Pleno del Congreso n.º 69 · XV legislatura

Alberto Fabra Part PP

Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. En marzo de 1989 Naciones Unidas realizó la supervisión del proceso de independencia de Namibia y garantizó el desarrollo de unas elecciones libres. España aportó una unidad aérea autónoma, compuesta por 250 militares, 8 Aviocar C-212 y un Hércules C-130, a una operación en la que participaron cincuenta países y unos 4500 militares. La intervención, un año después, culminó con éxito. Esta fue la primera ocasión en la que nuestras Fuerzas Armadas participaron en una operación en el exterior bajo la supervisión de un organismo internacional, la ONU. Han pasado desde entonces treinta y cinco años. Desde esa primera vez y hasta la actualidad, 160 000 militares españoles han formado parte de más de ochenta operaciones de paz por cuatro continentes: Nicaragua, Bosnia, Irak, Afganistán, Mali, Colombia, Líbano, Mediterráneo, Atlántico, Báltico. Desgraciadamente, durante estas misiones, 170 militares españoles fallecieron representando a nuestro país. Actualmente, nuestras Fuerzas Armadas están presentes en dieciséis misiones, con más de 3600 militares desplegados por más de veinte países, pero siempre bajo la supervisión de la ONU, la Unión Europea o la OTAN. La Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, atribuye, en su artículo 4, al Congreso de los Diputados la autorización, con carácter previo, de la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional; autorización que viene regulada en el artículo 17, que obliga al Gobierno a realizar una consulta previa y a recabar la autorización del Congreso de los Diputados. En el caso de que se requiera una respuesta rápida, prevé procedimientos de urgencia y, en el supuesto de máxima urgencia, ante la imposibilidad previa de realizar esa consulta, el Gobierno someterá al Congreso posteriormente la decisión adoptada para su ratificación, en su caso. El artículo 18 dicta el seguimiento de las operaciones en el exterior, obligando al Gobierno a informar periódicamente, en un plazo en ningún caso superior a un año, a este Congreso de los Diputados. Hay que recordar que, tal y como contempla el artículo 19, dichas misiones en el exterior han de haber sido autorizadas por resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su caso, o por organizaciones internacionales de las que España forma parte, como la Unión Europea o la OTAN, y deben cumplir siempre con fines defensivos, humanitarios y de preservación de la paz, conforme a la Carta de las Naciones Unidas. En definitiva, señorías, las Fuerzas Armadas, además de salvaguardar la seguridad de España, juegan un papel esencial en el mantenimiento de la seguridad internacional y de la paz. Sin duda, son un reflejo del profundo compromiso que mantienen con nuestra nación, atendiendo a los tres grandes objetivos estratégicos: proporcionar estabilidad y seguridad, la disuasión y la lucha contra el terrorismo y la defensa de un territorio aliado. Las misiones internacionales a menudo se desarrollan en contextos volátiles que pueden cambiar drásticamente con el tiempo, exigiendo que bien su delegación o sus capacidades sean mayores de las inicialmente previstas. Un claro ejemplo es el Líbano, donde España está presente desde septiembre de 2006, como saben, con una situación muy cambiante. Estarán de acuerdo conmigo en que es lógico que el Parlamento tuviera conocimiento de la evolución de esta misión, especialmente de la situación de nuestras Fuerzas Armadas, desplegadas en un momento tan delicado y de máxima tensión como el actual entre Hizbulá e Israel. Otro aspecto que no estaba contemplado en la ley y que hay que tener en cuenta es el envío de material militar a otro país, como está siendo el caso de Ucrania, donde se actúa en sintonía con organismos internacionales y la mayoría de los países de la Unión Europea. Es por eso por lo que desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos esta proposición de ley ante la clara necesidad de adaptar nuestra normativa a los nuevos desafíos geopolíticos y asegurar que la participación militar de España en el exterior siga siendo un asunto de Estado y, por tanto, que el Poder Legislativo tenga un papel mucho más activo en la toma de estas decisiones. Señorías, repito, la política de defensa es una política de Estado, y como tal debe contar con el mayor consenso posible, porque la seguridad global y la política de defensa no son estáticas. Por eso, ante la opacidad de este Gobierno, es necesaria esta modificación. El Gobierno no debe tener el monopolio en las decisiones en materia de defensa. Todos los grupos parlamentarios, excepto el de ustedes (señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) , quisimos conocer la información sobre los envíos de material militar a Ucrania. Sin embargo, el presidente no quiso comparecer ante el Pleno, porque sabía que sus socios de gobierno lo iban a dejar en evidencia. Debemos garantizar, por tanto, un debate democrático sobre los envíos de material militar a otros países. Estos envíos, señorías, no son meros activos logísticos, no lo son, sino que son decisiones con enormes implicaciones geopolíticas. El debate siempre enriquece; limitar el necesario diálogo político priva a la ciudadanía de la transparencia que merece un asunto de tal envergadura, porque la participación del Congreso debe ser esencial en la toma de estas decisiones. Somos testigos de que cada vez más el Gobierno intenta evitar el debate parlamentario, y es por eso por lo que consideramos que el artículo 17 debe ser ampliado y así reflejar la necesidad de la realidad actual e incrementar la transparencia y el control parlamentario sobre decisiones de carácter tan trascendental como el envío de tropas o el material militar a zonas de conflicto, por lo que proponemos, señorías, en esta toma en consideración lo siguiente: que las autorizaciones de la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior tengan una vigencia máxima de cinco años. Antes de finalizar ese plazo, el Gobierno deberá hacer balance y solicitar previamente una nueva prórroga también por otros cinco años. Esto es porque muchas misiones requieren de una presencia prolongada ante la complejidad de los objetivos a conseguir, como es el caso de Afganistán, donde las Fuerzas Armadas estuvieron desplegadas durante diecinueve años, Kosovo durante diez o Bosnia-Herzegovina, donde estuvieron presentes desde 1992 y donde, por cierto, falleció el primer militar español en misiones internacionales. La solicitud de autorización debe ir acompañada por el máximo número de efectivos y material aproximado para llevarlo a cabo, y si hubiera cambios significativos, se debería solicitar una nueva aprobación previamente. En relación con el envío de material militar a otro país, se debe solicitar la autorización plena al Pleno del Congreso de los Diputados, siendo esta de carácter anual y con posibilidad también de otras prórrogas anuales. Si se aprobara esta proposición de ley, el Gobierno deberá comparecer en este Pleno y solicitar la renovación de las misiones existentes y la autorización del material militar ya enviado. Con esto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular pretende que todo aquello que sea una cuestión de Estado se debata y se autorice por este Congreso de los Diputados, porque, señorías, yo pregunto: ¿quién puede estar en contra de que se hable, que se debata o que se autoricen en este Parlamento cuestiones ya reflejadas en la ley? ¿Creen ustedes que la prórroga se debe producir exclusivamente en el seno del Consejo de Ministros, como pasa en la actualidad, y privar al Parlamento de esta potestad? ¿No es lógico que, ante cambios sustanciales en el envío de tropas o de material militar, sea el Congreso el que tenga que ser informado y el que autorice? Sepamos lo que otros Parlamentos de países de nuestro entorno están haciendo al respecto, y así poder fijar una posición similar acorde al resto de países de la Unión Europea: en Alemania, el Gobierno informa regularmente al Parlamento del progreso de las misiones y, si excede de la duración previamente acordada, se someterá nuevamente a una votación parlamentaria; en Italia, además, se presentan informes financieros de los costes de las misiones; en Portugal, también se tiene que presentar ante el Parlamento un informe ante cualquier cambio en el alcance o duración de la misión, y en Francia, teniendo el presidente de la República la autonomía para tomar las decisiones iniciales en el despliegue de tropas, tiene la obligación inmediata de informar al Parlamento, así como también de cualquier cambio que pueda producirse a lo largo del tiempo que dura la misión. Como verán, señorías, esto no es solo una cuestión del Partido Popular. No estamos hablando de una propuesta partidista. Queremos garantizar que estas decisiones cuenten con el mayor respaldo democrático posible. Sean conscientes, cuando vayan a votar esta toma en consideración, que lo que se va a votar a favor o en contra es a favor o en contra de la transparencia, del diálogo o del consenso. Estamos ante una propuesta que busca fortalecer el Parlamento en una de las áreas más sensibles y estratégicas que pueda tener una nación: su política de defensa, porque las operaciones del exterior deben contar con sólidos apoyos parlamentarios, haciendo así más fuerte nuestra posición en el extranjero. Les pido, por tanto, que apoyen la toma en consideración de esta proposición de ley por dos motivos ―y voy finalizando―: porque es un paso necesario para adaptar nuestra normativa a los nuevos retos internacionales y porque refuerza la participación de esta Cámara en decisiones clave para la seguridad y la proyección internacional de España. Señorías, pongamos en valor este Parlamento, escuchemos y debatamos las ideas, y busquemos consensos en políticas de Estado que a todos nos interesan. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta, moi boa tarde. Mais unha vez confirmado, a demagoxia do Partido Popular non coñece límites. Continúan a xogar o seu xogo favorito. Defender na oposición, exactamente o contrario do que defenderon e do que fixeron cando estaban no Goberno; o partido que meteu o Estado español na guerra de Iraq, con consecuencias funestas e sobre premisas falsas, vén agora propondo pór límites e controis á misión do exército español no exterior e ao envío de armamento a zonas en conflito bélico. Queren que creamos que agora de repente son sensíbeis ás posíbeis implicacións do Estado español en conflitos militares ou que están preocupados polo respecto a principios democráticos esenciais. Pois miren, vai ser que non. Porque resulta que vostedes, o PP, aínda non condenaron as accións terroristas de Israel nin o masacre e xenocidio que están a perpetrar contra o pobo palestino nin os ataques ao Líbano e a outros estados soberanos da rexión. Por non condenar nin sequera condenaron os ataques deliberados a cuarteis da FPNUL en que están efectivos do exército español. Canto cinismo, canta hipocrisía. Tampouco se opuxeron, todo o contrario, ao envío de tanques e de axuda militar por máis de mil millóns de euros a Ucraína. Decisións que non pasaron previamente por este Congreso e que aliás, implican profundizar na escalada belicista en marcha e arriscar a deflagración dun conflito militar a grande escala. Fica claro que vostedes son submisos defensores das políticas que interesan ao amigo americano, mesmo que sexan contrarias aos intereses das clases populares e dos pobos do Estado español; contrarias tamén á defensa de políticas de paz e de resolución dos conflitos internacionais pola vía diplomática e do diálogo, contrarias, mesmo, á decencia e á humanidade. Nós si, o BNG é favorábel a que calquera decisión de despregamento de tropas, ou de envío de armamento, pase por este congreso, entre outras cousas, porque, para alén de ser máis democrático, nos permitiría expresar as nosas razóns e as nosas posicións favorábeis a políticas de paz. Se callar o «porén» que podemos colocar á súa proposición de lei canto ao contido e que aínda é demasiado permisiva, con prazos excesivamente longos ou que non modifica outros aspectos da Lei orgánica 5/2005, que, ao noso xuízo, deberían ser mudados; entre outras cousas, diferenciar claramente as misións de paz doutro tipo de intervencións e de actuacións militares fóra do Estado español. Por tanto, a conclusión é clara, a única pretensión do Partido Popular con esta proposición de lei é facer oposición ao goberno, mesmo a custa da propia coherencia en relación con aquilo que o PP defende ou que o PP practica cando goberna. Por se non ficase claro isto, traen hoxe aquí a votación e a proposición de lei que xa está en tramitación neste Congreso como consecuencia dunha proposta súa similar á aprobada no Senado. Pode concibirse maior despropósito que este que hoxe vostedes nos traen aquí? Claro que no caso do PP nin sequera sorprende, de coherencia, decencia, humanidade andan ben escasos máis, como dicía, de demagoxia, de cinismo e de hipocrisía van sobrados. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Una vez más, confirmado: la demagogia del Partido Popular no conoce límites, siguen jugando a su juego favorito: defender en la oposición exactamente lo contrario de lo que defendieron y de lo que hicieron cuando estaban en el Gobierno. El partido que metió al Estado español en la guerra de Irak, con consecuencias funestas y sobre premisas falsas, viene a proponer ahora poner límites y controles a las misiones del Ejército español en el exterior y el envío de armamento a zonas en conflicto bélico. Quieren que creamos que ahora, de repente, son sensibles a las posibles implicaciones del Estado español en conflictos militares o que están preocupados por el respeto a principios democráticos esenciales. Pues miren, va a ser que no, porque resulta que ustedes, el Partido Popular, todavía no condenaron las acciones terroristas de Israel ni la masacre y el genocidio que están perpetrando contra el pueblo palestino, ni los ataques al Líbano y a otros Estados soberanos de la región. Por no condenar, ni siquiera condenaron los ataques deliberados a los cuarteles de FINUL donde están efectivos del Ejército español. ¡Cuánto cinismo y cuánta hipocresía! Tampoco se opusieron, más bien al contrario, al envío de tanques y ayuda militar por más de 1000 millones de euros a Ucrania, decisiones que no pasaron previamente por este Congreso y que implican ahondar en la escalada belicista en marcha y arriesgar la deflagración de un conflicto militar a gran escala. Queda claro que ustedes son sumisos defensores de las políticas que interesan al amigo americano, incluso si son contrarias a los intereses de las clases populares y de los pueblos del Estado español; contrarias también a la defensa de políticas de paz y de resolución de conflictos internacionales por la vía diplomática y del diálogo; contrarias, incluso, a la decencia y a la humanidad. El BNG es favorable a que cualquier decisión de despliegue de tropas o de envío de armamento pase por este Congreso, entre otras cosas, porque, además de ser más democrático, nos permitiría expresar nuestras razones y nuestras posiciones favorables a políticas de paz. Tal vez, el pero que podemos apuntillar a su proposición de ley, en cuanto al contenido, es que es todavía demasiado permisiva, con plazos excesivamente largos o que no modifica otros aspectos de la Ley Orgánica 5/2005 que, a nuestro juicio, deberían modificarse, como, entre otras cosas, diferenciar claramente las misiones de paz de otro tipo de intervenciones y de actuaciones militares fuera del Estado español. Por tanto, la conclusión es clara: la única pretensión del Grupo Popular con esta proposición de ley es hacer oposición al Gobierno, incluso a costa de la propia coherencia, en relación con aquello que el propio PP defiende o practica cuando gobierna. Por si no hubiese quedado claro todo esto, nos traen hoy aquí a votación una proposición de ley que ya está en tramitación en este Congreso, como consecuencia de una propuesta suya similar aprobada en el Senado. ¿Puede concebirse mayor despropósito que este que ustedes nos traen aquí hoy? Claro que, en el caso del PP, ni siquiera sorprende, porque de coherencia, decencia o humanidad andan ustedes escasos, pero, como decía, de demagogia, de cinismo o hipocresía van sobrados. Muchas gracias.

Javier Sánchez Serna SUMAR

Gracias, presidenta. El Grupo Popular nos presenta una reforma de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, para que las operaciones militares en el exterior deban contar con la autorización previa de este Congreso. Puede parecer de sentido común y seguramente mucha gente que nos esté viendo piense que ya es así, pero lo cierto es que la ley actual establece que el Ejecutivo puede ordenar las intervenciones militares que considere y que solo tiene que informar al Congreso. Efectivamente, este ha sido el mecanismo que ha utilizado el bipartidismo para no discutir democráticamente nuestra política exterior y plegarnos a las guerras de turno de los Estados Unidos; unas guerras que, como se está viendo, no han contribuido ni contribuyen a la seguridad de los pueblos de Europa, sino que, por el contrario, nos están deslizando a un escenario de guerra abierta entre potencias nucleares. Y somos muy conscientes de que el Grupo Popular no presenta una reforma como esta porque quiera recuperar soberanía o definir nuestros intereses estratégicos como país más allá de la OTAN o incluso porque les preocupe la escalada bélica. El Partido Popular es el partido de la guerra de Irak, es el partido que nos metió en una guerra ilegal con mentiras y que lo hizo, además, en contra de la opinión del 80 % de los españoles; una guerra que dejó más de un millón de muertos civiles y por la que, como hemos dicho tantas veces, José María Aznar debería ser juzgado como criminal de guerra en la Corte Penal Internacional. . Por tanto, sabemos que el Partido Popular no presenta esta reforma por un compromiso con la paz o con el derecho internacional, sino que la presenta buscando explotar las contradicciones del bloque de investidura. Pero si la presentan ustedes es también por la torpeza del Partido Socialista, de un Gobierno autodenominado progresista que ha decidido subordinar la política exterior española a la de la Administración Biden y que ni siquiera ha permitido que se debata nuestra participación en la guerra de Ucrania en este hemiciclo. Miren, el pasado mes de marzo el Gobierno de Pedro Sánchez anunció un gasto extra de 1000 millones de euros para comprar material de guerra para la guerra de Ucrania. Este aumento de gasto militar es más del doble de lo que el Gobierno está destinando a la vivienda de alquiler social. El Gobierno no tiene mayoría absoluta y depende de los votos de esta Cámara, pero jamás ha permitido que nos pronunciemos sobre si queremos más gasto militar o más vivienda social. . Señorías, el Congreso de los Diputados no es un club de debate y debe poder debatir y decidir sobre cuestiones tan importantes como la paz y la guerra. ¿Cuántos miles de millones más vamos a destinar a la guerra de la OTAN contra Rusia? ¿En cuánto vamos a tener que aumentar nuestro gasto militar? Y, sobre todo, ¿en qué partidas sociales tendremos que recortar para hacer frente a lo que nos piden y nos exigen las guerras de Estados Unidos? Comprendo el miedo del Gobierno y del Grupo Socialista a tener que aprobar la agenda de guerra con el Grupo Popular o incluso con VOX, pero eso no puede justificar que se hurte la voz a este Congreso. . En cuanto a la proposición del Grupo Popular, seguramente sea mejor que lo que hay, pero no es una buena proposición. Por eso, vamos a plantear, cuando vaya a trámite, una serie de enmiendas para que las misiones de los militares no sean votadas cada cinco años, como proponen ustedes, sino cada dos, y que, además, a partir de ese periodo se tengan que votar de año en año. Y, sobre todo, para que España no pueda enviar material militar a aquellos países que estén cometiendo genocidio y no respeten los derechos humanos, como es el caso de Israel. . Señorías del Grupo Popular, les pediría que fueran coherentes. Si a ustedes les preocupan tanto los regímenes que atacan la democracia y la vida, como dicen en su exposición de motivos, apoyen un embargo de armas contra el Estado genocida de Israel y sanciones a criminales de guerra como Netanyahu. Lo demás es la hipocresía a la que nos tienen acostumbrados. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaun-andreok. Nos presenta el Grupo Parlamentario Popular una iniciativa de reforma de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, que, francamente, señorías, nos sorprende. Y nos sorprende, señorías, porque esta misma iniciativa del Grupo Parlamentario Popular fue presentada en el Senado, tomada en consideración y remitida a esta Cámara para su tramitación, encontrándose en este momento en el plazo de enmiendas. Es decir, se nos propone tomar en consideración una iniciativa que ya se encuentra en trámite de enmiendas en esta Cámara y en ambos casos a instancia del Grupo Parlamentario Popular, primero en el Senado y ahora en el Congreso. Señorías, solo por este motivo no votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, porque consideramos que sería absurdo tomarla en consideración para luego acumular su tramitación con su melliza. En segundo lugar, que el Partido Popular haya presentado esta iniciativa en el Senado, y ahora en el Congreso, nos parece una refutación de lo que sostuvo durante la tramitación de la ley de defensa en 2005. Ahora nos propone reforzar el control parlamentario, que actualmente contempla el artículo 17 de la ley de defensa, sobre las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior cuando no afecten directamente a la defensa del Estado, a la defensa de España o al interés nacional, cuando en el año 2005, durante los debates parlamentarios para la elaboración de ese artículo 17, tal y como recordó nuestro grupo parlamentario en el Senado el pasado mes de septiembre, el Grupo Popular se opuso a ese artículo 17 sobre el papel del Congreso en las misiones en el extranjero, precisamente por dificultar las decisiones políticas del Gobierno respecto de esas misiones de las Fuerzas Armadas. Y añadía que el signo de los tiempos era dar flexibilidad a los Gobiernos para poder hacer frente a las necesidades, que cada vez se plantean con más urgencia, con más intensidad y con más frecuencia, y poniendo de manifiesto ―por lo señalado― que ese artículo de la ley de defensa iba justo en sentido contrario de lo que se demandaba, al poner cuanto más trabas mejor al empleo de las Fuerzas Armadas en el exterior; algo ―decían― difícil de entender, calificando como de error de la máxima trascendencia el principio general que contenía el artículo 17 de autorización previa del Congreso para la participación de las Fuerzas Armadas fuera del territorio del Estado, algo que ―decían― solo podía responder a tentaciones demagógicas o electoralistas. Señorías del Grupo Popular, visto lo que decían en su momento y lo que hoy nos proponen, ¿no podríamos pensar que aquellas tentaciones electoralistas y demagógicas de las que ustedes acusaban a los impulsores del artículo 17 de la ley de defensa son en las que precisamente hoy ustedes incurren? Porque, señorías del Grupo Popular, si ustedes considerasen que en estos asuntos atinentes al empleo de las Fuerzas Armadas en el exterior debiera haber el máximo consenso como cuestión de Estado que ustedes señalan singularmente entre los que ustedes también consideran los grandes partidos del Estado y que no deberían ser utilizadas en ningún caso para la erosión del adversario político, ¿no hubiera sido lo congruente que la reforma que proponen hubiera tenido una vacatio legis más allá de la legislatura que alejara de la sospecha partidista y electoralista, además de no crear tensiones innecesarias en las misiones en curso? Quizá planteada la reforma en esos términos, sería mucho más fácil el debate y posiblemente el acuerdo. En cualquier caso, señorías, sobre el fondo del asunto nos manifestaremos en el trámite de enmiendas de la iniciativa que el Senado remitió a la Cámara para su tramitación. Nada más y muchas gracias.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

Presidenta, senyories, bona tarda. Som davant d’una proposició de llei que vol donar protagonisme al Parlament, un enfocament que compartiríem per principi, com a grup, si no fos que el PP en realitat no pretén això. Com és sabut, el centre de gravetat de les democràcies és el poder legislatiu. Ampliar l’article 17 de l’anomenada «ley de defensa nacional» podria ser plausible. La guerra, també, quan es vesteix de nobles motius humanitaris, és un element bàsic de la governança democràtica. Excloure o disminuir el pes del poder legislatiu d’aquesta governança és una manera de fer que ens preocupa com a grup i que erosiona els contrapesos propis de l’Estat. El PP, senyor Fabra, sembla que fa seva una posició pròpia de diversos grups a l’esquerra del PSOE, entre els quals hi ha Esquerra. Sempre hem exigit que qualsevol decisió sobre defensa passi escrupolosament per aquesta cambra. Podríem dir, senyories del PP, benvinguts al nostre punt de vista. En aquest sentit, no deixa de ser peculiar i sorprenent que ara el Partit Popular es recordi dels grups petits d’aquest Parlament. La proposició ens esmenta en termes positius, cosa inhabitual. Llegeixo el que diu literalment: «Esto servirá también para la escucha y la consideración de las propuestas de los minoritarios, que también son legítimos representantes de la soberanía nacional». Moltes gràcies, senyories del PP. Som legítims representants de la sobirania nacional, per bé que això de «nacional» ho entenem de manera diferent. Però els he de dir, senyories del PP, que no cola, no cola — gràcies per l’esment. Potser alguns grups «minoritarios» se›ls creuran, potser; nosaltres no. La consulta prèvia del Govern al Parlament ens sembla plausible quan es tracta d’operacions militars a l’estranger i també és adequat quan es tracta de parlar d’increments de tropes en aquestes missions. Però aquesta proposició, senyories, ve d’un partit amb poca credibilitat a l’hora de donar protagonisme al legislatiu. És un fet: hi ha poca credibilitat. Per cert, senyories del PP, aquesta proposició té molts errors. Crec que han tingut massa pressa a copiar el que van presentar al Senat. Podríem resumir dient que el seu paper té molta burocràcia i poca transparència. Caos burocràtic en el que planteja terminis i compareixences en comissió. I entra, a més a més, senyories del PP, en temes tècnics sobre material bèl·lic i efectius que realment és baixar massa, i potser tenen raó els que diuen que no hauríem de substituir el que fan els militars. Hi ha també, crec, senyories, errors colossals. Important, aquest — prestin atenció—: plantegen les senyories del PP que el Congrés autoritzi amb caràcter retroactiu el lliurament d’armes a altres països, cas concret de les armes que s’han fet arribar a Ucraïna, que està lluitant, com saben, contra la Rússia de Putin. No té cap solta ni volta que aquesta cambra fes això, que portaria problemes no només als combatents ucraïnesos, sinó també a la credibilitat de l’Estat espanyol, que vostès estimen tant com a patriotes. I, a més a més, que deixaria molt mala imatge al paper d’Espanya dins la Unió Europea. Què passaria si aquesta cambra, de cop i volta, negués les armes ja lliurades a Zelenski? Realment, vostès, com a partit d’Estat, aquí m’han deixat garratibat. Anem al moll de l’os, senyories del PP. Vostès només demanen a aquest Parlament que sigui protagonista quan vostès estan a l’oposició. És una cosa bastant curiosa. Aquesta actitud del PP és merament tàctica i oportunista i, per tant — he de repetir-ho—, no tenen autoritat per sol·licitar el nostre suport, malgrat que coincidim en la idea general que el pes de gravetat d’aquestes decisions ha de ser el legislatiu. Els fets acrediten les paraules, senyor Fabra, no a l’inrevés. Molts catalans recordem encara quan el gener de l’any 2018 el ministre Margallo, del PP, admetia públicament que el Govern espanyol havia desplaçat, sense autorització del Congrés, contingents de combat a la frontera russa per evitar que Letònia gosés reconèixer la independència de Catalunya. Ai las! Aquest episodi, que va ser ridícul es miri com es miri, limita al sud amb Berlanga i al nord amb Gila. És una cosa inenarrable. Per tant, quan parlin, senyories del PP, de sentit d’estat, vigilin una mica, perquè a vegades el sentit d’estat és un sentit una mica perdut, sense brúixola. Vostès, repeteixo, no tenen credibilitat per parlar d’això. Durant els cinc darrers mesos del Govern del senyor Rajoy, van lliurar munició a Aràbia Saudita per valor de gairebé 74 milions d’euros, coincidint amb l’increment de la guerra al Iemen. Per cert, per cert, senyories socialistes, això també ho van fer vostès durant les primeres setmanes del Govern del senyor Pedro Sánchez, tot s’ha de dir. El règim autoritari saudita és el millor client de la indústria militar espanyola fora de la Unió Europea. És una dada que ens deixa bastant bé i amb una cara bonica davant del món, certament. Fem memòria, fem memòria, que la política sense memòria és una collonada. El PP és el partit que va posar Espanya en una guerra il·legal, com va ser la invasió d’Iraq. Se’n recorden? Crec que el senyor Aznar és encara el líder espiritual del PP, amb permís de la senyora Ayuso. En aquella guerra, en la guerra d’Iraq, s’estima que van morir 185 000 civils. Per cert, també onze militars espanyols van perdre la vida a l’Iraq. L’informe Chilcot, que es va fer al Regne Unit, va ser demolidor contra l’anomenat «trio de les Açores» i va provar la falta de proves sobre l’existència d’armes de destrucció massiva, l’argument amb el qual es va justificar aquella guerra. Per cert, l’any 2016, després de la publicació de l’informe Chilcot, Esquerra Republicana, el nostre grup, va demanar una comissió d’avaluació en aquest Congrés sobre la intervenció espanyola al conflicte. Els vots del PP i de Ciutadans ho van impedir. Aznar segueix sense assumir responsabilitats per aquella decisió. Va dir fa un temps el senyor Aznar: «No me disculparé», la qual cosa ens col·loca en un paradigma bastant interessant. Senyories del PP, podríem compartir els principis que animen aquesta proposició, però la política té el valor de qui parla i qui formula, i, en aquest sentit, vostès avui han vingut totalment desacreditats. Moltes gràcies. Presidenta, señorías, buenas tardes. Nos encontramos ante una proposición de ley que quiere darle el protagonismo al Parlamento, un enfoque que compartiríamos por principio como grupo si no fuera porque el PP en realidad no pretende esto. Como es sabido, el centro de gravedad de las democracias es el Poder Legislativo. Ampliar el artículo 17 de la denominada Ley de Defensa Nacional podría ser plausible. La guerra, cuando se viste de nobles motivos humanitarios, es un elemento básico de la gobernanza democrática. Excluir o disminuir el peso del Poder Legislativo de esta gobernanza es una forma de hacer que nos preocupa como grupo y que erosiona los contrapesos propios del Estado. El PP, señor Fabra, parece que hace suya una posición propia de grupos a la izquierda del PSOE, entre los cuales está Esquerra. Siempre hemos exigido que cualquier decisión sobre defensa pase escrupulosamente por esta Cámara. Podríamos decir, señorías del PP: bienvenidos a nuestro punto de vista. En este sentido, no deja de ser peculiar y sorprendente que ahora el Partido Popular se acuerde de los grupos pequeños de este Parlamento. La proposición nos menciona en términos propositivos algo poco habitual ―y cito literalmente lo que dice―: Esto servirá también para la escucha y la consideración de las propuestas de los minoritarios, que también son legítimos representantes de la soberanía nacional. Muchas gracias, señorías del PP. Somos legítimos representantes de la soberanía nacional, aunque lo de nacional lo entendemos de manera distinta. Pero tengo que decirles, señorías del PP, que no cuela; gracias por la mención, porque quizás algunos grupos minoritarios les creerán, pero nosotros no. La consulta previa al Parlamento por parte del Gobierno nos resulta adecuada cuando se trata de operaciones militares en el extranjero y de cuantificar las tropas en esas misiones. Pero esta proposición, señorías, procede de un partido con poca credibilidad cuando se trata de dar protagonismo legislativo, y esto es un hecho: hay poca credibilidad. Por cierto, señorías del PP, esta proposición tiene muchos errores. Se han apresurado mucho a copiar lo que presentó el Senado. Podríamos resumir diciendo que su papel tiene mucha burocracia y poca transparencia: caos burocrático en lo planteado, plazos y comparecencias en las comisiones. Y además entran en temas técnicos sobre el material bélico y efectivos que quizás es bajar demasiado, y algunas voces dicen que no deberíamos sustituir lo que hacen los militares. También hay errores colosales. Es importante el siguiente, presten atención: plantean las señorías del PP que el Congreso autorice con carácter retroactivo la entrega de armas a otros países; en concreto, las armas que se han hecho llegar a Ucrania, que lucha contra la Rusia de Putin. No tendría ningún sentido que eta Cámara hiciera esto, porque supondría problemas para los combatientes ucranianos y también para la credibilidad del Estado español, que ustedes aprecian tanto como compatriotas. Además, dejaría mal el papel de España en la Unión Europea. ¿Qué pasaría si de repente esta Cámara negase las armas ya entregadas a Zelenski? Realmente, como partido de Estado me han dejado patidifuso. Pero vayamos al centro de lo que nos ocupa. Ustedes solamente le piden a este Parlamento que cuente y sea protagonista cuando ustedes están en la oposición; es algo bastante curioso. Esta actitud del PP es meramente táctica y oportunista y, por lo tanto ―tengo que repetirlo―, no tienen autoridad para solicitar nuestro apoyo, aunque coincidimos en la idea general de que el peso principal de estas decisiones debe recaer en el Legislativo. Los hechos acreditan las palabras, señor Fabra, y no al revés. Muchos catalanes recordamos cuando en enero de 2018 el ministro Margallo, del PP, admitía públicamente que el Gobierno español había desplazado sin autorización del Congreso contingentes de combate en la frontera rusa para evitar que Letonia se atreviera a reconocer la independencia de Cataluña. ¡Ayayay! Este episodio, que fue ridículo se mire como se mire, limita en el sur con Berlanga y en el norte con Gila; es algo inenarrable. Por eso, cuando hablen, señorías del PP, de sentido de Estado, tengan cuidado, porque a veces el sentido de Estado es un sentido un poco perdido, sin brújula. Ustedes, repito, no tienen credibilidad para hablar de esto. En los últimos cinco meses del Gobierno Rajoy entregaron munición a Arabia Saudí por valor de casi 74 millones de euros, coincidiendo con el aumento de la guerra en Yemen. Y, por cierto, señorías socialistas, esto también lo hicieron ustedes en las primeras semanas del Gobierno del señor Sánchez, todo sea dicho. El régimen autoritario Saudí es el mejor cliente de la industria armamentística española fuera de la Unión Europea. Es un dato que, la verdad, también nos deja con una muy buena imagen frente al mundo, no cabe duda. Hagamos un poquito de memoria, porque la política sin memoria no tiene sentido. El PP es el partido que llevó a España a una guerra ilegal, como la invasión de Irak. ¿Se acuerdan? Creo que el señor Aznar todavía es el líder espiritual del PP, con permiso de la señora Ayuso. En aquella guerra, la guerra de Irak, se calcula que murieron 185 000 civiles. Por cierto, también 11 militares españoles perdieron su vida en Irak. El informe Chilcot que se hizo en el Reino Unido realmente fue demoledor contra el denominado trío de las Azores, y probó que no había armas de destrucción masiva, el argumento con el cual se justificó aquella guerra. Por cierto, en 2016, después de la publicación del informe Chilcot, Esquerra Republicana, nuestro grupo, pidió una comisión de evaluación en este Congreso sobre la intervención española en el conflicto, pero los votos del PP y Ciudadanos lo impidieron. Aznar sigue sin asumir responsabilidades por aquella decisión. Hace un tiempo el señor Aznar dijo: No me disculparé. Cosa que nos sitúa en un paradigma bastante interesante. Señorías del PP, podríamos compartir los principios que animan esta proposición, pero la política tiene el valor de quien habla y formula, y hoy ustedes han venido absolutamente desacreditados. Muchas gracias. .

Agustín Santos Maraver SUMAR

Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular que nos traiga esta proposición de ley y, sin embargo, el señor Fabra debería aclararnos un punto inicial, que es el galimatías procedimental en el que estamos. Se ha debatido en el Senado con un texto idéntico y el 24 de septiembre del 2024 se tomó en consideración por la Mesa y se envió al Congreso para su tramitación porque corresponde evidentemente al Congreso la primera lectura. Y el 8 de octubre la Mesa lo envió a la Comisión de Defensa, donde se ha abierto el plazo de enmiendas. Es decir, ya está en la tramitación legislativa; es un poco clónico, es un poco teleológico, es un poco irregular tener la misma proposición de ley funcionando por dos vías paralelas. Pero, en fin, nos lo aclararán ustedes, estoy seguro. Sobre las explicaciones y las razones profundas de esta proposición de ley, se parte de delimitar las funciones del Gobierno en relación con el artículo 96 de la Constitución. El Gobierno dirige la política exterior e interior del país, que siempre ha sido un tema de polémica porque evidentemente en una democracia parlamentaria es el Congreso el que debe definir cuál es el interés nacional. La Ley Orgánica 5/2005, que se escribió en el 2005, obviaba esto y hacía una separación entre el interés nacional, la defensa de España, y todo lo exterior. Hoy, evidentemente, cualquier redacción de un texto no lo abordaría así y plantearía que nuestro compromiso con la Carta de Naciones Unidas, capítulos V y VI, con la Unión Europea y con otros acuerdos multilaterales que tenemos son parte del interés nacional, pero no importa. Lo importante es la explicación que se hace de que la naturaleza de las misiones puede variar y que el Parlamento debe pronunciarse coyunturalmente ante estos cambios de naturaleza a corto plazo o de tipo estratégico. Después, hace una afirmación curiosa. Se dice: El Gobierno ha abusado de sus prerrogativas. Pero no se explican cuáles son esos abusos de sus prerrogativas. Es la típica demostración en falso, sin argumentos, para justificar el argumento inicial de que el artículo 96 tiene que ser y quedar condicionado. De acuerdo. Veremos después cómo se condiciona eso. Pero para acabar y poner la guinda al pastel, podríamos definirlo con la fórmula de todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros, es decir, esto es un tema de diálogo entre los grandes partidos, como debe ser, y como los otros también son representantes de la soberanía popular, preguntémosles, de tal forma que podamos los dos grandes partidos integrar esto en el tema. Ese bipartidismo ha muerto y no volverá a resucitar. Yendo al fondo del asunto, la cuestión principal es: ¿se resuelve el problema del control con una aprobación que ya existe? El texto actual del artículo 17 de la ley orgánica ya establece que el Gobierno tiene que ir a la Comisión de Defensa y solicitar autorización para cualquier misión en el exterior y cumplir los límites de despliegue de fuerzas en el exterior. El Gobierno normalmente hace todo tipo de piruetas para mantenerse dentro de esos límites. ¿Pero se resuelve ese problema con un plazo de cinco años, que supone saltar de una legislatura a la otra para autorizar y seguir las misiones y las operaciones de paz, tanto en Naciones Unidas como en la OTAN, como en la Unión Europea? ¿Por qué el Consejo de Seguridad revisa los mandatos de todas sus misiones anualmente? ¿Por qué no sería mucho más sencillo introducir una enmienda que diga que cuando el Gobierno, obligado por el artículo 17 en su redacción actual, tiene que ir a la Comisión de Defensa para explicar cómo están las misiones de paz ―si ha habido circunstancias distintas, si el Consejo de Seguridad ha cambiado su mandato, si en la Unión Europea ha habido un cambio―, se introduzca la siguiente fórmula: La sesión no solamente será informativa, sino que a petición del Gobierno o de cualquiera de los grupos parlamentarios se producirá una votación para poder mantener, retirar o condicionar esa misión? Es mucho más sencillo que todo eso. Con una sola frase enmendamos definitivamente el control del Parlamento, como pretenden ustedes, y la continuidad y el debate de seguimiento de la cuestión de las misiones de fondo. . Por lo tanto, lo que aumenta el control, no es la fórmula de cinco años, pasando de una legislatura a otra sobre las misiones de paz. Eso es una mera excusa con un objetivo clarísimo, que es dividir al Gobierno y a los partidos que apoyan al Gobierno con una cláusula que pretende ser más democrática. No es más democrática y no es más transparente. Lo transparente es que se haga anualmente cuando se hace el balance de las misiones de paz anuales. Y se introduce una disposición transitoria que nos volvería locos, un año para revisar todas las misiones de paz en las que estamos, incluidas las treinta y tantas, y tres meses para todos los envíos de armas con esa disposición. Lo que hay que hacer es ese seguimiento anual del que estamos hablando. Señorías, nos encontramos en un momento importantísimo en el que el secretario general de Naciones Unidas ha explicado que tenemos una crisis de confianza internacional en las misiones de paz. Lo tenemos porque, entre otras cosas, misiones de otros sistemas multilaterales, como la Unión Europea o Naciones Unidas, no cumplen el capítulo V y el capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, que establece que el sistema de seguridad prioritario al que nos debemos es el sistema multilateral de Naciones Unidas, y actúan sin el consentimiento del Consejo de Seguridad y, en definitiva, de forma unilateral, aunque sean sistemas multilaterales parciales. Si nuestra dedicación es al multilateralismo, si nuestra vocación es empujar la nueva agenda de paz del secretario general, si en ese sentido pudiéramos sacar una moción institucional que propusimos la semana pasada de apoyo a la FINUL, y que algunos partidos de esta Cámara no quisieron apoyar, eso nos permitiría realmente llegar al núcleo de la cuestión, que es hacer un seguimiento del proceso de paz a nivel internacional de la necesidad de las operaciones de paz y de una implicación directa y activa, que en ello va el prestigio de nuestro país, para poder contribuir a esos procesos de paz que queremos impulsar. . Por último, en esa dinámica hay una cuestión de legitimidad. Es muy difícil para el Partido Popular, después de la guerra de Irak, después de todos los procesos unilaterales en los que hemos visto cómo nuestras tropas sufrían bajas, sin que hubiese una autorización parlamentaria previa de este Congreso, convencernos a los demás ahora de que lo que pretenden es más democracia y más transparencia. Cojamos la enmienda anual y verán cómo no existen estos problemas. Muchas gracias. .

Alberto Asarta Cuevas VOX

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La iniciativa que hoy nos trae el Grupo Popular para su toma en consideración trata de ampliar el artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, para el envío de ayuda militar al extranjero, tanto en recursos humanos, como materiales u otro tipo y, de esta forma, aumentar el control del Parlamento sobre estas decisiones. La Ley orgánica 5/2005 en su artículo 2 establece la finalidad de la política de defensa, que no es otra que la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en esta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades y de la garantía, independencia e integridad territorial de España. Asimismo, tiene por objeto contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España. Conviene recordar en este punto por qué nace esta ley, que sustituye a todas las anteriores y por las que se regían las Fuerzas Armadas, actualizándose la Ley orgánica sobre criterios básicos de la defensa nacional y de la organización militar de 1980. Se modificó parcialmente en el año 1984, toda vez que en estos veinticinco años transcurridos desde la antigua hasta la presente del 2005 también cambió profundamente el marco internacional de referencia con nuestra entrada en la OTAN y nuestra participación en misiones en el exterior, así como con el desarrollo de nuestra propia sociedad española. Pero sobre todo, y quiero hacer hincapié en esto, fue nuestra participación en Irak después de la Segunda Guerra del Golfo, tanto para ir como para volver, lo que creó un intenso debate en la opinión pública nacional e internacional con daños a nuestra imagen como nación y pérdida de confianza entre nuestros aliados. Tras el derrocamiento de Sadam Husein por las tropas de una coalición internacional liderada por Estados Unidos, las Naciones Unidas dieron por terminada la Segunda Guerra del Golfo en Irak mediante la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 22 de mayo del año 2003. Bajo esta resolución del Consejo de Seguridad, que entre otras cosas pedía a los Estados miembros que contribuyeran a crear las condiciones de estabilidad y seguridad en Irak, el Gobierno de José María Aznar envió a las Fuerzas Armadas a estas tierras para la reconstrucción del país. Es decir, las Fuerzas Armadas españolas no fueron a la guerra, como trataron de vender la izquierda y la ultraizquierda, sino que se desplegaron en Irak para la reconstrucción. De hecho, nuestro material no era ofensivo, sino defensivo y con protección media y armamento ligero y medio para autodefensa. Los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004 propiciaron el cambio de Gobierno en España y fue el Gobierno del presidente Zapatero quien ordenó nuestra retirada de aquel país, teniendo que salir a tiros de este. Nuestra participación en Irak se podría resumir en un par de frases: «De la reconstrucción al combate» o «Un Gobierno nos envió y el otro nos trajo». Todo ello en menos de un año, señorías. La proyección internacional de España y de nuestra política de defensa en el conjunto de la acción exterior hace que desde finales del siglo XX nuestras Fuerzas Armadas vengan actuando fuera de nuestras fronteras como observadores, como fuerzas de interposición, de mantenimiento de la paz e incluso de ayuda humanitaria. . Esta circunstancia demanda incluir en la ley misiones que no estaban recogidas expresamente en la anterior normativa, así como planteamientos rigurosos en cuanto al respeto a la legalidad internacional de dichas operaciones e incluso novedosos en cuanto a su control. Sirve como ejemplo la misión de Naciones Unidas en el Líbano, la UNIFIL, que tuve el honor y el privilegio de mandar. . En este momento no se están cumpliendo las dos misiones fundamentales que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de la Resolución 1701 de 2006, encomienda a dicha operación, y que no son otras que mantener el cese de hostilidades y apoyar al Gobierno del Líbano y a sus Fuerzas Armadas para que se hagan cargo progresivamente de la seguridad del sur y, en general, de todo el país. Las continuas provocaciones del grupo terrorista Hezbolá y las respuestas por parte de las fuerzas de defensa de Israel impiden el cumplimiento de las citadas misiones, ocasionando que las tropas de la UNIFIL permanezcan en sus bases y posiciones, así como en los búnkeres para protegerse. Señorías, si la misión para la que fueron desplegadas no se cumple, y las partes parece que no tienen interés en que se cumpla, nuestra participación en esta es absurda, toda vez que se están asumiendo riesgos innecesarios. Por ello, nuestras tropas tienen que volver a España, porque donde mejor están es en su casa. . De hecho, el Gobierno de España ya ha aconsejado y facilitado la repatriación de los civiles españoles en el Líbano, ¿por qué no a nuestros soldados? Eso sí, de forma ordenada y pensando en volver si cambian las circunstancias y se vuelve al cese de las hostilidades. Hasta la fecha hay cinco soldados de los cascos azules heridos. El Gobierno no debe esperar a que haya soldados españoles muertos o heridos por posibles fuegos cruzados, errores o acciones premeditadas contra ellos. En este caso, los únicos responsables serán el presidente Sánchez y su Gobierno. . En un plano más general y en relación con las misiones en el exterior, las Cortes Generales, que representan la soberanía nacional, deben tener una mayor participación y protagonismo. La ley somete a su debate las decisiones gubernamentales y regula de manera concreta las condiciones que deben cumplir. En la actualidad, el máximo de efectivos militares y de Guardia Civil autorizados fuera de nuestras fronteras está establecido en tres mil. Cualquier aumento de estos, salvo casos de urgencia, debería tener la autorización previa de estas Cortes Generales. En cuanto a los recursos de la defensa nacional, sabemos que España se defiende también junto a nuestros aliados fuera de nuestras fronteras, pero nuestra aportación — y atención a esto— deberá apoyarse en el principio de contribución gradual proporcionada a la situación que sea preciso afrontar y, sobre todo, que esa aportación no merme los recursos necesarios para mantener las capacidades precisas para nuestra propia seguridad y defensa. Lo que pasó en Irak no tiene que volver a pasar por la falta de consenso político, tampoco en el contexto actual, como es el envío de material militar a Ucrania, la situación actual de nuestras tropas allí en el Líbano ―como he comentado―, la ampliación prevista de nuestra presencia en el flanco oeste de la OTAN y en previsión de otros escenarios que pudiesen surgir. Como dicen en su exposición de motivos y conviene reiterar aquí, tanto la política exterior como la de defensa son políticas de Estado, por lo que los mecanismos de control parlamentario deben incentivar el ejercicio de un mayor rigor político respecto a estas cuestiones, por lo menos entre los partidos de ámbito nacional que creen en la unidad de España, como es el caso del partido al que represento, y que aprovecho para recordarles que representa a tres millones de españoles a los que la izquierda, la ultraizquierda y los partidos separatistas nos están insultando permanentemente, lo que solo demuestra su falta de argumentos para debatir con nosotros sobre asuntos y temas de consenso progre que ustedes daban por cerrados y que mi grupo ha llegado para debatir sobre los mismos y cambiar las cosas. . Señorías, mi grupo votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa que ya ha sido explicada por el grupo proponente, sin perjuicio de las posibles enmiendas que puedan plantearse durante la tramitación parlamentaria. Muchas gracias. .

José Antonio Rodríguez Salas PSOE

Con la venia, señorías. Muy buenas tardes, presidenta. Señor Crispín, me alegro mucho de que esté usted totalmente recuperado y nos siga cuidando. Simplemente quería iniciar mi intervención con esas palabras hacia usted. . Señorías, hoy debatimos una proposición de ley del Grupo Popular que ya se ha tomado en consideración en el Senado, lo hemos oído esta tarde muchas veces, concretamente el 24 de septiembre, y consecuentemente esta proposición se envió al Congreso para iniciar su tramitación, porque es al Congreso a quien corresponde la primera lectura de las proposiciones de ley. Posteriormente, en una reunión del 8 de octubre se acuerda enviar a la Comisión de Defensa para abrir el plazo de enmiendas y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Explico todo esto una vez más porque no se entiende muy bien por qué vuelven a presentarla hoy aquí en lo que me parece una falta de consideración al procedimiento legislativo, intentando que haya dos proposiciones de ley idénticas en tramitación de forma paralela. También se me ocurre pensar, señorías, que la explicación más razonable es que, al igual que sus señorías del Grupo Popular ya nos han demostrado que no se leen las enmiendas, también desconocen sus propias propuestas de ley aprobadas en el Senado. Esta proposición de ley es además más compleja de lo que a primera vista parece. Mezclan ustedes en ella elementos de carácter concreto y técnico con otros de carácter más político y general, en definitiva, temas y competencias más propias del Ejecutivo con otros relativos a la actividad que en esta casa realizamos. No obstante, hay una parte de su iniciativa que nos parece correcta y la podríamos apoyar si no fuera por el dislate final. Nos parece loable su deseo de más transparencia, si es eso lo que realmente desean. Y también estamos de acuerdo con la petición de más información en una evaluación de las operaciones, así como en explicar los objetivos alcanzados y determinar aquellos que restan por cumplir, pero no como lo piden ustedes, que parecen querer actuar como si del Ejecutivo se tratara, porque, al querer actuar como si fueran Gobierno, acaban cayendo en las clásicas trampas de la burocracia, de la que ya nos avisó Weber. Sorprende también que añadan trámites burocráticos que solo pueden producir efectos indeseados sobre la seguridad y la estabilidad de las misiones, el personal desplazado y el compromiso y el prestigio de España en el seno de la comunidad internacional, y a esto me refería cuando digo que no veo coherencia entre lo que dicen y lo que hacen o respecto a los textos que luego presentan. Hay un punto que me parece vital resaltar y dejar claro. Nuestro sistema parlamentario aparece recogido en el artículo 1.3 de la Constitución, y en su artículo 97 se afirma que es el Gobierno el que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y, por supuesto, la defensa del Estado. Por lo tanto, ejerce la función ejecutiva, además de la correspondiente potestad reglamentaria, y el artículo 1 de la Ley 50/1997, del Gobierno, establece exactamente lo mismo. Por otro lado, el artículo 66.2 de la Constitución española establece que las Cortes legislan y controlan la acción del Gobierno, pero en ningún momento se afirma que okupen, con ka, las funciones ejecutivas del Gobierno, tal y como parecen proponer ustedes en su iniciativa. Pondré un ejemplo para que quede claro. En su iniciativa hablan de las autorizaciones a la hora de enviar tropas y a la hora de enviar material a nuestros aliados como si fueran una misma cosa, pero, señorías, permítanme recordarles que el envío de tropas está regulado por el artículo 17 de la ley de la defensa, mientras que el envío de material de guerra no asociado a misiones internacionales está controlado por la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso. Por lo tanto, corresponde al Gobierno el planeamiento, la gestión y la ejecución de las operaciones, y al Parlamento, a nosotros, el control y la autorización de tales operaciones. Y tampoco creo que nuestra labor sea la de suplantar a los profesionales que trabajan en ellas, sino más bien la de dar apoyo político a una acción política del Gobierno, esto es, aceptar su propuesta o no y exponer todos los peros en las situaciones en que consideremos pertinentes. Estamos en la línea política general, pero no en lo concreto de la planificación o en el control de la caducidad de los plazos. Señorías, las misiones responden a necesidades específicas y no es posible determinar a priori su duración, respondiendo la mayor parte de ellas a compromisos internacionales que no pueden quedar supeditados a límites temporales establecidos de antemano. Y, del mismo modo, no entendemos justificado el porqué de fijar en cinco años el plazo específico que se manifiesta. Además, su propuesta bien puede entrar en colisión con los compromisos internacionales asumidos por España en el ámbito de las organizaciones internacionales de las que forma parte. Nuevamente, tampoco se justifica el plazo fijado, en este caso anual, para la vigencia de la autorización y existen mecanismos suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para sujetar a un estricto control parlamentario las decisiones que adopte el Ejecutivo en este ámbito. No olvidemos que la realidad de las misiones internacionales, su carácter contingente debido a la variabilidad de los escenarios en que se despliegan, dificulta la posibilidad de delimitar con carácter previo el número de efectivos y el material necesario. Pese a ello, todas las misiones tienen un número máximo de efectivos, cuya composición inicial puede ser alterada en función del ajuste de operativos que la evolución de la misión pueda requerir, de lo que se informa al Parlamento. Cierto es que la preparación, profesionalidad y entrega de nuestras fuerzas armadas ayuda mucho en estas situaciones con los trabajos prospectivos que suelen preparar, pero aun así todo ello requiere tiempo y la en la realidad internacional y geopolítica muchas veces no se dispone de él, sino que se requiere rapidez y agilidad en la toma de decisiones, y en eso nosotros no podemos aportar mucho: el tiempo es la clave. Imagínense, por ejemplo, que un parlamentario dijera que no es adecuado enviar tres vehículos blindados del tipo tal, sino que hemos de enviar carros de combate y misiles antiaéreos del tipo cual y que el informe del Ministerio de Defensa es incorrecto y el número de efectivos a enviar insuficiente, mientras que otro parlamentario propusiera enviar solo a la infantería y a los regulares, por señalar a algunos que son muy buenos y lucen bien. Este es el peligro que veo en su petición de hacer suyas funciones que realmente corresponden a los grandes profesionales de las fuerzas armadas y a la dirección política del Gobierno, que es ―no se olviden― de lo que realmente se está debatiendo. Y en lo relativo al incremento de efectivos ¿cómo es ese incremento, de un soldado más, de un carro de combate más? ¿Hablamos de números mayores? ¿Seríamos nosotros los que decidiríamos la cuantía de lo que se ha de enviar y su necesidad? Entonces, ¿para qué necesitamos al Ministerio de Defensa y a sus profesionales? Repito, a mí me suena a burocratizar un proceso que no es necesario y que lo único que hace es dilapidar o gastar un tiempo del que no siempre se dispone. Y en lo relativo al apartado 7, me surgen varias dudas en relación con el órgano competente de la Cámara que debatirá ese aspecto. Entiendo que, como hasta ahora, la autorización vendría del Pleno, pero, si como ustedes dicen, la renovación fuera a comisión, entonces ustedes estarían dándome la razón con relación a la burocratización y el juego de los tiempos al que antes me refería. Termino ya, y me dirijo también a los grupos minoritarios. Señorías, me gustaría citar a Kafka: «El progreso se evapora y deja atrás una estela de burocracia». Respeten la división de poderes, principio fundamental de la democracia, y dejen a este país seguir progresando. Muchas gracias. .

Fèlix Alonso Cantorné SUMAR

Gracias, presidenta. La mayoría de los diputados del Congreso, 183, cuentan con un préstamo hipotecario en un banco o en una entidad financiera. Esta proposición de ley no es ajena ni a sus señorías ni a más de la mitad de las familias españolas. Y les daré un dato: el 72 % de los españoles no entiende el contrato de su hipoteca. La proposición de ley que presentamos hoy pretende que ninguna familia que haya firmado una hipoteca con cláusulas abusivas sea desahuciada por no poder pagar su préstamo con el banco. . Si la familia paga los intereses y amortiza un mínimo de un euro al mes, podrá seguir en su vivienda hasta el último recibo de su hipoteca. En ese momento tendrá tres opciones: vender la casa, devolverla al banco ―con tanteo y retracto, lógicamente, por parte de la Administración para ampliar el parque público― o pagar el total del préstamo restante. Es un win-win, todos ganan: la familia no pierde su casa y el banco ingresa más intereses. Casi la totalidad de las hipotecas variables firmadas antes de 2011 contienen errores. En 2003 ya fueron alertados por el Banco de España. En sucesivas consultas al regulador se ha confirmado que esos contratos deben ser renegociados de forma consensuada por la familia y la entidad, nunca unilateralmente, que es lo que hace la banca. Antes de la regulación de 2011 vivíamos una etapa en la que corría mucho el dinero. Las entidades firmaban hipotecas alegremente, saltándose hasta sus propias normas de conducta financiera. Época de corta y pega, se firmaban ante notario contratos sin fórmulas para calcular la cuota que pagaría la familia. En otros casos existe la fórmula, pero contienen errores matemáticos que la hacen inverosímil. ¿Cuándo surgía el problema? Al cambiar el tipo de interés. Con la revisión de los seis meses o al año, el consumidor se quedaba sin norma y el banco unilateralmente le imponía la cuota. El informe encargado por la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares detectó treinta y seis tipos de errores. El cliente firmaba a ciegas, sin la suficiente información, con errores graves, con falta de transparencia, publicidad engañosa y abusividad. Pero, como con tantas las cláusulas abusivas, Europa terminará dando la razón a los clientes. Y, si sus señorías no lo arreglan, lo hará el Tribunal de Justicia Europeo, colapsando los juzgados, y en ese tiempo centenares de familias perderán su casa de forma injusta. Es un cóctel que se destapó al encargar el informe del equipo matemático del balear Guillem Bou. Esta es una ley para los escépticos que creen que la política no resuelve nada. Al inicio de mi etapa como director general de Consumo de las Illas Baleares del Govern de la presidenta, mi presidenta, Francina Armengol, Stop Desahucios de Palma nos solicitó una reunión. A bocajarro nos dijeron que las administraciones y los grupos políticos no sirven para nada. Exponían el malestar y la desesperación de centenares de familias que se sienten abandonadas por los tres poderes del Estado y también por los medios de comunicación. Según ellos, defendemos a la banca y no a los consumidores. Stop Desahucios nos citaba informes del Síndic de Greuges, comparecencias en el Parlament de Catalunya de matemáticos y financieros que habían demostrado abusos frente a los clientes de las entidades bancarias y que los tribunales y audiencias provinciales dictaban sentencias contradictorias. Pocos jueces son expertos en problemas financieros, y las familias, que no se pueden permitir un perito matemático, se encuentran en una situación de indefensión jurídica. Por el contrario, las entidades tienen magníficos equipos de abogados y de gran pericia ante un tribunal. Las denuncias registradas en las administraciones de consumo se despachaban con un «no somos competentes», y Baleares no era una excepción. Ese grito de socorro de los afectados hizo que la dirección general se pusiera en acción. Al observar detenidamente esas denuncias, el equipo jurídico de la Consejería de Salud del Govern balear, encabezado por Jesús Cuartero, Sebastià Vanrell y Ana Maturana, a quienes reitero mi agradecimiento, igual que a Patricia Gómez y a todo el personal de Consumo de la Dirección General, detectó la falta de transparencia, publicidad engañosa y posteriormente abusividad. No todo era sancionable, pero algunos de los errores sí, y las entidades a las que se abrió expediente pagaron. Y paralelamente se encargó un estudio al prestigioso matemático Guillem Bou, que había participado en el informe del Síndic de Greuges de Catalunya. Era uno de los expertos que detectaron el abuso de las llamadas hipotecas IRPH: cobraban dos veces las comisiones, y ese error inicial se arrastraba a lo largo de la vida del contrato. A su vez, los bancos hacían caso omiso a una circular de 1994 del Banco de España que avisaba del exceso que se cometía. El resultado era que ese tipo de hipotecas IRPH, por mucho que bajara el euríbor, nunca bajaban y seguían muy por encima del resto de las hipotecas variables. Los informes encargados buscaban la demostración matemática del posible abuso. Se evitó la interpretación jurídica, ya que eso corresponde a los tribunales. Se confirmó la doble imposición de las llamadas hipotecas IRPH y también se detectaron treinta y seis errores en las hipotecas de tipo variable. Se demostraba que las hipotecas firmadas antes de 2011 no cumplen con la normativa europea de información al consumidor. Ello se tradujo en contratos irregulares, incluso con graves fallos financieros, con los que muchas familias se embarcaron en deudas aparentemente asequibles pero que a la larga no iban a poder pagar. En vez de saturar los juzgados o hacer reclamaciones al Banco de España, que es lo que está pasando actualmente, nuestra propuesta plantea la revisión por parte de la Administración de esas hipotecas, poner en marcha una solución financiera que, como hemos dicho, no supone un perjuicio para la banca, sino una renegociación de la deuda. Esta proposición de ley pretende poner fin a una larga situación injusta de los contratos hipotecarios firmados antes de 2011. En aquel año se dictó una orden ministerial muy moderna, protectora de los consumidores, ajustada al derecho europeo y elaborada con mucho detalle. El problema es que los firmantes de antes del 2011 no gozaron de la protección de la orden ministerial, firmaron sus contratos mediante una normativa insuficiente para la protección del cliente bancario en préstamos variables, cuota creciente, IRPH, cuota francesa, etcétera. La presente proposición de ley no solo arregla el problema de cientos de miles de afectados, sino que ofrece una solución justa, en la que unos no pierden la vivienda, y otros, la banca, no pierden dinero; es más, según en qué situaciones, como he dicho antes, llega a ingresar más intereses por sus préstamos. Por otra parte, la proposición de ley fomenta la libre competencia en tanto que defiende a la banca justa, a aquella que fue seria en su concesión de crédito y no lanzó a los consumidores españoles a peligrosas aventuras financieras. Eran entidades que se negaron a comercializar las llamadas hipotecas crecientes en tiempos de tipos bajos, que los expertos consideran un suicidio financiero. Y esta proposición de ley también emana de la perseverancia de los afectados, que durante años han sufrido la incomprensión y el silencio. Ahora estamos obligados a escucharlos, a defenderlos y a resolver el problema legislando soluciones para resolver sus injusticias. . En el hemiciclo nos acompañan José Luis, Sandra, Sole, Cecilia, Marta, en representación de centenares de familias. Para todas ellas, que siguen sufriendo, les pido un aplauso. . Son familias que esperan de nosotros, de sus señorías, la posibilidad de tramitar esta proposición, naturalmente abierta a las mejoras que los grupos consideren dentro del debate parlamentario. Casi todas estas personas habían desistido de confiar en nosotros y en la política. Son una parte de esos miles de ciudadanos que, según las encuestas, nos ven más como problema que como solución. Es el momento de demostrar lo que nosotros decididamente defendemos, que la política es la solución, y no es el problema. Sería injusto decir que durante estos largos años han estado solos. Tuvieron el apoyo y la comprensión de asociaciones de todo el territorio peninsular e insular, de entidades defensoras de los consumidores e hipotecados, del Síndic de Greuges de Catalunya, del Diputado del Común de las Islas Canarias y del Defensor del Pueblo, quien recientemente, ministro, ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que actúe, bajo sus competencias, para esclarecer los posibles excesos. Todos ellos han manifestado su preocupación y su solidaridad. Los sindicatos, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y, de una forma u otra, abogados, periodistas y diputadas de este hemiciclo también apoyan su causa, que es la de todos nosotros. En la comparecencia que Guillem Bou realizó en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo de este Congreso, los grupos presentes se mostraron partidarios de buscar fórmulas legislativas necesarias para resolver el problema, y son grupos que representan a la mayoría de este Congreso. De forma unánime, manifestaron su empatía, porque conocen a algún allegado, familiar o amigo que está atrapado en una hipoteca mal escriturada, que le hace la vida imposible. La sociedad, cada día con más fuerza, nos reclama soluciones urgentes ante la emergencia nacional que representa el derecho a poder acceder a una vivienda. Las calles de las ciudades se llenan de manifestantes que nos piden actuar. Somos conscientes de que es un tema muy complejo y con muchas derivadas, pero lo que no nos permitirán es que no actuemos. La gente quiere soluciones y nosotros hoy presentamos una, gracias al trabajo de los juristas del grupo SUMAR David Espínola y Juan Moreno, a la imprescindible ayuda del diputado Carlos Martín y a los consejos de Roser Comellas. Es una proposición de ley que pretendemos que no sea nuestra, sino de todos los grupos de esta Cámara. Somos ambiciosos, y la proposición de ley pretende que la banca pase una especie de ITV de las hipotecas para enmendar los errores contractuales. Las entidades bancarias deberían comunicar a los consumidores los defectos de su hipoteca y darles una solución; un sistema, por cierto, nada novedoso, utilizado por las marcas de automóviles, que, cuando detectan un fallo de fabricación, lo arreglan. Recordemos lo que cantaba Silvia Pérez Cruz, poniéndonos a muchos la piel de gallina: «Es indecente y es indecente, gente sin casa y casa sin gente». Piénsenlo antes de votar, señorías, y acaben con esta injusta situación. Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. Arratsalde on. Desde luego, compartimos que lo que pasó hace unos años con los gastos hipotecarios, las cláusulas suelo, las hipotecas crecientes y el IRPH fue lamentable o, mejor dicho, vergonzoso. La vivienda es un derecho fundamental, es la compra más importante en la vida de las personas, y la financiación hipotecaria está íntimamente unida a ella, puesto que conlleva una carga económica al menos durante unos treinta y cinco años para las familias. Por eso, es fundamental ofrecer protección a los consumidores y reforzar la transparencia de los contratos de las hipotecas, algo que entendemos que, por otro lado, parece que se está llevando a cabo con la nueva regulación de los contratos de crédito inmobiliario y el plan de educación financiera. Pero también compartimos que es necesario avanzar en la legislación y mejorar tanto las normas que se aplican a las hipotecas como la información que reciben los clientes. Es cierto que desde hace un tiempo a esta parte venimos oyendo hablar de las llamadas hipotecas REDAL, también en el Congreso, en una comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, en la que se trató este tema, es decir, aquellos préstamos que no cuentan con un sistema de amortización concreto, o bien que, en el contrato, la fórmula esté ausente, sea errónea o, incluso, resulte incomprensible; en definitiva, contratos con una deficiencia en la redacción de la fórmula de cálculo de la hipoteca por parte de las entidades bancarias, que, como indica su origen latino, en esencia es una devolución del préstamo y pago de intereses a voluntad, permitiendo quizás al hipotecado enfrentar las dificultades económicas de forma más flexible. Aunque es verdad que el Banco de España ha venido advirtiendo sobre prácticas abusivas de este tipo desde el año 2002, lo cierto es que hay una problemática que permaneció en la penumbra hasta que la Dirección de Consumo de Baleares impuso unas sanciones a una entidad bancaria por el uso de este tipo de prácticas. Como ya se ha dicho, la mayor afectación a las personas por ese tipo de hipotecas sucedió antes de octubre del 2011. Ahora mismo desconocemos cuántas personas se pueden encontrar afectadas, pero lo que sí sabemos es que las estadísticas del Banco de España, en su memoria de reclamaciones, no reflejan una incidencia relevante de este tipo de cláusulas. Es verdad que hoy la cláusula REDAL no tiene respaldo en una regulación específica y puede generar problemas para ambas partes, ya que las y los hipotecados deberán demostrar que la entidad no proporcionó información suficiente en el contrato para la aplicación de la cláusula, y, por otro lado, las entidades bancarias pueden tener dificultades para recuperar el capital prestado, al acumularse la amortización de la mayor parte de este en el tramo final del empréstito. Si consideramos, además, la variabilidad de los tipos de interés, respecto de la que hemos pasado de estar por encima del 5 % al final del boom inmobiliario en 2008 a tener tipos negativos desde 2016 a 2022 y escalar hasta superar el 4 % en 2023, para iniciar ahora el descenso, quizás estas fórmulas de cálculo de las cuotas pueden ser una herramienta adecuada para personas con unos mínimos de conocimientos financieros, pues ofrece mayor capacidad de adaptación cuando los tipos son más altos. El problema está en no ser conscientes de los riesgos, bien por falta de información, por una información inadecuada o por no tener los conocimientos financieros suficientes para valorar y asumir adecuadamente esos riesgos. No obstante, a pesar de la falta de regulación específica, los préstamos hipotecarios con amortización libre o creciente siguen efectivos, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la actual normativa que protege al cliente hipotecario, y, en este contexto, la interpretación del Código Civil sería fundamental para determinar si una cláusula REDAL se aplica o no. Lo que mi grupo no tiene claro es una regulación en este sentido con efectos retroactivos, pues ustedes solicitan una revisión generalizada de todas las hipotecas firmadas en el Estado para comprobar si realmente se encuentra en una situación como ésta, lo que obligaría a cada banco, como ustedes dicen, a contar con un sistema de reclamación específico para atender a las peticiones de los clientes, y, además, en el caso de que la entidad considerase que la solicitud del consumidor no se encuentra en este supuesto, dar por concluido el procedimiento extrajudicial, pudiendo acudir el consumidor al Banco de España, que debería resolver la cuestión de forma vinculante, algo que quizá no acabamos de entender si además se está planteando, y parece que ya de forma inminente, la creación de la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre la entidad financiera y los clientes, pudiendo abordar esta, por tanto, la existencia o no de este tipo de cláusulas. Tampoco entendemos el encaje y dudamos de la legalidad en cuanto a la prohibición a las entidades financieras de iniciar un procedimiento civil. Nos surgen dudas en torno a la posibilidad de que se establezca para el consumidor poder elegir la opción de declarar la nulidad de la cláusula de amortización en el caso de contradicción entre los tecnicismos del contrato y los pactos financieros acordados, pues, al no existir condiciones de amortización por quedar estas anuladas, dicha nulidad invalida todo el contrato de préstamo. Al devenir todo el contrato nulo, el cliente se vería obligado a devolver la cuantía total del préstamo, lo cual, en palabras del Tribunal de Justicia Europeo, perjudica al interés del cliente hipotecario. Por último, dudas en cuanto al colectivo de aplicación, porque esta propuesta no hace distinción alguna y nos podemos encontrar con personas cualificadas que, conociendo la materia y entendiendo las cláusulas y la información, puedan recurrir a este tipo de regulación a pesar de las cautelas de la nueva ley de crédito inmobiliario en este sentido. Por otra parte, esta necesidad de claridad en la información ha hecho que haya entidades financieras que, en lugar de transcribir complejas fórmulas que pueden confundir al consumidor, ya incluyen tablas de amortización y tablas de simulación de cuotas en distintos escenarios que quizás son más comprensibles. Tal y como está redactada la propuesta, también podría dar lugar a solicitar la invalidez de estos préstamos hipotecarios que se han formalizado en cumplimiento de las normas de accesibilidad. Precisamente, puede ser interesante regular cuantos nuevos aspectos sean necesarios considerar en la redacción de los contratos hipotecarios para que el clausurado de los contratos sea transparente, y no esconda informaciones sesgadas que puedan llevar a las y los clientes a tomar decisiones perjudiciales para su economía. En este sentido, quizá también deberíamos pensar en realizar las modificaciones necesarias en las distintas leyes que protegen al consumidor bancario, tales como la ley de crédito inmobiliario, la ley de accesibilidad o el proyecto de la ley de la autoridad de defensa del cliente financiero, entre otras, así como los códigos de buenas prácticas, los documentos precontractuales FEIN y FIAE y los previos test notariales, incorporando las preguntas adecuadas y en lenguaje comprensible, en línea con la Ley 11/2003, y todo ello precisamente para garantizar que los consumidores hipotecarios entienden perfectamente los riesgos de este tipo de financiación. Como reflexión última, creo también que deberíamos entendernos entre todas y todos para mantener un corpus jurídico que regule la protección del consumidor bancario de forma definitiva, evitando tener que realizar parches que respondan a casuísticas concretas, pues nos podríamos encontrar proponiendo y aprobando continuamente leyes, perdiendo la coherencia y la homogeneidad normativa. Pero, dicho esto y a pesar de las dudas reflejadas, creemos que puede ser interesante regular cuantos nuevos aspectos sean necesarios a considerar en la redacción de los contratos hipotecarios para que el clausulado de los mismos sea transparente y no escondan informaciones sesgadas que puedan llevar a las y los clientes a tomar decisiones perjudiciales para su economía. Muchas gracias.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes, arratsalde on, guztioi. Nosotros vamos a votar a favor del proyecto de ley que hoy se nos trae aquí, y no lo hacemos por venganza, sino por justicia, como hemos hecho siempre que se ha intentado poner coto a los desmanes que desde la banca se han venido produciendo durante décadas — no hace falta retrotraerse solo a unos años, sino que podríamos hablar de décadas—, y nos parece bien que se les obligue a tener más transparencia a aquellos que siguen amasando grandes fortunas, incluso a aquellos que se niegan a que haya impuestos de carácter permanente, como el impuesto a la banca por los beneficios caídos del suelo. Y que no se equivoque nadie: el banco no es la gallina de los huevos de oro; como mucho es la gallina, pero los huevos de oro son de todos los ciudadanos y las ciudadanas, que están obligados a depositar ahí sus ingresos. Pero, como digo, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa porque ya es hora de que acabe la yincana infumable a la que se somete a cada consumidor ante productos bancarios, una yincana que siempre acaba igual, acaba con la victoria del banco y con la derrota, por desistimiento, por agotamiento o por abatimiento, de la persona usuaria. Da igual que hablemos de cláusulas suelo, da igual que hablemos de las comisiones de apertura y mantenimiento de las cuentas bancarias o de las tarjetas bancarias asociadas a cuotas de mantenimiento, da igual que hablemos de los intereses que no se remuneran por el dinero en las cuentas corrientes mientras que ellos siguen amasando fortuna con la subida de los tipos de interés, da igual que hablemos de los gastos que han imputado a los consumidores cuando firmaban contratos de compraventa en sede notarial o mediante acta notarial, siempre da igual porque siempre gana la banca, y es por eso por lo que creemos que cualquier iniciativa que lleve a una mayor transparencia, a un mayor control sobre la banca es una iniciativa que merece la pena sacar adelante. Además, creemos, así como apelaba el proponente a la conciencia de cada uno de nosotros y nosotras, que al menos este Gobierno sí tiene autoridad moral para obligar a la banca a hacer cosas que parece que no quiere hacer; y digo que tiene autoridad moral porque qué mayor autoridad moral que la de haber soportado la crisis bancaria y la de haber dado decenas de miles de millones de euros de los y las ciudadanas para que no cayeran por el sumidero de la historia. Y en lo que tiene que ver con el asunto concreto que hoy nos trae a debate, que es el de las cláusulas REDAL o las cláusulas de redito ad libitum, nosotros vamos a votar a favor, porque creemos que hay que decir que estas cláusulas, como bien reconoce el Banco de España y ya se ha dicho, en lo que tiene que ver con las firmadas antes de 2011, en su práctica totalidad, todas someten a los ciudadanos y ciudadanas del Estado español a través de los contratos hipotecarios que firmaron antes de esa fecha, porque pocos contratos hipotecarios hay que cumplan con el pacto de cuotas; probablemente cumplan con el pacto de intereses, que es uno de los dos acuerdos financieros de todo contrato hipotecario, pero no tanto así con el pacto de cuotas. Y lo decimos además en un escenario en el que a los consumidores, a los potenciales usuarios de un crédito hipotecario nunca se les ofreció la oportunidad de optar por alguno de los dos sistemas que dominan el cálculo de intereses y de amortización de préstamo, bien sea el sistema francés, en el que se empieza pagando una gran cantidad de intereses y una pequeña de amortización hasta pasado más o menos la mitad del tiempo considerado, cuando empieza a ser mayor la cantidad de amortización del principal que la de los propios intereses, o la del sistema alemán, en el que existe una amortización invariable y lo único que varía, en todo caso, son los intereses. Evidentemente, parece que para la ciudadanía era mucho más ventajoso, a priori, el sistema alemán. Por eso, los bancos, las entidades de crédito, las cajas de ahorro, todo el instrumento financiero dispuesto a otorgar crédito jamás, prácticamente jamás se ha encargado de ofrecer esa posibilidad, sino que ha endosado directamente a los y las ciudadanas, cuando lo han hecho, el sistema francés. Nosotros la vamos a apoyar también porque creemos que ha existido mala fe, y lo decimos abiertamente. Creemos que ha existido mala fe en las entidades bancarias para aprovecharse del desconocimiento del lenguaje técnico, casi casi exclusivo para unos pocos, y así, en condiciones de usura ―creemos que hay que hablar de usura― beneficiarse de los y las ciudadanas todavía más de lo que podían hacerlo. Porque de muchas de las hipotecas de las que se habla, cuando se trata de cláusulas REDAL, habrá que decir que no se ha pactado un importe determinado; habrá que decir que el pacto financiero era erróneo sobre el importe o la cuota o incluso los intereses; habrá que decir que las fórmulas de cuota contradecían en muchas ocasiones las fórmulas de intereses y habrá que decir, como señalaba, que en todo caso el lenguaje era artificiosamente técnico y pretendidamente elevado para que no pudiera ser perceptible ni entendible por la mayoría de la gente. Esto ―ya lo ha señalado la Comisión Europea― va contra el principio de aplicación de la norma, porque tiene que ser entendible y comprensible para la persona a la que se le impone. En conclusión, como decía, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque creemos que la arbitrariedad con la que los bancos y entidades de crédito se han manejado en este tema y en otras muchas cosas tiene que finalizar y porque creemos que todo el perjuicio que se ha provocado al consumidor tiene que empezar a desandarse. Para finalizar, diré dos cuestiones. Esta iniciativa saldrá adelante o no ―no lo sé, nuestro voto lo va a tener―, pero sería bueno para el conjunto de la ciudadanía que esta Cámara pudiera con su acción desmentir ideas que creo que no son preconcebidas, pero que tienen bastante base de razón y lógica y que se mantienen de manera imperturbable cuando se habla de la clase política y su relación con los bancos. Generalmente se dice que los y las políticas casi casi de cualquier signo tienen bastante miedo o temor a enfrentarse a los bancos porque, en definitiva, no hay puerta giratoria mejor engrasada que la de un consejo de administración de un banco para muchas de las señorías que dejan el escaño. Y la segunda, y no menos punzante o hiriente, es que las señorías que ocupan los hemiciclos y los parlamentos regionales tienen cierto temor a desairar a las entidades de crédito porque las entidades de crédito acostumbran a ser generosas ―como no lo son con sus usuarios que tienen créditos pendientes― con los partidos políticos que se portan bien y les condonan las deudas que acumulan durante años o décadas. Como ninguno de esos dos casos es el nuestro, el de las gentes de la izquierda soberanista de Euskal Herria Bildu, nosotros no tenemos ninguna duda ni ningún temor, votaremos a favor. Besterik ez, mila esker. .

Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, presidenta. Forma part de la nostra responsabilitat la defensa dels ciutadans, i aquesta responsabilitat és encara major quan els ciutadans es troben davant d’una relació bilateral en què el repartiment de força i autoritat està contundentment desequilibrat en contra d’ells, situant-los en una posició de risc. I si aquesta posició de risc atempta contra un dels pilars fonamentals del dia a dia dels ciutadans, tant a nivell individual com a nivell familiar, encara és més evident que hi hem de posar més tota la nostra atenció. Perquè, de tot allò que pot fer una persona o una família, la firma d’una hipoteca per adquirir el seu habitatge habitual estaria en el conjunt d’actes de major transcendència, primer, perquè de la firma de la hipoteca en sortirà l’habitatge on ells viuran probablement durant bona part de la seva vida, però també pel que representa aquesta casa com el centre de la seva seguretat en el sentit més ampli d’aquesta paraula: el refugi a on cada dia al vespre, al tancar la porta per dintre i quedar-s’hi amb els seus, un retorna al seu espai de confiança, on hi queda protegit i distanciat físicament i emocionalment de tot allò que el pot inquietar durant el dia. Aquest concepte, el de la importància de l’habitatge com a espai segur, personal o del nucli familiar, té moltes derivades en múltiples àmbits: podríem parlar de la seva correlació amb la seguretat ciutadana, podríem parlar de la seva relació amb el cost dels serveis bàsics o amb el del preu dels aliments. Però del que parlem avui, de les hipoteques amb les clàusules Redal, implica clarament que al caure sota l’afectació d’una clàusula d’aquest tipus trontolla i entra en risc tot el que representa l’habitatge habitual dels afectats. S’esberla el nucli, l’arrel, el cor del que és el quilòmetre zero familiar: allà on vius, aquell espai de protecció, que no només deixa de ser-ho, sinó que es converteix en un problema de dimensions colossals i passa a ser un nucli irradiador de preocupació i temor per la possible pèrdua de la propietat o bé pel trencament de l’economia familiar per fer front als pagaments hipotecaris periòdics. I, per tant, un cop esberlat aquest nucli, el risc de contagi cap a la resta dels pilars fonamentals de cadascú, a nivell personal o d’una família, és més que evident. Allí on hi havia d’haver tranquil·litat, alegria, fins i tot refugi, s’hi acaba instal·lant un problema vital. Per tant, davant del que implica tot aquest escenari, és evident que és responsabilitat d’aquesta cambra posar a sobre de la taula solucions. I quan la situació, a més a més, és de clar desequilibri, com deia abans, de forces, d’autoritat i de recursos entre les dues parts, aquestes solucions no poden passar perquè les dues parts es vegin forçades a arribar a acords, perquè és evident que no ho poden fer de tu a tu. I, per tant, cal que hi intervinguin tercers actors per evitar precisament a on som ara, també, la judicialització excessiva actual i la incertesa existent per la disparitat de criteris judicials en funció de quina és la seu judicial en què fas la reclamació. I si, a més a més, es pren en consideració la quantitat d’informes i d’advertiments realitzats tant pel Banc d’Espanya, algun dels ministeris del Govern, així com d’altres organismes, aquesta diferència encara és més evident, i la necessitat d’establir una regulació d’aquestes clàusules abusives i l’establiment de mecanismes de control adequats encara es fa més necessari. Per tant, sense entrar en els tecnicismes propis de la proposta, el més rellevant d’aquesta proposició de llei és la voluntat de protegir els clients de les entitats financeres davant els dubtes, les incerteses i fins i tot els abusos que aquestes poden portar a terme amb les clàusules Redal. La clàusula Redal i els seus efectes són poc coneguts a la nostra societat i, per tant, podria algú pensar que no és necessari que hi dediquem els esforços i l’atenció d’aquest hemicicle? Sí, ho són. De fet, són poc coneguts, aquests efectes. Però, evidentment, els efectes són absolutament letals, i precisament d’aquí és d’on plora la criatura, perquè el desconeixement entre la ciutadania dels efectes d’aquestes clàusules és precisament el que en facilita la seva aplicació i la seva implantació per part d›algunes entitats bancàries; desconeixement que fa, a més a més, que el seu impacte sigui altíssim i la indefensió del ciutadà, sovint desesperant. Per tant, cal una regulació específica per evitar una excessiva judicialització i impossibilitar que fins i tot a alguns clients hipotecats els hi prenguin el seu habitatge per culpa d’aquestes clàusules. Nosaltres, que sabem molt bé, des del punt de vista polític, què vol dir trobar-se en situació de desavantatge i injustícia, i nosaltres, que també sabem molt bé, des del punt de vista polític, què vol dir patir per tenir al davant un adversari fred i que no té cap consideració a l’hora d’utilitzar la seva posició de força, estarem al costat dels més vulnerables per facilitar-ne la seva aprovació, així com també per garantir que els bancs ofereixin un tracte just i un servei de qualitat a tots els clients, visquin on visquin, ja sigui una gran ciutat o un petit poble rural. I no ho diem només de paraula, sinó amb fets; fets com, per exemple, la nostra iniciativa parlamentària perquè tots els municipis disposin dels serveis bancaris i els caixers automàtics, que ja anava en aquesta direcció. I acabo. Com deia al començament, mai ningú hauria de sentir-se violentat en l’espai més personal que representa el seu habitatge, perquè mai, mai ningú hauria de patir per haver firmat unes clàusules que expressament amagaven l’afectació de les mateixes. Mai ningú hauria de patir per on dormirà, per on compartirà camí amb els seus o per com viurà al cap d’un temps per culpa d’unes clàusules abusives. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Forma parte de nuestra responsabilidad la defensa de los ciudadanos, y esa responsabilidad todavía es mayor cuando los ciudadanos se encuentran ante una relación bilateral donde el reparto de fuerza y autoridad está claramente desequilibrado en contra de ellos, situándolos en una posición de riesgo. Si esa posición de riesgo atenta contra uno de los pilares fundamentales del día al día de los ciudadanos tanto a nivel individual como familiar, todavía es más evidente que tenemos que brindarles toda nuestra atención; porque, de todo aquello que puede hacer una persona o una familia, la firma de una hipoteca para adquirir su vivienda habitual estaría en el conjunto de actos de mayor trascendencia, primero, porque de la firma de la hipoteca saldrá la vivienda donde ellos probablemente vivirán buena parte de su vida, pero también porque esa casa representa el centro de su seguridad en el sentido más amplio de la palabra, el refugio donde cada día al atardecer, al cerrar la puerta por dentro y quedarse con los suyos una persona puede volver a su espacio de confianza, donde queda protegido y distanciado física y emocionalmente de todo aquello que puede preocupar durante el día. Ese concepto de la importancia de la vivienda como espacio seguro, personal o del núcleo familiar tiene muchas derivadas en distintos ámbitos. Podríamos hablar de su correlación con la seguridad ciudadana, podríamos hablar de su relación con el coste de los servicios básicos o el precio de los alimentos, pero de lo que hablamos hoy, las hipotecas con cláusulas REDAL, implica claramente que al caer bajo la afectación de una cláusula de este tipo se tambalea y entra en riesgo todo lo que representa la vivienda habitual para los afectados. Se desmiembra el núcleo, la raíz, el corazón de lo que es el kilómetro cero familiar, allí donde se vive, el espacio de protección, que no solo deja de serlo, sino que se convierte en un problema de dimensiones colosales y acaba convirtiéndose en un núcleo que proyecta temor por la posible pérdida de la propiedad o por la ruptura de la economía familiar, que tiene que hacer frente al pago de la hipoteca periódicamente. Por lo tanto, una vez resquebrajado este núcleo, el riesgo de contagio del resto de pilares fundamentales de una persona o familia es más que evidente. Allí donde tenía que haber tranquilidad, alegría incluso, refugio, se acaba instalando un problema vital. Por consiguiente, ante lo que implica todo este escenario, es evidente que es responsabilidad de esta Cámara poner sobre la mesa soluciones. Cuando la situación, además, es de claro desequilibrio, como comentaba antes, de fuerzas, de autoridad, de recursos entre ambas partes, estas soluciones no pueden pasar por que ambas partes se vean forzadas a llegar a acuerdos, porque es obvio que no lo pueden hacer entre iguales, de tú a tú. Por lo tanto, es necesario que intervengan terceros para poder evitar también la judicialización excesiva actual y la incertidumbre por la disparidad de criterios judiciales en función de la sede judicial donde se interponga la reclamación. Si además también se tiene en cuenta la cantidad de informes y advertencias realizados por algunos ministerios del Gobierno, el Banco de España y otros organismos, esa diferencia todavía es más manifiesta, y la necesidad de establecer una regulación de estas cláusulas abusivas y de mecanismos de control adecuados, todo ello deviene todavía más necesario. Por lo tanto, sin entrar en los tecnicismos propios de la propuesta, lo más relevante de esta proposición de ley es la voluntad de proteger a los clientes de las entidades financieras ante las dudas, las incertidumbres, incluso los abusos que pueden llevar a cabo con las cláusulas REDAL. La cláusula REDAL y sus efectos son poco conocidos en nuestra sociedad y alguien podría pensar que no vale la pena dedicarle esfuerzos ni atención en este hemiciclo, pero sí, lo son; de hecho, son pocos conocidos sus efectos, pero evidentemente son absolutamente letales y ahí es donde está el quid de la cuestión, porque el desconocimiento sobre las cláusulas que tienen los ciudadanos es lo que facilita su implantación por parte de algunas entidades bancarias; un desconocimiento que hace que además su impacto sea elevadísimo y la indefensión del ciudadano a menudo desesperante. Por lo tanto, cabe una regulación para evitar una excesiva judicialización y también para evitar que a algunos clientes hipotecados les puedan arrebatar su vivienda por culpa de estas cláusulas. Nosotros, que sabemos muy bien desde el punto de vista político qué quiere decir estar en una situación de desventaja e injusticia y que sabemos también muy bien desde un punto de vista político qué quiere decir sufrir por tener ante ti un adversario frío que no tiene ningún problema en utilizar su posición de fuerza, estaremos al lado de los vulnerables para facilitar su aprobación, así como para garantizar que los bancos ofrezcan un trato justo y un servicio de calidad a todos los clientes, con independencia de donde residan: una gran ciudad o un pequeño pueblo rural. Y no queremos solo decirlo de palabra, sino también pasar a los hechos, como por ejemplo con nuestra iniciativa parlamentaria para que todos los municipios dispongan de servicios bancarios y cajeros automáticos, que de hecho ya iba en esta dirección. Acabo. Como decía al principio de mi discurso, nadie debería jamás sentirse violentado en el espacio más personal que representa su vivienda, porque nunca nadie tendría que sufrir por haber firmado unas cláusulas que escondían de forma expresa la aceptación de las mismas, nadie debería sufrir por dónde dormirá, dónde compartirá camino con los suyos o dónde vivirá dentro de un tiempo por culpa de unas cláusulas abusivas. Muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats, bona tarda, diputades. En aquest hemicicle he fet moltes coses, però en vull fer una una mica diferent, que no solem fer però que crec que és de justícia, i vull felicitar el Grup SUMAR per haver presentat aquesta iniciativa. L’hi he dit abans personalment al diputat i ho dic en veu alta, perquè quan els companys fan alguna cosa que està ben feta i agafen el toro per les banyes d’algun tema que tu, perquè tens pocs diputats i pocs tècnics, no pots fer-ho, però et preocupa extraordinàriament, és necessari reconèixer-ho i agrair-ho. Per tant, nosaltres votarem favorablement. I us agraïm aquesta presentació, us l’agraïm perquè és l’altra cara de la moneda del tema de l’habitatge. I estem parlant d’hipoteques sobretot realitzades entre el 2000 i el 2011; vol dir que encara la major part d’elles estan vigents. I vol dir també que arrosseguem encara la crisi del 2008, que moltes vegades en aquests escons sembla que s’hagi resolt, però això és absolutament fals. I, per tant, està bé posar fil a l’agulla de resoldre una cosa que per mi potser és paradigmàtica del que està passant amb el sistema. Abans deia el proponent: «Hi han 183 diputats que tenen una hipoteca.» Jo soc una d’aquests 183 diputats, i, a més a més, amb clàusules IRPH. I fa tres anys que estic portant el banc als tribunals i que no hi ha manera humana de que reconeguin res. I tothom dirà: «Pero si esta señora es diputada, aquesta senyora deu tenir formació.» La formació que es necessita per entendre el que estàs signant quan et refies de la persona del banc que t’està oferint és de tal calibre que jo crec que només els catedràtics en economia serien capaços si, a més a més, tenen un curs de dret hipotecari, com aquell qui diu de dret registral. Per tant, què es trenca? El principi de confiança en la banca. Jo no sé vostès, però jo fa molts anys que no tinc cap mena de confiança en la banca, perquè, a) la banca gana siempre — ja ho hem dit—, i b) la banca et posa damunt de la taula uns documents que ja no és una persona normal, és fins i tot aquells que estem llicenciats en dret que no entenem què punyetes ens estan plantejant. Si això ho ajunten amb unes taules d’amortització que acaben sent falses, tenen vostès la tormenta perfecta. Per tant, després de les diferents resolucions de diferents jutjats que, emparats en una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, resolen contradictòriament, el poder legislatiu ha d’afrontar la seva responsabilitat i començar l’Administració a ser garant del dret dels ciutadans, del dret a l’habitatge, però també del dret a la confiança en la banca, també d’aquest dret. Perquè, al final, no és optatiu treballar amb ells: ara mateix, l’ingrés de la nòmina es fa amb un banc; ara mateix, la retirada d’efectiu es fa amb un banc; ara mateix, la consecució de crèdits hipotecaris es fa exclusivament a través del banc. Abans han utilitzat el comentari de la llei d’usura. Efectivament — efectivament—, i és un exercici que fem poc: saber el capital deixat i el capital retornat amb interessos. I tots convindríem que al final dels crèdits hipotecaris, especialment els d’aquests períodes, efectivament, hi ha la usura implícita amb el retorn d’aquest capital, perquè a vegades arriba a ser del 200 %. Lo habitual és del 100 %, però normalment del 200 %. I quan et diuen «és que vostè té el sistema francès» o «vostè té el sistema hamburguès», la major part de nosaltres no sabem de què ens estan parlant; la major part de nosaltres no hem fet dret bancari el suficient per saber quina diferència hi ha entre el francès i l’hamburguès. I te l’expliquen, te l’expliquen en un moment. I després vas al notari. I el notari no t’explica res; el notari amb prou feines pren consciència de la presència de les persones que intervenen en la contractació, però no de les clàusules a que t’estàs obligant. Per tant, des d’aquesta perspectiva trobem que és una passa necessària i trobem també que encerta quan dissenya un procés extrajudicial per posar-nos d’acord. I trobem també correcte que sigui el banc qui hagi de comunicar als seus clients l’adaptació de clàusules impossibles de complir, impossibles d’entendre o impossibles d’aplicar, que és el que es planteja en aquesta proposició. Per tant, ens trobaran al costat en la seva defensa. Demanarem durant la tramitació que no abaixem els pressupòsits mínims per tal que la banca acabi retornant el que deu a qui ho deu. Però també hem de vigilar — i ho han apuntat— amb la nul·litat de contractes, perquè si ens trobem amb que volem arreglar els contractes que són incorrectes, al final els acabem declarant nuls. Ens podem arribar a trobar amb el que comentava abans la diputada del PNB de retorn de quantitats que no es tenen. Dos element més per acabar. El primer, que el Congrés sigui capaç per una vegada de parlar del que realment importa a la gent, que és hipoteques, lloguer, habitatge i condicions de quotidianitat i, per tant, de ciutadania, és una alegria, la veritat. I la segona, ja ho he fet, però ens tindreu al vostre costat. El que sí que demanarem és tota la informació que heu estat d’alguna manera utilitzant. La de les Illes Balears, per exemple, no la tinc, i em sembla rellevant. I el que em sembla també rellevant és que les dretes entenguin que, més enllà de que nosaltres combatem en la mesura en què podem el sistema capitalista, com a mínim que el sistema capitalista funcioni almenys amb bona fe, i el que hi ha hagut en la contractació d’aquestes hipoteques és qualsevol cosa llevat de bona fe. I la competitivitat entre bancs i amb respecte als seus treballadors ha generat gran part del desastre. Per tant, conformin-se, per favor, amb un milió d’euros, no cal que en siguin cinc. I segona, els vam rescatar, i sempre rescatem bancs i no rescatem persones, i això ha de canviar d’una vegada. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas. En este hemiciclo he hecho muchas cosas, pero me gustaría hacer algo un poco distinto, que no solemos hacer, pero creo que es de justicia: quiero felicitar al Grupo SUMAR por haber presentado esta iniciativa. Se lo he dicho antes al diputado y lo digo ahora en voz alta, porque cuando los diputados hacen algo que está bien y cogen el toro por los cuernos, que tú porque tienes pocos diputados y técnicos no puedes hacer, pero te preocupa extraordinariamente, es necesario reconocerlo y agradecerlo. . Por tanto, nosotros votaremos favorablemente y os agradecemos esta proposición porque es la otra cara de la moneda del tema de la vivienda. Estamos hablando de hipotecas entre 2000 y 2011, es decir, que la mayoría todavía están en vigor. Quiere decir también que todavía arrastramos la crisis de 2008, que a veces en estos escaños parece que se haya resuelto, pero es absolutamente falso. Por lo tanto, está realmente bien ponerse manos a la obra y resolver una cosa que a mí me parece paradigmática de lo que está ocurriendo en el sistema. Antes decía el parlamentario que hay 183 diputados que tienen una hipoteca, yo soy una de ellas, y además con cláusulas IRPH. Hace años que lo estoy reclamando en los bancos y no hay manera humana de que me reconozcan nada. Algunos dirán: Bueno, señora diputada, pero si esto tiene que ver con la información y con la formación. Pero para poder entender cuando uno se fía de lo que el banco ofrece, es de tal calibre lo que uno lee que solamente los catedráticos de economía, si tienen una especialización en derecho hipotecario registral, podrían entenderlo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que se rompe el principio de confianza en los bancos. Yo no sé ustedes, pero yo hace años que ya no creo en este principio: a) porque el banco gana siempre y b) porque el banco pone sobre la mesa unos documentos que no son para personas ordinarias, sino que incluso los licenciados en derecho no entendemos qué demonios están diciendo. Si encima hay unas tablas de amortización que acaban siendo falsas, pues tenemos la tormenta perfecta. Por lo tanto, después de que las distintas resoluciones de los distintos juzgados, amparados en una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, resuelvan contradictoriamente, el Poder Legislativo tiene que afrontar su responsabilidad y la Administración tiene que empezar a ser garante de los derechos de los ciudadanos, del derecho a la vivienda, pero también del derecho a la confianza en el banco, también de este derecho, porque a fin de cuentas no es una opción trabajar con los bancos. Ahora mismo se ingresa la nómina en un banco, se retira efectivo en un banco, ahora mismo la obtención de créditos hipotecarios se hace exclusivamente a través de la entidad bancaria. Antes han utilizado el comentario de la ley de usura. Efectivamente, se trata de un ejercicio que hacemos poco: saber el capital prestado y devuelto con intereses. Al final de los créditos hipotecarios en estos periodos convendría analizar la usura implícita en el retorno de este capital, porque a veces acaba siendo del 200 %; lo habitual es del 100 %, pero muchas veces es del 200 %. Y cuando le dicen a uno: Es que usted tiene el sistema francés o el sistema de Hamburgo, la mayoría no sabemos a qué se refieren, la mayoría no hemos hecho suficiente derecho bancario como para conocer la diferencia entre el derecho francés y el de Hamburgo. Te lo explican en un momento y luego vas al notario y el notario no te explica nada, porque el notario ya bastante tiene con dejar nota de las personas que intervienen en la contratación, pero no de las cláusulas a las que uno se está obligando. Por lo tanto, desde esta perspectiva nos parece que es una propuesta necesaria y que, además, acierta cuando habla de un proceso extrajudicial para ponernos de acuerdo. También nos parece correcto que sea el banco quien tenga que comunicar a sus clientes la declaración de cláusulas imposibles de cumplir, entender y aplicar, que es lo que se plantea en esta proposición. Por lo tanto, vamos a estar al lado de la defensa de esta proposición. De hecho, no vamos a bajar los presupuestos mínimos para que el banco acabe devolviendo la deuda a quien debe, pero hay que tener cuidado también con la nulidad contractual, porque si lo que queremos es arreglar los contratos incorrectos y en aras de ello los acabamos declarando nulos, nos podemos acabar encontrando en lo que comentaba antes la diputada del PNV, de retorno de cantidades que ya no se tienen. Dos elementos más para concluir. El primero, que el Congreso sea capaz por una vez de hablar de lo que a la gente le importa de verdad ―hipotecas, alquiler, vivienda, condiciones cotidianas, por lo tanto, de ciudanía― es una alegría, la verdad. Y el segundo, ya lo he dicho, pero vamos a estar a su lado. Lo que sí vamos a pedir es toda la información que han estado utilizando. Por ejemplo, yo no tenía la información de las Islas Baleares y me parece relevante. También me parece importante que las derechas entiendan que, más allá de que nosotros luchemos en la medida de lo posible contra el sistema capitalista, al menos que el sistema capitalista funcione con buena fe, y en la contratación de estas hipotecas hay de todo menos buena fe, y la competitividad entre bancos y sus trabajadores ha generado gran parte del desastre. Así que, por favor, confórmense con un millón de euros, no hace falta que sean cinco. Segundo, les hemos rescatado, les rescatamos, siempre rescatamos bancos y no personas, y esto tiene que cambiar de una vez por todas. Muchas gracias. .

Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

Gracias, señora presidenta. Señorías, nos presenta SUMAR una proposición de ley que llama la atención por sus omisiones, por sus errores y por su falta de claridad; una proposición de ley continuación de una pregunta que SUMAR hizo al Gobierno hace once meses y cuya respuesta parece que no convenció al grupo proponente. Nada extraño, sabiendo que estamos ante el Gobierno del bulo, ante el Gobierno de la mentira y ante el Gobierno del engaño. Respondía el Gobierno que las estadísticas que anualmente proporciona el Banco de España no reflejan en su memoria de reclamaciones una incidencia de extensión relevante de la posible falta de transparencia de las cláusulas REDAL ni de los perjuicios de las mismas. Es una proposición de ley en la que nos llaman la atención los siguientes puntos. Primero, omiten en su exposición de motivos, no sé si deliberadamente o no, la legislación aprobada en los años 2012 ―el Real Decreto Ley 6/2012― y 2022 ―Real Decreto Ley 19/2022, sobre códigos de buenas prácticas―. Este último caso es curioso, ya que SUMAR omite mencionar un real decreto de su propio Gobierno; parece, por tanto, que no están muy contentos con lo que aprueban. Segundo, una proposición de ley que, cuando menciona la falta de unicidad de criterios, confunde aplicación con emisión de sentencias judiciales. Tercero, una proposición de ley que no explica en su exposición de motivos las razones por las que no se considera adecuado el sistema de reclamaciones existente y pide a las entidades de crédito implantar un sistema de reclamación específico. Cuarto, tampoco nos explica el Grupo SUMAR si esta iniciativa va a paralizar la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero por parte de este Gobierno, un organismo que, según está previsto, resolverá con carácter vinculante reclamaciones contra incumplimientos de normas de conducta e incumplimientos de buenas prácticas y usos financieros. Quinto, una proposición de ley que reconoce el fracaso del Plan de Educación Financiera 2022-2025, promovido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; fracaso que se concreta en al menos los casos siguientes: uno, cuando califica el sistema de cuotas constantes como tecnicismo de ámbito financiero y, dos, cuando menciona que los prestatarios no saben ver el principal pendiente de un préstamo después de llevar veinte años pagando. Sexto, una proposición de ley que en su artículo 2 da potestad al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para añadir mecanismos de sesgo en la decisión que hayan observado en los contratos hipotecarios. Un ministerio que es una contradicción en sí mismo, ya que Derechos Sociales y Agenda 2030 son conceptos absolutamente contradictorios. . Y es que la Agenda 2030 es un ataque directo a nuestro sector primario, a la competitividad de nuestra industria, a nuestras pymes, a nuestras costumbres y a la familia. Séptimo, una proposición de ley poco rigurosa. Ejemplo: el artículo 5 menciona, leo textualmente: Ante la falta de respuesta del prestamista a las solicitudes de los prestatarios se entenderá aceptado el petitum del consumidor, siempre que cumpla con los criterios establecidos en el párrafo tercero de este artículo. Pero es que el artículo 5 no tiene párrafo tercero. . Octavo, una proposición de ley que crea un marco de inseguridad jurídica preocupante al prohibir en el artículo 3.2 ir a juicio cuando el contrato pueda ser objeto de esta ley. Es una inseguridad jurídica que podría afectar a la confianza en la estabilidad y previsibilidad de los procedimientos judiciales. Noveno, una proposición de ley que propone plazos de resolución para prestamistas y para el Banco de España poco realistas. Décimo, una proposición de ley sin cláusula temporal que nos diga que se aplicará a las hipotecas desde un momento determinado. Undécimo, una proposición de ley de la que el grupo proponente es SUMAR. Señorías, el Grupo SUMAR es corresponsable de que haya crecido desde el año 2019 la población en riesgo de pobreza o exclusión social, especialmente aquella con carencia material y social severa. El Grupo SUMAR es corresponsable de haber convertido España en un entorno hostil en cuanto al acceso a la vivienda, hostil por un alza de los precios desproporcionado en relación con la capacidad económica de los españoles; hostil por la excesiva burocracia y carga fiscal; hostil por la insuficiente oferta de vivienda social y protegida; hostil por la escasez artificial de suelo edificable; hostil por la impunidad ante la ocupación ilegal. . El Grupo SUMAR es corresponsable de que en los últimos diez años el precio de la vivienda haya aumentado de media un 57,3 %, mientras la capacidad adquisitiva de los españoles haya caído un 23,7 %. En VOX consideramos que proteger a los españoles es regular y legislar bien, con textos de calidad y con un cierto criterio económico; proteger a los españoles es mejorar la educación financiera, como aparece en nuestro programa electoral; proteger a los españoles es rechazar leyes que puedan suponer una reducción en la oferta de hipotecas o las encarezcan, perjudicando, por tanto, a los más vulnerables; proteger a los españoles es poner en marcha las medidas tributarias necesarias al objeto de estimular un entorno económico próspero que posibilite a los españoles acceder a la vivienda; proteger a los españoles es permitir que se deduzcan en el IRPF parte del coste de sus hipotecas y eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual; proteger a los españoles es impulsar la construcción de viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra , para garantizar que los jóvenes y familias puedan adquirir un hogar; proteger a los españoles es fomentar la colaboración entre la Administración pública y las entidades privadas, a efectos de aumentar el parque de viviendas de protección oficial; proteger a los españoles, señorías, es lograr que ustedes se vayan. Muchas gracias. .

Noelia Cobo Pérez PSOE

Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy debatimos la protección de los y las consumidoras. Si traducimos los hechos en datos, es evidente que en el PSOE la protección de las personas consumidoras siempre ha estado presente entre nuestras prioridades, y así lo hemos demostrado trabajando para dar respuesta a sus y nuestras necesidades y para que sus decisiones sean conscientes e informadas, porque todos y todas somos personas consumidoras, al fin y al cabo. Su protección implica la protección de la sociedad al completo y constituyen un elemento sustancial de transformación hacia una sociedad más justa y solidaria. Por eso promovemos que cada vez tengan más en cuenta aquellas circunstancias esenciales en el día a día que pueden marcar una diferencia en la toma de decisiones. De hecho, tanto en el Grupo Parlamentario Socialista como en el Gobierno de Pedro Sánchez, en su afán por trabajar por una sociedad más justa, se tienen en cuenta ciertos aspectos: el respeto a los propios derechos, las consecuencias medioambientales de los procesos de producción y de sus decisiones de gasto, los derechos de los trabajadores que participan en la elaboración de los productos o servicios que se les ofrecen o el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas deslocalizadas. Y es que, si echamos la vista atrás, los y las socialistas hemos jugado un papel clave en el desarrollo de las políticas que generan esta protección extra. Con los socialistas en el Gobierno, se aprobó en 1984 la primera ley de protección de consumidores; con los socialistas en el Gobierno se creó en España el sistema arbitral de consumo, uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de resolución extrajudicial de conflictos. Sin embargo, con la derecha en el Gobierno, en momentos muy duros para los consumidores, cuando su nivel de endeudamiento ponía en situaciones verdaderamente dramáticas a las familias españolas que no podían hacer frente a las deudas, presentamos en esta Cámara la primera ley que protegía a las personas consumidoras frente a la quiebra económica por causas sobrevenidas. . ¿Qué hizo la derecha entonces? Desgraciadamente, su Gobierno en aquellos momentos carecía de la suficiente sensibilidad y nuestra propuesta fue rechazada. Señorías, hablamos del año 2003. Fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que la pasada legislatura aprobó la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a Situaciones de vulnerabilidad Social y Económica. . Nuevamente, tuvimos que sacarla adelante con el voto en contra del Grupo Popular, que rechazó la convalidación del real decreto ley aprobado por el Gobierno, presentó una enmienda a la totalidad en la tramitación del proyecto y, finalmente, votó en contra del dictamen. Por tres veces negaron la protección a los consumidores vulnerables. Ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha traído a esta Cámara el proyecto de ley para mejorar la atención de las personas consumidoras frente a los servicios de atención de las grandes empresas, una promesa que incumplió, como tantas otras, el Partido Popular cuando tuvo responsabilidades en el Gobierno de España, pero que los socialistas recuperamos, por nuestro compromiso con la sociedad en su conjunto. Específicamente, en materia financiera ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha traído a esta Cámara el Proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuya principal función va a ser reforzar la protección de los usuarios en servicios financieros, asegurar que las entidades financieras cumplen con sus obligaciones frente a sus clientes, pronunciarse sobre el carácter abusivo de cláusulas contractuales, resolver reclamaciones con carácter vinculante y reforzar los instrumentos para garantizar la inclusión financiera a través de la atención personalizada,, particularmente a las personas mayores con discapacidad y a los colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación. Y es que de nuevo quiero recordar que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha reforzado la protección de los deudores vulnerables en los procesos de ejecución de su vivienda habitual. Ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha reforzado la protección de los deudores hipotecarios sin recursos, el que ha mejorado el mecanismo de segunda oportunidad previsto en la Ley Concursal y el que está mejorando la formación financiera de los consumidores españoles para que adopten las mejores decisiones en el ámbito financiero. Y con la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, aprobada en esta Cámara en 2019, se han mejorado la seguridad jurídica y la transparencia en la contratación del crédito inmobiliario y se han reducido las reclamaciones asociadas al carácter abusivo de determinadas cláusulas contractuales y a la falta de transparencia. Como bien señala el Banco de España en su Compendio de criterios de buenas prácticas bancarias, las buenas prácticas bancarias exigen que la redacción de las cláusulas contenidas en los contratos sea clara y transparente, legible y comprensible para sus clientes, huyendo de cualquier tipo de confusión o de interpretaciones opuestas. Y, en caso de discrepancias entre las partes respecto al alcance de los acuerdos adoptados, las entidades deberían tratar de llegar a una solución con sus clientes para que resultara favorable para ambas partes. Señorías, la transparencia y la claridad deben ser los principios inspiradores que han de regular la relación entre las entidades y los clientes. El artículo 15 de la Ley 5/2019 establece un nuevo procedimiento para que el notario en cada formación de préstamos inmobiliarios compruebe el cumplimiento del requisito de transparencia. Para ello, se ha previsto un sistema de asesoramiento imparcial obligatorio por parte del notario que deberá aclarar a los potenciales clientes todas las dudas que se planteen en el contrato. Por otro lado, las autoridades de consumo, según reconoce la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de septiembre de 2017, pueden sancionar a las entidades financieras por la inclusión de cláusulas que consideren abusivas. Y comparto plenamente la necesidad expresada, ya en nuestro texto constitucional, de dotar a las personas consumidoras de procedimientos eficaces para su defensa. También comparto el interés de que la redacción de los contratos de préstamo hipotecario sea más transparente de cara a una mejor protección a los clientes. Desde luego, esta preocupación está presente en toda la regulación de préstamos hipotecarios, así como la necesidad expresada en la propia proposición de ley de que los clientes puedan hacer valer en todo momento sus derechos de la forma más ágil y rápida en caso de que estos hayan podido verse perjudicados en el marco de la contratación de la financiación hipotecaria. Finalizo. Para mi grupo parlamentario y para el Gobierno que preside Pedro Sánchez el refuerzo de protección de los clientes financieros constituye una prioridad, y así lo certifican todos los proyectos de ley aprobados y que se han presentado ante esta Cámara. En definitiva, señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos estado, estamos y estaremos al lado de la protección de los consumidores, como hemos demostrado a lo largo de los años en nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, a pesar de lo que ya se ha conseguido, el trabajo no puede finalizar ahí: la protección debe mejorar y nuestro esfuerzo continuar y hay que seguir trabajando por una política útil. Muchas gracias. .

María Pilar Alía Aguado PP

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. ¿De qué hablamos con esta proposición de ley presentada por SUMAR? Hablamos de la regulación de las cláusulas redito ad libitum; simplificando, las cláusulas REDAL o cláusulas a la carta para la contratación de préstamos y créditos hipotecarios. Ustedes presentaron el pasado 20 de noviembre de 2023 a la Mesa del Congreso una serie de preguntas, en concreto nueve, dirigidas al Gobierno sobre esta materia, queriendo conocer la posición de sus socios del Gobierno. Lo hacen basándose en la cifra de ejecuciones hipotecarias y alegando que quienes han suscrito una hipoteca variable sufren un aumento de cuotas, lo que les supone una pérdida de poder adquisitivo, y que, en algunos casos, no pueden hacer frente al pago de esta hipoteca. En esta batería de preguntas ―ustedes lo han manifestado― señalan que la Dirección General de Consumo del Gobierno balear encarga un informe financiero a un profesor de matemáticas, el señor Bou, quien indica que aplicando el sistema REDAL en las hipotecas se evitan desahucios, demostrando que hipotecas firmadas con anterioridad al año 2011 contienen graves errores, cláusulas abusivas y todo tipo de irregularidades. ¿Y cuál es la solución que propone SUMAR ante estas situaciones? Introducir la cláusula REDAL, que viene a ser una devolución de préstamos a voluntad y permite devolver cuantías más pequeñas de un préstamo hipotecario. Miren, la fórmula más utilizada a la hora de firmar la hipoteca es la cuota constante a lo largo de la vida de un préstamo, el método francés, pero es cierto que se han firmado las llamadas hipotecas crecientes, incluso en progresión geométrica, que es lo que ustedes quieren desterrar: empiezan de forma muy baja las cuotas y terminan de forma más alta, según pasan los años, pues conjugan un interés fijo y un interés variable, que puede ser el euríbor. En la exposición de motivos hablan ustedes de inseguridad jurídica y vienen a decir que los tribunales aplican sentencias en función de sus conocimientos. Delicado es este tema, señorías. Y he de reconocer que me alegra que en esa exposición de motivos relacionen diversa legislación. Por ejemplo, la Orden Ministerial de 28 de octubre de 2011, de transparencia y protección del cliente, firmada por Mariano Rajoy. . Yo también voy a sacar pecho, como su señoría del Grupo Socialista, porque, además, con Gobiernos de mi partido se publican el Real Decreto de 15 de noviembre de 2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y el Real Decreto 1/2017, de medidas urgentes de protección a los consumidores en materia de cláusulas suelo. Es decir, cuando ustedes, señorías de SUMAR, quieren proteger a los afectados por lo que llaman las cláusulas abusivas, antes lo han hecho los Gobiernos del Partido Popular. . Pero, es más ―se ha nombrado en esta tribuna―, está la Ley 5/2019, reguladora de los contratos, que fue aprobada ―no hace falta que se lo recuerde― por amplia mayoría en esta Cámara, y tengo que advertir que sus inicios no parten, precisamente, de Gobiernos del Partido Socialista. Con esta ley se traspone una directiva comunitaria y, además, la medida estrella es el otorgamiento previo y obligatorio de un acta notarial que tiene por objeto la comprobación por el notario de que se van a cumplir todas las obligaciones impuestas a los prestamistas antes de la firma de la escritura. Ustedes inciden a lo largo de sus estudios en los peligros de la subamortización, incluso por parte del Banco de España. ¿Qué peligros? Todos sabemos que subamortizar ocurre en los periodos de carencia de las hipotecas. El cliente lo puede aceptar o no, pero esto no es una trampa, señorías de SUMAR, son matemáticas, o también lo podemos llamar la cuenta de la vieja: lo que no se paga antes se va a pagar después. . Ustedes detallan un anexo con treinta y seis errores matemáticos, en formulaciones, con complicaciones, etcétera, y proponen que el Ministerio de Economía vaya actualizando todos estos anexos cada seis meses. No le veo sentido a la publicación, y menos a la actualización. Con su sistema de reclamación específico, donde la entidad financiera tiene que ofrecer al consumidor un sistema de pago mixto, en donde el capital puede ser incluso de unos céntimos, si el consumidor reclama y no está de acuerdo, lo hace al Banco de España, que tiene dos meses para responder, y, si en el transcurso de tres meses, no hay acuerdo entre las partes, tiene razón el consumidor. Entonces, si el consumidor siempre va a tener la razón, cada uno puede pagar lo que quiera y cuando quiera. Según el profesor Bou, tener hipoteca REDAL es la solución para salvar la vida a la clase media trabajadora, y dice que la banca debe de ser más social. ¿No se han parado ustedes a pensar por qué quienes firmaron hipotecas del 2000 a 2010 ahora pagan cuotas superiores en el final de la vida de la hipoteca, que es lo que ustedes consideran cláusulas abusivas? ¿Por qué pasa esto? Porque ustedes están en el Gobierno y se encargan de hacer cada día más pobres a los ciudadanos. . No pueden pagar sus hipotecas. En ese método, lo último que pensaba un firmante de la hipoteca es que a lo largo de su vida iba a tener menos ingresos. Céntrense también en eso, en no apoyar a sus socios de Gobierno y velar por que quienes están pagando una hipoteca tengan los ingresos suficientes para hacer frente a sus cuotas. No les apoyen en los presupuestos generales del Estado para el 2025, donde aparecen nuevas figuras impositivas, donde se elevan impuestos que harán que los firmantes, quienes pagan hoy una hipoteca, no puedan hacer frente a sus cuotas. Pero claro, el sillón azul está en juego, el de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Hace poco, nuestro partido decía en una proposición no de ley que había que educar a nuestros jóvenes en materia económico-financiera y de tipos de interés, fijo o variable. Ustedes la votaron en contra ―ustedes la votaron en contra― y ahora, sin embargo, ustedes no se explican cómo hay gente que no puede pagar hipotecas. Pues para ello les pedimos, señorías de SUMAR, que dejen de apoyar el sinsentido y la deriva de este Gobierno atrapado en la corrupción. No sean sus cómplices y consigamos que queden fuera del Gobierno de España cuanto antes, porque si las cláusulas de las hipotecas en muchas ocasiones son progresivas y abusivas, no quiero contarles el abuso de poder por parte de este Gobierno hacia todos los españoles. Muchas gracias. .

Yolanda Díaz Pérez SUMAR

Buenas tardes, señorías. La reforma que debatimos hoy modifica el Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente, así como la Ley General de Seguridad Social en materia de incapacidad permanente. Esta reforma aúna la discapacidad, los derechos humanos y el derecho al trabajo, de conformidad con lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, aprobada por Naciones Unidas, así como en muchos otros instrumentos y tratados internacionales ratificados por nuestro país que realzan el derecho al trabajo y la obligación de los Estados de adoptar medidas orientadas al logro del pleno empleo. Las personas con discapacidad conforman un grupo numeroso de personas con mayor riesgo o en situación de vulnerabilidad social y laboral, debido a que las formas en las que se estructura y funciona la sociedad han mantenido habitualmente a estas personas en condiciones de exclusión y discriminación. Les diría más: el ministro de Derechos Sociales que nos acompaña y las personas que nos acompañan, que se organizan en muchas ONG en defensa de los derechos de las personas con la discapacidad, saben perfectamente que nos queda muchísimo por hacer en nuestro país. Hemos dado un paso de gigante con la modificación del artículo 49 de la Constitución española, pero sabemos bien que son muchas las tareas pendientes. Señorías de VOX, a ustedes, que han presentado una enmienda de devolución, les diría, en primer lugar, que se sitúan en el pasado. Les diría más: que se sitúan en un pasado lejano, en el Antiguo Régimen, que, como saben ustedes, calificaba como inválidos, incluso como vagos, a las personas con discapacidad, dejándolas fuera de sus derechos como personas y, sobre todo también, como personas trabajadoras. Nuestra sociedad, señorías, es diversa, es plural y, afortunadamente, no es monolítica. Es verdad que persiste en la actualidad un profuso conjunto de impedimentos que priva a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos. Los efectos de estos obstáculos se materializan y proyectan en una parte muy importante de nuestras vidas, en la del derecho al trabajo, dando paso, en muchas ocasiones, a una situación de exclusión social y también de pobreza, que creo que esta Cámara debe erradicar. Señorías de VOX, es obvio que su negativa a esta reforma no responde a la realidad social del momento. Digo más: su equivocada percepción de la discapacidad los retrotrae al pasado, a tiempos en los que estas personas fueron eliminadas como problema social, fundamentalmente por la disciplina del trabajo que se imponía antaño. Ustedes fundamentan su enmienda en una presunta vulneración de una directiva. Señorías de VOX, simplemente les conmino a que ustedes repasen la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo que saca los colores a nuestro país y a otros países por lo que está pasando, que es lo que hoy justamente estamos abordando. Lejos de lo que ustedes dicen, el Gobierno de España va a hacer justicia en nuestro país hoy, por fin, con las personas con discapacidad y vamos a cumplir con la doctrina que emana del Tribunal de Justicia Europeo. Es más, hoy es imperativa la necesidad de integración social de las personas con discapacidad, la garantía de formas de vida decentes, según nos dice la OIT, y por supuesto de accesibilidad universal. No debemos olvidar que uno de los efectos más beneficiosos que ha tenido la implantación de los sistemas de Seguridad Social y el reconocimiento del derecho al trabajo de las personas con discapacidad ha sido justamente la alteración de los umbrales del sufrimiento y del daño. Las personas con discapacidad, gracias a las prestaciones que les protegen y a sus derechos laborales, gracias a la Seguridad Social y al trabajo decente que reiteradamente reivindicamos en la OIT y gracias al objetivo 8 de la Agenda 2030, no están sometidas hoy a la resignación de épocas anteriores. Con esta reforma hoy queremos dar un paso más en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y su plena integración laboral. Sin duda, señorías, esta es una muy buena reforma y hace que seamos un país mejor. Es una buena reforma porque pretende profundizar de una manera más eficaz en la garantía del derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad en los términos que mandata la Constitución española, así como también en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Ustedes conocerán, probablemente, que en la última década se han registrado mejores cifras de contratación de personas con discapacidad ―he dicho mejores, no buenas, porque, como he dicho, queda mucho por hacer― y creo que el escenario actual es idóneo para favorecer la inclusión social de las personas trabajadoras con discapacidad. La principal responsable de este avance ha sido, sin lugar a duda, la aprobación de normas sociales y también de normas laborales , pero nos queda mucho por hacer, nos quedan muchas acciones que poner en marcha, como saben bien el ministro Bustinduy y, desde luego, el Gobierno de España. Hay que desarrollar las recomendaciones trabajadas en el Libro blanco sobre empleo y discapacidad: es nuestro compromiso. Hoy damos un paso, pero queda todavía mucho por hacer. Precisamente, esta reforma que debatimos hoy del también artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, así como del artículo 174.5 de la Ley General de la Seguridad Social, es consecuencia directa de alguna de las propuestas de reforma de dicho libro blanco. Les voy a dar datos de la encuesta EDAD 2020. Nos habla de que tenemos 1,58 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, esto es, entre 16 y 64 años. De esta cifra, 765 500 personas son hombres y 818 200 son mujeres, pero ―fíjense en este dato― solo una de cada cuatro de estas personas estaba trabajando. Por tanto, el reto que tenemos es muy grande. España dispone de un marco legislativo que protege a las personas con discapacidad, pero nuestro objetivo es seguir avanzando en su protección y en sus derechos. Es una realidad que el número de personas con discapacidad va en aumento. Nuestras sociedades son más complejas y vemos, efectivamente, cómo esto va progresando: en el año 2023 se estimaba la existencia de 4 711 736 personas con discapacidad; pues bien, las previsiones para el año 2050 son de 6 657 174. . Señorías, estamos consiguiendo — hoy creo que lo vamos a hacer— mayores cuotas de dignidad y de ciudadanía para todas aquellas personas a las que ciertas limitaciones, bien de origen o bien de carácter sobrevenido, les dificultan ganarse el sustento trabajando o les dificultan el ejercicio de sus derechos de ciudadanía. La protección de la incapacidad permanente tiene, justamente, esa enorme trascendencia, y creo que en la enmienda que presenta VOX lo olvidan completamente. Creo que lo olvidan, señoría, si me permiten, incluso frívolamente, cuando se habla de la aspiración de un grupo importante de la población de ser declarado incapacitado con la ―¡atención!— excusa encubierta de huir del trabajo y ―¡atención!― aprovecharse del esfuerzo solidario de los cotizantes al sistema. Señorías de VOX, no tienen razón. Esta reforma lo que hace es avanzar, huir de su proyecto político y del pasado de España, del pasado en el que ustedes continúan anclados. Les doy más datos. Según la encuesta EDAD 2020, en España, de esos 4,38 millones de personas que afirmaron tener algún tipo de discapacidad, cerca del 10 % dice que los problemas de movilidad son los más frecuentemente referenciados hoy en día. Ustedes deberían sentirse interpelados, la sociedad española debería sentirse interpelada. Por sexos, 1,81 millones son hombres y 2,57 millones son mujeres. Por edad, el 75,4 % de las personas con discapacidad tiene más de 55 años. Y fíjense en el impacto de género: tres de cada cinco personas con discapacidad son mujeres. Sé bien que a ustedes parece que les molestan las personas con discapacidad. Tanto es así… . Hechos son evidencias: ustedes han votado en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución española. . Por tanto, es evidente que ustedes tienen un problema con las personas con discapacidad en nuestro país. Votar en contra del artículo 49 de la Constitución española quiere decir, sencillamente, que ustedes se negaron a suprimir el término disminuido. ¿Creen ustedes, señorías, que las personas que nos acompañan son personas disminuidas? Esta reforma que pretendemos aprobar ha permitido justamente afianzar una perspectiva humanista y de progreso alejada de un modelo paternalista y asistencialista, del que ustedes nunca han salido. Señorías, dejemos ya, si me permiten, como decía Antonio Tabucchi en su magnífico Sostiene Pereira, de frecuentar el pasado. Dejen de hacerlo. Frecuentemos, como señalaba él, el futuro. Este cambio conceptual del artículo 49 de la Constitución española, que habla ahora de personas con discapacidad, que se conjuga hoy por primera vez en España con la reforma del artículo 49 del viejo Estatuto de los Trabajadores, lo que hace es posicionar a las personas con discapacidad como las únicas poseedoras de su proyecto existencial capaces de velar por su propia autonomía personal y de superar las limitaciones cotidianas asociadas a su capacidad funcional. . Este nuevo cambio de paradigma hunde también sus raíces en esto que ustedes parece que combaten, la ratificación de los compromisos internacionales de España con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde el propio concepto de discapacidad se define como algo dinámico y holístico ―cito literalmente― en el que deberían confluir la variabilidad personal y una sociedad plural. En esta reforma que hoy discutimos se recoge algo muy importante para el Gobierno de España. Se recoge un verdadero derecho humano para las personas con discapacidad, permitiendo, señorías, que las personas trabajadoras a las que les sobreviene, por ejemplo, una incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez no vean extinguidos con carácter automático sus contratos de trabajo. Este es justamente el reproche que nos hacía el Tribunal de Justicia Europeo. Por tanto, hoy avanzamos en derechos. No me digan, señorías, que las personas trabajadoras con discapacidad ―y cito literalmente su texto― suponen una carga para las empresas. Las personas no somos cargas, somos seres humanos y tenemos derechos. . Es muy al contrario, señorías: si el puesto de trabajo de las personas con discapacidad se somete ―como demostramos en esta norma y nos dice el Tribunal de Justicia Europeo― a los ajustes necesarios, su trabajo resulta igualmente productivo y beneficioso tanto para las empresas en las que prestan sus servicios como para la economía del conjunto de nuestro país. Señorías, les digo más, les recuerdo que en esta Cámara, en el año 2018, aprobamos una ley orgánica, la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, que, como saben, daba un paso más y modificaba la Ley del Régimen Electoral General para garantizar el derecho al sufragio de todas las personas con discapacidad. Por último, y en particular en referencia al empleo, les recuerdo también la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 23 nos dice ―y leo literalmente―: «Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo», como también recoge nuestra Constitución. Les vuelvo a recordar el artículo 27 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que expresamente nos dice que los entornos laborales deben de ser inclusivos, lo que permitirá y facilitará que las personas con discapacidad participen en el mercado de trabajo y trabajen en condiciones de igualdad. Lógicamente, debemos partir de una construcción holística en la determinación de lo que significa el trabajo; trabajo como relación social sobre la que reposa todo el sistema económico; pero me van a permitir que les diga que no solo el sistema económico, sino que principalmente se estructura el sistema social y se vertebra políticamente un proyecto de futuro del que esas personas con discapacidad forman parte; necesariamente forman parte de este proyecto de país. Por tanto, garantizar el trabajo de las personas con discapacidad implica dar cumplimiento a sus derechos individuales y colectivos ―los hay específicos y los hay inespecíficos― abriéndoles además la posibilidad de algo que es clave: ser titulares de los derechos de la Seguridad Social. Desde el punto de vista del trabajo de las personas con discapacidad, el desempeño de un trabajo no marginal ni esporádico aparece como una imprescindible actividad social creativa que dignifica la condición humana y que dota a las personas con discapacidad de un componente central en la creación de riqueza, permitiendo su obligada participación social. En este sentido, señorías, yo sé que a ustedes los organismos internacionales no les interpelan, pero cuando la OIT y sus consensos hablan del trabajo decente lo que hacen es hacer inseparable la noción del trabajo con derechos, que reconocen los sistemas democráticos en el mundo, como parte fundamental integrante de sus señas de identidad en cuanto que forma de organización política y social ―aunque a ustedes les extrañe― también para las personas con discapacidad. Además, permítanme que les diga que el trabajo constituye un aspecto central para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de ciudadanía. El trabajo hermana el principio de igualdad con la diversidad, con la inclusión social, con el acceso a la autonomía personal y con la necesaria vida independiente de las personas con discapacidad. Creo que también hoy, en este debate, es importante tener en cuenta la consideración de la observación general número 8 de 2022 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo. En ella se señala que la principal obligación general de los Estados parte es velar por el logro progresivo del ejercicio del derecho al trabajo y que una de las obligaciones de los Estados es garantizar ―atención, señorías de VOX― que no se pierde el trabajo cuando nos encontramos ante una discapacidad sobrevenida. Señorías de VOX, no es que incumplamos una directiva, es que hoy estamos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales y con la fuente de derecho que emana de la Unión Europea y de sus tribunales en nuestro país. Por fin hoy la prelación de fuentes del derecho que nos instruye el Código Civil se hace realidad en nuestro país. . Las personas con discapacidad se merecen esta reforma. Creo que no tienen razón con su enmienda. Creo que si votáramos a favor de la devolución de esta norma les harían ustedes un grave daño. Creo que hoy las personas con discapacidad están esperando más que nunca esta norma. La aprobación de esta reforma implica, como les dije, en la línea del artículo 49 de la Constitución, el reconocimiento del derecho al trabajo como un derecho fundamental, esencial para el pleno ejercicio de otros derechos humanos y constituye una parte que es indisociable e inherente a la dignidad humana de las personas con discapacidad. Señorías de VOX, no son una carga, son seres humanos. . El discurso sobre la centralidad del empleo de las personas con discapacidad es, además de lo dicho, una reivindicación del movimiento social de la discapacidad que hoy nos acompaña. Llevamos ya casi un cuarto del siglo XXI, a estas alturas nos resulta obligado garantizar la necesaria imbricación de la igualdad efectiva ―mandato constitucional, señorías de VOX― en el reconocimiento y la atención a la situación de la discapacidad y a las distintas diversidades. Les traigo hoy a colación, porque lo considero necesario, la doctrina del profesor Ferrajoli que, como saben, sostiene la igualdad y la dignidad de todas las diferencias. Parece que a las señorías de VOX las diferencias no les gustan; pero el profesor Ferrajoli nos ha enseñado que justamente la igualdad y la dignidad de todas las diferencias son la clave de nuestras sociedades democráticas, pero también la teoría de las capacidades de Nussbaum o de Sen, que han contribuido de manera importante en esta dirección. También debemos reiterar la referencia a la necesidad de reforzar y atender la diversidad en el ámbito de los derechos sociales, sin los cuales apenas cabría el despliegue pleno de los restantes derechos. El discurso de los derechos humanos es un discurso de lucha contra las barreras, por eso es tan importante. Creo, señorías, que tenemos que seguir por esta senda. Es más, diría que es la única senda posible. Creo que tenemos que garantizar el trabajo de las personas con discapacidad. El trabajo es esencial para la seguridad económica, para la salud física y mental, para el bienestar personal y el sentido de identidad de las personas con discapacidad. Señorías, hoy se trata de decidir si el sistema de relaciones laborales de nuestro país se ha de parecer o no a nuestra sociedad. Si cumplimos con la doctrina europea y garantizamos algo que es clave, que podamos adaptar los puestos de trabajo a las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad puedan decidir cuál es su posición en las empresas y, sobre todo, si las empresas han de ser tan diversas como lo son ya en nuestro país las ciudades, nuestras familias, nuestros grupos de amigos o de personas a las que queremos. O si, por el contrario, debemos seguir el modelo de VOX, es decir, si debemos apartar a las personas con discapacidad, despedirlas de sus puestos de trabajo, excluirlas y mandarlas a casa, sin pararnos a valorar qué posibles adaptaciones o cambios podemos introducir y, sobre todo, qué beneficios nos reportará compartir nuestros tiempos y nuestros espacios de trabajo. Estamos completamente convencidas de que hay tecnología suficiente para poder hacerlo compatible, que la sociedad es mejor cuando en las empresas tenemos a personas diversas, muchas de ellas con discapacidad; y, sobre todo, a pesar de que es verdad que en su enmienda ustedes dudan del coste que las personas con discapacidad, si trabajan, le restan a las arcas de la Seguridad Social, yo sigo velando por algo fundamental, y es que, sin lugar a dudas, estas personas con discapacidad son sujetos de ciudadanía en nuestro país y tienen derechos. Y pido que, desde luego, se acompañe esta reforma en nuestro país. Termino citando a Juan de Mairena, que decía, hablando a su alumnado de Retórica: «Señores, la verdad del hombre empieza donde acaba su propia tontería». Pero nos decía que su propia tontería es inagotable. Yo estoy segura de que nuestro país quiere seguir ganando derechos, mejorando la vida de las personas con discapacidad y no quiere más tonterías. Por tanto, muchas gracias, y espero que hoy España sea mejor con esta reforma. .

Juan José Aizcorbe Torra VOX

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora ministra. No la esperaba. Es una grata sorpresa. Gracias por venir. Sirva como exordio previo que usted ha manifestado dos cosas. Primero, yo he venido a hablar de este proyecto de ley; usted ha venido a hablar sobre la discapacidad en general. Claro, aquí estamos tratando el proyecto de ley, y yo entiendo todas las manifestaciones que ha hecho sobre la discapacidad y que, posiblemente, comparta en su gran totalidad, porque todos en nuestras familias o entre nuestros amigos también tenemos personas con discapacidad y sabemos lo que significa eso para el tracto vital de cada uno. Después, ha dicho una cosa que no es cierta. Escucho normalmente a todo el mundo con mucha atención, y a usted especialmente, señora ministra. Usted ha dicho que nosotros votamos en contra del cambio de la denominación de disminuido en el artículo 49 de la Constitución española. Nosotros dijimos, por activa y por pasiva, que no votábamos en contra de ese cambio, sino que votábamos en contra porque ese artículo lo que mantenía era la desigualdad entre el varón y la mujer. . Así pues, dichas estas dos cuestiones, vengo a hablar del proyecto de ley que nos ocupa, del porqué, del cómo y del qué de este proyecto de ley. Veamos: no tengo la menor duda que vuestras señorías son conscientes de que para resolver un conflicto jurídico no existe una única solución correcta y mucho más en la enloquecida sobreabundancia normativa en la que nos encontramos, pero lo que no es aceptable es la creación legislativa atendiendo a impulsos que repercuten en leyes que en su aplicación son susceptibles de diversas interpretaciones, haciendo entonces de la jurisprudencia no complemento del ordenamiento jurídico, sino, por defecto, fuente del mismo al trasladar precipitadamente la responsabilidad a los jueces y magistrados que, en ejercicio de un arbitrio legítimo, interpretan la norma, que en ocasiones no cumple con su finalidad, que no debería ser otra que la de apuntar y discernir correctamente las conductas de los afectados por la misma. Así pues, este debate de totalidad sobre el Proyecto de ley por la que modifica el artículo 49 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y el 174 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social tiene unas diversas circunstancias con repercusión jurídica que le dan sentido, y estas son por orden cronológico: la Directiva de la Unión Europea 2000/78, de 27 de noviembre de 2000; la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la incompetente como inútil tantas veces Asamblea General de Naciones Unidas; el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social en el artículo 40.2 de dicho texto; la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero de 2024, Asunto Ca Na Negreta; y la reciente sentencia, señora ministra ―que ha olvidado decirla―, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 11 de abril de 2024. Atendiendo a estos ingredientes y al marco en el cual nos debemos mover, vaya por delante nuestro compromiso, el del Grupo Parlamentario VOX, para con los derechos de las personas con discapacidad y, en concreto, con la eliminación de las barreras que impidan su integración plena en el mercado laboral y en el desarrollo vital de cada uno de ellos. . Precisamente por ello, cúmplenos señalar las incongruencias y la inseguridad jurídica que puede generar la aprobación de este proyecto de ley, para que sea devuelto y corregir todos los desatinos que hacen de este una mala herramienta que perjudica, precisamente, los derechos y, en definitiva, a las personas con discapacidad, así como a las empresas, que es la conjunción de trabajadores y empresarios. Es evidente que la sentencia de 18 enero de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acelera esta reforma, pero también lo es que en ella no se cuestiona, a diferencia de lo que ha dicho, la posible resolución del contrato por incapacidad permanente, pero sí que dicha resolución pueda ser automática. También dicha sentencia se refiere a la obligación de la empresa de acometer ajustes razonables antes de extinguir un contrato, declarada en el trabajador la situación de incapacidad permanente total, excepción que solo puede proceder si dichos ajustes no son posibles. Pero dicha sentencia no solo afecta a este tipo de incapacidad y no a una incapacidad para todo trabajo, como la incapacidad absoluta y ulteriores grados, como la gran invalidez, excluidas de dicha resolución pero que no se diferencian, incomprensiblemente, en el texto de la norma que se pretende aprobar, y usted lo acaba de corroborar. La propuesta de modificación del artículo 49.1 con un nuevo apartado n) del Estatuto de los Trabajadores se rige por un principio de voluntariedad en sentido estricto. Esto es, que la posibilidad de extinguir el contrato hasta ahora en manos de la empresa se condiciona a la voluntad del trabajador, que podrá solicitar, o bien una adaptación de su puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada, o bien el cambio a otro puesto de trabajo vacante disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación. Esta fórmula produce un evidente desajuste con el contenido del artículo 40.2 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que es el empresario quien está obligado a llevar a cabo los ajustes sin que sea preceptiva la previa solicitud de la persona afectada, tal como se propone en el nuevo texto. Aun más, recoge en ese segundo párrafo del referido artículo 40.2 de la mencionada ley determinar cuándo la adaptación del puesto de trabajo es desproporcionadamente onerosa para la empresa, eludiendo sin especificar el contenido sustancial de cada concepto a la dependencia, a la disponibilidad de recursos públicos, a los costes que la adaptación implique y al tamaño y volumen de negocios de la empresa. Como novedad, la regulación que se pretende pone en relación los costes de adaptación del puesto de trabajo con el salario medio de la empresa, además de con el tamaño y volumen de negocios de la empresa, bajo argumento recogido en la exposición de motivos, en teoría para que la aplicación de la norma permee también a las pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en España. No se encuentra justificación en dicho argumento para la incorporación de la referencia al salario medio de la empresa ni para su vinculación con los costes de adaptación del puesto de trabajo. Por otra parte, la carga excesiva debería valorarse no solo en relación con la adaptación del puesto de trabajo, sino también en relación con el cambio a otro puesto compatible con la nueva situación. Además, en cuanto a la propuesta ―nuevamente lo ha advertido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero de 2024, que hemos citado de forma reiterada―, se deduce la imposición a la empresa de la obligación previa al despido de prever o mantener ajustes razonables, o demostrar, en su caso, que tales ajustes no constituirán una carga excesiva, y no el que exista un puesto de trabajo adaptado o susceptible de ser adaptado. Incluso puede suceder que algunos ajustes requieran cierta capacitación o título que no ostenta la persona afectada, cuestión ni siquiera planteada en la norma. En aras de la necesidad jurídica sería preciso también determinar en qué situación se encuentra la relación laboral durante el plazo para manifestar la voluntad de continuar en la empresa por parte de la persona trabajadora y el plazo para la adaptación del puesto de trabajo, el cambio a otro o la extinción del contrato de trabajo, en virtud de la activación, como bien sabe, del artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores, sin que nada aparezca en el texto propuesto. Igualmente, debería contemplarse en la norma que los convenios colectivos puedan regular el procedimiento a seguir para la adaptación o el cambio de puesto de trabajo cuando se produzca la solicitud de la persona trabajadora. En relación con las diferencias entre discapacitación e incapacitación, efectivamente, el proyecto de ley ignora la reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2024, que el señor ministro también conoce, sobre el régimen de compatibilidades entre prestaciones de incapacidad permanente y el trabajo por cuenta propia o ajena. En dicha sentencia se indica que el recto entendimiento de la Ley General de la Seguridad Social conduce a determinar que los trabajos compatibles con las prestaciones de incapacidad determinadas, esto es, la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez, son de carácter marginal y de poca importancia. Resulta difícil imaginar, por un lado, que la norma califique la incapacidad permanente absoluta como situación que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión y oficio, y que, por otro lado, esté permitiendo la compatibilidad con actividades que, según la definición anterior, no podría realizar. En línea con este último argumento está la disposición final segunda, donde el Gobierno, en el plazo de seis meses, en el marco del diálogo social, presentará una propuesta de modificación de la normativa en materia de Seguridad Social. No me dirá, señora ministra, que no hubiese sido mejor empezar por ahí y, una vez hecho este acuerdo, realizar esta ley. Simplemente por eso entendemos que vale la pena la enmienda a la totalidad, porque debería abordarse primero esa modificación de la normativa de la Seguridad Social para después acometer el régimen de la extinción de la relación laboral de forma coherente con dicha regulación. Y, a la vista de la normativa en materia de Seguridad Social de esta sentencia, no cabe que la persona trabajadora en situación de incapacidad permanente total o absoluta o de gran invalidez pueda mantener su relación laboral solicitando la adaptación en el puesto de trabajo, a tenor de esta sentencia recientemente reconocida en el Tribunal Supremo, en la Sala Cuarta, en abril de 2024. Señora ministra, aquí se esconde moralmente una gran trampa, se produce sin duda una inversión del principio de solidaridad del que debe ser el garante el Estado y no los ciudadanos o las empresas garantes de los incumplimientos del Estado. Nosotros entendemos que, tal como está escrita la norma en este momento, se ponen en peligro las prestaciones de lo que conocemos como incapacidad permanente total y absoluta y la gran invalidez, que dejarán de estar posiblemente garantizadas, pasando a la incertidumbre. Usted sabe, señora ministra, que la incapacidad transitoria permanente tiene una pensión del 55 %; la contributiva, del 75 %; la absoluta, del 100 % de la base de cotización, y la gran invalidez, del 150 %. ¿Asumirá este 150 % de la gran invalidez la empresa o pagará el 100 %? ¿Está diciendo que aquellas personas con gran invalidez perderán el 50 % por el cuidado de las terceras personas? Porque no está todavía aclarado lo que dice la disposición final segunda. . Por eso, señora ministra, pedimos — y acabo, señor presidente— que se reconsideren estas cuestiones que entendemos que son cuestiones técnicas, como habrá visto, cuestiones absolutamente técnicas. Por lo demás, nosotros, con la discapacidad y con los discapacitados, igual que con nuestras familias: con todo y con ellos, por supuesto. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente, moi boa tarde. Señora ministra, hoxe vimos de coñecer unha boa noticia para os traballadores e traballadoras galegas. Na realidade, creo que para as de todo o Estado. O Comité Europeo de Dereitos Sociais vén de admitir a trámite o caso que denomina «CIG contra España». A reclamación da CIG contra o seu goberno por insuficiencia do Salario Mínimo Interprofesional por incumprimento da Carta Social Europea, dado que, cos criterios do Eurostat, os mil cento trinta e catro euros fican lonxe e debe situarse en mil douscentos noventa e cinco con oitenta euros e de paso, pois lexitima á CIGA como sindicato con capacidade de reclamación diante do Comité Europeo, cousa que tamén o seu goberno lle negou, seica porque non era un sindicato estatal. Ás veces, a retórica da plurinacionalidade queda niso, en retórica. En todo caso, como xa ten acontecido outras veces con propostas deste goberno, do seu ministerio, nesta proposición de lei, o problema non é tanto o que está como o que non está. Aínda que tamén poderiamos sinalar como no mínimo incongruente que se pretenda manter a actividade laboral de persoas após a declaración de incapacidade permanente e nós estamos de acordo, deixando a potestade de decidir en última instancia a posibilidade de adaptar ao posto de traballo ás empresas. Deberían ficar obrigadas a tomaren as medidas adecuadas para a adecuación dese posto e a accesibilidade en función das necesidades de cada situación concreta. Isto especialmente porque, como vostede sabe, o Real decreto 1/2003 xa estabelece unha reserva de posto de traballo para persoas con discapacidade de 2 % para as empresas con máis de cincuenta traballadores e traballadoras. Unha reserva que en moitos casos as empresas non cumpren porque utilizan o recurso a computar as persoas traballadoras dos centros especiais de emprego que realizan a súa actividade laboral como contratas e subcontratas. A propósito disto, o sindicalismo nacionalista galego, a CIG, defende elevar ese mínimo de cota de reserva até 5 %, cuestión que o BNG concorda e apoia. Ademais, é preciso actuar para facela cumprir en contratación directa sen trucos nin subterfuxios. En todo caso, cando falamos das cousas que non están, referímonos especialmente á recuperación de dereitos para os traballadores e traballadoras roubados pola reforma laboral do Partido Popular de 2012 e que o goberno do PSOE e de Unidas Podemos non recuperou na modificación do Real decreto-lei de decembro, de 2023 incumprindo os seus compromisos. Quero lembrar que ademais tamén votaron en contra da proposición de lei que co obxectivo de derrogar integramente esa reforma do PP e recuperar dereitos, presentamos conxuntamente BNG, Esquerra e Bildu rexistrada en maio de 2022, en marzo de 2022, e debatida en maio de 2023. Faltan, por tanto, cuestións esenciais como corrixir as facilidades para despedir o abaratamento do despido, de corenta e cinco a trinta e tres días, reverter a eliminación da autorización previa nos ERE, nos despedimentos colectivos ou dos salarios de tramitación. Eliminar a posibilidade, por parte dos empresarios de modificar as condicións de traballo, en xornada, na mobilidade xeográfica, mesmo a prevalencia dos convenios de empresa sobre os do sector no conxunto das condicións laborais e non só nos salarios. Falta tamén acabar coa precarización dos traballadores e traballadoras. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Señora ministra, tenemos una realidad muy buena para los trabajadores y trabajadoras gallegas y para todo el Estado, y es que el Comité Europeo de Derechos Sociales admite a trámite el caso que denomina CIG contra España, la reclamación de CIG, el sindicato, contra su Gobierno por insuficiencia del salario mínimo interprofesional, por incumplimiento de la Carta Social Europea, dado que, con los criterios de Eurostat, los 1134 euros quedan muy lejos y debe situarse en 1295,80 euros. La CIG es un sindicato con capacidad de reclamación ante el Comité Europeo, cosa que su Gobierno se ha negado porque decía que no era un sindicato estatal. A veces, la retórica de la plurinacionalidad se queda en eso, en pura retórica. En cualquier caso, como ha sucedido ya otras veces con la propuesta de este Gobierno, de su ministerio, en esta proposición de ley el problema no es tanto lo que está como lo que no está, aunque también podríamos señalar como en lo mínimo que es […] y cómo se pretende mantener la actividad laboral de personas tras la declaración de incapacidad permanente — estamos de acuerdo—, dejando, en última instancia, la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo a las empresas. Deberían quedar obligadas a tomar las medidas adecuadas para la adecuación de dicho puesto de trabajo y la accesibilidad en función de las necesidades de cada situación concreta. Esto, especialmente, porque, como usted sabe, el Real Decreto de 1/2003 ya establece una reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad del 2 % a las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras, una reserva que en muchos casos las empresas no cumplen porque utilizan el recurso de computar a las personas trabajadoras de los centros especiales de empleo que realizan sus actividades laborales como contratas y subcontratas. A propósito de esto, el sindicalismo nacionalista gallego, la CIG, defiende elevar ese mínimo de cuota de reserva hasta el 5 %, cuestión con la que el BNG está de acuerdo y apoya. Además, es necesario actuar para hacerla cumplir en contratación directa, sin trucos ni subterfugios. En todo caso, cuando hablamos de las cosas que no están nos referimos especialmente a la recuperación de derechos para los trabajadores y trabajadoras robados por la reforma laboral del Partido Popular de 2012 y que el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos no ha recuperado en la modificación del Real Decreto Ley de diciembre de 2023, incumpliendo sus compromisos. Quiero recordar que también votaron en contra de la proposición de ley que, con objetivo de derogar íntegramente esa reforma del PP y recuperar derechos, presentamos conjuntamente BNG, Esquerra y Bildu, registrada en marzo de 2022 y debatida en mayo de 2023. Faltan, por lo tanto, cuestiones esenciales, como corregir las facilidades para despedir; el abaratamiento del despido de cuarenta y cinco a treinta y tres días; revertir la eliminación de la autorización previa en los ERE, los despidos colectivos o el salario de tramitación; eliminar la posibilidad por parte de los empresarios de modificar las condiciones de trabajo, jornada, movilidad geográfica, e incluso la prevalencia de los convenios de empresa sobre el sector en el conjunto de las condiciones laborales y no solo en los salarios. Falta también acabar con la precarización de los trabajadores y trabajadoras.

Néstor Rego Candamil BNG

Falta moito, e nesa liña o BNG seguirá traballando. En todo caso, votaremos loxicamente en contra da emenda á totalidade de VOX e presentaremos emendas parciais para avanzar na dirección que acabo de referir. Moito obrigado. En esta línea, el BNG seguirá trabajando. En cualquier caso, votaremos en contra de la enmienda a la totalidad de VOX y presentaremos enmiendas parciales para avanzar en el sentido que he referido. Muchas gracias.

Noemí Santana Perera SUMAR

Gracias, señor presidente. El proyecto de ley que venimos a debatir hoy, y cuya tramitación apoyaremos, viene a resolver un problema histórico de los trabajadores y trabajadoras. Hasta este momento, la declaración de incapacidad permanente tenía como consecuencia la extinción inmediata del contrato de trabajo sin indemnización y, en muchos casos, la condena a la precariedad de los trabajadores y trabajadoras que incurrían en esta incapacidad permanente. La incapacidad permanente total, a la que tienen derecho los trabajadores y trabajadoras que no pudiendo realizar su trabajo habitual sí pueden realizar otros trabajos, genera el derecho a una prestación de en torno al 55 % de la base reguladora. Esto hacía que estos trabajadores acabaran sufriendo una merma de casi un 50 % de la retribución percibida y, por lo tanto, una condena a la disminución de su poder adquisitivo, así que no les quedaba más remedio que buscar un nuevo empleo para mantener esa capacidad adquisitiva y más en un país como España, que ya conocemos las cifras de paro estructural, que son alarmantes. Creemos que la presente reforma establece la voluntad de la trabajadora de ser ella misma la que solicite a la empresa la adaptación o cambio de puesto de trabajo. En cualquier momento, la trabajadora será quien podrá decidir si abandona y pasa a percibir una prestación de incapacidad permanente en su grado adecuado. Hasta aquí no podemos sino estar de acuerdo con el proyecto de ley y no entendemos bien la posición de VOX, que se opongan a esto, que no solo es bueno para las personas con discapacidad, sino también para los trabajadores y trabajadoras de este país, e incluso es bueno para sus tan queridos y amados empresarios. Vamos a apoyar esta tramitación, pero somos precavidas en algunos asuntos que nos preocupan. Por ejemplo, se establece que la empresa podrá negarse a adaptar el puesto de trabajo por carga excesiva, pero no se define cuál es esa carga excesiva, por lo que prevemos que esto pueda llevar a muchísimas disputas judiciales. Otra de las cosas que nos preocupan es que, una vez adaptado el puesto a la trabajadora y percibidas las ayudas públicas que existieran, como establece la norma, la trabajadora queda a merced de la voluntad del empresario, porque recordemos que en España hoy en día el despido libre, por mucho que sea indemnizado. Por eso, creemos que, para proteger más a los trabajadores ante estas situaciones, hay que reformar los artículos 53 y 55 del Estatuto de las trabajadoras y trabajadores. Vamos a estar muy pendientes, porque nuestro lema es trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Queremos reducir la jornada laboral a treinta y siete horas.

Noemí Santana Perera SUMAR

En los últimos tiempos ha habido globos sonda sobre la compatibilidad del trabajo con la jubilación y la incapacidad. Esperemos que no sea así, porque de qué nos sirve trabajar treinta y siete horas si vamos a trabajar treinta y siete horas hasta los noventa años. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. VOX nos presenta hoy una enmienda a la totalidad a la ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores para que la incapacidad permanente total no suponga el fin del contrato de trabajo; una enmienda que se justifica, según ustedes, porque la ley se equivoca. Según sus palabras, yerra por completo en su aplicación práctica, a pesar de que la misma persiga ―dicen ustedes― como objetivo el mantenimiento del puesto de trabajo, y para ello alegan una serie de argumentos que, desde luego, bien podrían subsanarse vía enmiendas en lugar de presentar una enmienda a la totalidad, que por otro lado entiendo que obedece más a su particular marketing político. Obvian que este proyecto es fruto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 enero de 2024, que declara contrario a derecho comunitario el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores en la parte que habilita a las empresas para extinguir el contrato de trabajo de un empleado declarado en situación de incapacidad permanente para el trabajo, salvo que dicha situación tenga una previsión de mejoría en el plazo de unos años; es decir, que la extinción del contrato por incapacidad permanente total no puede ser automática. La sentencia de este tribunal impone al empleador la obligación de intentar la realización de ajustes razonables en otro puesto de trabajo para garantizar, siempre que sea posible, la continuidad en el empleo del trabajador afectado por la declaración de incapacidad permanente, desapareciendo la posibilidad, como he dicho, de extinguir automáticamente y sin justificación el contrato de los empleados en situación de incapacidad permanente sin que previamente se agoten todas las actuaciones empresariales posibles tendentes a mantener ese empleo. Esto es lo que hace el proyecto de ley; no hay más que ver lo que decía el anteproyecto de ley, que al principio solo hablaba de suprimir la extinción automática del contrato de trabajo por incapacidad permanente, y este proyecto, que, como he dicho, recoge lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectivamente, el cambio normativo condiciona y dificulta una causa de extinción del contrato de trabajo que hasta ahora no revestía ningún problema o duda alguna, y ahora estas situaciones serán más complejas, porque requerirán un profundo análisis para comprobar si existe otro puesto de trabajo adaptado o que pueda ser adaptado a la situación de la persona empleada o justificar y acreditar que no resulta posible o que, aunque lo fuera, supondría una carga excesiva e injustificada para la empresa la reubicación de la persona trabajadora en otro puesto de trabajo adaptado. Pero además de esto, el texto que hoy debatimos ha sido modificado por el Gobierno, con respecto al anteproyecto de ley existente, para adaptar esta modificación del artículo 49 en el régimen de la Seguridad Social, haciéndose eco de la sentencia del Tribunal Supremo 1996/2024, que rectifica la doctrina sobre la compatibilidad de la incapacidad absoluta o la gran invalidez y el trabajo puntual. Por tanto, declara que la compatibilidad prevista legalmente para la incapacidad absoluta o la gran invalidez se refiere a trabajos esporádicos o marginales que no den lugar a su inclusión en la Seguridad Social. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este proyecto se adecua a las respectivas sentencias, desde luego no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad presentada, por cuanto entendemos precisamente que es ir en contra de lo establecido en dichas sentencias y en este decreto, y que no es otra cosa que otorgar un trato adecuado y respetuoso a las personas trabajadoras con una discapacidad sobrevenida. Ustedes no persiguen la subsistencia del contrato de trabajo, con esta enmienda a la totalidad ustedes persiguen tener más minutos en esta tribuna, como he dicho, para hacer marketing de su peculiar política, en lugar de fomentar la seguridad laboral y la inclusión en el entorno laboral de las personas con discapacidad, considerando alternativas al puesto de trabajo antes de proceder al despido, es decir, que las personas puedan decidir sobre su puesto de trabajo. En este sentido, hay que hablar de que hoy en día la tecnología, la inteligencia artificial y los avances tecnológicos posibilitan estos cambios, no hay que ir al pasado, como ha dicho también la vicepresidenta. Osoko zuzenketa honen aurka bozkatuko dugu Europako Justizia Ofizialaren eta Auzitegi Gorenaren epaiaren aurka doalako, izanbe, epai horien arabera, alde batetik, pertsona baten ezintasun osoak ez dau esan nahi esan, esan nahi, barkatu, bere kontratua automatikoki amaitu edo iraungi behar danik eta ahal den guztietan bermatu behar dala lanean edo beharrian jarraituko dabela. Eta bestetik, argi uzteko ezintasunaren edo baliaezintasun handiaren bateragarritasuna lan marjinalei dagokiola. Eskerrik asko. Vamos a votar en contra de esta enmienda a la totalidad, teniendo en cuenta que va en contra de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Según esas sentencias, por un lado, la incapacidad total de una persona no quiere decir que su contrato tenga que finalizar o caducar inmediatamente. Además, en todas las ocasiones hay que garantizar que esas personas seguirán trabajando, y, por otro, también cabe dejar muy claro que la incapacidad total no es compatible con los trabajos marginales. Muchas gracias.

Verónica Martínez Barbero SUMAR

Muchas gracias, presidente. La enmienda a la totalidad que presenta el Grupo VOX esgrime tres argumentos contra el proyecto normativo de referencia, todos ellos sobre fundamentos que carecen de base jurídica y que introducen serios errores de base práctica. En primer lugar, alegan que las empresas no pueden hacerse cargo de los costes de las adaptaciones o cambios de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, pero, señorías de VOX, las consecuencias para las empresas son ―serían, pero ya son― muchísimo peores de no proceder a la reforma propuesta por el Ministerio de Trabajo. Nuestros tribunales han ido incorporando los mandatos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, concretamente de su artículo 25, entre los criterios a tener en cuenta para poner en tela de juicio las extinciones y despidos objetivos por discapacidad sobrevenida. Así lo han hecho, declarando la improcedencia de los despidos, entre otras, y para que vean de dónde viene esto de antiguo, la sentencia del TSJ de Madrid de 18 de abril de 2016 o la del TSJ de Cataluña de 11 de abril de 2017, e incluso algunas sentencias se inclinan por la nulidad en estos casos, como la sentencia del TSJ de Valencia de 8 de mayo de 2014 o la de Cataluña de 17 de febrero de 2015, y esto mismo ―ya lo han dicho otras portavoces― ha resuelto la jurisprudencia europea. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero de 2024 ha abordado expresamente la compatibilidad entre el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores, que pretendemos reformar, y la Directiva 2000/1978, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y en la ocupación. Y concluye que una normativa que excuse sin más a la empresa de la necesidad de efectuar la adaptación o cambio de puesto de trabajo resulta discriminatoria por razón de discapacidad y contraria a la directiva, y añade: siendo absolutamente irrelevante a estos efectos la percepción de una prestación económica que en ningún caso explica ni justifica la diferencia de trato. Con todo esto, ¿pretenden ustedes hacer creer a los empleadores y empleadoras de este país que si no reformamos el Estatuto de los Trabajadores pueden despedir a las personas con discapacidad? Al contrario, señorías. Ustedes, señorías de VOX, están situando a las empresas ante la letal situación de enfrentarse a un despido nulo, a una indemnización por daños y perjuicios y, además, a mayores, a la adaptación del puesto de trabajo o al cambio de puesto de trabajo cuando la persona trabajadora se reincorpore después del despido nulo. . Los y las autónomas, las empresas de este país y las personas que trabajan por cuenta ajena no tienen por qué conocer las normas ni sus consecuencias antes de que se publiquen en el BOE, pero ustedes sí. Son unos irresponsables, dejen de tocar de oído, porque la inseguridad jurídica que ustedes generan puede tener consecuencias gravísimas para las empresas. Su segundo argumento es que no tiene sentido alguno aplicar protección en el ámbito laboral a las personas con gran invalidez. Señorías, nuestra legislación no distingue tres categorías de discapacidad, reconoce a las personas con incapacidad absoluta, a las personas con gran invalidez, exactamente la misma protección que a las personas con incapacidad total, artículo 4 del Real Decreto Ley 1/2023. Es un principio general de nuestro derecho. Donde la ley no distingue, nosotras no debemos distinguir. Lo diré de manera clara: la literalidad actual del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores, que pretendemos reformar, atenta contra el objetivo de integración profesional de las personas con discapacidad que aparece recogido en la Convención de la ONU, en la medida en que establece límites y restricciones al derecho a trabajar de las personas con discapacidad. Sí, ya lo ha dicho la vicepresidencia, aquí está en juego el derecho a trabajar, porque el derecho a trabajar también ampara la opción de la persona trabajadora de resolver su contrato y percibir la prestación por incapacidad sobrevenida, tal y como esta norma pretende. Ustedes promueven directamente un trato discriminatorio de las personas con discapacidad; ustedes, que tanto se esforzaron por sumarse a las enmiendas de la ley ELA, pero era todo politiqueo y electoralismo, y esta enmienda a la totalidad les desenmascara a ustedes totalmente. En SUMAR, por contra, tenemos un objetivo: queremos cumplir con el mandato del artículo 49 de la Constitución, que reformamos ―ya se ha dicho― sin su apoyo, y de la Convención de las Naciones Unidas, y ello a través de un conjunto de reformas que empezaron con la Constitución y la ley ELA, siguen con el Estatuto de los Trabajadores y pronto continuarán con la reforma de la LAPAD. Nosotras queremos que la mal llamada ley de dependencia se convierta precisamente en lo que siempre debió ser: la ley de la autonomía de las personas en situación de dependencia. Por eso, vamos a proponer una reforma de la Ley 39/2006, para poner en valor los cuidados individualizados. Queremos que todos los cuidados y apoyos giren en torno a la voluntad, la autonomía y la preferencia de las personas. Traeremos una reforma dirigida a responder al deseo de las personas dependientes de vivir en sus casas. No hace falta que sus señorías de VOX nos adelanten el voto en relación a dicha reforma porque ya lo conocemos, porque su interés en mejorar la vida de las personas dependientes con discapacidad o enfermas es nulo. Ustedes en esto, como en todo, no aportan absolutamente nada. Su tercer argumento. Dicen que a las personas trabajadoras se las mide por su productividad y que esto se desconoce en la norma proyectada. Esto roza la indecencia. A las personas trabajadoras no se las mide por su productividad, se las mide por su aptitud en el desempeño de sus funciones. Ninguna de las causas de despido objetivo del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores apela a la productividad, y ya nos encargamos ―fue lo primero que hizo el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la pasada legislatura― de derogar el apartado d) del artículo 52 precisamente para la extinción de las faltas de asistencia, que era algo absolutamente injustificado. Por último, tengo que reconocerles que aún conservan la capacidad de sorprendernos. Ustedes tienen la poca decencia de mantener esta enmienda a la totalidad después de que el CERMI les haya pedido por escrito que la retiren y que nos hayan pedido a todos los grupos que votemos en contra. Esta enmienda a la totalidad no es contra el Ministerio de Trabajo y Economía Social, contra SUMAR o contra el Gobierno, es contra las más que justificadas aspiraciones de la sociedad civil, de las personas con discapacidad, y lo saben, lo saben de sobra, y aun así aquí estamos teniendo que debatir algo que no tiene discusión. Su arrogancia erosiona su propia legitimidad, pero es verdad que también fomenta la desafección de la ciudadanía con sus representantes políticos. Y sí, es que ya sabemos que juegan a eso: ustedes han hecho de la deslegitimación de las instituciones su modus operandi en política. En SUMAR creemos que ensanchar la democracia y generar más y mejores derechos debería ser el objetivo en la política para cualquier demócrata, sea zurdo o sea diestro, pero, claro, para eso, señorías de VOX, hay que ser demócrata. .

Jordi Salvador i Duch ERC

Bona tarda. Gràcies, president. Benvinguda, ministra. Avui debatem una esmena a la totalitat presentada per VOX contra un projecte de llei que, tot i no resoldre tots els problemes relacionats amb la incapacitat permanent, és un pas endavant necessari i coherent. Aquest projecte no sorgeix del no-res, sinó que respon a una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obliga l’Estat espanyol, un cop més — un cop més— a reformar la seva legislació laboral per protegir millor els treballadors amb incapacitat permanent. En aquest cas parlem d’acomiadaments. Hi ha una altra sentència d’acomiadaments que està per allí..., pendiente — ja saps de què va. I aquí rau l’accent del debat. La pregunta que els hi faig és la següent: quan una persona pateix una incapacitat, hauríem de permetre que perdi automàticament la seva feina o bé, com defensa aquest projecte, exigir que les empreses s›esforcin per adaptar el lloc de treball perquè el treballador pugui continuar prestant els seus serveis? Aquesta seria la pregunta. I està clar quina és la resposta de VOX a aquestes preguntes: el seu projecte no defensa explícitament els drets dels treballadors ni ofereix una solució a les injustícies que pateixen les persones amb discapacitats permanents. El que proposen és una visió, jo diria, retrògrada i, diria, deshumanitzada, que considera el treballador com una peça prescindible d’un engranatge productiu. Per vostès, quan una persona ja no és rendible, l’empresa té el dret d’abandonar-la sense cap responsabilitat. Creiem que no està bé. Nosaltres, en canvi, defensem un model de societat on el valor de les persones no es mesura només per la seva capacitat productiva, sinó pel seu dret a viure amb dignitat. El que aquest projecte de llei pretén és recordar i exigir a les empreses la seva responsabilitat social — moltes vegades s’omplen la boca d’aquest concepte, però s’ha de posar a la pràctica—: adaptar els llocs de treball perquè els treballadors puguin continuar tenint una vida laboral i, per tant, una vida digna. A vegades diuen que hem d’estar tots al mateix vaixell. Bé, aquesta seria una manera de demostrar-ho, encara que jo no ho cregui. Quan parlem d’incapacitats permanents sovint perdem el món de vista. El primer problema amb aquesta figura jurídica és que massa sovint hi ha persones amb afectacions de salut greus a les quals resulta impossible aconseguir que els reconeguin cap grau d’incapacitat — i quan dic «impossible», dic «impossible». Desconec, senyores i senyors diputats presents avui a l’hemicicle, si tenen contacte amb persones que hagin patit aquesta injustícia que els ha portat la vida. Jo sí, i els asseguro que és una gran crueltat i una gran desesperança viure aquesta situació. Estem parlant de persones amb elevats graus de discapacitat reconeguts, persones amb dècades de convivència amb fibromiàlgies, amb depressions majors, amb encefalitis miàlgica, també coneguda com a síndrome de la fatiga crònica, etcètera, a les quals el sistema no està donant resposta. I és, repeteixo, un acte d’enorme crueltat; és un acte d’inhumanitat més del sistema neoliberal, que denigra i maltracta aquells elements no productius. Recordo una frase de Michel Foucault de quan estudiava que sempre m’ha quedat al cap sobre aquest sistema capitalista: és allò que Michel Foucault anomenava: «Els individus que no són dòcils no són sans i, per tant, no són útils, han d’estar fora del sistema.» I hem de ser honestos també, senyora ministra i tots els altres. Aquest projecte de llei, tot i que és un pas endavant necessari, no resol totes les problemàtiques que envolten la incapacitat permanent. Massa persones amb afectacions greus continuen sense rebre el reconeixement que mereixen, i això és una inhumanitat del sistema, que tracta les persones més vulnerables com a elements no productius, simplement. Des del Grup Republicà defensem que la solució passa per una reforma més profunda del sistema de reconeixement d’incapacitats. Caldria establir criteris més clars, més transparents i més justos per avaluar les situacions d’aquests treballadors. Per què? Perquè, fins al dia d’avui, quan a una empresa se li notificava que un treballador havia aconseguit el reconeixement d’una incapacitat permanent, massa vegades li rescindia el contracte de forma automàtica. I llenço una gran pregunta, amb la qual crec que podem interpel·lar tothom: hem de permetre que les empreses deshumanitzin els treballadors i rescindeixin automàticament els contractes quan ja no són tan rendibles com abans? Es poden tractar els treballadors com un objecte que quan ja no encaixa en els engranatges de l’empresa es llança a les escombraries? O, per contra, cal exigir que les empreses es responsabilitzin de totes les persones que les componen i adaptin els llocs de treball a les situacions de cada treballador? Evidentment, això requereix també dotar de més recursos econòmics i humans els tribunals mèdics per acabar amb l’arbitrarietat i la desatenció que avui pateixen molts ciutadans. Si volem una societat més justa, és imprescindible que ningú quedi enrere, i això només es pot aconseguir amb una aposta clara per la protecció laboral i social. No podem oblidar-nos tampoc — i això crec que de moment la llei no ho agafa— de totes aquelles persones que, precisament per motius de salut, es troben en situació d’atur o ja han esgotat la seva prestació d’atur, i el drama en aquest cas és doble. Aquests treballadors i treballadores que no poden reincorporar-se al mercat laboral per les seves condicions de salut pateixen una doble vulnerabilitat: l’abandonament del sistema laboral i la desprotecció econòmica per part de la nostra societat. No és només, doncs, una qüestió de reconèixer incapacitats; és una qüestió de justícia i de dignitat per a totes aquelles persones que han donat el millor de si mateixos i que ara necessiten el suport de la societat per viure amb dignitat. Moltíssimes gràcies. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bienvenida, ministra. Hoy debatimos una enmienda a la totalidad, presentada por VOX, contra un proyecto de ley que, aunque no resuelve todos los problemas resueltos con la incapacidad permanente, sí es un paso adelante necesario y coherente. El proyecto no sale de la nada, sino que responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga al Estado español una vez más ―una vez más― a reformar su legislación laboral para proteger mejor a los trabajadores con incapacidad permanente. Hablamos aquí de despidos y hay alguna otra sentencia de despidos que está ahí pendiente, y aquí está el acento del debate. La pregunta que les hago es la siguiente: cuando una persona sufre una incapacidad, ¿deberíamos permitir que pierda automáticamente su empleo, o bien deberíamos exigir que las empresas se esfuercen para adaptar el puesto de trabajo para que el trabajador pueda prestar sus servicios continuadamente? Esa es la pregunta, y ya sabemos cuál es la respuesta de VOX a estas preguntas. Su proyecto de ley no defiende explícitamente los derechos de los trabajadores ni ofrece una solución a las personas que sufren una discapacidad permanente. Lo que proponen es una visión, yo diría, retrógrada y deshumanizada, que considera al trabajador como una pieza prescindible de un engranaje productivo, y para ustedes, cuando una persona ya no es rentable, la empresa tiene derecho a abandonarla sin ninguna responsabilidad, y creemos que eso no está bien. Nosotros, sin embargo, defendemos un modelo de sociedad en el que el valor de las personas no se mide solo por su capacidad productiva, sino por su derecho a vivir con dignidad. Este proyecto de ley pretende recordar y exigir a las empresas su responsabilidad social. A veces nos llenamos la boca con eso, pero hay que ponerlo en la práctica: adaptar el puesto de trabajo para que los trabajadores puedan seguir teniendo una vida laboral y, por tanto, una vida digna. Decimos muchas veces que estamos en el mismo barco, y esa sería una manera de demostrarlo. Cuando hablamos de incapacidades permanentes, muchas veces perdemos el mundo de vista. El primer problema que tenemos con esta figura jurídica es que demasiadas veces hay personas con afectaciones de salud graves a las que les resulta imposible conseguir que se les reconozca algún grado de incapacidad; y, cuando digo imposible, digo imposible. Desconozco, señorías presentes hoy en el hemiciclo, si tienen contacto con personas que hayan sufrido esa injusticia que les ha segado la vida. Yo, sí, y les aseguro que es una gran crueldad y una gran desesperanza vivir esta situación. Estamos hablando de personas con altos grados de discapacidad reconocidos, personas con décadas de convivencia con fibromialgia, dependencias mayores o encefalitis miálgicas, conocidas como síndrome de fatiga crónica, a las que el sistema no les está dando una respuesta, y es, repito, un acto de crueldad enorme, un acto de falta de humanidad del sistema neoliberal que maltrata a los elementos no productivos. Había una frase de Michel Foucault que recuerdo de cuando estudiaba el sistema capitalista. Michel Foucault decía que los individuos que no son dóciles no están sanos y, por tanto, no son útiles y deben quedar fuera del sistema. Y debemos ser honestos también, señora ministra. Aunque este es un paso adelante necesario, no resuelve todos los problemas que giran en torno a la incapacidad permanente. Demasiadas personas con afectaciones graves no reciben el reconocimiento que merecen, y es una falta de humanidad del sistema que trata a los más vulnerables simplemente como elementos no productivos. En el Grupo Republicano defendemos que esto pasa por una reforma más amplia del sistema de incapacidades. Habría que establecer criterios más claros, más transparentes y más justos para poder evaluar las situaciones de estos trabajadores. ¿Por qué? Pues porque, hasta el día de hoy, cuando a una empresa se le notificaba que un trabajador había conseguido el reconocimiento de incapacidad permanente se le rescindía el contrato de forma automática. Y yo lanzo una gran pregunta en la que creo que podemos interpelar a todos: ¿debemos permitir que las empresas deshumanicen a los trabajadores y rescindan automáticamente los contratos cuando ya no rinden tanto como antes? ¿Se puede tratar a los trabajadores como un objeto que cuando ya no encaja en el engranaje de la empresa se tira a la basura? ¿O, por el contrario, hay que exigir que las empresas se hagan responsables de todas aquellas personas que las comprenden y que adapten los puestos de trabajo a las situaciones de cada trabajador? Evidentemente, todo eso requiere que se dote de más recursos humanos y económicos a los tribunales médicos para acabar con la arbitrariedad y con la desatención que sufren muchos ciudadanos. Si queremos una sociedad más justa es imprescindible que nadie se quede atrás, y eso solo se puede conseguir con una apuesta clara por la producción laboral y social. No podemos olvidarnos tampoco, y creo que de momento la ley eso no lo tiene en cuenta, de aquellas personas que, justamente por razones de salud, se hallan en situación de desempleo o han agotado ya sus prestaciones de desempleo; en este caso el drama es doble. Estos trabajadores y estas trabajadoras que ya no pueden reincorporarse al mercado laboral por su situación de salud sufren una doble vulnerabilidad: el abandono del sistema laboral y la desprotección económica por parte de nuestra sociedad. No es solo, por tanto, una cuestión de reconocer incapacidades. Es una cuestión de justicia y de dignidad para todas las personas que han dado lo mejor de sí mismos y que ahora necesitan el apoyo de la sociedad para poder vivir con dignidad. Muchas gracias. .

Elisa Garrido Jiménez PSOE

Muchas gracias, señor presidente. Una vez más, VOX nos trae a este Pleno una enmienda a la totalidad para oponerse a la demanda de la sociedad civil, en este caso una demanda de la sociedad civil de la discapacidad. Lo hicieron con la ley ELA, lo hicieron con el rechazo a la modificación del artículo 49 de la Constitución y lo hacen con esta reforma del Estatuto de los Trabajadores; una reforma cuyo objetivo es eliminar una discriminación por razón de discapacidad. Nada nuevo, cara al sol, de VOX. . Señor Aizcorbe, nos dice que VOX tiene un compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, pero ya lo ha dejado muy claro en esta tribuna: siempre y cuando no sean mujeres, porque eso es lo que a ustedes les preocupa. Las mujeres solo les preocupan, por desgracia, cuando sufren violencia machista, para poder utilizarlas en sus bulos contra la inmigración; esa es la única preocupación que tienen por las mujeres, sean o no personas con discapacidad. Y nos habla de una trampa moral, pero una trampa moral es esta enmienda a la totalidad que ustedes han traído aquí a este Pleno, porque lo único que pretenden con ello es tener su momento de gloria. Como decía la canción, VOX sería la novia en la boda y el muerto en el entierro con tal de dejar su sello. Hoy, por tanto, debatimos y votamos el rechazo de VOX a la modificación del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, acordada con el CERMI, el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad. Es una reforma para eliminar la extinción automática de la relación laboral por incapacidad sobrevenida de la persona trabajadora, vigente en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, y para adaptar la Ley General de Seguridad Social a esta nueva legislación laboral. La actual redacción del artículo 49, en su punto 1 e), establece como causa de extinción de la relación laboral automática la muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador. Esta redacción se ha mantenido invariable desde el texto original del Estatuto de los Trabajadores de 1980 y se ha mantenido, además, en las sucesivas modificaciones, pero la sociedad española ha cambiado mucho en estos cuarenta y cuatro años, para pesar de algunos. Evidentemente, en estos años la percepción de la discapacidad y de los derechos de las personas con discapacidad ha ido variando profundamente, desde un modelo médico asistencialista rehabilitador hasta el modelo actual: más social, de inclusión y de respeto por la autonomía personal, por no hablar, como ya han dicho algunas portavoces antes que yo, del ingente avance tecnológico que ha sufrido nuestra sociedad en los últimos cincuenta años. Por tanto, el proyecto de ley que el Gobierno de España ha remitido a la Cámara transita desde un texto vigente, que equipara la discapacidad sobrevenida con la muerte, a una propuesta que reconoce el derecho de la persona trabajadora al empleo y a que se realicen ajustes razonables en su puesto de trabajo que le permita mantenerse en activo, si así lo desea, en caso de incapacidad sobrevenida. Estos dos conceptos, la voluntariedad — ha de ser la persona trabajadora quien solicite la reincorporación— y la definición legal de lo que se ha de entender por ajustes razonables, son los dos principales aspectos de esta modificación legal. Tal y como el CERMI claramente señala, las razones que expresamos para solicitar su devolución con esta enmienda a la totalidad carecen de fundamento jurídico — ya se ha dicho en esta tribuna, no hace falta abundar más en ello—, además de carecer, fundamentalmente, de alcance y de fundamento social por su pretensión de retrasar y de boicotear el cumplimiento de esta demanda de las personas con discapacidad. Desde luego, el texto propuesto por el Gobierno y acordado con la sociedad civil, aunque consideramos que es un buen texto puede ser mejorado en el trámite de enmiendas y, por supuesto, tendemos las manos a los grupos para poder mejorarlo a través de ese trámite de enmiendas. Pero más allá de esto, esta reforma obedece a una demanda social que no debe ni puede ser desoída por este Congreso; también supone adaptar nuestra normativa a los mandatos internacionales y europeos de derechos humanos y también al nuevo artículo 49 de la Constitución española. Es, por tanto, necesario proceder a su modificación y eliminar la discriminación que el actual texto contempla para las personas con discapacidad. Tampoco debemos olvidar, también se ha mencionado ya en la tribuna, que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado la importancia de que la empresa esté obligada a tratar de acometer ajustes razonables antes de extinguir la relación laboral de una persona por una incapacidad sobrevenida. Esto, desde luego, ha de hacerse atendiendo a un criterio de proporcionalidad, a las condiciones de la propia empresa y contando con la posibilidad de recibir ayudas a tal fin. Finalmente, es destacable que, si la persona con incapacidad permanente decide continuar en su puesto de trabajo, se evitará su pase forzoso a la situación de pensionista. No debemos olvidar que las tasas de actividad de las personas con discapacidad en nuestro país son sensiblemente inferiores a las del resto de las personas trabajadoras, un camino en el que todavía queda un largo recorrido que transitar para llegar a una igualdad real. Modificaciones como la que ahora se propone y como la del artículo 49 de la Constitución desde luego abren un camino, una mirada mucho más inclusiva hacia la discapacidad, sin negar las dificultades que entraña y los importantes ajustes que como sociedad necesitamos hacer para lograrlo. Por tanto, el Grupo Socialista votará decididamente en contra de la enmienda a la totalidad planteada por VOX, convencidos de que se trata de una reforma necesaria que obedece a mandatos internacionales y a la demanda de la sociedad civil, a la que no debemos dar la espalda. Confiamos en que el Congreso de los Diputados esté a la altura de lo que nos demanda la sociedad y acometamos esta reforma con celeridad. Tendemos la mano a todos los grupos para trabajar en las posibles mejoras a esta ley, que debería ser aprobada por unanimidad de este Congreso. Recordemos, señorías ―y con esto concluyo―, el artículo 49.2 de la Constitución española que hace menos de un año reformamos con los votos de la mayoría del Congreso de los Diputados: «Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles». Hagámoslo una realidad. Muchas gracias. .

María Isabel Prieto Serrano PP

La participación en el trabajo de las personas con discapacidad es fundamental para su pleno desarrollo e integración en la sociedad. En el Partido Popular compartimos plenamente que se facilite su derecho al acceso y al mantenimiento del empleo sin que puedan sufrir discriminación alguna, de acuerdo con el marco de las normas internacionales y comunitarias. En nuestro derecho interno destacamos la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular; a lo que añadimos la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución española, impulsada por el Partido Popular. Somos un partido comprometido con la igualdad de oportunidades de todos aquellos colectivos que tengan más dificultades de inserción y desarrollo en su vida profesional. . El proyecto de ley aquí presentado se inscribe en este marco y trae causa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero del 2024, que resuelve una cuestión prejudicial relativa a un trabajador declarado en situación de incapacidad permanente total por accidente de trabajo. Usted, señora ministra, ha tardado más de nueve meses en traer esta iniciativa al Congreso de los Diputados para adaptar el derecho interno a este criterio, pero como siempre llega tarde y mal, presentándonos una regulación deficiente, carente de rigor técnico y jurídico. Usted se ha convertido en la ministra de los mil anuncios, que cada día pregona múltiples modificaciones legislativas, pero lo cierto es que lleva un año de legislatura y no ha aprobado nada, a excepción del real decreto ley de desempleo, que ya pudo convalidar a cambio de las cesiones políticas a partidos nacionalistas e independentistas. Podemos compartir el objetivo y el espíritu del presente proyecto de ley, pero rechazamos la forma en que se ha elaborado y rechazamos también el fondo respecto a gran parte de su regulación. En relación con la forma, han vuelto a vulnerar el diálogo social en nuestro país. Tendrían que haber abierto una mesa de diálogo social y haber escuchado las propuestas de los agentes sociales realizando un debate reflexivo, profundo y de calado sobre este tema. No lo han hecho. Han tramitado este asunto como un mero periodo de consulta sujeto simplemente a informes, con la sorpresa no solamente de la patronal, sino también de los propios sindicatos. Se encontraron con una propuesta cerrada, sin margen para la negociación; así lo dice el dictamen del Consejo Económico y Social de 26 de junio del 2024 ―que usted conoce, ¿verdad, señora ministra?―. El CES quiere dejar constancia de que el texto del anteproyecto objeto del presente dictamen no ha sido consultado previamente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Su Ministerio de Trabajo está ninguneando el marco de la negociación colectiva de forma constante y permanente , y está utilizando la vía del rodillo legislativo con reales decretos leyes, imponiendo medidas que suponen una injerencia en la autonomía de la regulación convencional. Está haciendo cesiones políticas en contra de sus propios acuerdos; traiciona los principios recogidos en su propia reforma laboral de 2021, y todo para mantenerse como vicepresidenta de un Gobierno cercado y acechado por la corrupción. . Y tanto usted como su formación política, que abanderaban la lucha contra la corrupción, ahora miran para otro lado para evitar a toda costa que les salpique. Le hago una pregunta, señora ministra: ¿de verdad que SUMAR se va a quedar para tapar la corrupción del PSOE? Respecto al fondo de este proyecto de ley, usted ya sabe que la regulación que proponen deja mucho que desear. Ha sido fuertemente cuestionada por el dictamen del Consejo Económico y Social, que llega a afirmar: Este organismo consultivo no comparte la regulación contenida en el anteproyecto, ya que plantea delicadas cuestiones en los textos normativos vigentes que son de aplicación. El texto plantea una técnica legislativa farragosa y muy poco clara, utilizando conceptos jurídicos indeterminados que dificultan la aplicación de la norma y que sin duda van a generar una mayor conflictividad laboral; a lo que se suma el hecho de que esta propuesta normativa no casa con el régimen actual de incompatibilidad de las prestaciones de incapacidad permanente establecido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2024. El artículo 49 no define el alcance de ajuste razonable ni de carga excesiva en la adaptación del puesto de trabajo. Incluyen una referencia a los salarios medios, que no está prevista en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea; sin embargo, eluden el concepto de costes financieros. ¿Y qué ocurre, señora ministra, con la situación jurídica de la relación laboral del trabajador durante estos tres meses? ¿Y qué ocurre con la posibilidad de que el periodo de IT se prolongue más allá del plazo legal de extinción? ¿Y qué plazo y qué procedimiento han dado a los trabajadores para impugnar las decisiones de las empresas ante la jurisdicción social? Esta y otras muchas cuestiones quedan sin resolver en su proyecto de ley. Esto va a generar una gran inseguridad jurídica y un caos no deseado entre las empresas y los trabajadores; así que, como ha dicho el propio Consejo Económico y Social, esto puede llevar a un contexto que resulte disuasorio del ejercicio del derecho. Por tanto, señora ministra, si usted quiere que esta iniciativa siga adelante, va a tener que trabajar mucho más intensamente y depurar todas las deficiencias técnicas y jurídicas que existen para que no se perjudiquen los derechos de las personas con discapacidad. . También pretenden realizar una adaptación terminológica de la incapacidad permanente en la Ley General de la Seguridad Social. No vamos a aceptar una reforma de la Seguridad Social por la puerta de atrás ; no vamos a permitir una reforma encubierta que vulnere los principios de equidad y de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. No se pueden conceder habilitaciones normativas al Gobierno sin control, sobre todo si tenemos en cuenta la gestión nefasta de este Gobierno con relación a la Seguridad Social; un agujero de más de 300 000 millones de euros pone en peligro la hucha de las pensiones y las cotizaciones cada vez más altas. Además, no olvidemos que fue Zapatero quien congeló las pensiones. . Usted, señora ministra, se autoproclama como una ministra muy social, una ministra que durante su mandato ha multiplicado la tasa de pobreza y la ha llevado hasta el 26,5 %. . Cualquier reforma de la Ley General de la Seguridad Social ha de ser coherente y lógica, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

María Isabel Prieto Serrano PP

Voy terminando, señor presidente. Gracias. Aunque, claro, ya sabemos que a ustedes no les gustan los pronunciamientos del Tribunal Supremo, por lo que veo difícil que puedan atender su criterio si avalan a un Gobierno que ataca constantemente a la independencia de jueces y magistrados y, sobre todo, un compañero suyo ministro, Óscar Puente, que ha llegado a llamar a los jueces subcontratados. ¿Comparte usted esta afirmación, señora ministra? .

María Isabel Prieto Serrano PP

En definitiva, la redacción actual del proyecto no va a garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a un puesto de trabajo de forma viable y efectiva. Por favor, busque una fórmula de inclusión social para que pueda garantizar el ejercicio de este derecho, pero para eso tendrá que mejorar mucho su propuesta. .

José Vicente Marí Bosó PP

Gracias, señor vicepresidente. Señorías, no basta con que haya Gobierno, hace falta un Gobierno que gobierne, un Gobierno que en lugar de crear problemas trate de solucionar problemas. Señorías, hace falta un Gobierno que escuche y que comparta soluciones con los actores implicados de la sociedad civil, que haga de la colaboración público-privada su guía de actuación para no meter la pata. Y de esto va esta iniciativa que traemos a debate de sus señorías en el Pleno de hoy, de que el Gobierno solucione problemas en lugar de crearle problemas al sector turístico español; de que el Gobierno se siente en la mesa de todos los operadores del sector turístico para ver de qué manera se pueden compatibilizar las necesidades de seguridad de las personas con el éxito y la competitividad de nuestras empresas turísticas; de que el Gobierno se siente, escuche a los operadores turísticos y a sus organizaciones representativas. En este punto permítame dar la bienvenida a esta casa, que es su casa, a todas las entidades representativas del sector turístico español (dirigiéndose a la tribuna de invitados.―Aplausos). Bienvenidos y gracias por su esfuerzo y su trabajo, un esfuerzo y un trabajo de décadas, que han permitido que hoy podamos decir que España es líder mundial en turismo. Señorías, todo el sector turístico español lleva diciéndole al Gobierno desde 2021 que el Real Decreto 933/2021, por el que se establecen obligaciones de registro documental e información en las actividades turísticas, es una barbaridad; que se puede compatibilizar la seguridad y privacidad de nuestros visitantes con la máxima protección y la eficiencia en la recolección de datos e información sin poner en peligro la viabilidad de las pequeñas empresas ni la competitividad del sector. Este real decreto que ha visto aplazada su entrada en vigor hasta tres veces y que, si el Gobierno no atiende al sector ni atiende a lo que planteamos en esta proposición no de ley, entrará en vigor el próximo día 2 de diciembre, tendrá un impacto muy significativo sobre la actividad empresarial diaria de miles de pequeños negocios turísticos en nuestro país. Señorías, todo el sector ha venido diciendo unánimemente que este real decreto supone, primero, inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento; ignora la complejidad operativa que obliga a recopilar datos, incluso antes de la prestación del servicio. Segundo, una desventaja competitiva respecto del mercado europeo, ya que se imponen obligaciones a nuestras empresas que las legislaciones nacionales de otros Estados europeos no imponen. Tercero, una falta de adecuación tecnológica. La infraestructura tecnológica que se impone no funciona ni está operativa. Cuarto, una carga administrativa desproporcionada, hasta más de cuarenta datos se piden a las unidades alojativas. Y, en el caso de entidades que alquilan vehículos a motor, hasta más de ochenta datos. Además, se impone la recolección de datos en transacciones de pago, datos que ni siquiera tienen los establecimientos turísticos en nuestro país, porque evidentemente los tienen los proveedores de servicios de pago, como estipula la normativa europea. Y quinto, la vulneración de la normativa europea, con la recolección y almacenamiento masivo de datos, que no es proporcional ni respeta el principio de mínima intervención, y al tiempo supone una intromisión muy grave en la propia intimidad y privacidad de nuestros turistas y usuarios. . Por tanto, señorías, déjenme repetir: inseguridad jurídica, imposibilidad de cumplimiento, desventaja competitiva, inadecuación de la tecnología, carga administrativa desproporcionada y vulneración del derecho a la propia intimidad y privacidad de turistas y usuarios. Todas ellas son las razones por las que pedimos que se suspenda sine die la aplicación de este real decreto y se proceda a renegociar con los actores del sector turístico español. Pero, además, respecto de esta cuestión de la intimidad y la privacidad, respecto del ‘Gran Hermano Turístico’ que el señor Marlaska nos quiere imponer, es que deriva de un Gobierno descarrilado que quiere tapar el descarrilamiento y, para tapar el descarrilamiento, se dedica a controlarlo todo; a controlar los medios de comunicación, hoy la televisión pública, a controlar los jueces, a controlar las empresas comprando acciones e introduciéndose en sus consejos de administración y, ahora, Marlaska nos propone controlar a turistas y usuarios. . Los españoles merecen un Gobierno mejor. . Nuestro sector turístico es puntero en el mundo, pero el sector turístico español no va solo, y no es lo mismo que haya un Gobierno que acompañe, que ayude, que estimule, a que haya un Gobierno que ponga palos en la rueda como este Gobierno y esta normativa. Ya hemos visto, además, que la política de este Gobierno en vivienda regulando e interviniendo hasta la extenuación ha agravado el problema en vivienda y que la política industrial de este Gobierno, sometida a otro tipo de consideraciones no industriales, ha llevado a nuestra industria a languidecer como está languideciendo. Señorías, somos el tercer país con mejor índice de desarrollo de viajes y turismo del mundo, según World Economic Forum. Mantener y mejorar dicha posición, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, implica actuar sobre los factores de competitividad de nuestra industria en cuatro ejes: mejorar y modernizar nuestros destinos turísticos; adecuar las políticas activas de empleo y de disponibilidad de mano de obra, que tanto preocupan al sector; remover obstáculos normativos y regulatorios que impiden el crecimiento de nuestras empresas, y situar a España como referente mundial de destinos medioambientales. Todos esos son los retos de verdad de nuestro sector turístico, y a todos esos nos deberíamos aplicar. La seguridad, es verdad, está entre los factores que nos hacen más competitivos en el mundo, pero el reto no es más burocracia y menos privacidad, sino seguir escuchando y colaborando con el sector turístico para ir adoptando las decisiones correctas. Por ello, señorías — y termino—, pedimos al Gobierno que gobierne, que lo haga en la dirección correcta para solucionar los problemas, en lugar de crear más problemas, que suspenda la aplicación sine die de este real decreto y se siente a negociar con el sector turístico español. Muchas gracias, señor presidente. .

Cristina Valido García CCa

Señorías, buenas tardes. Este es el ejemplo de que lo que mal empieza, mal acaba; un decreto que en el año 2021 debió negociarse con profundidad, debió trabajarse con claridad con el sector turístico, cuya falta de consenso, diálogo o participación ha supuesto ya tres prórrogas. Nos encontramos a las puertas de que este decreto entre en vigor y las dificultades siguen siendo las mismas: una plataforma que no termina de funcionar y una petición de excesivos datos, con lo que los problemas y los conflictos en el sector, en los hoteles, en los rent a car y en las agencias de viajes están servidos. Desde su aprobación, el sector denuncia que hay muchísimos datos que se están exigiendo que no solo no se exigen en otros países de la Unión Europea, sino que además colisionan con la directiva europea de protección de datos y con la directiva europea de pago electrónico. Además, en mi caso, estamos hablando de Canarias, con un 65 % del sector dependiente de la turoperación. No sé si saben que la turoperación supone grupos importantes de clientes que llegan a la vez a los hoteles, que ya han entregado sus datos cuando han comprado el viaje y que se van a encontrar no solo con la ralentización en el check-in, que generará conflictos y una imagen que, desde luego, en este momento no tenemos pues podemos presumir de un magnífico servicio, sino con la pelea por unos datos que no van a entender que se les solicite como, por ejemplo, datos económicos o incluso cuál es la relación que el cliente tiene con la persona que le acompaña.

Cristina Valido García CCa

Estos son algunos de los ejemplos de los datos que se plantean. Ha dicho el ministro que solo se pedirán los datos que se están pidiendo ahora, pero eso no es lo que dice el real decreto, y si esto no se corrige y si la plataforma no funciona, este decreto no se puede poner en marcha. El perjuicio será enorme para una industria tan importante, en el caso de Canarias, como es el turismo. Gracias

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. O Real decreto 933/2021, aprobado hai tres anos, ameaza agora con entrar finalmente en vigor. O PP aproveita as críticas do sector para volver confrontar máis unha vez co goberno. Porén, non está realmente en desacordo co contido fundamental, porque, con efecto, a norma incrementará de forma exponencial as esixencias ás empresas e persoas que exercen actividades de hospedaxe e lugar de vehículos, co conseguinte incremento da burocracia e ralentización do proceso de rexistro ou check-in, mais, ao Partido Popular non lle preocupa realmente o que para o BNG é o principal problema, que esta normativa afecta e limita directamente dereitos básicos das persoas, como o da intimidade persoal e familiar, á liberdade de movementos e o dereito á presunción de inocencia. A normativa, partindo do estipulado no artigo 25 da chamada Lei Mordaza, establece a obriga de comunicar preventivamente ao Ministerio do Interior, e por extensión, ás forzas e corpos de Seguridade do Estado, os datos completos das persoas que aloxan. Os dereitos fundamentais das persoas non deben ser limitados, salvo baixo supervisión xudicial e sospeitas fundadas de comisión dun delito. O que estabelece o Real decreto é a aplicación do control e seguimento diario do conxunto da poboación en aras de prevención de futuros delitos, regulación que choca directamente co principio de minimización e de proporcionalidade que rexe a recompilación e tratamento de datos persoais, pois é dubidoso que non existan formas alternativas máis concretas respectuosas cos dereitos individuais. Para o BNG, por tanto, acabo, non é suficiente... Gracias, señor presidente. El Real Decreto 933/2021, aprobado hace tres años, amenaza ahora con entrar finalmente en vigor. El PP aprovecha las críticas del sector para volver a confrontarse una vez más con el Gobierno. Sin embargo, no está realmente en desacuerdo con el contenido fundamental, porque con efecto aumentarán de forma exponencial las exigencias a las empresas y personas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos con consecuente aumento de la burocracia y ralentización del proceso de registro o checkin. Pero al Partido Popular no le preocupa realmente lo que para el BNG es el principal problema, que esta normativa afecta y limita directamente derechos básicos de las personas como son el de la intimidad personal y familiar, la libertad de movimientos y el derecho a la presunción de inocencia. La normativa, partiendo de lo estipulado en el artículo 25 de la llamada ley mordaza, establece la obligación de comunicar preventivamente al Ministerio del Interior, y por extensión a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los datos completos de las personas que alojan. Los derechos fundamentales de las personas no deben ser limitados salvo bajo supervisión judicial y sospechas fundadas de comisión de un delito. Lo que establece el real decreto es la aplicación del control y seguimiento diario del conjunto de la población en aras de la prevención de futuros delitos, regulación que choca directamente con el principio de minimización y de proporcionalidad que rige en la recopilación y tratamiento de datos personales, pues es dudoso que no existan formas alternativas más concretas y respetuosas con los derechos individuales. Para el BNG, por lo tanto, no es suficiente…

Néstor Rego Candamil BNG

… a iniciativa que se limita a reclamar que se manteña a suspensión á espera da solución dos problemas técnicos. Reclamamos a retirada da norma e que se dite outra que efectivamente respecte os dereitos e liberdades públicas. Moito obrigado. … una iniciativa que se limite a reclamar que se mantenga la suspensión a la espera de dar solución a los problemas técnicos. Reclamamos la retirada de la norma y que se dicte otra que efectivamente respete los derechos y libertades públicas. Muchas gracias.

Noemí Santana Perera SUMAR

Para sorpresa de nadie, una vez más vemos que el Grupo Popular nos trae una propuesta que defiende los intereses de la patronal turística. Eso sí, en Canarias ha habido varias protestas en las cuales han salido miles de canarios y canarias a las calles y en todo este tiempo no he visto una iniciativa al respecto por parte del Partido Popular. Es un turismo de masas que tiene unas consecuencias terribles para nuestra tierra, no solo en cuanto a la destrucción de nuestro territorio, sino que conlleva paro, pobreza, precariedad, desigualdades o dificultades a la hora de acceder a una vivienda para nuestra población. El día 20 de octubre se recordó una vez más aquella solicitud que nos hizo la ciudadanía de Canarias el 20 de abril, que no es otra que poner en marcha una moratoria de los alquileres de viviendas vacacionales, poner en marcha una tasa turística y desarrollar un modelo productivo más sostenible y que redistribuya la riqueza en nuestra tierra. Sin embargo, el Partido Popular no ha dicho nada al respecto y debería pronunciarse porque cogobierna en el Gobierno autonómico con Coalición Canaria. Lo único que han hecho es una bomba de humo, creando un equipo de expertos, un grupo de trabajo que no ha hecho ninguna proposición y poner en la mesa un proyecto de ley que lo que hace es que ya no solo puedas poner en alquiler vacacional viviendas dignas, sino también auténticos zulos. Esa es la propuesta del Gobierno de Canarias. Postergar de nuevo, según trae la propuesta del Grupo Popular, la entrada en vigor de este real decreto, no sé qué decirles… Nosotras entendemos las dificultades que puede conllevar y lo complejo que es, pero tampoco podemos seguir postergando su entrada en vigor sine die.

Noemí Santana Perera SUMAR

Creo que de una vez por todas habría que cumplir con lo mandatado. Gracias.

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Popular presenta una iniciativa sobre el Decreto 933/2021 que actualiza las obligaciones de registro documental e información conocidas desde el siglo pasado que recaen sobre las actividades de hospedaje o el alquiler de vehículos a motor sin conductor por su relevancia con la seguridad ciudadana, por ser en muchas ocasiones utilizadas como logística para la delincuencia terrorista y el crimen organizado, singularmente el transnacional, y con amparo en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Es un decreto con una tramitación de más de cinco años, con informes de la Comisión de la Unión, múltiples consultas y reuniones con los sujetos afectados, aunque sin mención ni consulta a las comunidades autónomas con cuerpos integrales de policía, y con un largo y complejo informe del Consejo de Estado emitido en septiembre del año 2021. Es un decreto publicado en octubre del año 2021, con entrada en vigor en mayo del 2022, sin perjuicio de que sus obligaciones de comunicación lo fueran en enero del año pasado, y con un periodo de prórroga para su régimen sancionador que se ha demorado sucesivamente hasta el próximo diciembre y cuyo desarrollo, encomendado a orden del ministro del Interior, supone condición suspensiva de la derogación de las órdenes respectivas que, para establecimientos de hostelería y alquiler de vehículos, se encuentran vigentes desde 1974 y 2003. Es un decreto en el que, según relata el prolijo informe del Consejo de Estado, se han tenido en cuenta buena parte de las observaciones de los intervinientes, que siempre han expresado el alto coste que les supondría su implementación, pero que nunca lo han concretado en estudios. El mayor control del alojamiento y alquiler de vehículos viene justificado por la trascendencia de la seguridad pública, por la obsolescencia de las normas anteriores y las nuevas formas de contratación y sujetos intervinientes, que son controles administrativos perfectamente conocidos por el sector, como el del principio de conservación de los datos durante tres años, que ya lo era para los establecimientos de hostelería, y que las modalidades de comunicación se reconducen para los profesionales de hospedaje a medios electrónicos, sin perjuicio de que la aplicación sea costeada por el ministerio y que no se aprecia duplicidad de actuaciones entre los intermediarios y los actores de los negocios subyacentes, es decir, el usuario y el prestador del servicio. Sin embargo, señorías, es cierto que una parte del sector turístico y del hospedaje, a pesar de estas consideraciones que constan en el informe del Consejo de Estado, está manifestando su disconformidad con algunas cuestiones del decreto comentado, sobre la que también nos consta que el ministerio sigue dialogando con esos sectores en busca de soluciones consensuadas en el tiempo que aún queda de prórroga para la aplicación del régimen sancionador, sin perjudicar los mecanismos de prevención e investigación para la lucha contra la delincuencia, singularmente el terrorismo y el crimen organizado. Por lo expuesto, presidente, finalizo señalando que no vemos necesidad ni consideramos oportuno en este momento pronunciarnos en el sentido que propone la iniciativa, en tanto que las negociaciones siguen abiertas, sin perjuicio ―también lo tenemos que señalar― de que no vemos proporción en exigir a los clientes los datos de pago relativos al tipo de tarjeta o al número de cuenta corriente, máxime cuando es obligada la presentación del DNI, pasaporte, TIE o NIF del cliente, y además esos datos quedarán bajo custodia no solo de la Secretaría de Estado de Seguridad, sino también de los obligados si son profesionales de la actividad y por un tiempo, como antes señalaba, de tres años. Muchas gracias.

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Bona tarda, president, senyories. A veure si ens aclarim, senyories del PP. Vostès presenten una PNL que qüestiona un reglament que ve a desenvolupar l’article 25 de la llei mordassa, que vostès varen aprovar unilateralment amb la seva majoria absoluta. O sigui que varen aprovar una llei, una llei com la llei mordassa, i ara en qüestionen la seva aplicació. I a l’altra banda, senyories del Partit Socialista, els hi recordo una frase que va dir un representant seu, concretament el senyor Antonio Hernando, l’any 2016: La derogación de la ley mordaza es algo absolutamente imprescindible, es uno de los elementos que más ha atacado los derechos y libertades de los ciudadanos. El PSOE va a cumplir con el compromiso de derogarla. Repito, Antonio Hernando, 2016. I, des del 2016, vostès han promès centenars de vegades la derogació de la llei mordassa i no l’han derogat. Al contrari, ara fa unes setmanes van anunciar una versió light de la llei mordassa, que no reformula la seguretat ciutadana i encara menys deroga la regressiva llei actual, sinó que es limita a polir-ne alguns dels seus aspectes més lesius. Una proposta que continua permetent que la policia espanyola dispari bales de goma a Catalunya, on una llei del Parlament ho prohibeix, o que continua criminalitzant la protesta democràtica, un tema molt sensible per al moviment independentista català. I, no contents amb això, tapant-lo amb la presentació de la seva proposta, han tingut la barra d’amagar l’entrada en vigor d’un reglament de registres en activitats com l’allotjament i el lloguer de vehicles que deixa curta la llei del PP en vulneració de drets i que suposa una intromissió inacceptable en la intimitat de les persones. És a dir, el PP va fer el 2015 una llei més pròpia d›un règim autoritari que d›una democràcia, i vostès, senyors socialistes, que deien que la volien derogar, han fet just el contrari amb un reial decret que porta a l›extrem el seu caràcter repressiu i securitista. Crec sincerament que s’haurien d’aclarir, tant els uns com els altres. Mirin, nosaltres el que sabem és que aquest reglament, que obliga a recollir fins a quaranta i en alguns casos vuitanta dades, ha de ser derogat immediatament. Hotels, càmpings, agències de viatges, lloguer de cotxes, etcètera, el sector turístic sencer de Catalunya ha denunciat la càrrega administrativa, la pèrdua de competitivitat, el desincentiu per al turisme que comporta aquest reial decret, molt especialment per a les petites i mitjanes empreses, que són el gruix del sector a Catalunya, i també — també— ha denunciat els riscos i la responsabilitat que comporta per als professionals del sector implementar aquestes mesures de registre. I el Govern espanyol s’ha negat a escoltar-los, s’ha negat a escoltar el sector. I encara més important que l’afectació econòmica: es tracta d’una mesura fiscalitzadora més pròpia de l’estat policial de l’Albània d’Enver Hoxha o del Ministeri de la Seguretat Estatal, l’Stasi, de la República Democràtica Alemanya d’Erich Honecker que d’un estat democràtic de la Unió Europea. Se’ns fa difícil d’entendre que aquest cop a la intimitat dels ciutadans l’hagi fet un govern que s’autodefineix com el més progressista de la història. Potser no ens hauria d’estranyar, tenint en compte que és obra del ministre Marlaska, un vell conegut, molt conegut, dels tribunals europeus. Un reglament de registres que augmenta exponencialment les dades que cal donar, incloent correu electrònic, targeta de crèdit, relació de parentiu i un llarg etcètera de dades injustificables; una desproporció que la mateixa Agència Espanyola de Protecció de Dades considera abusiva en un informe al que el Govern no ha fet cap cas. Unes dades personals que aniran a parar als fitxers del Ministeri de l’Interior, cosa que, com a demòcrates i com a independentistes, no ens dona cap garantia, i que sabem que seran utilitzades en contra nostra, com precisament ha vingut demostrant la Comissió d’Investigació de l’Operació Catalunya, on va comparèixer la setmana passada, precisament, el càrrec que haurà de tutelar, de custodiar aquestes dades, que no és altre que el secretari d’Estat de Seguretat, en aquest cas va comparèixer el senyor Francisco Martínez, i també va comparèixer el DAO Eugenio Pino. Quina garantia ens pot donar el Ministeri de l’Interior que tingui les nostres dades? En definitiva, el reial decret comporta una invasió injustificada de la intimitat i dels drets i les llibertats i una afectació desproporcionada a un sector econòmic clau com és el turístic que, senzillament, des de Junts per Catalunya no podem acceptar, i que, més enllà de solucions provisionals, com ajornar la seva entrada en vigor o limitar per ordre ministerial el seu abast, s’haurà de resoldre allà on toca, és a dir, quan entrem a fons a tractar el tema de la seguretat ciutadana. Moltes gràcies. Buenas tardes, presidente, señorías. A ver si nos aclaramos, señorías del PP. Ustedes presentan una PNL que cuestiona un reglamento que viene a desarrollar el artículo 25 de la ley mordaza, que ustedes aprobaron unilateralmente con su mayoría absoluta, o sea, aprobaron una norma como la ley mordaza y ahora cuestionan su aplicación. Y, por otra parte, señorías del Partido Socialista, les recuerdo una frase que dijo un representante de ustedes, concretamente el señor Antonio Hernando en el año 2016: La derogación de la ley mordaza es algo absolutamente imprescindible, es uno de los elementos que más ha atacado los derechos y libertades de los ciudadanos. El PSOE va a cumplir con el compromiso de derogarla. Repito, Antonio Hernando, 2016. Y desde entonces ustedes han prometido centenares de veces la derogación de la ley mordaza, y no la han derogado. Al contrario, hace unas semanas anunciaron una versión light de la ley mordaza, que no reformula la seguridad ciudadana y a un menos deroga la regresiva ley actual, sino que se limita a pulir algunos de sus aspectos más lesivos; una propuesta que sigue permitiendo que la policía española dispare bolas de goma en Cataluña, donde una ley del Parlamento lo prohíbe, o que continúa criminalizando la protesta democrática, un tema muy sensible para el movimiento independentista catalán. Y, no contentos con esto, tapándolo con la presentación de su propuesta, han tenido la cara dura de esconder la entrada en vigor de un reglamento de registros en actividades como el alquiler de vehículos y el alojamiento que deja corta la ley del PP en vulneración de derechos y supone una intromisión inaceptable en la intimidad de las personas. . Es decir, el PP hizo en 2015 una ley más propia de un régimen autoritario que de una democracia, y ustedes, señores socialistas, que decían que la querían derogar, han hecho justo lo contrario con un real decreto que lleva al extremo su carácter represivo y seguritista. Creo, sinceramente, que deberían aclararse unos y otros. Miren, nosotros lo que sabemos es que este reglamento, que obliga a recoger hasta cuarenta datos y en algunos casos hasta ochenta, debe ser derogado de inmediato. Hoteles, campings, agencias de viajes, alquileres de coches, etcétera, el sector turístico completo de Cataluña ha denunciado la carga administrativa, la pérdida de competitividad, el desincentivo para el turismo que comporta este real decreto, sobre todo especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el grueso del sector en Cataluña, y también ha denunciado los riesgos y la responsabilidad que comporta para los profesionales del sector la aplicación de estas medidas de registro. Y el Gobierno español se ha negado a escucharlos, se ha negado a escuchar al sector. Y lo que es más importante que la afectación económica: se trata de una medida fiscalizadora más propia del Estado policial de la Albania de Enver Hoxha o del Ministerio de Seguridad del Estado, el STASI de la República Democrática Alemana de Erich Honecker que de un Estado democrático de la Unión Europea. Me resulta difícil entender que este golpe a la intimidad de los ciudadanos lo haya hecho un Gobierno que se autodefine como el más progresista de la historia. Quizás no debería extrañarnos, teniendo en cuenta que es obra del ministro Marlaska, un viejo conocido, muy conocido de los tribunales europeos. Es un reglamento de registros que aumenta exponencialmente los datos que hay que dar, incluyendo correo electrónico, tarjeta de crédito, relación de parentesco y un largo historial de datos, una desproporción que la propia Agencia Española de Protección de Datos considerada abusiva en un informe al que el Gobierno no ha hecho ningún caso; unos datos personales que irán a parar a los ficheros del Ministerio de Interior, cosa que, como demócratas e independentistas, no nos da ninguna garantía y sabemos que van a utilizarse en nuestra contra. Precisamente, lo ha venido demostrando la comisión de investigación de la operación Cataluña, tal y como vimos cuando compareció el cargo que va a tutelar y a construir estos datos, que es el secretario de Estado de Seguridad, en este caso con la comparecencia del señor Francisco Martínez y el DAO Eugenio Pino. ¿Qué garantía nos puede dar el Ministerio del Interior con esos datos? En definitiva, el real decreto comporta una invasión injustificada de la intimidad y de los derechos y las libertades y una afectación desproporcionada a un sector económico clave como es el turismo que sencillamente desde Junts per Catalunya no podemos aceptar y que, más allá de soluciones provisionales, como aplazar la entrada en vigor del mismo o limitar por orden ministerial su alcance, habrá que resolver allí donde corresponda, es decir, cuando entremos a fondo a tratar el tema de la seguridad ciudadana. Muchas gracias. .

Inés Granollers Cunillera ERC

Gràcies, presidenta. Sembla que aquesta PNL del Partit Popular no els sortirà tan bé. Potser si haguessin posat alguna millora laboral al servei de l’hostaleria els votaríem a favor. Potser la jubilació anticipada de les kellys, potser estaria bé. Potser s’haguessin referit al personal recepcionista de grans cadenes hoteleres que es posen nerviosos al veure cua de gent per donar dades amb un sou que fa vergonya. Sembla que aquesta setmana els ha sortit el seu interior una mica de dretes i permetin-me que els faci una pregunta. Necessitem en aquest país més mesures de seguretat o no? Perquè fa uns dies ens queixàvem de la multirreincidència i més mesures de seguretat. Ara ja no les necessitem? Hem de controlar qui entra al país o no l’hem de controlar? O és que si estàs més morè necessites més controls o si tens la butxaca més plena o no la tens tan plena necessites legislar d’una manera o legislar d’una altra? Vaja, vaja. Vostès són més d’infiltrar policies a associacions juvenils, de punxar telèfons a polítics que pensen diferent i ara ens venen a dir que donar dades que es donen a qualsevol web és dificultós? Simplement fan un ridícul espantós. El turisme és un dels motors de la nostra economia i milions de persones visiten el país cada any. Aquesta mobilitat massiva requereix un sistema que permeti gestionar bé qui entra i qui surt del país per garantir que tothom gaudeixi dels nostres serveis turístics i ho faci amb seguretat. La recollida de dades de visitants és una eina essencial si s’utilitzen bé les dades per assegurar aquesta protecció. Les dades ajuden les forces de seguretat a prevenir activitats il·legals, com tràfic de persones, crim organitzat o altres delictes que poden tenir lloc dins el sector turístic. En definitiva, garantim que tant els turistes com la ciutadania local puguin viure i gaudir d’una destinació segura. El Reial decret al que es refereixen estableix normes per a la recollida i comunicació de dades sobre persones físiques que s’allotgen o utilitzen serveis d’establiments dedicats a l’activitat turística. I sí, és cert, hi ha dades que a aquestes alçades de la vida ja no són necessàries, està clar. Una ben absurda és que encara es continuï demanant el sexe de la persona que es posi en un hotel o agafa un avió, una cosa totalment innecessària. Ara, aquestes dades recollides han de ser transmeses a les autoritats de seguretat i en el cas de Catalunya, ho han de fer al cos de Mossos d’Esquadra. I aquesta comunicació ha de fer-se de manera telemàtica a través de sistemes homologats, perquè així ens assegurem que compleixin els requisits de seguretat i protecció de dades personals, perquè després tenen l’obligació de conservar aquestes dades durant un període i aquesta informació l’han de tenir disponible en cas que hi hagi alguna investigació després. Per tant, l’objectiu és garantir la seguretat pública, aquella que tan els agrada a vostès quan són les persones que venen, venen a guanyar-se la vida i no a disfrutar d’unes vacances. Aquesta informació entenem que permet actuar de manera preventiva i intervenir en situacions sospitoses, ajudant a mantenir el turisme com una activitat neta i segura, fonamental per a la nostra economia. El turisme és una porta d’entrada a moltes oportunitats econòmiques, però malauradament també pot ser activitats delictives, algunes que els agrada molt a vostès, com per exemple, el narcotràfic. És essencial, doncs, que la informació recollida només s’utilitzi amb fins de seguretat pública o per millorar la gestió turística. No podem permetre que aquestes dades siguin mal utilitzades per a fins comercials o per vulnerar els drets i la privacitat de les persones. Volem un turisme segur, però també volem protegir a les persones. El que s’ha de demanar és fer compatible la seguretat amb la privacitat, posant les persones al centre de la nostra acció política. Les competències en matèria de turisme estan transferides a les comunitats autònomes. Nosaltres el que volem, des del punt de vista de les polítiques públiques i en aquest cas ho haurà de regular la Generalitat de Catalunya, és que els propers anys es regulin qüestions com la lluita contra els efectes del canvi climàtic que marca l’Agenda 2030, reordenar els fluxos de turistes, protegir amb més intensitat el patrimoni cultural natural i el paisatge, fomentar la professionalització i la competitivitat empresarial, modernitzar les infraestructures i, sobretot, garantir el dret a l’habitatge de les zones turístiques als habitants de les zones turístiques. Per tant, votarem que no a la seva iniciativa, perquè la PNL que presenten fa els ulls clucs als condicionants per a la seguretat ciutadana en general, que aportaria la inscripció i registre obligatori de qualsevol persona en qualsevol mode d’establiment turístics. Els condicionants tècnics que pugui presentar la seva implementació són molt solucionables. De fet, crec que s’estan solucionant. O han estat qüestions molt més complicades, ja ho he dit abans, com per exemple infectar sistemàticament telèfons personals a adversaris polítics amb programari espia que només fan servir els estats i que es va fer durant el seu govern. Gràcies. Gracias, presidenta. Parece que está PNL del Partido Popular no les va a salir tan bien. Quizás, si hubieran puesto alguna mejora al servicio de la hostelería, votaríamos a favor. Quizás la jubilación anticipada de las kellys, por ejemplo, estaría bien, o si se hubieran referido al personal de recepción de las grandes cadenas hoteleras, que se ponen nerviosos cuando ven colas de personas para dar algunos datos y tienen un sueldo que da vergüenza. Parece que esta semana les ha salido su ser interior de derechas. Permítanme que les haga una pregunta: ¿Para qué necesitamos en este país esas medidas de seguridad? ¿Las necesitamos o no? Porque hace unos días nos quejábamos de la multirreincidencia y de las medidas de seguridad, que ahora ya no necesitamos. ¿Hay que controlar quién entra en el país o no hay que controlarlo? ¿O es que si eres más morena necesitas más controles, o si tienes el bolsillo más lleno o no lo tienes tan lleno necesitas legislar de una forma o de otra? Vaya, ustedes, que, son más de infiltrar policías en asociaciones juveniles, de pinchar teléfonos a políticos que piensan de manera diferente, ¿ahora vienen a decirnos que dar datos que se ofrecen en cualquier web es un problema? Simplemente, ustedes hacen un ridículo espantoso. El turismo es uno de los motores de nuestra economía y millones de personas visitan el país año tras año. Esta movilidad masiva requiere de un sistema que permita una buena gestión sobre quién entra y sale del país para poder garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de nuestros servicios turísticos con seguridad. La recogida de datos de visitantes es una herramienta esencial si se utilizan bien para asegurar esa protección. Los datos ayudan a las fuerzas de seguridad a prevenir actividades ilegales, como el tráfico de personas, la delincuencia organizada u otros delitos que pueden producirse dentro del sector turístico. En definitiva, garantizamos que turistas y ciudadanía local puedan vivir y disfrutar de un destino seguro. El real decreto al que se refieren establece normas para la recogida y comunicación de datos sobre personas físicas que se alojan o utilizan servicios y establecimientos dedicados a la actividad turística, y sí, es cierto, hay datos que a estas alturas de la vida ya no son necesarios, está claro. Uno muy absurdo es que todavía se pida el sexo de la persona que se aloja en un hotel o que toma un avión, algo totalmente innecesario. Ahora bien, estos datos recogidos tienen que ser transmitidos a las autoridades de seguridad, y, en el caso de Cataluña, tenemos que hacerlo al cuerpo de Mossos d’Esquadra, y esta comunicación debe hacerse de forma telemática a través de sistemas homologados, porque así nos aseguramos de que cumplen los requisitos de seguridad y la protección de datos personales, porque después tienen la obligación de conservar estos datos durante un periodo determinado y esa información tienen que tenerla disponible en caso de que haya alguna investigación después. Por lo tanto, el objetivo estriba en garantizar la seguridad pública, esa que tanto les gusta a ustedes, cuando es para las personas que vienen para ganarse la vida, y no a disfrutar de unas vacaciones. Esta información entendemos que permite actuar de forma preventiva e intervenir en situaciones sospechosas, ayudando a mantener el turismo como una actividad limpia y segura y, sobre todo, como algo fundamental para nuestra economía. El turismo es una puerta de entrada a muchas oportunidades económicas, pero, desgraciadamente, también puede ser para actividades delictivas, para algunas que les gustan mucho a ustedes, como, por ejemplo, el narcotráfico. Es esencial, por lo tanto, que la información recopilada solo se utilice con fines de seguridad pública o para mejorar la gestión turística. No podemos permitir que estos datos se utilicen mal para fines comerciales o vulnerar los derechos y la privacidad de las personas. Queremos un turismo seguro, pero también queremos proteger a las personas. Lo que hay que pedir es que sea compatible la seguridad con la privacidad, poniendo a las personas en el centro de nuestra acción política. Las competencias en materia de turismo están transferidas a las comunidades autónomas. Nosotros lo que queremos, desde el punto de vista de las políticas públicas ―y en este caso habrá que regularlo, tendrá que regularlo la Generalitat de Cataluña― es que se regulen cuestiones como la lucha contra los efectos del cambio climático, la agenda 2030, reordenar los flujos de turistas, proteger con más intensidad el patrimonio cultural, natural y el paisaje, fomentar la profesionalización y la competitividad empresarial, modernizar las infraestructuras y, sobre todo, garantizar el derecho a la vivienda en las zonas turísticas para los habitantes de las zonas turísticas. Por lo tanto, vamos a votar no a su iniciativa, porque la PNL que presentan cierra los ojos ante los condicionantes para la ciudadanía, en general, que supondría el registro obligatorio y la inscripción de cualquier persona en cualquier tipo de establecimiento turístico. Los condicionantes técnicos que pueda suponer su aplicación son muy solucionables; de hecho, creo que se están solucionando. Han sido cuestiones mucho más complicadas ―ya lo he dicho antes―, como, por ejemplo, cuando se infecta sistemáticamente a los adversarios políticos con programas espía que solo utilizan Estados, y eso es algo que se hizo durante su Gobierno. Muchas gracias. .

Vicenç Vidal Matas SUMAR

Gràcies, presidenta. El Partit Popular, com sempre, es posa del costat dels poderosos, com sempre al costat del turisme, però d’aquell turisme més depredador, d’aquell turisme que compensa com més millor, en quantitat. Un paradigma que ja haurien d’haver superat. El Partit Popular mai es planteja la cara B del turisme. Mai du cap iniciativa per subsanar aquelles repercussions que té l’activitat turística, aquella cara B que el Partit Popular ignora, com l’impacte ambiental associat a aquesta activitat. I no és que l’ignori, és que significativament l’afavoreix. Per exemple, l’afavoreix, perquè impulsa la destrucció del nostre litoral, destrueixen els nostres espais naturals, fan amnisties — allò que tant els agrada, tant pareix criticar aquí— però, els hi agraden les amnisties urbanístiques. Evidentment debiliten el procediment d’avaluació d’impacte ambiental, perquè això no els interessa i sempre, sempre, ignoren els impactes socials de l’activitat turística. Mai ens parlen de que el lloguer turístic està inflant els preus de lloguer i que la fiscalitat del lloguer turístic és molt inferior a la del lloguer convencional o que, evidentment, els sous dels treballadors del turisme són baixos, són baixos. Tenim una nova classe, que és la classe treballadora pobra i això és inadmissible. I desgraciadament, cada vegada més s’està precaritzant la nostra societat. Cada vegada més, en lloc d’enriquir-nos, ens empobreix el nostre poble, els mallorquins, les mallorquines, eivissencs, eivissenques, de Formentera i de Menorca i tots els que ens imiten en altres territoris, cada vegada ens empobrim. Però el PP ho ignora i ignora el clam de les mobilitzacions socials que han dit: «Basta», en contra de la massificació turística, en contra que no poden tenir un dret a l’habitatge digne a les zones turístiques. I vostès, a les Illes Balears i als altres territoris, els ignoren. El PP, sempre al costat del poderosos, sempre al costat del lobby turístic. I inclús a les Illes Balears, on tenim més, més vehicles per habitant més que als Estats Units i al Japó, vostès són incapaços de limitar l’entrada de vehicles de la península a les Illes Balears o posar un impost al rent a car. . Això és el de sempre del Partit Popular. Però avui els he de dir que m’han sorprès. Avui el Partit Popular fa una passa més enllà, un salt al buit: Arriba a prioritzar els interessos del lobby turístic per damunt de la seguretat. Això no ho havia fet mai. El Partit Popular prioritza els interessos del lobby turístic per damunt de la seguretat de la ciutadania. El Partit Popular, que espiava aquells que no pensaven igual, el Partit Popular que, si pogués, convertiria el nostre territori en un Gran Hermano i ens vigilaria a tots, de cop considera que demanar unes dades si això suposa que venguin manco turístics, això és perillós i això no ho podem consentir. I això no ha de tirar endavant. Però nosaltres estem a favor de la seguretat. I nosaltres estem a favor de que la ciutadania pugui tenir els seus drets i que es pugui fer i saber qui ve a casa nostra, perquè evidentment tots són benvinguts. Els que venen del nord econòmic, però també els que venen del sud econòmic. El PP es posa sempre l’accent i es posa l’accent avui en què l’activitat…, que la norma de seguretat, no pot molestar els empresaris. El que diu és la norma de seguretat que vostès estan impulsant molesta els empresaris. Que es retirin. Nosaltres deim tot el contrari. Deim que en aquesta norma el límit que té la seguretat és el dret a la intimitat, i és aquí on hem de posar l’accent. El dret a la intimitat no pot ser violat per cap norma. I aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. Però, senyors del Partit Socialista, això no és un xec en blanc. Això no és un xec en blanc per vostès. Perquè sabem que el Partit Socialista també quan pot s’extralimita en seguretat i limita el nostre dret a la privacitat, i això no ho podem consentir. Li he de dir clarament: No ens fiam del Ministeri d’Interior. No ens fiam d’aquest ministeri perquè així ens ho ha demostrat al llarg del temps. Els deim que, és clar, volem i creim que només s’ha de recollir aquella informació necessària a nivell comercial. Que el límit a demanar dades és el límit al dret a la intimitat. Gravin-s’ho a foc perquè sinó no tendran el nostre suport. . I senyories del Partit Popular, vostès, sempre pensant en la butxaca, pensant amb els doblers, pensant amb els diners. Noltros, com sempre, pensant amb els drets dels ciutadans, pensant amb el dret a la seguretat, però també pensant amb el dret a la intimitat. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. El Partido Popular, como siempre, se pone al lado de los poderosos; como siempre, al lado del turismo, pero del turismo más depredador, de modo que cuanto más, de mayor cantidad, mejor, algo que ya tendríamos que haber superado. El Partido Popular nunca se plantea la cara B del turismo, nunca ha emprendido ninguna iniciativa para solucionar las repercusiones que tiene la actividad turística, la cara B que ignora, como el impacto ambiental y social de esta actividad. Y no solo es que la ignore, es que la favorece; por ejemplo, la favorece porque impulsa la destrucción de nuestro litoral, cuando destruyen nuestros espacios naturales, cuando hacen amnistías ―eso que tanto les gusta—, porque les encantan las amnistías urbanísticas. Evidentemente, no tienen en cuenta los estudios de impacto ambiental porque no les interesa y siempre ignoran los impactos sociales de la actividad turística. Nunca nos hablan de que el alquiler turístico está inflando los precios del alquiler, de que la fiscalidad del alquiler turístico es muy inferior a la del alquiler convencional o de que, evidentemente, los sueldos de los trabajadores del turismo son bajos. Tenemos una nueva clase, que es la clase trabajadora pobre, y eso es inadmisible, y, desgraciadamente, cada vez se está precarizando más nuestra sociedad; cada vez más, en lugar de enriquecernos, se empobrece nuestro pueblo: los mallorquines, las mallorquinas, los ibicencos, las ibicencas, todos los que viven en otros territorios cada vez nos empobrecemos más. Pero el PP lo ignora, el PP ignora las movilizaciones sociales y sus gritos que dicen basta, en contra de la masificación turística, en contra de que no podamos disfrutar de un derecho a una vivienda digna en las zonas turísticas. En las Islas Baleares y en otros territorios ustedes lo ignoran. El PP siempre está al lado de los poderosos y del móvil turístico. En las Islas Baleares, donde hay más vehículos por habitantes que en Estados Unidos y Japón, ustedes son incapaces de limitar la entrada de vehículos desde la península a las Islas Baleares o de poner un impuesto para el renting de coches. Eso es lo que hace el Partido Popular, pero hoy debo decirles que me han sorprendido, hoy el Partido Popular da un paso más allá, un salto al vacío y llega a priorizar los intereses del lobby turístico por encima de la seguridad, y eso no lo había hecho nunca. El Partido Popular prioriza los intereses del sector turístico por encima de la seguridad de la ciudadanía. El Partido Popular, que pensábamos que se convertiría en nuestro territorio en un gran hermano y nos vigilaría a todos, de repente considera que pedir unos datos es peligroso y no lo pueden consentir, no podemos impulsarlo. Pues, nosotros estamos a favor de la seguridad, estamos a favor de que la ciudadanía pueda disfrutar de sus derechos y se pueda saber quién viene a nuestra casa, y todos son bienvenidos, por supuesto, los que vienen del norte económico, pero también los que vienen del sur económico. Hoy siempre se pone el acento en que la norma de seguridad no puede molestar a los empresarios, y esa norma de seguridad que ustedes imponen molesta a los empresarios: pues que se retire, dicen. Nosotros decimos todo lo contrario, que el límite que tiene esta norma es el límite a la intimidad. Y aquí es donde hay que poner el acento: el derecho a la intimidad no se puede vulnerar con ninguna norma. Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Pero, señores del Partido Socialista, esto no es un cheque en blanco para ustedes, porque sabemos que el Partido Socialista, cuando puede, también se extralimita en la seguridad y limita nuestro derecho a la privacidad, y eso no lo podemos consentir. Lo tengo que decir muy claramente: no nos fiamos del Ministerio del Interior, no nos fiamos de este ministerio porque nos lo ha demostrado que tiene que ser así a lo largo del tiempo. Y creemos que solo hay que recoger la información necesaria a nivel comercial, que el límite de petición de datos es el límite del derecho a la intimidad. Grábenselo a fuego, porque, si no, no van a poder contar con nuestro apoyo. Y, señorías del Partido Popular, ustedes siempre piensan en el bolsillo, en el dinero. Nosotros, como siempre, pensando en los derechos de los ciudadanos, en el derecho a la seguridad, pero también en el derecho a la intimidad. Muchas gracias.

Jacobo González-Robatto Perote VOX

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Para empezar, doy la bienvenida a las asociaciones y plataformas de turismo afectadas por esta ocurrencia. Creemos muy acertada esta iniciativa justo ahora, cuando la confianza por la ciudadanía en las instituciones está por los suelos. Vemos cómo el fiscal general del Estado usa información privada de los ciudadanos para pagar favores a la mafia socialista y así distraer la ingente cantidad de casos de corrupción que rodean al número 1, así como a la Abogacía del Estado, que actúa como matones que van a pedir su parte, a las órdenes del autócrata de la Moncloa. . Estamos hablando de un Ejecutivo que ha mostrado en múltiples ocasiones una falta alarmante de fiabilidad en la protección de información personal. Los ejemplos sobran: filtraciones de datos de servicios públicos, sistemas informáticos desactualizados y una transparencia mínima en cuanto al uso y el almacenamiento de datos personales. Hace un año conocíamos otra fuga por parte del Ministerio de Hacienda de los datos de los contribuyentes, dejando al descubierto los datos bancarios de los usuarios. El Gobierno actual no ha demostrado la capacidad de gestionar de manera eficiente ni segura los datos sensibles de los ciudadanos. ¿Cómo podemos confiar en este nuevo registro masivo de información, que involucra datos delicados sobre la identidad y las actividades de las personas que se ha gestionado de manera segura? La gestión de los datos sensibles no puede ser tomada a la ligera, y menos en un contexto en el que el Gobierno ya ha demostrado ser ineficaz en proteger nuestra privacidad, y más aún cuando no piden ni el lugar de origen o la edad a los más de 130 000 inmigrantes ilegales que se han colado desde el año 2020, muchos de ellos menores y que se han repartido por los hoteles de España. Aquí las izquierdas, que se han rasgado las vestiduras con las condiciones de seguridad, no dicen ni mu; aquí, otro criterio: mano dura para los que cumplen con la ley y mano tendida con quienes no la cumplen. . Este registro, además de generar un riesgo potencial de vulnerabilidad ante los ataques cibernéticos o filtraciones, también pone en cuestión la cantidad de burocracia que genera tanto para las empresas como para los ciudadanos. No podemos ignorar la carga administrativa que representa para los pequeños y medianos empresarios, quienes ya están sobrepasados por la complejidad burocrática que acompaña a cada nueva normativa. ¿Es razonable añadirles más trámites, más papeleo y más responsabilidad sobre el manejo de datos personales? Definitivamente, no. El exceso de burocracia es uno de los mayores problemas de la Administración actual. Cada nueva normativa que se aprueba parece venir acompañada de una montaña de papeleos y requisitos, que solo entorpecen el funcionamiento de las empresas y la vida cotidiana de los ciudadanos. En lugar de simplificar los procesos, cada día se vuelven más opacos y difíciles de manejar. Y esta propuesta, por supuesto, no va a ser la excepción: lejos de ofrecer soluciones efectivas, se erige como una barrera más para aquellos que buscan trabajar de manera honesta y transparente, muy al contrario de lo que hacen sus señorías del Ejecutivo. Y, por último, debemos considerar el impacto en la privacidad. Nos enfrentamos a un Gobierno liderado por la mafia socialista, que ya ha mostrado su inclinación a legislar de manera invasiva, y esta propuesta solo refuerza esta tendencia. Se nos dice que es por nuestra seguridad, pero, en realidad, es la implementación de este tipo de medidas, que puede llevarnos al control excesivo y a una vigilancia innecesaria sobre los ciudadanos ; control, por cierto, del cual, por supuesto, carecen los participantes en la cena de Navidad de la Moncloa: cero control necesario en las concesiones de contratos de mascarillas, forr ándose a costa de las muertes de centenares de miles de personas durante la pandemia; cero control en los contratos públicos adjudicados al tito Berni, a cambio de extender la fama feminista, tan característica del Partido Socialista; cero control en las reuniones de la mujer del presidente; cero control en los contratos del aeropuerto, por donde Delcy campaba a sus anchas con el número 3 del Partido Socialista, y cero control fiscal y laboral sobre el hermanísimo de su sanchidad, pero, en cambio, muchísimos controles sobre la familia que se va de vacaciones y más controles también sobre la carga burocrática que se establece a los que gestionan, por ejemplo, los hoteles. En este caso, desde VOX siempre apoyaremos a las familias y a los autónomos, frente a los corruptos y a los estafadores. Concluyo ya, presidente, diciendo que, bajo la falsa sensación de seguridad que el Gobierno trata de establecer, se esconde la sobrecarga burocrática, la falta de transparencia y el ataque a las libertades fundamentales del pueblo español, y, desde luego, desde VOX eso no lo permitiremos. Muchas gracias. .

María Araceli Poblador Pacheco PSOE

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Después de escuchar con muchísima atención la intervención del señor Vicente Marí, voy a parafrasear lo que ha dicho, pero con un no rotundo: este Gobierno no es ningún ‘gran hermano’, este Gobierno no practica el espionaje, como usted sugiere — y esto va también por VOX—, porque para eso ya están otros. La norma sobre registro documental en hospedaje y vehículos tiene como principal objetivo mejorar la seguridad de todos los españoles y de los turistas que visitan nuestro país. Dice el Partido Popular que este real decreto es una barbaridad. ¿De verdad creen que es una barbaridad? Una barbaridad es poner en peligro a quienes nos visitan y a todos los españoles. . Ustedes aprovechan todo para enfrentarse al Gobierno. Señorías ―y lo digo por todos―, quédense tranquilos. Y al Partido Popular le digo que no mientan, que no tergiversen la norma, porque los datos de los ciudadanos están a salvo y protegen la intimidad. No alarmen, porque esta norma, lejos de provocar un riesgo en la caída de las ventas o el desvío de reservas a otro destino, produce el efecto contrario. En el contexto geopolítico mundial que estamos viviendo ahora mismo, España se convierte en un destino preferido, en un destino referente, y eso es por muchas razones, pero, créanme, la principal es por el nivel alto de seguridad que tenemos en nuestro país. . Por tanto, muy lejos de lo que ustedes dicen en cuanto a la recogida de datos, teniendo en cuenta además el respaldo legal de la norma y que los datos a comunicar son solo aquellos que se recaben en el ejercicio de la actividad comercial — artículo 5—, les recuerdo que esta nueva regulación va a contribuir a reforzar la seguridad pública, factor determinante en la competitividad de nuestro turismo. Señorías, el pasado año nos visitaron 95 millones de personas. Nos eligieron, y — lo repito otra vez— nos eligen porque somos el país más seguro del mundo, y este Gobierno quiere que siga siendo así. . Y trabajaremos para que el sector turístico siga representando más del 13 % del producto interior bruto y siga siendo una de las mayores fortalezas de nuestra economía. Señorías, les vuelvo a recordar que este real decreto tiene como objetivo fundamental cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana, todo ello en el marco de las exigencias de la normativa comunitaria, concretamente el artículo 45 del convenio Schengen. Señorías, tienen que saber que actualmente los mayores ataques a la seguridad ―deben saberlo porque han gobernado― vienen por parte del crimen organizado y el terrorismo. Por lo tanto, cobra especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición de vehículos a motor. Señorías, quiero recordarles que desde 1959 ya existe la obligación de recoger datos en los establecimientos. Con esta norma, lo que hacemos es equiparar los nuevos tipos de hospedaje que no existían a los demás y adaptarlos a los nuevos tiempos, creando ficheros digitales, mucho más seguros que los libros de registro. Cuestionan también ustedes la inseguridad jurídica. Les recuerdo que esta tramitación se ha sometido a un riguroso escrutinio por parte de la Comisión Europea, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado, que han acreditado que las obligaciones derivadas de este texto están ajustadas a derecho. Señorías, es verdad que ha habido una moratoria de tres años, desde 2021 hasta ahora, para que el sector pudiese adaptarse a la plataforma SES.HOSPEDAJES. El Gobierno no tiene ganas de fastidiar a nadie; todo lo contrario, estamos para ayudar al sector turístico y para que sea competitivo. Señorías, no confundan a la ciudadanía, esta norma se atiene, como criterio rector, al principio de no pedir a los sectores implicados más información de la que ya venían recabando. ¿Qué pretenden con esta proposición no de ley, señores del Grupo Popular? ¿Que tengamos un sector turístico exento del cumplimiento de la legislación vigente? No cuenten con nosotros para eso, porque para nosotros lo prioritario es la seguridad. Señores del Grupo Popular, les invito a que dejen de hacer demagogia con temas tan serios como la seguridad. Piensen por una vez en nuestro país y no en los votos. Y háganme caso, como les dijeron el otro día: el bien no hace ruido, pero el ruido no hace nunca el bien. Muchísimas gracias. .

Víctor Camino Miñana PSOE

Gracias, presidenta. Esta tarde traemos a debate una proposición no de ley para reforzar la protección de jóvenes en redes sociales y evitar así problemas de salud mental. Y hablando de salud mental, permitid que me detenga en una prioridad clave que afecta al bienestar de nuestra generación: la vivienda. Quiero trasladar desde esta tribuna el apoyo y la solidaridad a miles de jóvenes que están saliendo a las calles a pelear el derecho a una vivienda digna, movilizaciones que exigen a las administraciones que actúen y que también pidan al Partido Popular que utilice las herramientas que el Gobierno de España le proporciona para bajar los alquileres, porque, señorías, volviendo a las redes sociales, asegurar el bienestar mental de un joven que busca constantemente piso mientras el algoritmo le muestra zulos de veinte metros a razón de mil euros no es idealista, es surrealista. No hay salud sin salud mental. Igual que acceder a una vivienda con estos precios impacta en la salud mental de los y las jóvenes, el mal uso de las redes sociales o su acceso temprano está generando un efecto similar, y hay datos que lo acreditan: consultamos el móvil más de cien veces al día y pasamos más de siete horas pegados a las pantallas. Es innegable que este tipo de espacios han modificado la forma en la que la juventud se relaciona. Esa convivencia digital se traduce en un arsenal valiosísimo de datos sobre nuestro comportamiento, una cantidad inabarcable que es utilizada como mercancía de venta para hacer publicidad personalizada y también se instaura en nuestras pantallas de móviles a modo de scroll o deslizamiento infinito basado en cuestiones o principios de conducta y recompensa. Señorías, no olvidemos que es un negocio: cuantas más horas estamos conectados a las redes sociales, más ingresos generan las propias plataformas digitales. Por eso es fundamental realizar un análisis sosegado sobre la correlación entre la cantidad de tiempo invertido en los dispositivos y el impacto en cómo se ve la sociedad a sí misma; y me explico, señorías. Los dispositivos electrónicos suelen extraer datos para predecir patrones y mecanizar comportamientos que generan adicción con un fin económico. Por otra parte, es intolerable la impunidad respecto al ciberbullying, del que no pueden escapar miles de chavales ni siquiera cuando acaban el instituto, o la tormenta de insultos machistas y de odio, como los que sufrió una compañera socialista, una joven concejala, Alexandra, simplemente por ser mujer y hacer política. Y por supuesto que hay que combatir la lacra de la desinformación, porque algunos multimillonarios, aparte de tirar cohetes al espacio, tiran basura digital y racista. Ante estos retos tenemos dos opciones: o gobernar o no gobernar la digitalización, esto es, intervenir y dotarnos de herramientas para proteger nuestro bienestar emocional digital a través de la regulación. Y se preguntarán cómo podemos hacerlo. Por una parte, ampliando el derecho digital a no ser molestado y, por otra, vigilando también que estas aplicaciones desarrollen productos y servicios digitales éticos por defecto. Como he dicho en las negociaciones con muchos de ustedes, señorías, somos conscientes de que estas acciones están dentro del Reglamento europeo de Servicios Digitales, el DSA. Ahora bien, nos parece fundamental que se haga un seguimiento y que España continúe su liderazgo europeo defendiendo en la Unión la regulación de las características de diseño adictivas. En esta parte, los y las socialistas queremos que finalicen las técnicas de manipulación que influyen en el inconsciente del usuario llevándole a tomar decisiones que pueden ser perjudiciales para su salud, que le generan estrés, depresión o desórdenes mentales y alimenticios. Señorías, a la legislación actual aún le queda mucho camino por recorrer. Por eso pedimos un paso adelante en la normativa para que las empresas tecnológicas desarrollen diseños sin conductas oscuras o engañosas. Como dice la periodista Marta Peirano en El enemigo conoce el sistema, un libro que les recomiendo: Estamos enganchados y sumergidos en un sistema del que dependemos para todo, pero no sabemos bien cómo funciona nada. Eso sí, hay quien sabe perfectamente cómo funciona y cómo trabaja no para beneficio de los propios ciudadanos, sino para su propio beneficio. Para ello, esta propuesta trae al Congreso una realidad que preocupa en especial a las personas jóvenes y una realidad de la que el Gobierno se está haciendo responsable durante toda esta legislatura. Señorías, esto va de intentar conseguir entornos digitales más seguros y saludables, y la meta es complementar, reforzar y también ampliar a más edades el anteproyecto de ley de protección de menores. En este contexto, esperamos las conclusiones del comité de personas expertas generado por el Ministerio de Juventud e Infancia, que regulará el acceso y registro a las redes sociales. Esta coalición progresista quiere dar soluciones presentes a retos futuros. Por ello, y aquí me quiero dirigir a toda la bancada, a todos los grupos políticos, necesitamos alcanzar un consenso que ponga el acento en la formación de familiares y jóvenes y en el uso de buenas prácticas; lo hacemos junto con el Consejo General de la Psicología de España ―al que queremos agradecer de corazón su ayuda para elaborar esta iniciativa― y con diversa gente joven, implicada y asociada, como la fundación Talento para el Futuro, porque las redes sociales deben seguir siendo una oportunidad y no una amenaza, porque las redes sociales, compañeras, deben seguir siendo un faro y no un pozo. Finalizo diciendo que democratizar las redes sociales es un paso que salvará millones de proyectos de vida. Fijaos, nos dicen ―y aquí me quiero referir a la gente más joven de este hemiciclo― que los jóvenes pasamos y desconfiamos de la democracia, pero en esta propuesta creo que estamos bien representados y representadas el 8 % de diputados y diputadas menores de 30 años en el Congreso, y esta tarde planteamos soluciones, cada uno desde su perspectiva y desde su óptica, para demostrar que no somos una generación de cristal, que somos una generación espejo, porque realmente muchos de los jóvenes que votaron para que los representásemos, ahora necesitan ver propuestas de nuestra parte. Es un buen momento para devolver la confianza a una generación que necesita verse reflejada en esta Cámara, porque necesitamos que las personas jóvenes vuelvan a creer en la democracia. En definitiva, es política hecha por jóvenes y para jóvenes, porque el futuro no es algo que aparece de repente, el futuro es algo que se construye día a día, propuesta a propuesta y joven a joven. Muchas gracias. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Molt bé. Gràcies, presidenta. Bé, per segona setmana consecutiva el Grup Parlamentari Socialista — recordem-ho, principal partit de govern— porta una iniciativa amb una sèrie de punts que podrien semblar correctes, però malauradament venen amb una iniciativa que de nou no és vinculant i només serveix per generar titulars, que venen a tapar una altra realitat i és que el govern espanyol no ha fet els deures. I lògicament, si pretenen que normalitzem aquesta situació, els direm que de cap de les maneres. Anem a pams. Les propostes que fan les hauria de posar en marxa directament l’executiu, que per alguna cosa és l’executiu. La majoria dels punts que proposen ja els han tingut en compte al Parlament Europeu a l’hora de fer, per exemple, el reglament de la DSA, la Llei de Serveis digitals, que ha de servir per protegir no només els nens i els joves, sinó tota la població dels abusos i dels perills de les xarxes socials o d’internet en general. I com ja els vàrem dir la setmana passada, quan van portar també una iniciativa no legislativa sobre la violència masclista digital, el que ha de fer el govern espanyol és senzillament desplegar d’una vegada per totes el reglament d’aquesta llei de Serveis digitals, d’aquesta DSA. Anem als punts. Parlen d’impulsar una recomanació per no fer servir els smartphones fins als 14 anys o internet fins als 16 anys. Els deia: Més que recomanar, el que s’ha de fer és crear espais segurs, lliures de mòbil, per a nens i per a joves, com ha fet, per exemple, l’escola catalana, prohibint l’ús dels mòbils. És cert que han esmenat el punt, però torno a recordar el que pot fer el govern directament: aplicar les lleis o els reglaments. Per formar les famílies dels riscos de les xarxes socials? Doncs aplicant la Llei General de la Comunicació Audiovisual. La resta de punts que parlen de com fer front als riscos de les xarxes es poden respondre amb la DSA. Per això els hem proposat una esmena que no ens han acceptat, l’han transaccionat, però no ens han acceptat l’esmena. Els proposàvem eliminar tots els punts de la seva proposició no de llei i posar-ne un únic punt on s’insti al Govern, al seu govern, a desplegar de manera immediata el Reglament de Serveis Digitals de la Unió Europea. Torno, amb la DSA. Amb això, nosaltres no perdem el temps i el govern farà la feina que li pertoca amb diligència. La recepta és clara i a més a més el medicament el tenen a la farmaciola. Per detectar i combatre els mecanismes que fan servir les plataformes per captar els joves i monetitzar les seves dades? DSA. Per fer que les aplicacions tinguin eines accessibles de desintoxicació i gestió del temps d’ús de les mateixes? DSA. Per prohibir o controlar les característiques de disseny perjudicials com el scroll infinit, les notificacions constants, la reproducció automàtica de vídeos o jocs? DSA. Per promoure que garanteixi que els serveis que donin les xarxes socials siguin ètics per defecte i no facin ús de tècniques de manipulació que puguin posar en risc les dades personals de l’usuari? DSA. Han fet una transaccional, ho hem de dir, que ha volgut tenir tothom content. Una transaccional que podríem dir que és un totum revolutum. Ho han ficat tot a dins, però lògicament continuem amb una situació en la que hi ha molts punts que ja vindrien recollits amb aquest desplegament que els hi demanem. Vostè, senyor diputat socialista, ha dit… He apuntat la seva frase. Ha dit: «Solucions presents a reptes futurs». El que necessitem, justament, és que facin les coses el govern quan toca. No que ens tinguin esperant, doncs, que apliquin de nou aquesta llei de serveis digitals. Per acabar, si volen fomentar — que em faltava un punt, eh?— les bones pràctiques en l’ús del mòbil o altres enginys, segur que poden fer una campanya, que segur que ja deuen tenir prevista, una campanya publicitària com les que fan darrerament, convidant a fer ús del transport públic. Sí, aquests anuncis que escoltem a Catalunya promocionant que la gent vingui a Madrid. «¿Lo pillan?», com diu el seu eslògan. Doncs res. Com deia abans, apliquin la DSA, que ho faci el govern. Gràcies. Muy bien. Gracias, presidenta. Bien, por segunda semana consecutiva el Grupo Parlamentario Socialista ―recordémoslo, principal partido en el Gobierno― lleva una iniciativa con una serie de puntos que podrían parecer correctos, pero, desgraciadamente, venimos con una iniciativa que no es vinculante ―y no lo es― para generar titulares que vienen a tapar otra realidad, y es que el Gobierno español no ha hecho los deberes. Si pretendemos que cambien esa situación, la tienen que cambiar de varias maneras. Las propuestas las debería hacer en cualquier caso el Ejecutivo. La mayoría de los puntos que proponen ya los han tenido en cuenta en el Parlamento Europeo cuando hacían, por ejemplo, el Reglamento de la DSA o Ley de Servicios Digitales, que tiene que servir para proteger no solo a los niños y a los jóvenes, sino a toda la población, de los peligros de las redes sociales e Internet en general. Como ya dijimos la semana pasada, cuando llevamos una iniciativa sobre la violencia machista digital, lo que debe hacer el Gobierno español simplemente es desplegar de una vez por todas el Reglamento europeo de esta Ley de Servicios Digitales, de esta DSA. Vayamos a los puntos. Hablan de impulsar una recomendación para no usar los teléfonos inteligentes hasta los 14 años o Internet hasta los 16, y es que lo que hay que hacer es crear espacios seguros, libres de móviles, para niños y para jóvenes, como ha hecho, por ejemplo, la escuela catalana: prohibir los móviles. Pero vuelvo a recordar lo que puede hacer el Gobierno directamente: aplicar las leyes o los reglamentos para informar a las familias de los riesgos de las redes sociales. Pues aplicando la Ley General de Comunicación Audiovisual. El resto de los puntos que hablan de cómo hacer frente a los riesgos de las redes se pueden responder con la DSA. Por eso les hemos propuesto una enmienda que no nos han aceptado, la han transaccionado, pero no nos han aceptado la enmienda. Les proponíamos eliminar todos los puntos de su proposición no de ley y poner un único punto en el que se inste al Gobierno, a su Gobierno, a desplegar de forma inmediata el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea. Vuelvo con la DSA. Con eso nosotros no perdemos el tiempo y el Gobierno hará el trabajo que le corresponde con diligencia. La receta es clara, y además el medicamento lo tienen ustedes en el botiquín. ¿Para detectar y combatir los mecanismos que utilizan las plataformas para captar a los jóvenes y monetizar los datos? DSA. ¿Para que las aplicaciones tengan herramientas accesibles de desintoxicación y gestión del tiempo de uso de las mismas? DSA. ¿Para prohibir o controlar las características de diseño perjudiciales, como el scroll infinito, las notificaciones constantes, la reproducción automática de videos o juegos? DSA. ¿Para promover que se garanticen los servicios que dan las redes sociales y que sean éticos por defecto y no hagan uso de técnicas de manipulación que puedan poner en riesgo los datos personales del usuario? DSA. Han hecho una transaccional, debemos decirlo, que querían que hiciera que todo el mundo estuviera contento con una transacción que parece un saco en el que está todo dentro, pero al final estamos en una situación en la que hay muchos puntos que ya estarían recogidos en ese despliegue que les pedimos. Usted, señor diputado socialista, ha dicho: Soluciones presentes a retos futuros. Lo que necesitamos justamente es que el Gobierno haga las cosas cuando toca y no que estén esperando a que apliquen de nuevo esta Ley de Servicios Digitales. Para acabar, si quieren fomentar ―me faltaba un punto― las buenas prácticas en el uso del móvil u otros dispositivos, seguro que pueden hacer una campaña publicitaria ―seguro que ya la tienen prevista― como las que hacen últimamente invitando a utilizar el transporte público. Sí, esos anuncios que escuchamos en Cataluña promocionando que la gente vaya a Madrid. «¿Lo pillas?» Ese es el eslogan. Pues nada, como le decía antes, apliquen la DSA. Que lo haga el Gobierno. Gracias.

Rafael Cofiño Fernández SUMAR

Buenas tardes, presidenta, señorías. Me gustaría centrarme primero en una parte relacionada con salud mental y luego otra sobre protección digital. Para la parte de salud mental, tres imágenes muy sencillas. La primera es una historia que me regaló un compañero y amigo que se llama Miguel Prieto, y es la historia del doctor Samuel Cartwright, un médico con bastante prestigio a principios del siglo XIX en Norteamérica. Había hecho diferentes estudios con enfermedades infecciosas y le encargaron a hacer estudios sobre peculiaridades y enfermedades en la raza negra, y describió una enfermedad que llamó drapetomanía. Observó ―cito literalmente― un trastorno mental que hacía que determinados esclavos padecieran un ansia irreprimible de libertad que los llevaba a una conducta de huida y de fuga de sus plantaciones. El término drapetomanía viene de drapetos, que es huida en griego, y manía, que es locura. Decía que se podía prevenir de una forma muy sencilla con consejo médico, que un buen consejo médico incluso podía prevenir que esclavos que estuvieran muy cerca de un Estado libre, a tiro de piedra, se quisieran escapar y que, si eso no funcionaba, recomendaba que no se reunieran, que no consumieran licores, aliviar algo las cargas de trabajo y, si no, pasar a castigos físicos mayores, como latigazos o cortar los dedos gordos del pie. . La segunda historia es una imagen de la publicidad a principios de los años setenta, que es una imagen que anuncia una benzodiazepina, un ansiolítico. Aparece una mujer rodeada de artículos de limpieza, con cara de agobiada, y el lema de la publicidad dice: No puedes liberarla, pero puedes conseguir que esté menos ansiosa. Esa publicidad actualmente no existe, pero el uso de ansiolíticos hipnóticos en nuestra población es enorme, y sobre todo se duplica en algunos casos en mujeres en diferentes tramos de edad. Y la tercera imagen es sobre empresas de nuestro entorno… . Si sus señorías tienen hambre, yo no tengo ningún problema en que vayan a merendar y podamos estar con un poquito más de silencio. . Y la tercera historia es sobre empresas recientes de nuestro entorno que utilizan técnicas de autoevaluación en las que los trabajadores y trabajadoras se evalúan entre ellos puntuándose, y esa puntuación sirve luego para su priorización en puestos de plantilla o incluso para la regulación de plantillas, para despidos. Esas mismas empresas los fines de semana ofrecen cursos de mindfulness a sus trabajadoras y trabajadores para disminuir la ansiedad y para la relajación. Menciono todo esto para tener en cuenta cuál debería ser nuestro enfoque en políticas de salud mental, tener en cuenta dónde vamos a poner el foco en las acciones, pese a que haya síntomas, y tener en cuenta que cuidado con hablar solo de enfermedad mental, cuando de lo que tenemos que hablar es de derechos humanos, de libertad para los esclavos, de igualdad para las mujeres o de derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras. Y menciono todo esto porque quizás nuestros jóvenes también quieren huir, quizás también están diagnosticados de drapetomanía; quizás hemos generado una sociedad no tan igualitaria, una sociedad con pocas utopías y demasiadas distopías y nos hemos empeñado en culpabilizar a los cuerpos y a las personas en vez de cambiar los mundos y las sociedades. Un esclavo sofisticado es una mujer joven con varias carreras; con un B1, B2, C1 o C2 en varios idiomas; que vive en una habitación compartida a ochenta y cinco paradas de autobús de su puesto de trabajo — esto no es un dato real― y que la hipoteca que está pagando para un piso de mierda le consume un 60 o un 70 % de su nómina; que tiene un ocio muy limitado por su entorno urbano basado en el hiperconsumo y que ha crecido en una sociedad de hiperproductividad donde, desde la ESO, se le ha enseñado que tiene que competir con el resto de la sociedad. Es totalmente erróneo atribuirle una etiqueta de enfermedad mental cuando la enfermedad mental la tiene el mundo y no ella. . Por eso, nuestra política tiene que ser muy alta cuando hablamos de tecnologías y de salud mental. Me centro en la proposición no de ley, mencionando también algún estudio de un compañero como Mariano Hernán, con alguna publicación muy interesante sobre la salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Primero, tenemos que saber qué impacto vamos a tener en la revolución digital, porque todas las revoluciones tecnológicas han producido un impacto en la salud y tenemos que ver qué impacto va a producir esto en la salud. Y, en relación específicamente con la PNL — agradezco la PNL y el trabajo del ministerio—, hay que evitar demonizar las tecnologías. Hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío, y hay que ver el vaso medio lleno que tienen las tecnologías. Estos estudios nos dicen que los niños y las niñas tienen una mirada mucho más positiva y ven las oportunidades de las tecnologías, mientras que los padres y las madres ven más los riesgos. Hay que equilibrar beneficios y riesgos y tener en cuenta contenidos, contactos y conductas. Es importante tener en cuenta la intensidad del contacto, antes lo decía el compañero del Grupo Socialista. Se estima que un adolescente actualmente puede consumir casi 7 gigas diarios de información, mientras que un adolescente de finales del siglo XIX consumía solamente 3,17 megas; es decir, a un adolescente del siglo XIX le llevaba casi siete meses consumir lo que a un crío diariamente, pero no hay correlación entre ese impacto y la salud mental. Hay un metaanálisis de este mismo año publicado por Ferguson donde dice que no hay correlación entre el tiempo que se pasa en redes sociales y la enfermedad mental. Teníamos un niño que se llamaba Julio Cortázar cuyos padres estaban preocupados por si tenía una enfermedad mental porque se pasaba todo el día encerrado en una habitación; en aquel momento, las pantallas se llamaban libros. Termino. La educación está en la base de los mundos no digitales y tiene que ser la base de los mundos digitales. En la educación, lo punitivo es algo totalmente residual, y si es residual en el mundo no digital tiene que ser residual también el mundo digital. Y, finalmente, también se señalaba la importancia de la participación de la infancia, de la adolescencia y de la juventud. Ellos tienen que ser protagonistas activos tanto en el diseño de actuaciones como en la implementación y en la evaluación. Proponemos en la PNL que haya alfabetización digital, pero tienen que ser los jóvenes quienes realicen la alfabetización digital y no los boomers o las Karens, como este que les habla. Muchísimas gracias. .

Rocío De Meer Méndez VOX

Gracias, señora presidenta. Señor Camino, pensaba, honestamente, que iba a darle otro enfoque. Prácticamente ha dicho que tenemos que proteger a los adultos de treinta años, como usted, de los tuits de VOX, de Elon Musk y de la extrema derecha, pero no, este es un tema muy serio y creo que va de otra cosa. Va de estos (muestra un titular del periódico El País): Los gurús digitales crían a sus hijos sin pantallas . El País hace un artículo muy interesante sobre los grandes CEO de Silicon Valley. En el corazón de Silicon Valley hay un colegio que se llama Waldorf Peninsula, un colegio privado de treinta mil dólares la matrícula al año en el que están prohibidas las pantallas hasta secundaria. Quince minutos al norte de Silicon Valley hay otro colegio público, el Hillview, un colegio en el que lo primero que te ofrecen es un programa de un iPad individualizado para cada uno de los niños que entra en ese colegio. Si nos vamos a las declaraciones de los grandes CEO y gurús de las grandes tecnológicas, observamos como Bill Gates, creador de Microsoft, dice que limita el tiempo de pantalla a sus hijos. Dice literalmente: No tenemos teléfonos en la mesa cuando estamos comiendo y no les dimos móviles hasta que cumplieron los catorce años; 2017, Bill Gates. Pero vámonos a Steve Jobs, creador de Appel, que en una entrevista del The New York Times en 2010 aseguró que prohibía a sus hijos utilizar su nuevo iPad diciendo: En la escala entre los caramelos y el crack, esto está más cerca del crack. Este problema del que hablamos es muy gordo y afecta a los niños, fundamentalmente a los niños más vulnerables. Porque, ¿de qué viven estos altos directivos de las grandes tecnológicas de Silicon Valley? Su materia prima, señorías, es el tiempo de nuestros hijos, la capacidad de recoger información para la predicción conductual, y eso es lo que compran y lo que venden. Es curioso, por no decir muy inquietante que, para sus hijos, para su gente, para sus colegios elitistas y privados no quieran lo que sí quieren para los hijos del resto del mundo. . Porque, ¿cuántas familias trabajadoras, señorías, se pueden permitir el lujo de alejar a sus hijos completamente de las pantallas? Observamos en un reciente estudio de Common Sense Media (muestra una gráfica) que la mitad de los hogares en el año 2011 tenían móviles, en el año 2013 ya era un 75 % y en el año 2017 prácticamente la totalidad, un 98 %. Y, en función de los ingresos de esos hogares, ¿qué niños consumían más horas en las pantallas? Aquellas familias con rentas más bajas. Señorías, los niños más expuestos son los niños pobres, y el gran dilema es que una serie de individuos están lucrándose con que el mundo no reconozca que las pantallas alteran absolutamente el desarrollo de nuestros hijos. Lo están viendo en otros países del mundo y, sin embargo, aquí estamos dando palos de ciego. Hay consecuencias muy graves si criamos a los niños en dos dimensiones, porque interrumpimos la relación del niño con el mundo. Psicólogas como Catherine L’Ecuyer, una psicóloga canadiense, precisamente ha analizado muy bien este tema. Pero hay otras evidencias importantes, porque hay evidencia científica sobre que este abuso y este uso de pantallas en los menores acarrea dos problemas: en la alimentación, por el sedentarismo, y problemas en la salud visual, como el síndrome de visión computadora, fatiga visual digital, aumento de la miopía, sequedad ocular, trastornos en la atención, problemas de sueño, retraso en el desarrollo cognitivo y, desde luego, en la salud mental. El reciente estudio de la Fundación ANAR da pavor; da pavor cómo aumenta la tendencia al suicidio en los niños y menores que tienen acceso indiscriminado a las pantallas. Psicólogos como Francisco Villar, de Sant Joan de Déu, dicen que este aumento de tendencias y tentativas de suicidio se debe a dos factores fundamentales: las consecuencias de la exposición y que no tienen tiempo para actividades protectoras. Pero yo me pregunto — y ya termino con esto, señora presidenta—, porque nosotros ya trajimos este tema a esta Cámara en abril del año 2023, ¿qué votaron ustedes, señor Camino, en la Comisión de Sanidad? Votaron en contra. ¿Y qué votó Podemos? Votó en contra. ¿Y que votó el Grupo Popular? Abstención ―ellos sin mojarse, como siempre―. . Por lo tanto, ¿creen de verdad en un reto como el de este siglo para proteger a los menores? Entonces, ¿por qué traen una proposición no de ley del Grupo Socialista para instar al Gobierno, que es el Grupo Socialista, para a hacer algo a lo que ni siquiera obligan al Gobierno? Ustedes, señor Camino, tienen otra herramienta más importante con la que cambiar las cosas y con la que proteger a nuestros menores: el Boletín Oficial del Estado. Muchísimas gracias. .

Juan Andrés Bayón Rolo PP

Señorías, es mi primera intervención y no puedo dejar de decir que es un verdadero honor hablar en esta tribuna representando al Grupo Popular y a todos los pontevedreses y vilagarciáns que han confiado en mí , en un joven de 26 años, para defender sus intereses aquí, en el Congreso de los Diputados. Pero hoy no quiero hablar solo como diputado, también quiero hablar como joven, como alguien que vive en primera persona los problemas y lo difícil que es a veces ser joven en esta era digital. Y sí, los jóvenes somos quienes más sufrimos en el día a día por el mal uso de las redes sociales: insultos, críticas gratuitas, juicios de gente que ni siquiera nos conoce, bullying. Al preparar esta intervención me vinieron a la cabeza miles de ejemplos que he visto y he sufrido en redes sociales, y por eso estoy aquí, para trabajar en algo que nos permita estar más seguros en este espacio digital que usamos a diario. Hoy Internet es una herramienta esencial, de la que no podemos renegar. No se trata de prohibir acceder a Internet a menores de 16 años, de decirles que no entren en Internet, porque eso no va a pasar ni tiene sentido. Internet es nuestro día a día y va a ser parte de nuestro futuro personal y laboral. La realidad es que el Grupo Socialista, en lugar de confiar en nosotros, los jóvenes, y ayudarnos, sigue proponiendo restricciones indiscriminadas. Somos la generación más preparada tecnológicamente, pero también necesitamos apoyo para no caer en el lado más oscuro de las redes sociales. Educar, no prohibir, señores del Partido Socialista. . Esto es lo que llevamos años liderando desde el Grupo Popular: soluciones. Pero el Grupo Socialista una y otra vez ha bloqueado iniciativas que realmente protegerían a los jóvenes en el entorno digital. Por ejemplo, en 2021, presentamos en esta Cámara una iniciativa para la protección de derechos digitales y del menor en España, y ustedes votaron en contra. Y este año 2024 también votaron en contra de crear una subcomisión sobre la protección de los menores en el entorno digital. Esa es, señoría del Grupo Socialista, su curiosa forma de proteger a los jóvenes en España. . Hacía alusiones y recordaba las manifestaciones del pasado fin de semana contra su Gobierno y yo le voy a recordar uno de los mensajes de redes sociales que más se retuiteó. Decía: Sois Gobierno, dejad de tuitear. . Y yo añado: Y pónganse a gobernar. Recuerden que llevan seis años gobernando, pero los jóvenes llevamos seis años esperando respuestas por parte del Gobierno que hasta el momento no han llegado. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya están actuando con responsabilidad. Comunidad Valenciana y Madrid, por ejemplo, con el servicio de atención de adicciones tecnológicas. En Galicia, la Xunta fue pionera en implementar una restricción del uso de móviles durante la jornada escolar. Primero el presidente Feijóo y, ahora, el presidente Alfonso Rueda desarrollaron programas como YAM Galicia, dirigido a la juventud, para que aprenda y pueda debatir acerca de la salud mental. Es decir, en el Partido Popular proponemos educación y formación para prevenir y para proteger a los jóvenes en los entornos digitales. . Señorías, tampoco puede pasar desapercibido que en Europa tenemos un reglamento de servicios digitales que debería estar protegiéndonos, si no fuera porque el Gobierno de Pedro Sánchez es incapaz de realizar las modificaciones oportunas para que tenga efectividad plena en nuestro país. Medidas como limitar el scroll infinito o la manipulación de los usuarios a través de algoritmos tendrían que estar ya controladas y sancionadas si el Gobierno de España fuera capaz de adaptar la normativa nacional al marco comunitario europeo. . En seis años que lleva el Partido Socialista gobernando con SUMAR y con Podemos no solo no han hecho nada para proteger a los jóvenes en el entorno digital, sino que, además, no sabemos qué va a pasar con el Plan de Acción de Salud Mental. Muchos anuncios y pocos resultados crean una falsa apariencia de seguridad. Y finalizo, señorías. En la vida existen ganas y excusas. Cuando tienes ganas de hacer algo, haces todo lo necesario para conseguirlo ―ustedes lo saben perfectamente―, pero cuando no te apetece, siempre tienes una excusa. Para proteger a los jóvenes y su salud mental en el entorno digital al Partido Socialista en España le faltan ganas y le sobran excusas. Muchas gracias. .

Cristina Valido García CCa

Señorías, la semana pasada hablábamos de violencia de género en el entorno digital y esta semana hablamos de los jóvenes, de su salud mental y de la afectación y el impacto que las redes y ese entorno virtual tienen en sus vidas. Hemos hablado, y mucho, hemos creado una comisión y hemos creado una subcomisión para salud mental, pero hemos hecho poco. Realmente, si hay jóvenes hoy siguiendo esta sesión y nos están escuchando, se asombrarán de que a estas alturas de la película sigamos hablando de esto. Hace mucho tiempo que llegaron las redes y que llegó Internet para quedarse y hace mucho tiempo que hablamos de los peligros, de las vulnerabilidades, pero seguimos con el mismo mantra, con el mismo discurso y proponiendo cosas similares, que cuando vienen de un grupo se votan en contra por los de enfrente y cuando vienen de otro lo votan en contra sus opuestos. No avanzamos en este debate permanente, mientras que el mundo va a una velocidad en la que nos hemos quedado muy atrás. Los jóvenes son nativos digitales. Ese espacio para ellos se ha vuelto natural, pero del que sabemos muy poco, en el que nos movemos muy poco, al que tenemos mucho miedo. No hemos podido enseñarles a manejarse en ese espacio, porque tampoco nosotros sabemos. Creo que seguimos un poco en shock décadas después de que llegaran las primeras redes sociales y seguimos en la parálisis del análisis y de las vueltas y las vueltas a una realidad que se ha impuesto y que no solo tiene sombras y oscuridad, sino también muchas ventajas y muchas oportunidades. Pero no hemos sido capaces de aprovecharlas para acercarnos a ellos y a ellas, no hemos sido capaces de utilizarlas para que sean capaces de emplear la autoprotección necesaria, para que tengan los elementos necesarios para detectar los peligros, para que sepan cuándo apartarse de determinados perfiles y cuándo denunciarlos. Hoy, padres y madres tenemos más información de nuestros hijos de la que tuvo ninguna de las generaciones anteriores. Muchos están rastreando permanentemente sus redes y sus movimientos en Internet, algo que era impensable. Aun así, se nos están escapando muchos asuntos. Es necesario invertir con urgencia en la investigación y el desarrollo de herramientas tecnológicas que nos permitan combatir el mal uso, entrando en el espacio en el que ellos y ellas están. No podemos seguir rechazando el futuro, no podemos seguir ausentes en un espacio que cada vez es más importante. Nuestros menores y jóvenes son los más vulnerables, ya se ha dicho aquí: un 75 % de ellos ha vivido alguna circunstancia en la que se han visto inmersos en una situación de violencia. El esfuerzo y el despliegue de estrategias eficientes no se está produciendo. Seguimos hablando de lo mismo años después. Nos han adelantado a toda velocidad, y aquellos que no solo usan, sino que abusan de ese espacio y aprovechan la vulnerabilidad, ya ni los vemos en el horizonte. Ni siquiera, señorías, se ha desplegado el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, con el que muchos de los temas que planteamos hoy estarían abordados y resueltos. Tenemos que luchar en igualdad de condiciones y, como he dicho, en el mismo terreno, y no desde nuestro pensamiento tradicional, analógico, que sigue sin entender que esto va de otra cosa. No nos faltan señales y avisos de las desventajas y de los perjuicios, pero nos falta mucha información, aprendizaje y conocimiento sobre las enormes oportunidades que nos permiten estos avances. Señorías, la red también tiene que ser nuestra aliada y nuestra cómplice para llegar a ellos y a ellas, para ayudarles, para que la salud mental sea protegida. Tenemos que aprender su lenguaje y no seguir negando algo que ya es inevitable. No sigamos en la parálisis del análisis del mismo tema no sé cuántos años más y emprendamos la acción. Por supuesto que todo acuerdo que pueda ser transado entre los grupos para dar pasos adelante contará con nuestro apoyo. Gracias.

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Mila esker presidente andrea. Arratsalde on guztiei. Alderdi sozialistak gaurko plenoan eztabaidatzeko ekarri duen legez besteko proposamenari buruz dugun iritzia azaldu aurretik, gai honen inguruan Estatuko gobernuak egin duenari buruz bi hitz esan nahi nituzke. Urtarrilean amaieran Ministro kontseiluak adituen batzorde bat eratuko zuela adostu zuen eta egitekoa eta Zuzendaritza, Gazteria eta Haurtzaro ministraria, hau da, Sira Rego andreari tokatu zitzaion. Berrogeita hamar pertsonetako aditu-taldea osatu eta gero, lehen aldiz martxoaren hasieran, hau da, biltzen dira zazpi taldetan banatutako gaietan. Bere lana sei hilabetean burutuko dela esaten da. Informazio guzti hau prentsan dator edota ministroen kontseiluen ondorengo prentsa-oharretan Gazteria eta Haurtzaro ministerioaren web orrialdea oraindik ez baitut topatu. Eta zein da adituen batzorde edo talde honen misioa? Ba teknologiek adin txikikoengan eta gazteriarengan duten eraginari buruz analisia eta ondorioekin epe labur, ertain edota luzean gauzatu beharreko ekintzak eta neurrien gomendioak ematea. Administrazio Publikoek haur eta gazteen eskubideen balizko urraketa baten aurrean prebentzio, detekzio goiztiarreko babes-esparru bat berma dezaten. Beraz, gaur legez besteko proposamenean talde sozialistak proposatzen du hori, hau da, gazteen osasun mentalaren babes digitala indartzeko zenbait ekintza martxan jartzea, adituen taldeak bere egitekoen artean dituela, hau da, gauzatu behar diren neurri eta ekintzen gomendioari buruz hausnarketa eta proposamena egitea berari egokitu baitzaio. Eta txostena talde hau lehen aldiz batzartzen denetik zazpi hilabete pasa direnez, egun gutxi barru, aurkeztuko dela espero daiteke. Ez dugu, beraz, ulertzen, nahiz eta legitimo izan, noski, gobernuak sostengatzen duen Legebiltzar-taldeak aditu-taldeak egindako lanaren emaitzak publiko egin aurretik legez besteko proposamena, proposamen honen eztabaida bultzatzea. Legez besteko proposamenak planeatzen dituen neurriez gain, akaso beste batzuk mahai gainean jarri eta debatea aberasgarriagoa izan daitekeelako ere. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y todas. Antes de exponer nuestra opinión sobre la proposición no de ley que el Partido Socialista ha traído para su debate en el Pleno de hoy, nos gustaría hacer una breve mención al recorrido del Gobierno del Estado en relación con este tema. A finales de enero el Consejo de Ministros acordó la constitución de una comisión de personas expertas, cuya labor y dirección recayó en la ministra de juventud e infancia, Sira Rego. Una vez constituido el grupo con cincuenta personas expertas, se reunió por primera vez a principios de marzo, y se dice que su labor se divide en siete grupos temáticos y que se llevará a cabo, según lo que se dijo en ese momento, en seis meses. Y toda esta información ha aparecido en prensa o en posteriores notas de prensa del Consejo de Ministros, porque no he podido encontrarla en la página web del Ministerio de Juventud e Infancia. ¿Y cuál es la misión de este comité o grupo de personas expertas? Pues un análisis y conclusiones sobre el impacto de las tecnologías en la población adulta y joven, formular recomendaciones sobre acciones y medidas para llevar a cabo a corto, medio y/o largo plazo, para que así las Administraciones públicas garanticen un marco de protección, de prevención y detección temprana ante una posible vulneración de los derechos de la infancia y juventud. Por lo tanto, lo que hoy propone el Grupo Socialista en la proposición no de ley, es decir, poner en marcha una serie de acciones para reforzar la protección digital de la salud mental de las jóvenes y los jóvenes, formaría parte de las funciones del grupo de personas expertas, ya que a este grupo le corresponde reflexionar y elaborar propuestas sobre recomendaciones de medidas y acciones a llevar a cabo. Y, dado que han pasado ya siete meses desde la primera reunión de este grupo, se puede esperar que se presente el informe en pocos días. Por ello, no entendemos, por legítimo que sea, por supuesto, que el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno impulse el debate de esta proposición no de ley antes de que se publiquen los resultados del trabajo realizado por el grupo de personas expertas. Además de las medidas que plantea la proposición no de ley, puede que se pongan sobre la mesa otras propuestas que enriquezcan el debate. No entendemos, por lo tanto, la oportunidad de esta proposición no de ley, cuando estamos en la espera de que se presente el anunciado informe del comité de expertos para conocer en siete ámbitos diferentes, también en salud, cuáles son las recomendaciones sobre las acciones a desarrollar por las Administraciones públicas en relación con la creación de un marco de protección de los derechos de la infancia y juventud en el ámbito digital. Y algo que también me ha llamado la atención en relación con esta iniciativa ha sido que no se haga mención en esta al anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, en la que en su título III se abordan las medidas a tomar en el ámbito sanitario. Tampoco se hace referencia, como se ha dicho aquí, al reglamento de servicios europeo. Cuando leí el título de la iniciativa pensé que era algo previo a la llegada, por fin, de este anunciado proyecto legislativo a la Cámara, pero mi primera impresión se convirtió en sorpresa cuando, al leer la exposición de motivos, no aparecía ninguna referencia a este, que, por cierto, se tramitó con carácter de urgencia por el Gobierno, con un plazo de exposición pública muy breve. Hoy por hoy no sabemos en qué punto de tramitación se ha quedado ni por qué no ha llegado a la Cámara, si tenemos en cuenta la urgencia con la que se tramitó, como tampoco sabemos cuál va ser el ministerio que lo lidere. Evidentemente, no nos oponemos a las medidas que plantea la proposición no de ley. Sin embargo, no creemos que sea el Gobierno central quien tenga que decidir sobre la gran mayoría de ellas. Deberíamos tener en cuenta el cómo y quién tiene que poner en marcha las medidas citadas, ya que educación, sanidad, familia e infancia son competencias de las comunidades autónomas, que no aparecen siquiera citadas en la iniciativa. También, deberíamos tener en cuenta la normativa y las estrategias europeas en esta materia. Así lo indica también el informe del Consejo Económico y Social en relación con el anteproyecto de ley orgánica, que indica que la regulación en determinados aspectos plantea dudas sobre su coherencia y compatibilidad con la normativa comunitaria. Esta advertencia del anteproyecto de ley orgánica la relacionaríamos con el punto 6 de la proposición no de ley, en el que incluiríamos una advertencia de observancia al marco competencial en relación con la normativa que se pretende desarrollar. Y, en relación con el punto 7, evidentemente parece conveniente retrasar la edad de acceso a Internet y redes sociales. Indicar una edad u otra también dependerá de la preparación de los niños y las niñas y adolescentes y de su formación para poder hacer frente a esos riesgos. Pero, evidentemente, no soy experta en el tema y no voy a decir qué edad es la conveniente. Edad y capacitación para hacer un uso responsable de las tecnologías tienen que ir acompañadas de la evidencia científica, el contraste con los profesionales y los afectados, los niños y las niñas y los adolescentes, como se ha dicho antes también por algún portavoz. Todos ellos ayudarán a la toma de estas decisiones más allá del debate parlamentario. Porque no podemos obviar que, tal y como señala Unicef, el acceso a la tecnología es clave para el aprendizaje y el desarrollo integral. Ahora bien, debemos garantizar que ese uso de las tecnologías por las personas menores y las personas jóvenes sea seguro también para su salud mental, su integridad y garantice sus derechos. Mila esker.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Arratsalde on guztioei eta eskerrik asko Mahai-buru andrea. Zalantzarik gabe, mundu digitalak onura ugari dakartza eta onura horiek baliatu behar dira. Baina era berean, ukaezina da hainbat arloetan eragin larria izan dezaketen askotariko arriskuak ere badituela. Batez ere, haur eta gazteengan. Osasun mentaletik, fisikotik, psikosozialetik edo sexualetik hasi gaitasun kognitiboen eskuratzetik eta ikaskuntza-prozesuen garapenetik pasa eta gizarte— eta familia-harremaneraino. Eta eragin horiek kontsumo-ohituretara ere heltzen dira. Mundu digitaleko enpresa handiek monitorizatu eta monetizatu egiten dituztenak. Buenas tardes y muchísimas gracias, señora presidenta. Sin lugar a duda, el mundo digital aporta múltiples beneficios que deben aprovecharse. Sin embargo, también es innegable que presenta una gran variedad de riesgos que pueden afectar gravemente y en especial a niños y niñas y jóvenes en diversos ámbitos, desde la salud mental, física y psicosocial o sexual, pasando por la adquisición de capacidades cognitivas y el desarrollo de procesos de aprendizaje, hasta las relaciones sociales y familiares. Además, dichos efectos llegan incluso a influir en los hábitos de consumo, que son monitorizados y monetizados por las grandes empresas del mundo digital. Porque debemos tener muy presente que los instrumentos que utilizamos para conectarnos a Internet están repletos de aplicaciones que crean dependencia. Tal y como ya se apunta en la PNL presentada, los scroll infinitos o las notificaciones constantes, entre otras, crean adicción, y es que ese es precisamente el objetivo de las grandes empresas del sector, sean de videojuegos, de contenidos audiovisuales, de redes sociales, de lo que sea. Todas ellas compiten por atraer nuestra atención y convertirnos en una especie de adictos a sus productos y a todo lo que a su alrededor se mueve, que es mucho. Los principales peligros de la utilización inadecuada de la tecnología digital, sobre todo entre los más jóvenes, son precisamente la adicción y el ciberacoso o ciberbullying, y estos, a su vez, como hemos apuntado antes, pueden crear multitud de problemas derivados, como el aislamiento familiar, cambios en las rutinas y aficiones, alteraciones del sueño, fracaso escolar, cambios de humor y de relaciones sociales, pérdida de motivación, empobrecimiento de las capacidades lingüísticas y comunicativas, ansiedad, depresión, demencia digital, incluso autolesiones y conductas suicidas. Es evidente que nos encontramos ante un reto multidisciplinar que se debe abordar tomando una gran diversidad de medidas que se deben adoptar por muchos y diferentes ámbitos de actuación y que se deben llevar a cabo mediante una actuación coordinada entre, al menos, las diferentes Administraciones públicas, las familias y la industria digital. Es un reto que, como señalan las organizaciones expertas en la materia, debe involucrar a diferentes instituciones, organismos y entidades, cada una de ellas desde sus competencias y ámbitos de actuación, por lo que es necesario que la problemática se aborde de modo integral con la cooperación entre todas las entidades implicadas. Evidentemente, es un reto que necesita también un nuevo marco normativo integral que proporcione todas las garantías para evitar los riesgos. Pero, ante todo esto, ustedes, señorías del Grupo Socialista, grupo del Gobierno, nos traen una proposición no de ley de siete puntos. Es una PNL que apoyaremos, porque, aunque con matices, en líneas generales compartimos los contenidos de la propuesta, pero, al fin y al cabo, es una PNL que ustedes saben, como nosotras, que es totalmente insuficiente. De hecho, a principios de junio de este año, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley orgánica para las personas menores de edad en los entornos digitales, que probablemente debería ampliar su espectro más allá de las personas menores de edad y donde se deberían incluir las medidas que ustedes presentan hoy, y muchas más, sin duda. Es un anteproyecto que, según se dijo en su presentación ante los medios, va acompañado, por un lado, del informe diagnóstico de un comité de expertos sobre el impacto de los entornos digitales y, por otro lado, de una estrategia estatal para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales que trasciende la propia ley y que contará con medidas de mayor alcance temporal en ámbitos como el educativo y el de la salud. Beraz, PSOEko jaun-andreok gobernuko alderdiko kideak, egin ditzagun gauzak behar den moduan, utz ditzagun albora inor ezertara behartzen ez duten artifizioak ekar ezazue diputauen kongresura lege organikoaren proiektua. Eta has gaitezen haren esapidetze parlamentarioarekin eta harekin batera doan estrategiaren eztabaidarekin. Has, gaitezen dagoeneko berandu goaz eta. Mila esker. Por lo tanto, señorías del Grupo Socialista, miembros del grupo del Gobierno, hagamos las cosas como es debido. Dejemos así los artificios que no obligan a nadie y traigan al Congreso de los Diputados el proyecto de ley orgánica. Empecemos por su tramitación parlamentaria y con el debate de la estrategia que la acompaña. Empecemos, porque ya vamos tarde. Muchas gracias. .

Etna Estrems Fayos ERC

Gràcies, presidenta. Bon vespre a totes i a tots. És evident que gaudir d’una bona salut mental és bàsic per al desenvolupament personal i emocional de qualsevol persona i que ara mateix l’ús de la tecnologia, del mòbil i de les xarxes socials estan a l’ordre del dia. Aquesta PNL, que s’enfoca principalment a la salut mental de les persones joves, jo diria que és extrapolable a qualsevol edat. De fet, em diran que els que estem aquí en aquesta cambra no estem enganxats al mòbil o no estem tot el dia pendent del que ens diuen a les xarxes socials i qui i que ens diu què a Twitter? És fàcil, crec, presentar aquesta PNL i trobar vots favorables, però la veritat és que es queda en coses molt superficials. Estem completament d’acord en el fet que les xarxes estan afectant de forma clara a la salut mental de la societat, no només a les persones joves i que creen addicció i inclús alguns trastorns propis, com el FOMO, que és la por a perdre’s alguna cosa, a voler estar sempre fent un pla i sobretot, que sigui ben xulo per després poder-ho penjar a Instagram i que tothom ho vegi. És fàcil, com deia, doncs, que les forces progressistes votem a favor d’una PNL que emmarca aquesta realitat i que posa al centre de l’agenda política la qüestió. Però les propostes que fa són molt light. De fet, algunes ja existeixen i tot, com el tema del control del temps que passem amb el telèfon. De fet, avui en dia tots els mòbils, totes les operadores, t’avisen de la mitjana setmanal de temps que has passat a les aplicacions i a quines i inclús — com s’ha parlat aquí— ja existeixen els controls parentals que permeten regular l’accés a aplicacions i continguts i, sobretot, el temps d’ús que fan els adolescents amb els mòbils. Dit això, dues qüestions que creiem que són centrals. La primera, l’ús del mòbil a les aules. Això, senyores i senyors del Partit Socialista, ja està inventat i efectivament, s’ha de fer. A Catalunya, el govern d’Esquerra Republicana va posar sobre la taula fa gairebé ja dos anys aquest tema. I no només això, sinó que s’ha regulat per tal que només s’utilitzin amb finalitats educatives i en cap cas en les etapes d’infantil i primària. La limitació de l’ús contribueix a preservar la concentració dels estudiants i a fomentar les interaccions cara a cara. Ens alegrem que el Partit Socialista aquí agafi notes de la gestió educativa de la Generalitat de Catalunya en l’escola catalana. La segona i més central, la salut mental dels joves. És evident que la tecnologia influeix i que tot el que hem parlat afecta directament a la seva salut mental. Però no creuen que és una capa molt superficial, com deia? Primer, per què passen hores i hores els adolescents enganxats a les pantalles? Llars on els pares han de treballar 12 hores al dia per poder mantenir un lloguer abusiu i tirar endavant la família. On és el temps per les activitats de qualitat? Escasseja, perquè la màxima preocupació és portar un plat a taula i, si pot ser, de menjar sa i equilibrat un mínim de tres cops al dia. Com ho han de fer aquestes famílies per tenir cobertes les necessitats bàsiques i poder dedicar temps als seus fills i filles, si la roda els empeny a viure només per treballar? Les persones joves s’enfronten ara mateix a una realitat que fa molt difícil mantenir una bona salut mental: Feines precàries, amb una inseguretat altíssima, sense cap mena d’esperança a independitzar-se en un mercat de l’habitatge que els expulsa dels llocs on hi ha els centres de treball i que fa impossible accedir a un lloguer assequible i per tot l’any, i encara menys a poder comprar un pis. Veure com passen els anys i per molta carrera i màster que tinguis has de seguir vivint amb els teus pares em sembla un motiu de prou pes per perdre la salut mental. Mirin, on jo visc és impossible trobar un pis de lloguer que no sigui de temporada i, si el trobes, és impossible que el puguis pagar. I no parlem de cap gran ciutat. Parlem d’un poble de deu mil habitants de la Costa Brava. Ja ni ens posem a parlar de què passa a Barcelona. Evidentment no podem fer altra cosa que votar a favor de la proposta. Però abans d’acabar la meva intervenció els vull demanar una cosa. Facin feina de veritat. Treballin per tirar endavant polítiques útils que solucionin aquests temes, per aconseguir una jornada laboral de quatre dies, per tenir un parc d’habitatge públic on no només les persones joves, sinó totes les famílies que ho necessitin, puguin accedir a un preu terrenal, perquè l’habitatge sigui un dret, que és el que ha de ser i no un mitjà perquè alguns pocs es facin rics. Posin pressupost perquè puguem desenvolupar una xarxa pública de professionals de salut mental als CAPs. Facin la feina que s’espera del grup majoritari del govern i deixin de gastar temps en PNLs, que només són postureig i que acabaran quedant en els calaixos dels seus mateixos diputats. Els hi demano, si us plau. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Es evidente que disfrutar de una buena salud mental es básico para el desarrollo personal y emocional de cualquier persona y que, hoy por hoy, el uso de la tecnología, del móvil y de las redes sociales está en el orden del día. Esta PNL, que se centra, principalmente, en la salud mental de los jóvenes, yo diría que se puede extrapolar a cualquier edad. De hecho, ¿me van a decir que los que estamos aquí en esta Cámara no estamos enganchados al móvil o no estamos todo el día pendientes de lo que nos dicen en las redes sociales y quién nos dice qué en Twitter? Es fácil, creo, presentar esta PNL y encontrarnos con votos favorables, pero la verdad es que se queda en el ámbito superficial. Estamos totalmente de acuerdo en el hecho de que las redes están afectando de forma clara a la salud mental de la sociedad, no solo a los jóvenes, y que crean adicción e incluso trastornos propios, como el miedo a perderse algo, a querer estar siempre haciendo un plan, y que sea muy chulo para poderlo colgar después en Instagram y que todo el mundo lo vea. Es fácil, como decía, por lo tanto, que las fuerzas progresistas votemos a favor de una PNL que marca esta realidad y que le da una respuesta política a esta cuestión, pero lo que hace es muy light y, de hecho, algunas ya existen como, por ejemplo, el tema del control del tiempo que pasamos con el teléfono. De hecho, hoy en día todos los móviles, todas las operadoras, te avisan de la media semanal de tiempo que has dedicado a las aplicaciones y en qué aplicaciones, incluso existen ya controles parentales, como se ha dicho aquí, para regular el acceso a aplicaciones y contenidos, sobre todo al tiempo de uso que hacen los adolescentes con los móviles. Dicho esto, hay dos cuestiones que nos parecen centrales. La primera de ellas, el uso del móvil en las aulas. Eso, señoras y señores del Grupo Socialista, ya se ha inventado y, efectivamente, hay que hacerlo. En Cataluña, el Gobierno de Esquerra Republicana puso sobre la mesa ya hace casi dos años este tema, y no solo eso, sino que se ha regulado para que solo se puedan utilizar con fines educativos y, en cualquier caso, no en las etapas de infantil y primaria. La limitación de uso ayuda a mantener la concentración de los estudiantes y a fomentar las interacciones cara a cara. Nos alegramos de que el Grupo Socialista aquí tome nota de la gestión educativa de la Generalitat de Catalunya en la escuela catalana. La segunda y más central, la salud mental de los jóvenes. Es evidente que la tecnología influye y que todo aquello de lo que hemos hablado afecta a su salud mental, pero ¿no creen que es una capa muy superficial, como les decía? Primero, ¿por qué pasan horas y horas enganchados a las pantallas los adolescentes? Son días los que los padres tienen que trabajar doce horas al día para poder tirar hacia adelante a la familia, ¿dónde está el tiempo para las actividades de calidad? Escasean porque la máxima preocupación es poder poner un plato sobre la mesa, a ser posible de alimentos sanos y equilibrados, tres veces al día. ¿Qué pueden hacer estas familias para cubrir las necesidades básicas y poder dedicar tiempo a sus hijos e hijas si la rueda les impulsa a trabajar y trabajar? Se enfrentan a una realidad que hace que sea muy difícil mantener una buena salud mental, con trabajos precarios con una inseguridad altísima, sin ningún tipo de esperanza de independizarse, con un mercado de la vivienda que les expulsa de los lugares de trabajo también y que les hace imposible acceder a un alquiler accesible y mucho menos a comprar. Ver cómo van pasando los años y que por mucha carrera y máster que tengas tienes que seguir viviendo con tus padres me parece que es un motivo de peso suficiente para perder la salud mental. Miren, donde vivo yo es imposible encontrar un piso de alquiler que no sea de temporada y, si lo encuentras, es imposible pagarlo. Y no hablamos de una gran ciudad, hablamos de un pueblo de 10 000 habitantes de la Costa Brava. No hablemos ya de Barcelona. Evidentemente, no podemos hacer otra cosa que votar a favor de la propuesta. Pero antes de concluir mi intervención, quisiera pedirles una cosa: trabajen de verdad, trabajen para impulsar políticas útiles que solucionen estos temas, para conseguir una jornada laboral de cuatro días, para tener un parque de vivienda pública donde no solo los jóvenes, sino todas las familias que lo necesiten puedan acceder a un precio terrenal, para que la vivienda sea un derecho ―que es lo que debe ser― y no un medio para que unos pocos se enriquezcan. Pongan un presupuesto para que podamos desarrollar una red pública de profesionales de salud mental en los centros de atención primaria. Hagan lo que se espera del grupo mayoritario del Gobierno y dejen de perder tiempo en PNL que solo son postureo y que se van a quedar en los cajones de esos mismos diputados. Se lo pido por favor. Muchas gracias. .

Isidre Gavin i Valls JxCAT-JUNTS

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. És una mica tard, eh? Potser estaran cansats. Potser no… El nivell d’atenció s’haurà relaxat, no? Escolti, jo els faria una reflexió a tots vostès, perquè el ple passat ja vam tractar la nostra interpel·lació. Coneixen de què va, coneixen el que hem exposat. Jo els faria una reflexió. Jo crec que hi hauria consens en pensar que els recursos públics s’han d’adreçar a resoldre les necessitats de la ciutadania i a fer progressar la nostra societat. Jo crec que hi estaríem bastant d’acord. En aquest context, doncs, jo diria: De què serveix un corredor mediterrani amb trams que no connecten entre si? De què serveix un corredor mediterrani que no connecta els ports i els grans centres d’activitat? De què serveix un corredor mediterrani inacabat 25 anys després? De què serveix un corredor mediterrani que aprofita vies antigues i compartides, les d’ample ibèric, compartides amb els trens de passatgers? Doncs serveix per tenir… O, perdó, de què serveix tenir el corredor més important de l’Estat per on passen 390 000 tones de mercaderies diàries, inacabat, 25 anys després i començar a invertir en corredors amb 33 000 tones de mercaderies diàries o zero tones de mercaderies diàries? De què serveix? Serveix per tenir el transport de mercaderies per ferrocarril a la cua d’Europa. Ni el 5 %, quan a Europa està al 18. Serveix per tenir una xarxa de passatgers exposada a les incidències constants. Serveix per tenir eixos viaris d’alta capacitat, autovies i autopistes, constantment col·lapsats. Serveix per això i per no descarbonitzar. Les dades diuen, els estudis del coordinador del corredor, que aquest corredor, quan estigui acabat, pot estalviar 12,5 milions de tones de CO2 en emissions. Cal iniciar una nova etapa, una etapa amb claus diferents, abordant les infraestructures estratègiques tal com toca, d’una manera diferenciada, prioritària, cosa que no s’ha fet. Cal iniciar una nova etapa connectant amb les decisions europees de creació d’infraestructures, d’una xarxa europea de corredors prioritaris, que són d’obligat compliment pels estats. No són un reglament que és una recomanació de bones pràctiques pels estats. Té categoria de directiva i, per tant, d’obligat compliment. Cal iniciar una nova etapa orientant la política d’infraestructura, deia, d’acord amb els criteris europeus de creació de riquesa i creació de valor econòmic. Per tant, prioritzant les infraestructures d’acord amb el servei que fan a la ciutadania, a l’economia i a la descarbonització. Catalunya, el tercer punt que vull dir abans d’explicar la moció que vostès hauran pogut llegir, Catalunya ha estat sempre clarament la més perjudicada d’aquesta situació. Sempre ha estat així. Però jo vull dir una cosa. Catalunya sempre ha defensat tot el Corredor mediterrani, tot. No ha defensat el corredor només per Catalunya i prou, tot el Corredor mediterrani. Ens han dit insolidaris. Ens han dit espoliadors. Ens han dit traïdors a la pàtria. Ens han dit de tot, falsament, però sempre hem defensat tot el corredor, sempre. Perquè nosaltres sempre hem cregut en la importància de les infraestructures per a l’activitat econòmica, per a l’exportació i perquè sempre hem cregut en els criteris europeus, els que va marcar la Unió Europea quan va aprovar aquest projecte. Per tant, tot el corredor per al port de Barcelona, però també per al port de Tarragona, però també per al port de Castelló i per al port de València i per al port d’Alacant i el de Cartagena, i així fins a arribar a Algesires. Sempre hem defensat aquest projecte. Per això, proposem una moció per aconseguir un corredor mediterrani de mercaderies que sigui eficient, que sigui d’alta capacitat, que connecti, que estigui connectat amb els grans centres de producció, que estigui digitalitzat i que estigui separat dels passatgers. I per això proposem en la moció, en el primer punt, introduir criteris objectius per a la planificació de l’execució de les obres d’infraestructures, especialment les estratègiques. No es poden tractar com una inversió de segon nivell. S’han de tractar i abordar d’una forma diferenciada. Per això, diem en el segon punt que cal planificar i dissenyar el Corredor mediterrani ferroviari amb prioritat per a les mercaderies i segregat dels de passatgers, tal com va aprovar la Unió Europea, tal com diu els estats que han de fer. Això sí, lògicament, que aquest projecte s’ha d’executar i dissenyar i executar per trams, òbviament, d’acord amb la demanda, d’acord amb les necessitats, d’acord amb la congestió d’aquell tram ferroviari. Diem en el tercer punt que cal prioritzar les actuacions de colls d’ampolla. Ja comencem a tenir colls d’ampolla crítics, quan encara no s’han acabat molts trams del corredor. Per exemple, s’ha de finalitzar ja la redacció de l’estudi de viabilitat del tram Reus-Roda, de l’antic tram Reus-Roda, perquè les mercaderies puguin circular per l’interior i separar-les dels passatgers. I això s’ha de fer de forma immediata. Ja portem molts anys estudiant, pensant i valorant. Ja s’està treballant en aquest projecte, però aquest projecte s’ha d’accelerar. I, a més a més, s’ha d’aconseguir que transitòriament es puguin derivar alguns trens de mercaderies en franges nocturnes de la línia d’alta velocitat fins que no estigui acabat aquest tram. S’ha de redactar la connexió amb ample internacional de Vilamalla a Portbou per dotar el túnel del Pertús de major resiliència, d’alternatives per poder separar els trens més lents i més pesats dels trens d’alta velocitat. Volem trens nocturns, volem trens nocturns, Barcelona, París, Brussel·les, Amsterdam. I volem més trens de passatgers. I aquests no té sentit que circulin conjuntament amb trens lents i pesats. Volem que es prioritzi la connectivitat de la xarxa de mercaderies als centres de gran activitat. Ja ho he dit, volem que es facin apartador ferroviaris, que es vetlli pels gàlibs de tota la xarxa. Volem que s’exigeixi a l’Estat francès que actuï amb major rapidesa a Montpellier-Perpinyà o serà aquell el futur coll d’ampolla. Volem que s’impulsin mecanismes per fer créixer el nombre de maquinistes, per continuar el pla de mercaderies, per fomentar el traspàs de mercaderies de la carretera a les vies fèrries i que hi hagi un pla de digitalització de tota aquesta activitat. I volem que el Govern doni comptes. Quan algú diu vols dir que cal comparèixer i els grups ja demanen que el govern comparegui? Torno a repetir. El Govern ha d’abordar les estructures i les infraestructures estratègiques com aquests corredors d’una forma diferenciada. I, per tant, ens sembla que és una bona manera que es reti comptes del calendari d’execució, de l’evolució de les actuacions i que es faci balanç d’en quin punt estem. Moltes gràcies. Gracias, señora presidenta. Señores y señoras diputados, es un poquito tarde, quizás estarán cansados y el nivel de atención poco a poco empieza a bajar. Bien, yo les haría una reflexión, porque en el Pleno pasado ya hicimos una interpelación y ya saben de qué va. Simplemente, me gustaría hacer una reflexión. Yo creo que habría consenso en pensar que los recursos públicos se tienen que dedicar a resolver las necesidades de la ciudadanía y a que progrese nuestra sociedad, y creo que estaríamos bastante de acuerdo. En ese contexto yo diría: ¿de qué sirve un corredor mediterráneo con tramos que no se conectan entre sí? ¿De qué sirve un corredor mediterráneo que no conecta los puertos ni los grandes centros de actividad? ¿De qué sirve un corredor mediterráneo inacabado veinticinco años después? ¿De qué sirve un corredor mediterráneo que aprovecha vías antiguas, compartidas, las de ancho ibérico con las de trenes de pasajeros? ¿De qué sirve tener el corredor más importante del Estado, por donde pasan 390 000 toneladas de mercancías diarias, inacabado veinticinco años después y seguir invirtiendo en corredores con 33 000 toneladas de mercancías o cero toneladas de mercancías? ¿De qué sirve? Sirve para tener el transporte de mercancías por ferrocarril en la cola de Europa, ni el 5 %, cuando Europa está al 18; para tener una red de transportes de pasajeros expuesta a las incidencias; para tener servicios viarios y autopistas constantemente colapsados y para no descarbonizar. Los datos dicen que este corredor, cuando se acabe, permitirá ahorrar 12,5 millones de toneladas de CO₂ en emisiones. Hay que empezar una nueva etapa, una nueva etapa con claves distintas, abordar las infraestructuras estratégicas tal y como toca, de una manera diferenciada, prioritaria, algo que no se ha hecho. Hay que empezar una nueva etapa conectando con las decisiones europeas de creación de infraestructuras, de una red de corredores comunitarios que además son de obligado cumplimiento por los Estados. No es una recomendación de buenas prácticas, sino que tiene categoría de directiva de obligado cumplimiento. Hay que empezar una nueva etapa orientando la política de infraestructuras con los criterios europeos, creación de riqueza y creación de valor económico; por lo tanto, priorizar las infraestructuras de acuerdo con el servicio que hacen los ciudadanos a la economía y la descarbonización. Cataluña ―tercer punto que quiero poner sobre la mesa antes de pasar a la moción― ha sido siempre claramente la principal perjudicada por esta situación; siempre ha sido así. Pero a mí me gustaría decir algo: Cataluña siempre ha defendido el corredor mediterráneo en su totalidad, no solo para Cataluña. Y nos han llamado insolidarios, expoliadores, traidores a la patria; nos han llamado de todo falsamente. Pero nosotros siempre hemos defendido la totalidad del corredor, siempre, porque siempre hemos creído en la importancia de las infraestructuras para la actividad económica, para la exportación, porque siempre hemos creído en los criterios europeos, los que marcó la Unión Europea con este proyecto. Por lo tanto, todo el corredor, para Tarragona, Barcelona, Castellón, Alicante, Cartagena, y así hasta llegar a Algeciras. Siempre hemos defendido ese proyecto. Por eso, defendemos una moción para que haya un corredor mediterráneo de mercancías: eficiente, de alta capacidad, conectado con los grandes centros de producción, digitalizado y separado del transporte de pasajeros. Por eso, en el primer punto de la moción proponemos introducir criterios objetivos en la ejecución de las obras de infraestructuras, sobre todo las estratégicas. No se pueden tratar como de segundo nivel, hay que tratarlas de forma diferenciada. En el segundo punto decimos que hay que diseñar el corredor mediterráneo con prioridad para las mercancías y segregado del transporte de pasajeros, como dice la Unión Europea, como dice que lo tienen que hacer los Estados. Este proyecto tiene que ser diseñado, planificado, ejecutado por tramos, evidentemente, de acuerdo con la demanda, con las exigencias, con la congestión. Tercer punto, priorizar las situaciones donde hay cuellos de botella. Ya tenemos situaciones de cuello de botella críticos, cuando el corredor aún no ha acabado. Hay que acabar el estudio de viabilidad del antiguo tramo entre Reus-Roda para que las mercancías puedan circular por el interior y separado de los pasajeros, y hay que hacerlo de forma inmediata. Llevamos años estudiando, pensando, valorando. Ya se está trabajando en el proyecto, pero hay que acelerarlo. Y, además, hay que conseguir que transitoriamente algunos trenes de mercancías puedan circular en franjas nocturnas por la línea de alta velocidad hasta que este tramo no acabe. Hay que redactar y acabar la conexión de Portbou para que el túnel de Pertús sea más resiliente y poder separar los trenes más lentos de los de alta velocidad. Queremos trenes nocturnos con Barcelona, París, Ámsterdam y Bruselas y más trenes de pasajeros y no pueden circular con los trenes lentos y pesados. Queremos que se favorezca la conectividad de los trenes de mercancías con los centros económicos más importantes, que se vele por los gálibos de todo el corredor, que también se llegue mejor al Estado francés, a Montpellier, a Perpignan, si no será el futuro cuello de botella. Queremos que haya mecanismos para que aumente el número de maquinistas para seguir con el traspaso de las mercancías de la carretera a las vías férreas y que haya un plan de digitalización de todo ello. Y queremos que el Gobierno rinda cuentas. Cuando alguien dice: ¿de verdad que es necesario comparecer? Y los grupos piden que el Gobierno comparezca, vuelvo a repetir que el Gobierno tiene que abordar las infraestructuras estratégicas como estos corredores de forma diferenciada. A nosotros nos parece que una buena manera de hacerlo es rendir cuentas sobre el calendario de ejecución, la evolución de las actuaciones y que haga balance del punto en el que nos encontramos. Gracias.

Fèlix Alonso Cantorné SUMAR

Gràcies, presidenta. Aquesta moció arriba tard, arriba quinze anys tard. Tot i que tard, és motiu d’alegria. A la fi, sembla que s’entén la necessitat de resoldre el problema del coll d’ampolla ferroviari a Tarragona. A inicis del segle, es va formar la Plataforma de Defensa del Ferrocarril, de la qual vaig ser fundador, en la qual la principal reivindicació era la reobertura de la via Reus-Roda per a mercaderies, tancada a 1992. Els especialistes ferroviaris i els enginyers la veien com la solució al problema que aquelles dates ja es manifestava. Existia i existeix la necessitat de derivar els trens de mercaderies per l’interior en una plataforma diferent a l’actual de la costa, salvant i millorant el pas per les poblacions de La Pobla de Montornès i Roda de Berà. El 26 de maig de 2015, sent l’alcalde d’Altafulla, aturava aleshores les obres del tercer fil ferroviari per manca de permisos municipals i per la inexistència d’un estudi d’impacte ambiental. La setmana següent, l’Ajuntament d’Altafulla, el qual tenia l’honor de presidir, va presentar un contenciós administratiu contra ADIF per la manca de l’informe d’impacte ambiental. Era una forma de seure a negociar ADIF i el Ministeri de Foment, perquè es plantegessin una alternativa al pas dels trens de mercaderies. Alternativa perquè aquests combois no acabessin col·lapsant una línia ja saturada. El 2004 els viatgers arribaven en menys d’una hora des d’Altafulla a Barcelona. Abans de les obres del túnel de Roda, que s’estan fent ara, el trajecte, si no hi havia incidències, s’havia allargat en més d’un 15 %. Segons les projeccions previstes en aquell any del 2004, perdó, del 2015 l’any…, el pas de mercaderies era que el 2050 passessin un tren cada 30 minuts en horari nocturn, ja que difícilment durant el dia es podia absorbir tant volum de combois. Cap alcaldia, cap alcaldia es va sumar al contenciós presentat per Altafulla. En aquell moment, la resta de municipis estava tancat dins de la seva política de campanar, que tan mal ha fet al Camp de Tarragona. Quan es tanca una porta s’obre una finestra. Avui, malauradament, el transport de mercaderies per ferrocarril segueix estancat i les perspectives que el 2030 assoleixi el 10 % previst semblen inabastables. Això ens dona marge. Ens dona marge perquè, un cop acabades les obres de Roda i la normalitat, torni a la línia de la costa entre Tarragona i Barcelona sigui el moment de definir el futur definitivament del ferrocarril i el corredor de mercaderies. El tercer fil, que es va concebre com un nyap, es va concebre com un nyap, ara té unes millors prestacions, però el pas de mercaderies per la costa ha de ser necessàriament temporal si volem que la gent es pugui desplaçar amb normalitat des de Reus, Tarragona, Altafulla i Torredembarra cap a Barcelona i al revés. El 2019, els pressupostos generals fallits, En Comú Podem va presentar i es va acceptar una partida per fer un estudi sobre la solució al transport de mercaderies per l’interior del Camp de Tarragona. En els pressupostos posteriors, aquesta partida es va ratificar i avui es continua treballant. Sabem que hi ha diferentes solucions, però cap perfecte. En les pròximes setmanes es debatran els pressupostos generals de l’Estat i aquesta partida no pot fallar. Podran estar… Si us plau. ¡Gracias, Miguel! En las pròximes setmanes es debatran els pressupostos generals de l’Estat i aquesta partida no pot fallar. Hi ha la sensació generalitzada entre la ciutadania que les mercaderies i el tercer fil venen per quedar-se definitivament a la línia de la costa. I això no ho podem… No ho… Ho hem d’impedir. No ho podem consentir, perquè seria condemnar la línia de passatgers de mitjana distància amb més flux d’Espanya a la ruïna i al col·lapse. Per això, aquesta moció, que donem suport amb uns retocs que per fer-la una miqueta més real, ajuda a redefinir l’esquema del que es necessita per als propers anys en el tram ferroviari del Camp de Tarragona i el Penedès. Es necessitarà del consens i d’una gran inversió perquè el Corredor mediterrani sigui de mercaderies. Que l’èxit d’un no impedeixi el de l’altre. Acabo, presidenta. Necessitarem que les alcaldies pensin més en la ciutadania que es desplaça per anar a la feina i menys en low cost aeri. Alguns somien amb casinos i turisme extractiu per seguir especulant, model fracassat que expulsa la ciutadania dels seus municipis. La solució no és retirar vies, com ja van fer a Salou i Cambrils. El futur és el tren, el tramvia i el bus, la intermodalitat. Si el túnel de Castellbisbal era la porta d’Europa, el coll d’ampolla de Tarragona no pot ser obstacle insalvable que freni el desenvolupament ferroviari del corredor. Moltes gràcies. Perdó. Gracias, presidenta. Esta moción llega tarde, llega quince años tarde, pero, aunque tarde, es motivo de alegría, porque al final parece que se entiende la necesidad de resolver el problema del cuello de botella ferroviario en Tarragona. A principios del siglo se fundó la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, del que fui fundador, donde la principal reivindicación era reabrir la vía Reus-Roda a las mercancías, que fue cerrada en el 92. Los especialistas ferroviarios y los ingenieros la veían como la solución al problema que ya existía en aquellas fechas. Existía y existe la necesidad de derivar los trenes de mercancías por el interior en una plataforma distinta de la actual, la de la costa, salvando y mejorando el paso por La Pobla de Montornès y la Roda de Berà. El 26 de marzo de 2015, siendo el alcalde de Altafulla, paraban las obras ferroviarias por falta de permisos municipales y por la inexistencia de un estudio de impacto ambiental. La semana siguiente, el Ayuntamiento de Altafulla, que tenía el honor de presidir, presentó un contencioso administrativo contra ADIF por la falta de dicho informe de impacto medioambiental. Era una forma de garantizar que ADIF y el Ministerio de Fomento se sentaran a negociar para que pensaran en una alternativa al paso del tren de mercancías, alternativa para que esos convoyes no acabaran amenazando una línea que ya estaba saturada. En 2004, los pasajeros llegaban en más de una hora de Altafulla a Barcelona. Antes de las obras del túnel de Roda, el trayecto se había alargado en más de un 15 % si no había incidencias. Según las proyecciones de 2015, el paso de mercancías preveía que en 2050 pasara un tren cada treinta minutos en horario nocturno, ya que durante el día difícilmente se podía asumir ese volumen de trenes. Ninguna alcaldía se sumó al contencioso presentado por Altafulla. En aquel momento, los municipios estaban en su política de silos, que tanto daño ha hecho a Tarragona. Cuando se abre una puerta, se cierra una ventana. Hoy en día, el transporte de mercancías por ferrocarril, lamentablemente, sigue estancado, y las perspectivas de 10 % en 2030 parecen inalcanzables. Esto nos da margen, porque, una vez se acaben las obras de Roda y vuelva la normalidad a la línea entre Barcelona y Tarragona, llegará el momento de definir el futuro del ferrocarril y el corredor de mercancías. El tercer hilo que se propuso, que fue un auténtico desastre, ahora tiene mejores prestaciones, pero el paso de mercancías por la costa tiene que ser temporal si queremos que la gente se pueda desplazar con normalidad desde Reus y Torredembarra hacia Barcelona y viceversa. En 2009, con los presupuestos fallidos, En Comú Podem presentó una partida para poder realmente resolver el transporte de mercancías por el interior de Tarragona. En presupuestos posteriores esta partida se rectificó, y hoy se sigue trabajando. Sabemos que hay distintas soluciones; ninguna es perfecta. En las próximas semanas se discutirán los presupuestos generales del Estado y esa partida no puede fallar. Existe una sensación generalizada entre los ciudadanos de que las mercancías de esa tercera línea parece que se van a quedar en la línea de la costa. No lo podemos permitir, no lo podemos consentir, porque entonces los pasajeros de media distancia con la línea con más flujo de España acabará cayendo en el colapso. Por lo tanto, para hacerlo un poco más real es necesario redefinir el esquema de lo que necesitamos con el tramo ferroviario del Campo de Tarragona y El Penedés. Hará falta consenso y una gran inversión para que el corredor mediterráneo sea de mercancías. Realmente, el éxito de uno no puede dificultar el éxito del otro. Acabo. Es necesario que las alcaldías piensen más en las ciudadanías que se desplazan para ir al trabajo; hay que pensar menos en casinos, en low cost. Estos son modelos fracasados que expulsan a los ciudadanos de sus municipios. No hay que retirar vías, como hicieron Salou y Cambrils. El futuro es el tren, el tranvía y el bus, la intermodalidad. Si el túnel de Castellbisbal era un problema, la zona de Tarragona no puede ser un obstáculo que frene el desarrollo ferroviario del corredor. Muchas gracias. .

Carina Mejías Sánchez VOX

Muchas gracias, presidenta. Como hablamos de transporte lo primero que quiero manifestar es mi solidaridad y mi empatía por los cientos de usuarios que estos días se han visto afectados por las nuevas incidencias de Renfe, así como la esperanza y el deseo de que no tengamos que lamentar una desgracia mayor. Hoy Junts nos trae una moción para hablar de una infraestructura ferroviaria prioritaria para la vertebración de España, prioritaria para la competitividad de las empresas españolas, para la exportación, para la actividad logística y prioritaria para la actividad económica. Y, sí, señor Gavin, es cierto que acumula años de retrasos por la mala ejecución, por la falta de inversión de un ministerio que ha estado ocupado, como sabemos, en otras cosas. Por eso, tengo que decirle, señor Gavin, que me tiene usted conmovida, lo reconozco. Es conmovedor ver cómo Junts ha presentado una moción de cinco folios para hacer propuestas y plantear objetivos de mejora e inversión en una infraestructura como el corredor mediterráneo, que es de vertebración nacional y que supone la conexión de Algeciras con Barcelona y de ahí al resto de Europa. Ustedes, que llevan décadas defendiendo una única idea, la independencia, precisamente, para todo lo contrario, es decir, para aislar a Cataluña del resto de España, y con ella nos han arrastrado a todos los catalanes a la decadencia política, económica y social más grave del periodo democrático. . Y hoy ha dicho, nada más iniciar su intervención, que hay que priorizar los recursos públicos en lo importante. Oiga, me tiene usted asombrada. Qué bueno hubiera sido que todo el esfuerzo y el dinero que ustedes han invertido y malversado en el independentismo lo hubieran dedicado a la mejora de las infraestructuras en Cataluña, a exigir inversiones para el corredor mediterráneo, tal como han hecho durante años las patronales catalanas, las valencianas, las andaluzas; aunque ustedes en ese momento parecían estar ensordecidos. Ese no ha sido nunca el objeto de sus condiciones políticas, esas con las que continuamente chantajean al Gobierno. . La verdad es que es sorprendente que usted se preocupe hoy por la competitividad de las empresas catalanas y por la mejora de la actividad económica. ¿Por la competitividad de las empresas catalanas, señor Gavin? ¿Ustedes, que, con sus políticas, provocaron la mayor estampida de empresas de Cataluña que se recuerda en la historia, con aquel decreto urgente y hecho con nocturnidad de puño y letra del señor Roca i Junyent, que después quisieron atribuirle al rey? Más de 7000 empresas huyeron de Cataluña ―creo que no ha vuelto ninguna, o quizá una, Agbar―, y a las que ustedes pretenden hacer volver a golpe de ¿amenaza? Tan persuasivos como siempre, señor Gavin. Es enternecedor verlos a ustedes preocuparse por la mejora de la economía catalana cuando la han arruinado a base de inestabilidad política, inseguridad jurídica y asfixia fiscal, y con todo ello solo han conseguido ahuyentar la inversión. No lo digo yo, lo dice el señor Sánchez i Llibre. . Quizá sea por eso por lo que los catalanes les han dado la espalda y ustedes llevan desde 2017 sin ganar las elecciones. Ahora parece que pretenden retomar la senda de lo importante. Ustedes, que lo fueron todo en Cataluña, acabaron consumidos por la corrupción y hoy solo les queda un presidente fugado, una presidenta condenada por prevaricación, dirimir a los cuatro vientos sus cuitas con Esquerra y apuntalar al Gobierno de Sánchez, carcomido por la corrupción y la vergüenza. Cada vez que la señora Nogueras se sube a esta tribuna no la oímos hablar del corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo no ha sido nunca una condición para poder sacar adelante las inversiones. No la oímos hablar de la mejora de la economía catalana ni la oímos hablar del incremento del PIB. Se limita simplemente a arrojar su odio contra España, contra los jueces, lo malo es que cada vez que lo hace recibe un nuevo varapalo judicial que echa por tierra sus delirios. . Pero, mire, yo no me quiero ir hoy de aquí sin ofrecerle una oportunidad, señor Gavin, en forma de enmiendas. Esta es una infraestructura que, como usted dice, conecta el 50 % de la producción industrial de toda España y genera el 40 % del PIB, que lleva retraso en Cataluña y está ocasionando muchos perjuicios, sí, sobre todo en Tarragona. Pero no solo hay retrasos y cuellos de botella en Cataluña, los hay en Valencia, en el eje pasante norte y sur, los hay en Murcia con la dársena de El Gorguel para conectar el puerto, los hay en Andalucía en su conexión con el puerto de Algeciras. Yo le pido a usted que lo reconozca aquí, que nos admita las enmiendas y, además, que suprima la referencia al Plan Mercancías 30, al que nos hemos opuesto siempre por ser una exigencia de la Agenda 2030. Si usted me acepta las enmiendas que afectan a estos recorridos del corredor mediterráneo tendrá nuestros votos, que no son pocos, somos la tercera fuerza política nacional. Ustedes ganarán una moción y habrán conseguido sacar adelante una moción que habla del corredor mediterráneo, pero nosotros tendremos la satisfacción de conseguir que ustedes hoy aquí defiendan una infraestructura de vertebración nacional para España y su conexión con Europa. . ¿Y sabe lo que pasará? Que si usted la saca delante, nosotros sabremos que una vez más España sale ganando. Nada más y muchas gracias. .

Ferran Verdejo Vicente PSC-PSOE

Gracias, presidenta. Señorías, hoy debatimos de nuevo sobre el corredor del Mediterráneo, una infraestructura de vital importancia que con el Partido Popular se para y, en cambio, avanza sin descanso desde que este partido se encuentra al frente del Gobierno de España. Para poner en contexto la situación del propio corredor creo que es necesario hacer un poco de memoria, sobre todo para las señorías del Partido Popular, que en su deriva ultra de desgastar al Gobierno sin una propuesta útil, sin sentido y con querellas fake basadas en bulos están utilizando ese principio de quien pueda hacer, que haga; quien pueda hacer, que haga, dicen. Pues bien, ¿saben qué les digo? Que se podrían aplicar este principio cuando gobiernan, porque cuando pueden hacer, no hacen. . Esta infraestructura ha sufrido ese no hacer del Partido Popular. Cuando se trata de hacer inversiones y mejoras en aquello que afecta directamente al bienestar de los y las ciudadanas de este país no lo hacen, cuando ustedes han podido hacer inversión en una cuestión tan fundamental como el refuerzo de la red ferroviaria, especialmente de cercanías y de rodalies, no lo han hecho. Así que, señorías, cuando pueden hacer, ustedes no hacen. En cambio, este Gobierno lo que está haciendo es justamente recuperar el tiempo perdido de la época de quienes podían hacer y no hacían. . Por eso, señorías, son injustas algunas comparaciones que se hacen con este Gobierno, porque desde que estamos al frente el corredor del Mediterráneo ha avanzado sin freno. Hemos superado los 7000 millones de euros en licitaciones, rozamos los 5300 millones de euros en contratos adjudicados y casi llegamos a 4000 millones de euros en obra ejecutada, y es que contamos con el 80 % del corredor ya ejecutado o en ejecución y el 20 % restante ya planificado. Por tanto, este Gobierno está al cien por cien con este corredor. Efectivamente, este ritmo alcanzado ―y lo han dicho antes las señorías que me han precedido― con el fin de recuperar el tiempo perdido del Partido Popular ha podido suponer algún tipo de afectaciones en varios tramos, por lo que el ministro la semana pasada ya pidió disculpas, pero me tienen que reconocer que el esfuerzo de este Gobierno por ejecutar y a la vez asegurar el servicio no tiene precedentes. . Vamos concretamente a Cataluña, señor Gavin. Lo decía anteriormente: un claro ejemplo es Tarragona. En Tarragona, concretamente, están las afectaciones del túnel de Roda de Berà, amb una inversió de 30 milions d’euros en serveis alternatius. També trobem a Tarragona… … con una inversión de 30 millones de euros en servicios alternativos. … el estudio puesto en marcha sobre la problemática del paso de mercancías por la costa y el aumento y mejora de conexiones tanto para el puerto como para el aeropuerto de Reus. Si vamos a Barcelona, una nueva estación de La Sagrera y la intermodal de La Llagosta mejoran las conexiones en los puertos de Barcelona. Por cierto, hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde a este convenio con el puerto de Barcelona para la mejora de los accesos y también con el Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Y si vamos al tramo norte de Barcelona hasta la frontera francesa, las actuaciones están finalizadas o en servicio. Y, por supuesto, se priorizarán las actuaciones en cuello de botella a lo largo del recorrido. Lo dijo también el ministro la semana pasada. Por lo tanto, señoría, el compromiso es incuestionable con un modelo, un modelo claro, que, como decía el propio ministro la semana pasada, tiene vocación de alta capacidad, de eficiencia, de digitalización y también de red. Por lo tanto, señorías, con lo expuesto y lo tratado también la pasada semana, nuestro cumplimiento con el corredor del Mediterráneo, con el territorio, con sus ciudadanos, con sus ciudadanas y con el modelo de movilidad sostenible en el que nuestro país debe avanzar es el que toca. Por eso ―me refiero otra vez a sus señorías del Partido Popular, a la bancada de la derecha ultra―, más reprobar a quién hace dejación de funciones, como la señora Ayuso, y menos a un ministro que lo que intenta es recuperar el tiempo que ustedes hicieron perder a este país. Muchas gracias. .

Inés Granollers Cunillera ERC

Gràcies, presidenta. Bona nit ja. Diputats i diputades. El Corredor del Mediterrani no és només una obra d’infraestructura, sinó que és una aposta estratègica per al futur de la nostra economia. Una infraestructura que permetria donar sortida al transport de mercaderies de l’eix mediterrani cap a Europa i connectar el trànsit de mercaderies als ports de Barcelona, Tarragona i València a la xarxa ferroviària europea. Si aquesta infraestructura està ben planificada, no només beneficiarà el seu recorregut, sinó també altres regions de l’interior que s’hi connectaran convertint-se en una autèntica espina dorsal per a l’economia dels països catalans, l’espanyola i l’europea. Doncs ja tenim el perquè d’aquesta obra tants anys parada: No interessa convertir els països catalans en una espina dorsal de l’economia. Per posar-nos en context, a dia d’avui, el 90 % del transport de mercaderies internacionals a tot el món es realitza de forma marítima i els ports de Barcelona i València són dos dels tres ports més importants de tot l’Estat gestionant mercaderies internacionals. Tanmateix, aquests segueixen encara sense les importants connexions amb el Corredor mediterrani, igual que el port de Tarragona, també amb un fort potencial d’especialització i creixement donada la indústria establerta al territori. És més, durant la redacció de l’estudi informatiu de la connexió Cambrils-La Secuita es va dibuixar ja un doble corredor de mercaderies-viatgers, suposant que des de Castelló cap al nord ja estava planificat segons instruccions de la Direcció General de Ferrocarriles. Entregat el document, el ministro de turno va canviar el disseny de doble plataforma per doble via de tràfic mixt. Anys més tard, mentre s’estava redactant l’estudi informatiu de doble plataforma a Castelló-Castellbisbal també es va cancel·lar i es va substituir per un tercer carril entre Vila-seca i Castellbisbal per la línia actual. Totes aquestes decisions, ja ho han dit també, van en contra del que la Unió Europea defineix pel Corredor del Mediterrani i ho defineix com un eix prioritari de mercaderies. El Ministeri tampoc no ha fet cap estudi de demanda de capacitat de la línia Vila-seca-Castellbisbal. Aquest estudi de demanda de capacitat el va fer pel seu compte el port de Tarragona l’any 2021 i es va demostrar la saturació imminent d’aquest itinerari, sobretot quan entri en funcionament el tercer carril. Respecte de la necessitat…, de la necessària autopista ferroviària del Corredor Mediterrani, que diuen també que està en estudio. Però després veiem com empreses de la Unió Europea que s’han interessat per operar aquesta autopista ferroviària han desistit del seu propòsit perquè l’Estat els diu que ara no toca. Per aquesta raó, també el Ministeri està donant preferència al tram de la xarxa actual entre el Camp de Tarragona i Saragossa per a mercaderies i de Saragossa passar els Pirineus per l’eix de Canfranc. D’aquesta manera, doncs, afirmem que hi ha un total bloqueig polític des de fa 24 anys. Les decisions es prenen a Madrid i no contemplen cap Corredor del Mediterrani que passi per l’interior. Cal que es garanteixi aquesta connectivitat del corredor mediterrani entre Alacant i la Jonquera en el temps previst, garantint la connexió per l’interior de la costa de Tarragona. Per tant, senyor Gavin, Isidre, votarem a favor d’aquesta proposta, com no podia ser d’una altra manera. Ara bé, planifiquem… Gracias, presidenta. Buenas noches ya, diputados y diputadas. El corredor mediterráneo no es solo una obra de infraestructura, sino que es una apuesta estratégica para el futuro de nuestra economía, una infraestructura que permitiría dar apoyo al transporte de mercaderías del eje mediterráneo hacia Europa y conectar el tránsito de mercaderías de los puertos de Barcelona, Tarragona y Valencia a la red ferroviaria europea. Si estas infraestructuras estuvieran bien planificadas, no solo mejoraría su recorrido, sino también mejorarían otras opciones del interior que se conectarán, convirtiéndose en una auténtica espina dorsal para la economía de los países catalanes, la española y la europea. Así que ya tenemos el porqué de esta obra tantos años parada: no interesa convertir a los países catalanes en una espina dorsal de la economía. Pongámonos en contexto. Hoy por hoy el 90 % del transporte de mercaderías internacionales en todo el mundo se realiza de forma marítima y los puertos de Barcelona y Valencia son dos de los tres puertos más importantes de todo el Estado gestionando mercaderías internacionales, y no funcionará bien sin las importantes conexiones del corredor mediterráneo, como pasa con el puerto de Tarragona, que tiene un gran potencial de especialización y crecimiento, dada la industria establecida en el territorio. Es más, durante la redacción del estudio informativo de la conexión Cambrils-La Secuita se dibujó ya un doble corredor de mercaderías/viajeros, suponiendo que desde Castellón hacia el norte ya estaba planificado según las instrucciones de la Dirección General de Ferrocarriles. Entregado el documento, el ministro de turno cambió el diseño de la plataforma por doble vía de tráfico mixto. Años más tarde, mientras se estaba redactando el estudio informativo de doble plataforma Castellón-Castellbisbal, también se canceló y se sustituyó por un tercer carril entre Villaseca y Castellbisbal por la línea actual. Todas estas decisiones, ya se ha dicho también, van en contra de lo que la Unión Europea define como corredor mediterráneo, que lo define como un eje prioritario de mercaderías. El ministerio tampoco ha hecho ningún estudio de la demanda de capacidad de la línea Villaseca-Castellbisbal. Ese estudio de demanda de capacidad lo hizo por su cuenta el puerto de Tarragona en el año 2021 y demostró la saturación inminente de este itinerario, sobre todo cuando entre en funcionamiento el tercer carril. Con respecto a la autopista necesaria ferroviaria del corredor mediterráneo, que dicen que también está en estudio, vemos cómo hay empresas de la Unión Europea que se han interesado también por operar en esta autopista ferroviaria, pero el Estado les dice que ahora no toca. Por esa razón, el ministerio está dando preferencia al tramo de la red actual entre Camp de Tarragona y Zaragoza de mercaderías, y de Zaragoza pasa a los Pirineos por el eje de Canfranc. Así, afirmamos que existe un bloqueo político total desde hace veinticuatro años. Las decisiones se adoptan en Madrid y no se contempla ningún corredor mediterráneo que pase por el interior. Es preciso que se garantice esa conectividad del corredor mediterráneo entre Alicante y La Jonquera en el tiempo previsto, garantizando la conexión por el interior de la costa de Tarragona. Por eso, señor Isidro Gavin, votaremos a favor de esta propuesta, como no podía ser de otra forma. .

Inés Granollers Cunillera ERC

Gràcies, presidenta. Ara bé, planifiquem les coses com cal, perquè, al nostre parer, tenim clar que hem d’evitar colls d’ampolla i la confluència a les ciutats potser no és estrictament necessària una doble plataforma arreu. Potser cal pensar amb el territori i com fer-ho, perquè ara mateix també trobar 750 metres plans, més o menys lliures i ben connectats amb zones logístiques sabem que feina rai a trobar-ho. Per tant, el corredor és tan important que hem de vigilar a fer comentaris simplistes o populistes. I em sembla bé que es demani també al govern francès que avanci en l’execució de les infraestructures ferroviàries. Cal fer incís també especialment en millorar l’eix pirinenc, tant el de Lleida com el de Girona, perquè sabem que són unes comarques infrafinançades històricament per part de l’Estat. És una inversió de futur per al nostre país, que ofereix beneficis clars en termes de competitivitat, sostenibilitat, ocupació, cohesió territorial i innovació. Tenim claríssim que hem d’apostar fermament per la seva execució completa, ben feta, planificada i, sobretot, pensada per l’optimització de totes les oportunitats que aquest projecte ens ofereix. Per tant, repeteixo que la votarem a favor. Gràcies. Gracia, presidenta. Ahora bien, planifiquemos las cosas como hay que planificarlas, porque tenemos claro que tenemos unos cuellos de botella y la confluencia en las ciudades quizás no sea estrictamente necesaria con una doble plataforma. Quizás haya que pensar en el territorio y cómo hacerlo, porque ahora mismo tenemos 150 metros, más o menos, libres en zonas logísticas y sabemos que va a ser muy difícil encontrar eso. El corredor es tan importante que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer comentarios simplistas y populistas. Me parece bien que se pida al Gobierno francés que se avance en la ejecución de las infraestructuras ferroviarias. Es muy importante que se mejore también en Lérida y Gerona, porque sabemos que son comarcas infrafinanciadas históricamente por parte del Estado. Es una inversión de futuro para nuestro país que ofrece beneficios claros en cuanto a la competitividad, la sostenibilidad, la ocupación, la cohesión territorial y la innovación. Tenemos clarísimo que hay que apostar firmemente por su ejecución completa, bien hecha, planificada y sobre todo pensada para la optimización de todas las oportunidades que este proyecto nos ofrece. Por eso, repito, votaremos a favor. Muchas gracias. .

Santi Rodríguez Serra PP

Gracias, presidenta. Señor Verdejo, imagino que cuando usted habla de querellas fake se refiere a la querella que redactó la Abogacía del Estado para que la ‘institución del Estado’ Begoña Gómez reprobara al juez Peinado. . Supongo que se refiere a esa querella fake. . La pregunta era retórica, por si no la ha entendido bien. . Pero venimos a hablar de una moción sobre el corredor mediterráneo, que sintéticamente viene a pedir una línea segregada de mercancías en el corredor mediterráneo. Su inspiración la encontramos en la plataforma «Mercancías por el interior», en la provincia de Tarragona, y más genéricamente del movimiento «#QuieroCorredor». Previamente, creo que tengo que hacer unas consideraciones importantes. Primera, quiero ratificar el firme compromiso del Partido Popular con el corredor mediterráneo de mercancías, cosa que a menudo se pone en duda; se ha hecho en el debate de esta moción y se hizo en el de la interpelación. También quiero desmentir bulos: en abril, en el Parlamento Europeo no se votó la Red Transeuropea de Transporte, se votó una revisión. Y sí, votamos en contra; la votamos en contra porque el Parlamento Europeo había asumido por unanimidad todas las enmiendas que había presentado el Grupo Popular, todas, pero en diciembre de 2023 se negociaron con la Presidencia española del Consejo, cayeron esas enmiendas y, luego, se llevó a votación. Por eso votamos en contra, porque Pedro Sánchez y el Gobierno del Partido Socialista, aprovechando la Presidencia europea, metieron la mano en esas enmiendas. Por eso votamos en contra. En 2011 el Partido Popular llegó al Gobierno y se encontró sin proyectos y sin recursos. Sobre el corredor mediterráneo de mercancías, concretamente había un powerpoint y 325 000 millones de euros de déficit acumulado entre 2009 y 2011 ―fue el año en que Zapatero congeló las pensiones―, dinero suficiente para hacer doce corredores mediterráneos. Aun así, llegamos a 2018 con decisiones tomadas y proyectos en marcha; el tercer hilo Tarragona-Castellbisbal lo es. Obras ejecutadas: el tramo Tarragona-Vandellós en vía única se hizo y se ejecutó durante ese periodo; era uno de los más importantes cuellos de botella de todo el corredor mediterráneo. Y recursos: en los presupuestos de 2018, que se aprobaron en este Congreso una semana antes de que se presentara una moción de censura, había 1700 millones de euros, concretamente, para el tramo Almería-Murcia, de los cuales hoy en día solo se han ejecutado 400. Ciertamente, ha habido muchos retrasos en el corredor mediterráneo, y el señor Gavin lo sabe bien, pero también sabe bien, porque ha tenido responsabilidades de gobierno, que hay determinadas infraestructuras que acumulan retrasos. ¿O quiere que le recuerde los retrasos de la línea 8 de Barcelona? ¿O los de las líneas 9 y 10 de Barcelona, que llevan un retraso de más de veinticinco años? . Más de veinticinco años, y se lo tengo que decir a usted, que ha tenido una responsabilidad alícuota en el Gobierno de la Generalitat. Ciertamente, el tercer hilo entre Tarragona y Castellbisbal pasa por la costa entre núcleos urbanos e interfiere en el servicio de cercanías, pero hubo una cosa que era la demanda de las empresas; la demanda es lo que también pide usted en la moción: que la ejecución del corredor se ajuste a la demanda. Pues la demanda de las empresas pidió el tercer hilo para agilizar esta infraestructura; no contaban con que el señor Alonso, de SUMAR, les paralizaría la obra. Y tuvieron el visto bueno del puerto y la Diputación de Tarragona, que presidía gente de Junts, y también del Ayuntamiento de Tarragona, del PSC, y se optó por el tercer hilo, pero esa debe ser una solución provisional. Se debe avanzar en la solución definitiva, que es la plataforma segregada por el interior. Hay que reconocer también que es mala suerte que haya coincidido la ejecución de este tramo tan delicado con un ministro ocupado en vender mascarillas, en escoger chalet, en llevar las maletas de Delcy o en entretenerse con 20 Minutos, o con otro ya reprobado por esta Cámara y entre cuyas habilidades, sin duda, no está la gestión de las crisis ferroviarias. Acabo. No, señor Gavin, no, no es lo mismo un Gobierno del PSOE que un Gobierno del PP. Gracias. .