicas de parlamentarismo y de técnica normativa. Llegar a decir en esta Cámara que el proyecto de ley, como regula mediante un reglamento posterior lo que son las inscripciones en el grupo de interés, podría estar incurriendo en cualquier tipo de ilegalidad es no conocer la técnica normativa, es no conocer siquiera cómo funciona un parlamento, en el que a la hora de legislar se tiene que aportar después, mediante una regulación reglamentaria, más información. Señorías, voy terminando con un par de cuestiones que me parecen básicas. La primera, queda demostrado que la legítima actividad de influencia en condiciones de respeto e igualdad en el acceso a los responsables públicos es una garantía para todos y para todas. Por eso es necesario aprobar este proyecto de ley en nuestro país, porque demostrará además que estamos a la altura de un montón de países y de la propia Unión Europea, que ya lo está haciendo. Y la última me la reservaba, esta es la de la traca, señorías. Fíjense, la derecha hablando de puertas giratorias… Pero si es que solo les ha faltado meter en su enmienda la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social ―¿se acuerdan?―, en la que su líder actuaba como un grupo de interés, un lobista, y al mismo tiempo tenía ese chiringuito. ¿Se acuerdan? Les ha faltado indicarlo en el texto. . Sabemos que ustedes no utilizan la puerta, ¡utilizan un ascensor!, que es todavía peor. Termino diciendo que en nuestro país ya existe la regulación mediante la Ley 3/2015, Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo, y la propia Oficina de Conflictos de Intereses, de forma rigurosa, dispone el control para las obligaciones que esta ley exige dentro de la Administración General del Estado. Así que esos posibles incumplimientos están mirados y regulados, por lo que no vamos a apoyar esa enmienda a la totalidad, porque estamos a favor de la transparencia en la toma de decisiones y por el fortalecimiento de la democracia; por eso rechazamos su enmienda. Lecciones de VOX, ninguna, porque ustedes mismos son un verdadero grupo de presión en esta Cámara contra los intereses, porque dinamitan desde dentro las instituciones y solo son muy fuertes con aquellos a los que ustedes les exigen, pero evidentemente… . Luego le contesto a usted si quiere, señoría. Están también un poquito nerviosos, porque también les afecta esto y se ponen nerviosos, claro, claro. . Lecciones de ustedes, ninguna tampoco, señorías. Como vienen aquí a dinamitar las instituciones, el Grupo Socialista y el Gobierno serán más fuertes para favorecer la democracia en nuestro país. Muchas gracias. .

Ángel Ibáñez Hernando PP

Gracias, presidenta. Señorías, debatimos la enmienda de totalidad al respecto del Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés por una suerte de celeridad inusitada que le ha llegado de repente al Gobierno. Ciertamente, en el Grupo Parlamentario Popular estamos completamente de acuerdo en que se regule en nuestro país la labor de los grupos de interés, para que esta actividad tenga la transparencia e integridad necesarias en un país que, por desgracia y por acción de este Gobierno, está bajando escalones en calidad democrática de un modo tan precipitado como preocupante. Hay que recordar que, por ejemplo, en 2014 ya nuestro grupo parlamentario hizo una propuesta de modificación del Reglamento de la Cámara para regular esta cuestión y que en 2021 volvimos a insistir de nuevo. Es decir, el Grupo Parlamentario Popular está alineado con todos los organismos internacionales que insisten en dar pasos decididos en esta materia, desde la ONU, la OCDE hasta el denominado Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. También estamos alineados con las entidades que en nuestro país representan al sector y que llevan tiempo demandando avances en su propia regulación; se ha hablado aquí de APRI, de asociaciones de consultoras, empresas y de otros sectores. Esto resulta especialmente necesario y urgente por varios motivos. El primero de ellos, porque el Gobierno, en una dinámica de incumplimientos permanentes, no ha cumplido con la obligación que se autoimpuso en el año 2021 para regular la cuestión, según figuraba en uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia asociado a los fondos Next Generation. Lo segundo, porque el Gobierno está más ocupado en su propio interés que en regular la actividad de los grupos de interés, y desde que presentó un anteproyecto sobre esta cuestión hace casi dos años y medio, ha esperado innecesariamente hasta ahora, cuando le han entrado de repente las prisas. Y lo tercero, porque la inacción del Gobierno en esta materia ha impactado en los indicadores de organismos como Transparencia Internacional. España ha caído 15 puntos en el índice de percepción de la corrupción en los últimos cuatro años; nos ha situado en los peores datos de los últimos treinta años y estamos ocupando actualmente la posición 16.ª de todos los países de la Unión Europea. Y lo triste de eso no es que sea nuestro grupo parlamentario el que sienta vergüenza del Gobierno, sino que por su culpa, hasta en Europa se avergüenzan de nuestro país, y esto es algo que los españoles no merecemos. . Así las cosas, saludamos positivamente la regulación de los grupos de interés, pero lo hacemos en aras de una verdadera transparencia e integridad y no para dar apariencia de ello, sin que realmente la regulación sirva para nada. Por eso, somos críticos con el texto que ha aprobado el Gobierno y manifestamos nuestra preocupación por varios motivos: el primero de ellos, porque algunos actores claves de estos procesos de interacción entre el sector público y los grupos de interés les han dejado fuera. Y no es que el grupo que presenta esta enmienda a la totalidad hable de ellos; baste indicar que fueron ustedes, el Gobierno, quien en el hito 432 de la adenda del plan de recuperación se comprometía — abro comillas— «a la entrada en vigor de una ley que regule las relaciones entre el sector público y los grupos de interés, incluidos los sindicatos». Si el compromiso suyo, el del Gobierno, era incluirlos, ¿por qué ahora les excluyen? ¿Cuál es la razón? El segundo, porque la ley solamente establece obligaciones para los grupos de interés — no hay tal equilibrio, señor ministro—, pero no para los responsables de tomar decisiones en la propia Administración y, claro, ¿esto a qué puede obedecer — tercer motivo—? Pues al hecho de que se designa en la ley a quien debe velar por la transparencia e integridad de las relaciones entre los grupos de interés y el sector público. Y, ¿acaso esta responsabilidad recae en alguna oficina que pueda disponer de independencia, de autonomía, de capacidad competencial o de recursos suficientes, tal y como nos demanda el Consejo de Europa? No, va a ser una oficina que dependerá de una persona con rango de director general y que será nombrada por el Consejo de Ministros a propuesta del actual ministro que nos ha presentado hoy la ley. Sí, lo han oído bien, el jefe final que gestionará a los grupos de interés es el mismo que ha ido recientemente a Francia a hacer de grupo de interés en nombre de Sánchez para influir en los accionariados de empresas privadas y favorecer intereses del Gobierno. . ¡Eso sí que es de traca, eso sí que es de traca! Como dirían en mi tierra, esta ley quiere poner al zorro a cuidar del gallinero, y esto es inaceptable. Para nosotros es bochornoso y tendría que hacer que se les cayera la cara de vergüenza si al Gobierno le quedara un solo ‘reskoldo’ de respeto a la democracia en este país. Señorías, el Gobierno ha estado preparando la regulación de los grupos de interés dice el ministro que para abrir puertas y ventanas, y nos parece bien, pero, mientras, lo que tenían abierto eran las puertas de la sede del Partido Socialista para que presuntos delincuentes camparan a sus anchas por Ferraz. Hablan de puertas abiertas, y esas son las que se abrían en Moncloa para que el entorno del presidente Sánchez aprovechara para encontrar trabajos ficción o para desarrollar supercátedras sin ser catedrática. Habla el ministro de integridad, mientras que era la mano derecha de Sánchez quien fijaba su verdadero interés en catálogos que ofrecían servicios pagados por todos los españoles y mandaba a sus gregarios a ejercer de grupo de interés, negociando compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. . Es increíble que en esta sede nos hable usted — y hace bien— de la ONCE, del sector de la banca o de las asociaciones de lucha contra el cáncer como grupos de interés, pero lo hace el Gobierno más lobista de la historia, el que más ha utilizado a las instituciones en la historia de nuestra democracia. ¿Qué pretenden ahora, un acto de contrición para expiar los pecados del Gobierno socialista de Sánchez? ¿Es lo que pretenden? Mire, quieren regular los grupos de interés cuando el único interés que les mueve es seguir agarrados a la Moncloa, a pesar de la preocupante pérdida de calidad democrática y de la lacerante ocupación de las instituciones públicas, y ya incluso de los grupos empresariales privados. Sánchez dirige un Gobierno y un partido más ocupado en sus tramas corruptas que en servir al verdadero interés de España, que sería dar la cara y presentar en esta Cámara unos presupuestos, tal y como pide el artículo 134 de la Constitución española. . Por ello, y termino ya, como grupo mayoritario en esta Cámara y por ser el partido que ganó las elecciones, no podemos consentir que se siga poniendo en juego otra vez más la democracia. Seguiremos denunciando cada intento por derribarla y trabajando en ser esa alternativa que cada vez más españoles demandan, una alternativa que deje atrás cuanto antes esta pesadilla en la que tienen sumido a nuestro país y que, más pronto que tarde, dará paso a la decencia y a la democracia plena, porque, para el Grupo Popular, el buen gobierno para los españoles es nuestro interés. Gracias. .

Patricia Rodríguez Calleja PP

Gracias. Señorías, comencemos por lo obvio, aunque algunos no lo quieran ver: la violencia contra la mujer es la mayor y la más cruel manifestación de desigualdad que existe en nuestra sociedad. Hoy mismo en este Pleno, hemos guardado de nuevo un minuto de silencio por dos nuevas víctimas de violencia de género. En esta Cámara y en nombre de mi grupo parlamentario, mandamos desde aquí todo nuestro cariño a sus familias. . Cuando hablamos de violencia de género, no hablamos de un agresor, de un delito o de una víctima más, no, hablamos de múltiples elementos y circunstancias que no se dan en otros tipos delictivos. Son mujeres con miedo, muchas veces con sentimiento de vergüenza, sentimiento de culpa, vinculadas emocionalmente con su agresor, con dependencia económica, que se ven abocadas a romper con su vida y su entorno y a tomar decisiones que afectan directamente a sus hijos e hijas, también víctimas, que se pueden ver obligados a posicionarse e incluso a tener que declarar contra seres queridos. La especialización de los operadores jurídicos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sigue siendo una de las medidas esenciales en la lucha contra la violencia de género. Los juzgados especializados de violencia sobre la mujer han de ser una herramienta — la más eficaz— contra esta lacra, pues hasta ahora permitían conocer de los delitos de esta materia y además de cuestiones civiles relacionadas con ella, lo que sin duda garantiza la protección de las mujeres, impidiendo la distorsión de las causas y evitando retrasos que, en muchos casos, son obviamente inasumibles para estas mujeres. La mayoría de esta Cámara — y digo bien, la mayoría— que votamos a favor de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género somos conscientes de que en materia judicial hay capacidad de mejora, de que son necesarios más recursos, de que es necesario mejorar la interoperabilidad de los juzgados, mejorar las unidades forenses de valoración también, y de que es necesario el incremento — sí, señorías— de las unidades especializadas de los juzgados especializados, porque ya hoy muchos están con exceso de trabajo. Y así queda recogido, con más de cincuenta medidas que están contempladas, como bien saben sus señorías, en el pacto de Estado. Pero ante esta situación, ¿qué hace el Gobierno, con su ministro de Justicia a la cabeza? ¿Refuerza los juzgados de Violencia sobre la Mujer? No lo hace. ¿Reconoce la especialización de los jueces — en su mayoría juezas—, que llevan años formándose en materia de violencia sobre la mujer? Tampoco la reconoce. El Gobierno lo que hace es aprobar una Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia donde no solo relega como jueces y juezas no especialistas a los profesionales con una larga trayectoria en casos de violencia sobre la mujer, impidiendo así su desarrollo profesional y provocando, por ende, una mayor desprotección de las víctimas que revisen sus asuntos en segunda instancia, sino que, además, en esta ley — que podríamos llamarla perfectamente de ineficiencia por sus múltiples incoherencias— incorpora en el último trámite una enmienda de Podemos, ¿lo recuerdan? ¿De verdad no aprendieron de la capacidad legislativa del Grupo Parlamentario de Podemos? . ¿Y qué decía esta enmienda? Esta enmienda decía que, a partir de los nueve meses desde su aprobación — ya solo quedan seis— los juzgados, ahora secciones de los tribunales de instancia, son competentes en violencia sobre la mujer y deben entender de todas las situaciones de violencia contra la mujer. Esto es: delitos contra la libertad sexual, delitos de mutilación genital femenina, delitos contra la trata con fines de explotación sexual o de matrimonios forzosos, entre otros. Señorías, esto es inasumible. . Y esto no solo lo dice el Grupo Popular, no. Esto que denunciamos nosotros lo dicen las juezas de violencia sobre la mujer, los magistrados de las audiencias provinciales o de los tribunales superiores de justicia, que advierten de un riesgo evidente de colapso y, con todo ello, de la desprotección de todas estas víctimas. Ustedes saben que en estos nueve meses de vacatio de plazo — que ya son solo seis— para que entre en vigor esta nueva atribución de competencias, no hay capacidad para este cambio trascendental, que, por cierto, no ha sido ni consultado con el Consejo General del Poder Judicial ni con las fuerzas políticas que en aquel momento estábamos renovando el pacto de Estado. Esta es una muestra más de que, con tal de aprobar una ley sí o sí, agarraron los cinco votos de Podemos, poniendo de nuevo en riesgo a las víctimas, cumpliendo de nuevo con una disposición de la nefasta ley del solo sí es sí. ¿No han tenido bastante ustedes con más de 1200 condenas revisadas a la baja a violadores y pederastas? Por cierto, cifra que hace mucho tiempo que no se actualiza. ¿Tampoco tuvieron bastante con revictimizar a todas esas mujeres que vieron y están viendo hoy cómo sus agresores sexuales salen a la calle? Señorías, ¿no han aprendido la lección, que ahora lo que pretenden es que las denuncias de las mujeres víctimas de violencia de género se pierdan entre mil expedientes mientras ellas temen por su vida y por las de sus hijos? ¿Podrían por un momento dejar de tomar decisiones haciendo cálculo político, que perjudican a las mujeres víctimas de violencia por mantenerse unos meses más en el sillón? . ¡No creo que estemos pidiendo mucho para un partido al que le encanta llevar la pancarta de feminista y defender la igualdad! Señorías, hoy el Grupo Popular vuelve a presentar una proposición de ley para evitar un grave error — como ya lo hicimos, porque somos un partido de Estado—, para modificar la chapuza del Código Penal del solo sí es sí, imponiendo de nuevo a los agresores sexuales las penas ejemplares. Solicitamos el apoyo para la toma en consideración de esta proposición de ley que, sin duda, viene a dar solución a una nueva chapuza legislativa de este Gobierno. Porque la alerta del colapso de las secciones de violencia no es un invento, señorías, es una realidad. Porque, con semejante ampliación, el incremento de carga de trabajo es exponencial, no solo por los distintos tipos de delito que se suman a las competencias para los que fueron creados los juzgados, sino también por el importante crecimiento actual del número de delitos contra la libertad sexual y por la especial complejidad de la instrucción de alguno de ellos, como es el caso de la trata con fines de explotación sexual, que, como saben, está vinculado al crimen organizado internacional. Fíjense, señorías, un solo caso de trata, por su complejidad, puede paralizar la actividad normal de un juzgado durante meses, retrasando la tramitación del resto de causas. ¿De verdad creen que esto no desprotege a las mujeres víctimas de violencia de género? ¿Piensan que este retraso no va a suponer una desconfianza en el sistema por parte de las víctimas, que puede incluso desmotivar la denuncia? ¿No lo creen? Esta ampliación de competencias actualmente es, insisto, inasumible. Porque previamente no se ha efectuado el incremento necesario tanto de juzgados de violencia sobre la mujer como de recursos humanos y materiales necesarios, ni se ha procedido a la especialización en la materia en las nuevas secciones de suficientes jueces y magistrados. Señorías, es imposible que el incremento de asuntos que se van a conocer en los juzgados en las secciones de las audiencias especializadas sea conocidos y asumidos por las mismas personas con los mismos medios con los que se disponía. Si no se pone remedio, la respuesta judicial no será eficiente ni eficaz, que es precisamente lo que necesitan las mujeres víctimas de violencia. La solución a este problema solo pasa por aprobar esta proposición de ley. Evitar el colapso de los juzgados de violencia sobre la mujer está, hoy y aquí, en nuestra mano. La solución no es que la ministra de Igualdad anuncie más recursos. ¿Qué podemos esperar de una ministra de Igualdad que cada 8 de marzo por la mañana es transactivista y, por la tarde, pretende coger la pancarta del borrado contra las mujeres? Por la mañana pasea con las regulacionistas y, por la tarde, es abolicionista de la prostitución, mientras calla ante los casos de consumo de prostitución. . Y no solo calla, sino que también calla con la utilización más ruin de mujeres prostituidas por parte del que fue la mano derecha del ‘número 1’ Pedro Sánchez. Tampoco podemos esperar la solución a través de un anuncio en la cuenta equis o un tuit del ministro Bolaños diciendo que se va a incrementar en un 50 % la plantilla de jueces de violencia sobre la mujer. Oiga, ¿y de dónde piensa sacarlo? Se antoja imposible si tenemos en cuenta que no han sido capaces de cumplir el mandato constitucional de ¡aprobar los presupuestos generales del Estado! . Y ahora todavía se les complica más la cosa debido al compromiso del incremento del gasto de Defensa. ¿Qué van a decir sus socios? ¿O es que será que el ministro está más preocupado por su imputado fiscal general del Estado, o quizá preparando su declaración como testigo en la causa contra Begoña Gómez? Donde, por cierto, está obligado a decir la verdad, toda una novedad en este Parlamento. Señorías, fue una auténtica irresponsabilidad ampliar las competencias sin haber ampliado y dimensionado los juzgados previamente. Insisto, es imposible asumir ese incremento de carga de trabajo y es inexplicable que no se valore la especialización en materia de violencia sobre la mujer de tantas juezas y jueces que son, por cierto, todo lo contrario a lo que denunciaban sus socios, a machistas con toga. Señorías, rectifiquen, sean humildes y reconozcan que se han equivocado. Una vez más, han legislado en contra de la protección de las mujeres. Voten a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, que lo único que pretende es proteger a las víctimas y no dejarlas en una situación de indefensión y desconfianza de nuestra justicia. Hagan caso a quienes más han levantado la voz: a los expertos, a los que el Partido Popular sí ha escuchado; a más de 130 profesionales de la Justicia que han firmado el manifiesto, denunciando las consecuencias negativas de la entrada en vigor de la ley de eficiencia. No dejen que la soberbia del ministro de turno genere inseguridad en las mujeres. No permitan que se produzca una nueva situación de indefensión y revictimización de las mujeres como la que ya vivimos con la nefasta ley del solo sí es sí. Nosotros, en el Grupo Parlamentario Popular, hoy y siempre estaremos del lado de las víctimas con iniciativas como esta, que sí, por supuesto, blindan su protección y su seguridad. Señorías, piensen ustedes hoy muy bien aquí su voto, porque las mujeres víctimas de violencia no pueden ser tratadas como un número. Tampoco son porcentajes, como ustedes van a decir. Son mujeres en situación de especial vulnerabilidad y de riesgo. Y, sobre todo, señorías socialistas, tengan cuidado con lo que van a votar hoy aquí, porque puede darse la curiosa circunstancia de que, si votan en contra de esta proposición de ley, sean ustedes esos negacionistas de la realidad tan peligrosos como los que todos los días critican. Luego no digan que el Grupo Popular no se lo advirtió. Sean responsables por una vez y voten a favor. Se lo debemos a ellas, a las mujeres víctimas de violencia de género. .

Néstor Rego Candamil BNG

Obrigado, señora presidenta. Lograr a especialización dos órganos xudiciais é unha medida fundamental na loita contra a violencia machista e para mellorar a atención ás vítimas. Neste sentido, o BNG ten como prioridade política a creación do Xulgado de Violencia contra as mulleres, cando menos en todas as cidades galegas, pois na actualidade só están en funcionamento no noso país os de Vigo e A Coruña, actuando no resto dos partidos xudiciais seccións os xulgados xudiciais, xulgados, perdón, especializados. Por iso, esta foi unha das medidas fundamentais incorporadas ao acordo de investidura, infelizmente, aínda sen cumprir por parte do goberno, a creación de xulgados en todas as cidades. Tal e como demostran os datos o mellor coñecemento da materia que tratan, a dotación de persoal coa formación específica e o incremento dos medios permite máis eficacia. De feito, o propio Observatorio contra a Violencia doméstica e de xénero incorporaba no seu informe a necesidade de apostar por esta especialización. Efectivamente, despois da modificacións introducidas na Lei de Eficiencia do Servizo Público de Xustiza, establécese que estes xulgados agora denominados tribunais de instancia van coñecer tamén do axuizamento dos delitos contra a liberdade sexual. Evidentemente, se se suman novos tipos o volume de asuntos verase incrementado. Porén, que estes delitos sexan asumidos por eses xulgados e por ese persoal especializado, como dicía, vai resultar nunha mellor atención ás vítimas. En todo caso, os datos feitos públicos certifican que na Galiza o aumento é en 18 % para o Xulgado de Violencia, ao tempo que se veu reducida a carga dos de instrución apenas en 2 %. Resulta evidente que para impedir o incremento, que o incremento de casos implique un problema é preciso incrementar os xulgados e o persoal que os atende. Así, o BNG defende a necesidade de que o goberno do Estado cree novas prazas xudiciais consonte a proposta formulada pola Comisión Mixta de Xustiza de Galiza, así como a creación de seccións de violencia sobre a muller nos partidos xudiciais de Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol e Santiago de Compostela, sen que implique a eliminación das prazas das seccións de instrución. Tamén sen que a xurisdición do Tribunal de Instancia afecte aos partidos xudiciais próximos en que existan neste momento seccións de instrución especializadas, como é o caso do Partido xudicial de Ribeira en relación con Santiago de Compostela. Ademais de incrementar tamén o cadro de persoal nos corpos de xestión, tramitación e auxilio xudicial, cando menos en correspondencia coas novas prazas a crear. Por todo isto, o BNG non pode apoiar e non vai apoiar unha iniciativa que, aínda que recolle en parte a necesidade de avanzar na especialización, implica, por outro lado, dar pasos atrás respecto do xa incorporado na Lei de Eficiencia e que permitirá xulgar de forma integral todas as violencias contra as mulleres, porque non hai ningunha discusión de que os delitos de carácter sexual é tamén violencia machista e violencia contra a muller. Moito obrigado. Gracias, presidenta. La especialización de los órganos judiciales me parece una medida fundamental en la lucha contra la violencia machista y aliviar a las víctimas. La prioridad política es la creación de un juzgado de violencia contra las mujeres. En Galicia, actualmente están funcionando solamente en Vigo y en Coruña los juzgados especializados. Por ese motivo, esta fue una de las medidas fundamentales que se acordó en la investidura y que todavía no ha cumplido el Gobierno, lamentablemente, la creación de los juzgados en todas las ciudades. Tal y como demuestran los datos, el mejor conocimiento de la materia que tratan, formación específica del personal, permite una mayor eficacia. De hecho, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género incorporaba la necesidad de apostar por esta especialización. La Ley de Servicio Público de Justicia establece que esto es fundamental también para juzgar todos los delitos contra la libertad sexual. El número de delitos va a aumentar, y, por ese motivo, si estos delitos los asumen estos juzgados, va a resultar una mejora en la atención a las víctimas. Los hechos certifican que hay un aumento de un 18 % en Galicia para este tipo de juzgados, y la reducción de la carga de instrucción es apenas del 2 %. Para impedir que el aumento de casos implique un problema hay que aumentar los juzgados y el personal que los atienden. Así, el BNG defiende que se creen nuevas plazas judiciales también en la Comisión Mixta de Justicia de Galicia, así como en los partidos judiciales de Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol y Santiago de Compostela, sin que esto implique que disminuyan las plazas de la sección de instrucción y sin que se afecte a los partidos judiciales próximos, donde hay secciones de instrucción especializadas, como, por ejemplo, en Ribeira, en relación con Santiago de Compostela, además de aumentar también el cuadro de personal de Auxilio Judicial por lo menos en correspondencia con las nuevas plazas que hay que crear. Por todo esto, el BNG no puede apoyar y no va a apoyar una iniciativa que, aunque recurre y habla de esta necesidad, implica dar pasos atrás en cuestiones que ya se habían incorporado en la ley, y necesitamos poder luchar contra todas las violencias contra las mujeres, porque, sin lugar a duda, los delitos de carácter sexual también son violencia machista y violencia contra la mujer. Muchísimas gracias.

Noemí Santana Perera SUMAR

Buenas tardes y muchas gracias, señora presidenta. A nosotras esta proposición de ley que presenta el Grupo Popular nos resulta un retroceso en la lucha contra las violencias que se ejercen hacia las mujeres, en particular, en la lucha contra la violencia sexual. Nosotras queremos dejar nuestra postura clara y firme desde el inicio, y es que vamos a votar en contra de esta proposición de ley, en primer lugar, porque transfiere la competencia sobre los delitos de violencia sexual desde los juzgados especializados en la violencia contra las mujeres, tal y como se aprobó con la ley de eficiencia organizativa, a los juzgados o secciones de tribunales de instancia. A nosotras esto nos parece realmente preocupante, porque entendemos que podría reducir la especialización de los jueces y magistrados, que actualmente están capacitados para tratar estos casos con la sensibilidad y el enfoque necesarios. Todos somos conocedores de algunos vídeos que se han filtrado en los juzgados, y, claramente, a toda la sociedad le da vergüenza cómo se trata a las víctimas de estos abusos sexuales o violencia machista. . Es cierto que el número de juzgados de violencia contra la mujer es considerablemente menor a los juzgados de instrucción ordinario, lo que, evidentemente, podría generar una sobrecarga en el sistema judicial, pero la especialización en la violencia de género a nosotras nos parece la clave y con este cambio no solo podría quedar diluida, sino que también puede ponerse en riesgo la protección de las víctimas. Para nosotras es claro que necesitan un trato específico, dada la naturaleza del crimen que se comete contra ellas. Por otro lado, debemos recordar que este cambio afecta a un tratado internacional con el que se ha comprometido nuestro país, el Convenio de Estambul, que establece garantizar no solo una justicia accesible y eficaz, sino también especializada para las víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual. Este convenio subraya que la violencia de género debe ser tratada con perspectiva de género por profesionales debidamente capacitados y con una especialización judicial. Por tanto, estaríamos dando un paso atrás en el cumplimiento de este compromiso internacional. Por ello, como les decía, nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición de ley porque entendemos que la lucha contra la violencia de género y sexual debe ser una prioridad, y no una excusa para hacer reformas apresuradas, que al final lo único que hace es perjudicar a las víctimas. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes, señorías. Presenta el Grupo Parlamentario Popular una proposición de ley orgánica sobre algunas cuestiones atinentes a órganos judiciales con competencia en materia de violencia sobre la mujer y, en lo referido a las consecuencias que ha tenido para las personas que ocupan esas plazas judiciales, que se consideren estos juzgados, llamados coloquialmente VioGén, como juzgados mixtos, lo que ha supuesto a todos los titulares que sirven en estos juzgados que, de hecho, no puedan moverse a otros juzgados VioGén distintos al suyo ni acceder a una sección VioGén de las audiencias provinciales, pues el concurso de traslados para plazas vacantes se cubre, en primer lugar, con especialistas, que aún no hay en VioGén porque no se han convocado ni concursos ni plazas, y, en segundo lugar, porque se cubren por jueces del orden penal, que lo son los de penal, los de instrucción, los de menores y los de vigilancia penitenciaria, y, si no hay ninguno de ellos, cosa que es difícil, las plazas se cubren en último lugar por jueces y juezas de juzgados mixtos, los que tramitan cuestiones civiles y penales. Ello da como resultado que estos jueces y juezas queden bloqueados en sus plazas, sin poder trasladarse ni ascender a las audiencias provinciales, como les decía, y que, además, las secciones de VioGén de las audiencias provinciales no se puedan cubrir con profesionales de los partidos judiciales, que son los que acumulan el conocimiento VioGén, cubriéndose, en definitiva, con otros profesionales sin estos conocimientos, lo cual puede provocar ―y en algunos casos ya lo ha provocado― un abandono de los juzgados VioGén por sus titulares, al no poder moverse ni promocionar desde sus juzgados mientras que sigan siendo considerados mixtos, por tramitar, como les decía, causas penales y cuestiones de familia, de civil, como son custodias, uso de la vivienda, pensiones, etcétera, una situación que tengo que recordar que se originó a raíz de la redacción del artículo 329.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, respecto a las audiencias, del artículo 335 y unas sentencias de la Sala Tercera del Supremo, que desde el año 2020 consideran estos juzgados de violencia de género como juzgados mixtos, un auténtico disparate que esta iniciativa pretende solventar, lo mismo ―y también tengo que recordarlo― que el anteproyecto en elaboración por el Gobierno sobre el fortalecimiento de la carrera judicial, que también propone remedio a esta situación y a otras tantas pero cuya responsabilidad cumplía haberlo remediado desde 2020 tanto al Gobierno como al Legislativo, pero dejó pasar ―tengo que recordarlo también― una ocasión de oro durante la tramitación del proyecto de ley orgánica de eficiencia procesal, la actualmente Ley Orgánica 1/2025. Señorías, todos tenemos que entonar un mea culpa por no haber abordado y solucionado antes esta cuestión, incluido también el Consejo General del Poder Judicial, pues un acuerdo de este con los jueces en 2024 para la reforma del artículo 329.7, que impide computar la antigüedad para concursar y ocupar plaza en otro puesto o en la audiencia provincial, nunca llegó al Congreso o nunca salió del Consejo General del Poder Judicial. Como les decía, señorías, todos tenemos que entonar el mea culpa, y, singularmente, el Partido Popular, que tuvo en sus manos haber podido tramitar esta reforma si en el Senado no hubiera votado a favor el proyecto de ley de eficiencia procesal, y así se hubiera podido tramitar una enmienda presentada en última instancia por la senadora, de Más Madrid, Carla Antonelli precisamente para reformar el artículo 329.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señorías del Partido Popular, a su partido le pudo más el derecho al veto que solucionar una situación absurda, grave e injusta. Sepan, señorías del Partido Popular, que apoyaremos su iniciativa en su toma en consideración, pero no por ustedes, que en esta cuestión creemos que no se lo merecen, sino por respeto a todos y todas las profesionales de la justicia que con su trabajo han contribuido de manera destacada en la lucha contra la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica, en definitiva, la violencia de género, y por respeto a los conocimientos adquiridos por todos estos profesionales de la justicia, para que no se desperdicien, ni tampoco la antigüedad en su carrera profesional, y se instaure la especialidad de una vez, a fin de que estemos ante una justicia especializada. Sepan, señorías del Partido Popular, que no contarán con nuestro apoyo para la modificación del ámbito competencial de estos juzgados especializados ni para otras cuestiones que plantean. Y, señorías del Partido Popular, si finalmente es tomada en consideración su iniciativa, confiamos en que quede a la espera del proyecto de ley que el Gobierno remita a la Cámara para el fortalecimiento de la carrera judicial. Finalizo, presidente. Señorías, como les decía, apoyaremos parcialmente la iniciativa que debatimos, ―repito― no en consideración al grupo parlamentario proponente, sino para lanzar una señal de apoyo a todos y todas las profesionales de la justicia que han contribuido de manera destacada en la lucha contra una lacra como es la violencia de género. Muchas gracias.

Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

Gracias, señor presidente. Arratsalde on guztioi. El 26 de febrero de este año, hace casi un mes, un titular de un medio del PP en la red nos decía: «El PP renueva el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lejos del negacionismo de unos y de la hipocresía de otros». Precisamente este PP es el que ha pactado con VOX en Valencia y se plantea la posibilidad de más pactos en otras comunidades, y eso que estaba lejos del negacionismo de unos, o sea, de VOX. Señorías de la ultraderecha y de la derecha ultra, ustedes, que pactan, ¿reconocen la existencia de la violencia machista como violencia estructural, violencia que se realiza contra las mujeres por el hecho de serlo?, porque esto es lo que en esta proposición de ley se defiende. El relato de esta proposición de ley en muchos aspectos es asumible hasta por nosotras, pero se trata del mundo al revés, porque viene de una proposición del PP que pacta con negacionistas. Señorías del PP, se han ganado el título de unos y de otros: ustedes son hipócritas y negacionistas. Centrándonos en la propuesta que nos traen, sin olvidar lo anterior, recordamos que el pasado 2 de enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado la aprobación de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia de Servicio Público de Justicia. A nuestro entender, esta suponía avances en la atención a las víctimas de la violencia sexual, ya que afianzaba que el acceso a la justicia supusiera la consolidación de derechos y garantías de las víctimas de violencia sexual, y para ello se adaptaban las estructuras de justicia. La ley que se aprobó en este Parlamento hace unos meses modificaba la regulación de los juzgados de violencia contra la mujer y la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia sexual, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de libertad sexual, esa ley que intentan ustedes ignorar y negar, cuando ha supuesto tantos avances para la garantía de nuestras libertades sexuales. También la norma recogía que los juzgados de violencia sobre la mujer asumían las competencias en materia de violencia sexual mediante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se atribuía a las secciones de violencia sobre la mujer el conocimiento de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual cuando la persona sea mujer. Con esto estamos totalmente de acuerdo. Reconocemos que hasta que se concrete la organización necesaria para hacer efectivas estas medidas, puede conllevar, como ya se está viendo, saturación de casos, incluso efecto embudo en los juzgados de violencia sobre la mujer. Reconocemos esto y sabemos que una justicia lenta y menos efectiva es una justicia que se convierte en injusta. Y ante esta realidad, el Poder Judicial también nos advierte que se puede provocar un colapso del sistema judicial si no aumentan los recursos materiales y personales. Precisamente esto es lo que hay que garantizar, y en esto ponemos el acento, sin olvidar la financiación necesaria que conlleva ponerlas en marcha. Desde el Gobierno se nos asegura que se pondrá solución a través de un real decreto para agilizar la creación de plazas especializadas, pero este no llega, señorías del PSOE. ¿Cuándo va a ver la luz este decreto? Es necesario ya. Las mujeres víctimas de violencia machista que están pendientes de la tramitación de sus procesos no pueden ni deben ser las paganas de la desorganización que se está mostrando por parte del Ministerio de Justicia. Por lo demás, coincidimos con lo que se plantea en este proyecto de ley respecto a la especialización y la formación especializada de las y los operadores de justicia. Es inadmisible que hoy en día todavía primen otros criterios corporativistas más que la necesidad de dar una respuesta integral en el ámbito de justicia a todas las personas víctimas de violencia machista y de violencia en el ámbito de la libertad sexual. Viendo la intención del grupo proponente, la realidad de pactos con el negacionismo y la actitud mostrada sobre el mismo tema la semana pasada en el propio Senado, vamos a votar en contra de la toma en consideración. Mila esker. .

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Senyor president, senyories, molt bona tarda. Més enllà dels excessos verbals de la portaveu del Partit Popular, més enllà del seu paper absurd que van tenir en el veto al Senat a la llei d’eficiència. Perquè és veritat, com ha assenyalat el diputat Mikel Legarda, s’haguessin pogut resoldre una sèrie de qüestions que no s’havien pogut resoldre, també en bona part per la inoperància del Ministeri de Justícia aquí en aquest congrés. Més enllà d’aquestes qüestions, avui ens ocupa una proposició de llei que, no per qui la presenta, no deixa de plantejar una qüestió important, una qüestió que preocupa els col·lectius del món de la justícia, jutges i advocats, com és el risc de col·lapse dels jutjats i tribunals de violència contra les dones. És veritat, és veritat que fa pocs mesos es va aprovar la llei d’eficiència a la justícia. També és veritat que és una llei molt extensa i complexa que es va acabar aprovant amb unes presses i unes pressions a les quals una llei que pretén modernitzar la justícia i fer-la més eficient no s’hauria hagut de sotmetre mai. Mirin, per a nosaltres, en una qüestió com la protecció efectiva de les víctimes de la violència de gènere, intentarem evitar l’argument ad personam, intentarem evitar pressupòsits ideològics i intentarem evitar lògiques partidistes o de blocs. Per això, ens regirem per la proposta presentada, pel contingut de la proposta presentada, si és raonable o no, si el seu contingut és assumible, si és desitjat, si has volgut, si és entès com una solució per als problemes que es donen en la justícia del dia a dia i, en definitiva, si és una..., si aporta solucions per obtenir una justícia especialitzada i eficient en matèria de protecció de la violència de gènere. Doncs bé, hem de dir que compartim, compartim en bona part la preocupació pel dèficit dels jutjats especialitzats que la proposta manifesta i que això dificulta. Aquest dèficit dificulta la protecció efectiva de les víctimes. També compartim l’increment de la càrrega de treball derivada de l’ampliació del concepte de violència contra les dones, i derivada de la incorporació de delictes sexuals que efectivament pot col·lapsar els jutjats especialitzats de violència de gènere, pot alentir les sentències i, en definitiva, pot acabar en una desprotecció de les víctimes. No volem que les víctimes tinguin la percepció que la justícia no resol el seu problema. No volem desincentivar la presentació de denúncies ni que s’estengui una sensació d’impunitat dels agressors. L’Estat no pot deixar desprotegida cap víctima emparant-se en la coherència de la llei acabada d’aprovar, però que també és una llei mancada d’estudis d’impacte i mancada de previsions pressupostàries. La llei no és excusa. La llei no és intangible. Mirin, els fets són els que són. A Barcelona actualment hi ha 5 jutjats especialitzats en violència sobre les dones. Cadascun d’aquests gestiona uns 2000 casos anuals. Amb la Llei d’eficiència a la justícia, aquests jutjats hauran d’assumir els delictes sexuals que ara estan gestionant els 33 jutjats d’instrucció de Barcelona. Això implicarà que els jutjats especialitzats s’hauran d’encarregar de gairebé 9900 nous casos anuals. Per tant, un 20 % més de feina, un 20 % més de casos per a cadascun d’ells. Això és objectivament una situació inassumible, ja que, a més, no es preveu un augment de la plantilla judicial. Tot apunta a un col·lapse en àrees com Barcelona, en àrees molt poblades com Barcelona, on l’Audiència Provincial ja està desbordada. Però també, per exemple, a Girona. Els poso un exemple. El maig de l’any passat, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el president de l’Audiència de Girona varen demanar la creació d’un nou jutjat número 7 a Girona, amb competències exclusives en casos de violència sobre les dones pel col·lapse del Jutjat Penal número 6, que actualment se’n fa càrrec. I avisaven, avisaven els presidents del TSJ i de l’Audiència Provincial que no es podien fixar judicis ràpids en el termini d’un any, s’havia d’esperar el termini d’un any. Doncs bé, ha passat un any i aquest termini per assenyalar els judicis ràpids ha passat d’un any a 18 mesos. En definitiva, la situació és inassumible i a Girona encara estan esperant aquest jutjat especialitzat número 7, amb la corresponent oficina judicial que pugui assumir els enjudiciaments del jutjat de Figueres i d’aquesta manera descongestionar-lo. Tot això, tota aquesta saturació, tot aquest bloqueig del sistema judicial a Catalunya va acompanyada sempre del problema estructural de la justícia a Catalunya, que és una taxa d’interinitat inassolible i la necessitat de solucionar el problema de l’estabilitat de funcionaris interins, lletrats de l’Administració de Justícia, jutges i fiscals substituts. Des de Junts per Catalunya, com sempre, intentem fer un esforç per portar aquí, en seu parlamentària, el sentir del país, els interessos i els problemes dels ciutadans i de les persones del sector, i, en aquest cas, dels advocats i dels professionals de la justícia. I mirin, des de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, el que ens diuen és que veuen bé suprimir la competència dels jutjats especialitzats en violència de gènere per a la instrucció dels delictes d’agressió sexual, un tipus de delicte, aquests delictes d’agressions sexuals, que solen accedir a l’àmbit específic de la violència dins de la parella o exparella, i que inclouen delictes complexos com agressions sexuals comeses per estranys o delictes sexuals contra menors. Com hem dit, aquestes noves competències porten al col·lapse uns jutjats que ara mateix ja estan saturats. En segon lloc, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona també considera necessari que la llei prevegi l’exigència d’especialització per als llocs, per cobrir, per a les persones que cobreixen els llocs dels jutjats d’instància i audiències provincials dedicades a VioGén. I també considera imprescindible que s’ofereixi formació específica, reglada i periòdica a jutges i magistrats en aquest àmbit. Aquestes valoracions reflecteixen el sentir majoritari del món judicial i de l’advocacia, i de destacades personalitats del món judicial i també jurídic en general de Catalunya, i considerem que les hem de tenir en compte molt més que no pas al·legats ideològics que a vegades estan desconnectats de la realitat i més encara de la realitat del dia a dia dels jutjats. Moltes gràcies. Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Más allá de los excesos verbales de la portavoz del PP, más allá del papel absurdo que tuvo en el veto en el Senado a la ley de eficiencia, porque, como ha señalado el diputado Legarda, es verdad que podrían haberse resuelto cuestiones que no se habían podido resolver, en parte por la inoperancia del Ministerio de Justicia, en este Congreso; más allá de estas cuestiones, hoy nos ocupa una proposición de ley que no por quien la presenta deja de plantear algo importante, una cuestión que preocupa a los colectivos de la justicia, jueces y abogados, como es el riesgo de colapso de los juzgados de violencia contra las mujeres. Es cierto que hace unos meses se aprobó la ley de eficiencia en la justicia y también es cierto que es una ley muy extensa y compleja, que terminó aprobándose con prisas y presiones a las que una ley que pretende modernizar la justicia y hacerla más eficiente no debería haberse sometido jamás. Nosotros en una cuestión como la protección afectiva de las víctimas de violencia de género intentaremos evitar el argumento ad personam , intentaremos evitar presupuestos ideológicos e intentaremos evitar lógicas partidistas o de bloques. Por eso, nos regiremos por el contenido de la propuesta presentada: si es razonable o no, si su contenido es asumible, si es deseado, si es una solución a los problemas que se dan en la justicia en el día a día y, en definitiva, si aporta soluciones para obtener una justicia especializada y eficiente en materia de protección de la violencia de género. Pues bien, tenemos que decir que compartimos en buena parte la preocupación por el déficit de los juzgados especializados que manifiesta la propuesta y que este déficit dificulta la protección efectiva de las víctimas. También compartimos la preocupación por el incremento de la carga de trabajo que deriva de la ampliación del concepto de la violencia contra las mujeres y de la incorporación de delitos sexuales, que, efectivamente, pueden colapsar los juzgados de este tipo, ralentizar las sentencias y terminar en una desprotección de las víctimas. No queremos que las víctimas tengan la percepción de que la justicia no resuelve su problema. No queremos desincentivar la presentación de denuncias ni que se extienda una sensación de impunidad de los agresores. El Estado no puede dejar desprotegida a ninguna víctima, amparándose en la coherencia de la ley que se acaba de aprobar. También es una ley que carece de estudios de impacto y de previsiones presupuestarias. La ley no es excusa, no es intangible y los hechos son los que son. En Barcelona, como mínimo, hay cinco juzgados especializados en violencia sobre las mujeres, y cada uno de estos juzgados gestiona unos 2000 casos anuales. Con la ley de eficiencia en la justicia, estos juzgados deberán asumir los delitos sexuales que ahora gestionan los 33 juzgados de instrucción de Barcelona. Esto implicará que los juzgados especializados tendrán que encargarse de casi 9900 casos anuales nuevos, es decir, un 20 % más de trabajo, y esta es, objetivamente, una situación inasumible, ya que no se prevé un aumento de plantilla judicial. Todo apunta a un colapso en zonas tan pobladas como Barcelona, donde la Audiencia Provincial ya está desbordada, pero también en Girona, y les voy a dar un ejemplo. En mayo del año pasado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el presidente de la Audiencia de Girona pidieron la creación de un nuevo juzgado número 7 en Girona, con competencias exclusivas en casos de violencia sobre las mujeres, debido al colapso del Juzgado de lo Penal número 6, que actualmente se encarga de esos casos, y los presidentes avisaron de que no se podían fijar juicios rápidos en el plazo de un año, que se tenía que esperar más allá de este año. Sin embargo, ha pasado un año y este plazo de los juicios rápidos ha aumentado de un año a dieciocho meses. En definitiva, la situación es inasumible, y en Girona siguen todavía esperando a este juzgado especializado número 7, con su correspondiente oficina judicial, que pueda asumir los enjuiciamientos del Juzgado de Figueras y descongestionarlo. Todo ello, toda esta saturación, todo este bloqueo del sistema judicial en Cataluña va acompañado siempre del problema estructural de la justicia en Cataluña, que es una tasa de interinidad inasumible, la necesidad de solucionar el problema de la estabilidad de funcionarios interinos ―letrados de la justicia, jueces, fiscales, sustitutos―. Desde Junts per Catalunya, como siempre, intentamos hacer un esfuerzo para traer aquí, a la sede parlamentaria, el sentir del país, los intereses y los problemas de los ciudadanos y de las personas del sector en cuestión, y, en este caso, de los abogados y los profesionales de la justicia, y, miren, desde el Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona lo que nos dicen es que ven bien suprimir la competencia de los juzgados especializados en violencia de género por la instrucción de los delitos de agresión sexual, un tipo de delitos que suelen exceder el ámbito específico de la violencia dentro de la pareja o expareja y que incluyen delitos complejos, como agresiones sexuales cometidas por personas desconocidas o delitos contra menores. Como hemos dicho, estas nuevas competencias llevarán al colapso a unos juzgados que ya están saturados. En segundo lugar, el Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona también considera necesario que la ley prevea la exigencia de especialización para las personas que vayan a cubrir los puestos de los jueces de instancia y los dedicados a VioGén y considera imprescindible que se ofrezca formación específica, reglada y periódica a jueces y magistrados en este ámbito. Esto refleja el sentir general de la abogacía y de la justicia, y de destacadas personalidades del mundo judicial y jurídico, en general, de Catalunya, y consideramos que debemos tener en cuenta estas apreciaciones, más que los alegatos ideológicos que están desconectados de la realidad y cada vez más del día a día de los juzgados. Muchas gracias.

Esther Gil de Reboleño Lastortres SUMAR

Señor presidente, señorías, buenas tardes. Diputadas y diputados del Partido Popular, disculpen mi franqueza, pero ustedes tienen la cara de mármol. . Con esa cara podrían hacer carrera como monumento, monumento al cinismo. . Si no conociéramos bien su historial, quizá podríamos creer que con esta iniciativa realmente buscan solucionar un problema grave como es la falta de especialización de jueces y juezas en los juzgados de violencia contra las mujeres. Sin embargo, la realidad es que su propuesta llega tarde, mal y con un evidente intento de sacar rédito partidista a algo tan delicado como es la violencia machista. Permítanme refrescarles la memoria. ¿Recuerdan la tramitación de la ley de paridad? Fue hace apenas cuatro meses. . Si no lo recuerdan, yo se lo recuerdo encantada. Cuando la ley de paridad llegó al Senado en diciembre de 2024 las magistradas que ocupaban esas plazas en los juzgados especializados de violencia de género nos advirtieron de la necesidad urgente de modificar los artículos 329 y 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque con el sistema actual las plazas estaban siendo ocupadas por jueces y juezas sin la formación ni la experiencia necesarias. SUMAR presentó en el Senado una enmienda para modificar exactamente esos mismos artículos en el sentido que ahora ustedes proponen. ¿Qué hicieron entonces ustedes? Votaron en contra. . Es alucinante, de verdad. Pero la ciudadanía debe saberlo. Hace cuatro meses votaron en contra y hoy presentan aquí la misma propuesta que rechazaron. . Si hubieran apoyado nuestra iniciativa, esta reforma ya estaría aprobada y no estaríamos perdiendo el tiempo. Lo que entonces les importaba un pimiento, hoy les parece muy preocupante y les preocupa muchísimo. . Eso tiene un nombre, señorías: utilizar la violencia machista con fines partidistas. . Les informo, además, de que, como ustedes se negaron a resolver este problema en su momento, nosotras ya buscamos otras vías para solucionarlo: hemos registrado esas mismas enmiendas a otra ley orgánica que actualmente está en trámite en el Congreso; así su aprobación será mucho más rápida y efectiva. No es necesario tramitar una nueva ley desde cero, con todo lo que eso implica en términos de retraso. ¿Por qué hacemos esto? Porque a nosotras sí nos importan las víctimas, no las utilizamos para ganar votos como hacen ustedes. Otra cosa que conviene aclarar a la ciudadanía es que su propuesta llega desfasada ya que, según confirmó el Consejo General del Poder Judicial, las pruebas de especialización que dicen querer impulsar ya están tramitadas. Los cursos de formación que mencionan también están en marcha. No podemos apoyar esta iniciativa que llega tarde a todo, basada en la hipocresía y que no aporta soluciones eficaces. Pero más allá de este debate, hay algo que debería unirnos a todas las fuerzas políticas: la lucha contra las violencias machistas. Estamos ante un problema gravísimo para nuestra sociedad. Las niñas de Alcàsser, 1992; Ana Orantes, 1997; Nevenka Fernández, 1999. La década de los noventa fue decisiva para poner sobre la mesa una ley que debía y debe afrontar y enfrentar un problema de Estado, y en 2004 se aprobó la ley integral contra la violencia de género. Mas de dieciséis años después, casos como el de Diana Quer en 2016 o los tres asesinatos en veinticuatro horas que se produjeron el pasado año y los continuos minutos de silencio con los que tenemos que iniciar los plenos no hacen más que contrastar que, además de una ley, hacen falta magistradas y magistrados especializados, recursos económicos suficientes y medios adecuados para que las víctimas se sientan protegidas y accedan realmente a la justicia. . Igual que tuvimos la necesidad de una ley específica, necesitamos recursos que no pongan en riesgo la vida de las mujeres, porque en este país no hacen falta leyes, señorías, lo que hacen falta son medios humanos para hacerlas efectivas: psicólogas forenses, unidades de valoración integral, equipos de asistencia, sistemas de protección eficaces y juzgados con capacidad real para gestionar la carga de trabajo actual. Hoy una mujer que denuncia violencia machista se enfrenta a un sistema que demasiadas veces la deja sola, la revictimiza y no le garantiza respuestas rápidas y eficaces. Eso no se soluciona con otra ley, sino con inversión y compromiso real. Señorías, más de cincuenta mujeres fueron asesinadas en España el pasado año por violencia machista. Cada víctima es un fracaso colectivo y una señal inequívoca de que aún queda mucho por hacer. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos responsabilidad institucional y política, debemos actuar con urgencia, porque cada minuto perdido es un minuto para el agresor. Por eso, señorías del Grupo Socialista, les pido que no esperemos ni una semana más para que todas las plazas que hay que convocar se convoquen, todos los recursos que hay que destinar se destinen y toda la formación que se tiene que impartir se imparta y se pongan en marcha inmediatamente. Las mujeres no queremos discursos vacíos ni que nos usen como moneda de cambio partidista; queremos justicia real, queremos futuro y lo queremos ahora. Queremos hechos y no palabras. Muchísimas gracias. .

Rocío Aguirre Gil de Biedma VOX

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nos trae el Grupo Popular una proposición de ley orgánica que pretende reformar la reciente ley de eficiencia del servicio de justicia — que, por cierto, es un dislate total, como ya hemos manifestado—, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, sobre todo, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con la finalidad de quitar carga de trabajo a los juzgados de violencia contra la mujer, que también sabemos que están colapsados, quieren excluir de ellos los delitos de matrimonios forzados, mutilación genital femenina y trata de seres humanos. Señorías, ¿cómo es posible que en España existan estos delitos! ¡Es alucinante! Pues porque vienen de otras culturas que estamos importando con la política de fronteras abiertas, y eso es así. . Eso es así. No entiendo cómo las señorías del Grupo Popular no se han dado cuenta de que a la coalición de socialistas y comunistas que nos gobierna desde hace siete años no les importan las mujeres, por mucho que digan que les importan, ¡no les importan! Solo les importa su ideología, dividir a la sociedad, repartir el dinero entre sus afines y comprar votos para mantenerse en el poder, que es lo único que les importa: mantenerse en el poder. . La estrategia de este Gobierno es obvia: como el socialcomunismo ha comprobado que defender a los trabajadores explotados por el capitalismo ya no le funciona, ahora se presentan como los defensores de unas minorías que ellos dicen que están oprimidas, como son las mujeres o los homosexuales, de las que ellos y solo ellos son sus representantes, y eso no es así. A ellos no les importan realmente estas minorías, lo que hacen es utilizarlas ―a ver si se enteran de una vez, señorías del Grupo Popular―, las utilizan para su propio beneficio. Lo que quieren — y es lo que están consiguiendo con su colaboración, parece mentira― es crear un marco ideológico en España en contra de la libertad, que es lo que es la ideología woke, de la que forma parte la ideología de género que en la práctica es un negocio y una herramienta de control. Señorías del Grupo Popular, por favor, despierten de una vez a ver si se dan cuenta de que el ‘wokismo’ es un disfraz — sí— que se han puesto los totalitarios para controlarnos y acabar con nuestra libertad. Y hay que luchar contra ello, por favor, luchemos contra ello porque no es otra cosa que el comunismo del siglo XXI. . La exposición de motivos ―que, por cierto, la podía haber escrito cualquiera del PSOE o cualquier otro― en su primer párrafo dice que la violencia contra las mujeres es una violencia de naturaleza estructural que se dirige a las mujeres por el mero hecho de serlo. ¿De verdad creen ustedes este argumento tan infantil? ¿De verdad? Es una premisa falsa, porque estos asesinatos tienen unas razones muchísimo más profundas y muchísimo más complicadas que hay que analizar en profundidad con expertos en el tema si de verdad queremos ayudar a las mujeres y acabar con esta violencia. También dicen que hemos avanzado en la normativa para dar respuesta a esta lacra y ponen como ejemplo de esta respuesta a la Ley Orgánica 1/2004, en la que directamente se acaba con la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia de los hombres. También ponen de ejemplo la Ley 10/2022, que es la ley del sí es sí, que ha soltado a cientos de violadores y ha rebajado las penas a miles. Y apuntan como un gran hito el Real Decreto Ley 9/2018, que puso en marcha este pacto de Estado. Pues sí, este pacto de Estado, que lleva ocho años en vigor y que ustedes defienden tanto, no ha conseguido absolutamente nada, nada , porque el número de mujeres asesinadas se mantiene prácticamente igual que hace veinte años: ustedes van vendiendo que en 2024 han bajado un 20 %, pero es falso, porque resulta que en 2016 y 2017 mataron exactamente al mismo número de mujeres que en 2024; o sea, que es mentira que hayan bajado. . Además, otro dato muy interesante ―que también sale en su exposición de motivos, y que me parece que deberían ustedes estudiar bien― es que en 2024 solo el 15 % de las mujeres asesinadas había denunciado. Y en la exposición de motivos ustedes dicen que en 2017 había denunciado el 25 %; o sea, hemos pasado del 25 al 15 %. Es decir, esto es un desastre, un desastre total: cada vez denuncian menos mujeres. Por favor, ¿no se plantean que algo no está funcionando? ¿No se preguntan ustedes por qué las mujeres que de verdad necesitan protección tienen miedo? Como dicen las señorías, ¿por qué no denuncian? Porque esa es la realidad, que no denuncian, no denuncian. ¿Por qué no denuncian? Eso es muy importante saberlo. Pues, miren, yo creo que no lo hacen porque hay una inmensa maraña de burocracia y chiringuitos varios que realmente no ayudan a ninguna mujer porque las verdaderamente maltratadas no se sienten seguras de que alguien o algo las vaya a proteger si denuncian, y no saben, ni siquiera, a dónde acudir. Al servicio de esta ideología de género que ustedes defienden, se ha creado en España una verdadera tela de araña de medidas para, según ustedes, luchar contra la violencia de género en la que las mujeres que de verdad lo necesitan se pierden. Es que no sé ni cómo calificarlas, pero voy a nombrar algunas: Estrategia estatal para combatir las violencias machistas, Plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres, Observatorio contra la violencia doméstica y de género, Delegación del Gobierno contra la violencia de género, Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Onvios, GREVIO, Sistema VioGén ―1 y 2, porque el 1 no funcionaba bien―, teléfono ATENPRO, Protocolo Cero contra las violencias machistas, dispositivos telemáticos COMETA, etcétera, etcétera, etcétera… ¿De verdad? . Y, por supuesto, detrás de todo esto tenemos 3000 millones de euros del dinero de todos los españoles. Lo que nos proponen ustedes es que, a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no ejerzan la instrucción de delitos de mutilación genital, matrimonios forzosos y trata, y que solamente instruyan los delitos que tienen lugar dentro del matrimonio o pareja o expareja para conseguir una máxima especialización y descongestionar estos juzgados, que, por otro lado, sabemos que están congestionados, y ya advertimos que sucedería. Ya termino. La congestión de estos juzgados nosotros pensamos que se debe ―como nos dicen muchos abogados― en gran parte a las denuncias falsas; como la de Errejón, que antes negaba que existían, pero ahora dice que las está sufriendo, según él mismo afirma. Sí, señorías, estos juzgados están llenos de denuncias falsas por violencia de género que realmente son casos de divorcio complicados, porque hay mujeres que abusan del sistema para conseguir la custodia de sus hijos y los beneficios económicos que les proporciona esta injusta ley. Y hay muchos casos de hombres a los que una denuncia falsa les ha destrozado la vida ―a ellos, a sus hijos, a sus madres y a toda su familia―; y cuando se demuestra que los hechos que denunciaron eran falsos, a estas mujeres no les pasa nada. ¿Por qué el 80 % de las denuncias fueron sobreseídas o archivadas? Por favor, estúdienlo. Ya termino, señor presidente. Para rematar la faena, ustedes solicitan que tanto el Consejo General del Poder Judicial como la fiscalía convoquen cursos especializados en las distintas formas de violencia contra la mujer, que es claramente un adoctrinamiento a los jueces...

Rocío Aguirre Gil de Biedma VOX

... y una colonización ideológica de los tribunales...

Rocío Aguirre Gil de Biedma VOX

... que es una de las características del régimen totalitario en el que estamos. Muchas gracias. .

Alicia Álvarez González PSOE

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Me van a permitir que estos primeros segundos de mi intervención los dedique a mandar un mensaje, un mensaje con toda la fuerza, con todo el ánimo y con todo el cariño, a nuestro gran compañero, a nuestro gran ministro Ángel Víctor Torres. De parte de todo el Grupo Parlamentario Socialista: Todo saldrá bien, Ángel, todo saldrá bien. . Ahora sí, en relación con el asunto que nos trae, quiero empezar diciéndoles, señorías del Grupo Popular ―y creo que me repito y esta repetición parece que es muy cierta―, que ustedes llegan tarde, llegan muy tarde, y yo también les voy a dar unos cuantos motivos. Hace apenas unos meses negociábamos una ley para transformar la justicia ―hablo de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, por cierto, la ley número veintiocho que hemos aprobado en esta legislatura―, pero en esta ley, que traíamos con todas las garantías de negociar y demás, ustedes perdieron la oportunidad. Y me explico: en la negociación de esta norma ustedes no plantearon nada en este sentido, es decir, en el Congreso no presentaron ninguna enmienda. Pero tuvieron una segunda oportunidad en el Senado, ¿y ustedes en el Senado plantearon esto? . Si tenían alguna preocupación en este sentido, ¿plantearon algo? No, se fueron a lo fácil, señoría. Se fueron a lo fácil e hicieron un veto a la totalidad de la norma, un boicot a la norma, un boicot a la transformación de la justicia. . Pero como la veo haciendo aspavientos, le voy a recordar algo mucho más próximo: la semana pasada, el Grupo Socialista en el Senado presentó una moción en la que solicitaba fortalecer los juzgados de violencia. ¿Sabe lo que votaron los senadores y senadoras del Grupo Popular ante eso que hoy dicen que es una necesidad? En contra, en contra, señorías. . Se contradicen siempre porque les falta proyecto, porque les falta liderazgo, porque se venden a VOX y porque vienen a dar lecciones los del divorcio duro. Señorías, improvisan, y además de mal, tarde. Ahora traen una proposición de ley que se basa en dos cuestiones: de un lado ―lo hemos comentado― la sobrecarga de los juzgados de violencia al asumir mayores competencias. Bien. Podemos asumir la realidad, es decir, si hay más competencias, habrá más sobrecarga. De acuerdo. Pero la solución que ustedes plantean es ridícula, o sea, la solución es quitar competencias y se las ponemos a otro juzgado que no estará colapsado. No, señorías del Grupo Popular, la solución es poner más recursos, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Permítanme que les diga una cosa: yo soy funcionaria de la Administración de Justicia. Mi último destino, además, ha sido un juzgado de violencia. Créanme, yo sé de lo que hablo , y lo que hace falta son más recursos, lo que hace falta no son excusas como las que ustedes traen hoy aquí para mercadear con las mujeres. . Y estos recursos, lo digo así, hacen falta sin más. Lo decían compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Ya el ministro Bolaños, en prensa, pero también en esta casa, lo ha anunciado: se está trabajando en un real decreto para la creación de más plazas de jueces de violencia. Yo les pregunto, cuando venga a convalidarse ese real decreto para tener más recursos y atender a todas las personas, ¿votarán que sí? . ¿Votarán que sí? ¿Alguna vez votarán que sí en favor de las personas que dicen defender? Voten a favor de la verdadera solución y déjense de excusas, se lo digo una y otra vez. En la segunda cuestión que plantean vamos a estar más de acuerdo. Es la especialización. Estamos de acuerdo, y tanto es así que ya esa carrera la hemos empezado. Ya hay una iniciativa en tramitación para modificar los artículos 329 y 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en este sentido, para mejorar la especialización. Ya ha empezado y está tramitándose la ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. Y el propio Consejo General del Poder Judicial — que usted ha citado— también está estudiando la regulación de la especialización en violencia sobre la mujer para su próxima implantación. Por tanto, sus propuestas, insisto, llegan tarde, pero lo más preocupante es que además de tardío es contradictorio. Dicen una cosa aquí, pero cuando tienen la oportunidad parlamentaria hacen la contraria, y yo hoy también me planteo si ustedes ponen en duda algo más, ¿realmente lo que ponen en duda es que atendamos mejor a las víctimas? Yo creo que sí, porque ponen en duda el Convenio de Estambul. Recordemos que es un instrumento jurídico ratificado por los veintisiete países de la Unión, un instrumento que viene a combatir, a prevenir, a perseguir, a erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, todas las formas de violencia. ¿Lo ponen en duda? ¿Ponen en duda esa ampliación del concepto de violencia de género que se refiere a toda violencia contra una mujer por razón de serlo? ¿Creen ustedes que la mutilación genital, el matrimonio forzado y la trata con fines de explotación sexual no son violencia de género contra las mujeres y niñas? ¿De verdad? Esta transformación de la justicia que hemos comenzado es irrenunciable. Era necesario apostar por una atención integral y profesionalizada; por evitar la revictimización, defender los derechos de las víctimas y mejorar las garantías en todo el proceso. ¿Y vamos a renunciar a todo ello porque a ustedes les asuste? Ya les respondo que no. Asombra más este planteamiento hoy tras haber renovado tan recientemente el pacto de Estado contra la violencia de Género. Usted lo nombraba, y yo, perpleja, lo escuché. Lo suscribimos todos, ustedes y nosotros, todos los diputados de este arco ―salvo VOX, no lo esperábamos tampoco―; suscribimos la necesidad de reconocer todas las violencias. Asumíamos ese Convenio de Estambul. Entonces, hace unas poquitas semanas firmaban que sí, pero hoy traen aquí una iniciativa para que suprimamos del conocimiento de los juzgados de violencia esas formas de violencia. . Sí. El pacto de Estado recoge muchas medidas sobre los juzgados de violencia y sobre reconocer estas violencias. . Sí, señoría, aunque usted no se lo haya podido leer completo. Lo importante es que hoy aquí dicen lo contrario de lo que firmaron hace unos pocos días. Qué poquito les dura el compromiso, señorías. Se nota que las víctimas no les importan demasiado. Dejen de jugar con la dignidad de las mujeres. .

Alicia Álvarez González PSOE

Termino, presidente. De lo que se trata es de buscar la mejor solución, y no la menos mala, y se lo hemos dicho. Si quieren realmente asegurar que sus augurios no sean una realidad, voten a favor de ese real decreto que aumentará la dotación de los juzgados. Ese es el camino, no este. No teman a lo nuevo por ser nuevo. En su proposición elogian nuestra ley contra la violencia de género, ley que tiene el sello socialista. Pues ahora les pido que no duden en apoyar este otro avance. Con los años sentirán que están en el camino correcto; sean valientes y ayuden a las víctimas. Por todo esto no podemos votar su proposición. De verdad, con ella renuncian a tener una justicia mejor y renuncian a una atención más especializada y cercana, se justifican en la falta de medios y eso nunca debe ser óbice para tomar decisiones. Como les dije, llegan tarde, porque lo que en ella plantean ya lo está llevando a cabo el Gobierno del presidente Sánchez. Votaremos en contra porque ustedes apuestan por retroceder y nosotros por avanzar. Muchísimas gracias. .

María de las Nieves Ramírez Moreno PSOE

Gracias, presidente. Señorías, lo primero que tendría que hacer al subirme a esta tribuna sería hablarles de lo importante y lo urgente que es aprobar esta proposición de ley que presentamos hoy, pero ustedes saben perfectamente lo importante y lo urgente que es. Lo saben perfectamente todas sus señorías y lo sabe perfectamente también el sector de la industria y el sector energético. Por lo tanto, lo que me corresponde en estos momentos, y en primer lugar, es apelar a la responsabilidad. Quienes estamos aquí sentados en estos escaños representamos a quien espera de nosotros que seamos propositivos, que aportemos soluciones, pero, sobre todo, que tengamos altura de miras, especialmente en los momentos de mayor dificultad, que apartemos las cuestiones de partido y nos pongamos con las cuestiones de país. Por eso esta iniciativa que hoy presentamos no debería dividirnos. Estamos hablando de una obligación legal, de una exigencia europea, pero, sobre todo, de una necesidad urgente para nuestra industria, nuestro medio ambiente y nuestra economía. Adaptar esta ley no es una opción, es una responsabilidad que llevamos meses, incluso años, arrastrando. Esta proposición permite incorporar dos directivas europeas que forman parte del gran paquete legislativo Objetivo 55, que tiene un propósito muy claro: reducir las emisiones contaminantes un 55 % antes de 2030 con referencia a los niveles de 1990. Además, conseguir esta reducción es crucial para que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050 y hacer realidad el Pacto Verde Europeo. Es una meta ambiciosa, lo sabemos. También sabemos que hay una obligación si queremos que haya futuro, porque esto va de cumplir con la Unión Europea, de cumplir con el planeta, pero también de cumplir con nuestra industria, que está esperando. Esta proposición que presentamos hoy no es una cuestión menor. España no puede quedarse fuera del mercado europeo; no podemos condenar a nuestra industria a competir en desventaja; no podemos permitirnos sanciones millonarias, y, lo que es más importante, no podemos darles la espalda a las generaciones futuras. Señorías, no podemos. La Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos contra España por no haber adoptado estas normas. Esta inseguridad jurídica afecta a novecientas instalaciones industriales y energéticas, a treinta operadores aéreos, a seiscientas navieras y a mil empresas distribuidoras de combustible; todas estas empresas con miles y miles de trabajadores que están esperando esta ley. De verdad, señorías, ¿alguien puede estar a favor de ignorar todo esto? Pero es que además esta ley no solo cumple con Europa, promueve la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero poniéndole precio al carbono emitido y, además, refuerza nuestra lucha contra el cambio climático. Entre las principales medidas ―hay muchas, y ustedes las conocen― está la obligación de que industria y sector eléctrico reduzcan la emisión un 62 % antes de 2030; el impulso a tecnologías limpias ―podrán beneficiarse de asignaciones gratuitas como, por ejemplo, el hidrógeno verde, de la que España es un referente y que necesita de estas normas para poder garantizar su avance―; la inclusión del transporte marítimo en el sistema de derechos de emisión desde enero de este año; la creación de un nuevo sistema de transporte por carretera y edificación, que arrancará en 2027; y, por supuesto, los fondos europeos del Fondo Social del Clima: más de 7000 millones de euros entre 2026 y 2032. Es de esto y de nada más de lo que va esta proposición de ley que queremos que hoy se tome en consideración. ¿De verdad que no hay razones suficientes para aprobar esta ley de una manera ágil y urgente? ¿Hay que interponer el cálculo político a estas cuestiones tan importantes? Señorías, no es la primera vez que hablamos de esta cuestión en esta Cámara. El Grupo VOX presentó una enmienda a la totalidad en la que pretendía, precisamente, derogar toda la ley, es decir, derogarla entera, derogar el marco europeo: les da igual la economía, les da igual el medio ambiente, les da igual España, les da igual absolutamente todo. . Este es el partido VOX. Señorías de VOX, lo suyo no es la política, lo suyo es el ruido. Ustedes son los que se inventan la dictadura climática, el ecologismo radical, la imposición verde… Estas palabras vacías, huecas, lo único que hacen es esconder su inacción, su falta de ideas y su increíble desconexión de la realidad. Ustedes niegan el cambio climático y rechazan el Pacto Verde, pero aplauden con las orejas los aranceles que Trump le quiere poner a nuestro campo. . Sí, señorías de VOX, eso son ustedes, esa es la hipocresía de la extrema derecha española. Pero la realidad, señorías, no se puede negar: el cambio climático existe, el cambio climático está aquí. Quien lo niega también niega la ciencia, niega el futuro y niega la responsabilidad que tenemos aquí como representantes políticos y públicos. Además, proteger el medio ambiente no una cuestión de ideología, es una cuestión de responsabilidad, de sentido común y de visión de país. Y, señorías del Partido Popular, ¿qué van a hacer ustedes? ¡Vaya papelón que tienen! ¿Van a seguir ustedes girando hacia la extrema derecha hasta salirse del tablero de juego? ¿Van a seguir cambiando el Pacto Verde Europeo por ese vergonzoso pacto de El Ventorro para esconder un poquito más, aguantar un poquito más al señor Mazón en el sillón? Ustedes eran los que gritaban más España y más Europa. Ahora tienen la oportunidad de explicar aquí dónde está más España y donde está más Europa y de apoyar la proposición de ley que traemos. Tienen que subir aquí a explicarnos, si son capaces, si van a estar a favor o en contra, porque ustedes en este tema han sido un poco ambiguos. Ustedes son los que dicen que apoyan a Europa, que apoyan el medio ambiente, pero después ya sabemos lo que hacen: bloquean, retrasan y enredan, y hacen un poco lo que se llamaría la política de trincheras en vez de política de país. Así que ahora suban aquí y expliquen la importancia que tiene apoyar esta proposición de ley, y sigamos avanzando, porque hay muchísimas personas, muchísimas empresas que nos están mirando en estos momentos. Al resto de grupos les digo que sabemos que hay diferencias, que existen diferencias, pero ustedes también saben que el Gobierno, la vicepresidenta, se está dejando la piel buscando acuerdos, buscando consensos, resolviendo dudas y acercando posturas, porque hoy lo que toca es debatir, hablar y, sobre todo, estar a la altura. Si hoy volvemos a presentar esta proposición de ley es porque, lamentablemente, el proyecto de ley original encontró más trabas de las que una cuestión urgente y necesaria debería haber enfrentado. Obstaculizar esta norma, clave para la adaptación de nuestra legislación a la normativa europea, no es defender los intereses de la ciudadanía, es quedarnos atrás ―ustedes lo saben― mientras el resto de Europa avanza. Que se puedan organizar mayorías parlamentarias para bloquear una ley no significa que sea responsable. Aquí legislamos todos, pero legislar también implica ir más allá de las estrategias políticas y pensar en el futuro de nuestro país. Espero que durante sus intervenciones hablen del contenido de esta proposición de ley que traemos aquí, de las trasposiciones europeas, de la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de nuestras empresas y de acelerar la descarbonización. Pero si ustedes deciden centrar sus intervenciones en todo aquello que nada tiene que ver con la ley, quedará bastante claro y demostrado que su interés no es el cambio climático ni el bienestar de la ciudadanía, sino la obstrucción parlamentaria. No podemos seguir perdiendo el tiempo con bloqueos interesados mientras nuestra industria está pidiendo a gritos un marco normativo estable, un marco normativo que no puede esperar. Esta proposición de ley no es solo una obligación con Europa, es una oportunidad para modernizar nuestro país, para garantizar la competitividad de nuestras empresas y, sobre todo, para proteger el futuro de la ciudadanía. Señorías, la responsabilidad legislativa no consiste en frenar por frenar, sino en avanzar, con sentido de Estado. Aprobar esta ley hoy no es solo un acto de responsabilidad política, es un paso imprescindible para garantizar que España siga avanzando en el seno de la Unión Europea y que no nos quedamos descolgados, para dar seguridad jurídica a nuestras empresas y aprovechar los recursos que permitirán una transición justa, ecológica y económicamente viable. El cambio climático no espera, las inversiones no esperan, el futuro no espera y el país no puede permitirse que la irresponsabilidad y el cortoplacismo nos frenen. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos a todas las fuerzas políticas que apoyen esta proposición de ley que presentamos hoy, que no es más que para trasponer normativas europeas, y que lo hagan por responsabilidad, por compromiso, por futuro. Espero, señorías, que en estos momentos estén a la altura y hagan lo que venimos a hacer aquí: mirar por el bienestar de los ciudadanos y por que nuestro país siga avanzando. Señorías, España no se para, España avanza y nosotros no vamos a parar. Muchas gracias. .

María de las Nieves Ramírez Moreno PSOE

Señor Figaredo, decía Tarradellas que en política se puede hacer casi de todo menos el ridículo. . Señor Figaredo, no se enfade tanto y deje el teatro para otro momento. Según usted, si ponen aranceles a Francia, es problema del PSOE; si ponen aranceles a Portugal, es responsabilidad del PSOE; si los ponen a Europa, también es culpa del PSOE. Señor Figaredo, creo que usted debería dejar de decir estas cosas y demostrar realmente si defienden a España y a los españoles. Y dejen de dar lecciones. Ustedes ni media lección pueden dar al Partido Socialista en este tema ni en ningún otro. ¡Ni una lección! . Sube usted aquí a hablar de emisiones, usted, que está más cerca del primo de Rajoy que de los que defienden el Pacto Verde en Europa. Usted viene aquí a hablar de emisiones. Mire, ya demostraron ustedes su verdadera intención cuando trataron de evitar que la ley se tramitara con una enmienda a la totalidad en esta Cámara. Ya lo intentaron ustedes. Era una enmienda a la totalidad que no solo no permitía tramitar la reforma de la ley, sino que quería acabar con todo, retirar la ley que regula el comercio de emisiones. Debemos preguntarnos en esta Cámara qué significa para ustedes aquello que intentaron en aquel momento. ¿Qué pretenden hacer hoy? Ustedes saben perfectamente que la industria está esperando esa normativa. Ustedes lo saben, pero a ustedes les da exactamente igual. Ustedes suben aquí con muchas consignas, con mucho teatro, pero ustedes no suben aquí a defender en ningún momento la industria ni el campo español. Termino, como empecé anteriormente, llamando a la responsabilidad, aunque, por su intervención, sé que de ustedes se puede esperar poquita responsabilidad. Ahora tiene usted la oportunidad de recapacitar y pensar en todas las barbaridades que ha venido aquí a soltar esta tarde y de decir si está o no a favor de la industria, del medio ambiente y del futuro de España. Gracias. .

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

Señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se ha perdido usted en la cuestión de los aranceles. Empieza su intervención diciendo: Si Francia impone aranceles… Francia no puede imponer aranceles a España porque estamos dentro del mercado común, y esa cuestión no opera. . Acto seguido viene usted a hablarnos de la política exterior de terceros países, que a nosotros nos da igual, porque nosotros velamos por los intereses de los españoles, cosa que ustedes no hacen. Y vuelvo a la cuestión. ¿Por qué Estados Unidos impone aranceles a algunos productos españoles? Porque el Partido Socialista Obrero Español cada vez que gobierna se empeña en dar patadas en la espinilla a Estados Unidos ―patadas en la espinilla―. Recuerden que, cuando circulaba la bandera de Estados Unidos en el desfile del 12 de octubre, el presidente Zapatero decidió voluntariamente no levantarse y que, al inicio del Gobierno del Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, una fragata española, la Méndez Núñez, que circulaba en una escuadra junto con fuerzas estadounidenses, decidió unilateralmente retirarse cuando se encontraba en plena acción armada. Ese tipo de actitudes debilita y deteriora la relación diplomática de España con los que deberían ser nuestros aliados, y eso lo hacen ustedes, precisamente. Ustedes son los que dinamitaron el acuerdo de España con Argelia para importar gas a través del gasoducto que nos permitía obtener gas a unos precios mucho más asequibles de los que ahora obtenemos importando gas desde Rusia. Desde que ustedes gobiernan, han multiplicado un 600 % las importaciones de gas ruso. Pero es más. La señora del Partido Socialista viene aquí muy digna y dice: Lecciones al Partido Socialista… Bueno, señores del Partido Socialista, ustedes, con sus normas climáticas, son los culpables de que Alcoa haya cerrado. Ustedes son los culpables de que la industria del automóvil esté en franca decadencia en España. Ustedes son los culpables, con sus normas climáticas, de que automóviles chinos ya estén haciéndonos la competencia directamente a los automóviles producidos en España, con las implicaciones que esto tiene para los trabajadores de la industria del automóvil español. Y ustedes hablan de las enmiendas. Señora portavoz del Grupo Socialista, ustedes han retirado una ley idéntica a esta y han vuelto a presentar esta ley porque democráticamente se introdujeron dos enmiendas en la tramitación de la anterior ley que al Grupo Socialista no le gustaban. Y, como no le gustaban, ¿qué decidieron hacer? Cogen el folleto, lo rompen y presentan una nueva. Así son ustedes. Son ustedes unos auténticos totalitarios, porque aprovechan cada vez que pueden las instituciones para pisotear la disidencia ideológica. Y eso es exactamente lo que hacen ustedes con sus argumentos. Ustedes vienen aquí y nos hablan del cambio climático y de que, por culpa de ese cambio climático, en España van a prohibir la circulación de vehículos diésel. Por culpa de ese cambio climático ustedes en España van a prohibir la fabricación de automóviles de combustión. ¿De verdad que un trabajador que circula con su furgoneta diésel es culpable del cambio climático mundial? ¿De verdad? . ¿Esto es lo que ustedes quieren decir? ¿Ese trabajador tiene que dejar de circular con su furgoneta diésel porque es culpable del cambio climático? ¿De verdad que una señora que en Sevilla pone el aire acondicionado en julio es culpable del cambio climático? ¿De verdad? . Son ustedes unos mentirosos. . Son ustedes unos auténticos tramposos. Lo único que buscan es imponer más impuestos a los españoles. Ya se lo he dicho: con el anterior impuesto a las emisiones de CO2 que ustedes tenían recaudaron 13 000 millones de euros y solo destinaron a la eficiencia del sistema eléctrico algo menos de la mitad. Si ustedes realmente quisieran buscar la eficiencia lo que harían es dejar de gastar en mamarrachadas y buscar de verdad la eficiencia del sector público, todo lo contrario de lo que ustedes hacen, y la prueba es que han tenido enchufadas a cuatro o cinco amigas del señor Ábalos y allí nadie se enteró. . Eso demuestra que la gestión que el Partido Socialista está haciendo de los recursos públicos es absolutamente ineficaz e ineficiente. Si quisieran de verdad que España funcionase mejor, empezarían por ahí y no por imponerles más impuestos a los españoles. Pero, es más. Viene y dice: La industria está esperando esta normativa. No, señora. La industria en España está desesperada. La industria en España está en franco retroceso. La industria en España está desapareciendo. La prueba es que en todo el norte industrial de España ya no queda nada. Como le digo, Alcoa está muerta; Arcelor, en peligro de extinción; la industria del automóvil, muriéndose. En definitiva, todo esto es por sus delirios dogmáticos e ideológicos. Y quienes lo sufren en sus carnes son los trabajadores españoles, que se están quedando literalmente sin futuro por culpa de su normativa. .

Javier Sánchez Serna SUMAR

Gracias, presidente. Señorías, según la comunidad científica, según todos los informes científicos disponibles, de aquí al año 2030 tenemos que reducir un 50 % las emisiones de CO 2 y otros gases de efecto invernadero para evitar un aumento de las temperaturas globales de un grado y medio. Todos los estudios señalan que, de no hacerlo, los efectos del cambio climático serán no solamente irreversibles, sino catastróficos. Esto es evidencia científica, y tampoco voy a perder mucho tiempo en señalarlo. Solo los más cerriles negacionistas del cambio climático, como la extrema derecha, como VOX en este Congreso, ponen en duda este amplio consenso científico y defienden, en consecuencia, seguir quemando el planeta como si nada. Pero más allá de estas posiciones anticiencia, que en el fondo son posiciones contra la ilustración, más allá de esta extrema derecha negacionista, las élites económicas comienzan a estar preocupadas y buscan la forma de mantener sus tasas de beneficios sin aniquilar necesariamente la vida en el planeta, algo que sospechan que podría ser negativo para sus negocios. A este deseo piadoso de las élites se ha dado en llamar capitalismo verde. En este sentido, la proposición de ley que nos presenta el Grupo Socialista es una modificación de la Ley 1/2005, que ya regulaba el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para incorporar las recientes directivas de la Unión Europea sobre el tema, específicamente la 2023/958 y la 2023/959. Bien, ya era hora, señorías socialistas. Las propias directivas europeas son más ambiciosas de lo que ustedes estuvieron dispuestos a asumir en la ley de cambio climático que negociaron en la anterior legislatura y que solo marcaba un objetivo del 23 % para el año 2030. Ahora subimos al 50 %. En cualquier caso, es insuficiente teniendo en cuenta la gravedad de la situación de emergencia climática en la que estamos sumidos. Desde Podemos les hemos pedido reiteradamente que revisen estos objetivos. La propia ley de cambio climático, gracias a Unidas Podemos, establecía un mecanismo de revisión siempre al alza de los objetivos que tenía que haberse iniciado la legislatura pasada y que no se hizo. Nunca han querido hacerlo y las actualizaciones de los planes nacionales integrados de energía y clima siempre se han quedado por debajo de los objetivos que nos marcamos en esa ley, que pide la ciencia y que también piden estas directivas europeas. La cuestión es, señorías, si ustedes ahora, con esta proposición de ley, van a cumplir estos objetivos de reducción de emisiones de carbono o si, por el contrario, van a hacer como que lo cumplen. Lo digo por lo siguiente; estas directivas europeas incluyen, por ejemplo, al sector de la aviación en el régimen de derechos de emisión. En este sentido, la Directiva 2023/958 señala que los operadores aéreos tienen que compensar sus emisiones de carbono y limitar los efectos del transporte aéreo sobre el clima. Sin embargo, sabemos que con este Gobierno los discursos van por un lado y la acción va por otra. Y la acción sigue siendo desarrollismo puro y duro; por ejemplo, con la ampliación de macroinfraestructuras, como el aeropuerto de El Prat. Por mucho que lo revistan de sostenible, el proyecto de ampliación de este aeropuerto disparará las emisiones de carbono en un 33 % y no es compatible con estas directivas. La realidad, desgraciadamente, es que en esta legislatura hemos visto un cambio de rasante en la política ambiental y en cuanto a la ambición para enfrentar la crisis climática. De hecho, las emisiones de efecto invernadero en 2024 han aumentado por primera vez desde hace años. Y esto, señorías, es un síntoma de que las cosas no se están haciendo bien y que el negacionismo está destruyendo muchos de los avances que habíamos logrado el último lustro, ante la pasividad, o quizá la dejadez, de quienes gobiernan. Nadie duda de que estamos en un contexto internacional muy complicado, con un negacionista como Donald Trump de vuelta a la Casa Blanca, con Estados Unidos de salida de los Acuerdos de París, pero también con una Unión Europea que ha decidido incluir la energía nuclear y el gas dentro de las inversiones sostenibles y que, a todas luces, está más preocupada por la carrera armamentística que por transitar hacia una economía sostenible. Pero, ante este contexto, no van a servir solamente las buenas intenciones o trasponer directivas europeas a medias. Necesitamos más ambición y más empuje contra la emergencia climática y, lamentablemente, les tengo que decir, señorías socialistas, que no lo estamos viendo. Desde Podemos podemos apoyar que se inicie la tramitación de esta ley, pero, a la vez, vamos a exigir que el Gobierno reduzca emisiones más rápidamente, que ponga en marcha los mecanismos de revisión de objetivos y que revise, también, los objetivos de penetración de energías renovables para el año 2030, como marcaba esa ley. Porque todo lo que no sea avanzar en esta legislatura va a suponer retroceder. Y una última reflexión, señorías. Estamos viendo cómo el negacionismo climático sigue avanzando y cómo la ultraderecha atrae cada vez a más sectores diciéndoles que las políticas climáticas son una cosa de pijos. Deberíamos reflexionar sobre ello, porque están avanzando. Hoy sabemos que el cambio climático va a afectar mucho más a las clases trabajadoras que a los ricos; va a afectar mucho más a quien no puede permitirse el aislamiento térmico de sus viviendas; a quienes no pueden pagar la factura de la luz en los tórridos veranos que tenemos; va a afectar mucho más a la gente que no puede abandonar la ciudad en verano y pagarse unas vacaciones. Pero no sirve de nada que lo sepamos nosotros si las clases trabajadoras no lo perciben así, si perciben que la transición ecológica es algo gravoso para ellos, que se traduce en impuestos al diésel, mientras que a las grandes energéticas, que son las que más contaminan, se le perdonan 1200 millones de euros en impuestos. . Por eso, siempre se lo decimos, y nos gustaría que se lo tomaran en serio, la transición ecológica no va a ser posible si no va de la mano de la justicia social. Por eso, Podemos negoció con el Partido Socialista que durante esta legislatura mantendríamos las ayudas del bono social eléctrico para que, entre otras cosas, las familias vulnerables pudieran asumir esa factura de calefacción y también del aire acondicionado en verano. Sin embargo, ese compromiso que iba en esa ley no está en esta ley. Ustedes tienen que aprender a respetar lo que firman y lo que acuerdan con Podemos. . Nosotros hoy vamos a votar a favor de iniciar el trámite de esta proposición de ley, pero les tengo que decir que para que llegue a aprobarse tienen que cumplir con nosotros y, por tanto, además de trasponer directivas europeas, que es lo fácil, que es lo cómodo, necesitamos también que esta ley contemple ese bono social eléctrico para las familias vulnerables. Nada más y muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. Hoy nos vuelven a plantear una ley que regula la compra y venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que es consecuencia de la trasposición de dos directivas que forman parte del paquete de Fit for 55 del Pacto Verde Europeo. Por tanto, es una ley que se ajusta a las directivas comunitarias y cuya finalidad pasa por contribuir al proceso de descarbonización de la economía y, al mismo tiempo, impulsar la competitividad de la industria. El régimen de comercio de derechos de emisión, a pesar de que se ha enfrentado con desafíos como el riesgo de la fuga de carbono, lo cierto es que ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, ha ayudado a estimular la adopción de tecnologías más limpias y ha proporcionado incentivos económicos precisamente para la reducción de emisiones. El mercado de emisiones creemos que está siendo efectivo y se ha convertido en la tendencia hacia donde van la mayoría de las economías mundiales. Y es que, actualmente, cada vez más economías están poniendo precio al CO 2 a través de mecanismos de mercado, impuestos directos o combinando ambas cosas; un precio que, además, ejerce como incentivo para aquellos que buscan afrontar un cambio tecnológico a favor de la lucha contra el cambio climático. Como decía, hoy retomamos, en forma de proposición de ley, el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Y digo retomamos porque esta iniciativa ya se debatió en el Congreso; se rechazó una enmienda a la totalidad y los grupos parlamentarios presentamos enmiendas, con tal mala suerte para el Gobierno que dos enmiendas que se habían vetado con anterioridad a la ponencia quedaron finalmente aprobadas. Es decir, se sorteó dicho veto porque el PSOE no tenía la mayoría suficiente en la Mesa, ya que faltaba una persona de su grupo. Así se introdujeron dos enmiendas: una, para dejar a cero el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, siempre que no hubiera déficit de tarifa; y otra, para alargar la vida retributiva de las plantas de cogeneración. Fíjense, hoy, la enmienda relativa al impuesto no se estaría aplicando porque hay déficit de tarifa, y no nos digan que esto aumenta la factura, porque el propio Gobierno, en su momento, decidió suspender este impuesto durante la crisis energética, precisamente, para reducir el precio de mercado y, por lo tanto, rebajar la factura de los consumidores. Por otro lado, tampoco acabamos de entender la cerrazón con respecto a la enmienda para prorrogar la vida útil a las plantas de cogeneración; una enmienda que lo único que busca es dar una salida a la industria, garantizar su viabilidad e incentivar de manera efectiva esa tecnología básica para sectores estratégicos, en tanto en cuanto no se aprobasen las subastas de cogeneración. Pero, fíjense, es que se han sacado las subastas y el marco propuesto es muy parecido al planteado en 2021, cuando, además, el mundo energético e industrial desde luego nada tiene que ver con el de hoy; y parece que, tal y como están diseñadas, las industrias, o algunas industrias, difícilmente van a poder concurrir a estas subastas; y, por tanto, difícilmente van a poder realizarse esas inversiones precisamente para la descarbonización. Entendemos que este tipo de tecnologías deben ser sustituidas y que hay que asumir que generar vapor para una fábrica puede hacerse con energías renovables, pero in itinere, quizá, se podría plantear la utilización del marco temporal de crisis y transición para alargar la vida útil, aunque sea un año más, hasta que se convoquen esas subastas. Pero lo peor de todo esto ha sido que, como al Gobierno le salió mal la jugada, no han aceptado las reglas del juego y no han aceptado estas enmiendas. Como consecuencia de esto, ¿que hicieron? Retiraron el proyecto de ley. Y hoy nos traen uno nuevo, sí, en el que ya se encargarán de vetar las enmiendas que consideren oportunas y de tener la mayoría en la Mesa para no tropezar dos veces con la misma piedra. De verdad, y siento decirlo, creo que han actuado de forma autoritaria y poco plural: o se hace lo que yo quiero o nada. Creo que han hurtado a los grupos parlamentarios el debate; y no contentos con esto, trataron de responsabilizarnos de lo ocurrido a los grupos por la inclusión, decían, de todo tipo de enmiendas. Igual, lo que deberían es preguntarse por qué lo hacemos así los grupos políticos. ¿No será porque cada vez que algo se tramita como proyecto de ley asistimos, semana tras semana, a la ampliación de plazo de enmiendas o que se queden en un cajón? ¿No será porque ustedes se cierran en banda muchas veces a la hora de buscar soluciones a problemas que se plantean? ¿No será porque ustedes actúan a veces como si tuvieran mayoría absoluta cuando no la tienen? Miren, en su Gobierno hay quien dice que cuando uno dice que va a vetar es que ha fracasado. Y lo cierto es que, quizá, deberían profundizar en esta reflexión; un veto que han usado ―tengo que decirlo también― todos los Gobiernos, sean de un color o de otro. Hoy, para no perder más tiempo y agilizar todos los trámites y no empezar todo el procedimiento de anteproyecto y órganos consultivos, nos traen una proposición de ley que vamos a votar a favor porque la industria necesita esta ley y somos responsables. Pero ¿qué pasaría si alguno de los grupos decidimos actuar como lo han hecho ustedes? Que esta proposición no saldría adelante. ¿Y quién sería el perjudicado? La industria, una industria que ya se ha visto perjudicada sinceramente por su actitud, porque son quienes han retrasado esta ley porque no aceptaron aquellas enmiendas incluidas por la mayoría parlamentaria. A pesar de lo dicho y en un ejercicio de responsabilidad y porque consideramos prioritaria la aprobación de esta ley en el menor plazo posible, votaremos a favor. También les digo que ejerceremos nuestro derecho a presentar las enmiendas que estimemos convenientes, tengan relación o no con la ley. Erantzukizunez jokatuko dugu eta, lege hau ahalik eta epe laburrean onartzea lehentasuntzat jotzen dugunez, aldeko botoa emango dugu. Baina, era berean, esaten dizuet gaur guk gure eskubidea erabiliko dugula legearekin zerikusia duten edo ez dituzten zuzenketak aurkezteko. Eskerrik asko. Seremos responsables y tomamos como prioridad aprobar esta ley cuanto antes, y por ello votaremos a favor. De todas maneras, les comunico que haremos uso de nuestro derecho de presentar las enmiendas que consideremos oportunas.

Mikel Otero Gabirondo EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Arratsalde on. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. De entrada, nosotros decimos que vamos a apoyar la toma en consideración de esta ley, aunque, la verdad, como recién llegado a mí me resulta un poco chocante que siendo la trasposición de directivas europeas esto venga de grupos parlamentarios y no del Gobierno. También nos llama la atención que esté llegando tan tarde, porque una de las directivas que se traspone se supone que tenía que estar traspuesta para diciembre de 2023 y estamos en las fechas en las que estamos. En cualquier caso, se propone modificar el régimen de comercio de derechos de emisión. Yo quería empezar con una pequeña reflexión previa. Este régimen de comercio de derechos de emisión para reducir los gases de efecto invernadero se supone que tenía que ser la herramienta más importante para cumplir con los objetivos de la lucha contra el cambio climático y estaba basado en el principio de quien contamina paga, a través de un mecanismo financiero de mercado, creando un sistema de incentivos y desincentivos que debieran conducirnos a una economía baja en carbono. A estas alturas, podemos decir que no ha sido una herramienta lo suficientemente eficaz y hubiera habido otro tipo de iniciativas más eficaces, como la fiscalidad. Aquí se ha hablado de que esto es un impuesto. Esto no es un impuesto. Si hubiera sido un impuesto, estaríamos hablando de otra cosa, pero, como en Europa, estar hablando de fiscalidad ha sido y sigue siendo tabú, y básicamente como la Unión Europea es un mercado común, al final se ha adoptado un sistema de mercado financiero alambicado con numerosas excepciones, con gateras, con demasiados sectores exentos, con excesivos derechos de emisión que mantuvieron el precio del carbono demasiado bajo durante una década, o permitiendo dudosas compensaciones, tanto que ha tenido que ser constantemente revisado y reformado porque no estaba cumpliendo sus funciones. Así, el ritmo de reducción de emisiones no ha sido suficiente, se han quedado sectores con grandes emisiones fuera del sistema, y ahora toca acelerar y mucho. Ahora se trata de mejorar y de ampliar el sistema con el objetivo de reducir emisiones más rápido, de cumplir con el objetivo 55, y se propone reducir emisiones gratuitas en los sectores que ya estaban regulados, incluso terminando con las emisiones libres de pago en algunos sectores, como el eléctrico, e ir incorporando nuevos sectores, es decir, encareciendo contaminar e intentando interiorizar, aunque sea en parte, los costes ambientales de más sectores. Las directivas que se trasponen a través de esta modificación de la ley tocan muchos palos, desde el sector eléctrico a la industria, la aviación o el sector marítimo. Lo más destacable es que los combustibles consumidos por el sector de edificios y el del transporte también pasarán a ser sectores regulados. Es decir, se pagará el coste del CO2 por quemar combustibles fósiles en la carretera y en los hogares. Esto son buenas noticias porque, entre otras cosas, supone equilibrar una situación que era injusta y que era absurda. Esto se entiende mejor con ejemplos. Un vehículo eléctrico que está circulando hoy ya está pagando por el CO 2 embebido que está en la electricidad que consume. Los vehículos movidos por los combustibles fósiles no están pagando por el CO2 que están emitiendo, y es el sector que más emite. La calefacción o el agua caliente sanitaria que viene de la electricidad ya está pagando el CO 2 a través del sistema eléctrico, sin embargo, las calderas de gas no lo están pagando. En este sentido ―y quiero dejar aquí un apunte también―, hay voceros, portavoces de compañías fósiles que se han venido quejando de la descarbonización europea, que ocultan que se han estado beneficiando de que sus productos estuvieran fuera del sistema regulado. Esto, en definitiva, no ha sido más que un subsidio encubierto para estas compañías. Por decirlo de otra manera, el sistema del comercio de emisiones ha estado pagando por incompleta la fiesta de las petroleras. Esto se supone que tiene que ir cambiando con el nuevo sistema, y es correcto que lo haga. Eso sí, una advertencia, todos lo sabemos, puede tener implicaciones sociales, y estas implicaciones hay que atenderlas porque quien pague el CO2 finalmente será quien suministre los combustibles, pero, al menos en parte, repercutirá esto en los precios, así que esto va a terminar repercutiendo a particulares, administraciones, empresas, etcétera. Por eso, aunque hoy se debate la trasposición de dos directivas, hay que subrayar que tanto o más importante que lo que aquí se propone son los reglamentos asociados al paquete legislativo europeo que hoy se propone trasponer en parte. Estoy hablando, cómo no, del Fondo Social para el Clima y del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que, en parte, también se regula en esta proposición de ley, porque van a ser instrumentos clave para que el sistema no termine por perjudicar a la industria de gran consumo energético por un lado y a los hogares, las microempresas y los usuarios vulnerables de transportes por el otro. A nuestro entender, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono ―dicho más sencillo: que los productos que vienen de fuera de la Unión Europea paguen por las emisiones de CO 2 que llevan incorporadas en esos productos― debe servir para acallar las voces que se han venido quejando del suicidio europeo en términos de competitividad industrial. Es verdad, nosotros también creemos que hacía falta este mecanismo porque ha habido sectores enteros que se han visto perjudicados por competir en condiciones desiguales frente a productos que venían de fuera de la Unión Europea. A partir de ahora, a partir de que esto se regule definitivamente, ya no se podrá achacar a las más laxas condiciones medioambientales al resto del mundo como pretexto, por ejemplo, para hacer una deslocalización. Así que esto se ajusta en frontera y problema resuelto. De esta manera ya quedaría resuelta una deuda histórica que se tiene con algunos sectores industriales. A partir de ahí, nos debemos centrar en los efectos sociales del nuevo sistema. Se supone que el Fondo Social para el Clima está para esto. En principio va a haber 65 000 millones de euros de la Unión Europea de los que a España le corresponde un 10 %, 6500 millones, que tiene que completar con un 25 % más, 2500 millones de euros de fondos propios; en definitiva, 9000 millones de euros para paliar socialmente los problemas que puede tener esto. Se supone que se deberán utilizar para paliar los efectos de la subida de los precios a los hogares, a las microempresas y a los usuarios de transporte vulnerables, y que se darán, se supone, ayudas para abandonar los sistemas de calor y movilidad fósiles a través de planes sociales; es decir, teniendo en cuenta la renta y teniendo en cuenta la vulnerabilidad. Ante todo esto, estaremos vigilantes. Para terminar, les advertimos también desde ya dónde vamos a poner el foco a la hora de la tramitación de esta ley. No debe pasar con estos fondos lo que ha pasado con los fondos Next Generation, que al final los ha manejado el Estado a su antojo contando entre poco y nada con el resto de las administraciones. Creemos que hay que territorializar todos o en parte los fondos sociales para el clima, porque las administraciones más cercanas a la ciudadanía son las que tienen una mejor capacidad de planificar y decidir también estos fondos. Si abren un poco la mano en este sentido, nos podemos llegar a entender, pero también creemos que esto debe quedar claro en la tramitación de esta ley. Nada más. Muchas gracias. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Bé, avui el Grup Socialista podríem dir que li fa la feina a l’Executiu, perquè presenta una proposició per recuperar la tramitació d’un projecte de llei que ve d’una directiva europea que modifica el règim de comerç dels gasos d’efecte hivernacle i que era molt important i molt urgent, moltíssim. Fins que els va importar molt més tombar les nostres esmenes que mantenir la tramitació del projecte de llei al qual obliga la Unió Europea. El Govern el va retirar per carregar-se l’aconseguit per Junts per Catalunya. Sí, va ser així. Gairebé tots els partits van donar suport a les esmenes registrades per aquest grup parlamentari, però que van ser transaccionades i millorades per altres grups. Una era, com s’ha recordat, per eliminar l’impost a la generació elèctrica que tant perjudica el desplegament de les renovables, especialment necessari a Catalunya, amb la dependència que tenim de l’energia elèctrica d’origen nuclear. L’altra era per prorrogar la vida útil regulada de les plantes de cogeneració, mentre fan camí cap a la descarbonització i mentre esperen, i desesperen, esperant una convocatòria de subhasta que es va anunciar el 2019 i encara no ha arribat. I també recordem-ho, algunes d’aquestes plantes de cogeneració són de tractament de purins. A hores d’ara està en joc, i no és cap exageració, està en joc la supervivència de més de 100 granges de porcí petites i mitjanes a Catalunya, a les comarques d’Osona i a la comarca del Segrià. Dues plantes que tractaven més de 200 000 tones de purins a l’any estan aturades, una a Alcarràs i l’altra a les Masies de Voltregà. No podem subsistir econòmicament sense ajudes i els ramaders no tenen cap alternativa eficient, mediambientalment sostenible i econòmicament assumible per tractar els purins. Per això, quan vostès van retirar el projecte al Congrés, des de Junts i altres formacions, vàrem presentar l’esmena a la tramitació de la Llei de malbaratament alimentari al Senat, i es va tornar a aprovar. Es va tornar a aprovar perquè la gran majoria vol una solució per als ramaders. I què fa el Govern? Vetar des del Congrés unes esmenes ja incorporades en el text del Senat. Senyories, el que arriba del Senat no es veta, es vota. Si una esmena no els agrada, la voten en contra, cap problema, i s’accepta el resultat. Però el veto ja se’ls va passar el moment de fer-ho, que era, en tot cas, al Senat. Vostès han decidit guanyar, com s’acostuma a dir al futbol, guanyar als despatxos allò que s’ha perdut al terreny de joc. Amb la complicitat de la Mesa del Congrés i el posicionament en contra del secretari general del Congrés i del lletrat major, han actuat en contra fins i tot de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, en contra del reglament, trepitjant els drets de les minories i els acords de les majories. Ni tan sols s’han dignat a contestar els escrits, encara no ho han fet, de reconsideració presentades a la mesa, res. Van tirar pel dret mantenint la votació de la llei de malbaratament. Quan els vàrem demanar aturar-la perquè el dany no fos irreversible, no van voler fer-ho. Avui, de tota manera, votarem a favor de la presa en consideració d’aquesta proposició de llei, però ja els diem que no renunciem, no ho farem, a seguir defensant l’única solució que tenen els ramaders per gestionar els purins. I això vol dir que tornarem a presentar la nostra esmena on faci falta i les vegades que faci falta. I cada cop que vostès ens tombin la solució pels ramaders, potser, potser es troben amb el fet que no tenen els vots de Junts per aprovar aquesta iniciativa o una altra llei. Trepitjar la nostra feina parlamentària té costos, no sortirà gratis. Estan vostès jugant amb el futur d’un dels sectors més importants de Catalunya. Els ramaders veuen una maniobra de fons que està emportant-se el seu modus vivendi a altres comunitats autònomes. I tenen raó. Si no, com s’explica que el govern de Salvador Illa no hagi posat cap solució al damunt de la taula? Com s’explica que des del seu Departament d’Agricultura els diguin als ramaders que rebaixin la producció o que s’esperin dos o tres anys, que és el temps que es triga a tramitar, que hi hagi noves plantes de biogàs per substituir les de cogeneració per tractar els purins? Dos o tres anys transportant purins a més de 100 km, de debò? Aquesta és la solució que proposa el govern Illa pels ramaders de Catalunya. Qui ho pot costejar? És una vergonya, així que, si volen que nosaltres els prenguem en consideració, facin el mateix amb els ramaders catalans. Prengui’ls en consideració. Si no, seran vostès els responsables del resultat final en la votació d’aquesta llei. Gracias, presidente. Hoy, el Grupo Socialista le hace el trabajo al Ejecutivo, porque presenta una proposición de ley para recuperar la tramitación de un proyecto de ley que viene de una directiva europea y que quiere modificar el régimen de comercio de los gases de efecto invernadero, y que era muy urgente, muy urgente, hasta que les importó más derrotar nuestras enmiendas que mantener la tramitación de este proyecto de ley de la Unión Europea. El Gobierno lo retiró para tumbar lo que había conseguido Junts per Catalunya. Sí, fue así. Casi todos los partidos apoyaron las enmiendas registradas por este grupo parlamentario y que fueron consensuadas y mejoradas con otros grupos. Una era para eliminar el impuesto a la generación eléctrica que tanto perjudica al despliegue de las renovables, especialmente necesario en Cataluña con esa dependencia que tenemos de la energía eléctrica de origen nuclear, y la otra era para prorrogar la vida útil regulada de las plantas de cogeneración, mientras se encaminan hacia la descarbonización, y mientras esperan ―y desesperan― una convocatoria de subasta que se anunció en 2019 y que aún no ha llegado. Recordemos, también, que algunas de estas plantas de cogeneración son de tratamiento de purines. Ahora está en juego, y no exagero, la supervivencia de más de cien granjas de porcino pequeñas y medianas en Cataluña, en las comarcas de Osona y Segrià. Dos plantas que trataban más de doscientas mil toneladas de purines al año están paradas, una en Alcarràs y la otra en Les Masies de Voltregà. No pueden subsistir económicamente sin ayudas. Estos ganaderos no tienen ninguna alternativa eficiente que sea ambientalmente sostenible y económicamente asumible para tratar los purines. Por eso, cuando ustedes retiraron el proyecto en el Congreso, Junts y otras formaciones presentamos la enmienda en la tramitación de la ley de desperdicio alimentario en el Senado. Y se volvió a aprobar. ¿Por qué? Porque la mayoría quiere una solución para estos ganaderos. ¿Y el Gobierno qué hace? Vetar desde el Congreso unas enmiendas que ya estaban incorporadas al texto del Senado. Señorías, lo que viene del Senado no se veta; se vota. Si hay una enmienda que no les guste, voten en contra. Se acepta el resultado. Pero el veto ya se les pasó el momento de hacerlo, que hubiera sido en el Senado. Pero han decidido ganar en los despachos lo que se ha perdido en el terreno de juego. Y esto con la complicidad de la Mesa del Congreso y el posicionamiento en contra del secretario general del Congreso y del letrado mayor. Han actuado en contra, incluso, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en contra del Reglamento, pisoteando los derechos de las minorías y los acuerdos de las mayorías. Ni siquiera se han dignado a contestar a los escritos de reconsideración presentados a la Mesa. Todavía no lo han hecho. Nada. Tiraron por la vía rápida, manteniendo la votación de la ley de desperdicio, cuando les pedimos pararla para que el daño no fuera irreversible. Hoy votaremos a favor de la toma en consideración de esta propuesta de ley, pero ya les decimos que no renunciamos ―no lo vamos a hacer― a seguir defendiendo la única solución que tienen los ganaderos para gestionar los purines. Y eso significa que volveremos a presentar nuestra enmienda cuando haga falta, todas las veces que haga falta. Y cada vez que ustedes nos tumben la solución para los ganaderos, a lo mejor, quizás, se encuentren con que no tienen los votos de Junts para aprobar esta iniciativa o cualquier otra ley. Pisotear nuestro trabajo parlamentario conlleva costes. No les saldrá gratis. Están ustedes jugando con el futuro de uno de los sectores más importantes de Cataluña. Los ganaderos ven una maniobra de fondo que se está llevando su medio de subsistencia a otras comunidades autónomas, y tienen razón. Si no, ¿cómo se explica que el Gobierno de Salvador Illa no haya puesto ninguna solución encima de la mesa? ¿Cómo se explica que, desde su departamento de Agricultura, se diga a los ganaderos que rebajen la producción o que se esperen dos o tres años ―que es el tiempo que se tarda en tramitar que haya nuevas plantas de biogás para ir sustituyendo la cogeneración para tratar los purines―? Dos o tres años transportando purines a más de cien kilómetros… ¿De verdad? ¿Es esta la solución del señor Illa para los ganaderos de Cataluña? ¿Quién puede costear eso? Es una vergüenza. Si quieren que les tomemos en consideración, hagan ustedes lo mismo con los ganaderos catalanes. Tómenselos en serio, porque, si no, serán ustedes los responsables del resultado final de la votación de esta ley. Muchas gracias.

Teresa Jordà i Roura ERC

Molt bona tarda, diputades i diputats. Gràcies president. A la vida, tot allò que comença malament sol acabar fatal. I en política més o menys passa el mateix. I si no s’ho creuen, escoltin aquesta història. Avui el PSOE ens porta la presa en consideració d’una proposició de llei que modifica la llei ¿s’ha dit vastament¿, la Llei 1/2005, de 9 de març, per regular el règim de comerç dels drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Una llei que forma part, òbviament, de les mesures que va adoptar Espanya per reduir les seves emissions contaminants i complir, atenció, complir amb els objectius climàtics de la Unió Europea. En definitiva, es tracta d’actualitzar la legislació espanyola per adaptar-se a les noves directives, és a dir, fer una transposició. Les noves directives, que marquen que es reduiran les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 55 % l’any 2030, respecte als nivells del segle passat, respecte als nivells de 1990. D’entrada, dues consideracions importants respecte al que avui se sotmet a consideració. La primera, això que estem debatent arriba tard i arriba molt i molt malament. La transposició d’aquesta directiva europea ha reflexat aquests últims mesos la debilitat del Govern, una debilitat jo crec que manifesta, que lluny de fer política, lluny de negociar, lluny de deliberar i d’acceptar altres majories parlamentàries, es tanca en banda, actua amb arbitrarietat i vulnera, vulnera, sí, drets democràtics. Tothom sap que abans d’acabar l’any, abans del 2024, aquest congrés havia de donar llum verda a aquesta llei. I tothom sap també què va passar en aquella ponència que havia de donar lloc a un dictamen aprovat en una comissió i posteriorment, evidentment, aprovar-se aquí en el ple. Una cosa que no va succeir mai. La història ja la saben. Jo no m’estendré. Segona consideració. El Govern espanyol tampoc fa els deures. Espanya evidencia un clar retard en la transició ecològica. Les dades d’emissions de gasos d’efecte hivernacle ho evidencien de manera contundent. I no ho dic jo, que també podria dir-ho, ho diuen les últimes dades d’Eurostat. Mentre la Unió Europea ja ha reduït les seves emissions un 31 % respecte al segle passat, respecte al 1990, Espanya no només no ha avançat en la mateixa línia, sinó que les seves emissions, atenció, són avui un 1,4 % superiors a les d’aquell any. És a dir, qualsevol persona que estigui escoltant o veient aquest debat es deu posar les mans al cap, perquè no és que no avancem, no és que avancem a poc a poc, és que estem reculant. Tampoc entenc el debat, el cara a cara que ha tingut el PSOE amb VOX, perquè al final no estem al lloc on VOX voldria ser. Perquè d’avançar no avancem absolutament en res. Aquesta data és especialment greu si tenim en compte que el país, que el seu país s’ha compromès a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 55 % l’any 2030. Això vol dir, no sé si ho saben, d’aquí a cinc anys. A diferència de països com Dinamarca i Suècia que ja superen el 45 % de reducció acumulada. Aquesta és la realitat. És evident, doncs, que aquesta incapacitat per reduir emissions reflecteix una desconnexió brutal, estructural, entre els objectius declarats i les polítiques efectivament desplegades. No funcionen, no funcionen gens. Jo voldria parlar-los d’un dels sectors més contaminants de l’Estat espanyol, que és el del transport. Un sector que concentra el 30 % del total d’emissions a l’Estat espanyol, el 30 %, una proporció molt superior a la d’Alemanya, per exemple, o la de Suècia, i que reflecteix una elevada dependència del vehicle privat i una escassa, per no dir nul·la, aposta per la mobilitat sostenible. Conclusió: avui el Partit Socialista ens planta una proposició de llei que, a banda d’arribar tard i malament, evidencia vàries realitats. El Govern espanyol, ho he dit, actua amb absoluta impunitat. El Govern espanyol no ha reduït els nivells globals d’emissions, no hi és i gairebé es pot dir que no se l’espera. I 3: el Govern espanyol manté patrons de consum altament contaminants i altament ineficients. Aquesta presa en consideració d’avui arriba en el mateix moment en què les dades ens dibuixen un escenari de veritat molt preocupant. Espanya avança en la transició ecològica de manera lenta, de manera desigual i de manera insuficient, amb una incapacitat extrema de reduir emissions i de transformar profundament un model que cal transformar, que és el nostre model energètic. Sense un canvi radical en les polítiques públiques, sense una inversió decidida en renovables, mobilitat neta i eficiència energètica, no se’n sortiran, no ens en sortirem. I sense una reducció real de la dependència dels combustibles fòssils, tampoc. I aquesta proposició de llei arriba també després que el Govern hagi dinamitat no per una, sinó per dues vegades una esmena del meu grup parlamentari, transaccionada amb altres grups d’aquest hemicicle per primer cop al Congrés, per segona vegada el Senat. També s’ha explicat la història. L’esmena sobre la cogeneració, una mesura de justícia econòmica, una mesura de justícia industrial i, val a dir, una mesura de justícia ambiental també. La cogeneració de gran eficiència ha estat i és una eina fonamental per garantir la competitivitat de la indústria, la reducció d’emissions i una millor eficiència energètica. I aquesta és la realitat, que vostès no fan ni deixen fer. Són conscients que el retard en el nou marc retributiu a través de les subhastes previst en el PNIEC i paralitzat per la crisi energètica derivada de la guerra d’Ucraïna ha deixat fora de joc més d’un centenar d’instal·lacions que han esgotat la seva vida útil reguladora sense la possibilitat de renovar el seu cicle d’inversió? En som conscients d’això? Perquè la setmana passada parlàvem de les plantes de cogeneració de tractament de purins i dels ramaders del Segrià i dels ramaders d’Osona. Però avui parlem de moltes altres indústries, de moltes. Una situació que no només perjudica el teixit industrial i el sector primari, sinó que també incrementa les emissions, important, incrementa les emissions i suposa, evidentment, un retrocés important en els objectius de descarbonització. Acabo, president, amb aquests cinc segons que em queden i ho faig afirmant el que he dit quan he començat: el que malament comença malament acaba, a la vida i, pel que s’ha demostrat avui, també en política. Res més, moltes gràcies. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Gracias, presidente. En la vida todo lo que empieza mal suele acabar muy mal; en política viene a ser lo mismo. Si no se lo creen, escuchen ustedes la siguiente historia. Hoy el PSOE nos trae aquí la toma en consideración de una propuesta de ley que modifica ―ya se ha dicho antes― la Ley 1/2005, de 9 de marzo, para regular el régimen del comercio de derechos de gases de efecto invernadero; una ley que forma parte de las medidas que adoptó España para reducir sus emisiones contaminantes y cumplir ―escuchen bien, cumplir― con los objetivos climáticos de la Unión Europea. En definitiva, se trata de actualizar la legislación española para adaptarse a las nuevas directivas europeas. Es una transposición de esas nuevas directivas que imponen que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 %, de aquí al año 2030, con relación a los niveles del siglo pasado, de 1990. De entrada, dos consideraciones importantes en cuanto a lo que hoy se somete a consideración. La primera: esto que estamos debatiendo aquí hoy llega tarde y llega muy mal. La trasposición de esta directiva europea refleja, estos últimos meses, la debilidad del Gobierno ―que es manifiesta, creo yo―, que, lejos de hacer política, lejos de negociar, deliberar y aceptar otras mayorías parlamentarias, actúa con arbitrariedad y vulnera ―digo bien, vulnera― derechos democráticos. Todo el mundo sabe que antes de que acabara el año 2024 este Congreso había dado luz verde a esta ley, y todo el mundo sabe lo que pasó en esa ponencia, que tenía que dar lugar a un dictamen, aprobado por una comisión y, después, debía aprobarse aquí, en el Pleno. Algo que nunca sucedió. La historia ya la conocen; no voy a repetirme. La segunda consideración: el Gobierno español tampoco hace sus deberes. España demuestra un claro retraso en la transición ecológica. Los datos de emisiones de gases de efecto invernadero lo demuestran de forma contundente. Y no lo digo yo, que también podría, sino los últimos datos de Eurostat. Mientras la Unión Europea ya ha reducido sus emisiones en un 31 % con respecto al siglo pasado ―1990―, España no solo no ha avanzado en esta misma línea, sino que sus emisiones son hoy ―atención― un 1,4 % superiores a las de ese año. Imagínense. Cualquiera que esté aquí escuchando o viendo este debate se llevará las manos a la cabeza, porque no es que no avancemos, no es que avancemos despacio… No, no, es que estamos reculando. Entonces, no entiendo el debate aquí entre VOX y el PSOE, porque estamos donde VOX quisiera que estuviéramos. Porque, desde luego, de avanzar nada de nada. Este dato es especialmente grave si tenemos en cuenta que su país se ha comprometido a reducir los gases de efecto invernadero un 55 % en 2030 ―o sea, dentro de cinco años― y, a diferencia de países como Dinamarca o Suecia, ya han superado un 30 y un 40 % ante esas emisiones. Esto lo que refleja es una desconexión increíble entre los objetivos declarados y las políticas que se despliegan en la realidad. Estas políticas no funcionan. Para nada. En absoluto. Yo quisiera hablarles de uno de los sectores más contaminantes en el Estado español: el sector del transporte concentra un 30 % del total de emisiones en el Estado español; 30 %, una proporción muy superior a Alemania o Suiza, y que refleja una dependencia muy alta del vehículo privado y muy poca apuesta por la movilidad sostenible. Conclusión: hoy el Partido Socialista nos plantea aquí una propuesta de ley que, además de llegar tarde y mal, demuestra varias realidades. El Gobierno español, ya lo he dicho, actúa con absoluta impunidad. El Gobierno español no ha reducido los niveles globales de emisiones. No está ni se le espera. Y, tercero, el Gobierno español mantiene patrones de consumo altamente contaminantes e ineficientes, y esta toma en consideración de hoy llega en el mismo momento en que los datos nos dibujan un escenario de verdad muy preocupante. España avanza en la transición ecológica de forma lenta, desigual e insuficiente, con una incapacidad extrema de reducir emisiones y transformar profundamente un modelo que hay que transformar, que es nuestro modelo energético. Sin ese cambio radical en las políticas públicas, sin una inversión decidida en la eficiencia energética y las fuentes de energías renovables, no vamos a lograrlo, y sin romper con esa dependencia de los combustibles fósiles, tampoco. Esta propuesta de ley llega después de que el Gobierno haya dinamitado no en una, sino en dos ocasiones una enmienda de mi grupo parlamentario negociada con otros grupos de este hemiciclo, primero, en el Congreso y, luego, en el Senado. Ya se ha explicado: la enmienda sobre la cogeneración; una medida de justicia económica, una medida de justicia industrial y una medida de justicia ambiental también. La cogeneración de gran eficiencia ha sido y es una herramienta fundamental para garantizar la competitividad de la industria, la reducción de emisiones y una mayor eficiencia energética. Esta es la realidad, ustedes ni hacen ni dejan hacer. ¿Son conscientes de que el retraso en este nuevo marco retributivo, a través de las subastas previstas en el PNIEC y paralizado por la guerra de Ucrania, ha dejado fuera de juego a más de un centenar de instalaciones que han agotado su vida útil sin la posibilidad de renovar su ciclo? ¿Son conscientes de ello? Porque la semana pasada estábamos hablando de las plantas de cogeneración, de tratamiento de purines y de los ganaderos de Osona y de Segrià, pero es que hoy estamos hablando de muchas otras industrias, muchas. Es una situación que perjudica al sector primario y al tejido industrial y, además, incrementa las emisiones ―muy importante― y supone un retroceso importante en los objetivos de descarbonización. Acabo, presidente, afirmando lo que he dicho al empezar: quien mal empieza, mal acaba, en la vida y, por lo que se ha demostrado hoy aquí, también en política. Muchas gracias. .

Júlia Boada Danés SUMAR

Gracias, presidente. Desde los años setenta, los Estados de todo el mundo nos hemos unido para hacer frente a uno de los mayores retos que enfrentamos como humanidad: la emergencia climática. El Protocolo de Montreal, negociado en 1987, fue el primer acuerdo medioambiental global, vinculante y basado en proyecciones científicas para eliminar las sustancias que destruían la capa de ozono. Dos años antes se había descubierto el gran agujero de la capa de ozono en el Antártico. En la década de los noventa seguimos avanzando. En la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, celebrada en 1992, se estableció la protección de los bosques y la protección de la diversidad biológica, y en 1997 se aprobó el Protocolo de Kioto, piedra angular de la batalla contra el cambio climático. El Protocolo de Kioto fue el primero en utilizar esta orientación de mercado como mecanismo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; un mercado de carbono regulado, porque no es voluntario, que otorga derechos de emisión, generados por los países miembros, que se distribuyen entre los sectores cubiertos, los cuales participan en el mercado comprando y vendiendo las unidades de cantidad asignadas. Con esta proposición de ley se trata de actualizar el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, el mayor por valor de mercado y recaudación. Se trata de hacer más eficiente y más justo este instrumento que se diseñó para estimular los objetivos de reducción de emisiones y que ha devenido en un elemento clave de las políticas de mitigación del cambio climático. Es un hecho que el mercado de créditos de carbono ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque su ambición podría ser mucho mayor. Las empresas se ven obligadas a comprar créditos para compensar sus emisiones a un precio regulado por el mercado y también se ven obligadas a seguir la senda de la descarbonización a la par que garantizan su competitividad, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático y a la promoción del desarrollo sostenible, como recogía el Protocolo de Kioto. Este régimen tiene un impacto positivo en el clima, a la vez que estimula la adaptación de las empresas de distintos sectores a ser cada vez menos contaminantes. Aun así, el sistema no es lo suficientemente eficiente ni justo. Aunque la cantidad de créditos disponibles se va reduciendo con el tiempo para garantizar que también bajen las emisiones, el fuerte impulso que ha dado la Unión Europea a las energías renovables ha provocado un excedente de créditos ―sobre todo por la parte del sector eléctrico, que es el que se está descarbonizado más rápido― que, sumado a una menor demanda, ha hecho disminuir el precio del carbono en los últimos años. Hace falta elevar el precio del carbono y reducir el volumen de créditos a un ritmo más acorde con los objetivos para 2030 y 2040. . La trasposición de estas dos directivas debería acelerar la descarbonización de la economía, desplazando las inversiones en combustibles fósiles hacia tecnologías más limpias e innovadoras. También el mecanismo de ajuste en frontera del carbono nos permitirá poner precio al carbón en las importaciones, incentivando a la industria de fuera de la Unión Europea a adoptar medidas en la misma dirección. También mejoraremos las cargas administrativas de los sectores incluidos en el nuevo régimen de comercio. Las instalaciones de los operadores aéreos van a contribuir más en el sistema y se incluyen las emisiones del transporte marítimo, que ya era hora, pero la principal novedad es la incorporación del transporte por carretera y la edificación en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. La inclusión, de hecho, del transporte y los edificios puede tener un claro impacto en los hogares más vulnerables, las pymes y las personas que viven en zonas rurales y remotas sin acceso al transporte público. Por este motivo es urgente el desarrollo del Fondo Social para el Clima, para proteger a los sectores de la población más vulnerables, que son los que más sufrirán los costes de la transición ecológica si no se articula un reparto justo entre costes y beneficios. Este nuevo régimen también incluye el principio de «quien contamina paga» y aumenta los ingresos para esta transición verde y justa. El Grupo Plurinacional SUMAR tiene clara la urgencia de tramitar esta proposición de ley, no solamente por las multas millonarias a las que nos exponemos si no adaptamos nuestra legislación a la europea o por la inseguridad jurídica que crea en los sectores afectados, sino porque es una oportunidad para que España lidere un sistema de comercio de emisiones más consistente y, por lo tanto, más ambicioso y justo. . Hace falta más ambición y no quedarnos en la mera trasposición. Estamos convencidas de que durante el trámite parlamentario podremos tejer acuerdos con todos los grupos parlamentarios para mejorar una legislación que nos viene marcada por la Unión Europea, siempre y cuando se tenga claro cuál es el objetivo último de esta proposición de ley: actualizar un régimen de comercio de derechos de emisión que incentiva a sectores privados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que calientan nuestro planeta. Si el Protocolo de Kioto es la piedra angular de la batalla contra el cambio climático, el mercado de carbono es el mecanismo para reducir las emisiones y luchar para no llegar a los 2 grados de calentamiento global. ¿Sus señorías de VOX saben qué quiere decir esto? Quiere decir salvar vidas, porque la contaminación mata, porque las olas de calor matan, porque las danas mal gestionadas ―como Mazón― matan. Por este motivo es importante reducir las emisiones. . Por eso es importante. Así que, señorías de todos los grupos parlamentarios, no olviden de qué va esta iniciativa legislativa, no olviden que nos jugamos el presente y, sobre todo, el futuro de los que vendrán. Gracias. .

Guillermo Mariscal Anaya PP

Gracias, presidente. Estamos debatiendo una iniciativa legislativa que entró en esta casa el 14 de junio. ¿Por qué ha vuelto? Porque el 9 de diciembre, en trámite de ponencia, el Grupo Parlamentario Popular y otros grupos parlamentarios acordaron la inclusión de dos enmiendas, y el Gobierno prefirió retirar el proyecto antes que reducir la factura eléctrica o dar continuidad a la industria de la cogeneración. Esas eran las dos enmiendas y ese fue el motivo de la retirada del proyecto de ley y no otro. Son 125 las empresas de cogeneración que están viendo su futuro comprometido. ¿No se dan cuenta de que la industria española está siendo duramente castigada y que los precios industriales han crecido un 6,6 % en el mes de febrero, ya cuatro meses consecutivos? Para ese crecimiento ha sido determinante el encarecimiento de los precios de la producción, el transporte y la distribución de energía. En cuanto a la otra enmienda incorporada al texto, que ustedes retiraron solo pensando en no sufrir una derrota más y ver satisfecha su voracidad recaudatoria, es la suspensión del 7 %. Eso hubiese supuesto rebajar la factura de las familias este año en 400 millones de euros; a las pequeñas y medianas empresas, en 500 millones, y a la gran industria, en 200 millones. Pretendíamos la salvaguarda de la competitividad de nuestro país, puesto que ningún socio europeo aplica este impuesto. Señorías, ¿el cierre de industrias, de empresas no acaba perjudicando el empleo y los proyectos de vida de todos los españoles? Claro que sí. Pero ustedes han comprado esa idea nefasta, la del decrecimiento. Nos quieren hacer más pobres, y para ese plan siniestro su mejor aliado es su política energética, señorías. . Nuestra visión encaja perfectamente con la Unión Europea, con el Clean Industrial Deal, que habla de reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y de reducir los costes energéticos. En esa estrategia europea se advierte una recomendación que este Gobierno vuelve a pasar por alto: deben reducirse las cargas fiscales a la generación de energía, señorías. Pero, como hemos dicho, a ustedes solo les preocupa recaudar sin importar quién se quede atrás. Señorías, contrariamente a lo que piensa este Gobierno, competitividad y descarbonización no son conceptos antagónicos. Muestran ustedes una vez más un profundo desconocimiento de la realidad económica de nuestro país. Imponer políticas trasnochadas, ideologizadas no es el camino para el objetivo compartido por todos de descarbonizar la economía española. Nuestra receta es, por contra, la racionalidad. En esta proposición de ley ni siquiera aparece que los ingresos de los derechos de emisión sean destinados a compensar a las compañías que tienen riesgo de sufrir la deslocalización por tener que hacer frente a rivales que no tienen nuestros compromisos medioambientales. Desde el año 2018 las subastas han supuesto ingresos por 15 663 millones de euros. Han destinado al sistema eléctrico el 59 %, y el 11 %, a las compensaciones para la industria ―solo el 11 %, cuando se permitía hasta el 25 %―, pero con los 4700 millones restantes ¿qué han hecho? ¿A qué los han destinado? Queremos que la trasposición recoja de forma clara y meridiana el destino de todos los ingresos y de qué modo se utilizan en la descarbonización de nuestra economía. Creemos necesario potenciar un fondo nacional de transición industrial que apoye la adaptación de la industria española en ese proceso tan deseado por todos de la descarbonización. También queremos que la fiscalidad se pueda dirigir de manera que actúe como un poderoso incentivo para contar con la agricultura y el mundo forestal, que son sumideros naturales de carbono; incentivar su actividad evitaría el abandono de tierras, la pérdida de masa forestal y el despoblamiento de zonas rurales. En cuanto al ajuste en frontera, exigimos una coordinación efectiva entre la Comisión, el ministerio y las autoridades aduaneras para que los bienes importados que no cumplen con las mismas reglas ambientales que nosotros paguen en el momento en el que entran en nuestro mercado. Esos ingresos por ajuste en frontera deben ser una oportunidad para nuestra industria, que, inevitablemente, seguirá emitiendo CO 2 por la naturaleza de sus procesos industriales. El Gobierno también se ha olvidado del transporte marítimo, y viene con cargas adicionales como el incremento de fletes entre el 10 y el 15 %. Además, los puertos españoles pueden dejar de ser competitivos con desvíos de rutas a otros puertos donde no se aplica esta regulación. Podremos cambiar tecnologías, instrumentos, regulaciones, pero lo que no va a cambiar es la necesidad de transporte marítimo. Seguiremos necesitando medicamentos, alimentos, vestimenta, materias primas..., una lista muy larga que suma ―escúchenme― 1,5 toneladas por persona en el mundo. Ese volumen apenas representa el 3 % de las emisiones globales. Por tanto, creemos que parte de esos ingresos de esta ley deben destinarse a hacer más competitivos tanto a los puertos como a la flota en ese proceso hacia la descarbonización. ¿Saben ustedes, señores de SUMAR y del PSOE, que son los campeones en cuanto a emisiones, si hablamos del sistema eléctrico? ¿Sus políticas qué han conseguido? Con la excepción ibérica, un incremento del consumo de gas del 25 %, según la Agencia Internacional de la Energía; además, han convertido ―escuchen bien― durante el año 2024 a Rusia en el segundo proveedor de gas de nuestro país, con el 21,3 %. Felicidades, señorías, felicidades. . Hace dos semanas decía el presidente del Gobierno: Green, baby, green. Imagino que será la credencial con la que vaya a visitar al presidente de China, probablemente. Miren, es un sueño delirante, sobre todo cuando están planteando ahora el cierre de las centrales nucleares. De producirse ese cierre tan deseado y añorado, además de incrementar el precio de la factura doméstica en un 25 % y el de la industria en un 35 %, además de todo eso, perderemos 7 gigavatios de energía nuclear, de energía libre de emisiones, de energía limpia. Resultado: con el apagón nuclear pretendido por sus señorías tendremos que recurrir a ciclos combinados de gas, es decir, más dependencia exterior, más coste de la energía y 2 millones de toneladas de CO 2 más al año a la atmósfera. Menos mal que estamos en manos de los adalides de la sostenibilidad y de la reducción de nuestra huella de carbono, menos mal. Ya están recibiendo advertencias incluso del comisario de Energía, del señor Jorgensen, que es socialista. ¿Qué ha dicho el señor Jorgensen recientemente? Que garantizar el suministro de energía limpia y asequible ―refiriéndose a la energía nuclear, por supuesto― es clave para la competitividad y que la transición a una economía descarbonizada, señorías, no debe estar reñida nunca con la competitividad industrial. Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. La pobreza energética sigue siendo un problema. La encuesta de condiciones de vida dice que el 17,6 % de la población no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Para paliar este problema, lo único que tenemos es una batería de medidas coyunturales de protección, entre las que se encuentra el bono social, un descuento en la factura de la luz, cuyos porcentajes han ido variando atendiendo a las circunstancias ―en este momento y para el año 2025, ese descuento se mueve en una horquilla de entre un 50 % y un 65 %, hasta junio de 2025, y de entre un 42,5 % y un 57,5 %, desde julio hasta diciembre de 2025―, para los consumidores domésticos y que fija el Gobierno. Para poder tener acceso a este bono hay que solicitarlo, tramitarlo y cumplir con los requisitos de renta establecidos para entrar dentro del concepto de consumidor vulnerable. También pueden acceder, sin criterio de renta, las familias numerosas. Al bono social de electricidad se une, además, de forma automática el térmico, para la calefacción de las viviendas, y cuando se tiene derecho a uno, directamente se le incorpora al otro en su cuenta. Lo cierto es que cada vez que se han acordado medidas económicas en los llamados decretos ómnibus, siempre, tanto los grupos parlamentarios como el Gobierno, hemos decidido con nuestro voto ampliar la prórroga de esas medidas, aumentar su cuantía o ir adaptándolas a las nuevas circunstancias, pero creo que ahí nos hemos quedado. Últimamente parece que basta con reconocer derechos; luego, si estos se pueden ejercer o no es otra cuestión. Lo digo porque no hemos hecho nada con este bono, a pesar de que el Gobierno y también los grupos parlamentarios somos conocedores de algunos de los problemas que se han suscitado. No se ha hecho ninguna evaluación, y ahora, tras un estudio de Esade, nos hemos encontrado con que casi ocho de cada diez beneficiarios potenciales del bono social eléctrico no disfrutan de estos descuentos en el recibo de la luz, es decir, que muy pocos hogares de renta baja reciben el bono social eléctrico, a pesar de ser los que más lo necesitan. Según los datos aportados en la comparecencia de la presidenta de la CNMC, en septiembre de 2024, para el año 2023 el bono social ascendió a 465 millones de euros, 213 para vulnerables y 262 para vulnerables severos, que han beneficiado a un millón y medio de hogares. Sin embargo, el informe publicado también en septiembre por Esade junto con Oxfam dice que en España solo se benefician del bono social 1 600 000 hogares, cuando deberían superar los 5 millones si lo cobraran quienes de verdad lo necesitan. En el caso de las familias numerosas, la tasa de cobertura aumenta. El 45,5 % de las familias numerosas reconocidas legalmente tiene acceso a los descuentos, pero además en aquellas con rentas medias o altas la tasa de cobertura aumenta hasta el 60 %. Son las familias numerosas que menos lo necesitan quienes más acceden al bono, dice este estudio. Las causas por las que no se acogen todos los que deberían son la burocracia y el desconocimiento, yo incluso agregaría la brecha generacional o la brecha de edad. Además de esto, allá por abril del año 2023, conocimos la existencia de personas que se beneficiaban del bono social y térmico por el simple hecho de formar parte del colectivo de familias numerosas a pesar de que contaban con ingresos muy superiores a los de un hogar vulnerable. El Gobierno, ante este hecho, anunció que introduciría un criterio de renta, pero a día de hoy no se ha materializado modificación alguna. Es un bono social que, en definitiva y a la luz de los datos, no cumple con los objetivos para los que fue concebido y que es necesario reformar para que su gestión sea más eficiente y lo reciban precisamente aquellos hogares que más lo necesitan. Por todo ello, instamos al Gobierno a reformar el sistema de acceso al bono social para simplificar y agilizar el proceso para aquellas personas que más lo necesitan, reduciendo en la medida de lo posible las barreras de entrada, las burocráticas y el desconocimiento. En este sentido, quizá debieran ser las Administraciones quienes lo reconocieran directamente para poder superar así estas barreras, como lo está haciendo, a lo mejor, Portugal. Estudiar la reformulación de la definición de los requisitos o criterios, teniendo en cuenta los datos para que las familias numerosas puedan beneficiarse del bono social, introduciendo, a nuestro juicio, preferiblemente sistemas de estandarización de renta familiar o, en su defecto, quizá un máximo de renta, pero estableciendo un límite lo suficientemente amplio como para asegurar que los hogares que lo necesitan no se queden fuera. Y que no se confunda nadie. Nadie quiere quitar el bono social a las familias numerosas. No es cierto. Lo que estamos tratando de hacer es estudiar las casuísticas y los criterios para ajustarlo, mejorando la eficiencia de esta ayuda para que la reciba quien la necesita, también aquellas familias numerosas que lo necesiten. Hay que pasar de las medidas coyunturales actuales a estudiar e implantar medidas estructurales y estables para luchar contra la pobreza energética, especialmente y en particular, para los colectivos vulnerables, aquellos colectivos que más lo necesitan. Hay que avanzar en la estrategia contra la pobreza energética, y hoy lo que solicitamos es avanzar en su reducción a través de la modificación del bono social, siendo conscientes también de que su efecto es pequeño en la reducción de la pobreza y que habría que ahondar en mejorar la eficiencia energética. Egungo neurri koiunturaletatik pobrezia energetikoaren aurka borrokatzeko neurri estruktural eta egonkorragoak aztertzera eta ezartzera pasatzea, bereziki kolektibo kalteberentzat, gehien behar duten kolektiboentzat. Hau da gaur eskatzen duguna. Eskerrik asko. Tenemos que ir más allá de las medidas coyunturales actuales para hacer frente a la pobreza energética. Necesitamos analizar medidas más estrictas, sobre todo para favorecer a las personas y a los colectivos que más lo necesitan, los que más vulnerables son. Es lo que pedimos. Muchas gracias.

Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, president. Tal com estem denunciant des de fa temps, és evident que la millora dels indicadors macroeconòmics no es trasllada de cap manera a una millor qualitat de vida dels ciutadans. És així s’ho mirin per on s’ho mirin els del Govern. Tenim una pressió fiscal creixent, amb un increment del 20 % en els darrers anys, un augment de l’IPC asfixiant, amb un increment del 20 % també en els darrers 5 anys, un augment constant del preu dels aliments bàsics, amb un increment del 30 % en els darrers 5 anys. Un insuficient augment dels salaris, només del 16 % en els darrers 5 anys. Un augment exponencial del preu dels habitatges, un 47 % més en els darrers 5 anys. I així podríem anar seguint aquesta llarga llista d’indicadors del dia a dia dels ciutadans fins a arribar al preu de l’electricitat, el qual ha tingut un augment del 67 % en només els darrers deu mesos. Aquesta realitat fa que cada vegada siguin més necessaris els instruments per garantir els mínims estàndards de qualitat de vida de totes les famílies. I en aquest sentit, i des del nostre punt de vista, a aquesta proposició no de llei, s’hi poden fer modificacions per introduir-hi un major grau de millora. La primera de les propostes passa per entrar en la raó de la poca utilització del bo social entre les famílies amb una renda baixa. De fet, que només s’acullin a aquesta ajuda una quarta part de les famílies amb dificultats a causa de la renda baixa hauria de fer reflexionar el Govern de l’Estat. Reflexionar i, evidentment, posar-hi solucions. Però a ningú se li escaparà que, si el Govern no fa aquesta reflexió, és perquè ja li va bé aquest estalvi que li representa aquesta baixa aplicació del bo social. Un estalvi econòmic, això sí, a costa del patiment de molta gent. Així doncs, segur que el desconeixement per part dels possibles beneficiaris, així com les dificultats burocràtiques per accedir-hi, són dues causes principals per la baixa utilització d’aquesta ajuda a les famílies necessitades. Per aquesta raó, des de Junts per Catalunya proposem que s’automatitzi la concessió del bo social energètic a les famílies que comptin ja amb l’ingrés mínim vital. Donat que els beneficiaris de l’ingrés mínim vital ja han estat identificats com a col·lectius de risc, concedir-los automàticament el bo social energètic garantiria una major protecció efectiva contra la pobresa energètica. Arribats aquí, però, deixi’m dir-ho, que segurament amb aquesta proposta a molts de vostès potser els pot explotar el cap, perquè no ens podran seguir etiquetant com la dreta catalana. Però també deixi’m dir-ho, a aquestes alçades ja haurien de saber que a nosaltres no ens encaixen ni unes etiquetes ni les altres, perquè nosaltres, al marge dels seus perjudicis i les seves mirades carregades de tòpics, som els que estem aquí sense complexos per defensar el que necessita la gent. En aquesta línia, la de defensar el que necessita la gent, és evident que el cost de la vida depèn molt d’on es viu. No és el mateix tirar endavant una família a Extremadura o a Múrcia que a Catalunya. De fet, Catalunya encapçala el rànquing de l’augment de l’IPC acumulat en els darrers vint anys, amb un increment de preu de la vida del 57,8 %. És un 57,8 % més car viure a Catalunya avui que el març del 2005. És per això que des de Junts per Catalunya entenem que el bo social energètic ha de venir corregit en base al cost de la vida en funció del lloc on viu cadascú. En cas contrari, es reforça el risc de determinats col·lectius pel fet de viure en un o altre territori, i se’ls discrimina negativament per raons geogràfiques. Per altra banda, entenem que és absolutament inadmissible que per accedir a aquesta ajuda s’hagi de contractar el subministrament amb una comercialitzadora de les que figuren en una llista preconfigurada. No té cap raonament en un mercat energètic totalment liberalitzat que es pugui accedir o no al bo social energètic en funció de quina és l’empresa que subministra l’energia a una família. Per tant, també hem presentat una esmena en aquest sentit per garantir que cap família quedi exclosa d’aquesta ajuda per culpa de contractar el servei amb una o altra empresa. En definitiva, totes les famílies, tant les que necessiten aquest instrument per raó de la seva renda baixa com aquelles que ho necessiten pel fet de ser famílies nombroses, totes necessiten el màxim desplegament del bo social energètic, sense les dificultats que té l’instrument actual i sense noves dificultats que s’hi vulguin posar a través d’aquesta proposició no de llei. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, presidente. Tal y como venimos denunciando desde hace tiempo, es evidente que la mejora de los indicadores macroeconómicos no se traslada de ninguna manera en la calidad de vida de los ciudadanos. Es así, lo miren por donde lo miren las personas que están en el Gobierno. Tenemos una presión fiscal creciente, con un incremento del 20 % en los últimos años; un aumento de precios asfixiante, un incremento del 20 % también en los últimos cinco años; un aumento del precio de los alimentos básicos constante, con un incremento de un 30 % de los últimos cinco años; un insuficiente aumento de los salarios, solo del 16 % en los últimos cinco años; un aumento exponencial del precio de la vivienda, un 47 % más en los últimos cinco años. Así podríamos seguir esta larga lista de indicadores del día a día de los ciudadanos hasta llegar al precio de la electricidad, que ha tenido un aumento del 67 % en solo los últimos diez meses. Esta realidad hace que cada vez sean más necesarios los instrumentos para garantizar los mínimos estándares de calidad de vida de todas las familias, y en ese sentido, desde nuestro punto de vista, esta proposición no de ley puede aceptar algunas aportaciones para tener un grado de mejora. La primera de las propuestas pasa por entrar en la razón detrás de la poca utilización del bono social entre las familias de renta baja. De hecho, el hecho de que solo se acoja a esta ayuda una cuarta parte de las familias con dificultades debería hacer reflexionar el Gobierno del Estado; reflexionar y, evidentemente, aportar soluciones, pero a nadie se le escapa que, si el Gobierno no hace esta reflexión, es porque ya le va bien este ahorro que le supone una baja aplicación del bono social, un ahorro económico, eso sí, a costa del sufrimiento de mucha gente. Así pues, seguro que el desconocimiento por parte de los posibles beneficiarios, así como las dificultades burocráticas para acceder al bono son dos de las causas principales de la baja utilización de esta ayuda a las familias necesitadas. Por esta razón, desde Junts per Catalunya proponemos que se automatice la concesión del bono social energético a las familias que cuenten ya con el ingreso mínimo vital. Dado que los beneficiarios del ingreso mínimo vital ya han estado identificados como colectivos de riesgo, concederles automáticamente el bono social energético garantizaría una mayor protección efectiva contra la pobreza energética. Llegados a este punto, sin embargo, hay que decir que seguramente esta propuesta a muchos de ustedes les haga explotar la cabeza, porque no nos podrán seguir etiquetando como la derecha catalana, pero déjenme decir también que a estas alturas deberían saber que a nosotros no nos encajan ni unas etiquetas ni las otras, porque nosotros, al margen de sus prejuicios y al margen de sus miradas cargadas de tópicos, somos los que estamos aquí sin complejos para defender lo que necesita la gente. En esta línea, la de defender lo que necesita la gente, es evidente que el coste de la vida depende mucho de dónde se vive. No es lo mismo tirar adelante una familia en Extremadura o en Murcia que en Cataluña. De hecho, Cataluña está la cabeza del ranking del aumento del IPC acumulado en los últimos veinte años, con un incremento del precio de la vida del 57,8 %. Vivir hoy en Cataluña es un 57,8 % más caro en comparación con marzo del año 2005. Es por eso que desde Junts per Catalunya entendemos que el bono energético tiene que ir en función del coste de vida del sitio donde vive cada uno. En caso contrario se refuerza el riesgo de algunos colectivos por el hecho de vivir en un territorio u otro y se les discrimina negativamente por razones geográficas. Por otro lado, entendemos que es absolutamente inadmisible que para acceder a esta ayuda deba contratarse el suministro en una comercializadora de las que figuran en una lista preconfigurada. No tiene ninguna razón de ser en un mercado energético totalmente liberalizado que se pueda acceder o no al bono social energético en función de cuál es la empresa que suministra la energía a una familia. Por lo tanto, también hemos presentado una enmienda en ese sentido, para garantizar que ninguna familia quede excluida de esta ayuda por contratar una empresa u otra. En definitiva, todas las familias, tanto las que necesitan este instrumento por su renta baja, por sus ingresos bajos, como aquellas que lo necesitan por ser familias numerosas, todas necesitan el máximo despliegue del bono social energético sin las dificultades que presenta el instrumento actual y sin las nuevas dificultades que se quieran introducir a partir de esta proposición no de ley. Muchas gracias.

Juan José Aizcorbe Torra VOX

Muchas gracias, señor presidente. En España, de cada diez cabezas, una piensa y nueve embisten, dijo Antonio Machado. Y viene al caso en este asunto que nos ocupa. Con demasiada frecuencia, con todos los respetos, la política se utiliza para crear problemas en lugar de solucionarlos. Sirva como ejemplo la proposición no de ley que nos trae el Grupo Vasco, que, bajo el pretexto de mejorar el bono social, lanza un sutil y vaporoso pero directo ataque contra la familia, especialmente contra las familias numerosas. Y claro, en la intervención, excusatio non petita, accusatio manifesta. Resulta sorprendente que el Grupo Nacionalista Vasco presente una iniciativa tan vaga siendo ustedes, junto al Partido Socialista y al Partido Popular en Europa, responsables del encarecimiento artificial de la energía en nuestro país, con medidas que han transformado la electricidad y el gas en producto de lujo, impidiendo la explotación de nuestros recursos y cimentando el sistema energético en prejuicios ideológicos y no en la realidad. Con esta proposición se reconoce expresamente que el bono social no cumple su cometido, no llega a quienes lo necesitan, pero el problema no se soluciona solo con subsidios, y por supuesto con menos burocracia, sino eliminando las trabas que encarecen la energía en España. Pero lo más grave es que, pretendiendo mejorar el sistema, se propone, mediante redacción enrevesada, excluir a muchas familias numerosas del acceso automático al bono social, penalizando el mero hecho de tener hijos. El Grupo Vasco da a entender sutilmente que la maternidad y la paternidad son cargas que deben justificarse económicamente, lo que envía un mensaje peligroso. ¿Acaso tener hijos es un obstáculo y no un aporte a nuestra nación? . Vuestras señorías saben que esto no es un simple error, es, insistimos, una aguda amenaza para el futuro de nuestra sociedad. Las familias, y muy especialmente las familias numerosas, no merecen ayuda por caridad, sino un reconocimiento por ser pilar de nuestra sociedad. En un país que sufre un invierno demográfico y una natalidad insuficiente para garantizar el relevo generacional, ¿qué mensaje se transmite al decir que criar y educar a los futuros sostenes del Estado es una carga? Proponemos medidas claras, entre ellas, que las ayudas del bono social aumenten progresiva y gradualmente en función del número de hijos, reconociendo el esfuerzo de cada familia desde el primer hijo y otorgando un trato prioritario a las familias numerosas. . Cada hijo debe contar, el sacrificio de quienes soportarán el futuro de los españoles debe ser reconocido y no penalizado. Recordemos que todas las grandes naciones han comprendido que la prosperidad depende de la familia. Desde el Imperio Romano, donde la natalidad se premiaba con privilegios fiscales, hasta la España de antaño, la política incentivaba la formación de familias como inversión de futuro. Hoy, en cambio, se desprecia la paternidad y se considera tener hijos como un capricho para ricos. Por otro lado, es necesario menos burocracia, se ha dicho, aliviar la carga de las familias. Por eso solicitamos la modificación del tercer punto de su propuesta. Entre otras medidas, proponemos eliminar los impuestos sobre la electricidad y los hidrocarburos en los hogares; reducir el IVA al 4 % como mínimo en la luz, el gas y el agua ; derogar los gravámenes que solo engrosan las arcas del Estado, mientras las familias pasan necesidades y la reforma del mercado de emisiones de CO 2. Esta es la vía para combatir la pobreza energética y garantizar a todas las familias, sean numerosas o no, que puedan costear sus facturas sin depender de subsidios, habitualmente arbitrarios. Y hasta en los detalles aparentemente inofensivos necesitamos estar atentos, como en esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco, que pretende, insistimos, perjudicar a las familias numerosas. Por ello, la necesidad de nuestras enmiendas para rectificar esta tapada acometida a la familia y el sometimiento a grandes agendas ideológicas, que en nada ayudan a los más humildes. Ya nos lo advertía Chesterton: la familia es la prueba de la libertad, porque la familia es lo único que el hombre libre hace para sí y por sí mismo. Este es el bien jurídico y moral a proteger, incluso en estas iniciativas del Grupo Vasco que parecen inocentes y vienen adornadas de sinfonías de aparente bonhomía, pero con detalles letales, en este caso para las familias numerosas, insistimos. Muchas gracias, señor presidente. .

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Eskerrik asko, presidente jauna. Diputatuok. arratsalde on guztioi. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenas tardes. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa que hoy se trae, porque en lo sustancial estamos de acuerdo. Luego sí referiré alguna cuestión que creo que falta, que podría complementar esto que se señala, pero me parece importante señalar aquellos momentos en los que hay acuerdos, porque tenemos mucho tiempo para los desencuentros, y probablemente también en esta intervención muestre algún desencuentro. Pero sí, estamos de acuerdo en que se simplifique un proceso de burocratización que hace que solo dos de cada diez personas que podrían optar al bono social eléctrico o al bono térmico finalmente opten a él, y generalmente es la gente más vulnerable, la gente más pobre, para que se me entienda, la que tiene más dificultades para salvar, para sortear toda esa maraña burocrática que supone tener que solicitar el bono social eléctrico. Estamos de acuerdo también con la reflexión que se hace sobre las familias numerosas, yo creo que en política hay que ser valiente. Aquí no se habla solo de las familias numerosas en la enmienda que ha planteado VOX, porque si uno ve sus modificaciones al apartado 1 y al punto 2, hablan de «los españoles, primero», y a eso me referiré después. Como digo, estoy de acuerdo con lo que se plantea para las familias numerosas, porque es bastante extraño, es bastante difícil de explicar que cuando hay ocho de cada diez personas que podrían y deberían cobrar el bono social eléctrico porque están en situación de vulnerabilidad, de pobreza, haya familias numerosas que están en una situación de holgura económica, que pertenecen a rentas medias y altas que lo están cobrando y además de manera automática, sin tener que pasar por toda esa maraña burocrática que he referido en el punto primero. También estamos de acuerdo en que hay que pasar de lo coyuntural a lo estructural, y esa es probablemente una de las diferencias, pero lo estructural se maneja con recursos, lo estructural se sostiene con recursos, y los recursos se obtienen de quien más tiene. La redistribución de la riqueza es precisamente la que hace que a quien más tiene, por ejemplo con el impuesto a la banca o a las eléctricas, se le cobre para que luego se puedan tener estos bonos sociales, y eso se hace aquí ahora, pero se tenía que haber hecho también en diciembre. Probablemente no hay o no ha habido un impuesto de este tipo, porque algunas formaciones políticas no lo quisieron. En cualquier caso, como digo, echamos en falta el automatismo al que se ha referido en la intervención al aludir al modelo portugués, es decir, que sea la institución, en este caso, el poder público más proactivo a la hora de asignar estas ayudas, porque no es en absoluto difícil, porque si saben todo de la gente corriente ―baste ver el impuesto sobre la renta de las personas físicas―, si vivimos en los tiempos de la inteligencia artificial, no debiera ser difícil para una Administración poder hacer de facto y de inicio ella misma todo el proceso. Estamos también de acuerdo con que se pueda ajustar a las comunidades autónomas la realidad presente, como se señalaba en la enmienda de Junts. Y también nos gustaría que se hablara del principio de precaución, para evitar cortes de luz innecesarios. Creemos que todo esto es necesario, porque vivimos en una realidad en la que parece que no suceden cosas como lo que sucede día tras día, mes tras mes, año tras año, por ejemplo, en un sitio no muy lejano de este hemiciclo como la Cañada Real. Centrándome ya en la enmienda de VOX, por delirante ―lo digo así, de saque―, probablemente quieran ignorar o quieran que ignoremos que un tercio de los beneficiarios de estas ayudas no son vulnerables, son familias numerosas, pero no vulnerables. Probablemente quieren que ignoremos que en los hogares con alguien que ha nacido en el extranjero las dificultades para obtener este bono social eléctrico son muchísimo mayores que en los hogares de ciudadanos y ciudadanas nacionales, de ciudadanos y ciudadanas españolas. Probablemente quieren que no recordemos que el 17,6 % de la población no puede mantener su casa a una temperatura óptima, y da igual si han nacido en el Estado español o fuera de él. Probablemente no quieren que entendamos o no quieren que la gente sepa que no existe ninguna norma que permita a ningún ciudadano indocumentado, a ningún ciudadano sin papeles, cobrar ayuda desde el primer momento en el que pisa territorio español, por mucho que lo repitan. Probablemente no quieren que sepamos que para obtener la residencia se suele hacer por arraigo social y que en ese arraigo social se necesita, junto a otras muchas cosas — tres años de residencia, un contrato de trabajo, etcétera—, también tener un certificado de penales de al menos tres años de antigüedad que permita demostrar que están limpios de toda carga o pena. Seguramente eso les afearía su relato sobre la delincuencia y la inmigración. . Probablemente no quieren que sepamos tampoco que, en virtud del artículo 38 de la ley de extranjería, no pueden venir a quitarnos trabajo, porque aquellos a los que demandamos que vengan a prestar un trabajo aquí tienen que contar con el certificado del SEPE que diga que ninguna persona inscrita en ese registro puede cumplir esa función. Probablemente no quieren que sepan que el 16 % de los desempleados son migrantes, y no el 40 % que sueñan o que propagan. Y no querrán tampoco que digamos que el 11 % de quienes perciben el ingreso mínimo vital son inmigrantes, frente al 48 o 50 % que también propagan o desean. Y todo probablemente porque VOX es a la democracia y a la verdad lo que un incel a las mujeres, absolutamente refractarios. Probablemente, sería una oportunidad para llamar a la extrema derecha lo que es: una extrema derecha incel. Pero les diré que ni siquiera son originales, porque su punto 1 y su punto 2, el de «los españoles, primero», ya lo decían los nazi-fascistas en los años noventa en el Estado español; ya lo decían Bases Autónomas y la plataforma España 2000, y ustedes lo único que hacen es subirse al carro. Probablemente, lo siguiente que hagan sea decir: Por el imperio, hacia Dios, que ya lo decían también Areilza y Fernando Castiella, dos personas para nada insignes. En cualquier caso, y como les decía, es un absoluto disparate; un absoluto disparate que solo tendría sentido desde su óptica — y vuelvo otra vez a «los españoles, primero»— si de verdad ustedes creyeran que lo que pronunció en este hemiciclo Cánovas del Castillo es cierto, si de verdad ustedes creyeran que ser español es aquel que no puede ser otra cosa, porque si eso es así, si de verdad creen eso, ¿por qué no permiten que quienes no queremos serlo, quienes podemos no serlo dejemos de serlo para que repartan los recursos de manera más eficiente para toda esa gente que parece que necesita su ayuda porque, ante todo y sobre todo, son españoles? Besterik ez. Milesker. Nada más, muchas gracias. .

Jordi Salvador i Duch ERC

Bona tarda, presidenta. Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, avui parlem d’un símptoma d’una malaltia estructural: la pobresa energètica. De famílies que viuen amb por d’encendre la calefacció, que avui escalfen l’aigua al microones perquè els han tallat el gas. I això passa avui, aquí i a l’Estat espanyol. El bo social elèctric hauria d’evitar això, sí, però no compleix la seva funció, com molt bé ha denunciat el Partit Nacionalista Basc. Només el rep el 20 % de les llars que el necessiten. I no és només culpa de la burocràcia, sinó que és el reflex d’un sistema profundament injust. La diagnosi està bona i votarem a favor, però també diem que és insuficient i explicarem per què. Mentre l’oligopoli elèctric segueix acumulant beneficis, la llum, el gas, la calefacció s’han convertit en un privilegi, no un dret. I aquesta proposició no de llei no qüestiona ni el sistema de preus, ni els oligopolis, ni la dependència d’un model que converteix drets bàsics en favors administratius. Tampoc proposa una tarifació social automàtica ni cobertura bàsica garantida d’energia, ni incorpora cap mirada territorial. Pensem que territoris com les Terres de l’Ebre o Tarragona no poden ser empobrides, mentre són els qui tenen els centres de producció. Algun detall hauria de caure en aquestes zones, sobretot en la gent més empobrida, ja que paguem el cost que això significa. Tampoc diu res dels col·lectius més precaritzats, com poden ser les persones grans, els migrants, etcètera, etcètera. I permeteu-me una reflexió, una petita reflexió. Sovint parlem de pobresa energètica. També parlem de pobresa infantil i pobresa menstrual i pobresa residencial, perquè no parlem de pobres ja, que seria més normal, perquè al final sembla que cada cosa sigui diferent. No, hi ha pobres i són pobres perquè hi ha un sistema que és tremendament injust i això només es pot arreglar des d’aquí, i no ho estem fent. El que hi ha darrere d’aquest sistema, doncs, és la concentració de riquesa en mans d’uns pocs. Els oligarques de l’energia, els oligarques del lloguer, de la banca, que condemnen milions a sobreviure. Senyors de Junts, sí que hi ha dretes, clar que hi ha dretes, els qui defensen els oligarques de l’energia, els qui defensen els oligarques del lloguer, els oligarques de la banca són de dretes, i no els ha de fer vergonya ser de dretes, no els ha de fer vergonya ser de dretes, no passa res, és un model social com un altre. Però no es pot defensar al mateix temps el bo social i al mateix temps dir que s’han de rebaixar impostos, per exemple, a Iberdrola, amb 4803 milions d’euros, 4803 milions d’euros. I vostès els abaixen els impostos o volen abaixar impostos. O no es pot estar amb una mà demanant el bo social i amb l’altra mà dient que Endesa, que guanya 1950 milions d’euros, se’ls abaixa els impostos. Quina hipocresia. I després diuen que no són de dretes. Si això no és ser de dretes, què és? O Naturgy, 1986 milions d’euros. Això no és ser de dretes? Bé, crec que ha quedat clar, sobren les paraules. El que és injust avui és que l’energia sigui un privilegi i no un dret, que sigui un privilegi i no un dret, i que la gent hagi de passar fred mentre les elèctriques anuncien beneficis rècords. Potser també en aquesta cambra, potser hauríem d’obrir algun dia el debat de si l’energia i les matèries primeres haurien d’estar en mans privades o no. Ahí lo dejo, però penso que potser hauria de ser un debat més necessari que altra cosa. Al fi i al cap, l’energia és de tothom. I això no canviarà sol, caldrà organitzar-se, lluitar i dir-ho clar. Exigir la dignitat no es demana sols amb una PNL, sinó que es garanteix. Espero que entre tots ho lluitem. Moltes gràcies. Buenas tardes, presidenta. Señora presidenta, señoras y señores diputados, hoy hablamos del síntoma de una enfermedad estructural: la pobreza energética, de familias que no pueden encender la calefacción y que calientan el agua con el microondas porque les han cortado el gas. Esto pasa hoy aquí, en el Estado español. El bono social eléctrico debería evitarlo, pero no cumple su función, como nos ha dicho ya el Grupo Vasco. Solo sirve a un 20 % de los hogares que lo necesitan y no es culpa de la burocracia, sino el reflejo de un sistema muy injusto. Nos parece esta una propuesta buena y votaremos a favor, pero nos parece insuficiente también, y explicaremos por qué. Mientras tanto, el oligopolio eléctrico sigue acumulando beneficios y la luz, el gas y la calefacción se han convertido en un privilegio, no en un derecho. Esta ley no cuestiona ni el sistema de precios ni los oligopolios ni un modelo que convierte derechos básicos en favores administrativos. Tampoco propone una tarifación social automática ni una cobertura básica de energía ni tampoco tiene una mirada territorial. Pensamos que territorios como Tarragona o las tierras del Ebro no pueden verse empobrecidas mientras que son las que tienen los centros de producción, ya que pagamos el coste que ello significa. Tampoco dice nada de los colectivos más precarizados, como los mayores, los migrantes, etcétera. Y permítanme también una pequeña reflexión. A menudo hablamos de pobreza energética, también hablamos de pobreza infantil, pobreza menstrual y residencial. ¿Por qué no hablamos ya de pobres? Sería lo más fácil, porque aquí parece que cada cosa es diferente. No, no, hay pobres y estos pobres existen porque el sistema es muy injusto, y esto solo se puede arreglar desde aquí y no lo hacemos. Entonces, este sistema lo que da es la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, los oligarcas de la energía y los oligarcas del alquiler o de la banca, que condenan a millones a sobrevivir. Señores de Junts, sí que hay derechas, claro que las hay, y los que defienden a los oligarcas de la energía, a los oligarcas de la banca o a los oligarcas del alquiler son de derechas. No les dé vergüenza ser de derechas, no pasa nada, es un modelo social como cualquier otro, pero no se puede defender al mismo tiempo el bono social y decir, al mismo tiempo, que hay que rebajar impuestos a Iberdrola en 4800 millones de euros, ¡4800 millones de euros y ustedes les bajan los impuestos! Tampoco se puede pedir con una mano el bono social y, con la otra resulta que a Endesa, que gana miles de millones de euros, se le bajan los impuestos. ¡Menuda hipocresía! ¿Y luego ustedes dicen que no son de derechas? Pues si esto no es ser de derechas, ¿qué lo es? Y, Naturgy, lo mismo. ¿Esto no es ser de derechas? Bueno, creo que queda claro, sobran las palabras. Lo que hoy es injusto es que la energía sea un privilegio y no un derecho y que la gente tenga que pasar frío mientras que las eléctricas anuncian beneficios récord. Quizás en esta Cámara deberíamos abrir algún día el debate sobre la energía y las materias primas, sobre si deben estar en manos privadas o no; ahí lo dejo. Es un debate muy necesario porque, al fin y al cabo, la energía es de todos y esto no va a cambiar solo. Hay que organizarse, luchar y decirlo claro. Exigir la dignidad no es pedir algo solo con una PNL, es algo que hay que garantizar y espero que entre todos luchemos por conseguirlo. Muchas gracias. .

Eloi Badia Casas SUMAR

Muchas gracias, presidenta. Gracias también al Grupo Vasco por impulsar esta iniciativa. Creo que hoy es importante que nos pongamos de acuerdo en esta materia, porque habrá matices, pero en lo esencial coincidimos. Hay que ampliar la cobertura del bono social y dejar atrás la temporalidad y las medidas que se han planteado hasta ahora y, a poder ser, avanzar en su automatización. Esperemos que esta PNL pueda ser un impulso para ello, porque somos conocedores de la angustia que sufren millones de hogares con los recibos de la luz. Este debate lo podemos abordar desde la óptica de los derechos humanos, porque hablar del derecho a una vivienda digna es también hablar del derecho a la energía y al agua, a poder calentar el hogar en invierno, a abrir un grifo sin miedo a la factura, a vivir con dignidad. Hay más de 8 millones de personas que viven en situación de pobreza energética, un 15 % de la población. Hablamos de millones de hogares que tienen que elegir entre comer caliente o encender la calefacción, pero les invito a aproximarse a este problema también desde una visión de modelo. ¿Qué ocurre cuando dejamos en manos del mercado la provisión de servicios esenciales? ¿Cómo responde el mercado cuando lo que está en juego no es un producto, sino que es un derecho? ¿Se lo imaginan? Las escuelas públicas no escolarizan a un 15 % de las familias porque estas no pueden pagar la matrícula, ¿se lo imaginan? Los hospitales públicos dejan de atender a 8 millones de personas porque no pueden pagar los tratamientos. Pues bien, esas cifras son reales en muchos otros servicios básicos: poder enterrar a un ser querido, ir al dentista o tener o no gafas graduadas. Y hay un derecho en el que la cifra todavía es más escandalosa: el acceso a la vivienda. Un 25 % de los hogares tiene dificultades graves para pagarse un techo, una de cada cuatro familias. Pero hay un agravante, señorías: la insensibilidad, porque imagínense que esas escuelas y hospitales públicos imaginarios que han dejado de atender a 8 millones de personas nos informaran al día siguiente de que han batido todos sus récords en beneficios, decenas de miles de millones de euros. ¿Qué le dirían a la ministra de Sanidad? ¿Qué le dirían al ministro de Educación? Pues esa es la realidad del sector eléctrico actual: récords en beneficios, récords en pobreza energética. . Por eso tiene tanta fuerza simbólica que sea hoy el Grupo Vasco el que plantee la necesidad de intervenir de forma radical el mercado eléctrico o que el Grupo Popular haya registrado hace pocos días una PNL en la misma línea, y que hoy conozcamos las enmiendas de Junts por Catalunya. Esta es la prueba más clara de hasta qué punto ha fracasado la liberalización del sector eléctrico en 1997, mediante una ley que, por cierto, fue aprobada con los votos del Grupo Popular, del Grupo Vasco y de Junts per Catalunya. Porque, ¿en qué lugar queda el oligopolio eléctrico cuando hasta los defensores históricos de su liberalización piden hoy al Gobierno su intervención? Eso sí, pueden estar contentas porque al menos sobre los ministros de las grandes eléctricas, las derechas callan. Así que, para mí, hoy es un honor vivir en primera persona cómo la derecha nos relata la incapacidad del sector privado para garantizar servicios básicos, pero esta PNL no nos cuenta los motivos de este fracaso y, para mí, hay uno muy simple e insalvable que lo resume perfectamente. Mientras que el objetivo de la gestión pública es la universalización del servicio, el de la gestión privada es todo lo contrario: busca maximizar sus beneficios, y al CEO que no lo logre se le echa. Así de simple. Así de incompatible. . Pero si hoy aquí hablamos de pobreza energética también es gracias a la presión social, porque hace diez años apenas se hablaba de ello. No fue hasta que la Asociación de Ciencias Ambientales realizó un informe al respecto o, posteriormente, con la creación de la Alianza contra la pobreza energética, cuando el tema empezó a aparecer en los medios de comunicación y en los debates públicos. Durante años, millones de familias sufrieron cortes de suministro en silencio, y fueron los movimientos sociales y la ciudadanía quienes recogieron firmas en Cataluña e impulsaron, mediante una iniciativa legislativa popular, una ley al respecto, convirtiéndose hoy, diez años después, en la ley más avanzada de Europa para proteger a las familias ante los cortes de suministro y garantizar unos consumos mínimos. Esa ley supuso un cambio de paradigma porque, por primera vez, se responsabilizó a las grandes eléctricas de dicho problema. Así que me gustaría dar las gracias a esas entidades, como la Alianza contra la pobreza energética, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las asociaciones de vecinos y vecinas, las organizaciones de consumo, las entidades ecologistas y a tantas otras, que han liderado en la última década esta materia contra viento y marea. . Acabo, señorías. También quería aprovechar para reconocer a una persona que ha sido clave en todos estos años, a María Campuzano. Ella ha sido la voz de miles de familias, una referente para muchas y muchos, también para mí, porque sin la fuerza de la calle no hay cambio, pero sin personas como María, con su constancia, su conocimiento y su compromiso, tampoco hay avances. Gracias por hacer del sentido común una bandera. Gracias a los indispensables e incansables. Quería cerrar mi intervención con una frase suya que creo que nos devuelve el foco y nos da la perspectiva que merece este debate. Decía: La raíz del problema está en mercantilizar los bienes esenciales. No se puede decir más claro. Cuando lo que está en juego son derechos, el mercado no es la solución, es parte del problema. Muchas gracias. .

Amador Marqués Atés PSC-PSOE

Gracias, presidenta. Señorías, quiero empezar reconociendo el acierto del Gobierno del presidente Zapatero cuando creó el bono social eléctrico en 2009. Este bono fue pionero y se aprobó para que llegara lo antes posible a las familias que lo necesitaban, como ha dicho recientemente el exministro Miguel Sebastián. Vino luego el Gobierno de Rajoy, y los que entonces teníamos responsabilidades municipales vimos el rostro del sufrimiento social en nuestros pueblos y en nuestras ciudades; el rostro de nuestros jóvenes que emigraban y el de muchas familias, demasiadas, que pagaron las consecuencias de los recortes. Porque, señorías del Grupo Popular, sí, es verdad, ustedes batieron todos los récords, pero de la desigualdad; batieron el récord en paro juvenil y en desempleo (un señor diputado: ¡Qué cara!); batieron el récord en trabajadores mileuristas; batieron el récord en desahucios y también en listas de espera; batieron el récord en cortes de luz y suministros. . Ustedes, señorías del Grupo Popular, dejaron una sociedad diezmada y, al Estado, tiritando. Y lo más grave es que vuelven hoy a las andadas, pactando en El Ventorro con los amigos de la motosierra. Sí, ustedes con VOX ya forman una unidad de destino en lo universal. Afortunadamente, hoy España ha reducido las desigualdades, según todos los indicadores. Y el Gobierno sigue trabajando para reducirlas todavía más en todos sus frentes, aumentando el salario mínimo, generando empleo y haciendo de España el motor de crecimiento de la Unión Europea. Y todo esto, a pesar de la oposición sistemática del PP a todas las medidas sociales. Señorías, este Gobierno ha sido el primero en adoptar una estrategia nacional contra la pobreza energética y está trabajando en la elaboración de una nueva que incluya la reforma que propone el PNV para un acceso más fácil y justo al bono social. Mientras tanto, este Gobierno ha ampliado en un 52 % este bono, llegando ya a más de 1,6 millones de personas; y ha creado también el bono social térmico. ¿Se acuerdan de la llamada excepción ibérica de la que tanto se mofó la derecha, tildándola de timo ibérico? Es ese mecanismo que permitió ahorrar más de 5100 millones de euros a las familias españolas; 5100 millones, y para ustedes, era un timo. Pues bien, hace pocos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la excepción ibérica y, de nuevo, a pesar de la oposición del PP. El problema es de fondo. El problema, señorías del Grupo Popular, es que, ustedes, en sintonía con la nueva derecha mundial, quieren dejar nuestras vidas en manos del mercado, pero como demuestra el problema de la vivienda, esto provoca dolor social y más pobreza. Señorías, ¿se han preguntado por qué la derecha neoliberal odia tanto la democracia europea? La odia, porque nuestra democracia se basa en la igualdad solidaria y en el estado de bienestar. . Porque la democracia es un modo de vida en el que la hija de la familia que hoy tiene que recurrir al bono social puede estudiar con becas del Estado y puede ser mañana una eminente científica o, qué sé yo, tal vez presidenta del Gobierno. Un modo de vida en el que el hijo de un pastelero y una empleada del hogar puede hablarles hoy aquí desde esta tribuna. . Voy terminando. Señoría de VOX, hace tiempo que no leo a Chesterton, pero creo que dijo en algún lugar que el hogar es el lugar donde florecen la libertad y el amor, pues protejámoslo; protejámoslo con justicia social. Porque una sociedad digna es aquella que es capaz de cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos según el principio que reza: «De cada cuál según sus capacidades a cada quién según sus necesidades». Porque la desigualdad se combate también con una educación y una sanidad públicas robustas y no privatizándolas. Señorías, la democracia o es solidaria o no es, y por eso hoy nuestra principal tarea es combatir el miedo y el aislamiento social y ofrecer, como hace este Gobierno, certezas, protección y esperanza. Gracias. .

Beatriz Álvarez Fanjul PP

Gracias, presidenta. Señoría del PSOE, creo que se ha confundido usted y nos ha hablado muy bien de las políticas de fracaso del señor Zapatero. . Hoy el Partido Nacionalista Vasco nos trae a debate una PNL sobre el bono eléctrico para ayudar a las personas vulnerables a pagar la factura de la luz, es decir, que el principal partido que está sustentando a este Gobierno reconoce con esta proposición no de ley el fracaso de las políticas de este Gobierno, reconoce lo que desde el Partido Popular venimos denunciando: no se publican los informes de pobreza energética, pero sabemos que diez millones de personas tienen una temperatura inadecuada en su vivienda, ocho millones de personas tienen un gasto desproporcionado en su factura de la luz y seis millones de personas sufren pobreza energética oculta. Vivimos en una sociedad cada vez más pobre, con menos poder adquisitivo, y, para revertir esta situación, el Gobierno de España ha decidido subir los impuestos a los españoles hasta noventa y siete veces, con su complacencia, señorías del PNV; eso sí, la deuda pública va como una moto, condenando a todos los jóvenes españoles a pagar la fiesta socialista y nacionalista. Mientras que hacienda recaudó 1164 millones por el impuesto a las energéticas en el año 2024, vendió que este dinero iba a ir destinado a las políticas sociales, como ayudar a pagar la factura de la luz. ¿Saben cuánto destinan actualmente a ayudar a las personas más vulnerables? 465 millones, ni siquiera la mitad de lo recaudado. ¿Saben cuál es la situación de cualquiera de los productos energéticos? La bomba de butano ha subido un 20 %, el diésel un 22 %, la gasolina un 21 % y la luz un 52 %. El secretario de Estado de Energía ya ha advertido de que la mayoría de los consumidores no están en la tarifa regulada y que, por tanto, no se benefician del bono eléctrico. ¿Saben qué podrían hacer? Dejar de gastarse la pasta en anuncios de la tele en los que salen apagando luces, como si alguien se creyera que las apagan ustedes, y hacer una buena campaña para que los españoles entiendan esta situación y puedan aprovecharse de estas medidas. Pero, claro, para eso habría que tener luces. . Señorías del PNV, vienen ustedes a atacar a las familias numerosas. Déjenme que les cuente que tenemos una pirámide poblacional totalmente invertida, con lo que ello supone. En 2024 ha sido la primera vez en los últimos diez años que creció la natalidad un 0,4 %, y ustedes pretenden penalizar y dejar sin ayudas a las familias que aportan para revertir estos datos tan preocupantes. Hablan ustedes de criterios de renta, cuando el 25 % de las familias numerosas perciben ingresos de menos de 35 000 euros anuales; cerca de doscientos mil hogares quedarían excluidos de esta ayuda con sus políticas. Lo cierto es que más del 70 % de las familias numerosas cuentan con dificultades a la hora de llegar a final de mes, y, según los datos de Eurostat, el 52,4 % de las familias numerosas en España están en riesgo de vulnerabilidad, con un nivel de pobreza infantil del 34,7 % los menores de 16 años. No sé si es necesario algún dato más para que entiendan que lo que ustedes piden en esta Cámara hoy sería un agravio más a las economías familiares de este país. Desde el Partido Popular lo tenemos claro: lo primero que tienen que hacer es cumplir con el mandato de esta Cámara y poner en marcha las medidas que presentamos y que se aprobaron aquí. Es necesario restablecer los descuentos extraordinarios del bono social del 65 % para los consumidores vulnerables y del 80 % para los vulnerables severos. Y para poder gestionar de una manera eficaz necesitamos conocer los datos. ¿Dónde están los datos de los últimos cinco años y la evaluación de la estrategia de la lucha contra la pobreza energética? ¿Dónde están? ¿No era este el Gobierno más transparente de la historia? Bueno, el más transparente, el más feminista, el más honrado… Sería una mentira más a su larga lista. Señorías del PNV, vienen ustedes a hacer un paripé bastante curioso hoy a esta Cámara. Cualquiera que no sepa de su trayectoria pensaría que se preocupan ustedes por el gasto público. En una respuesta a mi compañero del PP vasco Álvaro Gochi ustedes reconocen que entre 2020 y 2023 se han quedado en los bolsillos de la Administración vasca más de dos millones de euros. Por lo tanto, no estaría mal empezar a predicar con el ejemplo, en vez de intentar atacar a los más vulnerables, porque ustedes son como la banca en el casino: siempre ganan, siempre quieren ganar. Miren, señorías, un Gobierno que se olvida de las familias numerosas, un Gobierno con una política energética que perjudica a las clases medias, a las industrias y a las empresas, y un Gobierno que está sometiendo a la sociedad española al mayor infierno fiscal de nuestra historia no es un Gobierno, es un calvario. Muchas gracias. .

María Guijarro Ceballos PSE-EE (PSOE)

Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Arratsalde on, señorías. Que paren el mundo que me quiero bajar. ¿Les suena? Si Mafalda o Quino levantaran la cabeza gritarían a pleno pulmón esto frente al estruendo de la motosierra. Y ese grito, ese deseo de bajarse del mundo deben estar sintiéndolo millones de mujeres, de niños, de niñas, de hombres, que claman con sus propias voces desde sus países para que los veamos y, sobre todo, los miremos, para que los oigamos y, sobre todo, los escuchemos, para que los acompañemos en su lucha por recuperar la justicia y la igualdad que nunca debieron perder. . No podemos mirar hacia otro lado mientras que se desmantela la arquitectura de la ayuda humanitaria y de la cooperación al desarrollo en Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea. Es un mensaje de desesperanza y, además, es un mensaje de torpeza geopolítica, y nos obliga a reaccionar de una forma firme y también inteligente, porque la cooperación al desarrollo no solo es solidaridad, es una inversión en estabilidad global. El mundo está interconectado, lo sabemos; las pandemias, las guerras o las crisis energéticas no conocen fronteras, así que la solidaridad internacional evita conflictos, contribuye a la seguridad, por ejemplo, en el eje del Mediterráneo, reduce los efectos boomerang y fomenta economías sostenibles en nuestros países socios. La solidaridad internacional protege los derechos humanos, fortalece el Estado de derecho y contribuye a una sólida gobernanza democrática. Por eso, el compromiso con la cooperación es irrenunciable. Les leo algo que dice el Servicio Jesuita a Refugiados: A corto plazo las vidas de muchas personas, las más vulnerables, están en juego; a medio y largo plazo también lo está nuestra capacidad para hacer frente al cambio climático, los flujos migratorios o las pandemias. Ningún país puede responder en solitario a tantos desafíos globales. . Señorías, Estados Unidos ha anunciado un recorte del 92 % en sus programas de cooperación, es decir, casi 60 000 millones de dólares al año. La ayuda estadounidense suponía más de un 40 % de la cooperación mundial. Además, el Reino Unido ha anunciado recortes en un 40 %, Francia en un 35 %, Bélgica en un 25 % y Países Bajos y Suiza van por el mismo camino. Y esas cifras, aunque pequeñas para las economías más ricas, son absolutamente devastadoras para millones de personas, para comunidades rurales que intentan salir de la pobreza, para niños y niñas que podrían perder su acceso a la salud y a la educación. Solo en este año quince millones de personas más podrían enfermar de malaria y se perderían más de veinte años de trabajo contra el VIH. Y no lo dice solo este grupo parlamentario. Yo les pido que lean a Filippo Grandi, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o a Alistair Dutton, secretario general de Cáritas Internacional, o a cualquiera de las ONG y de las coordinadoras de las ONG. Pero, sobre todo, me gustaría que escucharan también a las personas que trabajan en el terreno. España debe seguir en el lado correcto de la historia, debe seguir trabajando con la comunidad internacional y la Unión Europea para reforzar políticas públicas de cooperación, de paz, de derechos humanos y libertades fundamentales. Nuestro país ha mantenido históricamente una posición firme con los Gobiernos de izquierda, desde el presidente Zapatero hasta la actualidad, y durante los últimos siete años, el Gobierno progresista ha intentado recuperar el presupuesto de cooperación que el Partido Popular dejó en mínimos, pero en mínimos, durante una década, y las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular y VOX siguen recortando año tras año y están debilitando una cooperación descentralizada que sostuvo el sistema en la época de Rajoy pero que hoy está en peligro por sus alianzas con la ultraderecha. Miren, ustedes no respetan nada. Aragón va a recortar el 76 % de su presupuesto en cooperación, Andalucía un 13 %, el Ayuntamiento de Sevilla, donde en junio se va a celebrar la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, lo ha recortado en un 40 %, a petición de su socio municipal, VOX, que califica la ayuda internacional como no decente, y en Valencia, ¡ay, Valencia!, hace una semana se eliminó el convenio con la agencia de Naciones Unidas que atiende a los refugiados palestinos. Yo no tengo muy claro si en Valencia ahora van a apoyar esa agencia que pretende el Estado israelí, que solo quiere expulsar a gazatíes. Y, además, se aprobó el mayor recorte de gasto en cooperación en la Comunidad Valenciana en toda la historia, un 40 %. Y no se detienen ahí, porque Mazón, en ese discurso que tiene, desnortado e indecente, comparó el genocidio de Gaza con la situación de Valencia y aplicó esa miserable lógica de que primero los de aquí. ¿Y dicen ustedes que se sienten orgullosos? ¿Dicen ustedes que no están renunciando a sus principios? ¿Y se aplauden, y mucho, entre ustedes? La ultraderecha y ustedes con ellos, señorías del Partido Popular, han lanzado otra cruzada también contra las ONG. Las califican de chiringuitos ideológicos y asimilan a todos los inmigrantes con delincuentes. Oigan, ¡pero no les piden la documentación cuando los inmigrantes se llenan de barro hasta las orejas para que les ayuden en el peor momento de la historia de Valencia! . Y quieren expulsar a los menores migrantes, que, por cierto, vienen de esos países donde se recorta la solidaridad internacional. Y quieren eliminar la Agenda 2030. Y han renunciado al Pacto Verde Europeo, aunque les sirve ese otro pacto que tienen ustedes, que es el pacto de El Ventorro, y esos deben ser sus principios. Por tanto, señorías, les pido a los demás grupos parlamentarios que no permitamos que la insolidaridad nos devore, que la extrema derecha y quienes los legitiman en las instituciones con sus narrativas de odio no nos impidan estar a la altura de una sociedad española que es reconocida como una de las más solidarias de Europa. Debemos seguir manteniendo la bandera de la cooperación, de la democracia, los derechos humanos, la cooperación como política pública y apoyar, sin ambages, el trabajo de las ONG, porque esto no es cuestión solo de dinero, es una crisis de responsabilidad, y el coste de la inacción lo vamos a medir en sufrimiento humano, lo vamos a medir en inestabilidad y en futuros perdidos. Y no hay opción, no podemos parar el mundo y bajarnos; lo que tenemos que hacer es pelear para que otros no sean bajados. . Por eso, por coherencia, por justicia social y dignidad, hoy, más que nunca, debemos reivindicar algo que no está muy de moda, que es el derecho a la solidaridad. Eskerrik asko. Muchas gracias. .

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Arratsalde on, jaunandreok. La proposición no de ley que presenta el Partido Socialista nos alerta del peligro de convertirnos en una sociedad que cada vez se aleja más de lo comunitario, del contrato social que al menos en el mundo occidental se acordó tras la Segunda Guerra Mundial; un cambio de paradigma que en ocasiones se convierte en indiferencia e, incluso, en egoísmo y donde los intereses económicos prevalecen sobre los valores que creíamos inamovibles. El humanismo, la solidaridad, la persona en el centro de las políticas está dejando de ser un valor, que están dando paso, si no somos lo suficientemente inteligentes para poder cambiarlo a tiempo, a un nuevo orden social, más individualista y de supervivencia, negacionista y cortoplacista. La parte dispositiva de la proposición del Grupo Socialista se divide en cuatro puntos, a los que nuestro grupo propone incorporar un punto más. El primero de ellos incide en la necesidad de defender y reforzar las políticas públicas de cooperación. Yo no voy a hablar aquí de lo que están haciendo otras comunidades autónomas, no voy a entrar en ese juego, si bien la suma del esfuerzo de todas ellas es indispensable. Así, a nivel mundial, tal y como se ha dicho, que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, deje de ser la gran inversora de la ayuda humanitaria supone una gran amenaza, que puede llevar a la paralización de miles de programas y misiones en todo el mundo, y, por lo tanto, tal y como se ha señalado, este asunto concierne a todo el planeta, en este caso por el montante de la ayuda que representa, aunque ninguna, por pequeña que sea, es desdeñable. En el segundo punto se nos habla de la importancia de trabajar de forma solidaria con la comunidad internacional. Se olvida aquí hablar de la cooperación descentralizada y de la importancia de la cooperación internacional, también de las naciones sin Estado que, como Euskadi, trabajan a favor de la paz, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y me ha extrañado que, partiendo la iniciativa del grupo del que parte y de esta portavoz, que conoce de cerca esa realidad, no haya sido reflejada explícitamente en ella. Por eso, hemos presentado una enmienda de adición, poniendo en valor la cooperación descentralizada. En el tercer punto se nos habla de la necesidad de fomentar en el seno de las instituciones europeas medidas que refuercen y consoliden una política de cooperación europea, símbolo de valores democráticos, en aras de optimizar los recursos para un mayor impacto, punto con el que estamos de acuerdo. Europa sigue siendo, pese a su tibieza en algunos posicionamientos, símbolo de los valores democráticos, que debe mantener y defender aun en tiempos convulsos. Para finalizar, en el cuarto punto se habla de la necesidad de impulsar campañas de sensibilización sobre las graves consecuencias del desmantelamiento de las políticas de cooperación al desarrollo, punto que también compartimos. Hasta hace muy poco los discursos políticos en el contexto internacional, más allá del nuevo Gobierno de Trump y de otros líderes mundiales, estaban basados en el modelo de desarrollo humano sostenible, alineándose con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible; una agenda de desarrollo sostenible que se ha visto desestabilizada en su implantación con el trumpismo y sus aliados. Ante esta coyuntura grave, que genera incertidumbre en el ámbito de Naciones Unidas, y el posible cambio de paradigma que supone, además del cuestionamiento del orden mundial actual y de los programas internacionales para el desarrollo, para la promoción de la paz, la justicia, la igualdad y la educación, es decir, para el desarrollo de la Agenda 2030, es necesario y urgente decidir qué modelo de desarrollo queremos proyectar e implantar desde lo local, y en este modelo, tal y como ha quedado patente, son sobre todo los Gobiernos subestatales, con la agenda local, quienes tienen en estos momentos la capacidad de incorporar un valor diferencial en la agenda para el desarrollo, y lo pueden hacer, a nuestro entender, de manera más efectiva si redoblamos la apuesta en este sentido, porque el entramado institucional y el tejido social a nivel subestatal, territorial o local tiene capacidad para regenerar en los valores, su capacidad es más potente, integra la cultura y la identidad, dando el sentido de pertenencia a una comunidad en relación con los programas que se llevan a cabo, y profundiza en el ADN propio ―en nuestro caso, en el ADN vasco― desde la gobernanza democrática, los valores europeos y de cooperación. Lo hemos defendido antes y lo seguiremos haciendo porque creemos en ello, y lo haremos ahora también con más fuerza por urgencia y también por nuestra propia legitimidad, ya que los esquemas de gobernanza más alejados del territorio se muestran más disfuncionales. Finalizo poniendo en valor el trabajo de la cooperación al desarrollo, en general, y el de Euskadi, en particular, donde se lleva décadas trabajando de abajo a arriba, mostrando así un mayor potencial para llevar a cabo el objetivo que nos hemos marcado, es decir, promover el desarrollo humano sostenible. Mila esker.

Cristina Valido García CCa

Gracias. Les juro que jamás pude imaginar que yo iba a estar en este Congreso, que iba a subir a la tribuna a defender algo como la cooperación internacional, que en el Congreso de los Diputados de España iba a ser necesario defender la cooperación internacional, que los países más ricos iban a regatear ayuda a los países más pobres, que se iba a descalificar, a insultar, a calumniar a las instituciones, a las organizaciones, a las fundaciones que trabajan con los más pobres del planeta. Les juro que nunca pude imaginar que ese iba a ser un debate en el que yo podía participar. Me da muchísima tristeza. Qué pena que hayamos llegado a ese punto en el que miles de millones de personas pobres en todo el planeta no importen nada, nada a los países que pueden cambiar las cosas. Y no es solo que no las quieran cambiar, sino que no están dispuestos a seguir contribuyendo a programas para que tengan agua potable, para que tengan sanidad, para que tengan educación, para que tengan vacunas; que sean capaces de ignorar un continente como África, en el que el 70 % de la población tiene una edad media de 30 años y una esperanza de vida de 54 años; que no quieran mirar al centro-norte de África, todo el cinturón de Sahel, donde la edad media son 19 años, y que justo los que se quieren cargar la cooperación internacional sean los que tampoco quieren que huyan del hambre y de la guerra y se planten en sus ciudades. Es decir: quédense allí, muéranse en silencio y no molesten. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa si nos cargamos la cooperación internacional, si no ayudamos a la gente que no tiene lo mínimo? Doscientos millones de personas en el norte de África, solo en el norte de África, viven a oscuras, no tienen ni siquiera corriente, no tienen luz, viven a oscuras. ¿Y todavía se preguntan por qué la gente se juega la vida, se sube en un cayuco y se arriesga a morir en el mar, o cruza el desierto, aunque tenga que soportar violaciones, para llegar a un territorio donde tener una mínima oportunidad? ¿Todavía se preguntan por qué después de hacerlo, después de devolverlos, vuelven a intentarlo, y lo intentan todas las veces que sea necesario? Yo creo que estamos perdiendo de vista algo muy importante, y es que ninguno de nosotros va a poder vivir bien si la mayoría del mundo vive mal. Yo creo que estamos perdiendo de vista que estamos sembrando un rechazo que ya se ha visto en Sahel a Francia, a los occidentales, a los europeos, a los americanos, que humillan y niegan la dignidad a la gente que procede de África o que vive en África. Ese hartazgo va a pasar factura, señorías. En el futuro millones de personas van a recordar esto, van a recordar la historia, van a recordar sus insultos, van a recordar su discriminación, su racismo y su deseo no solo de que no vengan aquí, sino de que no se les ayude allí. Me parece tremendo. Estamos en 2025 ―la involución es de tal calado― y los discursos son cada vez más terribles y caminamos al filo de algo que yo diría que es una bomba de relojería, una división brutal, desde la que los pobres van a levantarse, van a moverse, van a cansarse, y no quiero hablar de ejemplos que hemos vivido ya en algunas ciudades europeas. La gente se cansa, se cansa de ser humillada, se cansa de que le nieguen el pan y la sal, se cansa de que le nieguen los derechos, mientras que algunos aplauden las redadas, las deportaciones masivas y, por supuesto, que se acabe la cooperación internacional. ¿Qué es lo que quieren? Lo dije antes: que se mueran calladitos en sus países, sin molestar. Gracias. .

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Jaun-andreok, arratsalde on. COVID-19aren pandemiak zerbait irakatsi baldin badigu, zera da. Alde batetik, tokikoak globalean daukan eragina eta globalak tokikoan daukana. Eta bestetik, zeinen beharrezkoa den bidezkoa, ekitatiboa eta demokratikoa behar duen nazioarteko lankidetza. Ustez partekatua den engaiamendua erdiesteko, pertsona guztientzako munduko edozein tokitan gutxieneko ongizate lurzoru bat lortzea. Mundu mailan gertatzen ari den aldaketa politiko erreakzionarioa pandemia berri bat da demokraziarentzat nazioarteko zuzenbidearekiko errespetuarentzat, giza eskubideentzat eta nazioarteko lankidetzarentzat. Bereziki, eragiten duena genero berdintasunean eta emakumeon eskubideengan, beregainki, osasun, sexu eta ugalketa eskubideengan. Ildo horretan, dagoeneko aipatu diren Trumpen gobernuaren neurri suntsitzaile ugarien artean, oraindik aipatu ez diren hiru azpimarratu nahi ditugu. Lehenengoa, Mozal Lege Orokorra deritzona aktibatzea, haurdunaldia borondatez etetea babesten duen edozein erakunderi funtsak ematea eragozten duena. Bigarrena, Ameriketako Estatu Batuak Osasunaren Mundu Erakundetik erretiratzea. Osasun arazo larrien eta osasun larrialdien aurrean mundu mailako erantzuna gidatzen duen erakundetik, hain zuzen. Honetan, beste maila batean bada ere, Trumpen erabakien eskuz esku doa Kamera honetako eskuinek joan den astean Osasun Agentziarekin hartutako erabakia. Eta hirugarrena, Nazio Batuen Biztanleria Funtsari emandako finantzaketan, 377 milioi dolarreko murrizketa. Funts hori ere osasunaren eta sexu eta ugalketa eskubideen arloan dihardu. Euskal Herriko, Espainiar Estatuko eta nazioarteko eragile ugarik ohartarazi dute astakeria horiek pertsonon eguneroko bizitzan izango dituzten ondorioez. Baina ez da nahikoa Trumpi begirako kritika egitea,Europar Batasuna ere, lehen ere aipatu diren datuez gain, garapenerako lankidetzari eta laguntza humanitarioari modu kezkagarrian eragiten dieten neurriak hartzen edo prestatzen ari dira. Esaterako, Nazioarteko Elkarteen Zuzendaritza Nagusiak bulegoak nabarmen murrizteko asmoa du, eta mundu osoan bost zentrotik lau itxiko omen ditu. Bere gastu militarra, iaz 50 000 milioi eurotan handitu zen bitartean. Zein da Europak lehenetsi nahi duen papera? Eta zer esanik ez, Espainiar Estatuan egunero ikusten ditugunak. Eskuin muturrak garapenerako nazioarteko lankidetzarako politikak desagerrarazi nahi ditu, eraldaketa soziala helburu duten gobernuz kanpoko erakundeak kriminalizatuz bide batez. Eta ez dugu berriro azalduko zer konpromiso hartu dituen horren muturreko ez omen den eskuinak Valentziako aurrekontuak onartu ahal izateko. Trumpek berak sinatuko lituzke pozik. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Si algo aprendimos de la pandemia del COVID-19 es, por un lado, el impacto de lo local en lo global y el impacto de lo global en lo local, y, por otro lado, aprendimos cuán necesaria es una cooperación internacional justa, equitativa y democrática para lograr un compromiso supuestamente compartido, conseguir un mínimo bienestar para todas las personas en cualquier lugar del mundo. El cambio político reaccionario que se está produciendo a nivel mundial es una nueva pandemia para la democracia, para el respeto al derecho internacional, los derechos humanos y la cooperación internacional, con especial incidencia en la igualdad de género y los derechos de las mujeres, particularmente en su salud y en sus derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, entre las muchas medidas destructivas del Gobierno de Trump ―que ya se han mencionado, por cierto―, destacaríamos tres que todavía no han salido a colación: una, activar la llamada ley mordaza general, que impide la entrega de fondos a cualquier organización que promueva la interrupción voluntaria del embarazo; dos, la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que lidera la respuesta mundial ante problemas graves de salud y emergencias sanitarias ―en este caso, aunque sea en otro nivel, va mano a mano con las decisiones de Trump, con la otra decisión adoptada precisamente por él la semana pasada y también con la adoptada por la derecha de esta Cámara con la Agencia de Salud―, y, tres, un recorte de 377 millones de dólares en la financiación al Fondo de Población de las Naciones Unidas, un fondo que está dedicado también al ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Numerosos agentes del País Vasco, del Estado español y del plano internacional han advertido de las consecuencias que estas barbaridades podrían tener en la vida cotidiana de las personas. Pero, claro, no basta con una crítica a Trump. La Unión Europea, además de los datos mencionados anteriormente, también está adoptando o preparando medidas que afectan de forma muy preocupante a la cooperación, el desarrollo y la ayuda humanitaria. Por ejemplo, la Dirección General de Asociaciones Internacionales tiene previsto reducir drásticamente su número de oficinas y también ha decidido cerrar cuatro de cada cinco centros en todo el mundo. Y el gasto militar el año pasado fue de 50 000 millones de más. Entonces, ¿qué es lo que quiere priorizar Europa? Y ya ni qué decir tiene lo que vemos todos los días en el Estado español: la extrema derecha pretende erradicar las políticas de cooperación internacional al desarrollo, criminalizando a su vez a las ONG que tienen como objetivo la transformación social. No vamos a volver a explicar qué compromisos ha adquirido una derecha que parece que no es tan extrema para poder aprobar los presupuestos en Valencia. Los firmaría hasta el propio Trump. Encantado, además. Como apuntábamos antes, a todo lo ya dicho sobre la ola reaccionaria que pretende destruir todo lo construido en materia de cooperación internacional debemos añadirle también la insuficiencia, la debilidad de las políticas reales que se están llevando a cabo por quienes, en principio y de palabra, las defienden. Como se dice en el manifiesto promovido por Mundubat, firmado hoy mismo por muchas de las formaciones políticas que formamos parte de esta Cámara, si bien el Estado español se está convirtiendo en defensor y promotor a nivel discursivo de los valores del multilateralismo, la cooperación al desarrollo sostenible con la Agenda 2030, la acción humanitaria, los feminismos y la lucha contra el cambio climático, mantiene una profunda incoherencia en términos de compromisos presupuestarios reales. El Estado español estrenó a principios de 2023 la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global; una ley actualizada y ambiciosa, pero que necesita de los recursos que permitan su implementación efectiva porque, si no, una vez más, no será más que papel mojado. Avanzar en una mayor justicia global es, sin duda, una inversión esencial, pero para hacerlo posible se deben cumplir primero los compromisos internacionales y la ley de cooperación, que sitúa el presupuesto para 2030 en el 0,7 % de la renta nacional bruta. En 2023 este presupuesto se estableció en el 0,24 %, por lo que es necesario marcar un plan de incremento que permita conseguir el objetivo del 0,7 % para 2030. Dicho esto, apoyaremos la proposición no de ley que el Grupo Socialista nos ha presentado porque, aunque la consideramos insuficiente y ―como ya se ha dicho― también echamos en falta el papel de las comunidades autónomas y las entidades locales, estamos de acuerdo con los objetivos que se apuntan. La apoyaremos, sí; pero, señorías del Grupo Socialista, son ustedes el partido del Gobierno, dejen de traer PNL al Pleno para pedirse cosas a sí mismos por medio de iniciativas como esta, que pueden servir para lavarse la cara ante la opinión pública, pero que no obligan a nadie. Ustedes son Gobierno, actúen como tal, actúen. Besterik ez. Eskerrik asko. .

Jordi Salvador i Duch ERC

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Una prèvia. Ahir vam conèixer que el codirector del documental guanyador d’un Oscar aquest 2025, Hamdan Ballal, va ser linxat brutalment per colons de Cisjordània i detingut, i tot seguit va ser segrestat per les autoritats israelianes. La impunitat d’Israel a Gaza i Cisjordània és tal que pot violar drets humans bàsics a qui vulgui, quan vulgui i com vulgui. Fins i tot una persona amb un perfil públic tan prominent. També volem recordar el doctor Hussam Abu Safiya, pediatre i director de l’últim hospital que hi va haver a Gaza, també segrestat, i en aquests moments no sabem ni on està. D’aquí un recordatori especial aprofitant aquest faristol per demanar justícia i que no hàgim de parlar d’aquests temes. Sembla mentida que hàgim de recordar aquests temes i altres com ara la cooperació internacional. Des del Grup Republicà, com deia abans, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei, convençuts com estem que la cooperació internacional és justícia, és deure i és responsabilitat. Ho diem clar: la cooperació internacional salva vides avui, aquí i ara. I això no és un eslògan, és un fet. Sabem que la cooperació no resol totes les causes de la pobresa, ni molt menys. No resol totes les causes de la pobresa, però mentre la ferida sagna són les cures, i això fa que la cooperació internacional siguin els primers auxilis dels oblidats del món. És a dir, si aquí hi ha un clau i jo passo cada dia per aquí, em faré mal. Però el que més m’interessa en aquell moment és que em curin en aquell moment, em curin el mal que m’ha fet aquest clau. Encara que la causa no sigui les tirites que em posaran, sinó que sigui treure aquest clau. La cooperació internacional no va, no va a les causes. Però és imprescindible per a la gent que les pateix. Mentrestant, fa falta, doncs, primers auxilis a moltíssima gent. L’Administració Trump va desmantellar la USAID, la principal agència humanitària del món, i ho fa en nom de la seguretat i els interessos nacionals, seguretat i interessos nacionals que sempre es fan servir amb un únic objectiu. Però el problema no és només Trump. El problema no és només Trump. La sobirania que només serveix per armar-se no és sobirania, és submissió al militarisme i als interessos dels blocs geopolítics aliens a la població comuna i a les classes populars. I això que diré ara crec que és molt important i crec que hem de reflexionar molt més. El món sorgit de la Segona Guerra Mundial, que es va conjurar, si més no en teoria, que es va conjurar, si més no en teoria, a buscar un món millor i en pau s’ha esmicolat absolutament. Ja no existeix ni en l’àmbit teòric. Ens diuen que no hi ha diners, no hi ha diners per a sanitat, per a l’educació, ni per a cooperació, però per a míssils sí. I per a drons també. És el món al revés. Els míssils tenen més pressupost que les vacunes; les armes més suport polític que l’aigua potable. I la guerra s’ha tornat més rendible que la pau. I nosaltres crec que hem de dir, com deia Raimon, no, no és acceptable, no, no és admissible i no, no és moral. Ara bé, els proponents: hem d’exigir al govern coherència. Hem d’exigir al govern coherència. No podem condemnar Trump mentre l’Estat espanyol dedica menys del 0,3 % a cooperació internacional. No podem parlar de pau mentre es disparen els pressupostos militars i que serà un gran debat, si és que arriba aquí. I finalment, una pregunta incòmoda, una pregunta incòmoda. Si ens indigna Trump, no ens ha d’indignar també a Europa? On són els plans Marshall europeus per al Sud Global? On és la valentia de plantar cara a aquest món cada cop més militaritzat i menys humà? Nosaltres ho tenim clar. Cooperació sí, solidaritat també. Cinisme no, hipocresia tampoc. Moltes gràcies. Buenas tardes. Gracias, presidente. Una previa. Ayer supimos que el director del documental ganador de un óscar este año 2025, Hamdan Ballal, fue linchado brutalmente por colonos de Cisjordania y detenido y después secuestrado por las autoridades israelíes. La impunidad de Israel en Gaza y Cisjordania es tal que puede violar derechos humanos básicos cuando quiera, como quiera y a quien quiera, incluso a una persona con un perfil público tan prominente como él. Quisiéramos recordar al doctor Hussam Abu Safiya, director del último hospital que hubo en Gaza, también secuestrado y en este momento nadie sabe su paradero. Aquí un recuerdo especial desde esta tribuna para pedir justicia y que no tengamos que hablar de estos temas. . Parece mentira que tengamos que recordar estos temas y otros como la cooperación internacional. El Grupo Republicano, como decía antes, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley convencidos como estamos de que la cooperación internacional y la justicia es nuestra responsabilidad. Lo decimos claro: la cooperación internacional salva vidas hoy, aquí y ahora. Esto no es ningún eslogan, es un hecho. Sabemos que la cooperación no resuelve todas las causas de la pobreza ni mucho menos, no resuelve todas las causas de la pobreza, pero mientras sangre la herida, son las curas. Esto hace que la cooperación internacional sean los primeros auxilios del mundo. Si aquí hay un clavo, cada vez que yo pase por aquí me haré daño, pero lo que me interesa es que me curen el daño que me ha causado este clavo, aunque la causa no sean las tiritas que me van a poner. La cooperación internacional no va a buscar las causas, pero sí que es imprescindible para las personas que la sufren. Mientras hacen falta primeros auxilios a muchísima gente, el Gobierno de Trump ha desmantelado la USAID, primera agencia humanitaria del mundo, en nombre de los intereses nacionales y de la seguridad de su país. Esto es su único objetivo, pero el problema no es solo Trump. La soberanía que solo sirve para armarse no es soberanía, es sumisión militarista y a los bloques militaristas de la clase popular. Esto es muy importante, debemos reflexionar mucho más. El mundo surgido de la Segunda Guerra Mundial que se conjuró, por lo menos en teoría, para buscar un mundo mejor y en paz se ha desmoronado completamente, no existe ya ni siquiera en el ámbito teórico. Nos dicen que no hay dinero para sanidad, educación o cooperación, pero para misiles sí que hay dinero y para drones también. El mundo al revés. Los misiles tienen más presupuesto que las vacunas, las armas tienen más de apoyo político que el agua potable y la guerra es más rentable que la paz. Nosotros debemos decir no. Como decía Raymond, no es aceptable, no es admisible y no es moral. Los proponentes debemos exigir al Gobierno coherencia, no podemos condenar a Trump cuando el Estado español dedica menos del 0,3 % a cooperación internacional. No podemos hablar de paz mientras se disparan sus presupuestos militares, que será un gran debate si llega. Por último, una pregunta incómoda. Si nos indigna Trump, ¿no debe indignarnos también Europa? ¿Dónde están los planes Marshall europeos para el Sur Global o la valentía de plantar cara a este mundo cada vez más militarizado y menos humano? Lo tenemos claro: cooperación sí, solidaridad también, cinismo no e hipocresía tampoco. Muchas gracias. .

Viviane Ogou i Corbi SUMAR

Gracias, presidenta. Señorías, Europa no se construirá de golpe ni de acuerdo con un solo plan, se construirá con logros concretos que forjen primero una solidaridad de facto. Así lo entendieron Schuman y Monnet, padres fundadores de la Unión, y así debemos entenderlo nosotros hoy, enfrentados a un reto de magnitud global: el colapso del modelo de cooperación y la urgencia de una arquitectura eficaz y descolonial. Hace justo hoy sesenta y ocho años, el 25 de marzo de 1957, se firmaron los Tratados de Roma con los que Europa daba un paso histórico y en los que se sentaban las bases de la cooperación al desarrollo, pero no debemos olvidar que desde entonces el neocolonialismo ha seguido privilegiando a unas pocas naciones y perpetuando la dependencia de las demás. . Como en el Plan Marshall que, a pesar de su aparente generosidad, también fue una herramienta de control económico y geopolítico, y Europa, en lugar de emanciparse de esa lógica, continúa replicándola con las excolonias. Señorías, si hoy debatimos este asunto es porque el Sur Global no se ha liberado, solo ha cambiado el color de sus cadenas. Las distorsiones en la arquitectura de la ayuda son evidentes: condicionalidad y proyectos que no responden a las verdaderas necesidades locales a cambio de economías explotadas para beneficio de nuestras empresas, como en el Congo, donde hemos arrebatado ya 6 millones de vidas para cambiar de móvil cada año. . Mientras las riquezas en África, Asia y América Latina nutren nuestras economías, les ofrecemos asistencia con una mano mientras les negamos el desarrollo industrial con la otra. Tanta dependencia ya nos hizo tambalear tras el primer mandato de Trump, cuando con la expansión de su agenda narcocapitalista puso de nuevo al Sur Global en el centro del tablero geopolítico a merced de empresas carroñeras y de grupos paramilitares dispuestos a pagar una barra de pan a cambio de hacerse con todo el coltán. Si esas políticas acabaron con revueltas antifrancesas y su expulsión en el Sahel, ¿qué resultado tendrá eliminar de golpe el 83 % de los programas de la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional? Señorías, esto no es solo un problema del Sur Global, es una amenaza para la estabilidad mundial. Si no actuamos ahora, destrozaremos las oportunidades y el progreso de millones de personas, y el resultado será más conflictos, más pobreza y más refugiados. . Para el éxito necesitamos reconocer y potenciar el talento del sur. Déjenme que les ponga un ejemplo: Víctor, un refugiado del Congo en Uganda, está convirtiendo su campo de refugiados en un barrio sostenible a través del emprendimiento social y el diálogo intercomunitario; mientras tanto, los fondos de cooperación se van a proyectos europeos en vez de a líderes como Víctor. Europa debe terminar con las políticas cortoplacistas y extractivistas y dejar el seguidismo de los intereses norteamericanos. Debemos estar a la altura de una reconfiguración geopolítica histórica. Señorías, España y la Unión Europea tienen un papel fundamental en la seguridad internacional: la transformación del modelo de cooperación. No basta con discursos, necesitamos acciones concretas. Cumplamos con nuestros compromisos internacionales para subir el presupuesto en cooperación al 0,7 %; mejoremos la directiva de diligencias debidas en su trasposición, posicionándonos como referente global, y escuchemos la voz de los actores políticos y sociales del Sur Global, apostando por proyectos que fomenten una verdadera autonomía. Debemos asegurarnos de que nuestra financiación llega a quien puede generar un cambio de verdad. Sé que encontraremos retos, señorías, y que no será la falta de recursos, sino la falta de voluntad política, la falta de voluntad para aprobar los presupuestos, presupuestos que se deben aprobar por el bien de nuestra ciudadanía y de la comunidad internacional. Hoy no solo nos enfrentamos a una extrema derecha y a una derecha extrema que atacan a la cooperación internacional, sino también a una Comisión Europea que en manos de Von der Leyen prefiere gastar en armamento para contentar a la industria militar norteamericana que en cooperación para garantizar la paz. . Esa Von der Leyen que posó junto a Meloni en Túnez tras ver cómo los fondos europeos servían para dejar a miles de personas en el desierto del Sahara, para que murieran de sed y de calor. Señorías, la única manera de garantizar la seguridad y la estabilidad, como nos legaron Schuman y Monnet, es a través de la solidaridad de facto. La paz y la estabilidad internacional no se construyen con armas, se construyen con oportunidades, con las políticas de cooperación en el centro y con justicia, y en España tenemos la responsabilidad histórica de liderar esta transformación en Europa. Por la dignidad de todos los pueblos, por nuestro pasado colonial, porque siempre hemos sido un país mestizo, africano y europeo, y por las 10 457 personas que murieron en 2024 tratando de llegar a las fronteras españolas, nosotros votaremos a favor. .

María de los Reyes Romero Vilches VOX

Gracias, señora presidenta. Señorías, la verdad es que nos tienen ustedes acostumbrados a iniciativas bastante peregrinas, pero es que hoy han batido todos los récords de disparates que se pueden poner por escrito, empezando por esa absurda perspectiva globalista que les permite creer que pueden meter sus narices, como si nada, en los asuntos internos de un país aliado y amigo como es, nada más y nada menos, que los Estados Unidos de América. Como suele ser habitual, se envuelven en el buenismo más ridículo para condenar eso que ustedes llaman ideología reaccionaria de la administración Donald Trump; un presidente, por cierto, que acaba de ganar unas elecciones con una mayoría aplastante, no como la de su Gobierno. . Y tienen ustedes la desfachatez de llamar demolición de la democracia presente y futura a acabar con el despilfarro. Pues vayan ustedes acostumbrándose, porque los vientos de Europa soplan también en esa dirección, y más pronto que tarde VOX gobernará y acabaremos con este despilfarro. . Tenemos que denunciar también esa retahíla de palabras fetiche que suelen emplear en sus iniciativas para envolver el verdadero veneno de la Agenda 2030: empoderamiento, resiliencia, derechos reproductivos ―que todos sabemos lo que es― y mucho cambio climático, como si a base de malgastar el dinero fuera posible cambiar la evolución del clima, que yo creo que eso no se lo creen ni ustedes. Las razones que ha expresado el presidente Trump para suspender los programas de la USAID se pueden resumir en dos palabras muy simples, que incluso ustedes van a entender: corrupción y despilfarro. Señorías, la administración Trump vela por los intereses de los ciudadanos americanos, como es lógico, porque son los que le pagan el sueldo, precisamente es lo que deberían hacer ustedes en el Gobierno de España y no lo hacen. Resulta que al ciudadano americano le fastidia que se despilfarren los impuestos que tan costosamente paga para financiar cosas tan absurdas como comics transgénero en Perú, óperas con perspectiva de género en Colombia o drag queens en Ecuador, sencillamente porque se trata de objetivos ideologizados y tendenciosos de nulo impacto en la lucha contra la pobreza. . Del mismo modo, estamos convencidos de que a los españoles, que pagan sus impuestos con mucho esfuerzo, no les hace gracia saber que buena parte de la millonaria cooperación española gestionada por la AECID va a financiar proyectos como promover el derecho a migrar o para fomentar la justicia ambiental. Están ustedes muy preocupados ahora por los recortes que se han producido en algunas administraciones españolas, por ejemplo, en Sevilla, en mi provincia; pero yo quiero que el pueblo español conozca algunos de los ejemplos que se han suprimido gracias a VOX. Como bien ha dicho, en el Ayuntamiento de Sevilla hemos suprimido, por ejemplo, unas partidas dedicadas al empoderamiento socioeconómico inclusivo con modelos basados en economía circular en pueblos indígenas en Perú. . Otro ejemplo: estrategia de nexo localizado para la protección integral de los derechos y dignidad del pueblo palestino con enfoque de género; suprimido también. Señorías, no es que queramos hacer recortes, no, es que vamos a meter la motosierra para acabar con todo este despilfarro en cuanto tengamos ocasión. . Ustedes, desde su torre de marfil, no se dan cuenta de que los recursos son limitados, que en España hay cada vez más necesidades, que tenemos el paro más alto de Europa y que nuestros jóvenes tienen que emigrar fuera de nuestro país porque aquí no tienen oportunidades. Y ustedes pretenden seguir despilfarrando nuestro dinero desde todas las administraciones: desde los ayuntamientos, desde las diputaciones, desde las comunidades autónomas y, por supuesto, desde el Gobierno central, en una carrera para encontrar amiguetes por esos mundos de dios que hablen de mucho género, de transgénero, de cambio climático y de empoderamiento. Señorías, por mucho que ustedes digan lo contrario, no hay control en la gestión de esos proyectos, nunca se evalúan sus resultados, no hay inspección ni fiscalización, nada sabemos de sus frutos, porque esto es un negocio para mucha gente que vive del cuento, y si no, díganme si les parece lógico que el dinero de los españoles se emplee en fomentar el turismo en Marruecos, un país que ya es competidor nuestro en este importante sector, o a fomentar el regadío de este mismo país, cuando aquí en España se está asfixiando a nuestros agricultores. ¿O nos tenemos que aguantar con que el señor Ábalos se haya forrado gracias a la cooperación española? Porque es que resulta que este señor es como el agua, que cuanto más se le investiga, más propiedades se le descubre. . Así que, señorías, dejen su demagogia, dejen de tocar las narices a nuestros aliados, vayan por Valencia o por La Palma o a los barrios más humildes de Sevilla — donde, por cierto, tenemos los cuatro barrios más pobres de España— y dejen de regalar el dinero de todos los españoles a sus colegas progres. Muchas gracias. .

Javier Noriega Gómez PP

Gracias, presidenta. Señorías, es para mí un inmenso honor poder dirigirme a ustedes y a todos los españoles desde el Congreso de los Diputados. Este año 2025, Sevilla, España, será el escenario mundial de la cooperación al desarrollo. A finales de junio y principios de julio se va a celebrar la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiación. Servirá para revisar la arquitectura financiera internacional y establecer un marco financiero mundial renovado para el desarrollo sostenible, y España debe estar a la altura. El Partido Popular, como siempre, es consciente de que la cooperación es una política de Estado, es parte esencial de la acción exterior española y nos define como una democracia solidaria. No olvidemos que fue el Gobierno del Partido Popular el que apostó por vez primera en España por la cooperación, y promulgó la primera Ley de Cooperación que estuvo vigente durante más de veinte años. . Y también el Grupo Popular participó con otros grupos parlamentarios y ONG para llegar a un consenso y sacar adelante la actual Ley de Cooperación del año 2023, como todo el mundo sabe. Por tanto, lecciones del Grupo Socialista en esta materia de cooperación ninguna. . La cooperación es política de Estado, y el Grupo Socialista con esta iniciativa demuestra que no está a la altura. Señorías, traen una iniciativa con peticiones orientadas a dividir y a politizar la cooperación, ya lo hemos escuchado, justo precisamente en el año en que España será relevante en el ámbito internacional. Ahí no nos van a encontrar, señores socialistas. Sigamos hablando de coherencia, señorías del Grupo Socialista, y miremos a sus socios. ¿De verdad quieren hablar de cooperación, de desarrollo, de derechos humanos, mientras se apoyan en partidos que justifican dictaduras como la de Venezuela o la de Cuba? . ¿Hablan de solidaridad internacional mientras gobiernan gracias a los que blanquean a regímenes totalitarios que persiguen, encarcelan, torturan y matan? ¿Van a mirar a la cara a los cooperantes, a los activistas, a las ONG mientras sus socios se fotografían con Maduro o defienden a Ortega? Sánchez ha elegido esta mayoría radical desde que levantó el muro en su discurso de investidura, y han convertido la política exterior y la cooperación en una herramienta al servicio de una ideología reaccionaria y antidemocrática. Y eso, señorías, no es solidaridad. Eso es traición a los valores que ustedes dicen defender. Que me perdonen sus señorías, pero con Bildu, con Esquerra, con Podemos y con el BNG no se construye una política de cooperación seria y ética, se construye un ‘Frankenstein’ ideológico que mancha la imagen de España y destruye nuestra credibilidad internacional. . Sánchez falseando números de defensa para intentar cumplir con el rearme que exige Europa y sus socios exigiendo salir de la OTAN, ¡qué maravilla!, ¡qué coherencia! ¿Saben ustedes que la ministra de Infancia no condenó el traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia? ¿Les parece eso sensato? Con este Gobierno España va a la Conferencia de Naciones Unidas con el peor nivel de ejecución presupuestaria de los últimos años, incumpliendo la ley y mintiendo sobre sus compromisos. ¿Dónde está el 0,7 %? ¿Dónde está lo que firmaron ustedes mismos en la ley? Un 0,3 % en el año 2022; 0,24 % en el año 2023 y este año no llegamos ni a eso. Y no se nos olvide que llevan dos años sin presentar los presupuestos generales ante la Cámara, tal y como exige el artículo 134 de la Constitución Española. . Hablan ustedes de cooperación, pero incumplen de manera flagrante los compromisos adquiridos con el querido pueblo saharaui. No solo desoyen las resoluciones de la ONU, sino que ni siquiera gastan las partidas que han sido aprobadas en el presupuesto del año 2023 con las enmiendas aprobadas en esta Cámara. Lamentable, muy lamentable. . Señorías, el Grupo Popular no renuncia a los principios que recoge el artículo 2 de la Ley de Cooperación: transparencia, rendición de cuentas, ética e integridad en la gestión. Y por ello condenamos actuaciones como las protagonizadas por el ‘número 2’ del PSOE, José Luis Ábalos, a través de Fiadelso y sus turbias adquisiciones de inmuebles en Perú y Colombia. Pero eso está sub judice, señorías. Respetemos y dejemos actuar a la justicia. Termino, presidenta, hablando de los cooperantes, que trabajan siempre en condiciones extremas. Merecen una política a la altura de su entrega, y su esfuerzo no puede ser un arma electoral. Eso solo puede venir del compromiso que defiende el Grupo Popular, porque apostamos por la cooperación, creemos que está por encima de cualquier ideología y de cualquier Gobierno y queremos trabajar sin politizarla, para estar a la altura de lo que el mundo merece. Señores del Grupo Socialista, con el desarrollo no se juega, la solidaridad no se manipula y con la ética no se negocia. Muchas gracias. .

Ignacio Hoces Íñiguez VOX

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. La política rectamente ordenada se orienta al bien común y, por tanto, vela siempre por el interés general, por el interés nacional. Hoy, por desgracia, tenemos políticos que no miran por el compatriota, sino por el extranjero, y desprecian España, su unidad, su soberanía y su identidad, mientras ensalzan lo ajeno e impulsan ideologías diametralmente opuestas a las necesidades reales de los españoles, trayendo más desolación, más ruina, más inseguridad y más delincuencia. En vez de velar por el compatriota, por los españoles, a quienes nos debemos, esta Cámara hace mucho tiempo dejó de mirar y trabajar día a día por lo verdaderamente importante, la unidad de España y el bien de los españoles. Por eso, traigo a colación aquella sentencia de Antonio Maura que decía que las naciones no mueren por débiles, sino por viles. Y es vil un Gobierno cuando pacta todos los días cediendo soberanía ante los separatistas. Es vil e indigno un Gobierno de la nación cuando directamente impulsa y promueve la desindustrialización y, por tanto, la pérdida de soberanía económica, fiscal, alimentaria y energética. . Se es vil, indigno y miserable cuando se atacan frontalmente nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra identidad llenando nuestras calles de islamismo. Y se es profundamente vil, indigno, miserable y cruel cuando se pacta con los herederos políticos de los terroristas, aquellos que han vertido tanta sangre martirial en esta tierra. . Hoy los enemigos de España y su soberanía están muy claros: el separatismo y, por otro lado, el globalismo y todas las fuerzas políticas que ayudan a ambos fines. Por un lado, el globalismo, es decir, la superación del Estado-nación, la uniformización inherente a la aldea global, esa ideología que quiere al hombre uniforme, sin vínculos y producido en serie. Por otro lado, el separatismo, la ruptura de la unidad nacional de siglos, la de nuestra prosperidad y nuestra convivencia por aquellos que quieren la muerte de la unidad de España, de nuestros vínculos entre iguales y de la memoria colectiva. Y, señorías, toda esta Cámara, a excepción de VOX, considera la soberanía nacional como un producto de consumo, algo fungible y ofertable. Han hecho de la nacionalidad una abstracción y de la nación, la herencia de posibilidad y protección algo así como un vestigio ruinoso que conviene superar. Pues no, porque en VOX sabemos que la unidad y soberanía de España son anteriores y superiores a cualquier ley y, por supuesto, también al texto constitucional, aunque con ustedes, señorías, no haya ley que promulguen que no ceda soberanía ni política pública que reste libertad ni declaración institucional que no sea una venta pública por liquidación. . VOX lo tiene claro: España existe, no es una entelequia; nuestras experiencias, recuerdos y tradiciones están ahí; nuestros afectos y relaciones tienen nombre propio; nuestros barrios, nuestras comarcas, nuestras regiones y pueblos son algo tangible de lo que somos; y España no está en venta, no puede desguazarse ni venderse por partes, no puede disolverse ni desaparecer. Por eso, VOX ha estado, está y estará siempre del lado de los españoles y su soberanía, de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que seremos. Por eso, VOX defiende la soberanía nacional, es decir, la capacidad del conjunto del pueblo español para decidir nuestro presente y nuestro futuro, sin más límites que la unidad y la identidad, nuestras leyes naturales, defiende la integridad territorial de España, la protección de nuestras fronteras, las Fuerzas Armadas y, por supuesto, nuestro patrimonio. Defiende la soberanía energética, es decir, la capacidad de la nación para autoabastecerse: queremos explorar y explotar nuestros propios recursos naturales para abaratar así la factura de la energía de las familias y empresas españolas, frente a todos ustedes, que prohíben explorar y explotar nuestros propios recursos naturales y quieren cerrar todas las centrales nucleares prefiriendo sepultar nuestro potencial por motivos ideológicos. . Defiende también la soberanía industrial, las industrias nacientes españolas y un plan de reindustrialización que devuelva el empleo y la vitalidad a nuestros pueblos y comarcas. Defiende la soberanía alimentaria, el sustento de las familias españolas y el porvenir de nuestros productores, frente a la competencia desleal extranjera y a los adalides de la deslocalización, el paro y la precariedad. Y digo esto, señorías, porque debemos ser la única nación del planeta que impulsa la industria extranjera mientras desecha la suya y llena de dinero público, extraído de los impuestos de todos los españoles, el campo extranjero, asfixiando a sus agricultores, ganaderos y pescadores, que dan de comer — no se les olvide, señorías— a todos los españoles y sin los cuales nuestras ciudades se vendrían abajo. . VOX está y estará siempre en defensa de la soberanía económica y fiscal y del esfuerzo de las familias, las empresas y los trabajadores españoles, frente al expolio incesante y la deuda pública, que se incrementa día a día, lacra nuestro presente y condena nuestro porvenir; en defensa de la soberanía digital y de la intimidad de los españoles, frente a la venta masiva de nuestros datos más allá de nuestras fronteras y frente a esa nueva moneda digital —ahora ustedes la quieren impulsar y, luego, la querrán hacer obligatoria―, cuando es un verdadero e histórico atentado contra la libertad económica y la intimidad personal y familiar de los europeos y, en particular, de los españoles. Por tanto, está y estará siempre en defensa de España y de los españoles, frente a ustedes. Defenderá la unidad, con las diferencias, pero contra la indiferenciación. Porque, señorías, ceder soberanía es desmantelar nuestra industria y nuestra riqueza nacional. Ceder soberanía es sustituir el campo español por el extranjero regándolo de dinero público, un verdadero acto de suicidio colectivo. Ceder soberanía es prohibir a nuestros pescadores salir a faenar. Ceder soberanía es llenar nuestras calles de inseguridad y delincuencia con las oleadas de inmigración ilegal, es decir, un suicidio económico, cultural y social que ni VOX ni la inmensa mayoría de los españoles estamos dispuestos a seguir, a pesar de que ustedes, con sus delirios ideológicos, lleven demasiado tiempo impulsándolo. Muchísimas gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Gracias, presidenta. Menudo batiburrillo de moción, señorías de VOX. La verdad es que, al leer su moción, he tenido sensaciones de sonrojo y también de desconcierto. Por un lado, tratan un tema tan serio y tan esencial como es el de nuestra soberanía con tanta superficialidad y falta de lógica que dejarían a cualquiera absolutamente desconcertada. No tienen ni un mínimo de criterio. Por otro lado, sorprende la osadía de la ultraderecha española: presenta en esta Cámara una iniciativa invitando a recuperar nuestra soberanía dando lecciones a esta Cámara y al resto de grupos parlamentarios sobre lo que significa. Han hablado ustedes de ceder soberanía, mientras el señor Abascal ―qué raro, no está― agacha la cabeza frente al presidente de Estados Unidos, el señor Trump, que está agrediendo a nuestro sector productivo, a nuestro sector primario y a nuestras institucione y atacando nuestra democracia y quiere destruir el campo, nuestros agricultores y nuestra industria agroalimentaria soberana. Son ustedes, con su socio de Estados Unidos, los que van a asfixiar a los agricultores. Señorías de VOX, no sean tan hipócritas y cínicos. Cuando registren una moción con este tipo de contenido pongan con valentía negro sobre blanco el contenido real de esta moción: el fin de la democracia y también de la convivencia civil de este país. Eso es lo que están proponiendo en esta iniciativa, que es absurda. Además, les alienta el señor Trump, que ha dicho que están haciendo un buen trabajo justamente para conseguir eso. Es una vergüenza que sean ustedes los siervos y las siervas del señor Trump, el que está contra de los intereses de España. ¿Eso es lo que son ustedes, los patriotas, los soberanistas? Ustedes lamen las botas del señor Trump. Es que hay que reírse. En esa mezcolanza de iniciativa que han hecho hay incongruencias y contradicciones. No sabría por dónde empezar, pero la peor es la de contraponer la soberanía del Estado con el Estado de las autonomías o el federalismo. Ustedes, que son tan amigos de Estados Unidos, ¿no piensan que es soberano? ¿Un país federal como Estados Unidos no puede tener soberanía? Su ataque al Estado de las autonomías y a cualquier avance en este sentido es un ataque directo a la democracia y a todo lo que ha llegado tras el franquismo. Al rechazar el Estado de las autonomías están reivindicando directamente el franquismo, que volvamos a ese lado oscuro de la historia, que volvamos atrás, la vuelta atrás y la oscuridad. Les voy a recordar que el Estado español es mucho más grande, mucho más amplio, y que hay mucha más diversidad de la que ustedes puedan comprender. De hecho, más de la mitad de los españoles y las españolas no caben en la España que ustedes dibujan, y por eso nunca van a gobernar. Eso sí, la contradicción y el cinismo están muy patentes: bien que les gustan a ustedes las autonomías cuando entran en Gobiernos autonómicos con el Partido Popular o se llevan al bolsillo subvenciones de las comunidades autónomas donde gobiernan. ¿Por qué no renuncian, si no les gustan las autonomías, a estar en Gobiernos autonómicos con el Partido Popular? ¿Por qué no renuncian a las subvenciones de las autonomías, que son dinero público? Es pura hipocresía y pura mentira lo que traen aquí. Jamás ustedes predican con el ejemplo. Les encanta, además, pactar y legislar con los Gobiernos del Partido Popular sobre el cuerpo de las mujeres, sobre los cuerpos de los menores migrados, sobre la educación, sobre la sanidad y sobre reducir los impuestos a los millonarios o dar subvenciones a fundaciones como la suya, Disenso, o a panfletos mediáticos. Para eso sí les sirve mucho el dinerito público y el de las autonomías. ¡Ahí no se indignan tanto! Tampoco para pactar con el zombi político de Mazón para repartirse el dinero de la reconstrucción sobre los cadáveres de 227 personas inocentes. Para eso no tienen ustedes ni escrúpulos ni vergüenza, ni tampoco para comprar armas a empresas yanquis que financian a vuestro jefe Trump. Ahí no tienen tampoco problema con la soberanía. Pero sí lo tienen para avanzar en justicia social, para luchar contra el cambio climático o para asumir compromisos internacionales en derechos civiles. Para eso sí tienen problema. Quieren soberanía para que no existan derechos laborales y ambientales en el campo, para que se privatice la educación, la sanidad, pero a la hora de dar la cara y defender al campo español ante la agresión de Trump y su política colonial se arrodillan ante él. ¿Saben por qué? Porque su única bandera es el dólar y su única patria es el bolsillo de Elon Musk y Trump, señorías de VOX. Termino. No tienen ustedes ninguna legitimidad para hablar de soberanía en esta Cámara porque no saben lo que es ni la defienden cuando toca. Esta propuesta que traen hoy es antiespañola y antisocial y no defiende la soberanía de este país. Defender la soberanía hoy es denunciar que la OTAN es una jaula que limita nuestra soberanía, que Estados Unidos es un país que representa un peligro para la estabilidad y la continuidad del proyecto europeo y que España es un país de naciones y de autonomía donde cabemos absolutamente todas. Defender la soberanía del propio país pasa también por defender la soberanía de los demás y no mirar a otro lado y ser cómplices, como ustedes, del genocidio del pueblo palestino por parte del Gobierno sionista. Ustedes serán de todo, señorías de VOX, menos soberanistas. Votaremos que no. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. Presenta VOX una moción sobre la soberanía de España y la contrapone, como sus máximas amenazas, al separatismo y el globalismo, respecto de las cuales nos dicen que les hierve la sangre. A través de estos presupuestos enhebra una serie de propuestas en pos de la soberanía del Estado en distintos ámbitos de las políticas públicas, como la organización territorial del Estado, la constitución territorial, la energía, la Administración de Justicia, la fiscalidad, las políticas agrarias y alimentarias, etcétera. Ni qué decirles, señorías, que, a nuestro juicio, con muchas de ellas se compone un ramillete de propuestas disparatadas, tales como desmontar el sistema autonómico, y me pregunto: ¿modificando la Constitución o manu militari?; ilegalizar partidos políticos independentistas cuando su actividad tienda a ello, y me pregunto: ¿modificando la Constitución o manu militari?; suprimir los derechos históricos, la foralidad vasca y navarra, y yo también me pregunto: ¿modificando la disposición adicional de la Constitución o manu militari?; no reconocer la supremacía de la justicia de la Unión Europea y de los tribunales derivados de acuerdos internacionales ratificados por España, y yo me pregunto: ¿saliendo de la Unión y rompiendo los tratados internacionales, ya que también proponen la denuncia de tratados internacionales sobre el cambio climático? En fin, señorías, no seguiré por falta de tiempo. Frente a muchas de sus afirmaciones descubrimos que VOX constituye un pozo de incongruencias, como nos señalaba el otro día Ángel Munárriz en un medio de comunicación de ámbito estatal. Son españolistas, pero no chistan cuando Trump se calza la web del castellano en la Casa Blanca e impone aranceles que hunden al campo y a la industria española y, a la vez, proponen la defensa del campo y la industria española. Son antiabortistas, pero apoyan a la declarada defensora de la interrupción voluntaria del embarazo, la señora Le Pen. Son antiimperialistas hasta la médula y, a la vez, comparten grupo parlamentario europeo con la Liga por Salvini y los nacionalistas flamencos, dos de las fuerzas europeas que más apoyaron el procés y al president Puigdemont. Presumen de tener un sindicato a imitación de la obrerista ultraderecha francesa a la vez que admiran a Miley, que abomina públicamente la justicia social. A la vez que hablan de la excepción nacional, piden financiación a bancos extranjeros. A la vez que hablan de la casta política, su fundador y presidente vive y ha vivido de chiringuitos públicos ad hoc. Y a la vez que predican la ley y el orden, incumplen las leyes sobre financiación de partidos políticos y, luego, hablan de delincuencia. Señorías de VOX, ustedes presumen de lo que carecen. Para ustedes ―se lo dijo el otro día la ministra― el patriotismo es un simple negocio y la dirección ideológica de su organización se la marcan desde fuera, la tienen subcontratada en el exterior: ni siquiera son genuinos, como les dijo la ministra en la interpelación de la semana pasada. Y, además, señorías de VOX, por si no fuera poco, ustedes inoculan el miedo y la ignorancia, el racismo y el fanatismo en la sociedad. Y a pesar de que, como dijo Schiller, contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano, nos tendrán enfrente, señorías, de VOX, y espero que nunca ganen, porque, sin duda, llevarán a su país y a todos a la ruina económica y moral. Nada más y muchas gracias. .

Aina Vidal Sáez SUMAR

Esta no va a ser la primera vez que les diga a sus señorías de VOX que ustedes padecen de nostalgia absolutista y representan, al fin y al cabo, el Antiguo Régimen. Esta es una moción fantástica para volver a confirmarlo. Empiezan ustedes citando a Juan Bodino, que yo creo que mucha gente se pregunta quién era. Pues Jean Bodin es un filósofo francés y del Antiguo Régimen, por supuesto. Las leyes que propone Bodin se originan de voluntad de Dios y defendían un monarca absoluto supeditado a Dios. No sé qué opinaría Bodin de este mézclum de emoción que presentan ustedes hoy aquí, pero, si salimos del siglo XVI y aterrizamos por fin en el XXI, esta moción es la expresión de su falta de respeto democrático. Para VOX, la pulserita pasa por delante del Estado social y democrático de derecho, de la igualdad, de la libertad y hasta de la realidad, como demuestra cada día su negacionismo climático y también científico. El principio que justifica su autoritarismo es que manden hooligans a generar más dolor a las mujeres que quieren abortar, que propongan eliminar las comunidades autónomas, que quieran prohibir partidos políticos o que les parezca bien que se persiga a oponentes políticos con fondos públicos, porque su concepto de nación pasa, simple y llanamente, por encima del derecho. . A VOX le molestan la democracia, la diversidad, el autogobierno, la igualdad entre hombres y mujeres o la mera existencia del colectivo LGTB+ o, por supuesto, las personas migrantes o racializadas. A VOX le molesta que la realidad les amargue el dulce de sus especulativos o contaminantes negocios, porque le dan muchísimo más valor al simbolismo que a la vida. Por eso defienden, por ejemplo, a las nucleares, que no solo son más peligrosas, sino muchísimo más caras. Les molesta todo lo que no se pueda constreñir a su anacrónica y reducida visión del mundo ―todo―. Para ustedes no hay adversarios, sino traidores, y no hay diálogo ni siquiera desacuerdos, sino amenazas. Todo lo que se organiza de forma abierta, coordinada, democrática o multilateral se convierte en una conspiración. Dicen defender la soberanía, pero aquí nos traen, básicamente, recortes, retrocesos y autoritarismo. Esta moción habla de recentralizar, de imponer, de silenciar, de expulsar y de negar la realidad. Ustedes defienden un concepto de soberanía del siglo XVI, contra los derechos universales y contra la ilustración. VOX no teme el desgobierno; de hecho, ustedes son básicamente agentes del caos. Eso es la extrema derecha. VOX teme que haya más democracia. La soberanía no es un golpe en el pecho ni tampoco uniformidad. Soberanía hoy son garantías para el pleno autogobierno, ser menos dependientes y tomar nuestras propias decisiones. . La verdadera soberanía, señorías, no se parece a discursos inflamados, sino que se observa en lo cotidiano. Es saber, por ejemplo, que un fondo buitre extranjero, señorías, no te pueda echar de casa. Es tener energía limpia a un precio justo y producida en este país. Es poder decidir como mujer autónoma si quieres o no interrumpir tu embarazo. Es la escuela pública y la sanidad pública. Es que tengas tiempo para formarte, para cuidarte y para poder decidir libremente. Y es, por supuesto, defender los intereses de España o de Europa frente a los de Estados Unidos o de Rusia. Eso es soberanía. . Y, fíjense, ¿qué hace VOX cuando ostenta el poder? Niegan la violencia machista ―ya han asesinado a seis mujeres este 2025―. Señalan a los niños y las niñas por su color de piel. Niegan el cambio climático tras la dana en el país valencià. En Castilla y León eliminan la mediación laboral y, en Baleares, eliminan la Oficina Anticorrupción. ¿Qué soberanía es esta, señorías? Ustedes impulsan una contrarreforma autoritaria, el viejo régimen con palabras nuevas. Van contra Europa, contra las comunidades autónomas, contra los sindicatos, contra los barrios que protestan, a los que creo que ustedes llaman estercoleros multiculturales ―yo no sé a qué pueblo defienden sus señorías―. Están en contra de subir el salario mínimo, de limitar el precio del alquiler, de proteger los servicios públicos, de mejorar las pensiones. Van ustedes contra todo. Para ustedes la soberanía es obediencia a los de arriba, al mercado sin reglas, al Estado sin frenos y sin ninguna rendición de cuentas. Su modelo no es soberano, es básicamente sumiso a quienes especulan, explotan, roban o contaminan sin ningún tipo de consecuencia, a quienes convierten lo común en un botín. Eso es lo que ustedes entienden por soberanía. . A VOX no le importa la pérdida de soberanía, nunca le ha importado. Por eso ustedes aplauden, entre otras cuestiones, a Blackstone con las dos manitas y con las orejitas. A esos sí que les aplauden sin ningún tipo de problema. Cuando beneficia a los poderosos y a los ricos, ahí no tienen ustedes ningún tipo de problema con ceder cualquier tipo de soberanía. Cualquiera. La soberanía para nosotras es otra cosa, señorías. La soberanía debe nacer de los intereses comunes, de la garantía de derechos y de la libertad de verdad. A nosotros nos encontrarán haciendo frente a las interferencias extranjeras en nuestras democracias, impulsando la soberanía popular, feminista, municipal, plurinacional y, por supuesto, también la energética, y, obviamente, se lo pueden imaginar, votando un no rotundo a esta moción, que es un mézclum imposible. Gracias. .

Rafaela Crespín Rubio PSOE

Señores y señoras de VOX, esta moción sería de risa si no dieran tanto miedo. Dan miedo porque son ustedes quienes agreden la soberanía nacional, el poder del pueblo, cuando insultan al presidente o cuando deslegitiman al Tribunal Constitucional. . Y dan miedo porque son ustedes a quienes les sobran las instituciones, y mucho más las alianzas entre ellas. Pero, eso sí, aplauden a Trump y sus aranceles. Dan miedo porque, en definitiva, señorías, a ustedes les sobra la democracia. Sí, dan miedo. Da pánico ver que los jóvenes en los institutos están ensalzando la figura de Franco. . La mayoría de la ciudadanía, señores, quiere un futuro próspero en convivencia y en igualdad y no volver a las cavernas, señores de VOX. A la soberanía nacional y a la democracia solo las atacan los que no creen en ella y con debates como el que quieren traer hoy con esta moción. Sí, señores de VOX, quieren traer aquí el debate de los ilegales y de los legales, el debate de los buenos y de los malos, el debate de los blancos y de los negros, porque todo esto surge ante la proposición de ley que el Grupo Socialista acuerda con Junts. Señorías, las personas nunca son ilegales. Son ilegales las acciones que están fuera de la ley y que hacen algunas personas, que son, por cierto, de todos los colores y todas las clases sociales. . Y yo quiero aquí, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, con orgullo, decir que sí, sin complejos, que creemos, defendemos y ejercemos la delegación de competencias para servir mejor a la ciudadanía, de forma más eficaz y más eficiente, como siempre hemos creído, sobre todo cuando se trata de atender a las personas que más necesitan de lo público, a las más vulnerables, y cuando se trata de llegar a tiempo para recomponer las vidas de tantos niños y niñas que llegan a nuestro país huyendo de las guerras, el hambre, la violencia sexual, el horror, señorías. No caben titubeos a la hora de delegar en las comunidades autónomas y de cooperar con ellas y con los ayuntamientos, porque también son Estado los ayuntamientos, proximidad y cercanía, señorías. Estas personas llegan a nuestras ciudades y a nuestros pueblos y ahí desarrollan su vida y contribuyen al bien común. En ese proceso es donde se da la integración plena para la convivencia y para contribuir al progreso de nuestro país. Porque ellos y ellas sí contribuyen, porque madrugan, señorías, y trabajan; por cierto, más que Abascal y la bancada de las señorías de VOX. . Y hay muchos ejemplos de esto en toda España de la mano del tercer sector y de administraciones sensibles y comprometidas. Pero yo me quedo hoy con el ejemplo de Montilla, un pueblo cordobés, y con EMET Arco Iris. Les invito a conocer la maravillosa labor que hacen con mujeres y niños que llegan destrozados física, mental y emocionalmente. Les contaré una de tantas historias. Aminata tiene veintiocho años. Nació en Camerún, pero tuvo que salir de allí escapando de la violencia que desgarra en dos al país y que somete al pueblo a masacres, tortura y violencia sexual. El viaje fue peligroso y largo, de varios años. Ha tenido miedo muchas veces y ha sufrido violencia otras tantas. Llegó a Argelia, donde llegó embarazada, y no puedo registrar a su bebé por temor a que los separasen por no estar de manera regular en el país. Finalmente, pudo cruzar a España en una patera, repleta de miedo, pero también de mucha esperanza. En Montilla, una ciudad de Córdoba, se encuentra el centro ODÖS, de la Fundación EMET Arco Iris, que brinda acogida y asistencia integral a mujeres africanas embarazadas y con niños y niñas, y lo hacen con la financiación de este Gobierno. Este fue el caso también de Aminata. Señores del Grupo Popular, este proyecto es solidario, señorías. . El Ayuntamiento de Montilla ha jugado un papel primordial. ¿Saben cómo? Empadronándola con el acta policial de la llegada en patera; un documento que no todos los consistorios aceptan. El empadronamiento es la clave para el acceso a los servicios públicos y a los derechos básicos. Pero, además, un juez de Montilla autorizó la inscripción en el Registro Civil del niño de Aminata, que era un bebé condenado a la invisibilidad y desprotegido. Han pasado ya unos años y Aminata ha aprendido español, tiene un trabajo que le gusta, ha podido formar un hogar, contribuye con el Estado, y el niño juega y se desarrolla con otros niños y niñas montillanos. Termino, presidenta. Señorías, este es un país solidario y de acogida. ¿Y saben? La mayoría estamos orgullosos de serlo, porque esto es construir país. Esto lo hacemos, señores de VOX, desde la soberanía nacional y el poder que nos otorga el pueblo español, señorías. Lo suyo, señorías de VOX, va de negar derechos, de apagar la esperanza, de romper sueños, los sueños de aquellos que arriesgan su vida por un futuro mejor. Y, señorías del Partido Popular, esto lo hacen con su connivencia. A ustedes, señorías del Partido Popular, les recomiendo que se alejen de sus socios. Ustedes tienen que elegir si están del lado del problema o están del lado de las soluciones. Y, si no, elijan estar del lado de los españoles y de las españolas, de la gente que más necesitan de la política y de los escaños de estos diputados y diputadas. Muchas gracias, señorías. .

Beatriz Jiménez Linuesa PP

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La verdad es que llama la atención escuchar a la portavoz socialista hablar de soberanía nacional y de que el Partido Socialista está haciendo lo que le mandaron los ciudadanos que hicieran. Mire, soberanía nacional es ese principio fundamental que asegura que el poder para tomar las decisiones reside en el pueblo español, y que este lo ejerce a través de sus representantes elegidos democráticamente en las elecciones, para defender los intereses de la sociedad española cumpliendo con la palabra dada. Pero, claro, este Gobierno ha erosionado este principio fundamental y la palabra dada ha sido sustituida por la mentira como medio de supervivencia del líder. A él, al líder, al ‘número 1’ le gusta llamarlo cambios de opinión, pero, según la RAE, una persona que utiliza la mentira de manera habitual para obtener ventajas personales es un mentiroso y un farsante. . La mayor ventaja personal obtenida por el ‘número 1’ de la mentira no es algo menor; es la Presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez ha mentido una y otra vez poniendo en riesgo a los tres poderes que emanan de la soberanía nacional y que es nuestra obligación mantenerlos independientes. Sánchez ya inició su carrera hacia el Poder Legislativo, retorciendo, eso sí, el Poder Legislativo, y lo hizo, como no podía ser de otra manera, con una mentira. En 2018 presentó la moción de censura dispuesto a convocar elecciones inmediatamente. Pero no lo hizo hasta febrero de 2019, cuando sus socios separatistas le tumbaron los presupuestos ; presupuestos, por cierto, que, en 2018, sí exigió al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aprobara. ¿Por qué? Porque, según Sánchez, un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no puede gobernar, y prorrogarlos supondría prorrogar los problemas de la gente. Pues, queridos españoles, Sánchez va a prorrogar nuestros problemas hasta que algún partido independentista sea capaz de conseguir sus exigencias, que, por cierto, van a perjudicar al conjunto de la sociedad española, y así le apruebe los presupuestos este año o el que viene o, bueno, ya da igual, porque su intención es no presentarlos, como sí exigió, en 2018, bajo la frase «o presupuestos o elecciones». Señorías socialistas, tomen nota porque esto va con ustedes. . Y Sánchez lo hace bajo la excusa de la estabilidad. ¡Y claro que lo que necesita España es estabilidad! Necesita estabilidad en nuestras instituciones, porque hay que devolverle el prestigio que han perdido por la política de un Gobierno que ni siquiera tiene un proyecto nacional coherente; un Gobierno que gobierna a golpe de concesiones a aquellos que ni quieren ni creen en una España unida y común. Todo ello lo hace por mantenerse en el poder, pero, claro, es que el poder permite blindar a familiares y también a compañeros de partido que se lucran del esfuerzo de todos los españoles; unas instituciones que pretenden ser colonizadas por el sanchismo. Desgraciadamente, ya estamos viendo algunos ejemplos de ello. El más flagrante es el del fiscal general del Estado, la primera vez en la historia que está imputado y, además, lo está por un delito que es más de un régimen totalitario que de una democracia plena como la que vivimos. . Pero podemos hablar del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas, del CNI, de Radiotelevisión Española, votada en esta Cámara mientras los valencianos agonizaban; Red Eléctrica Española, Renfe, Correos; y así hasta más de cincuenta, bajo el mandato de antiguos cargos del Partido Socialista. ¡Qué vergüenza, señorías! . Y si con esto no fuera suficiente, también quieren seguir silenciando a esta Cámara. Lo que tienen que hacer es convocar de una vez por todas el debate del estado de la nación, porque los españoles necesitan alzar su voz para conocer qué están haciendo ustedes en este Gobierno enfangado por la corrupción. Pero, para mantenerse en el poder, claro está, hay que poner al servicio del ‘número 1’ todos los instrumentos al alcance y, también, a todas las formaciones políticas, aunque eso suponga que dividamos a los españoles y desdecirse de lo que ya dijo: No voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pedro Sánchez, en esta tribuna, en el año 2016. Hoy, los partidos independentistas y aquellos que han defendido a la banda terrorista ETA, tras un Sánchez derrotado en las elecciones de 2023, lo invistieron presidente del Gobierno. . Y, para ello, además, fue necesario que Pedro Sánchez cambiara de opinión con respecto a lo que opinaba sobre algún partido independentista, en este caso Junts, que antes decía que era la representación política del racismo y de la xenofobia, pero hoy le cede las competencias en materia de migración para seguir en el sillón de la Moncloa. Además, había que agradecerles los servicios prestados. Así que, tras el 23 de julio impulsó en esta Cámara la Ley de Amnistía que venía negociando con los separatistas desde el mes de marzo y que había negado en numerosas ocasiones en la campaña electoral, sin olvidar que no ha traído a que dé cuentas el prófugo Puigdemont para ser juzgado en España, como prometió, y lo que es peor de todo, está intentando amnistiarlo, todo ello retorciendo y manipulando el Poder Judicial de la mano de otro amigo socialista al frente del Tribunal Constitucional. Termino, presidenta. Pedro Sánchez no puede ser ni un minuto más el presidente de todos los españoles, y no puede serlo porque está intentando silenciar este Congreso, porque está destrozando nuestras instituciones, porque está levantando muros y generando desigualdades entre los españoles, y porque no ha hecho otra cosa más que mentir a todo el conjunto de la sociedad española desde el inicio. . Solo hay un camino que revierta esta situación insólita que estamos viviendo en España y es que Pedro Sánchez convoque elecciones y devuelva al pueblo español la soberanía nacional. .