Pleno del Congreso n.º 61 · XV legislatura

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaunandreok. Se ha dicho en esta Cámara, y lo compartimos, que la discreción y la reserva son principios instrumentales fundamentales de la actuación de los servicios de inteligencia para poder prestar a la sociedad el servicio encomendado. Son principios que deben, a su vez, compatibilizarse y equilibrarse con la protección de los derechos fundamentales y la existencia de controles internos y externos de su actividad, pues ello resulta imprescindible para el funcionamiento de la democracia y la protección del Estado de derecho. Señorías, este equilibrio al que me refería entre la lógica de los servicios de inteligencia y los derechos fundamentales, controles y responsabilidades, encontró plasmación en 2002 en las dos leyes que recogen de forma unitaria y sistemática el régimen jurídico de los servicios de inteligencia del Estado, el CNI, y por primera vez los controles parlamentario y judicial de su actividad, siendo su objeto el facilitar al presidente de Gobierno y a su Gobierno la información e inteligencia para prevenir y evitar las amenazas más graves que puedan acechar al Estado en el marco de los objetivos y prioridades que anualmente le marca la directiva de inteligencia, que aprueba el Gobierno presidido por su presidente, configurando así, como señala la exposición de motivos de su ley constitutiva, un funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia eficaz y transparente. Sin embargo, señorías, viene al caso recordar cómo fue la génesis de esta regulación en 2002 de la Ley 11/2002 y de la Ley Orgánica 2/2002. Recordarán que fueron respuesta normativa al caso de las escuchas ilegales cometidas por distintos miembros del CESID entre 1983 y 1991, resultando condenados su exjefe y un ex director de unidad, el señor Juan Alberto Perote y el teniente general Emilio Alonso Manglano. Esto llevó a sustituir el CESID por el CNI y a establecer el régimen jurídico que les comentaba, más acorde con la Constitución, con los principios de control, con el pleno sometimiento al ordenamiento jurídico; más capaz de afrontar los retos de aquellos tiempos e inspirado en el modelo de países de nuestro entorno. Ahora, señorías, tras más de veinte años, se hace de nuevo necesario perfeccionar el marco normativo del CNI y no solo por el tiempo transcurrido, sino mutatis mutandis, al igual a cómo sucedió en el pasado, ante la gravedad de los hechos conocidos por el uso del malware Pegasus en 2022 por el CNI, tengo que recordar que con autorización judicial, para intervenir teléfonos inteligentes de representantes políticos, activistas, abogados, periodistas y de sus familias y allegados vinculados de manera singular al procés catalán. El malware Pegasus era poco conocido en aquellas fechas, pero hoy en día es conocido por el gran público por su alta capacidad invasiva e indiscriminada en la privacidad, ya que puede encender la cámara y micrófono del teléfono, así como acceder a todos sus datos, convirtiendo al teléfono — como se dijo en esta Cámara en su momento— en un espía de bolsillo. Tal fue la crisis, señorías, que fue el mismo presidente de Gobierno, en comparecencia monográfica en esta misma Cámara en mayo de 2022, quien reconoció las consecuencias políticas y sociales del uso por el CNI del malware Pegasus. Y, como expresión de esa responsabilidad, anunció como compromiso del Gobierno con la regeneración democrática y para reforzar las garantías del Estado democrático la reforma de la ley sobre el control judicial del CNI, además de la de Secretos Oficiales, haciendo suyas singularmente las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre el uso de Pegasus por el CNI, cuando sugiere adaptar la normativa que regula el CNI para que la ley no vaya detrás de la tecnología; también para reformar los mecanismos de control democrático de modo similar a los que existen en países con mayores garantías de nuestro entorno, y cuando pide una reflexión sobre el control judicial tras veinte años transcurridos desde la Ley Orgánica 2/2002 y la evolución de las TIC en las últimas décadas y las que están por venir, singularmente en cuanto a las intervenciones de las comunicaciones para las que reclamaba el Defensor del Pueblo meditar sobre el control judicial existente, ya que no es lo mismo su interceptación en 2022 que en 2002, como consecuencia de la aceleración intensa de la revolución tecnológica, ni significará lo mismo en unos pocos años, decía. Señorías, tengo que hacer un inciso para recordar el actual desarrollo de la inteligencia artificial y el ataque de Israel en Líbano a través de las TIC, que nos confirman esa predicción del Defensor del Pueblo en el pasado, que continuaba diciendo en sus conclusiones que la intromisión del derecho al secreto de las comunicaciones, salvo autorización judicial, y en especial de las postales telegráficas y telefónicas, reclama explorar las posibilidades de perfeccionamiento del control judicial, ya que su ponderación adecuada por este poder bajo los principios de necesidad y proporcionalidad es la esencia misma de la garantía constitucional a que se refiere el artículo 18.3 de la Constitución. Sin embargo, señorías, tengo que decir que nunca el Gobierno ha cumplido el compromiso de su presidente ante este Pleno ni las recomendaciones del Defensor del Pueblo, ni siquiera como ademán o disposición a hacerlo; ni fue introducida esta reforma en los planes anuales normativos de 2023, tampoco en el del presente año ni en el Plan de Regeneración Democrática presentado hace pocos días, a pesar de haberlo anunciado — y se lo recuerdo— ante la Cámara en 2022 como una reforma consustancial con la regeneración democrática y la transparencia. Por este motivo, el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco vuelve a presentar en esta legislatura la reforma de la ley orgánica del control judicial del CNI para perfeccionar su control sobre las intromisiones en los derechos fundamentales — iniciado con la Ley Orgánica 2/2002, como les decía— contenidos en el apartado 3 del artículo 18 de la Constitución. Por lo que hace a las modificaciones que proponemos en la Ley 11/2002 Reguladora del CNI, se trata de visualizar de manera más nítida, en su caso, la responsabilidad política del presidente del Gobierno con ocasión de la actuación del CNI a fin de la rendición de cuentas por aquel, pues la misma no se circunscribe a la aprobación anual de las prioridades y objetivos en materia de riesgos para la seguridad del Estado contenidas en la directiva de inteligencia, sino que, indudablemente, a nuestro juicio, también se irradian sobre el presidente las consecuencias políticas de las decisiones operativas de los servicios de inteligencia, cuya misión especial es precisamente informarle como organismo público en materia de prevención de graves riesgos y de graves peligros para el Estado a efectos de adoptar las decisiones oportunas. Decir como dijo el presidente del Gobierno ante este Pleno que, más allá de la directiva de inteligencia, ni conoce ni decide cualquier aspecto de las decisiones operativas de los servicios de inteligencia para eludir responsabilidades no es solo incierto, sino que significaría por su parte una dejación de funciones en el contexto de un Estado democrático respecto de un servicio con vinculación singular con el presidente del Ejecutivo. Señorías, ya lo dijimos en este Pleno, en un Estado democrático, el presidente de Gobierno no puede desentenderse como dogma de las decisiones operativas de los servicios de inteligencia; lo que no debe hacer es utilizar los servicios secretos para sus intereses o los de su partido. Señorías, por lo que hace al refuerzo del control parlamentario que planteamos en nuestra iniciativa, se trata de que la Cámara, a través de la llamada Comisión de control de los gastos reservados, pueda conocer con menos estrecheces que en la actualidad aspectos operativos atinentes a actuaciones y medios utilizados por los servicios de inteligencia cuando estos irrumpen con estruendo político y social en la opinión pública, como sucedió con el caso Pegasus. Conocimiento del que al parecer dispuso con mayor amplitud el Defensor del Pueblo como comisionado de esta Cámara que esta misma Cámara, pues a esta simplemente se refiere cuando pregunta por los medios utilizados — la expresión «medios propios y ajenos»—, mientras que aquel — según sus propias palabras— en el caso Pegasus tuvo acceso al expediente durante todo el tiempo que necesitó y, al parecer, sin los tachones que constaban en la documentación que se presentó a la Cámara en la Comisión de Secretos Oficiales. En el debate que tuvimos la pasada legislatura sobre esta iniciativa, señorías, se apeló por los grupos parlamentarios que la rechazaron, por unos, a la intención torticera de nuestro grupo parlamentario para desprestigiar y debilitar al Centro Nacional de Inteligencia, y por parte de otros, a que lo deseable sería que el Gobierno, en cumplimiento del compromiso del presidente, remitiera a la Cámara un proyecto de ley con todos los informes. A los primeros les manifestamos lo que les dijimos en su día, es decir, que lo crean o no, lo único que se busca es reforzar la senda de controles iniciada en 2002 en las dos leyes reguladoras del CNI; y, a los otros, que a veces son como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, aunque parece que en este caso no va a ser así. Señorías, este fin de semana Lluís Bassets nos recordaba a John le Carré cuando decía, con conocimiento de causa, que «espiar es esperar»; y Bassets añadía que «es estrategia y paciencia, y ni un solo escrúpulo»; y yo añado: aquí y en Lima. Por eso, señorías, conviene estar en permanente alerta para el refuerzo de las garantías en función del mismo paso del tiempo y de hechos y avances que vayamos conociendo, para mantener el equilibrio imprescindible para el funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho entre, de una parte, como les decía, los derechos fundamentales, controles y transparencia, y de la otra, la lógica inmanente a todos los servicios de inteligencia, es decir, la discreción y la reserva. Finalizo, presidenta. Señorías, no se trata de erosionar a los servicios de inteligencia, sino de plantear un problema ciudadano vinculado a tecnologías altamente invasivas de la privacidad y de la misma democracia, pues, como señalaba Edmund Burke, uno de los padres del conservadurismo liberal político, la indiferencia es la puerta abierta al mal, y en el caso que debatimos, en forma de posible erosión de los derechos y de la misma democracia. Nada más y muchas gracias.

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Temos sinalado en moitas ocasións que o Estado español adoece de severos déficits democráticos e todos eles teñen causa na chamada transición, que impediu unha verdadeira ruptura democrática e posibilitou a continuidade e reprodución posterior de moitas estruturas de poder da ditadura franquista no réxime constitucional, especialmente nos aparellos xudicial, militar e policial. Algunhas desas eivas democráticas ficaron mesmo plasmadas na Constitución do 1978. Por citar apenas tres: a falta de recoñecemento das nacións que aínda integramos este Estado e dos dereitos democráticos que lles corresponden, como o dereito de autodeterminación; o papel que atribúe ó exército no artigo 8 como garante da integridade territorial de España, o que o sitúa por riba da vontade do pobo e dos pobos e, evidentemente, a imposición do Borbón designado por Franco como xefe de Estado e, en consecuencia, unha monarquía anacrónica e corrupta que nunca foi sometida a plebiscito popular. En todo caso, as consecuencias destes déficits democráticos son ben visíbeis. Vivimos nun Estado en que os dereitos fundamentais non son respectados, en que as persoas son perseguidas ou condenadas por exerceren o dereito á liberdade de expresión ou por defenderen a vontade popular. Vivimos nun Estado en que xuíces ditan sentenzas inconcibíbeis para a maioría da sociedade, sempre do lado dos poderosos e das posicións máis reaccionarias, xuíces que interveñen directamente en políticas tendendo ó lawfare e mesmo interpretando a lei para poder incumprila cando convén ós seus intereses reaccionarios. Vivimos nun Estado en que o exército condicionou decisións políticas, mesmo con intento de golpe de Estado, e en que aínda hoxe continúan campando nos cuarteis posicións e simboloxías franquistas sen que o Goberno interveña para facer cumprir a lei. Chega lembrar que non hai tanto aínda, en 2018, o cabo galego Marco Santos Soto foi expulsado por denunciar nun escrito o franquismo no exército, expresado, ademais, nun manifesto público de militares que, ese si, non recibiu, porén, ningunha reprobación por parte do Goberno. E, claro, son ben coñecidas as fallas democráticas no ámbito policial e da intelixencia. A mesma exposición de motivos da proposición de lei que hoxe debatemos lembra a condena ó tenente xeneral Emilio Alonso Manglano, exxefe do CESID, e o excoronel Juan Alberto Perote, exdirector da unidade do CESID, por un delito continuado de escoitas ilegais cometido de forma permanente entre 1983 e 1991. Mais, ó longo destes anos, foron numerosos os episodios e actuacións ilícitas por parte de membros das forzas e corpos de seguranza do Estado, desde a guerra sucia e a práctica de torturas polas que o Estado español foi condenado en varias ocasións, até a espionaxe ilegal a persoas e dirixentes políticos considerados disidentes, especialmente do ámbito das forzas soberanistas e independentistas. Os máis recentes casos coñecidos, como a espionaxe ilegal a dirixentes políticos, como digo, especialmente independentistas máis non só, co software israelí Pegasus ou a practicada pola chamada policía patriótica ó servizo do Partido Popular contra Podemos poñen de manifesto que é preciso actuar para pór couto á vulneración de dereitos fundamentais por parte de axentes ó servizo do Estado ou das cloacas do Estado. Por iso concordamos e apoiaremos a toma en consideración da proposición de lei impulsada polo PNV, mesmo que consideremos que algunhas medidas tecnolóxicas poden non ser excesivamente eficaces, porque é absolutamente lóxico que intervencións que afectan dereitos fundamentais conten con previa autorización xudicial, mais permítanme que sexamos escépticos sobre as garantías que achegará que tres maxistrados da Sala Segunda, a que o PP controlaba pola porta de atrás, do mesmo Tribunal Supremo que se nega a aplicar integramente a Lei de Amnistía sexan os que decidan sobre as devanditas autorizacións. Finalizo. En todo caso, nós cremos que tamén se debe ser escépticos sobre as posibilidades reais dun control democrático do CNI, das actuacións do CNI, o que nos leva a pensar se a única medida realmente eficaz desde o punto de vista democrático non sería a súa disolución. Pero, de calquera maneira, nun Estado en que un policía torturador franquista como Billy el Niño morra na súa cama coas medallas postas pola ditadura e pola democracia constitucional é evidente que hai moitas cousas que deben mudar. Deamos pasos para facelo. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Hemos señalado en muchas ocasiones que el Estado español adolece de severos déficits democráticos, y todos ellos tienen su causa en la llamada Transición, que ha impedido una verdadera ruptura democrática y ha posibilitado la continuidad y reproducción posterior de muchas estructuras de poder de la Dictadura franquista en el régimen constitucional y especialmente en los aparatos judicial, militar y policial. Algunas de estas faltas democráticas han quedado plasmadas incluso en la Constitución del 78. Por citar apenas tres, la falta de reconocimiento de las naciones que aún integramos este Estado y de los derechos democráticos que les corresponden, como el derecho a la autodeterminación; el papel que atribuye al ejército en el artículo 8 como garante de la integridad territorial de España, que lo sitúa por encima de la voluntad del pueblo y de los pueblos; y, evidentemente, la imposición del Borbón designado por Franco como jefe de Estado y, en consecuencia, una monarquía anacrónica y corrupta, que nunca ha sido sometida al plebiscito popular. En todo caso, las consecuencias de estos déficits democráticos son bien visibles. Vivimos en un Estado en el que los derechos fundamentales no son respetados y en el que las personas son perseguidas o condenadas por ejercer el derecho a la libertad de expresión o por defender la voluntad popular. Vivimos en un Estado en el que los jueces dictan sentencias inconcebibles para la mayoría de la sociedad, siempre del lado de los poderosos y de las posiciones más reaccionarias; jueces que intervienen directamente en política, excediendo el lawfare e, incluso, interpretando la ley para poder incumplirla cuando conviene a sus intereses reaccionarios. Vivimos en un Estado en el que el ejército ha condicionado decisiones políticas, incluso con intentos de golpes de Estado; y que aún hoy, continúan campando en los cuarteles posiciones y simbología franquista sin que el Gobierno intervenga para hacer cumplir la ley. Basta con recordar que no hace mucho, en 2018, el cabo gallego Marco Santos Soto fue expulsado por denunciar en un escrito el franquismo en el ejército, expresado además en un manifiesto público ante militares, que ese sí no recibió ningún tipo de reprobación por parte del Gobierno. Y, claro, son bien conocidas las faltas democráticas en el ámbito policial y de la inteligencia. La misma exposición de motivos de la proposición de ley que hoy debatimos recuerda la condena al teniente general Emilio Alonso Manglano, ex jefe del CESID, y del excoronel Juan Alberto Perote, ex director de unidad del CESID, por un delito continuado de escuchas ilegales cometido de forma permanente entre 1983 y 1991. Y a lo largo de estos años, han sido numerosos los episodios de actuaciones ilícitas por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde la guerra sucia y la práctica de torturas, por las que el Estado español ha sido condenado en varias ocasiones, hasta el espionaje ilegal a personas y dirigentes políticos considerados disidentes, especialmente del ámbito de las fuerzas soberanistas e independentistas. Los más recientes casos conocidos, como el espionaje ilegal a dirigentes políticos, como digo, especialmente independentistas, y no solo con el software israelí Pegasus, o la practicada por la llamada policía patriótica al servicio del Partido Popular contra Podemos, que ponen de manifiesto que es necesario actuar para ponerle coto a la vulneración de derechos democráticos fundamentales por parte de agentes al servicio del Estado o de las cloacas del Estado. Por ello concordamos y apoyaremos la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por el PNV, aunque incluso consideremos que algunas medidas, teniendo lógica, pueden no ser excesivamente eficaces, porque es absolutamente lógico que intervenciones que afectan a derechos fundamentales cuenten con previa autorización judicial. Pero permítanme que seamos escépticos sobre las garantías que traerá que tres magistrados de la Sala segunda — la que el PP controlaba por la puerta de atrás— del mismo Tribunal Supremo, que se niega a aplicar íntegramente la ley de amnistía, sean los que decidan sobre dichas autorizaciones. Finalizo. En todo caso, creemos que también se debe ser escéptico acerca de las posibilidades reales de un control democrático del CNI y de sus actuaciones, que nos lleva a pensar si la única medida realmente eficaz desde el punto de vista democrático no sería su disolución. Pero, de cualquier manera, en un Estado en el que un policía torturador franquista como Billy el Niño muere en su cama con las medallas puestas por la dictadura y por la democracia constitucional, es evidente que hay muchas cosas que deben cambiar, emprendamos los pasos para hacerlo. Muchas gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Señorías, señor Legarda, señor Esteban, parece que vivimos un déjà vu de nuevo con esta iniciativa que hemos debatido en más ocasiones. Es cierto que, tras más de dos décadas desde la aprobación de las leyes que se pretenden modificar con esta proposición de ley, es hora de que se profundice y se reformen algunos de los contenidos que entonces se regularon, y sabemos todas que esta necesidad es muchísimo más imperiosa desde hace unos años por la gravedad de los espionajes practicados a distintos miembros del Gobierno, incluido el presidente, o el que afecta a decenas de representantes políticos a través del programa llamado Pegasus. Entendemos que esta proposición de ley es una mejora y un avance sobre las leyes que existen en la actualidad, que, como he dicho, tienen ya más de veinte años. Se pretende reforzar el control parlamentario, pero también el control político y judicial de las actividades del CNI. El espionaje a través del programa Pegasus fue un escándalo, que provocó incluso la destitución de la entonces directora del CNI, y puso de manifiesto también la necesidad de un mayor control parlamentario y judicial de los servicios de inteligencia, que es de lo que tratamos hoy. Como decía, este texto amplía las garantías y el control en dos aspectos: el parlamentario y el judicial. Respecto al control parlamentario, se propone que los diputados y diputadas del Congreso puedan ser informados sobre los medios utilizados por los servicios de espionaje; por lo tanto, se facilita el control parlamentario sobre su funcionamiento. Y, respecto al control judicial, se propone que el control judicial de las actividades del CNI, que actualmente está en manos de un solo juez del Tribunal Supremo, pueda llevarse a cabo por tres jueces del Alto Tribunal y que, además, esas decisiones se adopten por unanimidad. Entendemos que esto se hace en aras del principio de proporcionalidad y para valorar el nivel de intromisión y de afectación a los derechos fundamentales. También se propone que los jueces sean informados de los medios que utilizará el CNI para sus actividades y se plantea que el CNI esté obligado a explicar a posteriori el grado de ejecución de las actividades autorizadas y el control posterior de los jueces sobre las autorizaciones realizadas. Es decir, se busca un equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos fundamentales. Hoy estamos esperando a ver qué hace el Grupo Socialista, porque entiendo que sinceramente carece de excusas para no votar a favor de que esta proposición de ley se tramite. Ya la tumbó junto a las derechas en el año 2022, alegando que era una reforma que tenía que hacerse por el Gobierno. Nuestro grupo también lo podía entender así, pero habrá que preguntarle hoy al presidente y al Gobierno dónde están esas reformas, porque desde luego no las vemos por ningún lado. De modo que ya que el Gobierno no se ha hecho cargo en todo este tiempo de proponer una modificación que atienda a los graves hechos que hemos vivido en nuestro país, esperamos que esta vez sí que vote a favor y, durante su tramitación, llegue a los acuerdos oportunos para la modificación de estas leyes antes de que sea demasiado tarde. Señor Legarda, nosotras votaremos que sí a la toma en consideración, pues se trata de un debate que debemos tener, e intentaremos mejorar la iniciativa en su tramitación con las enmiendas al texto. Muchas gracias. .

Jon Iñarritu García EH Bildu

Muchas gracias. Eskerrik asko, presidenta. Señorías, arratsalde on. Buenas tardes. El 23F, el GAL, terrorismo de Estado, escuchas sin autorización judicial, espionaje político, dar cobertura y apoyo a las fechorías de un rey y el caso Pegasus: estos son algunos de los capítulos negros en los que se han visto envueltos los servicios de inteligencia en las últimas décadas en España. Digo algunos porque, debido también a una ley de secretos obsoleta y franquista, únicamente se han conocido aquellos casos que han saltado a la opinión pública, pero seguro que hay más, ¿verdad? Miren, cada vez que se ha dado un escándalo de estos, que se ha conocido por la opinión pública, los diferentes gobiernos han tomado medidas, desde un cambio de siglas a ceses de directores o reformas legales. En el caso Pegasus — que ustedes recordarán bien, hace apenas dos años— se dio una triple casuística. En primer lugar, se conocieron dieciocho espionajes a un president, a consejeros, a periodistas y a militantes asociativos; dieciocho casos con autorización judicial. En segundo lugar, se dieron más de cincuenta casos de espionaje sin autorización judicial en el mismo entorno y en el mismo momento; hay que preguntarse a qué Estado le podía interesar espiar a esas personas. En tercer lugar, el Gobierno, supongo que queriendo tapar ese escándalo, dijo que ellos también habían sido espiados, se presupone que por otro Estado. Cuando esto se conoció, el Gobierno anunció diferentes medidas e hizo unas investigaciones. Hay que decir que el Defensor del Pueblo, el señor Gabilondo, no estuvo muy fino tampoco, porque más allá de hacer un gesto simbólico de investigación, no fue a Canadá ni se interesó por los espionajes sin autorización judicial; no, no quiso ir más allá. De igual forma, el Gobierno anunció medidas, como la reforma de la ley de control del CNI, que el señor Sánchez no llevó a cabo; habrá que preguntarse por qué. En tercer lugar, cesó a la directora del CNI, a la señora Paz Esteban, aunque no se entiende muy bien por qué, porque al mismo tiempo que decía que todo había sido correcto, que todo había ha sido legal, cesaba a esa señora; si todo era legal y todo era correcto, no se entiende por qué. Ahora, en este momento, si hubiera voluntad política, se podría llevar a cabo esa doble reforma del CNI, con una ambición garantista y de control. Digo esto de «si hay voluntad política» porque ya he dicho que hace dos años el presidente Sánchez se comprometió a unas reformas que no se llevaron a cabo porque tanto el Partido Socialista como Podemos, con las derechas, votaron en contra de esa reforma. Hoy espero no solamente que se vote a favor por parte de los partidos que apoyan al Gobierno, sino que se ponga en la agenda, porque pueden tener la tentación de que se apruebe hoy la toma en consideración y se deje apartada en un cajón. Hay mayorías suficientes. Ya digo, si hay voluntad política, creo que sería bueno y positivo llevar a cabo esas reformas, porque es obvio que aquellas reformas del CNI de 2002 han quedado plenamente obsoletas. Las leyes no han evitado casos como el intercambio de metadatos que conocimos gracias a WikiLeaks. ¿Dónde estaba la ley de protección de datos? De igual forma, hemos visto excursiones de un director del CNI a Londres a amenazar a una amiga íntima de un rey. Hemos visto también el caso Pegasus. Como bien decía algún portavoz, en estos tiempos en los que las tecnologías han avanzado tanto, con sistemas tan intrusivos, creo que son de sentido común un control ex ante y un control ex post para ver si ha habido proporcionalidad en el uso de esas intervenciones. Miren, hay un caso que me llama poderosamente la atención, y es que se ha conocido que el juez adscrito al CNI no ha rechazado ninguna de las solicitudes de autorización para intervención que se le han pedido en estos años, ninguna, cuando hemos conocido que para la autorización de los casos del CNI se habían dado argumentos que no tenían ningún sentido, que no tenían lógica; es que creo que ni se los leyó. Por eso digo que es importante que haya un aumento de aquellos magistrados y magistradas que den una autorización, pero también un control ex post. Es cierto que ante las propuestas que hace el Grupo Parlamentario Vasco nosotros podríamos añadir algunas más, pero las vemos bien para iniciar. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las intervenciones del CNI que se hacen en el exterior? Estas, como ustedes saben, se hacen como auténticos piratas, sin ningún tipo de autorización judicial; como no es en territorio español, no se regulan, y esto ocurre incluso en el ámbito europeo. ¿No habría que regular también cómo actúan los servicios de inteligencia del Estado en el exterior, como los de otros Estados de la Unión Europea? Yo creo que sí. Más allá de la toma en consideración, es cierto que todos los Estados — y se ha mencionado— tienen servicios de inteligencia, servicios secretos, agencias y centros; que esto crea un aura de misterio, en muchos casos relacionada con el cine y la literatura, y que estos servicios se encargan también de prevenir amenazas y retos que tienen todos los Estados. Ahora bien, cuando estos servicios se utilizan para espiar a oponentes políticos, ya sea con autorización judicial o sin ella, eso no es digno de una democracia, y es algo que, lamentablemente, se ha visto de forma continuada en este Estado. Quiero hacer una reflexión para finalizar. No solamente se habla del control político y judicial. En esta misma Cámara hay una comisión que se conoce como comisión de secretos oficiales, que tiene el nombre de Comisión de control de los créditos destinados a los gastos reservados. ¿Saben ustedes cuántas veces se ha reunido esa Comisión en lo que llevamos de legislatura? Cero ¿Y saben qué ocurre? Que en las legislaturas precedentes únicamente se ha reunido cuando ha habido algún escándalo — como el que hablábamos de la señora Corinna—, algún atentado terrible o el caso Pegasus. También ha ocurrido que cuando han llegado los informes tachados a esa Comisión todo se había conocido ya antes por la prensa. Hay una carencia de control, hay una sensación de que sí, se hace un control, pero no es real. Cualquier diputado o diputada, si quiere estar algo informado de lo que ocurre o de lo que realizan esos servicios de inteligencia del Estado, lo sabrá por la prensa antes que en esa Comisión. Ya es hora de controlar lo que es un organismo del Estado, porque cuando ocurrió el caso Pegasus no sabemos si el presidente del Gobierno tenía conocimiento de que se estaba espiando a aquellos grupos y a aquellas personas que le habían hecho presidente y que estaban dando apoyo a este Gobierno o no lo sabía. Cualquiera de las dos respuestas, si lo sabía o si no lo sabía, son preocupantes. Ya es hora de abordar un control mayor y más garantista que creo que beneficiará a todos. Gracias. .

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Bona tarda, presidenta, senyories. El CNI és una institució clau de l’Estat i també és una institució totalment aliena a l’Estat de dret europeu. La iniciativa del PNB és un avenç en aquest sentit, perquè, en primer lloc, es proposa aclarir la responsabilitat política de les actuacions del CNI imputant-la directament al president del Govern i millorant el control parlamentari per la via de les comissions de control i de secrets oficials. En segon lloc, reforma el control judicial del CNI. El control previ passaria a ser exercit per tres magistrats en lloc d’un de sol, que decidirien per mutu acord, encarregats d’autoritzar, aquests magistrats, i establir les condicions de les actuacions. També s’afegeix un control judicial ex post al qual el CNI haurà de reportar les actuacions realitzades. Anunciem ja d’entrada el nostre suport a la presa en consideració i agraïm al Partit Nacionalista Basc la persistència en l’empresa de sotmetre tots els espais de l’Estat, especialment aquells racons més foscos de l’Estat, al control democràtic. La intel·ligència té com a finalitat la seguretat de l’Estat, no té carta blanca per dedicar-se a interessos espuris, com la persecució de l’adversari polític. Com tot poder públic, ha d’estar subjecte al principi de legalitat propi de l’Estat de dret. La seguretat no pot ser mai una excusa per saltar-se l’ordenament jurídic i la interdicció de l’arbitrarietat. Precisament, la responsabilitat política i el control judicial dels serveis d’intel·ligència és el que exigeix l’Estat de dret europeu. Em remeto a l’informe de la Comissió de Venècia de 2015 sobre la supervisió democràtica per part de les agències d’intel·ligència i també em remeto a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que estableix que la ingerència de la intel·ligència dels Estats en els drets de l’individu ha d’estar sotmès als principis de legalitat i proporcionalitat, molt especialment quan es tracta de la intervenció de dispositius informàtics, i sempre amb el control previ i posterior judicial per constatar que no s’han produït violacions ni actuacions desproporcionades. Però anem a l’elefant a l’habitació d’aquest debat. Com tots vostès saben, l’any 2022 va esclatar l’escàndol de l’espionatge massiu a l’independentisme català amb el programa espia Pegasus per part del Govern Sánchez, Bolaños i Robles, el famós Catalangate. La revista The New Yorker — aquella revisteta que la ministra Robles va menysprear dient que no coneixia, que quines eren les fonts utilitzades per la denúncia que fèiem des de l’independentisme català— va publicar un informe amb el títol: «Catalangate, l’operació d’espionatge massiu contra els catalans amb Pegasus i Candiru». Un informe elaborat pel laboratori Citizen Lab, que va destapar el cas més gran de ciberespionatge que es coneix. Seixanta-cinc polítics independentistes, periodistes i advocats van veure els seus drets a la intimitat, al secret de les comunicacions i a la defensa vulnerats directament per l’actuació del Govern espanyol. No per motius de seguretat, sinó per motius estrictament polítics. I què va fer el Govern Sánchez? En primer lloc, el Govern Sánchez, Bolaños, Robles va negar la realitat, va negar les proves, va desacreditar Citizen Lab i, fins i tot, va desacreditar The New Yorker. En España no se espía. Segon relat. Reconèixer que, bueno, en España se espía, pero se espía poco y bien, de acuerdo con la ley y con autorización judicial. Bé. Tercer relat, justificar l’espionatge polític. Aquí mateix, en aquesta Cambra, la senyora Robles va dir allò de: ¿Qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien declara la independencia? La resposta és clara: espiar, delinquir i vulnerar drets. És això el que ha de fer l’Estat davant d’una demanda democràtica. Quart relat del Govern espanyol: la victimització, la cortina de fum del Moncloagate. Nosotros también somos víctimas. I, per últim, quan tota la porqueria ja sortia de les clavegueres de l’Estat, el senyor Bolaños va acabar donant per bo l’informe de Citizen Lab. Però, clar, tampoc podia admetre que s’investigués perquè era «secreto de Estado», i per això es va negar a crear una comissió d’investigació quan aquí, en aquesta Cambra, hi havia tres diputats espiats, tres diputats d’aquesta Cambra espiats pel Govern espanyol a través del CNI. El PSOE es va negar a crear una comissió d’investigació per esclarir els fets. Fins que Junts no els hem obligat, aquesta comissió no s’ha creat. Vostès, senyors socialistes, no tenen sentit d’Estat, tenen sentit d’Estat profund, tenen sentit de deep state. Constitucionalistes, sí, però només de la part que parla de la unitat de la nació espanyola, no del Títol I de la Constitució que parla dels drets i llibertats. La realitat és que a Espanya, el CNI s’ha dedicat a espiar i perseguir a qui ha considerat enemics polítics, als líders independentistes catalans, entre els quals, com deia abans, alguns dels diputats d’aquestes Cambres, entorns, família, entorns periodístics i entorns legals. I aquí volia anar. Voldria posar de relleu un cas: l’assetjament per terra, mar i aire que ha patit l’advocat Gonzalo Boye. Totes les clavegueres de l’Estat, totes, l’han marcat com a enemic públic a batre. Les clavegueres blaves de la Policia, les clavegueres verdes de la Guàrdia Civil, les clavegueres marrons del CNI i també les clavegueres negres de les togues de la Fiscalia. El CNI va espiar l’advocat del president Puigdemont, el senyor Boye, no per motius de seguretat de l’Estat, sinó per motius estrictament polítics, per motius de qui era a qui estava defensant, que és el president Puigdemont. I encara més, el CNI va espiar el senyor Boye per descobrir les estratègies de defensa legal del president a l’exili, és a dir, un atemptat frontal contra un dret bàsic en tot Estat de dret: el dret a la defensa. I de què van servir les lleis del CNI i l’autorització judicial de l’espionatge que tant es posava a la boca la ministra Robles en aquells dies? Absolutament de res. El mateix subjecte, el senyor Pablo Lucas, que com a jutge adscrit al CNI, al matí, autoritzava l’espionatge amb Pegasus al senyor Boye, a la tarda, com a magistrat del Suprem — repeteixo, el mateix magistrat— dictava resolucions en procediments on el senyor Boye era el representant legal. Per exemple, els procediments d’adquisició de la condició de diputats europeus del president Puigdemont i del conseller Comín. Pel matí, espiava, per la tarda, dictava sentències. Aquestes són les garanties que tenim ara mateix en matèria de serveis d’intel·ligència a l’Estat espanyol. Acabo. Des de Junts per Catalunya no acceptem lliçons de democràcia de ningú que representi l’Estat espanyol, ni d’un govern que ara ens ve amb un pla de regeneració democràtica quan va justificar emprar i promoure l’espionatge als polítics independentistes catalans, tampoc d’un president que ho és perquè aquesta cambra el va investir i que ara diu que Gobernará con o sin el apoyo de las Cortes Generales. I encara menys acceptem lliçons d’uns jutges prevaricadors que es neguen a complir la llei d’amnistia, i colpistes, perquè volen usurpar el lloc del legislador. Moltes gràcies. Buenas tardes, presidenta y señorías. El CNI es una institución clave del Estado y también es una institución ajena al Estado de derecho europeo. La iniciativa del PNV es un progreso en ese sentido, porque, en primer lugar, propone aclarar la responsabilidad política de las actuaciones del CNI imputándola directamente al presidente del Gobierno y mejorando el control parlamentario por la vía de las comisiones de control y también secretos oficiales. En segundo lugar, reforma el control judicial del CNI: el control previo pasaría a ser ejercido por tres magistrados en lugar de uno, que decidirían por acuerdo mutuo, encargados de autorizar, estos magistrados, y de establecer las condiciones de las actuaciones. También se establece un control judicial ex post al que el CNI tendrá que reportar las actuaciones realizadas. Anunciamos ya de entrada nuestro apoyo a la toma de consideración y agradecemos al PNV la persistencia para que todos los espacios del Estado queden sometidos — sobre todo los rincones más oscuros del Estado— al control democrático. La inteligencia tiene como finalidad la seguridad del Estado, no tiene un cheque en blanco para dedicarse a intereses espurios, como la persecución del adversario político. Como todo poder político, tiene que quedar sujeto al principio de legalidad propio del Estado de derecho. La seguridad nunca puede ser una excusa para saltarse el ordenamiento jurídico y la prohibición de la arbitrariedad. Precisamente la responsabilidad política y el control judicial de los servicios de inteligencia es lo que exige el Estado de derecho europeo. Me remito al informe de la Comisión de Venecia de 2015 sobre la supervisión democrática de las agencias de inteligencia y también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que la injerencia del Estado en los derechos del individuo tiene que quedar sujeta a los principios de legalidad y proporcionalidad, sobre todo cuando se trata de la intervención de dispositivos informáticos, y siempre con el control previo y posterior judicial para constatar que no se han producido violaciones ni actuaciones desproporcionadas. Pero vayamos al elefante que tenemos en la habitación en este debate. En 2022, como ustedes saben, estalló el escándalo del espionaje masivo al independentismo catalán con el programa espía Pegasus por parte del Gobierno Sánchez, Bolaños y Robles, el famoso catalangate. La revista The New Yorker — aquella revistilla que la ministra Robles despreció diciendo que no conocía, no sabía cuáles eran las fuentes utilizadas para denunciar el independentismo catalán— publicó un informe con el título: Catalangate, la operación de espionaje masivo contra los catalanes, Pegasus. También, un informe, Citizen Lab, destapó el escándalo de ciberespionaje, con sesenta y cinco políticos, periodistas, abogados que vieron sus derechos a la intimidad, al secreto de la comunicación y a la defensa directamente vulnerados por la actuación del Gobierno español, no por motivos de seguridad, sino por motivos estrictamente políticos. ¿Y qué hizo el Gobierno de Sánchez? En primer lugar, el Gobierno Sánchez, Bolaños y Robles negó la realidad, negó las pruebas, desacreditó a Citizen Lab e incluso desacreditó a The New Yorker. En España no se espía. Segundo relato, reconocer que, bueno, en España se espía, pero se espía poco y bien, de acuerdo con la ley y con autorización judicial. Bien. Tercer relato, justificar el espionaje político, justificar el espionaje político. Aquí mismo, en esta Cámara, la señora Robles dijo aquello de: ¿Qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien declara la independencia? Hombre, la respuesta queda clara, ¿no? Espiar, delinquir y vulnerar derechos: eso es lo que tiene que hacer un Estado ante una demanda democrática. Cuarto relato del Gobierno español: la victimización, la cortina de humo del Moncloagate. Y, por último, cuando toda la porquería ya salía de las cloacas del Estado, el señor Bolaños dio por bueno el informe de Citizen Lab, pero, claro, tampoco podía admitir que se investigara porque era secreto de Estado, y por eso se negó a crear una comisión de investigación cuando aquí, en esta Cámara, había tres diputados espiados, tres diputados de esta Cámara espiados por el Gobierno español a través del CNI. El PSOE se negó a crear una comisión de investigación para esclarecer los hechos hasta que desde Junts les hemos obligado a crear esta Comisión. Hasta este momento no se había creado. Ustedes, señores socialistas, no tienen sentido de Estado, tienen sentido de Estado profundo, deep state. Constitucionalistas, sí, pero solo cuando se habla de la unidad de la nación española y no del Título I de la Constitución, que habla de derechos y libertades. La realidad es que España se ha dedicado a espiar y a perseguir a los que ha considerado enemigos políticos, entre los cuales, están los independentistas políticos, es decir, algunos diputados de esta Cámara, entornos, familias, entornos periodísticos ilegales. Y aquí es donde quería ir a parar, un caso de acoso por tierra, mar y aire que ha sufrido el abogado Gonzalo Boye. Todas las cloacas del Estado, todas, lo han señalado como enemigo público que hay que abatir: las cloacas azules de la Policía, las cloacas verdes de la Guardia Civil, las cloacas marrones del CNI y también las cloacas negras de las togas de la Fiscalía. El CNI espió al abogado del presidente Puigdemont, el señor Boye, no por motivos de seguridad de Estado, sino por motivos estrictamente políticos, por motivos de quién era a quién defendía, el presidente Puigdemont, y todavía más, el CNI espió al señor Boye para descubrir las estrategias de defensa del expresidente en el exilio, es decir, un atentado contra un derecho básico del Estado de derecho: el derecho a la defensa. ¿Y de qué sirvieron estas actuaciones del CNI y el espionaje, de lo que tanto hablaba la ministra Robles en aquellos días? De nada. El mismo sujeto, señor Pablo Lucas, como juez adscrito al CNI, que por la mañana permitía el espionaje con Pegasus al señor Boye, por la tarde, como magistrado del Supremo — repito, el mismo magistrado—, pronunciaba resoluciones y procedimientos en los que el señor Boye era representante legal. Por ejemplo, los procedimientos de adquisición de eurodiputados del presidente Puigdemont y del consejero Comín. Por la mañana espiaba, por la tarde dictaba sentencias. Esas son las garantías que tenemos ahora mismo en materia de servicios de inteligencia en el Estado español. Y acabo. Desde Junts per Catalunya no aceptamos lecciones de democracia de nadie que represente el Estado español, ni de un gobierno que ahora nos viene con un plan de regeneración democrática cuando justificó, amparo y promovió el espionaje a los políticos independentistas catalanes; tampoco de un presidente que lo es porque esta Cámara lo invistió y que ahora dice que gobernará con o sin el apoyo de las Cortes Generales. Y todavía menos, todavía menos aceptamos lecciones de jueces prevaricadores, que se niegan a cumplir la ley de amnistía, y golpistas, porque quieren usurpar el lugar del legislador. Muchas gracias.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

Bona tarda, presidenta, senyories. Avui votem aquí si volem un Centro Nacional de Inteligencia del segle XXI o volem la T.I.A. de Mortadelo i Filemón, en el millor dels casos. Qui diu Mortadelo i Filemón diu Perote i Manglano, per esmentar uns noms a l’atzar. En altres casos, en comptes de parlar del clàssic de Francisco Ibáñez, hauríem de parlar potser de la famosa novel·la 1984, de George Orwell. Parlo, és clar, del cas Pegasus, que, com ja s’ha dit aquí, ha estat un veritable escàndol internacional, encara que alguns l’han infravalorat. Cal recordar que, entre d’altres espiats, un d’ells va ser el president de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès. Curiosament, va ser mentre estava negociant, la qual cosa en una democràcia, en una democràcia que s’anomena plena, planteja, com a mínim, grans dubtes. Per tant, també els demano que pensin si val la pena mantenir l’adjectiu de «plena» en una democràcia intervinguda per Pegasus. Per cert, com s’ha dit també, el president Sánchez va ser espiat, certament, però, curiosament, a diferència de les autoritats franceses, la Moncloa no ha demanat responsabilitats a l’empresa israeliana. El diputat senyor Iñarritu ha recordat alguns episodis, és impossible no fer-ho. Per exemple, l’estrany paper del CNI en el cas de les senyores Bárbara Rey i Corinna Larsen. Per cert, el que va fer el CNI en el cas de la senyora Larsen va ser definit com a acto de Estado. No faré acudits fàcils, però fa riure. I, evidentment, hi ha també l’estrany paper, mai explicat, vinculat als terribles atemptats del 17 d’agost de l’imam senyor Abdelbaki Es Satty, que era, se sap i s’ha comprovat, confident del CNI. Al matí següent de la massacre, es va esborrar, al registre central de fonts del CNI, la fitxa d’aquest senyor. Curiosament, no és un cas tampoc de gran eficàcia per part del CNI. El que aquí es veu, com ja s’ha dit, va venir l’any 2022 en aquesta Cambra i aleshores el Partit Socialista hi va votar en contra. Tinc entès que aquesta vegada, senyories socialistes, hi votaran a favor. Permetin-me que els digui, senyories socialistes: benvinguts al segle XXI, pasito a pasito hi anem arribant. Nosaltres, que ja fa temps que som al segle XXI, votarem a favor de la proposició de llei dels senyors del PNB, perquè introdueix criteris clars de proporcionalitat, transparència, modernitat, responsabilitat política i moltes més garanties jurídiques en el control dels mitjans. Perquè ens sembla substancial, com ha dit el senyor Legarda, que el jutge o jutges que hagin d’autoritzar operacions del Centre Nacional d’Intel·ligència tinguin clar què són aquests mitjans. Altrament, cauríem en el que ha passat amb el cas Pegasus, que és exactament donar-ho tot per bo. Hi ha una dita clàssica que diu que el diable és en els detalls. En el cas del CNI, els detalls són els mitjans i, si no es controlen, es vulnera l’estat de dret, i tornem a una democràcia que no es pot dir plena. Això és el que passa. Per tant, creiem que la proposició del Partit Nacionalista Basc és important també per això, pel control ex post que es farà, pel control polític, que demana que sigui el president del Govern espanyol el que nomeni el director del CNI i, per tant, no haguem de viure moments vergonyosos, com el d’un cap de govern amagant-se darrere d’un ministre o una ministra i no donant la cara, perquè això és la responsabilitat política, senyories. També és important en aquest cas pel control que es dona al Legislatiu sobre els serveis d’intel·ligència i també perquè la reforma que proposa de passar d’un magistrat a tres intenta evitar el biaix absolutament possible que un sol magistrat tingui interessos espuris sobre les decisions de les operacions. L’any 2022, el nostre portaveu, Gabriel Rufián, es preguntava si els que votaven en contra d’aquesta reforma eren patriotes. Jo crec que és una pregunta pertinent avui. Els que votaran en contra, senyories de la dreta i també de la ultradreta, són vostès patriotes, són patriotes de cap de setmana, són patriotes entre setmanals, són patriotes de festius? Perquè faig un esforç d’imaginar com és un patriota espanyol; jo diria, senyories de la dreta, que un patriota espanyol, un Centro Nacional de Inteligencia que no sigui la T.I.A. els interessa, que no sigui incompetent, que no sigui arbitrari, que no espiï els mateixos ciutadans. Vaja, un Centro Nacional de Inteligencia que sigui més semblant a Suècia que a Aràbia Saudita. Jo crec que això és ser patriota. Per cert, senyories del PSOE, ens estranya que en el recent pla d’acció per a la democràcia, el president Sánchez no hagi inclòs tot això i que hagi estat ara, gràcies als senyors del PNB, que han vist la llum. Curiosament, sembla que el senyor Sánchez, des de la Moncloa, troba més fàcil controlar les notícies que controlar els serveis secrets. No diré allò que el senyor Sánchez vol ser fort amb els febles i feble amb els forts, però estic temptat de dir-ho. Ja ho ha dit el senyor Legarda, ja ho hem dit altres, el president Sánchez va anunciar una nova llei d’informació classificada i no l’ha portat aquí; va anunciar una reforma de la llei del CNI i no ho ha fet. Permetin-me, per tant, que els digui que el senyor Sánchez està atrapat en el seu tacticisme. El tacticisme del president del Govern espanyol crea desconfiança i la desconfiança no serveix per caminar una legislatura. No facin això d’amagar-se en el tacticisme, perquè altrament els haurem de dir que qui practica el tacticisme acaba enterrat en els seus incompliments. Senyories del PSOE, li poden recordar a l’inquilí de la Moncloa que finalment a tots se’ns pot esgotar la paciència davant els incompliments. El CNI és una església? Què passa amb el CNI? El CNI és intocable? Estem parlant d’un món absolutament sagrat? Nosaltres pensem que un Centre Nacional d’Intel·ligència que sigui molt més garantista i més a prop del que és la realitat dels ciutadans d’avui i, repeteixo, més a prop de les democràcies que no dels sistemes autoritaris, és un sistema millor. Entenem que la reforma que ens convida avui a caminar el Partit Nacionalista Basc va en aquesta línia, va en la línia d’oblidar Mortadelo i Filemón i entrar en les democràcies de debò. Per cert, no es quedin amb la idea, senyories del PSOE, de votar-ho avui i, com hem dit alguns altres portaveus, deixar-ho al calaix. No poden deixar-ho al calaix tot; els deures no poden ser eternament pendents, perquè sinó, un dia, quan vingui la dreta — que algun dia potser tornarà—, s’hauran adonat que el CNI també anirà contra vostès. Bona tarda. Moltes gràcies. Buenas tardes, presidenta, señorías. Hoy votamos aquí si queremos un Centro Nacional de Inteligencia del siglo XXI o si queremos la T.I.A. de Mortadelo y Filemón en el mejor de los casos; quien dice Mortadelo y Filemón, dice Perote y Manglano, por citar unos nombres al azar. En otros casos, en lugar de hablar del clásico de Francisco Ibáñez, quizás deberíamos hablar de la famosa novela «1984», de George Orwell; me refiero por supuesto al caso Pegasus, que, como ya se ha dicho aquí, ha sido un auténtico escándalo internacional, aun cuando algunos lo hayan infravalorado. Tenemos que recordar que entre otros espiados se cuenta el presidente de la Generalitat, el señor Pere Aragonès, y, curiosamente, mientras estaba negociando, cosa que en una democracia denominada plena plantea cuando menos grandes dudas. Por lo tanto, les pido que se planteen si tiene sentido mantener el adjetivo pleno en una democracia intervenida por Pegasus. Por cierto, como ya se ha dicho aquí, el presidente Sánchez fue espiado, es cierto, pero, curiosamente, a diferencia de las autoridades francesas, la Moncloa no ha pedido responsabilidades a la empresa israelí. Bien, el diputado, señor Iñarritu, ha recordado algunos episodios — es imposible no hacerlo—, por ejemplo, el papel extremo del CNI en el caso de Bárbara Rey y Corinna Larsen. Y, por cierto, lo que hizo el CNI en el caso de la señora Larsen fue definido como un acto de Estado, acto de Estado. No haré bromas fáciles, pero la verdad es que es para echarse a reír. Evidentemente, también este papel curioso, extraño, nunca explicado, vinculado a los terribles atentados del 17 de agosto del imán, señor Abdelbaki Es Satty, que era ―se ha comprobado― un fiel del CNI. Por cierto, al día siguiente de la masacre se robó el registro de este señor en la base del CNI. Curiosamente, tampoco se trata de un caso que brille por la eficacia en el caso del CNI. Lo que aquí se ve, como ya se ha dicho, ocurrió en 2022 en esta Cámara, cuando el Partido Socialista votó en contra. Si lo he entendido bien, en esta ocasión, señorías socialistas, votarán ustedes a favor. Pues permítanme que les diga: Bienvenidos al siglo XXI; pasito a pasito, ya vamos llegando. Nosotros, que ya hace tiempo que estamos en el siglo XXI, votaremos a favor de la propuesta de ley de los señores del PNV, porque introduce criterios claros de proporcionalidad, transparencia, modernidad, responsabilidad política y muchas otras garantías jurídicas en el control de los medios. Porque nos parece fundamental, como lo ha dicho el señor Legarda, que el juez o jueces que tengan que autorizar operaciones del Centro Nacional de Inteligencia tengan claros qué son estos medios, porque, si no, acabaríamos cayendo en lo que ha ocurrido en el caso Pegasus, que es precisamente darlo todo por bueno. Hay un refrán clásico que dice: El diablo está en los detalles. En el caso del CNI, los detalles son los medios y, si no se controlan, se vulnera el Estado de derecho y volvemos a una democracia que no se puede tildar de plena. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, pensamos que la proposición del Partido Nacionalista Vasco es importante por eso, por el control ex post que se hará, por el control político, que requiere que sea el presidente del Gobierno español quien nombre al presidente del CNI y que, por lo tanto, no tengamos que vivir momentos vergonzosos, como algún jefe de gobierno, escondiéndose detrás de un ministro o ministra y no dando la cara, porque esto es la responsabilidad política, señorías. También es importante en este caso por el control que se le otorga al Legislativo sobre los servicios de inteligencia y también porque la reforma que propone de pasar de un magistrado a tres intenta evitar el sesgo absolutamente posible de que un solo magistrado tenga intereses espurios sobre los intereses de las operaciones. En el año 2022, nuestro portavoz, Gabriel Rufián, se preguntaba si los que votaban en contra de esta reforma eran patriotas. Yo creo que es una pregunta muy oportuna hoy. Los que votarán en contra, señorías de la derecha y de la ultraderecha, ¿son ustedes patriotas, patriotas de fin de semana, patriotas intersemanales, patriotas festivos?, porque hago aquí un esfuerzo de intentar imaginar cómo es un patriota español. Yo diría, señorías de la derecha, que, a un patriota español, un Centro Nacional de Inteligencia que no sea la T.I.A. le interesa; que no sea incompetente, que no sea arbitrario, que no espíe a los propios ciudadanos, ¡vaya!, un Centro Nacional de Inteligencia que se parezca más a Suecia que a Arabia Saudí. Supongo que esto es ser patriota. Por cierto, señorías del PSOE, nos extraña que en el reciente plan de acción sobre regeneración democrática el presidente Sánchez no haya incluido todo esto y que gracias a ciertos señores haya visto la luz. Parece que desde la Moncloa el señor Sánchez encuentra más fácil controlar las noticias que controlar a los servicios secretos. No diré aquello de que el señor Sánchez quiere ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes, pero la verdad es que me pica esta tentación. Ya lo ha dicho el señor Legarda, ya lo han dicho otros, el presidente Sánchez anunció una nueva ley de información clasificada y no la ha traído aquí; anunció una reforma de la ley del CNI y no la ha hecho. Permítanme, por lo tanto, que les diga que el señor Sánchez está atrapado en su propio tacticismo. El tacticismo del presidente del Gobierno español genera desconfianza, y la desconfianza no sirve para poder avanzar en la legislatura. No hagan eso de esconderse en el tacticismo, porque entonces tendremos que decirles que quien practica el tacticismo acaba enterrado en sus propios incumplimientos. Señorías del PSOE, le pueden recordar al inquilino de la Moncloa que a todos se nos puede acabar la paciencia ante los incumplimientos. ¿El CNI es una iglesia? ¿Qué pasa con el CNI? ¿El CNI es intocable? ¿Estamos hablando de un mundo absolutamente sagrado? Nosotros creemos que un Centro Nacional de Inteligencia que sea mucho más garantista y mucho más cercano a la realidad de los ciudadanos actuales y, repito, más cercano de las democracias que de los sistemas autoritarios es un sistema mejor. Entendemos que la reforma a la que nos invita a ir hoy el Partido Nacionalista Vasco va en esta línea, en la línea de olvidar a Mortadelo y Filemón y entrar en las auténticas democracias. Y, por cierto, no se queden con la idea, señorías del PSOE, de votarlo hoy y, como han dicho otros portavoces, meterlo luego en un cajón. No pueden meter todo en un cajón, los deberes no pueden ser siempre tareas pendientes, porque, si no, un día, cuando llegue la derecha ―que algún día llegará y volverá― se habrán dado cuenta de que el CNI también irá contra ustedes. Buenas tardes. Gracias.

Agustín Santos Maraver SUMAR

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el preámbulo de la proposición de ley del PNV de reforma de las dos leyes de 2002 que rigen la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, la reguladora del propio CNI y la reguladora del control judicial previo, es perfectamente claro en sus razones. Ya hubo el precedente de las escuchas ilegales del CESID, entre 1983 y 1999, que motivaron la necesidad de ambas leyes de 2002, y posteriormente hemos asistido a las escuchas ilegales al presidente del Gobierno, a varios miembros del mismo y a diferentes dirigentes políticos que acabaron con el cese de la directora del CNI y las denuncias ante los tribunales por parte de los afectados. Actualmente hay operativas cuatro comisiones de investigación en esta Cámara, de las que tres tienen que ver con temas relacionados con la inteligencia y la seguridad nacional. Como han explicado los proponentes, se trata de abrir un debate, en primer lugar, sobre cómo reforzar la responsabilidad directa entre el presidente del Gobierno, el nombramiento del director o directora del CNI y las actuaciones de los servicios de inteligencia; en segundo lugar, sobre cómo mejorar el control político por parte de esta Cámara, donde reside la soberanía nacional, de las intervenciones del CNI autorizadas judicialmente a través de la Comisión de gastos reservados, y, en tercer lugar, cómo reforzar la eficacia del propio control judicial mediante un órgano colegiado de tres magistrados del Tribunal Supremo que actúen de forma unánime, y esta es la más novedosa de las tres propuestas. Con independencia del debate posterior, todas estas medidas apuntan a garantizar derechos de ciudadanos, a impulsar medidas de regeneración democrática, evitando usos de parte de un instrumento del Estado, a reforzar su capacidad de actuación y a dar garantías plenas a sus funcionarios, los del CNI, sobre el marco legal del mismo y en el que actúan. De lo que se trata hoy es de su admisión a trámite, y contará con el voto a favor del Grupo Plurinacional SUMAR. Señorías, en abril de 2014, el Parlamento Europeo solicitó a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que llevase a cabo una investigación en profundidad sobre la protección de los derechos fundamentales en el contexto de la vigilancia. La agencia realizó dicha investigación e identificó los marcos jurídicos de los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea en materia de vigilancia, ofreciendo una visión general de las normas de derechos fundamentales existentes, y se centró en los mecanismos de supervisión y en las vías de recurso a disposición de las personas afectadas. Esa investigación ofreció una serie de conclusiones, que será interesante incluir en el debate sobre la reforma de las leyes reguladoras del CNI, sobre los mandatos, el control judicial, la diferenciación entre seguridad interior y seguridad exterior, las nuevas y urgentes tareas en ciberseguridad y los nuevos aspectos y orientaciones en la lucha antiterrorista, donde España juega un papel destacado y ha sido especialmente activa en Naciones Unidas. Es una oportunidad, por tanto, para situar nuestro marco legal entre los mejores de la Unión Europea. Señorías, en su comparecencia del 26 de mayo de 2022, a propósito del caso Pegasus, el presidente del Gobierno se comprometió a dos cosas: a una nueva ley de secretos oficiales que sustituyera a la actual vigente de 1968, franquista y preconstitucional, y a la reforma del control judicial del CNI en línea con el informe del Defensor del Pueblo. Como sabemos, son tareas pendientes de esta legislatura. La propuesta que hoy discutimos puede ser un paso adelante importante que refuerce nuestra democracia. Muchas gracias. .

Ignacio Gil Lázaro VOX

Señora presidenta, señorías, con esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, incide de nuevo en el propósito fundamental de su acción política, es decir, debilitar al Estado, debilitar a España, como lo hace de muchas otras formas, por ejemplo, cuando guarda silencio cómplice frente a los actos de homenaje a terroristas salidos de prisión que organiza el entorno de Bildu o frente a los actos de hostigamiento a la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra que organiza también ese mismo entorno de Bildu; o como lo hace contribuyendo a establecer un relato falso y viciado, que pretende blanquear la historia criminal de ETA equiparando a víctimas y verdugos. ; o como lo hace desde el Gobierno Vasco a través de una política de trato de favor a los presos de ETA, hoy casi un tercio ya en régimen de tercer grado, una vez recibidas las competencias de gestión penitenciaria tras la liquidación de la política de dispersión pactada por Sánchez con Bildu a cambio de su apoyo, eso que Sánchez prometió solemnemente a los españoles que nunca haría. Así que, en ese afán de debilitar al Estado, hoy el Grupo Parlamentario Vasco, contando con el apoyo y la satisfacción de todos aquellos otros grupos que en esta Cámara se autodeclaran enemigos de España, vuelve a plantear una iniciativa que ya suscitó en la pasada legislatura, cosechando entonces un fracaso monumental: 300 votos en contra, entre ellos los del Grupo Parlamentario Socialista, que hoy, probablemente, en función de la coyuntura, cambiará su voto y dará apoyo a la toma en consideración de este verdadero despropósito como una forma de expresión del catálogo de deudas pendientes con el PNV, después de que la semana pasada el lehendakari le expresara a Sánchez el apoyo del PNV para llegar hasta el final de esta legislatura, lo que supone un monumental desdoro, dado que esta legislatura es ya una legislatura muerta de suyo, de modo que prolongarla artificialmente, como a ello se brinda el PNV, es también una forma de debilitar al Estado y de causarle un daño letal a España. . Así que, desde luego, lo que no se puede imputar al PNV, en modo alguno, es torpeza en la redacción de esta proposición de ley, por mucho que sea un monumental despropósito su contenido. Y no se le puede imputar torpeza porque ese monumental despropósito de contenido es hábil para cumplimentar el fin que persigue: debilitar al Estado, jaleado, como decía, por todas esas otras fuerzas políticas que en esta Cámara se declaran también enemigas del Estado. Mire usted, es un despropósito mayúsculo pretender atribuir al presidente del Gobierno la competencia exclusiva para nombrar y cesar al director del Centro Nacional de Inteligencia. Eso significa convertir al director del centro — y, por extensión, al centro— en un puro lacayo de los intereses políticos sectarios del Gobierno y de sus socios, que también pensarán sacar tajada de esto, rompiendo el carácter profesional, técnico e independiente que debe tener el centro al servicio de sus misiones. Y solamente falta ponerle a Sánchez, que ya viene asaltando sistemáticamente, con absoluta desvergüenza, todas las instituciones del Estado, ya solo falta ponerle, por vía legislativa, el escalón de plata para poder asaltar sin ningún problema el Centro Nacional de Inteligencia. Y es un despropósito mayúsculo pretender alterar el régimen actual de autorización previa de los actos del CNI, atribuido hoy a un magistrado del Tribunal Supremo, y que, según esta proposición de ley, se pretende atribuir a tres magistrados del Supremo, que deberán decidir por unanimidad y que encima deberán conocer previamente los medios que va a utilizar el CNI para cada una de las operaciones cuya autorización solicitan. Esto, señorías, lo saben ustedes muy bien, significa en la práctica obstaculizar la necesaria agilidad que debe tener la autorización judicial de las intervenciones del CNI para poder hacer eficaces esas intervenciones, sin menoscabo, por supuesto, de las debidas garantías judiciales. Y ya el colmo de los colmos es pretender que el Centro Nacional de Inteligencia tenga que informar en la Comisión de control de gastos reservados de esta Cámara de todos los detalles, fuentes y medios que utilizan en cada una de esas operaciones, cosa que hoy tiene vedada legalmente. Y es el colmo del despropósito cuando en esa Comisión se sientan, por una parte, Esquerra y Junts, que se alzaron contra el orden constitucional y contra la unidad nacional y que han manifestado su propósito de volver a hacerlo; por otra parte, Bildu, que sigue sin condenar el terrorismo etarra, y por otra parte, la extrema izquierda de SUMAR, sentada también en el Gobierno y que jalea sus simpatías hacia una organización terrorista como Hamás, da apoyo a todas las narcodictaduras bolivarianas, y especialmente, de una forma vergonzosa y singular, a la dictadura criminal de Maduro en Venezuela. . ¿Y esos quieren ustedes que conozcan todos y cada uno de los detalles de las operaciones y fuentes del CNI? Lo que significa dejar al CNI indefenso, lo que significa desestabilizar por completo la operatividad de sus misiones y lo que significa, obviamente, concitar en el CNI la desconfianza de todos los servicios de la comunidad de inteligencia. Porque, señorías, por mucho que ustedes hayan dicho aquí lo que han dicho hoy, sepan que el Centro Nacional de Inteligencia cuenta con el prestigio y el reconocimiento de los servicios de la comunidad de inteligencia internacional, que comparten unos mismos valores en defensa de la democracia y de la integridad de sus Estados, probablemente valores que sus señorías no compartan. Y concluyo. Por todas estas causas, nosotros hoy votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley, y al hacerlo estaremos expresando nuestro reconocimiento a todas esas mujeres y hombres que, provenientes de las fuerzas armadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la sociedad civil entregan su vida, y a veces la pierden, encuadradas en el CNI y al servicio de la libertad y de la seguridad de España y de los españoles. A ellos, siempre, nuestro reconocimiento, honor y gratitud. Muchas gracias. .

Isaura Leal Fernández PSOE

Gracias, presidenta. Señorías, centrados en el debate que nos incumbe, en el entramado institucional de toda democracia, los servicios de inteligencia constituyen un elemento estructural. Los escenarios geoestratégicos en el mundo cambian de forma muy rápida, los riesgos y amenazas determinan hacia dónde debemos poner nuestras miradas y, en este sentido, entre las principales obligaciones y objetivos de los servicios de inteligencia se encuentra conocer con el mayor grado de exactitud las amenazas a combatir para disminuir o evitar la vulnerabilidad ante estos, detectar riesgos, anticipar sus efectos y neutralizarlos. Eso constituye su razón de ser y, sin duda, a ello dedican todos sus esfuerzos. Como bien señalaba la ministra Robles en sede parlamentaria, el Centro Nacional de Inteligencia no es propiedad de ningún Gobierno, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas. El éxito en el cumplimiento de esta tarea esencial para una sociedad democrática como la nuestra solo es posible en verdad con el esfuerzo y gracias al esfuerzo de los más de 3000 mujeres y hombres que trabajan de forma anónima, a nivel nacional e internacional, para preservar y garantizar la seguridad de España y de la ciudadanía, en situaciones, a veces, muy complicadas, que ponen en riesgo su propia vida. Su esfuerzo y su trabajo hacen del nuestro un país más seguro y muy en especial son determinantes en la lucha contra el terrorismo. El CNI goza de gran prestigio y colabora con los servicios de inteligencia de otros países de forma óptima. Señorías, nuestra legislación es garantista en esta materia. Es una legislación pensada para proteger y preservar la seguridad, sí; pero también para proteger y preservar los derechos de la ciudadanía, que contempla de forma expresa el control parlamentario, con un sistema de garantías que es homologable al de otros países y, si me permiten, diría más, incluso más garantista que algunos servicios de inteligencia de países de nuestro entorno. Sometimiento, por tanto, a la ley y a los sistemas de control. España cuenta con unos servicios de inteligencia de primer orden, cuyo marco de actuación está legalmente regulado, judicialmente controlado y sometido al control parlamentario. Permítanme destacar la tarea que cumple en esta misma Cámara la Comisión de control de los créditos destinados a los gastos reservados, la Comisión de Secretos Oficiales. En todas las legislaturas ha cumplido su tarea y lo hará también, sin la menor duda, en esta legislatura. Quiero destacar también, precisamente, la propia supervisión de los fondos reservados y el control judicial, porque, sí, existe un control judicial administrativo cuando se precisan las autorizaciones específicas para la ejecución de actividades operativas, en las que, con autorización judicial, se preservan y deben de preservar los derechos fundamentales. Pero, señorías, los importantes y acelerados cambios en la sociedad de nuestro tiempo y el ritmo de estos cambios tecnológicos es tan rápido que incluso va dejando como obsoletas las herramientas clásicas de protección y también los marcos regulatorios de protección. Para hacer frente a estos cambios, entre otros, se han reforzado las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también se ha reforzado la plantilla del propio CNI, con importantes inversiones que se están realizando en los ámbitos de la ciberseguridad y de la renovación tecnológica. Todos estos cambios en la sociedad, junto al tiempo transcurrido, deben de hacernos reflexionar sobre la revisión del marco regulatorio de nuestros servicios de inteligencia, y es en este contexto en el que enmarcamos la iniciativa del Grupo Nacionalista Vasco. La Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y la Ley orgánica reguladora del control judicial previo del CNI datan ambas de mayo del 2002. Las dos normas fueron aprobadas hace más de veinte años y aún siguen cumpliendo con su función. Pero en el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el lapso del tiempo transcurrido, los cambios producidos, el entorno geoestratégico y tecnológico hacen que pueda resultar razonable examinarlas y, si fuera necesario, su propia modificación. Entendemos en ese sentido la iniciativa presentada por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco y, en esas coordenadas, manifestamos nuestro apoyo a su toma en consideración. Su posterior tramitación parlamentaria nos permitirá proceder a las modificaciones, con el rigor de optimizar un marco regulatorio que siempre debe de cumplir con un doble objetivo: garantizar su alto nivel de eficacia y el pleno sometimiento al marco constitucional de nuestros servicios de inteligencia. Ambos objetivos resultan indispensables para garantizar nuestra seguridad y los derechos y libertades. En conclusión, presidenta, nuestro voto va a ser favorable a esta toma en consideración. Buscaremos recabar el consenso parlamentario más amplio posible en relación con la regulación de una materia que es de una extraordinaria relevancia de país y es la que constituye la preocupación y objeto de esta posible reforma. Muchas gracias. .

Rafael Antonio Hernando Fraile PP

Gracias, señora Armengol. Señorías, los he visto a ustedes como muy enfadados con el Gobierno, especialmente al proponente y a las minorías, pero no lo suficiente como para que eso vaya a flojear en el apoyo desmedido con el que se muestran con aquel. Siguen ustedes manteniendo su confianza en un Gobierno que, según ustedes, simplemente los espía, además los engaña y les promete cosas que nunca se cumplen. . Pero, señora Leal, ha cambiado usted la posición de su grupo respecto a hace año y pico. Bien, otro cambio de opinión; no es novedoso en ustedes. El problema es que todos sabemos aquí dónde acaban las iniciativas de este Parlamento, las que se toman como proposiciones de ley o las que vienen del Senado: en la nevera; en el caso de ustedes, señor Legarda, en el congelador. Ya se lo digo a usted: esto ni se va a debatir, ni se va a proponer nada, ni se va a corregir absolutamente nada. Y me alegro de poder debatir con ustedes, señorías del PNV, porque la última vez que lo hice fue exactamente hace algo más de seis años. Fue sobre una infame moción de censura, que ustedes apoyaron, basada en una sentencia falsa, en la que se acusaba de corrupción al presidente de un Gobierno limpio y honesto que había superado , con el esfuerzo de los españoles, la mayor crisis económica y los recortes sociales que habían dejado estos señores (señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) y el señor Zapatero. ¿Se acuerda? Ustedes hicieron presidente a un señor que había perdido, ni más ni menos, las elecciones por 52 escaños —¡gran acto de democracia!— y diez días después de haber aprobado un presupuesto. ¡Quién los ha visto y quién los ve! Hoy son el mejor aliado y escudo de un Gobierno socialcomunista, un Gobierno que no tiene presupuestos y que tampoco tiene decencia, que asalta las instituciones, que destruye los contrapoderes, que ataca a jueces y periodistas y que está de corrupción hasta las cejas: corrupción política, corrupción económica y corrupción familiar. . Ustedes — permítanme que se lo diga—, señores del PNV, están actuando como si fueran el felpudo del sanchismo, ya que incluso amparan que en el País Vasco el Gobierno siquiera haya ejecutado el 30 % del presupuesto aprobado en el 2022 y en el 2023. Del 2025 ni hablamos, ya sabemos que eso lo arreglan en Suiza. . El domingo, además, leí una interesante entrevista en el periódico de la causa, según el señor Sánchez, y percibí algunas cosas. En primer lugar, que, según usted, el Gobierno tiene un notable desprecio por las cosas que se aprueban aquí; diría alguno que es que le importa una higa. En segundo lugar, su malestar porque los de Bildu les llaman fachas. Oiga, señor Esteban, llevan ustedes blanqueando a esta gente durante seis años, votando con ellos prácticamente todos los días en esta Cámara. Y, señor Iñarritu, me parece un sarcasmo que venga usted a hablar aquí de espías. Ya sé que usted es más de Armani que de manis , pero es que ustedes pertenecen a una organización que durante más de cuarenta años ha estado apoyando una red de gente miserable que espiaba, señalaba y perseguía a gente por el hecho de ser militar, guardia civil, policía nacional, concejal del PP o concejal del PSOE. . Y puede ser que a estos señores (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) se les olvide eso porque estos señores necesitan sus votos, pero este que les habla a ustedes ni olvida ni perdona, y tampoco mi grupo, señorías. . Esa gente es la que ustedes llevan en sus listas, a la que le organizan fiestas y homenajean cuando todavía siguen sin entregar sus arsenales de pistolas y tienen 287 asesinatos sin esclarecer. Hoy, el PNV nos presenta una iniciativa que ya fue rechazada en el 2022 y que no va a ser rechazada hoy, como ya sabemos, pero será llevada al congelador. Pretende modificar la regulación del CNI a raíz de que se conociera el uso de Pegasus para controlar los teléfonos de dieciocho independentistas, incluido el del presidente de la Generalitat, señora Aragonès. He visto que al señor Álvaro, de Esquerra Republicana, le ocupan más Bárbara Rey o Corina para hacer una crónica rosa que el espionaje al presidente de su comunidad; perdón, al expresidente. Y el problema no es que el CNI pueda investigar si existe una conspiración que pretenda destruir nuestra nación y nuestra convivencia, es que es su obligación. El problema es que Sánchez alentó esa investigación para conocer en qué situación estaba su investidura. El problema es que Sánchez encargó al servicio informes sobre Cataluña que incluso se ocultaban a la ministra de Defensa. El problema no es el CNI; el problema se llama Sánchez y su uso espurio del CNI. Señorías, la obligación del CNI es desenmascarar y combatir a los enemigos del Estado español dentro y fuera de España. Es una dura tarea, y algunos de sus miembros, a los que quiero rendir mi homenaje y el de mi grupo, han dado su vida por defender nuestra libertad y nuestra democracia. Por eso resultó más infame el cese de la directora, la señora Esteban, cuyo único pecado fue el de seguir las órdenes de un personaje sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para hacerse con el poder y bunkerizarse en él, y al que nosotros, permítame, señor Legarda, no vamos a dar más poder a través de las leyes que se modifican en esta Cámara. . Por cierto, señor Álvaro, ustedes viven en esa película del patriotismo de su republiqueta, pero permítame que le diga que esas películas les van a ustedes cada vez peor, sobre todo cuando siguen apoyando al señor Sánchez. Han perdido el Gobierno en Cataluña, fueron quinta fuerza electoral y tragan con el sanchismo a pesar de ser espiados por Pegasus. Ahora andan entre ustedes a cachetazos. ¡Vaya papelón! Señorías, padecemos un Gobierno con pulsiones autocráticas que busca disimular su debilidad parlamentaria asaltando instituciones, y eso lo hace, señor Legarda, con el apoyo de su grupo: Televisión Española, el CIS, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Abogacía del Estado, el Congreso del Estado, el INE, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMC, Indra, Telefónica, el Banco de España, los medios de comunicación con la publicidad institucional y las ayudas a la digitalización. Y todo mientras ustedes miran para otro lado o sencillamente le apoyan. Además, señorías, la iniciativa no pretende un control judicial parlamentario del Gobierno. Un juez de instrucción, según su propuesta, podría autorizar el pinchazo de unos teléfonos, pero si lo hace el CNI necesitaría tres del Supremo. Esto no tiene mucho sentido. Al revés, yo creo que lo que ustedes pretenden es maniatar al centro de inteligencia y restarle eficacia, y eso sería grave para un país como España, que ha sido, es y será víctima de guerras híbridas que buscan debilitar nuestra democracia, nuestras libertades, nuestra Constitución e, incluso, nuestra unidad como nación. Por último, señorías del PSOE — déjenme que acaben con ustedes—, una cosa muy breve. Han montado ustedes, al parecer, una sucursal en Ferraz que se dedica a investigar a policías, a jueces… . A policías, a jueces… . Dejen de hacer aspavientos, que parecen ustedes, en vez de un grupo parlamentario, un parque eólico. . Déjenme, por favor. Han montado ustedes una sucursal para investigar y amenazar a jueces, periodistas y, según el señor Cerdán el otro día, también a los miembros de la oposición. Llevan ustedes dos grandes éxitos, es como lo de Pepe Gotera y Otilio. El primero ha sido eso de los dos DNI del juez Peinado, ¿se acuerda usted de eso? . Sí, usted, que es medio portavoz de eso, dos DNI. Y la segunda ha sido el bulo contra la esposa del señor Feijóo. Si no pueden gobernar, déjense de manejar la máquina del estiércol. Convoquen a los electores, no tengan miedo a la democracia, disuelvan esta agonía en la que ustedes están y vayamos a elecciones. Nada más y muchas gracias. .

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. El principal problema de seguridad que tiene nuestra sociedad no es ni la inmigración ni la okupación, como defienden las derechas. El principal problema de seguridad que tiene nuestra sociedad es la violencia machista. La ley solo sí es sí, impulsada por la ministra Irene Montero y por su equipo, establecía por primera vez obligaciones concretas a todas las instituciones del Estado con el objetivo de garantizar la libertad sexual de las mujeres, porque de eso ha ido siempre este debate, de la libertad de las mujeres y del control de nuestros cuerpos. La ley solo sí es sí fija como objetivo que todas las mujeres podamos vivir en España vidas seguras y libres de violencias machistas, para que no tengamos miedo de ir al trabajo y que nuestro jefe o nuestro compañero nos toque sin nuestro consentimiento; para que no tengamos miedo de que un abuelo, un cuñado o un primo pueda, incluso, penetrarnos sin nuestro consentimiento durante años, amparado, además, por la relación familiar y de confianza, hasta convertir un espacio íntimo, que debería ser un lugar seguro, en un auténtico infierno. Señorías, esta es la gran conquista del feminismo. Al hacer visible lo que es invisible, al romper el silencio cómplice de los agresores y sus violencias se está ayudando a que las mujeres se den cuenta de que muchas cosas que pensaban que eran normales, aquello que les hizo su abuelo, aquello que les hizo su cuñado, en realidad era violencia machista, o que un beso sin consentimiento — sí, señorías— también es una agresión sexual. El feminismo ha hecho que muchas mujeres se den cuenta de que, sí, tu marido puede ser tu agresor y tu marido te puede violar. Hoy quería leerles unas palabras que me parece importante traer aquí: «Me parece insultante y entiendo que las víctimas de violación no denuncien, porque tienen que pasar por un examen humillante. Tengo la impresión de que la culpable soy yo y que las cincuenta víctimas son quienes están detrás de mí. Desde que llegué a esta sala me siento humillada. ¿Seré cómplice, seré alcohólica? Hay que tener mucha paciencia para soportar lo que yo escucho aquí». Señorías, estas palabras son de Gisèlle Pelicot, víctima de la violencia sexual de, al menos, ochenta y tres —¡ochenta y tres!— agresores, quienes, a propuesta de Dominique Pelicot, su agresor y también su marido, la violaban mientras ella estaba drogada e inconsciente durante casi, señorías, diez años. Es una mujer que ha dado una lección al mundo y nos ha inspirado a todas con una verdad muy sencilla, pero muy importante, y es que la vergüenza, señorías, tiene que cambiar de bando. . Gracias de todo corazón a Gisèlle Pelicot en nombre de todas. Señorías, si estas palabras nos encogen el estómago es porque evidencian que en nuestra sociedad persiste una violencia institucional insoportable contra las mujeres que denuncian. Nos guste o no nos guste, la justicia de nuestros países sigue teniendo un fortísimo sesgo patriarcal. Para que me entienda todo el mundo: vivimos en una sociedad machista y, por tanto, la justicia que emana de esta sociedad es también machista. Escuchen la recomendación general 33 del Comité de la CEDAW de Naciones Unidas: Con frecuencia los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado para una mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. Lo dice Naciones Unidas, no lo digo yo. Señorías, acabar con la justicia patriarcal, con el machismo en la justicia, es una cuestión de Estado. No podemos pedir a las mujeres que denuncien si cuando lo hacen no se las cree, si cuando lo hacen se les sigue preguntando qué hora era, cómo iban vestidas o si cerraron bien las piernas. Mientras millones de mujeres en España, en Europa y en el mundo no tengan garantizado el acceso a la justicia, estaremos cometiendo una gravísima vulneración de derechos humanos. Garantizar el acceso a una justicia que proteja los derechos de las mujeres pasa por hacer efectiva de manera urgente el cien por cien de la ley solo sí es sí. Y ustedes me preguntarán, señorías, se preguntará la gente que nos está viendo, ¿era necesario una ley para que se cumpla al cien por cien la ley solo sí es sí? Lamentablemente, tengo que decirles que sí, porque en España en estos momentos tenemos un Gobierno que no gobierna, un Gobierno que está incumpliendo su deber de diligencia debida, un Gobierno que está perdiendo el tiempo. Es un tiempo, señorías, que las mujeres españolas y, particularmente, las mujeres que han sufrido una agresión sexual no tenemos. Es un Gobierno que no solo expulsó de sus filas a la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país , sino que lo hizo y ahora, después de un año, lo sabemos, porque quería meter el feminismo en un cajón. . Si el Gobierno lleva un año incumpliendo la ley solo sí es sí y dejando en la total desprotección a las mujeres víctimas de violencia sexual, en Podemos pensamos que la mayoría feminista que existe en este Congreso le tiene que hacer rectificar. Hoy pido a este Congreso que obliguemos al Gobierno a cumplir con sus responsabilidades y le pido a la mayoría feminista de este Congreso que se exprese, una vez más, para obligar a los jueces reaccionarios a hacer lo que no quieren hacer. Miren, la proposición de ley que hoy traemos a esta Cámara tiene el único propósito — el único propósito— de aplicar con urgencia todas las medidas pendientes de la ley solo sí es sí que el Gobierno no ha hecho efectivas y que tenían que estar en vigor, señorías, desde septiembre de 2023: que todas las víctimas de violencia sexual tengan asistencia jurídica gratuita para que no haya víctimas de primera y de segunda; que los juzgados de Violencia sobre la Mujer atiendan también a las mujeres que han sufrido una violación, y que la reparación económica no se pueda utilizar para rebajar las penas de los agresores si la reparación no es integral. Yo me pregunto por qué no cumple la ley el señor Sánchez. ¿Es que molestan todavía los derechos feministas a sus amigos de cuarenta y cincuenta años? ¿Qué hace el presidente del Gobierno recogiendo un premio a la igualdad de género en Naciones Unidas de las manos de una actriz muy famosa, cuando no estuvo ahí cuando se desató la ofensiva mediática, política y judicial contra la ley solo sí es sí y contra esos mismos avances? Señorías, las medidas de esta ley son tan sencillas como importantes. Justicia gratuita para las mujeres víctimas de violencia sexual. Ahora mismo, en España, si te viola tu pareja o tu expareja, tienes derecho a la asistencia jurídica gratuita, independientemente de tu nivel de renta; si te viola tu abuelo o si te viola un compañero de trabajo o tu primo, no tienes ese derecho. Especialización de los operadores de justicia. Modificamos la ley para que los juzgados de Violencia sobre la Mujer atiendan también a las víctimas de violencia machista en todos los delitos de violencias sexuales recogidos en la ley solo sí es sí. Señorías, la especialización de la justicia es absolutamente fundamental para acabar con las humillaciones de las que habla Gisèlle Pelicot. Con la ley solo sí es sí prohibimos que en los juicios se hagan preguntas sobre la vida íntima de la mujer, pero esas medidas se quedan sin efecto si los jueces y las juezas que las aplican no tienen la especialización adecuada, si esa ley no la aplican jueces y juezas con formación, con especialización y que han dejado atrás los sesgos machistas que todos tenemos. Y, por último, esta ley introduce también una nueva modificación legal para que la reparación económica para víctimas de violencia sexual no pueda suponer una rebaja en la condena si no ha habido una reparación integral a la víctima. Señorías, recordarán que, en la condena contra el futbolista Dani Alves por agresión sexual, el juzgado decidió rebajar la pena del agresor porque entendía que se había reparado económicamente a la víctima. ¿Cómo vamos a hablar de reparación, señorías, si fue el propio agresor condenado el que se recorrió todos los platós de televisión diciendo que la víctima que le había denunciado mentía? ¿Cómo va a haber reparación, si fue la familia del propio Dani Alves quien dijo quién era la víctima que le había denunciado? La reparación económica, si no va acompañada de una reparación integral, en ningún caso puede considerarse reparación. La cuenta corriente y el estatus social de los agresores sexuales es uno de los principales generadores de los espacios de impunidad. Tampoco lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. Y desde aquí quiero darle una vez más las gracias al movimiento feminista y a los millones de mujeres que han dicho que se acabó, que basta de silencio, que basta de impunidad, incluso si el agresor es una persona con un alto estatus o prestigio. Como les decía al principio, la violencia machista y la violencia sexual representan en estos momentos una enorme fuente de inseguridad para las mujeres. Y la solución a este gravísimo problema no es decirles a las mujeres que denuncien, no es responsabilizar a las mujeres que no denuncian, como si fuera un problema de que las mujeres no ejercemos nuestros derechos. Tampoco es una solución decir que hay que esperar a una sentencia judicial para poder respaldar a una víctima de violación, como hizo la ministra de Igualdad en el caso Dani Alves. La solución, señorías, es que el Gobierno cumpla de una vez con sus obligaciones para garantizar una respuesta integral a las víctimas de violencia machista. Y, si no lo hace, le pido a este Parlamento que le obliguemos a hacerlo, porque las mujeres de este país no podemos esperar más. . Y termino. Imagino, quiero pensar, que a estas alturas el presidente del Gobierno ya se ha dado cuenta de que guardar silencio ante la brutal ofensiva reaccionaria judicial que sufrió la ley solo sí es sí y el anterior Ministerio de Igualdad no ha sido una buena idea. Como le salió bien la jugada entonces, repiten ahora la jugada contra la ley de amnistía y también van ahora a por la mujer del presidente. . Nosotras, por nuestra parte, por mucho que el presidente Sánchez haya decidido silenciar al feminismo en esta legislatura, por mucho que dijera que las feministas habíamos ido demasiado lejos en la pasada legislatura, pensamos que quien ha ido demasiado lejos ha sido el machismo y la violencia contra las mujeres, y estamos determinadas a seguir adelante. Las feministas no hemos hecho más que empezar y creo que es bueno que pase lo que las feministas quieren que pase, aunque el PSOE y las derechas no quieran. Hoy venimos a plantearles algo mucho más sencillo, y es que estemos a la altura, que cumplamos la ley para que todas las mujeres tengan acceso a la justicia y, sobre todo, que no dejemos morir las leyes feministas. Nos va la vida en ello, señorías. Muchas gracias. .

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Arratsalde on. Buenas tardes a todas y a todos. Esku artean daukagun lege proposamena, Podemoseko taldeak aurkeztua, onartuta dauden legez berdinei aldaketak baino, gehigarriak ezartzen dizkion lege proposamen bat da. Hau da, ez da lege berri bat edota dagoen bati goitibeherako buelta ematen dion lege bat. Eta ikusirik zein den gaia, ondo iruditzen zaigu horrela izatea. Orain arte bai emakumearen kontrako biolentziaren alorrean zein sexua askatasunaren alorrean egin diren aldaketa juridikoak eta, batez ere, berrikuntzak mugarri berri bat jarri baitute espainiar legediaren arkitekturan, existitzen ez ziren kontzeptu eta delituei izen propio jarriaz eta horren inguruko legedi oso bat osatuz. Baina batez ere, eta horregatik dira garrantzitsuak, zigor-ikuspegitik at esparru juridiko propio bat sortuaz, zeinen prebentzioa, hezkuntza, arreta edota laguntza legediaren muinean sartzen diren. Asko aurreratu dugu, bai, eta oraindik asko geratzen zaigu, baina ez dezagun gure indar osoa legegintzan jarri, beharrezkoa den arren, bai, baina ez bakarrik. Legeek beharrezkoa den corpusa ematen dute, baina gero ez bada egikaritzen, ez bada martxan behar bezala jartzen, ez badira legeak eskatzen dituen baldintzak bultzatu eta ezartzen, alferriko lanean ariko gara, eta hor erantzukizuna guztiona da. Se trata de una proposición de ley que no es algo nuevo ni tampoco una ley que da una vuelta completa a una ya existente. Nos parece algo positivo, y realmente en el ámbito de la violencia contra la mujer y también en el ámbito de la violencia sexual se han realizado muchas acciones y han supuesto un hito en la legislación. Le han puesto nombre propio a delitos que no existían y también se ha formado toda una legislación entera en un ámbito nuevo. Pero más allá del ámbito jurídico punitivo han creado un ámbito jurídico basado en la prevención y en otros ámbitos. Hemos avanzado mucho y todavía nos queda mucho por hacer, pero no gastemos toda nuestra energía en legislar. Es imprescindible, pero no es lo único. Si no se ejecuta, si no se pone en marcha toda esta legislación, tal y como hace falta, y no se crean las condiciones necesarias para la legislación, estaremos trabajando en vano, y la responsabilidad es de todos y de todas. Tenemos entre manos la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, en concreto del Grupo Podemos, para modificar diferentes artículos y preceptos en diferentes leyes para el impulso de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual y protección de las víctimas de violencias sexuales. Antes de entrar en matizaciones, quisiera dejar las cosas claras. No se trata tanto de modificar leyes, sino de que se cumplan lo que ellas disponen, porque, en gran medida, si el Gobierno hubiera hecho algunos deberes, igual esta iniciativa no hubiera tenido lugar. No es tan necesario modificar leyes, sobre todo tan nuevas, recientes diría yo, que necesitan respirar y tomar tierra. Es cierto que la ley orgánica de libertad sexual proponía que, en un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley en septiembre de 2023, el Gobierno presentara modificaciones de varias leyes orgánicas para la especialización de violencias sexuales. La propuesta que hace Podemos pretende, y es legítimo, sustituir la falta de cumplimiento de los plazos para la presentación de los proyectos de modificación por parte del Gobierno con esta iniciativa de proposición de ley. Hablan del derecho a la atención integral y, a nuestro entender, cometen el error — perdonen la expresión de error— de considerar que la atención integral a las mujeres víctimas de violencias sexuales y violencia de género vendrá solo del ámbito judicial. No es la idea de atención integral que tenemos nosotros los que defendimos y aprobamos la ley, el espíritu de la ley contemplaba ámbitos más allá de lo judicial que incidían en lo que yo comentaba. En cuanto a la modificación del Código Penal que proponen ustedes, cuando dicen que debería comprender todos los conceptos contenidos en las leyes integrales, ¿cuáles son? ¿Usted cree que un ámbito como el Código Penal puede contener algo tan etéreo, subjetivo e inconcreto? Miren, el Código Penal no es para solucionar problemas — defendíamos este concepto precisamente en la proposición de ley del proxenetismo—, es para castigar delincuentes; para solucionar problemas son otras leyes y otras cosas. Además, aun aceptando su modificación, solo se daría en los casos en los que existe denuncia, por lo que la pregunta es qué hacemos con aquellas mujeres que quieren ser atendidas y que tienen derecho a la reparación a través de la acreditación de ser víctima de una agresión sexual prevista en la ley de garantía y libertad sexual, pues se encuentran con que el modelo de acreditaciones administrativas para víctimas de violencia género no está aprobado. Por último, observamos una contradicción entre exposición de motivos y parte dispositiva o, en su defecto, una indefinición en torno al concepto del atenuante, pues proponen la aplicación de la recomendación 107 del pacto de Estado en la parte dispositiva, es decir, la supresión del atenuante en los casos de violencia de género; pero en la propuesta que hacen no la suprimen, sino que la complementan con las medidas nada concretas que antes les he citado. En lugar de incidir en las medidas de protección y reparación, inciden, nuevamente, en el ámbito penal. Como decía anteriormente, nos da la sensación de que, cuando algo no funciona, funciona mal o no funciona como a nosotros nos gustaría que funcionase, ponemos siempre el foco en la modificación legislativa como panacea o justificación. Creemos que tenemos corpus jurídico suficiente para echar a andar, como debe ser, para acometer el abordaje de las violencias sexuales y para garantizar una respuesta adecuada, integral y coordinada que proporcione atención, protección, justicia y reparación a las víctimas. Lo tenemos. No fue fácil, pero se consiguió. Y lo que se demostró que no era correcto se corrigió. Aunque nos da la sensación de que ustedes siguen con rutilante terquedad defendiendo a capa y espada la intocable perfección del texto original y no queriendo reconocer que no todo fue culpa de los jueces obcecados — que también los habrá; que los hay, por supuesto—, en vez de reconocer que cuando hay una vía de agua lo que hay que hacer es taparla antes de que se hunda todo el barco. Porque los que hicimos la ley queríamos que el barco de la causa de la igualdad, el barco de la respuesta a las agresiones sexuales y el barco del consentimiento no se fueran a pique, cosa que muchos deseaban. Defendamos la implantación de la ley en vigor, que el Gobierno cumpla con sus obligaciones. Nuestro grupo, en febrero, en el Senado, por medio de una pregunta, le solicitó el cumplimiento de esas obligaciones que les he citado. Es urgente la creación de juzgados especializados con jueces, juezas y fiscales con formación especializada en perspectiva de género para poder atender a las demandas con una visión global de toda la casuística, más allá de la conducta puramente penal. Bukatzera noa. Gure iritziz, lege proposamen hau nahiko arinki egina dagoela dirudi eta zalantzazko ziurtasun juridikoa eskaintzen digu, bat-batean sei lege organikoren aldaketa proposatzen baitu. Genero indarkeriako azpibatzordean ere lanean ari gara, eta hor ere adituak entzuten ari gara eta beraien proposamenak eta gomendioak entzun ondoren ere, azterketa zabalago bat egiteko gai izango gara. Beraz, ez gaitezen presarekin ibili dagokiona egiteko. Ikuspegi soilik penalistatik atera egin behar gara, biktimak zaindu, babestu eta osotasunean beraien erreparazioa lortu nahi baldin bada. Besterik ez, mila esker. Voy a ir finalizando. Creemos que esta propuesta de ley se ha hecho un poco a la ligera, y nos da dudas jurídicas porque es un cambio muy repentino. Estamos trabajando en ello, sin embargo, y estamos escuchando la opinión de diferentes expertos y expertas. Por ello, creemos que va a ser posible hacer una reflexión más a fondo. Por lo tanto, no andemos con prisas para hacer lo que debemos. Tenemos que salir más allá de una perspectiva penal, cuidar a las víctimas y protegerlas, sobre todo si queremos que estén jurídicamente protegidas.

Isabel Pozueta Fernández EH Bildu

Arratsalde on guztioi. La proposición de ley que hoy presenta Podemos se puede considerar, en términos generales, que busca el objetivo de reforzar, mejorar y asegurar la implementación y el desarrollo de importantes aspectos de la ley de libertad sexual, objetivo que compartimos. Pero también consideramos que deberán ser mejoradas ciertas cuestiones durante su tramitación. Como he dicho, compartimos la necesidad de impulsar e implementar la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, aspecto que durante estos meses se ha defendido y planteado por varios grupos y en numerosas ocasiones durante el ciclo de comparecencias para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Valoramos positivamente las reformas que se plantean en cuanto a la especialización de las operadoras y los operadores de justicia para atribuir la especialización y competencias en materia de violencia sexual; la garantía de una asistencia letrada accesible y especializada, acometiendo las reformas para la asistencia gratuita, como se ha dicho, para las víctimas de violencias sexuales, y la garantía de que los juzgados de Violencia sobre la Mujer tengan más herramientas para garantizar justicia y una mayor protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Son medidas que están contempladas en diferentes tramitaciones de leyes que ya están en marcha y en debates parlamentarios cuyas concreciones conoceremos en poco tiempo. Por eso esta propuesta que hoy se presenta deberá respetar también esas conversaciones y esas propuestas que ya están sobre la mesa. Me gustaría detenerme en la propuesta de la reforma penal que plantean. Volvemos a replicar un debate que ya mantuvimos en la legislatura pasada y que, como en muchas ocasiones hemos mostrado, no compartimos. Más allá del punitivismo y de las penas, debemos buscar las fórmulas que redunden en intereses de la víctima y su bienestar posterior; debemos abordar formas de reparación, sí, de reparación moral, compromiso de tratamiento, compromiso de no repetición. Ese debería ser el camino. Comparto la referencia que se hace en la guía didáctica para la aplicación del principio de reparación en los municipios redactada por EUDEL— Asociación de Municipios Vascos. Este principio de reparación supone situar los derechos de las víctimas de violencias machistas en el centro de todo proceso de atención, escuchando y atendiendo sus necesidades y demandas. Por ello, y para colocar a las mujeres en el centro de este proceso, sería imprescindible preguntarles a ellas lo siguiente: ¿qué puede reparar la violencia que habéis vivido?, ¿qué necesitáis para que el daño se reconozca?, en definitiva, ¿qué podemos hacer como sociedad para asumir la responsabilidad de la violencia que perpetuamos y que no tengáis que cargar vosotras con la culpa? Porque el Código Penal por sí solo, como se ha comentado y se ha demostrado ya, ni evitará la violencia machista ni reparará a sus víctimas. Somos conscientes de que es un debate difícil, sí, y complicado y que debe contemplar muchos aspectos, poniendo siempre en el centro a las víctimas de la violencia machista. Por eso, creemos que debemos ser prudentes y corresponsables a la hora de plantear soluciones. La lacra de la violencia machista no se soluciona con una ley o con cinco, porque a problemas estructurales, frente a una sociedad aún eminentemente machista, con estamentos públicos y privados eminentemente machistas, con una justicia eminentemente machista o instituciones eminentemente machistas, las leyes no son la única garantía. Un problema estructural como la violencia machista necesita cambios estructurales y sociales de raíz, cambios en valores y comportamientos en todos los sectores y en todos los pilares que la estructuran. Sabemos que comparten estas reflexiones. Por ello, hoy votaremos a favor de esta propuesta para abrirla al debate y al periodo y plantear propuestas, para intentar abordar de la forma más integral, responsable y efectiva posible la violencia que sufrimos las mujeres. Mila esker. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Gràcies, presidenta, diputats, diputades. Llegint l’exposició de motius d’aquesta proposició de llei, un pot arribar a la conclusió que la polèmica que va causar la llei del només sí és sí s’ha convertit en una mena de Sant Cristo Gros que Unidas Podemos treu en processó de tant en tant. Una situació que va provocar alguns dels debats més descarnats en la història d’aquesta Cambra. Però impulsar la implementació de la protecció integral de les dones que han patit agressions sexuals no té res a veure amb la polèmica que va acompanyar la LOGILS, la llei Orgànica de garantia integral de la llibertat sexual. Recordem-ho, la llei, una bona llei, es va tancar malament, no hi havia transitòria i els jutges van interpretar de manera diferent si havien de revisar-se o no les condemnes dels agressors. Així, uns van aplicar rebaixes i altres ni s’ho van plantejar. Hi va haver errades i una certa supèrbia, si m’ho permeten, a l’hora de defensar-la des del Ministeri d’Igualtat, quan evidentment va produir els famosos efectes no desitjats de reduir condemnes a un bon grapat d’agressors sexuals. Però vostès segueixen anant per aquesta autopista en direcció contrària, tot dient que som els altres els que ens hem equivocat. Es va produir una reforma posterior, impulsada pel PSOE, d’aquesta llei del només sí és sí, una reforma que no solucionava el problema de la rebaixa de condemnes, però facilitava la interpretació de la llei als jutges a l’hora d’aplicar el Codi Penal. Una reforma que Unidas Podemos qualifica, en la iniciativa que sotmetem avui a la presa en consideració, com a retrocés per haver reintroduït la violència i la intimidació com a elements a l’hora de tipificar els delictes. No hi estem d’acord. Acotar millor la tipificació dels delictes ajuda a ser més just i no impedeix seguir tenint el consentiment en el centre, tal com estableix el Conveni d’Istanbul, tal com fa la llei del només sí és sí. Però Unidas Podemos segueix sense reconèixer aquesta errada a la primera edició del text i, per justificar-ho, assenyala ara altres factors com a responsables de les reduccions de condemnes que es van produir en els primers mesos de l’aplicació de la llei. Recordin, la ministra Montero va dir que el masclisme d’alguns jutges era responsable de la incorrecta aplicació de la llei, i avui escoltàvem la diputada d’Unidas Podemos també manifestant-se en aquesta línia; però avui ens diuen que la no aplicació homogènia de la llei és culpa de la falta d’especialització de la fiscalia i dels jutges que pretenguin servir en jutjats de violència sobre la dona. Aquesta especialització ajuda, hi ha consens en el pacte, però imputar la falta d’especialització al nyap de la LOGILS és, com a mínim, irresponsable. Hi ha altres incongruències, també. La iniciativa ha de servir per incorporar mesures reparadores per les dones que han patit agressions per donar compliment, tal com diuen vostès, al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere; ja ho ha comentat abans el diputat del PNB. En concret, incorporen la mesura 107, que és del 2017, i que estableix que s’ha de suprimir l’atenuant de reparació del dany en els casos de violència de gènere. Això és el que diuen en el preàmbul, però després, quan passem a la part dispositiva, cauen en la contradicció, ja que no treuen aquest atenuant del Codi Penal, sinó que el que fan és afegir que la reparació haurà de comprendre tots els conceptes continguts a les lleis integrals, és a dir, que la reparació econòmica ha de ser més àmplia. Per tant, no es suprimeix la reparació econòmica com a atenuant. I no està clar, de tota manera, com s’ha de determinar aquesta reparació integral que contempla, per exemple, el dany físic i psicològic, inclòs el dany moral, el dany a la dignitat; la pèrdua d’oportunitats, incloses les d’educació, d’ocupació; prestacions socials als danys materials; la pèrdua d’ingressos, inclòs el lucre cessant; el dany social entès com el dany al projecte de vida, o el tractament terapèutic, social i de salut sexual i reproductiva. Aquestes modificacions que ara proposen — pregunto— per què no les van incorporar directament en el seu projecte de llei del només sí és sí quan tenien el Ministeri d’Igualtat a les seves mans? Li ho pregunto de veritat, per curiositat, perquè no serem nosaltres, no ho farem, els que critiquem que algú aprofiti la informació que aconseguim en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per reformar lleis sense esperar que es tanquin conclusions entre tots els grups. Nosaltres mateixos ho hem fet quan hem presentat, per exemple, esmenes per protegir els menors en l’àmbit digital. Perquè hi ha temes que no poden esperar. Els poso un exemple. Com deia, les nostres esmenes per restringir l’ús problemàtic de la pornografia, que ha disparat els casos d’agressions sexuals entre adolescents; els casos, també aquí, de violència masclista. Va ser en el pacte d’Estat on els experts van alertar de la situació, i Junts no va perdre el temps i va proposar mesures per castigar penalment els responsables de les plataformes de pornografia allotjades a l’Estat espanyol si no complien amb la verificació de l’edat, anant més enllà de les sancions econòmiques que proposa l’aplicació de la Llei General de la Comunicació Audiovisual. Vàrem demanar, també, control parental en tots els aparells nous, vàrem demanar càstig penal pel deepfake quan serveix per degradar la imatge d’una persona fent servir la intel·ligència artificial per fer continguts audiovisuals, per exemple de pornografia, i no es va acceptar res, absolutament res. Va ser justament a la reforma de la llei del només sí, fa més d’un any i mig. Un temps perdut, mentre les violències masclistes continuen creixent entre els més joves. I parlant de temps perdut, vull denunciar també la falta de diligència del Govern espanyol en la creació de l’app Cartera Digital Beta de verificació d’edat en l’accés als continguts per a adults. Una app que el govern va dir que tindríem a punt a final d’estiu; doncs ja som a la tardor. El panorama és desolador. Anem perdent el temps, també a l’hora d’habilitar, per exemple, la Comissió Nacional de Mercats i Competència. L’altre dia, la seva presidenta tornava a denunciar la falta d’habilitació legal, de mitjans i de personal per aplicar el reglament europeu centrat a vigilar els intermediaris de serveis digitals per protegir a consumidors, especialment els menors, i actuar contra la desinformació. Demana a les Corts i al govern que habiliti la CNMC, com vàrem demanar nosaltres, deixant clar que aquesta competència de control la volem compartida, la volem poder exercir també des dels organismes autonòmics. Sé que m’he desviat una mica del tema que ens porta avui aquí, però no del problema; lluitar contra les violències masclistes de manera eficient, des de l’educació en valors, però, sí, també fent les modificacions legals pertinents. Gràcies. Gracias, presidenta. Diputados y diputadas, leyendo la exposición de motivos de esta proposición de ley uno puede llegar a la conclusión de que la polémica que causó la ley del solo sí es sí se ha convertido en una especie de Cristo que Podemos saca en procesión de vez en cuando, y que ha llevado sin duda a uno de los debates más descarnados de esta Cámara, pero impulsar la protección integral de las mujeres que han sufrido violencia sexual o agresión sexual no tiene nada que ver con la polémica de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, porque fue una buena ley, que se cerró mal, no había transitoria, y los jueces interpretaron de forma distinta si había que revisar o no las condenas a los agresores; así, unos aplicaron rebajas y otros ni siquiera se las plantearon. Hubo errores y una cierta soberbia, si me lo permiten, cuando se la defendió desde el Ministerio de Igualdad cuando evidentemente generó los llamados efectos indeseados de reducir condenas a un nutrido grupo de agresores sexuales. Pero ustedes siguen yendo en esta autopista en dirección contraria, diciendo que somos los demás los que nos hemos equivocado. Se produjo una reforma a posteriori, impulsada por el PSOE, de esa ley del solo sí es sí, que no resolvía el problema de la rebaja de condenas, pero facilitaba la interpretación de la ley a los jueces cuando interpretaban el Código Penal, una reforma que Unidas Podemos califica en la iniciativa como un retroceso por haber reintroducido la violencia y la intimidación como elementos cuando se trata de tipificar los delitos. No estamos de acuerdo. Al tener una tipificación de los delitos se ayuda a ser más justo y no se invade el tema del consentimiento, tal y como establece el Convenio de Estambul, tal y como hace la ley del solo sí es sí. Pero Unidas Podemos sigue sin reconocer este error en la primera edición del texto, y para justificarlo señala ahora otros factores como responsables de las reducciones de condenas que se produjeron en los primeros meses de aplicación de la ley. . La ministra Montero — recuerden— dijo que los errores en el caso de algunos jueces se debían a la incorrecta aplicación por parte de los jueces de esta ley, pero hoy nos dicen que la aplicación no homogénea de la ley tiene que ver con la falta de especialización de los jueces que trabajan en tribunales especializados en violencia de género. Esta especialización ayuda, pero imputar la falta de especialización al problema de la ley de garantías es ilógico. También hay otras incongruencias. La iniciativa tiene que permitir adoptar medidas reparadoras a las mujeres que han sufrido agresiones para poder dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya lo ha dicho antes el diputado del PNV, concretamente la medida 107, que es de 2017, que establece que hay que eliminar la atenuante de reparación del daño en los casos de violencia de género. Eso dicen en el preámbulo, pero, después, cuando pasamos a la parte dispositiva, caen en la contradicción, ya que no eliminan esta atenuante del Código Penal, sino que añaden que la reparación tendrá que comprender todos los conceptos contenidos en las leyes integrales. Por lo tanto, la reparación económica tiene que ser más amplia. No se suprime la reparación económica como atenuante. Y no está claro cómo se tiene que determinar esta reparación integral, que contempla, por ejemplo, el daño físico y psicológico, el daño moral, el daño a la dignidad, la pérdida de oportunidades, incluida la educación u ocupación, la prestación social, los daños materiales, la pérdida de ingresos, el lucro cesante, los derechos sociales entendidos como proyecto de vida o el tratamiento y salud sexual y reproductiva. Estas modificaciones que ahora proponen — pregunto— ¿por qué no las incorporaron directamente en su proyecto de ley del solo sí es sí cuando ocupaban el Ministerio de Igualdad? Y lo pregunto de verdad, por curiosidad, porque no seremos nosotros los que critiquemos que alguien aproveche la información que conseguimos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para reformar leyes sin esperar a que se cierren conclusiones por todos los grupos. Nosotros mismos lo hemos hecho cuando hemos presentado enmiendas para proteger a los menores en el ámbito digital. Porque hay temas que no pueden esperar, y les daré un ejemplo. Nuestras enmiendas para restringir el uso problemático de la pornografía, que ha disparado los casos de agresión sexual entre adolescentes. También hay casos aquí de violencia machista. Fue en el pacto de Estado donde los expertos alertaron de la situación, y Junts no perdió el tiempo y propuso medidas para castigar penalmente a los responsables de las plataformas de pornografía alojadas en el Estado español, si no cumplían con la verificación de la edad, yendo más allá de las sanciones económicas que propone la aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Asimismo, pedimos control parental en todos los dispositivos nuevos, también cuando se utilice inteligencia artificial para degradar la imagen de una persona, cuando se hacen contenidos audiovisuales de tipo pornográfico, pero no se aceptó nada, absolutamente nada. Fue precisamente en la reforma de la ley del solo sí es sí hace un año y medio, un tiempo perdido, mientras las violencias machistas siguen incrementándose entre los más jóvenes. Y dado que hablamos de tiempo perdido, también quiero denunciar la falta de diligencia del Gobierno español en la creación de la cartera digital de verificación de los contenidos para adultos y su aplicación, una aplicación que tenía que estar lista a finales de verano y ya estamos en otoño. Por lo tanto, el panorama es desolador. Vamos perdiendo el tiempo, también en cuanto a la habilitación de la Comisión Nacional de Mercados y derecho a la Competencia. Su presidencia hablaba de la falta de habilitación legal, de medios para poder aplicar el reglamento centrado en los que tienen que vigilar los sistemas digitales, sobre todo en los menores, y poder actuar así contra la desinformación. Le pide a las Cortes que habilite estos mecanismos, como lo hicimos nosotros, dejando claro que esta competencia de control la queremos compartida, que queremos poder ejercerla desde los organismos autonómicos. Creo que me he desviado del tema que nos ocupa hoy aquí, pero se trata, sí, de luchar contra la violencia machista de forma eficaz desde la educación, pero también haciendo las modificaciones legales pertinentes. Muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Bona tarda. Gràcies, president, diputades, diputats. Mirin, ens vam passar els darrers quatre anys de la legislatura intentant que no es trenqués el que en dèiem l’aliança de les feministes, i vam posar damunt de la taula mil vegades el flac favor que fèiem al moviment quan veia atònit com entre les socialistes, les de SUMAR en aquell moment — o Podemos, En Comú, una d’aquestes amalgames—, les d’Esquerra, les de Bildu, i de feministes ho deixaria aquí; totes aquestes, deia, en lloc de ser capaces de treballar a través d’una xarxa d’enteniment per resoldre els problemes que afectaven les dones d’aquest Estat, ens dedicàvem a fer escenes en aquest hemicicle que semblava més aviat un plató de televisió. Sembla que Podem tornarà per la mateixa via i jo me’n guardaria prou de fer una cosa com aquesta, perquè tornaria a ser un error greu. Deia la diputada de Podemos que Irene Montero ha sigut la millor ministra d’igualtat que hi ha hagut en aquest Estat i la veritat és que, en castellà es diria no me duelen prendas a reconèixer que, efectivament, jo penso el mateix. I aprofito per dir que la Tània Verge ha estat la millor consellera de Feminisme i Igualtat — per cert, la primera— que hem tingut mai a Catalunya. Per tant, era un moment dolç per arribar a enteses amb els fets fonamentals que determinen quina és la visió que tenim, sobre què és i com s’ha de resoldre la violència masclista. Deixin-me dir d’avançada que votarem que sí, i votarem que sí en nom d’aquesta aliança feminista, en nom de les converses que hem tingut com a diputades que som capaces de treballar hombro a hombro. Però és veritat que aquests continguts s’han estat treballant en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, és veritat que estem a mig fer-ho i és veritat que és aquella sensació que la más lista de la clase se ha copiado los apuntes. És veritat que ara mateix hi ha una llei d’eficiència processal que s’està tramitant, que és incompatible amb les previsions que vostès ens plantegen. Per tant, tenint en compte que aquest hemicicle — i aquí també em separo una mica del tema— ha comès error darrere error per anar legislant a través d’esmenes que no tenien res a veure amb les lleis, sobre altres lleis que s’estaven tramitant, sobre esmenes que no s’havien acceptat, sobre lleis que no sabíem ni si es tramitarien o no es tramitarien, sobre esmenes de lleis que han quedat al calaix durant anys i anys; home, intentem fer algun tipus de legislació que no ens faci caure la cara de vergonya davant de tots els operadors jurídics. Si estem parlant de la planta, ara és el moment de definir una nova planta per als jutjats de violència de gènere o violència masclista. Si estem definint modificacions a la llei d’enjudiciament criminal, no pot anar aquest text com a esmenes d’aquella llei? I ho dic perquè després l’aplicació serà molt més fàcil. I comparteixo la seva visió que la llei va ser sistemàticament boicotejada, deliberadament boicotejada, per una sèrie de jutges. Ho comparteixo. Comparteixo que en un moment determinat la falta de valentia del PSOE, juntament amb el PP, i juntament amb Junts, va destrossar el que era la idea fonamental de la llei. Ho comparteixo, però tot això ja ha passat. Tot això ja ha passat i tornar-ho a treure dona més ales als que diuen que som un dels elements que més mal fa a l’entesa social. Quan tu veus, quan vostès veuen, que l’element o un dels elements reiteratius en què l’extrema dreta basa el seu missatge i es fa viral és amb el fet que el feminisme s’està passant, és amb el fet que els estem substituint... A veure, relacionat absolutament amb totes les fake news hagudes i per haver, perquè és la negació absoluta de la realitat, però sabem perfectament que es basen en la negació absoluta de la realitat. Com ens porten aquest tema una altra vegada aquí? Per tant, vull fer-los avinent, a vostès, a les socialistes i a totes les dones d’aquesta Cambra que es considerin feministes, que hem d’aconseguir remar juntes, posar-nos d’acord i transmetre a totes les nostres dones, i també a tots els nostres homes, de quina manera creiem que es poden alterar els elements definitoris d’aquest patriarcat que ens està ofegant a totes. I no és només a través de la violència. Vostès veuen la televisió? És impossible que el feminisme triomfi, quan les dones que surten amb determinats programes són purament cosificacions i objectes de plaer. És impossible. I no dic, amb això, que haguem de retallar la llibertat d’expressió; el que estic dient és que en una generació lliure d’aquesta llibertat d’expressió hi ha determinades coses que ja no s’hi haurien d’incloure. I això comença a les famílies i comença a les escoles, però s’expressa a les lleis i en els discursos dels diputats i les diputades. Per tant, tres elements fonamentals: Aliança, sí, us votarem a favor; cura, per favor, cura per no destrossar els acords que tenim; i, sobretot, proactivitat en allò que no és Codi Penal. Perquè ho hem estat discutint també tres anys de legislatura anterior. El populisme punitiu no serveix de res més que per donar la raó a la dreta; exclusivament per això. Perquè fixin-se que ho estem resolent tot a cop de modificacions del Codi Penal: les ocupacions, modificacions del Codi Penal; la violència masclista, modificacions del Codi Penal; no sé què dels impostos, modificacions del Codi Penal. Això no va així. El Codi Penal és l’última ràtio i el Codi Penal només s’ha d’utilitzar per allò que una societat no accepta de cap de les maneres i, per cert, amb finalitats rehabilitadores. I és cert, la xacra, que es diu, de la violència masclista és una de les coses que no acceptem. Segur? Segur a totes les bancades? Segur? Jo els demano que es plantegin això; si tot allò pel que nosaltres estem lluitant és de comú acord en aquesta Cambra. I no ho és. Els nanos s’estan educant de nou en la força i en el poder i les nenes s’estan educant de nou en la submissió i en el fet de voler agradar. I aquest és el nostre problema. Moltes gràcies. Buenas tardes. Gracias, presidente. Diputadas y diputados, nos pasamos los últimos cuatro años de la legislatura intentando que no se rompiera lo que denominábamos la alianza de las feministas y pusimos sobre la mesa mil veces el flaco favor que hacíamos al movimiento cuando veía atónita cómo entre las socialistas, las de SUMAR en ese momento — o Podemos, En Común o lo que sea, una de esas amalgamas—, las de Esquerra, las de Bildu y feministas — bueno, pues yo creo que ahí acaba la lista—, todas estas, en vez de ser capaces de trabajar a través de una red de entendimiento para resolver los problemas que afectaban a las mujeres de este Estado, nos dedicábamos a montar escenas en este hemiciclo que parecía más bien un plató de televisión. Creo que parece que podemos volver a ir por la misma vía, y yo me lo ahorraría porque volvería a ser un error grave. Decía la diputada de Podemos que Irene Montero ha sido la mejor ministra de Igualdad que ha habido en este Estado, en español se diría no me duelen prendas en decir que yo estoy de acuerdo, y Tània Verge ha sido la mejor consellera de feminismo e igualdades en Cataluña; así que hay un entendimiento para encontrar un punto común sobre qué es y cómo tiene que resolverse la violencia machista. Déjeme decir desde el principio que votaremos que sí, y votaremos que sí en nombre de esa alianza feminista, en nombre de las conversaciones que hemos tenido como diputadas que fuimos capaces de trabajar hombro con hombro, pero es cierto que estos contenidos se han estado trabajando en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, es verdad que estamos a medio camino y es verdad que es esa sensación de que la más lista de la clase ha copiado los apuntes. Es cierto que ahora mismo hay una ley de eficiencia procesal que se está tramitando, que es incompatible con las previsiones que ustedes nos plantean. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este hemiciclo — y aquí también me separo un poco del tema— ha cometido error tras error para ir legislando a través de enmiendas que no tenían nada que ver con la ley sobre otras leyes que se estaban tramitando, enmiendas que no se habían aceptado y leyes que no sabíamos ni siquiera si se iban a tramitar o no, o enmiendas de leyes que han quedado en el cajón durante años y años, hombre, intentemos hacer algún tipo de legislación que no nos haga caer la cara de vergüenza delante de todos los operadores. Si estamos hablando de la planta, ahora es el momento de definir una nueva planta para los juzgados de violencia de género y violencia machista. Si estamos definiendo modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿no puede ir ese texto como enmiendas de esa ley? Lo digo porque después la aplicación será mucho más sencilla. Comparto su visión de que la ley fue sistemáticamente boicoteada, deliberadamente boicoteada, por una serie de jueces. Lo comparto y comparto también que en un momento determinado la falta de valor del PSOE, junto con el PP y junto con Junts, destrozó lo que era la idea fundamental de la ley. Lo comparto, pero todo esto ya pasó, todo esto ya pasó, y volverlo a sacar da más alas a aquellos que dicen que somos uno de los elementos que más daño hace al entendimiento social, porque cuando tú ves, cuando ustedes ven, que el elemento, o uno de los elementos reiterativos en que la extrema derecha basa su mensaje y se hace viral es que el feminismo se está pasando y los estamos sustituyendo… A ver, relacionado absolutamente con todas las fake news habidas y por haber, porque eso es la negación absoluta de la realidad, pero sabemos perfectamente que se basan en la negación absoluta de la realidad. ¿Cómo nos traen otra vez este tema a colación aquí? Por eso, quiero decirles a ustedes, a las socialistas y a todas las mujeres de esta Cámara que se consideren feministas, que debemos conseguir remar juntas, ponernos de acuerdo y transmitir a todas nuestras mujeres y también a todos nuestros hombres cómo creemos que se pueden alterar los elementos definitorios de este patriarcado que nos está ahogando a todas. Y no solo es a través de la violencia. Ustedes ven la televisión. Es imposible que el feminismo triunfe cuando las mujeres que salen en determinados programas son puramente cosificaciones y objetos de placer. Es imposible. Y no digo con eso que tengamos que recortar la libertad de expresión, no, lo que estoy diciendo es que en una generación libre de esta libertad de expresión hay determinadas cosas que ya no deberían incluirse, y esto empieza en las familias y empieza en las escuelas, pero se expresa en las leyes y en los discursos de los diputados y las diputadas. Por lo tanto, tres elementos fundamentales. Alianza, sí, os votaremos a favor. Cuidado, por favor, cuidado para no destrozar los acuerdos que tenemos y, sobre todo, proactividad en aquello que no sea Código Penal, porque lo hemos estado discutiendo también tres años, durante la legislatura anterior. El populismo punitivo no sirve nada más que para dar la razón a la derecha, exclusivamente para eso. Porque, fíjense, lo estamos resolviendo todo a golpe de modificaciones del Código Penal: ocupaciones, modificaciones del Código Penal; violencia machista, modificación del Código Penal; no sé qué de los impuestos, lo mismo. Esto no va así, esto no va así. El Código Penal es la última ratio y el Código Penal solo tiene que utilizarse para lo que una sociedad no acepta de ningún modo y, por cierto, con finalidades rehabilitadoras. Es cierto, la lacra de la violencia machista es una de las cosas que no aceptamos. ¿Seguro? ¿Seguro en todas las bancadas? ¿Seguro? ¿Seguro que sí? Plantéenselo. Plantéense si por todo lo que estamos luchando es algo de común acuerdo en toda esta Cámara. No lo es, y los chavales se están educando de nuevo en la fuerza y en el poder y las niñas se están educando de nuevo en la sumisión y en el querer gustar, y este es nuestro problema. Muchas gracias. .

Júlia Boada Danés SUMAR

Gracias, presidente. Esta proposición de ley que hoy debatimos para su admisión a trámite tiene por objetivo mejorar y reforzar la Ley de garantía integral de la libertad sexual, la conocida como la ley del solo sí es sí, y para hacerlo presenta una serie de modificaciones en distintas leyes: en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, la ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley de asistencia jurídica gratuita, con el fin de impulsar y blindar su aplicación, porque no lo hemos conseguido hasta ahora. Dos años después de su aprobación, aún hay que garantizar su debida aplicación tanto en la parte preventiva como en la parte ejecutiva de la ley, reforzando la especialización de los operadores de la justicia y garantizando la asistencia jurídica gratuita y especializada. Ante este fin, el de mejora de la ley de libertad sexual y su aplicación, no cabe duda de que el Grupo Plurinacional SUMAR vamos a votar a favor de esta iniciativa, y será durante el proceso legislativo, durante las negociaciones de las enmiendas, cuando vamos a contribuir en la mejora de la propuesta. Lo haremos especialmente en lo que se refiere a la modificación del artículo 21.5 del Código Penal, que persigue dar cumplimiento a la medida 107 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para suprimir la atenuante de reparación del daño en los casos de violencia de género. Hay que mejorar el texto para no generar dudas en relación con el objetivo último de esta modificación, que, entre otros, es evitar que aquellos con un gran poder adquisitivo puedan esquivar la pena de sus delitos, de las violencias sexuales cometidas. . Hay que evitar este sesgo clasista, pero también hay que trabajar para que esta reparación del daño sea integral. La reparación del daño, la acción de remediar un daño o perjuicio, de desagraviar, de satisfacer a la persona ofendida no es exclusivamente una cuestión económica. La reparación puede ser material o simbólica, y a menudo son las medidas de reparación simbólica las que reconocen debidamente a las víctimas o supervivientes, son las que pueden facilitar y satisfacer un proceso de rehabilitación moral y social tanto a nivel individual como colectivo, y en este ámbito aún tenemos camino a recorrer. Este cambio de paradigma en relación con la reparación del daño es posible si se acompaña de una mayor especialización por parte de los operadores de la justicia, de la Fiscalía y de las juezas y jueces que sirven en los juzgados de violencia sobre la mujer, tal y como pretende reforzar esta proposición de ley. Pero nos encontramos también delante de unos juzgados que en demasiados territorios se encuentran en situación de saturación. En la actualidad, hay un total de 121 juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos en todo el Estado, de los cuales 116 están constituidos y en funcionamiento, y el resto pendientes de que se establezca la fecha de su entrada en funcionamiento; y, por otro lado, existen 328 juzgados compatibles en materia de violencia de género en funcionamiento. Aun así, y según datos del Ministerio de Justicia del año 2022, hay veintiséis provincias que cuentan con un juzgado de violencia sobre la mujer que ahora mismo supera el módulo hasta o más de un 30 %. Es decir, la carga de trabajo dista de ser la adecuada dando casos de saturación, como es el caso de Girona, donde el juzgado que tiene las competencias exclusivas en casos de violencia sobre la mujer lleva años colapsado, hasta tal punto que se puede tardar año y medio en fijar fecha para un juicio rápido, año y medio cuando deberían ser seis meses como máximo; o en Murcia, con el inverosímil proceso de los siete conocidos y ricos empresarios de la región, que tras reconocer haber pagado a una red de explotación sexual para mantener relaciones sexuales con menores — con menores— evitarán el juicio y asumirán condenas menores por los diez años de demora judicial, diez años , diez años de calvario, diez años de calvario para las víctimas, que, debido a la falta de personal y de recursos del juzgado competente, no verán subsanadas las violencias sexuales que padecieron. El acceso a la justicia es un derecho fundamental reconocido en la Constitución que debe garantizarse. La saturación de muchos de los juzgados de violencia sobre la mujer no garantiza a las mujeres víctimas de violencias machistas este derecho. La asistencia jurídica gratuita y la asistencia letrada accesible especializada también son derechos de las víctimas y deben ser reforzados. . Podemos debatir sobre cuál es el mejor instrumento para garantizar esta asistencia, pero no hay duda de que todos, todos los grupos de esta Cámara deberían trabajar para que los tribunales garanticen unos procesos judiciales justos, ejerciendo la obligación de la diligencia debida en su forma de investigar, juzgar y decidir. Estas transformaciones en relación con la especialización de los distintos actores, no solo de la judicatura sino también las fuerzas y cuerpos el Estado en los casos de violencias machistas, nos permiten no solamente construir un sistema de justicia que responde a las leyes de las que nos hemos dotado de protección a las víctimas, sino también que los tribunales se asemejen más a la sociedad en la que queremos vivir, que consigamos que las reivindicaciones feministas permeen en la práctica de los tribunales consiguiendo hitos históricos como las sentencias de La Manada o del caso Alves, hitos que no se hubieran conseguido sin el movimiento feminista, que es el principal movimiento de transformación de este país. . Y es pertinente que esta Cámara aborde toda esta serie de mejoras con urgencia en un momento en que medio mundo está conmocionado por la barbarie a la que fue sometida Gisèle Pelicot sin su consentimiento por su marido y tantos otros hombres violadores. Con la misma dosis de admiración y horror miramos a Gisèle y su férrea voluntad de hacer que la vergüenza cambie de lado. Mientras miles de personas la sustentan — como aquí lo hicimos con el «Hermana, yo sí te creo»—, el sistema debe dar seguridad a estas mujeres, a estas víctimas supervivientes y no revictimizarlas. Según la macroencuesta del año 2019 de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 40,2 % de las mujeres no denuncian por ser menores cuando tuvo lugar la violencia sexual, y el 40,3 % de las mujeres víctimas de violación no denuncian por vergüenza, una vergüenza social, familiar, a las que le somete el patriarcado; y como esto todo lo impregna, también lo sufren en el proceso de denuncia en el posterior juicio si se atreven a continuar. Es imperativo que los operadores de la justicia contribuyan a revertir esta vergüenza, esta culpa, esta clandestinidad a la que se ven sometidas y que estas se trasladen a los depredadores de las violencias sexuales. Hace dos años nos dotamos de una ley pionera a nivel europeo, como lo fue también en 2004 la Ley contra la violencia de género. Es urgente que toda la maquinaria del Estado se ponga al servicio de las mujeres que sufren violencia sexual, para que denuncien, para que se condene a los agresores, para que las violencias machistas se reconozcan no solamente como una cuestión individual sino social, para que se trate como una problemática estructural estrechamente relacionada con una determinada cultura sexual arraigada en patrones determinados que debe ser transformada. Y termino. En definitiva, hay que impulsar todos los mecanismos existentes para terminar con las violencias machistas, aquellas que son negadas por algunas de las señorías de esta Cámara para que las mujeres seamos libres, para que el derecho al propio cuerpo sea pleno, para que no nos maten por ser mujeres, porque nos queremos vivas y porque es hora de que la vergüenza cambie de lado. Gracias. .

María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señora Belarra, que usted venga a esta Cámara a hablar sobre protección a las víctimas de la violencia sexual es sencillamente un despropósito, una auténtica burla, y es que la ley cuya aplicación pretenden ahora impulsar debería estar derogada por haber sido un absoluto fracaso, por haber supuesto, según el último balance del Consejo General del Poder Judicial, 1233 rebajas de penas a agresores sexuales y 126 excarcelaciones a delincuentes con un alto riesgo de reincidencia. . Sin embargo, ustedes ni siquiera han pedido perdón a todas las mujeres a las que han traicionado con esta ley, a todas las mujeres que han visto o que verán a sus agresores fuera de la cárcel antes de tiempo por la reducción de las penas de los peores delitos que un hombre puede cometer. Ustedes no solo no piden perdón, sino que siguen empecinados en su error, en el error de no querer ver que solo con ideología no se resuelven los problemas. Porque ustedes solo saben hacer propaganda, solo saben manipular y victimizar. Ustedes hacen política con eslóganes y pretenden legislar con eslóganes. Anteponen su ideología al sentido común, a la razón y a la ley, y así les va, nada les sale bien. Llegan a ser tan irracionales que, aunque estén viendo delante de sus narices las consecuencias de sus errores, en lugar de asumir su responsabilidad, de aceptarlos y de corregirlos, en lugar de pedir disculpas con humildad, siguen adelante caiga quien caiga, echando la culpa de su fracaso siempre a los demás, a otras fuerzas políticas, a los propios jueces, a los que injurian y calumnian sin pudor, a cualquiera que discrepe, todo menos reconocer las consecuencias de su incompetencia. Porque no solo han demostrado un analfabetismo jurídico verdaderamente alarmante; con esta ley, cuya aplicación ahora quieren impulsar, han demostrado que son capaces de imponer su fanatismo a cualquier precio. Ustedes no quieren reconocer las verdaderas causas de los problemas que nos acechan y por eso es imposible que los resuelvan. Por eso siguen ahondando con su proposición en la desigualdad que supone el que haya una justicia diferente para hombres y para mujeres, y por eso creen que por dificultar la aplicación del atenuante de reparación del daño ya compensan a las mujeres que han sufrido violencia por la rebaja de penas y por las excarcelación temprana de los cientos de violadores que provocó su maltrecha ley. . Señora Belarra, usted ha tenido el privilegio de formar parte del Gobierno de España. Usted ha tenido la oportunidad de hacer muchas cosas por las mujeres de este país y, sin embargo, estamos bastante peor de lo que estábamos cuando ustedes llegaron al poder, especialmente en protección contra la violencia sexual. En 2023, se produjeron 21 825 delitos sexuales, el 42 % de ellos contra menores, un 14,2 % más, señora Belarra. Estos son los datos de los delitos sexuales que se cometen en nuestro país. Sus leyes no sirven. Estos datos, señorías, son una auténtica vergüenza tanto para el Ministerio del Interior, como para el Ministerio de Igualdad, que ha resultado ser absolutamente inservible. Ha sido inservible para los intereses de las mujeres en general y, sin embargo, muy servible para los intereses de algunas mujeres en particular, como, por ejemplo, para la exdirectora del Instituto de la Mujer, Isabel García, que facturó 250 000 euros por la adjudicación de 64 contratos públicos en ayuntamientos del PSOE para gestionar puntos violeta y que, por cierto, señorías, sigue obteniendo a día de hoy subvenciones del PSOE a través de su empresa de consultoría e igualdad. . En esto sí son ustedes ―hay que reconocerlo―, los de la izquierda y la ultraizquierda, verdaderos especialistas, en hacer caja con el sufrimiento de la gente. ¿Cuántos chiringuitos a costa de la igualdad y la libertad sexual, de la inmigración ilegal y de la trata? Allí donde hay un colectivo vulnerable acuden ustedes solícitos a montar una ONG, una asociación, una consultoría o lo que haga falta para recibir jugosas subvenciones que nunca llegan a quien de verdad las necesita, para vivir del cuento. Allí donde hay una víctima están siempre ustedes al olor del negocio del rescate. Y mientras durante los gobiernos de Pedro Sánchez se han multiplicado por tres las agresiones sexuales en este país, en lugar de protegernos con una justicia que disuada, que castigue y que resarza verdaderamente a las víctimas, ustedes se empeñan en que sigamos importando delincuencia, en que sigamos siendo el coladero de lo peor de otros países, de lo peor de otras culturas sin hacer el más mínimo esfuerzo por evitarlo, abriendo las puertas de nuestras cárceles para que los delincuentes sexuales salgan y abriendo las puertas de nuestras fronteras para que los delincuentes sexuales entren. Señorías, que la principal preocupación de los españoles hoy sea ya la inmigración ilegal tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con la amenaza que supone para las mujeres de nuestro país que deambulen sin control por nuestras calles hombres que por su cultura nos ven como seres inferiores, a los que se puede vejar, maltratar y violar, hombres que nos quieren esclavas y sometidas, al igual que a sus mujeres en sus países de origen. Pero también se niegan a reconocerlo y, por ponerles sobre aviso, por exigirles protección para los nuestros, nos insultan y nos demonizan injustamente. Mientras, estigmatizan a todos los hombres como potenciales violadores para después fomentar la llegada de un tipo de hombre que sí representa un peligro inmediato y real para las mujeres. . Su incongruencia es digna de estudio. Hemos pasado de reivindicar que el atuendo de una mujer no puede justificar en ningún caso una violación, cosa con la que evidentemente estamos de acuerdo, a deber tener cuidado con lo que nos ponemos en según qué barrios y en según qué ciudades. Señorías, ustedes se empeñan en poner parches a una de las peores leyes que ha visto nacer esta Cámara , en impulsar la aplicación de una ley que no ha traído nada bueno, que no es más que el atrezo de la puesta en escena de sus delirios ideológicos. Pero nosotros queremos herramientas que sirvan de verdad a los jueces y a las fuerzas de seguridad del Estado para hacer su trabajo tan brillantemente como les sea posible, en defensa de los ciudadanos, de su seguridad y de su integridad. Queremos que imperen la razón y el sentido común frente al sectarismo ideológico que ustedes profesan y que solo conduce al fracaso. No le den más vueltas, señorías, contra los delitos sexuales, contundencia de la ley y fronteras seguras; no hay otra fórmula, no la hay. Muchísimas gracias. .

Lídia Guinart Moreno PSC-PSOE

Gracias, presidente. Gràcies. Molt bona tarda a tothom. Quiero empezar con un sentido recuerdo por las 1279 mujeres y los 63 niños y niñas asesinados desde que hay estadísticas. . Tengo la sensación de que la culpable soy yo y de que los 50 que me violaron son las víctimas. ¿En qué momento un hombre decide por una mujer? Estas terribles palabras han sido pronunciadas recientemente por una mujer cuyo marido decidió que era divertido y que le excitaba que otros hombres la violaran mientras él lo grababa. Una mujer francesa, de nombre Gisèle Pelicot, que está siendo revictimizada en su país durante el juicio al poner en duda que no consintiera, a pesar de que estaba inconsciente cuando se estaban cometiendo esas agresiones sexuales. El consentimiento en el centro, esa es la clave. Esa es la diferencia que marca claramente un antes y un después en la legislación española sobre delitos sexuales. Por eso el caso Pelicot en España se juzgaría de otra manera, con otro marco normativo que protege más y mejor a las mujeres. Por eso en el caso Alves la mujer víctima de violación en España estuvo más protegida que Gisèle Pelicot en Francia. Por eso se pusieron en marcha de inmediato los protocolos, porque este Gobierno impulsó y este Parlamento aprobó la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual. . Sí, señorías, la llamada ley del solo sí es sí ampara a las víctimas, con ella se acabó el silencio, se acabó la vergüenza que injustamente han sufrido tantas mujeres. Ya no nos callamos. Y sí, hay más denuncias porque la ley ha movido conciencias y porque genera confianza. Por cierto, la reforma técnica que aprobamos posteriormente evita que se produzcan efectos indeseados a partir de revisiones de condenas. La ley es un triunfo de la sociedad española, y muy especialmente del feminismo de este país, un triunfo contra la cultura de la violación. El Gobierno está desarrollando esta norma, sí, lo está haciendo, señora Belarra, y un ejemplo es el real decreto, aprobado en Consejo de Ministros hace apenas dos meses, que regula las ayudas económicas a las víctimas de violencia sexual contempladas en el artículo 41 de la LOGILS. Pero para conseguir la plena implementación de la ley hay que empujar desde todas las administraciones con competencias en este ámbito. Sin ir más lejos, muchas de las comunidades autónomas que deben crear y dotar con la mayor urgencia los centros de crisis veinticuatro horas que establece esta ley todavía no lo han hecho; unos centros para los que el Gobierno les ha transferido en torno a 90 millones de euros procedentes de fondos europeos. Pero hay demasiadas comunidades, como digo, que no están cumpliendo en tiempo y forma. Señorías del PP, ¿por qué en Ibiza han devuelto al Gobierno el más de medio millón de euros con que contaban para crear uno de esos centros de atención a mujeres víctimas? No han firmado el gobierno de fondos europeos, no han licitado. ¿No piensan hacer nada de nada? . Y, señorías del PP, ¿por qué se empeña la presidenta Ayuso en crear centros, que son innecesarios, para hombres víctimas de violencia sexual si ya existen centros que atienden esas necesidades, como los barnahus? ¿Por qué utilizan el mismo trilerismo que VOX, enfrentando a las víctimas y confundiendo a la sociedad? Díganmelo. Bueno, se lo diré yo: Por el mismo motivo por el que blanquean en el ayuntamiento de Valencia a un diputado de VOX que fue condenado por maltratar a su exmujer. . Ya era lo que nos faltaba, tras justificarlo el señor Feijóo como un divorcio duro. En estos días, como ya se ha dicho, estamos encarando la recta final de la renovación, de la actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género, y lo estamos haciendo en el marco de una subcomisión parlamentaria, en la que ya han comparecido diversas personas expertas y también el propio Gobierno. Es un reto muy importante, crucial, en el que ustedes, señorías de Podemos, también participan, y es por eso que no acabamos de entender demasiado por qué formulan ahora y de esta manera sus propuestas. Para la evaluación del pacto contamos con un informe remitido por el Ministerio de Igualdad que señala como cumplidas o en proceso la práctica totalidad de las medidas aprobadas en 2017. La proposición de ley que hoy debatimos para su admisión a trámite recoge alguna de las escasas medidas de ese informe que se señalan como pendientes de cumplimiento y se centra en modificaciones legislativas relativas a ciertos aspectos de la LOGILS. Lamento decirles que, tanto desde un punto de vista de técnica legislativa como respecto al contenido, observamos muchas deficiencias en esta propuesta, en algunos casos porque apuntan a modificaciones que ya están aprobadas o bien están en tramitación, como se les ha dicho ya por parte de otros grupos. Es el caso de la propuesta de modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial para añadir una nueva competencia en materia de violencia sexual a los juzgados de violencia sobre la mujer o de la ampliación de competencias de la Fiscalía de Sala del ámbito. Esa previsión normativa ya se está considerando en la tramitación del proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Es decir, su proposición de ley, señora Belarra, no parece tener en cuenta la modificación organizativa que plantea este proyecto de ley que he citado. En cualquier caso, no puede ponerse en duda el compromiso del Gobierno con la adecuación de la planta judicial a las necesidades existentes tampoco en la materia que nos ocupa. Plantean una modificación del artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya única aportación es la incorporación del artículo gramatical «las» en referencia a las penas de multas. Y en otros aspectos también detectamos redundancias. Señalan ustedes algunas modificaciones que podrán introducirse en el proyecto de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en la que el Gobierno ya está trabajando. De hecho, como sabrán, está prevista en el plan anual normativo. A pesar de estas cuestiones y de que, sinceramente, como les he dicho, creemos que es muy mejorable, compartimos la finalidad de esta proposición de ley y, por descontado, la intencionalidad que subyace en relación con el pleno desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y es por ello que vamos a votar a favor de su toma en consideración. Gracias. .

Beatriz Álvarez Fanjul PP

Gracias. Señorías de Podemos y del Grupo Socialista, si el marido de la francesa Pelicot hubiese sido español, su condena habría sido rebajada con su ley del solo sí es sí. . Y que Bildu hable de reparación…, ¡telita! A mí me gustaría saber quién ha hecho esto, señora Belarra, porque es otra chapuza más. Usted ya no estará en el Gobierno, pero la técnica legislativa de su partido sigue siendo tan lamentable como antes. Señorías, creo que es muy fácil entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Hoy el Grupo Parlamentario Mixto nos trae a debate una proposición de ley que hasta un niño de siete años redactaría mejor. En primer lugar, modifican el artículo 21.5 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal. Añaden, y cito textualmente: «No obstante, en los delitos de violencia de género y contra la libertad sexual la reparación deberá comprender todos los conceptos contenidos en las leyes integrales». ¿Me pueden explicar qué son las leyes integrales? ¿Qué concepto jurídico es ese? ¿Creen, de verdad, que se puede modificar una ley a golpe de discurso de pancarta? Da la sensación de que ustedes fueron los únicos españoles a los que no les abochornó la ley del solo sí es sí. Continúan ninguneando la labor del legislador, asumiendo que los efectos y consecuencias son los mismos que los de sus manifiestos en la Complutense. Si nuestro trabajo es legislar, al menos use los términos apropiados. Señora Belarra, se lo voy a traducir en el lenguaje correcto: en todo caso, lo que debería decir es que la reparación del daño no causará efectos atenuantes en lo que se refiere a los delitos de la Ley Orgánica 1/2004 y la Ley Orgánica 10/2022. Pero vamos a seguir. Ustedes vuelven a proponer otra modificación del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y añaden varios puntos. Hacen mención de la ley de garantía integral de libertad sexual, pero son tan torpes que vuelven a mezclar puntos, por lo que convierten el texto en otra chapuza: se comen epígrafes, no diferencian el punto y seguido del punto y aparte y lo más importante es que se olvidaron de incorporar las modificaciones que hacen a varias leyes. En definitiva, dejen ustedes de llamar machistas a los jueces y hagan un trabajo parlamentario serio y de calidad. . Porque tenemos un partido político que no tiene ni la voluntad ni el rigor ni el conocimiento para legislar. Y por eso decía que nos pasa lo que nos pasa, y es que estos mismos diputados hasta hace nada eran ministros y gobernaban con ustedes, señorías del PSOE. ¿Y cuál es el balance? Hoy hay 1223 rebajas de condenas y 126 excarcelaciones por la aplicación de su ley. . Por eso puedo decir desde esta tribuna que está proposición de ley en su exposición de motivos ya empieza con una gran mentira. Ustedes comparan las reacciones mediáticas que tuvieron ambas leyes como si fuesen lo mismo. La ley de violencia de género en ningún caso — repito, en ningún caso— supuso la rebaja de penas a más de mil delincuentes, sino el agravamiento de las condenas, ni tampoco supuso la excarcelación de cientos de maridos o parejas encarcelados previamente por haber cometido delitos contra las mujeres. Y lo peor de todo es que seguimos por la senda del descrédito y el hazmerreír, eso sí, a costa del bienestar de todas las mujeres. Pero también al Partido Socialista parece que se le ha pegado esta forma tan chapucera de hacer política. Lo vimos hace apenas unos días con la ley de paridad y los supuestos de despido nulos, olvidándose de aquellos que se acojan a permisos por cuidados familiares y adaptaciones de jornada, y permitiendo así, con otro error técnico más, que las empresas puedan despedir a los empleados que soliciten un cambio en su jornada para conciliar, para pasar más tiempo con sus hijos. Es decir, que los grandes defensores de los derechos sociales del universo entero, el PSOE, ha abierto la puerta a que te vayas a la calle por necesitar pasar más tiempo con tus hijos. . Pero, tranquilos, que, como siempre, está el Partido Popular, tendiendo la mano para enmendar sus errores. Por eso ya tenemos registrada una proposición de ley para corregirlo. No obstante, al Partido Socialista le gustan más las chapuzas que aceptar la mano tendida del Partido Popular. No se dan cuenta de que ya da igual, que es lo mismo PSOE que Podemos, Podemos que PSOE, que se han mimetizado tanto en sus políticas que siempre acaban haciendo lo mismo: desproteger a las mujeres, revictimizar a las víctimas y proteger a los delincuentes. ¡Ah!, claro, y enriquecerse, por supuesto. ¿O es que no quieren hablar de cómo la exdirectora del Instituto de las Mujeres se enriqueció con las adjudicaciones a su propia sociedad de la gestión de los puntos violeta? . Ayer, además, amanecíamos con la noticia de que, a pesar de su cese, en el pasado mes de julio todavía seguía recibiendo contratos públicos en ayuntamientos gobernados por el PSOE. . ¿Tienen algo que decir sobre eso, señorías del PSOE, o van a guardar silencio también? Sí, señorías, esta es la política de igualdad de este Gobierno y de sus socios. Nos encontramos ahora en plena renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un pacto que impulsó el Partido Popular y que sus señorías de Podemos no apoyaron; un pacto por el que, bajo la gestión de su ministerio, se produjo un extravío de sesenta millones de euros, que su partido no supo localizar y del que todavía el Partido Socialista no ha rendido cuentas; un pacto que no tuvo el reparto justo, frente a otros ministerios, para poder dotar a las mujeres del refuerzo y la ayuda necesaria para atajar el número de asesinatos; un pacto que fue utilizado por ustedes con campañas publicitarias en las que se manipulaban los cuerpos de las protagonistas sin su consentimiento; eso es, sin su consentimiento. Por tanto, señorías, puedo afirmar categóricamente que ustedes son un peligro para las mujeres con sus políticas ideológicas y sus discursos de pancarta. . Pero es que, desgraciadamente, su partido nunca ha caminado solo en esta senda tan oscura para las mujeres; siempre ha tenido la complicidad del Partido Socialista y el respaldo del presidente del Gobierno. Yo creo que ya va siendo hora de que se tomen la cosas en serio y velemos, de una vez por todas, por los derechos de todas las mujeres. Más y mejor conciliación, más y mejores trabajos, más y mejor protección y, por supuesto, ninguna agresión o asesinato más. . Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. Me gustaría dar la bienvenida y saludar a las asociaciones de víctimas del amianto que hoy nos acompañan, porque son ellas, sois vosotras, con cada vivencia personal, las verdaderas protagonistas de todas las iniciativas que se han llevado a cabo para las víctimas del amianto. Ongi etorria. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

El amianto sigue matando a miles de personas al año, veintiséis personas en Euskadi en el año pasado, y, sin embargo, las víctimas de este veneno siguen siendo invisibles y las grandes olvidadas — tengo que decirlo— a pesar de que este Congreso aprobó una ley para su reconocimiento y reparación. Es por eso que hoy venimos una vez más a defender y a solicitar al Gobierno que cumpla con las víctimas del amianto, y lo hacemos a través de esta proposición no de ley. Y, en este sentido, también quiero mostrar nuestra sorpresa por la retirada de la firma a esta iniciativa de los grupos parlamentarios que inicialmente la firmaron. Espero que no sea el preludio de su no aprobación. El amianto se prohibió en el año 2001 y, sin embargo, no fue hasta 2013 cuando se empezó a tramitar la Ley para la creación de un fondo estatal para indemnizar a las víctimas del amianto, a iniciativa del Parlamento vasco, siendo registrada por primera vez en este Congreso en el año 2016, si bien, lamentablemente, no prosperó. Por fin, tras un largo periplo, en octubre de 2022 el Congreso aprobó por unanimidad la Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una ley que condiciona la puesta en marcha del fondo a la aprobación de un reglamento, fíjense, en el plazo de tres meses para regular las cuantías de las indemnizaciones, las condiciones a cumplir y el procedimiento que tienen que completar las víctimas para cursar sus peticiones. Han pasado ya la friolera de más de veinte meses, más de año y medio, señorías, y lo único que sabemos son dos cosas: que desconocemos cuando se pondrá en marcha el fondo para que las víctimas puedan ser indemnizadas y que el Gobierno sigue dando largas acerca de esa fecha, pues, a varias preguntas sobre este tema, lo único que hemos conseguido son buenas palabras — de hecho, el pasado 10 de septiembre mi grupo, el Partido Nacionalista Vasco, volvió a preguntar en el Senado por este fondo al Gobierno y la respuesta, lamentablemente, sigue siendo la misma, ni fecha concreta ni fecha aproximada—, y que el proyecto de reglamento se sacó a audiencia pública y este preveía unas indemnizaciones económicas inferiores a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos, como podría ser para las víctimas de la talidomida; indemnizaciones, por tanto, muy por debajo del objetivo para acabar con los largos y farragosos procesos judiciales, procesos de cinco a seis años, resultando que a veces, lamentablemente, la persona afectada ha fallecido cuando este acaba. No dudamos del interés ni de la sensibilidad del Gobierno por este asunto, pero nos cuesta entender el retraso, cuando no hubo ninguna discrepancia política, sino unanimidad, algo prácticamente impensable hoy en este Parlamento. Hain zaila da funtsa hau arautzea? Hain zaila al da biktimen ekarpenak kontuan hartzea? Ez ahaztu biktimez hitz egiten ari garela, Legebiltzar honetan konfiantza izan duten biktimez, Gobernu honengan konfiantza izan dutenak. Huts egiten zaien biktimez ari gara. Gaur egun funtsa eskuratu ezinik jarraitzen dutelako, erregelamenduri barik ez dagoelako funtsik eta kalte-ordaina eskatzeko geratzen zaien gauza bakarra da, auzitegiak direlako, barkatu. Legeak justizia egiten du, berandu, baina justizia egiten du. Legeak errekonozimendua eta, antza, erreparazioa dakar, baina zoritxarrez, erreparazioa oraindik ikusteko dago. ¿Tan difícil es regular este fondo? ¿Tan difícil es tener en cuenta las aportaciones de las víctimas? No olviden que estamos hablando de víctimas, víctimas que han confiado en este Parlamento, que han confiado en este Gobierno; hablamos de víctimas a las que se les está fallando, porque hoy resulta difícil poder acceder al fondo, ya que sin reglamento no hay fondo, y lo único que les sigue quedando para solicitar una indemnización son los tribunales. La ley hace justicia — tarde, pero justicia—, la ley implica reconocimiento y reparación al parecer, pero, desgraciadamente, esa reparación está aún por ver. He dicho en euskera que la ley hace justicia — tarde, pero hace justicia—, la ley implica reconocimiento y reparación, pero, desgraciadamente, esa reparación aún está por ver. Señorías, el 18 de enero, diputadas y diputados de SUMAR, EH BILDU, ERC, Junts, Podemos, Coalición Canaria, BNG y EAJ-PNV dirigimos una carta al Gobierno para tratar de atraer su atención sobre las víctimas del amianto. Hoy les pido a todos ellos y al resto de grupos su apoyo a esta proposición no de ley, que simplemente busca la reparación efectiva a las víctimas del amianto y que puedan acceder a unas indemnizaciones justas. Jaun-andreok, legez besteko proposamen honen helburua amiantoaren biktimekin adostutakoa betetzea da. Ekimen honek behingoz kitatuko du haiekin daukagun zor historikoa eta horregatik talde guztien babesa eskatzen dizuegu legez besteko proposamen honi, 2022. urteko 21. legean aurreikusitako erregelamendua onartu dadin, biktimen elkarteak eta sindikatuek egindako alegazioak aintzat hartu daitezen, eta horretarako, beharrezkoak diren aurrekontu neurriak hartu daitezen. Eta Koalizio gobernua osatzen duten taldeetako jaun-andreok, ez itxi aldarrikapen hau ametsen linboan, amiantoaren biktimek askoz gehiago merezi dute eta. Eskerrik asko. Señorías, el objetivo de esta proposición no de ley va de cumplir lo acordado con las víctimas, va de saldar de una vez por todas una deuda histórica que tenemos con ellos, y por eso solicitamos el apoyo de todos los grupos a esta PNL, para que se apruebe el reglamento de la Ley 21/2022, para que se consideren las alegaciones realizadas por las asociaciones de las víctimas y sindicatos y que para ello se adopten las medidas presupuestarias necesarias. Señorías de los grupos que forman parte del Gobierno de coalición, no dejen estas reivindicaciones en el limbo de los sueños: las víctimas del amianto se merecen mucho más. Muchas gracias.

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Subo a esta tribuna, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, por dos motivos: el primero de ellos, para manifestar nuestra solidaridad, apoyo y reconocimiento a las víctimas del amianto, y, el segundo, para exigir al Gobierno — parece mentira que tengamos que hacerlo, ¿verdad?— que cumpla la legalidad; en este caso concreto, que desarrolle y apruebe el reglamento que viene recogido en la ley que hoy nos ocupa. En esa línea, es evidente que las víctimas del amianto, aquellas personas que padecen enfermedades graves, fundamentalmente cáncer de pulmón y también mesotelioma, han sufrido durante años y décadas reivindicando un reconocimiento y una compensación. En el caso concreto de la Comunidad Foral de Navarra, es llamativo. Como decía la portavoz del PNV, con lo difícil que es en esta Cámara alcanzar acuerdos, se logró la unanimidad para abordar esta cuestión, y también en el Parlamento de Navarra en abril de 2021 y en mayo de 2022 a la hora de reconocer esa compensación, que es de justicia, para las víctimas del amianto. Por lo tanto, no queda otra que exigir al Gobierno su cumplimiento y, sobre todo, esperar y desear que sea lo antes posible. Muchas gracias.

Néstor Rego Candamil BNG

Boa tarde. Grazas, señor presidente. No BNG comprendemos, partillamos a preocupación dos propoñentes polo incumprimento até agora da lei, porque para poder aplicar o fondo, resulta imprescindíbel o seu desenvolvemento regulamentario, para o cal se fixaba un prazo de tres meses que se cumpriu en outubro 2022, quero dicir, practicamente dous anos de demora. Para nós isto resulta inxustificábel, porque vén, ademais, a engadirse a un proceso lexislativo artificiosamente prolongado, atrasando cada un dos sucesivos trámites. A finais da XIV lexislatura, o Goberno fixo público un borrador que foi sometido a exposición e que, segundo unha resposta do BNG do mes de maio, tamén a consulta das comunidades autónomas. Reclamamos que se aprobe con urxencia. Porén, temos que dicir que somos moi críticos coa proposta do ministerio, pois neses termos, ó noso xuízo, o fondo de compensación ficaría moi lonxe de cumprir os obxectivos e expectativas de todas as entidades, sindicatos e partidos que temos defendido a súa creación. O BNG, na liña da Asociación Galega de Vítimas do Amianto, AGAVIDA, e da CIG, defendemos a necesidade de mellorar a norma, especialmente en relación coa percepción única de compensación que non prevé a evolución e agravamento das doenzas e co cómputo da prescrición desde o auto de insolvencia, non desde a creación do mecanismo, que impediría o acceso de moitas persoas. Tamén cremos necesario modificar os criterios de acceso fixados, que se limitan ás persoas que xa teñen recoñecemento xudicial ou administrativo ou con diagnose de mesotelioma ou de asbestose excluíndose o conxunto das patoloxías de anexo, xa de por si restritivo. Por tanto, é necesario mellorar este proxecto. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. El Bloque Nacionalista de Galicia comprendemos y compartimos la participación de los proponentes por el incumplimiento hasta ahora de la ley y que para poder aplicar el fondo resulta imprescindible su desarrollo reglamentario, para el cual se fijaba un plazo de tres meses, que se cumplió en octubre de 2022, es decir, prácticamente con dos años de retraso. Para nosotros esto es injustificable, porque, además, se añade a un proceso legislativo artificiosamente prolongado, atrasando cada uno de los sucesivos trámites. A finales de la XIV Legislatura el Gobierno hizo público un borrador, que fue sometido a exposición, y, según una respuesta al BNG en el mes de mayo, también a consulta de las comunidades autónomas, reclamamos que se apruebe con urgencia. Sin embargo, tenemos que decir que somos muy críticos con la propuesta del ministerio, pues en esos términos, a nuestro juicio, el fondo de compensación quedaría muy lejos de cumplir los objetivos y las expectativas de todas las entidades, sindicatos y partidos que hemos defendido su creación. El BNG, en la línea de la Asociación Gallega de Víctimas del Amianto, Agavida, y de la CIG, defiende la necesidad de mejorar la norma, especialmente en relación con la percepción única de la compensación, que no prevé la evolución y el agravamiento de las enfermedades, y con el cómputo de la prescripción desde el auto de insolvencia, y no desde la creación del mecanismo, que impediría el acceso a muchas personas. También creemos necesario modificar los criterios de acceso fijados, que se limitan a las personas que ya tienen reconocimiento judicial o administrativo o con diagnóstico de mesotelioma o asbestosis, excluyendo el conjunto de patologías del anexo, ya de por sí restrictivo. Por lo tanto, es necesario mejorar este proyecto…

Néstor Rego Candamil BNG

Pero é verdade que o que hai que facer é axilizalo canto antes para atender as necesidades das persoas que sofren doenzas por causa do amianto. Moito obrigado. … y agilizarlo a fin de atender a las necesidades de las personas que sufren enfermedades por causa del amianto. Gracias.

Noemí Santana Perera SUMAR

Buenas tardes. Hoy estamos aquí para exigir justicia para las víctimas del amianto, un veneno silencioso que se ha cobrado muchas vidas en nuestro país y ha llevado a muchas personas a desarrollar enfermedades. Durante muchísimos años, empresas y grandes corporaciones han priorizado sus beneficios económicos, a costa de la salud de las trabajadoras y trabajadores. Aun conociendo los riesgos que conllevaba el amianto, mantenían su uso, sin ningún tipo de protección, y eso para nosotras, señorías, no es solo un crimen laboral, sino también social. Desde Podemos no vamos a permitir que esta injusticia siga pasando desapercibida. Creemos que ya se ha mostrado en innumerables ocasiones en este Parlamento la voluntad de que se repare a las víctimas del amianto, por ejemplo, con la creación de un fondo de compensación, y que estas familias, estos afectados, estos enfermos no tengan que pasar años de lucha judicial para obtener lo que les corresponde. Creemos que no debemos exigir a las familias que pasen por esa burocracia en la que muchas veces se ven sumergidas, en unos trámites eternos que hacen que se terminen cansando y creyendo que nunca habrá una reparación frente a su situación. Por lo tanto, consideramos que ya es hora de que el Gobierno se ponga manos a la obra, que ya es hora de que se exija al Gobierno la reparación a estas víctimas, pero también a las empresas que fueron causantes de esta situación, y, por supuesto, tomar medidas que se pueden adoptar ya, como es la retirada del amianto de todos los sitios, públicos y privados…

Noemí Santana Perera SUMAR

… para que ningún niño o niña se vea expuesto a este riesgo, para que ningún trabajador o trabajadora tenga que seguir sufriendo las consecuencias de esta exposición. Muchas gracias.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidente, diputatuak, arratsalde on. Deuda histórica es el concepto que se acuñó hace ya mucho tiempo para definir la deuda contraída por los países colonizadores sobre los países oprimidos, aquella por la que se les había expoliado sus riquezas, se había explotado a sus gentes y se había ocupado sus territorios. Sin embargo, con el paso del tiempo, el concepto de deuda histórica ha sido empleado para más circunstancias, para más realidades de la vida de las sociedades. Se ha utilizado para señalar aquella deuda contraída por quien no lleva a efecto un derecho adquirido por la ciudadanía, se ha utilizado el concepto de deuda histórica para territorios que se sienten agraviados con respecto a realidades más globales y se ha utilizado también para señalar y denunciar la realidad patriarcal en la que vivimos con las políticas que tienen en la discriminación de género su base de funcionamiento. Y no se me ocurre mejor concepto para hablar de este punto que el de deuda histórica, porque, sinceramente, creo que es una deuda histórica la que tenemos contraída con todas las víctimas del amianto, porque se cuentan por decenas o cientos de miles, si no por millones, dado que el amianto, por desgracia, está presente en el conjunto de lo cotidiano, está presente en todos los lugares en los que vivimos, estudiamos, nos relacionamos y pasamos nuestra vida. Por desgracia, el Estado español tiene una deuda histórica con los afectados por el amianto, porque es mucho lo que pudo hacer y no hizo, porque son muchas las veces que en el Estado español diferentes Gobiernos miraron para otro lado, fueron diletantes, para no hacer lo que podían hacer con el conocimiento que ya tenían sobre los peligros del amianto. Por eso se tardó tanto en prohibir el amianto en el Estado español — primero el amianto azul, luego el marrón y finalmente el blanco—. Tuvimos que esperar hasta el año 2002 para que se prohibiera su utilización y comercialización. Y se llegó tarde también al fondo de compensación para las víctimas, porque ya en 2002 Francia había diseñado y había dotado un plan económico para dar respuesta a las víctimas del amianto, y porque más tarde, en el 2007, a través de otro fondo de compensación, también Bélgica había hecho lo mismo. Por tanto, ejemplos tenía el Estado español y, por desgracia, víctimas también para poder haber hecho algo, y, sin embargo, prefirieron esperar. Y son muchas las iniciativas que se han llevado a cabo, y pocos debates demuestran la inutilidad a veces de una Cámara como esta como este mismo debate, un debate que tiene que venir aquí de manera reiterada, de manera diría que casi crónica, para que al final se pierda en el marasmo de la burocracia. Fue en 2015 el Parlamento vasco el que impulsó este debate, con la práctica unanimidad de sus grupos parlamentarios. Vinieron aquí, lo defendieron, fue admitida a trámite; cayó la legislatura, volvió a ser admitida a trámite, conseguimos aprobar una ley para la compensación de las víctimas del amianto; nuestro propio grupo parlamentario en una negociación presupuestaria consiguió que se dotara con una cantidad concreta, 25 millones de euros, para los presupuestos generales del Estado del 2002; conseguimos posteriormente que se hablara de la necesidad de elaborar el real decreto para generar el reglamento que diera lugar a esto — ya digo que ejemplos hay, que no hace falta irse muy lejos, Francia o Bélgica pueden inspirar—, y, pese a todo, seguimos esperando. En febrero hicimos una pregunta a la ministra y nos dijo que articular ese reglamento era un ejercicio costoso, que tenía puesta mucha gente en ello, y, sin embargo, seguimos esperando. Y somos conscientes de que, junto a este grupo, han acompañado otros muchos grupos, con preguntas diferentes e iniciativas recurrentes en diferentes Cámaras, ya sea en el Senado o en parlamentos autonómicos. Por tanto, lo que toca es hacer, lo que toca es hacer de una vez por todas y no demorar más esta solución. Y necesitamos que el fondo tenga una garantía económica suficiente, porque es verdad que la dotación inicial no era sino eso, una dotación inicial para lo que se necesita. Baste tener en cuenta que en Francia llevan destinados más de seis mil millones de euros a ese fondo de compensación. Y el Estado español tiene que hacer frente a ese fondo de compensación, porque toda la responsabilidad no es de las empresas, porque hubo una connivencia del estado español con el silenciamiento de lo pernicioso del amianto y del beneficio de algunas empresas que fabricaban materiales con él. Y pedimos también que no se demore por respeto a los familiares y víctimas del amianto, a quienes no están y a quienes todavía lo sufren. Son miles las personas que han fallecido y son muchísimas más las personas que sufren por cualquiera de las enfermedades derivadas del amianto. Y creemos sinceramente que no hay que quedarse ahí, porque hay que desamiantar toda la realidad que nos invade. Porque se dice que más del 30 o el 40 % del parque inmobiliario del Estado español está trazado de amianto; porque probablemente la práctica totalidad de los edificios construidos antes de 1980 — y no son pocos, y son mayoría en los barrios obreros— están también llenos de amianto. Por tanto, este no tiene que ser sino el primer paso para que, por una vez, podamos dar pasos concretos que nos acerquen a la ciudadanía. Y creo que huelga decir qué es lo que vamos a apoyar con nuestro voto, porque es lo que hemos hecho siempre, porque somos absolutamente previsibles; tenemos palabra, hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Las asociaciones saben que estamos siempre de su lado y eso no va a variar con una u otra firma. .

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Bona tarda, senyories. Bona tarda, representants de les associacions de víctimes de l’amiant, i moltes gràcies per la vostra feina i per la vostra perseverança. Vaig tenir la possibilitat, a l’anterior legislatura, de participar des del Senat en el debat de la tramitació de la Llei 21/2022 per a la Creació d’un Fons de Compensació per a les Víctimes de l’Amiant. Certament, una resposta a una demanda justa, que ha tingut un recorregut de més d’una dècada des que es va crear la Ponència en el Parlament basc. Un recorregut traçat, en bona part, per la força de les víctimes i els seus familiars organitzats en aquestes associacions, com les que saludava fa un moment. Fa dos anys, en la tramitació de la llei, Junts per Catalunya vàrem retirar les nostres esmenes amb la finalitat d’afavorir un acord el més ampli possible, un acord ampli per donar resposta a una manca històrica de prevenció per part de l’administració i a la consegüent falta d’empara patida per les víctimes de l’amiant. Semblava, en aquell moment, que havíem fet la part més difícil i que, davant el suport unànime a la llei, el desenvolupament del reglament seria immediat i s’establirien les bases dins dels terminis previstos en la mateixa llei; unes bases àgils i justes, com demanava aquesta iniciativa. Però resulta evident que, un cop més, s’ha imposat l’incompliment i avui som aquí perquè les coses no han funcionat com hagués estat desitjable. Un cop més, no s’ha fet bé i es confirma que no n’hi ha prou amb aprovar lleis, sinó que cal implementar-les i assegurar-ne el compliment perquè tinguin l’efecte desitjat pel Legislatiu. I això tant val per la Llei de Creació d’un Fons de Compensació per a les Víctimes de l’Amiant, com per l’amnistia. Però centrem-nos en el cas d’avui, perquè no haver-ho fet comporta que milers de víctimes de l’exposició a l’amiant — ja sigui en l’àmbit laboral, en el domèstic o en l’ambiental, com, per exemple, les 43 víctimes de Cerdanyola— continuïn orfes de reparació i de compensació. Ho deia, fa un moment el diputat de Bildu, l’amiant continua entre nosaltres i, en aquest sentit, el Parlament de Catalunya ha promogut diverses iniciatives per promoure la seva retirada de forma segura, perquè no n’hi ha prou amb compensar el dany produït, sinó que cal evitar-ne de nou; no es poden generar més víctimes. Esperem, doncs, que aquesta iniciativa sigui el detonant per donar la resposta correcta, efectiva, suficient i definitiva al patiment de les persones afectades i a les seves famílies. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, representantes de las asociaciones de víctimas del amianto, y muchas gracias por vuestro trabajo y vuestra perseverancia. Tuve la posibilidad, en la anterior legislatura, de participar en el Senado en el debate de la tramitación de la Ley 21/2022 para la Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Ciertamente, una respuesta a una demanda justa, que ha tenido un recorrido de más de una década desde que se creó la Ponencia en el Parlamento vasco. Un recorrido trazado en buena parte por la fuerza de las víctimas y de sus familiares organizados en estas asociaciones — como las que saludaba hace un momento—. Hace dos años, en la tramitación de la ley, Junts per Catalunya retiró sus enmiendas con la finalidad de favorecer un acuerdo lo más amplio posible, un acuerdo amplio para dar respuesta a una falta histórica de prevención por parte de la Administración y a la consiguiente falta de amparo sufrida por las víctimas del amianto. Parecía en aquel momento que habíamos hecho ya la parte más difícil y que, ante el amplísimo respaldo a la ley, el desarrollo del reglamento sería inmediato y se establecerían las bases dentro de los plazos establecidos en la propia ley; unas bases ágiles y justas, como exigía esta iniciativa. Pero resulta evidente que una vez más se ha impuesto el incumplimiento y hoy estamos aquí porque las cosas no han funcionado como hubiera sido deseable, una vez no se ha hecho bien; y se confirma que no basta con aprobar leyes, sino que luego hay que implementarlas y asegurar su cumplimiento para que tengan el efecto deseado por el Legislativo. Y eso vale tanto por la Ley de creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto como vale para la amnistía. Pero centrémonos en el caso de hoy, porque no haberlo hecho comporta que miles de víctimas de exposición al amianto — ya sea en el ámbito laboral, doméstico o ambiental como, por ejemplo, las cuarenta y tres víctimas de Cerdanyola— sigan huérfanas de reparación y de compensación. Como decía hace un momento el diputado de Bildu, el amianto sigue estando entre nosotros y, en este sentido, el Parlamento de Cataluña ha promovido distintas iniciativas para fomentar su retirada de un modo seguro. Porque no basta con compensar el daño producido, sino que hay que evitar nuevos daños. No se pueden generar más víctimas. Esperemos, pues, que esta iniciativa sea el detonante para dar la respuesta correcta, eficaz, suficiente y definitiva al sufrimiento de las personas afectadas y a sus familias. Muchas gracias.

Jordi Salvador i Duch ERC

Bona tarda. Gràcies, president. Benvingudes les associacions de lluitadors contra les víctimes de l’amiant, sindicats i, concretament, deixeu-me anomenar a Joan Garcia, que cada dia em recorda que la lluita continua en aquest tema. Ens hem fet amics per WhatsApp, perquè cada dia, pràcticament, m’envia les últimes notícies, i realment dona gust treballar amb persones que dediquen la seva vida a causes com aquesta. Imaginin-se per un moment, senyores i senyors, la impotència de respirar sabent que cada inhalació et pot estar matant lentament. Aquesta és la cruel realitat a la qual s’enfronten milers de persones dels diferents pobles de l’Estat espanyol, víctimes silencioses d’un material que sabien perillós: l’amiant. I l’Estat, que tenia l’obligació de vetllar per la salut dels seus ciutadans, va permetre que això passés. Les comparacions són odioses, però aquesta ve al cas, com ha dit també un company que m’ha precedit. A França, fa més de vint anys que existeix un fons de compensació per a les víctimes de l’amiant, que ha repartit més de 6626 milions d’euros, i aquí encara, en canvi, continuem esperant. Mentrestant, a l’Estat espanyol l’amiant encara causa prop de 4582 morts cada any, segons dades del mateix ministeri. El pitjor és que hi ha una xifra que econòmicament és brutal, o que és molt significativa: només un 0,44 % dels morts per càncer de pulmó, de bronquis o de laringe tenen reconeguda la malaltia professional, només un 9 % en el cas de mesotelioma — costa de pronunciar, perdoneu—. Això no és justícia, és abandonament. Després d’anys de lluita per part de les víctimes, sindicats i grups parlamentaris, vam aconseguir l’aprovació de la Llei de Creació d’un Fons de Compensació per a les Víctimes de l’Amiant, una llei que va comptar amb el suport unànime d’aquesta Cambra. Però de què serveix una llei sense el seu reglament que la faci efectiva? De què serveixen les promeses si després no es compleixen? Senyores i senyors diputats, han passat molts dies des que la llei ens va donar un termini per aprovar el reglament, un termini que el govern ha ignorat, com ha ignorat les al·legacions presentades per les víctimes i sindicats; un govern que prefereix mirar cap a un altre costat mentre milers de persones encara pateixen les conseqüències de l’amiant. I no ens equivoquem, no estem parlant d’un termini flexible o orientatiu. La mateixa llei, aprovada en aquesta Cambra, establia clarament un termini de tres mesos per al seu desenvolupament reglamentari — passa el mateix que amb l’auditoria de les pensions, que es fan, però després no es compleixen—; tres mesos que van finalitzar des del febrer 2023, ja fa massa temps, i cada dia que passa sense que el govern actuï, més víctimes de l’amiant veuen vulnerats els seus drets. Persones que després de patir en primera persona la negligència de les empreses, que van anteposar els beneficis econòmics a la seva salut, ara s’enfronten a la indiferència dels poders públics, de tal manera que són doblement victimitzats: sense justícia, sense reparació i moltes vegades, tristament, sense temps. I no podem oblidar els 42 de Cerdanyola, que posen de manifest la gravetat d’aquesta problemàtica a casa nostra, mentre el Govern central fa cas omís dels problemes, incompliments i, fins i tot, directives europees, com la que obliga a elaborar censos de l’amiant. Haig de tirar una mica cap a casa meva, la Generalitat de Catalunya, en mans d’Esquerra Republicana. Vull agrair a la consellera aquí present, Teresa Jordà, que ella sí que s’ha dedicat en cos i ànima a treure l’amiant de la nostra societat. També vull agrair, especialment, l’excel·lent feina i empatia d’Isaac Peraire, el director general de l’Agència catalana de Residus, que és pioner en aquest sentit a l’Estat; i m’agrada dir-ho, m’agrada dir-ho perquè quan es fa la feina ben feta, cal dir-ho, que també ha sigut un lluitador incansable per la causa de les víctimes de l’amiant, malgrat l’insuficient finançament que disposa Catalunya. Però no n’hi ha prou amb bones intencions. El Govern de l’Estat no pot continuar incomplint les seves obligacions, ignorant directives europees i lleis estatals, com la que obliga els ajuntaments a elaborar un cens d’amiant abans de l’abril de 2023. On està aquest cens? On estan els recursos per fer-ho possible? On està el compromís real amb la salut dels ciutadans? Perquè sabem que aquest no és només un problema del passat, sinó que pot esdevenir una greu crisi de salut pública en el futur si no actuem amb contundència. Se m’acaba el temps. Simplement, com ha dit també qui m’ha precedit, espero que aquesta proposta de llei no sigui una de les centenars i centenars que queden en un calaix, perquè això debilita la nostra democràcia, perd el sentit i donem falses expectatives a la gent. El pitjor que es pot fer és això, sobretot amb la gent que pateix. Moltes gràcies. Buenas tardes. Gracias, presidente. Bienvenidas las asociaciones de luchadores a favor de las víctimas del amianto, sindicatos. Y quisiera nombrar concretamente a Joan García, que cada día me recuerda que la lucha en esta materia continúa. Nos hemos hecho amigos por WhatsApp, porque casi prácticamente cada día me envía las últimas noticias, y da gusto trabajar con personas que dedican su vida a causas como esta. Imagínense por un momento, señoras y señores, la impotencia de respirar sabiendo que cada inhalación puede estarle matando a uno lentamente. Esta es la cruel realidad a la que se enfrentan miles de personas de los distintos pueblos del Estado español, víctimas silenciosas de un material que ya sabían peligroso, el amianto. Y el Estado, que tenía la obligación de velar por la salud de sus ciudadanos, permitió que esto ocurriera. Las comparaciones son odiosas, pero esta viene al caso. En Francia, hace más de veinte años que existe un Fondo de compensación para las víctimas del amianto, que ha repartido más de 6626 millones de euros, y aquí todavía seguimos esperando. Mientras tanto, en el Estado español, el amianto sigue causando 4582 muertos al año, según datos del mismo ministerio. Y lo peor es que hay una cifra que económicamente es brutal o que, como mínimo, es muy significativa: solo un 0,44 % de los muertos por cáncer de pulmón, bronquios o laringe tienen reconocida la enfermedad profesional, solo un 9 % en el caso del mesotelioma — perdón me cuesta pronunciarlo—. Esto no es justicia, sino que es abandono. Tras años de lucha por parte de las víctimas, sindicatos y grupos parlamentarios, conseguimos la aprobación de la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, una ley que contó con el apoyo unánime en esta Cámara. ¿Pero de qué sirve una ley sin su reglamento, sin un reglamento que la haga efectiva? ¿De qué sirven las promesas si luego no se cumplen? Señoras y señores diputados, han transcurrido muchos días desde que la ley concedió un plazo para aprobar su reglamento, algo que ha ignorado el Gobierno; igual que se han ignorado las alegaciones presentadas por víctimas y sindicatos. Es un Gobierno que prefiere mirar hacia otro lado mientras miles de personas siguen sufriendo las consecuencias del amianto. Y no nos equivoquemos, no estamos hablando de un plazo flexible u orientativo, la propia ley aprobada en esta Cámara establecía claramente un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario — ocurre lo mismo que con la auditoría de las pensiones, que se hacen, pero luego no se cumplen—; tres meses que finalizaron en febrero de 2023, hace demasiado tiempo, y cada día que transcurre sin que el Gobierno actúe, más víctimas del amianto ven vulnerados sus derechos, personas que tras sufrir en primera persona la negligencia de las empresas, que antepusieron los beneficios económicos a su salud, ahora se enfrentan a la indiferencia de los poderes públicos, de modo que son doblemente victimizadas: sin justicia, sin reparación y muchas veces, tristemente, sin tiempo. Y no podemos olvidar los cuarenta y dos de Cerdanyola, que ponen de manifiesto la gravedad de esta problemática en nuestro país, en nuestra casa, el Gobierno central hace gala del incumplimiento de iniciativas y obligaciones europeas, como la creación de un censo del amianto. Quiero agradecer al Gobierno de Cataluña y a la consejera Teresa Jordà que sí se han dedicado a eliminar el amianto de nuestra sociedad; y agradecer a Isaac Peraire, de la Agencia catalana de Residuos, que es pionero en este Estado, y me gusta decirlo, porque cuando el trabajo se hace bien, hay que decirlo, también ha sido un luchador incansable a favor de la causa de las víctimas del amianto, a pesar de la insuficiente financiación de la que dispone Cataluña. Pero no basta con buenas intenciones, el Gobierno del Estado no puede seguir incumpliendo sus obligaciones, ignorando directivas europeas y leyes estatales, como la que obliga a los ayuntamientos a crear un censo antes de 2023. ¿Dónde está ese censo? ¿Dónde están los recursos que lo permitan? ¿Dónde está el compromiso real con la salud de los ciudadanos? Porque sabemos que el amianto no es un problema del pasado, sabemos que, además, puede convertirse en una grave crisis de salud en el futuro si no actuamos con contundencia. Se me termina el tiempo. Como ha dicho quien me ha precedido, esperemos que esta propuesta de ley no sea una de las centenares que quedan en el fondo de un cajón, porque eso debilita nuestra democracia, pierde sentido y damos falsas expectativas a la gente, y lo peor que se puede hacer es eso, sobre todo con aquellos que sufren. Muchas gracias. .

Agustín Santos Maraver SUMAR

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, con el impulso de las organizaciones sociales de enfermos y víctimas del amianto, de las organizaciones sindicales que hoy nos acompañan y de los grupos parlamentarios que conforman con el PSOE la mayoría de esta Cámara, se dirigió primero una carta al Gobierno y, después, se registró esta proposición no de ley que hoy presenta el PNV — mil gracias—para que se apruebe de una vez el reglamento de la Ley 21/2022, pendiente desde el 19 de enero de 2023. Sin ese reglamento, a pesar de los derechos adquiridos por la Ley 21/2022, será difícil dotar presupuestariamente el Fondo de víctimas del amianto, que es el eslabón imprescindible para el cumplimiento de la Ley 21/2022. La OIT cifra en 120 000 muertes anuales en el mundo las producidas por la exposición o inhalación de fibras de amianto o asbesto durante el trabajo. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo las cifra en 21 000 para la Unión Europea. En el Reino de España, la mayoría de las víctimas permanecen ocultas y han estado durante mucho tiempo silenciadas. Los últimos estudios indican que la epidemia seguirá creciendo en víctimas durante una década. A pesar de tantas muertes y de la prohibición del asbesto en cincuenta y cuatro países, entre ellos el nuestro en 2002, más de 2 millones de toneladas de la fibra asesina se siguen extrayendo y comercializando. Hay instaladas 80 millones de toneladas en Europa y 2,6 millones en España, en proceso continuo de degradación. Como cancerígeno de tipo 1, no hay dosis mínima segura. Si las enfermedades producidas por el amianto son una tortura, el proceso de reclamación de sus víctimas es un calvario, porque se ven obligados a demostrar que sus fibrosis pulmonares, cánceres de pulmón, pleura, laringe o mesoteliomas lo son por exposición al amianto treinta o cuarenta años atrás. Sin ello, las empresas y tampoco las mutuas las reconocen como enfermedad laboral, a pesar de la falta de medidas preventivas, como el registro de los trabajadores expuestos al amianto. Y se acaba produciendo un registro a la baja, que no representa en toda su magnitud epidemiológica la incidencia alarmante de estas enfermedades laborales. La situación es todavía más injusta para quienes enfermaron en el entorno familiar como resultado de la contaminación ambiental o laboral sin pruebas de la exposición, quedando sin derecho a prestaciones de enfermedad profesional ni indemnización. Cuando le diagnosticaron al filósofo Jesús Mosteirín el mesotelioma que acabaría con su vida, se hizo la siguiente pregunta: ¿pero yo cuándo estuve en contacto con el amianto? Una parte importante, por no decir todo, del fibrocemento instalado tiene caducada su vida útil y hay que desinstalarlo con todas las precauciones debidas, porque es un peligro para la salud pública general, como se ha puesto de manifiesto en colegios, trenes y en el propio metro. Es importante acreditar la capacidad real de llevar a cabo esta tarea de las empresas de desamiantado para terminar de una vez por todas con una epidemia contra la que se empezó a advertir ya a comienzos del siglo pasado. Como también es importante trasponer la Directiva 2023/2668 del Parlamento Europeo y la del Consejo de 22 de noviembre de 2023, cuyo límite de trasposición es el 25 de diciembre de 2025. Como señala el informe del Ministerio de Trabajo sobre la PNL que hoy discutimos, hay que tomar en serio esta trasposición; y, sobre todo, anuncia una campaña específica de la Inspección de Trabajo sobre el amianto a lo largo de 2025. Señorías, sin la movilización de las asociaciones de víctimas, sin la acción de los departamentos y delegados de salud laboral de los sindicatos, sin la perseverancia de los médicos y enfermeras y de los abogados laboralistas, no estaríamos en el tramo final para acabar con esta epidemia. Sin gentes como Jesús Uzkudun, Paco Puche, Eusebio Pagola, Ezequiel Illarramendi y tantos otros no hubiera sido posible. Solo queda un empujón más: aprobar de una vez el reglamento y dotar el Fondo de víctimas del amianto de los fondos necesarios, siguiendo los patrones europeos de compensación, para que en 2025 se pueda acompañar a las víctimas y a sus familias y evitar, con la desinstalación del amianto que queda en colegios, empresas y transportes, que vuelva a haber nunca más enfermos por amianto y asbestos. Muchas gracias. .

Emilio Jesús Del Valle Rodríguez VOX

Gracias, señor presidente, con su venia. Permítanme, en primer lugar, mandar un saludo a los representantes de las víctimas y a los afectados por todo lo derivado del amianto. Hoy nos acompañan aquí y les envío un saludo. Quiero que sepan que cuentan con todo el apoyo y reconocimiento del Grupo Parlamentario VOX. . Señorías, como ya se ha indicado, el articulado de la Ley 21/2022, de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con competencia legislativa plena en sesión de 13 de julio de 2022. Si bien su fecha de entrada en vigor quedó fijada a los veinte días de publicación en el Boletín Oficial del Estado, la disposición adicional única difirió la puesta en funcionamiento y el inicio de actividades del fondo hasta que se publicara el correspondiente reglamento, que debería dictarse en el plazo máximo de tres meses. Pues bien, la fecha límite era 19 de enero de 2023, estamos a 24 de septiembre de 2024 y el Gobierno no ha hecho los deberes. Este Gobierno, presidido por el autócrata Sánchez, una vez más, sigue riéndose de los afectados y víctimas del amianto, que llevan años esperando una reparación. Decía la portavoz socialista en la Comisión a la que me refería lo siguiente — y voy a leer literalmente del Diario de Sesiones—: «Ayer escuché decir al presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación — y hago mías sus palabras— que hay que comprender la angustia, la frustración y el enfado de todos — haciendo referencia a las personas y las familias—, quienes han visto frustrados sus proyectos de vida por la inflación, la guerra o la pandemia. Pues bien, con mayor motivo en el caso de las víctimas del amianto. La angustia y la incertidumbre del futuro inmediato y mediato solo la saben quienes la sufren. Lo mínimo que podemos hacer, y lo ha dicho algún portavoz, es dar respuesta, como creemos que vamos a hacer hoy con esta ley que recoge la voluntad de miles de personas». Y concluía su intervención con lo siguiente: «El presidente del Gobierno ayer dijo que los españoles no quieren oírnos hablar de lo que va bien ni de lo que hemos hecho bien, los españoles quieren que demos respuesta como políticos y eso es lo que estamos haciendo hoy. El objetivo de esta ley era un resarcimiento real y efectivo, y creo que lo hemos conseguido. Las víctimas han de verse resarcidas lo antes posible, y vamos a estar vigilantes para que el órgano gestor sea capaz de articular cuanto antes estas indemnizaciones». Pues bien, al parecer, el Grupo Socialista no ha estado lo suficientemente vigilante, como anunciaba su portavoz hace casi dos años y medio, pues las indemnizaciones no han llegado a sus beneficiarios por el bloqueo del Gobierno socialcomunista. Es cierto que se inició el procedimiento y se empezó a tramitar un proyecto de real decreto en junio de 2023, con varios meses de retraso, pero tras la finalización del plazo de información pública y la aportación de alegaciones, no llegó a aprobarse por el Consejo de Ministros. Una vez más, queda claro que este Gobierno está más ocupado en resolver los escándalos de corrupción que salpican al entorno del aprendiz de tirano Sánchez, en controlar todas las instituciones y poderes del Estado y en amordazar a los medios de comunicación no afines al régimen que en dar respuesta ágil y eficaz a los problemas reales de los ciudadanos. . Señorías, mi grupo parlamentario votará a favor de esta proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que, de una vez, apruebe este reglamento, considere las alegaciones presentadas, que mi grupo asume plenamente, y adopte las medidas presupuestarias necesarias. Finalizo ya, señor presidente. Solo quiero decirles una cosa: gracias a Dios, este Gobierno tiene los días contados. Nada más. .

María Luisa García Gurrutxaga PSE-EE (PSOE)

Gracias. Eskerrik asko, presidente jauna. Arratsalde on, jaun-andreok. Quiero empezar saludando a los afectados y a sus representantes, agradeciéndoles el trabajo realizado y sus aportaciones. Lehenik eta behin, orain euskaraz agurtu nahi ditut hemen dauden amiantoaren afektatuak eta eskertu nahiko nuke elkarteek egindako lana, non ekimen desberdinak amiantok eragindako gaixotasunak eta hauek dakartzaten ondorioak aitormena lortu zuten. Baita ere esan nahi dut nire Talde Sozialistaren izenean, pertsona hauen eta bere familiaren saminak eta oinazeak gure errespetu osoa merezi duela. Ahora en euskera, quiero saludar a todas las personas afectadas por el amianto, a todas las que están presentes, y quiero agradecer el trabajo de todas las asociaciones, ya que han puesto en marcha distintas iniciativas para poder lograr el reconocimiento de todas las víctimas. También deseo expresar en nombre del Grupo Socialista que compartimos todo el dolor y toda la aflicción de todas las personas afectadas, que merecen todo nuestro respeto. Como socialista vasca, quisiera recordar el trabajo realizado por el Parlamento vasco, cuyos representantes comparecieron ante esta Cámara en anteriores legislaturas. En estos tiempos en los que algunos quieren hacer de la política y de este hemiciclo un espacio de crispación permanente, pervirtiendo su sentido original, señorías, yo quiero reivindicar la política como herramienta de entendimiento y colaboración entre diferentes. . La Organización Mundial de la Salud estima que todavía hay 125 millones de personas expuestas al amianto. En Europa, se cifran los fallecidos por sus consecuencias en unas 88 000 personas anualmente. Y en España, se estima que un 40 % de las enfermedades y fallecimientos a consecuencia del amianto están por llegar. Señorías, algunos de nosotros tenemos ya en nuestro entorno personas afectadas por estas enfermedades y sus consecuencias, y otros, por desgracia, pueden tenerlas en un futuro no muy lejano. Errege dekretu proiektua, non amiantoaren afektatuen diru konpentsazioak aitortzen diren, bere prozedura bidean dago, eta Erkidego Autonomikoen ekarpenak jaso dira ere. Une honetan egindako iradokizunen analisia burutzen ari da, norman kontuan hartzeko, eta horrela, tramitazioarekin aurrera egiteko. El proyecto de real decreto por el que se declaran las compensaciones económicas a las personas afectadas por el amianto se encuentra en tramitación y se han recibido ya las aportaciones de las comunidades autónomas. En estos momentos, se está llevando a cabo el análisis de las sugerencias realizadas para su toma en consideración en la norma y para poder continuar así con la tramitación. Señorías del Partido Popular, me siento en la obligación de apelar a su responsabilidad política y altura de miras, pero sobre todo al respeto y consideración que merecen las víctimas del amianto y sus familias, para que tengamos las herramientas presupuestarias necesarias para responder a las necesidades de la ciudadanía. Mucha gente, entre ellos las víctimas del amianto, se juegan mucho, demasiado. Muchas instituciones, entre ellas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, incluso los gobernados por su partido, también se juegan mucho, demasiado. En concreto, se juegan 12 000 millones de euros. El pasado mes de julio, ustedes se permitieron el lujo de no aprobar la senda fiscal, pero pronto tendrán la ocasión de rectificar esta actitud irresponsable y cortoplacista. ¿Votarán ustedes a favor de la senda fiscal? ¿Estarán ustedes a la altura de sus responsabilidades como principal partido de la oposición? . ¿O en esta deriva del ‘todo vale’ para derribar a este Gobierno instaurado legítimamente tomarán nuevamente a los ciudadanos y a nuestras instituciones como rehenes? Como la optimista incorregible que soy, todavía quiero creer que prevalecerá la responsabilidad, también hacia las víctimas del amianto. Talde parlamentario honek argi dauka lan zorrotza eta juridikoki ziurra egin behar dela, batez ere biktimen hobe beharrez, eta gogora ekarri nahi dut PSE-Euskadiko Ezkerra izan zela ekimen honi lehen bultzada eman ziona. Este grupo parlamentario tiene claro que se debe realizar una labor rigurosa y sobre todo jurídicamente segura, especialmente por el bien de las víctimas. Y deseo recordar que fue el PSEEuskadiko Ezkerra quien dio el primer impulso a esta iniciativa. Sí, aunque les pese a algunos, fue el Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra el que dio un impulso definitivo a este reconocimiento de las víctimas del amianto, por lo que daremos nuestro voto afirmativo a la proposición no de ley que presenta el Grupo Nacionalista Vasco. Hemos dado grandes pasos en prevención, vigilancia de la salud y reconocimiento de las enfermedades y consecuencias derivadas de la exposición al amianto, y aunque somos conscientes de que las compensaciones no devolverán sus seres queridos a sus familias, creemos que se trata de una cuestión de justicia. Y repito, los socialistas siempre estaremos ahí, al lado de los trabajadores y trabajadoras y de las capas de la sociedad que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Pueden todos los grupos parlamentarios representados en este Congreso decir lo mismo? No lo creo. Eskerrik asko. .

Carlos Gil Santiago PP

Gracias, presidente. Bona vesperada. Buenas tardes, señorías. Quiero que mis primeras palabras sean de saludo y afecto para todas las personas que de manera directa o indirecta han padecido o padecen alguna de las graves enfermedades derivadas de la exposición al amianto, así como de apoyo y reconocimiento a las asociaciones de afectados, que han venido dando cobertura a una reivindicación justa de reconocimiento e indemnización, que lleva pendiente ya demasiado tiempo. . Para un diputado primerizo en esta tribuna resulta gratificante poder intervenir en un asunto que genera tan amplio consenso, como el que parece que se está demostrando esta tarde con esta proposición. Pero, señorías, no echemos las campanas al vuelo ni nos dejemos llevar por la euforia, pues, al fin y al cabo, el asunto que tanto consenso genera no es más que exigir al Gobierno un principio tan básico en democracia como que cumpla con las obligaciones que las leyes aprobadas por este Parlamento suponen. Si con las leyes no cumplen, qué vamos a esperar de las promesas. En pocas semanas hará dos años desde que este Congreso aprobó por unanimidad el fondo de compensación para las víctimas del amianto. En esa ley se establecía un plazo de tres meses para la entrada en vigor de un reglamento que la desarrollara y que permitiera a los afectados solicitar y acceder a las ayudas que la ley reconoce. Sumamos ya más de veintitrés meses desde entonces y seguimos sin noticias de ese reglamento, de la misma forma que los afectados siguen sin poder acceder a sus ayudas. Ni las víctimas ni sus familias, que también son víctimas, merecen ese ninguneo al que se les somete desde el ministerio, dejando sus derechos siempre para mañana. . Ya en febrero de este año la ministra Saiz reiteraba su compromiso para publicar este reglamento a la mayor brevedad. Hace ya de eso más de medio año — seis meses: dos veces tres, dos veces el plazo que marcaba la ley— y el reglamento sigue sin ver la luz. No tardaron ni un mes en poder traer a este Congreso y aprobar una ley de amnistía que no tenía más explicación razonable. Es imposible entender que en dos años no hayan sido capaces de plasmar negro sobre blanco el procedimiento para que los afectados del amianto puedan acceder a sus indemnizaciones. El motivo es claro: en aquel momento hablábamos de su acceso al Gobierno y en este caso hablamos de personas. Tenemos claro cuáles son siempre sus preferencias. Si entonces por siete votos lo hicieron, más aún deberían hacerlo por los muchos miles de ciudadanos que siguen pendientes de este reglamento para solicitar aquello que por ley les corresponde. Miren, esto es mucho más fácil. Se trata de gobernar con sensibilidad, de pensar lo que se aprobó en esta ley, que son solo indemnizaciones, porque ya es imposible dar solución al dolor que estas familias han tenido que pasar viviendo las consecuencias del uso del amianto. No les engañen más, no se lo pongamos más difícil. Pese a la opinión de la ministra, el tiempo sí que es importante y la demora sí que perjudica a las víctimas, como cualquier demora perjudica a quien corresponde. El INE cifra en 4582 los fallecidos al año; veinte meses son 7637 fallecidos. ¿Afecta o no afecta la demora? Para los afectados o para sus familias — porque muchos de ellos ya no lo pueden reclamar por sí mismos— el consenso de esta tarde puede ser reconfortante, pero no es suficiente. En este caso hay una forma muy sencilla de tratar a las víctimas con sensibilidad: no seguir dejando en el cajón sus reivindicaciones ni sus derechos. Esta proposición, pese a presentarse como una PNL, no es un posicionamiento político; esta ley — supongo que hasta los diputados del Grupo Parlamentario Vasco estarán de acuerdo— sí que está en el BOE y sí que obliga al Gobierno a seguirla. Pero yendo un paso más allá, esa sensibilidad a la que me refería debe entrar también a dar una cobertura presupuestaria digna a las indemnizaciones previstas en la ley. Los 25 millones de euros presupuestados son una cantidad que ni de lejos alcanza las necesidades que se derivan de las indemnizaciones propuestas. El preámbulo de la ley reconoce ya 7154 casos entre los años 2003 y 2009 y avanza un incremento seguro e incesante de casos hasta el año 2023. Señora García Gurrutxaga, habla usted de nuestra responsabilidad política, de nuestra responsabilidad presupuestaria. ¿Depende de que nosotros votemos a favor de la senda fiscal? Nosotros no votamos a favor de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez está gobernando. Quizá no sea culpa del Partido Popular y sea culpa de su falta de capacidad de negociación con sus socios. . Por mucho que la ministra Montero nos diga que eso lo quitas o lo pones de una parte del presupuesto, aquí hay mucho que poner y nada que quitar hasta alcanzar una cantidad que resulte digna para que afectados, familias y asociaciones sientan como realmente cierto el interés reparador del Estado. ¡Vaya día para hablar de presupuestos!

Carlos Gil Santiago PP

Sí, acabo enseguida. Es cierto que hablar de presupuestos a este Gobierno viene a ser como hablar de casquería a un vegano — el tema no va con ellos, no tienen ningún interés—, pero no intenten seguir ninguneando a las víctimas también en esta fase con cantidades que no alcanzan ni de lejos para dar una respuesta a estas asociaciones. Nuestro objetivo debe ser poder mirar a la cara a los afectados y poder ofrecerles la solución a la que nos comprometimos cuando por unanimidad se aprobó esta ley. Vamos a ponerle al Gobierno un reloj como este que tengo aquí al lado (señalando el indicador de tiempo que hay en la tribuna de oradores).

Carlos Gil Santiago PP

Vamos a marcarle que el tiempo ya está superado con creces, que se ha acabado el tiempo de las excusas y las dilaciones y que ha llegado el momento de decisiones y soluciones. Si aun así siguen sin saber cómo cumplirlo, convoquen elecciones y dejen paso a quien sepa hacerlo mejor. Muchas gracias. .

Cristina Valido García CCa

Presidente, señorías, el 9 de febrero de 2023 el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició el procedimiento para la selección de proveedores civiles para el control del tránsito aéreo, lo que en la práctica supone el paso previo a la entrega de las torres de control a manos privadas; las torres de control de nuestros aeropuertos. . Ante el rechazo frontal de distintos territorios, entre los cuales siempre ha estado Canarias, se produjo la paralización y se metió en un cajón ese proceso que se había iniciado, pero sin más respuesta. Desde luego, no era una paralización definitiva, a la vista de la respuesta que nos han dado a una pregunta por escrito que yo misma elevé al ministerio. En esta pregunta, en la que esperaba algo más de garantía, la respuesta era la siguiente: En la actualidad, tras recabar las alegaciones de todos los interesados y haber procedido a su análisis, se ha abierto un período de reflexión sobre el procedimiento. Nosotros no nos conformamos con esta respuesta. Nosotros creemos que hay poco que reflexionar. Cualquier proceso dirigido a la privatización de cualquier servicio público cuenta con importantes grupos que rechazan que servicios de interés general sean dirigidos por empresas que priorizan su cuenta de beneficios. Señorías, 2,2 millones de canarios estamos a más de 2000 kilómetros del continente europeo y, por nuestra constitución archipelágica, necesitamos el avión no solo para llegar al continente del que dependemos política y económicamente, sino también para poder ir a un médico, para trabajar o para hacer negocios. No tenemos alternativas. Puede que aquí haya trenes y alta velocidad, pero estoy convencida de que, si no existieran, ningún territorio de donde vengan ustedes permitiría tampoco una privatización de sus torres de control. Ni siquiera puede alegarse una motivación económica, puesto que nuestros aeropuertos están entre los más rentables del Estado. No vemos motivos para que se entregue este servicio público a la gestión privada y se pongan en riesgo las garantías, la calidad del servicio y la seguridad del transporte aéreo. Canarias es la única región ultraperiférica del Estado español y depende, como he dicho, de una forma extrema de las conexiones aéreas. No podemos correr riesgos, no podemos seguir viendo impasibles cómo se privatizan torres de control, porque, señorías, en Canarias ya se han privatizado torres de control y no podemos permitir que se privatice una sola más. Nuestra alternativa sería — imagínense— un barco. Yo tardaría dos días en llegar a territorio peninsular para, luego, coger un tren y poder llegar a este Congreso. Supongo que esta Cámara es consciente de que la movilidad de los canarios y las canarias está protegida legislativamente y de que, además, cualquier intento privatizador ha probado ya en muchos espacios y lugares el peligro en la calidad del servicio. No se puede tratar de abaratar la seguridad aérea, mucho menos en estos aeropuertos donde, insisto, no tenemos otra alternativa para comunicarnos con el continente. Señorías, recordarán perfectamente lo que pasó en Canarias en la pandemia, cuál fue el territorio que contó con más ERTE y cuál fue una de las economías más dañadas y que más ayudas solicitó. Nuestra primera industria es el turismo, y nuestro turismo sin una conectividad asegurada tampoco funciona, y nuestras familias lo sufren, lo sufrieron durante la pandemia con el cierre. Creo que es un buen ejemplo para que entiendan lo que supone un aeropuerto inoperativo en nuestra tierra. No en vano, como digo, ustedes deben recordar de manera especial cómo muchos meses después, cuando ya se levantaban los ERTE en buena parte del territorio, Canarias seguía apelando a su prórroga. Además de esto, quisiera hablarles de los derechos que tenemos recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía, que es ley y que ha sido aprobado en esta Cámara, y les invito a repasar los artículos 161.2, 161.3 y 161.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que hablan con claridad de nuestro derecho a participar en la planificación y en la gestión de los aeropuertos canarios, algo que tampoco se está cumpliendo. Y tengo que hablar, cómo no, de las instalaciones de AFIS en los aeropuertos de El Hierro y de La Gomera. El AFIS es un sistema previsto para aeropuertos de bajo tránsito. El Hierro traslada a través de su aeropuerto alrededor de 300 000 personas al año; estamos hablando de casi 6000 operaciones. La compañía que opera, Binter, de la que dependen fundamentalmente los herreños, porque no hay otra, ya ha advertido de lo que el sistema AFIS está provocando: muchos problemas de operatividad. Y cuando hay un problema climatológico, muchos pilotos deciden abortar el aterrizaje, y eso no supone solo que te vengas de vuelta a Tenerife, supone que quienes están en el aeropuerto esperando para volar a Tenerife para acudir a un hospital, por ejemplo, se quedan en tierra. Hemos llegado incluso a escuchar cosas tan surrealistas como que se pretende sacar ese concurso por lotes, es decir, lo que hace una torre de control, la ruta, control de ruta, la aproximación y el control del aeródromo, cortarlo en tres trocitos y sacarlos en lotes independientes, algo que ninguna voz especializada del sector aéreo defiende o ha dejado de criticar por considerarlo, como digo, una absoluta locura. Estamos a 100 kilómetros de un continente en permanente conflicto, tenemos un espacio saharaui discutido por Marruecos y un espacio aéreo que, no tengan ninguna duda, Marruecos ha reclamado y seguirá reclamando. Para nosotros esto es muy serio. Pónganse en nuestros zapatos. Entiendan que no estamos hablando solo de conectividad, solo de seguridad; estamos hablando de un espacio geopolítico complicado que no puede estar — insisto— en manos privadas. Termino, señorías, me queda ya poco tiempo. Sabemos que AENA es privada, pero el 51 % de AENA es público, es de la sociedad estatal ENAIRE. Por tanto, se debe cumplir el Estatuto de Autonomía de Canarias y debemos participar. Seguimos esperando ver el proyecto básico de reforma del Aeropuerto de Tenerife Sur, que AENA ya tiene, pero que los tinerfeños seguimos sin conocer. Les pido hoy que apoyen esta proposición no de ley, porque no se puede poner en riesgo un servicio público tan importante como es este, que está por encima de cualquier interés económico. Les pido que defiendan el derecho pleno de los canarios a la movilidad, a la conectividad y a la seguridad. Para terminar, quiero decir que hemos llegado — considero— a un buen acuerdo con la propuesta que nos ha hecho el Partido Socialista. Hemos transaccionado un texto que recoge fundamentalmente nuestras exigencias tanto en cuanto al sistema AFIS del Hierro y de La Gomera como a la paralización de cualquier privatización más de torres de control en Canarias, y, por supuesto, se comprometen a buscar la vía para establecer de una vez por todas la presencia del Gobierno de Canarias en los temas que tienen que ver con sus aeropuertos. Muchas gracias y espero contar con el apoyo de todos ustedes.

Fèlix Alonso Cantorné SUMAR

Gracias, presidenta. En los años noventa, un Gobierno de derechas del Reino Unido privatizó el ferrocarril. Tras años de accidentes y mal servicio, un Gobierno de izquierdas lo volvió a nacionalizar. No me equivoco de islas. La derecha privatiza y enriquece al compañero de pupitre. Cuando entra lo público en servicios esenciales siempre es más eficiente que la gestión privada. . Somos la excepción española, tenemos privatizados sectores que otros países de nuestro entorno han preservado con una fuerte presencia pública, como son la energía, las telecomunicaciones o la banca. En España, no. En estos temas nunca escuchamos protestar a los patriotas de la banderita y del golpe en el pecho a lo Tarzán. Poderoso caballero es don dinero. Recientemente nos hemos ilusionado con las declaraciones del presidente de Correos, que decía, al igual que el programa electoral de SUMAR, que la Caja Postal debía volver. . Estamos preocupados por Talgo, por MasOrange o por los movimientos del Gobierno italiano en Enel y sus derivadas en Endesa, todas amenazadas por intervenciones externas; en cambio, ADIF da vía libre a los operadores privados en la red de alta velocidad en España cuando en España ha de pagar con retrasos la reciprocidad con Francia. Somos más papistas que el Papa. Según el último informe de riqueza en el mundo de Oxfam, que vale la pena leerlo, el 1 % de la población mundial acumula más dinero que el 95 % restante del planeta; el 1 % más rico posee el 43 % de todos los activos financieros globales. Además, el 30 % de las cincuenta mayores empresas del mundo tienen como director a un milmillonario. Dos multinacionales son propietarias del 40 % del mercado mundial de semillas. Las tres grandes gestoras de fondos estadounidenses gestionan cerca de una quinta parte de todos los activos de inversión en todo el mundo. Y nosotros aquí — y yo— nos preguntamos: ¿Para quién legislamos, para el 1 % o para el 95 %? No solo en las bancadas de los falsos patriotas hay tendencia a favorecer a los milmillonarios, sino que, desgraciadamente, con el PSOE no todo es orégano. Si comparásemos al PSOE con una ciudad, aparte de su centro, que ciertamente es de color rojo, veríamos cómo en las urbanizaciones el color dominante no es el rojo ni, por supuesto, tienen como enseña el corazón. En esa periferia económica, como el Banco de España, la SEPI, Renfe, ADIF y, sobre todo, AENA, el color dominante es el color caoba, el color que pasa desapercibido para no molestar a los comensales de mesa y mantel. Extraído de la página web de AENA: AENA gana 808 millones de euros en el primer semestre de 2024. En España el tráfico de AENA alcanzó los 144 millones de pasajeros hasta junio, un 11,4 % más que en 2023. Nos alegramos de los éxitos de AENA, pero jamás debe ser a costa de la seguridad y las condiciones laborales. Como bien recoge la PNL y la enmienda que hemos firmado, el sistema AFIS no ha de ir en detrimento ni de la seguridad ni de la eficacia, y si solo busca reducir personal, SUMAR no está en esa ruta. . La falta de personal es preocupante, en especial en las torres de control. Islas como El Hierro, La Gomera, pero también Ibiza y Menorca sufren una doble insularidad que afecta a su conectividad. El AFIS tiene muchas limitaciones, complica la operativa y produce demoras de tráfico aéreo, aumenta el consumo de combustible, el correspondiente CO2 y los costes operativos. La situació a les Balears també és preocupant. L’aeroport d’Eivissa, des de la privatització de la torre de control, ha empitjorat. Mallorca té una plantilla infradotada amb rotacions de personal i d’exposició intolerables. Menorca té una torre obsoleta des de fa 15 anys i un projecte en remota, inadequat per a una illa estratègica i amb tant moviment, actualment, per sort, paralitzat. La situación en las Baleares también es preocupante. La situación de la torre de control ha empeorado. Mallorca tiene una plantilla infradotada en dotación de personal y una posición intolerable. Menorca tiene una torre obsoleta desde hace quince años, sin un proyecto en remota, inadecuado para una isla estratégica y con tanto movimiento, actualmente, por suerte, paralizado. SUMAR cree necesaria la recuperación de las torres de control de Canarias, ahora en manos privadas; también de las de Coruña, Vigo, Cuatro Vientos, Sabadell, Ibiza, Sevilla, Jerez, Alicante y Valencia. Acabo, presidenta. También es prioritario revertir la edad de jubilación, inédita en los entornos europeos. Tenemos una plantilla muy envejecida trabajando a turnos hasta los sesenta y cinco años. El control de vuelos no es seguro para la operatividad y pone en jaque la seguridad nacional. Mi grupo siempre está por sumar en lo público y en lo social. Muchas gracias, presidenta. .

Andrés Alberto Rodríguez Almeida VOX

Muchas gracias, señora presidente. Señorías, señora Valido, la verdad es que cuando leía la iniciativa y relacionaba a Coalición Canaria con seguridad en la navegación aérea, me parecía una cosa contradictoria. Me siento obligado a contar una anécdota que yo creo que muy pocas señorías conocerán, y es que la bandera que enarbola su partido, Coalición Canaria, creo que desde el 28 o el 29 de mayo de 2005, que es la de las siete estrellas verdes, es la misma bandera que enarbolaba el grupo terrorista MPAIAC. Seguramente sus señorías no lo sabrán, pero una bomba colocada por ese grupo terrorista en la floristería del aeropuerto de Gran Canaria fue la que provocó que se desviase el tráfico aéreo al aeropuerto de Tenerife Norte, conocido como Los Rodeos, y ese desvío fue el que causó el mayor accidente aéreo de la historia de la aviación. Por lo tanto, señora Valido, tenga en cuenta que el nacionalismo tiene consecuencias. No es una ideología neutra, como desde Coalición Canaria quieren representar; por supuesto, tiene consecuencias. . Por otro lado, me parece algo contradictorio que en su iniciativa se reiteren continuamente las aspiraciones nacionalistas de tener cada vez más competencias, incluso las que son propias del Estado. La verdad es que la coyuntura política actual de Coalición Canaria les desacredita, porque ustedes quieren más competencias y más competencias hasta que demuestran su plena incompetencia en materias que sí les han sido transferidas, como es el tema de los menores, es el caso de los menores extranjeros no acompañados. Por cierto, se llaman a la sorpresa o a la indignación, pero ya les avisamos desde VOX de que el Gobierno de Sánchez era un mal socio para ese acuerdo y también les avisamos de que el acuerdo de gobierno que tenían en Canarias con el Partido Popular — como se ha demostrado también con los acuerdos que teníamos firmados con él— era papel mojado. . En cuanto a la iniciativa, nosotros hemos presentado una enmienda precisamente para eliminar cualquier tipo de sesgo nacionalista o autonomista que presentaba. Ya me ha adelantado que no van a aceptar ninguna de las partes de nuestra enmienda y, sin embargo, sí van a aceptar íntegramente la enmienda que han presentado conjuntamente el Grupo SUMAR y el Grupo Socialista. Creo que tienen que quedar claros ―y voy a leerlos― los dos últimos párrafos de esa enmienda que ustedes aceptan íntegramente. En uno de ellos pone que se fortalecerá la participación de las entidades locales autonómicas y del tejido empresarial de los territorios en los que se asientan las infraestructuras aeroportuarias, impulsando los comités de coordinación aeroportuaria, que en este caso son los que tienen representantes de las comunidades autónomas. También dice en el último párrafo que se reforzarán las fórmulas de participación de la comunidad autónoma en las decisiones que afecten a las infraestructuras de los aeropuertos canarios. Bien, otra vez el PSOE se pone a contravenir la Constitución. El artículo 149.1, en su apartado vigésimo, deja claramente establecido que los aeropuertos de interés general son una competencia exclusiva del Estado. . Por lo tanto, las comunidades autónomas no pintan absolutamente nada en esa competencia. ¿Sabe qué pasa? Que en VOX ya estamos hartos de ver cómo por buenismo o por querer llevarse bien con todo el mundo, el café para todos, llámelo como quiera, se acababa debilitando el Estado y vaciándolo de contenido. Creo que es una humillación para todos los canarios que en el Parlamento de Canarias cada año, con el beneplácito del Partido Popular y del PSOE, al debate sobre el estado de la comunidad autónoma se le llame debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Es otra aberración jurídico-política que, si fuese por VOX, no se permitiría. . Por lo tanto, señoría, me reitero: No cuente con VOX para vaciar de contenido las competencias del Estado, aquellas que la Constitución atribuye al Estado y que son de interés general, que son de la seguridad de la navegación aérea y que son de carácter estratégico para el bien de todos los españoles. Muchas gracias. .

Esther Rodríguez Suárez PSOE

Gracias, señora presidenta. Señorías, la proposición no de ley que debatimos tiene imprecisiones que hemos tratado de corregir a través de las enmiendas formuladas a esta iniciativa. En primer lugar, no se pretende privatizar nada. El proyecto de orden ministerial, que no está aprobado, permitiría la entrada de nuevos proveedores del servicio de tránsito aéreo diferentes a ENAIRE y no su privatización. Es un proceso que ya se lleva a cabo en aeropuertos como los de La Coruña, Alicante, Fuerteventura, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Sevilla, Valencia y Vigo, entre otros, previsto en la Ley 9/2010 y en línea con el Cielo Único Europeo. Su tramitación se inicia a instancias y por recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de las compañías aéreas y de AENA, con objeto de continuar con la mejora sustancial de la eficiencia y de los estándares de calidad, manteniendo en todo momento los altos niveles de seguridad actuales en toda la red de AENA. La orden no está aprobada. Finalizada la fase de aportaciones y dado su volumen y complejidad, el Gobierno está valorando su tramitación. En segundo lugar, en relación con el servicio AFIS, quiero señalar que AFIS está ampliamente extendido en toda Europa: en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Noruega o Suecia. En España, cuentan con AFIS, además de los aeropuertos de La Gomera y El Hierro, los de Ciudad Real, Córdoba, Huesca o Burgos, entre otros. Como diputada gomera y usuaria del aeropuerto de mi isla debo señalar la importancia que tienen los aeropuertos de La Gomera y El Hierro en el desarrollo económico y social de ambas islas, que, como parte de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, deben tener un trato preferencial que garantice su desarrollo e integración. En las condiciones actuales, la prestación del servicio AFIS en el aeropuerto de La Gomera y durante los fines de semana en el de El Hierro no afecta negativamente la operatividad de estos aeropuertos, alcanzando los mayores estándares de calidad y seguridad posibles. No obstante, se trata de una cuestión técnica y, como se recoge en nuestra enmienda, se llevará a cabo un análisis del sistema AFIS en ambos aeropuertos para evaluar el rendimiento desde un punto de vista técnico, económico y de calidad del servicio, teniendo en cuenta la opinión de los usuarios habituales, con los estudios previos necesarios y bajo la supervisión de la Agencia de Seguridad Aérea. En caso de que se considere necesario un cambio de modelo, este se llevará a cabo con la mayor celeridad. No quiero terminar sin recordarles a sus señorías del PP que el pasado mes de junio fue aprobada en el Senado una moción sobre la sustitución de AFIS por ATC en el aeropuerto de El Hierro, donde el PP votó a favor y el PSOE se abstuvo. Les recuerdo que este sistema AFIS está implantado en ambas islas desde 2010 y ustedes lo mantuvieron durante sus siete años de Gobierno, además de extenderlo a otros dos aeropuertos, una prueba más de que sus votos en la Cámara solo tienen como finalidad desgastar al Gobierno, sea cual sea la materia, y no los intereses de los ciudadanos canarios. En tercer lugar, sobre la participación de Canarias en las decisiones sobre puertos y aeropuertos, así como la convocatoria del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias, en la actualidad ya existen mecanismos formales de participación en la planificación de los puertos y aeropuertos de interés general. Los socialistas, con nuestra enmienda, nos comprometemos a fortalecer la participación de las entidades locales, autonómicas y del tejido empresarial y social de los territorios en los que existen los aeropuertos, impulsando los mecanismos formales ya existentes de participación. Señorías, termino mi intervención. Los socialistas somos conscientes de las demandas lícitas que tanto los distintos representantes políticos como los ciudadanos, empresas e instituciones hacen para mejorar la movilidad en el archipiélago, pero es justo reconocer el importante esfuerzo que viene haciendo y que seguirá haciendo este Gobierno con la mejora del sistema de transporte en las islas Canarias. Muchas gracias. .

Inés Granollers Cunillera ERC

Gràcies, presidenta. Bona tarda. Una proposta molt similar a la que porta avui a debat Coalición Canaria es va debatre en la Comissió de Transports el passat 3 de març de 2023, de la legislatura passada, amb una proposició no de llei que van presentar conjuntament amb els companys de Bildu i del BNG. La PNL ja es va aprovar, amb 21 vots a favor, 5 en contra i 10 abstencions. La van presentar com a parlamentaris d’esquerres, alarmats per una acció incomprensible, que pretén situar damunt de la taula la tendència totalment liberalitzadora i totalment injustificada. No hi ha raons de seguretat, de viabilitat econòmica ni encara menys de condicions de treball dels operadors que expliquin ni justifiquin aquesta mesura; al contrari. Per això ens sembla una mesura fruit d’un apriorisme ideològic liberal i, per tant, un error profund. El projecte d’ordre ministerial del 9 de febrer de 2023 recull un llistat d’aeroports gestionats per AENA i que es planteja substituir-los per nous proveïdors privats de serveis de control de trànsit aeri. Aquesta decisió afecta la prestació de serveis relacionats amb la gestió del trànsit aeri, sumant nou torres més a les dotze que ja estan privatitzades. Per al nostre grup, qualsevol decisió liberalitzadora hauria de basar-se en raons per millorar la qualitat de servei i la seguretat dels usuaris. El servei actual que, en aire, presta les torres que es volen liberalitzar, compten amb estàndards de qualitat reconeguts reiteradament per diferents organismes estatals i internacionals. L’experiència de les dotze torres ja privatitzades ens demostra que, encara que les empreses privades adjudicatàries puguin gaudir de totes les autoritzacions legals requerides per prestar el servei, no es produeixen millores ni en el servei ni en la pròpia seguretat. Tampoc des del punt de vista de l’eficiència econòmica millora la situació per a l’usuari, ja que l’estalvi passa a les butxaques dels inversors privats d’AENA, que reparteix entre els accionistes el 80 % dels beneficis anuals en concepte de dividends. Una altra de les incidències negatives del procés de liberalització aplicat fins ara s’aprecia també en la disminució de les garanties referents a les condicions de treball del personal controlador, sotmesos a una forta pressió laboral que no casa bé amb la seguretat aèria. Ens preocupa especialment la proposta de privatització de la torre de control de l’aeroport de Son Sant Joan, a Palma. És una iniciativa que perjudica els interessos estratègics de les Illes Balears i els seus serveis públics. En aquests moments, la torre de control de Palma és una de les menys dotades i amb més dèficit de personal de l’Estat. Per tant, les mesures anunciades no seran eficients econòmicament. Només contribuiran a consolidar la tendència centralitzadora i destructora dels serveis públics per beneficiar clarament els interessos privats. Necessitem frenar aquesta deriva liberalitzadora que no es sosté en cap raonament tècnic, econòmic ni social. Aquesta decisió política la va prendre el govern, sense informar el Congrés dels Diputats i sense la participació de la resta d’administracions públiques. No és bona per als treballadors i les treballadores dels sectors, no és útil per a la ciutadania que utilitza aquest mitjà de transport i no cal per a la sostenibilitat econòmica del servei. Per tant, donarem suport a aquesta iniciativa. Gràcies. Gracias presidenta. Buenas tardes. Una propuesta muy parecida a la que trae hoy a debate Coalición Canaria se discutió en la Comisión de Transportes el pasado 3 de marzo de 2023, en la legislatura pasada, con una proposición no de ley que presentaron conjuntamente con Bildu y BNG. La PNL se aprobó con 21 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones, y la presentaron como diputados de izquierdas. La presentamos alarmados por una acción incomprensible, que pretende situar sobre la mesa la tendencia absolutamente liberalizadora e injustificada. No hay ninguna razón de seguridad ni de viabilidad económica, y aún menos de condiciones de trabajo de los operadores, que expliquen y justifiquen esta medida; al contrario. Por eso nos parece una medida que es fruto de un apriorismo ideológico liberal y, por consiguiente, un error profundo. El proyecto de orden ministerial de 9 de febrero de 2023 recoge un conjunto de aeropuertos gestionados por AENA y se plantea sustituirlos por nuevos proveedores privados de servicios de control de tráfico aéreo. Esta decisión afecta a la prestación de servicios relacionados con la gestión del tráfico aéreo, por tanto, se suman a los doce que ya han sido privatizados. Para nuestro grupo, cualquier decisión liberalizadora tendría que basarse en razones para mejorar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios. El servicio actual que prestan en el aire las torres que se quieren liberalizar se basa en normas de calidad reconocidas por distintos organismos estatales e internacionales. La experiencia de las doce torres ya privatizadas nos demuestra que, aunque las empresas privadas adjudicatarias puedan disfrutar de todas las autorizaciones legales necesarias, no se producen mejoras ni en el servicio ni en la seguridad. Tampoco desde el punto de vista de la eficiencia económica mejora la situación para el usuario, ya que el ahorro pasa a los bolsillos de los inversores privados de AENA, que reparte el 80 % de los beneficios anuales en forma de dividendos entre sus accionistas. Otra de las consecuencias negativas del proceso de liberalización aplicado hasta ahora se aprecia también en la disminución de las garantías referentes a las condiciones laborales del personal controlador, sometidos a una fuerte presión laboral que no casa bien con la seguridad aérea. Nos preocupa la propuesta de privatización de la torre de control del aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma. Se trata de una iniciativa que perjudica los intereses estratégicos de las Islas Baleares, así como a sus servicios públicos. En estos momentos, la torre de control de Palma es de las menos equipadas y donde más déficit de personal hay de todo el Estado. Por tanto, las medidas anunciadas no serán eficaces económicamente. Solo van a contribuir a consolidar la tendencia centralizadora y destructiva de los servicios públicos para beneficiar claramente los intereses privados. Tenemos que frenar esa deriva liberalizadora, que no se basa en ningún fundamento técnico, económico ni social. Esta decisión política la tomó el Gobierno sin informar al Congreso de los Diputados y sin la participación del resto de las administraciones públicas. No es buena para los trabajadores y las trabajadoras del sector, no es útil para la ciudadanía que utiliza este medio de transporte y tampoco es necesaria desde el punto de vista de la sostenibilidad económica del servicio. Por eso, daremos apoyo a esta iniciativa. Gracias. .

Laura María Lima García PP

Señorías, me estreno en esta tribuna y es para mí un orgullo hablar y defender a Canarias bajo las siglas del Partido Popular junto a los otros cinco diputados canarios. Y, si me permiten, antes de empezar, quiero mandar un mensaje de ánimo a nuestro compañero Juan Antonio, para que se recupere pronto y pueda estar aquí con nosotros lo antes posible. . Hoy, me toca defender la postura de mi grupo en un tema recurrente ya desde hace varios años, que se ha debatido en el Parlamento de Canarias y en el Senado, porque, como hemos dicho en cada una de las intervenciones, estamos cansados de que el Gobierno de Sánchez no respete nuestro estatuto de autonomía y que actúe sin tener en cuenta a los canarios. Como saben, Canarias depende en gran medida del transporte aéreo debido a su situación geográfica y su característica de territorio fragmentado, por lo que es fundamental la conexión aérea, y estoy segura de que muchos de los que están aquí presentes han venido a Canarias alguna vez y seguro que alguno ha viajado entre islas. No sé si se les ha retrasado algún vuelo o incluso se les ha suspendido, pero que te veas obligado a cambiar de planes en vacaciones no es nada agradable, ¿verdad? ¿Y si les dijera que muchos herreños y gomeros deben desplazarse a otras islas para pruebas médicas, operaciones, exámenes o incluso para una entrevista de trabajo? Pónganse en situación: salen entre semana hacia Tenerife o Gran Canaria por algunos de estos motivos y deciden volver un fin de semana; se montan en el avión y, cuando tienen que aterrizar, resulta que están entre veinte o cuarenta minutos sobrevolando para poder aterrizar o, en el peor de los casos, abortan la misión, porque tienen un sistema, como el AFIS, que solo informa, dejando a la responsabilidad de los pilotos hacer la maniobra. Aquí, en la Península, si les pasa, pueden coger un coche, un metro o un tren. Yo sé que está el ministro Puente y la cosa está complicada, pero tienen otras alternativas que los canarios no tenemos. . Y no las tenemos, porque el avión es nuestra guagua, nuestro metro, nuestro tren. ¿Les parece normal o justo esto, que un herreño o un gomero no pueda salir o entrar a su isla a tiempo porque se niegan a cambiar un sistema y ponerlo como en el resto de España? Ya sé que se debatió en junio en el Senado, y la excusa que pone el Partido Socialista es que en otros sitios de Europa lo usan y les va bien; pero estoy convencida de que si Puigdemont o Cataluña lo hubieran pedido, ya lo hubieran puesto desde hace meses. . Pero, claro, es Canarias. Mejor nos quejamos, que no pasa nada. Sé que Canarias a las señorías socialistas les queda muy lejos y solo se acuerdan de las islas para veranear. Ya lo hizo Pedro Sánchez en Lanzarote este verano, que, por cierto, podría haber ido al Hierro en el Falcon, porque, aun siendo fin de semana, seguro que se le activaría el ATC para que aterrizara con seguridad, y así, al menos, hubiera visto lo que están viviendo los herreños con la inmigración irregular, que es insostenible. Así, los canarios no escucharíamos frases como que la crisis migratoria está controlada, dicho por un ministro como Marlaska, que no ha tenido la decencia de venir a Canarias durante esta crisis migratoria para ver en primera persona cómo están la Policía Nacional, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, dejándose la piel y sintiéndose desasistidos por el Gobierno estatal. . Y luego vienen a hablar de humanidad; ¿ustedes?, ¿de humanidad? A Canarias y al Partido Popular, lecciones de humanidad, ninguna, señorías. Llevan meses acusando al Partido Popular de no modificar la ley de extranjería, y ahora que estamos negociando — negociando de verdad, no por wasap, como en julio—, díganme, cuando se modifique la ley de extranjería, ¿qué pasará? ¿Dejarán de venir pateras o cayucos por arte de magia? Pero si no tienen ninguna estrategia en política exterior, señorías, no sean demagogos y, por favor, no nos tomen el pelo a los canarios, que estamos hartos de que nos engañen. . Les pido, en nombre de mi tierra, Canarias, que dejen de tomar decisiones pensando solo en ustedes. Respeten nuestro estatuto de autonomía y dejen de prometer y de no cumplir con Canarias, porque estamos cansados. Acabo ya. Señorías, pónganse a trabajar. Quienes gobiernan son ustedes, a un precio alto, pero gobiernan, y si algo aprendí cuando fui concejal de mi pueblo, en Los Realejos, en el norte de Tenerife, es que gobernábamos para solucionar los problemas de los vecinos, escuchando y conociendo de cerca el problema, para así tomar las mejores decisiones posibles. Dejen de culpar al Partido Popular de todos sus males, porque el único mal que tiene España y, sobre todo, Canarias se llama Pedro Sánchez. Y si no pueden solucionar los problemas, como decimos en Canarias, mándense a mudar y convoquen elecciones ya. Muchas gracias. .

Carlos Flores Juberías VOX

Con la venia, señora presidenta. Señorías, la moción que hoy trae mi grupo a esta Cámara es consecuencia de la interpelación que, apenas seis días atrás, yo mismo tuve el gusto de plantearle al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y que el señor Albares tuvo la gentileza de contestar. Lo que me permite comenzar dirigiéndoles a todos ustedes un ruego, que naturalmente son libres de atender o de desoír, el de que den por reproducidos todos los exabruptos que el señor Albares nos dirigió y cuyos ecos todavía resonarán en esta Cámara. Naturalmente, si quieren ustedes repetirlos, no se queden ustedes con el desig, pero ya sabemos todos a estas alturas que mis compañeros de grupo y yo no venimos aquí a defender España ni a luchar por la civilización europea; que no creemos en la igualdad ni en la tolerancia; que nuestros argumentos son falsos y nuestros discursos mendaces; que nuestro propósito es cultivar la división y el odio; que no nos gusta ni la paz ni la democracia. Que para ser uno de los ministros con más fama de moderado del gabinete Sánchez, al señor Albares solamente le faltó santiguarse y decir aquello que dijo Hugo Chávez en Naciones Unidas: aquí huele a ‘asufre’. Dejen de recurrir a los lugares comunes y vayamos a hablar de lo que importa a los españoles y de lo que resulta mollar en esta cuestión. ¿Qué es lo que importa a los españoles? Si nos hemos de dejar guiar por los estudios del CIS — a mí no me miren, yo simplemente aplico la máxima procesal de que, a confesión de parte, relevo de prueba—, la cosa no ofrecerá dudas, y es que su último barómetro acaba de revelarnos que, a la pregunta de cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España, casi uno de cada tres españoles, el 30,4 %, contesta que la inmigración, y que esta escala, en tres meses, del noveno al primer puesto en la lista de preocupaciones de nuestros ciudadanos, superando al paro, la economía y la polarización. ¿Y qué es lo mollar? Si el líder del Partido Popular, el señor Feijóo, propuso el pasado día 13, en Atenas, una alianza europea contra la inmigración irregular y emprendió acto seguido una gira por varios países europeos — dice la agencia de noticias ‘Génova, 13’ que para buscar apoyo a sus propuestas; yo quiero creer que para escuchar las propuestas que de verdad funcionan—, y si el señor presidente del Gobierno defendió el pasado 30 de agosto la necesidad de fomentar una inmigración regular y ordenada, frente al infierno — repito, infierno, palabra textual del presidente del Gobierno— de la irregular y la necesidad de combatir esta última amenaza que afecta a la seguridad de nuestras sociedades mediante el imprescindible — repito, imprescindible— retorno de quienes han llegado a España irregularmente — las citas son textuales—, repito, lo mollar no será otra cosa que dar de una vez por todas con las fórmulas idóneas para conseguir estos dos objetivos, que VOX comparte desde el minuto uno , so pena de acabar concluyendo que socialistas y populares están más interesados en hablar que en actuar, más en la apariencia que en la sustancia, más en el qué dirán que en el quiénes vendrán. Así que, vayamos a proponer algunas ideas: 1. Revisar el cumplimiento de los acuerdos de colaboración en materia de prevención de la inmigración ilegal con países terceros y, en caso de incumplimiento de estos o falta de colaboración, tomar las medidas que sean necesarias para obligar a dichos países a cumplir con sus compromisos. Por cierto, parece que, cuando se quiere, se puede. Déjenme que haga un inciso y me aparte de la cuestión que nos ocupa en estos momentos para mostrar mi solidaridad con los saharauis que están en estos momentos retenidos en Barajas, a la espera de deportación, y mi sorpresa ante el doble rasero de nuestro Gobierno y del Gobierno de Marruecos. El Gobierno de Marruecos, que, cuando quiere, acepta, y cuando quiere, no acepta la devolución de sus nacionales. . Y el Gobierno de España, que, cuando quiere, resuelve las peticiones de asilo en cuatro días, y cuando lo desea, las demora durante cuatro meses. 2. Promover, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, el fin de las políticas de efecto llamada y agilizar los procesos de deportación de inmigrantes ilegales. 3. Expulsar de forma inmediata con destino a su país de origen — o aquel del cual provengan— de todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a nuestro territorio. 4. Expulsar de forma inmediata a aquellos inmigrantes, regular o irregularmente asentados en España, que hagan del delito leve su forma de vida, procurando que cumplan las penas en sus países de origen, y aquellos que hubiesen cometido delitos graves, no bien hayan saldado sus cuentas con la justicia española. 5. Eliminar las ayudas públicas a las ONG, a las asociaciones o a cualesquiera otras entidades que, bajo la apariencia de dedicarse a la cooperación al desarrollo, se dediquen a promover o a ayudar a la inmigración ilegal, y la coordinación de estas políticas con las del resto de los países europeos. Si mucho me apuran, aun iría incluso un paso más allá: revisar con seriedad y sin prejuicios los acuerdos suscritos con aquellas ONG supuestamente creadas para brindar acogida a los refugiados o a los inmigrantes más necesitados y que han acabado convirtiéndose en simples agencias de colocación amarradas a la ubre de lo público y atornilladas a la estrategia de determinados partidos. . Se lo diré más claro: aquellas ONG que, como alguna de mi comunidad, resultan nutrirse en un 97 % del presupuesto público y resultan destinar el 70 % de su presupuesto a sus propios gastos de personal. Una ONG que se nutre en un 97 % del presupuesto público, ¿es una organización no gubernamental? Una organización no gubernamental que destina el 70 % de sus gastos a pagar a su propio personal, ¿es una organización humanitaria? A mí no me cuadran las cuentas. . 6. Garantizar la devolución de los menas. 7. Suspender las ayudas de cooperación al desarrollo con aquellos países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal. Y aún diría más: hacer depender esas ayudas, destinadas a la modernización de las fuerzas y cuerpos de seguridad de esos Estados, al efectivo cumplimiento por parte de estos de sus obligaciones para con España, y aun subordinarlas a la efectiva dotación de nuestros propios cuerpos policiales. Porque ¿qué sentido tiene que España lleve gastados desde el 2019 nada menos que 118 millones de euros en proveer a nuestro amable vecino del sur de visores nocturnos, de cámaras térmicas, de camiones frigoríficos, de buggies, de todoterrenos, de ambulancias y de ayudas millonarias de todo tipo, cuando la gendarmería marroquí cumple con sus obligaciones cuando le apetece y las ignora cuando le viene mejor y nuestra Guardia Civil tiene que patrullar en vehículos necesitados no ya de reparación, sino de sustitución? . 8. Impulsar medidas con el fin de impedir la entrada y expansión del fundamentalismo islámico en España. 9. Realizar una campaña informativa en los países emisores que acabe con el efecto llamada promovido por las políticas sobre inmigración que se han llevado a cabo hasta la fecha. Y 10 — sí, 10—. Declarar como zona marítima de interés la zona que va desde la costa de Mauritania hasta la ciudad española de Melilla y crear una misión de presencia marítima coordinada en dicha zona, liderada por España, cuyo objetivo sea la protección conjunta de nuestra costa, de nuestro litoral, que es tanto como decir del litoral europeo. Una iniciativa que no solamente no es inconstitucional, sino que ni siquiera es novedosa y ni siquiera es privativa de estas latitudes; una iniciativa que cuadra perfectamente con lo que establecen las estrategias de seguridad marítima nacional del 2013, que ya prevé entre los riesgos los actos ilícitos contra la seguridad marítima, la inmigración irregular por la vía marítima y el tráfico ilícito de migrantes, y que ya contempla la posibilidad de desplegar misiones como estas, que, de hecho, se han desplegado en lugares como el Cuerno de África o el Océano Indico. Termino, señorías, porque, aunque este sea el templo de la palabra, con 35 456 inmigrantes ilegales arribados a nuestras costas desde enero hasta agosto de este año, un 62 % más que en el periodo idéntico del año 2023, el momento de los discursos — y no digamos el momento de las descalificaciones— hace tiempo que terminó. Es el momento de las decisiones. Actúen, o la próxima vez que el CIS consulte a los españoles serán sus nombres y serán sus caras las que aparecerán en lo más alto de la lista de preocupaciones de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. .

Ricardo Tarno Blanco PP

Señora presidenta, señorías, debatimos sobre uno de los asuntos que más preocupa a los españoles, la inmigración ilegal. En solo tres meses, la inmigración ha pasado de ocupar la novena a la primera posición entre los problemas que más preocupan a los españoles. Señores de VOX, otra vez hacen un batiburrillo proponiendo algunas medidas que podrían ser correctas con otras que no tienen ni pies ni cabeza. Están instalados en el absurdo, la contradicción populista y el oportunismo irresponsable. Por eso enmendamos su moción, porque la mejoramos y la convertimos en una moción seria y responsable. Léansela y aprendan. Además, su moción llega después de que la semana pasada votaran sorprendentemente en contra de una presentada por el Partido Popular sobre este asunto. La verdad es que no nos sorprende nada, porque ustedes son así; lo mismo ponen en su moción las políticas de Giorgia Meloni como ejemplo de lo que hay que hacer en Europa, que luego la abandonan en el mes de julio y la traicionan yéndose con el señor Orbán en el Parlamento Europeo. . Coherencia, se llama coherencia. Señoría, los españoles se merecen un poco más de respeto y seriedad, y esta emergencia migratoria no solo se lo merece, sino que necesita decisiones rigurosas. Porque en lo que llevamos de año son más de 35 000 los inmigrantes que han llegado irregularmente a España, sin contar con los que entran por el aeropuerto de Barajas, que es la gran puerta de entrada a España. Señorías del PSOE, hablan de migración circular, pero su inexistente política migratoria ha traído un absoluto descontrol de los flujos migratorios. Ni controlan las llegadas de irregulares ni llevan a cabo devoluciones, el caos es absoluto y genera sensación de inseguridad y cada día mayor rechazo social a la inmigración ilegal. Después, culparán a los demás de lo que ustedes son incapaces de solucionar. . Señorías, estamos ante un gravísimo problema, un reto que no se puede permitir un gobierno débil, paralizado y sin apoyos parlamentarios como es el suyo. No nos lo podemos permitir en ninguno de los retos que tiene que afrontar este país, pero, sin duda, en este más que nunca. La inmigración es una competencia exclusiva del Estado, aunque ustedes, por los siete votos de sus examigos de Junts, han prometido su traspaso a la Generalitat de Catalunya. Al resto de comunidades autónomas les traspasan tener que sufrir un colapso de servicios asistenciales, son las que están pagando el cheque sin fondos de su hipoteca con los grupos independentistas para la investidura del señor Sánchez. . Llevan ustedes más de seis años sin rumbo en materia migratoria, llevando a España a la deriva, sin poner en marcha medidas y sin ordenar flujos migratorios. El señor Sánchez ha vuelto sistemáticamente de sus giras africanas — Gambia, Senegal, Mauritania— sin un solo acuerdo ni medida concreta ni vinculante y sin una política coherente ni en el Magreb ni en el Sahel. ¿A qué ha ido? Esto no va de hacerse fotos, es necesario adoptar medidas que dejen de producir las inaceptables imágenes de las avalanchas y colapsos en nuestras fronteras. Es imprescindible una política migratoria de Estado, integral y firme, y ustedes no están en condiciones de ninguno de estos tres requisitos, señorías. Hay que declarar la emergencia migratoria. Hace falta más presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay que dotar con más personal las oficinas de extranjería y la Comisaría General de Extranjería, es necesario mejorar la colaboración con los terceros países, especialmente en África occidental y el Sahel. Deben tomar medidas y deben hacerlo ya. Es urgente, no podemos esperar a que les digan qué hay que hacer en Waterloo o en Suiza. . No tienen ustedes una política de Estado, se limitan a estar en el Gobierno sin proyecto y sin ideas. Estar por estar. Señores diputados, el drama es que la inacción y fracaso de este Gobierno no solo no soluciona el problema, sino que lo agrava reiteradamente, hacen que crezca la sensación de inseguridad y el rechazo social al fenómeno migratorio. En España necesitamos una inmigración legal y ordenada, vinculada a las necesidades de nuestro mercado de trabajo. Para ello, es imprescindible no solo un control más rígido de las fronteras, sino también la colaboración con terceros países y firmeza y dureza contra las mafias. Señores diputados, para el PP la inmigración es un asunto de Estado y merece el mayor consenso posible de esta Cámara. Para eso, hace falta un Gobierno que busque acuerdos y no enfrentamientos. El señor Feijóo ha demostrado estos días que esos acuerdos son posibles dentro y fuera de España. Señores socialistas, rectifiquen su política migratoria y, si no son capaces, hagan un favor a España y váyanse, y déjenos solucionar lo que ustedes ni pueden ni saben ni quieren. Muchas gracias. .

Gala Pin Ferrando SUMAR

Gracias, presidenta. Antes de que este Pleno languidezca más, creo que hay que reconocer a las señorías de VOX que es la primera vez que traen a esta Cámara una moción que no es discriminatoria. Ellos quieren expulsar de España a cualquier persona, con independencia de su procedencia, raza, sexo o religión. Completamente igualitaria. . Ironías aparte, frente a su cierre de fronteras, nosotros lo que pedimos es abrir fronteras, desmantelar los CIE, vías seguras para quienes huyen de la guerra, del hambre o de las catástrofes naturales y una política migratoria europea que restaure el daño ejercido por un régimen colonial, racista y patriarcal. . Frente a sus deportaciones masivas, sus expulsiones ilegales, sus bulos y su orden de tristeza, alegría en la diversidad y regularización ya. Hoy celebramos que se haya desbloqueado la iniciativa legislativa popular para regularizar a más de quinientas mil personas migrantes que llevan construyendo este país desde hace años. Es una iniciativa que en breve se votará en este Pleno, sin que ustedes, señorías de VOX, pinten nada ni puedan hacer nada para impedir que se apruebe. . Así que, frente a su odio y sus mentiras, verdad, justicia, reparación y regularización ya. Gracias. .

Sergio Gutiérrez Prieto PSOE

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Señorías del PP, antes de nada quiero hacer un inciso, señor Tarno. ¡Qué oportunidad han perdido ustedes, señores del PP, para retractarse de la barbaridad que la semana pasada dijo el señor González Pons en relación con España y Venezuela! . Es la primera vez en la historia que un líder político acusa a su Gobierno de un golpe de Estado, y no es capaz ni siquiera de repetirlo una segunda vez, ni siquiera en Twitter. Sabemos que ustedes tienen un superávit de testosterona, pero el silencio esta vez no basta para pedir perdón, ni siquiera para el olvido. Exijo que a la primera oportunidad que tengan pidan perdón al Gobierno de España, pidan perdón a la acción exterior española y demuestren que les queda un mínimo de sentido común y de sentido de Estado. . Señor Tarno, además, con los antecedentes que tienen ustedes en política migratoria, vienen aquí a decir que este año es caótico, que no hay política migratoria del Gobierno de España y que los datos lo demuestran con la entrada de 34 000 personas migrantes. ¿Recuerda usted cuál fue la cifra del último año de Gobierno de Rajoy? Fue de 64 000 personas migrantes. Si este año es caótico, con ustedes era el doble de caótico. No sean ustedes tan populistas como VOX. Ya sabemos que son muy de derechas, pero no intenten imitar también su populismo en materia migratoria. . Señor de VOX, al grano. ¿Cuál es la diferencia entre movilidad e inmigración? Claro, ustedes dirán lo obvio, los papeles, lo formal, pero yo les pido que seamos un poquito más profundos y que vayamos a la raíz de la diferencia, a encontrar la raíz de la causa. La inmigración irregular es forzosa, es peligrosa, viene causada por tal desesperación por mejorar las condiciones de vida que miles de ciudadanos, miles de personas, cada año la arriesgan y muchos de ellos la pierden. Y esto es importante, este matiz es vital, porque olvidarse de este matiz conduce a su propuesta, a una propuesta deshumanizada, con tufillos aporofóbicos y populistas. El objetivo de reducir la inmigración irregular puede ser compartido, y puede conseguirse reduciendo las causas que la fuerzan, intentando evitar el sufrimiento de quienes se ven obligados a ejercerla, o puede impedirse a toda costa, sean cuales sean las condiciones que provocan la huida, sean cuales sean las condiciones que provocan el tránsito, pese a lo que pese y cuesten las vidas de las personas emigrantes que cuesten. Esa política deshumanizada, esa política a veces cruel, no va a tener nunca el apoyo ni la comprensión del Partido Socialista. . Ustedes plantean una política cruel, con datos que tergiversan. Por ejemplo, ¿qué les parece si les digo, señor Flores, que esa Italia a la que tanto admiran ustedes, a la que tanto ponen como ejemplo, espejo en el que hay que mirarse, este año ha recibido un 10 % más de inmigración irregular que España? ¿Qué dirán si les digo que en los dos años que lleva su tan admirada presidenta señora Meloni Italia ha recibido más inmigrantes irregulares que en los cinco años anteriores? ¿Qué dirán al saber que tan solo el año pasado en Italia se ha recibido más del doble de inmigrantes, más de 115 000, que en las costas españolas? Sí, los datos de Italia dan lugar a hacer una política y un discurso populista, pero para eso firmamos un Pacto Europeo de Migración, para excluir las propuestas populistas, para excluir los discursos demagógicos. Porque sabemos lo injusto que es hacer un cómputo país a país cuando de lo que se trata es de la existencia de una frontera global de desigualdad entre dos mundos que son profundamente desiguales, el sur de Europa y el norte de África. Por eso, señores de VOX, cuando hablamos de inmigración hay que hacerlo con seriedad y desde el humanismo. Primero, hay que analizar las causas. Saben ustedes que el número de inmigrantes no depende de ningún efecto llamada, depende de los efectos salida, de las guerras, de las catástrofes, de los conflictos, de la sequía, del hambre, de los efectos del cambio climático, y que las personas, como es lógico, buscan el país, la frontera más cercana y la ruta más segura para acudir, precisamente, a buscar un horizonte mejor. Eso es lo que presiona, lo que está en el fondo, las diferencias año a año entre la ruta más presionada o la costa más presionada, y no los discursos populistas de tres al cuarto al que ustedes nos tienen acostumbrados cada vez que hablan de inmigración. Por eso, estamos muy orgullosos de una verdadera política de inmigración que se basa, fundamentalmente, en la cooperación, en evitar las causas que provocan la inmigración forzosa. Por eso, estamos muy orgullosos de esa ley, a la que ustedes votaron en contra, del aumento de la ayuda oficial al desarrollo, a la que el Partido Popular, cuando gobernó, dejó tiritando. También estamos muy a favor de esa política de inmigración en el origen, que busca que sea legal, ordenada y segura. Porque, señores de VOX, necesitamos inmigración, necesitamos personas que vengan a trabajar, que nos ayuden con el envejecimiento de esta sociedad y que vengan para construir una mejor sociedad, y queremos que lo hagan con garantías y con derechos, por supuesto . Señores de VOX, no vamos a aceptar de ustedes más populismo ni más hipocresía. Señores de VOX, solo es un ciego o un hipócrita aquel que tacha de éxito que lleguen 60 000 inmigrantes a España o a Grecia, porque llegan 30 000 a Italia, y un fracaso que lleguen 70 000 a Italia, porque llegan 40 000 a Grecia o 40 000 a España. El verdadero drama es que todos los años más de 100 000 personas, que buscan una vida mejor, arriesgan su vida por esa vida mejor para intentar llegar a las costas europeas, sean de España, sean de Francia, sean de Italia o sean de Grecia. Ese es el drama que tenemos que intentar combatir, sin señalar al diferente, sin criminalizar al diferente y sin criminalizar el efecto de la inmigración. Por eso, vamos a votar no a su propuesta, por populista, por hipócrita, por ineficiente y, permítamelo, por falta de humanidad. Muchas gracias. .

Francisco José Conde López PP

Gracias, señora presidenta. Señorías, subo a esta tribuna para defender la moción del Grupo Parlamentario Popular consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno, en relación con el plan fiscal estructural que España tendría que haber remitido a la Comisión Europea el pasado 20 de septiembre. Como saben, este plan fiscal es el documento más relevante que tendrá que defender España ante la Comisión Europea para el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales y marcará los objetivos presupuestarios, las reformas y las inversiones para los próximos cuatro o siete años, y, por lo tanto, al menos para las dos próximas legislaturas. Esta primera afirmación es enormemente relevante, porque el plan fiscal comprometerá al Gobierno central actual y a los siguientes, al igual que comprometerá a todos los gobiernos autonómicos locales actuales y a los siguientes, por lo que espero que compartamos entre todos los grupos parlamentarios la importancia de un plan fiscal que es de todos. No puede ser el plan fiscal de un Gobierno que actúa al margen del Poder Legislativo y de este Congreso. . Es cierto que la Comisión Europea justificó la posibilidad de retrasar la presentación de este plan hasta mediados de octubre aludiendo a la existencia de circunstancias políticas excepcionales, y todos conocemos las circunstancias políticas excepcionales de este Gobierno. . Hablamos, señorías, de la extrema debilidad de un Gobierno que ni siquiera tiene garantizada una mayoría estable. Hablamos de un Gobierno que no ha sido capaz de presentar el presupuesto del año 2024 y que hoy mismo ha evidenciado su incapacidad para aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria para el año 2025. Hablamos de un Gobierno que tan solo ha aprobado tres presupuestos en seis años de Gobierno. Y hablamos, señorías, de un presidente que, antes de cambiar de opinión, defendía — y cito textualmente— que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno, porque sin presupuestos, señorías, no hay nada que gobernar. Esto decía el presidente Sánchez. . Señorías, honestamente les pregunto: un Gobierno tan precario, sin mayorías, que no cumple la Constitución cuando no presenta los presupuestos a esta Cámara y que sin un presupuesto, como dice su presidente, no tiene nada que gobernar ¿puede de forma unilateral, sin consenso y al margen de este Congreso y del resto de administraciones territoriales imponer los compromisos fiscales que nos van a obligar a todos los próximos cuatro a siete años? Se lo pregunto de otra forma: ¿tiene sentido que un Gobierno en minoría y tan débil, que no es capaz de presentar ni de aprobar sus presupuestos, sea el que decida los presupuestos de las comunidades autónomas y de todas las entidades locales sin que unas y otras puedan decir ni aportar nada? ¿Tiene sentido que ese Gobierno sea el que decida los presupuestos que tendrá que elaborar el próximo Gobierno sin que nadie de esta Cámara pueda decir ni aportar nada? Señorías, no es razonable, y lo dice la Comisión Europea y lo dice también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Les cito textualmente a la Comisión Europea: Los Estados miembros deben garantizar la participación de sus parlamentos nacionales y la consulta a las instituciones fiscales independientes, a los interlocutores sociales y a otras partes interesadas nacionales, según proceda. . Señorías, todos los que estamos en esta Cámara, todos, pertenecemos a formaciones políticas que tienen responsabilidades de Gobierno en diferentes administraciones territoriales. ¿No les parece razonable poder incorporar aportaciones y validar el plan fiscal estructural que va a comprometer este Gobierno para los próximos cuatro a siete años, también comprometer a los gobiernos autonómicos y locales, de los que ustedes forman parte, antes de que se remita a Bruselas? Esto es lo que vamos a votar en el primer punto. El segundo punto también les concierne de forma directa, porque el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales dependerá de que España sea capaz de mantener una senda de crecimiento creciente y estable. Lo dijo el ministro Cuerpo en esta Cámara. Esa senda también depende de los fondos Next Generation, y, por eso, esos fondos son tan fundamentales para cumplir con la senda fiscal. Pero la realidad, señores del Gobierno, señor Cuerpo, es que solo se ha adjudicado uno de cada 4 euros del total de los 163 000 millones. Los fondos europeos no han mejorado la productividad por trabajador, tenemos 1,9 puntos menos de productividad que en el año 2018, y los fondos europeos, lamentablemente, no han logrado transformar nuestro modelo productivo. Y eso, señor Cuerpo, es responsabilidad de su Gobierno. Hoy tenemos la oportunidad, entre todos, en este Parlamento, de ofrecer al Gobierno una solución, que no tiene otro objetivo que evitar que se tengan que devolver fondos a Europa y mantener la capacidad inversora de España. Por eso, señorías, en esta moción les pedimos que voten a favor de que se ponga a disposición de las comunidades autónomas y de las entidades locales los 18 000 millones de euros de fondos europeos Next Generation que el Gobierno central ha sido incapaz de adjudicar hasta la fecha. . Señorías, es una propuesta realista, porque saben que las instituciones europeas facilitarían las adaptaciones necesarias, saben que es posible acordarlo en el marco de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación y saben que las comunidades autónomas tienen capacidad de ejecución. Finalizo, señorías, dirigiéndome a la bancada del Partido Socialista Obrero Español, todavía el PSOE. Señorías, todos sabemos que el gran jefe es más de gobernar sin el Congreso y sin la oposición, pero, si me lo permiten, les voy a dar dos argumentos para que ustedes también puedan votar a favor de nuestra moción. El primero es por España y por su calidad democrática. Y, de nuevo, no lo dice el PP; nos remitimos al informe de Draghi, que será el punto de encuentro en esta nueva legislatura europea. Les vuelvo a citar textualmente: Las reformas solo pueden ser ambiciosas si cuentan con el respaldo democrático. Señorías, la política europea requiere consensos, y eso es absolutamente incompatible con diseñar en solitario el plan fiscal y con ejecutar en solitario los fondos europeos. Es una auténtica temeridad, y se arrepentirán de que un gobierno en minoría pretenda actuar en asuntos de calado de forma unilateral — no es ni admisible en un gobierno de mayoría absoluta—, y más, señorías, cuando ni siquiera ustedes pueden defender el techo de gasto ni la senda presupuestaria para un ejercicio, para el año 2025. . El segundo argumento para que puedan apoyar también ustedes esta moción es por su propio interés. Ya tenemos la experiencia de qué ha supuesto para España comprometer reformas e inversiones con Bruselas sin acordarlas con las Cortes Generales. No les ha salido demasiado bien con los fondos Next Generation. Hoy ustedes no son capaces de aprobar una decena de reformas comprometidas con Europa que son necesarias para desbloquear el quinto y el sexto pago, y ahora no se atreven a traerlas a esta Cámara porque, sencillamente, sus socios no les apoyan. Dilatar las reformas en el tiempo, como han hecho con la Ley de Movilidad Sostenible o como están haciendo con la Ley de Industria, ya se ha demostrado, señorías, que no es la solución. En definitiva — finalizo—, señorías, tengamos altura de miras y sean ustedes egoístas por una vez, y me dirijo una vez más a la bancada del Partido Socialista. Señorías, eviten el bochorno que sufren hoy todos ustedes cuando se constata que Sánchez quiere centralizarlo todo en la Moncloa. Traigan a este Parlamento el plan fiscal antes de que se remita a Bruselas, porque va a comprometer al menos a los dos próximos presidentes del Gobierno de España. . Permitan que las comunidades autónomas y las entidades locales garanticen la ejecución del cien por cien de los fondos Next Generation y trabajemos entre todos por el futuro de nuestro país, que es España. Nada más y muchas gracias. .

Jacobo González-Robatto Perote VOX

Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Debemos ambicionar los mejores carismas. Así dijo San Pablo a los corintios, y hoy sigue siendo una lección vigente en nuestro contexto social y político. Hay muchos carismas o políticas que generan oportunidades y otras que desperdician los recursos. El Gobierno actual tiene 18 000 millones de euros asignados por la Comisión Europea a través de los fondos Next Generation; sin embargo, estos fondos no han sido ejecutados, y aquí radica uno de los problemas más graves de la gestión actual. Para que se hagan a la idea, estamos hablando de un volumen de dinero igual a la mitad del presupuesto de Andalucía. Tiene potencial como para transformar la economía de un país, generar empleo y mejorar los servicios públicos, pero su ineficaz gestión condena a España a la parálisis. Recordemos que estos fondos tampoco son regalos, como parecen pensar el actual Gobierno y el Partido Popular, sino que deberán ser devueltos, ya sea por cada Estado miembro o por la Unión Europea en su conjunto. Lo que está claro es que implican una mayor carga impositiva para todos y, si no se gestionan correctamente, no solo estaremos desperdiciando una oportunidad, sino que estaremos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. El Gobierno del PSOE parece mucho más preocupado por la propaganda política que por idear, planificar, ordenar y ejecutar presupuestariamente esos fondos, que es lo que realmente necesita España. Los ciudadanos cumplen con sus obligaciones, pagan sus impuestos, y lo mínimo que se puede exigir al Gobierno es que cumpla con su parte, administrando con eficiencia estos recursos. Sin embargo, la realidad es otra, y basta con examinar el rendimiento de algunos de sus ministerios para entender la magnitud del problema. Por ejemplo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico entre enero y julio solo ha logrado ejecutar el 0,1 % de las subvenciones previstas, el Ministerio de Economía tiene el flamante 0,02 % de pagos realizados y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por la universitaria Morant, apenas llega al 0,04 %. Señorías, estas cifras son auténticamente vergonzosas. Este Gobierno, que se jacta de subir impuestos constantemente para justificar sus políticas, luego es incapaz de gestionar eficientemente esos recursos. ¿Es irresponsabilidad, quizá? ¿Es vaguería? ¿O es simple inutilidad? En cualquier caso, cualquiera de estas situaciones exigiría la inmediata dimisión de los responsables. Eso sería lo mínimamente esperado, pero en España, bajo este Gobierno, la incompetencia parece no tener consecuencias. Y, por si fuera poco, tenemos la segunda parte, la propuesta del Grupo Popular, que pide el reparto indiscriminado de estos fondos entre las comunidades autónomas, sin siquiera justificar en qué lo van a emplear. Pero tememos una temeridad, y es que estos fondos se destinen a encuestas que justifiquen sus próximos valores y principios para el siguiente año, para recuperar las subvenciones a UGT o para recuperar también la memoria democrática, que lo único que hace es dividir a los españoles, que es lo que han estado haciendo en Castilla y León , en cuanto han soltado el brazo de VOX y se han cobijado bajo el ala socialista, que lo único que hará será picotearles en cuanto puedan. Intentan ganarse el favor de aquellos que les repudian. Por eso, el Grupo VOX propone una serie de inversiones, que son reales y no son gastos ni despilfarro, que podrían ser clave para enderezar la situación económica de España y evitar seguir endeudando a futuras generaciones. Hablamos de inversiones estratégicas que podrían cambiar el rumbo del país y ofrecer una verdadera alternativa nacional, como mejorar la atención a la dependencia, por ejemplo. Es imprescindible asegurar estos fondos, después de tanto lo que se ha luchado aquí, para el ELA, el autismo y grandes dependencias de nuestros mayores, pilar fundamental de cualquier política social responsable. En vez de despilfarrar los recursos, deberíamos estar destinándolos a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. También, con estos fondos podríamos fomentar una energía nuclear, pues es urgente frenar el desmantelamiento de nuestras plantas nucleares e invertir para garantizar nuestra seguridad energética. Además, esto vendría de la mano de una política de reindustrialización que revitalizaría sin duda nuestro sector energético. Además, podríamos solucionar la crisis hídrica: en lugar de volar presas podríamos evitar seguir dependiendo de las lluvias para asegurar el agua que necesitan nuestra agricultura y nuestra ganadería. Podríamos ejecutar proyectos de infraestructura hidráulica que aseguren el abastecimiento de agua a nuestros agricultores y ganaderos, tan abandonados por estos gobiernos. O podríamos aumentar la vivienda pública, pues es necesario incrementar el parque de vivienda pública en régimen de propiedad o alquiler con opción a compra para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un hogar digno. Esta no es solo una cuestión de justicia social, sino también de sentido común económico. En conclusión, señorías, y ya termino, presidenta, lo que España necesita en estos momentos es un plan fiscal y económico serio, basado en la responsabilidad y en la inversión inteligente. Los 18 000 millones de euros de los fondos deberían estar al servicio de los españoles y no de intereses políticos de gobierno. Se podría invertir en dependencia, en energía nuclear, en soluciones hídricas y en vivienda pública, pues esto no solo mejoraría la vida de los ciudadanos, sino que también contribuiría a la estabilidad del crecimiento económico a largo plazo. Señorías del Partido Popular, lo que no podemos hacer cuando vemos que una casa está ardiendo es estar peleándonos por llevarnos nuestros muebles a casa, en lugar de tapar el fuego. Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. En relación con la propuesta del PP, lo cierto es que Bruselas sí ponía como fecha límite el 20 de septiembre para que los países de la Unión Europea remitieran sus planes fiscales estructurales para los próximos años, pero también es cierto que los países miembros pueden solicitar un aplazamiento que requiere el visto bueno de la Comisión Europea, algo que ya ha solicitado el Gobierno si atendemos a lo anunciado por el ministro de Economía en la interpelación, ya que confirmó que España presentará su plan fiscal estructural a la Comisión Europea el próximo 15 de octubre, plazo que la Comisión Europea finalmente además ha concedido como al resto o a la mayoría de los países europeos. Pero fíjense, señorías del Partido Popular, solicitan un plan fiscal cuando aún no tenemos la senda fiscal para el conjunto de las administraciones públicas, una senda que ustedes han anunciado en numerosas ocasiones que no van a apoyar. Si lo que quieren es un plan fiscal, quizá la primera prueba de fuego está sobre su tejado cuando finalmente llegue esa senda fiscal al Congreso para ser votada. Pero es que, además, piden que el plan fiscal se valide y se apruebe por este Parlamento cuando no hay obligación de hacerlo. La norma no lo exige, y es que una validación en parte de este plan se podría realizar cuando lleguen y se discutan los presupuestos generales del Estado, y ya si se aprobasen los presupuestos dicho plan fiscal sería mucho más sólido en un contexto en el que entran en juego las reglas fiscales europeas a partir del año 2025. De todas formas, yo me pregunto. ¿Ustedes creen que se podría abordar un debate constructivo acerca de este plan en este Parlamento, en estos momentos? Yo, de verdad, atendiendo a lo que pasa semana tras semana, lo pongo muy muy en duda. Quizá, en lugar de plantear imposibles, sería más adecuado intentar que este plan fuera objeto de un debate constructivo, al menos con agentes económicos y sociales, si de lo que se trata es de generar confianza y credibilidad. En este sentido, hay que decir que en el nuevo escenario macroeconómico las nuevas cifras también van a facilitar la convergencia hacia el objetivo de déficit. Por otro lado, la moción solicita que se pongan a disposición de las comunidades autónomas 18 000 millones de euros de los fondos Next, y dicen que previo consenso entre las comunidades autónomas y el Gobierno en el marco de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No lo voy a negar, nosotros hemos sido y somos críticos con estos fondos, y en numerosas ocasiones hemos alertado de que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se habían evidenciado debilidades en cuanto a su diseño, implementación y ejecución; entre otras cosas porque era un plan centralizado y diseñado sin contar con las comunidades autónomas y con poco input empresarial, en particular de los PERTE, aquellos proyectos para transformar el tejido social y productivo que no estaban dando una cobertura adecuada a los proyectos y necesidades del tejido empresarial particular de las comunidades autónomas. Alertábamos precisamente de la existencia del riesgo de que se quedasen fondos sin ejecutar si la fórmula de gobernanza no variaba y apostábamos, y apostamos, por un modelo de gobernanza para los recursos de los PERTE en el que las comunidades autónomas asumieran protagonismo, de tal forma que el Gobierno central permitiera a las comunidades autónomas ayudar a canalizar los recursos no ejecutados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados al tejido productivo, para mejorar el carácter transformador de estos fondos y la gobernanza multinivel. Parece que esto lo podemos compartir con ustedes, señorías del PP. Sin embargo, chocamos en esta moción con el planteamiento que hacen del tipo de gobernanza, pues una vez más ustedes optan por una conferencia sectorial en la que nosotros no creemos, pues la práctica ha demostrado que esa cogobernanza de las conferencias deriva en toma de decisiones unilaterales, con medidas que están decididas de antemano y se limitan a una simple comunicación a las comunidades autónomas. Tampoco compartimos una gobernanza con decisiones multilaterales, que se van a regir por una mayoría de comunidades autónomas — en este caso, gobernadas además por el Partido Popular— sin más criterio, porque no conocemos qué criterio van a utilizar en ese reparto. Si de lo que se trata es de que los PERTE estén alineados con las fortalezas que tiene cada comunidad autónoma para precisamente transformar el modelo productivo, la gobernanza debería ser bilateral; es decir, cada comunidad autónoma debiera poder negociar el porcentaje de fondos a recibir teniendo cuenta las fortalezas, las oportunidades de cada territorio, el peso industrial o el peso del sector más transformador de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta que todos esos proyectos a subvencionar debieran estar alineados con los objetivos de transformación contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nada más y muchas gracias.

Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores del Partit Popular, ja és ben curiós això de vostès. Vostès surten sovint aquí, en aquest faristol, i donen lliçons sobre què cal fer i què no cal fer en un determinat tema, com si fossin els més exemplars, com si la resta de grups no coneguéssim allò que fan habitualment quan el Partit Popular ha governat o governa, com si no sabéssim que quan les coses surten diferents d’allò que vostès es proposen, aquest miratge es trenca i llavors surt la veritable bèstia que porten dintre. Que el poble de Catalunya vota un estatut que a vostès no els agrada? Cap problema, presenten un recurs d’inconstitucionalitat per tal que siguin els seus jutges qui ajustin el redactat a allò que vostès volen. Que el poble de Catalunya vota en un referèndum? Cap problema, vostès treuen la policia al carrer per estovar-nos, apliquen un 155 i destitueixen el Govern de la Generalitat de Catalunya. Que aquest Congrés aprova una llei d’amnistia i vostès no hi estan d’acord i perden la votació? Cap problema, vostès activen de nou el Poder Judicial per usurpar la voluntat legítima d’aquesta Cambra, promovent l’incompliment de la llei. I, com deia, després pretenen sortir aquí a donar lliçons. Doncs no, no cal pas que s’hi esforcin, perquè nosaltres sabem que quan es tracta de Catalunya, la seva catalanofòbia s’olora a quilòmetres de distància. Volen que fem una prova? Agafem, per exemple, la proposta d’aquest acord d’avui, en què parlen dels fons europeus Next Generation i de com s’haurien de transferir a les comunitats autònomes. El dia d’avui, l’Estat espanyol ha gestionat 43 000 milions d’euros d’aquests fons. A Catalunya, l’Estat ens ha assignat 6500 milions d’euros, un 13,5 % del total, quan resulta que som el 16 % de la població i generem un 20 % del producte interior brut. Per tant, ens pertocarien entre 1400 i 3100 milions d’euros més dels que ens han assignat. I ara venen vostès i demanen en aquest acord que es posi a disposició de les comunitats autònomes 18 000 milions d’euros dels fons europeus Next Generation. Molt bé. Volen els nostres vots? Reconeguin, primer, la injusta assignació de fons que s’ha fet fins ara i modifiquin la proposta que fan, incorporant que aquests 18 000 milions d’euros es repartiran segons el producte interior brut o segons el pes poblacional de cada comunitat autònoma, no de Catalunya, no; proporcionalment per a cada comunitat autònoma, i, per tant, a Catalunya s’assignaran entre 3000 i 3600 milions d’euros. Així de fàcil. Perquè els nostres set vots van a favor de les propostes que es fan en benefici de Catalunya i van en contra d’aquelles que perjudiquen els catalans, no els catalans independentistes, no; tots els catalans, siguin independentistes o no ho siguin. Ho hem explicat així des del primer dia d’aquesta legislatura, tot i que sembla que sigui molt difícil d’entendre per a alguns. El mateix Govern de l’Estat s’entesta a actuar com si tingués majoria absoluta, i això ens porta a haver d’anar aprenent, de manera dolorosa, que si no hi ha acords, hi ha derrotes; que si vol comptar amb els vots decisius de Junts per Catalunya, ha de negociar i fer propostes. De fet, d’això se’n diu fer política. Quan no es té prou força, negocies amb els altres per obtenir-la, arribes a acords, apliques els acords i els compleixes per tal de després poder tornar a negociar. En canvi, vostès, senyors del PSOE, en lloc de fer política, volen girar el clau i fer-lo entrar per la cabota per força. Això els porta a haver d’aprendre que no tenen majoria suficient en aquest hemicicle i que sense Junts estan condemnats a perdre votacions i a haver de fer el ridícul retirant punts de l’ordre del dia a darrera hora per no perdre’ls. I mira que és fàcil. Com deia, hem estat honestos i transparents des del primer dia. El posicionament de Junts no canvia per molt que ens pressionin per terra, mar i aire; per molt que despleguin tota la seva força mediàtica; per molta imaginació que posin a explicar un relat diferent del que és la realitat; per molt que donin per suposat que al final apareixerà la màgia i tot els anirà bé a vostès. Nosaltres no donem els nostres vots a canvi de res i això serveix per a uns i per als altres, perquè nosaltres no som aquí per engreixar cap dels dos blocs; nosaltres som aquí en defensa de Catalunya i de la seva gent. I, escolti’m, com més aviat ho entenguin, més aviat deixaran de patir i de fer el ridícul. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, señora presidenta. Señores del Partido Popular, es bien curioso lo suyo. Ustedes salen a menudo aquí, en este atril, y nos dan lecciones de lo que debemos hacer y no hacer sobre un determinado tema, como si ustedes fuesen los más ejemplares, como si ninguno de los demás conociésemos lo que hacen habitualmente cuando el Partido Popular ha gobernado o gobierna, como si no supiésemos que cuando lo que ocurre es distinto a lo que ustedes proponen, ese espejismo se rompe y entonces sale realmente la bestia que llevan dentro. ¿Que el pueblo de Cataluña vota un estatuto que a ustedes no les gusta? No hay problema, presentan un recurso de inconstitucionalidad para que sean sus jueces los que ajusten la redacción a lo que ustedes desean. ¿Que el pueblo de Cataluña vota en un referéndum? No hay problema, ustedes sacan la policía a la calle para aporrearnos, aplican el 155 y destituyen al Gobierno de la Generalitat de Catalunya. ¿Que este Congreso aprueba una ley de amnistía y ustedes no están de acuerdo y pierden aquí la votación? No hay problema, ustedes activan de nuevo al Poder Judicial para usurpar la voluntad legítima de esta Cámara, promoviendo el incumplimiento de la ley. Y, como decía, después pretenden salir aquí a darnos lecciones. Pues no. No hace falta que se esfuercen, porque nosotros sabemos que cuando se trata de Cataluña su catalanofobia se huele a kilómetros de distancia. ¿Quieren que hagamos una prueba? Tomemos, por ejemplo, la propuesta de acuerdo de la que hablan hoy, de los fondos europeos Next Generation y de cómo deberían transferirse a las comunidades autónomas. A fecha de hoy, el Estado español ha gestionado 48 300 millones de euros de estos fondos y a Cataluña nos ha asignado 6500 millones de euros, un 13,5 % del total, cuando resulta que somos el 16 % de la población y generamos un 20 % del PIB. Por lo tanto, nos tocarían entre 1400 y 3100 millones de euros más de los que se nos han asignado. Y ahora vienen ustedes y nos piden en este acuerdo que se ponga a disposición de las comunidades autónomas 18 000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. Muy bien. ¿Quieren nuestros votos? Reconozcan la injusta asignación de los fondos que se ha hecho hasta la fecha y modifiquen la propuesta que hacen incorporando que estos 18 000 millones de euros se repartan según el producto interior bruto o según el peso poblacional de cada comunidad autónoma, no de Cataluña, proporcional a cada comunidad autónoma, y, por lo tanto, a Cataluña se le asignarán entre 3000 y 3600 millones de euros. Así de fácil. Porque nuestros siete votos van a favor de aquellas propuestas que se hagan en beneficio de Cataluña y van en contra de aquellas que perjudiquen a los catalanes, no a los catalanes independentistas, no, a todos los catalanes, ya sean independentistas o no. Lo hemos explicado así desde el primer día de esta legislatura, aunque parece que sea muy difícil de entender para algunos. El mismo Gobierno del Estado insiste en actuar como si tuviese mayoría absoluta, y eso los lleva a tener que ir aprendiendo de forma dolorosa que si no hay acuerdos hay derrotas y que si quieren contar con los votos decisivos de Junts per Catalunya deben negociar y hacer propuestas. De hecho, a esto se le llama hacer política. Cuando uno no tiene suficiente fuerza, negocias con los otros para obtenerla. Llegas a acuerdos, aplicas y cumples esos acuerdos para luego poder volver a negociar. En cambio, ustedes, señores del PSOE, en lugar de hacer política, quieren que el clavo entre por la cabeza a la fuerza, y eso los lleva a tener que aprender que no tienen mayoría suficiente en este hemiciclo y que sin Junts están condenados a perder votaciones y a tener que hacer el ridículo retirando puntos del orden del día a última hora para no perderlos. Y mira que es fácil. Como decía, hemos estado honestos y transparentes, lo hemos sido desde el primer día. El posicionamiento de Junts no cambia por mucho que nos presionen por tierra, mar y aire, por mucho que desplieguen toda su fuerza mediática, por mucha imaginación que pongan en explicar un relato distinto al de la realidad, por mucho que den por sentado que al final se hará magia y que todo les irá muy bien a ustedes. Nosotros no damos nuestros votos a cambio de nada y eso sirve para unos y para otros, porque nosotros no estamos aquí para engordar ninguno de los bloques, estamos aquí para defender a Cataluña y su pueblo. Escúchenme, cuanto antes lo entiendan, antes dejarán de sufrir y de hacer el ridículo. Muchas gracias.

Carlos Martín Urriza SUMAR

Discutimos la moción del Partido Popular referida a la obligación del Gobierno de haber presentado un plan fiscal estructural hace una semana y sobre cuándo va a someterlo a la validación del Congreso de los Diputados. Es un tema muy importante que, desgraciadamente, el texto de la moción no trata con la adecuada seriedad, aunque tengo que reconocer que el señor Conde en esta tribuna ha elevado el nivel sobre el texto presentado en la moción. Esta falta de seriedad en la moción, en el texto de la moción, se refleja en que insta al Gobierno, por ejemplo, a que traslade 18 000 millones a las comunidades autónomas procedentes de los fondos europeos, algo que nada tiene que ver con el tema que tratamos. Esto, además, lo dice el Partido Popular, que muchas de las comunidades autónomas que gestiona van a tener que devolver fondos europeos por no haber sido capaces de gestionarlos. . Lo dice y lo plantea el mismo Grupo Popular que ha votado en contra de la senda de déficit y deuda pública, impidiendo la mejora de la financiación de esas mismas comunidades autónomas. Lo dicho, poca seriedad y mucha confusión en ese texto de la moción presentada. Se pide un debate sobre el plan fiscal cuando el Grupo Popular nunca lo permitió cuando gobernaba con mayoría absoluta y presentaba sus planes de estabilidad o los planes presupuestarios con profundos recortes antisociales. El PP no tiene ninguna intención de discutir, de confrontar ideas. Si fuera así, estaríamos de acuerdo en hacerlo, porque no me negará, señor Conde, que es un poco de disonancia cognitiva que, por un lado, ustedes quieran discutir este plan fiscal y, por otro lado, estén votando en contra de la senda de déficit y deuda pública que precisamente es el input básico de ese plan fiscal. El plan fiscal que está elaborando el Gobierno ahora amplía hoy sus márgenes gracias a la nueva revisión del PIB que el INE acaba de hacer el pasado 18 de septiembre. Hoy el país es bastante diferente a lo que nos contaban las estadísticas hace tan solo una semana. No es de extrañar que ustedes quieran seguir hablando de aquel otro país, pero ese país ya no existe; ya no existe el país que tanto había tardado en recuperarse de la pandemia, resulta que con las nuevas estimaciones el país había salido del hoyo año y medio antes de lo que nos habían contado hasta ahora. ¿Qué hubiera dicho su líder en campaña si hubiéramos dispuesto de esos datos en el momento adecuado? Resulta que en el país de hoy hay 150 000 personas más ocupadas de lo que nos decían, que esas personas eran un 6 % más productivas de lo que eran hace una semana, que hay más salarios de los que nos estaban contando, aunque no era difícil saberlo porque todos los meses a todos nos retienen una parte de nuestro salario y la Agencia Tributaria ya estaba señalando que la actividad funcionaba mucho mejor de lo que decía el INE. ¿Qué políticas habríamos podido hacer si el déficit público hubiese sido el que es ahora y no el de entonces? ¿En qué podríamos haber gastado esos miles de millones de euros adicionales que por las malas estimaciones no existían hace tan solo una semana? ¿Cuánto de más nos ha costado en intereses un ratio de la deuda pública sobre el PIB precisamente por esas malas estimaciones? Permítanme que les apunte algunos datos, por si no son conscientes de los mismos: que hoy tenemos un ratio de deuda pública 2,6 puntos inferior al de hace una semana. Les señalo que ahora el ratio de deuda es aproximadamente el mismo que tenían ustedes, señorías del Partido Popular, en 2014, eso sí, sin pandemia de por medio. . Les recuerdo a ustedes, los buenos gestores, que entre 2011 y 2014 aumentaron la deuda pública en casi 35 puntos del PIB al tiempo que subían el IRPF y el IVA, mientras que este Gobierno de coalición, desde 2018 y a pesar de la pandemia, solo ha crecido la deuda pública en 5,4 puntos. No es de extrañar que ustedes quisieran haber mandado este plan fiscal hace una semana, antes de que el INE por fin empezara a mostrar el país que verdaderamente tenemos, antes de que todos los organismos nacionales e internacionales revisaran al alza las previsiones de crecimiento, incluso la CEOE, que prevé un crecimiento para este año del PIB del 2,7 %. La contabilidad nacional, señorías, no ha terminado de resolver sus carencias en la estimación de las macromagnitudes, de cuyos problemas técnicos advertimos desde SUMAR desde la primera intervención que hice yo en esta Cámara. Ahora nos están empezando a dar la razón, aunque hemos tenido que esperar un tiempo innecesariamente largo y las repercusiones han sido muy negativas y muy importantes. Muchas gracias. .

Patricia Blanquer Alcaraz PSOE

Moltes gràcies, presidenta. Señorías, la moción que hoy debatimos es fruto de la mala fe del Partido Popular. . Sí, porque primero no dejan actuar al Gobierno y luego lo acusan de inacción. Yo diría que en términos coloquiales es aquello de tiran la piedra y esconden la mano. La senda fiscal, es decir, los objetivos de déficit y deuda constituyen la base del plan fiscal estructural. En julio el Partido Popular los votó en contra y ahora, sin rubor alguno, acusan al Gobierno de no presentar a tiempo el plan que los debiera recoger. Si de verdad les preocuparan los compromisos de España con Europa, si pensaran en el interés general, no habrían votado en contra de unos objetivos presupuestarios que permiten cumplir con la consolidación fiscal, que contaron con el respaldo de la Comisión Nacional de la Administración Local y con el del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde, por cierto, están representados mayoritariamente gobiernos del Partido Popular. Por tanto, votaron en contra de los intereses de sus propios gobiernos, de los intereses de todo un país , simplemente por ir en contra del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Y es que están anclados en una posición obstruccionista y destructiva que les define, son la imagen viva de la política inútil para la ciudadanía. . Señor Conde, no han apoyado hasta en cuatro ocasiones permitir más capacidad de financiación a comunidades y ayuntamientos. ¿Y nos acusa a nosotros de temerarios? ¿Nos acusa a nosotros de temerarios? A pesar de su voto en contra, el Gobierno, con la mayoría de este Congreso, hemos sido capaces de transferir a las comunidades y ayuntamientos cifras históricas de recursos económicos. Este verano, el Ministerio de Hacienda ha transferido a las entidades locales más de 4700 millones de euros correspondientes a la liquidación de la participación en los tributos del Estado del ejercicio de 2022, que supone multiplicar por siete la liquidación percibida el año pasado por el año 2021, y eso a pesar de ustedes. Y las comunidades autónomas en estos últimos seis años habrán recibido 300 000 millones de euros más que con el Gobierno de Mariano Rajoy. Por tanto, este Gobierno gobierna y este Parlamento funciona ; lo que no funciona es una oposición del Partido Popular que vota en contra de los intereses de sus propios gobiernos, eso es lo que no funciona. Porque, miren, en la interpelación de la semana pasada del Partido Popular al Gobierno, dejaron ver lo que son: unos agoreros. No han entendido que la puesta en valor de los indicadores económicos no es triunfalismo, es poner en valor la capacidad de superación y resiliencia de nuestro país y es reconocer que la política económica del Gobierno de España está funcionando. Nos hemos recuperado de la crisis sobrevenida en menos tiempo. Estamos creciendo y generando empleo por encima de la media europea. Las políticas del Partido Popular fracasaron en la crisis anterior y ustedes no son una alternativa viable, porque, pese a priorizar el ajuste presupuestario en la etapa 2012-2018, no lograron alcanzar nunca el objetivo del 3 % de déficit, incumplieron todos los años el objetivo de déficit pactado con Bruselas y la deuda pública aumentó más que con el actual Gobierno, y ello sin pasar entonces por la mayor pandemia en cien años, una guerra en suelo europeo y hasta un volcán. . El Gobierno de Pedro Sánchez ha sabido mejorar la financiación, impulsar medidas de protección y de transformación del modelo productivo, mientras el Partido Popular ha intentado bloquearlas demostrando también lo que no son: ni son alternativa de gobierno, ni una oposición con responsabilidad de Estado. . Así que, señorías, esta moción carece de eficacia resolutiva y parece una mala broma. Piden un plan que se sustenta en una senda que no tienen interés de votar. Piden que el Gobierno transfiera fondos a las comunidades cuando ya lo hace a través de diversos instrumentos de participación y cogobernanza. La Administración General del Estado está siendo más ágil en ejecución de los fondos que las comunidades autónomas. La Administración General del Estado, un 60,3 %; las comunidades autónomas, un 56,7 %. Por tanto, no tiene sentido su moción. Piden, además, que el Gobierno explique, cuando ya lo hace. La AIReF a quien denunció ante la Audiencia Nacional por obstaculizar el control de las cuentas públicas fue a Montoro, no a Montero. Además, el ministro de Economía se ofreció a comparecer antes de enviar el plan fiscal y son sus gobiernos autonómicos los que no dan explicaciones creíbles. ¿Por qué Moreno Bonilla devuelve 119 millones en fondos para escuelas de 0 a 3 años a la vez que reclama medidas de conciliación? . ¿Por qué hay comunidades que han boicoteado el acceso a 500 millones de euros destinados a fomentar el autoconsumo eléctrico? ¿Por qué Mazón reclama más financiación autonómica y ha permitido que sus diputados valencianos votaran en contra de más financiación en el Congreso? . Y, para terminar, señora presidenta, yo me pregunto: ¿qué utilidad puede tener para la ciudadanía un Partido Popular obcecado en generar inestabilidad, en fabricar problemas y en no participar en las soluciones? Ya se lo digo yo: Ninguna, tan inútil como su moción. Votaremos en contra. .