Pleno del Congreso n.º 59 · XV legislatura

Ainhoa Molina León PP

Sí, juro.

Vicente Montávez Aguillaume PSOE

Sí, prometo.

Íñigo Errejón Galván SUMAR

Gracias, señora presidenta. Hoy abordamos una cuestión que todo el mundo — vote lo que vote, tenga las simpatías que tenga y tenga las preferencias electorales que tenga— sabe que es una necesidad acuciante, sabe que es un drama social y sabe que es un clamor; un drama que afecta a todas las españolas y los españoles, pero particularmente a los jóvenes. El derecho a la vivienda, el derecho a tener un hogar en el que construir un proyecto de vida, el derecho a elegir si se quiere vivir solo o se quiere vivir en pareja, con amigos, con hijos, cerca de tus padres o de tu familia, en tu pueblo o en tu barrio hoy no se está cumpliendo en España. Demasiada gente en nuestro país sabe lo que es vivir con la angustia permanente de que te puedan subir el alquiler, de que te echen de tu casa porque no puedes afrontar cien, doscientos, trescientos o cuatrocientos euros más y la angustia de saber que ahí fuera, en el mercado, quizá tampoco pueda existir otro alquiler que te puedas permitir. Demasiada gente sabe lo que es vivir con la incertidumbre y el agobio de que lo más probable es que tengas que mudarte de barrio, cambiar a tus hijos de colegio, cambiar las rutas de transporte, tener que cambiar el conjunto de tu vida y de tus relaciones comunitarias. Demasiada gente sabe lo que es la vergüenza de tener que volver a casa de tus padres, de tener que seguir compartiendo piso a los cuarenta o de tener que seguir conviviendo con una persona con quien no quieres seguir conviviendo, pero que necesitas para poder pagar el alquiler o afrontar la hipoteca. Demasiada gente sabe lo que es no encontrar casa en tu pueblo o en tu ciudad porque tienes la mala suerte de haber nacido en una zona turística en la que solo te hacen contratos de septiembre a junio, porque el resto de los meses están reservados a multiplicar las ganancias con el alquiler turístico. Demasiada gente, simple y llanamente, no puede construir proyectos de vida en nuestro país. Esto no es una casualidad, esto tampoco es reciente, esto no es algo que de repente acabe de suceder, es algo que se viene cultivando desde hace mucho tiempo; es el resultado de un desequilibrio profundo de poder en nuestro país entre una minoría propietaria que impone sus condiciones y una mayoría que se ve sometida a condiciones que no puede elegir. . Hay quienes defienden, desde posiciones que se autodenominan liberales, que este problema se arregla solo, que lo que hay que hacer es dejar al mercado porque lo va a arreglar solo y que toda intervención pública se convertiría en un bumerán que acabaría empeorando la situación y, en este caso, elevando los precios. Vamos a poner dos ejemplos, porque las ideas se miden en sus efectos. La gente que dice que cualquier intervención pública lo que va a hacer es encarecer los precios decía lo mismo, por ejemplo, con la intervención de los mercados energéticos en España. Si el Estado asume sus responsabilidades e interviene en la fijación de precios de la energía lo que pasará es que los precios se dispararán. ¿Qué ha sucedido? Que hoy tenemos la energía mucho más barata que la media de la Unión Europea gracias a una intervención pública decidida al lado de las familias y no al lado de las grandes energéticas. . Segundo ejemplo de esta supuesta idea, que dice: No, no, es que, si el Estado interviene, los precios se disparan. Quienes defienden esta idea nos decían que si el Estado tomaba parte decidida para proteger la renta de las familias trabajadoras, que si tomaba parte decidida para proteger las condiciones de vida de los trabajadores, las consecuencias iban a ser las contrarias de las buscadas; así que, si realizábamos una reforma laboral, por primera vez en décadas, para mejorar los derechos de los trabajadores o si subíamos el salario mínimo interprofesional, se iba a disparar el desempleo. Hoy, hay más trabajadores que nunca trabajando en España, en mejores condiciones y con el salario más alto. . En realidad, el debate no es sobre si tiene que haber intervención pública en el mercado de la vivienda o no; es el debate sobre si, por primera vez, esta intervención se hace para garantizar los derechos de quienes necesitan una vivienda y no pueden elegir, o la intervención pública se sigue haciendo al dictado de los grandes tenedores de vivienda, de las oligarquías rentistas, de los fondos buitre y de los bancos. . En este caso, además, es particularmente sangrante, porque saben ustedes que el mercado de la vivienda es un mercado muy imperfecto; no existen los mercados perfectos, salvo la cabeza de tipos, no sé, como Milei. El mercado de la vivienda es un mercado particularmente imperfecto porque, en primer lugar, la demanda es inelástica. La gente no puede elegir libremente si alquila o si compra una casa; la gente no puede elegir no consumir o no acudir al mercado de la vivienda. Sean cuales sean los precios, sean cuales sean los abusos, sean cuales sean las condiciones la gente no es libre para decidir no alquilar o no comprar una casa. Igual que pasa, por ejemplo, con la sanidad. La gente no es libre para decidir no curarse si está enferma. Por eso, hace tiempo que decidimos que la sanidad la sacábamos del mercado para garantizar un derecho. Lo que hicimos con la sanidad y generó tranquilidad es hora de hacerlo ya de una vez con la vivienda. . Y, en segundo lugar, porque el mercado de la vivienda es un mercado oligopólico, donde la gran propiedad está concentrada en muy pocas manos, que, así, pueden imponer sus condiciones, pueden abusar, pueden encontrarles rendijas a las normas, pueden marcar condiciones a las que el resto, simple y llanamente, no puede escaparse; simple y llanamente le toca decir que sí, y eso no es ningún tipo de libertad. Les doy dos datos. Uno no es del sindicato de inquilinos, es del portal inmobiliario Idealista. Los dos mayores caseros en España no son unas abuelas con un piso que complementa su pensión ―eso es un animal mitológico detrás del cual ustedes se esconden―, sino que son: Caixabank y el fondo buitre Blackstone. Segundo dato, en Barcelona casi la mitad de los pisos en alquiler son de propietarios que tienen seis o más viviendas; seis o más viviendas no es un pequeño propietario que tiene que compensar su salario con un poquito de una vivienda. Alguien que tiene seis o más viviendas es alguien que todos los días puede permitirse no trabajar, viviendo exclusivamente de las rentas, sin generar un solo empleo, sin generar valor añadido, sin modernizar nuestro país y detrayendo recursos de la economía productiva para ponerlos al servicio de la economía rentista. Que en España los precios de la vivienda estén disparados no es una desgracia, no es una casualidad; es simple y llanamente el resultado del desmesurado poder de una minoría por encima de la mayoría, y es necesario que este Congreso empiece a tomar cartas en el asunto. Todos ustedes, que muchas veces mencionan permanentemente la Constitución para tirársela a la cabeza de otros, se olvidan sistemáticamente de los artículos que no les gustan. El otro día lo dijo la vicepresidenta, Yolanda Díaz: no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Ojo, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. No es la Constitución de la Unión Soviética, es la Constitución española. . En este caso, después de mucho tiempo de haber fomentado un modelo en el que se intentaba construir un bloque inmobiliario rentista, en el que la clase media aspiraba a poder tener una casa que dejar en herencia a los hijos, que compensara las rentas cada vez más insuficientes del trabajo, lo que ha sucedido es que ese modelo se ha hecho insostenible; y como se ha hecho insostenible, a todos los españoles ―también a sus votantes― les resulta una fuente cada vez mayor de angustia, de incertidumbre, de quebraderos de cabeza, de miedo y de inseguridad conseguir tener una vivienda. En ese sentido, los legisladores vamos tarde. Y vamos tarde, también, porque, a cada medida que hemos adoptado, los propietarios han conseguido brechas, rendijas por las que colarse, para no cumplir la ley. Un ejemplo es la propuesta que traemos hoy: el alquiler de temporada se ha convertido en una rendija por la cual los propietarios pueden cometer fraude de ley. Por ejemplo, hoy se están usando contratos de temporada y de habitaciones para esquivar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la regulación de alquileres. Por ejemplo, la Ley de Arrendamientos Urbanos obliga al arrendador a realizar contratos de cinco o siete años, durante los cuales no se puede subir, más allá del IPC, el precio del alquiler. ¿Qué hacen muchos propietarios? Hacen un uso fraudulento de los contratos de temporada y, por tanto, pueden subir el precio del alquiler año a año o echar a los inquilinos. Cuando nosotros estamos proponiendo esta PL, esta proposición de ley, estamos diciendo que hay que hacer cambios muy concretos, cambios quirúrgicos que ayuden a solucionar esta rendija y a dar garantías a quienes necesitan un alquiler a un precio asequible. Hoy es norma general las subidas arbitrarias cuando llega junio o cuando llega la nueva temporada. Con esta propuesta de ley, en primer lugar, limitamos la duración máxima de contratos de alquiler temporales o de habitaciones a seis meses. Superados dos periodos de seis meses encadenados se considerará un contrato de vivienda habitual y se aplicará ―como debe ser― la Ley de Arrendamientos Urbanos. En segundo lugar, se acabó la barra libre para el propietario. No podrá ser él el que decida que se trata de un alquiler de temporada. Con esta proposición de ley se introduce la obligación de justificar la necesidad de la temporalidad. Hay que probar esas circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista; y si no se justifica adecuadamente la temporalidad del contrato, entonces se considerará como un contrato de vivienda habitual. En tercer lugar, se acabó tener que hacerte cargo de los desperfectos de una vivienda que no es tuya. Esta proposición de ley iguala los derechos de los inquilinos a los de vivienda habitual; y si tienes desperfectos o reparaciones en tu casa, esas reparaciones las pagan los caseros, como tienen que hacer si es una vivienda de alquiler permanente. En cuarto lugar, hasta ahora es posible que te pidan pagar hasta dos meses de fianza en un alquiler de temporada. Este abuso se acaba con esta proposición de ley. Si vives en un piso de temporada, la fianza será, como máximo, la mitad de tu mensualidad. Estamos hablando única y exclusivamente de cerrar una rendija para garantizar que los grandes propietarios cumplen la Ley de Arrendamientos Urbanos y que cerramos esa brecha que ha permitido abusos hasta ahora. Lo quiero decir de manera muy clara. Esta es una etapa de desorientación y de hastío que puede llevar a mucha gente a alejarse de la política, y esto es regalar las decisiones políticas a los poderosos o, peor, cargar sus frustraciones contra los más vulnerables. Frente a eso, es necesario recuperar la iniciativa, salir de la defensiva y dar pasos que demuestren que se puede seguir avanzando y hacer más fuertes a los más débiles, con más confianza en sus propias fuerzas, con más herramientas y más autonomía para ir a por más. En un momento de bloqueo y de bucle en el sistema político, la solución que puede desequilibrar la balanza a favor de la conquista de derechos y, por tanto, de la limitación del poder absoluto de los amos del dinero, en este caso, está fuera, está en la activación popular. Lo digo muy claro, esta ley no es nuestra, esta ley es la ley de los movimientos sociales, de los colectivos vecinales, de las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda, del Sindicat de Llogateres, del sindicato de inquilinos. . Es una ley que no nos han pedido que hagamos. Este esquema, a nosotros, defensores de la autonomía, nunca nos ha gustado. No es que haya gente que en lo social proteste y, después, nos pidan que hagamos leyes. No es que ellos se ocupan de lo social y nos piden a nosotros que hagamos nuestro trabajo en lo político. Esta es una ley que han hecho las organizaciones de la vivienda. Es una ley que, por supuesto, está abierta a las negociaciones, pero es una ley solvente, es una ley justa y es una ley precisa que ayuda a resolver una brecha por la que se están colando muchos abusos. . Es una ley que nosotros vehiculamos, que nosotros negociamos, que nosotros defendemos y que nosotros impulsamos, pero no lo hemos hecho solos. Esta ley la firmaron también en su día Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu, el Bloque Nacionalista Galego y Podemos. Queremos agradecer a todas las organizaciones y a toda la militancia su empuje y su trabajo solvente. Queremos agradecer, y quiero hacerlo en particular, a las compañeras y a los compañeros que, en el Grupo Plurinacional de SUMAR, trabajan en la vivienda. Y quiero agradecer, particularmente, a Gala Pin su optimismo radical e inquebrantable, que hace que las cosas, finalmente, sean posibles. . Acabo, señora presidenta, a nosotros nos parece que abordar de manera inteligente, de manera valiente, de manera contundente y con los principios claros el drama y el abuso que hay con la vivienda en España es absolutamente prioritario, en primer lugar, para que los proyectos de vida puedan volver a ser posibles, para que la gente pueda ser adulta en términos civiles y pueda establecer proyectos de vida libremente sin estar sometidos a la tiranía de los amos del dinero. En segundo lugar, por salud mental. No vale rasgarse permanentemente las vestiduras con la cuestión de la salud mental y condenar a tanta gente a la angustia, a la incertidumbre, a las noches sin dormir y a las dificultades. En tercer lugar, por la igualdad de oportunidades. Basta ya de darle a la gente la cantinela de que lo que hace falta es esforzarse más y que, si no te va bien, es porque no quieres. La meritocracia, en España, son los padres, pero los padres literalmente, la herencia que te pueden dejar los padres. Un país con igualdad de oportunidades es un país que acaba con esta brecha de ingresos entre los propietarios y los no propietarios. En cuarto lugar, por economía. Hay que desincentivar las inversiones en la economía rentista y hay que incentivar las inversiones en la economía productiva que genera empleo. . En quinto lugar, por democracia. Hay que equilibrar la balanza del poder social entre propietarios y no propietarios. Por mucho que las elecciones sean libres y competitivas, si la balanza del poder social está tan desequilibrada entre propietarios y no propietarios, eso siempre se acaba reflejando también en la balanza del poder político. Un país con democracia es también un país con mayor igualdad. Y, en sexto lugar, por soberanía, y aquí nos gustaría encontrar a muchos que se hacen llamar patriotas. Basta ya de sentirnos extranjeros en nuestras propias ciudades; basta ya de que, si has nacido en una isla o en una ciudad de costa, no puedes vivir en tu ciudad o en tu pueblo. . Basta ya de que te tengan que echar de tu barrio. Basta ya de que nuestras ciudades se las acaben quedando los fondos buitres.

Íñigo Errejón Galván SUMAR

Acabo, señora presidenta. Nosotros tenemos propuestas claras y tenemos un punto de vista muy decidido, y así lo hemos defendido en nuestra propuesta para los presupuestos generales del Estado. Sin embargo ―quiero ser muy claro―, lo que hoy defiendo en esta tribuna no es el conjunto de nuestras propuestas, es una cosa mucho más modesta. Nosotros queremos ir mucho más lejos, pero nos hacemos cargo de la aritmética parlamentaria y del equilibrio de fuerzas que hay en este Parlamento. No les pedimos hoy el voto para el conjunto de nuestros proyectos de vivienda, no les pedimos el voto para el paquete completo de nuestras ideas de cómo habría que abordar las medidas de vivienda. Estamos convencidos de que son las mejores, las más justas y las más eficaces. Se lo pedimos para corregir un abuso concreto que permite que los propietarios se salten la Ley de Arrendamientos Urbanos. Les pedimos que la acepten a trámite. Esperamos muy poco de la derecha y de la extrema derecha. Agradecemos mucho a los grupos que han apoyado esta iniciativa, se lo agradecemos también a quienes con su abstención van a permitir posiblemente que se tramite y aspiramos con todos a mejorarla en el proceso de trámite de la ley. Muchísimas gracias, señora presidenta. .

Néstor Rego Candamil BNG

Boa tarde. Obrigado, señora presidenta. Hoxe xa ninguén nega que as dificultades para verificar o teórico dereito á vivenda, que dicir para acceder a unha vivenda digna, quer en propiedade, quer en aluguer, é un problema de primeira magnitude que os poderes públicos deben abordar con urxencia e con decisión. Hoxe debatemos unha proposición de lei nacida do impulso social e rexistrada por diferentes forzas políticas, entre elas, o BNG, para regular mellor os alugueres de temporada e de cuartos. Trátase de combater unha fraude crecente que se está a xeneralizar para evitar as obrigas que a LAU establece para arrendadores e arrendadoras e tamén para evitar a desprotección das persoas que se ven obrigadas de forma precarizada, evidentemente, a alugar cuartos. Mais a verdadeira solución, desde a perspectiva do BNG, pasa por políticas públicas decididas que fornezan alternativas habitacionais e residenciais suficientes e de calidade. Reparen, no próximo día 2 de outubro o estudantado das universidades galegas irá á folga convocados por Erguer Estudantes da Galiza para denunciar as condicións imposíbeis dos alugueres e para reclamar máis prazas públicas nas residencias universitarias. Esa mesma iniciativa pública que reclama o estudantado das universidades galegas debe reclamalo o conxunto da cidadanía ás administracións competentes. É unha cuestión de perspectiva e de vontade política. Fixémonos que a Consellería de Vivenda do BNG no Goberno bipartito 2005-2009 impulsou millares de vivendas públicas en só catro anos: 4000 en 2006, 3000 en 2007, máis de 2000 en 2008. E a inercia das vivendas programadas mantívose aínda durante un tempo, por exemplo, case 3000 vivendas en 2010, cando xa gobernaba o Partido Popular. Cando esa inercia se disipou, as vivencias públicas do PP tenderon a cero. En catro anos, foron exactamente 16. A espectacular cifra de dúas en 2018. Esas son as políticas públicas, as políticas sociais e as políticas de vivenda do Partido Popular e esa é unha grande diferenza entre o BNG e o PP. E ó PSOE cústalle pasar das declaracións ós feitos e da propaganda á realidade. Pedro Sánchez anunciou a mobilización de 50 000 vivendas da SAREB no ano pasado, despois 43 000 vivendas en alugueiro e aínda 20 000 en terreos de defensa. Infelizmente, todo iso ficou en nada ou case nada. A SAREB, en vez de ceder gratuitamente os inmóbeis para vivenda pública a quen ten as competencias, en Galiza serían por volta de 3000, continúa a especular con eles. Agora o Ministerio anuncia o chamado Plan Viena de colaboración público-privada. Realmente, con ese plan non se dan pasos para a restitución do carácter público do patrimonio da SAREB. Decídese ceder só por un período de oitenta anos a investidores coa única contraprestación de que as vivendas que se coloquen sexan a un prezo dun 20 % por baixo do de mercado. Non vemos realmente interese social nese plan, senón máis ben outra fórmula de rendibilidade para investidores. É un plan pensado para grandes fondos de investimento porque, se se tivese pensado en función do interese social, apostaríase pola cesión deses solos ás comunidades autónomas para vivenda pública en aluguer. Por certo, na primeira fase, a previsión para Galiza é de 337 vivendas. Non poden presentalo como un éxito, señores do Partido Socialista. Si, son máis que as que fixo o PP en catro anos, 16, mais moitas menos que as que impulsou o BNG e, sobre todo, claramente insuficientes para cubrir a demanda e garantir o dereito á vivenda. É preciso traballar nesa dirección hoxe votando a favor desta proposición de lei. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Hoy ya nadie niega que las dificultades para verificar el teórico derecho a la vivienda, es decir, acceder a una vivienda digna ―ya sea en propiedad, ya sea en alquiler―, es un problema de primera magnitud que los poderes públicos deben abordar con urgencia y con decisión. Hoy debatimos una proposición de ley nacida del impulso social y registrada por diferentes fuerzas políticas, entre ellas el BNG, para regular mejor los alquileres por temporada y de habitaciones. Se trata de combatir un fraude creciente que se está generalizando para evitar las obligaciones que la LAU establece para arrendadores y arrendadoras, y también para evitar la desprotección de las personas que se ven obligadas de forma precarizada a alquilar habitaciones. La verdadera solución de esta perspectiva del BNG pasa por políticas públicas decididas que aporten alternativas habitacionales y residenciales suficientes y de calidad. El próximo día 2 de octubre, los estudiantes de las universidades gallegas harán huelga convocados por Erguer-Estudantes da Galiza, para denunciar las condiciones imposibles de los alquileres y para reclamar más plazas públicas en las residencias universitarias. Esa misma iniciativa pública que reclaman los estudiantes y ‘estudiantas’ de las universidades gallegas la tiene que reclamar el conjunto de la ciudadanía y administraciones competentes. Es una cuestión de perspectiva y de voluntad política. La Consejería de Vivienda del BNG del Gobierno bipartito de 2005 a 2009 impulsó miles de viviendas públicas en solo cuatro años. En 2006 cuatro mil, en 2007 tres mil y más de dos mil en 2008. La inercia de aquellas programadas se mantuvo todavía durante un tiempo; por ejemplo, casi tres mil en 2010, cuando gobernaba ya el Partido Popular. Cuando esta inercia se disipó las viviendas públicas del Partido Popular tendieron a cero. En cuatro años fueron exactamente dieciséis; con la espectacular cifra de dos en 2018. Esas son las políticas públicas, las políticas sociales y de vivienda del Partido Popular. Esa es una gran diferencia entre el BNG y el PP. Al PSOE le cuesta pasar de las declaraciones a los hechos y de la propaganda a la realidad. Pedro Sánchez anunció la movilización de 50 000 viviendas de la Sareb. Después, el año pasado, 43 000 viviendas en alquiler y 20 000 más en terrenos de Defensa. Lamentablemente, todo esto se quedó en nada o casi nada. La Sareb en lugar de ceder gratuitamente los inmuebles para vivienda pública a quien tiene las competencias, es decir en Galicia tres mil, sigue especulando con ellos. Ahora el ministerio anuncia el plan Viena de colaboración público-privada. Realmente con este plan no se dan pasos para la restitución del carácter público del patrimonio de la Sareb, se decide ceder solo por un periodo de ochenta años a inversores con una única contraprestación de que las viviendas se coloquen a un precio del 20 % por debajo del de mercado. No vemos interés social en este plan, sino más bien otra fórmula de rentabilidad para inversores. Es un plan pensado para grandes fondos de inversión, porque si estuviese pensado en el interés social, más bien apostarían por la cesión de suelo a las comunidades autónomas para vivienda pública en alquiler. Por cierto, en la primera fase la previsión para Galicia es de 337 viviendas; no lo pueden presentar como un éxito, señorías del Partido Socialista. Sí, son más de las que hizo el Partido Popular, dieciséis en cuatro años, pero muchas menos de las que impulsó el BNG y, sobre todo, claramente insuficientes para cubrir la demanda y garantizar el derecho a una vivienda. Es necesario trabajar en esta dirección. Hoy votaremos a favor de esta proposición de ley. Muchas gracias.

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento y de reconocimiento a los sindicatos de inquilinos e inquilinas, que son quienes han impulsado esta ley para regular el alquiler de temporada, que no es otra cosa que el gran agujero que el Partido Socialista dejó en la ley de vivienda. Unos sindicatos que por todo el Estado están haciendo lo que debería hacer el Gobierno y no hace, que no es otra cosa que proteger a los inquilinos y a las inquilinas. . Decía el otro día el presidente del Gobierno que si hoy España tiene un problema de vivienda es por el fracaso de las políticas neoliberales que se han practicado durante décadas. Voy a decir que me alegro de que el Partido Socialista por fin haya reconocido que son las políticas del Partido Socialista, el partido que más años ha gobernado en este país en las últimas décadas, las que han constituido un absoluto fracaso y son las responsables de la tremenda inseguridad que vive la gente de nuestro país. Lo que el presidente estaba describiendo es la política de vivienda del Partido Socialista, que es absolutamente indistinguible de la política de vivienda del Partido Popular. El problema, señorías del Partido Socialista, es que no parece que ustedes tengan propósito de enmienda. En este momento la regulación de precios del alquiler que ampara la ley de vivienda no se aplica en ninguna comunidad autónoma, salvo en Cataluña, donde gobernaba Esquerra Republicana de Catalunya. . Ni en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular ni en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista se aplica la regulación de precios. ¿Por qué? Porque ustedes, el bipartidismo, están en rebeldía contra la ley de vivienda, porque ustedes están rendidos a los intereses de los fondos buitre y de los grandes propietarios. Por mucho que los medios de comunicación digan que el problema de vivienda en España lo tiene Manu Tenorio, todos y todas sabemos que España nunca ha tenido un problema de okupación, tiene un problema, y muy serio, de especulación. Creo que eso se traduce en lo que vimos ayer. El problema de vivienda en España es que un fondo buitre compre entero ―entero― un edificio de viviendas y eche a la calle a una señora de ochenta años, como pasó ayer en Getafe. . Eso es una vergüenza y una ignominia en una democracia y es lo que se está permitiendo. . Son el Partido Popular y el Partido Socialista los responsables de esta inseguridad; los responsables de que, en este país, en este momento, una persona que trabaja de cajera en Carrefour cobrando más o menos 1200 euros tenga que pagar el equivalente a su sueldo entero, señorías, a su sueldo entero para pagar el alquiler de un piso de 70 metros cuadrados y dos habitaciones en Eugenia de Montijo en Carabanchel. Es una absoluta vergüenza, señorías, y eso es el resultado de sus políticas neoliberales de vivienda. Que esa persona esté aterrorizada, que tenga miedo de que una de las dos personas pierda el sueldo porque eso significa que se van a ir a la calle, eso es lo que no se puede permitir. Son el Partido Popular y el Partido Socialista los responsables de una política de especulación que hace que, en este momento, la gente de este país no se pueda ir de casa hasta los 30 años, que la gente tenga que compartir piso hasta los 40. Una realidad de la que no se habla tampoco es que la gente no se puede separar porque no tiene dinero para separarse, porque se arruina pagando un alquiler o tiene que volver a casa de sus padres. . Repiten ustedes, además periódicamente, que lo que hay que hacer es construir más vivienda, que tenemos un problema de oferta y hay que construir más vivienda. Esto, señorías, se lo voy a decir, es más falso que un billete de 15 euros. Lo que hay que hacer en España para garantizar el derecho a la vivienda y para generar seguridad en la gente es repartir las viviendas que ya existen, es apretar las clavijas a los fondos buitre y a los grandes propietarios. Verían ustedes qué rapidito empieza a subir la oferta, qué rapidito cuando, si tienes acumuladas un montón de viviendas vacías sin ponerlas en alquiler para especular con los precios, te crujo a impuestos y te obligo a que pongas la mitad de esas viviendas en alquiler social. Ya verías cómo se soluciona el problema de vivienda en España. Aunque el Gobierno repita sin cesar que no pueden hacer nada en materia de vivienda — lo que me parece absolutamente alucinante—, la realidad es que el Gobierno puede prohibir la compra de vivienda a no residentes. . El Gobierno puede congelar los precios del alquiler. Lo sabemos, señorías, porque Podemos les obligó a hacerlo en la pasada legislatura. Así que, señorías del Partido Socialista, empiecen a enfrentarse a los intereses económicos, que es lo que hay que hacer para solucionar el problema de la vivienda. Gracias. .

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Mila esker, presidente andrea. Arratsalde on guztioi. La proposición de ley presentada hoy únicamente por SUMAR, si bien firmada en un principio y anunciada por varios partidos políticos, argumenta la necesidad del cambio de la Ley de Arrendamientos Urbanos alegando que la realización de contratos de temporada y alquileres de habitaciones se ha convertido, en la práctica, en una figura clave utilizada por miles de arrendatarios para esquivar algunos de los preceptos más garantistas de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la regulación de alquileres; una lectura muy evasiva y poco acertada de la realidad para evitar reconocer que la ley de vivienda, que los grupos firmantes votaron a favor y aplaudieron hace algo más de un año, ha supuesto un abuso, incluso fraude de ley, al optar por el contrato de alquiler de vivienda por temporada y no al habitual para que no se apliquen algunos preceptos de la ley de vivienda. No me refiero únicamente al referente al control de la subida de los precios de las zonas tensionadas. Me refiero, sobre todo, al fraude de ley para esquivar el contrato de vivienda habitual y que no se le aplique toda la regulación que acompaña que, lejos de crear seguridad jurídica al arrendador, le hace responsable de la situación de vulnerabilidad de aquellas personas inquilinas que no pueden hacer frente al pago del alquiler; responsabilidad que, a nuestro entender y en todo caso, debe recaer en la Administración pública, que es quien reconoce este derecho. La ministra de Vivienda la semana pasada dijo que el Gobierno iba a seguir trabajando para aportar certeza, seguridad jurídica y garantía no solo a los inquilinos, también a los propietarios, porque no podemos obviar que ellos son — el 95 %— quienes están sosteniendo el mercado del alquiler en nuestro país. Lo dijo la ministra, no lo estoy diciendo yo. El 95 % de la vivienda en alquiler procede de particulares en el Estado. Sin embargo, se ha legislado pensando, primero, que las administraciones públicas tienen tanta vivienda pública que se podía obviar el dato y, por lo tanto, no eran necesarios; y, segundo, pensando que estos privados eran todos grandes tenedores. En Euskadi, aunque la falta de vivienda en alquiler de propietarios privados es algo menor, ya que disponemos de más vivienda pública que en el resto del Estado, de esa gran mayoría de pisos de alquiler únicamente el 3,4 % corresponde a grandes tenedores si tenemos en cuenta los grandes tenedores de las zonas tensionadas. Sin embargo, a la hora de regular, en la ley de vivienda, amén de la invasión competencial, no se tuvieron en cuenta estos datos; es decir, que la gran mayoría de los pisos estaban en manos de propietarios particulares y que, a falta de seguridad suficiente, muchos de ellos iban a optar, como ha pasado, por retirar sus pisos del mercado, venderlos o recurrir a la figura del arrendamiento temporal, por no hablar del mercado en B. Tampoco lo están teniendo en cuenta en esta proposición de ley y se llevarían algunas sorpresas si miraran los datos. Esta proposición de ley nace — no lo quiero poner en duda— con las mejores intenciones: proteger a aquellas personas que, queriendo alquilar una vivienda habitual, son obligadas a firmar un alquiler temporal por necesidad. Ese abuso supone una constante incertidumbre y desprotección ante la ley, pero las buenas intenciones por sí solas no hacen buenas leyes. Dicho esto, no podemos regular sin tener en cuenta la realidad: los datos, nos gusten o no, sin hacer un diagnóstico real de la situación, sin reconocer los efectos que está generando la simple publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley de vivienda hace ya más de un año. Cerrar los ojos, obviar la realidad, no va a conseguir que incorporemos — en este caso a la legislación estatal— las medidas necesarias para hacer frente a una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y, sobre todo, de las personas jóvenes como es la vivienda. Somos conscientes de la problemática, somos conscientes de la preocupación y desesperación que supone en estos momentos la realidad de la vivienda para muchas generaciones y debemos actuar desde todos los niveles institucionales competentes con legislación, con planificación y con recursos, pero no nos quedamos en la crítica. El Grupo Vasco es constructivo y queremos aportar soluciones reales y efectivas para hacer frente a esta crisis. Dicho esto, esta proposición de ley se centra en el abuso de la figura de alquiler temporal, en el fraude de ley para evitar la aplicación de la ley de vivienda, pero plantea medidas con las que no estamos de acuerdo, como limitar el alquiler temporal a seis meses. ¿En base a qué seis meses? ¿O siete, ocho, nueve, diez? ¿Qué pasa con las personas estudiantes o personas en prácticas, residentes o trabajadoras que necesitan permanecer en otro lugar más de seis meses y menos de doce meses durante una temporada? ¿Qué hacemos con las personas jóvenes que están en un programa de movilidad estudiantil o que tienen que alquilar un piso para ocho meses? Regulamos una figura limitando su objeto, es decir, la temporalidad y vestimos un santo para desvestir otro santo. Es decir, el problema no son los contratos de vivienda temporal, el problema es la pésima regulación que hubo de estos en la ley de vivienda. Por otra parte, ¿debemos poner el foco y la responsabilidad únicamente en el arrendador como garante de esta temporalidad? La vivienda temporal tiene su razón de ser en determinados supuestos y tampoco entendemos que en el caso de una vivienda temporal — entendiendo que no se ha firmado en fraude de ley— no se necesite el acuerdo del arrendador para su cesión o subarriendo. Ustedes creen que todos los arrendadores son grandes tenedores y en eso se equivocan y se equivocan mucho. Si la proposición de ley sigue adelante presentaremos nuestras enmiendas, incluso algunas más que no solo afecten a la Ley de Arrendamientos Urbanos ya que, aunque se quiera ocultar o incluso disimular, los datos no pueden tapar la realidad y gran parte de los efectos negativos sobre el alquiler de la vivienda habitual son consecuencia de la ley de vivienda, que también habrá que retocar. Vamos a votar a favor porque creemos, sinceramente, que tenemos que dar solución a la necesidad de vivienda accesible y digna, en este caso, la de alquiler; que tenemos que evitar la inseguridad e indefensión de la persona que alquila dando seguridad y certidumbre también al arrendador para que haya oferta suficiente con la que cubrir la demanda, aunque pensemos que no todos estos cambios que están planteando son la solución, ya que el problema no es el alquiler temporal en sí, sino que se use en fraude de ley para evitar la regulación del alquiler habitual. Mila esker.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidente andrea, arratsalde on. Permítanme que comience señalando algunas cuestiones que nos son comunes a todos y todas en la medida en que aún hoy — ya veremos en el futuro— compartimos el mismo Estado. Compartimos un Estado con más de 3 800 000 viviendas vacías, y esto no son datos inventados. Estos son los datos del Instituto Nacional de Estadística del 2001. Más del 15 % del total de viviendas del Estado español están vacías. Una de cada tres viviendas registradas desde el 2015, en términos de compra o nueva construcción, lo han sido por grandes propietarios. Cuarenta grandes propietarios del Estado español tienen 115 085 viviendas, según una información y un estudio hecho por El Diario. El número de viviendas protegidas planificadas por las administraciones públicas vascas, navarras y españolas en su conjunto no alcanza ni al 10 % de los demandantes de vivienda en los propios servicios públicos de vivienda de las diferentes comunidades autónomas. El salario medio más frecuente en el Estado español está en torno a los 1300 euros. Son datos, nuevamente, del Instituto Nacional de Estadística. El alquiler medio supone el 110 % del salario medio o el salario más habitual. Esos datos también, nuevamente, son del Instituto Nacional de Estadística. Es más, otras páginas como Idealista cifran en 1600 euros el precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados en las principales ciudades del Estado español. En 2023, el 80 % de la inversión en vivienda para alquiler fue hecha por extranjeros y extranjeras, el 44 % de ese 80 % por fondos de inversión, los mismos fondos que hace diez años ya señalaban que el alquiler en el Estado español era una fuente de inversión segura y rentable. Esa es la realidad, la cruda realidad, y a partir de ahí si quieren hablamos, y hablamos de todo, y hablamos incluso desnudando cuáles han sido nuestras acciones pretéritas y cuáles pretenden ser nuestras intenciones futuras, porque todo lo demás es humo, y de ese humo están bastante hartos los y las ciudadanas, sobre todo la gente que busca desesperadamente una vivienda y no la encuentra, porque esa es la preocupación principal de la ciudadanía; por encima de los debates que llenan de horas esta Cámara, esa y no otra es la principal preocupación de la ciudadanía. Y entenderán que toda esa gente, cuando este debate llega y se maneja en ciertos términos, se plantee algo que va contra la propia esencia de la democracia y el poder público, que es: si el poder público no me protege, si el poder público no me defiende cuando estoy necesitado, ¿para qué sirve el poder público? Esa es la realidad. En verdad la Constitución española consagra el derecho a la vivienda, lo hace en diferentes artículos. Lo que no terminan de decir es que la Constitución española se guarda para el lugar preferente el derecho a la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda de cualquier ciudadano o ciudadana, y lo hacen porque la Constitución española, que será el conjunto de leyes sagradas de este Estado, es la Constitución que permite que se sigan amasando fortunas indecentes con las necesidades de la gente, probablemente como la mayoría de las constituciones coetáneas a la misma. Esto no viene de nuevo, esto arrancó hace décadas, esto arrancó cuando el neoliberalismo se instaló en Europa, cuando Thatcher puso el punto de partida al neoliberalismo y se decidió que la vivienda, que era un valor de uso, pasara a ser un valor de cambio. Si alguien no entiende esto que estoy diciendo, es tan sencillo como que lo que era un valor de uso, como lo puede ser un automóvil, tenía que ser un valor de cambio que genera plusvalía y que, por tanto, es transmisible para seguir aumentando patrimonios y que, por tanto, ahí había negocio. De esos barros, estos lodos. Si no atajamos estos problemas, ¿de qué sirve que ampliemos derechos laborales como lo hacemos en esta Cámara? ¿De qué sirve que nos peleemos para que aumente el salario mínimo interprofesional? ¿De qué sirve que consigamos mejoras en lo que tiene que ver con las políticas de protección social si, a la vez, permitimos que haya una espita en la que se sigan detrayendo las rentas de los sectores más vulnerables hacia los grandes capitales, y es a través del alquiler de la vivienda? Soy consciente — así ha sido y seguirá siendo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas— de que voy a asistir a un ejercicio conmovedor en esta tribuna. Va a ser conmovedor ver a todos los portavoces hablar de la terrible preocupación que supone la vivienda para cada uno de ellos y de ellas, va a ser conmovedor incluso ver el acto de contrición que vamos a ver aquí de parte de todos ellos y ellas diciendo que se debería haber hecho más, que se puede hacer más, pero sencillamente aquí, que tantas veces oímos que es el templo de la palabra, corremos nuevamente el riesgo de que se quede en eso, en palabras o, si me lo permiten y no es muy gruesa la expresión, en palabrería hueca y barata. Sinceramente, creemos que es hora de hacer más, de hacer mucho más, o si lo prefieren, sencillamente, es hora de hacer, porque hasta ahora se han permitido el lujo de no hacer para que el mercado privado lo copara todo. Hoy estamos hablando de los alquileres de temporada, de los alquileres habitacionales o de habitaciones, y se tendría que hablar de la ley de vivienda, y nosotros también tenemos alguna queja de la ley de vivienda, porque decíamos, para eso que ya señalábamos que podía ser una vía de fuga a la propia ley de vivienda, que eran los alquileres de temporada y los de habitaciones, que en la disposición adicional quinta se habilitaba a un grupo para que en seis meses trajera una propuesta. Eso fue en mayo de 2023 y hoy estamos en septiembre de 2024. Luego ahí se aprobaron cosas y no se hicieron. Pero lo que no vale es decir que la ley de vivienda es la fuente de todos los males. No se puede decir — esta expresión quizás no la conozcan en este hemiciclo, en Euskal Herria la conocemos muy bien— que la ley de vivienda tiene grandes problemas cuando uno o una ha hecho del pase foral, del «se acata, pero no se cumple», su leitmotiv para con la ley de vivienda, cuando una tiene una ley de vivienda aprobada en 2015 por el Parlamento vasco con el voto en contra del partido gobernante en la actualidad y entonces, el Partido Nacionalista Vasco, que no se ha aplicado ni en un 50 % de su potencial. ¿Dónde queda el derecho subjetivo a la vivienda que se consagra en esa ley? En ningún lado, y lo saben, y lo saben los ciudadanos de Donostia, los de Bilbao, los de Zarauz y los de cualquier realidad tensionada o supratensionada de Euskal Herria. Esa es la realidad, y la ley de vivienda — ese era el problema que tenía— corría un doble riesgo. El primero, que hubiera comunidades autónomas, como así ha sido — no solo la de Madrid, también la Comunidad autónoma vasca, gobernada por el PNV y por el PSOE, también la Comunidad Foral de Navarra, gobernada por un partido en el que se integra el PNV junto con el PSN—, que han decidido no aplicar toda la potencialidad de la ley de vivienda, y en otros lugares de manera mucho más evidente y con una línea beligerante más activa y confrontativa. Pero al no habilitar la ley de vivienda, al no querer aplicar la ley de vivienda pero generar un miedo a la sociedad, tú estás permitiendo que los grandes propietarios, los grandes tenedores, los especuladores — porque de especulación hay que hablar—, puedan, en base al miedo de la gente, hacer políticas que consigan sacar dinero a la gente. Y si todo eso se hace con la inacción de los gobiernos autonómicos, probablemente los beneficios de los grandes propietarios seguirán aumentando mientras la gente seguirá pasando más dificultades. En definitiva, lo que toca es cambiar de rumbo, y con esto que hoy se hace, con todas sus dificultades, se puede empezar a hacer. También advertimos de una cosa. No nos gustaría que hoy tomáramos en consideración esta ley para que luego nos encontráramos en una prórroga interminable que nos lleve a tener que debatir, madurar, discutir, reflexionar o analizar con nuestros expertos una ley que jamás se pueda aplicar, porque a esto ya sabemos jugar todos y todas, y creo que la ciudadanía, la que ha impulsado este cambio legislativo, las asociaciones y los sindicatos de inquilinos, también tienen que saber que esa amenaza latente está presente. Termino. Pedimos claridad, pedimos determinación y pedimos firmeza, sí, pedimos firmeza, porque creemos que frente a la especulación solo cabe la firmeza. La semana pasada yo señalaba a un ministro que la izquierda no está aquí para salvar los muebles al capitalismo, sino para construir sociedades más justas. No puede existir una sociedad justa si no garantizamos el derecho a la vivienda a todos y todas: ni casas sin gente ni gente sin casas. Eskerrik mila esker. .

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bona tarda, companys i companyes diputats. S’estan començant a aterrar els efectes de la llei d’habitatge. Les dades, per dir-ho d’una manera delicada, no són gens optimistes i estan començant a aparèixer els nervis. Volem recordar que Junts per Catalunya no vam donar suport a la ley de la vivienda, i els vam advertir, aquí i en el Parlament de Catalunya, un cop i un altre que no era una bona llei, que no millorarien les tremendes dificultats que tenen els nostres joves ni les nostres famílies per accedir a un habitatge, vam advertir-los que provocaria una enorme inseguretat jurídica, que es traslladava la responsabilitat de les polítiques públiques als arrendadors, que es reduiria l’oferta i acabarien augmentant els preus del lloguer, fent-los encara més inaccessibles. I ara, fa poc, acabem de conèixer que el darrer any a Catalunya s’ha reduït un 31 % l’oferta de pisos de lloguer. Repeteixo, un 31 % s’ha reduït l’oferta de pisos de lloguer a Catalunya. Junts per Catalunya estem molt preocupats per donar solució a l’emergència de l’habitatge que estem vivint. A Catalunya és un drama trobar habitatge assequible, els joves estan vivint una tortura per poder emancipar-se. Hem d’abandonar aquestes polítiques erràtiques que l’únic que provoquen és demonitzar el privat, i el fet que anem de mal en pitjor no és que ho diguem nosaltres, no és que ho digui Junts, és que qualsevol persona que es posi a buscar un pis ho veu. La van liar amb la llei de l’habitatge i ara ho volen emmascarar amb la llei d’arrendaments urbans. Han de deixar de donar esperança amb propostes de reformes i més reformes, totes molt mal articulades. Fins i tot dubtem que hagin estat redactades pels membres d’aquí, de qualsevol grup dels proposants, les propostes, com la d’avui, que només empitjoren la situació dels que estan intentant trobar un pis de lloguer, s’està provocant una enorme frustració. Estan provocant una enorme frustració entre la ciutadania amb propostes populistes que els dona esperança, però que, a la fi, acaben provocant que cada cop hi hagi menys pisos de lloguer i que siguin més cars. Quan els resultats són dolents, s’ha de virar el rumb. I els proposem que escoltin les conclusions dels diferents agents, que fem tots junts valoracions serenes, contrastades... No facin petada endavant, no tornin a precipitar-se amb les seves noves propostes reactives i tan poc madurades, que ja els advertim, de nou, un altre cop, que no només no milloraran la situació dels llogaters, sinó que la perjudicaran més. En termes de polítiques d’habitatge, tots sabem que fa massa anys que els governs, en general, no fan bé la feina. Les administracions públiques no ho han fet bé. Tenim un parc públic d’habitatge absolutament ridícul, incapaç d’assumir les necessitats d’habitatge dels nostres ciutadans. I és això el que hem de canviar, i ho hem de fer urgentment. Hi ha moltes fórmules per augmentar el parc públic d’habitatge i el d’habitatge assequible. Nosaltres ara els en proposarem algunes, però cal que els governs es posin les piles d’una vegada. Per exemple, perquè estem farts de repetir-ho i d’exigir-ho, posant a disposició dels nostres ajuntaments els immobles de la Sareb per dotar els municipis d’habitatge públic, d’habitatge assequible, els ho hem reclamat desenes de vegades i van caient amb comptagotes. A què esperen? Impulsant la col·laboració publicoprivada, no la demonitzem, no, impulsem-la; ampliant el parc d’habitatge de lloguer assequible i protegit, involucrant el sector privat perquè construeixi, com va fer fa molt de temps, habitatges públics; facilitant les línies de finançament amb préstecs a tous o bonificats, incentivem i amplifiquem les bonificacions fiscals als arrendadors d’habitatges per a joves o per a la gent gran vulnerable; avalem l’entrada per la compra d’un habitatge per als menors de trenta-cinc anys o facilitem préstecs amb interessos bonificats o dotem de seguretat jurídica els llogaters i els propietaris, però de forma equilibrada, no només tot a favor dels uns. S’ha de deixar de fer corresponsable de les polítiques assistencials, que corresponen a les administracions públiques, els propietaris; invertim en polítiques d’habitatge, que han estat oblidades per més d’una dècada. Des del Plan Vivienda del 2009, no es destina gairebé res a polítiques de foment de l’habitatge i han desaparegut programes que van ser claus en el seu moment. Sense un pressupost sòlid i sostingut mai no es resoldran els problemes d’accés a l’habitatge. No tinc temps per anar tocant tots els punts amb els quals estem en desacord amb aquesta proposta, només alguns. Primer, Catalunya té competències plenes en habitatge i també en dret civil, en el Codi Civil. Per tant, en matèria de contractació civil i amb els drets reals, fa temps que s’està treballant a Catalunya en una modificació del Codi Civil de Catalunya i, per tant, Junts per Catalunya mai validarem cap llei espanyola que rebaixi competències a Catalunya. Però, és més, aquesta proposta entra en conflicte també amb el recent reglament europeu, que contempla els contractes de lloguers temporals generalment inferiors a dotze mesos, tot i que no exclou tampoc durades més llargues. Vostès se n’inventen sis, no sabem ben bé per què. Creuen de veritat, com proposen, que és una bona idea equiparar el lloguer d’una habitació al d’un habitatge? Junts volem combatre la precarització, no institucionalitzar-la. Vostès troben normal, com proposen, que el llogater pugui cedir i sotsarrendar el pis que ha llogat a una altra persona sense el permís del propietari? És a dir, que el llogater podrà acordar un lloguer d’un immoble que no és seu, i que ja no necessita per viure-hi, a qui ell li doni la gana i el propietari ha de mirar i callar? I que s’hi posi fulles, faltaria dir. Home, per favor, no veuen que això és un abús? S’haurà d’acreditar quin és el motiu pel qual el lloguer és de temporada. Molt bé. S’haurà d’indicar si l’habitatge es lloga — per exemple, hi posen, detallen en quins casos— per estudis, per assistència mèdica, amb finalitats recreatives... D’acord, la prova de la càrrega a càrrec del propietari. Em poden dir vostès com s’acredita que el llogater lloga aquell immoble amb finalitats recreatives? Que porti entrades del teatre a sis mesos vista? Si és per finalitats assistencials o mèdiques haurà de demanar el certificat mèdic per saber quina malaltia té el familiar o ell mateix pel qual necessita llogar el pis? El propietari ha de tenir accés a aquestes dades tan delicades? Per favor. Sis mesos pels estudiants? Deu fer molt temps que han acabat la carrera. No han arribat ni als exàmens, quan els toqui fer els exàmens, hauran de marxar. I suposant que facin sis mesos més, després, pel curs acadèmic següent, per Nadal, hauran de marxar. Per què sis mesos? No té cap explicació. A part de les repercussions que tindran, amb els efectes nocius, aquest tema dels sis mesos, perquè el lloguer d’habitacions per als estudiants, per exemple, és clau. A una ciutat universitària, com és Girona, si s’aprova aquesta modificació serà un drama per la universitat. Necessitem polítiques fermes, decidides, efectives, en termes d’habitatge, polítiques útils. Lamentem molt que les que avui ens proposen no només no seran útils, sinó que seran absolutament contraproduents, i això no va d’etiquetar de bons o de dolents ni els propietaris ni aquells que votem... Gracia, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Están empezando a verse los efectos de la ley de vivienda; los datos, por decirlo de un modo delicado, no son nada optimistas y están empezando a aparecer los nervios. Queremos recordar que Junts per Catalunya no apoyó la ley de la vivienda, y les advertimos aquí y en el Parlament de Catalunya una y otra vez que no era una buena ley y que no mejorarían las tremendas dificultades que tienen nuestros jóvenes y nuestras familias para acceder a una vivienda. Advertimos que provocaría una enorme inseguridad jurídica, que se trasladaba la responsabilidad de las políticas públicas a los arrendadores, que se reduciría la oferta y que se acabarían aumentando los precios del alquiler haciéndolos todavía más inaccesibles, y hace poco acabamos de conocer que en el último año en Cataluña se ha reducido un 31 % la oferta de pisos de alquiler; repito, un 31 % se ha reducido la oferta de pisos de alquiler en Cataluña. Junts per Catalunya está muy preocupado por dar solución a la emergencia habitacional que estamos viviendo. En Cataluña es un drama encontrar vivienda asequible. Los jóvenes están viviendo una tortura para poder emanciparse. Tenemos que abandonar estas políticas erráticas que lo único que provocan es demonizar lo privado y que van de mal en peor — no lo decimos nosotros, no lo dice Junts—, y es que cualquier persona que se ponga a buscar un piso lo verá. La liaron con la ley de la vivienda y ahora quieren esconderlo con la ley de alquileres autónomos. Tienen que dejar de dar esperanza con propuestas de reformas y más reformas, todas muy mal articuladas, incluso dudamos de que propuestas como las de hoy, que solo empeoran la situación de los que están intentando encontrar un piso de alquiler, hayan sido redactadas por los miembros de cualquiera de los grupos proponentes. Están provocando una enorme frustración entre la ciudadanía, con propuestas populistas que les da esperanza, pero que, al final, acaban provocando que cada vez haya menos pisos de alquiler y que sean más caros. Cuando los resultados son malos hay que cambiar el curso. Y les proponemos que escuchen, que escuchen las conclusiones de los distintos agentes, que todos juntos hagamos valoraciones serenas y contrastadas. No hagan patadón p’alante y vuelvan a precipitarse con sus nuevas propuestas reactivas y tan poco maduradas, que ya les advertimos, de nuevo, una vez más que no solo no van a mejorar la situación de los arrendatarios, sino que la van a perjudicar más. En términos de políticas de vivienda todos sabemos que hace demasiados años que los gobiernos, en general, no hacen bien su trabajo; las administraciones públicas no lo han hecho bien; tenemos un parque público de vivienda absolutamente ridículo, incapaz de asumir las necesidades de vivienda de nuestros ciudadanos. Y esto es lo que tenemos que cambiar, y tenemos que hacerlo urgentemente. Y hay muchas fórmulas para aumentar el parque público de vivienda y de vivienda asequible. Nosotros, ahora, vamos a proponer algunas, pero es necesario que los gobiernos se pongan las pilas de una vez. Por ejemplo — porque estamos hartos de repetirlo y exigirlo—, poniendo a disposición de nuestros ayuntamientos los inmuebles de la Sareb para dotar a los municipios de vivienda pública asequible. Y lo hemos reclamado decenas de veces, y van cayendo con cuentagotas. Bueno, es una pena. Impulsando la colaboración público-privada, no demonizarla, impulsándola; ampliando el parque de vivienda de alquiler asequible y protegido; involucrando al sector privado para que construya, como hizo hace tiempo, vivienda pública; facilitando las líneas de financiación con préstamos blandos o bonificados — incentivemos y bonifiquemos las bonificaciones fiscales a los arrendatarios de viviendas para jóvenes o para gente mayor vulnerable—; avalando la entrada de una compra para la vivienda para menores de 35; facilitando préstamos con intereses bonificados; dotando de seguridad jurídica a los propietarios y a los inquilinos, pero de forma equilibrada, no solo a favor de unos — hay que dejar de hacer corresponsable de las políticas asistenciales que corresponden a las administraciones públicas a los propietarios—; invirtiendo en políticas de vivienda, que han sido olvidadas durante más de una década — desde el Plan Vivienda de 2009 no se destina prácticamente nada a políticas de promoción de la vivienda, y han desaparecido programas que fueron clave por entonces—. Sin un presupuesto sólido y sostenido nunca nunca se van a resolver los problemas de acceso a la vivienda. No tengo tiempo para ir tocando todos los puntos en los que estamos en desacuerdo con la propuesta, solo unos cuantos. Primero, Cataluña tiene competencias plenas en vivienda y también en derecho civil, en el Código Civil. Así pues, en materia de contratación civil y con los derechos reales, hace tiempo que se está trabajando en Cataluña con una modificación del Código Civil de Cataluña, y, por lo tanto, nosotros, Junts per Catalunya, nunca validaremos ninguna ley española que rebaje competencias en Cataluña. Pero, además, esta propuesta entra en conflicto con el reciente reglamento europeo que contempla los contratos de alquiler temporales normalmente inferiores a doces meses, aunque no excluye tampoco duraciones más largas; ustedes se inventan seis, no sabemos muy bien por qué. ¿Creen, de verdad, como proponen, que es una buena idea equiparar el alquiler de una habitación al de una vivienda? Pues, desde Junts queremos combatir la precarización, no institucionalizarla. ¿A ustedes les parece normal, como proponen, que el inquilino pueda ceder y subarrendar el piso que ha alquilado a otra persona sin el permiso del propietario, es decir, que el inquilino pueda acordar el alquiler de un inmueble que no es suyo y que ya no necesita para vivir a quien a él le dé la gana, y el propietario tiene que mirar y callar y que no haga nada con ello? ¡Venga! ¿No ven que esto es un abuso? Se deberá acreditar cuál es el motivo por el cual el alquiler es de temporalidad. Muy bien. Habrá que indicarse si la vivienda se alquila — y detallan los casos—, si es para estudios, para asistencia médica, con finalidades recreativas… Muy bien, la prueba de la carga a cargo del propietario; de acuerdo. ¿Me pueden decir ustedes cómo se acredita que el inquilino alquila ese inmueble con finalidades recreativas? ¿Lleva entradas de teatro o qué hace? A seis meses vista, claro ¿Para fines asistenciales o médicos ahora tendrá que pedir un certificado médico para saber qué enfermedad tiene el familiar o esa misma persona para lo que necesita alquilar el piso? ¿El propietario debe tener acceso a estos datos tan delicados? ¡Por favor! ¿Seis meses para los estudiantes? Perdonen, igual hace mucho que han terminado la carrera, o no llegaron ni a los exámenes, cuando tengan que hacer los exámenes se van a tener que ir. Y suponiendo que hagan seis meses más, pues luego para el curso académico después tendrán que irse por navidades. ¿Pero por qué seis meses? Si es que no tiene ninguna explicación. Aparte de las repercusiones que va a tener, con los efectos nocivos, este tema de los seis meses, porque el alquiler de habitaciones para los estudiantes, por ejemplo, es clave, es clave. En una ciudad universitaria como, por ejemplo, Gerona, si se aprueba esta modificación será un drama para la universidad. Necesitamos políticas firmes, decididas, efectivas en cuestiones de vivienda, políticas útiles. Lamentamos mucho que las que nos proponen hoy no solo no van a ser útiles, sino que, además, van a ser absolutamente contraproducentes. Y esto no va de etiquetar a buenos y a malos, ni a propietarios ni a aquellos que votamos…

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Perquè les reformes siguin efectives. Això va de no tirar endavant propostes sense cap consens, però que — i segur que amb la millor de les intencions, suposem— no ofereix ni una solució al dramàtic problema de l’habitatge. Moltes gràcies. … para que las reformas sean efectivas, esto va de no sacar adelante propuestas sin ningún consenso, pero que —y seguro que con la mejor de las intenciones, suponemos— no ofrecen ninguna solución al dramático problema de la vivienda. Muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades. Ens va arribar aquesta proposta pel Sindicat de Llogateres, proposta que havíem estat treballant també en seu del debat de la llei d’habitatge que vam fer la legislatura passada i que, com han indicat ja abans, va quedar penjat pel que feia als contractes de temporada i als contractes d’habitacions. Com que Catalunya, casualment, deu ser l’única que té un problema amb els lloguers impressionant, és l›única que ha aplicat les modificacions de la llei d’habitatge que permetien les zones tensionades, el control de preus, les pròrrogues obligatòries... Per tant, a Catalunya, diguin-nos estranys, vam presentar un decret llei que aturava la via per la qual s’estava escapant la capacitat d’aplicar la llei d’habitatge i la LAU modificada, que eren els lloguers de temporada i els habitacionals. Doncs aquest decret no va ser convalidat, el va tombar una abstenció del PSC, Partit Socialista de Catalunya — si no recordo malament—, i un vot negatiu de Junts per Catalunya. I com són les coses! Els patriotes, els d’esquerres, arriben aquí avui i permetran que la llei tiri endavant, i després els autonomistes som nosaltres. Quan ho vam plantejar en seu de la sobirania popular catalana, vostès ho van tombar. Avui arriben a Madrid i la deixaran passar, i encara sentirem dir-nos autonomistes. En qualsevol cas, el que preteníem era governar, i aquesta és una cosa que m’hauran d’explicar tots plegats, perquè o algú m’ha enganyat o avui el PNV votarà a favor, Junts s’abstindrà, el PSC votarà a favor i aquesta tramitació quedarà oberta. Escoltin-me, de veritat. Jo els escolto a les comissions, saben? I vostès estan en contra d’això. O m’expliquen quin és el motiu que els ha fet canviar de cop i volta tota la seva ideologia o aquí hi ha hagut més màgia que l’unicorn del senyor Errejón, perquè això sí que és màgic. O bé tenim un seriós problema amb les esmenes que ens presentaran. I aquí vull que tot el grup d’esquerres estigui atent, perquè si això ha servit de baula d’entrada a esmenes que puguin votar Junts, PP, VOX, PNV i algun grup més que pugui haver-hi en el Grup Mixt, teniu un problema, perquè les dretes, els agradi o no, són majoria. I les dretes, algunes d’elles, van donar suport a la investidura, però quan els toquen la butxaca, suposo que ja han vist la gran defensa que han fet dels pobres propietaris des del grup anterior. Sabíem que passaria això, ho vam intentar arreglar i no ens van deixar a Catalunya. Ara ho haurem de fer des de l’Estat. Amb el que ens van arribar a dir tant des del PNV, com des de Junts, com des d’algun altre grup. Vam passar, amb interès en la ciutadania, per ser els grans traïdors a la pàtria. Quan vols fer política, t’ho menges, perquè no és veritat, simplement no és veritat. Si és veritat que aquest 31 % de pisos que diu que la llei d’habitatge o la modificació de la LAU continguda a la llei d’habitatge ha tingut, donin-nos, per favor, les fonts, perquè no es pot sortir aquí sense fonts. Això és un Congrés i, per tant, hem de tenir un cert rigor amb el que diem. Jo li puc dir que la web d’una empresa, que no és precisament l’empresa que defensa els llogaters, digui-li Idealista, diu que l’increment anual que hi ha hagut a Catalunya és inferior en preus del lloguer del qual hi ha hagut a l’Estat, cosa que lliga malament amb què hagin sortit tots els pisos, perquè, segons el dogma d’«El mercado se regula», allò de la mà invisible, se suposa que a menys demanda, més preu i, en canvi, ha baixat el preu, o s’ha incrementat menys. Jo els dono la font: és Idealista.com, que es veu que fa molts informes. Per cert, que els faci el Govern, perquè deixar en mans de les empreses privades interessades l’emissió dels informes sobre la realitat és un mal negoci per tots. Un parell d’elements més. Primer element, això només és una admissió a tràmit, i ja els asseguro que em fa patir molt com vagi el tràmit de negociació, perquè poden passar tres coses. Primera, que el PSOE s’hagi compromès a deixar-la a un calaix i no en veiem la tramitació i aquí no ha passat res. Ens ho han fet tantes vegades que no em dirà que els sorprendrà. Segona, que és que s’hagi pactat que efectivament es modifiqui la llei de vivienda en la seva modificació de la LAU i que, efectivament, es faci modificant tot allò en què ens vam deixar gairebé la vida Bildu, Podemos, SUMAR i nosaltres, en benefici i d’acord també amb el sindicat de llogaters i amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb beneficis per als més vulnerables. Ens podríem trobar que es desfaci tot això. Tercera cosa, que s’aprovi en uns termes raonables, perquè jo comparteixo el tema del temps, comparteixo que aquesta temporalitat no l’entenc. Per què sis mesos? Seria bastant més normal nou, que és un període lectiu, efectivament. I aquest és un dels elements en què ens podem posar d’acord, però això torna a posar de manifest que les realitats són diferents al territori de la península. Són molt diferents i, per favor, suposats federalistes, escoltin d’una vegada: a part que tenim les competències exclusives, les tenim també a un Codi Civil, i el lloguer d’habitacions ara mateix es regula pel Codi Civil. Per tant, no toquen aquesta llei i intentarem que en surti, però aleshores no vinguin al Parlament català i ens la tombin, perquè no tindria cap sentit. El que necessitem és protegir la gent. El que necessitem és que es pugui viure. El que necessitem és que hi hagi un projecte de vida que es pugui tirar endavant. Acabo amb un parell de comentaris. L’altre dia la Carme Trilla, que és una de les expertes més importants al meu país sobre l’àmbit de l’habitatge, deia que ens vam carregar el barraquisme que hi havia a Barcelona, al voltant de la ciutat, i ara estem fent barraquisme vertical, i això és així. A la postguerra, si algú de vostès ho recorda o els ho han explicat, les famílies vivien, allò que es diu en castellà, «hacinadas» en poques habitacions i tots junts. Però és que ara ja no són ni famílies. Ara, qualsevol habitació a Barcelona et costa entre 500 i 600 euros, i han pujat en relació al sou mínim interprofessional, amb el que valen els lloguers mitjans, ja ho han fet. Però ho torno a repetir: amb un sou mitjà no es paga un pis. Algú de vostès, especialment de la dreta, algun dia m’explicarà la lògica econòmica que té això. Perquè després em diuen indocumentada. No entenc les coses. A vegades soc curta. No entenc com és possible que els rèdits d’un mes de feina siguin inferiors a les rendes d’un mes de propietat, quan el bé llogat és el fonamental per aguantar la vida, perquè en depenen no només tots els drets individuals i tots els drets personals, sinó també l’escolarització, la salut... Tots els drets que se’n deriven venen del domicili. Després parlem d’honor, d’inviolabilitat i drets fonamentals bàsics, però el primer és tenir un lloc on dormir per les nits. Un lloc on tenir una família, un lloc on, si cal, estar-hi sol, però tenir un lloc en aquest món. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas. Nos llegó esta propuesta por el Sindicato de Inquilinas, una propuesta que habíamos estado trabajando también en sede del debate de la ley de la vivienda que hicimos la legislatura pasada, y que, como indicaron ya antes, quedó colgado en lo referente a los contratos de temporada y a los contratos de habitaciones. Como Cataluña, casualmente, debe ser la única que tiene un problema con los alquileres impresionante, es la única que ha aplicado las modificaciones de la ley de vivienda que permitían las zonas tensionadas, el control de precios, las prórrogas obligatorias… Pues bien, por lo tanto, en Cataluña — llámennos extraños— presentamos un decreto ley que detenía la vía por la cual se estaba escapando la capacidad de aplicar la ley de la vivienda y la modificada, que eran los alquileres de temporada y los habitacionales. Pues bien, este decreto no fue convalidado, lo tumbó una abstención del PSC, el Partido Socialista de Cataluña — si mal no recuerdo— y un voto negativo de Junts por Catalunya. Y cómo son las cosas, escuchen: los patriotas, los de izquierdas, llegan hoy aquí y permitirán que la ley salga adelante. ¡Y luego los autonomistas somos nosotros! Cuando lo planteamos en sede de la soberanía popular catalana, ustedes lo echaron atrás; hoy, llegan a Madrid y la van a dejar pasar. Y todavía oiremos decir que somos autonomistas. En cualquier caso, lo que pretendíamos era gobernar. Y esta es una cosa que tendrán que contarme todos, porque o alguien me ha engañado, o hoy el PNV va a votar a favor, Junts se va a abstener, PSC va a votar a favor y esta tramitación quedará abierta. Escuchen, de verdad, yo es que los escucho en las comisiones —¿saben?—, y ustedes están en contra de esto. O me cuentan cuál es el motivo que les ha hecho cambiar de repente toda su ideología o aquí ha habido más magia que el unicornio del señor Errejón, porque esto sí que es mágico, o bien tenemos un serio problema con las enmiendas que nos presentarán. Y aquí quiero que todo el grupo de izquierdas esté atento, porque, si esto ha servido como cuña de entrada para enmiendas que puedan votar Junts, PP, VOX, PNV y algún grupo más que pueda haber en el Grupo Mixto, tenemos un problema, dado que las derechas, les guste o no, son mayoría, y las derechas, algunas de ellas, apoyaron la investidura, aunque, cuando les han tocado el bolsillo, supongo que ya habrán visto la gran defensa que han hecho de los pobres propietarios desde el grupo anterior. Miren, sabíamos que esto iba a pasar. Lo intentamos arreglar y no nos dejaron en Cataluña; ahora tendremos que hacerlo desde el Estado. Muy bien, ¡con lo que nos llegaron a decir desde el PNV, como desde Junts y algún otro grupo! Pasamos, con interés en la ciudadanía, por ser los grandes traidores de la patria. Pero, bueno, cuando quieres hacer política te lo comes, porque no es verdad, simplemente no lo es. Ahora bien, si ha habido ese 31 % de pisos que dice la ley de vivienda o la bonificación de la LAU contenida en la ley de la vivienda, por favor denos las fuentes, porque no se puede salir aquí sin fuentes. Este es el Congreso y, por lo tanto, tenemos que tener un cierto rigor con lo que decimos. Y yo le puedo decir que la web de una empresa, que no es precisamente la empresa que defiende a los inquilinos, llamada Idealista dice que el incremento anual en Cataluña es inferior en precios de alquiler al que ha habido en el Estado, cosa que casa mal con que hayan salido todos los pisos, porque, según el dogma de que el mercado se regula, eso de la mano invisible, se supone que a menos demanda más precio, y, en cambio, ha bajado el precio, o se ha implementado menos. Y yo les puedo dar la fuente: es Idealista.com, que se ve que hace muchos informes. Por cierto, que a ver si los hace el Gobierno, porque dejar en manos de las empresas privadas interesadas la emisión de los informes sobre la realidad es un mal negocio. Y un par de elementos más. Respecto al primero, esto es solo una admisión a trámite, y ya les aseguro que me hace sufrir mucho cómo pueda ir el trámite de negociación, porque pueden pasar tres cosas: primero, que el PSOE se haya comprometido a dejarlo en un cajón y no veamos la tramitación, y aquí no ha pasado nada — ha pasado tantas veces que no me digan que no les va a sorprender—; segundo, que se haya pactado que efectivamente se modifique la ley de vivienda en la modificación de la LAU y que se haga modificando todo aquello que nos dejamos ―nos dejamos casi la vida― Bildu, Podemos, SUMAR y nosotros, también de acuerdo con el sindicato de inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en beneficio para los más vulnerables — sí, podríamos encontrarnos con que todo esto se deshiciera—, o, tercero, que se apruebe en unos términos razonables, porque yo comparto el tema del tiempo, comparto que esta temporalidad no la entiendo. ¿Por qué seis meses? Sería algo más normal nueve, que es un periodo lectivo, efectivamente, y este es uno de los elementos en los que podemos ponernos de acuerdo. Pero esto vuelve a poner de manifiesto que las realidades son distintas en el territorio de la península, son muy distintas. Y, por favor, supuestos federalistas, escuchen de una vez: aparte de que tenemos las competencias exclusivas, las tenemos también en el Código Civil y el alquiler de habitaciones ahora mismo se regula por el Código Civil, así pues, esta ley no toca. Intentaremos que salga, pero que luego no vengan en el Parlamento catalán y nos la echen atrás, porque no tendría sentido alguno. Lo que necesitamos es proteger a la gente, lo que necesitamos es que se pueda vivir, lo que necesitamos es que haya un proyecto de vida que se pueda sacar adelante. Termino con un par de comentarios. El otro día Carme Trilla, que es una de las expertas más importantes en mi país sobre el ámbito de la vivienda, decía que nos cargamos el barraquismo que había en Barcelona, alrededor de la ciudad, pero que ahora estamos haciendo barraquismo vertical, y esto es así. En la posguerra, si alguien lo recuerda o se lo han contado, las familias vivían hacinadas, como se dice en castellano, en pocas habitaciones y todas juntas, pero es que ahora ya no son ni familia, ahora cualquier habitación en Barcelona te cuesta entre 500 y 600 euros. Y han subido respecto al sueldo mínimo interprofesional, ¡con lo que valen los alquileres medios! Ya lo han hecho, pero repito que con un sueldo promedio no se paga un piso. ¿Alguien de ustedes, especialmente de la derecha, me va a contar algún día la lógica económica que esto tiene? Después me dicen indocumentada. Bueno, a veces soy corta, no entiendo cómo es posible que los réditos de un mes de trabajo sean inferiores a las rentas de mes de una propiedad, cuando el bien alquilado es el fundamental para aguantar la vida, puesto que dependen de él no solo todos los derechos individuales y todos los derechos personales, sino también la escolarización o la salud, es decir, todos los derechos que se derivan vienen del domicilio. Hablamos de honor, de inviolabilidad y de derechos fundamentales y básicos, pero el primero es tener un lugar en el que dormir por las noches, un lugar donde tener una familia, un lugar donde, si hace falta, estar solo, pero tener un sitio en este mundo. Muchas gracias. .

Ignacio Hoces Íñiguez VOX

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Debatimos hoy una iniciativa legislativa de SUMAR y sus colegas separatistas para intentar justificar el fracaso de las normas que aprueba en materia de vivienda junto con el Partido Socialista; un nuevo intento de remozar lo remozado, de retorcer lo retorcido, otra filigrana discursiva más para intentar camuflar los desvaríos normativos que aprueba SUMAR junto con el Partido Socialista. Pero a nosotros esto no nos extraña lo más mínimo, porque, como la historia ha demostrado, los comunistas siempre acaban destrozando y destruyendo todo aquello que dicen querer proteger. . Si los precios del alquiler y la vivienda se disparan, para ustedes la culpa es del pequeño propietario, que no sabe administrar correctamente su patrimonio. Si las rentas medias de los españoles caen, para ustedes la culpa es de los autónomos, que son unos codiciosos sin corazón que no pagan lo conveniente a sus empleados. Y si los barrios son más inseguros que nunca, para ustedes la culpa es de los vecinos, que no abren convenientemente el corazón a la multiculturalidad. . Y así con todo: no hay barrio que no hayan degradado, ni familia que no hayan esquilmado, ni negocio que no hayan abocado al cierre. Hoy, por desgracia, tenemos distritos enteros saturados y entregados a la ley de la jungla, es decir, al mejor postor; cascos históricos donde los vecinos de toda la vida son la reliquia más preciada, ya en peligro de extinción, y pisos, en otro momento asequibles, hoy son sueños inalcanzables. Pero, señorías de SUMAR, la culpa no es de ustedes, ¿verdad? . Señorías, les recuerdo que, en el mismo día en que se aprobaba en mayo de 2023 la ley de vivienda, su dirigente, Yolanda Díaz, decía, con todo descaro, que por primera vez en España teníamos una ley que garantizaba el derecho a la vivienda. Y terminaba diciendo: «Nuestro país hoy es sustancialmente mejor». ¡Y tanto! En ese momento estábamos mejor que hoy, porque cada día que pasa el mercado y el acceso a la vivienda se va desgastando más. . Los precios de arrendar se han disparado un 13 %, la oferta ha disminuido un 15 %, y, efectivamente, se han multiplicado los alquileres temporales y de habitaciones. Pero ustedes han conseguido algo increíble, un cisma entre propietarios e inquilinos. Son ustedes, señorías de SUMAR, una izquierdita que enseña mucho los dientes en sus discursos pero que no abandona sus poltronas para defender a los más débiles. . Y desde VOX les hemos advertido en multitud de ocasiones en el Congreso de los Diputados ―sí, señor Errejón, sí, se lo hemos advertido en multitud de ocasiones y también desde todos los parlamentos regionales― que esto iba a estallar, y se lo volvemos a decir. Yo no dudo de que algunos de ustedes quizás quieran arreglar el problema de acceso a la vivienda, pero para eso lo primero que tienen que hacer es quitarse las anteojeras ideológicas, generar seguridad jurídica y también construir un marco produzca cierta confianza en los españoles. . Señorías del PSOE, SUMAR y Podemos, todos ustedes son responsables de la situación actual, son ustedes los verdugos de la emancipación familiar y de la vivienda asequible, y encima han decidido rematar mortalmente a miles de barrios y pueblos que ya llevaban años agonizando. El PSOE y ustedes son los mayores promotores de incertidumbre material y sinhogarismo, y encima su ley de vivienda ha sido la puntilla, que ha rematado décadas de políticas nefastas en materia de vivienda por parte del bipartidismo, y, en lugar de enmendarse y hacer más fácil la vida a los españoles, han decidido retozar en su desastre y empeorar lo que ya era insostenible. Si en algo han contribuido sus normas en materia de vivienda ha sido en menoscabar como nunca el derecho a la propiedad privada de los españoles, cosecha de años de trabajo y esfuerzo de todos los españoles; en aniquilar la inversión en vivienda, que ha dejado en la estacada a los inquilinos con el alza de los precios, y en atacar frontalmente a los pequeños propietarios, bastión de la España que fue y que hoy es indistinguible. . Sin duda, existe un auge en los fraudes en algunos contratos formalizados en arrendamientos de temporada. Se lo dijimos y se lo volvemos a decir, pero también existe un problema de inseguridad jurídica y de sobrerregulación en el contrato de arrendamiento residencial. Pero ustedes ahí ¿qué quieren hacer? Se lo decimos, que eso es lo que hay que modificar. Sin embargo, en esta proposición de ley vuelven ustedes a enredarse, introducen nuevas obligaciones a los arrendadores — la inmensa mayoría, personas mayores, ancianas—. No sé si recuerdan que, según el informe del Banco de España, la mayoría de los arrendadores en España, en concreto el 92 %, son pequeños propietarios y particulares. . Sinceramente, no creemos que su ley y las recetas hoy expuestas vayan a ampliar el mercado de la oferta de la vivienda, bajo ningún concepto, y además nos parece más pura propaganda. Quizás lo hagan precisamente por su incompetencia, para ampliar el parque de vivienda pública, es decir, el parque de vivienda social con el Partido Socialista o también quizás por la ceguera ideológica, que les impide plantear iniciativas equilibradas. Señor Errejón, se lo dejo muy claro. Nosotros sí queremos políticas claras y justas, que impidan la especulación inmobiliaria y frenen la compra masiva por parte de los fondos de inversión extranjeros. Sí lo queremos, es así, sobre todo porque están dejando a los españoles absolutamente descartados, sin opciones ni oportunidades. . Pero, señor Errejón, son ustedes los que gobiernan aquí y nunca había sucedido que tantos fondos de inversión extranjeros estén comprando vivienda y también suelo agrícola, es decir, el campo español. . A nosotros, señor Errejón, nos gusta mucho el artículo 47, no tenemos ningún problema en decírselo: Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la autorización del suelo, de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación». Pues ya lo sabe, señor Errejón, impedir la especulación, regular el suelo y vivienda digna para todos los españoles. . Para terminar, y como comprenderán, no vamos a ser nosotros los encubridores de sus desmanes. Eso sí, los instamos a que abandonen esta senda, que ya deja demasiados damnificados: por un lado, a las personas mayores, que no quieren ofertar su vivienda, y, por otro lado, a los jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada. En VOX, vamos a seguir luchando todos los días para garantizar que todos los españoles tengan un verdadero hogar, en el que puedan desarrollar con seguridad su proyecto de vida. Por ello, vamos a aumentar el parque de vivienda público y privado, vamos a liberar suelo, que no esté especialmente protegido por el interés nacional, vamos a priorizar el interés de la gente sobre el interés del capital, a proteger al propietario frente al okupa, a reducir drásticamente impuestos, cargas y burocracias, y, por supuesto, a establecer un ambicioso plan de bonificaciones y deducciones fiscales para que no haya un solo joven español sin futuro en España ni familias sin hogar ni ancianos y abuelos a los que las leyes les genere incertidumbre o inseguridad en sus últimos años de vida. Muchas gracias. .

Javier Rodríguez Palacios PSOE

Buenas tardes. Hoy es un buen día, tratamos sobre un problema real que nos ocupa y que nos preocupa; preocupa al Gobierno de España y preocupa al Grupo Socialista. SUMAR propone una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el objeto de impedir que se alquile una finca urbana de vivienda habitual en una especie de fraude de ley y se camufle como un alquiler de temporada, como un alquiler por habitaciones, y estamos completamente de acuerdo en que esto hay que combatirlo. Algunos propietarios quieren evitar someterse a la ley, quieren evitar someterse a las garantías que se ofrecen al inquilino por parte de la ley y buscan estos recovecos, y esta trampa y esta práctica se está viendo incrementada actualmente. Por lo tanto, hablamos de un problema real y de plena actualidad, y, como todos ustedes saben, porque me consta que lo saben, el Gobierno de España tiene previsto legislar sobre ello. La propia ministra Isabel Rodríguez, titular del Ministerio de Vivienda, es plenamente consciente y ya afirmó que existía la necesidad de actuar sobre estos alquileres. De hecho, ya existe un grupo de trabajo de expertos sobre alquileres de temporada, en el que se está trabajando con toda la sociedad civil; se está trabajando con el colegio de administradores de fincas, con el consejo general de los agentes de la propiedad inmobiliaria, con los gestores públicos de vivienda y suelo, con la federación de empresas inmobiliarias, con la CEOE, con los sindicatos, y con el sindicato de inquilinos e inquilinas, que es el que concretamente ha promovido este punto que hoy se nos trae para su toma en consideración. Por tanto, se lleva trabajando mucho tiempo en ello, por lo que respetemos ese trabajo. Veamos que nos sugieren y cuáles son las propuestas, porque, a nuestro juicio, la propuesta de SUMAR avanza en la dirección correcta, aunque todavía hay mucho más por hacer. Hay cuestiones técnicas evidentes, como, por ejemplo, crear una plataforma de registro único de esos alquileres, lo que serviría para poner cifras y rigor sobre el problema que estamos tratando. En definitiva, nosotros, desde el Partido Socialista y el Gobierno de España, confiamos plenamente en estos agentes, que llevan tiempo trabajando, auspiciados por el Ministerio de Vivienda. Así pues, vamos a apoyar la propuesta. Pero, señor Errejón, Íñigo, te conozco hace muchos años, y se te ha olvidado mencionar que para que se apruebe esta propuesta hacen falta 120 votos socialistas, que los tendrás, que estarán encima de la mesa y ayudarán a que progrese esta iniciativa. . Pero ahora, cuando ya he marcado la posición y aún me queda tiempo, quiero hablar de lo profundo, de lo que está pasando en este país con la vivienda, de que hay una realidad meridiana y clara, y es que hay un déficit de unas 300 000 viviendas, que se generan más hogares en este país que capacidad de construir vivienda y que tenemos que ser coherentes con este problema, tanto a derecha como a izquierda, porque, compañeros de SUMAR, compañeros de la izquierda no socialdemócrata, hace falta construir esas viviendas y, para construirlas, hace falta suelo, hace falta seguridad jurídica, la colaboración público-privada, porque no podemos dejar solo en manos de las administraciones esta cuestión tan importante. Por lo tanto, tiendo la mano y pido el apoyo y el examen sereno de esa necesidad de seguridad jurídica y de suelo en este país para poder hacer 300 000 viviendas, porque además hará falta mano de obra, hará falta empleo, hará falta diálogo con los sindicatos. Y mucha de esa mano de obra que va a construir viviendas es mano de obra que tiene diferentes colores, porque también aquí tenemos que hablar de la inmigración, de los migrantes, de los que nos facilitan la vida, que van a ser también los que construyan las viviendas en el futuro en este país y que son los que cuidan de nuestros mayores, los que nos traen los alimentos y con los que peleamos. Sus hijos ya no estarán solo en la obra, sino que serán los ingenieros, los arquitectos y los médicos de una sociedad diversa, que es lo que le duele a la ultraderecha de este país. También en vivienda y política de inmigración, también en vivienda hay desarrollo económico que generar. Y señorías de la derecha, ¿por qué se generan más hogares que viviendas en este país? Porque España avanza, porque la gente quiere emanciparse, porque, como diría el señor Aznar, España va bien, y se generan hogares porque hay salarios justos, porque hay menos precariedad, y lo que tenemos que hacer es acompañar a ese esfuerzo. Realmente de lo que estamos hablando es de que tenemos que generar una sociedad capaz de congeniar con esa migración, ese aumento de población que viene más que por nuestros hijos e hijas por las personas que han venido a buscar un futuro en España, y tenemos que hacerlo fuera de esos corsés que nos quieren imponer la derecha y la ultraderecha tratando de decirnos que el fenómeno migratorio es malo para este país. Es bueno y es necesario. . Y ahora quiero terminar hablando de inmigración, porque, claro, para las derechas de este hemiciclo hay una inmigración positiva, que es la de la señora Ayuso, la de llamar a los ricos del mundo para que vengan a la ciudad de Madrid a comprar con sus visas Gold inmuebles y viviendas arrebatándoselas a los madrileños. Ese es el modelo del Partido Popular y de la ultraderecha de este país, ese es el modelo de Madrid, que llama a todos los ricos a que vengan aquí, a la región de Madrid, a comprar viviendas; que saca la riqueza de las comunidades autónomas de este país… . Hombre, un poquito de respeto, señorías. Y no hace falta que me llamen campeón; sé que soy un campeón. . Decía que es el modelo de la señora Isabel Díaz Ayuso, que saca la riqueza de las comunidades autónomas de este país para hacer una amnistía fiscal a 20 000 familias de Madrid y perdonarlos 1300 millones de euros; 1300 millones de euros, que se pierden cada año en Madrid — para que luego vengan a hablar de Cataluña, para que luego vengan a enredar con otras comunidades autónomas—. . Aquí estamos en la ley de la selva. Madrid es la ley de la selva, de esos que vienen de toda España, compran viviendas y expulsan de esta ciudad a los madrileños: a los que viven en el centro, afuera de la M30; a los que viven por la M30, a las ciudades de alrededor de Madrid, y a los que viven en las ciudades que están cerca de Madrid, como Alcalá de Henares, a otras provincias. Ese es el efecto que ustedes están produciendo en Madrid. . Tranquilidad, por favor, déjenme hablar, no pasa nada porque hablemos de Isabel Díaz Ayuso en el hemiciclo. Termino, señorías. Quedan tres años de Gobierno de progreso en este país, ustedes lo saben; señor Tellado, usted lo sabe. No hace falta que se sonría, usted lo sabe, y por eso sobreactúan. Llevamos tratando con bravucones desde hace ciento cuarenta y cinco años: no tenemos ningún problema, señor Tellado; más peligrosos y más dañinos. . Prácticamente, quedan tres años de Gobierno progresista, y ustedes lo saben y por eso sobreactúan. Tenemos que sentarnos y dialogar sobre vivienda. Las políticas de vivienda no arreglan el problema en un día ni en dos. Tenemos que sentarnos a hablar por el bien este país. Tienen tendida la mano de este Grupo Socialista, señor Tellado. Tienen tendida la mano del Gobierno de España. Tienen tendida la mano del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y ayer mismo lo dijo aquí, en sede parlamentaria. En definitiva, tienen tendida la mano de un partido que lleva ciento cuarenta y cinco años trabajando por este país y que lo va a seguir haciendo. Muchas gracias. .

María Soledad Cruz-Guzmán García PP

Diagnosticar, tratar y sanar. Señorías, señor Errejón, coincidimos con su diagnóstico: la situación de la vivienda en España está en situación crítica, en la uci; hasta el CIS de Tezanos lo remarca en cada una de las encuestas que pagamos todos los españoles. Tras seis años — seis años, señor portavoz del Grupo Socialista— de nefasta gestión de Sánchez y de una ley contra la vivienda que ninguna comunidad quiere aplicar, la preocupación de los españoles por el acceso a la vivienda es máxima. Compartimos las cifras: a la cola europea respecto a la edad media de emancipación de los jóvenes, treinta años; a la cola en el número de viviendas sociales, y los precios de la vivienda en alquiler o de venta están disparados. España necesita 600 000 viviendas para compensar la diferencia entre la oferta y la demanda, según el informe del Banco de España; un informe que pensamos que va a ser el último objetivo, transparente y eficiente de esta entidad, porque Sánchez también ha metido las garras en esta entidad ejemplar. . Y se les ha olvidado hablar, señor Errejón, de la situación de caos legislativo que también tiene su Gobierno. Y es que este lío que se traen entre manos es más difícil de entender que la letra del médico en una receta, aunque voy a intentar explicarlo. Miren, se aprobó en el Consejo de Ministros la reforma de la ley del suelo, que, minutos antes de debatirse desde esta tribuna, se retiró de forma misteriosa; bueno, de forma misteriosa no, porque su partido, SUMAR, que forma parte del Gobierno, anunció su voto en contra. Semanas después el Grupo Socialista, con el Grupo Vasco, presenta un texto prácticamente idéntico, pero a la vuelta de las vacaciones el Grupo Socialista retira su firma. ¡Oh!, dejan solo al Grupo Vasco, y la verdad es que nos ha sorprendido su voto a favor después de este abandono, sobre todo porque viene de una propuesta avalada por Bildu, aunque, bueno, ya se lo explicarán a sus votantes y a sus ciudadanos. Hoy el Grupo SUMAR, con el apoyo del Grupo Socialista, presenta unas medidas que ya ha anunciado la ministra hace unos meses. Por cierto, portavoz del Grupo Socialista, ¿apoyará la ministra la medida anunciada hoy por Yolanda Díaz de prohibir la venta de vivienda si no es para uso habitual? Es un auténtico asalto a las competencias municipales. Pero ¿dónde quedó eso de prohibido prohibir? ¿Dónde quedó, señor Errejón? . No sabemos si este regalo que hoy le da el Grupo Socialista es porque Sánchez no puede asumir una nueva derrota — creo que ya van treinta y cinco— o por necesidad de aplicar el desfibrilador a su grupo, señor Errejón, al que prácticamente el Partido Socialista ha engullido al robarles toda su política social comunista, como anunciaba hace unos días el presidente en el Instituto Cervantes. ¿O será esta ley un punto más del opaco pacto con Esquerra? Señorías de Junts, también nos asombran. Ya pararon esa deriva populista en el Parlamento catalán y hoy nos dicen que se abstienen. Les pedíamos querencia en este debate. Tampoco han hablado de un síntoma que nos alerta y nos preocupa muchísimo: la falta de seguridad jurídica que sufren tanto los indefensos propietarios como las familias que guardan cola para acceder a una vivienda pública. El Gobierno protege más a los delincuentes que a estos, más a los que pegan la patada en la puerta que a las familias vulnerables que aún confían en las administraciones públicas y en nuestro sistema democrático. . A ellos, a todos y cada uno de ellos, que viven con impotencia su situación y con desesperación la indiferencia de este Gobierno ante sus problemas, les mandamos nuestro apoyo y les prometemos el compromiso de mi grupo en defenderles y pelear por ellos aquí, en este Congreso. . Señora Armengol, deje de tener secuestradas nuestras leyes, admita a trámite la ley antiokupación. Si Sánchez no quiere trabajar en esta Cámara, nosotros sí queremos hacerlo. . Y al Grupo Socialista, al Grupo SUMAR y a todo el bloque que irónicamente se autodenominan progresista les pregunto: ¿dónde están las 184 000 viviendas que ha prometido Pedro Sánchez desde esta tribuna hace un año?, ¿dónde están? . ¡Esa es la solución del problema! No vengan con cortinas de humo para tapar su nefastas de gestión. Conocemos el diagnóstico, señor Errejón, y hay que aplicar un tratamiento. Señorías de SUMAR, no desconfiamos de su buena intención, pero no será la primera vez que con sus leyes consiguen precisamente lo contrario de lo que pretendían. ¿A que les suena? ¿A que sí? ¿A que sí es sí? Pues igualito ahora, lo mismo que pasó con la ley que consiguió reducir la pena a miles de agresores sexuales y poner en la calle a más de un centenar va a pasar ahora. . No, no podemos compartir las medidas que hoy nos proponen, porque sabemos las consecuencias: reducción de la oferta, subida de los precios y aumento de la economía sumergida. Miren a otros países, miren a Cataluña, que es la única que ha aprobado el Plan de Vivienda; sí, miren su situación, que ha perdido el 30 % de las viviendas en alquiler; miren la situación trágica que vive entre las medidas de Ada Colau y comparen. Intentan reducir el problema a un nuevo enfrentamiento entre españoles, pero esto no va de derecha contra izquierda, de trabajadores contra empresarios o de inquilinos contra propietarios. No, no estamos en las trincheras, estamos ante un gravísimo problema, poliédrico, al que hay que poner solución con consenso, con sentido común, para proteger a los más vulnerables desde la acción social pero también con libertad, con seguridad jurídica y defendiendo a capa y espada la propiedad privada. No quieran matar moscas a cañonazos. Las situaciones abusivas se denuncian, los fraudes y estafas se denuncian también e iremos de la mano para plantear medidas eficaces para evitar estos abusos. Nosotros sí que seguimos confiando en la justicia. . España es una tierra heterogénea y diversa pero no singular, que es el artificio que han utilizado para implantar una financiación injusta y romper el principio de solidaridad. El problema es que ustedes pretenden aplicar la misma medicina a diferentes enfermedades. Nuestros alcaldes ya han tomado medidas y nuestros presidentes autonómicos también, a los cuales, como viene siendo habitual, con su deslealtad institucional, no han consultado la opinión para esta importante ley que hoy traen aquí. Miren, no compartimos la limitación de seis meses, como decía la portavoz del PNV. ¿Qué pasa con los estudiantes, los profesores y los trabajadores? ¿Pero es que no escuchan la radio, no escuchan a los universitarios diciendo que no tienen pisos para poder alquilar? Se lo van a poner más difícil. ¿Y a las ciudades costeras, a las que estos contratos les permiten revitalizar los fríos inviernos? También se lo van a poner más difícil. ¿Y un contrato entre dos partes que no se cumple, sin indemnización? Sus medidas conseguirán aumentar simplemente la brecha de la desigualdad y lo peor es que lo saben, señor Errejón. Miren, para sanar este esquilmado ecosistema de la vivienda de España lo que se necesita son más viviendas asequibles, dotar de confianza al sector de la construcción, mejor financiación, pero no meter miedo a los propietarios, porque son piezas de la solución y no parte del problema. Necesitamos reformas legislativas ambiciosas y valientes: la ley del suelo, que su grupo ya rechazó, la Ley sobre la Propiedad Horizontal, las que promuevan la colaboración público-privada… Dejen de ser curanderos y apliquen la ciencia, escuchen a los expertos como nosotros lo hemos hecho desde la oposición. Comprueben los proyectos que están funcionando en Andalucía y en Madrid. Señor portavoz, parece que los madrileños y andaluces están muy contentos con sus gobiernos autonómicos. Con su errática política de vivienda no habrá antídoto que impida la defunción de nuestro Estado de bienestar, que durante más de 46 años nos ha permitido avanzar hacia un país más igualitario, más social y más próspero. Aún estamos a tiempo de salvar al paciente. Hagámoslo entre todos. Muchas gracias. .

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Gràcies. Molt bona tarda de nou. Passem d’un problema que preocupa moltíssim la ciutadania a un altre que també preocupa moltíssim el conjunt de la ciutadania. De fet, el que Junts per Catalunya pretenem amb aquesta iniciativa legislativa és reduir la multireincidència. Volem que tothom sàpiga que delinquir aquí no surt gratis. Hem d’acabar amb la percepció generalitzada que els delinqüents entren per una porta i surten per l’altra. És necessari que els delinqüents i el conjunt de la ciutadania també sàpiga que qui la fa, la paga. Buenas tardes de nuevo. Pasamos de un problema que preocupa muchísimo a la ciudadanía a otro que también preocupa muchísimo al conjunto de la ciudadanía. De hecho, lo que Junts per Catalunya pretende con esta iniciativa legislativa es reducir la multirreincidencia. Queremos que todo el mundo sepa que delinquir aquí no sale gratis. Tenemos que terminar con la percepción generalizada de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Es necesario que los delincuentes y el conjunto de la ciudadanía también sepan que quien la hace la paga. .

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Muchas gracias, señora presidenta. Proponemos hacerlo atacando la impunidad de los delincuentes, dando más herramientas y facilitando el trabajo a los jueces de instrucción y de lo Penal para conseguir más condenas. Somos conscientes de que es un tema complejísimo y no exento de posturas sectarias, pero esto no debe ser óbice para que, como legisladores, lo atajemos. Quiero precisar antes que nada que tanto el análisis de la situación actual, el debate y las reflexiones previas, así como la misma redacción de esta iniciativa que Junts presenta hoy, han sido realizadas con la participación y colaboración de un amplio abanico de expertos: jueces, fiscales y abogados penalistas; Mossos d’Esquadra, responsables de la Policía local y responsables de cárceles; colegios profesionales ―especialmente tengo que agradecer al Colegio de Abogados de Barcelona que nos ha facilitado textos enteros―, entidades sociales y de reinserción, y asociaciones que son víctimas habituales de los hurtos, como son la Federación de Comercios o de Aparcamientos, y quiero destacar sobre todo que hemos contado con la complicidad de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de Seguridad, que son quienes viven más de cerca las nefastas consecuencias en sus municipios provocadas por este fenómeno. Aquí precisamente, y permítanme que les salude, hay algunos alcaldes que padecen en sus municipios esta situación, que han trabajado mucho para intentar evitarla y que hoy están escuchando este debate. Bienvenidos. Todos ellos han hecho contribuciones muy valiosas para conocer mejor el fenómeno de la multirreincidencia delictiva y para poder confeccionar una propuesta legislativa que, evitando el populismo, sea útil para reducirla. Alcaldes y alcaldesas de todos los lugares y de todos los colores, y creo que no hace falta que les detalle los llamamientos públicos de auxilio que tantos alcaldes de distintas sensibilidades y de grupos que también forman parte de este arco parlamentario han ido haciendo, han venido denunciando la grave alarma social que se está produciendo en cuestiones de inseguridad entre sus vecinos y vecinas. Refieren que en sus municipios un reducidísimo grupo de personas son autores de oleadas de delitos menos graves — especialmente hurtos, en ocasiones peleas— que el sistema, ya sea policial, administrativo o judicial, es incapaz de evitar. Manifiestan también que la Policía, en muchas ocasiones, consigue arrestar a los autores de los hechos, pero lamentablemente y debido a la poca gravedad del delito tienen que ser puestos en libertad y siguen delinquiendo impunemente una y otra vez, trasladando de forma muy visible al conjunto de la ciudadanía, por un lado, la impunidad con la que actúan y, por otro, creando una sensación de inseguridad y de vulnerabilidad cada vez mayor. Como ejemplo, quiero recordar que cuando se hizo público el informe de valoración del Plan Tremall de los Mossos d’Esquadra para la lucha contra la multirreincidencia — se hizo público en 2023, pero hacía referencia a datos de 2022—, se comunicó que 2022 se cerró con 283 personas multirreincidentes detenidas 2270 veces en Barcelona, implicadas en 5602 hechos delictivos, principalmente robos violentos y hurtos. Cinco de los principales multirreincidentes en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, fueron detenidos 120 veces y entre todos acumulaban cerca de doscientos antecedentes. Situaciones parecidas se producen en muchas ciudades, grandes y medianas, de Cataluña. La Policía refiere cómo ciertos individuos y determinados grupos organizados de delincuentes que viven de la práctica sistémica del hurto — y que, en ocasiones, obviamente, deriva en robos con violencia e intimidación o en riñas multitudinarias— se saben impunes. Esta percepción tan inquietante de impunidad provoca miedos y sensación de encontrarse en riesgo por parte de la ciudadanía, sobre todo la gente mayor o mujeres cuando andan solas al atardecer, o adultos con niños cuando están en las plazas públicas o cuando recorren las calles. Que la multirreincidencia hoy es percibida como uno de los problemas más importantes en materia de seguridad pública es un hecho. Desde Junts per Catalunya queremos reivindicar y recordar que el derecho a la seguridad se erige como uno de los principales derechos fundamentales de las personas y que está íntimamente ligado a los conceptos de dignidad y de libertad. Por todo ello, es perentorio que sin demagogias, con mucho rigor y con datos abordemos este fenómeno para reducir sus efectos. Tres apreciaciones previas. En primer lugar, unos datos — pocos— únicamente para centrar mejor este debate. En el Estado español, en 2023, se conoce que se cometieron, como mínimo, 2 465 000 delitos. Ese mismo año, el conjunto de los juzgados consiguieron 427 000 condenas, un 17,3 % de los delitos cometidos en el Estado español fueron sancionados penalmente. Y si nos referimos a los hurtos, se conoce que el año pasado se cometieron, como mínimo — porque todavía se denuncian menos los delitos leves—, 666 000 hurtos, cifra que supone el 28 % del total de delitos cometidos. Ese mismo año se consiguieron 58 000 sentencias condenatorias en casos de hurto, que suponen un poco más del 8 % de los hurtos cometidos. Es decir que 92 de cada 100 hurtos cometidos han quedado impunes; 92 de cada 100 hurtos cometidos han quedado impunes. En segundo lugar, ¿por qué nos preocupamos principalmente de los hurtos si no son las conductas delictivas más graves ni mucho menos? Primero, porque, como hemos visto, cerca de uno de cada tres delitos que se cometen en el Estado español son hurtos. Segundo, porque, según los expertos, los criminalistas más experimentados, la trayectoria delictiva de los delincuentes reincidentes se inicia habitualmente con la comisión de delitos leves, especialmente hurtos, que no han sufrido consecuencias penales. La impunidad, en el inicio de su carrera delictiva, provoca que el delincuente reincida cada vez con mayor violencia y, también, más a menudo. Y, tercero, y también según los expertos criminólogos, porque los delitos de lesiones con armas, de peleas, de riñas tumultuarias y los robos con violencia, en la mayoría de los casos, se han iniciado con un intento de hurto que se ha complicado porque la víctima ha querido defenderse de esta actitud ilícita o delictiva. Todo esto nos aboca a abordar el fenómeno de la multirreincidencia poniendo el delito del hurto en el centro de nuestra mirada. En tercer lugar, los expertos coinciden en que nuestro sistema penal es de los más duros de Europa. Por lo tanto, no abordamos el fenómeno de la multirreincidencia desde esta perspectiva de endurecimiento de las penas. En Cataluña escuchamos la alerta de la magistrada decana de los juzgados de Barcelona respecto al colapso judicial provocado por el aumento de los hurtos y el retraso en los juicios. Expresó que los juicios que deberían celebrarse en diez o quince días, ahora, ya estaban siendo señalados para nueve o diez meses; y no olvidemos que estos delitos prescriben al año. Así pues, queremos darles herramientas efectivas para que los jueces puedan aplicar una justicia rápida y efectiva. Respecto a las medidas concretas, voy a comentar rápidamente tres o cuatro. Primero, recordarán ustedes, o los que estaban en la anterior legislatura, que se aprobó una modificación, en 2022, respecto a los hurtos, que debe reconocerse que ha tenido escaso éxito. Cuando hemos analizado la causa de este escaso éxito ha habido una coincidencia con todas las personas y agentes consultados en que este poco éxito es más una cuestión práctica que no jurídica. El juez que debe aplicar el agravante tiene que confirmar que se han producido tres condenas anteriores de hurtos y que el importe sumado de todos lo sustraído en los tres hurtos supera los 400 euros. Pero cuando el juez que intenta aplicar este agravante va a la Oficina Judicial a consultar el registro de penados, que es donde aparecen los antecedentes, el importe y todos los datos de esa condena, resulta que el importe de lo sustraído no aparece; con lo cual, el juez que está juzgando el hurto, y que podría aplicar este agravante por las tres condenas anteriores, no tiene forma posible de poderlas aplicar. Nosotros proponemos la modificación del registro en este sentido para que los jueces, de un modo muy sencillo, en la Oficina Judicial pueda encontrar estos datos. También se nos propuso, sobre todo desde el Colegio de Abogados de Barcelona y de la Policía, de los Mossos d’Esquadra y Policía local, agravar la sanción de los hurtos de teléfonos y dispositivos móviles y electrónicos. Tengan en cuenta este dato: un 41 % de los hurtos en Cataluña ―un 41 %― son de teléfonos móviles. En 2023, únicamente en Barcelona se hurtaron 31 000. Estos hurtos quedan siempre sin cuantificar porque su valor va mucho más allá del dispositivo. El dispositivo para un perito cuesta cuantificarlo, porque sabemos que la tecnología de un año para el siguiente cambia muchísimo. Pero, además, estos dispositivos contienen datos de identidad, de salud, tarjetas bancarias, tarjetas de transporte; son documentos absolutamente sensibles que generan un perjuicio enorme en la víctima, y es imposible o casi imposible cuantificarlo por parte de los peritos. Por eso, pedimos que este tipo de hurto se considere del tipo agravado, y que los ayuntamientos, que han sido los principales actores que reivindican la necesidad de que se encuentre una solución a este problema, puedan comparecer en estos procedimientos es importantísimo, porque, además, en estos procedimientos de juicios leves no comparece normalmente el Ministerio Fiscal, y sabemos que los ayuntamientos, con su apoyo jurídico, darán impulso a estos procedimientos y harán que se sigan las actuaciones necesarias para llegar, al final, a una condena. Y, finalmente, dotar de recursos humanos suficientes para hacer efectiva esta modificación en Cataluña. Y ¿por qué decimos en Cataluña? Es necesario que les dé otro dato: de todos los hurtos cometidos en España, que antes hemos dicho que eran 666 000, en Cataluña se han cometido 170 000; es decir, un 26 % del total. Es más, de los 665 000 robos con violencia que se cometen en España, 25 000 son en Cataluña, que es casi un 40 %. Todos sabemos que en un juzgado, cuando no es posible acreditar todos los hechos constitutivos para condenar por robo con violencia, se pasa a hurto; y cuando no puede ser del tipo agravado, se pasa a un hurto leve y, por lo tanto, acaban sin ningún tipo de condena y solo con una multa. Esto es lo que pretendemos evitar. Junts per Catalunya quiere ayudar a poner fin al fenómeno de la multirreincidencia. Estamos convencidos de que la aprobación de esta iniciativa legislativa es un primer paso, pero es un paso gigantesco para evitar la impunidad de los multirreincidentes. Obviamente, estaremos encantados de escuchar todas sus propuestas cuando esta ley empiece a tramitarse, para que se pueda mejorar, que seguro que se podrá mejorar, y, por lo tanto, estaremos encantados de hablar con todos ustedes. Muchas gracias.

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Miren, España y Navarra son menos seguras que hace un año. Estamos ante los datos de criminalidad peores de nuestra historia. Basta simplemente con comprobar la información del Ministerio del Interior, que ha publicado recientemente el índice de criminalidad del segundo trimestre de este año, 2024. . En este caso concreto, si comparamos este semestre del año 2024 con el anterior de 2023, vemos cómo la criminalidad convencional en nuestro país se ha incrementado un 1,6 %, y en Navarra, señorías, un 7,1 %; 7,1 %. Ante esta situación, ¿qué hace el ministerio, qué hace el Gobierno? Pues, lamentablemente, parece que mira hacia otro lugar. Cuando nosotros denunciamos esta situación, el propio ministro del Interior, en esta misma Cámara, nos ha acusado de generar alarma. Pero la realidad es la que es: se han incrementado los delitos en nuestro país y se han incrementado también en la Comunidad Foral de Navarra. Señorías, hay situaciones que ponen los pelos de punta y las hemos vivido en la Comunidad Foral de Navarra. En la Ribera de Navarra recientemente, hace unas semanas, un delincuente con más de veinte arrestos entra de madrugada en la vivienda de una anciana, se mete en su cama, le roba el reloj y el móvil, y es detenido al día siguiente cuando los familiares de la anciana identifican el reloj en su muñeca. A los pocos días, va a otra localidad de la Ribera de Navarra, asalta otra vivienda de otra anciana de más de noventa años, también de madrugada, la zarandea para robarle el anillo, le roba y se va a otra vivienda, que asalta, pero en este caso no estaba habitada. Al día siguiente lo detiene la Guardia Civil y sus investigaciones evidencian que había entrado también con otro compañero, con otro delincuente, a una tercera vivienda esa madrugada. Finalmente, es detenido y entra en prisión. Por fin. Señorías, esta es la realidad que se vive en muchas localidades de nuestro país. La multirreincidencia viene a colmar muchas veces también la paciencia de los propios representantes municipales, que son los que padecen las quejas directamente de los vecinos, y la de las fuerzas y cuerpos de seguridad y, cómo no, también de jueces y fiscales. Señorías, como se ha dicho, se modificó la ley del Código Penal en el año 2022. ¿Qué resultados ha dado? Cuando se le ha preguntado al Gobierno por el balance que hace de esta modificación legislativa, qué balance hace de cuántos son los delincuentes a los que se les ha aplicado o, incluso, las modificaciones que va a introducir, dada la escasa eficacia y efectividad de la misma, calla, divaga o mira para otro lado. Así no, señorías, así no se combate la delincuencia. Los ciudadanos de nuestro país, si algo demandan, si algo exigen es seguridad. Ya no solamente se producen hurtos en las calles, ya no solamente nos roban los dispositivos móviles, robándonos también parte de nuestra intimidad y de nuestros datos personales, sino que también están entrando en nuestras viviendas, en las viviendas de familias, en las viviendas de ancianas, y lo hacen también con total impunidad cuando están los moradores en la propia vivienda. Señorías, hay que poner fin a esta situación, al menos minimizarla o que el delincuente compruebe que las fuerzas y cuerpos de seguridad, los jueces, los fiscales y las administraciones públicas queremos poner fin a esta multirreincidencia y a estos delitos. Muchas gracias.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Viene Junts con esta iniciativa y tengo que decir que, en el año 2017, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que establecía que la única interpretación que podía salvar la multirreincidencia en los hurtos era excluir de su aplicación aquellos delitos leves que hubiese habido anteriormente. Sin embargo, los parlamentarios de Junts — fíjense ustedes qué paradoja― se sitúan a la derecha de la derecha del señor, por decirlo de alguna manera, Marchena, que, con la ayuda inestimable — hay que recordarlo— del Partido Socialista y del Partido Popular, modificaron en el año 2022 el Código Penal para incorporar otra vez la multirreincidencia que el Tribunal Supremo ya les había tirado hacia atrás. A lo de bajar el límite del delito fiscal de los 120 000 euros, ahí ustedes no dicen nada, ¿verdad, señorías de Junts, del Partido Socialista y del Partido Popular? O sea, una persona puede robarnos a todas, porque Hacienda somos todas, la cantidad de 120 000 euros, y no es delito; pero si hurta un bolígrafo, un paquete de patatas, pero resulta que tiene antecedentes por hechos similares, entonces sí, que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona con penas — se lo voy a recordar— de uno a tres años. También un empresario puede defraudar cuotas a la Seguridad Social y robarnos a todas, a los trabajadores y a las trabajadoras, 50 000 euros, porque si la suma que se roba no supera esos 50 000 euros, tampoco es delito. Es decir, defraudar a Hacienda 120 000 euros no es delito, defraudar 50 000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social no es delito, pero, ¡ay, amigos!, si el pobre hurta un poco de jamón para comer ese día o un jersey para abrigarse, que sea castigado con la pena de cárcel y cumplimiento efectivo. . Señorías, este es el Código Penal que buscan los señores de la derecha, que siempre cuentan con la inestimable ayuda del Partido Socialista para la represión y para el castigo. De hecho, hay que recordar que ahí sigue la ley mordaza con sus castigos, que el Partido Socialista incumplió el acuerdo de Gobierno con Podemos cuando estaba en el Gobierno y, además, ahora hacen promesas que nunca cumplen. Como dijo en 2014 el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el Código Penal está hecho para el robagallinas y no para el gran defraudador, y parece que los partidos de la derecha y también el Partido Socialista quieren que todo siga siendo así. ¿Quieren, de verdad, señorías, acabar con los pequeños delitos? Dediquen sus esfuerzos en generalizar el ingreso mínimo vital que se aprobó con Podemos en el Gobierno, dediquen sus esfuerzos a permitir que los inmigrantes que están en situación administrativa irregular, que trabajan como pueden y que están sin dar de alta en la Seguridad Social, puedan tener los papeles y estar protegidos y protegidas por las leyes. Porque, señorías, la mejor herramienta de prevención del delito, sobre todo de los delitos que tienen su causa en la pobreza, en la exclusión social y en la marginalidad, no es la mano dura o el castigo severo, que son las recetas que le gustan siempre a la derecha y a la ultraderecha, sino la igualdad de oportunidades y el establecimiento de un colchón social que sea verdaderamente protector y que, además, permita a la persona desarrollar su vida en condiciones de dignidad. Termino. Señorías, menos castigos, menos mano dura con el pobre, con el excluido, con la persona marginada y menos populismo punitivo; más políticas sociales que permitan hacer de la igualdad de oportunidades algo real…

Martina Velarde Gómez SUMAR

… y algo efectivo, que no está pasando, y verán ustedes cómo baja directamente la cifra de los delitos. Por todos estos motivos, vamos a votar no a esta iniciativa. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. Arratsalde on, jaun-andreok. Señorías, el Partido Nacionalista Vasco considera que la seguridad es un aspecto fundamental para preservar el bienestar, la estabilidad, la confianza y el progreso de cualquier sociedad, y por eso hoy, en relación con la multirreincidencia en los delitos de hurto y estafa, hemos señalado nuestra preocupación y apoyado la reforma que en 2022 se produjo del artículo 234 del Código Penal en relación con la multirreincidencia y los delitos leves de hurto a través de una disposición final en la Ley Orgánica 9/2022, para la prevención, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales. De igual manera, apoyamos algunas de las iniciativas legislativas presentadas en esta Cámara en distintas legislaturas con la misma finalidad. Es decir, el abordaje, como les decía, de la multirreincidencia en estos delitos contra el patrimonio que, como ya señalamos en otras ocasiones, erosionan la percepción de la seguridad por parte de la ciudadanía; propician, de hecho, la impunidad de sus autores al no satisfacer la condena de multa que les corresponde por, en buena parte de los casos, carecer de recursos; genera en la ciudadanía una sensación de impunidad al percibir que para los autores sus hechos no tienen consecuencias visibles, incluso cuando son reincidentes, y por último, como ya hemos dicho también en este Pleno, porque producen desánimo en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que no perciben que su actividad tiene consecuencias para disminuir este tipo de delitos y también genera graves daños en la actividad económica y comercial. Ahora, señorías, debatimos la toma en consideración de una iniciativa legislativa, en esta ocasión del grupo parlamentario Junts, con la misma finalidad y, en buena parte, contenido, aunque también con diferencias con la ya tomada en consideración del Partido Popular en junio pasado. A aquella iniciativa el Grupo Parlamentario Vasco dio su apoyo para su tramitación, y a esta que ahora también debatimos anuncio que votaremos favorablemente ante la que consideramos insuficiencia de la regulación vigente del Código Penal para disuadir a los autores de la comisión de estos delitos y a fin, tanto desde la prevención especial como de la general, de endurecer las penas previstas en los casos de reincidencias con distintos escalones, sin desconocer, como señalamos en su día, que son también necesarias otras medidas sociales de acompañamiento. Toca ahora, señorías, como les decía, reconsiderar el tratamiento de la multirreincidencia, actualmente vigente para los autores de estos delitos contra el patrimonio, tomando en cuenta el historial de condenas de la misma naturaleza, a fin de diseñar un escalonamiento de condenas respetuoso con el principio de proporcionalidad en relación con la distinta gravedad de los delitos que pudieran concurrir en su historial, tal y como reclama la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia 481/2017, cuando deja sin efecto la reforma del artículo 235 del Código Penal operada en 2015, y también la sentencia 684/2019 para el tipo agravado de estafa del artículo 250 del Código Penal, ambos preceptos con un patrón regulatorio similar. También reconsiderando, como se hace en las iniciativas legislativas a las que nos referimos, las reglas generales del Libro Primero del Código Penal para los tipos agravados de multirreincidencia en relación con los delitos leves, a fin de solventar posibles dudas interpretativas y no perjudicar la seguridad jurídica en cuanto al juego de las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, las reglas para la aplicación de las penas y la suspensión de la ejecución de la pena. Voy finalizando, presidente. Señorías, como ya manifesté, votaremos a favor de la tramitación de esta iniciativa legislativa y, asimismo, solicitaremos en la Comisión de Justicia su tramitación conjunta con la del Grupo Parlamentario Popular, también tomada en consideración en junio pasado, al versar ambas sobre el mismo objeto. Nada más y muchas gracias.

Gabriel Rufián Romero ERC

Senyora Madrenas, ha fet una bona intervenció, una intervenció molt moderada. Tant de bo l’escrit que han presentat o la PNL que han presentat fos tan moderada. Vostè ha fet uns agraïments, al principi, i crec que s’ha oblidat d’algú o d’alguns. S’ha oblidat del PDeCAT, i s’ha oblidat de Ferran Bel, del senyor Ferran bel, un extraordinari diputat que va presentar aquesta mateixa iniciativa l’anterior legislatura, que la va pactar amb el PSOE i que, sincerament — no vull molestar ningú, senyories de Junts—, han fet un copiar pegar del PDeCAT. Sí, tenen raó. Alguns fan que no. Sí, amb unes gotes una mica d’Orriols. Això sí que és cert, barregen una mica Ferran Bel amb Orriols, cosa que sona bastant malament. Dit això, ens abstindrem perquè entenem que hi ha un problema. També som plenament conscients de la trampa, eh? En som plenament conscients, però entenem que hi ha un problema i entenem que sí, que és cert que hi ha gent que, per exemple, a l’Aeroport de Barcelona la detenen trenta vegades, literalment trenta-quatre vegades, per robar, per petits robatoris. Però no compartim… Compartim el diagnòstic, que hi ha un problema, però evidentment som d’esquerres, no som de dretes com vostès i no compartim la solució. La solució no pot ser una mena de Código Penal màgic on endurit les penes tot se soluciona. Continuen dient que no amb el cap i no sé qui fent-me així amb l’ull. M’ho he mirat molt. I és que fa dos anys, literalment, en aquest mateix hemicicle, ja es van endurir les penes. De què ha servit? Estiguin tranquils i tranquil·les. De què ha servit endurir les penes? De res, absolutament de res. Però estem absolutament d’acord que els nostres alcaldes, les nostres alcaldesses, necessiten més eines. Necessiten personar-se en les causes i estem absolutament d’acord també en el diagnòstic que els jutges, els jutjats, necessiten més eines també, més informació. Fins aquí, absolutament d’acord, però no compartim la solució. Vostès, com a partit de dretes — i és objectiu, vull dir, no vull ofendre ningú—, només volen més punitat, que el Código Penal màgic — i gratis—, perquè clar, el Código Penal és gratis. Què no és gratis? Instaurar una xarxa educacional, instaurar una xarxa assistencial, perquè aquestes màfies que capten aquestes persones que delinqueixen de forma reiterada no vagin sempre als mateixos barris perquè, pel que sigui, sempre van als mateixos barris. No van a barris que, pel que sigui, potser vostès coneixen molt bé, sinó que van a barris amb molta precarietat. I nosaltres com a partit d’esquerres volem també incidir en això. Res més. Estem d’acord. El diagnòstic és correcte. Hi ha un problema, la nostra gent al territori, la gent del municipalisme — nosaltres som un partit municipalista— necessita més eines per lluitar contra tot això. Ara bé, no compartim la solució. I la pregunta, senyories de Junts, és molt clara. Què pensen que cada vegada VOX i PP els aplaudeixin més? Què en pensen? Hi estan d’acord? Jo ja sé que s’estan dirigint a un sector de l’independentisme molt determinat que està escoltant, ara pel que sigui molt, Aliança Catalana. Però no es pot ser Convergència i Aliança Catalana a la vegada. Moltes gràcies. Señora Madrenas, ha hecho usted una buena intervención, una intervención muy moderada. Ojalá el escrito que han presentado o la PNL que han presentado fuera tan moderada. Usted, al principio, ha hecho unos agradecimientos, pero creo que se ha olvidado de alguno o de algunos. Se ha olvidado del PDeCAT y de Ferran Bel, del señor Ferran Bel, un diputado extraordinario que presentó esta misma iniciativa en la anterior legislatura que pactó con el PSOE; de hecho, sinceramente, no quiero molestar a nadie, señorías de Junts, pero han hecho ustedes un copia y pega de lo del PDeCAT. . Si, sí tienen razón, con algunas pequeñas pinceladas más. Mezclan algunas cosas y esto suena bastante mal. Dicho esto, nos abstendremos, porque entendemos que hay un problema. También somos claramente conscientes de la trampa; somos plenamente conscientes. Pero entendemos que hay un problema, y es cierto que en el aeropuerto de Barcelona hay gente a la que detienen treinta y cuatro veces, literalmente, por pequeños hurtos, robos. Compartimos el diagnóstico de que hay un problema, pero, claro, nosotros somos de izquierdas y no de derechas, como ustedes, y no compartimos la solución. La solución no puede ser un tipo del Código Penal mágico con el que endureciendo las penas todo se va a solucionar. . Siguen diciendo que no con la cabeza, mirándome con el ojito, pero es que hace dos años, literalmente hace dos años, en este mismo hemiciclo, ya se endurecieron las penas. ¿Y de qué ha servido? Estén tranquilos y tranquilas. ¿De qué ha servido endurecer las penas? De nada, absolutamente de nada. Pero estamos absolutamente de acuerdo en que nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas necesitan más herramientas, deben personarse en las causas y estamos absolutamente de acuerdo también con el diagnóstico de que los jueces y los juzgados necesitan más herramientas, más información. Hasta aquí, totalmente de acuerdo; pero no compartimos la solución. Ustedes, como partido de derechas — y eso es objetivo, no quiero ofender a nadie—, solamente quieren más penas, el Código Penal mágico y gratis, porque el Código Penal es gratis. ¿Qué no es gratis? Instaurar una red educativa, instaurar una red asistencial. ¿Por qué estas mafias que captan a estas personas que delinquen de forma reiterada van siempre a los mismos barrios? Porque, por lo que sea, siempre van a los mismos barrios; no van a barrios que, por lo que sea, ustedes conocen muy bien, sino que van a barrios donde hay mucha precariedad. Nosotros, como partido de izquierdas que somos, queremos también incidir en eso. Nada más. Estamos de acuerdo, el diagnóstico es el correcto, hay un problema, nuestra gente en el territorio, la gente del municipalismo — nosotros somos un partido municipalista— necesita más herramientas para poder luchar contra todo eso. Ahora bien, no compartimos la solución. La pregunta, señorías de Junts, es muy clara: ¿qué piensan ustedes de que cada vez los de VOX y el PP les aplaudan más? ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? Yo ya sé que se están dirigiendo a un sector del independentismo muy concreto que está escuchando ahora mucho a Aliança Catalana, por lo que sea, pero no se puede ser Convergència y Aliança Catalana a la vez. Muchas gracias. .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Muchas gracias. Presidente, señorías, esta propuesta que traemos aquí, ahora de Junts, es una propuesta que no se basa en datos fiables, y eso es lo primero que hay que resaltar. Evidentemente, los hurtos son un problema social que afecta a muchos barrios céntricos, muchos barrios turísticos, y es verdad que sus responsables suelen estar situados en los márgenes de la sociedad, en situaciones de exclusión social, pero los datos que nos han presentado no son correctos. Es verdad que en el año 2023 hubo un 6 % de incremento de la criminalidad en Cataluña; pero en el año 2021, antes de la reforma aprobada en 2022, el incremento de la criminalidad fue de un 36 %. Sin embargo, en el primer trimestre del año 2024, esos delitos contra el patrimonio se han reducido un 2,3 % y en un 4 % los hurtos. Es decir, tras la reforma de 2015 del Código Penal, los hurtos se incrementaron un 50 % en España. Después de la reforma del año 2022 de este Gobierno de izquierdas, una reforma que fue acompañada de medidas de empleo y de atención social, han descendido los delitos contra el patrimonio y los hurtos, y tengan ustedes en cuenta que esa reforma de 2022 apenas ha tenido tiempo de aplicarse por los tribunales. Conclusión: cuando las reformas penales van acompañadas de empleo y medidas sociales, se reduce la criminalidad y se garantiza la seguridad humana. También justifican su propuesta en un supuesto colapso de la justicia en Cataluña, como en el resto del Estado. Pero, fíjense, esa tasa de congestión judicial es inferior en la jurisdicción penal en Cataluña que en el resto de jurisdicciones. Es decir, el problema de congestión no es por este tipo de delitos, sino por las cuestiones civiles, por el atasco civil. En España, la tasa de congestión en los tribunales ha ido bajando en general, y ahora mismo, a pesar de que ha ido bajando, la tasa en España es de un 3,94 y de un 3,08 % en Cataluña. Es decir, en Cataluña hay menos congestión judicial que en el resto de España. Asimismo, ustedes justifican su propuesta en un incremento de los hurtos en las explotaciones agrícolas desde la pandemia. Es verdad que es una realidad social que ocurre, pero es distinta. Aquí creo que hay que atender a los expertos, a las organizaciones agrarias. La Unión de Agricultores y Ganaderos explicó claramente que los hurtos en explotaciones agrarias (la señora Madrenas i Mir hace gestos negativos) — sí, lo dicen ustedes en su exposición de motivos— han crecido desde la pandemia; pero la solución no es incrementar las sanciones o los agravantes, sino incrementar la vigilancia de la policía para prevenir estos robos en zonas rurales. En todo caso, una propuesta muy similar a esta ya la trajo el Partido Popular a la Cámara y fue tomada en consideración el pasado mes de junio. Lo que pretende Junts ahora con este discurso es claramente combatir el discurso de esa alianza fascista independentista de la Alianza Catalana; pero no se combate el fascismo entrando en una espiral populista que también los acerca al Partido Popular. . Lo que están proponiendo es incrementar penas, en algunos casos hasta los tres años. Ustedes están proponiendo que por el hurto de un reloj electrónico en una tienda se pueda imponer una pena de hasta tres años de cárcel, eliminar el requisito de valor superior a 400 euros para apreciar la multirreincidencia o que los ayuntamientos se dediquen a perseguir los delitos, como si los ayuntamientos tuvieran pocas competencias que ejercer y pudieran ponerse ahora a ocupar el papel de la fiscalía. Es decir, ¿por qué no atendemos a lo que dijo el Tribunal Supremo? Ya recuerdan ustedes que cuando se aprobó la reforma de multirreincidencia del Partido Popular en el año 2015, muy similar a la de ustedes, la tuvo que anular porque la consideraba desproporcionada, porque decía que las penas máximas de tres meses de multa no pueden convertirse en penas de hasta tres o seis años de prisión, porque eso va contra los valores del Estado de derecho y se convierten en penas absolutamente desproporcionadas. Lo mismo dijo el Tribunal Constitucional, que consideró que un Estado de derecho no puede permitirse saltos punitivos tan altos como los que ustedes están proponiendo en este momento. Delitos más graves cometidos por personas con más capacidad económica o por empresas con gran capacidad económica, que afectan mucho más a la sociedad, como delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos societarios, sobre facturación, en perjuicio de consumidores, etcétera, todos esos delitos tienen penas inferiores a los seis años y, en la mayoría de los casos, inferiores a los tres años. No pueden ustedes agravar los hurtos como delitos más graves que los delitos contra los intereses generales cometidos por gente con muchísimos recursos o por empresas. . Realmente nosotros creemos que hay que combatir estas situaciones de inseguridad; pero la inseguridad no se combate realmente llenando las cárceles de gente. El CIS del pasado mes de julio daba una priorización de problemas de la gente. En nuestro país, a las personas les preocupa, en primer lugar, el paro, los problemas económicos, las desigualdades, incluidas las de género, las diferencias de clase, la pobreza, la vivienda, el empleo o la sanidad, y solo en el puesto veintiuno está la preocupación por la inseguridad ciudadana. Además, España tiene una tasa de criminalidad baja, mucho más baja que el Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Bélgica, pero España es el sexto país de Europa con más presos y cuenta con una elevada proporción de internos por habitante. Es decir, con cuarenta millones de habitantes menos que Alemania y once millones menos que Italia tenemos el mismo número de presos que estos países. Y lo dejo claro: estamos gastando los impuestos que pagan los trabajadores en prisiones, en lugar de emplear el dinero de los impuestos que pagan los trabajadores en bienestar social. . Las políticas punitivas derrochan dinero, y lo que hace falta es gastar en seguridad humana. Para acabar con la multirreincidencia, con la reincidencia, demos seguridad humana. Es un nuevo concepto de seguridad. Yo sé que a las derechas todo lo que sea seguridad que no pase por gasto policial y militar les resulta ajeno, pero hagan un esfuerzo, piensen en seguridad humana, en garantizar que las mayorías sociales y las clases trabajadoras cuenten con condiciones decentes de vida, que cuenten con sistemas limpios, con empleo y salarios dignos, con reducción de la jornada laboral, que se dificulten las posibilidades de despido. Seguridad es también tener una vivienda digna, es acabar con la turistificación en la economía y la gentrificación en ciudades como Barcelona. Seguridad es garantizar servicios básicos, educación y sanidad de calidad, o garantizar pensiones dignas. En definitiva, más seguridad humana, menos demagogia punitiva y gastémonos el dinero en lo que hace falta, en garantizar el futuro digno de las clases trabajadoras de este país. Muchas gracias. .

Francisco Javier Ortega Smith-Molina VOX

Muchas gracias. Permítanme que les lea un párrafo que creo que es bastante interesante, aunque ciertamente inquietante, pero verídico: «Como se viene diciendo, la ciudadanía percibe, y los datos confirman, que ciertos individuos y determinados grupos organizados de delincuentes viven de la práctica sistemática del hurto, y que, en ocasiones, deriva —¡atención!— a robos con violencia e intimidación, y peleas multitudinarias que en muchas ocasiones acaban impunes. Esta inquietante percepción de impunidad provoca miedos y sensación de encontrarse en riesgo por parte de la ciudadanía, especialmente ancianos, mujeres y adultos con niños, cuando recorren las calles o permanecen en los espacios públicos». ¡Qué gran verdad! Todos los que nos han escuchado dirán: eso es lo que viene diciendo VOX desde hace años. Pues va a ser que no, que esto no lo ha dicho VOX, en concreto en esta proposición. Nosotros lo venimos diciendo. Resulta que esto que les acabo de leer lo ha dicho el Grupo Parlamentario ‘Juntos por el Golpe’ en su proposición de ley y resulta que quien nos trae a la Cámara esta proposición de ley, supuestamente para combatir la multirreincidencia, es el partido del prófugo Puigdemont. ¡Lo que se llega a ver en esta Cámara es verdaderamente sorprendente! Uno se pregunta cómo tienen la desfachatez de traer esto los del grupo de Puigdemont. Pues, lógicamente, yo se lo explico: porque son los más autorizados para hablar de multirreincidencia delictiva, porque son los que tienen mayor experiencia en el tema. . Fíjense que son el partido del eslogan de la multirreincidencia: «Ho tornarem a fer!», «¡Lo volveremos a hacer!». Eso es la reincidencia en estado puro , porque ellos son la reincidencia en los delitos de golpe de Estado, en los de sedición, en los delitos de malversación de fondos públicos. Son reincidentes en la malversación de fondos públicos; son reincidentes en la desobediencia a los tribunales. Por eso vienen a traernos esta iniciativa, porque conocen perfectamente de lo que estamos hablando. Permítame otro párrafo que también me ha resultado muy sorprendente: «Cabe recordar que el derecho a la seguridad se erige como un derecho fundamental de las personas, ligado al concepto de dignidad y libertad». Qué gran frase, ¿no? ¡Cuánta razón! «Además, evitar tratar con rigor el fenómeno de la multirreincidencia provoca armar el discurso a ese lastre que para cualquier sociedad democrática y de progreso suponen los postulados que defiende la extrema derecha. Por todo ello, es perentorio abordar con rigor este fenómeno para reducir sus efectos nocivos, tanto en términos de seguridad como de salud democrática». Fíjense ustedes: ¡se han vuelto fachas! ¡Ahora son ellos los que defienden lo que defendemos nosotros! . Esto es absolutamente incoherente. Bueno, es incoherente como todo lo que ocurre en política en este país. Como es incoherente escuchar al Partido Popular presentar iniciativas hablando de emergencia migratoria, al partido que en esta misma Cámara ha regularizado, junto con ‘la PSOE’, a 500 000 inmigrantes ilegales; que ha repartido a los menas por toda España , y que en su proposición es incapaz de poner la palabra devolución a sus países de origen de todos los inmigrantes ilegales. Eso es tan incoherente como ver al Partido Socialista y al presidente autócrata Sánchez hablándonos de que va a combatir la corrupción o que va a combatir la manipulación en los medios y los bulos, al partido de la manipulación y al partido de los medios y los bulos. . Fíjense cómo nos copian a VOX: en 2021 ya presentamos una proposición para lograr que el agravante de multirreincidencia fuera de verdad efectivo, pero no los seis o dieciocho meses que nos presentan en esta proposición, sino de uno a tres años, y además ampliándolo a los delitos, además de hurto, de estafa. ¿Por qué ‘Juntos por el Golpe’ nos trae ahora esto? Porque le están comiendo la tostada electoral, porque está perdiendo votos a carretillas en Cataluña, porque los catalanes están hartos de no poder moverse con libertad en sus calles. . No es más que un maquillaje puramente electoral. Y porque son los primeros, porque en Cataluña son los primeros en todo — como dicen ellos—. Por ejemplo, de 650 000 delitos de hurto que se producen en España, 170 000 se producen en Cataluña. Son los primeros, no en crear empleo, no en atraer empresas, no en lograr mayores cuotas de progreso y libertad, son los primeros en que se produzca mayor delincuencia. Esta situación delictiva en España, que han provocado todos los del consenso progre, tiene tres gravísimas consecuencias. La primera es la desprotección absoluta de las víctimas, desamparadas ante el delito porque el Estado no las protege. La segunda es la absoluta desmoralización de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de nuestros jueces, fiscales y abogados, cansados de trabajar duro para ver a los delincuentes otra vez en la calle. Y lo peor de todo es la impunidad de los delincuentes, ese efecto llamada al delito. España es un país atractivo para la delincuencia porque no se combate seriamente y porque los delincuentes están tranquilos con estas políticas penales laxas y siempre buenistas. . Termino con la exposición de motivos de esta proposición. Dice que la multirreincidencia genera alarma social. Aquí creo que se han quedado muy cortos, porque es cierto que la multirreincidencia crea alarma social; pero lo que más crea alarma social en España es un autócrata como Sánchez, que con los siete votos de Junts ha indultado a golpistas, ha amnistiado a delincuentes, les quiere regalar un cupo catalán fiscal a cambio de votos, les va a regalar un referéndum de secesión y está poniendo en riesgo la soberanía y la seguridad de la nación española. Eso sí es alarma social. Muchas gracias. .

María Mercè Perea i Conillas PSC-PSOE

Bona tarda a tots i a totes. La multirreincidencia es un fenómeno que distorsiona el espacio público de las ciudades, que afecta al turismo, que afecta al comercio, en definitiva, que afecta al día a día de nuestros vecinos y vecinas. Y, aunque los delitos de hurto han disminuido un 1,1 — según datos recientes del Ministerio Fiscal—, lo cierto es que la percepción de la ciudadanía es que rompe la armonía y que rompe, evidentemente, el espacio público. Gráficamente, se ha instalado en el imaginario colectivo la frase de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Este conflicto lo conocemos bien aquellos que hemos desempeñado responsabilidades municipales, como son los alcaldes y alcaldesas y, en mi caso, como concejal de Seguridad del Ayuntamiento de L’Hospitalet, y exige una respuesta clara y eficaz. Y hay dos posibilidades de hacerlo. La primera es que se puede enfrentar desde el populismo punitivo, aquel que agrava las penas por un simple rédito electoral; y la segunda, que es la postura del Partido Socialista, es la que busca la salida, la solución desde la política útil, rigurosa, reflexiva, con la cooperación, la colaboración, la coordinación entre administraciones y, cómo no, con la escucha activa de la ciudadanía. Los socialistas, evidentemente, apostamos por esta y no por el populismo punitivo. Les daré un ejemplo: ayer, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, puso en marcha un proyecto piloto para atajar este fenómeno con medidas transversales, con los Mossos d’Esquadra, con la Policía local, con los servicios sociales municipales; escuchando a operadores jurídicos como el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con empresarios y con universidades, y todo ello dirigido a garantizar esa convivencia. Déjenme ahora que les explique brevemente de dónde venimos y por qué estamos aquí. En 2015 se aprueba, con la mayoría absoluta del Partido Popular — aquellos que se daban golpes en el pecho diciendo que ellos iban a venir a resolver la multirreincidencia— una reforma del Código Penal agravando la pena de los delitos leves de hurtos. Esta reforma hizo saltar por los aires las costuras de principios del derecho penal como el de proporcionalidad. Tanto es así que el Tribunal Supremo, directamente, se la fulminó, les dio un buen tirón de orejas y les dijo que así no se hacen las cosas. Desde luego, creo que de aquel aprendizaje podría haberles quedado una conclusión, y es que el endurecimiento de las penas per se — y se lo digo a la señora Madrenas, a Junts per Catunya—, como plantea la ultraderecha y la derecha, no es la respuesta. Por otra parte, esta problemática la afrontó el Gobierno de Pedro Sánchez con la reforma de la Ley Orgánica 9/2022, que acometía la reforma del Código Penal de los delitos de hurto con una respuesta más disuasoria y ajustada a la gravedad de la conducta sin incurrir en el incremento desproporcionado de la pena. De forma paralela y acompañando a esta política, a esta reforma legislativa, el Gobierno incrementó los medios materiales y personales, que ahora se piden, en setenta unidades judiciales, de las cuales, treinta y cinco fueron a parar a Cataluña. También abordó la adecuación de la Planta Judicial con treinta y seis nuevos juzgados y treinta y tres plazas de magistrados y magistradas, además de un juez o jueza de adscripción territorial para realizar funciones de refuerzo y sustituciones. Hoy, pasados dos años, aquella reforma de 2022 y aquellas medidas administrativas deben seguir ajustándose. Señorías, lo decía antes: el Grupo Parlamentario Socialista no va a rehuir el debate; eso sí, será un debate exigente para dar una respuesta eficaz y adecuada a esta problemática que existe. Y no vamos a rehuir el debate, pero sí vamos a continuar combatiendo la demagogia de VOX y del PP, que vienen ligando artificiosamente en sus discursos inmigración e inseguridad, en un debate falsario, un debate — digámoslo claro— racista. . Sí, señorías. La ultraderecha no nos ha decepcionado, como siempre. Ya lo avanzó, de hecho, el señor Buxadé, cuando hace escasos días dijo literalmente: la inmigración ilegal, por su propia denominación, es delincuencia. ¡Ole tú! Pues ahora veremos qué dicen los señores del PP, si continúan acomodados en este discurso irracional de la ultraderecha, donde el Señor Feijóo es capaz de decir que con el PP los inmigrantes no okuparán sus viviendas — es decir, todos los inmigrantes son okupas—, o tendremos que oír aquello de que los inmigrantes se comen a los gatos. Si no fuera un tema serio, desde luego sería para reírse. En Estados Unidos se ríen. La inseguridad, señorías, la inquietud y la incertidumbre son la peor argamasa para la cohesión social, y eso no se soluciona con discursos xenófobos y sofismos antiinmigración; al contrario, eso la resquebraja. Y sí, señora portavoz de Junts, es fácil que alguien de forma insensata y sectaria quiera instrumentalizar esta iniciativa en términos de inmigración e inseguridad y llevar el agua a su molino por cuatro votos. Pero también les digo que tan peligroso es eso como dar la alcaldía a un partido xenófobo como fue en la ciudad de Ripoll. Señorías, los socialistas reivindicamos el derecho a la seguridad en el sentido de que sin seguridad no hay libertad ni tampoco igualdad, un relato que el actual Govern de la Generalitat hizo suyo desde el minuto uno. El president de la Generalitat de Catalunya, así como la consellera, Núria Parlon, quien ha afrontado este discurso, este problema como alcaldesa de Santa Coloma, ha ido a la raíz del problema buscando soluciones desde la óptica transversal, pero siempre desde la efectividad, y aterrizando en la cotidianidad, en el mundo municipal. Los poderes públicos estamos compelidos a resolver la multirreincidencia. Por eso los alcaldes y las alcaldesas socialistas se sienten especialmente compelidos. Hablamos de la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés; de David Bote, en Mataró o del actual alcalde de Hospitalet, David Quirós. Señores de Junts, pondremos todo nuestro esfuerzo en esta proposición de ley. Será una reforma no ad hoc solo del Código Penal, sino que será una respuesta diligente y eficaz que garantice la convivencia de nuestras ciudades y esto, señorías, nos va a exigir que abramos un poco la perspectiva, porque igual lo que tenemos que hacer es atajar la formación, el funcionamiento de los grupos criminales organizados y no incrementar las penas, que acaban afectando a la vulnerabilidad. Y acabo. Vistas las actitudes del Partido Popular y de VOX en este hemiciclo y fuera de él, con estas afirmaciones tan claramente racistas, y después de haber escuchado al portavoz de VOX, les digo claramente que si hay aquí algún reincidente son ustedes. Multirreincidentes en la confrontación, multirreincidentes en generar odio , multirreincidentes en la corrupción. Y les advierto, con el nuevo plan aprobado por el Gobierno hoy, señorías de VOX y del Partido Popular, van a tener que hacer aflorar de dónde se financian ustedes o qué medios de comunicación financian. Termino. El Grupo Parlamentario Socialista está buscando soluciones siempre desde el consenso del pacto. Votaremos a favor, porque la seguridad ciudadana es un derecho de la convivencia y de la cohesión social. Muchas gracias. .

María Jesús Moro Almaraz PP

Señor presidente, señorías, buenas tardes. Después de todo lo escuchado, si me lo permiten, les voy a hacer una petición que podría comenzar y terminar la intervención: señorías, seamos útiles de una vez y no convirtamos los debates — este debate— en el día de la marmota. Eso es lo que parece, cada uno con ‘su libro’. . Señorías, hay diagnóstico, hay datos, amplia coincidencia en las respuestas normativas entre los juristas, alarma social o imposibilidad de luchar contra la multirreincidencia sin las normas adecuadas. Algunos, sin embargo, siguen intentando que la memoria sea aún más frágil y que no se asuman responsabilidades ni por las acciones ni por la inactividad. Señorías, el pasado 11 de junio, y solo alguno de los portavoces lo ha recordado (mostrando una fotografía), en esta Cámara 302 diputados votamos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley orgánica presentada en esta Cámara por mi grupo en febrero sobre multirreincidencia. Si el Gobierno se ocupara de gobernar y de defender a los ciudadanos, ya que no legisla al respecto, no habría tenido bloqueada la iniciativa, primero, varios meses, y ahora no la mantendría congelada en un trámite de enmiendas que no concluye, porque hoy mismo lo han vuelto a prorrogar. Hemos demostrado en julio que, cuando se quiere, en menos de un mes es posible tramitar una reforma. No tendríamos por qué iniciar un nuevo trámite, como si se tratara de una película en la que el personaje cada veinticuatro horas vuelve a revivir una y otra vez el mismo día, ya estaría en vigor. Lo grave, señores socialistas — y se lo dije en junio—, es que ni siquiera ahora, que el Ayuntamiento de Barcelona tiene a uno de los suyos y que a veces — solo a veces— se desgañita con este tema — la última vez, efectivamente, ayer—, superan su estado catatónico, que les lleva a seguir los dictados de un líder que se atrinchera contra los jueces y la prensa libre para tapar su corrupción. . Señores del Grupo Socialista, cuando el PP planteó y aprobó el pasado mes de junio en el Ayuntamiento de Barcelona una iniciativa para que se preparara un plan de choque en el Raval que frene la degradación del barrio, ustedes incomprensiblemente votaron en contra. Juan Milián aseguró — nada distinto de lo que en otro momento había dicho Collboni— que los delincuentes se han hecho fuertes, las administraciones han perdido autoridad, los comerciantes no dejan de perder dinero y los vecinos viven aterrorizados en el Raval. Por eso defendió la urgencia de una estrategia que incluya más mossos, más guarda urbana, cámaras de videovigilancia, triplicar el número de agentes cívicos, erradicar los narcopisos y fomentar la actividad cultural y comercial en el barrio. Esa preocupación fue refrendada de una manera u otra por los representantes de Esquerra, por Barcelona en Comú y por los ediles de Junts y VOX; el PSC en contra. Bienvenidos si ahora tienen un plan como el que ya habían planteado nuestros compañeros del Partido Popular. . Señorías socialistas, muy distinta ha sido la actitud de nuestros compañeros allí cuando prepararon una comisión de estudio sobre la multirreincidencia. Han colaborado en ella y las conclusiones de ese estudio reclaman, entre otras medidas urgentes, como ya dijimos en junio, una reforma del Código Penal, como por otra parte nosotros venimos pidiendo desde 2022. ¿Por qué seguimos entonces en este inmovilismo y en un permanente doble lenguaje? ¿Y por qué cuando algunos levantan la voz son héroes, si son los suyos, pero si son de los nuestros, con el mismo problema y demandando la misma solución, son lapidados en la plaza pública? Los alcaldes de Barcelona y Badalona denuncian con impotencia el mismo problema. Porque, señorías, somos nosotros quienes tenemos que aprobar esta y otras reformas para resolverlo; ellos tienen que acometer otras medidas. Señorías, urge la reforma del Código Penal, sin excusas y sin aferrarse a una en contra de otras propuestas, sino alcanzando entre todos la mejor de las soluciones para un problema que es de toda España, pero que afecta de forma agravada a Cataluña. Les recuerdo algunas cifras — ya se han dicho muchas aquí— que luego se dice que no son ciertas. Las di en junio. Estos delitos encabezan el listado de infracciones penales y ocasionan un elevado perjuicio a toda la sociedad, a sus víctimas concretas, especialmente en el mundo del turismo, en el sector comercial, donde se ha cuantificado el coste anual en unos 1800 millones de euros, con especiales consecuencias en el pequeño comercio, a lo que hay que sumar en torno, al menos, a 300 millones más de gasto para las administraciones públicas, todo ello sin olvidar el ámbito rural. También tenemos que preguntarnos por qué la multirreincidencia en hurtos y estafas, no siendo exclusivo de Cataluña, resulta patente que se manifiesta con especial virulencia en Barcelona y en las grandes ciudades de Cataluña. Fíjense, según datos de la Junta de Seguridad de Barcelona, en la ciudad, en 2023, estarían identificados 526 multirreincidentes, de los cuales 487 han sido detenidos 4203 veces por casi 6200 delitos. Los reincidentes más activos acumulan 228 antecedentes penales. Algo tendrán que ver las políticas que se han desarrollado por los dirigentes políticos en Cataluña estos años atrás. Señorías, no nos engañemos, no hagamos un doble juego. Estamos de acuerdo con aquellos que dicen que no basta con la norma penal, pero la norma penal debe ser modificada. No basta en este momento con rasgarse las vestiduras, porque los jueces no solo están desencantados, sino que se encuentran atacados por muchos de ustedes, los que ahora vienen a hacer el doble discurso. . Se necesitan planes de choque para lo que un compañero mío llama la desertización de los jueces en Cataluña. Para esto, señorías, debemos aplicar grandes dosis de humildad y autocrítica y la voluntad de querer comprometerse de verdad para que las cosas cambien, más allá de los titulares bonitos, y luego ya veremos si realizables. Claro que sí, las fuerzas de seguridad están agotadas, los jueces no tienen los mejores instrumentos legales y tampoco nos preocupamos de la alta interinidad. No pueden venir ahora a pedir más jueces de adscripción territorial solo para Barcelona. ¿Y lo demás? ¿Por qué no afrontamos la reforma estructural, que es lo que necesita la justicia en Cataluña?

María Jesús Moro Almaraz PP

Termino. Señorías, mi grupo no puede decir que no a esta iniciativa, aunque no entiende que empiece a ser un hábito que se pidan modificaciones de decretos a través de ley, aunque no creamos que la solución sea esa modificación puntual de la ley de planta o creamos que son mejores algunas de nuestras propuestas en el ámbito penal, que beben de las mismas fuentes doctrinales.

María Jesús Moro Almaraz PP

Concluyo. Por eso, si es tomada en consideración, en el momento en que la trabajemos en la Comisión de Justicia, pondremos todo de nuestra parte para hacer la mejor propuesta. Nosotros seguiremos dando vida al Parlamento, aunque el presidente del Gobierno quiere eliminarlo y quiere ir contra la prensa libre. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Muchas gracias, presidente. Señorías, como hoy tengo más tiempo, me gustaría hacer un pequeño inciso a sus señorías del Partido Popular. Les quería preguntar si hoy vengo correctamente vestida, ya que su diputado de la Asamblea de Madrid, Núñez Huesca, ha hablado de respeto a la dignidad de la institución, sumándose a esa campaña que se ha hecho de la ultraderecha. Yo quiero decir aquí que me visto como quiero, que soy una mujer libre y me visto como quiero. . Díganselo a su compañero. Porque, señorías del Partido Popular, el respeto a la dignidad de esta institución es pertenecer a un partido que no tiene un presidente que tiene una foto con un narco; es pertenecer a un partido que no tiene decenas, decenas y decenas de casos de corrupción que avergüenzan a Europa y es también pertenecer a un partido que no tiene cajas B y que no cobra en sobres B, un partido honesto que está aquí para mejorar la vida de la gente. Así que si la derecha y la ultraderecha lo máximo que pueden hacer es hablar de nuestra forma de vestir, es que durante estos diez años lo hemos estado haciendo muy bien. Lo dicho, no quieran tapar las burlas de su criadora de rama política y el trabajo que está haciendo en nuestra tierra Moreno Bonilla, que tengo que decir que hoy está en un acto patrocinado por Asisa. Voy con la intervención. Es una buena noticia que haya habido amplio consenso en la aprobación de esta ley para que se adecue a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales y nosotras vamos a votar que sí a este proyecto de ley, que modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre el intercambio de información de antecedentes penales, pero hemos mantenido una de nuestras enmiendas sobre la creación del registro central de menores, que incorpora sentencias, medidas cautelares, requisitorias y rebeldías dictadas o acordadas en todos los procesos tramitados con arreglo a esta ley orgánica. ¿Por qué presentamos esta enmienda? Porque se van a incorporar a este registro sentencias absolutorias de esos menores o sentencias que no sean firmes. Por eso, por favor, pido al resto de los grupos políticos que apoyen esta enmienda, porque esta incorporación no se hace con los adultos, dado que las sentencias condenatorias solo se incorporan al Registro Central de Penados cuando son firmes y ejecutorias. Sin embargo, se va a permitir con las personas más indefensas, que son los menores de edad. Nos parece que es un paso más en la estigmatización de los menores, siempre de la mano de la derecha y de la ultraderecha, porque ¿queremos proteger a los menores o queremos estigmatizarlos? Esa es la pregunta. Para proteger a los menores no puede ser que ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo, que es ese peloteo de todas las comunidades autónomas del Partido Popular, y tengo que decir que también de Junts, que no quieren acoger a los menores extranjeros sin padres, evitando a esos niños desprotegidos como si tiñeran, en lugar de proporcionarles un lugar seguro, educación, comida y alojamiento. Fíjense que el Partido Socialista, con Junts, ha pretendido transferir todas las competencias en inmigración, entre otras cosas para que Cataluña pueda autoexcluirse unilateralmente de ese reparto de menores. Proteger a los menores es evitar que sus datos aparezcan en un registro cuando han sido enjuiciados si la sentencia que recae es absolutoria o condenatoria, pero está pendiente de recurso, porque — recordémoslo— son menores y sus datos personales requieren de una especial protección y que no se usen para estigmatizarlos. Lo que veo aquí es hipocresía, esto es, que somos muy muy valientes con los menores cuando legislamos, pero muy cobardes para que caiga todo el peso de la ley sobre esos siete empresarios murcianos que formaban parte de una red de prostitución de menores de edad. Porque, cuidado, son empresarios y las víctimas son menores de entre catorce y diecisiete años, en un contexto familiar desestructurado o en vulnerabilidad, y eso no le importa a nadie, ¿verdad? El 24 de septiembre y el 6 de octubre va a haber manifestaciones por todo el país ante esta infamia judicial y ante ese pacto ofrecido por el Ministerio Fiscal, que depende — lo voy a recordar— de este Gobierno. Como siempre decimos las abogadas y los abogados, si la justicia es lenta, no es justicia, y si además privilegia a los hombres adultos adinerados frente a menores en situación de vulnerabilidad, no es justicia, es indefensión y es machismo judicial. Como decía antes, estamos hartas de hipocresía, de machismo institucional y de machismo judicial. Estamos hartas de que solamente se sea fuerte con los débiles y de que con los fuertes se sea débil. Como digo, vamos a votar que sí a esta iniciativa, pero por todas estas cuestiones que les he relatado aquí, por favor, piensen en votar favorablemente nuestra enmienda, porque le haremos un favor a todos los menores de edad de nuestro país. Muchas gracias.

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. Debatimos la aprobación de un proyecto de ley orgánica de modificación tanto de la Ley Orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, como de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; la primera para adecuarla al nuevo Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, el llamado ECRIS, y la segunda, la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para permitir que en el actual registro de sentencias firmes, dictadas al amparo de esa ley, puedan también inscribirse como instrumento de información integrada medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes a fin de que el registro sea un instrumento de información integrada para que el juzgador, como señala la exposición de motivos, disponga de todos los elementos para ponderar sus resoluciones en relación con el menor y también facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad la comunicación automática de las órdenes y medidas de protección, bien para la custodia y defensa del menor o bien para la protección de la víctima. Dicho esto, señorías, quiero destacar — ya se ha hecho por la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra— que este proyecto de ley en su tramitación, tanto en Ponencia como en Comisión, ha contado con un gran consenso. Así, el dictamen de la Comisión que hoy vemos en este Pleno contó con treinta y cuatro votos favorables, tres abstenciones y ningún voto en contra. Por lo cual, creo que todos hemos de felicitarnos por esta actitud constructiva de todos los grupos parlamentarios y muy singularmente en estos tiempos de ruido y furia que tanto abundan. En cuanto al fondo del asunto, señorías, quiero señalar que la reforma de la Ley Orgánica 7/2014 que ahora tratamos continúa en la mejora de la cooperación judicial en materia penal respecto de las causas y ejecución de estas resoluciones a fin de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión, siendo uno de sus hitos más relevantes el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales al constituir, en palabras del Consejo de Estado, la piedra angular de la cooperación en el ámbito penal y perseguir que la resoluciones judiciales dictadas en el marco de un procedimiento penal en cualquiera de los Estados miembros sea directamente ejecutable en los demás, desprendiéndose también el efecto de que las resoluciones condenatorias anteriores dictadas en un Estado miembro deban ser tenidas en cuenta en los procesos penales posteriores celebrados en cualquier otro Estado miembro en la misma medida y efectos que si fueran propias, creándose de esta manera un espacio de justicia basado en el principio de la confianza mutua, en un espacio, precisamente, donde las personas pueden desplazarse y establecerse libremente y donde las fronteras han desaparecido de modo significativo. El Espacio Europeo de Justicia exige por ello considerar como propias, como les decía, las condenas penales de los otros Estados miembros, no solo para los efectos perjudiciales como el agravante de la reincidencia, sino también para los favorables al reo en su caso, y tanto en la fase previa al proceso como durante este y en la fase de ejecución de la condena. Es lo que se viene a llamar, que ustedes conocen, el principio de equivalencia, que en la reforma de la Ley Orgánica 7/2014 que ahora abordamos, a nuestro juicio, se mejora al reconsiderar los vigentes límites objetivo y temporal a la par que también se incorporan a la norma otras cuestiones relevantes por la necesidad de trasponer normativa de la Unión sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, como les decía, llamado ECRIS, aunque tengo que recordar y señalar que en este caso la trasposición también se hace de manera extemporánea. Esta mejora en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales se hace para que el intercambio de la información sea eficiente, rápido y eficaz, así como también otras reformas puntuales del mismo, entre las que destacaríamos la referida al intercambio de información de impresiones dactilares e imagen facial de nacionales de terceros países condenados por la justicia de cada Estado, y por eso deberá ser recogida en el Registro Central de Penados, que en su momento — tengo que recordarlo— pudo generar dudas, pero que, como puso de manifiesto la Agencia Española de Protección de Datos, se acomoda a las garantías previstas en el ordenamiento interno español al no considerarse por sí sola la imagen facial como un dato biométrico a los efectos de la norma que se traspone. En definitiva, señorías — voy finalizando, presidente—, manifiesto que, al igual que hicimos en Comisión, emitiremos nuestro voto favorable al dictamen. Nada más y muchas gracias.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Arratsalde on. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. La reforma que se trae hoy aquí, fruto de la trasposición de una directiva europea, creo que es positiva si lo analizamos desde diferentes planos. Comentaba otro portavoz que hubo consenso la semana pasada en la Comisión y a mí no me extraña porque ya digo que, si lo analizamos desde diferentes planos, es claramente una reforma positiva. En primer lugar, desde el ámbito europeo — también lo decían otros portavoces—, dando un espacio de justicia europeo, y esto hablando también de cooperación judicial. Ya se ha visto desde el ámbito de la integración europea — esto es, desde la construcción de la arquitectura europea—, pero también desde el ámbito donde cohabitamos más de 450 millones de habitantes, facilitando un mecanismo de cooperación judicial entre los diferentes Estados miembros. Con esto se moderniza también ese sistema para que, en ese mundo donde hoy vivimos, esas tecnologías y esa digitalización faciliten una eficiencia en el intercambio de información entre las diferentes justicias, trabajando todas ellas en un ámbito único. De igual forma y en otro plano, que es el de la seguridad de la ciudadanía, también es positivo porque ―no hace falta irse a discursos securitarios― es cierto que en delitos trasnacionales importantes y graves, como puedan ser el narcotráfico, la trata, el yihadismo o la existencia de depredadores sexuales ―y no como hablábamos en la iniciativa anterior de los pequeños delitos del menudeo―, los mecanismos que ayuden a combatir ese tipo de delitos… . No me escucho ni a mí mismo, señor presidente. No sé si hay un poco de rumores.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Ahora sí me puedo escuchar.

Jon Iñarritu García EH Bildu

En ese ámbito en el que convivimos millones y millones de ciudadanos, como es el ámbito europeo, y en un mundo globalizado, creo que es positivo que existan mecanismos que ayuden a combatir esos delitos transnacionales, así como que desaparezcan los llamados refugios judiciales. Todos y todas hemos sido testigos durante estos años de cómo la puesta en libertad de personas en busca y captura o de personas condenadas en otros Estados miembros ha producido alarma, pero también titulares. Pues, miren, mediante este mecanismo se presupone que se evitarán situaciones así. En el tercer punto, el del ámbito de las garantías, creemos — también lo comentaba otro portavoz— que en este mecanismo se prevén garantías para que el intercambio de información — que reconocemos que es sensible, pues hay datos personales— se haga conforme al Reglamento General de Protección de Datos, lo cual es una garantía. Dicho esto, en Euskal Herria Bildu estaremos atentos a que esto se produzca así. En definitiva, tanto España como la Unión Europea y los demás Estados se dotan de un mecanismo propio del siglo XXI, si lo quieren de la Europa del siglo XXI, dando en el plano teórico un reforzamiento del Estado de derecho y dotándolo en el día a día de mayor eficacia y rapidez ante situaciones que antes tardaban en aclararse meses e incluso años. Esta cooperación judicial garantiza que las resoluciones judiciales tengan efecto y eficacia en todos los Estados miembros, siendo clave para asegurar la seguridad y los derechos humanos en Europa. Esto es el principio de igualdad. En conclusión, este proyecto de ley representa una oportunidad para avanzar en eso que decía de la Europa más integrada o en un marco de cooperación judicial que va más allá, y también realizándolo con protección para los derechos de las personas, con un enfoque garantista. La semana pasada el portavoz del Partido Popular decía que esta reforma llegaba demasiado tarde. Es cierto, es cierto que tenía que haber llegado antes, pero, miren, mejor tarde que nunca. En relación con las enmiendas de Unidas Podemos que se han mantenido, nosotros las votaremos de manera positiva. Dicho esto, y como he avanzado, votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias, presidente.

Jorge Pueyo Sanz SUMAR

Señor presidente, señorías. En primer lugar, señorías del PP, señorías del PP de Aragón ―que a alguno veo por ahí―, ¿saben por qué llevo esta camiseta? . ¿Lo saben? Por ustedes, efectivamente, por ustedes, porque no dejan de humillar a los profesores y a los alumnos de la educación pública aragonesa ; porque les reducen horas lectivas por centro; porque eliminan programas, desdobles y apoyos; porque obligan a situaciones extremas, como que haya que compartir auxiliares de Educación Especial entre niños que están a más de cuarenta kilómetros los unos de los otros; porque han dejado zonas rurales sin transporte escolar; porque algunas de ellas aún no tienen tutores; porque muchos profesores — lo han hecho ustedes maliciosamente— han sabido su destino un día antes y algunos de ellos han tenido que recorrer 450 kilómetros — como un caso en concreto, de Mora de Rubielos a Bielsa— y porque están ofreciendo contratos de una hora y cincuenta y nueve minutos a los profesores. Mientras ustedes siguen con esta estrategia traicionera y acusando de ideología a muchos profesores, están dando 120 millones de euros a la educación concertada. Por eso mañana, el miércoles 18 a las 18, saldremos a la calle para manifestarnos en Aragón contra la privatización del PP, por una educación aragonesa que, como la sanidad de Aragón, sea de los aragoneses, que sea pública y que dejen de privatizar lo rentable y repartir deudas entre todos. . En cuanto al tema de marras, señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR para anunciar nuestro voto favorable, como ya saben, a este proyecto de ley que traspone la directiva europea relativa al sistema europeo de intercambio de antecedentes penales. Valoramos positivamente algunas de las cuestiones que se han ido cambiando y los cambios relevantes, pero también quiero agradecer el trabajo que han hecho los compañeros de Izquierda Unida y, en concreto, Enrique Santiago. Uno de estos cambios era que antes, si el Estado en el que se había condenado a un ciudadano solicitaba que se eliminase información relativa a ello por algún motivo, esta quedaba borrada. Ahora debe quedar constancia de que el Estado en cuestión solicitó la eliminación de esos datos. Ahora cada Estado tiene que indicar si la información de nacionalidad podría ser o no usada fuera de ese procedimiento penal. El nuevo cambio también incluye que se informe en los casos en los que la persona condenada no tenga una nacionalidad definitiva o que tenga apatridia. Anteriormente, el Estado miembro en cuestión tenía la posibilidad de incluir información penal del ciudadano y sus huellas dactilares si disponía de ellas, y ahora tiene que volver a tener ese deber de incluirlas — si las tiene—, pero, además, su imagen facial. Son cambios que es verdad que son beneficiosos para toda la ciudadanía. Estos datos, además, deberán ser incluidos sin demora en el sistema. Si un ciudadano de la Unión Europea ha solicitado un certificado de antecedentes penales en España también se consultará a través del sistema ECRIS si la persona solicita este informe de otro país. Si se cancelan o eliminan los antecedentes penales de un ciudadano, el Estado miembro tiene un mes para eliminarlos también de la plataforma. Por todo ello, quiero decir que nos congratulamos porque se ha hecho un gran trabajo. Además, esta mejora de la legislación ha venido con un amplio consenso por parte de muchos grupos de la Cámara y ha habido un amplio acuerdo. Pero nos gustaría añadir que tanto nuestro grupo parlamentario como el Grupo Mixto veníamos reivindicando una cuestión, y es la disposición adicional recogida en el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia, que aborda la cancelación de la inscripción de antecedentes penales en el registro de penados. Este texto establece una cosa que entendemos que es un problema grave, que es un silencio administrativo negativo si no se contesta en plazo a esta solicitud de antecedentes. Claro, con esto no podemos estar de acuerdo porque se está generando no solo una indefensión, sino un grave perjuicio en muchas de estas cuestiones, sobre todo en casos de extranjería. Por ello, optamos a un silencio administrativo positivo para garantizar los derechos de todas las personas y mejorar esta ley. En todo caso, lo verdaderamente importante es que los antecedentes penales de una persona se basen en hechos reales y sentencias justas y no, por ejemplo, en la injusta sentencia, fundada en ningún hecho, de las seis de La Suiza o los seis de Zaragoza que, como decía ayer Spanish Revolution, llevan ya sesenta y un días en prisión por un delito que no cometieron. . Mientras tanto, empresarios acusados de abuso sexual a menores en Murcia se libran de la cárcel por retrasos en el sistema; retrasos en el sistema para unos y para los otros cárcel. Señores, esto no es justicia, es una vergüenza. Los seis de Zaragoza son chavales que se manifestaron contra ustedes en 2019, contra sus proclamas racistas, contra sus programas xenófobos y que sufrieron una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel y siguen en prisión por un caso que se han inventado. Siguen en prisión porque no se les dejó aportar ningún tipo de prueba, ni la testifical, por un lado, ni se les dejó tampoco aportar prueba documental o prueba de las cámaras de seguridad que demostraban que eran inocentes. Es una condena con un solo propósito: instalar el miedo en la juventud aragonesa y de todo el Estado. El mensaje es claro: El poder no está en el Congreso. Yo lo siento mucho, señores de VOX, lo siento mucho por los votantes jóvenes de VOX, que dicen que se están revelando contra algo. No se están revelando contra nada, no hay ningún poder. Cuando la izquierda tiene el poder ―como dice mi compañero Íñigo Errejón― tiene el 20 % del poder. Porque el poder no está aquí, el poder está fuera del Congreso, está en el oligopolio eléctrico-bancario, en las distribuidoras de alimentos, en el Poder Judicial y en un Estado profundo que, al final, viene sin limpiarse desde el franquismo. Y si el pueblo se enfrenta a ese poder ya vemos lo que pasa, que se aplica la política del miedo. Porque si te manifiestas contra los ideales de la ultraderecha, vas a la cárcel. Sí, se ríe usted, señor Joaquín Robles, pero la ultraderecha es impune. Es impune, da igual lo que haga. Se puede manifestar en Ferraz sin convocar, también. Puede hacer lo que quiera, puede agredir a periodistas, puede agredir también a diputados como al señor Herminio Sancho, puede hacer lo que le plazca porque es impune. Depende de tu ideología tendrás o lawfare o condena. . Vemos cómo el pueblo grita en las manifestaciones el principio de «Todos contra el poder», «Al final van a caer»; echas a correr y luego es: uno, dos y tres, vamos a por él; pero, en este caso, son cuatro personas las que están en la cárcel de forma injusta. Por ello, Chunta Aragonesista y el Grupo Plurinacional SUMAR vamos a manifestar siempre nuestro apoyo a los seis de Zaragoza, vamos a luchar por su indulto. Y comunicamos que el día 23 ―por si acaso quieren venir, señores de VOX― celebraremos aquí, en el Congreso, unas sesiones en apoyo al indulto de los seis de Zaragoza. Y acabo donde he empezado, señorías del PP, voceros de los poderosos: no van a conseguir instalar esa política del miedo. Los aragoneses ―y los jóvenes aragoneses en concreto― queremos construir un Aragón mejor. Venimos a construir una alternativa a ese Gobierno de vendidos a lo privado; con una sanidad pública y digna; con una vivienda pública y digna; con una vivienda que no tenga especulación; con una educación pública y digna que no se ría de los profesores, de los alumnos y de las familias, y queremos una justicia y una democracia reales. Así que, más vale que se acostumbren, señores del PP, a estas camisetas, porque las tienen para rato. .

Emilio Jesús Del Valle Rodríguez VOX

Gracias, señor presidente, con su venia. Bueno, me he quedado perplejo con la intervención del que me ha precedido en el uso de la palabra. Pero, en fin, centrándonos en el tema del orden del día, debatimos hoy sobre dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, en relación con el proyecto de ley orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales. Señorías, el Gobierno no afronta los problemas reales que afectan a la justicia en España y se dedica a presentar parches, y, en el presente caso, con dos años de retraso. La justicia española está hoy peor que hace cinco años y que hace diez y, sin ninguna duda, que hace veinte. Una sociedad democrática moderna se escandalizaría de comprobar cómo funciona la justicia en España. Parece, sin embargo, que no ocurre así en nuestra nación. Miren, con un número de jueces en España que es la mitad, aproximadamente, de la media europea ―veintiún jueces por cien mil habitantes en Europa y once en España―, la situación de la justicia es, en opinión de los propios jueces, claramente mejorable en diversos aspectos, tanto a nivel general como en el orden jurisdiccional penal, según se desprende de la encuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial, en el marco del convenio firmado con transparencia internacional. En los últimos años han aprobado importantes reformas que han pretendido agilizar la tramitación de los procedimientos ante las jurisdicciones civil, contencioso-administrativa y social, pero sigue pendiente un cambio real del procedimiento penal, que no hay que olvidar que es el que da respuesta a casi dos tercios de los asuntos que cada año ingresan en nuestros órganos judiciales. Tras sesenta y cinco modificaciones ―bueno, con la del punto anterior del orden del día de hoy, si se aprueba, sesenta y seis― de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 se pone de relieve la necesidad de un nuevo texto que no soporta más parches. Señorías, una sociedad avanzada, informada, tecnológicamente más desarrollada y mejor comunicada merece una organización acorde con sus necesidades que pueda dar, sin merma de garantías, una respuesta rápida y de calidad a los conflictos que la justicia tiene que resolver, aprovechando sus recursos personales y materiales de una forma racional. Es parecer unánime que el diseño actual está agotado y no debería demorarse por más tiempo una reforma. Señorías, la experiencia en la aplicación de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, muestra la oportunidad de reformar determinados aspectos relativos al intercambio de información de antecedentes penales con el resto de países de la Unión Europea que venían siendo regulados tanto en la referida ley orgánica como en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, con sujeción, en todo caso, a la regulación vigente en el tratamiento de datos de carácter personal. Se modifica así la rigidez del actual sistema, que impide la retransmisibilidad de todas las sentencias dictadas en España, de acuerdo con la Decisión Marco 2009/315, respecto tanto de condenas dictadas por los tribunales españoles como de las recibidas por parte de las autoridades centrales de otros Estados miembros, sustituyéndolo por otro más flexible y acorde con el principio de reciprocidad, con arreglo al tratamiento que le dan los Estados a este parámetro y sin perjuicio de la salvaguarda de la reserva a las autoridades judiciales españolas, entendiendo por estas, de acuerdo con el concepto autónomo acuñado por la Unión Europea, los jueces, los tribunales y fiscales dentro de sus respectivas competencias. Señorías, en los últimos años viene observándose un preocupante aumento de la delincuencia juvenil, así como su potencial peligrosidad materializada, fundamentalmente, en delitos contra las personas, lesiones, violencia doméstica, contra la libertad sexual, acosos, delitos de odio y nuevas formas delictivas potenciadas, fundamentalmente, por el uso de las nuevas tecnologías. Considerado insuficiente el actual Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, urge la necesidad de articular un registro de menores que albergue la inscripción no solo de sentencias firmes, sino también de las medidas cautelares adoptadas para la custodia y defensa del menor expedientado o para la debida protección de la víctima, así como la inscripción de requisitorias y sentencias no firmes recaídas en estos procedimientos. Y, en esto, divergimos o disentimos de la propuesta de enmienda de Podemos. Este registro pretende ser un instrumento de información integrado de gran utilidad, que permitirá al órgano judicial disponer de otros elementos de juicio, además de los ya existentes, a fin de ponderar sus resoluciones en las distintas fases del procedimiento, y permitirá una comunicación automática de las distintas órdenes y medidas de protección a las fuerzas y cuerpos seguridad del Estado. En definitiva, nos encontramos ante un proyecto de ley de carácter técnico que no hace más que adaptar nuestra legislación a la normativa europea, creando unos instrumentos de información de gran utilidad. Termino ya, señor presidente. A pesar de ser una iniciativa de un Gobierno presidido por un autócrata que pretende gobernar con o sin la concurrencia del Poder Legislativo, votaremos a favor de este proyecto de ley. Muchas gracias. .

Artemi Rallo Lombarte PSOE

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, como ya se ha señalado, hoy aprobaremos el proyecto que modifica la Ley Orgánica 7/2014, sobre intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. Ya se ha visto que esta ley contará con un amplio apoyo del Congreso, de esta Cámara, con la unanimidad de todos los grupos, incluido el voto favorable de la extrema derecha que, después de un discurso ―el suyo, el habitual― apocalíptico en Comisión, preñado de ruido y furia para justificar su abstención en Comisión, ha venido hoy al Pleno del Congreso con un talante bastante sorprendente para lo que nos tiene acostumbrados para justificar su voto favorable. En una semana ha pasado de la abstención al voto favorable. En todo caso, el Grupo Socialista celebra este acuerdo mayoritario que, señorías, muestra una vez más la capacidad del Gobierno progresista para impulsar su agenda de reformas con sucesivas iniciativas legislativas, como la que hoy aprobaremos. Señorías, este Gobierno tiene una capacidad incontestable e incuestionable para articular acuerdos y pactos políticos; consensos parlamentarios que se traducen en un ambicioso programa legislativo que avanza sin pausa de forma inexorable. Un impulso legislativo que arrancó al inicio de esta legislatura nada más y nada menos que con una reforma constitucional y que ya se ha traducido en once leyes y decretos leyes publicados ya en el Boletín Oficial del Estado. No solo eso, otros cuatro proyectos de ley ya han sido remitidos por esta Cámara al Senado, y otras veintiuna iniciativas legislativas del Gobierno también avanzan día a día en su tramitación en esta Cámara, por no mencionar las cinco proposiciones de ley que el Grupo Socialista ha promovido en esta Cámara. Todo ello, señorías, en apenas seis meses efectivos de legislatura. Señorías, con estos datos creo que nadie se atreverá a cuestionar la ambición del programa legislativo del Partido Socialista. ¿Se atreverá alguien a negar la utilidad y la capacidad del Gobierno y del Grupo Socialista para lograr los acuerdos parlamentarios necesarios? Si así fuera, señorías, no sería ni justo ni razonable. . Además, hoy celebramos que el Partido Popular abandone su habitual estrategia obstruccionista, que contribuya con su voto favorable a sumar mayorías parlamentarias y que haga por fin una oposición útil. Nunca es tarde. Los españoles demandan y merecen diálogo y acuerdos, acuerdos entre los partidos, pacto y consenso; en definitiva, política con mayúsculas. Un consenso necesario en política nacional e ineludible al incorporar el derecho europeo, como hace la ley que hoy aprobaremos. Este proyecto de ley ―se ha señalado ya― persigue la adecuación de la normativa española sobre intercambio de antecedentes penales a la normativa europea, trasponer la Directiva 2019/884. Una reforma que busca perfeccionar la participación de España en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales y, con ello agilizar la cooperación judicial en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza, toda vez que este sistema electrónico de interconexión de bases de datos permite a los Estados intercambiar información sobre antecedentes y condenas de forma rápida y sencilla, posibilitando a jueces, fiscales y autoridades administrativas acceder fácilmente al historial delictivo y evitar que se eluda el pasado criminal desplazándose a un Estado distinto del de condena. Señorías, esta reforma incorpora medidas concretas para facilitar este intercambio. Medidas como la ampliación de la información identificativa o el intercambio de información sobre condenas de nacionales, de terceros países y apátridas o la transmisión de información a través de otros medios seguros en caso de imposibilitarlo el sistema automatizado. Además, señorías, este proyecto de ley no se limita a trasponer la Directiva 2019/884. Con ser importante el cumplimiento de esta obligación europea, la ambición del Gobierno ha ido más allá al introducir otras novedades legislativas. En particular, merece ser puesta en valor la creación de un nuevo registro de menores para la inscripción de sentencias firmes, no firmes y medidas cautelares, a fin de garantizar la custodia y defensa del menor y la protección de las víctimas. Señorías, se trata de un registro necesario a causa del aumento de la delincuencia juvenil y la peligrosidad que acompaña el uso de nuevas tecnologías. Termino, presidente. Hemos acordado y enmendado con la mejor disposición y voluntad negociadora de la que hemos sido capaces y el resultado es un amplio acuerdo. Un pacto, señorías, para honrar nuestros compromisos europeos, para agilizar la cooperación jurídica europea y para fortalecer el Espacio Europeo de Libertad, Justicia y Seguridad. Un acuerdo en beneficio de todos los españoles, de su seguridad, de sus derechos y de sus libertades. Nada más y muchas gracias, presidente. .

José Manuel Velasco Retamosa PP

Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Efectivamente, como ya se ha dicho, lo que hoy viene aquí es una simple trasposición de una directiva que en el proceso previo al llegar a la Cámara ha tenido más observaciones técnicas que enmiendas, lo que da una pista del tipo de texto del que estamos hablando. Es una directiva que ―como ya se ha dicho― debería haber sido traspuesta hace dos años, es decir, llega con dos años de retraso cuando era una cosa relativamente sencilla, y lo único que hace, a pesar de lo que acaba de decir el portavoz del Partido Socialista, es demostrarnos una vez más que el Gobierno del señor Sánchez está más ocupado en ir contra jueces y medios de comunicación que en activar normas y tener una normalidad legislativa en esta Cámara, eso sí, salvo que esté en juego el sillón de cualquiera de los miembros del Gobierno, como sucedió con la ley de amnistía. En ese caso, sí; en ese caso este Gobierno viene a la Cámara, trae leyes y busca acuerdos, desde mi punto de vista, con quien no debe para hacer cosas que no son propias de un gobierno que cree en la unidad del Estado español. Qué papelón tienen ustedes cuando su portavoz tiene que venir aquí a presentar hoy un proyecto de ley que apenas son tres hojas y que, como les he dicho, ha tenido escasas enmiendas y muchas aportaciones técnicas. La verdad es que esconder la falta de función legislativa que se está produciendo en esta Cámara a consecuencia de la acción del Gobierno — o de la inacción del Gobierno— y, sobre todo, de lo que la Presidencia de la Cámara está consintiendo es inadmisible. Tengo que recordarles, a pesar de lo que ha dicho el portavoz socialista, que este Ejecutivo es el único que lleva años gobernando básicamente a través de decretos, que no de leyes, hurtando la función legislativa que esta Cámara tiene. Yo les tengo que recordar a todos ustedes, aunque supongo que lo saben, que los decretos son una herramienta jurídica para situaciones especiales que el Ejecutivo no debería utilizar nada más que en supuestos excepcionales y que, por supuesto, no son una herramienta — y esto es lo que está haciendo habitualmente el Gobierno— para no traer aquí leyes — porque, claro, el portavoz del Partido Socialista ha dicho que en un año que llevamos de legislatura han venido cinco leyes y con esta seis; claro, una ley que es la trasposición de una directiva—, para no tener que explicar aquí cuál es su política legislativa o, sobre todo, para gobernar sin una mayoría parlamentaria. Eso sí, lo que sí hizo bien el señor Sánchez es que, previendo lo que se le venía encima en esta legislatura, nombró ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes al señor Bolaños, que hoy no está aquí presente. Un ministro que, en vez de velar por la división de poderes, el respeto a los mismos y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que hace es utilizar su función al antojo de su mentor. Su perfil está claro. Es un ministro que tiene la obligación de impulsar las buenas relaciones de esta Cámara con el Ejecutivo y es un ministro que la semana pasada dijo — y siento que no esté aquí para escucharlo— que los tres poderes están funcionando con normalidad. Eso dijo el señor ministro. ¿Ustedes creen que traer aquí una trasposición de una directiva es que el Poder Legislativo esté funcionando con normalidad? Esto no es admisible. . El Gobierno, con la ayuda de la Cámara, mantiene al Poder Legislativo paralizado. Yo no sé cómo no se ha ruborizado el portavoz del Partido Socialista al decir que solo cinco leyes han venido en este periodo a esta Cámara. Gobierna el Ejecutivo, como les he avanzado, a través de decretos y eso es un desprecio a estas Cámaras. En un año de legislatura, apenas han aprobado cinco leyes, como bien ha dicho el portavoz socialista, y alguna de ellas cediendo a las exigencias del Partido Popular para aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Como les decía, las relaciones del Ejecutivo con las Cortes debieran ser otras y está claro que el Ejecutivo no es capaz de traer aquí, cumpliendo con su función, las normas que este país necesita, las leyes que este país necesita. Su falta de una mayoría hace que se produzca una gran inestabilidad por mucho que los ministros se empeñen en decir que los poderes están funcionando con normalidad. El Ejecutivo está lastrando la legislatura por su falta de posibilidad de aprobar leyes en esta Cámara, pero les tengo que decir, aprovechando la ocasión, que siempre con la connivencia de la Presidencia de esta Cámara, porque esta Cámara le está permitiendo que falte actividad legislativa, que haya una ausencia de control al Gobierno real, que haya faltas de decoro e, incluso, que se hable aquí de otro poder, como el Poder Judicial, insultando a jueces y magistrados. . ¿Ustedes se imaginan que yo dijese en esta Cámara en este momento — que es algo que no se me ocurriría en la vida— que el señor Sánchez es un personaje indecente o que el Ejecutivo es una mafia política? Porque esto se ha dicho aquí del Poder Judicial y de jueces con nombres y apellidos y ni el Ejecutivo ni la Presidencia de la Cámara han alzado la voz para defender al Poder Judicial. . ¿Saben lo que hace el Gobierno? No legisla, viene aquí cada miércoles a hacer una pantomima, viene aquí a hacer una sesión de control en la que los ministros responden no a lo que se les está preguntando, sino que responden como quieren. Eso, a fin de cuentas, les voy a decir que, aunque todos permanezcamos callados, es una falta de respeto no a todos nosotros que estamos aquí escuchando las respuestas que dan los ministros, sino que es una falta de respeto a todos los españoles que nos han puesto aquí para poder ejercer esa función de control. . La pasada semana el ministro de la Presidencia deseaba a todo el que le interpelaba que hubiese tenido buenas vacaciones.

José Manuel Velasco Retamosa PP

Voy terminando. Yo lo que le digo al ministro es que el que ha tenido buenas vacaciones ha sido él desde el comienzo de la legislatura.

José Manuel Velasco Retamosa PP

Esta forma de obrar del Gobierno es una forma inadmisible, pero no se preocupen, que frente a esta forma de desgobierno el Partido Popular seguirá trayendo leyes a esta Cámara; leyes que, de verdad, importan a los españoles y leyes que, de verdad, pueden mejorar la vida de los españoles con soluciones positivas. Para finalizar tengo que decir que, claro, hoy hemos conocido su acción de destrucción de la democracia última, que es el plan de acción democrática que el presidente del Gobierno ha dicho que llevaría hoy a Consejo de Ministros…

José Manuel Velasco Retamosa PP

Un segundo, señor presidente.

José Manuel Velasco Retamosa PP

Su plan de acción democrática, ese que nació durante sus cinco días de reflexión, ¿saben lo que es? Es el plan de Sánchez para controlar los medios de comunicación y decidir cuál es…

Juan José Aizcorbe Torra VOX

Muchas gracias, señor presidente. Una de las principales manifestaciones de la igualdad entre todos los españoles en el plano social se garantizaba, hasta hace poco, en la configuración del sistema nacional de Seguridad Social: la unidad, la solidaridad y la igualdad. Si vuestras señorías hacen el nimio ejercicio de acudir a la página web del Ministerio de Seguridad Social, verán en la primera sobre su historia, que se refiere a la Tesorería General de la Seguridad Social como caja única del sistema actuando bajo el principio de solidaridad financiera. Y si después acuden a los principios y directrices del sistema de la Seguridad Social, en la citada página web del ministerio encontrarán la siguiente afirmación: el sistema español parte del concepto de caja única. Es decir, las cotizaciones recaudadas en todo el territorio nacional sirven para financiar las prestaciones de todos los españoles. Así pues, el concepto de caja única constituye una expresión particularmente agraciada, que sintetiza una de las ideas fuerza principales que materializan la lógica solidaridad intergeneracional e interterritorial propia de la Seguridad Social, mecanismo que forma ya parte de la mejor tradición jurídica de nuestro ordenamiento, planteado desde su origen como una de las garantías del sistema, convirtiéndose en uno de los elementos nucleares en la configuración del modelo. . La Constitución española establece en su artículo 149.1.17.ª la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones para determinar el alcance de dicha competencia en diversas sentencias, declarando que el designio perseguido por el acantonamiento del régimen económico dentro de la competencia exclusiva del Estado no ha sido otro, con toda claridad, que el de preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen público, es decir, único y unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos, según el artículo 41 de la Constitución, que garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social, tal como apunta también, y hemos dicho, el artículo 149.1 de la Constitución. . La mención separada al régimen económico como función exclusiva del Estado trataba de garantizar la unidad del sistema de Seguridad Social, y no solo la unidad de regulación jurídica, impidiendo diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las comunidades autónomas, que, entre otras consecuencias, no podrían hacerse cargo, por ejemplo, de las pensiones de dichas comunidades autónomas, pues los porcentajes de gasto en pensiones no estarían cubiertos por los ingresos respectivos, como las provincias vascongadas. La nueva doctrina del Tribunal Constitucional, pactada entre el Partido Socialista y el Partido Popular, no puede separarse de la deriva que este órgano constitucional de importancia fundamental ha adoptado, particularmente desde que está presidido por don Cándido Conde-Pumpido, modificando lo que era interpretación consolidada y avalando la cesión económica de prestaciones de la Seguridad Social expresamente protegida en la Constitución española. El Grupo Parlamentario VOX ya advirtió de que la cesión del ingreso mínimo vital a las comunidades de Régimen Foral suponía un ataque a la configuración de la Seguridad Social, a la viabilidad del propio sistema y a la igualdad de todos los españoles. . Nuestra fuerza política siempre ha afirmado que tal cesión constituye una ruptura del principio de unidad de caja que debe informar el funcionamiento de la Seguridad Social, en cuya virtud el Estado es y debe ser en todo el territorio nacional el único titular de la totalidad de los recursos, obligaciones y prestaciones de la Seguridad Social. No puede existir un elemento de distinción solamente en función del lugar de residencia cuando se trata de los derechos y obligaciones de los españoles beneficiarios de las prestaciones sociales. Es más, la posibilidad de que ciertos territorios puedan asumir la gestión y el pago del ingreso mínimo vital, basado únicamente en el sistema de financiación de dichas regiones con régimen económico especial, implica por sí misma un factor de desigualdad entre los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones. Es curioso que dicha propuesta venga de las izquierdas. . Es necesario proteger a los españoles y asegurar la permanencia y el fortalecimiento de nuestro Estado social. Igualmente necesario es preservar y reafirmar la unidad nacional, que es el presupuesto indispensable y clave de bóveda de la propia existencia del Estado social. La defensa del principio de caja única es un elemento prudencial de esa protección, a la vez que una medida imprescindible para combatir esa manifestación de deslealtad y de insolidaridad que es el separatismo. Si España pierde su unidad, aquello que la fortalece y vivifica, si la dejan sin alma, sin razón de ser, sin elementos ónticos, sin resortes de funcionamiento común, invertebrada, es inútil seguir discutiendo del cumplimiento de la norma, pues esta se interpretará a capricho de pactos y deslealtades, depende del momento. . La norma puede entonces no servir y hablaremos también entonces en otros términos, pues ya han convertido a España en un almacén de retales. Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. Una corrección, señor Aizcorbe. Por mucho que le fastidie, no son provincias vascongadas, son territorios históricos del País Vasco o de Euskadi, si me lo permite. . Señorías de VOX, ¿continúan copiando la estrategia del Partido Popular? Lo digo porque en diciembre se debatió en el Senado en este caso una moción solicitando precisamente la no ruptura de la caja de la Seguridad Social, y permítame un consejo, no hay peor cosa en marketing que seguir o copiar de su competidor. Viendo esta PNL me ha recordado a la figura del Tártalo en euskera, un cíclope, un gigante terrorífico que aparece cuando lo cree oportuno, un gigante que podíamos asemejar al mantra de la caja única de la Seguridad Social que aparece en este debate parlamentario de vez en cuando con la única finalidad de enfrentar a la ciudadanía, asustar y decir que España se rompe o que es para proteger a la gente. Creo que hoy una vez más hemos asistido a un ejercicio de política-ficción, de demagogia y populismo, al que ya ustedes nos tienen muy acostumbrados, una PNL que además no solo solicita la defensa de ese mal llamado principio de caja única, sino también la eliminación del ingreso mínimo vital — hoy ustedes piden un dos por uno—, una PNL que parte de premisas incorrectas y en la que además tildan al Tribunal Constitucional de politizado, y yo creo que es una incongruencia por parte de ustedes, porque si el Tribunal Constitucional, como ustedes dicen, está politizado, no se entiende que gasten sus esfuerzos en recurrir una y otra vez a un órgano en el que no creen y del que presuponen de antemano el resultado de sus sentencias justamente cuando son contrarias a sus intereses. Entrando en la proposición, cuestionan los estatutos de autonomía, que son leyes orgánicas; cuestionan, por tanto, y no respetan el Estado de las autonomías. Nada nuevo en ustedes. Segundo, intrínsecamente están refiriéndose en esta cuestión al acuerdo político entre el PNV y el PSOE acerca del traspaso de la Seguridad Social, que se recoge en el artículo 18 del Estatuto de Gernika, de igual modo que se recoge en al menos nueve estatutos autonómicos — Navarra, Cataluña, Galicia, Valencia, Aragón, Andalucía, Baleares y Extremadura—. Por cierto, si consideran que esta competencia infringe el mal llamado principio de caja única, ¿por qué no han procedido a su eliminación dentro del Estatuto de Autonomía de la Generalitat Valenciana, en la que gobiernan junto con el PP, que, por cierto, entiendo que hoy estará de acuerdo también con esta propuesta? A propósito, señorías del PP, si hoy votan a favor de esta PNL también nos podrían explicar por qué en el año 1993 apoyaron el informe Zubia o por qué el año pasado aprobaron en el Parlamento vasco que se materializaran todas las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. ¿Esto qué es, un sí pero no, no pero sí? A ver si se aclaran. Tercero, hablan de la unidad de caja, y la unidad de caja es un concepto exclusivamente contable. El propio estatuto reconoce el carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y la aplicación del principio de solidaridad. Además, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado diciendo que el principio de unidad presupuestaria de la Seguridad Social significa unidad de titularidad. Por tanto, el factor territorial no cuenta a la hora de repartir los recursos. Las pensiones no se territorializan. Es más, según el Tribunal Constitucional, es una competencia compartida entre Estado y comunidades autónomas, el Estado se ocupa de lo básico y las comunidades autónomas de su desarrollo. Por cierto, vuelven a tirar de mantra y tiran de las mismas iniciativas, y es que en la Comisión de Trabajo del Congreso ya rechazaron una proposición de ley suya para revocar el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital a País Vasco y Navarra, que recientemente avaló el Tribunal Constitucional, al considerar que la caja única de la Seguridad Social no se ponía en riesgo. Votaremos en contra. Ez duzue zelako autonomia estatutuak errespetatzean, are gutxiago alderdien arteko akordioak, eskumen hori ez onartzeak esan nahi duelako Autonomia Erkidegoek ezin dutela erregimen ekonomikoaren kudeaketan parte hartu. Kutxa bakarraren printzipioa berdintasunaren berme gisa ez delako egia, BBVAk orain dela gutxi egindako azterlan baten arabera, ekonomia eta demografia dira garapen asimetrikoaren eta prestazioaren desberdintasunaren arrazoi nagusiak. Bizitzeko gutxieneko diru sarrerak eskualdatzearen aurkakoak izateaz gain, kendu egin nahi duzuelako. Eskualdatze horrekin ere ez da ezer hautsi, ez da ezer apurtu, ezta Foru Aldundiek kudeatzen dituzten kotizazio marko erretiro edo berdintasun pentsioekin ere. Mozio honen helburuak zerikusi gutxi duelako ekitatearekin, Espainiaren berdintasunarekin eta baita kutxa bakarrarekin ere. Gure ustez, PNL horrek zalantzan jarri nahi du PSOEk oro har eta bereziki gaur egun talde parlamentario honekin lortutako akordioak. Gainera, ekimen honek pentsioen defizitak ez ditugula ez euskal herritarrek ez nafarrek ordaintzen erakutsi nahi du. Nahita alde batera uzten du Euskadik bere industrializazio maila dela eta ezkutuko ekonomiak baxuagoa duenez, soldatak altuagoak daukagula. Eta ahaztu egiten du zorraren interesak eta amortizazioa ordaintzen dugula. Ustedes no respetan los estatutos de autonomía y mucho menos los acuerdos entre los partidos, porque no reconocer esta competencia supone a su vez no reconocer la participación de las autonomías en la gestión del régimen económico, porque el principio de la caja única como garantía de igualdad no es un concepto cierto. Ustedes obvian un reciente estudio del BBVA que apunta las causas económicas de base y de demografía como las principales causas del desarrollo asimétrico y desigualdad de las prestaciones. Y también porque no solo son contrarios al traspaso del IMV, sino que, además, quieren suprimirlo. Y, porque ni con ese traspaso se ha roto nada, como tampoco se ha roto nada con las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez que gestionan justamente las diputaciones forales. El objetivo de esta proposición tiene poco que ver con la equidad, con la igualdad de las y los españoles, incluso con la caja única; nosotros y nosotras creemos que es una PNL que lo que intenta es dejar en entredicho los acuerdos alcanzados en general por el PSOE y hoy, en particular, con este grupo parlamentario. Además, esta es una iniciativa que pretende dar a entender que los déficits de las pensiones no las pagamos ni la sociedad vasca ni la navarra, obviando deliberadamente no solamente que Euskadi, debido a su nivel de industrialización y debido a unos niveles de economía sumergida inferior, cuenta con salarios más altos, sino también que pagamos los intereses y una amortización de la deuda. Por último, como imagino que no me habrán escuchado ni entendido en euskera, les tengo que decir que su gozo en un pozo, pues el Gobierno vasco ya está trabajando con el ministerio correspondiente para que, a futuro, se vaya materializando esa transferencia. Nada más y muchas gracias.

Verónica Martínez Barbero SUMAR

Muchas gracias, presidente. Señorías de VOX, esta PNL — ya lo ha dicho la portavoz del PNV— ya la presentaron y la perdieron en la Comisión de Trabajo en el pasado período de sesiones. Hoy, hemos comprobado que el señor Aizcorbe sabe leer, ha leído la PNL prácticamente completa, salvo una parte de las palabras gruesas que se dirigían al señor Conde-Pumpido. Es increíble lo vagos que son ustedes. Son vagos y parece que también cobardes: por escrito, sí; en esta tribuna, igual no. Son vagos ideológicos, son vagos en lo operativo. Llevamos un año constatando cómo no se preparan ni una de las iniciativas — ya no digo normas, digo iniciativas— que vienen a esta Cámara o a sus comisiones. Es una vergüenza y una falta de respeto a la ciudadanía que, con sus impuestos, pagan sus salarios, los que ustedes no se ganan. . Otras sí que estamos aquí para trabajar. Por eso, a continuación, voy a explicarles por qué su PNL es un conjunto absurdo de lugares comunes de su discurso de miedo y odio sin fundamento técnico alguno. Por un lado, y en cuanto a la labor del Tribunal Constitucional, esta implica la interpretación y aplicación de la Constitución en sí misma, pero, sobre todo, la interpretación del ordenamiento jurídico a la luz o conforme a la Constitución. Los métodos de interpretación tradicionales, el literal, el histórico y el teleológico son complementarios a una metodología especial, que es la que se aplica a la hora de interpretar la Constitución. Se llama — entiendo que por su propio nombre a ustedes no les gusta— interpretación evolutiva que parte de la premisa de que el significado de una disposición, a pesar de mantenerse inalterada su letra, puede experimentar cambios a tenor del momento histórico en el que se aplica. . Si se negara la interpretación evolutiva, las normas, simplemente, dejarían de producir efectos jurídicos. La Constitución, por medio de la interpretación evolutiva, se acomoda a la realidad del momento como medio para asegurar su propia legitimidad y relevancia; de lo contrario, la Constitución correría el peligro de convertirse en una norma muerta, que quizás es como ustedes la quieren. En su PNL afirman que el Tribunal Constitucional cambió de doctrina en relación con la salvaguarda de la caja única de la Seguridad Social, y que lo hizo por razones políticas. Es que no aciertan ni en la forma ni en el fondo. Ya les he explicado que, precisamente, una de las labores fundamentales del Tribunal Constitucional es aplicar la técnica de la interpretación evolutiva para crear esto que se llama la noción de la cultura jurídica. Búsquenlo y estúdienlo; existe esta noción en nuestro ordenamiento jurídico. Pero es que, en este caso, además, el error de su PNL es garrafal porque pretenden contrastar sentencias que no se contradicen entre sí. Solo existe una limitación a la interpretación evolutiva y ha sido el propio Tribunal Constitucional el que la ha explicado en una sentencia que, sin duda, si la hubieran leído — ya sabemos que no porque son vagos— , no les gustaría; igual que a sus señorías del PP tampoco les gustó porque perdieron el recurso de inconstitucionalidad. Se trata de la sentencia en la que se declaró la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. En esta sentencia, la perspectiva argumentativa dentro de la cual se encuadra el razonamiento del Tribunal Constitucional parte de la base de que la Constitución es un árbol vivo, una expresión que — fíjense— viene ya de hace cien años, la utilizó por primera vez en 1930 la Corte Suprema de Canadá. Según esta doctrina, el único límite a la interpretación evolutiva es el respeto al tenor literal de las disposiciones, es decir, si la Constitución afirma algo en sentido absoluto, no cabe interpretar por vía evolutiva o contraevolutiva lo contrario. Y este es el punto, señorías de VOX, que, como ven — repito—, no tiene nada que ver con los planteamientos de su PNL. Efectivamente, no podemos hacer llegar la Constitución, vía hermenéutica, a cualquier cambio en la realidad social, pero sí, según esta doctrina, podemos hacerla llegar a aquellos contenidos que el legislador ya ha actualizado. Lo explico con ejemplos. Sí es dado afirmar, por ejemplo, que tuvimos que modificar el artículo 49 de la Constitución para que las personas con discapacidad por fin se sintieran identificadas con más allá de estar en la letra de la carta magna. Toda esta doctrina también es la razón por la que, en mi grupo, en el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, estamos trabajando ya en un texto para plasmar en la carta magna la igualdad de género y el derecho a la libertad, la dignidad y la autonomía de las mujeres, para que, por fin, el derecho al aborto esté en la Constitución. . En cuanto a la Seguridad Social, la supervivencia de la caja única ya les aclaro que no está amenazada porque la gestión del ingreso mínimo vital la realicen las comunidades autónomas. La caja única depende del equilibrio entre ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social, y esto no depende, en absoluto, y no tiene nada que ver con quien ejecuta o con quien gestiona; nada que ver. En materia de Seguridad Social hay cuestiones que deben ocuparnos y preocuparnos, y les pongo ejemplos de algunas que preocupan y ocupan a este grupo, al grupo que trabaja, como, por ejemplo, los abogados y las abogadas mutualistas, a los que tenemos que facilitar una pasarela justa al RETA; o las trabajadoras del sistema de atención a la dependencia con las que tenemos dos debes: el primero, feminizar el cuadro de enfermedades profesionales, y llevamos un retraso de dos años ya con este compromiso; y el segundo, aplicarles coeficientes reductores, porque estamos convirtiendo a las que nos cuidan en las dependientes del futuro. Señorías de VOX, diremos que no y votaremos que no a su PNL porque no es más que un reflejo de su indolencia y de su ignorancia. .

Alberto Mayoral de Lamo PSOE

Señorías de VOX, he de reconocer que estoy alucinado. He leído la proposición no de ley despacio y muchas veces, y venir a hablar de política de Seguridad Social a este Gobierno, cuanto menos es atrevido, porque estamos ante el récord de afiliados a la Seguridad Social, estamos ante una revalorización de las pensiones como nunca ha habido en este país, y estamos en ayudar a esos 2 millones de españoles que dependen del ingreso mínimo vital para subsistir día a día. . Ustedes nos quieren hacer creer que vienen a hablar de igualdad. ¿Qué igualdad tiene retirar el último colchón a esos que más lo necesitan? ¿Qué tiene de solidaridad poner en entredicho que 800 000 niños en España tengan una oportunidad gracias a ese ingreso mínimo vital? ¿No se dan cuenta de que estamos hablando de la única herramienta que combate la pobreza? ¿No se dan cuenta de que estamos hablando de españoles y españolas? Pero, díganlo claro: odian a los pobres. No lo nieguen. No lo nieguen. . Si no fuera de esa manera, no traerían aquí una iniciativa que intenta eliminar la única herramienta que equipara y da dignidad a los que menos oportunidades tienen. Pero, claro, he empezado diciendo que me alucina, y es que, leyendo la PNL, se vuelve a poner en valor la Ley sobre Bases de la Seguridad Social del año 1963. ¡Hasta sesenta años atrás nos quieren llevar! Pero, cómo no, sus referencias intelectuales también son de profesores que ponen en duda la legitimidad de estas Cortes Generales, las que les votan a ustedes y a nosotros. He seguido leyendo, hablan del Tribunal Constitucional — abro comillas— y dicen sobre su labor: «Su reciente labor de destrucción del orden constitucional». Claro, este es otro clásico de la derecha: cuando las instituciones no dicen lo que ellos quieren, no les gusta. . Vamos a leerlo despacito, que nos enteremos todos. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional sobre la caja única? Dice que no hay menoscabo de la tesorería ni de la titularidad estatal, que lo único que se hace es mejorar la eficiencia. Por lo tanto, se lo voy a decir con este acento andaluz y desde mi tierra, para que se entienda bien: La caja única no se trocea ni se introducen diferencias por razón de ningún territorio, por mucho que ustedes lo repitan. . Y ya que hablamos del debate sobre la caja única y la Seguridad Social, quisiera hacerles una pregunta. ¿Saben realmente cuándo se puso en riesgo la caja de la Seguridad Social? Se lo voy a decir yo: Cuando el Gobierno de Rajoy salió con un agujero de más de 25 000 millones en la hucha de las pensiones . Ahí sí se ponía en duda la quiebra de la Seguridad Social, porque, si hablamos de nuestras políticas, de las que cohesionan, de las que hablan de España, hablamos de los más de 300 euros de media que suben las pensiones para nuestros pensionistas, hablamos de la seguridad que da a los más de diez millones de pensionistas en nuestro país saber que este Gobierno el año que viene va a revalorizar sus pensiones, porque, señorías, si hoy la Seguridad Social goza de robustez, si está firme es por las políticas de este Gobierno. . Y si está en duda es por sus sistemáticos votos en contra frente a los derechos de los que más los necesitan. Mencionan a España, y a mí me gusta mucho decirlo con orgullo: España. ¿Qué es nuestro país hoy? Un país que está mejorando en la calidad y en la estabilidad del empleo, que está reduciendo la temporalidad de los jóvenes, y, algo que me llena de orgullo, ese récord en la afiliación a la Seguridad Social de las mujeres en nuestro país, que realmente están consiguiendo equipararse. . Creo que queda claro que el Grupo Socialista va a votar en contra. Pero, antes de concluir, déjenme que les pida dos cuestiones a los señores del Partido Popular y de VOX. Ustedes gobiernan en muchos sitios, tienen en su poder muchas administraciones: dejen de desproteger a los débiles, dedíquense allí donde gobiernan a la justicia social, a la cohesión, se lo va a agradecer la ciudadanía, porque, señorías, ni España se rompe ni tampoco la caja de la Seguridad Social, por mucho que ustedes se empeñen. Muchísimas gracias. .

Isabel Gema Pérez Recuerda PP

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Me corresponde defender la postura del Grupo Parlamentario Popular ante esta proposición no de ley presentada por VOX sobre el principio de la caja única de la Seguridad Social. «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad». Este es el artículo 41 de la Constitución española. En otras palabras, compete al poder político y a los agentes e interlocutores sociales la responsabilidad de garantizar un sistema público de pensiones justo, equilibrado y solidario. . Para el Grupo Parlamentario Popular es muy importante dejar algunas cuestiones muy claras. La caja única es inquebrantable. . Es una línea roja que jamás se debe cruzar, porque de esa caja, de la caja única sale el dinero que se utiliza para pagar tanto las prestaciones por desempleo como las pensiones, en virtud de un criterio de reparto que es común a todos los territorios y a todos los trabajadores. Este sistema de caja única es garantía para la igualdad de todos los españoles y para la viabilidad de un sistema de bienestar y lleva implícito la solidaridad interterritorial e intergeneracional, y así lo hemos defendido en nuestro posicionamiento. Por ejemplo, en noviembre de 2023, el Senado aprobó una moción del Grupo Parlamentario Popular sobre esta cuestión en la que instábamos a que cualquier acción o negociación en esta materia debe ser abordada en el marco del Pacto de Toledo y la concertación social en lugar de espacios bilaterales entre el Estado y una o más comunidades autónomas. En abril de 2024 en el debate de otra PNL de VOX en Comisión defendimos, como siempre, que para el Grupo Parlamentario Popular la caja única es inquebrantable y hoy nosotros seguimos manteniendo nuestro discurso. En estos tiempos complicados, en los que Sánchez comenzó sostenido por unos pocos ―que ahora son menos y mal avenidos, hecho que estamos comprobando todos los días aquí, en el hemiciclo―, ahora ha perdido la mayoría de su investidura; ni son mayoría ni, desde luego, son de progreso. . Se ha quedado solo y no puede legislar. De hecho, en un año de legislatura solo una ley de relevancia, la amnistía, una transacción corrupta para comprar impunidad a cambio de la investidura de Sánchez. . Pero esto no ha sido siempre así, porque el PSOE tradicionalmente defendió la unidad de la caja de la Seguridad Social como elemento indispensable de nuestro modelo de bienestar; lo ha defendido hasta que Sánchez ha llegado al poder y depende de otros para poder gobernar. Para el PSOE tradicional la ruptura de la caja única era una idea absurda y que no se iba a producir. El PSOE tradicional mantenía como política constante y clara que siempre hay que mantener el principio de unidad de la Seguridad Social, la caja única, que incluía el reconocimiento y las prestaciones económicas, y decía que era su seña de identidad. Definían la caja única como uno de los elementos más importantes en la cohesión social y la solidaridad de España. Pero desde hace seis años tenemos el PSOE sanchista, que está dispuesto a transaccionar la igualdad ante la ley con la amnistía, o la igualdad en los servicios públicos con el cupo separatista. El cupo separatista es solo la última de una larga lista de favores y cesiones políticas que Pedro Sánchez ha hecho al independentismo a cambio de su apoyo para seguir en el poder. Sánchez transacciona lo que es de todos para beneficiar a unos pocos. Siete semanas después de su firma no es, en absoluto, creíble el acuerdo firmado por el Partido Socialista y Esquerra Republicana, con la tesis del Gobierno de que puede servir de base para una reforma del sistema de financiación que beneficie a todas las partes. Y lo saben, pero les da igual: Pedro Sánchez continúa en la Moncloa, objetivo conseguido. . El desastroso legado de este Gobierno será una España más desigual, con españoles de primera y españoles de segunda. Pero el PSOE de Sánchez ahí nos tendrá enfrente. Defendemos y defenderemos los beneficios que la Seguridad Social ha generado a la sociedad española, defendemos y defenderemos la igualdad entre españoles. Muchas gracias. .

Juan Antonio Valero Morales SUMAR

Buenas tardes, señorías con señorío. Presentamos hoy una iniciativa patriótica, y digo iniciativa patriótica porque esta PNL pretende aumentar la riqueza del país, la riqueza que es de todos y de todas. No es una iniciativa de esas, como se presentan a veces, que pretenden entregar los recursos de todos al negocio de unos pocos, al amparo de esa falsa idea de la eficacia del mercado; todo lo contrario, esta iniciativa pretende recuperar lo que es de todos y de todas, los saltos hidroeléctricos. . Y lo decimos así porque en esta Cámara estamos acostumbrados a escuchar a muchas personas que no paran de alardear de un supuesto patriotismo mientras que pretenden entregar la riqueza de nuestro país al negocio de sus amigos millonarios o a fondos de inversión extranjeros. Y hay que decirlo alto y claro: No se defiende tu país cuando antepones el interés de los más ricos al interés de la mayoría social. . Hacer patria es defender los bienes comunes, hacer patria es salvaguardar lo que tiene que estar al servicio de todas y de todos. Como sé que los saltos de agua no son un tema de conversación corriente, quiero hacer algunas aclaraciones preliminares: la primera, un salto hidroeléctrico es una instalación que permite generar energía a partir de la fuerza del agua; la segunda, las aguas son de dominio público del Estado, son bienes destinados al uso público o a un fin público; tercera, la energía es la base material del desarrollo humano y, por tanto, ha de tener la condición de bien básico, esencial y universal; la energía hidroeléctrica es la primera energía renovable de nuestro país, es una energía rural, las centrales hidroeléctricas están en el medio rural, contribuyen a asentar la población al territorio y suponen un 20 % de la potencia instalada, y, una última consideración, el modelo de liberalizaciones, el modelo de privatizaciones y de concesiones ha sido un rotundo fracaso. En concreto, la gestión privada de los recursos hidroeléctricos no opera bajo criterios de competencia y los precios de la energía no han dejado de subir en los últimos años. Por eso traemos esta iniciativa hoy, porque actualmente estamos ante una oportunidad histórica para cambiar el modelo. Las concesiones de explotación de estos saltos de agua a empresas privadas están concluyendo. C’est fini, se acabó, lo que es de todas y todos debe volver al control público. La lógica del beneficio privado tiene que cambiar a la lógica del beneficio social. . No obstante, estas concesiones están expirando, pero la reversión al Estado no está siendo diligente ni transparente. Hay que corregir esto, no perder esta oportunidad histórica para transitar hacia la soberanía energética. ¿Y qué es la soberanía energética? Es la capacidad que ha de tener nuestro país para controlar sus recursos energéticos, para ser menos dependientes energéticamente, para orientar los beneficios de la producción energética al interés general y a la descarbonización. Podemos dejar de ser país periférico en la Unión Europea, podemos aprovechar la ventaja competitiva que supone ese enorme potencial para generar energía limpia y energía barata. ¿Queremos ser un país en el que la producción de energía está en manos de multinacionales y fondos de inversión destinada a la exportación o al minado de criptomonedas o queremos que la producción esté en manos públicas para abaratar la factura de la luz y para nuestro tejido productivo? Eso es lo que tenemos que considerar, esa es la pregunta de país que nos tenemos que contestar. Y nosotros y nosotras lo tenemos claro: consideramos elemental la gestión pública de las centrales hidroeléctricas. . Porque su construcción la ha pagado el contribuyente, porque el origen de la energía está en el agua, un bien de dominio público, porque las instalaciones tienen como fin último la reversión al patrimonio público y porque la gestión privada no garantiza un uso correcto de los recursos hídricos. ¿O no nos acordamos de cuando vaciaban los pantanos en esos tramos en los que el megavatio estaba más caro, en un país con sequía estructural? Estamos convencidos, por tanto, de que Hunosa debe y puede ser la empresa pública que reciba todas las concesiones hidráulicas que vayan venciendo, porque Hunosa puede ser una empresa marrón que pase a ser una empresa verde, puede ser un formidable ejemplo de transformación energética justa que contribuya a la transición verde, porque la transición energética puede ser justa, no solo un negocio para unos pocos. Tengamos en cuenta, hagamos memoria de que nuestro país ya sufrió en el pasado el extractivismo de potencias europeas que acapararon nuestra explotación minera para llevar materias primas a la industrialización europea y que empresas británicas, francesas y belgas se hicieron con la explotación del plomo en Jaén, con la explotación del mercurio en Ciudad Real, con la explotación del cobre en Huelva. ¿Queremos que la energía producida hoy en nuestro país tenga como principal objetivo la industria centroeuropea o queremos que la energía producida en nuestro país sirva para estimular una reindustrialización verde en nuestro país? Impidamos que España sea una colonia energética cubierta de placas fotovoltaicas de multinacionales y con la producción hidroeléctrica en manos de concesiones privadas, como cuando ya fuimos una colonia minera de Europa. Seamos audaces, no repitamos errores y mantengamos la excepción ibérica, una excepción ibérica que ha dado resultados para combatir la subida de los precios de la electricidad. Nuestra excepción se sustenta en esas ventajas que nos da nuestra orografía, llena de saltos de agua que se pueden aprovechar, en esa cantidad de horas de insolación al año, en esos vientos fuertes, que no tienen que servir para cebar de energía las interconexiones con Europa, porque España no tiene por qué ser el almacén energético de la industria europea. . Por todo ello, Hunosa tiene que hacerse con la producción hidroeléctrica de este país, porque el Estado tiene que controlar los sectores estratégicos de la economía, frente a ese modelo fracasado del neoliberalismo que nos quiere condenar a ser periferia y tener un Estado inane. La descarbonización y la producción energética no se pueden dejar en manos de fondos de inversión y de multinacionales, porque no queremos ser una colonia energética, queremos soberanía energética. Por eso la transición energética se tiene que basar en el control público, en la planificación y en el interés general, para abaratar el precio de la luz en las casas de las familias, para el tejido productivo, para descarbonizar el mix energético y para situar a nuestro país a la vanguardia. .

Néstor Rego Candamil BNG

Máis unha vez, boa tarde. Grazas, señora presidenta. A produción de enerxía é esencial para a vida humana e para o desenvolvemento social e económico. Sendo, por tanto, un sector estratéxico, a xeración de enerxía debería estar sempre baixo control público e funcionando con criterios de rendibilidade social. De feito, houbo un tempo en que mesmo nos países capitalistas de Europa occidental contaban con empresas públicas que, aínda que non fose en réxime de monopolio, lles permitían intervir de forma directa nos mercados enerxéticos. Porén, a onda neoliberal provocou masivas privatizacións e hoxe son poucos os países europeos que conservan empresas públicas ou mixtas no sector enerxético, caso si, por exemplo, pois de Francia ou de Italia. No caso do Estado español, a privatización da empresa pública Endesa é mérito compartido polo Partido Socialista e o Partido Popular. Foi iniciada por un Goberno de Felipe González e completada por outro de José María Aznar. Hoxe son as grandes enerxéticas as que determinan no esencial as normas de funcionamento do sector eléctrico no Estado español en función dos seus propios intereses e dos máximos lucros. É un modelo claramente antisocial, inxusto e que profunda nas desigualdades. Mentres millóns de familias, mentres as maiorías sociais, as clases populares teñen dificultades para afrontar os custos da enerxía, as grandes empresas presentan balances de resultados multimillonarios que crecen cada ano e que se sitúan en parámetros de absoluta indecencia: 10 500 millóns de euros en 2023 só as cinco grandes enerxéticas. Pero, mesmo dentro do Estado español, a xeración de enerxía provoca situacións de desigualdade inxustificada na repartición de cargas e beneficios. Desde hai décadas, o deseño do capitalismo español decidiu que o meu país, que Galiza, se especializaría na produción de enerxía eléctrica a un custo brutal en consecuencias sociais, patrimoniais, ambientais e económicas. Primeiro e moi especialmente, durante o franquismo chegaron os grandes saltos hidroeléctricos, que asolagaron vales fértiles e implicaron o desprazamento de localidades enteiras. Despois, serían as térmicas e a contaminación ambiental a elas asociadas. Máis adiante, as pequenas hidroeléctricas, que inzaron os nosos ríos de barraxes. Agora enfrontámonos a un auténtico espolio eólico depredador no noso país con máis de 300 proxectos de parques e megaparques eólicos, cun impacto social, ambiental, económico e patrimonial brutal, como dicía. Aliás, o Goberno español decidiu que o 50 % da potencia eólica mariña posíbel se concentrase, se instalase nas costas galegas, afectando bancos pesqueiros e marisqueiros fundamentais para a frota no noso país e para o sector en Galiza, ademais de impactar en ecosistemas mariños especialmente sensíbeis. O resultado son décadas de espolio dos nosos recursos naturais para a produción de enerxía por parte de grandes empresas que pagan os impostos en Madrid e que se destina, ademais, nunha porcentaxe importante, por exemplo, neste momento supera o 40 %, ó consumo fóra de Galiza, polo que ós impactos anteditos hai que sumar o da grande liña de evacuación. Os beneficios para uns, as cargas para outros. En definitiva, trátase dun modelo insustentábel ademais de inxusto e discriminatorio para países como Galiza que non se resignan a seren zonas de sacrificio, denominación usual de expertos técnicos en produción de enerxía, ou, como dicimos nós en termos políticos e máis exactos, colonia espoliada dentro do Estado español. É necesario, por tanto, mudar radicalmente o modelo. Por unha parte, para camiñar cara á xeración distribuída de fontes renovábeis a menor escala e máis próximos ós centros de consumo, sempre baixo control público. Por outra parte, é imprescindíbel que países produtores como Galiza teñan capacidade normativa, de ordenación e de xestión do seu propio sistema enerxético para o colocar ó servizo do seu desenvolvemento social e económico e para que redunde en beneficio da colectividade das maiorías sociais no canto de facelo para o lucro dunhas poucas grandes empresas. É verdade que dentro desa mudanza necesaria máis global é posíbel ir dando pasos pequenos e, con todo, importantes. Por iso o BNG leva moitos anos defendendo a constitución dunha empresa pública galega de enerxía que poida facerse cargo, entre outras, das centrais hidroeléctricas que finalicen a súa concesión. Hoxe o que fai SUMAR é presentar unha proposta que, con este mesmo criterio, está orientada de forma que redunda nas políticas centralizadoras tan habituais á dereita e á esquerda no Estado español. O propio portavoz de SUMAR defensor desta PNL deixouno claro cando a cualificaba de iniciativa como patriótica española. Claro, mais sempre esquecendo aqueles países que, como Galiza, pagan as consecuencias desa especialización na produción de enerxía. O BNG aposta, como dicía, por colocar esa produción baixo control público, mais, tamén insisto, baixo control galego no noso caso. Queremos acabar co espolio que padece o noso país, proveña de empresas públicas ou de empresas privadas. Por iso, emendamos a proposta de SUMAR. Non unha empresa, empresas. A aposta pola produción baixo control público debe respectar os marcos competenciais e nacionais. Galiza pode e debe contar coa súa propia empresa pública de enerxía que reverta en beneficio dos seus cidadáns e cidadás. Esperamos que esta proposta do BNG sexa aceptada, porque temos claro que é de xustiza. Moito obrigado. Otra vez, buenas tardes. Gracias, señora presidenta. La producción de energía es esencial para la vida humana y el desarrollo social y económico. Tanto es así que la generación de energía, siendo un sector estratégico, tendría que estar bajo control público y funcionar con un criterio de rentabilidad social. De hecho, hubo un tiempo en que incluso países capitalistas de Europa Occidental contaban con empresas públicas que, aunque no fuesen en régimen de monopolio, les permitía intervenir de forma directa en mercados energéticos. Pero la honda neoliberal provocó masivas privatizaciones y son pocos los países europeos que conservan empresas públicas o mixtas en el sector energético, como sí las hay en Francia y en Italia. En el caso del Estado español la privatización de la empresa pública Endesa es mérito compartido por el Partido Socialista y el Partido Popular: fue iniciada por un Gobierno de Felipe González y completada por otro de José María Aznar. Hoy son las grandes energéticas las que determinan en lo esencial las normas de funcionamiento del sector energético en el Estado español, en función de sus propios intereses y de los máximos lucros. Es un modelo claramente antisocial, injusto y que ahonda más en las desigualdades. Mientras que millones de familias, las mayorías sociales, las clases populares tienen dificultades para enfrentar los costes energéticos, las grandes empresas presentan balances de resultados multimillonarios, que crecen cada año y se sitúan en parámetros de absoluta indecencia: 10 500 millones de euros en 2023 solo para las cinco grandes energéticas. Pero incluso dentro del propio Estado español la generación de energía provoca situaciones de desigualdad injustificada en el reparto de cargas y beneficios. Desde hace décadas el diseño del capitalismo español decidió que mi país, Galicia, se especializaría en la producción de energía eléctrica, a un coste brutal en consecuencias sociales, patrimoniales, ambientales y económicas. Primero y muy especialmente, durante el franquismo llegaron los grandes saltos hidroeléctricos, que inundaron valles fértiles e implicaron el desplazamiento de localidades enteras; después, serían las térmicas y la contaminación ambiental que se asocia a ellas; más adelante, las pequeñas hidroeléctricas, que llenaron nuestros ríos de embalses; ahora nos enfrentamos a un auténtico expolio eólico, depredador de nuestro país, con más de trescientos proyectos de parques y megaparques eólicos, con un impacto social, ambiental, patrimonial y económico brutal. Y más allá de todo esto, el Gobierno español decidió que el 50 % de la potencia eólica marina es posible instalarla en nuestras costas, afectando a los bancos pesqueros y marisqueros, fundamentales para la flota gallega y el sector de nuestro país; en Galicia, además, impacta en los ecosistemas marinos, especialmente sensibles. El resultado son décadas de expolio de nuestros recursos naturales para la producción de energía por parte de grandes empresas, que pagan sus impuestos en Madrid, y además se destinan en un porcentaje importante — en estos momentos más del 40 %— al consumo fuera de Galicia, por lo que a los impactos ya mencionados hay que sumar el de las grandes líneas de evacuación. En definitiva, se trata de un modelo insostenible, además de injusto y discriminatorio para países como Galiza, que no se resignan a ser una zona de sacrificio, en denominación usual de aspectos técnicos en producción de energía, de colonia o, como decimos nosotros en términos políticos y más exactos, de colonia expoliada dentro del Estado español. Es necesario, por lo tanto, cambiar radicalmente el modelo, para ir hacia una generación distribuida de fuentes renovables a menor escala, más próxima a centros de consumo y siempre bajo control público. Por otra parte, es indispensable que países productores, como Galicia, tengan capacidad normativa de ordenación y gestión de sus propios sistemas energéticos para colocarlos al servicio de su desarrollo social y económico y para que redunden en beneficio de la colectividad de las mayorías sociales, en lugar de hacerlo para el lucro de unas pocas empresas grandes. Hoy en Galicia es necesario acabar con el expolio energético que sufre nuestro país. Por eso, el BNG lleva muchos años defendiendo la creación de una empresa pública gallega de energía, que puede hacerse cargo, entre otras cosas, de las centrales hidroeléctricas que finalicen su concesión. Hoy lo que hace SUMAR es presentar una propuesta que, con ese mismo criterio, está orientada de forma que redunda en las políticas centralizadoras, tan habituales en la derecha y la izquierda del Estado español. Respecto a cuando el representante de SUMAR decía que la iniciativa es patriótica española, está claro, pero siempre nos olvidamos de aquellos países que, como Galiza, pagan las consecuencias de estas penalizaciones de la producción de energía. El BNG apuesta, como ya decía, por colocar la producción de energía bajo control público, pero también bajo control gallego en nuestro caso. Queremos acabar con el expolio que padece nuestro país, provenga de empresas públicas o de empresas privadas. Por eso enmendamos la propuesta de SUMAR: no una empresa, empresas. La apuesta por la producción bajo control público tiene que cumplir con los marcos competenciales y nacionales. Galiza puede y debe contar con su propia empresa pública de energía, que revierta en beneficio de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Esperamos que esta propuesta del BNG sea aceptada, porque tenemos claro que es algo de justicia que pedimos.

José María Figaredo Álvarez-Sala VOX

El Grupo Parlamentario SUMAR — ya saben, el residuo de comunistas que queda en este Parlamento— , ha dicho algunas cosas; pocas, pero algunas acertadas. Dice que la energía eléctrica es un bien básico y fundamental para el desarrollo de las naciones. Efectivamente, y por eso llama la atención por qué están haciendo ustedes prácticamente todo lo contrario a conseguir que toda España y los españoles tengan acceso de forma constante y asequible a un bien tan fundamental para el desarrollo de las naciones como es la energía eléctrica. También ha dicho el señor de SUMAR que en los últimos años España ha visto los mayores precios de la energía eléctrica de la historia, y es verdad, porque en la gestión que ha llevado a cabo este Gobierno efectivamente está haciendo absolutamente todo lo contrario de lo que debería para conseguir que los españoles, nuestra industria y nuestros consumidores tengan acceso, como digo, de forma constante, previsible y asequible a una energía eléctrica. . El primero de los errores que ha cometido el Gobierno es dedicarse a cerrar y promover el cierre de las centrales nucleares de España, que representan nada más y nada menos que poco más del 20 % de la energía eléctrica que se produce y se consume en España. Veremos cómo la reemplazan ustedes cuando logren ese cierre. Ya se lo adelanto: con más gas, como viene sucediendo, porque a lo que ha llevado la política de este Gobierno es a que España esté quemando más gas que nunca y dependa del exterior más que nunca. Esa es la política que he llevado a cabo el Gobierno del PSOE y SUMAR, por cierto. Nos propone el señor de SUMAR que una empresa pública se haga con todas las concesiones hidroeléctricas que hay en España. Que den las concesiones hidroeléctricas ¿a qué empresa? ¿A HUNOSA, una empresa que acumula pérdidas millonarias ejercicio económico tras ejercicio económico, una empresa — y en Asturias lo sabemos bien— que se ha visto involucrada en los mayores casos de corrupción de la región, desde luego, y en algunos de los mayores de España? Son casos como el del socialista Villa, que apareció con maletas de dinero en efectivo en el banco para regularizarlo. Esos casos de corrupción se llevaron a cabo gracias a HUNOSA; casos como el de Mina La Camocha, en el que, a golpe de subvenciones y de carbón fraudulento, los socialistas se llevaron millones de euros. En definitiva, que ustedes nos propongan la creación de una empresa pública nos pone los pelos de punta, pero que tengan la poca vergüenza de decir que esa empresa pública debe ser HUNOSA, que de por sí ya es un auténtico desastre, nos hace ver que no tienen ustedes ni idea de lo que están hablando, porque la política del Gobierno, volviendo un poco a lo que ustedes han hecho en materia hidráulica, ha consistido, en primer lugar, en el derribo de presas y azudes, que ustedes han llevado a cabo de forma sistemática, hasta ser los líderes de Europa en derribo de presas. Nos dirán, como siempre dicen ustedes, que solo se han demolido pequeños saltos de agua. Bueno, la presa del Inferno, en Pontevedra, no es un pequeño salto de agua; el embalse de la Hoz Seca, en Madrid, tampoco lo es; la presa de Los Toranes, en Teruel, tampoco; incluso el de Valdecaballeros, en Badajoz, con un litigio terrible — ustedes intentando demolerlo y el sentido común intentando que no lo demuelan—, desde luego, no es un pequeño embalse. Pero aun así, aunque los pequeños embalses fuesen absolutamente irrelevantes — tal y como ustedes lo plantean—, lo cierto es que la región de España que más energía hidráulica produce es Galicia, gracias a estar plagada de una red de pequeñas minicentrales situadas en azudes y embalses que permiten, como les digo, que sea la región de España que más energía hidráulica genera. Y es que la política del Gobierno tiene una senda sencilla, que sería invertir en más infraestructuras, lograr ampliar la capacidad de los embalses que ya tenemos en España, crear incluso más embalses — tanto embalses plurianuales, esos que acumulan las crecidas temporales o momentáneas de los ríos para evitar que esa agua se pierda, como las minicentrales— y optimizar el uso del agua en España. Desde luego, esa política que es tan necesaria para España no la ha llevado a cabo la ministra Teresa Ribera, que por fin se va de España pero que, desgraciadamente, envían ustedes a Europa, donde hará aún más daño del que ya ha provocado en España. Teresa Ribera, exministra de Energía de España, será nombrada comisaria de Competencia por el Partido Popular. No lo olviden. El Gobierno de Ursula von der Leyen, Partido Popular Europeo, nombrará a una de las ministras más dañinas de España comisaria en Europa para que provoque más daño, ya no solo a España sino a todos los europeos. En fin, pinta muy mal. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. No es la primera vez que tratamos este tema. Si no recuerdo mal, en su día tuvimos aquí una iniciativa de la CUP, también de Podemos y hoy de SUMAR, y lo cierto es que mi grupo sigue pensando que la misma quizá obedece a un planteamiento más ideológico que a un planteamiento real de eficiencia y eficacia en el desarrollo del sistema eléctrico. En cuanto a la exposición de motivos, ustedes dicen que un precio asequible de los suministros energéticos es esencial para una vida digna, y desde luego que estamos de acuerdo. También dicen que la combinación del binomio liberación y privatización ha sido un tremendo y sonoro fracaso. Nosotros no acabamos de compartirlo, porque lo que realmente entendemos que baja los precios es avanzar en esa transición energética, los avances dados hasta ahora por el Estado, fomentando las renovables e incluso con la excepción ibérica de la que usted ha hablado, pero también lo han hecho en algunos casos con algunas empresas. De hecho, el informe del Banco de España, publicado el 4 de septiembre, sobre el impacto de las energías renovables sobre el precio de electricidad concluye que el precio mayorista de la electricidad en 2024 fue más de un 40 % inferior al que se hubiera observado con los niveles de generación de 2019, donde solo el 26 % de la generación eléctrica procedía de eólica y fotovoltaica frente al 40 % en el primer semestre de 2024. Se espera, además, que el precio de la electricidad se reduzca entre un 45 y un 60 % adicional en 2030, precisamente con ese despliegue de más generación renovable que se está fomentando. Sin embargo, también tenemos que decir que la bajada de precios o la soberanía energética no depende de si la gestión es pública o privada, sino de una buena y eficiente gestión de los recursos realizada por profesionales, por expertos en la implementación de soluciones de innovación y en la reducción de costes. La suposición de que la gestión pública es más eficiente que la privada y que va a reducir precios tampoco está respaldada por hechos, y ahí tenemos la eléctrica pública de Barcelona o la de Cádiz. Además, dos de las centrales hidroeléctricas del Pirineo revertidas al Estado llevan un año paradas y en otros saltos que han revertido, como Campo Barrosa, le han subcontratado la gestión a otra empresa privada, con lo cual parece que se demuestra que hay una dificultad de lo público en su gestión. Para mi grupo, el papel del Estado, entre otras cosas, pasa por contar con un regulador fuerte y eficiente en lugar de convertirse en un gestor directo de infraestructuras. Un buen marco regulatorio, acompañado de un organismo regulador independiente, como puede ser la futura CNE junto con la actual CNMC, debería ser suficiente para evitar todas esas malas prácticas. También nos dicen que es imprescindible que los saltos hidroeléctricos revertidos se adapten a los nuevos caudales ecológicos que establecen los planes hidrológicos, y lo cierto es que no acabo de entenderlo porque ya existen caudales ecológicos, prioridades de suministro a humanos y riesgos que prevalecen sobre el uso para generación de electricidad y que se cumplen, se supone, por todos los operadores hidroeléctricos. Tampoco se aborda en la moción el impacto económico que podría tener la devolución de la gestión a manos públicas en las administraciones locales, en los ayuntamientos, porque las empresas privadas están obligadas a pagar el impuesto de actividades económicas, del cual los municipios reciben en torno al 90 % del importe total, además de un recargo que va a parar a la diputación correspondiente. Creemos que el aprovechamiento de los saltos hidroeléctricos tiene una gran importancia en el sistema eléctrico y entendemos la necesidad de un análisis en cuanto a la mejora de la gestión hidráulica y la necesidad de que no haya mala praxis en la concesionaria en cómo se gestiona o si se retiene o no el agua para fijar un precio. Por eso, estamos de acuerdo con el punto primero de su moción, en el que solicitan un informe sobre esa situación de las concesiones. Pero lo que no acabamos de entender es que la mejor forma de gestionar este recurso no sea como ustedes proponen, con una gestión pública, puesto que supondría que la empresa pública tiene que actuar como competidor en un mercado libre y, por lo tanto, su estrategia de comercialización debiera ser idéntica a la que están realizando las empresas en la actualidad, basadas en estándares competitivos de mercado. Por tanto, una gestión pública per se no significa tener un menor precio. Como he dicho, lo que entendemos que hace falta es una gestión eficiente y eficaz de dichas plantas, gestionar adecuadamente el único recurso renovable gestionable — entiendo también que junto con la biomasa—, permitiendo además al operador del sistema que dé señales adecuadas a la hidráulica. Pero esto no quiere decir, como le he dicho, que se pueda conseguir simplemente con una gestión pública. ¿La pauta de comportamiento entre una empresa pública y una privada va a ser distinta o va a ser mejor en un caso o en otro? También conocemos, como ya le he dicho, que ha habido alguna planta que ha estado más de un año parada después de que la empresa concesionaria entregara la instalación en parada segura casi dos años después de la resolución del expediente de reversión del ministerio, y esto no puede ser si se quiere ser eficiente y eficaz. Hay que evitar, sobre todo, estas paradas de instalaciones al final del periodo concesional, porque ello provoca también un deterioro muy importante de esas instalaciones. Por eso, decimos muchas veces que las premisas de gestión pública y de interés general no casan del todo bien en muchas ocasiones. Por lo tanto, la solución para mi grupo no pasa por gestión pública sí o sí, sino por un cambio regulatorio que defina criterios de utilización de este recurso, con independencia de quién sea su propietario. Además, creemos que tener precios competitivos y asequibles pasa por ir abordando todos los retos pendientes en materia de energía y clima que se tienen que ir abordando precisamente desde el Gobierno. Por ejemplo, la versión revisada del PNIEC con las recomendaciones de la Unión Europea, que todavía no ha sido enviado, o regular los mecanismos de capacidad para un desarrollo de almacenamiento — fíjese, un almacenamiento que depende, por cierto, de las centrales hidráulicas de bombeo— o la electrificación de la demanda, entre otras cosas. Nada más y muchas gracias.

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Gràcies, presidenta. Com diem a Catalunya, anem a treure’n l’aigua clara. Junts està a favor de la creació d’una energètica pública amb autonomia de gestió per produir electricitat a través de l’ús privatiu de les aigües i assumint la gestió de les concessions hidroelèctriques finalitzades del domini públic hidràulic. Sí, però aquesta empresa pública ha de ser catalana, no de l’Estat. De fet, tant l’ACA, l’Agència Catalana de l’Aigua, com l’energètica — nosaltres ja en tenim una d’energètica pública— podrien fer aquestes funcions. No volem, per tant, un organisme estatal que gestioni actius catalans. Ja ho vàrem deixar clar dient no a E.P.E., l’energètica pública que a la legislatura anterior proposava Unidas Podemos, E.P.E., que ve de Producción Energética Española Entidad Pública Empresarial. Així es deia. Vàrem rebutjar la proposició de llei de E.P.E. i també rebutgem la PNL de SUMAR, la que presenten avui, perquè no serveix perquè Catalunya tingui la gestió pública de les hidroelèctriques catalanes, que acabin en concessió, ans al contrari, serveix perquè una empresa pública espanyola recentralitzi la gestió dels nostres recursos hídrics. No diem res que no portem en programa. La Generalitat de Catalunya ha de ser el gestor de les principals infraestructures de titularitat estatals de transport i comunicacions a Catalunya. I per això volem el canvi de titularitat d’aeroports, ports, ferrocarrils, carreteres i per descomptat de les infraestructures hidràuliques i d’abastament d’aigua. Volem que el Govern espanyol delegui a la Generalitat les competències hídriques plenes en tot l’àmbit territorial de Catalunya, inclòs el tram català de l’Ebre. Per això necessitem una nova llei d’aigües que serveixi també per determinar el règim jurídic de les aigües costaneres i continentals. Perquè aquí no només està en joc l’energia, sinó el bé, cada cop més escàs, de l’aigua. A la seva proposició no de llei proposen que les comunitats autònomes puguin accedir a l’ús de l’aigua prèvia autorització de l’Estat. Nosaltres anem molt més enllà. En volem la gestió integral. La titularitat. Anem també més enllà de l’esmena que ha proposat el BNG. Denuncien ―i aquí sí que hi estaríem d’acord― la lentitud de les tramitacions per la reversió al domini públic de les concessions o la falta de transparència en les extensions d’algunes d’elles. Som conscients que forma part de la situació de domini d’un oligopoli que té el 90 % del mercat elèctric espanyol, tres empreses que són pràcticament intocables, entre d’altres coses, perquè quan hi ha males praxis, acostumen a fer-les al límit del que permet la llei. Junts ja ha denunciat en altres ocasions en el passat l’obertura de comportes a les centrals hidroelèctriques per aprofitar el preu disparat de la llum, encara que fos a costa de buidar els pantans. Tenir el control de les centrals hidroelèctriques, per tant, acabaria amb aquests usos injustificables, però hi ha un pas previ ―ja ho hem dit― modificar la llei d’aigües escoltant el territori, la gent de les terres que es van afectar fa dècades amb la construcció de les centrals hidroelèctriques. Els veïns d’algunes poblacions afectades recorden encara que per construir aquestes centrals els van prometre una sèrie de condicions que, passats 50, 60 anys, algú ha oblidat. S’han trencat els contractes, s’han trencat els compromisos i han fet pagar la gent del territori el quilowatt hora per sobre del pactat en els acords inicials. Les males decisions, per tant, està clar que acaben perjudicant aigües avall. Fem bé les coses, i fem-les pensant en i amb la gent. Gràcies. Gracias, presidenta. Bien, como decimos en Cataluña, a ver si sacamos algo en claro de esto. Junts está a favor de la creación de una energética pública, con autonomía de gestión, para producir electricidad a través del uso privativo de las aguas y asumiendo la gestión de las concesiones hidroeléctricas finalizadas del dominio público hidráulico. Sí, pero esta empresa pública debe ser catalana y no del Estado. De hecho, tanto la ACA — la Agencia Catalana del Agua— como la energética pública que ya tenemos podrían hacer estas funciones. No queremos, por lo tanto, un organismo estatal que gestione activos catalanes. Ya lo dejamos claro diciéndoselo al PP. La energética pública que se proponía antes por Unidas Podemos y PP, que significa producción energética española de producción empresarial. Rechazamos la proposición de ley del PP y también rechazamos la PNL de SUMAR que presentan hoy, porque no sirve para que Cataluña tenga la gestión pública de las hidroeléctricas catalanas que acaben en concesión. Más bien lo contrario, sirve para que una empresa pública española recentralice la gestión de nuestros recursos hídricos. No decimos nada que no esté en nuestro programa. La Generalitat de Catalunya debe ser el gestor de las principales infraestructuras de titularidad estatal de transporte y comunicaciones en Cataluña. Por ello, queremos el cambio de titularidad de aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras y, por supuesto, de las infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento de agua. Queremos que el Gobierno español delegue a la Generalitat las competencias hídricas plenas en todo el ámbito territorial de Cataluña, incluido el tramo catalán del Ebro. Por ello, necesitamos una nueva ley de aguas que sirva, también, para determinar el régimen jurídico de las aguas costeras y continentales. Porque, aquí, no solo está en juego la energía, sino el bien, cada vez más escaso, del agua. En su proposición no de ley, proponen que las comunidades autónomas puedan acceder al uso del agua previa autorización del Estado. Nosotros vamos mucho más allá; queremos la gestión integral, la titularidad. También vamos más allá de la enmienda propuesta por el BNG. Denuncian, y aquí sí estaríamos de acuerdo, la lentitud de las tramitaciones para la reversión a dominio público de las concesiones o la falta de transparencia en las extensiones de algunas de ellas. Somos conscientes de que forma parte de la situación de dominio de un oligopolio que tiene el 90 % del mercado eléctrico español; tres empresas que son prácticamente intocables, entre otras cosas, porque, cuando hay mala praxis, acostumbran a hacerlas al límite de lo que la ley permite. Junts ya ha denunciado en otras ocasiones, en el pasado, la apertura de compuertas en las centrales hidroeléctricas para aprovechar el precio disparado de la luz, aunque fuera a costa de vaciar los pantanos. Tener el control de las centrales hidroeléctricas, por lo tanto, acabaría con estos usos injustificables. Pero hay un paso previo ―ya lo hemos dicho―, modificar la Ley de Aguas escuchando al territorio, a la gente de las tierras que se vieron afectadas hace décadas por la construcción de las centrales hidroeléctricas. Los vecinos de algunas poblaciones afectadas recuerdan todavía que, para construir esas centrales, se les prometieron una serie de condiciones que, pasados cincuenta o sesenta años, alguien ha olvidado. Se han roto los contratos, se han roto los compromisos y han hecho pagar a la gente del territorio el kilovatio hora por encima de lo pactado en los acuerdos iniciales. Las malas decisiones, por lo tanto, está claro que acaban perjudicando aguas abajo. Hagamos bien las cosas y hagámoslas pensando con la gente.

Teresa Jordà i Roura ERC

Bé, moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a totes i a tots. He de dir que celebro que estem contentes i contents que aquesta iniciativa sigui debatuda avui aquí al Congrés dels Diputats. De fet, també vull manifestar que estem felices que es posi llum i transparència a una qüestió tan fosca com les concessions hidroelèctriques. Dit això, compartim l’objectiu principal, que no és altre que la democratització dels recursos naturals i de les fonts d’energia renovables. Però ara els parlaré, si em permeten, de Catalunya, i concretament de l’energètica. L’energètica pública de Catalunya és una empresa pública que es dedica a produir i subministrar energia d’origen renovable. La va crear el Govern republicà de Pere Aragonès i la seva acció se centra bàsicament en quatre vectors que a nosaltres ens semblen fonamentals. El primer, promoure la producció d’energia neta. El segon, avançar cap a la sobirania energètica, vetllar per l’equilibri territorial del país ―molt important― i per últim, contribuir a la justícia social energètica. Avui, és una evidència afirmar que els recursos fòssils són finits i que també són contaminants i que en cap cas són una opció de futur en l’actual context d’emergència climàtica. També és una veritat, en aquest cas, una veritat com un temple, que la gestió actual de la majoria dels recursos naturals només busca maximitzar els beneficis econòmics que aquests puguin aportar a unes poques grans empreses. Entitats que com a conseqüència de l’especulació i el tracte de l’aigua o de l’electricitat com a mers béns de mercat tenen la capacitat d’imposar sempre uns preus que empitjoren la qualitat de vida de moltíssimes famílies. Així doncs, sota el principi de la transparència i la voluntat d’erradicar la pobresa energètica, Esquerra Republicana va impulsar el naixement de l’energètica pública de la Generalitat de Catalunya perquè volem contribuir, amb majúscules, a la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. Volem també, alhora, generar i subministrar energia neta provinent de l’energia solar, de l’energia eòlica o de la hidràulica per tota la ciutadania. La bona notícia és que nosaltres a Catalunya ja ho estem fent i estem caminant en aquesta direcció perquè també una de les missions que té encomanades l’energètica és la de recuperar l’explotació de les centrals hidràuliques a mesura que vagin vencent les seves concessions. De fet, a dia d’avui, l’energètica ja disposa d’una instal·lació hidroelèctrica de gairebé dos megawatts de potència que vesteix infraestructures d’aigües Ter-Llobregat. De fet, des del passat 24 de juliol gestiona la central de Can Trinxet a Sant Quirze de Besora i, a més a més, té un projecte: gestionar d’aquí poc la colònia Llaudet a Sant Joan de les Abadesses. Estem, com poden comprovar, fermament compromesos amb les formes més respectuoses d’aprofitar la força de l’aigua per produir electricitat. I també, com a formació política, considerem imprescindible exercir des de l’Administració pública l’explotació de les centrals hidroelèctriques, que són molt sensibles pel funcionament del mercat elèctric. Hem de mirar molt més enllà de l’enriquiment, òbviament, d’uns pocs. Per descomptat, també reivindiquem la necessitat de fer estudis. Són necessaris estudis per implantar centrals hidroelèctriques reversibles, per exemple, que, a diferència de les fluents, no necessiten abocar aigua per funcionar. També, si ens permeten, i molt important, instal·lar turbines d’hidrocargol que no necessiten desviar cabal dels rius per produir energia elèctrica. Per tant, avui arriba en aquesta Cambra una proposició no de llei del grup parlamentari plurinacional SUMAR per crear una empresa pública per la gestió pública de les concessions administratives i centrals hidroelèctriques. Nosaltres celebrem que es debati això en aquesta Cambra, però abans volem remanifestar per acabar una realitat i alhora fer una advertència. La realitat és que això que busca crear aquesta iniciativa ―com els he explicat― a Catalunya, malgrat moltes reticències de fora, però també de dins de l’arc parlamentari, que també trobaran aquí, ja ho tenim. L’advertència i acabo. Tinguin molta atenció a ficar les grapes de l’Estat als nostres rius, a les nostres competències. Tota proposta normativa ha de tenir molt present tota la feina que s’ha fet des de les diferents comunitats autònomes, en aquest cas, des de la Generalitat de Catalunya. Esquerra Republicana vol que les concessions hidroelèctriques es puguin gestionar amb participació de l’energètica pública catalana. Aquesta és la peça clau per poder avançar de veritat cap a la democratització d’un bé tan preuat i tan necessari com l’aigua. Res més i moltes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Debo decir que celebro que estemos contentas y contentos de que esta iniciativa sea debatida hoy, aquí, en el Congreso de los Diputados. De hecho, también quiero manifestar que estamos contentas de que se pongan luz y transparencia a una cuestión tan oscura, tan oscura, como las concesiones hidroeléctricas. Dicho esto, compartimos el objetivo principal, que no es otro que la democratización de los recursos naturales y de las fuentes de energía renovables. Pero, ahora, les voy a hablar, si me lo permiten, de Cataluña, concretamente, de la energética. La energética pública de Cataluña es una empresa pública que se dedica a producir y suministrar energía de origen renovable. La creó el Gobierno republicano de Pere Aragonès, y su acción se centra básicamente en cuatro vectores que, a nosotros, nos parecen fundamentales. El primero, promover la producción de energía limpia. El segundo, avanzar hacia la soberanía energética. El tercero, velar por el equilibrio territorial del país, muy importante. Y, por último, contribuir a la justicia social energética. Hoy es una evidencia afirmar que los recursos fósiles son finitos y que también son contaminantes. En cualquier caso, no son una opción de futuro al actual contexto de emergencia climática. También es una verdad, en este caso, una verdad como un templo, que la gestión actual de la mayoría de los recursos naturales solo busca maximizar los beneficios económicos que estos puedan aportar a unas pocas grandes empresas, entidades que, como consecuencia de la especulación y el trato del agua o de la electricidad como meros bienes de mercado, tienen la capacidad de imponer siempre unos precios que empeoran la calidad de vida de muchísimas familias. Así pues, bajo el principio de la transparencia y la voluntad de erradicar la pobreza energética, Esquerra Republicana impulsó el nacimiento de la energética pública de la Generalitat de Catalunya, porque queremos contribuir, en mayúsculas, a la sostenibilidad y a la protección del medio ambiente, y queremos, también, generar y suministrar energía limpia que provenga de la energía solar, de la eólica o de la hidráulica para toda la ciudadanía. La buena noticia es que, nosotros, en Cataluña, ya lo estamos haciendo y estamos andando en esta dirección, porque, también, una de las misiones que tiene encomendada nuestra energética es la de recuperar la explotación de las centrales hidráulicas a medida que vayan venciendo sus concesiones. A día de hoy, la energética ya dispone de una instalación hidroeléctrica de casi 2 megavatios de potencia, que abastece infraestructuras de Aguas Ter-Llobregat. De hecho, desde el pasado 24 de julio, gestiona la central de Can Trinxet en Sant Quirze de Besora. Además, tiene un proyecto, que es gestionar, dentro de poco, la colonia Llaudet, en Sant Joan de les Abadesses. Como pueden comprobar, estamos firmemente comprometidos con las formas más respetuosas de aprovechar la fuerza del agua para producir electricidad. Y también, como formación política, consideramos imprescindible ejercer, desde la Administración pública, la explotación de las centrales hidroeléctricas, que son muy sensibles por el funcionamiento del mercado eléctrico. De hecho, tenemos que mirar mucho más allá del enriquecimiento, obviamente, de unos pocos. Y, por descontado, también reivindicamos la necesidad de hacer estudios, que son necesarios; estudios para implantar centrales hidroeléctricas reversibles, por ejemplo, que, a diferencia de las fluentes, no necesitan verter agua para funcionar. Y, también, si me lo permiten, porque es muy importante, instalar turbinas de hidrocarburos, que no necesitan desviar el caudal de los ríos para producir energía eléctrica. Por lo tanto, hoy llega a esta Cámara una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR para crear una empresa pública, para la gestión pública de las concesiones administrativas y centrales hidroeléctricas. Nosotros celebramos que se debata esto en esta Cámara. Pero antes queremos remanifestar, para terminar, una realidad y realizar una advertencia. La realidad es que esto que busca crear esta iniciativa ―como les he contado― en Cataluña, a pesar de muchas reticencias, muchas reticencias de fuera pero también de dentro del arco parlamentario, que también encontrarán aquí, esto ya lo tenemos. Y la advertencia, y acabo: presten mucha atención a meter las manos del Estado en nuestros ríos, en nuestras competencias. Cualquier propuesta normativa debe tener muy presente todo el trabajo que se ha hecho desde las distintas comunidades autónomas, en este caso, de la Generalitat de Catalunya. Esquerra Republicana quiere que las concesiones hidroeléctricas se puedan gestionar con participación de la energética pública catalana. Esta es la pieza clave para poder avanzar de verdad hacia la democratización de un bien tan preciado y tan necesario como el agua. Nada más y muchas gracias. .

María de las Nieves Ramírez Moreno PSOE

Gracias, señora presidenta. Me vais a permitir, en primer lugar, que comparta la alegría de mi grupo. Estamos de enhorabuena. La vicepresidenta, Teresa Ribera, será comisaria de la Competencia y la Transición Verde ; una pieza clave, un espaldarazo importante a la gestión que ha hecho en el Gobierno de España y un reconocimiento, también, a la búsqueda de soluciones ante la crisis energética con la solución ibérica. Digo solución ibérica, y no timo ibérico, porque vaya berrinche que tiene el Partido Popular; vaya berrinche, que está demostrando no solo que son desleales con su país, sino también desleales con sus propios compañeros de partido. . Alégrense, alégrense de que va a haber una mujer valiente defendiendo la transición justa y la Agenda 2030 en Europa. La iniciativa que trae SUMAR a esta Cámara nos permite, nos brinda la oportunidad de exponer la hoja de ruta y el compromiso de este grupo parlamentario y del Ministerio de Transición con la sostenibilidad. Es este horizonte verde y no otro el que guía las políticas públicas presentes y futuras, y qué oportunidad también hacerlo después de haber escuchado la apocalíptica intervención del Grupo Parlamentario VOX. Una vez más, han demostrado aquí su habitual desconocimiento de estos temas. Además, yo creo que lo han hecho como siempre, con esos repertorios de bulos y falsedades. Señorías, me atrevería a decir que estamos en condiciones de avanzar que el Grupo Parlamentario Popular, lamentablemente, también irá por esos derroteros catastrofistas y pesimistas de sus compañeros ultras. Ya sabemos que el Partido Popular está en el mientras peor, mejor. Yo voy a poner un ejemplo que estoy viviendo, que estamos viviendo en nuestra tierra, en Andalucía, con Moreno Bonilla, con un tema tan tan importante como es el agua, donde se dedican permanentemente a mentir, a confrontar y a torpedear, así un día y otro. Ya les aviso de que en Andalucía, en Almería, en Málaga, en mi tierra, en la Axarquía, habrá una desaladora , fruto del compromiso del Gobierno de España, que construye y paga el Gobierno de España. El Gobierno de España está trabajando codo con codo con los agricultores porque Moreno Bonilla se ha desentendido; por ello, la ciudadanía tiene que saber del compromiso de este Gobierno con todo el país para seguir impulsando soluciones a este déficit hídrico en nuestro país. Nosotros no miramos hacia otro lado ni buscamos culpables, nosotros nos ponemos a trabajar y buscamos soluciones. De la propuesta que nos trae el Grupo SUMAR hay que señalar, en primer lugar, que nos une a él la preocupación común de la protección de nuestros recursos naturales y la lucha contra la emergencia climática, como bien se refleja en ese acuerdo de Gobierno de coalición y de progreso. Un Gobierno que está demostrando que, a pesar de tener la peor oposición y más destructiva, no se desvía de su objetivo y continúa cada día dando paso firme y decidido para que nuestro país avance en materia medioambiental y, por ejemplo, también reduciendo los precios de la energía y la reindustrialización verde. Esta iniciativa no es la primera vez que se debate. Por ejemplo, la medida que se contempla en el punto uno de la iniciativa, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, no es necesaria, puesto que existe ese informe sobre las concesiones del dominio público hidráulico, ya que esa información puede ser consultada en el Registro de Aguas. También pensamos que no es necesario crear una empresa pública. Ustedes saben que no es fácil. Esto conllevaría también un grave retraso en detrimento del beneficio de los consumidores; además, hay que destacar que las empresas del grupo SEPI no tienen permitida la generación de electricidad, fruto de la actual normativa europea, y ustedes saben también que el despliegue de las renovables necesita la colaboración público-privada o no llegaremos a tiempo. Como alternativa, nosotros apostamos por cambiar las condiciones de las nuevas concesiones, pues las que ahora mueren son de hace setenta y cinco años, cuando no existía ni conciencia social como ahora, ni tampoco una emergencia climática como la que nos amenaza. Hoy se deben establecer unas condiciones que garanticen el caudal ecológico de la cuenca, que la empresa que la gestione lo haga de forma eficaz y transparente, y que los beneficios lleguen a toda la ciudadanía a través de unos impuestos eficaces y progresivos que le permitan a la empresa una rentabilidad razonable. Señorías, ¿acaso las medidas incluidas en esta iniciativa no tienen los objetivos de ser un país verde, sostenible o comprometido con las renovables? ¿Acaso no? Nosotros, sinceramente, creemos que no nos van a apartar de este objetivo. Este Gobierno, ustedes lo saben perfectamente, ha hecho y sigue haciendo grandes esfuerzos para avanzar en el despliegue de las renovables, en cambiar el modelo de producción y atraer industrias de alto valor añadido a España; además, trabaja para seguir mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, reduciendo las facturas energéticas de los consumidores y también, sobre todo, prestando especial atención a aquellos más vulnerables. Termino. El Partido Popular del impuesto al sol y el VOX del negacionismo climático ya sabemos a lo que están: están en la competición de ver quién destruye más. Mi grupo y yo sabemos perfectamente dónde estamos: estamos dando pasos firmes sin desviarnos de nuestro objetivo, que es hacer frente a los impactos del cambio climático con un modelo sostenible, ambicioso y equitativo. Muchas gracias. .

Juan Diego Requena Ruiz PP

Señorías, esta proposición no de ley que trae hoy uno de los partidos que forman coalición de Gobierno, SUMAR, es la evidencia, una vez más, de lo que la extrema izquierda ha servido para la política en las instituciones de nuestro país, que no es otra cosa que para la nada más absoluta. No conocen el país en el que viven ni les gusta el país en el que viven. Viven en un proceso de desaparición política continuado que lo evidencian con una iniciativa que ya han presentado hasta en cuatro ocasiones — en el 2018, en el 2019, en el 2022 y ahora en el 2024—, y no es más que esa vieja pretensión de Podemos de hacer una empresa pública de energía y darse concesiones hidroeléctricas. Al menos Podemos tenía cierto rigor técnico, ustedes ya ni eso siquiera. . Encima nos quieren vender hoy aquí una autarquía energética inédita en setenta años. En cualquier caso, señorías de SUMAR, no cuenten con nuestro apoyo ni con nuestro voto favorable, ni por el fondo ni por la forma. Yo le voy a tratar de explicar cómo esta iniciativa que ustedes presentan no aporta nada, ni para descarbonizar, ni para bajar el precio de la luz, ni para desarrollar energía renovable. Señorías de SUMAR, ustedes son Gobierno, no se les olvide, y junto con el Partido Socialista y la nueva comisaria de Transición Limpia tienen la responsabilidad energética de España. ¿Qué han hecho para ayudar a los españoles en la mayor crisis energética de la historia reciente? Nada. Su mayor aportación es esta iniciativa en la que no cuentan sus verdaderas intenciones, o al menos no las que subyacen detrás, pero se las voy a contar yo. La primera. Ustedes piden saber la capacidad de las concesiones hidroeléctricas para explotarlas e invertir más en energía hidráulica. Señoría, ya se lo han dicho, no hace falta ese informe, está publicado por el Gobierno del que ustedes forman parte, o ¿es que no forman parte de este Gobierno? Mire, este año — ya le avanzo— terminan 8 concesiones y más de 200 megavatios; el año pasado terminaron 11 concesiones hidroeléctricas y 50 megavatios; además de esas, ya hay 36 concesiones hidroeléctricas caducadas disponibles que están revertidas al Estado. Empiecen por ahí, que ustedes son Gobierno. Ahora la pregunta es: ¿cuántas centrales hidroeléctricas y bombeos reversibles se han desarrollado con el Gobierno de coalición de izquierda y de extrema izquierda?, ¿cuántas veces han hecho esa patria que usted se ponía muy digno explicándola? La realidad es que su aportación es cero. ¿Ustedes ahora pretenden hacernos creer que con una empresa pública sí van a desarrollar la energía hidráulica que en seis años no han sido capaces? ¿O más bien esa empresa pública serviría para lo que SUMAR quiere de verdad — y utilizo las palabras de uno de sus colíderes, Íñigo Errejón—, que no es más que para refugiarse y dejar sembradas instituciones populares para que cuando gobierne el adversario, la militancia no os sostengáis del aire? . Pues, miren, señorías de SUMAR, la militancia — al menos la de mi partido— se sustenta trabajando. . No es mal consejo ni mala recomendación: trabajen. Segundo. Ustedes, señorías, aseguran que con esta fórmula se abarata el precio de la energía, y yo me pregunto: ¿ustedes tienen contacto con la ministra Teresa Ribera? Lo digo porque aquí nunca da la cara, lleva ocho plenos sin aparecer siquiera, y esa sería, la del precio de la energía, una buena pregunta que hacerle a la nueva comisaría de Transición Limpia. Me alegro, me alegro mucho de que deje de ser ministra del Gobierno de España. . No saben cuánto me alegro. Del precio de la energía, ahora que la CNMC no está controlada por su marido — y espero que no se os ocurra proponerlo como presidente en la futura Comisión Nacional de Energía—, no se pueden precisar los ahorros en la factura por la excepción ibérica, y dicen cosas muy importantes en el informe — léanselo— de supervisión de los mercados minoristas, dicen cosas como que se produjo un considerable aumento del consumo de gas motivado por la existencia del mecanismo ibérico. Es decir — y se lo digo claro—, la excepción ibérica, efectivamente, fue el timo ibérico hecho por un gobierno de timadores , que no solo no abarató la energía, sino que disparó las compras de gas a Rusia. El timo de Teresa Ribera, de SUMAR y del PSOE que sirvió para financiar la invasión rusa de Ucrania. Tercero. Yo sé que les molesta, pero es así de duro y ustedes son corresponsables de esto. Ustedes dicen que la liberalización del sector eléctrico ha sido un fracaso. Eso, además de ser populismo del barato, es mentira. El autoabastecimiento de energía se ha multiplicado. La intensidad energética se ha reducido en los últimos veinte años. Las emisiones de CO 2 se han ido reduciendo. Eso sí, tenemos que exceptuar los últimos años, estando ustedes en el Gobierno, en los que hemos pagado más cara la energía que nunca. Las subastas de renovables del PSOE han sido un fracaso, las emisiones de CO2 han aumentado por el timo ibérico y la pobreza energética ha empeorado. La comisaría de Transición Limpia se va a Europa sin presentar, en dos años, el informe de pobreza energética. ¡Qué vergüenza! . Eso no es por culpa de la liberalización, sino por el sectarismo de la izquierda y de la extrema izquierda, que solo sabe construir relatos que son tan grandes como la pobreza que deja tras de sí. Termino, señorías. Habla usted de empresas públicas. Yo he hecho el ejercicio de comparación y la simulación de oferta de su compañera Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona con la empresa de la energía. . Mire, fíjese si hay competencia: aquí hay cuarenta y cinco ofertas de luz. De las cuarenta y cinco, cuarenta son mejores que las de Ada Colau. No vengan a engañarnos, que ya conocemos muy bien cómo son. . Solo falta preguntar al PSOE qué va a hacer con esta iniciativa, si va a respaldar esta política que va contra la libertad, que va contra la competencia. También me gustaría saber qué opinaría la nueva comisaría de Transición Limpia acerca de esta iniciativa. Muchas gracias. .

Carlos Hernández Quero VOX

Gracias, señora presidenta. Señorías, esta tarde les propongo un viaje en el tiempo. En 1997, una pareja que se acercaba a una inmobiliaria en Madrid se encontraba con folletos como este (muestra la copia del folleto de una inmobiliaria). En ellos había opciones realmente muy variadas. Por ejemplo, en una zona de renta media, el piso más caro, 23 millones de pesetas, era de 85 metros cuadrados, exterior, en una finca moderna, con terraza y tres dormitorios, además de dos baños. Suponiendo que en aquel hogar solamente entrara un sueldo y que ese sueldo fuera el salario medio del momento, a la pareja le llevaría siete años de renta bruta su adquisición. Los pisos anunciados en esa misma manzana actualmente superan el millón de euros, por lo que si los hijos de la pareja quisieran comprar una casa cerca de sus padres necesitarían destinar treinta y seis años de renta bruta con el salario medio de 2024, veintinueve más que sus padres. Pero vamos a ver qué más nos ofrecía el catálogo. A unas pocas calles de distancia, una opción algo más asequible, también un poco más pequeña, pendiente de reforma, 12 millones de pesetas, tres dormitorios, tres balcones a la calle. A la pareja de la que hablábamos le habría supuesto cuatro años de renta bruta en 1997. En esa calle, en la actualidad, con metros similares y una distribución también bastante pareja, los pisos cuestan alrededor de 600 000 euros, lo que implica que si sus hijos quisieran comprar necesitarían dedicar veinticuatro años de renta bruta para lograrlo, veinte más que sus padres. . Pero supongamos que esta pareja iba algo más asfixiada económicamente y optaba por pisos más asequibles. En la misma inmobiliaria le garantizaban que en dos o tres años podrían comprar algunos pisos que hoy llevarían entre diez y catorce. Toparse con esta clase de documentos, señorías, supone un baño de realidad entre tanta propaganda barata y triunfalista. Supongo que este Parlamento, tan celoso de la libertad de expresión, estará incómodo con su difusión, pues entenderá que conocer esa diferencia de precios y, sobre todo, sus causas, puede incitar al odio contra los políticos responsables de esta situación o contra especuladores. Sea como fuere, lo cierto es que los hijos de aquella pareja saben que jamás llegarán a ser dueños de su casa, a no ser que tengan una excepcional ayuda familiar. Y lo saben porque ninguno de sus amigos del instituto lo es. Tampoco hay propietarios entre su grupo de la universidad ni entre sus primos. Sí hay, en cambio, un puñado que se deja un riñón para pagar un alquiler que ya cuesta más que una hipoteca; otros que comparten bandeja del frigorífico con desconocidos; dos que tuvieron que marcharse fuera del país, y uno al que le ha dado por probar la última moda anunciada a bombo y platillo por la prensa servil de este país: las cápsulas de tres metros cuadrados para dormir. Solo les falta saber si le dejarán o no entrar con su perrihijo. . Según algunos expertos, todo esto se debe a que estos jóvenes toman los viernes demasiadas cañas y a que cometieron la osadía de pagar durante dos años una suscripción a Netflix. Si no llega a ser por esto, desde luego, hoy tendrían cuatro áticos y un par de chalés en la playa, por lo menos. Según otros, vivir de alquiler es algo muy cool y muy flexible que les permitirá no atarse ni comprometerse, que son dos palabras muy feas y que suenan bastante antiguas. Total, si tener hijos ya sabemos que daña el planeta y si tener una pareja para toda la vida es una cárcel, ¿para qué van a querer ser propietarios? Además, ahora, con la ley de vivienda, hay mucha oferta y cualquiera encuentra una ganga por cuatro duros. Por fortuna, estos jóvenes están bastante curados de espanto y saben que el bipartidismo ha pasado por España como un huracán, que antes todo hijo de vecino era dueño de una casa y que hoy hemos dejado de ser un país de propietarios para ser un país de precarios sin casa. Claro, por el camino nos hemos dejado muchas cosas, no solamente la estabilidad residencial, también hemos sacrificado la estabilidad afectiva, la posibilidad de tener hijos y de brindarles una buena vida, el ahorro, la cercanía con los abuelos, el sentido de pertenencia a un lugar, los lazos con los vecinos, salud mental, la conciliación o, incluso, la intimidad misma. . La suma de salarios irrisorios y precios de lujo ha dejado fuera de juego a toda una generación. Hoy solamente pueden comprar los fondos y los inversores o, por usar la terminología del Gobierno, los de los Lamborghini. Pero nosotros aspiramos — porque sabemos que la propiedad hace bien y empodera a la gente— a que la propiedad esté lo más extendida posible, y eso implica que también sean propietarios de sus casas los del Clio o los del Opel Corsa, para que hagan de esas casas su hogar permanente y no un mero receptáculo que utilizar de forma transitoria y temporal. Queremos propiedad para los muchos, para los españoles corrientes, para los García, para los González, para los hijos de Carabanchel, de Huelin, de Hospitalet, para las familias del montón, para las familias sin padrino, porque si la propiedad está extendida y está distribuida, también lo estará la libertad, la estabilidad, la seguridad, la autonomía y, sobre todo, el poder , el poder de las familias. Porque, puestos a elegir, entiendo que no habrá duda en este hemiciclo: mejor un país en que cada familia sea dueña de su casa que otro en el que un solo propietario o un pequeño puñado de propietarios sean dueños de todas las casas. Para lograr ese país de familias propietarias, hogares estables y vecindarios fuertes y amables son muchas las cosas que habría que hacer; pero ¿qué tal si empezamos con las siguientes? Volver a tener claro que la vivienda es un derecho y una necesidad antes que cualquier otra cosa; exigir a las administraciones que se involucren de verdad con la vivienda, liberando suelo, terminando con los peajes que encarecen de forma increíble el precio final de la obra nueva; incrementar los fondos destinados a vivienda para dejar de tener unos presupuestos tan ridículos como los que tenemos al respecto; volver a construir vivienda pública, porque se puede construir vivienda pública ; primar al nacional sobre el extranjero, lleve lo que lleve, un hatillo o un maletín lleno de dinero; actuar sin medias tintas contra la ocupación y contra la especulación de los buitres — sí, se puede hacer ambas cosas a la vez, aunque a algunos les explote la cabeza—, y crear un fondo de garantía social para que sean los poderes públicos y no los particulares quienes protejan a deudores hipotecarios y a precarios sobrevenidos. ¿Qué más podríamos hacer, señorías? Una fiscalidad para que los españoles puedan ser propietarios, cualquier español, eliminando el IVA para la compra de primera vivienda, que será la única, con mucha suerte, que pueda tener cualquier ciudadano; bonificando ITP y AJD para que la Administración no haga negocio con la necesidad de la mayoría social, es decir, para que la Administración no meta la mano en el bolsillo de aquellos que ni siquiera pueden comprar una casa; recuperando la deducción por inversión en vivienda habitual, para que la subida de los tipos de interés no destroce los hogares, y dando incentivos y oportunidades para que los jóvenes puedan residir y trabajar allí donde nacieron, si es que así lo desean. Hagamos todo esto, o intentemos hacerlo, y ya veremos cómo se amplía la oferta, cómo descienden los precios, cómo se empieza a pinchar la burbuja del alquiler y cómo cualquier español puede volver a tener la certeza de tener las llaves de su casa en el bolsillo. Piensen en aquella pareja de la inmobiliaria. Que alguien de barrio pueda ser propietario, eso es justicia social. Muchas gracias. .

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

Moltes gràcies, señora presidenta. Hoy, a pesar del tono amable del señor Quero, la realidad es que lo que nos trae la extrema derecha es una propuesta culturalmente subvencionada por Securitas Direct, por Desokupa y otros chiringuitos paramilitares , que de lo que vienen a hablar es de una cuestión que, según el Consejo General del Poder Judicial, es residual, la okupación, y es que la pareja de la que usted hablaba, que iba felizmente, tras casarse, a la inmobiliaria, tiene 180 veces más posibilidades de que la desahucien de su casa que de que se la okupen. . Así que, señorías, por favor, dejen a la gente ir tranquila a comprar el pan, no pasa nada, somos un país seguro. Pero, señorías, estamos ante una grave emergencia, llevamos cuarenta y un trimestres, 123 meses, más de una década, con los precios de la vivienda al alza, y por tanto se tiene que acabar, se tiene que terminar el chollo de unos pocos y la desgracia y el dolor de una mayoría. Por ello, ante la crisis de la vivienda, hacemos una propuesta simple, y es que mientras exista una burbuja de precios, mientras la gente no pueda dedicar el 30 % al alquiler o la hipoteca y tenga que dedicar mucho más, en las zonas tensionadas no se pueda comprar vivienda si no es para vivir. Las casas son para vivir, sería sencillo. La verdad es que los artículos 47 y 128 de la Constitución nos habilitan para ello, para que las casas sean para la gente y no para la especulación. No podemos vaciar los barrios, no podemos disolver los lazos y, sobre todo, no podemos expulsar a las familias, porque es una medida valiente, es una medida justa, pero no es una medida extrema, señor Patxi López. Extrema es la injusticia de aquella gente joven que no puede emanciparse ; extrema es la injusticia de aquellas familias que no pueden pagar el alquiler; extrema es la injusticia de aquella mujer superviviente de la violencia machista que no puede huir de su agresor porque no tiene otro techo. Así que, señorías, hay que ser valientes. En cuanto a la propuesta de VOX, habla mucho de fiscalidad. Su propuesta es bastante sencilla, y es que les perdonemos los impuestos a los que tienen casas para que nos hagan el favor de alquilarlas más barato, que perdonemos a los que tienen mucho para ver si así se portan bien. Nuestra propuesta es radicalmente diferente, y es que entendemos la vivienda como un derecho y, por tanto, entendemos que no se puede acaparar vivienda y, quien la acapare, tendrá que pagar más impuestos. Es sencillo, yo entiendo que para ustedes es revolucionario, pero creo que ustedes, que hablan continuamente de meritocracia, de esfuerzo, entenderán que es justo que quien ingresa 30 000 euros por lo que saca del alquiler de los pisos que heredó del abuelo pague más impuestos que quien ingresa 30 000 euros por trabajar de veterinaria. Si no, ¡vaya cultura del esfuerzo! Por eso en la propuesta de presupuestos generales del Estado proponemos equiparar las rentas del capital a las rentas del trabajo , abolir los privilegios fiscales de unos pocos, como las Socimi y las Sicav, y terminar con la trampa que plantean ustedes de las bonificaciones; una mayor fiscalidad también para los apartamentos turísticos, subiendo el IVA del 21 %, pero también prohibiéndolos donde hay zonas turísticamente masificadas y no se puede abolir; también defender el alquiler indefinido para terminar con la pesadilla de la siguiente llamada, la del casero que te llama y te dice: no es por ti, es por mí, necesito el piso para alquilárselo a Airbnb. Esto es lo que está sucediendo en nuestro país, esto es lo que hay que abolir. Ustedes plantean reformar la Ley de Haciendas Locales para terminar con casos como el de Unicornio o el de Manu Tenorio. Nosotros, en cambio, proponemos que el IBI pueda ser progresivo, que el IBI haga que en los ayuntamientos las casas vacías paguen más, que la Iglesia pague como cualquier hijo de vecino y que las familias monoparentales tengan los mismos derechos que las numerosas. . Finalmente — y con esto acabo, señora presidenta—, su propuesta está aliñada de cuestiones racistas, porque ustedes son muy valientes contra los otros currantes, pero son muy poco valientes con los fondos buitre extranjeros que compran barrios enteros, son muy poco valientes con los residentes megarricos que vienen y compran a tocateja casas en Torrevieja y son muy poco valientes exigiendo abolir las Golden Visa, que hace doscientos días que el señor presidente dijo que aboliría. . Menos valentía contra los pobres y más valentía contra el capital. Finalmente, el problema de esta propuesta no es el racismo de la extrema derecha, sino la cobardía del Partido Socialista. Por favor, pierdan el miedo a los fondos buitre, a las familias rentistas, a las constructoras, al lobby hotelero, a Securitas Direct, a Ana Rosa Quintana, y amen a sus vecinas y, por tanto, regulen el derecho a la vivienda. Muchas gracias. .

Ignasi Conesa Coma PSC-PSOE

Gracias, presidenta. Nos presenta el Grupo Parlamentario VOX una moción extensiva con dieciocho puntos, una moción basada en la manipulación y el interés de un relato que presenta una situación insostenible y catastrófica económicamente. Señorías, los datos y la realidad les desmienten categóricamente. Hablan ustedes de la vivienda, y es verdad que tenemos un problema de vivienda en este país, pero es un problema agravado por ustedes. Oigan, lo tienen muy fácil: si tanto les preocupa la situación de la vivienda, díganles a sus socios del PP que allí donde gobiernan apliquen la ley de vivienda. . Hablan de efectos perversos de la ley, ¿pero cómo lo saben si no la quieren aplicar? Señorías, la ley de vivienda no existía en este país cuando se produjo la mayor crisis en la vivienda que hayamos padecido y, sobre todo, esa crisis se cebó en las personas y familias más vulnerables. ¿No recuerdan que se perdieron millones de puestos de trabajo? ¿No recuerdan que el Gobierno de entonces no reaccionó? Claro, ¿cómo se van a acordar si no era el malvado PSOE el que gobernaba? ¿No recuerdan que, como consecuencia de aquella crisis, muchas personas perdieron sus viviendas? . Les vuelvo a decir que no existía la ley de vivienda. De lo que seguro que no se han olvidado — por lo menos, yo no me he olvidado— es de cómo, ante una crisis de dimensiones parecidas como fue la del COVID, el Gobierno progresista sí que estuvo a la altura y supo proteger y dio respuesta adecuada a lo que se podría haber convertido en un gran drama. Pero a ustedes eso les da igual. Ustedes, mientras puedan lucir sus pulseras abanderadas y decir que todo está fatal, ya tienen suficiente. . Señorías, a nosotros lo que nos parece es que a ustedes, a las derechas en general, les encanta aplicar una ecuación bien sencilla y que usan para todo: bronca igual a rédito electoral. Y en vivienda, además, le ponen las gotitas justas de miedo para que encima la ecuación sea: meto miedo igual a rédito económico; más alarmas y más seguros. Señorías, los que no nacimos ayer nos acordamos perfectamente de quién dejó colgados a millones de personas con sus hipotecas, quién no dio el apoyo necesario para salir de una grave crisis, quién fue el responsable de vender patrimonio habitacional público. No nos vengan con lecciones baratas. Nosotros hemos multiplicado el presupuesto de vivienda por ocho. . ¿Saben qué pasa? Que entre derechos y negocio, ustedes eligen negocio, y entre razonar y bronca, eligen bronca, ¿no? . Los que hemos vivido en persona los dramas de la vivienda sabemos que es un problema complejo, que no tiene soluciones sencillas. Este Gobierno está trabajando para que se convierta en el quinto pilar del Estado de bienestar. No es fácil, tenemos muchos retos, es cierto, y ustedes deberían ayudar desde los estamentos que gobiernan. Debemos pensar que las próximas generaciones nos agradecerán que presentemos la vivienda como un derecho más, no como un simple negocio. Este Gobierno trabaja para ello. No es fácil, como digo, pero el reto es apasionante. Señorías, todos nosotros necesitamos la seguridad de un hogar, necesitamos desarrollar nuestra vida social en un lugar seguro. Esto nos proporciona la base de una mejor vida. El Estado es garante de derechos y la vivienda debe serlo y deberemos trabajar para conseguirlo. El mercado — lo hemos comprobado— por sí solo no lo garantiza. Señorías de VOX, resulta bastante ofensivo, por no decir insultante — y se lo digo con todo el respeto—, que ustedes se dirijan al partido que más ha hecho por el Estado de bienestar en este país y de la manera en que lo hacen. Y es sorprendente que duden de la voluntad de solucionar los problemas que tenemos en vivienda. ¿Les tengo que recordar que mi partido, el Partido Socialista, es el partido de la sanidad universal, el de la educación para todos, el de la revalorización de las pensiones de forma digna y el partido de la ley de dependencia? . Así que les rogaría que reconocieran que estamos por la labor de mejorar el Estado de bienestar y que estamos trabajando para que la vivienda empiece a ser un derecho y no solo un negocio. Podrían arrimar el hombro. Muchas gracias. .

Joan Mesquida Mayans PP

Gracias. Señorías, estoy seguro de que todos coincidiremos al cien por cien en dos afirmaciones. La primera es que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas para los españoles. Su escasez, tanto en alquiler como en compra, provoca que los precios sean desorbitados. Y la segunda es que hace tres o cuatro años la vivienda no figuraba entre nuestras principales preocupaciones. Señor Conesa, portavoz del Partido Socialista, ¿de verdad cree que el Partido Popular causa la emergencia habitacional que sufrimos todos? A ustedes les dará igual, pero esto no da para risas. Parece una broma que usted, señor Sánchez, presidente del Gobierno desde hace seis años, culpe a la oposición de provocar este drama económico y social. Pero, más que una broma de mal gusto, es trilerismo del bueno. Sí, del bueno, porque, aunque parezca mentira, todavía queda gente que confía en usted y en sus políticas de colonizar las instituciones públicas, o de crear independentistas de primera y ciudadanos de segunda , o de llegar a decir hace pocos días que resistirán en el poder prescindiendo del Legislativo. Todo esto es inaudito en los últimos cuarenta y seis años. Por favor, rectifiquen, deroguen su ley de vivienda, la que pretende intervenir los precios de alquiler, que en dieciséis meses ha conseguido que el 27 % de las propiedades hayan desaparecido del mercado y que el precio haya subido un 14 %. . Rectifiquen, dejen de bloquear la ley antiokupación, señora Armengol; ya llevan siete meses bloqueando su debate y su votación. Las 17 000 ocupaciones ilegales al año provocan indefensión al propietario, inseguridad jurídica y que, finalmente, se retiren las viviendas del mercado. Señorías, somos el único país europeo donde la inquiokupación se está normalizando; repito, la inquiokupación se está normalizando. Como advierten los expertos, todo esto a quien más perjudica es a las familias vulnerables. . Como es habitual con este Gobierno, el mundo al revés: el PSOE, para esconder sus desmanes y sus cesiones, se dedica a hacer oposición a la oposición. Pero ¿dónde están las 184 000 viviendas prometidas por Sánchez durante la campaña? Solo le sirve la vivienda como arma electoral. Por otro lado, tenemos a VOX, que se dedica a hacer oposición también al Partido Popular. No se equivoquen, señorías de VOX, los responsables de la cartera de vivienda son el Partido Socialista y SUMAR. Ojalá estuviera en nuestras manos poder impulsar nuestras medidas, todas encaminada a rehabilitar y construir vivienda para cubrir el déficit que hay de 600 000 viviendas, según el último informe del Banco de España, cuando todavía era independiente, cuando todavía no era una sede más del Partido Socialista. . Señores de VOX, los dieciocho puntos presentados en esta moción parecen una carta a los Reyes Magos. ¿Han medido el impacto económico de todo lo que plantean? Estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma; esto requiere un análisis más profundo. Apoyaremos, obviamente, las propuestas de antiokupación que ya están recogidas en nuestra ley, como impedir que los okupas se puedan empadronar o permitir a las comunidades de propietarios tomar medidas preventivas. Otras de sus medidas tienen competencia autonómica o incluso local, como bonificar el impuesto de sucesiones, bonificar el puesto de transmisiones o también la reducción del IBI. Para el Partido Popular la vivienda siempre ha sido una prioridad. Señorías, ya conocen nuestras medidas de incentivo, de simplificación administrativa, de avales para los jóvenes, reformas todas para frenar el aumento incesante de los precios y la dramática situación de la ocupación. Porque, señorías, entiendan que la vivienda siempre ha sido la principal herramienta de ahorro para las familias. Acercarse a la edad de jubilación con una vivienda en propiedad es síntoma de tranquilidad, de prosperidad y de independencia económica. La pena es que este Gobierno tiene como principal objetivo que las clases medias y trabajadoras lleguemos a la edad de madurez dependiendo de las ayudas del Estado. Es de manual: las políticas socialcomunistas del señor Sánchez nos empobrecen y nos dividen y finalmente anuncia medidas a bombo y platillo que nunca se cumplen para que los más vulnerables le rindan pleitesía. Mes a mes estamos batiendo el récord de ciudadanos en riesgo de pobreza. Españoles, bienvenidos a la ‘pedrocracia’. .